Así comentó el diario Corriere de Roma la aparición de este libro: «Por primera vez en Europa un escritor ha tenido el coraje de disociarse de la fábula del “Buen Allende” y el “Malvado Pinochet”».

Spataro fue un escritor prolífico pero enormemente sólido: la investigación que respalda sus afirmaciones es sencillamente abrumadora. Documentos, libros, periódicos, revistas, sitios de Internet, figuran entre sus fuentes, ordenadamente citadas al pie de página. Consciente de que sus temas eran polémicos, consultaba por igual las opiniones adictas o contrarias a la suya. A pesar de que lo polémico del tema exigía al escritor esta prolijidad, Pinochet: Las «incómodas» verdades es un libro muy ameno. Spataro tiene el profesionalismo de los grandes periodistas y la viveza de su relato lleva en vilo al lector.

Mario Spataro

Pinochet

Las «incómodas» verdades

ePub r1.1

Piolin 20.11.15

Título original: Pinochet: Le «scomode» verità

Mario Spataro, 2003

Editor digital: Piolin

ePub base r1.2

La verdad no tiene a veces como enemiga a la mentira,

sino al mito, persistente y persuasivo…

De este modo algunos encuentran cómodas las opiniones

confeccionadas y evitan la incomodidad de reflexionar.

JOHN F. KENNEDY

Prólogo a la edición en castellano

El libro Pinochet: Le «scomode» veritá, (Pinochet: Las «incómodas» verdades) fue publicado el año 2003 en Italia. Su autor, Mario Spataro (1931-2006), era un abogado, historiador y periodista de larga y exitosa trayectoria. Fue columnista de varios periódicos importantes y publicó una decena de libros sobre temas históricos y éticos. La variedad de sus investigaciones, siempre muy acuciosas, revela un hilo conductor: la pasión del autor por restablecer la verdad, especialmente cuando ésta aparecía más oculta, más tergiversada, más escandalosa para quienes dictan la pauta de lo «políticamente correcto».

Es obvio que Spataro no le temía a la crítica. Pero leyendo este libro se comprende porqué. Fue un escritor prolífico pero enormemente sólido: la investigación que respalda sus afirmaciones es sencillamente abrumadora. Documentos, libros, periódicos, revistas, sitios de Internet, figuran entre sus fuentes, ordenadamente citadas al pie de página. Consciente de que sus temas eran polémicos, consultaba por igual las opiniones adictas o contrarias a la suya.

Así comentó el diario Corriere de Roma la aparición de este libro: «Por primera vez en Europa un escritor ha tenido el coraje de disociarse de la fábula del “Buen Allende” y el “Malvado Pinochet”».

Sin haber estado nunca en Chile, Spataro se dedicó a investigar a fondo nuestra historia de los últimos 30 años y llegó a la conclusión de que la izquierda, chilena e internacional, ha tergiversado sistemáticamente la conflictiva realidad de esta etapa de nuestra vida nacional.

Naturalmente que desmontar una «versión oficial», consagrada como una verdad en el mundo entero, requería, como señaló el diario italiano La Provincia, reconstruir la historia con una precisión que llega hasta los detalles más insignificantes. En esos detalles se funda la solidez histórica de la investigación.

A pesar de que lo polémico del tema exigía al escritor esta prolijidad, Pinochet: Las «incómodas» verdades es un libro muy ameno. Spataro tiene el profesionalismo de los grandes periodistas y la viveza de su relato lleva en vilo al lector.

Y el interés que despierta su obra se vuelve apasionante cuando toca temas internacionales, donde el espionaje al más alto nivel, como en el caso Letelier, nos entrega pruebas sorprendentes que dejan en evidencia la intervención de factores políticos muy complejos, ajenos a nuestra modesta realidad. Otro tanto se puede decir del dudoso suicidio de Beatriz Allende en La Habana.

Por lo tanto, para el lector chileno, este libro que analiza tanto el Gobierno de Allende como el de Pinochet, no es una repetición de lo ya sabido y discutido durante estos años. Aporta nuevos datos ignorados por el público, que desvirtúan las versiones simplistas que la izquierda se ha empeñado en imponer mediante la propaganda.

El conocimiento que Spataro tenía de toda la prensa europea y norteamericana y sus numerosos contactos, nos revelan hechos y opiniones de todos los sectores que sacan a su obra del nivel «político» para radicarlo en la historia.

Por esta misma razón, este periodista con visión de historiador no cae en ningún momento en el partidismo ciego. El libro es objetivo: si la verdad exige desenmascarar el mito de «Allende defensor de los oprimidos», el escritor lo hace sin tapujos, como también sin tapujos reconoce la dureza del gobierno militar en su lucha contra el terrorismo.

El libro Pinochet: Las «incómodas» verdades tuvo una importante acogida en Italia y obtuvo el Premio Internacional «Giuseppe Sciaccia», en su versión 2003.

Nuestra labor, con la autorización del autor, ha consistido principalmente en revisar las citas de publicaciones hechas en castellano, que habían sufrido una doble traducción, y reproducir, para mayor claridad, su versión original. También se han incluido algunos hechos históricos y antecedentes surgidos después de la publicación del libro en Italia. Se han suprimido algunos apéndices referentes a materias muy conocidas en Chile y se hizo un resumen más extenso de la carta del Presidente Frei Montalva a Mariano Rumor, ya que este documento, junto con la Declaración de la Cámara de Diputados, de fecha 22 de agosto de 1973, son piezas claves para entender lo que realmente ocurrió en Chile, en esos difíciles años.

Muchas personas, cansadas de un debate partidista estéril, se preguntarán qué objeto tiene continuar con un tema que ya lleva más de treinta años, sin visos de terminar.

Desgraciadamente, no está en nuestras manos el ponerle término desde el momento en que la izquierda, tanto nacional como internacional, se empeña en mantener los rencores, aplicando su lema: «Ni perdón, ni olvido».

Como este empeño lleva consigo la permanente y machacona falsificación de nuestra historia, concederles el beneficio del silencio sería permitir el triunfo de la mentira y el odio.

Debemos agradecer a Mario Spataro porque, absolutamente ajeno a los intereses políticos locales, se dio el enorme trabajo de restablecer una verdad que no sólo atañe a los chilenos que vivimos estos hechos, sino que es fundamental para dejar a las generaciones futuras una visión seria, documentada y fidedigna de nuestra historia reciente.

