Desde la aparición de Napster y otros servicios para compartir archivos a través de internet, los famosos P2P, la mayoría de la población ha asumido que la piratería intelectual es un producto de la era digital, una incontrolable amenaza a la expresión creativa como nunca antes ha existido.

Sin embargo, tal y como Adrian Johns muestra, la piratería intelectual tiene una larga historia. Esta obra explora las numerosas guerras de la propiedad intelectual desde el advenimiento de la cultura de la imprenta en el siglo XV hasta el reinado de internet en el siglo XXI. Del papel al archivo digital. Su historia no solo es la de los piratas y ladrones, personajes en no pocas ocasiones dotados de ingenio y buenas intenciones, sino también la de las víctimas, de Charles Dickens a Bob Dylan.

Rebosante de información, su certero análisis permite al lector afrontar las implicaciones de la historia de la piratería intelectual en el momento presente, analizando los debates sobre el acceso abierto a la información y la cultura en internet, el reparto justo de retribuciones económicas y la cultura libre en las redes sociales, a partir de una perspectiva histórica notablemente más amplia de lo acostumbrado. En última instancia, el autor demuestra que la piratería siempre ha estado en el centro de nuestros esfuerzos por reconciliar la creatividad y el comercio cultural, siendo un motor fundamental en el desarrollo de innovaciones sociales, tecnológicas e intelectuales a la altura, en no pocas ocasiones, de su propio adversario.

De Cervantes a Bono, de Maria Callas a Microsoft o Google, ningún capítulo en la historia de la piratería intelectual escapa al inteligente análisis de Adrian Johns en la que será la historia definitiva de este polémico aspecto de nuestra historia cultural.

Adrian Johns

Piratería

Las luchas por la propiedad intelectual de Gutenberg a Gates

ePub r1.0

Titivillus 20.03.2019

Título original: Piracy. The intellectual property wars from Gutenberg to Gates

Adrian Johns, 2009

Traducción: Tomás Fernández Aúz y Beatriz Eguibar

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.0

Para David.

¡Y, así, es cosa gloriosa

ser un rey pirata![1]

PRÓLOGO A LA EDICIÓN ESPAÑOLA

Venecia ha sido el escenario de la experiencia más interesante que me ha sido dado experimentar a raíz de la publicación de este libro sobre la piratería. Se acababa de traducir la obra al italiano, y de pronto tomé conciencia de que su publicación había venido a coincidir con la concurrida conferencia de libreros que se estaba celebrando en la capital del Véneto a finales de enero de 2011. Fui invitado a asistir al acontecimiento y a dar una charla acerca de los fenómenos piráticos, cosa que hice encantado. Sin embargo, lo que terminó por desconcertarme fue el notable interés que mostraron en dicha materia los medios de comunicación italianos, ya que me encontré súbitamente inmerso en una espiral de entrevistas con un sinnúmero de periódicos y de emisoras de radio —medios cuyo color político variaba del socialismo al credo católico—. Por regla general, los entrevistadores estaban muy bien informados, así que comenzaron a plantearme preguntas muy difíciles e incisivas, obligándome a reflexionar profundamente para tratar de abordarlas. El diario La Repubblica llegó incluso a imprimir en sus páginas el discurso que yo había pronunciado ante los conferenciantes del sector del libro. Todas estas atenciones resultaban muy halagadoras, pero también se me hacían muy extrañas. A pesar de que, a lo largo de los años, he tenido la oportunidad de aparecer en varios medios de gran audiencia tanto en mi Gran Bretaña natal como en los Estados Unidos, la verdad es que nunca me había visto sometido a un examen público tan constante como este. Algo estaba pasando, ¿pero qué?

Al final decidí plantearles esa misma pregunta a varios de mis entrevistadores. La respuesta que obtuve fue prácticamente unánime en todos los casos: la cuestión tenía que ver con Silvio Berlusconi y con las páginas de WikiLeaks. Debido entre otras cosas a sus sensacionales informaciones relativas a la política militar de los Estados Unidos, la organización de Julian Assange venía siendo noticia de primera plana desde finales de 2010, y a principios de 2011 todavía seguía en el candelero. Por esos mismos meses, en Italia, los numeritos del gobierno de Silvio Berlusconi habían estado espoleando el debate sobre la futura forma que pudiera llegar a adoptar el propio ejercicio de la política. La cuestión radicaba en el hecho de que Berlusconi parecía estar planteando un angustioso problema de principios a la socialdemocracia italiana. Tanto en Italia como en otros países es habitual que los socialdemócratas muestren una notable fe en la libertad de prensa: según la argumentación más utilizada, si una nación dispone de una prensa libre, las acciones censurables en que pueda llegar a incurrir su gobierno terminarán saliendo a la luz, con lo que los ciudadanos tendrán en sus manos la posibilidad de votar en su contra y de expulsarlo así de los puestos de responsabilidad gubernativa. Sin embargo, estando Silvio Berlusconi de primer ministro, la libertad de la prensa se convertía en realidad en una libertad para el propio dignatario italiano, puesto que en su otra faceta profesional actuaba como magnate de la prensa. Por todas estas razones, los socialdemócratas habían puesto los ojos en WikiLeaks con la esperanza de que en sus páginas se estuviera concretando, al menos en potencia, el prototipo de una nueva forma de hacer política. Los socialdemócratas se planteaban la siguiente interrogante: si la libertad de prensa había acabado revelándose un baluarte poco verosímil para la organización de una buena sociedad, ¿podría aquella ser sustituida por la libertad de información? ¿Era correcto suponer que el nuevo axioma político a defender era el que se ajustaba al principio de que toda la información disponible podía y debía ser puesta en circulación sin la intervención de los intermediarios industriales? Por todo ello, los simpatizantes de la socialdemocracia habían comenzado a buscar en este libro sobre la piratería los ingredientes necesarios para una nueva política.

Se da la circunstancia de que veo con un notable escepticismo las afirmaciones más radicales que se esgrimen en favor de un liberalismo libertario en materia de información. WikiLeaks ha logrado cosas buenas, pero eso no convierte a la página de Assange en un modelo aplicable a la política en general, puesto que con ella se omite algo que a mi juicio es una deseable distinción entre el secreto y la confidencialidad. Dicha distinción podría revelarse crucial para una gobernación adecuada y responsable, dado lo necesaria que resulta hoy, en las sociedades modernas, la competencia profesional. Para que se revele útil, es muy frecuente que dicha competencia deba surgir y tener efecto en el transcurso de las interacciones que acostumbran a producirse en el seno de los pequeños grupos, cuyos integrantes pueden querer disponer de la posibilidad de participar en esos intercambios sin necesidad de verse constantemente sujetos a las interrupciones que viene a fomentar la cultura de internet. No obstante, estamos aquí ante una cuestión tan sutil y compleja como trascendente, ya que tanto en el ámbito digital como en el mundo farmacéutico posee derivaciones que no es posible examinar aquí con la debida brevedad. El extremo que pretendo resaltar en estas líneas se centra sencillamente en el hecho de que los comentaristas italianos acertaban de pleno al urgirme a responder a sus preguntas. De un modo u otro, todo cuanto aparece mencionado y explicado en este libro es en último término una cuestión política. De hecho, el estudio que llevo a cabo en la presente obra viene a culminar en la afirmación de que el problema a que da lugar la actual actividad pirática, lejos de constituir un fenómeno únicamente circunscrito a nuestra época —presidida por la genómica y los ingentes volúmenes de datos—, es en realidad un problema político en el sentido más significativo y tradicional de la palabra.

Y ello es así porque la aparición y el desarrollo de la piratería viene de lejos, aunque en la historia de su evolución acabemos de abrir justamente un nuevo capítulo. En nuestros días, el carácter político de la sociedad de la información se está estableciendo a través de una serie de pugnas de todo tipo y tamaño, ya que si unas son grandes y otras pequeñas, también las hay locales y globales, dándose además la circunstancia de que cabe entender que muchas de esas pugnas no son sino otros tantos intentos de definir una línea divisoria entre los piratas y sus antagonistas. La publicación de esta edición española de Piratería me brinda una espléndida oportunidad de valorar el estado de la situación en este terreno, ponderándolo a la luz de lo que ha venido desarrollándose desde que apareciera en las librerías, a finales de 2009, la edición original inglesa. Voy a centrarme por tanto en lo que, a mi juicio, son las dos evoluciones más significativas de la cuestión: la vinculada por un lado con el florecimiento y la confluencia de las empresas, tanto privadas como públicas, que se dedican a combatir la piratería y las falsificaciones; y el surgimiento por otro de un explícito movimiento de resistencia a tales esfuerzos —movimiento del que WikiLeaks, Anonymous o los Partidos Piratas que han ido apareciendo últimamente en distintos países no son sino ejemplos particularmente destacados.

Como es obvio, lo que se esconde tanto tras las acciones contrarias a la piratería como bajo las iniciativas de resistencia pública al control estatal no es otra cosa que la propia presencia de la piratería misma, cuyo carácter revela ser así de una índole muy persistente. No debe extrañarnos que manifieste poseer una naturaleza tan resiliente. Sin embargo, hay elementos que vienen a probar que al menos las formas de piratería más notoriamente delictivas están cambiando. Si algo viene a sostener con claridad este hallazgo es justamente la investigación empírica más acreditada que se haya efectuado hasta la fecha sobre el activo desarrollo del universo pirático —y punto de partida obligado para todo aquel que desee hacer una reflexión seria sobre las características que ha mostrado la piratería en la década de 2000 y el impacto que ha ejercido en ese mismo periodo—: me estoy refiriendo al trabajo que el Social Science Research Council ha publicado recientemente bajo el título de Media Piracy in Emerging Economies. Esta obra es fruto de la compilación de un vasto conjunto de investigaciones realizadas en Sudáfrica, Rusia, Brasil, México, Bolivia y la India, además de en el ámbito internacional en líneas generales[1]. Lo que se ha observado es que, a medida que las redes digitales se han ido convirtiendo en el medio más utilizado para acceder a la información o transferirla, la práctica callejera consistente en la venta directa de CD y DVD piratas ha comenzado a decrecer, sobre todo en el mundo desarrollado. El ejercicio de la piratería se modifica con la aparición de un medio capaz de englobar al conjunto de las redes preexistentes, y no solo por las más obvias características de internet, esto es, por su casi perfecta instantaneidad y sus mínimos costes de distribución, sino por otras causas asociadas. Desde que se originara a principios de la era moderna, la piratería se ha revelado con mucha frecuencia como una actividad transfronteriza, y lo cierto es que internet permite que dicha actividad venga a echar nuevos brotes y a ramificarse, de maneras hasta hoy inéditas, por la simple razón de que tiene la capacidad de transformar las características de las propias fronteras. Pongamos un ejemplo: un grupo pirático que se dedique a ofrecer libre acceso a los distintos canales de televisión de una determinada zona geográfica puede radicar la sede de su compañía en un país, dirigirse a un público afincado en otras muchas naciones, y contar con un sistema de distribución poco menos que internacional basado en la creación de una red de pares destinada a compartir archivos punto a punto —de tal manera que lo que se descubre, al final, es que los contenidos «pirateados» no residen de manera estable en ningún ámbito jurisdiccional concreto—. Este estado de cosas tiene unas implicaciones prácticas y políticas muy profundas, puesto que la presencia de este tipo de actividades no es lo suficientemente constante ni sustancial como para que las labores policiales convencionales alcancen a atajarlas. Los tradicionales límites jurisdiccionales de las fuerzas de policía se revelan de este modo totalmente inadecuados.

Es mucho lo que se ha avanzado en la creación de un conjunto de instituciones y redes semiformales de carácter internacional a fin de permitir una acción de control coordinada, en la que algunas organizaciones —como por ejemplo Interpol— vienen a operar como mediadores. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que resulta igualmente trascendente constituir «sobre el terreno» toda una serie de redes híbridas integradas por distintas entidades, corporaciones, sistemas tecnológicos y normativas que no solo permiten la supervisión práctica de este tipo de acciones piráticas, sino también su prohibición. Como en tantas otras ocasiones, las instituciones formales, las leyes y las políticas van a la zaga de todas estas alianzas funcionales.

El hecho de que podamos afirmarlo así es uno de los resultados que arroja la aparición de otra notable novedad aparecida a lo largo de la última década aproximadamente, como bien señala el mencionado informe del Social Science Research Council: el surgimiento de una cultura investigadora dedicada a generar un mayor conocimiento de la piratería y de sus efectos. En gran parte, la investigación relacionada con la piratería encuentra su origen en los empeños asociativos de carácter comercial concebidos explícitamente para influir en toda una serie de organismos legislativos concretos, como el Congreso de los Estados Unidos y la Organización Mundial del Comercio. En el periodo comprendido entre las décadas de 1970 y 1990, este tipo de esfuerzos habría de dar lugar a un conjunto de estimaciones bastante exageradas sobre el impacto económico de la piratería. Las estimaciones en cuestión se fundaban en un puñado de premisas de dudoso carácter, como es el caso del principio por el que se viene a sostener que toda copia pirata de un determinado programa informático se habría vendido de forma legítima en caso de no haber sufrido dicho pirateo —circunstancia que constituye una imposibilidad económica en el mundo en vías de desarrollo—. Al publicarse el primer informe elaborado tras el nombramiento por parte de la Casa Blanca de un «plenipotenciario encargado de la supervisión de los derechos de autor», se viviría un momento chistosamente revelador al darse a conocer que el estudio que acababa de realizarse sobre el estado real de los conocimientos relacionados con la piratería había llegado a la conclusión de que no existía el más mínimo fundamento de carácter científico-social que permitiera sostener con claridad una sola de las cifras que tan a menudo se esgrimen en las capitales del mundo desarrollado[2]. Sin embargo, en la década de 2000, y a pesar de seguir efectuándose por regla general bajo la égida de un conjunto de consorcios comerciales como la Asociación Cinematográfica de los Estados Unidos, la Asociación de la Industria de Grabación Audiovisual Estadounidense y la Sociedad Bibliográfica Norteamericana, las antedichas investigaciones comenzaron a poner en marcha una serie de métodos notablemente más fiables. Y lo que ha venido a crear este nuevo impulso, como ha mostrado Karaganis, ha sido una genuina práctica de investigación en este ámbito. La indagación ya no habría de dedicarse de manera casi exclusiva a proporcionar a los grupos de presión un listado de puntos de intervención sensacionalistas, sino que comenzaría a ofrecer un conjunto de informaciones creíbles que las empresas pudieran utilizar de facto cuando se dispusieran a elaborar sus propias estrategias globales. Uno de los síntomas de la fiabilidad creciente de esta investigación ha venido a cristalizar tanto en el desarrollo de una serie de categorías de análisis estables como en la concepción de diversas metodologías de carácter sistemático —metodologías que implican suposiciones específicamente diferenciadas que además remiten a campos concretos—. Otro de esos síntomas ha sido la asunción de una expectativa más modesta respecto de la certidumbre que cabe asociar con dichas investigaciones. Seguimos encontrándonos ante una cultura investigadora en estado naciente, y lo cierto es que, muy a menudo, las diferentes organizaciones que dan en patrocinar económicamente las indagaciones observan una política de gran secretismo en relación con las técnicas que adoptan[3]. Se trata no obstante de una evolución relevante, ya que ahora viene a dirigir nuestra atención sobre el crucial asunto de que no solo hemos de dotarnos de un conocimiento más exhaustivo de las características que tiene la piratería, sino que dicho conocimiento ha de ser además de un tipo distinto al que actualmente poseemos —convirtiéndose así en una clase de saber que, además de prestar una atención notablemente más cuidadosa a las distinciones de índole social, cultural e histórica, se muestre mucho más perspicaz y logre entender la forma en que el contexto local alcanza a configurar tanto sus contenidos como sus efectos.

La irrupción de una cultura social y científica consagrada a la investigación de la piratería no es más que una de las facetas del constante crecimiento y consolidación que están experimentando actualmente las instituciones dedicadas a combatir las actividades piráticas. En las últimas páginas de mi Piratería ya apuntaba yo el surgimiento de lo que en dicha obra vengo a denominar la «industria de la defensa de la propiedad intelectual». Dicha industria ha estado expandiéndose y consolidándose desde el bienio de 2009 a 2010. Se trata en muy considerable medida de una industria del conocimiento en sentido estricto, y la tradición investigadora que ha venido abriéndose camino en los últimos años es uno de los elementos que derivan de esa condición. Otro de los aspectos de la misma se concreta en el hecho de que los defensores de la propiedad intelectual consideren, y de un modo muy generalizado, que la tarea que están llevando a cabo no constituye una acción política en sí misma, sino una intervención en la que vienen a entrelazarse tres actividades estratégicas: la formación, la normalización y el desarrollo tecnológico. Está claro que en un gran número de planos —desde el más localizado al de carácter más global—, todos aquellos que intervienen en esta industria juzgan que en esos tres extremos radica la tarea clave que han de llevar a cabo, una tarea que es más importante, por ejemplo, que las grandes incautaciones de DVD pirateados que todavía suscitan de cuando en cuando la atención de los periódicos.

Tanto las entidades públicas como las compañías privadas declaran que la formación que se imparte a las policías locales al objeto de capacitarlas para detectar y actuar contra los actos piráticos es un elemento que reviste, a sus ojos al menos, la misma importancia que el hecho de detener a los piratas y de desmantelar sus redes. Esos organismos públicos y privados operan sobre dicha base. Las empresas tratan de mantener un estrecho contacto con las policías locales, animándolas a descubrir en qué momento se está procediendo a la falsificación de uno o más productos, por ejemplo. El summum de este enfoque aparece así representado por la aparición de un fenómeno nuevo: el de las «escuelas» consagradas a la instrucción de las fuerzas de lucha contra la piratería. En este terreno hay dos instituciones que descuellan de manera muy particular. Una de ellas se fundaría en el año 2006 en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Definida como una «academia de propiedad intelectual de carácter global», la institución se dedica a formar in situ a los oficiales de policía de un buen número de países, valiéndose frecuentemente para ese fin —y a manera de profesores— de un conjunto de agentes de la ley estadounidenses procedentes de entidades como la Oficina Federal de Investigación (FBI) u otras. La otra institución a la que me refiero es la Universidad Internacional de Investigadores de Delitos relacionados con la Propiedad Intelectual (o IIPCIC, según sus siglas inglesas: International Intellectual Property Crime Investigators College), entidad asociada a la Interpol. A mediados de 2012 se habían «licenciado» ya en las «instalaciones de esta institución en línea y totalmente interactiva dedicada a la formación en el combate contra la delincuencia relacionada con la propiedad intelectual» cerca de ochocientos agentes de policía de catorce países. En la mayoría de los casos, la «educación» que ofrecen dichos organismos es bastante elemental y tiende a centrarse en la realización de tareas concretas. En ocasiones se limita a señalar únicamente la existencia de determinadas leyes y a subrayar que esas normas pueden ser infringidas y han de hacerse cumplir. En un plano algo más complejo, la formación que proporcionan dichos centros aspira a estandarizar las «buenas prácticas» vinculadas con la recopilación, el manejo y el despliegue de las pruebas obtenidas, así como con la realización de decomisos y otras acciones similares —tanto en el ámbito nacional como en el internacional—. Con todo, es probable que los aspectos más importantes de la instrucción impartida no tengan nada que ver con la oferta formal de estas «academias» o «escuelas». La preparación profesional, especialmente si se realiza por medio de clases presenciales, podría contribuir al establecimiento de todo un conjunto de lazos sociales de carácter informal, tanto entre las distintas entidades implicadas como entre las naciones participantes, ayudando igualmente a la creación de vínculos a uno y otro lado de la línea divisoria que separa el ámbito público del privado, siendo así que, más adelante, cuando llegue el momento de tomar cartas en un asunto concreto, podrían invocarse dichos vínculos para proceder a una acción más eficaz. Lo mismo podría decirse de las periódicas conferencias internacionales en las que vienen a congregarse las fuerzas dedicadas a la lucha contra la piratería —conferencias en las que hoy se dan cita centenares de intervinientes procedentes de todos los rincones del mundo—. Una vez más podemos destacar la particular importancia de dos series de cónclaves de este tipo: la Conferencia Internacional sobre Aplicación de la Ley en el Ámbito de la Delincuencia contra la Propiedad Intelectual, que tiene carácter anual y cuya última reunión tuvo lugar en la ciudad de Panamá en septiembre de 2012; y el Congreso Global para la Lucha contra las Falsificaciones y la Piratería, cuya más reciente celebración se produjo en abril de 2013 en Estambul. Ambos acontecimientos se convocan gracias a la colaboración de un grupo integrado por varias entidades públicas y compañías privadas implicadas en la industria dedicada a la defensa de la propiedad intelectual.

La consolidación de dicha industria contribuye a explicar la escalada verbal que puede apreciarse actualmente en la retórica que se emplea contra la piratería. En términos estrictos, es muy frecuente que dicha retórica guarde más relación con las falsificaciones que con la piratería. Esto significa que tiende a centrarse más en las cuestiones vinculadas con la autenticidad, con la confianza en un determinado producto y con el prestigio que este pueda tener que en los costes económicos derivados de la aparición en el mercado de copias de programas informáticos o de obras musicales y películas. Y uno de los extremos que más acostumbra a someterse a discusión es, explícitamente, el de la salud pública, argumentándose por ejemplo que la «piratería» provoca una pérdida de confianza en la eficacia de los productos farmacéuticos, lo que acarrea consecuencias preocupantes, dado que la gente puede fallecer, bien por ingerir medicamentos falsificados, bien por recelar de los auténticos. No se trata de una retórica destinada únicamente al consumo externo. En el seno de la propia industria defensora de los derechos de la propiedad intelectual las conversaciones también se centran en los riesgos que plantean los falsos fármacos, la comida adulterada o las piezas fraudulentas que puedan penetrar en los circuitos de la producción automovilística o aerospacial. De este modo, el tipo de falsificaciones con las que brega el grupo denominado IMPACT de la Organización Mundial de la Salud no figura entre las preocupaciones que aborda, pongamos por caso, la Asociación de la Industria de Grabación Audiovisual Estadounidense. Al mismo tiempo, la retórica empleada en ambos casos dará en centrarse de forma insistente en el hecho de que esta «piratería» no solo es de carácter reticular, sino que actúa en un radio de acción de naturaleza cosmopolita. No es sino una faceta más de las redes internacionales del «crimen organizado». Como tal —continúa argumentando la industria dedicada a la defensa de la propiedad intelectual—, tanto la piratería como las falsificaciones no solo constituyen una de las principales fuentes de financiación para el contrabando de drogas, sino que llegan incluso a sostener económicamente las actividades terroristas. Es muy difícil obtener pruebas materiales que indiquen de manera inequívoca y sistemática la existencia de este tipo de vínculos, y no da la impresión de que dicho material probatorio venga a circular profusamente en el seno de la industria que acabamos de mencionar, pese a que la imagen que se obtiene de este modo sea coherente y parezcan corroborarla ampliamente todos cuantos conocen bien los entresijos de este mundillo. (Muchos de los que intervinieron en la Conferencia de Panamá de 2012, por ejemplo, habrían de remitirse a esa misma idea, ya se tratara de detectives corrientes y molientes o del mismísimo presidente de la Interpol —y jamás he observado que hubiera nadie dispuesto a plantear la más mínima objeción a dicha forma de ver las cosas).

Resulta muy fácil sugerir que el interés personal es una de las razones que inducen a todas estas personas a defender este tipo de comprensión de las cosas, ya que cabe suponer que siempre ha de resultar más sencillo tratar de que se promulguen leyes y de que se instauren políticas destinadas a combatir la piratería si el público de una determinada región geográfica da en creer que el objetivo contra el que se lucha es un vago sindicato internacional del crimen más propenso a conchabarse con Al Qaeda que a asociarse con Kim Dotcom[4], y que las personas que se benefician de manera inmediata de ese esfuerzo de control son los chiquillos de la localidad y no un conjunto de compañías multinacionales. Y una de las más notables novedades que han venido arraigando en este ámbito desde el año 2009 es la que señala que este planteamiento ha pasado a convertirse actualmente en una consideración realmente significativa —máxime tras los fracasos cosechados por la SOPA y la PIPA, y probablemente también por la ACTA y la HADOPI—[5]. Sin embargo, pese a que este tipo de sugerencia circule con toda libertad entre algunos miembros de la elite cibernética, lo cierto es que sería muy difícil considerarla satisfactoria, ya que no solo es una argumentación que se revela incapaz de explicar por qué ha terminado prevaleciendo este tipo de representación en el ámbito de la propia industria dedicada a la defensa de la propiedad intelectual, sino que reduce a un único grupo de interés algo que es de facto una realidad constituida por un complejo y muy diverso conjunto de comunidades. De hecho, pudiera darse perfectamente la circunstancia de que uno de los efectos derivados de esta amalgama de la piratería con la falsificación y de la inserción de ambas actividades en el contexto de la salud pública fuese el de reforzar la estandarización existente en el seno de la industria consagrada a la defensa de la propiedad intelectual.

En este contexto, vale la pena señalar que en la actualidad el enfoque predilecto de la Interpol no consiste en considerar que la piratería o la falsificación constituyan en modo alguno, como tales, el objetivo primordial sobre el que deban incidir. Antes al contrario, lo que viene a recomendar esa organización policial es ver más bien la cuestión a la manera de una categoría general perteneciente al delito tipificado como «Tráfico de mercancías ilícitas» (o TIG, según sus siglas inglesas: Trafficking in Illicit Goods), noción en la que el término «mercancías» puede venir a incluir cualquier forma de entidad susceptible de ser comercializada, incluyendo a los propios seres humanos. De aquí se desprenden dos implicaciones. Una de ellas es que de este modo el delito queda definido en función de la existencia o no de movimientos transfronterizos. Al proceder así, la «piratería» se convierte en una práctica provista de dos componentes de importancia igualmente trascendente: el de la violación de la propiedad intelectual y el de su carácter internacional. Se trata por tanto de algo que ha de ser perpetrado, casi por definición, por las «redes de la delincuencia internacional». Por todo ello, el control de dichas redes deberá considerarse necesariamente una exigencia de rango superior, una exigencia que no solo es capaz de superar las restricciones vinculadas con las distintas fuerzas policiales nacionales, transformándose por tanto en un reflejo de las redes delictivas que se persiguen, sino que adopta un carácter a un tiempo híbrido y versátil. En consonancia con este nuevo planteamiento, la Interpol se ha convertido ahora en un paladín de los «Seminarios formativos sobre el tráfico de mercancías ilícitas y la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual». Solo en el año 2011 habrían de celebrarse nueve cursillos de este tipo, a los que asistirían quinientos agentes de policía de unos treinta países. La segunda implicación es que de esta manera se viene a reforzar la asociación existente entre la piratería y la falsificación por un lado y los delitos que suscitan, por otro, un aborrecimiento mucho más claro por parte del público —como el contrabando de drogas, la trata de blancas y el terrorismo.

Esta redefinición de los atentados contra la propiedad intelectual en términos de redes organizadas viene a coincidir con alguna de las grandes aspiraciones relacionadas con la búsqueda de una solución tecnológica para el fenómeno de la piratería. Si damos en considerar que la piratería constituye efectivamente un subapartado del tráfico de mercancías ilícitas, entonces aceptaremos también que, para combatirla, se puedan emplear las mismas tecnologías que suelen utilizarse para garantizar la seguridad de las cadenas de suministro. Uno de los ejemplos más evidentes en este sentido es el de la aplicación de los sistemas de identificación por radiofrecuencia al etiquetado y el seguimiento de los productos farmacéuticos. Un ejemplo más reciente sería el de la propia estructura denominada «Global Register» de que dispone la Interpol, ya que con dicha herramienta se logra reunir la información relativa a los fabricantes o proveedores a fin de conseguir identificar las posibles falsificaciones. Al parecer, este Registro Global tendría como objetivo «dotar de un nuevo instrumento de control tanto al público como a los titulares de un determinado derecho y a los agentes encargados de hacer cumplir las leyes al permitir que cualquier persona provista de un teléfono móvil o de un aparato capaz de conectarse a internet tenga la posibilidad de verificar la legitimidad de un producto». La existencia de dicho dispositivo sería revelada al público en un acontecimiento celebrado a mediados de 2012 a instancias de Google, en el que se debía abordar el siguiente tema: «Redes ilícitas: fuerzas antagónicas» (o lo que es lo mismo, con el característico despliegue de ingenio de que se hace gala en este campo, INFO —según sus siglas inglesas: Illicit Networks: Forces in Opposition—), título que viene a captar adecuadamente la vigente imagen que dan en presentar de sí mismas las políticas destinadas a luchar contra la piratería.

Son muchas las ocasiones en las que ha dado en considerarse muy atractiva la prometedora perspectiva de una tecnología capaz de combatir la piratería. Uno de los elementos que han configurado las políticas de protección de la propiedad intelectual que se han venido poniendo en marcha desde el año 1980 aproximadamente (aunque en cierto modo lleven aplicándose muchas más décadas) ha sido precisamente el de la búsqueda de un dispositivo de este tipo. Sin embargo, jamás ha llegado a encontrarse una solución tecnológica realmente eficaz, y por otra parte no es difícil comprender las desventajas que presentan los enfoques basados en la compilación de textos registrales. Fijémonos, por ejemplo, en el muy notable uso que se ha venido haciendo hasta ahora del rastreo mediante los sistemas de identificación por radiofrecuencia que se aplican en el campo de los productos farmacéuticos. A mediados de la década de 2000 ya se utilizó un sistema de esta índole para el seguimiento de un polémico analgésico llamado OxyContin. Si se decidió adoptar dicho método no sería tanto para alcanzar a detectar el OxyContin pirateado (esto es, falsificado) —al menos en un primer momento— como para seguir la pista de los lotes legítimos de dicho medicamento que pudieran haber sido robados o enviados a direcciones erróneas. En principio, toda persona provista de un escáner que lograra acceder al sistema podía comprobar de manera inmediata el camino seguido por un determinado lote y, de ese modo, señalar la presencia de ladrones o también, según se afirmaba, de falsificadores. Sin embargo, es evidente que, en sí mismos, los sistemas de identificación por radiofrecuencia no impiden el copiado, dado que únicamente podrían hacerlo si se hallaran integrados en un conjunto de complejas redes, sociales y tecnológicas, que no solo resultan notablemente intrincadas, sino que exigen un mantenimiento muy costoso. (Piénsese, por ejemplo, en los problemas derivados de la simple comprobación de los errores surgidos en una ecología de la información de este tipo, y en las dificultades que habrían de aparecer más tarde, al tratar de corregirlos). Sería preciso disponer de toda una serie de informaciones locales de carácter impredecible: por ejemplo, el envío de un pedido de medicamentos podría exigir la recopilación de toda una serie de detalles relativos a la cadena de suministro, y también podría darse el caso de que la única forma de verificar la exactitud de esos detalles requiriera inevitablemente la realización de un buen número de labores preliminares sobre el terreno. En efecto, para que la identificación por radiofrecuencia alcanzara a funcionar realmente como tecnología capaz de luchar contra la falsificación sería estrictamente necesario que se hubiera puesto previamente en pie una cultura antipirática convencional. Y sin embargo, la verdad —que no por trivial deja de resultar menos trascendente— es que las etiquetas que permiten la identificación por radiofrecuencia no se colocan sobre el medicamento mismo, sino sobre las cajas que los contienen. Por consiguiente, los objetos a los que el sistema sigue en realidad la pista son los embalajes de plástico —unos embalajes que las compañías intermediarias acostumbran a sustituir de hecho de forma totalmente rutinaria—. Y a todo esto ha de añadirse un dato más: el de que, durante años, las propias etiquetas con las que se pretendía proceder a esa identificación por radiofrecuencia han venido mostrando una elevada tasa de fallos operativos. Así vendría a resumir todo este compendio de dificultades el jefe del aparato de seguridad corporativa de la compañía farmacéutica Novartis al dirigirse a los miembros del Congreso de los Estados Unidos en 2005, ocasión en la que también habría de advertir de las consecuencias de dicho estado de cosas.

Por regla general, quienes se dedican a falsificar medicamentos no solo trabajan con productos falsos, sino también con fármacos extraviados, caducados y robados. Imagínense la situación que se produciría si un falsificador llegara a robar un producto, procediera a sacar el medicamento auténtico de los «embalajes precintados» que lo contienen y lo garantizan, pasara después a introducir en ellos la sustancia falsa y reintrodujera por último el producto fraudulento en el sistema. El fármaco falso conseguiría pasar con éxito todos los controles de identificación por radiofrecuencia. ¿Y qué ocurriría entonces con la sustancia auténtica? Pues lo irónico del caso es que lo más probable sería que el fármaco original acabase introduciéndose en un conjunto de embalajes fraudulentos provistos de etiquetas de radiofrecuencia ilegibles y penetrara en el sistema de distribución. Si el sistema de identificación por radiofrecuencia viniera a funcionar entonces correctamente, el preparado verdadero sería expulsado del sistema —y el hecho de que más adelante consiguiera determinarse que en realidad era auténtico no lograría sino socavar aún más la confianza en el mencionado sistema[6].

Lo que aquí vemos expresado de manera explícita es el problema de la credibilidad o de la confianza depositada en un determinado sistema —cuestión que, además de resultar verdaderamente central en todos los asuntos relacionados con la piratería y la lucha contra la misma, ha tendido a reaparecer una y otra vez, bajos diferentes ropajes, a lo largo de la historia, dado que su incidencia se remonta al menos a los tiempos en que Robert Boyle se esforzaba en hallar un método con el que poder determinar la validez de los medicamentos—. Remedando el dicho francés, cabría afirmar que plus ça change, plus c’est la même chose, de modo que, como ha venido a señalar un observador de la industria farmacéutica, «en último término, el consumidor seguirá viéndose obligado a depositar su confianza… en el farmacéutico de la esquina»[7]. En todo caso, las exageradas promesas con las que se ha querido fomentar la adopción de los sistemas de verificación digitales, como el de la identificación por radiofrecuencia o el Registro Global de la Interpol, no vienen sino a conferir un realce todavía mayor a la persistencia de esos viejos problemas. Desde luego, podemos tener la seguridad de que, al final, dichos sistemas podrían llegar a funcionar y a servir como herramientas tecnológicas eficaces contra la falsificación, aunque su carácter falible nunca alcance a desaparecer por completo. Es posible que sea el modo menos malo de abordar un problema que se revela insoluble debido al hecho de que dicha solución resulta fundamental para que un empeño comercial como el de los productos farmacéuticos se institucionalice al modo de una empresa que, en el fondo, es de carácter informativo. No obstante, únicamente lograrán funcionar si los consideramos insertos en una compleja infraestructura legal, social, institucional y tecnológica. El éxito que puedan terminar cosechando en la lucha contra la piratería tendrá un coste: el de obligarnos a asumir toda una serie de implicaciones de carácter coercitivo en otros ámbitos, puesto que su aplicación no solo conllevará la puesta en marcha de un conjunto de sistemas de vigilancia y de recopilación y gestión de datos, sino también la asunción de diversos protocolos de verificación, así como una fuerte centralización. De hecho, se han llegado a expresar preocupaciones relacionadas con el derecho a la intimidad, dado que estas tecnologías farmacéuticas son capaces de «reconocer» la identidad de cualquier medicamento que pueda llevar en su bolso de mano un consumidor particular.

Estos sistemas que requieren la puesta en marcha de una red además de la utilización de uno o más métodos de detección no son sino una de las muchas ramas de la cada vez más saturada panoplia de armas tecnológicas destinadas a luchar contra la piratería. Hoy contamos con dispositivos y códigos como el de los tristemente célebres protocolos de «gestión de los derechos digitales» —un conjunto de sistemas diseñados para impedir la realización de copias piratas (y que también imposibilitan, con demasiada frecuencia, todo tipo de copia)—. Tenemos asimismo otros sistemas destinados a tratar de detectar en qué momento se ha procedido a la realización de una copia. En la red, la existencia de distintos algoritmos de carácter excesivamente simplista tienen la posibilidad de identificar de manera automática movimientos que parezcan constituir otras tantas violaciones de los derechos de la propiedad intelectual, enviando en tales casos un mensaje en el que se exige al usuario que desista de proceder a dicho copiado —y todo ello sin ninguna intervención humana—. El resultado ha sido claramente absurdo en algunas ocasiones, como en el caso de la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos (NASA), que se vería obligada a eliminar de la red varios minutos de filmación correspondientes a películas que la propia institución estadounidense había realizado sobre sus aterrizajes en Marte. Además, un organismo genéticamente modificado podría terminar incapacitado si no se pudiera garantizar, por ejemplo, que su utilización es legítima —entendiendo por «legítimo» todo aquello que la compañía poseedora de la patente tuviese a bien definir como tal—. Este tipo de tecnologías antipiráticas llevan implícita la promesa de ofrecer una solución automatizada a la «piratería» —solución que invariablemente se muestra insensible a las complejidades de la práctica cotidiana—. La dificultad radica en el hecho de que el problema que se aborda de este modo no reviste, en sí mismo, un carácter fundamentalmente tecnológico, sino que es más bien de índole económica, política y cultural —siendo por tanto, para decirlo en pocas palabras, de naturaleza histórica—. En consecuencia, las tecnologías destinadas a combatir la piratería prometen fortalecer la protección de los derechos asociados con la propiedad intelectual, y así lo hacen en último término —aunque a costa de hacer que dicha propiedad resulte quebradiza[8].

Uno de los mayores éxitos de la industria centrada en la defensa de la propiedad intelectual es el que ha venido a plasmarse en el torrente de medidas legislativas y tratados que han ido apareciendo en el transcurso de la última generación —normativas y pactos, por cierto, que en época reciente han dado lugar a numerosas polémicas—. Leyes como la destinada al cese de la piratería en línea (SOPA) o la concebida para la prevención de las verdaderas amenazas a la creatividad económica y el robo de la propiedad intelectual (PIPA) en los Estados Unidos, las malogradas medidas propuestas en Francia a través de la Ley para la promoción de la difusión y la protección de la creación en internet (HADOPI), la Ley de la economía digital británica, y otras normativas similares implantadas o sugeridas en otros puntos del globo han suscitado una gran atención mediática y están provocando una oposición creciente. Lo mismo puede decirse de algunos convenios internacionales como el Acuerdo comercial contra falsificaciones (ACTA), y, en época más reciente, el Acuerdo Estratégico de Asociación Económica Trans-Pacífica (o TPP, según sus siglas inglesas: Trans-Pacific Partnership). Es muy posible que se haya producido ya un punto de inflexión decisivo con la campaña desencadenada entre los años 2011 y 2012 contra estas leyes —y muy particularmente para oponerse a la SOPA y la PIPA—, campaña que culminaría con la retirada de ambos proyectos de ley cuando apenas habían transcurrido unos meses desde que todo quedara dispuesto para lo que parecía ser una sencilla superación de los trámites destinados a promulgarlas de facto. Por otro lado, también el aparente rechazo del ACTA viene a mostrar que la incomodidad que manifiesta el público ante el exceso de celo mostrado en la estricta preservación de los derechos de la propiedad intelectual no es un fenómeno que se circunscriba únicamente a los Estados Unidos.

La cólera ciudadana, que concentra su descontento en las sucesivas leyes o tratados que van proponiéndose, es un elemento importante en este proceso, pero también hay que decir que se trata en cierto modo de una ira desencaminada. Es preciso darse cuenta de que todas esas medidas no son sino acontecimientos de carácter secundario, esto es, respuestas generadas por la existencia de un problema. Resulta característico el hecho de que si dichas normativas han llegado a ver la luz es debido a la circunstancia de que las políticas de amparo a los derechos de la propiedad intelectual ya están tomando medidas actualmente, unas medidas que la legislación se limita a tratar de ratificar. Para ser más concretos, estas leyes surgen cada vez que las iniciativas destinadas a sostener una determinada estrategia de lucha contra la piratería, o a ampliar su radio de acción, se encuentran ante un escollo —escollo cuyo carácter tiende a ser, por regla general, de naturaleza jurídica y a dirimirse en los tribunales.

En términos históricos, es muy frecuente que las actividades destinadas a combatir la piratería hayan terminado por poner a prueba los límites legales, así que, de cuando en cuando, los jueces se han mostrado proclives a frenarlas. Respecto a este estado de cosas, uno de los primeros ejemplos que se mencionan en la presente obra es el vinculado con el hecho de que los tribunales de justicia se negaran a respaldar la campaña londinense lanzada a mediados del siglo XVIII para batallar contra la piratería editorial, así como el escepticismo con el que habrían de contemplar los jueces el hecho de que la industria musical diera en organizar toda una serie de «comandos» justicieros a principios del XX. En cada uno de estos casos, como viene a confirmarnos lo que sucede en la actualidad, los frustrados enemigos de la piratería tratarían de conseguir por medio de una legislación ad hoc aquello que parecían estar a punto de perder sobre el terreno. Y lo que hace que el proceso haya adquirido hoy en día un carácter tan inexorable es el hecho de que los argumentos de la industria encargada de la defensa de los derechos de la propiedad intelectual resulten cada vez más coherentes. Además, es evidente que la promulgación de un conjunto de nuevas leyes viene a establecer las condiciones de posibilidad que permiten la instauración de la siguiente campaña destinada a exigir la renovación de la normativa legal. Por consiguiente, al centrarse de una manera tan intensa en la consecución de una nueva legislación, el público tiende a perder de vista el elemento que viene a desencadenar ese impulso legislativo, esto es, la existencia de una cultura práctica centrada en el cumplimiento de las leyes. Esto significa que también se está perdiendo una oportunidad, puesto que, en ocasiones, las estrategias de carácter práctico resultan mucho más visibles que las negociaciones efectuadas a puerta cerrada.

El persistente legado de todos esos casos de resistencia pública a la promulgación de leyes nuevas podría estar encontrando representación en la proliferación de los partidos piratas. En la actualidad, este tipo de partidos se han hecho un hueco en muchos países, y desde el año 2010 se hallan unidos bajo la bandera de una Organización Internacional de partidos piratas. Son varias las naciones en las que esas formaciones han obtenido representación en las asambleas políticas. De este modo, en Alemania, en la República Checa, en España, en Austria y en Suiza los partidos piratas cuentan hoy con representantes públicos, mientras que los suecos —que fueron quienes inventaron dicha fórmula en el año 2006, a raíz de la controversia suscitada por la intentona de supresión del portal Pirate Bay— cuentan con representantes del movimiento pirata en el Parlamento Europeo. En otros países, entre los que destacan Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos, también existen partidos piratas, aunque su significación sea muy escasa —probablemente porque los sistemas electorales de esas naciones determinan que las campañas destinadas a promover el ascenso de una tercera fuerza política o a resaltar una cuestión específica sean casi siempre meros ejercicios inútiles—. En términos generales, no parece probable que el movimiento de los partidos piratas vaya a acabar en agua de borrajas, dado que no solo ha logrado cosechar ya los suficientes éxitos electorales como para pensar lo contrario, sino que ha demostrado poseer una solidez política que nos induce a juzgar improbable un fiasco. Lo más previsible es que su destino les lleve a seguir los pasos que ya dieron hace una generación los partidos verdes de muchos de esos países. Al igual que los verdes, los piratas tienen una causa seria que defender, una causa cuyas consecuencias afectan a la totalidad de los seres humanos y que no encaja fácilmente en las tradicionales distinciones políticas que se han venido estableciendo entre partidos de izquierda y de derecha. Por consiguiente, es probable que los grandes partidos que se hallan instalados en la corriente política dominante terminen por actuar de manera oportunista y decidan adoptar sus argumentos. Es muy posible que esto siembre la frustración entre los simpatizantes de los partidos piratas, pero en términos históricos sería un verdadero logro —un logro posiblemente mayor que el derivado del surgimiento de una «tercera vía» de la cultura digital, la cual acabaría revelándose, además, totalmente ineficaz—. La historia de las medidas políticas que viene a provocar la existencia de actitudes escépticas hacia los derechos de la propiedad intelectual es cuando menos tan dilatada como la de los derechos de la propiedad intelectual misma, dado que se remonta tanto a la década de 1930, esto es, a la época de los defensores del New Deal, el Nuevo Pacto Social propuesto por el presidente Roosevelt, como a los tiempos de los partidarios de la Ilustración en Escocia y en Francia. No obstante, ninguno de esos predecesores habría de dar muestras de poder asumir un compromiso comparable, y por consiguiente todos ellos tenderían a perder el envite. Los partidos piratas podrían contribuir a cambiar esa situación.

En términos más concretos, la India ha sido escenario de algunos enfoques notablemente innovadores en materia de medios de comunicación digitales, incluyendo algunos relacionados con supuestos actos de piratería. En el año 2010, Bollywood anunció que estaba decidido a empezar a «utilizar las tácticas piráticas para derrotar a los piratas». Y al objeto de conseguirlo estaba dispuesto a emplear a unos agentes, a los que daba el nombre de «cibersicarios», a fin de atacar de ese modo a cuantos portales electrónicos distribuyeran películas sin autorización, incluida la sede de Pirate Bay. Se contrataron los servicios de una empresa llamada Aiplex Software, cuya misión sería descubrir esos portales de la red, enviarles advertencias para conminarles a cesar en sus actividades y a desistir de ellas en lo sucesivo, y lanzar ataques contra el cinco por 100 de los portales de protocolo BitTorrent que —se estimaba— habrían de hacer caso omiso de las notificaciones recibidas. Una vez firmado el contrato, esta compañía informática comenzó a rastrear la red en busca de vínculos que indicaran claramente su vocación de ofrecer la posibilidad de descargar películas de reciente producción. Tan pronto como los localizaba, la Aiplex Software les enviaba dos avisos formales. Si con esto no conseguía que las páginas que albergaban dichos vínculos eliminaran de su oferta el material solicitado, la mencionada compañía informática lanzaba contra las sedes electrónicas de los portales piratas un ataque de denegación de servicios (o asalto DoS, según sus siglas inglesas: Denial of Service), logrando así colapsar las páginas y llegando incluso, en los casos más extremos, a tratar de destruir los propios archivos considerados fraudulentos.

No obstante, si los defensores de los derechos de la propiedad intelectual optan por organizar un ataque de denegación de servicios, lo cierto es que eligen una estrategia muy problemática. Este tipo de acciones conllevan la paralización de los recursos informáticos de la sede electrónica escogida como blanco, enviándole para ello, a enorme velocidad, millones de solicitudes de respuesta. Aunque no es exactamente lo mismo que un Ataque distribuido de denegación de servicio (u ofensiva DDoS, según sus siglas inglesas: Distributed Denial of Service) —el arma predilecta, al menos hace algún tiempo, de algunos grupos de piratas informáticos como el de Anonymous—, lo cierto es que ambos enfoques no solo son bastante similares, sino que también han sido declarados ilegales en varios países, dado que dañan las redes informáticas. Desde luego se trata de una táctica lo suficientemente polémica como para que algunas organizaciones dedicadas a fomentar el cumplimiento de las leyes que amparan los derechos de la propiedad intelectual repudien su empleo. Con todo, lo peor de este tipo de ataques es que provocan respuestas de represalia. Para contraatacar y dar réplica a la ofensiva contra Pirate Bay, la organización Anonymous lanzó a su vez un ataque distribuido de denegación de servicios sobre la Aiplex Software, valiéndose de un sistema denominado Low Orbit Ion Cannon (LOIC, o cañón de iones de órbita baja). Sería una de las acciones que vendrían a inaugurar la tristemente célebre «operación venganza» (Operation Payback), una iniciativa de ataque colectivo que terminaría por colocar en su punto de mira a un gran número de compañías e instituciones consideradas perjudiciales para la libertad digital. El ataque de Anonymous no tardó en dejar fuera de combate la sede electrónica de la Aiplex Software, de modo que los atacantes pasaron a centrar sus esfuerzos en asediar los portales de la Asociación Cinematográfica de los Estados Unidos y la Asociación de la Industria de Grabación Audiovisual Estadounidense, llegando después a atacar a otras compañías, como MasterCard, argumentando que habían actuado contra WikiLeaks. En el momento en el que escribo estas líneas el conflicto sigue activo, pero ya en 2011 se había visto claramente que las cosas no iban a salir en todos los casos como pretendían los defensores de los derechos de la propiedad intelectual.

En nuestros días podemos encontrar relatos parecidos a este en cualquiera de las ramas de la economía de la información global. Todos ellos plantean interrogantes legítimas, tanto acerca del papel que desempeña la piratería como sobre las implicaciones que tienen las políticas de protección de la propiedad intelectual. No solo no nos hallamos frente a ese combate entre absolutos morales claramente definidos que quieren pintarnos las dos partes en conflicto, sino que a un antropólogo extraterrestre recién llegado a la Tierra le resultaría ciertamente muy difícil distinguir a los buenos de los malos. Incluso el sistema que un día fuera el elemento ofensivo predilecto de la organización Anonymous —el Cañón de Iones de Órbita Baja— es de hecho un arma originalmente concebida por la industria de la ciberseguridad al modo de una herramienta destinada a la comprobación de los sistemas defensivos de la red. Al apropiársela, Anonymous se estaría limitando a volver esa misma tecnología contra la propia industria de la seguridad cibernética. La verdadera pregunta es la siguiente: ¿de dónde ha surgido esta realidad —y por qué el público se muestra tan indiferente hacia ella?

Para responder a esta interrogante, no solo hemos de entender la historia de la propia piratería, sino la historia de la piratería y sus antagonistas. Hasta el momento, esa historia ha venido configurando las realidades más prosaicas de la información misma, ya que es capaz de determinar la forma en que todos nosotros podemos obtener, combinar y utilizar los recursos vinculados con la información, ya sean digitales o de otro tipo —y esto de manera cotidiana—. Esta es la razón de que la pregunta con la que finaliza mi obra sobre la piratería —la de «Quién vigila al vigilante»— conserve todavía su fundamental vigencia. Y la razón de la que hemos de preocuparnos no es la de que los defensores de los derechos de la propiedad intelectual estén forzosamente equivocados al creer que sus controvertidas prácticas resultan necesarias, del mismo modo que tampoco hemos de centrar nuestra inquietud en la convicción de que acaso estén librando una guerra contra el progreso. Antes al contrario, lo que debe preocuparnos es el hecho de que pudiera darse perfectamente el caso de que se hallaran en lo cierto. Es posible que la única forma de proteger la información sea justamente aquella que nos obliga a aceptar componendas en otros puntos del complejo contrato social por el que se rige la tardomodernidad —y puede incluso que nos veamos forzados a asumir de facto dichas componendas—. La cuestión es averiguar el punto en el que hemos de fijar el límite. Deberíamos estar dispuestos a abordar ese dilema valorando lo que está en juego y por qué tienen que ser así las cosas. La esperanza de alcanzar a conciliar un día la propiedad intelectual con los principios de una sociedad justa podría depender de ello.

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HISTORIA GENERAL DE LOS PIRATAS

A mediados de 2004 los ejecutivos de NEC[1], la inmensa multinacional japonesa de la electrónica, comenzaron a recibir informes que afirmaban que sus productos estaban siendo falsificados y puestos a la venta en las tiendas chinas del ramo. A nadie le extrañó demasiado. Cualquier corporación de la magnitud y alcance de la NEC se veía rutinariamente afectada por este tipo de noticias, y en esta ocasión, además, los artículos involucrados parecían ser únicamente de poca entidad —DVD vírgenes y cosas por el estilo—. No obstante, la compañía reaccionó rápidamente y puso en marcha la respuesta estándar que reservaba para este tipo de casos, contratando los servicios de una empresa denominada International Risk y encargándole que se ocupara del asunto. No había razón alguna para sospechar que este episodio fuera a revelarse distinto a los otros muchos incidentes similares que solían producirse —irritantes, desde luego, pero imposibles de suprimir por completo—. Este tipo de piratería venía a constituir el inevitable precio a pagar por la realización de negocios a escala planetaria.

Tras indagar por espacio de dos años y recorrer media docena de países, amén de varios continentes, lo que las investigaciones de la International Risk acabarían por revelar iba a dejar conmocionados incluso a los más curtidos conocedores de los chanchullos industriales contemporáneos. Descubrieron que el problema no se circunscribía simplemente a la existencia de unos cuantos espabilados dedicados a piratear DVD, sino que se había montado toda una organización NEC paralela. De hecho, el primer vicepresidente de la compañía auténtica observaría tristemente que los piratas habían «tratado de hacer suya al cien por 100 la marca NEC». Al igual que la original, la versión que habían organizado se caracterizaba también por su naturaleza multinacional y su elevada profesionalidad. Sus comerciales se presentaban provistos de tarjetas de visita de la empresa. Y para reclutarlos se llegaban a utilizar incluso unos medios públicos que daban toda la impresión de formar parte de una publicidad legítima[2]. La empresa pirata no solo había duplicado los artículos creados por la NEC, sino que realizaba programas de investigación y desarrollo destinados a fabricar productos propios. Con el tiempo había llegado a fabricar toda una gama de productos de consumo, desde reproductores MP3 a suntuosos sistemas de cine doméstico. Se trataba de artículos de alta calidad, y venían provistos de una carta de garantía que imitaba la que suministraba la propia NEC (de hecho, la confabulación no acostumbraba a salir a la luz sino en el momento en que los usuarios intentaban hacer valer los derechos amparados por la supuesta garantía y se ponían en contacto con NEC). Para poder fabricar todos esos aparatos, la multinacional impostora había firmado licencias de regalías con más de cincuenta empresas repartidas por lugares como China, Hong Kong y Taiwán —y al menos algunas de ellas parecían persuadidas de estar trabajando con la verdadera NEC—. Además, la empresa pirata había desarrollado unas sofisticadas redes de distribución propias, circunstancia que posibilitaba que sus productos se extendieran por el mercado global, llegando como mínimo a puntos tan remotos como África y Europa. De ser en efecto cierto que se trataba, según decía la prensa internacional, de «una vuelta de tuerca más en la senda de la piratería», lo evidente era que se trataba de hecho de un salto tan espectacular como impresionante[3].

Al estallar la noticia de la existencia de una NEC pirata a mediados de 2006, el asunto se abriría rápidamente paso en internet. Los lectores y comentaristas de la blogosfera reproducirían una y otra vez los informes originalmente publicados por la prensa. Todos ellos se manifestaron consternados por las implicaciones del asunto, pero a menudo podía detectarse también una pizca de regodeo. Todo el mundo comprendió que ahora nadie podía estar verdaderamente seguro de que las unidades de disco, los microchips, las pantallas o los teclados que les permitían realizar su actividad bloguera fueran efectivamente lo que pretendían ser. Algunos de esos opinantes juzgaban que la situación no auguraba nada bueno, dadas las implicaciones que se derivaban para el conocimiento en un mundo interconectado. Otros, en cambio, reconocían esas implicaciones, pero se mostraban encantados de poder manifestar que las consideraban atractivas: se hallaban de pronto ante una corporación gigantesca que se llevaba un buen batacazo a manos de unos forajidos sin marca que se habían revelado más ágiles, más diestros, más avispados. La cámara de resonancia de la red amplificaría el incidente hasta convertirlo en un símbolo de todos los temores culturales, dudas epistémicas y sueños libertarios que nos sugiere la era digital. Al parecer, nos hallábamos aquí ante un vislumbre de lo lejos que estaban llevándonos, y de forma inexorable, algunas amenazas cotidianas como la adquisición fraudulenta de información confidencial mediante el phishing o la suplantación y robo de identidad.

Esta aparición del sosias malvado de una multinacional parece señalar de hecho una especie de punto culminante. Resulta difícil imaginar un acto de piratería más llamativo, a menos que alguien lograra sacarse de la manga una falsa Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y de hecho, el episodio parecía haber salido a la luz prácticamente en el momento más indicado, esto es, en el preciso instante en que se acababa de determinar que las imposturas de este tipo estaban empezando a constituir una de las tendencias más en boga de la piratería —una tendencia llamada a sustituir a los ataques informáticos y a las redirecciones dolosas de los nombres de dominio de un servidor (pharming) como actividades preponderantes del bandidaje digital de moda—. Se lo denominó «usurpación de marca» (brandjacking). De hecho, el director ejecutivo de la International Risk había destacado incluso que esta práctica constituía una amenaza inminente —y hay que recordar que, no por casualidad, esta alta autoridad de la empresa era un curtido veterano de la policía de Hong Kong que contaba con una amplia experiencia en la lucha contra los secuestros de personas—. Según advertiría en distintas alocuciones públicas, este tipo de piratería estaba convirtiéndose rápidamente en un lugar común en la esfera de las industrias electrónica y farmacéutica, mostrando además un modus operandi muy característico. Por lo general, los casos se iniciaban cuando una compañía legal concedía licencia a una fábrica para manufacturar sus productos. Los usurpadores de marcas que se embozaban tras la empresa concesionaria se hacían entonces con la documentación vinculada con la cesión de la licencia, la copiaban, y la volvían a utilizar posteriormente para incorporar nuevas plantas productoras al programa. Muy a menudo, estos últimos operadores vivían en la más feliz de las ignorancias, al desconocer por completo que se hallaban negociando con una panda de impostores. A fin de cuentas, los bandidos utilizaban los mismos instrumentos —declaraciones juradas, escrituras, formularios, contratos— que vienen a garantizar la legitimidad de un proponente en el capitalismo moderno. Las bandas de usurpadores de marcas capaces de actuar en el ámbito internacional, sin importarles las fronteras, resultaban especialmente difíciles de combatir —sobre todo si operaban en el estrecho que separa Taiwán de la China continental—. Podía darse perfectamente el caso de que las autoridades de la República Popular se mostraran reacias a intervenir las empresas locales si estas se revelaban capaces de sostener con argumentos verosímiles que estaban actuando sin conocimiento de causa. El doble malvado de la NEC había explotado al máximo todos estos puntos débiles[4].

La desconcertante experiencia vivida por la compañía NEC pone descarnadamente de relieve la abultada gama de fenómenos que queda englobada en el uso actual de la voz «piratería». Dichos fenómenos van bastante más allá de las usurpaciones no metódicas de la propiedad intelectual, ya que alcanzan de hecho a los elementos definitorios de la cultura moderna misma, es decir, a la ciencia y a la tecnología; a la autoría, la autenticidad y la credibilidad; a las medidas normativas y las disposiciones políticas; a las premisas en que se funda la actividad económica y el orden social. Esta es la razón de que el tema de la piratería provoque la inquietud que tan patentemente genera. Se supone que vivimos en la era de la información —que atravesamos incluso una revolución informativa—. Y sin embargo, tenemos súbitamente la impresión de que por todas partes bullen los enemigos de la propiedad intelectual, y de que las normas básicas que han de regir toda economía basada en la información no son seguras en ningún sitio. Las universidades se han constituido en refugios para innumerables partidarios de los programas informáticos que permiten la distribución e intercambio de archivos (o file-sharing), circunstancia que lleva a sus adeptos a utilizar alegremente unos servicios que la industria establecida condena sin paliativos como piratería. Las compañías biotecnológicas, que hacen pruebas con organismos genéticamente modificados en los algodonales indios, acusan a los campesinos locales de actuar como «ladrones de semillas» al emplear parte de la cosecha de un año como simiente para el próximo. Y los ejecutivos de Hollywood ocupan los titulares de las primeras planas cuando sus empresas aúnan esfuerzos para comercializar películas online, ya que es noticia que el temor que comparten a perder el control de sus propiedades intelectuales les obligue a dar tan raras muestras de voluntad cooperadora. A juicio de estos directivos, las perspectivas de desarrollo de la piratería han adquirido un cariz tan sombrío que, en los Estados Unidos, la Ley de derechos de reproducción del milenio digital (o Digital Millenium Copyright Act) ha llegado a declarar ilegal la difusión de algoritmos susceptibles de ser utilizados para desactivar o burlar los sistemas que impiden la realización de copias. Un estudiante de licenciatura que acuda al estado de Nevada para presentar un trabajo de carácter técnico puede ser arrestado, no por estar pirateando él mismo, sino por divulgar principios que podrían permitir a otros la realización de esas actividades fraudulentas. En la economía global de nuestros días, los defraudadores no se limitan a piratear libros, CD y vídeos, sino que extienden su actividad a los pantalones vaqueros, las motos, los medicamentos, los recambios de la industria aeronáutica, y, cómo no, todo lo relacionado con los Pokémon. En una novela bastante reciente ambientada en 2044 d. C., Bruce Sterling imagina maliciosamente que el conjunto de la economía estadounidense se ve abocado a la ruina tras difundirse en masa por la red el código fuente de un importantísimo programa informático de distribución no libre. «A los chinos nunca les ha gustado la idea de una “propiedad intelectual”», explica un científico laureado con el Premio Nobel, así que al final «nos han puesto en evidencia». «Hoy por tanto, a causa de los chinos, la ciencia básica ha perdido sus apoyos económicos. Por eso nos vemos ahora obligados a vivir del puro prestigio, lo que es una forma de vida muy precaria»[5].

Lo que puede leerse entre líneas en este resignado lamento es el reconocimiento de que la información se ha convertido de hecho en el fundamento principal del orden social moderno, ya sea en el plano económico o en el cultural. Al convertirse la información en la mercancía clave de la economía globalizada, es obvio que también ha aumentado de forma manifiesta la importancia del control y la gestión de la información. En el siglo XIX, la llave del poder económico se hallaba en las fábricas, y durante buena parte del siglo XX la energía ha venido a ocupar esa posición. En la actualidad, el conocimiento y la creatividad imaginativa parecen estar pugnando por alzarse con la preeminencia. Y la piratería, que se erige por tanto en la mayor amenaza que existe en el orden económico que así aflora, acostumbra a presentarse como el principal peligro para él. Un espectro vaga por Europa[6], por parafrasear lo que podría escribir hoy un Marx de nuevo cuño. Aunque no es solo Europa el lugar en que se aparece ese fantasma, sino la totalidad del ámbito económico —y además el espíritu que se yergue ante nosotros no es el de un comunista, sino el de un pirata[7].

Con todo, el problema se revela todavía más espinoso de lo que pudiera pensarse, dado que no admite ser reducido a ningún tipo de lucha de clases de la información. En la inmensa mayoría de los casos, los piratas no son proletarios alienados. Y tampoco vienen a constituir la representación de un outsider de reconfortante «otredad». Pertenecen a nuestras propias filas. Es indudable, por ejemplo, que las compañías biotecnológicas se quejan de los ladrones de semillas, pero también lo es que se ven en la tesitura de tener que encarar las protestas de quienes las acusan de ser ellas las que ejercen la «biopiratería». Y en Occidente, esa misma imputación se hace recaer constantemente sobre los hombros de los especialistas en alta tecnología que redirigen fraudulentamente los nombres de dominio de un servidor —con la particularidad de que en este caso los aludidos no son un grupo de falsificadores sin escrúpulos dedicados a piratear sedes electrónicas, sino un conjunto de biocientíficos y etnobotánicos de notable prestigio que recorren los trópicos en busca de fármacos—. En esos casos, si se denuncia por piratería a las instituciones consagradas a la investigación científica o médica —y de las que tanto dependemos— no es porque se entreguen a la destrucción de la propiedad intelectual, sino justamente por haber introducido el concepto en ámbitos y lugares en los que previamente no existía. En ocasiones, da la impresión de que la sola acusación que todos los intervinientes en el juego de la globalización lanzan a sus respectivos enemigos —desde los ecologistas radicales hasta los funcionarios de la Organización Mundial del Comercio— es la de piratería. Siendo en uno de sus extremos síntoma del repudio al capitalismo de la información y signo de su consumación misma en el polo opuesto, ha terminado convirtiéndose en la transgresión definitiva de la era de la información.

Esto determina que la piratería sea un tema tan obligado como atractivo. Sus consecuencias van más allá de los casos particulares, rebasando incluso los límites de la legislación misma, yendo a incidir en la forma en que básicamente vienen a crearse, distribuirse y utilizarse las ideas y las tecnologías. Los conflictos en los que interviene la piratería están vinculados con toda una serie de ideales fuertemente arraigados sobre la autoría, la creatividad y la recepción de los productos del intelecto. Por consiguiente, la sociedad podría verse obligada a organizar y defender esos ideales, reformulándolos o abandonándolos según sean las circunstancias. Este es el hilo conductor que viene a unir los debates más relevantes que hoy giran en torno a la piratería, con independencia de que las alegaciones concretas de cada caso nos remitan a las patentes genéticas, los programas informáticos, los medicamentos, los libros, los pasos de baile, o las descargas digitales. Al final, lo que está en juego es la naturaleza de la relación que deseamos mantener entre la creatividad, la comunicación y el comercio. Además, la historia de la piratería aparece jalonada por una serie de conflictos seculares, ya que de acuerdo con algunos planteamientos se remontan a los orígenes de la mismísima civilización escrita —y todos ellos han terminado moldeando esa relación—. Dichos conflictos constituyeron, cada uno en su momento, un desafío para los supuestos ligados con la noción de autenticidad, y exigieron la adopción de medidas capaces de garantizarla activamente. Provocaron una reevaluación del concepto de autoría creativa y de las prerrogativas asociadas con él. Requirieron la estipulación y el cumplimiento de unos peajes para la recepción. Y sobre todo, forzaron a las gentes de cada periodo específico a determinar las propiedades y jurisdicciones de las propias tecnologías de la comunicación, ya se tratara de la imprenta, la rotativa de vapor, la radio, la televisión o, ya en nuestros días, internet.

Con todo, es posible que el empeño de acudir al rescate de la historia de la piratería para sacarla de la oscuridad siga pareciendo una empresa quijotesca. Pese a que su presente y su futuro reciban una atención diaria en los medios de comunicación, su pasado continúa casi enteramente oculto tras un velo. Desde luego, no hay duda de que hay unos cuantos episodios aislados que no dejan de citarse una y otra vez: las arengas que Charles Dickens dirigía a sus editores estadounidenses por reimprimir sus novelas; la respuesta que el propio Hamlet da a la interrogante que él mismo plantea con el «Ser o no ser» al pronunciar la frase «Sí, ese es el quid» en una versión apócrifa en cuarto de la obra de Shakespeare; el asedio de Alexander Pope al librero de la calle Grub, Edmund Curll, por haberle mangado las cartas… Sin embargo, si unas veces se tiende a pintar todas estas peripecias con los tonos de otros tantos anticipos fantasiosos de nuestros actuales apuros, otras en cambio se las presenta como pruebas tranquilizadoras de que nada hay nuevo bajo el sol. No obstante, las grandes preguntas —de dónde procede la piratería, cómo se ha desarrollado y transformado a lo largo del tiempo, o qué consecuencias ha tenido— no han llegado a plantearse nunca como tales, de modo que mucho menos cabe esperar que se les haya dado una respuesta.

Dos son las razones que lo explican. La primera deriva de los prejuicios relacionados con los avances digitales y biomédicos que están produciéndose a nuestro alrededor. Suele proclamarse habitualmente que asistimos a un periodo de transformaciones radicales —aludiendo a una revolución de la información que marca una clara ruptura con todo cuanto hemos conocido anteriormente—. Por tal motivo, si la piratería constituye en nuestros días una transgresión definitiva, habrá de tratarse sin duda de un fenómeno carente de pasado. Podrá tener prehistoria, pero no historia. Lo más que podremos esperar hallar en las épocas anteriores será, por tanto, una serie de episodios cuya semejanza con las prácticas modernas, resultando quizá simpática, estará no obstante abocada a revelarse en último término irrelevante. Y esto es de hecho todo cuanto hemos hallado. La segunda razón viene a reforzar esto mismo, al proporcionarle un fundamento: todo se debería a que, en realidad, la piratería no constituye en modo alguno un tema digno de verdadero estudio. A los ojos de los juristas y los estrategas políticos —aunque no solo a los suyos, puesto que se trata de una impresión ampliamente compartida—, la piratería no es sino un fenómeno de carácter derivado. Se limita a reflejar sin más la creciente importancia de la propiedad intelectual. Para quien sostenga este planteamiento, toda investigación en su historia resulta en principio ociosa. El verdadero asunto sería el de la propiedad intelectual misma, y más específicamente el del derecho relativo a dicha propiedad. Únicamente ahí tendrá verdadero sentido excavar en busca de algún vestigio histórico.

Para decirlo con franqueza, estos supuestos, que son de todo punto falsos, conllevan una serie de consecuencias inicuas. La piratería no es consustancial a la revolución digital —una revolución que, dicho sea de paso, se halla impregnada de herencias del pasado—. Y tampoco es un mero elemento accesorio en la evolución de las doctrinas jurídicas. Con todo, tampoco cabe decir que se trate de un delito de naturaleza intemporal, susceptible de admitir una definición sujeta a criterios apriorísticos. Es un asunto mucho más complejo y delicado. Posee unas continuidades y discontinuidades históricas propias, y estas a su vez determinan que su historia genere consecuencias igualmente peculiares. En particular, y aunque la relación entre la piratería y las doctrinas de la propiedad intelectual haya de ser clara y necesariamente muy estrecha, no es posible categorizar adecuadamente la piratería —y menos aún explicarla— diciendo que se trata de un simple subproducto de esas normas. Es un hecho empírico que las leyes que rigen lo que hoy llamamos propiedad intelectual han ido frecuentemente a remolque de las prácticas piráticas, y lo cierto es que casi todos principios legales relevantes en este campo, como los derechos de autor[8], surgieron en respuesta a la piratería. Suponer que la piratería sea un simple elemento derivado de las doctrinas jurídicas es narrar la historia al revés —e invertir también, por tanto, la política y muchas otras cosas que la rodean.

Una vez admitido que el tema existe y tiene entidad propia descubrimos que persiste un tenaz problema de definición. ¿Qué es la piratería? No puede afirmarse con seguridad que alcancemos a consensuar una respuesta. Un estudio oficial realizado para la Unión Europea la definió en una ocasión, no sin cierta picardía, señalando que se trataba de todo aquello que justificara una demanda de protección por parte de las industrias del conocimiento[9]. Este planteamiento no está exento de lógica, como espero dejar claro, y en último término podría incluso constituir la definición más adecuada que podamos conseguir, pero difícilmente nos servirá como punto de partida. No obstante, tampoco nos resultará útil la definición estándar que entiende la piratería como una violación comercial de toda propiedad intelectual avalada por la ley. Esta enunciación se queda igualmente corta, puesto que excluye un gran número de casos en los que, aun admitiéndose la injerencia pirática, no se observa que la propiedad intelectual como tal se encuentre cuestionada (a menos que aceptemos una noción verdaderamente amplia de propiedad intelectual). Lo cierto es que el concepto mismo de propiedad intelectual no llegaría a ver realmente la luz sino a mediados del siglo XIX, y en esa época hacía ya más de ciento cincuenta años que llevaban denunciándose actos de «piratería»[10]. E incluso después de esas fechas son muchos los casos en que resultaría perjudicial adoptar una definición excesivamente estricta en relación con esta práctica. Los autobuses nos ofrecen un buen ejemplo. En Londres, la existencia de empresas de transporte en autocar se remonta al menos a la explosión turística que acompañó a la Exposición Universal de 1851. Muy pronto ganaría popularidad la práctica de calificarlos de vehículos «piratas». A finales de la era victoriana se tarareó durante un tiempo una pegadiza canción de teatro de variedades titulada The pirate bus. La presencia de estos ómnibus en las calles de la ciudad se prolongaría hasta después de la Segunda Guerra Mundial[11]. Habría que forzar la noción de «propiedad intelectual» hasta límites próximos a la desfiguración para lograr que la idea de un autobús pirata llegara a encajar en la definición ortodoxa. Sin embargo, la exclusión de esos usos nos arrebataría la posibilidad de ponderar qué elementos comunes pueden compartir los autobuses piratas con las radios piratas, las ediciones piratas y las escuchas piratas —otros tres tipos de piratería que también gozaban de una reconocida popularidad en esa época, y que habremos de abordar más adelante—. Por la misma razón, una definición doctrinaria podría obligarnos de hecho a considerar piráticos algunos casos de expropiación que las personas de la época no veían de ese modo. Un ejemplo evidente sería el del reparto sistemático de las patentes de las compañías extranjeras tras la Primera Guerra Mundial (tanto las de los aliados como las de los derrotados alemanes). La legalidad de esta medida de enorme trascendencia no estaba nada clara, pero al menos en los Estados Unidos serían muy pocos los dispuestos a considerarla un acto de piratería.

Este es uno de esos casos en que lo que se presenta en forma de problema puede terminar convirtiéndose en una verdadera ventaja. No cabe duda de que el carácter de la piratería se ha ido transformando con el tiempo. Por este motivo habremos de tender mucho más a respetar los significados que históricamente se hayan ido dando al término que a imponer a nuestros antepasados los que actualmente usemos nosotros. Por consiguiente, será preciso que una persona, objeto o acción haya sido efectivamente considerado un elemento pirático por los individuos que vivieron los hechos en su día para que aparezca incluido como tal en este libro. Aunque, al mismo tiempo, tampoco podemos tomar al pie de la letra las calificaciones de los contemporáneos de una determinada práctica. Y lo cierto es que los tildados de piratas casi nunca aceptarían sin más la etiqueta que se les endosaba, dado que siempre la rechazaban por considerarla inexacta e injusta. Lo interesante es que al proceder de ese modo solían suscitarse debates que hoy arrojan luz sobre algunas de las grandes cuestiones estructurales que deseamos esclarecer, y que dichas polémicas tenían por lo común importantes consecuencias. De ahí que podamos aprovechar la oportunidad que se nos ofrece y centrarnos precisamente en el análisis de esas disputas —y cuanto más prolongadas, abigarradas y feroces fueran, mejor—. Esas discusiones venían a tensar las relaciones entre el impulso creativo y la actividad comercial, y en determinados momentos decisivos llegarían a provocar su reorganización. La historia de la piratería es la historia de esas transformaciones. Y cada vez que compramos un libro, descargamos un archivo o escuchamos un programa de radio, las acciones que realizamos hunden sus cimientos en los cambios ocurridos.

La piratería y la revolución de la imprenta

El periodo de tiempo que hemos de salvar es muy dilatado, pero al menos no presenta una longitud indefinida. Y es que, a pesar de que muy posiblemente hayan existido siempre ladrones de ideas, no en todos los casos han aceptado las sociedades un concepto de piratería intelectual concreto. Y lejos de ser intemporal, lo cierto es que ese concepto ni siquiera es realmente antiguo. Surgió en el contexto que caracteriza a la Europa occidental de la época moderna, esto es, en los años de agitación religiosa y política que acompañaron a la Reforma protestante y a la revolución científica. En particular, debe su origen a las transformaciones culturales que vino a poner en marcha el hecho de que Johann Gutenberg inventara la imprenta de tipos móviles. En el origen de la historia de la piratería encontramos, por tanto, uno de los acontecimientos definitorios de la civilización occidental.

La imprenta iba a plantear graves problemas en los terrenos de la política y el ejercicio de la autoridad a las generaciones posteriores a Gutenberg. Y sería el hecho de tener que fajarse con dichos problemas lo que hiciera que sus miembros dieran con el concepto de piratería. En el núcleo de esa noción latiría la necesidad de hallar un modo de adecuar la nueva actividad con las sociedades que por entonces existían. Y es que, tras las primeras pruebas que Gutenberg realizaría en Maguncia a mediados del siglo XV, el arte de la impresión estaba llamado a extenderse rápidamente por las principales ciudades europeas. Se trataba de una actividad en rápido proceso de expansión, potencialmente revolucionaria incluso, y terminaría señalando el comienzo de una transformación en las prácticas vinculadas con la autoría, la comunicación y la lectura. Sin embargo, a corto plazo, es decir, en los siglos XV y XVI, la gente conseguiría encontrar formas de familiarizarse con el nuevo artilugio. A sus ojos, la actividad impresora era en esencia una labor práctica: un oficio. Desde luego, se trataba de un trabajo que no solo se estaba difundiendo a gran velocidad, sino que en algunos aspectos resultaba extraordinario, pero no por ello dejaba de ser una tarea artesanal. Y eso sería justamente lo que proporcionara la pista para hallarle acomodo en el contexto general de la época.

Las personas que vivían en los albores de la época moderna sabían cómo organizar, dirigir y regular los trabajos gremiales para hacerles un hueco en una comunidad ordenada. Por consiguiente, los profesionales de la imprenta —desde los grandes impresores cultos de la Italia renacentista a los primeros inquilinos de la calle Grub[12]— se coordinarían en agrupaciones de todos los tamaños, grandes y pequeñas, siguiendo los bien conocidos pasos que se aplicaban a los demás oficios existentes. Crearon «camarillas»[13] de empleados en sus domicilios y constituyeron gremios o compañías en ciudades muy concretas a fin de atender a los asuntos propios del negocio del libro. Al mismo tiempo, las autoridades eclesiásticas, académicas y monárquicas comenzaron a concebir todo un conjunto de sistemas destinados a garantizar que las recién creadas comunidades se atuvieran a los criterios de seguridad y responsabilidad vigentes en esos años. Hasta cierto punto, también esos sistemas tenderían a crearse en función de experiencias anteriores. En 1547, por ejemplo, una ley francesa que decretaba que el nombre del autor y el impresor debían figurar en la portada de todos los libros religiosos se redactaría sobre la base de la ya vieja tradición por la que los artesanos acostumbraban a dejar una marca personal en sus artículos, como sucedía en la platería, pongo por caso[14]. Otras medidas serían en cambio más originales, dado que eran pocos los precedentes que podían buscarse a la práctica de conceder un permiso de comercialización a los libros antes de poder publicarlos legalmente —y desde luego no tenía ninguno la disposición que el Vaticano vino a plasmar en el Indice de libros prohibidos—. En cada uno de los diferentes planos de la producción libresca —desde la casa impresora y la librería al palacio episcopal y el estudio académico— comenzarían a tomar forma de este modo toda una serie de nuevas técnicas, condensándose más tarde en diferentes costumbres. Poco a poco adquirieron fuerza moral. En esas primeras generaciones de la letra impresa, y a medida que los impresores, los libreros, los escritores y los lectores culebreaban para posicionarse en el mercado y desarrollaban convenciones relacionadas con lo que había de considerarse una conducta adecuada, iría aflorando el carácter de la propia actividad impresora —definiéndose así lo que en realidad venía a ser la imprenta[15].

El corolario de este proceso se concretaría en un estado de incertidumbre y en la necesidad de tomar decisiones —y ello en una medida que ha tendido a caer en el olvido—. No cabe duda de que muchas de las personas que vivieron en los primeros tiempos de la era moderna tenían la sensación de que la imprenta debería convertirse en un elemento propulsor del progreso y de la adopción de nuevas disposiciones, y desde luego los protestantes de finales del siglo XVI llegarían a creer de manera casi generalizada que, efectivamente, así había sido en los días de la Reforma. Sin embargo, cuando se trataba de ponderar los efectos que de hecho estaba teniendo ese invento en la época y el lugar en que ellos mismos se desenvolvían, no encontraban motivos para mostrarse tan optimistas. No existía ninguna garantía de que los impresores y los libreros, abandonados a sus propios impulsos, permitieran alcanzar al libro impreso las metas a las que potencialmente podía llegar en opinión de muchos. Uno de los problemas, aunque no el único, era el de las reimpresiones no autorizadas. Tenemos muchas pruebas de que en la experiencia de las personas laicas ante la introducción de la imprenta había un componente de asombro por sus virtudes, pero también otro de exasperación frente a la proliferación de las proclamaciones espurias de autoría, autenticidad y autoridad a que daba lugar. El mundo de la imprenta era un espacio en el que lo falso podía desplazar fácilmente a lo verdadero, y en el que la credibilidad venía a rivalizar con la credulidad. El arte de discernir lo autorizado y lo auténtico de lo no autorizado e ilegítimo no era más que una de las varias habilidades necesarias para abrirse paso en el reino de la letra impresa, pero desde luego era una necesidad insoslayable. Todo buen lector debía poseer esa clase de pericia crítica. Y si ampliamos el campo de visión, la posibilidad de que la propia imprenta pudiera dar pie al surgimiento de una especie de público racional también dependía de esa misma competencia.

La primera y más excelsa novela de cuantas se hayan escrito nos ofrece un claro testimonio en este aspecto. La segunda parte del Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha viene a ser, íntegramente, una mordaz sátira del carácter que presentaba la imprenta siglo y medio después de Gutenberg. La obra se deleita haciendo chanza recurrente de las condiciones en que han de vivir el autor, el editor, el lector e incluso el personaje en el mundo creado por una imprenta abrumada por ese tipo de problemas. Escrito tras la publicación en Tarragona de una falsa continuación de la primera entrega, el texto de Cervantes lleva al héroe a tropezar en repetidas ocasiones con los lectores y los personajes de la imitación. De hecho, la trama misma gira en torno a esta cuestión. Don Quijote cambia de rumbo y se encamina a Barcelona en lugar de a Zaragoza, con la única intención de apartarse del relato expuesto en la obra del imitador y revelar así la adulteración. Llegado pues a Barcelona, entra en una imprenta y descubre a los oficiales enfrascados en la corrección del mismísimo libro falso. Y al final del relato, Don Quijote muere simplemente (o eso nos dice Cervantes) para que resulte imposible endosar al público nuevas imposturas a su costa.

La premisa en que se basa la novela de Cervantes radica, evidentemente, en el hecho de que Don Quijote es un lector ingenuo que se toma al pie de la letra los textos populares que hablan de romances caballerescos. Por este motivo es importantísimo caer en la cuenta de que el caballero andante no es un simple crédulo. Si le aprietan es capaz de dar razón de su credo. La cuestión es que lo hace apelando exactamente a los mecanismos que de acuerdo con las ideas imperantes en la Europa del 1600 venían supuestamente a garantizar una cierta veracidad en los libros impresos. Cuando el canónigo con quien debate en el capítulo XLIX de la primera parte le da a entender, en palabras del propio hidalgo, que los libros de caballerías son «falsos, mentirosos, dañadores e inútiles para la república», y que desde luego no debe dar uno en imitar esas correrías en la vida real, Don Quijote tiene la respuesta en la recámara. «Los libros que están impresos con licencia de los reyes y con aprobación de aquellos a quien se remitieron, y que con gusto general son leídos y celebrados de los grandes y de los chicos, de los pobres y de los ricos, de los letrados e ignorantes, de los plebeyos y caballeros, finalmente, de todo género de personas de cualquier estado y condición que sean, ¿habían de ser mentira, y más llevando tanta apariencia de verdad?»[16]. La instancia que concede los permisos, el público, las elites, el pueblo: todo el mundo tiene por verdadero cuanto aparece en los libros —¿qué mayor autoridad podría invocarse?

Don Quijote apela aquí a un mecanismo ampliamente aceptado para conseguir que el arte de la imprenta armonice con el orden político: la licencia. Una licencia era una declaración aprobatoria emitida por un funcionario estatal o eclesiástico, y en la mayoría de los países era precisa su concesión antes de poder publicar un texto. En la práctica era frecuente hacer caso omiso de esa norma, y el hecho mismo de que Cervantes ponga en boca de Don Quijote estas palabras demuestra las dificultades a que debía enfrentarse todo sistema de licencias si realmente aspiraba a lograr algún ascendiente sobre los lectores. Es muy dudoso que resultara auténticamente eficaz, ya que ni en la supresión de los libros falsos o peligrosos ni en el fomento de los ortodoxos parece haber logrado fiabilidad. Se trata, sin embargo, de un mecanismo que actuaba en íntima asociación con otras dos disposiciones legales cuya importancia habría de revelarse crucial para el estudio que aquí emprendemos: me refiero a las patentes y los registros. Las patentes eran cédulas públicas emitidas por los gobernantes, y ya se habían utilizado para muy diversos fines en la Edad Media. Una vez inventada la imprenta, comenzaría a recurrirse a las patentes para proteger las obras de toda reimpresión no autorizada en menos de una generación o dos. Se cree que el primero de esos títulos de propiedad se concedió en Venecia, en 1486, a Marco Antonio Sabellico, quien disfrutaría así de los derechos de su obra sobre la historia de esa ciudad[17]. Este tipo de «privilegio» equivalía, en todos los sentidos, al concedido para amparar al inventor de un artilugio mecánico, al que acompañaba a un objeto de artesanía importado o al que estipulaba el ejercicio de un monopolio mercantil. Y como tal disposición seguiría aplicándose a los libros durante siglos. Un registro, por su parte, era un acta en la que los impresores y los libreros de una determinada ciudad inscribían los títulos de las obras que se proponían publicar. Su misión no solo consistía en mantener el orden comunal, sino en respaldar al mismo tiempo la reputación de ese concreto gremio de artesanos. De este modo, los libreros y los impresores podían remitirse a esos registros y resolver las disputas relacionadas con una determinada edición, lo que al menos daba la impresión de que la actividad se hallaba sujeta a un orden intrínseco. En algunas ciudades, las entradas en los registros llegaron a adquirir un grado de fijeza suficiente como para actuar al modo de una constatación de facto de la propiedad de una obra, manteniendo en ocasiones su vigencia durante varias generaciones.

Todos los regímenes de la propiedad literaria posteriores tienen su origen en estos dos mecanismos. Unidos a la concesión de licencias, conseguirán moldear la identidad de la imprenta y la índole del libro en las comunidades mercantiles que habrán de surgir en las primeras fases de la modernidad europea. Sin embargo, en el plano más elemental será difícil conciliarlos, ya que uno fundará su autoridad en las prerrogativas de un Estado, mientras que el otro apelará en cambio a la autonomía de un gremio. O dicho de otro modo: uno se propondrá consolidar los intereses existentes en el seno de una comunidad y el otro garantizar las metas de la actividad comercial misma. De ahí que uno de los factores implícitos en las tensiones que hayan de atirantarlos sea el importante problema irresuelto de la autoridad política. Y se trata de un problema que, al ir constituyéndose los primeros estados modernos reconocibles, habrá de convertirse en un tormento para los regímenes de los siglos XVI y XVII, ya que terminaría enfrentando la actividad gremial y los intereses económicos a la monarquía y a la moralidad convencional. Y al producirse el choque, la respuesta del mundo de la imprenta se concretaría justamente en la invención de la piratería.

Los principios de la piratería

Tanto la piratería como la propiedad literaria son en origen fenómenos vinculados con la imprenta. Y es más: en lo sucesivo, el destino de una y otra habría de seguir íntimamente entrelazado con la suerte que venga a correr la impresión en tanto no comiencen a proliferar las nuevas formas de comunicación que surgirán en torno al 1900. Es imposible plantear siquiera las preguntas pertinentes que gravitan sobre nuestra propia cultura —de modo que menos podrá pensarse aún en responderlas— sin comprender antes de qué modo alcanzan a configurarse en esta primera fase. En particular, es preciso entender que la historia de la piratería no es una mera cuestión de preceptos, sino de prácticas —de habilidades artesanales, de estrategias de control, de formas de lectura y de otras cosas similares—. A medida que vayamos siguiendo el rastro de dichas prácticas a lo largo de las generaciones nos encontraremos mucho más a menudo en el terreno de las convenciones y las costumbres que en el de las leyes, y en ocasiones comprobaremos que el origen de esas convenciones y costumbres nos remite a un remoto pasado. Se trata además de hábitos de notable y prolongado impacto, pese a que durante mucho tiempo no se los consignara por escrito. El caso más importante de cuantos resultan aquí pertinentes es el de las llamadas «cortesías», unas pautas de conducta que surgirán en el negocio editorial de la modernidad primitiva para regular lo que entonces se denominaba «propiedad»[18]. Se suponía que todos los que intervenían en la comercialización de los libros se atenían a esos principios señalados por la costumbre. Y no solo serán principios omnipresentes en el mundo de la imprenta, sino que acabarán por configurar tanto ese mundo como las prácticas relacionadas con la concesión de licencias y patentes o la consignación en registros —prácticas de carácter bastante más formal—. Aun poseyendo muy escaso peso legal, si es que alguno llegaban a tener, hay numerosas pruebas de que tanto los impresores como los libreros los respetaban, ya que se consideraba que constituían la base para un desarrollo armónico de la actividad de su gremio. Quebrantarlos era algo más que violar una particular norma, equivalía a deshonrar a la imprenta misma. Por consiguiente, al desembocar las disputas sobre patentes y registros en la invención de la piratería, el comercio de los libros trataría en repetidas ocasiones de contrarrestar el nuevo delito apelando a sus cortesías y actualizándolas. Y al proceder de ese modo, la piratería y la propiedad experimentarían una evolución en paralelo. El efecto de las cortesías habría de persistir mucho después de que su práctica hubiera dejado de ocupar un lugar destacado, bien por haber sido abandonadas o por haberse convertido en un hábito adquirido. Tanto las primeras emisiones de radio y televisión como las grabaciones de material sonoro y los medios digitales han heredado algunos de estos elementos antiguos, y los actuales defensores de la piratería digital esgrimen a veces, sin saberlo, argumentos que derivan de las cortesías vigentes en la época de Milton.

Resulta fascinante estudiar a esta luz en qué consiste adquirir la capacitación propia de un lector (espectador u oyente) experimentado e inmerso en un entorno pirático. ¿Qué conocimientos facultan a alguien para desempeñar ese papel? En ciertos casos, lo que más desagrada a los autores y a los propietarios de los derechos es que no precise de ninguna habilidad particular. Leer una obra pirata puede ser una experiencia idéntica a la lectura de una obra autorizada. En estos casos, las consecuencias de la piratería son enormes precisamente por el hecho de que para el usuario la circunstancia de que una obra sea pirata no supone la más mínima diferencia. Parece que en algunas ocasiones (aunque no en todos los casos) este extremo vino a presentar visos de verdad en el siglo XVIII, por ejemplo, cuando el ideario ilustrado comenzó a difundirse por toda Europa gracias a la distribución de reimpresiones ilegales. El interés de este hecho reside en que a veces las reimpresiones podían diferir muy notablemente de sus respectivos originales, y de cuando en cuando los lectores habrán de poseer técnicas forenses muy refinadas para valorar los distintos grados de autenticidad de un texto. Lo mismo sucede en la economía global de nuestros días. Sé por experiencia que uno ve un DVD de Fanny y Alexander comprado a un vendedor callejero de Pekín sin temor a perderse ningún elemento estéticamente esencial, pese a que el siguiente disco del montón que exhibe nuestro improvisado minorista pueda resultar un acabado ejemplo de impostura. No obstante, en otras ocasiones las prácticas de la recepción pueden ser muy distintas. Piénsese, pongo por caso, en el significado que tenía para los londinenses de los años sesenta sintonizar en sus transistores las emisoras piratas —informales y repletas de música pop y de anuncios— en lugar de la oficial, fiable y sobria programación ligera de BBC Radio 2[19]. Está claro que la fidelidad de la reproducción —es decir, la capacidad de replicar un original con un determinado grado de exactitud— no es lo primordial. En la práctica, la piratería guarda tanta relación con la historia de la recepción como con la evolución de la producción.

Y también tiene que ver con el ámbito geográfico en el que se realizan estas prácticas. La piratería siempre ha estado vinculada con el lugar en que se produce —es decir, con el territorio y la geopolítica—, además de con el instante temporal de su ocurrencia. Al derecho inglés de la primera modernidad, por ejemplo, le faltó poco para definir la ilicitud de un libro en función del lugar de su manufactura. Los volúmenes legítimos se imprimían en el domicilio del propio artesano, de modo que todo aquel que hubiese sido impreso en otra parte resultaba sospechoso. Y si ampliamos el foco de nuestro examen observaremos que, hasta el siglo XIX, se consideraba perfectamente legítimo reimprimir un libro fuera del ámbito de jurisdicción de su primera edición siempre que dicha reimpresión no circulara sino en ese ámbito exterior. Las florecientes industrias reimpresoras que habrían de medrar a lo largo del siglo XVIII en Irlanda, Suiza y Austria —y que asegurarían la amplia distribución textual de que tanto dependería el proyecto ilustrado— eran enteramente legítimas. Sin embargo, si ese escrito se reintroducía en el país de origen, se convertía automáticamente en un libro pirata, lo que significa que la condición de obra pirata no era una propiedad imputable únicamente a los objetos, sino inherente a la situación de esos objetos en el espacio. De este modo, un determinado libro podía ser perfectamente auténtico en un sitio y pirático en otro. Como es obvio, esta situación convertiría a la piratería en uno de los elementos constituyentes del desarrollo del sistema de interacción entre los Estados-nación: si en los inicios de la era moderna resultaba plenamente legítimo que una ciudad de los Países Bajos reimprimiera libremente los libros franceses, la recién creada nación belga habría de verse denigrada a la condición de paria por hacer otro tanto a mediados del siglo XIX[20]. Por consiguiente, la práctica en sí terminaría convirtiéndose en un vector de las pasiones nacionales y nacionalistas. En Irlanda, el comercio de la reimpresión acabaría operando al modo de un baluarte nacional contra la depredación inglesa, y sobre esta base los reimpresores estadounidenses del siglo XIX acomodarían sus prácticas al conjunto de la economía política del país. De hecho, la propia invención de los derechos de autor vendría a ser en buena medida una respuesta al largo arraigo de las inquinas que, ribeteadas por una serie de rencores nacionales, había provocado la piratería —y me refiero específicamente al empeño que llevaría a los reimpresores escoceses a tratar de competir con las empresas editoriales londinenses durante la primera generación del texto impreso, en una época en que ambas naciones vivían en un «reino unido»—. En los debates en que actualmente dirimimos algunas de las cuestiones relacionadas con las patentes y la biopiratería todavía podemos ver la amenazadora sombra de estas cuitas territoriales —y de hecho en esas polémicas se esgrime la denuncia de que se trata de otras tantas formas de «neocolonialismo».

Tomando como base estos ejemplos y procediendo a extrapolar a partir de ellos, hemos conseguido algo que se parece mucho a una hipótesis sobre la evolución de la piratería misma. De acuerdo con dicha hipótesis, la piratería vendría a ser un fenómeno esencialmente vinculado con los límites de la geopolítica. Desde este punto de vista, lo que observamos es que la piratería se ubica siempre en el punto mismo en que se rebasa el radio de acción del proceso civilizador. Así podemos constatar que hacía estragos, según se dice, en las avenidas del Londres de Shakespeare y en las callejuelas de los tiempos de Milton. En el siglo XVIII se trasladaría sucesivamente a los barrios periféricos, a las provincias, y más tarde a los países vecinos. En el siglo XIX tendrá su sede natural en los Estados Unidos (y en Bélgica), mientras que en el XX recalará en Japón y después en China —hasta alcanzar en nuestros días Vietnam—. En cada uno de estos casos, y a medida que la piratería vaya alejándose de su punto de origen, irán arraigando distintas normas y leyes reguladoras de la propiedad intelectual en aquellos territorios recién desembarazados de las prácticas piráticas. Según parece, la piratería surge cuando los agentes del desarrollo económico se asientan en las cercanías de un gran centro comercial. Y dado que, por este motivo, se la ha identificado con la barbarie agazapada a las puertas del mundo civilizado y con lo que los rusos denominan el «cercano exterior», parece lógico concluir que esté abocada a quedar desbancada por la progresiva implantación de un proceso civilizador que habrá de terminar generando una economía de corte neoclásico e integración global[21].

Como es obvio, este planteamiento no es más que un mito. El mundo desarrollado no ha sustituido con sus normas y reglas a las prácticas piráticas —de hecho, el impacto de la piratería en el orbe civilizado sigue siendo comparable al que se constata en los países en vías de desarrollo—, por no mencionar la circunstancia de que en el planeta se haya llegado por distintos caminos a más de un modo de entender la modernidad. Pero esto no significa que el mito carezca de importancia. La idea de que existe una frontera evanescente entre nosotros y los «otros» tiene consecuencias reales —aunque no se trate de consecuencias que debamos asumir, sino que hemos de cuestionar—. La esperanza que me anima al elaborar esta historia de la piratería radica justamente en la posibilidad de sugerir formas de abordar ese cuestionamiento. Y en particular, la capacidad de mostrar el vínculo de dependencia que ha venido uniendo hasta el presente a las prácticas piráticas con el modo en que la gente entiende las nociones de frontera, de umbral doméstico o de nación no solo constituye un desafío para los axiomas en que descansa la hipótesis geopolítica, sino que permite comprender al mismo tiempo el atractivo del planteamiento en sí. Lo que el texto que aquí presento no podrá hacer —ya que no es algo que esté al alcance de libro alguno— será especificar los detalles del proyecto que haya de sustituir a tal hipótesis, como tampoco podrá exponer los pormenores específicos que ese reemplazo vaya a mostrar en el plano local. Sería fascinante poder disponer de una narrativa detallada del caso chino, por ejemplo, o de lo sucedido en Japón, Vietnam o el bloque liderado por la antigua Unión Soviética. Con todo, no pierdo la esperanza de ilustrar con ejemplos el enfoque al que habremos de atenernos para generar esas narrativas.

Lo mismo puede decirse de los esfuerzos destinados a abordar la actual crisis en que se halla inmersa la propiedad intelectual misma. Este es quizá el punto en que el enfoque histórico de la piratería puede arrojar una luz más significativa, ya que nos revela que la imbricación de la piratería en el mundo en que habitamos es muy honda —y que otro tanto ocurre con las respuestas que esa piratería suscita—. En cierto sentido, la historia de la piratería y de las reacciones a que esta da lugar es la historia de la propia modernidad —aunque en este caso no la contemplemos con un sentimiento de veneración, sino antes al contrario, con recelo—. Espero que los lectores que se animen a llegar al final de esta obra acaben por percibir que es preciso tratar con fundamentado escepticismo los esfuerzos que, destinados a combatir la piratería, no acepten este planteamiento. Y ello porque al responder a una concepción errónea, esos esfuerzos resultan por lo general ineficaces. Y lo que es peor, pueden pasar descuidadamente por alto algunas de las relaciones fraguadas en el crisol de la historia, e incluso alterar otras. De hecho, en los casos más extremos llegan a poner en peligro algunos de los elementos de la modernidad que nos resultan más preciados, puesto que los consideramos decisivos para vivir en una sociedad decente. No faltan ejemplos de prácticas que, siendo contrarias a la piratería, suscitan interrogantes de ese orden —interrogantes potencialmente tan graves, por lo demás, como las que planteaba la falsa NEC—. Si una compañía californiana crea una falsa página electrónica de protocolos Bit Torrent en un intento destinado a cazar al usuario incauto que se ponga a descargar archivos, no podrá culparse al observador inexperto por no ver en un primer momento quién es el verdadero pirata. Pero si una corporación multinacional de la comunicación instala secretamente en el ordenador de sus clientes un programa informático que, habiendo sido concebido para proteger los derechos digitales, vuelve además vulnerables las máquinas de los consumidores a los ataques de troyanos informáticos, ¿dónde quedan los derechos de propiedad de esos mismos consumidores —por no hablar del lugar al que se relega el derecho a la intimidad—? Si una compañía biotecnológica utiliza a empleados suyos como agentes provocadores a fin de atrapar con las manos en la masa a algún granjero incauto que caiga en la tentación de usar «semillas piratas», cabría preguntarse de qué lado cae la autenticidad y la responsabilidad[22]. No es nuevo que estas cuestiones relacionadas con derecho a la intimidad, la rendición de cuentas, la autonomía y la responsabilidad —problemas que constituyen el núcleo mismo de la política tradicional— se hallen inextricablemente unidas a las de la propiedad intelectual. Sin embargo, la explicación de este hecho exige una comprensión de carácter específicamente histórico.

En resumen, el nexo entre creatividad y comercio que ha venido predominando en la época moderna se encuentra hoy en situación apurada. Las implicaciones de ese vínculo parten de la noción de propiedad intelectual, pero rebasan con mucho el mero círculo de ese concepto. De hecho, podrían muy bien provocar una crisis de la propia cultura democrática. No veo cómo podría resolverse satisfactoriamente esta situación sin modificar los términos mismos de la comprensión social de la propiedad intelectual y su fiscalización. En otras palabras, lo que el análisis histórico sugiere es que podríamos hallarnos a las puertas de una reorganización radical de lo que hoy conocemos como propiedad intelectual —una reorganización que recibiría su impulso tanto de las medidas contrarias a la piratería como de las prácticas piráticas mismas—. No se trata de un desenlace inconcebible. Desde luego, es indudable que la relación entre la creatividad y el comercio ya ha experimentado antes cambios igualmente profundos. En el siglo XVIII, por ejemplo, se inventaron los derechos de autor, y en el XIX vería la luz la propiedad intelectual, de modo que en unas cuantas décadas es muy posible que nuestros descendientes echen también la vista atrás y observen que ya hoy se cernía sobre nuestras cabezas la sombra de una transformación similar. Si queremos retrasar, o incluso evitar, la evolución de los acontecimientos que vemos perfilarse en el horizonte —o si abrigamos la esperanza de guiar el proceso a medida que vaya desarrollándose—, lo más prudente será modificar la forma en que abordamos la cuestión de la piratería. Incluso el planteamiento mismo de esta posibilidad nos exige recurrir a una comprensión histórica. Y la respuesta nos obligará a llevar a la práctica los contenidos de dicha comprensión.

2

LA INVENCIÓN DE LA PIRATERÍA

Si queremos situar los orígenes de la piratería intelectual, el punto de partida habrá de ser el corazón de Londres. Colóquese frente al pórtico principal de la catedral de San Pablo. Aléjese del templo en dirección oeste, bajando a la parte de Ludgate y enfilando hacia la calle Fleet. Recorridos unos cien metros, dará usted con una estrecha callejuela que se abre en el costado derecho de la vía por la que transita. El lugar al que le encamino es anodino y fácil de pasar por alto. Al tomar la bocacalle verá que el ruido del tráfico se amortigua rápidamente y se encontrará en un pequeño patio. En la esquina más alejada de usted hay una puerta que da a un edificio de fachada de piedra y época imprecisa. Cruce la reducida y tortuosa entrada e intérnese en la elegante antesala: de repente, el pasaje se ensancha de forma espectacular, desembocando en un inmenso y solemne vestíbulo. Está ricamente decorado con entrepaños de madera del siglo XVII y una ordenada serie de banderolas desplegadas, todas ellas iluminadas por la luz que entra por unas vidrieras con los retratos de Caxton, Shakespeare, Cranmer y Tyndale. Se encuentra usted en Stationers’ Hall, es decir, el Salón de los libreros: el centro del comercio de libros antiguos de Londres. Y justamente aquí, bajo la refinada obra de carpintería y toda esa parafernalia ceremonial, se encuentra la clave para comprender el surgimiento de la piratería. Descansa calladamente en una modesta sala de archivos. Se trata de un libro.

El Registro de los libreros es un pesado tomo manuscrito de unas seiscientas cincuenta páginas, encuadernado en vitela. De hecho, han llegado hasta nosotros varios volúmenes de lo que en su día fue una larga serie de registros de este tipo, todos ellos fechados entre los siglos XVI y XIX, aunque el que resulta relevante en nuestro caso se compilara a mediados del XVII[1]. En esa época, mucho antes de la existencia de los derechos de autor, dicho libro era la pieza central de un sistema práctico concebido para mantener en buen orden la actividad editorial londinense. Toda persona —por lo general un vendedor de libros— que deseara publicar una obra y sintiera inquietud por la posibilidad de que un competidor pudiera estar intentando imprimir el mismo texto, acudía al Salón de los libreros e inscribía su proyecto en el registro. Este acto proclamaba el derecho a la comercialización del volumen, de modo que nadie más pudiese publicar otra edición del mismo. En el solemne vestíbulo del edificio venía a reunirse periódicamente un tribunal de profesionales del libro y la impresión que, de este modo, reafirmaban su autoridad, cuyo radio de acción abarcaba por entonces, al menos en principio, la totalidad del panorama literario de la metrópoli. Con el paso del tiempo, las entradas consignadas en aquellos listados, convenientemente fechadas, custodiadas y puestas a buen recaudo, terminarían siendo el equivalente de un registro de la propiedad. Su importancia explica que tanto este volumen como los que lo complementan hayan logrado sobrevivir a muchos cataclismos, como el del incendio de Londres. Y cuando finalmente vieran la luz los derechos de autor sería a instancias de un deseo: el de continuar con esta práctica y procurarle una confirmación legal.

Sin embargo, en el siglo XVII este recurso era tremendamente controvertido. Había quien pensaba que semejante proceder reflejaba la ambición que animaba a la comunidad gremial de quienes comerciaban con el conocimiento, ansiosos por instituir un código de conducta propio, no solo independiente del Estado, sino afirmado en abierto desafío al mismo. Reclamar la titularidad de un derecho a establecer y dar amparo legal a la propiedad de las obras culturales exigía negar esa prerrogativa al rey. Y en una época imbuida de una honda y justificada preocupación por las sangrientas consecuencias de la política impresa, no podían dejarse sin respuesta las implicaciones derivadas de esa pretensión. Así las cosas, la clave de bóveda para que reinara el orden en el universo de las publicaciones comenzó a sufrir una serie de ataques, en lo que habría de convertirse en un profundo y trascendente debate sobre la naturaleza misma de la actividad impresora y su influencia cultural.

La pugna había surgido además en lo que había de ser un punto de inflexión en la historia europea. En esta época, las formas de la política y la cultura medievales empezaban a verse confrontadas a todo un conjunto de alternativas novedosas y potencialmente revolucionarias. Empezaba a nacer la esfera pública, y precisamente sobre la base de la divulgación de las obras impresas. La filosofía experimental estaba a punto de inaugurar lo que, andando el tiempo, habría de convertirse en la ciencia moderna, y despuntaba ya la expansión mercantil llamada a traer al mundo las economías capitalistas y los imperios comerciales. Y lo que no solo no reviste menos importancia, sino que no es ninguna coincidencia: también nos encontramos en los albores de la edad de oro de los bucaneros del Caribe, es decir, en la era de Barbanegra y de Mary Bonney, de Guillermo Dampierre y del capitán Kidd. Y así es como los grandes acontecimientos históricos, decisivos para el desarrollo de la modernidad, vienen a converger en el libro que aún reposa discretamente en la sala de archivos que se abre calle abajo de San Pablo. De hecho, en su despliegue, esas efemérides terminarían desencadenando un furibundo y radical conflicto en los ámbitos de la política, la propiedad y la imprenta. Sus consecuencias se hallan todavía presentes. Y una de ellas es justamente el concepto de piratería.

Los artesanos y la autoridad intelectual

Al afirmar que la piratería es una invención del siglo XVII no pretendo en modo alguno sugerir que, en sí misma, la apropiación indebida de las creaciones intelectuales fuera una práctica nueva en esa época, ni que antes de ese periodo fuese una conducta que suscitara indiferencia. Es muy fácil encontrar quejas relacionadas con la impostura intelectual incluso en el mundo antiguo. Ya Galeno arremetía contra los libros espurios que se le atribuían, y Quintiliano lamentaba la circulación ilegítima de sus obras de retórica. También Vitruvio atacaba a los sedicentes autores que se dedicaban a «robar» los escritos de otros a fin de hacerlos pasar por propios, llegando a recomendar incluso «que se les procesara por delincuentes». Sin embargo, no parece que se haya atribuido en ningún caso a estos comportamientos la denominación de actos de piratería, y a pesar de lo que diga Vitruvio, no constituían una infracción de las leyes. Además, el contexto en el que tenían lugar les confería una connotación muy distinta a la de las prácticas que, a comienzos del siglo XVII, serán efectivamente clasificadas en un mismo grupo: el de las de acciones piráticas. No solo no existía el concepto de derechos de autor ni de nada que se le pareciese, es que si los autores expresaban su disgusto por la apropiación indebida de sus obras era en ocasiones por motivos totalmente diferentes. Desde luego, no hay duda de que podían juzgar objetable que las obras falseadas tergiversaran sus opiniones, pero también se oponían al hecho de que las supercherías invadieran la esfera de libertad del ciudadano, o a la circunstancia de que viniera a hurtar a los escritores antiguos, acaso de carácter heroico o mítico, del aprecio que debidamente habían de profesarles los lectores piadosos. La combinación de ingredientes comerciales y culturales llamada a engendrar la noción de piratería intelectual no se había dado todavía[2].

Este concepto debe su creación al surgimiento de un periodo en que el espacio social del conocimiento se vio sujeto a grandes transformaciones, concretándose y convergiendo además dichas modificaciones en las prácticas políticas y económicas. La confluencia de esos tres factores se produciría precisamente en el momento en que el nuevo oficio de la imprenta comenzara a provocar la aparición de toda una serie de enérgicas reivindicaciones en defensa de un ideal recién nacido: el de que el público culto quedara facultado para enjuiciar los asuntos relacionados con el bien común. Habría de ser justamente el primor del libro impreso el que envolviera a la autoría en el manto de una inaudita autoridad pública, siendo a su vez esta circunstancia la que determinara que su violación acabara considerándose equivalente a una transgresión capital —esto es, comparable a un delito contra el bien común afín al abuso del salteador, el bandido o el pirata—. El problema que el concepto de piratería tendría que abordar encontraría en parte su origen en los cambios que habría de experimentar en el Renacimiento la cultura del saber, y en particular en el desafío que representaba para las artes liberales el incremento de la competencia profesional de los artesanos. La Edad Media latina había heredado de Roma una distinción categorial por la que se separaban las humanidades de las habilidades mecánicas, de modo que únicamente a través de las primeras podía accederse a los conocimientos que resultaban apropiados para el ciudadano libre. Ahora, tanto los artistas como los artesanos comenzaban a cuestionar esta distinción. Estos profesionales empezaban a comprender que el hecho de resaltar sus singulares competencias en la nueva efervescencia cívica de las ciudades les proporcionaba oportunidades de avance social. Declararon que solo ellos podían contribuir al éxito militar (mediante la construcción de máquinas de asedio, por ejemplo), a la prosperidad económica (por dedicarse a la supervisión de las minas), al esplendor cortesano (creando nuevas y muy notables obras de arte), y a la salud de la ciudadanía (dado que les procuraban curas médicas). De poder encontrar alguno, un buen alquimista podría resolver de un plumazo los problemas presupuestarios de cualquier príncipe. Las asociaciones gremiales, vinculadas originariamente, en la Antigüedad, con los «misterios» esotéricos, pasaron a convertirse ahora en custodios de unos arcanos totalmente diferentes: las costumbres, deberes y prerrogativas apropiados para cada oficio en particular. Los gremios dictaban normas a sus miembros mediante las cuales decretaban las conductas que habían de considerarse apropiadas y respaldaban las cortesías comunales. Además, comenzaron a adoptar una actitud cada vez más protectora en relación con los conocimientos y las destrezas propias de su actividad artesanal. El ejemplo más célebre es el de los artesanos del vidrio venecianos, que desarrollarían una refinada serie de convenciones y estatutos en los que se estipulaban los pormenores de todas sus actividades, desde el tipo de madera que debía emplearse para alimentar los hornos a las disposiciones necesarias para elegir a sus representantes. Y el Estado de Venecia cooperaría prohibiendo la emigración de los vidrieros, hasta el punto de que durante mucho tiempo se rumorearía que todo aquel que infringiera esa norma corría un peligro mortal[3].

A partir del siglo XIII, en lo que iba a ser un movimiento capitaneado justamente por la ciudad de Venecia, este tipo de colaboración entre el Estado y las comunidades gremiales comenzaría a adquirir un carácter más formal. Una de sus expresiones fue la concesión de privilegios o patentes; por regla general no consistían en ventajas que se otorgaran como reconocimiento a la originalidad propiamente dicha de una invención, sino en estimular aquellas iniciativas, fueran de la clase que fueran, que parecieran prometedoras para la mancomunidad local. En el siglo XIV, la mayoría de los regímenes europeos los concedían ya por la creación de aparatos novedosos o por la puesta en marcha de empresas innovadoras, así como por el simple inicio de una actividad comercial nueva para la ciudad o la región[4]. Y además, es preciso destacar que un inventor no tenía derecho a una patente. Se trataba de una dádiva, de una iniciativa imputable a la beneficencia discrecional del gobernante, y quien la recibía era en definitiva beneficiario de una merced estatal. De este modo se siguieron concediendo patentes, y a ritmo creciente, por todo tipo de cosas —cosas que muy frecuentemente no tenían nada que ver con la introducción de inventos o negocios nuevos, ya que eran simplemente una forma cómoda de recompensar a los cortesanos o de sustituir un pago—. No había por tanto ningún sistema de patentes propiamente dicho. Sin embargo, la acumulación de la práctica terminaría adquiriendo peso por sí sola, de modo que en 1447 Venecia promulgaría el primer estatuto general por el que se preveía la concesión de patentes relacionadas con los inventos. Este estatuto permitía que los inventores o las personas que pusieran en circulación artilugios desconocidos en el territorio veneciano quedaran legalmente protegidos de los imitadores por espacio de diez años, y al mismo tiempo obligaba formalmente a todos los inventores a revelar sus hallazgos al Estado, el cual estaba exento de las restricciones aplicables a las patentes y tenía entera libertad para apropiárselos[5]. Las componendas de este tipo eran muy características: los regímenes de la primera modernidad ofrecían las patentes al modo de un tentador anzuelo pensado para incitar a los artesanos competentes a inmigrar y traer consigo los secretos de un proceso que resultaba nuevo en la zona —a condición de que transmitieran su saber a las gentes de la localidad—. Este arreglo vendría a ser una práctica precursora de una clase de pacto algo diferente: el que, de acuerdo con lo que en la actualidad se entiende que garantizan las patentes en tanto que pactos entre inventor y público, sellará el canje de una protección institucional a cambio de la revelación del invento mismo. Su objetivo consistía en facilitar la introducción de prácticas artesanales novedosas, fuesen recientes o no. Y cuando funcionaba, contribuía tanto a beneficiar a la comunidad receptora como a privar a las sociedades rivales de los artesanos competentes que habían formado previamente. El hecho de que la patente no llevara aparejada una implicación judicial y descansara no obstante, de manera muy notoria, en la benevolencia y el paternalismo del gobernante contribuiría a hacer que los monarcas consideraran todavía más atractiva la posibilidad de su concesión —sobre todo teniendo en cuenta de que no era infrecuente que esos soberanos se vieran obligados a esquivar como fuera la bancarrota[6].

En los años en que fueran fraguando estas costumbres, las ciencias se verían inmersas en un periodo de notable efervescencia. A comienzos del siglo XV, la filosofía natural (a la que, grosso modo, podemos considerar predecesora de la ciencia) seguía implicando la realización de actividades distintas a las de las artes mecánicas. Era un empeño universitario consagrado a la explicación de los procesos naturales corrientes mediante el análisis causal aristotélico, y poseía un carácter cualitativo (las ciencias matemáticas quedaban relegadas a un plano disciplinario de segunda importancia), discursivo y polémico. En el lapso de tiempo que media entre el descubrimiento del Nuevo Mundo a finales del siglo XV y la publicación en 1687 de los Principia de Isaac Newton, todos los aspectos del programa de la filosofía natural se verían cuestionados, y la mayoría de ellos acabarían desplomándose. Las afirmaciones de los astrónomos, matemáticos, médicos y practicantes de la magia natural[7] no solo arrojaban dudas sobre el conocimiento entonces en vigor, sino también sobre los procesos, las personas y las instituciones a que debía concederse o no autoridad en el ámbito intelectual. Y extramuros de las universidades, los practicones[8] ambulantes reivindicaban poseer un conocimiento de la naturaleza que no se quedaba en mera palabrería, sino que confería poder. Los médicos que aplicaban los métodos de Paracelso o de la alquimia harían progresar particularmente esta noción de creatividad tan notablemente ambiciosa. Todos ellos presentarían al artesano y al artífice —es decir, no solo al artista, sino también a los humildes mineros, granjeros o panaderos— poco menos que con los rasgos de una divinidad por su poder para transformar y renovar las cosas del mundo, convirtiendo así a estos personajes ordinarios en agentes de la redención universal, en seres decisivos para la concreción de los designios de la Providencia. Y más incluso que los grandes filósofos del Renacimiento italiano, serían estos nuevos protagonistas quienes vinieran a abogar por una auténtica transformación de la posición social del laborioso artesano que alcanzaba a conocer las fuerzas de la naturaleza por experiencia directa. Y de ese modo darían a la figura del artífice el perfil propio de un autor imbuido de una ambición excepcional —la de alguien capaz de transfigurar, transmutar, crear[9].

Este proceso suponía la asunción de un reto extraordinariamente radical. Afectaba a nociones básicas como las que se interrogaban acerca de la naturaleza del conocimiento o trataban de averiguar quién lo generaba, o cómo difundía y por qué. Los artesanos alumbrarían así una pujante interpretación práctica de la realidad —una interpretación que no por carecer de consignación escrita resultaba menos vital—. Solo ahora empezamos a apreciar de nuevo en todo su valor la sutil hondura de lo que Pamela Smith llamaba, con toda razón, «epistemología artesanal». Muy bien pudiera darse el caso de que debiéramos a esa epistemología algunos de los elementos centrales que animan los conceptos de invención y descubrimiento heredados de esa época. Entre esas nociones cabe incluir las que vienen a explicarnos de dónde proceden las nuevas ideas, cómo se distribuyen y qué relación guardan con el comercio, el poder y la virtud personal. Por ejemplo, las tradiciones artesanales se preguntaban si el conocimiento era otorgado por Dios, a modo de ciencia infusa, a un individuo que justificadamente se hubiera hecho acreedor a ese saber, o si se trataba más bien de algo que todo el mundo podía alcanzar siempre que poseyera aptitudes suficientes y se atuviera a las reglas del método. Del sentido de esta distinción se derivaban unas percepciones radicalmente opuestas de la naturaleza del descubrimiento, la transmisión del saber o el hecho mismo de que el conocimiento pudiera llegar o no a «robarse». Y se trataría además de un tipo de interrogante muy difundido en las escuelas que cultivaban las lenguas vernáculas, no en las que empleaban el latín.

Estamos en una época en que el aprendizaje mismo perdería el lugar que le es propio. Todo el mundo parecía dotado de una movilidad nueva, no solo los artesanos, sino también los historiadores y los cirujanos, los navegantes y los astrónomos. Los matemáticos viajaban de ciudad en ciudad y planteaban problemas a modo de reto a todo el mundo. De este modo surgió una interrogante que rápidamente se convertiría en una cuestión candente: la de a quién conferir autoridad en el conocimiento. ¿A quién podía considerarse creíble, y con qué fundamento? Los coetáneos de Paracelso y Servet acostumbraban a lamentar, por un lado, que la erudición se hubiera circunscrito en su día a las universidades, pero por otro también deploraban que ahora estuvieran surgiendo sedicentes autoridades por doquier, ya que eso generaba una peligrosa profusión de afirmaciones encontradas que, por añadidura, iban dirigidas a grupos de personas muy dispares.

Quienes deseaban verse investidos de esa autoridad dependían de un oficio en particular para procurar el progreso de sus afirmaciones: el del impresor. La imprenta permitía apelar a la opinión de círculos exteriores a los del propio claustro: primero, a la de los defensores con que pudiera contarse en la Iglesia y la corte, y más tarde a la de un «público» más disperso e impreciso. Los libros impresos se convirtieron en herramientas que permitían que los emprendedores —caso de tener suerte y recursos suficientes— se auparan a posiciones de prestigio. El matemático Galileo Galilei, por ejemplo, lograría un notable éxito en una serie de iniciativas de este tipo. John Dee, en cambio, trataría de hacer otro tanto, aunque con menor éxito, en el Londres isabelino. Las propias enseñanzas de Paracelso constituirían un auténtico fenómeno del comercio internacional de libros, dado que quedarían plasmadas en varias docenas de tratados —de los cuales muchos serían espurios y solo unos cuantos auténticos—. En los estudios de los artistas y los escultores, en los mercados de las ciudades en que los curanderos ambulantes promocionaban sus remedios médicos, en los talleres de los fabricantes de instrumentos, y, sobre todo, en las librerías e imprentas de Venecia, París y Ámsterdam, los artesanos comenzarían a reclamar cada vez más, junto con otros trabajadores, el reconocimiento de la autoridad asociada con el autor de un texto impreso. Y además sus alegaciones llegarían también a un público nuevo, un público que era en esencia desconocido, pero cuya presencia rebasaba con mucho los ámbitos de la corte, la Iglesia y la universidad. En una época marcada no solo por la Reforma, sino por el hecho de que la sombra de la guerra religiosa se cerniera amenazadoramente sobre todo el continente, la necesidad de abordar esta confusión llegaría a adquirir la relevancia propia de los asuntos más trascendentales. Al quedar sumido en la duda tanto el carácter como la autoría, recepción y uso del conocimiento, todo el mundo comprendió con meridiana claridad que resultaba vital encontrar nuevas formas de organizar la creación y la apropiación de ideas —así como la necesidad de distinguir lo auténtico de lo espurio.

El derecho, la política y la imprenta

¿Dónde y cuándo comenzó exactamente la gente a referirse al robo del material intelectual con el término «piratería»? Lo cierto es que es posible responder esta pregunta de manera más tajante de lo que cabría suponer. No es difícil probar que los primeros usos de esa palabra se producen antes en inglés que en otras lenguas europeas. Más complicado resulta en cambio establecer el momento exacto en que pudo haberse acuñado esa voz, pero parece claro que debió de ocurrir aproximadamente a mediados del siglo XVII. Según parece, en torno al 1600 el vocablo «piratería» no poseía en absoluto la significación que ahora le damos, salvo en unos cuantos casos aislados en que se emplea a modo de metáfora. No figura en ninguna de las obras de Shakespeare, ni en las de Ben Jonson, Spenser, Marlowe o Dekker —y, de hecho, tampoco se encuentra en las de Francis Bacon, Hobbes o Milton—. Será en esta época cuando comencemos a observar la elaboración continuada de diccionarios impresos del idioma inglés, pero la entrada «piratería» (piracy) no muestra en ninguno de ellos la connotación que buscamos, ya se trate del léxico de Cawdrey (1604), del de Bullokar (1616), del de Cockeram (1623), del de Blount (1656), o del de Coles (1676). En 1611, John Donne utiliza en una ocasión el término «piratas del ingenio» para referirse a quienes plagian las poesías y las obras antiguas, y en los primeros años de la Restauración inglesa, Samuel Butler atribuirá de igual modo el calificativo de «raquero de agudezas» a un plagiario, siendo raquero la voz que Butler emplea para referirse a un tipo de corsario holandés[10]. Sin embargo, aunque estos ejemplos apunten al uso que más tarde habría de darse a la palabra, lo cierto es que parecen obedecer a una ocurrencia singular. Además, no se refieren a ninguna práctica comercial, sino al plagio individual —vocablo este de «plagio» que, a su vez, no había empezado a emplearse de forma generalizada sino en torno al 1600[11].

No obstante, a finales del siglo XVII y principios del XVIII la noción de piratería brota de pronto por todas partes. Destaca particularmente en los escritos de Defoe, Swift, Addison, Gay, Congreve, Ward y Pope, y la palabra «pirata» (pirate) comienza súbitamente a aparecer definida en los diccionarios, que explican, en una de sus acepciones, que se trata de «aquel que imprime contra la justicia el libro de otra persona»[12]. Muy poco después de estas primeras menciones veremos que también se invoca el término en las controversias médicas o eruditas. En la década de 1730, por ejemplo, a raíz de un caso que habrá de provocar un breve escándalo, un galeno llamado Peter Kennedy arrojará una clara luz sobre la procedencia de la voz al acusar a un rival de plagiar sus descubrimientos —o mejor dicho, y por emplear las palabras exactas de Kennedy, al lanzar sobre él la acusación «de piratearle descaradamente (como dicen los libreros)»—[13]. Se trataba de un concepto que, al parecer, había iniciado su andadura como término específico del comercio libresco del Londres del siglo XVII y del que ahora se estaban apropiando los profesionales de otros campos para esgrimirlo en las disputas relacionadas con la autoría de una obra. Puede decirse, en términos generales, que las pruebas que tenemos sobre el particular no presentan ambigüedad alguna. Y de hecho, un examen más detallado señala que podemos precisar algo más la fecha en que empieza a introducirse esta innovación y situar su aparición, aproximadamente, entre 1660 y 1680. En cualquier caso, Donne parece ser prácticamente el único ejemplo de la primera mitad del siglo XVII, y por otra parte queda claro que al iniciarse la Restauración las menciones de nuestro concepto empiezan a multiplicarse con rapidez. Además, los diccionarios de lenguas europeas distintas a la inglesa que irán publicándose a finales del siglo XVII y principios del XVIII muestran que el término comienza a difundirse: primero en Francia, más tarde por Italia, y andando el tiempo llegará también a Alemania. Podemos decir, por tanto, que la piratería es un legado espacial y temporal de la revolución inglesa, y en particular del comercio de libros que se desarrolla en ese país y esa misma época.

Desde el momento mismo en que William Caxton introdujera la imprenta en Inglaterra, allá por 1471 aproximadamente, surgiría en Londres una institución destinada a supervisar la actividad de los impresores y la venta de libros. La institución recibiría el nombre de Company of Stationers, la Compañía de libreros. Pese a que la cofradía como tal existiera ya mucho antes de Caxton, lo cierto es que la Compañía de libreros no recibirá la cédula real por la que habrá de adquirir carácter oficial sino en 1557, de manos de la reina María Tudor. La compañía procuraba amparo a todos los profesionales del libro, ya se dedicaran a encuadernar las obras impresas, a venderlas o a imprimirlas (en cualquier caso, todas estas diferencias poseían en un principio un carácter bastante rudimentario). Una de sus atribuciones consistía en vigilar a sus miembros a fin de impedir la impresión de textos sediciosos. Y a ese fin se dotaría de todos los mecanismos que caracterizan a las asociaciones gremiales o corporaciones de los primeros años de la modernidad. En esencia, lo que hacía la compañía era crear y mantener un conjunto de convenciones que, en conjunto, venían a definir la forma de actuar correctamente como profesional del comercio del libro. Esas normas eran muy numerosas y diversas, ya que entre ellas se incluían, por ejemplo, nociones relacionadas con la forma adecuada de vestir, la conducta que observar o la forma de hablar en determinadas ocasiones. Con todo, las reglas que habrían de resultar especialmente controvertidas serían aquellas vinculadas con una práctica conocida con el nombre de registro —lo que nos devuelve al libro que, como decíamos, continúa reposando en el Salón de los libreros.

El Salón de los libreros tenía su sede en una antigua fortaleza situada justo en el flanco oeste de la catedral de San Pablo de Londres. La costumbre exigía que los miembros de la Compañía de libreros acudieran allí e inscribieran en el registro los títulos de las obras que iban a publicar. Parece que, en un principio, el objetivo de este requisito se reducía simplemente a dejar constancia de que todos los libros contaban con la preceptiva licencia. Sin embargo, el registro pasaría pronto a actuar como eje de un sistema mucho más importante en el que se consignaba lo que entonces empezaba a llamarse «propiedad». Esto significa que, poco a poco, empezó a considerarse que los títulos incluidos en los volúmenes de registro pertenecían estrictamente a las personas que los habían matriculado, quedando así establecido como hábito de la compañía que, una vez inscrito un libro, ningún librero pudiera ya imprimirlo posteriormente sin contar con la autorización de la persona que había sido la primera en registrarlo. Y a fines del siglo XVI este pasaría a ser el principal elemento con el que la Compañía de libreros dirimiera las nociones relacionadas con las conductas lícitas e ilícitas en el ámbito de su jurisdicción. La idea de registrar un título estaba llamada a perdurar —consagrada en las nociones legales establecidas para la defensa de los derechos de autor— siglos después de su inicial aplicación, esto es, mucho después de que se hubiera olvidado ya su propósito original.

El sistema funcionaba del siguiente modo. Imagínese que es un librero londinense y que se propone publicar un determinado texto. En principio, el primer paso que deberá dar será el de conseguir el manuscrito y, acto seguido, la licencia para su publicación —quizá de manos de algún capellán del arzobispo de Canterbury—. Hecho esto, tendrá que dirigirse al Salón de los libreros para registrarlo, pagar al empleado unos honorarios simbólicos para que incluya los detalles de la obra (el título, el autor y quizá alguna de sus características formales) en el libro de matrícula. Después, deberá invertir una considerable suma de dinero para darle forma. Puede financiar la impresión de su propio bolsillo, aunque tiene la posibilidad de pedir al autor que abone los gastos relativos al papel. Es probable que se ocupe de su posterior venta exponiéndolo en una librería de su propiedad, pero también puede distribuirlo a través de la red de libreros de Londres, y quizá incluso confiarlo a los vendedores de otras ciudades. En todo ese proceso habrá inmovilizado usted una buena porción de su capital en la impresión, el almacenamiento y la reserva de los ejemplares. Habrá arriesgado también otras sumas en la entrega de volúmenes a crédito a otros libreros y en los ejemplares enviados a los distantes profesionales del ramo dispersos por el continente europeo. Por consiguiente, si descubre de pronto que un librero que compite con usted está vendiendo ejemplares de esa misma obra, quizás antes incluso de que le lleguen los que tenía pensado vender en su propio establecimiento, es lógico que se sienta consternado. Son varias las formas en que un rival puede arreglárselas para conseguir esto, pero una muy simple consistiría en procurarse los pliegos de la propia imprenta. Con el paso del tiempo, las profesiones de librero e impresor habían ido individualizándose cada vez más, hasta constituir grupos diferentes que vivían y trabajaban en lugares distintos. Esto no solo daba pie a la aparición de envidias, sino al surgimiento de coyunturas particulares. Podría darse perfectamente el caso de que nuestro propio impresor hubiese entintado unos cuantos ejemplares «extra» para sacarse un beneficio bajo cuerda. O quizás alguno de los trabajadores de la imprenta, haciendo honor a una inveterada costumbre artesanal, decidiera llevarse a casa unos cuantos folios de más, del mismo modo que también a los mozos de las carnicerías se les permitía llevar a la familia unas cuantas puntas del género del día. En los siglos venideros, ambas prácticas, y otras muchas de este estilo, habrían de formar parte de los más importantes cargos de piratería que se imputaran a los encausados por este motivo.

Sin embargo, también podría darse el caso de que no se hubiera producido una apropiación propiamente dicha. Pudiera suceder que la otra obra no fuese exactamente igual a la suya. Podría llevar un título diferente, por ejemplo, o quizá se tratara de una traducción. Podría tratarse incluso de un texto enteramente diferente que, sin embargo, abordase el mismo tema de un modo lo suficientemente similar como para afectar a las ventas del publicado por usted. También estos casos podrían merecer —o quizá no— que se los considerara delictivos. Era muy frecuente que no resultara fácil establecer qué acciones constituían un quebrantamiento de las prerrogativas derivadas del registro de una obra. Y para zanjar la cuestión había que remitirse a los expertos del tribunal de los libreros —un tribunal que se reunía todos los meses en el Salón de la asociación—. Se encargaba una investigación a dos de los miembros más antiguos de la compañía. Estos procedían a examinar el registro, visitaban las instalaciones del rival, se hacían con los libros en cuestión y los comparaban. Trataban entonces de decidir si se había incurrido en alguna falta y establecían la compensación correspondiente. Se valían de dos tipos de criterios, fundado el primero en distinguir si la «sustancia» de los textos coincidía (ya que no tenían por qué ser necesariamente idénticos) y el segundo en determinar si alguno de ellos quebrantaba los amparos de alguna entrada previa en el registro. Entonces, ya con el informe en la mano, el tribunal tomaba una resolución. Lo más probable era que el miembro de la asociación que hubiera sido hallado culpable perdiera la propiedad de los libros impresos y se viera obligado a pagar una pequeña multa. Sin embargo, el objetivo de este procedimiento no consistía en imponer abiertamente ninguna forma de castigo. Lo que el tribunal trataba de conseguir era preservar el carácter público de un oficio que, por lo general, se desarrollaba de forma intrínsecamente armoniosa y cuyas virtudes se entendían aplicables, por extensión, a la actividad impresora misma. Por consiguiente, se intentaba que el proceso entero fuera en todo momento de índole confidencial. Cualquier librero que revelara la existencia de un conflicto podía ser expulsado del oficio —aplicándosele de ese modo la sanción más drástica que podía imponer la compañía.

Este régimen venía a ser el eje central de un código de conducta, en gran medida tácito, cuya vigencia abarcaba la totalidad del comercio libresco. Una de las principales tareas de las compañías encargadas de supervisar el buen desarrollo de las actividades de los diferentes oficios en las ciudades de la primera modernidad consistía en refrendar dichos códigos. Supervisaban la conducta de sus miembros para asegurarse de que su comportamiento contribuía a mantener la buena reputación del conjunto de la comunidad gremial. Y, a ese fin, los directores de la compañía disfrutaban de ciertas potestades, en particular la de entrar en el hogar de cualquiera de los miembros de la asociación y llevar a cabo una pesquisa. En Londres, esa facultad superaba incluso las atribuciones concedidas a los representantes del Estado mismo: la Carta Magna prohibía que los agentes de la corona penetraran en una propiedad privada sin una orden judicial que les autorizara específicamente a ello —o eso era al menos lo que creían por lo común los londinenses—. En el caso de los libreros, los directores de la compañía —quienes también eran, a su vez, impresores o libreros en ejercicio— podían efectuar registros rutinarios —de hecho no se privaban de hacerlos— en los talleres de imprenta, las librerías y los almacenes de libros. Lo hacían para efectuar algo similar a lo que nosotros llamaríamos un control de calidad. Sin embargo, lo que buscaban no eran relojes de mala factura, cerveza rancia ni carne pasada, como pudiera suceder en el caso de otras compañías gremiales, sino (por así decirlo) libros en mal estado. Un libro podía infringir sus normas de tres maneras. Dos de ellas afectaban a las relaciones del oficio con el conjunto de la comunidad: el libro podía estar mal impreso, quizá el papel amarilleara en exceso, o tal vez la corrección de pruebas se hubiera efectuado torpemente —todo lo cual venía a cuestionar la profesionalidad de los miembros del oficio—; o también podía tener un contenido sedicioso o blasfemo (o aun obsceno, aunque esto último no diera en señalarse sino a finales del siglo XVII y en adelante), lo cual equivalía a poner en entredicho su carácter ciudadano. La tercera contravenía el orden interno del funcionamiento gremial, ya que podía interferir en los medios de vida de un colega de la profesión al quebrantar los supuestos vinculados con la consignación de una obra en el registro. Y dado que afectaba directamente a la comunidad gremial, sería justamente esta última transgresión la que diera ocasión, en la práctica, a la mayoría de las pesquisas de rutina.

El sistema de registro y las medidas consuetudinarias que este llevaba aparejado poseían una importancia capital en la efectiva aplicación de las normas relativas a la imprenta. Todos los libros estaban sujetos a inspección por parte de los miembros de la compañía, aunque eran poquísimos los títulos para los que se solicitaba licencia de publicación. Y otros muchos ni siquiera llegaban a quedar inscritos en el registro de la compañía, ya que en realidad se trataba tanto de un sistema de garantías como de una constatación de propiedad, esto es, de un régimen que permitía una cierta capacidad de maniobra en caso de que se detectara una transgresión, siendo muy frecuente que en el caso de algunos escritos menores, como los panfletos, no mereciera la pena realizar los gastos ni tomarse las molestias de un registro. Con todo, si las connotaciones morales de la reimpresión iban a terminar arraigando con fuerza se debería, al menos en parte, a la circunstancia de esta ligazón entre los intereses del Estado y el gremio. Por ejemplo, la actividad gremial acabaría por desarrollar una fuerte asociación de ideas entre el correcto comportamiento moral y la realización de un trabajo en el domicilio del autor. Una casa impresora debía ser justamente eso: la casa de un individuo. De hecho, llegaría un momento en el que la ley estipulara explícitamente que la impresión de un libro debía hacerse en una vivienda. Esta práctica hallaba su fundamento en la idea de que las actividades realizadas en el ámbito doméstico de una morada patriarcal participaban del orden moral que se suponía implícitamente asociado con el lugar mismo. Por el contrario, se decía que la reimpresión, así como la impresión de libros subversivos, se efectuaba en imprentas «privadas», en «tugurios» o «cuchitriles» desprovistos de todo lazo familiar y ocultos a los ojos de las visitas de cortesía. Y de esta forma, las connotaciones de la reimpresión controlaban y definían el brío moral del comercio libresco al modo de una comunidad gremial viva perteneciente a una esfera cívica.

Hasta mediados del siglo XVII ese sistema funcionó bastante bien. Era flexible, sutil, confidencial y, en la mayoría de los casos, se aplicaba de forma consensuada. El problema estribaba en que la comunidad gremial misma se estaba fracturando. La Compañía de libreros y la profesión en general estaban adquiriendo un carácter oligárquico, dado que los vendedores de libros se afanaban en distinguirse cada vez más de los impresores, hasta llegar a convertirse en un grupo aparte y jerárquicamente superior al de los impresores. La venta al por menor, y en especial la realización de conjeturas relacionadas con los proyectos editoriales —esto es, con los proyectos amparados por el registro—, empezaba a constituir ya la verdadera actividad lucrativa, amenazando con reducir el rol de las habilidades «mecánicas» a lo meramente instrumental. Esto determinaría que la reimpresión y las medidas que se adoptaran para atajarla quedaran convertidas en espinosas cuestiones políticas. Empezó a cobrar fuerza un rumor que insinuaba que los dirigentes de la Compañía de libreros habían obtenido su posición mediante la sistemática explotación interesada del sistema, ya que no solo se dedicaban a reimprimir los libros de cuantos recién llegados les parecieran indefensos, sino que se aseguraban al mismo tiempo de consolidar el monopolio de sus propios títulos. En lo que es uno de los retratos más notables del librero de la época, un tal Meriton Latroon publicaría la trayectoria ascendente de un profesional del ramo convertido en un auténtico pirata. En ese texto se recogen los avances que habrán de determinar que un cándido novato —que en un principio trata de regirse por buenos principios— termine encumbrándose mediante la imitación de las prácticas de sus predecesores, consistentes en dedicarse a la reimpresión y la apropiación de obras. De hecho, el verdadero autor de esta descripción, un reimpresor de obras dramáticas llamado Francis Kirkman, sabía perfectamente de qué hablaba[14]. Sin embargo, pese a que además de personas como Kirkman, que denunciaban las manipulaciones del sistema, también los maestros impresores se quejaran de su sometimiento, nadie tenía todavía verdaderas ganas de abandonar de plano el régimen de los registros.

Sin embargo, lo cierto es que en otros ámbitos sociales empezaba a manifestarse con fuerza creciente esa misma voluntad. El régimen registral resultaba muy útil para los libreros, pero pasaba en gran medida por alto el papel de los autores y los intereses de los lectores. Era sordo a las reivindicaciones que estos planteaban y actuaba a sus espaldas. Ya en los primeros años del siglo dejarán los autores constancia escrita de la irritación que les producía ese sistema. Sería por tanto una suerte para ellos que existiera una alternativa. Dicha alternativa encontraba apoyo en la única institución lo suficientemente poderosa como para hacer frente a las prácticas consuetudinarias gremiales: la corona. Las prerrogativas regias podían sustituir al registro mediante la concesión de lo que se denominaba una patente o privilegio. De hecho, la práctica de adquirir un privilegio que concediera el disfrute de un monopolio sobre una determinada obra era anterior a la creación de la Compañía de libreros, y no solo se iría desarrollando al mismo tiempo que el registro, sino que en realidad terminaría expandiéndose más que él. A fines del siglo XVI comenzarían a utilizarse las patentes para algo más que la asignación de títulos concretos y aislados, pues una serie de afortunados solicitantes verían autorizada por este medio la publicación de tipos enteros de libros. Por ejemplo, el beneficiario de una patente tenía derecho a sacar al mercado todos los libros de texto escolares, y otro todas las obras que debieran imprimirse a una sola cara. Esos monopolios podían resultar extremadamente lucrativos. La propia Compañía de libreros poseía algunas patentes. Su «Repertorio de obras inglesas» era en esencia una especie de sociedad anónima primitiva que tenía por capital un gran número de libros provistos de privilegios. Inicialmente, el objetivo de este fondo consistía en mantener la cohesión del gremio al compartir esas obras con los impresores de escasos recursos, lo que frenaba la publicación de obras subversivas y las reimpresiones. Sin embargo, el repertorio acabaría convirtiéndose en una empresa enormemente rentable, de modo que en torno a la década de 1640 muchos de los libreros de la compañía tendrían la impresión de que la gestión del mismo les había sido usurpada por la oligarquía.

Los sistemas del registro y las patentes terminarían entrando en conflicto, situación que quizá fuera inevitable. El enfrentamiento pudo haberse producido en varias ciudades europeas, no solo porque que estas prácticas eran comunes a muchas de ellas, sino porque en generaciones posteriores podremos observar el surgimiento de pugnas similares en Francia, en los estados alemanes y en otros puntos geográficos. Sin embargo, lo cierto es que el primer lugar en el que se produjo fue Inglaterra. Y en ese país, que acababa de salir de una guerra civil y de encajar la conmoción de un regicidio, el asunto se convirtió inmediatamente en una bomba política. La cuestión estribaba en el hecho de que la concesión de una patente era un acontecimiento por el que el monarca intervenía en la vida de la nación, inmiscuyéndose en las leyes preceptivas y del derecho consuetudinario a fin de materializar un deseo específico. Hacía ya mucho tiempo que las patentes levantaban polémica, puesto que antes de la revolución inglesa Jacobo I y Carlos I las habían utilizado para recompensar a los favoritos de la corte y recaudar fondos mediante la creación de monopolios. En 1624, el Parlamento había promulgado la llamada Ley de los monopolios al objeto de restringir esta práctica. Esta disposición no permitía conceder patentes sino a aquellas actividades que pertenecieran manifiestamente a la corona (como las relacionadas con los pesos y medidas, o la pólvora), o bien a ramas del comercio que, al no haberse implantado todavía en el reino, no pudieran sufrir los perjuicios derivados de la imposición de un monopolio. En la práctica, esto implicaba otorgarlas a inventos o a iniciativas recién importadas del extranjero. Por consiguiente, suele reconocerse a menudo que esta ley de los monopolios viene a señalar el arranque de todo el derecho angloamericano vinculado con la propiedad intelectual. Con todo, en el contexto histórico en el que se produjo su promulgación, el verdadero objetivo de la ley consistiría en atajar la proliferación de las intervenciones de la monarquía en las conductas comerciales cotidianas del reino.

Desde un cierto punto de vista, la concesión de patentes a los libros constituye un clásico ejemplo de injerencia de la casa real en las libertades de sus súbditos. Los impresores y libreros llevaba ya mucho tiempo mostrando su incomodidad por las patentes. Y en la práctica, la ley de los monopolios dejaría sin resolver ese malestar, puesto que Carlos I de Inglaterra seguiría concediéndolas, haciendo caso omiso de la ley. Mucho antes de que estallara la revolución, el lenguaje que empleaban las dos partes implicadas hablaba ya de sedición, de usurpación y de rebelión. En tiempos de la reina Isabel, el impresor real denunciaría a John Wolfe, un reimpresor de títulos patentados, por sectario y sedicioso, mientras el propio Wolfe proclamaba ser el Lutero de la profesión. Y más tarde, el poeta George Wither, que disfrutaba de una patente, esgrimiría la acusación de que los «simples» libreros, al situar sus normas consuetudinarias por encima de la voluntad del monarca —reflejada en la patente—, trataban de «hacerse, mediante usurpación, con unas prerrogativas más amplias de las que ellos mismos están dispuestos a conceder al rey»[15]. Sin embargo, en todas estas denuncias seguía faltando algo. Desde luego no era la mordacidad, de eso andaban sobrados. Wither llamará a los libreros, sus rivales, «asquerosos», «excrementos» y «sabandijas», acusándoles de realizar «usurpaciones, insinuaciones e insolencias», de ser autores de actos de «avaricia y de abuso», perpetradores de «fraudulentos e insufribles maltratos a las personas», de comportarse como «calumniadores», y de «injuriar [en general] al rey, al Estado y a toda la jerarquía [del país], además de a Dios y a la religión». Acusará a los vendedores de libros de suprimir determinados títulos, subvertir el poder regio, publicar ediciones ilegítimas ocultando el nombre de su verdadero autor y «usurpar los trabajos de todos los escritores». Sin embargo, nunca les llama piratas[16]. Lo mismo puede decirse de John Heminges y Henry Condell, promotores de la primera edición de Shakespeare, los cuales denuncian la previa publicación de «diversos ejemplares robados y subrepticios, mutilados y deformes por los fraudes y sigilosos hurtos de sus dañinos impostores». En suma, acusaciones de robo, subterfugio, tergiversación, alteración del texto…, pero no de piratería. Resulta asombroso que esa imputación de piratería no aparezca hasta mediados de siglo[17]. No obstante, a finales de siglo las cosas serán muy distintas. Para esa época la piratería se habrá convertido ya en el principal cargo que se alegue en este tipo de conflictos. Y la razón hay que buscarla en las guerras civiles que habrán de atormentar a Gran Bretaña en las décadas de 1640 y 1650.

La historia, la cortesía y la naturaleza de la imprenta

Entre 1642 y 1660, los reinos de Inglaterra, Escocia e Irlanda se sumergieron en una serie de sangrientas guerras intestinas. El rey Carlos I fue sometido a juicio y decapitado, de modo que durante once años Gran Bretaña se vería gobernada por una serie de sistemas republicanos. Durante buena parte de este periodo, las viejas estructuras jurídicas y administrativas que habían venido regulando el comercio de los libros quedarían en suspenso. Las patentes quedaron convertidas en papel mojado, las licencias fueron canceladas de facto al eclipsarse la jerarquía episcopal, y las restricciones por las que se limitaba el número de impresores que podían operar en un determinado momento y lugar resultaron sistemáticamente pasadas por alto. El negocio editorial se expandió enormemente, aupado por las controversias políticas y religiosas de la época. La Compañía de libreros se esforzó en mantener el orden en un gremio en el que cada vez más intervenían hombres y mujeres que o bien se desentendían de sus normas o bien no se dignaban siquiera a afiliarse. La producción de panfletos populares creció vertiginosamente, pero la «propiedad» dejó de aportar amparos efectivos. Estamos en la época de la Areopagitica de Milton, en la que el poeta saluda el surgimiento de la heroica ciudadanía londinense, dedicada a la dura tarea de leer y reflexionar gracias a las obras impresas. Se decía a estos ciudadanos que tenían el derecho y el deber de la lectura si querían desempeñar el papel que les tenía reservado la Providencia. Gerrard Winstanley, miembro de los llamados «Verdaderos Niveladores»[18], instaba a los británicos a que, una vez liberados de la «esclavitud», se animaran a seguir el consejo apostólico que dice «examinadlo todo y quedaos con lo bueno»[19]. Aquí se encuentran sin duda algunas afirmaciones relativas a lo que más adelante habrá de convertirse en la esfera pública[20]. Pero no todos sus elementos estaban presentes, y la vigencia de los que sí se habían ya instaurado era inestable. Nadie soñaba todavía con las revistas de la buena sociedad y las tertulias de café del Londres de Addison. De no ser en nombre de objetivos de carácter absolutamente local y transitorio, eran escasísimos los precedentes que apuntaran a la posibilidad de ceder la autoridad política o intelectual a un «público» evanescente y deificado cuya cohesión se mantenía a base de folletos y boletines. Y sobre todo, hubiera resultado harto verosímil que se desechara la idea misma de que la prensa popular de las décadas de 1640 y 1650 —sañudamente sectaria, violentamente parcial, implacablemente dedicada al plagio y a menudo disparatadamente crédula— pudiera llegar a convertirse en el fundamento de la razón. Los propios libreros —o, mejor dicho, un grupo de presbiterianos de la profesión— se pondrían a la cabeza de los esfuerzos con los que se intentaría reintroducir un sistema de licencias en la década de 1650 a fin de transformar en orden la anarquía reinante[21]. La experiencia parecía venir a demostrar, más allá de toda duda, los peligros de una actividad impresora no sujeta a regulación alguna y de una lectura sin control.

Por estas razones, en la década de 1660 la restaurada monarquía de Carlos II habría de ver a las imprentas populares con una intranquila mezcolanza de respeto, malestar y temor. La corona no tenía reparo alguno, antes al contrario, en servirse de la letra impresa cuando le convenía, pero seguía recelando muy notablemente del gremio editorial y tendía a culpar de la gran rebelión vivida a la difusión de panfletos y a la propagación de rumores y noticias especiosas. Los caballeros revanchistas como sir Roger L’Estrange y sir John Birkenhead afirmaban que los enfrentamientos con munición impresa registrados en la década de 1640 habían entrado en una espiral ascendente hasta convertirse en tiroteos con fuego real —aunque no deje de resultar elocuente que lo dijeran a través de boletines y panfletos populares en los que ellos mismos confiaban—. La dificultad a la que se enfrentaban los gobernantes ingleses era en realidad la que acuciaba a todos los monarcas europeos: cómo hallar una fórmula que permitiera a un tiempo encajar y explotar algo que se estaba transformando en una esfera de incesantes disputas impresas cuyas normas de comprensión no eran ya las de la universidad, la corte ni el palacio[22].

Sería en esta esfera donde se verificara el choque entre registros y patentes. Y su desencadenante iba a ser un viejo caballero venido a menos llamado Richard Atkyns. Atkyns había tratado de infundir nueva vida a una de las patentes más rentables que jamás hayan existido: la asociada con el privilegio que Isabel I de Inglaterra había concedido un siglo antes a todos los libros que tratasen de derecho consuetudinario. Esta patente había sido renovada en varias ocasiones, pasando de heredero en heredero hasta que la guerra civil vino a cuestionarla. Al reinstaurarse la monarquía, Atkyns salió a la palestra diciendo que era el legatario legítimo de dicho privilegio y solicitando que se le volviera a dar efectividad. Sin embargo, en la década de 1640, con el poder monárquico en suspenso, algunas de las obras jurídicas más lucrativas habían pasado a inscribirse en el registro del Salón de los libreros[23]. Posteriormente, la compañía del gremio había asumido el control de esos textos, de modo que ahora decidió oponerse a la tentativa de Atkyns en nombre del sistema de registros y del conjunto de la actividad gremial. La intensidad del litigio resultante creció con gran rapidez y terminó afectando íntegramente al régimen de la impresión de libros en Inglaterra. Al final se reveló que estaban en juego todos los aspectos de la práctica impresora contemporánea: su regulación, su personal, su estructura social y su financiación, el lugar que debía corresponderle en la comunidad, su pasado y su futuro[24].

El derecho de patente era un asunto que bien merecía una pugna. Las autoridades de la Restauración habían resuelto relegar al «olvido» la década anterior a fin de que la memoria jurídica comenzase de cero, como si Carlos I acabara de morir[25]. Por consiguiente, había una urgente necesidad de nuevas obras jurídicas, dado que había que sustituir las que se habían impreso en los once años transcurridos desde la ejecución de Carlos. Aquel que hubiera de encargarse de la elaboración de los nuevos volúmenes, fuera quien fuese, tendría que realizar una considerable inversión, pero los riesgos serían reducidos y la recompensa grande. Sin embargo, también debía producir una obra fidedigna, y en eso residía todo el problema. Los libreros eran célebres no solo por ser muy capaces de cometer descuidos, sino por estar dispuestos a inmiscuirse activamente en los textos que se les encargaban —circunstancia que en sus formas inofensivas no pasaba de ser una de las obligaciones del artesano responsable—. Sin embargo, en este caso la cuestión revestía un carácter especialmente delicado, ya que una reproducción exacta de la letra jurídica podía equivaler ahora a un acto de sedición. Un impresor llamado Samuel Speed habría de descubrirlo a sus expensas al verse conducido ante las autoridades por haber incluido en uno de los nuevos libros de leyes unos estatutos promulgados en época de Cromwell[26]. De este modo, el destino de Atkyns terminaría dependiendo de su habilidad para reivindicar que él era la persona indicada para realizar este tipo de supervisión responsable. Y dicha reivindicación se basaría en una serie de afirmaciones relativas al tipo de persona que era.

Atkyns no era impresor. Jamás había tocado una imprenta, y no parecía tener intención de empezar a hacerlo ahora. Sin embargo, desde su punto de vista esto constituía una ventaja. Como otros muchos ciudadanos de la Inglaterra posterior a la guerra civil, Atkyns estaba convencido de que los horrorosos sucesos ocurridos en la generación anterior se habían visto favorecidos por el comercio libresco. Como ya afirmara Thomas Hobbes en la obra en la que narra los acontecimientos de comienzos de la década de 1640, al principio «no hubo derramamiento de sangre, ya que solo se disparaban papel unos a otros», pero la situación no tardaría en convertirse en una verdadera guerra[27]. Atkyns sostenía que había que buscar la explicación de este hecho en la circunstancia de que la naturaleza básica del comercio libresco mismo hubiera experimentado un cambio, cambio que, a su vez, se debía al propio sistema de registros. Lo que proponía era deshacer esa modificación y lograr así que la impresión de libros dejase de plantear problemas a la comunidad.

La transformación que Atkyns señalaba era perfectamente real. Había empezado a cobrar impulso antes incluso del 1600, y todavía seguiría vigente ciento cincuenta años después de la muerte del propio Atkyns. Constituiría el fundamento esencial de todos los conflictos relacionados con la piratería que fueran produciéndose desde la Restauración hasta el inicio del siglo XIX, y no solo en Londres, sino también en Europa, y con el tiempo también en los Estados Unidos. Se presentaría en forma de un declive relativo en la posición social de los oficios mecánicos respecto de los económicos: los oficios de la especulación y la acumulación de capital. Los impresores —en cuyo nombre se había constituido en origen la compañía gremial— habían empezado a perder influencia en favor de una nueva casta de profesionales: los libreros. Y la prosperidad de los libreros no descansaría en el ejercicio de ninguna particular competencia impresora, ni siquiera dependería de su capacidad para la venta al por menor, sino que guardaría relación con la asunción del compromiso «empresarial» —editorial, diríamos nosotros— de publicar las sucesivas ediciones de una obra. O dicho de otro modo: los libreros se ganaban la vida dejando constancia de nuevas publicaciones en el registro. Los propietarios de estos «ejemplares», como se llamaba por esta época a las entradas del registro, habían terminado convirtiéndose en una elite que dominaba las altas esferas de la compañía. Según Atkyns, esto constituía un grave problema político, dado que se trataba de personas de apetito insaciable. Eran propensos a caer en las corruptelas mercenarias que los caballeros atribuían habitualmente a la actividad comercial, y carecían al mismo tiempo de la influencia moderadora de una cofradía gremial capaz de imponer ciertos límites morales. En este sentido, su interés pecuniario les empujaba a generar la mayor discordia pública posible, porque las disputas vendían libros. Por consiguiente, el desplome social y cultural sufrido había sido consecuencia del establecimiento de un régimen de propiedad en el mundo del texto impreso.

Atkyns proclamaba tener la solución a este problema. Se encontraba en la figura que mayor confianza inspiraba en la Inglaterra de la modernidad temprana, en el personaje que defendía la verdad y actuaba en favor del bien común: el caballero[28]. Desde su punto de vista, la gran ventaja de las patentes radicaba en el hecho de que en la mayoría de los casos se concedieran a caballeros, lo que colocaba a esos caballeros en una posición de poder frente a los libreros. Por consiguiente, era necesario hacer que las patentes pasaran a constituir la clave de bóveda del nuevo orden de la letra impresa. Los caballeros llegarían a empaparse de los secretos de la profesión y conocerían asimismo las mañas de los libreros, insistía Atkyns, pero su conocimiento iría orientado en «otra dirección», porque se guiaría por las virtuosas convenciones de la más cortés urbanidad. De este modo, la relación entre el empresario y el impresor quedaría moralmente renovada. El impresor no sería un simple «mecánico», sino un empleado partícipe de una empresa civil.

Esto equivalía a sugerir una drástica reestructuración de la cultura del libro en su conjunto, una reestructuración que vendría a rebajar de manera radical la importancia de las normas consuetudinarias del gremio. Atkyns reconocía este extremo, pero argumentaba que la amplia transformación que proponía solo podría lograrse si el rey accedía a incluir al medio mismo entre sus propiedades. Carlos II debía proclamar que el arte de la imprenta pertenecía a la corona. Y efectivamente, las miles de peticiones que efectuaban libreros y autores pasarían a quedar supeditadas a este derecho de propiedad general, y sobre esa base el rey podría crear una nueva clase de caballeros supervisores.

El problema que presentaba esta propuesta era que resultaba notablemente inverosímil en vista de lo que enseñaba la experiencia histórica. Como bien señalaban quienes se oponían a Atkyns, todo el mundo era consciente de que había sido Caxton, un particular, quien había introducido la imprenta en Inglaterra, a lo que añadían que también era vox populi que, desde entonces, el oficio se había venido practicando durante generaciones, organizándose al modo de un verdadero gremio autónomo. A esto Atkyns respondió como debía: apostando audazmente por reescribir la historia misma. Sacó a la luz un olvidado y antiguo libro, aparentemente impreso en Oxford varios años antes de que Caxton importara la primera imprenta, y a partir de ahí urdió un relato capaz de rivalizar con el de sus oponentes. Sostuvo que en realidad había sido Enrique VI quien empleara a Caxton para engatusar a un operario del taller de Gutenberg y traerlo a Inglaterra. Este oficial, llamado Frederick Corsellis, había dado origen al surgimiento de una comunidad de impresores que trabajaban al servicio de la corona, publicando libros por mandato del rey. En pocas palabras: en un principio, la imprenta había sido un apéndice del poder regio. Sin embargo, proseguía Atkyns, al crecer su número, los impresores habían tratado de quitarse de encima a la monarquía. Entonces, «el cuerpo se desentendió de la cabeza» y, «liberándose», el oficio comenzó a imprimir todo cuanto generara beneficios. El resultado había sido una era de «vertiginosos» levantamientos políticos que solo ahora comenzaban a remitir. Y al mismo tiempo, la comunidad de impresores se unió hasta constituir una institución propia, la Compañía de libreros, a la que se asignó la tarea de regular la actividad impresora. Esto implicaba, según denunciaba Atkyns en el nuevo lenguaje político de la época, la existencia de un fundamental conflicto de «intereses»[29]. Se había dado un «poder ejecutivo» a las personas mismas que estaban facultadas para cometer la falta —personas que, además, «tenían interés en incurrir en ella»—. En resumen, los libreros habían quedado convertidos a un tiempo en demandantes, demandados, alguaciles y jueces. Esa corporación, concluía Atkyns, había terminado arrogándose el papel de un «pequeño Estado», y como tal era radicalmente incompatible con una monarquía nacional. Y esa había sido en último término la razón de que la cantidad de «munición de papel» que el gremio había producido hubiera aumentando tan notablemente, adquiriendo al mismo tiempo un carácter ponzoñoso —y rentable—; el motivo asimismo de que su control se realizara de forma cada vez menos rigurosa, hasta el punto de hacer que la profesión resultara ya «tan peligrosa como las balas mismas». En vísperas de la guerra civil, los personajes más encumbrados del gremio se habían convertido en agentes de la sedición.

Por consiguiente, Atkyns consideraba que la concesión de licencias era un ejercicio relativamente inútil, dado que no abordaba el verdadero problema. Por eso instó a Carlos II a tomar unas medidas diferentes. La auténtica historia del libro venía a demostrar la necesidad de renovar la alianza que un día uniera a la realeza con los gentilhombres y los profesionales. El soberano debía crear un tipo de beneficiarios de patentes capaces de efectuar una labor de supervisión en los principales ámbitos culturales. Y, entonces, esos concesionarios se aliarían con los impresores para hacer frente a los libreros[30]. Y el interés de estos hombres residiría, como es lógico, en suprimir los libros que pudieran hacer sombra a los que ellos se propusieran publicar. El caso era similar, mantenía Atkyns, a una práctica vigente: la de conceder tierras del rey a los beneficiarios de las patentes. Esos hombres no poseían dichas tierras, se limitaban a supervisar las incidencias que pudieran surgir. Y por eso seguían interviniendo para impedir que las gentes de la localidad se dedicaran a cazar furtivamente los ciervos del rey. «Y lo mismo ocurriría incluyendo la impresión» entre las propiedades del rey, explicaba Atkyns: los concesionarios de una patente evitarían igualmente el furtivismo, en este caso del conocimiento, precisamente por el hecho de no ser propietarios. De este modo, se compaginarían los intereses y el honor, permitiendo que se observara una conducta sensata[31]. Esta sería la primera vez que se estableciera una analogía entre el campo literario y el literal, analogía cuyo eco estaba llamado a resonar durante siglos —y habitualmente para objetivos muy distintos—. Y el único obstáculo que se interponía en la creación de un sistema de este tipo, en opinión de Atkyns, era el registro, de modo que en esa institución habría de concentrar sus más acerbos ataques. Se quejó ante el consejo particular del rey que, al consignar las obras en el libro de matrícula, «se pretend[ía] conseguir una propiedad privada», señalando que dicha pretensión constituía un desafío expreso al poder regio. Si se permitía que continuara existiendo, insinuaba Atkyns, el registro acabaría facultando a los libreros para alterar las leyes por su propia mano, «adaptándolas a un nuevo modelo de su propia invención». De ser así, no se tardaría en «perder y olvidar por completo las buenas y antiguas leyes que dan a los hombres la posibilidad de conservar la vida y la hacienda, confeccionándose a la medida otras nuevas, susceptibles de adaptarse a los humores de un gobierno de nuevo cuño».

Resulta notable que la argumentación de Atkyns obedeciese en principio a un planteamiento muy general. Su ámbito de aplicación no se circunscribía en modo alguno al negocio editorial. Él mismo afirmaba que, si su sistema fracasaba, acabarían desplomándose las patentes concedidas a los inventos además de las de los libros. En sus aspectos menos especulativos, su impugnación se aplicaba igualmente a otras muchas clases de actividad comercial, dado que los gremios se organizaban por lo general en corporaciones semejantes a las de la Compañía de libreros. Y de hecho, no es difícil observar que también se plantean debates paralelos en distintos oficios por esta misma época, ya que se trata de un periodo en el que no solo empiezan a declinar los viejos gremios, sino una época en la que se está sopesando el interés de crear un sistema que, en el futuro, acabará dando lugar a los estatutos de los distintos sectores comerciales. El propio Atkyns establecerá un paralelismo con una compañía cervecera. Dicha compañía, señala, podría muy bien insistir en regirse por su propio régimen interno, y también esto sería ilegítimo, al menos en principio. Sin embargo, en la práctica, resultaría mucho menos dañino que un régimen de libreros. Las implicaciones derivadas de la concesión de autonomía a una corporación mundana de artesanos afectan únicamente a sus ingresos, pero los libreros trafican con creencias. Eso era lo que hacía que sus declaraciones de autonomía, paradigmáticamente encarnadas en el registro, resultaran tan peligrosas. Además, en el momento mismo en que Atkyns daba a conocer estos planteamientos por escrito, bullía en el parlamento una indecisa controversia centrada precisamente en las peticiones de las compañías cerveceras, que se oponían a las prerrogativas regias que adoptaban la forma de impuestos al consumo[32]. «Si los cerveceros, que, en el peor de los casos, pueden llegar a escamotear, como mucho, una parte nada inquietante de las rentas reales, merecen la grave consideración del Consejo Supremo de Inglaterra» —explica Atkyns—, «¿cuánto más no habrán de hacerse acreedores a ello [los libreros], que no solo privan al rey de su buen nombre, sino que le enajenan el corazón mismo de su pueblo?». En resumen, entre un cervecero y un librero «hay la misma diferencia que entre un pirata que roba un barco o dos y Alejandro Magno, que se apodera del mundo entero».

Esta frase señala la culminación de la extensa argumentación de Atkyns y viene a constituir el quid del envite que le lleva a intentar reestructurar la cultura de la imprenta en términos absolutistas y conservadores. Y también anuncia el inicio de la larga historia de la piratería intelectual.

Enemigos de la humanidad entera

Atkyns no dice de dónde procede la referencia que acababa de hacer a Alejandro Magno y los piratas. Sin embargo, lo cierto es que proviene de una fuente bien concreta, y que evoca unos temores de antiguo arraigo. La palabra piratería deriva de un antiquísimo lexema indoeuropeo que significa ensayo o intento, o (presumiblemente por extensión) experiencia o experimento. No deja de ser una ironía de la historia que, en un pasado muy remoto, la palabra tuviera un significado tan próximo a la creatividad y que hoy se la conozca por asociaciones antitéticas. En tiempos de Tucídides, la voz peiratos se empleaba para referirse a los jefes militares que dominaban el litoral. El gran historiador ateniense inicia su obra sobre las guerras del Peloponeso explicando que la necesidad de limitar los estragos que causaban los piratas había sido el estímulo clave para el desarrollo de la ciudad-estado griega, y por tanto para el avance de la civilización misma. De acuerdo con el relato de Tucídides, antes de que Atenas comenzara a descollar, la piratería se había considerado una actividad honorable. Y si los atenienses habían llevado armas había sido justamente para oponerse a los piratas, aunque también ellos «[habían sido] los primeros en abandonar[las] y en convertir su vida, con su comportamiento relajado, en algo bastante grato». La civilización era la antítesis de la piratería[33].

Los autores antiguos nos han legado dos de las principales asociaciones de ideas vinculadas con la palabra pirata. Los piratas eran salteadores de agua salada, de eso no hay duda. Pero no se agota ahí la idea. Resultaban irritantes para el orden civilizado mismo. Su propia existencia venía a suponer ya un pulso a dicho orden. Cicerón, por ejemplo, presenta al pirata como a un protodelincuente —es decir, aquel que puede llegar a desentenderse incluso de regirse por el código de honor que supuestamente se observa entre los ladrones—. Para Cicerón, el elemento definitorio clave de los piratas radicaba en el hecho de que se hallaran al margen de toda sociedad. Carecían de un lugar que pudieran considerar propio y no acostumbraban a mostrar lealtad a ninguna autoridad legítima. Su existencia exigía que la sociedad misma procediera, en su conducta, de modo muy distinto a todo cuanto ellos dieran en hacer habitualmente. De este modo, observa Cicerón, nadie estaba obligado a cumplir las promesas que hubiera podido hacer a los piratas, dado que «un pirata no está considerado en el número de los enemigos de guerra, sino que es un enemigo común de todo el mundo». Esto dará una elocuente idea de su condición de archiforajidos, dado que Cicerón sostiene por regla general que el diálogo veraz es el fundamento esencial de la sociedad misma. De hecho, lo que parece constituir a los ojos del jurista romano la característica definitoria de los piratas es precisamente su completo carácter asocial. Y sobre esta base identificará comúnmente a los bandoleros que operan en tierra con los que actúan en el mar[34]. De hecho, se trata de una idea que terminará cuajando y adquiriendo carácter formal en el derecho romano. Así se estipulará durante el reinado de Justiniano, cuyas leyes describen a los piratas con la expresión humani generis hostes —esto es, enemigos de la humanidad en general—[35]. En este sentido, la posesión de un barco resulta incidental, ya que las naves constituían simplemente un excelente medio para alcanzar dicha posición.

Al parecer, el relato al que alude Atkyns debía de ser un lugar común en el mundo antiguo. Lo menciona Cicerón y lo repetirá con detalle san Agustín[36]. Y habría de ser justamente la versión de este último la que lograra perdurar más allá de la Antigüedad, siendo sin duda esta la referencia que Atkyns tenía en mente al rematar su alegato. El asunto ocupa un lugar medular en el núcleo argumental de La ciudad de Dios. San Agustín acaba de exponer su defensa de la cristiandad, a la que se atribuye la responsabilidad de la caída de Roma, y está empezando a tomar posiciones para dirigirse ahora a los paganos que achacan las viejas proezas del imperio a la devoción a los antiguos dioses. Desea sostener la idea de que una dominación como la alcanzada por el Imperio romano no fue en cualquier caso ninguna bendición. Bajo su influencia, razona, la vida se había caracterizado por el predominio del miedo, la guerra, los derramamientos de sangre, la inestabilidad y las tensiones derivadas de una constante ambición. La dicha había sido fugaz, y se había visto marcada por lo que san Agustín equiparará de forma memorable al «frágil brillo del cristal». Los hombres libres habían salido todavía más perjudicados que los esclavos, dado que el antiguo imperio había esclavizado al romano poderoso al atarlo a sus propios vicios. A continuación, san Agustín observa que los reinos sin justicia no son sino una versión a gran escala de las simples bandas de delincuentes, pues estas, pregunta nuestro autor con palabras que nos llevan a recordar las de Atkyns, «¿qué son, sino reinos en pequeño?». Los gladiadores de Espartaco habían prosperado al constituir precisamente uno de estos falsos reinos que empiezan por dar lugar a «los horrores de sus pillajes» y acaban luego por fomentar «guerras en toda regla de piratas»[37]. Y pocas páginas después, san Agustín recoge la anécdota de Cicerón: «Con toda finura y profundidad le respondió al célebre Alejandro Magno un pirata caído prisionero. El rey en persona le preguntó: “¿Qué te parece tener el mar sometido al pillaje?”. “Lo mismo que a ti —respondió [con desinhibida insolencia]— el tener el mundo entero. Solo que a mí, como trabajo con ruin galera, me llaman bandido, y a ti, por hacerlo con toda una flota, te llaman emperador”»[38].

Tanto el propio Atkyns como los lectores a quienes se dirige (esto es, los miembros del Parlamento de los caballeros) debían de conocer la procedencia de esta referencia y comprender su significación. De hecho, todas las partes implicadas en la guerra civil habrían de citar profusamente este ejemplo —y a menudo, como sucede en el caso del mismo Atkyns, sin señalar la fuente en que se origina—. Es más, una vez cobra uno conciencia de su existencia comienza a verla reflejada en todas las facetas de la política de la época. Los Niveladores, por ejemplo, exigieron que se les explicara si la condición de Alejandro y otros generales como él no venía a reducirse simplemente a la de unos «grandes y desmandados ladrones»[39]. Milton se hará eco de esta inquietud. Y en la década de 1650, también John Dryden se referirá a Roma, a modo de descripción, aludiendo a «ese viejo e indiscutido pirata terrestre» que goza de la protección de un Alejandro (el papa Alejandro VII), pero al que ahora Cromwell ha enseñado a estremecerse[40]. De hecho, es incluso posible que Atkyns oyera este relato de boca de su propio impresor, un notable soldado, teórico político y folletista llamado John Streater, ya que aparece en la conclusión de la Oceana de James Harrington, el manifiesto fundador del republicanismo cívico inglés, que Streater había impreso en 1656 —donde da pie a establecer una vez más una distinción entre el imperio virtuoso y el depravado, dado que se afirma que este último no era sino «un gran latrocinio»—[41]. Además, en los panfletos que el propio Streater distribuya en la década de 1650 puede observarse que en esto se resume precisamente el parecer de este particular hombre de imprenta. De hecho, Streater irá todavía más lejos y relacionará la vieja narración con las modernas preocupaciones que suscitan los enemigos internos. Esta es la razón de que sostenga que existe una diferencia entre lo que él llama «compañías» y los «piratas», distinción que establece sobre la base de que las primeras persiguen el bien público, mientras que las segundas se fundan únicamente en el provecho privado. «Y lo cierto es que —añade—, si quienes están en el gobierno se ocupan tan solo de su interés particular, entonces no valen más que los ladrones»[42].

No hay que exagerar la importancia de estos testimonios, pero de cuando en cuando es posible encontrar la misma noción de pirata que defiende Streater en los textos jurídicos o políticos del siglo XVII. Desde este punto de vista, cabría calificar de pirata, en esencia, a todos aquellos miembros de una institución social cuyo civismo rehusara integrarse en el del conjunto de la comunidad. El elemento central de la argumentación radicaba en resaltar la circunstancia de que la mayoría de las agrupaciones comunales, como los gremios, las compañías o las universidades, se atenían a unas prácticas consuetudinarias que no solo las ligaban unas a otras, sino que venían a reforzar su condición de elementos armónicos de la comunidad. Ese era el papel que supuestamente cabía atribuir a una compañía de cerveceros, y lo mismo podía decirse —al menos desde su propia óptica— de los libreros. Los piratas eran la excepción a esta regla. Una tripulación pirata constituía un colectivo, ciertamente, pero no se atenía a ningún canon social reconocible para el conjunto de la comunidad, y no respetaba en absoluto el bien común. A esta luz, los salteadores de caminos eran tan piratas como Barbanegra o Henry Morgan —y Milton, por no citar más que a este autor, se apropiará de la anécdota que refiere san Agustín, aunque no para equiparar a los reyes con los piratas del mar, sino con los «atracadores que actúan en descampado»—. Quizá fuera esta la razón de que en ocasiones se aplique a los reimpresores ilegales el calificativo de «salteadores», como hace por ejemplo Defoe, quien añade que su existencia venía a suponer «una mancha para una nación bien gobernada»[43].

Atkyns se nutría de esta idea, aunque no hay que olvidar, con todo, que su argumentación posee una faceta única. Lo que hace no es asociar a los mismísimos líderes del comercio libresco con el pirata de poca monta con el que topa Alejandro, sino con el propio conquistador. Al igual que él, también ellos parecen ser unos piratas que ejercen su oficio a la mayor de las escalas, ya que se trata de hombres cuya ambición se halla libre de los frenos impuestos por el civismo y el interés común, hombres empeñados en someter «el mundo entero» —esto es, la cultura en general— a sus intereses. En esto radicaba la auténtica diferencia entre los piratas de la imprenta y los de las cervecerías. Dada la naturaleza de lo que robaban —potencialmente todo tipo de forma cultural—, los piratas de la imprenta venían a hurtar a la comunidad el mundo mismo. Ninguna compañía de cerveceros tenía capacidad de hacer otro tanto. Y por ese motivo quería asistir a la total erradicación de los libreros del mundo social. El reino impreso que había creado el librero era de carácter intrínsecamente pirático —o así lo declaraba Atkyns—. Deseaba que se librara una guerra contra los piratas en las propias calles de Londres.

Para oponerse a Atkyns, los libreros que poseían el derecho a la impresión de ejemplares de un determinado título tuvieron que desarrollar un argumento contrario de alcance similar. No tardarían en encontrarlo, y lo iban a esgrimir de un modo llamado a tener consecuencias persistentes. Por expresarlo en pocas palabras: los vendedores de libros respondieron a este llamamiento a su destrucción inventándose que la autoría, entendida como propiedad, desempeñaba un papel central en todo aquel asunto. Anunciaron que su oficio les convertía esencialmente en intermediarios entre el civismo y el comercio, vitales si se aspiraba a que una gentileza cortés lograra difundirse sin alteraciones. El único modo de que los caballeros pudieran convertirse en autores con un mínimo compromiso de su libertad consistía en contar con la ayuda de una figura mediadora como la que ellos representaban. La clave de bóveda de toda la cuestión, declaraban, era el principio de propiedad. Según decían, el autor de todo «manuscrito o copia poseía pleno derecho, en virtud de esa autoría, a la más absoluta propiedad, igual a la que cualquier hombre posee sobre su patrimonio inmueble». Ese derecho era posteriormente transferido al vendedor de libros, quien así lo registraba en el libro de matrícula del Salón de los libreros. Y en él habría de quedar preservado a perpetuidad el susodicho derecho —gracias a los buenos oficios de los libreros—. Esta podría ser perfectamente la primera formulación explícita de la idea de una propiedad literaria —esto es, de un derecho absoluto generado por la autoría, derecho que podía así actuar como piedra angular de todo un sistema moral y económico vinculado con las labores propias de la imprenta—. Desde luego, la idea no contaba con el respaldo de ningún precedente claro. No aparecía mencionada en ninguno de los documentos fundadores de la compañía ni en el siglo largo de negociaciones que, según constaba, se habían elevado a su propio tribunal ni en el más vasto terreno de la esfera jurídica. Solo dando por válidas una serie de interpretaciones un tanto rebuscadas podía llegar a decirse que tal noción existiera implícitamente en la práctica de la actividad registral, especialmente porque solo en raras ocasiones se beneficiaban los autores de dicha práctica. Pese a lo familiarizados que hoy estamos con la noción de una propiedad ligada a la autoría, lo cierto es que en esta época la idea era tan innovadora como cualquiera de los argumentos que estaba proponiendo Atkyns. Y de hecho son poquísimas las pruebas que nos indiquen que efectivamente hubiera podido disfrutar de un gran apoyo[44]. De este modo, los conceptos de la propiedad ligada a la autoría y la actividad pirática se forjaron al modo de sendas conjeturas antagónicas. Ambas nociones descansaban en unos fundamentos notablemente polémicos, y ninguna de las dos resultaba intrínsecamente creíble. Es más: fue la noción de piratería la que vino a desencadenar la concepción de un principio de propiedad literaria ligado a la autoría y no al revés.

A corto plazo sería Atkyns quien se llevara el gato al agua. El gobierno revocó la cédula que permitía actuar a la compañía. De hecho se trató de una acción clave inserta en el marco de unas medidas de muy superior calado: las de una campaña programática pensada para reorganizar las instituciones políticas y comerciales inglesas. A lo largo y ancho del país no tardarían en fundarse sobre nuevas bases todo tipo de corporaciones municipales y gremiales. Al mismo tiempo, aunque a una escala totalmente distinta, Jacobo II de Inglaterra pondría en marcha una política exterior bastante prudente, aliándose con los más encumbrados inversores de la Compañía Británica de las Indias Orientales con la intención de hacer que el comercio internacional pasara a convertirse en una prolongación de ese mismo planteamiento económico absolutista. La intención que animaba a Jacobo II se apoyaba en la idea de que el monopolio comercial que llevaban a cabo, gracias a la concesión de sendos privilegios reales, la Compañía Británica de las Indias Orientales, la Compañía Real Africana y otras sociedades similares, no solo estaba llamado a crear una casta de mercaderes, sino a determinar que el interés de esa casta fuera de la mano de una monarquía sólida. Las patentes mercantiles generarían así un imperio tributario, proporcionando a la corona los fondos suficientes como para no depender de los impuestos recaudados a través del parlamento. Este empeño vino a permitir que los argumentos de Atkyns encajaran bastante bien con la estrategia general de fundar un nuevo Estado inglés absolutista de ambiciones globales. La misma y novedosa disciplina de la economía política daba en prestar adecuado respaldo —con argumentos recientes, aunque controvertidos— al proyecto, y de hecho no había nada que resultara intrínsecamente imposible en ninguna de sus facetas[45]. En el caso de los libreros, el plan daría lugar a la consolidación de la facultad de conceder patentes que ahora se arrogaba la corona, facultad que se consignaría por escrito en la nueva cédula que habría de otorgarse a la compañía, convenientemente refundada. Seguiría habiendo un registro, pero su posición debía quedar ahora explícitamente subordinada a la «munificencia» real, de la que pasaba a depender —lo que significaba desvincularla de las normas consuetudinarias del gremio, y no digamos ya de la idea de una propiedad ligada a la autoría—. Toda idea relacionada con el derecho de los autores desapareció. Los libreros que se habían opuesto a Atkyns serían expulsados de los puestos clave de la compañía uno a uno, hasta el último hombre. A mediados de la década de 1680, hallándose Jacobo II en la cúspide de su reinado, comenzaba a perfilarse ya en el horizonte, reconstituida prácticamente desde sus cimientos, la silueta de un nuevo papel cultural y comercial de la imprenta —situación que era parte inseparable de una apuesta encaminada a lograr la transformación de la comunidad económica y la fundación de un imperio.

Con todo, la victoria iba a ser breve y pírrica. Cuando por fin se materializó, su promotor, Atkyns, ya había fallecido. Además, estando ahora Jacobo en el trono, los beneficiarios de las nuevas disposiciones no fueron los conservadores, sino los disidentes (dissenters) y los católicos que el rey quería tener como aliados. Y al ser depuesto Jacobo de su regio cargo en 1688, la nueva economía política de la imprenta quedaría bruscamente desmantelada. El nuevo gobierno de Guillermo III y María II de Inglaterra restauraría el viejo régimen de mancomunidad de los libreros. Con ello se recuperó la convicción de que dicho régimen venía a consagrar el derecho natural de los autores a sus obras. De pronto, y dado que la legitimidad política del nuevo sistema gremial descansaba ahora en el sacrosanto principio de la propiedad, esta convicción comenzó a resultar más útil que nunca para el sector. Lo que había demolido la cultura absolutista de la imprenta en Londres —sustituyéndola por una cultura del derecho de los autores a la propiedad de sus obras que estaba llamada a perdurar mucho más tiempo— no había sido una refutación, sino una revolución[46].

3

LA ILUSTRACIÓN PIRÁTICA

La Gloriosa Revolución arruinaría las perspectivas de una cultura absolutista de la imprenta en Inglaterra. Después de 1688, la idea de que el medio mismo fuese propiedad de la corona, y de que esta quedara por tanto facultada para administrarlo mediante una casta de caballeros que, por ser beneficiarios de una patente, habrían de dedicarse a emplear a los impresores al modo de otros tantos sirvientes, pasó a considerarse disparatada. Lo que ocurrió fue, muy al contrario, que la autonomía del sector editorial se vio reforzada. La actividad mercantil del ramo pasó a girar en torno a la obtención de los derechos de una serie de obras determinadas, obras que una directiva integrada por los principales libreros gestionaban después como una especulación comercial más. Además, y en un mismo orden de cosas, el relato histórico propuesto para promocionar el principio absolutista perdería cuanta verosimilitud hubiera podido prestársele en su día: de este modo, Caxton sustituyó definitivamente a Corsellis. No se trataría de una transformación inevitable —en Francia, por ejemplo, el sistema, similar a este, que se había afianzado durante la Restauración lograría perdurar hasta que lo barrieran los jacobinos un siglo después—, pero sí que sería arrolladora. Sin embargo, la noción de una piratería impresa sobreviviría. Tanto los eruditos como los libreros habían sabido apreciar el atractivo del término que Richard Atkyns había acuñado de manera oportunista —aunque también es posible que lo descubrieran de forma independiente y que rápidamente lo hicieran suyo—. El obispo de Oxford, por ejemplo, al defender a la naciente imprenta universitaria de esa institución frente al sector homólogo de Londres, lanzará sobre los libreros en general la acusación de ser como «piratas de tierra». Por su parte, el librero John Hancock se quejará de las actividades de los «vendedores poco honrados de libros, llamados piratas terrestres, que han adoptado la práctica de robar los pliegos impresos de unos ejemplares que pertenecen a otros hombres». Y en el seno del propio tribunal de los libreros comenzarán a aparecer en la década de 1680 distintas referencias que califican de «piratas» a quienes violan los derechos consagrados por la inscripción de una obra en el registro[1]. Con todo, estos usos no habrían de crecer y propagarse sino después de 1688. La generación posterior a la revolución acabaría dando a la voz «piratería» la misma popularidad, amplia y difusa, que ha venido teniendo desde entonces. Esto se produjo debido a que la palabra venía a expresar toda una serie de importantes realidades prácticas —unas realidades que habrían de terminar condicionando parcialmente nada menos que la estructura de la propia Ilustración.

La alianza que se había establecido durante la Restauración entre las normas de la Compañía de libreros y las licencias concedidas por el Estado había encontrado fundamento en la llamada ley de prensa, promulgada originalmente en 1662. En 1695, el parlamento de Guillermo III y María II de Inglaterra dejó que la ley cayera en desuso. No era la primera vez que sucedía tal cosa, pero ahora las circunstancias políticas eran diferentes, y la ley estaba destinada a no reactivarse ya jamás. John Locke, cuyos argumentos habían desempeñado un destacado papel en los debates que se habían producido en la Cámara de los Comunes durante la fase de consultas de la ley, la había rechazado alegando que no solo imponía la necesidad de una licencia —cosa que Milton y él mismo consideraban una herencia del papismo—, sino que fomentaba la creación de monopolios, tanto entre los libreros como en el conjunto de la compañía. Por consiguiente, al rechazar el estatuto, el parlamento juzgaba estar defendiendo las libertades protestantes y contrarrestando los monopolios. Sin embargo, no dictó ninguna disposición alternativa que regulara la actividad del propio registro del Salón de los libreros. De pronto, el sector del libro se vio inmerso en una situación que permitía que aquellos individuos que infringieran las normas relativas a las obras registradas no tuvieran que enfrentarse a ningún tipo de sanción prevista en la ley. Y al mismo tiempo se volvió legal imprimir y publicar sin la menor necesidad de ser miembro de la compañía. En el pasado, los reglamentos internos podían haber alcanzado a ordenar la actividad de los libreros y los impresores, pero ahora, en el entorno especulativo y empresarial del Londres de la década de 1690, era altamente improbable que resultara suficiente. Se trataba de un entorno en el que cada nueva hornada de «proyectos» ambiciosos parecía promover a su vez nuevos principios morales —dándose además la circunstancia de que tales proyectos no iban a tardar en invadir el mundo del libro.

De este modo, un conjunto de encumbrados oligarcas comenzó a hacer campaña, si no para reactivar la ley de prensa misma, sí al menos para solicitar la promulgación de un nuevo estatuto que restaurara el sistema del registro. Dichos oligarcas argumentaron que se estaba laminando el derecho natural de los autores —precisamente el derecho que los libreros habían esgrimido para oponerse a Atkyns—. ¿Cómo podía concordar aquella situación con una revolución que tenía su fundamento mismo en los axiomas de la propiedad y la libertad? Pese a todo, la apuesta de estos potentados quedaría una y otra vez en agua de borrajas. Lo cierto es que siempre había chocado con un espinoso problema de principio. Para tener alguna efectividad, la propiedad literaria debía constituir necesariamente un monopolio. Y sin embargo, la adopción de medidas contrarias a los monopolios era uno de los pilares de la política liberal, aunque lo mismo podía decirse de la fe en la propiedad misma. La oposición a la existencia de prerrogativas regias en la esfera comercial habría de ocupar un lugar de honor en lo que hoy recordamos como la larga lucha contra la arbitraria gobernación de los Estuardo[2]. Este insoluble antagonismo entre el principio del monopolio y el de la propiedad —o entre el poder regio y la sociedad civil— determinaría que el problema de la propiedad de los textos impresos siguiera en la incubadora. Habría que esperar hasta el bienio comprendido entre 1709 y 1710 para que finalmente alcanzara el punto de maduración crítico, y aun entonces el resultado fue notablemente ambiguo. Lo que habría de ver la luz en ese periodo sería un claro ejemplo de legislación notoriamente confusa e incompleta. Con el paso del tiempo terminaría considerándosela la primera ley de derechos de autor de la historia.

Sería justamente en los años en que la propiedad literaria no quedase regida por reglamento alguno —esto es, entre 1695 y 1710— cuando la piratería se convirtiera realmente en un concepto cotidiano para los escritores y los lectores londinenses. De pronto aparecen referencias a ella en todas partes, en la poesía, en los periódicos, en las novelas, en los romances, en la correspondencia y en los ensayos. En el preciso instante en que la piratería deja de existir como categoría legal, florece la piratería en tanto que categoría cultural. Una de las principales razones que lo explican radica, obviamente, en el hecho de que los ojos del público se hallaran fijos en los combates que por entonces se libraban contra los auténticos piratas que surcaban los mares, y muy particularmente el Caribe. Ya en 1688 se había enviado a Jamaica una primera expedición de la Marina Real británica. Desde esa fecha, la piratería a secas había experimentado un tremendo auge, alimentada por la constante incorporación a sus filas de antiguos minifundistas venidos a menos al ser incapaces de competir con las plantaciones de esclavos. En la década de 1710, al firmarse temporalmente la paz en Europa, la Marina Real volvió a ponerse en acción. Entretanto, al otro lado del mundo, la Compañía de las Indias Orientales se enzarzaba en una lucha contra sus propios «piratas». Como en el caso de los del Caribe, estos piratas eran a menudo los viejos competidores de la Compañía que, tras haber sido tolerados un tiempo, se habían visto reducidos a la condición de proscritos al poner en práctica la institución sus nuevos planes de expansionismo y monopolio[3]. En tierra firme, la Compañía de libreros, a semejanza de la de las Indias Orientales, hubo de enfrentarse a una guerra contra los piratas —y también en este caso se trataba de aventureros que, hasta época reciente, habían gozado del favor regio—. El principal «pirata» del periodo posrevolucionario sería Henry Hills, hijo del hombre que había sido impresor real de Jacobo II.

Las innumerables leyendas que llegaban a Londres a causa de las diferentes campañas navales —leyendas relativas en todos los casos a las peripecias de los bucaneros— terminarían por alimentar la guerra contra la piratería impresa. Los relatos de las andanzas de Edward Teach («Barbanegra»), el capitán Kidd, Mary Bonney, Guillermo Dampierre y Bartholomew Roberts llenaban la prensa inglesa, que les pirateaba a su vez, al divulgar sus lances. Sin embargo, en las páginas de los periódicos su figura venía a mezclarse también con las ideas sobre «compañías» piratas que habían inspirado los argumentos de Atkyns y Streater. De este modo, la más leída de todas las narraciones de piratas, la Historia general de los robos y asesinatos de los más famosos piratas, firmada por Charles Johnson, dejará a un lado los «románticos» relatos épicos y optará en cambio por hablar de las tripulaciones piratas como si se tratara de mancomunidades económicas en ciernes. Lo importante, afirmaba su autor (que según algunos sería Daniel Defoe), era dejar constancia de sus «políticas, disciplina y gobernación». Y según el retrato que de ellos nos ofrece, los piratas se constituían de hecho en sociedades alternativas —manifestación que adquirirá significado plenamente literal en el caso de lo que hoy es Madagascar, donde los piratas fundaron una nación llamada Libertalia—. Libertalia era, en cierto modo, un reino brutalmente hobbesiano, hasta el punto de que las familias se retiraban a enclaves solitarios por temor a los recíprocos ataques que se prodigaban entre ellas. Sin embargo, en otros aspectos, la sociedad pirata parecía salir bastante airosa de la comparación con la que tenían a su disposición los lectores londinenses. Los capitanes eran designados mediante una elección, el botín se distribuía equitativamente y en las tripulaciones se admitía a gentes de todas las razas y credos[4]. Es probable que Libertalia no llegara nunca a tener existencia verdadera, pero su posibilidad misma resultaba verosímil debido a la larga tradición textual en la que se evocaba la vida de las contrasociedades piratas. Y como sucedía con dichas evocaciones, la cuestión debía de estribar en parte en conseguir que los lectores se decidieran a someter a un examen crítico su propio entorno. Y a esos lectores, las complejas costumbres de los piratas que describe Charles Johnson debían de darles la impresión de ser otras tantas parodias de los ritos y convenciones que anunciaban a bombo y platillo las compañías de las ciudades en que ellos mismos vivían —ceremonias, como digo, que se voceaban con una estridencia que para muchos londinenses debía de tener la sonoridad del fingimiento—. Si una de las compañías de Londres proclamaba atender a los más menesterosos del oficio, los piratas de Johnson establecían normas para el reparto de los despojos y la protección de los heridos. Interviniera o no en la Historia de Johnson, Defoe también tendría una cierta responsabilidad en la instauración del modo en que se veían las cosas en su época, ya que presentaría la primera taxonomía de la «piratería impresa», práctica por entonces imperante en las calles de la capital[5].

Y si había osados capitanes piratas en las Indias occidentales, también en Londres existían falsos reyes heroicos. Henry Hills hijo había sido solo el primero. Ned Ward[6] refiere la historia de un librero arruinado que «lanzaba contra Harry Hills y el resto de los piratas numerosas invectivas, como si le hubieran dado motivos para creerlos peores que los canallas que han sido ahorcados en los últimos años» (y los ajusticiados eran, evidentemente, los verdaderos piratas, cuyos cadáveres se dejaban expuestos a la vista de todos, pour encourager les autres). También John Gay[7] denigrará «las publicaciones amarillistas y viles escritos del pirata Hills». Más tarde, Hills encontraría sucesor para este rol de villano en la persona de Edmund Curll, a quien un impostor que se hace pasar por John Dunton llamará «pirata», añadiendo a continuación que «no es hombre a quien le espante su mercadeo», ni siquiera tras ser manteado. (Después, el falso Dunton pondrá en boca del suplantado estas palabras: «Y al verte escocido como ladrón de libros, sentí en las entrañas una punzada de complicidad»). Por esta misma época, otra víctima jurará retóricamente haber «cañoneado algunas pequeñas fortalezas piráticas más modernas», que situará literariamente en la costa del norte de África, y en concreto en la antigua Cartago. Estos personajes estaban perfectamente dispuestos a hacerse pasar por partidarios de la mancomunidad mercantil británica, e incluso por Niveladores —de hecho, el propio Curll habría de ceder su puesto a William Rayner, quien a su vez lo legaría a sus sucesores hasta llegar, ya en el siglo XIX, a incondicionales de la causa como Richard Carlile y Thomas Tegg—. Todos ellos reivindicarían estar actuando en nombre del interés público al publicar obras literarias a precios asequibles. En ocasiones llegarán a presentarse incluso como comadronas del genio intelectual, dado que imprimían textos que, de otro modo, no habrían llegado a ver la luz en modo alguno. Esta costumbre de salir en defensa de los piratas «a plena luz del día» como decía Samuel Johnson, arraigaría con fuerza entre los miembros de la generación posterior al 1688[8].

En las calles y cafés de Londres, la palabra piratería aludía ahora a una amplia gama de faltas relacionadas con la apropiación indebida de ideas. Se convirtió en una especie de santo y seña de la nueva sociedad, al actuar como símbolo de la ambigüedad moral de los «principios de la revolución», equiparado a realidades como las de la deuda pública, los promotores, el Banco de Inglaterra y los ejércitos regulares. En 1718, los londinenses aficionados al teatro pudieron incluso darse el gusto de ver al más descollante actor de la época, Colley Cibber, en el papel de Pedro Pirata, «librero de profesión, aunque no obstante corto de dinero últimamente», en la última comedia del género. El señor Pirata era la encarnación misma de todos los lugares comunes asociados con su casta, obsesionado con el «crédito», proclamando a los cuatro vientos haber resuelto el problema de la determinación de la longitud en la mar, y con un claro recuerdo de «la dosis de antimonio» que le había administrado un chistoso («y desde entonces no he vuelto a ser el mismo»)[9]. Si la defensa que los liberales habían hecho de la autoría en 1688 descansaba en el principio de propiedad —como en gran medida ocurría—, entonces la piratería, al igual que la actividad de los corredores de bolsa, representaba la debilidad, la amoralidad, la ambición y la transgresión que la acompañaba.

La Gloriosa Revolución dejó, por tanto, una particular herencia en la esfera metropolitana de la piratería, tanta como la que habría de transmitir en otro ámbito de la actividad pirática: el del Caribe. Dicho legado queda reflejado de manera prototípica en la hegemonía de la terminología pirática. Y además, los piratas literarios, al igual que los marítimos, eran intrusos por contraposición a los cuales se podía definir, defender y salvaguardar que una determinada forma de propiedad resultaba fundamental para el mantenimiento del orden. Y la perspectiva del tiempo nos permite afirmar que esa forma de propiedad era la del capitalismo naciente. Se trataba de un sistema que valoraba la propiedad de los individuos creativos, de un sistema que transigía con los monopolios, y todo para estimular una práctica especulativa centrada en llevar a efecto lo que ya entonces empezaba a merecer la consideración de «proyectos empresariales» de la imprenta. Si el mundo editorial, convenientemente reformado, estaba llamado a actuar como baluarte y parapeto de una nación libre y protestante, entonces no solo había que dar por segura la existencia de los piratas, sino la necesidad de expulsarlos del sistema. De este modo, a finales de la década de 1730, esto es, en el momento en que llegaban a su máximo apogeo los primeros envites de esta contienda, los acontecimientos que acabamos de referir habían conseguido ya convertir en moneda corriente otro término nuevo. Esa expresión, que no aparece por ninguna parte en la redacción original de la ley de 1710, era la de «derechos de autor».

La piratería floreció así de modo escandaloso en una ciudad que no solo había asistido al nacimiento del capitalismo, sino también al surgimiento de la ciencia natural y las artes mecánicas modernas. El Londres de Atkyns y Henry Hills era también el Londres de Robert Boyle, Christopher Wren e Isaac Newton. En el próximo capítulo nos ocuparemos de responder a la pregunta de cómo pudo darse esta confluencia —es decir, de cómo pudo haber surgido la ciencia experimental en el mismo lugar, y a veces en las mismas librerías y talleres de imprenta, en que tan explosivamente medraba la piratería—. No obstante, lo que ahora importa es insistir en una circunstancia: la de que en los pugilatos del sector del libro jamás habría de olvidarse el origen de este concepto. Es algo que se aprecia de manera palpablemente manifiesta en una parodia del descenso de Dante a los infiernos escrita por Ned Ward, un procaz avispado de la calle Grub, en 1700. En un pasaje de la obrita, el héroe de Ward se encuentra de pronto cara a cara con una muchedumbre de impresores y libreros —es decir, las dos profesiones que Atkyns había puesto en pie de guerra— enzarzados en una riña. Los dos bandos acaban de llegar al punto crítico de su larga enemistad:

Un tropel de coléricos espectros que mutuamente se aproximan,

vasto como un ejército persa apareció;

cada cual, con la mirada, muestras de envidia daba a los demás,

unos escribían a mano, otros imprimían libros.

El erudito contenido de las obras habían ya olvidado,

lo que abrigaban los becerriles cueros de sus múltiples volúmenes,

del abultado folio al veinticuatro.

Y avanzando entre empujones, en confusa turbamulta,

piratería, piratería, proclaman a grandes voces,

qué le ha llevado a imprimir mi libro, señor mío, dice uno,

no es usted más que un bellaco, esto está muy vilmente perpetrado,

ya ha hecho usted otros semejantes, imposible le será negarlo,

lo que le convierte en el mayor bribón que jamás haya…

Y estando los impresores, sus esclavos, entreverados en el lío,

surge entre ellos tremenda pugna:

henchidos se hallan de rabia los ingratos libreros de viejo,

y esto espetan a sus serviles tipógrafos:

vosotros, pincha-letras y malabaristas de la caja,

y vosotros también, iletrados criados que manejáis la imprenta,

¿cómo os atrevéis a invadir ilícitamente

nuestras propiedades y violar nuestro comercio?

A estas acusaciones, los impresores responderán diciendo que la cédula de actividad que en su día recibiera la Compañía de libreros había sido concedida en principio como amparo aplicable únicamente a ellos —repitiendo en realidad los argumentos que ya habían proclamado de facto durante las disputas de la Restauración—. Y como entonces sucediera, los tribunales harán callar a todas las partes implicadas, y al final los libreros serán sentenciados a sufrir tormento eterno. Su condena consiste en tener que leer una lista interminable de pestiños de la calle Grub mientras sus escritorzuelos mercenarios les despellejan vivos y les rebozan en sus propios excrementos sobre una pira de panfletos[10].

La esfera pirata

A mediados del siglo XVIII se consideraba que lo que caracterizaba al ámbito cada vez más comercial del crédito, en esta época inaugural del consumo, era el hecho de ser tierra abonada para la comisión de abusos. La voz «piratería» pasó a ser el nombre común de esta realidad. En el plano de la imprenta, podía juzgarse pirático el plagio, y lo mismo se decía del hecho de resumir un texto, de abreviarlo, o incluso de traducirlo. La edición que Edmund Curll hiciera de la correspondencia entre Alexander Pope y Jonathan Swift había sido, en palabras de Pope, «subrepticia y pirateada», pese a que el texto no hubiese sido dado a la imprenta con anterioridad. En el mundo de la mecánica, los ingenieros e inventores comenzaron a llamar «piratas» a sus rivales. Y lo mismo tenían por costumbre hacer los cartógrafos deseosos de proteger sus cartas de los imitadores, o los artistas como William Hogarth, vivamente interesado en ganarse la vida con la elaboración de grabados (la figura 3.1 nos ofrece una imagen de la angustia que conmociona a un grabador al topar con un grupo de piratas). Y también los boticarios, los médicos, los naturalistas y los poetas compartirían esta retórica de la piratería en sus respectivos campos.

Las cuestiones morales que esto suscita no son de escasa hondura. Y es que por mucho que todos los escritores, académicos y practicones médicos lamenten su ubicuidad, serán muy pocos los que se muestren dispuestos a renunciar a una pincelada de juiciosa expropiación cuando les convenga. Inclinación de la que no excluirán la aceptación del pirateo de sus propias obras. Hacía ya mucho tiempo que los poetas anhelosos de evitar que se les tuviera por proclives a la ambición se habían aprovechado de la circunstancia de que las acusaciones de piratería suscitaran por lo común la credulidad del público para conseguir dar sus obras a la imprenta. El propio Isaac Newton recorrería una ruta indirecta similar para lograr que se publicaran sus textos religiosos heterodoxos, pese a que le preocupara de veras la posibilidad de perder las riendas de sus demás obras. De hecho, tampoco debemos tomarnos al pie de la letra la observación de Pope sobre Curll, ya que lo cierto es que el mismo Pope había manipulado astutamente a Curll, el más célebre pirata editorial de la época, a fin de que propiciara sin saberlo sus propios fines y publicara las dichosas cartas. (Al parecer, Pope quería elaborar él mismo la edición, pero temía que le acusaran de divulgar las confidencias que le habían transmitido sus corresponsales)[11]. Y pese a que los autores clamaran contra los «plumistas» y «zopencos» que poblaban la calle Grub —una calle perfectamente real, próxima a las explanadas de Moorfields, en la que se alojaban muchos escritores pobres—, lo cierto es que, por el momento, ellos constituían el puntal del sector. La cultura de la piratería no era una cultura en la que pudieran distinguirse dos bandos nítidamente, el de los honorables y el de los deshonrados, como a veces parecían manifestar los implicados. Todos cuantos participaban de ella se hallaban, en mayor o menor grado, mezclados en la componenda.

Figura 3.1. Un artista dieciochesco expresa en esta lámina la angustia que le produce la piratería. «Tim. Bobbin’s Rap at the Pyrates» [«Hermanados en el mal, o Tim Bobbin abronca a los piratas»], en J. Collier [seudónimo de Tim Bobbin], Human Passions Delineated, Manchester, J. Heywood, 1773. Por cortesía de la Biblioteca de la Universidad de Chicago.

Por consiguiente, no era en modo alguno sencillo encontrar una base sólida desde la que valorar la cacofonía del ámbito de la impresión. En la práctica, se iría desarrollando toda una panoplia de estrategias para crear, confirmar e impugnar la autenticidad de los libros, aunque no solo de ellos, ya que lo mismo habría de suceder con las medicinas, las máquinas, las prendas textiles, los alimentos y otros artículos relacionados con la creatividad. Y es muy posible que lo que pudiera saber, sentir o creer un ciudadano del siglo XVIII dependiera de esas estrategias. La gente vivía inmersa en una situación marcada por la presencia de innumerables experimentos de autenticidad.

El mundo descrito rebasaba con mucho los límites de la ciudad de Londres. Se extendía por toda Europa, acompañando a la noción de piratería. En todas partes hallaría leyendas particulares en que sustentarse. La relativa a los bucaneros de la reimpresión no sería sino una más de las muchas existentes. Otra era la del artista tristemente heroico condenado a subsistir en un desván con los magros ingresos por línea que daba en entregarle algún rapaz librero. Y una tercera, de envergadura ya muy superior, era la vinculada con la idea de una «esfera pública»[12]. Esta esfera poseía un género característico, el del artículo periodístico, y un espacio representativo: los cafés. Se suponía que todo aquel que leyese un diario y realizara alguna aportación escrita en respuesta a lo leído podía proclamarse ciudadano. Ese ejercicio venía a afirmar su autoridad cultural, ya que si todo individuo era falible, la intervención de un número de lectores suficientemente amplio podía venir a cancelar las flaquezas y pasiones de los sujetos particulares. De hecho, la amplitud de su extensión a los asuntos políticos o religiosos, y la legitimidad de tal penetración, era objeto de acalorados debates. Sin embargo, lo cierto es que los impresores, los libreros, los autores y los lectores aspiraban efectivamente —a veces— a las normas de conducta que venía a hacer explícitas esta noción.

En la práctica, la esfera pública se hallaba recorrida por escisiones vinculadas con las diferencias de origen, posición, nacionalidad, confesión y género. Y además la piratería iría moldeándola de distintos modos. En primer lugar, contribuiría a la pura y simple distribución de libros y periódicos, en especial lejos de la metrópoli. En segundo lugar, estaba llamada a ejercer un impacto en el tipo, la calidad y el precio de los libros. Los piratas literarios reimprimían los libros más rentables en pequeño formato y a precios notablemente inferiores, mezclando y entrelazando los contenidos como más les conviniera. Y por consiguiente facilitaban, en tercer lugar, una cierta naturalidad despreocupada en la lectura, ya que los libros de los piratas eran fáciles de transportar y relativamente desechables. Daniel Defoe advertía de los peligros de un mundo abocado a quedar cada vez más dominado por la presencia de colecciones mutiladas y disfrazadas de tratados, lo que podía determinar que todo el conocimiento quedara disuelto en una «rapsodia generalizada de piratería, plagio y confusión»[13]. Por último —y quizá sea esto lo más destacado—, la piratería planteaba interrogantes relacionadas con la exactitud y la autenticidad de los textos. Por regla general, los piratas trataban de reproducir las obras, no de publicar originales. Los reimpresores se jactaban de su fidelidad a la obra matriz. Sin embargo, en determinados casos concretos no siempre resultaba sensato dar crédito a esos alardes. En ocasiones, los piratas trataban de «mejorar» un original, aunque solo fuera para poder proclamar que su edición había sido revisada y corregida. Un pirata podía abreviar calladamente los contenidos, otro quizá optara por una traducción creativa, y un tercero acaso decidiera añadir un particular material o una serie de comentarios críticos. Los editores competían entre sí, afirmando cada uno publicar la última, la mejor, la más completa o la más auténtica versión. De este modo arraigaría lo que podríamos llamar una cultura de la mejora. Paradójicamente, la piratería de libros —y también, como veremos, la de fármacos, alimentos y otros productos manufacturados— vendría a fomentar una ética de lo auténtico y lo completo. Una de las ironías de la era de la piratería estriba en la circunstancia de que contribuyera al arraigo de la chocante y doble asociación de la imprenta con la fidelidad por un lado y la transformación progresista por otro.

El hecho mismo de reconocer cómo operaba la actividad de la reimpresión y lo que significaba nos ofrece una idea distinta de la Ilustración misma. La Ilustración pirática se prodigaba en un tono menos grandilocuente, más comercial, más marginal, más variado y mucho más crispado que el del mundo de los elevados philosophes parisinos o escoceses con los que estamos familiarizados. Y sin embargo, ese mundo no llegaría nunca a distinguirse claramente del de la piratería. David Hume se vio envuelto en las campañas de eliminación de «piratas» escoceses que promovían los editores londinenses; Rousseau y Voltaire atacaban a los reimpresores que pirateaban sus obras y recurrían a esos mismos reimpresores cuando lo consideraban oportuno; Goethe y Lessing harían algo parecido. Fue un impresor pirata quien se encargó de publicar las obras de Isaac Newton —y ese mismo editor tendría que encajar más tarde la reimpresión no autorizada de esos textos—. La música de Stephen Storace iría de una sala operística a otra, dado que los empresarios teatrales rivales se la apropiaban sin miramientos ni cortapisas. Laurence Sterne se armó de pluma y paciencia y firmó personalmente doce mil ejemplares de su Tristram Shandy para evitar una edición pirata[14]. Y si estos hombres alcanzaron algún relieve como autores fue precisamente por implicarse de forma rutinaria en las actividades de la esfera pirata y dominar sus sutilezas. Quienes no consiguieron ese equilibrismo han tenido uno de estos dos destinos: o han caído en el más completo olvido, dejados a un lado como otras tantas mediocridades, o se han visto relegados a un conjunto de espacios específicos y retirados en los que se considera inadecuado luchar heroicamente por el reconocimiento de la propia autoría, como los del negro literario, la pornografía o la prensa periodística.

La expresión ilustración posee una connotación que apunta a un cierto tipo de dispersión de la información, ya que hay una asociación con la iluminación misma, con el hecho de que la luz difunda por igual en todas direcciones partiendo de una fuente central. Sin embargo, en el siglo XVIII, la circunstancia de que los textos, las ideas, las prácticas y otras cosas similares se transfirieran de un punto a otro resultaba difícilmente conciliable con dicha imagen. Hoy no estamos excesivamente familiarizados con el tipo de ubicuidad de que gozaban algunas obras e ideas en esa época. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo en el que la publicación de obras literarias opera en función de unas normas más o menos comunes. Y la internacionalización de las leyes de protección de los derechos de autor es, entre otras cosas, la proyección de ese criterio normativo en el plano jurídico. En el siglo XVIII las cosas eran muy distintas. La imprenta era un oficio de carácter local, dirigido a mercados de índole igualmente local y regional. Sus instituciones legales, convencionales y morales también se circunscribían al ámbito local. Y si las ideas impresas lograban llegar a todas partes no se debía únicamente al hecho de que su difusión partiera de grandes centros de distribución, sino también a la circunstancia de que existiera una tensión y una rivalidad competitiva entre ellas, así como un numeroso conjunto de reimpresores que actuaban a modo de enlace entre autores y lectores. Y a mayor competencia, mayor ubicuidad. Las obras de Locke, por ejemplo, se elaboraban primeramente en Londres, pero eran reimpresas después en Dublín, Glasgow, Ámsterdam, La Haya, Róterdam, Ginebra, Bruselas, París, Leipzig, Uppsala, Jena, Mannheim, Milán, Nápoles, Estocolmo (por orden de la asamblea legislativa sueca, nada menos) y, finalmente, Boston. La nueva Eloísa de Rousseau, que hace su primera aparición en París, sería pronto reproducida en «Ámsterdam» (aunque de hecho se tratara de Londres), Ginebra, Lausana, Neuchâtel, Basilea, Leipzig y Bruselas. Las obras de Montesquieu, que de nuevo ven la luz en París, reaparecerán en los mismos países. Los textos de Voltaire solían publicarse inicialmente en Ginebra —al menos en algunas ocasiones—, siendo después reimpresas en París y Londres. Las desventuras del joven Werther de Goethe, que probablemente constituyeran el fenómeno editorial más sensacional del siglo, lograron elevarse a esa condición gracias a quedar reflejadas en unas treinta ediciones diferentes, muchas de ellas traducidas, y casi todas desprovistas de la autorización correspondiente. Cuando los lectores italianos recorrían los textos de Locke lo más probable no era que estuviesen leyendo las palabras del mismo Locke, sino las del traductor italiano que las había tomado a su vez de una versión francesa impresa en Holanda. Y todo esto sin aventurarnos siquiera en el fascinante pero oscuro mundo de la Ilustración «radical», en el que circulaban folletos manuscritos o editados bajo una falsa referencia a la casa impresora —el mundo del «spinozismo», de John Toland y de los illuminati.

De este modo, el conocimiento se difundía por medio de una serie de reapropiaciones en cadena, generalmente carentes de autorización y a menudo denunciadas como tales. O mejor, por emplear unas analogías más propias del siglo XVIII, no hemos de asimilar el proceso a un planetario (en el que la iluminación proviene del centro), sino al tipo de traca pirotécnica que asombraba a los observadores de la época dejando en el firmamento una serie de explosiones escalonadas. Una edición inicial surgida en un punto concreto se abría paso hasta llegar a algún lugar propicio para su reimpresión, generándose así miles de ejemplares nuevos. Después, uno de esos volúmenes daba en desencadenar un nuevo estallido de reimpresiones en otra localidad ducha en esas lides, y así sucesivamente. La Ilustración se propagó a lomos de una cascada de reimpresiones. Podríamos decir que sin piratería no habría habido Ilustración[15].

No obstante, en la mayoría de los casos, no cabe afirmar en modo alguno que este tipo de reimpresiones constituyeran técnicamente lo que llamamos un acto de «piratería», aunque muy a menudo se las denunciara como tales. Lo que quiero decir es que no eran ilícitas. Y no lo eran porque se trataba de un fenómeno transfronterizo. Los impresores de los cantones suizos reproducían las ediciones de los libros que publicaba el gremio de libreros parisino; los de los Países Bajos reimprimían títulos franceses, alemanes e ingleses; y los profesionales de Edimburgo, Glasgow y Dublín encargaban la elaboración de reimpresiones de las obras londinenses. Lo más impresionante de todo es que en Viena, la corte imperial respaldaba con toda largueza el enorme imperio reimpresor de Thomas Edler von Trattner. No existía razón legal alguna —y escaso fundamento moral— que indujera a prohibir dichas actividades. Además, según lo que daban en sostener implícitamente las doctrinas económicas mercantilistas, era preferible reimprimir los libros en el propio país que verse obligado a importarlos del extranjero. Por consiguiente, resultaba perfectamente posible que un determinado volumen fuera legítimo o pirático en función del lugar en que el lector viniera a topar con él. La piratería era una cuestión de territorios. De aquí se seguía que los lugares en que se revelaba más interesante proceder a la reimpresión eran aquellos cuya autonomía territorial permanecía velada por la ambigüedad —y hemos de tener en cuenta que había transcurrido solo un siglo desde que la Paz de Westfalia diera lugar al surgimiento del Estado-nación moderno—. Escocia era una de esas regiones, incorporada al «Reino Unido» en 1707, y había conservado en gran medida un sistema jurídico particular. Irlanda era otra, puesto que en realidad se trataba de un reino subordinado provisto de un parlamento propio. Y los estados alemanes venían a poseer un estatuto poco menos que metafísico respecto del Sacro Imperio Romano. En dichos lugares no solo habrían de registrar un tremendo auge las reimpresiones: también las controversias florecerían con él. Y pese a que cada una de esas polémicas habría de engendrar una ideología de la reimpresión propia —e incluso una epistemología particular de dicha actividad—, lo cierto es que todas ellas promoverían la idea de que existía un «público» cosmopolita que, además de ser el directo beneficiario de las reimpresiones, era sistemáticamente ignorado por el centralizado sector comercial del comercio nacional de libros.

Piratería y razón pública

Para los propios reimpresores, el problema estribaba en el hecho de que su práctica no suscitara un único pleito, sino dos —siendo además mutuamente excluyentes—. Por un lado, los principios mercantilistas resaltaban las virtudes derivadas de sustituir la importación de artículos manufacturados por la producción nacional. En este aspecto, los piratas se hallaban a la vanguardia del empuje económico nacional. Por otro lado, en cambio, los partidarios del laissez-faire comenzaron a replicar que la propiedad literaria —ese concepto nuevo y misterioso— no era sino una más de las restricciones que se imponían a un mercado al que debía despojarse al máximo de todo género de trabas. Según declaraban, se trataba de una noción a un tiempo absolutista, monopolística, injusta para el bien público y filosóficamente absurda. Desde esta perspectiva, los piratas constituían un ejemplo de libre comercio —una manifestación, de hecho, de la libertad en sentido amplio—. Resulta innecesario decir que si el primer tipo de razonamiento tendía a prosperar en las grandes metrópolis consolidadas, como Viena, el segundo surgía de focos ilustrados advenedizos como Edimburgo, Dublín y Filadelfia. (Como veremos en el capítulo 6, la sonada evocación de Alexander Donaldson, hallaría oídos atentos en estas tres ciudades). El punto en común de uno y otro planteamiento es que ambos se oponían a la afirmación metropolitana de la propiedad literaria.

Los argumentos de la parte contraria eran igualmente diversos. Para dar una idea de su alcance pasaremos a considerar los ejemplos que nos proporcionan el marqués de Condorcet en Francia e Immanuel Kant en Alemania. Ambos autores responderían de forma ingeniosa a un mundo dominado por las actividades piráticas y las reimpresiones transfronterizas. Ambos lo harían señalando los peligros de ese mundo. Y ambos realizarían propuestas para organizar sobre esa base una esfera pública de la razón. Sin embargo, sus propuestas eran notablemente divergentes.

Condorcet se oponía tanto al gremio de libreros de París como a Denis Diderot, a quien dicha corporación había encargado la defensa de sus intereses en el ámbito de la propiedad literaria. Vendría así a contribuir al largo debate existente en Francia acerca de los privilegios, la censura y la «contrahechura» (contrefaçon). En sus Fragments sur la liberté de la presse argumenta que no debería existir forma alguna de derechos de propiedad vinculados con la autoría, dado que el interés del público por el conocimiento debía anteponerse al del autor. El carácter de su planteamiento era fundamentalmente epistemológico, pues insistía en que el conocimiento mismo tenía su origen en las percepciones sensoriales y en que al ser el aparato sensorial de la gente esencialmente idéntico, resultaba natural concluir que todo el mundo compartía sus elementos. Aceptaba que pudiera existir la «originalidad», pero esta radicaba únicamente en cuestiones de estilo, no de conocimiento. Bacon, Kepler, Galileo, Descartes y Newton habían conseguido sus logros sin necesidad de que ningún sistema de amparo a la propiedad literaria viniera a estimularles, y lo mismo cabía decir de las obras que definían «el progreso de la Ilustración» misma —básicamente la Encyclopédie del propio Diderot—. Esta posición no solo convertía al principio de la propiedad literaria en algo superfluo y antinatural, sino que venía a revelar que se trataba de un elemento activamente dañino. Restringir la circulación de ideas sobre la base de ese principio equivaldría a aceptar que fuese el artificio, y no la verdad de su contenido, el principio estructurante del comercio cultural. En la literatura debía imponerse por tanto el libre comercio. «Un libro que pueda circular libremente y que no se venda un treinta por 100 por encima de su coste —afirmaba—, casi nunca será objeto de falsificación». Condorcet proponía crear en cambio un espacio para la divulgación de la razón impresa en torno a los periódicos, no de los libros. El conocimiento debiera organizarse por categorías, no por autores. Los lectores aportarían material de su propia cosecha a estas fuentes, creando de este modo un círculo virtuoso perpetuo. Desde este punto de vista, la esfera impresa de la Ilustración presentaría el aspecto de una inmensa materialización del árbol del conocimiento que figura en el prefacio de la Encyclopédie de Diderot y D’Alembert, ocupando el nombre de un periódico cada una de sus ramas. Y en espera de que se concretara ese proyecto, la contrahechura era simplemente una manifestación de la Ilustración misma, que brotaba por todas partes[16].

La historiadora francesa Carla Hesse ha referido los sucesos que se produjeron a raíz de esta argumentación[17]. Para expresarlo brevemente, después de 1789 los revolucionarios deseaban que, partiendo de París, la Ilustración se difundiera a todas partes por su empuje natural. Y por consiguiente abolieron la propiedad literaria. De este modo, y por primera vez, el pueblo mismo tendría acceso a la cultura más refinada y a la mejor literatura —esto es, al fruto del talento—. Esto dio lugar a una situación por la que se vino a experimentar de forma práctica si la imprenta, desprovista de toda propiedad literaria, favorecía o dificultaba el avance de la Ilustración. Poco después, el funcionario mismo que había asumido la responsabilidad de supervisar el negocio editorial sería acusado de piratería, mientras el diario revolucionario más radical del momento, el Révolutions de Paris, declaraba que las cartas de Mirabeau, siendo «obra de un hombre de talento», debían ser consideradas una «propiedad pública». Así se expresaba el utopismo revolucionario del pueblo llano. Si la propia Revolución francesa venía a encarnar la venganza de los plumistas, como sostiene el historiador cultural estadounidense Robert Darnton, entonces hay que admitir que esta revolución del libro constituía el desquite de los piratas. Sin embargo, como suele ocurrir con las utopías, el asunto terminó pudriéndose. El oficio de la imprenta conoció una rápida expansión —cuadruplicándose el número de impresores—, pero su producción también experimentó un cambio radical. Los libros en folio y en cuarto desaparecieron. Las reimpresiones, que acababan de ser declaradas legítimas, terminaron por dominar el panorama. Se pirateaban incluso las proclamas. El viejo mundo integrado por unas cuantas grandes casas editoriales dedicadas a producir ediciones autorizadas no pudo sobrevivir al cambio. Las que lograron perdurar hubieron de reducir su tamaño, trabajar más rápido y con métodos nuevos. Empleaban todas las herramientas de segunda mano que conseguían encontrar, trabajaban a velocidad de vértigo con cualquier operario disponible, y se aseguraban la obtención de una rápida rentabilidad publicando periódicos y folletos a los que pudiera darse una salida inmediata. Los libros que seguían publicándose eran en gran medida compilaciones de antiguos materiales anteriores a la revolución. En otras palabras, se instaló el equivalente literario de lo que viene a afirmar en economía la Ley de Gresham[18], de modo que el triunfo de las presses grises se saldó con un desastre. Se produjeron entonces una serie de intentos frustrados de restaurar algún tipo de orden, empeños que culminarían en la «Declaración de los derechos del genio», declaración que introduce de forma limitada el amparo a la propiedad literaria. Con todo, llevaría años recuperarse del experimento revolucionario. No se conseguiría realmente sino a finales de la década de 1790, y aun así con la ayuda de cuantiosos subsidios. El gobierno se dedicó a patrocinar de manera muy particular los proyectos científicos, y entre ellos los asociados con las publicaciones periódicas que, de acuerdo con los planteamientos de Condorcet, pasaron a considerarse «repertorios de nuevas invenciones».

En los estados alemanes, el contexto era diferente[19]. En los tiempos en que regía el sistema tradicional de las ferias de Leipzig y Fráncfort, la autoría poseía un escaso valor, y los principales vectores de la Ilustración eran los periódicos, no los libros. La noción que preconizaba Condorcet de una esfera pública sin autoría estaba convirtiéndose en una realidad en Alemania en el momento mismo en que él la enunciaba en Francia. Sin embargo, en la década de 1760 estalló un agrio, prolongado y profundo debate en torno al comercio de los productos impresos y su papel en la cultura pública. Y entre los protagonistas de esta polémica no iban a figurar únicamente los más destacados editores de la época, sino también sus autores clave: Lessing, Kant, Fichte, Hegel, Feuerbach y Schopenhauer, por no citar sino a unos cuantos. La reimpresión no era el único asunto en tela de juicio, pero sí el elemento que había dado ocasión a la controversia y su tema más sobresaliente. De este modo, Jean Paul publicará un opúsculo titulado «Las siete palabras, o post scripta contra la piratería», y en Praga y Leipzig se llevarían a escena varias obras de teatro sobre el particular. Con todo, habría de ser Immanuel Kant quien realizara la más singular e influyente aportación. Sus argumentos, como ya había ocurrido con los de Condorcet en Francia, vinculaban el problema de la piratería con la posibilidad misma de la Ilustración.

La célebre respuesta de Kant a la pregunta «¿Qué es Ilustración?» se publicó en 1785 en la Berlinische Monatsschrift[20]. El ensayo iba a ser objeto de una enorme atención, no solo entonces, sino también en fechas posteriores. En época reciente se lo ha venido a considerar una acreditada descripción de la esfera pública misma. Nuestro autor señala que dicha esfera se halla integrada por un amplio número de lectores y publicaciones periódicas, consagrados unos y otras a la práctica del pensamiento autónomo. Los resultados de esa actividad debían quedar sometidos, en forma impresa, a la consideración de los componentes de ese mismo ámbito. Kant insistía en que el control de esa esfera mediante la censura constituía una acción ilegítima. No obstante, concedía que el Estado estaba facultado para no permitir sino en muy contadas ocasiones que los ciudadanos actuaran en ella en su condición de burócratas, funcionarios militares, clérigos, etcétera. Mientras actúe en virtud de cualquiera de esas particulares condiciones, el sujeto no ejercerá sino lo que Kant llama una razón «privada». Por tanto, solo apartándose del puesto profesional que uno ocupe —quizá en un gabinete retirado— deviene posible ejercer de verdad la razón «pública». Esto significa que la razón pública se genera en un espacio (al que nosotros consideraríamos) privado. En público, el autor hablaba «en nombre propio». Y la interacción de estas manifestaciones públicas constituye lo que Kant denomina Ilustración.

Poco después de publicado el texto de «¿Qué es Ilustración?», Kant volvió a tomar la pluma para proponer, en la misma publicación periódica, una tesis relacionada con la anterior. En agudo contraste con el caso precedente, este segundo trabajo es hoy prácticamente desconocido. Sin embargo, sería de uno de los primeros escritos de Kant en ser traducidos al inglés —cosa que se produciría en 1798—, junto con el ensayo sobre la Ilustración. En este nuevo artículo se retomaban y ampliaban las tesis del primero, y parecía venir a ocuparse de algunas preocupaciones fundamentales vinculadas con la verosimilitud de la argumentación que vertebraba la anterior exposición. Y también venía a recordar a los lectores que el mismo Kant se desenvolvía con plena competencia en las prácticas mundanas asociadas con la autoría, la lectura y la publicación —prácticas de las que dependía necesariamente toda forma de esfera pública—. El opúsculo se titulaba «On the wrongfulness of the unauthorized publication of books»[21]. No sabemos cuáles fueron las circunstancias exactas que propiciaron su redacción, pero es muy posible que Kant la iniciara a instancias del mismo grupo de «Amigos de la Ilustración»[22] que ya había inspirado el célebre primer ensayo. En todo caso, tomaba como premisa tácita el argumento expuesto en dicho ensayo.

La cuestión que aborda ahora Kant emanaba directamente de la conclusión anterior que le había llevado a sostener que la razón pública guardaba relación con el hecho de que los autores hablaran «en nombre propio». ¿Qué ocurría si los agentes que mediaban en el proceso de la impresión de la obra se apropiaban de ese nombre, como tan frecuentemente sucedía en el mundo de la piratería? Kant señala que un editor que se comprometiera a elaborar un libro debía tener la obligación de hacerlo de forma fidedigna. La estipulación de unos derechos exclusivos venía a facilitar esa fidelidad, añadía. Sin embargo, admitía que, durante décadas, todos los intentos tendentes a ilegalizar las reimpresiones aduciendo la existencia de alguna clase de propiedad habían fracasado. Y según sostenía ahora Kant, estaban abocadas a frustrarse invariablemente, puesto que la propiedad literaria, caso de que efectivamente existiera tal cosa, era inalienable —es decir, constituía una prolongación del yo creativo y resultaba inseparable de él—. En cualquier caso, la instauración de un auténtico derecho de propiedad del autor aniquilaría la actividad editorial misma, por la sencilla razón de que ningún comprador, fuese hombre o mujer, aceptaría jamás la responsabilidad de que su ejemplar pudiese convertirse en punto de partida de una reimpresión. Para sortear este escollo, Kant recuperó su idea de que un verdadero autor realizaba un ejercicio de libertad de expresión, ya que hablaba en su propio nombre. Reafirmó este principio y resaltó que un libro no era un mero recipiente pasivo de significados, sino el vector de un proceso de comunicación dinámico. En este proceso, el editor podía compararse sin distorsión a un «instrumento» —esto es, a una especie de altavoz—. De aquí se seguía que el elemento incorrecto que compartían todas las reimpresiones carentes de autorización no tenía nada que ver con la propiedad. Lo que las convertía en delito era el hecho de que mezclaran la autoría con la mediación. En efecto, la reimpresión constituía una variante de la ventriloquia, ya que el pirata secuestraba la voz de otra persona. Y lo que era aún peor: con ese acto, los piratas quedaban en deuda con los autores, y no al revés, puesto que les hacían responsables de unos contenidos transmitidos sin su consentimiento. (En tiempos del reaccionario Federico Guillermo II de Prusia, la censura volvería a cobrar impulso, y el propio Kant chocaría con la política real por esta precisa cuestión). Era esta violación de la identidad del autor lo que determinaba que la piratería resultara fatal para la idea misma de una esfera pública, y por consiguiente para la propia Ilustración. Era cierto que la reimpresión divulgaba la cultura en un ámbito más amplio, y que lo hacía de forma más económica y accesible, pero no era esa la cuestión. Ese conocimiento dejaba de ser público porque los autores mismos habían perdido su condición privada.

El argumento de Kant era por tanto muy diferente al de Condorcet, y apuntaba a la adopción de muy distintas medidas políticas. Sin embargo, las disputas idealistas y románticas en las que vendría a terciar no serían menos importantes, ya que habrían de ser ellas las que inspiraran la adopción de los principios de la propiedad literaria en el siglo siguiente. Con todo, el extremo relevante estriba en el hecho de que los ejemplos que acabamos de mencionar no son sino dos de los innumerables intentos que habrían de efectuarse en el siglo XVIII a fin de alcanzar a comprender y a dominar la Ilustración pirática. En 1700, al iniciarse esos esfuerzos, casi nadie hablaba de los derechos de autor. En 1750, en cambio, eran muchos los que sí lo hacían. En 1800, el debate se hallaba ya presente en todas partes. Sin embargo, la prioridad de esos derechos presentaría diferentes aspectos en función del contexto. En la Francia prerrevolucionaria, la corona rechazaba la idea de la propiedad literaria por considerar que se trataba de una invasión de las potestades reales, de modo que los títulos continuarían publicándose por «graciosa» concesión del rey hasta 1789 —fecha en la que esas mercedes quedarían completamente abolidas—. A la larga, también en los estados alemanes terminaría adoptándose esa misma noción, gracias a la influencia de las convicciones idealistas del kantismo y la Naturphilosophie. En el mundo de habla inglesa, iba a llegarse en cambio a un compromiso muchísimo más alambicado. Tanto la forma en que alcance a materializarse como su significación formarán parte de los temas clave que habrán de articular el resto de la presente obra.

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LA EXPERIMENTACIÓN CON LA IMPRENTA

Uno de los aspectos más notables de la invención de la piratería en el siglo XVII es que coincide con el momento cumbre de la revolución científica. Es posible que no se tratara de una coincidencia. A fin de cuentas, las pugnas que habían dado lugar al surgimiento de la piratería no habían girado únicamente en torno a la imprenta, también habían guardado relación con lo impreso. Según declaraban sistemáticamente los implicados, las disputas venían a incidir en el conocimiento mismo. De hecho, iba a ser ese el momento en que surgiera, en sus aspectos más crucialmente importantes y duraderos, la noción de lo que haya de ser considerado conocimiento —esto es, en qué consiste su autoría, su posesión o su hurto—. Incluso el ascenso de Isaac Newton a una posición preeminente en el campo de la cultura intelectual de la época dependería del establecimiento de una serie de enfoques con los que abordar esta cuestión de una manera práctica y sujeta a principios.

Hoy ya no resulta tan sencillo como en el pasado acotar la existencia de una revolución científica en los siglos XVI y XVII. Y sin embargo, es innegable que, en ese periodo, el conocimiento que los europeos tenían de la naturaleza se vio sometido a una serie de cambios radicales. Y si lo que vino a brotar de esas transformaciones no fue la «ciencia» en el sentido que hoy damos nosotros a esa palabra, sí fue no obstante algo fundamentalmente distinto a todo cuanto se hubiera alcanzado a concebir en torno a 1500, algo que, andando el tiempo, daría lugar al surgimiento de la ciencia actual. Y desde mediados del siglo XVIII, cuando menos, existe un amplio consenso respecto a un punto: la índole trascendental de la mencionada transformación. Y también se ha venido coincidiendo de modo no menos generalizado en que ese vuelco se debió en esencia a la aparición de la imprenta. Siendo el gran motor de la Ilustración, la mayoría de los filósofos han dado en concordar, de Condorcet en adelante, que la imprenta no podía estar sino del lado de acá de la revolución científica. Sin embargo, la invención de la piratería muestra que a los ojos de la propia gente que vivió en los siglos XVI y XVII la naturaleza de la imprenta no resultaba tan obvia. Surge, por tanto, una pregunta: ¿cómo llegó a concretarse esta alianza entre la imprenta y el conocimiento? ¿Quién determinó que se verificara?

La asociación entre la revolución de la imprenta y la del ámbito científico era claramente perceptible, pero también artificial. Eruditos, matemáticos, filósofos experimentales, editores y demás profesionales pondrían gran empeño en hacer que la imprenta actuara como vector del conocimiento. Prácticamente todos ellos reconocían el inmenso potencial del oficio, pero muchos advertían que para lograr la concreción de ese potencial era preciso supervisar y utilizar con todo cuidado la nueva herramienta. El éxito no estaba garantizado, y había quien sostenía —y no todos ellos eran encolerizados disconformes— que en la era en que proliferaban los vendedores de hojas noticiosas y panfletos, la página impresa estaba de hecho perdiendo fiabilidad. Transcurridos doscientos años desde la innovación de Gutenberg, y a pesar de los reiterados intentos realizados en esa dirección, nadie había conseguido todavía crear, en ninguna parte de Europa, una editorial académica que se hubiera visto coronada por un éxito duradero. Asociar una determinada autoría al conocimiento seguía exigiendo una implicación constructiva con el mundo de las casas impresoras y las librerías, en una apuesta encaminada a unir los compromisos de los profesionales del ramo con los intereses de la erudición. Los fenómenos que la sociedad empezaba a denominar piráticos se cernían amenazadoramente sobre el ánimo de los estudiosos en el proceso mismo que les llevaba a esforzarse en elaborar, distribuir y dar utilidad a las obras impresas. Y al batallar por restringir, gestionar y explotar dichos fenómenos, los eruditos terminarían forjando un sólido vínculo entre la imprenta y el conocimiento. Y también habrían de inaugurar los elementos centrales de lo que más tarde habría de ser la empresa científica.

En cierto sentido, el hecho mismo de traer a colación este asunto nos lleva a revivir uno de los temas más trillados de la erudición de la primera modernidad: el de la relación existente entre las palabras y las cosas. Los coetáneos de Newton habrían de formular en muchas ocasiones su revolución al modo de una reorganización fundamental de dicha relación, o incluso como un intento destinado a descartar las primeras en beneficio de las segundas. Un crudo ejemplo de ello es el alegre himno que Abraham Cowley dedica a Francis Bacon:

De las palabras, que no son sino imágenes del pensamiento

(aunque nosotros nuestros pensamientos de ellas sin lógica extraigamos),

a las cosas, adecuado objeto de la mente, nos hizo pasar él[1].

Con todo, el hecho es que los filósofos naturales jamás llegarían a desentenderse de las palabras tan rotundamente como gustaban de afirmar en los periodos más flojos de sus polémicas. Las cosas son incapaces de hablar por sí mismas. Hasta las filosofías más novedosas y vanguardistas se verían obligadas a construir una explicación de la herencia textual del pasado, aunque solo fuera para distinguirse de sus predecesoras[2]. En la práctica, todo experimento venía a constituir un nexo de unión entre la lectura de algunos textos y la redacción e impresión de otros. En realidad, lo que la retórica sobre las palabras y las cosas consiguió hacer de verdad fue centrar la atención en el adecuado uso de unas y otras.

Y en esa utilización apropiada figuraban las técnicas de lectura. Lo cierto es que existen convenciones de lectura, no solo en ciencia, sino también en otros ámbitos de la aventura humana, y que pueden diferir en función de los lugares y las épocas. Las convenciones propias de las ciencias modernas derivan en último término de los hallazgos de esta época —la época de los primeros filósofos experimentales—, ya que surgirían en esta franja temporal de la mano de las técnicas de la experimentación misma. Al experimentar tanto con la imprenta como con la naturaleza, los experimentalistas darían lugar a los remotos antepasados del arbitraje o peer review[3], las revistas académicas y los archivos —esto es, a toda la confusa parafernalia que a menudo se considera peculiarmente característica de la ciencia y que, no obstante, vuelve hoy a cuestionarse una vez más, al inaugurarse la era del acceso universal y la distribución digital de la información—. El elemento más relevante al que habrían de dar origen sería el de la posición central que se reserva en el empeño cognitivo a la autoría científica y a su violación.

La invención de la lectura científica

La filosofía experimental fue una forma de indagar en la naturaleza que vio la luz en la Inglaterra de mediados del siglo XVII. Su principal centro de actividad, la Real Sociedad de Londres para el progreso de la Ciencia Natural (the Royal Society), se fundó en 1660, y ha logrado llegar a nuestros días, convertida ya en la sociedad científica más antigua del mundo. Esta Sociedad insistiría desde su creación misma en la experimentación vinculada con la imprenta. Selló para ello un conjunto de alianzas vanguardistas con los libreros, tratando de unir sus fuerzas a las de un gremio que no alcanzaba a controlar. Se convirtió igualmente en una entidad distribuidora de licencias, al respaldar la autenticidad y la legitimidad de sus obras impresas mediante la inclusión de un imprimatur. Y en lo que posiblemente fuera su actividad más sobresaliente, sería la primera entidad que propusiera prácticas de lectura. Como sucede con todos los experimentos, no todos sus empeños se verían coronados por el éxito. Uno de ellos en particular, el que desembocaría en la publicación de la Historia Piscium de Francis Willughby, habría de saldarse con un calamitoso y sonado fracaso. Sin embargo, en conjunto, estos esfuerzos vinieron a constituir una apuesta infatigable por unir los cánones del oficio con una presentación refinada de la erudición. Y precisamente por haber conocido un final exitoso, estos experimentos terminarían quedando en un segundo plano, por evidentes, en las generaciones posteriores. Ese sería el principal logro de la Real Sociedad de Londres: unir en un mismo impulso la revolución científica y la de la imprenta hasta el punto de que su engaste resultara invisible.

Si algo hay que todo el mundo conoce sobre la filosofía experimental es justamente el hecho de que tal filosofía fuese efectivamente experimental. Era una filosofía que se ocupaba de hacer cosas, y de mostrar esas cosas, una vez hechas, a otras personas. Esto llevaría a la Real Sociedad de Londres a organizar demostraciones prácticas de los «hechos» naturales, llamándolas experimentos[4]. Sin embargo, la filosofía experimental descansaba asimismo en los repetidos actos de escritura, impresión y lectura que la nutrían. De hecho, las prácticas de la Real Sociedad de Londres se cruzaban constantemente con el mundo del libro. Por ejemplo, los «hechos materiales» que generaba por medio de sus experimentos quedaban consignados en grandes libros registrales bastante similares a los registros de las compañías gremiales londinenses, como la Compañía de libreros, o, en otro orden de cosas, los libros de apuntamiento de los eruditos del Renacimiento[5]. Después distribuía informes, tanto manuscritos como impresos, en los que se enumeraban detalles relativos a algunas de las entradas del registro, tanto entre sus propios socios como en los más amplios círculos del extranjero. La elaboración de dichos informes debía responder a una mínima exigencia de autenticidad y autoridad a fin de ganarse la fidelidad de los lectores más distantes. Y las personas que recibían esos textos respondían después confiando sus propios documentos a la Real Sociedad de Londres, que los incluía debidamente en el registro, creándose así un fructífero y perpetuo flujo de información. La existencia misma de la filosofía experimental dependía de que este flujo se mantuviera y se expandiese.

Al igual que los libros de apuntamiento, los hechos estaban llamados a convertirse en piedras angulares del nuevo edificio científico —lo que significa que actuaban más al modo de instrumentos con los que estructurar una conversación que de objetos de polémica—. El más diligente experimentador del momento, Robert Hooke, nos ha dejado una serie de instrucciones sobre el modo de establecer un registro de hechos experimentales claramente deudor de las técnicas de anotación académicas[6]. Sin embargo, la inclusión de los informes de los experimentos en el registro difería de dichas técnicas en un aspecto. Se suponía que, para poderlos tener en consideración, los hechos debían ser presenciados por un cierto número de personas —e idealmente en más de una ocasión—. Su registro era por tanto un elemento inseparable de la sociabilidad académica[7]. Y por consiguiente su lectura tampoco constituía en principio un acto privado, sino un gesto social. Se desarrollaba en el seno de un grupo de caballeros cultos, privilegiados y (en este caso al menos) sobrios. En ocasiones, esto significaba tener que leer efectivamente en voz alta el informe ante la audiencia. Otras veces la lectura podía perfectamente efectuarse a solas, aunque con la vista puesta en exponer sus consecuencias al grupo durante la siguiente reunión semanal. En cualquier caso, la lectura experimental acabaría adquiriendo un aire bastante formal, cabría decir incluso que ceremonial[8].

En lo que quizá constituya una paradoja, el hecho de que esta lectura tuviese un carácter individual sería lo que terminara convirtiéndola en un elemento clave tan imprescindible de la filosofía experimental. Lo relevante era la diversidad de perspectivas que venían a exponer los lectores en Arundel House y Gresham College —puntos de reunión habitual de los miembros de la Real Sociedad de Londres—. Esa diversidad era lo que autorizaba a aquellos sabios a juzgar sólidas las afirmaciones que surgían en tales reuniones. Por consiguiente, la lectura era a un tiempo un factor de cohesión y creación de vínculos sociales —dado que contribuía a conferir carácter de comunidad a la propia Real Sociedad de Londres— y un elemento que venía a garantizar que lo que dicha comunidad acabara publicando debía ser considerado un conocimiento contrastado. (De hecho, muchos autores posteriores terminarían definiendo la objetividad misma en esos términos)[9]. Pese a que los experimentos y su lectura constituyeran en realidad una empresa colectiva —siendo frecuente que los experimentadores confiaran en el trabajo de una serie de «laborantes» anónimos—, la Real Sociedad de Londres como tal no reivindicaba la autoría de las conclusiones. Había sido concebida como un foro de debate, no como una entidad destinada a participar en ellos, y debía mantenerse por encima de las refriegas intelectuales. Pero sí que venía a validar el hecho de que los caballeros se presentaran como tales autores, iniciativa que, de otro modo, podría haber parecido una inmodestia. Como decía Edward Tyson, una vez la Real Sociedad de Londres confería su aprobación, la reivindicación de la autoría pasaba a convertirse en un «atrevimiento permisible»[10]. Esta situación, pendiente de equilibrios tan delicados, debía ser reafirmada muchas veces, y tenemos pruebas de que los lectores que intervenían a distancia en el debate se mostraban escépticos respecto del proceso en su conjunto, dándose incluso casos en que llegarán a fingir encontrarlo incomprensible. Con todo, es obvio que resultaba útil, aunque no alcanzara a ser todavía el equivalente de la revisión por pares, debido a que no solo poseía un carácter informal, sino a que, por regla general, se realizaba oralmente y a que muy a menudo se regía más por la cortesía que por la competencia científica. Con todo, aquí es donde se encuentra el remoto precursor de la revisión por pares.

No obstante, si la condición del autor experimental resultaba complicada, la del lector experimental no lo era menos. Algunos protagonistas de primer orden, como Isaac Newton y Robert Boyle, eran perfectamente capaces de cambiar de registro entre un conjunto de convenciones de lectura que ellos mismos juzgaban diferentes en función del tipo de conocimiento que estuvieran manejando y de a quién se estuviesen dirigiendo. Sin embargo, en el seno de la propia Real Sociedad de Londres, el proceso de la lectura se caracterizaba por la observancia de cuatro fases relativamente independientes que también daban forma a la práctica misma. He dado a estas distintas fases los nombres de presentación, inspección, registro y publicación (y ha de tenerse en cuenta que todas ellas podían perfectamente verificarse por medio de un intercambio de cartas en lugar de recurrir a la letra impresa)[11]. Para explicarlo de forma sucinta, la presentación formal de artículos y libros era una actividad que se llevaba a efecto prácticamente todas las semanas, siendo la que más importantes «ocasiones de discurso» brindara a la Real Sociedad de Londres. Muy a menudo, la respuesta a estas presentaciones adoptaba la forma de una «inspección» —esto es, de una lectura delegada que corría a cargo de dos miembros de la Sociedad que se llevaban el texto a su propio domicilio, lo examinaban durante una o dos semanas, y emitían después el informe pertinente—. En muchos casos, las inspecciones se hacían con todo detalle y creatividad, lo que daba lugar a nuevos experimentos, y había ocasiones en que necesitaban varias semanas para que la inspección concluyera con un informe final. Después, a instancias de la inspección, se producían nuevas conversaciones y experimentos, los cuales también podían durar semanas, o incluso meses (y, en circunstancias excepcionales, años)[12]. Este tipo de procesos venían a constituir el puntal más relevante de los trabajos de la Real Sociedad de Londres. Sin inspección resultaba poco probable que la entrega de un artículo desembocara en un diálogo, con lo que tampoco se obtendría ninguna forma de conocimiento experimental nuevo. Además, era frecuente que, a posteriori, se afirmara que una determinada inspección venía a constituir la interpretación oficial de la propia Real Sociedad de Londres, entendida como tal entidad colectiva —cosa que acostumbraban a hacer especialmente los autores y los editores ansiosos por proclamar a los cuatro vientos dicha circunstancia, al ver en ella un espaldarazo muy útil para atraer clientes.

En el seno de la Sociedad de Londres misma, la consignación en el registro acompañaba muy a menudo a la presentación y a la inspección[13]. Se transcribía la propuesta en un volumen manuscrito que el secretario de la organización custodiaba después bajo llave. De la misma manera, también se podía embalar y guardar en el depósito de la Sociedad cualquier máquina o artefacto que se les hubiera remitido. Estas colecciones de objetos y documentos se mantenían posteriormente en secreto, a fin de preservar los frutos del ingenio de lo que por entonces se denominaba «usurpación»[14]. Internamente, el registro no tardaría en convertirse en un archivo de descubrimientos que la Sociedad no reivindicaba en calidad de autor, sino de mediador, custodio y virtual árbitro en caso de disputas motivadas por la autoría. De este modo, los defensores de la filosofía experimental terminarían remitiéndose al registro siempre que se vieran en el brete de tener que proporcionar pruebas de que su actividad había tenido resultados. Sin embargo, esto constituía un problema, porque el registro tenía carácter confidencial. En consecuencia, pese a que pudiera garantizar adecuadamente la autoría en el seno de la Sociedad misma —y, en ocasiones, eso bastaba para determinar que los intelectuales externos se animaran a enviarles sus hallazgos—, lo cierto es que apenas tenía potestad para hacer otro tanto en relación con el público exterior a ella. Y tampoco podía persuadir a los escépticos de que los estudiosos de su organización estuvieran generando un conocimiento útil. Ambas razones contribuyen a explicar por qué Henry Oldenburg[15] decidió desarrollar un nuevo tipo de objeto impreso capaz de ampliar el radio de acción efectivo del registro no solo por todo Londres, sino por el conjunto de Europa. Los trabajos recibidos seguían registrándose en la Sociedad, pero se asignaría a algunos de ellos una categoría especial —categoría que uno de los miembros de la organización londinense asimilaría con la de los «embajadores»—. Estos embajadores venían a representar a sus autores, a la Sociedad y a la propia empresa de la filosofía experimental, quedando consignados en un nuevo «registro público» que se enviaba regularmente a la imprenta para ser distribuido mediante las redes del sector comercial del libro europeo. El mismo Oldenburg, inventor y administrador de este registro público, se encargaría de darle el nombre de Philosophical Transactions[16].

Las Philosophical Transactions de la Real Sociedad de Londres han llegado hasta nosotros convertidas en la primera revista científica de la historia. El hecho de que nos hayamos familiarizado con ellas hace que no resulte fácil tener hoy presente lo extraño que debió de antojarse este objeto en los días en que hizo su primera aparición. Empezó siendo un peculiar híbrido situado a medio camino entre la correspondencia y el panfleto. No había demasiados precedentes en los que se hubiera utilizado de este modo la imprenta para poner en circulación reivindicaciones eruditas de forma periódica, aunque varios grupos e individuos del continente europeo habían propuesto ideas que se ceñían a un plan comparable a este. La práctica de la publicación periódica se asociaba mucho más habitualmente, y con razón, a los boletines y otros textos similares —instrumentos tan célebres por pretender ser fuentes de verdad y exactitud como por difundir de facto errores y mentiras—[17]. Y desde luego, la implantación de la nueva revista científica sería precaria durante bastante tiempo, en especial porque Oldenburg no llegó a publicar la versión latina de la que dependían sus planes de independencia económica. Al principio, sería muy frecuente que los números de la revista no lograran salir con la pretendida periodicidad mensual (y desde luego el hecho de que sus dos primeros años de vida vinieran a coincidir con los de la peste y el gran incendio de Londres no contribuiría en nada a su arraigo). Sin embargo, las Philosophical Transactions lograrían circular por los canales de distribución del comercio internacional de libros, siendo objeto de traducciones, resúmenes, reimpresiones y relecturas a medida que fuera afianzándose la revista, y difundiendo a su paso no solo la idea de las convenciones de la Real Sociedad de Londres, sino la noción de la importancia que tenían dichas convenciones de lectura y registro. De hecho, es muy posible que su éxito dependiera de las reimpresiones no autorizadas que tan manifiestamente había tratado de suprimir Oldenburg. Los filósofos continentales responderían tanto a las instrucciones transmitidas por esas reimpresiones como a sus originales. Harían suya la iniciativa, de modo que sus contribuciones lograrían sustentar a la propia Real Sociedad de Londres a medida que fuera materializándose el inevitable declive del fervor de sus miembros locales. Y en ese sentido, las Philosophical Transactions acabaron teniendo un éxito asombroso.

De este modo, tanto el registro como las publicaciones periódicas quedaron convertidas en el doble baluarte de una nueva forma de práctica erudita, pilares del civismo experimental. La inspección daba pie a la conversación; la conversación sugería experimentos; los experimentos generaban informes e intercambios de cartas; y finalmente la publicación reiniciaba el ciclo. Explicado de la forma más sucinta posible, así era el funcionamiento de la filosofía experimental. La ciencia moderna vino al mundo en forma de proceso autoalimentado —una especie de máquina de movimiento perpetuo que, en algunos aspectos, no ha dejado de girar desde entonces.

No todos los trabajos que se remitían a la Real Sociedad de Londres recorrían todas las etapas que acabamos de enumerar, aunque tampoco se consideraba necesariamente que los casos que se apartaran de la norma fuesen transgresiones. Sin embargo, en ocasiones sí que lo eran, y si se daba esta circunstancia los resultados podían tener implicaciones de gran alcance. Algunas de las disputas más violentas —y fructíferas— de la época habrían de girar precisamente en torno a aquellas acusaciones que venían a sostener que se había subvertido el régimen de lectura de la Sociedad[18]. Hooke, por ejemplo, era particularmente propenso a descubrir nefastas contravenciones de este tipo, en especial por parte de Oldenburg. Al final, Hooke cumpliría la amenaza que tanto tiempo había estado esgrimiendo en privado, abandonando por completo la práctica de lo estipulado en el régimen de validación de la filosofía experimental en tanto este no se regenerase por completo. No obstante, hay que decir que resulta cuando menos igualmente notable que estas crisis no terminaran desbaratando la costumbre. El sistema se convirtió rápidamente en algo tan valioso que lograría perdurar aun teniendo que enfrentarse a las flagrantes irregularidades que alegaba Hooke (quien llegó a denunciar que Oldenburg era un espía que vendía los secretos ingleses al filósofo de Luis XIV, Christiaan Huygens). Además, también las resoluciones de algunas de las disputas más importantes de la época guardarían relación con la gestión de los archivos que se habían creado a raíz de las prácticas de lectura de la Real Sociedad de Londres. Y el mayor exponente de esta clase de gestión iba a ser Isaac Newton.

Isaac Newton y el rechazo de la inspección

Como es obvio, Newton era la figura dominante de la filosofía natural inglesa de finales del siglo XVII y principios del XVIII. Su aparición se produciría a raíz de una reiterada serie de encontronazos con el ciclo de la inspección, el registro y la publicación. El primero de estos choques se prolongaría notablemente, desde su afiliación inicial a la Real Sociedad de Londres, ocurrida a principios de 1672, hasta la declaración que le llevará a sostener, seis años después, que abandona tanto la institución como toda correspondencia de carácter filosófico. Desde el punto de vista de Newton, que por entonces trabajaba en su estudio de Cambridge, el modo en que la Sociedad procedía a la lectura de los experimentos tenía más de afrenta que de cortesía. Posteriormente, Newton repetiría en varias ocasiones este mismo ciclo de implicación y renuncia —al menos hasta verse él mismo en situación de dominar la secuencia entera del proceso—. Y una vez conseguido eso, logró aplicarla con gran efectividad, hasta el punto de convertirse quizá en el más destacado autor de toda la historia de la ciencia.

La primera vez que Newton se presentó ante la Real Sociedad de Londres, lo hizo «sometiendo al examen» de los expertos un nuevo telescopio. Basado en la reflexión en lugar de en la refracción, el nuevo instrumento eliminaba la aberración cromática y constituía un inmenso avance en relación con los diseños existentes hasta entonces. Newton envió también una carta a Oldenburg en la que explicaba pormenorizadamente los detalles de su modelo y solicitaba «una inspección, antes de llevarlo al extranjero». La Real Sociedad de Londres actuó de forma inmediata. Se leyó en voz alta la descripción del aparato, que quedó incluido en los registros de la institución junto con un «esquema» (esto es, una imagen del telescopio). Y como muestra de gratitud, se eligió miembro de la Sociedad a Newton. Oldenburg respondió en términos elogiosos a la carta de Newton, asegurándole que «la Sociedad pondrá el máximo cuidado en que se atiendan todos sus derechos en relación con este invento». Y para asegurarse de que así fuera, Oldenburg escribió simultáneamente otra carta a Huygens, que se encontraba en París, «a fin de garantizar este invento al autor». Mientras tanto, la Real Sociedad de Londres ordenaba al fabricante de instrumentos de precisión Christopher Cock que realizara una versión del nuevo telescopio[19].

Se procedió por tanto en todo como debía hacerse, y, como se esperaba, la lectura del envío estimuló a otras personas a exponer sus propias propuestas. En los meses posteriores llegarían contribuciones de todas partes. Oldenburg retocaba las cartas para conferirles un carácter suficientemente diplomático y después se las enviaba a Newton. Entretanto, en la Sociedad, Robert Hooke realizó las tareas que le eran propias y se entregó al examen experimental del asunto. Poco después, proclamó haber realizado un descubrimiento que, según decía, permitiría perfeccionar los telescopios. Sin embargo, Hooke se negó a revelar sus características, presentando su alegación en forma cifrada. Se trataba de una costumbre muy antigua en la ciencia matemática, pero al mismo tiempo parecía traslucir un cierto escepticismo respecto de la integridad del sistema de registros[20]. Entonces llegó una nueva carta de Newton con la exposición de su nueva teoría de la luz y los colores, según la cual «la luz no es un cuerpo homogéneo, sino heterogéneo», compuesto por «rayos» de distinto índice de refracción. Con esta nueva comunicación, las convenciones de lectura pasaron a actuar a pleno rendimiento. La carta quedó adecuadamente registrada, siéndole remitida a Ward, Boyle y Hooke para «su inspección y consideración, [pidiéndoseles además] que realicen un informe sobre su contenido». Oldenburg solicitó asimismo a Newton que consintiera en publicar la teoría, «tanto por lo muy conveniente que sería que la examinaran a placer los filósofos, como para reforzar las nociones dignas de consideración de los autores frente a las pretensiones de otros». Como estaba previsto, en febrero la carta salió a la luz en las Philosophical Transactions[21].

Como de costumbre, la inspección abrió el turno de réplica. Sin embargo, este iba a ser el paso que ahora comenzara a causar problemas. En la siguiente reunión de la Real Sociedad de Londres, Hooke se puso en pie y dio a conocer los resultados de su inspección. No eran más que un conjunto de «consideraciones» relativas a la carta de Newton. Hooke respaldaba los informes experimentales de Newton, pero se negaba a juzgarlos concluyentes, de modo que no los aceptaba como confirmación de la teoría de los colores expuesta por Newton. Podía haber manifestado con toda justificación que sus comentarios no tenían nada de impropio, dado que se suponía que las inspecciones obedecían precisamente al objetivo de suscitar interrogantes que dieran pie a posteriores debates y experimentos. Sin embargo, lo cierto es que las afirmaciones de Hooke abrieron una profunda brecha en el sistema. En efecto, Hooke sostenía que Newton estaba solicitando que se concediese una importancia desmedida tanto a los hechos experimentales por él expuestos como a los razonamientos que estos le habían sugerido —siendo como eran, alegaba Hooke, unos hechos no observados más que en una única ocasión y carentes hasta ese momento de toda confirmación—. Esto venía a significar que, a los ojos de Hooke, Newton no se estaba ajustando adecuadamente a las normas de la filosofía experimental misma. Se le agradecieron sus «ingeniosas reflexiones», y estas, tras quedar registradas como alegaciones en toda regla, le fueron enviadas a Newton. El aludido replicó cortésmente, manifestándose complacido por el hecho de que la inspección de Hooke hubiera confirmado buena parte de su argumentación y mostrándose al mismo tiempo plenamente confiado en que la verdad de sus alegaciones no habría de tardar en hallar aceptación. Sin embargo, la Real Sociedad de Londres comprendió que existía el riesgo de que se produjera un choque, y por esta razón decidió que el trabajo de Newton se publicara sin las matizaciones de Hooke, «por temor a que el señor Newton dé en juzgar poco respetuoso enviar a la imprenta la súbita refutación de un discurso suyo que tantos aplausos cosechara en la Sociedad hace apenas unos días»[22].

Hooke continuó cumpliendo con su deber como director de experimentación de la Real Sociedad de Londres. En el transcurso de las siguientes semanas ideó una serie de variantes experimentales a partir de las observaciones realizadas durante su primera inspección. Presentó a la consideración de los miembros de la institución sus propios prismas, ofreció un conjunto de planos elaborados por él para la construcción de nuevos telescopios, afirmó haber concebido una mejor manera de pulir las lentes, y exhibió un conjunto de fenómenos de color generados por él mismo. Propuso igualmente una forma de comunicar «información» a grandes distancias mediante el uso combinado de los telescopios y un signo secreto, hasta que un buen día los miembros de la Sociedad se apelotonaron frente al edificio de la Arundel House para asistir a una demostración de esta transmisión de datos de una orilla a otra del Támesis. Una vez más, ese era justamente el modo en que se suponía que debían funcionar las cosas. No obstante, lo curioso es que ahora el propio Hooke empezaba a dar muestras de albergar dudas respecto de los protocolos de la Real Sociedad de Londres —dudas que, según nos permite saber su diario, había venido incubando durante años—. Ejemplo de ello es que se negara a inscribir su discurso en el mecanismo de la comunicación. Este tipo de reparos no constituían una novedad —y por lo general venían a indicar que el miembro de la Sociedad deseaba publicar su trabajo de forma autónoma—, pero en el caso de Hooke era el reflejo del creciente escepticismo que le inspiraba la integridad del sistema de certificación de la autoría de la institución misma. No tardaría en recordársele explícitamente que debía entregar a la Real Sociedad de Londres su informe sobre los telescopios, a fin de que «quedase registrado y pudieran preservarse de la usurpación sus descubrimientos». De hecho, su intercambio de pareceres con Newton acerca de la luz no se registraría sino después de que este remitiera, con intención de someterla a la inspección, una respuesta más formal[23]. Se trataba únicamente de débiles señales, pero en conjunto venían a indicar que empezaba a recelarse de todo el sistema.

Sin embargo, Hooke no dejaba de ofrecerse a realizar nuevas inspecciones de los libros y las cartas que llegaban con abrumadora regularidad a la Real Sociedad de Londres, de modo que le resultaba imposible prestar atención duradera a ningún tema concreto. Y al centrarse en otros asuntos, su incipiente confrontación con Newton se disipó. No obstante, lo cierto es que aquel intercambio de puntos de vista había planteado preguntas importantes, de modo que en 1675, inevitablemente, volvió a aflorar la discrepancia. En esta ocasión los disconformes que retaban a Newton pertenecían a un grupo de jesuitas de Lieja —Francis Line, Anthony Lucas y John Gascoines—[24]. Esta nueva serie de contrastes de pareceres iba a quebrar de modo menos ambiguo los protocolos asociados con la lectura divulgativa. Si Hooke había aceptado las observaciones referidas por Newton, negando no obstante que tuviesen carácter concluyente, los nuevos oponentes, y muy particularmente Line, impugnaban algunos de los hallazgos experimentales que había expuesto Newton. En consecuencia, la Real Sociedad de Londres se dispuso, «tras leer una carta suya», a realizar el experimento por sus propios medios. El experimentador de la institución era, obviamente, Hooke, y no consiguió reproducir los resultados que Newton había predicho. Y al producirse este hecho en el preciso instante en que la Real Sociedad de Londres daba lectura a una segunda carta del propio Newton sobre la luz, mucho más detallada, la fallida experiencia terminó desencadenando una hostilidad manifiesta.

La disputa giró en torno a una serie de acusaciones sobre la autoría del trabajo, ya que según se decía se habían quebrantado los supuestos asociados con su afirmación. Newton observó que, en una de sus raras visitas a la Real Sociedad de Londres, había tenido ocasión de escuchar el discurso de Hooke sobre la difracción. El propio Newton había observado entonces que la difracción podía ser un caso especial de refracción. «A esto, el señor Hooke tuvo la amabilidad de responder que, aunque fuera un nuevo tipo de refracción, lo importante no era eso, sino que fuese nueva», recordó Newton. «No supe cómo entender tan inesperada respuesta, no ocurriéndoseme pensar sino que debía querer decirse que un nuevo tipo de refracción era un invento tan noble como cualquiera de los que pudieran realizarse en relación con la luz». Sin embargo, continúa diciendo Newton, «esto me hizo recordar que ya había visto antes este experimento en los trabajos de algún autor italiano». El autor en cuestión era «Honoratus Faber, [que lo menciona] en su diálogo De Lumine, habiéndolo tomado a su vez de Grimaldi». Las afirmaciones de Newton, que Oldenburg había resaltado mediante un cuidadoso pulido de las frases, parecían tener implicaciones inconfundibles, a saber, que Hooke había omitido que él mismo se había apropiado de los trabajos de estos autores anteriores. Picado, Hooke respondió con la misma moneda. El meollo del discurso que el propio Newton había presentado acerca de la luz, contestó, se hallaba ya «contenido en la Micrographia [de Hooke], cuyas conclusiones el señor Newton se ha limitado a ampliar un tanto en algunos aspectos»[25]. Newton declaró entonces que Hooke había «tomado en préstamo» muchos de los estudios de Descartes, y que en sus más recientes debates había hecho lo mismo con sus propias obras. A esto Newton añadía que, siempre que las había utilizado, él había puesto invariablemente buen cuidado en reconocer explícitamente la autoría de Hooke en relación con la exposición de verdades naturales[26]. Y una vez dicho esto, al ver que cada vez resultaba más difícil ver cómo iba a poder frenarse la disputa, Newton cortó de plano toda ulterior correspondencia. Había manifestado su intención de publicar un libro sobre la luz y los colores, pero ahora abandonaba el proyecto, para no volver a retomarlo sino décadas más tarde, cuando contara con el margen de seguridad que le proporcionaba el fallecimiento de Hooke. Su retirada no iba a ser totalmente subrepticia —de hecho, ya le había dicho a Oldenburg que no deseaba «volver a ocuparse de la promoción de la filosofía»—, pero no por ello dejaba de constituir un gesto notablemente contrario a la ortodoxia. Y según parece, lo que le había decidido a romper definitivamente había sido la incesante exigencia de respuestas por parte de la Real Sociedad de Londres. «Veo que me he convertido en un esclavo de la filosofía —lamentaba—; un hombre ha de elegir entre negarse a comunicar nada nuevo o aceptar que se le ate a su defensa».

Estas observaciones estaban cargadas de un verdadero mordiente crítico, dado que en un sentido nada baladí, Newton estaba en lo cierto. Como partícipe del sistema de la filosofía experimental, estaba realmente obligado a seguir debatiendo con los demás autores. Las convenciones que defendía la Real Sociedad de Londres atribuían un gran valor al hecho de integrar los experimentos en una interminable secuencia de conversaciones, lecturas y escritos. A tal fin, los experimentos mismos debían ser meridianamente claros, contar con testigos presenciales y revelarse susceptibles de repetición. Newton había terminado discrepando radicalmente de este planteamiento. Lo relevante, insistía, «no era el número de experimentos, sino su peso». «Si con uno vale, quién necesita más»[27]. Esto significa que, entre 1678 y 1679, Newton había llegado a adoptar una postura que se apartaba notablemente tanto de las convenciones que la Real Sociedad de Londres aplicaba a la filosofía experimental como de las prácticas de lectura colectiva que aquellas llevaban aparejadas. Y al retirarse a sus habitaciones de Cambridge, el propio Newton se entregaría a otro tipo de lecturas. Dedicaría prácticamente toda su atención a la alquimia y la exégesis de las Escrituras. Y en 1724, no solo recordaría perfectamente aquel trago, sino que seguiría defendiendo que había tomado la decisión correcta[28].

Sin embargo, lo que de hecho se había producido —al menos en el corto plazo—, había sido una retirada doble, ya que también Hooke habría de plegar velas. Y sería ese repliegue, y no el de Newton, el que supusiera un inmediato peligro para la filosofía experimental. El choque había contribuido a precipitar la completa erosión de la fe de Hooke en el mecanismo del registro y en las Philosophical Transactions de Oldenburg. Él mismo se había visto forzado a combatir en dos frentes, al tratar de afianzar su reputación en el litigio con Newton y tener que esforzarse al mismo tiempo por confirmar que la reivindicación por la que afirmaba poseer la patente del diseño de un mecanismo de muelles era legítima —patente que, de haber funcionado su invento, le habría hecho ganar una fortuna, dado que el artilugio resolvía el problema de la determinación de la longitud en la mar—. Fue entonces cuando Hooke convenció al impresor de la Real Sociedad de Londres de que ignorase el procedimiento de concesión de licencias de la institución a fin de poder incluir un intempestivo ataque contra Oldenburg en una conferencia que Hooke había titulado Lampas. En su fuero interno, Hooke decidió no volver a dejar jamás sus descubrimientos expuestos a las «trampas» del secretario. En esencia, Hooke había llegado a la convicción de que Oldenburg estaba decidido a poner en manos extranjeras los diseños de los inventores ingleses, y muy particularmente los del propio Hooke —persuadido de que, en realidad, el registro y las Philosophical Transactions no eran sino instrumentos encaminados a ese fin—. Y tras el súbito fallecimiento de Oldenburg, actuó rápidamente para confirmar esas sospechas. Hooke husmeó a fondo en las habitaciones del antiguo secretario de la Sociedad tratando de hallar pruebas de alguna doblez en su conducta y espulgando minuciosamente los volúmenes de publicaciones periódicas en busca de «omisiones de cosas y nombres», y tomando la precaución de trazar líneas en los espacios vacíos a fin de que «no pudiera escribirse nada nuevo en ellas». (Esto es, quería asegurarse de que, en el futuro, nadie pudiese interpolar informes relativos a descubrimientos tardíos en las actas de reuniones previas a fin de atribuirse ilegítimamente su autoría). Las señales de tan diligente inspección siguen siendo hoy visibles en los volúmenes mencionados. Hooke y sus aliados conseguirían asimismo redefinir el papel institucional del secretario, reorganizando igualmente las Philosophical Transactions[29]. Todas estas medidas debían contribuir a mejorar un sistema de legitimación de la autoría que, en opinión de Hooke, se había visto sometido a un profundo proceso de corrupción. Más aún que Newton, por tanto, sería Hooke (con la posible excepción de Oldenburg) el más singular e irreemplazable miembro de la Real Sociedad de Londres que viniera a poner en tela de juicio el sistema de la inspección, el registro y la publicación. Resulta muy notable el hecho de que el único miembro de la Sociedad que durante décadas se había hallado presente en sus instalaciones una semana sí y otra también desconfiara tan profundamente de lo que hoy es la principal fuente de conocimiento de que disponemos para comprender en qué consistía la filosofía experimental.

Sin embargo, en último término Hooke, a diferencia de Newton, no podía abandonar demasiado tiempo su relación con la Sociedad. Seguía siendo su director de experimentación, así que tenía la obligación de regresar todas las semanas y aportar nuevas contribuciones. Y en esas ocasiones aprovecharía repetidas veces para recordar a los socios que debía darse prioridad a los descubrimientos que reivindicaran los corresponsales del establecimiento. Habría veces en que, para probar este extremo, Hooke sostendría que una conferencia equivalía a una publicación. Con los años se ganaría la reputación de ser un ponente quisquilloso, de permanente actitud defensiva y muy capaz de acusar a cualquiera de usurpar sus trabajos originales y de apelar para ello, como respaldo de sus afirmaciones, a algún viejo discurso largo tiempo olvidado.

Entretanto, las convenciones relativas a la lectura experimental habían comenzado a desempeñar un papel relevante en la ulterior configuración de la carrera de Newton[30]. El ejemplo más destacado quizá sea el de la elaboración y posterior publicación de los Principia en 1687. Halley guiaría la obra por los tortuosos vericuetos de las sucesivas fases de la inspección y la Real Sociedad de Londres se la arrancaría prácticamente de las manos a Newton, ofreciéndose a registrar el texto «a fin de poner su invención a salvo y a su disposición hasta el momento en que tenga a bien publicarla». (El libro se imprimió poco después, de forma bastante correcta, en la casa impresora que John Streater había levantado tras aliarse con Richard Atkyns para luchar por la promulgación de una ley de patentes). Con todo, la posterior apoteosis que elevaría a Newton a la categoría de héroe nacional y académico se produciría a raíz de una nueva serie de roces con los protocolos que la Real Sociedad de Londres aplicaba a la lectura y la divulgación de los textos. Si en los primeros tiempos Newton estaba supeditado a ellos, tras la aparición de los Principia se convertiría en dueño y agente manipulador suyo. Y el proceso por el que se llegaría a esta transformación no solo habría de ser una consecuencia de su éxito, también estaba llamado a ser uno de los principales factores que intervinieran en su obtención. Como sabemos, Newton seguiría oscilando durante mucho tiempo entre la realización de espectaculares declaraciones públicas y el silencio del sabio recluido. Los historiadores tienden a atribuir este tipo de comportamiento a ciertas facetas de su carácter[31]. Sin embargo, esa afirmación peca de unilateral, ya que también habrían de moldear sus decisiones las prácticas que acostumbraban a realizarse en el ámbito en el que se estaba adentrando —prácticas relacionadas tanto con las lecturas concretas como con el archivo y la publicación de los documentos pertinentes—. El Newton que en 1712 y 1713 planeará el desmantelamiento de la reivindicación de Leibniz, que afirmaba haber descubierto independientemente el cálculo infinitesimal —una demolición basada directamente en los archivos textuales de las inspecciones y registros relacionados con el caso—, es un Newton que había aprendido a convertirse en el máximo exponente de los protocolos de lectura de la Real Sociedad de Londres. Desde luego, no era ya el erudito distante que un día se viera obligado a replegarse a Cambridge a consecuencia del acoso de Hooke y los jesuitas.

Todo el objeto del régimen de lecturas de la Sociedad londinense radicaba en no eliminar jamás el tipo de disputas que habían permitido prosperar a Newton. Al contrario, su objetivo consistía en generarlas. El propósito de la Sociedad era producir interacciones fecundas entre personas que tuvieran puntos de vista diferentes y que de otro modo quizá no alcanzaran a encontrar elementos de coincidencia para reunirse. La primera misión de las reglas de urbanidad que se observaban en la Real Sociedad de Londres consistía en hacer esto posible, y la segunda meta que se buscaba era restringir y encauzar las discrepancias resultantes. De hecho, en sí misma, la elegancia cortés —que en cierto modo venía a retoñar en los modales de la Sociedad de Londres— no implicaba una anodina aquiescencia a lo que se leyera, sino la elaboración de una respuesta constructiva a su contenido. Una persona que asistió personalmente a las sesiones de una academia literaria francesa de aquella época expresa bien este extremo, ya que gustaba de «observar el modo en que se examinaban las obras», percatándose de que «no era asunto de cumplidos ni de halagos, una reunión de esas en las que todos ensalzan para ser ensalzados, sino un empeño en que los participantes censuraban con total atrevimiento y libertad hasta las más mínimas faltas» —circunstancia que, sostiene, le «llenó de dicha y admiración»—[32]. La Real Sociedad de Londres quería operar de forma muy parecida a esta. Y las prácticas que cultivaba habían sido concebidas para crear, estructurar y sostener la discrepancia al menos tanto como daban en fomentar el consenso. Por consiguiente, el hecho de que estallasen disputas no constituía una prueba de su fracaso. Antes al contrario, la circunstancia de que siguiesen produciéndose polémicas era una palpable prueba de su éxito.

Aquí es preciso proceder a una importantísima precisión. El registro de la Real Sociedad de Londres, al igual que el de la Compañía de libreros, no solo servía para identificar una forma de propiedad, sino para resaltar un peculiar tipo de transgresión. En el caso de los libreros, sería justamente por entonces cuando comenzara a darse el nombre de «piratería» al delito característico del gremio. Sin embargo, en lo tocante a los experimentadores, el término equivalente no era, al menos al principio, el de «piratería», sino el de «usurpación» —y, en ocasiones, el de «plagio»—. Este tipo de infracción pasó a convertirse ahora en el gran pecado que acechaba a la empresa misma. La cuestión no era que en el plagio en sí hubiese nada novedoso —como tampoco las reimpresiones carentes de autorización constituían ninguna novedad—. Pienso por ejemplo en las célebres confrontaciones entre Tycho Brahe y Reimarus Ursus, o entre Galileo y Simon Marius. Pero esas desavenencias habían sido choques explosivos entre enemigos de temperamento irritable, forcejeos que habían hecho saltar por los aires toda perspectiva de colaboración al generar un torbellino de acusaciones, libelos y amenazas —en ocasiones incluso de muerte—. Boyle, Hooke y otros muchos autores lamentarían una y otra vez que fuera de la Real Sociedad de Londres prevaleciesen tales hechos delictivos. Los pensadores de dicha institución aludían habitualmente a ese estado de cosas, recordándoselo a sus colegas y homólogos y evocando las imágenes de todo un conjunto de desenlaces desastrosos para animarles a participar en los trabajos de la Sociedad. Únicamente registrando los inventos, las observaciones y los descubrimientos en el Gresham College, afirmaban, podía establecerse y garantizarse la autoría. Y esta labor persuasiva daba sus frutos, ya que lo cierto es que, debido en gran medida a esto, llegaban de hecho a la Sociedad contribuciones procedentes de toda Europa. Sin embargo, como reconocían de facto estos llamamientos, la práctica en sí no desembocaría tanto en la eliminación de las disputas por la preeminencia como en su transformación, ya que de hecho pasarían de resultar explosivas a comportarse de manera implosiva. Lo más habitual era que obligara a quienes participaban de ellas a implicarse mucho más con su adversario y con la comunidad experimental. Terminaron convirtiéndose en procesos estructurados susceptibles de seguir un desarrollo predeterminado concebido para mantenerlas activas y garantizar que fructificaran en forma de un mayor conocimiento. El sistema de las inspecciones y los registros contribuiría a este objetivo, convirtiendo a las disputas por el reconocimiento de la prioridad en los descubrimientos en la forma arquetípica de la controversia científica.

Por consiguiente, empezó a darse el caso de que cada vez que surgía un debate, fuera cual fuese el motivo inicial que lo hubiera desencadenado, lo más probable era que terminara zanjándose en función de lo que constara en el registro, la publicación periódica pertinente y las Philosophical Transactions —que en conjunto formaban un archivo configurado sobre la base de las inspecciones y las preocupaciones vinculadas con la afirmación de la autoría—. En este sentido, resultaría casi inevitable que si un personaje como John Wallis venía a chocar con Hooke, o si este último contendía con Huygens, o aun si Newton litigaba con Leibniz, tuviera que hacerlo, en último término, sobre la base de la autoría definida mediante los protocolos de la Real Sociedad de Londres. Y quizá resultara igualmente inevitable que una vez que Isaac Newton se hiciese con el control de dicho archivo acabara siendo imbatible en ese terreno. Lo que hizo Newton fue tomar el timón del dispositivo de creación de autores más sofisticado inventado hasta la fecha y utilizarlo para convertirse en el mayor autor de la historia de la ciencia.

El agua de mar y la economía política de las patentes

La Real Sociedad de Londres trataría de hacer extensivo este enfoque a las invenciones que se produjeran en todo el reino. Su aspiración se centraría en supervisar la concesión de patentes a los inventores o a los importadores de mecanismos, artes o técnicas. No obstante, como ya ocurriera al introducirse en el mundo del libro impreso, también en este ámbito iba a tener que enfrentarse a la espinosa esfera de la soberbia y la piratería. Y en este plano su éxito habría de ser notablemente inferior.

La Ley de los monopolios de 1624 había respaldado la concesión de patentes a todas aquellas artes nuevas o recientemente introducidas al declarar por primera vez en el derecho inglés que debía protegerse la innovación. Con todo, la práctica de la concesión de patentes continuó siendo un asunto políticamente controvertido, y lo cierto es que los inventores no podían acogerse a ningún sistema de patentes digno de tal nombre, dado que no existía. El proceso conducente a la obtención y la defensa del derecho a una patente era largo, caro y caprichoso. La Real Sociedad de Londres trató de intervenir en esta desconcertante práctica. Según argumentaba, cada vez que la corona recibiera la petición de una patente debía confiarse a la Sociedad la valoración de la solicitud. En otras palabras, debía hacerse llegar al conjunto de la comunidad su sistema de inspecciones, a fin de regular la innovación en el comercio, las manufacturas y las artes.

Esta ambición brotaba en parte del inveterado deseo de reformar las artes prácticas. En algunos proyectos, como el de la elaboración de una «historia de los oficios», Boyle y sus colegas habían intentado convencer a los artesanos de Londres, instándoles a revelar sus habilidades, a cambio de lo cual los expertos de la Real Sociedad de Londres prometían mejorarlas y sistematizarlas, para a continuación ponerlas a disposición del público lector para beneficio de la comunidad. De este modo, en caso de que la Sociedad terminara convirtiéndose en una autoridad en materia de patentes, su papel de árbitro de las competencias profesionales no solo lograría hacerse extensivo a los oficios de nueva creación, sino que alcanzaría igualmente a los ya existentes. Para la Sociedad misma los beneficios eran claros, y los que pudiera obtener el conjunto de la comunidad prometían ser también muy sustanciosos. Sin embargo, el proyecto de reformar las artes había topado siempre con una acogida más bien gélida. Los artesanos o los maestros de cada oficio no siempre habían dado la espalda a los caballeros de la Real Sociedad de Londres, pero se había instalado la creencia de que así era. Robert Hooke, que se había formado profesionalmente como mecánico, solía conversar largo y tendido con ellos. Pero en términos generales, las indagaciones de la Sociedad jamás habían logrado aproximarse siquiera a la concreción de sus ambiciones. Y si la filosofía experimental había alcanzado a colaborar con éxito con los oficios mecánicos había sido en gran medida gracias a iniciativas independientes como la de los Mechanick Exercises de Joseph Moxon o la Collection of letters for the improvement of husbandry and trade de John Houghton —empeños que se habían iniciado fuera de la Sociedad y terminado por penetrar en ella y no al contrario—[33]. En cierto sentido, esta situación presentaba ciertos paralelismos con la que en su día viviera Newton en Cambridge: lo que en un grupo social se consideraba prueba de urbanidad, podía presentar el aspecto de una indiferencia altanera a los ojos de otro que viera peligrar su modo de vida.

La apuesta de la Real Sociedad de Londres, decidida a convertirse en un referente en el mundo de las patentes, terminaría desembocando en un fiasco similar. Lo cierto es que, pese a reiterar sus intentos en numerosas ocasiones, la institución no insistió en ellos con excesiva determinación. Y tampoco resulta fácil saber si el gobierno se tomaba suficientemente en serio el empeño de la Sociedad de Londres, aunque parece muy probable que la administración lo considerara un proyecto factible —al menos al principio—. Según se dice, el propio Carlos II habría afirmado que «ninguna invención filosófica o mecánica obtendrá una patente sin haber pasado primero el examen de la Sociedad» —y desde luego había casos en los que la corte remitía las solicitudes de patente a los expertos de la Real Sociedad de Londres—. Incluso en una fecha tan tardía como la de 1713, John Arbuthnot sostendrá haber oído que la reina Ana Estuardo había dispuesto la adopción de medidas al efecto[34]. Sin embargo, como ya ocurriera con los artesanos de los oficios de arraigo, quienes proyectaban iniciar otros nuevos debieron de juzgar muy pobre la compensación de revelar sus «secretos» a un conjunto de caballeros que, a cambio, no les ofrecían más que el reconocimiento de su autoría. Da la impresión de que algunos debieron de temer incluso que la Real Sociedad de Londres se erigiera en propietaria de las contribuciones registradas —sensación que encontraría cierta confirmación efectiva en las declaraciones de algunos miembros de la institución, entre los que se contaban Wallis y Hooke—[35]. En un cierto momento, se sugirió la idea, dentro de la Sociedad misma, de abandonar su muy difundida disposición a materializar el plan a fin de tranquilizar a este tipo de escépticos. Sin embargo, el problema jamás llegaría a superarse. La ambición que había empujado a la Real Sociedad de Londres a convertirse en árbitro de la autoría en el campo de las artes y las manufacturas quedaría en agua de borrajas. Y es posible que esto se debiera en parte al hecho de que los protocolos que empleaba para contrarrestar la piratería presentaran, a los ojos de los artesanos, el mismo aspecto que la propia piratería.

Andando el tiempo, no obstante, la Sociedad terminaría por intervenir en la adjudicación de patentes en el ámbito de un cierto número de tecnologías bien concretas. Sin embargo, en tales casos se vería invariablemente en una posición que no era la de un árbitro acreditado, sino la de una más entre las muchas partes contendientes —partes que en algunos casos podían recabar el apoyo de aliados muy poderosos, como el rey—. Célebre ejemplo de esto es la feroz disputa que estallaría entre Hooke y Oldenburg, a mediados de la década de 1670, en torno a la paternidad del reloj de muelles[36]. Lo que vino a determinar que este choque se revelara tan catastrófico fue quizá el hecho mismo de que se tratara de una disputa relacionada con las patentes, dado que, por serlo, resultaba imposible circunscribirla al ámbito de las convenciones internas de la Sociedad. El propio Hooke recurriría a Carlos II en busca de apoyo. En general, para que la Real Sociedad de Londres lograra cosechar los notables éxitos que acostumbraban a sonreírle cuando gestionaba las controversias vinculadas con la autoría, era preciso que estas no salieran de la esfera de la comunidad que formaban sus afiliados, ya que de lo contrario, si se veía obligada a forcejear lejos de dicha comunidad, internándose en espacios dominados por otros idearios, lo cierto es que pisaba un terreno mucho más resbaladizo. En los tribunales, en la sede del gobierno, en las compañías artesanales y mercantiles y en los territorios de ultramar tenía que competir muy a menudo con demandantes rivales que reivindicaban para sí el ejercicio de la autoridad y de la inspección pericial, llegando también ellos a afirmar incluso que estaban actuando de manera desinteresada. Y, por si fuera poco, tenía que hacerlo en el terreno de sus contrincantes.

El mejor ejemplo de este apuro nos lo ofrece una disputa que se inició, de forma harto prosaica, con la que quizá sea la sustancia más común que existe en el planeta: el agua de mar. Esta pugna hundía sus raíces en los sutiles pero trascendentales entresijos de la teoría de la materia. Sin embargo, conforme fuera desarrollándose, obligaría a la Real Sociedad de Londres a enfrentarse a los muchos asuntos y tensiones que agitaban las aguas de la Inglaterra de mediados del siglo XVII y que ya hemos mencionado anteriormente: el choque entre el poder regio y las costumbres comerciales, el surgimiento de la economía política colonialista, la relativa autoridad del refinamiento y la competencia profesional, y la conducta adecuada que debían observar los inventores y los eruditos de un Estado monárquico. Y sobre todas estas cuitas venía a cernirse además la alargada amenaza de la competencia por la supremacía naval con la que por entonces era la gran rival de Gran Bretaña en el plano comercial: los Países Bajos.

Gran parte de los problemas más apremiantes de la época —tanto filosóficos como políticos y militares— se hallaban relacionados con el mar. El problema de la longitud no es sino el más conocido de todos ellos: cualquiera que acertase a ofrecer una técnica fiable y un artilugio portátil capaz de determinar la longitud a que se hallara un barco que navegara lejos de su puerto de amarre podía tener la certeza de amasar una fortuna, sin contar con que contribuiría a incrementar enormemente el poder de la nación que poseyese dicho secreto. Entre los que aspiraban a «resolver la longitud» figuraban no solo hombres como Edmond Halley, sino un indeterminado conjunto de «proyectistas» por lo demás sumidos en la oscuridad. A principios del siglo XVIII, tanto estos proyectistas como sus desvelos se habían convertido ya en una especie de chascarrillo recurrente. Sin embargo, además del asunto de la longitud, el mar planteaba otros enigmas que exigían explicación, entre otros el del fenómeno de las mareas. Y por si fuera poco, junto a estos misterios, cuyo carácter era fundamentalmente matemático o físico, lo cierto es que el mar suscitaba asimismo toda una serie de interrogantes de orden químico. Estas interrogantes guardaban relación con el origen, la composición y la posible utilidad del agua de mar.

Los motivos en que se sustentaba la voluntad de resolver estas incógnitas eran evidentes. En una época en que el poder militar, mercantil y político dependía cada vez más del dominio de los océanos, el problema del aprovisionamiento imprescindible para realizar viajes de larga distancia era casi tan urgente como el de navegar por ellos. En todo buque involucrado en el comercio trasatlántico había que embarcar un pesado cargamento de agua solo para mantener con vida a su tripulación. Esto reducía de forma drástica el volumen de carga que el barco podía transportar, ya se tratase de artículos destinados a la venta, de pasajeros o de armas. Además, el agua dulce tendía a no conservarse demasiado tiempo en condiciones, lo que implicaba que los barcos tenían que tocar tierra con bastante frecuencia, circunstancia que a su vez generaba unas exigencias geopolíticas particulares. Como es obvio, en caso de que se pudiera encontrar un método para desalinizar el agua de mar, todos esos problemas quedarían eliminados de un plumazo. Dicho método permitiría que una nación de fuerte proyección marítima adquiriera una capacidad sin precedentes para dejar notar su poderío militar y económico en un radio de acción muy superior. La «resolución» del problema del agua de mar era potencialmente tan importante como esclarecer el de la determinación de la longitud.

Ya a principios de siglo, si no antes, se habían comenzado a producir intentos encaminados a buscar un procedimiento que permitiera salir al paso de las dificultades que planteaba la desalinización del agua de mar. El ingenioso Cornelius Drebbel ya había presentado un dispositivo para ese fin en tiempos de Jacobo I de Inglaterra, y en 1663 su hija, Catharina Kuffler, trataría de que Boyle y la Real Sociedad de Londres se interesaran por el prototipo. Parece que sus miembros no se mostraron excesivamente receptivos, aunque Baltasar de Monconys refiere que el duque de York (el futuro Jacobo II, que ya entonces era almirante de la armada de la Restauración), había comprado el secreto de Drebbel[37]. En el seno de la propia Real Sociedad de Londres prosiguieron las conversaciones sobre el particular, con intermitencias, durante años, y Boyle llegó a publicar un tratado propio sobre la salinidad del mar. En su doble condición de miembro de la Junta directiva del Comité de la Compañía de las Indias Orientales —es decir, del organismo gestor de esa importantísima corporación— y de vocal del Consejo gubernamental encargado de las Plantaciones Extranjeras, Boyle tenía un interés personal en promocionar cualquier técnica que pudiese resultar efectiva en la práctica. Fundándose en los numerosos testimonios que le habían proporcionado los marineros, argumentaría que el carácter salobre del agua de mar se debía a la presencia de sal común, lo que significaba, según él mismo reconocía, que tenía que existir la posibilidad de hacerla potable por destilación de la salmuera marina. Boyle se dedicaría entonces a realizar diversos experimentos, aunque con escasos resultados reseñables[38].

No obstante, poco después de que apareciesen los trabajos de Boyle sobre el agua de mar, un tal William Walcot obtendría una patente por haber concebido una técnica destinada precisamente a la desalinización del agua de mar. En cierto sentido Walcot era una especie de Richard Atkyns de la química. También él era un antiguo caballero venido a menos y empecinado en explorar todas las posibilidades de hacer fortuna, aunque para ello tuviera que realizar la atrevida apuesta de reivindicar de manera oportunista un oficio potencialmente inútil. Había sido paje de Carlos I de Inglaterra, o eso afirmaba él, y según se decía había acompañado al patíbulo al desdichado rey, leyenda cuya propagación resultaba tan práctica como inverosímil. Posteriormente había recibido cierta formación en leyes, y poco después había presentado súbitamente la reivindicación de la patente de lo que él llamaba una «máquina desalinizadora». El origen y la naturaleza exactos de este artilugio son tan oscuros como el mismo Walcot. En esa época no se había impuesto todavía la necesidad de presentar una descripción detallada de todo invento que se pretendiese patentar, así que lo más probable es que Walcot no remitiera ninguna. De hecho, no parece haber llegado hasta nosotros ningún documento que acredite la concesión de la patente en sí, aunque en aquellos años nadie expresó jamás la menor duda respecto a su materialidad efectiva. (En ese periodo eran muchos los legajos legales y archivísticos que disfrutaban de esta suerte de existencia por consenso). Todo cuanto puede afirmarse con seguridad es que su invento era una especie de aparato para purificar el agua «corrompida», probablemente por destilación. Para apuntalar su demanda, Walcot trataría asimismo de conseguir el respaldo de una ley del Parlamento, y se jactaba de contar con el apoyo público del armador real de Deptford. Todo parecía dispuesto para empezar a fabricar su máquina en grandes cantidades y dedicarse a recoger los beneficios.

Sin embargo, pasaron los años y Walcot no produjo nada digno de mención. Tras sus alardes iniciales, el hombre quedó sumido en la oscuridad. En 1683 él mismo se vería en la cuneta. Un tal Robert Fitzgerald había señalado a la administración que Walcot no había hecho nada para explotar su monopolio, y por este motivo solicitó suplantarle. Fitzgerald era sobrino nada menos que de Robert Boyle. Afirmaba hallarse en posesión de un método alternativo que, según apuntaba con insistencia, había sido inventado por el propio Boyle. Según parece, la máquina de Fitzgerald costaba dieciocho libras, medía menos de sesenta centímetros de ancho y podía producir más de cuatrocientos litros de agua dulce al día, con toda seguridad y sin necesidad de la supervisión de un químico experto. Tanto el tesorero de la armada británica como los principales miembros del Colegio de Médicos respaldaron el invento, y lo mismo hizo Boyle. De hecho, Boyle realizó varias demostraciones del funcionamiento del aparato en presencia del rey, utilizando los métodos de comprobación que había propuesto en su último libro para dar fe de la pureza del agua producida. Walcot intentó elevar una protesta, pero el poder de sus adversarios le rebasaba por completo. Su patente quedó bruscamente anulada. A modo de compensación, el Consejo Privado del rey le concedía únicamente la sexta parte de los beneficios de Fitzgerald. Fitzgerald y sus socios se pusieron a publicar inmediatamente una serie de panfletos para anunciar la patente de su propio «invento» e instar a los capitanes de barco a acudir a un café de la calle Birchin a fin de explicarles el modo de utilizar la máquina[39]. Estos folletos serían reimpresos en distintas formas y varios idiomas. También recogería la noticia la London Gazette.

Pero Walcot no se rindió. Inició una flemática y larvada enemistad con Fitzgerald que habría de prolongarse por espacio de dos décadas. En la disputa pueden observarse muchos de los elementos que acostumbraban a presentar característicamente este tipo de polémicas provocadas por el hecho de que el criterio de la prioridad no fuese el único que rigiera la concesión de patentes. De este modo, Walcot continuaría insistiendo no solo en el hecho de ser él el «primer y auténtico inventor» de la técnica, sino en una circunstancia que todavía resultaba más relevante: la de ser asimismo la única persona dotada de las competencias profesionales efectivamente necesarias para lograr que dicha máquina funcionase. Y no se limitó a afirmar que Fitzgerald y sus partidarios habían propuesto su técnica después que él, sino que los presentó con los rasgos propios de los individuos corruptos. Les acusó de no poseer en realidad ningún dispositivo, asegurando que se estaban limitando a utilizar sus vínculos de mecenazgo —aludiendo con esto a Boyle— para obtener una patente, movidos únicamente por la esperanza de terminar arrancándole el secreto a él. Su verdadero objetivo, lamentaba Walcot, era obligarle a «revelarle los secretos de su arte» —o, de no conseguirlo, «tentar a mis operarios y sirvientes a fin de que pasen de mi servicio al suyo»—. Y no pararía ahí la cosa, puesto que también otros estaban siguiendo su ejemplo, al ver que se les presentaba la oportunidad de «pretender» ser ellos los titulares de los derechos del invento. Y cada vez que uno de esos proyectistas fracasaba a causa de sus escasas competencias, deploraba Walcot, su propia reputación salía nuevamente perjudicada. Y mientras tanto, un invento potencialmente crucial permanecía arrumbado[40]. En todos y cada uno de sus extremos, la queja de Walcot viene a ejemplificar las acusaciones que lanzaban característicamente los beneficiarios de las patentes de la época.

En el pleito subsiguiente, tanto Walcot como Fitzgerald y Boyle tratarían de crear y conservar algún «secreto». Sin embargo, al hacerlo vendrían a levantar el perfil cartográfico del abanico de estrategias que era posible adoptar en esos años para tratar de acotar el conocimiento técnico, procediendo en este sentido exactamente igual que la Real Sociedad de Londres al intentar hacer extensiva su autoridad a dichas materias. Al principio, Walcot comenzó asegurando que era preciso añadir un ingrediente especial al agua que trataba su dispositivo a fin de eliminar el mal sabor del producto resultante, que de otro modo permanecía tras el destilado. El químico de principios del siglo XVIII, Stephen Hales, que había obtenido esta información de Hans Sloane, decía que Walcot «mantenía en el más absoluto secreto» la naturaleza de dicho ingrediente, pero Hales había oído decir que se trataba de «algún preparado de antimonio sometido a los efectos del fuego». Con todo, al final, Walcot dio marcha atrás. En las últimas fases del litigio, sus partidarios llegarían a sostener incluso que una de las principales virtudes de su método radicaba en el hecho de no tener que emplear dicha sustancia —argumento que esgrimirían en vista de que la ausencia de ingredientes patentados constituía una ventaja para una empresa que aspirara a prestar un servicio público—[41]. De este modo, el secreto químico de Walcot desapareció en el momento mismo en que la reivindicación de la utilidad pública del aparato comenzó a convertirse en un requisito para la concesión de la patente.

En agudo contraste con lo anterior, lo que Boyle trataría de proteger no se transformaría en secreto sino a raíz de la polémica misma, ya que lo cierto es que su naturaleza exacta ya se había comunicado antes abiertamente, dado que incluso había aparecido publicada en un texto impreso. Hacía ya mucho que Boyle había desarrollado una técnica para emplear una solución de plata en agua fuerte (es decir, lo que actualmente se denominaría una solución de nitrato de plata) para detectar la presencia de cantidades residuales de cloruro sódico disuelto en agua. Y había publicado los pormenores de esta técnica ya en 1663[42]. Ahora, sin embargo, comenzó a referirse a ella como si se tratara de «un gran secreto» —expresión que parece haber vehiculado algunas de las connotaciones que ya tuviera en un tipo de libros que siempre habían constituido una venta segura en el mundo editorial: los libros de secretos—[43]. Boyle pronunciaría varios discursos sobre lo que ahora daba en llamar su «arcanum» en la Real Sociedad de Londres, entregando a la institución una muestra de dicha sustancia a fin de que fuese conservada bajo lacre en el registro, junto con una descripción de su uso. La institución debía conservar aquel depósito sellado y no abrirlo ni darlo a conocer sino después de su fallecimiento. Así es como funcionaba el sistema del registro. De hecho, Hales creía que la reciente instauración de este secretismo era lo que había condenado al fracaso el invento de Walcot. Sin embargo, es posible que el sistema funcionase demasiado bien, ya que Hales consideraba que también había puesto en peligro el ingenio de Fitzgerald. Lo cierto es que el secreto había impedido a ambos contendientes disponer de un modo con el que demostrar que el agua de sus artilugios se hallaba efectivamente libre de todo rastro de sal[44]. Desde luego, la realización de pruebas con sustancias —a fin de determinar de su identidad, su composición y sus efectos terapéuticos— constituía un problema para todos los intervinientes en un pleito (y era asimismo un importante motivo de preocupación en términos generales, por ejemplo en el contexto de una adulteración, como nos permitirá comprender el capítulo 5). Pese a que tanto Fitzgerald como Walcot hicieran demostraciones de sus máquinas ante un público integrado por personajes poderosos, entre los que figuraba el propio rey, necesitaban disponer de alguna forma de certificar la pureza del agua que producían ante dichas audiencias. Y sería justamente el hecho de que este problema de la verificación se cerniese tan amenazadoramente sobre la totalidad del proceso lo que determinara que el secreto de Boyle adquiriera de pronto un valor tan elevado. En cualquier caso, es evidente que resultaba posible que una cosa terminara convirtiéndose en un secreto, incluso mucho después de haber sido publicada y sin necesidad de imponer ningún tipo de restricción estatal, ya que bastaba con su simple incorporación a un sistema de consignación de secretos como el del registro que llevaban los expertos de la Real Sociedad de Londres.

A todo esto, Fitzgerald comenzó a abordar el problema desde un tercer flanco. Al igual que Walcot, también él había hecho crípticas referencias a los «cementos» que era preciso emplear en su máquina. Una vez más, no queda clara la exacta naturaleza de esos cementos —Hales sospechaba que no realizaban función alguna—. De lo que no hay duda es de que se hallaban presentes, ya que Sloane tendría oportunidad de verlos, y al describirlos viene a señalar que se parecían a un conjunto de ladrillos de barro corrientes[45]. No obstante, al no ser miembro de la Real Sociedad de Londres, Fitzgerald no podía recurrir a su sistema de registro. No podía hacer lo mismo que Boyle. Por consiguiente, colocó la fórmula de sus cementos en una cajita de plata, añadió un testimonio manuscrito de puño y letra de Boyle, lo estampilló con el sello real, y puso el secreto en manos del alcalde de Londres. Resultó ser una solución mediocre, incapaz de suplir la ausencia de un protocolo bien establecido como el de la Sociedad. O quizá fuera un medio excesivamente eficaz, ya que la caja se desvaneció por completo sin que nadie haya vuelto a verla desde entonces.

Estos tres enfoques, similares en algunos aspectos, y no obstante de concepción distinta y resultados muy diferentes, muestran lo mudables que podían llegar a ser los criterios que venían a determinar la obtención de la victoria en los debates relacionados con la autoría de un dispositivo técnico. Al verse frente a un obstáculo infranqueable, Walcot partió al extranjero. Decidió aproximarse a la otra gran potencia comercial de la época y principal rival marítimo de Inglaterra: los Países Bajos. Aquí lograría un mayor éxito. Se convocó un certamen en el que se realizaron demostraciones del funcionamiento de su máquina y de la de Fitzgerald en presencia de las autoridades holandesas, y Walcot resultó ganador. Convenció a los holandeses de que él era «el auténtico inventor», y de que las habilidades de Fitzgerald no pasaban de ser las de «cualquier destilador ordinario». Después de aquello, Walcot obtuvo la patente para el ámbito de los Estados Generales de los Países Bajos, el estado de Zelanda y el estado de Holanda —y curiosamente, este último consignaría la advertencia explícita de que no podían «realizarse dos otorgamientos a un solo y mismo invento», añadiendo que tal cosa sería «contraria a la Costumbre General de las Naciones y obstaculizaría la práctica de las artes»—[46]. Pertrechado con estos derechos, Walcot se sintió lo suficientemente seguro como para regresar a Inglaterra tras la invasión holandesa de 1688. Tenía la esperanza de que la transformación del escenario político le beneficiase, sobre todo tras fallecer Boyle en 1691. Al final, Walcot se las ingeniaría para conseguir que el Parlamento inglés aprobase una propuesta de ley específicamente aplicable a su invento. Y en 1695 conseguiría renovar por un plazo de treinta y un años el derecho exclusivo al producto de su ingenio[47]. De poco le sirvió. Según parece, su máquina no llegó a funcionar nunca demasiado bien, y lo más probable es que ningún capitán de la Compañía de las Indias Orientales se tomara en serio la posibilidad de llevar una a bordo —aunque resulte difícil asegurarlo con certeza—. Los inventores continuarían proponiendo dispositivos para potabilizar el agua de mar hasta bien entrado el siglo XVIII, aunque sin obtener por sus desvelos otra cosa que una reputación similar a la que ya que se habían ganado en su día los hombres que afirmaban haber resuelto el problema de la longitud. Con todo, no debemos dejar que las ventajas del análisis retrospectivo nos cieguen hasta el punto de impedirnos aceptar la posibilidad de que alguna de aquellas máquinas pudiera haberse revelado viable. En la época no había motivos para dudar de su posible efectividad, sobre todo teniendo en cuenta que el mayor filósofo experimental de la época respaldaba uno de aquellos artilugios. La balanza de la verosimilitud se inclinaba del lado de los solicitantes de una patente. Y si ellos imaginaban que por ese medio habrían de afluirles grandes riquezas, la corona conservaría por su parte la esperanza de conseguir una dominación indiscutida en alta mar —por no mencionar que la Real Sociedad de Londres seguiría soñando con reordenar a su imagen y semejanza el régimen de control del invento.

La ciencia de las sales

Al realizar pruebas con las máquinas desaladoras surgiría muy pronto la amenazadora sombra de un conjunto de interrogantes. Se trataba de interrogantes en las que las cuestiones relativas al conocimiento y a la práctica vendrían a entrelazarse con las vinculadas con la vida y la naturaleza. ¿Cómo podía determinarse que se disponía de una muestra de agua «pura»? ¿Cómo podía decidirse si la muestra podía consumirse sin riesgo? Y, en cualquier caso, ¿en qué consistía en último término el agua potable? A fin de cuentas, únicamente el sentido del gusto podía proporcionar al individuo que la bebiera esa información (y cabe conjeturar que el agua pura, de haber podido obtenerse, debía de tener un sabor bastante desagradable). Además, las más recientes opiniones de los médicos y los filósofos señalaban implícitamente que podía darse perfectamente el caso de que no resultase deseable obtener agua pura. Quizá el agua destilada careciese de alguna sustancia disuelta o en suspensión que resultase vital para la salud. Había incluso una sustancia que se postulaba como candidato verosímil para esa función: el llamado «nitro aéreo», descrito originalmente por Paracelso y que una mayoría de médicos y naturalistas consideraban responsable tanto de la combustión como de la respiración. Hooke había desarrollado diversas teorías sobre el nitro aéreo en su Micrographia, mientras que en Oxford el anatomista Thomas Willis había centrado su proyecto de estudio en la comprensión de los procesos fisiológicos relacionados con la vida. El agua completamente pura se habría visto desprovista de esta sustancia y sería por consiguiente mala para el organismo. En el mejor de los casos no resultaría beneficiosa[48].

Las características intrínsecas de una sustancia de tan cotidiano uso como el agua se convirtió de este modo en un problema de importancia capital tanto para la medicina como para la filosofía natural. Boyle se afanaría sistemáticamente en el examen de esta cuestión, desde una y otra perspectiva. El tema casaba bien con el debate sobre la purificación del agua de mar y le añadía complejidad, ya que implicaba que las pugnas relacionadas con la autoría, la prioridad y la propiedad desembocaban ineluctablemente en temas vinculados con el conocimiento de la naturaleza misma. Ahora bien, la gestión de una transición de este tipo era sin duda una de las razones que justificaban la existencia de la Real Sociedad de Londres, así que, ¿no podrían los expertos reivindicar, también en este caso, alguna forma de autoridad?

A juicio de al menos algunos de los miembros de la Sociedad, el problema de la naturaleza del agua venía a disolverse en el de la identidad de la persona que viniera a responder de la calidad de la misma. Se trataba de una actitud habitual en la filosofía experimental, dado que vinculaba la credibilidad de las reivindicaciones a la evidente autoridad moral de la persona que las realizara —de manera muy similar a lo que ya ocurriera en el caso de Atkyns, al apelar este al origen caballeresco de su modelo de concesión de patentes—. Nehemiah Grew, encargado de los experimentos botánicos de la Real Sociedad de Londres, adoptaría este punto de vista. En el momento álgido de la disputa, Grew publicó un tratado con los resultados de una serie de experimentos que venían a respaldar los planteamientos del bando de Fitzgerald. En su opinión, debía darse crédito a la máquina porque en su defensa «contamos con la reputación de los caballeros que poseen la patente otorgada por vuestra majestad». Al mismo tiempo, sugería que los experimentos que él mismo había realizado eran dignos de confianza por la sencilla razón de que no tenía intereses personales en el asunto: «No tengo parte alguna, ni en sus beneficios ni en el reconocimiento que pudiera derivarse del experimento en sí»[49].

La persona de Robert Boyle era la figura más destacada de cuantas pudieran invocarse en este tipo de retórica. Aun después de transcurridas varias décadas de la muerte de Boyle todavía puede verse a Hales insistir en que «no cabe sospechar que un hombre de tanta valía y bondad como el señor Boyle pudiera imponer nada falso al mundo». De hecho, esta última declaración resultaba particularmente interesante, puesto que, según la filosofía natural que profesaba el mismo Hales, el testimonio de Boyle sobre la máquina destiladora no podía ser cierto en modo alguno. Era imposible que la máquina de Fitzgerald funcionase, y por consiguiente Hales tenía que hacer grandes esfuerzos para conciliar sus propios conocimientos con las afirmaciones en que Boyle sostenía que sí funcionaba. Sugirió que Fitzgerald quizá hubiese destilado un agua que estuviese ya putrefacta —proceso que, venía a señalar con gran alivio, debería haber producido de hecho agua potable (aunque no dijera cómo)—. Lo que había ocurrido era simplemente que Boyle no debía de haber advertido que su sobrino había utilizado una muestra corrompida y por tanto no representativa. Da la impresión de que, incluso décadas después de su fallecimiento, resultaba preferible venir a disminuir, siquiera ligeramente, la fama de Boyle en el campo de la competencia técnica que arriesgarse a mellar en lo más mínimo su buen nombre[50].

El testimonio de Boyle tendría una importancia inmensa en la batalla misma. Su sola mención animaba a intervenir a otros partidarios incondicionales de la Real Sociedad de Londres y justificaba que los miembros de esa institución emplearan tiempo y energía en nuevos ensayos. Grew sería quien más determinación pusiera en afirmar que los experimentos que él mismo había realizado en la Sociedad establecían la pureza del agua producida por la máquina de Fitzgerald. Según argumentaba, lo único que dicha agua retenía, tras el proceso de destilado, era, felizmente, el nitro aéreo. Sin embargo, el hecho mismo de realizar esa afirmación equivalía a sostener implícitamente todas las cuestiones que ya hemos mencionado acerca de la composición del agua potable. Y también inducía a interrogarse acerca de las propiedades que pudieran tener las sustancias que la máquina eliminaba. Esto terminaría asimilando el problema de la desalinización del agua de mar al consistente en analizar el más popular de los compuestos dietéticos y medicinales de la época: las aguas termales.

Las propiedades medicinales de las aguas termales constituían un importante tema de indagación para los investigadores de la primera modernidad. Se pensaba que dichas propiedades procedían de las «sales» que llevaban disueltas, y en ocasiones los inventores de máquinas de desalinización como Walcot y Fitzgerald sostendrían que la producción de sal podía ser uno de los más destacados beneficios adicionales de los proyectos que concebían. En París, la Academia de las Ciencias organizó el examen sistemático de los balnearios de toda Francia, circunstancia que contribuiría a espolear los esfuerzos ingleses. El propio Grew pronunciaría varios discursos sobre las sales de las aguas termales en la Real Sociedad de Londres, y William Croune, por su parte, expondría las propiedades del agua en Epsom —que por entonces era el balneario turístico que más furor causaba—. Sir Theodore de Vaux daría noticia de que un pozo situado en la localidad londinense de Acton proporcionaba un agua cuya concentración salina era dos o tres veces superior a la de Epsom, y sugería que sus propiedades podían quizá explicarse en función de los nitritos que podían observarse en el suelo que rodeaba al pozo mismo[51]. Por consiguiente, las cuestiones relacionadas con el agua de mar encontrarían muy buena acogida en la Real Sociedad de Londres —en parte porque venían a confluir con las interrogantes que suscitaban las virtudes de estas otras aguas y sus sales—. El resultado de este estado de cosas sería el florecimiento de un denso conjunto de investigaciones que habrían de prolongarse por espacio de varias décadas y que implicarían una amplia gama de cuestiones físicas, químicas y médicas. Sobre algunas de estas cuestiones se hablaría de forma más bien tácita en las actividades públicas de la Sociedad debido a que pertenecían al campo de la química e incluso al de la alquimia[52]. Sin embargo, no hay duda de que era un tema que se abordaba entre las personas que se hallaban íntimamente implicadas en estos asuntos. Pese a que los historiadores modernos se hayan sentido comprensiblemente cautivados por el lugar que ocupaba la mecánica en la filosofía experimental de la década de 1680, no sería desacertado decir que la investigación sobre las sales estaba llamada a ser una empresa más duradera, y a corto plazo más prometedora.

Este empeño habría de inspirarse no solo en las investigaciones sobre el agua de mar, sino también en el programa original de Robert Boyle —un programa que se había centrado en el estudio de las propiedades del aire—. Los experimentos más destacados de la primera década de vida de la Real Sociedad de Londres habían sido los realizados con la bomba de vacío que Robert Hooke había inventado a petición de Boyle. Como bien sabemos hoy, los experimentos con la bomba de vacío no solo darían fe de que los eruditos de la Real Sociedad de Londres tenían un concepto corpuscular de la naturaleza, sino que pondrían igualmente de manifiesto que en la búsqueda del conocimiento del mundo físico tendían a aplicar aquellos métodos que tanto Boyle como sus colegas deseaban promover[53]. Ahora, partiendo de esos primeros pasos experimentales, la Sociedad de Londres comenzaba a plantear interrogantes relativas a las variaciones «elásticas» de la atmósfera, o dicho de otro modo, a lo que hoy llamaríamos sus diferencias de presión. Lo que los miembros de la sociedad deseaban esclarecer de forma muy particular era la causa de dichas variaciones. La hipótesis que Hooke respaldaba sostenía que la causa de los cambios registrados podía residir en la existencia de sustancias que se disolvieran en el aire «de manera muy similar al modo en que el agua disuelve las sales». Esto conduciría a la elaboración de un proyecto general destinado al estudio de la química de las sustancias compuestas, proyecto para el que Grew publicaría otro dilatado conjunto de experimentos. Él mismo daría un paso más partiendo de la sugerencia de Hooke al argumentar que la presión atmosférica dependía de hecho de la presencia de sales disueltas[54]. Christopher Wren añadiría más tarde que quizá se tratara de nitritos que «impregnaran» el aire. De ser así, se trataría de una conclusión muy útil, ya que vincularía la elasticidad del aire con el nitro aéreo. Boyle, en cambio, se mostraría más cauto y sugeriría que el nitro aéreo no era sino una de las muchas sales del aire[55]. En cualquier caso, la idea de la presencia de unas «sales» disueltas se convertiría, durante un tiempo, en una afirmación compartida por la medicina, la filosofía experimental y la esfera pública —debido a la doble cuestión de los balnearios y el agua de mar.

De este modo, el derrotero de las investigaciones, que había conducido a la instauración de un duelo por el reconocimiento de la prioridad inventiva, desembocaría en un proyecto destinado a alumbrar una nueva filosofía natural. Grew lo expondría así en un discurso pronunciado ante la Real Sociedad de Londres a finales de 1674. Lo que ahora argumentaba era que «toda la realidad del mundo material no es otra cosa que una cuestión de compuestos». Asimilaba la composición de los «átomos en los cuerpos» a la ordenación de las letras en la creación de palabras, y abordaba el problema de la interpretación del «alfabeto» de la naturaleza. Recomendaba asimismo que los experimentadores inauguraran un ambicioso programa encaminado a la elaboración de una serie de tipos de mezcla propios —programa en el que las sales ocupaban un lugar central—. Al igual que Daniel Coxe, un colega médico, Grew pensaba que muchos cuerpos contenían un «principio salino» que podía proporcionar la clave para entender los procesos fundamentales de la vida y la naturaleza, esto es, los de la solución, la agitación, la fermentación, la putrefacción y la digestión. Sugería, por ejemplo, que la sal presente en el agua de mar tenía su origen en la descomposición de los organismos animales y vegetales, ya que esta era transportada más tarde hasta el océano por los ríos[56]. Esta propuesta planteaba un argumento práctico, aunque un tanto quimérico. Grew llegó a predecir que los experimentadores, provistos del conocimiento que su proyecto habría de divulgar, terminarían creando «organismos artificiales, a imitación de los que produce la propia naturaleza». Podrían preparar, por ejemplo, aromas y sabores en el laboratorio. Si pudieran captar el nitro salino del aire, podrían emplearlo también para «refrigerar las habitaciones» de manera artificial. Y, sobre todo, podrían elaborar medicamentos artificialmente —siendo estas, además, drogas de toda confianza, ya que se hallarían libres de los caprichos naturales de los balnearios y de los antojos humanos de los boticarios—[57]. En este campo se encontraba, por último, una posibilidad comercial tan grande como la que ofrecía el agua de mar misma. Tanto el conocimiento básico como el civismo que podían hacerlo posible debían ser los que presidían el empeño experimental de la Real Sociedad de Londres.

Así fue como un programa de investigación surgido en parte del objetivo práctico de destilar el agua de mar volvía nuevamente a gravitar sobre el mismo asunto, tras pasar por algunas de las más elementales cuestiones a que se enfrentaban los filósofos y los médicos del siglo XVII. Y así era justamente como se suponía que operaba la filosofía experimental: mediante la inclusión de esos duelos en un régimen de lectura, registro y difusión. En este caso, sin embargo, debido al hecho de que la pugna basculara entre la Real Sociedad de Londres y otros escenarios en los que también se podía valorar la importancia de los inventos y descubrimientos de la época —la corte regia, los astilleros de los armadores o los cafés londinenses—, el conflicto desencadenado a raíz del problema de las sales y protagonizado por Walcot, Fitzgerald, Boyle y Grew terminaría convirtiéndose en el catalizador de un cambio capital. Con todo, no llegaría a convertirse en una materialización de las ambiciones de la Sociedad de Londres, que ansiaba hacer extensivos sus protocolos cívicos al terreno de la técnica y las manufacturas. Se trataba de un proyecto destinado a fracasar. Lo que sí iba a conseguir el proceso, en cambio, sería provocar una transformación del comercio médico, ya que estaba llamado a inaugurar la era de las patentes farmacéuticas.

5

LA PIRATERÍA FARMACÉUTICA Y EL ORIGEN DE LAS PATENTES MÉDICAS

El pirateo de libros suele generar enfado, incertidumbre e inquietud, pero, por regla general, no acostumbra a producir auténtico miedo. Hay otros tipos de piratería que sí lo provocan. Antes de la era industrial, esos temores formaban parte de la vida cotidiana. En realidad, la cuestión de la adjudicación del mérito en el ámbito de la manufactura literaria —esto es, la cuestión que había catalizado la acuñación de la voz piratería— no era sino uno de los aspectos que presentaba la mucho más amplia preocupación por la asignación del reconocimiento en el campo de la manufactura de objetos. A la gente le interesaban de manera particular las cosas que debían ingerir: alimentos, vinos y medicamentos. Los tenderos que incrementaban el peso de los artículos alimentarios añadiéndoles harina, o los vinateros que adulteraban el vino eran encerrados en la cárcel o colocados en el cepo frente a sus colegas a fin de dar un escarmiento público[1]. No obstante, los medicamentos suscitaban una particular preocupación. La intranquilidad que generaba la existencia de medicinas adulteradas o falsas era tan endémica como bien fundada. Al centrarse en el tema de las sales —que eran unas sustancias medicinales clave—, la Real Sociedad de Londres estaba internándose por tanto en uno de los terrenos más controvertidos y relevantes de la vida del primer periodo de la modernidad. En este capítulo examinaremos los factores que determinaron el surgimiento de esa inquietud vinculada con los medicamentos, y estudiaremos también las medidas que se tomaron para salir al paso de esa alarma. Este asunto acabaría convirtiéndose en un fenómeno al que, andando el tiempo, daría en llamarse piratería farmacéutica —expresión que engloba tanto la naturaleza del proceso en sí como las acciones que habrían de emprenderse para contrarrestarlo, así como las consecuencias derivadas.

Además de las razones de orden histórico, el siglo XXI tiene urgentes motivos para centrarse en este punto de las cuestiones médicas. En la cultura actual resuenan con fuerza los ecos de toda una serie de enconadas disputas surgidas en torno a problemas de propiedad y piratería, pero estos enfrentamientos acostumbran a estallar con especial frecuencia y acritud en el campo de la biomedicina. La industria farmacéutica denuncia que se intenta reducir el radio de acción de sus patentes, mientras que sus críticos sostienen que muy a menudo esas mismas patentes constituyen una forma de «apropiación indebida en el terreno intelectual». Al mismo tiempo, lo que constatamos es que los productos farmacéuticos falsos no solo circulan con consternadora facilidad en el mundo en vías de desarrollo, sino que también se abren camino y comienzan a penetrar igualmente en el mundo desarrollado. La globalización y la proliferación de las farmacias conectadas a la red informática mundial han facilitado su dispersión. La iniciativa IMPACT de la Organización Mundial de la Salud ha documentado los peligros mortales que plantean estos medicamentos simulados, y revelado las dificultades prácticas y políticas que presenta la regulación de los productos farmacéuticos. Los problemas a que se enfrentan este tipo de organismos internacionales vienen a ser iguales a los antiguos, aunque resucitados en un contexto tardomoderno. Al comprender esta realidad, se modifica necesariamente la percepción que tenemos del origen de nuestros apuros —y más aún, la noción que actualmente alimentamos respecto a lo que en realidad son.

Los contemporáneos de Newton y Hooke consideraban que el asunto de la falsificación de drogas que observaban en su propia época constituía un tema de importancia vital, y entendían que en esencia se relacionaba con el hecho de que la constitución de una sociedad comercial resultara en sí misma problemática. Los facultativos de todas las especialidades —por no hablar de sus pacientes— tenían que hacer frente a verdaderas crisis motivadas por la circunstancia de que la autenticidad de las medicinas resultara dudosa, y se esforzaban con todo ahínco en atajar el problema. Los métodos que recomendaban tenían mucho en común con las técnicas que ya hemos visto desarrollar en los ámbitos de la imprenta y la filosofía natural, siendo al mismo tiempo reflejo de la forma en que se comprendía en la época el comercio y los diferentes intereses. Sin embargo, para los legos en la materia, la importancia del asunto era de una relevancia mucho más inmediata. Con los libros falsos quizá diera uno en extraviarse por el mal camino, y acaso las patentes ilegítimas acabaran por arruinar a la gente, pero las medicinas falsas resultaban potencialmente letales. Y esa es la razón que explica en parte que nunca se pueda cantar victoria en la lucha por la autenticidad. Cuando las autoridades actuales advierten de los peligros de las drogas falsas y pirateadas están pulsando una alarma que ya se dejaba oír en la época de Newton. Y tanto entonces como ahora, la respuesta exigía abordar la naturaleza misma del mundo del comercio.

Tanto los libros como las medicinas son producto de sendos oficios artesanales que además se organizan de manera similar, ya que están dotados de sistemas de aprendizaje, poseen un calendario ritual, se rigen por regímenes de inspección y comparten otros elementos del mismo estilo. Por consiguiente, las personas que vivían en los primeros tiempos de la modernidad estaban bastante acostumbradas a pensar de manera paralela en los problemas que planteaban unos y otros objetos. Es frecuente que los boticarios y los autores aparezcan retratados a una luz grosso modo similar[2]. Con todo, lo cierto es que la relación entre ambos oficios era todavía más estrecha. Las medicinas y los libros —y, en especial, los periódicos— compartían una serie de espacios físicos. Resultaba habitual que en las librerías se vendieran medicinas. Los impresores se ganaban unos ingresos extra haciendo publicidad médica, y muchos de ellos montaban talleres para elaborar medicamentos. En la Inglaterra del siglo XVIII, el impresor John Newbery comercializaría un elixir fabricado por él mismo —y según parece, su principal ingrediente era un cocimiento de carne de perro—. Los periódicos de su colega William Rayner vivían de los anuncios de una «tintura pectoral» que podía comprarse en su propio domicilio. Rayner fundaría lo que él daba en denominar un «almacén de elixires» cerca de la iglesia de San Jorge en Southwark, y allí vendía lo que, según él, era el elixir del doctor Stoughton (pero ¿quién podría confiar en que este señalado pirata de la prensa, de tan mala reputación, pregonara realmente el producto auténtico?). Otros impresores —como los de Dublín, por ejemplo— atendían sus propios almacenes de elixires. Este tipo de alianza puede observarse en muchas ciudades de Europa, y conforme vaya acercándose el final del siglo, también de los Estados Unidos. Los médicos se decían unos a otros que si se deseaba lanzar al mercado un nuevo medicamento era imprescindible acudir a los editores[3]. Todo esto significa que el vínculo entre el reconocimiento del mérito en el ámbito médico y en el de la letra impresa no tenía un carácter meramente figurativo. La confluencia de ambos, por así decir, era moneda corriente en la época. Y cuando se ponía en cuestión la autenticidad de las medicinas, la gente y los espacios implicados eran los mismos que aparecían involucrados en temas de piratería editorial. Y de esta conjunción de circunstancias surgiría la necesidad de la patente farmacéutica. De hecho, su aparición, al menos en parte, no obedecerá tanto al deseo de disponer de un mecanismo con el que garantizar la propiedad como a la voluntad de contar con un instrumento capaz de asegurar la autenticidad.

La piratería de las palabras y las cosas

En las postrimerías del siglo XVII, Nehemiah Grew debía de ser ya un hombre dichoso y acaudalado. Habiendo sido secretario de la Real Sociedad de Londres en el pasado, así como compilador del catálogo impreso de la misma, y autor por derecho propio de una innovadora serie de investigaciones en el campo de la historia natural, lo cierto era que Grew era además un afamado médico y un respetado naturalista. Debía su elevada posición, en gran medida, al mecenazgo de la Sociedad de Londres. Sin embargo, al aproximarse el año 1700, todo este brillo social se vio súbitamente en peligro. Grew acababa de ser víctima de la piratería[4].

La desdicha de Grew resulta en muchos sentidos representativa de los peligros a que debía enfrentarse cualquier autor de la época, ya que lo que había ocurrido era que un emprendedor rival se había apropiado de una de sus obras impresas, traduciéndola y publicándola de tal forma que su significado había quedado alterado, dañando muy posiblemente el nombre del mismo Grew. Igualmente característico era el hecho de que tanto él como su antagonista sostuvieran respectivamente que su versión era la obra auténtica. Ambos trabajarían con gran ahínco —zambulléndose en viejos legajos y reactivando rumores largo tiempo aletargados— para apuntalar sus respectivas argumentaciones. En esto venía a parar exactamente la agotadora experiencia que se veían obligados a encajar continuamente los eruditos. No obstante, Grew poseía una ventaja respecto a la mayoría de autores, dado que tenía acceso al sistema registral de la Real Sociedad de Londres. Sin embargo, como ya les ocurriera a Walcot y a Fitzgerald, también se veía lastrado por una importante desventaja. Al igual que en el caso de sus predecesores, su pleito no se había originado en la actividad de una imprenta, y sus ramificaciones tampoco terminaban en la línea divisoria que le separaba de la comunidad de los experimentadores. Por consiguiente, el registro de la Sociedad, por sí solo, no podía garantizarle la victoria. De hecho, su experiencia habría de ser algo más que atípica: iba a tener carácter profético.

En el centro de este conflicto se encontraba lo que muy posiblemente fuese la primera patente concedida a un producto farmacéutico en todo el mundo de habla inglesa. El trofeo que realmente se hallaba en juego era, por tanto, una sustancia. Los enemigos de Grew habían pirateado dicha sustancia —una sal producida en las aguas termales que afloraban a las afueras de Londres— antes de piratear su libro, y además esta última transgresión había contribuido a la consecución de la primera. En consecuencia, la intensidad del forcejeo creció con gran rapidez, poniendo en tela de juicio muchos tipos de identidad al tiempo: la identidad profesional de Grew como facultativo, la integridad de la práctica médica en un sentido más general, e incluso la identidad de las sustancias implicadas —esto es, de los minerales y los medicamentos, de las sales y las aguas, de los átomos y las energías—. Por si fuera poco, el preparado que había elaborado Grew contaba con el doble respaldo público de la Real Sociedad de Londres y del Real Colegio de Médicos. Y al cuestionarse su fórmula, las dudas terminarían solicitando implícitamente el parecer de las comunidades formadas por la elite naturalista y médica del Londres del periodo augusto[5]. Los autores de la contrahechura, como la denominaba el bando de Grew, no solo afirmaban que el propio Grew era «autor de una estafa» sino que acusaban a la Real Sociedad de Londres y al Colegio de Médicos de respaldar ese fraude[6]. En otras palabras, el caso se convirtió en la piedra de toque de la naciente alianza de la industria editorial culta, la medicina y la ciencia experimental.

Grew había intentado aprovechar la moda de las aguas termales, que por entonces hacía furor. Ya en la Antigüedad se sabía que este tipo de aguas poseían propiedades terapéuticas y en el Renacimiento se había asistido a un floreciente rebrote del interés en los balnearios. Un médico observará, por ejemplo, que «las aguas minerales parecen ser una de las mayores y más útiles ramas de la Materia Medica». Sin embargo, dichas aguas planteaban todo un embarazoso conjunto de enrevesados problemas a los médicos que deseaban hacer gala de sus competentes conocimientos en el ámbito de los procesos causales de la naturaleza. Se pensaba que sus virtudes se debían a las sales que se disolvían en el agua al filtrarse esta por las hendiduras del terreno. En este sentido, las propiedades de un determinado tipo de agua derivaban de la particular combinación de minerales subterráneos que esta hubiera absorbido al aflorar a la superficie. Las estaciones termales venían a ejemplificar la convicción, contundentemente expuesta por los boticarios y los seguidores de Paracelso, de que los medicamentos de origen mineral no solo resultaban eficaces, sino que actuaban de forma localizada. Y para dar cuenta de esa eficacia terapéutica, las explicaciones causales de orden general resultaban de escasa utilidad. Podía argumentarse incluso que las condiciones de los minerales subterráneos llegaban a variar tanto que resultaba imposible tratar de alcanzar forma alguna de «conocimiento» de índole global en este campo. En una época en que las «nuevas» filosofías proclamaban en todas partes el desahucio de las ortodoxias deudoras de Aristóteles y Galeno, las aguas termales y las sales que llevaban disueltas adquirieron por tanto el relieve propio de otros tantos retos palpables a la tradicional autoridad médica y filosófica[7]. Los médicos versados en las terapias químicas lamentaban que se supiera tan poco acerca de las sales. Recomendaban evaporar el agua y examinar los cristales residuales que aparecieran. Algunos proponían recurrir a la técnica para reproducir de manera artificial esas sales, como en el caso de las que brotaban del manantial de Epsom, un pueblecito al oeste de Londres[8]. A mediados del siglo XVII, tanto los médicos como los filósofos de la naturaleza mostraban gran interés en abordar este tipo de cuestiones. Y el hombre al que la Real Sociedad de Londres decidiría solicitar la explicación por medios experimentales de la composición de las aguas termales habría de ser, evidentemente, Grew.

Los experimentos de Grew se originaron en medio de las prolongadas y agrias disputas que habían surgido en relación con las máquinas desalinizadoras, según hemos expuesto esquemáticamente en el capítulo anterior. No obstante, sus investigaciones eran de una amplitud y una hondura muy superiores, llegando a incluir nociones vinculadas con el aire, el cuerpo y la conservación de la vida y la salud. Como había trabajado en Leyden, a las órdenes de Franciscus Sylvius —el célebre seguidor de Paracelso—, Grew se hallaba perfectamente al tanto de los argumentos favorables a la medicina química, así que al enfrentarse al reto de ampliar el alcance de sus experimentos se basaría implícitamente en ellos[9]. De este modo, cuando él mismo comenzó a explotar la extracción de las aguas de Epsom, sabía muy bien lo que estaba haciendo. La técnica que había ideado venía a ser en esencia un nuevo intento de mecanizar la separación de la sal del agua. Sin embargo, a diferencia de Fitzgerald y de Walcot, Grew se centraría en la sal y no en el agua —por no mencionar que el mercado al que se dirigía se encontraba en tierra y no en el mar.

Desde el momento mismo de su descubrimiento, en torno a 1630, el balneario de Epsom se convertiría en uno de los destinos turísticos favoritos de los londinenses. Las aguas de la zona poseían unas interesantes y suaves propiedades purgantes. Se suponía que el consumo de dichas aguas ayudaba a librar al cuerpo de sus impurezas y a restaurar el equilibrio de los humores, aliviando de este modo un gran número de achaques. En la época en que él mismo decidió poner en marcha una empresa propia de producción y venta de las sales de Epsom, Grew estimaba que el pueblecito debía de haber recibido ya la visita de unas dos mil personas, y todas ellas acudían para beber las aguas. Y nadie sabía cuántas más habrían comprado botellas de agua de Epsom a los boticarios de Londres. Era este mercado metropolitano —y en particular su fragilidad frente a los posibles fraudes— el que podía dar a Grew una oportunidad comercial. Todo cliente que intentara adquirir agua de Epsom en Londres corría dos grandes riesgos. Uno de ellos era el derivado del hecho de que esas aguas tendieran a estropearse al ser almacenadas, ya que se «corrompían [y se volvían] hediondas» a los pocos días de haber sido envasadas. El otro guardaba relación con la circunstancia de que la autenticidad del agua misma resultase difícil de garantizar. Además, y a pesar de que la concentración salina del agua del manantial fluctuara de forma natural en función de los diferentes momentos en que brotara del suelo, el mayor problema era de índole social. Se sabía que los boticarios adulteraban sus productos, ya fuera diluyéndolos (a fin de lograr que los suministros de un producto escaso duraran más tiempo), añadiéndoles nuevos ingredientes, o combinando ambos sistemas. Por consiguiente, lo que Grew opinaba —y se trataba en realidad del parecer más extendido entre la comunidad médica de la época— era que la intermediación del boticario entre el balneario y el paciente generaba un insoluble problema de confianza. Grew comprendió que podía abordar experimentalmente ese problema. Y al convertir una dificultad social en un desafío químico podía transformar el asunto en una ocasión para amasar una fortuna.

Grew sugirió extraer la «amarga sal purgante», que era el principio activo de las aguas de Epsom. Esta sal podía almacenarse y distribuirse después sin que surgieran complicaciones. Él mismo monopolizaría su producción, ya que para ello se precisaba utilizar un proceso secreto que únicamente podían llevar a cabo una serie de operarios plenamente fiables que trabajaban a sus órdenes. Todo lo que el usuario tenía que hacer para reproducir el efecto original era disolver después las sales en agua dulce. Así las cosas, Grew fundó un laboratorio propio a principios de la década de 1690 —no en la misma localidad de Epsom, sino en Acton, otra población próxima a Londres que se enorgullecía de contar con un balneario capaz de producir unas aguas todavía mejores que las de Epsom (extremo del que Grew había tenido noticia por medio de uno de los discursos pronunciados en la Real Sociedad de Londres)—. Para llevar el laboratorio, Grew contrató a un operario de confianza llamado Thomas Tramel, encargándole que produjera la sal en gran cantidad. Grew insertó anuncios en los periódicos para hacer saber a los boticarios que podían obtener el auténtico producto al por mayor en el establecimiento de Tramel, sito en las inmediaciones de la catedral de San Pablo, en el tradicional barrio de los libreros londinenses. En la propaganda afirmaba igualmente que la sal que él vendía era mejor incluso que el agua original, ya que no contenía impurezas, no se estropeaba con el paso del tiempo, y resultaba fácil de transportar y de usar. Y lo más importante: no admitía adulteraciones. «Algunas de las personas que comercializan estas aguas —advertía Grew— se atreven a adulterarlas con agua corriente al constatar que empieza a escasear la que tienen almacenada». La sal, en cambio, «permanecía inalterable». Esta propiedad por la que el producto se conservaba inalterable era crucial para el buen fin de su plan. Uno de los ideales que se intentaban alcanzar con los medicamentos en las primeras fases de la modernidad consistía justamente en eso, en lograr que fueran perfectamente predecibles, pero lo cierto era que casi nunca podía asegurarse que lo fuesen. Grew había concebido un modo de conseguir que la sal resultara fiable y pudiese usarse sin contratiempos —pudiendo así incluirse en una receta médica—[10]. Gracias en parte a estas garantías, surgiría un mercado llamado a perdurar mucho después de que el propio Grew hubiese desaparecido de escena, dado que todavía hoy sigue usándose la sustancia que él vino a aislar, y que aún la llamamos «sal de Epsom».

Para respaldar este empeño, Grew escribió personalmente un tratado sobre la sal y su uso[11]. Sería la única obra que Grew, que era un autor prolífico, escribiera en latín. El texto exponía con detalle los primeros experimentos que él mismo había realizado en la Real Sociedad de Londres para identificar la sustancia, hacía ya cerca de quince años, y después pasaba a indicar el modo de emplearla adecuadamente en un amplio abanico de circunstancias médicas. Esta segunda parte había sido redactada con particular mimo, ya que era muy concreta, pormenorizada y extensa. Su objetivo explícito consistía en distinguir a Grew de todo charlatán o saltimbanqui (así acostumbraban a llamar los médicos a todos los intrusos de la profesión) que pudiera dar en proclamar el descubrimiento de algún «curalotodo recién inventado». Y sin embargo, pese a toda aquella minuciosidad, Grew señalaba que no se proponía, ni mucho menos, ofrecer «un método curativo completo» y aplicable a cualquier dolencia. El lector no podía administrarse la sal siguiendo sin más los ejemplos que él exponía como si se tratara de otras tantas recetas médicas. Estas afirmaciones obedecían a un cálculo totalmente deliberado. El tratado no iba dirigido «a jóvenes debutantes, sino a facultativos con experiencia». Los médicos no lo leerían de cualquier manera: sabrían cómo colmar las lagunas, y lo verían más como una serie de manifestaciones cabalísticas que al modo de un simple recetario. Y según sostenía Grew, este era el motivo de que pudiera afirmarse que él mismo hacía honor tanto a los ideales del Colegio de Médicos como a los de la Real Sociedad de Londres. De esta forma tan calculadamente serena expondría Grew su devoción a ambas instituciones. Grew mantenía que ninguno de esos dos organismos reclamaba para sí el ejercicio del menor «monopolio», fuera este de la clase que fuera, sino que uno y otro se limitaban a «reivindicar legítima [y respectivamente] la custodia del conocimiento natural y de la salud del género humano»[12]. También Grew respaldaba el ideal de la custodia de algo, aunque se valiera del silencio para señalar tácitamente su alcance.

Y lo que ya sucediera en su día con la imprenta se produciría igualmente con las medicinas, ya que no faltaban en Londres boticarios dispuestos a distribuir versiones propias de cualquier producto que se viera coronado por el éxito. Dos hermanos, Francis y George Moult, saldrían a la palestra prestos a competir con Grew. Y no se trataba en modo alguno de unos desconocidos. George Moult era miembro de la Real Sociedad de Londres, y ya en 1685 había sido propuesto para actuar como agente de la misma[13]. Además, en el trasfondo de su iniciativa se agazapaba una enrevesada peripecia de ambición y rivalidad. Según parece, al principio George se había mostrado partidario de adquirir legítimamente la sal de Grew. Sin embargo, Francis había tratado de ganar por la mano a George e intentado conseguir un precio inferior por su cuenta. Grew se había negado, circunstancia que había decidido a Francis a producir la sal por sí solo, «curioseando en el método del doctor Grew». Se dirigió a Acton, observó los pasos que seguía Tramel en su trabajo y se propuso sobornarle, instándole a romper el acuerdo que le unía a Grew. Al fracasar también esta intentona, decidió instalar una fábrica ilegal propia en Shooter’s Hill, un marginal barrio semirrural situado al sureste de Greenwich, y acompañarla de una tienda al este de la catedral de San Pablo, en la calle Watling, dedicada a la venta del producto, tanto al detalle como al por mayor. Pronto se uniría a él George, tras avenirse a una reconciliación. La empresa consiguió producir la suficiente sal como para inundar el mercado de Irlanda y Escocia, además del de Inglaterra. Y es evidente que contaba también con una red de distribución de sales «contrahechas» cuyo radio de acción se extendía, como mínimo, a esas mismas zonas.

Los hermanos Moult hicieron simplemente caso omiso de cualquier derecho que pudiera asistir a Grew por el hecho de haber sido el primero. En el plano legal, a fin de cuentas, no existía tal derecho. Sin embargo, la verdadera cuestión comenzaría a girar muy pronto en torno a asuntos vinculados con la química, no con temas jurídicos, y menos aún con preocupaciones morales. ¿Cómo podía saber el consumidor si la sal del rival de Grew era efectivamente la misma que la de este? Y es que el propio Grew reaccionaría planteando un argumento que aparentemente se contradecía a sí mismo, a saber, que los hermanos Moult no se habían limitado a adulterar su sal, sino a producir algo que en realidad era diferente. No solo habían «invadido su derecho», decía Grew, sino que al hacerlo habían «falsificado la medicina». La verdad es que en cierto sentido Grew consideraba que las actividades de sus adversarios resultaban más preocupantes si la sal que producían no podía equipararse al original, ya que, entonces, ¿quién sabía qué terribles efectos secundarios podía generar? Y además se echaría la culpa a su sal, y no a la de ellos. «Las sales falsas», afirmaban sus partidarios, suponían un riesgo tanto para el decoro de la medicina como para su economía política —por no hablar de los peligros que corría la salud de los pacientes—. De este modo, la pugna por el reconocimiento de la autoría se convirtió en una contienda por la identidad de la sustancia. No obstante, y por desgracia para Grew, si ya no resultaba fácil que alguien alcanzase a identificar una sustancia, todavía resultaba más complicado superar los escollos que esa identificación podía presentar para cualquier paciente. Se vio en la obligación de tener que anunciar que la sal auténtica podía distinguirse claramente de las «contrahechuras» en razón de su gusto amargo. Esto significaba que era preciso probarla. En ese mismo instante, el cuerpo del indagador quedaba convertido en un instrumento de detección pirático. Todos los «autores de una contrahechura» que fuesen descubiertos de este modo, bramaba Grew, serían llevados a juicio. No sabemos si efectivamente se encausó a alguno o no[14].

Al mismo tiempo, la colisión empezó a arrojar la sombra de una duda sobre los libros de Grew, y no solo eso, también vendría a poner en tela de juicio su propia identidad como autor. Francis Moult se hizo con un ejemplar del tratado latino de Grew, encargó que lo tradujeran al inglés, y «le antepuso un título tal que el lector podía sentirse inducido a creer que se trataba de una obra del propio doctor [Grew]». Entonces, «para mejor poner las riendas del sector enteramente en sus manos», mandó imprimir mil quinientos ejemplares y dispuso que estos se entregaran gratuitamente a los consumidores que comprasen su versión de la sal. Y así fue como lo que en origen había sido un tratado erudito destinado a los médicos pasó a convertirse en un texto publicitario para los practicones —y lo que era aun peor, en un manual de instrucciones al que muy probablemente habrían de dar crédito y utilización los lectores legos en medicina—. Como explicaba Moult en el prefacio que calladamente había añadido al original de Grew, resultaba muy frecuente que los medicamentos adquiriesen popularidad si eran presentados al público junto con unas «explicaciones impresas» y un conjunto de «certificados» de curación. La obra de Grew se prestaba admirablemente a este fin. Y Moult justificaría el hecho de haberse apropiado de ese discurso afirmando que el saber que encerraba podía prevenir los usos incorrectos y potencialmente peligrosos de la droga. Lo que había hecho era por tanto un acto de responsabilidad social.

Grew quedó horrorizado con todo esto. A sus ojos, la traducción de Moult no solo constituía una usurpación tan ilegítima e insolente como peligrosa, sino que se hallaba también llena de errores y omisiones. Carecía, por ejemplo, de las licencias originales que expedían el Colegio de Médicos y la Real Sociedad de Londres, y además se había omitido la cortés dedicatoria que Grew había tenido a bien brindar a ambas instituciones. Y por si fuera poco, esa dedicatoria venía a exponer los motivos de la reivindicación de prioridad que el propio Grew había hecho, ya que asociaba el proceso de aislamiento de las sales a la constancia registral de sus experimentos —y ello de acuerdo con una serie de documentos de cuya custodia venía encargándose la Real Sociedad de Londres desde la época de la controversia surgida en torno al agua de mar—. Además, la traducción que había mandado hacer Moult de las recetas médicas contenía una gran cantidad de errores —errores en los que un lector no versado en la materia podía caer inadvertidamente, lo cual podía causar a su vez casos de muerte infantil—. Josiah Peter, amigo y colega profesional de Grew, llegaría a amenazar a Moult con elevar una demanda judicial contra él, no solo por «el perjuicio causado al autor», sino también por poner en peligro la integridad física de los súbditos del rey. En términos generales, los partidarios de Grew denunciaban que la traducción era un «libelo canallesco». Se tenía la impresión, observará uno de los expresidentes de la Real Sociedad de Londres (posiblemente Christopher Wren), de que «este mozo de botica [era] tan extremadamente ignorante como insensato». Se hizo esencial dar una respuesta adecuada al desafío, no solo para «reivindicar el honor» del autor mismo, sino también para restaurar el del Colegio de Médicos y el de la Real Sociedad de Londres. De lo contrario, existían grandes probabilidades de que los lectores llegaran a la conclusión de que ambas instituciones eran «incapaces de escribir o conferir autoridad a un libro de esta naturaleza». Grew iría incluso más lejos, ya que afirmaría que podía darse la circunstancia de que el público acabara por desconfiar de todos los libros de ese tipo. Quizá lleguen a suponer, advertía, «que apenas pueda hallarse una exposición sincera o una verdad sólida en una obra de este género», y pueden creer en cambio que «la filosofía y la física mismas no son sino un puro sonsonete publicitario». Si tenemos en cuenta el contexto, marcado por la predominancia del mercado pirático, esta afirmación, en apariencia exagerada, no dejaba de tener sentido. Y puesto que ese era el envite, Grew anunció que consideraba su deber dar una buena lección a «este intruso» a fin de evitar que esas posibilidades se materializaran[15].

Y, en efecto, así lo hizo. Grew publicó una versión oficial de su anterior tratado, traducida en este caso por Joseph Bridges, médico como él mismo, y aumentada con los comentarios de Josiah Peter. El libro dejaba claro que los experimentos que en él se exponían se debían íntegramente al ingenio de Grew. Y en relación con las recetas terapéuticas de la segunda parte venía a señalar igualmente que «no es difícil percibir que también [estos consejos] son, en muchos casos, obra y propiedad suya». Según parece, hasta el arzobispo de Canterbury había aprobado «el utilísimo descubrimiento de Grew»[16]. Bridges pondría buen cuidado en reproducir la advertencia de Grew a los lectores, a quienes aconsejaba que consultasen a un médico antes de utilizar la sal, y subrayaba la importancia de este extremo enumerando por extenso la lista de «FALSIFICACIONES egregias» que se encontraba en la versión de Moult. Se decía, por ejemplo, que la traducción espuria recomendaba simultáneamente, según los casos, dosis inferiores o superiores a las precisas (los médicos de la época se quejaban frecuentemente de que los boticarios confundían las cifras dieciséis, sesenta y seiscientos). Y en algunas ocasiones, Moult había olvidado modificar el original en puntos en que debiera haberlo hecho: por ejemplo, Grew no había indicado una dosis específica de opiáceos para el tratamiento del cólera, pero Moult, «que se dirigía a todos en general», debía de haberse mostrado más explícito. Grew y Bridges sostenían que estos errores podían haber sido causa de graves perjuicios, dado que los lectores tendían a confiar en lo que dijeran las fuentes impresas. «Muchos lectores ingleses se atienen a todo cuanto hallan en un libro fingido como si se tratara de los Evangelios, de modo que se tragarán lo que se les eche, aunque sea un clister [por ejemplo, un enema o un supositorio] si piensan que deben hacerlo o que se les pide que lo hagan»[17]. De este modo, Bridges concluía que los hermanos Moult se comportaban de modo similar a los falsificadores de moneda —observación que no tenía nada de fortuito en una época en la que este tipo de delincuentes acostumbraban a socavar la credibilidad del sistema monetario mismo y en la que Isaac Newton, en su condición de director de la Real Fábrica de Moneda británica, se dedicaba a darles caza para enviarlos a la horca.

Y en ese preciso momento, los hermanos Moult adoptaron una nueva táctica. Al verse acusados tanto de contrahechura literaria como de adulteración farmacéutica, volvieron a recurrir a los periódicos, y esta vez para dar a conocer un nuevo ataque personal contra el propio Grew, sobre quien hacían gravitar ahora el cargo de falsificación. Se remontaron casi tres décadas atrás y le acusaron de haber plagiado el trabajo que el afamado naturalista italiano Marcello Malpighi había presentado a la Real Sociedad de Londres como parte de sus investigaciones originales en el campo de la historia natural. Y la acusación de plagio afectaba a la obra que cimentaba buena parte del renombre que el mismo Grew había cosechado como naturalista, en la que se apoyaba su conocimiento de las sales y que, por otra parte, no había dudado en citar en su tratado sobre este último asunto. Al parecer, se basaban en viejos rumores y habladurías que habían circulado en la década de 1670. Desde luego, lo cierto es que Grew se sentiría entonces lo suficientemente preocupado como para tomarse la molestia de detallar del modo más concienzudo las diferencias existentes entre ambos trabajos, añadiendo además un esquema cronológico que trataba de mostrar que el hecho de que él hubiera publicado sus hallazgos después que Malpighi constituía en realidad un deliberado gesto de civismo, no un esfuerzo destinado a robarle protagonismo. Los hermanos Moult hicieron caso omiso de estas alegaciones y airearon los antiguos chismes como si gozaran de general aceptación. Se dedicaron incluso a adornarlos. Lo que ahora sostenían era que Grew se había presentado personalmente en Padua para dirigirse a la casa impresora de Malpighi y «robar allí, hoja tras hoja, los trabajos a medida que salían de la imprenta». Era una acusación habitual en el mundo editorial, pero aquí se le había buscado una nueva aplicación como arma de descrédito. Estaba claro que, de ser cierto, Grew era un doble oportunista, no solo en el ámbito literario sino también en el farmacéutico. Y la idea consistía en forzar al público a deducir que las sales «falsas y contrahechas» eran las del mismísimo Grew.

Resulta obvio que, llegados a este punto, no podría culparse al lector que diera en llevarse las manos a la cabeza, presa de la desesperación. ¿Cómo determinar cuál de las dos traducciones inglesas era la auténtica —admitiendo que alguna lo fuera—? A fin de cuentas, ninguna de las dos era verdaderamente original. Además, si Grew había sustraído conocimientos de la casa impresora en que se elaboraban los trabajos de Malpighi, ¿podía considerarse que el original de la Anatomy of Plants de Grew fuera efectivamente obra suya? Y ya puestos a recelar, ¿era la obra de Malpighi totalmente suya? Del mismo modo, ningún paciente podía tener la absoluta seguridad de cuál era la sal verdadera. Incluso el lenguaje que utilizaban uno y otro bando rebasaba los ámbitos estrictos del mundo de la farmacia y la imprenta. Por si fuera poco, en el mismo momento en que se veía acusado de violar el templo de la imprenta, Grew culpó a Moult de haberse introducido subrepticiamente en su taller de química para tratar de sobornar a los artesanos del establecimiento en su empeño de «desnaturalizar» su obra. El léxico, vinculado con la falsificación y la intromisión en los derechos personales era idéntico en ambos bandos. Y lo mismo puede decirse del cruce de afirmaciones en que se imputaban mutuamente el allanamiento de sus respectivos laboratorios. Comenzó a resultar difícil distinguir si lo que Grew y Peter tenían en mente al condenar las «contrahechuras» era la piratería impresa o la adulteración de drogas. Y el asunto no tardaría en quedar todavía más hondamente sumido en la confusión, ya que el texto de Bridges volvería a publicarse, esta vez de la mano de otra casa editorial, de forma anónima, y totalmente despojado de cualquier ataque contra los hermanos Moult. Cabe suponer que lo que había sucedido era que Francis y George lo habían vampirizado igual que se habían aprovechado del tratado original de Grew, reimprimiéndolo y reutilizándolo descaradamente para dar publicidad a su último lote de sales. Peter observará tristemente que hasta los médicos y los boticarios estaban empezando a llegar a la conclusión de que todas las manifestaciones de particulares que afirmaban fabricar sales de Epsom se revelaban en último término fraudulentas, «ya que no solo estaban adulteradas las sustancias elaboradas por falsos químicos, sino también las aisladas bajo la supervisión del doctor Grew»[18].

Solo entonces decidiría Grew que había llegado el momento de recurrir a la ayuda de la autoridad real. Solicitará al fin una patente —no para la explotación de la sal misma, sino para el usufructo de la técnica que ha ideado para producirla—. En 1698 conseguirá la licencia pedida, dirigiendo inmediatamente una carta circular a todos los médicos de la ciudad de Londres para denunciar a Moult. No era el primer privilegio que se otorgaba a los dispositivos o las sustancias médicas, desde luego —ya se habían obtenido antes unas cuantas patentes por la invención de camas terapéuticas y otros artilugios similares—, y en el continente europeo se habían sometido algunas sustancias de utilidad médica, como el guaiacum, a la reglamentación propia de los monopolios comerciales. Con todo, sí parece haber sido la primera vez que se concedía una patente a una medicina por considerarla un invento. No obstante, la patente era una reacción, una táctica —y, en realidad, un gesto desesperado—. Habría de servirle de muy poco a Grew. Por lo que a la acción de los hermanos Moult se refiere, el plazo que habría de transcurrir hasta su concesión efectiva determinaría que estos afirmaran que Grew estaba intentando utilizar el poder regio para suprimir un oficio ya implantado —en lo que era ya una antigua queja y una acción explícitamente prohibida por la ley de los monopolios, un argumento que ya antes esgrimieran los libreros contra Atkyns—. Los hermanos Moult redoblaron la intensidad de su desafío. El lord canciller juzgó que sus anuncios publicitarios eran «insolentes», y el secretario de Estado intervino para suprimirlos. Sin embargo, el desesperado Grew no aguantaba más. Comenzó a intentar establecer, de forma esporádica, una serie de negociaciones de paz, llegando a ofrecerse incluso a entregar su patente «en nombre de la concordia, y para mejor suprimir las contrahechuras». Los hermanos Moult rechazaron la oferta, pero se apresuraron a aprovechar la oportunidad para proclamar que ahora elaboraban sus sales «bajo la dirección del doctor Grew»[19]. Llegadas las cosas a este punto, Grew abandonó la lucha. Bajó los brazos, cedió la patente al decidido Peter, y se retiró a su estudio.

Verdad y falsedad maliciosa

Lo que Peter ideó como último cartucho para detener a estos adulteradores médicos fue escribir un libro que, pese a haber sido hoy totalmente olvidado, merece que se le reserve un lugar entre los textos canónicos de la historiografía de lo que actualmente llamaríamos propiedad intelectual. Su título decía lo siguiente: Truth in opposition to ignorant and malicious falshood. La obra contenía una de las primeras justificaciones públicas para la concesión de patentes a los inventos en general, siendo además la primera que se conoce en favor del otorgamiento de patentes a los productos farmacéuticos en particular. La lógica de ese alegato se basaba en subrayar los temores asociados con la adulteración, así como en argumentar que únicamente garantizando una identificación segura de las sustancias podía establecerse un comercio internacional de medicamentos[20].

Según Peter, cuatro eran las razones que justificaban y hacían necesaria la concesión de patentes a los productos farmacéuticos. En primer lugar, sostenía que la farmacia en general, y el trabajo de Grew en particular, producía de hecho invenciones genuinas. Sin embargo, para sostener esto último se vio obligado a defender la idea de que, en principio, toda invención podía en verdad ser considerada nueva. El telescopio, por ejemplo, pese a haber sido un instrumento radicalmente nuevo en manos de Galileo, se fundaba en conocimientos y materiales con los que el público en general estaba familiarizado desde que se concibiera el uso de los anteojos. Peter concedía que la práctica totalidad de los inventos «encontraba su fundamento en algún descubrimiento anterior». Sin embargo, insistía en que en algunos casos el nuevo dispositivo daba lugar al surgimiento de un campo de conocimiento o un ámbito de trabajo totalmente inéditos, y que de darse esa circunstancia podía hablarse de hecho de una verdadera creación. Citaba como ejemplo una de las proposiciones contenidas en los Elementos de Euclides —proposición que se había convertido en la base de la agrimensura—. Desde luego, no había duda de que dicha proposición se cimentaba en sus predecesoras, pero esa circunstancia difícilmente podía invalidar el hecho de que también constituía un descubrimiento para la nueva disciplina. Los microscopios y los telescopios habían actuado de manera similar al revelar la existencia de un nuevo mundo. Y la máquina desalinizadora de Walcot había sido en esencia un ingenio destinado a la destilación y basado en una técnica conocida mil años atrás. Sin embargo, dado que a nadie se le había ocurrido aplicar esa técnica a la evaporación forzada del agua de mar, destinándola además a un uso público, el parlamento había considerado conveniente «definir en qué consiste un invento nuevo». En este caso, el «nuevo mundo» al que iba dirigido el documento de la cámara era el formado por los imperios comerciales. El propio Estatuto de los monopolios de 1624 había estipulado como excepción la concesión de una patente al antiguo arte de la fabricación de vidrio a fin de contribuir a la promoción de una industria exportadora. Además, Peter juzgaba que, en este sentido, las reivindicaciones de Grew eran todavía más sólidas que cualquiera de las anteriores. Puede que unos cuantos médicos hubieran realizado algún que otro experimento aislado en el campo de las aguas termales, pero ninguno de ellos había puesto en marcha una planta de producción dedicada a elaborar grandes cantidades de esa sustancia. Eso era lo que convertía a la idea de Grew en un invento[21].

En segundo lugar, la sal elaborada gracias a la patente constituía un beneficio público, ya que era más pura y saludable que la de las aguas del balneario mismo. El hecho de que fuese de naturaleza sistemáticamente más fiable hacía que resultara preferible. Por el contrario, la sal adulterada causaba un verdadero perjuicio público. A petición suya, catorce eminentes médicos londinenses habían firmado una declaración en la que mantenían que, «si llegaba a ponerse en manos de los curanderos, las mujeres y toda clase de ignorantes y gentes dadas al aventurerismo», no cabía duda de que habría de deteriorar la salud de los pacientes a quienes le fuera administrada —una afirmación que posiblemente reflejara más la actitud de estos facultativos hacia los practicones médicos carentes de licencia oficial que un profundo conocimiento de las virtudes y peligros de esa sal—. Con todo, Peter citaba varias pruebas que respaldaban la afirmación de que podía provocar lesiones, aunque hoy resulta difícil valorar estos testimonios. Los ejemplos que sugería procedían de Irlanda, y en esta región los médicos veían en su estudio una ocasión para atacar a los rivales que tenían en la zona. El difunto presidente del Colegio de Médicos de Dublín informaba de que «son muchas las contrahechuras perniciosas que se están vendiendo con el nombre de sus excelentes sales, causándose grandes quebrantos a quienes las toman». A esto añadía que, para algunos desafortunados, la sustancia «se había revelado mortal». Thomas Molyneux, otro destacado galeno dublinés, coincidiría en el diagnóstico. La persona a la que se referían estos médicos no era otra que la del alcalde de Dublín, un tal Thomas Quine, que casualmente era boticario. Al parecer, Quine se había procurado las sales de Moult en el establecimiento de un droguero llamado Hinde, administrándosela a personajes relevantes como la duquesa de Ormonde. La dama había caído largo tiempo enferma. Peor suerte correría el obispo de Kilmore, ya que de hecho, según informaba un médico de Dublín, había fallecido[22].

En tercer lugar, la concesión de una patente incrementaría el uso de la sustancia —fundamentalmente porque la acreditaba—. Los médicos no tendrían así motivo alguno para condenarla por constituir un nostrum —«esto es, un remedio secreto en la práctica de la profesión»—, dado que «todo el mundo sabe lo que es, pudiendo adquirirla como cualquier otra droga». Y esto era de importancia capital, ya que sobre esa base podía organizarse la exportación de la sustancia. Los comerciantes que antes resultaban burlados al enviar por barco una sal espuria no volverían a arriesgar su prestigio aceptando nuevas partidas de producto. Por consiguiente, alegaba Peter, al poner en peligro la fe en la autenticidad de todo este tipo de preparados, «las sales adulteradas que elaboran y venden los químicos intrusos» colocan en un brete a uno de los sectores capaces de realizar una contribución potencialmente importante a la economía política británica. Y por otro lado, si una patente tenía efectivamente la facultad de evitar la contrahechura, su concesión favorecería al mismo tiempo la difusión de aquella forma de confianza a distancia que precisamente resultaba esencial para que una manufactura nueva lograra penetrar en el mercado internacional. De este modo, la protección de la sustancia no vendría garantizada únicamente por la patente, sino también por la amplia difusión que la propia concesión permitía. Con el tiempo, el hecho mismo de que el público se hubiera familiarizado con el producto se convertiría en la medida más eficaz contra toda adulteración, ya que los pacientes terminarían conociendo íntimamente el sabor y los efectos del artículo auténtico, con lo que se hallarían en condiciones de reconocer cualquier imitación[23]. Peter preveía que en una generación la sal constituiría ya el fundamento de una enorme industria, comparable a la que se dedicaba a la producción de la sal ordinaria. Realizó un sencillo cálculo, basado en la premisa de que se fabricaran anualmente unas cuarenta y cinco toneladas de sal en la región de Londres, y obtuvo unos beneficios de diez mil libras esterlinas. En esa misma época, solo los hermanos Moult elaboraban ya unas cuatro toneladas y media de sal, y las cantidades que vendían de puerta en puerta otros «químicos» de la competencia podían perfectamente representar otro tanto (lo que nos indica, aunque sea de pasada, las grandes dimensiones de estas empresas). Londres consumía algo menos de una tonelada al año, circunstancia que, recurriendo a la aritmética política que popularizara William Petty, implicaba que, en potencia, el consumo nacional se situaba entre las nueve y las trece toneladas y media anuales. Esto habría dejado unos excedentes inmensos, que podrían exportarse, principalmente a las colonias británicas y al Oriente Próximo, impulsando de este modo el imperio comercial marítimo de la nación. Las sales de Grew podían convertirse en el pilar de una nueva actividad comercial. Pero esta solo podría ver la luz «si se suprimía la fabricación de contrahechuras»[24]. En último término, la patente constituía un mecanismo capaz de conseguir que la gente de lugares remotos confiara en las bondades del producto. Un tipo de confianza sobre el que podían edificarse imperios.

Esta era la principal línea argumental de Peter, pero también tenía que probar que el propio Grew era el concesionario adecuado de la patente. Debía dejar sentado que «él y no otro» había sido «el autor de esta invención». Esto resultaba esencial porque los hermanos Moult sostenían que su patente vulneraba los derechos de un oficio previamente existente. Se trataba de una cuestión lo suficientemente delicada como para que Peter consultara al lord canciller, el barón Somers, quien le dijo que la patente sería válida en caso de que sus contrincantes hubieran obtenido sus técnicas de manera ilegítima. Por consiguiente, Peter tuvo que ratificar la prioridad de Grew a fin de poder alegar seguidamente que los hermanos Moult habían pirateado su invento, ya que de no haber sido pirateado este, la patente podía perder su vigencia. Para confirmar dicha prioridad recurrió al régimen registral de la Real Sociedad de Londres. Por fortuna, Grew conservaba bastantes aliados en esa institución, y entre ellos hemos de mencionar especialmente a Hans Sloane. Sloane mostró a Peter los libros de consignación de los trabajos remitidos. Consiguió recuperar una serie de registros detallados que corroboraban que Grew había dado a conocer sus sales en 1679, «no de forma privada ni ante unos jueces incompetentes, sino en público, a la Real Sociedad de Londres». Christopher Wren y Robert Hooke respaldaron este extremo, y una «nube de testigos» se mostró dispuesta a confirmarlo, entre los cuales figuraban distintas autoridades pertenecientes a países de toda Europa. Los documentos consignados en el registro afirmaban que Grew era el autor original de las investigaciones experimentales de las décadas de 1670 y 1680, y reforzaban igualmente su autoría frente a los rumores relacionados con el mito del plagio a Malpighi. De este modo, Peter reconstruyó íntegramente el ciclo de inspecciones y presentaciones del que había surgido el trabajo de Grew. Sus desvelos vendrían a constituir una especie de presagio de lo que habría de ocurrir pocos años después, al emplear Newton la misma estrategia para oponerse a Leibniz[25].

No obstante, se produjo entonces la revelación de un detalle bastante delicado. Al parecer, ni las sales de Grew ni el trabajo original en el que había expuesto el método para aislarlas habían quedado efectivamente registrados en la Real Sociedad londinense. Daba la impresión de que se había desentendido de las normas mismas que ahora pretendía hacer cumplir a otros. El anciano Hooke daría un paso al frente y, en la que habría de ser una de sus últimas apariciones públicas, comparecería para contrarrestar dicha impresión. Lo que vino a sugerir fue que la única razón por la que Grew debía de haber dejado de registrar la reivindicación de su invento tenía que haber guardado necesariamente relación con el hecho de que él mismo, es decir, Hooke, le hubiese manifestado su deseo de introducir mejoras privadas en su trabajo. Sin duda debió de recordar a los presentes que él mismo había hecho esto en numerosas ocasiones, y que en la época en que Grew había realizado su trabajo, él no tenía fe en las virtudes del registro. Con todo, Peter sintió la necesidad de volver a resaltar que la concesión de la patente no tenía su base en el hecho de que Grew hubiera sido el primero en descubrir el principio activo mismo, sino que se aplicaba a la invención de una particular técnica de fabricación. Tanto la Real Sociedad de Londres como el Colegio de Médicos respaldaron este punto de vista, defendiendo su propia reputación institucional al sostener la de Grew. Y uno de los drogueros que antes habían iniciado la venta al por mayor del producto en cuestión testificaría en 1692 que había sido Grew quien le había proporcionado el primer paquete de sales. Curiosamente, aquel hombre recordó ante los asistentes haber probado personalmente una muestra de la sustancia antes de comenzar a vender un solo gramo de la misma —en lo que quizá fuera una práctica general de los drogueros preocupados por garantizar los principios activos que ofrecían al público[26].

Sin embargo, los partidarios de Grew se sintieron incómodos al conocer esta revelación. El bando de quienes le defendían apelaba al civismo erudito de la Real Sociedad de Londres para justificar su reticencia, y hete aquí que ahora se revelaba que ni siquiera el propio interesado se había preocupado de honrar ese civismo. Algunos sugerirían que al existir tan notable predominio de las contrahechuras y resultar estas tan peligrosas, Grew debía revelar el secreto de su método para que los falsificadores no tuvieran la menor oportunidad de perpetrar sus fechorías. Si aceptaba revelarlo, decían, «probará ser un verdadero miembro de las dos regias Sociedades» londinenses. En otras palabras, estos partidarios venían poco menos que a acusarle de practicar el mismo monopolio que alegaban los hermanos Moult en sus críticas. Se tenía la impresión de que, lejos de defender la inocencia de Grew, la Real Sociedad de Londres comenzaba a pensar que el monopolio de su socio salpicaba a la institución misma[27].

No parece que Grew siguiese este consejo, y en la práctica es evidente que los hermanos Moult ganaron la disputa. Que sepamos, no se celebró ningún juicio, y no hay señal alguna que indique que abandonaran su empeño. De hecho, un par de décadas después, la propia Real Sociedad londinense honrará la memoria de George Moult, juzgándolo un miembro honorable y respetado de la casa. Por consiguiente, al iniciarse la concesión de las patentes médicas no solo surgiría como táctica la práctica misma de la obtención de patentes —como forma de desafiar a las contrahechuras y de no dejarse provocar por ellas—, sino que también saldrían ganando las falsificaciones. En el campo de los medicamentos, las reivindicaciones de autoría radical no lograrían arraigar, pese al apoyo que les prestara la Real Sociedad de Londres y el Colegio de Médicos. Tiene por tanto sentido que preguntemos cómo llegaron a perdurar esas reivindicaciones. La respuesta nos la ofrece implícitamente el hecho de que, en cierta medida, la autoría y la falsificación de los productos farmacéuticos guardaran relación con la constitución social de la medicina misma. Y, en este sentido, la instauración de un régimen seguro en el ámbito de los productos farmacéuticos iba a exigir que se produjera una revolución en ese mundo.

La medicina en la cuerda floja

Pese a que la idea de las «patentes médicas» se originara a principios de la era moderna, no hay prueba alguna que sugiera que la búsqueda de la concesión de patentes efectivas para los medicamentos fuera una práctica normal en esa época. Curanderos y boticarios optaban bien por conservar el secreto de los ingredientes de sus medicamentos, bien por proclamar las virtudes de la transparencia y confiar, por el contrario, en su reputación de producir una determinada droga de forma más fiable, segura y económica que sus colegas. En ocasiones recopilaban sus secretos y los intercambiaban en una especie de mercadillo de trueque —de hecho sabemos que Boyle procedería de este modo con sus recetas médicas—[28]. Según parece, los primeros tipos de drogas que de hecho suscitaron la procura de unos derechos monopolísticos fueron los productos importados del Nuevo Mundo. La familia de los banqueros Fugger consiguió la concesión más valiosa de todas: la que les permitió monopolizar el transporte de corteza de guaiacum —privilegio que obtuvieron a cambio de la concesión de un préstamo al emperador del Sacro Imperio—[29]. Entretanto, en Venecia, Paolo di Romani obtenía en 1594 una patente por haber descubierto un método para dar forma sólida a un jarabe de hierbas, pero el collegio de boticarios de la ciudad le convenció de que debía compartir el privilegio con los demás miembros de la profesión[30]. En Inglaterra, es muy probable que fuese Grew la primera persona en conseguir el privilegio de manufacturar un producto farmacéutico como tal, cosa que lograría en 1698. En esta esfera, la siguiente patente no se concedería hasta 1711, y se otorgaría para la explotación de una sustancia denominada sal oleosum volatile. Pronto le seguiría otra concesión similar, en este caso para el elixir de Stoughton, y a continuación vendría ya la profusa cantidad de patentes del siglo XVIII. Por consiguiente, parece efectivamente claro que la apuesta de Grew al tratar de conseguir amparo para su invento vino a señalar de hecho el inicio de una tendencia[31]. O quizá fuera más exacto decir que en realidad marcaba el fin de una época.

La medicina de los primeros años de la modernidad se ordenaba característicamente de acuerdo con una estructura tripartita compuesta por médicos, boticarios y cirujanos. Los facultativos presentes en dicha estructura, cuyo número era relativamente bajo, constituían la elite. Se suponía que su papel consistía en realizar consultas, recomendar regímenes dietéticos y expender recetas. Desde los tiempos clásicos, sus recomendaciones se habían basado en gran medida en la prescripción de regímenes y medicamentos elaborados con plantas, específicamente ajustados, en teoría, a las circunstancias de cada paciente concreto. Polidoro Virgilio aseguraba que, en origen, el ámbito de actuación propio de estos galenos había sido el de la dietética[32]. Los boticarios preparaban los medicamentos en función de lo que recetaban los primeros, y los cirujanos se encargaban de proceder a las manipulaciones corporales asociadas con los tratamientos. No obstante, la realidad era mucho más compleja y variopinta de lo que sugiere este panorama. Aunque las instituciones de muchas ciudades vinieran a consagrar esta estructura tripartita, y a pesar asimismo de que los «colegios» de médicos reivindicaran para sí la autoridad precisa para mantenerla, lo cierto es que los regímenes de concesión de licencias eran muy incompletos, y que los integrantes de cada una de las tres subdivisiones actuaban habitualmente de manera tal que los miembros de los grupos restantes podían interpretar como una intrusión.

Había además un sinnúmero de practicones sin licencia —o «irregulares», como les llama Margaret Pelling— que se encargaban de atender a la gran mayoría de la población. Los médicos denunciaban periódicamente a estos irregulares, a los que denominaban «charlatanes», «saltimbanquis», «curanderos» y otras cosas por el estilo[33]. Sin embargo, su número era inmensamente superior al de médicos titulados, en ocasiones podían recabar el respaldo de fuentes de autorización profesional alternativas (como los obispos, por ejemplo) que les conferían legitimidad, podían perfectamente invocar la posesión de un nuevo tipo de conocimiento teórico y de experiencia práctica, y en la vida cotidiana no era infrecuente que los propios médicos les apoyaran económicamente. El resultado de este estado de cosas sería la instauración de una cultura médica sistemáticamente tensa en la que cada uno de los grupos se esforzaba en distinguirse y protegerse de los ataques de los demás. Este es el contexto en el que los médicos comenzarían a acusar a los boticarios y los practicones irregulares de hallarse supeditados a un conjunto de viles intereses comerciales. Y eran esos intereses, advertían, los que podían inducirles a adulterar las sustancias[34].

El problema de la adulteración se hallaba por tanto inextricablemente unido a la realidad de las instituciones y las identidades médicas de la época. Según se decía, los únicos casos en que un médico podía confiar verdaderamente en las virtudes de una medicina se reducían a dos: si se daba la circunstancia de que él mismo la hubiera preparado o si había supervisado personalmente la elaboración de la misma. Proceder de otra forma implicaba quedar expuesto «a las grandes estafas que hoy se observan en el mundo»[35]. El combativo médico Daniel Coxe añadirá que los boticarios de Londres eran tan poco dignos de crédito «que ni los médicos ni los enfermos tenían motivo alguno para depositar [en esos profesionales] una confianza que ellos no dudaban en traicionar como más les conviniera»[36]. Confiar en la gente y en las cosas: esto era lo que se dirimía en la interminable batalla que libraban los médicos, los boticarios, los «drogueros» y los irregulares. Las contrahechuras eran lo que arrojaban las más serias dudas sobre la pertinencia de esa confianza. De hecho, al comenzar a crecer la importancia del comercio de los boticarios como negocio independiente, estos nuevos profesionales se vieron en la necesidad de expulsar del oficio a los «estafadores» y de controlar la difusión de las drogas «falsas», convirtiéndose ambas cosas en su máxima preocupación. En 1617, la creación de la Compañía de boticarios obedecería en buena medida al reto que planteaba este asunto que tan amenazadoramente se cernía sobre su actividad. La Compañía de boticarios se tomaría muy en serio su misión, consistente en inspeccionar los locales de sus miembros y en confiscar las sustancias poco fiables —práctica que viene a establecer un paralelismo con las inspecciones que realizaban los controladores de la Compañía de libreros, siempre a la caza de obras objetables—[37]. En cambio, la Compañía de boticarios no estipularía que los boticarios debieran limitarse a dispensar lo que recetaran los médicos, de modo que nada les impedía tratar directamente a los pacientes[38]. La suma de estas preocupaciones —es decir, las relacionadas con la adulteración de las drogas y las vinculadas con la autonomía del oficio— desencadenó una crisis general de la actividad médica londinense, crisis que llegaría a su apogeo por los mismos años en que Nehemiah Grew y los hermanos Moult libraban su particular contienda.

El problema de valorar la autenticidad de los medicamentos era una dificultad ya conocida. Los antiguos autores médicos ya habían advertido en repetidas ocasiones que era preciso manejar con circunspección las sustancias médicas[39]. Sin embargo, en el siglo XVII, al convertirse los productos farmacéuticos en uno de los elementos centrales de la naciente sociedad consumista, la credibilidad de dichas sustancias se transformaría en una nueva cuestión apremiante. La adulteración de drogas o «piratería farmacéutica» (piraterie pharmaceutique), como la ha llamado un investigador francés, demostraría ser un negocio en alza[40]. Cada vez que llegaba al puerto de Marsella un barco repleto de medicamentos, se asumía como expectativa lógica que el peso de su cargamento acabara multiplicándose por tres al abandonar la ciudad. Y en Londres la situación no era mejor. Siendo el eje del comercio farmacéutico que recorría el Atlántico y se prolongaba incluso más allá de él, Londres era un lugar tremendamente propicio para las tentaciones, ya consistieran estas en diluir, en recomponer o en dedicarse directamente a la fabricación de falsos fármacos. Thomas Corbyn, un droguero del siglo XVIII que regentaba un próspero negocio, señalará que no le habría resultado nada difícil obtener un «cien por cien de beneficios» de haberse entregado a la práctica de la adulteración[41]. De este modo, no hay duda de que las drogas se «pirateaban» de forma al menos tan galopante como los libros, y probablemente muchísimo más.

Sin embargo, Corbyn, pese a que quizá sea un caso único, sostendrá haber dejado pasar deliberadamente la oportunidad de hacerse con unas ganancias caídas del cielo. Había comprendido que el disfrute de una seguridad prolongada dependía de que fuera capaz de generar y mantener la reputación de vender productos de calidad. Los fabricantes de drogas como él empezaban a cobrar conciencia, y con claridad creciente, de que estaban vendiendo algo más que simples sustancias. Es muy probable que la ubicuidad del fraude agudizara esta percepción. Lo cierto es que el hecho de que la piratería farmacéutica constituyese una práctica tan desaforada —equiparable a la que existía en el ámbito de la letra impresa— parece haber dado a algunos actores la oportunidad de auparse a posiciones alejadas de la masa y superiores al común. Dichos actores trataban de distinguirse mediante una iniciativa contraria a la de la piratería, esto es, no cediendo a la tentación de la adulteración y la contrahechura. En un mercado recorrido por las tensiones de un justificado escepticismo, estos personajes aprovecharán la ocasión para presentarse como otros tantos factores de seguridad: su negocio consistiría en vender credibilidad.

Esto implica que la adulteración de drogas venía a afectar a lo que podríamos denominar la epistemología farmacéutica. Si uno era un paciente, o incluso un médico, ¿cómo podía saber lo que contenía una medicina, o si era o no efectiva? ¿Y cómo se las arreglaría para saber que lo sabía? La importancia de estas dudas iba más allá de las razones terapéuticas. Los médicos «químicos» exigían la adopción de sus nuevos métodos, y para reforzar su causa retaron a los galenistas a comprobar empíricamente sus conocimientos. De este modo, las sales de Grew se asociarían públicamente a este reto empírico[42]. Con todo, da la impresión de que su llamamiento fue mayoritariamente desatendido, aunque es preciso añadir que esa indiferencia no sería totalmente ajena a lo razonable. A fin de cuentas, desde el punto de vista del galenismo la propuesta tenía poco sentido, ya que para este enfoque las enfermedades dependían de la constitución de los individuos, de modo que la idea de que una misma sustancia pudiera tener un determinado efecto en una amplia gama de pacientes distintos resultaba intrínsecamente inverosímil. Los médicos de formación química desdeñaban este tipo de razonamiento, tachándolo de especioso. No obstante, les iba a ser mucho más difícil contrarrestar la fuerza de otra argumentación —una argumentación que, en este caso, incidía en la naturaleza de los medicamentos mismos—. Si la adulteración era una práctica tan real y tan corriente como afirmaban todos los autores entendidos en la materia —y más aun si encima se sostenía que las drogas eran sustancias perecederas—, había que concluir que las sustancias mismas no solo diferían unas de otras de forma impredecible, sino que dicha variación era imposible de detectar. Por consiguiente, no quedaba en modo alguno claro que una prueba empírica pudiese arrojar un resultado lo suficientemente fiable como para elevarla a la categoría de conocimiento[43].

Esto significaba dos cosas: que en la medicina de las primeras fases de la modernidad la adulteración desempeñaba un señalado papel en la disputa por la obtención de un mínimo de autoridad en la materia, y, al mismo tiempo, que sería imposible resolver la mayor controversia de la época —la relativa a las curas mismas— mientras no se abordara el problema de la contrahechura farmacéutica. La imprenta parecía ofrecer una solución parcial. Las farmacopeas tenían la virtud potencial de introducir una cierta disciplina en las cosas por medio de las palabras[44]. Su propósito radicaba en lograr que la identidad de las drogas apareciese sometida a pautas regulares y predecibles, con independencia de que una determinada dosis de sustancia activa procediese de uno u otro establecimiento concreto. La estandarización que permitía el taller impresor iba a generar así una normalización del laboratorio del boticario. De este modo, en 1618 los médicos de Londres alumbraban la primera farmacopea nacional que el mundo haya conocido. Sin embargo, las farmacopeas estaban llamadas a presentar los mismos problemas que cualquier otro libro impreso. La propia farmacopea londinense tendría que ser retirada rápidamente de la circulación y reeditada, ya que, según explicaría abochornadamente el Colegio de Médicos, «el impresor les había arrancado de las manos la obrita pese a que todavía no estuviera terminada». Y todavía habría de incautarse de ella, en lo que habría de convertirse en un célebre episodio, el boticario Nicholas Culpeper, quien escribiría una versión en lengua vernácula desautorizada por la institución representativa del gremio[45]. Otro problema —y este resultaba todavía más difícil de abordar— era el de la lectura inadecuada, esto es, la vinculada con el tipo de interpretación que hacían, por ejemplo, los pacientes legos en medicina que hojeaban el tratado de las sales de Grew. La sensación de autoridad que transmitían las farmacopeas animaba a los lectores a pasar por alto el hecho de que las sustancias podían ser en realidad muy variables. La relación entre el texto impreso y la práctica adquiriría una notable importancia en esta esfera, ya que los drogueros, las herboristas y los boticarios acostumbraban a centrar sus esfuerzos precisamente en la adulteración y la elaboración del tipo de drogas que se incluían en las listas de las propias farmacopeas[46].

Surgió así la urgente necesidad de difundir un sistema con el que poder autentificar las distintas sustancias. Para este fin venían prevaleciendo desde la Antigüedad los llamados métodos organolépticos: esto es, los que se basaban en la aplicación directa de los sentidos a fin de juzgar con ellos la composición de una sustancia en función de criterios asociados con el gusto, el olor, la apariencia y los efectos corporales que pudiera producir[47]. Estas técnicas seguirían constituyendo la norma hasta el siglo XIX, y no hemos de considerar que fueran necesariamente inútiles. La presencia de una sustancia adulterante a base de trementina desprendería, por ejemplo, unos vapores característicos si se colocaba una muestra sobre la llama. El enfoque que mayor confianza generaba consistía simplemente en probar una pequeña cantidad de la droga en cuestión. Sabemos por los diarios de Robert Hooke que él mismo aplicaba este método de manera rutinaria, y que ingería un purgante o un vomitivo para valorar sus virtudes a partir de los efectos que él mismo experimentaba. El organismo del paciente quedó convertido en el instrumento predilecto para comprobar las propiedades de las diversas sustancias, y para verificar, en consecuencia, la honradez de los boticarios y médicos que intervenían en su administración. Esta es la razón de que Grew proclamara en la portada de su obra sobre las sales que el producto que él elaboraba era «fácil de distinguir de toda contrahechura debido a su amargo sabor»[48]. No obstante, los sentidos podían inducir a engaño, de modo que los «viles impostores y algún que otro ambicioso personaje público» se mostrarían dispuestos a idear técnicas para potenciar ese descarrío de los sentidos[49]. Así, por ejemplo, había muchas voces que alegaban que las concreciones calculosas gástricas e intestinales conocidas como bezoares podían «falsificarse», ya que había «un astuto elenco de proveedores y comerciantes embusteros… que lograban imitarlos tan fielmente que ni siquiera ellos alcanzaban después a distinguir los unos de los otros, los verdaderos de los falsos»[50]. Si tales habilidades existían, estaba claro que se precisaba de una técnica superior que fuera capaz de contrarrestarlas. ¿Tendría la filosofía experimental la facultad de idear dicha técnica?

El primer autor inglés en proponer un método más sofisticado sería nada menos que el propio Robert Boyle. Se trataba de un asunto que preocupaba claramente a Boyle: en una crítica general de la profesión médica que redactaría, aunque más tarde decidiera suprimirla, se quejará de que nadie hubiera «conseguido señalar una forma factible y práctica de distinguir las drogas y medicinas auténticas de las adulteradas». Su Medicina hydrostatica venía a ofrecer una solución a este problema, basándose para ello en experimentos realizados en la Real Sociedad de Londres en la época en que Grew investigaba el tema de las sales. Esta obra se publicaría finalmente en 1690, es decir, por la misma época en que Grew se disponía a dar a conocer sus obras sobre las sales. Boyle sugirió la utilización de una balanza de precisión para realizar con ella mediciones de la densidad relativa de las drogas y las piedras preciosas al objeto de revelar de este modo «si son auténticas o han sido adulteradas» (véase la figura 5.1). Boyle recomendaba que se empleara una solución oleosa para este fin. La esencia de trementina constituía una buena opción, dado que su precio no era nada elevado y que esto determinaba que «rara vez se la adulterase, como tan a menudo ocurre con los aceites químicos». Boyle argumentaba que del hecho de que los «falsificadores» encontraran difícil de reproducir la densidad relativa característica de una sustancia se seguía que las mediciones de esta propiedad pudieran proporcionar «una especie de norma» con la que poder valorar tanto la identidad de las sustancias como su grado de pureza[51].

Durante el resto del siglo XVIII, e incluso bien entrado ya el siglo XIX, tanto los facultativos como otros profesionales del ramo seguirían expresando periódicamente su inquietud por la situación en que se encontraba la disciplina médica. Comenzó a difundirse cada vez más un cuerpo de obras científicas relativas a la «anarquía médica» y repletas de lamentaciones por la práctica de la adulteración de sustancias medicamentosas. Sin embargo, no parece que los consejos de Boyle llegaran a seguirse en la práctica, dado que eran relativamente complejos. Habría que esperar al siglo XIX y, concretamente, a la aparición de los laboratorios que, auspiciados por el Estado, se dedicarían a normalizar todo tipo de mediciones (tanto si se trataba de pesos y medidas como de monedas de curso legal o de cualquier otro elemento de circulación pública), para que las recomendaciones de Boyle encontraran aplicación efectiva. Sin embargo, entretanto no se generalizó esa normalización, tanto los médicos como los boticarios y el vulgo continuarían confiando en sus sentidos. Con todo, reforzarían los datos sensoriales con unas cuantas reglas prácticas con las que proceder a estimar la posible fiabilidad de los individuos encargados de elaborar las medicinas. Al parecer, la fe en un medicamento guardaba una estrecha relación con la opinión que pudiera uno formarse tras un encuentro personal con el responsable de su fabricación. No se trataba de que todos los clientes trataran en la práctica de citarse sistemáticamente con las personas que manipulaban las sustancias medicamentosas; lo importante en cambio era que esa entrevista fuese en principio posible. Una vez más observamos que en el caso de Grew este extremo resulta evidente, ya que se pedía a los médicos que «confiaran en la veracidad del autor» como prueba de la calidad de las sales.

El problema que presentaba este estado de cosas estribaba en el hecho de que chocara con la realidad de la producción farmacéutica. La imagen que entonces se tenía era la de que cada boticario trabajaba en estrecha colaboración con un médico, dedicándose específicamente a la preparación de sus recetas. Lo cierto era, en cambio, que se funcionaba sobre la base de un sistema de trueque, de modo que un determinado boticario se encargaba de elaborar el mitridato a granel, otro hacía lo propio con la triaca, etcétera. Y además, los «drogueros» y los «agentes» se ocupaban asimismo de una floreciente venta al por mayor —actividad que realizaban en la periferia de las ciudades europeas—. Daniel Coxe advertirá de que estos operadores, al actuar por su cuenta y no depender ni siquiera de los boticarios, «ponen a contribución sus competencias de manera cuestionable, y lo mismo puede decirse de su honestidad» —y a diferencia de los boticarios, añadirá, estos agentes no pueden ser visitados por los clientes—. Los propios interesados explicarán el bajo coste de sus productos pretextando poseer una particular habilidad o «don». Sin embargo, los médicos se mostrarán escépticos, y sostendrán que esa especial gracia o habilidad aducida no consiste sino en la mera omisión de los ingredientes de mayor precio, o en su sustitución por componentes más baratos o caducados. Una vez más, esa sería la idea que manejara el bando que abogaba en favor de la posición de Grew al insistir en que su defendido no se proponía «levantar ninguna polvareda… por medio de un truco de química»[52]. En resumen, la autenticación de las sustancias implicaba por regla general la acreditación de las personas vinculadas con ellas, y cuando no era posible atestiguar la fiabilidad de esos individuos surgían problemas muy serios. Y esta es la razón de que para establecer la autenticidad de los medicamentos sobre fundamentos razonables la medicina viniera a precisar de una revolución social.

Figura 5.1. Dispositivo ideado por Robert Boyle para detectar las drogas y piedras preciosas pirateadas o sometidas a algún tipo de adulteración. Robert Boyle, Medicina hydrostatica, Londres, S. Smith, 1690, frontispicio. Cortesía de la Biblioteca de la Universidad de Chicago.

Al final, la historia médica subsiguiente se ceñiría a dos estrategias, ambas desarrolladas para bregar con este problema. Una de ellas apelaría a la constitución de la farmacia, la otra se centraría en introducir mejoras en su comunicación. Los médicos sostenían que era preciso reformar la «Constitución de la farmacia» para abordar esta dificultad. A lo que se referían era al hecho de que los médicos debían de convertirse en los empleadores directos de los boticarios más dignos de confianza —ajustándose en buena medida a la iniciativa que ya tuviera de hecho Grew en el caso de Tramel, y de modo también muy similar al comportamiento que Atkyns se había propuesto exigir a los caballeros en su relación con los impresores—. Esto debía alumbrar un estado de cosas que, a los ojos de un gentilhombre del primer periodo de la modernidad, presentaba el aspecto de un ámbito mucho más fiable, esto es, de una esfera profesional en la que el caballero supervisaba la labor del artesano mediante una especie de relación entre amo y esclavo. Christopher Merrett sería uno de los que reivindicaran que el origen de los boticarios se encontraba históricamente entre los sirvientes. De instaurar dicho régimen, se decía, desaparecería el interés que, según suponían los médicos, venía a impulsar la adulteración de fármacos. La elaboración de medicamentos dejaría de ser una actividad «mecánica», pasando a constituir un «arte». Y los médicos tendrían el incentivo de unirse en «sociedades» a fin de fundar laboratorios públicos dedicados a esa labor. Con esto, afirmaba Coxe, no solo se pondría fin a la adulteración, también se estimularía la transmisión de datos relativos a los nuevos preparados[53]. En todas las «constituciones bien fundadas —añadía—, allí donde vengan a unirse los intereses surgirán igualmente gabinetes y esfuerzos mancomunados». A buen seguro, deducía Coxe, «quienes aprecien tanto la propiedad de cada cual que den en juzgar toda invasión de la misma como un perjuicio sufrido en propia carne, no habrán de negarse a colaborar con los médicos, cuyo terreno también sufre extrañas invasiones, pues actualmente los usurpadores se muestran poco menos que dispuestos a abogar por su proscripción» (es decir, decididos a reivindicar que los facultativos, al igual que los beneficiarios de una patente, se inmiscuían en un oficio ya existente). Coxe llegará incluso a decir que los boticarios constituyen una organización social incompatible con la comunidad económica nacional —acusación que viene a recoger el núcleo mismo del concepto de pirata—, equiparándolos a «los monederos falsos, los ladrones, los cortabolsas [y] los aficionados a bautizar el vino»[54].

Los boticarios se defenderían de estos ataques con argumentos muy similares a los utilizados por los libreros. Henry Stubbe advertiría en su nombre de la «peligrosa» intrusión que se estaba registrando en unos oficios que llevaban practicándose ya el tiempo suficiente como para merecer que se los considerara «propiedades», o derechos adquiridos[55]. La propia existencia de la farmacopea, añadían los aludidos, mostraba que los médicos no aspiraban sino a hacerse con el monopolio de la profesión. Hacían caso omiso de los «mayores secretos» y optaban en cambio por los viejos remedios, ocultando por añadidura la composición de las fórmulas «magistrales» que ellos mismos preparaban. Y en el combativo fragor de la época revolucionaria, Noah Biggs llegará todavía más lejos, negando que en este ámbito la idea de conceder licencias y de reconocer la autoría de un medicamento tuviese el menor fundamento lógico. De este modo argumentará que se hacía preciso producir un vuelco completo en la estructura social de la medicina, junto con lo que, en su opinión, eran también otros vestigios de la antigua corrupción y el papismo. Biggs equiparará el sistema de concesión de licencias del Colegio de Médicos al de los otorgadores de permisos para la creación de imprentas dependientes de la corona, una práctica que recientemente había abolido el tribunal de la Cámara estrellada[56]. El médico colegiado, afirmaba Biggs, «lleva al dorso un imprimatur», igual que los libros impresos con el antiguo sistema editorial. Como seguidor de Paracelso, el propio Biggs defendía el radical planteamiento de que la medicina no debía continuar siendo «una suerte de artículo de primera necesidad». El divino don del talento natural jamás acertaría a multiplicarse si el «arte y el ingenio» seguían teniendo que supeditarse a la propiedad y la adjudicación de licencias. De hecho, la medicina se había originado con un ánimo contrario al exclusivismo de la autoría. El propio Galeno, bufaba Biggs, había hecho suyas las doctrinas de Dioscórides, actuando así «como un plagiario y un furtivo mangante». Plinio había hecho otro tanto sin llegar siquiera a entender lo que copiaba. Los médicos que habrían de seguirles imitarían con tanto éxito su ejemplo que «el arte de la medicina había permanecido varado… sin registrar ningún progreso». Y así habría de continuar, en tanto los facultativos prefirieran «adornar y pulir los descubrimientos de extranjeros, griegos, bárbaros y hombres de otras razas» a indagar en busca de los suyos propios. Los médicos químicos como el mismo Biggs juzgaban que «los hallazgos de nuestros abuelos habían desbrozado el camino por el que circula nuestra propia industria»[57]. Al final, Biggs afirmará temer una especie de milenarismo a la inversa: Dios, espantado por el hecho de que los «agentes comisionados o administradores… monopolizaran [el conocimiento médico] o actuaran como monarcas» en el campo de la medicina —ya que en sus farmacopeas «ponen la verdad al fondo del pozo y en el brocal en cambio sus propias averiguaciones»—, podía acabar tomando la decisión de ocultar por completo toda ulterior revelación al entendimiento humano. Sencillamente cabía la posibilidad de que Dios nos «retirara sus dones»[58]. Ya existía un abrumador y muy patente contraste entre las artes mecánicas, que «diariamente conocen avances que las hacen ascender gradualmente gracias a la realización de nuevos descubrimientos, acercándose cada vez más a la perfección», y la medicina, que seguía conservando un carácter «frío y sin brillo»[59].

Se trataba de hecho de una reivindicación radical, pues venía a sostener nada menos que era la mismísima Providencia la que demandaba la creación de un campo de investigación abierto en la esfera médica, así como la abolición de todas las declaraciones de propiedad, ya se debieran a la intervención del Colegio de Médicos o al reconocimiento de la autoría. En la práctica, la gama de opciones verosímiles no era tan extensa. Los médicos querían que la panoplia de medicamentos se ampliase, pero insistían en que para que eso se verificase era preciso que se protegieran los derechos de los médicos relacionados con la autoría de un descubrimiento, ya lo hubieran realizado como individuos o como miembros de la profesión. Eso llevaba aparejado la existencia de distintos grados de secretismo. Christopher Merrett reconocerá la faceta paradójica de este estado de cosas. «En estos últimos años de intensa actividad experimental», sostenía Merrett, la medicina había realizado avances espectaculares y ya era hora de que la farmacopea siguiera su ejemplo. Sin embargo, solo quienes se hallaban «bien provistos de específicos» estaban dispuestos a lanzar una nueva edición, y sin algún tipo de régimen de propiedad, la empresa exigía además que el propio proponente «expusiera» sus preparados «al mundo entero». Por consiguiente, mientras no existiera algún medio para proteger a los autores de nuevas fórmulas medicinales, lo más probable era que la farmacopea permaneciera estancada en la misma situación de imperfección que se denunciaba. Esta es la razón de que Merrett instara a la organización de una campaña destinada a «restaurar y satisfacer aquellos honores que los hombres ignorantes no temen usurpar, reconociéndoselos a los profesores que dan muestras de erudición en esta ciencia». La campaña que tenía en mente debería crear un régimen de reconocimiento de la autoría equivalente al del registro de la Real Sociedad de Londres. Y en tanto no se instaurase, declaraba Merrett, «no veo razón alguna para que los médicos comuniquen sus secretos a unas personas que habrán de hacer uso de ellos, para ruina de sus inventores».

En este punto, los médicos como Merrett y Coxe volvían a ceñirse a las doctrinas del galenismo y de la estructura social de la medicina. Cuando un médico extendía una receta, confiaba en que el boticario elaborara el fármaco de acuerdo con sus instrucciones —y en que únicamente lo hiciera en esa ocasión—. Idealmente, lo que se esperaba del boticario era que devolviera la receta con los ingredientes y dosis del específico en el mismo momento en que entregara al médico el preparado. Desde luego, lo que jamás debía hacer el boticario era «utilizar la receta como si fuera suya, siempre que se le antoje y en su propio provecho, despojando al inventor de la misma de todo beneficio añadido por ello». Este principio por el que se viene a defender el derecho del inventor remite directamente a la convicción galenista de que las patologías —y por tanto los remedios— son individuales. Coxe llegará incluso a insistir en que no debería confiarse a los boticarios la elaboración de las nuevas medicinas químicas, cuyo fundamento implicaba la negación de dicho convencimiento, siendo en cambio necesario procesarlas única y exclusivamente en el «laboratorio público» del propio Colegio de Médicos. A este respecto, los médicos constituían una comunidad cuyo progreso no se materializaba por medio de una pretendida inspiración —diferenciándose en esto de los seguidores de Paracelso a que se refiere Biggs—, sino gracias a una «comunicación» veraz a través de los medios escritos e impresos. Llevaban generaciones «comunicando fielmente sus experimentos y observaciones»[60]. El hecho de que dispusieran de protocolos para transmitir esa información era lo que garantizaba que sus tratamientos resultaran fiables. Coxe sugería por tanto que muchos de los profesionales conocedores de arcanos menos relevantes estarían plenamente dispuestos a divulgarlos si una comunidad seria y respetable como la que había establecido dichos protocolos aceptara encargarse de la manufactura de los preparados que ellos indicaran[61].

De este modo, el conflicto que enfrentara en su día a Nehemiah Grew con los hermanos Moult venía a explotar las tensiones que llevaban generaciones desgarrando al mundo médico. Esas tensiones impregnaban todos los aspectos de la medicina, desde la identidad de las drogas al contenido del conocimiento médico, pasando por la naturaleza del descubrimiento y la invención, por el derecho al título de propiedad de la autoría y por la estructura social del conjunto del empeño médico. Grew sabía que se estaba aventurando en un terreno controvertido. Es posible que no se diera cuenta cabal de lo muy fragmentado que se hallaba ese terreno ni de lo mucho que su proyecto iba a obligarle a adentrarse en sus zonas más resbaladizas.

El mercado médico

Al intentar Grew utilizar su patente para hacer extensiva la autoridad del médico a la esfera competencial de los boticarios y los drogueros, los conflictos latentes, ya amplios y profundos, como acabamos de ver, se aproximarían a su punto culminante. Después de la revolución de 1688, el Colegio de Médicos había tratado de recuperar parte de la autoridad perdida y la Sociedad de boticarios replicaría, entre otras cosas, con la amenaza de publicar una edición pirata que diera a conocer sus «ilógicos e injustos» estatutos, revelando así la vacuidad de las pretensiones del Colegio. El hecho mismo de que la Sociedad de boticarios lanzara la advertencia de emprender una acción de este tipo para conseguir que se la respetase resulta más que elocuente. Al mismo tiempo, los boticarios elevaron al parlamento una cuestión que podía parecer a primera vista algo esotérica pero que, en realidad, poseía una gran significación. Todos los gremios y compañías tenían la obligación de trabajar en entidades parroquiales, salvo los afiliados al Colegio de Médicos, y esta salvedad venía a señalar que los médicos tenían más de profesionales que de miembros de un oficio. Los boticarios tratarían entonces de conseguir el mismo privilegio. Si lograban su propósito, también ellos podrían inferir que no eran meros artesanos. Y esto significaba que podían tratar directamente con los pacientes y recetar sus propios medicamentos. Para consternación de los médicos, la propuesta de ley se aprobó, y además sin la menor dificultad. La estructura de la medicina que había venido existiendo hasta entonces parecía pender de un hilo[62].

El Colegio de Médicos reaccionó lo mejor que supo. Perfectamente conscientes de que existía la difundida sensación de que eran caros, interesados y monopolistas, los médicos decidieron arremeter de cabeza contra los boticarios. Abrieron un dispensario propio para ofrecer medicamentos a los pobres. El Colegio daría asimismo el controvertido paso —polémico incluso en sus propias filas— de traducir y publicar sus estatutos profesionales —de nuevo como fórmula con la que salir al paso de los planes de los boticarios—. Y tomaría igualmente la fatídica determinación de llevar a juicio a un boticario llamado William Rose, al que acusaba de practicar la medicina. Fue un caso enrevesado, pero finalmente el Colegio de Médicos ganó el pleito según sentencia del más alto tribunal del reino. No obstante, Rose apeló a la Cámara de los Lores, y en ella sus abogados sostendrían que la demanda era una estrategia de los médicos pensada para «monopolizar la totalidad del negocio médico». Sus señorías, entre quienes predominaban las convicciones liberales contrarias a los monopolios, se pusieron de parte de Rose y fallaron en contra del Colegio[63]. La generalidad del público consideró que este resultado venía a señalar el fin de un régimen. A partir de ese momento, la vieja estructura tripartita no persistiría sino al modo de una cáscara vacía. Quedaba así legitimado un mercado médico de fundamentos radicalmente empresariales que, en la práctica, llevaba ya largo tiempo floreciendo[64].

En la actividad mercantil que habría de expandirse a continuación, las distinciones formales entre la medicina basada en el ejercicio de unos facultativos oficialmente acreditados y la practicada por unos profesionales más heterodoxos terminaron por dejar de percibirse. En su condición de clientes, los pacientes no veían nada cuestionable en consultar las recomendaciones de una amplia gama de practicantes para poder optar así por quienes les hubieran parecido congeniar mejor con su carácter o adecuarse más convincentemente a sus necesidades. En lo sucesivo, habrían de verse tentados por una inmensa gama de panaceas y «medicinas patentadas» —muchas de las cuales, o al menos eso denunciaban los médicos, pertenecientes a la farmacopea pero añadiéndoles unos cuantos ingredientes menores de intención más o menos cosmética a fin de enmascarar el hurto—. O bien comenzaría a darse el caso de que los pacientes empezaran simplemente a automedicarse siguiendo para ello las instrucciones que ahora podían encontrar en la floreciente gama de obras que habían empezado a imprimirse con ese fin. Al ser pirateado, Grew vino a contribuir en cierto sentido a poner en marcha todo ese proceso de transición[65].

Sería justamente la generación de Grew la que asistiera al surgimiento de las primeras concesiones de patentes a medicamentos compuestos de origen químico. ¿Por qué se produjo entonces ese fenómeno, y no antes ni después? La respuesta descansa en las cuestiones que ya hemos mencionado en el caso de la controversia entre Nehemiah Grew y los hermanos Moult, cuestiones que saldrían abiertamente a la luz con la derrota del Colegio de Médicos. El viejo sistema tripartito encontraba su fundamento en la continuidad, no en la originalidad, y no concedía especial importancia a la creación de nuevos medicamentos y técnicas. Evidentemente, se producían descubrimientos e invenciones, pero no formaban parte de la identidad profesional normalizada del médico o el boticario. Por consiguiente, tanto los boticarios como los médicos y los practicones tenderían a adoptar medidas ad hoc y a estipular en sus luchas intestinas todo un conjunto de conceptos vinculados con el robo de invenciones y la propiedad asociada con la autoría —conceptos casi siempre contrapuestos, como es lógico, dada la naturaleza polémica de la situación—. La decisión que llevaría a Grew a tratar de que se le concediese una patente fue en un principio una más de esas tácticas. Sin embargo, con el paso del tiempo la patente de Grew acabaría convirtiéndose en algo de significación más honda. La derrota de los médicos transformaría lo que en origen era una táctica en una estrategia —modificándose después hasta devenir un elemento estructural destinado a constituir el núcleo de la cultura médica.

El mercado médico del siglo XVIII habría de promover la creación y la comercialización de las novedades que dieran en aportar todos cuantos se integraran en él, así vinieran de los más alejados rincones del mundo. Y haría especial hincapié en el hecho de que todos los conocimientos que se alegara poseer lograran difundirse ampliamente y llegar a una gama de lectores cada vez más extensa. Se mostraría hostil a las viejas autoridades del gremio que intentarán justificar su eminencia remitiéndose a una erudición expresada en lengua latina o directamente deudora de Galeno e Hipócrates. Y sin embargo, al mismo tiempo habría de mostrar al respecto una actitud muy propia de la calle Grub[66]. En lugar de los viejos y rancios colegiados anclados en el pasado, el nuevo mercado promovería una competencia feroz que daría pie a que figuras como la de Hans Sloane, que vincularía su apellido a remedios de eficacia universal, vieran codearse sus medicamentos con los de todo mercachifle del sistema de medicinas patentadas. El mundo que la gente deploraba por ser un espacio entregado a la «anarquía médica» en el que se falsificaban, imitaban y pirateaban ilimitadamente todo tipo de medicinas era también un mundo en el que la solicitud de patentes médicas acabaría convirtiéndose en un gesto rutinario. Se trataba de un mundo inextricablemente unido al que hemos dado en saludar como ilustrado, dado que era, en su médula misma, parte del mismo movimiento.

6

DE EPOPEYAS Y PLANETARIOS

Los derechos de autor son un invento de la Gran Bretaña del siglo XVIII. Antes de 1700 no se tenía en ningún lugar la menor idea de que pudiera existir nada parecido, y lo cierto es que durante gran parte del siglo ninguna otra nación se dotaría de nada semejante. Incluso en Gran Bretaña habría que esperar hasta la década de 1770 para que el concepto cuajase y diese en adquirir, grosso modo, la forma que hoy adopta —esto es, la de un «derecho» limitado en el tiempo, definido por ley y más circunscrito a la expresión de ideas que a las ideas mismas—. Al principio, todos y cada uno de esos elementos resultarían difíciles de articular y comprender. Y ninguno estaría exento de polémica. De hecho, algunos todavía siguen resultando controvertidos. Vale por tanto la pena que nos preguntemos cómo llegó a ver la luz un concepto tan extraño, y sobre todo, en qué consistió inicialmente su atractivo.

Las respuestas a estas preguntas nos remiten a una circunstancia: la de que el nuevo contexto político y económico fuese causa de que las prácticas cotidianas vinculadas con la impresión y la venta de libros dieran lugar a intensas discusiones. Tanto por su índole como por su existencia misma, los derechos de autor eran un reflejo de la época, dado que habían surgido en las generaciones posteriores a la Gloriosa Revolución de 1688. La huida del monarca católico Jacobo II de Inglaterra y su sustitución por Guillermo III y María II fueron acontecimientos profundamente traumáticos, y habrían de desencadenar la irrupción de cambios muy relevantes en la gobernanza y la economía política de las islas británicas. En el largo y ácido debate que habría de producirse en relación con la legitimidad de la revolución habría muy frecuentes llamamientos a la «libertad y la propiedad». Ambas nociones acabarían convirtiéndose, por usar los términos actuales, en «principios revolucionarios». Insistir en que la actividad editorial debía descansar en un sistema de reconocimiento de la propiedad, como habían aprendido a hacer los más importantes editores de Londres, era por tanto una medida astuta, ya que venía a identificar uno de los principios esenciales que estaba en juego[1]. Sin embargo, hay que señalar que, a esta luz, la «propiedad literaria» tenía también un problema acuciante —un problema que muy pocos detectarían al principio, pero que resultaría cada vez más difícil de pasar por alto conforme el debate fuera acercándose a su punto culminante—, y es que, en la medida en que se trataba de un derecho de propiedad, tendía a chocar con la libertad. Esto significa que los dos principios clave de la revolución no concordaban en absoluto. Es muy posible que los principales editores de Londres no vieran más que virtudes en el hecho de conseguir que arraigara firmemente un principio de propiedad, absoluto y perpetuo, como axioma del oficio editorial mismo. Para sus rivales se trataba, en cambio, de una idea monopolística e incluso tiránica.

Las disputas vinculadas con la propiedad literaria comenzaron a desarrollarse en una época en que las cuestiones de la identidad y la autonomía empezaban a adquirir a su vez un carácter inusitadamente apremiante. La racionalización de la producción fabril, la especulación financiera y la proliferación de las maquinas vendrían a confabularse y a constituirse en un difícil desafío para las destrezas artesanales que hasta entonces habían venido siendo el fundamento de la autoridad en las empresas, fueran estas del tipo que fuesen. Al mismo tiempo, las convicciones materialistas y deístas amenazaban con desplazar a la autoridad clerical. Se animó a los lectores a dar por supuesto que constituían un público y que, como tal, podían expresarse con una voz razonada y poseían una legítima capacidad de juicio. Los ciudadanos se arremolinaban en grandes grupos para contemplar con sus propios ojos las fuerzas de la naturaleza —fuerzas que sacaban a escena los conferenciantes más virtuosos y los empresarios teatrales proclives a utilizar máquinas, bombas de vacío y planetarios—. La gente también pagaba para ver a los autómatas mecánicos, que parecían reproducir con inquietante fidelidad algunas de las facultades más característicamente humanas. Igualmente perturbadoras podían resultar las conclusiones que acaso les diera por extraer tras asistir a estas representaciones —me refiero a las conclusiones relativas a la índole de esas mismas facultades—. ¿Se reducían las emociones y las expresiones —o incluso la propia razón— a un mero conjunto de mecanismos y fuerzas hidráulicas? En resumen, la sede del conocimiento, la autoridad y la autenticidad volvían a quedar sumidas en la oscuridad, y en esta ocasión de un modo nuevo —y no sería raro que algunos vieran una oportunidad comercial en esta misma confusión—. Esta cultura daría lugar a la aparición del «misterio del autor y el artífice», un misterio de carácter a un tiempo cortés y comercial, reflexivo y rapaz, inventivo y pirático[2].

No hace falta decir que las disputas que surgieran en torno al asunto de la propiedad literaria no solo habrían de ser largas e intensas, sino proclives además a la instauración de equilibrios delicados. Podrían haber concluido de muchas formas diferentes, o incluso no haber llegado a zanjarse nunca —cosa que, en cierto modo, es exactamente lo que ha ocurrido—. En todo caso, los derechos de autor derivados de las pugnas del mundo anglófono moderno no eran tanto un principio inmanente de este tipo de reyertas como su resultado. El instante definitorio de dicho resultado se produciría en febrero de 1774. Vastas multitudes se congregarían ese mes en la Cámara de los Lores para escuchar a la más alta autoridad legal de la nación y ser testigos de si esta decidía sancionar o no la existencia de la propiedad literaria. Al final, los lores determinaron que no había tal propiedad. Los derechos de autor, dictaminarían, no eran en modo alguno un derecho al que pudieran hacerse acreedores los hombres. De hecho, constituían prácticamente su contrapunto exacto: un artefacto que, además, venía a reemplazar a un derecho anterior, el establecido por el autor al crear su obra. Al expirar los derechos de autor de una obra, esta quedaba a la deriva. Esto constituía una enorme victoria para los piratas —y cabe argumentar que también para el público con cuya complicidad contaban—. En términos de principios revolucionarios, la libertad iba a predominar sobre la propiedad.

Sindicatos de libreros y ejemplares de libros

La desaparición de la llamada Ley de prensa de 1695 convirtió la «piratería» en una actividad legítima. Los principales actores del sector comercial del libro se unieron para expresar su protesta. Finalmente, en 1710 conseguirían que se promulgara una nueva ley que diese respuesta a sus quejas. Dicha ley se presenta siempre como la primera ley de derechos de autor del mundo. Sin embargo, en ella no solo no figurará la expresión misma, sino que dejará toda una serie de cuestiones sin abordar, como la naturaleza de un «derecho» de esa índole. Lo que sí hizo fue establecer un espacio legal en el que dirimir las disputas relacionadas con las costumbres del comercio londinense, de modo que dichas disputas pasaron a centrarse en la dilucidación de las reclamaciones vinculadas con la propiedad, circunstancia que de hecho permitiría el surgimiento de una doctrina sobre los derechos de autor. En otras palabras, es posible que los derechos de autor deban su más remoto origen a una respuesta interesada (por ser una respuesta de parte) a la piratería —o mejor dicho, a la Republica Grubstreetana, como habrá de denominarla Jonathan Swift, un ámbito en el que, según se decía, los principios piráticos campaban por sus respetos—, aunque para adquirir su forma definitiva y consolidar esa respuesta iban a precisarse una serie de luchas.

La propiedad literaria se convirtió en un principio muy notablemente polémico debido a que antes de que adquiriera forma de ley escrita, y de manera en gran medida independiente del proceso que habría de conducir a su promulgación, un poderoso grupo del sector comercial del libro lo había convertido ya en la premisa vigente en el negocio editorial de Londres. Serían las distintas alianzas surgidas en el seno de esta corporación central de libreros las que crearan y sostuvieran los derechos de autor. Habían apostado por mantener a salvo sus proyectos profesionales, pero también creían que el único modo de lograr que la actividad editorial continuara siendo respetable pasaba por conseguir que se asentara sobre este principio. De lo contrario, el oficio podía acabar imitando las mañas del reino pirático que representaban tipos como Henry Hills, Edmund Curll y William Rayner. Por consiguiente, para esta pequeña oligarquía —que nunca contaría con menos de veinte o treinta miembros—, la convicción, el interés y la experiencia cotidiana vendrían a confluir y a sostener con gran fuerza la idea de que la instauración de la propiedad literaria constituía la piedra angular del sector del libro. Esta es la razón de que se mostraran tan resueltamente combativos y respondieran con toda decisión al ponerse en entredicho la mencionada propiedad[3].

La Gloriosa Revolución iba a determinar, entre sus muchas consecuencias, que este tipo de oligarquías adquirieran una significación nueva. Da la impresión de que, en la década de 1690, la especulación, el riesgo y la deuda se habían convertido en los elementos centrales de una cultura comercial nueva en la que el prestigio desempeñaba un papel central. En el plano nacional, la necesidad de sostener el esfuerzo bélico llevaría aparejado el surgimiento de un nuevo tipo de economía política simbolizado por la deuda nacional y el Banco de Inglaterra. En el plano de las empresas individuales, la época vendría marcada, como proclamaba Daniel Defoe, por la proliferación de toda una serie de «proyectos». Los proyectos eran propuestas ambiciosas tendentes a la materialización de planes de muy diverso tipo —invenciones, empeños comerciales, loterías, etc.—. No se trataba de ninguna novedad: ya un siglo antes había estado el Londres isabelino repleto de proponentes de proyectos[4]. Ahora, sin embargo, quienes ideaban esos proyectos no buscaban ya las fórmulas para su financiación en el patrocinio de los nobles cortesanos, sino en los ámbitos manifiestamente públicos del café y el panfleto. Una miríada de proyectos de todo tipo —de las expediciones destinadas a la caza de algún tesoro a los planes de fabricación de máquinas de vapor para el drenaje de las minas— trataría de hallar sustentación económica en las aportaciones de un conjunto de suscriptores no especializados en la materia que, sin embargo, acudían atraídos por las descripciones impresas de la idea y la tentación implícita en las promesas de futuros beneficios. Se trataba de un fenómeno que aparentemente venía a definir los rasgos de una nueva época. Y desde luego, también el negocio editorial dependía del surgimiento de proyectos. Proponer una suscripción pensada para publicar un nuevo atlas geográfico o un innovador texto de historia implicaba pedir a terceras personas que confiasen en que el proyecto estaba llamado a dar sus frutos. En los cafés de Garraway o Jonathan, los consumidores podían dedicarse a estudiar las propuestas impresas en que se detallaba el proyecto de una nueva edición de las máximas de los padres de la Iglesia o los planos para un novedoso sistema de drenaje de pantanos, y en ambos casos la retórica utilizada será de una congruencia notable. Y dado que eran muchos los proyectos que fracasaban —ya se concretaran en la edición de un libro o en la construcción de una máquina—, toda la cultura de la elaboración y la difusión de proyectos se hallaría en estrecha relación con cuestiones de viabilidad. La empresa editorial dependía del prestigio y tenía cierta tendencia a verse en la necesidad de asumir riesgos, y ello en una época en que el riesgo era una circunstancia tan públicamente conocida como mal vista. En este sentido, resulta elocuente que se rumoreara que la más célebre de todas las estafas de la época de la burbuja económica de los Mares del Sur[5] fuera la llevada a cabo por un impresor que se embolsó dos mil libras esterlinas sacadas del bolsillo de sus suscriptores, presuntamente para financiar con ellas un proyecto marcado por «la obtención de grandes beneficios, aunque nadie sepa en qué consisten». Y lo que todavía resulta más elocuente es el hecho de que, al parecer, el fraude mismo revelara ser producto de las calenturientas maquinaciones de los inquilinos de la calle Grub —aunque no exista prueba sólida alguna que demuestre que eso fuera lo sucedido realmente[6].

Sería esta preocupación por el prestigio lo que llevara a los principales libreros a asociarse en defensa de sus intereses. Sus alianzas ya habían comenzado a ver la luz en las décadas de 1670 y 1680, y pronto pasarían a conocerse con el nombre de congers (o sindicatos). La idea original en que se apoyaban era muy sencilla. Con el fin de minimizar y repartir los riesgos de la impresión de una obra, cada uno de los que intervenían en el proyecto aceptaba comprar un determinado número de ejemplares[7]. No obstante, conforme fuera arraigando la costumbre, estos protosindicatos irían adquiriendo formas más estables y cuasi institucionales. Algunos de ellos llegarían a actuar prácticamente como sociedades anónimas, al menos si nos atenemos a algunos de sus aspectos formales. Las ventas exclusivamente destinadas a los miembros de la asociación —y que en un principio consistían en libros físicos debidamente guardados en almacenes, aunque no tardarían en convertirse en «ejemplares» abstractos— acabarían determinando que el estatuto de ciertas obras respondiese de facto a un modelo de propiedad. Los integrantes de la sociedad tenían prohibido comerciar con dichas obras al margen de la transacción original, y no se permitía participar en el proyecto a nadie que no fuera miembro de la asociación. Por consiguiente, las «ventas comerciales» de los títulos más relevantes del negocio editorial acabarían por generar un mercado cerrado y de muy pequeñas dimensiones. Era casi seguro que los ingresos que generaran las obras que gozasen de ventas continuadas en el tiempo, como El paraíso perdido de John Milton, podrían dividirse en lo que en la práctica venían a ser simples acciones. No había ninguna ley que atribuyese a nadie la explotación exclusiva del poema de Milton, pero al estar ahora la «propiedad» repartida entre los más importantes representantes del mundo editorial, los miembros de esta elite comenzaron a comprenderse vinculados por un interés colectivo: el de combatir todo supuesto intento de «piratería». Nunca se harían la pregunta de si los ejemplares que se reservaban eran realmente otras tantas propiedades o no, porque por un lado no había razón alguna para plantearla y sí muchas para no interrogarse sobre el particular. La propiedad literaria era un hecho social. Las obras importantes de todas clases llevaban apareciendo en esas circunstancias unos cincuenta años aproximadamente (con la excepción parcial de las novelas, ya que por regla general este tipo de obras se publicaban para obtener un rápido beneficio, y apenas se pensaba en la posibilidad de futuras ediciones). En la época en que empezaron a desaparecer del escenario los sindicalistas de los que hemos venido ocupándonos en este apartado —cosa que comenzaría a producirse en torno a 1740—, su labor había logrado ya que arraigara en Londres una costumbre: la de basar la actividad comercial en lo que sus oponentes denunciarían como «componendas» destinadas a reforzar la instauración de una especie de régimen de propiedad sucedáneo[8].

Y no faltaban oponentes. Los que no se hallaban integrados en el grupo principal se quejaban de que el sistema era oligárquico y monopolístico. De hecho, algunos lanzarían la acusación de que, al restringir la circulación de unas obras que de otro modo se habrían distribuido libremente, los propios sindicalistas se comportaban como piratas. De este modo, John Dunton, un obstinado y emprendedor impresor liberal, concedía que la mayor virtud de un sindicalista consistía en defender al gremio de los «piratas», pero a renglón seguido declaraba que el grupo de Castle era un «sindicato pirata» y se maravillaba de que sus miembros no tuvieran insuperables problemas de conciencia. Otro de los que se oponían a este sistema sugerirá que si se había escogido la voz «conger»[9] para designar al sindicato había sido para señalar que se trataba de una bestia aficionada a devorar al «pez chico». Las críticas se centrarían también en el hecho de que la afiliación al sindicato tuviera un carácter secreto (circunstancia que más tarde reiterará Jacob Ilive al atacar a los propietarios de los ejemplares reservados)[10]. Al principio, estas censuras serán en gran medida ineficaces, pero nunca llegarán a apagarse por completo.

Entre 1707 y 1709 hubo un grupo de sindicalistas que consiguió convencer al Parlamento de que debía sustituirse la vieja ley de prensa por una norma nueva. Hasta entonces, los intentos de materialización de alguna forma de reconocimiento legal habían alternado con los llamamientos por los que se reclamaba una reactivación de la regulación de la actividad impresora, quizá mediante la concesión de licencias. Otra opción consistía en exigir que los autores fuesen «propietarios» de sus obras, en el sentido de estampar su nombre en la portada. Este nuevo grupo no se desentendería enteramente de estos viejos argumentos, pero optaría por centrar mucho más intensamente su actividad en la cuestión de la propiedad en sí. Tomaría la acertada decisión de no procurar que se protegieran simplemente los «ejemplares» —esto es, una costumbre comercial—, sino las «propiedades». Joseph Addison respaldaría la idea de suprimir «las escandalosas prácticas de los impresores piratas y sus vendedores ambulantes», y publicaría una furibunda diatriba contra ellos en el Tatler. Daniel Defoe nos explica la lógica subyacente a estas críticas al proclamar que no solo existía un «derecho de propiedad», sino un derecho de propiedad creado por los autores. Ese había sido el viejo argumento que los libreros habían esgrimido contra Atkyns, aunque ahora cobrara nuevo vigor en un contexto muy distinto. Según mantenía Defoe, la promulgación de una ley que regulara a un tiempo el comercio y la propiedad resultaría «tan grata y compatible con el principio de la revolución, supondría un elemento tan considerable en la defensa de la propiedad, que ningún liberal podrá mostrarse contrario a ella —no sin dejar de ser lo que se entiende por liberal, esto es, un hombre que pone gran cuidado en preservar la propiedad—». Hasta un impresor como John How, que esgrimía la acusación de que los editores de elite eran los mayores piratas de todos —y que amenazaría con «publicar la historia completa de la piratería, por la que el mundo podrá ver cómo han amasado su fortuna los más altos potentados del sector»—, solicitará que se promulgue una ley que permita que el oficio disponga de unas bases uniformes[11].

En enero de 1710, los grandes de la industria pusieron sobre la mesa su receta. Y la propuesta, que preveía el reconocimiento de un estricto derecho de propiedad en las obras impresas —un derecho que encontraba su fundamento en el trabajo del autor y cuya propiedad recaía casi siempre en un editor de Londres—, prometía consagrar las costumbres de los sindicalistas y elevarlas al rango de ley. Sin embargo, la idea no logró superar la tramitación en Westminster. Habría incluso algún parlamentario crítico —no se sabe con claridad quién— que se mostraría tan cauto con la posibilidad de la subrepticia instauración de un monopolio que llegaría a sugerir que se limitara el plazo de validez de cada ejemplar. La idea ya había circulado anteriormente —y uno de sus defensores más notables será el mismísimo John Locke—, pero a los editores les horrorizaba a tal punto semejante perspectiva que no dudarían en lanzar súbitamente tres cerradas andanadas y en declarar que esa medida no solo vendría a socavar «un derecho que lleva disfrutándose más de ciento cincuenta años en el ámbito consuetudinario», sino que acabaría destruyendo una «propiedad que es idéntica a la de las casas». El Parlamento no cedió terreno. No solo incluiría en la norma este cambio de tan crítica importancia, sino que le incorporaría a manera de disposición adicional la cláusula de que, transcurrido un primer periodo de catorce años, el derecho debería revertir al autor, por espacio de otros catorce. De este modo se enmendaba el preámbulo en el que se exponía el fundamento de la medida. Si el borrador hablaba de que la norma «garantizaba» el disfrute de una propiedad basada en «la erudición y el trabajo» de los autores, la ley pasaba ahora a declarar que su objetivo como código consistía en «conferir» un derecho a sus legítimos propietarios. La distinción entre «garantizar» y «conferir» era un distingo sutil, sobre todo porque el término más antiguo era el que todavía figuraba en la ley misma. Sin embargo, también podía venir a significar perfectamente que lo que los editores consideraban un derecho natural era en realidad algo completamente diferente: una protección artificial, creada por el Parlamento y concedida por un periodo de tiempo limitado. En pocas palabras: podía implicar que se trataba del equivalente parlamentario de las patentes regias. Y en esa forma habría de promulgarse finalmente la norma. Y de este modo, como Ley para el estímulo del conocimiento, entraría en vigor el 10 de abril de 1710[12].

Naciones y combinaciones

El periodo de protección que el nuevo estatuto ofrecía a los libros ya publicados se extendía por espacio de veintiún años. En 1731 expiraría por tanto el amparo a que se habían acogido dichas obras. Se trataba de los puntales del sector —esto es, de los más preciados textos de los potentados de Londres—. Libros de venta segura y continuada como los de Milton o Shakespeare, así como el titulado The whole duty of man, de Richard Allestree, quedaron de pronto fuera del plazo establecido por la ley. Sería entonces, por tanto, cuando las ambigüedades de la ley comenzaran a adquirir una significación práctica. De acuerdo con los potentados, el término del periodo de tiempo estipulado en la ley no tenía por qué revestir una excesiva importancia. Acostumbrados a la seguridad que les proporcionaban las reservas de obras establecidas por los sindicatos y las ventas comerciales, tuvieron la sensación de que lo único que venía a añadir el estatuto era un mecanismo de refuerzo para la gestión de algo que, en sí mismo, concebían como una propiedad perpetua, esto es, como algo creado en todos los casos por el acto de la autoría y respaldado en términos generales por costumbres de larga tradición. Sin embargo, sus rivales —y ahora existían muchos más que en 1695— veían las cosas de modo diferente. Considerando que esos títulos tan productivos eran ahora piezas legítimamente a su alcance, comenzaron a reimprimirlas y a venderlas a precios demoledoramente bajos.

Los londinenses habían hallado formas de hacer frente a los «piratas» locales, o se habían acostumbrado al menos a convivir con ellos. Por lo general, se les podía parar los pies mediante la elevación de un requerimiento judicial a la cancillería[13]. Mucho más problemáticos resultaban en cambio los integrantes de un nuevo grupo de piratas venidos de lugares mucho más remotos y capaces de operar en un ámbito en el que el mandato de la cancillería no tenía vigencia. Inglaterra y Escocia no se habían unido para formar una única nación sino en 1707, y conservaban cada una un sistema legal propio e independiente. La unión había provocado desde el principio agrias discordias, y entre los escoceses seguía resultando muy controvertida[14]. Sus preocupaciones se centraban en torno a las manufacturas y el comercio. Las doctrinas de la economía política de la época ordenaban el establecimiento de medidas de protección frente a las ambiciones fabriles de las naciones rivales. Sin embargo, Escocia e Inglaterra habían pasado ahora a formar parte de una misma nación, de modo que los escoceses exigían que Londres respaldara su derecho a imprimir y a publicar obras en las ciudades más importantes de la región. Sin embargo, tanto en Edimburgo como en Glasgow, los editores ambiciosos no solo se proponían dirigir su actividad a los lectores domésticos, sino también a la explotación de los lucrativos mercados de la exportación a las provincias de Inglaterra y a las colonias estadounidenses. Y en este contexto, las reimpresiones escocesas terminarían convirtiéndose en el detonante de una pugna de considerables proporciones.

De este modo, la piratería terminó enredándose con la singular política de una nación compuesta. Para que la propiedad ligada a la autoría pudiera consolidarse, iba a ser preciso proporcionar respuestas coherentes a algunas cuestiones vinculadas con las relaciones entre la metrópoli y las provincias, y entre el reino y sus colonias —preguntas que ya habían sido causa de enconadas disputas durante la guerra civil y la revolución inglesas—[15]. Al mismo tiempo, la respuesta a estas interrogantes iba a implicar otra necesidad: la de definir el tipo de esfera pública que idealmente abarcaba transversalmente todos esos ámbitos. Los escoceses defendían su derecho a la elaboración de reimpresiones como parte de una contribución positiva a la actividad fabril existente al norte de la frontera, y como forma de poner en solfa la presunción de centralidad imperial que se vivía en Londres. Serían innumerables los anuncios que aparecieran en los periódicos escoceses abundando en este mismo sentido. Y según decían, al desafiar a los «monopolistas» ingleses, los impresores y los editores escoceses no hacían más que impulsar la causa del conocimiento. Así lo declararía en 1754 el impresor de Glasgow Robert Foulis al llamársele a declarar por haber reimpreso obras de Alexander Pope, ya que exclamaría: «Actúo por principios». Y al señalar, aturdido, la existencia de una «nueva doctrina» de la propiedad vinculada a la autoría y anterior a toda ley, de carácter eterno y no susceptible de aceptar límite alguno, ni siquiera por parte de la más alta «autoridad nacional», Foulis insistirá en que «los hombres más cultos y valiosos de este país piensan que, al reimprimir, realizamos un servicio público»[16]. En este tipo de retórica asistimos sin duda al surgimiento de la persistente polémica sobre la impresión y la autoría, pero también al nacimiento de la controversia sobre el mercantilismo, el libre comercio, el conocimiento público y la identidad de Gran Bretaña.

Adam Smith, que crecería rodeado de todos estos forcejeos, declarará que «el solo motor del sistema mercantil» era el monopolio[17]. Los reimpresores coincidirán de todo corazón con este parecer. Se veían a sí mismos como un grupo de ciudadanos decididos a resistir los ataques de una banda de consumados monopolistas. Y según señalaban, lo que la elite londinense propietaria de los títulos codiciados reclamaba en sus alegaciones era el derecho a publicar en exclusiva todas aquellas obras que tradicionalmente se hubieran impreso en Inglaterra, con la única excepción de los clásicos latinos y griegos. A su juicio, esto equivalía a tratar de monopolizar el libro mismo. El hecho de que los londinenses hubieran decidido basar la argumentación de su alegato en la existencia de un derecho natural —cuyo carácter no solo era por tanto perpetuo, sino universal— no contribuía sino a hacer que su presunción resultara todavía más flagrante. Al imponer su propia noción de «propiedad privada», Londres estaba tratando de sofocar a un tiempo la industria y la cultura popular de una nación. Por esta razón se exhortaba a los lectores escoceses a buscar antes las reimpresiones locales que las ediciones inglesas[18]. Se trataba de un frente de ataque de enorme potencia, y en la medida en que se hallaba vinculado al revolucionario principio de la oposición al monopolio su atractivo lograría rebasar los límites de Escocia. Por eso el jurista Edward Thurlow concedería que «lo que se llama propiedad literaria» coopera a la instauración del «escandaloso monopolio de un conjunto de editores ignorantes… [que] se vuelven opulentos mediante la opresión». El propio término «monopolio» resultaba «odioso» —calificativo en el que coincidirían también Warburton y Blackstone—[19]. La simple mención de la palabra bastaba para evocar el imaginario común y el recuerdo del absolutismo y la corrupción de la corte de los Estuardo. Y por si fuera poco, este tipo de disputas tenían también una verdadera y muy pertinente resonancia política. De este modo se asistiría, a mediados del siglo XVIII, a una reactivación de la controversia pública sobre la cuestión del «monopolio», controversia que se plasmaría de manera muy particular en forma de críticas al control del comercio con la India que venía ejerciendo la Compañía Británica de las Indias Orientales. Los liberales radicales de Londres se quejaban de la utilización oligárquica que se realizaba de algunos de los privilegios que otorgaba el Estado, como los concedidos a dicha Compañía, ya que con tales medidas se ilegalizaba toda competencia y por consiguiente, insistían, se interfería en la libertad de los súbditos, que veían así restringida su capacidad para emplear su inteligencia y su libre albedrío. Y a pesar de que, hasta donde me es dado saber, los editores piratas de Escocia e Inglaterra no vincularan explícitamente su causa a la de estos antiimperialistas radicales, los elementos comunes de ambos planteamientos estaban ahí, a la vista de todos[20].

No hace falta decir que los oligarcas del negocio editorial de Londres rechazaban de plano todo esto. Para que existiese un auténtico monopolio, insistían, debería haber ocurrido otra cosa: la abolición del derecho a practicar un oficio que siempre hubiera comerciado con objetos que antes de la instauración de dicho monopolio hubiesen sido compartidos por todos. Sin embargo, una obra literaria era algo que el autor creaba en un determinado momento, de modo que jamás habría podido darse esa condición. «No puede decirse que la obra de un autor haya sido en algún instante un bien común, como ocurriera originalmente con la Tierra»[21]. Y además sostenían que si lo que se deseaba era que nadie sufriera, ni siquiera los escoceses, debía existir necesariamente algún tipo de régimen vinculado con la propiedad literaria. William Strahan (que era el principal impresor de Londres, además de maestre de la Compañía de libreros e inversor con unos doscientos títulos en su haber —pese a ser él mismo un escocés expatriado—) observará que si los escoceses querían llevarse el gato al agua no tardarían en descubrir que necesitaban algún mecanismo equivalente. Francis Hargrave se mostraba de acuerdo, y afirmaba que los piratas lo pasarían mal si la «piratería» adquiría dimensiones universales[22]. Y había algunas pruebas que venían a respaldar estas manifestaciones. Desde luego, se acusaba a los reimpresores de Edimburgo de volverse contra sus antiguos aliados de Glasgow al importar de «contrabando» libros de Holanda y venderlos como si procedieran de Londres[23].

Como ya se ha señalado, los editores londinenses podían parar los pies a los piratas locales mediante la obtención de mandamientos judiciales. Pero los mandamientos judiciales no eran más que un recurso provisional, ya que lo único que podía conseguirse con ellos era frenar un perjuicio potencial hasta que pudiera celebrarse un juicio en toda regla. Con ellos no se conseguía un veredicto formal, y los distintos fallos no ejercían ningún impacto en la doctrina vigente —por más que a los editores de Londres les gustara afirmar implícitamente que una cascada de sentencias favorables sí que tendría efectos en la norma—. Lo que realmente necesitaban para hacer frente a los reimpresores escoceses era que el principio de la legitimidad de la propiedad basado en el derecho consuetudinario lograra un respaldo jurídico definitivo —y que ese reconocimiento extendiera el radio de acción de dicha legitimidad al norte de la frontera inglesa—. Por consiguiente, a mediados de la década de 1730 los editores londinenses se dirigieron al Parlamento británico para conseguir que se promulgara una nueva ley. Sus señorías de Westminster rechazaron sus peticiones, no accediendo a prohibir sino la importación de reimpresiones. Sin embargo, al tratar de que se legislara en favor de una forma de propiedad abierta, lo que los editores habían contribuido a abrir, sin saberlo, era una caja de Pandora. Y es que sería al llegar a este punto cuando comenzase el verdadero conflicto por lo que ahora había empezado a denominarse «propiedad literaria», o incluso —y cada vez más— «derechos de autor»[24]. Iba a ser un tema llamado a permanecer constantemente ante los ojos de los lectores a lo largo de las tres décadas siguientes. En los panfletos, informes periodísticos, conversaciones personales y charlas de café, por no hablar de la larga serie de casos judiciales en que habrían de estar presentes, iban a prodigarse los argumentos, de toda índole imaginable, en favor y en contra del nuevo concepto. Quienes se oponían a la promulgación de un derecho de propiedad perpetuo declararon expresamente que del resultado de esa pugna dependía nada menos que la propia existencia de la razón pública[25]. En términos colectivos, estos debates terminaron generando el más exhaustivo examen realizado hasta la fecha de los principios y prácticas en que debía basarse el funcionamiento de una cultura comercial dedicada a la explotación de obras creativas.

Al descartarse la intervención del Parlamento, los editores londinenses tuvieron que correr el albur de aventurarse en la ley escocesa por sí solos. Y así lo harían, y muy en serio, en 1743, al llevar a juicio a veinticuatro reimpresores escoceses —entre los cuales figuraban los más importantes de las dos ciudades principales de la región— por irregularidades relacionadas con siete títulos. Al final optarían por centrarse en uno de ellos en particular: la Cyclopaedia de Ephraim Chambers, una obra clave de los primeros tiempos de la Ilustración que había servido de inspiración para la Encyclopédie de Diderot y D’Alembert. No sin cierta ironía, la persona que capitaneaba a los editores londinenses era un expatriado escocés llamado Andrew Millar. Millar conocía perfectamente bien los títulos que poseían en propiedad los editores de uno y otro lado de la frontera. Había empezado siendo aprendiz de un editor de Edimburgo, y de hecho había defendido las reimpresiones escocesas de las biblias inglesas en un juicio por piratería celebrado en 1727, aunque posteriormente había ocupado el lugar de su antiguo jefe, sustituyéndolo en el puesto y convirtiéndose a su vez en uno de los más destacados propietarios de títulos literarios de Londres. Además, no dejaría en ningún momento de cooperar con los editores escoceses, asumiendo el encargo de nuevas obras, pese a dirigir al mismo tiempo la campaña contra sus reimpresiones[26]. Como bien sabía Millar, el caso tenía que plantearse con toda circunspección. Los precedentes aducidos, relativos a las costumbres imperantes en Inglaterra antes de 1707, no tenían peso alguno en Escocia, y además había muy pocas pruebas que sugirieran que en dicha región se hubiera practicado nunca nada parecido a un derecho consuetudinario. Por consiguiente, los integrantes de la parte acusadora eligieron con todo cuidado las fórmulas de su alegato. Sin embargo, sus oponentes se defendieron fieramente. No se contentarían con exponer sus argumentos ante el tribunal, sino que, afirmando que se trataba de una cuestión de vida o muerte para la supervivencia de la economía y la cultura nacionales, apelaron directamente a los lectores por medio de los periódicos. Los títulos que reimprimían pertenecían en verdad a todos, insistían, y su empeño resultaba vital para el futuro de Escocia y, consiguientemente, también para el de Gran Bretaña. Henry Home —que más tarde habría de convertirse en lord Kames—, una de las principales figuras de la Ilustración escocesa, también rompería una lanza en favor de este planteamiento como miembro de la sala. Home declaró que Millar quería «aplastar esta industria en ciernes» antes de que pudiese desarrollar un negocio de exportación a las colonias. Después, prosiguió su defensa blandiendo el caso para poner en cuestión la economía política del propio Imperio británico. Home llegó a insinuar que si los editores de Londres ganaban el pleito por la propiedad literaria, el ámbito comercial del libro escocés se vería relegado a una condición idéntica a la de las colonias. Lo que en realidad planeaban los ingleses era «esclavizar» a los editores escoceses limitando su actividad a la simple impresión y venta al por menor —destino al que estaban abocados la mayoría de los londinenses que trabajaban en el sector del libro—. Esa situación tendría unas consecuencias desastrosas para la Ilustración. Con soberbia ironía, resaltó a modo de ejemplo los efectos que había tenido una de las obras que los editores de Londres citaban en su alegato: un Gardener’s Dictionary publicado originalmente en dos volúmenes in folio. Solo en su económica y manejable reimpresión escocesa podía lograrse que un jardinero de verdad albergara la esperanza de llegar a utilizar el libro[27]. Enfrentados a respuestas de tan notable enjundia, los editores de Londres terminaron encajando una sonada derrota. Apelaron entonces a la Cámara de los Lores, con la esperanza de obtener en Westminster una acogida más favorable. Sin embargo, al hacer lord Hardwicke manifiesta su convicción de que lo que el Estatuto de la Reina Ana había creado en realidad era «una patente general y permanente» para los libros, los editores comprendieron que lo más prudente era mantener la discreción, así que optaron por no seguir insistiendo en el asunto[28].

Los «piratas» de Edimburgo habían obtenido una gran victoria. Se establecía así de manera definitiva que, al menos en Escocia, no existiera un derecho indefinido a la propiedad de los títulos literarios. El estatuto de 1710 seguía estando vigente en la región, pero este resultado dejaba a los escoceses entera libertad para reimprimir cualquier obra que quedase fuera de los límites amparados por los términos de dicho estatuto. Ciertamente les era imposible enviarlos a Inglaterra sin provocar que se interpusiese contra ellos un mandamiento judicial y quizá incluso que se les procesara de acuerdo con la legislación inglesa. Sin embargo, podían vender las obras que publicaran a sus propios coterráneos, y también a las colonias —y de hecho los escoceses se dedicarían con todo entusiasmo a ambas tareas—. De mediados de la década de 1740 en adelante, las exportaciones de libros que partían de Glasgow y se enviaban a las colonias de Norteamérica rivalizaban ya con las de Londres. En 1752, David Hall informará a Strahan de que había encontrado en Filadelfia «un gran número de libros importados desde Irlanda y Escocia» y que los precios que se le ofrecían eran «muy inferiores a los de Inglaterra». Los editores de Edimburgo también exportaban su producción al sur y al este, esto es, a Escandinavia, a los Países Bajos, a Francia y a España. Además, también canjeaban sus reimpresiones por valiosos volúmenes europeos en las grandes ferias literarias del continente, estableciendo de este modo un importantísimo flujo de conocimientos entre Escocia y la Europa continental. Los escoceses entregaban obras de medicina y recibían a cambio textos de Montesquieu, Voltaire y Pascal —y no hay que olvidar que la reimpresión facilitaba después la circulación de ambos tipos de obras—[29]. Entretanto, el revés encajado comenzó a tener consecuencias en la metrópoli. Se dijo que ciertos «piratas» se habían dirigido al lord canciller para preguntarle si era efectivamente cierto que podían reimprimir sin trabas «libros antiguos como los de Milton». Y cuando a Thomas Osborne, con «pasmosa insolencia», se le ocurrió la idea de piratear la Cyclopaedia de Chambers, Warburton se asustó, pensando que aquello iba a desencadenar «decididamente una gran confusión y destrucción de la propiedad [literaria]». Observación a la que añadiría el comentario de que se sentía tan exasperado por la prepotencia y el indolente comportamiento de los editores que «no le importaría, y es más, hasta le produciría cierta satisfacción, ver que la propiedad literaria les ponía en contra del común, pues así comprobarían esos hombres la bajeza de sus acciones»[30].

Con el paso del tiempo, la irritación de Londres empujaría a la metrópoli a actuar. Tras haber quedado convertida Escocia poco menos que en una zona prohibida, y dado que el Parlamento seguía mostrándose poco receptivo a sus preocupaciones, los propietarios de los derechos de los títulos de interés editorial decidieron recurrir a una serie de maniobras muy propias de ellos. Idearon por su cuenta y riesgo un plan muy singular para erradicar de una vez por todas la piratería. En una serie de reuniones a puerta cerrada, unos sesenta y tantos editores decidieron apuntarse al plan —lo que no deja de ser una cantidad impresionante, estimulada sin duda por el hecho de que los que se negaran a secundar personalmente la iniciativa sabían que se les amenazaría con incluirles en una lista negra que les impediría participar en el negocio—. El plan en sí se inspiraba en los precedentes del siglo XVII, y fundamentalmente en las indagaciones de la Compañía de libreros. Los editores de Londres se proponían extender esta práctica a las provincias, creando así una red nacional (o al menos inglesa) de informadores y vigilantes encargados de velar por el cumplimiento de las medidas adoptadas. Y tenían la intención de valerse de dicha red para forzar el veredicto legal que necesitaban. Crearon un fondo común para sufragar la campaña, recaudando de inmediato la sustanciosa suma de tres mil ciento cincuenta dólares. Tonson y Millar realizarían la mayor contribución; aportaron respectivamente quinientas y trescientas libras esterlinas —importantes cantidades que indicaban lo mucho que se jugaban en el envite estos dos destacados propietarios de títulos literarios—. Provistos de ese fondo de maniobra, la organización de la ofensiva se puso en manos de un comité, entre cuyos miembros figuraban tanto Millar como Tonson, así como John y James Rivington.

La campaña propiamente dicha comenzó en abril de 1759. John Whiston, un editor de la calle Fleet, envió un escrito en el que advertía con gran dureza a todos los vendedores minoristas de provincias del inicio de la operación. Seis meses después les enviaría otra amenazadora carta en la que cargaría todavía más las tintas. En su misiva, Whiston declaraba que los editores londinenses estaban decididos a «frenar por completo la venta de aquellos libros escoceses e irlandeses que se hubieran impreso previamente en Inglaterra». Evidentemente, omitió los términos establecidos por la ley, que ni siquiera mencionaba: toda la cuestión radicaba en imposibilitar la reimpresión de libros fuera de los límites señalados. En efecto, Millar y su grupo intentaban impedir que se «piratearan» los libros, y pretendían que esa restricción afectara a la práctica totalidad de las obras que se hubieran publicado en Londres. Estaban dispuestos a aceptar que se les remitiese cualquier edición escocesa o irlandesa que los libreros de las provincias pudieran tener en su fondo, y se ofrecían a canjeárselas por las versiones de esas obras que ellos mismos habían publicado, hasta igualar el valor económico de los textos sustituidos —circunstancia que, obviamente, implicaba entregarles menos libros, dado que las reimpresiones tenían un coste muy inferior—. Sin embargo, la oferta únicamente se mantenía en pie si se les facilitaban gratuitamente todos los ejemplares en rústica, junto con una completa relación de los encuadernados en tapa dura y el compromiso de no volver a comerciar jamás con «ediciones piratas». «No dejen de enviarnos todas sus existencias», resaltaba Whiston. Después del primero de mayo, advertía, se enviarían «agentes» a lo largo y ancho del país con la misión de rastrear la presencia de volúmenes ilegítimos. Todo aquel a quien se hallara en posesión de uno de esos ejemplares sería llevado a juicio sin piedad. Los libreros debían andarse con cuidado, concluía Whiston sombríamente, «no vaya a ser que alguien les informe en sentido contrario»[31].

Las amenazas se verían seguidas muy pronto por los hechos. O eso parece. Jacob Tonson demandó a un librero de Salisbury llamado Benjamin Collins por vender una reimpresión escocesa del Spectator. En el juicio se observaron síntomas indicativos de que se tenía la determinación de lograr un fallo definitivo. Y para garantizar su credibilidad, ambas partes buscaron la colaboración de los mejores abogados. William Blackstone, que probablemente fuera el procurador más destacado del siglo, representó a Tonson. El defensor de Collins era Thurlow, un orador cuyo renombre no cedía sino mínimamente frente al de Blackstone. Y en un gesto muy poco común, accederían a entender del caso doce jueces de la más alta capacitación, especializados en derecho consuetudinario y procedentes del tribunal del rey, la corte de causas comunes y el fisco. Con todo, las apariencias eran engañosas. En realidad, Collins era un corresponsal de los editores londinenses, y uno de los pocos libreros de provincias con fuertes inversiones en títulos publicables. Había sido contratado para que actuase como colaborador connivente. La idea era amañar un pleito de la forma más ventajosa posible para los oligarcas, a fin de extraer de él las bases requeridas para la instauración del ordenamiento jurídico que ellos deseaban. Y de este modo, fundándose en la autoridad de los más altos tribunales de Londres, esa resolución se haría posteriormente extensiva a Escocia, dejando fuera de la circulación a los piratas. Sin embargo, muy pronto quedó claro que el juicio era en realidad un complot. En Edimburgo, lord Dreghorn (John MacLaurin) lo desacreditó, juzgando que se trataba de «una farsa». Al final, los jueces se negaron en redondo a emitir un veredicto[32].

Piratería, progreso y el público

Llegadas las cosas a ese punto, la campaña en favor de la propiedad perpetua comenzó a presentar tintes todavía más calamitosos. Las indagaciones de la compañía habían resultado controvertidas antes incluso de 1688. La diferencia es que ahora iban a tener que enfrentarse a una verdadera oposición, al lanzarse sobre ellas la acusación de violar los principios de la revolución. Las provincias no podían reducirse a meras extensiones de la metrópoli y Escocia no era una colonia más, de modo que esta clase de trato prepotente provocaba resentimientos tanto en unas como en otras. Uno de los editores de Edimburgo que se había visto atrapado en la amañada campaña de los editores londinenses se llamaba Alexander Donaldson. Indignado al constatar que se había intentado realizar lo que, a sus ojos, era un intento de conservar un monopolio por medio de la intimidación, Donaldson terminaría convirtiéndose en el más decidido y tenaz enemigo al que jamás hubieran tenido que hacer frente los propietarios de títulos publicables de la capital inglesa.

Donaldson había nacido el mismo año en que Millar defendía la piratería escocesa[33]. Había entrado en el oficio como aprendiz del impresor del rey en Escocia, y después había colaborado largo tiempo con Millar, ayudándole a publicar algunas de las obras más significativas de la filosofía, fuera esta especulativa o natural, que había producido la Ilustración escocesa. Se hizo famoso en Edimburgo por la gran acogida y respaldo que brindaba a los autores locales, y muy particularmente a Boswell. Sin embargo, a raíz de los últimos acontecimientos, Donaldson había desarrollado un odio implacable hacia el sector metropolitano de su oficio. Lo que allí se consideraban exigencias esenciales de la urbanidad, él los rechazaba por juzgarlos signos de tiranía. Reaccionaría a la campaña de 1759 organizando la primera operación generalizada que jamás se hubiera montado para reivindicar que la idea de una propiedad literaria perpetua era contraria a la Ilustración y a la esfera pública. Donaldson sería el precursor de muchas de las reivindicaciones que se han venido haciendo desde entonces en nombre de la aplicación de los principios del libre comercio a la autoría creativa.

Uno de los elementos centrales de la contraofensiva de Donaldson sería justamente un acto de piratería. Había logrado hacerse con las cartas de amenaza que Whiston había enviado a los libreros y ahora les concedía un lugar de honor en un devastador tratadito que él mismo acababa de publicar con el modesto título de Some thoughts on the state of literary property. El extremo crucial, proclamaba Donaldson, radicaba en la necesidad de hacer ver «al mundo… lo muy opresivos que habían resultado, en estas tierras de libertad, sus manejos monopolísticos». Los editores londinenses, derrotados en los tribunales, habían recurrido a «la componenda y a la conspiración», valiéndose del «terror» para materializar sus fines. Habían obligado a los libreros de todo el reino a someterse a su «pretendido derecho exclusivo». El propio Donaldson se había visto obligado a sufrir una interminable serie de demandas judiciales por «lo que ellos llaman ediciones pirateadas», lamentaba, aunque en ningún caso se había resuelto el pleito con sentencia favorable a sus acusadores, puesto que los editores de Londres nunca se habían atrevido a llevar los juicios a sus últimas consecuencias. De celebrarse una vista en toda regla, afirmaba, se harían patentes «los misterios de la edición de libros» y se revelaría la vacuidad de la reivindicación de un monopolio perpetuo[34].

Si Tonson y Millar habían apelado a la economía política y a la ley, Donaldson se propuso confiar en el veredicto del público. Según parece, se dirigió a los lectores para decirles que ahora se estaba denunciando a todos cuantos reimprimían libros, llamándoles «piratas e invasores». De ser así, insistía Donaldson, eran justamente esos supuestos piratas los que actuaban como auténticos baluartes del público y la cultura. Ellos eran quienes defendían el acceso a las ideas y a los debates, quienes se oponían a una camarilla que se conjuraba para hacerse con el monopolio de todo el conocimiento impreso. De acuerdo con sus acusaciones, el sector comercial londinense trataba de urdir «la más tiránica y descarada confabulación que jamás se [hubiera] visto en país alguno». Como ya declarara en su día Dreghorn, el monopolio de los editores de Londres amenazaba con «retardar, e incluso con detener por completo, el progreso del aprendizaje». Si Gran Bretaña quería seguir siendo «un país libre», no podía consentirse que aquella situación continuara por más tiempo. El carácter mismo de la breve monografía de Donaldson —un panfleto de escaso coste que podía leerse y debatirse en un café— venía a ejemplificar el extremo que se proponía dejar sentado[35].

Merece la pena subrayar que este destacado «pirata» no negaba que debiera compensarse a los autores por su labor. Al contrario, Donaldson reconocía que «dedicaban tiempo y esfuerzo» a la creación de obras que «resultaban beneficiosas para el conjunto de la humanidad», y comprendía que el avance del conocimiento dependía de que los autores obtuvieran una parte del pastel. Lo que sí negaba en cambio era que su recompensa debiera emanar de «un derecho a la propiedad intrínseca y original» de la obra misma. Lo que Donaldson sugería por el contrario era que se considerara a los autores a la misma luz que «los inventores de cualquier oficio, o que los descubridores de cualquiera de los secretos de la naturaleza». Ese tipo de autores podían optar por mantener su trabajo en secreto, en cuyo caso sí que podía decirse que el interesado o la interesada ejercieran un determinado derecho de propiedad sobre el mismo. Sin embargo, al publicarse ese trabajo cesaba todo derecho natural de propiedad que pudieran poseer. Todo cuanto podía exigirse, en el mejor de los casos, era que la ley ofreciera un amparo artificial durante un periodo de tiempo limitado. Y eso era precisamente lo que ocurría, como es obvio, en el caso de los inventos. Lo que Donaldson defendía en la práctica era la adopción de un sistema de patentes que se aplicara de forma automática a las obras literarias.

Donaldson concluiría su arenga con un anuncio. Dado que los editores londinenses habían conseguido atemorizar a los libreros de provincias, instándoles a dejar de hacer negocios con su empresa, él había tomado la decisión de plantar cara directamente a los monopolistas. Se disponía por tanto a abrir una «tienda de libros baratos» en la mismísima ciudad de Londres, justo al este de la calle Norfolk, en el barrio del Strand. En ella se dedicaría a vender sus reimpresiones a un precio un treinta o incluso un cincuenta por 100 inferior al que imponían los editores londinenses. Invitaba asimismo a los editores afincados en la campiña y a los que se dedicaban a la exportación a comerciar con él en su nuevo establecimiento[36]. Al mismo tiempo lanzó también un periódico, el Edinburgh Advertiser, en el que insertaba anuncios relativos a su proyectado comercio. En dichos anuncios se revelaba que también deseaba conseguir reimpresiones escocesas producidas en cualquier punto de la región, y que era además el agente y gestor al que debían dirigirse todos los interesados en suscribirse a las obras del principal editor de Dublín, George Faulkner. El conjunto de esta iniciativa constituía un desafío que el sector afincado en Londres no podía pasar por alto.

Entretanto, los editores londinenses conseguirían hallar finalmente la oportunidad de devolver el golpe. Un editor de Berwick-upon-Tweed llamado Robert Taylor había aprovechado la circunstancia de que viniera a expirar el periodo de protección que el estatuto de la propiedad literaria concedía a las Seasons de James Thomson para imprimir una edición propia. Millar le llevó inmediatamente a juicio, y, por primera vez, los editores londinenses obtuvieron un fallo definitivo. Aunque el veredicto fue muy discutido, ya que los jueces adujeron razonamientos significativamente diferentes, lo cierto es que tres de los cuatro miembros del tribunal —lord Mansfield, Edward Willes y sir Richard Aston— dieron un espaldarazo a la propiedad literaria. E incluso el jurista discrepante, sir Joseph Yates, admitió que cabía considerar que el trabajo del autor generaba derechos de propiedad en una obra inédita, pese a que creyera que el acto de la publicación equivalía a ofrecer el texto al público a modo de «regalo»[37]. Al parecer, la noción de la propiedad literaria lograba al fin el respaldo que necesitaba. Millar no viviría para disfrutar del éxito, ya que moriría repentinamente en 1768, pero sus aliados se apresurarían a presionar para obtener un nuevo juicio en Edimburgo. Centraron el punto de mira en Donaldson. Esta vez optarían por basar el pleito en el caso de una History of the Bible inicialmente publicada bastante tiempo atrás, en la década de 1730, por un párroco de Berkshire llamado Thomas Stackhouse. Esta obra era una especie de batiburrillo compuesto de retazos de otras muchas. Podía decirse que se trataba más de una compilación que de una creación. Uno de los jueces se mostraría más que reacio a considerar siquiera que Stackhouse pudiera ser un autor —ya que no le parecía que pudiera elevársele en modo alguno a tal categoría—. Sin embargo, había constituido un éxito comercial, y Donaldson había participado en la publicación de una reimpresión. Donaldson se defendió con toda firmeza, negando la posibilidad de que existiera «derecho alguno sobre las doctrinas que el libro» contenía. Sus partidarios contribuirían a su causa reimprimiendo la polémica de Millar versus Taylor, a la que se había añadido un comentario favorable al veredicto discrepante del juez Yates y un apéndice en el que se negaba que el fallo de ese juicio pudiese aplicarse al norte de la frontera[38]. Y una vez más, lo que en Londres parecía de cajón, resultaría ser cualquier cosa menos evidente en Escocia. La defensa de Donaldson se impuso en el juicio.

Donaldson estaba ahora decidido a forzar una resolución definitiva del asunto. Tomó la calculada determinación de reimprimir personalmente las Seasons de Thomson —la misma obra en que los editores de Londres habían basado las reivindicaciones que aparecían publicadas en Millar versus Taylor—. Y no contento con eso, exhibió la reimpresión ante las mismas narices de los londinenses en su tienda de la capital. Era un gesto deliberadamente provocativo: una especie de equivalente comercial al de arrojar el guante en desafío. Era imposible que los editores de Londres no le dieran cumplida respuesta. Por consiguiente, trataron de conseguir, como de costumbre, un mandamiento judicial, y, de modo igualmente habitual, lo obtuvieron. Sin embargo, Donaldson, a diferencia de los piratas anteriores, no estaba dispuesto a entrar en el juego. Apeló contra el fundamento de la demanda ante la Cámara de los Lores, el más alto tribunal del país y el único cuya jurisdicción abarcaba la totalidad del Reino Unido. Las décadas de costumbres, prácticas y argumentaciones conflictivas que se habían estado viviendo tanto en Escocia como en Inglaterra habían llegado a una encrucijada decisiva. Ambos bandos estaban de acuerdo en que el fallo que emitiera la institución de Westminster sería el experimento crucial capaz de determinar si existía o no esa entidad llamada propiedad literaria. Y en opinión de cada una de las partes, lo que estaba en juego afectaba a la civilización misma[39].

Autoría e invención

Prácticamente todas las cuestiones que habían venido fascinando a los historiadores del siglo XVIII encontrarían un hueco en los debates sobre la propiedad literaria que ahora se aproximaban a su punto culminante. Tan general particularidad se debía en parte al hecho de que los abogados tuvieran la costumbre de exponer prolijamente los pormenores de cuantos recursos argumentales pudieran encontrar en la preparación de sus alegatos. En este sentido, los protagonistas invocarían, por ejemplo, la política del Estado-nación, la historia y la credibilidad de las pruebas documentales, la tensión entre el mercantilismo y el libre comercio, la naturaleza de la esfera pública, la comercialización del genio y las distintas fisiologías de la sensibilidad. Sin embargo, iba a surgir inesperadamente un elemento al que se regresaría una y otra vez y que demostraría ser, a fin de cuentas, axial: la idea de mecanismo[40]. La cuestión de la que muy bien pudo haber dependido el destino de la propiedad literaria sería la centrada en dirimir qué diferencia existía, caso de haber alguna, entre la autoría y la invención. ¿Podía considerarse que un libro era una máquina, y en caso afirmativo, en qué sentido cabía decir que lo fuera? ¿Se asemejaba el autor al inventor? ¿O eran estas nociones fundamentalmente distintas las unas de las otras? Y si lo eran, ¿de qué modo diferían exactamente? Y ya en un plano más sutil, se daba el caso de que una nueva teoría astronómica o matemática, o bien una tabla de logaritmos, planteaban una serie de problemas cruciales para todos aquellos conceptos de la autoría que se dedujeran de las artes poéticas. Tanto una teoría como una tabla matemática eran entidades textuales, desde luego, pero entidades que, al mismo tiempo, admitían fácilmente la existencia de descubridores independientes. No estaba en modo alguno claro sobre qué base moral podía sostenerse que a uno de esos descubridores debiera de concedérsele el beneficio de un monopolio perpetuo de la propiedad del texto, en detrimento del otro.

Una de las razones para que aquí nos centremos en esas cuestiones estriba en el hecho de que los planteamientos que habrán de sostener los diversos protagonistas del caso son, a los ojos del observador actual, totalmente contrarios a lo intuitivo. Acostumbrados como estamos a vivir en un mundo caracterizado por la existencia de una noción arraigada de propiedad intelectual, hoy asociamos la defensa de los derechos creativos con la afirmación de un principio general que los sustenta. Sin embargo, en el siglo XVIII no había nada que se pareciera a nuestro concepto de propiedad intelectual. Y en esa época eran los oponentes a la propiedad literaria quienes insistían en que la autoría y la invención eran cuestiones fundamentalmente similares —ya que argumentaban que se trataban de simples variantes de una misma realidad subyacente, o al menos que los esfuerzos encaminados a probar un planteamiento antagónico carecían de sentido—. Quienes defendían la existencia de dicha propiedad, por el contrario, intentaban demostrar que ambas cosas —autoría e invención— eran radicalmente distintas. Y los debates que habrían de suscitar no solo iba a resultar decisivo para el resultado de la pugna misma, sino también para la historia posterior a que abriría las puertas dicho resultado.

Los inventos mecánicos eran un producto de la era de los proyectos. Asediados por idénticos problemas de obtención de crédito y especulación que el agiotaje y la publicación de obras literarias, los individuos que ideaban proyectos prosperaban y se estrellaban al mismo ritmo que las compañías de la burbuja económica de los Mares del Sur. Hoy existe una cierta tendencia a percibir en sus propuestas los primeros signos de la Revolución industrial, pero esta convicción exige disponer de una amplia perspectiva histórica. Para la gente de la época, el problema consistía en poder discernir lo plausible —e incluso lo posible— de lo extravagante o lo fraudulento. De este modo, las competencias profesionales especializadas en establecer esta clase de distinciones terminarían convirtiéndose en una especie de mercado[41]. Se hacía por tanto preciso analizar en profundidad el significado, la naturaleza y la autoridad relativa de los conocimientos artesanales y teoréticos. Esto quiere decir que no podía considerarse que los significados de los términos más elementales que se utilizaban en los intercambios argumentales que mantenían los ingleses y los escoceses acerca de la autoría y la propiedad fueran constantes, sino que se trataba más bien de conceptos que permanecían en un estado un tanto gaseoso y fluctuante —pienso en voces como las de técnica, conocimiento, arte e invención—. Y además, hacía ya un cierto tiempo que venía floreciendo, aproximadamente desde 1700, un tipo de empresa cívica y comercial vinculada con la experimentación que había puesto esos términos en manos de un público compuesto por lectores y consumidores. El público acudía en gran número a los cafés y pagaba por atender en ellos a las conferencias de hombres como John Theophilus Desaguliers y Benjamin Martin, que se dedicaban a exponer de forma visible las «energías newtonianas activas» —esto es, las que Dios había puesto en obra en la Creación—. Estos espectáculos eran asimismo charlas sobre filosofía mecánica, ya que su contenido dependía de la ingeniosa fabricación, circulación y uso de todo un conjunto de máquinas distintas: motores eléctricos, bombas de vacío, planetarios y, cada vez más, autómatas. En este contexto resultaba muy difícil invocar el genio de un Newton o un Boyle sin remitirse a la maquinaria que permitía exponer las intuiciones de estos genios al público del periodo hannoveriano[42]. Y apoyándose en tal estado de cosas, los empresarios que se ocupaban de organizar este tipo de conferencias públicas comenzaron a abogar en favor del reconocimiento de un género de competencia profesional que merecía provocar el vuelco de las arraigadas costumbres artesanales, de modo que para los distintos oficios (y entre ellos el de la imprenta) la situación tenía implicaciones de carácter potencialmente inmediato. Para estos hombres, integrados en el mundo del espectáculo, la ya entonces vieja distinción entre académicos y artesanos no solo no podía seguir sosteniéndose, sino que se cernía como una sombra amenazadora sobre su actividad, ya que la consideraban absurda, oscurantista y medieval. No obstante, los defensores de la propiedad literaria tuvieron la sensación de que se trataba precisamente de la distinción —o de una versión de aquella— a la que en ese momento más les convenía aferrarse. Tenían que insistir en que las invenciones mecánicas constituían un empeño próximo a la pericia artesanal, no una actividad intelectual. La creación literaria, por el contrario, era obra de la razón.

El motivo que impulsó a los editores a promover esa idea es muy sencillo. Los productos del ingenio mecánico —dispositivos, mecanismos, procesos y modelos— no llevaban aparejado el reconocimiento de ningún tipo de propiedad que no fuera el asociado con la trivial posesión de un objeto físico. El único modo de que un inventor pudiera acceder a la propiedad exclusiva pasaba por solicitar una patente basándose en las circunstancias específicamente aplicables a su caso. Una patente era un privilegio, no un derecho, de modo que la Ley de los monopolios de 1624 limitaba su duración. Y como observaría Donaldson, de ahí se seguía que las patentes eran «incompatibles con la suposición de que el inventor o el descubridor [del objeto patentado] pudieran ser titulares de algún derecho anterior»[43]. Esto explica por qué serían los adversarios del reconocimiento de la propiedad literaria como el propio Donaldson quienes más insistieran en identificar una cualidad común atribuible por igual a la invención literaria y a la mecánica. Como comentaría en su día Blackstone, en principio habría sido posible formular la inferencia en sentido opuesto, esto es, desde las características de la autoría a las de la invención. Esto, sin embargo, implicaría poner en cuestión la Ley de los monopolios —norma que había adquirido el rango de texto sagrado para los liberales—. Por consiguiente, y dada la realidad política que se había instaurado después de 1688, esa alternativa quedaba cerrada —lo que significaba que todo aquel que tratase de abogar en favor de la existencia de un derecho natural de los autores a la propiedad de las obras tenía que demostrar que la invención literaria difería fundamentalmente de la mecánica—. Y caso de lograrse dicha demostración, lo que estaba en juego era realmente muy importante. Si resultaba posible «distinguir en esencia [una obra literaria] de una máquina», el más sólido argumento de principio de los enemigos de la propiedad literaria quedaría demolido. Pero si, por el contrario, lograba consagrarse en la ley y en la cultura la presencia de un principio singular vinculado con la creatividad y subyacente por igual en las palabras y las cosas, entonces se desbarataría la reivindicación de un derecho natural a la propiedad literaria[44].

Por consiguiente, quienes se oponían a la afirmación de la propiedad literaria sostenían que los inventos mecánicos eran «una propiedad tan natural de los inventores como pudieran serlo los libros respecto de los autores» —queriendo significar con ello que no existía en modo alguno tal derecho de propiedad natural—[45]. «Un libro es una combinación de ideas», se argumentaba desde el bando de Donaldson, «y lo mismo puede decirse de una máquina». Ambos objetos eran resultado de la «invención», y todo intento destinado a establecer algún tipo de distinción resultaría «ininteligible». Tanto el libro como el invento podían mantenerse en secreto, pero tan pronto como se daban a conocer al público quedan naturalmente abiertos a todos[46]. Y para confirmar este extremo, Yates citaría a John Harrison —inventor del cronómetro que había permitido resolver el problema de la longitud—. «Todo argumento que pueda aducirse encarecidamente en relación con la invención de un autor puede aducirse, y no menos encarecidamente, esto es, con idéntica solidez y fuerza, respecto del inventor de una máquina», insistía. «Por lo que hace a la propiedad… las invenciones originales se hallan todas ellas en pie de igualdad, tanto si nos ocupamos de un caso mecánico como si hablamos de un producto literario, así estemos ante un poema épico o frente a un planetario». Desde luego, no hay duda de que Harrison había invertido al menos tanta inspiración, esfuerzo intelectual y dinero en la elaboración de sus cronómetros como el que pudiera haber dedicado Thomson a escribir The Seasons. Y según argumenta Yates, «la inmoralidad de piratear la invención hecha por otro hombre es tan grande como la de hurtarle sus ideas». Y sin embargo, el hecho era que a Harrison no se le había reconocido ningún derecho natural. A juicio de Yates, el argumento era contundente y al mismo tiempo sutil. Desde luego, no cabía duda de que un autor estaba moralmente facultado para reclamar del público una cierta benevolencia. Pero carecía de un derecho legal que le permitiese exigir esa benevolencia por medio de una acción judicial[47]. De igual modo, Thurlow insistiría en que «sir Isaac Newton no poseía sobre sus Principia más derecho de propiedad que el conde de Orrery sobre la máquina de su invención[48]. Si el trabajo intelectual otorga el derecho, la propiedad es exactamente la misma»[49]. Al menos uno de los jueces del Tribunal de Sesiones[50] de Edimburgo declararía que esta cuestión le parecía determinante. A fin de cuentas, tanto los libros como las máquinas requerían «ingenio e industria», y una y otra presentaban una utilidad pública. Y al verse en la tesitura de tomar una decisión en el importante caso de Hinton contra Donaldson, el magistrado presidente había convertido este extremo en su principal preocupación. «¿Qué ventaja de excelencia muestra la invención de un libro respecto de la invención de una máquina?», había preguntado entonces. «Y si no existe fundamento para reclamar un derecho exclusivo y perpetuo a la propiedad de la máquina, ¿por qué debiera otorgarse en cambio algo similar a los libros?», añadiría[51]. La misma interrogante volvió a plantearse, como era de esperar, en el punto crítico del caso de Donaldson contra Becket. Un planetario, observó el abogado de los escoceses, «representa el sistema de los planetas», de modo que difícilmente podrá afirmarse que se halle desprovisto de contenido intelectual. «Aquel que fabrica [un planetario] de acuerdo con las líneas que le ofrece el modelo original asume que la ciencia de la astronomía obedece a los aspectos que remeda el planetario, y aquel que imprime un libro, asume los sentimientos del autor: ¿dónde está la diferencia?»[52].

La posición contraria se había originado en tiempos del controvertido teólogo y albacea literario de Alexander Pope, William Warburton. En 1747, Warburton publicaría el primer texto en defensa de la propiedad literaria que subrayaba por extenso la existencia de verdaderas diferencias entre los libros y los inventos. Y lo hizo mediante un argumento simple, expresado con los mimbres que le proporcionaban las nociones escolásticas de forma, materia y causa final. Warburton sostenía que un libro contenía lo que él denominaba «doctrina», y que de ella se desprendía inherentemente el derecho a la propiedad literaria. Por el contrario, en lo que él llamaba «utensilio» —término con el que parece haberse referido a algún artilugio extremadamente elemental, como un tenedor—, no existía doctrina alguna. La única propiedad a la que ese instrumento podía dar sustento debía hallarse por tanto en el objeto material mismo. En otras palabras, para percibir la distinción era preciso considerar «en toda su extensión la idea de libro» y percatarse de que se trataba de una «obra de la mente»[53]. El debate que Warburton vino a plantear sobre los libros y las máquinas —está claro que pensaba en obras literarias de elevada exigencia cultural, así como en máquinas de carácter bastante trivial— exponía así dos situaciones extremas, caracterizadas, respectivamente, por la absoluta existencia o inexistencia de «doctrina», y por consiguiente por la correspondiente presencia o ausencia de un derecho a la propiedad natural. Con todo, Warburton también reconocía que se daba al menos un complejo caso intermedio. Este caso intermedio era el que representaban lo que él denominaba «ingenios mecánicos». Por ingenios mecánicos entendía aquellas máquinas que, por una parte, eran obras de la actividad mental y, por otra, productos del trabajo manual. Compartían una característica, a saber, la de que a su través se manifestaban las «energías» de la naturaleza, las cuales podían «regularse mediante la correcta aplicación de la ciencia geométrica».

Esta idea contaba en cierto modo con un precedente, pues no en vano el lugar que tradicionalmente se reservaba en las universidades a las ciencias matemáticas venía a reconocer su pertinencia[54]. Sin embargo, da la impresión de que lo que tenía en mente Warburton eran, de manera muy concreta, los dispositivos que solían utilizar los conferenciantes profesionales de la Inglaterra del periodo hannoveriano para demostrar frente a un público de pago los principios de la filosofía mecánica. El inventor de la máquina no poseía ningún derecho natural de propiedad, ni siquiera en el caso de dichos artilugios, señalaba Warburton, pese a que «las operaciones de la mente» tuviesen una clara «participación íntima» en su diseño y fabricación. Sin embargo, lo que sí otorgaban los ingenios mecánicos era una especie de cláusula de exclusividad artificial. Y ese era exactamente el motivo, según afirmaba, de que los Estados hubieran tenido la iniciativa de ofrecer privilegios por un periodo de tiempo limitado. Desde el punto de vista de Warburton, la existencia de las patentes se debía al hecho de que las máquinas que empleaba la ciencia ocupaban una posición intermedia entre el trabajo manual (que no generaba propiedad) y los empeños intelectuales (de los que sí se derivaba una propiedad natural). Su existencia venía a confirmar paradójicamente la validez de los derechos perpetuos en el caso de estos últimos[55].

De acuerdo con el criterio de la época, el análisis de Warburton era a un tiempo simplista y conceptualmente obsoleto. Thurlow lo descartaría por considerarlo sencillamente «paupérrimo». Incluso la máquina más elemental, señalaría, podía exigir a su autor tanto «trabajo de cabeza» como el que pudiera demandar un planetario al más experto de los fabricantes, de modo que «este fundamento de la propiedad depende enteramente de la diferencia de cabezas»[56]. Sin embargo, los defensores del derecho de autoría recogieron la idea y, a partir de entonces, se dedicaron a invocar sistemáticamente la existencia de una distinción radical entre las máquinas y los libros. Willes y Aston, por ejemplo, insistirían en ello[57]. Por otra parte, el anónimo autor de A Vindication of the Exclusive Right of Authors to their own Works (1762) respaldaría por extenso un planteamiento similar. A juicio de este último autor, una invención mecánica era, propiamente hablando, un «objeto comercial», y como tal se debía poder acceder a ella con entera libertad, en atención a los fundamentos del comercio mismo. En el caso de las máquinas, el único objetivo residía en lograr que el mecanismo funcionase, sin que existiese ningún propósito adicional como el de comunicar una doctrina. En este sentido, el impresor podía asemejarse perfectamente al constructor de una máquina —pero nadie pensaba por ello que un impresor mereciera ser titular de un derecho natural[58].

La gran virtud de este tipo de controversias residía en el hecho de que abordaran de manera tangible las distinciones que acostumbraban a esgrimirse, que no solo tenían habitualmente un carácter más bien metafísico —dado que apuntaban a contraposiciones entre la forma y la materia, o entre la doctrina y la expresión—, sino que estaban además llamadas a resultar invariablemente centrales en toda resolución relacionada con los pleitos sobre la propiedad literaria. Y si lograban conferir esa forma tangible a sus argumentaciones era porque se tomaban la molestia de especificar los tipos de máquina de que se estaba hablando en cada caso. De este modo, un adversario de Warburton que cayera en la cuenta de que su ejemplo de los utensilios prejuzgaba el resultado a obtener, podía rechazarlo por juzgarlo «ridículo». En cambio podía plantear que la verdadera interrogante era la relativa a «las máquinas matemáticas, como los planetarios, los microcosmos, los relojes de péndulo y los de bolsillo». Un planetario, por ejemplo, tenía tanto de «composición» como un libro[59]. Unas cuantas máquinas concretas encarnaban de manera particularmente adecuada la mezcla de doctrina, expresión, técnica, trabajo y tiempo característica de los libros, y por tal razón comenzaron a figurar repetidamente en los debates relacionados con la propiedad literaria. La bomba de vacío (véase la figura 6.1) y el cronómetro eran dos de esas máquinas. La tercera, y quizá también la más frecuente, era el planetario (véase la figura 6.2). El planetario era un mecanismo de relojería diseñado para mostrar los movimientos propios del sistema copernicano. Y constituía asimismo, y en sentido literal, un modelo de la propia difusión de la luz, ya que, según parece, el objetivo con el que se construían parece haber sido muy a menudo el de representar la propagación de los rayos lumínicos en el cosmos. A mediados del siglo XVIII, todo conferenciante experimental que se preciara tenía uno de estos artilugios. Y dado que se trataba de dispositivos tremendamente sofisticados, lo cierto es que en algunos casos resultaban impresionantes. Constituían el más destacado paradigma público de la creciente moda de los ingenios automáticos, o máquinas movidas por impulso propio.

Figura 6.1. Bomba de vacío de Boyle. Robert Boyle, New experiments physico-mechanical, touching the spring of the air, Oxford, realizado por H. Hall, para T. Robinson, 1660, pieza final. Cortesía de la Biblioteca de la Universidad de Chicago.

Figura 6.2. El gran planetario. J. Harris, Description and use of the globes, Londres, para B. Cole y E. Cushee, 1763, frontispicio. Cortesía de la Biblioteca de la Universidad de Chicago.

En los debates literarios vinculados con el tema de lo que hoy llamaríamos la propiedad intelectual se aludiría en repetidas ocasiones a un tipo particular de autómata. Me refiero al «microcosmos» de Henry Bridges (véase la figura 6.3). Este microcosmos, que era un «refinado e inigualable CÚMULO DE INGENIO», como lo denominará de manera memorable uno de los animadores del espectáculo al que contribuía, había sido originalmente construido en 1741 para el duque de Chandos, máximo especulador de la edad de los inventos y principal mecenas de John Theophilus Desaguliers. Desde esa fecha había ido de café en café, protagonizando innumerables exhibiciones. Era una maravilla de tres metros de alto y casi dos de ancho. Construido con la apariencia de un florido templo romano, contenía en su estructura diversos autómatas musicales, un taller de carpintería en miniatura, distintos paisajes con figuras dotadas de movimientos muy realistas, y numerosos mecanismos rotatorios mediante los cuales se mostraban los detalles de los sistemas copernicano y tolemaico. También contaba con un planetario que reproducía el movimiento de las lunas de Júpiter. Era capaz de tocar una música especialmente compuesta para el órgano que albergaba en su interior —y los espectadores también podían solicitar que el artilugio interpretara sus melodías favoritas—. Considerado en su conjunto, el aparato combinaba en un mismo mecanismo los principios de la arquitectura, la escultura, la pintura, la música y la astronomía. Se habían tardado diez años enteros en construir este microcosmos (aunque más tarde se afirmara que habían sido veinte), pero era posible verlo en acción por un chelín. Este hecho venía a ser un ejemplo paradigmático de lo accesible que podía resultar la creatividad racional en un ámbito mercantil[60].

Aunque en el pasado hubieran sido piezas exclusivamente reservadas a las cortes aristocráticas, en el mundo del siglo XVIII, dominado por las mercancías, tanto los autómatas como los planetarios y los microcosmos se había convertido en objetos dedicados a la contemplación pública. Y dado que su complejidad se incrementaba constantemente, el nuevo contexto en el que ahora se desenvolvían comenzó a sugerir interrogantes cada vez más peliagudas —esto es, preguntas relacionadas con la naturaleza humana y su relación con la mecánica; cuestiones vinculadas con la organización social (ya que las fábricas empezaban a concebirse al modo de un gigantesco autómata); y, con un escalofrío de impiedad, sobre las facultades de la propia materia—. Los autómatas se convirtieron así en el centro de todos los asuntos intelectuales y sociales que, asociados con el intelecto, el trabajo y la organización política, venían a interpelar a la esfera pública. Había muñecos mecánicos que tocaban distintos instrumentos y suspiraban con el sonido de la música, y patos artificiales que por medio de otros tantos mecanismos de relojería parecían comer y defecar. Por una extraña y sugerente coincidencia, el primer androide dotado de la facultad de escribir sería dado a conocer al público en 1774, justo en el mismo momento en que los jueces del caso Donaldson contra Becket fallaban que la producción literaria no era de carácter mecánico. Construido en Neuchâtel (un conocido centro dedicado a las reimpresiones) por los afamados hermanos Jacquet-Droz, no tardaría ser exhibido en todas las capitales europeas, Londres incluida:

Hay una figura que representa a un niño de dos años de edad que, sentado en un taburete, se afana en rellenar unas cuartillas sobre un escritorio. El muñeco moja la pluma en el tintero, sacude el exceso de tinta y redacta clara y correctamente cuanto el público tenga a bien dictarle sin que nadie lo toque. Pone convenientemente las mayúsculas y deja un espacio adecuado entre las palabras que escribe. Cuando llega al final de una línea, pasa a la siguiente, observando siempre la distancia correcta que ha de mediar entre los renglones. Mientras escribe mantiene los ojos fijos en la tarea, pero tan pronto como termina una letra o una palabra echa un vistazo al resultado general, como si quisiera valorarlo.

Había otro androide capaz de realizar dibujos («y los distintos movimientos de los ojos, los brazos y la mano imitan con toda exactitud los naturales»)[61]. Un antiguo aprendiz del taller de los hermanos Jacquet-Droz llamado Maillardet terminaría labrándose una reputación en Londres fabricando máquinas que actuaban como si estuviesen dotadas de «vida y razón». Según David Brewster, una generación más tarde estos ingenios eran ya «muy comunes» en la capital inglesa, y sabemos con toda seguridad que en esa época Charles Babbage pudo ser testigo de sus prodigios. En opinión de Brewster, el hecho mismo de anunciar la producción de un espécimen de este tipo —refiriéndose al más notable de todos los autómatas de la época: un maniquí de fisonomía turca que sabía jugar al ajedrez— equivalía a proponer la creación de un «mecánico consejero de Estado»[62].

Hoy tenemos constancia clara de que todos estos autómatas y androides ejercían una gran fascinación. Sin embargo, los microcosmos venían a presentar de forma palpable el desafío que ellos mismos planteaban a las consideraciones relacionadas específicamente con la autoría creativa. ¿Podía realmente afirmarse que esta máquina no implicaba la más mínima cantidad de trabajo intelectual, que no llevaba aparejada la plasmación de sentimientos, ideas o «doctrinas» si se la comparaba con las Seasons de Thomson? ¿Acaso había exigido una inversión de tiempo, trabajo y dinero menor que la de esa creación escrita? ¿Y podía decirse que también las ideas que le daban forma y realidad eran a su vez producto de una serie de sistemas mecánicos —esto es, de sistemas de sensación, vibración y asociación como aquellos de los que dependía el conocimiento humano—? Parecía obvio que el constructor de cualquier planetario decente —y no digamos ya el creador de un dispositivo tan pasmoso como el microcosmos de la figura 6.3— debía tener por fuerza «una clara noción del sistema planetario» antes de ponerse a fabricar de facto el ingenio propiamente dicho. Tampoco podía afirmarse con la más mínima verosimilitud que el aparato tuviera como único destino la realización de una función inmediata y utilitaria. Antes al contrario: se animaba públicamente a los visitantes a regresar a fin de contemplar por segunda vez el microcosmos y aprender de él. Podía así afirmarse que «la primera máquina concreta que sale del taller del fabricante no colma más la finalidad que persigue el inventor… de lo que satisface el fin del autor el primer ejemplar del libro que este crea». Para los partidarios de Donaldson, el microcosmos era la prueba fehaciente que necesitaban para mostrar que la invención implicaba el uso del «ingenio de la mente». Sin la concesión del derecho de exclusividad, podía muy bien darse el caso de que un hábil imitador lograra copiar con relativa rapidez incluso una máquina de tan prodigiosa complejidad como la del mencionado microcosmos —y acaso con la rapidez suficiente como para invalidar la solicitud de una patente—. Y desde luego, si no existía un derecho natural que amparase esa situación, entonces tampoco podía pretenderse que se le reconociera a una obra literaria[63].

Figura 6.3. Microcosmos de Bridge. E. Davies, Succinct description of the microcosm, Glasgow, realizado por R. y A. Foulis para E. Davies, 1765, frontispicio. Cortesía de la British Library, Londres.

De este modo, el microcosmos daba la impresión de invalidar toda idea asociada con la existencia de una distinción de carácter cualitativamente radical entre la autoría y la invención. Y de hecho, en este caso es difícil encontrar a nadie que dé en presentar argumentos que vengan a sostener explícitamente esta distinción. No obstante, el microcosmos ofrecía al mismo tiempo una nueva línea de defensa a los críticos atentos, ya que les permitía contrarrestar la conclusión de que la propiedad literaria fuese baladí. La cuestión dejó así de girar en torno a la naturaleza de la autoría original para pasar a centrarse en el carácter del copiado. Una máquina tan compleja como esta venía a plantear una interrogante nueva: ¿en qué consistía concretamente el acto de copiar —o lo que es lo mismo, de piratear—? A fin de cuentas, ninguna copia del microcosmos podía llegar a ser exactamente igual al original. En una reproducción, los materiales siempre eran en cierta medida diferentes. Y lo mismo podía afirmarse del acabado o factura de la pieza. Y en un mundo que seguía siendo en gran medida artesanal, se daba mucha importancia a las variaciones que pudieran producirse como consecuencia de las diferentes habilidades y costumbres de los distintos trabajadores. Así lo expresará Blackstone: «el duplicado de un ingenio mecánico no es, en el mejor de los casos, sino algo que se parece al modelo». Con los libros, en cambio, la cosa era distinta. Y al tratar de exponer en qué consistía la diferencia, Blackstone daría con una idea destinada a convertirse en uno de los principales axiomas de los derechos de autor. La «identidad» de una obra literaria, venía a sostener ahora, no residía en su materialidad, y tampoco anidaba en esa «doctrina» de la que otros habían alardeado. Radicaba, por el contrario, en el hecho de ser la manifestación de un «estilo y un sentimiento». El papel y las marcas tipográficas no eran en este sentido sino un elemento accidental —meros «vehículos con los que transmitir a distancia ese estilo y ese sentimiento»—. Todo duplicado que lograse ese mismo tipo de transferencia era por consiguiente «una obra idéntica» a la original, con independencia de las variaciones que pudiera haber introducido en su aspecto la labor artesanal[64]. De aquí nacería la distinción entre la idea y su expresión —una distinción sin la cual habría sido imposible abordar la categorización de esos conceptos y que estaba llamada a convertirse además en uno de los elementos centrales de la teoría de los derechos de autor—. Esto significa que la noción de expresión se originó con el intento de establecer una distinción entre el libro y la máquina. Este era el elemento que poseían los libros, que exigía el reconocimiento de una autoría inicial, y que no obstante admitía ser copiado sin preocupación.

Por tanto, el elemento crucial no residía en modo alguno en el acto de la autoría, sino en el del copiado. La copia de una máquina era siempre, en palabras de Aston, «una obra diferente». Esta era la razón de que el creador inicial de una determinada máquina no pudiese pretender que esta constituyera una propiedad natural. Para copiar el microcosmos de Bridge, un artesano tenía que reproducir en su mente las ideas del creador original. Y según afirmaría Smythe ante la Cámara de los Lores en el caso de Donaldson contra Becket, el pirata de un planetario tendría que ser astrónomo, y por consiguiente la copia sería, «en cierto grado, una obra necesariamente original». Por tanto, la copia de las máquinas tenía un valor social positivo. No solo requería importantes dosis de capacidad profesional, preparación y educación; también contribuía al progreso, ya que las mejoras terminaban incorporándose invariablemente a los nuevos dispositivos derivados del original. Había incluso quien afirmaba que el progreso en general —refiriéndose, por extensión, a todos los estadios de la historia de la civilización— dependía de esta realidad.

Irónicamente, para probar este extremo, lord Kames pondría el ejemplo «del arte de extraer sal del agua dulce», ya que se trataba de una reciente invención a la que no se había concedido patente. «¿Acaso se ha dado en juzgar jamás que el uso de esa técnica sin el consentimiento del inventor constituya un delito contra la propiedad?». Si la réplica de las máquinas requería un «trabajo de la cabeza», la reproducción de los libros era en cambio una «simple labor manual». Cualquier impresor pirata podía copiarlos sin prestar la más mínima atención a su significado. La reimpresión era un acto que no requería el empleo de la mente, que no producía progreso alguno y que, por consiguiente, carecía de todo valor. Un libro reimpreso contenía «exactamente la misma sustancia» que el original, replicada mediante «una acción puramente mecánica». Y esta era la razón de que se la considerara un «robo». Blackstone, por ejemplo, dijo que todo el mundo debía tener entera libertad para «copiar e imitar» las máquinas «a placer», dado que en este caso se permanecía en un estado de «libertad natural» que únicamente debía admitir el matiz —de poder aplicársele alguno— de las patentes temporales. Por el contrario, la réplica de los libros no conduciría sino a la merma de la Ilustración[65]. Este argumento resultaría tan decisivo que los editores de Londres remitirían una declaración particular a la Cámara de los Lores en la que explicarían la forma en que se imprimían los libros, a fin de demostrar que «la impresión de libros es de una naturaleza singular, mientras que su manufactura presentaba por el contrario unas características totalmente diferentes de las vinculadas con la fabricación de instrumentos mecánicos». Llegados a ese punto, lo que argumentaban no era ya que el origen de los inventos fuese inferior al origen de los libros, sino que el copiado de las invenciones era superior[66].

Por consiguiente, el bando de Donaldson debía adoptar una posición respecto de la naturaleza del copiado en sí. Lo hicieron finalmente en 1774, manifestando a los lores que «el bien público exige que los productos de la mente disfruten de la máxima difusión posible». Las semejanzas con el monopolio (es decir, los elevados precios, la realización de trabajos de muy mala calidad, la supresión de toda posible mejora) afectaban al proyecto ilustrado —queriendo decir con esto que la libertad natural no debía aplicarse únicamente a las máquinas, sino también a los libros—. «No solo las costumbres cambian con el paso del tiempo, la ciencia misma se transforma», señalaban. Si se mantenía la efectiva aplicación de la propiedad perpetua, el editor que poseyese los derechos de publicación de los Principia de Newton podía impedir las mejoras posteriores. «Todo nuestro conocimiento se vería bloqueado, quedando en manos de todos los Tonson y los Lintot de la época»[67], advertía Camden, «hasta que, al final, el público acabe tan esclavizado a ellos como lo están ya sus propios compiladores a sueldo». Sir John Dalrymple se mostraría de acuerdo con estas observaciones, y añadiría en tono de desaprobación que los editores «emplean un término muy oprobioso para definir a los hombres que ensanchan con gran mérito el círculo de la literatura al ofrecer al mundo nuevas ediciones de obras estimables, ya que les denominan piratas». Kames llegaría incluso a elevar el derecho al copiado de las obras y las máquinas al plano de la Creación. Proclamaba así que, si la humanidad había sido creada como un conjunto de seres con tanta capacidad de imitación como inclinación a la vida en sociedad, era precisamente para hacer posible el progreso. La concesión de un monopolio, ya fuera a los inventores o a los autores, constituía por tanto un error de dimensiones cósmicas, ya que equivalía a «contradecir los designios de la Providencia»[68]. La apelación de Donaldson ante la Cámara de los Lores se inició el 4 de febrero de 1774. Al ser tanto y tan importante lo que estaba en juego, la muchedumbre se congregó en la institución desde primeras horas de la mañana. Tanto Burke como Goldsmith, Garrick y algún otro tuvieron la gran fortuna de encontrar un sitio en las tribunas, pero a cientos de personas les resultó imposible entrar[69]. Estaban a punto de asistir a lo que, según opinión generalizada, constituía el momento cumbre del más importante caso sobre derechos de autor de la historia.

Hoy no es posible acceder en su totalidad a los diálogos que se produjeron durante esos días. Lo que sí sabemos es que el lord canciller Apsley redujo los debates sobre la propiedad literaria a tres preguntas fundamentales. A continuación planteó a los expertos jurídicos presentes en la cámara esas tres interrogantes, solicitando, como exigía la costumbre, que emitieran un dictamen valorativo antes de que los lores, en conjunto, determinaran el destino de la apelación. Los magistrados mostraron un talante casi ascético al abstraerse de todo cuanto había venido impregnando las apasionadas décadas de debates y controversias anteriores. Primera cuestión: de acuerdo con el derecho consuetudinario, ¿tenía un autor el derecho exclusivo y primigenio a la impresión y publicación de su obra? Con esta interpelación se abordaba un extremo fundamental: el de si la autoría confería o no un derecho natural. En la práctica, únicamente habría de plantearse como dificultad legal en aquellos casos en que se hubiera procedido a la publicación no autorizada de una correspondencia privada, pero el alcance de sus implicaciones incidía en el hecho de que se precisaba una respuesta afirmativa si se quería que las reivindicaciones de los editores de Londres fuesen atendidas. Segunda interrogante: suponiendo que tal derecho existiese efectivamente, y al margen de lo afirmado en el estatuto de 1710, ¿se agotaba dicho derecho con la publicación de la obra misma? Esto equivalía a preguntar si el autor, al publicar una obra, la presentaba al público en el mismo sentido en que lo hacía un inventor al dar a conocer un invento sin patentar. Los editores londinenses daban por supuesto que la respuesta tenía que ser negativa. Y tercera y última incógnita: si el derecho consuetudinario se prolongaba efectivamente después de la publicación de la obra, ¿podía decirse que el derecho que confería el estatuto de 1710 venía a sustituirlo? Solo con este tercer asunto vendría a tenerse en cuenta el papel del estatuto mismo.

En los discursos que siguieron a las tres preguntas se abordaron todos los temas de una disputa que se había venido prolongando por espacio de varias décadas. Concretamente, Camden añadiría dos cuestiones más a las que ya había formulado Apsley, replanteando de este modo el problema a fin de poder lanzar un enérgico ataque contra la propiedad perpetua —arremetida que posteriormente sería muy alabada—. No menos importante sería el hecho de que Mansfield, que tiempo antes había sostenido argumentos favorables a la perpetuidad en el caso de Millar contra Taylor, permaneciera en silencio. Mansfield declinaría asimismo la emisión del voto, al parecer por deferencia a una convención que aconsejaba que los presidentes de un tribunal no tomaran parte activa en aquellos casos en que los lores tuvieran que pronunciarse en relación con un asunto que hubiera sido examinado en los tribunales en que ellos mismos ejercieran la judicatura. En esta ocasión, su reticencia tenía el mismo peso que la oratoria de Camden. De este modo no quedaban en la cámara más que once jueces con capacidad para expresar su punto de vista. La respuesta a la primera pregunta, por la que se afirmaba la propiedad original del autor, recibió una respuesta afirmativa con bastante holgura, ya que ocho jueces se pronunciaron a favor y solo tres en contra —aunque es notable que ni siquiera una moción tan minimalista recibiera un respaldo unánime—. Al valorar la segunda pregunta, por la que se solicitaba determinar si el derecho natural se perdía o no en el momento de la publicación —o si la autoría equivalía a la invención—, los jueces respondieron que, efectivamente, el derecho perduraba, aunque en este caso la votación saliera adelante con un margen más estrecho de siete votos a favor y cuatro en contra. Esto dejaba la resolución del asunto en manos de la tercera pregunta, la que intentaba discernir si la ley de 1710 venía a suplantar o no al derecho consuetudinario. En este asunto radicaba el verdadero quid de todo el conflicto. Un voto favorable al derecho consuetudinario constituiría un respaldo a la propiedad perpetua. Y el resultado no pudo haber sido más ajustado. El escribano registraría un resultado de seis votos en contra y cinco a favor. Sin embargo, parece que se trató de un error y que de hecho los jueces habían emitido seis votos a favor y cinco en contra —y como señala Mark Rose, el resultado habría sido de siete a cinco de haber votado Mansfield—. Lo apretado de la decisión demuestra la inestable situación de equilibrio en que todavía se movía el debate[70].

Con todo, estas valoraciones únicamente tenían carácter consultivo. El conjunto de la cámara debía emitir ahora un dictamen, y como el parecer judicial ha quedado registrado, sabemos que en este caso el resultado no se dirimió en modo alguno por uno o dos votos, sino todo lo contrario. Los pares rechazaron rotundamente la demanda judicial interpuesta contra la reimpresión de Donaldson. El Edinburgh Advertiser dirigido por él se jactaría de que no se había escuchado una sola voz discordante. Otro escocés, John Murray, que había batallado largamente para introducirse en el mercado londinense, confesaría a un profesor de leyes de Glasgow que la decisión venía a disolver «un monopolio ilegal» organizado por una camarilla de tunantes[71]. Los editores londinenses conseguían así la proclamación definitiva que tanto habían perseguido, aunque lo que se afirmara en ella, para espanto suyo, fuera la inexistencia de la propiedad literaria. En lo sucesivo, los derechos de autor pasarían a ser una garantía artificial creada por el Estado. Los «piratas» habían ganado. James Boswell diría a Donaldson que, a imagen de Alejandro Magno —el primer pirata del mundo—, ya podía «sentarse y echarse a llorar por no tener más editores que someter»[72].

Lo que un historiador daría en llamar «el monopolio privado más perfecto que la historia haya conocido» llegaba así a su fin[73]. ¿Y cuál iba a ser el efecto de este cambio? La respuesta no estaba tan clara como temían los propietarios londinenses de los derechos de un buen número de obras literarias. En un principio pintarían su derrota con los sombríos tonos de la catástrofe. De este modo, dirían a los periódicos que se acababa de arrasar, de la noche a la mañana, con unas doscientas mil libras esterlinas, y que lo que «hasta ayer mismo habíamos considerado una propiedad» ha quedado totalmente borrado, de modo que «en cierto modo [nos encontramos] en la ruina»[74]. Organizaron una desesperada resistencia numantina a fin de conseguir salvar algo de entre los escombros, sin dejar de reiterar en ningún momento que las autorías literaria y mecánica eran radicalmente diferentes —motivo por el cual pedirían amparo al Parlamento—. Esta iniciativa provocaría nuevas y acaloradas disputas, hasta el punto de que Donaldson volvería a dar un paso al frente para oponerse. La maniobra fracasó. Tras este último episodio, las elites editoriales decidieron simplemente que no les quedaba más remedio que resignarse a vivir en un universo en el que la propiedad literaria se había desvanecido.

No fue el fin del mundo. Ninguno de los editores de la metrópoli quebró como consecuencia del veredicto, y, por su parte, la propiedad literaria demostró ser en cierto modo notablemente resiliente. En cualquier caso, los fundamentos de esa «propiedad» siempre habían estado anclados en la costumbre y en argumentos de carácter más práctico que legal, de modo que todo cuanto en realidad vino a conseguir la decisión de los lores fue eliminar la verosimilitud jurídica de un derecho natural. Los editores londinenses continuarían manteniendo con entera libertad sus componendas —y de hecho, en las décadas e incluso siglos posteriores no dejarían de escucharse constantes quejas por sus prácticas—. De hecho, la primera medida que adoptaron consistió en plantear la creación de un gigantesco sindicato editorial dotado de un fondo de maniobra de diez mil libras esterlinas y consagrado a mantener «inviolados» los viejos títulos sobre los que pretendían tener derecho exclusivo.

Con todo, el caso de Donaldson contra Becket tendría efectivamente consecuencias. Por todas partes surgieron rivales decididos a desafiar a la camarilla editorial de Londres y dispuestos a imprimir y a reimprimir de formas constantemente renovadas y dirigidas a nuevos grupos de lectores. Así, Thomas Carnan elegiría centrarse en la literatura infantil, mientras que la editorial Minerva de William Lane, por su parte, preferiría erigirse en la fuerza dominante en el campo de la ficción[75]. El sector viviría un periodo de rápida expansión, y sus profesionales encontrarían la forma de hacer fortuna en terrenos hasta entonces inexplorados. Todos cuantos estuvieran dispuestos a experimentar y a asumir riesgos podían obtener enormes beneficios. Y muchos de quienes lo consiguieran serían personas recién llegadas a Londres, como el escocés John Bell, cuya serie de 109 volúmenes —titulada The Poets of Great Britain— no solo se vendería con la apostilla de ser «la única edición completa y homogénea de los poetas británicos», sino que jamás habría llegado a convertirse en realidad de no haberse decretado el fin de la propiedad perpetua. Todas estas empresas terminarían creando un negocio editorial de un tipo casi enteramente nuevo[76]. En cierto sentido, lo que estaba sucediendo era que el sector del libro empezaba a mostrar las características de una industria. Uno de los más relevantes indicadores de esta mutación sería la aparición de un nuevo género de actividad social: el de la casa editorial. La primera empresa que se animó a dar ese paso fue la de Rivington. Longman seguiría su ejemplo en la década de 1810, y John Murray haría también lo propio poco después, inaugurando el sistema de pago a los autores que habría de preponderar a lo largo de toda la era victoriana. Al mismo tiempo, las florecientes ciudades industriales empezaron a convertirse en verdaderos focos de productividad literaria por derecho propio. Y en Escocia, Constable crearía los primeros grandes éxitos de venta modernos al poner en circulación títulos como los de Waverley y Rob Roy[77].

Con todo, para los oficiales de imprenta la irrupción de los derechos de autor resultó ser realmente una carga. Ya en 1762 había podido apreciarse lo fuerte que podía llegar a ser el antagonismo que enfrentaba a los oficiales de imprenta con los oligarcas de la propiedad literaria, ya que en esa fecha un cajista llamado Jacob Ilive había capitaneado una revuelta —por lo demás condenada al fracaso— en la Compañía de libreros. Nieto de Elinor James —una mujer que además de ser una prolífica impresora, panfletista y litigante ya había tratado de defender en la década de 1690 a los distintos gremios de la imprenta frente a los abusos de los reimpresores y los propietarios de títulos literarios—, Ilive era, en plena época georgiana, una especie de personaje miltoniano de la calle Grub. Acabaría convirtiéndose en un virtuoso de las estrategias piráticas al asociarse con su máximo exponente, William Rayner, y ser llevado a juicio por Alexander Pope —quien le acusaría de ser uno de los «piratas» que se habían apropiado de La Dunciada—. Con el tiempo, Ilive llegaría a elaborar una compleja cosmología deísta perfectamente singular e idiosincrásica según la cual los seres humanos eran ángeles caídos que, sepultados en la carne mortal del cuerpo en que encarnaban, intentaban utilizar la razón para reascender, a través de toda una jerarquía de mundos, a las esferas celestiales. Añadía a esta creencia la convicción de que la historia del cristianismo no era más que una sucesión de subrepticias introducciones corruptas en los libros sagrados, únicamente interrumpidas de cuando en cuando al «reeditar» Dios los verdaderos fundamentos de la fe. Y para demostrar la verosimilitud de esta idea, no dudaría en poner a contribución sus dotes para la piratería a fin de producir unas Escrituras propias a las que daría el nombre de Libro de Jasher. En resumen, estamos ante un hombre decidido a llevar las estrategias de la Ilustración pirática hasta sus últimas consecuencias.

Ilive tenía el proyecto de vivir de acuerdo con sus convicciones radicales. Quería reformar la sociedad de arriba abajo, librándola de oscurantismos y favoreciendo la aparición de lo que él llamaba «grupos o cofradías de artífices organizados en comunidades y dedicados a ayudarse unos a otros» —lo que en los términos habituales en el mundo de la imprenta solo significaba una cosa: sindicatos (chapels)—. Ilive creía que estas cofradías constituían el núcleo de una sociedad moral y bien ordenada. Y a fin de conferirles el papel que les era propio —el que habían desempeñado antes de la conquista normanda—, Ilive proyectaba la «total abolición» del gobierno de los oligarcas. Llegó a la conclusión de que la imprenta misma —verdadero punto de anclaje para el surgimiento de una razón pública— era el elemento primordial. Resuelto a conseguirlo, organizó una campaña destinada a reestructurar la médula misma del oficio: nada menos que la Compañía de libreros. Apoyándose en los restos dejados por el anterior intento frustrado de otra banda de radicales, publicó una impresión no autorizada de los principales documentos de la Compañía, revelando así que la Corte de ayudantes había sido un añadido tardío efectuado en tiempos de los Estuardo. Esta explicación «simple y racional» debía, en su opinión, derivar en la recuperación de la «sencillez original». La piratería había arrojado luz allí donde antes reinaban las tinieblas. Su siguiente paso consistió en convocar a los oficiales de imprenta, instándoles a elegir a sus propios maestres y encargados. La reunión tendría lugar el 31 de mayo de 1762, en la Dog Tavern, situada en lo alto de la colina Garlic[78]. Ilive se subió a una mesa y pronunció un vehemente discurso en el que venía a proponer a los impresores acciones tendentes a la «recuperación de sus libertades», es decir, animándoles a emanciparse de los editores. La asamblea elevó inmediatamente al cargo de maestre a un tal Christopher Norris, designando a continuación encargados a John Lenthall y John Wilcox —tres hombres de los que apenas sabemos nada, pero que desde luego no eran propietarios de ningún título literario—. Ilive estaba convencido de que los recién nombrados podrían tomar posesión, sin más, de sus respectivos puestos en el Salón de los libreros.

Para desgracia suya, la verdadera Compañía no iba a mostrarse tan complaciente. Sus funcionarios negaron la entrada a los rebeldes, observando muy cortésmente que Ilive «no debía estar del todo en sus cabales». La «elección de los rebeldes» resultó totalmente vana, y el mismo Ilive, consternado, fallecería poco después. Al final, lejos de instaurar la figura del sindicato como eje central de una remozada cultura pública, su levantamiento no conseguiría sino un resultado diametralmente opuesto. Después de aquello, jamás volvería a reconocerse a los oficiales de imprenta la condición de grupo con derecho a voto en la industria de la que dependía la cultura pública de Inglaterra. Se establecía así por vez primera una línea divisoria explícita y fundamental en el negocio del libro, ya que se confirmaba que el principio vertebrador llamado a configurar el sector no era el dominio de las técnicas del oficio sino, de hecho, la propiedad literaria. Se corroboraba con ello que, según todas las apariencias, el futuro no pertenecía al sindicato, ni al ámbito en que se movían los piratas, sino a la esfera de los derechos de autor —o lo que es lo mismo: al capital—. Por si fuera poco, la derrota de los sindicatos no iba a ser privativa del mundo de la imprenta. Eran muchos los oficios en que estaban constatándose tendencias similares. Y conforme fuera fraguando esta transformación, también los oficiales de imprenta y los artesanos comenzarían a ver que sus comunes intereses se hallaban fuera de lo que constituía su vocación laboral. Un nuevo tipo de clasificación social asomaba por el horizonte. La nueva distribución abandonaba la estructura transversal de las lealtades profesionales, disponiéndolas en función de una nueva cartografía vertical. Al convertirse los derechos de autor y las empresas editoras en las piezas clave que definían la cultura pública, comenzaría arraigar una nueva forma de comprender la política artesanal. Su elemento determinante, despojado de los atributos cosmológicos de la teodicea sindical de Ilive, habría de ser la noción de clase[79].

Las disputas relacionadas con la propiedad de títulos y el progreso, materializadas en los furores provocados por las incógnitas de la propiedad literaria, vendrían a coincidir asimismo con la ocurrencia de cambios muy relevantes en el plano práctico de la concesión de patentes —un plano del cual terminaría dependiendo la vertiente inventiva de la industrialización (y, por consiguiente, la formación de clases)—. Según parece, la explícita configuración de algunas «propiedades» en forma de inventos no aparecería sino en torno a 1712 aproximadamente —lo que viene a coincidir de modo muy notable con la primera ley relativa a los derechos de autor—, y en todo caso, antes de la década de 1760 apenas se observa la presencia de esa configuración. La ulterior consolidación vendría a coincidir prácticamente con el desafío de Donaldson, y de la mano de algunos de esos mismos recursos legales. Lord Mansfield en particular —que en un principio había defendido la idea de la propiedad perpetua en el caso de Millar contra Taylor para condenarla más tarde al fracaso con su silencio— conocería de primera mano todo el desarrollo del proceso por el que daría en establecerse la pertinencia de la introducción de cambios en la concesión de patentes a las máquinas. El bando que él mismo había presidido en el conflicto sobre la propiedad literaria había venido argumentando precisamente que en el adelanto de la mecánica se hallaba la raíz del progreso social, así que ahora él mismo se disponía a aplicar esta noción a la práctica de la concesión de patentes. Mansfield insistiría igualmente en que la idea por entonces en boga de la réplica de los ingenios debía convertirse en el criterio utilizado para determinar las especificaciones de diseño del objeto a patentar, dado que todo artesano experto del correspondiente campo debía ser necesariamente capaz de reproducir el aparato partiendo del documento que contuviera dichas especificaciones[80]. Esta idea pasó a convertirse en el elemento clave del concepto que surgiría por esos mismos años y por el que se vendría a concebir la patente al modo de una negociación pública, siendo la especificación de diseño de la máquina en cuestión el elemento de transacción para el otorgamiento de un monopolio temporal. Este planteamiento confirmaría asimismo que no se podían patentar los «principios». Tomando como base la autoridad de la defensa que Yates había hecho del punto de vista de Donaldson en el caso de Millar contra Taylor, se consideró que esos «principios» guardaban relación con «los sentimientos que albergara un autor en el interior de su misma mente» —queriendo aludir a meras doctrinas que, quizá, no admitían ser reducidas al plano de la propiedad en tanto no adquirieran la forma de un texto publicado—. De este modo, las nociones de copiado, progreso e interés público vinieron a cuajar en el ámbito de los mecanismos —esto es, de la industria—, en sintonía con la emergente cultura de la autoría[81].

Resulta por tanto muy pertinente que una de las pocas personas que decidiera dar cumplida respuesta a la decisión de 1774 fuera un escritorzuelo de la calle Grub dedicado asimismo a la invención de autómatas, y que dicha respuesta acabara marcando con el tiempo la relación entre la autoría y la invención. William Kenrick era un destacado traductor de Rousseau y Voltaire que se ganaba la vida como dramaturgo, como púgil literario dispuesto a retar a todo el mundo (como por ejemplo al actor David Garrick, al poeta, ensayista y crítico literario Samuel Johnson, e incluso, faute de mieux, a sí mismo) y como editor de una publicación periódica bastante seria de carácter crítico, la London Review. Al parecer profesaba las doctrinas del materialismo y el mortalismo (esto es, una creencia cristiana que sostiene que el alma expira en el momento de la muerte corporal), proclamándose asimismo enemigo declarado del clericalismo —y de hecho, en las páginas de la London Review resuenan sus alegatos en defensa de las heterodoxias de Joseph Priestley—. También había diseñado un móvil perpetuo que gozaba de considerable notoriedad.

En realidad, el inventor que había concebido originalmente, en la década de 1710, el dispositivo de Kenrick era un artesano sajón llamado Johann Bessler, o mejor dicho Orffyreus (apodo que era fruto de la simple aplicación de un algoritmo de codificación). El invento consistía en una gran rueda que parecía girar incesantemente sin que pudiera apreciarse la aplicación de ninguna fuente de energía. El renombrado filósofo experimental Willem Jacob de Gravesande había examinado la rueda de Orffyreus en la ciudad de Kassel, ante la corte del landgrave, llegando a la conclusión de que se trataba de un dispositivo capaz de superar ventajosamente la comparación con las últimas máquinas de vapor de la época, con las que competía como elemento motor aplicable a la industria. Este examen y estas conclusiones darían lugar a un prolongado debate en el que habrían de participar los mayores filósofos de Europa, ya que la cuestión de si tal aparato era físicamente posible o no había adquirido las proporciones de una controversia sin cuartel entre los partidarios de la mecánica newtoniana, que tendían a considerarlo imposible, y los defensores de las teorías leibnizianas de la vis viva, que según De Gravesande se inclinaban a dejar la puerta abierta a su posibilidad efectiva. Entretanto, Orffyreus se esforzaría en vender el secreto de su invento por una enorme suma de dinero, pero no halló comprador alguno y falleció en la oscuridad. Década y media más tarde, encontrándose en el mismo castillo del landgrave en que se había examinado la máquina de Orffyreus, Kenrick tuvo la idea de volver a construir aquella rueda. Tras dedicar otros quince años a lo que él denominaba su «rotor», solicitó una patente, aunque lo único que consiguiera fuese oscilar entre la procura del reconocimiento de la propiedad exclusiva y la adopción de la vieja estrategia de Orffyreus, consistente en tratar de vender el secreto del aparato. Al final, anunció que había ideado un nuevo sistema mecánico y que eso era lo que hacía funcionar la máquina —insertando anuncios en prensa en los que instaba a los suscriptores de la publicación a pagar para penetrar el misterio[82].

Kenrick descubrió que el mundo de la letra impresa y el de la realización de invenciones eran inseparables, ya que ambos se sustentaban en el mismo materialismo. Las ideas, fuente de todo conocimiento, podían explicarse en términos mecánicos, y como tales resultaban, en principio, accesibles a todos. Al igual que Joseph Priestley, Kenrick creía en la posibilidad de unir al público de carácter activo y racional por medio de la difusión del conocimiento impreso. La perpetua circulación de los textos impresos podía confirmar la existencia del rotor perpetuo. Sin embargo, las amenazas del clericalismo y la componenda se cernían sobre todas y cada una de estas convicciones. Incluso una clara y «prudente demostración», por ejemplo, tenía tendencia a resultar inútil si alcanzaba a tocar hechos que, según la doctrina cristiana, fuera preciso descartar, como el de que existiera una línea evolutiva que uniera, sin solución de continuidad, a los animales y al hombre. Entonces los creyentes se aferraban a la convicción de que al final se apreciaría la presencia de «una causa invisible e ignorada» que viniera a «refutar de un plumazo todo lo afirmado». Exactamente el mismo problema venía a desbaratar todos los intentos encaminados a demostrar de manera experimental la realidad del móvil perpetuo, ya que los testigos presenciales que estuviesen convencidos de antemano de la imposibilidad del empeño se negarían a dar crédito a sus ojos. Kenrick escribiría, además, un prefacio a su explicación de los pormenores del rotor que había inventado en el que atacaba virulentamente a esos «filósofos críticos» que aunaban sus fuerzas para conferir mayor solidez a estas argumentaciones autocomplacientes, y reimprimiría por extenso sus escritos a fin de ridiculizarlos. Ese estado de cosas era moneda corriente en la república de las letras, afirmaba Kenrick con hondo suspiro: la situación en que se encontraba habitualmente dicha república era la de una permanente guerra civil cuyos contendientes no eran sino «piratas de profesión»[83].

Desde el punto de vista de Kenrick, la importancia del caso de Donaldson contra Becket residía en la circunstancia de que, finalmente, hubiera puesto de manifiesto el común apuro en que se hallaban el autor de la calle Grub y el inventor dedicado a materializar proyectos novedosos. Según señalaba, «hoy se admite de forma prácticamente universal que el inventor de una máquina o de algún artilugio útil en la vida cotidiana se halla en perfecto pie de igualdad con el autor de un libro». Eso era lo que el largo conflicto había conseguido. Y su mayor virtud consistía en permitir por primera vez la visualización de dos problemas que impedían el progreso mismo. En primer lugar, los «inventores» no podían ampararse en un principio como el de los derechos de autor para proteger sus intereses. Se veían reducidos a seguir tratando de conseguir las patentes a título individual —actividad a la que era preciso dedicar mucho tiempo y que, además de resultar costosa, se hallaba invariablemente expuesta a un desenlace incierto—. Por todo ello, Kenrick reclamaba imperiosamente que se protegiera a los inventores mediante la instauración de un mecanismo legal equivalente al de los derechos de autor. A su juicio, esto supondría grandes ventajas sociales. Al despertar «la curiosidad, el ingenio» y el «espíritu emprendedor» establecería claramente la pertinente diferencia natural que media entre el «artífice inventivo» y el «artesano, carente de ideación creadora» —es decir, entre las personas cualificadas para proporcionar empleo a otras y las que únicamente están capacitadas para trabajar con sus propias manos—. Según el vehemente alegato de Kenrick, la aceptación de la incipiente formación de clases en torno a la cuestión de la propiedad de los derechos vinculados con la autoría implicaba hacer algo que anteriormente nadie se había atrevido a proponer en serio, ya que conllevaba la abolición de la cláusula del Estatuto de los monopolios de 1624 que afectaba directamente al caso. Kenrick aplaudía explícitamente esa perspectiva. De llevarse efectivamente a la práctica esa abolición, se devolvería al Estado la facultad de patrocinar el ingenio y de rectificar algo que, en cualquier caso, constituía un error categorial ya que, en el caso de los inventos, la propiedad de los derechos no podía considerarse un verdadero monopolio. Lejos de resucitar la actividad monopolística, ese cambio contribuiría a deshacer las auténticas componendas que tan abundantemente podían observarse en la sociedad en que le había tocado vivir —imposibilitando arreglos fraudulentos como el que habían mantenido durante un tiempo los editores—[84]. En resumen, la aplicación de un sistema de derechos de autor a los inventos contribuiría a fomentar el progreso industrial.

La segunda dificultad que según Kenrick venía a poner de manifiesto el resultado de la sentencia del año 1774 era la que afectaba a los autores no originales. La anterior generación había debatido hasta la saciedad acerca de la autoría original, pero prácticamente no había abordado en absoluto (si exceptuamos unas cuantas observaciones sardónicas) la cuestión de los escritos no originales, los cuales venían a constituir, a fin de cuentas, la inmensa mayoría de las obras publicadas. Kenrick señalaba que la práctica de conseguir demandas judiciales para actuar contra un conjunto de «fingidos piratas» se había empleado en repetidas ocasiones como instrumento con el que frenar las obras compiladas. Sin embargo, de no existir los derechos de autor perpetuos, esta táctica se volvía súbitamente insostenible, puesto que el estatuto de 1710 no declaraba en ninguno de sus puntos que dichas prácticas fuesen ilegítimas. Como ya había señalado el jurista escocés Monboddo, el Estatuto de la Reina Ana prohibía únicamente «la mera operación mecánica de la impresión que no viniera asistida por ningún trabajo de la mente»; la norma no decía nada que fuera contrario a un ejercicio consistente en aplicar «la memoria o el juicio» al original. Esto era de una enorme importancia. En el reciclado textual venía a resumirse, en opinión de Kenrick, la realidad central del negocio editorial del siglo XVIII, y por consiguiente en él venía a parar también la actividad principal de la Ilustración. Los textos que predominaban de manera abrumadora en el cúmulo de libros que se publicaban cada año eran los compendios, los resúmenes, las sinopsis, las traducciones y las antologías. Por cada autor original había quinientos «copistas y compiladores». Más aún, su número se incrementaba necesariamente al multiplicarse el volumen de libros en circulación, circunstancia que ofrecía a su vez nuevas cantidades de forraje a la rumia. Y gracias a este tipo de creación —que no era de carácter heroico ni aislado—, se producía el verdadero avance del conocimiento y el progreso. Por consiguiente, el mundo del saber transmitido por medio de la letra impresa era en sí mismo un móvil perpetuo capaz de girar indefinidamente a modo de contrapunto comercial y literario del rotor de Kenrick. Una falsa mecánica había venido frenando hasta entonces la perpetuidad de dicho movimiento, llegando a detener casi por completo su rotación. Después, un tipo de perpetuidad diferente —el de la propiedad perpetua de los derechos literarios— había detenido finalmente su giro. Y por último, se había dado rienda suelta a la verdadera mecánica, con lo que el motor de las publicaciones había encontrado la libertad necesaria para acelerar al máximo de su potencia[85].