GISELA SILVA ENCINA

ALFONSO MÁRQUEZ DE LA PLATA YRARRÁZAVAL

INTRODUCCIÓN

En donde existe un gobierno eficiente, hay una dictadura.

Harry S. Truman[1]

El monstruo número uno, sin lugar a dudas, es Adolfo Hitler. Es un récord que nunca nadie le va a poder quitar. Desde hace décadas, libros, películas y diarios nos hablan de él. No pasa un día sin que alguien mencione a Hitler y sus doce años (fueron éstos, ni más ni menos) en el poder. De modo obsesivo, martillado, nos presentan a Hitler en todo tipo de salsas. En el desayuno, en el almuerzo y hasta en la cena de año nuevo. Hitler súper estrella. Al final «Nosotros los nazis», me dijo un día riendo Erick Priebke, «le hemos hecho ganar un montón de dinero a los señores de Hollywood».[2]

El monstruo número dos en la historiografía de supermercado, en cambio, es el chileno Augusto Pinochet Ugarte. [3]

El motivo por el cual cayó sobre Pinochet el odio de los radicales-chic dueños de las casas editoriales, de los periódicos y de la cinematografía, es simple: Pinochet, aun más que el español Francisco Franco, logró demostrar que un dictador de «derecha» y encima militar, puede conseguir el poder y mantenerlo con plena satisfacción popular. Peor aún, Pinochet le permitió al mundo poder comparar directamente una gestión marxista del poder (la de Salvador Allende Gossens) y los resultados obtenidos después de haber puesto de lado, con energía, la locura marxista.[4]

Como Ernesto Che Guevara, Allende era uno de los símbolos del espíritu «progresista» de las últimas décadas del siglo XX. Pero en el momento más idílico, un intruso indeseado, Pinochet, cometió el error de mostrar al mundo el desastre que eran el Sr. Allende y su marxismo.[5]

Pinochet, por lo tanto, quedó en el segundo lugar en la enciclopedia popular de los monstruos. Relegados a un tercer lugar y de allí hacia abajo los opacos generales argentinos, los anónimos coroneles griegos, el lejano y olvidado Anastasio Somoza, el pacífico Antonio Salazar y hasta el mismo Benito Mussolini y Francisco Franco, aún demasiados queridos hoy en día para poder figurar en el elenco de los monstruos.

En vano se puede buscar entre los monstruos a los sanguinarios caudillos de la izquierda. Si se profiere alguna palabra sobre sus maldades, es de buen tono bajar la voz y usar tonos melifluos. Esto vale para el mejilludo Pol Pot, para el santón de Mao, dispensador de sabiduría, para el ascético Lenin, para el rampante Iosif Vissarionovich Dzugashvili, llamado Stalin, y para la pareja Castro-Guevara, enemiga jurada del agua y del jabón.[6]

Son demasiados los que acusan, exagerando, a los militares de Pinochet por la muerte de dos o tres mil terroristas, olvidándose del millón de muertos de la guerra civil española y de los muertos, aún más numerosos, de las «purgas» comunistas en Ucrania y en los países Bálticos. Se olvidan de lo que sucedió en las guerras civiles que explotaron durante la Segunda Guerra Mundial en Europa (en particular en Italia, donde los comunistas italianos y yugoslavos asesinaron, una vez terminado el conflicto bélico, a decenas de millares de personas). Se olvidan, además, otros hechos que se registraron en las décadas siguientes, en circunstancias análogas o peores: en China y en Vietnam, en Palestina y en Nigeria, en Nicaragua y en Ruanda, en Afganistán o en Chechenia, en el Cáucaso y en Rumania, en el Tíbet y en Etiopía, en la ex Yugoslavia y en Pakistán. Se olvidan de los católicos masacrados en Sudán y en otras naciones islámicas. Y mientras alegremente participan en banquetes junto a los responsables de dichos crímenes, con voz chillona piden un proceso contra Pinochet.

El dedo acusador y las miradas severas apuntan solamente contra Pinochet. Después de Hitler, naturalmente. Pero como del monstruo número uno, Hitler, ya lo conocemos todo, hasta sus costumbres alimentarias y sus cambios bruscos de humor, y hasta lo que algún historiador corto de argumentos nos contó de sus verdaderas o presuntas relaciones sentimentales, en estas páginas no nos quedaba otra cosa (de una manera «políticamente incorrecta», porque de las versiones «oficiales» tenemos llenas las orejas)[7] que hablar del monstruo número dos, Pinochet.

A no ser por los poquísimos libros publicados en Chile, nadie nunca había osado hacerlo.[8] Lo que hace este libro es un esfuerzo de acercarse a la verdad, y no dejará de chocar con las menudeces de historiadores, censores, libreros y «gente de cultura» que desde hace décadas se encuentra bien adormecida entre los algodones de la bien retribuida (y bien recompensada con premios literarios) «corrección política».[9]

Raro y difícil es el camino de quien escribe contra la corriente. Pero, al fin de cuentas, también es un camino entretenido. Hablemos entonces de Augusto Pinochet Ugarte.

Abril de 2003.

M. S.

CAPÍTULO I

La libertad consiste en tener un gobierno que haga respetar las leyes que protegen la vida y los bienes de los ciudadanos.

Carlos I[1]

Chile, notas geográficas e históricas

Para hablar de lo que sucedió en Chile después de 1970 es necesario conocer algo acerca de las características y de la historia de este país. Es lo que el primer capítulo intentará hacer de modo conciso.[2]

La República de Chile es aquella larga faja de tierra montañosa que los mapas geográficos muestran entre la cadena de Los Andes y el mar, es decir, entre Argentina y el Océano Pacífico. Desde su frontera norte, que lo separa del Perú, Chile se extiende por 4.300 kilómetros hasta alcanzar el extremo austral del continente, el célebre Cabo de Hornos, lugar de innumerables naufragios. Un poco más al sur está el continente Antártico. En promedio, el ancho de esta nación es inferior a los 100 kilómetros. La capital de Chile, Santiago, es considerada una de las ciudades más bellas de América Latina.

Pertenecen a Chile su territorio antártico, algunas islas del Océano Pacífico, como la de Pascua (famosa por sus misteriosas y antiguas esculturas), el archipiélago Juan Fernández (donde naufragó y vivió Robinson Crusoe) y las islas volcánicas de Sala y Gómez, San Félix y San Ambrosio.