Por consiguiente, el surgimiento de los derechos de autor —y el abandono de la propiedad literaria— se produjo como consecuencia de un violento pero fructífero choque entre la autoría y las invenciones mecánicas. Es perfectamente pertinente considerar revolucionario este resultado, ya que ese fue su efecto en ambos campos. No se trató de una revolución en la propiedad intelectual, puesto que ese concepto no existía todavía. Pero vino a significar, desde luego, una transformación aún más importante, dado que solo una vez ocurrida se darían las condiciones para la efectiva aparición de la propiedad intelectual.

7

UNA TIERRA DE NADIE

¿Por qué… no habría de juzgarse valioso erigir un emporio literario en este reino, sujeto a regulaciones más sabias y a una disciplina superior a la de cualquier otra parte de Europa? ¿Y por qué no habría de ser este un método infalible para lograr que afluyan hombres y caudales al país?

George BERKELEY, The Querist

Decididamente, quien quisiera encontrar a un pirata a mediados del siglo XVIII debía ponerse a buscar por las calles de Londres o Edimburgo, donde no era difícil topar con un William Rayner o un Alexander Donaldson. Ahora bien, si lo que persiguiera nuestro indagador fuese ver cómo se acosaba a la piratería de un modo sistemático y abierto —es decir, a la manera de una arquetípica empresa moral asociada con la defensa de la racionalidad, el comercio y la Ilustración—, entonces los editores de Londres se estremecerían al verle y le instarían a proseguir en otra parte sus pesquisas. Encaminarían sus pasos hacia Irlanda. Todos ellos se habían habituado a creer que Irlanda era el reino más auténticamente pirático de la época. Pensaban que sus colegas irlandeses no se ceñían a ningún tipo de moralidad, sino que se dedicaban a echar mano de todo cuanto alcanzara a cruzarse en su camino, produciendo ejemplares falsos de la más baja calidad y vendiéndolos a toda prisa. La imagen que tenían de Dublín era poco más o menos la que hoy nos ofrecen películas como Rescate en Nueva York[1] —cuyo guión podría haber escrito perfectamente Jonathan Swift en referencia a la capital irlandesa.

Lo cierto, sin embargo, era que el sector editorial de la ciudad de Dublín no tenía un carácter tan anárquico como se figuraban los editores londinenses, aunque eso, a los ojos de los potentados de Londres, no contribuyera sino a aumentar todavía más la honda amenaza que veían en él. Ofrecía al futuro de la imprenta y la cultura pública un modelo aparentemente viable que venía a poner en duda todo cuanto los oligarcas de la propiedad literaria consideraban indispensable. Una cosa resultaba indudable: que los dublineses estaban prosperando. Su radio de acción se extendía por toda Europa y Norteamérica, y se jactaban de poder imprimir libros tan atractivos como cualquiera, y a precios igual de competitivos. De hecho, afirmaban haber alumbrado la edad de oro de las letras irlandesas, presidida por apellidos como Sheridan, Edgeworth y Burke. Al parecer, estaban convencidos de que el desdén que sentían por la propiedad literaria, lejos de ser algo a lo que fuera preciso restar importancia, constituía el fundamento de este doble éxito, a un tiempo comercial y cultural. Afirmaban ofrecer los mejores textos al más bajo coste posible. Y en eso consistía el problema que verdaderamente planteaban.

Tras reimprimir libros publicados originalmente en Londres, los dublineses los ponían a la venta, muy a menudo a mitad de su precio inicial, tanto en Irlanda como en Gran Bretaña y Norteamérica. No se reconocían obligados a tener que pagar por dicho privilegio. De acuerdo con las prácticas vigentes en la época, se trataba de una actitud nada inusual, pese a que en ocasiones los editores londinenses actuaran como si lo fuera. Todos los sistemas nacionales de amparo a la propiedad literaria eran peculiarmente propios de cada país. Ni siquiera el hecho de que enviaran libros reimpresos al extranjero —circunstancia que hacía que esas obras se consideraran piratas— permite decir que la actitud de los editores dublineses se saliese de lo común. A fin de cuentas, tanto los suizos como los holandeses procedían del mismo modo en su relación con Francia, y los pequeños estados alemanes, sin excepción, hacían otro tanto unos con otros. Lo que determinaba que el caso de Irlanda resultara único —no solo a juicio de los profesionales no irlandeses, sino desde el punto de vista de los propios nacionales— era el hecho de que no existiese ningún sistema oficial de propiedad literaria en el seno de la misma Dublín[2]. Y no cabía excusarse pretextando que Irlanda no era el Sacro Imperio Romano Germánico, cuya inmensa extensión y múltiples jurisdicciones impedían la adopción de todo régimen de propiedad literaria. Se trataba de una entidad política muy concreta —en realidad era una única ciudad— que ocupaba un área muy pequeña y que no contaba además sino con una reducida población. Con todo, como habría de afirmar George Faulkner, el más destacado de todos los editores dublineses, «no existe en este reino ley alguna, ni costumbre siquiera, que garantice la propiedad literaria de los libros». Faulkner faltaba un tanto a la verdad, ya que en realidad existían distintas convenciones consuetudinarias, y él estaba plenamente al tanto de todas ellas. Sin embargo, el sector carecía de reglas formales que vinieran a regir la propiedad literaria, y tampoco contaba con instituciones que pudieran haberse dedicado a vigilar el cumplimiento de dichas normas, caso de haber existido. Si un hombre como Faulkner decidía reimprimir un libro popular, lo más probable era que sus competidores de Dublín no tardaran en seguir sus pasos[3]. En todo caso, era esa trilogía —esto es, la existencia de un comercio basado en la reimpresión unida a la presencia de un mercado de exportación y a la falta de una normativa interna— lo que daba a Dublín su carácter excepcional. Desde la perspectiva de los editores británicos, hasta la más rutinaria de las transacciones presentaba aquí un cariz extraño. A John Murray, un próspero y minucioso profesional, le resultó muy difícil comprender las más básicas normas elementales que le convenía observar para realizar negocios con sus colegas de la otra orilla del mar de Irlanda. Daba la impresión de que las escasas millas náuticas del brazo de mar interpuesto entre Londres y Dublín mediaban asimismo entre el orden de la capital inglesa y la oscuridad del ámbito irlandés, donde no solo no había más propiedad que la que se dignara a reconocer la piratería, sino que nadie se regía por más regla que la de la anarquía.

Esto planteaba un problema evidente. Según las más destacadas autoridades de Europa, la propiedad literaria —ya se presentara o definiera de uno u otro modo— constituía el suelo firme en el que debía darse anclaje a la razón pública. El papel de la letra impresa en el progreso intelectual dependía de que la autoría se verificase de forma fiel y segura, y ninguno de estos dos extremos podía garantizarse sin disponer de algún tipo de régimen. Desde luego podrían surgir disputas respecto de la forma más adecuada que debiera adoptar dicha propiedad, los límites que resultara pertinente señalarle y a quien pudiera corresponderle, pero prácticamente no había margen alguno para negar la necesidad de dicho principio. Y sin embargo, eso era justamente lo que faltaba en Irlanda, para escándalo de muchos. Es más, Dublín parecía regocijarse de tal carencia. Si la propiedad literaria y la regulación de la autoría eran dos elementos tan decisivos para el avance de la Ilustración, ¿por qué no se derrumbaba el modelo irlandés, disolviéndose en el caos y la ignorancia? ¿Y por qué parecía prosperar, tan contrariamente a estas suposiciones, como nunca antes hubiera alcanzado a hacerlo?

Estamos ante una pregunta que vale la pena plantearse igualmente en la época presente. La interrogante que planteaba el sector del libro dublinés a los philosophes del siglo XVIII también presenta facetas interesantes en nuestros días. Las actuales industrias del conocimiento proclaman, en unanimidad con los economistas y las autoridades legales, que uno de los factores sine qua non para el progreso del saber es la existencia de un sistema formal de propiedad intelectual. Y son también muchos los historiadores y los críticos que han argumentado que el hecho de que en el siglo XVIII se instaurase un sistema de esa índole vino a suponer el inicio de una paulatina transición a la modernidad. Sin embargo, la situación de la Irlanda dieciochesca contribuye hoy tan poco a sustentar este parecer como hace dos siglos y medio. Dicho llanamente: las circunstancias de Irlanda desafían todos los planteamientos convencionales relativos a la imprenta, la propiedad y el progreso.

Cultura y actividad reimpresora

Irlanda poseía una sociedad rural y relativamente pobre, cuya población carecía mayoritariamente de todo acceso a las instituciones educativas de elite. La cultura impresa del país se circunscribía así en muy buena medida (o incluso por completo, si nos referimos a la confección de libros) al cerrado coto de las ciudades —y de manera particularmente abrumadora a la esfera de la capital, Dublín—. La industria de las reimpresiones en concreto se encontraba casi enteramente ubicada en esta última urbe, ya que operaba en las librerías e imprentas que se arracimaban en la zona oriental del viejo casco medieval[4]. En este espacio medraba una comunidad artesanal, de pequeñas dimensiones si nos atenemos a los criterios europeos (dado que en su momento de mayor apogeo, esto es, en torno a la década de 1780, se componía de unos cincuenta editores y aproximadamente treinta impresores) y de implantación tardía, pero también muy dinámica y vital. Los distingos que habían escindido a los integrantes de la industria londinense en propietarios de títulos literarios y artesanos no lograban arraigar sino muy lentamente al otro lado del mar. Dejando al margen a un pequeño grupo central, los puntales económicos en que se sustentaba el gremio no eran en modo alguno los libros, sino la actividad comercial propia del sector y la publicación de periódicos —por no hablar de la venta de plumas para escribir, productos textiles, y desde luego, medicamentos patentados—[5]. El arzobispo King sostenía que los aspirantes a autores literarios debían estar dispuestos a pagar de su propio peculio el coste de la impresión de sus obras y a aceptar que los ejemplares se distribuyeran gratuitamente. El arzobispo Synge se mostraba de acuerdo, y en 1721 le confesará a un amigo que, «en este reino, son verdaderamente muy pocos los libros cuya impresión fracase». Y todavía en 1758, el destacado editor dublinés George Faulkner observará que la capital irlandesa seguía siendo «el peor sitio del mundo para captar subscriptores», señalando que los ciudadanos preferían gastarse el dinero en vino y diversiones. «Se venden más botellas en una semana que libros en un año», señalará con un cierto retintín de envidia[6].

Con todo, es innegable que estaba surgiendo rápidamente un mercado literario en el país, no solo en Dublín, sino también fuera de la capital. Un visitante que recorre el Ulster por estos años encontrará ya motivos para decir que había descubierto una población de «filósofos rurales» en la región, y a lo largo de la segunda mitad del siglo se fundarán periódicos en varias poblaciones de mediano tamaño. No obstante, el precio seguía siendo uno de los principales obstáculos que se oponían a la difusión de obras literarias. Para la mayoría de los irlandeses, los libros constituían un lujo excesivamente caro. Los editores londinenses, que apenas se preocupaban de Irlanda, no pondrían demasiado interés en remediar esa situación. Por este motivo, una de las principales ventajas de las reimpresiones radicaría, desde el principio, en el hecho de que los ejemplares que se producían de ese modo resultaban mucho más asequibles para el bolsillo de los lectores irlandeses que los originales londinenses. En 1767, el Parlamento irlandés estudió la cuestión de que se hubiera estipulado incluso un precio estándar de venta al público —dos peniques por hoja—, y por otro lado, quienes todavía continuaran considerándolo muy oneroso tenían la posibilidad de encontrar el libro que buscaban en las bibliotecas de préstamo, cada vez más numerosas. Los compradores seguían perteneciendo más al ámbito urbano que al rural, y a la confesión protestante más que a la católica. Y a esta bolsa de lectores aficionados se dirigía la industria de las reimpresiones, espoleando al mismo tiempo su gusto por la lectura[7].

Si la reimpresión terminó adoptando este particular carácter se debió a la política imperante en la capital irlandesa. Era una política que había creado una situación de frágil prosperidad, tensiones religiosas y un nacionalismo creciente. Por un lado, la ciudad era un eje cultural. En ella tenía su sede el Parlamento irlandés y se ubicaba el Trinity College, siendo además, por su tamaño, la segunda ciudad del Imperio británico. El edificio que albergaba el Parlamento, construido de acuerdo con las últimas tendencias del estilo neoclásico, proyectaba una imagen de confianza en la estabilidad y la prosperidad del orden que representaba —es decir, del orden que, surgido de la alianza entre el Parlamento, la iglesia oficial y el imperialismo, recibía el nombre de «dominio protestante»—. Pero, por otro lado, esa confianza era en realidad más frágil de lo que parecía. Nunca había sido preciso esforzarse demasiado para conseguir que, al atizar los temores de la población, se repitieran masacres como la que en opinión de muchos protestantes se había producido en los levantamientos de 1641, que habían contribuido a desencadenar las guerras civiles inglesas. Toda una serie de ceremonias y publicaciones periódicas mantenían vivo el recuerdo de aquellos acontecimientos. Además, también los protestantes urbanos tenderían cada vez más a sentirse irritados por los dictámenes de Westminster. Juzgaban que las restricciones que el Parlamento británico imponía a las exportaciones irlandesas —y especialmente la Ley de las lanas de 1699— eran una de las principales causas de la relativa pobreza de la isla. Irlanda no debía ser considerada como una colonia, sostenían, sino como un reino auténticamente autónomo, de acuerdo con el viejo modelo constitucional de los «tres reinos» que había estado en boga a lo largo del siglo anterior. Con estos argumentos no resultaba difícil terminar criticando la dominación británica. Y de hecho, en 1753, cuando Samuel Richardson acuse a los reimpresores dublineses de envolverse en el manto de la nación irlandesa, lo hará impulsado por lo sucedido durante los coléricos actos de agitación que se habían registrado poco antes en Dublín por esta causa supuestamente patriótica. El catalizador de la revuelta había sido un boticario y panfletista de Dublín, partidario de la reforma liberal, llamado Charles Lucas. Secundado por otros patriotas, Lucas se había echado a la calle al grito de que los intereses mercantiles ingleses estaban asfixiando artificialmente la economía irlandesa. Enarbolaban el pretexto de que el contrabando, empleado para sortear el escollo de las prohibiciones comerciales inglesas, podía ser un empeño positivo. A principios de la década de 1750 estas convicciones eran moneda corriente en los periódicos de Dublín, y particularmente en el Dublin Journal de Faulkner. Surgió así una prensa política plagada de vehementes alegatos. Y el gremio mismo del libro, que hasta entonces había sido una entidad incolora, se inclinaría a favor de Lucas, al asociarle con la libertad de prensa —lo que no dejaba de ser una actitud bastante osada para un grupo social que, según recordaría oportunamente el presidente de la más alta corte nacional, tenía supuestamente la misión de facilitar la regulación gubernamental de la prensa[8].

No obstante, la reimpresión de los títulos londinenses en Irlanda se había iniciado mucho antes de todos estos acontecimientos. Ya en 1663, los editores de Londres habían acusado al impresor del rey en Irlanda de haber participado en una confabulación destinada a reimprimir en Dublín ejemplares que luego se vendían en Londres. Y en 1702 se volverán a escuchar sus advertencias, ya que afirmarán que los impresores de Dublín se dedicaban a «imprimir y a enviar a Londres, sin importarles que fueran correctos o incorrectos», ejemplares suficientes como para echar por tierra las ventas del De Origine Mali del arzobispo King. Lo más probable es que su preocupación no girara en torno a la propiedad de los títulos como tal, sino al hecho de que los trabajadores irlandeses, cuyos sueldos eran muy bajos, tiraran los precios y perjudicaran a los oficiales de imprenta londinenses. En esta época, la industria impresora irlandesa era todavía muy pequeña y no suponía ninguna amenaza de orden general. Veinte años después, la situación era en cambio muy distinta. En la década de 1720, la reimpresión se había convertido ya en una rutina, en una actividad integrada en la simple costumbre. En 1726, el obispo de Derry informará de que «los libreros de esta ciudad han caído últimamente en actitudes próximas al bandidaje al reimprimir todas las obras relevantes que se publican en Inglaterra» —y el prelado no se había mordido la lengua, porque al aludir al «bandidaje» lo había hecho empleando la palabra «rapparee», con la que se designaba a los soldados irlandeses que habían desertado durante la guerra jacobita para convertirse en salteadores de caminos—. Los editores dublineses, añadirá el obispo Nicholson, tenían así «la posibilidad de proporcionar esas obras a sus clientes (al encargar el material impreso) a precios notablemente inferiores a los que tendrían si las trajeran de Londres»[9]. Esto implicaría que el destino de la mayoría de las reimpresiones fuera precisamente Irlanda. Sin embargo, los editores de Dublín no tardarían en centrar su atención en mercados más distantes. Ya a mediados de la década de 1730, si no antes, las reimpresiones destinadas a la exportación estaban convirtiéndose en moneda corriente. Las colonias más atractivas eran las de América del Norte —otro diminuto mercado por el momento, pero dotado de un potencial enorme—. En 1747, Benjamin Franklin señalará la llegada de ediciones «piratas» procedentes de Irlanda que contaban con suscriptores entre los oficiales del ejército británico. Tiempo después, el periodista de infausta memoria James Rivington[10] trataría de levantar un imperio enviando reimpresiones irlandesas a Nueva York y erigiéndose en canal de distribución obligado para su difusión por el país[11]. Sin embargo, el precio al que vendía dichos textos era el vigente en el mercado británico. Al poco, las reimpresiones dublinesas comenzaron a circular de forma igualmente rutinaria por las colonias británicas de América, y no tardarían en poder adquirirse en cualquier población de provincias. Se trataba de una circunstancia tan notoria que las reimpresiones no originarias de Irlanda también comenzaron a atribuirse a ese país. Una impresión del Vicario de Wakefield de Oliver Goldsmith supuestamente realizada en Dublín, por ejemplo, había salido de hecho de los talleres de un cajista de la colonial ciudad de Boston. Otra de las obras presuntamente dublinesas procedía en realidad de París, y una tercera de Glasgow[12]. Está claro que los editores de esas ciudades pensaban que Dublín se hallaba tan estrechamente vinculada con las reimpresiones que el hecho de añadir una más no iba a suscitar el más mínimo cuestionamiento.

Sería ahora cuando los editores de Londres comenzaran a poner verdaderas objeciones a este estado de cosas. Exigieron una investigación parlamentaria. No tardaría en descubrirse que incluso los volúmenes más gruesos, como los diccionarios o las obras históricas publicadas por Clarendon o por Burnet, podían encontrarse fácilmente en ediciones reimpresas. Tras cinco años de continuas presiones, la investigación dio como resultado la promulgación de una nueva ley por la que venía a prohibirse la importación de libros impresos originalmente en Gran Bretaña pero reimpresos posteriormente en otras regiones. Dicho de otro modo, lo que la norma daba en declarar ilegal no era la reimpresión de libros como tal, sino la reimportación a Inglaterra de los volúmenes resultantes. En teoría no significaba un gran cambio, pero lo cierto es que esa disposición estaba llamada a tener consecuencias prácticas muy rigurosas. La nueva regulación permitía implícitamente que las autoridades requisaran todos los libros importados de Irlanda (u Holanda) —o al menos lo hacía muy probable—, dado que los funcionarios de aduanas no tenían forma de saber si la aparición de un determinado título se había producido por primera vez en Londres o no. Y así ocurriría efectivamente: por no poner más que un único ejemplo, en mayo de 1768 los aduaneros subieron a bordo de un barco cargado de artículos irlandeses en el que además viajaba una selección de obras literarias entre las que cabe destacar las Obras completas de Jonathan Swift, la Ilíada y la Odisea traducidas por Pope, textos de Rabelais, la Builder’s Jewel de Batty Langley, los Voyages de George Anson, Las mil y una noches, y los poemas de Charles Churchill (supuestamente la «edición pirata que de esos poemas se había impreso en Dublín, aunque indicando falsamente que se había efectuado en Londres»). Las autoridades confiscaron todas las obras por considerar que se trataba de mercancía de contrabando. Por esta misma época también era frecuente que los libros irlandeses fueran requisados al llegar a Norteamérica. Al final, un librero de Filadelfia llamado David Hall se vería obligado a solicitar el cese absoluto de los fletes procedentes de Dublín, «dado que ahora hay siempre un mínimo de dos barcos de Su Majestad en nuestro río»[13].

No obstante, si para los irlandeses resultaba aceptable reimprimir en Irlanda los libros ingleses, los editores ingleses juzgaban igualmente adecuado hacer lo propio con los libros de Irlanda en Inglaterra. Esta práctica no iba a recibir en modo alguno la atención que se había venido concediendo a la piratería irlandesa, pero hay que tener en cuenta que no solo se trataba de una actividad igualmente temprana, sino que muy pronto acabaría adquiriendo el mismo carácter rutinario. Ya en 1694 veremos a Benjamin Tooke defender esta costumbre frente a los argumentos del obispo King, cuyo Discourse concerning the inventions of men in the worship of God acababa de reimprimir. De no haberse encargado él mismo de la reimpresión, aseguraba tranquilizadoramente al obispo, otro lo habría hecho en su lugar. Además, las reimpresiones conseguían que sus obras gozaran de una difusión mayor, y por consiguiente permitían «propagar el bien que hacían» —circunstancia que, según señalaba Tooke, «es necesariamente la intención que animaba a su señoría al darlo a la imprenta»—. Esta defensa un tanto petulante muestra que ya era posible echar mano de una justificación de las reimpresiones basada en el aumento de su repercusión. Una generación más tarde, Edmund Curll esgrimirá, como disculpa por la subrepticia edición de Pope que acababa de poner en el mercado, un refrito de las tesis que Faulkner había presentado en Dublín. «Todas las personas de este reino tienen derecho a reimprimir todos aquellos libros cuya primera publicación se efectúe en Irlanda —señalaba Curll— y todas aquellas obras que se publiquen inicialmente aquí pueden reimprimirse con perfecta legitimidad en este reino». (Hardwick comprendería rápidamente la intención: Curll estaba insinuando de forma bastante inteligente que los piratas debían tener vía libre, ya que, de acuerdo con su explicación, para apoderarse de cualquier obra bastaba que los filibusteros literarios se las arreglaran para conseguir que un cómplice hiciera una primera reimpresión irlandesa). «En Irlanda, los editores reimprimen sin mayores ceremonias los textos ingleses», oirá argumentar más tarde aún John Murray, «y los ingleses tienen a su vez el privilegio de reimprimir las obras irlandesas». Entre 1729 y 1767, los dos William Bowyer, padre e hijo, reimprimirían en Londres unos sesenta libros publicados originalmente en Irlanda, principalmente por la editorial de Faulkner. Por lo general esto se hacía de común acuerdo, pero las reimpresiones inglesas tendrían que enfrentarse en muy buena medida a las mismas cuestiones prácticas y morales que ya habían surgido anteriormente en el caso irlandés: la contratación de agentes de confianza, la brega con los problemas derivados de los pies de imprenta falsos, la bellaquería de los oficiales de imprenta, etcétera. Este panorama permitiría asimismo que algunos astutos actores del sector editorial de Londres como Murray alcanzaran a ejercer una notable influencia sobre los autores irlandeses, ya que podían amenazarles con una reimpresión en caso de que no aceptasen sus condiciones[14]. Con todo, la reimpresión londinense de títulos irlandeses no pasaría de ser una empresa de dimensiones relativamente pequeñas, por la sencilla razón de que Dublín nunca llegaría a alcanzar el volumen de obras de autor que circulaban en Londres. El hecho mismo de presentarlos como casos formalmente equivalentes implica asumir en la práctica un importante desequilibrio. Era Londres, y no Dublín, el hontanar cultural y económico del imperio.

A continuación paso a señalar el contexto, por lo demás oscuro, en el que se desarrolló el más célebre de todos los ejemplos conocidos de «piratería» irlandesa. En 1753, Samuel Richardson denunció a Faulkner, aduciendo que este «había invadido su propiedad» al reimprimir su monumental novela titulada Sir Charles Grandison. Él mismo refiere los pormenores de lo sucedido. Según señala Richardson, al terminar sus anteriores novelas había enviado los manuscritos a Irlanda antes de que las obras se publicaran en Londres con la doble intención de asegurarse unos emolumentos a cuenta de la versión irlandesa y de impedir la publicación de una edición no autorizada. Había seguido la misma estrategia con su Grandison. No obstante, tras el enorme éxito de Clarissa, no había duda de que los reimpresores de Dublín iban a salir a la caza de su nueva novela —y era cosa harto sabida que estos se daban muy buena maña para sobornar a los oficiales de imprenta y lograr hacerse de ese modo con los manuscritos—. Por tanto, Richardson quiso convertir su casa editorial en un baluarte contra estas prácticas. De hecho, Richardson llegó al acuerdo de que la impresión se hiciera en tres locales independientes a fin de que ninguno de ellos dispusiera del conjunto completo de pliegos que integraban la novela. Se aseguró de que no se recurriera sino a «personas de reconocida honestidad». No debía admitirse a ningún «desconocido». Se llevaría un control exhaustivo de todos y cada uno de los pliegos de papel presentes en los distintos edificios. Los oficiales y cajistas no debían soltar prenda en sus inevitables visitas a la taberna. Consiguió arrancarles una declaración —prácticamente un juramento— por la que se comprometían a no caer en la menor «traición», y les entregó una copia impresa de lo acordado al objeto de que tuvieran bien presente su compromiso. Conforme fueran imprimiéndose, los pliegos mismos debían ser reunidos y depositados en un almacén seguro, separado del taller. La tarea de conducirlos a ese escondite no se encomendaría sino a un único hombre, un corrector de pruebas y guarda de almacén llamado Peter Bishop que, implícitamente, era persona de confianza a los ojos Richardson. Bishop, por su parte, aseguraría a Richardson que no tenía nada que temer y que «el trabajo estaría a salvo de piratas».

Una vez adoptadas todas estas medidas, Richardson envió doce pliegos a Faulkner tan pronto como los tuvo listos. La respuesta que recibió habría de dejarle helado. Faulkner abandonaba su alianza para unirse a un grupo de «piratas». Tres impresores de Dublín —Henry Saunders, John Exshaw y Peter Wilson— se afanaban ya en la confección de la novela, y contaban con una cantidad de texto muy superior a la que poseía el propio Faulkner. Estos «hombres honrados», como les motejaría con guasa Richardson, habían «robado» la portada y las páginas iniciales para hacerse con la obra, llegando incluso a afirmar implícitamente («¡vil artificio!») que se trataba de una versión autorizada. Y lo que era todavía peor, Faulkner le confesaba ahora que acababa de entregar los pliegos que él mismo había recibido —pliegos que contenían anotaciones de última hora hechas por Richardson mismo y que no aparecían en su propia edición—. De este modo, los conjurados podían anunciar en su propaganda que su versión era preferible a la «oficial». «¿Y quién puede asegurarme —lamentará Richardson— que si logran publicar su edición antes que la mía no habrán de pregonar que esa es la pirata y no la suya?».

Así las cosas, Richardson contrató a un nuevo agente en Dublín llamado Robert Main, a quien enviaría setecientos cincuenta ejemplares de la impresión, que él mismo había supervisado, del único volumen de la novela que no poseían los piratas. No serviría de nada. Los editores dublineses, resueltos a «apoderarse de toda su propiedad», publicaron a toda prisa una «edición pirata» y se hicieron con la totalidad del mercado. Robert Main terminó en la bancarrota. Entretanto, Richardson despedía a Bishop, aunque solo para centrar sus sospechas en un cajista llamado Thomas Killingbeck. Como sucedía con muchos cajistas, Killingbeck había trabajado aquí y allá, y durante algunos años había prestado sus servicios en Irlanda. Había trabajado para el propio Faulkner y, de hecho, se había ocupado en gran medida de obras traídas clandestinamente desde Londres. Killingbeck proclamó su inocencia, pero se negó a firmar una declaración jurada. Richardson le despidió por tanto inmediatamente. Al parecer había logrado identificar a los traidores. Sin embargo, la violación de la confianza depositada en ellos como empleados le seguía fastidiando. «¿De qué no será capaz un hombre —clamará— que no duda en corromper a los criados de otro hombre, persuadiéndolos de que traicionen y roben a su amo?». La casa editorial era asimismo el domicilio particular del dueño, y los irlandeses habían violado los dos ámbitos. Los truhanes habían conseguido el título robado «aun a costa de conseguir que un hombre inocente se sienta inseguro en su propia casa». En una sociedad que se concebía a sí misma como una vasta reunión de hogares patriarcales y que estaba impregnada de un clima de confianza y convivencia, aquel delito suponía una rara enormidad. Y para un impresor, la pérdida de la integridad tenía consecuencias particularmente devastadoras. Al «deshonrarle», podía darse perfectamente el caso de que los piratas terminaran convenciendo a los poderosos editores londinenses propietarios de los más importantes títulos literarios de que no les convenía volver a «poner sus propiedades en manos de un hombre que no era capaz de impedir que en su propio hogar se urdieran traiciones internas». Se había violado a un tiempo el domicilio de Richardson y su modo de ganarse la vida. Y todo esto por una novela que tenía la abierta intención de transmitir mensajes morales a sus lectores. (Y el hecho de señalarle, como haría uno de sus amigos con la deliberada intención de aplacarle, que la existencia de reimpresiones baratas podía de hecho contribuir a reforzar este efecto moral, apenas contribuiría a hacerle ver las cosas de otro modo).

¿Podrían los editores dublineses aducir algún argumento en su defensa? Faulkner consideraba que sí. Su alegato exculpatorio se basaría en la primacía de las costumbres del gremio. A su juicio, esta costumbre tenía un carácter que era, por así decirlo, ubicuamente local y localmente ubicuo. La costumbre determinaba lo que debía tenerse por una buena práctica en una ciudad dada, y en ella venían a manifestarse las diferencias y elementos comunes que distinguían a unas urbes de otras. Lo que Faulkner decía era que había descubierto a los piratas al «hacer público el título» en cuestión, ya que en Dublín esa era la «práctica común» a todos los editores. Y lo que había inclinado la balanza en favor de los piratas era el hecho de que ya dispusieran de una cantidad de pliegos tres veces superior a la suya. De acuerdo con las costumbres locales, ellos eran quienes tenían derecho a la publicación de la obra. Además, existía una «arraigada, invariable e ininterrumpida costumbre» consistente en que aquellos que hubieran obtenido parte de una obra escrita en Londres por medio de un mismo anuncio público tenían la opción de colaborar entre sí educadamente en lugar de enzarzarse en una serie de enemistades destructivas. Por consiguiente, al aliarse con los piratas, lejos de haber dado muestras de bajeza, lo que tanto él mismo como sus colegas habían hecho era manifestar una perfecta cortesía. Se habían atenido a «una costumbre largamente vigente» en su sector.

Entonces Faulkner apuntó a una diferencia en la que a su juicio residía el meollo del asunto: el delito del que se quejaba Richardson no había sido perpetrado en modo alguno en Dublín, sino en la capital británica. Los editores dublineses habían honrado sus convenciones, mientras que los londinenses las habían quebrantado. Los únicos culpables de «villanía y fraude» eran los cajistas y empleados del propio Richardson. De hecho, si los editores de Dublín se habían fijado en la obra había sido tan solo porque Richardson se había visto obligado a publicar proclamas para denunciar la existencia de una imitación espuria surgida en Londres. Era por tanto Richardson quien primero debía ocuparse de sus propios «criados, todos ellos infernales, malvados y CORRUPTOS», antes de ponerse a buscar la paja en el ojo de los irlandeses. Faulkner llegará incluso a sugerir implícitamente que era al propio Richardson a quien había que culpar. Solo un patriarca negligente daría cobijo a «canallas» en su hogar. Al parecer, de acuerdo con los dictados de una de las «prácticas constantes» que acostumbraban a observarse en toda Europa, el maestro impresor no solo debía tomar medidas en su propia casa, sino advertir a los demás de la presencia de oficiales de imprentas proclives al delito. Incluso los propios operarios rechazaban a los «villanos», añadiría Faulkner, hasta el punto de negarse a darles sepultura. Preferían «llevar de acá para allá, y a patadas, sus cadáveres, como harían con un gato, un perro, una rata o un ratón muertos». Esto era quizá exagerar la nota, pero la argumentación resultaba meridianamente clara. ¿Acaso podía encontrarse en el Londres de Richardson una probidad moral siquiera remotamente similar a tan estricta severidad?

Richardson se quejó de que los «invasores de su propiedad» habían «hecho todo lo posible por convertir [la disputa] en una CAUSA NACIONAL», ya que sostenían ilegítimamente estar defendiendo a «la nación irlandesa». La denuncia de esta amalgama entre la piratería y el nacionalismo merece un examen más atento, en parte porque Richardson estaba dando, en cierto sentido, en el clavo. A los ojos de los editores de Dublín era un enemigo declarado. Richardson representaba una postura que a su juicio formaba parte de una arraigada conspiración inglesa concebida para poner en peligro su propia existencia. Sospechaban que, ya en un episodio anterior, había tratado de socavar de forma generalizada su posición importando de Londres numerosos ejemplares impresos en esa ciudad de su Pamela —empeño que solo había logrado desbaratarse al publicar Faulkner una versión clandestina—. En opinión de Faulkner y sus colegas, el asunto del Grandison no era sino uno más de los muchos y sucesivos esfuerzos colectivos tendentes a supeditar el sector del libro dublinés al londinense. Faulkner refirmaría esta impresión al catalogar igualmente a Main entre los intrusos. El Dublin Spy decía de él que era «un buhonero escocés que desafiaba descaradamente al gobierno, al Parlamento y a la sociedad dublinesa». Su propósito consistía en «vivir al margen de los libreros irlandeses», y para ello realizaba importaciones de ediciones inglesas con el deliberado cálculo de perjudicar al sector y al país. Es cierto que, según todos los indicios, Main era de origen escocés, y también lo es que carecía de credenciales en el gremio, ya que no se había presentado en Dublín sino en 1749. Sin embargo, el elemento general que no ha de perderse de vista es que la queja de Richardson no ha de tomarse necesariamente al pie de la letra. No podía considerarse ninguna novedad que un agente de Londres contratara de esta forma a un colega irlandés con la intención de impedir una reimpresión ilegítima, para después mentir, acusar a su aliado de piratería y valerse de ese pretexto para enviar a la zona un número de ejemplares suficiente para inundar el mercado irlandés[15].

Las reimpresiones de Dublín no eran invariablemente clandestinas —y de hecho ni siquiera puede decirse que lo fueran de manera habitual—. En la mayoría de los casos hallaban su fundamento en un conjunto de pactos entre los editores, los impresores y sus representantes —y todos ellos sellados en persona, ante una buena mesa, en el mostrador de una taberna o en una cafetería, y rubricados con un apretón de manos—. Los proyectos de gran envergadura podían precisar la inclusión de algún socio elegido ad hoc, como había ocurrido en el caso del Grandison, aunque dichas alianzas también resultaran en última instancia excesivamente evanescentes en el contexto de la vida dublinesa, sujeta a constantes cambios. Más que la existencia de sesudos tejemanejes, esta era la razón de que los procesos vinculados con la reimpresión permanecieran en la sombra. No obstante, todo parece indicar que, en términos generales, los principales editores e impresores solían mantener frecuentes contactos con sus colegas londinenses, llegando a emplear a sus propios agentes en esa ciudad. Y muy a menudo se mostrarían dispuestos a pagar, no por los derechos de autor, sino para que la casa editorial les enviara, antes de su publicación, los pliegos de la obra negociada, a fin de ser ellos los primeros en poder reimprimir el libro en Irlanda. Se trataba de un negocio que podía acabar presidido por un característico secretismo: cuando John Millar descubra que sus Observations concerning the distinction of ranks in society han sido reimpresas en Irlanda, su editor londinense fingirá sentirse indignado pese a haber sido él mismo el que optara por proporcionar a los reimpresores los pliegos necesarios para la tarea. Era precisamente esta facultad de agenciarse los pliegos con anterioridad a la publicación de la obra original misma lo que permitía que los reimpresores dublineses hicieran gala en ocasiones de tan sorprendentes reflejos. Las ediciones de Dublín podían estar en la calle menos de una semana después de que saliera el libro en Londres —o incluso, como advertía Richardson, antes de que la impresión londinense hubiera alcanzado siquiera a ver la luz—. De cuando en cuando, los propios libros nos ofrecerán pruebas elocuentes que nos permiten hacernos una idea de la velocidad a la que podían sucederse los acontecimientos, como ocurrirá por ejemplo cuando el poeta Edward Young decida cambiar en el último momento el título de una de sus obras y los reimpresores irlandeses no logren reaccionar a tiempo. E incluso se tiene la impresión de que algunos editores de Londres aprovecharán este estado de cosas para jugar con una doble baraja, como es el caso en el episodio que pasaremos a referir en breve[16].

Las tiradas de las reimpresiones irlandesas eran similares a las de las publicaciones londinenses. Es decir, se situaban en una franja comprendida entre los setecientos cincuenta y los dos mil ejemplares, aunque de vez en cuando pudieran ser superiores, en caso de un autor de venta segura. Por regla general, los libros eran reproducciones literales de sus respectivos originales —aunque en ocasiones fueran más allá de la literalidad misma—. Las Características de hombres, costumbres, opiniones y tiempos de Anthony Ashley Cooper, tercer conde de Shaftesbury, por ejemplo, serían reimpresas «tomando página por página la edición inglesa, y con la misma letra», siendo la única diferencia notable que la reimpresión resultaba un treinta por 100 más económica. No obstante, a veces podía añadirse material, o bien omitirse o alterarse. Faulkner descubriría una reimpresión ilegítima de las obras completas de Jonathan Swift en la que no se incluían Los viajes de Gulliver ni las Cartas de Drapier. La Modern Geography de William Guthrie se modificaría a fin de ampliar el espacio concedido a Irlanda (y más tarde Matthew Carey, un inmigrante procedente de Dublín, también incorporaría a la obra el material correspondiente al continente norteamericano, circunstancia que contribuiría a hacer de este libro uno de los más populares de los Estados Unidos). A raíz de un duelo que enfrentaría a dos teatros de Dublín entre 1760 y 1761, James Hoey sustituiría astutamente el nombre de Barry por el de su enconado rival, David Garrick, en una reimpresión de las aventuras de Launcelot Greaves de Tobias Smollett. Según el Freeman’s Journal, Hoey acostumbraría a modificar los puntos de vista anticatólicos que fuera detectando en el resto de sus reimpresiones[17]. Como siempre ocurre, la fidelidad no era cosa que pudiera darse por supuesta.

Los dublineses creían que valía la pena salir en defensa de sus prácticas. En este sentido, sus alegatos serían a un tiempo muy concretos, es decir, centrados en respaldar proyectos específicos, y generales, esto es, relativos a la naturaleza y objetivos de la reimpresión misma. De este modo Faulkner señalaría —y con razón— que únicamente en un país «cuyos editores no tengan la posibilidad de aspirar a ninguna forma de propiedad en aquello que publiquen, ya sea en virtud de la ley o de la costumbre», podría publicarse una edición completa de las obras de Swift. En Inglaterra, la propiedad de los numerosísimos panfletos específicos que sería preciso compilar para formar una colección se hallaba en demasiadas manos. Las defensas de la reimpresión centradas en argumentos de orden más general solían invocar una mezcla de razones: unas orientadas hacia la calidad de los textos y otras fundadas en lo que se denominaba «nacionalidad». Ya en 1710, George Berkeley acusaría al sector editorial de Londres de tratar de ahogar a una ciudad emergente que rivalizaba comercialmente con ella y que «podía generar algún beneficio para la pobre Irlanda». En 1736, Jonathan Swift le diría al editor londinense Benjamin Motte —que había conseguido un mandamiento judicial para impedir que Faulkner enviara a Inglaterra las reimpresiones de sus obras completas— que el trato que estaba recibiendo el sector editorial de Dublín era de «total opresión», en completa sintonía con el proceder general que Inglaterra observaba en relación con Irlanda. «Si yo fuera un editor de esta ciudad», afirmaba Swift, «emplearía todos los medios exentos de riesgo en la reimpresión de libros londinenses, y después los enviaría a todas las poblaciones de Inglaterra a las que me fuera dado llegar»[18]. Más adelante, David Hume, molesto porque, a su juicio, Andrew Millar hacía una «falsa interpretación» de su Historia de Inglaterra, dirá que si Millar siguiese con vida, él «cedería a la tentación de viajar a Dublín y publicar en esa ciudad una edición que viniera a desacreditar por completo a la presente —o al menos con esa esperanza la realizaría—». Y James Williams —un pirata aun para los criterios vigentes en Dublín— alardeará de su edición de la Animated Nature de Oliver Goldsmith, que, por lo que él mismo decía, estaba llamada a «unir su nombre a los de Tonson, Millar y Foulis, quienes, además de enriquecerse y de contribuir a la propagación de la ciencia, habían honrado a sus respectivos países»[19]. Bajo el seudónimo de Roger Spy, un individuo argumentaría que el hecho de comprar libros impresos en Londres constituía un gesto que «estaba abocado a contribuir decisivamente a la ruina de Irlanda». Y por último, en mayo de 1785, el presidente de la Cámara de los Comunes irlandesa rechazaría la adopción de la ley de derechos de autor inglesa porque eso supondría «poner fin al negocio editorial en este país»[20].

Las personas de la época que desearan ahondar en el asunto habrían podido espulgar la prensa irlandesa y descubrir que defendía periódicamente la reimpresión con argumentos de carácter mercantil. Los razonamientos de estos diarios llegarían a atender los más pequeños detalles y descenderían a los pormenores de la economía política vinculada con dicha práctica. De este modo, George Faulkner enrolará a su propia gaceta, el Dublin Journal, en la defensa de la reimpresión que él mismo había hecho de la Historia de Smollett, pese a haber pagado cuarenta guineas a Rivington para hacerse con los pliegos por adelantado. «Todo el dinero de la edición dublinesa se empleará en eso», insiste, «repartido en pagar a los fundidores de tipos, los fabricantes de papel, los impresores, los traperos y otras personas humildes dependientes de estas ramas de la industria». Por otro lado, el dinero gastado en las ediciones de Londres «no solo restaba a este pobre país una cantidad de efectivo idéntica, sino que constituía un medio con el que proceder a la destrucción de las manufacturas antedichas, solo para enriquecer al editor londinense». Evidentemente, las impresiones dublinesas también eran de mejor calidad que las inglesas, se ponían antes a la venta y reducían el precio a la mitad. Un editor de Edimburgo que simpatizaba con esos planteamientos se mostrará de acuerdo con todas estas afirmaciones, argumentando que solo la reimpresión permitía que las «gentes de regular fortuna» pudieran adquirir libros valiosos como la Historia del reinado del emperador Carlos V de William Robertson. (El ejemplo había sido cuidadosamente elegido, ya que era del dominio público que Robertson había recibido una enorme suma de dinero en concepto de derechos de autor). En conjunto, concluía Faulkner —pensando probablemente en Richardson—, su empeño no constituía solo una forma de apoyar a las manufacturas irlandesas, sino que contribuía asimismo a «frustrar los malvados propósitos urdidos para destruir la industria impresora en esta nación, pues son muchas las intentonas encaminadas a ese fin»[21].

Está claro que este tipo de reivindicaciones adquirían forma e impulso gracias a la existencia de una política «patriótica». Ambas actitudes —la comercial y la ideológica— confluirán tanto más cuanto más se aproxime dicha política a su punto culminante. A finales de la década de 1770, el éxito de la Revolución estadounidense exacerbará los llamamientos al cambio, mientras que la debilidad militar y el desbarajuste político constatables en el bando británico no contribuirán más que a espolearlas. Y al aliarse Francia con los estadounidenses surgirían por toda Irlanda grupos de milicianos supuestamente voluntarios, decididos a defender al país de una posible invasión francesa. Estas bandas no tardarían en extenderse a otros ámbitos de la vida política del país, aglutinándose en un movimiento político extraparlamentario que vendría a resaltar, por contraste, el atrófico y nada representativo carácter del Parlamento. En 1782 resultaba ya evidente que los británicos, presionados por la derrota sufrida en Yorktown, tendrían que hacer una de estas tres cosas: conceder la autonomía, aceptar la unión o encajar la independencia. Londres optó por la autonomía. Se forzó la aprobación de un pacto. De pronto, la asamblea de Dublín quedó facultada para promulgar sus propias leyes, y los fabricantes de Dublín comenzaron a poder exportar libremente a todos los rincones del imperio. Sin embargo, muy poco después de haberse concedido los derechos vinculados con el principio del libre comercio, los fabricantes irlandeses comenzarían ya a solicitar que se protegieran sus intereses de la rapacidad de sus competidores británicos. Empezó a cobrar fuerza un movimiento favorable a la implantación de aranceles. La lógica en que se sustentaba esta iniciativa no radicaba únicamente en la supervivencia económica, sino que en un plano mucho más elemental —el de la vida cotidiana de la calle— se incidía igualmente en la necesidad de preservar un orden moral que se suponía intrínsecamente ligado a los oficios domésticos. La campaña se asociaría asimismo con distintos intentos —en ocasiones violentos— encaminados a imponer ese orden moral —como sucederá por ejemplo en el caso de los empleadores que traten de reclutar aprendices en lugar de oficiales de imprenta bien preparados—. Entretanto, un importante sector de la prensa, en el que destaca la presencia del Dublin Evening Post y del Hibernian Journal, respaldaría la exigencia de aranceles. Y lo mismo haría, tristemente, el Volunteers Journal de Matthew Carey, hasta que se pasó de la raya y se emitió una orden de cierre forzoso[22].

Esta nueva situación política intensificó el tono de las reivindicaciones morales que la reimpresión ponía en juego. De pronto se encontró una forma de apoyar a la industria local y de devolver al mismo tiempo el golpe a Inglaterra, impactando en el corazón cultural del país. El caso más destacado de cuantos podrían resultar aquí pertinentes es el de Patrick Wogan y Patrick Byrne, dos conocidos impresores y editores católicos. Wogan y Byrne decidieron reimprimir el General Dictionary of the English Language de Thomas Sheridan, y finalmente, cuando lograron sacarlo a la calle en 1784, el libro apareció dedicado al movimiento de los milicianos voluntarios. La prensa comenzó a llenarse de anuncios y de fervientes declaraciones favorables a la reforma política, la libertad de prensa y los arbitrios protectores. La reimpresión tuvo un éxito arrollador y se vendieron más de tres mil ejemplares. Se realizó una impresión especial que, específicamente destinada a la exportación, sería enviada a París. Sin embargo, la edición londinense, que tendría que ser financiada por el propio Sheridan —y que habría de costarle alrededor de setecientas libras esterlinas—, reduciría la tirada a dos mil ejemplares[23]. Así las cosas, Sheridan decidió lanzar un furibundo ataque contra los reimpresores desde las páginas del Dublin Journal. En respuesta a su alegato, Byrne y Wogan, apostaron por una defensa sistemática —y no solo de su propia conducta, sino de la reimpresión en general—. Tratarían, según sus propias palabras, «de reivindicar tanto la práctica de sus cofrades editores como la causa de la literatura en este reino».

La primera tesis de Byrne y Wogan consistiría en afirmar que no estaban haciendo nada inusual. Irlanda se limitaba a mostrarse fiel a las normas que todas las naciones habían establecido. No obstante, dado el contexto, su alegato no constituía una mera observación, sino un argumento polémico. Al plantearlo estaban insistiendo tácitamente en que Irlanda era efectivamente un «reino independiente», como ellos mismos decían. De este modo, incluirían desde el principio la causa nacional en el pleito que libraban. Entonces comenzaron a declarar que Sheridan era «un absentista». En el contexto de una política patriótica, este epíteto resultaba realmente insultante, ya que por absentista se entendía a aquel terrateniente que se marchaba a Inglaterra y dejaba que la explotación de sus propiedades irlandesas quedara en manos de un conjunto de supervisores. Byrne y Wogan estaban lanzando sobre el autor una grave acusación, porque venían a decir que su absentismo perjudicaba a la cultura inglesa —con el corolario de que todo aristócrata irlandés que residiera en Inglaterra dañaba igualmente al conjunto de la economía—. Desde este punto de vista, era el colmo del descaro que Sheridan se atreviera a argumentar «en favor de una práctica consistente en imprimir e importar de Inglaterra una obra en perjuicio de otra publicada por unos naturales de Irlanda en su propio país». Señalaron además que tanto Robertson como Hume y Johnson habían aceptado más o menos de buen grado las reimpresiones irlandesas. Y por si fuera poco, la efectiva implantación de «una idea de la propiedad literaria» como la que Sheridan respaldaba equivaldría en la práctica a imponer «un arbitrio protector» británico contrario a la publicación de cualquier obra que se hubiera publicado originalmente en Inglaterra. Sería como reactivar las despreciables prohibiciones que el Parlamento de Dublín acababa justamente de abolir tras muchos años de lucha. Y por último, esa propiedad literaria no conseguiría sino garantizar que «solo los ricos» pudieran permitirse el lujo de adquirir libros, certificando que «las clases medias y bajas se vieran despojadas del entretenimiento y la información que han conferido al reino de Irlanda el carácter que ahora posee». En cualquiera de sus posibles facetas, la reimpresión no contribuía sino a sostener la política, la economía y la cultura irlandesas.

Todo esto venía envuelto en otro paquete argumental con el que los editores explicaban su papel como individuos. Según decían Byrne y Wogan, en el plano personal sus colegas eran hombres francos, modestos y dignos de confianza, y sus modales contrastaban muy notablemente con la «virulenta» actitud del absentista. Eran personas de palabra. Su competencia profesional constituía una garantía de lealtad y de honrado conocimiento, siempre desprovisto de toda vana ostentación. Sus ediciones estaban mejor impresas que las londinenses, insistían, y se revelaban cabalmente correctas. «Y todo cuanto proponían era justamente lo que confiaban haber sabido realizar.[24]». La fidelidad y sobriedad del «sencillo» y asequible libro que habían publicado daba fe de su buen hacer y de sus virtudes profesionales. A esta luz, la reimpresión de los títulos británicos era una acción encomiable y buena. Byrne y Wogan presentarían el alegato de su defensa confiando plenamente en lo que sostenían.

Costumbre y consenso

Este tipo de argumentaciones conseguía apoyar la reimpresión de obras inicialmente publicadas fuera de Irlanda. Sin embargo, ninguno de estos planteamientos podía aplicarse a la reimpresión de textos realizados y distribuidos en el propio mercado irlandés. Ese era el punto en el que el asunto de las reimpresiones se revelaba difícil. A diferencia de lo que sucedía en otros lugares, Dublín carecía de leyes o reglamentos internos que, respaldados por el sector, pudieran regular la propiedad literaria. No obstante, eso no significaba que el negocio editorial se realizara de forma anárquica. De hecho, ese comercio contaba con todo un conjunto de convenciones propias —integrado en este caso por una serie de costumbres no institucionalizadas— a las que los editores de Dublín atribuían sólidas cualidades morales. Se trataba de costumbres concretas y eficaces. Sin embargo, no eran demasiado antiguas, carecían de una base legal o institucional bien asentada, resultaban un tanto imprecisas y, en ciertas circunstancias, su capacidad de orientar las prácticas podía dejar bastante que desear. Como es obvio, también existían convenciones que no solo indicaban en qué casos podían ignorarse las mencionadas costumbres, sino que señalaban cómo hacerlo y qué podía suceder si efectivamente se omitían. Si queremos entender cómo alcanzaba a sostenerse un reino pirata, lo que deberemos recomponer no es tanto el carácter institucional del sector del libro como su estructura moral y cultural.

La más destacada de las aludidas convenciones era la que dictaba la necesidad de «hacer públicos» los títulos. Se trataba de una regla no escrita (aunque nosotros quizá tendiéramos a considerarla una norma) que, no obstante, gozaba de general aceptación, y ello hasta el punto de que se esperaba que todos los miembros del sector se adhirieran a ella. Thomas Bacon —comerciante, dueño de un café, impresor, rematador de subastas, editor y supuesto agente británico— describirá en 1742 su funcionamiento: «Hay una regla que observan los editores de Dublín, establecida de común acuerdo y según la costumbre, que dicta que el primero que venga a encuadernar la portadilla de un libro, anunciando así su determinación de publicar un texto, sea el que fuere, adquiere por ese acto mismo la propiedad del volumen: y esto parece necesario en un país en el que no se ha establecido ninguna ley pública al respecto»[25]. En este contexto, la noción de «hacer público» significaba exhibir la noticia de la inminente impresión de un libro en algún lugar de reunión habitual —en una especie de equivalente dublinés del Salón de los libreros—, aunque también podía referirse a la inserción de un anuncio impreso en un periódico. El editor debía estar dispuesto a enseñar, si así se le solicitaba, bien el manuscrito, bien la edición original hecha en Londres[26]. Las posteriores ediciones dublinesas pasarían así a considerarse una prerrogativa del anunciador inicial.

Vale la pena señalar que esta convención, en la medida en que efectivamente se siguiera, era más estricta que cualquiera de las que hubieran podido conocerse jamás en Londres. En Inglaterra nunca se había llegado a reconocer un derecho de esa índole, y menos siendo no solo muy sencilla su adquisición, sino pudiendo además lograrse en una fase tan temprana del proceso editorial. Y lo cierto es que, en términos generales, los miembros del sector se atenían a él. Se revelaría incluso lo suficientemente seguro como para que algunos no dudaran en denominar «propiedad» a la situación resultante. Se trataba además de una propiedad que podía comprarse y venderse, como sucederá por ejemplo con las trescientas libras esterlinas que se abonarían por la History of Ireland de Leland —una pequeña suma para lo que solía ser habitual en Londres, ciertamente, pero nada desdeñable—. En ocasiones estos «anuncios públicos» constituían la base de una rudimentaria asignación de acciones, participaciones que llegaban incluso a transmitirse por herencia. Es más: pese a no ser un título legal, las «propiedades» de este tipo podían llegar a tener validez ante un tribunal. Así fue como Peter Wilson ganó un pleito y consiguió que se le devolviera el «derecho» a los beneficios derivados de su Dublin Directory, que en 1781 había sido vendido sin su consentimiento[27].

Sin embargo, había veces en que un dublinés terminaba quebrantando la costumbre. Richardson llamaba «tiburones» a esos hombres, pues «daban caza a los de su propia especie». Y era a esta violación de la norma, y no al acto de reimprimir en sí mismo, a lo que los dublineses habrían de llamar «piratería». Pondré un ejemplo: en 1734 James Hoey sería acusado de reimprimir una obra impresa originalmente en Dublín que llevaba el título de The Toy-Shop, y los cargos especificarían que lo había hecho «a la manera pirática, método que no es en absoluto inhabitual para el antedicho caballero». La obra Reading made easy (un manual bíblico) de Isaac Jackson —realizada en Irlanda— padecería los efectos de «cinco o seis impresiones piratas», circunstancia que obligaría a Jackson a vender su propia impresión a precio de coste. Si atendemos a su frecuencia, estos quebrantamientos de la convención central del sector resultaban, en términos generales, comparables con lo que sucedía en Londres. El Tour of the Hebrides de James Boswell conocería cuatro ediciones en solo un año, en algunos casos desagradablemente camufladas bajo rótulos que proclamaban falsamente que se habían publicado en «Londres». En 1778, los libros de contabilidad se sacaban al mercado con una firma autógrafa del autor en cada ejemplar a fin de quitar a los piratas domésticos la idea de enfangarse en esas prácticas[28].

Abraham Bradley daría al cuáquero Thomas Cumming una contundente prueba del desamparo en que podía verse un editor dublinés en este tipo de situaciones:

en una ocasión en que había dado una cierta suma de dinero para la elaboración de una edición londinense se le acercaron pudorosamente varios cofrades de su mismo gremio y solicitaron que se les concediera una parte de la venta, ¡pese a que se negaran en redondo a disminuir con un solo penique propio los montantes que ya había entregado él para la edición! Mira, le dijeron, como has tenido que pagar tantísimas guineas por el libro tendrás que venderlo necesariamente a [tanto], a no ser que te resignes a perder dinero. Pero como ya te advertimos desde ahora que nosotros vamos a publicarlo y a venderlo a [tanto menos] puedes estar seguro de que el público esperará a que el nuestro salga a la calle. Te quedarás con los libros en las manos, y los nuestros se venderán espléndidamente, de modo que nosotros, que no pagamos nada excepto el papel y la impresión, habremos de ganar por fuerza un buen pico[29].

No es posible aplicar a este tipo de casos ninguno de los elementos de legitimidad moral que suelen asociarse con la reimpresión internacional. Se trataba de graves delitos —y así se los consideraba—, delitos que manchaban el buen nombre de quienes los perpetraban. Y lo que todavía era peor: la reimpresión de los títulos de un colega contravenía la imagen que el oficio tenía de sí mismo, ya que de ese modo no podía seguir manteniéndose que se tratara de un gremio autoorganizado. Por estas razones, la comunidad se sentía autorizada a remitirse a su propio norte moral —y al de sus clientes— para rechazar estos «negocios injustos». Se condenaba a quienes los perpetraban diciendo que ellos mismos se habían expulsado de la sociedad civil —convirtiéndose por tanto, de facto, en piratas en el sentido ciceroniano—. Así las cosas, la denuncia contra el pirata Hoey se limitaría a sostener simplemente que «no era apto para la convivencia en la sociedad humana»[30].

Como en otras poblaciones europeas, la sociedad civil que integraba el sector del libro dublinés adoptaba, en el plano institucional, la forma de gremio. Se trataba, no obstante, de un gremio particularmente débil, y su endeblez se debía al hecho de haber surgido a raíz de los conflictos del siglo XVII. Para exponerlo brevemente: antes de las guerras civiles inglesas, la única persona que contaba con autorización para operar en Dublín era el impresor del rey en Irlanda. Posteriormente, la Compañía de libreros londinense había asumido ese privilegio —con la intención, según se alegaba, de que sus editores pudieran disponer de una cantera de trabajadores baratos—. Con la Restauración, la designación de los nuevos impresores del rey desembocaría en una larga y compleja lucha multilateral entre los antiguos beneficiarios de patentes y los nuevos, entre el monopolio y el comercio, y entre la destreza artesanal y la conquista de prerrogativas. El proceso presentaría muchas de las características que ya habían mostrado las disputas relacionadas con el otorgamiento de patentes —disputas que se habían desarrollado por esos mismos años en el propio Londres—. En 1670 intervendría el rey para poner fin al desbarajuste. Obligó a los grupos contendientes a constituir un «organismo político», el Gremio de San Lucas, en el que también deberían participar otras dos pericias: la de los cuchilleros y la de los pintores. En realidad, la medida no sirvió para poner fin a la enemistad, pero a partir de ese momento sería el gremio el que afirmase encargarse de mantener el orden en el ámbito propio del oficio[31]. Y sobre el papel contaba con todo lo necesario para hacerlo. Poseía muchas de las atribuciones y responsabilidades que suelen tener este tipo de organismos, y además el «Consejo de la Casa», que venía a corresponder poco más o menos al tribunal auxiliar de Londres, se reunía en asamblea una vez al mes para resolver las disputas. No obstante, en la práctica se descuidaba la adopción de medidas —al menos hasta donde nos es dado saber—, y la mayoría de los asuntos que examinaba el consejo guardaban relación con cuestiones totalmente pedestres asociadas con el aprendizaje y la libertad[32]. Los problemas más persistentes a los que habría de enfrentarse serían los vinculados con la perenne cuestión de la identidad gremial (o lo que es lo mismo, con el asunto de cómo identificar y eliminar a los vendedores ambulantes, a los «intrusos» o a los «extranjeros»). Además, a esta situación se le añadía la política religiosa de Irlanda, ya que a los católicos no se les admitía sino como «cofrades cuarterones», significándose con ello que tenían que pagar por el «privilegio» de que se les permitiera practicar su oficio[33]. En 1767, el consejo renunciaría finalmente a seguir tratando de impedir que los individuos no cualificados montaran una casa impresora, dado que ese tipo de obstáculos eran «contrarios a la libertad del sujeto»[34].

Lo que el gremio sí hizo fue ratificar la vigencia de otros códigos más informales, como los de conducta y urbanidad —códigos que se valoraban muy positivamente, tanto en Londres como en Dublín, por desempeñar un papel relevante en cuanto a evitar la disgregación de la comunidad gremial—. Los aprendices debían transformarse en ciudadanos de «buena conversación». Debían vivir en compañía de sus maestros a fin de impregnarse de los principios correctos de la moralidad doméstica. Los miembros del gremio no debían disputar entre sí en voz alta, «ni hablar mal de su maestro ni de sus supervisores». Se daba por supuesto que ningún integrante de la cofradía habría de litigar con otro en los tribunales sin tratar de resolver primero el conflicto de forma discreta[35]. Y el calendario de fiestas y rituales servía para consolidar este tipo de acuerdos mancomunados —en especial el «día del juramento», esto es, la festividad de san Lucas (el 18 de octubre), que era la fecha en que los nuevos maestros y supervisores iniciaban el ejercicio de su cargo—. Y por último, cada tres años tenía lugar la concreción del elemento más espectacular de este conjunto de costumbres, puesto que esa era la frecuencia con la que se escenificaba la unidad del sector al convocar el alcalde a todos los gremios y recorrer sus miembros, vestidos con sus mejores galas, el perímetro de la ciudad[36]. Se trataba de acontecimientos caros (tanto que a partir de finales de la década de 1770, el gremio editorial se negaría a participar), puesto que era preciso disponer de caballos, trajes suntuosos, sombreros festoneados de oro, escarapelas, guantes amarillos con pespuntes de seda roja, galones, corazas y espadines[37]. Los impresores y los editores iban acompañados de músicos y de carruajes. En 1764, por ejemplo, el gremio del libro presentó una figura de Vulcano revestida de armadura, así como una banda de tamborileros a caballo vestidos con prendas turcas y tártaras, un «armón de artillería» repleto de «municiones… para la panza», y un grupo integrado por los propios oficiales del gremio, que —en un gesto patriótico— vestían «únicamente prendas festivas fabricadas en Irlanda». Y en la mayoría de estas ocasiones se paseaba igualmente por las calles una imprenta que no solo iba subida en un transporte de librea, sino que trabajaba a destajo mientras desfilaba la comitiva y aparecía acompañada, para que no le faltara detalle, de escritorzuelos baratos, impresores, cajistas y aprendices[38].

Algunos de los poemas que se componían en estas imprentas ceremoniales han llegado hasta nosotros y nos permiten captar el ambiente del acontecimiento. Se los anuncia diciendo que han sido «impresos ante la Compañía de libreros» —nomenclatura que no deja de resultar reveladora— y en ellos se expresa la excelencia y papel histórico que siempre ha incumbido desempeñar a la imprenta. En ocasiones adoptan un cierto sesgo local —por ejemplo, en un verso de 1755 se dice que la letra impresa es una «fuente de vigor patriótico»—, pero por lo general los términos que se emplean transitan por terrenos más seguros y convencionales. Gracias a la imprenta, declara uno, las generaciones futuras podrán acceder a «Newton, entero», y jamás tendrán que «llorar que un Addison, como Livio, ¡acabe por perderse!». George Grierson, el impresor del rey, divulgaría unos versos escritos por su esposa, Constantia, en los que se elogiaba el oficio de la imprenta diciendo que se trataba de «un arte místico» que permitía a los lectores burlar «las duras leyes de la distancia» y gobernar la Tierra con «los telescopios del pensamiento». Otros poemas ensalzaban a los inventores de la imprenta, manteniendo en suspenso el veredicto de si esos laureles debían coronar a Johann Fust, Laurens Janszoon Coster o Johannes Gutenberg[39].

No hay duda de que podría argumentarse que este tipo de expresiones comunales desempeñaban un importante papel en la conservación de las virtudes cívicas en que tanto confiaban Faulkner y sus colegas. No obstante, el gremio de los impresores no llegaría en ningún caso a disfrutar de la autoridad práctica que en su día alcanzara en Londres la Compañía de libreros. Y lo que resulta aún más significativo: nunca conseguiría organizar explícitamente la propiedad literaria. Carecía de un libro de registro, y las expresiones derechos de autor y piratería, hasta donde me es dado saber, no aparecen por ninguna parte en sus documentos (que no han llegado hasta nosotros sino en forma mutilada). Con todo, la eventualidad de que el gremio pudiera regular la propiedad no era del todo impensable. Desde luego, existían planes para crear este tipo de mecanismos. Aunque estas ambiciones no llegaran a fructificar en ninguna entidad formal, lo cierto es que indican que algunos de sus miembros, cuando menos, consideraban que esas estructuras constituían el espacio adecuado sobre el que edificar un régimen similar al de los derechos de autor. Es posible que esto se debiera a que unos arreglos de este tipo ya venían regulando la utilización de una «marca peculiar» que permitiera a cada cuchillero identificar sus productos. Dichas marcas debían «registrarse en los libros de esta Casa, añadiendo a continuación el nombre». De este modo, el gremio sí que tenía un registro a fin de cuentas —pero de marcas registradas, no de derechos de autor (y según parece, ni siquiera este registro lograría perdurar)—. En 1731 se sometería a discusión la creación de un protocolo similar en el sector de la imprenta. El gremio llegaría a establecer incluso un comité «para preparar los distintos encabezamientos de un orden que permita evitar el inconveniente de que los impresores se roben unos a otros el trabajo»[40]. Sin embargo, parece que el comité no llegó a cuajar, y la propuesta se apagó sin más.

Otro elemento es quizá más significativo. Me refiero a los casos concretos de reimpresión no autorizada que se ponían en conocimiento del consejo gremial para que este resolviese la disputa. Ya en 1698 se convocaría a Patrick Campbell y a Jacob Milner por haber impreso el título y el prefacio de la Arithmetic de Edward Cocker en las tapas y la portadilla de un texto de Hodder que era muy distinto, a fin de que «las personas que lo compraran se llamasen a engaño, pensando que adquirían la [célebre] aritmética de Cocker». (John Dunton quedaría muy impresionado con este «espléndido experimento», señalando que Campbell «sentía una aversión natural por la honestidad»). Las consecuencias no resultarían excesivamente graves: al año siguiente Milner era elegido supervisor, y doce meses más tarde maestro[41]. Lo que solía hacerse por regla general, al igual que en Londres, era delegar el examen de este tipo de disputas en otros foros, compuestos por un pequeño grupo de mediadores. «De acuerdo con la costumbre», cuatro individuos, dos por cada una de las partes (y elegidos por ellas) se encargaban de la investigación[42]. Los mediadores debían entrevistar a los distintos litigantes y llegar a una solución. Sus negociaciones se proponían la obtención de un compromiso y no la imposición de una regla, y nunca se dejaba constancia del proceso —motivo por el cual hemos tendido a suponer que en realidad no existían—. Sin embargo, lo más exacto sería decir que no tenemos posibilidad de indicar con qué frecuencia se producían. Si hoy tenemos noticia de una mediación entre los Ewing y Peter Wilson por una cuestión relacionada con The Guardian se debe únicamente a que ellos mismos publicaron el veredicto de los mediadores, aunque no haya forma de saber si hubo otros y, en caso afirmativo, cuántos fueron. Desde luego, parece claro que esta práctica todavía seguía siendo viable mucho después de iniciada la segunda mitad del siglo, ya que en esa época dos editores católicos, Patrick Lord y Philip Bowes, recurrirían a ella a raíz de una disputa surgida en relación con el Case of the Roman-Catholics of Ireland de Charles O’Conor[43].

Lo que sí parece obvio es que esta clase de mediaciones se alejaban de la autoridad del gremio para convertirse en una cuestión de urbanidad de carácter más general. (También en Londres hay signos de que sucedía esto mismo: a finales de la década de 1730, James Watson, a quien Robert Dodsley había encausado por piratear a Pope, propondría la mediación de un editor, y se atuvo a la decisión de este, sin que al parecer hubiera ninguna implicación de las instituciones). Entre las distintas controversias que irán aflorando en el mundo de la imprenta a lo largo del siglo aparecerán reiteradamente, aunque dispersas, diferentes referencias a este tipo de procesos —y lo habitual es que se mencionen porque una u otra de las partes se ha negado a acatar las conclusiones del árbitro—. En 1751, por ejemplo, Oliver Nelson rehusará aceptar el resultado de la mediación al acusarle Robert Main (que muy pronto habría de convertirse en agente de Samuel Richardson) de piratear una novela por el simple expediente de procurarse los pliegos de la misma en Londres. Dicha negativa se consideró un gesto extremadamente grave —más aún que el del delito original—. Y hay un caso en el que una traición de este género a las costumbres terminaría revelándose argumento suficiente como para iniciar una guerra por causa de la piratería[44].

Historia universal de la infamia

Como ya hemos visto que ocurría en Londres, también en Dublín descansaba el ejercicio de la propiedad literaria —existiera esta en el grado que existiese— en distintas formas de urbanidad comercial. Su observancia se centraba en el establecimiento de alianzas entre los editores, alianzas que inicialmente adoptarían la forma de acuerdos ad hoc destinados a proteger títulos concretos y que más tarde se convertirían en pactos pensados para crear y mantener un más amplio espectro de propiedades literarias. Con todo, la más ambiciosa de estas alianzas acabaría transformándose en algo más que una coalición. Se trataría de una unión que aspiraba a establecer normas de orden general, al modo de una «compañía de editores» por derecho propio. Si aceptamos que en Dublín el sector editorial del libro desarrolló de hecho algún sistema institucional de propiedad literaria, no hay duda de que encarnó en esta «compañía». Se trataba de una iniciativa relevante porque se proponía satisfacer una necesidad llamada a surgir repetidamente en muchos otros países y en generaciones posteriores: la necesidad de dar a la urbanidad una forma explícita, o lo que es lo mismo, la de atender a la búsqueda de una codificación de la cortesía. Y a diferencia de otras intentonas anteriores similares, no tendría su origen en la Iglesia, el Estado ni el Derecho, sino en la muy mundana práctica del comercio.

Será el más ambicioso proyecto editorial jamás emprendido en la Irlanda del siglo XVIII el que siente los cimientos de esta compañía. La Historia universal era un ciclópeo compendio que tenía por objetivo la descripción íntegra del pasado humano. Se lanzaría por primera vez a finales de la década de 1720, en Londres, y tendría carácter de proyecto especulativo. Su principal promotor era James Crokatt, un editor que completaba su actividad proporcionando al Parlamento británico informes en los que denunciaba las piraterías irlandesas —razón por la cual Nichols le llamará «el mayor proyectista literario» de la época—[45]. La idea consistía en que, al ir publicando esta monumental obra en una serie de entregas periódicas, se pudiese reunir el texto completo en cuatro volúmenes en folio sin dejar de buscar nuevos suscriptores. En otras palabras, se trataba de un empeño bastante similar al de las iniciativas empresariales de Rayner, aunque en un plano intelectual muy superior. No obstante, en este caso iba a revelarse muy difícil atender convenientemente a todas las suscripciones, problema que terminaría resultando abrumador para la empresa. El primer editor acabó en la bancarrota y fue a dar con sus huesos en prisión, lugar desde el que escribiría todo un conjunto de cartas de súplica a la Real Sociedad de Londres, lamentando haber participado en el proyecto. En 1744, fecha en la que el célebre George Psalmanazar logró llevar la empresa a una especie de culminación, la iniciativa se había convertido en una obra que no solo ocupaba ya siete volúmenes en folio, sino que, pese a su magnitud, no había conseguido pasar todavía del mundo antiguo. Retrasada varios años en relación con los plazos iniciales, su redacción se había convertido en un coto reservado a distintos escritorzuelos de la calle Grub. Con todo, la Historia universal contaba con lectores en toda Europa, llegando incluso a ejercer cierta influencia en la Encyclopédie de Diderot y D’Alembert. Los editores e impresores de toda Europa tratarían de reimprimirla, mientras en Londres se desataba una nueva fiebre especuladora que terminaría engrosándola todavía más hasta convertirla en un mamotreto de sesenta y seis volúmenes. Y en Irlanda, George Faulkner vería en este estado de cosas una oportunidad.

En cierto modo, Faulkner concebiría su reimpresión de la Historia universal como un proyecto de carácter nacional. Sería, anunciaba, «la más extensa y costosa obra jamás realizada en este reino». Publicada en formato folio, se vendía a siete guineas —es decir, a mitad de precio que la versión londinense—. El primer volumen vería la luz, como estaba previsto, en febrero de 1744. Sin embargo, pronto quedó claro que la obra iba a tener que enfrentarse a un contrincante que venía a ser el equivalente dublinés de la calle Grub de Londres. El principal valedor de esta edición rival sería un orfebre llamado Charles Leslie. Su «magna y económica empresa» animaba a los suscriptores a registrarse en la Oficina del secretario británico en el castillo de Dublín —indicando quizá con ello que contaba con el apoyo de la administración—. De no acogerse a esta posibilidad, les quedaba el recurso de acudir al establecimiento de Richard Dickson, un editor que regentaba en Dublín un «almacén de elixires» similar al de William Rayner. Se pensó que la persona que debía encargarse de la impresión de la obra tendría que ser Margaret Rhames[46]. Es importante señalar que ninguno de estos individuos pertenecía al gremio. La edición tenía que salir a la calle en octavo, lo cual determinaría que resultara mucho más barata que la versión en folio de Faulkner. Como era de esperar, este último se quejó del intento de «piratear» su edición. Sin embargo, a sus ojos esta acción de Charles Leslie suponía algo más que un simple ejemplo de oportunismo. Los piratas, señalaba sombríamente, eran «ventajistas itinerantes» —es decir, especuladores similares a los buhoneros especializados en mercancías culturales que «actuaban como agentes de personas radicadas en el extranjero»—. Su verdadera intención iba encaminada a «destruir el negocio editorial en este reino» —ni más ni menos—. Faulkner sostenía además que ya habían puesto recientemente en práctica sus «experimentos» en Inglaterra y en Escocia, tras haber tratado de socavar la industria, aunque sin éxito, en Irlanda. Y si en esta ocasión lograban salirse con la suya destrozarían tanto el conocimiento como la cultura del país. Por esta razón lanzaba un llamamiento a los «patriotas», solicitando que le ayudasen a «desmontar estas horribles estratagemas». Y aumentando la apuesta, prometía incluir a todos los grabadores de Irlanda en la edición que él mismo estaba preparando. Si se mantenían unidos, él y sus compatriotas lograrían probar de una vez por todas que Irlanda contaba con el patriotismo, la capacidad y la solidaridad gremial necesarios para dar culminación a un trabajo de esa índole y eliminar a su rival pirático[47].

La observación, un tanto críptica, por la que Faulkner daba en apuntar a la existencia de agentes extranjeros iba dirigida a una diana muy concreta. Con ella quería aludir a Thomas Bacon —la misma persona que nos hablaba acerca de la regla consuetudinaria consistente en dar noticia pública de la inminente impresión de un texto y con cuyo testimonio hemos iniciado este apartado—. Bacon se había establecido en Dublín a finales de la década de 1730. En 1741, el inconformista editor londinense Thomas Osborne —que también participaba en la publicación de la Historia universal— le había presentado a Samuel Richardson. Poco después Richardson le había pedido a Bacon que reimprimiese en Dublín la tercera y cuarta entregas de su Pamela. No obstante, Faulkner había sido el primero en conseguir los derechos de la obra, así que Richardson se vengaba ahora de él enviando a Bacon setecientos cincuenta ejemplares de la impresión londinense a fin de que este los vendiera en perjuicio de Faulkner. Esto había llevado a los editores de Dublín a sospechar que Bacon era un topo —un espía que, enviado por Richardson, tenía la misión de minar la totalidad del sector—. Creían que Bacon no había recibido setecientos cincuenta ejemplares, sino mil quinientos —cantidad suficiente para inundar el mercado—. Además, estaban convencidos de que también Osborne «se había unido a esta detestable conjura» al enviar tipos a Bacon a fin de que este los usara en la reimpresión[48]. Y ahora, al ver que Bacon era uno de los editores que participaban en la aventura rival de la Historia universal, llegaron a la conclusión de que el proyecto editorial no era en realidad sino un nuevo ataque a la propia industria impresora irlandesa.

De este modo, Faulkner daba un paso inusitado en este ámbito —un paso que de hecho carecía de todo precedente—. Decidió unir a todo el sector dublinés contra estos piratas. Convocó una reunión y esta contó con la asistencia de un buen número de editores relevantes. Llegaron a la conclusión de que lo mejor era sacar entre todos una versión propia de la Historia universal, en octavo, no solo para detener a Leslie, sino también para aniquilar en general esta clase de conjuras insidiosas. Los periódicos de Dublín no tardaron en quedar repletos de anuncios de los editores que seguían a Faulkner. «El Parlamento de Inglaterra… ha promulgado varias leyes para impedir que se pirateen los libros, sea cual sea el formato en que se pretenda hacer», declaraban los miembros de la alianza. «Y la costumbre de Irlanda dicta que ningún impresor ni editor habrá de reimprimir ni piratear jamás ningún libro o panfleto de sus colegas sin su consentimiento —y esto siempre que la impresión original se encuentre ya en la calle—». Esta convención, continuaban, era una práctica a la que todos los miembros del sector se «adherían sin fisuras», mostrándose a continuación decididos a defender sus costumbres frente a «un grupo de burgueses que no tienen derecho al negocio que practican»[49]. Esta era la razón de que se hubieran aliado para oponerse a aquellos intrusos sin licencia. «Siendo sensibles al carácter altamente destructivo de estos empeños y a lo mucho que perjudican a un sector empresarial de tanta utilidad en este reino», explicaban, habían resuelto «poner fin, a toda costa, a estas prácticas, impidiendo que se reproduzcan en el futuro».

Treinta y nueve editores e impresores se adhirieron al proyecto de Faulkner. Entre ellos figuraban los nombres más importantes de todo el sector: Risk, los Ewing, Exshaw, Hoey, Nelson y Wilson. Faulkner contaría asimismo con el apoyo de editores de toda Irlanda, los cuales accederían a vender la obra en Cork, Limerick, Waterford, Londonderry, Belfast, Newry y Armagh. Fijaron el precio base de las suscripciones a su obra en una cifra ligeramente superior a la de la versión de Leslie (cinco libras con cinco chelines y cinco peniques frente a cinco libras justas), pero se declararon dispuestos a igualar el precio de Leslie tan pronto como este último hubiese puesto a la venta la mitad de su producción. Era un astuto desafío: como acababan de señalar, su proyecto contaba ahora con el respaldo de la mayor parte de los más destacados editores del país, de modo que tenía muchas más posibilidades de salir airoso. Los suscriptores que se aventuraran a optar por las iniciativas especulativas de «empresarios anónimos», por el contrario, tendrían que aceptar que estaban arriesgando su dinero en un empeño dirigido por personas de dudoso crédito. Y para reforzar este planteamiento comenzaron a darse a sí mismos el simple nombre de «los EDITORES», como queriendo indicar que representaban a todo el sector[50].

El contraataque de Faulkner daría lugar a una pugna de anuncios contrarios en la prensa. Faulkner afirmaría que Leslie se había presentado en su establecimiento editorial y que le había asegurado, de forma «amenazadora y violenta», que se estaba buscando una ingente cantidad de problemas legales. Leslie, por su parte, replicaría que se había ofrecido a renunciar a su edición a cambio de que Faulkner le compensara económicamente por los gastos en que había incurrido. No obstante, una vez llegadas las cosas a este punto, Faulkner era el que pisaba un terreno más firme. Podía jactarse de tener «a todo el gremio de editores» de su parte, mientras que Leslie era considerado un intruso enfrentado a las reglas de urbanidad de todo el sector —quedando, de nuevo, en una situación similar a la de los piratas en sentido ciceroniano—. Faulkner reforzaría todavía más sus argumentos dando a la imprenta una carta de Charles Lucas, el líder patriótico, en la que este repudiaba a Leslie por considerarlo un importuno. Al final, los planteamientos de Faulkner resultarían lo suficientemente sólidos como para convencer a la impresora de Leslie, Margaret Rhames, de que lo mejor era abandonar su implicación en el asunto. Para septiembre, cuando Faulkner publicó una sátira en verso sobre la edición de Leslie titulada The Gold Finders [Los buscadores de oro], Rhames se había desentendido ya del proyecto. El explosivo escrito de Faulkner ridiculizaba a sus antagonistas pintándolos con los rasgos propios de otros tantos alquimistas fracasados —es decir, presentándolos como al arquetipo del urdidor de fraudes—. No son sino «un orfebre, un químico y un showman», venía a decir Faulkner de sus contrincantes, siendo Leslie el orfebre, Dickson el químico (puesto que había sido condenado por falsificar medicamentos, en un caso que Faulkner se regodearía en airear con todo detalle), y Edward Bate —el sustituto de Rhames— el showman (ya que dedicaba media jornada al oficio de actor)[51].

La furibunda disputa suscitada por la Historia universal sería muy comentada. Es probablemente el elemento que incitó al joven Edmund Burke a examinar en el Trinity College «la necesidad de promulgar una ley contra la piratería entre los editores». De hecho, también en el distante Londres hallaría eco la polémica[52]. En la metrópoli, los editores se movilizarían para crear su propia edición en octavo —edición que vería la luz, en veinte volúmenes, entre 1747 y 1748—. Impresa por Richardson, el prefacio hablaba de la necesidad de hacer frente a los «viles intrusos de un reino vecino» que se habían dedicado a la promoción de «ediciones espurias». Ese mismo prefacio afirmaba haber solicitado la colaboración de distintos estudiosos ingleses a fin de mejorar el texto y «sustraer a la destructiva acción de los editores la más valiosa historia que jamás se haya escrito». Además, los editores de Londres habían conseguido al fin ampliar el alcance de la obra e incluir en ella la historia moderna. Protegieron esta extensión —que por sí sola constituía ya una magna empresa— mediante la obtención de una patente y su inclusión en el libro registral de los editores. La obra tardaría años en rematarse. El primer volumen no habría de ver la luz sino en 1759. Al final, la publicación acabó constando de unos dieciséis volúmenes en folio, o cuarenta y cuatro en octavo. En 1774, al llegar a su fin el reconocimiento de los derechos de autor perpetuos, los editores de Londres apelarían al Parlamento, buscando que se enmendara la norma en atención a las mil quinientas libras esterlinas que habían invertido en la obra[53].

La Historia universal catalizaría el surgimiento de una nueva instancia moral en el comercio de Dublín. Por otra parte, en años posteriores, el estallido de una serie de disputas vendría a confirmar el rechazo que inspiraba a Faulkner y a otros muchos colegas suyos la «piratería» interna, considerada cáustica tanto para la comunidad gremial como para la nación. Una de esas disputas, desatada en 1747, sería la producida a causa de dos traducciones rivales del Quijote, aunque Peter Wilson lograría convencer a todos los grandes editores de que suscribieran su versión, desapareciendo de este modo la traducción de la parte contraria. Otra de esas pugnas sería la que en 1751 llevase al gremio a enzarzarse en un nuevo forcejeo, esta vez a cuenta de la History of Miss Betsy Thoughtless de Eliza Fowler Haywood (y en esta ocasión volvería a verse implicado en el asunto Robert Main, el agente escocés de Richardson —aunque es posible que la razón de que Main fuese considerado un intruso residiera en el hecho de que su antagonista se negara a aceptar la intervención de un mediador—). Peter Wilson aún habría de verse enredado en otra reyerta, esta vez en relación con el Guardian. Y el propio Faulkner libraría la más significativa de todas estas batallas, al enfrentarse a los Ewing por la reimpresión de las obras de Swift. Se trataría de una cuestión cuasi personal para Faulkner, que concedía una gran importancia al hecho de haber conocido personalmente a Swift. Los Ewing habían «hecho pública» su intención de sacar a la luz un título que, según Faulkner, no era más que «una edición espuria e incorrecta». Al enterarse de este modo de sus propósitos, Faulkner les notificó que él se hallaba en posesión del manuscrito original. Los Ewing respondieron que no tenía nada, salvo una o dos páginas copiadas erróneamente varios años antes. Faulkner convirtió entonces el incidente en un pleito público. Aduciendo actuar «en nombre de la paz y las costumbres del sector», Faulkner se ofrecerá de la manera más notoria a poner la disputa en manos «de uno, dos o más editores». Sin embargo, los Ewing, haciendo gala, según él, de una «altanera insolencia», rechazarán la propuesta, ya que el menor de los dos, hijo del primero, declarará «no estar dispuesto a confiar su propiedad a la decisión de hombre alguno, como tampoco la remitiría a las decisiones de un grupo de individuos, sea el que fuere». Más tarde Faulkner hará pública esta negativa como prueba de la escasa voluntad cooperadora de los Ewing. De este modo publicará un conjunto de advertencias en las que denunciará que sus rivales intentan «piratear» las obras, tomando como base una serie de «oscuras e incorrectas ediciones impresas en Inglaterra o Escocia», razón por la que él, Faulkner, insta a «toda persona honesta y bien intencionada» a no darles cuartel[54]. El repudio de este tipo de injerencias quedará así convertido en un asunto íntimamente unido a la integridad de la nación y el gremio.

La formalización de este proceso de definición de las características de la profesión tendrá lugar en 1767, y una vez más a instancias de Faulkner. Nada más ser elegido representante condal de la corona, se verá una vez más frente a un caso de piratería interna. En esta ocasión se trataba de un proyecto destinado a reimprimir la historia de Enrique II que había escrito lord Lyttelton —obra que había sido asignada a Faulkner por el propio autor, de modo que la versión carente de autorización constituía un ataque al honor de un colega, además de un quebrantamiento de las costumbres del sector—. Faulkner respondería a su rival del modo que empezaba ya a ser habitual en él, esto es, mediante la convocatoria de una serie de reuniones con los demás editores en las que lanzaría un llamamiento a la exclusión de los transgresores. No obstante, en este caso iba a ir más lejos que en ocasiones anteriores, ya que declararía a los piratas una guerra de precios en toda regla. Según anunció, llevaba años dedicándose a imprimir y a publicar textos «para servir a este país». Sus desvelos habían promovido el saber, espoleado las manufacturas y el comercio, y conseguido que se invirtiera en Irlanda un dinero en efectivo que de otro modo habría huido al extranjero. Y sin embargo, había topado con movimientos que, fundados en «la malevolencia, el odio, la envidia y la maldad», trataban de perjudicarle. Algunas «gentes insidiosas de esta profesión» habían «pirateado» sus libros. Habían devaluado sus «títulos», pese a que él se los había procurado en todos los casos «de la manera más justa, [pues los había obtenido] de manos de los distintos autores y propietarios de Gran Bretaña e Irlanda». Y por si fuera poco, las ambiciones de esos intrusos no se habían ceñido exclusivamente a la morralla cultural de los almanaques y los manuales de iniciación, puesto que habían llegado a piratear la Historia universal, «la [obra] de mayor envergadura jamás asumida por editor alguno en toda Irlanda». Tanto él como sus aliados habían decidido tomar resueltamente cartas en el asunto: habían llegado a la firme determinación de expulsar a los piratas del negocio[55].

Sería precisamente esta alianza contra la piratería la que empezara a darse a sí misma el nombre de Compañía de editores (aunque más tarde habría de cambiarlo por el de Compañía Unitaria). Actuaría a la manera de un sindicato, en un intento de arrinconar a sus competidores en el mercado de las reimpresiones y las importaciones de libros londinenses, iniciando su campaña con dos obras muy conocidas: El vicario de Wakefield de Oliver Goldsmith y el Tom Jones de Henry Fielding. No obstante, como tan a menudo sucede en el sector editorial irlandés, no sabemos con claridad cómo operaba dicho sindicato. Perduraría hasta finales del siglo, aunque sin dejar prácticamente una sola huella escrita. De lo que no hay duda es de que dicha compañía contrató a un agente en Londres, John Murray, con la esperanza de monopolizar el suministro de nuevas publicaciones inglesas. Por consiguiente, Murray comenzó a enviar libros, según lo previsto, a lo que él llamaba el «cartel de Dublín», declinando proporcionar obras a cualquier otro editor dublinés. Sin embargo, sus tarifas terminaron revelándose muy elevadas, de modo que a finales de 1778 dejó de ser el agente de la Compañía. Según parece, esta abandonó entonces el plan de monopolizar la industria de las reimpresiones para convertirse en una especie de gremio alternativo, en un garante de la urbanidad del sector, animando de este modo a respetar los títulos de sus miembros. La Compañía celebraría asimismo toda una serie de cenas periódicas de carácter festivo, sobre todo en los aniversarios de su fundación, logrando proyectar en esas fechas una clara e incondicional identidad irlandesa. Sus miembros no solo vestirían únicamente ropas fabricadas en Irlanda —siendo «la primera sociedad legalmente constituida que se asociaba públicamente con el fin de no llevar puestas otras manufacturas que las de este reino»—, sino que encabezarían toda una serie de campañas destinadas a oponerse a la importación de ropas. Además, la Compañía respaldaría con su autoridad las listas de precios que los editores vinieran a establecer públicamente, oponiéndose a los fabricantes de papel, que intentaban subir los precios de sus artículos[56]. De este modo comenzaron a desempeñar el papel propio de un organismo político de carácter comercial. Existen incluso pruebas sumamente sugerentes que indican que la Compañía trató de crear un régimen de propiedad literaria. Al menos dos de los libros de esa época que han llegado hasta nosotros llevan en sus portadillas la anotación «Registrado en la Compañía de libreros». Nadie sabe si este grupo llegó a contar realmente con un registro, pero esa mención significaría bien poco en caso de que no hubiera sido así. Y en 1793, en un texto en el que lanza un llamamiento en favor de la promulgación en Irlanda de una ley de propiedad literaria, el periódico Anthologia Hibernica sostendrá que la Compañía era el único baluarte del sector contra la anarquía. «En cierta medida, Dublín está evitando el quebrantamiento de los derechos de autor», reconoce la publicación, «mediante las acciones de una institución denominada Compañía Unitaria de Editores». Con todo, el negocio editorial no solo continuaría siendo independiente de toda estipulación legal, sino que la Compañía seguiría sin ofrecer protección a los autores o a cuantos no se hubieran afiliado a ella, y su radio de acción se circunscribiría únicamente a la ciudad de Dublín[57].

La Compañía haría surgir brotes de feroz oposición. Los «piratas» rivales denunciaron que se trataba de una «camarilla secreta», y en un intento de asegurarse la supervivencia se ofrecerían a reducir notablemente los precios de sus títulos —entre un treinta y un sesenta por 100—. Con todo, lo que resulta sorprendente es el hecho de que también los «piratas» basaran en gran medida sus ataques en argumentos de carácter nacional, similares a los que empleaban los defensores de la Compañía. Los impresores y los editores «piratas» que se rebelarían contra la creación de la Compañía —principalmente Robert Bell (que más tarde se convertiría en uno de los revolucionarios de los balbucientes Estados Unidos), Dillon Chamberlaine, James Hunter, James Potts y James Williams— justificarían sus acciones diciendo que ellos estimulaban «el negocio de la letra impresa en este reino, una actividad que algunos de los integrantes de la camarilla secreta [de Dublín] se esfuerzan en suprimir importando y contratando libros impresos en Londres con su nombre». En otras palabras, acusaban a Faulkner y a sus asociados de llevar a la práctica los planes de Bacon, Osborne y Richardson por otros medios. Bell llegaría a reimprimir incluso el texto de Alexander Donaldson titulado Some thoughts on the state of literary property, añadiéndole un nuevo prefacio en defensa de las reimpresiones dublinesas. Según parece, su intención era oponerse de este modo tanto a la Compañía de editores de Dublín como a los oligarcas de Londres. Por otra parte, el grupo de Bell publicaría una declaración propia dirigida contra «algunas personas que tratan de distinguirse adjudicándose a sí mismas el título de “Compañía de editores”». Dicha Compañía, mantenían, se comportaba abusivamente, ya que «tras detectar que se había usurpado su propiedad» estaba utilizando este hecho para justificar una reducción de los precios por debajo de lo que defienden las costumbres. En esta guerra de precios residía el verdadero ataque a la fraternidad del sector, dado que se amenazaba a los artesanos irlandeses en nombre de las importaciones inglesas. Para afianzar su reivindicación, Bell y sus camaradas pondrían «un ejemplo que ilustraba su comportamiento honroso». Explicaron que existía una edición de Fielding y añadieron que la Compañía no había tenido a bien anunciar que «su derecho estaba siendo conculcado» sino después de haberse publicado seis volúmenes de la misma. Según decían Bell y sus aliados, todas las partes habían aceptado, «del modo más solemne», poner la disputa en manos de cuatro «caballeros del sector». No obstante, al fallar los mediadores en contra de la Compañía, únicamente Faulkner y Ewing se mostrarían dispuestos a aceptar el resultado. Los demás habían empezado ya a anunciar una reimpresión en exclusiva del Tom Jones «a fin de disuadir [a los miembros del grupo de Bell] de todo intento encaminado a reimprimir cualquier edición nueva o corregida en este reino, en especial mientras la camarilla secreta de Dublín siga teniendo en sus manos alguna de las ediciones antiguas»[58]. En otras palabras, la Compañía, pese a sostener que la razón moral estaba de su parte, se dedicaba a quebrantar los principios que mantenían verdaderamente unido al sector. Se estaban convirtiendo en otros tantos Tonson y Millar.

Al menos uno de los aspectos de este choque presentaba implicaciones muy relevantes. En realidad, la Compañía de editores no sería sino una de las varias alianzas que surgieran en esos años. También los oficiales de imprenta habrían de constituir «convenios» para blindar sus intereses. Los encuadernadores, por ejemplo, unirían sus fuerzas para hacer valer los precios que fijaban, y en 1791 habían creado ya una Compañía de encuadernadores. Más seria por sus objetivos y sus consecuencias sería la «Sociedad de amigos de la impresión», surgida en 1766[59]. Su razón de ser radicaba en proteger lo que los oficiales de imprenta consideraban las costumbres tradicionales de su particular sector sindical, amenazadas por el naciente capitalismo, cuya implantación parecía llevar aparejado el riesgo de convertir los talleres en factorías y de reducir a los artesanos a la condición de simple mano de obra. Esta era una queja que se empezaba a escuchar en todos los rincones de Europa y en numerosas industrias —siendo en este sentido un ejemplo pertinente el del levantamiento que Jacob Ilive habría de capitanear en Londres—, pero ahora estallaba abiertamente en Dublín, y con extraordinario encono. Cerca de la medianoche del lunes 12 de septiembre de 1766, un grupo de hombres derribaba la puerta del domicilio de William Osborne, en la calle Golden. Osborne era un oficial de imprenta de sesenta y ocho años de edad, aquejado por diversas enfermedades. Debía de gozar de cierta estima en el gremio, ya que en el sector se le consideraba el miembro activo de más edad de toda la cofradía. Una vez en el interior de la casa, los intrusos desenvainaron las espadas que traían al cinto y atacaron a Osborne y a su esposa «de la forma más cruel e inhumana» que quepa imaginar. El anciano quedó muy malherido, y la mujer perdió una mano. Los misteriosos asaltantes huyeron al amparo de la noche, aunque no sin advertir a sus víctimas que habían recibido ese trato como represalia por trabajar para John Exshaw, un pirata tristemente conocido por contratar demasiados aprendices y socavar de este modo los intereses del sindicato artesanal.

Cinco días después el sector en pleno se concertó para denunciar el asalto. Los congregados sacaron a la calle un escrito en el que no solo respaldaban públicamente la «franqueza, la honradez y la puntualidad» de Exshaw, sino que ofrecían una recompensa de cincuenta libras esterlinas a quienquiera que pudiera dar razón de los «villanos» responsables del ataque. Simultáneamente, el sector del libro aprovecharía la ocasión para declarar que sus miembros aborrecían de manera general la aparición de «asociaciones sediciosas e ilegales [de] oficiales de imprenta ociosos, libertinos e insolentes» que abandonaban sus puestos de trabajo y hacían que los artesanos del gremio «temieran por su vida, viéndola en peligro»[60]. Según se daba a entender en el comunicado, la agresión se había producido tras una campaña de amenazas anónimas, una de las cuales, dirigida a otro trabajador de Exshaw llamado Daniel Donovan, sería publicada y leída ante un nutrido grupo de asistentes.

Sr. Donovan:

Dado que el cuidado de la propia vida es todo cuanto nos es dado disfrutar en este terrenal hemisferio, que el placer que tal atención nos procura es algo que perseguimos lo más posible y que muy probablemente no goce usted de tales delicias sino en muy escasa medida, yo, como amigo suyo (aunque quizá no me conozca), querido Dani, quiero transmitirle en lo que sigue los planes de los oficiales de imprenta, planes que he tenido oportunidad de oír de labios del sultán (o sea, del cacique): que si en tres días, contados a partir de hoy, no abandona usted el establecimiento del señor Exshaw, los antedichos impresores habrán de hacerle protagonista de un horrible espectáculo, y que después se proponen marcarle, como ellos dicen, amputándole al menos una pierna, un brazo y una oreja, esperando que esto sirva de advertencia a Buck, Ellison, Osbourne [sic] y el hombre de Cork. Así las cosas, querido Dani, abandone el lugar con la seguridad de que contará con la amistad de los cofrades —y recuerde: tres días a partir de la fecha.

Su amigo,

J. Trueman.

El mensaje ejerció su efecto: poco después Donovan abandonaba el negocio de Exshaw. No obstante, si tenemos en cuenta que el objetivo expreso de estas misivas era preservar la cofradía del sindicato sectorial, hay que decir que, para este hombre al menos, el desenlace iba a ser dolorosamente triste. Tras dejar plantado a su sindicato, el amenazado se encontró en un callejón sin salida. Donovan acabaría convirtiéndose en un «marginado al que rechazaban en casi todos los establecimientos impresores del reino» —es decir, se transformaría poco menos que en una personificación del forajido que Faulkner había descrito en su carta a Richardson[61].

En las últimas décadas del periodo de dominación protestante, las sociedades secretas invadirán la actividad artesanal. La alusión a un misterioso «sultán» o «cacique» era un comportamiento típico de esas sociedades[62]. La violencia, la intimidación y las maniobras en la sombra eran su sello distintivo. En el caso de los impresores, los actos de violencia parecen haber disminuido en la práctica tras la agresión a Osborne, pero nadie podía tener la seguridad de que no fueran a reproducirse. En la década de 1770, la Sociedad de amigos de la impresión continuaría publicando una serie de avisos no demasiado amistosos en los que vendría a renovar las amenazas contra todo aquel que, a su juicio, pudiera poner en peligro las «agrupaciones regidas por el amor conyugal, filial, paternal o social». Esta Sociedad de amigos de la impresión asociaría los llamamientos a la fraternidad con la defensa de la frecuente práctica del diálogo y el proteccionismo. El gremio miraba con recelo a estos grupos, tomando periódicamente la impotente determinación de actuar contra ellos, o tratando al menos de instar al alcalde a hacerlo. De cuando en cuando, sus integrantes se manifestarán incluso preocupados por el hecho de que la erosión que los maestros del oficio estaban provocando en la vida sindical pudiera ser la causa de la aparición de tales sociedades[63]. Sin embargo, lo cierto es que en realidad no podían hacer nada. Al alborear la década de 1790 e internarse la política irlandesa en un peligrosísimo periodo que habría de prolongarse por espacio de cien años, se empezará a percibir la posibilidad de que este tipo de sociedades secretas pudieran estar a punto de convertirse en algo bastante más resbaladizo.

Al enfrentarse a una creciente disensión en sus filas, el gremio acabó encontrando finalmente una voz propia. Denunció a la administración por oponerse a «la protección de nuestras manufacturas, a la libertad de prensa y a la libertad del individuo». Y dado que el Parlamento irlandés parecía decidido a promover «el interés extranjero», el gremio decidió que la defensa de las «manufacturas nacionales» podía perfectamente exigir el inicio de una acción popular. Así las cosas, comenzó a constituir sus propios comités de trabajo para solicitar medidas de protección arancelaria, y rindió homenaje a la libertad que Grattan proponía para el Parlamento irlandés. En 1795, el gremio condenaría la injerencia británica, calificándola de «calamidad nacional», y lanzaría un llamamiento para que se oyera «la decidida y constitucional voz de un país unido». Poco tiempo después la Sociedad de los Irlandeses Unidos se reunía en el Salón de los libreros[64]. Y en 1798, al estallar la rebelión que prometía poner fin definitivamente a la dominación británica, el gremio decidió al fin sentarse a redactar un conjunto de reglas con las que administrar el sector del libro. La decisión llegaba con un retraso de casi cien años.

Fomentado por la prensa, el levantamiento de la Sociedad de los Irlandeses Unidos terminaría uniendo a su violencia y a su populismo la catástrofe. El apoyo francés que necesitaban los Irlandeses Unidos no llegaría a materializarse nunca, dejando aquí aparte el inútil gesto de Wolfe Tone, y por otra parte, al no hallarse ya atado el ejército británico a la revolución estadounidense, los efectivos ingleses resultaban ahora más que suficientes para reprimir a los aislados rebeldes. No tardarían en eclipsarse todas las preocupaciones que bullían entre los libreros y los impresores respecto a la constitución de su gremio. El plan de establecer un conjunto de normas no solo quedaría en agua de borrajas, sino que sería físicamente eliminado de los anales con el ambiguo comentario de que toda proposición de ese tipo era de carácter «notablemente irregular». Los británicos estaban a punto de imponer un orden nuevo[65]. Los derechos de autor se aprestaban a desembarcar en Irlanda.

Londres había lanzado ya tres contraataques contra los reimpresores irlandeses. El primero se había producido en la década de 1730, al promulgar el Parlamento la ley contraria a las importaciones. El segundo había tenido lugar en 1759, a raíz de la malograda «conspiración» para erradicar del mercado británico los comportamientos piráticos. El tercer esfuerzo se verificará entre los años 1784-1785, época en que los escándalos formarán parte de la disputa general surgida en relación con el comercio anglo-irlandés. Lo que habría de desencadenar la iniciativa sería una declaración aparecida en el Daily Universal Register en la que se afirmaba que «las piraterías que tan cotidianamente practican los editores irlandeses reclaman a gritos una enmienda». Los editores de Irlanda se hacían con casi todos los títulos de interés que se publicaban en Londres, reducían el formato y los volvían a publicar en una versión más económica, «para gran detrimento de los hombres de genio y de ciencia». Los propios editores de Edimburgo se sentían molestos. Y William Pitt tomará buena nota de ello. Defensor del laissez-faire, Pitt instará al Parlamento de Dublín a adoptar la ley inglesa de derechos de autor como parte de su proyecto de establecer una zona de libre comercio en el conjunto de las islas británicas. Sin embargo, la prensa de Dublín se subió una vez más al carro para denunciar el plan por considerarlo un ataque contra las manufacturas irlandesas. La idea de que las reimpresiones constituían una forma de resistencia se vio todavía más reforzada. Los sentimientos estaban a flor de piel: cuando el obispo de Killaloe trató de salir en defensa de los derechos de autor en el Parlamento irlandés se le tachó de traidor[66]. En Dublín las cosas estaban meridianamente claras: los derechos de autor no tenían el menor respaldo popular. El proyecto de Pitt quedó condenado al silencio y relegado en un cajón. No obstante, el aplazamiento iba a ser temporal. Los impresores irlandeses se habían implicado a fondo en el levantamiento de 1798, y ahora estaban a punto de pagar las consecuencias[67]. Tras la rebelión, Londres tomó la resolución de promover la drástica medida de la plena unión política. El reino de Irlanda, y con él la capitalidad de la ciudad de Dublín, llegó a su fin. La urbe, que había sido el centro de poder, del mecenazgo y del consumo de artículos modernos de una nación como la irlandesa se vio súbitamente reducida a la condición de una población de provincias. Solo esto habría bastado para poner en peligro el sector del libro dublinés. Sin embargo, la unión significaba también algo peor: la implantación de los derechos de autor. La ilegalización de las reimpresiones detuvo bruscamente el negocio editorial. La prensa ya había advertido de las «desastrosas» consecuencias económicas y culturales que habrían de producirse en caso de que triunfase la idea de la unión, y al menos en el sector periodístico su vaticinio estaría llamado a revelarse lúcido. Sus tiradas cayeron en picado, reduciéndose aproximadamente en un ochenta por 100. Muchos impresores y editores emigraron a los Estados Unidos. Otros se limitaron simplemente a abandonar por completo su actividad. Ni uno solo, hasta donde nos es dado saber, se afincó en Londres. En 1806, los editores que todavía resistían en Irlanda votarían a favor de la disolución de la unión misma[68].

El hecho de que los derechos de autor se hicieran extensivos a Irlanda determinaría que lo que podríamos llamar la constitución moral de la industria editorial de la nación adquiriera un carácter ilegítimo. Hacía ya mucho tiempo que se venía denunciando que sus costumbres eran de naturaleza pirática, y ahora se las definía legalmente como tales. Esto supuso el fin de esas costumbres, y las sustituyó un régimen jurídico que a punto estuvo de destruir la industria editorial y el florecimiento literario que se había sustentado en ella. Hubo por tanto graves consecuencias, y no solo en Irlanda. La transición iniciada en 1800 habría de servir como caso probatorio —o como experimento crucial, si se prefiere— durante, como mínimo, todo el siglo siguiente.

El fin de un reino pirático, y el comienzo de otro

Siete de septiembre de 1784. Los soldados apostados en el muelle observan con suspicacia el carruaje que acaba de recorrerlo antes de detenerse. Se hallaban en guardia, pues se les había alertado de la fuga de un prisionero desesperado que estaba en busca y captura. Sin embargo, del coche de caballos bajó una mujer que, cojeando ligeramente, tomó la pasarela de embarque y subió a un barco febrilmente afanado en las labores de estiba previas a su inminente partida. Los casacas rojas se encogieron de hombros y la dejaron pasar. Esa misma noche, la embarcación levantó anclas y se deslizó silenciosamente hacia las aguas abiertas del mar de Irlanda. Únicamente al saberse a salvo, lejos de las aguas territoriales, se sintió la pasajera lo suficientemente reconfortada como para despojarse del sombrero y la peluca. Al desembarazarse de ellos quedó al descubierto que bajo el disfraz se ocultaba un hombre de veinticuatro años. Se trataba de Matthew Carey, un católico que, además de ser buscado por incitar a la traición en los periódicos radicales que dirigía, ya había sido arrestado demasiadas veces como para albergar la expectativa de nuevos gestos de clemencia. El barco en el que viajaba —el América— navegaba rumbo a Filadelfia y al exilio.

La peripecia de Carey se ha convertido en uno de los pequeños mitos de la primitiva historia de los Estados Unidos. Nacido en 1760, Carey había pasado a formar parte del sector del libro dublinés en contra de los deseos de su padre, que había sido a su vez aprendiz en el establecimiento de un editor e impresor católico llamado Thomas McDonnell. McDonnell simpatizaba en secreto con la oposición radical —Wolfe Tone solía cenar en su casa, y más tarde los confidentes de la policía le traicionarían, acusándolo de pertenecer a la Sociedad de los Irlandeses Unidos—[69]. Carey le recordaba como un «maestro gremial duro y austero, de modales sumamente repulsivos». La única virtud por la que hoy se le recuerda es la de preferir que sus aprendices conservaran la vida. En una ciudad que apenas conocía otra cosa que la camaradería masculina, el alcohol y un crispado sentimiento del honor, la actitud de McDonnell ya era algo. Los duelos eran cosa cotidiana. Sin embargo, al insistir Patrick Wogan —empleador de McDonnell, pirata de Sheridan y, a juicio de Carey, otro «rufián»— en que uno de los aprendices de McDonnell se midiera en duelo contra uno de los suyos, McDonnell se negó en redondo, y Carey redactó una denuncia de la costumbre general. Ahondó en el caso y terminó declarando que los duelos constituían una práctica cruel que no tenía cabida en una actividad comercial civilizada[70]. Tras este caso, se lanzó a escribir contra la administración, esforzándose tan radicalmente en su primer empeño que no tuvo más remedio que batirse rápidamente en retirada y huir a Francia. Allí comenzó a trabajar para el impresor parisino Didot (a quien encontraría enfrascado en la reimpresión de libros ingleses), y más tarde para Benjamin Franklin, por cuyo medio acabaría conociendo al marqués de Lafayette. De vuelta en Dublín, Carey fundó un periódico llamado el Volunteers Journal. Sus lectores pertenecían al movimiento paramilitar del mismo nombre, que alardeaba de su defensa de la antigua constitución y del fomento de una ciudadanía libre. El periódico de Carey haría acopio de todo el extremismo retórico posible para «promover el comercio, las manufacturas y los derechos políticos de Irlanda frente a la opresión y los abusos de Gran Bretaña». El Journal elogiaría a los regicidas del siglo XVII y reimprimiría los textos de los revolucionarios norteamericanos de la época[71]. Las autoridades tratarían de minar la solidez del periódico de Carey prestando su apoyo a una publicación rival, el Volunteer Evening Post, aunque con escaso éxito (posteriormente, distintos diarios que competían con el Journal lograrían en cambio ese objetivo). Con todo, el periódico de Carey no tardaría en ponerse a lanzar poco menos que llamamientos a la insurrección de los patriotas irlandeses «unidos y en armas». Sin embargo, lo que habría de provocar una verdadera acción directa sería el hecho de que abogara en favor de una aparente trama de asesinato.

La conjura se produjo como consecuencia de la instauración en la década de 1780 de la popular política de protección de las manufacturas irlandesas[72]. En el Parlamento de Dublín, la ley proteccionista cayó derrotada por aplastante mayoría, de modo que la cólera de la ultrajada prensa patriótica llegó al punto de ebullición. «¡Oh, Irlanda!», gemía el Dublin Evening Post, «¡Cómo te has dejado embaucar, perdiendo la libertad política en la constitución y la libertad de movimientos en el comercio!». La civilización misma había sido traicionada. «¿Seguimos siendo hombres, nos han despojado nuestros amos y capataces del intelecto además de quitarnos nuestra propiedad?». Se empezó a cubrir de brea y a emplumar a los negociantes que comerciaban con productos ingleses, y los iracundos aprendices comenzaron a «desjarretar» a los soldados (es decir, a cortarles el tendón de las corvas), acción que fue inmediatamente declarada delito capital. La turba irrumpió violentamente en el Parlamento mismo. Un alcalde que simpatizaba con la causa patriótica dilataba tanto sus respuestas a la administración que esta, nerviosa, diría para calificarle que «no se diferenciaba demasiado de los cómplices»[73]. El Volunteers Journal azuzaría la violencia. La mañana en que estalló la revuelta, Carey publicó una caricatura en la que podía a verse a «Juanito Finanzas» (el ministro de Hacienda irlandés, John Foster) colgado de la horca y un pie que decía que tal era la voluntad de los hambrientos obreros de Irlanda. Los miembros de la Cámara de los Comunes se rieron a carcajadas con la viñeta, pero después comprendieron que tenía toda la pinta de ser una verdadera incitación al asesinato —especialmente al aparecer reimpresa en otros muchos periódicos y gozar así de una difusión muy superior a la normal (este tipo de reimpresiones periodísticas constituía una práctica habitual, y en este sentido el Volunteers Journal tenía fama de ser «el más inveterado de cuantos ladrones» padecía el periodismo)—[74]. Se organizó una caza de brujas. En una ocasión, Carey escapó a sus perseguidores saltando por la ventana de un tercer piso, pero no pudo eludir los grilletes mucho tiempo, de modo que, inevitablemente, acabó viéndose entre rejas. Entretanto, la administración forzó, por medio del Parlamento, la promulgación de una nueva ley para la regulación de la prensa —la más severa que jamás se haya propuesto en Irlanda—. El Volunteers Journal respondería con la publicación de una nueva caricatura, en la que en esta ocasión aparecía el cadáver de Juanito Finanzas arrumbado bajo el cadalso, vilipendiado hasta el punto de no ser ya considerado digno de recibir sepultura[75].

Da la impresión de que Irlanda se abismaba en la rebelión. El Dublin Evening Post —que por lo general no era ningún órgano de agitación de las masas— publicó un escalofriante catecismo en el que se concluía que era preciso expulsar a los ingleses y que eso solo se conseguiría cuando «dos millones de irlandeses se levantaran en armas». Mientras tanto, Carey fue puesto a buen recaudo, confinándosele bajo estricta vigilancia por temor a que la muchedumbre pudiera acudir a rescatarlo. En esa situación permanecería hasta mediados de mayo. Sin embargo, cuando el Parlamento levantó la sesión, el alcalde quedó de pronto investido de autoridad sobre el prisionero y ordenó liberar a Carey. Nada más verse en la calle, su periódico denunció a un regidor cuyas tropas habían disparado contra la multitud y Carey, como «presunto propietario», se vio nuevamente amenazado, al pender sobre él el cargo de alta traición. Había llegado la hora de una discreta retirada. Una semana después de haberse publicado el bando con su acusación, Carey se enfundó el disfraz de mujer y se escabulló a bordo del América.

A diferencia de lo ocurrido durante su primer exilio, aquel iba a ser definitivo. En lugar de fomentar un alzamiento en su país, Carey iba a terminar convirtiéndose en el más célebre editor de los recién nacidos Estados Unidos de Norteamérica. En ese nuevo país iba a contribuir a instaurar una revolución de la cultura pública que además estaba llamada a perdurar. Durante unos cuarenta años, Carey desempeñaría un importante papel en la configuración del discurso literario, científico y político de los Estados Unidos. Y en particular, su contribución sería decisiva en el fomento de un tipo de urbanidad destinado a definir el mundo editorial. Es notable que durante buena parte de ese siglo, los Estados Unidos convirtieran en virtud lo que los británicos llamaban piratería —aunque, finalmente, también los mismos estadounidenses acabaran siguiendo los pasos de los ingleses—. Carey sería uno de los fundadores de esa práctica. Y al convertirse los Estados Unidos en el cuartel general de un conjunto de individuos a los que un historiador ha llamado «los piratas editoriales más prolíficos del mundo», la empresa de Carey se revelaría capaz de liderar el sector. No solo se apropiaría rápidamente de los libros publicados en Londres, sino que también produciría obras en español para el mercado sudamericano (tenía un agente en Gibraltar que le enviaba los textos más recientes), además de obras en alemán y en francés. Reimprimió distintos volúmenes de historia natural, filosofía de la naturaleza y geografía, adaptando los contenidos y los formatos al gusto de los lectores estadounidenses. De entre los muchos autores que reproduciría cabe destacar los siguientes: Wollstonecraft, Condorcet, Lavoisier, Goethe, Byron, Edgeworth, Humboldt, Southey, Scott, Say, Hazlitt, el frenólogo Combe y Mozart. Es más, sería la actividad de Carey, antes que la de ningún otro editor, la que estableciese los protocolos y convenciones de la reimpresión internacional en general. Tanto su carácter moral como sus convicciones ideológicas y antiimperialistas —por no mencionar el hecho de que sus raíces prácticas se encontraran en el campo de las reimpresiones supuestamente piráticas— derivaban de su formación dublinesa y de la paradoja de su Ilustración pirática[76].

8

EL NACIMIENTO DE UNA NACIÓN

Tanto en Gran Bretaña como en Irlanda, la piratería era una cuestión polémica. En las colonias estadounidenses vestía en cambio ropajes revolucionarios. Los líderes de la comunidad de impresores, propietarios de periódicos y editores de los Estados Unidos —una comunidad reducida pero de rápido crecimiento— eran todos ellos inmigrantes que habían aprendido el oficio en los establecimientos de los principales reimpresores irlandeses y escoceses. Cuando estalló la guerra de independencia estadounidense algunos de estos profesionales se mostraron dispuestos a hacer de la piratería un instrumento al servicio de la insurrección. Para ellos, el hecho mismo de reimprimir los libros publicados en Londres constituía un gesto de desafío. Y suponía asimismo un acto de definición identitaria: sus formatos, más pequeños y baratos, venían a señalar los límites de un ámbito público que se adecuaba mejor a los dispersos lectores de una república que a los de una aristocracia centralizada. Tanto la incitación a formar parte de la causa revolucionaria como la difusión informativa del alzamiento mismo, así como la relación de sus vicisitudes, eran todos ellos elementos que llegaban al último rincón de las colonias gracias a su labor.

Pese a resultar muy efectiva, esta práctica estaba llamada a crear problemas a la larga. Una vez conquistada la independencia, la nueva nación tendría que volver a levantar su cultura pública sobre los cimientos que los revolucionarios hubieran establecido. Sería entonces cuando las más profundas e implícitas preguntas de la revolución pirática pedirán respuestas. ¿Eran éticos los fundamentos de la cultura pública de la nueva nación? ¿Cómo podía reconciliarse la necesidad de generar un conocimiento nuevo con la necesidad de apropiarse del viejo? ¿Qué forma y constitución debían tener las comunicaciones para adecuarse a la nueva república? Estas serían las interrogantes que sería preciso resolver a finales de la década de 1790 y principios de la de 1800, en una época en que el carácter y el futuro de los Estados Unidos resultaban todavía inciertos. Sin embargo, tras la guerra de 1812, las respuestas comenzaron a brotar. En la década de 1820, la Norteamérica de Andrew Jackson contaba ya con una sólida y vibrante esfera pública —aunque a juicio de los europeos se tratase de un espacio totalmente pirático.

Reimpresión y revolución

Según Benjamin Franklin, el inicio en las colonias de la competencia en el ámbito de la imprenta se produjo en una fecha precisa. El artífice de este desarrollo era un refugiado huido de Gran Bretaña, pues formaba parte de la primera generación de piratas literarios de ese país. Este hombre, llamado Samuel Keimer, había creído en su día en los llamados profetas franceses —un grupo de carismáticos refugiados protestantes de la región de las Cevenas que había ejercido una gran influencia en Londres—. Sin embargo, había abandonado esa fe al ordenársele que pirateara la obra de un impresor conservador, de modo que, tras pasar un cierto tiempo en prisión, había abandonado Londres para afincarse en Filadelfia. Una vez allí contrató a un impresor —el joven Benjamin Franklin— y se dedicó a reimprimir los periódicos ingleses, a publicar transcripciones apócrifas de diversos sistemas de montaje y a crear versiones «espurias» de los almanaques de Andrew Bradford, un impresor local. Desde el punto de vista de Franklin, las primeras disputas coloniales vinculadas con la propiedad literaria habían coincidido por tanto con el arraigo de una prensa viable. El propio Franklin terminaría abandonando al errático Keimer, que durante un breve espacio de tiempo trataría de hacerse con los lectores de su antiguo asalariado (la reimpresión de la Cyclopaedia de Ephraim Chambers quedaría estancada en la letra A) antes de bajar los brazos y trasladarse a Barbados[1]. Como sabemos, Franklin lograría en cambio un éxito inmensamente superior.

Keimer actuaba con un descaro inusitado, pero sus actividades estaban llamadas a marcar la pauta de las casas de impresión coloniales. En esta parte del mundo no existía ninguna ley de derechos de autor que limitase sus acciones, y las costumbres gremiales tampoco las fiscalizaban demasiado. En la mayoría de los casos, los impresores tenían que ir descubriendo las reglas aplicables sobre la marcha. Una de las razones de este estado de cosas era la enorme distancia que mediaba entre una ciudad y otra, cada una de las cuales constituía en la práctica un mercado independiente. Otro de los motivos era el pequeño tamaño y la fragilidad económica de todos los establecimientos. Los editores tenían que tocar muchas teclas, ya que no les quedaba más remedio que dedicarse más a vender papel, medicinas y productos textiles que a comerciar con libros; Benedict Arnold vendía a un tiempo obras literarias y preparados farmacéuticos. De hecho, en las colonias, el principal sostén del gremio de los impresores no eran los libros —puesto que por regla general resultaba más barato importarlos que imprimirlos—, sino la actividad comercial propia del sector y la publicación de periódicos. Entre los años 1700 y 1765, las tres cuartas partes de los impresores asumían la difusión de un diario como mínimo. Los impresores de periódicos aguardaban ansiosamente la llegada de barcos cargados de nueva información y después se dedicaban a reproducir sin traba alguna todos los relatos y ensayos que caían en sus manos. El Massachusetts Spy de Isaiah Thomas llegaría a exhibir ostentosamente un emblema en el que podían verse dos niños enfrascados en escoger entre las distintas flores de una gran cesta bajo la cual alcanzaba a leerse el lema «eligen lo mejor». Por consiguiente, los periódicos de las diferentes ciudades se dedicaban a reimprimir las reimpresiones de las urbes vecinas, y dado que la mayoría de ellas iban dirigidas a los lectores de la propia localidad este estado de cosas no daba motivo de queja a nadie. De hecho, algunas obras, como las Cartas liberales de Catón conseguirían una notable difusión gracias a esta forma de réplica. Las ocasionales referencias a la existencia de algo similar a una propiedad literaria con anterioridad a la independencia de las colonias norteamericanas —como por ejemplo el caso de dos impresores de Boston que en la década de 1750 «compraron [el derecho a publicar] una copia» del almanaque de Nathaniel Ames— destacan como algo de carácter excepcional y poco menos que inexplicable. La consecuencia de esta situación se concretaría en la aparición de un tipo de público característicamente diferenciado —un público acostumbrado a consumir noticias periodísticas regurgitadas, recopiladas en fuentes muy remotas y muy frecuentemente al hilo de la llegada de los barcos—[2]. No es que Boston no fuese Londres, es que ni siquiera era Dublín.

La Ley del timbre de 1765, al imponer un gravamen a los productos más rentables de esta pequeña e indisciplinada actividad gremial, no conseguiría sino convertir en una fuerza política al oficio mismo. El escándalo que habría de provocar la ley acabaría fomentando el surgimiento de una prensa partidaria que no desaparecería al derogarse el texto legal. A partir de ese momento, los impresores empezaron a ver con claridad cómo abordar, manipular y sacar provecho del espíritu partidista. Más aún, los lectores con que contaban en las colonias reconocerían cada vez más que las manufacturas en general constituían un elemento esencial para proteger el lugar que la colonia misma ocupaba en el orden imperial —y una de esas manufacturas era, obviamente, la dedicada a la producción de libros—. En la campaña contra la Ley del timbre, uno de los elementos decisivos habían sido los pactos destinados a impedir la importación de textos, y a mediados de la década de 1760 empezarían a producirse las primeras asociaciones pensadas para la promoción de la fabricación de determinados artículos en Norteamérica, como por ejemplo el papel. Estas asociaciones venían a contradecir lo que, según Londres, debía ser el rol de una colonia —que se limitaba al suministro de materias primas a la metrópoli y a la adquisición de los productos manufacturados que esta elaborara, restringiéndose además el tráfico en ambas direcciones a las embarcaciones británicas o coloniales—. A los ojos de Westminster, el sistema mercantil resultaba racional y mutuamente beneficioso, y de hecho, en un principio las colonias plantarían cara a Londres al objeto de preservarlo. Sin embargo, a juicio del comercio de libros en las colonias, lo que este sistema imponía era la necesidad de importarlo todo, no solo los libros, sino también los tipos, las imprentas y las técnicas. El papel constituía una excepción, pero las papeleras norteamericanas eran incapaces de atender la demanda de este artículo, de modo que también se hacía preciso traerlo en barco desde Inglaterra (y en ocasiones, de manera ilegal, desde los Países Bajos, aunque también se conseguía ocasionalmente gracias al pillaje de los buques españoles capturados por los corsarios). Y al comenzar a percatarse los habitantes de las colonias norteamericanas de la autonomía que podía darles el hecho de ser capaces de fabricar bienes por sí mismos, los objetos cotidianos como los libros empezaron a adquirir un significado propio en la política trasatlántica, un significado añadido al del contenido textual que de hecho pudieran tener[3].

Los norteamericanos estaban acostumbrados a las reimpresiones. Los escoceses habían empezado a producir reimpresiones propias en grandes cantidades a partir de la década de 1740, y los irlandeses comenzarían a hacer otro tanto un poco más tarde. En el año 1752, David Hall, de Filadelfia, advertirá al londinense William Strahan de que «hay muchos libros que salen notablemente más baratos si se importan de Irlanda y Escocia que si se piden directamente a Inglaterra»[4]. Alexander Donaldson era particularmente aficionado a socavar los intereses de los editores londinenses. «[Este hombre] se dedica a las prácticas piráticas», advertirá Strahan, con la esperanza de que ningún «caballero» se dignara a hacer un hueco a los libros de Donaldson en su hogar. De hecho, se tenía a Donaldson por «el Rivington de Escocia». Desde luego es un comentario que revela lo desorganizado que se encontraba el sector. Aunque sería más exacto decir que James Rivington era en realidad el Alexander Donaldson de Norteamérica. En Donaldson se concretaban los peores temores de Londres, ya que se trataba de un renegado que disfrutaba de una elevada posición y de información de primera mano. El empeño que le había llevado a intentar acaparar el mercado colonial del sector del libro explica por qué las reimpresiones norteamericanas habían empezado a tener sentido.

Rivington descendía de un clan de editores londinenses que habían prosperado contribuyendo a inventar el sistema del sindicato gremial. Él mismo había amasado su fortuna especulando con obras de Tobias Smollett. Después se separó de sus colegas y se embarcó en un singular proyecto concebido para revolucionar de arriba abajo el conjunto del sector y permitir que él mismo se hiciera con el control del comercio trasatlántico de libros. Dio a entender a sus contactos norteamericanos que la oligarquía de Londres les estaba engañando y que únicamente los conocimientos que él poseía por haber trabajado dentro de ella podían garantizarles unas transacciones justas. Según parece, la estratagema funcionó —al menos durante un tiempo—. En los años 1757 y 1758, Strahan descubriría alarmado que Rivington estaba exportando un número de volúmenes equivalente nada menos que al del conjunto de sus competidores del sector londinense. Y por si fuera poco también había empezado a contratar sigilosamente a distintos impresores escoceses al objeto de realizar reimpresiones específicamente destinadas al mercado colonial[5]. Sin embargo, el talón de Aquiles de Rivington radicaba en el hecho de que las vicisitudes del comercio y la economía trasatlánticas le habían convertido en un socio poco fiable —y esto era muy grave en un sector en el que la posibilidad de anticipar el comportamiento de los socios comerciales resultaba de vital importancia—. Hall juzgaría que las disposiciones que Rivington había adoptado para la publicación de la Historia de Inglaterra de David Hume resultaban tan poco coherentes que podían poner en peligro su propia reputación frente a los consumidores[6]. Por esta época, el plan de Rivington ya había comenzado a desmoronarse. Se había permitido apostar con demasiada alegría en las carreras de Newmarket, y además los potentados del negocio editorial de Londres habían incluido una acción coordinada y sin fisuras contra él entre las distintas acciones de su campaña contra los «piratas» provinciales y escoceses. Temiendo verse en la ruina, Rivington se declaró precipitadamente en quiebra y huyó a Norteamérica. No obstante, se llevó consigo un cargamento de libros, así que no tardaría en volver a las andadas[7]. Hall advirtió directamente a Strahan de esta circunstancia, señalándole que la maniobra revelaba que Rivington albergaba la intención de «dedicarse a copiar borradores de los escritos que transportaba a fin de reimprimirlos». Al parecer Rivington pensaba que «antes de él no había habido ningún editor en el continente». Lo cierto, sin embargo, era que se hacía preciso refutar este planteamiento de Rivington, ya que de lo contrario, añadía, terminaría dándose crédito a esa suposición suya. La respuesta la daría en su momento el impresor Dunlap, que no tendría el menor reparo en compilar un anuncio en el que exponía tesis contrarias a las de Rivington mediante el expediente de utilizar «de una manera irónica» las propias palabras de este último —gesto que irritaría notablemente a Rivington—. Y desde la lejanía londinense, también Strahan trataría de contrarrestar las iniciativas de Rivington, diciendo a sus contactos que «el gran número de ejemplares» que poseía le permitía vender las obras al precio más económico permitido por la honradez[8]. Sería sin embargo el escándalo provocado por la Ley del timbre lo que terminara desbaratando las posibilidades de Rivington. Los pactos de no importación implicaban el agostamiento de ese mercado. Y como Rivington se había aventurado además a sostener económicamente el sorteo de Maryland —un desafortunado intento de asignación de tierras—, se vio abocado una vez más a la bancarrota. Durante la revolución, Rivington reaparecería bajo un nuevo disfraz —en esta ocasión el de importante propietario de un periódico conservador— y haría las funciones de impresor del rey en Nueva York, protegido por las tropas británicas (aunque correría el rumor de que también actuaba como espía para Washington). Después de esta peripecia volvería a quebrar y pasaría sus últimos años en una prisión por acumulación de deudas[9].

Las repetidas intentonas con las que Rivington intentó imponer su plan dejan al descubierto los límites estratégicos de la importación. El público lector de las colonias estaba expandiéndose a tal punto que ya no resultaba posible darle adecuada satisfacción mediante el flete de grandes cantidades de libros impresos —ni siquiera a los bajos precios que podían encontrarse en Irlanda o Escocia—. Y al mismo tiempo, las miras políticas de ese público habían experimentado un profundo cambio, circunstancia que desincentivaba la importación de libros desde cualquier punto de las islas británicas. Por todo ello, los impresores y los editores comenzaron a pensar que sería interesante reimprimir en Norteamérica. En el Nuevo Mundo, los remotos orígenes de esta práctica se remontaban al siglo XVII, pero su ejercicio se aceleraría de manera muy notable a partir de la década de 1720. Por esas fechas, vendrá a señalar un observador, Boston podía alardear ya de contar con «cuatro o cinco establecimientos impresores que funcionaban a pleno rendimiento, dedicados a la impresión y a la reimpresión de libros de todo tipo, traídos de Inglaterra y de otros lugares de Europa». El primer gran empeño editorial norteamericano sería la elaboración de una Biblia con un falso pie de imprenta que la atribuía al impresor del rey en Londres, y lo cierto es que en la década de 1760 los editores de Boston todavía seguían falsificando las fes de impresión de Londres y Dublín. Los libros que Franklin se ocuparía de imprimir, aunque relativamente escasos en número, eran en su gran mayoría reimpresiones de obras que ya contaban con una contrastada trayectoria en el Viejo Mundo —siendo el más relevante de todos ellos la Pamela de Richardson[10].

Antes de la revolución, el más destacado reimpresor era, muy adecuadamente al caso, un escocés que también había sido editor en Dublín. De hecho, es probable que Robert Bell fuera el único norteamericano anterior a la guerra de independencia que hubiera conseguido ganarse la vida casi íntegramente con la impresión de obras literarias. Al igual que Rivington, también él detestaba a la oligarquía londinense. Sin embargo, a diferencia de su colega, Bell odiaba al mismo tiempo, y sin tapujos, el sistema imperial del que aquella formaba parte. Si Rivington había tratado de fagocitarlo, Bell ansiaba destruirlo. Nacido en Glasgow, donde había pasado sus años de aprendiz, trabajaría posteriormente para Robert Taylor, el pirata de Berwick-upon-Tweed, trasladándose finalmente a Dublín en el año 1759. En esta ciudad pondría en marcha una empresa de reimpresiones lo suficientemente radical como para infringir los reglamentos consuetudinarios del sector dublinés. Y al verse enfrentado a la oposición concertada del gremio de la ciudad, Bell respondería reimprimiendo la defensa de la reimpresión que en su día efectuara Alexander Donaldson, añadiéndole una diatriba de su propia cosecha. Y hecho esto embarcó sin pérdida de tiempo rumbo a Norteamérica. Una vez llegado a Filadelfia, reanudaría con todo entusiasmo su actividad reimpresora, refinando el carácter antiimperialista de su empeño. El proyecto más célebre de cuantos realizara en América del Norte sería el dedicado a los tres volúmenes de la Historia del reinado de Carlos V de William Robertson, título que reimprimiría en el año 1771. Se trataba de una elección muy calculada, y de marcado carácter simbólico. El libro de Robertson constituía la propiedad literaria más valiosa que jamás hubiera adquirido el sector editorial de Londres. Se trataba de un verdadero emblema de la propiedad perpetua del comercio metropolitano. Robertson había recibido la formidable suma de cuatro mil libras esterlinas por los derechos de autor. Por consiguiente, la obra pirateada de Bell era, casi con toda seguridad, el mayor proyecto editorial de carácter comercial jamás emprendido en las colonias. Se vendía aproximadamente a la mitad de precio que la obra importada. Tras este proyecto, Bell pasó a reimprimir los célebres Commentaries on the Laws of England de William Blackstone, y ambos textos —el de Robertson con su historiografía ilustrada del progreso y el de Blackstone con su exposición de la tradición de libertad implícita en el derecho consuetudinario— acabarían convirtiéndose en sendos recursos ideológicos clave para los revolucionarios. Sin embargo, en otro orden de cosas, no serían sino las obras más prominentes de un corpus textual que, en manos de Bell, terminaría transformándose virtualmente en el canon de la literatura expropiada, ya que Bell reimprimiría tanto obras de Samuel Johnson y Laurence Sterne como manuales del químico escocés William Cullen. Los Night Thoughts de Edward Young, el Werther de Goethe, y, tras la independencia, la Domestick Medicine de Buchan saldrían asimismo de su imprenta. Desde luego, también reimprimiría las Seasons de James Thomson, como debía hacer todo pirata de la época digno de tal nombre. Llegaría a proponerse incluso reimprimir obras de Hume, aunque en esta ocasión parece haberle sido imposible llevar a cabo su plan. Bell publicaría igualmente la primera edición del ensayo de Thomas Paine titulado El sentido común, aunque poco después se enemistaba con el autor y quedaba a merced de Paine, que se dedicaría a distribuir por toda la región ejemplares impresos por la competencia —con lo que a Bell le saldría esta vez el tiro por la culata, ya que el tratado acabó convirtiéndose en el manifiesto de la revolución—. Considerada en conjunto, esta lista de obras piratas venía a constituir una declaración de guerra en toda regla, no solo a los editores de Londres, sino también al sector del libro de la metrópoli. Y al encargar a otros la impresión efectiva de estos libros, Bell inaugurará de hecho en Norteamérica el papel del director de catálogos editoriales[11].

Bell decidiría incluir una alocución propia (titulada justamente así, Address) en la historia de Robertson a fin de dar forma a sus propósitos. Esta Address era, de lejos, la más significativa defensa de la piratería colonial que se hubiera hecho hasta la fecha. Comparado con el de Donaldson quizá pudiera considerárselo un documento de poca enjundia, pero las ideas aparecían expresadas con una franqueza muy peculiar, similar a la de un autor como Paine. Bell comienza por agradecer a los suscriptores lo que él llama «una prueba empírica de la presteza con que venís a promover los trabajos de nuestro país» —identificando de este modo sus actos de piratería con el apoyo a las producciones norteamericanas—. Después dedica sus esfuerzos a recomendar que se haga extensiva esa misma actitud a los libros en general. Sin embargo, llegado a este punto pasa a refutar la acusación de que su actividad (según la interpretación que él mismo hace de la postura adoptada por los editores de Londres) constituye «una infracción del monopolio de la propiedad literaria en Gran Bretaña». Y a pesar de que dicho monopolio pudiera tener algún sentido en una tierra saturada de lujos y «recubierta de riquezas», desde luego no lo tenía en absoluto en una nación en pleno crecimiento. Irlanda venía a ser la demostración palpable de este extremo. «Tan pronto como aparece en Londres un nuevo libro», observará Bell, «los editores irlandeses se afanan inmediatamente en reimprimirlo». Ya habían reimpreso en dos ocasiones el Carlos V de William Robertson, por tres veces habían hecho otro tanto con los Commentaries de William Blackstone, y repetido en otras dos oportunidades más la misma práctica con la voluminosa Historia universal iniciada por el promotor James Crokatt —y todo ello «sin que los autores ni los editores percibieran por dichos trabajos la más mínima cantidad de dinero»—. Esto había dado lugar al surgimiento de un volumen de lectores sin precedente alguno, porque el público tenía hambre de «conocimientos literarios». Según proclamaba Bell, «el alto privilegio de difundir libremente el saber» había transformado a la nación irlandesa. Y esta «no solo se había visto humanizada [por ello], sino elevada poco menos que a una condición angelical». Además, el propio Blackstone argumentaba que un monopolio como el de los derechos de autor no podía hacer extensiva su vigencia fuera de Gran Bretaña ni aplicarse «a ningún país gobernado por una asamblea de representantes» —afirmación que Bell consideraba que incluía a las colonias—. Los editores de Londres habían sido conscientes de este extremo al abonar a Robertson las cuatro mil guineas con que habían recompensado su trabajo, de modo que ahora difícilmente podían quejarse de haber sido víctimas de injusticia alguna. Sostener que «el ingenio de los norteamericanos debiera verse necesaria y enteramente condenado a la inanición intelectual, obligándosele a ser esclavo de unas desiertas regiones de yerma desolación letrada por el mero hecho de no nadar en el inmenso océano de riquezas en que se solazan algunos lores británicos» era una actitud «incompatible con toda forma de libertad». Las acciones de Bell constituían por tanto otros tantos actos de libertad. Y lo cierto es que en su proclamación puede detectarse un programa de piratería que habría de sobrevivir a la revolución y contribuir a configurar la nación que lo había generado[12].

Imitación y mejora

Robert Bell viviría para ver los resultados de la revolución y pasaría los últimos años de su vida dedicado al controvertido e itinerante oficio de subastador de títulos literarios en la nueva nación. Cuando murió en septiembre de 1784, Matthew Carey acababa de escapar de los casacas rojas que andaban tras él en Dublín y se encontraba ya en mitad del Atlántico. Poco tiempo después, su llegada parecería no augurar nada bueno. El piloto, ebrio, encalló el barco en los bajíos, provocando el pánico entre los pasajeros, que creían estar a punto de ahogarse. Y al llegar a Filadelfia, sus primeros esfuerzos por establecerse no habrían de presentar un perfil mucho más llano. Había arribado al nuevo continente prácticamente sin recursos ni amigos, pero una única coincidencia, llamada a convertirse en una especie de leyenda, le permitió iniciar su actividad. Se dio la circunstancia de que en ese momento el marqués de Lafayette se encontraba en Mount Vernon, y de que además tuvo la gentileza de adelantarle cuatrocientos dólares. Carey los invirtió de la manera en que acostumbraban a hacerlo todos los aspirantes a editores de Dublín: puso en marcha un periódico. Lo que se produjo a continuación fue una cascada de circunstancias casi desastrosas. Y la práctica de la reimpresión no solo iba a ocupar un lugar capital en todas ellas, sino a revelarse igualmente decisiva en el exitoso despegue final de Carey.

En primer lugar, la única imprenta que pudo encontrar Carey fue justamente la que había pertenecido en su día a Bell, cuyos bienes estaban siendo subastados. Un tal Eleazar Oswald, veterano de guerra reconvertido ahora en director de periódico, trataría de obstaculizar el avance de un potencial adversario pujando arteramente para incrementar el precio de la máquina, dado que era perfectamente consciente de que Carey tendría que comprarla prácticamente a toda costa[13]. Se iniciaba así, en resumen, un enconado antagonismo que llevaría a Oswald a reimprimir un extracto del viejo Volunteers Journal de Carey a fin de acusarle de haber respaldado la represión británica en Irlanda y Norteamérica. En realidad, nos encontramos aquí ante un característico (aunque deliberado) ejemplo de la confusión de contenidos que podía generar la reimpresión. El antiguo periódico de Carey se había dedicado a su vez a reimprimir un periódico británico al objeto de refutar sus afirmaciones. Carey decidió contraatacar con una serie de pareados paródicamente épicos en los que acusaba a Oswald de ser él el que había adquirido el hábito de reproducir obras británicas como si fueran de su propiedad. La Plagi-scurriliad de Carey (véase la figura 8.1) señalaba que su antagonista era un hombre que no solo estaba acostumbrado a tomar para sí, como si de un préstamo gratuito se tratara, todo cuanto le viniera en gana, sino que descendía directamente de «la célebre raza de los inquilinos de los desvanes de la calle Grub», los cuales no tienen inconveniente en vociferar: «Diga lo que diga el mundo, apodérate de todo pensamiento que se cruce en tu camino». Carey recitará así una irónica retahíla de estas actividades «corsarias», fingiendo elogiar las tradiciones de los bucaneros que habían luchado contra los monopolizadores del conocimiento. De darle crédito, el pirata literario era el verdadero revolucionario de las letras, el individuo que defendía «la libertad de espigar, escoger, seleccionar, aprovechar y tomar en préstamo»[14]. Oswald juzgó que la dura sátira constituía un desafío abiertamente público y exigió satisfacción. Pese a que en ocasiones anteriores Carey se hubiera negado a batirse en duelo, esta vez decidió recoger el guante —aunque únicamente para descubrir que Oswald no solo era un veterano de guerra, sino un espléndido tirador—. Los dos hombres se citaron el 18 de enero de 1786 en un lugar próximo al que habrían de elegir pocos años después Aaron Burr y Alexander Hamilton para su propio desafío. Lo más probable es que Oswald se apiadara de su rival, porque bajó el arma antes de disparar. Herido en un muslo, Carey necesitaría quince meses para recuperarse[15].

Entretanto, el periódico de Carey reveló no ser nada fácil de vender. Necesitaba publicar algo que emocionara a los lectores. La respuesta que encontró fue imprimir informes no autorizados de los debates celebrados en la Casa de la Asamblea, el organismo del sistema unicameral entonces vigente que acabaría siendo sustituido por el Congreso. Era la «primera vez que se intentaba» algo parecido, confesaría a Franklin, pero eso mismo venía a significar que tenía la exclusiva. (Muchos años después, Carey recordará que si había logrado superar las dificultades había sido gracias al hecho de que «los impresores tenían entonces muchos más escrúpulos y no les gustaba la idea de piratearse unos a otros»). La iniciativa iba a revelarse una tabla de salvación para él, así que reinvirtió los beneficios obtenidos, primero en un periódico elaborado en colaboración con otros colegas y titulado The Columbian Magazine, y más tarde en una publicación propia: el American Museum[16]. Al mismo tiempo comenzó a organizar un importante comercio de volúmenes importados —de ciencia, filosofía, viajes e historia—, en un intento de hacerse con el papel que un día desempeñara Rivington como intermediario con el país de origen. En el año 1796, al volver a dar señales de vida el propio Rivington y ofrecerle la posibilidad de acceder a las publicaciones londinenses a cambio de una participación en los beneficios de la reimpresión, Carey se permitiría el lujo de rechazar su propuesta[17].

Figura 8.1. Matthew Carey, según un grabado realizado en el año 1786 en el que se le representa con el aspecto del director de periódicos radical que había sido en Dublín. M. Carey, The Plagi-scurriliad, Filadelfia, para el autor, 1786, frontispicio. Por cortesía de la Biblioteca de la Universidad Brown.

El American Museum encontraría lectores en todo el país, y algunos de ellos, como Jefferson, lo seguirían desde el distante Versalles. Sin embargo, el propio éxito iba a ser causa de problemas. Los suscriptores se hallaban dispersos por una vasta extensión geográfica, y esto en una época en que las infraestructuras y las líneas de crédito de la nueva nación eran claramente rudimentarias. Resultaba muy sencillo enrolar a nuevos suscriptores, pero el cobro del pago de las suscripciones iba a revelarse tan difícil como oneroso. En diciembre de 1792, al subir sus tarifas el servicio postal, el American Museum se vio obligado a cerrar[18]. Sin embargo, ya había conseguido hacer efecto, pues había actuado como un gran acicate en los debates sobre la economía política de las manufacturas y el comercio. La nueva nación tenía debilidades en ambos campos. Por comparación a los europeos, sus recursos productivos eran rudimentarios y contaba con pocos mecanismos que pudieran ayudarla a desarrollarse más. En Gran Bretaña, lord Sheffield había arrojado una luz implacable sobre las dificultades en que se encontraban las excolonias en sus Observations on the commerce of the American states. La interrogante que ahora debían resolver esos estados pasaba por determinar la forma de hacer frente a su debilidad. El empeño iba a exigir el replanteamiento de las estrategias comerciales, manufactureras y militares[19]. Estaba claro que ponerse al día y superar a la industria europea requería inventiva, pero los partidarios de Carey insistían en el hecho de que esa imaginación debía ir de la mano de la apropiación de las máquinas, los métodos y las ideas del viejo continente. Los periódicos de Carey comenzaron a fomentar la agitación, defendiendo la instauración de pactos contrarios a la importación de artículos europeos, la imposición de aranceles a las importaciones industriales y la creación de programas de «mejora» pensados para dar la vuelta al deprimente panorama que había pintado Sheffield y plantar cara al poderío británico[20]. Ya en el primer número del Columbian se lanzaría un llamamiento a la constitución de una sociedad capaz de estimular los oficios, las manufacturas y el comercio. Y junto a estas admoniciones se incluía un breve ensayo de Carey en el que se abogaba en favor de la excavación de un nuevo canal entre los ríos Delaware y Ohio —un proyecto que estaría llamado a convertirse en una idea fija en el curso del medio siglo siguiente—[21]. En los seis años de vida del American Museum, sus editores no solo defenderían incesantemente la introducción de mejoras, sino que adoptarían una estrategia consistente en apropiarse de los conocimientos necesarios para lograrlo. Explícitamente consagrado a la promoción de obras e inventos no originales —su lema volverá a evocar (como ya hiciera el viejo emblema de Isaiah Thomas) la recolección de flores nacidas en otro jardín—, el American Museum se dedicará a preservar textos mediante el expediente de reimprimirlos. Y a esta labor habría de entregarse con entera libertad y sin límite alguno, reproduciendo a un tiempo artículos efímeros y obras de enjundia, como El sentido común de Thomas Paine y los Federalist Papers[22]. De este modo se convertirá en la voz más claramente favorable a la conciliación de la demanda de manufacturas, de conocimientos en ciencias naturales y de competencias tecnológicas con una visión política de carácter republicano. Carey apreciaba sobremanera una observación de George Washington en la que se afirmaba, en referencia a su idea, que «jamás se ha emprendido en los Estados Unidos un plan literario de mayor utilidad».

Uno de los elementos clave de este programa era un proyecto concebido por Tench Coxe y destinado a fomentar la creación de fábricas. Coxe —un comerciante interesado desde hacía ya mucho tiempo en las manufacturas— llegaría a asesorar al congreso estadounidense en la promulgación de la primera ley federal de patentes[23]. A su juicio, las manufacturas no solo ofrecían «inmensas ventajas» a la nueva nación, sino que constituían igualmente un «gran peligro» para el viejo poder colonial. Para materializar su potencial, los estadounidenses debían recibir con los brazos abiertos la importación de materias primas de Europa, imponiendo no obstante aranceles a los productos manufacturados. A esto añadía que, «desde luego, es muy posible que acabemos tomando prestados algunos de sus inventos». De hecho, Coxe argumentará en favor de la adopción de una política sistemática conducente a ese fin. «Debemos examinar cuidadosamente la conducta de otros países», mantendrá vehementemente, «a fin de hacernos con los métodos que emplean para estimular las manufacturas». Los funcionarios debían salir al encuentro de todos los barcos que arribaran a las costas estadounidenses, buscar inmigrantes dotados de una buena capacitación artesanal y ofrecerles primas por todos aquellos inventos que pudieran beneficiar a la nación. Quizá fuera buena idea ofrecer parcelas de cuatrocientas hectáreas a los artesanos que se mostraran dispuestos a convertirse en ciudadanos, ya que esa era una forma de reconocer su «mérito y su genio». (El mismo Coxe especulaba con terrenos, así que no se trataba de una propuesta precisamente desinteresada). En su opinión, este tipo de políticas contribuiría igualmente a reforzar la virtud republicana de la frugalidad, dado que vendría a frenar el deseo desaforado de hacerse con los productos de moda europeos[24].

Carey y Coxe no tardarían en inspirar la fundación de sociedades tendentes a la creación de manufacturas y a la introducción de mejoras en todos los estados, ya fuera en Filadelfia, Nueva York, Boston, Baltimore u otros lugares. Estas asociaciones se mantenían unidas por medio de una red sostenida en parte gracias a la correspondencia comercial de Carey. Además, el American Museum contribuiría a aumentar su radio de divulgación mediante la inserción de publicidad[25]. En otras palabras, Carey y el American Museum terminarían convirtiéndose en los principales agentes favorables al desarrollo de un particular aspecto de la ideología republicana de la época: la consistente en legitimar la apropiación de los conocimientos europeos protegiendo al mismo tiempo las manufacturas nacionales. Las reimpresiones de este editor habrían de demostrar el alcance de la empresa. Carey no solo reimprimiría obras de cosmología, meteorología y geología, sino que pondría gran empeño en incluir entre los textos que contribuiría a difundir uno en el que Benjamin West llamaba a rechazar la idea de adjudicar al recién descubierto «planeta Herschel» (Urano) el nombre del rey Jorge III de Inglaterra. Al mismo tiempo, el American Museum se dedicaría a aclamar a los inventores estadounidenses, promoviendo la creación de premios que reconocieran su labor. Llegaría a crear incluso unos galardones propios para recompensar la elaboración de todos aquellos ensayos que abordaran temas como el de las responsabilidades de la prensa y expusieran las mejores medidas políticas para el fomento de las manufacturas. Además, Carey comenzó a reimprimir ensayos «corroborados» (authenticated) para exponer las dos versiones de estos debates, argumentando que el más importante tipo de propiedad literaria era el de los textos que elaboraban los ciudadanos «al expresar sus opiniones y darlas a conocer libremente», añadiendo que esta clase de propiedad literaria no podría preservarse más que si lograba «evitar que los impresores acabaran convirtiéndose en déspotas». También abogaría por ampliar su estrategia a todos los demás campos. En este sentido recurriría, por ejemplo, a las sociedades agrícolas, instándolas a reimprimir «extractos de los tratados extranjeros» que tuvieran en sus manos y pudieran resultar útiles para la cría de ganado. Las asociaciones médicas debían hacer otro tanto. Y los Estados Unidos tenían que dotarse de una «publicación periódica de carácter puramente moral» y consagrada a la reimpresión de autores franceses e ingleses como Addison y Steele.

En términos generales, la idea consistía en generar una cascada de reimpresiones para difundir el conocimiento en el conjunto de la joven nación. Tras aparecer en primer lugar en los periódicos de las poblaciones costeras, las ideas irían reproduciéndose en la prensa de las ciudades interiores, para saltar después a las revistas y terminar recalando, con el tiempo, en el American Museum, que debía ser la publicación encargada de preservarlas. De este modo, el Museum acabaría convirtiéndose en la clave de bóveda de un sistema de ámbito nacional y carácter reticular que se dedicaba a enriquecer, consolidar e incrementar la libertad de la república. Este sistema venía a vertebrar una nueva y agresiva estrategia nacional fundada en tres elementos principales: la apropiación de los inventos europeos y la recompensa de los nacionales; la protección de las manufacturas emergentes; y la creación de una red de canales que se extendía hasta los Grandes Lagos, dando así lugar al surgimiento de un conjunto de estados auténticamente unidos[26].

Aguijoneado por la difusión de este movimiento, el congreso encargó al ministro de Hacienda, Alexander Hamilton, que elaborara un informe sobre el estado de las manufacturas en la nueva nación. Para responder a este mandato de la cámara, Hamilton solicitó la ayuda de las sociedades vinculadas con el periódico de Carey. Coxe sería el encargado de replicar a este llamamiento, y lo haría con todo detalle, instando a las autoridades a sentar las bases de un sector fabril fundado en las «máquinas y los secretos» traídos de Europa. Impresionado, Hamilton nombró asesor a Coxe. Este utilizaría su recién adquirida posición para reunir muchos más testimonios y redactar con ellos el borrador de una primera versión del informe[27]. En términos generales, Coxe optaría por basarse en el American Museum para insistir en que gracias a las manufacturas se facilitaría la independencia militar y política, se fomentaría la inmigración de obreros especializados, se atraerían flujos de capital extranjero y se reforzaría «la industria y la economía de los individuos». Y no solo abogaría en favor de la implantación de aranceles y recargos, sino que volvería a plantear su anterior sugerencia de que deberían concederse tierras a «todos los pioneros en la introducción o el establecimiento de manufacturas, técnicas, máquinas y secretos útiles»[28]. Propondría asimismo la promulgación de nuevas leyes pensadas para conceder derechos exclusivos a todos aquellos que introdujeran técnicas europeas en el país —algo equivalente a las patentes, pero premiando en este caso la introducción de novedades y no la invención de técnicas o máquinas—. Al mismo tiempo, el gobierno debía impedir que se exportaran al extranjero los inventos desarrollados en el ámbito nacional. Y por último recomendaría la realización de fuertes inversiones públicas destinadas a la construcción de tres grandes proyectos de canalización, entre los que destacaban los de los ríos Chesapeake y Delaware. Coxe declararía asimismo que debía crearse necesariamente una red de comunicaciones capaz de respaldar el éxito de la economía industrial. Hamilton se mostró de acuerdo. Tomó el texto de Coxe e introdujo unas cuantas modificaciones, descartando la propuesta de cesión gratuita de tierras pero reteniendo, en su mayor parte, el resto de las sugerencias. Una vez terminado el documento, Hamilton se encontró con un esquema de anteproyecto aplicable a la futura sociedad industrial, comercial y financiera[29].

Hamilton enumeraría una serie de actividades concretas que precisaban protección. El negocio editorial no se encontraba entre ellas. Los establecimientos impresores ya habían proliferado por toda la nación. Como ya señalara Coxe en el American Museum, la imprenta se había adelantado a todas las demás «ramas de los oficios manuales» de los Estados Unidos, de modo que incluso una obra como la Encyclopaedia Britannica podía producirse en el propio país (y de hecho Thomas Dobson la reimprimiría con adornos y mejoras). Sin embargo, lo que ahora se precisaba era hacer la debida utilización de este caudal de autosuficiencia. La reimpresión debía convertirse en la piedra angular de un gran proyecto de desarrollo nacional materializado por medio de la apropiación. Los estadounidenses, afirmaba Coxe, debían insistir en «que resultaba perfectamente oportuno que se publicaran inmediatamente —para atender la demanda del país— todos los libros que vieran la luz en cualquiera de las lenguas europeas, y antes de que venciera el plazo de los derechos de autor». Debía aprovecharse debidamente la libertad de publicar ediciones «sencillas» de toda obra británica valiosa, haciéndolo además a un precio asequible para la gente corriente. A medida que las ediciones en cuarto de Londres fueran convirtiéndose en los formato en octavo o duodécimo de Filadelfia, la virtud republicana iría integrándose en las fuentes mismas de las que habría de ir brotando el progreso. Sería la primera vez que se diera en sugerir explícitamente que la reimpresión debía constituir un elemento central del proyecto definitorio de la nación moderna[30].

Esta es la época en la que Carey comenzó a reimprimir libros en serio. Aunque se trataba de un antiguo caballo de batalla británico ya reimpreso en Dublín, la Geography de William Guthrie sería uno de sus primeros objetivos. Carey introduciría amplios cambios en el texto, sustituyendo por completo el apartado dedicado a Norteamérica y añadiendo una introducción propia en la que venía a condenar el sesgo de la obra original, claramente favorable a Gran Bretaña[31]. También reimprimiría la Animated Nature de Goldsmith, aunque añadiéndole algunas láminas de la edición londinense de Buffon. Carey se ocuparía asimismo de reimprimir obras políticas, documentales y económicas, aunque sin olvidar la reproducción de textos de ficción, sobre todo en la línea de la literatura sentimental que acostumbraba a publicar la editorial Minerva, centrada fundamentalmente en las novelas de acento moral salidas de plumas femeninas[32]. Como es obvio, Carey no reconocía en modo alguno la existencia de derechos de autor en ninguna de estas reimpresiones —y lo cierto es que, en realidad, no había ningún derecho de autor que reconocer—. Con todo, en su apuesta por la producción de textos asequibles, iría demasiado lejos al aventurarse a reimprimir obras de filosofía natural auspiciadas por la Sociedad Filosófica Estadounidense. A juicio de Carey, la Sociedad Filosófica Estadounidense había actuado mal al «imitar los volúmenes en cuarto de la Real Sociedad de Londres», así que debía producir la obra en el formato en octavo, más asequible —esto es, en el tamaño que tanto él como Coxe y Hamilton fomentaban en el caso de las reimpresiones internacionales—. Lo que se consideraba «público» en la década de 1660 no lo era en absoluto en la de 1790, de modo que la existencia de una nueva política literaria exigía en consonancia una nueva forma de publicar las obras. Benjamin Franklin, que rondaba ya los ochenta y cuatro años de edad, intervino para detener la iniciativa de Carey, diciéndole que corría el riesgo de asestar un golpe fatal a las publicaciones eruditas en general. Sin embargo, Carey, convencido de estar en lo cierto, volvió a zambullirse en la misma polémica en que ya se viera metido tres décadas antes, señalando que, en cincuenta y cinco años, la Sociedad Filosófica Estadounidense no había publicado más que siete números de su docta revista. Con semejantes plazos, mejor habrían hecho los autores en remitir sus trabajos a Calcuta, observará Carey: habrían tenido más certeza de verlos publicados y desde luego habrían visto la luz mucho antes[33].

En realidad, lo que Coxe y Carey estaban proponiendo era profundamente controvertido, y la verdad es que el gobierno federal jamás invirtió en la apropiación de las manufacturas europeas. Sin embargo, las asociaciones privadas —empezando precisamente por las sociedades formadas en la década de 1790— sí que enviarían muchas veces a Europa a sus agentes, y no es menos cierto que estos viajarían con la orden expresa de tratar de descubrir los más recientes diseños de la ingeniería, o de encontrar a personas que, además de mostrarse potencialmente dispuestas a emigrar, poseyeran las competencias necesarias para contribuir a la construcción de canales y, más tarde, al tendido de vías férreas. Coxe y Hamilton colaborarían en uno de los primeros y más ambiciosos de esos proyectos —un plan concebido para crear una ciudad fabril modélica partiendo de la importación de máquinas y técnicas de Gran Bretaña—. Un agente partió al Reino Unido a fin de reunir calladamente un buen conjunto de secretos industriales mientras Coxe reclutaba a un grupo de exiliados británicos que ya se habían afincado en los Estados Unidos y afirmaban conocer la forma de fabricar una serie de máquinas clave. De este modo, por ejemplo, se concedería a un tal George Parkinson una patente estadounidense para replicar la máquina cardadora de Richard Arkwright. Sin embargo, Hamilton y Coxe cometieron el fatal error de confiar la dirección de su proyecto a William Duer, un especulador financiero que trabajaba confidencialmente para el Banco de Nueva York, entidad que se había propuesto controlar la empresa. Duer iba a crear la primera burbuja económica de la nueva nación. En marzo de 1792, al explotar finalmente el globo, tendría que enfrentarse a una deuda de tres millones de dólares, circunstancia que, además de a su quiebra, conduciría al desplome del proyecto de una ciudad fabril. Todo el plan de Hamilton, que había sido una extraña mezcla de ideas visionarias y de actitudes furtivas, se convertiría para sus enemigos en el símbolo mismo de la temeridad especulativa y la amoralidad económica, además de operar al modo de una edificante moraleja que venía a echar por tierra la idea misma de la apropiación industrial[34].

Poco después de este episodio, una crisis de muy superiores dimensiones vendría a transformar la política de la apropiación. Gran Bretaña había comenzado a incautarse de los buques de carga que partían con destino a la Francia jacobina. Se requisaron más de doscientas embarcaciones, alistándose a la fuerza a sus respectivas tripulaciones y obligándolas a contribuir a la causa británica. Y al mismo tiempo, los británicos permitían los asaltos de los piratas del norte de África, que atacaban los fletes estadounidenses. La crisis que habría de provocar este estado de cosas determinaría que las facciones de toda condición se replantearan su postura. Hamilton quería la paz, pero Jefferson y sus partidarios defendían que era necesario actuar —y Carey se echó rápida y apasionadamente en brazos de los defensores de esta última actitud—. Para explicar sus motivos, publicaría una Crónica propia sobre Argel. A diferencia de lo que muchos opinaban, Carey no condenaba a los corsarios por serlo. Muy al contrario, ya que le servirían para proponer una argumentación moral centrada en la mediación: un africano que leyese una descripción occidental de la ciudad de Argel, manifestaba, la juzgaría con el mismo «desdén» que pudieran sentir los estadounidenses por cualquiera de los libros de «futilidades» que se publicaban en Londres acerca de los Estados Unidos. Sin embargo, Argel era la sede de una dictadura militar y de un reino («calificaciones ambas que bien pudieran extirparse, sin pena alguna, del vocabulario de todos los seres humanos») que colaboraba secretamente con Gran Bretaña en «la general conspiración que los Domicianos y los Calígulas de Europa» habían urdido contra la Francia jacobina. Esta era la razón de que los Estados Unidos debieran desplegar la armada para hacer frente a esta situación —y no el hecho de que las correrías de los piratas fuesen signo de una arraigada lacra moral—[35]. Al final, George Washington comisionó al presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, a John Jay, encargándole que buscara una solución negociada. Al regresar Jay con un tratado bajo el brazo, Carey se puso de parte de todos los que lo impugnaban por considerar que se trataba de una capitulación frente a una potencia reaccionaria. Es más, Carey creía que el tratado implicaba la asunción de una deriva hacia la gobernación aristocrática en los Estados Unidos, ya que para su promulgación efectiva se requería únicamente la confirmación del presidente y el senado. Carey trató de impedir que el tratado se ratificara, recurriendo especialmente a una estrategia: la de reimprimir el documento y divulgarlo —junto con una larga lista de críticas— a través de la red de distribución que él mismo tenía establecida. Después, tanto él como Coxe se embarcaron en una campaña favorable a los partidarios de Jefferson. Su red de corresponsales se convirtió en un instrumento propicio para coordinar los esfuerzos de los antifederalistas, y los locales de que disponía el Filadelfia sirvieron como centro de gestión de las comunicaciones de la campaña[36].

La crisis trasatlántica no solo habría de transformar las asociaciones políticas del propio Carey, sino que contribuiría a determinar que la práctica de la reimpresión pasara a ser considerada una costumbre convencional supuestamente inmune, al venir de la mano de Alexander Hamilton, de toda deriva tendente al federalismo estrecho. Los costes relativos de la manufactura y la importación experimentaron un vuelco. «Durante muchos años», recordarán más tarde los más destacados impresores de Filadelfia, «se han podido importar libros a los Estados Unidos y venderlos a un precio más económico del que se requeriría para imprimirlos in situ». La crisis igualaba los bandos. Poco después, la introducción de los derechos de autor en Irlanda inclinaría la balanza aún más al condenar a la ruina a los reimpresores de Dublín. Europa estaba en guerra, la navegación marítima resultaba peligrosa, se había aplicado un impuesto a la importación de papel y ahora además desaparecía la competencia irlandesa[37]. Algunas organizaciones, como la Sociedad Bibliotecaria de Charleston, comenzaron a encargar un gran volumen de reimpresiones debido a que las fuentes de que acostumbraban a nutrirse habían quedado cegadas. Y por si fuera poco, los estadounidenses cada vez tenían una más clara sensación de que no debían ir a buscar los libros en Gran Bretaña. En el año 1805 se creó una compañía que, centrada en la importación de libros, se vio abocada al fracaso, y en 1807 se promulgó una ley contraria a las importaciones que venía a declarar ilegal la traída de ediciones del extranjero[38]. La reimpresión creció hasta convertirse en una práctica normal. Gracias a ella, se disponía de un medio que permitía que el conocimiento resultara barato, accesible, útil y, en suma, republicano.

Con todo, el sino del empeño seguía siendo frágil. Según resultaba ya habitual, los personajes clave como Carey se erigían en garantes de las deudas de muchos colegas del sector, algunos de los cuales residían en ciudades muy alejadas de Filadelfia. Y al asumir ese papel, dichos personajes venían a consolidar los vínculos existentes en el gremio, circunstancia que en ocasiones permitiría a Carey obtener tarifas más bajas al contratar a quienes le debían algún favor. (No sabemos si llegó o no a imitar la iniciativa de otra empresa que había decidido imponer a sus colaboradores la exigencia de no piratear los libros que ella produjera). En la década de 1820, su empresa todavía se hallaba embarcada en unos ochocientos compromisos sin zanjar, ya que contaba con clientes dispersos por toda la nación. Sin embargo, una de las prácticas características de las empresas editoriales consistía en no contabilizar como deudas los «endosos». Por consiguiente, un impago podía tener consecuencias tan imprevistas como devastadoras —dado que existía la posibilidad potencial de que se multiplicase hasta convertirse en una cascada de morosos en el conjunto del sector industrial—. Carey lamentará en repetidas ocasiones la vigencia de un «sistema tan vil». Andando el tiempo recordará en unas declaraciones que el simple hecho de que un acreedor hubiera solicitado el pago de la deuda contraída en un periodo de escasa liquidez podría haberle arruinado, y en dos ocasiones se dirigirá a George Washington para solicitarle dinero en efectivo por temor a que se produjera esa situación. Sin embargo, resultaba prácticamente impensable negarse a garantizar la deuda de un colega, ya que no solo habría constituido una muestra de descortesía, sino que también ese gesto podría haber desencadenado un desplome. Durante años, Carey viviría obsesionado por el recuerdo de la única bancarrota que él mismo había originado de ese modo[39].

Los riesgos que planteaban los ataques al prestigio personal de un empresario eran constantes y muy reales. Y de hecho, en un periodo tan febril como el de los últimos años de la década de 1790 —es decir, en el lapso de tiempo presidido por las leyes estadounidenses de extranjería y sedición—, la xenofobia vendría a exacerbar esos peligros. William Cobbett elegiría precisamente este periodo para denunciar que Carey era miembro de una logia masónica jacobina conocida con el nombre de Sociedad Estadounidense de los Irlandeses Unidos, la cual se dedicaba a importar a suelo estadounidense los principios de la Revolución francesa. Una vez más, las reimpresiones venían a ocupar un lugar destacado en la ecuación, ya que Cobbett se había propuesto minar el prestigio de Carey acusándole de ser el perfecto ejemplo de la general indolencia irlandesa respecto de «lo mío y lo tuyo» —acusación a la que Carey respondería dando a conocer los préstamos que el propio Cobbett había conseguido de John Ward Fenno—. Carey negaría vehemente la acusación por la que se le suponía vinculado con los conspiradores de la Sociedad Estadounidense de los Irlandeses Unidos (aunque no desde una posición totalmente inmaculada), pero durante un breve espacio de tiempo se vería al borde de un serio problema. Llegaría a anunciar que liquidaba la empresa. Sin embargo, la elección de Jefferson como presidente se produjo en el momento preciso y Carey logró salir airoso del enredo[40]. El editor pudo cosechar entonces las recompensas asociadas con el ejercicio de su mecenazgo político. Obtuvo un contrato sólido y lucrativo que le capacitaba para imprimir los textos legales, convirtiéndose asimismo en director del Banco de Pensilvania —lo que le garantizaba el acceso a toda forma de crédito financiero—. Tras haber vivido bajo la constante amenaza de la bancarrota se veía así súbitamente exento de ese peligro para siempre, y no volvería a tener que enfrentarse a él.

A estas alturas, Carey era ya una destacada figura del negocio editorial, y el éxito le sonreiría lo bastante como para permitirle exportar a Europa. Pudo permitirse asimismo el lujo de invertir. Dedicaría una importante porción de capital a la publicación de una Biblia, comprando antes los tipos a Hugh Gaine y logrando de este modo mantener su posición de primacía durante casi dos décadas. Esto implica igualmente que la crisis le había obligado a tomar otra decisión trascendental. Había optado por vender su negocio impresor para concentrar sus energías única y exclusivamente en la edición (publishing). A partir de ese momento los encargados de materializar todos sus empeños comerciales —tanto reediciones como originales— habrían de ser los impresores que él mismo contratara específicamente para la tarea. Lo que tenía en mente era una profunda reorganización de sus actividades. Como ya había sucedido en Europa, los editores estaban empezando a situarse por encima de los artesanos y los minoristas. Del mismo modo, los impresores habían comenzado a considerarse más afines a los artesanos de otros sectores comerciales que a los magnates de su propio gremio. Y por otra parte, también los propios nuevos editores se veían ahora en la obligación de concebir formas novedosas para actuar a distancia —incluyendo entre dichas acciones la asunción de enfoques innovadores en relación con el prestigio y las exigencias profesionales—. Hasta la fecha, la mayoría de los libreros habían venido ocupándose de unos mercados de carácter predominantemente local y vinculados —caso de estarlo— mediante un precario intercambio de acuerdos. Sin embargo, el radio de acción de Carey se extendía ya a regiones muy alejadas de su centro de operaciones principal, especialmente hacia el sur. Y ahora habría de desarrollar su negocio sobre la base de las redes que él mismo había formado en el proceso de creación del American Museum o sacado en limpio de los prodigiosos viajes que había realizado. De este modo, las actividades de Carey comenzaron a desarrollarse en una malla de muy vasto alcance, ya que intervenían en ella tanto viajantes comerciales del temple de Mason Weems como muchos de los impresores de Filadelfia, pasando por los presidiarios —a los que contrataba para fabricar las cajas de cartón en que se transportaban los libros—. Según sus propias estimaciones, esta nueva forma de operar terminaría sustituyendo prácticamente por completo al viejo sistema de las suscripciones en torno al año 1810 más o menos[41].

No obstante, al expandirse —dado que, en general, el negocio editorial pasó a convertirse en un empeño nacional—, este tipo de funcionamiento en red comenzaría a provocar conflictos. Al fusionarse sus respectivos mercados, empezaron a producirse choques entre los editores por culpa de los derechos que todos ellos reclamaban tener a la publicación de determinados títulos y géneros. Y, a consecuencia de este estado de cosas, vendrían a proliferar las acusaciones de piratería por todo el territorio estadounidense. El hecho de que el prestigio fuera de naturaleza frágil y se basara en una entrelazada red de relaciones determinaría la necesidad de crear algún tipo de mecanismo capaz de resolver estos conflictos —una necesidad tan esencial para los individuos como para el conjunto del sector—. Por consiguiente, la cuestión a la que tendrían que hacer frente los colegas de Carey después del año 1800 sería una cuestión vinculada con la formación política. ¿Cómo podrían lograr, aunque fuera con grandes esfuerzos, la transformación de sus distintas prácticas, costumbres y roles locales en un comercio sectorial de ámbito nacional coherente y regido por un adecuado código de urbanidad?[42].

«La constitución de nuestra república literaria»

El viaje que Carey se había visto obligado a realizar, abandonando Irlanda, distaba mucho de ser un caso único. Eran ya más de cien mil las personas que habían tenido que efectuar el mismo periplo desde el año 1720. A mediados del año 1784 partieron desde Dublín unos trescientos artesanos, acompañados de sus respectivas familias —y esto en un solo barco—. Una semana o dos después de la partida de Carey, levarían anclas otras dos embarcaciones que llevaban a bordo un número de viajeros similar. El propio Carey había aportado su particular granito de arena a la exacerbación del éxodo, al escribir y publicar desde su celda un texto en el que exhortaba a sus compatriotas a emigrar. De acuerdo con sus palabras, los Estados Unidos ofrecían tierra y libertad. Y un editor podía encontrar además otros incentivos. Los libreros de Londres habían empezado a explotar el fin de la perpetuidad de los derechos de autor en el reino de Inglaterra, dedicándose a elaborar ediciones baratas —penetrando en el campo de los reimpresores de Dublín y reduciendo su radio de acción—. Esto significa que antes incluso de que se promulgara la Ley de Unión de 1800[43], la industria editorial irlandesa ya había iniciado su declive.

Esta es la razón de que las reimpresiones dublinesas resucitaran en Filadelfia y Nueva York. Robert Bell convertiría la reimpresión ilícita en un acto revolucionario; Thomas Kirk —un colono leal a la corona británica— reimprimiría las obras de Dugald Stewart y los poetas románticos; y Hugh Gaine haría otro tanto con los textos de Addison, Burke y Chesterfield. Serían los inmigrantes irlandeses los que levantaran la estructura editorial estadounidense. Todos ellos habrían de basarse en lo que mejor conocían: las costumbres del sector editorial irlandés. Sin embargo, no sería posible limitarse a reimplantar esas mismas costumbres en un nuevo paisaje. Las primeras generaciones tendrían que inventar principios para regular la propiedad de los derechos en un entorno caracterizado por la presencia de varios centros de producción, no uno solo. También se verían en la necesidad de determinar el modo de promulgar, sostener y defender dichos principios. Esto implicaba desarrollar un conjunto de costumbres sostenibles y viables con las que poder efectuar intercambios, aplicar créditos y establecer comunicaciones entre los diferentes puntos de actividad, ya estuviesen cerca o lejos unos de otros. También les obligaría a desarrollar los hábitos precisos para incorporar estos marcos de comportamiento a la vida diaria de la casa impresora, la librería y el hogar. Como ya ocurriera en Irlanda, por tanto, la reimpresión no implicaba abandonar las reglas de urbanidad —al contrario, la cortesía iba a convertirse en un elemento de importancia capital—. Y en el caso de Carey en particular, las políticas que él mismo habría de defender, y que trataría de aplicar a la impresión de obras literarias, acabarían siendo una parte inseparable de sus campañas de promoción de la filantropía, la regeneración moral, la abstinencia, la abolición de la esclavitud, el envío de libertos a Liberia, la procura de ayuda a los refugiados griegos y la consecución de «mejoras internas» (esto es, la construcción de canales y más tarde de vías férreas). La creación de un motor capaz de impulsar indefinidamente la actividad cultural era un elemento íntimamente relacionado con el establecimiento de una nación industriosa, independiente, moral, libre y resiliente.

Los derechos de autor encontraban aquí cabida, pero en los primeros momentos no habrían de constituir sino una preocupación característicamente secundaria. Desde luego, los Estados Unidos contaban con una Ley federal de derechos de autor desde el año 1790, pero esta no brindaba protección sino a los autores que residían en el país, y en la práctica ni siquiera ellos podían apelar a ella —salvo de un modo bastante limitado—. De los aproximadamente trece mil títulos que habrían de publicarse en la década de 1790, solo unos quinientos quedarían registrados y obtendrían el amparo de la legislación. Los periódicos, por su parte, se hallaban totalmente al margen de esta Ley de derechos de autor[44]. Desde luego, podía invocarse la norma —a mediados de la década de 1790, Thomas Dobson le diría a un autor inquieto que registrase una de sus obras a fin de impedir que fuera reimpresa «por procedimientos que más le valdría no llegar a conocer»—, pero lo cierto es que todavía no desempeñaba un papel central en el proceso editorial. El autor en cuestión rehusó seguir el consejo de Dobson, de modo que aún habrían de transcurrir bastantes años para que comenzaran a afluir certificados de registro a los archivos de los editores. Entretanto, habría quien siguiera considerando (quizá interesadamente) que el principio mismo de la protección de los derechos de autor no había dejado de resultar oscuro: Isaiah Thomas descubrió a un rival con las manos en la masa mientras se disponía a piratear un libro sin obtener más respuesta que el simple pretexto de que la ley de los derechos de autor no impedía la reimpresión de «una obra entera»[45]. Y lo cierto es que nunca había habido demasiada necesidad de proteger esa integridad. Por regla general, ninguna de las reimpresiones que se habían llevado a cabo en las distintas ciudades dedicadas a ese negocio había despertado en el pasado la menor controversia debido a que la índole de los mercados era abrumadoramente local. Sin embargo, esa situación había cambiado. Thomas lucharía para limitar lo que él llamaba el «frenesí» de quejas por las nuevas actividades piráticas, juzgando que se trataba de «un deber [que tenía contraído] con el sector», un deber que le empujaba a mantener el orden. Exhortaría a sus colegas a fomentar «la armonía y el buen entendimiento» en nombre de la reputación pública de su actividad empresarial. Thomas llegaría incluso a decirle a un impresor que estaba a punto de ceder a la tentación de patentar una obra (y que, por consiguiente, se hallaba dispuesto a defenderla agresivamente de toda intromisión) que semejante gesto no sería «digno de un hombre de honor». Era preciso dejar un cierto margen para el surgimiento de iniciativas empresariales, insistiría, pues «de lo contrario, en los Estados Unidos el genio se vería condenado al aletargamiento». En este sentido, Thomas estudió la posibilidad de proponer un sistema de arbitraje, al estilo del que había operado en Dublín. Sin embargo, en último término admitiría que el choque de intereses era algo que escapaba a su control y que lo único que probaba su existencia era «la necesidad de una regulación de nuestra actividad»[46].

En el sector editorial estadounidense no había gremios, pero ya mucho antes de la Revolución se habían escuchado proclamas de pertenencia a una comunidad moral —como las manifestaciones de «camaradería» constatables entre los oficiales de imprenta, por ejemplo—. Ya en el año 1724, los editores de Boston habían estado sopesando la posibilidad de lanzar un llamamiento para «crear una Compañía que los englobara a todos»[47]. Solo después de alcanzada la independencia empezarían estas iniciativas a desembocar en algo sustancial. A partir del año 1788, fecha en la que Franklin trató de unir sus fuerzas a las de Isaiah Thomas para crear «normativas que beneficiaran al sector», comenzarían a aparecer, con reiterada insistencia, distintos tipos de asociación —y no todas habrían de evaporarse al poco de nacer—[48]. Las iniciativas tendían a adoptar una de estas dos formas: bien la de una alianza entre impresores —materializada, conjunta o separadamente, por los maestros impresores y los oficiales y pensada para procurar amparo a los valores artesanales—, bien la de una alianza entre editores encaminada a conseguir la publicación de las obras propuestas. Ambas formas de asociación buscaban la estabilidad, y las dos juzgaban que la reimpresión, fuera doméstica o internacional, constituía su principal preocupación. En sus más agudos accesos de efusividad retórica, cada una de estas fórmulas asociativas afirmaría defender el lugar que la propia imprenta merecía ocupar en el avance de la civilización.

Las asociaciones de impresores trataban de consagrar la idea de una economía moral de la actividad impresora —considerando que esta última constituía un oficio y no una variante del capitalismo—. Una de las primeras en ver la luz sería una «asociación» de maestros de imprenta llamada Compañía de Impresores, creada en 1794 en Filadelfia. Su objetivo consistía en disuadir de la práctica del oficio a todos cuantos no se integrasen en la asociación y en vigilar que los miembros de la misma se atuvieran a las reglas del oficio[49]. A esta agrupación le seguiría, un año después, la Sociedad Tipográfica de Nueva York, secundada a continuación por la Sociedad Tipográfica Franklin —creada en el año 1799 con el específico fin de velar por los intereses de los oficiales de imprenta—. En 1800 surgiría otro grupo, el de la Compañía de Asilo para Oficiales de Imprenta, la cual modificaría poco después su nombre para convertirse en la Sociedad Tipográfica de Filadelfia. En Boston surgiría asimismo otra entidad equivalente, entidad que en el año 1808 pasaría a denominarse Asociación Fausto. Todas estas corporaciones eran esencialmente artesanales —y de hecho las agrupaciones de oficiales de imprenta se cuentan entre las primeras asociaciones obreras de los Estados Unidos—. Pese a estas denominaciones convergentes, los planteamientos relacionados con el papel que debían desempeñar podían cubrir un campo notablemente amplio. Tanto las sociedades de Baltimore como las de Filadelfia abogaban, por ejemplo, por la implantación de un sistema arancelario que viniera a proteger la importación de libros, mientras que la Asociación Fausto consideraba que la exigencia de medidas que garantizasen a las casas impresoras alguna forma de amparo en caso de incendio constituía uno de sus principales motivos impulsores.

No obstante, habrían de ser las asociaciones del segundo tipo las que vinieran a configurar más directamente el equilibrio de fuerzas entre la actividad pirática y la propiedad intelectual. No en vano se trataba de las asociaciones dominadas por los editores —y creadas en muchas ocasiones por ellos mismos—, y más específicamente por los libreros-editores (cuyo decano no era otro que Carey). Estos grupos se proponían estabilizar los precios, realizar ediciones íntegras y garantizar la propiedad literaria en el comercio interurbano. Su radio de acción se centraba particularmente en las «cortesías» del sector y su objetivo consistía en tratar de organizar las ventas del gremio y en intentar promocionar la celebración de ferias del libro, arbitrando al mismo tiempo la discreta resolución de las disputas. Era característico que proclamasen la existencia de lo que acabaría denominándose una «armonía de intereses» entre impresores, editores, libreros y autores, aunque en algunos casos las asociaciones no incluyeran formalmente en sus filas a los artesanos. El primero de estos organismos sería la Compañía de Impresores y Editores de Filadelfia. Esta asociación celebró su reunión inaugural el día de la Independencia de los Estados Unidos del año 1791, y Carey actuaría en ella como potencia propulsora y asiduo participante[50]. Similar en cierto modo a los antiguos sindicatos londinenses, la intención de esta organización radicaba en repartir los riesgos de la publicación mediante el doble expediente de formalizar un sistema para compartir los títulos y de adoptar medidas capaces de impedir la piratería. También se proponía establecer una gama de precios fijos a fin de que los miembros del círculo no se vieran en la obligación de competir cuando consideraran que un precio resultaba demasiado bajo.

Según declararía Carey, dos eran las metas que esperaba materializar con la constitución del consorcio. En primer lugar, deseaba estimular la publicación de obras que de otro modo pudieran rebasar la capacidad económica de los editores en caso de actuar aisladamente. Y en segundo lugar, aspiraba a «consolidar los derechos de autor de los integrantes del grupo, defendiéndolos de las injerencias ocasionadas, bien por la acción de impresores ubicados en ciudades lejanas, bien por las iniciativas de determinados asociados». La empresa se mantuvo en pie por espacio de cinco años, al cabo de los cuales Carey dimitió bruscamente, provocando así su desaparición. Carey explicaría posteriormente que la agrupación se había revelado «totalmente incapaz» de satisfacer su primer y más importante objetivo. Curiosamente, las obras que la asociación había decidido publicar habían resultado ser opciones bastante menos juiciosas que las que hubiera tomado cualquier individuo. Y en cuanto a la segunda meta propuesta, los resultados habían sido todavía peores, revelándose directa y claramente «perniciosos». Los libros que la compañía había resuelto publicar en Filadelfia habían sido elegidos en otros lugares al considerarse que la decisión de la asociación era una prueba de que se trataba de otros tantos negocios seguros, siendo así reimpresos en Nueva York, Boston y otras ciudades. De haber actuado a título individual, sostenía Carey, podría haber llegado a acuerdos con esos reimpresores, intercambiando los elementos de su explotación y beneficiándose de este modo de su trabajo. Sin embargo, los principios mismos que habían dado origen a la compañía impedían ese tipo de arreglos. Por consiguiente, el establecimiento de un pacto contra la reimpresión había tenido, en la práctica, un efecto contrario al esperado. La Compañía de Impresores y Editores de Filadelfia había constituido de este modo un «experimento» extremadamente costoso que se había saldado con un fracaso[51].

Una de las principales razones de este fiasco guardaba relación con el hecho de que la Compañía de Filadelfia no se hallara radicada sino en una única ciudad. Los problemas que debía haber yugulado su constitución encontraban cada vez más su raíz en el comercio que empezaba a establecerse entre las diferentes urbes del país. Por esta razón, en el año 1800, Carey mantendría una actitud de expectante interés al enterarse, por medio de un corresponsal llamado Littlejohn, de la existencia de un plan más ambicioso que se proponía abarcar en su radio de acción la totalidad de la esfera nacional y que, por consiguiente, podía venir a respaldar las costumbres que despuntaban ya tanto en el sector editorial estadounidense como en el plano de las reimpresiones internacionales. «Me dicen que, en general, con publicar quinientos ejemplares de cualquier libro se consigue subvenir a los gastos ocasionados y obtener un beneficio decoroso», observará. «De ser así», continuaba, «el número de obras que tendrían que reimprimirse sería enorme —con la única condición, claro está, de que los editores cumpliesen puntual y honestamente los compromisos que adquieren unos con otros—». Littlejohn lanzaría entonces un llamamiento para que los principales editores de Filadelfia, Nueva York, Boston y otras capitales aceptaran unir sus fuerzas y formar lo que él llamaba la «Compañía de Libreros de Norteamérica». Dicha compañía proporcionaría los mecanismos necesarios para poder emprender, mediante alianzas entre colegas, la realización de ediciones que de otro modo resultarían excesivamente onerosas o arriesgadas para ser juzgadas viables. Pero su alcance no habría de agotarse en esto, sino que la prevista asociación acabaría aspirando a metas mucho más ambiciosas, ya que terminaría creando y sosteniendo todo un sistema moral en torno a la actividad impresora. En los respectivos salones de los libreros de cada estado, los profesionales respetados se atendrían a las normativas en vigor «a fin de evitar la recíproca injerencia en la concreción de un mismo trabajo» —esto es, para impedir la piratería—. Al mismo tiempo, supervisarían la pertenencia a la fraternidad, haciendo gravitar la amenaza de expulsión sobre aquellos integrantes de la cofradía que no se ciñesen «fielmente» a sus costumbres. «El presente estado de la moral de los libreros de los Estados Unidos exige la adopción de este tipo de medidas al objeto de conservar su condición de hombres que, además de honestos y cumplidores, se muestran dispuestos a prestarse ayuda mutua», concluirá Littlejohn[52]. Y Carey se mostrará de acuerdo, de modo que, tras garabatear las palabras «Una idea» en la cabecera de la propuesta, se afanará en llevarla a la práctica.

La de Littlejohn no sería sino una más de las muchas sugerencias que habrían de ver la luz en esta época. El sector de Baltimore, por ejemplo, se uniría para instar al gobierno federal a imponer un arancel a la importación de libros. Esto animaría a un librero y editor de Boston llamado E. T. Andrews a proponer a Carey la constitución de asociaciones en las principales ciudades a fin de regular por un lado la actividad comercial de la profesión y de impedir por otro, afirmará, «la importación de todos aquellos libros que proyecten imprimir cada una de esas asociaciones». Y si uno de los miembros de dichos organismos decidiera reimprimir un libro europeo, no habría de permitirse que ninguno de los demás integrantes de la hermandad importara ejemplares de la obra, salvo en el caso de que lo hiciera en un formato más caro. Todas estas sugerencias compartían tres convicciones: la relacionada con la idea de que la reimpresión de obras europeas era de vital importancia; la vinculada con la consiguiente necesidad de eliminar la reimpresión doméstica y la importación de títulos que rivalizaran con los de la asociación (actividad que constituía, según las propias palabras de la fraternidad, un acto de piratería); y la asociada con la exigencia de que toda solución que pudiera darse a estos problemas debía proceder del seno del sector mismo. Y no tardarían en surgir una vez más las iniciativas prácticas. En el año 1802 se crearía una Asociación neoyorquina de Libreros y Editores cuyo principal objetivo giraría en torno a la reimpresión de manuales escolares europeos. La Compañía de impresores de Filadelfia se refundó, cambiando significativamente su nombre por el de Compañía de Editores y lanzando asimismo un periódico sectorial cuya presidencia sería confiada a Carey. En Boston y Lexington surgieron organizaciones similares. A instancias de Carey, la compañía de Filadelfia propuso un sistema de registros literarios destinado a «establecer un orden de prioridad entre todos aquellos que vinieran a reivindicar el derecho a publicar obras nuevas». Y en diciembre del año 1801, Carey enviaría una carta circular a los principales editores del conjunto del territorio estadounidense en la que abogaba por la armonización de todos esos organismos emergentes, fundiéndolos en una única entidad, con el «patriótico ánimo de fomentar las letras y las manufacturas domésticas». Al unirse de ese modo y constituir una mancomunidad única —como ya había empezado a hacer por esa época el sector editorial alemán—, los editores lograrían que los logros del «genio estadounidense» progresaran en una medida «incalculable»[53].

Y así fue como en el verano del año 1802, Nueva York se convertiría, por iniciativa de Carey, en sede de la primera feria comercial del sector editorial de los Estados Unidos. Carey tenía la intención de equipararla a las grandes ferias de la Alemania de la Edad Moderna, acontecimientos en los que se habían dado cita los editores de toda Europa a fin de intercambiar sus planchas, establecer contactos y alimentar una relación de confianza entre las distintas redes gremiales, separadas en ocasiones por grandes distancias. Como ya sucediera en el caso de estos ejemplos europeos, la feria de Carey iba dirigida a todos aquellos profesionales que se hubieran embarcado en proyectos editoriales de amplio alcance geográfico, animados por la existencia de una sociedad y una organización política de estructura federal laxa. Su meta consistía en fomentar el desarrollo de una empresa nacional bien cohesionada. Carey aprovechará por tanto la ocasión para organizar lo que él denominará una «Compañía estadounidense de editores». Y aunque en parte constituyera la materialización de los planes de Littlejohn, también daría testimonio de que los profesionales del sector seguían ambicionando la mejora de «las técnicas y las manufacturas» a fin de conservar la liquidez monetaria del país mediante la sustitución de los libros importados por obras confeccionadas in situ. La recién creada compañía debía reanimar las costumbres cívicas que, en opinión de Carey, habían prevalecido en la temprana Europa moderna. Los primeros empresarios de la industria editorial de los Estados Unidos estaban así a punto de crear una empresa nacional mediante el expediente de inventar un equivalente estadounidense de la Compañía de libreros del Londres shakespeariano.

En la práctica, los dominadores de la Compañía estadounidense de editores eran los inmigrantes irlandeses. Su primer presidente sería Hugh Gaine, quien, habiendo llegado al país en el año 1750, era a la sazón «el impresor y editor más antiguo de los Estados Unidos»[54]. Carey convenció a Gaine de que le convenía pronunciar un discurso inaugural. El viejo colono leal a la corona británica se despachó a gusto, aprovechando la oportunidad de la alocución para proponer a sus colegas una llamativa idea consistente nada menos que en instaurar un nuevo «contrato social». Y la eliminación de la piratería interna debía ser la piedra angular del empeño. Este tendría como objetivos el refinamiento de la moral nacional y el progreso de la ciencia en la república. Según afirmaría Gaine ante el auditorio, repleto de editores, el proyecto de Carey añadía a «la vocación del gremio una dignidad anteriormente desconocida». Y muy dignamente, Gaine se centró en los hechos históricos para resaltar la importancia de la profesión. «El intelecto», dijo, «se ve abocado, por transición natural, a producir el primer esplendor de nuestra industria en este país». Como ya había ocurrido en el caso de otras actividades comerciales, señalaba Gaine, Gran Bretaña había sido —hasta época muy reciente— el origen de la práctica totalidad de las iniciativas impresoras. «Sus manufacturas permitían que [esa nación], libre de los gastos derivados del sostenimiento de un gobierno y sin su protección, cosechara todos los beneficios de nuestro trabajo». Este era en buena medida el planteamiento de Carey, pero resultaba muy significativo que Gaine se hiciera eco de él, dada su propia peripecia profesional y biográfica. Llegadas las cosas a ese punto, proseguía Gaine, la expansión de la fabricación de papel y de la actividad impresora habían terminado por posibilitar la inversión de esa relación servil. No obstante, para lograrlo, el sector necesitaba dotarse de una estructura moral. Y lo que precisaba por encima de todo era encontrar algún principio con el que regir las interacciones entre las ciudades. Se trataba de un principio que no contaba con ningún precedente, y lo cierto era que en ese momento la ley de protección de los derechos de autor, por sí sola, no alcanzaba a proponerlo. La gran tarea que se alzaba ante ellos en esos años radicaba por tanto en establecer dicho principio. Únicamente tras conseguir despejar aquella incógnita sería posible hablar con sentido de que la actividad editorial formaba parte de las empresas estadounidenses, en tanto que iniciativa distinta y superior a la de sus competidores británicos.

Gaine no condenaba en bloque las reimpresiones domésticas. Algunas obras, sostenía complacientemente, «estaban destinadas a medrar en esferas más parciales», y dichas obras podían reimprimirse en pequeñas tiradas a fin de atender a una demanda local concreta. Por consiguiente, la reimpresión per se no era mala. Sin embargo, si se aplicaba a las publicaciones de mayor radio de acción, resultaba una práctica «peligrosa [y] superlativamente mezquina». La nueva asociación proponía que se combatiera dicha práctica volviéndola igualmente «peligrosa» para los reimpresores. La compañía prohibía la reimpresión en todo el territorio de los Estados Unidos, y anunciaba que trataría de impedir la importación de aquellos títulos que los editores estadounidenses estuvieran en situación de poner al alcance del público[55]. Y al ir siendo sustituidas las reimpresiones locales por los intercambios pactados en las ferias de Carey, se lograría finalmente que viera la luz un mercado nacional, creándose de este modo un público igualmente nacional. En eso radicaba el elemento central de lo que Gaine denominaba «la constitución de nuestra república literaria».

Dos años más tarde, la Compañía estadounidense de editores proclamaba su efectiva creación, siendo en ese momento su presidente el propio Carey. Inspirándose en la Constitución de los Estados Unidos, Carey intentaría «formar una Unión más perfecta»[56] en el ámbito del sector editorial. Y a ese fin, se dispuso a «instituir normas con las que regir las transacciones comerciales, al objeto de promover las manufacturas de nuestro país y de fomentar los altos intereses de la Ciencia y la Literatura». Como ya vaticinara Gaine, el primer artículo de la Compañía declararía ilegal «la reedición de libros ya impresos en los Estados Unidos»; el segundo prohibía la importación de obras ya publicadas en el país. Estos dos principios nacían con la intención de constituirse en los cimientos que permitieran el desarrollo de la industria editorial estadounidense. Y a fin de dirimir cualquier problema que pudiera surgir en relación con estas cuestiones, la Compañía estadounidense de editores creó una «junta» integrada por miembros de tres grandes centros editoriales: los de Boston, Nueva York y Filadelfia. La organización llevaba un registro anual de todas las publicaciones efectuadas en los Estados Unidos y tenía la potestad de «procesar» a todo transgresor de los derechos aprobados, el cual —caso de ser «hallado culpable»— se exponía a una censura por parte de la corporación o incluso a ser expulsado de ella —y todo aquel que publicase obras de «tendencia inmoral» se arriesgaba a correr la misma suerte—. La agrupación se dedicaba asimismo a brindar apoyo, en general, a toda muestra de habilidad profesional, ofreciendo premios a la mejor impresión, a la más esmerada encuadernación, al entintado de mayor calidad y al papel más descollante (a imitación de lo que Carey llevaba ya mucho tiempo haciendo en otros sectores industriales). Con todo, la piratería era la principal preocupación de la Compañía[57].

Carey observará que el plan que tenía pensado desarrollar mediante la Compañía estadounidense de editores se asentaba «sobre un pormenorizado estudio de la sociedad de los Estados Unidos». Y desde luego era indudablemente así. Sin embargo, Carey juzgaba que la tarea que tenía ante sí resultaba sobrehumana. En la práctica, era perfectamente posible que el sector no alcanzara un consenso, ni siquiera en los más urgentes asuntos —los vinculados con la reimpresión y la imposición de aranceles a los libros importados—. Resulta revelador que incluso la organización de editores de Filadelfia, en la que Carey se hallaba al mando, reivindicara el derecho a reimprimir obras que hubieran sido anteriormente propiedad de personas incorporadas a la Compañía. Y también estaba el problema que planteaban algunos personajes, como un tal John Brown, que rechazaría la invitación a unirse a la asociación debido a que, según sus ingenuas palabras, prefería disponer de entera libertad para reimprimir títulos distintos. La objeción que planteaba Brown venía a exponer claramente una de las principales desventajas de este tipo de estrategia en general: la derivada del hecho de que únicamente pudiera resultar eficaz para aquellos que decidieran unirse a las filas de la corporación. Brown y quienes pensaran como él podían optar por comportarse como auténticos pícaros y disponer de facto de un ilimitado margen de maniobra para piratear a voluntad con tal de que no les importase que su nombre se incluyera en una lista negra. El caso de Brown serviría como acicate y espolearía la aparición de nuevos esfuerzos destinados «a fijar las prioridades relacionadas con las alegaciones que implicaran la posesión de un derecho exclusivo a la publicación de nuevas obras» en general. Entretanto, la Compañía se dedicaría a exhortar a sus miembros, instándoles a «desaprobar» la introducción en Filadelfia de todos aquellos libros que hubieran sido objeto de un interés profesional previo por parte de los miembros de la asociación —incluyendo las obras que ya hubieran quedado manifiestamente introducidas en los circuitos del sector por medio del sistema de intercambios—. Resultaba evidente que la autoridad de la compañía se hallaba notablemente en entredicho. Al final, el consorcio se vio en la humillante situación de tener que encajar la curiosa oferta de un editor no afiliado a la corporación que se proponía vender al grupo diversos ejemplares de uno de los títulos más rentables del gremio: las Fábulas de Esopo. La agrupación consiguió armarse del orgullo necesario para rechazar la sugerencia, por temor a que con ella se «estimulase la impresión de cualquiera de las obras que, por sus derechos de reproducción, son propiedad de esta Compañía». Sin embargo, poco después, la asociación de Filadelfia cerraba sus puertas para no volver ya a abrirlas. Pese a que su radio de acción fuera mucho mayor, la Compañía estadounidense de editores habría de conocer un destino muy similar. Durante un par de años, la entidad pareció prosperar, pero los editores de ciudades muy distintas entre sí no tardarían en aprender a utilizar los cauces que ella misma propiciaba para distribuir reimpresiones de un conjunto de títulos pertenecientes a los principales editores. De este modo, el sistema mismo que Carey había inaugurado con la intención de evitar la piratería terminaba convirtiéndose en un instrumento capaz de facilitarla. Este «mal, que no habíamos previsto», dirá el propio Carey, acabaría eclipsando todas las ventajas de la Compañía. Finalmente, tanto la asociación como la feria de Carey se desplomaron[58].

No todo el mundo recibiría la noticia con angustia. Si tenemos en cuenta las grandes aspiraciones con que nacían, resulta interesante que las compañías y las ferias de Carey toparan con una auténtica oposición, especialmente por parte de algunos de los profesionales del ramo de quienes más entusiasmo cabría haber esperado. En Boston, por ejemplo, Andrews temía que las iniciativas de Carey acabaran revelándose «más perjudiciales que beneficiosas»[59]. Y aparte de Brown, habría al menos otros dos hombres en Filadelfia que se negaran a unirse a la Compañía de Carey. Uno era Robert Campbell, quien se especializaba en la publicación de reimpresiones baratas de libros ingleses. Es casi seguro que Campbell juzgaba que la asociación constituía una amenaza para su modalidad de negocio, y que por eso se negó a tener nada que ver con ella —llegando a instar a la asociación, con envalentonado desplante, a adoptar una política consistente en reimprimir las obras de todo aquel que pirateara los libros de alguno de sus miembros—. El otro disidente se llamaba William McCulloch, personaje que no tendría inconveniente en decir tajantemente a Isaiah Thomas que todas esas instituciones, y particularmente el «curioso juguetito [la feria] de Carey» resultaban «inútiles, cuando no perniciosos». McCulloch se negaba a creer que aquel régimen consuetudinario pudiera revelarse funcional, desdeñando los argumentos favorables a su instauración por considerarlos puro moralismo[60]. Y por si fuera poco, otro de los que se oponían en Filadelfia a los proyectos de Carey, John Bioren —un individuo que se ganaba la vida reimprimiendo los títulos de otros editores—, rehusaría reconocer legitimidad a toda institución que pretendiese arrogarse la autoridad de impedirle sus prácticas. La Compañía incluyó a Bioren en su lista negra, pero la sanción se reveló ineficaz: Bioren terminaría efectivamente en quiebra, pero década y media después de que la propia asociación editorial hubiese expirado su último aliento.

Mayores consecuencias habrían de tener, con todo, los ataques radicales que solían aparecer publicados en la prensa y que tachaban de «conspiración» de monopolistas y capitalistas los esfuerzos de Carey y sus aliados, difundiendo la idea de que se trataba de una «conjura por la que los editores ricos se proponían acabar con los autores y los impresores». En otras palabras, Carey terminaría descubriendo que se colocaba a sus planes el rótulo de herederos no de las grandes ferias alemanas, sino de aquella fuerza misma que más rabioso desdén le inspiraba: la de los conspiradores londinenses favorables a la instauración de unos derechos de reproducción perpetuos. En este sentido, tanto la existencia de la oposición como los términos en que esta se ejercía resultaban relevantes. El bando de Carey estaba empezando a anunciar a bombo y platillo unos planteamientos llamados a convertirse en una ideología político-económica de enorme importancia en la vida pública estadounidense anterior a la Guerra de Secesión —ideología que se basaba en la existencia de una supuesta «armonía de intereses» entre las clases agrícola, obrera y mercantil—. Sin embargo, la crítica de los artesanos amenazaba con denunciar la falsedad de dicha idea, y en el terreno mismo que mejor conocía, en principio, su mayor defensor[61].

¿Una sociedad en red? La asociación y sus carencias

A mediados del siglo XIX, una serie de autores británicos —como Wilkie Collins, por ejemplo— empezarán a arremeter contra la piratería estadounidense. Lo que más les irritaba no era tanto el hecho de la reimpresión en sí como la circunstancia de que esta se llevara a cabo de manera arrogante y sistemática. Los estadounidenses, decía Collins, han convertido «el robo» en «el fundamento del engrandecimiento nacional». Y en esencia tenía razón. Los reimpresores venían resaltando la legitimidad de sus iniciativas desde el periodo prerrevolucionario con el argumento de que su labor contribuía a difundir la Ilustración —en marcado contraste con las prácticas de los monopolistas corruptos y monárquicos—. Después del año 1800, la práctica de la reimpresión había pasado a ser un elemento inseparable del llamado sistema estadounidense. Tras la guerra del año 1812, dicho sistema se convertiría en una de las pautas de acción con más posibilidades de terminar afianzándose como ortodoxia económica. Su elemento central era la insistencia en el hecho de que la actividad fabril, adecuadamente considerada, mostraba una «armonía de intereses» con la agricultura y el comercio. Ahora bien, si el comercio y la agricultura estaban relativamente bien desarrollados en los Estados Unidos, las manufacturas seguían hallándose expuestas a la dominación europea. Por consiguiente, las medidas políticas debían procurar el progreso de las manufacturas y ofrecer resistencia a las rapacerías europeas —queriendo aludir con ello a los abusos británicos—. Y a este fin debían emplearse tres estrategias. La primera y más importante era la de favorecer por todos los medios la apropiación de ideas, máquinas, hombres y técnicas, brindando al mismo tiempo protección a las industrias estadounidenses mediante la imposición de aranceles a los productos importados. Carey consideraba que, de este modo, los artesanos británicos aprovecharían la más mínima oportunidad que se les ofreciera de emigrar a los Estados Unidos, razón por la que llegaría incluso a publicar un manual para todos aquellos que estuvieran pensando en la posibilidad de dar ese paso. La segunda táctica de este conjunto de medidas consistía en proporcionar financiación a los proyectos nuevos que fueran surgiendo. Y la tercera pasaba por la promoción de «mejoras internas», y especialmente por la construcción de canales. Este programa era diametralmente opuesto en todos sus aspectos a las ortodoxias vigentes en la economía política británica, influida por el pensamiento de Adam Smith. Se trataba de un plan de acción contrario al laissez-faire, enemigo del libre comercio y más proclive a favorecer la producción industrial que la agrícola. Y se juzgaba que Carey era su principal artífice. Él era quien autorizaba acuerdos, quien daba la lata a los potenciales conversos, quien espoleaba el surgimiento de nuevas oleadas de sociedades y quien se dedicaba a recorrer de arriba abajo el litoral en beneficio de la causa. También trató de reformar el sistema por el que se regían las publicaciones a fin de divulgar esos conocimientos[62]. Y habría de ser dicho empeño el que no solo asociara definitivamente la «piratería» con una economía política nacional sino el que creara la economía política misma.

A mediados de la década de 1810, un agudo sentimiento de ansiedad se apoderó de los productores de Filadelfia, conscientes de que Gran Bretaña, resurgida de los largos años de las guerras napoleónicas, estaba a punto de lanzar una resuelta ofensiva destinada a destruirles. Y en Westminster, lord Brougham vendría a confirmar sus temores al lanzar un llamamiento a los propietarios de las plantas fabriles británicas instándoles a vender sus artículos a pérdida en los Estados Unidos a fin de sofocar la industria que, «contraviniendo el curso natural de los acontecimientos», había logrado arraigar en aquellas tierras[63]. Los periódicos estadounidenses aprovecharon la oportunidad que les ofrecía la impolítica declaración de Brougham y consiguieron que esta, al ir saltando de reimpresión en reimpresión, acabara generando un clima de clamorosa indignación entre la población, que atravesaba una grave crisis económica[64]. Carey respondería de manera particularmente señalada, reestructurando la industria impresora a fin de ponerla al servicio de una causa —la del sistema estadounidense— que, de acuerdo con sus declaraciones, era la causa más importante «desde la organización de la gobernanza». En suma, el asunto venía a resumirse en «la imponente cuestión de si hemos de considerarnos realmente independientes o de si debemos resignarnos a no serlo sino de forma nominal». Pasó las riendas del negocio a su hijo Henry y se consagró tanto a labores de organización como a escribir. Carey comenzó a dedicar halagos a los lectores al objeto de inducirles a prestar apoyo a un conjunto de asociaciones, entre otras muchas las siguientes: la Sociedad de Filadelfia para la Promoción de la Industria Nacional, la Sociedad de Pensilvania para el Estímulo de las Manufacturas Estadounidenses, la Sociedad para la Promoción de la Actividad Fabril y los Oficios Mecánicos, etc.[65]. Una de esas muchas sociedades, en este caso una concebida para la Difusión de los Conocimientos Prácticos, se entregó a la tarea de reimprimir y divulgar gratuitamente diversos tratados breves de producción británica (así como unos cuantos de factura estadounidense) «pensados para promover los más altos intereses de la sociedad». Y la Sociedad de Pensilvania para la Promoción del Progreso Interno —que en realidad pertenecía a una camarilla distinta— envió a Gran Bretaña a un ingeniero llamado William Strickland, encargándole la misión de recopilar todas aquellas técnicas útiles para la construcción de vías férreas y canales. La editorial de Carey publicó los Reports de Strickland (mencionando, por una vez, sus derechos de autor) tanto para reforzar los ánimos de la hastiada «opinión pública» y lograr que esta volviera a confiar en las posibilidades de los proyectos de progreso en general como para dar a conocer una determinada información técnica[66].

Al encarar su compromiso con el progreso nacional, Carey adoptó un seudónimo. Se trataba de un hábito arraigado en él, ya que al escribir sobre temas de economía política se había presentado como «Hamilton» o «Colbert», y en sus incursiones de carácter político había firmado con el apellido «Harrington» (en honor de James Harrington, el autor que escribiera la Oceana en el siglo XVII). En esta ocasión, al tratar de los canales y del progreso, Carey se embozó bajo el alias de «Fulton». La elección constituía un homenaje a Robert Fulton, un hombre natural de Pensilvania a quien se atribuía la invención del barco de vapor. Carey extraía de Fulton una saludable lección sobre los promotores de mejoras. El ingeniero Fulton había fallecido sin poder culminar el combate que había tenido que emprender para poner a sus naves de vapor —la última de las cuales había recibido el nombre de Olive Branch, en memoria del tratadito de enorme éxito que Carey había escrito sobre la guerra de 1812— al abrigo de los «piratas», como él los llamaba, «que habían mancomunado sus bolsas y copiado mis barcos». A juicio de Carey, los Estados Unidos no habían asistido jamás a un «ataque tan infame ni ultrajante a la propiedad mental» como el sufrido por Fulton[67]. Además, el inventor había sido igualmente partidario de apropiarse de los avances industriales de Gran Bretaña y tenido como solapado compinche a Joshua Gilpin, quien por entonces se había convertido ya en el más estrecho colaborador de Carey. Con todo, lo más importante era que Fulton había sido un hombre con la visión necesaria para proponer la construcción de canales, ya que los consideraba la clave de bóveda que habría de permitir la edificación de una gran sociedad futura. Desde los primeros pasos de su carrera de ingeniero, Fulton había visto en los canales (que no concebía como un mero conjunto de grandes vías acuáticas, sino como una amplia y profunda red capilar) un elemento capaz de facilitar la materialización de una utopía comercial cimentada en el libre intercambio, la razón pública y la divulgación del conocimiento, una utopía que habría de extenderse desde la metrópoli hasta el último rincón de las provincias. Había dicho a Napoleón que los canales servirían para culminar la Revolución francesa, y a George Washington que coronarían la estadounidense. Y Thomas Mifflin, gobernador de Pensilvania, le había oído afirmar que habrían de «unir al país entero con los lazos de la relación social»[68].

Carey compartía este planteamiento. También a sus ojos constituían los canales la primera tecnología en red del mundo occidental. Abrigaba la esperanza de poder utilizarlos en los Estados Unidos para «unir al pueblo con un vínculo indisoluble de prosperidad y sentimiento, y convertir las distintas partes de la comunidad en un único e inseparable todo». Estamos aquí ante una retórica utópica. Si los editores divulgaban el conocimiento, los canales constituían una promesa de difusión para ese saber, eliminando de ese modo la ignorancia. Con ellos se conseguiría que la armonización de los intereses dejase de ser una teoría para transformarse en realidad. Ya en su primer número, el Columbian Magazine había incluido un artículo titulado «Un sueño filosófico», firmado por Carey, en el que se anticipaba que en el año 1850 los Estados Unidos se habrían unido hasta formar una misma entidad política y económica gracias a los canales. El American Museum había tarareado la misma melodía, ensalzando en repetidas ocasiones los canales por «trabar a la Unión con el más sustancial y firme de los cementos»[69]. De hecho, después del año 1812 se había vuelto ya posible materializar esa idea. Por consiguiente, Carey se entregó a la tarea de lo que él consideraba el componente esencial de una red llamada a extenderse en último término desde el Atlántico hasta la región de los Grandes Lagos. Concebido como un sueño en el siglo XVII y proyectado en serio en el XVIII, el canal de Chesapeake y Delaware terminaría viendo finalmente la luz en el XIX[70]. Con él se acortaba en cerca de quinientos kilómetros la distancia que mediaba entre Filadelfia y Baltimore. Sin embargo, el ingeniero del proyecto, John Randel, era otro idealista que más tarde habría de promover la creación de una comunidad utópica de características similares a la que Robert Owen propusiera en Gran Bretaña. Randel no tardó en tener problemas con los potentados que financiaban el canal y terminó siendo despedido, para gran indignación de Carey. La demanda judicial que posteriormente interpuso cubrió de tan ingentes deudas a la obra que no logró ya dársele viabilidad[71].

Carey se mostró incansable tanto en la promoción de la construcción de canales como en el fomento de la idea de una nación unida por una red de comunicaciones. Recorrió trabajosamente el país de norte a sur, visitando Nueva York, Boston, Salem, Hartford, New Haven, Providence y Baltimore, buscando siempre que las sociedades locales se comprometieran a iniciar algún tipo de producción fabril. En Washington presionó sin tregua al secretario de Guerra. La imprenta vertía incesantemente sus palabras en constituciones, cartas abiertas, anuncios, llamamientos, denuncias, defensas, tratados, ensayos polémicos, réplicas a esos mismos escritos, réplicas a las réplicas, etcétera. Solía dar sus puntos de vista a la imprenta casi a diario, mandándolos página por página a fin de que estas fuesen impresas (en una «máquina de papel» fabricada en los Estados Unidos) al mismo ritmo que él las escribía. A continuación los enviaba a los jefes de todas las oficinas de correos de la nación, distribuyéndolos de forma gratuita y renunciando deliberadamente a inscribirlos en el registro de la propiedad intelectual a fin de que otros pudieran reimprimirlos —cosa que no dejó de ocurrir, aunque no con la prontitud que él hubiera deseado—[72]. Su diario nos transmite parte de la encarnizada labor que el empeño implicaba: se levantaba alrededor de las seis de la mañana, escribía para la prensa por espacio de cuatro horas o más, después redactaba cartas dirigidas a los aliados que flaqueaban durante un periodo similar y ya de noche, después de asistir al teatro, volvía al tajo, permaneciendo muy a menudo despierto hasta bien pasada la medianoche. Cuando caía enfermo tomaba láudano para mantener el ritmo, o se permitía una breve cura de aguas termales. Y siguió sujeto a tan extenuante rutina incluso después de cumplidos los setenta[73].

Como es bien sabido, Alexis de Tocqueville se maravillaba ante la inclinación de los estadounidenses a constituir asociaciones de todo tipo. A primera vista, la larga serie de iniciativas de Carey, prácticamente indistinguibles unas de otras, parece encajar adecuadamente con la imagen que nos transmite Tocqueville. Carey estaba constantemente poniendo proyectos en marcha u organizando sociedades, o comités dentro de esas mismas sociedades, para el avance de causas tan dispares como la promoción de las escuelas dominicales o el asentamiento de esclavos manumisos en Liberia. Se inquietaba profundamente cuando no era incluido en algún comité. En una de esas ocasiones, la postergación le llevó a escribir dos páginas de íntima desesperación por su impopularidad, páginas que concluía con la reflexión de que «la humanidad no merece los sacrificios que hago». Sin embargo, lo que salta a la vista de quien lea en la actualidad el diario de Carey es lo lejos que están sus Estados Unidos de compadecerse con la visión de Tocqueville. Sus circulares no obtenían sino una mínima respuesta, y con el tiempo dejaron de suscitar reacción alguna. A Carey le consternaba el hecho de que sus obras se reimprimieran con muy escasa frecuencia en Nueva York y Boston —y aun así en «periódicos aptos solo para el romance lírico»—. Enviaba notas circulares a los fabricantes, aunque únicamente para descubrir que «habría conseguido el mismo resultado de haber tratado de despertar a los muertos». Reunió el conjunto de sus obras en un volumen de quinientas cincuenta páginas dedicadas a tratar temas de economía política y trató de publicarlo, pero hubo muy pocos suscriptores, de modo que perdió trescientos dólares en el empeño. Le fallaría asimismo una publicación semanal, el Political Economist, dedicado en gran medida a las reimpresiones. Y también terminaría costeando las reimpresiones del Report de Hamilton. Las sociedades que él proponía encontraban escaso respaldo, y su polémica con el secretario de Guerra se reveló infructuosa. En el año 1824 ideó un plan para reimprimir trece obras clave favorables al sistema estadounidense de manufactura e incluirlas en veinte mil almanaques destinados a los lectores de los estados del sur, refractarios a dicho sistema. Según sus previsiones, el coste debía mantenerse por debajo de los dos dólares por cada cien ejemplares, y si cada uno de ellos contara con veinte lectores «habría sido prácticamente imposible que dejaran de provocar un vuelco en la opinión pública». Sin embargo, volvió a encontrarse una vez más sin patrocinadores. (En realidad, estas iniciativas acostumbraban a fracasar incluso en el caso de contar con financiación, ya que las oficinas de correos sureñas se las arreglaban para perder los folletos). Pese a que en un principio los ensayos de Carey aparecieran «republicados en la mayoría de los diarios y recibieran halagadores elogios en ellos», lo cierto era que, transcurrido un tiempo, el interés decaía. Incluso el éxito de su querido proyecto de construcción de canales hubo de triunfar —en la medida en que quepa hablar de triunfo— en medio de la «apatía, el letargo y la estrechez de las iniciativas cívicas»[74]. En privado, Carey se manifestaba «asqueado» por el hecho de que los hombres acaudalados se negaran a apoyar una causa que habría de redundar en su propio beneficio. «¿Por qué he de perder yo el tiempo —se preguntaba— esforzándome en servir a una comunidad en la que no existe la menor sombra de civismo?». Varias veces decidió abandonar la lucha, pero fue siempre una resolución a la que no pudo atenerse. Y en las ocasiones en que efectivamente llegó a retirarse de una asociación, esta no tardaba en desplomarse[75].

El problema radicaba en el hecho de que Carey creía que el objetivo de una asociación tocquevilliana consistía en publicar. Valoraba sistemáticamente la influencia de una organización con aquellas varas de medir con que acostumbra a hallarse familiarizado un editor: el número de ediciones, el volumen de las tiradas, los índices de suscripción, la estabilidad de las ventas y la forma de distribución.

Del Informe de Boston, una pobre, frívola y superficial publicación de ciento noventa y ocho páginas, se han impreso tres ediciones de dos mil ejemplares cada una (si me han informado correctamente), y esto en el plazo de unas pocas semanas: una en Boston, otra en Nueva York y una tercera en esta ciudad […] De La riqueza de las naciones de Smith y de la Economía política de Say se han impreso en este país cuatro ediciones, que en total suman cuatro mil setecientos cincuenta ejemplares. La primera edición de la obra de Say, de setecientos cincuenta ejemplares, tardó tres años en venderse; la segunda, de dos mil, se vendió en cuatro. Estas obras tienden a paralizar nuestra industria y en cierta medida convierten virtualmente a los Estados Unidos en una colonia de las naciones manufactureras de Europa. De la Economía política de Raymond, una obra notablemente superior a cualquiera de las anteriores, solo se han dado a la imprenta dos ediciones, ambas de mil doscientos cincuenta ejemplares. Una gran cantidad de volúmenes de la primera, probablemente una tercera parte del total, hubo de sacrificarse en subasta pública, y las ventas de la segunda se han producido con enorme lentitud y en un ámbito muy restringido.

¿Qué posibilidades de éxito tenía el sistema estadounidense? (Nuestro informante olvida mencionar que una de las ediciones de Jean-Baptiste Say había sido realizada por el propio Carey).

A esta luz, el elemento esencial de toda campaña, versara sobre lo que versase, residía en financiar a la prensa —y tanto más aún en el campo de la economía política, ya que en ese ámbito era preciso distribuir gratuitamente los ensayos, tan faltos de atractivo resultaban para los lectores de pago—. En opinión de Carey, para que sus argumentos se alzaran con la victoria «no era precisa ninguna otra providencia que la de darles libre y general divulgación»[76]. Y por divulgación entendía tanto la reimpresión como la distribución. Según mantenía, debía rechazarse activamente la consignación de los derechos de autor, ya que de ese modo las obras podrían propagarse de ciudad en ciudad por todo el sur. Era frecuente que en sus ensayos y reimpresiones se exhortara a todo el mundo a republicarlas[77]. La dificultad no estribaba únicamente en que de este modo se abordaba de manera groseramente cuantitativa un problema de carácter señaladamente cualitativo; residía asimismo en los puros e importantes costes que estas prácticas obligaban a asumir. Y si el frenético ritmo de trabajo de Carey incidía negativamente en la consecución de patrocinadores se debía a que era incapaz de esperar a que se materializaran las publicaciones. Una sociedad en la que participara Carey era una sociedad implícitamente obligada a depositar en él toda su confianza. Y las sociedades parecían cada vez más reacias a asumir ese papel. Al final, Carey terminó lamentando que la mitad de los proyectos que quedaban en agua de borrajas, en todos los terrenos, fracasaran de hecho a causa de una «miserable mezquindad en relación con los gastos de impresión»[78]. Y los mismos manufactureros que él afirmaba defender parecían considerarle «un maldito bohemio de la calle Grub». Se estaba ganando una reputación de escritorzuelo sin recibir siquiera a cambio el vil metal que podría haberle compensado por semejante sambenito. La gota que colmó el vaso fue el fracaso de una de sus «sociedades para la publicación» —en este caso una «Sociedad de Economistas Políticos» creada para transmitir «sensatas doctrinas» a los habitantes de los estados del sur—. El empeño no captó más que a dos suscriptores. Al final, Carey bajó los brazos, despidiéndose con la terrible predicción de que el mayor «experimento de libre gobierno» que hubiera conocido el mundo estuviese abocado al fracaso en un turbión de «insurrecciones, guerras civiles y anarquías». Y sin embargo, gemía, «todo este mal podría haberse evitado mediante una pronta y abundante distribución de ensayos y panfletos»[79].

El sistema de información estadounidense

El esfuerzo tuvo sus consecuencias. Carey despilfarró cerca de noventa y cinco mil dólares en diez años, y más de la mitad se fue por el desagüe de sus distintas campañas. Se encontró pagando a crédito la impresión de sus panfletos y sufriendo el bochorno de tener que emitir pagarés a la empresa acreedora mientras insistía en que su familia estaba ahorrando cada vez más. De hecho, llegó incluso a tomar la decisión de desheredar a sus hijos, creyendo que la mejor manera de preservar el nombre de la familia sería dedicar su patrimonio a algún proyecto público. En el ánimo de su hijo Henry creció la convicción de que era preciso hacer algo. La suerte de un editor seguía cimentándose en la reputación, y el señor Matthew Carey constituía un peligro. Y lo que era aún peor, al transferir la compañía a Henry, Matthew había sobrevalorado burdamente el amplio volumen de libros de leyes que la empresa tenía en depósito —una especie de lastre que muchos editores todavía se veían obligados a arrastrar antes de la aparición de la estereotipia—, y esto determinaba que sus finanzas se hallaran todavía más expuestas. La familia inició la década de 1820 sumida en una acuciante falta de liquidez. Y al persistir, es posible que esa situación de necesidad contribuyera a orientar los pasos de la casa hacia el negocio de la reimpresión internacional.

La tormenta estalló en el año 1830. En esa fecha, Henry se enfrentará a su padre en una serie de cartas que vienen a revelar la faceta doméstica de la utopía pirática con una colérica claridad a la que difícilmente podrá encontrársele algún paralelismo en la época. «Crees vivir en una familia feliz», declarará Henry sin rodeos, «pero ten por seguro que no lo es». Maria y Susan, las hermanas de Henry, apenas conseguían salir adelante y se hallaban aquejadas por una «depresión». El perjuicio que tanto la familia como la empresa se arriesgaban a sufrir en caso de desplomarse su imagen pública era catastrófico, y el riesgo de que tal cosa sucediera muy real. La quijotesca actividad autoral de Carey padre estaba drenando los recursos económicos de la casa. Si se quería preservar el buen nombre de la familia, Matthew debía dejar de escribir[80]. Tratando de expresar de forma impactante las virtudes racionales de esta medida, Henry elaboró un balance general tanto económico como emocional. Y al parodiar el tipo de cuadro que Matthew Carey acostumbraba a presentar desde hacía tiempo en sus ensayos político-económicos, Henry se embarcó en un estudio de los costes y los beneficios derivados de la consagración a la esfera pública, contraponiendo sus efectos a los de una existencia entregada a la vida familiar. La susodicha contabilidad constituía un testimonio conmovedor y ejercía un efecto retórico devastador (véase el cuadro siguiente)[81]. Henry abrigaba la esperanza de convencer de este modo a su padre y lograr así que este dejara de dilapidar «el resto de sus propiedades». «En nombre del cielo —en tu propio beneficio, y por mi bien—, sigue mi consejo»[82].

Matthew hizo caso omiso de la advertencia. Antes al contrario, según parece redactó una cáustica denuncia en la que se dolía de la traición filial de Henry, corrió apresuradamente hasta una imprenta y la mandó entintar. Henry se puso furioso. Su propio padre había puesto en letras de molde un «monstruoso libelo, en el que figuran acusaciones que, de ser ciertas, me inhabilitarían para tratar con caballero alguno». Y lo que era aún peor, su padre había confiado el documento a «una panda de oficiales de imprenta» que a buen seguro habían divulgado ya ampliamente su contenido entre sus colegas de la ciudad. En el mundillo editorial había varios tipos de publicidad, como bien sabían los dos Carey, y Matthew había «echado leña al fuego del escándalo» al dejar a la empresa y a la familia a merced de las camarillas del gremio. «No puedes tener ahora mismo la seguridad de que a estas horas no se hayan puesto ya en circulación quinientas o quizá cinco mil ejemplares» de tu infamante escrito, protestaría Henry —afirmación que constituye de por sí una significativa prueba de las incertidumbres sociales vinculadas con la actividad editorial—. Me has «hecho un daño que no te va a ser posible reparar», subrayará Henry. Sin embargo, pese a que distintos jueces hubieran dado en poner en cuestión su proceder, proseguirá Henry, se hacía «preciso exonerarle plenamente de todos los cargos». El tono resulta inconfundible. En los Estados Unidos, la carrera profesional y pública de Carey había arrancado con un duelo y ahora daba la impresión de que iba a terminar del mismo modo, con la particularidad de que en esta ocasión el desafío procedía de su propio hijo. Se trataba de una perspectiva inconcebible. Un abogado alcanzó a negociar una frágil reconciliación, y el escrito fue retirado (sin que haya llegado hasta nosotros, que sepamos, ejemplar alguno). La última publicación que dejó Carey padre tras su fallecimiento, pocos años después, fue un conjunto de «reglas prácticas para el fomento de la felicidad doméstica»[83].

Al leer sus quejas sobre la flojedad de los manufactureros y los promotores de mejoras sociales es fácil llevarse la impresión de que por esta época todo el mundo, incluso sus aliados, reservaba a Carey un trato similar al que daban en brindar a Franklin algunos de los políticos jóvenes de la década de 1780: el que suele aplicarse a un enojoso vejestorio. Con todo, seguía siendo una figura respetada cuyas opiniones contaban con el peso que acostumbra a acordarse al parecer de los veteranos, aunque, de señalar alguna desventaja, hemos de decir que entre Franklin y Carey era este último quien menos hacía pensar en Néstor. En cualquier caso, al imponerse los aranceles, Carey fue llevado triunfalmente en andas por las fábricas de papel de Ohio y recibido en Pittsburgh con salvas de artillería y coros de gente que le jaleaba al grito de «¡Viva el héroe conquistador!». En el año 1839, su funeral se saldó con una apabullante demostración de la elevada posición pública que había ocupado, ya que nadie desde los tiempos de los revolucionarios mismos había logrado congregar a tan nutrida y masificada asistencia[84]. Con todo, lo cierto es que lo que ensalzaban no era la figura del propio Carey, sino el surgimiento de una ideología industrial característicamente estadounidense, esto es, una ideología que negaba las distinciones de clase en favor de la «armonía de intereses». Transcurrido medio siglo, la reimpresión internacional y la apropiación industrial habían logrado consolidar su posición en el «sistema estadounidense» de manufactura, un sistema de índole netamente proteccionista.

Aquello creó una situación sin precedentes. Desde luego, no hay duda de que en el siglo XVIII la reimpresión internacional prosperaba sin dificultades, y de hecho ya habían estallado en repetidas ocasiones distintos conflictos vinculados con la «piratería» transfronteriza. Sin embargo, en todos los casos la lucha había enfrentado a una gran potencia con un adversario relativamente secundario de su periferia: así, habían chocado Inglaterra y los reimpresores escoceses, Gran Bretaña y sus equivalentes irlandeses, Francia y sus homólogos suizos, o incluso los estados rivales alemanes. En esta ocasión, y por primera vez, el detonante de la belicosidad provocada por las reimpresiones estaba a punto de oponer a dos importantes potencias industriales. Iba a ser además una disputa crucial para la imagen de una de ellas, dado que se consideraba a sí misma una república industrial moderna, unida y virtuosa. Cuando los estadounidenses se entregaban a la reimpresión, el material que daban a la imprenta procedía en gran medida del centro mundial de las finanzas, el imperio y las manufacturas, esto es, de Londres. Y los editores de Londres ya habían adquirido la costumbre de representarse su radio de acción en términos globales. Tanto en la esfera del capital como en el ámbito de la organización y los mercados, sus intereses se extendían por todo el mundo colonial anglófono. Esta combinación de circunstancias confería a la reimpresión un carácter político altamente inflamable, y ello de un modo totalmente inédito. La siguiente generación iba a ser testigo de una internacionalización de la cuestión de la piratería, y esto en concomitancia con la multiplicación de una serie de llamamientos por los que se instaba a la unificación de la propiedad literaria, con independencia de las barreras fronterizas y oceánicas existentes. Y las implicaciones de este nuevo estado de cosas habrían de abarcar desde el ámbito íntimo, como ya sucediera en el caso del propio Carey, hasta la esfera global.

9

LA CONTRARREVOLUCIÓN DE LA IMPRENTA

¿Puede decirse que la imprenta implique progreso? Esta pregunta cobró nuevo vigor y renovada urgencia a finales del siglo XVIII. El presupuesto de que la Ilustración y la imprenta eran aliados naturales —presupuesto que, de entrada, no había demostrado ser en ningún caso una verdad universal—, comenzó a desmoronarse. Confrontada al radicalismo de los jacobinos, la idea de la esfera pública no solo empezó a parecer de pronto una mera ficción cortés, sino una quimera inverosímil. La diversidad de interpretaciones devino terriblemente obvia al acceder otros públicos al primer plano social como consecuencia de las presiones políticas provocadas por los acontecimientos vividos en Francia. Las sociedades de corresponsales y los editores radicales fomentaban un tipo de opinión que no tenía cabida en las conversaciones distinguidas, y en Londres el gobierno de Pitt reaccionó a este estado de cosas asumiendo un poder sin precedentes a fin de controlar a la prensa. Al mismo tiempo, las formas de entender la autoría creativa y su relación con el comercio volvieron a verse sometidas a un cambio permanente. El Romanticismo las pondría en cuestión sobre la base del concepto de genio. Si era verdad que un autor dado confería a una determinada obra algún tipo de inimitable emanación de su individualidad, como sugerían las teorías del genio, era preciso repensar las características del conocimiento público. En Alemania, el genio se convertiría, a principios del siglo XIX, en el principio subyacente a las leyes que brindaban amparo a la propiedad intelectual[1]. Sin embargo, en Gran Bretaña, la confluencia del genio y los derechos de autor conservó un cierto carácter artificial y como asumido a posteriori. A fin de cuentas, y dado que su duración era relativamente breve, los derechos de autor no implicaban un gran reconocimiento de este tipo de propiedad tan singularmente humano. En consecuencia, se hacía perfectamente posible argumentar que los principios predominantes en la defensa de los derechos de autor eran incompatibles con la genialidad misma. A lo largo de la era moderna hemos tendido a suponer que la resolución adoptada en Donaldson contra Becket venía a establecer los términos de la propiedad literaria de una vez por todas. Esto es sencillamente falso. Muy poco después del veredicto habían comenzado ya a aparecer elementos de oposición, tanto a su dictamen como a sus implicaciones. Desde esas primeras objeciones, la oposición al fallo del caso Donaldson contra Becket ha venido adoptando diferentes formas —abogando algunas de ellas en favor de una propiedad perpetua, como haría Wordsworth en el siglo XIX, y defendiendo otras una especie de «libre comercio» de las ideas—, pero en ningún caso puede decirse que dicha oposición quedara definitivamente desbancada. En las primeras décadas del siglo XIX, los adversarios del fallo de que hablamos organizarían la primera ofensiva digna de mención. Se montó una campaña para abolir la ley de los derechos de autor sobre la base de que era incompatible con el genio, la erudición y la verdadera propiedad. Su principal protagonista era él mismo un romántico por excelencia: un poeta y novelista que adoraba la naturaleza, que ensalzaba las virtudes de la soledad melancólica, que dedicaba prolijos trabajos al análisis del carácter y los procesos del genio creativo y que había seguido los pasos de Byron, Shelley y Keats en sus viajes por la piel de Europa. Además de combatir ardorosamente en el Parlamento en su calidad de miembro de esa institución, había fundado una editorial propia con la que se proponía contribuir de manera directa a la reorganización de la cultura impresa de la época. Y era asimismo —quizá, ya que resulta imposible saberlo con seguridad—, un falsificador, un malversador de fondos y un impostor de extraordinarias proporciones —capaz incluso de engañarse a sí mismo—. Me estoy refiriendo a sir Samuel Egerton Brydges.

Brydges era en cierto modo un individuo excéntrico, y su campaña contra los derechos de autor, considerada retrospectivamente, puede parecer un tanto quijotesca. Además, la vehemente afición a las antigüedades que le había empujado a luchar en favor de esa forma de coleccionismo era una pasión característicamente ajena a la sensibilidad moderna. Con todo, sus preocupaciones no presentan en modo alguno un cariz único en la época, de manera que su causa lograría encontrar importantes apoyos en un buen número de ámbitos sociales, especialmente entre los principales editores londinenses de su tiempo. Además, Brydges se volcó en su vocación de anticuario en una época en que la autoridad de esa afición como forma de conocimiento se hallaba en su apogeo. El estudio de las antigüedades, que pretendía ser una derivación del enfoque con el que Bacon se había aproximado al estudio de las costumbres locales y nacionales, se había convertido a mediados del siglo XVIII en una floreciente iniciativa, y durante la era revolucionaria lograría captar, embozado bajo sus atavíos románticos, a buen número de adeptos de toda la nación. Se trataba de una actividad que no se hallaba vinculada con ningún sesgo político particular —pues por cada Walter Scott que diera en publicar sus investigaciones de tendencia conservadora en la casa Ballantyne de Edimburgo había también un autor radical, como el editor William Hone—. En la década de 1810, hallándose la campaña de Brydges en su punto culminante, Hone emplearía sus propios trabajos sobre el universo de las antigüedades para argumentar ante los tribunales que la Biblia había sido una obra del dominio público en la Edad Media, un texto que las comunidades laicas podían apropiarse y reescribir a su albedrío. En términos generales, puede afirmarse que los anticuarios románticos de estas décadas consiguieron crear por primera vez, gracias a su acción colectiva, la percepción de que había una historia cultural muy extensa, variopinta y dinámica que investigar en aquellas localidades británicas preservadas de la homogeneidad urbana. El suyo era por tanto un empeño vital preñado de importantes consecuencias. Y no hay duda de que Brydges consideraba que la ley de protección de los derechos de autor vigente en su época constituía una amenaza letal para dicho empeño. Y pese a que sus desvelos no llegaran a buen puerto, puede decirse no obstante —y en un sentido muy apropiadamente vinculado con el estudio de las antigüedades— que tampoco se saldaron con un completo fracaso. Una de las consecuencias llamadas a perdurar del ataque que él organizara habría de ser la que condujera a la creación y la preservación de un gran volumen de datos —que vendría a constituir, por así decirlo, la suma de las «nuevas antigüedades» de la actividad editorial misma—. Esos hechos, archivados en Westminster durante el periodo en el que se desarrollaron las investigaciones parlamentarias que Brydges promovió, fueron calladamente mantenidos al margen del público durante años, hasta que uno de los pioneros de los estudios de la información, Charles Babbage, los sacó de la oscuridad. Al menos durante todo el siglo siguiente fueron desempolvados estos datos archivados para sacarlos a la luz, alimentándose con ellos una serie de desafíos llamados a definir muchos de los términos de los modernos debates sobre la propiedad intelectual[2].

A los ojos del propio Brydges, la industria editorial que empezaba a fraguar en torno al principio de los derechos de autor era un mecanismo monstruoso destinado a consagrar el triunfo del comercio sobre la verdadera genialidad. Sin embargo, la campaña que se disponía a librar no tuvo nunca como blanco los derechos de autor per se. Al contrario, tanto él como sus aliados insistían en que, en los tiempos que corrían, nadie pretendía negar ya la legitimidad de tales derechos, y sostenían que en realidad ellos venían a reafirmarlos. La presa que se proponían abatir era un apartado específico de la propia ley sobre los derechos de reproducción —una meta bien diferenciada y de carácter mucho más ambiguo—. Y a lo que se oponían más particularmente era a la práctica conocida con el nombre de depósito legal. Uno de los requisitos editoriales de la época exigía entregar un cierto número de ejemplares de cada uno de los libros publicados en Gran Bretaña a una serie de bibliotecas preseleccionadas a fin de que estas pudieran incluir los nuevos títulos en sus colecciones. Era una cláusula consignada por escrito en la ley de los derechos de autor —y esta es la razón de que todavía hoy se siga otorgando en Gran Bretaña la denominación de «bibliotecas de derechos de autor» a las instituciones beneficiarias de esta norma—. Durante mucho tiempo, esta normativa había sido simple papel mojado, pero en los últimos años las bibliotecas habían tratado de hacer que se cumpliera. Los partidarios del bando de Brydges sostenían que esta agresiva demanda constituía en realidad una auténtica infracción de los derechos de propiedad, y que en caso de prosperar resultaría mortalmente tóxica para la mayoría de las iniciativas editoriales británicas de mayor valor y relevancia. En principio, el depósito prometía materializar la potencial facultad de la imprenta para promover los ideales ilustrados, ya que debía permitir la creación de unas bibliotecas universales. En la práctica, argumentaba el bando de Brydges, constituía un «mal» abocado a no conseguir sino la aniquilación de dicho potencial. Los seguidores de Brydges mantenían que en el Londres del último periodo georgiano, la ley de los derechos de autor había dado pie al surgimiento de una conjura concebida para poner en marcha una piratería supuestamente beneficiosa para el interés público, y esto a una escala generalizada. Por consiguiente, las tesis de Brydges concluían que la ley que apuntalaba la aparición de dicha intriga —la ley de los derechos de autor— debía desaparecer[3].

Bibliotecas universales y los fines de la Ilustración

El ideal de una biblioteca universal tiene una larga historia, una historia que se remonta a la Biblioteca de Alejandría y que se proyecta hacia el futuro en las utópicas visiones de la red informática mundial. Resulta irónico que el punto más bajo de ese ideal se alcanzara, en cierto modo, en el preciso instante en que la ideología de la Ilustración decidiera acordarle mayor peso. Los planes para la edificación de una Bibliotheca Universalis, que se concebirían en las primeras décadas de andadura de la imprenta y en cuya plasmación se afanarían persistentemente Conrad Gesner y otros, se verían tanto más socavados cuanto más exponencial fuera volviéndose el crecimiento numérico de las obras impresas. La biblioteconomía halla su origen en un intento, condenado al fracaso, de controlar el campo, ya que no la población, de libros. De este modo, las ideas relacionadas con la construcción de una biblioteca física con pretensiones de universalidad acabaron convirtiéndose en una ensoñación ilustrada que, no obstante, llegaría a lograr que algunos arquitectos especialmente iluminados, como Étienne-Louis Boullée, le consagraran rimbombantes diseños (véase la figura 9.1). La lógica subyacente se revelaba tan sencilla e imperiosa como imposible. Si la letra impresa era el elemento que hacía factible el progreso y la Ilustración, debía llegarse necesariamente a la conclusión de que era preciso reunir y organizar sus productos a fin de preservar el conocimiento y de facilitar nuevos avances. Y también era necesario lograr que toda esa información resultara accesible —debía acabarse con los sacerdocios y secretismos del Estado—. Era evidente que la idea resultaba atractiva. Un aspecto ligeramente menos seductor presentaban los problemas económicos, políticos y epistémicos que acechaban al proyecto —problemas a los que Borges y Eco harán celebérrima referencia en nuestros días[4].

Figura 9.1: La biblioteca universal. Étienne-Louis Boullée, diseño para la biblioteca real, en Mémoire sur les moyens de procurer à la Bibliothèque du Roi les avantages que ce monument exige, París, 1785. Cortesía de la Biblioteca de la Universidad de Chicago.

Sin embargo, en Inglaterra el enfoque proclive a la creación de una biblioteca universal poseía un carácter mucho más pragmático. Se fundamentaba en la existencia de sus antiguas universidades y en el principio del depósito, cuya vigencia se remontaba al año 1610. Esa es la fecha en que sir Thomas Bodley llegó a un acuerdo privado con la Compañía de libreros por el cual la entidad accedía a entregar a la Biblioteca Bodleiana de Oxford un ejemplar de todos los libros nuevos que dieran en publicar los miembros de la asociación gremial. Y a modo de compensación, se permitiría que los integrantes de la Compañía accedieran a las colecciones de la biblioteca, convirtiéndose esta de tal modo en fuente de ejemplares para ediciones posteriores[5]. Con todo, y a pesar de los anuales requerimientos recordatorios, la Compañía de libreros no se atuvo al pacto sino de forma bastante irregular, de manera que en lugar de recibir los tratados latinos que había esperado incorporar a su biblioteca, Bodley se tuvo que conformar con un conjunto de panfletos y otros textos ingleses «del montón», como los escritos de Shakespeare. Al final, los conservadores de Oxford solicitaron la ayuda del arzobispo Laud y este consiguió insertar el acuerdo del depósito en el texto de un decreto promulgado por la Cámara estrellada[6] en 1637 por el que se creaba la figura del licenciador de libros. Abolido durante el periodo de interregno, el decreto sería restaurado en el año 1662, incluido ahora en la nueva Ley de Prensa de la monarquía —ley que reinstauraba el oficio de licenciador—. En esa época se exigía la entrega de tres ejemplares de toda nueva publicación a fin de que estas pasaran a engrosar los fondos de Oxford, Cambridge y la Biblioteca Real de Londres (que en 1759 se convertiría en la biblioteca del Museo Británico, y mucho más tarde en la Biblioteca Británica). Pese a todo, los miembros de la Compañía de libreros continuaron mostrándose remisos a cumplir con la demanda, llegando en ocasiones a adoptar medidas más drásticas: en el año 1694, el librero y editor Thomas Bennet rechazó la imposición ante las narices del mismísimo bibliotecario del rey, el renombrado clasicista Richard Bentley, con la observación de que «desconocía en virtud de qué derecho se arrogaba el Parlamento la potestad de obsequiar a terceros la propiedad de un hombre»[7].

Apenas un año después, el implícito deseo de Bennet alcanzó a materializarse. La concesión de licencias a los libros cayó finalmente en desuso, desapareciendo con ello el requisito de la entrega de ejemplares en depósito. La consecuencia, como hemos visto, fue la inauguración de un periodo de quince años en el que la «piratería» adquirió categoría legal. En 1710 se promulgó al fin la primera ley de derechos de autor para atender a las quejas del sector. Además de crear la innovación de unos derechos de autor legalmente instituidos, dicha ley vino a restaurar y a ampliar sigilosamente la exigencia del depósito. Y ahora, una vez verificada la unión entre Inglaterra y Escocia, se acababan de añadir seis bibliotecas más a la lista de las instituciones con derecho a recibir volúmenes: el Sion College, el Colegio de Abogados de Edimburgo, y las universidades de Edimburgo, Glasgow, Saint Andrews y Aberdeen. Con la nueva ley se podía exigir ya la entrega de un total de nueve ejemplares, y todos ellos impresos en el mejor papel que se hubiera empleado en cada edición. Los libreros y editores obtenían una ley contra la piratería, pero a costa de aquella contribución benéfica al conocimiento.

El sector editorial pasó a interpretar esta nueva ley de forma bastante ingeniosa. Los editores decidieron que venía a equivaler a un pacto. Para racionalizar la norma optaron por comprenderla al modo de una especie de honorarios que el Estado les cobraba a cambio de protegerles de los piratas. Lógicamente, reflexionaban, esos honorarios deberían pagarse únicamente en el caso de las obras que ellos mismos incluyeran en los registros del Salón de los libreros como textos susceptibles de recibir dicho amparo. De este modo, llegaron a la conclusión de que tenían la perfecta libertad de no registrar un determinado libro y optar en cambio por correr el riesgo de que fuese pirateado. En esos casos no sería necesario entregar los nueve ejemplares en depósito que les exigía la ley, así que esa fue la práctica que adoptaron como norma. En consecuencia, los volúmenes que se entregaban en depósito eran aquellos que mayores posibilidades tenían de acabar inscritos en el registro del Salón de los libreros, y por consiguiente los que tenían las máximas probabilidades de terminar siendo pirateados: casi todos ellos estaban escritos en inglés, no en latín, y se trataba en gran medida de obras de muy mala calidad. Y esos fueron los textos —y no los preciados volúmenes en que se transmitía el conocimiento— que comenzaron a apilarse en las universidades. Y en los casos de las obras de mayor valor —y los libros de leyes, por ejemplo, podían ser de hecho muy caros— los editores volvieron a confiar en el sistema de reglas de buenas prácticas vigentes en el sector, eludiendo recurrir a la consignación legal de los derechos de autor, resolviendo por tanto, por emplear las palabras de Edmund Law, «confiar unos en otros». Al renunciar a inscribir esos títulos sorteaban la necesidad de entregar gratuitamente un conjunto de ejemplares. En los casos en que una obra se componía de una serie concatenada de volúmenes podían registrar únicamente uno de los tomos, deduciendo que con eso bastaría para disuadir a los piratas, y acto seguido se ofrecían a entregar en depósito ese único volumen, con lo que en la práctica obligaban a las bibliotecas a abonar el precio íntegro del resto de la serie. En ambos casos el efecto era el mismo. El hecho de que existiera una relación directa entre el depósito y la observación de las cláusulas de la ley de los derechos de autor amenazaba con convertir a las bibliotecas universitarias en almacenes de obras pirateables, y no en fuentes de textos eruditos transmisores de un conocimiento significativo. La circunstancia de que una obra pudiera resultar atractiva para los piratas pareció convertirse así en el axioma que venía a gobernar de facto la vocación archivística de la Ilustración. En la práctica, era muy frecuente que las obras ofrecidas a las universidades resultaran ser muy poco prometedoras, de modo que las bibliotecas ni siquiera se tomaban la molestia de incluirlas en sus colecciones[8].

De este modo, el requisito del depósito quedó inscrito en las normas con las que se venía a regular tanto la actividad impresora como la propiedad intelectual mucho antes de que la Ilustración y su historia hubieran comenzado a sufrir enmiendas y altibajos. No obstante, a finales del siglo XVIII, el principio del depósito había pasado a ser un elemento inseparable de la general representación de la imprenta como motor de la Ilustración. Se decía que las naciones ilustradas tenían que disponer de bibliotecas nacionales y que estas debían aspirar a cubrir el conocimiento universal. Esas bibliotecas debían contar además con una organización eficaz y ser de acceso público, al objeto de facilitar el diálogo abierto del que dependía, según opinión generalizada, el progreso. La provisión de libros para dichas bibliotecas constituía por tanto un asunto de fundamental importancia, y lo mismo puede decirse de su ulterior clasificación[9]. Como sostendrá explícitamente Basil Montagu, un catedrático de leyes de la Universidad de Cambridge, la mencionada práctica prometía crear «una biblioteca universal… —Una biblioteca que se aproxime tanto a la organización perfecta que un estudiante pueda encontrar instantáneamente todos los tratados relativos al tema al que esté consagrando su atención, ya se trate de literatura general o de una ciencia particular—». Una biblioteca universal ofrecería señalados beneficios para «el progreso de la ciencia médica», señalaba Montagu, y lo mismo podía decirse de las demás ciencias[10]. Sin embargo, las universidades británicas no eran organismos estatales y carecían de recursos. El depósito constituía la única práctica viable que podía convertirlas en un tesoro del conocimiento universal. Por consiguiente, en la década de 1790, la deficiente observancia real del requerimiento de depósito comenzó a provocar bufidos de malestar, dado lo mucho que distaba de satisfacer dicho ideal utópico. De este modo, las universidades terminaron por considerar la posibilidad de exigir en serio aquello que tenían derecho a reclamar.

En el año 1798, el tribunal del rey provocó sin querer que el incipiente problema degenerara en una crisis. Súbita e inesperadamente, decretó que un librero e impresor podía reclamar la propiedad de un título aun en el caso de que este no hubiera sido registrado en el Salón de los libreros[11]. Esta disposición eliminaba de un plumazo el único incentivo que existía hasta entonces para registrar los libros, y por consiguiente hacía desaparecer igualmente la necesidad de entregarlos en depósito. Los ya de por sí exiguos aportes que venían recibiendo las bibliotecas parecían de este modo abocados a quedar reducidos a la nada. Y lo que era aún peor: al hacerse extensiva a Irlanda la vigencia de la ley de los derechos de autor en el año 1801, se añadieron dos bibliotecas más a la lista de beneficiarios. Y dado que la Ley de Pitt de 1799 para la Supresión de las Sociedades Sediciosas también exigía que se conservara un ejemplar como elemento de control, el total de volúmenes que debía reservarse gratuitamente de todos los títulos registrados se elevaba ya a doce. El depósito se había convertido así en un impuesto —reducido en el caso de las ediciones normales, pero notable a pesar de todo— para cuyo pago, además, no se encontraban motivos. Como es lógico, el número de títulos entregados en depósito descendió abruptamente. En el año 1803 —fecha en la que, de acuerdo con el Catálogo electrónico de Títulos Cortos, se publicaron bastante más de cuatro mil volúmenes—, la Universidad de Cambridge recibió únicamente veintidós[12]. Y si las bibliotecas universales estaban llamadas a ser realmente un instrumento de la Ilustración, tal estado de cosas no podía ser indicio sino de una grave crisis para la civilización.

Se inició así una pugna por la reactivación de la práctica del depósito. En un principio la capitanearía Edward Christian, profesor de derecho y abogado en ejercicio. Tras descubrir para su consternación que Cambridge no disponía de ninguno de los más recientes libros de leyes debido a que nadie se los había entregado, Christian dedicaría dos años a investigar sobre el asunto, publicando a continuación los resultados de su pesquisa con el título de A Vindication of the Rights of the Universities. En realidad, su objetivo apuntaba bastante más alto, ya que no se reducía a una simple reivindicación. Christian argumentaba que el derecho que asistía a las bibliotecas era notablemente más amplio de lo que había venido reconociéndose hasta entonces: juzgaba que podían exigir legalmente un ejemplar de todos los libros publicados, con independencia de que hubieran sido registrados o no. Y lanzaba un llamamiento para que finalmente se atendiera ese derecho haciéndose cumplir la ley. Como es obvio, esa perspectiva provocó la alarma entre los editores de Londres. No obstante, con rápida reacción, el parlamentario John Charles Villiers organizó una serie de reuniones entre Christian y los editores en su domicilio londinense, con la esperanza de alcanzar un acuerdo. Su idea consistía en ofrecer a los editores una ampliación del plazo de cobertura que contemplaba la ley de los derechos de autor a cambio del depósito. Y a punto estuvo de conseguir su propósito. Los editores admitieron la posibilidad de aceptar un «depósito universal» como contraprestación de una generosa ampliación del plazo de vigencia de los derechos de autor, que debía quedar fijado en veintiocho años. (Y es posible que también esto representase ya una concesión, puesto que había habido al menos un autor que había considerado «esencialmente necesario» revocar el fallo del caso Donaldson contra Becket y recuperar la vigencia perpetua de los derechos de autor)[13]. Villiers presentó ágilmente una proposición de ley en este sentido ante la Cámara de los Comunes, argumentando que se trataba de un asunto vital para el futuro de la educación y el saber. Sin embargo, llegadas las cosas a ese punto, la moción topó con una inesperada oposición. Sir Samuel Romilly en especial sería quien más alzara la voz para protestar por las no previstas implicaciones que tendría la aplicación de la propuesta a los libros de mayor precio —aquellos que eran prácticamente inmunes a la piratería en razón de los costes de su producción—. Enfrentada a esta oposición, la propuesta de ley quedó estancada.

Al derrumbarse este intento de llegar a un acuerdo, las bibliotecas y los editores se vieron ante la perspectiva de tener que encarar un dilatado conflicto. Entonces, en un esfuerzo encaminado a impedir dicho enfrentamiento, los síndicos de la Universidad de Cambridge recurrieron a la jurisprudencia, celebrándose un juicio para determinar la interpretación de la ley. Y para notable sorpresa general, obtuvieron una sentencia favorable[14]. De pronto se tuvo la impresión de que la industria editorial se enfrentaba a un requerimiento de entrega de depósitos de carácter no solo generalizado, sino exigible por ley. Los editores y sus aliados estaban horrorizados, y Joseph Haslewood, un aficionado a las antigüedades bibliográficas, dejaría constancia escrita de que el veredicto asestaba un golpe «fatal a la propiedad literaria». Obligados a ponerse a la defensiva, los editores exigieron inmediata y clamorosamente que se volviera a recurrir a una solución parlamentaria. Y esta vez consiguieron que se promulgara una nueva ley. Sin embargo, y reproduciendo lo que ya había sucedido casi exactamente un siglo antes, el resultado no fue en absoluto el que habían buscado. La propuesta que ellos habían elevado al parlamento debía haber consagrado un lapso de veintiocho años de vigencia para los derechos de autor como contrapartida por la entrega en depósito de unos volúmenes cuyo coste tendrían que sufragar en parte las bibliotecas, y habría permitido a los editores renunciar por completo a la protección de la ley de derechos de autor a cambio de no verse obligados a depositar en tal caso más que un único ejemplar. Christian se mostró decidida e inflexiblemente opuesto a esta medida, y consiguió dejarla en nada. De este modo, en lugar de lo pretendido por los editores, la nueva Ley de Derechos de Autor de 1814 pasó a incorporar a la normativa legal la mayor parte de las reivindicaciones del propio Christian. Los editores se vieron así sometidos a una exigencia generalizada por la que se les requería la entrega de once ejemplares de cada una de las obras que publicaran, ya estuvieran protegidas por la ley de derechos de autor o no. Fue por tanto esta disposición —la primera medida legal clara en favor de la creación de una biblioteca universal— la que provocó la auténtica crisis[15].

Genealogía y genio

¿Quién era sir Egerton Brydges? Se trata de una interrogante clave, aunque solo sea porque él mismo habría de plantearla incesantemente desde la década de 1790 hasta su muerte, en 1837. El problema residía en el hecho de que las respuestas que él mismo daba a esta pregunta guardaban escasa relación con cualquiera de las soluciones que podrían haber aceptado sus coetáneos. A juicio del propio Brydges, él era el barón Chandos de Sudeley, título que reclamaba per legem terrae —esto es, en virtud del derecho consuetudinario y no en función de los criterios normalmente vigentes en el colegio de armas—. Lo que pretendía afirmar con este subterfugio era que la Cámara de los Lores le había negado el título de nobleza que en su opinión le era debido. Esta iba a ser una contradicción llamada a perseguirle durante toda la vida. Brydges era un decidido partidario de las tesis de Burke y elevaba la condición nobiliaria a la categoría de senado nacional —juzgando que constituía el único organismo capaz de decidir sobre las grandes cuestiones en un clima de sosiego y reflexión desinteresada, al margen de los cantos de sirena de las intrigas urbanas y las facciones políticas—. Sin embargo, iba a ver cómo esa misma institución destrozaba la identidad que él consideraba propia. Hasta su título de «sir» se hallaba en parte bajo sospecha, ya que en su caso no se trataba en modo alguno de un reconocimiento honorífico británico, sino de un privilegio concedido por la orden sueca de San Joaquín, lo que en términos convencionales lo despojaba de toda validez (aunque terminara siendo nombrado baronet[16] en 1814, resolviéndose así este problema concreto y dando lo que su amigo Francis Wrangham llamaba un pasito «en la senda del reconocimiento de los antiguos honores de tu linaje»)[17]. Dolido por considerar que la circunstancia de que se le negara el pleno acceso a la condición nobiliaria era una injusticia cimentada en la corrupción y el malestar nacional —tan grave como la acogida que sus señorías habían brindado a Byron—, pasarían años antes de que todo cuanto diera en hacer, decir y escribir Brydges dejara de llevar el sello de la indignación por la afrenta a su honor personal[18]. Resulta irónico que fuera más la negación que la posesión de un rango nobiliario lo que acabara definiendo a Brydges.

Brydges era al menos un caballero. Procedía de una familia de granjeros de Kent relativamente próspera y se había educado en Cambridge, institución que abandonaría en el año 1782 sin haber conseguido título alguno. No obstante, se cualificó como abogado, pese a que se desentendió pronto del ejercicio de la profesión para llevar la vida de un terrateniente rural. Se instaló primero en Hampshire, donde alquiló la casa del párroco George Austen y satisfizo los caprichos de la hija adolescente de Austen, Jane, interesada en el teatro de aficionados. Resulta tentador verle como un lejano arquetipo de sir Walter Eliot, personaje principal de la novela Persuasión —especialmente por el hecho de que la hermana de Brydges, a la que Jane se sentía particularmente unida, también se llamaba Anne—[19]. Después se mudó a la región que había conocido en su infancia, en los alrededores de Canterbury. Allí se entregó a realizar mejoras agrícolas, a conversar con la pequeña nobleza rural y a solazarse con cívicos juegos literarios en compañía de los oficiales militares acantonados en las inmediaciones. Sin embargo, fracasó en todos sus empeños. Perdió dinero con sus proyectos agrícolas (pese a que el precio de los cultivos se hallara en niveles máximos), los terratenientes locales dieron en despreciarle, teniéndole por un petimetre arribista, y tras un breve lapso de tiempo presidido por el entusiasmo acabó disgustándole hasta la vida de los oficiales de caballería[20]. Lo que realmente le agradaba a Brydges era escribir —y a esta afición se entregaría sin medida—. Décadas más tarde, mucho después de haberse iniciado ya su declive, seguía siendo capaz de componer dos mil sonetos improvisados al año —todavía hoy se conservan al menos diez volúmenes manuscritos con sus poemas—[21]. No obstante, antes de llegar a esa situación, Brydges había revelado ser un infatigable autor de novelas, ensayos y obras topográficas y genealógicas. También oficiaría como editor de un montón de piezas literarias y obras antiguas, publicando tanto a Margaret Cavendish como a Milton[22]. El empeño terminó convirtiéndose en un golpe demoledor, fundamentalmente porque tampoco sus pretensiones de genialidad habrían de recibir, como ya sucediera con sus aspiraciones al reconocimiento nobiliario, la aclamación que él creía merecer. El devastador efecto de estas decepciones puede apreciarse en dos retratos que él mismo incluirá en su autobiografía, publicada en el año 1834. Se hace difícil imaginar un contraste más descarnado entre «el antes y el después» para ilustrar la aguda extenuación nerviosa causada por la denegación del grado de aristócrata (véanse las figuras 9.2 y 9.3). Y es que había sido la aristocracia, entendida como derecho a la propiedad de la tierra y como sinónimo de excelencia de la mente —esto es, como nobleza y genio—, lo que había definido tanto a Brydges como a sus campañas.

Figura 9.2. Samuel Egerton Brydges de joven. S. E. Brydges, The Autobiography, 2 vols., Londres, Cochrane y M’Crone, 1834, vol. 1, frontispicio. Cortesía de la Biblioteca de la Universidad de Chicago.

Figura 9.3. Brydges anciano. Brydges, Autobiography, cit., vol. 2, frontispicio. Cortesía de la Biblioteca de la Universidad de Chicago.

Desde principios de septiembre del año 1789, el llamado caso Chandos comenzaría a provocar habladurías en todas partes, prolongándose esta situación de omnipresencia por espacio de cuatro décadas. El heraldo de armas de Lancashire, George Beltz, diría a este respecto que se trataba «del más extraordinario intento conocido por alcanzar la cima de la ambición patricia inglesa»[23]. Los duques de Chandos habían sido una de las más destacadas familias nobles de la Inglaterra dieciochesca, célebre por su mecenazgo de las artes y las ciencias. Uno de sus miembros había sido el responsable de la construcción del Microcosmos, aquel dispositivo tan crucial a los argumentos sobre la propiedad creativa del que ya hablamos en el capítulo 6[24]. Sin embargo, el último duque había fallecido sin descendencia, a la edad de cincuenta y ocho años.

Se dio así por supuesto que el linaje se había extinguido. No obstante, no había transcurrido todavía un mes desde la muerte del último Chandos y ya Brydges convencía a su hermano mayor, Edward, de que debía solicitar la baronía. Lo que ambos reclamaban era descender del tercer hijo del primer barón Chandos, un tal John Brydges, que había recibido el título allá por el año 1554. (No podían reivindicar para sí el ducado porque esa distinción era un honor concedido posteriormente, después de que las ramas de la familia se hubiesen separado). Dejando aparte la coincidencia de los apellidos, la convicción de Brydges se basaba en principio en una pura corazonada romántica. Egerton Brydges creía que el viejo duque había fallecido precisamente cuando él mismo se disponía a volcarse en un minucioso estudio de las antiguas inscripciones funerarias del panteón de los Chandos, y a los ojos de Egerton aquella coincidencia no podía ser sino una señal profética. También recordaba haber oído hablar a su madre de la existencia de ciertos lazos, y confesaba que de niño había vivido rodeado de escudos de armas y de retratos de Gibbon, Hardwicke y el lord canciller Egerton (verdadero antepasado, por el lado materno)[25]. Sin embargo, se necesitaban pruebas más sustanciosas para persuadir a terceros de la legitimidad de la reclamación. Por consiguiente, Brydges contrató los servicios del heraldo de armas Windsor e inició siete largos años de investigaciones en los que habría de ponerse en manos de los mejores abogados de Londres, inaugurando de este modo su particular campaña.

El pleito así desencadenado estaba llamado a convertirse en una de las causes célèbres más entretenidas del último periodo de la Inglaterra georgiana. El meollo del asunto giraba en torno a cuestiones relacionadas con la genealogía y las pruebas documentales. Quienes se oponían a la reclamación de Brydges presentaban un árbol genealógico familiar alternativo, según el cual Egerton procedía en realidad de una rama totalmente independiente —una humilde familia oriunda de la cercana aldea de Harbledown—. Sin embargo, al principio no había registros que permitieran distinguir cuál de los dos estemas era el auténtico. Así las cosas, Brydges recurrió a los mohosos registros eclesiásticos, zambulléndose igualmente en una cámara de seguridad del domicilio familiar en la que se guardaba un desorganizado montón de viejas escrituras y pergaminos. Al final logró dar con una serie de «pruebas, no solo nuevas sino de naturaleza extraordinaria», con las que poder apuntalar su caso. Entre esas pruebas figuraba la transcripción de un acta parroquial largo tiempo desaparecida, así como otros documentos que supuestamente demostraban que su árbol genealógico entroncaba con el de los Chandos a mediados del siglo XVII. A primera vista se trataba de unas pruebas concluyentes. No obstante, y lamentablemente, tras ser examinadas con detenimiento, se descubrió que la tinta de los apuntes más determinantes era reciente —y además, el cotejo con los registros originales conservados por la Iglesia reveló la existencia de una serie de misteriosos borrados y tachaduras en los puntos más cruciales, realizados también, al parecer, con posterioridad a la inscripción primitiva—. ¿Habían sido adulterados, o incluso falsificados, aquellos documentos? Desde luego, el fiscal general llegó a la conclusión de que Brydges no era persona digna de confianza. De este modo, lo que había comenzado como una cuestión de honor en un determinado sentido, pasó a convertirse en otro asunto vinculado con la dignidad, aunque ahora con un sesgo muy distinto y un carácter todavía más personal. A partir de ese momento, si Brydges no lograba demostrar su alcurnia era porque se trataba necesariamente de un tramposo.

Tras una primera audiencia en la Cámara de los Lores, celebrada en junio de 1790, el caso se abismó en una ciénaga de complejas minucias genealógicas. Al final, en el año 1803, la cuestión se zanjó por medio de una votación. La cosa se decidió por un margen muy estrecho. Pero el hermano de Brydges —que en realidad era el verdadero reclamante— cometió un error estratégico crucial. La víspera de la votación hizo circular una exhortación impresa dirigida a los nobles que tenían la decisión en sus manos. Aquel gesto, además de servir para argumentar que se había cometido un desafuero, soliviantó a la oposición en un momento crítico del proceso. Lord Eldon, un peso pesado conservador que anteriormente había llevado además la defensa legal de Brydges, resolvió no emitir voto de ninguna clase. Y esto resultó decisivo. Los pares rechazaron la propuesta por un solo voto. Con ello no solo se le negaba a Brydges la aristocrática posición solicitada, sino que se concluía implícitamente que era un farsante. Abrumado por el desánimo, se retiró al campo. «En esos momentos mi mente seguía activa», recordará más tarde, «pero no creo que fuese la época en que más cuerdos consejos me inspirase»[26].

Y lo peor estaba por llegar. En los meses en que la reclamación de la baronía de Chandos había ido encaminándose lenta y onerosamente al abismo, Brydges trató de rodearse artificialmente del clima que, de acuerdo con su imaginación, debía de reinar en la vida cotidiana de un aristócrata. Había desarrollado toda una serie de complejas teorías acerca del papel que correspondía desempeñar a los terratenientes nobles en la vida moral del país, y sus elucubraciones le habían llevado a convertirlos en una pieza central de la economía política y la civilización nacionales. Y una vez concebidas sus quimeras, intentó llevarlas a la práctica en su afán de adelantarse al ennoblecimiento que por entonces creía inminente. Animado por esa idea, compró y mandó remozar en Kent una vieja y desvencijada mansión isabelina, instituyendo la señorial dominación de su casa sobre las granjas y parroquias de la localidad. Desde este cuartel general se propuso participar en todas las actividades cívicas propias de un aristócrata. Aquellos proyectos, unidos a su batalla legal, le sangraron económicamente en poco tiempo. Al iniciarse el nuevo siglo, Brydges había contraído graves deudas —justo en el momento en que el fracaso de la reclamación del título de los Chandos hacía imposible la huida por medio de la elevación social—. En esas circunstancias, Egerton Brydges tomó una decisión todavía más calamitosa. Resolvió adquirir la vieja raíz solariega de los Chandos: el castillo de Sudeley —una espectacular ruina que llevaba deshabitada desde los tiempos en que Cromwell la redujera a escombros en la década de 1640—. Egerton se trasladó a la casa que su hijo tenía en el priorato de Lee, a unos ocho kilómetros de Canterbury, al objeto de realizar todos los preparativos relacionados con esta nueva iniciativa. Sin embargo, lo cierto era que el mantenimiento de Sudeley superaba con mucho los medios de que disponía. De este modo, Egerton Brydges quedó empantanado en el priorato de Lee —y allí iba tener su última residencia en suelo inglés[27].

Pero no era este el peor lugar en que podía verse obligado a vivir un bardo. El priorato de Lee resultaba muy adecuado para la reclusión y la melancolía. Se hallaba rodeado de vastos terrenos y ondulantes colinas en las que el poeta podía vagar a su antojo, y era una región propicia para la evocación histórica. En los jardines se escondían los restos de viejas canteras de la Edad del Hierro, se rumoreaba asimismo que una destartalada capilla de las inmediaciones había sido construida por los caballeros del Temple y se decía además que uno de los ríos de la zona venía a señalar el punto de máximo avance de las invasiones vikingas en Inglaterra. El edificio mismo se levantaba sobre antiguos cimientos (en el siglo XVII había servido de domicilio a George Ent, el médico de la casa real), razón por la que el arquitecto James Wyatt la había reconstruido en buena parte, confiriéndole un aspecto marcadamente gótico. El castillo albergaba una amplia colección de libros, obras de arte y antigüedades. Su espléndida biblioteca era un reputado ejemplo de «elegancia y virtud extremas», y en ella se había levantado una «Sala de color fresa» a fin de proporcionar a Horace Walpole un refugio apartado. (Y por cierto, este salón es prácticamente la única parte del edificio de Wyatt que todavía se conserva: ha sido trasladado a unas dependencias del Museo de Victoria y Alberto). Con sus orgullosas almenas, el priorato de Lee se había convertido en una magnífica residencia campestre. Ya en una anterior visita, realizada en el año 1791, sus perfiles habían servido de inspiración a Brydges para componer su primera novela, titulada Mary de Clifford, pero ahora la mansión, y sobre todo su biblioteca, habían pasado a constituir un retiro intelectual para él[28]. También quedó convertida en el cuartel general desde el que tramar la renovación de su genio literario.

A medida que iban enconándose la llaga y el rencor nacidos de la derrota de su pleito por la baronía de Chandos, Brydges comenzó a respirar asimismo por otra herida: la de la percepción genealógica que se hacía de su propia identidad. Se negó a aceptar el veredicto de los Lores —y es más: siguió reclamando el título—, organizando una campaña para conseguir que el caso volviera a juzgarse ante un jurado y zambulléndose en una serie de prodigiosas pesquisas genealógicas. Tras estas averiguaciones acabó convencido no solo de que descendía efectivamente del original barón Chandos, sino de que su linaje familiar podía retrotraerse a épocas aún más remotas. De acuerdo con sus nuevas conclusiones, sus verdaderos antepasados eran Carlomagno y los reyes merovingios. Brydges reivindicaba ahora descender nada menos que de media docena de las ciento cuarenta y cuatro casas más nobles de Europa (y a pesar de que él no prestara atención a este punto, tal vez convenga recordar que los merovingios afirmaban descender de Cristo). Diseñó un extraordinario escudo personal de armas en el que se combinaban los emblemas de todos aquellos prestigiosos antepasados. (Véase la figura 9.4, cuyo contenido haría exclamar al heraldo de armas de Lancaster que era un perfecto ejemplo de «¡HERÁLDICA DISPARATADA!»[29]). Brydges imprimiría los fundamentos de su argumentación en un fastuoso mamotreto destinado a «abrir y a señalar los veneros de regia e ilustre sangre que fluyen por las venas de este compilador». La obra contenía un total de doscientos cincuenta y dos cuadros genealógicos —«y aun así», mantenía amenazadoramente, «con esto no se agota ni la mitad del asunto»—[30]. En resumen, Brydges se jactaba ahora de provenir de un linaje más refinado que el de cualquiera de los miembros vivos de la familia real. «No estoy propugnando una mera situación de igualdad», insistía, «sino reivindicando mi superioridad»[31].

Figura 9.4. Diseño ideado por Brydges para la representación de su escudo de armas. S. E. Brydges, Stemmata illustria, París, impreso por J. Smith, 1825, frente a la p. 4. Cortesía de la Biblioteca de la Universidad de Chicago.

En una época ya de por sí muy aficionada a las antigüedades y a la investigación genealógica, esta fue quizá la más extrema manifestación de sus ambiciones. Sobre esta base, Brydges se dedicó a construir tanto un argumento contra la expansión de la aristocracia como una teoría del abolengo de la virtud —e incluso del genio—. El primero de estos dos elementos descansaba en una simple interrogante: ¿qué derecho podían esgrimir las gentes carentes de sangre noble a los privilegios, y —caso de que la sangre de elevada estirpe no constituyera una fuente de derechos— qué sentido tenía la concesión de un título nobiliario, fuera este de la clase que fuese?[32]. Se trataba de una pregunta reaccionaria, pero no falta de mordiente. En los últimos años se había asistido de hecho a una «profusa» aparición de nuevos aristócratas, hasta el punto de que su incremento alcanzaba ya a modificar el carácter mismo de la cámara alta inglesa. Entre los años 1776 y 1830 se habían creado doscientos nueve lores, y esto tras un periodo de tres cuartos de siglos en el que la cifra de aristócratas se había mantenido prácticamente constante. Brydges se manifestaba asqueado por un estado de cosas que a sus ojos equivalía a una industrialización de la Cámara de los Lores. Denunciaba la intrusión de los potentados capitalistas por considerarla una calamitosa dilución de los principios, supeditados de este modo a los caudales. «La aristocracia del dinero es la peor del mundo», exclamaba, «y resulta absolutamente intolerable que la posición y los títulos puedan comprarse con fortunas de reciente adquisición». A consecuencia de todo esto, el linaje más antiguo del país, por línea de varón, no se remontaba ya sino al año 1442, y además la existencia de nuevos nobles cerraba el paso a los reclamantes legítimos. Esto equivalía a introducir una modificación sustantiva en la constitución[33]. Lo que en origen había sido un «senado» con el que la virtuosa aristocracia terrateniente había conducido los asuntos públicos en un clima de retirada contemplación, y centrada en último término en la campiña, había sucumbido y quedado a la altura de la esfera de los puros intereses comerciales. La nobleza estaba empezando «a mezclarse con el pueblo». Y al colocar frente a frente estos hechos genealógicos con la realidad política y económica del capitalismo industrial, Brydges declaraba que este último no daba la talla[34].

La genealogía del genio que Brydges concebía se hallaba entrelazada con estas consideraciones. «Es posible que la más influyente aristocracia de nuestros días», sostenía, «sea la aristocracia del genio literario». Sin embargo, el hecho al menos de que viniera definida en función del mercado literario determinaba que no se tratase de una aristocracia como la de las antiguas familias, siendo, muy al contrario, una apocalíptica «nobleza de especulación y nuevos ricos» paralela a la del abolengo de Pitt[35]. Por todo ello, Brydges juzgaba imperativo disponer de «la más extrema precisión y claridad en el análisis y la determinación de los componentes del genio» al objeto de distinguir al noble auténtico del impostor. De este modo pasaría años enteros dedicado a la elaboración de este método de análisis —aunque sin dejar, eso sí, de rastrear las minucias de su linaje merovingio—. Así las cosas, el genio resultó depender, al igual que la condición aristocrática, del análisis de lo que él llamaba «el valor de los linajes históricos». Lo que Brydges defendía era que «el genio o la virtud moral», pese a no ser algo que pudiera considerarse exactamente hereditario en el sentido determinista del término, tendía por lo general a seguir las líneas genealógicas. Por consiguiente, conocer en qué medida se heredaba o no la capacidad literaria podía no resultar esencial para ponderar la validez de la obra de un poeta, pero «si nos interesa su genio —observaba Brydges—, siempre desearemos saber cuál es su historia». Un linaje como el suyo —en el que él mismo había incluido deliberadamente al lord canciller Egerton, a la princesa María Tudor, a William Cavendish, a «la entera estirpe de los Plantagenet» y los Tudor, a Carlomagno, a los reyes de Jerusalén, a sir George Ent, a todos los lores de los Chandos, a Gibbon, al lord canciller Hardwicke y a otros muchos personajes— le concedía mayores probabilidades que al común de los mortales de manifestar rasgos de genialidad[36]. Admitía no obstante que su propio amor a la literatura no era únicamente fruto de esta «perfusión hereditaria», sino que brotaba de «las intrínsecas cualidades y matices de mi intelecto y carácter».

Uno de los aspectos que merece resaltarse en este planteamiento es el hecho de que el genio no tuviera por qué exhibir invariablemente el sello de la originalidad. Brydges juzgaba que, por regla general, resultaba poco probable que los pareceres novedosos, por el mero hecho de serlo, fueran a revelarse ciertos —como tampoco cabía esperar, por ello mismo, que fuesen buenos—. Una persona que se limitara a repetir verdades ya conocidas —acaso desde la noche de los tiempos— podía ser un auténtico genio. El elemento determinante residía en el modo en que las reiterara. La verdadera autoría era una especie de recreación espontánea, algo que tan solo estaba al alcance de una mente surgida de un benéfico influjo de la genealogía. Esto llevó a Brydges a concebir una disciplina dedicada al examen de la forma en que «el rango nobiliario, los hábitos y el carácter de los antepasados» condicionaban a un determinado genio. Esta práctica, a la que dio el nombre de «biografía imaginativa», consistía en tratar de captar —a su juicio de manera sistemática— los rasgos y raíces de la genialidad mediante la realización de indagaciones en el trasfondo vital de los autores —entendido este en términos genealógicos[37].

Y lo que venía a revelar la biografía imaginativa era que la genialidad resultaba absolutamente incompatible con el mundillo editorial existente en la Gran Bretaña tardogeorgiana. La imprenta venía a ser el icono mismo de la Ilustración, y la imagen de la libertad de prensa constituía una pieza vital del orgullo patriótico británico. Sin embargo, Brydges sostenía que existían pocas probabilidades de que una industria editorial moldeada en función de los derechos de autor alcanzara a favorecer a las obras de genio, de modo que lo esperable era que se consagrara a dar satisfacción a los gustos populares. La autoría se había visto de ese modo abocada a la prostitución, transformada en una «simple pieza más de un torpe mecanismo» puesto al servicio de los intereses de parte o motivado por la exigencia de vender «relatos vulgares, aptos para intelectos débiles». «Las facetas más rentables de la autoría son las vinculadas con sus aspectos mecánicos y serviles», exclamaba, con lo que «la obtención de grandes beneficios no es en modo alguno prueba de genialidad o de talento». Y el hecho de que hubieran surgido publicaciones periódicas impresas con maquinaria de vapor y provistas de revisiones anónimas acentuaba esta realidad. Un autor no tenía la menor oportunidad frente a semejante monstruo: sus productos «se dispersan mecánicamente por todas partes, y todo el mundo los lee —aunque los lea como ya sabemos que se leen los periódicos—, confiriendo así a un hombre la capacidad de participar en las conversaciones de sociedad: su divulgación multiplica al menos por treinta la de las ventas medias de las publicaciones independientes —ya que un único ejemplar depositado sobre la mesa de una vasta sala de lectura permite centenares de consultas—». De esta manera, las prácticas editoriales de la época habían pasado a «tener más en común con la intriga, las facciones y las componendas» que con cualquier otra cosa —prácticas totalmente incompatibles con la genialidad—. El simple hecho de tener que vivir en Londres para poder conectar con los vericuetos de tales engranajes resultaba ya notablemente destructivo, puesto que desbarataba la posibilidad misma del retiro y la intimidad que el genio precisaba.

En este caso, la vida retirada constituía un principio de la máxima importancia. Será un argumento omnipresente en muchos de los debates que Brydges dé en mantener, tanto en los asuntos relacionados con la política y la creatividad como en los relacionados con la acogida de las obras, y definirá su comprensión de la nobleza, la virtud, la autoría y la lectura. Brydges estaba convencido, por ejemplo, de que todos aquellos lectores que no pudieran disfrutar de un entorno tranquilo serían incapaces de ejercer su libertad de juicio, y dado que esa era justamente la circunstancia en que se hallaban la inmensa mayoría de las personas que integraban la esfera pública, podía afirmarse que, hablando en propiedad, los miembros de dicho ámbito no pensaban, sino que actuaban por reflejo instintivo. La esfera pública se revelaba así esclava de las pasiones. Y ese era uno de los principales motivos que revelaban que la «moderna doctrina» consistente en determinar todos los asuntos remitiéndose al razonamiento público resultaba errónea[38]. El mismo principio se aplicaba, y con mayor pertinencia todavía, a los autores, ya que estos precisaban de una atmósfera retirada para reconocer y organizar sus sensaciones. Uno de los elementos centrales de la literatura de la década de 1790 radicaba justamente en esta necesidad de recurrir a una bucólica soledad. Al tener que bregar con una esfera pública cada vez más fraccionada y atirantada por las distintas facciones, eran muchos los escritores —ya fuesen radicales como Godwin o reaccionarios como el propio Brydges— que consideraban que en el retiro a un entorno idílico se hallaba la raíz de su condición de autores. En efecto, los autores se convirtieron en personajes públicamente privados. Y, sin embargo, Brydges insistía en que lo verdaderamente productivo era la combinación de la soledad con lo que él llamaba «sociedad artificial». El «bardo» —categoría en la que desde luego se incluía a sí mismo— debía ocupar en el campo literario el mismo lugar que el noble terrateniente en la política. En ambos casos, la vida retirada permitía disponer de tiempo y de espacio suficientes para observar y reflexionar desinteresadamente. Debía tratarse no obstante de un retiro que apartara al artista y al noble de una bulliciosa ciudad a la que pudiera regresar cuando quisiera realizar alguna acción y en la que pudiera florecer la literatura[39]. Pese a que la genialidad fuera la antítesis del tipo de «astucia» que se precisaba para salir adelante en la metrópolis, la relación con las artes cultas de la urbe seguía siendo un elemento esencial si se quería que el carácter sublime de la naturaleza ejerciera su hechizo. Por consiguiente, lo más probable era que todo autor dotado de genialidad se hallara condenado a llevar una vida de frustración y pobreza. Y tanto más aún, de hecho, «por cuanto que la voz del pueblo está llamada a dominar» y que «cualquier mecánico piensa que el Estado ha de regirse con arreglo a los consejos que él mismo le procure».

Puede decirse con toda rotundidad que Brydges no era hombre de la Ilustración. Despreciaba la idea de la perfectibilidad humana, considerándola sencillamente «falsa», y negaba que el conocimiento progresara. Ni siquiera la economía política, que según reconocían muchos era la nueva ciencia de la época, había realizado avance alguno desde que Charles Davenant formulara sus teorías a finales del siglo XVII. Eludía la cuestión del progreso en las ciencias naturales (como haría Coleridge), declarando que dichas ciencias se habían profesionalizado y perdido así su profundidad. Y sobre todo la prensa, a la que habitualmente se consideraba el motor y el garante del progreso, no constituía a los ojos de Brydges un «vehículo de la razón» sino de la pasión. La prensa se plegaba a los precipitados y caprichosos juicios de la masa de lectores que no tenían posibilidad de apartarse del mundanal ruido[40]. «¿Si el mérito de una obra literaria ha de medirse por el número de lectores —preguntaba—, qué obra del genio alcanzará a competir con un periódico?». Por consiguiente, Brydges sostenía que la literatura se había convertido en un vasallo más de la misma economía política en que se sustentaba la prensa de masas y el declive de la nobleza. Con la nueva hidalguía había surgido una «aristocracia de falsos genios» tan nociva al menos como la integrada por los recientes arribistas. Operaba mediante «componendas», y volvía inútil toda expresión individual. La prensa y el parlamento se hallaban «exactamente en la misma situación»[41]. Al oponerse a «la secta, a los propagandistas y a los illuminati, que pregonaban “la marcha de la mente”», Brydges consideraba estar oponiéndose al «despotismo y a la tiranía» populares[42]. En este sentido, resulta significativo que al enviar a la imprenta su propia argumentación, Brydges pusiera buen cuidado en estipular que no estaba apelando con ello al tribunal del público, ya que únicamente una sala canónicamente constituida podía determinar legítimamente la validez o invalidez de sus posiciones[43].

Brydges se afanaría con mayor frenesí aún en sus investigaciones genealógicas, buscando melancólicamente el singular manuscrito capaz de garantizarle su propia identidad. Dicha identidad resultaba a su vez decisiva tanto para sus argumentos sobre la cultura impresa como para su empeño en derribarla. Desde un punto de vista más general, Brydges consideraba que el papel del autor genial había desaparecido en buena medida con el surgimiento de la cultura industrial moderna, como también había dejado de desempeñar rol alguno la aristocracia senatorial. El genio y la imprenta caminaban por caminos divergentes.

La contrarrevolución de la imprenta

¿Qué debía hacerse? Brydges reivindicaba dos estrategias. Una pasaba por la realización de una campaña parlamentaria que implicara poner en cuestión la ley de los derechos de autor —esto es, la clave de bóveda de la comunidad dedicada al comercio de la letra impresa—. La otra llevaba aparejada una intervención más directa en la actividad impresora misma. Esta estrategia, que cobraría forma en el apartado retiro con que contaba Brydges en el priorato de Lee, exigía reorganizar la literatura inglesa dando para ello nueva forma física a sus componentes más elementales: los libros[44].

En el año 1810, es decir, en la época en que se trasladó a vivir al priorato de Lee, Brydges se había convertido ya en un autor muy conocido de poesía, novelas y «antigüedades literarias». Ahora comenzaba a sopesar la posibilidad de una intervención más directa en la práctica editorial. A finales de la década de 1790 se había sentido fascinado por una empresa a la que, según iban conviniendo sus coetáneos, empezaba a darse el nombre de bibliografía. En la actualidad es un área consolidada del conocimiento, un campo esencial aunque un tanto árido. No sucedía lo mismo en los tiempos de Brydges, ya que entonces no solo constituía un saber sin forma definida, sino que estaba muy de moda. Desde el siglo XVII, la palabra bibliografía había dado en designar el conocimiento de los libros, por analogía con la voz geografía. Típicamente, dicho conocimiento podía adoptar dos formas. Una de ellas era de índole discursiva y abarcaba los dominios propios de una particular rama del saber. La otra, que ha resultado ser la más duradera, poseía un carácter taxonómico y abordaba la clasificación y el estudio de los libros como tales libros. Se centraba en un conjunto de listas, llamadas bibliothecae, que se habían multiplicado tras la invención de la imprenta. La cuestión que planteaban residía en cómo organizar, clasificar y representar el mundo del conocimiento impreso —y proporcionar una respuesta a dicha interrogante exigía instituir una nueva ciencia—. Esta ciencia se había desarrollado al mismo tiempo que las dedicadas a clasificar el mundo natural. Linneo —y ya antes que él Gesner— habían sido los padres de ambos saberes. No obstante, en época de Brydges, el sueño de una única fuente de referencias universal llevaba mucho tiempo revelándose irrealizable. Hasta las bibliografías de bibliografías resultaban obsoletas antes de poder ser enviadas a la imprenta. En consecuencia, la palabra bibliografía terminó designando una ciencia clasificatoria, y no tanto del conocimiento como del libro como tal —es decir, se la consideró centrada en el estudio de la tipografía, la encuadernación y el papel—. Este giro fue en parte una respuesta a los levantamientos de la Revolución francesa, que habían provocado la dispersión de muchas colecciones y generado por tanto la necesidad de especificar de manera precisa y sistemática los detalles de un conjunto de volúmenes concretos[45]. De este modo, de dos revoluciones —la francesa y la de la imprenta— surgió una ciencia nueva y metódica del libro.

Brydges se encontraba a la vanguardia de los entusiastas de la bibliografía, pero —como siempre— a su manera. Era miembro fundador del Club Roxburghe, que se había creado tras la célebre venta de los volúmenes de la biblioteca del duque de Roxburghe en 1812, y dialogaba periódicamente con Thomas Dibdin y otros bibliófilos. Sin embargo, su visión del empeño no era exactamente la que otros tenían en mente. La diferencia más importante estribaba en el hecho de que su bibliografía no iba a ser en modo alguno una ciencia. A Brydges le repugnaban las minucias relacionadas con la tipografía y la encuadernación —y especialmente la idolatría de la pura escasez— que tanto motivaban a la mayor parte de los bibliófilos de la época. Pensaba que esos detalles resultaban «mezquinos», y confesaba que los encontraba «repulsivos». Por consiguiente, decía, en lugar de ocuparse simplemente de los libros raros, su objeto se centraba en las obras preteridas. Se trataba de una distinción fundamental. Brydges deseaba que la bibliografía fuese un empeño dedicado a la recuperación de textos —como un equivalente literario, podríamos decir, de los rescates que actualmente efectúa la arqueología— y que se ocupara de aquella literatura abocada de lo contrario a quedar sepultada bajo las estructuras comerciales de la esfera pública. A Brydges no le interesaba en absoluto el análisis de los tipos de imprenta, la descripción de las encuadernaciones y el desarrollo de normas para la descripción bibliográfica[46]. Lo que le importaba eran las inscripciones relacionadas con la creatividad —los fragmentos de un marchito idilio de anticuario apasionado por la autoría refinada.

Esto venía a ser el equivalente literario de la vocación del activista apasionado por las antigüedades. Brydges quería que el bibliógrafo fuese un solícito partícipe del conflicto cultural. Deseaba cuestionar «el fortuito predominio de la moda pasajera» que preponderaba en la época desde que se iniciara la vigencia de la ley de los derechos de autor. Y se proponía lograrlo contrastando la afirmación con las diferentes voces que se pronunciaban al respecto en los siglos XVI y XVII —y más tarde también con las que fueran surgiendo en la Italia y la Francia renacentistas—. Como seguidor a ultranza de Burke, su esperanza estribaba en someter a prueba las opiniones de la elite (ya que no esperaba nada del parecer popular) confrontándolas con la sabiduría de épocas pasadas. La paradoja residía en el hecho de que creyera que la práctica misma de la publicación y la lectura de libros era en su propia época incompatible con tal proyecto.

Por consiguiente, Brydges se adaptó a esta paradoja. Prosiguió con su campaña, aunque no tratando de convencer de sus verdades a la industria editorial existente, sino creando una propia. En el año 1813 abrió una imprenta en el priorato de Lee, contratando a John Johnson y a John Warwick, dos impresores de la misma empresa londinense que de este modo pasaron a convertirse, respectivamente, en componedor e impresor de su recién creada entidad. Resulta intrigante que Warwick tuviera un historial de implicación con las camarillas de impresores que parece traer a la memoria la biografía de Jacob Ilive, ya que en el año 1798 había sido encarcelado en Old Bailey[47] por haber promulgado la creación de un «parlamento» de artesanos con el que oponerse a las decisiones de los maestros impresores[48]. Por su parte, Johnson sentía una fascinación personal por las «antigüedades tipográficas», y más tarde escribiría una obra propia titulada Typographia (1824) en la que elogiaba los talentos de los sindicalistas de la industria editorial. La imprenta de Brydges se mantuvo operativa durante unos nueve años, cerrando no obstante sus puertas en 1822, cuatro años después de que el propio Brydges hubiera abandonado Inglaterra. En ese periodo, la imprenta habría de producir más de cincuenta obras, así como un centenar de pliegos separados repletos de poemas, discursos electorales y cosas por el estilo. (Los volúmenes publicados en el priorato de Lee se convertirían en objetos de colección poco después de que cerrara la imprenta, y siguen siéndolo en la actualidad)[49]. Algunas de esas obras habían sido compuestas por el mismo Brydges, mientras que otras eran esfuerzos poéticos y muestras de vocación anticuaria de sus amigos. Sin embargo, la mayoría de los textos venían a ser reediciones de olvidados poemas y obras en prosa de los tiempos de Isabel I de Inglaterra y la casa de Estuardo. No todas esas obras podían ser presentadas, en opinión de Brydges, como otros tantos frutos de la genialidad, pero sí que constituían un buen ejemplo de una esfera autoral en la que el genio encontraba la posibilidad de manifestarse. La cuestión residía no obstante en que resultaban incompatibles con la cultura impresa de su época. Las publicaba por ello en tiradas cortas que nunca superaban el centenar de ejemplares[50]. Era algo en modo alguno llamado a convertirse en un éxito comercial arrollador, pero la popularidad jamás había sido su objetivo.

La imprenta del priorato de Lee ha de verse inserta en la larga historia de imprentas «privadas» que se remonta prácticamente hasta la época de Gutenberg[51]. En ocasiones, este tipo de operaciones no pasaban de ser meros pasatiempos, como sucedería, por ejemplo, con la creada por Horace Walpole a mediados del siglo XVIII. Sin embargo, era frecuente que se basaran en motivaciones serias —motivaciones que han sido denigradas tanto en función de las reducidas dimensiones y la breve duración de las empresas mismas como en virtud del hecho de que se tratara de empeños denominados privados—. Sin embargo, pertenecen a la historia de los experimentos concebidos para hacer de la imprenta una fuerza capaz de impulsar el conocimiento, la erudición y la vida cívica[52]. La creada por Brydges en particular surgió de la convicción de que la cultura impresa de la época era hostil a sus proyectos. Como ya sucediera con otros planes anteriores, la imprenta del priorato de Lee aspiraba a devolver una cierta visibilidad al pasado. En el siglo XV, Regiomontano ya se había propuesto dar a la imprenta las antiguas obras matemáticas; en el XVII, John Fell había tratado de infundir nueva vida a los textos patrísticos. Brydges deseaba volver a publicar la poesía antigua. La genealogía inspiraba en parte sus decisiones —ya que iniciaría su andadura como impresor con un libro de Margaret Cavendish, con quien afirmaba hallarse unido por una relación de parentesco—. Sin embargo, dejando al margen la genealogía, sus preferencias se orientaban sencillamente hacia los poemas olvidados de sesgo melancólico y dedicados al retiro pastoril. Describía a Raleigh diciendo que se trataba de una persona que podría haber alcanzado una gran talla de no haberse distraído con los negocios. En agudo contraste con lo anterior, la instauración de los derechos de autor en la década de 1710 parecía actuar como una tácita línea divisoria, ya que ninguna de las reimpresiones de Brydges vendría a publicar obras de autores que hubieran escrito con posterioridad a esa fecha. A Pope, por ejemplo —que era la más jugosa propiedad intelectual de todo el sector editorial del siglo XVIII—, lo consideraba tan trivial como artificial. A Collins lo aprobaba, pero únicamente como autor isabelino après la lettre[53].

Por consiguiente, el proyecto que había permitido a Brydges concretar su vocación de anticuario bibliográfico tenía su razón de ser. Estaba convencido de que la genialidad resultaba incompatible con la situación editorial de la época, debido justamente a que la edición se fundaba en los derechos de propiedad literaria. A pesar de que incluso la masa de los lectores podía terminar apreciando el genio a largo plazo, lo cierto era que en un plano más inmediato se mostraba irremediablemente ciega. Por consiguiente, Brydges declaraba que uno de los «principios rectores» que determinaban la selección de obras destinadas a la reimpresión radicaba en el supuesto de que antes de la era comercial, la «popularidad» había constituido un índice del mérito de un autor, mientras que ahora excelencia y éxito se habían convertido en cosas totalmente dispares[54]. Lo que se necesitaba era un tipo de edición muy diferente —una edición que conservase el mayor grado de independencia posible respecto de la metrópolis, el comercio, la calle Grub y la masa de lectores—. El priorato de Lee venía a constituir el perfecto ejemplo de esta nueva práctica. Los libros que publicaba suponían en realidad una genealogía alternativa del genio literario que arrancaba con la invención de la imprenta y se extendía hasta la instauración de los derechos de propiedad intelectual. En suma, la imprenta de Brydges implicaba dar un paso hacia el desmantelamiento de la cultura impresa.

Genio, historia y derechos de autor

Como persona de principios que despreciaba el mundo que estaba creando la instauración de los derechos de reproducción, y como propietario de una imprenta dedicada a pequeñas tiradas, Brydges se hallaba doblemente interesado en la cuestión de las bibliotecas universales, por entonces en pleno desarrollo. Las bibliotecas universales constituían el emblema de la Ilustración misma, y el modo en que debían nutrirse de fondos resultaba, a su juicio, fatal para pequeños experimentos como el suyo. Por esta razón acabó convirtiéndose en el principal promotor de una campaña contraria tanto al depósito como a los derechos de reproducción.

Brydges había montado su campaña señalando que en la última fase del proceso parlamentario, la propuesta de ley encaminada a la creación de la biblioteca universal con los métodos que había sugerido Edward Christian había experimentado una sutil alteración. El derecho de las universidades no solo se extendía ahora al conjunto íntegro de las obras de nueva publicación, sino que incumbía igualmente a las reimpresiones. Esto amenazaba con paralizar la totalidad de la empresa inspirada por la vocación anticuaria, en la que la reimpresión fiel de textos antiguos desempeñaba un papel esencial. Además, ahora las universidades no solo negaban a los editores el derecho a prescindir de la protección contra la piratería, sino que hacían extensiva la exigencia de ese impuesto denominado depósito a aquellos títulos que jamás habían gozado de forma alguna de protección contra la piratería[55]. De este modo, la actitud de las bibliotecas había terminado por reducir al absurdo el supuesto vínculo entre la protección y el depósito. Esta ampliación del requerimiento resultaba, en su opinión, de la máxima importancia, dado que amenazaba con «aniquilar» por completo la publicación de obras antiguas. La compensación que se pretendía ofrecer a cambio de reconocer el requerimiento de las bibliotecas pasaba por la ampliación a veintiocho años del plazo que cubrían los derechos de reproducción, pero a juicio de Brydges el vínculo mismo entre el plazo de vigencia de esos derechos y el depósito acababa de revelarse espurio. Uno era un asunto que incumbía al autor y al público, y en todo caso su ampliación se hacía a expensas de un preexistente y natural derecho del primero a «la propiedad de los frutos de su intelecto»; la otra se reducía a una cuestión entre los autores y las bibliotecas[56]. A fin de cuentas, como señalaban él y otros críticos, las bibliotecas como la Bodleiana no eran instituciones públicas sino en un sentido puramente legalista, ya que permanecían cerradas «al público en general», y en muchos casos resultaban inaccesibles incluso para los estudiantes de las propias universidades. Sin embargo, Brydges advertía al mismo tiempo que uno de los aspectos del caso giraba precisamente en torno a la implícita amenaza de que las bibliotecas pudieran adquirir efectivamente un carácter público, convirtiéndose en bibliotecas de préstamo y no limitándose por tanto a sustraer simplemente nueve o diez lectores al mercado con cada volumen, sino restándole noventa o cien[57]. Sencillamente, esto significaría la ruina del comercio de obras eruditas. La creación de las bibliotecas universales que propugnaba la Ilustración podía hacer desaparecer en la práctica los libros mismos que justificaban la existencia de las bibliotecas que los reunían. A fin de cuentas, la circunstancia de que el depósito contribuyera de hecho a fomentar un concreto interés público no implicaba que no debiera pagarse por satisfacerlo. Si se eliminaba el pago, declaraba, la exigencia de las universidades no equivalía ya «a los pretextos del mendigo…, ¡sino a los del ladrón!»[58].

Llegado a este punto, el debate había ensanchado ya su radio de acción hasta incluir a varias de las más importantes casas editoriales de Londres, así como a distintos abogados, autores, poetas y miembros del público lector. Reinaba un total desacuerdo entre las partes, hasta el punto de que estas no alcanzaban a concordar siquiera en una cuestión aparentemente tan objetiva como el coste real que implicaba el impuesto a los editores. Las universidades sostenían que la carga efectiva que debían soportar era nula. Argumentaban que el coste se limitaba, como mucho, al importe del papel en el que se hallaban impresos los ejemplares depositados, pero que este menoscabo siempre podía enjugarse, bien incrementando los precios de los volúmenes restantes, bien imprimiendo once ejemplares más. En opinión de Brydges y los editores, el cálculo resultaba igualmente simple —pero muy diferente—. Argumentaban que en caso de que la tirada fuese de cincuenta ejemplares, el impuesto equivalía a la exacción de un abultado veintidós por 100 del precio total, a un once por 100 si la edición constaba de cien volúmenes, y así sucesivamente. Planteado en estos términos, lo que constituía un gravamen insignificante en el caso de las obras populares de inmensas tiradas se convertía en un importante elemento disuasorio que frenaba la publicación de las obras especializadas, que se producían en series muy pequeñas. Es decir, la medida incidía negativamente en la difusión de la literatura que el bando de Brydges consideraba de más valor y fomentaba en cambio el auge de la más popular —circunstancia que hacía que su integración con los presupuestos de la ley de derechos de autor resultase un tanto forzada—. Como prueba de sus palabras, presentaron unas extensas y detalladas listas en las que se consignaban los libros que exigían en su conjunto las once bibliotecas con derecho al depósito, mostrando que, en total, el «impuesto» se elevaba a dos mil setecientas veintidós libras esterlinas al año, y esto contabilizando únicamente las obras que se vendían a una libra o más. La obra que Thomas Frognall Dibdin dedicara a los libros antiguos, titulada Bibliographical Decameron, constituía un ejemplo particularmente bueno: su depósito había supuesto para el editor un coste de cien libras, y además ese desembolso no le había reportado ningún beneficio, «ya que es una obra que, por su naturaleza, vuelve poco menos que impracticable todo intento de piratería»[59]. Además, Thomas Longman aportó documentación en la que demostraba haber publicado veintitrés libros (en su mayor parte reimpresiones, y por consiguiente exentas de la obligación del depósito hasta la implantación de la nueva ley) cuyas tiradas se habían situado, en todos los casos, entre los cien y los doscientos cincuenta ejemplares. En esas circunstancias, el montante conjunto del impuesto superaba el seis por 100. Longman atestiguó haber cancelado la publicación de un prestigioso volumen de botánica sudamericana escrito por Humboldt ante la simple perspectiva de que se le impusiera el gravamen. Las exploraciones de Alexander von Humboldt constituían probablemente la empresa científica más importante e influyente de todo el periodo romántico, y aun así estaban siendo suprimidas. Había aquí, por tanto, pruebas fehacientes de que el depósito estaba sofocando el conocimiento.

Tan contrapuestas estimaciones de los costes derivados del depósito venían a reflejar en parte que la economía del genio, mucho más aún que la de la literatura de masas, seguía hallándose en buena medida a merced de las costumbres arraigadas en las camarillas sindicales del sector. «Por invariable y antigua costumbre», los oficiales de imprenta cobraban su carga de trabajo por unidades de doscientos cincuenta ejemplares, negándose a subdividir dichas unidades, de modo que si una tirada se había limitado a producir doscientos cincuenta libros antes de proceder a la entrega del depósito, la impresión de once copias más costaría lo mismo que imprimir otros doscientos cincuenta ejemplares, con lo que los costes devenían prohibitivos[60]. Los cálculos de las universidades siempre pasaban esto por alto. Y lo que era aun peor; según Longman y Brydges, no resultaba posible elevar los precios para cubrir el coste del depósito, especialmente porque la propia exigencia universal de dicho depósito sustraía al mercado un significativo número de compradores potenciales, puesto que ahora estos podían remitirse a los ejemplares de la biblioteca[61]. Además, al reducir el atractivo de las rarezas, la práctica del depósito venía a anular «por completo» el «ímpetu» de los coleccionistas privados —que de lo contrario estaban dispuestos a pagar precios elevados para procurarse un determinado ejemplar—. Y en el caso de las obras eruditas de naturaleza relevante, la suma de todos estos factores corría el riesgo de revelarse decisiva. Solo cobrando unos precios muy altos a los pocos lectores entendidos en una materia concreta podía remunerarse adecuadamente a un verdadero autor de genio por la elaboración de una obra especializada. Esta es la razón de que los testimonios prestados sobre el particular ante el comité de la Cámara de los Comunes encargado de estudiar el asunto se centraran en los efectos que tenía la exigencia del depósito en «la Historia Natural o en la ciencia» —temas ambos que en muchos casos debían publicarse por cuenta del autor, y para un mercado minúsculo—. Brydges y sus aliados argumentaban que el depósito iba a reducir drásticamente su producción.

No es necesario decir que dicha argumentación se cimentaba en un conjunto de supuestos fundamentales sobre el genio y la masa de lectores. Brydges daba por hecho que la genialidad constituía una realidad rara, individual, misteriosa y sobre todo incompatible con los apetitos de un público de masas. Por consiguiente, la literatura más importante corría muy poco o ningún riesgo de ser objeto de un pirateo directo, puesto que el verdadero genio resultaba, como mínimo, inconciliable con un sistema editorial basado en los derechos de autor. Pese a todo, Brydges seguía creyendo que lo que estaba en juego era la posibilidad misma de una saludable creatividad literaria. Ambos argumentos descansaban en la existencia de un elemento que, según él, suponía una profunda diferencia entre la edición de obras académicas en los tiempos de la reina Ana de Inglaterra y la situación vigente un siglo después en ese mismo ámbito. Dada la antigua costumbre que hacía opcional el registro de los derechos de autor de una obra, la reciprocidad de intereses entre la observancia de esos derechos y la entrega del depósito no había planteado ningún problema serio. Las obras especializadas y de tirada corta podían verse simplemente apartadas del sistema, es decir, eximidas de la obligación del depósito y carentes por ello de protección. «¡Qué tremendamente diferentes son por tanto, y en su misma esencia —declaraba Brydges—, los perjuicios de la última ley!». En la década de 1800, la actividad editorial se hallaba dividida en especialidades. Las obras eruditas se publicaban en tiradas mucho más reducidas e iban dirigidas a unos nichos de mercado específicos. «Existen unas cuantas obras salidas de las mentes de grandes genios que resultan aptas para el público en general», admitía Brydges, «y es probable que la demanda de ejemplares de estos textos sea hoy superior a la de cualquier otra época pretérita» —pero la mayoría de las obras de genio no son de ese tipo, venía a añadir—[62]. Se consideraba axiomático que «todo lo profundo, todo lo abstruso, todo cuanto apele a las más elevadas cualidades de la mente, o aquel tema que mayores dificultades presente para la comprensión intelectual», habrá de interesar por ello mismo «a un número de lectores muy limitado». Por consiguiente, en el caso de esas obras, «basta una pequeñísima tirada para satisfacer la más fuerte demanda». Con doscientos ejemplares podía darse fácilmente abasto a la totalidad de lectores de obras avanzadas de matemáticas, antigüedades, botánica o bibliografía. Sin embargo, difícilmente podría argumentarse que esto diera en negar el valor cultural de tales obras —ya que de hecho lo que hacía era confirmarlo con una lógica que no por circular perdía un ápice de elegancia—. Por este motivo, la verdadera razón por la que el depósito podía llegar a aniquilar la cultura académica residía en el hecho de que la verdadera genialidad se revelaba incompatible con la popularidad, y de este modo, la circunstancia de no poder disponer sino de un público lector reducido y fijo maximizaba los efectos de la «exacción» que suponía el depósito. En efecto, con la vigente ley de derechos de autor, preguntaba Brydges, «¿habrá algún autor o editor con la chifladura suficiente como para embarcarse en la aventura de una publicación de gran tirada, conociendo con certeza las aterradoras pérdidas que habrían de gravitar así sobre sus hombros?». Estaba claro que la respuesta había de ser negativa. Por consiguiente, «el hombre de genio, el científico o el erudito, fallece en la oscuridad, ¡llevándose consigo a la fosa tanto sus talentos como los conocimientos adquiridos!»[63].

A los ojos de Longman, Brydges y sus aliados, parecía evidente que el depósito universal debía considerarse por tanto un perjuicio incluso para las bibliotecas. En la práctica, las bibliotecas universales estaban abocadas a convertirse en inmensos almacenes dedicados a la conservación de banalidades. La materialización del ideal ilustrado implicaría así su propia degeneración. Y además, las cosas estaban llamadas a empeorar con el tiempo, dado que las bibliotecas se verían «saturadas» de libros frívolos e irrelevantes cuyo coste de almacenamiento, clasificación y encuadernación resultaría astronómico —obligando a destinarles un dinero que de otro modo habría podido usarse para financiar la compra de obras que realmente merecieran la pena—. Por si fuera poco, las bibliotecas jamás podrían eludir su compromiso de acumular más y más trivialidades. Este estado de cosas podía tener un efecto demoledor en la erudición futura. Forma parte de la naturaleza humana sentirse abrumado ante la contemplación del exceso, señalaba Brydges. El atiborrado catálogo de una biblioteca producía en toda alma sensible «un pasajero abatimiento del ánimo y un reflujo de aquella energía que le había permitido superar largos años de fatigas y privaciones entre los reducidos anaqueles de su propia y abarcable biblioteca». Incluso aquellos que mostraran la suficiente decisión como para perseverar acabarían cediendo a la corrupción intelectual debida a la influencia de tantísimas obras sin valor. Por consiguiente, uno de los efectos que indudablemente ejercían las bibliotecas universales consistía en concentrar los libros perniciosos hasta el punto de permitirles encontrar la manera más eficaz de realizar sin trabas su perjuicio. La obra de autor desaparecía, ya que los potenciales genios, al verse confrontados a aquella desalentadora masa de puros garabatos, decidían no tomarse la molestia de escribir. «Si la veneración y la celebridad que en las épocas ilustradas han venido sustentando la autoría se desbaratan proporcionando idéntica preservación y un mismo espacio destacado a todo cuanto tengan a bien vomitar las imprentas, ¿quién se animará a renunciar a los tentadores placeres de la juventud, y a los goces que asaltan los sentidos, en favor de una lámpara solitaria y de las anhelosas y abstraídas fatigas con las que llega a apreciarse la capacidad de bregar con las más altas formas de composición literaria o a alcanzarse el éxito en las más arduas ramas de la ciencia?». De este modo, la exigencia del depósito no solo amenazaba la genialidad presente y pervertía la de generaciones venideras, sino que ampliaba asimismo, con proyección indefinida en el futuro, la ingente masa de mediocridades que producía ahora la prensa popular[64]. El verdadero efecto de una biblioteca universal consistiría por ello en dilatar eternamente lo que de otro modo no pasaría de ser sino un lamentable pero transitorio apuro cultural. Dejando a un lado los anacronismos de la comparación, lo cierto es que todavía hoy conserva un carácter notablemente reconocible lo que aquí se deplora. La validez de la argumentación reside en el hecho de que aparta la atención de la mera acumulación de obras para centrarla en cuestiones relacionadas con su taxonomía, clasificación y selección.

La pregunta es por tanto: ¿qué debe preservarse y cómo? Entendida en sentido propio, según Brydges, la preservación debería ser un acto de civismo, no una obligación derivada de una ley sobre los derechos de reproducción. Debería despojarse a dicha preservación de los aspectos comerciales y reservarse a aquellas obras que al menos pudieran justificarla, «de lo contrario el honor de la palma se desvanece en pura inanidad»[65]. Sin embargo, Brydges reconocía que no existía ningún criterio transcendental que permitiese determinar si debía renunciarse o no a la preservación, así que admitió que quizá resultara útil contar con un único depósito en el que conservar todos los libros publicados. Debía evitarse sencillamente que fuera público. Separando el acceso a la información de su mera acumulación, Brydges sugerirá con reveladora afirmación que se utilice para ese fin el ejemplar que hasta entonces venía exigiendo la legislación antijacobina. La colección resultante debía tenerse «en especial custodia» en el Museo Británico. Da toda la impresión de que lo que Brydges tenía en mente era que la biblioteca universal que propugnaba la Ilustración y las «colecciones privadas»[66] de la biblioteca del Museo Británico intercambiaran sus respectivos papeles.

Faltaba todavía por enmendar la ley misma, y conciliar de algún modo la colección, los derechos de autor y la cultura. Brydges y sus partidarios propusieron hacerlo de acuerdo con cuatro principios. En primer lugar, no debería procederse a depósito alguno si la tirada era a inferior a un determinado umbral. No estipularon ninguna cifra concreta, pero es probable que pensaran en cantidades comprendidas entre los cien y los doscientos cincuenta ejemplares. O cuando menos, debía exigirse en esos casos que las bibliotecas abonaran parte del importe del texto depositado. En segundo lugar, las simples reimpresiones debían ser igualmente inmunes al requerimiento de depósito. Esto permitiría proteger la arriesgada empresa de la reedición de un libro antiguo. En tercer lugar, las bibliotecas tendrían que solicitar la entrega de los ejemplares mediante la consignación de su título concreto —es decir, debían dejar de efectuar una demanda generalizada que abarcara la totalidad de las publicaciones—[67]. Esto obedecía en parte al deseo de garantizar que realmente desearan tener las obras que finalmente se les entregaran —Brydges sostenía que en ese momento las bibliotecas acababan deshaciéndose de muchos de los volúmenes procedentes de la exigencia de depósito—. Y en cuarto lugar, los editores deberían volver a contar con el derecho explícito de renunciar a que se les protegiera de la piratería y a no verse así obligados, en contrapartida, a forma alguna de requerimiento de depósito[68].

Brydges se aventuró a presentar una propuesta de ley a este efecto, y como era de esperar el texto resultó altamente controvertido. Edward Christian observó que en caso de ser aprobada dicha norma, «el conjunto del mundo civilizado tendría que encajar una irreparable pérdida, marchitándose la ciencia y lamentándolo eternamente». La Universidad de Cambridge hizo valer su influencia para respaldarle. La institución llegó incluso a desenterrar y a refrendar la vieja historia que Richard Atkyns había contado acerca de Frederick Corsellis, el presunto predecesor de William Caxton, a fin de conferir mayor fuerza a su argumentación. Christian añadió que el derecho de las universidades a reunir ejemplares de todos los libros aparecidos en el mercado se había concedido en el año 1710 como compensación por la pérdida de un privilegio anterior: el de reimprimir cualquiera de los libros susceptibles de serlo. De este modo, entre la época de Corsellis y la entrada en vigor de la ley de los derechos de autor, tanto Oxford como Cambridge habían disfrutado de la potestad que les confería una patente real gracias a la cual podían operar como piratas universales. Se lanzó sobre Brydges la acusación de intentar «violar los derechos y la legítima propiedad» de las antiguas universidades, provocando «los mayores estragos posibles a la difusión y a la ampliación del conocimiento»[69]. La Universidad de Glasgow y la Bodleiana formularon sendas demandas, señalando que los argumentos de Brydges «se habían difundido de forma muy notable». Según indicaban en sus escritos, la disputa había suscitado así «la gran cuestión de la PROPIEDAD LITERARIA»[70]. En medio de coléricas escenas en pleno parlamento, Brydges indicó a los miembros de la cámara que lo que estaba cuestionándose era la propia noción de los derechos de autor. Esta había sido concebida para hacer frente al problema de los «pirateos», pero en el año 1814 se había abandonado ese objetivo inicial. En consecuencia, la ciencia de Humboldt se había visto «aplastada», y las reimpresiones de obras antiguas corrían el riesgo de extinguirse. Sencillamente, la pregunta fundamental era ahora la siguiente: «¿Tenían o no los autores y editores derecho a este tipo de propiedad?»[71]. Y si la respuesta se revelaba afirmativa, no había más remedio que concluir que la formulación vigente de la ley de derechos de autor debía desaparecer.

El planteamiento estuvo a punto de salir airoso del envite, ya que la propuesta de ley de Brydges fue rechazada por un único voto[72]. No obstante, bastó para que se ordenara crear un comité parlamentario y proceder a una exhaustiva investigación de todo el asunto —convirtiéndose de este modo en la primera comisión de control de ese tipo en la larga serie de mesas examinadoras que habrían de sucederse a lo largo de todo el siglo XIX—. El comité escuchó a cuantos testigos quisieron presentar las partes, reuniendo una buena cantidad de pruebas relativas a las poco conocidas costumbres reinantes en el sector editorial. Y en el expediente pergeñado de ese modo, la comisión dejaría tras de sí una información llamada a convertirse en una bomba de relojería documental alojada bajo los cimientos mismos del sector editorial. Sin embargo, antes de que esa carga de profundidad llegara a estallar, el comité mismo quedó convencido de que se hacía necesario producir un cambio. Dio parte de que el requerimiento que estipulaba la necesidad de depositar once ejemplares era efectivamente abusivo. Recomendó que solo se permitiera conservar ese derecho al Museo Británico y que al resto de las bibliotecas se les procurara una asignación como compensación por la pérdida del depósito. Y en caso de que no se aceptaran estas medidas, el comité proponía varias soluciones intermedias, entre otras la de obligar a las bibliotecas a abonar una parte del coste de los depósitos. Sin embargo, el parlamento actuó con lentitud y en el año 1818 quedó disuelto sin que se hubiera tomado medida alguna.

La disolución de la cámara echó por tierra las posibilidades de Brydges. Se había quedado sin recursos. Su campaña de reelección le hizo rozar la bancarrota, y al perder la votación huyó inmediatamente del país para eludir a sus acreedores. Un año después, al reunirse el nuevo parlamento se realizó algún intento destinado a reactivar la causa, pero sin la presencia de Brydges todos los empeños se revelaron vanos. Los editores continuarían quejándose de la situación que les obligaba a asumir el depósito por espacio de una generación más. Al final, en el año 1836 se suscitaría una nueva tanda de debates que culminarían con la promulgación de una ley por la que se privaba del derecho al depósito a seis de las once bibliotecas. Aunque la campaña que en su día lanzara Brydges hubiera fracasado, los motivos que la habían impulsado no habían desaparecido.

La pequeña ciencia

En muchos aspectos, las observaciones que Brydges desgranara sobre la cultura que le rodeaba resultaban altamente cuestionables. Si el genio estaba realmente condenado a no obtener el reconocimiento del público de masas, ¿cómo explicar entonces que el pirateo de las obras de Byron captara tan inmenso volumen de lectores a finales de la década de 1810? ¿Por qué Scott —con quien Brydges había colaborado en distintos proyectos bibliográficos, y sobre cuya genialidad no albergaba duda alguna, cosechaba semejantes éxitos—?[73]. Hemos de decir que, en sus consideraciones críticas, Brydges vería sistemáticamente contrarrestados sus propios argumentos, pues por cada Wordsworth que pudiera darle la razón habría un Southey que viniera a quitársela. La genealogía alternativa de los bardos que él mismo dio a la imprenta (y en la que recogía textos de Wither, de Greene y de otros autores) parece, y parecía ya en su época, un desfile de insípidos segundones. Lo más importante es, quizá, que Brydges tenía poca autoridad para objetar el surgimiento y la consolidación del descubrimiento científico y la invención como tales modalidades de creatividad, ya que por regla general las desdeñaba siempre por considerarlas simples técnicas. Más tarde, al hacer furor el debate sobre el declive de la ciencia, un distante Brydges se avendrá condescendientemente a contrastar las reivindicaciones de genialidad de la literatura y la ciencia en unos términos que podrían considerarse enigmáticos:

Puede que en la ciencia resulten útiles los descubridores;

pero transmisibles revelan ser todos sus méritos:

objetos circulantes son, como el dinero,

de todos al alcance, como el vil metal.

La fina esencia del genio imaginativo

elude en cambio el trasvase,

existiendo y respirando por ello, solitario,

en las idénticas palabras de su Creador.

Por esta razón vive el poeta

en eterna presencia de la posteridad[74].

Sin embargo, tampoco este discurso lograría cuajar.

Con todo, al experimentar las ciencias sus propias conmociones durante el periodo romántico —conmociones que habrían de culminar en la formación de las disciplinas modernas y en la invención del científico—, comenzarían a encontrar asidero algunas de las estrategias próximas a la médula de los planteamientos de Brydges. Puede que sus preferencias se decantaran antes por el campo que por la ciudad, por los nobles antes que por el pueblo, y por el mecenazgo antes que por la profesión, pero en algunos terrenos intelectuales, y también técnicos, tenía sentido realizar ediciones de tirada corta. (A fin de cuentas, el número de libros que se publican de una monografía académica se sitúa actualmente, como media, entre los doscientos cincuenta y los cuatrocientos ejemplares, cantidad que viene a igualar las tiradas máximas de Brydges —y hay que recordar que, hoy, ese número está experimentando una rápida reducción—). Teniendo en mente algo similar, Thomas Fisher —estudioso de las antigüedades, pionero de la litografía y vehemente opositor a la entrega de depósitos a las bibliotecas— sostendrá que «la unión de las artes gráficas con la literatura» ha dado nacimiento a un nuevo tipo de libro. Este nuevo medio incluía imágenes fielmente reproducidas que no solo resultaban estéticamente hermosas, sino que desempeñaban una función epistemológica esencial. Resultaban necesarias, señalaba Fisher, para «transmitir las ideas con un detalle, una precisión y una fuerza desconocidas por los impresores de épocas pasadas». Y a continuación enumera las principales disciplinas llamadas a salir ganando con ese nuevo estado de cosas: no solo se beneficiarían la topografía, la historia local y la edición de obras antiguas, sino también la botánica, la zoología, la conquiliología, la historia natural, la arquitectura, la astronomía y las ciencias matemáticas. En todos esos empeños resultaba posible presentar por primera vez el conocimiento con rigor y fidelidad, además de con una fuerza impactante —con objetividad, pudiéramos decir—. Sin embargo, la elaboración de esas láminas resultaba cara y no contaba sino con un público consumidor muy reducido y especializado. Y se trataba además de una cuestión extremadamente urgente, puesto que la exigencia del depósito ponía en peligro su continuidad. El asunto amenazaba con suprimir el conocimiento mismo[75].

La breve exposición de dos ejemplos nos permitirá indicar la forma en que operaban en la práctica este tipo de publicaciones científicas. El primero guarda relación con una de las obras directamente amenazadas por el depósito: la Flora Graeca de John Sibthorp (véase la figura 9.5). Concebido como un elegante libro, y escrito en latín, este monumental proyecto sobre la historia natural de la cuenca oriental mediterránea estaba ya próximo a su publicación por fascículos en el momento en que empezó a cobrar fuerza el debate sobre los depósitos. En total, su publicación en diez volúmenes necesitaría cerca de treinta y cuatro años para completarse. Su reducida tirada (de unos treinta ejemplares) y los enormes costes de su elaboración lo hacían extremadamente vulnerable. De hecho, en el año 1825 el Museo Británico presentó una demanda para exigir sus ejemplares gratuitos —circunstancia que constituía una amenaza letal, ya que volver a imprimir copias nuevas a esas alturas habría obligado al desembolso de otras tres mil libras esterlinas y dilatado el empeño una década más—. Tras una prolongada disputa, el Museo perdió el pleito porque los tribunales determinaron que una obra tan lujosa no podía considerarse en modo alguno un libro[76].

Figura 9.5. Ejemplo de publicación de tirada corta en el campo de la historia natural: la Flora Graeca de Sibthorp. J. Sibthorp et al., Flora Graeca, 10 vols., Londres, R. Taylor para J. White, 1806-1840, vol. 1, frontispicio. Cortesía de la Biblioteca de la Universidad de Chicago.

El segundo ejemplo es el de Gideon Mantell, un médico de Sussex amante de la poesía, el estudio de las antigüedades y la búsqueda de fósiles. Mantell, que sería una de las primeras personas en interesarse por la paleontología, se dedicaría a rastrear afanosamente en las canteras tratando de hallar los restos de unos seres que parecían ser reptiles gigantescos. Haciendo suyo el estilo editorial de Brydges, Mantell informó de sus hallazgos en una serie de obras de pequeña tirada y dedicadas a dar cuenta de la historia local —obras dirigidas más a conseguir el mecenazgo de algún noble que el éxito comercial—. Su editor era Lupton Relfe, una de las personas que habían secundado a Brydges en su campaña contra las bibliotecas. Fue Mantell quien dio a una de las antiguas criaturas que había descubierto el nombre científico de iguanodon debido a que su dentadura se asemejaba a la de la iguana moderna. Corrían sin embargo los años en que comenzaba a dar sus primeros pasos la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, circunstancia que presagiaba el surgimiento de nuevas prácticas en el mundo de los autores científicos —una práctica muy distinta a la de las convenciones por las que se regían los apasionados por las antigüedades y el propio Mantell—. Al principio, su trabajo suscitó escaso interés en esa reciente comunidad científica, y con el paso del tiempo Mantell pasó a publicar obras de carácter más comercial, fundamentalmente con la esperanza de obtener algún ingreso por sus derechos de autor. No obstante, como su reputación entre los científicos seguía siendo precaria, tuvo ocasión de comprobar en propia carne el poder de los métodos editoriales de dicha comunidad. La larga enemistad que venía enfrentándole a Richard Owen, un hombre tristemente célebre por su ambición, alcanzaría su punto culminante en el año 1841, al dar Owen una recordada charla ante los miembros de la citada Asociación. Mantell quedó convencido de que Owen se había apropiado secretamente de sus trabajos, de modo que denunció la conferencia, calificándola de «vil piratería». A pesar de ello, la Asociación votó a favor de conceder una ayuda económica al texto que Owen se aprestaba a publicar. Y no se trataba de la obra de un aficionado a los objetos geológicos antiguos destinada al deleite de uno o dos mecenas, sino de una publicación profesional dirigida a una comunidad transnacional de investigadores —una obra acorde con el recién definido papel del científico—. Ese fue el contexto en el que Owen dio en acuñar, movido en parte por el deseo de establecer una distinción entre sus trabajos y los de su rival, una nueva denominación para designar al tipo de criaturas que ambos estudiaban, naciendo así la voz dinosaurios. Como es obvio, sería su versión de las cosas la llamada a obtener una imborrable influencia. Y desde luego, esto no se debió únicamente al hecho de que Mantell fuese un autor apasionado por el estilo editorial propio de los amantes de las antigüedades, fundado en las tiradas cortas, y Owen en cambio un adepto de alternativas de mayor éxito, ya que lo cierto es que la diferencia existente entre las estrategias que eligieron como autores acabaría descubriéndose tan relevante como descarnada[77].

El genio gótico

Brydges se había visto expulsado del parlamento en el preciso instante en que su doble táctica contra la cultura impresa de la época parecía alcanzar su punto culminante. Abrumado por una insoportable carga de deudas, huyó primero a París y más tarde a Ginebra. Salvo por la realización de la dilatada gira poética que le llevaría a recorrer Italia entre los años 1819 y 1821, y por una segunda estancia en París efectuada en 1825, Brydges se resignaría a vivir en una romántica e intermitente reclusión en los Alpes suizos, condenado a una existencia oscura. Allí se dedicaría a trabajar hasta las tantas de la noche, afanándose en componer un interminable número de sonetos, panfletos, mamotretos bibliográficos y genealógicos, así como afectadas defensas de su argumentación en el caso Chandos. Clamaba de este modo noche tras noche, en silencio, contra el «insolente y calumnioso» planteamiento con el que Beltz había echado por tierra su reivindicación del título de los Chandos, resaltando la «pura maldad» de su contrincante, su «mendaz exposición de los hechos», y etcétera[78]. Entretanto, la imprenta del priorato de Lee continuaba luchando por sobrevivir, aunque para cerrar finalmente sus puertas en el año 1821. Su operario de mayor experiencia, Johnson, había abandonado la nave tiempo atrás, presa de la más viva indignación.

En su apartado exilio, Brydges volvió a dedicarse a los afanes bibliográficos. El «casi mecánico» empeño de la bibliografía, afirmaba, resultaba perfectamente adecuado para un hombre marginado y agraviado incapaz de dar muestras de verdadera imaginación. Desprovisto de la posibilidad de realizar por sí mismo la tarea de un genio, prefería reimprimir las obras de otros a rebajarse y reivindicar como propios «pensamientos tomados en préstamo de terceros». Sus reimpresiones aparecían en reducidísimas tiradas impresas en Nápoles, Florencia, Roma y Ginebra. En una de ellas «consignaría» más de mil ideas concebidas en siglos anteriores y tenidas no obstante por novedosas en su época. En otras dejará constancia de sus protestas en relación con la naturaleza del genio y con el hecho de que la voracidad del público se desentendiera de ellos[79].

La única interrupción que habría de consentir en este constante esfuerzo se produciría a raíz de un breve aunque desastroso regreso al priorato de Lee. El hecho de volver a trabar relación con sus ancianas tías incrementó más que nunca la melancolía de Brydges, de modo que nuestro hombre se embarcó en un rocambolesco plan para saldar sus deudas con el que terminaría arruinando a todos cuantos todavía le soportaban. El proyecto se hallaba vinculado con unos terrenos del priorato de Lee que se encontraban en ese momento hipotecados. Se canceló la hipoteca y las tierras se vendieron al bibliógrafo y mediocre poeta Edward Quillinan. Quillinan las revendió a su vez, triplicando su precio y obteniendo un beneficio neto de quince mil libras esterlinas. Brydges, su familia, sus abogados y el propio Quillinan se repartieron dicha cantidad. Sin embargo, los prestamistas que en su día habían permitido cancelar la hipoteca no tardaron en enterarse de tan milagroso incremento de valor. Pusieron una demanda e iniciaron así un pleito legal que habría de prolongarse por espacio de once años y revelarse desastroso para todas las partes implicadas. El hijo mayor de Brydges, que de hecho era el propietario del priorato de Lee, huyó a Francia, falleciendo en un apartado caserón de pesca de la Bretaña francesa. El hijo menor fue encarcelado por deudas y perdió la razón. Durante años, Quillinan se vería en la imposibilidad de casarse con la hija de Wordsworth. Hasta los abogados del caso cayeron en la bancarrota[80]. El único que consiguió escapar de la quema fue el propio Brydges, que logró refugiarse en Ginebra, y al parecer sin haber sufrido escarmiento alguno. No tardaría en cooperar en la distancia en una trama ultraconservadora destinada a derribar al duque de Wellington de su posición de primer ministro, a quien se le reprochaba, entre otras muchas cosas, una imprudente política económica[81].

Vistas las cosas con la perspectiva del tiempo, la campaña de Brydges en contra de los derechos de autor podría parecer, al igual que esta última conjura, una iniciativa surgida de la pura terquedad personal. Sin embargo, Brydges anduvo más cerca de salir airoso de sus empeños de lo que en un principio pudiera suponerse, y desde luego, a sus ojos, tanto el periodo en el que estuvo a punto de lograr el éxito como la campaña misma se contaban entre sus máximos orgullos[82]. Y no debemos olvidar tampoco que tenía muchos aliados —en cuyas filas militaba buena parte de las máximas jerarquías de la industria editorial londinense—. En la práctica era perfectamente capaz de hacer causa común con las formas oligárquicas de la actividad comercial. Además, lo cierto es que muchos de los argumentos de sus antagonistas eran igual de estrafalarios que los suyos. No olvidemos que habían sido los defensores de los derechos de autor los que habían resucitado a Corsellis y proclamado que antes del año 1710 existía un derecho universal a la piratería. Y de facto, los críticos posteriores de los monopolios editoriales —empezando por Charles Babbage— habrían de reavivar los rescoldos de esta campaña, candentes aún años después de haber conocido su punto álgido[83].

Con todo, no se agota aquí la cuestión. El carácter descabellado de las campañas de Brydges era de hecho uno de sus elementos fundamentales. Él mismo se forjaría una idea de la índole de sus iniciativas a finales de las décadas de 1780 y 1790, a raíz de la campaña de reivindicación del título de los Chandos y de sus primeros intentos de componer una novela. De esos años le quedaría la convicción de ser esencialmente una persona aristocrática (con independencia de su aspecto exterior), sensible, solitaria, poética y temperamental. Así es como se describirá a sí mismo en sus novelas góticas —y particularmente en Fitz-Albini, obra en la que aparece con los rasgos de un lord de vida recluida y proclive a las intuiciones poéticas (el título de la obra es una combinación de dos de los elementos del pretendido árbol genealógico de Brydges)—. Cuando el héroe del relato no era él mismo, los personajes de su alambicado pasado genealógico tomaban el relevo, exhibiendo aquellas características que el propio Brydges creía haber identificado en su linaje. La cuestión es, sin embargo, que no solo incluía elementos personales en las narraciones góticas y románticas que salían de su pluma, sino que al mismo tiempo incorporaba elementos góticos y románticos a su propia personalidad. Brydges se pasó la vida de cripta en cripta y de ruina en ruina, cegado siempre por el fucilazo de un nuevo descubrimiento deslumbrante. Este tipo de vislumbres inspirarían tanto la fe que sentía por la genealogía en general como la concreta determinación de descubrir la genuina rama de consanguinidad que diera en vincularle a Gibbon. Tanto en estos destellos como en su recurrente necesidad de definir el genio y sus apasionadas proclamaciones acerca de la aristocracia, la popularidad y la originalidad, Brydges revela aspirar a la identidad propia del trágico y característico héroe romántico. Y sería esa aspiración, más que los argumentos, la fe o la necesidad, lo que impulsara sus campañas. De hecho, en ningún momento de los largos años que habría de dedicar al conflicto sobre los derechos de autor dejaría de reactivar las demandas relacionadas con la reivindicación del título de los Chandos, haciéndolo invariablemente en estos mismos términos románticos. Las reivindicaciones reaparecerían una y otra vez, prácticamente en todas las formas literarias imaginables, ya fuese como poemas (y aquí Brydges producirá desde sonetos hasta relatos épicos en varios volúmenes), como novelas, como biografías imaginativas, como ensayos periodísticos o como obras editadas. Brydges accederá a soportar incluso seis años de «pesadeces» a fin de publicar los títulos de nobleza de Collins en nueve volúmenes —y al parecer con el objetivo de que al menos unas pocas de aquellas páginas alcanzaran a «transmitir a la posteridad los agravios infligidos a su familia, dejando además constancia de ellos»—. Y al zambullirse en todos estos empeños, como muy bien señalará Beltz, su vida se convertirá en una novela gótica. Durante un vertiginoso instante, en el plúmbeo final de la Gran Bretaña del antiguo régimen, la identidad y el papel de la actividad autoral impresa parecerá convertirse en una mera trama secundaria «del eterno Chandos Romance»[84].

10

INVENTORES, INTRIGANTES Y HOMBRES DE CIENCIA

La Gran Bretaña victoriana se enorgullecía de hallarse en la cima de los logros industriales, económicos y científicos. Sus fábricas abastecían al mundo, sus buques dominaban los mares, y sus ingenieros, naturalistas y estudiosos de la electricidad se contaban entre los mejores de Europa. Los héroes de la época eran los inventores y los descubridores. Sin embargo, en las décadas que median entre el año 1850 y 1880 todos y cada uno de los aspectos de la relación existente entre la invención, la industria y la sociedad habrían de sufrir el más riguroso examen que jamás se les hubiera practicado. Los críticos del estado de cosas reinante denunciaban que el mecanismo que había venido desarrollándose a lo largo de los siglos para reconocer, estimular y recompensar a los inventores —esto es, el sistema de las patentes— se había quedado obsoleto y resultaba ineficaz, estando incluso mal concebido en sus mismos fundamentos. Al principio, estos críticos eran poco numerosos, pero no tardarían en aparecer en todas las clases sociales y regiones del país. Todos ellos manifestaban que el sistema de las patentes tergiversaba profundamente la índole de la invención, la identidad social de los inventores y el lugar que ambas ocupaban en una economía industrial moderna. Los críticos insistían en que no bastaba con reformar dicho sistema o actualizarlo, y exigían por tanto su completa abolición. Y a punto estuvieron de conseguirlo. Pese a lo ruidosas que son hoy mismo las disputas, la campaña victoriana contra el sistema de patentes —que terminaría haciéndose extensiva a la ley de los derechos de autor— sigue siendo en la actualidad la más virulenta de cuantas se hayan organizado jamás contra la propiedad intelectual.

Y sin embargo, la cuestión poseía bastantes más facetas. Como ya hemos visto, a finales del siglo XVIII había terminado por aceptarse que la autoría literaria y la invención no eran cosas radicalmente distintas. Ambas eran manifestaciones de una misma capacidad humana. Para denominar a esta capacidad humana común se acabaría imponiendo gradualmente la palabra creatividad —siendo esta una voz importada de la lengua alemana: Kreativität—. Esta denominación implicaba que los mismos regímenes de propiedad de la obra creativa debían ser a su vez emanaciones de algún tipo de principio subyacente compartido. Por consiguiente, y en tanto que sistemas formales, tanto la creatividad como el régimen de su salvaguarda debían poseer un engarce coherente. Al comenzar a lanzarse ataques contra las patentes, los apurados defensores del sistema descubrirían que el único modo de resistir el envite consistía en apelar a este compromiso. Al final salvaron las patentes insistiendo en que estas no constituían más que una de las muchas vertientes de un principio fundamental de carácter más hondo y genérico —un principio de claras, bien definidas y categóricas connotaciones políticas—. Sus promotores habrían de dar a ese principio el nombre de propiedad intelectual.

El debate sobre las patentes no iba a quedar circunscrito a un único país. Se produjeron pugnas similares por toda Europa. En Francia militarían en uno y otro bando políticos de relieve, estudiosos de la economía política y sabios de toda clase. En Prusia —esto es, en lo que más tarde habría de convertirse en el Imperio alemán—, Bismarck, animado por la campaña, decidiría pronunciarse contra la práctica de las patentes —y durante décadas, desde luego, esta no habría de realizarse sino con notable moderación en los territorios alemanes—. En los Países Bajos, la campaña desembocaría de hecho en la abolición de todo el régimen de las patentes. Y en Suiza disuadiría durante mucho tiempo a las autoridades, que habrían de tardar largos años en decidirse a establecer un sistema de ese tipo. Según parece, de entre las potencias industriales, solo los Estados Unidos habrían de verse en gran medida libres de los efectos de aquel furor. Y ello por una mezcla de motivos particulares: en primer lugar, el hecho de que Matthew Carey hubiera terminado haciendo prosélitos entre los miembros de su generación determinaba que ya viniera considerándose desde mucho tiempo atrás que el inventor era un virtuoso miembro de la república; en segundo lugar, el sistema de las patentes se hallaba bosquejado en la propia Constitución de los Estados Unidos; y en tercer lugar, los estadounidenses encontraban sencilla y económicamente accesible la utilización práctica del sistema[1]. Con todo, se trataba de unas condiciones peculiares y circunscritas a ese país. En el resto de las grandes potencias, el destino de las patentes acabaría convirtiéndose en una cuestión mucho más abierta. Además, las controversias que iban a hacer furor en esta generación estaban llamadas a sentar la base de sustentación sobre la que vendrían a cimentarse posteriormente todos los debates relacionados con la creatividad y el comercio.

Gran Bretaña era la más destacada potencia industrial de la época, de modo que habría de ser en Gran Bretaña donde el conflicto sobre las patentes diera en mostrar la más arrebatada fiereza y a manifestarse grávido de las más relevantes consecuencias. La cuestión dividió en dos a la elite profesional del país. Entre sus proponentes y antagonistas figurarían muchos de los ingenieros y hombres de ciencia más destacados del momento, aunque también militaran en sus filas abogados, autores, filósofos y caballeros. Además, los bandos enfrentados no dejarían sino muy rara vez de presionar al parlamento, instándole a tomar medidas. A comienzos del año 1829 se instauraría una larga serie de comités parlamentarios y comisiones reales para estudiar el fundamento legal y la realidad práctica del sistema de patentes, haciéndolo además con un alcance cada vez más amplio. En un principio, el asunto revestiría las características de una mera reforma, ceñida en buena medida a las líneas maestras de los grandes movimientos políticos puestos en marcha en la década de 1810 para transformar las estructuras del gobierno y la administración, que llevaban sin experimentar ningún cambio esencial desde el siglo XVII. En el año 1852 conseguiría sus propósitos uno de esos movimientos, provocándose así un vasto cambio que en la práctica vendría a determinar la creación del primer sistema de patentes del país —notablemente distinto al conjunto de convenciones de carácter más bien ad hoc que había venido rigiendo la vida intelectual del país hasta entonces—. Con todo, pronto iba a verse que aquel éxito era un arma de doble filo, ya que además de provocar el surgimiento de una campaña en toda regla contra la fórmula de las patentes —una campaña no destinada a actualizarla sino a abolirla por completo— acabaría asistiendo a las diatribas de algunos de sus más entusiastas protagonistas, decididos a clamar también por la desaparición de los derechos de autor. De este modo, lo que había comenzado como un empeño reformista había terminado convirtiéndose en algo mucho más serio y fundamental. Además, la campaña abolicionista no tardaría en ganar adeptos influyentes —entre ellos el ingeniero Isambard Kingdom Brunel, el jurista y estudioso de los fenómenos eléctricos William Robert Grove, y varias de las más encumbradas autoridades jurídicas de la nación—. Por encima de todos ellos destacarían no obstante, como máximos cabecillas, iconos y organizadores del movimiento, sir William Armstrong, magnate de la industria armamentística, y Robert MacFie, capitalista del negocio azucarero. A lo largo de las décadas siguientes, habría temporadas en las que se propondría el estudio de un nuevo borrador legal prácticamente todos los años[2]. En las décadas de 1860 y 1870, fueron muchos los que creyeron que las fuerzas abolicionistas estaban a punto de alzarse con el triunfo. De haber sido ese el caso, no hay duda de que la potencia imperial e industrial que por entonces dominaba el mundo habría tomado la iniciativa y procurado hacer extensivos los principios más radicales del laissez-faire a la actividad misma de la invención. La creatividad industrial habría tenido que postrarse ante el libre comercio, con lo que la ulterior historia científica, industrial y económica habría presentado indudablemente un aspecto muy distinto.

No solo hay que tener en cuenta que era mucho lo que estaba en juego en estos debates sobre las patentes, también hay que pensar que los debates mismos acabaron adquiriendo un radio de acción más amplio de lo que en un principio pudo pensarse. Supusieron un prolongado cruce de opiniones relacionadas con la naturaleza del descubrimiento y la invención; con la forma en que aparecía repartida en el orden social la propensión a efectuar descubrimientos (y en particular con el hecho de si existía, o podía existir, una «clase» de inventores profesionales); con la circunstancia de si resultaba posible o no distinguir a los «inventores» de los explotadores que cometían fraude, se engañaban a sí mismos o se comportaban como oportunistas (tipos todos ellos a los que a menudo se denominará «intrigantes»); y con las recompensas que podían o no merecer los verdaderos inventores. Al mismo tiempo, los debates contribuirían a sondear los distintos grados de uso y abuso en que las competencias científicas venían a apoyar o, por el contrario, a poner en cuestión los fallos de los tribunales de justicia en general —es decir, no solo en los casos vinculados con las patentes—. A partir de ese momento, el alcance de los debates no cesaría ya de extenderse, afectando a cuestiones asociadas con la naturaleza de las pruebas científicas y alcanzando su punto culminante al sugerirse que Gran Bretaña debía crear un mecanismo judicial capaz de proceder al examen de los casos que requirieran una deposición científica. Y esta habría de ser en parte la luz que determinara que las pugnas provocadas por la cuestión de las patentes acabaran convergiendo con otras y obligando a la redefinición de la identidad y la autoridad mismas del científico como espécimen social reconocido.

El bandidaje legal y el declive de la ciencia

Será mejor que iniciemos nuestro examen con una patente. A mediados del año 1817, David Brewster, un naturalista y editor evangélico escocés (1781-1868), rellenó la solicitud exigida para su obtención, desencadenando con ello una cadena de acontecimientos que terminarían culminando —casi exactamente medio siglo más tarde— en la decisiva controversia que hemos mencionado. La patente se aplicaba a un nuevo dispositivo óptico que acaba de inventar y al que bautizaría con el nombre de caleidoscopio. Se trataba de uno de los numerosos instrumentos que Brewster había ido concibiendo o mejorando en el transcurso de los largos años que llevaba dedicados a sus arduas investigaciones sobre la luz —y ya antes había patentado alguno de ellos—. Sin embargo, el caleidoscopio era un dispositivo diferente. No estaba destinado a facilitar la investigación científica de los filósofos, sino a promover lo que la Inglaterra georgiana llamaba el «entretenimiento racional». En otras palabras, era una de las incontables máquinas fabricadas y comercializadas en aquella época para solaz de los consumidores de clase media: un aparato pensado para provocar el asombro y estimular la reflexión en el usuario. Este tipo de ingenios gozaban de amplia aceptación en el dinámico, emprendedor y extremadamente competitivo mundo de las mercancías. Herederos de la tradición conferenciante que a mediados del siglo XVIII había creado el planetario, los autómatas y el Microcosmos —y que tan crucial demostraría ser en su día para el surgimiento de los derechos de autor—, también estos aparatos se valían del espectáculo, la maestría fabril y el desvelamiento para promocionarse como tales artilugios y acrecentar la reputación de sus creadores. Sin embargo, esto no impedía que se elaboraran al mismo tiempo como instrumentos serios, y así eran considerados. El mismo Brewster creía estar contribuyendo a la educación de un popular criterio de visión. Pensaba, por ejemplo, que el caleidoscopio podría ilustrar los principios de simetría que podían hallarse prácticamente en cualquier parte de la naturaleza y que eran capitales para la realización de obras neoclásicas de calidad. Su aparato podría fomentar una especie de «capacidad para la admiración y la apreciación de los efectos producidos por las formas bellas», resultado equivalente en este sentido al de la educación del «oído para la buena música», y potencialmente capaz de producir consecuencias similarmente emancipadoras y cultas. Brewster decía que su caleidoscopio era un «clavicémbalo ocular» que producía armonías cromáticas. Los artistas y los arquitectos podían emplearlo para tratar de probar diversas fórmulas de simetría antes de pasar a fijarlas por medio de sus creaciones[3].

El caleidoscopio conoció un éxito popular tan inmediato como espectacular. En pocos meses debieron de venderse en París y Londres unos doscientos mil. Se trataba de un éxito sensacional cuya magnitud no contaba con ningún verdadero precedente en todo el siglo XVIII. Brewster le confesó a su esposa que «ningún libro ni instrumento del que guarden memoria los hombres ha producido jamás tan singular efecto». Sin embargo, su mismo éxito estaba llamado a trocarse en motivo de grave descontento para Brewster. Miles de «pobres gentes» comenzaron a dedicarse a fabricar y a vender el artilugio —y no solo no abonaban cantidad alguna al inventor por ese privilegio, sino que tampoco incluían en la elaboración del artículo los elementos científicos concretos que Brewster insistía en incorporar (como la capacidad de variar el ángulo de los espejos internos)—. Y en consecuencia el creador no solo estaba perdiendo dinero, sino que veía traicionada la intención primera que le había animado a promover el dispositivo.

La determinación que llevó a Brewster a tratar de obtener una patente no era nada inusitada en su época. Se trataba de una práctica que se había ido difundiendo a lo largo del siglo XVIII a medida que se había acelerado el ritmo de la Revolución industrial, y de hecho, ya en el año 1803 se había publicado un primer estudio impreso sobre la Ley de patentes[4]. Además, como tal hábito, la procura de una patente estaba llamada a desempeñar un papel crucial en la elevación de quienes en su día habían sido denominados «proyectistas» (y desdeñados por serlo) a la admirada categoría de «inventores». Dicha elevación estaba al menos tan cargada de consecuencias como otro vuelco similar y mucho más célebre: aquel por el que los «filósofos naturales» pasarían a convertirse en «científicos». De hecho, podría decirse que la Revolución industrial se produjo como consecuencia de la transición de la edad de los proyectos a la era de las invenciones. La figura central de esta transformación iba a ser James Watt, que se había dedicado a la defensa incondicional de su patentada máquina de vapor y habría de conocer un éxito apoteósico tras su fallecimiento, ocurrido en el año 1819. Con todo, lo cierto es que en Gran Bretaña todavía no existía nada a lo que poder denominar con propiedad un sistema de patentes. Todas las concesiones de patentes seguían constituyendo una gracia individual obtenida directamente de la corona y alcanzada en virtud de la buena voluntad de aquella. La consecución de una patente implicaba embarcarse en una operación burocrática costosa y desalentadora. Se precisaban al menos diez pasos específicos, y los solicitantes debían peregrinar por una larga serie de despachos oficiales y abonar unos determinados honorarios en cada uno de ellos. El proceso encontraba su origen en la legislación de la época de los Tudor, y había sido concebido para garantizar unos ingresos regulares a los empleados de la Administración[5]. Los vericuetos de la solicitud tardaban meses en llegar a una conclusión y exigían el pago de unas trescientas cincuenta libras esterlinas —y esto suponiendo que no surgiesen controversias—. Había toda una serie de «agentes de patentes» que se ganaban la vida encauzando las peticiones y ayudando a los solicitantes a salvar los diversos obstáculos. Se trataba por lo general de ingenieros y proyectistas familiarizados por propia experiencia con los alambicados senderos de la administración. Quizá fueran ellos los únicos que realmente supieran en qué consistía el conjunto del proceso. A finales del siglo XIX, estos agentes acabaron recibiendo unas credenciales regias por la que su actividad pasaba a constituir una profesión reconocida.

Pero no paraba ahí la cosa: era frecuente que, una vez obtenida, una patente no fuera sino una simple licencia con la que poder pleitear judicialmente. No proporcionaba la menor protección a un invento de éxito a menos que el beneficiario de la patente estuviera dispuesto a defender su derecho en una prolongada, costosa y arriesgada sucesión de batallas judiciales —en las que muy a menudo tenía que enfrentarse a competidores provistos de recursos inmensamente superiores—. A mediados del siglo XIX, todos cuantos hicieran campaña en favor de la introducción de reformas en este estado de cosas se hallarían ya en situación de citar ejemplos de litigios que habían obligado a desembolsar más de diez mil libras esterlinas al beneficiario de una patente para sufragar las costas judiciales. Existían incluso bastantes posibilidades de que aquellos que hubieran conseguido que se les concediera una patente acabasen viéndose en la ruina, o al menos amarrados durante años al banquillo de los tribunales, enredados en la maraña de precedentes y arcanos procedimentales que había ido formándose con el paso del tiempo. Y lo que resultaba aún peor, lamentaban, era el hecho de que, muy a menudo, los extremos de naturaleza notablemente técnica —relacionados, pongamos por caso, con la concepción de una máquina de vapor o con las propiedades de un horno de fundición— quedaran en el juicio a merced de las mal informadas opiniones de unos jueces legos en la materia. Terminó así convirtiéndose en un lugar común comparar todo el proceso con uno de los juegos más susceptibles de acabar en estafa del todo el siglo XVIII: la lotería. Había unos beneficiarios de patentes que ganaban sus pleitos y otros que los perdían, de modo que daba toda la impresión de que lo que determinaba su destino no era sino el simple azar. El problema mostraba por tanto un carácter no solo moral, sino también una vertiente científica y económica. Las patentes convertían a los inventores habituales en «especuladores», apostadores o «intrigantes», dispuestos a exponerse a sí mismos y a sus familias a un largo y espinoso proceso en el que las posibilidades de éxito resultaban inferiores incluso a las que el propio régimen parecía prometer. «Si se pudiera penetrar en la vida privada de los intrigantes», habría de sugerir muy pronto William Robert Groove, todo el mundo podría comprobar que «los engañosos fuegos fatuos de una patente [constituyen] un espejismo más honorable, aunque no menos excitante, que el que atrapa al jugador»[6]. En este sentido, en el siglo XIX la cuestión de las patentes pasó a formar parte de un debate de índole mucho más general: el relacionado con la proclamada «corrupción moral» de la sociedad industrial, que en muchos casos empleaba el lenguaje propio de los apostadores.

Sea como fuere, Brewster consiguió la patente solicitada. Sin embargo, en palabras de su hija, «y como tan a menudo sucede en este país, la invención no tardaría en ser pirateada». Según parece —esto es al menos lo que Brewster pensaba—, el artesano que había empleado para fabricar el dispositivo se había llevado una muestra y la había mostrado a sus principales colegas de Londres a fin de solicitar pedidos. Estos construyeron inmediatamente una versión para su uso personal, quizá dando por supuesta la existencia de una prerrogativa consuetudinaria que les permitía hacerlo. De este modo, el diseño acabó filtrándose. Llegadas las cosas a ese punto, infinidad de «hojalateros» y «vidrieros» comenzaron a fabricar piezas y componentes de caleidoscopio «al objeto de eludir la patente», mientras que otros se dedicaron lisa y llanamente a manufacturar y a vender el instrumento entero, felizmente instalados en la completa ignorancia de la existencia de patente alguna. Y para gran disgusto del inventor del aparato, llegó a darse por sentado, y de manera generalizada, que se había declarado nula la patente misma. Brewster dedujo que en aquellos trepidantes meses, menos del uno por 100 de los caleidoscopios circulantes habían sido vendidos con arreglo a su patente, lo que determinaba que la gran masa de los artilugios fabricados no hubiera sido «construida desde la observancia de los principios científicos». En consecuencia, no solo se había visto privado de una fortuna, sino que de los millones de personas que habían mirado a través de un caleidoscopio, «quizá no llegara al centenar el número de los que alcanzasen a hacerse alguna idea de los principios que inspiraban su construcción, que acertaran a distinguir los instrumentos falsos de los verdaderos, o que poseyeran el conocimiento suficiente de los mencionados principios como para aplicarlos a las numerosas ramas de las artes prácticas y ornamentales». Brewster se pasaría décadas lamentándose[7].

La experiencia vivida por el inventor del caleidoscopio iba a tener ramificaciones ajenas a su bolsillo. Al carecer de un puesto en la universidad o de un cargo administrativo, Brewster dependía de distintas fuentes de ingresos —que a menudo resultaban poco fiables—, como la de las aproximadamente cien libras esterlinas que recibía por cada número del Edinburgh Journal of Science[8]. De haber servido para algo su patente, podría haberse zafado de un plumazo de las cadenas que le aprisionaban con áridas labores —por ejemplo, su interminable tarea de dirección de la Edinburgh Encyclopaedia, que además habría de embarullarle en una serie de pleitos legales potencialmente ruinosos—. Podría haber conseguido el ocio y la libertad de acción del caballero. Lo que se interponía en el camino que podía llevarle a integrar las filas de la pequeña nobleza, bloqueándolo, era la infracción de los términos de su patente. Por consiguiente, llegó a la conclusión de que la experiencia que estaba viviendo señalaba la existencia de un enorme problema social que era preciso resolver si se quería evitar la atrofia de la sociedad misma.

Da la impresión de que Brewster tropezó con todas las desdichas que, según se decía, estaban condenados a sufrir los inventores del siglo XIX, permanentemente asediados por problemas. Se cuestionaron las especificaciones de su patente; su obrero filtró deliberadamente los detalles de su dispositivo a terceros; y la perspectiva de acudir a los tribunales le abrumaba a tal punto que decidió simplemente renunciar a toda defensa de su patente. Según se decía, este tipo de situaciones eran muy comunes. Brewster llegó entonces a la conclusión de que había que hacer algo. En el año 1821, Brewster desempeñaría un papel decisivo en la constitución de dos asociaciones en Edimburgo, una Sociedad de las Artes Prácticas (cuya denominación se inspiraba en la sociedad homónima londinense) consagrada a la promoción de los inventores escoceses, y una Escuela Técnica llamada a constituirse en el primero de los muchos Institutos Mecánicos de Gran Bretaña. En el transcurso de la década de 1820, Brewster no dejaría de utilizar su puesto de dirección en el Edinburgh Journal of Science para promover toda una serie de llamamientos destinados a solicitar que el Estado apoyase a los inventores y a los hombres de ciencia. Y al final de la década, al publicar Charles Babbage sus Reflections on the Decline of Science in England, Brewster no solo habría de ayudarle tras las bambalinas a reunir sus argumentos, sino que saldría públicamente a la palestra, convertido en el más destacado defensor de Babbage. El libro de este último apareció en un contexto muy particular: el de la primera gran investigación del régimen de las patentes que realizaba el parlamento —investigación que iba a revelar la existencia de un desencanto generalizado pero que no determinaría la adopción de ninguna medida—. Brewster confesaría a Babbage que había asistido a las audiencias del año 1829 con «asombro», dejándole atónito el hecho de que nadie hubiera dado a conocer su propio punto de vista —que según la opinión ya transformada en lugar común debía de sostener casi con toda seguridad que se concediera a las patentes un estatuto similar al de los derechos de autor, que podían obtenerse fácilmente y «sin ningún género de dispendio»—. «¿Por qué no habría de considerar el derecho consuetudinario que los inventos generan una propiedad —preguntaba Brewster— como la del libro, que cuenta con una protección legal cuyo único fin es permitir que el autor reciba con la máxima diligencia una indemnización por las sumas de efectivo que se le adeuden?»[9]. El hecho de que su convicción estuviese mal fundada (pues lo cierto es que en aquella época los derechos de autor no disponían de semejantes amparos legales) no impediría que se hallara cargada de consecuencias. Además, Brewster haría públicas sus opiniones en la larga recensión que habría de dedicar al texto de Babbage en la Quarterly Review —una revista considerada en numerosos círculos como un evidente manifiesto del llamado campo de los decadentistas—. En sus conclusiones, Brewster llegaría incluso más lejos que Babbage en varias cuestiones clave —de las cuales la más importante era la de las patentes—. Más tarde admitiría que en realidad la recensión le había sido encargada por el director de la Quarterly con la precisa intención de emplearla a modo de ataque contra la «iniquidad» de las leyes sobre las patentes —añadiendo que su escrito había alcanzado tal influencia que había terminado convirtiéndose «en parte de esa misma historia legal»[10].

Brewster coincidía plenamente con Babbage en el diagnóstico, ya que ambos afirmaban que la ciencia británica se encontraba en «un espantoso estado de abatimiento». Otras naciones, señalaba, habían dedicado los años de paz transcurridos desde la batalla de Waterloo a renovar su inveterada entrega a las artes y las ciencias, fomentándolas muy a menudo mediante el mecenazgo estatal y la concesión de honores. Las instituciones científicas de Francia, Prusia y Rusia podían jactarse de contar con el generoso apoyo del Estado y la aristocracia, así que Brewster se dedicó a escarbar en el pasado a fin de dar a conocer las formas en que los filósofos naturales y los matemáticos, de Galileo a Volta, habían disfrutado de las ventajas derivadas de dicho patrocinio. Gran Bretaña, por el contrario, no había hecho nada. Antes al contrario, desde el año 1815 había optado por dormirse en sus reaccionarios laureles militares. Las universidades no ofrecían puestos a los investigadores, la Real Sociedad de Londres y sus equivalentes de Dublín y Edimburgo no disponían de fondos que dedicar al abono de estipendios (ya que incluso cobraban una cuota a sus miembros), y no existía por entonces ni un solo filósofo que disfrutara de una renta estatal. Gran Bretaña había llegado incluso a abolir recientemente el único organismo científico estatal de cierta enjundia, a saber, la Junta de Longitud[11] —acción altamente simbólica que había contribuido a provocar la alarma de Babbage.

Brewster advertía de que esta indiferencia tenía un impacto directo en la investigación. Varias destacadas figuras científicas se habían visto obligadas a ganarse dificultosamente la vida dedicándose a tareas docentes muy por debajo de su nivel académico, o también, como sucedía en la Universidad de Edimburgo, dando conferencias ante un público de pago —actividad que los rebajaba a la condición de disertantes, forzados a competir con los charlistas ambulantes—. «En esta era en que se difunde y diluye el conocimiento», observaba amargamente Brewster, «la ciencia popular ha pasado a ser la materia prima de un vasto comercio cuyos principales agentes son los charlatanes». El horror de esta situación quedaba de manifiesto por el hecho de que los profesores de universidad se estuvieran «dedicando incluso a las labores propias de un autor profesional». Al conferenciante no le quedaba más remedio que convertirse en un «especulador comercial», papel que no daba pie a la investigación original. Ninguna de las grandes invenciones y descubrimientos del siglo pasado había encontrado su origen en las universidades, clamaba Brewster, añadiendo maliciosamente la siguiente coletilla: «que se sepa, no hay actualmente un solo hombre en ninguna de las ocho universidades de Gran Bretaña que se halle enfrascado en algún proceso de investigación original». Esta denuncia rebasaba incluso el listón de falta de tacto que tanto había elevado Babbage, de modo que, para salvar la cara, Brewster no tardaría en verse en la tesitura de tener que explicar lo que había querido decir ante el formidable William Whewell[12].

Brewster se lanzó entonces al concienzudo asalto de las patentes, cuyo régimen denunciaría por inadecuado. Al permitir que languidecieran las ciencias, el poderío económico británico había pasado a cimentarse en las técnicas mecánicas, químicas y agrícolas. Estas sin embargo, no solo habían sido abandonadas, sino que se había intentado reprimirlas activamente. Dos años antes, Brewster le había dicho a Brougham que el régimen de las patentes resultaba «horroroso»[13]. Y ahora declaraba por añadidura que todo el asunto de las patentes era, además de una lotería, un sistema fraudulento, «ya que otorga sus números sin premio a los genios y sus máximas primas a los bellacos». Robaba a los inventores para llenar los bolsillos de los funcionarios del Estado. El sistema consagraba la vigencia de una «legislación viciada y fraudulenta», pues proporcionaba al inventor un «privilegio ficticio» sin verdadero valor, cobrándose una exorbitante «tasa por su genio» —tasa que se situaba entre las trescientas y las cuatrocientas libras esterlinas—. Brewster sostenía que no había justificación posible para el cobro de dicha tasa, dado que las patentes no ofrecían una protección auténtica y únicamente podían venir a afirmar el derecho a la propiedad de un invento en caso de sobrevivir a una costosísima serie de pleitos judiciales. El contraste con los derechos de autor resultaba de lo más llamativo. Un autor literario obtenía un amparo directo, de modo que, según afirmaba Brewster, «la piratería es prácticamente desconocida» en el ámbito de la imprenta (lo que, dicho sea de paso, constituía un punto de vista muy poco verosímil, pero pasemos por alto este extremo). Por el contrario, el inventor de una máquina debía trabajar mucho tiempo y muy duramente «ya fuera en secreto o con la ayuda de unos cuantos amigos de confianza, por temor a que algún pirata pudiese robarle la idea y darle aplicación práctica antes que él mismo». El coste de solicitar una patente, y todavía más el de esgrimirla como defensa frente a los ataques de esos piratas, se erigía a modo de barrera infranqueable en el camino de los inventores desprovistos de medios económicos. Y aun en el caso de que no hubiera sido así, podría considerarse afortunado todo aquel que lograra de hecho eludir a los «piratas que se agazapan al acecho de los inventos de un hombre de escasos recursos». Por consiguiente, lejos de estimular la invención, el sistema no contribuía sino a frenar «en sus nueve décimas partes, el ímpetu de todos aquellos individuos dotados del mejor talento para lograr el progreso de las técnicas». Por otra parte, los burócratas y jueces de Whitehall obtenían pingües beneficios gracias a los honorarios que cobraban. El proceso entero, concluía Brewster, era pirático en sí mismo, ya que convertía a los funcionarios del Estado en «bandidos legalizados».

Brewster pensaba que esta ley de bandidaje suponía una amenaza para el poderío industrial británico. «Seducidos por el dinero extranjero», los artesanos británicos han empezado a emigrar a las naciones foráneas, advertía, llevándose consigo sus inventos y destrezas. La invitación que venían a ofrecer Matthew Carey y otros como él desde los Estados Unidos era, en opinión de Brewster, de una eficacia demoledora. La continuidad del poderío industrial británico dependía por tanto de que se supiera abordar no solo el problema del declive de la ciencia por un lado, sino de que se acertara a solucionar por otro el más profundo «mal» del régimen de patentes. En el caso de las ciencias, Brewster reclamaba que las universidades crearan cátedras para «los hombres de genio», concedieran honores a las personas que se dedicaran a la práctica científica, y otorgaran recompensas económicas por medio de un conjunto de sociedades eruditas concebidas para operar como «consejeros científicos de la corona». Y en lo tocante a las patentes, argumentaba, ya en términos más radicales, que los privilegios de reproducción pudieran afirmarse con la misma facilidad con que se defendían los derechos de autor. Esto implicaba en la práctica la total abolición de las costas del procedimiento. Una de las tres «juntas científicas» radicadas en Londres, Edimburgo y Dublín debería valorar en cada caso los méritos de las solicitudes, y si se juzgaba que las especificaciones del ingenio o del procedimiento propuestos resultaban adecuadas, estimándose por tanto que la invención era efectivamente novedosa, entonces el inventor debía obtener una protección absoluta por espacio de catorce años. Además, los inventores también debían quedar facultados para emitir una patente aun en el caso de no contar con la antedicha aprobación de la junta, aunque en este caso por su cuenta y riesgo. Una vez bien establecidos y puestos en marcha todos estos extremos, afirmaba Brewster, el «genio inventivo» de la nación podría volver a experimentar un notable progreso, contrarrestándose así toda tentación de emigrar.

Sin embargo, la organización de un sistema de patentes moderno iba a constituir una ardua tarea. El elemento que había impulsado la elaboración del propio manifiesto de Brewster había sido en parte el fracaso del comité parlamentario convocado en el año 1829, incapaz de formular siquiera una recomendación. Por consiguiente, llegó a la meditada conclusión de que la primera y más importante necesidad era la creación de un clima de agitación política. Comenzó así a alimentar la esperanza de que la Real Sociedad de Londres se animara a asumir la susodicha tarea. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo era preciso reformarla, y no parecía que hubiera demasiadas posibilidades de que tal cosa sucediera. Por consiguiente, solicitó que se hiciera cargo de la causa un organismo nuevo —una «asociación», según él mismo la llamaba, «formada por nuestra nobleza, nuestro clero, nuestros caballeros y nuestros filósofos»—. Dicha asociación encontraba su modelo en un congreso alemán celebrado por aquellos años y dedicado al estudio de la historia natural y la Naturphilosophie, reunión a la que el mismo Babbage había asistido. Brewster abrigaba la esperanza de que una nueva asociación de este género lograra impulsar a un tiempo la reforma de las patentes y animar también a los aristócratas de la nación —en lo que era un objetivo de pareja importancia— a asumir el papel que más propiamente les correspondía, a saber, el de «mecenas del genio».

Como es bien sabido, el llamamiento de Brewster a la constitución de una nueva asociación señaló el inicio de lo que habría de convertirse en la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia. La agitación vinculada con el régimen de las patentes sería uno de los principales objetivos de la nueva institución. Brewster quería que la asociación se lanzase de cabeza a una campaña favorable a la realización de reformas, diciendo a sus aliados que siendo ahora Brougham lord canciller cabía la esperanza de que su iniciativa contase con una acogida propicia. Sin embargo, en la forma en que emergió de facto en el año 1831, la mencionada Asociación reveló no ser el organismo que Brewster deseaba. De hecho, apenas habría de intervenir en la orientación del grupo que estaba empezando a formarse, de modo que poco tiempo después se presentó en el primer plano público una poderosa camarilla de Cambridge encabezada por el todavía dolido Whewell. Bajo la supervisión de Whewell, la Asociación comenzó a apartarse de los temas que preocupaban a Brewster, entregándose a la protección de las ciencias mecánicas, no de las técnicas de ese mismo tipo —consistiendo la distinción en el hecho de que la ciencia era de carácter teorético, mientras que la técnica se aprendía por medio del contacto personal y presentaba muy a menudo una vertiente industrial—. La idea de iniciar una campaña vinculada con la cuestión de las patentes fue calladamente abandonada. La Asociación Británica para el Avance de la Ciencia no habría de volver a dedicarse a las actividades políticas que Brewster tenía en mente hasta mediados de la década de 1850[14].

Con todo, hay un conocido logro de estas primeras reuniones que merece ser señalado. Me refiero a la acuñación de la voz científico para denominar al nuevo tipo de experto especializado al que acostumbraba a recurrir la Asociación. Según parece, fue el mismo Whewell quien lo propuso. En marzo del año 1834 emplearía anónimamente el término en un texto impreso aparecido en la Quarterly Review, y seis años más tarde lanzaría un serio llamamiento en favor de su adopción en una obra propia titulada Philosophy of the Inductive Sciences[15]. Whewell comprendió que los investigadores en activo habían empezado a consagrarse cada vez más al estudio de unos campos técnicos que estaban concretándose e independizándose unos de otros, y que, al hacerlo, se «alejaban paulatinamente unos de otros tanto por sus hábitos como por sus percepciones». En consecuencia, dejó de verse con claridad qué nombre debía darse a los investigadores de la naturaleza considerados colectivamente. Al parecer, dichos estudiosos prestaban escasa atención a las cuestiones de orden general o filosófico, y por consiguiente Coleridge les había negado «con toda propiedad» el título de filósofos. Existía la aguda necesidad de encontrar un nombre nuevo para el especialista, el técnico y el profesional dedicados a la mejora del conocimiento natural. Desde el principio se intentó que la nueva palabra viniese a señalar todo un conjunto de distinciones culturales palmarias, ya que se vivía en una sociedad cada vez más caracterizada por la industria mecanizada. Y a esa luz, uno de los atributos distintivos del científico era su propensión a realizar descubrimientos. Desde luego, las grandes figuras precursoras (Newton, Boyle, Priestley y otros) también habían descubierto cosas, pero por regla general se acusaba a los primeros filósofos modernos de la naturaleza de no explicar sus misterios sino en su realidad habitual: no se les había atribuido todavía la vocación de procurar un conocimiento novedoso. Los descubrimientos no constituían un aspecto central y definitorio del papel del filósofo de la naturaleza. Con el científico sucedía todo lo contrario. Esta es una de las principales razones que explican que las cuestiones de la patente y la actividad del científico práctico surgieran a un tiempo y estuvieran llamadas a no volver a separarse.

La invención del científico tuvo lugar en una generación que estaba asistiendo a la ocurrencia de importantes transformaciones en otras esferas del conocimiento profesional y vocacional, fundamentalmente en la ingeniería y en la medicina. En ambos casos puede observarse que las actividades que en la época se denigraban —o ensalzaban— por juzgarse piráticas desempeñaron un papel crucial en la forja y la atribución de una identidad y una autoridad nuevas al practicante de dichas disciplinas. El de la medicina es el ejemplo más conocido, ya que en este caso la Asociación Médica Británica operaría al modo de un sindicato radical decidido a defender a los nuevos «practicantes generales» de los ataques de los licenciados del viejo Colegio Real de Médicos. La agitación social que habría de provocar Thomas Wakley constituiría una contribución tan importante a esta pugna como el hecho mismo de que publicara The Lancet. Dirigido con la ayuda de Cobbett (mucho después de que Matthew Carey le denunciara por corsario), The Lancet cimentaría su reputación en el pirateo sistemático de un conjunto de conferencias médicas, y tendría que defenderse muy a menudo ante los tribunales a causa de sus acciones. Y siempre que se vio en la obligación de hacerlo, no tuvo inconveniente en darse el gusto de dar a la imprenta el desarrollo de esos pleitos jurídicos. Además, uniría esta actitud a la adopción de un tono invariablemente ácido que contrastaba notablemente con las fuerzas conservadoras que reinaban tanto en la medicina como en el conjunto de la sociedad. The Lancet se convirtió en la revista de cabecera de los facultativos generales de tendencia radical —hasta principios de la década de 1830, periodo en el que sufriría el asalto del London Medical and Surgical Journal, publicación que rebajó su precio y le usurpó las fuentes—. Estos órganos mediáticos (en realidad había más, pero no se guarda hoy memoria de ellos), así como los campos del conocimiento a los que apelaban, combatirían acremente entre sí, lanzándose mutuas acusaciones de piratería y contrapiratería. En el ámbito de la medicina, los combates relacionados con la identidad profesional se veían en esta época tan afectados por este tipo de acusaciones como los suscitados por cuestiones de identidad científica. Y ambas esferas a su vez, la médica y la científica, se diferenciaban mucho menos de la órbita de los impresores piratas radicales y materialistas como Richard Carlile, William Benbow y Thomas Tegg —los sucesores decimonónicos de Hills y Rayner— de lo que sus respectivos practicantes estaban dispuestos a admitir[16].

De la reforma a la abolición

La agitación destinada a reformar el proceso de las patentes contaba en realidad con una larga trayectoria. Ya en la década de 1780, en una época presidida por los temores que había suscitado la propuesta de Pitt de un acuerdo de libre comercio con Irlanda, habían hecho causa común James Watt y sus amigos para solicitar urgentemente la adopción de cambios importantes. Entre los temas que Watt habría de poner sobre el tapete figuraban unos cuantos llamados a convertirse en asuntos clave del debate que habría de animar posteriormente el siglo. ¿Debía admitirse, por ejemplo, la emisión de una patente en el caso de la mera introducción en el país de un ingenio llegado del extranjero? Watt pensaba que sí, y de hecho se trataba de una práctica aceptada desde mucho tiempo atrás, aunque cada vez hubiera más personas que la rechazaran. ¿Debía existir la posibilidad de patentar un principio además de un artefacto? De nuevo, Watt respondía afirmativamente a la pregunta, pero no se trataba de un parecer mayoritario y, en todo caso, el concepto de «principio» era cualquier cosa menos evidente. Y lo que se revelaba todavía más importante: ¿debía crearse algún tribunal capaz de examinar la pertinencia de una solicitud que reclamase haber descubierto algo nuevo antes de poder concederse una patente?

En esta idea de la constitución de un tribunal de patentes quedaban subsumidos muchos de los más peliagudos problemas que planteaba un régimen de patentes. Desde la década de 1730, los solicitantes de una patente habían tenido que remitir las «especificaciones» de sus inventos. La noción de que una patente venía a constituir un pacto entre la sociedad y el inventor —algo así como la concesión de un monopolio temporal a cambio de la revelación de los secretos del invento— hallaba fundamento práctico en este requisito. Sin embargo, era muy frecuente que las especificaciones de las patentes ocultaran tantas cosas como las que mostraban, y no necesariamente por efecto de la incompetencia o la inexperiencia. La situación era más bien la contraria: existía un arte singular consistente en redactar las especificaciones de una patente de modo que estas vinieran a revelar lo justo para sustentar la reclamación e identificar el invento, pero no lo suficiente como para hacer que la solicitud resultara abiertamente concisa o permitiera a terceros la producción de réplicas del dispositivo en cuestión. Era frecuente que los refinados cálculos de tan deliberada ambigüedad causaran problemas a los beneficiarios de una patente en caso de que tuvieran que enfrentarse a algún problema posterior. El propio Watt había caído en esa trampa. Según sugería, debía existir un tribunal que garantizara que la especificación aportada constituía de hecho una descripción adecuada del invento en sí. Las atribuciones de dicho tribunal podían incluso llegar más lejos y valorar la novedad de una reivindicación, reduciéndose de ese modo la posibilidad de pleitos ulteriores. Sin embargo, Watt prefería que este tipo de opiniones tuvieran un carácter meramente consultivo. Y desde luego rechazaba de plano la sugerencia de que el tribunal pudiese dictaminar la utilidad de un invento[17].

Las propuestas encaminadas a la creación de algún tipo de tribunal se revelaron recurrentes. Volverían a reactivarse una y otra vez a lo largo del siglo XIX, y su alcance potencial no terminó con la aplicación del proceso. Quizá también pudieran sustituirse con un tribunal las cortes judiciales convencionales en aquellos casos en que tuvieran que estudiarse pleitos relacionados con patentes ya concedidas —posibilidad en favor de la cual habría de trabajar denodadamente Brewster, por una vez—. Únicamente estas medidas, sostenían sus partidarios, podían poner fin a la lotería que suponía la apertura de un litigio vinculado con las patentes. Propusieron que el tribunal especial se reuniera tan solo para zanjar pleitos motivados por las patentes (y quizá para emitir asimismo su dictamen en aquellos casos asociados con los derechos de autor). Lo cierto es que, en la práctica, no llegó a instituirse ese tribunal, pero la idea de que podía crearse habría de surgir una y otra vez. Sin embargo, todo plan de estas características planteaba inmediatamente el problema de dotar de personal cualificado a semejante organismo. Tanto jueces como asesores debían ser a un tiempo imparciales, objetivos, expertos en materias técnicas y de espíritu práctico. Watt sugirió que el cuadro jurídico estuviera formado por tres miembros de la Real Sociedad de Londres y dos artesanos. Otros propondrían distintas combinaciones, y la interrogante estaba llamada a rebrotar incesantemente. La idea daría lugar a un prolongado y muy publicitado intercambio de pareceres acerca de las cualificaciones, el papel social y la credibilidad que debía reunir, desempeñar y poseer todo aquel al que pudiera concederse la capacidad de decidir autorizadamente sobre tales asuntos. En los institutos mecánicos, las cámaras de comercio y las sociedades literarias y filosóficas de todo el país se celebraban debates sobre el particular. En consecuencia, una de las fuerzas más poderosas llamadas a contribuir al reconocimiento público del «hombre de ciencia» como figura jurídica sería la derivada del hecho de que se necesitaba esa figura para actuar como supervisor en la comercialización de la creatividad a que se procede en las sociedades industriales. Además, la circunstancia de sustituir la voluntad regia por el veredicto de un «hombre de ciencia» equivaldría a suplantar implícitamente la autoridad del monarca por la del científico, y ello en un ámbito de conocimiento tan decisivo como este[18].

Estas serían las complejas y enmarañadas cuestiones que en el año 1829 condujeran a la constitución del primer comité especial encargado de examinar el régimen. Pese a que su actividad no desembocara en ninguna propuesta firme, el comité se las arregló al menos para dejar constancia de la generalizada desaprobación que suscitaba la práctica predominante. Tras conocer el testimonio de muchas personas del ámbito de la ingeniería —entre los que destaca especialmente la figura de Marc Isambard Brunel—, así como la opinión de numerosos agentes de patentes, el comité se formó una idea de la vasta gama de problemas que implicaba la cuestión. El régimen en vigor no encontró prácticamente ningún apoyo, salvo en las filas de aquellos que mantenían una muy estrecha relación con él. Brunel, por no citar más que un solo ejemplo, observaría que «las patentes son como despachos de lotería, lugares a los que la gente acude precipitadamente y con grandes expectativas, para no recibir casi nunca nada». Con todo, las opiniones sobre el método más adecuado para reformar radicalmente el sistema vigente resultaban muy distintas. Algunos de los llamados a dar su testimonio, por ejemplo, instaron a la urgente reducción del coste de obtención de una patente, aunque es importante señalar que la mayoría de los declarantes, incluyendo a Brunel, se mostraron contrarios a la aprobación de este extremo. Temían que esa medida fomentara la solicitud y concesión de un excesivo número de patentes asociadas a dispositivos «banales» o «frívolos», lo cual podía acabar sofocando el progreso industrial. Algunos propusieron que un equipo de examinadores supervisara los inventos susceptibles de recibir una patente, eliminando quizá por completo el requisito de una especificación. Otros pensaban simplemente que se debería ampliar el plazo para la presentación de documentos vinculados con la solicitud. Otros aún sugerirían que las especificaciones se mantuvieran en secreto, aunque la mayoría se mostrara partidaria de que pudiesen consultarse, aunque sin llegar al extremo práctico de imprimirlas y publicarlas. Brunel, por su parte, señalaba que resultaría imposible redactar unas especificaciones que fueran a un tiempo lo suficientemente públicas como para evitar que terceras partes vinieran a «piratear inadvertidamente el invento» y lo suficientemente confidenciales como para impedir que los verdaderos piratas violaran el amparo concedido por la patente. Brunel también quería que un jurado especialmente seleccionado juzgara los pleitos relacionados con las patentes, proponiendo que la Real Sociedad de Londres actuase como árbitro, ya que la perspectiva de poner un litigio en manos de un jurado convencional «equivalía a jugarse a cara o cruz la suerte de la patente». Como es obvio, la idea de constituir un equipo o comisión juzgadora suscitó inmediatamente un conjunto de interrogantes relacionadas con la forma de dotar de personal a un organismo semejante. ¿Quién podría acreditar ser merecedor de la confianza precisa para poder esperar una acción imparcial? Y yendo aún más al fondo de la cuestión, ¿a quién daría crédito el público?[19]. Estos problemas resultaban tan intratables que al topar con ellos el comité optó finalmente por abandonar, y sin ofrecer la más mínima recomendación al respecto. Los sucesivos comités y comisiones que habrían de constituirse a lo largo del siglo tendrían que escuchar repetidas veces un conjunto de opiniones similares. La necesidad de algún tipo de reforma contaba con un amplio consenso, pero nadie era capaz de ponerse de acuerdo respecto a la fórmula idónea. Y al fracasar los esfuerzos de Brewster por movilizar a la comunidad científica, todo el asunto quedó estancado.

Al final, el elemento que forzó a tomar medidas fue la Exposición Universal del año 1851. La intención de la Exposición consistía en exhibir las proezas de la inventiva británica y colonial. Sin embargo, hacía ya mucho tiempo que los fabricantes venían mostrándose escépticos respecto a la celebración de acontecimientos de este tipo, y aun de otros de muy inferior envergadura, dado que sospechaban que de ese modo sus secretos quedarían revelados a los ojos de sus competidores. Y lo que ahora temían era que la ausencia de una protección eficaz convirtiera a las contribuciones británicas en fáciles víctimas de sus colegas extranjeros —colegas que, por reproducir aquí las palabras dirigidas por el parlamentario ultraconservador Charles Sibthorp a la Cámara de los Comunes, habrían de «venir a piratear las invenciones de nuestros compatriotas»—[20]. Tras muchas y angustiosas indecisiones, el parlamento aprobó en el último momento una legislación provisional por la que se concedía una especial protección a los ingenios exhibidos en la Exposición —de hecho, la ley entró en vigor pocos días después de que abriera sus puertas el Palacio de Cristal—[21]. La experiencia dejó clara la acuciante necesidad de un amparo más permanente y mejor pensado. La Sociedad de las Artes Prácticas, que había sido el primer organismo defensor de la celebración de la Exposición Universal, comenzó a reclamar ahora la adopción de un nuevo sistema, y al final la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, presidida por el propio Brewster, también dio un paso al frente y presentó la cuestión ante la opinión pública. En la reunión que celebró la Asociación en Edimburgo, Brewster dijo ante sus miembros congregados que el sistema de patentes entonces vigente no contribuía en nada a proteger a los inventores de las acciones de «unos piratas que operan sin el menor remordimiento». En consecuencia, se nombrarían nada menos que tres comités parlamentarios especiales en dos años, encargándoseles la realización de un estudio sobre la ley de patentes. Dichos comités descubrieron, sin que la revelación viniera a sorprender a nadie, que el sistema era radicalmente disfuncional. Por ejemplo, un destacado administrativo llevaba cerca de cincuenta años sin realizar ninguna de las tareas que se le habían asignado, concretamente desde el momento mismo de su nombramiento, ocurrido en el año 1801[22]. Los miembros del comité recomendaron proceder a una profunda reforma que incluyera la reducción de los honorarios y la creación de una junta «científica» de supervisores. En el año 1851 fracasarían dos propuestas de ley sobre el particular, una de ellas promovida por el propio Brougham. Al año siguiente, ya con un nuevo gobierno en el poder, se elevó a la consideración del parlamento un tercer borrador, que finalmente saldría adelante. Pronto adquiriría rango legal, convirtiéndose en un Decreto de Enmienda a la Ley de las Patentes.

La ley del año 1852 representa el inicio de un verdadero sistema de patentes en Gran Bretaña, pues no en vano vino a dejar a un lado una vetusta maquinaria. Inglaterra, Escocia e Irlanda se consolidaron como área jurídica unitaria. El montante de los honorarios se redujo a ciento ochenta libras esterlinas. Se creó una Oficina de Patentes única y se la dotó de un personal compuesto por comisionados y administrativos —entre los que destaca el incansable Bennet Woodcroft, que se consagraría a la puesta en marcha de un sistema funcional—. El más importante de sus logros sería posiblemente el de crear un archivo de patentes fiable y accesible, dotado de índices y ubicado íntegramente en un mismo lugar. A partir de ese momento, todos los solicitantes de una patente recibían un amparo provisional desde el momento mismo de la presentación del impreso, cerrándose así la ventana de oportunidad de que habían venido disfrutando hasta entonces los piratas —como sucedió con los que frustraron las ganancias de Brewster con su caleidoscopio—. Sin embargo, no todas las medidas promovidas por Brewster y sus aliados habrían de ser recibidas favorablemente. Algunas de las personas que habían prestado testimonio ante el comité, por ejemplo, se habían opuesto a que se redujera el importe de los honorarios vinculados con la solicitud por temor a que algunos obreros, movidos por un exceso de ambición, realizaran solicitudes sin sentido y se abrieran de ese modo las compuertas de una riada de peticiones. Además, la mayoría de los consultados se habían mostrado contrarios a la idea de crear un equipo de «hombres de ciencia» dedicados al examen de las solicitudes, prefiriendo dejar que fueran los beneficiarios mismos del privilegio quienes se defendieran con sus propios argumentos. La consecuencia de este conjunto de discrepancias fue que los honorarios, pese a haberse reducido, siguieron siendo sustanciosos, y que continuó recayendo sobre los hombros de los concesionarios de las patentes la responsabilidad de defender su caso frente a un posible ataque. Pese a que antes de concederse cualquier patente, los miembros de la comisión debían ponderar la pertinencia de la solicitud, el examen seguía limitándose prácticamente a las cuestiones de forma. No se contempló finalmente la creación de ningún tribunal, y el proceso continuó hallándose libre de toda aportación «científica», salvo por la presencia de unos asesores ocasionales, específicamente designados al surgir una dificultad concreta (y además, en la práctica, dichos asesores no serían consultados sino en muy raras ocasiones). Tampoco se constituiría ningún tribunal especial encargado de zanjar las disputas relacionadas con las patentes[23].

No obstante, tan notable como la creación de un verdadero sistema de patentes sería el simultáneo surgimiento de un conjunto de serios y persistentes llamamientos que instaban a la completa abolición de esas protecciones. Entre los primeros personajes dispuestos a prestar su voz para dar a conocer esa posibilidad figuraba el parlamentario John Lewis Ricardo, sobrino de David Ricardo, el gran economista político —que también se había opuesto decididamente a las leyes del grano—. El joven Ricardo era presidente de una de las primeras compañías de telégrafos —debemos recordar que la telegrafía era, con mucho, la más avanzada y emocionante ciencia comercial de la época—. Él mismo se había visto en la obligación de acaparar patentes para evitar quedar enredado en pleitos legales, de modo que tendía, en virtud de su propia experiencia, a considerar que las patentes no eran sino otros tantos obstáculos monopolísticos al laissez-faire. Señalaría —como habrían de repetir más tarde muchos de los integrantes de la generación siguiente— que no se habían necesitado patentes para estimular la invención de la imprenta, la pólvora o el papel. Sostenía que los únicos avances que tendían a patentarse eran los de carácter «trivial». Al final, John Lewis Ricardo terminaría negando tajantemente que las patentes contribuyeran a acelerar la inventiva. Mantenía, muy al contrario, que constituían un impedimento innecesario —una especie de equivalente, de hecho, de los propios decretos sobre la navegación o de las leyes del grano[24].

Al principio, el planteamiento de Ricardo no contó con demasiados seguidores. Pero no tardaría en concitar más apoyos. De hecho, sería el proceso mismo por el que se sometiera a examen la nueva ley entre los años 1851 y 1852 lo que viniera a desencadenar el surgimiento de un movimiento dedicado a la causa de la abolición. Dicho movimiento habría de durar al menos una generación y acabaría hallando respaldo en todos los sectores sociales. Esto se debió, en parte, al hecho de que al abolirse los problemas administrativos del antiguo régimen, la inauguración de un sistema racionalizado contribuiría a poner aún más de manifiesto la existencia de otras profundas complicaciones intrínsecas. Dichas complicaciones guardaban relación con la naturaleza de la invención misma, así como con la identidad social del inventor, las relaciones entre la ciencia, el público y el progreso, y la economía política del laissez-faire. En términos más inmediatos, no obstante, lo que habría de desencadenar las ulteriores controversias sería el hecho de que la práctica de la concesión de patentes se verificara ahora en un ámbito de carácter comercial y manufacturero que empezaba a cobrar creciente conciencia no solo de su alcance internacional, sino de la circunstancia de estar desenvolviéndose en un imperio presidido por el libre comercio. Dicho de otro modo: el comercio había introducido en la ecuación un problema espacial, y ello en el preciso momento en el que la atención del público se centraba en los atributos de unas patentes que se juzgaban esenciales. La combinación de ambas cosas habría de revelarse incendiaria.

Uno de los impulsos que había ido cobrando fuerza a mediados del siglo XIX y promoviendo la reforma de las patentes —como también había ocurrido en el caso de los derechos de autor— era la pretensión de hacer extensiva a la esfera internacional una práctica que hasta entonces había tenido un carácter puramente nacional. Gran Bretaña llevaba desde la década de 1830 tratando de alcanzar acuerdos con los gobiernos europeos y con los Estados Unidos a fin de establecer tratados sobre las patentes y los derechos de autor que permitieran ampliar, aunque limitadamente, su ámbito de aplicación[25]. La principal justificación lógica de este planteamiento hallaba fundamento en las doctrinas económicas de la época. De acuerdo con los preceptos de la economía política, las regalías que los usuarios de una tecnología patentada abonaban al beneficiario de la misma podían considerarse como una especie de arancel impuesto a las manufacturas domésticas. Y dado que la existencia, las condiciones y las tasas por las que se regía el pago de dichas regalías variaban en función de los distintos países, los regímenes de las patentes nacionales violaban los principios del libre comercio. Por esta razón, las potencias europeas se esforzaban en crear (con éxito limitado) una normativa armonizada, o cuando menos dotada de cierta reciprocidad, para las patentes y los derechos de autor. Para que el libre comercio pudiese ser una realidad, el coste de las patentes que se trasladaba a los usuarios —incluyendo su accesibilidad, sus condiciones y sus restricciones— debía obedecer a criterios uniformes en todas las naciones. Los abolicionistas no tardarían en proclamar que el único modo de lograr este objetivo consistía en eliminar por completo dichos costes. No deja por tanto de resultar irónico que lo que viniera a espolear inicialmente la campaña contra las patentes fuese una iniciativa por la que el gobierno británico diera en proponerse justamente la consecución de esa meta en un caso concreto. Yendo al detalle específico del asunto, la causa inmediata de la tensión sería el hecho de que la ley del año 1852 definiera la existencia de una nueva relación entre Gran Bretaña y sus colonias. La ley de 1852 exoneraba expresamente a las colonias del imperio británico del abono de los honorarios relativos a las patentes cursadas en la metrópoli[26]. Los manufactureros de las colonias podían adoptar así las últimas tecnologías británicas sin tener que pagar regalías.

Esta decisión encontraba en gran medida su razón de ser en las antiguas luchas a favor y en contra de la esclavitud, sobre todo en las Indias Occidentales. Las colonias de las Indias Occidentales habían sido economías basadas en las plantaciones de esclavos hasta la promulgación de los decretos de emancipación del año 1834. Los propietarios de las plantaciones de azúcar de dicha región se habían visto en la tesitura de tener que asumir por primera vez una serie de costes laborales. Sin embargo, sus competidores de Brasil y Cuba seguían empleando mano de obra esclava, así que los terratenientes coloniales se quejaron de que ese estado de cosas les colocaba en una situación de desventaja, sobre todo después del año 1846, fecha en la que la igualación de los aranceles dictaminada por Londres vendría a determinar que ya no podían seguir contando con un trato preferente. Los productores de azúcar trataron de conservar su posición en el mercado mediante la mecanización —y muchos compraron máquinas cosechadoras y procesadoras a vapor—, pero, a pesar de todo, una grave depresión económica asoló el sector azucarero de las Indias Occidentales[27]. Sería justamente este contexto el que animara a Westminster a tomar la decisión de no hacer extensiva a las colonias la protección de las patentes. Se tenía efectivamente la esperanza de que, al habilitar a los productores de azúcar para lanzarse a utilizar las modernas máquinas de vapor sin tener que pagar regalías, se pudiera conseguir de hecho una especie de subsidio positivo capaz de ayudarles a competir con sus rivales esclavistas. Había no obstante otras consideraciones, como es lógico. En particular, la enorme variedad de subsistemas legales existentes en el desbarajustado Imperio británico hacía difícil considerar siquiera la idea de coordinarlos todos en un único régimen de patentes. Además, daba la impresión de que prácticamente no valía la pena realizar el esfuerzo necesario para alumbrar tal organización, ya que en todo caso se juzgaba que había un gran número de colonias incapaces de mostrar una capacidad inventiva continuada (la administración central británica había recabado informes sobre el particular en todas las colonias). Sin embargo, el elemento llamado a revelarse decisivo sería el interés de las refinerías de azúcar de las Indias Occidentales. Ese sería el elemento que viniera efectivamente a persuadir al parlamento de que debía dejar a las colonias al margen del nuevo régimen de patentes.

Por consiguiente, el sistema de patentes que vio la luz en el año 1852 incluyó por primera vez una explícita distinción espacial relativa al imperio. Implicaba la asunción de una fisura entre la metrópoli y las colonias que difería de todo cuanto se había conocido en el transcurso del siglo anterior. Aquella combinación de imperio y particularidad acabó provocando un debate radical sobre el recientemente modernizado sistema de patentes llamado a extenderse al comercio y a la política internacionales, afectando finalmente a la constitución del propio imperialismo.

La campaña abolicionista

La ley de 1852 hizo que los dueños de las refinerías de azúcar radicadas en la misma Gran Bretaña reaccionaran con furia. Y habría de provocar, de manera muy particular, la reacción de uno en especial: un magnate de la industria azucarera nacido en Glasgow y presidente de la Cámara de Comercio de Liverpool llamado Robert A. MacFie. MacFie ya se había mostrado anteriormente escéptico respecto al sistema de patentes. Había proporcionado datos contrarios a esa práctica antes de que la nueva ley iniciara su tramitación parlamentaria, elevando peticiones contra el creciente número de patentes y sumándose a las posiciones de John Lewis Ricardo. Y ahora iba a convertirse en un decidido e infatigable adversario de las patentes, consagrando todas sus energías a la abolición del sistema entero. Si la campaña organizada contra las patentes en la era victoriana precisaba de algún cabecilla, MacFie era desde luego el más idóneo[28].

Además de MacFie, otras dos figuras se alzarían como adalides de la campaña contra las patentes. Uno de ellos sería William Robert Grove, un conocido estudioso de los fenómenos eléctricos convertido en abogado. La voz de Grove se hallaba investida de autoridad. Conocía perfectamente bien la más lucrativa de las nuevas ciencias de la época, la telegrafía, y la única en la que las patentes parecían estar llamadas a desempeñar un papel sumamente influyente. A menudo se presentaba a sí mismo más como una persona escéptica respecto del sistema de las patentes que como un abolicionista en toda regla. Entre sus acciones más notables figura la publicación, en el año 1860, de una propuesta muy bien recibida en la que se sugería la creación de un tribunal enteramente nuevo dedicado tanto a la concesión de patentes como al examen de los pleitos a que estas pudieran dar lugar —y en la que también se barajaba la idea de que el mencionado tribunal pudiese hacer extensivas sus competencias a los derechos de autor, así como a todos aquellos casos «de carácter científico»—. Se trataba probablemente de la propuesta más plausible de cuantas vinieron a sugerirse en esos años, y desde luego no fueron pocas. En algunos aspectos resultaba incluso audaz: el tribunal del que hablaba Grove debía hallarse investido de la autoridad necesaria para rechazar solicitudes de patentes vinculadas con mejoras banales, por ejemplo, así como para determinar cuánto tiempo debía prolongarse la protección de una patente sobre la base de las necesidades y la valía del invento —y hemos de tener en cuenta que ambas potestades constituían un anatema para el bando partidario de las patentes—. Sin embargo, también insistía en que los jueces no debían ser hombres de ciencia sino pertenecer a la carrera judicial, y en que era preciso que el tribunal contara con un jurado —adoptando en ambas cuestiones un punto de vista más conservador que muchos de los reformistas, por no hablar de los abolicionistas—. (En realidad, el jurado que tenía en mente no debía estar formado por gentes profanas en materias técnicas, sino por «manufactureros, químicos, ingenieros y demás»). Para Grove la cuestión radicaba en el hecho de que este tribunal parecía destinado a propiciar la recuperación del «espíritu de la antigua ley de patentes», según había quedado consagrada en su día en el derecho consuetudinario de Coke y articulada mediante la Ley de monopolios. Sin embargo, no parecía en modo alguno que dicho tribunal estuviera próximo a constituirse, así que Grove acabó acercándose cada vez más al bando de los abolicionistas. Al final, él mismo terminaría mostrándose más radical que MacFie, aunque quizá solo fuera más fatalista. Si MacFie quería crear un sistema de recompensas estatales para los inventores que lo merecieran, Grove denunciaba incluso esta posibilidad, insistiendo en que el Estado debía evitar toda tentación de intervenir. Según parece, pensaba que la defensa de los inventores de clase baja estaría inevitablemente condenada a un fracaso sin paliativos en caso de tener que enfrentarse al gran capital[29].

El más responsable, autorizado y poderoso combatiente de la campaña contra las patentes sería sin embargo el ingeniero, fabricante de armas e inventor sir William Armstrong (1810-1900). Armstrong estaba llamado a convertirse en una figura emblemática, en la personificación de la más alta capacidad inventiva de la era imperial victoriana (véase la figura 10.1), puesto que acabarían tejiéndose leyendas en torno a su persona, como ya ocurriera con personajes como Watt o Isaac Newton. La prensa dictaminó que se trataba de un «mago», y se decía que ya en la infancia había demostrado su genio inventivo a Robert Stephenson al construir diversas maquetas mecánicas. Formado inicialmente como abogado, Armstrong se había hecho ingeniero en la década de 1840, inventando y construyendo grúas hidráulicas para los muelles. Poco después, la Guerra de Crimea vendría a revelar la existencia de deplorables deficiencias en los cuerpos de artillería británicos, que seguían utilizando cañones similares a los de la era napoleónica. Armstrong vio enseguida la oportunidad de hacerse rico. Desarrolló rápidamente un cañón de nuevo diseño. Dotado de un sistema de carga por recámara y de un ánima estriada, el cañón Armstrong prometía ser un progreso de gran calado (véase la figura 10.2). Obtuvo un contrato con la armada británica y gracias a él acumuló rápidamente una inmensa fortuna. Más tarde acabaría suministrando armamento a un gran número de potencias mundiales, fabricando piezas de artillería pesada en sus inmensos talleres de Elswick, cerca de Newcastle (véase la figura 10.3). A finales de siglo, la planta de producción daba empleo a veinticinco mil trabajadores, y sus dispositivos hidráulicos demostrarían ser cruciales para el desarrollo de los acorazados provistos de torretas artilleras. Invirtió parte de su capital en una magnífica mansión alimentada con energía hidroeléctrica y situada en la región de Northumberland. Denominada Cragside, el edificio resultaba asombroso —una especie de Neuschwanstein[30] industrial—. Era la más singular y ambiciosa expresión arquitectónica privada jamás dedicada a las altas empresas científico-industriales de la era victoriana (véase la figura 10.4). Con Armstrong de su parte, los adversarios de las patentes podían jactarse de tener entre sus filas a una de las más carismáticas personificaciones de la inventiva industrial. Sin embargo, Armstrong estaba llamado a ser también una de las figuras más controvertidas del momento —ya que su biografía, producto de su genial carisma, su espíritu emprendedor y su perseverancia, tenía otra vertiente menos deslumbrante, como habrían de poner crudamente de manifiesto los posteriores debates[31].

Figura 10.1. Sir William Armstrong (primer lord Armstrong de Cragside). Retrato pintado por Henry Hetherington Emmerson (1831-1895), Cragside. Reimpreso con permiso del Fideicomiso Fotográfico Nacional (National Trust Photograph Library o NTPL, según sus siglas inglesas), Colección Armstrong (adquirida por medio de la Fundación Nacional de la Propiedad Inmobiliaria y transferida al Fideicomiso Fotográfico Nacional Británico en el año 1977). © NTPL/Derrick E. Witty.

Figura 10.2. Cañón Armstrong. Scientific American, n. s., 1, n.º 1, 2 de julio de 1859, p. 16. Cortesía de la Biblioteca de la Universidad de Chicago.

Figura 10.3. Los inmensos talleres de maquinaria de Elswick. «The Elswick Ship-Building Yard. VII», The Navy and Army Illustrated 6, n.º 73, 25 de junio de 1898, pp. 314-316 —la imagen se encuentra en la p. 314—. Cortesía de la Biblioteca de la Universidad de Chicago.

Figura 10.4. Cragside. Reimpreso con permiso del Fideicomiso Fotográfico Nacional Británico. © NTPL/Rupert Truman.

Sin embargo, Armstrong, Grove y MacFie no eran más que los cabecillas de un movimiento que contaba con representantes en todas las clases, regiones y profesiones. Los ultrapartidarios del laissez-faire, muchos de los cuales ya habían participado en las campañas de Cobden contra las Leyes del grano, formaban uno de los grupos en liza. John Lewis Ricardo pertenecía a dicho grupo, al igual que J. E. Thorold Rogers, profesor de economía política en Oxford y de ciencia económica y estadística en el King’s College de Londres. Estos personajes consiguieron formular una economía política contraria al sistema de patentes. Además, en los campos de la abogacía, las manufacturas, la ingeniería y la ciencia también habrían de surgir aliados poderosos. En el terreno jurídico, sir Roundell Palmer, quien pronto habría de convertirse en procurador general de la corona y lord canciller, prestaría su apoyo a la causa contraria a las patentes, aunque de forma un tanto vacilante. El industrial de Glasgow, James Stirling, representaría a los manufactureros, mientras que Isambard Kingdom Brunel —máxima figura de la ingeniería victoriana— saldría a la palestra a fin de exponer los argumentos con los que esa profesión se decantaba por la postura abolicionista. J. A. Wanklyn, profesor de química en la London Institution, encarnaba por su parte a los «hombres de ciencia», sosteniendo que las patentes constituían un obstáculo para la ciencia misma.

De forma más general, los argumentos contrarios a las patentes se darían a conocer en un sinnúmero de foros de todo el país, así como en la prensa. Las sociedades literarias y filosóficas celebraron debates, y lo mismo hicieron los institutos mecánicos, elevando después las correspondientes solicitudes de reforma al parlamento o exigiendo la total abolición de las patentes —aunque en este caso con menor frecuencia—. Muchas cámaras de comercio procederían de igual modo, y en Liverpool MacFie sería una de las voces que más especialmente habría de destacarse en la campaña favorable al abandono total de las patentes, puesto que consideraba que se trataba de una distribución aleatoria, equivalente a la lotería. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos grupos se mostrarían divididos respecto a los extremos concretos de la cuestión, y los abolicionistas resultarían no constituir más que una ruidosa minoría con un peso aproximado de entre un treinta y un cincuenta por 100 de las voces. En el año 1864, la Asociación Nacional de Cámaras de Comercio dedicaría un día entero a mantener un debate sobre el particular, debate que vendría a revelar que también en esa Asociación existían discrepancias. Lo mismo sucedería en la Institución de Ingenieros Civiles, aunque su presidente, William Cubitt, era partidario de la abolición. En su organismo homólogo, el Cuerpo de Ingenieros Mecánicos, Armstrong, que presidía la institución en el año 1861, fecha en que se celebró el debate, expondría una controvertida defensa de los argumentos abolicionistas. MacFie también hacía frecuentes apariciones en la Asociación Nacional para la Promoción de la Ciencia Social —fundada en el año 1857 y organizada según un modelo similar al de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia— y en la Sociedad de las Artes Prácticas, que encargó a un comité el examen de las cuestiones en liza[32]. Entretanto, en el año 1863, Rogers realizaría otra enérgica defensa del abolicionismo ante los miembros de la Sociedad Estadística de Londres.

La Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, que quizá fuera la más notable de todas estas instituciones, volvía así a la carga, probablemente debido a que entre sus filas había cada vez más ingenieros mecánicos y civiles. El propio MacFie pronunciaría un discurso ante esta Asociación, ya que era miembro de la misma. Y en el año 1863, en un momento clave del debate nacional, Armstrong llegaría incluso a ejercer la presidencia de la institución. Como se esperaba, Armstrong volvería a aprovechar la oportunidad para obsequiar a los integrantes de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia con su particular y casi microbiano concepto de la creatividad. Dicha noción se prestaba a una interesante comparación con el organicismo de Kant y los primeros románticos: «Si en el reino vegetal, unas correctas condiciones del suelo y el clima provocan la rápida aparición de las plantas mejor adaptadas, también en el mundo intelectual la adecuación del momento y las circunstancias da en alumbrar prontamente los artefactos necesarios. Las semillas de la invención pululan, como si dijéramos, en el aire, prestas a germinar en el instante mismo en que se den las condiciones oportunas —y no se precisa de ninguna injerencia legislativa para garantizar su desarrollo si la estación es la apropiada—». Si en el caso de algunas grandes figuras de la Ilustración como Kant la comprensión orgánica de la creatividad había contribuido a sustentar una categórica noción de la autoría, para Armstrong el organicismo de tipo discreto que él mismo defendía implicaba exactamente lo contrario. (A esto replicaría mordazmente Brewster diciendo que resultaba obvio que para el gran magnate de la industria armamentística las invenciones eran «consecuencia de algo que circulaba en suspensión en la atmósfera, una especie de epidemia»). Estimulada por la controvertida acogida que encontraban estos discursos, la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia no tardaría en constituir toda una serie de comités propios dedicados a la cuestión de las patentes —comités que contarían entre sus miembros con personajes como William Robert Grove, Robert MacFie y William Armstrong, sin olvidar a Henry Bessemer, Lyon Playfair y William Siemens, pertenecientes estos últimos al bando de los defensores de las patentes[33].

La campaña contra las patentes también lograría sacar el máximo partido a la prensa. El Economist fue un aliado de confianza, y las principales revistas trimestrales publicaron artículos en los que detallaban los extremos de sus respectivas tomas de posición. Además, MacFie divulgaría muchos de los discursos, ensayos, cartas y debates salidos de su propia pluma y de la de sus aliados, sacándolos a la luz en forma de gruesos volúmenes impresos[34]. Estos libros constituían, por derecho propio, un conjunto de experimentos deliberadamente concebidos para la manipulación de la autoría. Incluían sesgadas compilaciones de datos obtenidos en todas las regiones del país y algunas del extranjero. De este modo MacFie incorporaría a sus publicaciones, por ejemplo, extensos párrafos extraídos de las argumentaciones que Henry C. Carey había esgrimido en los Estados Unidos contra la instauración de un régimen internacional de derechos de autor. Y no tendría siquiera inconveniente en agenciarse una traducción de los argumentos que Kant había empleado contra las contrahechuras para utilizarlos forzadamente en defensa de la causa opuesta, esto es, la consistente en la eliminación de la propiedad autoral[35]. Cada uno de aquellos volúmenes se vendía por cinco chelines, un precio lo suficientemente bajo como para que «todas las clases de la comunidad» pudiesen comprarlos y darlos a conocer tanto entre sus vecinos como en el seno de las asociaciones a que pudieran pertenecer. Se apartaron unos cien ejemplares al objeto de distribuirlos gratuitamente entre las diferentes bibliotecas públicas. Además, MacFie exhortaba explícitamente a los lectores a entresacar y reimprimir todo contenido que alcanzaran a considerar necesario con tal de que citaran las fuentes originales —esto es, las fuentes de las que él mismo había tomado los extractos en cuestión—. «El compilador es consciente de haber tratado con total libertad lo que ha ido hallando en distintos ámbitos», admitía, «y desea de todo corazón que [los lectores] se tomen la misma libertad con cuanto aquí presenta»[36]. Como ya ocurriera con las que acostumbraba a alumbrar Matthew Carey, se trataba de un nuevo tipo de publicación polémica —de un «código declaradamente abierto», por decirlo de manera anacrónica— que, al margen del submundo de la política radical, apenas contaba con precedente alguno. La campaña abolicionista no tardaría en encontrar adeptos. Y a quien más sorprende hallar quizá entre los primeros partidarios es al encargado de promover ante la cámara alta el proyecto de ley del año 1851, es decir, a lord Granville. Tras aquella peripecia, Granville anunciaba ahora en el parlamento que las críticas vertidas sobre dicha legislación le habían convencido: no existía ningún «derecho absoluto e innato a la propiedad de las ideas», y Gran Bretaña no tenía ya necesidad de procurar alcanzar un «acuerdo» entre el inventor y el público para estimular la realización de inventos y la revelación de sus características. Llegaba así a la conclusión de que la totalidad del sistema de patentes resultaba «poco aconsejable para el público, desventajoso para los inventores y erróneo en sus principios»[37]. Al cambiar el color del gobierno y transformarse lo que había sido una medida liberal en una decisión conservadora, se produjeron nuevas conversiones. En el año 1862, una comisión regia encontraría de este modo ocasión de emitir un informe notablemente ambivalente, informe que habría de culminar en una observación muy comentada: la de que los defectos del sistema eran inherentes a la naturaleza misma de las patentes. El presidente de dicha comisión, lord Stanley, también se pasó al bando de los abolicionistas. Y entonces, en el peor momento imaginable, estalló un escándalo que vino a golpear de lleno a la Oficina de Patentes, ya que uno de sus empleados fue acusado de malversación de fondos. El clamor de las protestas se elevó a tal punto que acabó forzando la renuncia del mismísimo lord canciller. En ese preciso instante, el Times hizo una llamativa pirueta y se declaró contrario a las patentes. Habría de ser este flagrante cambio de actitud, más que ningún otro acontecimiento concreto, lo que terminara convenciendo a muchos de que el conjunto del sistema se enfrentaba a su inminente desplome. De repente se tuvo la impresión de que la verdadera disyuntiva oscilaba entre una reforma radical y la abolición completa. Y eran muchos los que, además de preferir la abolición, la juzgaban inevitable —siendo ahora el Times el que más descollaba de entre todos ellos.

¿A qué se debió este espectacular incremento del apoyo al bando abolicionista? Los argumentos contrarios a las patentes descansaban en un cierto número de premisas relacionadas tanto con los inventos y los inventores como con el lugar que unos y otros debían ocupar en una sociedad industrial —y en la Gran Bretaña victoriana eran muchos los que se sentían identificados con dichas premisas—. El elemento fundamental de esa argumentación implicaba la asunción de un compromiso por el que se tendía a comprender la invención (y en un plano más general el progreso mismo) como un proceso de naturaleza gradual, colectiva y metódica. El bando de quienes se oponían a las patentes insistía en que la invención consistía en una sucesión concatenada de razonamientos o en que se basaba en la observancia de ciertas reglas. En principio, prácticamente todo el mundo podía ser inventor: bastaba para ello con seguir una serie de métodos que en una sociedad industrial moderna como la de Gran Bretaña, gozaban de amplia difusión. Los inventores no eran en modo alguno héroes, sino hombres corrientes. De no haber ideado Watt su máquina de vapor, era casi seguro que no se habría tenido que esperar demasiado tiempo para que alguna otra persona alumbrara algo equivalente. Además, el inventor, como el descubridor científico, bebía de una fuente universal de conocimientos —de un manadero al que cualquiera podía acudir, pues se hallaba tan alcance de todos «como el aire o la luz»—. Este campo común del conocimiento era una especie de terreno comunal, de modo que se hacía preciso establecer una distinción radical entre los actos tendentes al surgimiento de las invenciones mecánicas o químicas —en los cuales se utilizaba dicho terreno comunal— y el impulso conducente a la autoría literaria o artística. Según reivindicaban MacFie y sus aliados, se trataba de una distinción que venía a revelarse claramente en el hecho de que las invenciones simultáneas o cuasi simultáneas no fueran en modo alguno un acontecimiento raro, mientras que la idea misma de una autoría simultánea en el ámbito literario resultaba absurda. Desde que se concibiera la imprenta, casi todas las invenciones significativas habían contado con varios rivales que reclamaban para sí el mérito del descubrimiento, mientras que, por el contrario, se hacía ridículo imaginar que hubieran podido existir dos autores que reivindicaran al mismo tiempo la «invención» de la Divina Comedia.

De acuerdo con el bando abolicionista, los individuos de la era industrial (aunque no todos los seres humanos de todas las épocas) poseían globalmente el inherente e imperioso impulso de la inventiva. No existía por tanto necesidad alguna de estimular dicha capacidad mediante un régimen de patentes. En todo caso, el peligro era el contrario, ya que podía exagerarse la estimulación de la facultad inventiva y hacer que el artesano incauto se abismara en especulaciones excesivas y fuera a caer en la monomanía, el endeudamiento y la ruina. Esta opinión venía a ser el reflejo de un compromiso asumido y proclamado en favor del llamado obrero-inventor —compromiso en el que por cierto venían a coincidir tanto los abolicionistas como los defensores del sistema—. Según se decía, esta figura, fuente de innumerables polémicas, era el destinatario principal de los desvelos de uno y otro bando. El principal problema consistía en distinguir a los auténticos obreros-inventores de los «intrigantes». Estos últimos eran trabajadores que abandonaban precipitadamente su vocación movidos por un desmedido afán de desarrollar un invento único y espectacular capaz de sacarles de su condición menesterosa de un plumazo. Los abolicionistas afirmaban que el sistema de patentes espoleaba esta mentalidad de apostador —una mentalidad que, con demasiada frecuencia, no conducía sino al asilo para indigentes—. Isambard Kingdom Brunel se manifestaba con particular franqueza sobre este asunto. Pese a que estos personajes terminaran alumbrando en ocasiones inventos auténticamente merecedores de una patente, se decía que se hallaban atrapados en una especie de «sistema competitivo» presidido por la obsesión de obtener una patente y por una pugna con todo un conjunto de adversarios sin escrúpulos capaces de cualquier cosa con tal de apropiarse de sus logros. En tales circunstancias, ¿debía seguirse afirmando que el sistema de las patentes estimulaba realmente la poco realista creencia de que la invención pudiera llegar a considerarse un sustitutivo de la actividad profesional o empresarial?

Quienes hacían campaña en contra de las patentes atribuían un carácter histórico a esta concepción de la invención y del progreso. Era característico que no reivindicaran que la invención fuera (en sí y por sí) un proceso acumulativo, colectivo y metódico, sino que hubiera llegado a serlo con el paso del tiempo. Grove, por ejemplo, concedía que, en términos generales, las patentes habían desempeñado con éxito su cometido «en las fases primitivas de la historia de la invención», aunque afirmaba que en «el presente estado de la civilización, podía considerarse que la eficacia de su operatividad se hallaba sujeta a varias objeciones fundamentales». «En épocas anteriores», explicaba Grove, «al promulgarse la primera ley de patentes, el genio inventivo era poco frecuente». «Ahora la situación es marcadamente diferente», añadía, «pues los inventores son tan numerosos y el progreso de las ciencias físicas ha dado tan inmensos pasos, que en lo que respecta a un gran número de inventos la ocurrencia del feliz hallazgo es solo cuestión de semanas o meses». La invención moderna no había logrado ver la luz sino con el desarrollo de los modernos métodos científicos y la aparición de los rápidos sistemas de comunicación que permitían los barcos de vapor, los ferrocarriles y los telégrafos. Esto venía a equivaler a una explicación poco menos que positivista del desarrollo histórico, ya que se describía el proceso en función de una serie de fases sucesivas. Tal vez las patentes hubieran resultado de utilidad en el pasado —de modo que no se equivocaban quienes veneraban la Ley de monopolios del año 1624 por considerarla un gran progreso político—, pero en una nación industrial moderna constituían un método superado. Dichas naciones no solo no necesitaban ya de ninguna patente, sino que de hecho se veían entorpecidas por su vigencia. Si se quería evitar el declive de la industria británica —una amenaza que todas las partes implicadas solían imaginar inminente—, entonces la nación debía hacer extensivos los principios del laissez-faire y el libre comercio al ámbito de la creatividad. Gran Bretaña debía abolir el «impuesto» que venían a representar las regalías de las patentes a la misma o mayor velocidad que sus rivales.

Sobre las patentes gravitaban por tanto varios cargos simultáneamente. Convertían en un ídolo artificial al inventor aislado, denigraban radicalmente el papel del ya mencionado terreno intelectual común y bloqueaban el acceso a dicho terreno al impedir que se beneficiaran de él los demás ciudadanos —unos ciudadanos que de acuerdo con este planteamiento también eran, en todos los casos, inventores potenciales—. Negaban por consiguiente el carácter progresivo de la sociedad industrial. Los beneficiarios de las patentes públicas venían a equipararse así a los ocupantes ilegales de un terreno público —o mejor aún, se asemejaban a los burdos mercachifles que plantaban sus tenderetes y carretillas en medio de la calzada e impedían en paso de los viandantes[38].

La cuestión del inventor, por último, vendría a desembocar directamente en un corolario del que no era frecuente hablar tan explícitamente pero que no obstante seguía revistiendo una importancia crítica. ¿Qué posición adoptaba «el público» —y en cualquier caso: qué era exactamente «el» público o «lo» público—? Los defensores del sistema de patentes habían afirmado que su posición constituía una especie de pacto o transacción entre el inventor y el público, ya que gracias a ellos el inventor obtenía protección durante un periodo de tiempo limitado, y no solo a cambio de realizar la invención, sino como contrapartida por revelarla y ponerla en manos del público una vez finalizado dicho plazo. A esa luz, una patente no era una propiedad privada carente de toda restricción que se poseía a modo de un desafío público, como gustaba de afirmar MacFie, sino que de hecho contemplaba el interés público. Sin embargo, los abolicionistas negaban que esto viniera a concretarse efectivamente en el plano práctico. A sus ojos, lo que en realidad predominaba era el interés del beneficiario de una patente. A fin de cuentas, las personas que habían obtenido una patente no tenían obligación de cobrar una regalía razonable, y de hecho tampoco tenían por qué conceder licencia alguna si no lo deseaban. Algunos llegaban incluso a explotar las manufacturas existentes. En resumen: actuaban a la manera de los poseedores de un monopolio. Los abolicionistas afirmaban que el interés público estaba quedando erosionado de forma drástica, ya que los derechos de propiedad estaban abarcando una porción cada vez más extensa del paisaje intelectual en el que se movían las técnicas industriales. Como mínimo, en todo proceso llamado a determinar la concesión o la impugnación de las patentes debía contemplarse la presencia de algunos representantes del interés público. Henry Dircks se lanzaría de lleno al análisis de estas reivindicaciones en una obra, titulada Inventors and Inventions, que se publicaría en el año 1867 —como respuesta directa a la campaña contra las patentes— e iría dedicada a Bessemer «en su doble condición de inventor y de beneficiario de una patente». Las referencias que hacían los abolicionistas al público no aludían, en su opinión, «al público en general, sino a los fabricantes de artículos de platería de Sheffield y Birmingham». Ningún integrante del público en general se veía perjudicado por la existencia de las patentes, «y es que el público tiene contraída una deuda con el sistema de patentes por los muchos lujos y necesidades que hoy se cubren y que resultaban en cambio desconocidos para nuestros antepasados»[39]. Las réplicas de este tenor sugieren que se estaban manejando definiciones encontradas para la noción de «público», pero al principio el campo de los abolicionistas se dedicó a desdeñar sin más este tipo de distinciones.

Con todo, ¿con qué habrían de sustituirse las patentes si estas llegaban a abolirse? Algunos, como Grove en sus más intensos arrebatos de optimismo, pretendían que no se las sustituyera por nada a fin de favorecer de ese modo lo que consideraban un auténtico libre comercio de talentos y productos intelectuales. Su vigorizante punto de vista sostenía que el capitalista ilustrado no dejaría nunca de gratificar al obrero de una planta fabril que ideara una verdadera mejora técnica, ya que en caso contrario ese trabajador adquiriría un valor mucho más elevado a los ojos de sus competidores y el operario no tardaría en hallar el lugar que viniera a corresponderle por derecho en el mercado intelectual. Este era en buena medida el planteamiento que también defendía Brunel. No obstante, es preciso reconocer que las pruebas empíricas que pudieran testimoniar en favor de esta idea son muy escasas, razón que quizá impulsara al propio MacFie a no mostrarse dispuesto a llegar tan lejos. MacFie quería que las patentes fuesen sustituidas por un sistema de recompensas —un sistema con el que el Estado debía gratificar a los inventores de mérito y que se componía tanto por reconocimientos honoríficos como por «remuneraciones» en metálico—. MacFie calculaba que la administración de un sistema de este tipo resultaría mucho más barata y evitaría además todos los peligros de monopolio asociados con el régimen de patentes. Como ya hemos visto, hacía tiempo que Brewster se había manifestado a favor de que el Estado creara algo similar a esto, aunque lo que él pretendía era completar de ese modo el sistema de las patentes, no suplantarlo.

Al final, lo que resulta más convincente en todo este asunto es el hecho de que constituyese una teoría social de carácter tan persuasivo como general. En ella venían a aliarse el obrero-artesano, el público y la nueva índole de la ciencia y la tecnología, puesto que estos tres factores acababan confluyendo con las doctrinas de la economía política. Y de toda esa mezcolanza venía a destilar una especie de utopía. Además, en caso de que la campaña no lograra un éxito absoluto, los abolicionistas estaban dispuestos a contemplar la adopción de medidas intermedias que pudieran ir preparando el camino hacia la libertad prometida. De entre todas esas medidas, la más digna de mención —pese a que MacFie se mostrara reacio a respaldarla sin fisuras— consistía en la implantación de la llamada licencia obligatoria. Según parece, esta idea debió de surgir como propuesta seria en la década de 1830, aunque ya en el siglo XVIII pueden encontrarse rastros de algunos conceptos precursores. La noción consistía en que, tras unos años de exclusividad, el beneficiario de una patente debía quedar obligado a conceder licencias a todo aquel que lo solicitara, cobrando por ello unas regalías cuya cuantía vendría a determinar una instancia gubernamental. De hecho, el gobierno británico ya había aplicado una especie de concesión obligatoria de licencias en la esfera de la adquisición de efectos militares. Al considerar que los beneficiarios de las patentes realizaban unas demandas excesivas, el ministerio de la Guerra había venido insistiendo desde el conflicto de Crimea en fijar por sí mismo la cuantía de las regalías. Y lo que era aún peor: con frecuencia dejaba efectivamente a un lado los «derechos» de los beneficiarios de las patentes —incluyendo, en un gesto notablemente significativo, los del mismísimo Armstrong—. ¿Qué clase de hipocresía, preguntaba el bando abolicionista, permitía al estado adoptar semejante táctica en su propio caso para negársela después a la ciudadanía? Por consiguiente, casi todas las investigaciones destinadas a examinar la procedencia o improcedencia de las patentes contemplaban el análisis de diversos tipos de planes para convertir en obligatoria la concesión de licencias, y la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia recomendaba su adopción (pese a que dichos planes se elaboraran por lo general de forma bastante vaga). La versión con mayores visos de plausibilidad sería una atribuida a un aliado de MacFie, el ingeniero John Scott Russell, quien concebiría un plan que tomaba como modelo el caso de los monopolios que el parlamento había concedido a las compañías ferroviarias en determinados trayectos. A cambio de la concesión de unos derechos exclusivos, las compañías del ferrocarril garantizaban la puesta en servicio del suficiente número de trenes para los trabajadores, y esto en horarios adecuados y a precios asequibles. Russell propuso que también se adoptara este principio de acceso, asociado al establecimiento de unos precios máximos, en el caso de las patentes[40]. Sin embargo, lo cierto es que no habría de seguirse ninguna política de concesión obligatoria de licencias hasta después de acabado el siglo, y aun así a una escala muy limitada. Según se decía, el mayor escollo radicaba en el hecho de tener que ponderar el valor de las invenciones al objeto de fijar la cuantía de las regalías correspondientes. Se creía que este extremo presentaba problemas insuperables en los planos de la equidad y la epistemología, dado que nadie podía predecir el valor de un invento antes de conocer la sanción del mercado. La idea de Russell quedó, por tanto, atrapada en un callejón sin salida —aunque, como veremos, vendría a resucitarla posteriormente un «rey de los piratas» mucho más furtivo que el propio Russell.

El instituto de los inventores y la invención de la propiedad intelectual

No era inevitable que la causa contraria al sistema de patentes se apropiara de los principios de la economía política del libre comercio para sus fines. Los primeros y más importantes economistas políticos ya se habían mostrado en todos los casos dispuestos a conciliar las doctrinas del libre comercio y el laissez-faire con el respaldo al régimen de patentes, aunque dado su planteamiento filosófico algunos lo hubieran hecho a regañadientes. Así se había manifestado Adam Smith, y lo mismo cabe decir de David Ricardo, de Jeremy Bentham, de Charles Babbage y de William McCulloch. John Stuart Mill defendería esta postura en la década de 1860. Aunque por breve plazo, Mill se pronunciaría con toda franqueza y energía: abolir las patentes, declararía, equivaldría a «entronizar el libre despojo bajo el nombre prostituido de libertad de comercio», dejando desamparados a «los hombres de entendimiento» frente a «los hombres de dinero»[41]. Estos planteamientos, tan fundados en las ideas morales y de clase como en los que acostumbraba a promover la política o la economía, acabarían convirtiéndose en la base de una desesperada y decidida defensa del sistema de patentes.

La fuerza del movimiento abolicionista iba a provocar el asombro entre los contemporáneos. Los defensores del régimen de patentes tardarían en reaccionar. Sin embargo, poco a poco lograrían movilizar a un pequeño grupo y, decididos a frenar aquella avalancha, constituyeron un organismo al que darían el nombre de Instituto de los Inventores y con el que procurarían devolver los golpes a sus contrincantes. El máximo impulsor del Instituto era nada menos que el ya anciano sir David Brewster. Las nostálgicas observaciones que realizará en esos años Brewster acerca de los primitivos y fracasados planes que en su día concibiera en relación con la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia parecen implicar en ocasiones que el nuevo Instituto representaba a sus ojos todo cuanto siempre había querido que supusiera aquella primera entidad. Al principio no contaba más que con tres miembros. Sin embargo, llegado el año 1866, sus filas habían crecido hasta alcanzar la cifra de quinientos integrantes y había comenzado a maniobrar para convertirse en un organismo colegiado y permanente equiparable a la Real Sociedad de Londres y a la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, junto a las cuales vendría a constituir una nueva trinidad ubicada en el vértice superior de la ciencia y la tecnología británicas. (En 1866 también se produjo la fundación, tanto en Oxford como en Londres, de los primeros laboratorios universitarios dedicados a la investigación en el campo de la física experimental; en 1874 surgirían diez laboratorios de ese mismo tipo, consagrándose todos ellos al estudio de esta ciencia de notables consecuencias industriales). El Instituto de los Inventores no tardó en lanzar una publicación propia, la Scientific Review, que Brewster emplearía profusamente como atalaya desde la que acosar a los abolicionistas. En este sentido, resulta bastante significativo que lo hiciera con un lenguaje directamente sacado de los artículos que había escrito más de treinta años antes —y en el cual vendrá a reproducir palabra por palabra frases como la de que las leyes de las patentes eran «depravadas y fraudulentas», o aquella otra en la que tachaba de «bandidos» a los funcionarios administrativos—. Y con cada nuevo número mensual, la Scientific Review volvía a la carga. De este modo lamentaba, por ejemplo, la decisión que había llevado al Almirantazgo a apropiarse de un armamento patentado bajo el estratégico amparo de la obligatoriedad de la concesión de licencias, y sostenía que dicha acción era una forma de «fourierismo» que corría el riesgo de terminar justificando de manera general el latrocinio del Estado. La Scientific Review consideraba que esto no venía a presagiar sino el advenimiento de una campaña concertada para abolir calladamente las patentes, y advertía de que ya se habían eliminado con gran sigilo más de la mitad de las patentes cuya existencia acostumbraba a darse por sentada[42].

Brewster y la Scientific Review no defendían que el sistema de patentes hubiera de preservarse sin modificación alguna. Antes al contrario, el propio Brewster lo calificaba de «monstruosa maldad», ya que en su opinión gravaba el genio y lo sometía a los caprichos de unos jueces «perfectamente incompetentes». Era preciso introducir un «cambio radical». No obstante, si los abolicionistas consideraban que las patentes constituían una carga pública que era necesario eliminar, Brewster y sus aliados creían por el contrario que lo que determinaba su maldad era precisamente el hecho de que se tratara de un sistema frágil que además corría a expensas del inventor, puesto que lo que este bando pretendía era fortalecer el régimen de patentes y ampliar su alcance. Mantenían sobre el particular un punto de vista que en todo caso resultaba más elevado e intransigente que cualquiera de las soluciones que se habían venido considerando plausibles desde el año 1774. Sostenían que los inventores poseían un derecho natural a sus inventos, y que otro tanto podía decirse —según añadían en ocasiones— de los «hombres de ciencia» y sus descubrimientos —lo que significaba que debía permitirse que los investigadores patentaran los hechos que alcanzaran a desvelar—. Y dado el riesgo que representaban los «piratas», este derecho debía procurarles amparo legal por espacio de veintiún años como mínimo, aunque era preferible que la protección cubriese por entero el periodo vital del inventor. Tenía que poder obtenerse sin necesidad de abonar clase alguna de honorario, como ya sucedía con la protección que brindaban los derechos de autor. Y una vez que ese derecho hubiera sido refrendado por un equipo científico, debía quedar «garantizado de manera absoluta» frente a todo posible desafío legal. Y tenía que poder reclamarse en todo el territorio del imperio. Lo que estaba en juego era la civilización misma. Para dejar bien sentado este extremo, Brewster se aventuró en las procelosas aguas del tono apocalíptico. «Retirad de la circulación las producciones profanas de la prensa que se amontonan en todas las bibliotecas del mundo», argumentaba, «y difícilmente podrá decirse que la sociedad vaya a sufrir mal alguno con tal cambio. Eliminad por el contrario los dones con que nos ha enriquecido el arte y la ciencia —esto es, las realidades sustanciales que nos permiten vivir, movernos y disfrutar de nuestro ser— y comprobaréis que la sociedad se abisma en la barbarie»[43].

Con todo, la postura que mantenía fundamentalmente la Scientific Review giraba en torno a la idea de que la creatividad intelectual, ya fuese literaria, científica o tecnológica, era en esencia una sola cosa. Se trataba por tanto de algo que merecía recibir un trato idéntico, con independencia de la forma en que se manifestase —y dicho trato debía ser el dispensado por la sólida protección de que eran consumado ejemplo los derechos de autor (protección que además tenía la virtud de ser de fácil obtención)—. La revista de Brewster reimprimiría, por ejemplo, el llamamiento con el que Trollope había instado a hacer extensivos al ámbito internacional los derechos de autor mediante el establecimiento de un acuerdo con los Estados Unidos, y no lo haría porque quisiera terciar en tan particular combate, sino porque deseaba demostrar que la causa por la que luchaba Trollope era esencialmente la misma por la que abogaba la publicación. «Al considerar que todos los derechos intelectuales son iguales», proclamaba Brewster, «y al juzgarlos tan sagrados e inalienables como cualquier otra forma de propiedad, nosotros mantenemos que debieran recibir un tratamiento que los colocara en pie de igualdad con todas ellas». De hecho, la Scientific Review acabaría convirtiéndose —junto con algunas publicaciones afines como The Engineer— en uno de los primerísimos foros en los que un lector pudiera venir a disfrutar sistemáticamente de la oportunidad de encontrar referencias a ese universal y uniforme género de propiedad que radicaba en los medios de comunicación. De hecho, la propia revista denominaba «propiedad intelectual» a esa noción, utilizando las palabras del mismo Brewster[44]. Y además, en la nueva economía industrial, la «propiedad intelectual» debía tener, según la Scientific Review, un carácter tan sacrosanto como el que se acostumbraba a conceder a la propiedad de la tierra en las antiguas sociedades agrarias. Tanto los derechos de autor como el derecho a las patentes debían ser por tanto absolutos y perpetuos, puesto que toda amenaza que pudiera gravitar sobre cualquiera de ellos los haría peligrar a ambos.

En consecuencia, la retórica que diera en emplear la Scientific Review contra los abolicionistas acabaría mostrándose cada vez más inflexible. La revista denunciaría la actitud del mismísimo Armstrong, calificándola de «traicionera», mientras que MacFie se haría acreedor del título de «archienemigo» de la causa. A otro de los hombres que se habían dejado convencer por las argumentaciones abolicionistas se le endosaría la etiqueta de «pervertido» (voz que por entonces poseía ya las mismas connotaciones que actualmente tiene). Además, la revista iría dando a la totalidad de su combate —que según su propia definición era una lucha en favor de la propiedad intelectual en general— una formulación política cada vez más enérgica. Brewster llegó a declarar que la violación de dicha «propiedad» equivaldría a que el monarca quebrantara los principios de la Carta Magna. Por esta razón acabaría legitimando el hecho de que se ofreciera a esos intentos de violación la más «extremosa resistencia» —expresión sobre la que no habría de explayarse, ya que constituía una verdadera carga de profundidad—. En otros textos, Brewster añadiría que la alternativa que había propuesto MacFie —la relacionada con el sistema de recompensas que había ideado— equivalía a proponer reformar el sistema de la representación política mediante la recuperación del reino de los burgos podridos[45] anterior al año 1832[46].

Para respaldar estas afirmaciones, la revista de Brewster desarrollaría una economía política alternativa para las invenciones y, con ella, se dedicaría a dar la vuelta a los argumentos de los abolicionistas. Según este planteamiento, el beneficiario de una patente venía a ser el verdadero practicante del libre comercio. Por consiguiente, los auténticos monopolistas eran los «grandes manufactureros capitalistas» como Armstrong y MacFie. Y al igual que todos los monopolistas, estos magnates temían el surgimiento de cualquier forma de competencia nueva —competencia que muy bien podía germinar en el cerebro de los inventores—. De hecho, según la Scientific Review, lo que hacían los inventores —esto es, su naturaleza esencial— consistía en «quebrar el monopolio del capital». Tal era el meollo de la función progresista que venían a desarrollar en la civilización. La publicación definía dicha función en términos de clase y se posicionaba específicamente a favor del «obrero inventor» —según lo que en ella misma se declaraba—. Si se quería que la figura del «obrero inventor» cumpliese su función contraria a los monopolios debía asegurársele el derecho a sus propiedades. «Si la abolición de las patentes acababa dando al traste con la seguridad de la posesión de aquellas propiedades conseguidas mediante el esfuerzo cerebral», advertía la publicación, «cesaría dicho esfuerzo, y el estancamiento se convertiría en todas partes en la norma general». Y en tal caso, añadía, «tenderíamos a comportarnos a la manera de los chinos». Los inventores eran por tanto «los auténticos abogados defensores del libre comercio». Por el contrario, la línea argumental que seguían MacFie, Grove y Armstrong se oponía a toda forma de propiedad. Venía a equivaler al «más descabellado de los socialismos», por no decir que podía equipararse a la filosofía de Bill Sykes[47]. La simpatía que tan frecuentemente mostraban hacia los obreros inventores se asemejaba simplemente a las «lágrimas de cocodrilo». Un tal doctor Thomas Richardson nos ofrece una de las imágenes más enérgicas. «A decir verdad», sostendrá Richardson, «esta oposición entre el capital y la ley de las patentes se halla íntimamente unida a la batalla que hoy agita a la mayoría de las comunidades —aunque bajo un epígrafe más conocido: el del Capital frente al Trabajo—, pese a que sería más exacto afirmar que se trata de la reivindicación que los Cerebros plantean al Capital». Richardson citará a un fabricante de hierro, haciéndole decir que «en el mundo abundan más los cerebros que el capital, de modo que es preciso poder conseguirlos a más bajo precio». Como siempre, sir William Armstrong será el ejemplo perfecto. De hecho, al tratar de las características de Armstrong, en la década de 1860, la acusación adquiriría un nuevo vigor, dado que su gigantesca empresa estaba padeciendo por entonces su primer gran conflicto laboral y que el relativo exceso de ingenieros le animaría a tomar la muy personal decisión de despedir a unos dos mil setecientos expertos que se habían declarado en huelga. (Puede que el hecho de que la mano de obra extranjera que Armstrong contratara para sustituir a los huelguistas no tardara en ponerse de parte de los despedidos nos indique algo respecto del tipo de patrón que era). En último término, anunciaba la revista, el argumento de los abolicionistas se reducía al durísimo mensaje que había transmitido la administración de Armstrong en Elswick: «El Trabajo, ya sea mental o físico, ha de ser esclavo del Capital». Aquella era una doctrina que no podía desembocar sino en el «más rabioso de los comunismos y en la más implacable de las revoluciones»[48].

Las armas y el obrero

¿Quiénes eran los presuntos «piratas» de los que necesitaba protegerse el obrero-inventor por medio de las patentes? Llegados a este punto, los defensores del sistema de patentes tendrían ocasión de esgrimir un triunfo, ya que identificarían al rey de los piratas con la persona del mismísimo sir William Armstrong.

Quienes hacían campaña en favor de las patentes llevaban tiempo señalando que Armstrong era la éminence grise que se agazapaba tras el movimiento abolicionista en su conjunto. Puede que MacFie fuese su más locuaz protagonista, pero no contaba en modo alguno con el prestigio del que gozaba Armstrong como inventor por derecho propio. De este modo, los defensores de las patentes, que reconocían la autoridad que Armstrong ejercía en virtud de su reputación, comenzarían a tratar de contaminar y destruir lo más posible esa imagen. La acusación que lanzaban sobre Armstrong se resumía en el hecho de que, habiéndose beneficiado personalmente de las patentes, intentara ahora negar a otros la posibilidad de hacer otro tanto. Y lo que era aún peor: le reprochaban que predicara lo contrario de lo que él mismo practicaba, ya que se trataba de un hombre que, lejos de haber ideado sus propios inventos, había hecho en realidad fortuna como «compilador de los de otros hombres». El Telegraph bromeaba diciendo que era aficionado a más de un tipo de andanada[49]. De acuerdo con la acusación del Scientific American, Armstrong había robado los inventos de Whitworth y de Krupp «sin el menor escrúpulo, sin dedicar siquiera a los perjudicados el cortés “gracias, señor” que acostumbra[ba]n a proferir los salteadores de caminos». Del mismo modo, también The Engineer dedicaría varios editoriales a refutar no solo los argumentos de Armstrong, sino a desbaratar su reputación como inventor. Lejos de ser uno de los más insignes inventores del país, concluía la publicación, lo cierto era que Armstrong no había inventado «nada —absolutamente nada—». Tenerle por un verdadero inventor suponía «una injusticia para el conjunto general de los inventores», de quienes era en realidad un enemigo mortal. Todo su renombre y su fortuna se habían cimentado en otros tantos «plagios». Y no contento con «haberse apropiado de las ideas de otros, a diestro y siniestro», remachaba el Scientific American, Armstrong estaba intentando conseguir ahora «que se legalizara el robo en todo el mundo»[50].

En particular, The Engineer y otras publicaciones de similar tendencia sostenían la reivindicación de Alexander Theophilus Blakely, un capitán de la Artillería Real británica que afirmaba ser el verdadero inventor del cañón de ánima estriada. Para comprender la pertinencia de esta reclamación, hemos de recordar brevemente la peripecia vital del propio Armstrong, y muy especialmente el hecho de que él mismo recurriera a ella para utilizarla al modo de una especie de fundamento mítico para sus argumentos contra el sistema de patentes. A Armstrong le gustaba decir que la circunstancia de que Brunel hubiera renunciado a seguir con sus experimentos de artillería había sido lo que había dado pie al surgimiento de sus convicciones contrarias al sistema de patentes. Así lo había afirmado en un discurso pronunciado ante los miembros de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia —en el que sería repetidamente interrumpido por sucesivas salvas de aplausos—. En dicho discurso había mantenido que tanto él como Brunel habían visto obstaculizado sus trabajos por el hecho de que solo unas semanas antes un rival oportunista hubiera solicitado una patente. El beneficiario de esta patente pretendía negar al público británico el provecho potencialmente derivado de sus experimentos. Según decía Armstrong, la experiencia demostraba así la «inconveniencia y la injusticia» implícitas en un régimen que concedía un monopolio a cualquier solicitante investido del simple mérito de haber sido el primero en presentarse en la oficina de patentes. Además, sostenía que el ejemplo le había parecido pertinente, puesto que, por decirlo con sus mismas palabras, «la existencia de unas circunstancias similares no dejaría nunca de sugerir ideas similares a mentes por lo demás distintas». Un contrato que más tarde conseguiría firmar para la fabricación de un conjunto de ruedas de ferrocarril, por ejemplo, también se había visto bloqueado por la injerencia de otra patente, solicitada en este caso catorce años antes y olvidada desde entonces en un cajón. La existencia de un sistema de patentes no solo obligaba a los inventores a participar en una carrera en la que el ganador se llevaba todos los méritos, sino que ofrecía a los avariciosos proyectistas de «intrigas» —o «inventores de pacotilla», como él los llamaba— la posibilidad de extorsionar económicamente a los verdaderos inventores, dándoles incluso la oportunidad de impedir que un determinado invento alcanzara a ver la luz. «Esta disposición a brindar protección a unos simples manipuladores es la ruina del sistema»[51].

Al respaldar al capitán Blakely, el bando de los defensores del régimen de patentes venía a poner directamente en cuestión el relato de Armstrong, y por consiguiente también su imagen como genio de la invención y la fábula que había urdido en torno a las patentes en general. De hecho, Blakely era el beneficiario de la patente al que Armstrong acusaba del bloqueo de sus experimentos y los de Brunel. Sin embargo, lejos de obstaculizar el trabajo de estos dos hombres, tanto el capitán Blakely como sus partidarios presentaron antiguas cartas en las que el oficial se ofrecía a facilitarlo. Dado que había inventado de forma independiente un arma prácticamente idéntica a la que más tarde llegaría a conocerse con el nombre de «cañón Armstrong», Blakely había tratado de poner el asunto en manos de la justicia militar y, al parecer, se había puesto en contacto con Armstrong para proponerle la construcción de un cañón fiel a su diseño original. Se decía que Armstrong había considerado la idea y declinado posteriormente la oferta, aunque únicamente para seguir adelante con el cañón de su invención, que era virtualmente idéntico al de Blakely. Y al escribirle Blakely para solicitarle sus regalías, Armstrong había rellenado inmediatamente una solicitud de patente que no difería sino en unas cuantas minucias de la presentada en su día por su rival y concebida con la única intención, según decía Blakely, de «sortear lo consignado en el texto de mi patente». Blakely se había planteado la posibilidad de una demanda, pero no consiguió más que una severa advertencia por parte de los funcionarios del gobierno. Según sus partidarios, por tanto, era Blakely el que se había visto obstaculizado, y no solo por la existencia de otra patente, sino por el hecho de que Armstrong hubiera recurrido a la corrupción y utilizado las influencias con que contaba en las altas esferas de la administración[52]. Su compañía se había visto obligada a renunciar a un posible negocio en Gran Bretaña y había tenido que vender sus cañones a potencias como Japón y China. Entretanto, Armstrong entregaba sus patentes al Estado, que las mantenía en secreto, y pasó a convertirse en director de la Real Fábrica de Armas y en ingeniero gubernamental a cargo de las piezas de artillería estriadas. Desempeñaría estas funciones hasta el mes de febrero del año 1863, y disfrutaría hasta esa fecha de la importante facultad de supervisar todas aquellas pruebas que guardaran relación tanto con sus propios cañones como con los de sus rivales. En el campo de artillería de Shoeburyness, los oficiales militares trataban todos los días con «inventores» —una clase de tipos que por entonces no gozaba de muy buena reputación, ya que incluso un periodista como Patrick Barry, al que se le encargaría la redacción de un informe sobre la gestión del campo de tiro, comentaría lo siguiente: «Siempre me ha parecido prudente no dar crédito prácticamente a nada de cuanto puedan decir»—. Sin embargo, Barry lanzaría también la acusación de que era la colosal figura de Armstrong (y, en menor medida, la del otro gran magnate de las armas de la era victoriana, sir Joseph Whitworth) la que obligaba a los «inventores que se debaten por salir adelante» a recurrir al engaño y el subterfugio. Según informaba Barry, tanto el ejército como el propio Armstrong habían adquirido la costumbre de rechazar todo invento que tuviera que ser sometido a sus pruebas, aunque con la única intención de apropiarse después de todos aquellos que resultaran tener de hecho el suficiente interés. En pocas palabras, Armstrong consideraba que los inventos constituían bien un desafío del que era preciso deshacerse, bien una especie de materia prima sobre la cual «improvisar» la inserción de sus propios diseños. Incluso las patentes que solicitaba para la protección de inventos originalmente suyos eran el resultado de una investigación subsidiada por el Estado, por lo que, en consecuencia, también estas «debían ser de propiedad pública»[53].

De este modo, tanto los autores de los Estados Unidos como los de Gran Bretaña no tardarían en acusar a Armstrong de utilizar su posición para despilfarrar el dinero público en sus propios, y supuestamente inferiores, artilugios artilleros —y ello, añadirían, con el único propósito de protegerse de rivales como Blakely y todo un conjunto de «inventores» de armamento—. En otras palabras, Armstrong era el auténtico monopolista —y el verdadero pirata al mismo tiempo—, ya que ejercía su dominio sobre una institución que le proporcionaba un incesante flujo de nuevas ideas de las que apoderarse. Los beneficiarios de una patente, por el contrario, eran intrépidos inventores individuales (pese a que sus empresas fueran de hecho grandes y complejas), y por regla general ponían a prueba a los monopolistas. El cínico modo en que Armstrong había tratado a los inventores en la lucha por las patentes no era sino un reflejo de la explotación y el desdén con que abordaba diariamente su trabajo en Shoeburyness. En el fragor de la campaña contra las patentes, el propio Blakely adquiriría la costumbre de presentarse en los acontecimientos en que se suponía que Armstrong iba a pronunciar un discurso —circunstancia que en el año 1861 le haría acudir, entre otras instituciones, a la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia— a fin de interrumpirle en público con sus protestas. Y cada vez que lo hacía se desataba un vociferante y vehemente cruce de pareceres[54].

Poco a poco comenzaron a salir a la luz otras personas que también habían patentado cañones parecidos a los de Armstrong antes que él. De entre todos ellos destaca un ingeniero de Harvard llamado Daniel Treadwell que había construido y patentado un cañón de diseño similar en la década de 1840. En el año 1848 se habían distribuido entre los oficiales del ejército británico los detalles del diseño, y la propia patente había sido publicada en 1854, poco antes de que Armstrong apareciera en escena. Treadwell no albergaba la menor duda sobre lo que había ocurrido. En el año 1860 diría al ministro de la guerra estadounidense que el cañón de Armstrong no era más que una «imitación calcada» del que él mismo había inventado. Dando muestras de ser hombre de iniciativa, Treadwell volvió contra su autor la «denuncia de las patentes» que acababa de formular Armstrong ante los miembros de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia —con ocasión del discurso al que había asistido Blakely—. Dicho discurso demostraba, según lo que señalaba Treadwell, que Armstrong conocía muy a fondo el archivo de patentes. Por consiguiente, tenía que haber tenido forzosamente noticia de que Treadwell había solicitado antes que él mismo la patente del cañón. Sobre esta base acusaría rotundamente a Armstrong del robo, lanzando al mismo tiempo un llamamiento a los ingenieros de toda Gran Bretaña a fin de que repudiaran su acto de «piratería».

Así las cosas, a mediados de la década de 1860, Treadwell, Blakely y los partidarios del bando favorable a las patentes lograron contrarrestar el mito de sir William Armstrong. De acuerdo con este desmentido, Armstrong no era en modo alguno un inventor, y mucho menos un genio, sino un corrupto oligarca de la más añeja escuela. Si Armstrong reinaba como soberano supremo era únicamente como pirático dominador de un ámbito que constituía una de las industrias que definían los nuevos tiempos.

Llegadas las cosas a ese extremo, la controversia de las patentes alcanzó su punto culminante. En el año 1868, MacFie fue elegido miembro del parlamento en medio de un clima de general victoria para los liberales de Gladstone. MacFie se encontró así en situación de impulsar la causa de los que deseaban abolir el sistema de patentes desde el mismísimo Westminster. Aquellas habían sido las primeras elecciones generales en las que habían podido votar todos los varones que fueran cabeza de familia, hecho que MacFie consideraba una confirmación de que se le había encomendado la concreción de un cambio radical. Presentó rápidamente un proyecto de ley favorable a la abolición, con el respaldo de Stanley y de su aliado, Roundell Palmer, convertido ahora en fiscal general. La inmediata consecuencia de esta iniciativa fue el estallido de una nueva oleada de encendidos debates. Se alistarían ahora en la campaña contra la abolición tanto el Instituto de los Inventores como la Institución de Ingenieros Mecánicos, otro organismo de creación relativamente reciente. Y también llegaron peticiones de participación de muchas asociaciones provinciales. Una vez trabada la contienda entre defensores de la reforma y partidarios de la abolición, el panorama del campo de batalla se volvió extremadamente confuso. Varios grupos que de hecho mantenían una actitud positiva en relación con las patentes acabarían en la práctica haciendo campaña contra los proyectos de ley de los reformistas, al sospechar que se trataba de una tapadera de los abolicionistas. Iba a desencadenarse además una nueva ronda de indagaciones[55]. No obstante, dicha ronda —que se proponía zanjar el conflicto de una vez por todas— estaba llamada a adquirir un alcance muy superior a las anteriores. Se encargó a los indagadores que no solo estudiaran el mejor modo de administrar un sistema de patentes sino que se ocuparan también de averiguar si podía o no mantenerse ese sistema. Y en esa comisión los abolicionistas estarían bien representados, pues William Robert Grove habría de participar en ella, acompañado por Palmer, Armstrong y MacFie. La Scientific Review temía que el grupo de indagadores tuviera un sesgo contrario a los inventores, ya que estos se encontraban, según sus afirmaciones, prácticamente desprovistos de toda representación en el organismo designado para la evaluación[56]. La revista advertía de que el fin de la propiedad intelectual se perfilaba amenazadoramente en el horizonte.

Sin embargo, las averiguaciones de los años 1871 y 1872 atendieron a los testimonios de dos destacadísimos ingenieros. Ambos eran inmigrantes. Henry Bessemer (colaborador del Instituto de los Inventores) y William Siemens eran dos figuras de extraordinaria relevancia en los campos de la industria metalúrgica encargada de la producción de acero y la ingeniería, y tanto uno como otro darían testimonio de lo importante que había sido para ellos el sistema de patentes, al animarles a abandonar su hogar en el extranjero e instalarse en Gran Bretaña[57]. En una época en que empezaba a resurgir la preocupación por la emigración de los trabajadores cualificados, este testimonio tenía una garra retórica francamente eficaz. En el bando contrario, los argumentos de MacFie y sus aliados acabarían por revelarse vulnerables al exigírseles que ofrecieran pruebas palpables de casos empíricos en los que las patentes hubieran sido causa de verdaderos aprietos para los inventores. Su campaña se deshizo en toda una serie de indignadas observaciones relativas al obstruccionismo de los beneficiarios de una patente, pero al verse frente a Bessemer y Siemens, MacFie se reveló incapaz de señalar casos concretos y reales en los que se hubieran suprimido las exigencias de regalías o en que estas se hubiesen demandado de forma abusiva. De pronto se tuvo la impresión de que los argumentos de los adversarios del régimen de patentes no venían a fundamentarse sino en una serie de extrapolaciones de carácter más bien abstracto sacadas de la teoría político-económica. En último término, MacFie se vería obligado a admitir que si trataba de promulgar una legislación específica se debía sobre todo al deseo de prevenir una serie de problemas que, en realidad, eran antes una posibilidad teorética que un asunto real y bien documentado.

La misma modernización y burocratización que había contribuido inicialmente a poner en marcha la campaña de los abolicionistas se volvía ahora contra ellos. Los trabajos preparatorios de Woodcroft —que era inventor además de empleado de la Comisión de Patentes— revelaron ser de una importancia crucial. Había logrado catalogar lo que hasta ese momento había sido una ingente e inutilizable masa de patentes, reunido miles de modelos y creado sistemas de clasificación, indexación e impresión. De este modo, el régimen de patentes quedaba convertido por vez primera en un archivo útil. Woodcroft ofrecía así, al conjunto de los inventores y del público, algo parecido a lo que dos siglos antes había ofrecido Oldenburg a los experimentadores y a una comunidad de muy inferiores dimensiones. Unidas a la publicación de tratados en los que venía a definirse tanto el ámbito de actuación de los agentes de la oficina de patentes como las vías y fórmulas para solicitar su intervención, estas medidas acabarían transformando la concesión de una patente en un acto convencionalmente rutinario, que además de revelarse impregnado de un valor moral y económico se hallaba al servicio de una amplia y cada vez más nutrida comunidad[58].

Con todo, de no haber sido por las elecciones generales del año 1874 muy bien podría haberse asistido al fin de la concesión de patentes. El resultado de las votaciones determinaría que los conservadores de Disraeli sustituyeran en el gobierno a los anteriores liberales. MacFie perdió la campaña por la reelección y Palmer pasó a ocupar un escaño en la Cámara de los Lores. Por consiguiente, la Cámara de los Comunes se quedó de la noche a la mañana sin los dos partidarios del abolicionismo que más activos se habían venido mostrando en los últimos años. Por si fuera poco, las prioridades del nuevo gobierno se orientaban hacia la consolidación del imperio y la realización de reformas sociales, no hacia la sanción legal del sistema de patentes. Al final, en el año 1883 se aprobaría una nueva ley, aunque su texto habría de contentar a los reformistas y no a los abolicionistas. Esa ley venía a señalar el relevo de una generación que había tenido en sus manos la oportunidad de poner fin al sistema de patentes y estado a punto de instaurar legalmente un régimen de libre comercio en la esfera del conocimiento. MacFie y sus aliados continuarían protestando sotto voce contra dicha práctica, pero se darían cuenta de que, mientras carecieran de representantes en la Cámara de los Comunes, resultaba muy poco realista pensar que pudieran hacer algo. Palmer optaría por morderse la lengua y respaldar la nueva ley, considerando que era mejor eso que seguir soportando el estado de cosas entonces vigente.

La propiedad imperial

«Solemos oír hablar a menudo de “propiedad intelectual” en la literatura», lloriqueará en el año 1883 MacFie en la última de sus obras contra las patentes y los derechos de autor. «Cualquier otra cosa que quiera incluirse bajo esa denominación, entrará en la esfera de la invención»[59]. Sin embargo, lo cierto es que la noción se extendía ya mucho más allá de lo que pretendía hacer ver, como muy bien sabía el propio MacFie. La expresión venía a unir la invención con la creatividad literaria y artística, y, de hecho, con los símbolos industriales y corporativos que adoptan por ejemplo la forma de una marca comercial, ya que proporcionaba un concepto capaz de sustentar todas estas realidades. Podía decirse ahora que la invención y la autoría habían quedado fusionadas como dos aspectos de una misma propiedad intelectual. Ese era el objetivo del concepto mismo. Y al subsumir estas esferas legales anteriormente dispares y atribuirles una sola identidad conceptual, la nueva noción prepararía el camino para la multiplicidad de amparos jurídicos que habría de alumbrar el siglo XX.

Sin embargo, MacFie terminaba este último libro poniendo el foco de su atención sobre una distinta modalidad de ampliación de las anteriores convenciones sobre la «propiedad intelectual». Era una ampliación que no solo añadía hondura y amplitud conceptual a dichas convenciones, sino que también permitía sustentar su difusión en un espacio geográfico de mayores dimensiones. En la década de 1880, esto es, en el preciso instante en que la campaña contra las patentes comenzaba a perder fuelle en Gran Bretaña, se celebraron dos grandes conferencias internacionales, una en París y otra en Berna, llamadas a poner en marcha la armonización global de la «propiedad intelectual» que ha venido funcionando desde entonces. Resultaba por tanto a un tiempo adecuado y desafiante que el libro de MacFie terminara planteando el problema de la relación existente entre este nuevo tipo de propiedad y la política global. Habría de hacerlo, sin embargo, en un contexto político distinto al reinante en París y Berna, pese a que la relación que viniera a unirle con dichos ambientes fuera más estrecha de lo que hoy tendemos a pensar. La grandiosa perorata de MacFie tenía más de imperial que de europea, puesto que constituía un llamamiento para la reconstrucción radical del imperio británico en su conjunto.

Actualmente tendemos a olvidarnos de este extremo, pero en plena era victoriana, antes de que se iniciara realmente la carrera por la dominación de África, los británicos no consideraban de cajón la idea de que pudiera valer la pena preservar el imperio. Los defensores más doctrinarios de la economía política salida de escuela de Manchester no se mostraban excesivamente inclinados a ver lógica alguna en el hecho de poseer colonias. En un mundo presidido por el libre comercio, Gran Bretaña, que era por entonces el mayor manufacturero del planeta, seguiría exportando sus mercancías tanto si las colonias continuaban bajo su control como si no. La gente seguiría queriendo adquirir los productos más económicos, y daba la casualidad de las factorías del Reino Unido eran las que tenían los mejores precios. Al mismo tiempo, las colonias detraían recursos de Gran Bretaña, puesto que se hacía preciso defenderlas de los ataques de cualquier potencia rival. Esto determinaba que la Marina Real británica tuviera que soportar unas cargas tremendamente exigentes en todo el mundo, y esto en una época en que la nación estaba realizando fortísimos gastos para rearmarse (y muy a menudo con cañones Armstrong). Por si fuera poco, no se veía claramente qué razones podían determinar que los habitantes de las colonias consideraran interesante mantener indefinidamente sus vínculos con el imperio, dado que esa situación los convertía en presas apetecibles. A mediados de siglo, por tanto, Whitehall tomaría una serie de decisiones destinadas a reducir la implicación del ejército británico en las colonias y a exigir a la administración colonial que sufragase su propia defensa. Además, varios políticos situados en las más altas esferas londinenses comenzaron a afirmar que los lazos entre las colonias y la metrópoli poseían un carácter enteramente voluntario, de modo que toda colonia que deseara abandonar el imperio podía hacerlo en términos amistosos. A los ojos de los imperialistas, la mezcla de todos estos factores parecía transmitir un mensaje más que diáfano: el de que el imperio era una entidad frágil y marginada que no iba a tardar en disolverse.

Al parecer el propio imperio se hallaba en peligro, y en consecuencia comenzaron a aparecer propuestas para apuntalarlo. Estas sugerencias no tardarían en converger en torno a un concepto que vería la luz por vez primera en un número publicado en el año 1853 por la Quarterly Review: el concepto de una «federación imperial». La idea consistía —aunque sus detalles variaran considerablemente— en reorganizar el imperio y convertirlo en una única entidad política cuyo poder se hallara centralizado en una asamblea o consejo reunido en Londres. Debía tratarse de un organismo totalmente novedoso, jerárquicamente superior al parlamento británico y encargado de abordar cuestiones de alcance imperial: las relacionadas con las declaraciones de guerra y los acuerdos de paz, con el establecimiento de tratados y con la promulgación de un sistema jurídico común. Al principio, la sugerencia apenas lograría abrirse paso. Todavía en el año 1868 seguía tendiendo a manifestarse escéptico el gobierno de Gladstone respecto del valor de las colonias. Sin embargo, a principios de la década de 1870 la propuesta de una mancomunidad imperial pareció reactivarse súbitamente y presentar el perfil de una seria posibilidad política, principalmente debido a que se tenía la impresión de que los acontecimientos que estaban produciéndose en el extranjero venían poco menos que a confabularse para demostrar que la federación era la senda hacia el futuro. El hecho de que Prusia hubiera derrotado a Francia, seguido de la creación de un Imperio alemán de índole federal, constituía una poderosa señal. Otra había sido la unificación de Italia. Una tercera se había derivado de la victoria de los ejércitos del Norte en la Guerra de Secesión estadounidense. La primera y la última de estas transformaciones habían creado sendos y poderosos rivales internacionales, y ambos poseían una estructura federal[60]. Además, el desarrollo de la telegrafía y de unos barcos de vapor eficientes venía a implicar que la comunicación con Australia había pasado a convertirse en algo potencialmente tan ágil como lo había sido en su día la relación de Gran Bretaña con sus provincias en la época en que se proclamara la unión del año 1707. Y por si fuera poco, por esa misma época Gran Bretaña quedaba sumida en una depresión económica que venía a poner en cuestión las anteriores suposiciones relacionadas con un presunto y dilatado predominio industrial. Por consiguiente, comenzaron a dejarse oír llamamientos en los que se instaba a introducir matices en las políticas de libre comercio.

En medio de todos estos acontecimientos, MacFie se convertiría en el primer político en proponer la idea de la federación imperial en el parlamento[61]. MacFie recomendaba que todas las colonias quedaran representadas, junto con la metrópoli, en un único Consejo de Estado —organismo encargado de brindar unidad política al imperio—. Ahora bien, ¿cómo tener la seguridad de que esa unidad se revelara capaz de capear los escollos de la política? MacFie anunció entonces que solo la abolición de la «propiedad intelectual» alcanzaría a satisfacer tan imperiosa necesidad. Si se lograba poner en marcha una industria editorial capaz de vender grandes tiradas a bajo precio, en lugar de hacer como los editores londinenses de la época, que vendían tiradas cortas a precios muy elevados, se conseguiría colmar de literatura el imperio. La abolición de los derechos de autor «permitiría que la literatura británica difundiera de forma natural y aceptable por todo el imperio, con lo que la madre patria acabaría convirtiéndose con el tiempo —cuán fácil resulta imaginarlo— en el gran manadero de información útil e influencias saludables al que toda la familia acude para hallar refresco»[62].

MacFie recuperaría así el peculiar cotorreo de su modalidad autoral, ya que se dedicaría a publicar distintas colecciones de materiales favorables a la idea de una federación imperial capaz de ampliar y llevar a su culminación el inacabado proyecto de un Reino Unido. Debía crearse un «consejo representativo imperial» a fin de que actuase como organismo legislativo y ejecutivo del conjunto del imperio. En efecto, la propuesta de MacFie consistía en crear unos «Estados Unidos del Imperio Británico» semejante a los Estados Unidos de Norteamérica. Esto generaría un problema similar al que Matthew Carey hubo de arrostrar en dicho país, esto es, el de lograr la unidad a partir de la diversidad. Sin embargo, para MacFie y los imperialistas la respuesta pasaba a un tiempo por una estructura tan orgánica (y por «orgánica» quería decirse «racial») como pública. «En todas partes hemos de sentir, hablar y actuar», declararía MacFie, «como un único pueblo». Las colonias debían coaligarse y formar un único organismo —una entidad poblada con emigrantes procedentes de Gran Bretaña—. Y una vez explicado esto, MacFie pasaría a vincular su inveterada aversión hacia los derechos de autor y el sistema de patentes con esta nueva organización política imperial de su invención. Los colonos que se asentaran en los territorios de ultramar debían adquirir la ciudadanía plena en todos los sentidos de la palabra, insistiría MacFie, pero para lograr ese objetivo Gran Bretaña debía abolir «el monopolio de los derechos de autor, un monopolio que termina por neutralizar las políticas de Estado consistentes en dejar que se perciba, en la mayor medida posible, el saludable pulso del corazón de la nación, de tan vivificadoras influencias, en sus más remotos confines»[63]. Y en las manufacturas, de manera similar, sus llamamientos no irían dirigidos a la consolidación del libre comercio sino a la instauración de un «comercio justo»[64]. Esto significa que lo que MacFie solicitaba era la imposición de «un pequeño gravamen a las importaciones a fin de darles un pequeño empujoncito y conducirlas a buen puerto», y ello como compensación por la «fiscalidad que gravita sobre los inventos» en forma de patentes[65]. De no procederse a una reorganización radical de la política y la propiedad intelectuales, advertía, era prácticamente seguro que las colonias acabaran pidiendo la secesión, con lo que el imperio se desplomaría. «Se ha producido un cambio portentoso», concluía MacFie misteriosamente. «Y si no le hacemos frente como corresponde, terminará por transformarse en una revolución»[66].

Este tipo de convicciones —que con tanta frecuencia se manifestaban francamente partidarias de la idea de la superioridad racial— resultaban cruciales para el movimiento en favor de la federación imperial que por entonces emergía. En el año 1884 había dado ya pie a la fundación de la Liga para la Federación Imperial, que se proponía la creación de una constitución imperial mundial basada en la representación, la información, el comercio y la raza. El historiador J. A. Froude elaboraría una versión literaria y particularmente interesante de este planteamiento. Froude compartía sin reservas la denuncia de los efectos morales y físicos de la industrialización doméstica —denuncia cuya inspiración bebía de fuentes bastante próximas a las tesis de Carlyle—. Sin embargo, en lugar de considerar que los británicos iban a tratar de escapar en gran número de dichos efectos emigrando a los Estados Unidos, lo que quería era que se les proporcionaran subsidios que les permitieran trasladarse a las colonias[67]. Entre los años 1884 y 1885, Froude emprendió un viaje a Australia y a Nueva Zelanda, regresando después a través de los Estados Unidos. Publicaría sus observaciones en un libro mordazmente titulado Oceana. El título era un calco tomado de una obra que James Harrington había publicado en la década de 1650, en la que el autor había tratado de exponer una versión fantástica de la Inglaterra concebida como una nación llamada a convertirse en una eterna «comunidad económica de naciones con voluntad de prosperar». El argumento de Froude radicaba en el hecho de que, adecuadamente organizada, la Gran Bretaña de la era victoriana podía crear una Oceana en Oceanía. En su opinión, «los anglosajones», transmisores del «genio de la libertad inglesa», lograrían ese objetivo mediante la unificación de esos lugares en una misma comunidad económica y política unida por un lazo «orgánico y vital»[68]. En el año 1887 se celebraría en Londres la primera de una serie de «Conferencias Coloniales» destinadas a ponderar la pertinencia de esas ideas federalistas —y en ellas se plantearía la posibilidad de uniformar el sistema de patentes—. Sin embargo, para materializar ese proyecto no bastaba con tener «conciencia de la unidad nacional», de modo que la idea quedó en agua de borrajas. En las posteriores conferencias seguiría suscitándose la cuestión, pero el asunto se reveló insoluble. Serían los problemas de este tipo los que, unidos al más evidente tema de su viabilidad, terminarían por condenar al fracaso la perspectiva de un imperialismo federalista. De este modo, en el año 1893, la Liga para la Federación Imperial se vería obligada a cerrar sus puertas.

El demonio de Monkswell[69]

En el año 1891, el jurista Robert Collier, barón de Monkswell, comenzó a lamentar la situación en que se encontraba la observancia de la ley de derechos de autor por entonces vigente. Según dijo en el parlamento, daba la impresión de que desde el año 1709 el país había venido padeciendo «los enredos de algún demonio maligno». Lo mismo podía haberse afirmado del sistema de patentes que existía en la era victoriana. De hecho, durante gran parte del siglo XIX las patentes se habían visto en una situación mucho peor que la de los derechos de autor. Sin embargo, lo que también implicaba la observación de Monkswell era que, en buena medida, la propia coherencia y orden lógico de una ley habían terminado por ser consideradas las virtudes intrínsecas de todo texto jurídico sensato. Y no era eso lo que había ocurrido siempre, al menos en esos campos. Sin embargo, ahora devenía razonable afirmar que si existía algo denominado «propiedad intelectual» —y efectivamente así era—, entonces sus manifestaciones legales tenían que ser coherentes. Las leyes sobre las patentes y los derechos de autor tenían que constituir otros tantos casos particulares del amplio conjunto formado por la propiedad intelectual, y lo mismo debía ocurrir con las leyes sobre los diseños y las marcas comerciales. En lugar de eso, daba la impresión de que un travieso duendecillo se había estado dando el gusto de juguetear con lo que debiera haber sido una estructura lógica hasta reducirla a un confuso e informe revoltillo perfectamente capaz de contradecirse a sí mismo[70]. De este modo, el demonio de Monkswell quedaba convertido en la antítesis jurídica del más célebre demonio que James Clerk Maxwell sacara a la palestra en el año 1871, ya que este generaba desorden sin ningún gasto apreciable de energía. Sin embargo, en el cosmos de la nueva mentalidad legal, cohibidamente moderna, su acción no resultaba menos paradójica.

Este planteamiento constituía una novedad. El concepto de «propiedad intelectual» había surgido durante las décadas inmediatamente anteriores a la observación de Monkswell. Su concreción había necesitado más de una generación. Las batallas entonces libradas habían obligado a los defensores del sistema de patentes a concebir lo que hasta entonces había sido un conjunto discreto de cuerpos de doctrina jurídica como otros tantos aspectos de un concepto más hondo. Y aunque pueda decirse que en gran medida lo consiguieron, lo cierto es que lo que ese éxito había dejado tras de sí había sido la percepción de que las distintas ramas de la ley y la administración de la propiedad intelectual eran, por el hecho mismo de su incoherencia, defectuosas. A partir de ese momento la coherencia habría de identificarse cada vez más con dos tipos de atributos. Uno de ellos era inherente al objeto mismo de que se trataba, ya que guardaba relación con la naturaleza de la invención y con la identidad del autor, el inventor o el descubridor. El otro apuntaba a nociones de extensión, puesto que afirmaba la universalidad del derecho y su permanencia en el tiempo y, más aún, en el espacio. La razón de que la invención de la propiedad intelectual entre mediados y finales del siglo XIX revistiera tanta importancia residía justamente aquí: en el hecho de que venía a enlazar ambos atributos y de que insistía en conciliarlos.

En consecuencia, la guerra victoriana de las patentes conseguiría cartografiar por primera vez el terreno en el que hoy en día siguen radicando la gama de opciones disponibles en relación con la propiedad intelectual. Dichas opciones abarcaban un amplio espectro que iba desde la total abolición de las patentes y los derechos de autor a la confirmación de su carácter absoluto como tales «derechos». La argumentación abolicionista venía a ser un reflejo de los reparos que el laissez-faire ponía a todos los monopolios, fueran del tipo que fuesen, mientras que los absolutistas se adherían a una serie de convicciones relacionadas con la justicia intrínseca de toda recompensa del trabajo, la originalidad y el genio creativo —insistiendo además en la necesidad de observar el imperativo utilitarista que exigía respaldar a los creadores para favorecer el bien común—. Entre estas dos posturas extremas se abría un amplio abanico en el que encontraban cabida los numerosos planes de instauración de un régimen de propiedad matizado. Había quien proponía, por ejemplo, proyectos destinados a instituir sistemas de concesión obligatoria de licencias, sistemas que si bien permitían que terceras partes realizaran y distribuyeran una creación dada, les forzaban al mismo tiempo a abonar en tal caso una determinada regalía. Otros sugerían que el Estado estableciera distintos tipos de equipos de expertos a fin de recompensar a los inventores por sus creaciones. Todos los bandos en liza afirmaban apoyarse en la naturaleza de la ciencia, pero concebían esa naturaleza de forma diferente. ¿Era el científico un positivista llamado a revelar a la humanidad un conjunto de hechos creados por Dios, un descubridor heroico imbuido de una genialidad única, o un hombre corriente que trabajaba a cambio de una pobre remuneración? Y en todo caso, ¿podía decirse con propiedad que la ciencia fuese una práctica colectiva? ¿Eran el descubrimiento y la invención actos heroicos, o iniciativas humanas vinculadas con el conocimiento común? Los choques a que habrían de dar lugar estas interrogantes estaban llamados a generar directamente los conceptos políticos más polémicos de la época, entre los que cabe destacar los del libre comercio, el colonialismo y el orden político.

Entretanto, la noción de «propiedad intelectual» comenzó a adquirir connotaciones espaciales, aunque en un sentido diferente al habitual. En esencia, lo que había liderado MacFie no había sido tanto una campaña en favor de la abolición de los derechos de autor y las patentes como una defensa de lo que él llamaba la «asimilación». La idea consistía en armonizar internacionalmente los gravámenes que implicaban tanto los derechos de autor como las patentes, considerándose que lo ideal era reducir su importe a cero, aunque si el cero resultaba inalcanzable, se admitía la posibilidad de repartir la carga de alguna forma. De este modo, MacFie, enemigo declarado de toda propiedad intelectual, acabó convirtiéndose en una persona respetada por su contribución al movimiento internacional encaminado a dar cobertura transfronteriza a la protección de los derechos asociados con tal noción. Y al liberar dichos derechos de sus especificidades nacionales, el mencionado movimiento contribuyó a consolidar la noción misma de que tanto las patentes como los derechos de autor eran dos aspectos de una misma realidad —la «propiedad intelectual»— que trascendía tanto la jurisdicción de lo pragmático como el ámbito de lo local. Por consiguiente, y dicho con otras palabras: lejos de abolirlo, los años subsiguientes propiciarían que el sistema de patentes pasara a incluirse en el derecho internacional y su práctica —mediante un proceso que alcanzaría su expresión más seria en las convenciones de París y Berna—. Estas siguen siendo hoy las bases del derecho internacional por el que se rigen respectivamente las patentes y los derechos de autor. Y animadas por ese mismo espíritu, las grandes reuniones internacionales celebradas en los años correspondientes a esa generación darían en promover el universalismo científico, la homogeneización de los protocolos médicos y el fomento de las políticas comerciales.

Al final, los dos países que, según señalaban los abolicionistas, habían prosperado sin ningún sistema de patentes se rendirían y pasarían por el aro. Suiza promulgaría una ley de patentes propia en el año 1888, modernizándola más tarde, a principios del siglo XX. Los Países Bajos, que habían abolido la concesión de patentes en los momentos en que mayor furor había suscitado el movimiento en favor del libre comercio, también decretarían una nueva ley de patentes. Lo que había forzado el cambio no había sido en ninguno de los dos casos el hecho de que la ausencia de un sistema de patentes hubiera provocado una escasez de inventos o innovaciones. Lo cierto era que en ese terreno las pruebas en uno u otro sentido resultaban ambiguas. Lo que había sucedido era más bien que ambas naciones temían quedar excluidas del club internacional que se estaba constituyendo por esas fechas en torno a las convenciones de Berna y París, de modo que si los países mencionados promulgaron leyes relacionadas con las patentes fue para impedir la materialización de esa posibilidad. Su concesión vendría a marcar una época: la del ascenso de la propiedad intelectual como uno más de los elementos en liza en la arena de la política internacional[71].

11

LOS DERECHOS DE AUTOR INTERNACIONALES Y LA CIENCIA DE LA CIVILIZACIÓN

En el verano del año 1871, en el preciso momento en que las indagaciones sobre las patentes llegaban a su punto álgido, descendía del tren en la londinense estación de Euston un viajero casi ciego procedente de Nueva York. El día era frío y lluvioso, y al hallarse Londres repleto de refugiados franceses huidos del asedio de los Communards, no le fue fácil encontrar alojamiento al recién llegado. Tras muchas vueltas logró dar con una cama en un minúsculo estudio de la calle Queen. El extraño descabezó un sueño de tres horas antes de reunir toda su fuerza de voluntad y volver a ponerse en pie para aventurarse a salir. Se lanzó inmediatamente a una extraordinaria serie de visitas que le llevarían a entrevistarse con las más destacadas lumbreras científicas del momento. En primer lugar se presentó en los aposentos de Herbert Spencer y ambos hombres jugaron una apresurada partida de billar. Después partió en dirección a la Real Institución de Gran Bretaña, donde entró en contacto con John Tyndall. Su siguiente interlocutor sería Thomas Henry Huxley. Y de este modo, del domicilio de Bain a la casa de Lubbock, pasando por la de Galton, nuestro visitante acabó cojeando de tanto andar.

Si se tomaba tantísimas molestias era debido a que tenía la oportunidad de realizar uno de los grandes sueños del siglo XIX: el de convertir el ideal de la colaboración científica internacional en una realidad práctica ininterrumpida por primera vez en la historia. El extranjero tan vehementemente consagrado a este horizonte era Edward Youmans, probablemente el más importante defensor de la ciencia pública de la Norteamérica de la época. Su amigo John Fiske había declarado en una ocasión que Youmans venía a representar para la era científica lo que san Juan Bautista suponía para la religión (mientras que Darwin, en su opinión, era su Jesucristo). Valiéndose de su larga vinculación con una potentísima casa editorial neoyorquina —la de D. Appleton y Compañía—, Youmans se había esforzado en facilitar la incorporación de obras científicas a la cultura estadounidense. Había corregido varias compilaciones sobre la correlación de fuerzas y la educación científica, siendo además el cerebro impulsor de diversas publicaciones periódicas y un comprometido conferenciante dedicado a disertar personalmente sobre cuestiones como las de la evolución y las ciencias sociales. Lo que ahora se proponía era convertir en realidad la idea de un reino científico universal. De creer lo que Herbert Spencer le había asegurado en torno a la mesa de billar, el «movimiento» de Youmans prometía «revolucionar» las comunicaciones, y por consiguiente la civilización misma.

El problema era que el estado en que se hallaban en realidad las comunicaciones distaba mucho de prestarse a la materialización de ese ideal. Todo empeño encaminado a crear una cultura universal basada en la comunicación impresa encontraría el camino obstaculizado por enormes dificultades, aun en el caso de que centrara sus esfuerzos en el ámbito científico. Cada país tenía su propio sistema editorial y, como ninguna nación estaba dispuesta a perder terreno, la «piratería» transnacional constituía un impedimento extremadamente relevante. A los ojos de Youmans, la superación de este estado de cosas era cuestión de evolución. Estaba convencido de que las sociedades modernas estaban listas para convertirse en el escenario científico de una nueva civilización. De momento, sin embargo, los progresos quedaban bloqueados porque el medio de que dependían se hallaba atravesado por numerosas divisiones. En esa época era imposible crear una obra de éxito en un determinado campo e impedir al mismo tiempo que fuese pirateada en otro —y a menudo con tiradas baratas, de dudosa reputación, y lo que era aun peor, con un contenido infiel al original—. El nacionalismo de los derechos de autor refrenaba por tanto lo que Youmans denominaría (en una reimpresión auspiciada por él mismo y dedicada a divulgar los distintos puntos de vista de los científicos europeos sobre la educación) «la cultura que exige la vida moderna».

El plan que había concebido Youmans para atajar este problema requería el establecimiento de una vasta red de colaboración entre los científicos y los editores de las principales potencias de la época: Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia y Rusia. Y en ausencia de leyes universales de autoría, el fundamento del proyecto debía residir en el honor —el honor de los propios editores—. La idea consistía en que los editores prometieran remunerar a los científicos en función de las tarifas vigentes en sus respectivos países, dando para ello una garantía que, para cuajar, habría de depender más de las reglas de cortesía que de la ley. Únicamente de este modo podría llegar a ver la luz la esfera de la razón universal —una esfera largo tiempo acariciada pero jamás alcanzada todavía—, es decir, el anhelo de un espíritu científico capaz de trascender el Estado, la nación y el lenguaje.

No obstante, no era la primera vez que Youmans se había propuesto la realización de grandes proyectos, aunque lo cierto era que ninguno de ellos había dado frutos. Por tanto, tenía reputación de visionario fracasado. Alguno de los científicos con los que había hablado se había manifestado escéptico respecto de su capacidad para salir airoso de esta nueva empresa, mientras que otros lamentaban tener que decirle que ya estaban atados a determinados editores y que no resultaba de buen tono romper con ellos. Dado que también su plan dependía de las normas vinculadas con la urbanidad, a Youmans le resultaba muy difícil contradecir dicho principio. Sin embargo, sus esfuerzos comenzaron a cosechar apoyos. Spencer se dignó a escribir una carta abierta en la que elogiaba la idea. Huxley accedió a respaldarla. Y lo mismo hizo Lubbock. Tyndall, por su parte, se ofreció voluntario para entregarle una recomendación con la que poder presentarse ante el más prestigioso científico del mundo: Hermann von Helmholtz. Y a mediados de julio, Youmans tuvo la suerte de cenar con el mismísimo Charles Darwin, quien acogió la idea con gran entusiasmo e insistió en que el proyecto apareciera publicado en el congreso anual que la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia debía celebrar en Edimburgo. Youmans y Spencer tomaron inmediatamente un tren en dirección a Escocia, donde Huxley, Carpenter, Balfour Stewart, Bain y Lindsay contribuirían a difundir la noticia. Youmans distribuyó un manifiesto impreso en el que anunciaba que su proyecto ofrecería a la ciencia británica «los beneficios prácticos de una ley internacional de derechos de autor». Además, en ese mismo momento apareció publicada en el Times una carta cuidadosamente redactada en la que el propio Appleton lamentaba que los estadounidenses piratearan las ideas británicas. Youmans partió de Escocia convencido de que su plan estaba llamado a tener éxito. Él y Spencer tomaron un barco para dirigirse a París con la intención de incorporar a algunos científicos franceses al proyecto, después de lo cual Youmans continuó el viaje, ya en solitario, hasta Alemania, donde se entrevistó con Helmholtz, Virchow y DuBois-Reymond. El renombre de Huxley reveló ser muy persuasivo, así que un importante editor alemán, miembro además de un prestigioso comité editorial, se apuntó a la idea. Eufórico, Youmans declaró que su plan estaba en disposición de producir ya un centenar de volúmenes.

Poco después aparecía el primer escrito de lo que acabaría conociéndose como la «Serie Científica Internacional». Las Forms of Water de Tyndall inaugurarían una cascada de artículos que acabaría revelándose muy persistente, siendo los títulos más célebres de este periodo la Historia de los conflictos entre la religión y la ciencia, de John Draper, y el Estudio de sociología del propio Spencer. La obra de Spencer —llamada a convertirse en un texto clásico y fundamental de las ciencias sociales— habría de ser de hecho la piedra angular de la ideología de la Serie Científica Internacional, que aspiraba a unificar la ciencia en torno a un programa de evolución universal. Sin embargo, Youmans se vio obligado a «acosar» a Spencer a fin de quitarse de encima el libro. Esa insistencia negativa venía a ser un reflejo de la irresuelta incertidumbre que todavía suscitaba la totalidad del proyecto. La iniciativa había granjeado a Appleton varios enemigos «poco recomendables» en los Estados Unidos —personas que consideraban que la idea venía a constituir en realidad una especie de caballo de Troya con el que introducir subrepticiamente la internacionalización de los derechos de autor—. Youmans advirtió a Spencer que aquellos individuos estaban decididos a responder de mala manera, esto es, pirateando sus títulos —«y aunque se sabe cómo comienzan esas cosas, nadie tiene nunca la certeza de cómo pueden acabar»—. Pese a ser una realidad, el «civismo del sector», como acostumbraba a llamarlo Youmans, era quebradizo, ya que si se violaba una sola vez, «desaparecía el hechizo». Como era de esperar, dos editores anunciaron la publicación del Estudio de sociología de Spencer. Aterrado ante la perspectiva de que pudieran robarle sus argumentos —y dejando caer la idea de que merecía que se le considerara por encima de Darwin y Wallace en el parnaso de los descubridores de la evolución—, Spencer no iba a tomarse la amenaza a la ligera. Ordenó a su editor londinense que apurara el envío de las planchas a Appleton, quien se dedicó a saturar de publicidad el mercado, anunciando una inexistente edición económica a fin de ganar tiempo para preparar la obra auténtica —obra que se apresuraría a tener lista a fin de «evitar la piratería»—. Se trataba además de una amenaza lo suficientemente sistemática como para justificar la creación de una nueva revista científica destinada a contrarrestarla. Como afirmaba Youmans, era «crucial» que existiera un espacio como el que venía a ofrecer esa nueva publicación periódica —al menos si se quería proteger la autoría y la autenticidad científicas librándolas de «la tentación de las reimpresiones»—. La nueva revista antipirática lograría ver efectivamente la luz, haciéndolo con el nombre de Popular Science Monthly. Durante el resto del siglo, e incluso después de rebasado este, la publicación habría de convertirse, junto con el Scientific American, en el principal vector de transmisión de nociones científicas generales existente en el conjunto de los Estados Unidos[1].

Tanto la Serie Científica Internacional como el Popular Science Monthly habían sido concebidos para capitanear la génesis de una transformación del conocimiento público —objetivo que implicaba hacer frente a la cultura de «piratería» que había instaurado la generación de Matthew Carey, legándola después a sus sucesoras—. Spencer había alentado este objetivo con la esperanza de desbaratar lo que él denominaba la «total depravación» del «sistema pirático». Tan generalizada estaba dicha práctica que Youmans lanzaría repetidas advertencias a los científicos europeos a fin de señalarles los riesgos de entrar en tratos no con los reimpresores per se —puesto que eso resultaba inconfesable—, sino con los reimpresores poco recomendables. Por ejemplo, si un tal Blanchard —que era un positivista doctrinario— lograba piratear los Primeros principios de Spencer, entonces el público acabaría identificando inevitablemente el proyecto de Spencer con la «pandilla de obscenos, lúbricos y licenciosos autores a los que aquel apadrina y aconseja». Y si Appleton terminó desempeñando un papel decisivo en lo tocante a introducir en la cultura pública estadounidense a la práctica totalidad de los pensadores relevantes de la Gran Bretaña y la Alemania de la época fue debido justamente al hecho de que se atreviera a coger por los cuernos el toro de este tipo de amenazas.

No obstante, Youmans era perfectamente capaz de explotar las posibilidades del propio sistema pirático. No tenía inconveniente en modificar las obras para hacerlas atractivas a un nuevo tipo de público, llegando incluso a cambiar el título de algunos ensayos de Spencer e introduciendo en ellos correcciones que afectaban a frases y a párrafos enteros. Sus esfuerzos habrían de configurar de modo sustancial la reputación que alcanzó a granjearse Spencer en los Estados Unidos, especialmente por diferenciar sus planteamientos de los propios del positivismo[2]. Y al modificar a placer la obra de Frederick Harrison, un destacado seguidor británico de las enseñanzas de Auguste Comte, Harrison le respondería en el Times acusándole de practicar «una nueva forma de piratería literaria». Youmans no podía sino coincidir con él en que las reimpresiones estadounidenses eran «motivo de escándalo para la civilización», pero señalaría que Harrison había recibido el pago de unas regalías y que su reimpresión le había protegido en realidad de la acción de peores piratas. Por esta razón «se había visto saqueado al procurarse amparo frente al pillaje». Además, Youmans se mantendría firme en un argumento fundamental: el de que los autores británicos no tenían derecho a impedir que sus obras se leyeran. «No se solicitó su consentimiento», observaría, «porque eso habría implicado concederles el control de cosas que no les compete controlar». El Times lamentaría que la actitud de los estadounidenses viniera a aplicar a la ciencia la crudeza del estado de naturaleza hobbesiano. Youmans habría dicho que lo que se aplicaba eran las descarnadas realidades de Darwin.

Las reglas del «juego»

Tanto el problema al que tenía que hacer frente la ciencia como la estrategia que adoptaba Youmans para salirle al paso se hallaban firmemente arraigadas en las prácticas editoriales de mediados del siglo XIX. Al otro lado del Atlántico, las reimpresiones comenzaron a convertirse en la década de 1820 en una frenética e incesante actividad competitiva. En Filadelfia y Nueva York, los sucesores de Matthew Carey se vieron enzarzados en una constante pugna por la obtención de las últimas obras publicadas en Londres —novelas, memorias, libros de viaje e incluso obras jurídicas y científicas—. Debían hacerlo además con la mayor celeridad posible para tener la oportunidad de ser los primeros en reimprimirlas y vencer así a los adversarios que competían con ellos en el mercado. La actividad de los editores rivales contribuía a aumentar la tensión provocada por la tremenda velocidad de toda la empresa, puesto que competían con la esperanza de hacerse con el mayor número de clientes posibles, siendo perfectamente conscientes de que a estos les bastaba con aguardar una semana para conseguir reimpresiones baratas de las reimpresiones que ellos mismos hubieran lanzado al mercado. Durante más de medio siglo, la práctica de la reimpresión vendría a configurar no solo la situación del conjunto de las publicaciones de los Estados Unidos, sino la forma en que los textos aparecían publicados, dónde veían la luz y cuál era el sesgo de su lectura.

Los reimpresores estadounidenses sacarían el máximo provecho de la revolución industrial de la imprenta. En el año 1816 se introdujo la mecanización de la elaboración de papel, y solo una década más tarde comenzarían a llegar de Gran Bretaña las máquinas de Fourdrinier[3]. Estas máquinas conseguían abaratar las materias primas utilizadas en el negocio y que su abundancia fuera muy superior. A los ojos de Matthew Carey, estos dispositivos constituían un buen ejemplo de la ambición que empujaba a los Estados Unidos a convertirse en una nación dedicada a las manufacturas: sus últimos tratados proclamarán orgullosamente haber sido impresos en una «máquina de papel». A mediados de la década de 1840, fecha en la que casi toda la fabricación de papel había sido ya mecanizada, la producción de las papeleras había decuplicado las cifras registradas a principios de siglo. Después, los ferrocarriles llevaban estas ingentes cantidades de material a los principales centros impresores, donde eran devoradas por las imprentas de vapor. Estas imprentas producían en masa enormes cifras de libros y periódicos —con una profusión tal que Henry Carey siempre consideraría esta exuberancia como una prueba de la vitalidad de la república literaria estadounidense—. La producción de libros se multiplicaría por ocho en una generación[4]. Además, el tren también contribuiría a hacer que la letra impresa alcanzara nuevos mercados —de hecho, los pasajeros llegarían a encontrar las novelas de Dickens, publicadas por entregas, en el reverso de los horarios de las líneas férreas—. Entretanto, la estereotipia permitiría que los impresores y los editores se libraran de la carga de tener que bloquear una enorme cantidad de tipos de imprenta en los bastidores de composición, así como de la necesidad de hacer acopio de libros en los almacenes. Lo cierto es que a mediados de siglo, la práctica totalidad de las obras populares que se reimprimían eran sometidas al proceso de la estereotipia[5]. Una vez que un editor o un impresor había estereotipado las páginas de una determinada obra, era raro que a otros competidores les resultara rentable hacer otro tanto. En vez de producir nuevos estereotipos, podían alquilar las planchas ya hechas o adquirir los pliegos impresos, limitándose a añadir una portada propia. De este modo, la tecnología contribuiría a consolidar los comportamientos cívicos del gremio, y habría incluso algunos autores que adoptarían este sistema debido a que les garantizaba una edición fiel al original. Henry David Thoreau se quejaría de que los hermanos Harper, al aceptar la técnica, se habían convertido en dictadores del gusto público[6]. Con todo, esto vendría a acentuar también la ya de por sí notable importancia de ser el primero en hacerse con una obra. Por consiguiente, los afanes de la reimpresión al otro lado del Atlántico adquirieron un carácter más febril que nunca.

El negocio de las reimpresiones estadounidenses acabaría conociéndose con el nombre de «el juego», aunque en realidad esta denominación se remontara a la época en que hacía furor la novela Waverley de Walter Scott[7]. A los ojos de quienes asistían a este «juego», la cosa presentaba el aspecto de una batalla campal, ya que los editores competían unos con otros en su deseo de hacerse con todo nuevo libro londinense que tuviera visos de revelarse prometedor. La empresa de Carey (a cuyo frente se encontraba ahora Henry) luchaba con uñas y dientes contra los hermanos Harper de Nueva York, y ambos se enfrentarían a su vez con advenedizos como Grigg. Carey daría inicio a la mayor de las operaciones, ya que contaba con amplias redes de distribución, buenos contactos internacionales y un depósito de obras de medicina, ciencia e ingeniería que los demás no poseían ni podían compartir con él[8]. Sin embargo, los editores neoyorquinos lograrían ganar terreno porque contaban con un equipamiento más moderno y porque la ciudad en que se hallaban radicados disfrutaba a un tiempo de mejores enlaces marítimos con Europa y de rutas más rápidas para el transporte hacia el interior. Carey no tardaría en suplicar que se le remitiera por barco desde Londres las últimas hojas manuscritas de las nuevas publicaciones antes de haber sido impresos siquiera, señalando que sus «adversarios» contaban con un vasto mercado a pie de calle y que por consiguiente podían distribuir los libros nada más imprimir unos cuantos ejemplares, mientras que él, que debía satisfacer a un importante público interior, no podía distribuir ninguna obra «en tanto no contara al menos con unos dos mil o dos mil quinientos ejemplares», de modo que tenía la desesperada necesidad de arrancar con «unos cuantos días de adelanto»[9].

Como se desprende de esto, la diferencia entre la victoria y la derrota en el susodicho juego podía ser cuestión de horas. Cuando llegaban noticias de que se iba a publicar un libro prometedor en Gran Bretaña (o en cualquier otro lugar, pero lo cierto es que Gran Bretaña era la fuente principal de la que se nutrían estas editoriales), los rivales estadounidenses movilizaban a sus agentes de Londres y les encargaban que siguieran el rastro de las prepublicaciones y anticipos. A ser posible, debían conseguir un acuerdo con el editor original y con el autor a fin de conseguir acceder desde el principio a la obra en cuestión. Después se esforzaban por superarse unos a otros en astucia y en ser los primeros en mandar pliegos de la obra a los Estados Unidos. Se enviaban un gran número de copias con la esperanza de que uno de los barcos arribara a puerto antes que los demás. El New York Herald de James Gordon Bennett llegaría incluso a alquilar pequeñas embarcaciones con el fin de interceptar los buques que navegaban rumbo a los Estados Unidos y ganar de este modo unas horas preciosas. El vencedor de esta carrera, fuera el que fuese, podía reclamar para sí la impresión y la publicación de la obra. Los que se llevaban de este modo la palma podían comportarse de tres maneras diferentes. En primer lugar, podían introducir enmiendas en el texto para intentar después solicitar legalmente los derechos de autor. Esto fue lo que trató de hacer justamente el editor estadounidense de Darwin y, en algunos casos, este tipo de actitudes determinarían que las obras más relevantes se vieran expuestas a sufrir importantes cambios o añadidos —aunque es preciso agregar no obstante que se trataba de una estrategia onerosa y bastante expuesta a los riesgos—. En segundo lugar, podían confiar en lo que las principales casas editoras consideraban por regla general —aunque no siempre— una «cortesía del sector». Y en tercer lugar, podían aceptar sin más que iba a resultar inevitable que sus rivales terminaran pirateando el libro en pocos días, dedicándose en tal caso a sacar el máximo provecho posible en el breve periodo en que ellos disfrutaran de la exclusiva de las ventas. En la práctica, el riesgo bastaba en muchos casos para hacer que esta última opción se revelase como la menos mala.

Por consiguiente, la pura velocidad seguía siendo importantísima, incluso después de llegados los barcos a tierra. Una vez que un determinado volumen salía a las calles de Filadelfia o Nueva York, los editores tenían muy pocos días (a veces tan solo unas horas) para explotarlo antes de que sus competidores sacaran sus propias impresiones. De este modo, Henry Carey se quejaría ante el mismísimo secretario de Estado de los muy valiosos minutos que sus cargamentos tardaban en cumplimentar los trámites de aduana. Además, el apremio acababa reflejándose en los textos: a veces las reimpresiones omitían algún que otro capítulo, o sustituían determinados apartados con escritos de otros autores, e incluso llegaban a incorporar al libro capítulos que el autor había enviado en borrador pero no tenía intención de sumar al texto definitivo. En una ocasión, Carey hubo de publicar una disculpa en los periódicos tras haber publicado incompleto un texto del Pirata de Walter Scott[10].

Los principales editores mantenían a distintos agentes en Londres a fin de contar con personal sobre el terreno para lidiar con los demás participantes en el «juego». Su cometido no se limitaba a buscar nuevos libros en general, sino a obtener, por las buenas o por las malas, anticipos de las mejores obras. Henry Carey sería el primero en contratar los servicios de un personaje de este tipo. En abril del año 1817 escribiría a Longman para solicitar un acuerdo permanente que le permitiera hacerse con obras nuevas. Deseaba en especial textos salidos de la pluma de una serie de autores concretos, algunos de ellos fácilmente reconocibles en nuestros días (y que, según sus peticiones eran, entre otros, lord Byron, Maria Edgeworth, Walter Scott, Dugald Stewart y un escritor mencionado simplemente como «el autor del Waverley» —que resultaba ser, evidentemente, el mismo Walter Scott—), junto a otros más desconocidos. Se ofrecía a pagar doscientas cincuenta libras esterlinas al año si se le concedía un acceso preferente a los ejemplares en cuestión, los cuales debían serle enviados en el «primer y más veloz buque disponible». Longman declinaría la oferta, pero decidiría transmitir la petición a un mayorista y pequeño editor llamado John Miller. Miller se convirtió así en agente de Carey, papel que habría de desempeñar hasta el año 1861. Contaba con amplias atribuciones para buscar obras prometedoras. Únicamente Scott quedaría fuera de sus competencias, ya que después de que Constable —el editor que Scott tenía en Edimburgo— acusara a los Carey de apropiarse de unos pliegos de prueba robados en la imprenta, estos accederían a pagarle en mano para obtener directamente acceso[11].

Los agentes como Miller estaban facultados para negociar la adquisición de las planchas, lo cual significaba que los autores británicos podían recibir, con suerte, una propuesta económica por acceder a entregar el material necesario para la realización de las reimpresiones estadounidenses. Los Carey ofrecieron a Dickens cien libras esterlinas por la Vida y aventuras de Nicolás Nickleby, mientras que Scott tuvo la opción de ingresar setenta y cinco libras por una de sus novelas. Décadas más tarde, Wilkie Collins conseguiría menos de mil libras por La mujer de blanco, y él mismo admitiría que incluso esa cifra había resultado generosa, «ya que había piratas tras las bambalinas que no aguardaban sino la oportunidad de poder lanzarse al abordaje»[12]. Según insistían los estadounidenses, estas sumas constituían pagos graciables, no una adquisición de los derechos de autor. Lo que uno de los participantes en el juego adquiría de este modo era tiempo: un breve periodo de monopolio fáctico, aunque su duración resultara impredecible. En consecuencia, los pagos eran también muy pequeños, al menos si los valoramos en función de las cantidades que se había acostumbrado a recibir en Londres un autor de tan extraordinario éxito como Dickens. Por ejemplo, dos años después de haber decidido correr el riesgo de reimprimir los cuatro primeros números de Los papeles póstumos del Club Pickwick en una época en que Dickens era todavía un autor relativamente desconocido, Carey y Hart enviaron cincuenta libras al escritor como reconocimiento del enorme éxito que habían tenido con dicha obra. Comparadas con estas cifras, los emolumentos que recibía un estadounidense como James Fenimore Cooper eran muy distintos, ya que se situaban en torno a los cuatro mil dólares[13]. Los Harper justificarían el hecho de no haber entregado más que cien libras esterlinas a Edward Bulwer Lytton argumentando que, en los Estados Unidos, su popularidad había sido fundamentalmente fruto de sus propios esfuerzos, no solo por haber publicado los libros en sí, sino por haber encargado reseñas y divulgado las respuestas a que estas habían dado lugar. Según informaron al autor, el solo hecho de consignar el nombre de los Harper en la portada había mitigado ya las críticas. No obstante, añadían a esto una sarcástica coletilla. Su mismo éxito habría de incitar inevitablemente a sus rivales de vocación pirática —y a efectos probatorios enviaban a Bulwer Lytton un ejemplar pirateado de Los últimos días de Pompeya—, advirtiéndole a continuación de que si se le ocurría contactar con cualquier otro editor estadounidense, entonces también ellos piratearían sus obras para desbaratar la operación de esos competidores. Esta amenaza vino a poner crudamente de manifiesto la dura realidad subyacente a las proclamas de civismo que gustaba de hacer el sector en contextos menos privados.

En su momento de máximo apogeo, la eficiencia de la actividad reimpresora resultaba imponente. Tras distribuir una obra entre diez o más casas impresoras, un editor estadounidense experimentado podía poner en la calle en dos o tres días, y totalmente completa, una novela de tres volúmenes. En el año 1822, Henry Carey contrataría los servicios de nueve casas impresoras para sacar a toda prisa, de la noche a la mañana, Las aventuras de Nigel de Walter Scott —no consiguiendo con ello sino adelantar por los pelos a un rival suyo de Nueva York que ya lo tenía todo dispuesto para publicar la obra dos días más tarde—. Poco después de aquello, otros piratas competidores publicaron el libro en diversos formatos, incluyendo un minúsculo casado dieciochavo[14], dando al traste con las ventas de Carey. En el año 1825, la empresa de Carey imprimiría el Don Juan de Byron en treinta y seis horas, utilizando para ello treinta imprentas. Y al recibir Carey las páginas del Quintín Durward de Walter Scott, el editor conseguiría imprimir, encuadernar y distribuir en veintiocho horas mil quinientos ejemplares de los tres volúmenes de la novela. A ese ritmo, alardeaba, teníamos «plenamente en nuestras manos las riendas del juego». «Los piratas podían darse toda la prisa que quisieran en imprimir un texto», ya que él tenía la esperanza de hacerse con el «control total y absoluto del conjunto de los mercados del país» en las primeras cuarenta y ocho horas, que eran absolutamente cruciales. «Con independencia de las ganancias», añadiría, resultaba «extremadamente gratificante tener la posibilidad de gestionar el asunto a nuestro modo sin temor a ninguna interferencia». Entretanto, en Nueva York, los Harper se las arreglaron para publicar en veintiuna horas los tres volúmenes del Peveril del Pico de Walter Scott. Si una obra original estaba redactada en una lengua extranjera, entonces la traducción ralentizaba todo el proceso —pero solo un poco—. Un original escrito en alemán podía ser vertido al inglés, impreso y publicado en cuestión de días. Y como explicaría Carey a un editor de Londres, en tales circunstancias no le era posible adquirir nada que guardara siquiera una remota semejanza con los derechos de autor. «La única ventaja que obtenemos de esa adquisición», señalaba, «son las ventas de tres o cuatro días, en tanto no pueda imprimirse otra edición en Nueva York, Boston o aquí mismo, en Filadelfia»[15].

Se trataba de un negocio despiadado llevado a cabo por personas que se concedían a sí mismos el título de caballeros. A imitación de Matthew Carey, que había intentado fundar un gremio presidido por el civismo en sus primeros años, también su hijo Henry procuraría mitigar sus aspectos más feroces. Y el elemento inmediato que habría de poner en marcha este empeño sería el primer intento serio de las fuerzas británicas por contrarrestar la piratería estadounidense. Dicha intentona vendría a producirse en un momento crítico. La economía había topado con un periodo de depresión —y en este sentido, Carey confesaría a Miller que el desplome había costado unos treinta mil dólares a la compañía, añadiendo que Andrew Jackson «merecería la horca»—. Estando así las cosas, los editores de Londres Saunders y Otley organizaron un bufete en Nueva York para plantar cara a los reimpresores. Frederick Saunders, hijo del propietario de la editorial, cruzaría personalmente el Atlántico para acabar con los arribistas. La amenaza con que los Harper habían acogotado a Bulwer Lytton reflejaba su preocupación, pues acababan de comprender que ahora se hallaban librando una guerra en dos frentes. Decidieron asestar el primer golpe a Carey. El verano anterior, Carey había firmado la adquisición de la Italia de William Beckford, pero los pliegos de la obra habían desaparecido durante la travesía. Por una intrigante coincidencia, resultó que habían caído ahora en manos de los Harper, así que los editores neoyorquinos no tardaron en enviárselas a un reimpresor de Filadelfia para que imprimiera a contrarreloj la obra. Entretanto, los Harper se las ingeniaron para piratear nada menos que el primer libro que Saunders había editado en Nueva York: las Memorias de Lucien Bonaparte. Los Harper lograron convencer al impresor de Saunders de que les entregara los pliegos de la obra para después elaborar a toda velocidad una edición propia, varios días antes de que el londinense, que se había dormido en los laureles, pudiera rematar la suya. Anunciaron esta victoria de «la iniciativa empresarial estadounidense» colocando carteles y anuncios en prensa por toda la ciudad. Los periódicos piratas baratos atacaron simultáneamente el sector inferior del mercado al que se dirigía Saunders, reimprimiendo sus títulos y cobrando por ellos la tercera parte de lo que él pedía. Todo el mundo haría oídos sordos a los alegatos que Saunders pronunciaría en nombre de la «propiedad personal», de modo que el británico no tardó en verse obligado a abandonar la lucha. Diez años después le encontraremos trabajando como editor para los Harper[16]. Carey iba a revelarse en cambio más correoso: habiendo recibido el Rienzi de Edward Bulwer Lytton en enero, el mismo día que los Harper, consiguió poner, en menos de dos días, quinientos volúmenes en manos de los minoristas de Nueva York. Sin embargo, aquello era ya la guerra, y Carey solo había ganado la primera batalla. Con el respaldo de los escritores de reseñas, los Harper lograron que la edición de Carey pasara desapercibida, publicando poco después la suya a un precio de solo cincuenta centavos —cantidad que Carey jamás lograría igualar.

El resultado de todos estos movimientos fue una victoria pírrica. Ni siquiera los Harper conseguirían sacar beneficios a esos precios. De este modo, sería esta aleccionadora experiencia lo que terminara obligando a los dos rivales estadounidenses a reconocer que el juego les estaba conduciendo a la mutua aniquilación. Carey aprovecharía la ocasión para halagar a los Harper y convencerles de que debían participar en lo que hacía ya tiempo que venía siendo su más preciado plan para la formalización de una comunidad basada en el civismo. Los editores neoyorquinos siempre se habían negado a formar parte de dicho plan, pero ahora accedieron a contribuir a definir «la urbanidad del sector». Según atestiguaría Fletcher Harper, en ese tipo de urbanidad habrían de encontrar los editores su única «protección frente a la piratería». Y por «piratería» no pretendía significar la reimpresión internacional —puesto que las reglas de la urbanidad gremial se instauraban precisamente para preservarla—, sino los conflictos surgidos en el interior de los propios Estados Unidos.

Las normas de la cortesía sectorial siempre habían sido de índole caprichosa y circunstancial. De hecho, en eso radicaba uno de los factores que les conferían fuerza. Una generación antes, Matthew Carey había propuesto la creación de determinadas instituciones —como compañías y ferias literarias— a fin de generar un clima de armonía, pero en este aspecto no había cosechado otra cosa que fracasos. Sin embargo, estas esperanzas jamás llegaron a desaparecer del todo, y el propio Henry Carey continuaría acariciando el sueño de que una única compañía viniera a sustentar la «Unión»[17]. No obstante, la experiencia implicaba que había otros enfoques de carácter menos institucional que podían funcionar mejor, aunque solo fuera porque no conllevaban la existencia de una autoridad que pudiera venir a inflamar el espíritu de rebeldía de los reimpresores populistas. Y dichos enfoques se adaptarían adecuadamente a las necesidades de una generación preocupada por instaurar una afectividad colectiva por medio de ceremonias y tradiciones inventadas. Las cenas gremiales, por ejemplo, pasaron a convertirse así en ostentosos ritos periódicos en los que se ofrecían platos con todo tipo de comida elaborada de múltiples maneras. Quienes asistían a aquella clase de saraos lo hacían para cenar entre discursos y brindis (en ocasiones se contaban más de cincuenta), y con aquellos gestos se jaleaba la trascendente importancia que tenían para la civilización la letra impresa y las publicaciones. En las procesiones civiles podía leerse, a modo de divisa, el siguiente lema en incontables banderas y carrozas: Ars artium omnium conservatrix[18]. Para la realización de esos actos sociales se echaba mano prácticamente de cualquier excusa: el aniversario de Washington; la culminación de una red de distribución de aguas; el regreso de las tropas de la guerra con México; la construcción de la Universidad de Nashville; la instalación del primer cable de telégrafos trasatlántico en 1858; y por supuesto, el presunto cuarto centenario de la propia imprenta, celebrado en el año 1840[19]. Sería por tanto este contexto de incesante celebración de representaciones públicas el que viniera a conferir verdadera fuerza, una vez más, al sistema de las cortesías gremiales.

Las negociaciones entre Filadelfia y Nueva York terminaron estableciendo de este modo unas cuantas costumbres clave. Todas ellas engarzarían unas en otras de acuerdo con algún tipo de prioridad. En lo que sigue las hemos clasificado en una lista, enumerándolas en función del mayor o menor grado de controversia que acostumbraran a provocar:

Prioridad derivada de la publicación. Si una editorial publicaba una obra extranjera, el editor adquiría un derecho sobre ella por un periodo indefinido.

Prioridad derivada de la aparición en una publicación periódica. Si una publicación periódica obtenía por adelantado la prepublicación o anticipo de una obra, adquiría por ello mismo derecho exclusivo a publicarlas también en forma de libro[20].

Prioridad derivada de la recepción. El primero en obtener el anticipo de una obra se hacía al mismo tiempo con un derecho exclusivo a su publicación. Sin embargo, esta prioridad iba por regla general asociada con la obligación de anunciar la intención de publicar la susodicha obra, es decir, esta prioridad quedaba subsumida en la siguiente:

Prioridad derivada del anuncio de publicación. El primero en anunciar públicamente su intención de sacar a la luz un título en concreto adquirirá un derecho exclusivo sobre la misma —con tal de que la empresa tenga efectivamente en su mano la obra completa—. Esta sería la primera y más importante convención del debate entre Carey y Harper. A veces recibiría el nombre de «regla de Harper», pese a que se asemejara a una costumbre que ya se había estado poniendo en práctica en algunas ciudades europeas, principalmente en Dublín. Y dado que suscitaba la pregunta de cuándo hubiese de considerarse completa una obra —¿contaban en este sentido los pliegos de prueba?—, esta norma habría de dar lugar a enconados enfrentamientos.

Prioridad en el autor. Un editor que hubiera vuelto a publicar una obra escrita por un autor extranjero adquiría un derecho exclusivo a la utilización de todas las obras que diera en elaborar posteriormente ese mismo autor. Esta costumbre no contaba con ningún precedente en Europa y habría de provocar impugnaciones invariablemente. Carey pondría el grito en el cielo cuando los Harper infringieran la medida con la reimpresión de textos de Frederick Marryat, y los Harper considerarían que también Saunders y Bulwer Lytton habían puesto en peligro la norma. Con el tiempo, Carey se desentendería de esta convención, prefiriendo negociar específicamente las condiciones de cada nuevo título potencial.

Represalias. Debía existir un esquema de las «sanciones» a aplicar a quienes transgredieran estas reglas de urbanidad. Esta era la idea que defendían los Harper, y aunque no esté claro en qué pudieron haber consistido las represalias propuestas, lo más probable es que comportaran la inclusión del infractor en alguna forma de lista negra, o tal vez la adopción de medidas vinculadas con la reimpresión de los reimpresores. Desde luego, existen casos conocidos en que determinados editores concretos contraatacaban de esta forma. No obstante, Carey rechazaba la idea de una gradación formal de los castigos, de modo que no se estipuló oficialmente ninguna.

De estas convenciones, las cinco primeras acabarían constituyendo el núcleo de la concepción que la industria editorial de mediados de siglo acabaría teniendo de sí misma. En la década de 1860 todavía se citaban estas iniciativas, que seguían considerándose el único fundamento para la consecución de la estabilidad en un sector que de otro modo se abismaría en el «caos». La única idea que no llegaría a llevarse nunca a la práctica sería la relacionada con la prescripción de un plan específico de represalias a aplicar a los transgresores de las costumbres. Los Harper, que se habían iniciado en la actividad del gremio después de la generación de Matthew Carey, deseaban la implantación de un régimen sujeto a principios que se propusiera hacer justicia. A Carey le espantaba la idea, ya que prefería un régimen basado en la costumbre y cuyo objetivo fuera la creación de un clima de paz en el sector[21].

Las cortesías gremiales podían revelarse eficaces. Por no citar más que un ejemplo, un rival que acababa de ceder un libro de leyes a McCarty y a Davis acompañaría su gesto con la siguiente observación: «según veo yo las cosas, únicamente esta circunstancia (a saber, la derivada de la prioridad de la recepción del ejemplar llegado de Inglaterra) puede otorgaros el derecho a la publicación de una obra inglesa»[22]. Y desde luego las transgresiones del código incitaban a la venganza, una venganza que muy bien podía adoptar la forma de un acto de piratería. De este modo, como refiere Youmans, un reimpresor que, ansioso por hacerse con los derechos de la Evidence of Man’s Place in Nature, de Herbert Spencer, «se había aventurado a emplear la estratagema de anunciar que se había procurado el anticipo de la obra» y que se disponía a publicarla, descubriría que, en caso de seguir adelante, Appleton, que ya había hecho antes que él ese mismo anuncio, le amenazaba con piratear el título de la geología de Lyell que el atrevido reimpresor poseía. Un conflicto similar se produjo en el caso del Ensayo sobre la libertad de John Stuart Mill, aunque en esta ocasión Appleton se vería obligado a doblar la rodilla ante Ticknor y Fields. No sería nada difícil multiplicar este tipo de ejemplos. Hay que decir no obstante que, al mismo tiempo, era posible negociar, al menos hasta cierto punto, la observancia de las cortesías gremiales. En una ocasión, un transgresor bastante descarado trató de afirmar que la piratería no infringía «los derechos consuetudinarios» si se daba la circunstancia de que la demanda superaba a la oferta, pero en la mayoría de los casos las salvedades que se aducían eran más sutiles y menos descarnadamente fundadas en el interés personal. Los Harper, por ejemplo, acostumbraban a recurrir a la prensa neoyorquina para insertar su publicidad, mientras que Carey prefería la de Filadelfia, de modo que la exacta definición de lo que viniera a constituir o no un anuncio «público» solía ser fuente de disputas. Tampoco se sabía con meridiana claridad qué cantidad concreta de una obra era preciso poseer para que quedara justificado el anuncio de su inminente publicación. Los fardos que llegaban de Londres nunca contenían un libro entero, y además, como ya advirtiera Matthew Carey a su hijo en el año 1821, podía «resultar imposible determinar con precisión» a qué obra pertenecían los textos que en efecto contenían. Desde luego, los Carey realizaban sus anuncios antes de tener en sus manos el texto completo de las novelas que pretendían sacar a la luz —y en ocasiones llegarían a hacerlo sin dar tiempo siquiera a que se escribiera el relato—. Más tarde, los Harper adoptarían la política de anunciar todos los títulos que vieran enumerados en las reseñas literarias londinenses y que ellos mismos y sus competidores pudieran juzgar potencialmente susceptibles de formar parte de sus colecciones, no decidiendo sino después cuáles terminarían por reimprimir de hecho. Carey no tardaría en seguir su ejemplo. En un momento dado, ambos competidores se encontraron buscando ejemplares de las revistas literarias Blackwoods y Athenaeum con el mismo apresurado ahínco con el que trataban de procurarse los propios libros. Se instalaba de este modo, por así decirlo, una especie de cautela en la aplicación de las cortesías. Y a la larga, esto acabaría por arrojar sobre el sistema de las urbanidades sectoriales la sombra de un cierto descrédito. Como dirá James Parton en el año 1867, «toda esta incertidumbre y este caos, todas estas disputas y enemistades heredadas, obedecen a una sola y misma causa: la derivada del hecho de que exista en el mundo un tipo de propiedad que es a un tiempo la más preciosa, la más fácil de usurpar, y la peor protegida»[23].

Al igual que todos los juegos, por tanto, también este poseía unas reglas —o al menos un sucedáneo de normas—. En la mayoría de los casos, los derechos de autor no formaban parte de dichas reglas, debido a que el terreno de juego en el que se verificaba esta particular esgrima poseía un carácter trasnacional. En lugar de atender al derecho, lo que habían hecho los editores había sido proponer un sistema de normas cívicas basado en la observancia de un cierto número de reglas de urbanidad. Sin embargo, el creciente abigarramiento de una actividad que había terminado por convertirse en una industria iba a poner a prueba la viabilidad de dicha idea. Y al hacerlo acabaría provocando una crisis que, a su vez, habría de determinar que se procediera a un reexamen radical del lugar que debía ocupar la propiedad creativa en una sociedad moderna.

El Leviatán

Al ir adquiriendo unas mayores proporciones, la industria de las reimpresiones comenzó a desarrollar un escalafón jerárquico. Una novela de Dickens podía aparecer primeramente en una reimpresión de buena calidad salida de los talleres de Carey o de alguna otra casa respetable. Después veía la luz en una versión barata, pirateada sobre la base de aquella primera reimpresión. A continuación se divulgaba por medio de los llamados libros de cordel[24], luego se vendía por entregas, más tarde saltaba a las páginas de los periódicos de provincias, y casi al final acababa distribuyéndose por veinticinco centavos en las librerías «ferroviarias», para terminar impresa, capítulo a capítulo, en el reverso de los horarios de los trenes. Y al irse extendiendo esta práctica se irían borrando también, paulatinamente, las diferencias entre propiedad y transgresión. Los reimpresores que hacían caso omiso de las cortesías del sector publicaban obras populares en enormes tiradas y a precios muy bajos. En una ocasión se publicaron sesenta mil ejemplares de un texto de Macaulay, vendiéndose sus cinco volúmenes a quince centavos cada uno. Los reimpresiones también sacaban a la calle obras científicas (como por ejemplo la Chemistry de Justus von Liebig) con tiradas de varias decenas de miles de ejemplares. Y si los Carey y los Harper justificaban las reproducciones que ellos mismos sacaban a la venta diciendo que se trataba de otras tantas empresas morales, también esos «piratas» (como los llamaba Carey) defenderían abiertamente sus actividades afirmando que constituían una manifestación de los valores republicanos. A fin de cuentas, se estaba en este caso ante un empeño dedicado a distribuir, y en cantidades literalmente carentes de todo precedente, una literatura provechosa y unas ideas acreditadas a precios extraordinariamente reducidos. Podría argumentarse que estas prácticas habrían de contribuir más a hacer de los Estados Unidos una república verdaderamente culta que cualquiera de las numerosas publicaciones refinadas de Filadelfia. Y según observaría uno de los piratas, sería en la monárquica Inglaterra donde habría de revelarse necesario fundar sociedades especializadas a fin de impulsar el conocimiento útil; en los Estados Unidos, en cambio, los empresarios del saber respondían a la demanda de las masas[25].

El sensacional apogeo de esta carrera armamentística pirática se produciría con la llegada de las denominadas revistas temáticas o story papers. Impresas en papel de periódico, y editadas inicialmente como suplementos de los noticiarios en circulación, este tipo de obritas llevarían la república pirática a sus últimas consecuencias lógicas al abandonar por completo el amparo físico del libro. Su razón de ser derivaba del hecho de que aprovechaban las ventajosas tarifas postales para llegar a un enorme número de lectores. Su primera irrupción en escena se producirá en el año 1839, fecha en que la enésima crisis bancaria de la época vendrá a precipitar una depresión en el mundo editorial. Sometidos a esa tensión económica, los compromisos de observancia de las cortesías gremiales amenazarían con desaparecer, y la respuesta de Carey, por ejemplo, consistiría en abandonar por completo el negocio de las reimpresiones para concentrarse en las obras científicas y médicas[26]. De entre las recientemente aparecidas, las revistas temáticas más conocidas eran el Brother Jonathan y el New World, ambas publicadas bajo los auspicios de Park Benjamin y Rufus Griswold. Las dos revistas tenían una periodicidad semanal y se valían de la inmensa capacidad de las imprentas industriales para salir a la calle en grandes tiradas y a bajo precio —el Brother Jonathan, por ejemplo, costaba seis centavos—. De hecho, sus promotores se apuntarían una rápida victoria al conseguir los primeros la Vida y aventuras de Nicolás Nickleby gracias a un flamantísimo barco de vapor: el Great Western. Según prometían, en lo sucesivo tenían intención de seguir sacando el máximo provecho de esta avanzada tecnología para vencer a la vieja guardia del mundo editorial arrebatándoles las últimas obras del mercado.