La población, que en 1895 llegaba solamente a 3,3 millones de personas, en 1930 había crecido hasta los 4,3 millones y en 2002 alcanzaba a los 15 millones. El idioma es el español y predomina la religión católica.[3]

Notas sobre la economía chilena

Debido a la conformación del territorio, a diferencia de las otras naciones de América del Sur, Chile depende principalmente de la minería, la industria, la pesca y, parcialmente, de la agricultura. Esto, como veremos a continuación, produjo una sociedad más urbanizada que las de otras naciones latinoamericanas, lo que permitió el crecimiento de la clase media.

Durante el período colonial, el poder central era árbitro en cuestiones económicas: regulaba y designaba la mano de obra; distribuía los terrenos cultivables, concedía monopolios y permisos; fijaba los precios y adjudicaba los derechos de producción y de extracción minera; creaba estructuras públicas, regulaba las exportaciones, fijaba y exigía impuestos y concedía subsidios.

En cambio, lejos de las principales ciudades, el poder se encontraba en manos de los colonizadores, quienes no siempre cumplían las leyes ni las medidas de protección a los pueblos indígenas ordenadas por la Corona. Así, aunque el gobierno español permitía relaciones comerciales solamente con el Perú, florecían los comercios ilegales con otras colonias y hasta con la misma España: eran exportaciones de pequeñas cantidades de plata, oro, cobre, cereales, pieles, vino, tejidos, herramientas y muebles.

La actividad minera también tenía importancia en ese entonces, si bien la cantidad de oro extraída en Chile era muy inferior a la obtenida en las minas de Perú y de México. Como en las otras colonias, los conquistadores españoles se apropiaban de las minas y obligaban a los nativos a trabajar para ellos. Y la Corona de España, que pedía el pago al erario de un quinto del oro y la plata producidos, era fácilmente burlada.

Ante la reducida producción minera (aún no se desarrollaban las minas de cobre y nitratos), la agricultura tomó la delantera. Algunos historiadores se refieren a los fundos o haciendas como lugares de trabajos forzados, de explotación, de injusticia y de ineficacia. Otros, en cambio, de manera más benévola, ponen el acento en el carácter paternal y familiar del sistema. Sea cual fuere la verdad, la progresiva disminución de los trabajadores locales produjo, en el siglo XVIII, un aumento de las labores remuneradas y la transformación de los trabajadores agrícolas en inquilinos, minifundistas y afuerinos.

En el curso del siglo XIX las cosas cambiaron rápidamente debido a las exportaciones de minerales: oro, plata y, principalmente, las relacionadas con la extracción del cobre y los nitratos. Se manifestó, al mismo tiempo, al igual que en todos los continentes, el fenómeno de la urbanización. Las principales ciudades (Santiago, Valparaíso, Concepción) se desarrollaron y absorbieron crecientes olas de inmigrantes provenientes desde el exterior y desde los campos, gracias a la aparición de empresas artesanales, a la constitución de entes públicos y al mejoramiento de los medios de transporte y de comunicación. Y así se fue afirmando, con consecuencias políticas y también sociales, el poder de la clase media de la cual provenían, en su mayor parte, los cuadros dirigentes y militares.

En el siglo XX comenzaron a emerger los sindicatos (la Federación Obrera de Chile fue creada en 1909). Durante la Primera Guerra Mundial y a causa de la fuerte contracción del mercado de los nitratos, Chile sufrió una crisis económica que agravó las consecuencias de la gran depresión de los años 20 y 30. Una de las consecuencias de la crisis social fue la adhesión de algunos sindicatos al Partido Comunista, el surgimiento de formas anárquico-sindicalistas y el nacimiento de un lobby intelectual y filomarxista, con directas consecuencias sobre la cultura general, la estabilidad económica, la paz social y la productividad de las minas y de las empresas agrícolas.

En el intento de poner remedio a dicha situación, el Gobierno conducido por el radical Pedro Aguirre Cerda (1938-41) recurrió a un mayor y más riguroso control de la economía; nació así la CORFO (Corporación de Fomento de la Producción) y se registraron los primeros intentos de una reforma agraria. Los resultados fueron muy diversos a los esperados y condujeron a un aumento de la inflación y de la desocupación y a una disminución de las exportaciones. No obstante esto, como se verá en los próximos capítulos, a continuación se adoptó la vía de la nacionalización y del centralismo estatal, con resultados desastrosos para el Gobierno del democratacristiano Eduardo Frei Montalva (1964-70). En efecto, en julio de 1967, se promulgó una ley de Reforma Agraria precedida de una activa campaña de agitadores que ocasionó descontento, huelgas y tomas de fundos. Económicamente, la Reforma Agraria fue un fracaso y se tradujo en una pérdida de popularidad para la Democracia Cristiana, redundando en ventaja para la derecha y la izquierda.

Un examen sumario de los rubros que componen la economía chilena permite ver que, en las exportaciones, los metales están en el primer lugar. Chile es el primer exportador mundial de cobre. Las minas de cobre se encuentran principalmente en el norte del país, zona desértica (Chuquicamata y El Salvador), y en las montañas del centro (El Teniente y Andina). Durante el Gobierno Militar se desarrolló una importante explotación cuprífera privada.

La extracción de cobre en gran escala fue iniciada por empresas norteamericanas (con capitales norteamericanos) a comienzos del siglo XX y hasta los años 70, en que parte de la propiedad de dichas minas fue absorbida por el Estado chileno. En 1970, bajo Allende, las minas fueron expropiadas en su totalidad, sin ninguna indemnización, y entregadas a un ente gubernativo llamado CODELCO (Corporación Nacional del Cobre de Chile).

Otros minerales exportados por Chile son: el hierro (proviene de las regiones del centro del país), el magnesio y, como ya se ha dicho, el oro y la plata. Además está el molibdeno, producto derivado de los yacimientos de cobre. Entre los minerales no metálicos se encuentra, en primer lugar, el azufre y, además, el litio, otra de las explotaciones iniciadas durante el Gobierno de Augusto Pinochet.

Los recursos energéticos chilenos se basan en el potencial hidroeléctrico, favorecido por la presencia de numerosos e impetuosos ríos andinos, y en la existencia de limitadas reservas de petróleo y gas natural en el extremo sur de la nación.

Son notables, además, las reservas forestales (principalmente en las regiones australes) y la industria pesquera.