Estas revistas temáticas terminarían evolucionando y dando lugar a la aparición de unos extraños objetos denominados periódicos «gigantes». El Brother Jonathan fue el creador de este nuevo género, afirmando emplear para ello «el mayor folio del mundo». Uno de los números especiales de Navidad medía más de un metro ochenta de alto por uno veinte de ancho. A los ojos del lector moderno, la apretada letra de sus hojas resulta prácticamente ilegible, y de hecho no tardarían en ser sustituidos por formatos más manejables que los consumidores podían luego encuadernar para crear así sus propios libros. Ahora bien, como no tenían que pagar ninguna cantidad vinculada con los derechos de autor y no precisaban de encuadernación, de almacenaje ni de librerías, además de no obligar a la inmovilización de capital alguno, lo cierto era que su producción resultaba baratísima. En el año 1843, el New World acostumbraba a vender de veinte mil a treinta mil ejemplares a la semana. Únicamente los periódicos convencionales de mayor tirada se aproximaban a esas cifras. Los trucos publicitarios contribuían sin duda a ese éxito: Benjamin organizaba cacofónicos desfiles de vendedores por las calles del centro de Nueva York cada vez que salía un nuevo número. De hecho, un corresponsal afirmaría a los directores editoriales del Athenaeum de Londres que el fenómeno se extendía a todos los tipos de literatura: este testigo había visto desfilar, en una sola semana, una historia de Irlanda, los artículos de la Edinburgh Review, el relato que D’Aubigné había hecho de la Reforma anglicana (traducido del francés), así como textos de Liebig y de Froissart. Las revistas temáticas saludarían este estado de cosas diciendo que se trataba de «una gran revolución literaria», un acontecimiento «auténticamente democrático» que además venía a subvertir por completo el orden establecido por la «aristocracia intelectual»[27].

Las revistas temáticas saqueaban el contenido de los periódicos europeos, cambiaban el título de las obras antiguas para publicarlas como si fueran nuevas, y en caso necesario se robaban material unas a otras. Siendo la velocidad su principal prioridad, los textos aparecían frecuentemente salpicados de erratas —o se les imponían alteraciones deliberadas—. Podía perfectamente salpimentarse una novela de Dickens con una pizca de Thackeray. Sin embargo, los reimpresores afirmaban que tenían derecho a introducir esos cambios, puesto que lo único que hacían era adaptar los productos culturales de las monarquías al gusto de los lectores de una república. El New World en particular realizaría una vocinglera campaña para defender su derecho a eliminar todo insidioso residuo de aristocracia. Llegaría a criticar incluso al Knickerbocker, tachándolo de aristocrático por tratar de inscribir en el registro los derechos de autor de sus colaboradores[28]. Y dado este estado de cosas, las revistas temáticas volverían a traer al primer plano las implicaciones epistemológicas de la piratería. Tan veloces y variadas habían terminado siendo las prácticas de los reimpresores que tal vez acabe uno preguntándose dónde quedaba en todo esto la autoría original, por no hablar de la incógnita de si la reimpresión reconocía algún derecho o no.

Esta situación quedaría dramáticamente demostrada en el caso de un autor que no solo había sido una figura creada por el sistema de las reimpresiones, sino alguien saludado en un principio como el primer gran escritor estadounidense: me refiero al misterioso Charles Sealsfield. Descubierto en un primer momento por Carey, allá por el año 1829, Sealsfield terminaría firmando un total de dieciocho novelas, muchas de ellas ambientadas en las regiones fronterizas de Luisiana y otras zonas todavía más remotas. Después de que un destacado crítico alemán le señalara como la prueba viviente de que ya empezaba a poder hablarse de una cultura literaria válida en los Estados Unidos, el New World decidió piratear sus textos. Sin embargo, en marzo del año 1844, el Boston Daily Advertiser se aventuró a suponer en público que había que entender en un sentido muy distinto la condición de autor modélico de Sealsfield. Se trataba de una criatura de la esfera pirática tan acabadamente conseguida que en realidad el individuo como tal no existía: era un producto de la misma economía editorial sensacionalista que había generado tanto el tristemente célebre «Gran bulo de la luna» como la broma del globo de Edgar Allan Poe[29]. Los defensores de la propiedad literaria comenzaron inmediatamente a lanzar la acusación de que «algunos editores que viven de hurtar el talento de los autores extranjeros» se habían limitado a inventarse sin más al tal «Sealsfield», basándose para ello en un desordenado revoltijo de materiales sustraídos de este y aquel periódico —práctica que era muy habitual entre las revistas temáticas—. El New World respondería presentando los testimonios de los exploradores del lejano oeste de los Estados Unidos, que sostenían que las obras de Sealsfield eran necesariamente el reflejo de una experiencia de primera mano de las condiciones reinantes en aquellas remotas regiones. A esto, añadiría el New World la inveterada y tradicional táctica de exhibir los manuscritos originales del autor impugnado, aunque no habría de conseguir con ello sino muy escaso éxito. Los acontecimientos que habrían de producirse a continuación demuestran la profunda y generalizada incertidumbre que se tenía en relación con la noción misma de autoría. Había quien se preguntaba si Sealsfield era inglés; otros pensaban que quizá se tratara de un europeo que se dedicaba a plagiar a los escritores estadounidenses; o tal vez fuera un fantasma, opinaban aún unos terceros. La británica Blackwood’s Magazine también comenzaría a publicar las obras de Sealsfield, cosa que no contribuiría sino a complicar las cosas un poco más todavía. Algunos críticos estadounidenses darían por supuesto que era el New World el que estaba reimprimiendo material sacado de la Blackwood’s Magazine y no al revés —momento en el que el mismísimo Edgar Allan Poe terciaría para condenar todo el asunto, juzgándolo un «ejemplo tan cómico o vergonzoso como se quiera de nuestro sometimiento a las opiniones extranjeras»—. La cuestión de la existencia misma del autor, que implícitamente llevaba aparejada la del carácter quimérico o efectivo de las facultades literarias estadounidenses, parecía absurdamente vinculada a las contingencias que pudieran afectar a los fletes trasatlánticos.

Lo cierto era que el tal Sealsfield existía, aunque se tratara de un personaje enigmático y evanescente, no ya acorde con los clisés de la piratería estadounidense sino con las características propias de la intriga política centroeuropea. Huido de un monasterio de Praga, Sealsfield había asumido una identidad falsa, ofrecido a Metternich colaboración en calidad de espía y recorrido de arriba abajo los estados occidentales de Norteamérica para terminar afincándose en Suiza, convertido en un agente encubierto de Luis Napoleón[30]. Ahora bien, el hecho de que fuera una persona de carne y hueso no evitaba que las angustias generadas en torno a su realidad viniesen a constituir, y en un sentido muy real, una confirmación del argumento que había llevado a Kant a señalar el cáustico poder de la piratería como forma de ventriloquia —adaptada y puesta al día ahora para encajar en los esquemas de una era industrial y nacionalista.

En el año 1839 vería la luz una revista temática denominada el Corsair que parecía representar el non plus ultra de la esfera pirática. Una publicación rival resumiría las características de esta nueva irrupción diciendo que se trataba de «una total violación de la decencia de la civilización». Por una vez, el campo de sus competencias puede vincularse sin ambages con el de las publicaciones piratas, puesto que la propia revista asumía de muy buena gana esa etiqueta. Distribuida por correo a unos dos mil quinientos suscriptores —lo que la convierte por tanto en un ejemplo numéricamente poco importante del género—, la publicación asumía retóricamente la identidad de un barco bucanero. Su tripulación se componía enteramente de individuos que ya anteriormente habían sido víctimas de la piratería, destacando entre ellos las figuras de un cirujano francés y un filósofo alemán. Convertían en trofeo a todo buque literario de valor que se cruzara en su derrotero, ya que en cada número incluían extractos de los principales autores británicos y continentales. Sus marineros manifestaban no temer a nadie, salvo a la barca Boz (obviamente, el seudónimo literario de Dickens), tenida por «una extraña embarcación, toda retorcida»[31]. (Y como daría en afirmar el Corsair en otra ocasión: «¿Por qué el próximo relato de Boz va a ser como la invención de la corona de laurel? Porque será para el primero que le ponga la mano encima»). La publicación también se haría eco de las cuestiones frenológicas, atreviéndose a presentar los perfiles craneales de Ada Byron, y revelaría un interesante compromiso con la creatividad proletaria al denunciar que las pedagógicas iniciativas del «progreso del intelecto» no constituían sino una forma de «llenar el cerebro [de las masas] de revistas de pacotilla, abocándolas a la estupidez científica». Sin embargo, el Corsair también destacaba ejemplarmente en otra faceta: la de no ser en realidad lo que parecía ser.

El Corsair había sido una ocurrencia del extravagante N. P. Willis. Willis se había plantado personalmente en Londres para fijar sus fuentes, y una vez en esa ciudad no tardaría en conocer a Charles Babbage, John Stuart Mill, Harriet Martineau, el capitán Frederick Marryat (con quien se batiría en duelo), y William Thackeray. Este último acabaría convirtiéndose en el corresponsal del Corsair en Londres. Entretanto, Willis anunció haber descubierto una obra británica que en realidad era la versión pirata de un texto suyo. Sin embargo, pese a tratarse de una transgresión británica, Willis denunciaría el hecho diciendo que no era sino el resultado del escandaloso estado del derecho estadounidense. «Estas son las consecuencias de nuestro hábito de robar a los autores ingleses», declararía, añadiendo que aquellos latrocinios existían únicamente porque así lo permitía «nuestra deficiente ley sobre los derechos de autor». Con estas afirmaciones Willis dejaba traslucir el verdadero propósito de toda su empresa. De hecho, se suponía que la atrocidad misma del Corsair venía a probar lo irredimible que resultaba la inmoralidad de la práctica estadounidense. Por consiguiente, el Corsair acostumbraría a disparar frecuentes andanadas[32] contra lo que llamaba, con afirmación menos paradójica de lo que pudiera parecer, «la pirática ley de los derechos de autor». De hecho, Willis pensaba que los derechos de autor debían ser a un tiempo universales y perpetuos. Si había creado aquel periódico había sido para probar con su existencia lo necesaria que resultaba su destrucción[33].

Como es obvio, el empeño de Willis estaba llamado a verse coronado por el éxito. Los piratas periodísticos daban mala fama a la reimpresión. Los Harper encabezarían el contraataque, impulsados en parte por el hecho de hallarse convencidos de que algunos espías del New World estaban intentando robar obras que su empresa había enviado ya a la imprenta, y en parte también porque los dos hermanos neoyorquinos sospechaban que la causa de un incendio en sus locales podía deberse a una acción de los filibusteros del Corsair. Se desataría así una breve pero enconada guerra de precios. Entretanto, la Dirección General de Correos, temiendo que el servicio pudiese venirse abajo al verse presionado por el gran volumen de los periódicos dedicados a la reimpresión, decidió modificar de la noche a la mañana su clasificación oficial, pasando a considerarlos panfletos. Esto elevó los precios del franqueo postal, de modo que de los dos o tres centavos por número que costaba anteriormente el envío de los periódicos se pasó a una cifra comprendida entre los doce y los dieciocho centavos, lo que anuló de un plumazo su viabilidad económica. Los periódicos denunciaron al servicio postal, acusándolo de haber traicionado su ideal —consistente en la «universal difusión de la información»—, pero no sirvió de nada. El Brother Jonathan echó el cierre casi inmediatamente, y poco después el New World seguía sus pasos. Y con ellos expiraría también el propio género.

A favor y en contra de los derechos de autor en ambos lados del Atlántico

Poco después de la humillante derrota sufrida en Nueva York, Saunders y Otley recurrirían a Harriet Martineau para poner en marcha una petición que los autores británicos deseaban elevar al Congreso de los Estados Unidos. Martineau decidiría atender su solicitud. De esta colaboración saldría un documento rubricado por cincuenta y seis escritores, entre los que se contaban Bulwer Lytton, Carlile, D’Israeli, Edgeworth y Southey. Esta iniciativa vendría a desencadenar —junto con los muy poco diplomáticos comentarios que habría de realizar Charles Dickens durante una visita efectuada a los Estados Unidos y a Canadá en el año 1842— una situación que terminaría derivando en la pugna que Gran Bretaña y los Estados Unidos habrían de mantener durante varias décadas en relación con el establecimiento de un sistema de protección internacional de los derechos de autor.

La persona que habría de recibir, no sin cierta perplejidad, la petición de Martineau sería el senador Henry Clay. Clay había sido el más destacado aliado de Matthew Carey en su lucha por desarrollar el sistema estadounidense. Sin embargo, al quedar marginado por el partido liberal se vería precisado de una nueva causa, lo que le llevaría a maniobrar ágilmente para abrazar la que acababa de presentarle Martineau. No tardaría en comprender que la creación de un sistema internacional no iba a resultar una tarea fácil. La propia idea de internacionalizar los derechos de autor carecía de precedentes. Ni siquiera los estados alemanes contaban con un régimen literario común en esta época (aunque en los Estados Unidos y en Gran Bretaña fuera por entonces habitual creer que sí). Además, el único precedente de verdad era el que se había concretado tras la unión de Irlanda y Gran Bretaña, ejemplo que difícilmente podía considerarse prometedor dados los efectos que dicha unión había tenido en la industria dublinesa. Por si fuera poco, serían muchos los editores y hombres del gremio que se opusieran a tal régimen —destacando en este sentido, y muy particularmente, la animadversión de los impresores—. En concreto, el gremio de Filadelfia protestaría diciendo que esa medida dejaría a los «honrados granjeros» de los Estados Unidos sin posibilidad de adquirir los libros —puesto que estos se pondrían a unos precios inasequibles para ellos—, situación que los expulsaría de la «comunidad lectora» y aniquilaría la república de las letras nacional[34]. Para tratar de cortar el paso a sus oponentes, Clay concebiría la estrategia de estipular una «cláusula de elaboración». Según su propuesta, la condición para que un extranjero pudiera disfrutar de la protección de sus derechos de autor en los Estados Unidos debía pasar por la rápida impresión de una edición estadounidense. Tenía la esperanza de que esto permitiera conciliar la búsqueda de un acuerdo en materia de derechos de autor con la economía política de un Carey. Sin embargo, buena parte del pugilato que habría de estallar a continuación sería consecuencia de este planteamiento.

Dos manifiestos publicados por esta época sentarían las bases de dicha pugna. Se creía que el de Saunders —atribuido a un anónimo «estadounidense»— había sido escrito por Washington Irving y Grenville Sackett[35]. Este manifiesto denunciaba que el típico editor estadounidense era un «pirata literario» que no solo se apropiaba de las obras de otros, sino que las «desguazaba». Sin embargo, el texto también censuraba el régimen de derechos de autor británico por juzgarlo inadecuado. El escrito mantenía que la propiedad literaria debía tener un carácter perpetuo, condenando la sentencia dictada en el caso de Donaldson contra Becket por entender que constituía «una inaudita muestra de tiranía e injusticia legislativas». El manifiesto añadía que el hecho de vincular la entrega de libros en depósito con la concesión de los derechos de autor (según lamentaba sir Samuel Egerton Brydges) había contribuido todavía más a la preponderancia de la «piratería» sobre la propiedad. El objetivo consistía en coger los argumentos ya formulados en favor de la reimpresión estadounidense y superarlos. En unos términos que recuerdan a los planteamientos de Matthew Carey, el texto vendría a asociar la autoría con la mejora de los medios destinados a «la transmisión de la inteligencia», como los canales, los puertos y los ferrocarriles, todos ellos capaces de generar «mejoras morales e intelectuales» en el populacho[36]. Los Estados Unidos, afirmaba el manifiesto, estaban siendo los precursores de un nuevo tipo de sociedad. Sin embargo, los sentimientos morales «depravados» no podían intervenir en tal empeño. «No hay código alguno de la ciencia política moderna que haya hecho del robo el fundamento de la grandeza nacional», advertía el escrito, «y las naciones de la Antigüedad que osaron recurrir a tales medios no tardarían en descubrir que la tenencia de aquellas propiedades resultaba bastante precaria». Además, en un reino pirático, los lectores se veían obligados a ingerir «estimulantes» aristocráticos, no contentándose ya con el «espartano caldo» que antes les reconfortaba y que era lo más conveniente para el fortalecimiento de su constitución. Únicamente mediante la instauración de unos derechos universales podrían los autores cultivar el interés por la verdad pura y virtuosa. Es decir, solo unos derechos de autor internacionales podían erigirse en puntal del ideal, característicamente kantiano, de la razón pública, un ideal sobre el que una nación podía edificar su futuro.

En un principio, el campeón del bando contrario sería un tipo llamado Philip Nicklin. Sin embargo, Nicklin era un testaferro. Había sido agente de Matthew Carey hasta el año 1829, así que dedicaría su respuesta a Henry Carey. Por consiguiente, cabe interpretar dicha réplica como la reacción del reimpresor medio estadounidense —en tanto que profesional acostumbrado a la dominación del mercado por los muchos años que llevaba enseñoreándose de él— ante el desafío de Saunders. Como era de esperar, la mencionada respuesta se compondría fundamentalmente de reimpresiones, ya que en ella se incluirían la petición británica, el proyecto de ley de Clay, un discurso de Talfourd, e incluso un artículo sobre los derechos de autor sacado de la Encyclopaedia Britannica. Metido ya en harina, Nicklin señalaría una serie de elementos que a su juicio constituían otras tantas contradicciones flagrantes. Por ejemplo, los autores se quejaban de que su reputación sufría a causa de las reimpresiones, y sin embargo, la imposición del pago de los derechos de autor no podría sino reducir aún más el número de sus lectores. Las quejas relativas a las «mutilaciones» causadas por la reimpresión resultaban igualmente desatinadas, en su opinión, dado que la existencia de una «enconada competencia» obligaba a mantener elevado el listón de la fidelidad a los originales[37]. Nicklin se manifestaba de acuerdo con la necesidad de que los derechos de autor tuvieran un carácter perpetuo, de modo que también él respaldaría la campaña de Brydges contra el sistema de depósitos. Con todo, él prefería vincular la propiedad literaria con un sistema de concesión obligatoria de licencias similar al que ya habían defendido los enemigos británicos del régimen de patentes. A su juicio, este era un factor esencial si se quería propiciar que los libros pudieran empaparse de la «energía» del auténtico libre comercio. La única forma de hacer desaparecer tanto «a los piratas como a sus piraterías» era liberarse del fardo de los monopolios. Y el «colofón» que todos deseaban ver materializado se concretaba sin duda en esta «abolición de la piratería literaria». Una vez hecho esto, las sociedades se verían unidas por una auténtica armonía de intereses —frase que acabaría convirtiéndose en un icono del debate[38].

Así las cosas, ambos bandos comenzarían a presentar la situación como una lucha por el alma de la república, defendiendo para ello unas posturas que, a primera vista, tenían bastante en común. No obstante, en el plazo de pocos años este planteamiento relativamente próximo habría de enconarse y convertirse en un conflicto generalizado en el que se discutían cuestiones básicas como las de protección o libre mercado, democracia u oligarquía, Filadelfia o Nueva York… Y al ver la luz la cultura moderna, la polémica abordaría asuntos capitales para esa misma cultura. ¿En qué consistía el conocimiento, y cuál era la mejor forma de conseguir desarrollarlo, transmitirlo y almacenarlo? Además, si se produjo esta radicalización fue debido a que el tema de la propiedad cultural pasó a convertirse en uno de los problemas situados en el punto de mira de una nueva disciplina intelectual: la de la «ciencia societaria». Y la persona que había insuflado vida a esta recién descubierta esfera del saber era nada menos que Henry Carey.

Civilización y fuerza societaria

El tiempo que hoy llevan los Estados Unidos disfrutando de la protección de unos derechos de autor internacionales supera ya al que en su día pasaran viviendo sin ella. En consecuencia, sus ciudadanos están familiarizados con los argumentos favorables a dichos derechos. Son por tanto los planteamientos que se oponen a él los que más contradicen los supuestos asumidos. Sin embargo, lo cierto es que existía un argumento contra la instauración de los derechos de autor a ambos lados del Atlántico. Ese argumento no se limitaba a defender la pertinencia de una reimpresión no autorizada y asistemática de las obras literarias, sino que daba en sostener la creación de un sistema diferente, y por consiguiente la invención de una sociedad nueva. La figura que más responsabilidad tendría en la promoción de este planteamiento —Henry C. Carey (1793-1879; véase la figura 11.1)— acabaría concibiendo los argumentos más influyentes que jamás se hayan vertebrado en torno a una alternativa para la universalidad de la propiedad literaria.

Figura 11.1. Henry C. Carey. H. C. Carey, Miscellaneous Works, 2 vols., Filadelfia, H. C. Baird, 1883, vol. 1, frontispicio. Cortesía de la Biblioteca de la Universidad de Chicago.

El papel de Carey se fundaba en la experiencia. Al ser hijo de Matthew Carey, es muy probable que, de todos los estadounidenses de la época, Henry fuese el que se hallase más hondamente familiarizado con el mundo editorial (con la posible excepción de los hermanos Harper). Llevaba siendo editor casi toda la vida, dado que la primera vez que había tenido la oportunidad de gestionar una de las sucursales de la empresa —la radicada en Baltimore— tenía solamente doce años. Entre 1821 y 1835 —los años de mayor esplendor del sistema de las reimpresiones—, Henry dirigiría una de las mayores casas editoriales del momento; entre los años 1824 y 1826, las ventas acumuladas superarían el medio millón de dólares. A lo largo de ese periodo se dedicaría a planear y a organizar la consolidación de la propia industria de las reimpresiones. Y si conocía tan íntimamente la cultura de la reimpresión se debía a que él mismo era en buena parte responsable de su existencia.

Carey comenzó su carrera de autor por la época en que se hallaba dedicado a torpedear los planes de los hermanos Harper, insistiendo en que se atuvieran al marco del sistema de cortesías gremiales. Al principio era partidario del libre comercio —compromiso por el que su padre le vilipendiaría—. Sin embargo, a finales de la década de 1830 ocurrió algo que le hizo cambiar de idea. En esa época, su propia empresa estaba dejando atrás la fiebre de las reimpresiones. Y siendo así las cosas, Carey se apartó de la implicación activa en el negocio para escribir un libro titulado The Harmony of Nature. Según parece, la obra partía de la ciencia natural para elaborar una variante de la economía política clásica. Sin embargo, no podemos saberlo con seguridad, dado que un buen día tomó la súbita decisión de abandonar su empeño y destruyó la tirada entera diciendo que había tenido una revelación económica. La repentina convicción de que la economía política ortodoxa malinterpretaba de raíz la realidad del mundo natural acababa de transformar sus puntos de vista. De este modo se embarcaría en lo sucesivo en una notable y novedosa carrera como economista político y promotor de lo que él llamaba la «ciencia societaria», en cuyo cuerpo doctrinal la oposición al libre comercio sería poco menos que axiomática. Durante el resto de su vida —que habría de prolongarse por espacio de unos cuarenta años más—, Carey se dedicaría a hablar y a escribir incesantemente en favor de esta causa a la que no solo habría de dedicar campañas, sino también publicaciones. Es probable que durante ese lapso de tiempo Carey se convirtiera en el más célebre e influyente economista estadounidense, pese a que en nuestros días nadie haya oído hablar de él en tal sentido. Él mismo trazaría el esbozo de sus planteamientos en una obra en tres volúmenes titulada Principles of Political Economy (1837-1840), para proclamarlos más tarde en Past, Present, and Future (1848) y llevarlos finalmente a sus últimas consecuencias en los Principles of Social Science (1858-1860). En los tiempos muertos que le dejaban esos proyectos, Carey se dedicaría a publicar un inagotable torrente de cartas, tratados, panfletos y editoriales, abordando en ellos prácticamente todos los asuntos vivos de su época, de la esclavitud a la reforma monetaria. Cuando pronunciaba un discurso se arremolinaban miles de personas para escucharle. Desempeñaría además un papel de primera fila en la fundación del Partido Republicano, y en el año 1860 su intervención resultaría decisiva en el descarrilamiento de la carrera presidencial de Simon Cameron —circunstancia que allanaría el camino para la designación de Lincoln como candidato (quien, según se decía, tenía en Carey a su autor económico favorito)—. Entre uno y otro de tantos quehaceres encontraría tiempo para viajar extensamente por Europa, reuniéndose con John Stuart Mill, con los científicos Liebig y Humboldt, y con Camillo Benso, conde de Cavour —el político italiano—. Entretanto, en los Estados Unidos, las «Vísperas de Carey» —una serie de celebraciones periódicas en las que se servían vinos y se propiciaba la conversación sobre cuestiones sociales— serían recordadas más tarde como acontecimientos fundacionales para la gestación de la ciencia social. Y si bien John Stuart Mill dictaminó que Carey era el peor economista político que jamás hubiera tenido oportunidad de leer, lo cierto es que por cada adversario de la talla de Mill surgiría otro de la magnitud de Marx, pues no en vano este colocaría a Carey bajo el mismo epígrafe que Bastiat —esto es, el de los únicos autores a los que valía la pena refutar—. Por su parte, el abogado y economista Erasmus Peshine Smith juzgaría los escritos de Carey tan reveladores que acabaría repudiando la idea misma de la propiedad intelectual y redactando una historia de la civilización entendida bajo el hilo argumental de la piratería[39].

En manos de Carey, la piratería y los derechos de autor quedaban convertidos en elementos de una gigantesca y muy ambiciosa ciencia potencial que venía a subsumir en su radio de acción tanto la esfera natural como el ámbito social. Carey saldría varias veces en defensa de sus argumentos, pero sus Letters on International Copyright constituyen su más importante esfuerzo. Las Letters verían la luz en el año 1853, esto es, en el momento cumbre de la agitación organizada por él mismo con vistas a la configuración del republicanismo. Escritas para oponerse a un tratado que el secretario de Estado había negociado con Gran Bretaña, estas Letters terminarían convirtiéndose en el texto más relevante que se hubiera escrito hasta entonces contra la instauración de un sistema de derechos de autor entre Gran Bretaña y los Estados Unidos. La argumentación descansaba en parte en la pregunta, de carácter específicamente constitucional, de si un tratado podía o no determinar legítimamente las medidas políticas internas de un país, dado que no requería la ratificación de la Cámara de Representantes —una arbitrariedad que Carey asociaba con el comportamiento de los gobiernos «centralizados»—[40]. Sin embargo, Carey juzgaba que, por sí solo, dicho tratado venía a impedir la adopción de toda forma de derechos de autor. En el año 1872, Carey publicaría una continuación de aquella reflexión bajo el título de The International Copyright Question Considered. Juntos, estos dos trabajos habrían de convertirse en la fons et origo de todos los planteamientos del bando contrario a la internacionalización. Leídos conjuntamente con las teorías de la «ciencia societaria» de que hablaba Carey, estos escritos ofrecían un argumento bien acreditado y aparentemente científico no solo contrario a la internacionalización de la propiedad literaria, sino favorable a la estricta limitación de su radio de acción incluso en el ámbito interno.

El hecho de que viniera a desafiar los presupuestos del libre comercio explica en cierto sentido la circunstancia de que Carey fuera un escritor tan prolífico: tenía que serlo porque estaba enfrentándose a la ortodoxia central de la economía política clásica. El libre comercio, como él mismo señalaba, había llegado a ser considerado en Londres, Manchester y Glasgow como una «verdad científica incuestionable». Por tanto, para hacerle frente con éxito era preciso esgrimir más argumentos científicos —y hacerlo además desde los planteamientos de una ciencia diferente—. Esto era lo que Carey se proponía conseguir. Trató de sustituir la economía política de Ricardo por una ciencia societaria capaz de dar la vuelta de un plumazo a la mayoría de sus axiomas, métodos, hechos y prescripciones. Carey aspiraba a concebir un sistema de conocimiento unificado capaz de abarcar, en principio, desde los hechos naturales más elementales a los más encumbrados decálogos de la sociedad. Su oposición a lo que siempre insistiría en llamar «libre comercio británico» habría de fundarse por tanto en unas «leyes societarias» dotadas de un carácter tan inmutable en la esfera de lo social como la ley de la gravitación universal en el ámbito de lo natural. Y lo que se dirimía con el descubrimiento de esas leyes, insistía Carey, era justamente la «gran cuestión» de su época: «la cuestión de la civilización». No puede negarse que las respuestas que ideara fueran de una índole efectivamente peculiar —por no mencionar el hecho de que resultaran extremadamente alambicadas—. Sin embargo, la presunción de que hacía gala al sugerirlas era igualmente característica de los años en que le había tocado vivir, pues en ellos serían muchos los que propusieran la creación de otras ciencias exactamente igual de atrevidas, ya que así lo habían hecho Walter Bagehot en Gran Bretaña, Gabriel Tarde en Francia, e incluso el propio Karl Marx. Y lo cierto es que el siglo se tomaría muy en serio las propuestas de Carey.

¿De dónde había sacado Carey la idea de un sistema unificado de ciencias? Se le había ocurrido, sencillamente, al hilo de sus lecturas. Es decir, había ido espulgando sus principales componentes, al menos en parte, gracias a sus incursiones en los productos del sistema de reimpresiones estadounidense. En particular, Carey había devorado el Curso de filosofía positiva de Auguste Comte, traducido por Harriet Martineau, inmediatamente después de publicarse la obra en los Estados Unidos —aparecida en una reimpresión realizada nada menos que por Appleton—. Carey se empapó de Comte y distribuyó ejemplares del Curso entre sus acólitos, acompañándolos de los tratados que él mismo había escrito en contra de los derechos de autor. El positivismo le convenció de que era preciso crear una ciencia social e incluirla en el más alto nivel del previsto sistema del conocimiento coherente y universal. No obstante, en sus propias obras, Carey no escribirá al modo de un positivista en el estricto sentido que Comte confiere al término, y reaccionará con vehemente oposición al conocer que las últimas iniciativas de Comte le inducían a crear una nueva religión. Sin embargo, seguiría convencido de la necesidad de crear una ciencia unificada basada en el «conocimiento positivo». A su juicio esto significaba dos cosas. En primer lugar, la investigación debía partir de la observación —esto es, de los hechos— y no arrancar con una serie de pronunciamientos teoréticos. En su opinión, esto le colocaba en una posición diametralmente opuesta a la de la economía política de la escuela de Manchester, que no prestaba la menor atención «al gran laboratorio del mundo» y que operaba con argumentaciones tan abstractas que, de hecho, resultaban falsas. Y en segundo lugar, había una jerarquía de leyes naturales, y por consiguiente también un ordenamiento escalonado de las ciencias que debían abordar su estudio —y todo ello de acuerdo con una gradación que se elevaba de lo más básico a lo más complejo y encumbrado—. Dichas leyes debían constituir el denominador común de los ámbitos natural y social, y Carey pretendía erigirse en su descubridor. Esto significa que se veía a sí mismo nada menos que a la manera de un Copérnico decimonónico, destinado a tirar por tierra la horrenda mezcolanza de epiciclos a que se reducía la economía política de la época. De ahí que el Manual of Social Science, elaborado para transmitir sus doctrinas a los estudiantes, no solo se abriera con una rapsodia de Kepler sobre la armonía del mundo, sino que diera en saludar en Carey al «Newton de la Ciencia Social»[41].

El mejor ejemplo que Carey encontró para exponer la ceguera de la economía política contemporánea fue el de un axioma que, según él, había sido ideado por Ricardo, aunque en realidad se remontara al menos hasta Adam Smith. De acuerdo con dicho axioma todas las sociedades comenzaban por cultivar los suelos más fértiles. Más tarde, a medida que iba creciendo la presión demográfica, esas sociedades empezaban a extenderse a regiones menos fértiles, de modo que la productividad se veía menguada. Carey juzgaba que este axioma era el elemento central que explicaba que, por su reputación, acabara conociéndose a la economía política como la «ciencia lóbrega», dado que no solo asumía que la riqueza derivaba en último término de la agricultura, sino que daba en afirmar que en el futuro de la humanidad se dibujaba necesariamente un horizonte cada vez más negro. Esa era la razón de la desesperación maltusiana. Carey sostenía que la historia mostraba que este axioma se revelaba falso, y esto en todos cuantos casos fácticos quisieran aducirse (véase la figura 11.2). Tras proceder a la clasificación de un conjunto de ejemplos procedentes de regiones tan dispares como la antigua Asiria y el Chile de su propia época, Carey colocaría frente a «esta teoría atroz» —por emplear las palabras de uno de sus panegiristas— «una demostración de su falsedad que difícilmente encuentra paralelismo alguno en la historia de la ciencia, sea esta física o moral». Carey afirmaba que, de hecho, lo que hacían las sociedades era precisamente lo contrario. Iniciaban invariablemente su andadura cultivando las regiones montañosas de tierras pobres (A) y no se trasladaban a los valles fértiles (B) sino una vez que su riqueza y su tecnología lo hacían posible. Y lo que daba sentido a estas afirmaciones era, a su juicio, el hecho de que su propia fecundidad hiciera difícil cultivar estas tierras feraces con una maquinaria primitiva. De este modo, lo que Carey venía a afirmar era que la historia mostraba un hilo conductor fundado en el progreso: de ahí que se pasara de los caminos primitivos a unas carreteras más sofisticadas, de un comercio simple a otro más complejo, de las herramientas primigenias a una serie de instrumentos más potentes, y de una agricultura de subsistencia a un cultivo productivo. Podemos sostener casi con toda seguridad que fue esta convicción la que le llevó a entrevistarse con Justus von Liebig, que era el más destacado defensor de la agricultura química que prometía hacer saltar en pedazos el pesimismo maltusiano[42].

Figura 11.2. Réplica pictórica con la que Carey refuta los planteamientos de Ricardo. H. C. Carey, Principles of Social Science, 3 vols., Filadelfia, J. B. Lippincott y Compañía, 1858, vol. 1, p. 138. Cortesía de la Biblioteca de la Universidad de Chicago.

La ciencia social de Carey habría de desarrollarse sobre la base de esta observación fundamental hasta constituir una enorme masa de concreciones empíricas y de generalizaciones sujetas a principios. Y al mismo tiempo acabaría adoptando de forma cada vez más explícita la imagen de una determinada concepción de la ciencia natural. Dicha concepción arrancaba con la idea de que el hombre era, según declaraba Carey, «la molécula de la sociedad». La necesidad básica que manifiestamente nos impulsa (por ser definitoria de la condición humana misma) es la que nos empuja a «asociarnos» con otros seres humanos. Uno no adquiere la condición propiamente humana sino por medio de la asociación, y ello en virtud de un conjunto de supuestos: que la humanidad del hombre consiste en buena medida en el conocimiento; que el conocimiento depende de la experiencia; que esta se acumula y comunica por medio del lenguaje; y que el lenguaje no logra ver la luz sino como obra colectiva. Un ser humano inmerso en el más completo aislamiento no sería por tanto plenamente humano en modo alguno. Y así proclamaría este tardío Newton lo que él mismo denominaría su «gran ley de la gravitación molecular»: que los seres humanos tendían a gravitar de forma natural en torno a sus propios congéneres, constituyendo grupos sociales. Además, la «fuerza atractiva» de los grupos grandes resultaba proporcionalmente más intensa, y por eso las ciudades se convertían en polos de atracción más poderosos que las poblaciones pequeñas. Y de este modo Carey concluía (con su característica e insegura comprensión del principio newtoniano) que la gravitación social se hallaba, «como todo lo que integra el mundo material, en relación directa con la masa y en relación inversa con la distancia»[43].

De esta ley venía a resultar una sociedad parecida a un collage de sistemas planetarios. La gente gravitaba en dirección a los centros de población, grandes y pequeños, y las aglomeraciones de dimensiones reducidas venían a congregarse en las inmediaciones de las de gran tamaño. Para explicar por qué estos sistemas no terminaban desplomándose bajo su propia masa, Carey tuvo la ocurrencia de recurrir a lo que él denominaría la «circulación societaria». Este pasaría a ser su concepto central. Esa circulación, argumentaba, resultaba esencial para el desarrollo de «todas aquellas facultades, mentales y morales, por las que el animal humano viene a distinguirse del bruto». Se trataba de una idea antigua, ataviada ahora con ropajes propios del siglo XIX —ya en siglo XVII había descansado el republicanismo de Harrington en un principio similar, y casi podría decirse que Harrington habría firmado el parecer que expresa Carey al sostener que «tanto en las sociedades como en los individuos, el desarrollo físico y mental, la salud y la vida, han crecido siempre al aumentar la rapidez de la circulación y menguado al detenerse o desbaratarse dicha circulación»—. El elemento nuevo en el planteamiento de Carey radicaba en el motor de la circulación. La responsable era una entidad a la que él denominaba «fuerza societaria». Y se hacía preciso considerar que esa fuerza societaria era, por todos conceptos, una fuerza real, no metafórica. Carey quería que se la aceptara en pie de igualdad con otras fuerzas —como las del magnetismo, la gravedad, la electricidad y otras similares— (unas fuerzas cuya interacción causaba gran excitación entre los naturalistas de las décadas de 1840 y 1850). Personajes como Michael Faraday y William Robert Grove se habían hecho famosos por sugerir que todas aquellas fuerzas se hallaban vinculadas de algún modo, y por proponer diversos constructos para explicar la «correlación», la «conversión» o la «conservación» de la «fuerza», la «potencia» o la «energía». Carey se ufanaba en afirmar que todo aquello equivalía nada menos que a una «nueva filosofía». Dicha filosofía prometía subsumir todas esas «entidades sutiles» en manifestaciones de «una sola y misma fuerza». Esa fuerza no podía ni crearse ni destruirse, sino únicamente adquirir por conversión una forma distinta. Y al provocar tales conversiones, el hombre podía producir efectos en el mundo real. Con la perspectiva que nos proporciona el tiempo, esto parece presentar resonancias similares a las de una primitiva ciencia de la energía. Sin embargo, en la década de 1850 existían diferencias importantes entre este tipo de planteamientos, ya que todos ellos resultaban antagónicos, incluido el de Carey. No puede decirse que el ideado por este último fuera, en esencia, una contribución a la ciencia física de la fuerza, pero sí una aportación al estudio científico de lo social. Si existía una «unidad de principios» que aglutinaba a todas las ciencias, se debía a que la propia ciencia encontraba su fundamento en una «unidad de fuerza» aún más elemental. La ciencia societaria era la disciplina que se consagraba a analizar esta unidad de fuerza en todas sus facetas[44].

En otras palabras, el poder procedía de la astuta guía de la circulación de una fuerza que lo llevaba a adoptar sus distintas formas. Toda pregunta sobre la naturaleza de dicha fuerza era en cierto sentido una question mal posée, dado que no había ninguna forma que poseyera un carácter más fundamental que las demás. Sin embargo, a juicio de Carey las fuerzas con mayores y más verosímiles probabilidades de responder a esa interrogante eran la electricidad —que ocupaba el primero y más relevante lugar de todas las posibles respuestas— y el dinero —aunque este último se situara ya a buena distancia y fuera un candidato con menores posibilidades—. La fuerza eléctrica podía apreciarse en el sistema nervioso y en las plantas, así como en la materia inorgánica; fluía libremente a través de un conjunto de elementos conductores que, en opinión de Carey, no provocaban ninguna pérdida de eficacia. Los circuitos eléctricos constituían la forma de circulación de fuerza más fácil de imaginar, la más potente y la más moderna. Por consiguiente, la fuerza eléctrica en movimiento se convertiría en el arquetipo que él mismo emplearía para explicar la circulación societaria. La idea no era en modo alguno absurda, al contrario, se trataba de un concepto característicamente vigente en esa época. En la generación de Carey había investigadores como Alfred Smee que intentaban desarrollar en los Estados Unidos una ciencia denominada electrobiología con la que pretendían poner de manifiesto las fuerzas implícitas en las comunidades sociales. Sin embargo, no hay signo alguno de que Carey se relacionara directamente con ningún electrobiólogo. Antes al contrario, ya que lo que había hecho había sido construir su teoría basándose en los escasos conocimientos que poseía acerca de los circuitos eléctricos. Carey sostenía que todo individuo de un sistema social exhibía una cierta polaridad, análoga (y quizá más que eso) a las terminales de una batería como la ideada por Grove. El tipo de polaridad que viniera uno a exhibir dependía del papel que estuviese asumiendo en cada momento. En su múltiple condición de «donante y receptor, de maestro y aprendiz, de productor y consumidor», escribiría, todo ciudadano podía ser considerado «positivo y negativo alternativamente». Por consiguiente, al combinarse en función de distintas configuraciones, los ciudadanos podían constituir de forma colectiva «una gran batería eléctrica a la que cada individuo contribuía con su par de bornes». De este modo, la fuerza societaria empezaba a emanar de dicha batería, convertida así en generador y en etapa de potencia del circuito. Este modelo se adecuaba igualmente a la idea de que el dinero viniera a constituir la mencionada fuerza impulsora, dado que el capital admitía ser considerado una entidad circulante y similar a un fluido, de manera que, en cierto modo, el planteamiento presentaba semejanzas con la concepción de Marx. «Lo mismo que sucede con la electricidad en el mundo físico», diría Carey en una ocasión al secretario del Tesoro, «ocurre con el dinero en el ámbito social». Sin embargo, la electricidad y el dinero eran entidades potentes e invisibles —características que llevarían a Carey a realizar la predicción de que, al final, la sociedad terminaría utilizando una forma de dinero libre de toda «representación material»—[45]. Fuera como fuese, y de acuerdo con las intuiciones de Carey, si se lograba disponer correctamente la totalidad de los «bornes» se lograría una «circulación perfecta». Y una vez organizadas así las cosas, concluía, «la fuerza económica recorrerá suavemente todos los miembros del Estado, derivándose de ello una general felicidad y prosperidad, [así como] una mejoría de las actividades mentales y morales».

Esta noción de las baterías sociales tenía implicaciones de carácter normativo. Se planteaba a los estrategas políticos la cuestión de cómo crear y mantener dichas baterías, junto con la de cómo organizarlas en número y disposición adecuada para maximizar el flujo de la fuerza societaria. La clave para responder a estas interrogantes residía en la índole polar de la electricidad. Carey pensaba que si el funcionamiento de las verdaderas baterías dependía de la existencia de una diferencia entre bornes de signo opuesto, también las sociedades dependían del establecimiento de distinciones entre los diferentes polos sociales, esto es, de que los ciudadanos desempeñaran papeles muy variados. De este modo, para que la circulación ejerciera plenamente sus efectos resultaba crucial que una sociedad diera muestras de diversidad. Y en concreto, según sostenía Carey, debían existir verdaderas «diferencias de empleo». Sin eso, sería imposible que hubiera bornes «positivos y negativos» facultados para brindar a la sociedad la oportunidad de convertir la fuerza y de obtener así capacidad de acción. Más aún, no solo era preciso que existieran ese tipo de individuos diferentes, sino que también debían de hallarse muy cerca unos de otros (téngase en cuenta que estas afirmaciones se realizaban medio siglo antes de que comenzaran las transmisiones de energía a larga distancia). En otras palabras, la diversidad y la interacción debían verificarse en la esfera local. De este modo, Carey desdeñaba tanto a las instituciones que actuaban a distancia como a los «intermediarios» que les servían. Estos intermediarios eran los «comerciantes», todos ellos de muy diversos géneros, gentes que cobraban por trasladar mercancías y personas a grandes distancias y que, por consiguiente, dificultaban el asociacionismo. Se comportaban al modo de los aislantes, dado que interrumpían los circuitos. Por el contrario, Carey hablaba con gran admiración de la clase integrada por los «convertidores» de una comunidad —fabricantes de tejidos, de objetos de hierro, de libros, de instrumentos, de barcos, de casas, de molinos y de hornos—. Este tipo de ciudadanos operaba, según decía Carey, como «el electrolito de la batería eléctrica». En tanto que clase, estas personas constituían «una entidad conductora de la fuerza eléctrica, una entidad cuya acción gana en intensidad a medida que los bornes positivos y negativos, los productores y los consumidores, van estableciendo una relación más estrecha entre sí». Sin ellos, la batería dejaría de funcionar. Como ya hiciera Alexis de Tocqueville antes que él, Carey también recibiría con los brazos abiertos la tradición estadounidense de las «corporaciones civiles», aunque por una razón distinta, pues lo que pensaba Carey era que la sociedad civil constituía la forma institucional del sistema de circuitos social. Además, el estadounidense también argumentaba que la conservación de la diversidad social podía depender de una acción gubernamental destinada a apoyar la diversidad en el seno de las comunidades. Dicha acción vendría a reforzar en el plano local la actividad del libre mercado, ya que implicaría intervenir para evitar que ese mercado se homogeneizara por el influjo de un conjunto de fábricas situadas a gran distancia (petición que trae a la memoria otra demanda que los artesanos de ese mismo siglo ya habían planteado sobre una base argumental diferente)[46]. Teniendo esto presente, mantendría entusiasmado Carey, «la capacidad y el hábito del asociacionismo terminará viéndose cada vez más confirmado». Todos los «átomos societarios» acabarían por encontrar su lugar, pensaba, consiguiéndose así que «un ilustrado sentimiento de dignidad vaya sustituyendo poco a poco a ese ciego egoísmo que por regla general caracteriza al hombre aislado e ignorante». La moral, los gustos, los sentimientos y los afectos irían experimentando mejoras, y la gente comenzaría a adquirir el derecho y la capacidad de utilizar la «libertad de expresión». Imperaría el progreso.

La conclusión de Carey consistía por tanto en que la civilización —entendida como avance intelectual, moral y económico— dependía del mantenimiento de un conjunto de circulaciones presididas por la diversidad y la descentralización. Esto implicaba proteger a los mercados libres locales mediante la imposición de sólidas barreras, unas barreras capaces de contrarrestar la acción de un conjunto de monopolios lejanos. El principal ejemplo que aducía Carey era el del Zollverein alemán, esto es, la unión aduanera constituida en la Europa posnapoleónica para regularizar los intercambios comerciales entre los estados germanos. «Gracias a ella», declararía Carey, «los [polos] positivos y negativos de toda una nación entraron en comunicación, creándose de ese modo una gran batería de unos cuarenta millones de pares de bornes que permitía una rapidez de circulación cuya escala difícilmente podrá ser superada en parte alguna». De manera similar, Francia y el estado de Massachusetts se las habían arreglado para preservar la diversidad social, y en consecuencia el poder de sus respectivas sociedades crecía de día en día, disfrutando además de libertad sus ciudadanos. Y lo mismo estaba sucediendo en el conjunto de los Estados Unidos. Gracias a la política de Lincoln, que había decidido favorecer la producción nacional, «se ha establecido una circulación casi perfecta en una batería gigante de veinte millones de pares de bornes», con lo que la actividad ha reemplazado al letargo y la sociedad se muestra más fuerte que nunca[47].

Sin embargo, todo eso se había conseguido por los pelos. En el año 1860, Carey había expresado la opinión de que el país padecía a causa de «la parálisis estatal, la detención de la circulación y el despilfarro de las fuerzas físicas e intelectuales». Este estancamiento se había producido por haberse descuidado la fuerza societaria, y nuevamente para beneficio, por regla general, de los denominados intermediarios. Gran parte de los escritos ocasionales de Carey se centrarían, de forma más o menos directa, en atacar a esa clase. El editor atribuía la culpa de los problemas crónicos que padecía la época en que le había tocado vivir a la existencia de dichos intermediarios, dado que les acusaba de haber creado un mercado «forzado» al que no obstante se atrevían a llamar libre. Los estados esclavistas del sur de Norteamérica constituían un ejemplo más que pertinente. (Carey estaba convencido de que la guerra civil debía imputarse al libre comercio y a la perfidia británica). Sería sin embargo en Gran Bretaña y en el Imperio británico donde Carey habría de percibir que imperaban en su más pura forma los efectos de los intermediarios. En Gran Bretaña se constataba la mengua del asociacionismo y el crecimiento de la esclavitud —al menos en términos prácticos, ya que no literalmente jurídicos—. Estando consagrado al comercio, argumentaba Carey, el sistema británico elevaba los intereses de la distancia por encima de los de la yuxtaposición, anteponiendo además los de clase a los de la diversidad. Gran Bretaña se jactaba de que las «máquinas» de la revolución fabril eran en todos los casos industrias pensadas para actuar a distancia: buques, ferrocarriles, telégrafos y carreteras. No se trataba en ningún caso de motores concebidos para impulsar la actividad local. Y además, todo venía a culminar en simples alardes y ostentaciones pensadas para cazar a los incautos. «Todas sus energías se concentran ahora en ofrecernos un espectáculo», declararía Carey a propósito de la Exposición Universal de 1851. «Y de este modo la nación queda convertida en un gigantesco Barnum[48], provista de un museo ciclópeo y de una nueva descripción de la voz máquina —una descripción pensada para atraer visitantes—». Entretanto, bajo esta abigarrada exhibición, los polos positivos y negativos no tenían la menor oportunidad de establecer un contacto verdadero, dado que el sistema, basado en el laissez-faire había destruido las distinciones personales de cada localidad. Y al no encontrar la posibilidad de una fructífera yuxtaposición, la fuerza permanecía «latente», la circulación «remansada» y la gente sometida a «esclavitud».

Carey achacaría este fenómeno a la centralización. Tal era el fin último del libre comercio y el laissez-faire. Siempre que lograba hacerse con la primacía, el libre comercio desembocaba en una situación presidida por la presencia de una pequeña fracción de personas extremadamente ricas y de una masa de gentes paupérrimas que quedaban efectivamente esclavizadas. Al igual que Carlyle y Engels (y del mismo modo también que los partidarios del bando británico contrario al sistema de patentes), Carey daba una gran importancia a los efectos desmoralizadores de esta «asociación involuntaria» que llenaba de abusos, alcohol y apuestas las vidas de los trabajadores. Y las colonias se encontraban en una situación todavía peor. La India se había echado a perder: invocando a Liebig, Carey predecía el total agotamiento de su suelo. Visto desde el prisma de la ciencia societaria, el imperialismo del libre comercio garantizaba que los polos positivos y los negativos quedaran situados a gran distancia unos de otros, circunstancia que impedía «toda forma de desarrollo de la fuerza mental». La implacable explotación efectuada en beneficio de unas fábricas muy lejanas no podía sino conducir inexorablemente a una especie de muerte térmica del imperio[49].

La forma de devolver el golpe debía venir de la mano de las trilladas políticas proteccionistas. Sin embargo, Carey vendría a conferir a esta política un nuevo y más fundamental objetivo, ya que «sin él», declaraba, «los hombres no podrían unir sus fuerzas». Los estados de la Unión deberían proceder como ya se había hecho en Irlanda, la India y Carolina. No obstante, una vez puesto en marcha el sistema de protección, «habrá que economizar todos los días, y cada vez más, la fuerza muscular». De este modo se propiciaría el desarrollo creciente de la «potencia cerebral» (que no era sino una variante más de la fuerza societaria), circunstancia que conduciría a una mejor utilización de las máquinas. La civilización triunfaría. «La centralización y la civilización se han opuesto mutuamente en todos los países y en todos los periodos históricos que ha conocido el mundo», opinaba, y el camino hacia la civilización pasaba por la descentralización[50]. Las implicaciones de la protección tenían por tanto un carácter trascendental.

Por estas razones, Carey consideraba que la economía política clásica era una falsa ciencia urdida para actuar al servicio de la centralización, y por tanto de la tiranía. Si parecía funcionar se debía únicamente al hecho de que las medidas políticas británicas reducían verdaderamente a los seres humanos a la condición de máquinas, produciendo así los objetos mismos que la ciencia describía. Sin embargo, su ciencia societaria debía tomar cumplida y justa revancha de este estado de cosas. No obstante, lo cierto es que Carey no era ningún científico. Nunca llegó a realizar experimentos ni dio muestras de conocer, en matemáticas, otra cosa que las más elementales reglas. Su obra prescinde de todo análisis estadístico y se dedica en cambio a promover un interminable desfile de «hechos» —tenidos todos y cada uno de ellos por entidades tan autosuficientes como evidentes en sí mismas—. Lo que sí haría, por el contrario, sería convertir la lectura en su particular práctica científica. Reunía libros impresos para regurgitar después una enorme cantidad de información histórica y económica. Tras haber perfeccionado sus dotes durante los largos años dedicados a la tarea de leer los libros que la casa editorial de su padre consideraba potencialmente interesantes, Carey haría suya una peculiar forma de proceder a esas lecturas a la que en privado llamaba su «plan modélico»[51]. Este «plan» era en esencia una variante de los libros de apuntamiento que habían utilizado las anteriores generaciones de eruditos para bregar con la sobrecogedora marea de volúmenes que salía de las imprentas. Los libros o cuadernos de apuntamiento venían a constituir para Carey una especie de versión sui generis de las «observaciones» científicas. En eso radicaba, a juicio de Marx, su defecto capital y definitivo, y por eso arremetería contra Carey, afirmando que se dedicaba simplemente a barajar las cifras de una forma «acrítica y superficial», lo cual no era muestra sino de una «erudición espuria», acusándole además de padecer «una atroz falta de sentido crítico». Sin embargo, lo que para Marx constituía una exasperante debilidad presentaba a los ojos de otros autores los visos de un impresionante empirismo —una cualidad más que necesaria en el árido campo de la economía política[52].

Una de las particularidades de este sistema radicaba en el hecho de que, para la recogida de aquellas observaciones, Carey hubiera optado por confiar en el sistema de las reimpresiones. Uno de los recursos documentales clave en la concepción de su ciencia societaria sería nada menos que una colección aumentada y corregida de la Correlation and Conservation of Forces de Edward Youmans[53]. Este volumen había sido la primera exposición de «la nueva filosofía de fuerzas» que alcanzaba a gozar de amplia difusión en los Estados Unidos. Se componía de un conjunto de ensayos reimpresos de Grove, Helmholtz, Mayer, Faraday y Liebig —autores que argumentaban unánimemente en favor de la existencia de una correlación de «fuerzas» entre las distintas ramas de los fenómenos físicos—. Otra reimpresión de un texto de William Carpenter, el fisiólogo y teórico del magnetismo animal, iría todavía más lejos, llegando a indicar la presencia de fecundos intercambios entre las fuerzas físicas y las vitales. El hecho de que Carpenter hiciera extensiva esta «nueva filosofía» a la dinámica interna del cuerpo humano resultaba notablemente controvertido en Gran Bretaña. Sin embargo, como observaba Youmans en la introducción de su obra, si sus planteamientos resultaban ser correctos, entonces el principio de la correlación debía «aplicarse necesariamente, y del mismo modo, a la sociedad». Y es que es en ella, proseguía Youmans, donde «asistimos de manera constante a una conversión de fuerzas de alcance global». «Las potencias de la naturaleza se transforman en las actividades de la sociedad; las energías del agua, del viento, del vapor y de la electricidad han sido domadas y puestas al servicio del cuerpo social, reduciendo así el trabajo humano, multiplicando los recursos y contribuyendo a la realización de una incontable cantidad de procesos industriales: de hecho, la conversión de esas fuerzas en distintas actividades sociales es uno de los principales triunfos de la civilización»[54]. La interpretación que Carey habría de hacer de esta obra se ceñiría a estas líneas maestras, las cuales acabarían por dar fruto y alumbrar una ciencia societaria de su propia cosecha, igualmente basada en una compleja interacción de fuerzas. Carey conocía bien los puntos de vista de Youmans —en una ocasión se dejaría caer por los locales de la empresa de Appleton y soltaría una larga parrafada contra él por promover el spencerismo y el «libre comercio británico»—, pero la forma en que vendría a utilizar las afirmaciones de esta edición de su obra serían radicalmente antagónicas al contenido efectivo del libro[55]. En resumen, la defensa que Carey hacía de las reimpresiones no se afianzaba únicamente en las reimpresiones mismas, sino en las manifestaciones de quienes se habían mostrado resueltos a acabar con la propia actividad de la reimpresión.

Dos nociones de piratería

Carey terminaría consiguiendo que se le reconociera universalmente como el «sumo sacerdote» de la ideología proteccionista. Sus polémicas disfrutaban de un enorme respaldo en los estados del Norte, y especialmente en Pensilvania. La prensa, con la Tribune de Horace Greeley a la cabeza, las elogiaría. El propio Greeley escribiría un tratado en el que venía a apoyar buena parte del programa de Carey (su proteccionismo, fundamentalmente, porque lo cierto es que Greeley defendía la adopción de un sistema internacional de derechos de autor)[56]. Lo que observamos, por consiguiente, es que en la política literaria de la época se enfrentaban mutuamente dos ideas. Una era la de la rapacidad nacional. Los indignados británicos acusaban a los Estados Unidos de actuar con esas ansias de rapiña, calificando de robo sistemático no solo el hecho de que se apropiaran de todo un conjunto de libros, sino la circunstancia de que se adueñaran también de un gran número de diseños, teorías, tecnologías y técnicas industriales. Carey no tenía el menor inconveniente en conceder que, a los ojos de los británicos, los estadounidenses «apenas merecemos otra reputación que la de ladrones o piratas». La otra se centraba en lo que el bando del propio Carey consideraba la verdadera noción de piratería: la que ejemplificaba el amparo que Gran Bretaña ofrecía a la explotación colonial en todo el globo. En defensa del libre comercio, señalaban los partidarios de Carey, los británicos estaban perfectamente dispuestos a elogiar a los piratas marítimos, calificándolos de pioneros del libre mercado. Consideraban que el contrabandista que violaba los aranceles de terceros países era «el gran reformista de nuestro tiempo». Durante las guerras del opio, los británicos se habían aferrado a Hong Kong con la única intención de utilizarlo como «almacén de productos de contrabando». Y sin duda se comportarían de idéntico modo con los Estados Unidos si tuviesen la oportunidad de hacerlo. De hecho, ya habían dado tácitamente su respaldo a los «barcos piratas» que habían estado combatiendo en el bando confederado. Todo ello formaba parte de una enorme estafa global conocida con el nombre de imperio[57].

Únicamente una de estas dos formas de piratería podía perdurar. La otra debería ser indefinidamente considerada un acto de bandolerismo y relegada al limbo de las etapas superadas del desarrollo histórico. Entre las décadas de 1840 y 1880 no estaba todavía nada claro a cuál de esos dos comportamientos habría de corresponder tal destino. De acuerdo con muchos ciudadanos de Filadelfia y de lugares como el valle de Lehigh, la respuesta estaba llamada a determinar el sino de la civilización moderna. Y esta polémica era también la que se encontraba en la raíz del colérico desahogo que había protagonizado Carey en los locales de Appleton.

Y es que la industria editorial resultaba ser uno de los espacios en donde alcanzaba a materializarse la cosmología social de Carey. Ese ámbito permitía calcular, por ejemplo, el peso exacto de un valor clave para la civilización. Carey había estudiado el declive del asociacionismo en España, midiéndolo en función del decreciente número de imprentas activas en el país[58]. De manera similar, acostumbraría a utilizar en repetidas ocasiones un sencillo diagrama (véase la figura 11.3) para exponer gráficamente el meollo de su argumentación sobre los Estados Unidos. En su eje horizontal, el croquis ofrecía, en representación esquemática, un corte transversal de Norteamérica que la seccionaba desde las Montañas Rocosas hasta Massachusetts, mientras que en su eje vertical se consignaban los precios del papel y los trapos utilizados para fabricarlo. Este escueto par de líneas con el que se daba en señalar la convergencia de precios a que se hallaban sujetas las materias primas y los productos acabados, venía a cartografiar el impacto del asociacionismo y constituía por tanto un índice de civilización. Además, Carey juzgaba que el sector del libro en general era el electrolito último de la batería social que él mismo promulgaba —los textos impresos formaban así «una entidad integrada por elementos conductores de una energía eléctrica cuya acción se va volviendo cada vez más intensa a medida que los polos positivos y negativos societarios, esto es, los productores y los consumidores, se van viendo inducidos a establecer relaciones paulatinamente más estrechas entre sí»—. Retírese de la ecuación a los impresores y los editores, venía a decir Carey, y la circulación se detendrá, con los desastrosos resultados comprobados en la Irlanda posterior a la unión con Inglaterra. Carey instaba a todos los lectores que sintieran curiosidad por el contenido que pudiera tener la ciencia societaria a observar los pasos que daban las personas encargadas de elaborar un periódico.

Figura 11.3. Diagrama en el que Carey presentaba un corte transversal de los Estados Unidos de América. Carey, Principles of Social Science, volumen 3, p. 93. Cortesía de la Biblioteca de la Universidad de Chicago.

Para que exista progreso ha de haber movimiento. El movimiento resulta a su vez de la incesante descomposición y recomposición de la materia, y la labor del asociacionismo no es otra que la constante descomposición y recomposición de las diversas fuerzas humanas. En un simple montón de periódicos de a centavo encontramos parte del trabajo de miles de personas, desde los mineros que escarban la tierra en busca de carbón y metal hasta los modestos recogedores de trapos, pasando por los fabricantes de papel y de tipos de imprenta, por los ingenieros y montadores de máquinas, por el componedor, el impresor, el escritor, el editor y el propietario, y por último por los muchachos a quienes se encarga su distribución. Con este intercambio de servicios, constantemente renovado día tras día y a lo largo de todo el año, todos y cada uno de los que colaboran en la obra terminan por recibir su parte de los beneficios, participando además cada lector del periódico del resultado final del trabajo realizado[59].

De manera similar, el sector del libro daba fe de la importancia de esta secuencia concatenada. Un impresor que trabajara para un editor no era realmente libre puesto que era este último quien se presentaba ante el público, mientras que los encuadernadores, de todos cuantos intervenían en el proceso, eran los que tenían que soportar una situación que resultaba, según Carey, «la más próxima a la servidumbre que me haya sido dado conocer en la vida civilizada». «Y eso es precisamente lo que ocurre con las naciones», se apresuraría a añadir Carey. El apuro en el que se encontraban las colonias era «justamente el mismo que debían padecer los impresores y los encuadernadores»[60].

La forma en que Carey entendía lo sucedido en Irlanda ponía de manifiesto las auténticas implicaciones de todo esto. El breve periodo de independencia legislativa de que había disfrutado Irlanda en el siglo XVII había permitido al país imponer aranceles protectores, observaba Carey. Aquella había sido una época de esplendor y prosperidad para algo que, a juicio de los británicos, no había sido sino una denunciable entrega al comercio editorial pirático. También había resultado ser un periodo marcado por el «desarrollo de las facultades intelectuales», como atestiguaba el hecho de que «la demanda de libros hubiera mostrado en Irlanda una magnitud suficiente como para permitir la reimpresión de un gran número de obras producidas en Inglaterra». En otras palabras, la piratería irlandesa del siglo XVIII había constituido a un tiempo la medida y la fuente del conocimiento público. Sin embargo, la centralización británica había decretado impositivamente los derechos de autor. Y como consecuencia de aquella decisión, el negocio editorial había «desaparecido enteramente», quedando el país convertido en una tierra de hambruna y de privaciones —de «esclavitud, de despoblamiento y muerte»—. Nunca más volvería Westminster a permitir que los «polos positivos y negativos irlandeses se unieran en el orden requerido para la creación de una fuerza societaria, fuera esta del tipo que fuese». No era por tanto de extrañar que Carey afirmara que «el medio siglo que dura ya la vigencia de los derechos de autor internacionales haya venido poco menos que a borrar del mapa tanto a los productores como a los consumidores de libros»[61].

Esta era la razón de que Carey se hubiera puesto al frente de la oposición a la instauración de unos derechos de autor internacionales —y de que su modo de enfrentarse a ella adoptara la forma que acabó adoptando—. Para él, esto representaba un choque histórico entre la «centralización y la civilización». En Gran Bretaña, la centralización había determinado que la actividad editorial se concentrara en Londres, ciudad en la que los editores y los productores de periódicos actuaban de consuno. Dickens venía a ser la personificación misma de esta centralización en el ámbito de los autores, dado que en sus novelas por entregas había llegado a vender incluso pequeños espacios publicitarios destinados a otros autores menos afortunados que él. En consecuencia, se había producido una verdadera erosión de la calidad intelectual. El conocimiento británico, pensaba Carey, había entrado en declive. «No existe demanda de ciencia, ya sea natural o social», sostenía. El saber que sí funcionaba en Inglaterra se reducía a un mero empirismo; y dado que el sistema no admitía una defensa basada en principios, la ciencia británica se abstenía de buscar principio alguno. Los Estados Unidos, en cambio, se ceñían a un modelo diferente. En ese país, la descentralización había logrado que todos los ciudadanos fuesen lectores. «El intelecto entero de la nación» estaba mejorando, generando un creciente número de invenciones. Los granjeros estadounidenses utilizaban ya máquinas bastante más potentes y eficaces que las de sus colegas ingleses. Esta era una de las razones de que pudieran permitirse el lujo de dedicar tiempo y dinero a los libros. Por consiguiente, este progreso doméstico no solo financiaba la reimpresión de obras extranjeras, sino que también la requería. En el plano nacional, la industria de las reimpresiones era inseparable del incremento de las manufacturas estadounidenses. «El rápido avance que se ha realizado en los ámbitos de la literatura y de la ciencia es consecuencia del perfecto amparo que permite la descentralización»[62].

Por consiguiente, Carey negaba que la verdadera razón de las dificultades que pudiera estar pasando un autor británico cualquiera se debiera al hecho de que no se hubieran implantado los derechos de autor a ambos lados del Atlántico. El problema real era el que planteaba la actitud de Gran Bretaña. Si los autores buscaban un alivio para su situación no se debía a que los Estados Unidos les hubieran causado un auténtico perjuicio, sino a que eran víctimas del mismo sistema político-económico que padecían los trabajadores industriales británicos. Sometida a la centralización, la demanda local de «información» se agostaba, y con ella desaparecía asimismo la búsqueda local de autores. Los semanarios ingleses, declaraba Carey, «exigían poco a la pluma y mucho a las tijeras». Todo aquel que quisiera dedicarse profesionalmente a la literatura tenía que trasladarse a Londres —una vez más por efecto de la centralización—, ciudad en la que podría encontrar editores confabulados en coaliciones monopolísticas, y en la que, como es obvio, tendría que hacer frente al tristemente célebre depósito que demandaban las bibliotecas. Ni siquiera los autores populares alcanzaban a publicar tiradas de más de dos mil quinientos ejemplares —una cantidad que resultaba insignificante a los ojos de los estadounidenses[63].

Por consiguiente, un autor como Macaulay o Dickens era, a juicio de Carey, «exactamente lo mismo» que un manufacturero industrial que se dedicara a confeccionar prendas de algodón en una fábrica británica. Los grandes editores venían a ser el equivalente de los magnates de los ferrocarriles o de los armadores de barcos de vapor. Tenían las mismas tendencias imperiales y autocráticas. «Los transportistas y los editores pertenecen por igual a la clase de los intermediarios», declaraba Carey con insistencia (teniendo en mente el ejemplo la Compañía de ferrocarriles de Camden y Amboy, a la que había atacado públicamente debido a su conducta monopolística). Lo único que les refrenaba era «un saludable temor a los intrusos». Si se llegaba a adoptar algún tipo de sistema tendente a la concesión obligatoria de licencias se «eliminarían en gran parte las dificultades relacionadas con los derechos de autor». Sin embargo, los editores se oponían a esta idea por considerar que contravenía la «respetabilidad del sector» —precisamente el ideal de cortesía gremial que, irónicamente, tanto y tan decisivamente había contribuido a implantar el propio Carey—[64]. De este modo, no había en la práctica forma alguna de separar a las partes integrantes de este «doble monopolio». La posición que adoptaba Carey en este caso se acercaba a la de quienes se oponían al régimen de patentes —razón por la que estos se dedicarían a reimprimir sus argumentos—. Tanto para el uno como para los otros, la cuestión de los derechos de autor guardaba estrecha relación con la política fundamental de la sociedad industrial.

Sin embargo, en este punto Carey iría más lejos que nadie, recurriendo a un planteamiento francamente positivista del conocimiento mismo. El «conocimiento positivo» descansaba en los hechos, y tomando esos hechos como base no podía darse vía libre a la propiedad literaria. «Los hombres que realizan aportaciones a la ciencia saben bien que no tienen, ni pueden tener, derecho de clase alguna». Los descubridores de realidades empíricas (da la impresión de que, en este caso, Carey debía de estar pensando en los exploradores) pueden quizá esforzarse por generar tales hechos, pero los hechos mismos son «una propiedad común al conjunto del género humano». Había, además, un discreto grupo de trabajadores que se dedicaban a organizar y a comparar los hechos a fin de establecer leyes y de terminar levantando el edificio entero de las ciencias —y tampoco ellos lograban hacerse con ninguna propiedad—. «Newton había consagrado muchos años de su vida a la composición de los Principia», observaba Carey, sin que eso le reportara ninguna clase de derecho personal al «conjunto» de la obra —aunque de todos modos tampoco le hubiera valido la pena—. No obstante, esos eran los únicos autores que realmente generaban conocimiento. La clase de los escritores que sí se beneficiaban de los derechos de autor no producía hechos ni ideas nuevas, sino que se limitaba a «vestir» lo que otros habían logrado con tan arduos esfuerzos. Robert Chambers constituía en este sentido un ejemplo adecuado: sus Vestiges of Creation —obra que había cosechado un inmenso éxito— se habían «apropiado» de las conclusiones científicas de Lamarck, «revistiéndolas» de un nuevo ropaje. De manera similar, Walter Scott «tenía la mente repleta tanto de hechos preservados por otros como de ideas no concebidas por él mismo, limitándose después a reproducirlas de forma diferente». Carey comparaba a estos escritores con los decoradores que se dedicaban a hacer ramos de flores con material sacado del jardín de terceras personas. Estas personas merecían que se les proporcionara una cierta remuneración, desde luego, pero en modo alguno tenía sentido concederles un monopolio. Y a todo esto añadía que aquellos que se habían dedicado a presionar en favor de «los intereses de la ciencia» durante la campaña por la instauración de los derechos de autor en el ámbito internacional eran en realidad, en casi todos los casos, personajes «literarios» de este tipo —es decir, consumidores, y no creadores, de ciencia—. ¿Acaso uno solo de los firmantes de las peticiones «era hombre que hubiera hecho algo para ampliar los horizontes del conocimiento»? Y sin embargo, los escritores no tenían que pagar un centavo por los hechos de que se apropiaban primero para explotarlos después. De optar el senado por considerar la promulgación de un proyecto de ley destinado a conceder derechos monopolísticos a los descubridores, insinuaba Carey, quizá valiera la pena examinar el asunto —pero estaba claro que jamás ocurriría tal cosa, puesto que esos mismos «literatos» que se avenían a vestir ideas ajenas pondrían el grito en el cielo en caso de que se ensalzara a los genuinos creadores[65].

Por consiguiente, Carey sostenía la idea de que el sector debía quedar al margen de los derechos de autor, pues juzgaba que dicha independencia resultaba esencial para la civilización. Y lo defendería apoyándose en una ciencia social tremendamente ambiciosa. Carey atribuía en parte la victoria de la Unión en la Guerra de Secesión estadounidense «al universal desarrollo del intelecto entre nuestros ciudadanos», advirtiendo de que el progreso futuro habría de depender en idéntica medida del perfeccionamiento del «espíritu nacional». El conocimiento debía permanecer al alcance de todos, así fueran «jóvenes o viejos, ricos o pobres, negros o blancos». La implantación de un sistema universal de derechos de autor, declararía con toda rotundidad, constituía nada menos que un vestigio de la ideología propia de los propietarios de esclavos. «Lo que desea el negro manumiso, muy al contrario, es que los libros sean baratos». A esta luz se percibía así que la «avaricia» de un Dickens o de una George Eliot no solo andaba descaminada, sino que resultaba vergonzosa[66]. La alternativa era así de categórica:

La protección que se brinda al granjero y al agricultor en los esfuerzos que ambos realizan para poner al artesano de su parte pretende aplicar la doctrina de la descentralización mediante el aniquilamiento del monopolio de las manufacturas establecidas en Gran Bretaña; y nuestro actual sistema de derechos de autor procura lograr la descentralización de la literatura ofreciendo a todos cuantos se animen a emigrar e instalarse entre nosotros la misma acabada protección que proporcionamos a nuestros propios autores. Lo que se llama libre comercio se encamina al mantenimiento del monopolio extranjero que atiende a nuestro actual suministro de ropa y hierro, igual que, por su parte, los derechos de autor internacionales aspiran a prolongar el ininterrumpido monopolio que tanto tiempo lleva disfrutando ya Gran Bretaña, única encargada de proporcionarnos libros —y ambos factores, libre comercio y derechos de autor, no tienden sino a la centralización.

Esta era la razón de que la adopción de un sistema internacional de derechos de autor resultara «suicida» —y así se lo haría saber Carey al presidente de la Cámara de Representantes en el año 1865[67].

Universalidad e imperio

En el siglo XIX, los defensores de la propiedad autoral tratarían de profundizar y de extender este principio, tanto en el espacio como en el tiempo, ya que Wordsworth deseaba que la propiedad literaria adquiriera carácter perpetuo y Dickens quería que se aplicara en las costas de varios océanos. Habría de ser este segundo empeño el que acabara revelándose más preñado de controversias debido a que era también el más prometedor. Su postulado coincidiría con la edad de la expansión imperial. No obstante, lo cierto es que, al final, los proponentes hallarían la manera de sacar adelante su proyecto. De hecho, en la década de 1890 Washington ya había legislado en favor de la instauración internacional de los derechos de autor (aunque los Estados Unidos no dieran en rubricar la Convención de Berna sino poco menos de un siglo más tarde, en el año 1988). Sin embargo, los derechos de autor no significaron el fin de las reimpresiones no autorizadas —ni mucho menos, según habrían de descubrir a sus expensas algunos escritores, como por ejemplo Conan Doyle—[68]. No obstante, lo que sí consiguieron fue poner fin al periodo que los Estados Unidos habían dedicado a la piratería sistemática de las obras inglesas. A partir de entonces, aquella conducta pasó a convertirse, sin más, en un delito.

En la lucha librada hasta entonces por el derecho a la reimpresión —lucha que se había mantenido por espacio de una generación—, los escépticos habían basado su oposición en una negativa: la que les impulsaba a no aceptar que debiera extraerse un principio del hecho de que la práctica de la propiedad autoral exigiera una ampliación espacial de su jurisdicción legal de la mano del poder. Esto significa que insistían en que la universalización de la autoría acabaría por ser, sin metáforas, tan imperativa como imperial. Esta es la razón de que Appleton y Youmans tuvieran que basar su plan de una comunidad científica trasnacional en el frágil cimiento de las cortesías —y el motivo de que tan visionarios empeños provocaran una oposición vehemente—. Los razonamientos se orientaron en una dirección diametralmente opuesta a la que adoptaran en su día, en la Gran Bretaña victoriana, los argumentos contrarios al sistema de patentes —unos argumentos por lo demás similares a los que ahora se esgrimían—. En Inglaterra, el bando contrario a la propiedad literaria proclamaría que la integración del imperio dependía de que se erradicasen los derechos de autor y las patentes, mientras que sus colegas estadounidenses manifestarían que la conservación de la independencia frente a dicho imperio dependía de esa misma abolición. Sin embargo, lo que subterráneamente venía a enlazar ambos planteamientos era la existencia de un vínculo entre imperio y propiedad intelectual —que es como pasaría a denominarse en adelante.

12

LOS PRIMEROS PERSEGUIDORES DE PIRATAS

Nos hallamos en los albores de un nuevo siglo y la industria musical atraviesa una crisis. La existencia de nuevas tecnologías, de medios diferentes y de prácticas empresariales innovadoras está planteando un reto a los principios de los derechos de autor que han venido proporcionando un plano de sustentación a la industria desde que se tiene memoria. Aprovechando las ventajas de un proceso revolucionario que permite el copiado exacto, los «piratas» se dedican a replicar temas musicales a una velocidad endiablada. El público no ve nada malo en hacer negocios con ellos. A fin de cuentas, la publicidad de los piratas señala que la industria musical dominante constituye un monopolio y que explota tanto al artista como al público. Los piratas, por el contrario, hacen ostentosas muestras de amor a la libertad. Se ponen a sí mismos nombres rimbombantes, como el de Compañía Editora de Música Popular, y venden sus artículos a un precio que nadie más puede permitirse. Según sostienen, se dedican a hacer llegar la música a un vasto público que de otro modo quedaría completamente al margen del universo melódico. Muchas de ellas no son en modo alguno empresas de tipo tradicional, sino empeños caseros organizados por adolescentes y dirigidos desde un bar o incluso desde el dormitorio de un domicilio particular. Como reacción a este estado de cosas, las recién afloradas compañías de música impresa se unen para presionar al gobierno y exigir un radical endurecimiento de la ley de derechos de autor —un endurecimiento que muchos consideran una amenaza para las libertades civiles y los principios de la privacidad—. Y mientras esperan a que se les haga caso, se toman la justicia por su mano. Recurren a tácticas poco limpias para mantener a raya a los piratas, y de darse ciertas circunstancias no excluyen el uso de la fuerza. Si se ven obligadas a llegar a ese extremo, dicen, es porque la crisis de la piratería pone en cuestión la existencia misma de una industria musical.

Si todo esto nos suena familiar no se debe a que constituya una descripción de los problemas a que se enfrentan hoy los gigantes del entretenimiento en su lucha contra los advenedizos libertarios de la red. Lo que acaban de leer es un retrato de la situación reinante a principios del siglo XX, no de la vigente a comienzos del XXI. Hubo una época en que la industria musical tuvo que plantar cara a una amenaza pirática mucho más seria que cualquiera de las anteriores o incluso de las posteriores —al menos hasta hace muy poco tiempo.

A comienzos del siglo XX, la industria musical de Gran Bretaña y los Estados Unidos era una actividad consagrada a la venta de partituras impresas. Los editores que producían este tipo de música se embarcaban en unos proyectos de distribución de una envergadura verdaderamente enorme. Entre los años 1880 y 1901, la cantidad de entradas consignadas en el registro de derechos de autor superaría la cifra de ocho mil inclusiones al año, y el número real de títulos disponibles era mucho mayor[1]. Puede que solo en Gran Bretaña se imprimieran anualmente unos veinte millones de ejemplares de estas partituras. Las piezas más célebres tenían tiradas de centenares de miles de copias. Y el pequeño número de temas de más sonado éxito, como The Holy City de Stephen Adams, terminaban convirtiéndose en iconos culturales clave (la canción de Adams, que quizá fuera la pieza musical más pirateada de la era anterior a internet, encontrará incluso un hueco en el Ulises de James Joyce). Como gustaba de señalar la industria, estos éxitos contribuían a sufragar los gastos ocasionados por la publicación de los muchos temas musicales que no conocían sino un éxito muy moderado o que simplemente fracasaban. Para sacar a la calle dichos temas, los editores tenían que dedicar recursos económicos a lo que ellos denominaban «publicidad», capítulo en el que era preciso incluir el pago de «regalías» a famosos cantantes del teatro de variedades o del vodevil al objeto de que estos se dignaran a añadir a su repertorio esas canciones en concreto. Dichas canciones podían entonces comercializarse con el apoyo de aquellos cantantes —por lo que serían conocidas como «baladas de regalía» o royalty ballads—. Era una práctica de la que la industria nunca llegaría a sentirse plenamente orgullosa, y de cuando en cuando surgían iniciativas destinadas a modificarla, pero estas nunca llegaban a buen puerto, dado que se temía que las compañías competidoras se aprovecharan de la ventaja que supondría el hecho de que alguna de las grandes firmas acatara de hecho una hipotética suspensión cautelar de la costumbre. Esto explica por qué uno de los más destacados defensores de la implantación de los derechos de autor en el ámbito musical dijera a los miembros del parlamento británico que él desautorizaba con toda rotundidad el pago de regalías.

Las compañías editoriales de la esfera musical eran empresas familiares que se enorgullecían de la misión cultural que, en su opinión, les había sido confiada. Al no dedicarse exclusivamente a la explotación comercial de los «puntillos», como se llamaba por entonces a las partituras impresas, estas compañías se consideraban llamadas a más altas empresas, como la de mantener una relación a un tiempo personal y profesional con artistas como Charles Villiers Stanford y Edward William Elgar. Las editoriales vendían las partituras musicales aproximadamente a un chelín y cuatro peniques por canción. Sin embargo, los detalles relacionados con la forma en que se calculaba el precio de cada tema se mantenían en la más estricta confidencialidad, circunstancia que espolearía la circulación de una serie de rumores que sostenían que los editores se ponían de acuerdo para mantener elevados los precios. Un pirata podía ofrecer esa misma canción a un precio de dos peniques[2].

Fueran o no conscientes de ello, los piratas del periodo eduardiano no eran sino los continuadores de unas prácticas que llevaban siglos de vigencia. La reproducción ilícita de notaciones musicales venía existiendo al menos desde el siglo XVII, y es probable que ya se realizara con anterioridad. Sin embargo, nunca antes había constituido un problema sistémico, puesto que el negocio de la edición musical no se había centrado en la adopción de un principio de propiedad. Hasta la década de 1770, la música no habría de considerarse en Inglaterra sino como un negocio exterior al radio de acción de la legislación vinculada con los derechos de autor, de modo que no podía existir una piratería propiamente dicha. Los editores se limitaban a reimprimir libremente una serie de copias carentes de autorización. También introducían arreglos en las obras y transponían los temas o los modificaban de diversas formas a fin de satisfacer a sus clientes de pago, llegando a hacerlo a veces en forma periódica, como en el caso de la Musical Magazine que publicaban Harrison y Drury en la década de 1870[3]. Entretanto, las compañías operísticas del Londres de George Friedric Handel y Thomas Arne no veían nada malo en enviar a los estrenos de sus respectivos competidores agentes encargados de transcribir las melodías más sobresalientes para reutilizarlas después en sus propios montajes. Esta práctica no vendría a juzgarse excesivamente impropia sino más tarde, al convertirse en moneda corriente las ideas románticas sobre la genialidad autoral y empezar algunos compositores, como Hector Berlioz, a arremeter contra quienes se dedicaban a modificar las obras originales, tachándolos de ladrones, difamadores y sicarios. Sin embargo, Berlioz también informará de que el arte de la apropiación seguía vivito y coleando en el siglo XIX, ya que referirá haber conocido a un bribón llamado Marescot que se jactaba de la fortuna que había amasado utilizando esas artimañas con El cazador furtivo de Carl Maria von Weber. (Tan descarada había sido su intervención, añadirá Berlioz, que «tuve la perfecta convicción de que me tomaríais por un historiador y no daríais crédito a mis palabras»)[4].

Casi todos los compositores que gozaban de un moderado éxito sabían a qué extremos de exasperación podía conducir este estado de cosas, especialmente si sus partituras caían en manos de los omnipresentes organilleros —que no solo resultaban enormemente irritantes según todos los testimonios, sino que pululaban por las calles de las ciudades y se dedicaban a tocar versiones deformadas de melodías como la del «Toreador» de Carmen—[5]. Y todos los aficionados a la música de Gilbert y Sullivan conocían los furiosos, alambicados y a veces ridículos combates que ambos autores habrían de librar en Gran Bretaña, los Estados Unidos y otros países en relación con la publicación de sus obras y sus derechos de representación (performing nights). En una de sus primeras composiciones, titulada Tespis, se le había añadido ya una advertencia impresa en la que podía leerse: «Cuidado con los piratas estadounidenses», y en una ocasión enviaron por barco a los Estados Unidos a una compañía entera de actores con nombres falsos a fin de adelantarse a las ambiciones de un empresario rival. Compusieron Los piratas de Penzance en una confusa sucesión de ajetreadas noches en vela (que rematarían interpolando en la obra a medio hacer varios fraseos musicales de Tespis) a fin de frustrar los planes de los piratas de Nueva York[6]. Todo esto no venía a ser sino la índole misma de la vida musical. Lo que carecía de precedentes en torno al año 1900 era la magnitud de la prosperidad pirática y el volumen de su público. Y en ese contexto, el hecho de que la música no existiera, en cierto sentido, sino a través de la interpretación, venía a complicar las dificultades de la industria mucho más de lo que pudiera haberse conocido en el campo de los libros y las imágenes.

Dos profundos cambios se hallaban en la base del extraordinario crecimiento de la piratería musical, uno de ellos de carácter tecnológico y relacionado con la producción, y otro cultural y asociado con el uso. El primero de ellos sería el desarrollo de la fotolitografía. Este proceso permitía que los piratas realizaran por vez primera lo que, por todos conceptos, venían a ser copias exactas. En ocasiones era preciso recurrir a un experto para diferenciar algunos de los productos pirateados del artículo auténtico. La calidad del papel podía ser distinta, pero en cuanto a la legibilidad, lo característico era que la copia pirata resultase irreprochable[7]. Esta capacidad de producir copias prácticamente idénticas a costes muy bajos iba a revolucionar las posibilidades de la piratería. El segundo cambio era el vinculado con el fenómeno tardovictoriano de la «pianomanía». Al crecer los ingresos de las clases medias y bajas, y al convertirse en cosa cotidiana los créditos al consumo, los ciudadanos corrientes empezaron a poder dedicar dinero al ocio. De este modo, habrían de surgir en el último cuarto del siglo XIX varias formas nuevas de gastar esos excedentes, que abarcaban desde el fútbol y el cricket profesional al disfrute de unas vacaciones en la costa, pasando por la compra del Daily Mail. Los pianos eran uno de los artículos de mayor éxito en la época. De pronto, toda familia que aspirara a una cierta posición comenzaría a desear lo que un comentarista habría de denominar «ese mueble que tan alta respetabilidad confiere». En el año 1900, el porcentaje de británicos que decidía adquirir un piano (por lo general importado de Alemania) era bastante mayor que el de franceses o alemanes, y únicamente se veían superados en este afán por la vocación pianística de los estadounidenses. En el año 1910 una de cada diez personas del país poseía un piano. Y ese tremendo auge estaba llamado a generar un mercado completamente nuevo para la música.

Quien se hacía con un piano, necesariamente debía proveerse de música para poder interpretarla en él. De este modo, los aficionados pertenecientes a las clases medias y bajas crearon una enorme demanda de partituras musicales baratas. Los editores de música echaron por tanto mano de todos los recursos comerciales de la época tardovictoriana —redes de quioscos de prensa, ferrocarriles y telégrafos— para distribuir sus productos a un sector que estaba convirtiéndose rápidamente en el primer mercado musical de masas. Uno de los mayores editores de música llegaría incluso a lanzarse personalmente a la producción de pianos propios. Al principio, los editores se concentraron en la venta de versiones reducidas de las óperas y las sinfonías más conocidas —se podía adquirir incluso la transcripción de Tannhäuser—. Sin embargo, no tardarían en comprender que si popularizaban algunos de los temas que «promocionaban», se abría ante ellos la posibilidad de crear una forma de notoriedad nueva, de modo que empezaron a dar alas a un conjunto de compositores de poca monta de la calle Grub, los cuales pasaron de pronto a consagrar sus energías a producir —a la velocidad del rayo— todo un rosario de piezas que un intérprete mediocre pudiera tocar con facilidad ante un público no demasiado atento. La práctica social de la música cambiaría sustancialmente al ir apartándose gradualmente el virtuosismo profesional —y con desdén creciente— de este próspero enjambre de aficionados que recibían su formación de una turba igualmente floreciente de sedicentes profesores carentes de titulación. No es de extrañar que en el periodo más álgido de este furor pianístico se oyera a los músicos serios condenar al instrumento mismo, persuadidos de que «ejercía una influencia negativa en la música doméstica»[8].

A finales del siglo XIX, la legislación había anulado ya en gran parte el tipo de libertad que hasta entonces había venido permitiendo una apropiación abierta y sistemática de las obras musicales. Sin embargo, el nuevo mercado de masas amenazaba con hacer que el cumplimiento de la ley resultara prácticamente imposible de llevar a la práctica. Los nuevos actos de piratería comenzarían a despegar a finales de la década de 1890, conociendo su verdadero periodo de expansión máxima a comienzos del siglo XX[9]. Al principio se manifestaron principalmente en ferias metropolitanas como las de las calles Strand y Fleet. Sin embargo, no tardarían en verse «por todas partes»[10]. Se convirtieron en un fenómeno omnipresente, a gran escala, y en ocasiones asombrosamente despreocupado. Además, la piratería no se restringiría únicamente al repertorio «popular» del teatro de variedades y otras melodías por el estilo. Las listas de música fechadas a caballo de la década de 1880 y el periodo eduardiano muestran que entre las creaciones presuntamente pirateadas figuraban obras de Massenet, Sullivan, Gounod, Puccini, Mascagni e incluso, de cuando en cuando, alguna que otra composición de Wagner —por no mencionar el incontable número de marchas de Sousa, quien, según se dice, y no hay por qué pensar lo contrario, estaba indignado—. Los piratas copiaban cualquier tipo de música, con tal de que esta resultara rentable, y lo cierto es que al democratizarse la interpretación y descender al plano doméstico acabaría habiendo un gran número de partituras interesantes.

Si por un lado la piratería se veía impulsada por la existencia de un nuevo mercado de masas, lo que vino a determinar que resultara casi respetable fue el hecho de que los piratas expresaran de manera generalizada, aunque intermitente, su malestar por el comportamiento de las tradicionales compañías editoras de música. Como ya ocurriera con los magnates dieciochescos a los que atacara en su día Alexander Donaldson, dichas compañías no solo tenían fama de entregarse al nepotismo, sino que se les echaba en cara su falta de imaginación, sus tendencias monopolísticas y su secretismo —pecados todos ellos que en la cultura económica del periodo tardovictoriano habían terminado adquiriendo un carácter bastante más grave del que se les había atribuido un siglo antes—. En el año 1899, los compositores se animaron incluso a dar el mismo paso que ya habían intentado dar antes —y en numerosas ocasiones— los autores literarios, ya que constituyeron una asociación para poder publicar música por cuenta propia. El objetivo de la asociación estribaba en garantizar que sus miembros «recibieran de forma plena los beneficios de toda posible recompensa económica» que pudiera corresponderles por sus esfuerzos. Parece que la empresa se saldó con un fracaso, pero su mensaje no podía ser más claro. Además, también los minoristas se quejaban de los editores. Lamentaban que estos fijaran unos precios muy elevados y denunciaban el secretismo que rodeaba a los sistemas de cálculo de dichos precios, deplorando asimismo que los profesores de música pudieran recibir el material directamente de las empresas editoras, y a precios reducidos. Por todo ello, había un público receptivo, perfectamente dispuesto a prestar oídos a la reivindicación de que había algo gravemente sesgado en la industria musical, algo que el auge de la piratería se limitaba a poner de manifiesto.

Los editores reaccionarían contra los piratas tanto a título individual como colectivo. Según parece, la primera firma comercial en tomar seriamente cartas en el asunto fue la de Chappell y Compañía, una de las principales empresas editoras de música. Su director, William Boosey, estaba entregado en cuerpo y alma a la expansión de los intereses de la firma, introduciéndose en el mercado de las baladas —actividad que combinaría con la periódica celebración de veladas dedicadas a este tipo de canciones melódicas en el Queen’s Hall—, y movido por esa pasión expansionista, había comenzado a preocuparse por la protección de los derechos de autor. La otra gran empresa editora de música implicada era la de Francis, Day y Hunter. Esta entidad, que había iniciado su andadura dedicándose a las operetas cómicas[11], se afanaba ahora en publicar grandes cantidades de canciones populares (a lo que añadía, con iniciativa de pésimo gusto, la venta de equipos para disfrazarse e intervenir activamente en las óperas bufas en que se había especializado en sus comienzos). La alianza de más peso que lograrían forjar en un primer momento estas compañías sería la Asociación de Editores de Música, creada por Boosey en el año 1881. En la Asociación de Editores de Música no solo figuraban los más importantes editores musicales de Londres, sino también un buen número de autores y compositores, entre los que cabe destacar a Gilbert y a Stanford.

El problema al que se enfrentaban tanto las compañías como los autores no guardaba relación con cuestiones de legitimidad legal. La ley ya había dejado estipulada la vigencia del principio de los derechos de autor en la música impresa. La dificultad residía en lograr que ese principio se tradujera en una efectiva observancia práctica. La ley consideraba que la violación de los derechos de autor constituía un quebrantamiento del código civil, no del código penal. Esto significaba que la persecución de los infractores recaía en gran medida sobre los hombros de sus propias víctimas. Sin embargo, estas no tenían derecho a introducirse en una propiedad privada al objeto de verificar la existencia o inexistencia de música pirateada a menos que el dueño les franqueara la entrada —y no resultaba nada verosímil pensar que un pirata que se preciara de serlo se rebajara a dejarles pasar—. Y además, aun en el caso de que lograran incautarse de un lote de música pirateada, todo cuanto podían esperar era que se procediera a su destrucción. Lo más probable era que cualquier condena por daños y perjuicios que pudiera decretarse se revelara inútil, dado que los vendedores ambulantes a los que solían coger in fraganti tendían a desaparecer cuando se les convocaba a una vista o a declararse insolventes. En pocas horas, los editores volvían a encontrar a los piratas por las calles, con las manos repletas de nuevos paquetes de existencias. Como es obvio, se trataba de un problema que padecían los editores de todo tipo. Sin embargo, en el caso de los libros no constituía un gran impedimento, dado que un texto escrito suponía una inversión de capital relativamente grande y que su confiscación constituía un asunto grave para el pirata. Con la música, cada ejemplar constaba de una única partitura, de modo que su sustitución resultaba económica, rápida y sencilla. Los piratas no tenían inconveniente en dejar que se las decomisaran en masa, y consideraban esos incidentes como un inconveniente de escasa importancia —o bien lo equiparaban, como diría uno de ellos, a un «pequeño impuesto» sobre sus actividades—. Desde luego, dicho impuesto no les disuadía en absoluto, dados los beneficios que podían obtenerse. No es de extrañar, por tanto, que algunos de los editores llegasen a la conclusión de que no les quedaba más remedio que operar al margen de la ley.

Atrapa a un ladrón

En enero de 1902, el editor David Day, de la compañía Francis, Day y Hunter, tomó la determinación de emprender acciones más directas. Day ya se había hecho notar por su incondicional oposición a la piratería, dado que en el año 1897 se había dicho de él que era «el hombre de más suaves modales que jamás haya cercenado la garganta (por así decirlo) de un impresor musical pirático o echado a pique su navío». Sin embargo, lo que ahora planeaba era bastante más arriesgado que cualquiera de las estrategias que jamás hubiera decidido seguir hasta entonces. Contrató los servicios de una agencia de detectives y allanó personalmente los almacenes de una empresa pirata, apoderándose de quinientos ejemplares de partituras musicales pirateadas. Aunque tenemos la casi absoluta certeza de que la incursión era ilegal, la verdad es que los atónitos piratas no ofrecieron resistencia. Espoleado por el éxito, Day y sus hombres optaron por «atacar» una casita situada en el norte de Londres, en el barrio de Dalston, ya que ese era uno de los lugares en que se reunían los buhoneros para hacer acopio de ejemplares pirateados y salir después a venderlos por las calles. Para que nadie les impidiera el paso, los asaltantes se hicieron pasar por vendedores ambulantes, incautándose de otras mil quinientas copias fraudulentas. Un desafortunado muchachito que llevaba la mercancía en una carretilla acabó entregándoles otras cuatro mil. No contentos con eso, los integrantes del grupo consiguieron ocho mil ejemplares más en los locales de un mercachifle y veinte mil en una habitación próxima a Mansion House[12]. Eufórico, Day abandonó el campo de batalla y aguardó a ver cómo reaccionaban los piratas[13].

Y resultó que la reacción fue nula. Los hombres de Dalston habían pedido ayuda a un policía, pero al manifestar este que no quería saber nada del asunto los piratas optaron por no oponerse al pillaje de Day. Se había salido con la suya. La noticia de su éxito no tardaría en conocerse. Un hombre contrario a los piratas que prefirió conservar el anonimato detalló a la prensa del gremio el contenido implícito del mensaje: que los editores estaban dispuestos a reclutar sistemáticamente «comandos» organizados al modo de las partidas de vengadores de Day, formando así grupos de veinte o más hombres cada uno, todos ellos determinados a poner su punto de mira en los mercados de Londres y otras ciudades. La palabra «comando» resultaba tristemente apropiada, viniendo como venía de la Guerra de los Bóers, ya que muchas de las canciones que se pirateaban eran coplas patrioteras asociadas con la campaña sudafricana. Poco después, las principales firmas del sector se embarcaban en este mismo tipo de políticas. Para promoverlas, Day inauguraría con un único propósito una nueva alianza a la que dio el nombre de Asociación para la Defensa de los Derechos de Autor Musicales. Sacó de la oscuridad a John Abbott, un joven empleado de la empresa Francis, Day y Hunter, y le confió el puesto de secretario de la asociación. Abbott se encontró de pronto con la responsabilidad de tener que liderar una nueva ofensiva contra los piratas —una ofensiva que habría de rozar los límites de la ilegalidad, que utilizaría tácticas rápidamente repudiadas hasta por los propios abogados de la Asociación para la Defensa de los Derechos de Autor Musicales, y cuyo éxito habría de depender en gran parte del hecho de que los piratas fueran notablemente reacios a recurrir a los tribunales[14].

La elección de Abbott no tardaría en revelarse acertada. Se entregó a la tarea con entusiasmo, reclutando y entrenando a un pequeño ejército compuesto, según sus propias palabras, por «antiguos agentes de policía y otro tipo de individuos con cierto conocimiento del arte del pugilismo». Su intención consistía en «limpiar las calles»[15]. Abbott inició muy en serio su campaña contra los piratas, de modo que comenzó a interpelar a los vendedores ambulantes por las calles, a desafiar a los distribuidores en sus propios bares y locales, y a hacer incursiones en los sótanos y las buhardillas de los impresores. El número de ejemplares decomisados alcanzó la cifra de varias centenas de millar. Con «idea de dar ejemplo», la Asociación para la Defensa de los Derechos de Autor Musicales llegó incluso a debatir la pertinencia de encausar judicialmente a un desprevenido miembro del público que había adquirido una pieza de música pirateada. Esa posibilidad se descartaría rápidamente, pero en términos generales la Asociación para la Defensa de los Derechos de Autor Musicales tuvo tanto éxito que un año después la Asociación de Editores de Música comenzó a considerar la posibilidad de disolverse para favorecer el avance de la primera.

No obstante, y a diferencia de lo sucedido con los piratas que había logrado acoquinar Day al principio, no todos los infractores iban a cruzarse de brazos ante los manejos de la Asociación para la Defensa de los Derechos de Autor Musicales. Al verse frente a unas tropas que no habían tenido inconveniente en legitimarse a sí mismas —y cuyos miembros, según se insinuaba, llevaban armas de fuego—, unos cuantos piratas se atrevieron a impugnar su autoridad, refutando que estuviesen facultados para actuar legalmente. Los vendedores ambulantes interpusieron cargos por allanamiento contra los integrantes de los comandos, y en ocasiones lograron ganar el pleito. En agosto del año 1902, el propietario de una casa se encontró frente a su domicilio a media docena de hombres de la Asociación para la Defensa de los Derechos de Autor Musicales y estos se abrieron paso a empujones hasta el interior de la vivienda, amenazando con «eliminarle» si ofrecía resistencia. Pese a que encontraron tres mil partituras pirateadas, el motivo de los cargos que se elevaron ante la magistratura local fue el forzamiento de la vivienda, no la piratería, de modo que los hombres de la Asociación recibieron una reprimenda. Según declararía el juez, las medidas que adoptaba esa sociedad musical constituían un acto de «vandalismo organizado». Aquella observación no tardaría en adquirir notoriedad, ya que los adversarios de la campaña de incautaciones la harían suya, difundiéndola por todas partes durante los meses siguientes. Dado que este tipo de casos había comenzado a incrementarse, empezó a comprenderse que a la ofensiva le podía terminar saliendo el tiro por la culata. A fin de cuentas, podía darse perfectamente la circunstancia de que la generalidad del público tuviera la impresión de que un asalto constituía un asunto más grave que el de la piratería. Y, además, ese era un punto de vista que también compartían algunas autoridades. Un juez de Leeds lamentará que mientras los editores se entregaban a su guerra de patrullas ciudadanas, presumiendo antes la culpabilidad que la inocencia y allanando moradas por todas partes, «la libertad del sujeto quede relegada como si fuera un asunto al que no hubiera de prestarse la menor atención»[16].

Por si fuera poco, los minoristas y sus clientes se mostraban notablemente escépticos, ya que sospechaban que los editores no estaban actuando sino en función de sus propios intereses. Hasta resultaba posible que los melómanos ingleses salieran mejor parados con los piratas. La piratería era una bendición, observaría un vendedor de música con un deje de resignación en el que podía entreverse la indignación que le inspiraban ambos bandos —comentario al que añadiría este otro: a ver si «ahora que los editores se han enzarzado en una lucha a muerte con los piratas» se ven obligadas las empresas de Londres a escuchar al fin la voz del sector minorista—[17]. Otro pequeño comerciante, que escribía anónimamente desde Liverpool, culpaba al sector por haberse dedicado a maximizar los beneficios inundando el mercado con «porquerías» comerciales. En su opinión, solo podría «plantarse cara» a la piratería si se organizaba un «sistema capaz de “arrancar de raíz” las chapuzas y los temas de baja calidad». El Yorkshire Post informaría de que la principal razón para la piratería residía en el hecho de que los editores no sacaran al mercado más que ediciones caras, exigiendo el exagerado margen de dieciocho peniques por partitura. A fin de cuentas, el éxito que tenían los piratas al lograr vender una inmensa cantidad de ejemplares debería haber convencido a los editores de que una reducción de los precios podía resultar rentable. Y desde luego, el hecho de que la Asociación para la Defensa de los Derechos de Autor Musicales hubiese tenido que recurrir al extremo de organizar «una especie de policía» no indicaba precisamente que sus miembros confiaran en tener al público de su parte. Pronto comenzó a abundar un tipo de relato que sostenía que había compositores que no recibían sino una compensación escandalosamente baja. El Evening Standard, por ejemplo, recordaba que en una época en que «el bajel pirata navega plácidamente por las avenidas de la metrópoli, sean estas principales o no», el Danubio Azul de Johan Strauss había hecho ganar cien mil libras esterlinas al editor que lo había puesto a la venta, y esto en tan solo un año, mientras que al compositor no se le habían entregado más que cuarenta. En el transcurso del año 1904, al recrudecerse la guerra contra la piratería, estas historias empezaron a escucharse con una frecuencia creciente y a tener una resonancia cada vez más irritante. Los escépticos se quejaban de que se trataba con mezquindad incluso a las personas que se desvivían por ayudar a la Asociación para la Defensa de los Derechos de Autor Musicales en su lucha contra los piratas. Y como si la situación no fuera ya lo suficientemente embarazosa de por sí, se daría la curiosa circunstancia de que, en varios casos, los piratas llevados ante los tribunales resultarían ser antiguos miembros de la Asociación de Editores de Música o de la Asociación para la Defensa de los Derechos de Autor Musicales, declarando que si se habían visto obligados a abrazar las prácticas piráticas había sido a causa de los elevados precios que cobraban los editores legítimos. «No tengo más remedio», diría uno de ellos, dado que «los editores cobran un precio exorbitado por sus ejemplares». El hecho de conocer bien los entresijos del negocio solo había contribuido a mejorar sus dotes piráticas[18].

Con todo, lo cierto era que uno de los principales objetivos de la campaña se estaba realizando, aunque con un gran coste en términos de reputación pública. Además de hacer encallar el barco de unos cuantos piratas en concreto, la Asociación para la Defensa de los Derechos de Autor Musicales quería que la piratería se convirtiera en una de las preocupaciones del escenario político nacional. Y en este empeño sí que habría de salir airosa. En octubre del año 1902 entraba en vigor una nueva ley de derechos de autor en el ámbito musical. Pensada para conferir una mayor fuerza a los editores, la nueva ley facultaba a la policía para intervenir e incautarse de las partituras dolosas sin necesidad de obtener primero una orden judicial —ya que bastaba con que la víctima de un presunto acto de piratería entregara a las autoridades una petición escrita solicitando su intervención—. Esta era la primera vez que las incursiones contra los locales piratas encontraban la forma de convertirse en acciones policiales de carácter oficial. Y la policía no tardaría en poner en práctica sus nuevas atribuciones. En Londres, el comisario en funciones puso en circulación una advertencia impresa en la que se avisaba a los vendedores ambulantes de que no iba a tolerarse ninguna acción pirática. Al mismo tiempo, Day y los miembros de la Asociación de Editores de Música —deseosos de aprovechar este espaldarazo oficial— desplegaban su propia fuerza de combate, en la que quizá militaran ya cerca de mil hombres, y esto solo en la capital. Provistos de cartas de autorización firmadas por los principales editores, los agentes de la Asociación de Editores de Música se dispersaron también por el resto del país. El número de confiscaciones se elevó de manera espectacular. Solo en los tres meses posteriores a la entrada en vigor de la nueva ley llegarían a amontonarse en las comisarías de policía setecientas cincuenta mil copias, todas ellas destinadas a la hoguera.

Sin embargo, este mismo volumen dejaba ya traslucir una fatal debilidad de la campaña. Las incautaciones parecían impresionantes, pero al poco tiempo se vio claro que no conseguía contenerse la riada de partituras piratas. Y lo que era todavía peor, ninguno de los ejemplares pirateados parecía terminar sus días en los incineradores. Las comisarías de policía se estaban convirtiendo en simples almacenes para los centenares de miles de copias de partituras pirateadas que ya nadie reclamaba, y las celdas de sus instalaciones se estaban llenando rápidamente de papeles. La policía comprendió que algo no iba bien.

El problema consistía en que el mismo sistema jurídico que había declarado ilegales las invasiones piráticas de la propiedad intelectual consideraba que debía atribuirse a las copias ilícitas la consideración de una propiedad física. Por consiguiente, no podían destruirse alegremente. Poco después de iniciada esta campaña generalizada, un magistrado de Londres lo señalaría de forma explícita. Insistió en que antes de poder entregar al fuego los ejemplares incautados debían escucharse necesariamente las alegaciones que tuviera a bien efectuar el pirata a quien se le hubieran arrebatado. Sin embargo, la policía no estaba facultada para arrestar y detener de manera sumarísima a los piratas. La única forma de llevarlos ante un tribunal era entregarles una citación. Y dado que casi todos los vendedores ambulantes carecían de una dirección permanente o se negaban a darla, era raro que las citaciones funcionasen. De las cinco mil o seis mil citaciones dictadas en el periodo posterior a la entrada en vigor de la nueva ley, únicamente doscientas ochenta y siete lograrían entregarse efectivamente a sus destinatarios[19]. Lo que ocurría en casi todos los casos era que los citados desaparecían por las callejuelas secundarias de la ciudad, sin dejar el más mínimo rastro de su presencia. Simplemente se desentendían de los ejemplares incautados, los cuales no tardaban en caer en una especie de limbo legal, dado que no se las consideraba una propiedad pero tampoco lo contrario. Entretanto, los buhoneros conseguían nuevas copias de sus proveedores y volvían a la carga. En otras palabras, si la ley del año 1902 acabó fracasando fue debido a que no se había obligado al pirata a asumir su propia defensa —por emplear la idea que expresara un magistrado de la época[20].

Por consiguiente, la mera acumulación de música pirateada resultó impresionante, pero inútil. En febrero del año 1903, solo cuatro meses después de que la nueva ley hubiese entrado en vigor, la policía de Londres suspendió las labores destinadas a garantizar su cumplimiento. Al final, se alcanzaría una solución de compromiso al decidirse que la policía guardaría en custodia los ejemplares decomisados por espacio de un año y que pasado ese plazo procedería a destruirlos. No obstante, si la nueva ley se reveló ineficaz se debió también a otras razones. En particular, la ley había sido inicialmente concebida con el objetivo de conceder plenos poderes a las autoridades para irrumpir en la guarida de los piratas y detener a los sospechosos, pero en el trámite parlamentario estas disposiciones habían sido eliminadas[21]. Al carecer de potestad para detener a los presuntos infractores, no poder tampoco penetrar por la fuerza en un local privado —puesto que en este aspecto los magistrados seguían pronunciando dictámenes favorables a los piratas—, y no hallarse facultados para multar a quienes violaran la ley, la policía y los editores seguían sin tener otra posibilidad que la de lanzar miradas intimidatorias a los recintos en que se refugiaran los piratas. La Asociación para la Defensa de los Derechos de Autor Musicales trató incluso de iniciar un procedimiento judicial contra los vendedores ambulantes por el hecho de ser baratilleros carentes de licencia de venta, apoyándose para ello en leyes que se remontaban nada menos que al siglo XVII, pero tampoco esta táctica serviría para inquietar en lo más mínimo a los verdaderos piratas. La única opción que quedaba era procesar a los piratas por no imprimir su nombre en las portadas de los ejemplares que ponían a la venta, comportamiento que la ley de prensa había declarado ilegal. Sin embargo, para emprender este tipo de acciones los editores necesitaban el permiso del fiscal general del Estado, y este se negaría a concedérselo en cuatro ocasiones sobre la base de que aquellas cláusulas de la ley de prensa se habían promulgado para luchar contra la sedición y la blasfemia, no para respaldar un interés privado. Al final, los editores bajaron los brazos[22]. La inutilidad de la campaña no había logrado en último término más que atraer la atención del público y dejar bien patentes las debilidades de la posición de los propios editores.

Al ir creciendo las críticas, varios personajes del sector editorial comenzaron a comprender que se hacía necesario torcer el rumbo. El mismísimo Day sería el primero en iniciar la desbandada. Los piratas estaban en lo cierto al decir que existía una fuerte demanda de música barata, admitiría más tarde, añadiendo al mismo tiempo que «no le importaba que aquello le hubiera empujado a aprender una lección de los piratas»[23]. En el Daily Mail, que era un periódico que aspiraba a convertirse en referencia cultural para las clases medias y bajas, Day anunció un buen día el lanzamiento de una nueva serie de partituras musicales a seis peniques la pieza. Francis, Day y Hunter comenzaron a vender a seis peniques todo un conjunto de canciones que anteriormente solo podían conseguirse legalmente a dieciocho peniques o incluso a dos chelines. Este nuevo precio podía ya competir bastante mejor con el de los piratas. Los primeros ejemplares de dicha serie, en la que figuraban tanto obras nuevas como antiguas, comenzaron a aparecer en octubre del año 1903. Además de ser un resultado directo de la coexistencia de los pianos y la actividad pirática, la nueva empresa constituía una apuesta notablemente alejada de las prácticas del sector ortodoxo. Leslie Stuart, cuya melodía titulada Soldiers of the Queen era uno de los puntales de las ediciones de seis peniques, observaría que esta iniciativa «equivalía a admitir que eran ciertas las afirmaciones de los defensores de los piratas, que habían sostenido que los editores habían estado robando al público»[24]. Y en todo caso, quienes se habían mostrado críticos con los editores tendrían ahora la oportunidad de deleitarse al verse reivindicados de una manera tan contundente. «Al fin ha llegado el día de la música barata», proclamaban entusiasmados en la prensa local los Establecimientos piratas de Música Popular de Doncaster. Por una vez, «las elites del mundo musical se ven obligadas a reconocer el creciente deseo de las masas por compartir los refinados placeres de la música de alta calidad». Hasta el periódico Musical Opinion, decidido partidario del sector editorial, se animó a vocear que se había producido una «revolución».

La campaña contra la piratería musical se estaba desmoronando. En lugar de obligar a los piratas a atenerse a las reglas vigentes, la propia empresa de Day había roto filas y aceptado los niveles de precios de los corsarios. Esto parecía venir a admitir una impresión cada vez más difundida: la de que la actuación de los editores ortodoxos no se había atenido al interés popular. Sin embargo, no tardaría en pensarse que ni siquiera esta táctica alcanzaría a frenar la piratería, puesto que los piratas aprendieron rápidamente a utilizar los ejemplares legítimos como «tapadera» para los suyos (en el sentido de que los vendedores ambulantes se dedicaban a colocar un montón de partituras musicales pirateadas bajo un ejemplar legal de seis peniques)[25]. Entretanto, la Asociación para la Defensa de los Derechos de Autor Musicales, bastante menos segura de sí misma a estas alturas, se había encerrado en un extraño mutismo. Como advertía un cantante, los piratas estaban teniendo tanto éxito y se estaban mostrando tan emprendedores en su afán de organizar redes para la manufactura y la distribución de partituras musicales que parecían «estar convirtiéndose en editores a su peculiar manera»[26]. Si eso llegaba a suceder, entonces sí que podría decirse que habían ganado de verdad aquel combate.

Arthur Preston y los locales dedicados a la piratería

A falta de una estrategia mejor, los editores decidieron volver a centrarse en lo que Abbott llamaría el «método de “destruir y quitar” (smash and grab)». Habiendo caído en un descrédito bastante notable, la Asociación para la Defensa de los Derechos de Autor Musicales de Day y Abbott, la Asociación de Editores de Música, que durante la campaña anterior se había mantenido prácticamente al margen de los acontecimientos, volvió a ocupar el primer plano. Y con ella adquiriría protagonismo el nuevo agente a quien la Asociación de Editores de Música había encargado luchar contra la piratería: William Arthur Preston.

Al igual que Abbott, Arthur Preston —a quien se conocería con el apelativo de Willie, o, de forma algo más misteriosa, con el de «Nigger»[27]— había trabajado como empleado de uno de los grandes editores musicales. En este caso había sido la empresa Boosey y Compañía la que le había tenido en nómina hasta el año 1890 aproximadamente. Sin embargo, en 1901 obtuvo un destino en la Asociación de Editores de Música, y desde finales del año 1903, o quizás antes, quedó de hecho al mando de los esfuerzos que la Asociación realizaba para batir a los piratas. Investido de estas facultades, Arthur Preston viajaría a lo largo y ancho de Gran Bretaña e Irlanda, sacando a los piratas de sus escondrijos y llevándolos ante los tribunales. Aparentemente infatigable, Preston reactivaría sin ayuda la campaña de los editores, haciéndola extensiva a las más lejanas provincias y llevándola finalmente a la victoria. Lo más notable es quizá el hecho de que en el tiempo dedicado a esta tarea consignara con todo detalle los éxitos —y los fracasos— cosechados en un álbum de recortes[28]. Este álbum ha llegado hasta nosotros, junto con el archivo en el que él mismo consignaba la música más expuesta a los actos piráticos. Estudiados en conjunto, ambos elementos documentales permiten hacer una reconstrucción precisa tanto de la práctica de la piratería como de la estrategia que posibilitó en último término su derrota.

Preston lanzaría tres campañas distintas contra los piratas, campañas que prácticamente pueden considerarse como otros tantos recorridos por el tradicional modelo judicial inglés. La primera de esas campañas fue una especie de expedición por el norte de Inglaterra y las Midlands. El periplo se inició en Liverpool en diciembre del año 1903, y puso en marcha un esfuerzo que habría de encontrar continuidad después de que Preston regresara a la capital. Entre otras, la campaña recorrió las siguientes ciudades: Manchester, Glossop, Doncaster (donde el blanco principal sería el jefe de los Establecimientos de Música Popular: un tal Joseph Cartledge), Sheffield, Barnsley, Saint Helens, Leeds, Preston, Birmingham, Walsall, Leicester, Burton-on-Trent, Nottingham y Middlesbrough. En todos estos lugares se procedería a la confiscación de centenares, y a veces incluso miles, de ejemplares de partituras musicales pirateadas. El segundo recorrido habría de concentrar sus esfuerzos en Londres y sus distintos barrios, entre los que cabe destacar los de Enfield, Greenwich y Walthamstow. Este iba a ser el peregrinaje llamado a culminar con la consecución de un avance decisivo, como veremos. Por último, la tercera cruzada de Preston se desarrolló por toda la región meridional de Inglaterra, recalando en puntos tan distantes como el conjunto urbano formado por las pequeñas poblaciones de Medway en el este y extendiendo sus tentáculos hasta la propia Plymouth, en el extremo occidental de Gran Bretaña, lindando ya con Cornualles. Y mientras iba poniendo en práctica todos estos empeños, Preston mantendría constantemente bajo vigilancia las demás regiones, viajando a Dublín, Belfast y Londonderry a fin de cazar a los piratas de Irlanda, llegando a desviarse incluso de su ruta para examinar la situación de la Isla de Man. En conjunto, Preston organizaría unas doscientas cuarenta incursiones en tres meses (lo que arroja un promedio de entre dos y cuatro incautaciones diarias), apoderándose aproximadamente de unos cuarenta mil artículos pirateados[29]. Pocos hombres habrá habido que patearan las islas británicas más a fondo que Arthur Preston entre el año 1904 y el 1905.

Preston desarrollaría un enfoque estandarizado para enfrentarse a sus antagonistas. Solía presentarse en tren en la ciudad que le tocara visitar, tras haberle alertado de la posibilidad de una incursión sus propios agentes (entre los que figuraban los herederos del comando reunido en su día por Abbott, así como cualquier vendedor de artículos musicales dispuesto a apoyar la campaña). Viajaba muy a menudo en compañía de William Muffey, su lugarteniente. Aduciendo que le habían convocado las quejas de los propietarios de los derechos de autor, Preston llevaba también consigo una serie de certificados que daban fe de que los derechos de autor pertinentes al caso se hallaban registrados en el Salón de los libreros de Londres. Esos documentos constituían una prueba esencial, y fundándose en ella Preston podía conseguir que un magistrado le proporcionara una orden de registro. A veces se dirigía directamente a los locales del pirata mismo y realizaba un pedido, haciéndose pasar por un cliente corriente. Una vez conseguida la orden de registro, Preston se presentaba en el lugar en cuestión en compañía, como mínimo, de dos detectives de policía de paisano. En ocasiones podía reclutar a un mayor número de acompañantes, como sucedería en una casa de triste recuerdo de Birmingham en la que Preston y Abbott habían tenido problemas. Después de escuchar a un sargento expresar los temores que le inspiraba el lugar, por ser «un sitio muy peligroso», Preston se hizo acompañar por dos hombres de paisano, un inspector y cinco agentes de policía. Se les enfrentó una enfurecida multitud de unas ciento cincuenta personas[30]. Pese a todo, también aquí lograron penetrar finalmente en los locales que pretendían registrar. Más tarde, ya en los tribunales, Preston afirmaría haber examinado personalmente lo incautado al objeto de verificar que las partituras eran efectivamente piratas (aunque a veces admitiría que entre las confiscadas había unas cuantas legítimas), y disertaría sobre la honda amenaza que representaban los piratas para la cultura musical. Después, logrado ya su propósito, partía en dirección a la siguiente ciudad de su lista a fin de ocuparse de un nuevo caso.

Para comprender estas tácticas hemos de volver a examinar las razones que determinaron el fracaso de la ley del año 1902. La principal causa de este chasco guarda relación con uno de los temas clave del presente libro, a saber, el de los vínculos existentes entre espacio y piratería. La ley había hecho suya una creencia que asociaba la moralidad con el lugar en que se desarrollara la actividad —creencia que llevaba siglos arraigada en la sociedad británica—. Esta idea se fundaba en la convicción de que el hogar constituía la sede primordial de toda moral prudente. A finales del siglo XVI y principios del XVII, esto es, en la época en que se promulgaron las primeras leyes de vagos y maleantes, se daba por supuesto que los sólidos hogares patriarcales constituían la base de toda sociedad estable. Las calles, las ferias y los mercados, por el contrario, eran tristemente célebres por su carácter licencioso. Al iniciarse las prácticas vinculadas con la piratería literaria de finales del siglo XVII, estas se asociaron en un primer momento con la realización de tiradas en «tugurios» y «guaridas», y no en un domicilio. Las leyes que exigían que los vendedores ambulantes se procuraran una licencia para ejercer su profesión —y que ya los editores habían tratado de explotar para torpedear las actividades de los vendedores de artículos pirateados, como acabamos de ver— venían a derivar de esta misma idea —una idea cuya persistencia apenas cabría exagerar—. Por consiguiente, una de las principales razones de que la ley del año 1902 no considerara oportuno reconocer la existencia de un derecho a forzar la entrada en los domicilios radicaba en la asunción apriorística de que la piratería constituía un delito cuyo escenario natural se encontraba en la calle.

La consecuencia de este estado de cosas pudo apreciarse de manera inmediata en una de las primeras actuaciones llevadas a cabo por Preston en Liverpool a finales del año 1902. Según se decía, en esta ciudad industrial podían conseguirse unas doscientas canciones piratas distintas, y el comercio legítimo se quejaba de que el negocio había experimentado un descenso del sesenta por 100. Por consiguiente, nada más llegar Preston comenzó a incautarse de las partituras musicales piratas de los «vendedores callejeros». Acto seguido, Preston se procuró cuatro órdenes judiciales, una para sí mismo y el resto para los tres detectives que le acompañaban, e irrumpió en el domicilio de John O’Neile, sito en el número cincuenta de la calle Hunter, apoderándose de siete mil ejemplares de partituras musicales pirateadas y provocando un «escándalo» en el vecindario. Preston y sus agentes habían encontrado el último piso del edificio «literalmente cubierto de partituras musicales» —así lo afirmarían al menos en la vista posterior—, hallando nuevos montones de ejemplares fraudulentos bajo una de las camas de una habitación contigua. Sin embargo, la defensa sostendría que no había pruebas de que aquellas partituras se hubieran vendido efectivamente en la casa allanada —argumento que el abogado de Preston se vio obligado a dar por bueno—. «La ley es bastante floja», observaría el procurador de Preston: «habría sido mejor que el legislador nos dejara en paz y nos permitiera operar de acuerdo con los principios contemplados en la antigua norma». La razón de estas afirmaciones radicaba, como mantendría la defensa, en la circunstancia de que «la ley se refiere al comercio callejero, y no a las acciones —sean estas cuales fueren— que puedan realizarse en un domicilio». Por consiguiente, todo parecía indicar que O’Neile tenía derecho a almacenar partituras musicales en su casa. Viéndose frente a un obstáculo infranqueable, el abogado de Preston no tuvo más remedio que retirar la demanda. Resulta muy elocuente el hecho de que poco después de que O’Neile se retirara de la sala viniera a comparecer en ella, y ante el mismo juez, un muchacho que se dedicaba a vender su mercancía en una carretilla. Al chico se le habían encontrado muchísimas menos partituras musicales que a O’Neile, pero no pudo recurrir a la estrategia del anterior acusado, porque él había sido sorprendido actuando en plena calle. Y de este modo, a diferencia de O’Neile, el joven sí que sería castigado[31].

El combate que libraba Preston contra los piratas pasó a centrarse por tanto en cuestiones relacionadas con el lugar en que se habían producido la incautación o los hechos. ¿Se había llevado a cabo la incursión en un domicilio o en un depósito de material? ¿Se trataba de un espacio dedicado a la venta o al almacenamiento? ¿En qué medida cabía afirmar que la policía o los hombres de la Asociación para la Defensa de los Derechos de Autor Musicales tuvieran derecho a acceder al lugar en cuestión? Y, ya en un plano más amplio, ¿cómo se distribuían geográficamente por el país las acciones piráticas? Las tácticas de los piratas adoptaron el mismo enfoque. Comenzaron a presentarse, no solo ante los tribunales sino también en la prensa, como heroicos defensores de la privacidad del ámbito doméstico y como abogados de la autonomía provincial frente a las tendencias monopolizadoras de la capital. Los reportajes de los periódicos empezaron a clasificar cada vez más la villanía de los piratas en función del lugar en el que operaran. Esta actitud alcanzaría su punto culminante con la creación de una taxonomía social. Los piratas quedaron catalogados en cuatro grandes aunque muy distintos, géneros, según la forma en que se relacionaran con los lugares públicos y privados.

El primer tipo era el de los hombres dedicados a vender partituras musicales «en la vía pública». Denominados por lo general «vendedores ambulantes», los miembros de este grupo eran los personajes de menor importancia del sector, gentes que muy a menudo volvían a presentarse en sus zonas de trabajo pocas horas después de haber sufrido un careo con sus acusadores y que no solo acostumbraban a negarse a revelar quiénes les procuraban el material, sino que rara vez eran sorprendidos con cantidades superiores a la decena, o como mucho al centenar, de ejemplares —dándose casos en que únicamente llevaban encima una o dos copias fraudulentas—[32]. Preston y sus hombres pondrían contra las cuerdas a un sinnúmero de «transeúntes» de este tipo. Estaban por todas partes, hasta el punto de que en el año 1903 un editor legítimo llegaría a lamentarse de que «la totalidad del negocio se ventile hoy en las calles»[33]. Pese a que resultara inevitable tener la sensación de que ese tipo de enfrentamientos terminaban revelándose inútiles, lo cierto es que los hechos demuestran que los vendedores ambulantes cambiaron de facto sus prácticas a raíz de la campaña, abandonando cada vez más la vía pública como espacio en el que desarrollar sus actividades. Comenzaron a ir en cambio de casa en casa, depositando catálogos impresos en los buzones de correo de los particulares y regresando después para entregar a los vecinos interesados las partituras musicales que les hubieran podido encargar. (En un caso que ilustra adecuadamente el antisemitismo que se aprecia de cuando en cuando y de forma palpable en estos tiras y aflojas, Preston dará en afirmar que los «judíos extranjeros» se habían especializado en este tipo de comercio)[34]. Al final, los piratas llevarían esta estrategia a sus últimas consecuencias, pasando a difundir sus catálogos por correo y eliminando así por completo la vulnerable figura del vendedor callejero.

Situado más menos a medio camino entre la calle y el local privado se encontraban los puestos y quioscos de los mercados. Hacía ya mucho tiempo que los mercados callejeros ocupaban esa posición ambigua, pues el origen de ese carácter ambivalente se remontaba a principios de la era moderna —y de hecho continuarían teniéndolo a lo largo del periodo industrial, incluso después de la desaparición de las grandes ferias sectoriales—. Muy apreciados por quienes explotaban el negocio, los puestos callejeros se hallaban en una extraña y mal definida posición que los situaba como entidades a un tiempo públicas y privadas. Esto obligaría a Preston a argumentar una y otra vez que le asistía el derecho a apropiarse del material hallado en los puestos, tanto si este se encontraba a la vista de los viandantes como si había sido colocado con la intención de proceder, siquiera someramente, a su ocultación. En Cardiff, por ejemplo, se le acusaría de allanamiento, cargo que desembocaría en un disputado debate jurídico sobre si cabía considerar o no que un puesto callejero «fuera tan inviolable y sagrado como el domicilio privado del ciudadano inglés». Y se llegó a la conclusión de que «en este caso concreto así es»[35].

Las personas provistas de una verdadera dirección fija —como los tenderos, los dueños de un café, de una taberna, etc.— eran ya un asunto muchísimo más serio. En numerosas ocasiones, el hecho de que dispusieran de un local fijo determinaba que pudieran actuar como centros de distribución local. Por regla general, los vendedores ambulantes se procuraban el material en este tipo de establecimientos, y solía darse el caso de que el almacén propiamente dicho se encontrara de facto a poca distancia, en alguna discreta callejuela adyacente. Dos ejemplos sobresalen aquí de forma notable. Uno de ellos es el de la tienda que regentaba en Manchester un joven al que la prensa llamaba «Himie Cohen». Preston había sorprendido en su local a treinta buhoneros dedicados a aprovisionarse de partituras musicales piratas para proceder acto seguido a su venta (aunque algunos de ellos lograran escapar saltando por una ventana). Preston se apoderó también de un cuaderno de notas en el que se detallaba la percepción de unos ingresos medios situados entre las doce y las veinticuatro libras esterlinas semanales —lo que nos indica las ganancias que cabía esperar de un grupo operativo que actuara en plena calle—. El segundo ejemplo es el de un pub del este de Londres llamado la Rosa y la Corona. Esta era probablemente la casa pirática de peor nota de todas cuantas existían en la época. En dicho local sentaba cátedra un hombre conocido por el apelativo de Tum Tum, o también Tubby, que se encargaba de la distribución de los ejemplares que le suministraba un almacén cercano del pasaje Compton. Tum Tum y su furtivo «mayorista» son dos buenos ejemplos del tipo de personaje que Preston más ansiaba atrapar[36]. La cantidad de material arrebatado a estos hombres podía elevarse a unos cinco mil ejemplares poco más o menos —es decir, hasta mil veces más de lo que un vendedor ambulante acostumbraba a transportar—. Se trataba de hecho de un volumen tan elevado que en ocasiones su misma magnitud era causa de problemas específicos, como sucedió por ejemplo al solicitarle a Preston un tribunal de Sheffield que verificase si todas y cada una de las partituras musicales de lo incautado eran o no de naturaleza pirática. La tarea tardó horas en completarse —hasta el punto de que uno de los que contemplaban la escena, aburrido, tuvo la ocurrencia de sugerir que mataran el tiempo cantando los temas pirateados[37].

Preston también se dedicaría a perseguir a los impresores que habían elaborado de facto las contrahechuras. Sin embargo, la importancia de estos profesionales no poseía un carácter tan crucial como pudiera suponerse. Y como también sucedía con los vendedores ambulantes, estos individuos no eran en muchas ocasiones más que «hombres de paja», por citar aquí la repetidísima fórmula de Preston. Se trataba con frecuencia de «extranjeros» que acostumbraban a trabajar en desvanes o bodegas, empleando además equipos alquilados para minimizar los riesgos a que pudiera verse sometido su capital en caso de que les descubrieran. Y además, al no poseer nada, tampoco se les podía reclamar la entrega de ningún bien, ni a modo de castigo ni como forma de subvenir a las costas del juicio. E incluso en el caso de que efectivamente poseyeran algo, era habitual que lo pusieran en manos de sus esposas o de algún pariente, encargándose estos de proseguir con el negocio[38]. En enero del año 1904, Francis, Day y Hunter obtendrían cerca de tres docenas de mandamientos judiciales contra este tipo de personas, aunque únicamente lograron recuperar las costas en tres casos —todos ellos relacionados con impresores sorprendidos en un local propio—[39]. No obstante, hay más cosas que decir sobre los lugares en que operaban. Al parecer, los impresores de partituras musicales pirateadas se concentraban en su abrumadora mayoría —o quizá incluso exclusivamente, según lo que había alcanzado a saber Preston— en Londres. Tenían su feudo principal en el pobre y superpoblado barrio del East End londinense. No obstante, las planchas para la impresión podían distribuirse a cualquier punto en el que se encontrase un operario dispuesto a colaborar, de modo que también se producían incursiones, por ejemplo, en locales de otros barrios algo más recomendables —siquiera relativamente—, como el de Kensington. Estos talleres móviles y de carácter temporal podían producir ejemplares pirateados a una velocidad pasmosa —cada operario lograba imprimir en ocasiones unos cinco mil al día, según uno de los informadores de Preston—, siendo después distribuidos por toda la capital mediante una red secreta que se valía de los aseos de las estaciones de ferrocarril. Desde Londres, la malla ferroviaria los repartía, rápida y eficazmente, por todo el país, pudiendo así encontrarse en Leeds, Liverpool, Manchester y el gran nudo ferroviario de Doncaster. Una vez en esas poblaciones, los organizadores locales volvían a distribuirlos por todo el jerarquizado escalafón social del mundo pirático, entregándolos en primer lugar a los distribuidores locales —no solo de los centros regionales sino también de ciudades más pequeñas, como Saint Helens, Barnsley, Leicester y Nottingham— y en segundo lugar, a través de sus «puertas traseras», a los vendedores ambulantes.

Sin embargo, ninguno de estos elementos poseía en último término más que una importancia secundaria. La presa de verdadero peso era el cerebro que lo planeaba todo: el pirata mismo. Esta figura venía a ser una especie de doppelgänger[40] ilícito del editor. El pirata era un capitalista delincuente, el James Moriarty[41] del mundo musical, el padrino pirático de las artes que se entregaba a la supervisión del conjunto de la empresa sin mancharse jamás las manos. El pirata podía ser un personaje público perfectamente conocido, aunque capaz no obstante de trasladarse con aparente facilidad de un lugar a otro. Y además, el pirata era justamente la figura que ni Preston ni Abbott ni sus hombres habían conseguido atrapar jamás. Parecía ser, como lamentaba el Sheffield Telegraph, un personaje «inaccesible»[42]. Por consiguiente, y a pesar de todo el dinamismo desplegado, la ofensiva de Preston no podría considerarse coronada por el éxito en tanto no pescara a un auténtico pirata.

Y entonces, el día de Nochebuena de 1903 ocurrió el milagro.

El rey en el parlamento

Lejos, al pícaro mundo, marchas tú,

donde los piratas van boyantes;

pero sabré ser fiel a la canción que canto,

y vivir y morir como un verdadero Rey Pirata.

El Rey Pirata, en Los piratas de Penzance

de Gilbert y Sullivan

De la gran estación término del Londres victoriano partían líneas ferroviarias que serpenteaban por toda la ciudad sobre los impasibles zancos de sus viaductos de ladrillo. Era muy frecuente que los ojos de los arcos en que se apoyaban esos puentes acabaran convertidos en almacenes y talleres. Hoy, por ejemplo, el solitario peatón que se aventure a deambular por la calle Link, a pocos pasos del tráfico que ruge incesantemente en la carretera principal que separa las barriadas de Hackney y Homerton, en el este de Londres, descubrirá que una empresa de taxis ha venido a ocuparlas, acompañada en su utilización del espacio por un taller de reparaciones y por el establecimiento de un vendedor de coches de segunda mano. Bajo la arcada de color ocre se alinean, tocándose casi con los parachoques, varios centenares de los característicos taxis negros londinenses, a la espera de mecánicos y chóferes. Nada indica que este sea justamente el lugar en el que, hace un siglo, aposentara sus reales el primer rey pirata del mundillo musical.

Hacía ya algún tiempo que Abbott, que seguía a la caza de piratas, había ordenado vigilar durante un tiempo uno de los arcos de la calle Link —mandando además que las labores de observación se efectuaran, como él mismo decía, «según los mejores métodos de un Sherlock Holmes»—. Al final, el 24 de diciembre de 1903, Abbott se encontraba ya preparado para lanzar su ataque. Provisto de la orden de registro que le había proporcionado la policía judicial de Hackney, se internó bajo las arcadas en compañía de dos agentes de paisano, y una vez en ellas los tres hombres decomisaron un enorme botín compuesto por casi setenta y cinco mil partituras musicales fraudulentas que ya estaban listas para ser enviadas en el Great Western Railway y distribuidas después por toda la red pirática. Se trataba de un hallazgo lo suficientemente voluminoso como para que el pirata se decidiera, por una vez, a hacer acto de presencia a fin de darle cumplida respuesta. Se llamaba, al parecer, James Frederick Willetts.

Es poco lo que se sabe de Willetts. Hasta su nombre permanece parcialmente sumido en la incertidumbre. En tanto que rey pirata utilizaba frecuentemente el seudónimo de John Fisher, alias cuya acuñación se debía aparentemente al hecho de que en cierto momento de su vida hubiera trabajado en algún tipo de pescadería —aunque también se le conocía con otros apelativos, entre otros, por ejemplo, el de «el coronel»—. Su madre había sido impresora, y él mismo había trabajado como aprendiz, probablemente en el establecimiento de ella. Tenía experiencia en el negocio, ya que había estado empleado en distintos periódicos por espacio de quince años. Sin embargo, después de aquella fase había probado suerte en todo un conjunto de actividades diversas, entre otras la de viajante. En una ocasión había sido encarcelado por desfalco, aunque él se había defendido diciendo que se había limitado a apropiarse de la paga que legítimamente le correspondía tras declararse en bancarrota su antiguo jefe. Sin embargo, al implantarse la ley del año 1902, Willetts vio la oportunidad de sacar unos beneficios imprevistos de su primer oficio, convirtiéndose de este modo en el principal pirata musical de la nación[43]. Su tarjeta de presentación (en la que exhibía el rótulo de J. Fisher y Compañía) indicaba que su domicilio se encontraba en el pub la Rosa y la Corona, sito en la calle Goswell —lo que convertía a Tum Tum en agente suyo—. Willetts se encargaba de coordinar aproximadamente a media docena de impresores y de supervisar las operaciones de una red de distribución que se extendía por todo el país. Él era quien se había desentendido despreocupadamente de la incautación de cuarenta y cinco mil ejemplares piratas diciendo que se trataba de «un pequeño impuesto» —actitud que podía permitirse dado que negociaba con una ingente cantidad de partituras musicales—. Mostrando a regañadientes el respeto que le inspiraba aquel hombre, Day —que al parecer había llegado a hablar con él personalmente— decía que Willetts era «un individuo dotado de una energía extraordinaria y [que contaba además] con el respaldo de una concienzuda preparación profesional». Se trataba, según admitía el propio Day, de un «pirata modélico»[44].

La redada del día de Nochebuena iba a convertirse en el primer envite de la prolongada y espectacular serie de ataques que habrían de desarrollarse a lo largo de los dieciocho meses posteriores. Estas sucesivas incursiones acabarían revelando paulatinamente los perfiles de una red dedicada a la manufactura y la distribución de partituras piratas sujeta, según todas las apariencias, a las órdenes de Willetts. A principios del año 1904, Abbott irrumpió en una casa de campo de Finchley y descubrió con las manos en la masa a unos impresores dedicados a la producción de doce mil partituras musicales piratas. (El hombre que los supervisaba, un tal J. Puddefoot, emplearía a modo de queja una expresión sacada de las comedias de Gilbert al decir que los agentes «colaban el mosquito y tragaban el camello», ya que «cosas peores se hacen todos los días en la Bolsa»). En marzo, Francis, Day y Hunter demandarían a James y Arthur Childe por haber impreso diez mil partituras musicales piratas en Hoxton e Islington. En octubre se efectuó una incursión en Hackney que se saldó con la incautación de casi doscientas cuarenta mil copias. En julio del año 1905, se efectuó otro registro en el septentrional barrio londinense de Dalston, apoderándose la policía de más de doscientas ochenta mil partituras en un almacén que un tal George Wotton había alquilado en nombre del rey de los piratas. Las posteriores batidas que habrían de llevarse a cabo por todo el norte y el este de Londres arrojaron unos resultados también muy abultados, puesto que en la carretera de Devons se decomisaron seis mil quinientas hojas musicales, sumándose en Upper Holloway otras ciento cincuenta mil a la cuenta. En la calle Goswell se encontraron ciento sesenta mil copias más en un almacén que William Tennent gestionaba en nombre de «J. Fischer y Compañía» y que se dedicaba a la venta por catálogo[45].

Resultaba imposible ignorar tales cifras. El parlamento tuvo que volver a prestar atención a la piratería musical. En enero del año 1904 se celebraron distintas audiencias ante un comité especial creado para abordar el asunto. En lo tocante a los hechos, los datos piráticos que tuvo oportunidad de escuchar el comité apenas habrían de aportarle novedad alguna. Entre los llamados a testificar ante sus integrantes figurarían algunos destacados editores, y todos ellos darían fe del alcance y la magnitud del problema. Abbott y Preston desfilaron ante la comisión, así como todo un conjunto de funcionarios de policía, abogados y magistrados. Sin embargo, lo que iba a resultar más notable sería el hecho de que Willetts, el mismísimo «rey de los piratas», se presentara voluntariamente a fin de comparecer en persona junto a sus perseguidores. Lo haría en su calidad de miembro de la Compañía Editora de Música Popular —una organización que le servía de tapadera y que tenía su sede en el venerable centro que el sector del libro había creado en Paternoster Row—. Su testimonio quedaría consignado en su literalidad, hallando amplio eco en la prensa de todo el país, la cual lo difundiría por extenso y bajo unos titulares que reproducían sus reivindicaciones —centradas en la afirmación de que la piratería resultaba beneficiosa (e incluso «buena para las tiendas de pianos», según sostendría en uno de sus alegatos)—[46]. Fue la primera —y tal vez la única— defensa en bloque de la piratería que jamás haya dado en pronunciar ningún autoproclamado rey corsario en un centro clave del poder político.

Willetts aprovecharía aquella oportunidad al máximo. Su justificación apuntaría tanto a la estructura en que entonces se basaba la edición musical como a los más amplios principios de la cultura melódica en la que aquella se insertaba. Partía de la afirmación de que no podía concederse a ningún autor ni compositor —porque de hecho no era suyo— el derecho a la plena propiedad de unos dones que Dios le había otorgado para beneficio general. Esta era una postura que en principio no resultaba controvertida. Sin embargo, era la primera vez que se decía que las obras musicales tenían realmente una repercusión positiva en el bien común. Willetts recordó a los miembros del parlamento que las reformas educativas emprendidas en la sociedad tardovictoriana no habían incluido sino en fecha muy reciente el aprovechamiento musical entre los elementos que venían a configurar la estructura cultural de todo artesano y trabajador fabril. Esta circunstancia, unida al auge de la venta de pianos, había generado un mercado para las partituras musicales que sencillamente no existía con anterioridad. Y lo que era aun más importante: el nuevo mercado (al que Day había dado el nombre de «mercado número dos») seguía siendo fundamentalmente distinto de aquel, más tradicional, al que permanecían fieles los editores legítimos, y a diferencia de los clientes de estos últimos, quienes compraban las partituras musicales de Willetts pertenecían a la clase trabajadora. Sucedía simplemente que estos no podían permitirse el lujo de pagar dieciocho peniques por canción —precio que Willetts calificaba de «extorsión»—. Sin embargo, eso no significaba necesariamente que desearan adquirir un tipo de música diferente e inferior. Tanto los artesanos como los caballeros, insistía, compraban música de Tannhäuser, de Carmen y de Guillermo Tell (ya que no se protegían los derechos de autor de ninguna de esas obras). Y en esto llevaba razón Willetts, pues Day había admitido que los piratas vendían «una buena cantidad» de partituras de Chopin, Beethoven y Wagner[47]. Todo lo que deseaban era que la música resultase asequible. Por consiguiente, Willetts continuó argumentando que el hecho de piratear esos temas para venderlos a dos peniques no tenía ninguna repercusión negativa en las ventas que venían realizando hasta la fecha los editores, puesto que los piratas se ocupaban de atender a un sector de la sociedad del que los profesionales ortodoxos se desentendían por completo. De hecho, la piratería podía llegar a incrementar incluso las ventas de los editores legítimos, dado que venía a equivaler a una forma de publicidad gratuita. Willetts sostenía que así se lo había confesado David Day en privado (estos dos encarnizados enemigos dejarían entrever de cuando en cuando que habían mantenido conversaciones notablemente francas, como si el destacado justiciero y el descollante pirata se trataran como personas que no tienen secretos). En otras palabras, Willetts insistiría en el hecho de que la nueva cultura de masas tenía un carácter fragmentario, y esto en una época en la que otros se contentaban con ensalzar su magnitud global.

Ahora bien, ¿por qué se mostraban los editores legítimos insensibles a este enorme y novedoso mercado? Según proseguía Willetts, se debía a que se habían convertido en una institución acomodaticia y familiar —en una especie de «clan»— dedicada a mantener los precios uniformemente elevados mediante acuerdos confidenciales de colaboración[48]. Y al objeto de conservar la posición alcanzada, los editores hacían ver que concedían una gran importancia al hecho de que se respetaran efectivamente los sacrosantos derechos de los autores y los compositores, a pesar de que no fueran los autores ni los compositores los facultados para decidir cómo habían de ejercerse dichos derechos y de que tampoco recayera sobre ellos la potestad de decretar su nivel de ingresos. Eran los editores los que determinaban en la práctica el modo en que debía operar el sistema. En otras palabras, actuaban implícitamente de acuerdo con una tradición muy arraigada en el oficio y contra la que ya había luchado Babbage dos generaciones antes, así como Donaldson en el siglo XVIII y Atkyns en el XVII. Además, habían dejado ya perfectamente clara su crueldad al actuar de forma violenta e ilegal contra los piratas (a Willetts le gustaba fastidiar a sus adversarios repitiendo las palabras de aquel magistrado que los tildó de «vándalos organizados»)[49]. Sin embargo, añadía Willetts, el parlamento no tenía por qué aceptar sus convenciones. Para favorecer el nuevo interés público que acababa de aflorar era preciso realizar cambios. La conjura de los editores amenazaba «realmente con paralizar la educación musical del país»[50].

Willetts expuso igualmente el punto de vista que él profesaba en relación con el carácter de la propiedad musical misma, fusionando las antiguas críticas vertidas contra los monopolios literarios con la novedosa noción de interés público de las masas que acababa de explicar. Los derechos de autor no concedían una propiedad absoluta, recalcaba, y tampoco constituían un derecho natural. En su origen, habían sido una «libertad» o un «privilegio» que el parlamento había juzgado oportuno conferir a un autor en nombre del bien público, así que se hacía preciso devolver al concepto la mencionada condición. La analogía pertinente no era en modo alguno la que asociaba los derechos de autor con la propiedad real, sino la que los vinculaba con el tipo de monopolio que el parlamento podía otorgar al proveedor de cualquier bien público —como sucedía con los ferrocarriles o con el suministro de gas—. Dicho monopolio no concedía al agente en cuestión un derecho ilimitado a cobrar las tarifas que le vinieran en gana ni a restringir a su antojo el acceso a la cultura, desentendiéndose del interés público. Una compañía ferroviaria, por ejemplo, no podía decidir que el servicio de una determinada línea de trenes iba a ir dirigido exclusivamente a los sectores más adinerados de la sociedad, por mucho que esa pudiera ser la mejor política comercial a los ojos de esa compañía. De hecho, el parlamento había decretado de forma rutinaria que las compañías de trenes tenían la obligación de fijar para sus servicios unos precios que estuvieran al alcance del bolsillo de la gente corriente, y en ocasiones se revelaba preciso recordarles esta condición si querían seguir disfrutando de la concesión del monopolio. El argumento de Willetts resultaba extremadamente significativo. Venía a mostrar que conocía perfectamente la campaña contra el sistema de patentes que habían capitaneado MacFie y Armstrong en la generación anterior —campaña que había apelado exactamente a esa misma práctica al abogar en favor de una especie de concesión obligatoria de licencias—. (Lo que resulta irónico en este caso es el hecho de que los trenes con tarifas reducidas constituyeran el método ideal para distribuir la música pirateada de Willetts por toda la nación)[51]. Por consiguiente, mantenía Willetts, eso era justamente lo que debía hacer el parlamento con el monopolio de los derechos de autor. Si en el pasado había respaldado la posibilidad de viajar a precios económicos, también ahora debía apadrinar la idea de una música no onerosa, movido en ambos casos por una misma voluntad: la de impulsar el surgimiento de una ciudadanía cultivada. Debía permitirse la existencia de ediciones musicales diferentes, esto es, tanto de primera como de tercera clase, del mismo modo que se había aceptado la realidad de los vagones de tercera y de primera. Tanto uno como otro terminaban conduciendo al viajero al mismo destino, pero concediéndole distintos grados de comodidad en el trayecto. Las dos ediciones, pirata o legítima, aparecían equipadas de accesorios diferentes (como la encuadernación, la tipografía y demás), resultando por tanto atractivas para mercados distintos. Eso era justamente, señalaba Willetts, lo que Francis, Day y Hunter estaban haciendo ya al sacar a la calle una serie de partituras musicales económicas —idea que, según reivindicaba Willetts, había sido originalmente suya—. (Resulta bastante interesante en este contexto el hecho de que los conglomerados mediáticos de nuestros días hayan tenido la tentación de intentar instaurar unas estrategias de segmentación de mercado similares a fin de contrarrestar la piratería musical)[52].

No obstante, si se quería que la idea funcionara, las prácticas entonces vigentes en el marco de los derechos de autor tenían que sufrir una modificación radical. Willetts quería separar dos de los componentes clave de la propiedad literaria. Por un lado, el rey pirata manifestaba apoyar rotunda e inequívocamente el principio de recompensar debidamente a los autores o a los compositores con una parte de los ingresos derivados de las ventas —y de hecho, señalaría, el sistema existente se revelaba muy a menudo incapaz de permitir que los creadores se ganaran siquiera mínimamente la vida debido a que no maximizaba las ventas, citando al efecto el caso de una compositora a quien los editores habían colocado en una situación tan apurada que la mujer había acabado sus días en un asilo para perturbados—. Willetts insistía en que los compositores podrían obtener mayores beneficios de las ventas si se permitiera poner en marcha el tipo de régimen de publicaciones baratas adaptado al mercado de masas al que estaba haciendo referencia, dado que dichas ventas serían inmensamente superiores. Sin embargo, por otro lado, Willetts desautorizaba el habitual supuesto de que la vinculación de los ingresos de los autores a la evolución del mercado debiera llevar aparejada la capacidad de limitar la distribución de un determinado artículo. Como alternativa a ese planteamiento, Willetts propuso que el parlamento instaurara el pago de unas regalías reglamentadas por ley. Dichas regalías debían materializarse de acuerdo con las pautas que ya propusiera MacFie en tiempos del escándalo de las patentes —pautas que de hecho habían recibido recientemente forma y vigencia oficial al incorporarse a la nueva ley de patentes—[53]. Desde esta perspectiva, todo el mundo podía reimprimir y vender una partitura musical pero, del mismo modo, todo aquel que lo hiciera debería pagar al compositor y al autor las tasas estipuladas. Únicamente los más desastrosos fracasos dejarían de cubrir los gastos generados por la impresión misma[54]. En esencia, Willetts estaba argumentando que una partitura musical debía ser considerada bajo un prisma análogo al empleado por los partidarios de abolir las patentes para juzgar la condición de los inventos. O dicho de otro modo: lo que en realidad venía a mantener —y esto es quizá lo más llamativo— era que la partitura se asemejaba a la representación. De hecho, con el tiempo se adoptaría este mismo principio para abordar el desafío de las nuevas tecnologías de grabación y radiodifusión.

En este contexto, Willetts sugerirá que, más allá de los servicios que de hecho prestaba directamente al interés público, la piratería cumplía una importante función social. Se trataba de una actividad que no solo aportaba música económica a la comunidad y que hacía algo más que procurar empleo a miles de personas en una época marcada por la «escasez de trabajo». (A los piratas les gustaba argumentar que las partituras musicales que respetaban los derechos de autor solían imprimirse en el extranjero, mientras que todo el mundo coincidía en que las suyas se elaboraban en Londres —a lo que los editores del mercado dominante replicaban que los trabajadores piratas de Londres eran todos extranjeros—). Willetts sostenía que su actividad era también un catalizador que impulsaba la introducción de cambios legales, y mantenía que esas modificaciones se producían siempre con lentitud y retraso, tendiendo además a no materializarse sino por medio de lo que él llamaba «agitación» —otro extremo aprendido, quizá, gracias al estudio de las pugnas relacionadas con las patentes—. En la Inglaterra eduardiana, la piratería venía a ser justamente esa agitación capaz de poner de manifiesto el problema de la cultura musical de masas, la agitación que había dejado patente a los ojos del público la necesidad de una nueva ley. Y si se terminaba legitimando el mercado de masas de la música barata, sería en último término gracias a la actividad de los piratas.

Day concedería a regañadientes que el rey pirata profesaba una ideología aparentemente defendible. «Los piratas dicen que los tiempos han cambiado», observaría. «Sostienen que han estado trabajando por el bien de la nación y en favor de la difusión de las obras musicales, dedicándose a hacer lo que deberían haber hecho los editores[55]». Al testificar ante el parlamento, lo que Willetts deseaba era convertir la piratería en una práctica ortodoxa. A sus ojos, la campaña que se había propuesto librar debía reorganizar la propiedad comercial en torno a un nuevo tipo de mercado de masas y una nueva clase de norma moral. Day comprendía perfectamente lo atractivo que resultaba todo este planteamiento. Sin embargo, Willetts acabaría yendo demasiado lejos. No quería que el proyecto se limitase simplemente a la música, de modo que instó al parlamento a crear una comisión de investigación destinada a estudiar la posibilidad de hacer extensiva su propuesta al ámbito de los libros. Y parece que no era el único, puesto que había más personas, ajenas al parlamento, que también apostaban por el establecimiento de este tipo de vínculo entre la literatura y la música. En todo caso, lo cierto es que se iba a producir un extraño incidente cuyo significado resulta difícil valorar, ya que en ese mismo momento aparecieron en las calles no solo varias versiones pirateadas de diversos textos de Rudyard Kipling, sino —en lo que constituía un gesto todavía más sorprendente— copias de las Economic Notes on Insular Free Trade, del primer ministro Arthur Balfour —anunciándose este último escrito como una iniciativa educativa encaminada a la ilustración de las masas—. Esos actos de piratería literaria encontraron un notable eco y todo el mundo las relacionó con los debates sobre las partituras musicales. Sin embargo, si lo que se pretendía con aquella acción era promover un replanteamiento de la situación legal de los derechos de autor en general, lo cierto es que la iniciativa no iba a verse inmediatamente coronada por el éxito. Los esfuerzos que realizara el propio Willetts para trazar paralelismos entre las partituras y los libros fueron rápidamente silenciados. Por otra parte, los aliados con que contaba en el parlamento sospecharon que la propuesta de ampliar el debate al mundo de las letras no era más que una táctica de amedrentamiento promovida por la industria con el objetivo de generar un estado de opinión favorable a una ley más rigurosa[56].

El comité parlamentario no estaba dispuesto a aceptar nada de esto. Willetts fue sometido a un agresivo interrogatorio con el que se trataría de averiguar quién estaba implicado en sus operaciones (circunstancia que contrasta muy señaladamente con el trato dispensado a los representantes de los editores establecidos, cuyas costumbres de confidencialidad gremial habría de respetar el comité con el máximo celo). Comprensiblemente reacio a revelar estos detalles sensibles, Willetts pondría fin a su testimonio en medio de una cierta confusión. Con su partida llegarían a término las investigaciones. Más tarde, al emitir su informe, el comité haría caso omiso de sus manifestaciones, recomendando que se promulgara una ley más estricta contra la piratería. Irremisiblemente adverso a las reivindicaciones de Willetts, el memorando de la comisión parlamentaria argumentaría que la piratería constituía una amenaza para el futuro de la industria editorial dedicada a la elaboración y la venta de partituras musicales, añadiendo que se hacía preciso combatirla. El texto se limitó a instar al parlamento a conceder a la industria todo cuanto esta quisiera.

Sin embargo, el testimonio de Willetts terminó encontrando de facto algunos oídos interesados en sus argumentos. Hasta la prensa gremial de los propios editores de partituras musicales admitiría que se cometía un error al actuarse con tanto secretismo. Pero no pararía ahí la cosa, ya que los piratas consiguieron granjearse una simpatía clave y mucho más significativa, la de un parlamentario de Glasgow llamado James Caldwell. Caldwell era un radical que había hecho fortuna fabricando telas de algodón estampadas —una industria que contaba con una particular y abundante historia de conflictos vinculados con la omisión pirática de toda forma de derechos de autor—. Él había sido el encargado de diluir la anterior ley contra la piratería musical y ya antes, entre los años 1903 y 1904, había frenado en su trámite parlamentario la promulgación de dos leyes más severas. Y ahora volvería a movilizarse con idéntico objetivo, amenazando con dejar empantanada la ley que deseaban ver aprobada los editores de partituras musicales[57]. Aprovecharía la coyuntura de las audiencias sobre el caso para presentar un informe propio en el que explicaba las razones que habían determinado el surgimiento de aquella práctica y las medidas que debían adoptarse al respecto. Su explicación vino a ajustarse casi punto por punto a la que acababa de exponer el rey de los piratas. La piratería constituía un problema de envergadura, concedería Caldwell, pero lo que la impulsaba eran las «desmandadas y arbitrarias» acciones de los editores, que actuaban como un clan. Sus manejos mantenían los precios en unos niveles muy elevados, generando una situación análoga a la que habían creado una generación antes los editores literarios londinenses en su pugna con los Estados Unidos. En ambos casos, lo que se había hecho era denunciar como piratería lo que no era sino una libre iniciativa empresarial. Caldwell confirmó que existía un inmenso «segundo mercado» destinado a la clase trabajadora y acusó a los editores establecidos por desentenderse enteramente de él. Y puesto que esa era la realidad, Caldwell admitió que la piratería podría contribuir incluso a incrementar las ventas de las partituras legítimas, puesto que sus mismas acciones venían a demostrar la popularidad de un determinado tema sin tener que recurrir a los consumidores más refinados[58]. Caldwell quería que este planteamiento quedara consignado por escrito en la propia ley sobre los derechos de autor, idealmente mediante la introducción de una cláusula similar a la que ya existía en la protección jurídica de las patentes y que viniera a declarar obligatoria la concesión de licencias. En efecto, esto permitiría separar en dos el concepto de derechos de autor, ya que estipularía la existencia de un derecho de los autores y otro de quienes vendieran sus productos. El primero debía quedar protegido, mientras que el segundo tenía que dejarse abierto[59].

Caldwell y Willetts se enfrentaron así a un profundo conflicto llamado a provocar un choque con todas las demás partes representadas en la controversia. Solo ellos sostenían que los derechos de autor no se agotaban sin más en el interés privado de quien los poseyera —asimilándose además en repetidas ocasiones esa propiedad a la que pudiera representar el reloj para un caballero—. Por una vez, Preston dio en respaldar tan alta noción (que por otra parte habría de revelarse insostenible desde el punto de vista legal)[60]. El resultado de la propuesta no vendría sino a añadir intensidad al deseo de elevar los amparos legales asociados con los derechos de autor al mismo rango que los que venían a proteger la propiedad ordinaria del robo convencional —convirtiendo a la piratería en una forma de latrocinio—. La implicación de este estado de cosas no iba a quedar en un mero «progreso natural», según había sugerido un magistrado de Londres, puesto que acabaría suponiendo una verdadera transformación —y así habría de recalcarlo Caldwell—[61]. Él mismo presionaría una y otra vez a los testigos, instándoles a formular de manera explícita su opinión sobre la índole de la propiedad literaria misma —aunque sin conseguir que le dijeran nada distinto a lo que ya había venido oyendo hasta entonces de manera invariable: que se trataba de una propiedad que no concernía más que al propietario—. El público no tenía nada que decir en ese asunto, y en particular la asignación de un precio al producto en sí era cuestión que incumbía por entero a los editores. A juicio de Caldwell, en esta arbitrariedad residía justamente la auténtica causa de que la industria estuviera atravesando aquellas dificultades. Según señalaba, siempre sería difícil hacer cumplir una ley que viniera a contrariar «las simpatías del público en general»[62]. Al mismo tiempo, Caldwell insinuaba que las «medidas ilegales» que había adoptado la Asociación para la Defensa de los Derechos de Autor Musicales habían contribuido a fortalecer por sí solas a la piratería, al «airear» tanto el mucho dinero que podía hacerse con ella como la impunidad de los transgresores. Todo parecía confabularse para convencerle de que el parlamento debería mostrarse muy cauto antes de asumir la responsabilidad de conceder una potestad todavía mayor a los editores —y muy particularmente la que podía capacitarles para detener a los piratas e irrumpir en sus locales[63].

Por esas fechas, las autoridades se habían apoderado ya de más de tres millones de ejemplares de partituras musicales propiedad tanto del rey pirata como de otros agentes clandestinos de menor entidad, sin que su acción hubiera tenido un claro efecto disuasorio. Al contrario, lo único que parecía crecer era la legitimación popular de su empresa. El Daily Mail comenzó a decir a sus lectores, mayoritariamente pertenecientes a la clase media, que los piratas habían llevado a cabo «una revolución en el terreno de las publicaciones musicales» —anunciándoles asimismo que se proponía lanzar por su propia cuenta una serie de partituras musicales baratas a fin de aprovechar aquel impulso revolucionario—[64]. Y por si fuera poco, a principios del año 1905 los piratas darían un paso de peor augurio todavía al fundar Willetts una sociedad limitada. A partir de ese momento la persona de Willetts se vería libre de un gran número de responsabilidades. Por muchas partituras que la Asociación de Editores de Música y la policía dieran en arrebatarle, él podría volver a hallarse en condiciones de seguir operando de forma casi inmediata.

Llegadas las cosas a ese punto, los editores volvieron a recurrir a las medidas desesperadas. La empresa de William Boosey apoyó a un candidato socialista contrario a Caldwell a fin de hacerse con el electorado de Glasgow —en un intento de dividir el voto y conseguir que en vez de Caldwell saliera elegido un amigo conservador del propio Boosey—. Pero la táctica fracasó. La industria organizó entonces un enorme movimiento de protesta en el centro de Londres al objeto de manifestar en voz alta los argumentos de la causa contraria a la piratería. Parry y Elgar también dieron un paso al frente, uniéndose a los editores a fin de crear una nueva alianza denominada la Liga para la Defensa de la Música. Entonces, en abril del año 1905, los principales editores decidieron tomar la medida más drástica de cuantas hubiesen adoptado hasta la fecha. Anunciaron que el problema de la piratería había adquirido unas características tan graves y alcanzado unas proporciones tan endémicas que renunciaban a seguir invirtiendo en la publicación de toda nueva obra. Y así fue: la industria entera de la publicación de partituras musicales cerró sus puertas. Al parecer, «el triunfo del señor Caldwell ha sido prácticamente completo», se diría por entonces[65].

La conspiración

Además del sensacional testimonio que acababa de prestar Willetts y de las maliciosas maniobras de Caldwell, el comité de la Cámara de los Comunes encargado de estudiar la piratería musical atendería asimismo a una nueva sugerencia encaminada a frenar la acción de los piratas. La daría a conocer discretamente el veterano abogado sir Harry Poland el 20 de enero de 1904. Poland señaló que tal vez no resultara práctico perseguir a los piratas por violar la ley de los derechos de autor —y buena prueba de ello eran las razones que habían aducido los editores—. Ahora bien, en el acto mismo de constituirse en bandas para perpetrar sus fechorías los piratas incurrían en un delito inequívoco, pensaba Poland, ya que al proceder de ese modo actuaban como conspiradores. Y si la piratería era una simple falta civil, la ley juzgaba que la conspiración constituía un asunto notablemente más grave, dado que se trataba de una actividad sujeta a severos castigos, entre otros los vinculados con las penas de prisión. No le cabía duda de que podría encausarse a los piratas por dichos cargos[66].

Este comentario de Poland reaparecería poco menos que al modo de un aparte fortuito en el informe final del comité, oculto bajo el aluvión de recomendaciones generales en las que se abogaba en favor de la promulgación de una nueva ley de derechos de autor[67]. No obstante, el breve párrafo en el que se decía que los piratas podrían estar «participando en lo que el derecho consuetudinario considera una conspiración encaminada al quebrantamiento de los derechos de propiedad» captó la atención de un abogado llamado Percy Beecher. Poco después, Beecher comentaría aquella observación con William Boosey, el más destacado cazador de piratas de Chappell y Compañía. Boosey vio inmediatamente en esa idea la oportunidad de quebrar el espinazo de los piratas. A fin de cuentas, ya contaban con las pruebas que les habían proporcionado las requisas y las confiscaciones que se habían venido llevando a cabo en el transcurso de los últimos dieciocho meses. Ocurría sencillamente que, hasta entonces, no se había dado en considerar que se tratase efectivamente de una prueba, puesto que a nadie se le había pasado por la cabeza la idea de perseguir el acto de la organización misma. El nuevo enfoque confería ahora una auténtica posibilidad de victoria a los enemigos de los piratas. Y se trataba además de una posibilidad que venía a surgir en un momento en el que el hecho de que los piratas hubiesen recurrido a la creación de una sociedad de responsabilidad limitada hacía que las estrategias empleadas hasta la fecha resultaran todavía más inútiles. Boosey decidió probar suerte.

El juicio derivado de su querella se iniciaría en diciembre del año 1905. Entre los presuntos conspiradores figuraban muchos de los hombres que habían sido víctimas de las incursiones ocurridas a lo largo de los dieciocho meses anteriores, y que se hallaban implicados en operaciones conexas, según había conseguido probarse. Se acusó a George Wotton, William Tennent, John Puddefoot y William Wallace de conspirar con el fin de imprimir, publicar y vender material protegido por la ley de derechos de autor, pero la pieza de caza mayor que se quería cobrar era la cabeza de Willetts, su cabecilla. Todos ellos habían trabajado en comandita bajo el nombre de James Fisher y Compañía, denominación empresarial registrada en enero de 1904 con las firmas de Puddefoot y Wallace, así como la de otros varios individuos que al parecer eran enteramente ficticios. No cabía la menor duda de que el cerebro de Willetts regía realmente esa organización. La audiencia tardó siete semanas en concluirse, participando en ella más de cincuenta testigos. Willetts optó por ceñirse a una línea de defensa que ha dado en juzgarse simbólica. Lo primero que hizo fue señalar que los temas musicales por los que se le encausaba no se hallaban en modo alguno protegidos por la ley de los derechos de autor, ya que eran muy pocas las obras que se hallaban registradas en el Salón de los libreros. Después sostuvo que los propios editores legítimos dependían de su secretismo y se negaban sistemáticamente a revelar los términos en que operaban. Y en realidad es muy posible que esta defensa no tratara en modo alguno de resultar simbólica, dado que se hacía eco de un conjunto de quejas que venían planteándose de forma constante desde el siglo XVII y en las que se denunciaba que la propia empresa de la edición musical constituía a su vez una modalidad de conspiración. En todo caso, es posible que Willetts albergara la esperanza de que la legislación parlamentaria determinara que la acusación no procedía. Lo cierto, sin embargo, es que no fue así y que la defensa que él mismo levantara acabó revelándose infructuosa. Willetts cumpliría una pena de nueve meses de prisión[68].

La sentencia de Willetts vendría a marcar un punto de inflexión decisivo. Era la primera vez que los piratas tenían que hacer frente a condenas graves. Ya no podían confiar en reanudar sus operaciones pasados simplemente uno o dos días desde la última incursión. Poco después del juicio de Willetts se celebraría una segunda vista por conspiración, esta vez contra el «Rey Pirata de Leeds», un hombre llamado John Owen Smith, que había hecho grandes negocios con Willetts, consiguiendo los editores una victoria similar. Poco tiempo más tarde, en agosto del año 1906, se promulgó finalmente en el parlamento la nueva ley de amparo a los derechos de autor musicales, pese a las objeciones de Caldwell y de los pocos aliados que le secundaban. Había defendido el texto legal un veterano parlamentario llamado T. P. O’Connor, quien contaba con la crucial ventaja del respaldo del gobierno (véase la figura 12.1). Pese a todo, el proyecto de ley no lograría aprobarse sino en la sesión de tarde del último día de reuniones parlamentarias, y gracias a que los lores aceptaron abrir un turno especial de consultas. La nueva ley vino a confirmar el inmenso cambio producido a raíz del destronamiento de Willetts, puesto que puso fin a cualquier esperanza que aún pudiera albergar este en relación con una posible declaración retroactiva que diera en afirmar la legitimidad de la piratería. Willetts no lograría recuperarse de aquel golpe. Sin embargo, los precios de las partituras musicales subieron súbitamente un cincuenta por 100 sin dejar que se enfriara siquiera el trono del depuesto monarca corsario. Verdaderamente, no podría reprocharse a los músicos aficionados de clase media que les hubiera cruzado el ánimo una breve punzada de pesar tras la caída del filibustero.

Figura 12.1. T. P. O’Connor dispara un cañón cargado con la munición de la ley de amparo a los derechos de autor musicales contra un navío pirata. «¡Bandidos! ¡Esto debería bastar para echarlos a pique!», Punch 131, n.º 1, 4 de julio de 1906, 11. Cortesía de la Biblioteca de la Universidad de Chicago.

El ascenso de los cazadores de piratas

Los editores de partituras musicales habían logrado sobrevivir. La piratería no habría de desaparecer por completo tras la derrota de Willetts, pero su volumen y magnitud sí que habrían de verse reducidos de manera drástica. El propio Willetts quedó convertido en un hombre acabado, y los argumentos de Caldwell parecieron caer en el olvido —aunque poco después, al incluirse las grabaciones gramofónicas en la ley de los derechos de autor, se concretara el añadido según directrices similares a las propuestas por Willetts en el caso de las canciones populares, aceptándose también la instauración de un sistema de concesión obligatoria de licencias en el caso de los libros, aunque con un alcance limitado—[69]. El departamento para la defensa musical de la Asociación de Editores de Música terminó desmembrándose. Arthur Preston se retiró de la Asociación para la Defensa de los Derechos de Autor Musicales, pasando a encargarse de la representación de Margaret Cooper, la artista ligera llamada a protagonizar oficialmente la serie de conciertos melódicos que la compañía Chappell habría de celebrar en el Queen’s Hall. Preston fallecería años más tarde, en 1926.

En 1944, cuatro décadas después de que Preston declarara la guerra a los piratas, el conflicto vendría a conocer una extraña reactivación al decidir el ministro de Información británico que era preciso recordar aquellos acontecimientos y volver a ponerlos ante los ojos del público. El Ministerio deseaba explotar los sentimientos de nostalgia a fin de reconstruir el edificio de la moral pública, maltrecho en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Se procedió a contratar los servicios de una compañía cinematográfica llamada Gainsborough Studios, encargándole la producción de una serie de películas. Algunos de los filmes surgidos de esta colaboración se basaban en temas sacados del teatro de variedades, y uno de ellos en particular vendría a centrarse en la lucha contra la piratería que habían librado poco antes Abbott y Preston. El título de la cinta era I’ll Be Your Sweetheart, recogiendo el de una canción homónima que se había pirateado en los tiempos de Abbott y Preston. Rodada en los breves lapsos de tregua que dejaban los bombardeos de los cohetes V2 alemanes, los protagonistas de la película eran Margaret Lockwood, que se encontraba en la cima de la fama —lograda por sus papeles de «mujer fatal»—, y el entonces desconocido Michael Rennie, que pronto emigraría a Hollywood para alcanzar el estrellato con el papel del extraterrestre Klaatu en Ultimátum a la Tierra. I’ll Be Your Sweetheart era una sencilla historia de amor narrada al hilo de una crónica unilateral de la crisis pirática referida desde la óptica de los editores. Desde luego no se trataba de ninguna obra de arte, de modo que no es de extrañar que no causara gran impresión ni en Inglaterra ni en su lanzamiento en los Estados Unidos. No obstante, vista desde la perspectiva actual, constituye un documento extraordinario, dado que incluye en su metraje largas tiradas con diálogos que reproducen fielmente los de las redadas reales y los verdaderos casos judiciales y polémicas surgidas entre los años 1900 y 1905. No sabemos exactamente como se las apañó la compañía cinematográfica para lograrlo. Sin embargo, de lo que no existe la menor duda es de que a lo largo de la década de 1930 Gainsborough había estado contratando a un gran número de antiguas estrellas del teatro de variedades, llevándolas a sus comedias de la gran pantalla. Una de ellas era Val Guest, guionista y director de I’ll Be Your Sweetheart. Guest había iniciado su carrera como compositor de canciones de uno de los editores musicales, poco después del episodio protagonizado por Willetts. Según parece, al concebir aquella película se limitó a reproducir los relatos que había oído referir en los pasillos de la empresa en la que trabajaba, transformándolos, de forma un tanto extraña, en propaganda. De este modo, la primera guerra que la industria musical había librado contra los piratas se convirtió en una historia sobre la solidaria interrelación existente entre el comercio, la creatividad y el espíritu cívico en su lucha contra los activistas y vividores del mercado negro[70].

La moralizante relectura de Guest sugiere que la campaña contra los piratas de la edición musical mantuvo su influencia durante mucho tiempo. La apuradísima victoria de los editores se había fundamentado en algo que no venía a ser sino la virtual transposición al lenguaje jurídico de los peregrinajes de Preston por el Reino Unido. Si los editores se habían alzado en último término con el triunfo había sido por haberse enfrentado al hecho de que el mal de la piratería no se circunscribía únicamente a la circunstancia de su inmoralidad, sino que derivaba de la existencia de todo un conjunto de redes sociales complejas provistas de una ideología y unos canales de comunicación propios. La acusación que tachaba de conspiración el proceder de los piratas no había tenido éxito por venir a cuestionar el contenido de las redes piráticas ni por haberse apoderado de sus productos, sino por el hecho mismo de haber detectado que se trataba efectivamente de redes. Esto significaba que, a fin de cuentas, todas aquellas batidas y confiscaciones no habían resultado tan inútiles. Habían arrojado un saldo inconmensurablemente más valioso que el de uno o dos millones de partituras musicales. Lo que realmente tenía importancia eran las diminutas porciones de saber que todas ellas habían permitido poner de manifiesto. Sumados, esos fragmentos se fusionaban hasta proporcionar una detallada comprensión de la piratería como práctica colectiva —y solo entonces, una vez combinados de esa forma, habían encontrado los piratas su Némesis—. En efecto, si Preston y Abbott habían derrotado a Willetts, había sido mediante la réplica de su propio conocimiento social.

Desde este punto de vista, la relevancia histórica de Preston y Abbott reside en la institución que vinieron a crear: la de la primera fuerza policial privada dedicada a combatir la piratería. No obstante, puede decirse que, en cierta medida, dicha fuerza contaba ya con algún precedente —y, en este sentido, pienso en los agentes que a mediados del siglo XVIII se dedicaban a recorrer el territorio inglés en busca de artículos pirateados—. Sin embargo, hasta entonces no se había puesto en marcha nada que pudiera asemejarse a los bien entrenados «comandos» de Preston y Abbott. Ambos hombres habían tomado esta iniciativa en el mismo momento en que las agencias de detectives privados, como la célebre Pinkerton, empezaban a ver la luz —tanto en los Estados Unidos como en Gran Bretaña— a modo de contrapunto empresarial (y en ocasiones algo más) de las fuerzas de policía profesionales. Al igual que los promotores de dichas agencias, Preston y Abbott habían aprovechado una oportunidad que no podían dejar escapar. Su iniciativa vendría a marcar el inicio de una alianza entre el mundo de los negocios, la obtención de datos de inteligencia, la actividad policial y la propiedad intelectual —una alianza llamada a perdurar mucho tiempo después de consumada su victoria—. En la actualidad, la organización de un cuerpo de seguridad privada para luchar contra la piratería es una industria floreciente. Las empresas que las forman acostumbran a reclutar a expolicías, como ya hicieran en su día Preston y Abbott, y también sabemos que estas compañías no se limitan a perseguir a sus presas en tanto que piratas, sino que lanzan sobre ellas acusaciones por conspiración penal. Los modernos cazadores de piratas impulsan igualmente la adopción de medidas políticas y legales. En los primeros años del siglo XX, la existencia de policías privadas dedicadas a combatir la piratería suscitaba serias interrogantes en relación con los derechos y las libertades comunes —interrogantes que muchas de las personas de la época, y entre ellas algunos destacados juristas, consideraban tan graves como las que pudieran plantear los actos mismos de la piratería propiamente dicha—. La valoración de si esas dudas siguen resultando pertinentes en la actualidad, y en qué medida, es algo en lo que todos deberemos detenernos a pensar pausadamente —y máxime en un contexto dominado por una industria antipirática de dimensiones y competencias inmensamente superiores a las de sus predecesoras.

13

LA GRAN GUERRA DE LOS OSCILADORES

Desde las postrimerías del siglo XIX han venido proliferando, con una intensidad desprovista de todo precedente, un conjunto de formas de comunicación y grabación totalmente nuevas. La sociedad no ha tenido más remedio que adaptarse, y no ya a una o dos tecnologías potencialmente revolucionarias, sino a una acelerada secuencia de innovaciones en cascada, desde la grabación sonora a internet, pasando por la radio, la televisión, las cintas de audio y vídeo, los ordenadores y los medios de comunicación digitales. Nos hemos acostumbrado ya, y de forma totalmente natural, a invocar la trascendental importancia de las más recientes novedades de este género. Sin embargo, en la historia de la piratería hay sólidos motivos para afirmar que el invento más transformador de esta larga serie fue en realidad un dispositivo anterior: la radio. Y hay aquí un hecho en particular que resulta relevante: el de que todo el mundo reconociera que el inicio de la radiodifusión, ocurrido en la década de 1920, constituía un acontecimiento absolutamente nuevo. La facultad de poder transmitir de manera instantánea y abierta una serie de sonidos e informaciones, haciéndolas llegar a una población indefinida y no obstante inmensa, exigió en su día una transformación de los presupuestos sociales superior a la que hoy nos exige la adaptación a la red. Sería este cambio el que viniera a poner en marcha todo un conjunto de formas de piratería radicalmente nuevas —junto con una serie de estrategias novedosas para combatirlas—. Muchas de las preocupaciones que actualmente nos embargan en relación con la piratería se remontan a un periodo muy anterior al de la digitalización y nos remiten a las distintas semillas que germinaron en esa época.

En los años veinte del siglo pasado se consideraba que los «piratas» constituían una amenaza potencialmente letal para el naciente empeño comercial de la radiodifusión. Sin embargo, se entrelazan aquí dos tipos de piratería, dos fórmulas que vendrán a hallar su ejemplo más característico en los Estados Unidos y en Gran Bretaña respectivamente. Todos los elementos vinculados con los distintos sistemas que habrían de adoptar ambas naciones —la propiedad, la financiación, la tecnología, la aplicación de medidas políticas y el impacto cultural de sus métodos de radiodifusión— acabarían convergiendo en el problema de la piratería y en las encontradas definiciones que una y otra habrían de dar de la contrariedad en sí. En los Estados Unidos, la piratería venía a constituir una forma de transmisión. Los piratas eran locutores dedicados a interceptar las señales de otros elementos de la competencia. Resultaba muy frecuente que esos piratas fuesen en su origen operadores legítimos a quienes el creciente poderío de las redes de radiodifusión terminaba obligando a actuar de forma marginal. Y además, sus emisiones acabarían convirtiéndose en un tipo de radio pirata con el que hoy estamos relativamente familiarizados, dado que no solo habría de volver a ponerse de moda en la década de 1960, sino que estaba llamado a perdurar hasta nuestros días. Su peripecia es bastante conocida, y encaja perfectamente en la larga historia de la piratería como práctica dedicada a la reproducción o a la difusión de diversas clases de materiales. En el Reino Unido, por el contrario, se produciría una situación algo más interesante. Pese a que existieran tales individuos desafiantes, los piratas más peligrosos no se dedicaban en modo alguno a la transmisión. Antes al contrario: eran oyentes. Es decir, los piratas eran miembros del público que se tomaban la libertad de «escuchar» una o varias emisiones sin participar de manera alguna en la subvención de lo que entonces se consideraba una cuota equitativa de los costes asociados con la actividad. Se trataba por tanto de un tipo de piratería radicalmente nuevo, dado que consistía en una práctica de recepción, no de producción. Y en este sentido resulta significativo que viera la luz en la misma época en que empezaba a aflorar el concepto de «información». El posterior desarrollo histórico de la piratería receptiva y la información habría de revelarse íntimamente entrelazado. Sin embargo, lo primero que hay que destacar es el hecho de que la práctica de las escuchas piratas viniera a poner en peligro la existencia misma de la radiodifusión en el Reino Unido.

Las patentes, la política y las nuevas formas de piratería

En el mismo momento en que los Estados Unidos vivían el «gran auge de la radio» de principios de los años veinte, en Gran Bretaña ocurría prácticamente otro tanto. A mediados de 1921, los británicos solo contaban con cuatro mil licencias para la realización de «experimentos de recepción». Un año después eran ya siete mil, y a ellas vendrían a unirse las doscientas ochenta y seis autorizaciones de transmisión. Ese mismo mes de junio, el Daily Mail patrocinaría una emisión de la cantante Nellie Melba, marcando con ello el instante en que la enorme masa de lectores de clase media del periódico comenzaría a incluir entre sus aspiraciones el nuevo deseo de «escuchar» una actuación radiofónica. En el año 1922, y una vez vivida aquella experiencia, se concedieron treinta y cinco mil licencias de recepción —cifra que habría de elevarse a un millón cien mil en 1924 y a dos millones doscientas mil en 1926, lo que representa un incremento de un cincuenta y cinco mil por 100 en cinco años, y esto únicamente en el campo de los aparatos receptores provistos de licencia—. En el año 1924, encontramos también una guía que contenía más de mil indicativos radiofónicos[1] de aficionados dedicados a transmitir su señal[2]. En este breve periodo de euforia la radio pasaría a convertirse en una realidad de la vida cotidiana. John Reith, el primer director general de la Compañía Británica de Radiodifusión (BBC)[3] y figura dominante del sector durante el periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial, declararía que las antenas de los tejados habían acabado transformándose en una realidad omnipresente en el paisaje urbano, e incluso en el rural.

La entidad en la que recaía el desempeño de la autoridad en el ámbito de la transmisión y la recepción de señales de radio era la Dirección General de Correos, debido a que una legislación anterior concedía a esta institución el control de la telegrafía[4]. El servicio de correos se tomó muy en serio su nueva responsabilidad, de modo que hasta principios de la década de 1920 no concedió licencias sino a aquellas personas, físicas o jurídicas, que supuestamente la solicitaban con fines científicos. Incluso la Compañía Marconi —que era el principal actor de la naciente industria— tuvo que solicitar permiso para transmitir desde la estación experimental de radio que poseía en Chelmsford. De hecho, en el año 1920, la Dirección General de Correos llegó a denegar la licencia a Marconi, basándose en el argumento de que sus «frívolas» señales no constituían en realidad ningún verdadero experimento y podían interferir además con las comunicaciones militares. Sin embargo, la entidad postal no tardaría en encajar un rudo golpe. Por esta época ya había miles de aficionados entusiastas dedicados a experimentar, como auténticos pioneros, con aparatos receptores y transmisores de fabricación propia, entregándose a la puesta en marcha de «estaciones» de radio y fomentando el surgimiento de toda una literatura fantástica que, al centrarse en ensalzar las maravillas del nuevo invento, no contribuiría sino a animar a muchas más personas a unirse a la recién estrenada pasión. Por todo el país habían brotado como hongos decenas de sociedades de telegrafía sin hilos: las primeras se habían formado ya en el año 1913, y continuarían proliferando tras la Primera Guerra Mundial. Al igual que en los Estados Unidos, esta comunidad estaba compuesta por ciudadanos que o bien habían empezado a juguetear con la radio antes de la explosión bélica, o bien se habían iniciado, y esto era lo más frecuente, al recibir formación sobre el particular en el ejército. Y nuevamente como en los Estados Unidos, también ellos se consideraban defensores del ideal del «hombre de ciencia», que debía gozar de una total libertad para investigar. La «primera y más constante campaña» que habrían de emprender sería por tanto la destinada a conseguir que la concesión de licencias para la recepción se efectuara «con total libertad». Según declararían los aficionados, «todo inglés tiene derecho a oír lo que sucede en el éter de su patria con tal de que su dispositivo de escucha no cause molestias a sus vecinos» (una precaución importante que habría de revelarse preñada de consecuencias)[5]. Además, juzgaban que el éter constituía un recurso natural común, un espacio por el que los investigadores podían deambular con toda libertad en busca de algún descubrimiento. Por consiguiente, al cancelar Correos las transmisiones de Chelmsford se escuchó la protesta de más de sesenta sociedades que, además de ufanarse de sumar entre todas unos tres mil miembros, darían en impugnar dicha decisión en nombre de la ciencia. Aquello constituía una insólita exhibición de fuerza, y al verse confrontado a ella, el asombrado director general de Correos se vio obligado a recular. Esta anécdota señala el sesgo que habría de tomar la identidad central del experimentador científico a medida que la iniciativa de la radiodifusión como empresa fuera dando sus primeros pasos.

Sería aproximadamente por esta misma época cuando varias compañías comenzaran a tratar de obtener licencias para «lo que se denomina “radiodifusión”». La sola Compañía Marconi, sin ir más lejos, propondría la fabricación de seis potentes estaciones transmisoras y su instalación en distintos puntos del país, sugerencia que habría bastado para convertir el éter en un coto privado. Sin embargo, Marconi tenía competidores, y de haberse construido algunas de las estaciones que dicha empresa había sugerido levantar, parecía claro que solo se habría conseguido generar un montón de «interferencias y un caos» generalizado. Este mismo problema empezaba ya a mostrar su amenazadora y alargada sombra en los Estados Unidos, país donde las estaciones de radio acostumbraban a taparse la señal unas a otras, corriéndose el riesgo de desatar una situación de «desbarajuste en el éter» capaz de hacer que en las grandes ciudades la recepción resultase insoportable. La Dirección General de Correos se enteró de que Washington se disponía a imponer restricciones «muy drásticas» en este aspecto. Un informe secreto de un ayudante ministerial llamado F. J. Brown no solo vendría a poner de manifiesto la magnitud del problema existente en los Estados Unidos, sino que daría en señalar asimismo que todavía no se había podido demostrar que la radiodifusión fuese económicamente viable. Parecía que el secretario de Comercio, Herbert Hoover, se disponía a abordar ambas cuestiones, indicaba Brown, mediante la instauración de una jerarquía de estaciones emisoras a las que se asignaría el uso de un ancho de banda diferente[6]. Estaba claro que en Gran Bretaña se hacía preciso estudiar la instauración de algún tipo de normativa similar. Nunca se habían puesto demasiadas trabas a la concesión de permisos destinados a utilizar la radio con «fines experimentales», pero la cuestión a la que ahora se enfrentaba la Dirección de Correos se centraba en hallar la manera de evitar un «caos» de la magnitud observada en los Estados Unidos[7]. Además, el gobierno tenía miedo de que el nuevo medio se utilizara para lo que denominaba «propaganda sediciosa, comunista o de otro tipo». Ambos temores acabarían sumándose y generando la convicción de que las únicas entidades a las que debían concederse licencias de radiodifusión eran las «organizaciones comerciales de renombre».

A mediados de mayo de 1922 eran ya varias las grandes compañías emisoras dotadas de capacidad operativa. Marconi poseía estaciones de radiodifusión en Chelmsford y en Londres; Metropolitan Vickers (conocida como «Metrovick») contaba con una en Manchester, y la Western Electric disponía de una tercera en Birmingham. El riesgo de que se produjera una situación caótica en el éter crecía rápidamente, de modo que la Dirección General de Correos decidió decretar una pausa. Pospuso inmediatamente la concesión de las licencias de unas diecinueve o veinte estaciones de radiodifusión más, declarando que «el éter se encuentra ya saturado»[8]. Y como afirmaría ante los miembros del parlamento británico F. G. Kellaway, el director general de Correos, era «físicamente imposible» que operaran simultáneamente un gran número de empresas radiofónicas. Lo impedían las leyes mismas de la naturaleza, y el único resultado que se obtendría de la omisión de dichas leyes sería «una especie de caos». Debía encontrarse alguna fórmula que permitiera a un tiempo financiar el empeño y evitar dicho caos. Marconi creía haber encontrado un método para lograrlo, y se aventuró a sugerir lo que, de acuerdo con sus propias palabras, era una propuesta «revolucionaria». El plan contemplaba la posibilidad de que el gobierno supervisara la programación, elaborando incluso una lista con los nombres de todos los particulares que compraran un aparato receptor. Su compañía se encargaría de fabricar y hacer funcionar los transmisores. Su objetivo consistiría en transmitir una programación gratuita destinada a aquellos receptores que dispusieran de la correspondiente licencia, y además ofrecería un servicio de pago con información relativa al tiempo y a la evolución de las finanzas —contenidos a los que únicamente accederían las personas provistas de aparatos especiales, sintonizados para poder captar dichas señales—. Se reservarían además unas cuantas longitudes de onda para dedicarlas a los programas gratuitos y a los de pago, vinculándose el uso de otras longitudes de onda a la actividad de los experimentadores aficionados. Los aparatos receptores se venderían entonces en forma de cajas herméticamente selladas y presintonizadas a fin de captar las longitudes de onda requeridas. Según parece, el gobierno contempló la oferta con buenos ojos, y muy particularmente porque poseía la capacidad potencial de «quitar de la cabeza» a las personas corrientes —«contrapuestas en este sentido a los experimentadores y a los aficionados serios»— la idea de escuchar las señales de otras frecuencias. Y como habrían de señalar los ingenieros de Marconi, «no parece existir ninguna razón para facilitar que el público en general pueda escuchar todo cuanto sucede en el éter»[9]. Estos puntos de vista nos dejan entrever que en la constitución del sistema radiofónico vendrían a confluir los intereses públicos, las posibilidades técnicas y la política imperial pura y dura.

El 18 de mayo, Kellaway se reunía con los veinticuatro fabricantes de aparatos receptores más destacados del momento a fin de debatir a fondo la cuestión. Promovida por la propuesta de Marconi, la reunión vendría a poner en marcha una serie de negociaciones —alambicadas, sutiles y a menudo iracundas— que terminarían dando lugar al nacimiento de la British Broadcasting Company. Si queremos comprender por qué la piratería acabó convirtiéndose en una gran preocupación en este ámbito, es preciso ahondar un poco en este proceso. El horizonte de las deliberaciones se centró desde el principio en el establecimiento de una única institución de carácter general. Dos preocupaciones vendrían a interponerse en la senda conducente a esta meta: la de la génesis de un posible caos en el éter, y la de la violación de la propiedad intelectual.

Sería Godfrey Isaacs, el director general de Marconi, quien propusiera la creación de un único grupo. Al principio, su principal argumento no sería el del caos, sino el de la propiedad de las patentes. Siendo propietario de más de ciento cincuenta patentes importantes, Marconi creía que solo si tenía en cuenta esa preocupación podría fabricarse un transmisor que no infringiera sus derechos. Isaacs se declaró dispuesto a ceder dichos derechos, pero no a sus competidores. Únicamente se plegaría ante un organismo que operara en función del interés público[10]. De este modo, Isaacs propuso que los principales fabricantes de radios se reunieran en la sede de Marconi a fin de decidir de común acuerdo la forma que debía adoptar la institución buscada. Al final se optó por un emplazamiento más neutral, el de los locales de la Institución de Ingenieros Electricistas, pero lo importante es que los fabricantes de aparatos de radio terminaron reuniéndose. Delegaron inmediatamente la resolución de los detalles en un comité formado por los «seis fabricantes de más peso»: Marconi, Metrovick, Western Electric, la Radio Communication Company, la General Electric y la Thomson-Houston. A este número se sumaría únicamente un representante de las numerosas compañías manufactureras de menor entidad, y esto tan solo tras insistir en ello la Dirección General de Correos. A lo largo de las semanas siguientes, el comité celebró frecuentes reuniones, a veces incluso de forma diaria. Muy a menudo los contrastes de pareceres eran marcadamente agrios, en particular en los choques dialécticos entre Isaacs y Archibald McKinstry, de la compañía Metrovick, que acabaría convirtiéndose en el portavoz del bloque contrario a Marconi. A los ojos de ambos oponentes, los problemas que abordaban eran «esenciales»[11].

Sabemos cuáles eran las cuestiones que preocupaban a esos hombres porque ha llegado hasta nosotros el orden del día de su primera reunión. Fue Frank Gill, presidente de la Institución de Ingenieros Electricistas y principal autoridad del comité, quien estableció los distintos puntos a tratar. Varias de las cuestiones que Gill vendría a incluir en esa lista de prioridades estarían llamadas a convertirse en temas recurrentes de la posterior historia de la radiodifusión británica. ¿Debía constituir el control de la radio un coto privado, accesible únicamente a una institución —por ejemplo— o debía darse vía libre a la competencia? ¿Cómo habría de financiarse el empeño —debía permitirse la publicidad o no—? ¿Y qué pasaba con la gestión de las noticias y la política? No obstante, lo que resulta más asombroso es el hecho de que estas inamovibles interrogantes no se consideraran problemáticas en la época. Todo el mundo coincidiría claramente en afirmar que prefería una única compañía, por ejemplo. La existencia de dicha entidad única evitaría «las confusiones y las injerencias», impediría que surgieran conflictos en torno a las patentes, facilitaría la supervisión, daría lugar a una programación «eficiente y estable», y sentaría las bases de un sistema coherente, susceptible de «ser empleado en toda la nación». Y nadie quería que se permitiera la inserción irrestricta de mensajes publicitarios, de modo que la necesidad de adoptar algún tipo de medida pública no suscitó la menor polémica. El problema residía en la concreción práctica de todas estas medidas teóricas. Y en particular, un plan de esa índole requería restringir el mercado de los aparatos receptores y asociar al mismo tiempo una tarifa a la concesión de licencias —cuestiones ambas que planteaban problemas políticos y que constituían por consiguiente otros tantos «obstáculos de consideración» para la Dirección de Correos—. El comité comprendió que si quería llevar a buen puerto la misión que se le había encomendado resultaba esencial conformar un «frente unido». No obstante, había tres escollos de crucial importancia en aquella época que ponían en peligro la perspectiva de crearlo —tres escollos que en décadas posteriores acabarían perdiéndose de vista—. Gill los señalará de forma explícita, y son los siguientes: las patentes, el proteccionismo y la piratería.

La primera y más urgente cuestión era la de la propiedad intelectual. Tendría que hallarse algún modo de mancomunar tanto las patentes como los «conocimientos prácticos», como los llamaban los integrantes del comité, si se quería dar viabilidad al proyecto de una entidad radiofónica única. La forma de lograrlo iba a constituir un problema poco menos que insoluble —un problema que a punto estaría de echar a pique, e íntegramente, la propuesta de una compañía única—. Isaacs no dejaba de insistir en que, siendo Marconi la compañía con más intereses asociados al disfrute de una serie de patentes, solo ella debía encargarse de la fabricación de los transmisores. Únicamente Marconi, declaraba Issacs, podía ofrecer una normativa «uniforme». Sin embargo, los demás participantes negaban «categóricamente» la verdad de estas afirmaciones, y replicaban que el hecho de que sus patentes no fuesen tan numerosas no determinaba que resultaran menos necesarias. Querían que la futura compañía seleccionara y eligiera los aparatos en función de su calidad, y «con independencia de la situación en que se hallara la patente». McKinstry en particular se quejaría de que Isaacs pretendiera convertir a Marconi en un monopolista. Metrovick, decía, se negaba a proseguir con el plan «si eso suponía tener que operar con el permiso de otra persona». Isaacs respondió desafiando a los demás e instándoles a colocar encima de la mesa los diseños que tuvieran en mente, agregando que la empresa que dirigía se comprometía a incorporar a su aparato todos los elementos de esos proyectos que parecieran preferibles al modelo concebido por Marconi. Siendo como era una sugerencia muy poco apetecible, nadie la juzgó aceptable, de modo que la imprescindible unidad de criterio estalló en mil pedazos[12].

Por todo ello, resultaba ineludiblemente necesario encontrar una forma de avanzar «sin el estorbo de las patentes», por emplear las palabras de Gill. El hecho de que el propio Gill propusiera abandonar sin más el asunto de las patentes da idea de la gravedad de la crisis. McKinstry se mostró de acuerdo, diciendo que de ese modo podría crearse un «aparato emisor compuesto» en el que tuvieran cabida «las mejores patentes de cada uno de los participantes». McKinstry llegaría a recomendar incluso que los fabricantes compensaran a la futura compañía a fin de resarcirla de eventuales pleitos por violación de patente. Pero Isaacs no quiso saber nada del asunto. Se enrocó en sus posiciones e insistió en que a menos que Marconi se encargara de la fabricación de todos los aparatos de radio el plan entero se iría al traste. «No vamos a darles a ustedes la oportunidad de aprender todo cuanto sabemos», insistiría. McKinstry, exasperado, reiteró su acusación de monopolio. Si la Marconi estaba decidida a vetar el proyecto en el caso de que no fuera la encargada de fabricar la totalidad de los aparatos, entonces él lo vetaría si llegaba a darse esa circunstancia.

McKinstry sugeriría entonces una medida desesperada. Propuso abandonar por completo el plan de la compañía única y crear en cambio dos entidades rivales, centradas en los dos fondos de patentes que habían terminado aflorando. El primero de esos organismos sería la British Broadcasting Company, mientras que el segundo, un ente nuevo, recibiría provisionalmente el nombre de Radio Broadcasting Company. Los fabricantes se asociarían con una u otra compañía en función de sus preferencias, y después las ocho estaciones transmisoras que los reunidos se habían propuesto crear serían asignadas a una u otra de las compañías creadas, bien a la BBC, bien a la RBC. Una tercera corporación debía encargarse de repartir los ingresos obtenidos por la concesión de licencias entre las dos empresas anteriores[13]. Pese a tratarse de una idea no demasiado estética, lo cierto es que al menos resultaba viable, de modo que el director general de Correos se avino a respaldarla, a regañadientes, como último recurso. Sin embargo, Isaacs seguía manifestándose decidido a impedir que la segunda compañía utilizara las patentes de Marconi. A estas alturas se tenía ya la clara impresión de que toda propuesta que pudiera aventurarse estaría indefectiblemente abocada a entrar en conflicto con el absolutismo que profesaba Isaacs en materia de propiedad intelectual, con lo que la radiodifusión misma podía terminar malográndose. Desesperados, los miembros del grupo informaron de que no solo les resultaba imposible alcanzar un acuerdo, sino que ni siquiera eran capaces de encontrar una fórmula común para describir su desconcierto.

Ante la inminencia de la crisis, McKinstry e Isaacs se reunieron en privado por espacio de varios días y lograron sacar adelante una solución de compromiso. Nadie conoce los vericuetos que pudieron haber seguido sus razonamientos —aunque por fuerza debieron de expresarse con vehemencia—, pero llegado el 19 de julio ambos volvían a hablar ya del primer proyecto: el de una compañía única[14]. Quizá Isaacs comprendiera que a menos que cediera un tanto, Marconi corría igualmente el riesgo de perder los derechos de sus patentes, puesto que podía producirse la intervención del Estado. Eso era justamente lo que acababa de suceder en los Estados Unidos, al término de la Primera Guerra Mundial, dado que en ese país la compañía Marconi había asistido impotente a la asignación de sus patentes a otras compañías, todas ellas estadounidenses, especialmente a la Radio Corporation of America. En cualquier caso, Marconi abandonó su exigencia de construir la totalidad de las estaciones. Edificaría seis, pero las otras dos se asignarían en función de lo que dispusiera la junta directiva de la nueva compañía, accediendo Marconi a no restringirles el uso de sus patentes. Gill había dado en el clavo: solo dejando a un lado el obstáculo de la propiedad intelectual podía superarse el bloqueo. Sin embargo, la forma en que se apartó esa dificultad estaba llamada a tener consecuencias más que persistentes.

Por fin se estaba gestando un proyecto factible. La nueva compañía debía adoptar la forma de un conglomerado empresarial abierto a todos los «fabricantes íntegramente británicos que emplearan mano de obra británica». Podían participar en el empeño adquiriendo acciones a un precio nominal fijado en una libra esterlina. La compañía adquiriría libre acceso al uso de las patentes de sus miembros al construir y mantener el equipamiento necesario. Pese a que no hubiese ningún elemento que viniera a garantizar explícitamente que dicha compañía acabara siendo efectivamente la única empresa radiodifusora, lo cierto es que en la práctica todo el mundo aceptó su monopolio. Por consiguiente, y a pesar de todas las justificaciones finales que habrían de aducirse —y que fundarían la razón de ser de la compañía en la prestación de un servicio público—, la entidad se constituiría inicialmente al modo de una coalición cimentada en el hecho de que sus integrantes accedieran a compartir sus respectivas patentes y ligada al privilegio de operar en un mercado protegido.

La Dirección General de Correos decidiría financiar la empresa mediante la suma de dos tipos de recursos. Uno de ellos procedía de las regalías que el público pagaba al comprar un aparato. Esta cantidad debía subvenir a los gastos de capital efectuados para poder disponer de los transmisores y contar con las distintas estaciones emisoras necesarias, de modo que dejaría de exigirse una vez amortizados los costes. Las tasas impuestas variaban en función de los aparatos mismos, pero no eran ninguna fruslería, ya que se situaban en una horquilla comprendida entre los siete chelines con seis peniques de una radio a galena y los cuarenta y cinco chelines de una unidad de tres válvulas[15]. Con el fin de asegurar en parte la obtención de estos importes, durante los dieciocho primeros meses, como mínimo, debían venderse únicamente receptores de fabricación británica —no permitiéndose además su elaboración sino a los miembros de la Compañía Británica de Radiodifusión—. Los aparatos tenían que manufacturarse de acuerdo con el diseño que aprobaran los ingenieros de la Dirección General de Correos, y en cada una de las radios debía fijarse una placa oficial que confirmase que el dispositivo cumplía todos estos requisitos. Había también otros componentes del ingenio que debían exhibir la misma marca: las válvulas, los auriculares y los altavoces. Kellaway se había mostrado reacio a excluir del empeño a la competencia extranjera, ya que temía que se acusara al gobierno de adoptar una política proteccionista, y lo cierto es que la medida resultaría polémica. Sin embargo, terminaría respaldando el acuerdo. Aquella disposición presentaba un aspecto «razonable y defendible» en ese momento, habida cuenta de que estaban llegando a Gran Bretaña tanto los productos importados baratos procedentes de países europeos con monedas devaluadas como las mercancías estadounidenses que huían del parón comercial provocado por el caos de las ondas. Y existía asimismo una importante justificación de orden técnico. La exigencia contribuía a satisfacer una necesidad clave: la de minimizar un desagradable efecto de resonancia conocido con el nombre de oscilación. Cuando se producía una oscilación, el equipo del oyente sufría lo que más tarde acabaría conociéndose como una retroalimentación positiva. En esos casos, la antena repetía la señal, volviendo a radiarla y produciendo interferencias en los aparatos receptores de toda la zona vecina. Lo que en la práctica venía a constituir una verdadera amenaza de caos radiofónico en el Reino Unido no eran tanto las interferencias de las estaciones de radio carentes de licencia como el característico «aullido» de los aparatos receptores que entraban en oscilación. Y como la oscilación se producía como consecuencia de un mal ajuste de las piezas de la radio o de su baja calidad, podía sin duda considerarse apropiado conceder a los ingenieros de la Dirección General de Correos la potestad de contrarrestar el peligro[16].

La segunda fuente de ingresos procedía de la cuota que, derivada del disfrute de la licencia, debían abonar anualmente todos los propietarios de un aparato receptor. Este ingreso iba dirigido a cubrir los costes de la programación, de modo que en este caso la medida no tenía fecha de caducidad. Las nuevas «licencias radiofónicas», como se daría en llamarlas, podían adquirirse en todas las oficinas de correos del país al precio de diez chelines, la mitad de los cuales iba a parar a las arcas de la compañía. Los propietarios de dichas licencias quedaban autorizados a utilizar los receptores conformes a la normativa vigente y a escuchar con ellos las señales que transmitieran las estaciones de radio de la BBC. No permitían en cambio el empleo de componentes que no fuesen de fabricación británica ni el uso de aparatos receptores que no hubiesen sido vendidos por la BBC. El propietario de una licencia no podía utilizar legítimamente el equipo para fines distintos a los anteriores, ni para escuchar otras emisoras. Y a pesar de que, en conjunto, ni la placa oficial ni la licencia prohibieran expresamente a la gente abrir sus aparatos y juguetear con sus componentes, lo que se pretendía era sin duda transmitir la impresión de que tal cosa haría fruncir el ceño a la administración.

Al planificar el nuevo sistema, los funcionarios dieron por sentado que en el primer año se venderían unas doscientas mil licencias radiofónicas como las que acabamos de describir.

Todo dependía de que se llegara efectivamente a esa cifra. Ahora bien, ¿cuántos británicos estarían dispuestos a pagar para disponer de un receptor provisto de una autorización oficial si los que se importaban de Alemania o Francia costaban mucho menos? Y lo que resultaba aún más importante: ¿cuántos se avendrían a abonar una licencia cuando además se les pedía simultáneamente que asumieran de entrada, y por añadidura, el elevado coste de los receptores? Nadie sabía dar una respuesta a estas interrogantes. Más aún: si al final la población terminaba mostrándose efectivamente recalcitrante, no cabía duda de que iba a revelarse extremadamente difícil asegurar el cumplimiento de cualquiera de las dos normas —ya fuera la de la compra de un aparato autóctono o la del abono de una licencia restrictiva y cara—. De la respuesta que finalmente se diera a estas preguntas —y sobre todo de la que acabara dándose a la segunda— vendría a depender el destino de la radiodifusión británica. En resumen, sobre el plan entero se cernía la sombra del tercer problema que Gill había identificado desde el principio; el presidente de la Institución de Ingenieros Electricistas lo había señalado en el orden del día de la primera reunión del comité al consignar en la memoria del acto un apunte compuesto por cuatro misteriosas palabras: «respecto a los piratas»[17].

Los piratas y los experimentadores

Las primeras licencias radiofónicas salieron a la venta en noviembre del año 1922. Aproximadamente por esa misma época vería también la luz la nueva compañía. El capital de la Compañía Británica de Radiodifusión procedía en principio del peculio de los seis grandes operadores de radio, y todos ellos contaban con representación en su junta directiva[18]. No obstante, al empezar a emitir la nueva entidad y al ponerse los fabricantes a vender aparatos receptores al público potencial, que crecía de día en día, también habría de incrementarse, y con pareja velocidad, la lista de miembros de la emisora. Si en un principio había partido con unas veinte compañías, la BBC creció de forma espectacular hasta superar la cifra de quinientos partícipes antes de cumplir el primer año de vida. A primera vista se trataba de un éxito clamoroso. Sin embargo, en el seno de la BBC y de la Dirección General de Correos los funcionarios seguían mostrándose justificadamente recelosos. Antes incluso de que afloraran a la superficie, ya se habían escuchado sordas quejas relacionadas con el sistema ideado, y la prensa conservadora no paraba de fomentar el descontento. De cuando en cuando los periódicos, y en particular el Daily Express —que aspiraba a gestionar una estación emisora propia—, difundían relatos hostiles, publicándolos prácticamente a diario so pretexto de lo que daban en llamar «la libertad de las ondas». Por consiguiente, la potencial resistencia popular era perfectamente real. Así las cosas, la compañía no tardaría mucho en empezar a recibir informes en los que se le indicaba que había ciudadanos que se negaban a adquirir la licencia.

Toda persona decidida a no comprar una licencia radiofónica se encontraba frente a dos opciones. La primera consistía sencillamente en no comprar licencia de tipo alguno. Esa era la posibilidad que Gill había querido resaltar con su referencia a los «piratas». Por tanto, el miedo a la piratería se halla explícitamente inscrito en los orígenes mismos de la radiodifusión británica. Con todo, la piratería de la que hablaba Gill no era la vinculada con la reproducción ilícita de la información, sino la asociada con su recepción ilegal. Era la primera vez que un amplio sector de la población quedaba por consiguiente en situación de ser incluido en el grupo de los oyentes piratas. El problema consistía en que nadie tenía la menor idea de cuántos ciudadanos podían terminar abonándose de hecho a esa forma de piratería y dedicarse a «escuchar» sin disponer de licencia. Desde luego, la tentación no era en modo alguno ficticia, especialmente porque en la práctica no existía forma alguna de identificar a los culpables. Antes de aquel mes de noviembre, las personas que respaldaban el proyecto habían preferido dar por supuesto que los británicos jugaban limpio, insistiendo una y otra vez en este extremo. El empeño entero dependía de esta conjetura sobre el carácter nacional. El problema se presentó al constatarse al poco tiempo que, a fin de cuentas, el temperamento de los ingleses no era tan dócil. Las ventas de las licencias radiofónicas no alcanzaron a cubrir, ni de lejos, las expectativas suscitadas, y la brecha abierta entre la realidad y las previsiones no cesaba de crecer de semana en semana. A mediados del año 1923 se alcanzaría a estimar que el número de receptores carentes de licencia se situaba, grosso modo, entre los cien mil y los doscientos mil. Un periódico contrario al proyecto llegaría a situar la cifra en la astronómica cantidad de quinientos mil aparatos, y el director general de Correos admitió públicamente que no se trataba de un volumen descabellado. Tales guarismos eran más que suficientes para poner en duda la viabilidad de la radiodifusión[19].

De haber sido la pura piratería el único escollo, es posible que las autoridades hubieran alcanzado a idear alguna forma de sortearlo. Sin embargo, la segunda opción que se abría ante el público, decidido a economizar en esta materia, complicaría inmensamente la situación. Esta opción consistía en tratar de procurarse lo que por entonces se conocía como una licencia de experimentador. La licencia de los experimentadores no era en esencia más que el viejo permiso de toda la vida, el mismo que había venido empleándose antes incluso de que se sometiera a debate la posibilidad de crear una Compañía Británica de Radiodifusión. Dicho permiso costaba diez chelines, lo mismo que la licencia radiofónica, pero sus poseedores no tenían que pagar la regalía que gravaba los aparatos receptores y podían utilizar el equipo que quisieran. Esta libertad resultaba capital para la investigación. Sin embargo, también permitía que todo aquel que se autoproclamase investigador pudiera escuchar la BBC a precios considerablemente más bajos que los que se veía obligado a abonar el común de los mortales (y con mejores equipos, según decían algunos). Por consiguiente, al ponerse a la venta las licencias radiofónicas, el número de británicos decididos a considerarse experimentadores comenzó a incrementarse súbitamente. En febrero del año 1922, las licencias de recepción activas no llegaban a las siete mil. En julio, ese número se había elevado hasta alcanzar la cifra de once mil licencias. Un miembro del parlamento ya había predicho que «no tardaría en llegarse a las cien mil», y no andaría lejos de atinar en la diana[20]. Para el mes de diciembre se habían recibido ya treinta mil peticiones de licencias para experimentadores. La Dirección General de Correos se manifestó «muy preocupada» por el ritmo al que se presentaban dichas solicitudes. Dos meses después se habían amontonado ya cincuenta mil formularios, y el procedimiento que se empleaba para validarlas se vio desbordado. El día de Año Nuevo de 1923, el recién nombrado director general de Correos, Neville Chamberlain, tomó posesión de su cargo. Chamberlain anunció que se iba a aplicar una moratoria inmediata a todas las licencias para experimentadores. Antes de poder seguir emitiendo nuevos permisos de esa clase, el gobierno tenía que cerciorarse de que únicamente se concedieran a experimentadores de verdad. La supervivencia del sistema mismo dependía de que lo consiguiera.

La existencia de tan elevado número de experimentadores, sumada al fenómeno de los oyentes piratas, abriría una enorme brecha en los supuestos en que se había basado el régimen de la radiodifusión británica. Cuando la crisis alcanzara su apogeo, en la primavera del año 1923, la cifra de experimentadores debía de haber conocido ya un incremento cercano al diez mil por 100, cantidad a la que también habría que añadir centenares de miles de actores anónimos y abiertamente piráticos. Entretanto, el número de licencias radiofónicas vendidas no pasaba de las ochenta mil —volumen muy inferior a las doscientas mil inicialmente previstas—. Y al mismo tiempo las ventas de los nuevos receptores de la BBC habían bajado un setenta y cinco por 100, un descenso que superaba con mucho cualquier efecto que pudiera atribuirse a una saturación del mercado. Todo el mundo daba por supuesto que la falta de compradores se debía al hecho de que el público estaba adquiriendo aparatos sin licencia. Aquello constituía una calamidad, y se debía claramente a la acción de los piratas. Sin embargo, nadie tenía forma alguna de identificar a tantísimos y tan consumados rechazadores de licencias. Por consiguiente, se optó por centrar la atención en los individuos que sí poseían una licencia pero pretendían ser experimentadores. Desde luego, este tipo de personas sí que podían ser localizadas, pero el problema que planteaban era el de determinar su autenticidad. El destino de la radiodifusión británica pendía ahora de un escollo engañosamente simple: el de distinguir a un auténtico experimentador de un impostor pirático.

Se trataba de un dilema delicado. Las licencias para experimentadores implicaban el reconocimiento de una serie de libertades cuyo carácter se consideraba a un tiempo útil y notablemente simbólico —especialmente por parte de la Dirección General de Correos—. Quienes se proclamaban acreedores al derecho científico para así acceder a las ondas radiofónicas no carecían de amigos influyentes. A fin de cuentas, hasta el advenimiento del proyecto de la radiodifusión pública, todas las licencias habían tenido como fin la experimentación, y los funcionarios habían valorado el hecho de que sus poseedores quisieran apoyarla, juzgándolos —con una expresión surgida justamente a raíz del problema de los piratas— «experimentadores de buena fe». En un principio, la cuestión de la buena fe no se había planteado en modo alguno. Se entendía que los «experimentadores» eran simplemente aquellos aficionados entusiastas que decidían fabricar con sus propios medios un aparato de radio. Lo que les motivaba no era el deseo de escuchar una determinada programación, ya que entonces no existía ninguna, sino la curiosidad vinculada con las propiedades de la telefonía sin hilos, el éter, y el futuro de las comunicaciones. El desarrollo de la telefonía sin hilos se había producido en gran medida gracias a sus desvelos. Más aún, la figura del experimentador como un modesto, franco y virtuoso obrador de milagros suscitaba un respeto generalizado —antes del surgimiento de la Gran Ciencia no parecía haber excesivas diferencias entre el investigador radiofónico y una figura como la de Ernest Rutherford, que había logrado escalar posiciones, partiendo de sus orígenes coloniales, hasta alcanzar las más altas cimas de la consecución científica—. Y lo que resultaba aún más importante, en aquella época se consideraba que ese tipo de figuras solían encarnar característicamente en individuos de nacionalidad británica, esto es, en gentes que resultaban ser la personificación de las esperanzas de futuro que abrigaba el imperio, confrontado como estaba este por entonces a la disciplina alemana y al trabajo en equipo de los estadounidenses. De hecho, el propio Kellaway había tenido que enfrentarse a una serie de desafíos parlamentarios relacionados con este particular, antes incluso de que pudiera rematarse el proyecto de la BBC. Los rumores que circulaban sobre la venta de unos aparatos herméticamente sellados, unidos a los vinculados con la imposición de restricciones en el equipo permitido y con la constitución de un monopolio en el ámbito de las transmisiones eran todas ellas cuestiones que habían suscitado un cierto temor por el futuro de la ciencia y, consiguientemente, una preocupación por el porvenir de Gran Bretaña. «¿Por qué no se permite que el público británico adquiera los mejores instrumentos que la ciencia y el intelecto humano alcance a producir?», había querido saber uno de los miembros del parlamento. Otro alegaría que «si se impide que los inventos extranjeros penetren en este país, es muy posible que el desarrollo de la ciencia se vea perjudicado»[21]. Sería «perfectamente absurdo», coincidiría el editor y paladín del laissez-faire sir Ernest Benn, ya «que lo que la gente quiere es que todas las naciones del mundo intercambien sus ideas científicas de la más libre de las maneras»[22]. A los miembros del parlamento les encantaba ensalzar el «amplio, dinámico e importante cuerpo de científicos, principalmente compuesto por hombres jóvenes, que en este país se interesa hondamente en la telegrafía sin hilos no profesional». Había quien pensaba que las licencias para experimentadores no solo tenían que ser accesibles, sino gratuitas, ya que temían que las autoridades acabaran poniendo trabas a «este nuevo e interesantísimo desarrollo científico». Al final, Kellaway había tenido que comprometerse de forma personal y pública a respaldar la concesión de licencias para experimentadores a fin de conseguir que se permitiera la creación de la Compañía Británica de Radiodifusión. Al parecer, estaba en juego la libertad de la ciencia[23].

Hay incluso pruebas de que la perspectiva de que se levantara un clamor de protesta por la situación de los experimentadores pudo haber sido lo que determinara en último término que las compañías radiofónicas dejaran tan súbitamente a un lado las reyertas que libraban para defender sus patentes y decidieran coaligarse en torno al proyecto de la BBC. Las seis grandes compañías del ramo habían comprendido desde un principio que debían realizar concesiones especiales a los individuos a quienes también ellos denominaban ahora experimentadores «de buena fe»[24]. Sin embargo, al avanzar las negociaciones, sir William Noble fue secretamente informado de que varios fabricantes de componentes —aliados de los experimentadores de la telefonía sin hilos y contrarios a la idea de que se decretara obligatoria la compra de un aparato completo— se habían puesto en contacto con el Daily Mail para lanzar una «campaña propagandística» contra el sistema de las regalías, apoyándose en la idea de que dicho sistema terminaría erigiéndose en un serio obstáculo para la ciencia experimental. La noticia preocuparía a Noble lo suficiente como para presionar a las seis grandes compañías radiofónicas e instarles a «acelerar» la constitución de la BBC a fin de desbaratar aquella posibilidad. Y lo cierto es que las compañías responderían positivamente a su llamamiento. Sin embargo, la campaña propagandística siguió adelante. La prensa de masas comenzó entonces a erigirse en defensora de la ciencia participativa. «Es intolerable», diría el Express con inflexión tonante, «que se impida realizar experimentos a decenas de miles de súbditos británicos con inclinaciones científicas». Resultaba imposible predecir, acusaba el periódico, qué ciudadanos podían terminar efectuando descubrimientos de carácter crucial y cuáles no. «Cuantos más experimentadores haya, más descubrimientos se conseguirán». Según la calle Fleet[25], «un aficionado que alcance a fabricar un receptor por su propia cuenta es un experimentador en el más auténtico sentido de la palabra. Estará manipulándolo constantemente, sondeando misterio tras misterio, y además la historia entera de los grandes inventos muestra que ese es el modo en que se materializan los descubrimientos». Miles de aficionados estaban trabajando para hallar una alternativa económica a la radio de galena, por ejemplo: «y no hay la menor duda de que lo que hacen entra en el campo de la experimentación». Y puesto que eso era lo que hacían, «el mero propósito de fabricar una radio debiera permitir a quien lo tuviere la obtención de una licencia para experimentadores». Así las cosas, el Mail inició una serie de artículos destinados a ayudar a los profanos a adquirir las competencias propias de un experimentador y poder «disfrutar de ese modo de una total libertad en el éter»[26]. La campaña que lanzaron los periódicos conservadores para defender las «ondas libres» no amainaría durante los difíciles comienzos de la radiodifusión (véanse las figuras 13.1 y 13.2), y este retrato del científico aficionado ocuparía en ella un lugar central.

Figura 13.1. La prensa contraria a la BBC. «Kitten on the keys», Daily Express, 11 de abril de 1923.

Figura 13.2. La prensa contraria a la BBC. «Open the window», Daily Express, 7 de abril de 1923.

Ciudadanos y científicos

¿Cuántos experimentadores de «buena fe» existían realmente en Gran Bretaña? Nadie tenía la menor idea. En un principio se estimó que podían rondar los cinco mil. Nadie se había atrevido a suponer que el número de «verdaderos experimentadores» del país pudiera elevarse siquiera a los diez mil, y lo cierto es que esa sola idea había sido descartada por «exagerada»[27].

Sin embargo, al ver la luz el sistema de licencias, estas estimaciones quedaron rápidamente arrumbadas. Cada vez más inquieta, la BBC comunicó a la Dirección General de Correos que consideraba imposible que el ochenta por 100 de los solicitantes de licencias para experimentadores fueran todos de «buena fe». La entidad radiofónica pedía que se tomaran medidas urgentes contra los supuestos experimentadores y que se decretara un importante aumento del coste de sus licencias. Según advertía la BBC, si no se procedía a triplicar su precio, como mínimo, todo el mundo comenzaría a reivindicar en breve la condición de experimentador[28]. Noble sugirió que lo más probable era que «el grueso de los aficionados con altas cualificaciones» no tuviera inconveniente en aceptar ese incremento, dado que con él se «eliminaría a muchos de los aficionados cuyo perfil no se corresponde con el del experimentador de buena fe». Con sombría previsión, la compañía radiofónica advertía de que era muy posible que la policía también tuviese que implicarse. Sin embargo, sus ruegos serían recibidos con frialdad. La Dirección General de Correos accedió a enviar inspectores, aunque sin mostrar ningún entusiasmo ni optimismo; Chamberlain, por su parte, «se burlaría» simplemente de la sola idea de reforzar el cumplimiento de la norma. Pese a que detectara signos de que la Sociedad Radiofónica de Gran Bretaña estaba de hecho dispuesta a respaldar esa posibilidad, el gobierno descartó categóricamente la demanda de un incremento de los precios de las licencias para experimentadores. «De ninguna manera», garabatearía con rotundo desparpajo un funcionario de la Dirección General de Correos en el informe con el que se había propuesto una subida del trescientos por 100[29]. Presa del pánico, la compañía radiofónica solicitó que se decretara inmediatamente una moratoria a fin de aplazar por un tiempo la concesión de licencias para experimentadores. Sin embargo, esta petición todavía tenía menos posibilidades de salir adelante. Un miembro del parlamento reaccionaría proponiendo que se otorgaran licencias a todos los solicitantes, por muy faltos de cualificaciones que pudieran revelarse, al objeto de «estimular en el conjunto de la sociedad el deseo de alcanzar una formación científica». Con el tiempo, un exasperado director general de Correos acabaría amenazando con hacer exactamente eso mismo —y con autorizar la creación de una segunda entidad radiofónica—. Dicha medida habría puesto fin de un plumazo a las justificaciones económicas, políticas y técnicas que sostenían la existencia misma de la BBC.

¿Qué elementos determinaban que un individuo pudiese o no ser considerado como un experimentador? La BBC habría de mostrarse elocuentemente ambigua sobre esta cuestión. Estando en juego su propia supervivencia, la entidad se declaró «plenamente convencida» de que, de las cincuenta mil solicitudes recibidas, solo una mínima parte correspondía al verdadero número de los experimentadores existentes. Se aventuraba a suponer que, como mucho, los solicitantes auténticos debían de rondar los cinco mil, insistiendo en que la Dirección de Correos estaba asistiendo a «un generalizado esfuerzo: el que vienen realizando un conjunto muchachos de toda laya, decididos a darse a sí mismos el título de inventores»[30]. Sin embargo, la compañía se negaba a decir por qué manifestaba esa creencia. Esta es la razón de que declarara que no estaba en su mano encontrar «el sistema [preciso] para distinguir al experimentador auténtico del que no lo es». Únicamente el Estado contaba con la legitimidad necesaria para establecer dicho sistema. Y según se descubriría muy pronto, lo cierto era que la Dirección General de Correos sí que disponía de un criterio con el que identificar a los experimentadores. El problema estribaba en que el surgimiento de la radiodifusión lo había vuelto completamente inútil.

El criterio adoptado por la Dirección de Correos había sido, antes que nada, parte del pacto por el que se había decidido crear la licencia radiofónica. Se la conocía con el nombre de criterio «liberal», y sostenía que todo aquel que fuera capaz de construir un aparato receptor estaba a un tiempo cualificado y, presumiblemente, motivado para hacer experimentos. Esa era la definición que el director general de Correos había sostenido al conseguir que el parlamento aprobara el plan de radiodifusión, y hasta el momento la institución que él regía había tratado de llevarla a la práctica. Sin embargo, también se había venido considerando la aplicación de otras definiciones más puntillosas, y se las había empleado incluso en algunas ocasiones, aunque de forma poco sistemática, al comprobar el grado de «adecuación» que habían mostrado los solicitantes de licencias de transmisión radiofónica anteriores al año 1922 tras ser valorados por los ingenieros de Correos. Los solicitantes tenían que mostrar que eran «hombres de buen carácter», por ejemplo —y de este modo, un tal Harold Butler se definiría a sí mismo como «un hombre honesto, muy trabajador e industrioso… dotado de gran ingenio en el terreno de la maquinaria»—. Una de las formas en que podía conseguirse que la Dirección de Correos le considerara a uno cualificado era declararse implicado en algún programa concreto dedicado a la realización de trabajos experimentales, por ejemplo a un estudio de los efectos de la intemperie en la recepción. Otra fórmula, juzgada mucho más plausible, pasaba por demostrar que se tenía la capacidad de utilizar un aparato receptor sin que entrara en oscilación. Sin embargo, no existía ninguna estrategia que pudiera considerarse útil en todos los casos. Desde luego, la prensa no dejaría de armar la de Troya por la imposición de nuevas limitaciones a la ciencia, y de hecho los electores ya habían empezado a quejarse a los miembros del parlamento de sus circunscripciones porque había gente a quien se le estaba denegando la concesión de una licencia para experimentadores. ¿Por qué se le había impedido obtener una licencia al señor Dwyer de Pengam, por ejemplo? Porque, según alcanzaría a saber su representante en el parlamento, las licencias para experimentadores se concedían a «todos aquellos solicitantes que presentasen pruebas de tener en perspectiva el examen de un claro objeto de experimentación, poseyendo al mismo tiempo las cualificaciones pertinentes al caso». Se había estimado que Dwyer carecía de formación científica. Una consulta similar revelaría que, por regla general, se tendía a suponer que los oficiales militares poseían las suficientes competencias profesionales como para ser juzgados experimentadores en potencia. Se trataba no obstante de temas muy espinosos, de modo que el director general de Correos se apresuró a afirmar que no veía mejor sistema que el vinculado con la aplicación del «criterio liberal» para distinguir a los «experimentadores de buena fe», a quienes no deseaba encarecer la licencia. Puede que un «muchacho» que se dedique a construir por piezas un aparato receptor no sea realmente un «experimentador de buena fe», admitiría, pero resultaba imposible hallar un método con el que establecer distinciones más atinadas, al menos como fórmula fija en la que sustentar una política coherente[31]. El director general de Correos llegaría incluso a negar que el hecho de escuchar la BBC le incapacitara a uno para reclamar el título de experimentador. A fin de cuentas, un experimento relacionado con el campo de la recepción podía depender de que se recibiera efectivamente la señal de una emisión, en cuyo caso la distinción dependería del modo en que el receptor percibiera la señal. Así lo expresaría de forma harto conveniente un científico: «el experimentador puede escuchar La ópera del mendigo con el simple objetivo de establecer algún tipo de comparación, pero no debe escucharla con ánimo de disfrutar de ella»[32].

Pronto se apreciaría claramente que, en cualquier caso, el presupuesto básico en el que se sustentara la definición «liberal» de lo que era o no era un experimentador había dejado de tener sentido. Lo que se había venido suponiendo era que una persona que estuviera lo suficientemente formada como para construir un aparato receptor sería también capaz de experimentar con él. Sin embargo, el significado de «construir» una radio ya no era el mismo. Habían surgido compañías que vendían las piezas sueltas, de modo que los usuarios no tenían más que atornillarlas. Había empresas que fabricaban sus propios componentes, mientras que otras preferían importarlas —situación que resultaba extremadamente tentadora para «el pirata del sector que se detenía frente a la BBC y decidía “probar suerte”»—. Por lo general, estos emprendedores fabricantes de componentes no eran especialistas de las compañías de radio, sino, como diría McKinstry en son de burla, mecánicos capaces de fabricar «una tuerquita, un tornillito o un trocito de cable». McKinstry hablaría de «empresas piratas» —y utilizaría dicho término al menos en tres sentidos acusatorios—. En primer lugar, no se trataba de unos fabricantes de aparatos de radio que la BBC estuviera dispuesta a admitir en nómina, de modo que no estaban en modo alguno autorizados a vender componentes radiofónicos. En segundo lugar, se dedicaban a piratear —en el antiguo sentido vinculado con la realización de reimpresiones no autorizadas— la calcomanía de la «Compañía Británica de Radiodifusión» para adherirla después en una serie de componentes de baja calidad y ponerlos a la venta haciéndolos pasar por piezas auténticas. Y en tercer lugar, violaban las patentes de la Marconi. (No obstante, ha de apuntarse que las quejas relacionadas con este último extremo disminuyeron un tanto al descubrirse que la Marconi estaba importando en secreto auriculares fabricados en la Europa central, amparándose además bajo el paraguas de una compañía fantasma llamada British Danubian Imports). Con todo, el problema general que planteaban consistía en que venían a proporcionar una vía de escape para eludir el sistema de las licencias. Toda persona que supiera leer y escribir podía construir ahora un receptor siguiendo sus instrucciones. Dichas instrucciones circulaban por todas partes, ya que aparecían en las cajetillas de cigarrillos[33], por ejemplo, y en ellas se exponía detalladamente la forma de construir radios con objetos tan cotidianos como una botella de whisky (véase la figura 13.3)[34]. Hasta entonces, uno de los presupuestos intrínsecamente ligados al denominado criterio liberal asociado con la concesión de licencias para experimentadores era que la fabricación de un aparato de radio resultaba extremadamente difícil. Esa era la razón de que constituyese un buen testimonio de la pericia técnica de quien lo consiguiera. Sin embargo, ahora resultaba que cualquiera podía improvisar a toda prisa una radio. Por consiguiente, los clientes de las compañías piratas no solo caían doblemente en la piratería al implicarse en ella a un tiempo como oyentes y como compradores de un aparato de patente pirateada, sino que podían eludir toda medida que quisiera emprenderse contra ellos mediante el simple expediente de hacerse pasar por experimentadores de acuerdo con una definición que ya no servía para nada. Si no se frenaba esta práctica, se quejaba la Western Electric, el asunto amenazaba con «echar a pique todo el plan»[35].

Figura 13.3. La radiodifusión sin cables embotellada. Daily Express, 25 de abril de 1923.

Además, al invocar el crecimiento de este mercado de componentes, la prensa había comenzado a insistir —y la compañía se mostraría de acuerdo al no desmentir el argumento— en que una gran cantidad de los llamados piratas eran en realidad víctimas de sus propios escrúpulos de conciencia. Es decir, si no adquirían una licencia era porque no había licencia que se aplicara a su caso concreto. Habían construido con sus propias manos el aparato de radio que utilizaban y por consiguiente encajaban en la vieja definición «liberal» de lo que era un experimentador. Sin embargo, no empleaban esos receptores más que para escuchar la BBC, y de ese modo no lograban de ningún modo que se les tuviera por experimentadores. El Express estimaría que el setenta y cinco por 100 de los propietarios de un aparato receptor respondía a este perfil. De hecho, esos piratas pertenecían en realidad al tipo de británico más emprendedor y más fiel a sus principios, añadiría el Mail. Se habían revelado «tan aplicados que habían conseguido armar por sí solos un aparato de radio», pero también se mostraban lo suficientemente amigos de la ética como para no aceptar que se les tomara falsamente por lo que no eran y asumir el desafío a un Estado arrogante. «Y en caso de no quedarles más remedio que elegir entre las dos posibilidades que se les ofrecían —la de tener una licencia inmerecida o no tenerla—, habrían preferido ser piratas a ver cómo se señalaba su nombre y se les dejaba expuestos a un arresto»[36]. El sistema creaba de ese modo decenas de miles de delincuentes de conciencia. La prensa comenzó a lanzar llamamientos a la Dirección General de Correos, instándola a crear de ese modo un tercer tipo de permiso —al que daría en llamar «licencia para constructores»—. Por usar las palabras del Daily News, si «un aficionado ingenioso» podía construir un receptor a partir de un conjunto de componentes, entonces es preciso dar una salida a ese «aficionado de inclinaciones experimentales», a fin de no atentar contra las virtudes mismas de honestidad y franqueza que han de poseer los experimentadores.

La creación de ese tipo de licencia implicaba reconocer que la definición liberal de experimentador no servía para nada. Exigía elaborar una definición nueva y de mayor enjundia, una definición que apuntara a la realización de experimentos tras la construcción del aparato[37]. La compañía no tardó en ver una oportunidad en la propuesta. Si resultaba posible identificar y aislar a un conjunto de experimentadores mucho más pequeño que el pretendidamente existente hasta entonces, la BBC podría centrarse en la procura de sus verdaderos objetivos y con muchas menos dificultades políticas. Quizá pudieran circunscribirse las licencias para experimentadores a las personas que Chamberlain denominaría, en una reunión con Reith y Noble, «trabajadores dedicados a la investigación científica de la telefonía sin hilos»[38]. En marzo de 1923, y con la esperanza de poder materializar esa nueva situación, la compañía puso sobre la mesa una propuesta propia destinada a la creación de una licencia para constructores que además de costar una libra esterlina siguiera obligando a sus poseedores a no utilizar sino componentes de fabricación británica. Sin embargo, la Dirección General de Correos continuó oponiéndose a la idea, ya que todavía temía que se condenara su actuación diciendo que había impuesto un gravamen a la curiosidad de los «muchachos, los jóvenes o los pobres»[39]. Por su parte, los fabricantes de componentes respondieron con rotundas muestras de oposición al plan. Organizaron una campaña propia decididamente contraria a la BBC, denunciando a la compañía por querer dominar con subterfugios una industria que no se hallaba ya en situación de necesitar el amparo de ningún monopolio. Y según declaraban, la consecuencia de dicha actitud se concretaba en «el caos que ahora existe en el sector», un «caos que incita a la piratería». Daba la impresión de que el régimen concebido para evitar el desbarajuste en las ondas radiofónicas estaba generando un desconcierto social. Convencido de que el sistema se había venido abajo —o mejor dicho, persuadido de que no había funcionado adecuadamente desde un principio—, Ramsay MacDonald solicitó una investigación parlamentaria para determinar cómo había podido llegar a rubricarse tan desastroso acuerdo. Además, todos los problemas a que se enfrentaba ahora el nuevo medio de comunicación habían terminado por quedar subsumidos en la cuestión del experimentador[40].

La compañía comprendió que se encontraba metida en un atolladero. La adopción de enérgicas medidas contra los falsos «experimentadores» y quienes se comportaban directamente como «piratas» podía quizá salvarla a corto plazo, observaría su ingeniero jefe, pero esa acción exigiría tomar unas medidas de control tan agresivas que el resultado podía revelarse políticamente desastroso, con lo que, de cualquier forma, la organización parecía condenada[41]. Pese a que no hubieran transcurrido aún más que unos meses desde que se iniciara la radiodifusión, lo cierto es que ahora el experimentador y la emisora andaban a la greña. O se desechaba el ideal del científico aficionado, o el compromiso de la radiodifusión pública estaba acabado. Ese era el legado que había dejado tras de sí la riña previa por las patentes radiofónicas —constituyéndose en una especie de trampa social, política y epistemológica alojada en el corazón mismo del sistema de la radiodifusión pública—. Uno de los posteriores directores generales de Correos confesaría haberse fajado con el problema «durante varios días, y casi también por las noches», añadiendo que lo consideraba el escollo más difícil de toda su carrera[42].

Vale la pena detenerse a indagar en las razones de este estado de cosas. ¿Qué era lo que determinaba que la condición de experimentador tuviese tantísima aceptación? La respuesta guarda relación, en buena medida, con los anhelos propios de la década de 1920, ya que en este periodo la tecnocracia constituía la utopía política de moda, sin olvidar el hecho de que se había perdido a toda una generación en la guerra, precisamente la que habría debido asegurar el futuro científico de la nación. Sería justamente en esta época cuando la Sociedad de Naciones propusiera la promulgación de una ley internacional que permitiera patentar los hechos científicos —con la específica intención de animar a los miembros de la nueva generación a abrazar la profesión científica—[43]. Se percibía sin embargo la acción de otras corrientes históricas más profundas. Las raíces de la cuestión del experimentador se remontaban al siglo XVII, y los debates victorianos relacionados con la industria y las invenciones lo habían reavivado. A riesgo de caer en una excesiva simplificación, diremos que a principios del siglo XX existían tres grandes tipos acreditados de estudioso: el del antiguo ideal del caballero aficionado de amplios conocimientos generales, caracterizado por su desinterés material y por la pureza de sus motivaciones; el del científico propiamente dicho, diferenciable por su competencia técnica y su preparación profesional; y el del experimentador o inventor lego, distinguible por su experiencia y su originalidad, pero imposible de identificar por medio de una definición fija[44]. Y en la radio venían a cristalizar todas esas distinciones. La sociedad se hallaba de pronto ante una tecnología que poseía a un tiempo las características de una afición popular, de un instrumento propicio para la transformación utópica del mundo, y de una rama del conocimiento técnico —un conocimiento vinculado a la física, desalentadoramente difícil, de Maxwell, Hertz y Heaviside—. Era frecuente que las figuras implicadas en la fundación de esta cepa del saber no fueran académicos ni industriales, y al principio los científicos habían desestimado las reivindicaciones del propio Marconi por juzgarlas exageradas o sin interés. A esta luz, la radiodifusión estaba dando lugar al surgimiento de un público cuya identidad social oscilaba entre la del científico, el investigador y el inventor profano en materias científicas de calado teórico.

Al imponer Chamberlain su moratoria a las licencias para experimentadores, se suponía que esa decisión debía permanecer vigente en tanto no se encontrara un acuerdo respecto a la definición de lo que era un experimentador. La Dirección General de Correos declaró estar decidida a limitar la concesión de dichas licencias a aquellas personas que, según sus propias palabras, «poseyesen una capacitación incuestionable». Sin embargo, el significado exacto de «poseer una capacitación» como experimentador constituía un asunto que, evidentemente, distaba mucho de poder expresarse sin ambigüedades[45]. Se trataba ya de una cuestión urgente, y el apremio crecía de día en día, puesto que la BBC creía que, si se les permitía hacerlo, había cerca de doscientos mil «infractores» más que estaban dispuestos a hacerse con una licencia para experimentadores, circunstancia que elevaría el total de documentos de esa clase muy por encima de las esperanzas puestas en un principio en el campo de la concesión de licencias de radiodifusión. Una posible respuesta al atolladero se hallaba quizá en la implantación de un examen. La Institución de Ingenieros Electricistas era el ejemplo más conocido de entidad dedicada a la aplicación de un conjunto de exámenes para la institución de una profesión. Sin embargo, una de las razones que determinaban que la identidad del experimentador resultase tan problemática radicaba precisamente en el hecho de que, en su caso, dichos sistemas hubieran fracasado en cierto modo. Una cosa era valorar el dominio del estable conjunto de los conocimientos tecnológicos existentes, y otra muy distinta medir el potencial que una persona pudiera tener respecto al dominio y la transformación de las características de un campo del saber en rápida expansión. La Sociedad Radiofónica de Gran Bretaña no celebraba exámenes ni concedía diplomas profesionales, y en todo caso la Dirección General de Correos se resistía a la idea de tener que imponer esos «criterios de importancia» para distinguir entre uno u otro programa experimental[46]. Durante la investigación parlamentaria que finalmente habría de dedicarse a estudiar el asunto se sopesaría la idea de basar la identidad experimental en una capacitación científica formal, pero la iniciativa acabaría desechándose. La comisión admitió que el potencial de una persona para la experimentación era un asunto demasiado moldeable para poder captarse en uno o más exámenes formales. El intento por el que McKinstry trataría de limitar la concesión de licencias a los miembros de los institutos técnicos también terminaría desestimándose, al señalarse que ni siquiera el mismísimo Edison habría superado esos criterios. «Corre usted el riesgo de segar de raíz el florecimiento de todo tipo de individuos parcialmente válidos», advertiría una de las personas llamadas a declarar ante la comisión: «puede que ninguno de ellos alcance a probar su efectiva capacidad para el desempeño de cualquiera de esos cometidos, pero eso no implica que no puedan ser investigadores o inventores útiles».

A. A. Campbell Swinton, miembro de la Real Sociedad de Londres, reiteraría ese mismo extremo con el más grande de los efectos. Swinton, que hablaba en nombre de la Sociedad Radiofónica de Gran Bretaña, declaró rotundamente que la radio «debe su existencia a los aficionados», citando en ese capítulo y con fines probatorios a Marconi y a Oliver Lodge —así como a sir William Armstrong, el que fuera enemigo victoriano de la propiedad intelectual—. No era posible encontrar una fórmula fija para identificar a los experimentadores de esa talla. En la práctica, opinaba Swinton, «lo que se precisa es poco menos que dejar que experimente a todo aquel que desee hacerlo». Cuanta más gente se animara a experimentar, tanto más probable resultaría que acabara revelándose la presencia de un descubridor crucial. A los ojos de Swinton, se trataba de una cuestión de supervivencia nacional. «En nuestra moderna civilización eléctrica», advertía, «nuestra pervivencia comercial depende de la atención que brindemos a los temas vinculados con la electricidad». Los grandes y novedosos laboratorios industriales estadounidenses podían desbordar a cualquier rival británico perteneciente a su misma área de conocimiento. La única forma de competir con ellos consistía en hacer algo diferente —y la forma de lograr esto último pasaba por aprovechar la virtud supuestamente inglesa de la individualidad—. El estereotipo de la excentricidad del individuo británico medio venía a sugerir que existía una verdadera vía estratégica que oponer al espíritu de equipo manifestado en la investigación industrial estadounidense. Era muy posible que el imperio dependiese de dicha virtud. Swinton argumentaba por tanto —y se trataba de un punto de vista muy extendido— que Gran Bretaña debía proteger al experimentador aislado para evitar que la nación quedara al albur de las propiedades intelectuales que se hallasen en manos de otra potencia. Y la política radiofónica debía subordinarse imperativamente a esa necesidad primordial. «Desde el punto de vista del futuro del país», insistía Swinton, «el experimentador es un individuo más importante que el encargado de las emisiones». Y lejos de preocuparse por el hecho de que los experimentadores representaran una dificultad para la radiodifusión, Swinton advertía de los peligros derivados de que se permitiera lo contrario: que los encargados de la radiodifusión se erigieran en un obstáculo para los experimentadores. Swinton quería que la BBC dejase de emitir diariamente a intervalos regulares a fin de permitirles trabajar[47].

Justo en el momento en que la BBC pensaba que las cosas no podían adquirir ya un peor cariz, la importancia de los elementos en juego volvió a aumentar. Sería entonces cuando irrumpiera súbitamente en escena un nuevo director general de Correos. William Joynson-Hicks (apodado «Jix»), que era un conservador de tendencias populistas y puntos de vista morales marcadamente reaccionarios, resultaría ser en cambio un defensor fastidiosamente picajoso del libre comercio en materia de tecnología. No ocultaría en ningún momento la profunda antipatía que le inspiraba el sistema de los monopolios. Jix anunció de inmediato que el gobierno no podía seguir negando legalmente la concesión de licencias a los experimentadores de buena fe. Era por tanto necesario levantar la moratoria, de modo que se hacía igualmente preciso poner en marcha algún tipo de proceso de selección, y con urgencia. Se convocó a toda prisa a un grupo de ingenieros de la Dirección General de Correos, encargándoseles que revisaran el montón de solicitudes pendientes a fin de determinar de una vez por todas qué demandantes se dedicaban «honradamente a la experimentación» y cuáles no.

Lo que consiguió con aquella iniciativa fue un primer esbozo de taxonomía social cuantitativa. Los ingenieros presentaron un cuadro en el que se clasificaban las solicitudes en seis categorías distintas —en función de lo que ellos mismos denominarían su «carácter» (véase la figura 13.4)—. Este cuadro constituía un esfuerzo encaminado a resolver la cuestión de la población real de experimentadores, y se basaba para ello en cuatro distinciones asociadas con las siguientes circunstancias: que el aparato de radio construido con medios caseros formara o no parte de un equipo previamente preparado para su montaje; que el solicitante poseyera o no una preparación o una experiencia formal en la materia; que el demandante hubiera anunciado o no la realización de un programa de experimentación concreto (o que hubiese sugerido al menos el tema de una posible vía de investigación); y que la persona se identificara o no a sí misma como oyente de las emisiones públicas (ya que se suponía que los experimentadores no acostumbraban a hacerlo). Resulta difícil afirmarlo con seguridad, pero personalmente tengo la impresión de que esta es la primera vez, en todo el mundo, que unos funcionarios estatales intentan estimar el número de experimentadores que existían realmente en su país. De su respuesta dependía la forma, la práctica y el impacto social del medio de comunicación de masas más potente de la época.

Por esos mismos años, Joynson-Hicks designaría a un comité de investigación a fin de reexaminar de arriba abajo la totalidad del empeño de la radiodifusión. Y para estimular la cooperación de la compañía en tan ingrata tarea dejó entrever que, si sus miembros se mostraban recalcitrantes, se limitaría a aceptar sin más todas las solicitudes de licencias para experimentadores que se hubieran acumulado hasta la fecha. Si se llegaba a decretar que la nación entera estaba compuesta por experimentadores en ciernes, los cimientos económicos y culturales de la compañía quedarían completamente debilitados. Joynson-Hicks quería que la BBC aceptase al menos emitir licencias para constructores a un precio de diez chelines —es decir, a la mitad del coste propuesto—, y estaba resuelto a empujar a la compañía al borde mismo de la desaparición para forzarla a avenirse a dicho extremo. La BBC convocó una reunión de urgencia y denunció que la «amenaza» de Joynson-Hicks constituía una «grave quiebra de confianza»[48]. Sin embargo, la compañía no tenía nada que hacer. De este modo, menos de seis meses después de que la BBC iniciara su andadura, Joynson-Hicks decidía reformar la radiodifusión británica de punta a cabo. Había estallado la crisis. Pero no eran estas las únicas preocupaciones —los editores de música, por ejemplo, se habían puesto furiosos con la compañía por considerar que era una especie de reedición de la vieja piratería de las partituras musicales—[49]. Sin embargo, todo el mundo estaba de acuerdo en que el asunto del experimentador y el pirata era «la gran cuestión general» del momento. Todo lo demás «carecía de importancia».

Figura 13.4. Resultado del análisis que los ingenieros de la Dirección General de Correos efectuaron en relación con las solicitudes de los experimentadores y los oyentes, compilado en mayo de 1923. Actas del Comité Sykes, POST 89/18, vol. 8, objeto 8. Cortesía de los Archivos de la Royal Mail.

A mediados del año 1923 se reunió el comité investigador de Joynson-Hicks, presidido por el parlamentario sir Frederick Sykes. Llegadas las cosas a este punto, la BBC no temía únicamente por el destino final de las treinta y tres mil y pico solicitudes que pedían la concesión de la categoría de experimentador y que se hallaban todavía en un limbo jurídico, sino que también tenía miedo de que, por cada aparato con licencia, se estuvieran usando de cuatro a cinco sin ella. En sus comparecencias públicas, los responsables de la Dirección General de Correos situaban esa última proporción en un solo aparato fraudulento por cada uno legal, pero aun admitiendo que así fuera, lo cierto es que se trataba de una situación lo suficientemente perniciosa como para resultar fatal. A puerta cerrada, Joynson-Hicks reconocía la auténtica dimensión del problema, abordándolo con toda franqueza y «señalando que existían unos doscientos mil infractores, a los que no dudaba en llamar “piratas”»[50]. La BBC seguía convencida de que casi todos los «experimentadores» pertenecían en realidad, aunque disfrazados, al grupo de los que Jix denominaba piratas. Y a pesar de que la compañía seguía reiterando cansinamente que no pretendía poner dificultades a la «verdadera experimentación», lo cierto es que deseaba que la Dirección General de Correos denegara la concesión de la mayor parte de las solicitudes recibidas hasta el momento —sobre la base, una vez más, de una conjetura: la que llevaba a sus dirigentes a pensar que el auténtico número de experimentadores debía de situarse en torno a las cinco mil personas—. La BBC propuso que se sometiera la certificación de las solicitudes al dictamen de «cualquier autoridad técnica cualificada» —bastaría con consultar a su propio departamento de ingeniería—. En efecto, la compañía estaba dispuesta a poner su futuro en manos de la ética profesional de los ingenieros. Pero ¿a qué criterio debía atenerse la emisión de dicho certificado? «Yo puedo sugerir un método», diría ásperamente Noble: «basta con echar el más somero de los vistazos». Resultaba obvio que el noventa y nueve por 100 de los solicitantes se hallaban desprovistos de la cualificación propia de un experimentador, y al resto, es decir, a los que no careciendo enteramente de formación técnica no merecían tampoco ser considerados aptos, bastaría con enviarles una nota de denegación normalizada. Brown se mostró de acuerdo con la medida, diciendo que la mayor parte de las solicitudes no constituían sino una forma de «camuflaje»[51]. Sin embargo, lo cierto era que apenas había quien estuviera dispuesto a secundarle en tan rotundo escepticismo.

Pronto se comprendería sin el menor asomo de duda la razón de su postura. Contrariamente a lo que creía Noble, la denegación de la concesión de la licencia a los solicitantes no constituía en modo alguno una tarea fácil. En «un porcentaje considerable» de los treinta y tres mil formularios que ya habían logrado clasificar hasta la fecha los ingenieros de la Dirección de Correos se mencionaba efectivamente la realización de algún experimento potencialmente relevante. Y al ir sondeando la comisión a Noble y a McKinstry, también ellos comenzarían a perder pie al verse enfrentados a un conjunto de casos hipotéticos y comprobar incluso que algunos inequívocos genios de la experimentación no habrían conseguido pasar el examen de habérseles aplicado los criterios propuestos. ¿Qué debía hacerse con «un joven que no posee todavía las competencias propias de un investigador o un experimentador», por ejemplo, «pero que desea llegar a serlo y tal vez tuviera posibilidades de lograrlo»? Noble sugeriría que se dijese a esa persona que adquiriese una licencia radiofónica y un aparato receptor de la BBC y que acumulase de ese modo, «a lo largo de un determinado periodo de tiempo, una cierta experiencia». No obstante, como no tardaría en señalar la comisión, el aparato vendría sellado en una caja, de modo que difícilmente podría esa persona realizar experimentos, fueran muchos o pocos, para adquirir la capacitación deseada. Y además esto planteaba un nuevo asunto, igualmente espinoso. Todo el mundo estaba de acuerdo en que los experimentadores tenían que poder acceder libremente a la gama íntegra de componentes radiofónicos a fin de poder ensamblar dichas piezas de formas novedosas y explorar las ondas[52]. Los constructores, en cambio, no necesitaban disponer de esa libertad. Y sin embargo, también ellos precisaban de piezas para poder armar sus receptores. Y de esta circunstancia se seguía uno de los más claros escollos a que debía enfrentarse la implantación de una licencia para los constructores, ya que parecía dejarse la puerta abierta a la participación de personas incapaces de hacer otra cosa que chapuzas con las piezas importantes, lo cual corría el riesgo de sumir a la radiodifusión en un mar de horrendas oscilaciones. Esta sería la razón de que tanto la Dirección General de Correos como la BBC se mostraran reacias a dejar que los simples constructores camparan por sus respetos. Ambas entidades propusieron que se confeccionaran listas de piezas aprobadas y estandarizadas, y que se obligara a los constructores a no recurrir más que a ese tipo de piezas[53]. Ahora bien, ¿qué era una «pieza»? Muchas de ellas consistían en objetos tales como solenoides, pilas y acumuladores, de modo que tenían asimismo múltiples aplicaciones de carácter no radiofónico. Al final, viendo que se le instaba a ofrecer una definición, Noble confesaría sentirse derrotado. El propio McKinstry se vio en la tesitura de no poder presentar nada mejor que una elocuente tautología: una pieza integrante de un aparato de radio, venía a proponer, era un elemento incluido en una lista de componentes elaborada por un experto[54]. Más difícil resultaba aún ver la forma de ajustar dichas piezas a una determinada norma —por no hablar del hecho de que tampoco se alcanzaba a discernir una fórmula que permitiera gravar su venta con una regalía, como deseaba la BBC—. Además, construir un aparato implicaba fabricarlo a partir de unos «materiales en bruto», insistía la compañía emisora, ya que el simple hecho de «ensamblarlos» era «algo totalmente diferente». Sin embargo, los componentes se compraban ya hechos, de modo que difícilmente podían considerarse un «material en bruto». Todo esto implicaba que, aun en el caso de que lograra elaborarse una lista de normas, no habría manera de impedir que hubiera personas emprendedoras y avispadas decididas a vender componentes de baja calidad con los que confeccionar los incluidos en la dichosa lista. De este modo, las autoridades ocupadas en estudiar el problema pasaron a enfrentarse así exactamente al mismo tipo de dilema que desde un principio había empujado a los ingenieros a echar su cuarto a espadas y argumentar que debía «colocarse todo en una caja cerrada»[55]. El hecho de incluir la radio —o incluso sus «componentes»— en una caja sellada quedaba por tanto inquebrantablemente unido a la definición de experimentador. Ninguna de las dos cosas resultaba factible, ni desde el punto de vista práctico ni desde la perspectiva política.

En consecuencia, la respuesta a la interrogante relacionada con el experimentador resultó ser a un tiempo la más sencilla y la más compleja de todas las posibles. No había forma humana de determinar quién era o no era un experimentador, como tampoco la había de establecer su número. O, por decirlo de otro modo, todo el mundo era un experimentador, al menos en potencia. Así las cosas, la radio pasaba a desempeñar un papel muy diferente. Podía ser el elemento desencadenante que viniera a convertir en acto aquella potencia, espoleando el talento dormido e incitándolo a la acción. «Podría suceder que el oyente acabara convirtiéndose en experimentador», informaría el comité Sykes, y «el experimentador podría transformarse acaso en inventor». La cuestión no era que se hubiera renunciado a establecer toda forma de distinción, sino que no existía ninguna norma coherente que fuese al mismo tiempo lo suficientemente sólida como para actuar como fundamento fiable y permitir el establecimiento a priori de dicha distinción. Se trataba de un asunto que rebasaba las facultades de un sistema de asesoramiento burocrático. Al parecer, se resolvía así uno de los rasgos esenciales del carácter de la ciencia.

Y no podía decirse nada más sobre el particular. Si los experimentadores no constituían una clase específica, entonces era preciso eliminar las licencias para experimentadores. De acuerdo con las conclusiones del comité Sykes, hasta finales del año 1924 debían concederse dos tipos de licencia: la licencia radiofónica, cuyo coste se situaba en diez chelines, y la licencia para constructores, por la que había que abonar quince. Este último tipo de licencia debía desaparecer a comienzos del año 1925, cuando también deberían abolirse las regalías que gravaban los equipos. A partir de entonces, todo el mundo debería adquirir una misma licencia, cesando así el proteccionismo. De procederse de ese modo, lo más probable era que la piratería cayera en picado. Se adoptaron todas estas recomendaciones y se comprobó que la comisión de expertos tenía razón. El problema que había venido planteando el hecho de que la gente se negara a adquirir las licencias disminuyó tan rápidamente que la licencia para constructores se eliminó seis meses antes de lo previsto[56]. E idéntica importancia revestiría el hecho de que al abandonarse el uso de la licencia para experimentadores, la Dirección General de Correos quedara libre del «difícil y poco grato deber de determinar qué solicitantes son experimentadores auténticos y cuáles no».

La Compañía Británica de Radiodifusión no sobreviviría a la crisis. Un segundo comité parlamentario, reunido entre los años 1925 y 1926 y presidido en esta ocasión por el conde de Crawford, vendría a señalar su final. La compañía fue liquidada y reemplazada por una nueva entidad, la Corporación Británica de Radiodifusión —esto es, por una organización que lograría crecer y llegar hasta nuestros días, convertida en la actual BBC—. Este organismo era un ente de carácter más explícitamente público, de modo que el grueso del antiguo grupo de propietarios de patentes protegidas y mancomunadas se retiró a un plano mucho más gris. En lo sucesivo, la radiodifusión británica debería financiarse mediante el cobro de una licencia uniforme que debían abonar todos los usuarios de aparatos receptores, dando por supuesto que todos ellos habrían de beneficiarse del servicio de la BBC. A partir de ese momento, la distinción entre oyentes y piratas se establecería de forma meridiana, sin que hubiera ningún experimentador en el medio que viniera a emborronar la imagen de conjunto. Además, la recién constituida BBC no tardaría en ser considerada algo más que una simple forma novedosa de organización mediática, ya que pasaría a vérsela más bien como un modelo apto para la gestión de todo recurso clave vinculado con el bien común. Esta «corporación de interés público», una innovadora entidad híbrida a medio camino entre un organismo de propiedad estatal y una empresa de gestión independiente, prometía un futuro orden social fundado en un consenso prudentemente paternalista más que en una acción de gobierno impuesta por un aparato estatal totalitario o en las estrategias de la explotación capitalista. Poco después, John Maynard Keynes apuntaría a la BBC al argumentar que su época estaba asistiendo «al fin del laissez-faire»[57].

La guerra de los osciladores

Todas las pruebas que se remitieron a los comités Sykes y Crawford compartían un mismo supuesto: el de que las interferencias constituían uno de los problemas definitorios de la transmisión sin hilos, y que, por tanto, la naturaleza misma determinaba que el monopolio constituyese una opción inevitable en el campo de la radiodifusión. O mejor dicho, todas las pruebas excepto una. La excepción venía dada por el informe de una oscura compañía que se daba a sí misma el nombre de Secret Wireless. La sociedad Secret Wireless poseía una tecnología que, según afirmaba, podía eliminar la necesidad del monopolio y descartar de un plumazo toda posibilidad de piratería entre los oyentes. Creado por un mecánico de bicicletas e inventor aficionado —uno de los miles de experimentadores piratas que vivían, según las sospechas de la BBC, en la ciudad de Coventry, de fuerte vocación ingeniera—, el dispositivo del que hablaba la compañía dividía la señal en tres longitudes de onda diferentes (véase la figura 13.5) que luego eran recompuestas en el terminal receptor mediante un aparato especial. El objetivo original de la idea había sido garantizar la confidencialidad de los mensajes —uno de los viejos sueños de los ingenieros de la transmisión sin hilos, nacido ya en los tiempos en que la radio había tenido que competir con la telegrafía—, pero ahora se veía que el artilugio podía tener otras aplicaciones. Podía bloquear una determinada señal y negar su descifrado a todo aquel que careciese de licencia. Con esta sencilla máquina, sostenía la Secret Wireless, «los piratas desaparecerán». Y además se facilitaba la actividad de las emisoras, ya que podían operar varias a la vez sin interferirse unas a otras. Podía incluso construirse un sistema de telefonía inalámbrica. El caos de las ondas quedaría relegado al pasado. De la ingente masa de informaciones que el gobierno vendría a examinar en la década de 1920, este sería el único testimonio que diera en cuestionar seriamente el fundamental supuesto de que la física del éter decretaba, por su propia índole, la imposición de un monopolio. No deja de resultar sorprendente que esta radical propuesta procediera del mundo de los experimentadores —esto es, del mundo mismo que la Dirección General de Correos y la BBC habían desestimado por considerarlo infestado de piratas.