En torno a 1974, cuando la actividad pesquera peruana entró inesperadamente en crisis, Chile se transformó en el primer exportador de pescado de Latinoamérica y su producción, tanto de carne como de harina de pescado, se destinó en gran cantidad a América Latina y Europa, en donde tales productos son usados principalmente en la fabricación de alimentos para animales y de lubricantes industriales. Por otra parte, la industria salmonera ha crecido en forma vertiginosa desde la década de los 80.

La agricultura, favorecida por las condiciones climáticas y por la disponibilidad de agua de riego, entre tanto, se resiente negativamente debido a la conformación del suelo y a la carencia de lluvias durante los meses de verano. Sus productos estrella son la fruta y el vino, que se exportan a todo el mundo.

La actividad industrial, concentrada en la zona de Santiago, Valparaíso y Concepción, está destinada a la producción química, alimentaria y textil; a la refinación del petróleo y a la elaboración del acero y del papel. Ocupa el 15% de la población activa y contribuye con un 20% del Producto Interno Bruto.

El comercio cuenta con mercados muy abiertos a las exportaciones chilenas: Europa, Estados Unidos y el Extremo Oriente.

Las importaciones provienen de Estados Unidos, Brasil, Japón, China, Argentina, Alemania y Francia. La balanza comercial, tradicionalmente pasiva, tuvo un mejoramiento notable después de 1976.

El Instituto de emisión de la moneda es el Banco Central de Chile, fundado en 1925, y que preside la actividad financiera del país. Es también importante el Banco del Estado, entidad estatal que trabaja de acuerdo con los criterios de una empresa privada. En el país, además, desarrollan sus actividades numerosos bancos norteamericanos, europeos y asiáticos.

El sistema de transporte y de las comunicaciones se ve dificultado por la conformación del territorio y los ásperos obstáculos andinos. Por este motivo Chile dispone de una de las mayores flotas comerciales de América Latina. Valparaíso, San Antonio, Antofagasta, Arica, Chañaral, Huasco, Guayacán, Tocopilla y Talcahuano son los principales puertos en que se desarrolla el comercio internacional del país.

Las líneas ferroviarias, cuya construcción fue iniciada a mediados del siglo XIX, dependen de la Empresa de Ferrocarriles del Estado y sus principales tramos son actualmente los que unen Santiago y Temuco. Muy activos, además de electrificados, son los tramos internacionales que comunican Arica y Antofagasta con las ciudades bolivianas de La Paz y de Oruro.

El transporte sobre ruedas, en cambio, cuenta con una red vial de autopistas de casi 2.000 kilómetros, con conexión a las ciudades argentinas de Mendoza, Salta, San Juan, San Carlos de Bariloche y Río Gallegos. El transporte aéreo interno, debido a las grandes distancias, es gestionado por LanChile y SKY Airline. Para el turismo es de gran interés la escala en la Isla de Pascua del vuelo destinado a Tahiti.

Inmigración y exploración

Las primeras inmigraciones que llegan antes del siglo XV, estaban constituidas por oleadas de indígenas provenientes de las regiones sureñas y centrales del continente. Pertenecían a grupos atacameños, diaguitas, picunches, araucanos, huilliches, pehuenches y cuncos, etnias que reducían a la esclavitud a los nómadas, presentes desde la prehistoria en la región. Los araucanos o mapuches, un grupo muy fuerte, al punto de detener la invasión de los incas y de oponerse enérgicamente a la conquista española, prevalecieron sobre otras tribus y, poco a poco, se transformaron de cazadores en agricultores.

Los conquistadores españoles (los primeros, dirigidos por Diego de Almagro, llegaron en 1536) habían establecido en Chile, alrededor de 1555, una población de origen castellana, extremeña y andaluza que enfrentaba al mismo tiempo a los araucanos y a los piratas ingleses de Thomas Cavendish.[4]

El año 1540, con la toma de posesión del territorio por parte de Pedro de Valdivia, puede considerarse la fecha del nacimiento de Chile. El 12 de febrero de 1541 es fundada la ciudad de Santiago; seis meses después es destruida por una sublevación indígena, pero enseguida reconstruida gracias a Inés de Suárez. En 1655 se registra una sangrienta revuelta contra el gobernador Antonio de Acuña y Cabrera, que había intentado vanamente llegar a un tratado de paz con los indios mapuches.

Chile fue constituido como una Capitanía General, dependiente del virreinato español del Perú. La proclamación de la independencia de los Estados Unidos y, posteriormente, la Revolución Francesa impulsaron, entre 1810 y 1818, la declaración y la posterior guerra de la Independencia en la cual destacaron Bernardo O’Higgins y José Miguel Carrera, aunque no siempre de acuerdo, al punto que se llegó ocasionalmente al choque armado entre ellos.[5]

En 1810 se convocó en Santiago una Junta de Gobierno que asumió el poder en medio de una serie de disputas sobre las reformas y sobre la oportunidad de independizarse de España. Entre 1811 y el año siguiente, José Miguel Carrera controló el poder e hizo promulgar una constitución «provisoria» que, si bien reconocía en teoría la autoridad de Fernando VII de España, daba vida a aquella etapa que hoy se define como Patria Vieja y que entregaba el poder supremo a un triunvirato directamente controlado por Carrera, pero hostilizado por Bernardo O’Higgins.

La independencia fue proclamada el 12 de febrero de 1818, mientras proseguía la guerra con España, con la elección de O’Higgins y su nombramiento como Director Supremo. En 1818 fue confirmada solemnemente la independencia, que sería reconocida por España sólo en 1844. Fueron determinantes para obtener la independencia, las batallas de Chacabuco (12 de febrero de 1817) y de Maipú (el 5 de abril de 1818). En la primera, el general argentino San Martín[6] y O’Higgins, con un ejército de 5.200 soldados, derrotaron a las tropas españolas.[7]

Durante el conflicto, fue importante el apoyo que recibieron los chilenos del almirante escocés Thomas Cochrane, quien en el puerto peruano del Callao volvió inofensiva la flota española. Marginal, en cambio, fue el apoyo de las masas populares: la lucha por la independencia (como durante la Revolución Francesa y el Resurgimiento Italiano) fue monopolio de la aristocracia en medio de la indiferencia por parte de la mayoría del pueblo.

En 1822, la duración del cargo de Director Supremo fue limitada a seis años con posibilidad de reelección. Sin embargo, O’Higgins había sufrido un fuerte desgaste ante la opinión pública, provocado especialmente por su política económica. Esto le valió tan fuertes enemistades que terminó por abdicar en 1823. Se inició, entonces, un período que el abogado Juan Alberto Díaz define como «anarquía política» y que se arrastró hasta 1830.

Existieron, a pesar de todo, varios intentos de poner en orden la cosa pública. En 1823, Ramón Freire fue elegido como Director Supremo, gracias a una ley llamada Acta de Unión de Provincias, que le daba el mando para organizar políticamente la nación y crear un verdadero parlamento constitucional. Juan Egaña, llamado a presidir el parlamento, logró en pocos meses aprobar una constitución «moralista» que murió al nacer, pues intentaba regular con excesivo rigor hasta la vida privada de los ciudadanos.

Freire fue obligado a dimitir en 1826, mientras Manuel Blanco Encalada era nombrado como jefe «provisional» del Estado y Presidente de la República. A él se debe la promulgación de las leyes federales que dividieron el país en ocho regiones, cada una gobernada por asambleas elegidas por sufragio popular; pero tales leyes tendían a establecer elecciones para todos los cargos públicos, hasta para los párrocos. Este exceso de democratización burocrática llevó a la ingobernabilidad y a una crisis de credibilidad, que en 1827 condujo al nombramiento de Francisco Antonio Pinto en la vicepresidencia. Durante su breve Gobierno se promulgó la Constitución de 1828.

En 1829, mientras las corrientes conservadoras comenzaban a prevalecer sobre las liberales nacidas del espíritu de la Revolución Francesa, se hizo patente que el país aspiraba a un régimen que asegurara estabilidad y orden. Así, en 1830, Diego Portales fue nombrado ministro con plenos poderes por el Presidente José Tomás Ovalle. Con una pizca de carácter dictatorial, aunque movido por el amor a su país, Portales logró, a pesar de algunos descontentos, reorganizar el país y darle su primera Constitución, destinada a durar hasta 1925. Se manifestó en este período una clara división entre conservadores (apodados «pelucones»), que gobernaron el país sin interrupciones desde 1830 hasta 1861, y liberales.

Tras el asesinato de Portales, continuó su obra el propio Presidente, general Joaquín Prieto. Luego, bajo la presidencia de Manuel Bulnes (1841-51), Chile obtuvo el reconocimiento de su independencia por parte de España y durante el mandato de Manuel Montt (1851-61) se promulgó el primer Código Civil.

En las décadas siguientes, el país debió enfrentar una guerra con España al apoyar a Perú, que disputaba con España la posesión de algunas islas (1865-66); este apoyo provocó, en 1866, el bombardeo naval de la ciudad de Valparaíso. En 1871 y hasta 1876, asumió el poder el liberal Federico Errázuriz.

Entre 1876 y 1879 se registró una serie de crisis financieras y de litigios limítrofes como aquel que vio a Chile enfrentado con Bolivia y Perú (1879-83).[8]

Claramente vencedor de la Guerra del Pacífico, Chile se presentó ante la opinión pública mundial como la nación más eficiente y mejor armada del continente: esto permitió que obtuviera del Perú (Tratado de Ancón, 20 de octubre de 1883) la provincia de Tarapacá y la ciudad de Arica y, temporalmente, la ciudad de Tacna. Por el tratado de 1904 con Bolivia, Chile mantuvo definitivamente la posesión del territorio de Antofagasta y de los enormes yacimientos de nitrato de la zona.

Una guerra civil ensangrentó el país bajo la presidencia de José Manuel Balmaceda (1886-91). Las fuerzas parlamentarias salieron victoriosas del conflicto y el 19 de septiembre de 1891, día en que concluía su mandato, el Presidente Balmaceda se suicidó.

El 10 de enero de 1920 Chile ingresó a la Sociedad de las Naciones.[9]

El 18 de septiembre de 1925, bajo la presidencia de Arturo Alessandri Palma, líder de la Alianza Liberal, elegido en 1920 gracias a los votos de la clase media, fue sancionada una nueva Constitución, vigente hasta 1980. Ese año fue sustituida por aquella que propuso Augusto Pinochet Ugarte, a través de la cual se realizó la transición a un presidencialismo democrático, con el resultado de una mayor eficiencia en las decisiones.

En los años sucesivos se alternaron gobiernos de centro-izquierda y centroderecha. En 1927 se autoproclamó dictador y posteriormente fue elegido Presidente el coronel Carlos Ibáñez del Campo. Apoyado por la laboriosa clase media, promovió la actividad industrial y las iniciativas públicas. Obtuvo un aumento de las inversiones (buena parte proveniente de Nueva York), hizo despegar la economía y restableció el orden con la creación del Cuerpo de Carabineros.

Alrededor de 1930, según las estadísticas redactadas por la Liga de las Naciones, Chile sufrió más que otras naciones las consecuencias de la gran depresión mundial. La desocupación aumentó hasta el 30% de la fuerza laboral, el déficit fiscal y la inflación subieron fuertemente y el pago de la deuda externa se volvió imposible, al punto de tener que vender parte de las reservas en oro.

Para evitar ser depuesto por una guerra civil, a Ibáñez no le quedó más solución que el exilio en Argentina (julio de 1931). Lo sucedió un radical, Juan Esteban Montero, también derrocado el 4 de junio de 1932. Siguió un período de anarquía, que se prolongó hasta fines de 1932. En esa fecha se inició la segunda presidencia de Arturo Alessandri Palma (hasta 1938), que apoyado por una vasta coalición política logró sanear la economía y llevar la paz social al país. Siguieron las presidencias de Pedro Aguirre Cerda (1938-41), con su fracasado Frente Popular de orientación izquierdista, y después la de Juan Antonio Ríos Morales (1942-46), que el 20 de enero de 1944, bajo presión de la Casa Blanca, rompió relaciones con Alemania, Italia y Japón.[10] La sucesiva entrada en guerra contra las naciones del Pacto Tripartito le garantizó a Chile un consistente aumento de las exportaciones de cobre para fines militares y otras ventajas económicas.