Figura 13.5. Dispositivo de la Secret Wireless destinado a contrarrestar las acciones piráticas. Patente del Reino Unido n.º 261.847 (1925-1926), «Mejoras en los medios para la comunicación sin hilos o sugerencias relacionadas con esa finalidad». Cortesía de la Corona Británica.

Solo había un problema: el invento de la Secret Wireless no funcionaba. Los ingenieros de la Dirección General de Correos mostraban el más rotundo de los recelos respecto de las reivindicaciones de la compañía, y no solo en el terreno técnico, sino también en el cultural. Un receptor presintonizado (como era el caso de muchos de los aparatos que circulaban por Gran Bretaña) se limitaría a recibir sin más las tres longitudes de onda, y en todo caso, si se llegaba a lanzar al mercado un dispositivo de ese tipo, podía tenerse prácticamente por seguro que la comunidad de aficionados, dadas sus características, no tardaría sino unas pocas semanas en publicar los diagramas necesarios para fabricar un decodificador. Resultaba imposible justificar la utilización de tres valiosas longitudes de onda en dicho sistema. La compañía Secret Wireless no consiguió que se aprobase la puesta en marcha de una emisora de prueba, y sin esas instalaciones no podía hacer nada. Por lo tanto, al no existir ninguna alternativa válida, las autoridades quedaron convencidas de que el único modo de preservar el bien común consistía en no permitir que operara el laissez-faire en el éter. Las longitudes de onda debían fraccionarse como «otras tantas formas de valiosa propiedad pública». Y los sistemas derivados de este planteamiento habrían de dominar la radiodifusión británica durante el resto del siglo, pese a que sus críticos protestaran en numerosas ocasiones diciendo que se trataba de un axioma muy débil. Habría que esperar a la era de la digitalización para que la posibilidad que había sugerido la Secret Wireless volviese a presentar un aspecto verosímil[58].

Así las cosas, la BBC siguió constituyendo un monopolio, financiado a base de licencias y sujeto a la amenaza de los oyentes piratas. Sin embargo, una de las cosas que se habían aprendido gracias a la controversia suscitada en torno a los experimentadores iba a servir ahora para sugerir una forma de derrotarlos. Tanto los oyentes piratas como los experimentadores se tomaban la libertad de abrir sus receptores y de enredar en su interior. Lo que intentaban era, en particular, incrementar la potencia de la recepción mediante una técnica de resonancia electrónica conocida con el nombre de «reacción». Sin embargo, esto tendía a provocar que la antena entrase en oscilación, lo que a su vez anulaba la señal de todos los oyentes de la vecindad al provocar un pitido radiofónico insoportable. La estandarización de los aparatos y de las piezas se había concebido en parte para reducir este fastidio. Sin embargo, los oyentes piratas vivían al margen, como es obvio, de dicha estandarización, y los experimentadores estaban explícitamente facultados para no atenerse a ella. Por consiguiente, era esencial proceder a la «vigilancia de los aficionados», por repetir aquí las palabras de Gill, si se quería que la radiodifusión británica contase con algún oyente. Esa vigilancia tenía que bregar a un tiempo con el problema de los osciladores y con el de los piratas. De lo contrario, se oiría decir en el parlamento, «la empresa entera de la radiodifusión quedará hecha añicos»[59].

La oscilación constituía un problema real y era fuente de constantes quejas. Podía terminar volviendo insoportable el acto de la escucha. La BBC conservaba en sus archivos un montón de documentos repletos de expresiones de descontento sobre el particular llegados de todas las ciudades del país. De hecho, varios miembros del personal directivo de la compañía se habían encontrado ya en alguna ocasión en un aprieto al tratar de hacer una demostración del funcionamiento de la radio en las ciudades de provincias, ya que la oscilación les había anulado la señal. Y todo lo que podían hacer en esas circunstancias era esperar con la máxima paciencia posible, deshaciéndose en excusas, hasta que el desconocido aficionado que torpedeaba la sesión se aburriera y se dignara a apagar su aparato. Poco después de su creación, la compañía comenzó a llamar a la puerta de la Dirección General de Correos, instándola a tomar medidas contra la oscilación. El problema radicaba en el hecho de que las cuatro posibles estrategias que podían invocarse para tratar de atajar esa dificultad eran impracticables o impolíticas.

La primera de esas estrategias consistía en recurrir a la policía y a los inspectores de la Dirección General de Correos para seguir el rastro de los causantes de la oscilación. Si el que la provocaba contaba con una licencia, las cosas se resolvían fácilmente, puesto que la licencia autorizaba a los funcionarios a inspeccionar el equipo de la persona en cuestión. Noble sugeriría que se diera un escarmiento, y fundaría su propuesta en el hecho de que «a veces es preciso estimular la honradez [de los británicos] con una demanda judicial». Sin embargo, lo cierto es que siempre se partía de la base de que los peores causantes de aquel problema eran los piratas que se desentendían de la licencia. Por consiguiente, atajar sus acciones implicaba enviar funcionarios a sus domicilios y hacerlo además sin contar con la previa autorización de realizar pesquisas. Y esas medidas resultaban tan amenazadoras para las libertades constitucionales como las presiones que habían ejercido en su día los piratas de la prensa en el siglo XVII y los de las partituras musicales en la época eduardiana. Bastaría entonces con que uno o dos individuos algo más tercos que los demás decidieran poner el grito en el cielo y quejarse de haber sido víctimas de un allanamiento de morada para que el remedio se revelara peor que la enfermedad y dejara de merecer la pena aplicarlo —especialmente sabiendo que la prensa hostil al gobierno se hallaba agazapada a la espera de noticias sensacionalistas—. El Daily Mirror ya había empezado a hablar de la existencia de unos inspectores que se dedicaban a «profanar hogares ingleses», como si el Estado, no contento con husmear en todos los aspectos de la vida —la comida, la vestimenta, los perros, el ocio, la literatura—, quisiera ocuparse ahora de la transmisión sin hilos. El Daily Express se apresuraría a coger al vuelo la oportunidad, dándose el gusto de imprimir una serie de caricaturas en las que presentaba al «pirata de la comunicación sin hilos» con el aspecto de un indefenso hombrecillo corriente a quien se metía injustamente en el mismo saco que a los delincuentes peligrosos (véase la figura 13.6). Los fabricantes de componentes también aportarían su particular granito de arena al equiparar explícitamente la vigilancia radiofónica con el absolutismo mostrado por los Estuardo en el siglo XVII —un absolutismo que había dado lugar al surgimiento de la gobernación parlamentaria como fórmula para contrarrestarlo.

Figura 13.6. El pirata de la transmisión sin hilos caricaturizado como un hombre corriente. Daily Express, 18 de febrero de 1925.

Las autoridades no tardarían en admitir que la realización de inspecciones casa por casa resultaba inconcebible. Tal posibilidad quedaba «fuera de los límites de la política práctica». Sin embargo, también resultaba imposible frenar por completo los movimientos tendentes a garantizar el cumplimiento de la ley, ya que proceder de ese modo equivaldría a reeditar las «dispensas de los reyes de la casa Estuardo»[60]. Esa era la razón de que la Dirección General de Correos tratara efectivamente de ejercer un cierto control. Los primeros intentos encaminados a ese fin se llevaron a cabo en enero del año 1923, en el momento mismo en que entraba en vigor la moratoria de las licencias para experimentadores. La población de Bournemouth sería el primer escenario elegido para ello[61]. De este empeño saldrían las pruebas que más tarde habrían de presentarse al comité Sykes en relación con el número de receptores sin licencia. No obstante, la detección de los infractores terminaría revelándose muy complicada, y nadie quería que se entablara un juicio[62]. De acuerdo con la ley, podía llegar a condenarse a los «piratas» incluso a un año de trabajos forzados, aunque únicamente hubiera llegado a los tribunales un caso —a mediados del año 1923—, y la sentencia para el acusado, que había sido hallado culpable, quedara en una multa de dos libras esterlinas.

Los escasos informes que pueden hallarse en relación con el procesamiento de facto de los piratas muestran que se hacía preciso conservar la máxima cautela. En uno de ellos se expone la causa de un tal J. W. Sheriff, ciudadano del barrio londinense de Cricklewood, un lugar considerado la personificación misma de la respetabilidad. En marzo de 1923, estando la crisis en su punto culminante, Sheriff escribió una carta al director general de Correos en la que declaraba que, en su condición de «estudioso de la historia», estaba convencido de que las restricciones impuestas a los aparatos de radio violaban la Ley de los monopolios del año 1624. Desde el punto de vista legal, Sheriff se hallaba en un terreno resbaladizo, pero el subfiscal de la corona consideró que, bien sopesadas las cosas, lo más prudente sería no insistir demasiado en el asunto y no convertir en un mártir al acusado[63].

El segundo caso era más serio. Estalló en el año 1924, en una época en que el Evening News había empezado a lanzar la advertencia de que «no está lejos el día en que los piratas de la comunicación sin hilos sean llevados a los tribunales». El pleito se centraría en la persona de un londinense llamado Robert Ford. En lugar de adquirir una licencia por el receptor de radio de su hijo, Ford había decidido enviar a la BBC una guinea por sus servicios, argumentando que lo que más escuchaba eran emisoras extranjeras. Hecho esto, lanzó un desafío al director general de Correos, instándole a que le llevase a juicio. Al ver que este no hacía nada, Ford concluyó que resultaba evidente que no se necesitaba ninguna licencia. Sin embargo, al final se terminó emitiendo una orden judicial, se hizo un registro en su domicilio y se le detuvo (véase la figura 13.7). Ford insistió en que se le enviase a prisión, ya que sabía que eso iba a permitirle proclamar a los cuatro vientos que era «el primer individuo de la historia… al que se mandaba a la cárcel por haber utilizado uno de sus cinco sentidos en su propio domicilio»[64]. Una vez fuera de la penitenciaría, Ford publicaría un volumen con un enmarañado ataque contra el conjunto del sistema de radiodifusión británico[65]. Ford mantenía en él que la licencia constituía un impuesto inconstitucional, un gravamen que se hacía gravitar sobre los hombros de los ciudadanos sin contar con la autorización del parlamento. A sus ojos, la facultad misma que se atribuía la Dirección General de Correos al conceder licencias de recepción carecía de todo fundamento —y en este sentido señalaría que la Ley de comunicaciones telegráficas del año 1904, en la que buscaba respaldo la entidad postal, se refería únicamente a la transmisión y no a la recepción—. (Ford estaba en lo cierto, de modo que el Express difundió su afirmación a bombo y platillo, mientras el gobierno, por su parte, respondía promulgando a hurtadillas una ley que redefinía la voz «transmisión» a fin de incluir en su significado la totalidad del proceso radiofónico)[66]. Y por último, añadía Ford, si nadie podía impedir que las ondas del éter traspasaran el umbral de los hogares, y lo que hacía un oyente era simplemente prestarles atención, ¿cómo es que el acto de la escucha dejaba al domicilio expuesto al allanamiento? Aquella situación ponía en peligro lo que Ford llamaba «el principio “del castillo”»[67]. Ford se permitiría incluso el lujo de sacar a colación algunas desafortunadas afirmaciones de John Reith y del director general de Correos en las que uno y otro daban en sostener que el derecho a penetrar en el hogar de los ciudadanos resultaba esencial para que la Dirección General de Correos pudiese «mantener el control del éter». Y ese sería justamente el aspecto del asunto que más habría de airear la prensa conservadora, la cual llegaría a declarar que más le valdría al país «abolir la transmisión sin hilos» que echar a pique la libertad. Para Ford, el conjunto del sistema de las licencias descansaba en el «pirático supuesto» de que el estado «era el propietario de las ondas del universo», por no hablar de que también se arrogaba la «autoría de las propias comunicaciones “sin hilos”». Ford acabó acusando al director general de Correos de ser un «pirata confeso» —el «Único y Verdadero Pirata de las Ondas», nada menos—. Su libro terminaba con una viñeta cómica que parecía sacada de una ópera bufa de Gilbert y Sullivan. En ella se veía al bucanero postal a bordo de su navío, el Transmizzione, afirmando, en el paroxismo de la autocomplacencia, que «era una pura gloria ser un Rey Pirata», mientras desplumaba a los pasajeros de El Público, todos ellos con los auriculares encasquetados (véase la figura 13.8)[68].

Figura 13.7. La detención de un pirata. R. M. Ford, The Wireless «License» Ramp: «A Lesson in Bureaucracy», Londres, St. Giles Press, 1929, p. 90. Cortesía de la British Library.

Figura 13.8. El director general de Correos representado con el aspecto de un pirata. Ford, Wireless «License» Ramp, p. 117. Cortesía de la British Library.

Si el ejercicio de una vigilancia manifiesta se revelaba una alternativa poco apetecible, siempre quedaba la posibilidad de delegar la supervisión en las comunidades locales de aficionados. Ese sería el enfoque por el que se optara en los Estados Unidos.

Sin embargo, algunos grupos —como la Asociación de Radio— se mostraban reticentes. El trasfondo de la voluntad intervencionista era más que evidente[69]. Los radioaficionados británicos sabían que, en los Estados Unidos, la implantación de aquel hábito no había estado totalmente exento de polémica. En una ocasión, Herbert Hoover había preguntado al dirigente de una de aquellas asociaciones de aficionados —posiblemente a Hugo Gernsback, uno de los precursores de las revistas de ciencia ficción baratas— qué era lo que hacían los miembros de su agrupación cuando descubrían a un individuo que causaba interferencias, y su interlocutor le había respondido con una salida chusca: «sencillamente agarramos al tipo y le damos una tunda»[70]. Hasta donde me es dado saber, en Gran Bretaña no se produjo ningún suceso tan vulgar, pero eso no evitaba que mucha gente se sintiera incómoda ante la perspectiva de que la vigilancia se pusiera en manos de personas que no eran expertas en la materia. Ford hablaría de un «sistema de espionaje universal», y casi todo el mundo sospechaba que la BBC era la entidad que dirigía y organizaba dicho sistema[71]. No obstante, lo cierto era que ni la BBC ni la Dirección General de Correos sentían el menor entusiasmo por este tipo de medidas, dado que ya antes habían intentado llevar a la práctica cosas de ese estilo y descubierto que no constituían una solución sólida. Sus ingenieros se habían percatado de que no era posible conceder credibilidad a los testimonios que les habían proporcionado los informadores profanos en la materia, pese a los esfuerzos de estandarización que se habían realizado al introducir el uso de cuestionarios específicos —y además su «sistema de espías» había arrojado resultados muy heterogéneos—. Se había descubierto que en el diez por 100 de los casos la responsabilidad de las oscilaciones recaía en las personas que habían planteado las quejas. Al final se suprimieron los «autoproclamados inspectores voluntarios», aunque no por juzgárselos siniestros, sino por llegarse a la conclusión de que resultaban inútiles[72].

La tercera solución posible residía en la educación. Dado que la oscilación se producía como consecuencia de un equipo mal sintonizado, tenía que poderse educar de forma práctica a quienes los utilizaban. La BBC no solo publicó innumerables folletos relacionados con las distintas formas de evitar la oscilación sino que los distribuyó con la máxima profusión a fin de hacerlos llegar a todos los hogares. En algunas de sus publicaciones, como el Radio Times y el BBC Yearbook, incluiría asimismo secciones periódicas destinadas a explicar el fenómeno y la manera de eliminarlo (véase la figura 13.9). Las viñetas reiteraban claramente el mensaje, contraponiendo la modélica ciudadanía de la adecuada recepción con la perspectiva de extrañamiento a la que debían enfrentarse los oyentes cuyos aparatos oscilaran (véanse las figuras 13.10 y 13.11). La compañía llegaría incluso a intentar que se captara la idea asemejando la concesión de licencias radiofónicas a los permisos vinculados con la posesión de un perro, afirmando para ello que la persona que recibía con oscilaciones venía a ser una especie de rottweiler rabioso de las ondas. En todas partes se ridiculizaría aquella comparación, teniéndola por absurda. Con todo, y a diferencia de lo ocurrido con las medidas de vigilancia, lo cierto es que la estrategia de la reeducación pareció funcionar en cierta medida. En marzo del año 1925, las quejas vinculadas con la oscilación comenzaron a mostrar por vez primera un perfil descendente. Sin embargo, no parecía en modo alguno que fuesen a desaparecer por completo, y en muchas localidades la oscilación continuaría siendo un fastidio.

Figura 13.9. «Doce advertencias a los oyentes», BBC Handbook, 1928, p. 262.

Figura 13.10. «El buen oyente no sufre ni genera oscilaciones», BBC Handbook, 1928, p. 227.

Figura 13.11. «El presunto causante de oscilaciones está condenado al ostracismo», BBC Handbook, 1929, p. 352.

De las distintas estrategias viables, la cuarta resultaría ser la más significativa. Consistía en desarrollar un dispositivo tecnológico con el que seguir el rastro de los causantes de las oscilaciones. No tenía que resultar nada difícil lograrlo usando un radiogoniómetro y triangulando los datos obtenidos (véase la figura 13.12). Por consiguiente, no tardó en abrirse paso la idea de construir un detector de oscilaciones. En marzo del año 1923 encontramos ya en la prensa nacional el anuncio de un oyente que, molesto por las oscilaciones, solicitaba los servicios de un «experto provisto de un radiogoniómetro capaz de detectar la localización de un experimentador situado, probablemente, en las inmediaciones de Hyde Park»[73]. Este frustrado ciudadano deseaba averiguar el emplazamiento de un oscilador que le impedía escuchar correctamente su aparato receptor. La Asociación de Radio diría a los miembros del comité Sykes que, en principio, podían utilizar un radiogoniómetro para localizar a los causantes de las interferencias.

Figura 13.12. «Dos detectives siguen el rastro de una fuente de oscilaciones», BBC Handbook, 1929, p. 350.

Sin embargo, todavía habría que esperar un poco para comprender la auténtica utilidad de un dispositivo detector. Una vez identificados los experimentadores y los piratas, podía aplicarse un razonamiento lógico tan sencillo como convincente a la resolución del problema más hondo de cuantos afligían al sistema de la radiodifusión: el de la piratería de los oyentes. Hasta la fecha se había revelado imposible atajar esa piratería debido a que no existía forma humana de saber si el usuario poseía o no una licencia radiofónica. Ahora bien, todo el mundo daba por sentado que, hallándose en igualdad de condiciones, los oyentes piratas y los experimentadores eran los principales causantes de las oscilaciones[74]. Y de hecho toda la molestia que implicaba la oscilación se debía justamente al hecho de que lo difícil era justamente no detectarla. Llegadas las cosas a este punto, el debate sobre las licencias para experimentadores acabó girando en torno a la detección de las fuentes de las oscilaciones, por considerarla un asunto clave para una rigurosa aplicación del sistema de licencias —un cumplimiento de la normativa que pasaba por eliminar de la ecuación a los experimentadores legítimos—. Comenzó así a suponerse que los principales culpables de la oscilación eran los oyentes piratas. Y por consiguiente, un detector de oscilaciones estaría, ex hypothesi, en condiciones de detectar a esos piratas. El aparato prometía erigirse en el salvador de la BBC, ya que podría actuar al modo de un detector científico de piratas (véase la figura 13.13)[75].

Figura 13.13. «Bueno, y ahora dígame, ¿dónde está esa radio de galena?», Daily Express, 16 de febrero de 1925.

Llegó un momento en que los ingenieros consideraron la posibilidad de instalar un sistema nacional de detectores fijos. Sin embargo, esa medida podía alcanzar costes prohibitivos, y quizá se revelara asimismo imposible desde el punto de vista político. Por consiguiente, en lugar de esa alternativa, los técnicos de la BBC concibieron un plan que les permitiera emplear vehículos dotados de radiogoniómetros. Tenían la esperanza de que, «en circunstancias muy favorables», sus furgonetas lograran localizar el domicilio del causante de las oscilaciones. A principios del año 1926 se encargó a una compañía francesa la entrega de dos vehículos de prueba, pero habría que esperar al mes de julio para poder comprobar sobre el terreno la eficacia del primero de ellos. Era un furgón oscuro e incómodo, en el que apenas había sitio para revolverse, una especie de versión reducida de los «Black Marias»[76] que utilizaba la policía para trasladar a sus prisioneros. Los celulares de la BBC llevaban en el techo una gran antena circular. Este dispositivo podía hacerse girar mediante un eje que descendía hasta la parte trasera de la furgoneta, lugar en el que se hallaban sentados un operador de radio y un «piloto». El procedimiento consistía en detener el vehículo en algún lugar situado en el radio de acción de la interferencia, sintonizar el receptor de manera que alcanzara a recibir el característico aullido radiofónico, y orientar la antena hasta conseguir que la señal quedase minimizada. Siguiendo entonces el ángulo de la antena, el operador podía trazar una línea en el mapa de la localidad, obteniendo con ello una primera marcación de la fuente. A continuación, el piloto pasaba a emplear una brújula naval (pieza procedente de los excedentes de guerra de los submarinos británicos) para dirigir al conductor hasta un segundo punto, desde el que se procedía a realizar una nueva lectura, y situarlo más tarde en una tercera ubicación. La suma de estas tres mediciones terminaba por señalar en el mapa una zona triangular de unos ciento ochenta metros de lado a la que los operadores daban el nombre de «tricornio». Llegadas las cosas a esa fase, el furgón avanzaba hasta uno de los lados del triángulo y empezaba a «peinar» la zona —es decir, a repetir el proceso de triangulación hasta aislar una manzana de casas concreta—. Por último, si el conductor recorría lentamente esa parte de la calle, cabía la posibilidad de que el operador llegara a identificar incluso la casa específica de la que salía el pitido. Hecho esto, los policías podían llamar a la puerta del causante de las interferencias para informarle de su conducta antisocial.

La BBC consideraba que la región situada en los alrededores de Windsor constituía un buen campo de pruebas para aquella novedosa tecnología. Un comandante local que ya había realizado algunas labores de investigación en la zona ayudó al equipo de Londres a reconocer el terreno. El 21 de diciembre de ese año, el furgón se presentó en Windsor, procedente de la capital. Tras un comienzo marcado por un gran número de intentos fallidos, los operarios lograron finalmente identificar a un infractor. El honor de ser la primera víctima de un detector de oscilaciones iba a recaer sobre una señorita apellidada Pritchett, de la localidad de Slough. No obstante, hay razones para dudar de que la maniobra hubiese constituido efectivamente un gran triunfo, ya que la mujer vivía en la misma calle que la persona que se había quejado de las interferencias, de modo que su «detección» por medios más convencionales habría resultado posiblemente más sencilla. Y además no se trataba de una mujer pirata. Su aparato disponía de licencia: lo que ocurría era que no había sido sintonizado correctamente. Por consiguiente, la prueba no solo no contribuyó en nada a mostrar la utilidad del vehículo en la identificación de un causante de oscilaciones verdaderamente serio, sino que no pudo dejar sentado que tuviera la capacidad de descubrir a los piratas. Por si fuera poco, la expedición acabó teniendo un pequeño accidente que dejaría a la furgoneta fuera de combate durante varias semanas.

Con todo, se había marcado una especie de hito, de modo que no tardó en programarse una demostración pública. La operación tenía que escenificarse con el máximo cuidado, dado que la furgoneta solo podía localizar la fuente de una oscilación si la interferencia se prolongaba por espacio de varias horas y se permitía que el vehículo rodara lenta y ruidosamente, calle arriba y calle abajo, para efectuar la triangulación. No hace falta decir que la mayoría de los oyentes reales no tenían la amabilidad de dejar sus radios encendidas durante tantísimo tiempo. Por consiguiente, uno de los miembros del cuerpo se ofreció voluntario en secreto, dispuesto a permanecer en su domicilio del norte de Londres y contribuir al acontecimiento —cuidadosamente ensayado—. La prensa no fue informada de ninguno de estos extremos, de modo que el 17 de enero, los periodistas consideraron que todo cuando habían contemplado en esa fecha era en realidad un acto de detección auténtico. Varios representantes de la Asociación de la Prensa y las agencias Central de Noticias y Reuters acompañarían a la furgoneta en su trayecto por la calle Aldersgate y pudieron seguir los pormenores del rastreo de la interferencia. Y al localizar el origen del pitido radiofónico en la vivienda de uno de los barrios de la zona, los periodistas quedaron totalmente impresionados, como se pretendía, proclamando que se trataba de un avance revolucionario. Los periódicos de toda la nación reflejaron su entusiasmo. Sus páginas anunciaban que se había construido un «coche fantástico» —una «infalible furgoneta detectora»—. Aquello significaba que la Dirección General de Correos había «declarado la guerra, la guerra científica, a todos los causantes de oscilaciones», declararía el Yorkshire Evening Post, añadiendo que el furgón estaba llamado a tomar el relevo de los entusiastas locales y a sustituirles en las labores de vigilancia. Se advirtió debidamente a los infractores de que la «guerra de los osciladores» (como la llamaba el Western Mail) tenía ya un ganador claro. «El resultado es tan categórico como si hubiésemos penetrado en el domicilio mismo», imprimieron los periódicos, citando las palabras del ingeniero del vehículo detector. Los diarios pusieron buen cuidado en especificar que la mayoría de los individuos que provocaban las oscilaciones no tenían la menor idea de que estuviesen cometiendo un delito, así que agradecían que se les detectara y se les informase de que su acción era incorrecta. Tres de esos casos de ignorancia, imputables a mujeres, recibirían amplia cobertura informativa (véase la figura 13.14).

Figura 13.14. Furgoneta de la Dirección General de Correos para la detección de oscilaciones, BBC Handbook, 1928, p. 184.

A mediados del año 1927, y con este éxito bajo el brazo, la Dirección General de Correos procedió a inaugurar su segunda furgoneta detectora en la zona de Manchester. Dos años después habría de seguirle una tercera. No sabemos con claridad si resultaron o no eficaces. Desde luego, no hay duda de que se descubrió a más de un causante de oscilaciones, pero serían muy pocos los que merecieran algo más que una diplomática advertencia, así que en el año 1932 solo se habían revocado de hecho media docena de licencias. Se trataba en todos los casos de personas a quienes la Dirección General de Correos tachaba de «malhumoradas»[77]. Sin embargo, a medida que los ciudadanos simplemente desinformados fueron adquiriendo conciencia del problema, y conforme fue mejorando la sensibilidad de los equipos de radio, el cometido de las furgonetas de vigilancia pasó a centrarse exclusivamente en la detección de los receptores sin licencia —comenzando a ocuparse de personas que no estaban dando lugar a la más mínima queja por parte de los oyentes—. En otras palabras: se convirtieron en verdaderos detectores de piratas. Se iniciaba así la larga hoja de servicios de la «furgoneta detectora», elemento abocado a convertirse en el símbolo de la cultura radiofónica británica en lo que quedaba de siglo[78]. De este modo, cada vez que apareciera una nueva forma de recibir las señales de radio o de ver las imágenes de la televisión, la vida profesional de dichas furgonetas se vería jalonada por la organización de campañas contra los «piratas» —campañas de las que nos ha quedado el elocuente testimonio de los carteles colocados al efecto (la figura 13.15 nos permite ver uno de los muchos pasquines al uso).

Figura 13.15. «¡No actúe como un pirata!». Cortesía de los Archivos de la Royal Mail (PRD 1005).

En el ánimo de los estadounidenses, las furgonetas detectoras han despertado siempre la idea de que constituían una especie de síntoma de totalitarismo incipiente. Ya en el año 1933 se observará que los vehículos de rastreo con radiogoniómetro vendrán a ser el elemento que más pese en contra de los británicos cuando se pida a los escolares de todo el territorio estadounidense que debatan acerca de los diversos y encontrados sistemas de radiodifusión. Varias son las ciudades estadounidenses en las que yo mismo he oído señalar a los locutores de la National Public Radio, con ocasión de las campañas organizadas para recaudar fondos, que una de las cosas que podían hacerse, en vez de dar dinero, era poner a varias de esas furgonetas detectoras de tan orwelliano perfil a husmear por los barrios de los oyentes. Lo cierto es que nunca tuvieron la eficacia precisa para resultar así de siniestras. Los memorandos internos de los encargados de la vigilancia hablan más de la importancia de la publicidad que de éxitos cosechados. Los defensores del sistema han solido señalar, antes incluso de que se produjera el despliegue de las furgonetas, que el «efecto psicológico» de las mismas revestía una gran importancia, aun en el caso de que no hubiesen llegado a tener verdadera operatividad sobre el terreno —y lo cierto es que siempre circularon rumores que sostenían que el método carecía en realidad de toda utilidad práctica—. Al introducirse el uso de la televisión tras la Segunda Guerra Mundial, un ingeniero y alto cargo de la Dirección General de Correos dijo al director del ente televisivo que había que divulgar la existencia de una nueva generación de furgonetas, puesto que con los antiguos equipos de radio la gente había dado en pensar que «los vehículos detectores eran un completo fiasco». Y a continuación añadió el revelador comentario de que, «hace veinte años, las furgonetas solían lograr maravillas en cuanto a la adquisición de licencias, y además es evidente que hoy no es necesario fingir que funcionan de verdad». La Dirección de Correos seguía teniendo únicamente dos furgones. Según parece, las furgonetas se pasaron décadas recorriendo las calles con el solo objetivo de resultar bien visibles. En la década de 1970, una de ellas llegaría a figurar incluso en un programa infantil llamado Blue Peter con la esperanza de convencer a la gente de que resultaban realmente operativas[79].

La autoridad cultural, los oyentes piratas y la naturaleza del medio radiofónico

El rol de la BBC no iba a limitarse al de una respuesta efectiva a la amenaza de un caos en las ondas. Había sido concebida para servir también como instrumento del progreso cultural. En palabras de John Reith, la BBC se proponía ofrecer a la gente un producto ligeramente superior al que deseaban. Se suponía que la escucha de sus programaciones constituía una verdadera tarea. Sus propias publicaciones populares insistirían en este punto. No debía escucharse la radio mientras se estuvieran realizando otras actividades, por ejemplo. Un artículo periodístico declaraba por ejemplo que si un oyente cualquiera se pasaba una tarde entera disfrutando de una determinada programación había que concluir que la radio pública estaba haciendo algo muy mal. La organización de la BBC patrocinaría asimismo la creación de clubes de oyentes a fin de intentar que la práctica de la escucha alcanzara a convertirse en un hábito colectivo. Aquello suponía un ambicioso propósito, y parecía constituir un reflejo de los clubes de lectura y autoría que empezaban a florecer por esos mismos años, aunque en este caso el esfuerzo de la compañía radiofónica no lograra saldarse con el mismo éxito, ya que todos los datos indican que los grupos de escucha radiofónica desaparecieron con gran rapidez tan pronto como la BBC dejó de patrocinarlos[80]. Estos empeños podrían permitir desentrañar una madeja muy interesante: la de la historia de la audiencia radiofónica.

Todo lo que hemos venido explicando hasta el momento implica que el problema de los oyentes piratas no se limitaba a sus aspectos económicos y técnicos sino que poseía también una vertiente cultural. A los oyentes piratas podía darles por escuchar cosas diferentes, haciéndolo además por otros medios. Podían aficionarse a las emisoras privadas que empezaban a irrumpir en las ondas, por ejemplo. Con el paso de los años irían surgiendo varias de esas emisoras, de las cuales cabe destacar la de Radio Normandía, una estación perteneciente al periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial y creada por Leonard Plugge, un parlamentario conservador británico. Tras la guerra, esta misma amenaza se reactivaría. Esta vez el peligro para la BBC habría de venir fundamentalmente de Radio Luxemburgo, y más tarde, en la década de 1960, de los piratas afincados en el mar del Norte, como por ejemplo Radio Caroline. Y además, aun en el caso de que los oyentes permanecieran fieles a la BBC, podía suceder que se dedicaran a oír la radio por el simple placer de escucharla, o por deseo de evasión mental, o sin prestarle verdadera atención. Existía incluso la posibilidad de que los programas acabasen yuxtaponiéndose del más impredecible de los modos, situación que podía dar lugar a su vez al surgimiento de críticas y significados imprevistos. Además, podía darse la circunstancia que en la materialización de estos fines acabasen uniéndose a la voluntad de los oyentes las distintas posibilidades técnicas que, mediante repetidores o cables, habrían de ir surgiendo a lo largo de la década de 1930, ya que según temía la BBC, esas tecnologías podían interferir en su programación y acabar mezclándola con la de otros adversarios comerciales. El primer ingeniero jefe de la BBC, Peter Eckersley, abogaría en favor de la adopción de un vasto plan nacional de radiodifusión por cable tras haber sido expulsado de la compañía a causa de una citación de divorcio —proyecto que encontraría parte de su impulso en las ambiciones que abrigaba la Secret Wireless en la década de 1920—. Sin embargo, los motivos de Eckersley eran otros, ya que lo que pretendía era proporcionar un vector mediático a sir Oswald Mosley, un fascista británico para el que trabajaba en secreto. Sea como fuere, las prácticas de los oyentes piratas acabarían por socavar el concepto de «equilibrio» —noción que la BBC no solo valoraba extraordinariamente, sino que siempre había constituido su verdadera raison d’être, como demostraría el economista Ronald Coase en la enérgica crítica que vendría a publicar a mediados de siglo[81].

Todo esto terminaría por cuestionar la naturaleza de la radiodifusión como tal medio de comunicación. En un espacio dominado por la piratería de los oyentes, los mensajes que se optara por poner en circulación podrían diferir radicalmente de los que acabasen recibiéndose. Las escuchas de los piratas amenazaban con crear una nación de agentes autónomos e individualistas —un país de modernos Menocchios, como si dijéramos, perfectamente dispuestos y proclives a sacar de cuanto escuchasen conclusiones tan impredecibles como las que el ya célebre molinero italiano[82] extrajera de sus lecturas en el siglo XVI—[83]. Y si más tarde el redescubrimiento de Menocchio acabaría por obligar a un profundo reexamen del carácter de la imprenta y del ascendiente de la letra impresa en la mente de los lectores, también el desvelamiento de la piratería de los oyentes terminaría convirtiéndose en un argumento contrario a la primera visión utópica de la radiodifusión —una visión que se figuraba que ese medio de comunicación estaba llamado a generar una nueva Ilustración—. Y además, el ideal de una nación de oyentes responsables y centrados en el progreso personal también dará en agotarse por esta misma época, tragado por las fisuras abiertas a consecuencia de esta forma de piratería. Y al desaparecer, dejaría hueco para un conjunto de ideales muy distinto —unos ideales de heterogeneidad que en las décadas posteriores vendrían a moldear la política mediática, las comunicaciones y la información misma.

14

LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA NATURALEZA DE LA CIENCIA

La piratería ha sido un elemento de gran importancia en el surgimiento de la sociedad de la información. Esto no se debe únicamente al hecho obvio de que los precursores de la radio acostumbraran a piratearse los inventos unos a otros y de que un conjunto de emisoras carentes de autorización compitieran entre sí para hacerse un hueco en las ondas. En un sentido más amplio y más hondo, la identificación de nuevas formas de piratería —así como las acciones llevadas a cabo para combatirlas— vendría a exigir la organización de una entidad que acabaría convirtiéndose en la actual sociedad de la comunicación y la información de las masas. Y es posible que el aspecto de la cultura moderna que más se viera afectado por este imperativo fuese precisamente el empeño más decisivo de la sociedad industrial occidental: la ciencia. A mediados del siglo XX, las disputas vinculadas con la piratería y la propiedad intelectual acabarían poniendo en marcha una reevaluación de la relación entre la investigación y el bien común. Y el resultado de este estado de cosas se concretaría en el surgimiento de una imagen diferente de la empresa científica misma, esto es, de su naturaleza, de sus metas, de su legitimidad y de su autoridad. Estaba llamada a ser una visión de enorme influencia. Además, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial comenzaría a aplicársela de manera práctica a fin de configurar las estructuras administrativas e institucionales de las ciencias. Y todavía hoy sigue moldeando lo que nosotros mismos juzgamos que ha de ser la ciencia.

Una de las razones que explican la importancia de este asunto es el hecho de que la naturaleza y el lugar de la ciencia en la vida social y cultural vuelvan a presentar hoy un aspecto marcadamente inestable. Una de las más destacadas convicciones que profesa nuestra propia época acerca de la ciencia es que al adquirir esta un alcance global ha acabado borrando los límites que durante largo tiempo han venido separando lo público de lo privado, el interés del desinterés y la esfera académica de la industrial. La ciencia parece atravesar hoy los góticos muros del mundo académico con mayor facilidad que nunca. Y la propiedad intelectual es el motor que la empuja a proceder de ese modo. Los defensores del sistema de patentes sostienen que estas fomentan la originalidad inventiva —y el incremento anual de las solicitudes que se presentan parece atestiguar que dicho impulso está conociendo un notable éxito—. Para quienes se oponen a él, en cambio, la «fiebre» de las patentes es una fuerza corruptora que ha venido a anidar en el corazón mismo de la cultura científica. Y a medida que las convenciones asociadas con la propiedad intelectual van refluyendo «aguas arriba» del mundo comercial para venir a contaminar (es muy común observar este tipo de lenguaje) la esfera de la investigación propiamente dicha, tanto más tiende a mantenerse que algunas disciplinas, y muy en particular la biomedicina, están traicionando la antigua tradición de la «apertura científica»[1]. Y si en efecto la ciencia es simplemente un conocimiento abierto, entonces hay que concluir que la ciencia misma se halla en peligro. Entretanto, no hace falta recordar que son muchos los que señalan que la magnitud, el alcance y el volumen de las acusaciones de piratería que soplan huracanadamente sobre los territorios científicos está experimentando un enorme incremento. Esta conjunción de factores explica por qué se están revelando tan agrios los conflictos que actualmente surgen en torno a la comercialización de la investigación y al creciente carácter corporativo de la educación. Todas las partes implicadas consideran que lo que está en juego es la naturaleza básica del empeño científico. Y no hay por qué pensar que se hallen necesariamente equivocados. Ahora bien, si esa naturaleza básica es en realidad una consecuencia derivada de los debates a que dio lugar la piratería a mediados del siglo XX, entonces es muy posible que las consecuencias —ya adopten un sentido u otro— acaben siendo distintas a las que todos hemos supuesto.

Industria, ciencia y bien común

En los Estados Unidos del periodo de entreguerras, aunque también en los de nuestros días, las patentes vinieron a sumarse a la industria y a la ciencia. Las más destacadas corporaciones deben su existencia a la creación, adquisición, control y empleo de dichas patentes. Las mencionadas corporaciones supieron crear grandes laboratorios a partir de lo que en un principio había sido un conjunto de oficinas de patentes, y lo cierto es que esos laboratorios seguirían dedicando después lo mejor de sus esfuerzos a la creación de más patentes (aunque no siempre lo reconociera su retórica). Como es bien sabido, estas compañías también tratarían de «vallar» su territorio económico, aislándolo de la competencia mediante el despliegue de los derechos de patente —razón por la que se dedicarían a comprar todos los derechos de ese tipo que se les escaparan por no haberlos generado ellas mismas (aunque el grado en que estas prácticas pudieron haber contribuido o no a cortar las alas a la competencia sea objeto de interminables debates)—. En consecuencia, el impulso de la investigación industrial habría de verse asediado por dos tipos de interrogantes de orden general. Surgió así una primera pregunta: ¿era realmente ciencia lo que hacía una institución como la de los Laboratorios Bell —fundados en el año 1925 y propiedad de la AT&T—? Y en caso afirmativo, ¿cuál era la definición que permitía asegurarlo? Aunque para los Laboratorios Bell la respuesta se antojase relativamente clara, no se lo parecía tanto a los aproximadamente mil quinientos laboratorios industriales que existían a finales de la década de 1930, muchos de los cuales no habían reivindicado los mismos extremos que los Laboratorios Bell respecto a la importancia de estimular una investigación abierta. La segunda pregunta derivará de la anterior: ¿eran beneficiosas desde el punto de vista social las prácticas vinculadas con las patentes, teniendo en cuenta que se atravesaba una época de estrecheces económicas generalizadas —y de hecho, cabía considerarlas simplemente legales—? Si las respuestas a estas preguntas resultaban ser negativas, entonces había que concluir que muy posiblemente el sistema de patentes necesitara una reforma radical, o tuviese acaso que ser abandonado por completo. Y además, cabía la posibilidad de que la ciencia y su relación con el bien común corrieran peligro.

No obstante, la propuesta llamada a gozar de mayor popularidad no habría de ser la de la abolición total —pese a que una ruidosa minoría sí que tratase de lograrla— sino alguna forma de concesión obligatoria de licencias. Se trataba en realidad de la reactivación deliberada de una idea ya desarrollada en la Gran Bretaña del siglo XIX. Era un planteamiento que llevaba mucho tiempo atrayendo el interés de los Estados Unidos, pese a las objeciones que habían puesto algunos beneficiarios de patentes, como Edison, a quienes estos cuentos de la supresión del sistema de patentes nunca terminarían de parecerles una propuesta sólida. En el año 1919, por ejemplo, un profesor de economía de la Universidad Brown llamado Floyd Vaughan estudiaría los usos de las patentes con gran detalle, llegando a la conclusión de que los inconvenientes del sistema podían superar ampliamente a sus beneficios. En esos años, todas las potencias industriales —salvo los Estados Unidos— habían adoptado el sistema de la concesión obligatoria de licencias, señalaría Vaughan, pasando a recomendar seguidamente a sus lectores que repasaran los antiguos argumentos de MacFie al objeto de comprender las razones que les habían impulsado a tomar dicha medida. Otros autores añadirían que la revocación de las patentes «inactivas» era una práctica que contaba con un gran número de precedentes, ya que estos se remontaban a la Inglaterra isabelina. En la década de 1930, tras muchos años presididos por este tipo de esgrima argumental, el Congreso de los Estados Unidos comenzó a considerar activamente la posibilidad de promulgar una legislación encaminada a imponer la concesión obligatoria de licencias[2]. No obstante, los críticos advertirían que si el proyecto de ley no lograba superar los trámites parlamentarios sería preciso deshacerse del sistema de patentes.

La literatura relacionada con esta «cuestión de las patentes» adquirió unas proporciones inmensas. Su propia magnitud da fe de la importancia de las cuestiones en juego. De hecho, la renovada batalla en torno al principio del sistema de patentes se había convertido en uno de los puntos candentes que indicaban, según la percepción general, la existencia de una crisis del capitalismo, la democracia y la ciencia misma. El trasfondo de esa crisis se había ido fraguando a raíz del auge que habían experimentado los «conglomerados empresariales» con anterioridad a la Primera Guerra Mundial. Dos compañías —la Pennsylvania Railroad y la Standard Oil— eran los ejemplos más emblemáticos de estas ciclópeas corporaciones, unas corporaciones surgidas inicialmente en ámbitos industriales relacionados con la distribución de materiales o con el envío de mensajes a grandes distancias, ya que en ambos casos el requisito previo para un eficaz funcionamiento pasaba por la estandarización de los servicios a escala continental. Los ferrocarriles serían los precursores de este gigantismo, seguidos por la telegrafía, la telefonía, el abastecimiento de petróleo y el suministro de electricidad. En esas inmensas compañías surgirían nuevas formas de organización y racionalidad económica —apareciendo métodos basados en el empleo de dispositivos para la realización rutinaria de comunicaciones y el almacenamiento de datos como los memorandos y los archivos, valiéndose asimismo de una nueva ciencia llamada «de gestión» o management para organizar y consultar todo ese volumen de información—[3]. Además, tras un periodo dominado por la instauración de políticas contrarias a los monopolios, la década de 1920 volvería a asistir a fuertes movimientos de concentración de empresas, una tendencia auspiciada además por las alabanzas que los nuevos medios de comunicación de la época prodigaban al sistema, al que consideraban parte de un proceso tan natural como beneficioso. Se suponía que la radio y la telefonía precisaban de las virtudes de este método: fundamentalmente la estandarización y la «eficacia». (Es muy posible que los entusiastas y los aficionados locales de la radio que habían quedado fuera del «conglomerado radiofónico» discreparan de estos puntos de vista, pero lo cierto es que cada vez se tendía más a definirlos como piratas). Sin embargo, la Gran Depresión que siguió al crack de 1929 vendría a negar credibilidad a estas manifestaciones. La crisis económica terminaría poniendo en duda la conveniencia de un sistema gobernado por expertos. Y al ir desgranando lentamente la quiebra económica sus consecuencias hasta finales de la década de 1930 no sería siquiera preciso que la gente diera en respaldar las afirmaciones nazis o soviéticas sobre la «decadencia» de la democracia liberal para sentir el muy real temor de que la presencia de tantísimos desempleados en medio de tanta riqueza fuera sin más una indicación de que algo no estaba funcionando adecuadamente. Tal vez hubiera que culpar de la situación a los conglomerados empresariales —y no había duda de que estos se fundamentaban en la propiedad intelectual—. De ser efectivamente ellos los responsables, se haría preciso impedir que su comportamiento siguiera asfixiando las invenciones —y en ese envite se jugaba nada menos que la supervivencia de la propia democracia.

La Gran Depresión también habría de desatar una crisis en la reputación pública de la ciencia misma, haciéndola parecer a un tiempo poderosa e impotente —o, si se prefiere, simultáneamente responsable e irresponsable—. Por un lado se atribuía el desempleo al temerario e inconsciente carácter de la ciencia, dedicada a crear nuevas tecnologías sin reparar en las consecuencias, y por otro se condenaba a los científicos por aferrarse a un ideal de investigación «pura» y negarse a adecuar sus interrogantes a las necesidades públicas. Según se dijo en aquellos años, sir Josiah Stamp, magnate de los ferrocarriles británicos y director del Banco de Inglaterra, acabó quedando particularmente vinculado con la anterior acusación al defender ante la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia que se hacía preciso solicitar una moratoria a fin de diferir la realización de investigaciones científicas, ya que solo así, sostenía, se daría a la sociedad y a la ética la oportunidad de ponerse al día con los avances efectuados hasta el momento. Stamp negaría personalmente haber propuesto semejante cosa y afirmaría que lo que realmente deseaba era una transferencia de recursos de las ciencias físicas a las sociales —programa en el que incluía la eugenesia—, así como la creación de una «cámara de compensación para los inventos», puesto que estaba convencido de que gracias a ella los científicos, los industriales y los banqueros podrían gestionar el impacto de la tecnología. Al igual que otros muchos británicos, Stamp consideraba que el modelo de la BBC constituía un magnífico ejemplo a seguir. Sin embargo, sería su argumento más crudo el que más adeptos cosechara[4]. El grupo socialista que respaldaba a J. D. Bernal abogaría de la más ruidosa de las maneras en favor de la segunda propuesta, aunque se trataba de hecho de una opinión ampliamente compartida que, además, presentaba alguna semejanza con los argumentos que había empleado la propia industria para defender la importancia de contar con una ciencia emprendedora. Nunca habían reclamado tan claramente los problemas de la sociedad la atención de la ciencia y, por otra parte, afirmar las prerrogativas de la ciencia pura parecía un horrendo acto de presunción, habida cuenta de que muchas personas se hallaban en la indigencia. Los propios científicos de prestigio lanzarían un llamamiento en el que pedirían que se pusiera fin a las veleidades de la «torre de marfil». En el año 1933, el sociólogo Read Bain daría a conocer una demanda particularmente meridiana por la que venía a exigir que los científicos aceptasen sus responsabilidades como ciudadanos, argumentando que el futuro de la propia sociedad dependía de ello. «Los mafiosos son una llaga viva del cuerpo social», exclamaría lapidariamente Bain, «pero los científicos no socializados constituyen una infecta corrupción de la médula misma de la sociedad». El científico «puro» era «un eunuco moral»[5].

De hecho, la torre de marfil venía a ser una especie de mito. En las décadas de 1920 y 1930 la investigación universitaria era un asunto de envergadura muy inferior a la que más tarde habría de adquirir. Y en cualquier caso, la poca que existía sentiría la tentación de seguir la senda marcada por los laboratorios de investigación industrial. Además, la convicción de que la ciencia y la propiedad intelectual fueran términos antitéticos distaba mucho de ser una realidad aceptada por todos. En el año 1923, la Sociedad de Naciones propuso seriamente que se instaurara un derecho de propiedad en el ámbito de los descubrimientos científicos, argumentando que esa medida conseguiría atraer a una nueva generación de jóvenes ciudadanos, animándoles a sumarse a las filas de la ciencia a fin de sustituir a los desaparecidos en las trincheras[6]. En la década de 1930, el mundo académico de los Estados Unidos daría varios pasos en esa dirección —pasos que un frecuente error actual da en pensar que no se dieron sino cincuenta años más tarde—. Varias instituciones impulsaron iniciativas destinadas a estimular la capacidad de generar trabajos patentables con la intención de que los beneficios obtenidos con ellos acabaran revirtiendo en sus instalaciones. Otras entidades se dedicarían a reunir patentes, adoptando una práctica que la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia aprobaría formalmente en el año 1934. El Laboratorio de Radiación que regía Ernest Lawrence en la Universidad de Berkeley dependía de las regalías obtenidas por una serie de patentes administradas a través de la Corporación Investigadora de la Universidad de California, institución que era en esencia un consorcio de patentes (el acuerdo por el que se organizaba el sistema animaba a la comercialización de unos instrumentos médicos de dimensiones cada vez mayores). El abogado especializado en patentes de la Universidad de Stanford impediría que Lee de Forest, pionero de la radio, entrevistara a un grupo de investigadores del centro por temor a la piratería. Sin embargo, al mismo tiempo, la Universidad de Pensilvania tomó la determinación de que los miembros de su cuerpo docente no debían patentar inventos relacionados con la salud pública, y Harvard y Johns Hopkins adoptarían medidas similares. La Asociación Médica Estadounidense por su parte, temiendo que se pusieran trabas al progreso, sopesaría la posibilidad de fundar una corporación para controlar todas las patentes médicas de interés público. En resumen, vemos que existía un amplio espectro de posturas en esta materia, desde las que defendían las personas más ambiciosas hasta las de quienes adoptaban una actitud más comunitarista[7].

Lo que dio en desencadenar el surgimiento de un intenso debate sobre las patentes y el lugar de la ciencia en la vida social fue una serie de indagaciones federales en las industrias de la comunicación. El más importante polo de atención se centraría en la American Telephone and Telegraph Company, esto es, en la AT&T. Por esta época, la acumulación de capital de la AT&T era la mayor que hubiera alcanzado jamás una compañía privada. Contaba con cinco mil millones de dólares de activos brutos, y sus ingresos anuales se elevaban a mil millones de dólares. Además, la empresa supervisaba la marcha de doscientas «corporaciones satélite» nominalmente independientes con un total de más de trescientos mil empleados —cifra que ya representaba un descenso de ciento cincuenta mil trabajadores respecto de la cifra más alta, alcanzada en el año 1929—. Este «Sistema Bell», como se lo denominaba, había instalado entre el ochenta y el noventa por 100 de las líneas telefónicas locales, el noventa y ocho por 100 de las líneas de larga distancia, y prácticamente el cien por cien de las redes de cable de que dependía la radiodifusión. Este conglomerado empresarial tenía también el monopolio de las comunicaciones radiotelefónicas del Atlántico y el Pacífico. Por si fuera poco, manufacturaba más del noventa por 100 de los equipos utilizados en la telefonía estadounidense, gracias a una empresa subsidiaria que la AT&T controlaba enteramente: la Western Electric. A su vez, la AT&T y la Western Electric juntas controlaban a los Laboratorios Bell, esto es, a la más importante institución del mundo dedicada a la investigación industrial. Los Laboratorios Bell realizaban investigaciones científicas en cualquier campo relacionado (a veces vagamente) con la electricidad, las comunicaciones y la acústica, convirtiéndose así en el modelo de la ciencia industrial por antonomasia. Y toda esta actividad dependía de la cartera de patentes de la AT&T, unas patentes que no solo eran fruto de la investigación, sino también de las adquisiciones que realizaba la compañía —de hecho, la Comisión Federal de Comunicaciones Estadounidense declararía que el «Sistema Bell… se halla cimentado en las patentes»—. Dicha cartera de patentes no se limitaba en modo alguno a la telefonía por cable, ya que abarcaba igualmente la radio, los equipos de sonido que necesitaba la industria cinematográfica, los dispositivos terapéuticos, los sistemas de megafonía y los equipos de cronometría que se precisaban para la celebración de acontecimientos deportivos. En efecto, el sistema poseía en la práctica el monopolio de todas las «comunicaciones, ya necesitaran cable o no».

La administración del presidente Roosevelt investigaría las actividades de este gigante, y sus pesquisas acabarían convirtiéndose en la mayor de todas las indagaciones antimonopolio de la época. El examen se prolongaría por espacio de dos años, dando lugar a sesenta volúmenes de transcripciones, dos mil legajos de pruebas documentales, setenta volúmenes de informes internos y dos memorias —sin contar los más de cuarenta volúmenes que generaría el propio Sistema Bell con sus alegatos de defensa—[8]. Además, esta larga indagación gubernamental acabaría convirtiéndose en una ocasión perfecta para valorar «la adecuación de los descubrimientos científicos a los propósitos de la producción». En palabras de uno de los funcionarios que intervinieron en la indagación, la investigación de la AT&T se transformó en el escenario más importante de la época para el debate de las consecuencias que las patentes en general tenían en los ámbitos sociales, científicos e industriales. Roosevelt insistiría en este amplio radio de acción, tras declarar en el acto de toma de posesión de su segundo mandato que el gobierno tenía la obligación de «instituir sobre los servicios científicos los controles morales necesarios para lograr que la ciencia sea un servidor público útil y no un despiadado déspota de la humanidad». El primer mandatario estadounidense había fichado al presidente del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Karl Compton, colocándolo al frente de un Consejo Asesor Científico, con el fin de lograr que los partidarios del control de la ciencia creyeran que dicha supervisión moral podía llegar a verificarse realmente en la práctica. La investigación de la AT&T acabaría convirtiéndose en el campo de batalla destinado a dirimir el destino de aquella idea.

El imperio telefónico había sido siempre la diana de un peculiar resentimiento público. Ya en el año 1891 su propio asesor jurídico le había lanzado la advertencia de que en realidad era el beneficiario de «un monopolio más rentable y con mayor capacidad de control —amén de ser asimismo el más odiado— que el que jamás hubiera alcanzado a conceder ningún tipo de patente». Al principio, los desafíos se habían alzado ante la empresa en rápida sucesión, y de hecho la cultura de la compañía todavía constituía un fiel reflejo de sus primeras experiencias de lucha contra los «adversarios piráticos». Con todo, solo en una ocasión —a principios del siglo XX— podía decirse que la telefonía «independiente» hubiera venido a plantear un verdadero reto. En esa época, habían surgido operadores telefónicos por todas partes, pese a que el conglomerado empresarial del ramo hubiese asegurado que «no debía hacerse público ninguno de los elementos relacionados con la ciencia y la tecnología telefónicas». De hecho, habría quien llegara incluso a emplear alambre de espino arrancado a las cercas de los granjeros para transmitir las llamadas. Estos operadores independientes no solo se consideraban parte de un «levantamiento popular» contrario a los gurús de Boston y a los jefazos de las grandes ciudades, sino que se tenían por la personificación misma «del espíritu de independencia estadounidense». Sin embargo, en el año 1902 fracasó el intento de unificar a estos independientes y constituir sobre esa base un sistema rival de la AT&T, de modo que Wall Street no tardaría en desentenderse de ellos. No obstante, en ese periodo, la AT&T había accedido a dejar de denominar piratas a estas operadoras alternativas. De hecho, en lugar de insistir en esa denominación, la compañía maniobró para monopolizar el mercado de las llamadas a larga distancia, comprando para ello algunas patentes y solicitando otras en nombre propio a fin de conservar este espacio comercial bajo su poder. Dos ejemplos de patentes de capital importancia fueron la bobina de carga y el receptor audión. En el año 1900, la AT&T compró la patente de las bobinas de carga que había ideado el ingeniero de la Universidad de Columbia Michael Pupin, y gracias a sucesivas mejoras secundarias la mantuvo hasta el año 1935. A lo largo de todo ese periodo no se concedió una sola licencia de uso para dicho dispositivo, pese a que resultaba esencial para toda comunicación a larga distancia. El audión de Lee de Forest (una válvula amplificadora precursora de los triodos) venía a desempeñar un papel de parecida importancia en las comunicaciones por radio, con lo que la AT&T también acabaría convirtiéndose en un actor fundamental del «conglomerado de empresas radiofónico». La posición de la compañía en el campo de las patentes llegó a ser tan dominante que entre el año 1908 y el estallido de la Segunda Guerra Mundial no tendría necesidad de poner una sola demanda por actos de piratería contra nadie[9].

Por consiguiente, puede afirmarse que el Sistema Bell constituía la más pura representación de la «filosofía» vinculada con el «lugar que ha de ocupar la ciencia en la industria». El eje de esta filosofía partía de los Laboratorios Bell, institución que a su vez tenía su origen en un conjunto de laboratorios pertenecientes al propio sistema —todos ellos creados al objeto de obtener patentes—. En dichos laboratorios, el propósito de la investigación se había centrado en la consecución de pequeñas mejoras parciales, no en la concepción de inventos radicalmente nuevos —de hecho, en una ocasión, el ingeniero jefe del sistema había tranquilizado al presidente de la compañía diciéndole que «aquí no empleamos a nadie que, en tanto que inventor, posea la capacidad de alumbrar un aparato nuevo»—. Con todo, una vez que la AT&T se vio libre del estorbo de los independientes, la compañía comenzó a invertir dinero en una serie de investigaciones de carácter más sistemático y mayor sustancia. Entre los años 1916 y 1935 dedicaría cerca de doscientos cincuenta millones de dólares a la realización de estudios científicos —una cantidad que superaba al conjunto del presupuesto operativo de la Universidad de Harvard—, todos ellos destinados a avanzar en una multitud de proyectos. La compañía cultivaba al mismo tiempo la imagen de una entidad consagrada a una investigación de naturaleza abierta. Sin embargo, en la práctica, lo cierto era que únicamente los más destacados científicos disfrutaban de esa libertad. El objetivo principal seguía siendo el de «adueñarse del terreno» por medio de las patentes[10].

La Comisión Federal de Comunicaciones Estadounidense veía con muy malos ojos este estado de cosas, llegando a la conclusión de que el Sistema Bell constituía en realidad un monopolio fundado en una «amplia e incesante» búsqueda de patentes. Dicha Comisión argumentaría que el conglomerado empresarial radiofónico había financiado con enormes sumas de dinero un determinado tipo de investigación científica a fin de respaldar este objetivo, identificando además esa clase de estudios con la ciencia a secas. Sin embargo, lo que su actividad científica creaba era un conjunto de herramientas restrictivas. Además, esas patentes se hallaban asociadas con una serie de mejoras de orden secundario y no con verdaderas invenciones, y, por si fuera poco, muchas de esas mejoras habían tenido lugar en un terreno no relacionado sino de forma muy marginal con la telefonía por cable. Y a pesar de que en esa época el número de patentes compradas a terceras partes no relacionadas con el Sistema Bell fuese relativamente escaso, lo cierto era que entre ese reducido número patentes externas se encontraban justamente aquellas en que se cimentaba la totalidad de la estructura de la empresa. De hecho, desde el año 1876 la compañía se las había venido arreglando para conseguir, ya fuera por las buenas o por las malas, los derechos de toda nueva evolución registrada en el campo de la telefonía, con la breve excepción de las centrales telefónicas automáticas. Hacía también mucho tiempo que corrían rumores de que el Sistema Bell tenía «contactos clandestinos» en la Oficina de Patentes que le permitían apropiarse de las ideas ajenas. La Comisión Federal de Comunicaciones Estadounidense sostenía que, de las cerca de nueve mil patentes de la AT&T, aproximadamente las dos terceras partes se hallaban inactivas, residiendo su utilidad únicamente en la «supresión» de las iniciativas de los competidores potenciales. Como es obvio, la AT&T negaba categóricamente este extremo, diciendo que la auténtica cifra de patentes no operativas se acercaba más al cincuenta por 100 de sus activos en esta materia que al sesenta y seis por 100, señalando asimismo que los imperativos de la estandarización hacían que resultara inevitable que muchas patentes acabaran por no utilizarse. No obstante, seguía teniéndose la impresión de que las patentes no solo constituían un instrumento destinado a suprimir la competencia —teoría que ya habían esgrimido en su día los adversarios victorianos del sistema de patentes—, sino que se las había terminado destinando masivamente a ese uso. Según la Comisión Federal de Comunicaciones promovida por Roosevelt, el monopolio de las patentes estaba bloqueando realmente el progreso, secuestrando los inventos y oprimiendo al público. La Comisión creía que la historia de la telefonía y la radio demostraba la vasta extensión que habían alcanzado los abusos —abusos a los que el sistema de patentes resultaba particularmente proclive—. Los actos de acaparamiento de la propiedad intelectual y las acusaciones de piratería habían distorsionado por entero la economía moderna. En el mundo de la AT&T, concluía la Comisión, «la investigación, los inventos y las patentes presentan más el aspecto de ser armas de una guerra industrial volcada en la obtención y la conservación de un monopolio que indicios sacrosantos de una voluntad de servicio público». Por consiguiente, la Comisión instaba a Roosevelt a tomar las medidas necesarias para que los Estados Unidos no volvieran a verse expuestos en el futuro a este tipo de estrategia —para lo cual debía instituir un sistema de concesión obligatoria de licencias[11].

La AT&T respondió con la indignación de quien se considera víctima de un atraco. La propuesta de la Comisión equivalía a conferir validez a una política de «confiscación» por parte del Estado, declararía. La compañía sostuvo que todo el problema radicaba en el simple hecho de que la Comisión Federal de Comunicaciones Estadounidense no había comprendido el carácter de las patentes. Al parecer, los miembros de la Comisión daban por supuesto que «todos los medios de comunicación posibles eran, y lo habían sido siempre, recursos del dominio público», como las tierras comunales. Esto les había llevado a inferir que las patentes del ámbito de las comunicaciones venían a constituir una especie de empeño destinado a «sisar a la propiedad pública». Sin embargo, lo que ocurría era simplemente que un invento no tenía existencia alguna con anterioridad al hecho mismo de su invención, de modo que la AT&T no estaba acaparando ningún «terreno público». Antes al contrario, puesto que al imponer la revelación de los secretos de un determinado invento, las patentes garantizaban la concreción de un beneficio público. Sin embargo, insistía la compañía, si una patente lograba perdurar en el tiempo, «no había razón alguna para que se permitiera piratear el invento a terceras personas que no habían contribuido en nada al resultado». Y a pesar de ello, la Comisión Federal de Comunicaciones Estadounidense proponía ahora que ese tipo de piratería se elevara a la categoría de política federal[12].

De este modo, la cuestión de la investigación y el bien común vino a cernirse sobre las denuncias que hablaban de un cruce de piraterías rivales, dado que a la codiciosa piratería del Sistema Bell se oponía ahora la piratería expropiadora de la Comisión Federal de Comunicaciones. Por consiguiente, la «cuestión de las patentes» vino a situarse en el corazón mismo de lo que, según se admitía ya a esas alturas, constituía una crisis larvada en la que se enfrentaban la ciencia, la industria y la sociedad. Por si fuera poco, y estando así las cosas, en el año 1938 Roosevelt vendría a echar más leña al fuego, ya que dio en crear el Comité Temporal de Economía Nacional, un equipo de asesores encargado de investigar a las corporaciones monopolísticas, asignándole la tarea de refrendar la concesión obligatoria de licencias. Asignó al mismo tiempo a Thurman Arnold, un resuelto antimonopolista, el puesto de jefe de la División antitrust del Ministerio de Justicia. De ese modo, con la administración jurídica y el Comité Temporal de Economía Nacional metidos en el ajo, se tuvo claramente la impresión de que se avecinaba un cambio radical. El Nuevo Pacto Social del presidente Roosevelt estaba a punto de hacerse extensivo al ámbito de la ciencia.

Llegadas las cosas a ese punto, los enemigos del sistema de patentes comenzaron a dirigir su acción contra una nueva diana. El Comité Temporal de Economía Nacional temía que el monopolio de las patentes pudiera afectar negativamente a la disponibilidad de recursos estratégicos en vísperas de una guerra que parecía inminente. Por ejemplo, Gran Bretaña necesitaba berilio, uno de los componentes esenciales de las aleaciones empleadas en la construcción de los aviones militares. Sin embargo, la compañía alemana Siemens poseía una patente que le confería unos derechos en esta materia que podían impedir que el concesionario estadounidense de los mismos atendiese los pedidos británicos. ¿Y qué pasaría si la Standard Oil, que gestionaba las patentes estadounidenses relacionadas con el caucho sintético que necesitaba la I. G. Farben[13], terminaba encontrando obstáculos similares para satisfacer las demandas de los militares estadounidenses? (Tras el ataque a Pearl Harbor, la Standard Oil se vería obligada a recurrir a un buen número de licencias multilaterales para impedir esa posibilidad). Y en este contexto, un profesor de Yale llamado Walton Hamilton reactivaría las acusaciones que en su día lanzara la Comisión Federal de Comunicaciones Estadounidense contra el «imperio» Bell. Según señalaba el Comité Temporal de Economía Nacional, la industria más emblemática de los Estados Unidos, la de los automóviles, ofrecía una vía alternativa. En Detroit, las patentes tenían una escasa incidencia, puesto que ya hacía mucho tiempo que el sector automovilístico venía rigiéndose por acuerdos favorables a la «libre disposición» de los inventos[14].

El Comité Temporal trasladaría estas interrogantes al corazón mismo de la investigación científica. Postuló que la industria debía exigir al científico una serie de compromisos morales. Frank Jewett, el jefe de los Laboratorios Bell, admitiría que, al abandonar el mundo académico, el físico Albert Abraham Michelson le había dicho que esa decisión le llevaba a «traicionar su formación y sus ideales». Sin embargo, tanto Jewett como otros muchos rechazarían esa distinción moral. De admitir que el investigador hubiera sido alguna vez un caballero provisto de verdadera independencia, observarían estos objetores, lo cierto era que no le había sido dado conservar esa condición durante mucho tiempo. En el laboratorio, el ámbito académico o el mundo corporativo, «la disciplina colectiva había venido a sustituir a la libertad del individuo», señalarían. El ingeniero estadounidense Vannevar Bush coincidiría con este dictamen al sostener que la «fase individual» de la historia de la ciencia había quedado reemplazada por la «fase grupal». Jewett defendería el principio de la obtención de patentes —y en particular las conseguidas por la AT&T— en los siguientes términos: el Sistema Bell no temía que otros utilizaran sus «cosas», puesto que, según afirmaba, «somos un monopolio natural, no nos importa —que las usen si quieren—». Lo que sí temía el conglomerado era que se instalara el secretismo en todas partes si se imposibilitaba la compra de las patentes. De manera similar, Vannevar Bush no solo atribuía a los beneficiarios de dichas patentes un «espíritu pionero», sino que asociaba el propio sistema de las patentes con la posibilidad de ofrecer un elevado nivel de vida a los estadounidenses. Bush se declararía «decididamente en contra» de la concesión obligatoria de licencias, puesto que lo más probable era que un invento que «se dejara abierto a todos» quedara sin desarrollar. Bush, que veía con escepticismo los planteamientos del Nuevo Pacto Social del presidente Roosevelt, no tardaría en convertirse en el principal avalista de la ciencia y las patentes. Él mismo poseía una notable experiencia en este terreno, especialmente por haber fundado en la década de 1920 Raytheon para fabricar válvulas termoiónicas para los aparatos de radio. (De hecho, Raytheon ya había chocado antes con el conglomerado radiofónico y la AT&T). Bush también presidía un comité del Consejo Asesor Científico dedicado a estudiar la relación entre la obtención de patentes y las nuevas industrias. Y en su calidad de presidente de dicha institución, Bush recomendaría al Comité Temporal de Economía Nacional la realización de una reforma en el sistema de patentes, insistiendo en que no existía ninguna brecha moral profunda entre la industria y el mundo académico[15].

Jewett y Bush expusieron de la manera más explícita las cuestiones que estaban en juego con las investigaciones del Comité Temporal. Ambos abogarían por reordenar la relación entre la investigación y la economía. En ese contexto, resulta notable que tanto la AT&T como Jewett y Bush optaran por abandonar la mayoría de los argumentos clásicos con los que acostumbraba a defenderse la propiedad intelectual. Las antiguas reivindicaciones relativas a los derechos adquiridos por efecto del trabajo y la circunstancia de que una persona física o jurídica fuese la primera en ocupar un determinado espacio se desvanecieron. Y más significativo resultaría todavía el hecho de que nadie recurriese a la tradicional alternativa que solía contraponerse a dicha argumentación, a saber, la de la figura del autor romántico. Al contrario, todos los implicados insistirían en la desaparición de esa figura, o abogarían al menos en favor de su definitiva decadencia. Cierto es que de cuando en cuando invocarían la figura del «inventor», pero casi siempre con tono elegíaco, como personajes desbancados por la gran industria y por los laboratorios institucionales, caracterizados por trabajar en equipo. La naturaleza de la ciencia —o del saber— había cambiado. Al parecer, las patentes existían para procurar sustentación a estas nuevas instituciones colectivas. En realidad, el bando que más ensalzaba al inventor como tal individuo era el de los adversarios de las patentes. En el siglo XX, era preciso proteger al autor romántico de los avances de la propiedad intelectual. Alvin Hansen, por ejemplo —un economista de Harvard— condenaría en este sentido el sistema de patentes por considerarlo una amenaza para el carácter nacional[16].

El Comité Temporal llegó a la conclusión de que el sistema de patentes había permitido que los monopolistas «controlasen la totalidad de las industrias, suprimiendo la competencia, limitando la producción, incrementando los precios, eliminando los inventos y desincentivando la inventiva». Los partidarios del Nuevo Pacto Social del presidente Roosevelt —como por ejemplo Walter Kaempffert, una destacada voz contraria al sistema de patentes que se hacía oír desde la tribuna del New York Times— se mostrarían de acuerdo con el dictamen del Comité y exigirían que los Estados Unidos «dieran la espalda» a una ciencia orientada y definida de ese modo por los incentivos capitalistas. Sin embargo, las cosas habían llegado a un punto extremo, de modo que ya era demasiado tarde para limitarse a la mera adopción de medidas administrativas. La guerra era inminente. El factor preponderante consistía ahora en atender los imperativos de la movilización militar. Roosevelt decidió fusionar las investigaciones vinculadas con la AT&T y las labores del Comité Temporal de Economía Nacional —junto con las funciones de varios organismos más— y encomendárselas a una única Comisión Nacional para la Planificación de Patentes. Y la tarea que asignó al organismo así creado fue la de proceder a una reestructuración fundamental de la cultura investigadora[17].

Daniel Kevles ha estudiado en detalle el proceso que, partiendo de este punto, llevó a la instauración del orden científico de posguerra. Expondré con brevedad su planteamiento. El liderazgo del campo contrario a las patentes vino a recaer sobre los hombros de un senador de la Virginia Occidental llamado Harley Kilgore. Este hombre propuso la promulgación de una «Ley de movilización científica» a fin de fundar con ella un negociado dotado de la potestad de anular las patentes si el interés nacional parecía aconsejarlo. Dicho departamento administrativo debería coordinar asimismo la concesión de ayudas económicas a las instituciones dedicadas a la investigación, distribuyendo las sumas asignadas, o al menos una parte de ellas, en función de las necesidades sociales. Thurman Arnold proclamaría que el plan venía a ser una especie de «Carta Magna de la ciencia». Sin embargo, la propuesta estaba abocada a topar con la enconada oposición de la industria, el ejército, e incluso el propio ámbito científico. Vannevar Bush, que había pasado a dirigir la Oficina de investigación científica y desarrollo, se mostraría particularmente contrario a esta idea, lanzando severas críticas contra la perspectiva de que personas legas en cuestiones científicas pudiesen juzgar las propuestas de investigación que se considerara oportuno someter a su criterio —circunstancia esta que venía a constituir el mejor ejemplo de lo mucho que el Nuevo Pacto Social del presidente Roosevelt ambicionaba afianzar la noción de que la ciencia debía asumir su responsabilidad social—. Por si fuera poco, Harley Kilgore quería que los derechos privados quedasen invalidados en caso de que en la realización de un proyecto determinado hubiera intervenido alguna forma de financiación pública, fuese esta de la cuantía que fuese —planteamiento que, a los ojos de Bush, demostraba a las claras la radical fobia a las patentes que anidaba en el seno de la Comisión Federal de Comunicaciones—[18]. Además, el concepto de ciencia que él mismo profesaba no solo se asentaba en la búsqueda de una colaboración institucional con el Estado, sino que le llevaba a creer que las patentes eran un elemento esencial si se quería que dicha cooperación acabase materializándose. Al final, de la confrontación entre Kilgore y Bush acabarían saliendo las instituciones llamadas a regir definitivamente los destinos de la ciencia en los Estados Unidos de la posguerra.

Kilgore reformuló su propuesta, convirtiéndola en una sugerencia tendente a la creación de una Fundación Nacional de la Ciencia, aunque conservando los elementos que según su propio punto de vista constituían los aspectos más importantes del plan, esto es, el compromiso de encauzar a la ciencia por la senda del bien común y de dejar en manos públicas las patentes de todos aquellos productos obtenidos mediante un proyecto de investigación financiado con fondos federales. Sin embargo, Bush respondió con una astuta maniobra administrativa. Consiguió que Roosevelt le invitara a exponer sus propuestas de apoyo al progreso de la ciencia y la tecnología —campos del saber que debían relanzarse tan pronto como finalizara la guerra—. El informe de Bush vendría a desempolvar todas las estrategias retóricas que había empleado en sus argumentaciones frente a las distintas comisiones de expertos en patentes de la década de 1930, reorientando el contenido de su discurso al objeto de respaldar la causa de la ciencia asocial. Lo que debía concederse al público era, como mucho, el disfrute de una licencia gratuita que permitiera al conjunto de la sociedad servirse de los frutos de una investigación concreta, insistiría, pero no una patente; y además, el público no debía desempeñar prácticamente ningún papel en las decisiones vinculadas con las prioridades de la investigación. Tras la guerra, el lema fundacional de la práctica científica de los Estados Unidos sería «La ciencia: un horizonte ilimitado»[19].

Con todo, la estratagema de Bush no iba a verse inmediatamente coronada por el éxito. Harry S. Truman preferiría fomentar un modelo científico más social, próximo a los planteamientos de Kilgore. El ministro de Comercio y el exvicepresidente Henry Wallace también apostarían por ese mismo modelo. Y el respaldo de Wallace no era en modo alguno baladí, puesto que tenía a su cargo los activos de la entidad que era por entonces el mayor acaparador de patentes de todo Estados Unidos: el negociado encargado de la Custodia de los bienes extranjeros (Alien Property Custodian, o APC, según sus siglas inglesas). Este negociado poseía los derechos incautados a las empresas alemanas, que en conjunto venían a constituir cerca del cinco por 100 de todas las patentes estadounidenses vivas. La idea de Wallace consistía en tomar esos activos como base para la reactivación del bien general y la puesta en marcha de la cultura de la ciencia pública que los antiguos partidarios del Nuevo Pacto Social de Roosevelt habían concebido al combatir a la AT&T. El exvicepresidente deseaba conceder licencias exentas del pago de regalías a todos aquellos que lo solicitaran, organizando incluso giras publicitarias extraordinarias por todo el país al objeto de llamar la atención de las pequeñas empresas y lograr que tomaran conciencia de las posibilidades que dicho plan les abría. El volumen de activos en juego no era en modo alguno desdeñable, sobre todo porque al mismo tiempo se estaban requisando grandes cantidades de material procedente de la propia Alemania. La Boeing, por ejemplo, saldría beneficiada del nuevo estado de cosas, dado que el diseño de sus nuevos bombarderos a reacción debería muchas de sus características a los datos obtenidos en los túneles de viento alemanes. Las patentes de los tintes y las sustancias químicas se entregaron a una Fundación Química recién creada, y al propio tiempo se prohibieron las importaciones de Alemania, al considerarse que los productos de ese país violaban los derechos amparados por dichas patentes. Sin embargo, el Congreso republicano cortó la financiación de la que dependía el proyecto de Wallace. Su plan quedó estancado, dejando frustrada a la administración[20]. Finalmente, en el año 1950, el Congreso y la Casa Blanca llegaron al acuerdo de instituir una Fundación Nacional de la Ciencia basada en los planteamientos de Vannevar Bush, y no en los de Kilgore ni en los de Wallace. Las medidas políticas que acabaron imponiéndose fueron por tanto las del fomento de la ciencia pura, la realización de pruebas periciales y la creación de una estructura investigadora pública y privada cimentada en las patentes. El bien público de carácter científico quedó reducido a un puro ideal.

La contraposición entre la propiedad intelectual y la economía de la información

Los años en que se desarrollaron estos conflictos serían también los del arranque de una serie de materias académicas dedicadas a la comprensión de las ciencias y al estudio del lugar que debían ocupar estas en la sociedad. Entre los años 1920 y 1945 asistimos, por ejemplo, al nacimiento de la sociología de la invención (concretada en la obra que S. Colum Gilfillan titulará precisamente así: Sociology of Invention), de la sociología de la ciencia (a través de los trabajos clásicos de R. K. Merton) y de la sociología de la tecnología (en la obra de W. G. Ogburn). También aparecerá por esos años la psicología de la creatividad (con la Industrial Creativity de Joseph Rossman), y la ambiciosa teorización realizada en la disciplina de tecnología y sociedad (surgida a raíz de la publicación de Técnica y civilización de Lewis Mumford). Y lo cierto es que, en algunos casos, estas iniciativas se hallarían interrelacionadas. Gilfillan, por ejemplo, dedicará su Sociology of Invention —que originariamente era una tesis doctoral presentada en la Universidad de Columbia— a ocho de sus amigos, entre los cuales figuran los nombres de Ogburn, Rossman y Merton —siendo Walter Kaempffert otro de los autores citados en la dedicatoria—. Las cuestiones que habrán de concebir estos estudiosos —sobre el papel del investigador, la naturaleza de la invención, las relaciones entre la creatividad y la sociedad, y las responsabilidades de la ciencia— serán en gran medida comunes a todos ellos, e irán adquiriendo forma en el contexto de esta crisis. De hecho, Ogburn ocuparía durante un tiempo la presidencia del Comité sobre tendencias tecnológicas y política nacional que había creado Roosevelt, un organismo centrado en el examen de la invención que en último término pasaría a formar parte de la Comisión nacional para la planificación de patentes. Kaempffert, por su parte, idearía una vasta argumentación histórica con la que vendría a condenar el secretismo industrial y militar, juzgándolo contrario al progreso técnico[21]. Por consiguiente, tanto las nuevas políticas científicas como el íntegro conjunto de los nuevos enfoques sobre la naturaleza de la ciencia vendrían a alentar y a frustrar a un tiempo las pugnas relacionadas con las patentes.

Tomemos como ejemplo el que habría de ser, a medio plazo, el más influyente de estos empeños, el de Robert K. Merton. Por regla general se ha venido considerando que la sociología de Merton hallaba su motivación en la necesidad de contrarrestar las afirmaciones que reivindicaban un apoyo totalitario e incondicional a la ciencia. Y así es, pero Merton no dejaría de reconocer que esta cuestión venía a reflejar asimismo la discordia existente entre las comunicaciones y la concesión de patentes. En el frontispicio de su célebre exposición de las normas de la ciencia, Merton colocará un análisis de la relación entre el orden social y la actividad inventiva —un análisis que hallaba su principal impulso en el ataque del economista británico Arnold Plant a la propiedad intelectual, sobre el que habremos de volver más adelante—. Además, a partir del año 1941, Merton trabajaría con Paul Lazarsfeld en la Oficina de Investigación Radiofónica de la Universidad de Columbia, una institución que a juicio de la industria se hallaba aliada con los críticos del monopolio de las comunicaciones. Lazarsfeld y Merton desarrollarían métodos para estudiar el carácter de agente social de la radiofonía, métodos que más tarde se esforzarían en debatir con el grupo de estudios cibernéticos de Norbert Wiener. En Teoría y estructura social (1949), la obra con la que Merton cimentaría su prestigio, este autor avanzará gradualmente en su análisis e irá pasando de la sociología de los medios de comunicación a la sociología de la ciencia —proceso que hoy se echa en falta, puesto que nos centramos únicamente en ese último apartado—. De hecho, Merton dedicaría su empeño investigador a ambos campos simultáneamente. La sociología mertoniana de la ciencia surgirá al modo de un afloramiento discernible en su trabajo sobre las comunicaciones. Por eso se hace preciso contemplar a esa luz el hecho de que insista en que uno de los rasgos de la estructura normativa de la ciencia es su «comunismo»[22]. Merton resaltará que los productos de la investigación científica se hallan insertos en el marco de una especie de propiedad común. Y sobre esa base construirá un modelo en el que el progreso científico encuentra su impulso en un capital asociado con la reputación, y no con el vigor económico. A esto añadirá la afirmación de que la empresa científica es «incompatible con toda definición que venga a concebir la tecnología como “propiedad privada” en el seno de una economía capitalista». En el ámbito científico, el plagio era el auténtico equivalente de la piratería. Este modelo estaría llamado a adquirir una enorme trascendencia puesto que, tras el lanzamiento de la nave Sputnik, se convertiría en el fundamento de todos los esfuerzos destinados a renovar la cultura científica de la nación, transformándose al mismo tiempo en la imagen general más influyente que la época habría de tener acerca de la ciencia[23].

Entretanto, hemos de recordar que no todos los que veían con escepticismo la propiedad intelectual eran progresistas como Merton. Del seno del llamado movimiento económico liberal —un movimiento decidido a resucitar el laissez-faire— habría de surgir al menos una crítica de pareja influencia. Pese a que habitualmente se lo recuerde hoy en función de la posterior evolución del neoliberalismo, lo cierto es que tanto la propiedad intelectual como la propiedad cultural en general constituirían dos de las constantes preocupaciones de este movimiento. Si los monopolios se consideraban invariablemente malos, como suponían los liberales económicos, ¿con qué base podían defenderse entonces los monopolios de la información? Los derechos de autor y las patentes eran monopolios artificiales de ese mismo tipo —en realidad se trataba de creaciones del Estado—, de modo que ¿por qué abogar por ellos?

En Gran Bretaña, donde la BBC se jactaba de representar el futuro de la cultura misma, la importancia de estas cuestiones habría de presentar un cariz especialmente acuciante. Y en ningún sitio se dejaría notar esa urgencia con tanta intensidad como en la sede institucional del liberalismo económico: la London School of Economics. Es probable que la más destacada fuerza motriz de este tipo de argumentación fuera Arnold Plant (1898-1978), un ingeniero reconvertido en economista. Si nos dejamos guiar por los criterios de los economistas profesionales, no puede decirse que Plant fuese un autor excesivamente prolífico, y hemos de recordar que dedicaría la mayor parte de su carrera económica a las labores propias de un burócrata de Whitehall. Disfrutaría de una reputación mucho menos destellante que la de sus colegas de la época, como Friedrich von Hayek y el que un día fuera ayudante suyo, Ronald Coase. Sin embargo, Plant demostraría ejercer una enorme influencia entre bastidores, especialmente por el hecho de haberse asociado personalmente con muchos de los economistas irritados por la ortodoxia keynesiana de posguerra. En los artículos que habría de publicar en la década de 1930 en relación con los derechos de autor y las patentes, así como en los que posteriormente escribiría acerca de la radiodifusión pública, Plant vendría a diseñar el plan de acción que habrían de utilizar en sus ataques estos analistas contrarios a los planteamientos de Keynes. Las líneas maestras de su posición se basaban en una serie de afirmaciones que, de hecho, procedían de una vasta y detallada prospección documental de las pruebas, contenidas en los archivos y los estudios estadísticos de la historia de los derechos de autor y las patentes. Según parece, debió de ser él incluso quien intentara descubrir el origen del uso de la palabra pirata en el contexto de la propiedad intelectual. Prácticamente ninguno de estos trabajos lograría aflorar y darse a conocer en letra impresa. No obstante, lo que sí podría apreciarse con toda nitidez sería su redescubrimiento de los argumentos de la campaña victoriana contra la propiedad intelectual[24].

Con todo, Plant inició su ofensiva contra los derechos de autor en el año 1934, respaldado por las ideas de otra figura ya entonces olvidada: nada menos que Henry Carey. Plant había releído los ataques que los proteccionistas de Filadelfia habían lanzado cerca de un siglo antes contra los proyectos de instauración de un sistema internacional de derechos de autor, percatándose de que Carey —que había apoyado explícitamente una reimpresión ilegítima de sus propias obras— era uno de los pocos escritores que admitían poseer intereses en tanto que autores o editores. Plant admiraba esta franqueza y coincidía con Carey en que los autores eran una parte interesada en el proceso vinculado con el reconocimiento de los derechos de reproducción. Por consiguiente, los lectores harían bien en contemplar con una cierta dosis de escepticismo el abrumador consenso público según el cual se consideran beneficiosos los derechos de autor, preguntándose ¿a quién benefician? Tras proseguir sus pesquisas y zambullirse en las montañas de legajos dejadas por la perdida tradición de la hostilidad hacia la propiedad intelectual, Plant llegaría a la conclusión de que los derechos de autor se reducían, sin más, a un monopolio. Su adopción elevaba los precios, proporcionaba un estímulo enteramente indiscriminado e injustificable a un conjunto de empeños que no merecían que se les diera curso, y resultaba en muchos casos innecesario (y en tal sentido la frecuente reimpresión de los clásicos en muchos y muy distintos formatos venía a aportar abundante prueba de lo dicho). Todo esto le llevaría a pensar que quizá fuese bueno abolir esos derechos[25]. Por otra parte, Plant tampoco se privaría de sugerir que se experimentara mentalmente con la posibilidad de crear un sector editorial despojado de toda protección de los derechos de autor. A fin de cuentas, en el caso de un buen número de géneros literarios esos derechos resultaban sencillamente irrelevantes —como sucedía, digamos, con las monografías académicas y la poesía—. Además, en el siglo XVI el mercado del libro había prosperado sin necesidad de ninguna ley de amparo a los derechos de autor. En esa época existía una cultura de la reimpresión que Plant encontraba semejante a la de las imitaciones que suelen surgir en el moderno mundo de la alta costura. Las casas de moda de Milán no se veían abocadas a la quiebra sin más por el simple hecho de que las cadenas dedicadas al consumo textil de masas imitaran sus diseños y, a su vez, estas cadenas de establecimientos que vendían ropa no tenían por qué echar el cierre si los detallistas del mercado negro remedaban sus imitaciones. En lugar de esa cascada de perjuicios, lo que se instauró fue una jerarquía de mercados concretos. Y en tiempos de Carey había sucedido algo parecido con las publicaciones surgidas a ambos lados del Atlántico. La necesidad de alzarse a las primeras posiciones de un determinado mercado, unida a la «tácita asunción» de que «un editor no debía piratear» un libro salido de las manos de un colega había bastado para mantener en marcha el engranaje. Si un rival respetable transgredía esta norma no escrita, entonces los grandes empresarios del sector se coaligaban para sacar «ediciones de combate» a modo de represalia. Sin embargo, esto no impedía que en sus propias esferas de distribución y venta circularan versiones baratas de las obras más populares. Plant compararía estas prácticas con las vinculadas con los «autobuses de respuesta» que los operadores del transporte londinense pondrían en marcha en la década de 1930 para contrarrestar la ofensiva de los transportistas piratas que actuaban en las calles de la capital.

Plant sostenía que la investigación científica venía a constituir una versión moderna de ese mercado renacentista. Su afirmación implicaba que las patentes debían tener el mismo destino que los derechos de autor. Estaba claro que la invención podía avanzar a muy buen ritmo sin ellas, y además, en los casos en que tenían efectiva vigencia, lo constatable era que acababan impidiendo que se realizaran descubrimientos. En el ámbito de la biología, por ejemplo, el mejoramiento de las especies vegetales progresaba al margen de la propiedad intelectual (un ejemplo que actualmente presenta tintes claramente irónicos), y lo mismo podía decirse de la investigación médica (donde la ironía se repite). Además, las patentes, caso de concederse, creaban una falsa autoría que podía resultar fatalmente atractiva para los trabajadores. Tras sacar a la luz varios de los testimonios prestados con ocasión de la campaña de MacFie, Plant citaría a Isambard Kingdom Brunel para demostrar este extremo. De hecho, los descubrimientos y los inventos constituían logros colectivos, y resultaba más fácil fomentar la efervescencia del mundo de la ciencia y la tecnología mediante un conjunto de normas tácitas que hacerlo recurriendo al monopolio declarado. Más aún: muchos de los científicos dedicados a la investigación lo consideraban incluso preferible. Simplemente deseaban que sus creaciones alcanzaran el mayor grado de difusión posible, y la verdad era, a su juicio, que la propiedad intelectual obstaculizaba de forma clara esa difusión.

Dado que la abolición de las patentes resultaba ser una propuesta escasamente realista, Plant recuperó una vez más los debates del siglo XIX y propuso la alternativa de la concesión obligatoria de licencias. Ese principio ya había sido condenado muchas veces, admitía Plant, pero en la década de 1860 se había ensayado su utilización en Italia, y en el año 1911 también Gran Bretaña había adoptado dicha fórmula, aunque con algunas restricciones —limitaciones de las que Plant hablaría en tono aprobatorio—. El sistema evitaba los peligros derivados del surgimiento de un monopolio autoral, sin dejar de proporcionar por ello un modus vivendi a los inventores y los descubridores. Plant propuso una drástica reducción del periodo de disfrute del monopolio, tanto en el ámbito de las patentes como en el de los derechos de autor. El nuevo lapso de tiempo del privilegio debía fijarse en unos cinco años, extendiéndose en igual medida el periodo de pago obligado de regalías. Sin embargo, la economía británica no se hallaba ya aislada, de modo que aquella propuesta chocaba con los compromisos internacionales del país. El Convenio de Berna consagraba la fidelidad de Gran Bretaña a las nociones que Francia había enarbolado en relación con el derecho moral del autor —un planteamiento que consideraba que la concesión obligatoria de licencias de explotación constituía una maldición—. En este caso, la armonización internacional no solo contribuía a estandarizar la propiedad intelectual, sino a redefinir su naturaleza. Con todo, la idea lanzada por Plant parecía negarse a desaparecer. La razón de esa tenacidad no radicaba en el hecho de que los argumentos que Plant esgrimía sobre las patentes fueran nuevos en sí mismos, puesto que no era ese el caso. Sin embargo, Plant sí que resultaba ser el primer economista que decidía abordar el análisis de la ciencia como un elemento integrado en un marco de orden general. Y esa cuestión de carácter genérico pasaba por determinar cuál era la mejor forma de tratar la propiedad cultural en lo que parecía llamado a ser, según las previsiones del propio Plant, una economía de nuevo tipo, fundada en la información[26].

Una noción tácita de la propiedad

Por consiguiente, los furibundos debates que habrían de producirse a mediados de siglo en relación con las patentes, la ciencia y el bien general darían lugar al surgimiento de una reiterada serie de afirmaciones asociadas con la idea de que la investigación es intrínsecamente hostil a la implantación de reglas y doctrinas. Si las despojamos de los vínculos que las unen a las preocupaciones derivadas de la propiedad intelectual, estas manifestaciones nos hacen pensar hoy en la obra del químico y filósofo Michael Polanyi, que sostenía que la investigación descansaba en un tipo de conocimiento tácito y no podía por tanto someterse a ninguna planificación específica. Sin embargo, si lo que estudiamos son los trabajos de Polanyi, no debemos prescindir de dichos lazos. Este autor de origen húngaro y químico de profesión había emigrado a Manchester huyendo del nazismo, y en esa ciudad había tenido ocasión de interesarse en las interrogantes relacionadas con la índole de la ciencia y su papel público, consagrando varios años de su vida a proporcionarles una respuesta[27]. En un principio, el principal blanco de sus críticas sería John Desmond Bernal, un experto en cristalografía de ideas marxistas. Bernal y sus aliados —entre los que se encontraban John Burdon Sanderson Haldane y Lancelot Hogben así como otros partidarios más jóvenes, como Dorothy Hodgkin, Eric Hobsbawm y Rosalind Franklin— mantenían que la ciencia debía ser una actividad de fuerte compromiso social, puesto que los científicos tenían que responsabilizarse de todo aquello que lograran materializar. El conjunto de la empresa científica debía ser sometida a supervisión —es decir, se hacía preciso «planearla», según la expresión que empleaban los seguidores de Polanyi— a fin de garantizar que contribuyera al bien común. Bernal llegaba así, por deducción, a entrever un futuro en el que la naturaleza de la investigación y la índole del capitalismo acabarían por revelarse incompatibles, siendo sustituidas por el armonioso maridaje de la ciencia con la sociedad. Sin embargo, el hecho de que la «función social de la ciencia» se concretara de este modo debía llevar necesariamente aparejado, a su juicio, el rechazo de toda «propiedad científica». Bernal se remitiría a los debates estadounidenses para insistir en la idea de que el sistema de patentes perpetuaba la subordinación de la ciencia al capitalismo —un capitalismo por lo demás cada vez más obsoleto—[28]. Polanyi también exigiría que se acabara con los vínculos existentes entre la ciencia y la propiedad, aunque sus razones serían diametralmente opuestas.

Al empezar a comprenderse claramente que la guerra estaba ganada, quienes se oponían a la intervención del Estado, como el propio Plant, comenzarían a vislumbrar también que la «amenaza» que se cernía sobre Gran Bretaña era la del acceso al poder de un gobierno laborista. El partido de Clement Attlee estaba decidido a nacionalizar las industrias clave y a socializar el servicio sanitario de la nación. El Camino de servidumbre de Friedrich Hayek y La sociedad abierta y sus enemigos de Karl Popper se convertirían en dos de las más célebres tomas de posición contra este tipo de políticas —tomas de posición que, en el caso de Hayek muy particularmente, se propondrían advertir del riesgo que representaba la resbaladiza pendiente que acaso podía conducir de la planificación estatal de la ciencia al totalitarismo—. No obstante, el resultado de Camino de servidumbre sería en su día un tanto contraproducente, puesto que fueron muchos los que interpretaron que se trataba de una exageración. Al llegar al poder los laboristas, Hayek y sus aliados se replegaron y constituyeron la Sociedad Mont Pèlerin, un grupo consagrado al estudio del liberalismo económico en un entorno que, a su juicio, era hostil a sus principios. Polanyi sería uno de los miembros fundadores de dicha Sociedad, puesto que en relación con la ciencia no solo defendía unos puntos de vista que eran parte integrante del compromiso del grupo, sino que la Sociedad para la Libertad Científica que él mismo había fundado como entidad de transición se proponía la obtención de objetivos perfectamente compatibles con los de la Sociedad Mont Pèlerin. De acuerdo con Polanyi, el científico era un practicante ejemplar de lo que él denominaba la «libertad pública». Es decir, la independencia de que debía gozar el científico respecto de los mecanismos de control social era en esencia la misma que se reconocía al testigo de un juicio, al juez y al votante. La conducta que estas personas observaban en el desempeño de dichas funciones no respondía a ningún principio previamente construido ni a un método ajeno a la práctica misma, y debía ser necesariamente impredecible. Sin embargo, la libertad de que disfrutaban en el ejercicio de esos cometidos redundaba en beneficio de todos.

Polanyi insistiría en que, de manera similar, la investigación misma tampoco era un asunto sujeto a reglas metodológicas, sino que emanaba más bien de un «conocimiento tácito». En otras palabras, ese conocimiento hallaba su fundamento en un conjunto de técnicas inefables, de preferencias y de normas que, sumadas, se asemejaban más a una tradición que a un sistema racional. Por esa razón, si Hayek advertía que la planificación de la investigación constituía un acto de tiranía, Polanyi creía por el contrario que esa programación metódica resultaba imposible. Para ser un ejemplo de verdadera ciencia, la investigación debía operar en un entorno similar al de un mercado, esto es, en un espacio caracterizado por «el concepto liberal» de la libertad. Polanyi resaltaría que era preciso distinguir entre esta ciencia libre y la ciencia «aplicada» —una distinción que según el desdichado Nikolai Ivanovich Bujarin[29] no se entendía en las sociedades socialistas—. La planificación no podía producir sino una inhibición y una corrupción del conocimiento, circunstancia que acababa provocando desastres como el del lysenkoísmo. Polanyi defendía con gran vehemencia y con matices poco menos que religiosos (hay que recordar que era un señalado teólogo) la corrección de esta concepción que apuntaba a lo que él llamaba la «ciencia pura». De este modo llegaba a la conclusión de que el bando de Bernal se había «entregado» a una filosofía que en último término no podía sino resultar destructiva para la ciencia. Polanyi se oponía a la práctica de una ciencia sumisa a los objetivos sociales del mismo modo que Hayek y Popper impugnaban la existencia de una industria sujeta a metas de esa misma índole[30].

Si tenemos en cuenta el contexto, el ataque de Polanyi contra la concesión de patentes resulta aun más notable. En el otoño de 1944, poco después de la publicación de Camino de servidumbre, veía la luz en la Review of Economic Studies un artículo de Polanyi titulado «La reforma de las patentes»[31]. Este escrito parecía apartarse muy notablemente de todo cuanto el propio Polanyi y su grupo habían defendido hasta entonces. Desde luego, Polanyi sostenía que las patentes distorsionaban la creatividad y corrompían la investigación —hasta aquí no había nada nuevo en su trabajo—. Sin embargo, a continuación argumentaba que las deformaciones eran tan grandes que su peligrosidad superaba incluso la de la intervención del Estado. Según Polanyi, el único modo de corregir los defectos del sistema pasaba por la realización de una serie de cambios tan radicales que, en conjunto, venían a equivaler a su abolición. Las patentes debían ser sustituidas tanto por un sistema de administración general regido por el Estado como por una ingente concesión de subsidios gubernamentales. Es decir, al objeto de liberar a la ciencia de los grilletes que la mantenían atada a la propiedad intelectual, Polanyi estaba dispuesto a pactar con una entidad a la que él mismo consideraba el diablo. ¿Qué había impulsado este cambio?

Polanyi sabía que los respaldos con que contaba el sistema de patentes eran sólidos. Desde «los primerísimos días del movimiento en favor del libre comercio» (expresión con la que aludía a los síntomas de agitación registrados en las fases más tempranas de la modernidad a raíz de la aprobación de la Ley de los monopolios del año 1624) había venido existiendo invariablemente un amplio consenso en su favor. Sin patentes, pensaban los partidarios del sistema, la investigación industrial habría carecido del estímulo y la guía de la rentabilidad comercial. El capital especulativo se agostaría. Los inventores quedarían a merced de la rapacidad de las corporaciones, y no podrían aventurarse a solicitar el respaldo económico de una empresa por temor a que esta les despojase de sus creaciones. La investigación se estancaría y se regresaría al secretismo del artesano. De este modo, Polanyi venía a reconocer que el presupuesto de que los inventos de carácter más «precursor» precisaran de patentes era sólido[32]. Sin embargo, insistía en que dicho presupuesto se revelaba en último término falso. Si la investigación dependiera realmente del conocimiento tácito, entonces sería imposible idear un algoritmo capaz de predecir, siquiera de forma probabilística, qué inventos o descubrimientos prometedores lograrían verse finalmente coronados por el éxito. Por consiguiente, no existía nada semejante a un impulso inversor en empeños pioneros que pudiera reclamar además una «justificación comercial» —y esto tanto si se contaba con un sistema de patentes como si no—. Siendo así las cosas, no había nada que pudiera compensar la «grave dificultad» que planteaban las patentes —dificultad que por otra parte se reducía a una verdad de Perogrullo, a saber, que «los beneficios del conocimiento solo pueden recogerse plenamente si se permite su libre circulación»—. Los monopolios incidían negativamente en la marcha del progreso que supuestamente debían promover. En los últimos años, proclamaba Polanyi, sus dañinos efectos habían llegado incluso a incrementarse. El Comité Temporal de Economía Nacional lo había dejado bien claro: las «riadas» de patentes, a menudo para invenciones de dudosa validez, limitaban por entero el correcto desarrollo de algunas áreas de investigación, mientras que, por otra parte, el temor a las pugnas judiciales ponía freno a la innovación. Se había construido así un sistema que solo hacía justicia a los millonarios, como habría de descubrir a sus expensas Lee de Forest, uno de los precursores de la radiofonía. Al igual que Plant —a quien enviaría un ejemplar de su artículo—, Polanyi creía en último término que las patentes venían a constituir una especie de extrapolación de dudosa validez extraída de una errónea comprensión de la creatividad misma. El sistema de patentes presuponía la «parcelación del continuo flujo del pensamiento creativo en un conjunto de reivindicaciones específicas, destinada cada una de ellas a convertirse en la base de un monopolio de titularidad privada». De hecho, los descubrimientos no eran realidades atomizadas como hacía ver este modelo, sino que brotaban de «la entera red del conocimiento humano». El sistema fallaba porque perseguía «un objetivo imposible de alcanzar por medios racionales». La propiedad intelectual era un concepto irracional y corrupto. «El carácter mismo del conocimiento» exigía «la abolición de las patentes».

«Si lo que se desea es que todo el mundo pueda utilizar libremente las invenciones», instaba Polanyi a sus lectores, la sociedad debía tomar necesariamente la decisión de «impedir que los inventores se vieran en la necesidad de obtener sus ganancias por la vía comercial». Pero ese era justamente el punto en el que las cosas se ponían peliagudas. La ciencia pura no podía mantenerse por sus solos medios. De este modo, y como primera medida, Polanyi se apropió de la idea que Plant había expuesto en relación con la concesión obligatoria de licencias. Sin embargo, esa fórmula no constituía sino una etapa en la senda a recorrer para lograr la total abolición de la propiedad intelectual. En su lugar, Polanyi recomendaba la adopción de lo que él denominaba «un sistema de acción gubernamental correcta». Ese era el sistema que debía sustituir a las patentes, proporcionando a los descubridores y a los inventores una serie de recompensas económicas salidas de las arcas públicas. Su idea derivaba del planteamiento que el bando de MacFie, claramente contrario al sistema de patentes, ya había propuesto setenta años antes. La autoría científica debía dejar de ser el resultado de una iniciativa individual, y su carácter no podía seguir siendo indivisible y continuar al mismo tiempo ligado a la idea de propiedad. En vez de eso, lo que Polanyi tenía en mente era la creación de un conjunto de tribunales de expertos facultados para evaluar la validez de las invenciones y desembolsar las ayudas económicas en función de una escala progresiva capaz de medir el grado de contribución que los distintos autores hubieran aportado a un determinado logro. Según sus apreciaciones (a las que no sabemos con claridad cómo pudo llegar), para cubrir esos costes bastaría con destinar entre el diez y el treinta por 100 de los beneficios económicos que hubiera alcanzado un determinado invento en el ejercicio anual anterior. Esta cantidad representaba, a su juicio, un precio que valía la pena pagar para estimular la innovación, eliminar la piratería y terminar con «el último vestigio de control que los beneficiarios de una patente pudiesen todavía ejercer sobre sus competidores».

A primera vista, esto parecía una propuesta pasmosamente intervencionista. Resultaba imposible encontrar un elemento equivalente en ninguno de los voluminosos escritos de Polanyi. Sin embargo, este argumentaba que la eliminación de la propiedad intelectual en el ámbito de la investigación era tan importante que justificaba la adopción de medidas extremas. La necesidad superaba incluso «el peligro de corrupción y opresión arbitraria» que, según él, lastraba intrínsecamente los sistemas de subsidiación gubernamental. Trató de separar la idea que acababa de proponer de todas las nociones vinculadas con la planificación estatal, afirmando para ello que su posición simplemente implicaba la racionalización de una distribución ya existente y no la reasignación de recursos a distintas instituciones rivales. Esta tarea ya se estaba llevando a cabo —aunque malamente, señalaba—, de modo que el objetivo de hacerlo mejor no debía de ser difícil de alcanzar. Sin embargo, admitía que, para evitar la corrupción, el sistema de valoración de los tribunales que él proponía crear tendría que ser «rígido», y que sus integrantes debían ser agentes del gobierno, no miembros de las distintas profesiones técnicas o científicas. Debían proceder a una perfecta supervisión del campo cubierto por la creatividad industrial. Una medida de ese carácter podía parecer manifiestamente similar a las ya sugeridas por J. D. Bernal, y lo que era todavía peor, venir a chocar una vez más con la cláusula en la que Polanyi había expuesto la imposibilidad de predecir los resultados de una investigación. Sin embargo, la distinción más importante era quizá la existente entre la retrospección y la predicción. Las evaluaciones de los tribunales versarían sobre el valor ya registrado de un determinado invento, y no (como ocurría con el sistema de patentes) sobre sus futuras ganancias.

Esta tensión no conduce el foco de nuestra atención a las últimas conclusiones de Polanyi sobre el carácter de la ciencia y la sociedad, sino a lo que de hecho fue una enconada lucha interna: la que el propio Polanyi habría de librar durante los años en que se viera obligado a combatir para vertebrar ese planteamiento. Polanyi hubo de enfrentarse a una serie de proyectos, cuyos restos todavía pueden encontrarse hoy en sus distintos trabajos. Cada uno de estos escritos incluía uno o más apartados salidos de la pluma de sus predecesores. En el progreso intelectual que dichos ensayos nos vienen a mostrar, la cuestión de las patentes revela haber tenido un carácter axial. Trataré de exponerlo brevemente. Lo primero que proyectó fue la redacción de un libro que debería haber llevado el título de Science, en el que arremetía directamente contra el movimiento favorable a la «planificación de la ciencia». Dedicaría a este empeño tres años de su vida, los comprendidos entre 1940 y 1943, aunque solo para abandonar finalmente la idea y pasar a consagrar sus energías a otra obra provisionalmente rotulada The Scientific Method in Society. A su vez, esta obra daría paso a The Autonomy of Science, texto en el que expondría un vasto planteamiento en el que se asignaban a la historia de la ciencia tres fases de desarrollo pretérito que, en conjunto, se extendían por espacio de varios siglos. Varios elementos de este estudio reaparecerían más tarde en una obra que podría dar la impresión de ser radicalmente diferente, titulada en este caso Economic Planning. Al final, Polanyi terminó convirtiendo este libro sobre la planificación económica en un volumen denominado Full Employment in Theory and Practice. Y este último esfuerzo sí que aparecería por fin impreso en el año 1945 con el título de Plena ocupación y libertad de comercio —siendo la tercera parte de un tríptico ensayístico que encuentra sus otros dos componentes en el Camino de servidumbre de Hayek y La sociedad abierta y sus enemigos de Popper—. Solo mucho más tarde volverían a salir a la superficie diversos fragmentos procedentes de otros proyectos, pudiendo encontrarse estos, fundamentalmente, en su Personal Knowledge. A lo largo de estos decisivos años, las polémicas relacionadas con las patentes vendrían a constituir uno de los pocos hilos argumentales comunes a su evolución como escritor, puesto que lograrían unir cada uno de los nuevos proyectos con el anterior. Incluso su obra sobre el pleno empleo habría de culminar con una serie de referencias a las patentes, dado que su abolición sería capital en el proyecto de creación de una forma de libre comercio moral que, según ese texto de Polanyi, resultaba esencial para mantener unos bajos niveles de desempleo[33].

Una de las razones de la ubicuidad de las patentes en la obra de Polanyi reside en el hecho de que este filósofo creyera que la ideología del libre comercio había surgido por oposición a la idea de las patentes. La libertad económica se remontaba a la Ley de los monopolios del año 1624, pero lo más importante era que en las décadas de 1930 y 1940 muchos autores habían visto en la práctica de compartir las patentes la base del internacionalismo y la objetividad en el campo de la investigación. Lo que se pensaba era que los consorcios de patentes creaban comunidades investigadoras internamente abiertas y capaces de operar simultáneamente en distintas industrias y naciones. Bell, General Electric, Phillips y Osram constituían buenos ejemplos de ello. (De hecho, Osram era una empresa subsidiaria de Marconi y ya había dado lugar a distintas quejas durante los debates suscitados por la piratería radiofónica). El comportamiento de estas entidades era aclamado por considerarse científicamente modélico —a un tiempo racional, bien gestionado, fundado en la labor de equipo y capaz de producir resultados beneficiosos—. De este modo, las patentes quedarían convertidas en el eje de una esfera de actividad en la que la ciencia planificada presentaría el aspecto de un hecho tan conseguido como admirable. Polanyi tenía poco margen de maniobra: si quería que su crítica de la planificación científica se sostuviera tenía que atacar al sistema de patentes en este punto concreto.

La experiencia que él mismo había podido ir reuniendo le decía que aquella imagen era un espejismo. Según recordaba, en las Industrias Químicas Imperiales se le había prohibido hablar abiertamente con terceras personas, advirtiéndosele de que no debía hacerlo ni siquiera en la misma factoría. En sus borradores se aprecia la evolución que habrá de llevarle de este tipo de vivencias personales a sus célebres planteamientos sobre la naturaleza de la ciencia. Polanyi insistiría en que incluso en los esfuerzos de grupo, la verdadera originalidad no procedía de los equipos, sino de los individuos. Era incluso frecuente que se contratara a esos individuos poseedores de ideas nuevas después de que hubiesen realizado algún descubrimiento importante, incluyéndolos así a posteriori en el equipo. Se trataba de una práctica bien sensata, dado que ninguna empresa que se comportase racionalmente estaría dispuesta a dar a un inventor la libertad de acción necesaria para embarcarse en todos los fracasos que suelen precisarse para lograr un éxito. Por consiguiente, los equipos traicionaban a la ciencia porque, según dejaría escrito Polanyi, «no existe ninguna regla que conduzca de manera automática y segura a la consecución de un descubrimiento». Si el análisis pudiera guiarse desde una entidad central, añadirá en otro texto, no estaríamos ante un acto «de investigación, sino de vigilancia; no habría originalidad». «Muy importante», subrayará al llegar a un punto crucial: «He aquí un argumento habitual: la invención, el progreso, es lógico y tiene carácter determinado, de modo que resulta previsible. Sin embargo, esto es lo que ocurre en realidad: dado que [dicho proceso] sigue la evolución de su lógica interna paso a paso, y que cada uno de esos pasos representa un escalón máximo de la inteligencia humana, preciso es concluir que su resultado será impredecible»[34]. En otras palabras, la cuestión no radicaba en que el proceso fuese intrínsecamente irracional, sino en el hecho de que cada uno de los pasos a dar empujara al investigador hasta los límites mismos de lo predecible en el preciso momento en que decidía efectuarlos. Y en este punto termina abruptamente el manuscrito de uno de los libros.

El texto titulado The Scientific Method in Society llevará aún más lejos este extremo al centrar el análisis en el papel que desempeña el secretismo en la restricción del mercado de las ideas. Polanyi identificará dos tipos de secretismo: el creado por los estados y el fomentado por las empresas. Con actitud un tanto melancólica, sopesará la posibilidad de proponer que el derecho internacional declare ilegal la investigación militar, para a continuación zambullirse rápidamente en el examen del tipo de secretismo que solían practicar las corporaciones —cuyas características eran, a su juicio, de lo más perjudiciales para el bienestar general—[35]. Este era el punto en el que venían a incidir las patentes. En el capitalismo industrial, decía, las patentes eran en realidad herramientas destinadas a la edificación de cárteles. Y la radio constituía el ejemplo más pertinente. Habida cuenta de que los inventores tenían que enfrentarse tanto al secretismo militar como a los cárteles de patentes, y llevando su argumentación más lejos que el mismo Plant, Polanyi insistirá en que los descubridores debían conservar su autonomía. Será aquí —en un contexto que no aparece en su obra publicada— dónde Polanyi empiece a considerar que debe remunerarse a esos inventores con fondos públicos. Además, y con el mismo fin, Polanyi propondrá que el Estado dé marcha atrás en el asunto de los derechos de autor, aunque sin dejar de subsidiar a las bibliotecas y a las publicaciones científicas. El progreso científico debía descansar asimismo en la difusión de reimpresiones. De este modo, lo que él denominaba «hábitos de publicidad» debía pasar a formar parte de la cultura normativa de la investigación industrial —integrándose, de facto, en el propio capitalismo—. En realidad, Polanyi llegaría a vaticinar que «el hecho de permitir que todo el mundo pudiera beneficiarse libremente del conocimiento obtenido en los laboratorios de investigación de las distintas empresas acabaría siendo considerado un elemento característicamente propio de la decencia y la dignidad en la vida industrial». En conjunto, estas medidas «vendrían a renovar en todas partes la atmósfera intelectual en la que acostumbran a vivir inmersos los científicos»[36].

Tras la perspectiva que Polanyi tenía de la ciencia se encontraba por tanto un compromiso ininterrumpido e incluso un tanto angustiado con el destino que pudiera aguardar al investigador en un mundo dominado por los consorcios de patentes. Y sería la capital importancia de esa preocupación la que acabara convenciéndole de la relevancia fundamental que posee el conocimiento tácito. Y no solo eso, dado que dicha inquietud habría de llevar a Polanyi a argumentar también que la ciencia y la propiedad intelectual constituían realidades esencialmente incompatibles y que debía abolirse el sistema de patentes. De este modo, haciendo suyas tanto las reivindicaciones que Plant defendiera en su día como las conclusiones de las indagaciones de Roosevelt y los debates de la campaña librada contra las patentes en la época victoriana, Polanyi vendría a desarrollar una refinada ideología libertaria de la ciencia, entendida esta a la manera de una actividad cuyas fuentes resultaran accesibles a todos.

La patente como dispositivo de bloqueo

En realidad, lo que estaba haciendo la Dirección General de Correos británica al emplear las oscilaciones para detectar la presencia de oyentes piratas era recurrir de forma totalmente innovadora al uso de lo que toda la generación de investigadores de los años 1930 y 1940 acabaría identificando como un tipo de fenómenos físicos de orden general. Dichos fenómenos se producían en un conjunto de sistemas caracterizados por el hecho de que sus respectivos efectos resultantes vinieran a «retroalimentar» al sistema mismo: tal era el caso, por ejemplo, de los dispositivos de control armamentístico, de los reguladores de rendimiento de los motores o de los circuitos electrónicos. En principio, todos ellos podían considerarse isomorfos desde el punto de vista matemático. Al tratarlos como tales, los matemáticos y los ingenieros —es decir, profesionales como, pongamos por caso, Claude Shannon, Warren Weaver y Norbert Wiener— vendrían a desarrollar la teoría de lo que en último término daría en denominarse información. En dicho cuerpo teórico la piratería y las patentes estaban llamadas a desempeñar un nuevo papel clave[37]. Wiener en particular habría de vertebrar los compromisos de apertura proclamados durante el febril proceso vinculado con el caso de la AT&T y las afirmaciones realizadas por algunos defensores del liberalismo como Plant y Polanyi, asignándoles un lugar muy concreto: el correspondiente a la creación de la era de la información.

Nada más incorporarse al Instituto Tecnológico de Massachusetts —una institución que había establecido una estrecha alianza con la compañía AT&T y los Laboratorios Bell—, Wiener se entregaría en cuerpo y alma a la investigación en los campos de la electrónica y las comunicaciones[38]. En esos años concebiría un enfoque teorético al que daría en denominar «análisis armónico generalizado» y con él trataría de descomponer la señal y el «ruido» de un sistema mediante una serie de amplificadores y filtros de onda. De este modo Wiener, ayudado por uno de sus estudiantes de doctorado, el chino Yuk Wing Lee, emplearía el nuevo enfoque para desarrollar un filtro electrónico que pudiera utilizarse en los sistemas telefónicos, los aparatos de grabación y las técnicas de radiodifusión (en los que su invento prometía eliminar las interferencias). Lo curioso es que el destino de esta idea acabara revelándose sintomático. Wiener y Lee rellenaron una solicitud de patente y concedieron una licencia de uso del dispositivo inventado a una filial de la Warner Brothers denominada United Research Corporation. Lee entró a trabajar para esta última empresa a fin de poner el aparato en el mercado, viéndose obligado a esquivar las exigencias, cada vez más coléricas, del Instituto Tecnológico de Massachusetts —exigencias que habrían de plantearse a través de la persona de Vannevar Bush y que le instaban a adecuarse a las normas científicas y a publicar consiguientemente las características de su dispositivo—[39]. La Warner Brothers estaba sopesando la posibilidad de utilizar el aparato en la industria cinematográfica. Sin embargo, Lee ya había puesto las miras en un proyecto más ambicioso y había comenzado a hablar de una «radio por cable»[40]. Esta última idea era un viejo proyecto de la AT&T, similar al plan que ya en su día concibiera P. P. Eckersley en Gran Bretaña y consistente en utilizar ondas portadoras en cables coaxiales para la comunicación telefónica e incluso para la retransmisión televisiva[41]. Sin embargo, todas estas ideas iban a revelarse prematuras. La Warner no gozaba de buena salud, la Gran Depresión se dejaba sentir de manera implacable y la United Research Corporation iba directa a la quiebra —hasta el punto de que a Lee le dio por llamarla la «United Research Corpse»[42]—. Entonces, tanto Wiener como Lee dirigieron la vista a Europa con la esperanza de que la compañía Siemens o la Telefunken Klangfilm (una empresa dedicada a realizar grabaciones sonoras y películas) diera en aceptar su invento. Sin embargo, la perspectiva de las acciones piratas y de un litigio judicial interminable acabaría por desanimar a ambas empresas. Al final, su filtro electrónico quedó abocado a sufrir el destino que habría de afectar emblemáticamente a todos los inventos inmersos en el conflicto de patentes de la época: la desaparición. Los Laboratorios Bell adquirieron los derechos como parte de la estrategia de la AT&T, consistente en dejar a un lado todas las patentes de importancia, así que no volvió a oírse hablar del famoso filtro[43]. La experiencia determinaría que Wiener experimentara en carne propia las consecuencias del conflicto, y no habría de olvidarlo mientras viviera.

El impacto de esta peripecia se vería reforzado después de que Lee, que ahora se encontraba sin empleo, regresara a Shanghái. En dicha ciudad se dedicaría durante un tiempo a poner en marcha un servicio radiofónico para el Ministerio de Economía, aceptando más tarde una cátedra en la Universidad de Qinghua, en Pekín. Wiener le hizo una visita, y de este modo ambos diseñaron un nuevo y polivalente filtro electrónico de ondas —un filtro lo suficientemente flexible como para admitir su producción en masa y poderse aplicar en una red telefónica, además de en los amplificadores, televisiones y fonógrafos de la época—. Evidentemente, la AT&T también optó por comprarlo. Sin embargo, el gigante de la electrónica pagó únicamente cinco mil dólares por el dispositivo —lo que difícilmente podía compararse con la fortuna que ambos inventores esperaban haber obtenido— sin preocuparse jamás por encontrarle un uso práctico. No obstante, para Lee aquella venta no dejaría de resultar crucial. Atrapado tras las líneas japonesas, utilizó la parte recibida en la transacción para comprar una tienda de antigüedades y de ese modo logró sobrevivir a la guerra. Wiener en cambio vería reforzada su convicción de que el único objetivo de la corporación al hacerse con los derechos de la patente consistía en suprimir sus efectos prácticos[44].

Al regresar a los Estados Unidos, Wiener se embarcó en la investigación de las técnicas antiaéreas que habrían de hacerle famoso por concebir una ciencia destinada al control dinámico de sistemas y a la comunicación en general. Wiener terminaría comprendiendo que la «oscilación» podía sembrar el caos en muchos y muy diferentes tipos de sistemas mecánicos o electrónicos. Por ejemplo, un dispositivo capaz de predecir la ruta de vuelo de un aeroplano podía ponerse a «oscilar violentamente» si el blanco variaba de rumbo. Conocía a la perfección las características de la oscilación que se daba en las radios que de pronto se ponían a «aullar», y había oído decir que dicha oscilación también podía tener efectos destructivos en las torretas artilleras de los buques de guerra. Años después, el neurofisiólogo Arturo Rosenblueth le hablaría de los síntomas que se daban en los seres humanos, y que una vez más parecían similares a los registrados en las máquinas. En general, la oscilación era un problema que surgía cuando la «información» producida por un determinado sistema venía a retroalimentar al sistema mismo. Siendo un problema de orden extremadamente general, cualquier solución que quisiera dársele exigiría la convergencia de una serie de ramas de la ingeniería que hasta entonces se habían venido considerando saberes diferenciados, así como la colaboración de otras disciplinas. Wiener dio el nombre de cibernética al empeño, de muy notable contenido técnico, que habría de resultar necesariamente de dicha cooperación[45]. Su eje central descansaba sobre una teoría que distinguía la «señal» del «ruido» en los sistemas en red. Esta teoría postulaba que la información era una entidad que podía separarse tanto de sus particulares concreciones materiales como de otras cuestiones relativas a su significado o contenido[46]. Se trataba de una teoría llamada a convertirse en el eje central de las telecomunicaciones y la computación.

Después de la guerra, Wiener se concentraría en la ampliación y la diversificación de la influencia de esta «teoría de los mensajes». En sus más ambiciosos proyectos, el «grupo cibernético» que se reunía por esos años argumentaría que los principios de la cibernética debían dejarse notar en todas las decisiones sociales: en el tipo de diseño de las máquinas, en los valores a adoptar, en las acciones a realizar o a evitar, etcétera. En una época marcada por los campos de concentración y la bomba atómica, los miembros de dicho grupo eran agudamente conscientes de las implicaciones morales que tenía un programa científico tan ambicioso. Al presentar la cibernética al público, Wiener advertiría que era muy posible que la «moderna revolución industrial» acabara devaluando el cerebro tan radicalmente como la primera revolución industrial había provocado el destronamiento de la mano. «No sería bueno que estas nuevas potencialidades se ponderaran en función de su valor de mercado», avisaba, sobre todo si despojaban a la mayoría de todo producto que vender. Wiener haría esporádicos esfuerzos por captar el interés del movimiento obrero y conseguir que este comenzara a agitar a las masas y las instara a intervenir políticamente a fin de evitar esa consecuencia[47]. Las preocupaciones vinculadas con la apropiación y el bloqueo de la información también acabarían convirtiéndose en una de las obsesiones de su campaña de concienciación.

Wiener se hallaba convencido de que la propiedad intelectual estaba obstaculizando el potencial de la ciencia de la información. En buena medida, esta convicción emanaba de la experiencia que él mismo había vivido en sus tratos con la AT&T. Sin embargo, también había tenido problemas con los secretos de Estado, dado que había remitido al gobierno una propuesta para la fabricación de un ordenador digital, comprobando que también en este caso se hacía caso omiso de sus posibilidades. Por consiguiente, en el año 1944 observaría, no sin cierto orgullo, que los colaboradores con que contaba en un importantísimo proyecto relacionado con las computadoras mostraban un rechazo «unánime» a los consorcios de patentes formados por la RCA (Radio Corporation of America) y los Laboratorios Bell (o lo que es lo mismo, por el viejo conglomerado radiofónico estadounidense y la AT&T). Todas estas convicciones aparecerán tanto en el anuncio, de carácter relativamente técnico, que hará del surgimiento de ese nuevo campo de la ciencia al publicar en el año 1948 la obra titulada Cibernética como en el estudio, más divulgativo, que habría de ver la luz en 1950 bajo el título de El uso humano de los seres humanos. El libro de Cibernética estaba llamado a ser una de esas obras que acaban convirtiéndose en ejemplo de la argumentación misma que sostienen, puesto que había sido un encargo realizado por Enriques Freymann, uno de los socios del colectivo Bourbaki (un grupo de matemáticos contrarios a los derechos de autor). Freymann había solicitado el título para incluirlo en una nueva empresa editorial «lo más libre de la motivación del beneficio como sea posible para un empeño de este tipo». Wiener, por su parte, comenzaría a expresar, en un tono cada vez más estridente, toda una serie de denuncias de secretismo, insistiendo en que tal comportamiento resultaba incompatible con la ciencia. Y a causa de esos desvelos fue borrado de la lista de científicos que había elaborado el gobierno para señalar a los estudiosos cuyas obras consideraba merecedoras de la etiqueta de «confidencial»[48]. Según su versión de los hechos, la «rebelión» que acababa de protagonizar adquiriría muy pronto un carácter irreversible, puesto que Wiener empezó a rechazar de la manera más ostentosa los fondos que el gobierno decidiera concederle para sus investigaciones. A partir de principios de la década de 1950 comenzó a desentenderse cada vez más de la investigación para concentrarse en la exposición de lo que él consideraba un proceso de corrupción de la ciencia —proceso provocado a su juicio por la propiedad intelectual—. Se propuso publicar una tercera y mucho más prolija expresión de sus convicciones en un libro que titularía Invention: The Care and Feeding of Ideas[49]. En dicha obra lanzaba un contundente ataque contra el proceso de obtención de patentes en el que se fundaba la modalidad corporativa de la actividad científica. Logró completar prácticamente la totalidad del volumen, pero al final se desentendió de la publicación de ese texto.

Wiener elaboraría una crónica histórica de la invención misma. Dicha explicación se centraba en la información, y muy particularmente en el flujo de información. Wiener recalcaría en este caso la idea de que eran los teóricos, y no los «inventores de artilugios», quienes producían las novedades verdaderamente radicales. Los personajes que su juicio constituían el paradigma de la invención eran, entre otros, Newton, Maxwell, Gibbs y el propio Wiener. De hecho, los trabajos que había realizado en conjunción con Lee constituían a sus ojos un caso ejemplar de «modificación del clima intelectual». Dicho cambio había venido a hacer patente todo aquello que previamente había venido implícito en las teorías de Gibbs y de Fourier. Esta afirmación suponía un notable ejercicio de contención, puesto que de acuerdo con Wiener el dispositivo ideado en colaboración con Lee había sido víctima del sistema de patentes. No obstante, aquel ejemplo daría en reforzar su reivindicación general, la cual le inducía a afirmar que lo verdaderamente importante eran los cauces por los que alcanzaba a fluir la información entre dos clases sociales distintas, similares en tal sentido a las de los mecánicos y los practicantes de las humanidades, o a las de los académicos y los artesanos, según se había dado en invocar en los anteriores siglos de debate sobre los derechos nacidos de la creatividad de los individuos. Wiener los distinguiría asignándoles los nombres de teóricos y creadores. Antes de que una nueva técnica pudiera «pasar de la mente del intelectual a las manos del artesano», por emplear sus propias palabras, la sociedad debía proporcionar los contactos adecuados a estos dos tipos tan dispares de personas. De este modo, por ejemplo, la Grecia helenística había constituido una edad de oro para la invención debido a que Arquímedes y Herón de Alejandría habían podido «comunicarse con los reyes y los hombres eruditos». Este principio había alcanzado su apogeo a finales del siglo XIX con una «síntesis» entre la ciencia y la artesanía. Y la era de los «señores de la ciencia», como Kelvin, había asistido a la fusión del «científico puro», el «artesano» y el «industrial».

No obstante, después había sobrevenido la desintegración. La investigación había terminado convirtiéndose en un empeño colectivo. Edison había creado el laboratorio industrial, un espacio en el que varios grupos de trabajadores se afanaban en generar inventos con voluntad de hacer negocio. Siguiendo los pasos de Edison, la AT&T había construido una enorme maquinaria propia destinada a producir patentes a mansalva. En esta era de las comunicaciones, el mundo empresarial tenía más necesidad que nunca de la ciencia, y el sistema Bell venía a constituir la perfecta expresión de esa convergencia. Dicho sistema había fomentado el surgimiento de un nuevo tipo de «científico-aventurero» que, a los ojos de Wiener, traicionaba a la ciencia al centrar sus empeños en la procura del poder y el beneficio. Daría a todo este montaje el despectivo nombre de «ciencia del megadólar». Los laboratorios —ya fuesen soviéticos o estadounidenses, públicos o privados— habían terminado pareciéndose a las inmensas máquinas que precisaba su función. Al igual que Polanyi, Wiener despreciaba a dichas instituciones, pues las consideraba válidas para un trabajo repetitivo, pero inadecuadas para la realización de descubrimientos radicalmente nuevos. Para esas empresas, todo problema constituía una tarea a abordar por un equipo, y esos equipos, a su vez, no eran más que instrumentos pensados para consagrar la práctica de la mutua ocultación. Por consiguiente, el secretismo y el temor se habían apoderado de la moderna vida científica —y todo ello se concretaba en el miedo a los subordinados, a los competidores y a las naciones rivales[50].

Por tanto, la razón de que esta investigación basada en la búsqueda del megadólar acabase resultando funesta para la ciencia radicaba en el hecho de que confundía la naturaleza de la información. La información era más propiamente un proceso que una sustancia. Existía en forma de flujo circulante en una red, y no se acumulaba en ningún tipo de depósito. La falacia del laboratorio científico a gran escala se manifestaba en la circunstancia de que ambicionase amontonar el conocimiento en un determinado lugar (ya fuese este el equipo o el laboratorio mismo). El sistema de patentes era el contrapunto de este estado de cosas y su expresión jurídica. Serían estos los motivos que llevarán a Wiener a coronar su carrera con un ataque al sistema de patentes. La propiedad intelectual, proclamaría, impedía el flujo de la información en la gran red de la sociedad. Se trataba de algo peor que una interferencia, puesto que en realidad constituía una forma deliberada de «bloqueo»[51]. Debía acabarse con esa práctica. De acuerdo con Wiener, la medida política que viniese a sustituirla, fuera esta la que fuese, debería condicionar el reconocimiento de los inventores al hecho de que publicasen o no abiertamente sus descubrimientos. Debía ser necesariamente una política contra toda forma de bloqueo. El texto de su Invention culminaba explícitamente con el siguiente veredicto: «la verdad solo podrá hacernos libres si se trata de una verdad susceptible de obtenerse libremente». Esa era la conclusión de Wiener[52].

La historia de la invención que había elaborado Wiener centraba sus ataques en la AT&T. Lo que venía a sostener Wiener implícitamente era que la red de larga distancia que dicha compañía mantenía constituía en verdad la extrusión material de un consorcio de patentes cuyos tentáculos serpenteaban en su esfuerzo por atenazar a los Estados Unidos[53]. La creación de dicha red había venido a señalar la convergencia de la concesión de patentes y el capitalismo, coaligados para tramar la aparición del «científico-aventurero», cuyo modelo perfecto había cobrado vida en la persona del ingeniero de la Columbia, Michael Pupin, dueño de la patente del componente crucial de la mencionada red. Si Wiener había renunciado a publicar su Invention era porque quería centrar al máximo su atención en la peripecia vital de Pupin. Había decidido que lo que más le interesaba, por encima de cualquier otro proyecto, era escribir una novela sobre las patentes. Titulada The Tempter, la obra debía exponer el ascenso de la AT&T y la caída de la ciencia en los términos propios de un fatal pacto fáustico. Wiener diría a su editor que el libro vendría a «exponer [sus] ideas sobre el papel de la invención en el mundo moderno en forma de relato de ficción».

La narración de Wiener giraba en torno a la figura de un ingeniero electricista llamado Oliver Heaviside (1850-1925). La peripecia vital de Heaviside llevaba ya mucho tiempo fascinándole —más de hecho que cualquier otro asunto, tuviera o no relación con la cibernética—. Los primeros trabajos de Wiener en el Instituto Tecnológico de Massachusetts habían sido un empeño encaminado a reformular sus trabajos a fin de que resultaran útiles a los ingenieros eléctricos y de comunicaciones[54]. Heaviside había sido un personaje cada vez más solitario que, por usar las palabras del propio Wiener, «había nacido, vivido y muerto en la pobreza», careciendo además de aliados influyentes, tanto en el mundo académico como en la Dirección General de Correos. A juicio de Wiener, esta circunstancia le convertía en una persona «sincera, valiente e incorruptible». Había dedicado toda su vida a la resolución de un problema relacionado con la atenuación de la señal que afectaba muy notablemente a las líneas de telégrafos de gran longitud, insistiendo —contra el parecer de los técnicos más ortodoxos— en que era preciso añadir a dichas líneas la «carga» de una serie de bobinas de inductancia colocadas a intervalos regulares. De acuerdo con sus planteamientos teóricos, había dado a esta idea el sobrenombre de «heavification», término que expresaba el principio operativo y recogía al mismo tiempo la sonoridad del apellido del inventor a fin de concederle «el justo mérito a que se había hecho acreedor». Sin embargo, la Dirección General de Correos —que poseía el monopolio de la telegrafía— se había negado a facilitarle un local para la realización de sus experimentos, y según manifestaba Heaviside, había tratado incluso de eliminar sus apuntes de trabajo. Él había respondido denunciando el secretismo científico y calificándolo como «uno de los actos más reprobables de que pueda hacerse responsable un hombre de esa profesión», renunciando acto seguido a patentar sus contribuciones al conocimiento técnico[55]. Más tarde Michael Pupin se convertiría en la primera persona en realizar una auténtica prueba del invento, comunicando el éxito de la experiencia al Instituto Estadounidense de Ingenieros Electricistas y obteniendo una patente por el empleo de aquella técnica —aunque no sin derrotar antes a un investigador rival de la AT&T que también pretendía lograrla (con la complicidad de la compañía, en opinión de Wiener)—. Así las cosas, la AT&T compró la patente ya firme de Pupin —y según los rumores por unos quinientos mil dólares—. Convertido en una persona rica de la noche a la mañana, Pupin apenas concedería mérito alguno a Heaviside por el descubrimiento, optando en cambio por achacar el hallazgo a sus propias experiencias infantiles entre los pastores serbios (que, según parece, se comunicaban clavando sus cuchillos en el suelo y golpeándolos después para emitir algún tipo de código). La autobiografía de Pupin se convirtió en un gran éxito de ventas, circunstancia que contribuiría a legitimar la imagen del científico industrial. Entretanto, la técnica de carga por bobina se transformó en el fundamento de todas las redes de comunicaciones de larga distancia, sustentando por consiguiente la cultura de la investigación para la que había trabajado Pupin. Esto había determinado a su vez los primeros focos de interés investigador del propio Wiener, puesto que la AT&T quería añadir «repetidores» (esto es, unos amplificadores basados en una técnica de retroalimentación negativa) en ciertos puntos estratégicos situados a lo largo de las líneas de teléfonos y encontrar una forma de transmitir varias señales a un tiempo[56]. Esta posibilidad descansaba en aquel concepto de telefonía «por cables sin cables»[57] para cuya aplicación práctica habían intentado Lee y Wiener vender a la AT&T el circuito electrónico de su invención. Y para empeorar las cosas, en el mismo momento en que Wiener y Lee se hallaban inmersos en su frustrado intento de obtención de una patente, Pupin se dedicaba a ensalzar públicamente a la AT&T, presentándola como una institución precursora de una utopía futura «más justa y generosa para el trabajador que todas las que el mundo haya visto hasta la fecha». «Uno de los grandes servicios que el teléfono ha proporcionado a esta nación», sostendría, «radica en el hecho de que haya demostrado que un monopolio industrial, sabiamente administrado, puede ser una bendición nacional». La perpetuación de una pequeña estructura científica no habría logrado otra cosa que «paralizar el progreso». Por tanto, al demonizar a Pupin, Wiener no estaba atacando a un personaje del pasado, sino a alguien que encarnaba la glorificación en curso de la propiedad intelectual[58].

Wiener creía que este ejemplo de piratería había constituido un punto de inflexión tanto en la historia de la ciencia de las comunicaciones como en la evolución de la ciencia en general. Además, quedaría convencido, como muy tarde en el año 1930, de que era necesario reivindicar la figura de Heaviside frente a la de este «plagiario». Wiener se puso por tanto a trabajar para hallar el rastro de los papeles de Heaviside en Gran Bretaña, explicando el proyecto a un periodista con tanta insistencia y apasionamiento que al final no lograría sino desanimarlo[59]. Diez años más tarde, hallándose enfrascado en el trabajo de elaboración de un sistema antiaéreo —una labor extremadamente exigente, hasta el punto de obligarle a tomar Benzedrina[60] para mantener el ritmo—, Wiener encontró un hueco para escribir una larga carta a Orson Welles en la que instaba al director de Ciudadano Kane a dedicar su siguiente película al caso Pupin. El filme expondría las circunstancias reinantes en la época más «salvaje» de la moderna ciencia industrial, afirmaba Wiener, centrándose en sus orígenes piráticos y en su raíz fáustica, que implicaba vender el alma al diablo. Añadía que Appleton, un defensor de la ciencia de las comunicaciones, había publicado ediciones baratas de varias obras de Heaviside —con su autorización—, no consiguiendo sino que se remedara su empeño «al menos en tres ediciones pirateadas», «una de ellas en China», habiéndose convertido todas ellas en textos canónicos[61]. Que sepamos, Welles no respondió, pero Wiener no renunciaría a la idea. En Invention observará que la autobiografía de Pupin era en realidad «un grito desde el infierno». La obra The Tempter llevará esta noción al límite. Como manifestaba el propio Wiener, la novela venía a mezclar a Prometeo con Fausto. Heaviside, evidentemente, era Prometeo, mientras que Pupin representaba el papel del ambicioso pero superficial erudito que vendía su alma al Mefistófeles monopolista. El sistema de patentes, por su parte, era el mecanismo —el cosmos como si dijéramos— que venía a estructurar esta moderna tentación y caída de Fausto[62].

Tanto el ensayo Invention como la proyectada novela sobre Heaviside eran productos de una época marcada por la existencia de fuertes tensiones personales y colectivas. Lejos de proporcionar un cauce abierto al futuro de la civilización, la cibernética estaba a punto de derrumbarse. Y la culpa había que atribuírsela a Wiener, puesto que a medida que fuera aumentando el fervor con el que defendía su convicción de que la ciencia debía permanecer abierta iría incrementándose igualmente la voluntad de protección que él mismo mostrara respecto de sus propios empeños como autor. En el año 1951, la situación terminó explotando. Wiener lanzó una feroz denuncia contra McCulloch por haberse apropiado de la reputación que le correspondía como inventor de la cibernética. En ella le llamaba nada menos que «pintoresco usurpador de capa y espada». La evocación de la figura del pirata adquiría así tintes prácticamente explícitos[63]. Acostumbrado a estas rabietas, el presidente del Instituto Tecnológico de Massachusetts, James Killian, reaccionaría con la respuesta habitual de quitar hierro al asunto. Sin embargo, esta vez Wiener estaba decidido a llegar al final. Ya fuera porque su temor a verse despojado de la propiedad intelectual que le correspondía actuara como verdadero motivo de sus protestas o porque su esposa, como se ha venido sosteniendo recientemente, se las ingeniara para provocar la ruptura inventando extraños episodios de conducta sexual inapropiada, lo cierto es que en esta ocasión la determinación de Wiener iba a perdurar. El distanciamiento entre McCulloch y Wiener terminó revelándose permanente, de modo que sus antiguos colaboradores quedaron desolados. La cibernética acabó por desmembrarse. Y sería justamente en medio de toda esta zozobra cuando Wiener escribiera su Invention y los dos volúmenes de sus memorias[64]. Esta crisis de la ciencia de la información vendría acompañada de una acusación específica —la de un comportamiento pirático— llamada a hacer saltar por los aires tanto a la comunidad científica a la que había servido Wiener como al campo mismo que había constituido su vocación. Si el libro de Pupin había sido «un grito proferido desde el infierno», ¿cómo calificar la llamada de auxilio de Wiener?

¿Y de qué nos extrañamos, si esto es el infierno?

Todavía hoy se dejan sentir los efectos que han dejado tras de sí los debates de mediados del siglo pasado sobre la ciencia y la sociedad. Hemos heredado los términos de la discusión misma, y la cultura de la ciencia que configura nuestro propio mundo es la que ellos nos legaron. Si enarbolamos la idea de que «la información ha de ser libre» estaremos dando voz a un sentimiento que ya defendían Wiener, Polanyi y Plant. Y si nos preocupamos por el hecho de que el resurgir de la procura de patentes y el comercialismo en el ámbito de la investigación pueda suponer una traición a la ciencia —como efectivamente piensa mucha gente— estaremos remitiéndonos a una imagen cuasi mertoniana del empeño —imagen moldeada y enmarcada a su vez por los debates relacionados con estos mismos temas—. No es casualidad que el propio Merton pareciera considerar con menos optimismo las posibilidades de sobrevivir al cambio que se estaba viviendo en la década de 1980 que al ocurrido en la de 1940.

Lo que le está sucediendo a la ciencia en la actualidad es en cierto modo un ejemplo de lo que está ocurriéndole a todas las demás actividades creativas, aunque existe no obstante una diferencia sumamente importante. En todos los demás ámbitos, se presenta la globalización como un fenómeno llamado a sustituir los diversos localismos existentes: ya sea en la esfera de los estilos musicales, en la de la literatura, en la de la moda o en cualquier otra imaginable. En las ciencias hay en juego algo distinto. Lo que da la impresión de estar sucediendo no es que una particular y reciente escala de valores universalista de fuerte orientación mercantil esté reemplazando a un cúmulo de localismos; a lo que asistimos es a la sustitución de una forma de universalidad no solo más antigua sino también, en opinión de muchos, más noble. Desde este punto de vista, la antigua forma de universalismo era sencillamente la expresión de la auténtica ciencia: un empeño ideológicamente neutro capaz de producir conocimiento con independencia del lugar en que se generara, y ello precisamente por el hecho de haber sabido mantenerse al margen del mercado[65]. Es esta diferencia la que otorga un verdadero mordiente a las críticas de la cultura científica enfocada a la obtención de patentes. Este matiz es el que hace que la protesta de los disidentes pase de ser una queja relacionada con un deterioro a convertirse en una denuncia de traición. Y al parecer, todo cuanto nos queda tras la instauración de los nuevos modos mercantiles es el simulacro huero de una noble empresa. Esta es la principal controversia que subyace a los muy coléricos e incluso violentos debates que conmueven actualmente los cimientos de las ciencias. Deberíamos tener ya claro a estas alturas que todavía no acertamos a comprender adecuadamente las premisas de dicho debate. En particular, se da la circunstancia de que la imagen de la ciencia «adecuada» a la que remite la polémica no puede considerarse en modo alguno correcta en términos históricos. Contrariamente a la creencia popular, en la década de 1980 no se produjo de hecho ningún salto cuántico en la concesión de patentes científicas. En la década de 1930, algunas instituciones dedicadas a la investigación comenzaron a afanarse en obtener patentes, es cierto, pero no lo hicieron con mayor avidez de la que hoy mismo muestran entidades como el Instituto Tecnológico de Massachusetts o la Universidad de California, en San Diego. Y como ha demostrado con todo lujo de detalles Steven Shapin, la actividad científica de carácter industrial y académico de mediados del siglo XX no puede juzgarse en la práctica con tan crudos criterios morales[66]. Y lo que resulta aún más pertinente, la imagen misma de esa ciencia «moral» es en realidad un vestigio de conflictos anteriores vinculados precisamente tanto con la concesión de patentes derivadas de la investigación como con el acotamiento de las «tierras comunales» del mundo intelectual y tecnológico. En otras palabras, no se trata tanto de que la ciencia pura no haya existido jamás, como del hecho de que la idea de que pudiera llegar existir realmente sea una noción resultante de los debates relacionados con la propiedad intelectual y la piratería. A la luz de esta historia, difícilmente podrá sorprendernos que el resurgir de la propiedad científica en nuestra época esté desatando tantas pasiones.

Para reducir el ímpetu de esa vehemencia hemos de alcanzar una distinta comprensión histórica de la ciencia. Hasta el reciente apogeo de las ciencias biológicas, el punto de vista más extendido venía a sostener que el episodio más trascendente de la ciencia moderna había sido el concretado en el Proyecto Manhattan[67]. De ese proyecto vendría a surgir lo que hoy se denomina la Gran Ciencia, pero también las instituciones de posguerra de la Fundación Nacional de la Ciencia y los Institutos Nacionales de Salud, entidades estadounidenses en ambos casos. Y a pesar de que sería absurdo negar la importancia de la bomba atómica, también hay que tener en cuenta que puede concebirse un planteamiento alternativo[68]. Desde esa perspectiva novedosa, la historia de la ciencia moderna no encontraría su eje principal en la física, y tampoco en la biología, sino en la comunicación y la computación. Este reenfoque de los planteamientos llevaría aparejada la revisión de la cronología, los enfoques, los problemas y las fuentes de la historia de la ciencia moderna. Desde este punto de vista, el acontecimiento históricamente determinante de dicha ciencia se habría producido antes, al surgir la radiodifusión y la telefonía de larga distancia en la década de 1920. Sus problemas centrales habrían sido los relacionados con la mudadiza condición del científico y con el destino de las normas científicas, circunstancias ambas moldeadas por el surgimiento de la ciencia corporativa, centrada en la labor de equipo y caracterizada por su vocación gerencial. La controvertida historia de las patentes y sus enemigos podría ofrecernos a un tiempo un cauce de acceso a esta historia de la ciencia y un modo de entender su importancia. Si lo que deseamos es huir del infierno, esta perspectiva podría ser una de las posibles vías de escape.

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EL PIRATA DOMÉSTICO Y EL DE ALTOS VUELOS

En el último cuarto del siglo XX, la piratería iba a revelarse a un tiempo doméstica y global. Por un lado, habría de causar muchas noches de insomnio a los padres de los barrios periféricos hostigados por una industria discográfica interesada en sus hijos y en archivos musicales que compartían, mientras que, por otro, acabaría convirtiéndose en una permanente manzana de la discordia para la geopolítica del comercio mundial. Consideradas conjuntamente, esas dos tendencias vendrían a señalar el arraigo de la información como elemento estructural de la vida de la tardomodernidad. La digitalización, con su promesa de un copiado perfecto —un copiado al que inevitablemente habrá de adjudicársele el sobrenombre de «clonación»—, vendrá a acelerar este proceso. Sin embargo, hay que recordar que la digitalización no ha sido el elemento desencadenante del proceso, y que tampoco es ella la que ha determinado su naturaleza. El origen y el factor configurador de esta evolución de los acontecimientos hay que buscarlo en otra parte: en una serie de percepciones, de prácticas y de convicciones que ya habían terminado fraguando en un periodo anterior —y en ocasiones muy muy anterior—. Todos esos elementos saltarían al primer plano en las décadas de 1970 y 1980, listos para su uso, al comprenderse que la revolución digital era una perspectiva inminente. Y la circunstancia llamada a enlazar los mencionados factores entre sí iba a ser una práctica abocada a transformarse a gran velocidad, puesto que pasaría de ser una actividad circunscrita únicamente a pequeños grupos de diletantes y aficionados a constituir un auténtico fenómeno de masas, y un fenómeno provisto además de una economía moral propia. Como tal fenómeno iba a inspirar una verdadera devoción, afectando por consiguiente al modo de utilización práctico de los nuevos dispositivos digitales. Muchos lo denominarán piratería doméstica.

La piratería ha solido poner de relieve, y de modo muy notable, la condición política de los domicilios particulares. Entre el siglo XVII y el XX, las controversias han venido fundándose en repetidas ocasiones tanto en la percepción de lo que estaba sucediendo en los hogares como en la génesis de expectativas relacionadas con lo que debiera ocurrir en ellos. Los conflictos provocados por la piratería exigían en cierto modo la especificación de los respectivos roles del hogar y el Estado en la creatividad y el comercio. También precisaban de algún elemento que viniera a explicar por qué vías convenía moderar políticamente las actividades domésticas en una democracia liberal. Con todo, la realización de copias domésticas iba a aterrorizar a las industrias culturales de mediados del siglo XX —que se hallaban entonces en sus años formativos— mucho más que las piraterías anteriores, puesto que implicaba una radical descentralización de la producción cultural. Lo que vino a dar verosimilitud a dicha posibilidad fue la acogida dispensada a una de las tecnologías de que se apropiaron los Estados Unidos tras el desplome de la Alemania nazi: la cinta magnética. Los aparatos provistos de dos carretes enfrentados de cinta magnetofónica comenzaron a hacer acto de presencia en muchos hogares estadounidenses a finales de los años cuarenta del siglo XX. Pese a resultar un tanto incómodos si los juzgamos en función de lo que más tarde habríamos de conocer, lo cierto era que con ellos se facilitaban más que nunca las operaciones de grabación y copiado. A medida que fueran desarrollándose los hábitos de su uso doméstico, aquellos magnetófonos comenzarían a permitir el surgimiento de un cambio revolucionario en el ámbito de la reproducción, e incluso en el de la creación, puesto que su eje principal vendría a pasar de la fábrica al domicilio. O quizá fuera mejor afirmar que se trató de un vuelco contrarrevolucionario, dado que antes de la Revolución industrial todo ese tipo de labores se habían venido verificando en entornos domésticos. Sea como fuere, el bajo precio, la facilidad de transporte y la posibilidad de reutilizar las cintas convirtió a estos aparatos en el vector perfecto para todas aquellas comunidades que ya llevaban tiempo buscando una herramienta de este tipo —comunidades como la de los aficionados a la experimentación radiofónica, por ejemplo—[1]. Los magnetófonos se convertirían así en un instrumento propicio para dichos grupos, puesto que vendría a permitirles atender los compromisos morales que habían asumido, como los de intercambiar, compartir y distribuir los resultados de la creatividad propia y ajena. Y esta asociación entre el elemento moral y el técnico estaba llamada a tener implicaciones prácticas. En un mundo en el que el copiado de las muestras de creatividad permanecía confinado al ámbito de la esfera industrial resultaba relativamente sencillo defender el principio de la propiedad intelectual, puesto que dicho copiado tenía lugar en espacios controlables. Sin embargo, una vez que los imperativos de la difusión de la creatividad hubieron adquirido un carácter a un tiempo doméstico y universal, la propiedad intelectual misma iba a verse expuesta a nuevas oleadas de escepticismo.

La piratería doméstica

El hecho de que la piratería, entendida en sentido amplio, viniese a concretarse en el ámbito doméstico no constituía ninguna novedad. En el siglo XVII, los piratas del mundo de la imprenta realizaban sus trabajos en las casas londinenses. Las personas que se dedicaban a piratear partituras musicales a principios del siglo XX elaboraban millares de copias de temas populares en las viviendas adosadas de Liverpool y Manchester. Y en la década de 1920, las autoridades se afanaban en detectar la presencia de oyentes radiofónicos piratas que operaban en el interior de su propio hogar. Con todo, la idea de una «piratería doméstica» ha tenido siempre una especie de resonancia antiintuitiva. Y ese carácter chocante seguía vigente en las décadas de 1960 y 1970. Tanto las autoridades europeas como las estadounidenses tratarían sistemáticamente de distinguir el «copiado doméstico», o la «grabación casera», de la piratería propiamente dicha. La piratería, insistían, constituía una empresa comercial y por consiguiente no podía considerársela doméstica. Las grabaciones «privadas» eran de uso personal, o estaban destinadas, en el peor de los casos, a ser compartidas por un pequeño grupo de amigos y sin miras comerciales. Pero al proliferar esa práctica se iría debilitando asimismo la solidez de dicha distinción. En las exposiciones argumentales de los defensores de la industria, en las menos cautas afirmaciones de las asociaciones comerciales y no digamos ya en la prensa, la «piratería doméstica» empezó a convertirse por primera vez en una realidad. La grabación de las emisiones de radio, más tarde el copiado de los discos, y finalmente la conservación en cinta magnética de los distintos programas y películas comenzó a merecer el epíteto de pirática, se efectuara o no en virtud de una motivación comercial. A finales de la década de 1970, la industria musical diría de esta práctica que se trataba de la mayor amenaza a que hubiera tenido que enfrentarse jamás —un peligro existencial que podía acabar aniquilando a la propia música—. Con la llegada de los aparatos capaces de grabar cintas de vídeo, Hollywood volvería a emplear una retórica idéntica y lo mismo harían las distintas televisiones, por no mencionar que otro tanto habría de ocurrir con el surgimiento de las redes digitales —aunque en este caso quien hiciera sonar la señal de alarma fuera ya la totalidad de la industria del entretenimiento—. De este modo, una práctica que la mayoría de los ciudadanos consideraban inofensiva —y que, de hecho, veían incluso como un hábito constructivo en torno al cual venían a converger numerosos actos de socialización y del que habrían de emerger además nuevas formas artísticas— comenzó a adquirir un siniestro significado. Se dijo a los ciudadanos que cada vez que apretaban la tecla de grabación estaban contribuyendo a «la desaparición de la música».

La historia del domicilio mismo ayudaría a modular el significado de esta presunta piratería, haciéndolo fundamentalmente de dos maneras. La primera de ellas guardaba relación con la comprensión de la moral y el orden político. Llevaba mucho tiempo pensándose que el hogar era la unidad esencial que constituía la sociedad. Desde los primeros tiempos de la modernidad, la nación política había venido concibiéndose como una inmensa concatenación de hogares. Más aún, al trasladarse la sede de la mayoría de los oficios y comercios al hogar se comenzaría a admitir que este era un emplazamiento particularmente apto para la observancia de conductas morales. El espacio que se acostumbraba a reservar en la planta baja de los edificios renacentistas a las prácticas artesanales o al comercio al por menor había sido un espacio mixto, un ámbito en el que el mundo público de la calle venía a confluir con la esfera privada del hogar. En los límites de dicho espacio mixto, la tutela del patriarca se extendía desde los comportamientos propios de la órbita familiar a las conductas vinculadas con las manufacturas y el comercio. Como hemos visto, los libros se elaboraban y vendían bajo los auspicios de dicha autoridad, pero lo mismo ocurría también con todos los demás bienes. En el primitivo periodo moderno, muchos de los pleitos en que se venía a poner en tela de juicio la condición de un determinado libro, por considerar que su contenido llamaba a la sedición o constituía un libelo, habrían de fundarse en un conjunto de distinciones relacionadas con las distintas partes de una casa —tratándose casi siempre de dirimir quién podía utilizar una u otra habitación en concreto y qué acciones se le permitían realizar en ella a la persona o personas en cuestión—. Los trabajos clandestinos, ilegales, o simplemente de baja calidad se vinculaban con otros espacios. Estos podían realizarse en los altillos de las casas, en la zona más decididamente privada de un domicilio —lo cual implicaba voluntad de ocultación—. O podían tener lugar en un ámbito completamente exterior a la casa, en «tugurios» o «guaridas» —un tipo de vocabulario que todavía proliferaba en las descripciones que hacía la primitiva BBC de los actos de piratería radiofónica—. Esta circunstancia de la exterioridad implicaba la realización de una actividad peligrosa, o de algún otro modo impropia de la moralidad familiar[2]. Obviamente, las impresiones piratas se verificaban de hecho en un conjunto de casas impresoras convencionales, pero cuando se descubría un caso de esa naturaleza, las personas de la época encontraban bastante difícil comprender la naturaleza del delito. Solían representarse el domicilio que había sido escenario de la transgresión como un espacio desordenado, hasta el punto de no constituir ya un verdadero hogar en el pleno sentido del término. O quizá se tratara de un lugar caótico en el que todo se hallara en posición invertida, hasta el punto de que los criados vinieran a mangonear a los amos. Podía haberse visto afectado por una conducta adúltera, como había sucedido, según se decía, en el caso de los impresores liberales y conservadores que habrían de hacerse tristemente célebres durante la Restauración inglesa. La denuncia que hará Samuel Richardson al hablar de una «traición intestina» vendrá a captar de manera visceral el miedo que se apoderaba del cabeza de familia que descubría que su mundo doméstico resultaba no tener nada de tal.

En términos prácticos, el ejercicio de la piratería en el interior de un domicilio constituía una actividad poco menos que imposible de controlar. El umbral doméstico era una verdadera línea divisoria que venía a separar la calle del hogar —cuyo ámbito se suponía inmune a toda supervisión—. En el Londres de la modernidad temprana, los comerciantes, fuesen estos hombres o mujeres, mantenían que dicha autonomía hundía sus raíces en la Carta Magna, y que era por tanto un asunto revestido de la máxima importancia constitucional. Estos mercaderes apelarían sistemáticamente a ella para negar a los agentes de policía el derecho de acceso a sus locales y su correspondiente registro, y no era infrecuente que ganaran los pleitos cuando la autoridad hacía oídos sordos a sus demandas. Pocas peticiones resultarían más subversivas en esta incendiaria época que la que diera en cursar el secretario de Prensa británico al solicitar una orden judicial que permitiera hacer caso omiso de las reivindicaciones de los cabezas de familia. Es más, esta asociación del ámbito doméstico con el decoro y la autonomía lograría sobrevivir a la Revolución industrial, pese a que suela admitirse que en esta época el trabajo quedó apartado de la esfera doméstica. Y seguiría asimismo vigente durante la época eduardiana, como podemos apreciar en los episodios en que los agentes de Arthur Preston se abrían paso a viva fuerza y penetraban violentamente en los domicilios en que —sospechaban— se procedía al pirateo de partituras musicales. Los oyentes radiofónicos piratas de la década de 1920 invocarían asimismo la sacrosanta inviolabilidad del hogar. En todos los casos en que fueran investigados habrían de esgrimir el espectro de unos funcionarios públicos empeñados en irrumpir en su vivienda a empellones y decididos a arrestar a todo el mundo, incluso a los niños. En todas partes se identificarían este tipo de actitudes con la tiranía. A mediados del siglo XX, dicha asociación adquiriría tintes aun más amedrentadores, puesto que se consideraría una señal de totalitarismo.

De este modo, la expresión misma de «piratería doméstica» seguía constituyendo una especie de oxímoron. Según los conceptos clásicos, si algo tenía lugar en el hogar no podía considerarse que se tratara de un acto de piratería. Sin embargo, es evidente que el domicilio no constituía ninguna entidad estática. Cada vez se identificaba más con la esfera de lo femenino, y se juzgaba asimismo que constituía un ámbito abierto a la colonización de las nuevas tecnologías —encarnadas en lavadoras, aparatos de aire acondicionado, frigoríficos, teléfonos y radios—[3]. En los años setenta del siglo XX, el hogar había sido reinventado, proclamándose en numerosísimas ocasiones que venía a constituir la sede de distintas formas de utopía tecnológica, sin perder en ningún caso su condición de eje moral. Se trataba no obstante de una domesticidad consagrada ahora al ocio. Ni siquiera las más atrevidas formulaciones utópicas de la época se habrían atrevido a considerar la idea de que el hogar viniera a recuperar el antiguo rol que había desempeñado a principios de la era moderna como sede de la producción creativa. Esa distinción entre el hogar y el trabajo —capital en toda definición de la modernidad desde, cuando menos, la obra de Max Weber— seguiría siendo intocable. Sin embargo, terminaría resultando enteramente convencional que la sublimidad tecnológica doméstica resultara adolecer de uno o dos grandes inconvenientes al estilo de los expuestos en la novela Las mujeres perfectas o en la película El pueblo de los malditos[4]. La invasión y la insurrección se agazapaban en dicho ámbito. La piratería doméstica asumirá distintos aspectos de ambos peligros.

A principios de la década de 1970, el oxímoron comenzará a deshacerse, y lo hará, paradójicamente, debido a una súbita disminución de la piratería musical profesional. La piratería organizada y comercial —el copiado clandestino y a gran escala de una serie de discos destinados a la venta— había sufrido una serie de reveses a manos de las fuerzas policiales. Al desaparecer paulatinamente del primer plano esta piratería, comenzará a resaltar de forma más patente la amplitud y el impacto de las copias domésticas informales. La industria musical decidirá actuar contra los aficionados a las grabaciones caseras, tratándolos prácticamente como si fueran piratas. Sin embargo, las copias domésticas ya estaban característicamente aureoladas por el resplandor de la virtud cívica. Y solo en parte cabría atribuir dicho halo a la posición social del hogar mismo. Una generación antes ya había surgido, en el seno de dos grupos de entendidos diferentes —que pese a sus diferencias se hallaban relacionados—, un empeño expresamente moral asociado con la regrabación de originales. Sus esfuerzos habían fomentado la aparición de una particular forma de ver las cosas entre los miembros de una pequeña pero muy entregada comunidad. Según ese punto de vista, la industria tenía una irrecuperable adicción a las prácticas vinculadas con «las grandes operaciones empresariales», y dichas prácticas ponían en peligro la creación artística, además de su difusión y, sobre todo, de su preservación. Los integrantes de este grupo habían terminado convirtiendo la piratería en un ejercicio de conservación cultural santificado por las virtudes propias del aficionado, esto es, por la dedicación y el desinterés. Los ataques contra las grabaciones caseras iban a tener el irónico efecto de reactivar esa convicción, elevándola a la categoría de creencia popular.

La economía moral de la piratería musical

En la década de 1950, los autores de esta piratería moral eran grupos de aficionados a dos géneros musicales totalmente diferentes a primera vista: el jazz y la ópera. Pese a esa disparidad aparente, lo cierto es que ambos géneros compartían dos características fundamentales. En primer lugar, tanto en uno como en otro caso la distribución y venta de sus producciones no se hallaba simplemente en manos de las más grandes compañías discográficas del momento (principalmente las del duopolio compuesto por la RCA-Victor y la Columbia), sino también por un gran número de pequeñas empresas «independientes», cuyo personal estaba formado por individuos entusiastas y apasionados a la música. Y en segundo lugar, el público de ambos géneros musicales, pese a ser relativamente reducido, se caracterizaba por una intensa devoción a la música. Además, los amantes de ambos tipos de temas eran también expertos en ellos, y en ocasiones llegaban incluso a obsesionarse con su pasión. Tenían tanto de coleccionistas como de melómanos. Se dedicaban a bucear en los mercadillos caseros en busca de oscuros discos de Jelly Roll Morton o de actuaciones de Lauritz Melchior, participando del sueño ilustrado de construir «bibliotecas» capaces de reunir en sus respectivos campos un contenido de carácter universal y completo. Los adeptos reconocían la existencia de ejemplares «memorables» en ambas esferas, ejemplares a los que exigían una grabación impecable y que debían manejarse con especial cuidado. Tanto en el terreno del jazz como en el de la ópera, las grabaciones piratas irían dirigidas a satisfacer las exigencias de este peculiar tipo de público. Por si fuera poco, los propios piratas pertenecían también a esa misma audiencia y participaban de sus predilecciones. Todos ellos querían ganar algún dinero, pero si trabajaban en ese negocio era por algo más que el simple beneficio. Justificaban sus acciones diciendo que gracias a ellas estaban creando un archivo público de obras clásicas. Acusaban a las principales compañías de haber descuidado tan gravemente dichas obras que se corría el riesgo de asistir a la completa desaparición de un inmenso legado artístico. Y aquel descuido colectivo infundía legitimidad moral a las acciones que ellos mismos estaban llevando a cabo.

No obstante, dicho esto, hay que matizar que el campo de la ópera habría de diferir significativamente del ámbito del jazz en cuanto a la justificación de esos ejercicios de piratería. En el caso de la ópera, los más destacados piratas tratarían de facilitar el acceso a una serie de actuaciones cuyo carácter resultara, bien novedoso —como sucedía en el caso de la radiodifusión de acontecimientos en directo—, bien desconocido por haber permanecido en depósito en los archivos de la Alemania Oriental o el bloque soviético. (De hecho, uno o dos de esos transgresores optarían por airear que su negativa a pagar regalías constituía un modo de asestar un golpe al comunismo). En el caso del jazz, la cuestión giraría en buena medida en torno al empeño de recuperar la posibilidad de escuchar a aquellos clásicos del género que hubieran quedado descatalogados. Los aficionados al jazz se quejaban de que las grandes compañías discográficas adoptaban una actitud semejante a la del «perro del hortelano» respecto de las listas negras que ellas mismas elaboraban, no solo por desdeñar la posibilidad de reeditar por su propia cuenta las grandes obras de arte existentes, sino por negarse a conceder a otras empresas el permiso necesario para hacerlo. (Esta protesta guarda un marcado parecido con la de aquellos estudiosos que actualmente han de enfrentarse a una actitud similar por parte de los editores de libros respecto de títulos agotados). La llamada «batalla de las revoluciones» que habría de surgir con fuerza a finales de la década de 1940 entre los discos de setenta y ocho revoluciones por minuto, los de cuarenta y cinco y los denominados «de larga duración» terminaría revelándose central para esta acusación. Se daba la circunstancia de que, al ir apareciendo los nuevos formatos, las grabaciones musicales ya editadas en vinilos de setenta y ocho revoluciones por minuto tenían que volver a publicarse. Los principales sellos discográficos se mostraban reacios a asumir dicha tarea. La batalla de las revoluciones estaba resultando desastrosa para sus intereses, puesto que los consumidores dudaban, optaban por aguardar al resultado del pulso, y por consiguiente las ventas se desplomaban. Las discográficas no veían razón alguna para invertir en la reedición de obras musicales que sabían de antemano que no iban a resultar rentables dados los gastos generales que implicaba su producción. Esto impulsaría a los piratas a sacarlos al mercado por sus propios medios. Lanzando contra las grandes compañías la acusación de haber traicionado la «confianza del público», se dedicarían a elaborar y a vender sus propias copias musicales. A sus ojos, el acto de piratería en el que incurrían obedecía a una serie de principios, puesto que constituía un servicio a la civilización.

Jazz

El copiado no autorizado de las grabaciones comerciales es casi tan antiguo como las técnicas de grabación mismas. Ya en el año 1898, una redada policial efectuada en Chicago daría como resultado la incautación de una serie de máquinas provistas de cilindros duplicadores, todas ellas ocultas en una habitación, tras una puerta adornada con la calavera y los dos fémures de los corsarios[5]. Esas prácticas lograrían beneficiarse durante décadas de una peculiar rareza del modo en que se contemplaba el ejercicio de los derechos de autor en el ámbito de las grabaciones —particularidad llamada a perdurar desde el año 1909 hasta la década de 1970—[6]. Pese a que la letra y la melodía de los temas musicales —esto es, la composición consignada en la partitura— pudiera colocarse al amparo de la ley de los derechos de autor, y a pesar asimismo de que no existiera la posibilidad legal de «duplicar» un disco (es decir, de copiarlo directamente), una canción grabada sí que podía volver a cantarse para ser grabada de nuevo y posibilitar así su venta con tal de que se abonara el importe correspondiente a la regalía obligatoria vigente. No obstante, si nos atenemos a lo que era práctica corriente entre los años veinte y cuarenta del siglo pasado, lo cierto es que el estatuto de la música grabada en tanto que propiedad resultaba todavía más inestable de lo que esto viene a implicar, dado que dependía notabilísimamente de un conjunto de factores como el de la raza y la región. Algunas empresas independientes, como la de los hermanos Chess de Chicago, prestaban muy poca o ninguna atención a los derechos de reproducción (o a los derechos de interpretación, en este caso). Y tampoco se preocupaba lo más mínimo de ellos, en el caso de los artistas negros, la asociación para la gestión de los derechos de autor de los intérpretes —esto es, la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Compañías Discográficas (American Society of Composers, Authors and Publishers, o ASCAP, según sus siglas inglesas)—. Las relaciones que entonces predominaban entre las compañías discográficas y los artistas afroamericanos tendían a suprimir los derechos de esos cantantes, razón por la que hoy guardamos un triste recuerdo de las mismas. Habría que esperar a la década de 1950 para que determinadas compañías, como la de los hermanos Chess y alguna otra, empezaran a comprender lo que se estaban perdiendo y pasaran a escudriñar sus listas de intérpretes a fin de proteger mediante la observancia de los derechos de autor todo cuanto pudieran encontrar. De manera similar, la industria también habría de hacer la vista gorda durante mucho tiempo, ignorando sistemáticamente la realización de copias no autorizadas. Los que conocían este mundo por dentro solían referirse jocosamente a los ratos que se vivían en las plantas de impresión de los vinilos tras la jornada laboral llamándolas «emisiones nocturnas»[7]. No obstante, después de la Segunda Guerra Mundial, la crisis provocada por la ya mencionada batalla de las revoluciones de los vinilos obligaría a las empresas del sector musical a prestar atención a dicho fenómeno[8].

El motor del cambio habría de ser el espectacular crecimiento experimentado por los sellos independientes a mediados de la década de 1940. Estos sellos, que se hallaban frecuentemente en manos de los dueños de los bares o los clubes musicales, o aun de los minoristas dedicados a la venta de discos, solían centrar sus esfuerzos en las formas más novedosas del mundillo musical, puesto que tenían la oportunidad de conocerlo por propia experiencia. El jazz sería el ejemplo más destacado, seguido de los blues de timbre urbano y eléctrico de intérpretes como Howlin’ Wolf y Muddy Waters. No tardarían en surgir por todo el país sellos independientes: en Memphis, en Detroit, en Nueva York y en Chicago. Las compañías con mayor fortuna conseguirían obtener inmensos beneficios de su conocimiento de la música local y su disposición a asumir riesgos. Y al comenzar a ganar grandes cantidades de dinero también comenzarían a desarrollar, y a un ritmo notablemente rápido, vastos sistemas de distribución, llevando así los discos y la música grabada en ellos a todos los rincones de la nación. Al mismo tiempo, las emisoras de radio urbanas empezaron a diversificarse, apartándose de la trillada homogeneidad de las redes establecidas y dirigiendo sus programas a los afroamericanos y a los adolescentes blancos que habían optado por hacer suya la música negra de los Estados Unidos. La expresión rock’n’roll sería acuñada por una emisora de la ciudad de Cleveland que trataba de hacerse con ese mercado. Los independientes comenzaron a aparecer en las clasificaciones de la revista Billboard, y a mediados de la década de 1950 serían ya las figuras dominantes en dichas listas de éxitos. En el año 1960 existían cerca de tres mil compañías discográficas, y el ochenta por 100 de ellas eran empeños únicos organizados para grabar una sola actuación y vender, pongamos por caso, unas mil copias del disco. Tras pasar una temporada aguardando a ver materializadas sus esperanzas de que este nuevo mercado terminara por desaparecer, los grandes sellos de la industria irrumpieron pesadamente en escena, contratando a los independientes o haciéndose con los servicios de músicos blancos a fin de grabar las mismas canciones de sus competidores y con menor riesgo. Fue un periodo presidido por una tendencia radical al desmembramiento, una época en la que se asociaría muy sólidamente la creatividad con el talento local y con un tipo de producción poco menos que doméstico[9].

Sin embargo, la verdad era que la producción no se realizaba en los hogares. La estampación de los vinilos seguía siendo un coto casi exclusivamente reservado a las plantas manufactureras. En la década de 1930, se comercializaron máquinas domésticas especializadas en la realización del corte y la modulación de los surcos fonográficos durante un tiempo, y una década más tarde las tecnologías de grabación de discos —impulsadas por el magnetófono de alambre— habrían de experimentar una floración igualmente efímera. Entre los más vehementes partidarios de este tipo de máquinas se contarían algunos músicos —y muy particularmente los modernistas experimentales—[10]. No obstante, estas tecnologías resultaban complicadas y costosas, dando además unos resultados escasamente satisfactorios —al menos en el caso de los magnetófonos de alambre—. Y lo que resulta aún más pertinente en lo que nos ocupa: no parecía existir el deseo de realizar grabaciones caseras. La estampación de los discos seguía siendo un empeño de índole industrial. Las plantas que se dedicaban a esas tareas eran muchas veces empresas autónomas, aunque en otras ocasiones se tratara de fábricas semiindependientes a las que las grandes compañías autorizaban a aceptar contratos de trabajo exteriores. Esa situación determinaría que los consorcios empresariales del sector actuaran a un tiempo como controladores y como piratas del negocio.

El músico y apasionado del jazz Charles Smith atribuye los orígenes de las grabaciones piratas de discos a la voluntad moral de coleccionar vinilos de jazz producidos en los años veinte. Había veces, según nos recuerda Smith, en que para obtener la última grabación clásica con la que venir a redondear la colección que se había estado reuniendo era preciso hacerse con acetatos elaborados a partir del ejemplar de un amigo. Estos acetatos recibían el nombre de «dubplates» o simplemente «dubs» (discos patrón), de modo que la técnica pasó a llamarse «dubbing» (corte o copiado del disco patrón). Uno de los primeros en convertir esta técnica en un proyecto comercial sería un minorista de vinilos llamado Milt Gabler, creador de un sello denominado United Hot Clubs of America. Pronto habría otras empresas dispuestas a seguir su ejemplo. Como sugiere el nombre elegido por Gabler para su compañía, era muy frecuente que los primeros discos grabados de este modo se hicieran más con la intención de distribuirlos en los «clubes» que constituían los aficionados de gustos musicales parecidos que con idea de hacerlos circular por un circuito comercial en toda regla. En la elaboración de este tipo de discos llegarían a emplearse incluso las propias máquinas de copiado de vinilos que poseían las compañías discográficas —«de forma transparente, abierta e intachable»—. De ese modo, optarían por dar a sus producciones títulos como el de «Classic swing», reforzando así la naciente percepción de estar creando un canon[11]. Esta práctica terminaría por estancarse durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, pero se reactivaría con fuerza a finales de la década de 1940, época en la que pasaría a ocupar súbitamente el primer plano de la actualidad musical, aupada por el contexto creado a raíz de la batalla de las revoluciones de los discos. Surgirían en esas fechas varios sellos decididos a reeditar en un formato nuevo diversos temas jazzísticos descatalogados. Dichos sellos tendrían nombres como los de Hot Jazz Clubs of America, Blue Ace, Jazz Panorama, Zee Gee, Jazz Time o Viking. Se trataría en todos los casos de empresas pequeñas, y algunas de ellas seguirían declaradamente asociadas con clubes específicos —pese a que no esté muy claro que esos clubes fueran efectivamente una realidad en todos los casos—. Uno de los sellos más ambiciosos de este género sería el denominado Jolly Roger —en un alarde que señala la clara conciencia que tenía de su condición—[12]. Fundada por un joven neoyorquino de veintitrés años y apasionado entusiasta de la música llamado Dante Bolletino, la compañía Jolly Roger no solo se convertiría rápidamente en el más polémico de todos esos sellos discográficos, sino que acabaría transformándose en el catalizador llamado a precipitar su desaparición.

Bolletino había terminado por perder la paciencia al comprobar que la RCA y la Columbia no estaban dispuestas a trasladar al formato de los discos microsurco de larga duración los tesoros de jazz primitivo que poseían en grabaciones de setenta y ocho revoluciones por minuto. En 1948 comenzaría a realizar él mismo esa transformación, envuelto en la falsa autoridad de una compañía ficticia: la «British Rhythm Society» —Jolly Roger surgiría poco después—. En 1951, Jolly Roger se dedicaba ya a publicar discos de —entre otros muchos— Louis Armstrong, Jelly Roll Morton, Sidney Bechet, Benny Goodman, Fats Waller, Artie Shaw y Bessie Smith. A mediados de ese año, Jolly Roger era con toda probabilidad el sello «pirata» más destacado de cuantos se hallaban en funcionamiento. Su actividad haría estallar una polémica que había venido creciendo hasta entonces de forma larvada entre los entendidos en todo este tinglado del «contrabando» (bootlegging) o la «piratería» discográfica —dos términos que no habrían de adquirir un significado diferenciado sino al alcanzarse el clímax de la controversia—[13]. Y en el centro de aquella disputa descubrimos la presencia de una revista titulada Record Changer.

Record Changer era una publicación destinada a los expertos del mundillo musical, y su director era un coleccionista llamado Gordon Gullickson. Se imprimía y elaboraba en un barrio periférico de Washington, D. C., pero conseguía llegar al público de todo el país. En sus páginas se tomaba sistemáticamente partido en favor de los piratas. En opinión de Gullickson, mientras las grandes compañías permitieran que las actuaciones «clásicas» siguieran acumulando polvo en sus estanterías solo podría concluirse que estaban «traicionando la confianza del público». Lo que se estaba afirmando no era que los piratas estuvieran observando una conducta personal de índole moral, sostenía el Record Changer, pero sí que cabía mantener que realizaban un servicio público. Por consiguiente, la revista insistía en que los individuos y los sellos que se dedicaran a piratear discos ya existentes en una versión comercial debían desistir de su empeño —y desde luego había personas de ese tipo, según se haría saber muy pronto a la publicación, y en términos perfectamente inequívocos—. Los demás, por el contrario, podían proseguir con su actividad. El argumento de mayor alcance que se esgrimía desde esa tribuna mantenía que la identidad ética de la piratería dependía de la economía moral de la industria musical. Y en opinión de Gullickson, esa economía era una mal trabada mezcla de dos sistemas incompatibles: el arte y el capitalismo. En la práctica, la industria operaba con el único objetivo de maximizar sus beneficios. Sin embargo, el Record Changer subrayaba el hecho de que las compañías discográficas, les gustara o no, tenían que ser algo más que simples negocios. La tarea que realizaban implicaba una «responsabilidad moral y artística», una responsabilidad que asumían al embarcarse en la grabación y la distribución de «un material que “pertenece” (en virtud de su significación cultural) al conjunto de la sociedad —o al menos a esa parte del público que reconoce y resalta la importancia estética del jazz—»[14]. Por tanto, la codicia de unos cuantos piratas específicos no constituía más que un aspecto trivial del contrabando discográfico. Su causa más profunda había que buscarla en la circunstancia de que las compañías renegaran de su responsabilidad como tales custodios de un patrimonio cultural. La revista proponía la creación de una asociación integrada por pequeños estudios de grabación —se denegaba el derecho de admisión a los gigantes— y sugería que sus integrantes se dedicaran a abordar las cuestiones relativas a la piratería de acuerdo con esta economía moral, evitando tener que recurrir a la ley. Con todo, la idea no pasaba de ser una más en la larga serie de propuestas favorables a la instauración de la urbanidad sectorial. No obstante, lo cierto era que a finales del año 1951 esta sugerencia presentaba un cariz polémico. Se pasaba por un periodo de retraimiento económico, de modo que no era el momento más adecuado para presentar al pirata como a «un Robín de los bosques de pacotilla».

Las grandes compañías discográficas veían ahora con ojos mucho más agresivos a los contrabandistas, y la RCA-Victor se puso al frente del movimiento. Y según declararían sus directivos, la compañía no iba a limitarse a colocar en la diana a los sellos piratas, dado que se proponía perseguir asimismo a las plantas de estampación que les elaboraban los vinilos. Sin embargo, para vergüenza de los justicieros, se descubrió inmediatamente que una de las mayores fábricas dedicadas a la impresión de discos piratas era de hecho la propia planta de Estampación de Vinilos para Clientes de la RCA. Y para empeorar las cosas, resultó que esa planta había estado manufacturando vinilos nada menos que para la compañía Jolly Roger de Bolletino. La revista Record Changer revelaría, no sin una buena dosis de maliciosa satisfacción[15], que Bolletino había llegado a contratar los servicios de la propia planta de la RCA para piratear los discos del gigante discográfico. Ahora resultaba que el más descarado pirata del momento había estado operando en las entrañas mismas de quien se había declarado «enemigo jurado de la piratería discográfica». A los ojos de Gullickson esto venía a constituir una prueba «poco menos que grotesca» de lo inapropiadas que resultaban las grandes corporaciones como custodios morales. Estaba claro que trataban a la planta de estampación de vinilos como a un mero «autómata» cuyo único propósito radicaba en hacer dinero con la elaboración de discos —unos discos cuyo contenido resultaba irrelevante para la compañía—. Y el impávido robot obedecía, pasando deliberadamente por alto las cuestiones relacionadas con el significado, la ética e incluso la ley. Aquella máquina carecía del entendimiento suficiente como para advertir que alguien se le acercaba enarbolando una bandera corsaria, circunstancia que en otro caso habría delatado necesariamente las intenciones de ese alguien. El episodio entero venía a revelar «la amplia brecha abierta entre “su” mundo y el “nuestro”», concluía el Record Changer. Si la RCA deseaba realmente impedir que la compañía Jolly Roger explotara de manera habitual este estado de cosas tendría que poner el control de determinados géneros, como el jazz, en manos de auténticos guardianes de la buena música —esto es, bajo la supervisión de personas que supieran algo del asunto[16].

Las implicaciones de la humillación de la RCA tenían un gran alcance, al menos en potencia. El hecho de que hubiera participado de buena gana en la estampación de discos que eran a todas luces de carácter pirático podía perfectamente hacer imposible que la compañía se dedicase a perseguir a los piratas. Y dado que únicamente la observancia de un «pacto entre caballeros» podía evitar que las compañías discográficas se disputaran unas a otras lo mejor de sus respectivos catálogos, lo que se cernía sobre el sector era simplemente el caos. El propio Bolletino habría de reconocer y lamentar más tarde la existencia de esta posibilidad, un tanto peregrina. Al final, sin embargo, la crisis que se desencadenó fue muy diferente. La Federación de Músicos Estadounidenses decidió incluir en la lista negra al conglomerado empresarial de Bolletino —Paradox Industries— por no satisfacer las regalías que debían abonarse a los intérpretes de los discos que pirateaba la Jolly Roger. Paradox Industries señaló con razón (aunque sin fuerza moral alguna) que la mayoría de las actuaciones se habían estampado en vinilo en una época en que los contratos de devengos de regalías de los músicos de jazz —fundamentalmente afroamericanos— eran algo prácticamente desconocido, de modo que no había ningún acuerdo que cumplir. Además, Paradox Industries proclamaba haber empleado los ingresos obtenidos mediante el ejercicio de la piratería en la financiación de nuevas grabaciones —por las cuales sí que había satisfecho regalías—. No obstante, la Federación de Músicos Estadounidenses se mantuvo firme en su postura. De este modo, el boicot así decretado contra Paradox consolidaría la idea de que su única actividad era el contrabando. A principios del año 1952, la Columbia y Louis Armstrong (quien llevaba disfrutando desde el año 1924 del muy infrecuente beneficio de recibir regalías) hallaron la ocasión de presentar una demanda contra Paradox. En un principio, Bolletino se mostró partidario de presentar batalla. Dado que, según creía, los discos no estaban protegidos por la ley de derechos de autor, preciso era concluir que tenían que ser por fuerza, y en esencia, «bienes del dominio público»[17]. Sin embargo, no tardaría en plantearse mejor las cosas, de modo que el 7 de febrero de ese año optó por arrojar la toalla. Esa iba a ser la fecha en que la totalidad de la cultura pirática del jazz se viniera abajo. Las tres organizaciones más importantes —la Paradox de Bolletino, la Century Record Company y la Jazz-Time Records— anunciaron al unísono el inmediato cese de sus actividades de contrabando discográfico. De un solo golpe, la entera flota de buques manifiestamente piratas —integrada por los sellos de Jazz Panorama, Hot Jazz Clubs of America, Blue Ace, Jazz Classics, Anchor, Viking, Emm-Ess y Zee-Gee— se fue a pique.

Ópera

En el mismo momento en que la revista Record Changer revelaba el chusco mazazo que la Jolly Roger había asestado a la RCA, otra publicación, dirigida en este caso a personas medianamente cultas, la Saturday Review, sacaba a la calle, y en primicia, una información relacionada con la piratería discográfica. El asunto iba a destapar el primer caso de envergadura nacional vinculado con la piratería que se practicaba en el ámbito de la música clásica. La grabación sobre la que vino a girar el escándalo fue la ópera titulada Un baile de máscaras, de Verdi. El sello discográfico implicado —Classic Editions— mantenía que se trataba de una representación italiana, pero la Saturday Review demostró que se trataba de una impostura. En realidad era una «reproducción pirata» de la radiodifusión de un programa celebrado en el año 1947 en el palacio de la Ópera del Metropolitan de Nueva York. Curiosamente, este álbum también había sido impreso en la Unidad de Estampación de Vinilos para Clientes de la propia RCA, presumiblemente al mismo tiempo que los discos de jazz de la Jolly Roger. Sin embargo, lo que más pareció enfurecer al redactor de la Saturday Review no fue tanto el acto de piratería en sí como el subterfugio de la falsa atribución —principalmente por el «desprecio» que venía a suponer implícitamente para los críticos musicales[18].

No tardaría en descubrirse que el Baile de máscaras pirateado no constituía un caso aislado. La aparición de óperas publicadas en discos piratas era cosa bastante rutinaria. Sin embargo, esta práctica presentaba varias diferencias significativas respecto a lo que resultaba habitual en el mundo del jazz. A diferencia de este último, las grabaciones operísticas no derivaban por regla general de discos ya existentes en el mercado estadounidense. Antes al contrario, solían proceder de oscuras fuentes europeas —o, como ocurría las más de las veces, de las emisiones radiofónicas—. Se trataba asimismo de una práctica que dependía además de una tecnología distinta. La revista Time informaba en la época de que «los equipos de grabación en cinta magnetofónica han proporcionado un formidable impulso a la actividad pirática». La cinta permitía a los piratas grabar programas de radio y sacar el producto a la calle en cuestión de días, vendiéndolos después en las tiendas de discos de segunda mano —ardid con el que creaban de hecho un clima casi igual de febril que el que había generado un siglo antes la industria de las reimpresiones, aunque a escala mucho más pequeña—[19]. Como había ocurrido en el caso del Baile de máscaras del sello Classic Editions, resultaba muy frecuente que las grabaciones se realizaran a partir de retransmisiones radiofónicas o de representaciones celebradas en la Ópera del Metropolitan. Y en cualquier caso, las óperas pirateadas acostumbraban a disimular su origen mediante la inserción de textos que atribuían su autoría a una serie de intérpretes europeos desconocidos. Esta práctica acabaría convirtiéndose en el particular hábito de una empresa que se hacía llamar el Gremio de grabadores domésticos Wagner-Nichols, la cual publicaría en total una veintena de representaciones celebradas en la Ópera del Metropolitan. En algunos casos, los discos piratas podían proceder incluso de los propios acetatos en que las emisoras de radio grababan sus programas, acetatos que muchas veces eran de una calidad sorprendentemente elevada.

Como ya sucediera en el terreno del jazz, también en el ámbito de la piratería operística habrían de entrar en juego las justificaciones, máxime en una época de transición tecnológica como aquella —y dichas justificaciones no solo habrían de ser de orden moral y estético, sino también de carácter económico—. Los pequeños actores que se dedicaban exclusivamente a este género podían sacar provecho a unos temas operísticos que los grandes sellos discográficos no alcanzaban a explotar. La estampación de dos discos de ópera en tiradas de unos cuantos cientos de ejemplares venía a salir por unos mil o mil quinientos dólares, lo que significaba que una organización como la de la Wagner-Nichols podía tal vez cubrir sus costes aun con ventas no superiores a un centenar de discos. Por el contrario, una compañía como la RCA o la Columbia, cuyos gastos generales eran mucho mayores, habría tenido que vender más de cinco mil para lograr que un proyecto determinado saliera rentable. Esta sola circunstancia basta para explicar lo improbable que resultaba que un gran consorcio se decidiera a publicar composiciones como la de Roberto el diablo de Giacomo Meyerbeer o (claro está) El pirata de Vincenzo Bellini, obras ambas que sí aparecían en los llamados sellos discográficos privados. Y también, al igual que en el jazz, los integrantes del mercado operístico eran personas entendidas que valoraban enormemente todas las representaciones y ediciones, de modo que las empresas piratas fundaban su fuerza en este hecho. El repertorio más corriente se vendía mucho mejor, obviamente. Maria Callas —sobre todo tras su debut estadounidense, ocurrido en Chicago en el año 1954— se convertiría en una intérprete absolutamente ineludible, aunque la interpretación más aplaudida de todas sería la que realizara Montserrat Caballé en Lucrecia Borgia. Por lo demás, daba la impresión de que existían unos cuantos temas que se vendían muy mal debido a que eran de una índole particularmente impenetrable. Dichos temas conseguían llevar los márgenes de los propios piratas al borde mismo de la inviabilidad. Sin embargo, el suyo era un empeño especialmente circunscrito a un hueco comercial concreto, de modo que se aceptaba de buena gana la inclusión en el repertorio de un cierto número de obras de carácter esotérico. Al pedírsele que aportara alguna explicación sobre esta circunstancia, uno de los piratas, dando muestras de poseer una sensibilidad histórica reveladoramente aguzada, invocaría el espíritu de Lionel Mapleson, que a principios de siglo había sido el bibliotecario musical de la neoyorquina Ópera del Metropolitan. Mapleson había reunido una serie de grabaciones en cilindros fonográficos con piezas de los más destacados artistas del escenario operístico, piezas que más tarde habrían de gozar de una enorme celebridad entre los aficionados. Pese a haberlos grabado con permiso del Metropolitan, lo cierto fue que para los contrabandistas de material operístico se convirtió en uno de sus más queridos mitos fundacionales. Según creían estos últimos, él había sido «el primer pirata», y si los énfasis tonales de Caruso habían logrado preservarse para la posteridad había sido únicamente gracias a sus desvelos. «Nosotros los “piratas”, si así es como juzgáis necesario llamarnos, somos los guardianes de la historia del bel canto», declararía más tarde uno de sus epígonos[20].

No obstante, los piratas operísticos habrían de dar su golpe más sonado al atreverse a acometer uno de los proyectos de mayor envergadura de toda la historia de la música y encargarse de producir la primera grabación comercial completa de El anillo del nibelungo de Richard Wagner. En la actualidad, los expertos en ópera tienden a pensar que la primera grabación íntegra jamás puesta a la venta de la tetralogía wagneriana fue la realizada por sir Georg Solti para la compañía Decca, pese a que ya antes se hubieran grabado otros ciclos wagnerianos —ciclos que habrían de publicarse en cambio después del año 1965, fecha de aparición del disco elaborado por Solti—. Sin embargo, los piratas no solo se habían adelantado a la Decca, sino que incluso la habían suplantado, o eso se llegó a temer al menos en la época—. La compañía Allegro anunció en el año 1954 —y nada menos que en el New York Times— la primera edición íntegra de El anillo. Los diecinueve discos costaban cincuenta y seis dólares. Según proclamaba la caja que los contenía, el origen de aquella edición se encontraba en un conjunto de grabaciones efectuadas en Dresde, bajo la batuta de un director, por lo demás desconocido, llamado Schreiber. Los críticos musicales se abalanzarían ansiosamente sobre ella. Sin embargo, al proceder a escucharla, oyeron cosas que les hicieron recelar inmediatamente. La calidad de la grabación era pésima, puesto que sobre todas las piezas planeaba una especie de interferencia radiofónica, observándose además cortes cada treinta minutos —duración que equivalía precisamente a la de una cinta grabada con un aparato doméstico—. Estaba claro que alguien había grabado aquellas representaciones operísticas a partir de una o varias emisiones radiofónicas, haciéndolo además con evidentes métodos de aficionado, quizás incluso en un domicilio particular, y con un único aparato grabador. Al ahondar un poco más, los analistas musicales descubrieron que la representación en cuestión había tenido lugar en Bayreuth en el año 1953, y que el verdadero director había sido Joseph Keilberth. Se trataba de una «farsa indecente», según afirmaría uno de los críticos. «Estamos ante el más descarado y atrevido caso de vil piratería que se haya visto hasta la fecha», añadiría otro de sus colegas. Los mismísimos Wotan y Sieglinda —Hans Hotter y Regina Resnik— acudirían a la prensa para condenar la contrahechura. Resnik presentó una demanda, y el sello discográfico Allegro se vio forzado a destruir sus existencias.

La peripecia que había dado lugar a aquella grabación quedaría al descubierto durante la vista del juicio subsiguiente a la interpelación de Resnik. La iniciativa había partido de una compañía que había optado por autodenominarse «RCA». Evidentemente no se trataba de la verdadera RCA. En este caso, la abreviatura de las siglas sustituía a «Record Corporation of America». Hacía ya siglos que los piratas de la letra impresa venían utilizando esta táctica de imitación, pero esta «RCA» sería uno de los operadores discográficos que optaría por actualizar la técnica y aplicarla al mundo de la música. Estas organizaciones comenzarían a producir discos de larga duración en el año 1951, manteniéndose como tal «RCA» al menos hasta 1957. En ese periodo de tiempo, la RCA pirata publicó un gran número de discos, y todos ellos proclamarían haber sido grabados en Europa, atribuyendo además la interpretación a orquestas, directores y solistas que al final resultarían ser, bien fruto de una asignación errónea, bien personas o entidades de carácter enteramente ficticio. No obstante, el propietario de la empresa sí que era una figura conocida, y de hecho había sido uno de los actores de peso de la industria ortodoxa. Se trataba de Elliott Oberstein (apodado Eli), y en cierta ocasión había sido director de la auténtica RCA. Hay quien ha afirmado, y no sin verosimilitud, que él fue el primero en trabajar como agente artístico de los intérpretes. Habiendo sido despedido a causa de una serie de rivalidades internas, Oberstein consiguió acceder a un tesoro fonográfico: el de un conjunto de actuaciones grabadas por intérpretes alemanes durante la guerra y en los años inmediatamente posteriores al conflicto. A este fondo venían a sumarse dos elementos más: en primer lugar, toda una serie de grabaciones más recientes logradas por el simple y expeditivo método de aproximar un micrófono a un aparato de radio, esto es, sin conexión directa, y, en segundo lugar, unas cuantas actuaciones de artistas soviéticos y checos. La mayoría de esas grabaciones se encontraban en lo que ahora había pasado a ser la Alemania Oriental, muchas veces en los sótanos de las emisoras de radio. Dichos fondos habrían de constituir la base de la que vendrían a nutrirse los discos que la falsa RCA de Oberstein se disponía a publicar ahora en los Estados Unidos —publicación a la que la compañía habría de proceder, además, sin orden ni concierto—. El Anillo del nibelungo constituía su más ambiciosa hazaña, pero Oberstein también habría de emprender otros proyectos no menos grandiosos, entre los cuales cabe mencionar el de una versión íntegra del Boris Godunov de Modest Músorgski. Nunca han podido averiguarse los detalles del funcionamiento de esta compañía pirata, pero existen pruebas suficientes para afirmar que operaba a base de subterfugios y de oscuros intermediarios, y que recurría además a una red de espionaje musical que muy probablemente resulte hoy de imposible reconstrucción, por parafrasear a John Le Carré[21].

La piratería discográfica de los años cincuenta del siglo XX constituía un empeño comercial, pero su alcance no se limitaba únicamente a lo mercantil. Se trataba de una actividad que surgía al calor de los deseos expresados por una serie de círculos de expertos entusiastas integrados en diferentes grupos sociales —es decir, que emanaban de todo un conjunto de públicos, como si dijéramos—. Estas personas no solo se mantenían en contacto por correspondencia, sino que se relacionaban también a través de distintas revistas de corta tirada y repletas de reseñas eruditas y de herméticas informaciones sobre los procesos de estampación de los discos, las representaciones y el personal relacionado con todo ello. Estos vehementes aficionados cultivaban la percepción compartida de hallarse entregados a la elevada causa del arte musical, y establecían cánones y criterios para poder juzgar la calidad de las obras. Todos ellos compartían un cierto espíritu dieciochesco, puesto que lo que perseguían los entendidos en ópera y jazz no era, en efecto, sino una especie de Ilustración microscópica kantiana. Tanto los amantes del jazz como los aficionados a la ópera acusaban a las compañías discográficas de no ser más que simples instituciones capitalistas, cuando lo que debieran ser, necesariamente, era archivistas al servicio del arte. Sus fondos tenían que ser públicos, y en este caso entendían por «público» el hecho de que sus respectivas comunidades pudieran disponer de esas obras: lo que exigían era que las compañías publicaran los discos, o bien que permitieran que otros sellos hicieran lo propio, mediante la concesión y el pago de una licencia, pero lo que no aceptaban era que el destino de sus productos quedara al albur de su venta a las masas. En resumen, si los amantes de la ópera y el jazz estaban dispuestos a tolerar la piratería o el contrabando discográfico era porque abrazaban un punto de vista normativo respecto a lo que era o debía ser la grabación musical.

Cuando las compañías comenzaron a tomar medidas drásticas contra la piratería, decidieron establecer, al menos por cuanto a ellas concernía, una sólida distinción. En lo sucesivo habrían de considerar piratería la producción en masa de discos de cuarenta y cinco revoluciones, asociando además esta actividad con la práctica del soborno para la consecución de una mayor cantidad de minutos de emisión en radio, con la Cosa Nostra e, inevitablemente, con las sinfonolas precargadas o jukeboxes que se veían habitualmente en Nueva Jersey. En el año 1970, las compañías discográficas ofrecieron datos que venían a afirmar que el delito de la piratería musical de este tipo de elementos había pasado a convertirse en una industria capaz de mover cien millones de dólares al año. Sin embargo, los sucesos que se habían producido con anterioridad iban a colocar a la industria ante un problema que esta tajante distinción no iba a lograr eliminar. Las compañías seguían expuestas a que se las acusara de desdeñar la originalidad, el mérito y el valor del legado musical, de modo que siempre cabía la posibilidad de que alguien decidiera dar un paso al frente y asumir ese papel de custodio del arte del que los grandes sellos disco-gráficos se desentendían. Este tipo de percepciones no siempre habían de reflejar la verdad de un modo fidedigno o desinteresado, puesto que los piratas del jazz también harían presa en las listas de los sellos independientes, pero el dato a resaltar aquí es que se trataría de percepciones llamadas a perdurar por largo tiempo.

La lenta muerte de la música

Después del bienio de 1951 y 1952, la industria discográfica cambió de táctica en cuanto a la piratería. Las grandes compañías siempre habían apoyado que los derechos de autor se hiciesen extensivos al mundo de los discos, pero ahora decidieron coaligarse para constituir la Asociación de la Industria de Grabación Estadounidense (Recording Industry Association of America, o RIAA según sus siglas inglesas), cuyo objeto declarado consistía en combatir la piratería. La RIAA se dedicaría fundamentalmente a dos cosas: a presionar para que se implantaran los derechos de autor en el campo discográfico y a intervenir por cuenta propia a fin de disuadir a los piratas, evitando y detectando sus actividades. Y el modo que elegiría para llevar a cabo esa misión habría de ser desde el principio muy similar al que ya en su día eligiera Arthur Preston para materializar la suya. Contrataría a sus propios agentes, ordenándoles que operaran en buena medida a espaldas de los mecanismos de supervisión y control públicos, empleando todos los instrumentos legales que se les pasaran por la cabeza. Quizá pudiesen existir «buenos» y «malos» piratas, como afirmaría una de las partes interesadas —y solo los malos actuaban de forma clandestina—, pero la RIAA estaba decidida a perseguirlos a todos. Entretanto, y al ver que sus campañas comenzaban a cobrar fuerza, una ley federal vendría a declarar absolutamente ilegales las falsificaciones de discos. En el año 1966, el estado de Nueva York decretó que el copiado de los discos sin autorización era contrario a la ley (véase la figura 15.1), ordenando que los discos exhibieran con todo detalle el nombre y la razón social de sus fabricantes —cláusula cuyo origen se remontaba quizás al siglo XVII—. El estado de California no tardaría en seguir su ejemplo[22]. Todas estas tácticas irían adquiriendo un aspecto más refinado y conocido conforme fuese adentrándose la música en la era digital —y obviamente siguen vigentes en la actualidad—. Sin embargo, a finales de la década de 1970, la RIAA consideró que podía proclamar haber visto su iniciativa coronada por un notable éxito. La piratería comercial parecía haber entrado en declive.

Figura 15.1. Falsificadores de discos detenidos por la policía de Nueva York a principios de los años sesenta. Stereo Review, 24, n.º 3, febrero de 1970, p. 60.

Sin embargo, estaba a punto de ser sustituida por las grabaciones caseras, una actividad que vendrían a posibilitar las cintas de casete. La casete no solo proporcionaba un soporte a las grabaciones, sino que constituía un medio cómodo, portátil y duradero de trasladar la música. En los hogares comenzaron a verse tantos lectores de casetes como radios de transistores. Pronto quedarían convertidos en un elemento fijo en los coches, y en el año 1979 la aparición del Walkman de Sony señalaría la inminente culminación de su omnipresencia. Los aparatos de este tipo estaban llamados a transformar el espacio dedicado a la audición musical y su práctica, permitiendo al mismo tiempo que se pudiese grabar una y otra vez sobre una misma cinta. Algunas organizaciones comerciales no tendrían empacho en explotar con todo descaro las posibilidades que ofrecía el sistema: en Chicago, un establecimiento llamado Tape-A-Tape[23] lograría salir airosa de un pleito interpuesto contra ella por la compañía Capitol Records. Sin embargo, con la llegada de las casetes lo que comenzaría a inquietar a la industria sería realmente la producción de copias de carácter no comercial. Al no existir precedente alguno, resultaba difícil entender esta práctica o contrarrestarla. La Asociación de la Industria de Grabación Estadounidense no tardaría en advertir de que las grabaciones caseras suponían una amenaza más grave que la de la piratería comercial[24].

En la década de 1950, los fabricantes de aparatos de música ya habían tratado de inculcar la idea de que las grabaciones caseras constituían una afición similar a la de la fotografía. Sin embargo, con la llegada de la casete se produciría el surgimiento de un mercado de masas. La compañía que las fabricaba, Phillips, seguiría desde el principio una política de apertura en cuanto a la concesión de licencias de las patentes clave, logrando de ese modo que la casete de convirtiera de facto en un estándar universal. Los adolescentes comenzaron a utilizarlas al por mayor, valiéndose de magnetófonos transistorizados y alimentados con pilas[25]. Aprovechando al máximo esa próspera cultura adolescente, las casetes acabarían posibilitando la aparición de un dinámico universo doméstico que no tardaría en habituarse a grabar una y otra vez los temas musicales, intercambiándolos incesantemente con los amigos y los familiares. Una persona podía comprar, por ejemplo, un disco de larga duración y, acto seguido, todos los integrantes de su círculo de amistades hacían una copia. También podía ocurrir que se acudiera a una biblioteca pública para solicitar un disco en concreto y grabarlo después en casa. Otra posibilidad consistía, evidentemente, en que uno optara por grabar el disco de larga duración para poder conservar con mayor garantía su contenido. Por otra parte, las personas que se dedicaban a elaborar «mezclas» en las cintas comenzaron a sentirse, en cierto modo, autores. Por consiguiente, el problema de las grabaciones caseras comenzó a presentar un cariz similar al de las escuchas piratas de los programas de radio de la década de 1920. Al igual que aquella actividad, también esta constituía una práctica sutil y discreta que apenas dejaba rastro alguno y que además permitía que los consumidores, de otro modo condenados a ser vistos como meros receptores, disfrutaran de un cierto grado de libertad creativa. Y como ya ocurriera en el caso de las escuchas, tampoco resultaba fácil frenar este nuevo hábito sin obligarse a emprender una serie de acciones policiales desproporcionadas —por no mencionar el hecho de que la legislación no ofrecía ninguna solución sencilla—. Se trataba de un problema en el que intervenían a un tiempo aspectos relacionados con la tecnología, el espacio social y la economía moral. Los magnetófonos a casete eran pequeños, baratos y de fácil manejo. De pronto se había vuelto posible grabar en el garaje, en el dormitorio o en la sala de estar. De este modo, las casetes acabarían produciendo un vuelco en la elemental distinción entre el hogar y el lugar de trabajo que tanto había caracterizado a la época moderna. Y esta es la razón de que los domicilios volvieran a ocupar un lugar destacado en los conflictos vinculados con la piratería.

Todas estas prácticas iban a generar una serie de dilemas morales. Pero serían eso, dilemas, no un yerro sin paliativos. En el año 1972, la Stereo Review pidió a su filósofo de cabecera y «experto en la grabación de cintas» que se dignase a elucidar la base moral subyacente a lo que el editor de la publicación denominaba el «gran robo de las casetes». Tras darle vueltas y más vueltas al asunto, el aludido experto dictaminó que las grabaciones caseras constituían el síntoma de una enfermedad muy extendida en la época. Quizá hubiera que incluir a los aficionados a esta práctica entre los relativistas morales y los partidarios de una «ética situacional» (en lo que resulta ser una lejana reminiscencia de la célebre explicación antropológica que Ruth Benedict habría de elaborar acerca de la conducta seguida por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial)[26]. Quizá se parecieran a los antibelicistas «radicales» que pensaban que hurtar artículos en las tiendas suponía un comportamiento virtuoso porque juzgaban que el verdadero robo era el que se consagraba por medio de la propiedad privada. Desde luego, muchos de los lectores de la Stereo Review consideraban que los miembros de la industria discográfica formaban una camarilla de «peces gordos aficionados al robo» y que, por consiguiente, se merecían lo que les estaba pasando. Y el análisis del filósofo experto en grabaciones, que incluía una serie de referencias académicas y una alusión valorativa a Kant, vendría a sostener que la afición a las grabaciones caseras podía considerarse una actividad de muy distinto tipo, benigna o delictiva, en función de las circunstancias. Sin embargo, en los casos realmente importantes, nuestro filósofo se pronunciaba en favor de dicha práctica. Al igual que los piratas de la década de 1950, el experto en grabaciones llegaría a la conclusión de que, en realidad, resultaba justificable que se procedieran a grabar aquellos temas que las compañías hubieran dejado desaparecer de sus catálogos[27].

Las emisoras de radio habían sido las primeras en quejarse de las grabaciones caseras, puesto que ya se habían manifestado en contra de ellas en la época de los aparatos de grandes bobinas dobles, allá por los años cincuenta. Sin embargo, habría que esperar hasta finales de la década de 1960 para que la industria discográfica iniciara la larga serie de lamentos en los que vendría a advertir de que este tipo de actividad constituía una amenaza mortal para la música misma. Evidentemente, como no dejarían de señalar los críticos de nuestro filósofo experto en grabaciones, lo cierto era que resultaba más verosímil decir que en realidad la práctica de las grabaciones caseras no representaba un peligro para la música per se, sino más bien un riesgo para la música de un determinado tipo: aquella que se producía con medios industriales, que se hallaba en manos de un reducido número de corporaciones de notable complejidad tecnológica y jugosas partidas de capital, y que se dedicaba a la producción en masa de «grandes éxitos». Se trataba de un modelo de cultura que se remontaba a la época de la imprenta de vapor[28]. Y como ya ocurriera con esa técnica de impresión, también en este caso tenderían los críticos a caer en la tentación de centrarse exclusivamente en la homogeneidad a la que daba lugar el empleo de este tipo de industria. Vistas a esa luz, las grabaciones caseras —al igual que el contrabando musical y las radios piratas (práctica esta última que se daba fundamentalmente en Europa)— acabaron convirtiéndose en la antítesis de esa tendencia a lo anodino que se derivaba de la mencionada homogeneidad. Su carácter social —es decir, el hecho de que su puesta en práctica estuviera asociada con una convivencia amistosa y dependiera de la voluntad de compartir e intercambiar temas musicales— venía a constituir una crítica implícita al sistema, cuando no una alternativa. La revista Rolling Stone sería una de las más decididas a someter los argumentos de la industria a un análisis particularmente escéptico y abrasivo. Así se descubrió, por ejemplo, que la afirmación por la que las grandes compañías daban en sostener que habían tenido que encajar unas pérdidas de mil millones de dólares a causa de las grabaciones caseras —afirmación que expondría Alan Greenspan, quien por entonces trabajaba como economista de la industria musical— descansaba en el supuesto de que, de no haber existido la práctica, el cuarenta por 100 de las copias presentes en los hogares se habrían trocado en ventas de discos. Sin embargo, lo cierto era que los aficionados a las grabaciones caseras acostumbraban a comprar más álbumes de lo normal. A fin de cuentas, las personas que realizaban grabaciones domésticas no eran unos «aprovechados», sino todo lo contrario, puesto que se trataba de los clientes que más dependencia habían desarrollado respecto de la industria. La culpa de los problemas de la industria había que achacársela a la existencia de un monopolio y a la mediocridad de los propios grandes sellos[29].

Por estos años, el Congreso de los Estados Unidos comenzó a ceder a las exhortaciones de la RIAA, de modo que decretó la constitución de varias comisiones de estudio de la práctica de la grabación doméstica. No tardaría en promulgar una nueva ley[30]. No obstante, como tan a menudo suele suceder, la norma no iba a ser exactamente lo que la industria deseaba. Lo que sí hacía el nuevo texto legal, desde luego, y por vez primera, era colocar las grabaciones profesionales de audio bajo al amparo de los derechos de autor, rechazando al mismo tiempo la idea de una concesión obligatoria de licencias. Sin embargo renunciaba, por otro lado, a restringir las «grabaciones caseras». La obtención de copias de carácter no comercial no habría de ser considerada, a fin de cuentas, como una transgresión. Pese a que en buena medida esto no era más que el mero reconocimiento de lo inevitable —puesto que frenar las grabaciones domésticas resultaba una medida poco práctica además de impolítica—, lo cierto es que no por ello dejaba de constituir una importante toma de posición. Con esta medida se venía a reconocer de forma explícita la existencia de una distinción entre la piratería (cuyo carácter era comercial) y el copiado «doméstico» (de índole no comercial). Más tarde, el Congreso también optaría por dejar que la industria contrarrestara estas actividades caseras mediante la puesta a punto de una tecnología que imposibilitaba el copiado —y de hecho, los efectos de esta decisión todavía se dejan notar palpablemente en nuestros días—[31]. Sea como fuere, terminaría extendiéndose la creencia de que la ley «venía a eximir [de toda medida restrictiva] a la grabación casera». A fin de cuentas, el Congreso ya había debatido este tema concreto al afirmar el congresista Edward Biester que tenía «un pequeño pirata en [su] propia casa». El hijo de Biester solía grabar en cinta un gran número de discos, de modo que el muchacho acabó convirtiéndose en un involuntario representante de la vasta población de aficionados a las grabaciones caseras. La secretaria adjunta de la oficina de derechos de autor, Barbara Ringer, había expuesto ya, y de forma explícita, lo evidente. «No alcanzo a imaginar que nadie pueda presentarse en el domicilio de un ciudadano para impedir este tipo de prácticas», había manifestado, «como tampoco veo que se pueda obligar [al gobierno] a promulgar una ley que venga a diseñar las características de una pieza física capaz de impedir las grabaciones caseras». Dando muestras de un prudente tacto, los jueces se atendrían tácita y firmemente a este principio, actuando en la práctica como si efectivamente la ley dejase fuera de su radio de acción a las grabaciones domésticas. El principio de la inviolabilidad del hogar acabaría primando sobre el de la propiedad intelectual.

Los bibliotecarios y los ladrones de tiempo

La crisis provocada por las grabaciones caseras habría de conservar este carácter relativamente limitado y de lentos aunque constantes efectos durante un tiempo, al menos mientras nos circunscribamos únicamente al copiado de discos. Sin embargo, ese estado de cosas habría de cambiar al penetrar en los hogares la cinta de vídeo. Tanto la industria cinematográfica de Hollywood como la televisión eran compañías bastante más grandes y ricas que las musicales, y, además, su esfera de influencia era de alcance mundial. De pronto se encontraron ante una amenaza para sus intereses. La piratería doméstica estaba a punto de convertirse en el detonante de un conflicto geopolítico.

En realidad, cuando al fin comenzaron a difundirse como cosa corriente en los hogares estadounidenses, hacía ya varias décadas que las cintas de vídeo habían iniciado su peripecia vital. Y en esa historia podía entreverse la gestación de muchos de los problemas que pronto iban a cernirse sobre el horizonte. Como tal desarrollo, la evolución de las cintas de vídeo llevaba aparejada toda una serie de acusaciones transnacionales de piratería, así como la génesis de una tradición de rivalidad entre los Estados Unidos y el Japón. A mediados de la década de 1950, la Ampex, una arrogante compañía de California, había desarrollado esta tecnología de grabación de vídeo para ponerla al servicio de los estudios de televisión, puesto que en esos años los platós todavía se veían obligados a emitir casi siempre en directo. En ese mercado, el vídeo había conocido un rápido éxito, pese a que el coste de las máquinas de grabación se elevara a cincuenta mil dólares por unidad. La Ampex también había solicitado patentes para operar en Japón. Sin embargo, al intentar penetrar en ese país, topó con una empresa llamada Totsuko. Totsuko había desarrollado y patentado un sistema de cintas de audio y estaba reinvirtiendo los beneficios que obtenía de esa explotación comercial en la creación de unos transistores de nuevo diseño, bajo licencia de una filial de la AT&T: la Western Electric. La compañía japonesa estaba adaptando dichos transistores a las altas frecuencias, insertándolos después en unas pequeñas radios portátiles a las que optó por dar el nombre de Sony. Aquellas radios se vendían a millones. Tenían tantísimo éxito que el mercado estadounidense no tardaría en quedar inundado de imitaciones que enarbolaban marcas como «Sonny» —en lo que habría de ser la primera de la larga serie de falsificaciones de aparatos Sony que habría de aparecer en los Estados Unidos (circunstancia que tendería a olvidarse en el torbellino de acusaciones de contrahechura industrial que habrían de lanzarse contra las compañías japonesas en la década de 1980)—. Mientras la Totsuko negociaba, el Ministerio japonés de Comercio e Industria, horrorizado por los precios que la Ampex estaba pidiendo a los estudios de televisión, decidió crear un programa de investigación propio a fin de producir una tecnología con la que poder grabar vídeos, para lo cual comenzó realizando pura y simplemente copias de las máquinas que vendía la Ampex. En el año 1965, la Sony —pues así había pasado a denominarse la antigua Totsuko— añadiría a la pequeña radio inicial la baza de un nuevo producto que, según afirmaba, era el primer magnetoscopio doméstico del mundo —una máquina monocromática de grandes bobinas dobles que grababa de un carrete a otro y que, de acuerdo con lo que Sony decía, permitiría a los cabezas de familia grabar los programas de la televisión mientras se encontraran ausentes de su domicilio—. No tardaría en salir al mercado un dispositivo más práctico denominado «U-matic», seguido al poco tiempo del sistema Betamax. La inevitable demanda por piratería que habría de plantear la Ampex quedaría en agua de borrajas[32].

Por estos años, la prensa de los Estados Unidos ya había comenzado a predecir por casi todos sus altavoces la inminente llegada de uno u otro tipo de aparato para la grabación doméstica de vídeo. Eran varios los fabricantes que tenían en perspectiva el lanzamiento de un diseño propio, todos ellos mutuamente incompatibles: la CBS contaba con el EVR (Electronic Video Recording), la RCA preparaba el SelectaVision, y pujaba también en este mercado el Cartrivision, de una compañía independiente, así como varios dispositivos más. La MCA (Music Corporation of America), aliada de la Universal, invertiría en un sistema de videodiscos al que daría el nombre de DiscoVision —una denominación muy propia de los años setenta—. Cartrivision sería el único formato que realmente llegara a venderse en el mercado, apareciendo en el año 1972 con las características de un aparato destinado a permitir la grabación de los programas de televisión y el visionado de cintas alquiladas. (Este sistema emplearía un dispositivo de protección de la propiedad intelectual extremadamente sencillo, consistente en una pieza que imposibilitaba el rebobinado). De este modo, al llegar a los hogares, el sistema Betamax encontraría el terreno ya abonado, pese a que se tratara asimismo de un campo en el que había un gran número de competidores en potencia. Su nombre venía a reflejar esto mismo, ya que no solo derivaba de la palabra que se empleaba en la lengua japonesa para describir una pincelada caligráfica de satisfactoria calidad, sino que aludía igualmente al hecho de que solo la tecnología Sony era capaz de emplear todo el ancho de la cinta magnetoscópica. Y desde luego habría quien sugiriera que la verdadera razón de que la Universal decidiera de pronto lanzarse al asalto del sistema Betamax radicaba en el hecho de que había resuelto proteger el interés que tenía su filial en el triunfo del DiscoVision[33].

Poco después de que apareciera en el mercado el sistema Betamax, las compañías Universal y Disney resolvieron combatir el producto japonés. Presentaron demandas judiciales contra la compañía Sony, contra varios de los establecimientos minoristas integrados en su red de ventas, y contra un simbólico usuario de Betamax (un voluntario llamado William Griffiths, que era un empleado del despacho de abogados de la empresa demandante). Los gigantes de Hollywood pidieron daños y perjuicios e interpusieron un requerimiento judicial para impedir la venta y el uso de aquella tecnología. En una apuesta decisiva, aquella iba a ser la primera vez que se procediera a poner en la balanza la pertinencia o impertinencia de las propias grabaciones caseras, de vídeo en este caso. En la vista inicial del juicio, celebrada en California, el juez de distrito Warren Ferguson desestimó el caso. Según el dictamen de Ferguson, las grabaciones caseras de cintas de vídeo constituían una utilización legítima de la tecnología, y aun en el caso de que no lo fuesen, difícilmente podría decirse que su práctica justificara el inicio de un proceso judicial que viniera a poner en cuestión la totalidad de un sistema tecnológico. Sin embargo, en octubre del año 1981, el tribunal de apelación revocó la decisión de Ferguson e hizo responsable a Sony de un inmenso volumen de daños y perjuicios[34].

Llegadas las cosas a ese punto, todo quedaba ya dispuesto para la escenificación de un choque que estaba llamado a convertirse en la mayor «pugna que habría de conocer el mundo de las comunicaciones» de la época, transformándose además en «uno de los mayores combates jurídicos de acoso y derribo de la historia de los Estados Unidos». El único elemento de comparación que pudiera asemejarse al caso del que vamos a ocuparnos es el de la disputa que estalló a mediados de siglo en relación con la AT&T y los consorcios de patentes. Y en esta ocasión, las consecuencias potenciales de una victoria de cualquiera de las partes en liza terminarían por convertirse en los elementos de una enorme polémica pública.

En esta época, los magnetoscopios habían pasado a convertirse en un objeto cotidiano, y la grabación doméstica no solo constituía ya una práctica rutinaria en miles de hogares estadounidenses, sino que no iba a tardar en convertirse en un hábito para millones de ciudadanos. Con todo, como bien declaraba el New York Times, los tribunales habían revelado que dicha costumbre suponía un acto «pirático, aun desarrollándose en el ámbito privado de un domicilio particular». El Chicago Tribune pregonaría a bombo y platillo, y sin rodeos, que aquel veredicto convertía al «hombre corriente en un violador de la ley de derechos de autor». Aquello significaba que «tres millones de estadounidenses… [quedaban] poco menos que rebajados a la condición de piratas modernos», advertiría el columnista Philip Shenon —añadiendo, para colmo, que lo más probable era que «el estadounidense medio» se hubiera convertido a esas alturas en un infractor de la ley—. Lawrence Tribe llegaría incluso a manifestar en el Congreso que la constitución prohibía ya la práctica de la grabación doméstica. Arthur Levine, un abogado de Washington, señalaría que el meollo de la cuestión radicaba en el hecho de que se hubiera producido un desplazamiento de las tecnologías productivas y creativas, puesto que el lugar en el que estas se verificaban no era ya el tradicional. Según indicaría, los magnetófonos y los magnetoscopios estaban permitiendo que los ciudadanos «imprimieran y publicaran sus propios materiales, produjeran sus propios programas de televisión y grabaran sus propios discos» —y muy pronto habrían de contar además con el refuerzo de los ordenadores—. Con aquel dictamen jurídico se corría el riesgo de convertir de un plumazo a un enorme número de personas en simples «delincuentes». Los empresarios del sector invirtieron grandes cantidades de dinero en adquirir espacios publicitarios al objeto de fomentar una sensación de urgencia e instar al público a adquirir magnetoscopios y cintas de vídeo[35]. Declarar ilegales los vídeos equivaldría a reeditar la ley seca, aunque aplicándola en este caso al ámbito cultural.

Se comenzó a observar así la proliferación de ensayos breves y artículos de opinión en los que se advertía de la posible creación de una fuerza policial destinada a controlar la utilización doméstica de los vídeos (la viñeta de la figura 15.2 solo es un mero ejemplo), y muchos de aquellos textos deberían inconscientemente parte de su contenido a la larga tradición consistente en apelar a la piratería de los adolescentes. De este modo, los estadounidenses comenzaron a leer admoniciones de este tipo en los periódicos: es muy posible que un buen día irrumpa en su domicilio un grupo de «hombres grises enfundados en sendas gabardinas», con la intención de proceder al arresto de los más pequeños de la casa. Se desplegarían aviones de alerta temprana y control del espacio aéreo (AWACS) sobre los barrios periféricos a fin de borrar en masa el conjunto de las cintas de vídeo de los ciudadanos mediante la utilización de campos electromagnéticos. (La administración Reagan acababa de verse envuelta en una controversia relacionada con la venta de este tipo de aviones a Arabia Saudí, de modo que la evocación de aquella coyuntura acudía rápidamente a la mente de los lectores). Comenzaron a aparecer innumerables historietas cómicas en las que policías federales «echaban abajo la puerta del dormitorio de un ciudadano en busca de episodios piratas de la serie televisiva de Mork & Mindy»[36]. Por ridículo que pueda parecer hoy en día, aquellas advertencias paródicas no dejarían de ejercer su efecto. Un comentarista llegaría a manifestar que la perspectiva de aquellas invasiones del ámbito doméstico podían acabar provocando, a modo de efecto secundario, el rechazo del gobierno estatal en su conjunto, lo cual podría acarrear «en último término el desplome de liberalismo estadounidense». Lo cierto es que, aunque con miras algo más modestas, también se escucharía a Jack Valenti, miembro de un importante grupo de presión industrial, culpar a estos chuscos avisos de la derrota sufrida por la RIAA. De lo que no hay duda es de que, a corto plazo, estas actitudes críticas terminarían contribuyendo a que se elevaran al congreso dos proyectos de ley concebidos para eximir a la totalidad de los hogares estadounidenses de toda acusación vinculada con la piratería, y de hecho uno de los representantes presentes en la cámara no tendría inconveniente en garabatear in situ, y a toda prisa, las líneas maestras de un borrador encaminado a ese fin[37].

Figura 15.2. La policía videográfica. «Metro police, Betamax squad», Chicago Tribune, 10 de noviembre de 1981, sección primera, p. 17. © Tribune Media Services, Inc. Todos los derechos reservados. Reimpreso con autorización de la empresa.

Ahora bien, ¿qué era lo que realmente estaba ocurriendo en los hogares? La amenazadora sombra del constante problema que invariablemente venía a plantear de forma sistemática la búsqueda de una respuesta a esta pregunta no tardaría en cernirse sobre la práctica en sí. La Universal trataría de resolverla por la vía rápida echando mano de una lista en la que figuraban los clientes que compraban dispositivos Betamax en la ciudad de Los Ángeles al objeto de contratar seguidamente a un grupo de detectives privados y ordenarles que les siguieran los pasos. La judicatura intervino velozmente para detener la iniciativa. Después, las dos partes enzarzadas en el conflicto, esto es, la Sony y la Universal, pasaron a concentrar sus esfuerzos en una serie de trabajos de investigación similares a los que ya emplearan a mediados de siglo los estudiosos de la radio. Gracias a esos trabajos descubrieron que las formas en que los cabezas de familia empleaban sus magnetoscopios eran aparentemente dos. No tardaría en darse a una y a otra práctica los apelativos de «modificación de horarios» y «creación de videotecas». La costumbre vinculada con la modificación de los horarios —consistente en grabar un programa para poder verlo más tarde— era la menos dañina. La creación de videotecas, por el contrario, resultaba más controvertida, puesto que implicaba la preservación del material, y no su simple reprogramación horaria. Además, la implícita reivindicación, por parte del ciudadano, de un derecho a la conservación o la custodia de los vídeos también habría de revelarse pertinente. En sus formas más llamativas, la práctica vendría a traer a la memoria las actitudes relacionadas con una economía moral parecida a la de los piratas de la década de 1950. (Vale la pena señalar que el experto en cuestiones relacionadas con los derechos de autor de la Sony había iniciado su andadura jurídica con los casos de la piratería operística de los que ya hemos hablado). Una y otra práctica tendrían un papel destacado en las dos vistas que habría de dedicar la Corte Suprema de los Estados Unidos al examen del asunto, la primera de las cuales habría de celebrarse el 18 de enero de 1983. Para esa fecha, el caso ya había suscitado la presentación de un mayor número de informes de los amicus curiae[38] que cualquier otro pleito de la historia jurídica estadounidense, incluyendo uno vinculado con la Asociación de Bibliotecas Estadounidense. Los estudios de la Universal no tardarían en afirmar que las prácticas a las que se entregaban de manera rutinaria los cabezas de familia «no diferían en nada de la piratería asociada con las cintas de audio». «El hecho de que se efectúen en el interior de un domicilio», insistirían, «no supone diferencia alguna»[39]. Sin embargo, lo cierto era que al intervenir tantísimos hogares a un tiempo —se preveía que en pocos años el cuarenta por 100 de los hogares estadounidenses vendría a contar con un magnetoscopio— la ubicación de la práctica constituía sin duda el elemento diferencial más importante del caso.

En sus deliberaciones privadas, los jueces del Tribunal Supremo recuperarían el espíritu de las audiencias del Congreso celebradas con anterioridad al año 1971, fecha de la adopción de las medidas contrarias a la grabación doméstica de cintas de audio. Y si habían tomado esa decisión había sido porque antes de esa fecha la ley había consentido en la práctica el «pirateado de discos». De este modo, las aludidas audiencias, impulsadas por el auge de una serie de empresas piráticas de gran envergadura, habían constituido un punto de inflexión, puesto que al permitir las grabaciones caseras de carácter no comercial habían acabado por conferir un tinte irrelevante a la perspectiva de efectuar registros en los domicilios. Sin embargo, este permiso no habría de reiterarse de forma explícita en la posterior Ley de derechos de autor del año 1976[40]. Es más, se daba el caso de que, a diferencia de lo que ocurría con las grabaciones de audio, las normas vinculadas con los derechos de reproducción venían protegiendo de facto las películas desde el año 1912. Lo cierto era que en el ámbito cinematográfico nunca había existido un consentimiento explícito del copiado realizado con fines no comerciales. Por consiguiente, el único resquicio en el que podía refugiarse el aficionado a la grabación de vídeos parecía encontrarse en la difusa y poco menos que inefable noción de «uso justo» o fair use.

El uso justo, que ya hacía tiempo que venía constituyendo un tema particularmente espinoso y polémico —como todavía ocurre en la actualidad—, implicaba la asunción de un compromiso crucial para los enigmáticos dilemas que siempre ha planteado la propiedad intelectual. Parece claro que ha de haber necesariamente casos en los que el principio de la propiedad privada de un bien creativo deba flexibilizarse un poco. El empleo de citas en el aparato crítico de un ensayo o en una investigación ilustra este extremo de forma evidente. El origen que suele atribuirse convencionalmente al concepto de uso justo, empleado para abordar estas materias en concreto, se sitúa en el año 1841, fecha en la que W. W. Story decidiría que un extracto de trescientas cincuenta páginas sacado de las cartas publicadas de George Washington no constituía un ejemplo de uso justo. Antes al contrario, ya que el juez dictaminaría que aquello suponía un acto de «piratería», y no una «utilización justificable» ni (por emplear la expresión del conde de Eldon, lord canciller de Gran Bretaña) una «cita justa»[41]. Sin embargo, Story se haría célebre al observar que la cuestión vinculada con la diferenciación entre el uso justo y el injusto venía a equivaler poco menos que a una disquisición metafísica, dado que implicaba distinciones «extremadamente sutiles y refinadas, casi evanescentes incluso en algunas ocasiones». Habría que esperar al año 1976 para que una ley intentase abordar esa definición. En ella se enumeraban cuatro «factores»: el propósito e índole del uso en cuestión (es decir, si estaba o no destinado a la obtención de un beneficio, o si se efectuaba en un contexto educativo); la naturaleza de la obra; el carácter «sustancial» del extracto en sí; y las consecuencias que pudiera tener el mencionado uso en la comercialización del original. E incluso estas consideraciones debían formar parte de una decisión relativa a la justicia del caso, no resultar determinantes para la adopción del dictamen pertinente. El informe efectuado por la Cámara de representantes en esa época se contentaría con señalar que la noción de uso justo remitía a un cierto «criterio de equidad basado en lo razonable» para el que no era posible formular una definición.

Por consiguiente, el desacuerdo más importante que habría de surgir entre los miembros del tribunal vendría a girar en torno a la cuestión de si la grabación doméstica podía o no considerarse «justa». John Paul Stevens[42] pensaba que en efecto lo era. Las copias realizadas en los domicilios no habían empezado a cobrar importancia sino después de la aparición de las cintas, ya fuesen estas de audio o de vídeo, señalaría Stevens, y una vez que hubieron irrumpido en el mercado, las vistas del año 1971 habían resuelto el problema. No obstante, y a pesar de que las cosas hubieran sido efectivamente así, lo que debía considerarse prioritario era la aportación de una solución a la amenaza a la privacidad que llevaba aparejado todo intento de «controlar las conductas en el interior de los hogares». Y por si fuera poco, el hecho de declarar culpable a la Sony por haber contribuido indirectamente a la infracción con sus productos implicaría obligar a la compañía a asumir el coste de una factura «realmente pasmosa», puesto que la imposición de la multa reglamentaria de cien dólares por copia haría que la suma se elevara a varios miles de millones de dólares. Un castigo tan absurdo no contribuiría sino a desincentivar el desarrollo de nuevas tecnologías —lo que difícilmente podía considerarse acorde con los objetivos de la ley de derechos de autor—[43]. No obstante, Thurgood Marshall resaltaría una diferencia, ya que si el uso justo de una cita textual en una reseña o una crítica literaria contribuía al interés público debido a su carácter productivo, lo cierto era que las grabaciones caseras revelaban ser de índole intrínsecamente improductiva, y por tanto no debieran de considerarse justas. Más aún, la letra de la ley mantenía que para descalificar jurídicamente el uso no era preciso que este influyera en el valor real de mercado, dado que bastaba con mostrar que incidía en el valor potencial del mismo. Para gran desazón de la industria, esta nunca había sido capaz de mostrar que las grabaciones domésticas les produjeran pérdidas constatables, aunque sí que habían logrado poner de manifiesto que generaban una situación de pérdida potencial. Era muy posible que los anunciantes se negaran a pagar las mismas tarifas de publicidad si daban en pensar que los espectadores tenían la posibilidad de pulsar la tecla de avance rápido de sus magnetoscopios para pasar a toda velocidad los anuncios (es decir, «zapeándolos»). Y comoquiera que Marshall insistiera en este planteamiento, empezó a comprenderse claramente que iba a resultar difícil llegar a un consenso. Tras trabajar «en muchas ocasiones hasta altas horas de la noche», los magistrados decidieron reiniciar el proceso.

Así fue como el 3 de octubre de ese mismo año, en una abarrotada sala de justicia, se celebraba algo perfectamente insólito: una segunda audiencia. La empresa matriz de la Universal acababa de anunciar unos resultados económicos de récord, y a los jueces parecía preocuparles más verse en la tesitura de tener que controlar varios millones de hogares que supervisar los ingresos de la industria[44]. Dicha impresión quedaría confirmada el 17 de enero de 1984, fecha en la que se anunciaría el dictamen final. Con el reñido resultado de cinco votos contra cuatro, la sala se decantó en favor de la compañía Sony —encargándose John Paul Stevens de redactar el veredicto—. El tribunal había llegado a la conclusión de que el magnetoscopio doméstico tenía efectivamente usos que no infringían la ley, y uno de ellos era la modificación de horarios. Stevens resaltaría especialmente el hecho de que los demandantes produjeran menos del diez por 100 de los programas de televisión que se veían en los hogares, a lo cual añadiría que había terceras partes que se habían declarado dispuestas a aceptar este tipo de duplicación. El equilibrio alcanzado con la aplicación del mencionado «criterio de equidad razonable» permitía comprobar que los beneficios, positivamente comprobados, superaban al perjuicio, de carácter especulativo. Thurgood Marshall emitiría un voto discrepante, junto con Harold Andrew Blackmun[45], ya que ambos denunciarían que el fallo asestaba un golpe al principio mismo de los derechos de autor. Esta opinión, de poder aplicarse a los libros y otros medios de difusión, llevaría aparejada la asunción de una expansión potencialmente drástica del criterio del uso justo.

El dictamen del tribunal volvía a incluir la inviolabilidad del umbral doméstico en el ámbito de la propiedad intelectual. Quedaba así definitivamente claro que no existía fundamento alguno para «hacer extensivo el radio de acción de la legislación comercial de los derechos de autor a los domicilios particulares». Con ello se zanjaba toda posibilidad de que la ciudadanía en general pudiera ser denunciada por la perpetración de actos «piráticos». En lo sucesivo, declararía el Washington Post, las compañías que enviaran películas o piezas musicales al domicilio de un particular carecerían del derecho a señalar al cliente lo que debía o no debía hacer con ellas. Más de uno tendría la impresión de que se estaba gestando un profundo cambio en la economía moral y política de la creatividad, y en este sentido se decía que se iba «a pagar un tanto alzado a los artistas y que después la humanidad entera podría acceder a sus creaciones»[46]. Las implicaciones de este estado de cosas quedarían meridianamente claras cuando se produjera la irrupción de los medios de comunicación digitales. Con la primera generación de internet se comenzarían a explotar dichas implicaciones al calor de la voluntad de compartir archivos y del surgimiento de las redes de pares P2P, como Napster y MP3.com. Y a esta primera generación habrían de seguirle empresas como Grokster y Kazaa en la segunda, o Pirate Bay en la tercera.

¡El samurái en casa!

Al haberse evaporado la perspectiva de ilegalizar las grabaciones domésticas atribuyéndoles la condición de actos piráticos, la Asociación Cinematográfica de los Estados Unidos (o MPAA: Motion Picture Association of America) optaría por seguir los pasos de otra sociedad similar, la de la RIAA, y trataría ahora de imponerles un gravamen. De este modo se pondría rápidamente en marcha una campaña de presiones encaminada a lograr la imposición de un canon a las cintas. Hasta el mismísimo New York Times decidiría prestarle apoyo. Tras unir sus fuerzas y constituir la Coalición para la Defensa de los Derechos de Grabación Domésticos, los fabricantes de vídeos y otros empresarios afines replicarían reivindicando la aplicación de toda una batería de prácticas restrictivas y de una determinada política de fijación de precios (los vídeos pregrabados se vendían entonces a setenta dólares)[47]. El proceso que habría de iniciarse a partir de aquí constituye un temprano ejemplo de la clase de escaladas de presiones con la que hemos venido familiarizándonos desde esa época. Y como habría de suceder en esos casos posteriores, también aquí las tácticas iban a descender rápidamente al plano de lo atroz. Un inmediato ejemplo de triste recuerdo sería el del envío por correo de una carta firmada por la estrella cinematográfica Charlton Heston a los electores de los distritos clave para el acceso al Congreso. La carta instaba a sus destinatarios a exhortar a sus representantes a respaldar a las industrias culturales. No obstante, lo hacía apelando a un crudo nacionalismo. Según advertía el texto, «Un grupo de acaudaladas y poderosas compañías electrónicas japonesas» había «invadido» el país. Dichas empresas estaban «pisoteando» las leyes y «amenazando una de las industrias más singulares y creativas de los Estados Unidos». La imposición de un gravamen resultaba vital para contenerlas. Siempre habían existido pinceladas nacionalistas en la pugna suscitada por las grabaciones domésticas, pero lo cierto es que esos matices acabarían convirtiéndose en gruesos brochazos a medida que fuera evolucionando el caso Betamax. Ahora, la identificación de un bando con lo «estadounidense» y lo «creativo» y la inclusión del otro en el saco de lo japonés, e implícitamente, de lo «imitativo», había pasado a ser una cuestión cuasi rutinaria. Jack Valenti anunciaría que en un momento en el que los Estados Unidos estaban dejando de ocupar el primer puesto de la carrera económica y tecnológica global, «lo único que los japoneses, pese a todos sus ardides, no lograban duplicar ni clonar» era «el cine estadounidense». Es muy probable que lo que Valenti quisiera insinuar tácitamente fuera que si la compañía Sony ganaba la partida, serían los propios ciudadanos estadounidenses los que acabarían poniéndose a clonarla en beneficio de Japón. También compararía los magnetoscopios con otras tantas tenias parásitas de la nación[48]. Al parecer, la sociedad estadounidense estaba enfrentándose a la sombría perspectiva de tener que sobrevivir en un postapocalíptico «desierto desprovisto de toda industria del entretenimiento»[49].

Al considerarlas retrospectivamente, este tipo de observaciones pueden sonar exageradas, pero en aquellos años jugaban con la ventaja de aprovecharse de la ansiedad generada por el casi universal declive económico y técnico en que se hallaban inmersos los Estados Unidos. Cuando aún se dejaban sentir las repercusiones de la crisis del petróleo y teniendo que encarar el país unos déficits comerciales no solo enormes sino en plena expansión, la nación había llegado a convencerse de que su ocaso era inminente. Y Japón parecía el candidato con mayores probabilidades de sustituirla en la vanguardia del mundo. La voluminosa literatura repleta de lamentaciones que había surgido contribuiría a alimentar el temor de que la inminente pugna por la supremacía que habría de librarse con Japón fuera una batalla perdida de antemano. El libro de Chalmers Johnson publicado en el año 1982 con el título de MITI and the Japanese Miracle[50] sería el encargado de hacer sonar la primera señal de alarma, al exponer un trabajo de investigación relativamente bien realizado que culminaba con la presentación de un testimonio del mismísimo presidente de la Sony. Tiempo después, vendrían a sumarse a este texto las obras de otros autores, como la de Clyde Prestowitz, titulada Trading Places: How We Allowed Japan to Take the Lead (1988), la de Pat Choate —Agents of Influence, publicada en el año 1990—, o la de un artículo del periodista James Fallows que habría de conocer una amplia divulgación tras aparecer en 1989 en la revista Atlantic Monthly —artículo en el que se proponía a los Estados Unidos la adopción de una estrategia próxima a la de la guerra fría a fin de «frenar» a Japón—. El más destacado teórico del management de los Estados Unidos de posguerra, Peter Drucker, argumentaría en Foreign Affairs que la japonesa era la primera nación desarrollada que lograba ascender a posiciones de preeminencia mediante la «imitación» en lugar de con la innovación. Drucker definía la estrategia de Japón diciendo que el país había puesto en marcha un «comercio de confrontación» cuya premisa fundamental venía a sostener que la imitación de la tecnología de otras naciones debía arrojar los mismos resultados que un juego de suma cero. El libro de Michael Crichton titulado Sol naciente vendría a enmarcar en un contexto de ficción el contencioso abierto. A principios de la década de 1990 se habían presentado a los estadounidenses obras como la de Coming War with Japan, informándoseles asimismo de que la América de las Zaibatsu[51] estaba inevitablemente abocada a convertirse en una colonia de Tokio[52].

Si las lamentaciones relacionadas con Japón revestían alguna importancia era debido a que aseguraban constituir una explicación de la inevitable victoria que pronto iba a cosechar Tokio en el ámbito de la cultura. La singular institución japonesa del keiretsu[53] sería uno de los recursos expositivos más socorridos. El laissez-faire había quedado obsoleto, sostenía el argumento, y estaba a punto de ser sustituido por un modelo social estructurado en torno a los rasgos propios del keiretsu, esto es, la cooperación, la agrupación en cárteles y la integración vertical. Si los Estados Unidos habían conseguido conservar hasta entonces sus posiciones, se debía únicamente al hecho de que su cultura individualista favorecía la innovación. Sin embargo, los japoneses habían logrado obviar esa ventaja mediante la piratería —es decir, copiando a placer los avances científicos y tecnológicos de Occidente—. (No serían muchos los que se percataran de lo irónica que resultaba esta afirmación teniendo en cuenta que, en una época no muy lejana, los Estados Unidos se habían apropiado a su vez de distintas tecnologías europeas). El Ministerio japonés de Comercio e Industria, que según se mantenía era el cerebro de toda la estrategia, tenía fama de centrar sus esfuerzos en la robótica, la informática, las telecomunicaciones, los productos farmacéuticos y la biotecnología. En un caso que habría de disfrutar de una enorme cobertura mediática y que vendría a considerarse como una prueba del planteamiento mismo, se descubrió un buen día que la compañía Fujitsu estaba tratando de robar las innovaciones de la IBM. Peter Drucker llegaría a mantener incluso que la ambiciosa estrategia japonesa era a su vez copia de una inventiva estadounidense: la de la investigación industrial que habían promovido con gran espíritu precursor la AT&T y los Laboratorios Bell en el transcurso de la década de 1920. La manida representación de la cultura asiática como una entidad de carácter esencialmente imitativo comenzaría a cobrar nuevos bríos en este contexto, de modo que las quejas que venían expresando desde hacía algún tiempo los editores respecto a la piratería de los manuales académicos de ingeniería hallaron de pronto un nuevo y receptivo público a escala federal. El mismo senador que había legislado en favor de la práctica de la grabación doméstica fomentaría igualmente la adopción de una legislación destinada a fortalecer las leyes de patentes a fin de presentar batalla a los supuestos piratas japoneses. Washington, proclamaría este político, tenía la imperiosa obligación de ayudar a las compañías, ya que estas debían «protegerse de los fabricantes extranjeros que roban tecnologías de propiedad estadounidense»[54].

Los análisis del keiretsu y de otras prácticas similares que aparecían en estas obras solo se referían a Japón en apariencia, como es obvio. De lo que trataban en realidad era de la situación vigente en los propios Estados Unidos. Se dedicaban a desplegar todo un conjunto de figuras retóricas sacadas de la antropología cultural (y en ocasiones se trataría de elementos bastante rancios) con el fin de dar cuerpo por contraposición a una serie de angustias relacionadas con la cultura social y económica estadounidense. De este modo, por ejemplo, la supuesta cultura japonesa de la planificación asociada con la visión de futuro venía a oponerse al cortoplacismo autodestructivo del propio capitalismo estadounidense. La armonía contrastaba con la desintegración social. Hoy pudiera tenerse la impresión de que el keiretsu no fue nunca otra cosa que un «mito» —aunque hay que admitir que se trataba de una mitología a la que los mismos japoneses daban crédito—. Sin embargo, en la década de 1980, la política estadounidense necesitaba de estas narrativas[55].

De este modo, la piratería doméstica se propagaría al modo de una metástasis hasta convertirse en un relato del malestar nacional y la diferencia cultural. Por este motivo, cabe decir que todos y cada uno de los pequeños actos de «piratería doméstica» contribuían a fomentar todavía más el ascenso de la cultura japonesa en los Estados Unidos. Una vez más, las viñetas de los periódicos se ocuparían de reiterar este extremo, encarnándolo en la figura del fiero samurái que tan claramente batallaba en el frente interno (véase la figura 15.3). Nadie había intentado jamás trasladar a la opinión pública los peligros de las casetes de audio que fabricaba la Phillips llevando a las páginas de los periódicos la caricatura de unos amenazadores burgueses de los Países Bajos, pero lo cierto es que, de repente, comenzaron a surgir imágenes espeluznantes por todas partes, invariablemente marcadas por la figura de unos guerreros convertidos en evidente peligro para la sala de estar. Estas imágenes vendrían a poner palpablemente de manifiesto el presunto vínculo existente entre el ámbito doméstico y el geopolítico. Por otra parte, Clyde Prestowitz, un funcionario del Ministerio de Comercio de la administración Reagan, expondría de forma explícita la identificación entre el vídeo doméstico, la apropiación de los secretos científicos y el hundimiento de la economía estadounidense. El Instituto Tecnológico de Massachusetts, esto es, el modelo mismo de la ciencia de corte académico e industrial, contaba ahora con nueve cátedras financiadas por corporaciones japonesas que venían así «a beber directamente de la fuente misma del saber científico». Prestowitz sostenía que «los japoneses» estaban a punto de arrebatar a los estadounidenses sus nuevas tecnologías, y esto en el momento mismo en el que las miopes sociedades anónimas estadounidenses se negaban a patentarlas. «El mejor ejemplo de ello es el magnetoscopio», explicaría. Sin embargo, cuando se les informaba del peligro, la primera preocupación de los ciudadanos seguía centrándose en si debían o no adquirir uno de esos aparatos y en cómo hacerse con ellos. El soporte físico de la piratería doméstica, evidentemente, provenía del Japón, quizá incluso tras habérselo apropiado los nipones en California (nadie recordaba ya que Alemania era el país que había dado origen a la cinta magnética). Pero lo mismo podía decirse, como venía a sostenerse implícitamente, del papel histórico que desempeñaba la cultura de la imagen. El vídeo amenazaba una industria que, por lo demás, constituía el último bastión de la supremacía estadounidense, y que era además el único campo de la economía que la piratería geopolítica no podía batir: el correspondiente al negocio de la cultura. El vídeo no solo convertía al propietario particular de un magnetoscopio en un productor de programas, sino además en un productor de «copias baratas» —otro característico rasgo japonés—. De hecho, entre el primer argumento de la Corte Suprema y el segundo, los senadores Robert Dole y Lloyd Bentsen habían tratado de resolver el caso Betamax enfocándolo como una cuestión comercial. Dirigieron un escrito al Ministerio japonés de Comercio e Industria en el que sugerían la adopción de un compromiso similar al de los recientes pactos que los Estados Unidos y Japón habían logrado establecer en relación con la importación de automóviles. Según señalaría Hollywood, la crisis suponía «una amenaza potencialmente grave para las relaciones americano-japonesas», y si el Congreso terminaba por tomar cartas en el asunto, lo haría seguramente «en el contexto de un importante superávit comercial favorable a Japón». De hecho, las reuniones sobre las relaciones económicas entre estadounidenses y japoneses se habían producido al mismo tiempo que las centradas en las grabaciones domésticas. Lo único que disuadió al Ministerio japonés de Comercio e Industria, induciéndole a no tomar en consideración la idea de los senadores fue la probable perspectiva de una victoria judicial de la Sony[56].

Figura 15.3. El samurái en casa. D. Sherbo, «Video Wars», Washington Post, 2 de mayo de 1982, p. f1. © The Washington Post. Todos los derechos reservados. Reproducido con autorización; material protegido por las leyes de derechos de autor de los Estados Unidos. Queda prohibida la impresión, copia, redistribución o retransmisión de este material sin la explícita autorización escrita del propietario de los derechos.

Evidentemente, el triunfo de Sony en el caso Betamax iba a revelarse de naturaleza pírrica. El sistema Betamax no tardaría en verse superado por el VHS, su estándar rival. Y al reflexionar acerca de ese fracaso, la compañía Sony se encontró ante una decisión trascendental. Llegó a la conclusión de que la pérdida de la batalla comercial se había debido al hecho de que en las industrias de la electrónica y la cultura existía una fisura elemental entre tecnología y «contenido». Es decir, en la incipiente era de la información, la separación entre la propiedad industrial y los derechos de la creatividad podía revelase fatal. Por consiguiente, la experiencia vivida a raíz del caso Betamax llevaba implícita una indicación relativa al modo en que se verificaba —o no— la intersección entre el capitalismo internacional y la creatividad. Basándose en este razonamiento, la Sony optaría por realizar un movimiento que habría de convertirse en la mayor adquisición empresarial de los japoneses. Empezó comprando la compañía CBS Records por dos mil millones de dólares. Después, en septiembre del año 1989, maniobró hasta hacerse con la Columbia Pictures, cuyo precio en el mercado se situaría entonces en tres mil cuatrocientos millones de dólares (cinco mil seiscientos millones si incluimos la deuda de la compañía). La lógica subyacente a estas iniciativas consistía en lograr el establecimiento de un vínculo entre la propiedad intelectual del campo tecnológico y el de la esfera creativa.

Ni que decir tiene que la apuesta suscitó una intensa polémica, una polémica en la que acabarían interviniendo todas las cuestiones que habían despertado inquietud en los debates sobre piratería vividos a lo largo del medio siglo anterior: cuestiones como la responsabilidad pública, la conservación cultural, la preservación de los cánones y el nacionalismo. En este sentido, se decía, por ejemplo, que el enorme fondo de filmes clásicos de la Columbia venía a perfilar algo así como la silueta del «espíritu» estadounidense. ¿Cuáles eran las consecuencias de que una nación vendiera su alma? Más aún, ese pacto mefistofélico había terminado por cristalizar en un momento marcado por una extraordinaria incertidumbre global, dado que había culminado en el instante mismo en que se desmoronaba el Muro de Berlín. Y al hallarse el bloque soviético en una situación de descomposición terminal, lo que comenzaría a gestarse sería la reorganización fundamental de la política global. Y las inquietudes que atribulaban a Washington en relación con el lugar que estaba ocupando Japón en ese proceso hallarían un punto focal en la apuesta que acababa de realizar la Sony[57].

El elemento que iba a encarnar la totalidad de los temores fue, de hecho, un libro pirateado. El original, que se había publicado en Japón en enero del año 1989, había conseguido vender rápidamente quinientos mil ejemplares en ese país. El título de la obra era «No» to ieru Nihon («El Japón que sabe decir “no”»). Lo habían escrito a dos manos Akio Morita, presidente de la Sony, y el novelista y político Shintaro Ishihara. La contribución de Morita a la obra resultaba relativamente discreta. La parte de la que era autor expresaba una crítica del capitalismo estadounidense que se revelaba cuando menos familiar, aunque no fuese precisamente grata. Por otra parte, las aportaciones de Ishihara habrían de levantar una considerable polvareda. Los puntos de vista de Ishihara, que por entonces contaba cincuenta y seis años, eran muy personales, pero en ocasiones dejaban traslucir un pensamiento extremadamente nacionalista. Además, hay que recordar que estaba a punto de postularse de manera independiente, aunque asombrosamente sólida, como líder del Partido Democrático Liberal japonés. Según las exhortaciones de Ishihara, Japón debía sentirse plenamente legitimado para mostrar su poderío, y lo cierto era que podía permitírselo. La capacidad de disuasión nuclear de los Estados Unidos había pasado a depender por entero de la tecnología japonesa. Si a Tokio se le ocurría reservarse esa tecnología —u ofrecérsela incluso a la Unión Soviética— podía provocar un titánico vuelco en las relaciones globales de poder. Ishihara elegiría como diana de sus elogios la estrategia subyacente al ataque contra Pearl Harbor, presumiblemente como ejemplo del aprovechamiento de ese tipo de oportunidades. Ishihara identificaba la transformación de los respectivos destinos económicos de Japón y los Estados Unidos con las supuestas características raciales de cada país, denunciando al mismo tiempo que la preocupación que inspiraba en el ánimo de los estadounidenses la existencia de desequilibrios comerciales encontraba a su vez arraigo en el racismo. Daba la impresión de que Sony estuviera respaldando lo que no eran sino opiniones personales.

Al aproximarse el momento en que debía decidirse la suerte que habría de correr la compra de la Columbia por parte de la Sony llegaría a oídos de Washington noticia de todos estos extremos. En el Capitolio de los Estados Unidos empezaron a aparecer ejemplares clandestinos de una misteriosa traducción de la obra de Morita e Ishihara. El representante del estado de Michigan, Sander Levin, mandaría insertar la totalidad del texto en el Congressional Record[58]. Pronto empezó a distribuirse el escrito, impreso en miles de fotocopias. El texto «pirateado» acabó «haciendo furor en Washington». Como suele ocurrir en el caso de la pornografía, vendría a señalar el economista y profesor de Harvard Lawrence Summers, el hecho de que el autor de aquella pieza se mostrara remiso a permitir su publicación «no contribuía sino a incrementar su demanda». Todos cuantos pudieron echar mano de un ejemplar de aquel manifiesto «de contrabando», como había terminado conociéndoselo, se hicieron con una copia del mismo: desde los escandalizados políticos a los periodistas más espabilados, pasando por ejecutivos preocupados y por ansiosos ciudadanos[59].

Como suele ocurrir con la mayoría de los textos pirateados, la traducción de «El Japón que sabe decir “no”» planteaba el problema de su autenticidad. En este caso se suponía que el libro venía a revelar una verdad secreta —la oculta estrategia nacional que se hallaba detrás del gesto de la Sony al apoderarse de la propiedad cultural estadounidense—. La obra consiguió cristalizar la totalidad de los miedos que apuntalaban la fobia hacia todo lo japonés. Nicholas Wade, el periodista científico del New York Times, criticaría a Shintaro Ishihara y a Akio Morita por haberlo escrito. Lawrence Summers también intervendría en el debate, publicando una carta abierta notablemente explícita en la que advertía a los Estados Unidos de la importancia de mantenerse alerta y tomar las medidas necesarias para contrarrestar la amenaza que se perfilaba en la obra. Llamaba a promover una ofensiva capaz de garantizar la supremacía del país en industrias concretas, como la de los semiconductores, por razones de seguridad nacional. Summers instaba a las autoridades a abandonar los planteamientos fundamentales de mercado, puesto que, según afirmaba, «hay pocos argumentos que puedan defender una actitud de laissez-faire en el ámbito de unas industrias que son el sostén del que depende nuestra seguridad futura». Súbitamente consciente de lo perjudicial que podía acabar resultando aquella situación, Morita no tardaría en abandonar la traducción inglesa que tenía planeado publicar en breve —no consiguiendo con ello sino garantizar que la única versión inglesa que siguiera circulando fuera precisamente la de «contrabando»—. Ishihara tomó un avión y se presentó personalmente en Washington a fin de denunciar la traducción espuria, decidido a contrarrestar lo que él denominaría «la vil traducción pirata, repleta de errores». Una vez sobre el terreno, Ishihara se presentaría astutamente ante la opinión pública como «una de las últimas víctimas de la piratería de la propiedad intelectual»[60].

Este incidente vendría a condensar el persistente potencial de los actos piráticos para dar forma a una situación política dada y hacerlo además en la coyuntura más crítica desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En el preciso momento en que Ishihara se disponía a volar de regreso a Tokio quedaba resuelto el último misterio: el relacionado con el origen del propio texto pirateado. Uno de los portavoces del gobierno dejaría caer en una conferencia de prensa que la traducción de «contrabando» había sido obra de la Agencia de Investigación en Proyectos Avanzados de Defensa (DARPA, según sus siglas inglesas: Defense Advanced Research Projects Agency) —un brazo del Pentágono encargado, entre otras cosas, de reforzar los proyectos tecnológicos relacionados con la seguridad nacional—. El Pentágono se apresuraría a anunciar que la traducción se había realizado simplemente para su uso interno y que, por consiguiente, no había quebrantado la ley de amparo a los derechos de autor. Ishihara atacó entonces en tromba, señalando que cualquiera podía fotocopiar el falso texto en una biblioteca pública. El libro se había convertido en un «gran éxito de “no-ventas”». Exigió que su gobierno interpusiera un pleito contra los Estados Unidos por actuar como un pirata a escala nacional.

El acto de «piratería» de la Agencia de Investigación de Defensa había polarizado el debate en un momento potencialmente crítico. Se había tenido la impresión de que esa controversia había venido a revelar los verdaderos motivos que impulsaban a los extranjeros decididos a comprar el alma de los Estados Unidos. Sin embargo, al revelarse el origen de la acción pirática y al intervenir Ishihara de una manera tan desafiante, la polémica se vería superada por la avalancha de acontecimientos que habría de producirse en una época marcadamente presidida por la agitación. Las amenazas relacionadas con la posible intervención de Washington menguaron. El proceso de adquisición de la compañía Columbia por parte de la Sony continuó su curso, aunque solo para sufrir los embates de un destino claramente ambivalente en el transcurso de la década de 1990. Habría no obstante un cierto toque irónico en el hecho de que los debates vinculados con la piratería doméstica —que habían sido elevados a la categoría de escándalo geopolítico— hubieran culminado en aquel espectáculo. Se daba así la circunstancia de que en un periodo histórico señalado por la desintegración del antiguo orden y por un cambio de rumbo global, la mismísima institución responsable de la defensa de la nación se veía obligada a negar públicamente que sus comportamientos fuesen los de un pirata[61].

Los mundos de la cinta

La piratería doméstica no constituía en realidad sino la vertiente estadounidense y europea de un fenómeno que se estaba desarrollando en todo el mundo. Al darse la coyuntura de que cualquier hogar pudiera acabar convertido en un centro de producción, la producción misma, en su sentido clásico, quedaría dispersa en una multiplicidad de lugares y adoptaría un sinnúmero de formas —en lo que no venía a ser sino un fenómeno característicamente posindustrial—. La llegada de las cintas de casete habría de internacionalizar la cultura en todas partes, pero encogiéndola y desmembrándola al mismo tiempo. Los estilos musicales, por ejemplo, se ramificarían hasta alcanzar el plano de las calles y los locales especializados, pero después se difundirían por todo el globo. Desde luego, no hay duda de que eso fue lo que sucedió en algunos casos: no solo en el de los temas de rhythm and blues estadounidenses, sino también en el de la música house británica (que también se asociaría con las radios piratas). Las industrias culturales cuasi monopolísticas que existen en muchos países, y que muy a menudo se identifican con la nación, se verían frente al desafío derivado de la proliferación de grupos de artistas independientes y alternativos. Podríamos considerarlos otros tantos «mundos de la cinta», por analogía con los «mundos del arte» de que hablaba el sociólogo Howard S. Becker[62]. De cuando en cuando, las personas que lanzaban el desafío salían victoriosas: en algunos países africanos (como Ghana, por ejemplo) las compañías discográficas multinacionales abandonarían los mercados, quejándose de estar sufriendo una serie de ataques piráticos abusivos e irrestrictos. Y en estos casos, los resultados de la deserción no habrían de revelarse en modo alguno próximos a la utopía. No obstante, lo más frecuente sería que las compañías permanecieran in situ, se unieran a los independientes y comenzaran a combatir en favor de la promulgación de leyes y medidas políticas nuevas. Las copias, ya fueran de carácter pirático o de otra índole, no llegarían en ningún caso a quedar completamente eliminadas, pero se verían abocadas a desempeñar un papel simbiótico. Lo cierto es que apenas hemos empezado a comprender la complejidad de los procesos que se desarrollaron en el transcurso de la última era analógica.