El 4 de septiembre de 1946, gracias también a los votos de los comunistas, fue elegido Presidente el radical Gabriel González Videla, que permaneció en el poder hasta 1952 y que inicialmente incluyó a algunos comunistas en el Gobierno. Estos, desde sus cargos, organizaron paros y huelgas contra el Gobierno. Habiéndose dado cuenta de su error, González Videla cortó en 1947 las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y Checoslovaquia y el 2 de septiembre de 1948 echó a los comunistas del Gobierno y los declaró fuera de la ley.[11]

El 4 de septiembre de 1952 fue triunfalmente elegido como Presidente Carlos Ibáñez del Campo (ya Presidente de 1927 a 1931) y permaneció en el cargo hasta 1958. Tuvo que enfrentar un agravamiento de la inflación y una sucesión de huelgas y de luchas de poder que lo obligaron a múltiples cambios de ministros, a legalizar el Partido Comunista y a obtener del parlamento poderes especiales para imponer la censura, el arresto sin mandato y la prohibición de reuniones públicas.

Las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1958 vieron la victoria del conservador y ex ministro de Hacienda Jorge Alessandri Rodríguez (1958-64), que introdujo un programa de austeridad junto a una drástica reestructuración burocrática y administrativa.

El 4 de septiembre de 1964, con el 55% de los votos, fue elegido Presidente el democratacristiano Eduardo Frei Montalva (hasta 1970). Nuevamente fue derrotado el candidato de la izquierda, Salvador Allende Gossens, que no obtuvo más del 38% de los votos. Se llevó a cabo entonces, por iniciativa de Eduardo Frei Montalva, un desastroso intento de realizar una Reforma Agraria estatista que generó un grave descontento y confusión económica. Fue durante esos días que, favorecidos por el descontento popular, nacieron en Chile los primeros grupos terroristas financiados por Cuba. Entre 1967 y 1969, bajo la presidencia de Eduardo Frei Montalva, se registró un período de cambio en el cuadro político. Esto se debió principalmente al carácter intransigente y sectario de su partido, que impedía compromisos en la política parlamentaria. Sucedió también a causa de la expulsión del moderado Raúl Ampuero del Partido Socialista, por voluntad de aquellos definidos como «teólogos de la guerrilla».[12] Importantes efectos sobre la vida política nacional tuvo, entre otros hechos, la división de la Democracia Cristiana, que dio origen a dos nuevos partidos, MAPU e Izquierda Cristiana, los que se unieron, siguiendo el camino emprendido por Jacques Chonchol.[13]

El 4 de septiembre de 1970, gracias al apoyo de una coalición de centroizquierda, la presidencia fue para el ya citado marxista (masón y ateo declarado) Salvador Allende Gossens. Obtuvo en las elecciones sólo el 36,4% de los votos populares, mayoría relativa que le significó ser en realidad elegido por el Parlamento.[14]

Significativamente, uno de sus primeros pasos fue el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba: una brecha ésta en el frente de los países latinoamericanos.

Unido a Fidel Castro por una profunda amistad, desde los primeros días Allende no hizo un misterio de su deseo de «modelar la sociedad chilena inspirándose en el modelo cubano», a través de la nacionalización de todas las actividades industriales y comerciales y de una Reforma Agraria de gran alcance. La consecuente situación de desarticulación económica, como se verá en los próximos capítulos, fue la causa que desencadenó, en 1973, el golpe de Estado (el pronunciamiento o golpe) de las Fuerzas Armadas guiadas por el general Augusto Pinochet Ugarte.

Comenzaron entonces los hechos que serán tratados en los capítulos siguientes.

Cuadro político general

Como hemos visto, Chile, a diferencia de tantos otros países latinoamericanos, siempre se caracterizó por una gestión democrática del poder. Las revueltas de 1851 y 1959, la breve interferencia de los militares en el poder político en los años 1891, 1924, 1927 y 1932 y el Gobierno de Pinochet de 1973 a 1990, pueden ser considerados como períodos extraordinarios de transición que se concluyeron con una entera normalización del cuadro general.[15]

Sujeto a fuertes influencias culturales inglesas y alemanas, Chile tiene una historia democrática y de corte occidental que la ha diferenciado de las otras naciones del continente latinoamericano. Al punto que pudo soportar los primeros brotes de violencia ocurridos el 1 de enero de 1922, tras el nacimiento del Partido Comunista chileno.[16] Y más aún, al comienzo aceptó pacientemente el régimen marxista de Allende (que contaba con el apoyo directo de apenas un tercio del electorado), de manera que alcanzó a quedarse en el poder por un trienio.

La Constitución vigente en Chile es la de 1980 (que sustituyó a la de 1925, que a su vez reemplazó la de 1833), la cual fue propuesta por Pinochet y aprobada por la mayoría de los chilenos a través de un plebiscito. En la misma se establece la existencia de un Congreso con dos cámaras elegidas por voto popular: el Senado y la Cámara de Diputados. El Presidente y jefe del Ejecutivo, como en el pasado, es elegido directamente por el pueblo y nombra a los ministros y jueces de la Corte Suprema sobre la base de ternas presentadas por esas Cortes, debiendo la decisión presidencial ser ratificada por el Senado. Los magistrados son funcionarios de carrera judicial.

La administración regional está confiada a 13 intendentes regionales nombrados por el Presidente; cada comuna está dirigida por un alcalde y por concejales elegidos directamente por el pueblo, cuyo número es proporcional a la cantidad de habitantes.

Hasta el golpe de 1973 los partidos y movimientos políticos en Chile eran (de derecha a izquierda) el movimiento Patria y Libertad, el Partido Nacional (unía a liberales, conservadores y parte de los radicales), el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista, el Partido Radical, los pequeños Partido Socialista Democrático y Partido de Acción Independiente y, para finalizar, el Partido Comunista. En la extrema izquierda, lindando frecuentemente con métodos intimidatorios, actuaban el Movimiento de Acción Popular Unitaria, MAPU (ala de extrema izquierda separada de los democratacristianos en 1969), la Izquierda Cristiana nacida en 1971 y el peligroso y activo MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria).[17]

Después del golpe se suspendió la actividad política, que se retomó mientras Pinochet estaba en el poder. El cuadro político cambió y se compuso del Acuerdo Democrático Nacional, la Alianza Democrática, la Convergencia Socialista, el Bloque Socialista Chileno, el Movimiento Democrático Popular y el Partido Comunista. En la extrema izquierda operaban los terroristas del Frente Manuel Rodríguez, organización de orientación comunista que en el tiempo sustituyó al citado MIR.

CAPÍTULO II

Cuando escucho la palabra «intelectual» mi mano corre a la pistola.