De este modo, cabe decir que la grabación doméstica constituyó en realidad la primera conducta pirática de carácter auténticamente global, y que si lo fue se debió precisamente, y no sin paradoja, al hecho de su domesticidad. El coste de las casetes era lo suficientemente bajo como para permitir su rápida difusión incluso en los países en vías de desarrollo. En muchos lugares, el copiado esporádico acabaría eclipsando a la piratería comercial. Las cintas magnetofónicas determinarían que los debates sobre la creatividad y el comercio se oyeran verdaderamente en todas partes. La propia piratería comercial se había convertido en un inmenso negocio, equivalente al de cualquiera de las grandes multinacionales. Solo en la Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea) se producían anualmente veintiún millones de casetes piratas al año, y todo parecía indicar que las cintas de vídeo estaban llamadas a protagonizar la siguiente fase de aquel periodo de «bonanza para los piratas». Era además muy frecuente que el público considerara el bajo precio de las cintas piratas una prueba fehaciente de los «inmorales» márgenes de beneficio que se reservaba la industria legítima. Con todo, se juzgaba que el mayor problema era el que planteaban las grabaciones caseras. En la Alemania Occidental, más del ochenta y cinco por 100 de la población admitía entregarse a dicha práctica —una práctica, que a diferencia de la piratería comercial, sugería una economía moral que amenazaba con provocar la «muerte de los derechos de autor»—. Su expansión constituía por tanto un desafío directo a «la vida cultural de todos los países»[63]. No obstante, en la India, como ha mostrado Peter Manuel, las casetes transformarían una situación presidida por una economía moral de entendidos dedicados al contrabando —en lo que venía a constituir un estado de cosas relativamente similar al de la piratería de obras de jazz— en una actividad de magnitud muy superior que no solo tenía un carácter más corporativo, sino que resultaría ser también notablemente más variopinta desde el punto de vista cultural. Las cintas pirateadas llegaron a acaparar el noventa y cinco por 100 del mercado, transformándose en una industria internacional. En el año 1979, mucha gente daba por supuesto que una compañía recién creada pero con gran proyección de futuro que se denominaba a sí misma T-Series había pirateado los fondos discográficos de una antigua compañía colonial —la Voz de su Amo— que no había sabido preservar las copias que ella misma poseía (y a su vez, la T-Series denunciaría a los piratas que se dedicaban a falsificar sus etiquetas de marca). Se creó así una verdadera «red pirata» —o mejor dicho, una red de redes—, una especie de circuito comercial provisto de un conjunto de equivalentes propios de lo que en el mundo legal eran las grandes empresas y las compañías independientes. Las prácticas de la parodia y la reinvención, que constituyen el núcleo central de buena parte de la música india, lograrían nuevos elementos de inspiración gracias a esta proliferación de iniciativas, circunstancia que daría lugar a un estallido de creatividad renovada. Andando el tiempo, los medios de difusión digitales aprovecharían estas redes para generar el vertiginoso despliegue de culturas mediáticas que hoy compiten en el subcontinente indio[64].

En otras regiones, las implicaciones de esta nueva situación habrían de mostrar un carácter más directamente político. El caso más emblemático sería el de Irán, puesto que en este país los discursos de Jomeini habrían de circular en innumerables casetes bajo las mismas narices de la Savak[65]. Nada menos que una figura de la talla de Michel Foucault —quien escribía desde Teherán para un periódico italiano— llegaría a decir que las casetes constituían el instrumento por antonomasia de la contrainformación: «si la caída del sah se halla próxima», sentenciaría Foucault, «se debe en gran medida a las cintas de casete». En Somalia, la vibrante cultura de la poesía oral aprovecharía la llegada de las casetes para renovarse y cobrar nuevo vigor bajo la dictadura de Mohamed Siad Barre. Mediante la multiplicación de una sucesión de poemas sometidos a un proceso de recíproca adaptación, a fin de permitir que se dieran réplica unos a otros, se conseguiría recrear el flujo de la transmisión oral. Después, los somalíes cogían las cintas, las copiaban y las hacían circular de mano en mano. La audición de las casetes se efectuaba en el seno de grupos previamente seleccionados que acabarían constituyendo el núcleo de los futuros cuadros directivos de la oposición[66]. Podríamos seguir enumerando ejemplos similares indefinidamente, desde el caso de Irlanda (donde en un determinado momento el IRA decidiría montar, o así se supuso, un negocio de cintas de vídeo piratas) hasta los de la Unión Soviética. El extremo relevante en esta ocasión radica en el hecho de que fueran tantos los grupos distintos que dieran en ver en las cintas de casetes, y en tan numerosos y diferentes lugares, un potencial pirático capaz de subvertir el orden de la industria, la autoridad y la cultura centralizadas. Se constituiría de este modo una apresurada y aleatoria amalgama entre los elementos culturales propios de la dimensión íntima y de pequeña escala y los factores vinculados con lo ilimitado y lo visionario.

Y este estado de cosas estaba llamado a generar consecuencias duraderas. Y ello porque, mientras los adolescentes de Londres se dedicaban a intercambiar mezclas de música compilada en cintas y competían entre sí los poetas de África, en el norte de California las casetes comenzaban a utilizarse para construir un tipo de comunidad similar dedicada en este caso a la grabación, la puesta en común y el copiado de contenidos. Sin embargo, las materias que interesaban a esta comunidad poseían un sesgo curiosamente distinto; los primeros aficionados a los ordenadores domésticos estaban a punto de hacer suyos los principios de la grabación casera para aplicarlos a la información digital.

16

DE LA PIRATERÍA TELEFÓNICA A LA INDUCCIÓN AL MIEDO

Es muy probable que la palabra software —esto es, los «programas informáticos»—, sea la que más frecuentemente se haya venido relacionando con la piratería desde el inicio del siglo XXI. La piratería de los programas informáticos, una noción de carácter poco menos que enigmático con anterioridad al año 1975 aproximadamente, quedaría convertida en un concepto omnipresente en el transcurso de una generación. Como tal práctica habría de competir primero en las páginas de la prensa con las lamentaciones que surgían de la industria del entretenimiento en relación con la música, las películas y los libros pirateados, para pasar más tarde a subsumirlas, cuando se dio en redefinir todos estos elementos y a considerarlos como otras tantas subespecies del nuevo concepto de programa informático. Con el crecimiento de internet, los temores relacionados con la suplantación de la identidad de marca, la adquisición fraudulenta de información confidencial y otras amenazas similares —miedos que llegarían a su paroxismo con las espectaculares proezas de la multinacional pirática NEC—, se fusionarían con los recelos vinculados con la piratería propiamente dicha hasta determinar que los problemas asociados con la credibilidad y la autenticidad pasaran a resultar centrales para la constitución misma de la «nueva economía» global.

A finales de la década de 1970 comenzaría a surgir una fundamental línea de falla en torno a la creatividad y la propiedad intelectual en el ámbito digital. Los propios digerati[1] mostrarían profundas discrepancias respecto al lugar que debía reservarse a la propiedad en el nuevo espacio digital, y además, a medida que dicho ámbito fuera transformándose en una esfera crecientemente interconectada, estos desacuerdos se desperdigarían al modo de una metástasis. En uno de los polos ideológicos así creados, un cierto número de precursores del ciberespacio instarían a las autoridades a incluir la propiedad intelectual en el código mismo que estructuraba las redes. En el otro extremo habría en cambio quien abogara por su abandono, por entender que se trataba de un obstáculo anacrónico para la creatividad y la consolidación de las comunidades digitales. Estas posiciones estaban llamadas a trascender las afiliaciones políticas convencionales, y en consecuencia las polémicas vinculadas con la piratería terminarían por erigirse en elementos representativos de las convicciones fundamentales asociadas con el carácter cultural, social y técnico del ámbito digital. Las imágenes de los piratas y los bucaneros, así como las de las distintas versiones de Robín de los Bosques y otros héroes populares que habían venido impregnando las comunidades de expertos en programación desde la década de 1960 como mínimo, adquirirían ahora un matiz más serio al generar toda una serie de fisuras entre los distintos regímenes de propiedad, unos protegidos por el amparo de las patentes y otros no. La evolución de las realidades morales y prácticas del espacio digital habría de desarrollarse justamente gracias a los intercambios generados por este estado de cosas.

Es frecuente observar que los individuos inmersos en este proceso, al intentar comprender lo que estaba sucediendo en este periodo de transición, apelaran a una escala de valores propia de aquella creatividad contraria al sistema de patentes que supuestamente venían a favorecer las redes digitales. Es decir, lo que hicieron fue esbozar un conjunto de «normas» de índole moral consecuencialista —unas normas a las que se suponía que acostumbraban a atenerse los verdaderos digerati y que no solo estaban vinculadas con la práctica de compartir información y acceder a ella, además de guardar relación con la tecnocracia, sino que daban en marcar las características de la cultura emergente—. Si dicha perspectiva tenía algún sentido se debía no solo al hecho de que captara una determinada faceta de las propiedades técnicas de las redes digitales, sino también a la circunstancia de que viniera a evocar una explicación ampliamente acreditada de la naturaleza de la verdadera ciencia. Sin embargo, ya hemos visto que este planteamiento derivaba a su vez de los conflictos surgidos a mediados del siglo XX en torno a la concesión de patentes. Las estrategias de obtención de patentes —especialmente en el campo de las industrias de las telecomunicaciones— habían sido el detonante que provocara la vertebración de esta comprensión normativa de la ciencia, una comprensión que incluía el convencimiento de que la auténtica investigación se revelaba en última instancia incompatible con la observancia de la propiedad intelectual. No obstante, lo que resulta más significativo en este caso es el hecho de que, junto a lo que cabría denominar de modo laxo una herencia ideológica, existiera también un legado práctico. Dos tipos de intromisión «pirática» estrechamente relacionados entre sí habían logrado sobrevivir a las pugnas vividas entre las décadas de 1920 y 1950, de modo que ahora estaban a punto de desempeñar un importante papel en la configuración de la revolución digital. Una de esas formas de intromisión era el correspondiente a las radios carentes de licencia. La transmisión y la recepción de los radioaficionados seguirían gozando de gran popularidad a lo largo de todo el siglo, lo que explica que en la década de 1960 la radiodifusión pirática contara con un público inmenso, especialmente en Europa, debido a sus mensajes liberales, libertarios y contrarios a los monopolios. Con todo, la otra modalidad de intromisión era todavía más antigua, y su influencia habría de revelarse más directa. La práctica a la que me estoy refiriendo tuvo su origen en los primeros días de la telefonía, allá por el siglo XIX, aunque no dejaría de reactivarse y adquirir nueva relevancia, junto con las radios piratas, en los años sesenta del siglo pasado. Se le dio el nombre de phreaking (o piratería telefónica).

La piratería telefónica

¿Cómo llegó a escindirse el mundo digital en las distintas y encontradas convenciones relativas a la propiedad y a la responsabilidad? La respuesta a esta pregunta implica pasar revista a una historia que se remonta a una época anterior a la del desarrollo de la tecnología digital misma, remitiéndonos a los ideales científicos y mediáticos que se forjaron en los tiempos de los grandes consorcios empresariales de la radio y la telefonía. La contestación que buscamos deriva asimismo de aquellas prácticas clandestinas que, según sus defensores, venían a constituir una forma de sostener dichos ideales frente a las acciones de la industria y el monopolio. Fijémonos por ejemplo en el caso de la radio. Los principales actores que intervinieron en la creación de los ordenadores domésticos tenían en todos los casos experiencia como radioaficionados, o bien provenían de familias enteras de radioaficionados (como sucedía por ejemplo con Stewart Brand, el fundador de la primera comunidad virtual, denominada «The WELL»). Antes de vivir sus respectivas y particulares experiencias en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Stanford o en cualquier otro de los centros canónicos de la revolución informática, estos personajes ya se habían impregnado de la cultura vinculada con las reglas del libre acceso a la información, la meritocracia técnica, el libertarismo y la puesta en común de los datos recabados. Se trataba de los mismos valores que habían venido recibiendo como legado los radioaficionados y los piratas radiofónicos desde que, entre las décadas de 1920 y 1930, estallaran en los Estados Unidos las pugnas encaminadas a la obtención del libre uso de las patentes que poseían la AT&T y los consorcios radiofónicos, y desde que se desataran en el Reino Unido otros combates similares en torno a la BBC —valores identificados en todos los casos, gracias justamente a esas luchas, con los de la ciencia misma—. Por consiguiente, a aquellos primeros digerati no iba a resultarles nada difícil considerar que las disputas sobre la apertura y la propiedad de la información surgidas al difundirse la informática doméstica formaban parte en realidad de un determinado tipo de debate, un debate que contaba con precedentes que les indicaban las posturas a adoptar y las acciones a emprender.

Esto se aprecia incluso con mayor claridad en el caso de la telefonía. La telefonía independiente (es decir, «pirática») había conseguido sobrevivir, y lo mismo había ocurrido con la radio libre. De este modo, a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, los radicales lograrían reactivar esta tradición fundada en la competencia profesional. A los ojos de estos activistas, el hecho de estafar a «Ma Bell»[2] adquiriría un significado añadido, ya que lo entenderían como una declaración de antagonismo al Estado y el capitalismo. La piratería telefónica —o lo que es lo mismo, el «pirateado» de la red de teléfonos— venía a ser así una forma de dejar con un palmo de narices al icónico leviatán de la Norteamérica corporativa.

Según parece, nadie sabe exactamente en qué momento se inicia esa afición a juguetear con las redes de la AT&T. Hace ya tiempo que viene aceptándose de forma convencional que el origen de dicha práctica se sitúa a finales de los años sesenta, ya que ese es el periodo en que aparece la expresión «piratería telefónica» en la prensa, aunque hay autores que señalan que el hábito arranca en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, a principios de esa misma década. Sin embargo, resulta indudable que la historia de la piratería telefónica es mucho más dilatada. Ya antes del año 1900 se constatan casos de adolescentes cazados con las manos en la masa mientras trataban de conseguir chapuceramente llamadas gratis, y más tarde, en el Chicago de Al Capone, los gánsteres adquirirían el hábito de engancharse al sistema telefónico para registrar las líneas de sus corredores de apuestas ilegales a nombre de algún inofensivo cabeza de familia. Las entrevistas con los principales cabecillas de la piratería telefónica de la década de 1960 revelan que estos habían aprendido dicho hábito en un periodo anterior, a veces a mediados de la década de 1950 —y muy a menudo, también en lugares francamente poco cosmopolitas, como Kansas o Misisipi—. En el año 1953 se celebraría en las dependencias de la corte criminal central de Londres, sita en la calle Old Bailey, un juicio por conspiración contra el director de una compañía química londinense que había estado realizando llamadas a larga distancia mediante el expediente de pinchar el auricular de su terminal. Y la piratería telefónica del Instituto Tecnológico de Massachusetts también se remonta a esa década, puesto que sería en esa época cuando los piratas telefónicos más destacados de la institución aprendieran el oficio, antes incluso de pasar por las aulas. En resumen, los piratas telefónicos de los primeros años de la década de 1970 no eran en realidad más que la punta de un histórico iceberg. Y esta circunstancia se revela interesante porque es imposible que en las décadas de 1950, 1930 o 1890 tuviera la piratería telefónica el significado político que habría de atribuírsele más tarde en el San Francisco de los tiempos del Vietnam. Lo que empieza a perfilarse en cambio es que el asunto se asemeja mucho más a los afanes exploratorios surgidos en torno a los primeros días de la radio[3].

No hay duda de que los partidarios de la piratería telefónica acostumbraban ya a describir su práctica en términos éticos mucho antes del año 1970. Todos ellos manifestaban despreciar los motivos puramente crematísticos. Antes al contrario, decían dedicarse a investigar y a compartir las conclusiones derivadas de dichas investigaciones. Sostenían asimismo que el conocimiento que obtenían al explorar la red era suficiente justificación para poder hacerlo sin restricciones. Como es obvio, ese conocimiento tenía que quedar después al alcance de todos sin traba alguna —pudiendo disponer de él incluso (o quizá especialmente) el personal mismo de la AT&T—. Muchos de aquellos primeros piratas telefónicos tenían una relación de amor-odio con la AT&T similar a la que acostumbran a alimentar los aficionados a las locomotoras con las compañías ferroviarias. Los elementos del credo, por así decirlo, de todo pirata telefónico de voluntad ética eran los siguientes: el vehemente apego a las competencias técnicas de cada cual, con independencia del tipo de rama profesional en la que trabajase; la intrépida exploración de una determinada red de comunicaciones; el descubrimiento de nuevos conocimientos; y la libre puesta en común de los hallazgos conseguidos con los sumos sacerdotes de la comunidad de expertos. No hay duda de que muchos piratas telefónicos estaban perfectamente dispuestos a hacer excepciones a estas reglas, puesto que lo que querían era sencillamente realizar llamadas de forma gratuita. Sabemos que algunos cobraban sus servicios a soldados estadounidenses que, destacados en Vietnam, extrañaban el hogar. Lo cierto, sin embargo, es que su autorretrato ético nunca hizo gala de una coherencia y especificidad extraordinarias.

Dos son las innovaciones que subyacen a la popularidad que habría de alcanzar la piratería telefónica en la década de 1960, época en la que según parece empezó a darse a esa práctica el nombre de phreaking, al menos en el mundo anglosajón. En primer lugar, la AT&T había adoptado poco tiempo antes una nueva tecnología para dirigir las llamadas de larga distancia conocida con el nombre de multifrecuencia. Esta empleaba tonos audibles a frecuencias discretas y las utilizaba como un conjunto de instrucciones que indicaban a las centralitas de la red la forma de canalizar cada una de las llamadas. Los tonos se transmitían por el mismo canal que la propia conversación telefónica. Conociendo las frecuencias resultaba por tanto posible, en principio, abrirse paso en la red mediante el simple expediente de transmitirlas por el auricular en el momento preciso. Eso era justamente lo que trataban de hacer los piratas telefónicos. Unos cuantos aprenderían a emitir las notas requeridas con un silbato, pero la mayoría utilizaba un generador de tonos electrónico, posiblemente incorporado a un dispositivo del tipo de las «cajas azules». El pirata telefónico se limitaba a marcar un número ochocientos gratuito, enviando a continuación un tono de dos mil seiscientos hercios por la línea a fin de engañar a la centralita telefónica y hacerla creer que la persona que realizaba la llamada había colgado el auricular. Los «tándems» (o centrales de redirección de llamadas) que operaban en el sistema emitían esa nota cuando quedaban inactivas. Una vez efectuada esa operación, las distintas secuencias de tonos podían enviar una llamada a cualquier punto al que llegara la red —a Sudamérica, a Asia, a Europa o a la mismísima Unión Soviética—. A partir de mediados de la década de 1960, las cintas de casete se convertirían en la mejor herramienta para grabar e intercambiar dichos tonos, de modo que los piratas telefónicos pasaron a transformarse en aliados naturales de los aficionados a las grabaciones musicales domésticas.

Evidentemente, lo difícil era averiguar esas otras frecuencias. Durante años, el único modo de descubrirlos consistiría en utilizar el método de prueba y error, aunque siempre se podía recurrir a un explorador más experimentado. Sin embargo, en el año 1960, una revista interna de los Laboratorios Bell, el Bell System Technical Journal, decidió publicarlos en un desacertado arrebato de aperturismo científico[4]. Casualmente, algo similar sucedería poco tiempo después en la publicación equivalente que divulgaba la Dirección General de Correos británica. Los lectores más avispados comprendieron inmediatamente que habían topado con algo así como un «ábrete sésamo». (Dicho sea de paso, el hecho mismo de que fueran los lectores aficionados los que se dedicaran al estudio minucioso de estas publicaciones tan abstrusas confirma que ya existía por entonces una comunidad de piratas telefónicos). Andando el tiempo circularía el bulo de que los Laboratorios Bell habían tratado de rescatar todos los ejemplares del número de la revista que había abordado aquel asunto. Fuese cierto o no, la verdad es que ya era demasiado tarde. Una vez revelados aquellos datos, la piratería telefónica quedó convertida en una actividad más que difundida.

Al ir incrementándose su volumen, la piratería telefónica comenzaría a crear un panteón propio. Posiblemente el miembro más admirado fuera un ciego afroamericano llamado Joe Engressia (que fallecería en 2007 convertido ya en «Joybubbles», el alias con el que se le había conocido en los círculos piráticos). Engressia ocuparía durante un breve espacio de tiempo la primera plana de los medios siendo estudiante en la Universidad del Sur de la Florida, dado que había descubierto que poseía la capacidad de silbar los tonos de multifrecuencia cruciales en un auricular, y con un oído perfecto, desenvolviéndose de ese modo por la red telefónica sin necesidad de utilizar ningún artilugio electrónico. Acabaría convirtiéndose en el eje de un sinnúmero de leyendas urbanas, algunas de las cuales eran ciertas (o al menos parcialmente). Los aventureros telefónicos de todo Estados Unidos transformarían en un rito de paso el hecho de hacerle llegar una llamada utilizando los chismes caseros y los magnetófonos de casete que ellos mismos ideaban para imitar los tonos de multifrecuencia. Después, Engressia les ponía mutuamente en contacto, y de este modo comenzó a desarrollarse una red clandestina.

Bajo la dirección de un antiguo técnico del ejército llamado John Draper, el norte de California quedó convertido en uno de los principales nudos de esa red. Draper era una de las muchas personas que habían participado en actividades de piratería radiofónica antes de pasar a concentrar sus esfuerzos en el sistema telefónico. Había sido ingeniero de radares y radio en las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, y se le había destinado a la lejana región de Alaska, donde la posibilidad de telefonear gratuitamente constituía una ventaja inestimable. Tras aquella experiencia trabajaría en distintas compañías tecnológicas, entre las que cabe destacar la de Cartrivision —es decir, la empresa de Palo Alto que había tratado de comercializar un aparato de vídeo antes de que apareciera el mismísimo sistema Betamax de Sony—. También participaría en acciones de radiodifusión pirática, creando una emisora autodenominada San Jose Free Radio[5]. Este trabajo en la estación pirata sería justamente la razón de que terminara poniéndose en contacto con los corsarios telefónicos de Engressia, dado que uno de ellos escuchó su señal y decidió llamarle. Al descubrir que un silbato de plástico que se distribuía gratuitamente con los envases de cereales para el desayuno de la marca Cap’n Crunch venía a producir exactamente el tono de dos mil seiscientos hercios que se precisaba para iniciar una portentosa odisea pirática por las líneas telefónicas, Draper decidiría hacer suyo el mote y utilizarlo a modo de nom de phreak. Y de esta forma, conocido ya con el apodo de «Cap’n Crunch» acabaría convirtiéndose en otro personaje legendario.

A principios de la década de 1970, los aventureros telefónicos convergerían con una corriente contracultural extraordinariamente aficionada a realizar gestos ostentosos contra las principales industrias de la radiodifusión y el entretenimiento. La más célebre declaración de guerra de la época sería quizá la de los llamados «Air Pirates», un grupo de caricaturistas de San Francisco que se dedicaban a publicar imitaciones hábilmente dibujadas de viñetas y tiras cómicas de los años treinta en las que presentaban a los más destacados iconos de la factoría Disney consumiendo drogas o manteniendo relaciones sexuales (dándose además la circunstancia de que la multinacional de la animación les perseguiría con tan poco sentido del humor que el tiro terminaría saliéndole por la culata al provocar la reacción de otro grupo pirático que se daría a sí mismo el nombre de «Mouse Liberation Front»)[6]. Ese mismo año, el Partido Internacional de la Juventud (Youth International Party) de Abbie y Anita Hoffman —a cuyos miembros y simpatizantes se les conocía con el nombre de «yippies»— aprovechó la oportunidad que le proporcionaba la piratería telefónica, considerándola una herramienta ideal para la materialización de un empeño paralelo. Sus integrantes habían llegado a la conclusión de que ese sistema pirático no solo iba a contribuir a conectar entre sí a los distintos correligionarios yippies, sino que además la práctica misma se prestaba a la consecución de sus ambiciones mediáticas. Señalaban en su argumentación que los medios de comunicación clandestinos tenían que configurarse al modo de un ámbito informativo libre, de manera que toda entidad mediática debía tener entera libertad para reproducir los contenidos de cualquier otro. El manual que había escrito el propio Hoffman para los aspirantes a revolucionarios, titulado Steal This Book y publicado por «Pirate Editions», abogaba en favor de las emisoras de radio y televisión «ilegales», las cuales deberían hallarse conectadas a través de un conjunto de líneas telefónicas (exentas de pago) al objeto de constituir una «red popular» de comunicaciones de ámbito nacional. Según el libro, estas emisoras estaban llamadas a constituir «la vanguardia de la revolución de las comunicaciones». «Una película pirateada y emitida por los televisores presentes en todas las salas de estar de Amerika [sic] vale más que mil palabras inútiles»[7]. Para lograr que esta revolución pirática saliese adelante se iban a necesitar expertos («monstruos de la tecnología»), y según recomendaba Hoffman, los lectores podrían encontrarlos en el mundillo de los radioaficionados. También les sugería la consulta del Radical Software, una publicación periódica salida de las manos de un grupo de artistas de Nueva York especializados en el recientísimo medio de la producción doméstica de cintas de vídeo. Conocido con el nombre un tanto contradictorio de Centro para una Televisión Descentralizada, el Radical Software se hallaba profundamente influido por las ideas de Marshall McLuhan y Buckminster Fuller, así como por los planteamientos contrarios a la privatización de la propiedad de la información que Norbert Wiener había esgrimido. En las líneas inaugurales de su primer número, la revista vendría a proclamar la existencia de un imperativo consistente en universalizar el acceso a la información, proponiendo para ello nada menos que abjurar de los derechos de autor. En ese mismo número aparecería un texto, al que daría en llamar una entrevista «pirata», en el que se recogían declaraciones de Fuller, inventando asimismo un símbolo para representar la «antítesis» del ©. Dicho símbolo consistía en un círculo con una X inscrita en su interior (en alusión a Xerox)[8] y significaba «HAZ una copia»[9].

De este modo, la piratería telefónica pasó a formar parte de los movimientos contraculturales. Los Fabulous Furry Freak Brothers[10] no dejarían de experimentar con ella (véase la figura 16.1). Más aún, dicha piratería prometía convertirse en un medio para que la contracultura alcanzara a matar dos pájaros de un tiro: por un lado podía contrarrestar la influencia de los medios de comunicación predominantes y por otro podía acabar consolidando un discurso cabalmente coherente. A fin de cuentas, ¿qué mejor manera de combatir el «indecoroso control de la comunicación» que ejercía «Ma Bell» que fusionar la piratería telefónica con la característica amalgama que hacían los yippies entre la conducta chistosa y la seria? En el momento mismo en que Steal This Book salía a la calle, Hoffman y un pirata telefónico de Nueva York que respondía por el seudónimo de Al Bell comenzarían a difundir una publicación periódica clandestina titulada The Party Line. Su intención era ganar adeptos para la causa de la denuncia de «la participación de la compañía telefónica en la guerra contra los pobres, las personas que no tienen la piel blanca, los inconformistas y la gente en general». En la práctica, los números, de periodicidad mensual, se consagraban a estimular la adopción generalizada de la piratería telefónica. La revista asociaba las notas de carácter técnico con un conjunto de escritos en los que se entonaban mantras vinculados con «las estafas de las grandes corporaciones empresariales, las faenas que preparaban las clases dirigentes a las personas corrientes, los consejos prácticos para una vida saludable, los nombres y las direcciones de los amigos contraculturales que desean darse a conocer, los nuevos servicios disponibles, y los más recientes artilugios, junto con los correspondientes diagramas de su estructura». La publicación se mantuvo en la calle durante más de un año, hasta que finalmente decidió cambiar de nombre y pasar a identificarse como TAP (por Technological American Party, o Festival tecnológico estadounidense), hasta que, algún tiempo después, volviera a modificar su cabecera, transformándola en Technological Assistance Program —esto es, Programa de Ayuda Tecnológica—. Según parece, este proceso se inició porque los bancos se negaban a abrir cuentas que tuviesen como titular a una persona jurídica que respondiera a la primera denominación. La revista acabaría convirtiéndose en un importante punto de encuentro para los piratas telefónicos en general, publicándose hasta bien entrada la década de 1980[11].

Figura 16.1: Los Fabulous Furry Freak Brothers tratan de piratear una línea telefónica. A. Hoffman, Steal This Book, Nueva York, Pirate Editions, 1971, p. 131. Reimpreso con permiso de Gilbert Shelton.

En torno al año 1971 —y en la práctica mucho antes—, la piratería telefónica adquirió la forma de una comunidad con conciencia de su propia identidad, una comunidad que acostumbraba a «reunirse» en el espacio virtual de su propia red de contactos y que tenía ya un alcance global. Sus miembros constituían, como ha venido a decir el antropólogo Christopher Kelty acerca de las comunidades de código abierto —surgidas en un periodo bastante más reciente—, un público «recursivo», debido a que su consolidación habría de producirse al hilo de las intervenciones que un conjunto de expertos fueran realizando en su propia infraestructura básica[12]. La comunidad haría suyas, de forma más que manifiesta, las reivindicaciones de los antiguos radioaficionados que abogaban en favor de la libre circulación de la información y de la búsqueda de conocimiento. La mayoría de ellos aspiraban a ser científicos prácticos —y lo cierto es que mediante la constante aplicación de sus saberes muchas veces lo conseguirían—. «Al igual que los científicos dedicados a la realización de experimentos», solía decirse, «los piratas telefónicos se informan unos a otros de los resultados que obtienen». En Gran Bretaña, al plantearse la Dirección General de Correos la posibilidad de implantar una tecnología parecida a la del Sistema Bell, aflorarían asimismo algunas pruebas de que también en ese país existía una comunidad similar. De hecho, un estudiante universitario de Cambridge alzaría la voz, movido por su espíritu cívico, para advertir de la vulnerabilidad del método previsto. No tardaría en saberse que detalles del conjunto de la red telefónica británica se hallaban grabados en el ordenador central de la Universidad de Cambridge —lo que prueba que estos piratas eran también amantes de los ordenadores—. En el año 1973, un juez de la corte criminal de la calle londinense de Old Bailey que se encontró de pronto ante un banquillo repleto de personas acusadas de este tipo de delitos señalaría que la tentación que aquellos réprobos sufrían parecía asemejarse a la de la adicción a la heroína. Los absolvería a todos, pero solo después de pedirles que le comunicaran los códigos de acceso a la centralita de su localidad. Después de aquello, uno de los afortunados delincuentes —un joven recién graduado en ciencias físicas por la Universidad de Oxford— se dirigiría directamente a su domicilio y escribiría un artículo en el que relataría íntegramente el episodio, publicándolo posteriormente en el New Scientist (véase la figura 16.2)[13].

Figura 16.2. «¿Son los piratas telefónicos simples adictos al teléfono?», New Scientist 60, n.º 876, 13 de diciembre de 1973. © Revista New Scientist. Reproducido con la debida autorización.

Es muy posible que la revista The Party Line tuviera un inesperado efecto secundario llamado a resultar de hecho notablemente significativo. En octubre de ese año, los piratas telefónicos se verían súbitamente elevados al primer plano mediático gracias a un trabajo de investigación publicado en el Esquire. «En este país existe una red telefónica clandestina», afirmaba reveladoramente la publicación[14]. El periodista Ron Rosenbaum presentaba a los lectores las principales aristas del fenómeno, llegando a entrevistar incluso al supuesto inventor de la mismísima caja azul[15], quien recordaría haber estado «jugueteando con los teléfonos durante varios años» antes de que cayera en sus manos, hallándose todavía en la universidad —«una escuela politécnica muy conocida», según sus propias palabras—, el Bell System Technical Journal. Rosenbaum daba a entender que el entrevistado tenía relación con el activismo político que acostumbraban a practicar los yippies, pero no ahondaría en la cuestión al observar la ansiedad que invadía al Cap’n Crunch, temeroso de que el periodista acabara revelando involuntariamente ciertos secretos a un «radical del movimiento clandestino» que afirmaba estar a punto de averiguar el modo de inutilizar la totalidad de la red telefónica de los Estados Unidos. Por consiguiente, la entrevista optó por centrar en cambio la atención en la vertiente aventurera de los piratas. Al parecer, muchos de ellos habían acabado desembocando en la piratería telefónica tras algunos escarceos con la experimentación radiofónica. En palabras de uno de ellos, «hasta el más idiota del país podría haberse abierto paso en la red telefónica con el más simple de los magnetofones de casetes» y llegar a cualquier parte del mundo. Al parecer, los piratas telefónicos se dedicaban a explorar la red, estudiando sus propiedades e intercambiando después sus conocimientos (y sus cintas). De acuerdo con lo que ellos mismos manifestaban, los descubrimientos así conseguidos debían compartirse con aquellos individuos que el grupo juzgara expertos. Los piratas telefónicos se consideraban a sí mismos miembros de una especie de vanguardia técnica, libre de no ceñirse a los protocolos burocráticos y dotada de la libertad precisa para avanzar en la dirección que diera en indicarles su particular competencia técnica. Daba la impresión de que pensaban que el papel que venían a representar resultaba similar al de los héroes de la cultura popular. Habrían de surgir allí donde hubiera un problema, revelándolo a continuación a todo el mundo (junto con su solución), ante la asombrada gratitud de los premiosos y esforzados Lestrades[16] de «Ma Bell», para volver a desaparecer después, zambulléndose en sus respectivas identidades secretas. Los piratas telefónicos aborrecían el sistema por rezumar conformismo, carecer de la más mínima elegancia y actuar en complicidad con el gobierno —juicio que al mismo tiempo no les impediría admirar su magnitud y su complejidad, ni mermaría sus ansias de «perfeccionarlo»—. El atractivo consistía en resolver los problemas técnicos —en participar en el juego—, así que más de uno habría ponderado la posibilidad de actuar como detective y aceptado luchar contra la piratería telefónica si se lo hubiesen propuesto. No era poca la arrogancia implícita en este tipo de protestas, evidentemente, pero con todo y con eso hay que reconocer que su coherencia resultaba impresionante.

Sin embargo, en un momento dado, Esquire vino a revelar que los piratas telefónicos habían cambiado de rumbo, poniendo proa al mundo de los ordenadores. Tras afirmar, como era habitual en él, que la simple capacidad de realizar llamadas de manera gratuita nunca le había interesado, Draper daría en sostener que lo que le había inducido desde el principio a dedicarse a la piratería telefónica era la posibilidad —con la que los piratas telefónicos californianos le habían puesto los dientes largos— de que por medio de ella se pudiera establecer contacto con un ordenador. A principios de los años setenta del siglo pasado, Draper había comenzado ya a dar bandazos declarativos, pasando de negar rotundamente que en esa época siguiera practicando en modo alguno la piratería telefónica a manifestar que «si realizo alguna acción de esa clase es en todo caso por puro interés en conocer mejor el Sistema». Explicación a la que añadiría lo siguiente: «Lo hago única y exclusivamente por una razón. Me dedico a aprender el funcionamiento de un sistema. La compañía telefónica es un Sistema. Un ordenador es un sistema, ¿comprende lo que quiero decir? Si me ocupo de lo que me ocupo es tan solo para ahondar en las características de un sistema. Lo mío son los ordenadores, los sistemas. La compañía telefónica no es otra cosa que un gran ordenador».

Mark Bernay, otro pirata telefónico que utilizaba seudónimo, aseguraría igualmente haber «superado» la etapa telefónica, añadiendo que en ese momento se estaba dedicando más «a juguetear con los ordenadores que a enredar con los teléfonos». Había conseguido un puesto de programador, aunque no tardarían en despedirle por haber efectuado indagaciones sospechosamente piráticas en el sistema de ordenadores de la compañía, embozado bajo el apodo de Midnight Stalker. Un informante le había delatado a las autoridades (aunque a él pareciera disgustarle más la banalidad implícita en el bajo nivel tecnológico de toda la peripecia que el hecho mismo de haber sido descubierto). Durante un breve periodo de tiempo se especuló con la posibilidad de que la compañía aceptara readmitirle como investigador capaz de detectar la presencia de otros intrusos, pero la idea había sido rápidamente desechada, según admitiría el propio Bernay, como es lógico. «La relación que mantengo con los ordenadores es exactamente la misma que me inclina a aproximarme a los teléfonos», terminaría señalando. «La diversión estriba en hallar la forma de doblegar al sistema, en conseguir metas cuya consecución debería hallarse supuestamente fuera de mi alcance, en lograr hacer cosas con el sistema que presuntamente rebasan mi capacitación».

El quid del informe de Esquire giraba en torno al hecho de que eran muchos los piratas telefónicos que estaban dando ese mismo paso. Habían descubierto con gran alborozo que podían utilizar los sencillos ordenadores que habían comenzado a aparecer en el mercado recreativo para extender a nuevas regiones sus internamientos piráticos. Podían acceder telefónicamente a otros ordenadores, ya fueran los de los grandes consorcios empresariales o incluso los de la esfera militar, descubriendo así un nuevo tipo de terra incognita conectada a la red del Sistema Bell. Y según aventuraba Rosenbaum, esta extensión de la piratería telefónica a los sistemas digitales estaba llamada a convertirse en «la moda del futuro». Además, las implicaciones de dicha posibilidad, caso de que estuviera en lo cierto, podían muy bien resultar de notable relevancia. La filosofía de la piratería telefónica, basada en compartir la información y en acceder libremente a ella, así como en practicar el virtuosismo técnico y en mostrar una pirática indiferencia hacia las reglas establecidas, podía causar en el mundo de los ordenadores —que en aquella época todavía constituían el emblema de la más moderna racionalidad burocrática— el mismo efecto que ya había tratado de provocar en el ámbito de las telecomunicaciones entre las décadas de 1920 y 1960.

Rosenbaum terminaría empeñándose en acuñar un nombre para este nuevo plano de exploración. Sugirió que se adoptara la expresión computer freaking[17]. Aquel rótulo tenía sentido, puesto que, según él mismo sostenía, la actividad encajaba «perfectamente con la sensibilidad del pirata telefónico». No obstante, lo cierto es que el término no llegaría a arraigar, por la sencilla razón de que la práctica ya tenía nombre. Se denominaba piratería informática (o hacking).

La piratería informática

Si en la década de 1970 se preguntaba a la gente por el origen de la piratería telefónica eran muchas las personas que sugerían que la práctica había nacido en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Esta idea venía a poner de manifiesto lo mucho que ya habían confluido la piratería informática y la telefónica, dado que era del dominio público que en el Instituto Tecnológico de Massachusetts tenía la piratería informática su fons et origo. No obstante, lo cierto es que se trataba de una noción no exenta de fundamento. Un pequeño grupo de estudiantes matriculados en el MIT a finales de la década de 1950 y principios de la de 1960 había saboreado ya los placeres de la piratería telefónica, y serían además esos mismos universitarios los que empezaran a desbrozar el campo de la piratería digital. Habían encontrado un espacio adecuado para sus inquietudes intelectuales en el Club Técnico de Maquetas Ferroviarias (Tech Model Railroad Club, o TMRC según sus siglas inglesas), una asociación que se ocupaba del mantenimiento de una serie de modelos de ferrocarriles a escala en uno de los edificios del Instituto. Las instalaciones contaban con un sistema de comunicaciones electrónicas extraordinariamente elaborado, fabricado a partir de componentes donados por la Western Electric, la rama industrial de la AT&T. El control de las locomotoras miniaturizadas del MIT se realizaba, por tanto, con las mismas tecnologías de conmutación que acostumbraban a explotar los piratas telefónicos. Estos estudiantes no tardarían en descubrir que podían explorar la red telefónica del propio MIT utilizando las técnicas de su Club de Maquetas. En el año 1963, un acólito del TMRC llamado Stewart Nelson (que había experimentado a un tiempo con los teléfonos y la radio en la ciudad de Poughkeepsie antes de desembarcar en el MIT) daría el siguiente paso lógico al utilizar una computadora de tipo PDP-1[18] para transmitir a través de la red de la AT&T los tonos de multifrecuencia necesarios. Poco tiempo después, los estudiantes del MIT lograban colonizar los sistemas del país entero. Los agentes del Ministerio de Defensa estadounidense serían uno de sus objetivos específicos[19].

El itinerario que algo más tarde habría de seguir la piratería informática desde la ciudad de Cambridge, Massachusetts, a la localidad californiana de Palo Alto y a otros puntos de la nación es bien conocido gracias al clásico texto que publicara Steven Levy con el título de Hackers. Aunque en un principio se utilizara como un término chistoso para aludir a los individuos, pueriles pese a toda su habilidad técnica, que llevaban tiempo gozando de una notable popularidad en instituciones como el MIT y el Instituto Tecnológico de California (Caltech), la expresión «hacker» había acabado por señalar las hazañas derivadas del virtuosismo que manifestaban los expertos en ordenadores —esto es, aquellas personas que descuidaban todos los demás aspectos de la vida con tal de intervenir los sistemas digitales y generar soluciones elegantes (conocidas con el nombre de «hacks», o «pirateos») a problemas complejos—. En una época en que los ordenadores eran todavía un coto exclusivamente reservado a los técnicos especializados, estos jóvenes virtuosos preferían ceñirse fundamentalmente al compromiso del recurso a la experiencia directa y práctica para perpetrar sus acciones piráticas. Al actuar de forma similar a las comunidades de radioaficionados y de experimentadores telefónicos, su comportamiento vendría a recalcar la importancia que tenía el hecho de disponer de la libertad necesaria para trabajar directamente con la tecnología misma. A sus ojos, la posibilidad de acceder a las tecnologías y de compartir después el conocimiento obtenido no solo constituía un elemento esencial para el progreso técnico, sino también para el propio avance social. Además, si se tenía en cuenta el hecho de que era el propio grupo el que se veía obligado a concebir hasta las herramientas más básicas —como un programa ensamblador—, quedaba claro que la idea de afirmar la existencia de una propiedad autoral carecía de sentido. Todos ellos mantenían el punto de vista (derivado de los planteamientos de Wiener) de que su trabajo debería asemejarse al flujo de información que circulaba, libre de cualquier obstáculo, por el interior del sistema. En este sentido, suele aceptarse que el juego electrónico Spacewar!, surgido de esta convicción, es el primer caso conocido de un programa informático de código abierto[20].

La piratería informática habría de presentarse bajo una forma distinta en Palo Alto. La causa hay que buscarla en el hecho de que el Área de la Bahía de San Francisco contara ya con una historia propia en materia de radio y telecomunicaciones, una historia que se remontaba a los conflictos relacionados con las patentes de la AT&T y a la cultura de los experimentadores radiofónicos. Entre las décadas de 1920 y 1930, las compañías locales de dicha región habían luchado contra las grandes fusiones empresariales de la Costa Este de los Estados Unidos. La más célebre de todas esas empresas regionales, la Corporación Federal de Telégrafos, llevaba contratando a los radioaficionados más entusiastas del momento desde antes de que estallase la Primera Guerra Mundial. Trabajando para esa compañía había concebido Lee de Forest las válvulas termoiónicas que tan cruciales habrían de revelarse para la industria de la radiodifusión. En la década de 1920, la Corporación Federal de Telégrafos continuó desafiando a los grandes consorcios radiofónicos al contratar a distintos radioaficionados a fin de eludir más fácilmente las restricciones impuestas por las patentes, al tiempo que hacía la vista gorda con las empresas locales que emulaban su propia tecnología. De este modo, se desarrollaría en Palo Alto, junto a estas compañías, una industria consagrada a tecnologías punta y totalmente contraria a los consorcios de patentes[21]. El ramillete de instituciones investigadoras que habría de emerger posteriormente en esta zona vendría a inspirarse en esta tradición. Los tres principales complejos industriales —el Centro de Investigación para el Incremento de la Inteligencia Humana de Douglas Engelbart; el Laboratorio de Inteligencia Artificial de Stanford, dirigido por un antiguo profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, John McCarthy; y poco después, el Centro de Investigación de Xerox en Palo Alto— compartirían la idea de que los ordenadores podían constituir una nueva clave para el advenimiento de una democratización liberadora del pensamiento y la acción. Por consiguiente, el compromiso con la apertura pasó de girar en torno a una máxima tecnocrática a focalizarse en un principio democrático. Se convirtió en una modalidad de emancipación cuyo carácter se volcaba a un tiempo en la práctica, en la autosuperación y en la utopía[22]. La voluntad de conseguir que «la gente» gozase de un amplio nivel de acceso a las redes de ordenadores interconectados, arropado todo ello en el ideal de la investigación democrática, acabaría convirtiéndose en un objetivo más importante que el anhelo que había venido impulsando hasta entonces al Instituto Tecnológico de Massachusetts, consistente en procurar que un selecto cuadro de expertos en tecnología contase con un acceso privilegiado a la información.

De este cambio de prioridades iba a surgir un nuevo tipo de ordenador. El «ordenador doméstico», como fue bautizado, constituía una realidad tan extraña e inquietante como el pirata casero, y por razones similares. No obstante, como ya había ocurrido en el MIT, la fusión de la piratería telefónica y el filibusterismo informático iba a resultar primordial con vistas a definir la recién creada tecnología. Dicha fusión habría de verificarse en un variado conjunto de escenarios sociales situados extramuros del ámbito investigador convencional, y sus efectos serían en ocasiones de índole transitoria. Entre dichos escenarios cabe destacar la presencia de varios domicilios particulares, de un establecimiento como la librería Kepler (un lugar que trae a la memoria las librerías y los cafés del Londres de la Restauración), y de una Universidad Libre caracterizada por ofrecer cursos que venían a proponer, por ejemplo, «Cómo acabar con el monopolio de IBM»[23]. En el campo de la letra impresa hay que citar, evidentemente, el libro de Stewart Brand titulado Whole Earth Catalog, una guía de las «herramientas» que podían resultar de utilidad para aquellos lectores a quienes irritaran los convencionalismos del consumismo estadounidense. Publicado en el año 1969, este catálogo abarcaba un extraordinario abanico de cuestiones, desde las teorías cibernéticas y de la comunicación, hasta la agricultura y la medicina, respirándose en todo el texto un individualismo ecléctico de inspiración supuestamente derivada de las tesis de Buckminster Fuller. Su contenido iría incrementándose en las sucesivas ediciones, de modo que, en el año 1971, su volumen total rondaría ya las cuatrocientas cincuenta páginas. La Compañía de Ordenadores Personales, un proyecto sujeto a la supervisión de Brand y de Robert Albrecht (a quien Ted Nelson aclamaría llamándole el «califa del reino informático de la contracultura»), dejaría bien patente la influencia de dicha guía. La Compañía de Ordenadores Personales era tanto una publicación como una institución. Como tal publicación, se imprimía en la misma rotativa que el Whole Earth Catalog y utilizaba un formato de paginación similar al objeto de ganar prosélitos y de transmitir un mensaje afín. Llegaría incluso a reimprimir palabra por palabra parte del material contenido en el Catalog. En su faceta institucional venía a constituir la evolución de un proyecto anterior conocido con el nombre de «Community Memory», un proyecto que había desplegado una serie de terminales públicas, vinculadas con un ordenador central, con la esperanza de que se convirtieran a un tiempo en dispositivos para la comunicación —esto es, en cauces por los que los ciudadanos pudieran establecer vínculos unos con otros— y en portales de acceso a la información. La concepción del proyecto Community Memory se debía a un tal Lee Felsenstein, un apasionado de los ordenadores que había crecido realizando un gran número de experimentos radiofónicos. La Compañía de Ordenadores Personales disponía además de una sede social más concreta: un escaparate institucional al que la gente podía acudir para aprender cómo funcionaban los ordenadores e iniciarse en su utilización, y en el que se organizaban periódicamente distintas reuniones y actos[24].

La Compañía de Ordenadores Personales proclamaba abrazar el principio operativo de que la comunidad que participaba en su red informática debía disponer gratuitamente de los programas informáticos implicados en su funcionamiento, a lo que añadía que los ulteriores usos de dichos programas tampoco debían hallarse sujetos a ninguna restricción. El lenguaje de programación que empleaba el grupo ilustra bien esta convicción. De este modo, la Compañía de Ordenadores Personales crearía la versión «Tiny BASIC» para el equipo informático más utilizado de la época, el Altair 8800. Dicho lenguaje constituía un «proyecto participativo», y como tal aparecería anunciado en el boletín de noticias de la Compañía, publicándose enteramente en sus páginas a medida que fuera desarrollándose. Los lectores enviaban al boletín sus propias sugerencias y modificaciones, las cuales también se incorporarían al programa a fin de mejorar el código. No tardaría en circular un suplemento de noticias fotocopiado e igualmente dedicado al Tiny BASIC que se hacía llegar a unos cuatrocientos o quinientos lectores a través de un listado de correos. La publicación terminaría convirtiéndose en una revista de prestigio al frente de la cual colocaría su impresor la siguiente cabecera: Dr. Dobb’s Journal of Tiny BASIC Calisthenics and Orthodontia. La publicación se promocionaría diciendo que se trataba de un vector para «el diseño, el desarrollo y la distribución de programas informáticos gratuitos o de bajo coste y destinados al ordenador doméstico». Al igual que la propia Compañía de Ordenadores Personales, el boletín era en realidad la manifestación pública de una comunidad definida por su voluntad de compartir a un tiempo la información y los códigos de programación.

Entretanto, Brand había empezado a encontrar un tanto aburridas las constantes peticiones que le instaban a mantener al día el Whole Earth Catalog. Decidió ponerle fin, y hacerlo de forma espectacular. Organizó una «fiesta de despedida» en el Exploratorium, el museo de ciencia y tecnología de San Francisco, a la que acudieron mil quinientos invitados. El acontecimiento se convirtió en uno de los sucesos más célebres de la historia de la contracultura y los ordenadores. En el punto culminante de la fiesta, Brand, vestido con un ropón negro, anunció que quedaban veinte mil dólares en el fondo común e invitó a los asistentes a idear una forma de gastar el dinero. A la propuesta le siguieron varias horas de discusión, unas veces utópica, otras desabrida y finalmente descorazonada. El intercambio de pareceres continuaba todavía al romper el alba, sin que se hubiera llegado a ninguna conclusión. La elección pareció reducirse a una especie de alternativa entre dos posibilidades: la de un proyecto relacionado con las comunicaciones —no se sabe bien si en el ámbito de la radiofonía o en el de la letra impresa— y la de realizar un donativo a los pueblos nativos de Norteamérica. En ese momento se levantó un hombre de barbas y, tras presentarse sencillamente como un «ser humano», dijo a la concurrencia que estaban pasando por alto el extremo más importante. Se llamaba Fred Moore. Además de ser un apasionado de los ordenadores, a los que concebía como un valioso instrumento educativo, Moore impartía por esa época clases en la Compañía de Ordenadores Personales, tras haber pasado un periodo de desorientación a consecuencia de la temporada que había permanecido en prisión por negarse a realizar el servicio militar. Lo realmente importante no era el dinero, declararía, sino la posibilidad de intercambiar competencias y conocimientos en nombre del bien común. La «unión» de quienes participaban en la fiesta resultaba mucho más significativa que cualquier dinero en efectivo que pudieran repartirse. En realidad, afirmaría, el dinero constituía un estorbo —argumento que Moore resaltaría prendiendo fuego a un puñado de billetes de un dólar—. Fue una intervención muy inspirada, aunque al final no se orientara necesariamente en la dirección que había querido imprimirle Moore. Los supervivientes de la fiesta quedaron tan impresionados que decidieron entregarle el dinero. De repente se encontró a cargo de un tesoro que no se había propuesto conseguir y que ascendía, en total, a unos treinta mil dólares. Moore lo cogió y lo enterró en el jardín trasero de su casa[25].

A partir de ese momento, Moore y unos cuantos compañeros suyos comenzarían a reunirse de forma periódica al objeto de dedicar distintas porciones de aquel dinero a los proyectos que más les parecían merecer la pena. Sus reuniones eran largas y tortuosas —«una especie de Whole Earth Catalog oral», diría uno de los participantes—. Moore descubrió que el procedimiento era un martirio. Comenzó a enviar una serie de circulares a sus compañeros, implorándoles que demostraran un mínimo espíritu de «cooperación y dieran muestras de confianza». En sus alegatos también planteaba la cuestión de cómo definir del mejor modo posible la propiedad intelectual en el ámbito de una tecnología nueva. Se trataba de hallar una definición que permitiera la comprensión de las reglas por las que se regía su iniciativa —un problema que estaba empezando a adquirir un cariz cada vez más apremiante en el seno de la propia Compañía de Ordenadores Personales—. Al constatar que la operación empezaba a dividirse en dos bandos —uno más interesado en fomentar el progreso de la tecnología y otro dedicado a utilizar los ordenadores para incrementar el poder de las comunidades—, Moore se unió a un ingeniero llamado Gordon French en un intento de reactivar todo cuanto había formado parte de la sensibilidad original —al menos según alcanzaban a recordar—. Moore y French colocaron notas en todos aquellos lugares que pensaron que podían resultar atractivos para los entusiastas de ideas afines, invitándoles a participar en lo que llamaban un «grupo de usuarios aficionados a los ordenadores —nosotros lo llamamos el Club del ordenador casero—». Dicho club estaría abierto a todo aquel que se sintiera tan interesado en montar un ordenador, «o cualquier otra caja de magia negra digital», como vehementemente atraído por la idea de compartir información, trabajar en equipo, o «cualquier otra cosa».

La primera reunión del nuevo grupo, celebrada el 5 de marzo de 1975, fue un éxito. En los meses siguientes aumentaría a pasos agigantados el número de asistentes. Poco tiempo después de la creación del grupo acudían ya a las reuniones más de cuatrocientas personas, y la asociación tuvo que trasladarse al auditorio del Centro de Aceleración Lineal de Stanford[26]. Lee Felsenstein —uno de los primeros promotores de Community Memory— quedaría convertido en su animador oficioso—. El Club del Ordenador Casero, como no tardaría en llamársele de facto, se convirtió rápidamente en uno de los principales centros de la piratería informática californiana.

Para los más comprometidos, como Felsenstein, las normas relativas al intercambio de información y a la realización de invenciones prácticas eran algo más que simples tópicos contraculturales. Dichas normas guardaban una relación de carácter bastante específico con el tipo de convicciones que acostumbraba a manifestar Ivan Illich, el exsacerdote católico fundador del Centro Intercultural de Documentación de México, una institución dedicada a facilitar el diálogo entre los escépticos que dudaban de las bondades de la modernidad tecnológica y corporativa. A lo largo de toda la obra de Illich latía un llamamiento por el que se instaba a los individuos a conservar la autonomía creativa frente a la homogeneidad cultural que tendían a fomentar —o esa era al menos la convicción de Illich— las tecnologías empresariales. Illich quería desarrollar una interacción «autónoma y creativa», por emplear sus propias palabras, tanto entre las personas como entre la gente y su entorno. La construcción de una «convivencia» de ese tipo implicaba llevar una «vida dedicada a la acción», una vida llena de creatividad activa en lugar de una existencia de consumo pasivo. Los libros, los medios de comunicación y los aparatos tenían que considerarse en todos los casos como otras tantas «herramientas», y no como máquinas expendedoras automáticas. Por lo tanto, la sociedad debía tratar de diseñar y hacer suyas aquellas tecnologías que fomentaran la «convivencia». Para Illich, la red telefónica suponía un magnífico ejemplo de esa clase de tecnología potenciadora de la convivencia, siempre que las tarifas fueran bajas y el acceso gratuito. Las cintas de casete constituían un ejemplo todavía mejor. Según lamentaba Illich, en Bolivia el gobierno había creado una cadena de televisión que tenía un alto coste, como revelaba el hecho de que únicamente contara con unos siete mil aparatos receptores repartidos en una población de cuatro millones de personas. Ese mismo dinero podría haberse utilizado para proporcionar magnetófonos de casete a ochocientos mil ciudadanos, junto con una buena provisión de casetes vírgenes y un inmenso archivo de grabaciones. No solo se habría beneficiado mucha más gente, sino que la «red» resultante habría tenido un carácter completamente diferente, puesto que habría estado descentralizada. Las aportaciones de los ciudadanos, ya fuesen cultos o analfabetos, habría sido la regla. Su principio rector habría sido la creatividad, no la recepción pasiva. En eso consistía la convivencia —y de acuerdo con los planteamientos de Illich, la libertad exigía convivencia—[27]. De manera similar, Illich también creía que la educación convencional era de carácter receptivo y estaba orientada a un consumo masivo, de modo que no podía considerarse liberal. Propuso sustituir los colegios por «redes» —esto es, por «estructuras reticulares de acceso recíproco» basadas en el potencial de los ordenadores y capaces de facilitar el surgimiento de interacciones abiertas y creativas—. Estas redes vendrían a incluir a los distintos clubes de aficionados. Algunas de ellas podrían establecer «intercambios de competencias», una especie de talleres en donde las personas profanas en una determinada materia podrían reunirse para aprender cuestiones relacionadas con las herramientas técnicas, quizá en el vestíbulo de los locales comerciales. En una ciudad como Nueva York, la informática organizada en torno a una convivencia de este tipo podía permitir la creación de una cultura lectora de índole democrática, en lugar de una cultura literaria basada en la «selección que pudieran hacer unos cuantos profesores de Chicago».

El problema estribaba en el hecho de que la industria moderna no producía tecnologías enfocadas a la convivencia. La industria prefería «un mundo de cosas opacas a la comprensión de su naturaleza». Oculta en el interior de un conjunto de cajas cerradas —o grabada en sílice—, la tecnología estaba convirtiéndose en una realidad cada vez menos amable. El ejemplo más obvio era el de la radio. El hecho de haber encerrado las radios en una caja había estandarizado el conocimiento técnico, reflexionaba, produciendo «una sociedad sin inventiva». Sin embargo, en sus primeros años, las radios habían sido un objeto abierto y orientado a la convivencia, recordaba Illich, y era frecuente que los entusiastas de la radiofonía (es decir, el mismo tipo de personas a los que la BBC había colgado el rótulo de «oyentes piratas») hicieran «aullar a causa de la retroalimentación» a la totalidad de los aparatos de un determinado vecindario. Para Illich, ese aullido era una indicación de que por entonces existía un tipo de libertad ampliamente difundida, una libertad que, pese a haber sobrevivido cierto tiempo en el ámbito científico («el único foro que operaba a la manera del sueño anarquista»), se encontraba ya prácticamente extinta. Illich deseaba recuperar la cultura que acababa de exponer. En resumen, lo que Illich venía a mantener era que la «principal fuente de injusticia de nuestra época» no brotaba de Vietnam, ni del comunismo soviético, ni de las dictaduras sudamericanas, sino de aquellas «herramientas que por su propia naturaleza restringen la libertad de su uso autónomo a un puñado de personas». La posibilidad de establecer una sociedad fundada en la convivencia pasaba por abrir las cajas en que se hallaban encerradas las máquinas a fin de revivir el espíritu de aquellos antiguos radioyentes piratas. Para erigir «las estructuras reticulares» que resultaban esenciales para el surgimiento de una sociedad libre era preciso superar esta forma de propiedad intelectual. Illich no se hacía ilusiones respecto a las perspectivas de alcanzar dicha meta —dado que, de acuerdo con sus cavilaciones, solo los comunistas de Mao se hallaban en situación de materializarla—. No obstante, mantenía que «si bien es cierto que la democracia estadounidense puede sobrevivir a una victoria de Giáp, no conseguirá superar el triunfo de la ITT»[28].

Illich definiría la visión utópica para algunos de los precursores digitales, como Felsenstein. Con todo, y al contrario de lo que suelen afirmar la mayoría de los mitos de la piratería informática, los entusiastas de los primeros tiempos de la computación nunca llegarían a constituir un frente unido para oponerse a la propiedad intelectual per se. El libro de Ted Nelson titulado Computer Lib/Dream Machines, publicado en el año 1974 —el más destacado ejemplo de literatura contracultural informática—, revela las tensiones que recorrían por entonces ese campo tecnológico —unas tensiones que terminarían configurando la cultura digital misma—. El texto de Nelson, que era un visionario manifiesto del potencial que poseía la implicación política y cultural realizada por medio del ordenador, sería en cierto sentido una clara articulación del principio consistente en orientar las computadoras hacia la convivencia. Y supondría asimismo, en palabras del propio Nelson, una «flagrante» imitación «del maravilloso Whole Earth Catalog». Al mismo tiempo, sin embargo, la obra condenaba tanto la piratería telefónica como los presupuestos de los radicales de los derechos de autor. «¿Por qué son siempre los tipos que poseen los empleos más cómodos y seguros los que te dicen que si patatín, que si patatán, que las ideas deberían ser gratuitas?», se preguntaba Nelson. Lo que él recomendaba era aplicar el principio de los derechos de autor a los programas informáticos, aconsejando además a los lectores que añadieran invariablemente el símbolo de los derechos de reproducción a los códigos que ellos mismos alcanzaran a idear. Tan sólidas serían las convicciones de Nelson en este asunto que el proyecto Xanadu que él concibiera —un plan de profética grandiosidad destinado a crear una especie de red de diseño dotada de enlaces hipertextuales— incluiría en su estructura una forma de concesión obligatoria de licencias. De haber tenido éxito, el proyecto Xanadu habría creado un sistema de propiedad intelectual de características muy particulares, incorporándolo a la infraestructura misma de lo que acabaría convirtiéndose en internet. Habría resuelto el problema de la piratería en la red haciendo que las acciones piráticas resultaran técnicamente imposibles —pese a exigir apertura al mismo tiempo—. La idea tenía un aire claramente victoriano. «Uno publica algo, todo el mundo puede utilizarlo, y siempre se obtiene de manera automática una regalía», declaraba Nelson: «¿Qué podría haber más justo?»[29].

La disolución de la convivencia

La sólida fama del Club del Ordenador Casero tiene su origen en el hecho de haber sido el lugar en el que la piratería telefónica vino a unirse con la piratería informática para crear un nuevo tipo de ordenador. Como decía Felsenstein, se animaba a todos cuantos participaban en el proyecto a hacerse con tantas copias como necesitasen del diseño de los programas informáticos o de sus soportes físicos, con la sola condición de que después aportaran nuevos elementos. Un apasionado defensor de este sistema llamado Dan Sokol llegaría a distribuir en las reuniones, y a puñados, los más recientes circuitos integrados. Los programas informáticos se intercambiaban y se compartían por medio de casetes, según reglas parecidas a las que regían en el caso de las grabaciones musicales caseras. Más tarde, al desarrollar una biblioteca de cintas magnetofónicas propia y de carácter relativamente formal, el Club se vería obligado a crear una serie de normas artificiales para amparar la propiedad intelectual de las colecciones y permitir su préstamo. «La biblioteca es en realidad un servicio de intercambio de programas informáticos», advertía, de manera que los miembros del Club no deberán «robar» ni copiar aquellos programas cuyos derechos de autor se hallen sujetos a protección[30]. Sin embargo, al principio no existía ningún compromiso de esa clase. «La situación era idéntica a la de los radioaficionados», señalaría Felsenstein con reveladora afirmación. Steve Dompier, un ingeniero electricista de Berkeley y amigo íntimo de John Draper, dejaría patentemente claro este vínculo al servirse de las interferencias que generaba un microordenador Altair para interpretar música rudimentaria mediante un receptor de radio. Cuando Felsenstein se embarcara en el proyecto de diseñar y construir un ordenador adecuado a este entorno, lo haría utilizando componentes comerciales ya existentes a fin de que los usuarios no dependieran de ninguna corporación o fuente en particular[31].

El proyecto de Felsenstein no tardaría en quedar eclipsado por la irrupción de un nuevo dispositivo —un artilugio que, al hacer fructificar la conjunción entre la piratería telefónica y la informática, vendría igualmente a fomentar la desintegración de la convivencia—. Un ingeniero de la Hewlett-Packard llamado Allen Baum llevó a Stephen Wozniak, un antiguo amigo del colegio y ahora compañero de trabajo en la Hewlett-Packard, a una de las primeras reuniones del Club del Ordenador Casero. Wozniak había sido un gran aficionado a los ordenadores y a la electrónica desde sus años de colegio, había impulsado el malogrado sistema de vídeo Cartrivision, y por si fuera poco se había distinguido también como radioaficionado —una actividad que consistía, según vendría a afirmar más tarde, en «proteger las ondas de los piratas radiofónicos»—. En el año 1971, colaboraría igualmente con Steven Jobs en un empeño bastante distinto. El artículo que había publicado la revista Esquire sobre la piratería telefónica había logrado captar la atención de Wozniak, y dado que él y Jobs habían encontrado en la biblioteca del Centro de Aceleración Lineal de Stanford el texto del Bell System Technical Journal en el que se ofrecía la lista de los tonos de multifrecuencia necesarios para realizar llamadas, se pusieron a fabricar un conjunto de aparatos propios para producir los mencionados tonos, grabarlos en distintas cintas de casete, y comenzar a explorar la red telefónica emulando el espíritu de los piratas del sistema. Él y Jobs venderían también unas cuantas cajas negras[32] en los dormitorios de los estudiantes de Berkeley; y en una ocasión les robarían una de ellas a punta de pistola. Wozniak decidió entonces dar con el paradero del misterioso Cap’n Crunch que había relatado en la revista Esquire lo atractivo que resultaba explorar la red telefónica, concebida al modo de un ordenador gigante. Pero sería Draper quien tomara la iniciativa y se presentara ante Wozniak. En los tiempos del Club del Ordenador Casero, tanto él como Wozniak y Jobs habían hecho ya, y muy en serio, la transición hacia un comportamiento no pirático. Draper se había negado de forma pública y notoria a dedicarse a la piratería telefónica, pero participaría asiduamente en las actividades de la Compañía de Ordenadores Personales, pasando asimismo a formar parte del Club del Ordenador Casero[33].

Pese a haber renegado de la piratería telefónica, Draper no dejaría de contribuir a la exploración de la red, aunque ya no para apoyar el establecimiento de conversaciones, sino el intercambio de datos. En este sentido habría de apoyar, por ejemplo, la construcción de un equipo denominado Call Computer que permitía disponer de un sistema con el que las personas que contaran con un terminal en su domicilio quedaban facultadas para entrar en un ordenador central ubicado lejos del suyo y comunicarse con él. Se las arregló para que el Club del Ordenador Casero pudiera radicar su cuenta en dicho sistema. También dejaría caer de cuando en cuando nuevos y audaces consejos para todos aquellos que desearan conectarse a la red Arpanet, que había sido creada poco antes con el objetivo de proporcionar una sólida estructura de comunicaciones al Ministerio de Defensa estadounidense. Draper aseguraba que podía navegar por el sistema telefónico y colarse en Arpanet, y una vez allí entrar en los ordenadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde se le abría la posibilidad de efectuar todas aquellas rutinas de computación que resultaran excesivamente difíciles para los aparatos de partida. Wozniak pondría en contacto a Dan Sokol y a Draper, y este accedería a ayudarle también a conectar su propio ordenador a la red telefónica sin quedar obligado a recibir descomunales facturas de teléfono —episodio en el que el principio de libre acceso preponderaría sobre el rechazo que inspiraba a Draper la idea de verse envuelto en una actividad que sabía positivamente que no habría de ser bien recibida en caso de detectarse—. Sokol mostró su gratitud regalando a Wozniak una caja llena de circuitos integrados y una serie de bártulos susceptibles de conectarse a un microprocesador Motorola 6800. Wozniak cogió el valioso obsequio, lo asoció al nuevo chip MOS 6502 en lugar de al Motorola 6800, y comenzó a construir un ordenador. Poco después llevaría la máquina al Club del Ordenador Casero para mostrar los progresos conseguidos. Él mismo elaboraría una versión propia del lenguaje BASIC para el aparato, lenguaje que también distribuiría gratuitamente en el Club, publicándose en Dr. Dobbs varias de las rutinas asociadas con esa nueva versión. A medida que el ordenador iba tomando forma, comenzó a comprenderse claramente que el diseño de Wozniak iba a ser mucho más potente que el Altair, de modo que Jobs empezó a presionar para poner en marcha su comercialización. Trabajando a un ritmo frenético, Wozniak y Jobs lograron crear una versión perfectamente operativa y la sacaron al mercado. En su propaganda insistirían en el carácter abierto del diseño, recalcando que se trataba de una «filosofía» peculiar de la marca, anunciando al mismo tiempo que, a diferencia de Altair, su empresa se proponía seguir «proporcionando gratuitamente los programas informáticos necesarios para el funcionamiento de los aparatos, u ofrecerlos a un coste mínimo». Evidentemente, se trataba del primer ordenador Apple.

Wozniak se puso a trabajar de inmediato en una nueva versión del ordenador recién creado, viendo así la luz el Apple II. Por otra parte, todo el mundo reconocería inmediatamente que el diseño —que había sido fruto, una vez más, de los exhaustivos intercambios de pareceres llevados a cabo en el Club del Ordenador Casero— era extraordinario, y los entendidos todavía siguen ensalzándolo por ser un arquetipo del ingenio y la elegancia. Sin embargo, el origen de buena parte del soporte físico del terminal de televisión se hallaba en un diseño que Wozniak había concebido un año antes para ayudar a Draper a piratear en Arpanet. Además, algunos de los circuitos de vídeo derivaban en último término de la caja que el mismo Wozniak había diseñado para sus actos de piratería telefónica. Por consiguiente, el Apple II no era solo una emanación cultural nacida de la convergencia entre la piratería informática y la telefónica, puesto que el aparato mismo que vendría a poner en marcha la revolución de los ordenadores caseros debía una porción de su realidad a las tecnologías salidas de la piratería telefónica. Por si fuera poco, Draper pasó a convertirse en uno de los primeros empleados de Apple. Se le asignó la tarea de diseñar un interfaz telefónico para el ordenador, que se estaba revelando un gran éxito comercial. No obstante, al ver que lo que había ideado era un dispositivo que tenía exactamente el mismo aspecto que las cajas azules de los piratas telefónicos, la recién fundada compañía desechó inmediatamente la propuesta y despidió a Draper. Este regresó a su domicilio y continuó experimentando, utilizando su propio ordenador Apple para explorar la red telefónica y conectar con otros ordenadores remotos. Tras conseguir la automatización de la búsqueda, realizó veinte mil llamadas en pocos días. El localizador de conexiones fraudulentas de la compañía telefónica dio la señal de la alarma, y la policía se presentó en su puerta para detenerle. De este modo, Draper se convertiría en el primer pirata informático en ser arrestado.

Lo que implica el destino de Draper es que el explosivo auge de la microinformática ya había empezado a determinar que las normas de la apertura, el libre acceso y el compromiso contracultural se vieran sometidas a una notable presión.

Eran ya muchos los miembros del Club del Ordenador Casero que comenzaban a comprender que sus convenciones no constituían en realidad un conjunto de principios morales per se, sino una serie de medios destinados al logro de un fin. Veían en el Club un campo de pruebas para un tipo de actividades llamadas a convertirse, en último término, en otras tantas empresas comerciales dirigidas a un público de masas al que se concebía como una entidad maleablemente receptiva. El diseño del Apple II no era refractario a la intervención de los usuarios —Wozniak había puesto buen cuidado en incluir varias ranuras de expansión—, pero ni siquiera esto conseguiría tentar a la gente, y menos aún lograría interpelarles, habida cuenta de la forma en que acostumbraban a interactuar los primeros ordenadores. El aparato se ofrecía como un sistema completo, con el lenguaje de programación BASIC incluido en la memoria ROM. Comenzarían así a emprender vías distintas dos formas de desarrollo radicalmente opuestas. Una de ellas resultaba más asequible para todos aquellos que no fuesen expertos, y solo en último término se apoyaba en las patentes. Apple tomaría este camino, y la compañía Commodore habría de adentrarse todavía más en él al sacar al mercado el modelo PET. La otra vía se atendría al compromiso, basado en principios, con la convivencia —ciñéndose a la apertura y a la introducción de mejoras—. El aparato de Felsenstein, conocido con el nombre de Sol, vendría a ilustrar este extremo. Su diseño, conseguido a base de perfeccionar las antiguas terminales públicas del propio Felsenstein, encarnaba las convicciones asociadas con los experimentos radiofónicos populares y el Whole Earth Catalog. El éxito de Apple (y poco después de Microsoft) determinaría que esta segunda senda resultara aun más problemática. La escisión de las dos fórmulas era inminente. Moore abandonaría la partida en el año 1975, al incrementarse las presiones empresariales, y el Sol quedó primeramente relegado a la condición de aparato dirigido a un público muy específico, para terminar convirtiéndose en un completo fracaso[34].

En realidad, solo tres meses después de que los miembros del Club del Ordenador Casero empezaran a reunirse con regularidad comenzaría a apreciarse claramente que existía una vía alternativa. La empresa MITS (Micro Instrumentation and Telemetry Systems), que fabricaba el Altair, organizó en Palo Alto un acto publicitario para hacer propaganda del aparato. Los aficionados habían empezado a quejarse de la lentitud con la que se introducían mejoras en el diseño del Altair, y los seguidores del Club del Ordenador Casero tendían cada vez más a considerar que MITS constituía un monopolio dedicado a la práctica del secretismo. Había personas que habían pagado por un BASIC que finalmente no se había enviado a los consumidores, y otras protestaban porque el MITS estaba condicionando el uso del programa a la compra de unas placas de memoria que no funcionaban, según afirmaban los afectados —suponiéndose que todo ello no era más que una apuesta destinada a aniquilar el esfuerzo independiente que estaba realizando Felsenstein—. El hecho de que se exigiera desembolsar un dinero a cambio de una tecnología de mala calidad constituía un agravio capital, especialmente si llevaba aparejado la adopción de una estrategia de vinculación de productos, tristemente célebre por su carácter monopolístico —y tanto más aún teniendo en cuenta que los entusiastas de los ordenadores podían comprar un BASIC operativo a la Compañía de Ordenadores Personales por solo cinco dólares—. En junio del año 1975, al llegar el personal de MITS al hotel de Palo Alto donde debía desarrollarse el acto, varios miembros del Club del Ordenador Casero quedarían sorprendidos al descubrir que se les presentaba un programa que parecía ser una versión funcional del BASIC. Un emprendedor individuo —nunca ha llegado a saberse con claridad quién— observó la presencia de una copia del programa en un rollo de cinta perforada y la «tomó prestada». El programa logró llegar a manos de Sokol —posiblemente el más acérrimo defensor de la transparencia del momento, máxime dándose la circunstancia, como creía Sokol que era el caso, de que el programa tenía su origen en un trabajo de investigación público—. Sokol haría más de setenta copias en una sola noche, llevándolas a la siguiente reunión del Club. Se produjo un frenesí de intercambios. El código pasó inmediatamente a formar parte de la economía moral del Club, según la cual se consideraba correcto tomar prestada una copia con tal de que se devolvieran dos. El problema consistiría en que, a diferencia de la mayoría de los códigos que circulaban de ese modo, el BASIC estaba patentado. Se trataba del primer producto de una pequeña empresa radicada en Albuquerque y llamada Microsoft.

El BASIC había sido un trabajo efectuado a toda prisa. Cuando William Gates y Paul Allen presentaron su creación en bruto al MITS —que para entonces tenía ya la desesperada necesidad de un buen BASIC— ni siquiera habían tenido tiempo de asegurarse de que funcionara. Pero funcionó, y lo suficientemente bien como para que el MITS decidiera comprarlo ofreciendo una regalía a sus autores. Gates, que por esa época contaba veinte años, tenía ya un pie fuera de Harvard, dado que prefería ir en busca de una buena oportunidad. Sin embargo, los ingresos obtenidos por las regalías resultaron ser muy inferiores a lo que había previsto. De hecho, daba la impresión de que el MITS no estaba vendiendo más que una única copia del BASIC de Microsoft por cada diez equipos Altair. De este modo, sería en un periodo de crisis cuando Gates se enterara de que el lenguaje se había distribuido a la comunidad misma que debía de haber integrado su mercado. Cuando el director de la recién constituida revista Altair Users’ Newsletter quiso saber cuál iba a ser su reacción, Gates decidió responder de forma agresiva. Publicó una carta abierta a los aficionados en la que no solo atacaba a los autores concretos del «robo» (como él mismo lo denominaba), sino que criticaba, en términos generales, toda la cultura que refrendaba esas acciones. Partía de la premisa de que la falta de un buen programa fiable, junto con la ausencia de la información y la educación necesarias para permitir que los usuarios le sacaran el máximo rendimiento posible, estaba bloqueando el desarrollo del inmenso «mercado» potencial de la microinformática, añadiendo que solo un sistema de patentes podía justificar la realización de las importantes inversiones que se precisaban para producir esos bienes. Gates afirmaba que la creación de su propio BASIC había requerido un año y cuarenta mil dólares en horas de trabajo informático, y que la calidad de sus resultados quedaba ampliamente confirmada por la correspondencia que le enviaban los usuarios. Sin embargo, esos usuarios no habían cumplido su parte del trato y comprado efectivamente el programa. «La mayoría de vosotros ha robado el programa que está utilizando», acusaba Gates sin rodeos. Lo que los aficionados a los ordenadores consideraban gestos de apertura y colaboración quedaban de ese modo rebajados, pura y simplemente, a la categoría de «robo». Lejos de poderse justificar por el comportamiento monopolístico del MITS, dicha actitud constituía un agravio moral en sí misma. No era «justo», sencillamente. Las personas que se dedicaban a regrabar programas informáticos daban mala fama al conjunto de los aficionados, insistía Gates. Habría que «echarlos a patadas de cualquier reunión de club por la que osaran asomarse». La posibilidad de que el ideal de la convivencia viniese a constituir una posición sujeta a principios quedaba así calladamente eclipsada por la afirmación de la existencia de esta comunidad moral tan diferente. El elemento implícito y necesario para la defensa de la argumentación de Gates radicaba en el hecho de que, para producir un programa informático «de calidad», fuera esencial contar con una entidad autoral única (ya se tratara de un programador aislado o de una compañía) y con un sistema de producción industrial y centralizado. Era este autor el que padecía la injusticia derivada del acto de compartir, y ese el sistema que había que crear para permitir también que el ordenador doméstico se desarrollara[35].

La carta de Gates vendría a poner en marcha una minicampaña relativa a la participación de Microsoft en la elaboración de dicho programa lógico, publicándose una declaración del sucesor de Gates pocos meses después, y pronunciando el propio Gates un discurso en el mes de marzo. No obstante, lo cierto era que, por sí mismo, el empeño no tenía demasiadas probabilidades de conseguir grandes cosas. Como señalaría Dompier, «las quejas sobre la piratería no frenaron nada», porque el hecho de compartir los programas era «como grabar la música en directo»[36]. El mismo Gates reconocería tácitamente este extremo, ya que se cercioraría de brindar protección a su compañía frente a este tipo de prácticas, negándose a firmar en lo sucesivo nuevos tratos vinculados con la percepción de regalías. Sin embargo, la publicidad sí que habría de contribuir a la materialización de su principal propósito. Dicha publicidad conseguiría que las tensiones que ya habían comenzado a aflorar en las reuniones de los aficionados adquirieran un carácter explícito, y obligaría a reconocer las implicaciones crematísticas derivadas de la economía moral de los aficionados. El Homebrew Computer Club Newsletter, por ejemplo, presentaría artículos en los que se ofrecía una aprobación matizada de la postura de Gates, pese a que antes del espacio reservado al editorial colocara unas líneas a manera de prefacio en las que recordaba a los lectores que, gracias a la versión que había puesto en circulación la Compañía de Ordenadores Personales, «podían elaborar de forma artesanal un programa BASIC propio». Con todo, los más comprometidos con el ideario aperturista seguirían reservando a Gates una acogida hostil. En cualquier caso, muchos de ellos estaban convencidos de que el BASIC que estaban compartiendo era en realidad un bien de dominio público, dado que había sido desarrollado con aparatos financiados por medio de fondos públicos. Por consiguiente, no se trataba ya de que Gates les hubiera llamado ladrones, sino de que una persona que se dedicaba a expropiar a los demás un bien que en realidad constituía una propiedad común hubiera venido a decir que la suya era una moral de salteadores. La afirmación de Gates estaba llamada a pasar a la pequeña historia del mundillo informático convertida en la declaración canónica de una escisión entre la propiedad intelectual y el libre acceso, una escisión que en lo sucesivo habría de partir en dos al ámbito digital.

Miedo y asco en la red

De la actividad vivida en el transcurso de los primeros años de la informática doméstica vendrían a surgir por tanto distintas formas antagónicas de comprender la propiedad creativa, incluyendo entre ellas la de quienes defendían la necesidad de decretar su más categórico rechazo. Algunas de esas posiciones serían legítimas y acabarían demostrando que constituían otras tantas modalidades de creatividad viables. Otras tendrían carácter clandestino, pero también ellas vendrían a revelarse duraderas. Lo que hizo posible este estado de cosas no fue la aparición de los ordenadores personales, sino la posterior irrupción de unas interconexiones digitales asequibles y fiables[37]. A mediados de la década de 1980, los apasionados de los ordenadores domésticos no solo podían comprar un ordenador personal de IBM, Apple u otra compañía de microordenadores, sino que también podían hacerse con un módem telefónico compatible con cualquiera de ellos, adquiriendo así la posibilidad de conectarse con los primeros tablones de anuncios y redes de usuarios. Comparados con los niveles que han alcanzado actualmente, las velocidades de transmisión de datos iban entonces a paso de tortuga, pero resultaban suficientes para trabajar únicamente con textos. Podía intercambiarse información y también, según se afirmaba con vehemencia creciente, construir comunidades. Para mediados de la década de 1990 serían cada vez más los sectores que comenzaran a cobrar conciencia de que en realidad no existía sino una única red, la de internet —una red que tenía su origen en el Arpanet que tanto había fascinado a Draper—. Empezaron a verse los primeros navegadores capaces de trabajar en una red informática mundial (o World Wide Web) que ahora había adquirido capacidades gráficas. Los diferentes modos de entender la propiedad intelectual se radicalizaron, y de reseñar alguna diferencia tendría que ser la de que su mutuo enfrentamiento pasó a expresarse con mayor intensidad. Además, en el transcurso de esta evolución, el vínculo que se había forjado en el siglo XVIII entre el prestigio profesional y la propiedad intelectual quedaría finalmente disuelto.

De hecho, la situación a la que tuvieron que enfrentarse los primeros usuarios de la red guarda algunas semejanzas con la que hubieron de arrostrar los autores y los libreros a lo largo del propio siglo XVIII. Las reivindicaciones relacionadas con el carácter sagrado de la autoría y el amanecer de una nueva era de la razón también se habían dejado oír entonces con fuerza y en todas partes. Se había atacado a los piratas por delitos que iban más allá del latrocinio literal y el cuestionamiento del prestigio, la fidelidad y la autenticidad. Por todas partes proliferaban prácticas comparables a lo que hoy denominamos robo de identidad o suplantación de instituciones (phishing). Se aclamaba la comunicación impresa porque en principio se la consideraba emancipadora, racional e ilustrada, aunque en la práctica pareciera estar sembrada de problemas. Toda comunidad que reivindicara hallarse bien estructurada —como era el caso de la esfera pública— tenía la obligación de abordar dichos problemas si quería que se la juzgase creíble. Además, la solución a esos problemas no solo exigía la existencia de leyes y planteamientos filosóficos, sino un pedestre sentido común. Como había dado a entender Kant, la piratería constituía una amenaza para la propia condición de posibilidad de la razón pública al perpetrar una especie de ventriloquia. Y también en la década de 1990 habrían de exponerse argumentaciones de parecida hondura y carácter genérico en relación con la nueva esfera digital. El doble tema de la existencia y la naturaleza de las colectividades presentes en internet vendría a alimentar un conjunto de acalorados debates. La realidad, la extensión y las implicaciones epistemológicas de las prácticas piráticas pasaron a esgrimirse no solo a la manera de un desafío a la propiedad intelectual —aunque prácticamente todo el mundo declarara que dichos retos eran esenciales—, sino al modo de sendas amenazas a la posibilidad de creación de un público interconectado y racional. De este modo se agudizaría todavía más la necesidad de articular la economía moral de las redes digitales.

De entre las primeras comunidades interconectadas, la más célebre sería la Whole Earth ’Lectronic Link o WELL, un grupo de Sausalito cofundado por Stewart Brand. Poco después empezarían a surgir múltiples colectivos virtuales diferentes —Usenet, MUDs, MOOs, y otros semejantes—. El primitivo BBS (Bulletin Board System —sistema de tablón de anuncios—) era más antiguo, ya que había sido creado por dos aficionados de Chicago que a finales de la década de 1970 se habían propuesto utilizarlo como alternativa para el intercambio de casetes. Algunos de estos grupos, como el WELL, eran bastante pequeños y estaban localizados en una sede real; otros en cambio tenían un mayor tamaño y optaron por atribuirse una ubicación ficticia —circunstancia que a la larga desembocaría en el surgimiento de aventuras empresariales como la de Second Life—[38]. Los usuarios no tardarían en manifestar que se sentían cada vez más próximos al sueño de McLuhan y que les parecía tener la psique sumergida en una red electrónica global. Sin embargo, la argumentación que más influencia habría de ejercer en la organización de las comunidades virtuales preferiría evocar nociones como las de comunidad y frontera. Su principal exponente, Howard Rheingold, era un veterano de WELL que en el año 1987 había acuñado la expresión «comunidad virtual» en una obra que había venido a suceder al Whole Earth Catalog. La imagen de Rheingold, que remitía a un emergente espacio fronterizo (un espacio que participaba a un tiempo de las características propias de una aldea rebosante de muy diversas competencias cognitivas —todas ellas vinculadas por un «contrato social de índole informal y tácita»— y de los rasgos de un paisaje virgen lleno de nuevos cercados y casas de labranza), se convirtió probablemente en el modelo de más amplia aceptación entre los adeptos de esas pseudosociedades. Uno de los principios esenciales sostenía que los integrantes de dicha comunidad debían actuar como otras tantas versiones digitales de los amish, conocidos por cooperar en la construcción de graneros. Con esto se quería significar que esos nuevos pioneros debían compartir la información a fin de ayudarse mutuamente en la edificación de sus respectivas haciendas virtuales. No obstante, Rheingold lanzaba la advertencia de que las corporaciones empresariales iban a ejercer terribles presiones sobre este principio, puesto que estaban perfectamente dispuestas a apropiarse de la retórica de las comunidades virtuales para vender sus propios productos. Las sedes electrónicas de las grandes compañías de negocio trataban de convencer a los consumidores de que estaban integrándose en una «comunidad» cuando lo que en realidad estaban haciendo era simplemente recibir mensajes comerciales. Las verdaderas comunidades exigían que el trabajo que efectuaran sus miembros se ciñera más al ideal de la creatividad que al de la receptividad —una postura que recuerda eminentemente a la de Milton, podríamos decir—. Al parecer estaba a punto de entablarse una «batalla por la configuración de la red».

En esa inminente contienda se agazapaba la amenaza de otro enemigo más. Si WELL venía a constituir una adaptación de los ideales de camaradería de los años setenta del siglo pasado, la existencia de los piratas informáticos clandestinos suponía otra forma de adaptación, evidentemente menos respetable. Dicha adaptación hundía fundamentalmente sus raíces en el terreno de los piratas telefónicos radicales de la cuerda de Abbie Hoffman —o por decirlo con las palabras de Bruce Sterling, Steal This Book se había convertido en «el antecesor espiritual del virus informático»—[39]. Pese a que sus integrantes se beneficiaran de la favorable campaña que habría de hacerles la prensa a bombo y platillo, lo cierto es que la existencia de una nutrida muchedumbre de piratas directamente dedicados a la delincuencia informática no tenía nada de virtual. Ya en el año 1980 se había creado un Bulletin Board System[40] para fomentar ese tipo de piratería. Vería la luz bajo el rótulo de BBS, y en un principio estaría centrado en la piratería telefónica. A mediados de la década de 1980, este tipo de tablones habían proliferado notablemente, adoptando a menudo una explícita identidad pirática, puesto que entre las decenas, o tal vez centenares, de BBS consagrados a este tipo de actividades figurarían nombres como los de Pirate-80, Pirate’s Harbor y Pirates of Puget Sound, por citar solo tres de los más sonados. Se dedicaban a publicar códigos piratas y consejos para piratear las redes telefónicas en amistosa comandita. Todo aquel que se sintiera picado por la curiosidad podía zambullirse en estos sitios y pescar códigos con los que piratear teléfonos —códigos que acababan convirtiéndose en contraseñas imprescindibles, dado que su conocimiento garantizaba el ingreso en diferentes grupos, de forma muy similar a las arcanas fórmulas de la alquimia, que actuaban a modo de un pasaporte de acceso a los salones literarios y filosóficos de mediados del siglo XVII—. A través de estos mismos grupos de piratas y delincuentes telefónicos se podía aumentar la lista de contactos, valiéndose para ello de los propios BBS. Algunas de estas sedes electrónicas llegarían a adquirir incluso una marcada notoriedad pública —aunque ninguna de ellas alcanzara a igualar la fama de la Legion of Doom, que debía su nombre a la vieja banda de forajidos dirigida por Lex Luthor, el enemigo jurado de Superman—. Surgida inicialmente del seno de una agrupación de piratas telefónicos, como muchos de los grupos de personas dedicadas a burlar los sistemas de seguridad de la red, la Legion of Doom pasaría de la piratería telefónica al filibusterismo informático. Y como habría de ocurrir con la mayoría de estas bandas, sus miembros terminarían adoptando una postura liberal de corte tecnoelitista y aquel lenguaje de explorador que tanto había caracterizado a la piratería telefónica. Incluso adoptarían las mismas manías léxicas, en especial la consabida ph. El hecho más destacado radica en que los piratas informáticos de la Legion of Doom y los digerati, que prácticamente compartían sus ideas, hicieran suya, de cabo a rabo, la presuntuosa reivindicación de los piratas telefónicos —una reivindicación que procedía a su vez de la cultura radiofónica de entreguerras—, los cuales sostenían que el Estado y las leyes no debían embridarles, sino brindarles apoyo, dada su condición de adeptos del método científico. En el año 1986, un anuncio que habría de reeditarse profusamente en la red bajo epígrafes diversos —como «Conscience of a Hacker» o «The Hacker’s Manifesto»— vendría a exponer explícitamente todos estos extremos. El texto era obra de un pirata informático perteneciente a la Legion of Doom que se hacía llamar The Mentor. Según se afirmaba en él, los piratas informáticos habían comenzado explorando el sistema telefónico —un sistema que tendría que resultar necesariamente económico para todos los bolsillos, pero que había sido secuestrado por una camarilla de «insaciables especuladores»—. De ahí que pudiera asegurarse que los piratas informáticos formaban en realidad parte de un movimiento de resistencia. Pero la cosa no quedaba en eso, ya que también eran científicos. De ese modo, The Mentor reivindicaba la figura del investigador solitario perseguido por una sociedad pasivamente atónita y conformista. «Nosotros nos dedicamos a indagar», insistía el alegato: «vamos en busca del conocimiento… y vosotros nos llamáis delincuentes»[41]. Y preciso es reconocer que algo de razón había en sus palabras. Cuando la policía decidiera tomar medidas contra la Legion of Doom descubriría que, por regla general, sus miembros no tenían costumbre de robar nada. Hasta los piratas más curtidos que la policía lograría descubrir tras estudiar la documentación relacionada con la Legion of Doom revelarían haber divulgado gratuitamente diversas copias de programas informáticos.

Conforme fuera creciendo el número de piratas informáticos que trababan relación por medio de la red iría constituyéndose una especie de contrapunto digital del público común. Los piratas informáticos pondrían en marcha un buen número de publicaciones periódicas de aparatoso carácter libertario dirigidas a las personas que estaban en el ajo. La más conocida de ellas habría de ver la luz en el año 1985 bajo la cabecera Phrack (voz formada a partir de las palabras phreak y hack), seguida por 2600 (revista trimestral que recibiría este nombre en alusión a la frecuencia tonal más importante de la piratería telefónica y que se mostraría orgullosa de reivindicar la identidad pirática, como deja claro la figura 16.3). El director de esta última publicación era un individuo por entonces misterioso que se hacía llamar Emmanuel Goldstein en alusión al personaje del 1984 de Orwell —un personaje que además de estar probablemente inspirado en Trotsky venía a evocar en el lector los insultos y las amenazas de las manifestaciones descritas en la novela—. Su verdadero nombre era Eric Corley, y durante mucho tiempo había centrado su interés en la radio amateur. Había incluso un Legion of Doom Technical Journal, rótulo que venía a ser una parodia del viejo Bell System Technical Journal que había abierto las puertas a todo el fenómeno de la piratería telefónica. En estas revistas se publicaban unos «philes» (por «files»), es decir, unos escritos que tenían más de propuestas independientes que de artículos convencionales. Todavía hoy, transcurrida ya una generación entera, siguen constituyendo una lectura fascinante. En estos textos de mediados de la década de 1980 se estudiaba la convergencia entre la piratería telefónica, la codificación y la piratería, llegándose a la conclusión de que se trataba de un mismo empeño —empeño único, por cierto, que el lenguaje popular vendría a captar (aunque de forma incorrecta, según insistían muchos) con el término «piratería informática»[42].

Figura 16.3. Piratería telefónica e informática. 2600, vol. 4, n.º 6, junio de 1987, portada. Reimpreso con permiso de la revista 2600.

Por consiguiente, a finales de la década de 1980 el significado aceptado de la expresión pirata informático había experimentado un cambio. Ahora venía a hacer referencia a una noción que los digerati consideraban muy distinta y a la que ellos denominaban cracker. Estos crackers, o «piratas informáticos de sombrero negro»[43] eran individuos que se introducían subrepticiamente en los sistemas informáticos en línea con fines malévolos. Si la piratería informática, entendida ahora en este sentido vinculado con los bajos fondos, comenzó a centrar seriamente la atención de la policía y del público fue justamente en virtud de su identificación con la piratería telefónica. En el año 1989, un negociado de Florida que se ocupaba del seguimiento de las personas en libertad condicional descubrió que sus llamadas telefónicas estaban siendo desviadas a una línea de teléfono erótico de Nueva York. La compañía telefónica investigó y descubrió que los piratas informáticos no solo habían estado pirateando sus líneas, sino que, al hacerlo, habían reprogramado sus sistemas digitales. Aproximadamente por la misma época, Clifford Stoll, en su novela titulada El huevo del cuco —inspirada en la KGB—, relataría la historia de una red de espionaje que actuaba con los medios propios de la piratería telefónica e informática. Y también por esos años se subía a la red el primer virus informático de gran alcance (que en términos técnicos era un «gusano»), infectando a unos seis mil ordenadores interconectados. Al comenzar a proliferar en los medios de comunicación, este tipo de episodios galvanizarían los temores relacionados con la vulnerabilidad de la información en línea en general. Y más en concreto, vendrían a avivar las preocupaciones relativas al carácter amoral de los grupos técnicamente expertos que poseían la capacidad de manipular esos sistemas[44]. Comenzó a circular el rumor de que la Legion of Doom intentaba colapsar la totalidad del sistema telefónico —la vieja amenaza que ya había dejado entrever Draper mucho tiempo antes—. Cuando la red de larga distancia quedó efectivamente fuera de servicio al día siguiente de la jornada de conmemoración de Martin Luther King, se sospechó inmediatamente que se había debido a un ataque de los piratas informáticos, aunque de hecho resultó ser un fallo del sistema. Se promulgaron un gran número de nuevas leyes y se multiplicaron las acciones policiales contra la inminente amenaza de toda una serie de acciones de piratería informática, todas ellas de carácter presuntamente delictivo o incluso sedicioso.

Esta situación removió considerablemente las conciencias de quienes proponían una sociabilidad virtual. A finales de la década de 1980 y principios de la de 1990 se celebrarían constantes debates: no solo sobre las implicaciones que este estado de cosas tenía para las comunidades digitales, sino también sobre las responsabilidades que conllevaba la adquisición de competencias en el ámbito digital. Dichos debates se centrarían en lo que terminaría siendo el tema más controvertido del momento: la determinación de si existía o no un pirata informático «ético». La opinión de que, en efecto, había una ética de esta clase hundiría sus raíces en el libro de Levy titulado Hackers, que estaba claramente basado en esa premisa y que constituía además una derivación directa del retrato de la ciencia que ya había hecho Merton en su momento. Sin embargo, el objeto del intercambio de pareceres que iba a producirse a partir de ese instante radicaría en determinar si las normas de esa ética —suponiendo que existiera— poseían o no una importancia trascendental. De acuerdo con lo que Merton había expuesto, no podía decirse que los científicos fuesen particularmente virtuosos como individuos, pero su obra se desarrollaba en función de un conjunto de normas morales que la generalidad de la comunidad científica acostumbraba a respetar y a defender. ¿Podía atribuirse algo similar a la práctica de la piratería informática? Y en caso de que así fuera, ¿podía aprovecharse esa realidad para procurar sostén a la comunidad digital?

La controversia más conocida en este sentido sería la surgida con ocasión de una «conferencia» celebrada en WELL en el año 1989 bajo los auspicios de la Harper’s Magazine[45]. El elemento inmediato que vendría a suscitarla sería el pánico provocado por el primer gusano de amplia difusión, pero la polémica subsiguiente duraría lo suficiente como para desarrollar otros temas de mayor amplitud, temas que además de provocar discusiones entre los participantes, habrían de generar también la frecuente modificación de sus puntos de vista y, en último término, una irreconciliable divergencia de sus posiciones. En dichas discusiones habrían de participar un buen número de veteranos, entre los que destaca la figura de Lee Felsenstein. Richard Stallman intervendría en nombre del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Emmanuel Goldstein y dos delincuentes informáticos que respondían a los apodos de Acid Phreak y Phiber Optik también aportarían su granito de arena al debate. El primer tema sería el de la propia ética de la piratería informática —un tema que los distintos intervinientes enfocarían, calificarían y desdeñarían de formas muy diversas—. La mayoría se mostraría de acuerdo en determinar que la piratería informática se caracterizaba por despreciar la colocación de obstáculos al progreso tecnológico. Ese era el elemento que subyacía a su compromiso con el libre intercambio de información, y de ahí brotaba igualmente el repudio que les inspiraba la propiedad intelectual. Los piratas informáticos daban la impresión de mostrarse contrarios al autoritarismo porque reivindicaban poseer el derecho y las competencias técnicas necesarias para «desatascar las tuberías» y permitir que la información fluyera libremente —imagen muy deudora de los planteamientos de Wiener—. «Todo cuanto ha llegado a decirse en alguna ocasión sobre “los piratas telefónicos” podría afirmarse igualmente de los piratas informáticos», comentaría uno de los participantes. La piratería informática giraba muy notablemente en torno al hogar, añadiría otro, porque sin privacidad su existencia resultaba imposible —una opinión que a su vez venía a traer a la mente los ideales de la Ilustración kantiana—. Tonterías, declararía Goldstein: «no somos más que individuos dedicados a explorar un determinado sistema». Al final, llevando esas especulaciones al límite, un pequeño número de portavoces del debate elevarían la piratería informática a la categoría de entidad supracultural. Se trataba simplemente de una forma de poner en práctica la creatividad inventiva en general, particularmente la relacionada con conferir un uso nuevo a un conjunto de aparatos ya existentes. Su inventor había sido el primer habitante de las cavernas prehistóricas en descubrir la forma de «piratear» el fuego. Con este planteamiento, uno de los participantes en el debate sugeriría que el compromiso asociado con la voluntad de compartir el conocimiento podía ser una expresión del primordial deseo humano de establecer y mantener los vínculos relacionales. «Eso es la piratería informática para mí», concluiría Felsenstein, transformando la práctica en algo totalmente diferente que, según su idea, consistía «en trascender la costumbre y zambullirse en la creatividad per se».

Ahora bien, si los piratas informáticos eran efectivamente creadores, ¿qué límites y responsabilidades debían admitir? Esta era una pregunta clave, provista de verdaderas y cruciales implicaciones políticas. «No hay nada malo en saltarse los sistemas de seguridad», sugeriría Stallman, «si lo que estás realizando es algo útil». Y es posible que los delincuentes informáticos (o crackers) estuvieran prestando efectivamente unos servicios útiles. Según apuntaría alguien, el verdadero problema estribaba en el hecho de que las instituciones y las corporaciones estuvieran reuniendo secretamente datos sobre los ciudadanos sin que estos lo supieran ni lo consintieran, para después tratar dichos datos como un activo de sus respectivas entidades. En ese contexto, penetrar piráticamente en las bases de datos constituía una obligación moral —ya que era la única forma de revelar la existencia de un problema de mayor envergadura—. A fin de cuentas, y a pesar del histerismo de los medios de comunicación, los delincuentes informáticos rara vez centraban sus acciones en los domicilios privados. «Los piratas informáticos se han convertido en chivos expiatorios», afirmaría Goldstein acusatoriamente. «Descubrimos los manifiestos puntos débiles del sistema y después se nos echa la culpa de esos defectos». La verdadera expropiación se había producido mucho antes de que se hubiera procedido a realizar un solo acto de piratería informática, y la única forma de sacar ese hecho a la luz era infringir las reglas. «Sé que estoy haciendo lo correcto», declararía, puesto que actúo «en nombre de todos aquellos que carecen de mis aptitudes». En otras palabras, una invasión efectuada vía internet podía constituir un «manifiesto» a favor del empoderamiento público.

Esto provocó la dispersión de los integrantes del coloquio. Clifford Stoll, esto es, el novelista que había expuesto el tema de las redes de espionaje, preguntaría con sorna si había existido alguna vez «una ética del vandalismo». Su argumentación se fundamentaba en el hecho de que los vecindarios electrónicos se «cimentaban en la confianza», igual que los de la vida real. Los piratas informáticos erosionaban esa base. Ninguna comunidad podría sobrevivir a los «virus que ellos diseminaban, al pirateo de programas ni a la destrucción del trabajo de la gente». Uno de los participantes en el debate, que se autodenominaba Homeboy, iría aún más lejos al realizar la siguiente pregunta: «¿Realmente están contribuyendo los delincuentes informáticos al libre flujo de la información», o eran de hecho «instrumentos no remunerados de las altas esferas?». A esas alturas, transcurridos ya ocho días de conferencia, John Barlow (autor del libro titulado Declaration of the Independence of Cyberspace) negaría con súbita rotundidad que los fallos del sistema pudieran justificar su pirateo. Esta toma de posición se vería seguida por una rápida espiral de insultos, hasta que Phiber Optik diera en interrumpir la avalancha subiendo a la red el historial de méritos del propio Barlow. «Si no sabías que se conservaban esos archivos», preguntaría Barlow, «¿quién sino un pirata informático habría logrado descubrirlo?». Pretendidamente realizado para demostrar que la piratería informática constituía una necesidad cívica, el gesto se refutaría espectacularmente a sí mismo al detener con terrible brusquedad la conversación en marcha.

Felsenstein resumiría el resultado con el ánimo marcado por la exasperación. «Si uno piratea, lo que hace es de naturaleza intrínsecamente política», advertía —pero el solo acto del pirateo, efectuado sin una intervención de carácter verdaderamente político, constituía una acción trivial—. El más notable intento de proporcionar una explicación normativa de la piratería digital como forma de comportamiento cívico de índole científica concluiría con esta pincelada de descorazonador realismo. Sin una coordinación social en el plano de realidad social, el pirata informático era simplemente un aspirante a «bandido tecnológico»[46].

La inducción al miedo

La transformación que habría de determinar que los piratas informáticos pasaran de ser considerados genios anarquistas a ser tenidos por delincuentes y terroristas (lenguaje que llegaría a emplearse incluso en WELL) coincidiría con el ascenso a posiciones dominantes de los enfoques asociados con la propiedad intelectual, según empezaba a constatarse en una economía digital interconectada que aspiraba a dotarse de un alcance global. Los temas relacionados con la confianza, el libre acceso y la seguridad poseían una importancia capital tanto para aquellos enfoques como para esa economía. Como ya ocurriera en el siglo XVIII, en un contexto de carácter pirático serían las personas que lograran generar y conservar la confianza de los implicados quienes terminaran por llevarse el gato al agua. La situación estaba llena de oportunidades. Los piratas informáticos podían reivindicar su pretendida condición de agentes públicos. El mundo de la empresa, por su parte, podía hacer dinero dedicándose a vender «sistemas de confianza» y poniendo en circulación todo un conjunto de afirmaciones relativas a la seguridad. Otro sector de ese mismo mundo podía dedicarse a desarrollar negocios de prevención, detección y control de la piratería informática. Y al mismo tiempo comenzarían a proliferar alternativas a los programas propietarios —alternativas que no dejarían de reivindicar sus propios argumentos morales y económicos—. Richard Stallman, del Instituto Tecnológico de Massachusetts acabaría convirtiéndose en su más célebre y decidido defensor. Stallman mantenía que la creación y la circulación de programas informáticos «de libre acceso» —esto es, basados en una codificación independiente de las restricciones propietarias— era una cuestión que dependía de la constitución de las comunidades mismas. Lamentaba que la existencia de una propiedad intelectual exclusiva en el ámbito digital convirtiera en «piratas» a personas que de otro modo no serían sino unos bondadosos y serviciales vecinos. Es decir, la cuestión de la propiedad era, como siempre, un asunto dependiente de la filosofía política que se profesara en cada momento, dándose además la circunstancia de que la etiqueta de «pirata» no indicaba sino que dicha condición venía a ser el equivalente moderno de los debates sobre el derecho a la propiedad intelectual perpetua y a la libre expresión que ya se habían vivido en tiempos de la Ilustración. No obstante, la postura de Stallman era muy radical, así que los aliados comerciales y los de carácter supuestamente comercial se mostrarían cada vez más desconfiados. En el año 1998 idearían una designación alternativa: la de «código abierto». Los programas informáticos de código abierto no eran exactamente lo mismo que los programas informáticos libres, porque los usuarios de los programas de código abierto podían aceptar que el código quedara posteriormente integrado en aquellos productos que se distribuyeran de acuerdo con el modelo propietario[47]. Sin embargo, lo cierto es que ambos compartían el ideal por el que se entendía al programador en su doble condición de ciudadano y de artífice, de modo que muy a menudo se emparejarían ambas nociones bajo las siglas FOSS (esto es, Free and Open-Source Software).

Las personas que se preocupaban por la puesta en circulación de unos programas informáticos sujetos a la propiedad intelectual se esforzarían en idear una estrategia con la que poder hacer frente a los trabajos realizados según los principios del código abierto. Algunas de las empresas que se inquietaban por este motivo, entre las que destacaba particularmente IBM, acabarían reconciliándose con los programas de código abierto. Microsoft en cambio no habría de hacerlo, de modo que al alzarse a una posición dominante comenzó a combatir y a percibir la verdadera naturaleza del desafío. En el otoño del año 1998 —fecha en que los programas de código abierto habían demostrado ya constituir un empeño llamado a persistir— se produciría una importante revelación de sus planteamientos estratégicos. Ese mes de octubre se filtró un memorando interno y logró llegar a manos de Eric Raymond, uno de los defensores de la idea de los códigos abiertos. Lo había redactado un empleado de Microsoft llamado Vinod Valloppillil, y llevaba el siguiente título: Open Source Software: A (New?) Development Methodology? Poco tiempo después aparecía un segundo documento, y a este habrían de seguirle muchos más en los meses posteriores[48]. En total, todos estos «documentos de Halloween», como acabaría conociéndoselos, demostrarían que la corporación Microsoft consideraba que las convenciones asociadas con los códigos abiertos constituían un grave desafío (algo que entraba en clara contradicción con la postura que Microsoft adoptaba públicamente por aquella época). No obstante, lo más importante era lo que revelaban respecto a los esfuerzos que estaba realizando Microsoft para estructurar la naturaleza de ese desafío y responder a él.

Según reconocía el primer memorando, los códigos abiertos poseían una serie de ventajas «que nuestro actual modelo de licencias no alcanza a reproducir». Por consiguiente, el principio del código abierto representaba, «a largo plazo, una amenaza para la conciencia de marca de nuestra empresa». Al contrario de lo que mantenía Microsoft en público por entonces, los grandes proyectos basados en la actividad de las comunidades de expertos diseminados por todos los continentes ya habían demostrado la viabilidad de los programas informáticos libres y de código abierto, y todos ellos alcanzaban a sostenerse gracias a la simple implantación de unos cuantos mecanismos legales de notable solidez, como la Licencia Pública General de GNU[49]. Por esta época ya existían «pruebas más que espectaculares» que indicaban que la calidad de los programas de código abierto igualaba o superaba incluso la de sus equivalentes patentados. Muy en particular, cabía destacar el hecho de que la propia internet funcionara en gran medida sobre la base de un código abierto. En resumen, los códigos abiertos contaban con un activo importantísimo: el de la credibilidad. Valloppillil se hacía por tanto la reflexión de que Microsoft se encontraba en una difícil posición, ya que no tenía que «apuntar» a un competidor concreto, sino a un «proceso» —un proceso además que se había ganado a pulso la confianza de que gozaba—. A continuación exponía la posibilidad de emplear el dinero para obtener una solución: Microsoft podía limitarse sencillamente a supervisar lo que ocurría en los grupos de discusión relacionados con los códigos abiertos y proceder a contratar después a todos los codificadores que más hubieran destacado en esos coloquios (remedando así la estrategia que ya había puesto en práctica antes de la guerra la AT&T en el ámbito de las telecomunicaciones). Sin embargo, esa solución constituía una respuesta menos satisfactoria que la derivada de halagar desde la ambigüedad las virtudes de los programas informáticos libres y de código abierto. La verdadera propuesta que iba a sugerir Valloppillil era bastante más radical.

Valloppillil pondría sobre la mesa una estrategia consistente en «des-mercantilizar» los estándares que regían las recíprocas interacciones que se daban entre los programas de uso común. Estos estándares eran —y siguen siendo— la infraestructura básica del mundo digital (y buen ejemplo de ello podría ser el protocolo TCP/IP que se utiliza en las comunicaciones por internet, o los distintos algoritmos de compresión empleados para el envío de los archivos de audio y vídeo). La habitual impresión que tenemos de que la cultura digital es de naturaleza intrínsecamente universal descansa en el hecho de que se trate, en la práctica, de una realidad compartida por todos los fabricantes y todas las naciones. La estrategia que iban a plantear los documentos de Halloween para luchar contra los programas informáticos libres y de código abierto habría de exigir por tanto que Microsoft creara sus propios protocolos y alcanzara a venderlos con la misma profusión con que difundía cualquiera de los estándares en vigor, animando al mismo tiempo a los programadores a concebir aplicaciones para dichos protocolos. Esto acarrearía inevitablemente que los estándares resultaran inútiles, de modo que a los desarrolladores de programas acabaría resultándoles muy difícil generar códigos capaces de funcionar con predecible corrección en un entorno dominado por un gran número de sistemas diferentes. En tales circunstancias, el importantísimo activo de la credibilidad de que disfrutaban los códigos abiertos menguaría rápidamente. Se trataba de una propuesta harto verosímil, y de hecho Microsoft adoptaría una estrategia similar para combatir el potencial que tenía el lenguaje de programación Java para sustituir el trabajo con ordenadores de sobremesa por la realización de tareas directamente en la red. Al revelarse el contenido de los documentos de Halloween, los defensores de los códigos abiertos arremeterían contra la idea por considerarla taimada, maquiavélica y tecnológicamente cáustica. Las protestas iban a cobrar tal envergadura que Microsoft se vería obligado a renegar del plan[50].

Con todo, en medio de toda esta agitación iba a pasar relativamente desapercibida una interesante disputa sobre la credibilidad. El memorando que contenía los documentos de Halloween descansaba en el establecimiento de una distinción entre los programadores experimentados y los usuarios. El texto de Valloppillil admitía que podría haber unos cuantos expertos que se sintieran más seguros si tenían la posibilidad de acceder al código fuente, pero era perfectamente plausible que la generalidad del público lego en la materia prefiriera disponer de lo que el memorando denominaba «un modelo de confianza dotado de credibilidad organizativa» —y había que aceptar además que se trataba de una preferencia racional—. Esto significaba que lo más probable no era que la inmensa masa de usuarios no expertos depositara su confianza en el código en sí (que resultaba inaccesible para ellos, ya tuviera carácter «abierto» o no), sino que optara en cambio por dar credibilidad a la institución que viniera a declararse autora del mismo y asumiera la responsabilidad de responder de su funcionamiento. Si Microsoft atestiguaba que un determinado API (esto es, un protocolo de intercambio entre programas) actuaba de una manera específica, habría de hecho muy poca gente que diera en dudar de que así fuese. Incluso los expertos tenderían razonablemente a creer lo que afirmara una empresa que se declarara autora de un programa antes que aventurarse a tomar la iniciativa de ejercer la poco práctica prerrogativa de comprobar todas y cada una de sus subrutinas. Dicho en términos más generales, la confianza depositada en una corporación empresarial podía muy bien venir a sustituir a la supuesta capacidad de examinar un código por cuenta propia. En la práctica, las competencias técnicas individuales casi nunca lograban sobreponerse a una práctica colectiva. Como es obvio, este planteamiento dependía de que se considerara que el código abierto constituía antes una masa de individuos que una institución por derecho propio —aunque eso fuera precisamente lo que resultara atractivo para la libertaria imagen personal que cultivaban sus defensores—. En efecto, esta argumentación iba a determinar que los códigos abiertos de la comunidad que abogaba en favor de un acceso democrático a la información tuvieran que enfrentarse a la controversia de que tanto la confianza como el conocimiento individual constituían la base fundamental del orden epistémico y social, incluso en el caso de las comunidades de carácter técnico[51]. Eric Raymond sospechaba que esa polémica estaba sesgada —dado que, según sostenía, únicamente los gestores se apoyaban en la «confianza», mientras que los verdaderos desarrolladores preferían contar con el libre acceso—. Sin embargo, admitiría que aquella era una estrategia con la que Microsoft podía llevarse de hecho el gato al agua.

Resulta significativo, no obstante, que a pesar de que la propuesta de Valloppillil diera a la competencia por la credibilidad un carácter reconocible según los términos acuñados por la experiencia acumulada previamente por la industria informática, viniera a reconocer asimismo que Microsoft no podía salirse con la suya mediante el simple expediente de desempolvar y reutilizar el conjunto de tácticas con las que se habían familiarizado las generaciones anteriores. La estrategia más tradicional e insidiosa de la industria era la que se conocía con el nombre de fudding (o «inducción al miedo»). La palabra inglesa procede de las siglas FUD (acrónimo de «fear, uncertainty y doubt»), y se había acuñado originalmente en los años sesenta a raíz de una práctica utilizada por un viejo monolito de la informática: la IBM. Su significado aludía a la artimaña consistente en insinuar la existencia de motivos de recelo acerca de la longevidad, la seguridad y la fiabilidad de los programas informáticos de una entidad competidora con el objetivo de quitar a los consumidores la idea de comprar sus productos. La ocurrencia se apoyaba en el presupuesto de que los gerentes de las empresas intermedias preferirían no asumir riesgos al adquirir un determinado programa, de modo que si les parecía percibir la existencia de un cierto elemento de inseguridad había que pensar que lo normal sería que optaran por la fiabilidad de un programa conocido en lugar de adquirir otro alternativo que quizá fuese mejor. La solidez de dicha estrategia descansaba en la existencia de aquel vínculo entre la autoría y la credibilidad que se había venido forjando en los largos siglos que duraban ya los debates relacionados con la piratería. Además, se daba la circunstancia de que había motivos para pensar que ahora la estrategia habría de revelarse más eficaz que nunca, ya que la piratería y la burla de los sistemas de seguridad de los programas informáticos estimulaba la idea de que la red era un espacio peligroso y repleto de incertidumbres. De hecho, todo el mundo reconocía que el mecanismo de la inducción al miedo había sido una de las tácticas más extendidas en los primeros años de actividad de internet, ya que en esa época se solía representar el ciberespacio como un verdadero nido de víboras.

Sin embargo, no tardaría en descubrirse que los códigos abiertos resistían perfectamente las mordeduras de esas serpientes. En último término, lo que realmente mostraban los documentos de Halloween era que los códigos abiertos habían quebrado la acompasada cadencia de marcha que unía los pasos de la credibilidad con los de la autoría. La dispersión de la creatividad desafiaba los parámetros de una identificación que había venido prevaleciendo desde que dieran en forjarla los conflictos surgidos en torno a la piratería durante los primeros años de la Ilustración. De hecho, los programas de código abierto no solo revelaban ser menos vulnerables a los virus que los de Microsoft, sino que sus desarrolladores eran capaces de reaccionar con mayor rapidez a sus ataques. Si la deslocalización de la autoría llevaba aparejada una mayor dosis de resiliencia y de adaptabilidad, como parecía estar ocurriendo ahora, entonces el propio temor que podían terminar suscitando las prácticas de inducción al miedo podía volverse contra los autores de los productos patentados, aunque su volumen de ventas fuese tan inmenso como el de Microsoft. En este espacio, la existencia de una propiedad intelectual fuerte creaba sus propias incertidumbres. De este modo se descubrió de pronto que la inducción al miedo era, en el mejor de los casos, inútil. Por la misma razón, el momento en que los códigos abiertos recibieron el espaldarazo definitivo fue aquel en el que su mayor oponente comprendió que el fundamento de la credibilidad había experimentado un vuelco fundamental. Ese había sido el motivo que había inducido a considerar, en los documentos de Halloween, la posibilidad de recurrir a la apocalíptica estrategia de socavar la infraestructura misma de las redes digitales. Únicamente planteando un desafío a los estándares técnicos vigentes podía volver a unirse el destino de la autoría y el reconocimiento del mérito.

Consciente de la amenaza que se cernía sobre la idea, Eric Raymond instó a los desarrolladores de programas de código abierto a responder con el lanzamiento de sus propios protocolos «de confianza». No podían basar todo su trabajo en el principio del código abierto en sí. Antes al contrario, lo que tenían que hacer era desarrollar una cultura fundada en autores acreditados y conocidos, esto es, una cultura de «editores de buena reputación», como ya sugirieran O’Reilly o Addison-Wesley en el ámbito de la letra impresa (e implícitamente en la esfera de la edición científica). Dicha cultura, conjeturaba, podía «suplir la “confianza” en una organización definida en función de sus protocolos API de intercambio entre programas». Era notable el parecido que presentaba esta estrategia con los criterios de confianza y fiabilidad propuestos en las épocas anteriores al surgimiento de los archivos digitales. El mundo digital quizá no fuera tan revolucionario a fin de cuentas, dado que en un terreno dominado por las acciones piráticas el frente de combate podía volver a gravitar sobre la credibilidad, teniendo que luchar por ella quienes aspiraran a hacerse un hueco en dicho ámbito.

En resumen: los orígenes de la cultura digital en la que nos hallamos ahora inmersos —es decir, una cultura en la que la piratería se ha elevado a la categoría de transgresión definitoria— deben parte de su perfil a un conjunto de cuestiones vinculadas con la creatividad y los ideales comunitarios —cuestiones que en los momentos críticos quedarían ahormadas a la manera de una escala de valores—. Y el hecho de que la configuración de dicha cultura discurriera por esos cauces sería a su vez una consecuencia de los debates vividos a mediados del siglo XX en relación con las telecomunicaciones, el monopolio de las patentes y la naturaleza de la ciencia. Gracias a las prácticas que hicieron surgir esos debates, la domesticación de la creatividad se había convertido ya en un objetivo valorado y contrapuesto al mundo de «los medios» —presidido por el conformismo y las perspectivas empresariales— mucho antes de que surgiera la piratería digital. Para ser más concretos, las prácticas llamadas a dar lugar al nacimiento de la piratería informática habían sido las asociadas con la radio, el teléfono y la piratería doméstica. Muchos de los primeros digerati profesaban unos ideales libertarios con los que habían entrado originalmente en contacto a través de la piratería radiofónica y las actividades de los radioaficionados. En términos prácticos, la piratería telefónica había constituido una pasarela que había permitido salvar la distancia entre el aventurerismo telefónico por un lado y la exploración digital por otro. Y además, los primeros entusiastas de los ordenadores domésticos harían suyas tanto las tecnologías dependientes de las casetes como las costumbres de convivencia de los aficionados a las grabaciones caseras. Este estado de cosas iba a tener múltiples consecuencias, pero las cuestiones relacionadas con el crédito —esto es, las asociadas con la confianza, la autoría y la autenticidad— habrían de revelarse centrales en este sentido. Las competencias técnicas, por ejemplo, dejarían de ir de la mano de la identidad profesional. Dichas competencias volverían a adquirir así un carácter radicalmente inestable y, según se decía, el único modo de alcanzar a vislumbrar su verdadera ubicación pasaba por consultar las opiniones de los demás activistas del ramo, con independencia del lugar en que se emitieran esas opiniones y de la afiliación profesional de quienes las sugirieran. No obstante, es obvio que la localización de una o más fuentes de opinión autorizadas y la posibilidad de distinguirlas de los pareceres espurios iban a ser cuestiones abocadas a convertirse en problemas acuciantes.

El mundo empresarial trataría de explotar estos extremos de diversas formas, y la inducción al miedo habría de ser una de ellas. La explotación de los recelos jugaría con las incertidumbres que asediaban a los usuarios (del mundo empresarial), instándoles a recuperar el vínculo entre la autoría y la credibilidad en nombre del deseo de primar la seguridad. Esta estrategia funcionaría durante un tiempo, pero parecería inevitablemente destinada al fracaso al chocar con las formas de autoría distribuida surgidas de los principios piráticos concebidos a mediados del siglo XX y afianzados a través de la red. Los programas de código abierto disfrutaban de una «gran credibilidad a largo plazo» debido a que el público entendía que no solo eran menos susceptibles de provocar situaciones de inestabilidad informática, sino que resultaban también menos vulnerables a los ataques de los virus y tenían menos posibilidades de dejar colgado al usuario en el futuro. Las tornas habían cambiado —y no solo como consecuencia de las transformaciones tecnológicas vividas, sino a causa de un conjunto de convicciones profundamente arraigadas que afectaban al modo en que se explotaban las nuevas posibilidades tecnológicas.

Una de las respuestas que habrían de sugerirse a esta mutación de tan notable carácter radical consistiría en proponer la adopción de una estrategia basada en otro elemento central de la ciencia y la tecnología modernas: los estándares. La idea consistía en considerar que los estándares no eran precisamente elementos a los que hubiera que adaptarse, sino protocolos a superar. De haberse seguido por esta vía se habría socavado la uniformidad de las redes digitales. Es decir, se habría puesto en peligro una de las propiedades mismas que tan a menudo pasa por ser una de las virtudes inherentes y definitorias de internet, aquella que permite que el sistema disfrute de un alcance global. Y lo habría hecho con el fin de reafirmar el debilitado vínculo existente entre la autoría y la credibilidad. Además, dicho vínculo parecía constituir por esa época el principal axioma del buen orden en los ámbitos de la creatividad y el comercio. Y una de las interrogantes centrales de nuestro tiempo es todavía la de hallar el modo de conciliar ese axioma con las capacidades de internet.

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PASADO, PRESENTE Y FUTURO

Daniel Defoe es el autor de la primera clasificación de la piratería intelectual, puesto que la concibió hace casi exactamente tres siglos. La dividiría en un puñado de categorías simples como las del resumen, la ejemplificación o la reimpresión en caracteres de tamaño inferior al original[1]. En la actualidad, cualquier taxonomía equivalente que nos propusiéramos realizar abarcaría una inmensa variedad de transgresiones, como la adquisición fraudulenta de información confidencial, la suplantación de identidad, la biopiratería, el robo de semillas, etcétera, etcétera. La multiplicidad de los delitos alcanzaría a desconcertar incluso a una persona con tantísimo mundo como Defoe. Dado que el número de realidades que se hallan en nuestros días sujetas a la protección de la propiedad intelectual supera todo lo conocido anteriormente —puesto que hay que considerar beneficiarios de su amparo a los discos, a los algoritmos, a las creaciones digitales, a los genes e incluso a algunos organismos vivos—, es claro que existen determinadas prácticas que, si bien no se habrían considerado víctimas de la actividad pirática, ni siquiera de manera potencial, hasta época relativamente reciente, sí que podrían juzgarse en cambio actualmente expuestas a su acción. Por otra parte, si las dimensiones de la economía de la información han aumentado considerablemente, también sucede que la piratería ha logrado metastatizar a tal punto que no parece haber ya nadie capaz de comprenderla y dominarla cabalmente. Algunas de las formas que adopta constituyen empresas en toda regla. En los ámbitos de la retórica política y económica, las acusaciones relacionadas con la piratería han pasado a convertirse en el tipo de imputación más característico de estos tiempos, constituyendo ya un elemento omnipresente en la configuración de la política comercial, tanto a nivel nacional como internacional[2].

En este contexto, la peripecia vital de la piratería muestra dos implicaciones principales. La primera de ellas deriva del hecho de que la propiedad intelectual no existe sino en la medida en que se la reconozca, se la defienda y se actúe en consecuencia. Esto equivale a decir que se trata de una cuestión práctica. Si adquiere una forma definida no es únicamente como consecuencia de la promulgación de leyes y el establecimiento de tratados, ya que su perfil deriva también de los efectos que tienen las acciones emprendidas por las sociedades que hacen cumplir esas normas y pactos tanto en los hogares como en las oficinas, las fábricas y las facultades. Los desafíos que surgen exigen respuestas, y el papel de la propiedad intelectual en la vida cotidiana constituye en realidad un reflejo de la historia de la interacción entre esos retos y las medidas adoptadas. Sin embargo, en los últimos años el carácter de esa interacción se ha modificado. Al mismo tiempo que crecía y se diversificaba la piratería ha ido emergiendo una industria que, siendo contraria a sus acciones, se dedica a combatirla. Tanto la coherencia como el alcance de esta industria son elementos relativamente nuevos, y desde luego notables. En los siglos anteriores ya hemos constatado la existencia de grupos o industrias concretos resueltos a adoptar medidas destinadas a contrarrestar la acción pirática. Sin embargo, lo que observamos es que, por regla general, ninguno de esos antipiratas daba en considerar que sus esfuerzos constituyeran un frente común, encaminado a la consecución de una misma causa. Hoy día, por el contrario, ese es justamente su punto de vista. Actualmente se despliegan los mismos instrumentos, tácticas y estrategias para resolver un conjunto de conflictos que en otras épocas se habrían juzgado en cambio un simple puñado de choques aislados. Por consiguiente, lo primero a que nos insta la asunción de este estado de cosas es a valorar una necesidad: la que debe conducirnos a apreciar la significación histórica de esta industria de la adopción de medidas antipiráticas y a comprender sus consecuencias —y ello en todos los planos sociales—. La segunda implicación se deriva de la anterior. En ocasiones, las medidas que se adoptan para combatir la piratería pueden venir a incidir en otros aspectos, igualmente valiosos, de la vida social. De hecho, es posible que deban afectarles necesariamente, dada la naturaleza del empeño. No obstante, cuando eso sucede, puede darse el caso de que vengan a desencadenar reacciones muy vehementes. Lo que se produce en tales casos es una crisis, una crisis que tiene la capacidad potencial de alumbrar un periodo de auténtica transformación. Ya hemos asistido en épocas anteriores al surgimiento de periodos de ese tipo. Sin embargo, es probable que dicho cambio adquiera hoy unas proporciones tanto más abultadas cuanto que también se ha ampliado muy considerablemente el alcance de las acciones contrarias a la piratería. Es posible por tanto que la relación existente entre la creatividad y el comercio esté a punto de experimentar un profundo cambio. Será la revolución más radical jamás vivida en el ámbito de la propiedad intelectual desde mediados del siglo XVIII. Es posible que venga a suponer incluso el fin de la propiedad intelectual misma.

La industria dedicada a la defensa de la propiedad intelectual

Es hora de revelar al lector que mientras leía este libro se ha venido desplegando calladamente una narración concreta. Me refiero al relato que ha venido exponiendo el surgimiento de una industria concebida con el doble propósito de hacer frente a lo que hemos dado en llamar piratería y de defender lo que conocemos con el nombre de propiedad intelectual. En las últimas décadas, esta industria ha disfrutado de un rápido crecimiento, consolidándose asimismo a no menor velocidad. Se ha convertido en una empresa sistemática, global y de elevado nivel tecnológico que se ha desarrollado en paralelo a los más célebres sectores de los medios digitales y la biotecnología. Podríamos concebirla como una industria consagrada a la defensa de la propiedad intelectual.

La industria consagrada a la defensa de la propiedad intelectual comenzó a adoptar la forma que hoy presenta en la década de 1970. Surgió de un conjunto de impulsos inicialmente dispersos en distintos sectores específicos, siendo al mismo tiempo producto de una serie de operaciones internas puestas en marcha por diferentes negocios concretos. A medida que fuera consolidándose, esa industria iría reclutando personal, reuniendo aparatos y acumulando prácticas, siendo así que el origen de todo ello hay que buscarlo, muy a menudo, en los círculos de la policía o el ejército, debido a que entre las personas empleadas encontramos a un buen número de exoficiales y a que entre las prácticas aludidas destacan las técnicas de vigilancia y los métodos de codificación. Al final del proceso acabaría constituyéndose un tipo de empeño bien diferenciado y provisto de ramificaciones en las esferas de la actividad digital, en los sectores farmacéutico y agrícola, y en otro tipo de ámbitos. A mediados de la década de 1980, la iniciativa se había convertido ya en un empeño de carácter multinacional. En esa época se crearon secciones destinadas a la adopción de medidas contra la piratería en Asia, África, Europa y las Américas. La Asociación Cinematográfica de los Estados Unidos, por ejemplo, no solo sostenía económicamente una serie de sedes que denominaba «Oficinas de Seguridad Cinematográfica» en Los Ángeles, Nueva York y Londres, sino que hacía otro tanto en París, Hong Kong y Sudáfrica[3]. La coordinación de dichas oficinas corría a cargo de un Grupo de Inteligencia Conjunto de Lucha contra la Piratería (Joint Anti-Piracy Intelligence Group —o JAPIG según sus siglas inglesas—) fundado en el año 1984 como homólogo de la Interpol en el campo de la propiedad intelectual. Este Grupo estaba facultado para seguir la pista de los cargueros que cruzaban los océanos y solicitar a los agentes de aduanas locales que los interceptaran al atracar en puerto. En la década de 1990, este tipo de organismos quedaron transformados en actores internacionales en pie de igualdad con los gobiernos, las Naciones Unidas y la Interpol, hallándose investidos de la potestad de supervisar las conductas asociadas con la globalización. En el año 2006 se pondría en marcha en Roma el Cuerpo Internacional Especial para la lucha contra la Falsificación de Productos Médicos de la Organización Mundial de la Salud —una tardía pero importantísima ampliación del marco de actuación—. Llegadas las cosas a este punto, la adopción de medidas contrarias a la piratería quedaría convertida en lo que hoy conocemos: una multifacética empresa de enormes dimensiones en la que vienen a confluir los intereses y la capacidad de acción de los Estados, las corporaciones empresariales, las multinacionales y los organismos mundiales[4]. Considerado en su conjunto, este empeño configura eficazmente las características de la propiedad intelectual en un sinnúmero de situaciones prácticas. Desde luego, no hay duda de que resulta posible rastrear la creciente sistematicidad con que se aplica la propiedad intelectual en la era de la globalización —y quizá sea también posible dar cuenta de ella—. Para lograrlo, basta con seguir la forma en que evoluciona la expansión de su observancia práctica en toda una serie de regiones geográficas y de ámbitos sociales nuevos.

Los esfuerzos destinados a defender la propiedad intelectual frente a los ataques de la piratería están verificándose en todas las esferas de la economía actual, pero destacan de manera particularmente visible en tres bien concretas: en los medios de comunicación, en el sector farmacéutico y en la agricultura. (La biotecnología queda incluida en estos dos últimos campos). En cada uno de estos terrenos, la empresa centrada en el cumplimiento de las leyes vinculadas con la propiedad intelectual trata de imponer disciplina en un mundo que considera integrado a un tiempo por productores y consumidores de objetos susceptibles de reclamar derechos de propiedad intelectual. Para lograrlo no solo se permite intervenir de forma preventiva al objeto de impedir la comisión de actos piráticos, sino emprender también operaciones destinadas a atajar o a responder a cuantas alcancen efectivamente a consumarse. Sin embargo, también actúa como entidad coordinadora de aquellos esfuerzos de orden general que vayan encaminados a la concreción de cambios en las leyes, tanto nacionales como internacionales. En un plano global, la industria antipirática vigila los movimientos efectuados en el mundo digital e investiga las comunidades virtuales. En el plano local, incide en la actividad de las haciendas, los lugares de trabajo y los hogares físicos. En general se comporta como una ejemplar empresa de índole posindustrial. Las principales entidades que la integran son, justamente, entes híbridos en los que no solo vienen a mezclarse los intereses públicos y los privados, sino en los que acaban también por confluir las capacidades físicas y las virtuales. Son empeños provistos a un tiempo de facetas tecnológicas, administrativas, informativas y productivas. Es más, no solo previenen la comisión de actos de piratería, sino que también disuaden a sus posibles perpetradores y los detectan, midiendo los efectos de la piratería en un determinado ámbito. Lo que hoy sabemos acerca de la piratería —sobre sus niveles de incidencia, su localización, sus costes y sus beneficios— suele proceder por regla general de lo que esta industria observa y nos transmite. Lo que ignoramos en este mismo campo —principalmente sus fundamentos e implicaciones culturales— es también lo que la mencionada industria no alcanza a observar por sí misma.

En el momento en que escribo estas líneas, el Congreso estadounidense acaba de realizar una votación para formalizar todo este asunto. Ha aprobado una ley que estipula la creación de la figura de un «coordinador de la observancia de las normas relacionadas con la propiedad intelectual», figura que deberá actuar a las órdenes de la Oficina Ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos. El funcionario encargado de esta tarea tendrá por misión el establecimiento de vínculos con las compañías y las asociaciones comerciales, instándolas a crear y a llevar a cabo un Plan Estratégico Conjunto destinado a la adopción de medidas políticas contra la piratería en todo el mundo. Inevitablemente, ya se ha empezado a dar a este coordinador el nombre de «zar de los derechos de autor», queriéndose decir con ello, implícitamente, que la idea consiste en organizar una «guerra contra la piratería» análoga a la que ya se libra actualmente contra las drogas. Ha de señalarse no obstante que los antecedentes de esta medida no auguran nada bueno. Hasta la administración Bush, ya en los últimos días de su mandato, habría de mostrarse recelosa, puesto que no acabaría de decidirse ni a convertir a los juristas del gobierno en abogados de las corporaciones empresariales ni a declarar una nueva y engorrosa contienda de resultado seguramente incierto. Sin embargo, el 13 de octubre de 2008 el presidente Bush rubricaba dicha medida, confiriéndole así rango de ley. Sean cuales fueren las consecuencias que esta norma pueda tener en el futuro, no hay duda de que habrá de añadir amplitud y alcance a un proceso que ya hace tiempo que inició su andadura[5].

Por ejemplar que resulte, las raíces históricas de este empeño son a un tiempo hondas y reveladoras. En último término, sus orígenes radican en las costumbres asociadas con el mantenimiento de la correcta reputación de aquellos sectores comerciales de la primera modernidad cuyo perfil esbozamos en el capítulo 2. Lo que observamos en ese periodo, de carácter decididamente fundacional para la idea de una propiedad en los ámbitos de la literatura y las invenciones mecánicas, es que el elemento común tanto a las patentes como a las actas registrales de los distintos gremios pasaba por el hecho de que el beneficiario de un determinado título de propiedad se viera obligado a tomar medidas para lograr que no quedase en simple papel mojado. Eran muy escasas las perspectivas de que el Estado pudiera emprender alguna clase de acción para respaldar las demandas de esos beneficiarios. Existía por el contrario un supuesto sólidamente afianzado que venía a sostener que eran los integrantes de cada una de las comunidades comerciales concretas los que debían colaborar de facto para conferirles realidad. Por este motivo, la localización y la caza de los «piratas» de libros impresos sería un asunto inicialmente reservado a los impresores o a los editores afectados. Y para poder llevar esa tarea a la práctica, uno de los privilegios de más decisiva relevancia habría de ser el vinculado con el derecho a proceder al registro de los locales de los cofrades de sus respectivos gremios. Los agentes de policía carecían de ese derecho, ya que no emanaba de la condición de ciudadano, sino de la pertenencia a una comunidad comercial dada. En Londres, la responsabilidad de la lucha contra la piratería recaía en el ordenanza mayor de la Compañía de libreros, puesto que él era el encargado de organizar las pesquisas —las cuales no tardarían en convertirse en acontecimientos rutinarios—. Los actos piráticos denunciados se elevaban a la consideración del Salón de los libreros, donde las más destacadas figuras del sector se encargaban de adoptar las decisiones pertinentes respecto a la reparación debida. O dicho de otro modo, la determinación práctica de una vulneración de la propiedad literaria (como habría de denominársela posteriormente), así como la concesión de un respaldo al perjudicado, eran cuestiones ambas de carácter privado, tanto en el sentido de ser asuntos a dirimir en el ámbito interno de una comunidad comercial concreta como en el de tener que permanecer ocultos a los ojos de los autores y los lectores. Y lo que hacía que tuviera sentido confiar en la honestidad del sistema, en teoría cuando menos, era el hecho de que existieran muchas probabilidades de que el funcionario que autorizara el registro del domicilio de un impresor en un determinado ejercicio anual pudiera ser a su vez objeto de una investigación posterior, ordenada en este caso por el impresor anteriormente afectado, ya que también este estaba llamado a ejercer las labores propias del cargo poco después, dado que se atendía por turno. El principio de la divulgación social —que algunos autores decididos a defender el republicanismo cívico, como James Harrington, convertirían en axiomas básicos de la esfera política— determinaría que los límites entre las acciones realizadas en beneficio del ámbito público y las destinadas a satisfacer intereses particulares resultaran frecuentemente borrosos[6]. (El empleo de términos como «interés», que no procede de ninguna coincidencia, es algo que debemos a los usos propios de este periodo). Podría afirmarse incluso, y no sin cierta verosimilitud, que esos límites tenían que permanecer difusos, dado que el éxito dependía de un conocimiento que emanaba de las personas con las que uno se relacionaba en el ámbito local. Un funcionario debía conservar la consideración de vecino de confianza para tener acceso a ese conocimiento. En las ciudades de la primera modernidad existía un conjunto reticular e interconectado de funcionarios públicos —bedeles, capilleros, policías— que se infiltraban en la sociedad y la vigilaban, y ello en todos los planos de la vida social y en prácticamente la totalidad de las actividades profesionales. Estos individuos mantenían el orden amparados por la circunstancia de ser categorialmente imposibles de diferenciar de las personas a las que sometían a supervisión. Este sistema conseguiría que el lema basado en «proceder como te exigiría que lo hicieses [la autoridad]» terminara convirtiéndose en el fundamento del orden en las artes y los oficios[7].

A primera vista, las patentes constituían un caso aparte debido a que los conflictos a que pudieran dar lugar se remitían a los tribunales de justicia. Sin embargo, en la práctica, la observancia de las prerrogativas que se concedían con ellas también venía a constituir en buena medida un asunto de índole privada. La persecución de aquellos individuos que infringieran los derechos amparados por una patente dependía de que los beneficiarios de la misma decidieran o no tomar la iniciativa, y el éxito del empeño quedaba al albur de que estos pudieran o no acceder a la información de quienes conocieran internamente los detalles del asunto. Para empezar, la obtención de una patente exigía disponer de una buena dosis de habilidad táctica, además de una sólida paciencia, una dedicación constante y una importante cantidad de dinero. La conservación de la titularidad de la misma requería nuevos aportes de energía y efectivo. De hecho, a partir de finales del siglo XVII, si no antes, comenzarían a escucharse propuestas destinadas a incrementar el carácter privado de la supervisión de las patentes, precisamente con la intención de conseguir que el procedimiento resultase más justo. La idea consistía en evitar que estas disputas, cuya naturaleza era muy a menudo notablemente técnica, cayesen en manos de jueces mal informados. De este modo podría confiarse su resolución a un organismo integrado por personas más expertas. La Real Sociedad de Londres en particular maniobraría en repetidas ocasiones a fin de lograr que se le atribuyera esa función. No alcanzaría a conseguirlo, pero su sistema de actas registrales sería un método precursor de las normas que, andando el tiempo, habrían de informar la conducta científica moderna relacionada con los descubrimientos y la prioridad del mérito. Los planes encaminados a la constitución de un tribunal autónomo compuesto por expertos han seguido contando con apoyos hasta nuestros días, y han logrado materializarse parcialmente en varios países (entre los cuales cabe destacar a los Estados Unidos, cuya Corte de Apelaciones, en su Circuito Federal, asume esta responsabilidad).

Pese a su carácter privado, la vigilancia del cumplimiento de los amparos asociados con la propiedad intelectual en los inicios de la modernidad vendría a alumbrar un conjunto muy característico de formas de relación con las autoridades públicas. Las personas encargadas de lanzar sobre sus oponentes la acusación de alterar el buen orden social verían casi desde el principio la oportunidad de ampliar el alcance de dicha acusación alegando que las actividades del imputado constituían además un peligro para la Iglesia y el estado. Y cuando decidían emprender esa vía, podía darse perfectamente el caso de que los transgresores se vieran finalmente ante los tribunales —no por la comisión de actos de piratería, sino por haber impreso una obra sin licencia o haberla sacado al mercado con intenciones sediciosas—[8]. No obstante, en esos casos resultaba igualmente muy posible que entraran en juego otros elementos característicos de los métodos comúnmente utilizados en la modernidad temprana para hacer cumplir las normas. Uno de esos elementos sería la propensión a convertir en policías a los filibusteros. Se daría así en conceder patentes a los impresores piratas. Uno de los más notables, Henry Hills, llegaría incluso a ser nombrado maestre de la Compañía de libreros. Otra de las respuestas características a los apremios de la época sería el recurso a los informadores. Al parecer, algunos piratas, entre los cuales hay que incluir al propio Hills, se apresurarían a vender sus servicios al gobierno, y no tardaría en arraigar la convicción —muy persistente, por otro lado, según habría de revelarse con el tiempo— de que el empeño destinado a materializar el buen orden dependía de su cooperación. Si se necesitaba la colaboración de los renegados y los informadores era debido al problema fundamental al que tenía que enfrentarse el control de la piratería en la modernidad temprana: la inviolabilidad del domicilio. De este modo, las medidas encaminadas a lograr el cumplimiento de las normas de amparo a los productos de la creatividad irrumpieron en el ámbito público, empleándose para ello, en muchos casos, a valedores de comportamiento tristemente cáustico.

Las medidas privadas para el cumplimiento de las leyes iban a conservar su carácter consuetudinario hasta finales de la modernidad temprana. En realidad, puede decirse en cierto sentido que el abandono de esta práctica vino señalar de facto el fin de ese periodo. En el siglo XVIII iban a producirse varios acontecimientos llamados a arrojar dudas sobre los principios subyacentes a esta vigilancia privada —dudas que acabarían por desacreditar el método—. Las teorías del interés, por utilizar la jerga del republicanismo clásico, terminarían por cubrir de escepticismo al principio en sí. Y algunos escándalos, como el del general Jonathan Wild —un hombre que se dedicaba a atrapar ladrones y que fue ahorcado por cooperar en secreto con los propios delincuentes que se le había encargado capturar—, vendrían a reforzar dicho escepticismo. Y al convertirse el inmenso monopolio de la Compañía Británica de las Indias Orientales en uno de los objetivos prioritarios de los radicales opuestos a las políticas monopolísticas, tanto en el plano comercial como en el imperial, la controversia que habría de suscitarse alcanzaría asimismo a las corporaciones empresariales de la metrópoli. Como era de esperar, el control de la propiedad literaria también habría de sucumbir a una crisis propia en el transcurso de este mismo periodo. Al verse enfrentados a los reimpresores escoceses e irlandeses, los libreros y editores londinenses responderían de un modo muy similar al que habían empleado los oligarcas de la Compañía Británica de las Indias Orientales al tratar de defender su mucho más dilatado ámbito de influencia. De este modo, los editores londinenses decidirían reclutar grupos de «agentes» propios para peinar la región en busca de actividades piráticas. Su objetivo no estribaba en asegurarse la obtención de una ley de protección de los derechos de autor, sino en mantener la observancia de una propiedad literaria de carácter perpetuo fundada en las costumbres gremiales —una idea basada en un principio muy distinto al anterior, y de hecho incompatible con él—[9]. Tal vez pueda considerarse este empeño como un intento destinado a hacer extensiva a otras regiones alejadas de Londres la antigua tradición de la vigilancia participativa del cumplimiento de las normas, o, si se quiere, como un empeño orientado a convertir esta última práctica en una realidad de alcance nacional en los albores de la Revolución Industrial. Lo cierto, sin embargo, es que, en la práctica, el tiro estaba llamado a salir por la culata, y con desastrosas consecuencias, ya que Alexander Donaldson, un reimpresor de Edimburgo, iba a optar por asumir el papel de capitán de los piratas y decidiría organizar el contraataque. Donaldson sostenía que la campaña —que se fundamentaba en el presunto derecho de los agentes privados a irrumpir en los domicilios— constituía una amenaza para la existencia misma de la esfera pública. Al oponérsele la presunción de que se estaban cometiendo actos de piratería, Donaldson insistiría en que eran justamente los llamados piratas quienes defendían lo público. La cultura y la Ilustración dependían de ellos[10]. En el año 1774, Donaldson salía victorioso del pleito entablado para dirimir la cuestión, obteniendo un veredicto que todavía hoy sigue siendo el más categórico que jamás se haya pronunciado en relación con los derechos de autor en toda la historia angloamericana.

Por consiguiente, la instauración de los derechos de autor era una cuestión vinculada fundamentalmente con las prácticas tendentes al cumplimiento de la ley y sus implicaciones —una cuestión que solo secundariamente venía a desembocar en la creación de un derecho positivo—. Es más, los asuntos derivados de los métodos de control seguirían cerniéndose amenazadoramente sobre el horizonte posterior al año 1774, llegando a alcanzar incluso una significación internacional conforme fuera revelándose que la tensión implícita entre la economía moral y la economía política estaba adquiriendo un carácter cada vez más patente con la llegada de la Revolución industrial. Y si alcanzó a florecer el ideal ilustrado del cosmopolitismo fue en parte debido a que no existía ningún régimen internacional de propiedad literaria e industrial que pudiese constreñirlo. Los peregrinajes del ingeniero Robert Fulton constituyen un buen ejemplo de las posibilidades de una situación semejante, ya que este individuo se trasladaría de Londres a París, regresando después a Londres, para finalmente partir a los Estados Unidos y tratar de vender allí distintas clases de armas con las que defender la ideología del libre comercio y una irrestricta navegación marítima[11]. Con el auge de las doctrinas del laissez-faire, el incremento de la fuerza de las ideologías vinculadas con la Ilustración y el ascenso de los imperios y las industrias, el conjunto de medidas que anteriormente habían suscitado un amplio consenso, como la inscripción de la propiedad intelectual en un libro registral y la obtención de patentes, acabarían siendo consideradas como otras tantas restricciones antinaturales e impolíticas destinadas a respaldar los intereses locales. Esta convicción alcanzaría su punto culminante durante la Revolución francesa, ya que esta decretaría la total abolición de la propiedad literaria. Sin embargo, en las décadas posteriores al estallido revolucionario, las naciones volverían a afirmar sus intereses. Todas ellas se enzarzarían en una competencia encaminada a la institución de unos regímenes autorales más estrictos —regímenes que después debían armonizarse en el ámbito internacional—. Dicha armonización acabaría convirtiéndose en el gran proyecto de buena parte del siglo XX. Y es que, en efecto, lo que estaba teniendo lugar era un dilatado proceso de transformación en la relación existente entre los privilegios literarios e industriales por un lado y el espacio político por otro. De este modo, en el momento de mayor esplendor de la era industrial, las Convenciones de París y Berna vendrían a señalar esa realidad instituyendo las primeras normativas internacionales aplicables a lo que ya había empezado a denominarse «propiedad intelectual».

Las modernas medidas de amparo a la propiedad intelectual tienen su origen en esa época. No obstante, lo cierto es que dichas medidas no habrían de surgir tanto de la renuncia a las prácticas anteriores como de su reorganización. La industria musical es buen ejemplo de ello. Con el explosivo auge de las agencias de detectives en general, el comandante en jefe de los batallones que combatían la piratería musical, Arthur Preston, comenzaría a reclutar un ejército antipirático propio integrado por exagentes de policía, ordenándoles que se dispersaran por todo el país. Sus actividades bordeaban la ilegalidad —ya que de no proceder de ese modo carecían de toda perspectiva de éxito—. Por todas partes empezaron a escucharse quejas de inconstitucionalidad, todas ellas de un tono similar al de las que ya suscitara en su día, siglo y medio antes, la conspiración de libreros y editores. Y frente a la invasión de los hogares y la amenaza de los vendedores callejeros surgiría una «Compañía Editora de Música Popular» a la que no iba a resultarle nada difícil justificar sus acciones aduciendo que su propósito consistía en derribar un despótico monopolio. En términos legales, el rey pirata que les capitaneaba no tenía modo de defenderse, pero no era eso lo que se dirimía. Lo que se ventilaba no apuntaba tanto al objetivo de dejar bien sentado cuál era el contenido de la ley sino a la necesidad de lograr que la operatividad de la norma se ajustara de modo coherente al carácter de la sociedad liberal. Y en ese extremo habrían de converger los principales motivos de preocupación del nuevo siglo, un siglo en el que habrían de proliferar y mejorar notablemente las técnicas antipiráticas, hasta el punto de permitir que la vigilancia electromagnética (como la de la furgoneta detectora, por ejemplo) viniera a sustituir la penetrante mirada de los agentes apostados frente al umbral del presunto transgresor.

En las décadas de 1950 y 1960 comenzaría a observarse la aparición de un conjunto de fuerzas antipiráticas, tan duraderas como provistas de adecuada financiación, en el ámbito de las industrias mediáticas. Y volverían a encontrar su plena justificación, una vez más, en la época de las grabaciones domésticas. En el año 1975, la Asociación Cinematográfica de los Estados Unidos contaba ya con una oficina permanente, integrada por exagentes del FBI, y a finales de la década de 1970 la Asociación de la Industria de Grabación Estadounidense llegaría a contribuir con cerca de cien mil dólares a la financiación de las investigaciones de ese organismo. Se produjeron decenas de incursiones, centenares de arrestos y miles de incautaciones. En el año 1982, hallándose en su apogeo el asunto del sistema Betamax, la unidad antipirática de la Asociación Cinematográfica estadounidense destinaba al solo fin de luchar contra los vídeos piratas un presupuesto anual de diez millones de dólares[12]. Esa sería la base que facilitara el despegue del control privado de la propiedad intelectual, despegue que se verificaría en paralelo con el mayor auge que se hubiera vivido en el mundo desde la época victoriana en materia de seguridad privada, control de infracciones y creación de milicias civiles. En el Reino Unido se asistiría ese mismo año a la formación de un consorcio entre la Asociación Británica de Videogramas, la Sociedad de Distribuidoras de la Industria del Cine y la Asociación Cinematográfica de los Estados Unidos —surgiendo así la Federación contra la Violación de los Derechos de Autor (o FACT, según sus siglas inglesas: Federation Against Copyright Theft)—. Ese organismo se dedicaría a partir de entonces a emprender acciones propias contra la piratería, fundando sus medidas en las llamadas órdenes de registro Anton Piller y confiando en ellas para reunir pruebas mediante la contratación de informadores. Esas órdenes de registro formaban parte de un paquete de medidas mediante el cual se facultaba al juez de una alta instancia judicial a conceder a los investigadores de una determinada entidad la potestad de registrar los locales de un presunto infractor e incautarse del material sospechoso sin que los afectados pudieran contar con el respaldo de un representante legal. Es decir, se trataba de una medida que venía a reactivar los privilegios de que ya habían disfrutado en su día los agentes de las asociaciones gremiales de la modernidad temprana, las mismas prerrogativas que Preston y sus hombres habrían de arrogarse por su cuenta y riesgo, padeciendo después en carne propia las consecuencias[13]. Solo en el segundo semestre del año 1928 la Federación contra la Violación de los Derechos de Autor conseguiría más de un centenar de órdenes de registro Anton Piller. Habría que esperar a que un impertinente pirata de la localidad de Luton decidiera impugnar aquellas medidas para que se comenzara a restringir la práctica. Llegadas las cosas a ese punto, el gobierno británico se apresuraría a promulgar una ley por la que se estipulaba que la piratería discográfica constituía un delito, circunstancia que transferiría la potestad de proceder a un registro y a una incautación de material a las fuerzas policiales ordinarias encargadas de perseguir esas y otras infracciones.

Otra de las modificaciones cruciales que habrían de verificarse en esta época sería la de la adopción de las tecnologías vinculadas con la lucha contra la piratería. Una de las primeras iniciativas de la Federación contra la Violación de los Derechos de Autor se encargaría de demostrar el potencial de dichas técnicas. La organización supervisó la inserción de un conjunto de marcas indetectables en los filmes de treinta y cinco milímetros que se distribuían a las salas de cine. De ese modo, si las marcas aparecían después en las copias pirateadas podía saberse qué cines se encontraban en el origen de la infracción. Tras la adopción de esta medida, se organizaron varios registros policiales, logrando así suprimirse a una de las bandas de piratas cinematográficos de mayor éxito del país. La obtención de este tipo de victorias haría crecer la pasión por las tecnologías visionarias, de carácter preventivo en unos casos y encaminadas en otros a poner de manifiesto una serie de actos piráticos ya consumados (o a tomar represalias contra ellos). Hacía ya mucho tiempo que se venía proponiendo la adopción de este tipo de tecnologías —la industria discográfica llevaba décadas ponderando la posibilidad de su utilización, y cabe argumentar que ya en el Renacimiento habían actuado los impresores como precursores de esa misma idea—[14]. Lo cierto, sin embargo, es que ahora esas técnicas iban a convertirse en el eje de todo un conjunto de persistentes investigaciones que no solo habrían de contar con la aprobación del Estado, sino que estarían dotadas de importantes partidas económicas para su materialización. A finales del siglo XX todos esos esfuerzos comenzarían a dar fruto. La cadena de televisión por satélite DirectTV vendría a confirmarlo al organizar la que todavía hoy sigue siendo la operación de lucha técnica contra la piratería más espectacular de todos los tiempos. La acción iba dirigida contra los «piratas de la señal [televisiva]», como los llamaba la compañía. Estos piratas informáticos utilizaban tarjetas descodificadoras ilegales para recibir gratuitamente las transmisiones que la DirectTV distribuía vía satélite. Durante años, los piratas tendrían la oportunidad de adquirir con relativa libertad dichas tarjetas en Canadá, ya que en ese país la DirectTV no poseía licencia de emisión. Al igual que Preston, la DirectTV no se limitaría a acusar a los piratas de un acto de violación de sus derechos de autor, sino que los encausaría asimismo por conspiradores, una actitud a la que los empresarios canadienses responderían apelando ruidosamente a los principios del interés público y la libertad de acceso a la información. Al final, la compañía consiguió una sentencia favorable a sus planteamientos en los tribunales canadienses. Sin embargo, antes de obtener ese respaldo judicial, e imbuida de un temor que habría de adquirir proporciones de leyenda entre los entendidos, la DirectTV había emprendido ya acciones por su propia cuenta. A principios del año 2001, y tras haberse preparado sigilosamente el terreno mediante la transmisión de una serie de fragmentos codificados durante un cierto número de meses, la empresa emitiría unas instrucciones cifradas al iniciarse el campeonato profesional de fútbol americano, desactivando de ese modo, y de forma simultánea, cerca de cien mil tarjetas descodificadoras ilegales. Según se dice, la DirectTV tendría incluso la ocurrencia de reescribir el primer grupo de bytes de las tarjetas inutilizadas a fin de que los espectadores recibieran un mensaje que dijera «game over». Los traumatizados piratas informáticos acabarían dando al acontecimiento el nombre de «Domingo Negro»[15].

Por espectacular que resultara en su día esta respuesta, lo cierto es que se trata de una acción poco representativa. En la inmensa mayoría de los casos, la tecnología antipirática ha sido de carácter preventivo, y su objetivo ha solido centrarse en lograr que las acciones de los piratas resulten impracticables. La búsqueda de este escudo tecnológico empezó a cobrar fuerza por la misma la época en que hacían furor las grabaciones domésticas. Y si se trataron de conseguir métodos de ese tipo fue a causa del malestar político generado (como suele ser habitual) al comprender el público que las acciones antipiráticas realmente eficaces exigían la violación de la privacidad doméstica. Si los hogares constituían un espacio sacrosanto, proseguía este razonamiento, entonces la única forma de detener la piratería casera debería pasar por realizar la intervención antes de que pudiera intentarse siquiera el copiado en sí. En este sentido, la contramedida de más triste notoriedad frente a las grabaciones domésticas sería la vinculada con un proyecto tecnológico ideado por la CBS —consistente en añadir una señal sonora extremadamente aguda al surco de los discos de larga duración con la que se esperaba impedir la grabación de los vinilos en una casete—. Esta medida se proponía garantizar la propiedad intelectual a expensas de la degradación del contenido mismo del producto. Lo cierto es que nunca llegaría a ponerse realmente en práctica, y en gran medida por este motivo. No obstante, en la era digital, volverían a reactivarse algunos de los planes asociados con la adopción de este tipo de sistemas, dado que en un archivo digital es posible incluir una señal sin afectar en modo alguno a la calidad de la grabación original. Los numerosos programas de gestión de derechos digitales (o DRM, según sus siglas inglesas: digital rights management) surgidos en las décadas de 1990 y 2000, pese a ser muy distintos, explotarían sistemáticamente este principio. Sin embargo, con la proliferación de dichos métodos acabarían surgiendo dos dificultades muy profundas y preñadas de consecuencias.

En primer lugar, los apaños tecnológicos se revelaron lamentablemente incapaces de ajustarse a las diferentes prácticas mundanas (o, por decirlo de otro modo, a las diversas economías morales) que existían en los muy variados contextos de utilización en que operaban. Al tratarse de sistemas algorítmicos tendían a comportarse de manera muy poco flexible. Puede que en ocasiones la gestión de los derechos codificados fuera bastante refinada, pero al mismo tiempo los mecanismos puestos en circulación resultaban burdamente insensibles a algunas cuestiones un tanto más borrosas, como la del «uso correcto». Del mismo modo, los mencionados mecanismos eran igualmente incapaces de hacer excepciones relacionadas con la localización de los archivos. En un principio se consideró que estas dificultades no tenían más que una importancia secundaria, dado que el contexto se hallaba marcado por la globalización de las leyes de amparo a la propiedad intelectual y por una expansión tal de las compañías mediáticas y los organismos dedicados a la lucha contra la piratería que dichas entidades habían terminado convirtiéndose en empresas transnacionales perfectamente coordinadas. Sin embargo, las prácticas locales y la sensibilidad de las personas de todo el mundo con estos temas acabarían revelándose tenazmente resistentes, siendo por tanto imposible subsumir sus pareceres y conductas bajo un mismo conjunto uniforme de instituciones y doctrinas. No se trataba de algo que pudiera abordarse mediante la revisión de los códigos jurídicos, puesto que venía a constituir un reflejo de otra cosa: la imposibilidad de reducir las prácticas culturales a dichos códigos. Por consiguiente, la tecnología antipirática llevaba aparejada la necesidad de conseguir que los métodos empleados se implicaran activamente en la defensa de esas prácticas —en la medida en que una determinada sociedad deseara efectivamente que se las defendiera.

En segundo lugar, los dispositivos tecnológicos resultaron ser menos fiables de lo que se pensaba. Los programas informáticos de gestión de derechos digitales (o DRM, por Digital Rights Management) podían piratearse, de modo que no se tardó en reventarlos, y las técnicas de codificación admitían ser descodificadas, así que ese fue también su inevitable destino. La escala de valores que impulsa a los grupos de piratas informáticos posee unas características que determinan que exista una elevada probabilidad de que este tipo de fallos no tarden en detectarse, de modo que no hubo que esperar demasiado para asistir a una amplia divulgación de los trucos necesarios para descodificar los mecanismos de control impuestos. (Vale la pena señalar que podría suceder otro tanto en el caso de la tecnología genética, debido al floreciente mundo de la biotecnología clandestina). Por consiguiente, la robustez de facto que mostraban en la práctica los programas de protección de los derechos de autor no venía a reflejar tanto el poder de la tecnología como la facultad del Estado para limitar el uso de las competencias críticas capaces de actuar contra esa misma tecnología[16]. Ya en el año 2000 se cobraría pública conciencia de ambos extremos, puesto que sería en esa fecha cuando la Iniciativa para la Seguridad Digital en el ámbito de la Música —un grupo comercial— lanzara a los piratas informáticos el desafío de eliminar la filigrana digital que la empresa había impreso en un archivo de música. Un científico de la computación de Princeton llamado Ed Felten y sus colaboradores se las ingeniarían para conseguirlo en cuestión de semanas. En principio, esa acción no tenía por qué resultar necesariamente letal para la implantación de un régimen basado en el DRM —al contrario, dado que cabe suponer que una industria centrada en la lucha contra la piratería ha de precisar justamente este tipo de pugna de competencias para poder conservar su funcionalidad—. Lo cierto, sin embargo, es que sí que vendría a implicar precisamente algo parecido en la práctica, puesto que subrayaría que, para conservar su eficacia, el empeño necesitaba del respaldo de un conjunto de fuerzas de índole no tecnológica, como la acción estatal o la implantación de normativas y leyes. A tal punto era manifiesta esta dependencia que la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital no se contentaría con declarar ilegal la violación de los programas informáticos destinados a proporcionar protección a los derechos de autor de un determinado material, sino también la divulgación de los códigos informáticos capaces de permitir dicha violación.

Y al eliminar Felten la filigrana del archivo musical, la Iniciativa para la Seguridad Digital en el ámbito de la Música devolvería el golpe insinuando que el propio profesor de Princeton debía responder de sus acciones en atención a lo consignado en la mencionada norma legal. Estipulada en esos términos, la tecnología antipirática podía acabar convirtiendo a la ley de los derechos de autor en algo parecido a una ley física, esto es, en una realidad en principio inviolable dentro de unas coordenadas concretas. No obstante, esa situación vendría a poner inevitablemente en cuestión los ideales de una cultura democrática de la información, puesto que convertiría a los piratas informáticos en héroes. De este modo, al tratar de transformar lo que era una práctica local en un principio universal, la industria de la defensa de la propiedad intelectual habría venido a fomentar el surgimiento de un nuevo periodo de dominación de los bandidos sociales, en este caso posmodernos[17].

La circunstancia que confiere un punto particularmente irónico a este estado de cosas —por decirlo suavemente— es la vinculada con el hecho de que en algunos casos las tecnologías antipiráticas, pese a su proclamado objetivo, revelaran ser causa de más problemas que de soluciones. El ejemplo mejor conocido y más tristemente célebre sería el relativo al sistema llamado Extended Copy Protection, ideado por el consorcio formado por la compañía Sony y el Bertelsmann Music Group. El sistema de la Extended Copy Protection, que en su origen era un pequeño código informático, había sido comprado a una empresa británica y puesto en circulación en algunos de los CD musicales de la Sony-BMG. Sin que el usuario lo supiera, dicho código instalaba en el disco duro de los consumidores que escuchaban los CD en su ordenador una rutina que ponía en marcha un proceso similar al de los programas destinados a permitir un acceso de privilegio continuo: los llamados rootkits. Un rootkit hace que el sistema operativo de un ordenador sea incapaz de detectar la presencia de un determinado programa, y por lo general se utiliza para blindar a un virus, esto es, a un «malware» o código maligno, e impedir su detección. Por esta razón, al revelar los piratas informáticos la presencia de esta rutina subrepticia, el programa del Extended Copy Protection suscitó una gran indignación. El asunto no se reducía a su semejanza con un virus sino que iba más allá, puesto que, al parecer, también enviaba información a la compañía que lo había creado, y todo ello sin que el usuario tuviese la más mínima noticia del hecho. Por si fuera poco, el Extended Copy Protection generaba una situación de vulnerabilidad oculta que más tarde podía ser explotaba por otros virus de internet. Se llegaría incluso a averiguar que si un consumidor trataba de borrar dicho código podía encontrarse con la completa disfunción de su unidad lectora de discos CD. Sony retiró rápidamente el programa, pero proporcionando una rutina de desinstalación que dejaba en una situación todavía más débil al aparato afectado, con lo que los ordenadores que hubieran sufrido los efectos del Extended Copy Protection quedaban potencialmente expuestos a un asalto informático que acabara controlándolos desde lejos. En cada una de las fases del proceso, la iniciativa de la Sony había transgredido las normas más firmemente arraigadas en el seno de la pequeña pero notablemente vociferante e influyente comunidad de los expertos en ordenadores. Y lo que era aún peor, había puesto de manifiesto los problemas implícitos en la idea misma de una tecnología antipirática[18].

La cuestión es que los problemas mencionados no se derivan estrictamente de la propiedad intelectual, ya que se cuentan, de hecho, entre los temas centrales de la teoría y la práctica de la política tradicional. Estos problemas nos enfrentan a cuestiones vinculadas con la privacidad, la rendición de cuentas y la autonomía. Esta es la razón de que haya sido necesario repasar la historia de los empeños destinados a controlar el cumplimiento de las normas asociadas con los derechos de autor, remontándonos hasta el siglo XVII y los orígenes del orden político moderno. Según parece, estos asuntos han venido persiguiendo a los sistemas de control de la propiedad intelectual a lo largo de toda su historia debido a la naturaleza misma del empeño. Y en la actualidad siguen cerniéndose sobre todas las iniciativas de este género, aunque adopten nuevas formas y se efectúen por medios igualmente novedosos. En ocasiones cabe considerar justificada la realización de intensos esfuerzos de amplio alcance asociados con algún mecanismo de coordinación internacional para hacer cumplir las normativas contrarias a la piratería —el esfuerzo vinculado con la lucha contra la falsificación de medicamentos es un ejemplo relativamente claro en este sentido—, pero en otras ocasiones el beneficio público no resulta tan obvio. En el ámbito de la agroindustria, por ejemplo, solo la compañía Monsanto —por no citar más que a la habitual bestia negra del sector— declara «investigar» anualmente en torno a unos quinientos «soplos» relacionados con el pirateo de semillas, manteniendo operativa a tal fin una unidad integrada por setenta y cinco empleados y coordinando sus esfuerzos tanto con compañías de detectives privados como con las fuerzas de orden público de todo el mundo. Hace años que se viene acusando a sus operarios de penetrar sin autorización en las propiedades privadas o de actuar como agentes provocadores[19]. De manera similar, también se dice que en el campo de la tecnología digital existen o han existido empresas que han creado falsos portales electrónicos de rastreadores de BitTorrents a fin de hacer caer en una trampa a los usuarios, induciéndoles a bajar archivos. Por si fuera poco, y debido al hecho de que la industria que suscita este tipo de preocupaciones sigue siendo prácticamente desconocida, la cuestión crucial de quis custodiet custodes carece actualmente de respuesta. No se ha logrado definir todavía un apropiado reparto de las responsabilidades, las competencias y los recursos asignables. En los últimos tiempos hemos oído un sinfín de advertencias relacionadas con los peligros de la piratería en todas sus formas; y también hemos tenido cumplida noticia de los perjuicios derivados de una excesiva protección de los derechos de propiedad intelectual. Con todo, las interrogantes que viene a suscitar la industria dedicada a la lucha contra la piratería son a un tiempo más amplias y más inmediatas de lo que estos conspicuos debates permiten suponer, ya que son la encarnación tardomoderna de aquellas preguntas que subyacen a los fundamentos mismos de la sociedad.

El fin de la propiedad intelectual

Es posible que el enfrentamiento entre la piratería y la industria defensora de la propiedad intelectual esté llamado a generar una transformación radical de la relación existente entre la creatividad y la vida comercial. No se trata de una idea tan inconcebible como pudiera parecer. Ya antes se han dado puntos de inflexión de estas características —y de hecho se constata que vienen a producirse aproximadamente una vez en cada siglo, al menos desde el final de la Edad Media—. El último gran vuelco experimentado tuvo lugar en el apogeo de la era industrial, y vendría a catalizar la invención de la propiedad intelectual. Antes de ese importante giro ya se había verificado otro en tiempos de la Ilustración, y en este caso vendría a desembocar en la instauración del primer sistema moderno de amparo a los derechos de autor y en el primer régimen de patentes moderno. Y antes aún tenemos la gestación del concepto y la práctica de la piratería entre las décadas de 1660 y 1680. De este modo, una simple extrapolación indica que ya debiéramos haber experimentado otra revolución de idéntica magnitud. Si esta se produce efectivamente en un futuro próximo, es muy posible que venga a bajar el telón de lo que entonces, echando la vista atrás, acabará considerándose un periodo particular —el de los ciento cincuenta años presididos por la sistemática aplicación o reivindicación de los derechos de autor: la era de la propiedad intelectual.

La relación entre la creatividad y el comercio que ha venido caracterizando hasta la fecha a la era moderna vino a cuajar entre mediados del siglo XVIII y mediados del XIX. Dicha relación quedaría definida por la instauración de dos sistemas específicos: el de los derechos de autor y el de las patentes, y en último término por la implantación del concepto de propiedad intelectual. La creencia popular sostiene que dichos conceptos son de una índole poco menos que axiomática (y, por consiguiente, no ve problema alguno en interpretar la historia anterior al año 1700 en los términos que dichas nociones vendrían a imponer más tarde). Sin embargo, desde que se implantara ese modo de entender las cosas, estas ideas se han visto asediadas por diferentes desafíos —desafíos que a veces han prosperado y que, en todo caso, han cambiado la naturaleza y el significado de la propiedad creativa—. Y no se trata en modo alguno de una peculiaridad exclusiva de nuestra era digital. Sin embargo, las críticas que surgen en nuestros días, pese a no ser las de carácter más radical, podrían resultar ser las más eficaces de los últimos siglos. La razón más evidente que sostiene esta afirmación estriba en el hecho de que, a diferencia de lo que le ocurriera a sir William Armstrong en la era victoriana, los críticos pueden apelar a un tiempo a la experiencia práctica y a los principios teóricos. De manera muy particular, las propiedades de internet parecen confirmar que existen alternativas viables a las normas vinculadas con la propiedad intelectual. Y si la plausibilidad de dichas alternativas resulta importante es por el hecho de que, si bien la piratería y su control pueden provocar una crisis, se revelan en cambio incapaces de dar forma a ninguna solución. Para hallar la materia prima con la que erigir la estructura de esa solución hemos de buscar alternativas que posean un alcance de similar amplitud. Y uno de los ámbitos en que deberemos indagar en esa búsqueda es el de la ciencia.

Las voces que reclaman el surgimiento de una nueva economía de la creatividad se centran abiertamente en el fenómeno de los programas informáticos de código abierto, los cuales explotan las propiedades de las redes digitales —redes que, supuestamente, carecen de todo precedente—[20]. Sin embargo, esas reivindicaciones también encuentran respaldo en un conjunto de convicciones más hondas relativas a las formas adecuadas de generar, distribuir y preservar el conocimiento. La insistencia con que habría de dejarse oír a mediados del siglo pasado la idea de que la apertura constituía una de las normas orientadoras de la verdadera investigación científica vendría a adquirir nuevo vigor en el contexto de la biotecnología y la biología molecular. Con el auge del comercio de las «ciencias de la vida» y los estudios biomédicos crecerían asimismo las preocupaciones relacionadas con el hecho de que las reivindicaciones de la propiedad intelectual pudieran resultar perjudiciales para el interés común en aquellos empeños científicos financiados con fondos públicos, suscitándose asimismo la inquietud de que pudieran llegar incluso a impedir la investigación misma. Se trataba en principio de aprensiones distintas a las provocadas por los recelos éticos asociados con el Proyecto Genoma Humano —el más destacado empeño científico de carácter público de su época—, recelos que determinarían que los promotores del mencionado proyecto renunciasen a patentar los diferentes genes[21]. Sin embargo, todos estos temores acabarían fusionándose y dando lugar al surgimiento de un movimiento favorable al «libre acceso» cuyos partidarios insistirían en que los resultados de las investigaciones financiadas por el Estado debían de ser comunicadas al público en general en un espacio de tiempo relativamente corto (por lo general cifrado en un año aproximadamente). En la actualidad, la idea del libre acceso ha conseguido el respaldo de buena parte de las altas esferas de la investigación pública médica, tanto en los Estados Unidos como en Gran Bretaña, circunstancia que lleva aparejada la perspectiva de un profundo cambio en la cultura y la economía de la comunicación científica. Pese a que las premisas de este planteamiento se basen en la divulgación digital, sus fundamentos ideológicos se remontan en realidad a los conflictos que surgieron a mediados del siglo XX en torno a las patentes y al punto de vista generado por ellos, esto es, a una perspectiva normativa de la ciencia que entiende que dicha actividad constituye un conocimiento de naturaleza pública[22].

Las polémicas relacionadas con la ciencia son fundamentales, pero se podrían multiplicar a voluntad los ejemplos y traer a colación todo un conjunto de ámbitos en los que los modelos sólidamente anclados en la noción de la propiedad intelectual revelan hallarse actualmente sometidos al embate de desafíos similares. Curiosamente, muchos de esos desafíos se centran en una serie de versiones transfiguradas de un conjunto de prácticas que en el pasado solían denunciarse por piráticas. Las normas del movimiento favorable a los códigos abiertos, por ejemplo, alinean a los defensores de dichos planteamientos con los hábitos de codificación que condenara en su día la compañía Microsoft. Los proyectos destinados a producir el escaneado generalizado de las obras literarias vienen a fomentar las sugerencias de creación de una biblioteca universal y nos traen a la memoria la piratería cosmopolita de la Ilustración[23]. La oposición a las patentes farmacéuticas reactiva la invocación de una normativa encaminada a la concesión obligatoria de licencias que esgrimían los enemigos de las patentes de la era victoriana. Parte de la retórica de los espectadores piráticos de programas de televisión enlaza con los argumentos que empleaban los radioyentes piratas de la década de 1920. Los aficionados a compartir archivos guardan cierto parecido, en algunos aspectos, con los entusiastas de las grabaciones caseras de las décadas de 1960 y 1970, y además, en términos históricos, sus prácticas se iniciaron con el intercambio de casetes. Estos elementos recurrentes constituyen una indicación de que lo que se está produciendo es algo más que un mero cambio tecnológico, puesto que lo que está en juego es todo un conjunto de compromisos y convicciones asumidos a largo plazo. A principios de la década de 2000 surgieron dos conflictos específicos dotados de la plausible capacidad potencial de convertir estas tendencias, por lo demás dispares, en otras tantas oportunidades para el surgimiento de una transformación jurídica y filosófica coherente. La primera de ellas guardaba relación con los derechos de autor, y la segunda con las patentes.

En el ámbito de los derechos de autor, el reto estriba en la digitalización generalizada de las obras impresas. El 14 de diciembre de 2004, Google anunció el inicio del mayor empeño jamás realizado para la concreción de este objetivo: el llamado Proyecto Biblioteca. Cuatro grandes bibliotecas universitarias (Stanford, Harvard, Oxford y la Universidad de Michigan), junto con una institución pública (la Biblioteca Pública de Nueva York), debían participar en un proyecto enormemente ambicioso concebido para digitalizar y dar acceso a la gente a una copia escaneada de los respectivos fondos impresos de esas entidades. El anhelo debía venir a materializar al fin el viejo sueño de una biblioteca universal —u ofrecer al menos en la red el «catálogo de sus fichas» bibliográficas—. En años posteriores vendrían a sumarse al proyecto nuevas bibliotecas, con lo que el alcance de la idea quedaría listo para rebasar los límites del mundo anglófono. Sin embargo, la propuesta iba a tener que enfrentarse a un grave problema —un problema que ya había echado raíces en repetidas ocasiones a lo largo de la historia de los derechos de autor, pero que ahora iba a adquirir un carácter perfectamente real y urgente.

Lo que se proponía Google en muchos casos era no permitir sino la lectura de una pequeña fracción de las copias digitalizadas, presentándolas a modo de respuesta a una o más búsquedas en internet. Sin embargo, incluso para lograr este modesto objetivo tenía Google que escanear y conservar una copia digital completa de los libros incluidos en el proyecto. La idea no habría de suscitar ninguna polémica en el caso de las obras carentes de derechos vivos, y tanto en Oxford como en Nueva York únicamente se incluirían en la lista de obras susceptibles de ser escaneadas aquellas cuyos derechos fuesen ya del dominio público. No obstante, en Michigan —cuya universidad habría de ponerse a la vanguardia del empeño— no se preveía proceder a ninguna restricción de ese tipo. El planteamiento de Google consistía en mantener que la digitalización se hallaba amparada por el principio del «uso justo». Sin embargo, la industria editorial no tardaría en alzar la voz en señal de protesta, impugnando la aparente asunción del derecho a la realización de copias y temiendo, por añadidura, que en algún momento futuro pudieran ponerse a disposición del público las propias copias digitales. Los editores denunciaron el proyecto, considerándolo una violación incuestionablemente descarada de los derechos de autor —una violación, además, de índole tan generalizada que constituía una amenaza para la propia viabilidad de los derechos de autor mismos.

La respuesta que optaría por dar Google en un principio vendría a hacer gala en cierto modo del desdén que acostumbran a mostrar los piratas informáticos por los principios irracionales y obsoletos que no conciben sino al modo de un mero residuo del antiguo orden mediático. La compañía de internet propuso la instauración de un sistema de exclusión, solicitando así a los editores que le remitieran listas con los títulos de aquellos libros que, a su juicio, debieran quedar al margen del programa. Evidentemente, la sugerencia pareció inaceptable a los ojos de los editores, de modo que, como se esperaba, estos decidieron interponer en el año 2005 una serie de demandas judiciales en las que acusaban a Google de «violación generalizada de los derechos de autor»[24]. De haber llegado el pleito al Tribunal Supremo, habría sido el más importante de los dirimidos en este ámbito desde que el caso de Donaldson contra Becket estableciera el principio de amparo a los derechos de autor en el año 1774. Podría haberse dado perfectamente la circunstancia de que hubiese desembocado en una revisión radical de las bases del principio.

El asunto que estaba en juego revestía una importancia capital de carácter general, aunque su relevancia resultara particularmente vital para los editores. La perspectiva de la creación de una biblioteca universal digitalizada algo que durante siglos había suscitado quejas de principio, a saber, que los propietarios de los derechos de autor pudiesen valerse de esa protección para suprimir la divulgación de un conocimiento que podía resultar beneficioso para el público. Los editores podían poner este tipo de frenos invocando la violación de sus derechos de autor y torpedeando así los proyectos de digitalización de los libros descatalogados, pese a que hubiese muy pocas posibilidades de que ellos mismos decidieran volver a publicarlos algún día. En consecuencia, ni siquiera podían ponerse a disposición de los ciudadanos las obras «huérfanas» —es decir, aquellas cuyos derechos de autor carecen de propietario conocido—, ya que se extendió el temor a la posible interposición futura de demandas judiciales. Además, las implicaciones de este estado de cosas no se limitarían a impedir que una obra concreta pudiese resultar accesible a través de internet, sino que vendrían a determinar asimismo que las que sí se pudiesen consultar en la red fuesen justamente las versiones infieles al original —o incluso las espurias—, puesto que se daba el caso de que esas eran las provistas de unos derechos de autor caducados[25]. Este tipo de textos podían transformarse entonces en la norma habitual, dado que eran precisamente los que permitían un acceso inmediato a todo aquel que utilizase en primera instancia la nueva generación de herramientas de búsqueda electrónica en internet. Además, al llegar el caso a oídos de Washington, los escáneres habían creado ya, inevitablemente, un inmenso acervo digital de materiales más prestigiosos —materiales que, no obstante, debían ocultarse a la vista del público en virtud únicamente de los derechos de autor—. Si las normativas de amparo a los derechos de autor lo hubiesen permitido, dichos materiales habrían podido abrirse y consultarse instantáneamente. En otras palabras, el argumento de la supresión de los derechos de autor —que los escépticos habían estado planteando en repetidas ocasiones a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX, aunque sin conseguir nada práctico debido a su carácter hipotético— iba a gozar de pronto de un verdadero predicamento en la vida real. Y esto iba a producirse exactamente en el mismo momento en que el auge de las empresas de código abierto comenzaba a arrojar una sombra de duda sobre la opinión de los editores que sostenían que los derechos de autor estimulaban la creatividad al garantizar la autenticidad y la economía de la autoría. Podía darse perfectamente el caso de que se conservara la inviolabilidad de los derechos de autor a costa de prescindir del propósito mismo que lo animaba, esto es, la promoción del bien público.

Pero no iba a permitirse que el asunto llegara tan lejos. El 28 de octubre de 2008, tras más de dos años de negociaciones, Google y los editores anunciaron que habían alcanzado un acuerdo. Para esa fecha se habían digitalizado ya siete millones de libros, de los cuales cuatro o cinco conservaban vivos sus derechos de autor pero se hallaban descatalogados. Según lo que ambos bandos proclamaban, las dos partes se mostraban ahora dispuestas a cooperar, no solo para dejar zanjada la cuestión del estatuto que debía asignarse a dichas obras, sino también para sentar las bases de unos derechos de propiedad creativos en el ámbito de los libros digitales. Todo el mundo reconocería la importancia del pacto. La revista Wired, de sesgo tecnófilo, declararía que Google tenía ahora el «campo libre» para crear una «biblioteca digital global»[26]. El New York Times describiría el arreglo conseguido diciendo que constituía «una hoja de ruta para la instauración de un posible futuro digital para autores y editores». La Universidad de California, junto con las de Stanford y Michigan, declararía que el resultado del convenio vendría a concretarse en unos beneficios sociales superiores a los que se habrían logrado en el caso de que Google hubiera ganado el pleito. «Se va a posibilitar ahora, de manera incluso fácil, que todo el mundo acceda a estas grandes colecciones desde cualquier punto de los Estados Unidos», anunciaría Paul N. Courant, bibliotecario de la Universidad de Michigan.

El eje del plan era la creación de un nuevo «Registro de derechos literarios». Dicha entidad debía ser una institución de carácter no lucrativo encargada de representar los intereses de los titulares de los derechos de autor —y en principio no solo ante Google, sino frente a otras iniciativas digitales similares—. La entidad registral se ocuparía de captar el sesenta y tres por 100 de los ingresos que Google obtuviera por la explotación de su base de datos de obras digitalizadas, y tras extraer un determinado porcentaje para financiar sus propias actividades, distribuiría la cantidad restante entre los perceptores pertinentes, todos ellos registrados en otra base de datos exhaustiva —perteneciente en este caso a la institución así creada— en la que figuraban los nombres de los titulares de los derechos de autor. El modelo de la entidad era claramente el mismo que el de las demás agencias de gestión de los derechos de propiedad intelectual que se habían venido creando desde comienzos del siglo XX para abordar las cuestiones que suscitaba el por entonces nuevo medio del fonógrafo. Por su parte, el Gremio de Autores señalaría que el Registro de derechos literarios venía a ser «para los escritores, un organismo equivalente a la Asociación Estadounidense de Compositores, Autores y Editores». Google aceptaría pagar treinta y cuatro millones y medio de dólares para poner en marcha el registro.

El Registro de derechos literarios estaba llamado a convertirse en la piedra angular de la biblioteca digital. El programa destinado a facilitar la búsqueda de obras literarias podía utilizarse ahora con entera libertad tanto en las bibliotecas públicas de los Estados Unidos como en sus universidades. Los lectores podían consultar gratuita y directamente en la red las obras digitalizadas que estuviesen descatalogadas, contasen o no con derechos de autor vivos, e imprimir un cierto número de páginas pagando un determinado canon. Los ingresos de Google procederían de las cuotas de suscripción que abonaran las instituciones, de las cantidades que se cobraran a los usuarios por acceder al contenido de libros en catálogo y, como siempre, de la publicidad. En el futuro, Google podría escanear y exhibir en la red cualquier libro con derechos de autor vivos que no pudiera encontrarse en el comercio (esto es, y dicho grosso modo, todos aquellos que hubieran sido descatalogados) a menos que el propietario de los derechos de autor se manifestara explícitamente en contra. La compañía también podía escanear los libros provistos de derechos vivos que se hallaran en catálogo —pero no se permitiría el pleno acceso a las copias digitales resultantes a menos que los editores y los autores se manifestaran expresamente partidarios de ello—. De ese modo se crearía un «Corpus de investigación» de estas obras digitales alojado además en un servidor independiente al que únicamente podría acceder un conjunto de «usuarios cualificados» con capacidad para investigar en los ámbitos del análisis computacional, la informática, la lingüística y otras áreas similares. Además, se remitiría a las bibliotecas que participaran en el proyecto una copia digital de cada una de las obras que se hubieran escaneado en ellas, tanto con fines de preservación como archivísticos. Por cada nuevo libro escaneado se obtendría una suma que, según se esperaba, debía situarse en torno a los doscientos dólares, por el hecho de haber sido incluido en el sistema. Por cada libro que ya se hubiera escaneado se entregaría un pago único de al menos sesenta dólares al propietario de los derechos intelectuales. El veinticinco por 100 de la subvención anual de Google se destinaría a la satisfacción de estas «cuotas de inclusión». El otro setenta y cinco por 100 debería distribuirse después al modo de unos «honorarios de uso» en función de la cantidad de veces que se hubieran consultado realmente las copias digitales. Sin embargo, transcurridos diez años, la junta directiva del Registro de derechos literarios procedería a evaluar la situación y podría optar por abandonar el pago de esas cuotas de inclusión en caso de que los ingresos no permitieran la recaudación de una suma suficientemente elevada. Por consiguiente, el nuevo mundo de los libros digitales vendría a descansar en último término en dos tipos de distinciones: la establecida entre los propios libros y la imputable a los usos de dichas obras. El uso se reducía a la visualización o no visualización de la copia, y los libros se dividían entre los que estaban en catálogo y los que no. Se declaró que los derechos de autor como tales constituían un asunto secundario. Sin embargo, para que todo esto tuviese verdadera vigencia, era preciso que esas distinciones entre libros y usos resultaran seguras. De ese modo, el acuerdo impondría a los libros digitales una «normativa de seguridad» común, vinculando tanto a Google como al Registro de derechos literarios con la economía de la defensa de la propiedad intelectual, en plena expansión.

Daba por tanto la impresión de que la crisis de los libros digitalizados, surgida a raíz del proyecto de escaneado de obras literarias de Google, lograría resolverse procediendo a combinar de manera creativa una nueva variante del viejo concepto de la creación de libros registrales con las prácticas más novedosas de la lucha digital contra la piratería. Resulta significativo, no obstante, que en el momento en que se anunció el acuerdo no todo el mundo lo viera con buenos ojos. La biblioteca de la universidad de Harvard declinaría participar en el plan debido a que iba a aplicarse a obras que todavía permanecían en catálogo. El responsable de la institución era Robert Darnton. Las investigaciones históricas que había realizado Darnton al bucear en las características de los libros dieciochescos habían contribuido más que cualquier otro trabajo erudito a hacer que la gente cobrase conciencia de la importancia de la imprenta y sus productos en tiempos de la Ilustración y la Revolución francesa, esto es, en la época en que se habían originado las ideas relacionadas con los derechos de autor y la biblioteca universal, dándose además la circunstancia de que en los últimos años Darnton había sido uno de los principales defensores de la difusión digital del conocimiento. Y sin embargo ahora señalaba que el régimen propuesto no iba a contribuir de hecho más que a limitar de modo perfectamente drástico los usos de los libros digitales. Además, estaba llamado a crear un único sistema de acceso —el de Google—, carente de toda competencia. La calidad de las copias podía variar: «en muchos casos», escribiría Darnton, podían omitir «las fotografías, las ilustraciones y otro tipo de láminas», reduciendo gravemente el valor que dichas obras pudieran tener para la educación y la investigación. Otros autores también observarían que, según todos los indicios, la biblioteca universal estaba llamada a constituir un monocultivo, con todo lo que eso implicaba. (En realidad han existido, y siguen existiendo, varios proyectos más destinados a digitalizar y a poner a disposición del público los libros antiguos, pero no es posible comparar la magnitud de ninguno de ellos, ni remotamente, con el de Google, ya que además ninguno se halla tan íntimamente vinculado con la tecnología de búsqueda informática dominante)[27]. Todos estos argumentos eran extremos válidos en la época de la Ilustración, aunque ahora se los invocara en el contexto de las tecnologías del siglo XXI. Además, el mencionado acuerdo —que se hallaba a su vez imbuido de un aire característicamente dieciochesco, con su sistema registral y sus ansias de centrarse en un canal de información de índole bastante paternalista— dejaba intactos los problemas que habían conducido a su formulación. Se contribuía más a diferir que a desactivar el desafío que se planteaba a los derechos de autor[28].

En el ámbito de las patentes, las dificultades provistas de una potencial capacidad transformadora iban a ser las relacionadas con los productos farmacéuticos. Hacía ya tiempo que un conjunto de países —de entre los cuales destacan la India, Brasil y Sudáfrica por ser los más conocidos— venían reclamando una reducción de los precios de los medicamentos patentados, al menos en todas aquellas circunstancias en que su uso estuviera asociado con situaciones de vida o muerte. En los casos de Brasil y la India existían industrias internas capaces de producir equivalentes genéricos de esas medicinas. Y Brasil en particular presionaría para que se impusiera un sistema de concesión obligatoria de licencias a fin de que su sector farmacéutico pudiera acometer la elaboración de esos medicamentos genéricos. De hecho, la concesión obligatoria de licencias —una vieja idea de los partidarios de la campaña contra las patentes que se había llevado a cabo en la época victoriana— era un mecanismo que los acuerdos comerciales internacionales ya permitían en situaciones de emergencia. Sin embargo, la industria farmacéutica se manifestaría tercamente en contra de la idea. Era innegable que las investigaciones que acababan desembocando en la síntesis de nuevas drogas resultaban muy costosas —aunque el montante exacto de dichos costes siga siendo hoy en día un asunto muy polémico—, y la postura que adoptaría la industria se centraría en la idea de que el mejor mecanismo para financiarlas era el vinculado con la imposición de un sistema de patentes exclusivas. Las alternativas más verosímiles a este estado de cosas, la adjudicación de premios o subsidios como los preconizados por Polanyi, parecían políticamente irrealizables, pese a que la primera solución se hubiese revelado eficaz como estímulo de la iniciativa privada en otros campos, fundamentalmente el de los vuelos espaciales. Las implicaciones políticas de esta posición ya presentaban suficiente complejidad por sí solas, pero lo cierto es que habrían de surgir además en medio de los temores que suscitaba la integridad de la ciencia en un contexto marcado por el hecho de que las instituciones empresariales y académicas establecieran pactos vinculados con la propiedad intelectual. Al mismo tiempo, las personas que abogaban en favor de las poblaciones indígenas seguirían lanzando acusaciones de biopiratería contra las empresas del mundo desarrollado. Y con el proceso de fusión de las compañías relacionadas con las «ciencias de la vida» que habría de vivirse en la década de 1990 (fiebre que, desde entonces, ha remitido un tanto), estas cuestiones pasarían a entrelazarse con los conflictos asociados con el pirateo de semillas y los organismos genéticamente modificados del ámbito agrícola. Por consiguiente, las controversias que iban a rodear a la industria centrada en la defensa de la propiedad intelectual serían más violentas en este terreno que en cualquier otro. El mantenimiento del sistema de patentes de la industria farmacéutica quedaría así convertido en una tarea extremadamente delicada, en modo alguno susceptible de ser reducida a las cuestiones relacionadas con el solo principio de la propiedad intelectual. En la actualidad, la tensión entre la concesión obligatoria de licencias y el sistema de patentes sigue pareciendo particularmente proclive a conocer nuevos paroxismos de intensidad. En caso de que así fuera, es muy probable que dicha tensión signifique para el principio de la concesión de patentes lo mismo que los proyectos de digitalización generalizada pueden significar aún para el principio de los derechos de autor, pese al acuerdo de Google.

Resulta por tanto pertinente terminar con una pincelada especulativa. Dado que la propiedad intelectual es una noción relativamente reciente, debería ser posible concebir una alternativa a la misma que se mostrara más adaptada al siglo XXI que al XIX. Supongamos, por tanto, que los dos pilares principales de la propiedad intelectual —y en la práctica, la propiedad intelectual misma— se viesen sometidos a prueba en dichas circunstancias y se descubriera que no dan la talla. ¿Qué ocurriría entonces?

Siempre se han planteado matices y alternativas a los derechos de autor y a las patentes, ya sea en forma de licencias obligatorias, de subsidios estatales, de procesos de distribución de «recompensas» por parte de la sociedad civil, de sistemas de cortesías informales, o incluso de regímenes de absoluto laissez-faire. Ninguna de esas soluciones ha logrado suscitar un consenso generalizado ni se ha convertido en una práctica normal, pero también es verdad que ninguna de ellas se ha desvanecido por completo. Desde luego es posible que pueda improvisarse un remedio para los problemas del siglo XXI combinando de algún modo cualquiera de las anteriores propuestas con la vigente acepción de la propiedad intelectual. En principio, estas medidas de carácter ad hoc podrían funcionar indefinidamente. (Me vuelve a venir a la mente la guerra contra las drogas como desdichada evidencia de eso mismo). Sin embargo, da la impresión de que esa sería una estrategia desalentadoramente confusa además de descorazonadoramente interminable. Resultaría más prometedor realizar un esfuerzo que empezase por revisar las premisas del sistema. Esas premisas deberían reflejar la gama de prácticas mundanas que están siendo puestas en cuestión. Como hemos visto, en el siglo XVIII buena parte del debate se centraría en dirimir en qué medida reflejaban dichas premisas la realidad entonces en curso. Lo cierto, sin embargo, es que hemos perdido de vista el origen de todo esto y que ahora tendemos a inferir que los derechos de autor en particular surgieron al modo de una extensión de la filosofía de la Ilustración. Si actualmente acometiéramos un proceso de revisión deberíamos empezar por realizar una indagación de similar carácter exhaustivo en relación con las prácticas dominantes que están ahora mismo en juego, estudiando de manera especial la forma en que estas cambian en función del lugar en el que se produzcan y de la manera en que evolucionan en el tiempo.

Dicho proceso encajaría mal con los tradicionales supuestos vinculados con la propiedad intelectual. A menudo se piensa que la gran virtud de la fundamental distinción entre los derechos de autor y las patentes estriba en el hecho de que venga a captar la existencia de una diferencia simple y natural. Sin embargo, si consideramos las cosas con la perspectiva que nos permite la historia observaremos que no es en modo alguno evidente que la inventiva relacionada con los productos literarios y los objetos mecánicos corresponda a sendas categorías naturales. Al contrario, se trata de una distinción muy debatida en el pasado, y lo cierto es que no se ha alcanzado nunca un verdadero consenso. Además, la separación entre la creatividad de índole literaria y la de orden mecánico ha sido una distinción extrínseca a gran parte de la historia que ha conocido la autoría en la modernidad temprana, ya que durante siglos la gente patentaba los libros y registraba las máquinas. Sin embargo, con esto no pretendo afirmar implícitamente que dicha separación sea puramente fortuita, y menos aún que pueda renunciarse fácilmente a ella. Al contrario, lo cierto es que surgió y cobró arraigo por razones de peso, unas razones cuya solidez resultaría difícil negar. Entre dichas razones cabe mencionar la transformación de la relación entre las humanidades y las artes mecánicas ocurrida en la modernidad temprana, el surgimiento de la revolución científica, el auge de la industria y la creación de una esfera pública basada en el comercio y el consumo. Ni que decir tiene que esas fueron también las transformaciones que vinieron a dar forma a la modernidad misma. Y a esa luz puede decirse que la historia de la piratería es la historia de la modernidad. La interrogante a la que ha de enfrentarse la sociedad, ahora que la crisis de la propiedad intelectual ha llegado a su clímax, es por tanto la siguiente: ¿debe seguir definiéndose la conjunción entre la creatividad y el comercio en términos de una distinción de carácter binomial forjada (y además de manera polémica) durante la Revolución industrial?

Como es obvio, en la práctica ya disponemos de un sistema más reticular y flexible de lo que estos argumentos pudieran dejar entrever. Los principios que presentan el aspecto de otras tantas doctrinas y conceptos estables desde la consideración abstracta se fragmentan inevitablemente en todo un conjunto de normas y reglas generales tan pronto como se procede a aplicarlos a los distintos ámbitos de la vida práctica. El principio del «uso justo», por ejemplo, resulta notablemente difícil de sistematizar en diferentes esferas. La pericia profesional aparece en consecuencia igualmente fragmentada: existen grupos de expertos especializados en la obtención de patentes asociadas con los programas informáticos, por ejemplo, y tanto sus competencias como las premisas profesionales de las que parten difieren de las que se aplican a la consecución de patentes genéticas. El problema estriba en formular una serie de categorías básicas de la actividad comercial vinculada con la creatividad ajustándose a ese hecho. En efecto, lo que se necesita es una taxonomía no demasiado diferente de la propuesta por Defoe, adecuándola al siglo XXI. Por ejemplo, los algoritmos, los genes y las aplicaciones para una computación en la nube tienen las mismas probabilidades de constituir la base del progreso y la prosperidad para nuestros descendientes como las obras mecánicas y poéticas en tiempos de Samuel Johnson. Las distinciones entre todas estas realidades pueden someterse a debate, pero no hay motivos para esperar que se correspondan de modo directo con las diferencias que los coetáneos de Johnson se esforzarían en establecer entre los planetarios y las epopeyas. Sería sensato que reconociéramos este extremo, ya que, en efecto, hacerlo implicaría reconocer que los principios de lo que hoy llamamos «propiedad intelectual» poseen un carácter dinámico —o dicho en pocas palabras: que revelan ser de índole absolutamente histórica.

En este contexto no es casual que los problemas a que ha de enfrentarse la propiedad intelectual vengan a coincidir con un periodo de profunda desazón en relación con las prácticas que la sociedad adopta respecto del descubrimiento y la difusión del conocimiento formal en general. Hoy cuestionamos los fundamentos y el estatuto de las disciplinas académicas, y no menos que las bases y las características de la propiedad intelectual. Tanto el sistema disciplinar moderno como el principio contemporáneo de la propiedad intelectual son logros de un periodo que alcanza su punto culminante a finales del siglo XIX, y bajo las inquietudes que aquejan al uno y al otro encontramos el mismo alejamiento de la noción de autoría creativa y la misma voluntad de acometer nuevos proyectos y de asumir nuevas identidades. En ambos casos resulta posible dar cabida en el sistema existente a nuevos ámbitos de trabajo creativo, pero ello implica la asunción de todo un conjunto de componendas ad hoc, lo que a su vez genera incoherencias cada vez más notorias. Llega un momento en que el andamiaje de fortuna así montado acaba pareciéndose con más claridad de la debida al célebre retablo que nos legara Thomas Kuhn de las situaciones de «crisis» que surgen en el ámbito científico. Y es probable que en la esfera de la propiedad intelectual, como también ocurre en la generalidad de las disciplinas académicas, la relectura de la historia pueda desempeñar un papel central en lo tocante a moldear la transformación que lleva aparejada una crisis de esa índole[29]. De hecho, este libro es la muestra de que las revisiones de la historia ya han revelado ser una de las características más notables de todas las grandes transiciones que se han registrado hasta el momento presente en el campo de la propiedad intelectual, desde la invención de la piratería hasta el alumbramiento de la noción de la propiedad intelectual misma. Las nuevas formas de comprender las revoluciones digital y biotecnológica —unidas a las interpretaciones revisionistas de la revolución propiciada por Gutenberg— anuncian que está a punto de producirse otra transición. En lugar de señalar la existencia de una «cultura» discreta definida por cada una de las tecnologías empleadas, lo que trazan estas explicaciones es el perfil de un entrelazamiento práctico, dinámico y continuo de las tecnologías y la sociedad. Con ellas se nos ofrece un tipo de vislumbre que podría venir a constituir la base de una revisión de la relación adecuada que ha de existir entre la creatividad y el comercio.

Por todo ello, y como reacción a la crisis de la propiedad intelectual, podría producirse una reforma de los derechos, las responsabilidades y los privilegios asociados con la creatividad. Dicha reforma podría descansar en distinciones muy diferentes a la establecida en su día entre el ámbito literario y el mecánico —distinción que durante siglos ha venido imperando como elemento fundamental de lo que hoy llamamos propiedad intelectual—. La reforma podría asumir como axioma la diferenciación entre lo digital y lo analógico, por ejemplo, ya que puede argumentarse que el acto de la copia difiere según se realice en uno u otro contexto. También podría asumir una forma reticular y más radical, admitiendo la existencia de una multiplicidad de categorías —genética, digital, algorítmica, grabada, etcétera— en lugar de limitarse a establecer un binomio. Sea como fuere, deberá incluir asimismo la historicidad de las distinciones sobre las que venga a edificarse. Lo que actualmente tenemos es un sistema conceptualmente simple, dado que se lo supone basado en un pequeño número de premisas ideales insensibles al cambio histórico. Lo cierto, sin embargo, es que, en la práctica, el sistema resulta tremendamente complejo, puesto que la vida real de la creatividad y el comercio es de carácter histórico. Un sistema reticular resultaría más complejo en el plano teórico, habida cuenta de que exigiría un mayor número de premisas. No obstante, su aplicación podría revelarse más sencilla, debido a que tal vez se ciñera más al perfil real de la vida creativa. En suma, el cambio producido sería más profundo. No habría que tirar por la borda todos los atributos que asignamos a la propiedad intelectual. Cabría decir incluso que se habría salvado a la propiedad intelectual misma. A fin de cuentas, esa forma de propiedad beneficia a quienes crean opinión, de modo que la opinión creada tenderá a devolver el favor —forma un tanto cínica de plantearlo, pero esa es justamente la forma en que lo expuso Henry Carey en el siglo XIX, confirmándolo más tarde Arnold Plant en el XX—. Ni siquiera expresándolo de ese modo se elimina el hecho de que se habría alcanzado un concepto radicalmente nuevo. En su forma ultramoderna, la propiedad intelectual habría dejado de existir.

Hay que admitir que todo esto tiene un carácter especulativo, aunque no sea intrínsecamente inverosímil. La propiedad intelectual ha constituido siempre un compromiso dinámico entre lo local y lo universal, y entre las prácticas y los principios. En el momento en que escribo estas líneas, da la impresión de que cada vez es mayor el número de personas que juzgan que el equilibrio está a punto de quebrarse. El dilatado ascendiente de lo universal podría estar tocando a su fin. Los supuestos que hasta hace poco se habían estado considerando seguros e incuestionables vuelven a resultar dudosos una vez más. Conforme se va constatando el avance de este proceso se aprecia que son muchas las vías de evolución posibles y que la mayoría de ellas cuenta con el respaldo de un conjunto de celosos partidarios. No existen muchos elementos que puedan orientarnos y ayudarnos a elegir la mejor de todas, pero nos conviene hacer uso de la experiencia pasada y ver en ella un instrumento útil. Deberíamos repasar las distintas convicciones que defendieron en su día nuestros antecesores, reexaminar los argumentos que expusieron, las medidas que tomaron y los resultados que consiguieron. Desde luego, la historia no puede indicarnos con exactitud lo que debemos hacer ni las alternativas que hemos de elegir. La responsabilidad de esas decisiones es únicamente nuestra. Pero no hay duda de que ha llegado el momento de tomar esas determinaciones. La historia puede contribuir a que nos sintamos más preparados para ello.

AGRADECIMIENTOS

He tardado más de una década en dar remate a este libro, ya que aborda temas que rebasan el estricto ámbito de la creatividad humana, abarca un dilatado periodo de tiempo y remite a una vasta zona geográfica. He contraído un incontable número de deudas, tanto intelectuales como sociales, para redactarlo. No me es posible señalar aquí sino unas cuantas, pero quisiera expresar por este medio el hondo e imperecedero lazo de gratitud que me une a todos aquellos que me han ayudado.

Debo agradecer, en primer lugar, el apoyo de la editorial de la Universidad de Chicago, institución a la que pertenece Alan Thomas, quien además de actuar como guía y mentor en el proceso de alumbramiento de esta obra habría de mostrar una extraordinaria paciencia y cordura a lo largo del buen número de años en que nos relacionamos. Mark Reschke se encargaría con pleno acierto de la revisión y la corrección del manuscrito. De haber tenido que confiárselo a cualquier otro editor, habría resultado imposible que el presente proyecto terminara dando nacimiento al libro que ahora ve la luz.

Los estudiantes de las diversas universidades en las que he trabajado llevan ya varios años teniendo que soportar mis cursos sobre la piratería y la propiedad intelectual. Tanto en el Instituto de Tecnología de la Universidad de California, San Diego, como en la Universidad de Chicago, he tenido oportunidad de conocer un amplio abanico de puntos de vista sobre este tema y he podido mantenerme vinculado con el conjunto de conocimientos relacionados con el particular. Muchos de los jóvenes que acostumbraban a acudir a estas clases habían revelado ser creadores de notable imaginación, lo cual les había permitido entrar ya en contacto directo y personal con el sistema de la propiedad intelectual —antes incluso de ingresar en la Universidad—. Se encontraban de ese modo en situación de poder hablar por experiencia propia de las sutiles ramificaciones de sus efectos en los empeños digitales, biotecnológicos o artísticos. Esto constituye a mis ojos un cambio indudable —y en realidad un progreso— que no solo se ha verificado en el lapso de mi propia experiencia vital, sino que merece ser tenido en consideración. Las conversaciones que hemos mantenido me han beneficiado de un sinnúmero de formas —y probablemente en mayor grado que a los estudiantes mismos.

Y al presentar a las instituciones y sociedades académicas distintas versiones de algunos de los planteamientos que aquí aparecen publicados he tenido asimismo el privilegio de contar con un gran número de respuestas eruditas. Además, a lo largo de los años he tenido la fortuna de encontrar muchas veces ocasión de contrastar mis puntos de vista con entidades de prestigio: en Berkeley; en la Universidad Bucknell; en Harvard; en la Universidad McGill; en la Universidad de Nueva York; en la Universidad de Pittsburgh; en Princeton; en la Sociedad para la Historia de la Autoría, la Lectura y la Publicación; en Stanford; en distintas reuniones anuales de la Sociedad de la Historia de la Ciencia; en la Universidad de Chicago; en la Universidad de California, Los Ángeles; en la sede de Urbana-Champaign de la Universidad de Illinois; en la Universidad de Michigan y en Yale. En todos estos lugares, el público que asistía a mis explicaciones habría de contribuir enormemente al pulido de los argumentos expuestos en este libro. Pese a que no haya registrado los nombres de todos aquellos que expresaron algún comentario particular, siempre he tratado de escuchar dichas observaciones y de tener en cuenta los comentarios mismos. Quiero expresar desde aquí mi gratitud por todas estas aportaciones.

El relato que aquí se consigna se asienta fundamentalmente en pruebas procedentes de fuentes primarias, pruebas que no me habría sido posible reunir sin la ayuda de un gran número de bibliotecas y de archivos. Quiero expresar mi agradecimiento por haber disfrutado de la oportunidad de consultar distintos tipos de documentos en las siguientes instituciones —y en no menor grado por la ayuda proporcionada por el personal de esos establecimientos—: la Sociedad Estadounidense de Anticuarios; la Sociedad Filosófica Estadounidense; el Centro de Archivos Escritos de la Corporación Británica de Radiodifusión; la Biblioteca Británica; los Archivos de la Oficina Británica de Telecomunicaciones (British Telecom); la Biblioteca de la Universidad de Cambridge; la Sociedad Histórica de Pensilvania; la Biblioteca Houghton de la Universidad de Harvard; la Biblioteca Huntington; los Archivos de la Universidad de Glasgow; los Archivos de la London School of Economics; la Biblioteca William L. Clements de la Universidad de Michigan; los archivos del Instituto Tecnológico de Massachusetts; los Archivos Nacionales del Reino Unido; la Biblioteca Nacional de Irlanda; la Biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford; los archivos del Servicio Postal del Reino Unido (Royal Mail); la Biblioteca de la Real Sociedad de Londres; las Bibliotecas Regenstein y Crerar de la Universidad de Chicago; y el Venerable Gremio de Libreros y Fabricantes de Periódicos.

El respaldo económico para poder dedicar determinados periodos de excedencia a la investigación ha resultado vital tanto en el momento de concretar este proyecto como en la fase de redacción del libro que habría de surgir de ese esfuerzo. He recibido este tipo de apoyo de la Universidad de Chicago, de la Sociedad Filosófica Estadounidense (gracias a la obtención de un estipendio con el que realizar un año sabático en 2002) y de la Fundación Nacional Estadounidense de la Ciencia (en 2005, gracias a la beca número 0451472). Todas las opiniones, hallazgos, conclusiones o recomendaciones que aparecen expresadas en este libro son mías y no constituyen necesariamente un reflejo de los puntos de vista de la Fundación Nacional Estadounidense de la Ciencia ni de ninguna otra de las instituciones aquí citadas.

No es menor la gratitud que me une a todas aquellas personas que he ido teniendo ocasión de conocer a lo largo de los años y que han contribuido con ideas, críticas y sugerencias a la presente obra. Al recorrer los distintos círculos académicos y profesionales he descubierto que todas y cada una de las diferentes especialidades han ido desarrollando una mitología propia en torno a la noción de piratería, y que aquella es con frecuencia crucial para la interpretación que dichas especialidades han acabado forjándose respecto del origen de la actividad pirática misma. Lo que he ido aprendiendo de todas ellas habría podido llenar las páginas de una obra de numerosos volúmenes, así que espero que las personas o entidades que me hayan aportado algún material tengan a bien mostrarse comprensivas si al final descubren que no lo he utilizado. Y no puedo sino pedir aún más encarecidas disculpas a los muchos individuos que sin duda habré pasado por alto en la siguiente lista —ruego a todos ellos que lo atribuyan a mi mala memoria y no a mis modales—. Con todo, entre las ayudas que tengo particularmente presentes se encuentran las de las siguientes personas: Lionel Bently, Mario Biagioli, Geoffrey Bilder (por haber conseguido hallar, como por ensalmo, el momento idóneo en la Googleplex[1]), Ann Blair, Peter Burke, Graham Burnett, James Chandler, Roger Chartier, Bill Clark, Roger Cooter, Angela Creager, Robert Darnton, Arnold Davidson, Peter Dear, Richard Epstein, James Evans, Paula Findlen, John Forrester, Marina Frasca-Spada, Peter Galison, Anne Goldgar, Jan Golinski, Anthony Grafton, John Guillory, Deborah Harkness, Nicholas Jardine, Daniel Kevles, James Lee, Alan Liu, el difunto Donald McKenzie, Michael McKeon, Jim Moore, Oliver Morton, Reviel Netz, Shuhei Ogawa, Trevor Pinch, Steven Pincus, Mary Poovey, Wei Ran, Robert Richards, Lissa Roberts, Jonathan Rose, Larry Rothfield, Martin Rudwick, Simon Schaffer, Anne Secord, James Secord, Steven Shapin, Geoffrey Smith, Pamela Smith, Emma Spary, Peter Stallybrass, Stephen Stigler, Kate Stimmler, Fred Swartz, Michael Warner, William Wimsatt, Alison Winter y Martha Woodmansee.

Este libro se centra en el mundo de habla inglesa. Sin embargo, han sido las experiencias que he tenido oportunidad de vivir en Japón, China y la Europa continental las que han ido moldeando la idea que yo mismo me he ido formando de ese mundo. La investigación de las prácticas asociadas con la piratería digital (o de otro tipo) en tan diversos entornos ha contribuido a resaltar con mayor relieve aún las peculiaridades de mi propia cultura, pese a que los resultados de esas investigaciones no aparezcan de forma explícita en la presente obra. Quiero expresar de manera muy especial la honda gratitud que siento hacia Yoshihisa Ogawa y Naoya Nakanishi, ambos de la corporación Foursis del Japón, ya que sin su extraordinaria generosidad y ayuda no habría podido desarrollar adecuadamente la comprensión de las cuestiones digitales que he alcanzado a tener. En China, los esfuerzos que me vi obligado a realizar para entrevistarme con ciertos piratas de DVD no habrían dado el menor resultado de no haber sido por Wei Ran, y en Hong Kong, Stephen Selby, director del departamento de Propiedad Intelectual del SAR, me dedicó con toda esplendidez su tiempo.

Las personas más íntimamente implicadas en el proceso de investigación, escritura y reescritura de este libro —proceso al parecer interminable— han sido los miembros de mi familia: Alison, David, Elizabeth, Zoe y Benjamin. Desde luego, no habría podido culminarlo sin su ayuda, paciencia y tolerancia. Sin embargo, les debo mucho más de lo que esto implica —mucho más, de hecho, de lo que jamás podría expresarse con palabras.

Pese a que siempre he concebido este libro como una entidad unitaria, he tenido la magnífica oportunidad de comprobar el funcionamiento práctico de algunas versiones anteriores al darlas a la imprenta. El capítulo 3, que trata el tema de la «La Ilustración pirática» («The Piratical Enlightenment»), apareció en This Is Englightenment, C. Siskin y W. Warner (eds.), Chicago, University of Chicago Press, 2010. Distintas partes del capítulo 4 alcanzaron a ver primeramente la luz con el título de «Reading and Experiment in the Early Royal Society», en K. Sharpe y S. Zwicker (eds.), Reading, Society and Politics in Early Modern England, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 244-271 (© Cambridge University Press; reimpreso con su permiso). El ensayo titulado «Truth and Malicious Falsehood», publicado en el Nature 451 de 28 de febrero de 2008, pp. 1058-1060, contiene una abreviadísima versión de la argumentación que informa el capítulo 5. El capítulo 12 amplía un material inicialmente presentado en «Pop Music Pirate Hunters», Daedalus 131, n.º 2 (primavera de 2002), pp. 67-77. Y en el capítulo 14 se publicó una versión preliminar de los planteamientos allí expuestos con el título de «Intellectual Property and the Nature of Science», Cultural Studies 20 (2006), pp. 145-164.

ADRIAN JOHNS (Reino Unido, 1965). Es profesor de Historia en la Universidad de Chicago, donde preside el Comité de estudios de Historia de las Ciencias. Su campo de estudio se centra en la historia de la ciencias y en la historia del libro, ámbitos en los que ha publicado un gran número de artículos.

Ha publicado varios libros, The Nature of the Book: Print and Knowledge in the Making (1998), Piratería: Las luchas por la propiedad intelectual de Gutenberg a Gates (2009) y Death of a Pirate: British Radio and the Making of the Information Age (2012).

Notas

Notas Dedicatoria

[1] Cita de la ópera cómica en dos actos de Arthur Sullivan y William Schwenck Gilbert, Los piratas de Penzance, o El esclavo del deber, estrenada en 1879. [N. de los T.] <<

Notas Prólogo

[1] Véase Joe Karaganis (ed.), Media Piracy in Emerging Economies, Nueva York, Social Science Research Council, 2011. [El texto íntegro del mencionado estudio puede descargarse o consultarse gratuita y legalmente, tanto en inglés como en castellano (Piratería de medios en las economías emergentes, traducción de Clio Bugel y Guillermo Sabanes), en la siguiente dirección electrónica: http://piracy.americanassembly.org/the-report/. (N. de los T.)] <<

[2] Véase el texto titulado Intellectual Property: Observations on Efforts to Quantify the Economic Effects of Counterfeit and Pirated Goods, Washington, D. C., Oficina de Responsabilidad Gubernamental de los Estados Unidos, 2010, informe n.º 10-423. <<

[3] Joe Karaganis, «Rethinking Piracy», en J. Karaganis (ed.), Media Piracy in Emerging Economies, cit., pp. 1-75, y muy especialmente las páginas 4 a 18. <<

[4] Empresario e informático alemán conocido por ser el creador de una organización electrónica denominada Megaupload, entre otros portales. El 20 de enero de 2012, la policía de Nueva Zelanda le arrestó debido a que desde los Estados Unidos se le había acusado de violar los derechos de autor a través de Megaupload, causando pérdidas millonarias a la industria de la música y del espectáculo. Dotcom niega rotundamente los cargos y se halla actualmente en plena batalla legal contra quienes intentan extraditarlo a los Estados Unidos, y justo un año después de su detención lanzó una versión mejorada de Megaupload llamada MEGA. [N. de los T.] <<

[5] SOPA: Stop Online Piracy Act, o Ley para el cese de la piratería en línea; PIPA: Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act, o Ley para la prevención de las verdaderas amenazas a la creatividad económica y el robo de la propiedad intelectual; ACTA: Anti-Counterfeiting Trade Agreement, o Acuerdo comercial contra falsificaciones; HADOPI: Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, o Ley para la promoción de la difusión y la protección de la creación en internet. [N. de los T.] <<

[6] Fragmento del discurso pronunciado por James Christian, vicepresidente y jefe del aparato de seguridad corporativa de la compañía farmacéutica Novartis, Comité de Energía y Comercio Domésticos de los Estados Unidos, 15 de junio de 2005, pp. 8-9. <<

[7] Véase S. D. Scalet, «Radio-Frequency ID (RFID) as an Answer to Pharmaceutical Drug Counterfeiting», Congress of Industrial Organizations, 11 de mayo de 2007. Puede consultarse el texto íntegro de este trabajo en la siguiente dirección electrónica: http://www.cio.com/article/108903/Radio_Frequency_ID_RFID_as_an_Answer_to_Pharmaceutical_Drug_Counterfeiting. <<

[8] Una de las entidades que respaldan con mayor entusiasmo la aplicación de los sistemas de verificación en red es la industria del tabaco, que está tratando de poner a punto un sistema de verificación propio denominado Codentify. No es preciso insistir en lo irónico que resulta que esta industria quiera salir ahora en defensa de la salud pública y de la credibilidad de sus productos. <<

Notas capítulo 1

[1] Nippon Electric Company. [N. de los T.] <<

[2] Véase la reveladora exposición que puede encontrarse en la siguiente dirección web: http://www.cn.necel.com/en/cprofile/elhk/cprofile_elhk_job_disclaimer.html. <<

[3] Véase D. Lague, «Next Step for Counterfeiters: Faking the Whole Company», New York Times, 1 de mayo de 2006, p. C1; véase también D. Lague, «Next Step in Pirating: Faking a Company», International Herald Tribune, 28 de abril de 2006, p. 1. <<

[4] Véase S. Vickers, «Confronting the New IP threat», Asia Law, abril de 2006, pp. 37-38. <<

[5] Bruce Sterling, Distraction, Nueva York, Bantam, 1998 (1999), p. 104; véase también p. 121. <<

[6] Exclamación con la que se abre el Manifiesto comunista de Karl Marx y Friedrich Engels: «Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo…». [N. de los T.] <<

[7] Esta evocación del Manifiesto Comunista no es enteramente frívola. El Manifiesto se escribió para aprovechar el ímpetu revolucionario de 1848, cuando el antiguo orden súbitamente se tambaleó por efecto de las transformaciones vividas en los campos de la tecnología, las comunicaciones y la industria. La agitación que conoció dicho periodo puede compararse con la que acabará predominando ciento cincuenta años más tarde tras la implosión del sistema comunista como consecuencia de la irrupción de las redes de comunicación. Un cierto número de «manifiestos de piratería informática» trataron de establecer ese mismo paralelismo. El más enfático de todos ellos es el Hacker Manifesto de M. Wark, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 2004; el más sincero y original, The Mentor, «Conscience of a Hacker/Hacker’s Manifesto», Phrack 1, n.º 7 (25 de septiembre de 1986), p. 3 <<

[8] En puridad, debe distinguirse entre la noción de «derechos de autor» («droits d’auteur»), derivada de un conjunto de consideraciones morales relativas al individuo creador nacidas en la Francia ilustrada, y el concepto del «copyright» inglés, de carácter más legal y económico. Aunque en la práctica se confunden, este último parte de una idea un tanto ambivalente, puesto que alude tanto al derecho «de copia» como al derecho al reconocimiento público que se otorga a la persona que posee el mencionado privilegio. Dada la generalización de su empleo sinonímico, solo ocasionalmente, en aquellos casos en que la distinción se imponga por su relevancia, traduciremos aquí la voz inglesa con la expresión «derechos de reproducción». [N. de los T.] <<

[9] Cita tomada de G. Davies, Piracy of Phonograms, Oxford, Publicaciones ESC para la Comisión Europea, ²1986, p. 4. Para hacer justicia a Davies es preciso señalar que posteriormente sí que sugerirá una definición más concreta. <<

[10] Véase más adelante el capítulo 10, junto con B. Sherman y L. Bently, The Making of Modern Intellectual Property Law: The British Experience, 1760-1911, Cambridge, Cambridge University Press, 1999. <<

[11] Véase C. Pulling, They Were Singing: And What They Sang About, Londres, G. G. Harrap, 1952, pp. 112-113. <<

[12] Téngase en cuenta que, hasta comienzos del siglo XIX, esta calle londinense se hizo célebre por concentrarse en ella la bohemia literaria y los libreros y editores de más escasos recursos, con lo que su nombre viene a evocar en el mundo anglosajón unas connotaciones costumbristas y culturales similares a las que el lector moderno quizás asocie más espontáneamente, por ejemplo, con algunos de los aspectos del Montmartre parisino. [N. de los T.] <<

[13] «Chapels» en el original. El autor se refiere a una acepción inglesa de esa voz que no tiene su equivalente literal castellano «capillas», ya que alude específicamente a los grupos de artesanos o (más modernamente) sindicalistas que existen de modo muy particular en las industrias editoriales o periodísticas —y que aquí vemos poco menos que in statu nascendi—. [N. de los T.] <<

[14] D. T. Pottinger, The French Book Trade in the Ancien Régime, 1500-1791, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1958, pp. 151-152. <<

[15] Para mayor información sobre las cuestiones que entran en juego en la búsqueda de un marco que nos permita situar mejor nuestro objeto, véase A. Grafton, E. L. Eisenstein y A. Johns, «How Revolutionary Was the Print Revolution?», American Historical Review 107, n.º 1 (febrero de 2002), pp. 84-128. <<

[16] Miguel de Cervantes, Don Quixote, traducción inglesa de E. Grossman (Nueva York), Ecco, 2003, pp. 270, 423-428 y 938. [Texto citado según El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, Madrid, Espasa-Calpe, 1960 (1605), caps. XLIX y L, pp. 329 y 331. (N. de los T.)] <<

[17] Véase P. O. Long, Openness, Secrecy, Authorship: Technical Arts and the Culture of Knowledge from Antiquity to the Renaissance, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2001, p. 11. <<

[18] En el sentido de aquello que resulta apropiado o adecuado, no en la acepción posesiva. [N. de los T.] <<

[19] R. Chapman, Selling the Sixties: The Pirates and Pop Music Radio, Londres, Routledge, 1992. Véase asimismo A. Johns, Death of a Pirate. British Radio and the Making of the Information Age, Nueva York, W. W. Norton, 2010. <<

[20] P.-H. Dopp, La contrefaçon des livres français en Belgique, 1815-1852, Lovaina, Université de Louvain, 1932. <<

[21] Determinados órganos, como el Economist —que creen en la existencia de vías de modernización que desemboquen en el mercado libre, la implantación de contratos vinculantes y la generalización de los derechos de propiedad literaria—, exponen explícitamente distintas versiones de esta hipótesis. <<

[22] Véase N. Anderson, «A War of Attrition», Ars Technica, 18 de marzo de 2007, disponible en http://arstechnica.com/articles/culture/mediadefender.ars; junto con J. A. Halderman y E. W. Felten, «Lessons from the Sony CD DRM episode» (2006), en http://itpolicy.princeton.edu/pub/sonydrm-ext.pdf; y el Center for Food Safety, «Monsanto vs. American farmers» (2005), en http://www.centerforfood%safety.org/pubs/CFSMOnsantovsFarmerReportl.%2013.05.pdf. <<

Notas capítulo 2

[1] Véase el Liber F (entradas correspondientes a los registros comprendidos entre el 2 de marzo de 1656/1657 y el 8 de diciembre de 1682). Tanto para este como para el otro registro, véase R. Myers, The Stationers’ Company Archive: An Account of the Records, 1554-1984, Winchester, St. Paul’s Bibliographies, 1990, p. 25. <<

[2] Vitruvio, Ten Books on Architecture, traducción inglesa de I. D. Rowland, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, p. 85 (VII: 1-3); E. Fantham, Roman Literary Culture: From Cicero to Apuleius, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1996, p. 15; P. O. Long, Openness, Secrecy, Authorship: Technical Arts and the Culture of Knowledge from Antiquity to the Renaissance, cit., p. 43; H.-J. Martin, The History and Power of Writing, Chicago, University of Chicago Press, 1994, pp. 49-50; L. D. Reynolds y N. G. Wilson, Scribes and Scholars: A Guide to the Transmission of Greek and Latin Literature, Oxford University Press, ³1991, pp. 23-29. <<

[3] Véase W. P. McCray, Glassmaking in Venice: The Fragile Craft, Aldershot, Ashgate, 1999, especialmente pp. 149-163; junto con P. O. Long, Openness, Secrecy, Authorship, cit., pp. 89-92. <<

[4] P. O. Long, Openness, Secrecy, Authorship, cit., pp. 88-101; M. Biagioli, «From Print to Patents: Living on Instruments in Early Modern Europe», History of Science 44 (2006), pp. 1-48. <<

[5] P. O. Long, Openness, Secrecy, Authorship, cit., pp. 92-95. <<

[6] Ibid., pp. 10-11. <<

[7] Denominada a veces «magia blanca», es un tipo de ocultismo renacentista que se dedicaba a producir efectos de apariencia prodigiosa por medios naturales (a diferencia de la teúrgia y la goética, que se ocupaban de la invocación de espíritus y seres sobrenaturales). [N. de los T.] <<

[8] Este término, que no es necesariamente despectivo, se aplica en este caso a los practicantes de la medicina itinerantes que, desprovistos de un exhaustivo saber teórico, poseían muchas veces una abundante experiencia práctica. [N. de los T.] <<

[9] Para el examen de estos procesos puede consultarse un buen número de manuales útiles, pero véanse especialmente los de P. Dear, Revolutionizing the Sciences: European Knowledge and Its Ambitions, 1500-1700, Princeton (Nueva Jersey), Princeton University Press, 2001, pp. 10-79 y 101-130; B. T. Moran, Distilling Knowledge: Alchemy, Chemistry, and the Scientific Revolution, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 2005; S. Shapin, The Scientific Revolution, Chicago, University of Chicago Press, 1996, pp. 65-96; y W. R. Newman, Atoms and Alchemy: Chymistry and the Experimental Origins of the Scientific Revolution, Chicago, University of Chicago Press, 2006. Para mayor información sobre los puntos de vista que sostenían los partidarios de Paracelso respecto del conocimiento y para ahondar en la idea del artesano como agente de la Providencia, véase O. Hannaway, The Chemists and the Word: The Didactic Origins of Chemistry, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1975, pp. 22-72, y especialmente pp. 27 y 44-53, junto con P. Smith, The Body of the Artisan: Art and Experience in the Scientific Revolution, Chicago, University of Chicago Press, 2004. <<

[10] Véase T. Coryate, Coryats Crudities, Londres, impreso por W. S., 1611, sig. D4r; junto con A. R. Waller (ed.), Samuel Butler: Characters and Passages from Notebooks, Cambridge, Cambridge University Press, 1908, p. 247. <<

[11] Véase J. Loewenstein, The Author’s Due: Printing and the Prehistory of Copyright, Chicago, University of Chicago Press, 2002, p. 87. <<

[12] J. Buchanan, Linguae Britannicae vera Pronunciatio, Londres, para A. Millar, 1757, «Pirate». <<

[13] Véase P. Kennedy, A Supplement to Kennedy’s Ophthalmographia, Londres, impreso para T. Cooper, 1739, p. 37. <<

[14] Puede consultarse un estudio más detallado de este complejo régimen, gestionado además de forma notablemente sutil, en A. Johns, The Nature of the Book: Print and Knowledge in the Making, Chicago, University of Chicago Press, 1998. <<

[15] Véase G. Wither, The Schollers Purgatory, Londres, «Imprinted for the Honest Stationers», s. f., sig. (i)2v. <<

[16] Ibid., p. 5 y passim. <<

[17] Ibid., sig. (i)2r, pp. 8, 10, 57; véase asimismo S. Wells y G. Taylor (eds.), William Shakespeare: The Complete Works, Oxford, Clarendon Press, 1986, p. 45. <<

[18] Se trata de una facción cristiana que luchó en la guerra civil inglesa y cuyos miembros se harían llamar más tarde «Diggers», o «Cavadores», por pretender ahondar en los Hechos de los Apóstoles, en que basaban su credo. Se llamaban «Verdaderos» para distinguirse de los «Levellers», o «Niveladores», una vaga alianza de folletistas y agitadores políticos surgida al estallar el conflicto entre la monarquía y el parlamento en la Inglaterra de 1640. [N. de los T.] <<

[19] Véase John Milton, Areopagitica, Londres, s. l., 1644; y G. Winstanley, The Law of Freedom and Other Writings, C. Hill (ed.), Cambridge, Cambridge University Press, 1983, pp. 280-281 y 291. Compárese con John Streater, soldado e impresor republicano, en A Glympse of that Jewel, Judicial, Just Preserving Libertie, Londres, para G. Calvert, 1653, sigs. A2v-A4r. Véase también S. Achinstein, Milton and the Revolutionary Reader, Princeton (Nueva Jersey), Princeton University Press, 1994, pp. 1-70. [La cita bíblica es del Nuevo Testamento, «Primera epístola a los Tesalonicenses», 5, 21, en Biblia de Jerusalén, traducción de Pedro Núñez, Bilbao, Desclée de Brouwer, 1976. (N. de los T.)] <<

[20] Véase P. Lake y S. Pincus, «Rethinking the Public Sphere in Early Modern England», Journal of British Studies 45 (2006), pp. 270-292. <<

[21] Sobre las guerras civiles inglesas y la política del periodo que abarcan hay un conjunto de obras históricas poco menos que infinito. Para una buena comprensión del vínculo existente entre los textos que ponen el acento en los elementos literarios y políticos que resultan aquí centrales, véase especialmente D. Norbrook, Writing the English Republic: Poetry, Rhetoric, and Politics, 1627-1660, Cambridge, Cambridge University Press, 1999; N. Smith, Literature and Revolution in England, 1640-1660, New Haven (Connecticut), Yale University Press, 1994; y S. Achinstein, Milton and the Revolutionary Reader, cit. Para mayor información sobre el problema de la «razón» pública, véase M. Knights, «How Rational Was the Later Stuart Public Sphere?», en The Politics of the Public Sphere in Early Modern England, P. Lake y S. Pincus (eds.), Manchester, Manchester University Press, 2007, pp. 252-267. En la década de 1650, el empeño de los editores presbiterianos destinado a intentar reeditar la concesión de licencias adoptará la forma de una prolija guerra de panfletos, entre los que destacan el de Luke Fawne et al., titulado A beacon set on fire, Londres, s. l., 1652; véase A. Johns, «Coleman Street», Huntington Library Quarterly 71, n.º 1 (2008), pp. 33-54, y especialmente pp. 51-52; y J. Collins, «Silencing Thomas Hobbes: The Presbyterians and Their Printers», en http://csb.princeton.edu/index.php?app=download&id=11. <<

[22] Para un vislumbre de las disputas políticas frecuentes en estas décadas, véase J. H. Scott, Commonwealth Principles: Republican Writing of the English Revolution, Cambridge, Cambridge University Press, 2004. <<

[23] Véase también C. Blagden, The Stationers’ Company: A History, 1403-1959, Londres, George Allen and Unwin, 1960; reimpreso en Stanford (California), Stanford University Press, 1977, pp. 93 y 144. <<

[24] Para una exposición más extensa del conflicto en el que se vio envuelto Atkyns, véase A. Johns, The Nature of the Book, cit., pp. 304-320 y 338-344. <<

[25] Véase D. Norbrook, Writing the English Republic, cit., pp. 1-22; junto con J. H. Scott, England’s Troubles: Seventeenth-Century English Political Instability in European Context, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp. 162-166. <<

[26] A. Johns, The Nature of the Book, cit., p. 313. <<

[27] Thomas Hobbes, Behemoth: Or the Long Parliament, F. Tonnies (ed.), Chicago, University of Chicago Press, 1990, p. 109 [ed. cast.: Behemoth, traducción de Miguel Ángel Rodilla, Madrid, Tecnos, 1992. Téngase en cuenta que el subtítulo original inglés dice lo siguiente: The history of the causes of the civil wars of England, and of the counsels and artifices by which they were carried on from the year 1640 to the year 1660, periodo al que también se conoce con el nombre de The Long Parliament, razón por la que aparece aquí con ese subtítulo (N. de los T.)]. <<

[28] En el sentido de gentleman. [N. de los T.] <<

[29] Véase especialmente A. O. Hirschman, The Passions and the Interests: Political Arguments for Capitalism before Its Triumph, Princeton (Nueva Jersey), Princeton University Press, 1977 [ed. cast.: Las pasiones y los intereses, trad. de Joan Solé, Barcelona, Península, 1979]. <<

[30] Para un análisis de las objeciones que planteaban los impresores, véase la obra titulada The London Printers Lamentation, or, the Press opprest, and overprest, s. l. [Londres], 1660; A Brief Discourse Concerning Printing and Printers, Londres, «Printed for a Society of Printers», 1663; y, en general, C. Blagden, «The “Company” of Printers», Studies in Bibliography 13 (1960), pp. 3-17. <<

[31] Véase R. Atkyns, The original and growth of printing, Londres, impreso por J. Streater para el autor, 1664, sig. [B3]v. <<

[32] P. Seaward, The Cavalier Parliament and the Reconstruction of the Old Regime, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, p. 117. <<

[33] Véase Tucídides, Eight bookes of the Peloponnesian warre, traducción inglesa de Thomas Hobbes, Londres, impreso para Henry Seile, 1629, p. 4 [ed. cast.: Historia de la guerra del Peloponeso, edición de Luis M. Macía Aparicio, Madrid, Akal, 1989, I, 6, p. 52 —con ligeras modificaciones—. (N. de los T.)]; Thomas Hobbes, Leviathan, edición inglesa de R. Tuck, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, p. 67 —capítulo 10 de la Primera parte— [ed. cast.: Leviatán, traducción de Carlos Mellizo, Madrid, Alianza, 1992]; y H. A. Ormerod, Piracy in the Ancient World: An Essay in Mediterranean History, Liverpool, Liverpool University Press, 1978, pp. 59-70. <<

[34] Marco Tulio Cicerón, De Officiis, II; 40, III, 107; traducción inglesa en On Duties, ed. a cargo de M. T. Griffin y E. M. Atkins, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, pp. 77-78, 141-42 [ed. cast.: Sobre los deberes, estudio, traducción y notas de José Guillén Cabañero, Madrid, Tecnos, 1989, pp. 102-103, 184]. <<

[35] Digest XLIX, 15, 24; véase también H. A. Ormerod, Piracy in the Ancient World, cit., p. 60. Para más información sobre la importancia cultural de hablar con sinceridad, véase S. Shapin, A Social History of Truth: Civility and Science in Seventeenth-Century England, Chicago, University of Chicago Press, 1994. <<

[36] Marco Tulio Cicerón, De re publica, III, 24a; cita procedente de la traducción inglesa, titulada On the Commonwealth and On the Laws, J. E. G. Zetzel (ed.), Cambridge, Cambridge University Press, 1999, p. 67. Debo agradecer a Reviel Netz, de la Universidad de Stanford, que identificara la fuente original hace algunos años [ed. cast.: La república, introducción, traducción y notas de Rafael Pérez Delgado, Madrid, Aguilar, 1979, libro III, XIV, p. 97]. <<

[37] Sus palabras exactas son las siguientes: «primo latrocinia, deinde valida bella piratarum», en Agustín de Hipona, De Civitate Dei, III, XXVI; la cita inglesa se encuentra en Concerning the City of God against the Pagans, traducción de H. Bettenson, Harmondsworth, Penguin, 1984, pp. 127, 142 [ed. cast.: La ciudad de Dios, traducción de Santos Santamarta del Río y Miguel Fuertes Lanero, Madrid, 1988 (1842), p. 209]. <<

[38] Agustín de Hipona, De Civitate Dei, IV, IV; City of God, 1984, pp. 139-142 [ed. cast.: cit., p. 229]. <<

[39] Véase M. Rediker y P. Linebaugh, The Many-Headed Hydra: Sailors, Slaves, Commoners, and the Hidden History of the Revolutionary Atlantic, Boston, Beacon, 2000, p. 120. <<

[40] J. Dryden, «Heroick Stanza’s, on the late Usurper Oliver Cromwell», estrofa 30, en E. Waller, J. Dryden y T. Sprat, Three poems upon the death of his late Highnesse Oliver Lord Protector of England, Scotland, and Ireland, Londres, W. Wilson, 1659, p. 8. <<

[41] Véase J. Harrington, The Commonwealth of Oceana, Londres, impreso por J. Streater para L. Chapman, 1656, p. 195. <<

[42] [J. Streater], Observations Historical, Political, and Philosophical, upon Aristotles first Book of Political Government, Londres, para R. Moon; obra publicada en once números semanales, del 4 de abril al 4 de julio de 1654, pp. 6-7, 18-20 y 37-38; véase también A. Johns, The Nature of the Book, cit., p. 313. <<

[43] J. Milton, «Defence of the People of England», en Complete Prose Works, 8 vols., New Haven (Connecticut), Yale University Press, 1953-1982, IV, pt. 1, 419; [D. Defoe], «Miscellanea», Review VI, n.º 104 (3 de diciembre de 1709), p. 415. El propio traductor encargado de verter las obras de Agustín de Hipona en el siglo XVII utilizará la voz «ladrón», de carácter más genérico: véase Agustín de Hipona, Of the City of God, traducción inglesa de I. H., segunda edición, Londres, por G. Eld y M. Flesher, 1620, p. 150 [ed. cast. cit., en la nota 37]. Curiosamente, Milton señalará que el poder del rey radica más en la fuerza de los salteadores de caminos que en el vigor de los poetas o los pintores —comparación que resulta muy pertinente en el contexto del caso de Atkyns, quien, por el contrario, apoyaba su argumentación en que Carlos I de Inglaterra había demostrado su valía al revelarse tan perspicaz en este tipo de cuestiones estéticas—. Para información sobre la jurisprudencia posterior, véase H. A. Ormerod, Piracy in the Ancient World, cit., pp. 60-61. <<

[44] A. Johns, The Nature of the Book, cit., pp. 314-315. <<

[45] Véase J. Vaughn, «The Politics of Empire: Metropolitan Socio-Political Development and the Imperial Transformation of the British East India Company, 1675-1775», tesis doctoral, Universidad de Chicago, 2009, capítulos 1-2. Véase también S. Pincus, «Whigs, Political Economy, and the Revolution of 1688-1689», en «Cultures of Whiggism»: New Essays on English Literature and Culture in the Long Eighteenth Century, David Womersley (ed.), Newark, University of Delaware Press, 2005, pp. 62-81. <<

[46] Para información sobre el carácter revolucionario de la política posterior a los acontecimientos del año 1688, y para la economía política en particular, véase S. Pincus, England’s Glorious Revolution, 1688-1689, Boston, Bedford/St. Martin’s, 2006, pp. 21-26. <<

Notas capítulo 3

[1] Véase la carta de J. Fell a Williamson fechada el 6 de agosto de 1674, National Archives, Kew, State Papers SP 29/361, n.os 188-188(I); junto con T. Brooks, A string of pearls, Londres, para John Hancock, 1668, página final, «The Stationer to the Reader»; Stationers’ Company, Court Book F, fol. 18r, 1684; y A. Johns, The Nature of the Book, cit., p. 344. <<

[2] Véase, en general, J. P. Kenyon, Revolution Principles: The Politics of Party, 1689-1720, Cambridge, Cambridge University Press, 1977, y para una información más concreta, S. Pincus, «Neither Machiavellian Moment nor Possessive Individualism: Commercial Society and the Defenders of the English Commonwealth», American Historical Review 103, n.º 3 (1998), pp. 705-736; véase también T. Harris, Revolution: The Great Crisis of the British Monarchy, 1685-1720, Londres, Allen Lane, 2006, pp. 308-363 y 491-494. <<

[3] Véase P. Linebaugh y M. Rediker, The Many-Headed Hydra, cit., p. 148; junto con S. Smith, «Piracy in Early British America», History Today 46, n.º 5 (mayo de 1996), pp. 29-37, y especialmente la 30 y la 33; y J. Vaughn, «The Politics of Empire…», cit., cap. 2. <<

[4] Charles Johnson [¿Daniel Defoe?], A general history of the robberies and murders of the most notorious pyrates, and also their Policies, discipline and Government, Mineola (Nueva York), Dover, 1999 —original impreso en Londres en el año 1724—, véase la portada y pp. 60-61, 417 y passim [ed. cast.: Historia general de los robos y asesinatos de los más famosos piratas, traducción de Francisco Torres Oliver, Madrid, Valdemar, 1999]. Respecto al «falso rey de Madagascar» véase también [Defoe], The king of pirates, Londres, Hesperus, 2002 —original impreso en Londres en 1719—. Para mayor información sobre las razones que llevan a dudar de que Defoe interviniera realmente en la elaboración de la obra, véase P. N. Furbank y W. R. Owens, The Canonisation of Daniel Defoe, New Haven (Connecticut), Yale University Press, 1988, pp. 100-113. Para la historiografía reciente sobre el particular, véase L. Schweikart y B. R. Burg, «Stand by to Repel Historians: Modern Scholarship and Caribbean Pirates, 1650-1725», The Historian 46, n.º 2 (1984), pp. 219-234; junto con L. Osborne, «A Pirate’s Progress: How the Maritime Rogue Became a Multicultural Hero», Lingua Franca 8, n.º 2 (marzo de 1998), pp. 34-42; M. Rediker y P. Linebaugh, The Many-Headed Hydra, cit., pp. 157-159; C. Hill, «Radical Pirates?», en The Origins of Anglo-American Radicalism, M. Jacob y J. Jacob (eds.), Londres, George Allen and Unwin, 1984, pp. 17-32; y C. Hill, Liberty against the Law: Some Seventeenth-Century Controversies, Londres, Allen Lane, 1996, pp. 114-122. Como es obvio, todas estas obras son polémicas, en especial por el hecho de que no se limiten a retratar a sus protagonistas como una simple comunidad, sino específicamente en los términos propios de un «proletariado» —voz que a mi juicio posee unas connotaciones demasiado decimonónicas como para resultar útil—. Sin embargo, lo importante es lo que los lectores de Londres y Filadelfia, pongamos por caso, creían que era efectivamente la vida del pirata. Las fuentes en que se basan Hill, Rediker y Linebaugh nos ofrecen buena prueba de ello. <<

[5] [D. Defoe], An essay on the regulation of the press, Londres, s. l., 1704, pp. 19-20. <<

[6] Escritor satírico británico (1660-1731), promotor de The London Spy, una publicación mensual en la que se pasaba revista a los sucesos del mundillo literario de la capital inglesa. [N. de los T.] <<

[7] Poeta y dramaturgo inglés (1685-1732), miembro del Scriblerus Club, un informal grupo de amigos entre los que se contaban, entre otros, Jonathan Swift, Alexander Pope, John Arbuthnot, Henry St. John y Thomas Parnell. [N. de los T.] <<

[8] Véase [E. Ward], The Secret History of Clubs, Londres, s. l.; vendido por los editores, 1709, p. 168; junto con J. Gay, «On a Miscellany of Poems, to Bernard Lintott», en su Poetical, dramatic, and miscellaneous works, 6 vols., Londres, para E. Jeffery, 1795, VI: 77-81; [S. Wesley], Neck or Nothing: a consolatory letter from Mr. D-nt-n to Mr. C-rll, Londres, vendido por C. King, 1716, p. 7; P. McDowell, The Women of Grub Street: Press, Politics and Gender in the London Literary Marketplace, 1678-1730, Oxford, Clarendon Press, 1998, p. 252; y S. Johnson, London: A Poem, Londres, para R. Doddesley, 1738, p. 6. <<

[9] [J. D.] Breval, The play is the plot, Londres, para J. Tonson, 1718, pp. 12-13, 21-22, 35-36 y 50. Los rivales de Cibber no tardarían en sugerir que el papel le venía como un guante. La broma del antimonio alude al modo en que el papa había tratado a Curll. <<

[10] E. Ward, A Journey to H (Part II), Londres, s. l., 1700, Canto VII. <<

[11] Véase M. Rose, Authors and Owners: The Invention of Copyright, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1993, p. 147; junto con D. Hunter, «Copyright Protection for Engravings and Maps in Eighteenth-Century Britain», The Library, ser. 6, 9 (1987), pp. 128-147; F. E. Manuel, Isaac Newton, Historian, Cambridge, Cambridge University Press, 1963, pp. 29-36; y P. Baines y P. Rogers, Edmund Curll, Bookseller, Oxford, Clarendon Press, 2007, pp. 246-276. <<

[12] El origen de las teorías modernas sobre este asunto arranca, evidentemente, en J. Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society, traducción inglesa de T. Burger y F. Lawrence, Cambridge, Polity, 1989 [original alemán publicado en 1962; ed. cast.: Historia y crítica de la opinión pública, trad. de Antoni Domènech, Barcelona, Gustavo Gili, ²2004]. Hoy existe ya una amplísima literatura sobre el particular. Se han publicado buenos estudios sobre este tema en inglés, francés y alemán; véanse, entre otros, los siguientes: J. Brewer, «This, That and the Other: Public, Social and Private in the Seventeenth and Eighteenth Centuries», en Shifting the Boundaries: Transformation of the Languages of Public and Private in the Eighteenth Century, D. Castiglione y L. Sharpe (eds.), Exeter, University of Exeter Press, 1995, pp. 1-21; R. Chartier, The Cultural Origins of the French Revolution, traducción inglesa de L. Cochrane, Durham, North Carolina, Duke University Press, 1991 [ed. cast.: Espacio público, crítica y desacralización en el siglo XVIII. Los orígenes culturales de la Revolución francesa, trad. de Beatriz Lonné, Barcelona, Gedisa]; y B. W. Redekop, Enlightenment and Community: Lessing, Abbt, Herder, and the Quest for a German Public, Montreal, McGill-Queen’s University Press, 2000. Para un buen estudio introductorio, véase T. C. W. Blanning, The Culture of Power and the Power of Culture, Oxford, Oxford University Press, 2002, pp. 103-182; y para un examen de las distintas perspectivas teoréticas, que rebasan con mucho los límites del siglo XVIII, véase M. Warner, Publics and Counterpublics, Nueva York, Zone, 2002. <<

[13] «Miscellanea», Review VI, n.º 104 (3 de diciembre de 1709), p. 415. <<

[14] Véase J. Girdham, English Opera in Late Eighteenth-Century London: Stephen Storace at Drury Lane, Oxford, Oxford University Press, 1997, pp. 83-98; junto con Melvyn New, «Sterne, Laurence (1713-1768)», en Oxford Dictionary of National Biography, Oxford, Oxford University Press, 2004; y A. Johns, The Nature of the Book, cit., pp. 320 y 460. <<

[15] Véase R. Darnton, «The Science of Piracy: A Crucial Ingredient in Eighteenth-Century Publishing», Studies in Voltaire and the Eighteenth Century 12 (2003), pp. 3-29; junto con J. C. Attig, The Works of John Locke: A Comprehensive Bibliography from the Seventeenth Century to the Present, Westport (Connecticut), Greenwood Press, 1985; J. S. Yolton, John Locke: A Descriptive Bibliography, Bristol, Thoemmes Press, 1998; J.-A. E. McEachern, Bibliography of the Writings of Jean Jacques Rousseau to 1800, vol. 1, Julie, ou la Nouvelle Héloïse, Oxford, Voltaire Foundation, 1993 [ed. cast.: Julia, o La nueva Eloísa, traducción de Pilar Ruiz Ortega, Madrid, Akal, 2007]; T. C. W. Blanning, The Culture of Power and the Power of Culture, cit., pp. 251-252; J. I. Israel, Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity, 1650-1750, Oxford, Oxford University Press, 2001, especialmente pp. 275-294 y 684-703; J. Champion, Republican Learning: John Toland and the Crisis of Christian Culture, 1696-1722, Manchester, Manchester University Press, 2003, pp. 45-68; M. C. Jacob, The Radical Enlightenment: Pantheists, Freemasons and Republicans, Londres, George Allen and Unwin, 1981, pp. 182-208. Para mayor información sobre los fuegos artificiales, véase S. Werrett, «Explosive Affinities: Pyrotechnic Knowledge in Early Modern Europe», en Making Knowledge in Early Modern Europe: Practices, Objects, and Texts, 1400-1800, P. Smith y B. Schmidt (eds.), Chicago, University of Chicago Press, 2007, pp. 68-69. <<

[16] Marqués de Condorcet, «Fragments concerning Freedom of the Press», traducción inglesa de extractos a cargo de A. Goldhammer, en Daedalus 131, n.º 2 (primavera de 2002), pp. 57-59. <<

[17] Véase C. Hesse, Publishing and Cultural Politics in Revolutionary Paris, 1789-1810, Berkeley, University of California Press, 1991; así como C. Hesse, «Economic Upheavals in Publishing», en Revolution in Print: The Press in France 1775-1800, R. Darnton y D. Roche (eds.), Berkeley, University of California Press, 1989, pp. 69-97; y G. S. Brown, «After the Fall: The chute of a Play, droits d’auteur, and Literary Property in the Old Regime», French Historical Studies 22, n.º 4 (otoño de 1999), pp. 465-491. Véase también (aunque con cautela) J. Boncompain, La Révolution des auteurs: naissance de la propriété intellectuelle (1773-1815), París, Fayard, 2001. <<

[18] Se trata de un principio enunciado por sir Thomas Gresham (ca. 1520-1579) según el cual, cuando una moneda depreciada circula junto con otras que conservan su valor, las que se terminan imponiendo son justamente las menos valiosas, mientras que las buenas se ahorran y a largo plazo desaparecen del mercado. [N. de los T.] <<

[19] El debate central sobre esta cuestión aparece expuesto en M. Woodmansee, «Genius and the Copyright», en la obra titulada The Author, Art, and the Market: Rereading the History of Aesthetics, Nueva York, Columbia University Press, 1994, pp. 35-55. Actualmente Woodmansee está escribiendo un libro en el que se propone exponer un estudio definitivo sobre estos debates. Entretanto, véase también A. Johns, «The Piratical Enlightenment», en This Is Enlightenment, C. Siskin y W. Warner (eds.), Chicago, University of Chicago Press, 2010. Si se precisa un texto breve, la mejor introducción inglesa a la Naturphilosophie es la de N. Jardine, «Naturphilosophie and the Kingdoms of Nature», en Cultures of Natural History, N. Jardine, J. A. Secord y E. C. Spary (eds.), Cambridge, Cambridge University Press, 1996, pp. 230-245. La mejor introducción a la práctica de la piratería literaria en la Alemania de esta época es la de Reinhard Wittmann, «Highwaymen or Heroes of Enlightenment? Viennese and South German Pirates and the German Market», ponencia presentada en la conferencia titulada «The History of Books and Intellectual History», Princeton University, 2004 —puede consultarse en esta dirección electrónica: www.princeton.edu/csb/conferences/december_2004/papers/Wittman_Paper.doc. <<

[20] Véase J. Schmidt (ed.), What Is Enlightenment? Eighteenth-Century Answers and Twentieth-Century Questions, Berkeley, University of California Press, 1996. <<

[21] Véase Immanuel Kant, «On the wrongfulness of unauthorized publication of books», en su Practical Philosophy, M. J. Gregor y A. Wood (eds.), Cambridge, Cambridge University Press, 1996, pp. 23-35; véase asimismo E. [sic] Kant, Essays and treatises on moral, political, and various philosophical subjects, traducción inglesa de J. Richardson, 2 vols., Londres [¿Altenburg?], para el traductor, 1798, I, pp. 225-239. Kant reiterará más tarde este mismo argumento en su «Metaphysics of Morals», en Practical Philosophy, cit., pp. 437-438 [ed. cast.: La metafísica de las costumbres, traducción de Adela Cortina Orts y Jesús Conill Sancho, Madrid, Tecnos, 1989 (1797)]. <<

[22] El autor se refiere a la Gesellschaft der Freunde der Aufklärung, o «Sociedad de amigos de la Ilustración», un pequeño grupo de intelectuales liberales alemanes creado en Berlín en 1783. Entre sus miembros se contaban el ministro de Economía y el consejero de Justicia prusianos, así como distintos juristas, médicos, directores de teatro, músicos y escritores. [N. de los T.] <<

Notas capítulo 4

[1] Véase A. Cowley, «To the Royal Society», en T. Sprat, The History of the Royal Society of London, Londres, J. Martyn y J. Allestry, 1667, sig. B2r. <<

[2] Véase por ejemplo, N. Jardine, The Birth of History and Philosophy of Science: Kepler’s «A Defence of Tycho against Ursus» with Essays on Its Provenance and Significance, Cambridge, Cambridge University Press, 1984, junto con P. Dear, Discipline and Experience: The Mathematical Way in the Scientific Revolution, Chicago, University of Chicago Press, 1995, pp. 93-123. <<

[3] Método de validación de trabajos escritos, estudios o inventos mediante el escrutinio de un cierto número de autores de rango académico igual al del proponente —razón por la que también se conoce a este sistema con el nombre de «revisión por pares». [N. de los T.] <<

[4] Véase S. Shapin y S. J. Schaffer, Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental Life, Princeton (Nueva Jersey), Princeton University Press, 1985, pp. 22-79. <<

[5] A. Blair, «Reading Strategies for Coping with Information Overload, ca. 1550-1700», Journal of the History of Ideas 64 (2003), pp. 11-28. <<

[6] Véase R. Hooke, The Posthumous Works of Robert Hooke, R. Waller (ed.), Londres, S. Smith y B. Walford, 1705, pp. 18-19, 24, 34-36, 63-65 y 139-140; véase también L. Mulligan, «Robert Hooke’s “Memoranda”: Memory and Natural History», Annals of Science 49 (1992), pp. 47-61, y especialmente pp. 50-53. <<

[7] Hoy existe una extensa literatura sobre este particular, pero véanse en especial las siguientes obras: S. Shapin, A Social History of Truth: Civility and Science in Seventeenth-Century England, Chicago, University of Chicago Press, 1994; S. Shapin, «The House of Experiment in Seventeenth-Century England», Isis 79 (1988), pp. 373-404; M. Biagioli, «Etiquette, Interdependence, and Sociability in Seventeenth-Century Science», Critical Inquiry 22 (1996), pp. 193-238; M. Biagioli, «Knowledge, Freedom and Brotherly Love: Homosociability and the Accademia dei Lincei», Configurations 3 (1995), pp. 139-166; M. Biagioli, Galileo, Courtier: The Practice of Science in the Culture of Absolutism, Chicago, University of Chicago Press, 1993. <<

[8] Compárense las distintas observaciones que aparecen en D. F. McKenzie, «Speech-Manuscript-Print», en New Directions in Textual Studies, D. Oliphant y R. Bradford (eds.), Austin (Texas), Harry Ransom Humanities Research Center, 1990, pp. 87-109, y R. Chartier «Leisure and Sociability: Reading Aloud in Early Modern Europe», traducción inglesa de C. Mossman, en Urban Life in the Renaissance, S. Zimmerman y R. F. E. Wiessman (eds.), Londres y Toronto, Associated University Presses, 1989, pp. 103-120. <<

[9] Véase por ejemplo, H. Longino, Science as Social Knowledge, Princeton (Nueva Jersey), Princeton University Press, 1990, pp. 62-132; junto con L. Daston, «Baconian Facts, Academic Civility, and the Prehistory of Objectivity», Annals of Scholarship 8 (1991), pp. 337-363; L. Daston, «The Ideal and Reality of the Republic of Letters in the Enlightenment», Science in Context 4 (1991), pp. 367-386. <<

[10] Véase E. Tyson, Phocaena, Or the Anatomy of a Porpess, Dissected at Gresham College, Londres, B. Tooke, 1680, sig. A2r-v; y compárese con lo que se indica (entre otros muchos ejemplos posibles) en A. M[ullen], An Anatomical Account of the Elephant accidentally burnt in Dublin, Londres, S. Smith, 1682, p. 3; W. Petty, The Discourse made before the Royal Society… Concerning the Use of Duplicate Proportion, Londres, J. Martyn, 1674, sigs. A3r-A4r, A8r-v; y C. Havers, Osteologia Nova, Londres, S. Smith, 1691, sigs. A3r-A4v. <<

[11] A. Johns, The Nature of the Book, cit., pp. 475-491. <<

[12] Véase por ejemplo, T. Birch (ed.), The History of the Royal Society of London, cit., 4 vols., Londres, A. Millar, (1756-1757), vol. I, p. 487. En el año 1674, semanas después de la recepción de un informe de inspección, la Real Sociedad de Londres recomendaría expresamente que se prosiguiera el diálogo, dado que este tipo de informes estaban empezando a adquirir un carácter lo suficientemente técnico como para impedir que la respuesta a los mismos pudiera realizarse de forma inmediata: véase Birch, History, cit., vol. III, p. 153. <<

[13] Sobre el procedimiento de registro véase S. Shapin, A Social History of Truth, cit., pp. 302-304. <<

[14] Royal Society Cl.P. XX, fol. 92r. <<

[15] Teólogo y filósofo natural alemán (ca. 1619-1677) que, afincado desde 1653 en Londres, terminaría siendo secretario de la Real Sociedad de dicha ciudad. [N. de los T.] <<

[16] Véase A. Johns, The Nature of the Book, cit., cap. 7, p. 489; junto con A. Johns, «Miscellaneous Methods: Authors, Societies and Journals in Early Modern England», British Journal for the History of Science 33 (2000), pp. 159-186. <<