Hanns Johst.[1]

Donde se habla de «intelectuales comprometidos» y de «teólogos de la liberación»

El gran cantor del marxismo chileno fue, sin lugar a dudas, entre todas las alabanzas que tuvo en Occidente, el poeta Pablo Neruda. A sus versos se deben, en buena parte, las lágrimas derramadas por tantos «intelectuales» radicales-snob sobre la sepultura de aquel Salvador Allende que no logró recorrer, sino por pocos años, la feliz vía cubana.[2]

Para entender el fenómeno del izquierdismo de los ambientes «intelectuales» es necesario tener presente que fue una moda ideada en Moscú, que se arrastró durante toda la segunda mitad del siglo XX.

Exactamente la misma cosa se verificó, hacia el final del siglo, con la llamada «corrección política» en temas como la cuestión racial y la homosexualidad.[3]

No es una casualidad que el desarrollo del extremismo de izquierda en Chile, como en todos los países latinoamericanos y europeos, se haya manifestado hacia el final de los años 60 e inicio de los 70, cuando en el mundo explotaba la rebelión juvenil y proliferaban los así llamados «intelectuales comprometidos», como Pablo Neruda, aquel Neruda que en 1970 celebró la ascensión de Allende al poder con las siguientes palabras: «Ha nacido un movimiento liberador de enormes proporciones que llevó a la presidencia de Chile a un hombre llamado Salvador Allende, para que realice actos de justicia impostergables».[4]

Fuese quien fuese Neruda (alto exponente del Partido Comunista chileno, pero «capitalista», propietario de diversas casas, una de ellas en Valparaíso con una hermosa vista al mar y otra en la base del cerro San Cristóbal que domina Santiago) lo podemos entender leyendo una publicación del diario italiano Il Messaggero. En septiembre de 1993, éste reproducía un artículo que comenzaba con un elogio al poeta y escritor soviético Ilia Ehrenburg (quien, en 1945, animó a los soldados de la Armada Roja a no dejar vivo a ningún alemán, ni siquiera a un bebé, y a no dejar de violar a ninguna alemana, fuera niña o tuviera 90 años).[5]

Hay que reconocer, entre tanto, que el autor de dicho artículo tenía cierta sinceridad: después de haber admitido que Pablo Neruda era «un comunista convencido, empeñado hasta el cuello», ponía en evidencia (aunque en los términos herméticos típicos del intelectualismo de izquierda) que el poeta era «crítico en el momento justo». Esto equivale a decir que se adaptaba de buen ánimo al cambiar del viento, lo cual no impidió a los comunistas chilenos proponer a Neruda como candidato presidencial en 1969.[6]

Es una pena que Neruda haya muerto en 1973. Si hubiera vivido por algunos años más, hubiéramos saboreado el embarazo de un comunista que solía definir a la Unión Soviética como «Madre (con M mayúscula) de los hombres libres», y que había hecho imprimir aquel Que despierte el leñador, una de las más ridículas alabanzas que subsiste sobre la Unión Soviética y la persona de Stalin. Con obras de este tipo, Neruda obtuvo en 1971 un Premio Nobel.[7] Lo que no sorprende si se considera cómo, por qué, por quiénes y a quiénes son entregados los Nobel de Literatura y de la Paz. Significativo, en este sentido, es el caso del argentino Jorge Luis Borges, a quien le negaron a último momento el Nobel de Literatura porque había sido recibido privadamente por Pinochet.[8]

En aquellos años, los años de los exámenes colectivos y de las notas garantizadas en la universidad, leer a Neruda significaba «cultura» y permitía ser admitido en los salones de los intelectuales. Eran años en los que un oportunista como Pablo Neruda podía gloriarse de tener el título de «mejor poeta contemporáneo del idioma español» gracias a obras como su Incitación al Nixonicidio, exhortación al asesinato del presidente estadounidense Richard Nixon.[9] Los años en los cuales en la universidad, en las horas en las que los alumnos habrían debido estudiar, debatían las ventajas que el comunismo habría podido ofrecer (palabras textuales de Neruda) a las «mujeres en lágrimas de las minas de cobre y carbón de Chile», aquel Chile en donde «de noche […] en la húmeda casa del minero, llega la orden del carnicero y se despiertan los hijos llorando». Tristeza infinita la que Neruda ve en las minas chilenas, animada entre tanto por la viva descripción que el mismo Neruda (para alegría de sus admiradores) hacía de las minas y fábricas de la Unión Soviética: «Me detengo en los Urales y expando mi alma […] Un canto de martillos alegra el bosque antiguo como un nuevo fenómeno celeste. Y aquí veo […] mujeres, amor, fábricas y cantos, escuelas que brillan como flores […] el humo de miles de talleres, los olores textiles, la maravilla de la energía domada […] rebalsa un nuevo impulso para el mundo». Descripción conmovedora, especialmente si se toma en cuenta que fue compuesta en una lujosa residencia situada en los Urales, a dos pasos de los campos de trabajos forzados que el poeta fingía no ver.

Y eso no es todo: aprenda de Pablo Neruda, paciente lector, qué es lo que se necesita escribir para obtener un Nobel: «Unión Soviética, si juntáramos toda la sangre derramada en tu lucha, la que diste como una madre al mundo para que la libertad agonizante viviera, tendríamos un nuevo océano […] En ese mar hunde tu mano, hombre de todas las tierras, y levántala después para ahogar en él al que olvidó, al que ultrajó, al que mintió y al que manchó, al que se unió con cien pequeños canes del basural de Occidente para insultar tu sangre, Madre de los libres».

Y aun resbalando, peor todavía, hundiéndose en el ridículo: «En tres habitaciones del viejo Kremlin, vive un hombre llamado Stalin. Tarde se apaga la luz de su cuarto. El mundo y su patria no le dan reposo. Otros héroes han dado a luz una patria, él además ayudó a concebir la suya, a edificarla a defenderla […] en el ancho terreno de la U. R. S. S. Stalin trabajó noche y día […] Stalin los enfrentó en todas las vastas fronteras […] hasta Berlín sus hijos como un huracán de pueblos llegaron y llevaron la paz ancha de Rusia».

Cuando murió Stalin, Neruda le dedicó estos versos: «Stalinianos. Llevamos este nombre con orgullo. Stalinianos. ¡Es ésta la jerarquía de nuestro tiempo! En sus últimos años la Paloma de la Paz, la errante rosa perseguida se detuvo en sus hombros y Stalin, el gigante, se levantó a la altura de su frente».