[17] Véase M. Knights, Representation and Misrepresentation in Later Stuart Britain, Oxford, Oxford University Press, 2005, pp. 272-334; así como D. Freist, Governed by Opinion: Politics, Religion and the Dynamics of Communication in Stuart London, 1637-1645, Londres, Tauris, 1997; y J. Raymond, Pamphlets and Pamphleteering in Early Modern Britain, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 331-355. <<

[18] Para mayor información sobre la controversia protagonizada por Hooke, véase R. C. Iliffe, «“In the Warehouse”: Privacy, Property and Priority in the Early Royal Society», History of Science 30 (1992), pp. 29-68; para otro ejemplo, véase G. S[inclair], The Hydrostaticks, Edimburgo, impreso por G. Swintoun, J. Glen y T. Brown, 1672, p. 146, junto con el texto titulado Vindication of the Preface que aparece como apéndice en este volumen, aunque con paginación aparte —véanse especialmente pp. 4-8. <<

[19] T. Birch (ed.), The History of The Royal Society of London, cit., vol. II, p. 501 y vol. III, pp. 1-3. <<

[20] R. C. Iliffe, «“In the Warehouse”», cit. <<

[21] T. Birch (ed.), The History of The Royal Society of London, cit., vol. III, pp. 4, 9 y 20. <<

[22] Ibid., pp. 10-15. <<

[23] Ibid., pp. 16, 18-19, 52 y 63. <<

[24] Ibid., p. 318; véase asimismo S. J. Schaffer, «Glass Works: Newton’s Prisms and the Uses of Experiment», en The Uses of Experiment: Studies in the Natural Sciences, D. Gooding, T. Pinch y S. J. Schaffer (eds.), Cambridge, Cambridge University Press, 1989, pp. 67-104, y especialmente p. 85. <<

[25] Véase T. Birch (ed.), The History of The Royal Society of London, cit., vol. III, p. 269. Lo cierto es que Hooke no compraría el tratado de Grimaldi sino en el año 1679: véase H. W. Robison y W. Adams (eds.), The Diary of Robert Hooke… 1672-1680, Londres, Taylor & Francis, 1935, p. 417. <<

[26] T. Birch (ed.), The History of The Royal Society of London, cit., vol. III, pp. 278-279. <<

[27] Véase R. S. Westfall, Never at Rest: A Biography of Isaac Newton, Cambridge, Cambridge University Press, 1980, pp. 274-280, 310; véase también S. J. Schaffer, «Glass Works», cit., pp. 89-91. <<

[28] Véase I. Newton, The Correspondence of Isaac Newton, H. W. Turnbull, J. F. Scott, A. R. Hall y L. Tilling (eds.), 7 vols., Cambridge, Cambridge University Press, 1959-1977, vol. I, pp. 317-319, 328-329, 358-365. <<

[29] Véase Johns, «Miscellaneous Methods», cit., pp. 182-183; junto con A. Johns, The Nature of the Book, cit., pp. 521-531; T. Birch (ed.), The History of The Royal Society of London, cit., vol. IV, p. 196; y R. T. Gunther, Early Science in Oxford, 15 vols., Oxford, para los subscriptores, 1923-1967, vol. 7, pp. 434-436. <<

[30] Véase T. Birch (ed.), The History of The Royal Society of London, cit., vol. IV, pp. 347, 480; junto con Isaac Newton, The Principia, traducción de I. B. Cohen y A. Whitman, Berkeley, University of California Press, 1999, pp. 11-13; D. B. Meli, Equivalence and Priority: Newton versus Leibniz, Oxford, Clarendon Press, 1993, pp. 95-125; A. R. Hall, Philosophers at War: The Quarrel between Newton and Leibniz, Cambridge, Cambridge University Press, 1980; A. Johns, The Nature of the Book, cit., capítulo 8; y R. C. Iliffe, «“Is He like Other Men?” The Meaning of the Principia Mathematica, and the Author as Idol», en Culture and Society in the Stuart Restoration: Literature, Drama, History, G. MacLean (ed.), Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 159-176. <<

[31] El ejemplo más célebre de esto último se encuentra en F. E. Manuel, A Portrait of Isaac Newton, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1968 —véanse por ejemplo pp. 141-142, 156 y 159—; no obstante, y a pesar de expresarse en términos menos categóricos, puede observarse fácilmente que esta es la tendencia que predomina en muchos de los estudios dedicados a Newton. <<

[32] Véase P. Pellison, The History of the French Academy, Londres, impreso por J. Streater para T. Johnson, 1657, pp. 6-7. <<

[33] La obra titulada The Mechanick Exercises se publicó entre los años 1678-1680, y sería objeto de nuevo interés en 1683; la Collection of letters abarca un periodo comprendido entre los años 1681 y 1684. <<

[34] Véase T. Birch (ed.), The History of The Royal Society of London, cit., vol. I, pp. 116, 391, 397; Real Sociedad de Londres, Journal Book X, p. 444. <<

[35] Véase H. Oldenburg, The Correspondence of Henry Oldenburg, A. R. y M. B. Hall (eds.), 13 vols., Madison, University of Wisconsin Press; Londres, Mansell; Londres, Taylor and Francis, 1968-1986, vol. IV, pp. 525-526. Véase también T. Birch (ed.), The History of The Royal Society of London, cit., vol. II, p. 306 (para Wallis) vol. II, p. 231 (para mayor información sobre un tal Alexander Marshal que se negará a revelar sus conocimientos técnicos sobre los pigmentos afirmando: «son un gran secreto, pero si llegan a desvelarse perderán todo su valor»). <<

[36] R. C. Iliffe, «“In the Warehouse”», cit., pp. 41-52. <<

[37] Véase R. E. W. Maddison, «Studies in the Life of Robert Boyle, F. R. S. Part II: Salt Water Freshened», Notes and Records of the Royal Society 9 (1952), pp. 196-216, y especialmente p. 197. <<

[38] «Tracts consisting of observations about the saltness of the sea», en R. Boyle, The Works of Robert Boyle, M. Hunter y E. B. Davis (eds.), 14 vols., Londres, Pickering and Chatto, 1999-2000, vol. VII, pp. 390-412, y especialmente pp. 400 y 401; véase también R. E. W. Maddison, «Salt Water Freshened», cit. <<

[39] Véase por ejemplo, «Salt-water sweetned», en R. Boyle, Works, cit., vol. IX, pp. 425-437; junto con The Supplement to a small treatise called Salt-water sweetned, Londres, impreso por J. Harefinch, s. f., así como el texto, con paginación aparte, titulado «Conditions». <<

[40] Véase The case of Mr. Walcot, s. l., s. f. <<

[41] Véase H. Walcot, Sea-water made fresh and wholesome, Londres, para R. Parker, 1702, pp. 2 y 7. <<

[42] Véase R. E. W. Maddison, «Salt Water Freshened», cit., p. 206; junto con R. Boyle, Works, cit., vol. III, p. 362. <<

[43] Véase W. Eamon, Science and the Secrets of Nature: Books of Secrets in Medieval and Early Modern Culture, Princeton (Nueva Jersey), Princeton University Press, 1994, pp. 234-235. <<

[44] Véase R. E. W. Maddison, «Salt Water Freshened», cit., y especialmente p. 206; junto con S. Hales, Philosophical experiments: containing useful, and necessary instructions for such as undertake long voyages at sea, Londres, para W. Innys, R. Manby y T. Woodward, 1739, p. XX. <<

[45] S. Hales, Philosophical experiments, cit., p. XVI. <<

[46] H. Walcot, Sea-water made fresh and wholesome, cit., 14-18. <<

[47] Véase R. E. W. Maddison, «Salt Water Freshened», cit. <<

[48] Para mayor información sobre el nitro aéreo, véase R. G. Frank, Harvey and the Oxford Physiologists: Scientific Ideas and Social Interaction, Berkeley, University of California Press, 1980, pp. 115-139 y 221-274. <<

[49] [N. Grew], New experiments, and useful observations concerning sea-water made fresh, s. l., 1683. <<

[50] S. Hales, Philosophical experiments, cit., pp. XI-XII, XIX-XX. <<

[51] Véase T. Birch (ed.), The History of The Royal Society of London, cit., vol. III, pp. 456-457, 475, 478, 480, 487, 489, 490-491, 492-493 y 497; véase asimismo W. LeFanu, Nehemiah Grew M. D., F. R. S.: A Study and Bibliography of His Writings, Winchester, St. Paul’s Bibliographies, 1990, pp. 17-18, 20-23, 36 y 44-48; T. Guidott, De Thermis Britannicis tractatus, Londres, F. Leach para el autor, 1691, pp. 63-64; B. Allen, The natural history of the chalybeat and purging waters of England, Londres, impreso y vendido por S. Smith y B. Walford, 1699, pp. 92-94 y 122-128; véase también S. Du Clos, Observations on the mineral waters of France, Londres, para H. Faithorne y J. Kersey, 1684. <<

[52] W. R. Newman, Atoms and Alchemy: Chymistry and the Experimental Origins of the Scientific Revolution, Chicago, University of Chicago Press, 2006, p. IX. Véase en general, A. M. Roos, The Salt of the Earth: Natural Philosophy, Medicine, and Chymistry in England, 1650-1750, Leyden, Brill, 2007. <<

[53] Sobre este asunto, véase el estudio canónico de Shapin y Schaffer citado anteriormente, Leviathan and the Air-Pump. <<

[54] Véase T. Birch (ed.), The History of The Royal Society of London, cit., vol. III, pp. 370-371, 464 y 509. <<

[55] Véase R. G. Frank, Harvey and the Oxford Physiologists, cit., pp. 124-128; véase también B. B. Kaplan, «Divulging of useful truths in physick»: The Medical Agenda of Robert Boyle, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1993, pp. 86-91. <<

[56] Véase N. Grew, A Discourse made before the Royal Society… concerning the nature, causes, and power of mixture, Londres, impreso para J. Martyn, 1675, pp. 21-24, 29-30, 42-43, 48-51, 55-56, 58, 65-67, 69-72, 89-90, 98-100; véase también N. Grew, Experiments in consort of the luctation arising from the affusion of several menstruums upon all sorts of bodies, Londres, impreso para J. Martyn, 1678, pp. 114 y 116. <<

[57] Véase N. Grew, A Discourse made before the Royal Society…, cit., pp. 113-114. <<

Notas capítulo 5

[1] Véase J. P. Ward, Metropolitan Communities: Trade Guilds, Identity, and Change in Early Modern London, Stanford (California), Stanford University Press, 1997, pp. 53-55. <<

[2] Véase M. Ford, «Love and Theft», London Review of Books (2 de diciembre de 2004). <<

[3] Para información sobre la venta de medicinas patentadas a través de la red comercial del sector editorial en los primeros años de los recién creados Estados Unidos, véase Isaiah Thomas Papers, American Antiquarian Society, 4, 1; 4, 2. <<

[4] Para información sobre Grew, véase W. LeFanu, Nehemiah Grew M. D., F. R. S.: A Study and Bibliography of His Writings, cit., Winchester, St. Paul’s Bibliographies, 1990. <<

[5] Esto es, el que abarca los periodos de gobernación de la reina Ana y los soberanos Jorge I y Jorge II de Inglaterra, o lo que es lo mismo, aproximadamente, el lapso de tiempo comprendido entre 1700 y 1760. [N. de los T.] <<

[6] J. Peter, Truth in opposition to ignorant and malicious falshood, Londres, impreso por J. D. para el autor, 1701, p. 24. <<

[7] Véase B. Allen, The natural history of the chalybeat and purging waters of England, Londres, impreso y vendido por S. Smith y B. Walford, 1699, p. 7; junto con S. Du Clos, Observations on the mineral waters of France, Londres, para H. Faithorne y J. Kersey, 1684, pp. 3 y 106-107; E. Jorden, A Discourse of natural bathes, and mineral waters, Londres, impreso por T. Harper y vendido por M. Sparke, ³1633, pp. 115-125. Véase en general, L. Daston y K. Park, Wonders and the Order of Nature, 1150-1750, Nueva York, Zone, 1998, pp. 137-144. <<

[8] Véase E. Jorden, Discourse, cit., p. 42; así como N. G. Coley, «“Cures without Care”: “Chymical Physicians” y Mineral Waters in Seventeenth-Century English Medicine», Medical History 23 (1979), pp. 191-214, y en especial pp. 198 y 205. <<

[9] Para información sobre Franciscus Sylvius, véase P. Smith, The Body of the Artisan: Art and Experience in the Scientific Revolution, Chicago, University of Chicago Press, 2004, pp. 183-236. <<

[10] N. Grew, A Treatise of the nature and use of the Bitter Purging Salt, traducción inglesa de J. Bridges, Londres, impreso por J. Darby para W. Kettilby, 1697, pp. 1-4 y 32-33. <<

[11] N. Grew, Tractatus de salis cathartici amari in aquis Ebeshamensibus, Londres, para S. Smith y B. Walford, 1695. Para mayor información sobre la enmarañada peripecia bibliográfica de esta obra, véase W. LeFanu, Nehemiah Grew, cit., pp. 49-52 y 135-142. <<

[12] N. Grew, A Treatise of the nature and use of the Bitter Purging Salt, cit., p. XIV. <<

[13] M. Hunter, The Royal Society and Its Fellows, Stanford (Reino Unido), The British Society for the History of Science (BSHS), ²1994, pp. 75, 216. <<

[14] J. Peter, Truth in opposition to ignorant and malicious falshood, cit., p. 58, obra en la que se reimprime un anuncio publicado previamente en la London Gazette. <<

[15] N. Grew, A Treatise of the nature and use of the Bitter Purging Salt, cit., pp. VI-IX. <<

[16] Ibid., cit., pp. V-VI y 85-88. <<

[17] Ibid., pp. 62, 69, 78, 80-81, 83; véase asimismo [D. o T. Coxe], A Discourse, wherein the interest of the patient in reference to physick and physicians is soberly debated, Londres, para C. R., 1669, p. 18. (No queda claro si el autor de este tratado es Thomas o Daniel Coxe). <<

[18] Véase N. Grew, The Comparative anatomy of trunks, Londres, por J. M. para W. Kettilby, 1675, incluye una dedicatoria para el vizconde Brouncker, (sigs. A5r-A1v); J. Peter, Truth in opposition to ignorant and malicious falshood, cit., pp. VIII, 2. <<

[19] Véase J. Peter, Truth in opposition to ignorant and malicious falshood, cit., pp. 54-60. <<

[20] Véase A. Johns, «When Authorship Met Authenticity», Nature 451 (28 de febrero de 2008), pp. 1058-1059. <<

[21] Véase J. Peter, Truth in opposition to ignorant and malicious falshood, cit., p. 19. <<

[22] Ibid., pp. 24-25, 47-48, 51 y 54-55. El hecho de que la adulteración de las sales podía realmente provocar la muerte queda atestiguado por una lápida hallada en Esha Ness, en las islas Shetland, en la que puede leerse lo siguiente: «Donald Robertson, nacido el 14 de enero de 1785. Fallecido el 14 de junio a la edad de 63 años. Hombre pacífico, callado, y buen cristiano según todas las apariencias. Su muerte ha causado hondo pesar pues fue debida a la estupidez de Laurence Tulloch, de Clothister (Sullom), al venderle nitro aéreo en lugar sales de Epsom. Esta sustancia le quitó la vida tan solo cinco horas después de haber tomado una dosis de la misma». Véase C. Davies, «Search for Britain’s Most Remarkable Epitaph», Daily Telegraph, 24 de julio de 2007. <<

[23] Véase J. Peter, Truth in opposition to ignorant and malicious falshood, cit., p. 26. <<

[24] Ibid., pp. 22-23. <<

[25] Ibid., pp. IV, 2-18. <<

[26] Ibid., pp. 27-29, 32-33. <<

[27] Ibid., pp. 47-48, 51. <<

[28] W. Eamon, Science and the Secrets of Nature: Books of Secrets in Medieval and Early Modern Culture, Princeton, Princeton University Press, 1994. Para las opiniones de Boyle, véase M. Hunter, «The Reluctant Philanthropist: Robert Boyle and the “Communication of Secrets and Receits in Physick”», en Religio Medici: Medicine and Religion in Seventeenth-Century England, O. P. Grell y A. Cunningham (eds.), Aldershot, Scolar Press, 1996, pp. 247-272. <<

[29] Véase J. W. Estes, «The European Reception of the First Drugs from the New World», Pharmacy in History 37, n.º 1 (1995), pp. 3-23, y especialmente pp. 7 y 15. <<

[30] R. Palmer, «Pharmacy in the Republic of Venice», in The Medical Renaissance of the Sixteenth Century, A. Wear, R. K. French e I. M. Lonie (eds.), Cambridge, Cambridge University Press, 1985, pp. 100-117, y especialmente pp. 106 y 117; véase también p. 307. <<

[31] Véase B. Woodcroft (ed.), Abridgments of Specifications Relating to Medicine, Surgery, and Dentistry, Londres, Office of the Commissioners of Patents for Inventions, ²1872, pp. 1-2; junto con B. Woodcroft (ed.), Abridgments of Specifications Relating to Brewing, Wine-Making, and Distilling Alcoholic Liquids, Londres, Office of the Commissioners of Patents for Inventions, 1881, pp. 1-5. Vale la pena señalar que estas publicaciones también deben en parte su existencia al hecho de haber sido compuestas como una contribución más al posterior debate sobre el valor moral, económico y científico del sistema de patentes que estudiaremos más adelante, en el capítulo 10. <<

[32] Véase P. Vergil, On Discovery, edición y traducción de B. P. Copenhaver, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 2002, p. 159. <<

[33] Véase M. Pelling, Medical Conflicts in Early Modern London: Patronage, Physicians, and Irregular Practitioners, 1550-1640, Oxford, Clarendon Press, 2003, p. 10. Véase también la espléndida recreación de la situación en que se hallaba esta cultura dos generaciones antes en D. Harkness, The Jewel House: Elizabethan London and the Scientific Revolution, New Haven (Connecticut), Yale University Press, 2007, pp. 57-96. <<

[34] M. Pelling, Medical Conflicts in Early Modern London, cit., constituye un brillante análisis de la situación. <<

[35] [Coxe], Discourse, cit., pp. 50-51. <<

[36] Ibid., pp. 12-46. <<

[37] Véase P. Hunting, A History of the Society of Apothecaries, Londres, Society of Apothecaries, 1998, pp. 14, 23 y 45-47. <<

[38] Ibid., p. 48. <<

[39] Véase E. W. Stieb, «Drug Adulteration and Its Detection, in the Writings of Theophrastus, Dioscorides, and Pliny», Journal mondiale de pharmacie 2 (1958), pp. 117-134, y especialmente la 121. Véase en general, E. W. Stieb, Drug Adulteration: Detection and Control in Nineteenth-Century Britain, Madison, University of Wisconsin Press, 1966, pp. 3-50. <<

[40] A. P. Favre, De la sophistication des substances médicamenteuses, et des moyens de la reconnaître, París, D. Colas y A. P. Favre, 1812, pp. X-XI. <<

[41] Véase R. Porter y D. Porter, «The Rise of the English Drugs Industry: The Role of Thomas Corbyn», Medical History 33 (1989), pp. 277-295, y especialmente pp. 293 y 294. <<

[42] J. Peter, Truth in opposition to ignorant and malicious falshood, cit., p. 37. <<

[43] Véase B. B. Kaplan, «Divulging of useful truths in physick»: The Medical Agenda of Robert Boyle, cit., Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1993, pp. 130-131; véase asimismo A. Wear, Knowledge and Practice in English Medicine, 1550-1680, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp. 384-387. <<

[44] G. Sonnedecker, «The Founding Period of the U.S. Pharmacopeia: I», Pharmacy in History 35, n.º 4 (1993), pp. 151-162, y especialmente p. 153. <<

[45] Véase Pharmacopoeia Londinensis, Londres, para J. Marriot, 1618, [p. 216] (obsérvese que Marriot también pondría buen cuidado en cerciorarse de que su privilegio quedara debidamente consignado en letra impresa en el material introductorio de la obra); junto con B. Wolley, Heal Thyself: Nicholas Culpeper and the Seventeenth-Century Struggle to Bring Medicine to the People, Nueva York, HarperCollins, 2004. <<

[46] Compárese también con lo que se señala en C. Merrett, A Short view of the frauds, and abuses committed by apothecaries, Londres, impreso para J. Allestry, impresor de la Real Sociedad de Londres, 1669, p. 9. <<

[47] Véase en general E. W. Stieb, Drug Adulteration, cit., pp. 3-34. <<

[48] [Coxe], Discourse, cit., p. 26; N. Grew, Treatise, cit., portadilla; L. M. Beier, «Experience and Experiment: Robert Hooke, Illness, and Medicine», en Robert Hooke: New Studies, M. Hunter y S. J. Schaffer (eds.), Woodbridge (Reino Unido), Boydell, 1989, pp. 235-251. <<

[49] [Coxe], Discourse, cit., pp. 55-56. <<

[50] N. Biggs, Mataeotechnia Medicinae Praxeos. The vanity of the craft of physick, Londres, para G. Calvert, 1650/1651, p. 97. <<

[51] R. Boyle, The Works of Robert Boyle, cit., M. Hunter y E. B. Davis (eds.), 14 vols., Londres, Pickering and Chatto, 1999-2000, XI, XXXV, pp. 198-280, y especialmente pp. 219-229; M. Hunter, «Boyle versus the Galenists: A Suppressed Critique of Seventeenth-Century Medical Practice and Its Significance», Medical History 41 (1997), pp. 322-361; C. Merrett, A short view of the frauds, cit., p. 9. <<

[52] Véase [Coxe], Discourse, cit., pp. 24, 28; así como C. Merrett, A short view of the frauds, cit., p. 13; N. Grew, A Treatise of the nature and use of the Bitter Purging Salt, cit., pp. V-VI. Para más referencias a los «trucos» véase por ejemplo [H. Stubbe], Lex talionis, Londres, obra impresa y exclusivamente a la venta en el establecimiento de M. Pitt, 1670, pp. 3, 6, 10. <<

[53] [Coxe], Discourse, cit., pp. «234»-«235». (Ha de tenerse en cuenta que la paginación de esta obra presenta discontinuidades; las comillas indican que he señalado el número que aparece impreso en los folios del libro, pese a que no sean correlativos a los que les preceden). <<

[54] [Coxe], Discourse, cit., sig. A4r, 14, «271»-«272», «284»-«285»; compárese también con lo que se señala en la p. 29 acerca de los «medicamentos caducados que deberían arrojarse al estercolero». <<

[55] [Stubbe], Lex talionis, cit., pp. 2, 18-19 y 32. <<

[56] Se trata de un tribunal inglés que tenía su sede en el palacio de Westminster. Había sido instituido en 1481 y sería abolido en 1641. El origen del nombre, que deriva del latín Camera stellata, no está claro, aunque se trata de la denominación de una sala construida en tiempos de Eduardo II de Inglaterra (1284-1321) y específicamente consagrada en origen a las reuniones del Consejo del Reino. [N. de los T.] <<

[57] Véase N. Biggs, Mataeotechnia Medicinae Praxeos. The vanity of the craft of physick, cit., pp. 23-24, 31. <<

[58] Ibid., pp. 20-21. <<

[59] Ibid., p. 9. <<

[60] [Coxe], Discourse, cit., pp. 80-81, «199», «256»-«261», «272». Compárese también con lo que se señala en la respuesta de Stubbe en Lex talionis, cit., p. 11 y passim. <<

[61] C. Merrett, A short view of the frauds, cit., pp. 34-36; y [Coxe], Discourse, cit., pp. 62, «218»-«219». <<

[62] Para mayor información sobre los problemas que habrían de afrontar en este empeño, así como sobre el hecho de que por esta causa otro practicón decidiera dedicarse a actividades propias de la calle Grub Street, véase H. J. Cook, Trials of an Ordinary Doctor: Johannes Groenevelt in Seventeenth-Century London, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1994, pp. 14-23, 143-157 y 202-203. <<

[63] Véase H. J. Cook, The Decline of the Old Medical Regime in Stuart London, Ithaca (Nueva York), Cornell University Press, 1986, pp. 246-253. <<

[64] Ibid., p. 250. <<

[65] R. Porter, Health for Sale: Quackery in England, 1660-1850, Manchester, Manchester University Press, 1989, pp. 24, 36. <<

[66] Como se ha dicho (véase la nota de traducción [12] del primer capítulo), las referencias culturales a esta calle londinense, desaparecida a principios del siglo XIX, han de asociarse con sus más célebres habitantes —escritores, gacetilleros, poetas y editores pobres o fracasados—, lo que en este caso señala que la actitud del mercado médico presentaba en este caso, junto a la proscripción de los latinismos y la autoridad solemne de los médicos de la vieja escuela, lo que podríamos llamar tintes bohemios, barriobajeros y mediocres. [N. de los T.] <<

Notas capítulo 6

[1] Véase T. Harris, Revolution: The Great Crisis of the British Monarchy, 1685-1720, Londres, Allen Lane, 2006, pp. 290-302; véase también S. Pincus, England’s Glorious Revolution, cit., Boston, Bedford/St. Martin’s, 2006; J. P. Kenyon, Revolution Principles: The Politics of Party, 1689-1720, Cambridge, Cambridge University Press, 1977; More reasons humbly offer’d… for securing property of copies of books to the rightful owners thereof, Wing M2714A, ca. 1698. <<

[2] J. Boswell, The decision of the court of session, upon the question of literary property, Edimburgo, J. Donaldson para A. Donaldson, 1774, p. 31. <<

[3] Véase la prestigiosa obra de C. Blagden, The Notebook of Thomas Bennet and Henry Clements (1686-1719) with Some Aspects of Book Trade Practice, Oxford Bibliographical Society, n. s., p. 6, Oxford, Oxford Bibliographical Society Publications, 1953 (1956); esta obra ofrece detalles sobre el personal: véanse por ejemplo los apéndices 12 a 14. <<

[4] Véase D. Harkness, The Jewel House: Elizabethan London and the Scientific Revolution, cit., New Haven (Connecticut), Yale University Press, 2007. <<

[5] Se trata de una crisis económica que en 1720 conmocionaría a toda Gran Bretaña a causa de una burbuja especulativa iniciada en 1711. En esa fecha se había creado la Compañía de los Mares del Sur para explotar el monopolio del comercio con las colonias españolas de América. Las expectativas de la empresa la empujarían a divulgar rumores cada vez más exagerados sobre los beneficios potenciales del empeño, desatándose así una especulación cuyo fundamento se vería en último término desmentido por los hechos. [N. de los T.] <<

[6] Véanse C. Muldrew, The Economy of Obligation: The Culture of Credit and Social Relations in Early Modern England, Nueva York, St. Martin’s, 1998, pp. 315-333; J. Hoppit, A Land of Liberty? England, 1689-1727, Oxford, Oxford University Press, 2000, pp. 334-338; L. Melville, The South Sea Bubble, Londres, D. O’Connor, 1921, p. 57; V. Cowles, The Great Swindle: The Story of the South Sea Bubble, Londres, Collins, 1960, p. 126; y J. Carswell, The South Sea Bubble, Londres, Cresset, 1960, nota de la p. 156. <<

[7] C. Blagden, Notebook, cit., pp. 67-100. <<

[8] Véase R. B. Sher, The Enlightenment and the Book: Scottish Authors and Their Publishers in Eighteenth-Century Britain, Ireland, and America, Chicago, University of Chicago Press, 2006, p. 26; junto con J. Feather, Publishing, Piracy and Politics: An Historical Study of Copyright in Britain, Londres, Mansell, 1994, p. 65; y C. Blagden, Notebook, cit., p. 97. <<

[9] Ha de tenerse presente que el nombre dado al sindicato («conger») es el mismo que el del pez (congrio). [N. de los T.] <<

[10] Véase C. Blagden, Notebook, cit., pp. 76, 86, y nota de la p. 91; así como T. Belanger, «Booksellers’ Trade Sales, 1718-1768», The Library, quinta serie, 30 (1975), pp. 281-302; y W. St. Clair, The Reading Nation in the Romantic Period, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, pp. 93-102. St. Clair ofrece datos muy esclarecedores sobre los efectos culturales de este «periodo tan proclive al monopolio». <<

[11] J. How, Some thoughts on the present state of printing and bookselling, Londres, s. l., 1709, p. 16; [D. Defoe], An essay on the regulation of the press, Londres s. l., 1704, pp. 19-21; [J. Addison], The thoughts of a Tory author, concerning the press, Londres, para A. Baldwin, 1712, p. 6; Tatler 101 (29 de noviembre a 1 de diciembre de 1709); [D. Defoe], «Miscellanea», A Review of the state of the British nation 6, n.º 91 (3 de noviembre de 1709). <<

[12] M. Rose, Authors and Owners: The Invention of Copyright, cit., Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1993, pp. 36 y 42-47. <<

[13] Véase Feather, Publishing, Piracy and Politics, cit., pp. 68-69. Y para información sobre la estrategia que habrían de seguir en otras partes, y a modo de réplica, los beneficiarios de una patente, véase también C. MacLeod, Inventing the Industrial Revolution: The English Patent System, 1660-1800, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, p. 59. <<

[14] Véase A. I. Macinnes, Union and Empire: The Making of the United Kingdom in 1707, Cambridge, Cambridge University Press, 2007; junto con K. Bowie, Scottish Public Opinion and the Anglo-Scottish Union, 1699-1707, Woodbridge (Suffolk), Boydell/Royal Historical Society, 2007; y J. Hoppit, A Land of Liberty?, cit., pp. 252-257. <<

[15] En la década de 1990, será muy frecuente considerar que el problema de los «tres reinos» —esto es, el de reinar en tres reinos distintos (Inglaterra, Escocia e Irlanda) y tener que defender en ellos intereses particulares y a menudo irreconciliables— había sido la causa fundamental de los levantamientos registrados a mediados del siglo XVII. Véase por ejemplo, C. Russell, The Fall of the British Monarchies, 1637-1642, Oxford, Oxford University Press, 1991. <<

[16] Carta de R. Foulis a [William Murray], 20 de diciembre de 1754, en D. W. Nichol, Pope’s Literary Legacy: The Book-Trade Correspondence of William Warburton and John Knapton with Other Letters and Documents, 1744-1780, Oxford, Oxford Bibliographical Society, 1992, pp. 105-106. <<

[17] Véase Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, R. H. Campbell, A. S. Skinner y W. B. Todd (eds.), 2 vols., Oxford, Oxford University Press, 1976, vol. 2, p. 630 (IV.VII.c.89) [ed. cast.: Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, traducción de Carlos Rodríguez Braun, Madrid, Tecnos, 2009]. <<

[18] Véase W. McDougall, «Gavin Hamilton, John Balfour and Patrick Neill: A Study of Publishing in Edinburgh in the 18th Century», tesis doctoral, Universidad de Edimburgo, 1974, pp. 117 y 120. <<

[19] Véase The pleadings of the counsel before the House of Lords, in the great cause concerning literary property, Londres, para C. Wilkin, S. Axtell, J. Axtell y J. Browne, [1774], p. 3; véase también A Letter to a Member of Parliament concerning the bill now depending in the House of Commons, for making more effectual an act in the 8th year of the reign of Queen Anne, folleto, s. l., s. f., [1735]; y Tonson v. Collins (Trin. 1 Geo. III, KB, y Mich. 2 Geo. III, KB: 1 Black. W. 301, 322), 342. <<

[20] Véase J. M. Vaughn, «The Politics of Empire: Metropolitan Socio-Political Development and the Imperial Transformation of the British East India Company, 1675-1775», tesis doctoral, Universidad de Chicago, 2008, capítulo 3. <<

[21] [W. Warburton], A letter from an author, to a member of Parliament, concerning Literary Property, Londres, para J. y P. Knapton, 1747, p. 5; F. Hargrave, An argument in defence of literary property, Londres, para el autor, 1774, pp. 28-29; y A letter from an Author to a member of parliament, Londres, 17 de abril de 1735, Colección John Johnson, Oxford. <<

[22] Hargrave, Argument, p. 32. <<

[23] W. McDougall, «Gavin Hamilton, John Balfour and Patrick Neill», cit., pp. 124-125. <<

[24] J. Feather, Publishing, Piracy and Politics, cit., pp. 72-74. <<

[25] Memorial for the booksellers of Edinburgh and Glasgow, s. l., s. f., [Midwinter v. Hamilton, ca. 1748], p. 3. <<

[26] Véase R. B. Sher, Enlightenment and the Book, cit., pp. 275-294; así como W. McDougall, «Copyright Litigation in the Court of Session, 1738-1749, and the Rise of the Scottish Book Trade», Edinburgh Bibliographical Society Transactions 5, n.º 5 (1985-1987), pp. 2-31, y especialmente la 23 y la 25. <<

[27] W. McDougall, «Copyright Litigation», cit., pp. 6-8. <<

[28] [J. MacLaurin, lord Dreghorn], Considerations on the Nature and Origin of Literary Property, s. l., impreso para Robert Taylor, 1768 [original publicado en 1767], p. 26. <<

[29] W. McDougall, «Copyright Litigation», cit., pp. 14-22. <<

[30] D. W. Nichol, Pope’s Literary Legacy, cit., pp. 43-45. <<

[31] [A. Donaldson], Some thoughts on the state of literary property, Londres, para A. Donaldson, 1764, pp. 11-17. <<

[32] M. Rose, Authors and Owners, cit., pp. 74-78; [lord Dreghorn], Considerations on the Nature and Origin of Literary Property, cit., p. 27; Feather, Publishing, Piracy and Politics, cit., pp. 83-84. <<

[33] R. B. Sher, Enlightenment and the Book, cit., pp. 312-318. <<

[34] [A. Donaldson], Some thoughts on the state of literary property, cit., pp. 3-4, 11-17 y 19-20. <<

[35] Ibid., pp. 9-10, 17-19; y [lord Dreghorn], Considerations, cit., pp. 1-2. <<

[36] [A. Donaldson], Some thoughts, cit., pp. 7-8, 24. <<

[37] J. Feather, Publishing, Piracy and Politics, cit., pp. 87-88. <<

[38] Véase Information for Alexander Donaldson [et al.], s. l., 1773, p. 5; junto con los Speeches or arguments of the judges of the Court of King’s Bench… in the cause Millar against Taylor, Leith, para W. Coke, 1771; véase en especial el apéndice, pp. 113-128. <<

[39] Information for Alexander Donaldson [et al.], cit., 1773, p. 16. <<

[40] La más destacada autoridad moderna en estos debates es M. Rose, Authors and Owners, cit., obra de consulta preferible a la de R. Deazley, On the Origin of the Right to Copy: Charting the Movement of Copyright Law in Eighteenth-Century Britain (1695-1775), Londres, Hart, 2004. Yo mismo estoy preparando un trabajo sobre las pruebas y la historia de los debates relacionados con la propiedad literaria. <<

[41] Véase L. R. Stewart, The Rise of Public Science: Rhetoric, Technology, and Natural Philosophy in Newtonian Britain, 1660-1750, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, pp. 260-268. Para información sobre los orígenes de esta profesión en las tierras alemanas, véase T. Nummedal, Alchemy and Authority in the Holy Roman Empire, Chicago, University of Chicago Press, 2007, por ejemplo la p. 63. <<

[42] Es decir, del lapso de tiempo comprendido entre 1714 y 1901, fechas inicial y final del reinado de la casa alemana de Hannover en Gran Bretaña (hasta 1801) y el Reino Unido (desde esa fecha en adelante). [N. de los T.] <<

[43] [A. Donaldson], Some thoughts, cit., p. 8 (la cursiva es mía). Compárese con lo que señalan las primeras afirmaciones de los editores escoceses en el sentido de que el Estatuto de la reina Ana había sido promulgado con el objetivo de crear una versión estándar del régimen de patentes: por ejemplo en el Memorial for the Booksellers of Edinburgh and Glasgow, cit., p. 2; y cotéjese también con lo que se señala en [lord Dreghorn], Considerations, cit., p. 26. <<

[44] A Vindication of the Exclusive Right of Authors to their own Works: A subject now under consideration before the Twelve Judges of England, Londres, impreso para R. Griffiths, 1762, pp. 8-9. Véase también el comentario de Blackstone en Tonson v. Collins, cit., p. 344; compárese con lo que se indica en Information for Mess. John Hinton, 1773, pp. 10-11. <<

[45] A Letter to a Member of Parliament, cit. <<

[46] Information for Alexander Donaldson, cit., 1773, p. 12. <<

[47] Véase J. Burrow, The question concerning literary property, determined by the Court of Kings Bench on 20th April, 1769, in the cause between Andrew Millar and Robert Taylor, Londres, hecho por W. Strahan y M. Woodfall para B. Tovey, 1773, pp. 70 y 101-102. <<

[48] Ha de tenerse en cuenta que en inglés se denomina «orrery» a nuestro «planetario», esto es, al dispositivo que representa los planetas del Sistema Solar y sus movimientos. El aparato fue inventado en torno a 1704 por George Graham y Thomas Tompion, pero estos entregarían una copia del modelo original a su mecenas, Charles Boyle, cuarto conde de Orrery, quedando de este modo asociado su nombre al ingenio en el mundo anglosajón. [N. de los T.] <<

[49] Tonson v. Collins, cit., p. 307. <<

[50] Así se denomina en Escocia a la más alta instancia judicial del ámbito civil. [N. de los T.] <<

[51] Véase J. Boswell, The decision of the court of session…, cit., pp. 15, 23 a 24 y 33. <<

[52] «Gentleman», The cases of the appellants and respondents in the cause of literary property, Londres, para J. Bew, W. Clarke, P. Brett. y C. Wilkin, 1774, p. 9. <<

[53] Véase [W. Warburton], Letter from an author, cit., pp. 6-11. <<

[54] P. Dear, Discipline and Experience: The Mathematical Way in the Scientific Revolution, Chicago, University of Chicago Press, 1995, pp. 151-179. <<

[55] [W. Warburton], Letter from an author, cit., pp. 12-13. <<

[56] Véase An enquiry into the nature and origin of literary property, cit., Londres, para W. Flexney, 1762, pp. 22-23; junto con Tonson v. Collins, cit., pp. 307-308; e Information for Alexander Donaldson, cit., 1773, p. 23. <<

[57] J. Burrow, Question concerning literary property, cit., pp. 35, 56. <<

[58] Vindication of the Exclusive Right of Authors, cit., pp. 8-10. <<

[59] Enquiry into the nature and origin of literary property, cit., pp. 22-24. <<

[60] Véase The Microcosm: Or, The World in Miniature, s. l., s. f.; junto con E. Davies, A Succinct Description of that Elaborate and Matchless pile of Art, called, the Microcosm, Newcastle, hecho por I. Thompson para E. Davies, s. f.; S. J. Schaffer, «Enlightened Automata», en The Sciences in Enlightened Europe, W. Clark, J. Golinski y S. Schaffer (eds.), Chicago, University of Chicago Press, 1999, pp. 126-165, y especialmente pp. 146 y 147; y A. Chapuis y E. Droz, Automata, Nueva York, Central Book Company, 1958, pp. 128-131. <<

[61] Véase A description of several pieces of mechanism, invented by the Sieur Jacquet Droz, s. l., s. f. <<

[62] Véase A. Chapuis y E. Gélis, Le monde des Automates, 2 vols., París, E. Gélis, 1928, volumen 2, pp. 227-242; junto con A. Chapuis y J. Droz, Automata, cit., pp. 289-314; D. Brewster, «Androides», en Edinburgh Encyclopaedia, 18 vols., Edimburgo, para W. Blackwood et al., 1830, vol. 2, pp. 62-67; y J. Schaffer, «Enlightened Automata», cit. <<

[63] Véase la Enquiry into the nature and origin of literary property, cit., pp. 25-27; junto con Information for Alexander Donaldson, cit., 1773, p. 23. Compárese también con lo que se señala en Tonson v. Collins, cit., pp. 307-308, 310, 339-340 y 343-344. <<

[64] Tonson v. Collins, cit., p. 343. <<

[65] Ibid., cit., p. 344; J. Boswell, Decision, cit., pp. 18-19. <<

[66] Véase [W. Warburton], Letter from an author, cit., p. 10; así como Pleadings of the counsel, cit., pp. 9, 24-25; Tonson v. Collins, cit., p. 310; J. Boswell, Decision, cit., pp. 20 y 23 a 24; y J. Burrow, Question concerning literary property, cit., p. 56. Lo que los editores afirman se encuentra en «The Mode and Manner of Printing Books», texto incluido como apéndice en House of Lords. The Case of the Respondents [en la apelación de Donaldson v. Becket] (la cursiva pertenece al original). Uno de los que expresaría sus dudas sería Kames, ya que insistiría en que también el copiado de los libros era una acción virtuosa. <<

[67] Alusión a Jacob Tonson (1656-1736) y Barnaby Bernard Lintot (1675-1736), dos editores londinenses rivales. Tonson (que ya ha sido citado en páginas anteriores) publicó entre 1684 y 1708 una obra titulada Miscellany Poems, supervisada por el poeta John Dryden, surgiendo muy pronto una agria disputa entre Tonson y Dryden a causa del bajísimo salario que el editor pagaba al hombre de letras. En 1712, y para competir con Tonson, Lintot decidió publicar también su propia miscelánea, encargando a Alexander Pope la compilación de unos Miscellaneous Poems and Translations. En este caso, Pope trabó una gran amistad con Lintot, invitando a otros literatos a publicar sus obras con el editor. En 1718, y pese a la mutua animadversión inicial, Tonson y Lintot sellaron un acuerdo con el que aceptaban compartir los ingresos de sus futuras publicaciones. La afirmación de Camden alude así al hecho de que entre ambos controlaran a su antojo la difusión de las obras de una notable cantidad de autores, constituyendo al parecer un caso paradigmático aunque no único. [N. de los T.] <<

[68] Véase «Gentleman», Cases of the appellants and respondents, cit., p. 6; así como Pleadings of the counsel, cit., pp. 7, 34; y J. Boswell, Decision, cit., pp. 18-19. <<

[69] M. Rose, Authors and Owners, cit., p. 96. En cuanto sigue me he ceñido muy de cerca al acreditado estudio de Rose. <<

[70] Según parece, el primer suplemento de Camden indica que la votación se saldó con un empate a cinco votos. <<

[71] Véase M. Rose, Authors and Owners, cit., pp. 98-102; junto con W. Zachs, The First John Murray and the Late Eighteenth-Century London Book Trade, Oxford, Oxford University Press for the British Academy, 1998, pp. 56-62. <<

[72] W. K. Wimsatt y F. A. Pottle (eds.), Boswell for the Defence, 1769-1774, Nueva York, McGraw-Hill, 1959, p. 230. <<

[73] W. St. Clair, Reading Nation, cit., p. 101. <<

[74] M. Rose, Authors and Owners, cit., pp. 92-97. <<

[75] Véase C. Blagden, Notebook, cit., pp. 219-221; junto con J. Raven, «The Novel Comes of Age», en The English Novel, 1770-1829: A Bibliographical Survey of Prose Fiction Published in the British Isles, P. Garside, J. Raven y R. Schowerling (eds.), 2 vols., Oxford, Oxford University Press, 1999-2000, vol. 1, pp. 15-121, y especialmente las pp. 79 y 80, 82, 87-88 y 90; P. Garside, «The English Novel in the Romantic Era: Consolidation and Dispersal», en The English Novel, cit., Garside, Raven and Schowerling (eds.), vol. 2, pp. 15-103, y especialmente las pp. 47, 63, 74 y 88-89; J. Feather, A History of British Publishing, Londres, Routledge, 1988, pp. 82-83; C. Blagden, «Thomas Carnan and the Almanack Monopoly», Studies in Bibliography 14 (1961), pp. 23-43; J. Topham, «A Textbook Revolution», en Books and the Sciences in History, M. Frasca-Spada y N. Jardine (eds.), Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp. 317-337; C. Walsh, A Bookseller of the Last Century, Londres, Griffith et al., 1885, pp. 89-117; A. Fyfe, «Young Readers and the Sciences», en Books and the Sciences in History, cit., M. Frasca-Spada y N. Jardine (eds.), pp. 276-290; y D. Blakey, The Minerva Press, 1790-1820, Londres, Bibliographical Society, 1939, pp. 16-25. <<

[76] Véase W. St. Clair, Reading Nation, cit., pp. 122-139; junto con T. F. Bonnell, «John Bell’s Poets of Great Britain: The “Little Trifling Edition” Revisited», Modern Philology 85 (1987), pp. 128-152; S. Morison, John Bell, 1745-1831, Cambridge, Cambridge University Press para el autor, 1930; y M. J. M. Ezell, Social Authorship and the Advent of Print, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1999, p. 131. <<

[77] Véase P. Garside, «English Novel», cit., p. 80; así como J. Feather, History of British Publishing, cit., p. 120; W. Zachs, First John Murray, cit., p. 250; P. Garside, «Rob’s Last Raid: Scott and the Publication of the Waverley Novels», en Author/Publisher Relations in the Eighteenth and Nineteenth Centuries, R. Myers y M. Harris (eds.), Oxford, Oxford Polytechnic Press, 1983, pp. 88-118. <<

[78] Véase The Charter and grants of the Company of Stationers, s. l., [Londres, J. Ilive], 1762, pp. 15-16, 20; junto con The Speech of Mr. Jacob Ilive to his brethren the Master-Printers, Londres, s. l., s. f., [1750]; D. Foxon, Pope and the Early Eighteenth-Century book trade, J. McLaverty (ed.), Oxford, Clarendon Press, 1991, p. 250; C. Blagden, The Stationers’ Company: A History, 1403-1959, Londres, George Allen and Unwin, 1960, pp. 229-230; y T. C. Hansard, Typographia, Londres, para Baldwin, Cradock y Joy, 1825, pp. 274-275. Para información sobre Elinor James, véase P. McDowell (ed.), Elinor James, en The Early Modern Englishwoman, B. S. Travitsky y A. L. Prescott (editores generales), serie II, vol. II, Aldershot (Reino Unido), Ashgate, 2005. Yo mismo estoy preparando un trabajo de mayor longitud sobre Ilive que provisionalmente lleva el título de «God Goes to Grub Street». <<

[79] Véase E. P. Thompson, The Making of the English Working Class, Londres, Vintage, 1966 [original publicado en 1963], por ejemplo pp. 234-313 [ed. cast.: La formación de la clase obrera en Inglaterra, trad. de Elena Grau, Madrid, Capitán Swing, 2012]; y G. S. Jones, Languages of Class: Studies in English Working Class History, 1832-1982, Cambridge, Cambridge University Press, 1983, pp. 215-216 [ed. cast.: Lenguajes de clase, trad. de Blanca Tera, Madrid, Siglo XXI de España, 1989]. <<

[80] Véase Morris v. Bransom, 1776 y Liardet v. Johnson, 1778, en W. Carpmael, Law Reports of Patent Cases, Londres, realizado por A. Macintosh para el propietario, 1843, pp. 30-34 y 35-37. <<

[81] Andando el tiempo, los debates sobre la propiedad literaria volverían a obsesionar a Watt: véase Boulton and Watt v. Bull, 1795, en W. Carpmael, Law Reports, cit., pp. 117-155, y especialmente p. 126; véase también, en general, C. MacLeod, Inventing the Industrial Revolution, cit., pp. 60-64. <<

[82] Véase W. Kenrick, An account of the automaton constructed by Orfyreus, Londres, s. l., 1770; junto con W. Kenrick, A lecture on the perpetual motion, Londres, para el autor, 1771; [¿W. Kenrick?], «A defence of Dr. Priestley from the cavils of the Monthly Reviewers», London Review 2 (1775), pp. 564-567; H. Dircks, Perpetuum Mobile, Londres, E. F. N. Spon, 1861, pp. 53-59 y 178; y S. J. Schaffer, «The Show That Never Ends: Perpetual Motion in the Early Eighteenth Century», British Journal for the History of Science 28, n.º 2 (junio de 1995), pp. 157-189. <<

[83] «Ontologos» [W. Kendrick], The grand question debated, Dublín, para G. Wilson, 1751, V. <<

[84] Véase W. Kenrick, An address to the artists and manufacturers of Great Britain, Londres, para los señores Domville, Dilly, Newbery, Williams, Evans y Riley, 1774, pp. 40, 49-50, 54 y 57-60. <<

[85] Ibid., pp. 64-65, 68; y J. Boswell, Decision, cit., pp. 10, 12. <<

Notas capítulo 7

[1] Filme de acción realizado en 1981 y ambientado en el (entonces) futuro próximo del año 1997. En él, el presidente de los Estados Unidos acaba viéndose asediado, tras sufrir un accidente de avión, en la ciudad de Nueva York, convertida en una gigantesca prisión de alta seguridad. El héroe (Kurt Russell) será el encargado de rescatarle. [N. de los T.] <<

[2] Véase M. Pollard, A Dictionary of Members of the Dublin Book Trade, 1550-1800, Londres, Bibliographical Society, 2000, p. 618; así como B. Inglis, The Freedom of the Press in Ireland, 1784-1841, Londres, Faber and Faber, 1954, p. 21. <<

[3] W. Zachs, «John Murray and the Dublin Book Trade, 1770-93; with Special Reference to the “Mysterious” Society of Dublin Booksellers», Long Room 40 (1995), pp. 26-33, y especialmente p. 27. <<

[4] E. Sheridan-Quantz, «The Multi-centered Metropolis: The Social Topography of Eighteenth-Century Dublin», en Two Capitals: London and Dublin, 1500-1840, P. Clark y R. Gillespie (eds.), Oxford, British Academy, 2001, pp. 265-296, y en especial pp. 280-282. <<

[5] R. C. Cole, Irish Booksellers and English Writers, 1740-1800, Londres, Mansell, 1986, pp. 9-10; J. R. R. Adams, The Printed Word and the Common Man: Popular Culture in Ulster, 1700-1900, Antrim, Queen’s University of Belfast, 1987, p. 25. <<

[6] Véase S. J. Connolly, Religion, Law, and Power: The Making of Protestant Ireland, 1660-1760, Oxford, Clarendon Press, 1992, p. 68; y C. Casey, «Subscription Networks for Irish Architectural Books, 1730-1760», Long Room 35 (1990), pp. 41-49, y especialmente pp. 41-43. <<

[7] Véase T. Barnard, «Print Culture, 1700-1800», en The Oxford History of the Irish Book, III: The Irish Book in English, 1550-1800, R. Gillespie y A. Hadfield (eds.), Oxford, Oxford University Press, 2006, pp. 34-58, y especialmente p. 56; junto con J. Smyth, The Men of No Property: Irish Radicals and Popular Politics in the Late Eighteenth Century, Nueva York, St. Martin’s, 1998 [1992], pp. 27-29; M. Pollard, Dublin’s Trade in Books, 1550-1800, Oxford, Clarendon Press, 1989, pp. 110-164, y especialmente pp. 132-133; y R. C. Cole, Irish Booksellers and English Writers, cit., pp. 14-17, 22-27 y 31-34. <<

[8] Véase National Library of Ireland (NLI) MS 12124, pp. 239-241 y 247; junto con R. F. Foster, Modern Ireland, 1600-1972, Nueva York, Viking Penguin, 1988, pp. 238-239. <<

[9] Véase M. Pollard, Dublin’s Trade in Books, cit., pp. 68-69; así como M. Pollard, Dictionary, cit., p. 133; y J. W. Phillips, Printing and Bookselling in Dublin, 1670-1800, Dublín, Irish Academic Press, 1998, p. 104. <<

[10] Alusión al hecho de que Rivington (1724-1802), nacido en Inglaterra pero afincado en Nueva York, publicaría en las colonias americanas un denostado periódico leal a la corona británica mientras pasaba información en secreto a George Washington. [N. de los T.] <<

[11] R. C. Cole, Irish Booksellers and English Writers, cit., pp. 22, 40-42 y 46-47. <<

[12] M. Pollard, Dublin’s Trade in Books, cit., pp. 83-84. <<

[13] Véase R. C. Cole, Irish Booksellers and English Writers, cit., pp. 2-3; junto con M. Pollard, Dublin’s Trade in Books, cit., pp. 83-84; W. McDougall, «Gavin Hamilton, John Balfour and Patrick Neill: A Study of Publishing in Edinburgh in the 18th Century», tesis doctoral, University of Edinburgh, 1974, p. 20; y los National Archives, Kew, Cust 21/71, fol. 166v. En este caso se estimó que el valor de los libros se elevaba a cuatro libras esterlinas, a deducir de un total cercano a las cien, circunstancia que indica claramente el escaso peso económico del contrabando de libros. <<

[14] Véase M. Rose, Authors and Owners: The Invention of Copyright, cit., Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1993, pp. 151-153; así como M. Pollard, Dublin’s Trade in Books, cit., p. 69; T. Maslen, «George Faulkner and William Bowyer: The London Connection», Long Room 38 (1993), pp. 20-30, especialmente p. 23; y W. Zachs, «John Murray», p. 27. <<

[15] Véase S. Richardson, The case of Samuel Richardson, Londres, s. l., 14 de septiembre de 1753; así como el Dublin Spy, 29 de octubre de 1753; Dublin Journal, días 3 a 6 de noviembre de 1753; Pue’s Occurrences, días 13 a 17 de noviembre de 1753; y S. Richardson, «An Address to the Public», 1 de febrero de 1754, en The history of Sir Charles Grandison, vol. I, Londres, S. Richardson, ³1754, pp. 424-442, y especialmente la 441; J. W. Phillips, Printing and Bookselling, cit., p. 113; M. Pollard, Dictionary, cit., pp. 393-394; C. C. Ward y R. E. Ward, «Literary Piracy in the Eighteenth Century Book Trade: The Cases of George Faulkner and Alexander Donaldson», Factotum 17 (1983), pp. 25-35, y especialmente pp. 27 y 28; y J. Behrens, «Of What Will Not Men Be Capable? Publishing and Piracy in Eighteenth-Century Dublin and the Sir Charles Grandison Episode», tesis de grado, University of Chicago, 2008. <<

[16] Véase W. Zachs, «John Murray», cit., pp. 27-28; así como H. Forster, «Irish Editions of Edward Young», Long Room 18-19 (primavera-otoño de 1979), pp. 14-26, y especialmente pp. 15-16. <<

[17] Véase la Dublin Gazette, de los días 9 a 12 de octubre de 1742; así como R. E. Ward, Prince of Dublin Publishers: The Letters of George Faulkner, Lexington, University Press of Kentucky, 1972, pp. 10-11; R. C. Cole, Irish Booksellers and English Writers, cit., pp. 17-21 y 132-133; I. C. Ross y B. L. Fitzpatrick, «David Garrick or Spranger Barry? A Dramatic Substitution in Irish Editions of Smollett’s Sir Launcelot Greaves», Long Room 30 (1985), pp. 6-10; y M. Pollard, Dictionary, cit., p. 295. <<

[18] Véase la carta de Berkeley a Percival, en The Works of George Berkeley Bishop of Cloyne, A. A. Luce y T. E. Jessop (eds.), 9 vols., Londres, Thomas, Nelson and Sons, 1948-1957, vol. 8, pp. 41-43; junto con R. E. Ward, Prince of Dublin Publishers, cit., p. 10; y J. Swift, Correspondence IV, 493. <<

[19] Véase la carta que D. Hume envía a W. Strahan los días 13 de marzo de 1770, 5 de junio de 1770, 21 de junio de 1770, y 11 de marzo de 1771, en The Letters of David Hume, J. Y. T. Greig (ed.), 2 vols., Oxford, Clarendon Press, 1932, vol. 2, pp. 218-219, 225, 227-228 y 235-236; así como M. Pollard, Dublin’s Trade in Books, cit., p. 71; y O. Goldsmith, An history of the Earth, and animated nature, 8 volúmenes, Dublín, para J. Williams, 1777, vol. I, sig. br-v. <<

[20] R. C. Cole, Irish Booksellers and English Writers, cit., pp. 5, 13 y 62-63. <<

[21] Véase Dublin Journal, días 2 a 5 de septiembre de 1758; así como R. C. Cole, Irish Booksellers and English Writers, cit., pp. 3, 131. <<

[22] B. Inglis, Freedom of the Press in Ireland, cit., p. 19. <<

[23] M. Pollard, Dublin’s Trade, cit., p. 102. Dublin Evening Post, 10 de abril de 1784. <<

[24] Dublin Journal, 10 a 13 de julio de 1784. <<

[25] Dublin Mercury, 17 de septiembre de 1742; M. Pollard, Dublin’s Trade, cit., p. 170. <<

[26] Dublin Gazette, 28 de marzo de 1758; M. Pollard, Dublin’s Trade, cit., pp. 170-171. También es posible que los editores plantaran realmente postes de madera con la noticia enfrente de sus establecimientos: véase J. Rauen, The Business of Books: Booksellers and the English Book Trade, New Haven (Connecticut), Yale University Press, 2007, p. 276. <<

[27] M. Pollard, Dublin’s Trade, cit., pp. 171-172. <<

[28] Véase S. Richardson, Case, cit., p. 3; junto con el Dublin Evening Post, 11 a 15 de marzo de 1734; Public Gazetteer, 24 a 27 de febrero de 1759, p. 358; y R. C. Cole, Irish Booksellers and English Writers, cit., pp. 12 y 100-101. <<

[29] W. Zachs, «John Murray», cit., p. 27. <<

[30] Advice from fairy-land, Dublín, 1726; Dublin Evening Post, 11 a 15 de marzo de 1734. <<

[31] Lo que acabamos de exponer no es sino un resumen francamente reducido de una peripecia cuyos elementos integrantes han de reunirse mediante la consulta de un gran número de fuentes. Véase en especial C. Lennon, «The Print Trade, 1550-1700», en Oxford History of the Irish Book, cit., R. Gillespie y A. Hadfield (eds.), vol. 3, pp. 61-73; véase también M. Pollard, Dublin’s Trade in Books, cit., pp. 2-3; J. W. Phillips, Printing and Bookselling, cit., p. 3; R. J. Hunter, «Chester and the Irish Book Trade, 1681», Irish Economic and Social History 15 (1988), pp. 89-93; M. Sparke, Scintilla, Londres, s. l., 1641, p. 2; NLI MS 2511, fol. 24r-v; NLI MS 12121, pp. 43-78; NLI MS 12123, pp. 55-57 y 75 (téngase en cuenta que la paginación comienza por el final). La carta del gremio se encuentra en NLI MS 16998. Para mayor información sobre el gremio en general, véase especialmente, M. Pollard, Dictionary, cit., pp. IX-XXXIV. <<

[32] NLI MSS 12129, pp. 18-20; 12123, pp. 2, 69, 71, 78; 12121, p. 8 (n.º 17); p. 15 (n.º 2); J. W. Phillips, Printing and Bookselling, cit., p. 307; y M. Pollard, Dictionary, cit., pp. 157-158. <<

[33] Véase J. W. Phillips, Printing and Bookselling, cit., p. 9; así como NLI MS 12126, p. 80; NLI MS 12121, n.º 2; NLI MS 16998, p. 22; en este volumen, más adelante, pueden consultarse las garantías promulgadas durante el reinado de Carlos II (sin paginación); véase también NLI MS 12121, p. 28; NLI MS 4634; NLI MS 12123, pp. 23, 63, 87 (téngase en cuenta que la paginación comienza por el final); pueden consultarse asimismo otras medidas en NLI MS 12123, pp. 36, 144, 146 y 220. <<

[34] Dublin Journal, 12 a 15 de abril de 1735; NLI MSS 16998, s. l., s. f.; 12121, p. 24; 12123, pp. 26 y 52, 1701; y 12125, pp. 6-7 y 10. <<

[35] NLI MS 12121, n.º 1 (véanse los reglamentos internos del año 1671), pp. 5-6, —n.os 6, 8—, 7 —n.º 14— y 9 —n.º 19—; NLI MS 12123, p. 16; NLI MS 12125, p. 143. <<

[36] NLI MS 12121, p. 30 (a partir del año 1683); A Survey of the Liberties and Franchises of the City of Dublin, Dublín, J. Exshaw, 1815. <<

[37] NLI MS 12123, p. 132, 1713; NLI MS 16998, sin paginación, véanse los requerimientos del alcalde al gremio fechados el 31 de julio de 1680; NLI MS 12123, p. 58 (1702). <<

[38] Dublin Journal, 4 a 7 de agosto de 1764; J. W. Phillips, Printing and Bookselling, cit., p. 14; NLI MS 12124, pp. 131-132, 205, 377; NLI MS 12125, pp. 240-241, 243. <<

[39] A Poem on the Art of Printing, Dublín, 1761, British Library, signatura 1890.e.5.(58); H. Jones, The Invention of letters, and the utility of the press, Dublín, ante la Compañía de libreros, 1755, British Library, signatura 1890.e.5.(61); The Art of Printing, Dublín, 1764, British Library, signaturas 1890.e.5.(60) y (61); A Poem on the art of printing, cit., British Library, signatura 1890.e.5.(59). <<

[40] NLI MSS 12121, p. 4, n.º 3; 12124, p. 26. <<

[41] NLI MS 12123, pp. 21, 30, 42; J. Dunton, The Dublin Scuffle, A. Carpenter (ed.), Dublín, Four Courts Press, 2000, pp. 47, 70-71, 180 y 182. <<

[42] Véase por ejemplo, NLI MS 12124, p. 149. <<

[43] J. W. Phillips, Printing and Bookselling, cit., p. 139; NLI MS 12123, pp. 101, 108 y 126. <<

[44] Véase D. W. Nichol (ed.), Pope’s Literary Legacy: The Book-Trade Correspondence of William Warburton and John Knapton, cit., Oxford, Oxford Bibliographical Society, 1992, pp. LV-LVI; y M. Pollard, Dublin’s Trade, cit., pp. 173-174. <<

[45] Véase H. R. Plomer, G. H. Bushnell y E. R. McC. Dix, A Dictionary of the Printers and Booksellers Who Were at Work in England, Scotland, and Ireland from 1726 to 1775, Londres, Bibliographical Society, 1968, pp. 66-67; junto con G. Abbatista, «The Business of Paternoster Row: Towards a Publishing History of the Universal History (1736-1765)», Publishing History 17 (1985), pp. 5-50. <<

[46] Dublin Journal, 23 a 27 de julio de 1745; Dublin Gazette, 3 a 7 de abril de 1744. <<

[47] Dublin Journal, 4 a 7 de febrero de 1743 y 1744; 18 a 22 de septiembre de 1744. <<

[48] Dublin Spy, 5 de noviembre de 1753; J. W. Phillips, Printing and Bookselling, cit., pp. 111-112. <<

[49] Dublin Journal, 18 a 22 de septiembre de 1744. <<

[50] Dublin Journal, 20 a 23 de octubre de 1744. <<

[51] Dublin Journal, 20 a 23 de octubre de 1744; Dublin Journal, 22 a 25 de septiembre de 1744; y 26 a 29 de julio de 1746; véase también M. Pollard, Dictionary, cit., pp. 23-24, 364-365 y 491. <<

[52] A. P. I. Samuels, The Early Life, Correspondence, and Writings of the Rt. Hon. Edmund Burke LL. D., Cambridge, Cambridge University Press, 1923, pp. 246 y 269-274. <<

[53] Véase G. Abbatista, «Business of Paternoster Row», cit., pp. 16-18; junto con las Considerations in behalf of the booksellers of London and Westminster, s. l., s. f., [1774]; y An account of the experience of correcting and improving sundry books, s. l., s. f., [1774]. <<

[54] Véase J. W. Phillips, Printing and Bookselling, cit., pp. 136-147; así como el Dublin Journal, 15 a 18 de julio de 1758; 5 a 8 de agosto de 1758; y 12 a 15 de agosto de 1758; véase también [G. Faulkner], An appeal to the public, 1758, p. 6. <<

[55] Dublin Journal, días 2 a 6 de junio de 1767. <<

[56] Véase W. Zachs, «John Murray», cit., p. 32; así como M. Pollard, Dictionary, cit., p. 114; y NLI MS 12125, p. 87. Entre los primeros miembros de la compañía cabe citar a A. Leathley, W. y W. Smith, G. Faulkner, P. Wilson, J. Exshaw, H. Bradley, W. Watson, S. Watson y T. Ewing. <<

[57] Véase M. Pollard, Dublin’s Trade, cit., p. 169. <<

[58] Dublin Mercury, 16 a 19 de mayo de 1767. <<

[59] M. Pollard, Dublin’s Trade, cit., p. 168; y M. Pollard, Dictionary, cit., pp. 7 y 8. <<

[60] NLI MS 12125, pp. 46-49. <<

[61] M. Pollard, Dictionary, cit., pp. 160-161. <<

[62] Véase J. Smyth, The Men of No Property, cit., p. 124; su posterior resurgir en los Estados Unidos aparece descrito en P. Way, Common Labour: Workers and the Digging of North American Canals, 1780-1860, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, pp. 92, 195-198 y 214-217. <<

[63] Véase el Hibernian Journal, 22 a 24 de enero de 1773, p. 43; y 24 a 26 de febrero de 1773, p. 98; véase también NLI MS 12125, pp. 210, 252. <<

[64] Véase NLI MSS 12125, pp. 309-311; 12126, pp. 52 y 96-97. Véase también T. W. Moody y W. E. Vaughan (eds.), A New History of Ireland, vol. 4: Eighteenth Century Ireland, 1691-1800, Oxford, Clarendon Press, 1986, p. 295. <<

[65] NLI MS 12126, pp. 124-127. <<

[66] Véase G. Walters, «The Booksellers in 1759 and 1774: The Battle for Literary Property», The Library, quinta serie, 29 (1974), pp. 287-311; junto con R. C. Cole, Irish Booksellers and English Writers, cit., pp. 4-7. <<

[67] J. Smyth, The Men of No Property, cit., p. 161. <<

[68] Véase D. Dickson, «Death of a Capital? Dublin and the Consequences of Union», en Two Capitals, cit., P. Clark y R. Gillespie (eds.), pp. 111-132; así como NLI MS 12126, pp. 204-205. <<

[69] Véase M. Pollard, Dictionary, cit., p. 383; así como M. Carey, Autobiography, Nueva York, E. L. Schwaab, 1942 —publicado originalmente en la New-England Magazine, 1833-1834, y reimpreso en tirada privada en 1837, p. 3; véase también K. W. Rowe, «Matthew Carey: A Study in American Economic Development», tesis doctoral, Johns Hopkins University, 1933, capítulo 1. <<

[70] M. Carey, Autobiography, cit., p. 4; y S. J. Connolly, Religion, Law and Power cit., pp. 68-69. <<

[71] Véase I. R. McBride, Scripture Politics: Ulster Presbyterians and Irish Radicalism in the Late Eighteenth Century, Oxford, Clarendon Press, 1998, pp. 126-130; junto con M. Pollard, Dictionary, cit., pp. 86-87; W. E. H. Lecky, A History of Ireland in the Eighteenth Century, 5 vols., Londres, Longmans, Green, 1913, vol. 2, pp. 364, 376-377; y E. C. Carter, «The Political Activities of Matthew Carey, Nationalist, 1760-1814», tesis doctoral, Bryn Mawr College, 1962, pp. 21-22, 26 y 49-50. <<

[72] Véase M. Pollard, Dictionary, cit., pp. 431-432; junto con W. E. H. Lecky, Ireland, cit., vol. 2, pp. 382-390; y J. A. Froude, The English in Ireland in the Eighteenth Century, 3 vols., Londres, Longmans, Green, 1872-1874, vol. 2, pp. 399-400. <<

[73] Dublin Evening Post, 3 de abril de 1784; véase asimismo J. A. Froude, English in Ireland, cit., vol. 2, pp. 399-400. <<

[74] Véase el Parliamentary register, III, pp. 122-144, 2 de abril de 1784, pp. 147-150, 6 de abril de 1784; véase también el Dublin Evening Post, 6 de abril de 1784; junto con W. E. H. Lecky, Ireland, cit., vol. 2, pp. 392-394; J. A. Froude, English in Ireland, cit., vol. 2, pp. 407-409; J. T. Gilbert, A History of the City of Dublin, 3 vols., Dublín, J. Duffy, 1861, vol. 3, pp. 319-320; y B. Inglis, Freedom of the Press, cit., pp. 25-34. <<

[75] Véase el Parliamentary register, III, pp. 114-116 y 151-153; junto con el Dublin Evening Post, 8 de abril de 1784; y B. Inglis, Freedom of the Press, cit., pp. 42-45. <<

[76] Véase el Dublin Evening Post, días 8 y 10 de abril de 1784; así como I. R. McBride, Scripture Politics, cit., pp. 9-10 y 152-153; M. Carey, Autobiography, cit., pp. 8-9; M. Pollard, Dictionary, cit., pp. 85-89; B. Inglis, Freedom of the Press, cit., pp. 23-32; y T. C. Cochran, Frontiers of Change: Early Industrialism in America, Nueva York, Oxford University Press, 1981, pp. 53-55; véase también Philadelphia [and] Southern Steamship Manufacturers and Mercantile Register, Philadelphia, M’Laughlin Brothers, 1866, pp. 9-10, 22-23; así como W. Clarkin, Matthew Carey: A Bibliography of his Publications, 1785-1824, Nueva York, Garland, 1984, p. XIII; y J. Tebbel, A History of Book Publishing in the United States, 4 vols., Nueva York, R. R. Bowker, 1972-1981, vol. 1, p. 208. <<

Notas capítulo 8

[1] Véase I. Thomas, The History of Printing in America, M. A. McCorison (ed.), Nueva York, Weathervane, 1970 [1810], pp. 362-366, 374, 433-434, 604-606. <<

[2] Véase H. Amory y D. Hall (eds.), A History of the Book in America, vol. 1, The Colonial Book in the Atlantic World, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp. 33, 142, 156, 168, 270 y 321; así como I. Thomas, History, cit., pp. 147-149, 158, 266, 270-271, 278 y 304; S. Botein, «“Meer Mechanics” and an Open Press: The Business and Political Strategies of Colonial American Printers», Perspectives in American History 9 (1975), pp. 127-225, y especialmente pp. 143, 147-148 y 192-194; y B. W. Levy, Freedom of the Press from Zenger to Jefferson, Indianápolis, Bobbs-Merrill, 1966, p. XXIII. <<

[3] Véase la carta de W. Spotswood a J. Belknap, del 19 de junio de 1788, en Collections of the Massachusetts Historical Society, sexta serie, 4 (1891), pp. 408-412, y especialmente p. 410; véase también S. Botein, «“Meer Mechanics”», cit., p. 222; así como L. A. Peskin, Manufacturing Revolution: The Intellectual Origins of Early American Industry, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2003, pp. 13-59; T. H. Breen, The Marketplace of Revolution: How Consumer Politics Shaped American Independence, Oxford, Oxford University Press, 2004, pp. 36-41, 48-51, 54-59, 87-89 y 222-228; H. Amory y D. Hall (eds.), Colonial Book, cit., pp. 173-175 y 177-178; y P. L. Ford, The Journals of Hugh Gaine, Printer, 2 vols., Nueva York, Dodd, Mead, and Co., 1902, vol. 1, pp. 225-240. <<

[4] Véase la carta de D. Hall a W. Strahan, fechada el 21 de marzo de 1752, en «D. Hall Letter book», American Philosophical Society, B.H142.1.3, pp. 21-22. <<

[5] Véase la carta de D. Hall a W. Strahan, fechada el 24 de marzo de 1759, en «D. Hall Letter book»; y véase también R. Harlan, «A Colonial Printer as Bookseller in Eighteenth-Century Philadelphia: The Case of David Hall», Studies in Eighteenth-Century Culture 5 (1976), pp. 355-370, y especialmente pp. 358 y 359. <<

[6] Véase la carta de D. Hall a W. Strahan, fechada el 18 de diciembre de 1754; Véase también la carta de Hall a Rivington y Fletcher, fechada el 20 de noviembre de 1758; la carta de Hall a J. Rivington de 22 de julio de 1758; la de Hall a J. Rivington de 29 de mayo de 1758; la de Hall a Strahan de 24 de marzo de 1759; y la de Hall a Fletcher y Rivington de 15 de diciembre de 1759: todas ellas pueden consultarse en «D. Hall Letter book». <<

[7] H. Amory y D. Hall (eds.), Colonial Book, cit., pp. 194 y 279 a 282. <<

[8] Véase la carta de Hall a Strahan de 22 de diciembre de 1760; junto con la que envía Hall a Hamilton y Balfour el 22 de diciembre de 1760: todas ellas en «D. Hall Letter book». <<

[9] Véase H. Amory y D. Hall (eds.), Colonial Book, cit., p. 292; véase también Oxford Dictionary of National Biography, en la entrada correspondiente a «Rivington family». <<

[10] Véase I. Thomas, History, cit., pp. 103, 120-121, 149-150; junto con H. Amory y D. Hall (eds.), Colonial Book, cit., pp. 33, 89-90, 104, 148, 267-270, 277-279, 320 y 326-328; véase también D. D. Hall, Worlds of Wonder, Days of Judgment: Popular Religious Belief in Early New England, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1989, pp. 49-55 y 247. <<

[11] Véase I. Thomas, History, cit., p. 395; para mayor información sobre el dinero que recibió Robertson por los derechos de autor de su obra, véase R. B. Sher, The Enlightenment and the Book: Scottish Authors and Their Publishers in Eighteenth Century Britain, Ireland, and America, Chicago, University of Chicago Press, 2006, p. 214. <<

[12] Véase R. Bell, «Address to the Subscribers», en W. Robertson, The history of the reign of Charles V, 3 vols., America [Philadelphia], para los suscriptores, 1770-1771, vol. III, [pp. 24-29]; así como R. Harlan, «Colonial Printer», cit., p. 363; H. Lehmann-Haupt, The Book in America: A History of the Making, the Selling and the Collecting of Books in the United States, Nueva York, Bowker, 1939, p. 94; y H. Amory y D. Hall (eds.), Colonial Book, cit., pp. 283-291 y 297-298. Véase también R. Bell, «A few more words, on the Freedom of the Press», en J. Tucker, The True interest of Britain, set forth in regard to the Colonies, Filadelfia, impreso y vendido por Robert Bell, 1776 [pp. 67-69]. <<

[13] R. G. Silver, «The Costs of Matthew Carey’s Printing Equipment», Studies in Bibliography 19 (1966), pp. 85-122, y especialmente pp. 86-88. <<

[14] M. Carey, The plagi-scurriliad, Filadelfia, impreso y vendido por el autor, 1786, pp. VIII-X, 16-17 y [30]. <<

[15] Véase M. Carey, Autobiography, cit., Nueva York, E. L. Schwaab, 1942, pp. 13-16. <<

[16] Véase la carta de M. Carey a B. Franklin, fechada el 20 de abril de 1786 —la copia de la carta se encuentra en Matthew Carey Papers, American Antiquarian Society, 1:1; Collections of the Massachusetts Historical Society, sexta serie, 4 (1891), pp. 390-393 y 423. <<

[17] Véase R. C. Cole, Irish Booksellers and English Writers, 1740-1800, cit., Londres, Mansell, 1986, pp. 48-49; así como R. Remer, Printers and Men of Capital: Philadelphia Book Publishers in the New Republic, Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 1996, pp. 53-54; véase también la carta de Rivington a Thomas Bradford, Historical Society of Philadelphia, MS Bradford Collection, correspondencia sin encuadernar, 26 de abril de 1796. <<

[18] Compárese con lo que se señala en E. L. Bradsher, Matthew Carey: Editor, Author, and Publisher, Nueva York, Columbia University Press, 1912, pp. 6-7. Para información sobre la preocupación que despertaba en Washington la idea de que los informes de Carey pudieran ser interceptados, véase la carta de Washington a Carey del 15 de marzo de 1785, Matthew Carey Papers, American Antiquarian Society, 1:1. <<

[19] A. Peskin, Manufacturing Revolution, cit., pp. 49-52. <<

[20] E. C. Carter, «The Political Activities of Matthew Carey, Nationalist, 1760-1814», cit., tesis doctoral, Bryn Mawr, 1962, pp. 88-89. <<

[21] Columbian Magazine 1 (septiembre de 1786), p. 29. <<

[22] Véase la carta de W. Spotswood a J. Belknap, fechada el 9 de octubre de 1788, en Collections of the Massachusetts Historical Society, sexta serie, 4 (1891), pp. 420-424; junto con E. L. Bradsher, Matthew Carey, cit., pp. 6-7. <<

[23] Véase A. Peskin, Manufacturing Revolution, cit., pp. 93-96; así como T. Coxe, A brief examination of Lord Sheffield’s Observations on the commerce of the United States of America, Filadelfia, Carey, Stewart, and Co., 1791. Para información sobre el borrador en el que Carey se queja de que Coxe no le entregue los textos que según lo acordado debía enviar al Museum, véase la carta de Carey a Coxe, s. f. (no enviada), en Matthew Carey Papers, caja n.º 1, carpeta n.º 1, American Antiquarian Society. <<

[24] Véase T. Coxe, «An address to an assembly of the friends of American manufactures», American Museum 2 (1787), pp. 248-254. <<

[25] A. Peskin, Manufacturing Revolution, cit., pp. 98, 100-101. <<

[26] Véase American Museum n.º 3 (1788), prefacio, p. 265; n.º 4 (1788), prefacio; n.º 5 (1789), prefacio; n.º 6 (1789), prefacio; n.º 12 (1792), pp. 225-226, 307-308; junto con E. C. Carter, «Political Activities of Matthew Carey», cit., pp. 108-111; así como A. Hamilton, The Papers of Alexander Hamilton, H. C. Syrett (ed.), 27 vols., Nueva York, Columbia University Press, 1961-1987, X, p. 9. Véase también M. Carey, «Thoughts on the policy of encouraging migration», en M. Carey, Miscellaneous trifles in prose, Filadelfia, para el autor, 1796, pp. 110-124. <<

[27] El primer borrador de Coxe se encuentra en A. Hamilton, Papers, cit., XXVI, pp. 631-632; el segundo escrito, bastante más largo, puede encontrarse a continuación, en pp. 632-647. <<

[28] A. Hamilton, Papers, cit., X, p. 18. <<

[29] Ibid., pp. 28, 36, 48-49 y 230-340 (notas). <<

[30] Véase [T. Coxe], A brief examination of Lord Sheffield’s Observations on the commerce of the United States, Filadelfia, original publicado en el American Museum de marzo de 1791, reimpreso en Londres en 1792, pp. 8-9, 37-39 y 124. Para mayor información sobre la Encyclopaedia Britannica de Dobson, véase R. D. Arner, Dobson’s Encyclopaedia: The Publisher, Text, and Publication of America’s First Britannica, 1789-1803, Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 1991. Para información sobre el hecho de que Carey firmara para oponerse a la imposición de un gravamen a las impresiones, véase Book Trades Collection, American Antiquarian Society, 2:2, 8 de marzo de 1802. <<

[31] W. Clarkin, Matthew Carey: A Bibliography of His Publications, 1785-1824, cit., Nueva York, Garland, 1984, pp. 26-27. <<

[32] Véase en general, C. N. Davidson, «The Life and Times of Charlotte Temple: The Biography of a Book», en Reading in America: Literature and Social History, C. N. Davidson (ed.), Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1989, pp. 157-179, y especialmente p. 161. <<

[33] «To the Members of the American Philosophical Society», abril de 1824, en M. Carey, Miscellaneous Essays, pp. 241-246; E. L. Bradsher, Matthew Carey, cit., pp. 34-35; E. C. Carter, «Political Activities of Matthew Carey», pp. 115-117; American Philosophical Society Library, Report, 1943, p. 73; y M. Carey, Autobiography, cit., pp. 43-44. <<

[34] Véase D. S. Ben-Atar, Trade Secrets: Intellectual Piracy and the Origins of American Industrial Power, New Haven (Connecticut), Yale University Press, 2004; junto con D. H. Stapleton, The Transfer of Early Industrial Technologies to America, Filadelfia, American Philosophical Society, 1987, véanse por ejemplo, pp. 21-22 para la misión de Strickland —véase más adelante—; N. L. York, Mechanical Metamorphosis: Technological Change in Revolutionary America, Westport (Connecticut), Greenwood Press, 1985, pp. 155-176; J. E. Cooke, Tench Coxe and the Early Republic, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1978, pp. 182-200; B. H. Mann, Republic of Debtors: Bankruptcy in the Age of American Independence, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 2002, pp. 112-115; y A. Peskin, Manufacturing Revolution, cit., pp. 114-118. <<

[35] Véase [M. Carey], A Short account of Algiers, Filadelfia, impreso para Matthew Carey, ²1794, pp. 11-13, 16 y 33-36; junto con A. Peskin, Manufacturing Revolution, cit., p. 70. <<

[36] Véase R. Buel, Securing the Revolution: Ideology in American Politics, 1789-1815, Ithaca (Nueva York), Cornell University Press, 1972, pp. 54-55, 59-60 y 69-70; así como D. N. Doyle, Ireland, Irishmen and Revolutionary America, 1760-1820, Dublín, Mercier, 1981, pp. 194-196; E. C. Carter, «Political Activities of Matthew Carey», cit., pp. 135-137, 208-210, 219, 228 y 237-238; [M. Carey], Address to the House of Representatives, Filadelfia, para M. Carey, 1796; y Treaty of amity, commerce, and navigation… to which is annexed a copious appendix, Filadelfia, para M. Carey, ²1795. <<

[37] Evening Star, 30 de octubre de 1810, citado en C. L. Nichols, «The Literary Fair in the United States», en V. H. Paltsits et al., Bibliographical Essays: A Tribute to Wilberforce Eames, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1924, pp. 85-92, y especialmente la p. 85. <<

[38] Véase J. Raven, London Booksellers and American Customers: Transatlantic Literary Community and the Charleston Library Society, 1748-1811, Columbia, University of South Carolina Press, 2002, pp. 204-217; para mayor información sobre la Sociedad de Filadelfia, véase la carta de Roberts Vaux a Jonah Thompson fechada el 10 de agosto de 1805, Vaux Family Papers, Collection 684, Historical Society of Philadelphia. <<

[39] Véase R. Remer, Printers and Men of Capital, cit., pp. 105-108 y 116-119; junto con B. H. Mann, Republic of Debtors, cit., pp. 258-261; M. Carey, Autobiography, cit., pp. 41-43. Rivington, que por entonces contaba ya setenta y tres años de edad, terminaría siendo encarcelado por impago de sus deudas tras demorarse en cubrir el importe debido un colega cuyos empréstitos había garantizado: véase la carta de Rivington a Thomas Bradford, Historical Society of Philadelphia, MS Bradford Collection, correspondencia sin encuadernar, 20 de abril de 1797. <<

[40] Véase M. Carey, Plumb Pudding, Filadelfia, impreso para el autor, ²1799, pp. 9-12 y passim; así como M. Carey, To the public, Filadelfia, 5 de febrero de 1799, pp. 6-8; D. A. Wilson, United Irishmen, United States: Immigrant Radicals in the Early Republic, Ithaca (Nueva York), Cornell University Press, 1998, pp. 43-57; E. L. Bradsher, Matthew Carey, cit., p. 73; R. Remer, Printers and Men of Capital, cit., p. 37; y R. Buel, Securing the Revolution, cit., p. 180. <<

[41] Carta de M. Carey a J. M. O’Conner fechada el 10 de julio de 1817, Matthew Carey Papers, American Antiquarian Society, 1:1; E. C. Carter, «Political Activities of Matthew Carey», cit., pp. 112-113; R. C. Cole, Irish Booksellers, cit., pp. 48-49; E. L. Bradsher, Matthew Carey, cit., nota 34 de la página 37; W. Charvat, Literary Publishing in America, 1790-1850, Amherst, University of Massachusetts Press, 1993 [1959], pp. 25-26 y 30-33; R. G. Silver, «Costs of Matthew Carey’s Printing Equipment», cit., pp. 100-101; R. Remer, Printers and Men of Capital, cit., pp. 1-4, 50-53, 79-87 y 125; y R. J. Zboray, A Fictive People: Antebellum Economic Development and the American Reading Public, Nueva York, Oxford University Press, 1993, pp. 37-54. <<

[42] Véase M. Carey, Autobiography, cit., p. 48; junto con R. Remer, Printers and Men of Capital, cit., pp. 5-6, 39-40, 50 y 70; E. C. Carter, «Political Activities of Matthew Carey», cit., pp. 106 y 264-269; J. N. Green, «From Printer to Publisher: Matthew Carey and the Origins of Nineteenth-Century Book Publishing», en Getting the Books Out: Papers of the Chicago Conference on the Book in Nineteenth-Century America, M. Hackenberg (ed.), Washington, D. C., Library of Congress, 1987, pp. 26-44. <<

[43] Mal llamada «Acta de Unión» en ocasiones, esta ley, que a veces se denomina Ley de 1801 por haber entrado en vigor el 1 de enero de ese año (tras ser promulgada entre julio y agosto de 1800), formaliza la unión de los reinos de Gran Bretaña e Irlanda. [N. de los T.] <<

[44] T. Solberg, Copyright in Congress, 1789-1904, Washington, D. C., Library of Congress, 1905, pp. 29-30, 84 y 112-126; G. S. Rice, The Transformation of Authorship in America, Chicago, University of Chicago Press, 1997, pp. 79-83; H. Lehmann-Haupt, The Book in America, cit., pp. 84-93; R. Remer, Printers and Men of Capital, cit., pp. 55-56; A. D. Schreyer, «Copyright and Books in Nineteenth Century America», en Getting the Books Out, cit., M. Hackenberg (ed.), pp. 121-136, y especialmente pp. 123-126. <<

[45] Véase R. D. Arner, Dobson’s Encyclopaedia, cit., p. 14; así como la carta de I. Thomas a [?], fechada el 24 de marzo de 1797, Isaiah Thomas Papers, American Antiquarian Society, 1:1. Para los registros en los archivos véanse por ejemplo, los papeles de West, Richardson y Lord en la American Antiquarian Society, 1:2. <<

[46] Véase la correspondencia de I. Thomas con Hudson y Godwin de 8 de marzo de 1790, 22 de marzo de 1790, 28 de mayo de 1790 y de 23 de agosto de 1790; véase también la carta de Thomas a N. Patten, fechada el 11 de marzo de 1790, Isaiah Thomas Papers, American Antiquarian Society, 1:8. <<

[47] H. Amory y D. Hall (eds.), Colonial Book, cit., p. 48. <<

[48] I. Thomas, History, cit., pp. 370-371. <<

[49] Véase E. Stewart, «A Documentary History of the Early Organizations of Printers», Bulletin of the Bureau of Labor 61 (noviembre de 1965), pp. 857-1033, y especialmente pp. 861-863. <<

[50] R. G. Silver, «Costs of Matthew Carey’s Printing Equipment», cit., pp. 101-102; compárese también con lo que se indica en la carta de E. Andrews a I. Thomas fechada el 5 de abril de 1802, Isaiah Thomas Papers, American Antiquarian Society, 4:2. <<

[51] Véase M. Carey, folleto, citado en W. Clarkin, Matthew Carey, cit., p. 43; y R. Remer, Printers and Men of Capital, cit., pp. 57-60. <<

[52] E. L. Bradsher, Matthew Carey, cit., pp. 19-23. <<

[53] Booksellers’ Company of Philadelphia, Minutes 1802-1803, MS Am. 31175, Historical Society of Philadelphia, 19 de febrero de 1802 y 18 de mayo del mismo año; M. Carey, Address to the Printers and Booksellers throughout the United States, Filadelfia, 1801, American Antiquarian Society, Bdsds. 1801; E. Stewart, «Documentary History of the Early Organizations of Printers», cit., pp. 861-863; R. J. Zboray, A Fictive People, cit., pp. 18-24; C. L. Nichols, «Literary Fair», cit., pp. 86, 91. En muchas de estas iniciativas, los textos educativos habrían de ocupar un lugar de capital importancia. Un pie de imprenta del año 1803 aconsejaba reimprimir la totalidad de los manuales escolares relevantes de Europa, en parte para «contribuir al fomento de las manufacturas estadounidenses», y en el año 1823 la empresa del propio Carey abogaría en favor de la promulgación de una ley que prohibiera importar libros de texto. Véase R. C. Cole, Irish Booksellers, cit., pp. IX-X, 42-44, 50-52, 55-56, 149-155 y 168-69; junto con R. Remer, Printers and Men of Capital, cit., pp. 62-65; E. L. Bradsher, Matthew Carey, cit., pp. 35-37; y M. A. Lause, Some Degree of Power: From Hired Hand to Union Craftsman in the Preindustrial American Printing Trades, 1778-1815, Fayetteville, University of Arkansas Press, 1991, pp. 92-93. <<

[54] M. Carey, Autobiography, cit., pp. 49-50; y A. Peskin, Manufacturing Revolution, cit., p. 70. <<

[55] Véase [H. Gaine], An Oration Delivered before the Booksellers Convened in New York, at Their First Literary Fair, June 4th, 1802, s. l., 1802, Historical Society of Philadelphia, ECGCS, Matthew Carey Papers, caja 83, carpeta 19; Constitution of the American Company of Booksellers, Nueva York, 1804, ejemplar perteneciente a la Historical Society of Philadelphia. <<

[56] Palabras textuales del Preámbulo de la Constitución estadounidense. [N. de los T.] <<

[57] Constitution of the American Company of Booksellers, cit. <<

[58] Booksellers’ Society of Philadelphia, Minutes 1802-1803, Historical Society of Philadelphia MS Am. 31175, 8 de mayo de 1802, 1 de julio de 1802, y 15 de noviembre de 1804; M. Carey, Autobiography, cit., p. 50; y C. L. Nichols, «Literary Fair», cit., 88-89. <<

[59] Véase la carta de E. Andrews a I. Thomas fechada el 5 de abril de 1802, Isaiah Thomas Papers, American Antiquarian Society, 4:2. <<

[60] W. McCulloch, «Additions to Thomas’s History of Printing», Proceedings of the American Antiquarian Society, n. s., 31 (1921), pp. 89-247, y especialmente pp. 136-137. <<

[61] R. Remer, Printers and Men of Capital, cit., pp. 1, 60-61, 65-67 y 118. <<

[62] En realidad, los Autobiographical Sketches de Carey no son en modo alguno una autobiografía (aunque habitualmente se indique lo contrario al citar la obra), sino un exasperado relato de estos esfuerzos: véase M. Carey, Autobiographical Sketches, pp. 42-43; junto con [M. Carey], Address of the Philadelphia Society for the Promotion of National Industry, n.º 2 (segunda edición, diciembre de 1819), p. 10. <<

[63] Hansard 33, p. 1099. <<

[64] Philadelphia Society for the Promotion of Domestic Industry [M. Carey], Addresses, n. s., n.º 2 (24 de diciembre de 1819), p. 29. <<

[65] Véase M. Carey, Autobiographical Sketches, cit., pp. 52-53, 56 y 74; Philadelphia Society for the Promotion of National Industry [M. Carey], Addresses, Filadelfia, publicado por M. Carey e hijo, 1819, pp. [II], [III], XIV. <<

[66] Véase W. Strickland, Reports on Canals, Railways, Roads, and Other Subjects, Filadelfia, H. C. Carey e I. Lea, 1826, «Preface», pp. 35-36; The First Annual Report of the Acting Committee of the Society for the Promotion of Internal Improvement in the Commonwealth of Pennsylvania, Filadelfia, impreso por J. R. A. Skerrett, 1826, especialmente la p. 31. <<

[67] Véase M. Carey, Miscellaneous Essays, cit., pp. 238-240, 469-471; junto con R. H. Thurston, Robert Fulton: His Life and its Results, Nueva York, Dodd, Mead and Co., 1897, p. 135; A. C. Sutcliffe, Robert Fulton, Nueva York, MacMillan, 1915, pp. 172-173; A. C. Sutcliffe, Robert Fulton and the «Clermont», Nueva York, Century, 1909, pp. 286-287 y 353; W Hutcheon, Jr., Robert Fulton: Pioneer of Undersea Warfare, Annapolis (Maryland), Naval Institute Press, 1981, pp. 117, 143; la propuesta lleva fecha de 23 de agosto de 1830, Matthew Carey Papers, American Antiquarian Society, 1:4. En las dos obras siguientes pueden encontrarse exposiciones recientes de las luchas de Fulton por las patentes: C. O. Philip, Robert Fulton: A Biography, Nueva York, Franklin Watts, 1985, pp. 219-294, 303-309, 314-324, 335-345, y K. Sale, The Fire of His Genius: Robert Fulton and the American Dream, Nueva York, Free Press, 2001, pp. 162-169. <<

[68] Véase R. Fulton, A Treatise on the Improvement of Canal Navigation, Londres, por I. y J. Taylor, 1796, pp. 1-7, 11-19, 106 y 142; así como J. S. Morgan, Robert Fulton, Nueva York, Mason/Charter, 1977, pp. 42, 47 y 62; A. C. Sutcliffe, Fulton and the «Clermont», cit., p. 319; A. C. Sutcliffe, Robert Fulton, Nueva York, MacMillan, 1915, pp. 102-106 y 121; véanse también las cartas de Fulton a Bonaparte, fechada el 12 de Floreal del año 6 (es decir, el 1 de mayo de 1798), en Bulletin of the New York Public Library 5, n.º 8 (agosto de 1901), pp. 348-365; Fulton a Washington, 12 de septiembre de 1796, y 5 de febrero de 1797, en A. C. Sutcliffe, Robert Fulton, cit., pp. 306-307 y 309-312, respectivamente; véase asimismo W. Hutcheon, Robert Fulton, cit., pp. 102, 114-115; J. F. Reigart, Life of Robert Fulton, Filadelfia, C. G. Henderson, 1856, pp. 90-92 y 106-107. Para mayor información sobre las presiones que Fulton habría de ejercer para conseguir la exportación de una máquina de vapor, véase «Letters and Documents by or Relating to Robert Fulton», Bulletin of the New York Public Library 13, n.º 9 (septiembre de 1909), pp. 567-584, y especialmente pp. 567-570. <<

[69] Véase American Museum 12 (1792), p. 30; American Museum 10 (1791), p. 180; véase también la carta de M. Carey a R. E. Robarts, fechada el 11 de marzo de 1825, Matthew Carey Papers, American Antiquarian Society, 1:1. <<

[70] Véase M. Carey, An Appeal to the Justice and Humanity of the Stockholders of the Chesapeake and Delaware Canal, Filadelfia, 21825, p. 12; In Re Delaware and Chesapeake Canal, 28 de septiembre de 1825, Matthew Carey Papers, American Antiquarian Society, 1:1; P. Way, Common Labour: Workers and the Digging of North American Canals, 1780-1860, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, pp. 122-123. <<

[71] Véase R. D. Gray, The National Waterway: A History of the Chesapeake and Delaware Canal, 1769-1985, Urbana, University of Illinois Press, 1989 [1967], especialmente pp. 30-42 y 55-61. <<

[72] Para un ejemplo, véase la carta de M. Carey a G. Tibbets, fechada el 13 de abril de 1827, Matthew Carey Papers, American Antiquarian Society, 1:3. <<

[73] Véase M. Carey, Autobiographical Sketches, cit., pp. 46-48; junto con M. Carey, A View of the Ruinous Consequences of a Dependence on Foreign Markets, Filadelfia, M. Carey e hijo, 1820, p. 1; véanse también las cartas de M. Carey a P. R. Tendall, fechadas el 30 de enero de 1830, y el 9 de septiembre de 1830, Matthew Carey Papers, American Antiquarian Society, 1:4; M. Carey, Diary, University of Pennsylvania MS Coll. 229; M. Carey, Addresses of the Philadelphia Society for the Promotion of National Industry, Filadelfia, M. Carey e hijo, 1819, reverso de la portadilla. <<

[74] Véase M. Carey, Autobiographical Sketches, cit., pp. 153-154; junto con M. Carey, Diary, cit., 16 de abril de 1823, 1 de diciembre de 1824, y 10 de noviembre de 1825; véase también la carta de R. H. Bayard a M. Carey, fechada el 8 de junio de 1824, en Edward Carey Gardiner Collection, Carey Section, Matthew Carey Papers, Historical Society of Philadelphia, caja 83, carpeta 13; así como D. W. Howe, What Hath God Wrought: The Transformation of America, 1815-1848, Oxford, Oxford University Press, 2007, p. 428. <<

[75] Véase M. Carey, Autobiographical Sketches, cit., pp. 52-53, 70-71, 88, 92, 109-116 y 118-119; junto con M. Carey, Diary, cit., 15 de diciembre de 1822, 11 de junio de 1823, 19 de enero de 1825, 27 de enero de 1825, 17 de noviembre de 1825, y 10 de enero de 1826. <<

[76] M. Carey, Autobiographical Sketches, cit., pp. VIII-IX, 5 y 129-131. <<

[77] Philadelphia Society for the Promotion of National Industry [M. Carey], Addresses, cit., Filadelfia, publicado por M. Carey e hijo, 1819, pp. [II], [III], XIV. <<

[78] M. Carey, Autobiographical Sketches, cit., p. 2; «Circular», mayo de 1830, en M. Carey, Miscellaneous Essays, cit., pp. 401-402; véase también el «Preface» general, pp. IV-V. <<

[79] Véase M. Carey, Autobiographical Sketches, cit., pp. 12-13 (nota) y 144-151; y M. Carey, Miscellaneous Essays, cit., pp. III-V. <<

[80] University of Michigan, William L. Clements Library, Henry Carey Letterbook, pp. 33, 49-55, 65-70 y 99-102. <<

[81] Henry Carey Letterbook, p. 55; para otros ejemplos de esta aritmética moral, véase T. Augst, The Clerk’s Tale: Young Men and Moral Life in Nineteenth-Century America, Chicago, University of Chicago Press, 2003, pp. 50-51. <<

[82] Henry Carey Letterbook, pp. 77-83, 92-93, 99-102, 201-202, 259-262 y 287-289. <<

[83] Henry Carey Letterbook, pp. 51, 482-483 y 498-500; W. Clarkin, Matthew Carey, cit., pp. XV-XVI. <<

[84] Véase la Pittsburg Gazette del 12 de julio de 1828 (reimpresa en forma de panfleto, American Antiquarian Society, Dated Pams.); junto con W. Rowe, «Matthew Carey», cit., p. 120. <<

Notas capítulo 9

[1] Véase M. Woodmansee, «The Genius and the Copyright: Economic and Legal Considerations of the Emergence of the Author», Eighteenth-Century Studies 17 (1984), pp. 425-448. <<

[2] Véase M. Butler, «Antiquarianism (Popular)», en An Oxford Companion to the Romantic Age: British Culture, 1776-1832, edición de I. McCalman, Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 328-338, y especialmente la página 335. Para mayor información sobre las «nuevas antigüedades», véase J. Chandler, England in 1819: The Politics of Literary Culture and the Case of Romantic Historicism, Chicago, University of Chicago Press, 1998, pp. 277-278. Para mayor información sobre la historia local de la afición que despertaba en el condado de Kent la conservación de antigüedades con anterioridad a Brydges, véase S. Bann, Under the Sign: John Bargrave as Collector, Traveler, and Witness, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1995. <<

[3] J. Britton, The Rights of Literature, Londres, para el autor, 1814, p. VI. <<

[4] Véase A. Grafton, Codex in Crisis, Nueva York, Crumpled Press, 2008; así como R. Chartier, The Order of Books: Readers, Authors, and Libraries in Europe between the Fourteenth and Eighteenth Centuries, Cambridge, Polity, 1994, pp. 61-88; y P. Keen, The Crisis of Literature in the 1790s: Print Culture and the Public Sphere, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, pp. 101-108. <<

[5] Véase R. C. Barrington Partridge, The History of the Legal Deposit of Books throughout the British Empire, Londres, Library Association, 1938, pp. 288-290. <<

[6] Véase la nota de traducción [56] del capítulo 5. [N. de los T.] <<

[7] Véase B. Montagu, Enquiries and Observations Respecting the University Library, Cambridge, por F. Hodson; vendido por Mawman y Deighton, 1805, sig. a2r; así como R. C. Barrington Partridge, History of the Legal Deposit of Books, cit., pp. 30-31. <<

[8] Véase E. Law, Observations occasioned by the contest about literary property, Cambridge, por J. Archdeacon; vendido por T. y J. Merrill et al., 1770, pp. 3-4; y R. C. Barrington Partridge, History of the Legal Deposit of Books, cit., pp. 34-38. <<

[9] P. Keen, The Crisis of Literature in the 1790s, cit., pp. 101-108. <<

[10] Véase B. Montagu, Enquiries Respecting the Proposed Alteration of the Law of Copyright, Londres, para J. Butterworth, por J. M’Creery, 1813, pp. VII-VIII. <<

[11] Beckford v. Hood, Term Reports VII, p. 620. <<

[12] R. C. Barrington Partridge, History of the Legal Deposit of Books, cit., nota 3 de p. 45. <<

[13] [J. G. Cochrane], The Case Stated between the Public Libraries and the Booksellers, Londres, por J. Moyes, 1813, p. 3. <<

[14] Cambridge University v. Bryer, 16 East, p. 317. <<

[15] Véase la carta de Haslewood to Brydges, s. f. [1812], British Library, MS Add. 25102, fol. 97r-v; R. C. Barrington Partridge, History of the Legal Deposit of Books, cit., pp. 45-61. <<

[16] Se trata de un título nobiliario menor, superior al de caballero e inferior al de barón. Podría considerarse similar a la vieja denominación española de «hidalgo», que permitía acceder a la nobleza y daba derecho al tratamiento de «don» (como la de baronet concedía el uso legítimo del «sir»). [N. de los T.] <<

[17] Beinecke Library, Yale University, Gen MSS 176, vol. 2, 7 de enero de 1815. <<

[18] Véase por ejemplo, S. E. Brydges, Modern Aristocracy, or the Bard’s Reception, Ginebra, A. L. Vignier, 1831. <<

[19] M. K. Woodworth, The Literary Career of Sir Samuel Egerton Brydges, Oxford, Basil Blackwell, 1935, pp. 7-8. <<

[20] Véase S. E. Brydges, The Autobiography, Times, Opinions, and Contemporaries of Sir Egerton Brydges, Bart. K. J. (per legem terrae) Baron Chandos of Sudeley, etc., 2 vols., Londres, Cochrane and M’Crone, 1834, vol. 1, pp. 2-13 y 19-21. <<

[21] M. K. Woodworth, Literary Career, cit., p. 33. En los manuscritos de la Biblioteca de Londres, Brydges numerará sus poemas en función del verso y la obra, y a continuación los fecha; solo en este apartado llegan a cifras superiores al millar. <<

[22] Para su biografía, véase S. E. Brydges, Autobiography, cit. <<

[23] G. F. Beltz, A Review of the Chandos Peerage Case, Londres, R. Bentley, 1834, pp. VI, VIII. <<

[24] Véase J. Johnson, Princely Chandos: James Brydges, 1674-1744, Wolfeboro, Alan Sutton, 1984. <<

[25] Véase S. E. Brydges, Stemmata Illustria; Praecipue Regia, París, impreso por J. Smith, 1825; cien ejemplares de distribución privada; véase también, en paginación aparte, la autobiographical memoir, pp. 13-14; junto con S. E. Brydges, Autobiography, cit., volumen 1, pp. 105-106. <<

[26] Véase G. F. Beltz, Review of the Chandos Peerage Case, cit., pp. 5-9, 13-15, 38, 83 y passim; así como S. E. Brydges, Stemmata Illustria, cit., y en paginación independiente, la autobiographical memoir, cit., p. 15. <<

[27] Véase S. E. Brydges (ed.), Collins’s Peerage of England, 9 vols., Londres, F. C. y J. Rivington et al., 1812, vol. 6, nota de p. 738. <<

[28] S. E. Brydges, Stemmata Illustria, cit., p. 106. <<

[29] Véase S. E. Brydges, Tabula Genealogia: Descent of Sir Egerton Brydges from the Merovingian Kings, y A brief statement of the case of the claim of Mr Brydges of Wotton in Kent, to the Barony of Chandos, 1790-1803, en British Library, MS Add. 32375, fols. 127r-129v. <<

[30] Véase S. E. Brydges, Lex Terrae, Ginebra, impreso por W. Fick, 1831, p. 42. <<

[31] S. E. Brydges, Autobiography, cit., vol. 1, p. 181. <<

[32] S. E. Brydges, Stemmata Illustria, cit. <<

[33] Véase S. E. Brydges, A Note on the Suppression of Memoirs Announced by the Author in June, 1825; Containing Numerous Strictures on Contemporary Public Characters, París, J. Smith, 1825, pp. 22-27, 44 y 46; junto con Stemmata Illustria, cit., y en paginación aparte, la autobiographical memoir, cit., p. 4; M. W. McCahill, «Peerage Creations and the Changing Character of the British Nobility, 1750-1830», English Historical Review 96 (1981), pp. 259-284; P. Harling, The Waning of «Old Corruption»: The Politics of Economical Reform in Britain, 1779-1846, Oxford, Clarendon Press, 1996, pp. 42-55. <<

[34] S. E. Brydges, Collins’s Peerage of England, cit., vol. 6, pp. 704-740. <<

[35] S. E. Brydges, Lex Terrae, cit., p. 86. <<

[36] Véase S. E. Brydges, Stemmata Illustria, cit., p. 104, y véase también, en paginación aparte, la autobiographical memoir, cit., p. 8; junto con S. E. Brydges, Note on the Suppression of Memoirs, cit., pp. 45-46. <<

[37] S. E. Brydges, Imaginative Biography, 2 vols., Londres, Saunders and Otley, 1834. <<

[38] Véase S. E. Brydges, Stemmata Illustria, p. 108; y, en paginación aparte, la autobiographical memoir, cit., pp. 1, 23; junto con S. E. Brydges, Note on the Suppression of Memoirs, cit., pp. X-XI, 16. <<

[39] Véase por ejemplo la carta de S. E. Brydges a J. Warwick, fechada el 15 de noviembre de 1819, Beinecke Library, Yale, MS Osborn fd 20, pp. 60-64. Véase también A. McCann, Cultural Politics in the 1790s: Literature, Radicalism and the Public Sphere, Nueva York, St. Martin’s, 1899, pp. 59-64. <<

[40] S. E. Brydges, Note on the Suppression of Memoirs, cit., pp. 4, 6-7. <<

[41] Ibid., pp. XIII-XIV; véase asimismo [S.] E. Brydges, Gnomica, Ginebra, por W. Fick, 1824, p. VII. <<

[42] Véase la Stemmata Illustria, cit., y, en paginación independiente, la autobiographical memoir, cit., p. 24. <<

[43] S. E. Brydges, Stemmata Illustria, cit., p. 91. <<

[44] Brydges citará la utilización que él mismo hacía de la prensa como principal contraejemplo de lo que eran las tendencias editoriales por entonces predominantes: véase la Stemmata Illustria, cit., y, en paginación aparte, la autobiographical memoir, cit., p. 23. <<

[45] Véase R. Blum, Bibliographia: An Inquiry into Its Definition and Designations, traducción inglesa de M. V. Rovelstad, Chicago, American Library Association, 1980; original publicado en el año 1969; junto con B. H. Breslauer y R. Folter, Bibliography: Its History and Development, Nueva York, Grolier Club, 1984. <<

[46] Para información sobre el desarrollo de los métodos genealógicos, véase S. Timpanaro, The Genesis of Lachmann’s Method, traducción y compilación de G. W. Most, Chicago, University of Chicago Press, 2005, y para la tradición bibliográfica anterior, véase L. Balsamo, Bibliography: History of a Tradition, traducción inglesa de W. A. Pettas, Berkeley (California), B. M. Rosenthal, 1990. <<

[47] Es decir, en las dependencias de la corte criminal central de Londres, sita en la calle de ese mismo nombre. [N. de los T.] <<

[48] An account of the rise and progress of the dispute between the masters and journeymen printers, Londres, publicado a beneficio de los hombres condenados a penas de reclusión; vendido por J. Ridgway, 1799, pp. IV, 13. <<

[49] H. G. Bohn, Appendix to the Bibliographer’s Manual [de Lowndes], Londres, Bell and Daldy, 1865, pp. 218-225. <<

[50] S. E. Brydges, Cimelia, Ginebra, 1823, pp. XII-XIII. <<

[51] R. Cave, The Private Press, Nueva York, R. R. Bowker, ²1983. <<

[52] A. Johns, «The Past, Present, and Future of the Scientific Book», en Books and the Sciences in History, M. Frasca-Spada y N. Jardine (eds.), Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp. 408-426, y especialmente las pp. 415 a 418. <<

[53] Véase M. K. Woodworth, Literary Career, cit., pp. 112-118, 128, y 134-135; junto con S. E. Brydges, Res Literariae, octubre de 1820, pp. 3-4. <<

[54] S. E. Brydges, Archaica, 2 vols., Londres, Longman et al., 1814-1815, vol. 2, p. VI. <<

[55] Véase S. E. Brydges, A Summary Statement of the Great Grievance Imposed on Authors and Publishers; and the Injury Done to Literature, by the Late Copyright Act, Londres, impreso para Longman, Hurst, Rees, Orme y Brown, Paternoster Row, 1818, p. 18. <<

[56] Ibid., p. 2. <<

[57] Véase T. Fisher, The Present Circumstances of Literary Property in England Considered, Londres, impreso por Nichols, hijo, y Bentley, 1813; así como R. Duppa, An Address to the Parliament of Great Britain, on the Claims of Authors to Their Own Copy-Right, Londres, vendido por Longman, Hurst, Rees, Orme y Brown, ²1813, p. 34; y S. E. Brydges, Summary Statement, cit., pp. III-IV. <<

[58] S. E. Brydges, Summary Statement, cit., p. 13 <<

[59] Ibid., nota de p. 3. <<

[60] Véase S. E. Brydges, Reasons for a Farther Amendment of the Act 54 Geo.III.c.156, Londres, Nichols, hijo, y Bentley, 1817, p. 18; junto con S. E. Brydges, A Vindication of the Pending Bill for the Amendment of the Copyright Act, Londres, Longman, Hurst, Rees, Orme y Brown, 1818, pp. 4, 10. Para mayor información sobre estos cupos, véase J. Johnson, Typographia, 2 vols., Londres, Longman et al., 1824, vol. 2, pp. 576-588, y véase también, en general, E. Howe (ed.), The London Compositor: Documents Relating to Wages, Working Conditions and Customs of the London Printing Trade, 1785-1900, Londres, Bibliographical Society, 1947. <<

[61] S. E. Brydges, Summary Statement, cit., p. 4. <<

[62] Véase S. E. Brydges, Reasons for a Farther Amendment, cit., pp. 43-44; junto con S. E. Brydges, Summary Statement, cit., pp. 18-19. <<

[63] S. E. Brydges, Summary Statement, cit., pp. 10-11. <<

[64] Ibid., p. 16. <<

[65] Ibid., pp. 14-15. <<

[66] Hay cierta socarronería en el comentario original, puesto que a lo que en realidad se alude es al «private case» de la mencionada biblioteca del Museo Británico y esta, como se sabe, es una colección privada de obras pornográficas y otros materiales no accesibles al público, así que lo que viene a sugerir Adrian Johns con su carga de profundidad contra el planteamiento de Brydges es que la pornografía sea pública y el conocimiento privado. [N. de los T.] <<

[67] S. E. Brydges, Summary Statement, cit., pp. 2, 19. <<

[68] S. E. Brydges, Reasons for a Farther Amendment, cit., pp. 44-48. <<

[69] Véase Observations on the Copy-Right Bill, s. l., 6 de abril de 1818; junto con [S. Turner], Reasons for a Modification of the Act of Anne, Londres, Nichols, hijo, y Bentley, 1813, pp. 13-15. <<

[70] «Proposed Amendment of Copyright Act. Glasgow Petition-Bodleian Petition», reimpreso en la Gentleman’s Magazine de marzo de 1818, en Biblioteca Beinecke, Yale, signatura X218.G7.817, n.º 6. <<

[71] «Speech of Sir E. Brydges on his motion for leave to Amend the late Copy Right Bill», 19 de junio de 1817, en Biblioteca Beinecke, Yale, signatura X218.G7.817, n.º 2. <<

[72] Hansard, primera serie, 36 (1817), p. 1069, 19 de junio de 1817: el reparto de votos fue de 57 a 58. <<

[73] Para las cifras de tirada de Byron, véase W. St. Clair, The Reading Nation in the Romantic Period, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, pp. 327, 585-590 y 682-691. <<

[74] Véase S. E. Brydges, The Lake of Geneva, 2 vols., Ginebra, por A. L. Vignier, para Bossange and Co., Londres, y A. Cherbulier, Ginebra, 1832, vol. 1, pp. 62-65 y 113-114; así como S. J. Schaffer, «Scientific Discoveries and the End of Natural Philosophy», Social Studies of Science 16 (1986), pp. 387-420. <<

[75] T. Fisher, The Present Circumstances of Literary Property in England Considered, cit., pp. 8-9. <<

[76] H. W. Lack y D. J. Mabberley, The Flora Graeca Story: Sibthorp, Bauer, and Hawkins in the Levant, Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 191-225, y en especial p. 215. <<

[77] D. Cadbury, The Dinosaur Hunters, Londres, Fourth Estate, 2000, véanse por ejemplo pp. 86, 110-111, 243-251 y 275-276; véase también M. Rudwick, Scenes from Deep Time: Early Pictorial Representations of the Prehistoric World, Chicago, University of Chicago Press, 1992, pp. 74-79; junto con A. Desmond, Archetypes and Ancestors: Palaeontology in Victorian London, 1850-1875, Londres, Blond & Briggs, 1982, pp. 113-146. <<

[78] London Library, Brydges MSS, vol. IV, pp. 21-24 —Memorando sobre Beltz, 1835. <<

[79] S. E. Brydges, Cimelia, cit., pp. III-IV y IX-X. <<

[80] M. K. Woodworth, Literary Career, cit., pp. 28-30. <<

[81] Véase B. Hilton, Corn, Cash, Commerce: The Economic Policies of the Tory Governments, 1815-1830, Oxford, Oxford University Press, 1977, p. 270; véase también S. E. Brydges, Lex Terrae, cit., pp. 340-348. <<

[82] Véase S. E. Brydges, The Population and Riches of Nations, París, J. J. Paschoud, 1819, pp. XVI-XXI; así como la carta de Brydges a J. P. Brooks, fechada el 26 de abril de 1820, Biblioteca Houghton, Harvard, MS Eng. 1156, carpeta 7. <<

[83] A. Johns, «The Identity Engine: Printing and Publishing at the Beginning of the Knowledge Economy», en The Mindful Hand: Inquiry and Invention from the Late Renaissance to Early Industrialisation, L. Roberts, S. Schaffer y P. Dear (eds.), Chicago, Edita/University of Chicago Press, 2007, pp. 403-428. <<

[84] G. F. Beltz, Review of the Chandos Peerage Case, cit., p. VI. <<

Notas capítulo 10

[1] Véase B. Z. Khan, The Democratization of Invention: Patents and Copyrights in American Economic Development, 1790-1920, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 106-127, 182-221 y 288-289. <<

[2] Para una crónica en la que se refieran, refriega a refriega, todos los lances de estas batallas legales, véase B. Sherman y L. Bently, The Making of Modern Intellectual Property Law: The British Experience, 1760-1911, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, junto con M. Coulter, Property in Ideas: The Patent Question in Mid-Victorian Britain, Kirksville (Missouri), Thomas Jefferson University Press, 1991. <<

[3] Véase D. Brewster, A Treatise of the Kaleidoscope, Edimburgo, para A. Constable and Co.; y para Longman et al., Londres, 1819, pp. 113-117 y 134-135. <<

[4] Véase J. D. Collier, An Essay on the Law of Patents for New Inventions, Londres, para el autor, vendido por Longman and Rees, 1803; véase también B. Sherman y L. Bently, Making of Modern Intellectual Property Law, cit., p. 107. <<

[5] M. Coulter, Property in Ideas, cit., pp. 16-18. <<

[6] W. R. Grove, «Suggestions for Improvements in the Administration of the Patent Law», The Jurist, n. s., 6 (28 de enero de 1860), pp. 19-25, y especialmente p. 22. <<

[7] Véase D. Brewster, A Treatise of the Kaleidoscope, cit., p. 7; junto con Description and Method of Using the Patent Kaleidoscope Invented by Dr. Brewster, s. l., 1818; D. Brewster, The Kaleidoscope: Its History, Theory, and Construction, Londres, J. Murray, 1858, pp. 6-7 y nota 1, 185-189; M. M. Gordon, The Home Life of Sir David Brewster, Edimburgo, Edmonston and Douglas, 1869, pp. 95-99; M. Kemp, «“Philosophy in Sport” and the “Sacred Precincts”: Sir David Brewster on the Kaleidoscope and Stereoscope», en Muse and Reason: The Relation of Arts and Sciences, 1650-1850, B. Castel, J. A. Leith y A. W. Riley (eds.), Kingston (Ontario), Royal Society of Canada, 1994, pp. 203-232; A. D. Morrison-Low, «Brewster and Scientific Instruments», en «Martyr of Science»: Sir David Brewster, 1781-1868, A. D. Morrison-Low y J. R. R. Christie (eds.), Edimburgo, Royal Scottish Museum, 1984, pp. 59-65, y especialmente las pp. 60 y 61; y B. M. Stafford, Artful Science: Enlightenment Entertainment and the Eclipse of Visual Education, Cambridge (Massachusetts), Massachusetts Institute of Technology Press, 1994, pp. 67 y 107. <<

[8] S. Shapin, «Brewster and the Edinburgh Career in Science», en «Martyr of Science», cit., A. D. Morrison-Low y J. R. R. Christie (eds.), pp. 17-23. <<

[9] Véase la carta de Brewster a Babbage, fechada el 12 de febrero de 1830, en Gentlemen of Science: Early Correspondence of the British Association for the Advancement of Science, J. Morrell y A. Thackray (eds.), Londres, Royal Historical Society, 1984, pp. 24-25 (énfasis, de Brewster). <<

[10] Véase [D. Brewster], «[Review of] Reflexions on the Decline of Science in England», Quarterly Review 43 (1830), pp. 305-342; así como [D. Brewster], «The Paris Exposition and the Patent Laws», North British Review 24 [edición estadounidense, vol. 19] (noviembre de 1855-febrero de 1856), pp. 122-142, y especialmente p. 131. <<

[11] Comisión de expertos encargada de dar solución al problema de la determinación de la longitud en el mar. [N. de los T.] <<

[12] Véase la carta de Brewster a Whewell, fechada el 4 de noviembre de 1830, en Gentleman of Science: Early Correspondence, cit., J. Morrell y A. Thackray (eds.), pp. 29-30. <<

[13] J. Morrell y A. Thackray, Gentleman of Science: Earlly Years of the British Association for de Advancement of Science, Oxford, Clarendon Press, 1981, pp. 41-44. <<

[14] Véase J. Morrell y A. Thackray (eds.), Gentlemen of Science: Early Correspondence, cit., p. 144; junto con J. Morrell y A. Thackray, Gentlemen of Science: Early Years, cit., pp. 259-260; y J. B. Morrell, «Brewster and the Early British Association for the Advancement of Science», en «Martyr of Science», cit., Morrison-Low y Christie (eds.), pp. 25-29. «Banditti» era una de las palabras que Charles Johnson (o Defoe) empleaba para referirse a los piratas: véase C. Johnson [¿quizá un seudónimo de D. Defoe?], A General History of the Robberies and Murders of the Most Notorious Pyrates, Mineola (Nueva York), Dover, 1999 [original publicado en Londres en el año 1724], p. 30. <<

[15] Véase W. Whewell, estudio crítico de Somerville, Quarterly Review 51 (marzo de 1834), pp. 58-60; junto con W. Whewell, Philosophy of the Inductive Sciences, Londres, J. W. Parker, 1840, volumen 1, p. CXIII; y S. Ross, «Scientist: The Story of a Word», Annals of Science 18 (1962), pp. 65-85. <<

[16] Véase A. Desmond, The Politics of Evolution: Morphology, Medicine, and Reform in Radical London, Chicago, University of Chicago Press, 1989, pp. 15 y 229 a 235; así como A. Johns, «The Ambivalence of Authorship in Early Modern Natural Philosophy», en Scientific Authorship: Credit and Intellectual Property in Science, M. Biagioli y P. Galison (eds.), Nueva York, Routledge, 2003, pp. 67-90, y especialmente pp. 84-88. Para mayor información sobre el surgimiento de la ingeniería científica, véase C. Smith y M. N. Wise, Energy and Empire: A Biographical Study of Lord Kelvin, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, pp. 30 y 653-654. <<

[17] Véase J. Watt, «Thoughts upon Patents, or Exclusive Privileges for New Inventions», en E. Robinson y A. E. Musson, James Watt and the Steam Revolution, Nueva York, A. M. Kelley, 1969, pp. 213-228. <<

[18] Véase B. Sherman y L. Bently, Making of Modern Intellectual Property Law, cit., p. 131. Al final, estos debates desembocarían en un conjunto de consideraciones generales relacionadas con el papel que debía desempeñar en los tribunales de justicia, a grandes rasgos, el «testimonio profesional» de los científicos. <<

[19] Report of the Select Committee on the Law Relative to Patents for Inventions, Londres, 1829, véanse por ejemplo pp. 38 y 40; véase también M. Coulter, Property in Ideas, cit., pp. 30-36. <<

[20] Véase M. Coulter, Property in Ideas, cit., pp. 49-50. Para mayor información sobre la hostilidad que mostraban los fabricantes frente a las propuestas de una exposición, véase J. Morrell y A. Thackray, Gentlemen of Science: Early Years, cit., p. 264. <<

[21] «An Act to Extend the Provisions of the Designs Act, 1850, and to Give Protection from Piracy to Persons Exhibiting New Inventions at the Exhibition of the Works of Industry of All Nations in 1851», 14 & 15 Vict., c. 8. <<

[22] Véase M. M. Gordon, The Home Life of Sir David Brewster, cit., pp. 207-209; junto con M. Coulter, Property in Ideas, cit., p. 42. <<

[23] 15 & 16 Vict., c. 83; véase también M. Coulter, Property in Ideas, cit., pp. 53-55 y 82. <<

[24] M. Coulter, Property in Ideas, cit., pp. 60-61. <<

[25] B. Sherman y L. Bently, Making of Modern Intellectual Property Law, cit., pp. 111-128. <<

[26] An Act for Amending the Law for Granting Patents for Inventions, 15 & 16 Vict. c. 83, § XVIII, en J. Coryton, A Treatise on the Law of Letters-Patent, Londres, H. Sweet, 1855, pp. 440-466, y especialmente las pp. 446 y 447. <<

[27] Véase G. Heuman, «The British West Indies», en The Oxford History of the British Empire, III: The Nineteenth Century, A. Porter (ed.), Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 470-493, y especialmente pp. 477-478 y 482; junto con M. Havinden y D. Meredith, Colonialism and Development: Britain and Its Tropical Colonies, 1850-1960, Londres, Routledge, 1993, pp. 27-37. <<

[28] Parte de los trabajos que MacFie realice sobre la cuestión de las patentes puede encontrarse en sus documentos familiares, disponibles en los archivos de la Universidad de Glasgow. Dichos archivos cuentan, entre otras cosas, con sus libros de apuntamiento; para mayor información sobre las primeras quejas que suscitan las múltiples patentes relacionadas con los fabricantes, véase MS DC120/5/20/5, 15 de abril de 1851. <<

[29] Véase W. R. Grove, «Suggestions», cit., pp. 23, 25; así como M. Coulter, Property in Ideas, cit., p. 154. <<

[30] Célebre castillo neogótico alemán construido en 1866 por Luis II de Baviera. En cuanto al nombre de la residencia de Armstrong, recuérdese que «crag» significa «peñasco» o «risco». [N. de los T.] <<

[31] Véase M. J. Bastable, Arms and the State: Sir William Armstrong and the Remaking of British Naval Power; 1854-1914, Aldershot, Ashgate, 2004, pp. 19-20, 23-24, 28-31, 34 y 36-37; junto con P. McKenzie, W. G. Armstrong, Newcastle, Longhirst Press, 1983, pp. 16-19; para mayor información sobre los primeros experimentos hidrostáticos, anteriores a sus investigaciones hidráulicas, véanse también pp. 19-29. <<

[32] Véase M. Coulter, Property in Ideas, cit., pp. 104 y 111-115. <<

[33] [Sir David Brewster], «The Patent Laws», Westminster Review, n. s. 26 (julio-octubre de 1864), p. 337; J. Morrell y A. Thackray, Gentlemen of Science: Early Years, cit., p. 345; M. Coulter, Property in Ideas, cit., pp. 106-110. Para los argumentos de Kant, véanse más arriba pp. 54-56, así como las fuentes que aparecen citadas en A. Johns, «The Piratical Enlightenment», cit., en This Is Enlightenment, C. Siskin y W. Warner (eds.), Chicago, University of Chicago Press, 2010. <<

[34] Véase R. A. MacFie (ed.), Recent Discussions on the Abolition of Patents for Inventions, Londres, Longmans, Green, Reader y Dyer, 1869; así como R. A. MacFie (ed.), Copyright and Patents for Inventions, 2 vols., Edimburgo, T. and T. Clark, 1879-1883. <<

[35] R. A. MacFie, Copyright and Patents for Inventions, cit., vol. 1, pp. 155-156, 229-272; y vol. 2, pp. 565-566, 580-586. H. C. Baird devolvería el cumplido reimprimiendo en Filadelfia los dos volúmenes de MacFie. <<

[36] Véanse las notas que preceden a ambas portadillas del texto de MacFie, Copyright and Patents for Inventions, cit., vols. 1 y 2. La Patent Question under Free Trade de MacFie acabaría resumiéndose y traduciéndose al francés: véanse los archivos de la Universidad de Glasgow, MS DC120/5/24/20. <<

[37] Véase M. Coulter, Property in Ideas, cit., pp. 64-65. <<

[38] Véase R. Grove, «Suggestions», cit., pp. 19-25, y especialmente pp. 21-22; junto con B. Sherman y L. Bently, Making of Modern Intellectual Property Law, cit., pp. 50-56. <<

[39] H. Dircks, Inventors and Inventions, Londres, E. y F. N. Spon, 1867, pp. V, 109 y 114. <<

[40] Véase Report from the Select Committee, 1871, p. 23; así como M. J. Bastable, cit., Arms and the State, cit., pp. 37-38, 60 y 181. <<

[41] M. Coulter, Property in Ideas, cit., p. 77. <<

[42] Véase el Scientific Review 1, n.º 1 (marzo de 1865), vol. 9; junto con el Scientific Review 1, n.º 3 (mayo de 1865), pp. 42, 44; y Sir David Brewster, «On the Claims of Science, Literature, and the Arts to National Recognition and Support», 2.a parte, Scientific Review 2, n.º 7 (octubre de 1866), pp. 117-118; Scientific Review 2, n.º 9 (diciembre de 1866), pp. 149-150; Scientific Review 2, n.º 11 (febrero de 1867), pp. 193-194; C. Smith y M. N. Wise, Energy and Empire, cit., p. 653; I. R. Morus, When Physics Became King, Chicago, University of Chicago Press, 2005, pp. 232-233; Feather vs. The Queen, 6 Best & Smith 257, 3 de febrero de 1865. <<

[43] Véase [D. Brewster], «Paris Exposition», cit., pp. 130, 134 y 136; junto con M. M. Gordon, Home Life of Sir David Brewster, cit., pp. 211-212. <<

[44] [D. Brewster], «Paris Exposition», cit., p. 139; Scientific Review 2, n.º 8 (noviembre de 1866), pp. 134-135. Compárese también con lo que se señala en la Scientific Review 1, n.º 7 (septiembre de 1863), p. 106. <<

[45] Se llamaban «burgos podridos» (rotten boroughs) a aquellas circunscripciones electorales de muy escasos habitantes que, en virtud de un sistema electoral defectuoso, disfrutaban del mismo peso que las densamente pobladas, produciéndose así una grave distorsión de la representatividad. [N. de los T.] <<

[46] Scientific Review 1, n.º 3 (mayo de 1865), p. 44; Scientific Review 1, n.º 7 (septiembre de 1865), p. 106; «Sir David Brewster, K. H., Ll. D., F. R. S., etc., on the Patent Laws», Scientific Review (enero de 1866), p. 169; Scientific Review (febrero de 1866), p. 185; Scientific Review 7, n.º 3 (marzo de 1872), p. 35; [D. Brewster], «The Patent Laws», cit., pp. 322-357, y especialmente p. 332. <<

[47] El conocido, brutal e intempestivo personaje del Oliver Twist de Dickens. [N. de los T.] <<

[48] Véase la Scientific Review 1, n.º 8 (octubre de 1865), p. 121; junto con W. Fairbairn, «The Rights of Inventors», Scientific Review 2, n.º 1 (abril de 1866), pp. 1-2; T. Richardson, «A Review of the Arguments For and Against the Patent Laws», Scientific Review 2, n.º 13 (abril de 1867), p. 223; T. Richardson, «A Review of the Arguments For and Against the Patent Laws» (continuación), Scientific Review 2, n.º 15 (junio de 1867), pp. 257-258; Scientific Review 4, n.º 6 (junio de 1869); Scientific Review 4, n.º 9 (septiembre de 1869), pp. 183-185; Scientific Review 7, n.º 2 (febrero de 1872), p. 19. Para mayor información sobre el papel que habría de desempeñar Armstrong en el conflicto industrial de la época, véase E. Allen, J. F. Clarke, N. McCord y D. J. Rowse, The North-East Engineers’ Strikes of 1871: The Nine Hours’ League, Newcastle, F. Graham, 1971, pp. 79-85, 108-110, 125 y 148. <<

[49] Hay aquí un juego de palabras intraducible, ya que el original dice que Armstrong «was adept at more than one kind of rifling» y esta última palabra alude simultáneamente al hecho de que se hubiera hecho rico a base de fabricar armas de fuego estriadas (o «rifled») y a la circunstancia de que según los defensores del régimen de patentes fuera un rematado saqueador de bienes y derechos (puesto que «rifle» es también un verbo que significa «desvalijar»). [N. de los T.] <<

[50] Véase The Engineer, 28 de agosto de 1861, p. 106; junto con «The Patent Question», The Engineer, 13 de septiembre de 1861, p. 162; «Sir William Armstrong and Patents» —reimpreso en el London Journal of Arts and Sciences—, The Engineer, 18 de octubre de 1861, p. 231; «Inventions and Patents», The Engineer, 23 de agosto de 1861, p. 107; Scientific American, n. s., 5, n.º 11 (14 de septiembre de 1861), p. 167; Scientific American, 5, n.º 15 (12 de octubre de 1861), p. 236. Para información sobre los reiterados ataques a Armstrong, véanse también las publicaciones del Scientific American de las semanas posteriores, y para una crítica anterior, véase el vol. 14, n.º 33 de 23 de abril de 1859, p. 277. <<

[51] Véase Sir William Armstrong, «On the Patent Laws», The Engineer, 13 de septiembre de 1861, p. 154. <<

[52] Véase A. T. Blakely, A Letter from Captain Blakely, H.P., Royal Artillery, to the Secretary of State for War, Claiming the Original Invention of an Indispensable Feature of the Armstrong Gun, Londres, J. Ridgway, 1859, y especialmente la p. 13. Para mayor información sobre su invento, véase también A. T. Blakely, A Cheap and Simple Method of Manufacturing Strong Cannon, Londres, J. Ridgway, 1858. <<

[53] P. Barry, Shoeburyness and the Guns: A Philosophical Discourse, Londres, Sampson, Low, hijo, y Marston, 1865, pp. 49, 52-53, 55-57 y 60. <<

[54] Véase D. Treadwell, «Rifled Cannon», en D. Treadwell, Papers and Memoirs concerning the Improvement of Cannon, Cambridge (Massachusetts), University Press, 1865, pp. 3-4 y 6; junto con D. Treadwell, On the Construction of Improved Ordnance, Cambridge (Massachusetts), Welch, Bigelow y Compañía, 1862, pp. 7-8; A. L. Holley, A Treatise on Ordnance and Armor, Nueva York, D. Van Nostrand y Londres, Trübner and Co., 1865, volumen 1, pp. 855-870; y W. Armstrong, «On the Patent Laws», cit., p. 154. Para información sobre la acusación de que pudiera haber decidido emplear materiales de calidad inferior con el único propósito de evitar tener que tratar con Blakely, véase A. T. Blakely, A Letter from Captain Blakely, cit., p. 13. <<

[55] M. Coulter, Property in Ideas, cit., pp. 151-153. <<

[56] Véase por ejemplo la Scientific Review 6, n.º 6 (junio de 1871), p. 105; así como la Scientific Review 6, n.º 10 (octubre de 1871), p. 183 (donde se da cuenta del testimonio que prestara Grove en 1871). <<

[57] Véase el Report from the Select Committee, 1871, pp. 139-140; junto con el Report from the Select Committee, 1872, pp. 22-23. <<

[58] Véase B. Sherman y L. Bently, Making of Modern Intellectual Property Law, cit., pp. 133 y 138-140. Para información sobre Woodcroft, véase J. Hewish, The Indefatigable Mr Woodcroft, Londres, British Library, 1980. <<

[59] R. A. MacFie, Copyright and Patents for Inventions, cit., vol. 2, p. 51. <<

[60] Véase R. Hyam, Britain’s Imperial Century, 1815-1914: A Study of Empire and Expansion, Nueva York, Harper, 1976, pp. 33-35 y 109-110. Véase en general, D. Bell, The Idea of Greater Britain: Empire and the Future of World Order, 1860-1900, Princeton, Princeton University Press, 2007. <<

[61] Véase J. E. Tyler, The Struggle for Imperial Unity (1868-1895), Londres, Longmans, Green and Co., 1938, nota 1 de la p. 6 y p. 99; así como T. R. Reese, The History of the Royal Commonwealth Society, 1868-1968, Londres, Oxford University Press, 1968, pp. 11, 29, 62 y 65. <<

[62] R. A. MacFie, Copyright and Patents for Inventions, cit., vol. 2, p. 592. <<

[63] Véase R. A. MacFie, Cries, in a Crisis, for Statesmanship Popular and Patriotic to Test and Contest Free-Trade in Manufactures, Londres, E. Stanford, ²1881, pp. 51, 53 y 58. <<

[64] Téngase en cuenta que ambas nociones tienen en inglés la sonoridad de un eslogan —«not free trade, but fair trade», se viene a decir aquí—, aunque, salvo por el nombre, la idea de MacFie no guarde verdadera relación con lo que desde la década de 1950 viene conociéndose como «comercio justo», cuyos principios tienden más a la solidaridad entre naciones, sin distinción de raza, género o creencia, y al respeto al medio ambiente y a los derechos humanos básicos, como la dignidad y la ausencia de explotación. [N. de los T.] <<

[65] R. A. MacFie, Cries, in a Crisis, cit., pp. V, 32-33, 226 y 167; véanse también pp. 153-155. <<

[66] Véase R. A. MacFie, Colonial Questions, Londres, Longmans, Green, Reader y Dyer, 1871, pp. IX, 16-17 y 25; junto con R. A. MacFie, Cries, in a Crisis, cit., pp. 48-49. <<

[67] Véase J. E. Tyler, Struggle for Imperial Unity, cit., pp. 10-11. <<

[68] J. A. Froude, Oceana: Or England and Her Colonies, Nueva York, Charles Scribner’s Sons, 1888, pp. 1-17, 153, 215-221, 383-396. <<

[69] Estamos aquí, como el propio autor apunta más adelante, ante un guiño culto con el que se remite al lector a la idea del llamado «demonio de Maxwell», nombre de un experimento mental concebido por el físico escocés James Clerk Maxwell para demostrar que la validez de la Segunda ley de la termodinámica tiene tan solo carácter estadístico. Según esta ley, en un sistema físico aislado las diferencias de presión y temperatura tienden a equilibrarse, y lo que viene a decir Maxwell es que si en un sistema de ese tipo, aunque dividido por un muro aislante provisto de una puerta, hubiera un «demonio» que se dedicara a abrir la compuerta para dejar pasar únicamente las moléculas de temperatura elevada, lo que se tendría al final sería un lado de la cámara caliente y el otro frío, esto es, lo contrario de lo predicho por la Segunda ley. [N. de los T.] <<

[70] Hansard, cit., 353, p. 438. <<

[71] Véase G. E. Folk, Patents and Industrial Progress, Nueva York, Harper, 1942, pp. 118-119; junto con E. Schiff, Industrialization without National Patents: The Netherlands, 1869-1912; Switzerland, 1850-1907, Princeton (Nueva Jersey), Princeton University Press, 1971, pp. 124-126. Para mayor información sobre el proceso de Berna, véase S. Ricketson y J. C. Ginsburg, International Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond, Oxford, Oxford University Press, ²2006, y en especial C. Seville, The Internationalisation of Copyright Law: Books, Buccaneers and the Black Flag in the Nineteenth Century, Cambridge, Cambridge University Press, 2006. <<

Notas capítulo 11

[1] Véase J. Fiske, Edward Livingston Youmans: Interpreter of Science for the People, Nueva York, D. Appleton and Co., 1894; así como R. M. MacLeod, «Evolutionism, Internationalism and Commercial Enterprise in Science: The International Scientific Series, 1871-1910», en Development of Science Publishing in Europe, A. J. Meadows (ed.), Ámsterdam, Elsevier, 1980, pp. 63-93; L. Howsam, «An Experiment with Science for the Nineteenth-Century Book Trade: The International Scientific Series», British Journal for the History of Science 33 (2000), pp. 187-207, especialmente pp. 193-202; y el Times, Londres (20 de octubre de 1871), p. 10. <<

[2] Las ediciones estadounidenses del El origen de las especies de Darwin nos ofrecen en este sentido otro buen ejemplo. Ante la urgente insistencia de Gray, basada en parte en la errónea creencia de que la inclusión de nuevos contenidos podría asegurar a Darwin el reconocimiento de sus derechos de autor en los Estados Unidos, estos añadidos, efectuados por Appleton, introducirían en la obra un material significativamente nuevo que no se incluiría en el texto inglés sino diez años más tarde: para mayor información sobre este tema véase el apéndice a la Darwin Correspondence. <<

[3] Aparatos capaces de fabricar papel, por regla general en forma de grandes bobinas, a partir de la pulpa de celulosa. Deben su nombre a su inventor, el británico Henry Fourdrinier (1766-1854). [N. de los T.] <<

[4] Véanse las Addresses of the Philadelphia Society for the Promotion of National Industry, Filadelfia, M. Carey e hijo, 1819, portadilla; junto con J. A. McGraw, Most Wonderful Machine: Mechanization and Social Change in Berkshire Paper Making, 1801-1885, Princeton (Nueva Jersey), Princeton University Press, 1987, pp. 95-116 y 118-125. <<

[5] Consistente, a grandes rasgos, en elaborar una plancha de cartón piedra u otro material adaptable que, estampada sobre la matriz o bastidor de la página (confeccionada con tipos móviles), reproducía por la parte interior el bloque entero. Una vez hecho esto, se vertía sobre el clisé una mezcla de plomo y antimonio que rellenaba los huecos del molde y calcaba íntegramente la página compuesta con caracteres móviles, de modo que estos podían ya utilizarse para una nueva composición, destinándose la página estereotipada a la impresión del libro. [N. de los T.] <<

[6] Véase J. Tebbel, A History of Book Publishing in the United States, 4 vols., Nueva York, R. R. Bowker, 1972-1981, vol. 1, pp. 270-271; así como M. Winship, «Printing with Plates in the Nineteenth-Century United States», Printing History 5 (1983), pp. 15-26; R. Remer, Printers and Men of Capital: Philadelphia Book Publishers in the New Republic, cit., Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 1996, pp. 95-98; R. J. Zboray, A Fictive People: Antebellum Economic Development and the American Reading Public, Nueva York, Oxford University Press, 1993, pp. 5-11; M. Carey, Address to the Booksellers of the United States, Filadelfia, T. S. Manning, 1813. Para información sobre la estereotipia, véase también A. Johns, «The Identity Engine: Science, Stereotyping, and Skill in Print», en The Mindful Hand, P. Dear, L. Roberts y S. Schaffer (eds.), Chicago, Edita/University of Chicago Press, 2007. <<

[7] A. J. Clark, The Movement for International Copyright in Nineteenth-Century America, Washington, D. C., Catholic University of America Press, 1960, pp. 34-35. <<

[8] D. Kaser, Messrs. Carey & Lea of Philadelphia: A Study in the History of the Booktrade, Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 1957, pp. 119-123. <<

[9] Ibid., pp. 108-110. <<

[10] Ibid., pp. 25-28, 93-98. <<

[11] E. L. Bradsher, Matthew Carey: Editor, Author, and Publisher, Nueva York, Columbia University Press, 1912, pp. 79, 84; ibid., pp. 98-107. <<

[12] W. Collins, Considerations on the Copyright Question Addressed to an American Friend, Londres, Trubner and Co., 1880, pp. 5, 11-12. <<

[13] Véase D. Kaser, Carey & Lea of Philadelphia, cit., pp. 69-70, 81 (no obstante, las cifras que ofrece Kaser en relación con el contrato de Cooper parecen diferir, ya que se sitúan entre los cuatro mil y los cinco mil dólares); junto con A. J. Clark, Movement for International Copyright, cit., pp. 34-35. Una de las personas que se mostrarían satisfechas por el hecho de percibir los honorarios de Carey sería el frenólogo George Combe: véase la carta de Combe a Carey y Hart fechada el 7 de mayo de 1841, Edward Carey Gardiner Collection, Carey Misc., Carey Section, Historical Society of Pennsylvania, caja 82, carpeta 8. <<

[14] Fórmula para doblar cinco veces el pliego a fin de obtener treinta y seis páginas, o lo que es lo mismo: dieciocho hojas. [N. de los T.] <<

[15] Véase D. Kaser, Carey & Lea of Philadelphia, cit., pp. 98-107; así como las cartas de M. Carey a H. C. Carey, fechadas los días 18, 19, 22 y 23 de julio de 1822, Lea and Febiger Papers, 1822, Historical Society of Pennsylvania, n.os 22302-22306. <<

[16] Véase E. Exman, The Brothers Harper, Nueva York, Harper and Row, 1965, 57-58; junto con J. J. Barnes, Authors, Publishers, and Politicians: The Quest for an Anglo-American Copyright Agreement, 1815-1854, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1974, p. 57. <<

[17] Véase la carta de A. Chase a E. Norton fechada el 5 de noviembre de 1828, Book Trades Collection, American Antiquarian Society, 1: 8; McCarty and Davis Papers, American Antiquarian Society, 1: 3, n.º 101; junto con M. Winship, «Getting the Books Out: Trade Sales, Parcel Sales, and Book Fairs in the Nineteenth-Century United States», en Getting the Books Out: Paper of the Chicago Conference on the Book in Nineteenth-Century America, M. Hackenberg (ed.), Washington, D. C., Library of Congress, 1987, pp. 4-25, especialmente pp. 9 y 12-20; R. J. Zboray, A Fictive People, cit., pp. 24-29; y D. Kaser, Carey & Lea of Philadelphia, cit., pp. 127-132. <<

[18] Es decir, «Arte conservadora de todas las artes». [N. de los T.] <<

[19] Véase R. G. Silver, «The Convivial Printer: Dining, Wining, and Marching, 1825-1860», Printing History 4 (1982), pp. 16-25; así como M. A. Lause, Some Degree of Power: From Hired Hand to Union Craftsman in the Preindustrial American Printing Trades, 1778-1815, Fayetteville, University of Arkansas Press, 1991, pp. 26. <<

[20] J. Parton, «International Copyright», Atlantic Monthly (octubre de 1867), pp. 430-453, especialmente p. 441. <<

[21] E. Exman, The Brothers Harper, cit., pp. 53-55, 393-396. <<

[22] Véanse los McCarty and Davis Papers, American Antiquarian Society, 1: 5, n.os 319, 320, 321; 1: 7, n.os 500, 510. <<

[23] Véase E. B. Bradsher, Matthew Carey, cit., pp. 86-87; junto con la carta de M. Carey a H. Carey, fechada el 13 de julio de 1821, en Lea and Febiger Papers, Historical Society of Pennsylvania, n.º 18649; R. M. MacLeod, «Evolutionism, Internationalism, and Commercial Enterprise in Science», cit., p. 66; J. Fiske, Edward Livingston Youmans, cit., pp. 149-150; y J. Parton, «International Copyright», cit., pp. 441 y 443. <<

[24] El tipo de libritos baratos o folletines de pequeño tamaño que contenían poemillas populares, coplas, dichos, novelas, canciones de cuna y un sinfín de cosas parecidas. Solía ser una mercancía que los buhoneros y mercachifles acostumbraban a exponer, al menos en España, colgados de un cordel, y de ahí su nombre. En inglés, su denominación «chapbooks» también alude al hecho de que comerciaran con ellos los vendedores ambulantes (o «chapmen»). [N. de los T.] <<

[25] Véase A. J. Clark, Movement for International Copyright, cit., p. 37; junto con R. J. Zboray, A Fictive People, cit., pp. 11-12, 74; M. McGill, American Literature and the Culture of Reprinting, 1834-1853, Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 2003, pp. 21-23. <<

[26] Véase M. McGill, American Literature and the Culture of Reprinting, cit.; así como I. Lehuu, Carnival on the Page: Popular Print Media in Antebellum America, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2000, pp. 59-75; J. J. Barnes, Authors, Publishers, and Politicians, cit., pp. 6-29; véase también la carta de J. L. Sibley a J. Wood, fechada el 3 de marzo de 1938, Book Trades Collection, American Antiquarian Society, 1:11. <<

[27] J. J. Barnes, Authors, Publishers, and Politicians, cit., pp. 13-15. <<

[28] Véase The New World 2, enero a julio de 1841, p. 94; junto con A. J. Clark, Movement for International Copyright, cit., pp. 42, 48 y 51-52. <<

[29] Por el «Gran bulo de la luna» se entiende una serie de artículos que comenzaron a publicarse en el Sun de Nueva York en agosto del año 1835. En ellos se afirmaba con el más sonado sensacionalismo que se acababa de descubrir vida civilizada en nuestro satélite. La broma del globo se refiere a un artículo periodístico firmado por Edgar Allan Poe y publicado por ese mismo periódico en el año 1844. En él se explicaban los detalles de la supuesta travesía del Atlántico que decía haber realizado, en tan solo tres días y a bordo de un globo de gas, un famoso piloto europeo de artilugios aerostáticos, el señor Monck Mason. [N. de los T.] <<

[30] Véase N. M. Ashby, Charles Sealsfield, Duarte (California), N. M. Ashby; Stuttgart, Alemania, Sealsfield-Gesellschaft, 1980, pp. 1-50; así como C. Sealsfield, Gesammelte Werke, 18 vols., Stuttgart, J. B. Melzer, 1846 (1842-1846); para mayor información sobre el gran bulo de la luna, véase D. Schiller, Objectivity and the News: The Public and the Rise of Commercial Journalism, Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 1981, pp. 76-95. <<

[31] Los filibusteros del Corsair hacen aquí un juego de palabras: dicen de Boz que es «a queer craft, all-of-a-twist», o sea, como hemos dicho, «una extraña embarcación, toda retorcida», pero este «toda retorcida» es incapaz de reproducir la sonoridad de all-of-a-twist —que es una clara alusión fonética a Oliver Twist. [N. de los T.] <<

[32] De nuevo un doble sentido: la frase del original dice «[The Corsair] launched frequent broadsides» aprovechando que la significación de «broadsides» remite a un tiempo a la descarga cerrada y simultánea de todos los cañones de uno de los costados del buque y a los suplementos u hojas sueltas que a veces se publican en los periódicos, indicando así que este Corsario «cañoneaba» sus enemigos con folletos más que contundentes. [N. de los T.] <<

[33] Véase Corsair 1, n.º 1 (16 de marzo de 1839), p. 9; 1, n.º 2 (23 de marzo de 1839), p. 26; 1, n.º 4 (6 de abril de 1839), pp. 54-56; 1, n.º 5 (13 de abril de 1839), pp. 69-70. Para mayor información sobre Willis véase T. N. Baker, Sentiment and Celebrity: Nathaniel Parker Willis and the Trials of Literary Fame, Oxford, Oxford University Press, 1999. Vale la pena comparar el Corsair con el Pirate británico de 1833. <<

[34] Véase American Antiquarian Society, signatura Bdsds. 1837; junto con J. J. Barnes, Authors, Publishers, and Politicians, cit., pp. 61-65; y A. J. Clark, Movement for International Copyright, cit., pp. 39-45, 51-55 y 58-63. <<

[35] Véase G. S. Rice, The Transformation of Authorship in America, Chicago, University of Chicago Press, 1997, p. 90. <<

[36] Véase «An American», en A Plea for Authors, and the Rights of Literary Property, Nueva York, Adlard y Saunders, 1838, pp. 5-6. <<

[37] P. H. Nicklin, Remarks on Literary Property, Filadelfia, P. H. Nicklin y T. Johnson, 1838. Para mayor información sobre la competencia a la que se enfrentaba Carey, véase por ejemplo, H. C. Carey, Letters on International Copyright, Filadelfia, A. Hart, 1853, pp. 58-59. <<

[38] Véase P. H. Nicklin, Remarks on Literary Property, cit., pp. 24-25, 33, 50, 58-63 y 83; compárese también con lo que se señala en J. Sklansky, The Soul’s Economy: Market Society and Selfhood in American Thought, 1820-1920, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2002, p. 80. <<

[39] Véase en la Historical Society of Pennsylvania, Lea and Febiger Papers, 1821; University of Michigan, Clements Library, Henry Carey Letterbook, p. 5; véase también W. Elder, A Memoir of Henry C. Carey, Filadelfia, Henry Carey Baird & Co., 1880, p. 24; J. L. Huston, The Panic of 1857 and the Coming of the Civil War, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1987, pp. 134-135; y K. Marx, Grundrisse, traducción inglesa de M. Nicolaus, Londres, Penguin, 1993, pp. 754 y 883-893 [ed. cast.: Elementos fundamentales para la crítica de la economía política: (borrador) 1857-1858, 3 vols., traducción de Pedro Scaron, Madrid, Siglo XXI de España, 1972-1976]. Véase también W. E. Gienapp, The Origins of the Republican Party, 1852-1856, Nueva York, Oxford University Press, 1987, pp. 397, 403; J. L. Huston, The Panic of 1857, cit., pp. 241-242 y 249-250. Para mayor información sobre la postura que adoptaría Carey respecto de la sociología primitiva, véase J. Sklansky, Souls Economy, cit., pp. 171-204. La correspondencia que mantuvo Smith con Carey puede consultarse en la Historical Society of Pennsylvania: véase por ejemplo la carta de Smith a Carey, fechada el 31 de octubre de 1869, Historical Society of Pennsylvania, Carey Section, Edward Carey Gardiner Collection, H. C. Carey Papers, caja 78, carpeta 4; 14 de abril de 1850, 15 de enero de 1854, 22 de febrero de 1854, 2 de marzo de 1854, 4 de marzo de 1854, y 22 de febrero de 1855, caja 77, carpeta 16. <<

[40] Véase H. C. Carey, Letters on International Copyright, cit., 1853, p. 58. <<

[41] Véanse las cartas de E. P. Smith a Carey fechadas el 22 de enero de 1854, y el 22 de febrero de 1854, Historical Society of Pennsylvania, Carey Section, H. C. Carey Papers, caja 77, carpeta 19; véase también H. C. Carey, The Unity of Law; As Exhibited in the Relations of Physical, Social, Mental, and Moral Science, Filadelfia, H. C. Baird, 1872, pp. 16-17 y 71-75; así como K. McKean, Manual of Social Science, Filadelfia, H. C. Baird, 1864, portadilla y páginas IV-V. <<

[42] Véase H. C. Carey, Essay on the Rate of Wages, Filadelfia, Carey, Lea and Blanchard, 1835, especialmente las pp. 232 a 245; junto con H. C. Carey, Unity of Law, pp. 16-17; J. Sklansky, Soul’s Economy, cit., pp. 83-85; K. McKean, Manual of Social Science, cit., p. IX; W. Elder, A Memoir of Henry C. Carey, cit., 15; H. C. Carey, Unity of Law, cit., pp. X-XI y 382-92. Para mayor información sobre la teoría de Ricardo, véase D. Ricardo, On the Principles of Political Economy, Londres, John Murray, ³1821 [1817], cap. 2 [ed. cast.: Principios de economía política y tributación, traducción de E. Hazera, Barcelona, Orbis, 2007. <<

[43] Véase H. C. Carey, Principles of Social Science, cit., vol. 1, pp. 41-43; y H. C. Carey, Unity of Law, cit., pp. 80-82. <<

[44] Véase H. C. Carey, Review of the Decade, 1857-1867, Filadelfia, Collins, 1867, p. 5; junto con H. C. Carey, Unity of Law, cit., pp. V-X, XI. Para una visión de orden general, véase C. Smith, The Science of Energy: A Cultural History of Energy Physics in Victorian Britain, Chicago, University of Chicago Press, 1998. <<

[45] Véase H. C. Carey, Contraction or Expansion? Repudiation or Resumption? Letters to the Hon. Hugh McCulloch, Secretary to the Treasury, Filadelfia, H. C. Baird, 1866, pp. 20-25, especialmente la p. 21; así como A. Desmond, Huxley: The Devil’s Disciple, Londres, Michael Joseph, 1994, pp. 192-193. Para mayor información sobre la electrobiología, véase también I. Morus, Frankenstein’s Children: Electricity, Exhibition and Experiment in Early Nineteenth-Century London, Princeton (Nueva Jersey), Princeton University Press, 1998, pp. 147-152. Véase asimismo M. Schabas, The Natural Origins of Economics, Chicago, University of Chicago Press, 2005, pp. 70-74, y M. Poovey, Genres of the Credit Economy: Mediating Value in Eighteenth- and Nineteenth-Century Britain, Chicago, University of Chicago Press, 2008. <<

[46] Véase H. C. Carey, Unity of Law, cit., p. 206; junto con H. C. Carey, Principles of Social Science, cit., vol. 2, p. 175; T. A. Freyer, Producers versus Capitalists: Constitutional Conflict in Antebellum America, Charlottesville, University Press of Virginia, 1994, pp. 3, 7-8 y 49-51; J. Sklansky, Soul’s Economy, cit., pp. 88, 90; y E. P. Thompson, «The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century», en E. P. Thompson, Customs in Common, Nueva York, New Press, 1993, pp. 185-258, y véanse también, por ejemplo, pp. 193 y 205-206. <<

[47] H. C. Carey, Unity of Law, cit., pp. 190-191, 219-223. <<

[48] Alusión al circo fundado por el estadounidense Phineas Taylor Barnum (1810-1891), célebre empresario y artista circense. [N. de los T.] <<

[49] Véanse H. C. Carey, The Prospect, Filadelfia, J. S. Skinner, 1851, p. 13; H. C. Carey, Commerce, Christianity, and Civilization, versus British Free Trade, Filadelfia, Collins, 1876, pp. 5, 36; H. C. Carey, Unity of Law, cit., pp. 198-199; y H. C. Carey, The Way to Outdo England without Fighting Her, Filadelfia, H. C. Baird, 1865, pp. 7-8, 31-32. <<

[50] Véase H. C. Carey, Unity of Law, cit., p. 7; así como H. C. Carey, Letters on International Copyright, cit., pp. 29-31. <<

[51] Véase H. C. Carey, Unity of Law, cit., pp. XVII-XIX, 27-28, 92-93, 270-280, 325-327; junto con H. C. Carey, Principles of Social Science, cit., vol. 1, p. 40; Friedrich Engels, The Condition of the Working Class in England, Londres, Penguin, 1987 [1845], pp. 139-149 [ed. cast.: Situación de la clase obrera en Inglaterra, sin traductor, Madrid, Akal, 1976]; J. Sklansky, Soul’s Economy, cit., pp. 75-76; véase también la carta de E. P. Smith a Carey, fechada el 21 de octubre de 1854, Historical Society of Pennsylvania, Carey Section, Edward Carey Gardiner Collection, H. C. Carey Papers, caja 77, carpeta 16. <<

[52] Véase Karl Marx, Capital, 3 volúmenes, Londres, Penguin, 1990-1991 [1867-1894], vol. 1, pp. 705-706 [ed. cast.: El capital. Crítica de la economía política, traducción de Vicente Romano García, Madrid, Akal, 1976-1979]. Para mayor información sobre los libros de apuntamiento, véase A. Blair, «Reading Strategies for Coping with Information Overload, ca. 1550-1700», Journal of the History of Ideas 64 (2003), pp. 11-28; véase también A. Moss, Printed Commonplace-Books and the Structuring of Renaissance Thought, Nueva York, Oxford University Press, 1996. <<

[53] Véase E. L. Youmans (ed.), The Correlation and Conservation of Forces, Nueva York, D. Appleton and Co., 1865. Para mayor información sobre el uso que hacía Carey de sus observaciones, véase por ejemplo, Unity of Law, cit., pp. XI-XII. <<

[54] Véase E. L. Youmans, Correlation and Conservation of Forces, cit., p. XXXVI. <<

[55] J. Fiske, Edward Livingston Youmans, cit., pp. 184-185. <<

[56] Véase H. Greeley, Essays Designed to Elucidate the Science of Political Economy, Boston, Fields, Osgood, and Co., 1870, pp. 49-51. <<

[57] Véase H. C. Carey, Letters on International Copyright, cit., 1853, p. 8; así como H. C. Carey, The Way to Outdo England, cit., p. 31; H. C. Carey, The Resources of the Union, Filadelfia, H. C. Baird, 1866, p. 22; H. C. Carey, Unity of Law, cit., pp. 206-209; y H. C. Carey, Commerce, Christianity, and Civilization, cit., pp. 5-6, 18-20 y 24. <<

[58] H. C. Carey, Principles of Social Science, cit., vol. 2, pp. 123, 251. <<

[59] H. C. Carey, Unity of Law, cit., pp. 101-102 y 111. <<

[60] Véase H. C. Carey, Resources of the Union, cit., p. 24; y H. C. Carey, The Way to Outdo England, cit., p. 31. <<

[61] Véase H. C. Carey, Principles of Social Science, cit., vol. 1, pp. 322-325; junto con H. C. Carey, Unity of Law, cit., pp. 99, 172 y 182; y H. C. Carey, The Prospect, cit., p. 83. <<

[62] Véase H. C. Carey, Letters on International Copyright, cit., 1853, pp. 37-48, 54, 65 y 70-71; así como H. C. Carey, International Copyright Question Considered, p. 23. <<

[63] Véase H. C. Carey, Letters on International Copyright, cit., 1853, p. 28; así como H. C. Carey, Letters on International Copyright, Nueva York, Hurd and Houghton, ²1868, p. 11. <<

[64] Véase H. C. Carey, Letters on International Copyright, cit., 1853, pp. 11-12 y 61-63; junto con H. C. Carey, International Copyright Question Considered, cit., pp. 7-8 y 25-26; y T. A. Freyer, Producers versus Capitalists, cit., pp. 125-127. <<

[65] Véase H. C. Carey, Letters on International Copyright, cit., 1853, pp. 10-13, 15-17, 21-23, 25 y 44; así como H. C. Carey, The International Copyright Question Considered, Filadelfia, H. C. Baird, 1872, p. 3. <<

[66] Véase H. C. Carey, The Way to Outdo England, cit., pp. 3, 17-18; junto con H. C. Carey, International Copyright Question Considered, cit., pp. 8-9, 12 y 29-30; y H. C. Carey, Letters on International Copyright, cit., 1868, pp. 87-88. <<

[67] Véase H. C. Carey, The Way to Outdo England, cit., pp. 3, 15 y 34; así como H. C. Carey, Letters on International Copyright, cit., 1853, pp. 67 y 70-71; y H. C. Carey, International Copyright Question Considered, cit., pp. 13, 24. <<

[68] Véase D. A. Redmond, Sherlock Holmes among the Pirates: Copyright and Conan Doyle in America, 1890-1930, Nueva York, Greenwood Press, 1990. <<

Notas capítulo 12

[1] Véase D. W. Krummel, «Music Publishing», en Music in Britain: the Romantic Age, 1800-1914, N. Temperley (ed.), Londres, Athlone, 1981, pp. 46-59 y 49. <<

[2] Todos cuantos no estén familiarizados con las fracciones monetarias de la Gran Bretaña anterior a la implantación del sistema métrico decimal deberán tener en cuenta que una libra equivalía a veinte chelines y a doscientos cuarenta peniques. Un chelín valía por tanto doce peniques. Y una guinea ascendía a veintiún chelines. <<

[3] Véase N. A. Mace, «Litigating the Musical Magazine: The Definition of British Music Copyright in the 1780s», Book History 2 (1999), pp. 122-145; junto con D. Hunter, «The Publishing of Opera and Song Books in England, 1703-1726», Notes, marzo de 1991, pp. 647-685, y especialmente las pp. 651 a 655 y 657 a 666. Para otro ejemplo notablemente detallado, véase N. A. Mace, «Haydn and the London Music Sellers: Forster v. Longman & Broderip», Music & Letters 77 (noviembre de 1996), pp. 527-541, y especialmente p. 533 y la nota 24. <<

[4] Véase H. Berlioz, Evenings with the Orchestra, traducción inglesa de J. Barzun, Chicago, University of Chicago Press, 1999 (1956), p. 67; junto con H. Berlioz, Les Soirées de l’Orchestre, París, Grund, 1968 (1852), pp. 84-86; D. Hunter, «Music Copyright in Britain to 1800», Music & Letters 67 (1986), pp. 269-282; y J. Girdham, English Opera in Late Eighteenth-Century London: Stephen Storace at Drury Lane, Oxford, Oxford University Press, 1997. <<

[5] Véase J. M. Picker, Victorian Soundscapes, Oxford, Oxford University Press, 2003, pp. 41-81; así como P. Bailey, Popular Culture and Performance in the Victorian City, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, p. 207. <<

[6] H. Berlioz, Evenings with the Orchestra, cit., pp. 57-59. Para mayor información sobre Gilbert y Sullivan, véase M. Aingier, Gilbert and Sullivan, Oxford, Oxford University Press, 2002, pp. 94 y 174-182. <<

[7] Los miembros del comité parlamentario creado en el año 1904 se revelaron incapaces de ponerse de acuerdo, ya que no lograban decidir si el ejemplar pirateado que acababa de presentarse a la sala había sido fotografiado o no; al final acordaron que se trataba de una copia fotográfica, aunque no idéntica. Véase el Report of the Departmental Committee… to Inquire into the Piracy of Musical Publications, Cd. 1860, Londres, Her Majesty’s Stationery Office, 1904, p. 14. En lo sucesivo lo citaremos simplemente como Report, 1904. Obsérvese que la paginación del informe propiamente dicho, así como la del voto particular de Caldwell, llevan una numeración independiente de la correspondiente a los registros de las entrevistas. <<

[8] Véase C. Ehrlich, The Piano: A History, edición revisada, Oxford, Clarendon Press, 1990, pp. 88-107. <<

[9] David Day promovería finalmente la primera acción legal en el año 1897, fecha en la que se actuaría contra un pirata que había reimpreso una obra titulada The Soldiers of the Queen (utilizando en este caso —uno de los primeros— tipos móviles y no una fotografía): véase el Report, cit., 1904, pp. 27 y 28. <<

[10] Véase el Report, cit., 1904, pp. 8-9 y 33. <<

[11] Hemos traducido así la expresión «minstrel acts», con la que se alude a un tipo muy particular de género teatral caracterizado en origen por aunar la ópera inglesa y la música negra, con la peculiaridad de que los actores, todos blancos, se pintaban el rostro y los miembros de negro para interpretar su papel, reproduciendo cómica y displicentemente todos los clisés conductuales y vejatorios asociados a las personas de color. [N. de los T.] <<

[12] Residencia oficial del alcalde de Londres, construida entre los años 1739 y 1752. [N. de los T.] <<

[13] Véase el Report, cit., 1904, p. 33; junto con J. Coover, Music Publishing, Copyright and Piracy in Victorian England, Londres, Mansell, 1985, pp. 84-85. El punto de partida esencial de este análisis arranca con la colección de fragmentos que Coover reúne, tomándolos de las fuentes primarias. <<

[14] Para mayor información sobre los «comandos» véase también la carta firmada por un tal «Antipiratas», que aparece citada en J. Coover, Music Publishing, cit., p. 85. <<

[15] Véase el Report, cit., 1904, p. 33; junto con J. Abbott, The Story of Francis, Day and Hunter, Londres, Francis, Day and Hunter, 1952, p. 31. <<

[16] British Library, Music Library, MS. M. 55 —referencia citada en lo sucesivo como Preston, álbum de recortes, fragmento de Leeds, s. f.—; y J. Coover, Music Publishing, cit., p. 88. <<

[17] Véase J. Coover, Music Publishing, cit., pp. 108-109. <<

[18] St. Helens, 8 de enero de 1904; Preston, s. f.: ambas referencias se encuentran en Preston, álbum de recortes, fragmento de Leeds, s. f. <<

[19] Report, cit., 1904, p. 17. <<

[20] Ibid., p. 67. <<

[21] Ibid., pp. 33-35. <<

[22] Ibid., pp. 15, 29. <<

[23] Ibid., 1904, p. 32. <<

[24] Véase A. Lamb, Leslie Stuart: Composer of Floradora, Nueva York, Routledge, 2002, p. 166. <<

[25] Report, cit., 1904, pp. 19-20, 31-32. <<

[26] Ibid., p. 45. <<

[27] Tomando como base este apodo, la deducción más obvia es pensar que el contexto de este asunto nos remite a las prácticas juglarescas, aunque también cabe imaginar que pueda tratarse del mundo menos formal de los músicos callejeros del periodo victoriano tardío —ya que en ocasiones también ellos se pintaban el rostro de negro—. No obstante, me ha sido imposible encontrar pruebas concluyentes que aboguen en favor cualquiera de estas posibilidades. <<

[28] Véase Preston, álbum de recortes, fragmento de Leeds, s. f. Preston también habría de reunir una colección de doscientos sesenta y ocho casos de piratería en sus viajes, presumiblemente para contribuir a que fueran efectivamente elevados a los tribunales; dichos casos se encuentran actualmente encuadernados y constituyen un conjunto integrado por varios volúmenes agrupados bajo el epígrafe de «Pirated music» en la British Library, Music Library, H. 1848. Todos sus elementos son copias directas de los correspondientes originales, y a veces incluyen el nombre y las advertencias de sus editores (aunque de cuando en cuando esos datos aparezcan tachados). La calidad de la impresión varía notablemente, y es a menudo muy baja; sin embargo, en la gran mayoría de los casos no hay nada que impida la utilización de los documentos. La mayor parte de las piezas son temas ligeros, como las marchas de Sousa y las canciones propias de la opereta y el teatro de variedades. <<

[29] Report, cit., 1904, p. 49. <<

[30] Ibid., pp. 16, 50. <<

[31] Véase el Liverpool Express de 15 de octubre de 1903; puede encontrarse un fragmento de esta partitura en Preston, álbum de recortes, fragmento de Leeds, s. f. Para mayor información sobre la inspección judicial realizada en el domicilio de O’Neile, véase también Report, cit., 1904, p. 48. <<

[32] Report, cit., 1904, p. 17. <<

[33] Véase J. Coover, «Victorian Periodicals for the Music Trade», Notes, marzo de 1990, pp. 609-621, y especialmente la nota 23 de la p. 616. <<

[34] Véase el Report, cit., 1904, p. 49. La prensa retrataría a los intermediarios del comercio pirata insinuando que se trataba de personas de origen irlandés o de judíos procedentes de la Europa continental. <<

[35] Véase Preston, álbum de recortes, fragmento de Cardiff, s. f. Compárese también con lo que se señala en P. Stallybrass y A. White, The Politics and Poetics of Transgression, Ithaca (Nueva York), Cornell University Press, 1986, pp. 27-31. <<

[36] Véase el Report, cit., 1904, p. 52. Para mayor información sobre Cohen, véanse algunos de los fragmentos del álbum de recortes de Preston, por ejemplo los publicados en el Manchester Evening News el 7 de octubre de 1903. <<

[37] Véase Preston, álbum de recortes, fragmento de Leeds, 28 de julio de 1904; compárese también con lo que se señala en otro fragmento, igualmente procedente de Sheffield, aunque fechado en este caso el 24 de febrero de 1902, día en el que Preston prefirió abandonar el litigio a tener que soportar tan dura prueba. <<

[38] Véase el Report, cit., 1904, pp. 9, 15, 16. <<

[39] Ibid., p. 29. <<

[40] Voz alemana que significa «el que camina al lado» y equivale a lo que en castellano llamaríamos «gemelo malvado». [N. de los T.] <<

[41] El profesor Moriarty es un prototípico villano de ficción al que sir Arthur Conan Doyle dotó de una mente criminal perversamente lúcida. [N. de los T.] <<

[42] Véase el Sheffield Telegraph de 1 de diciembre de 1903, en Preston, álbum de recortes, fragmento de Leeds, s. f. <<

[43] Para mayor información sobre la pesquisa judicial promovida por Abbott, véase el Report, cit., 1904, p. 18. Sobre la malversación de fondos de James Frederick Willetts, véase Report, p. 85. <<

[44] Ibid., pp. 12, 16, 35, 51-52 y 77. <<

[45] Para información sobre todas estas acciones (y otras muchas), véase Preston, álbum de recortes, fragmento de Leeds, s. f. <<

[46] Report, cit., 1904, pp. 76-83. <<

[47] Ibid., p. 32. <<

[48] Report, cit., 1904, p. 77. Para información sobre la denuncia de este «cártel», realizada en el año 1901, véase J. Coover, Music Publishing, cit., p. 77. <<

[49] Report, cit., 1904, p. 79. <<

[50] Ibid., p. 78. <<

[51] Ibid., p. 48. Para información sobre los precedentes de la propuesta de Russell, véanse más arriba pp. 274 y 275. <<

[52] Véase L. Harding, «You’ve Heard of the Flights, but Would You Buy a No-Frills CD?», Guardian, 5 de julio de 2004. <<

[53] Report, cit., 1904, pp. 35-36, 45-46, 64, 70 y 74-75. <<

[54] Ibid., pp. 79-80. <<

[55] Ibid., p. 31. <<

[56] Ibid., junto con los informes de pp. 11-19, que llevan paginación independiente. <<

[57] Véase A. Lamb, Leslie Stuart, cit., p. 167; así como L. Kriegel, «Culture and the Copy: Calico, Capitalism, and Design Copyright in Early Victorian Britain», Journal of British Studies 43 (2004), pp. 233-265. <<

[58] Report, cit., 1904, pp. 23-24. <<

[59] Ibid., p. 70. <<

[60] Ibid., p. 52. <<

[61] Ibid., pp. 40, 52 y 68-69. <<

[62] Ibid., p. 66. <<

[63] Ibid., pp. 26, 47 y 64. <<

[64] Véase J. Coover, Music Publishing, cit., p. 116. <<

[65] Ibid., pp. 114 y 118; véase asimismo Musical Times, 1 de agosto de 1904, pp. 534-535. <<

[66] Report, cit., 1904, p. 59-60. Lo cierto es que en el sector de la promoción y publicación de obras musicales viene apuntándose a la existencia de conspiraciones piratas desde la década de 1890 —véase J. Coover, Music Publishing, cit., p. 68—, pero creo que las observaciones de Poland son independientes de las manifestaciones anteriores. <<

[67] Véase Report, cit., 1904, junto con la página 6 de los informes de paginación independiente. <<

[68] J. Coover, Music Publishing, cit., pp. 125-127. <<

[69] Véase la ley de derechos de autor de 1911, 1 y 2 Geo. V, c. 46. En este contexto, la historia de las primeras grabaciones gramofónicas y de los rollos perforados para pianos neumáticos resulta fascinante pero también demasiado compleja para poder abordarla aquí; para mayor información sobre el desarrollo de estos acontecimientos en los Estados Unidos, véase L. Gitelman, Scripts, Grooves, and Writing Machines: Representing Technology in the Edison Era, Stanford (California), Stanford University Press, 1999, pp. 97-147. <<

[70] Véase V. Guest, So You Want to Be in Pictures, Londres, Reynolds and Hearn, 2001, pp. 26-27 y 73. <<

Notas capítulo 13

[1] Los indicativos de los radioaficionados son un código identificativo único que designa a cada estación o persona emisora provista de la correspondiente licencia. [N. de los T.] <<

[2] Véase A. Briggs, The History of Broadcasting in the United Kingdom, 5 vols., Londres, Oxford University Press, 1995 (original publicado entre los años 1961 y 1995), vol. 1, p. 18; junto con Experimental Wireless Radio Call Book, Londres, Percivall Marshall and Co., s. f., (1924); y Hansard, The Parliamentary Debates, House of Commons, Londres, HMSO, quinta serie, 150, p. 638 (13 de febrero de 1922). <<

[3] Pese a que sus siglas coincidan, no debe confundirse la Compañía Británica de Radiodifusión con la Corporación Británica de Radiodifusión —que es la actual BBC—. Véase más adelante la nota 13 de este mismo capítulo. [N. de los T.] <<

[4] A. Briggs, History, cit., vol. 1, pp. 95-96. <<

[5] BBC Written Archives Centre, Caversham, CO 58/1. <<

[6] Royal Mail Archives, Mount Pleasant, Londres, POST 33/703, 31 de marzo de 1922. <<

[7] Véase Hansard, Commons, cit., 151, pp. 1077-1079 (7 de marzo de 1922); 153, pp. 1600-1601 (4 de mayo de 1922); junto con Briggs, History, cit., vol. 1, pp. 66-67. <<

[8] A. Briggs, History, cit., vol. 1, p. 85. <<

[9] Royal Mail Archives, Mount Pleasant, Londres, POST 33/703, 21 de abril de 1922, 10 de mayo de 1922. <<

[10] Royal Mail Archives, Mount Pleasant, Londres, POST 33/703, 10 de mayo de 1922. <<

[11] Véase el BBC Written Archives Centre, Caversham, CO 2; así como Hansard, Commons, cit., 153, pp. 1600-1601 (4 de mayo de 1922); sir Frederick Sykes (presidente), The Broadcasting Committee Report, Cmd. 1051, Londres, Her Majesty’s Stationery Office, 1923, p. 7; y A. Briggs, History, cit., vol. 1, pp. 107-114. <<

[12] BBC Written Archives Centre, Caversham, CO 1/1. <<

[13] Royal Mail Archives, Mount Pleasant, Londres, POST 33/703, 16 de junio de 1922. Obsérvese que doy el nombre de «BBC» tanto a la British Broadcasting Company como a la British Broadcasting Corporation —creada posteriormente—, según lo que es ya una práctica habitual en la actualidad; debe tenerse no obstante en cuenta que se trataba de entidades distintas. <<

[14] BBC Written Archives Centre, Caversham, CO 1/1. <<

[15] Pruebas de F. J. Brown, comité Sykes, Royal Mail Archives, Mount Pleasant, Londres, POST 89/18, I —las páginas carecen de numeración. <<

[16] Véase Sykes, Report, cit., pp. 8-9; junto con Royal Mail Archives, Mount Pleasant, Londres, POST 33/703, 28 de junio de 1922; conde de Crawford (presidente), Report of the Broadcasting Committee, Cmd. 2599, Londres, Her Majesty’s Stationery Office, 1926, p. 19. Lo cierto es que antes de que empezara a imponerse el embargo lograrían llegar al Reino Unido entre seis y ocho radios a galena. Se admitió su entrada a condición de que pagaran un canon en concepto de regalía, se adecuaran a las normativas técnicas y se distinguieran por medio de un indicativo especial: BBC Written Archives Centre, Caversham, CO 1/2, p. 13. <<

[17] A. Briggs, History, cit., p. 109. <<

[18] Royal Mail Archives, Mount Pleasant, Londres, POST 33/703. <<

[19] Sykes, Report, cit., p. 22. <<

[20] Véanse las Actas de Sykes y las pruebas aportadas por Noble y McKinstry, días 8 a 10 de mayo de 1923, Royal Mail Archives, Mount Pleasant, Londres, POST 89/18, I, §§ 254-261 y 504-528; junto con Hansard, Commons, cit., 150, p. 638, 13 de febrero de 1922; 153, pp. 1600-1601, 4 de mayo de 1922; 156, p. 184, 4 de julio de 1922; y A. Briggs, History, cit., vol. 1, pp. 128-129. <<

[21] Hansard, Commons, cit., 157, pp. 50 (24 de julio de 1922) y 463 (26 de julio de 1922). <<

[22] Ibid., 157, pp. 1951-1964, 4 de agosto de 1922. <<

[23] Véase Hansard, Commons, cit., 153, pp. 1600-1602 (4 de mayo de 1922); así como Royal Mail Archives, Mount Pleasant, Londres, POST 33/704; BBC Written Archives Centre, Caversham, CO 2; y BBC Written Archives Centre, Caversham, CO 58/1. <<

[24] BBC Written Archives Centre, Caversham, CO 1/1. <<

[25] Esto es, la sede de la prensa británica hasta la década de 1980. [N. de los T.] <<

[26] Véase el Daily Mail de 9 de abril de 1923. <<

[27] Noble, en las pruebas presentadas por Sykes, Royal Mail Archives, Mount Pleasant, Londres, POST 89/18, I, § 251, 8 de mayo de 1923. <<

[28] BBC Written Archives Centre, Caversham, CO 1/2, 9 de octubre de 1922. <<

[29] Royal Mail Archives, Mount Pleasant, Londres, POST 33/704, 28 de septiembre de 1922, y 2 de octubre de 1922. <<

[30] Royal Mail Archives, Mount Pleasant, Londres, POST 33/703, 16 de junio de 1922. <<

[31] Véase la memoria de Marconi sobre las licencias experimentales, 27 de septiembre de 1922, BBC Written Archives Centre, Caversham, CO 58/1, CO 1/2, p. 10 y 12 de septiembre de 1922; junto con Hansard, Commons, cit., 164, p. 2192, 6 de junio de 1923; A. Briggs, History, cit., vol. 1, p. 53; y Royal Mail Archives, Mount Pleasant, Londres, POST 33/704, 20 de septiembre de 1922. <<

[32] Pruebas de Sykes, Royal Mail Archives, Mount Pleasant, Londres, POST 89/18, III, § 2340. <<

[33] Pequeñas piezas de cartón, similares a las tarjetas de visita, que los fabricantes cigarrillos introducían en sus cajetillas para darles mayor consistencia y hacerse publicidad. [N. de los T.] <<

[34] Véase Hansard, Commons, cit., 157, pp. 706-707, 27 de julio de 1922; Royal Mail Archives, Mount Pleasant, Londres, POST 33/704, días 23 de marzo a 3 de abril de 1923; junto con «Wireless Handicaps», Observer, 31 de diciembre de 1922; y la memoria de Marconi de 27 de septiembre de 1922: BBC Written Archives Centre, Caversham, CO 58/1. Para mayor información sobre el caso de la British Danubian Imports, véanse también las pruebas de Sykes, Royal Mail Archives, Mount Pleasant, Londres, POST 89/18, I, § 1736. <<

[35] Véanse los Royal Mail Archives, Mount Pleasant, Londres, POST 33/703, 18 de mayo de 1922; y Hansard, Commons, cit., 157, pp. 1951-1964, 4 de agosto de 1922. <<

[36] Véase el Daily Mail, de 26 de marzo de 1923; junto con F. W. Challis y A. H. Rose, pruebas de Sykes, Royal Mail Archives, Mount Pleasant, Londres, POST 89/18, II, § 1232, 29 de mayo de 1923; y el Daily Express de 5 de abril de 1923. <<

[37] BBC Written Archives Centre, Caversham, CO 1/2, p. 10 y 12 de septiembre de 1922. <<

[38] Véase la memoria de Marconi del 27 de septiembre de 1922, BBC Written Archives Centre, Caversham, CO 58/1; y el Informe de la reunión con N. Chamberlain de 15 de febrero de 1923, BBC Written Archives Centre, Caversham, CO 7/1. <<

[39] Véase F. J. Brown, pruebas de Sykes, Royal Mail Archives, Mount Pleasant, Londres, POST 89/18, I —las páginas carecen de numeración—; junto con el Daily Mail de 11 de abril de 1923. <<

[40] Royal Mail Archives, Mount Pleasant, Londres, POST 33/704, 16 de septiembre de 1922 <<

[41] A. Briggs, History, cit., pp. 147 y 150-151. <<

[42] Ibid., p. 146; así como Hansard, Commons, cit., 160, pp. 661-662 (19 de febrero de 1923); 1794 (27 de febrero de 1923); y 162, p. 2241 (19 de abril de 1923). <<

[43] F. Ruffini, Report on Scientific Property, Ginebra (Suiza), Kundig, 1923. <<

[44] Para mayor información sobre las diferencias establecidas entre las distintas competencias de los experimentadores, véase P. White, Thomas Huxley: Making the «Man of Science», Cambridge, Cambridge University Press, 2003; véase también I. R. Morus, When Physics Became King, Chicago, University of Chicago Press, 2005; y R. Yeo, Defining Science: William Whewell, Natural Knowledge and Public Debate in Early Victorian Britain, Cambridge, Cambridge University Press, 1993; y G. J. N. Gooday, The Morals of Measurement: Accuracy, Irony, and Trust in Late Victorian Electrical Practice, Cambridge, Cambridge University Press, 2004. <<

[45] Sykes, Report, cit., pp. 21-22. <<

[46] Véase la memoria de Marconi de 27 de septiembre de 1922, BBC Written Archives Centre, Caversham, CO 58/1. <<

[47] Consúltese el testimonio de Swinton en pruebas de Sykes, Royal Mail Archives, Mount Pleasant, Londres, POST 89/18, III, §§ 2307-2345. Para mayor información sobre la importancia que por esta época habría de adquirir el trabajo en equipo para la identidad científica estadounidense, véase S. Shapin, The Scientific Life: A Moral History of a Late Modern Vocation, Chicago, University of Chicago Press, 2008, pp. 190-197. <<

[48] Véanse las actas del 12 de abril de 1923, BBC Written Archives Centre, Caversham, CO 7/1. <<

[49] Royal Mail Archives, Mount Pleasant, Londres, POST 33/1080 —pruebas de Sykes—, testimonio de Chappell and Co.; testimonio de la Gramophone Company, trabajos 58 y 75. Resulta posible rastrear las persistentes disputas relacionadas con los derechos de autor que habrían de enfrentar a estas fuerzas con la BBC consultando los registros, razonablemente completos, que se encuentran en el British Telecom Archive, Holborn, Londres. <<

[50] Royal Mail Archives, Mount Pleasant, Londres, POST 89/18, I, pp. 4-8; § 504. <<

[51] F. J. Brown, en pruebas de Sykes, Royal Mail Archives, Mount Pleasant, Londres, POST 89/18, I, sin paginar. <<

[52] Hansard, Commons, cit., 163, pp. 277-278, 24 de abril de 1923. <<

[53] BBC Written Archives Centre, Caversham, CO 1/2, p. 12. <<

[54] Pruebas de Sykes, Royal Mail Archives, Mount Pleasant, Londres, POST 89/19, I, § 261. <<

[55] BBC Written Archives Centre, Caversham, CO 1/2, 27 de septiembre de 1922. <<

[56] Crawford, Report, cit., p. 20. <<

[57] Véase J. M. Keynes, The End of Laissez-Faire, Londres, L. & V. Woolf, 1926. <<

[58] Véase L. Lessig, The Future of Ideas: The Fate of the Commons in a Connected World, Nueva York, Random House, 2001; junto con T. Streeter, Selling the Air: A Critique of the Policy of Commercial Broadcasting in the United States, Chicago, University of Chicago Press, 1996, pp. 59-110. <<

[59] BBC Written Archives Centre, Caversham, CO 1/1; Hansard, Commons, cit., 162, pp. 2440-2446, 19 de abril de 1923. <<

[60] Pruebas de Sykes, Royal Mail Archives, Mount Pleasant, Londres, POST 89/18, I, §§ 530-542 <<

[61] BBC Written Archives Centre, Caversham, CO 58/1. <<

[62] Royal Mail Archives, Mount Pleasant, Londres, POST 89/18, I, pp. 4-8. <<

[63] Royal Mail Archives, Mount Pleasant, Londres, POST 33/963B, 28 de marzo de 1923 y 18 de abril del mismo año. <<

[64] Véase R. M. Ford, The Wireless «License» Ramp: «A Lesson in Bureaucracy», Londres, St. Giles Press, 1929, p. 161. <<

[65] Ibid. <<

[66] Véanse los Royal Mail Archives, Mount Pleasant, Londres, POST 33/963B; así como el artículo titulado «New Wireless Move», Daily Express, 11 de abril de 1923. <<

[67] En alusión al viejo dicho inglés de que la casa de una persona es su castillo, en referencia a su inviolabilidad. [N. de los T.] <<

[68] R. M. Ford, The Wireless «License» Ramp, cit., pp. 126-128 y 135. <<

[69] Véase S. Landman y J. H. Beaumont, en pruebas de Sykes, Royal Mail Archives, Mount Pleasant, Londres, POST 89/18, III, § 2974. <<

[70] Véase M. Hilmes, Radio Voices: American Broadcasting, 1922-1952, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1997, p. 39. <<

[71] R. M. Ford, The Wireless «License» Ramp, cit., p. 113. <<

[72] Royal Mail Archives, Mount Pleasant, Londres, POST 33/1559, 15 de julio de 1927. <<

[73] Daily Express, 22 de marzo de 1923. <<

[74] BBC Written Archives Centre, Caversham, CO 52/1, pp. 13-14, 22 de marzo de 1923. <<

[75] Hansard, Commons, cit., 162, pp. 2440-2446, 19 de abril de 1923. <<

[76] Apelativo con el que se conoce en el mundo anglosajón, y desde mediados del siglo XIX, a los furgones de transporte de presos, habitualmente de gran tamaño y pintados de un color oscuro. El origen etimológico de la palabra es incierto, pero el Brewer’s Dictionary of Phrase and Fable apunta la posibilidad de que se debiese a una tal Maria Lee, la voluminosa y temible dueña de una pensión de marineros a la que acostumbraba a recurrir la policía de Boston cuando tenía que vérselas con algún presidiario recalcitrante. Se trata en cualquier caso de una expresión que ha hecho fortuna, ya que también se emplea en noruego («Svartemaja»), en finlandés («Mustamaija») y en alemán («Schwarze Maria»). [N. de los T.] <<

[77] Royal Mail Archives, Mount Pleasant, Londres, POST 33/1559, 18 de febrero de 1932 y passim. <<

[78] BBC Written Archives Centre, Caversham, T16/90/1, 1 de junio de 1953; Royal Mail Archives, Mount Pleasant, Londres, POST 110, véase por ejemplo, PRD n.os 0116, 0159, 0430, 0510, 0536, 0547, 0558, 0583, 0597, 0618, 0645, 0646, 0671, 0795 y 1005. <<

[79] Véanse los BBC Written Archives Centre, Caversham, T16/90/1 de 27 de febrero de 1952 y 7 de mayo de 1953; junto con BBC Written Archives Centre, Caversham, R78/1, 127/1, 3 de septiembre de 1976. <<

[80] Para mayor información sobre el contexto estadounidense, compárense las obras de J. Sterne, The Audible Past: Cultural Origins of Sound Reproduction, Durham (Carolina del Norte), Duke University Press, 2003, pp. 87-136. Para datos relacionados con los talleres de escritura y lectura, véase C. Hilliard, To Exercise Our Talents: The Democratization of Writing in Britain, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 2006, pp. 34-69 y J. Rose, The Intellectual Life of the British Working Classes, New Haven (Connecticut), Yale University Press, 2001, pp. 73-91. <<

[81] Véase R. H. Coase, British Broadcasting: A Study in Monopoly, Londres, Longmans, Green, and Co., 1950. Para mayor información sobre el plan de Eckersley, véase P. P. Eckersley, The Power behind the Microphone, Londres, Cape, 1941, pp. 195-236, M. Eckersley, Prospero’s Wireless: A Biography of Peter Pendleton Eckersley, Romsey, Hants (Reino Unido), Myles Books, 1998, pp. 187-188, 234, y W. J. West, Truth Betrayed, Londres, Duckworth, 1987, pp. 120-125. <<

[82] El autor alude aquí a un curioso personaje llamado Domenico Scandella, apodado Menocchio (1532-1601). En su obra titulada El queso y los gusanos (2009), Carlo Ginzburg recupera la historia de este molinero que sentía una devoradora pasión por la lectura y llegó a concebir, a base de ideas mezcladas, una cosmogonía extrañamente similar a la actual teoría de la Gran Explosión, entregándose además a un materialismo que la Inquisición no podía dejar de considerar herético. Tras haber sido perdonado en una ocasión, el pertinaz Menocchio insistiría en sus ideas y terminaría condenado a morir en la hoguera. [N. de los T.] <<

[83] C. Ginzburg, The Cheese and the Worms: The Cosmos of a Sixteenth-Century Miller, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1980 [ed. cast.: El queso y los gusanos: El cosmos según un molinero del siglo XVI, traducción de Francisco Martín, Barcelona, Península, 2009]. <<

Notas capítulo 14

[1] Véase A. K. Rai y R. S. Eisenberg, «Bayh-Dole Reform and the Progress of Biomedicine», Law and Contemporary Problems 66 (2003), pp. 289-314. <<

[2] Véase F. L. Vaughan, «Suppression and Non-working of Patents, with Special Reference to the Dye and Chemical Industries», American Economic Review 9 (1919), pp. 693-700; junto con F. L. Vaughan, Economics of Our Patent System, Nueva York, Macmillan, 1925, p. 225; F. I. Schechter, «Would Compulsory Licensing of Patents Be Unconstitutional?», Virginia Law Review 22 (1936), pp. 287-314; y G. E. Folk, Patents and Industrial Progress, cit., Nueva York, Harper, 1942, pp. 257-278. <<

[3] Véase A. D. Chandler, The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1977, pp. 88-89, 188-189, 200-203 y 464-476; así como J. Yates, Control through Communication: The Rise of System in American Management, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1989, pp. 21-64; y J. Guillory, «The Memo and Modernity», Critical Inquiry 31 (2004), pp. 108-133, y especialmente las pp. 114 a 122. Véase también J. R. Beniger, The Control Revolution: Technological and Economic Origins of the Information Society, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1986, véanse por ejemplo, pp. 221-287. <<

[4] El origen de este relato es un tanto oscuro. Merton sostiene, citando a Stamp, que este último había pronunciado su discurso en una reunión que había celebrado en 1934, en Aberdeen, la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, aunque lo cierto es que disertó sin excesivo mordiente sobre la necesidad de una técnica para el cambio económico («The Need for a Technique of Economic Change»): véase British Association for the Advancement of Science, Report, 1934, pp. 341-342. Con todo, lo cierto es que Stamp sí había abordado, en la reunión del año anterior, una cuestión más controvertida, relacionada en este caso con la posibilidad de que la ciencia pudiera contribuir necesariamente a desbaratar el avance económico —«Must Science Ruin Economic Progress?»—. En esta conferencia, Stamp incide particularmente en la afirmación, por entonces muy en boga, de que la rapidez del cambio científico podía provocar un desempleo generalizado. De ser así, sostenía, «el mundo se encontraría en último término en mejor situación retrasando el ritmo de la innovación científica a fin de acompasarlo a la máxima tasa de cambio social y económico asumible». Uno de los principales problemas que señalaba Stamp era, entre otros, el derivado del hecho de que las nuevas tecnologías pudieran hacer que las ya existentes se volvieran obsoletas antes de que su utilidad práctica se hubiera agotado realmente, lo que echaría por tierra la plena realización de beneficios marginales. «Una comunidad socialista responsable comprendería sistemáticamente que la ganancia global merece la pena», observaría Stamp. Sin embargo, sería preciso proceder a una verdadera «hazaña de concienciación» para poner en marcha un sistema de esa índole. En resumen, Stamp evitó lanzar un llamamiento favorable a la planificación científica de la sociedad o a la planificación social de la ciencia, defendiendo en cambio la idea, eso sí, de proceder a «inculcar generalizadamente, introduciéndola con todo cuidado, una fuerte dosis de interés social e internacionalismo, a fin de que todas las clases adquirieran una sólida conciencia económica y social» —British Association for the Advancement of Science, Report, 1933, pp. 578-583—. Parece que Stamp revisó al año siguiente algunos de estos argumentos, de modo que es posible que también efectuara algún comentario sobre la investigación científica que no quedara más tarde recogido en el resumen publicado. En el año 1936, siendo ya presidente, Stamp volvería a abordar la cuestión del «Impact of Science upon Society», reiterando algunas de las cautelas previamente recomendadas —British Association for the Advancement of Science, Report, 1936, pp. 1-26—. Para mayor información sobre el hecho de que se negara a recurrir a una moratoria, véase la versión revisada del artículo titulado «The Impact of Science upon Society», en sir J. Stamp, The Science of Social Adjustment, Londres, MacMillan and Co., 1937, p. 59. Y para saber algo más acerca de las pruebas que demuestran que había estado reflexionando cierto tiempo en los detalles vinculados con estas cuestiones, véase Stamp, «Invention», en sir J. Stamp, Some Economic Factors in Modern Life, Londres, P. S. King and Son, 1929, pp. 89-121, y especialmente pp. 96-101. Por lo demás, los orígenes del recurso a la moratoria científica se remontan a un discurso anterior pronunciado por el obispo de Ripon ante la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia en 1927. En los Estados Unidos, los llamamientos a la adopción de un tipo de medidas similares aparecen asociados con los políticos conservadores de los estados del sur: véase B. J. Stern, «Restraints upon the Utilization of Inventions», Annals of the American Academy of Political and Social Science 200 (1938), pp. 13-31, y especialmente p. 31. <<

[5] R. Bain, «Scientist as Citizen», Social Forces 11 (1933), pp. 412-415. <<

[6] Véase J. Hettinger, «The Problem of Scientific Property and Its Solution», Science Progress 26 (1931-1932), pp. 449-461; junto con F. Ruffini, Report on Scientific Property, Ginebra (Suiza), Kundig, 1923; S. B. Ladas, «The Efforts for International Protection of Scientific Property», American Journal of International Law 23 (1929), pp. 552-569, y especialmente pp. 555-559. <<

[7] Véase R. Seidel, «The Origins of the Lawrence Berkeley Laboratory», en Big Science: The Growth of Large-Scale Research, P. Galison y B. Hevly (eds.), Stanford (California), Stanford University Press, 1992, pp. 21-45, y especialmente pp. 26-27; así como P. Galison, B. Hevly y R. Lowen, «Controlling the Monster: Stanford and the Growth of Physics Research, 1935-62», en Big Science, cit., pp. 46-77, y especialmente la página 50; D. J. Kevles, The Physicists: The History of a Scientific Community in Modern America, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1995 (1971), p. 268; M. Fishbein, «Medical Patents», JAMA 109 (1937), pp. 1539-1543; R. H. Shryock, «Freedom and Interference in Medicine», Annals of the American Academy of Political and Social Science 200 (noviembre de 1938), pp. 32-59, y especialmente pp. 45-46; y W. H. Whyte, The Organization Man, Nueva York, Simon and Schuster, 1956, pp. 225-253. <<

[8] Véase D. J. Kevles, The Physicists, cit., pp. 252-253, 264 y 266; junto con N. R. Danielian, AT&T: The Story of Industrial Conquest, Nueva York, Vanguard, 1939, prefacio —sin numeración—, y pp. 1-7. <<

[9] Véase N. R. Danielian, AT&T, cit., pp. 92-172; junto con P. Latzke, A Fight with an Octopus, Chicago, Telephony Publishing Co., 1906, pp. 42, 52, 55, 59 y 73; Federal Communications Commission, Report on Telephone Investigation, septuagésimo sexto congreso, primera sesión, House Document n.º 340, 1939, pp. 214, 216 y 222-223; y Federal Communications Commission, Proposed Report: Telephone Investigation, Washington, D. C., U. S. Government Printing Office, 1938, pp. 96-97, 145, 150, 240-242 y 254-263. <<

[10] Véase N. R. Danielian, AT&T, cit., pp. 92, 100; junto con D. J. Kevles, Physicists, cit., pp. 188-189. <<

[11] Véase P. Latzke, A Fight with an Octopus, cit., p. 109; AT&T, Brief of Bell System Companies on Commissioner Walker’s Proposed Report on the Telephone Investigation, 1938, p. 56; así como N. R. Danielian, AT&T, cit., introducción, sin numeración; y Federal Communications Commission, Proposed Report, pp. IX-X, 2-3, 5, 243, 248-253 y 279-288. Aunque este Proposed Report resultó ser un documento muy controvertido, el Report completo que vería la luz un año más tarde, pese a redactarse de manera que las formas verbales dieran menos pie a la confrontación, haría suyas la mayoría de los planteamientos y recomendaciones del anterior. <<

[12] Véase AT&T, Brief, cit., pp. 41 y 44-45; junto con AT&T, Telephone Investigation, 1935-1937: Comments Submitted to Federal Communications Commission… on Commission Exhibit 2110, 29 de octubre de 1937, pp. 1-4, 8-10 y 14-15. <<

[13] Conglomerado alemán de compañías químicas fundado en el año 1925. Formado, entre otras, por las conocidas empresas AGFA, BASF y Bayer, se dedicó en un principio a elaborar colorantes, pero en la Alemania nazi comenzó a producir un gas llamado Zyklon B que, originalmente usado para eliminar las pulgas, se emplearía más tarde como agente letal en los campos de exterminio. [N. de los T.] <<

[14] Véase D. M. Kennedy, Freedom from Fear: The American People in Depression and War, 1929-1945, Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 358-359; junto con D. M. Hart, Forged Consensus: Science, Technology, and Economic Policy in the United States, 1921-1953, Princeton (Nueva Jersey), Princeton University Press, 1998, pp. 135-136; W. Hamilton, Patents and Free Enterprise, monografía del Temporary National Economic Committee n.º 31, Washington, D. C., Government Printing Office, 1941, pp. 43-44, 87-93 y 104 a 105. George Folk, que trabajaría durante muchos años como asesor jurídico en materia de patentes para la compañía AT&T, sometería a Hamilton a un demoledor ataque: véase G. E. Folk, Patents and Industrial Progress, cit., pp. 3-4, 23-61, 63, 77-106 y 257. <<

[15] Véase G. E. Folk, Patents and Industrial Progress, cit., pp. 112-113, 144-148, 153, 170, 188, 206 y 229; junto con W. Hamilton, Patents and Free Enterprise, cit., pp. 153-155; y D. J. Kevles, Physicists, cit., p. 294. <<

[16] D. M. Hart, Forged Consensus, cit., pp. 148-149. <<

[17] Véase G. E. Folk, Patents and Industrial Progress, cit., p. 315; D. J. Kevles, «The National Science Foundation and the Debate over Postwar Research Policy, 1942-1945: A Political Interpretation of Science. The Endless Frontier», Isis 68 (1977), pp. 4-26; así como D. J. Kevles, Physicists, cit., pp. 341-366. <<

[18] Véase D. J. Kevles, «National Science Foundation», cit., nota 34 de pp. 13 y 14. <<

[19] Véase D. M. Hart, Forged Consensus, cit., p. 158 y sigs.; junto con G. P. Zachary, Endless Frontier: Vannevar Bush, Engineer of the American Century, Nueva York, Free Press, 1977, pp. 232-234, 252-260 y 327-334. <<

[20] Véase F. L. Vaughan, «Suppression and Non-working of Patents», cit., pp. 699-700; así como D. M. Hart, Forged Consensus, cit., pp. 140-143 y 186. <<

[21] Véase G. P. Zachary, Endless Frontier, cit., Nueva York, Free Press, 1997, p. 158. <<

[22] El propio Merton entrecomillará esta palabra para evitar malentendidos. Por «comunismo» de la ciencia ha de entenderse aquí el hecho de que, según nuestro autor, el conocimiento científico «pertenece a la comunidad». [N. de los T.] <<

[23] Véase R. K. Merton, «The Normative Structure of Science», en The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations, N. Storer (ed.), Chicago, University of Chicago Press, 1973, pp. 267-278, y especialmente p. 275; junto con R. K. Merton, «Priorities in Scientific Discovery», 1957, reimpreso en The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations, cit., 1973, pp. 286-324; R. K. Merton, «Fluctuations in the Rate of Industrial Invention», Quarterly Journal of Economics 49 (1935), pp. 454-470, y especialmente p. 454; R. K. Merton, Mass Persuasion: The Social Psychology of a War Bond Drive, Nueva York, Harper, 1946; R. K. Merton, «The Matthew Effect in Science, II: Cumulative Advantage and the Symbolism of Intellectual Property», Isis 79 (1988), pp. 606-623, y especialmente pp. 619-623; R. K. Merton, Social Theory and Social Structure: Toward the Codification of Theory and Research, Glencoe, Illinois, Free Press, 1949, p. 292; P. Lazarsfeld, «An Episode in the History of Social Research», en The Varied Sociology of Paul F. Lazarsfeld, P. L. Kendall (ed.), Nueva York, Columbia University Press, 1982, p. 52; S. Heims, The Cybernetics Group, Cambridge (Massachusetts), Massachusetts Institute of Technology Press, 1991, pp. 183 y 187-193; I. B. Cohen, «The Publication of Science, Technology and Society: Circumstances and Consequences», Isis 79 (1988), pp. 571-582. <<

[24] Los trabajos que Plant presentaría en la London School of Economics ofrecen abundantes pruebas del alcance y pormenores de sus investigaciones en estas cuestiones: véase por ejemplo, Plant, carpetas 32, 453-457 (sobre las patentes), y Plant, carpetas 36-37, 41-42, 130 y 210 (sobre los derechos de autor). Las notas que ha dejado este autor en relación con la voz pirata se encuentran en Plant, carpeta 37. No hay aquí espacio suficiente para indagar más a fondo en estos textos, pero andando el tiempo espero poder publicar un estudio sobre el particular. <<

[25] Véase sir A. Plant, «The Economic Aspects of Copyright in Books», 1934, junto con «The Economic Theory concerning Patents for Invention», 1934, reimpreso en Plant, Selected Economic Essays and Addresses, Londres, RKP para el Institute of Economic Affairs, 1974, pp. 57-86 y 35-55. <<

[26] Véase sir A. Plant, «The New Commerce in Ideas and Intellectual Property», en Plant, Selected Economic Essays and Addresses, cit., pp. 87-116. <<

[27] Véase W. T. Scott y M. X. Moleski, Michael Polanyi: Scientist and Philosopher, Oxford, Oxford University Press, 2005. Para mayor información sobre el contexto, véase D. Edgerton, Warfare State: Britain, 1920-1970, Cambridge, Cambridge University Press, 2006. <<

[28] Véase J. D. Bernal, The Social Function of Science, Cambridge (Massachusetts), Massachusetts Institute of Technology Press, 1967 (original publicado en 1939), pp. 144-147. <<

[29] Desdichado porque tras participar activamente en la Revolución de Octubre de 1917 se opondría al régimen de Stalin, siendo detenido y ejecutado durante la Gran Purga de finales de la década de 1930, acusado de conspirar para derribar al gobierno. [N. de los T.] <<

[30] Véase M. Polanyi, «The Republic of Science», Minerva 1 (1962), pp. 54-73; junto con M. Polanyi, «Cultural Significance of Science», Nature 3717 (25 de enero de 1941), p. 119; M. Polanyi, «Rights and Duties of Science», Manchester School of Economic and Social Studies 10 (octubre de 1939), pp. 175-193; M. Polanyi, «The Planning of Science», Political Quarterly 16 (1945), pp. 316-328, y especialmente la p. 323; M. Polanyi, «The Autonomy of Science», Memoirs and Proceedings of the Manchester Literary and Philosophical Society 85 (1941-1943), pp. 19-38, y especialmente las pp. 30 a 36; M. Polanyi, «The Growth of Thought in Society», Economica (noviembre de 1941), pp. 428-456, especialmente la p. 448; y M. Polanyi, Personal Knowledge: Towards a Post-critical Philosophy, 1958, reimpreso en Chicago, University of Chicago Press, 1974, p. 237. <<

[31] M. Polanyi, «Patent Reform», Review of Economic Studies 11 (1944), pp. 61-76; véase asimismo W. T. Scott y M. X. Moleski, Michael Polanyi, cit., pp. 182-209. <<

[32] Compárese también con lo que se señala en los trabajos de Polanyi conservados en la Biblioteca de la Universidad de Chicago, caja 29, carpeta 9, pp. 209-226, 1944. <<

[33] Véanse los trabajos de Polanyi en la Biblioteca de la Universidad de Chicago, caja 29, carpetas 1, 5-8, y 11-12; junto con M. Polanyi, Full Employment and Free Trade, Cambridge, Cambridge University Press, 1945. El ejemplar del texto de Plant en el que se revisa el trabajo de Polanyi se encuentra en los archivos de la London School of Economics, carpeta 32 de Plant. <<

[34] Véanse los trabajos de Polanyi conservados en Chicago, caja 29, carpeta 5, sin paginar (las cursivas son del propio Polanyi). <<

[35] Para una argumentación relacionada con el planteamiento de que la genealogía del moderno secretismo militar encuentra su origen en los secretos del comercio corporativo, véase P. Galison, «Removing Knowledge», Critical Inquiry 31 (otoño de 2004), pp. 229-243. <<

[36] Véanse los trabajos de Polanyi citados anteriormente, en caja 29, carpeta 10, n.º 8, p. 1. <<

[37] Véase D. A. Mindell, Between Human and Machine: Feedback, Control, and Computing before Cybernetics, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2002, y especialmente pp. 4-5 y 11-12. <<

[38] Véase F. Conway y J. Seigelman, Dark Hero of the Information Age: In Search of Norbert Wiener, the Father of Cybernetics, Nueva York, Basic Books, 2005, pp. 52-59, 63-65 y 73; junto con las cartas de Jackson a Compton, fechadas los días 13 de junio de 1931 y 12 de septiembre de 1930; véase también el «Memorandum on American Telephone and Telegraph Company’s Contributions», s. f.; y el «Memorandum of discussion», s. f., todos ellos en Massachusetts Institute of Technology, AC4/15/8. <<

[39] Véanse las Patentes estadounidenses 2.024.900; 2.124.599; y 2.128.257; junto con F. Conway y J. Seigelman, Dark Hero of the Information Age, cit., p. 76. <<

[40] Esta «radio por cable» remite a la posibilidad de transmitir por un mismo hilo la señal telefónica y televisiva gracias a los filtros desarrollados por Lee y Wiener con una técnica que hoy recibe el nombre de multiplexación de frecuencia. Dicha técnica, consistente en enviar distintas señales a distintas frecuencias por un mismo medio de transmisión, modulando las diferentes señales portadoras, permitiría transmitir la radio por cable para lograr distancias de emisión mucho mayores, dado que en la década de 1930 el alcance de la radio convencional no era excesivamente amplio. El hecho de poder filtrar adecuadamente las señales transmitidas (con los filtros analógicos estudiados por Lee) posibilitaría justamente la utilización de los cables telefónicos para enviar también las señales de radio. [N. de los T.] <<

[41] Véase el telegrama de Lee a Wiener, fechado el 3 de julio de 1930, Massachusetts Institute of Technology, trabajos de Norbert Wiener, MC22/2/32; junto con Federal Communications Commission, Report, 1939, pp. 223-224; así como las cartas de Bush a Lee, fechadas el 14 de mayo de 1931, Massachusetts Institute of Technology, trabajos de Norbert Wiener, MC22/2/33; y 19 de octubre de 1931, Massachusetts Institute of Technology, trabajos de Norbert Wiener, MC22/2/34. <<

[42] Esto es, «cadáver», puesto que ese es el significado de «corpse». [N. de los T.] <<

[43] Véase la carta de L. K. Clark a Y. W. Lee, fechada el 12 de febrero de 1932, Massachusetts Institute of Technology, trabajos de Norbert Wiener, MC22/2/35; junto con N. Wiener, I Am a Mathematician: The Later Life of a Prodigy, Nueva York, Doubleday, 1956, pp. 152-153; y las cartas de Lee a Wiener, fechadas los días 7 de septiembre de 1931, Massachusetts Institute of Technology, trabajos de Norbert Wiener, MC22/2/34 y 14 de junio de 1932, Massachusetts Institute of Technology, trabajos de Norbert Wiener, MC22/2/34; y Clark a Wiener, de 12 de febrero de 1932, Massachusetts Institute of Technology, trabajos de Norbert Wiener, MC22/2/35. <<

[44] Véase la carta de J. G. Roberts a N. Wiener, fechada el 26 de septiembre de 1935, Massachusetts Institute of Technology, trabajos de Norbert Wiener, MC22/3/43; junto con la carta de Wiener a L. K. Clark, fechada el 14 de febrero de 1936, Massachusetts Institute of Technology, trabajos de Norbert Wiener, MC22/3/44; la carta de Y. W. Lee a V. Bush, fechada el 25 de julio de 1941, Massachusetts Institute of Technology, MC22/4/60; y Massachusetts Institute of Technology, AC4/133; véase también F. Conway y J. Seigelman, Dark Hero of the Information Age, cit., pp. 86, 88; así como N. Wiener, I Am a Mathematician, cit., pp. 133-135, 273-275; y E. Lee, A Letter to My Aunt, Nueva York, Carlton Press, 1981, p. 508. <<

[45] Véase D. A. Mindell, Between Human and Machine, cit., pp. 42-43, 50, 53-54, 60-66, 82, 87 y 277-288; junto con Wiener, I Am a Mathematician, cit., pp. 190, 195 y 244-254; y N. Wiener, Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine, París, Hermann et Cie y Nueva York, Technology Press, 1948, pp. 12-20. <<

[46] Véase S. Heims, The Cybernetics Group, cit.; junto con K. Hayles, How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics, Chicago, University of Chicago Press, 1999, pp. 50-57. <<

[47] Véase N. Wiener, Cybernetics, cit., 1948, pp. 36-39. <<

[48] 26 de octubre de 1944, Massachusetts Institute of Technology, AC4/238/3; F. Conway y J. Seigelman, Dark Hero of the Information Age, cit., pp. 126-127 y 146-147. <<

[49] Véase N. Wiener, Invention: The Care and Feeding of Ideas, Cambridge (Massachusetts), Massachusetts Institute of Technology Press, 1993; junto con F. Conway y J. Seigelman, Dark Hero of the Information Age, cit., pp. 172-177. <<

[50] Véase N. Wiener, Invention, cit., pp. 5, 14-15, 22, 25-36, 55-65, 67, 77-114. <<

[51] Véase N. Wiener, The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society, Boston, Houghton Mifflin, 1954, pp. 128, 131. <<

[52] Véase N. Wiener, Invention, cit., pp. 127-139 y 150-154. <<

[53] Ibid., p. 67. <<

[54] N. Wiener, Ex-Prodigy: My Childhood and Youth, Nueva York, Simon and Schuster, 1953, p. 281. <<

[55] Véase O. Heaviside, Electrical Papers, 2 vols., Londres, MacMillan, 1892, vol. 1, pp. VI-VII, IX-X; y vol. 2, pp. 119-124 y 147; junto con O. Heaviside, Electromagnetic Theory, 3 vols., Londres, «The electrician», 1893-1912, vol. 1, pp. 3-4 y 443-445; y B. A. Behrend, «The Work of Oliver Heaviside», en O. Heaviside, Electromagnetic Theory, 3 vols., Nueva York, Chelsea Publishing, 1971, vol. 1, pp. 469-504, y especialmente p. 485. <<

[56] M. I. Pupin, «Wave Transmission over Non-uniform Cables and Long-Distance Air-Lines», American Institute of Electrical Engineers Transactions 17 (1900), pp. 445-512; Patentes estadounidenses 652.230 —y especialmente p. 4— 652.231 y 761.995; véase también B. A. Behrend, «Work of Oliver Heaviside», cit., pp. 487-488; Federal Communications Commission, Report, 1939, p. 246. Para mayor información sobre la aplicación de la técnica de la retroalimentación negativa a los amplificadores, véase D. A. Mindell, Between Human and Machine, cit., pp. 105-112, 114-115 y 119-122. <<

[57] Lo que se quiere significar con este contradictorio concepto de una «comunicación por cables sin cables» es la transmisión por cable («wired») de una señal cuyo vector habitual son las ondas («wireless»). Esto puede servir, entre otras cosas, para aumentar la seguridad de las transmisiones sensibles. [N. de los T.] <<

[58] Véase M. Pupin, From Immigrant to Inventor, Nueva York, Charles Scribner’s Sons, 1960 (original publicado en el año 1922), pp. 332-343; así como M. Pupin, Romance of the Machine, Nueva York, Charles Scribner’s Sons, 1930, pp. 72-77 y 86-87. <<

[59] Véase la carta de B. A. Behrend a Wiener, fechada el 6 de septiembre de 1931; junto con la carta de Rollo Appleyard a Wiener, fechada el 23 de septiembre de 1931: ambos textos se encuentran en Massachusetts Institute of Technology, trabajos de Norbert Wiener, MC22/2/34; la carta de Behrend a Wiener, fechada el 6 de noviembre de 1931, Massachusetts Institute of Technology, MC22/2/34; la carta de Lee a Wiener, fechada el 4 de noviembre de 1931, Massachusetts Institute of Technology, trabajos de Norbert Wiener, MC22/2/34; y las cartas de Jackson a Wiener, fechadas los días 4 de marzo de 1930 y 15 de marzo de 1930, Massachusetts Institute of Technology, trabajos de Norbert Wiener, MC22/2/32; véase también Massachusetts Institute of Technology, trabajos de Norbert Wiener, 27C/524. Entra dentro de lo posible que la palabra «plagiator» (plagiario) fuese una suerte de homenaje a la afición que el propio Heaviside mostraba por este tipo de calificaciones de resonancia latina [dado que lo corriente en inglés habría sido usar la voz «plagiarist» (N. de los T.)]. <<

[60] Marca comercial de anfetamina. [N. de los T.] <<

[61] Véase la carta de Wiener a O. Welles, fechada el 28 de junio de 1941, Massachusetts Institute of Technology, trabajos de Norbert Wiener, MC22/4/60. Es probable que Wiener haya decidido emplear aquí la palabra «pirateado» sin excesivo rigor. No es habitual verle realizar afirmaciones carentes de una mínima base, y de hecho el historial de las ediciones de Heaviside estaba plagado de casos en que se le hacía víctima de algún acto de piratería, como el mismo reconocerá compungidamente en más de una ocasión. Sin embargo, no me ha sido posible encontrar pruebas de estos casos de piratería, y menos aún hallar una edición china. Según parece, la Universidad Tsinghua no posee ninguna. <<

[62] Véase N. Wiener, The Tempter, Nueva York, Random House, 1959. <<

[63] Véase la carta de Wiener a Killian, fechada el 2 de diciembre de 1951, Massachusetts Institute of Technology, AC4/238/3. <<

[64] Véase F. Conway y J. Seigelman, Dark Hero of the Information Age, cit., pp. 125-126, 203-205, 217-234 y 273-275; junto con K. Hayles, How We Became Posthuman, cit., p. 75. <<

[65] La obra de D. Livingstone titulada Putting Science in Its Place: Geographies of Scientific Knowledge, Chicago, University of Chicago Press, 2003, pp. 1-16, ofrece un análisis de este ideal. <<

[66] Véase S. Shapin, The Scientific Life: A Moral History of a Late Modern Vocation, Chicago, University of Chicago Press, 2008, y especialmente los capítulos 4 y 5. <<

[67] Con ese nombre en clave se conoce el proyecto científico que los Estados Unidos, apoyados por el Reino Unido y Canadá, pusieron en marcha durante la Segunda Guerra Mundial a fin de desarrollar la bomba atómica antes que la Alemania nazi. [N. de los T.] <<

[68] Compárese con lo que se señala respecto a la «gran ciencia» en J. Hughes, The Manhattan Project: Big Science and the Atom Bomb, Duxford (Reino Unido), Icon, 2002. <<

Notas capítulo 15

[1] Véase A. Millard, America on Record: A History of Recorded Sound, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 202-208. <<

[2] A. Johns, The Nature of the Book: Print and Knowledge in the Making, Chicago, University of Chicago Press, 1998, véanse, por ejemplo, pp. 129 y 114-136. <<

[3] Véase por ejemplo, R. S. Cowan, More Work for Mother: The Ironies of Household Technology from the Open Hearth to the Microwave, Londres, Free Association Books, 1989, pp. 69-101; junto con S. Lebergott, Pursuing Happiness: American Consumers in the Twentieth Century, Princeton (Nueva Jersey), Princeton University Press, 1993, pp. 110-121; J. C. Williams, «Getting Housewives the Electric Message: Gender and Energy Marketing in the Early Twentieth Century», en His and Hers: Gender, Consumption, and Technology, R. Horowitz y A. Mohun (eds.), Charlottesville, University Press of Virginia, 1998, pp. 95-113; L. Carlat, «“A Cleanser for the Mind”: Marketing Radio Receivers for the American Home, 1922-1932», en His and Hers, cit., pp. 115-137. <<

[4] La frase original inglesa —«it became entirely conventional for domestic technological sublimity to come with a Stepford-style sting in the tail, or a Midwich cuckoo or two»— remite a la novela que Ira Levin publicara originalmente en el año 1972 con el título The Stepford Wives. En ella se relata la historia de una joven fotógrafa que al poco de trasladarse a vivir a la ciudad ficticia de Stepford descubre que todas las mujeres del pueblo, siempre bellas, sumisas y perfectas, son en realidad robots creados por los hombres del lugar a semejanza de sus esposas, a las que han asesinado para crear una réplica «irreprochable». De esta novela se han hecho dos filmes, ambos homónimos de la novela: uno en el año 1975, dirigido por Bryan Forbes y con Katharine Ross en el papel protagonista, y otro en 2004, rubricado por Frank Oz en el que Nicole Kidman tendrá el papel principal. La segunda alusión —«a Midwich cuckoo or two»— alude a una novela de ciencia ficción escrita en 1957 por John Wyndham. También de esta obra se han hecho dos películas —una en el año 1960 bajo la dirección de Wolf Rilla, y otra en 1995, en la que Christopher Reeve trabaja a las órdenes de John Carpenter—. La historia habla del pueblo imaginario de Midwich, cuyos habitantes quedan un día entero sumidos en un letargo incomprensible mientras se observa la presencia de un extraño cuerpo plateado en el centro de la población. Al día siguiente, el pueblo recupera la normalidad y el objeto desaparece, pero al poco tiempo se constata que todas las mujeres han quedado embarazadas por efecto del misterioso objeto. Nacen así unos niños aparentemente normales, aunque más tarde se advertirá que su normalidad es solo aparente y que no son humanos, puesto que poseen poderes telepáticos con los que controlan la voluntad de los habitantes de Midwich. El mensaje de ambas obras —y la pertinencia de su inclusión aquí— invita a desconfiar del ámbito doméstico como paraíso intocable, dado que en él, las personas aparentemente más afables y tradicionalmente adscritas a su ámbito —las mujeres y los niños— resultan inquietantemente distintas a lo supuesto. [N. de los T.] <<

[5] Véase R. R. Wile, «Record Piracy: The Attempts of the Sound Recording Industry to Protect Itself against Unauthorized Copying, 1890-1978», ARSC Journal 17, n.º 1 (1985), pp. 18-40, especialmente p. 19. <<

[6] Para mayor información sobre las raíces de este asunto, véase L. Gitelman, Scripts, Grooves, and Writing Machines. Representing Technology in the Edison Era, Stanford (California), Stanford University Press, 1999, pp. 131-133 y 139-147. <<

[7] En el sentido de «poluciones nocturnas» —por la «juerga» o la despreocupada utilización de los discos producidos en el horario de trabajo—. Si se ha dejado aquí la ambigüedad de la voz «emisiones» ha sido para captar la doble intención de esa palabra en el contexto de la producción musical. [N. de los T.] <<

[8] Véase N. Cohodas, Spinning Blues into Gold: The Chess Brothers and the Legendary Chess Records, Nueva York, St. Martin’s, 2000, pp. 77-79; junto con C. Heylin, Bootleg: The Secret History of the Other Recording Industry, Nueva York, St. Martin’s, 1995, pp. 28-36; J. Fenby, Piracy and the Public: Forgery, Theft, and Exploitation, Londres, F. Muller, 1983, pp. 70-71; y W. Livingstone, «Piracy in the Record Industry», Stereo Review 24, n.º 3 (febrero de 1970), pp. 60-69. <<

[9] A. Millard, America on Record, cit., pp. 226-235. <<

[10] Véase D. Morton, Off the Record: The Technology and Culture of Sound Recording in America, New Brunswick (Nueva Jersey), Rutgers University Press, 2000, pp. 136-143. <<

[11] C. E. Smith, «Background to Bootlegging», Record Changer 11, n.º 1 (enero de 1952), pp. 3-4 y 16. <<

[12] Debe recordarse que el término «Jolly Roger», de origen incierto, da nombre a la clásica bandera negra de la calavera subrayada por dos huesos en aspa. [N. de los T.] <<

[13] Véase C. E. Smith, «Background to Bootlegging», cit.; así como D. Mahony et al., «The Labels of Dante Bolletino», Matrix 58 (abril de 1965), pp. 3-29. <<

[14] «Art and the Dollar», Record Changer 10, n.º 11 (noviembre de 1951), p. 7. <<

[15] El original inglés emplea aquí una voz alemana: «Schadenfreude», literalmente «daño-alegría» o «perjuicio-regocijo», un oxímoron con el que se pretende expresar la «alegría por el mal ajeno», o lo que es lo mismo, la dualidad de los sentimientos que vienen a chocar en este chusco desenlace, a medio camino entre el ridículo y la incoherencia. [N. de los T.] <<

[16] La controversia continuará en Record Changer, volumen 10 (1951), registrándose nuevas aportaciones prácticamente en todos los números. Para mayor información sobre las revelaciones relacionadas con la RCA, véase especialmente «Victor Presses Bootlegs!», Record Changer 10, n.º 11 (noviembre de 1951), pp. 1 y 6-7. <<

[17] «Bootlegging: The Battle Rages», Record Changer 10, n.º 12 (diciembre de 1951), pp. 3-5; New York Herald Tribune, 31 de enero de 1952, p. 27. <<

[18] I. K[olodin], «Masked “Masked Ball”», Saturday Review, 27 de octubre de 1951, p. 57. <<

[19] «Striking the Jolly Roger», Time, 11 de febrero de 1952. <<

[20] W. Livingstone, «Piracy in the Record Industry», cit., pp. 66, 68-69. <<

[21] Véase E. Cushing, «The “Ring” Stolen Again», Saturday Review, 10 de abril de 1954, p. 42; así como G. W. Waldrop, «Piracy of the Airways?», Musical Courier, 15 de abril de 1954, p. 2; E. A. Lumpe, «Pseudonymous Performers on Early LP Records: Rumours, Facts and Finds», ARSC Journal 21, n.º 2 (otoño de 1990), pp. 226-231; y E. A. Lumpe, «Pseudonymous Performers on Early LP Records: An Update», ARSC Journal 27, n.º 1 (primavera de 1996), pp. 15-40. <<

[22] «Attacking the Record Pirates», Christian Science Monitor, días 20 a 25 de abril de 1974. <<

[23] Es decir, «de cinta a cinta». [N. de los T.] <<

[24] W. Livingstone, «Piracy in the Record Industry», cit., pp. 63, 69. <<

[25] D. Morton, Off the Record, cit., pp. 136-143 y 154-170. <<

[26] A los estadounidenses les asombraba el comportamiento de los prisioneros de guerra japoneses. Los norteamericanos consideraban perfectamente natural que los familiares de aquellos quisieran saber que sus parientes estaban vivos, y por otra parte, era lógico esperar que los cautivos trataran de ocultar datos militares cuando se les interrogaba. Sin embargo, los presos no hacían nada para ponerse en contacto con sus familias y proporcionaban información despreocupadamente, debido a la práctica de una ética situacional basada en dejar a un lado ciertos principios morales en función de las circunstancias. Véase R. Benedict, El crisantemo y la espada [1946], trad. de Javier Alfaya, Madrid, Alianza, 1974, 2011. [N. de los T.] <<

[27] C. Stark, «The Great Tape Robbery: Weighing the Ethical Issues Involved in Home Tape Copying», Stereo Review 28, n.º 3 (marzo de 1972), pp. 60-64. <<

[28] Esta sería, obviamente, la diana contra la que iría dirigida la crítica de Adorno a la cultura de masas; una crítica que, en mi opinión, socava notablemente la historia de la piratería. <<

[29] Véase M. Schrage, «The War against Home Taping», Rolling Stone 378 (16 de septiembre de 1982), pp. 59-67. <<

[30] Pub.L. pp. 92-140, 85 Stat. 391. <<

[31] Véase D. Morton, Off the Record, cit., pp. 154-170; junto con T. Gillespie, Wired Shut: Copyright and the Shape of Digital Culture, Cambridge (Massachusetts), Massachusetts Institute of Technology Press, 2007. <<

[32] Véase J. Lardner, Fast Forward: Hollywood, the Japanese, and the Onslaught of the VCR, Nueva York, W. W. Norton, 1987, pp. 49-51 y 57-70; junto con Genryu: Sony Challenge, 1946-1968, Tokio, Sony Corporation, 1986, pp. 76-77. <<

[33] Véase R. Lindsey, «Monumental Battle Shaping Up in Bid to Bar Color TV Recorders», New York Times, 25 de marzo de 1977, D1, D8; junto con A. Morita, Made in Japan: Akio Morita and Sony, Nueva York, E. P. Dutton, 1986, p. 168. <<

[34] Véase Universal City Studios, Inc. vs. Sony Corporation of America, 659 F.2d 963; así como J. Lardner, Fast Forward, cit., p. 107. En la siguiente dirección electrónica puede consultarse un completo archivo de documentación relativa al caso Betamax: http://www.eff.org/legal/cases/betamax/. <<

[35] Véase C. M. Mathias, «Stealing from the Screen», Washington Post, 11 de febrero de 1983, A23; junto con «Tube Thieves», New York Times, 28 de octubre de 1981, A26; Chicago Tribune, 23 de octubre de 1981, p. 18; P. Shenon, «Copyright v. “Reprography” Revolution», New York Times, 25 de octubre de 1981, E7; H. Fantel, «Home Taping: The Legal Issue Comes to a Boil», New York Times, 29 de agosto de 1982, B17; «The Tube Tomorrow», Washington Post, 22 de octubre de 1981, C1; W. Patry, «In Praise of the Betamax Decision», South Texas Law Journal 22, 1982, pp. 211-248, y especialmente p. 213; y H. Kurtz, «Chariots for Hire», Washington Post, 4 de julio de 1982, B1, B5. <<

[36] Comedia emitida en la pequeña pantalla estadounidense entre los años 1978 y 1982 por la cadena ABC. La serie, que protagonizaba Robin Williams, narraba las andanzas de un extraterrestre, en lo que fue un filón muy explotado en la época. [N. de los T.] <<

[37] Véase J. Greenfield, «Revenge of the Video Recorders», Chicago Tribune, 31 de octubre de 1984, p. 9; junto con J. Lardner, Fast Forward, cit., p. 303; y M. Preston, «Eeek!», Chicago Tribune, 27 de octubre de 1981, sec. 2, 5; H. Fantel, «Sound», New York Times, 31 de junio de 1982, B25; H. R. 4808, 97 Congreso, primera sesión; S. 1758, 97 Congreso, segunda sesión; y H. Kurtz, «Chariots for Hire», cit. <<

[38] Información proporcionada por terceras personas ajenas a un litigio que exponen de forma voluntaria su parecer respecto a algún extremo jurídico o procesal al objeto de colaborar con el tribunal que juzga un caso. [N. de los T.] <<

[39] Véase F. Barbash, «Betamax Uproar Is Channeled into Supreme Court Arguments», Washington Post, 19 de enero de 1983, A4; junto con J. Lardner, Fast Forward, cit., p. 102. <<

[40] 17 USC § 107. La explicación que aquí expongo se basa en los Thurgood Marshall Papers de la Biblioteca del Congreso estadounidense (335-81-1687); para una interpretación ligeramente diferente, véase J. Band y A. J. McLaughlin, «The Marshall Papers: A peek behind the Scenes at the Making of Sony v. Universal», Columbia-VLA Journal of Law and the Arts 17 (1993), pp. 427-451. <<

[41] Folsom v. Marsh, 9 F. Cas. 342 (C. C. D. Mass. 1841), n.º 4.901. <<

[42] Juez asociado de la Corte Suprema de los Estados Unidos que permaneció en activo entre 1967 y 1991. Thurgood Marshall, que aparecerá mencionado en breve, integraría igualmente esa misma sala entre los años 1975 y 2010. Los jueces asociados estadounidenses son miembros permanentes del Tribunal Supremo y los designa el Senado a instancias del presidente de la nación. [N. de los T.] <<

[43] J. P. Stevens, memorando del documento, 20 de enero de 1983, Thurgood Marshall Papers; carta de Stevens a Blackmun, fechada el 24 de enero de 1983, Thurgood Marshall Papers. <<

[44] Marshall, memoria de la conferencia, 4 de octubre de 1983, Thurgood Marshall Papers; carta de O’Connor a W. Burger —presidente del tribunal—, 28 de junio de 1983, Thurgood Marshall Papers. <<

[45] Véase la nota de traducción [42] de este mismo capítulo 15. En este caso el juez ejerció su cargo entre 1970 y 1994. [N. de los T.] <<

[46] Véase E. Goodman, «The Right to Zap», Washington Post, 24 de enero de 1984, A13; «But Is It Piracy?», Washington Post, 23 de enero de 1983, C6; M. Brown, «Video-Tape Ruling Sets Stage for Battle on Hill», Washington Post, 18 de enero de 1984, A16. <<

[47] Véase «What Price Home Taping?», New York Times, 30 de marzo de 1984, A30; junto con H. Kurtz, «Chariots for Hire», cit.; M. Isikoff, «Hollywood Lobby Blitzes Hill», Washington Post, 22 de febrero de 1984, D8; y J. Lardner, Fast Forward, cit., p. 220. <<

[48] La comparación, al menos en términos puramente gráficos, resulta más pertinente en la lengua inglesa, puesto que la «tenia» es en ella un «tapeworm», esto es, literalmente, un «gusano en forma de cinta» —cosa que por otra parte recoge el nombre genérico de la clase biológica a la que pertenece, la de los céstodos, mezcla del latín cestum, «cinta», y del griego eidés, «con aspecto de»—. Además, también la «nación» permite en inglés un símil orgánico, ya que el original emplea la expresión «body politic». [N. de los T.] <<

[49] Véase D. Edwards, «It’s Time for a Truce in the Betamax Battle», Washington Post, 19 de agosto de 1983, A23; así como J. Lardner, Fast Forward, cit., pp. 233-234; J. Lardner, «Video Wars», Washington Post, 2 de mayo de 1982, F1; J. Lardner, «Tales of a VCR User», Washington Post, 16 de junio de 1982, D1. <<

[50] Las siglas «MITI» remiten al Ministerio japonés de Comercio e Industria —Ministry of Economy, Trade and Industry—. [N. de los T.] <<

[51] Coming War with Japan («La inminente guerra con Japón») es el título de un libro del politólogo y escritor estadounidense George Friedman. Zaibatsu America (cuyo subtítulo reza: How Japanese firms are colonizing vital U. S. industries) es otra obra, en este caso de Robert Kearns, en la que se emplea la voz japonesa Zaibatsu (que literalmente significa «camarillas financieras») para apuntar al supuesto sometimiento de los Estados Unidos al poderío económico de Japón. [N. de los T.] <<

[52] Véase P. F. Drucker, «Japan’s Choices», Foreign Affairs 65, n.º 5 (verano de 1987), pp. 923-924; junto con C. Johnson, MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925-1975, Stanford (California), Stanford University Press, 1982, pp. 313-314; M. Crichton, Rising Sun, Nueva York, Knopf, 1992; G. Friedman y M. Lebard, The Coming War with Japan, Nueva York, St. Martin’s, 1991; P. Choate, Agents of Influence, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1990; R. Kearns, Zaibatsu America: How Japanese Firms Are Colonizing Vital U. S. Industries, Nueva York, Free Press, 1992. La refutación definitiva de todos los planteamientos de este género se encuentra en la obra del director del Economist, Bill Emmott, titulada Japanophobia: The Myth of the Invincible Japanese, Nueva York, Times Books, 1993. <<

[53] Voz que denota un modelo empresarial caracterizado por la formación de una coalición de empresas unidas por intereses económicos. Viene a ser una especie de consorcio. [N. de los T.] <<

[54] Véase C. Sims, «Wounded by Patent Piracy», New York Times, 13 de mayo de 1987, D1. <<

[55] Véase R. Kearns, Zaibatsu America, cit., pp. 15-23; así como Y. Miwa y J. M. Ramseyer, The Fable of the Keiretsu: Urban Legends of the Japanese Economy, Chicago, University of Chicago Press, 2006, pp. 54-58. <<

[56] Véase C. V. Prestowitz, Trading Places: How We Allowed Japan to Take the Lead, Nueva York, Basic, 1988, pp. 206-207 y 214; junto con J. Lardner, Fast Forward, cit., pp. 238, 260. <<

[57] Véase «Sony’s Morita Bashes Back», Business Week, 16 de octubre de 1989, p. 58; junto con S. Wagstyl, «Chief of Sony Tells Why It Bought a Part of America’s Soul», Financial Times, 4 de octubre de 1989, p. 4. <<

[58] Acta de sesiones y debates del Congreso de los Estados Unidos. Se publica desde el año 1873. [N. de los T.] <<

[59] Véase Congressional Record, H8486-7; E3783-98, días 13 y 14 de noviembre de 1989; E3952-2, 17 de noviembre de 1989; junto con el New York Times de 4 de agosto de 1989, A7; y F. Lewis, «Japan’s Looking glass», New York Times, 8 de noviembre de 1989, A31; «Shintaro Gephardt», Wall Street Journal, 14 de noviembre de 1989, A22. Para mayor información sobre el contexto japonés, véase M. F. Low, «The Japan That Can Say No: The Rise of Techno-Nationalism and Its Impact on Technological Change», en Technological Change: Methods and Themes in the History of Technology, R. Fox (ed.), Ámsterdam, OPA/Harwood, 1996, pp. 210-224. <<

[60] Véase N. Wade, «America’s Japan Problem», New York Times, 5 de octubre de 1989, A30; junto con L. Summers, «Tough Talk from Tokyo: What to Do When Japan Says No», New York Times, 3 de diciembre de 1989, A2; y C. H. Farnsworth, «Japanese Author Brushes Up His Image with Journey to U. S. Enemy’s Lair», New York Times, 29 de enero de 1990, A16. <<

[61] S. Ishihara, The Japan That Can Say No, traducción inglesa de F. Baldwin, Nueva York, Simon and Schuster, 1991, pp. 8-12, 141 y 145; New York Times, 18 de enero de 1990, D8. <<

[62] H. S. Becker, Art Worlds, Berkeley, University of California Press, 1982. <<

[63] Véase G. Davies, Piracy of Phonograms, Oxford, ESC Publishing, para la Comisión Europea, ²1986, pp. 7-8, 12-13, 16 y 33-35; así como R. Wallace, «Crisis? What Crisis?», Rolling Stone 318 (29 de mayo de 1980), pp. 17, 28 y 30-31; G. Davies (para la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, The Private Copying of Phonograms and Videograms, Estrasburgo, Consejo de Europa, 1984, pp. 17-18, 22-23 y 34. <<

[64] Véase P. Manuel, Cassette Culture: Popular Music and Technology in Northern India, Chicago, University of Chicago Press, 1993, pp. 65, 67-69, 79, 83, 85-88 y 148-149. Agradezco a Ravi Sundaram, integrado en el Proyecto Sarai de Delhi, la conferencia titulada «The Copy Itself» que leyó en la Universidad de Chicago a principios de 2007. Para información impresa, véase su artículo «Uncanny Networks: Pirate and Urban in the New Globalisation in India», Economic and Political Weekly, 6 de enero de 2004. <<

[65] Siglas de la Sazeman-e Ettela’at va Amniyat-e Keshvar, u Organización de Seguridad e Inteligencia Nacional iraní. Con este nombre se conocía a la temible policía secreta que el sah de Irán, Mohammad Reza Pahlevi, mantendría entre los años 1957 y 1979, fecha de su derrocamiento. [N. de los T.] <<

[66] Véase M. Foucault, «The Revolt in Iran Spreads on Cassette Tapes», en J. Afary y K. B. Anderson, Foucault and the Iranian Revolution, Chicago, University of Chicago Press, 2005, pp. 216-220, y especialmente p. 219; junto con A. Stille, The Future of the Past, Nueva York, Farrar, Straus and Giroux, 2002, pp. 182-199. <<

Notas capítulo 16

[1] Se conoce con este nombre (combinación de las voces inglesas digital y litterati) a aquellos usuarios que recurren de manera muy notable a las tecnologías digitales para expresar su personalidad. También se emplea para aludir a las elites de las comunidades virtuales y de la industria informática que emplean de forma muy intensa este medio. [N. de los T.] <<

[2] Esto es, «Mother Bell», en alusión coloquial a la American Bell Telephone Company, posteriormente convertida en la AT&T. Como ya hemos visto en páginas anteriores, este conglomerado empresarial había desarrollado un sistema mediante el cual se proporcionaría el servicio telefónico a gran parte del territorio de los Estados Unidos y Canadá entre los años 1877 y 1984, a veces en régimen de monopolio. [N. de los T.] <<

[3] Véase D. Campbell, «Are Telephones Addictive?», New Scientist 60, n.º 876 (13 de diciembre de 1973), pp. 756-760, y especialmente la p. 758; junto con B. Sterling, The Hacker Crackdown: Law and Disorder on the Electronic Frontier, Nueva York, Bantam, 1992, pp. 12-14. <<

[4] Véase C. Breen y C. A. Dahlbom, «Signaling Systems for Control of Telephone Switching», Bell System Technical Journal, 39, n.º 6 (noviembre de 1960), pp. 1381-1444. <<

[5] S. Wozniak y G. Smith, iWoz, Nueva York, W. W. Norton, 2006, p. 107; http://www.webcrunchers.com/crunch/. <<

[6] B. Levin, The Pirates and the Mouse: Disney’s War against the Counterculture, Seattle, Fantagraphics, 2003. <<

[7] A. Hoffman, Steal This Book, Nueva York, Pirate Editions, 1971, pp. 119 y 144. <<

[8] Empresa que por entonces era el mayor proveedor mundial de fotocopiadoras de tinta seca y sus accesorios. [N. de los T.] <<

[9] Radical Software 1 (1970), p. 1: www.radicalsoftware.org. <<

[10] Título de un conjunto de tiras cómicas que solían aparecer en revistas y periódicos informales en las décadas de 1960 y 1970. Sus protagonistas eran tres hippies a la caza permanente de jolgorio y drogas blandas. [N. de los T.] <<

[11] Véase Youth International Party Line 1 (junio de 1971); 8 (febrero de 1972); véase también la página del editor en http://cheshirecatalyst.com/tap.html. <<

[12] Véase C. M. Kelty, Two Bits: The Cultural Significance of Free Software, Durham (Carolina del Norte), Duke University Press, 2008, pp. 28-29. <<

[13] D. Campbell, «Are Telephones Addictive?», cit. <<

[14] R. Rosenbaum, «Secrets of the Little Blue Box», Esquire, octubre de 1971, pp. 117-125 y 222-226. <<

[15] También conocida como «bluebox». Su inventor fue justamente John Draper, alias Cap’n Crunch. Se trata de un artilugio, generalmente casero, que los piratas telefónicos utilizaban para realizar llamadas sin pagar. Se diferencia por su funcionamiento de otros aparatos de fabricación artesanal dirigidos al mismo fin: las cajas negras («black boxes») y las cajas rojas («red boxes»). [N. de los T.] <<

[16] Alusión a la lentitud de entendederas del inspector Lestrade, el agente de Scotland Yard que sir Arthur Conan Doyle incluiría en varias novelas de Sherlock Holmes. [N. de los T.] <<

[17] Algo así como la «fiebre de los cerebritos chiflados por los ordenadores». En lo que sigue, debe tenerse en cuenta que la palabra inglesa «freak» denota al «fanático», a la persona que revela ser un «fenómeno» en una materia dada, o lo que en sentido coloquial y figurado llamamos en castellano un «monstruo» o un (o una) «fiera». La voz «phreak», de carácter jergal, viene a situar en cambio esa misma realidad en el campo telefónico, ya que es justamente una mezcla de los términos «phone» y «freak», de ahí que la sustitución de la f por el grupo ph tenga su importancia. [N. de los T.] <<

[18] Siglas correspondientes al «Programmed Data Processor-1», el primer procesador en serie fabricado por la compañía Digital Equipment en el año 1960. Se evitaba emplear el término «computer» porque en esa época se consideraba que estos eran muy voluminosos y caros, mientras que la serie de los PDP tenía un tamaño reducido —para los criterios de esos años— y un coste inferior. [N. de los T.] <<

[19] S. Levy, Hackers: Heroes of the Computer Revolution, Nueva York, Penguin, 2001 (original publicado en el año 1984), pp. 50-52 y 94-95. <<

[20] Véase J. Markoff, What the Dormouse Said: How the Sixties Counterculture Shaped the Personal Computer Industry, Nueva York, Viking, 2005, pp. 85-87; junto con S. Levy, Hackers, cit., pp. 23, 39-49, 60, 88 y 124-136. <<

[21] T. J. Sturgeon, «How Silicon Valley Came to Be» en Understanding Silicon Valley: The Anatomy of an Entrepreneurial Region, M. Kenney (ed.), Stanford (California), Stanford University Press, 2000, pp. 15-47, y especialmente p. 44. <<

[22] J. Markoff, What the Dormouse Said, cit., pp. 94-97 y 103-104. <<

[23] Ibid., pp. 28, 116; véase asimismo F. Turner, From Counterculture to Cyberculture: Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the Rise of Digital Utopianism, Chicago, University of Chicago Press, 2008, p. 70; y T. Roszak, From Satori to Silicon Valley, San Francisco, Don’t Call It Frisco Press, 1986, 8-9. <<

[24] Véase T. Nelson, Computer Lib/Dream Machines, Chicago, T. Nelson, 1974, DMX; así como M. Orth, «Whole Earth $$$ Demise Continues», Rolling Stone, 16 de marzo de 1972; F. Turner, From Counterculture to Cyberculture, cit., pp. 69-73, 78-97 y 113-114; y S. Levy, Hackers, cit., p. 159. <<

[25] Véase T. Albright y C. Perry, «The Last Twelve Hours of the Whole Earth», Rolling Stone, 8 de julio de 1971; junto con S. Levy, Hackers, cit., pp. 197-198; y J. Markoff, What the Dormouse Said, cit., pp. 197-199 y 261-262. <<

[26] J. Markoff, What the Dormouse Said, cit., pp. 275-287. <<

[27] Véase I. Illich, Deschooling Society, Nueva York, Harper & Row, 1971, p. 77 [ed. cast.: La sociedad desescolarizada, Barcelona, Barral, 1978]; así como I. Illich, Tools for Conviviality, Nueva York, Harper & Row, 1973, pp. 18-21 [ed. cast.: La convivencialidad, Barcelona, Barral, 1973]. <<

[28] Véase I. Illich, Tools for Conviviality, cit., pp. 11-12, 16, 43 y 109; así como Deschooling Society, cit., pp. 19-20 y 72-104. La mención a Giáp alude al general y estratega vietnamita Võ Nguyên Giáp; ITT son las siglas de la International Telephone and Telegraph Company, un grupo empresarial que verá la luz a raíz las patentes telefónicas y cuyo nombre suele asociarse con la defensa de causas conservadoras, entre las que cabe destacar la conspiración que se produjo en Chile contra el presidente Allende. <<

[29] Véase T. Nelson, Computer Lib/Dream Machines, cit., CL59, DM3, DM58; junto con T. Nelson, Literary Machines, Swarthmore (Pennsylvania), T. Nelson, ⁵1983, 2/35, 2/37-38, 2/54, 4/4-6. Para mayor información sobre la relación entre el liberalismo clásico (de John Stuart Mill) y las ideologías de los piratas informáticos, véase E. G. Coleman, «The Social Construction of Freedom in Free and Open-Source Software: Hackers, Ethics, and the Liberal Tradition», tesis doctoral, University of Chicago, 2005, pp. 196-200. <<

[30] Véase Homebrew Computer Club Newsletter 2, n.º 13 (19 de enero de 1977), p. 3. Para mayor información sobre la deuda intelectual contraída por Felsenstein con Ivan Illich, véase «Convivial Cybernetic Devices: From Vacuum Tube Flip-Flops to the Singing Altair», Analytical Engine 3, n.º 1 (noviembre de 1995), en http://opencollector.org/history/homebrew. <<

[31] S. Levy, Hackers, cit., p. 186. <<

[32] Véase la nota [15] de los traductores en este mismo capítulo. Debe distinguirse del concepto de «caja negra» del conductismo psicológico, con el que no tiene nada que ver. [N. de los T.] <<

[33] Véase S. Wozniak y G. Smith, iWoz, cit., pp. 28-29 y 93-111; junto con J. Markoff, What the Dormouse Said, cit., pp. 271-273; y S. Levy, Hackers, cit., pp. 244-246. Véase también los recuerdos de que ha dejado constancia el propio Wozniak en www.woz.org. <<

[34] Véase S. Levy, Hackers, cit., pp. 251-254 y 271-274; junto con F. Turner, From Counterculture to Cyberculture, cit., p. 115; y J. Markoff, What the Dormouse Said, cit., pp. 275-287. <<

[35] Véase Bill Gates, «An Open Letter to Hobbyists», Homebrew Computer Club Newsletter 2, n.º 1 (31 de enero de 1976). Véase también S. Manes y P. Andrews, Gates: How Microsoft’s Mogul Reinvented an Industry and Made Himself the Richest Man in America, Nueva York, Doubleday, 1993, pp. 91-96, y véase también (aunque se trata de un texto más sesgado) J. Wiley y J. Erickson, Hard Drive: Bill Gates and the Making of the Microsoft Empire, Nueva York, Wiley, 1992, pp. 101-107. <<

[36] S. Levy, Hackers, cit., p. 230. <<

[37] La más concienzuda argumentación en defensa del poder económicamente transformador de las redes informáticas es el de Y. Benkler titulado The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom, New Haven (Connecticut), Yale University Press, 2006. <<

[38] Para mayor información sobre las complejas realidades virtuales a que habrán de dar lugar este tipo de iniciativas, véase E. Castronova, Synthetic Worlds: The Business and Culture of Online Games, Chicago, University of Chicago Press, 2005. <<

[39] Véase H. Rheingold, The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier, Reading (Pennsylvania), Addison-Wesley, 1993, pp. 56-59, 133-134 y 310; junto con F. Turner, From Counterculture to Cyberculture, cit., pp. 156-162; y B. Sterling, Hacker Crackdown, cit., pp. 45-47 y 50. <<

[40] Mencionado anteriormente, conviene detallar ahora que el BBS es un programa lógico con el que los usuarios acceden a un sistema interconectado en el que pueden descargar programas, intercambiar mensajes e información o recibir noticias y boletines, entre otras cosas. [N. de los T.] <<

[41] Véase Phrack 1, n.º 7 (25 de septiembre de 1986), p. 3; así como B. Sterling, Hacker Crackdown, cit., pp. 67, 73-77, 83 y 85-87. <<

[42] Véase B. Sterling, Hacker Crackdown, cit., pp. 63-67 y 88-95; y véase también http://www.2600.com/. En ocasiones pueden conseguirse los números atrasados de muchas de estas publicaciones, entre otras el Phrack y la Legion of Doom Technical Journal, en http://www.textfiles.com/magazines/. <<

[43] La distinción entre los «black hats» y los «white hats» (o entre los delincuentes y los piratas informáticos) procede en realidad de los tiempos del cine y la televisión en blanco y negro, ya que en los filmes occidentales el héroe solía llevar un sombrero blanco y el malvado uno negro. [N. de los T.] <<

[44] Véase B. Sterling, Hacker Crackdown, cit., pp. 55-57 y 100-101; así como F. Turner, From Counterculture to Cyberculture, cit., p. 167. <<

[45] Véase «Is Computer Hacking a Crime?», Harper’s Monthly 280, n.º 1678 (marzo de 1990), pp. 45-57; junto con H. Rheingold, The Virtual Community, cit., p. 44; y F. Turner, From Counterculture to Cyberculture, cit., pp. 167-170. <<

[46] Véase «Is Computer Hacking a Crime», cit., p. 53. Para información sobre la Declaration de Barlow, véase P. Ludlow (ed.), Crypto Anarchy, Cyberstates, and Pirate Utopias, Cambridge (Massachusetts), Massachusetts Institute of Technology Press, 2001, pp. 27-30. <<

[47] Véase S. Weber, The Success of Open Source, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 2004, pp. 47, 114; junto con R. M. Stallman, Free Software, Free Society: Selected Essays, Boston, GNU Press, 2002, p. 16. <<

[48] http://www.catb.org/%7Eesr/halloween/index.html. <<

[49] El GNU es un sistema operativo completamente libre creado por Richard Stallman. Sus siglas responden a la voluntad de recalcar que «Gnu No es Unix», siendo Gnu el nombre del sistema. En inglés, la palabra «Gnu» tiene una fonética parecida a «new», y lo que se pretende subrayar es que el sistema libre, siendo parecido a la marca registrada Unix, tiene en realidad la importante diferencia de su código abierto. [N. de los T.] <<

[50] Con todo, en el momento en que escribo estas líneas, menudean una serie de rumores que indican que Microsoft podría estar tratando de volver a utilizar esta estrategia con su programa Silverlight, aunque esta vez ponga el punto de mira en el estándar del programa informático Flash, de Adobe, para la transmisión y recepción de vídeo por internet. Uno de los temas fundamentales de muchos de los trabajos recientes en este campo es el de la importancia que reviste para la ciencia y la tecnología la existencia de unos estándares uniformes. En este sentido, véase por ejemplo, B. Marsden y C. Smith, Engineering Empires: A Cultural History of Technology in Nineteenth-Century Britain, Nueva York, Palgrave MacMillan, 2005. <<

[51] Véase S. Shapin, A Social History of Truth: Civility and Science in Seventeenth-Century England, Chicago, University of Chicago Press, 1994, pp. 410 y 415-416. <<

Notas capítulo 17

[1] D. Defoe, An essay on the regulation of the press, Londres, s. l., 1704, pp. 19-21. <<

[2] Véase en especial A. C. Mertha, The Politics of Piracy: Intellectual Property in Contemporary China, Ithaca (Nueva York), Cornell University Press, 2005, pp. 35-76. <<

[3] Véase B. Norris, «Video Report», Sight and Sound 52 (1983), pp. 106-108; junto con R. Murphy, «Off the Back of a Van», Sight and Sound 54 (1985), p. 78; y V C. Gatzimos, «Unauthorized Duplication of Sound Recordings: Transnational Problem in Search of a Solution», Vanderbilt Journal of Transnational Law 14 (1981), pp. 399-443, especialmente pp. 419-420. <<

[4] Véanse las actas de un reciente congreso de la Interpol en la siguiente dirección electrónica: http://www.interpol.org/Public/FinancialCrime/IntellectualProperty/Meeting/2ndGlobalCongress20051114/Default.asp. —23 de junio de 2006. <<

[5] Véase la «Enforcement of Intellectual Property Rights Act of 2008» en http://www.opencongress.org/bill/110-s3325/show. <<

[6] Véase J. Harrington, Oceana, edición de J. G. A. Pocock, Cambridge, Cambridge University Press, 1992 (original publicado en el año 1656); junto con J. Scott, Commonwealth Principles: Republican Writing of the English Revolution, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, pp. 164-165. <<

[7] Véase C. B. Herrup, The Common Peace: Participation and the Criminal Law in Seventeenth-Century England, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, pp. 59-61 y 69-70; así como A. Johns, The Nature of the Book: Print and Knowledge in the Making, Chicago, University of Chicago Press, 1998, pp. 187-265; y S. Hindle, The State and Social Change in Early Modern England, ca. 1550-1640, Nueva York, Palgrave, 2000; véase por ejemplo p. 27. <<

[8] Para mayor información sobre la interrelación entre la propiedad literaria y la regulación de la prensa a lo largo de esta época, véanse L. Maruca, The Work of Print: Authorship and the English Text Trades, 1660-1760, Seattle, University of Washington Press, 2007; J. Greene, The Trouble with Ownership: Literary Property and Authorial Liability in England, 1660-1730, Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 2005; y J. Loewenstein, The Author’s Due: Printing and the Prehistory of Copyright, Chicago, University of Chicago Press, 2002. <<

[9] Véase [A. Donaldson], Some thoughts on the state of literary property, Londres, impreso para A. Donaldson, 1764, pp. 11-17. <<

[10] Ibid., pp. 3-4, 7-19 y 24. <<

[11] Véase J. F. Reigart, Life of Robert Fulton, Filadelfia, C. G. Henderson, 1856, pp. 90-92 y 106-107; y véase también, en general, J. R. Harris, Industrial Espionage and Technology Transfer: Britain and France in the Eighteenth Century, Aldershot, Ashgate, 1998, pp. 453-477. <<

[12] «Video Bootleggers», New York Times, 23 de octubre de 1982, p. 41. <<

[13] Véase V. C. Gatzimos, «Unauthorized Duplication of Sound Recording», cit., pp. 416-417. <<

[14] Véase R. R. Wile, «Record Piracy», ARSC Journal 17, 1 (1985), pp. 18-40, y especialmente pp. 27-30. <<

[15] Véase la siguiente dirección electrónica: http://www.directv.com/DTVAPP/aboutus/mediacenter/NewsDetails.jsp?id=06_24_2002A. En la red pueden encontrarse innumerables crónicas del «Domingo Negro». La información sobre el mensaje que decía «game over» se encuentra en la crónica que puede consultarse en http://slashdot.org/articles/01/01/25/1343218.shtml. <<

[16] Para mayor información sobre las tecnologías concebidas para forzar el cumplimiento de los derechos de autor en la era digital, véase T. Gillespie, Wired Shut: Copyright and the Shape of Digital Culture, Cambridge (Massachusetts), Massachusetts Institute of Technology Press, 2007, especialmente las páginas 137-191, donde se habla de la Iniciativa para la Seguridad Digital en el ámbito de la Música y sus derivados. <<

[17] El impacto potencial de esta paradoja quedaría espectacularmente demostrado en el año 2000, fecha en la que Dmitri Sklyarov, un estudiante de posgrado ruso, fue retenido brevemente en los Estados Unidos por haber publicado un programa capaz de sortear la protección anticopia de Adobe para libros electrónicos. Se organizaron inmediatamente grandes manifestaciones públicas centradas en torno a la persona de Sklyarov en varias ciudades estadounidenses; fue puesto en libertad, y al final la acusación perdió el pleito. Puede consultarse toda la documentación relativa al caso en http://www.eff.org/IP/DMCA/US_v_Elcomsoft/. Para mayor información sobre las biotecnologías de código abierto, véase J. Hope, Biobazaar: The Open Source Revolution and Biotechnology, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 2008. <<

[18] Véase J. A. Halderman y E. W. Felten, «Lessons from the Sony CD DRM episode», 2006, en http://itpolicy.princeton.edu/pub/sonydrm-ext.pdf; véase también el debate auspiciado por el pirata informático finlandés Matti Nikki en http://hack.fi/~muzzy/sony-drm/. <<

[19] Pese a ser de carácter indudablemente interesado, el informe que ha elaborado sobre estas prácticas el Center for Food Safety —y que puede consultarse en https://www.centerforfoodsafety.org/files/cfsmonsantovsfarmerreport11305.pdf, 2006/06/23—, ofrece un gran número de citas empíricas que apuntalan sus reivindicaciones. <<

[20] Véase Y. Benkler, The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom, New Haven, Yale University Press, 2006. <<

[21] Para una provocativa afirmación de orden general, véase M. Heller, The Gridlock Economy: How Too Much Ownership Wrecks Markets, Stops Innovation, and Costs Lives, Nueva York, Basic Books, 2008, pp. 49-78. <<

[22] Véase J. Willinsky, The Access Principle: The Case for Open Access to Research and Scholarship, Cambridge (Massachusetts), Massachusetts Institute of Technology Press, 2005. <<

[23] J.-N. Jeanneney, Google and the Myth of Universal Knowledge, Chicago, University of Chicago Press, 2007. <<

[24] Véase The Authors Guild, Inc., et al. v. Google Inc., Case n.º 05 CV 8136 (S. D. N. Y., siglas de United States District Court for the Southern District of New York). <<

[25] Para algunos ejemplos de las consecuencias que pueden derivarse de no ocuparse de la intervención editorial al digitalizar los libros, véase P. Duguid, «Limits of Self-Organization: Peer Production and “Laws of Quality”», First Monday 11 (2006), http://firstmonday.org/issues/issue11_10/duguid/index.html. <<

[26] Véase C. Snyder, «Google Settles Book-Scan Lawsuit, Everybody Wins», en http://blog.wired.com/business/2008/10/google-settles.html. <<

[27] Véase L. G. Mirviss, «Harvard-Google Online Book Deal at Risk», Harvard Crimson, 30 de octubre de 2008; y R. Darnton, «The Library in the New Age», New York Review of Books 55, n.º 10 (12 de junio de 2008). <<

[28] Véase M. Helft y M. Rich, «Google Strikes Deal to Allow Book Scans», New York Times, 29 de octubre de 2008, B1, B8. <<

[29] Véase «The Fate of Disciplines», Critical Inquiry, número especial, 35, n.º 4 (verano de 2009); junto con Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, University of Chicago Press, ³1996 (original publicado en el año 1962), pp. 66-91 [ed. cast.: La estructura de las revoluciones científicas, traducción de Agustín Contin, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1975]. <<

Notas Agradecimientos

[1] Sede de la compañía Google en Mountain View, Santa Clara, California. [N. de los T.] <<