Neruda es sólo superado por Salvador Allende en lo que se refiere a homenajes póstumos a Stalin. En un acto del Partido Comunista chileno, Allende señaló que Stalin había sido «símbolo de paz y construcción, bandera de revolución, de ejecución creadora, de sentimiento humano agrandado hasta la plenitud». Luego agregó que millones de hombres «le deben si no deuda de conciencia, si no deuda de alegría, los horizontes magníficos de una existencia grande para este presente y un futuro esplendoroso para las generaciones futuras».

Doscientos millones de muertos le costó al mundo el comunismo. Neruda, entre tanto, junto a los comunistas chilenos, fue de los primeros en felicitar al Kremlin por la invasión a Checoslovaquia: estas cosas no le interesaban.

Tampoco interesaban a otros seguidores de Neruda, como el «intelectual» Antonio Skármeta, que en 1998, después de haber comentado el arresto de Pinochet en Londres («La alegría me enloquece», fueron sus palabras), tuvo la desfachatez de decir que Pablo Neruda (el cantor trovador de Stalin) «era un poeta, y los poetas desafían a los dictadores, en Chile y en cualquier parte del mundo».[10] O como el omnipresente y locuaz «intelectual» Luis Sepúlveda, que, perteneciente a la guardia personal de Allende, participaba del bonachón pacifismo de su Presidente.[11] O como el de Ernesto Sábato, que en 1998 acogió el arresto de Pinochet con un «suspirado» (y debidamente «intelectual») «¡Por fin!, era realmente la hora», aunque admitió poco después que «en Santiago, Pinochet tiene aún una gran popularidad».[12] Este es el chileno Neruda y, por lo tanto, estos son sus amigos «intelectuales».

Todavía más. Después de servir a Stalin, la genuflexión nerudiana se dirigía a los acólitos: «Molotov y Voroshilov están allí, los veo, con los otros, los altos generales, los indomables. Firmes como nevados encinares. Ninguno de ellos tiene palacios. Ninguno de ellos tiene regimientos de siervos. Ninguno se hizo rico en la guerra vendiendo sangre. Ninguno de ellos va como un pavo real […] Ellos dijeron “Camarada” al mundo. Ellos hicieron rey al carpintero. Por esa aguja no entrará el camello. Lavaron las aldeas. Repartieron la tierra. Elevaron al siervo. Borraron al mendigo. Aniquilaron a los crueles. Hicieron luz en la espaciosa noche […] radiantes y determinados, acerados, sonrientes […] guerreros del Volga que vencieron la muerte […] Vendrán los que lucharon desde Pedro hasta los nuevos héroes que asombraron la tierra».[13]

Y para terminar, Neruda, dirigiéndose al mundo en impaciente espera, escribe: «¡Tú y yo, vamos a abrir las puertas para que pase el aire de los Urales a través de la cortina de tinta!». Después, al concluir, amenaza de un modo muy poco disimulado: «Desde el laboratorio cubierto de enredaderas saldrá también el átomo desencadenado, hacia vuestras ciudades orgullosas».[14]

«Los grandes zapallos escuchan», había escrito Neruda en 1925 en su poema Residencia en la tierra, quizás presagio de cuán devotamente lo habrían escuchado, en los años 60 o 70, ciertas cabezas de zapallo. Y hasta qué punto lo escucharon algunos «intelectuales»: todos ellos, compuestos y sin desternillarse de la risa, leyeron y escucharon hasta sus poesías más cretinas, como las que hablaban de hombres «con la voz ronca como piedras del fondo» o de «potrillos azules que huelen a pan». Y quién sabe si, entre ellos, el italiano Paolo Flores d’Arcais (otro «intelectual»), según el cual «entre las represiones castristas y los crímenes en masa de Pinochet hay un abismo: porque los pesos son muy distintos, distintas tienen que ser las medidas»: Flores d’Arcais no demostraba nada y ni siquiera se preocupaba de explicar el significado de sus propias e increíbles afirmaciones.[15] Pero hablaba. Hablaba hasta el punto de añadir, siempre herméticamente, que «la iniciativa de Baltasar Garzón es de las que dan esperanza sobre el significado de palabras como democracia y justicia».[16]

Basados en habladurías de este tipo, se difundió en el mundo, a partir de los elegantes ambientes de los «intelectuales» y de la «cultura comprometida», el mito del «buen Salvador Allende», contrapuesto al «malvado Augusto Pinochet».[17]

Un mito nacido de una oleada propagandística que martilló sin control y que se prolongó por décadas. «La caída de Allende y la subida de Pinochet», escribirá poco después el ex embajador e historiador Sergio Romano. «Creyeron en la imaginación colectiva hasta transformarse en un trágico mito, similar al de la Guerra Civil Española, temática inagotable de algunos de los miles de libros, películas, memorias biográficas, proclamas y manifiestos».[18]

No hay por qué maravillarse. Frente a los alevosos y continuados fracasos de la política económica, social y moral del marxismo, y particularmente frente a sus crímenes, era necesario crear un mecanismo de compensación psicológica que, en la esperanza de sus creadores, restableciera los equilibrios. De este modo, en una especie de obsesión binaria, como sostiene el escritor francés Jean-Frangois Revel, los disgustos del marxismo podían ser aliviados: bastaba que después de cada comentario sobre lo que sucedía en los países comunistas, alguno se pusiera a gritar «¡Pinochet, Pinochet!». Eso, según Revel, «exorciza los demonios».[19]

Del mito maniqueo del «buen Allende» y del «malvado Pinochet» no se escaparon, sin lugar a dudas, ciertos sectores «progresistas» de la Iglesia chilena. Peor aún. Y es este un tema que merece ser tratado.

Hacia el final de febrero de 1987, cuando Santiago se preparaba para las celebraciones del decimocuarto aniversario de la ascensión al poder de la Junta Militar y del ocaso comunista, se registró una explosión en un edificio popular.

Poco después un joven y una muchacha levemente herida, pero bien armados, fueron vistos salir del edificio y desaparecer. La policía no tuvo mayor dificultad para descubrir en dicho departamento una bomba en preparación, un arsenal de armas y bastante material de propaganda comunista. La policía encontró, además, un documento de identidad que le permitió reconocer a la muchacha: era ni más ni menos que una sobrina del obispo Carlos Camus Larenas, principal opositor a Pinochet, objeto de una célebre entrevista en El Mercurio en la cual juzgaba como «no inmoral» cualquier atentado contra la vida de Pinochet y definía como «héroes» a los eventuales responsables del atentado.[20]

En una situación de evidente embarazo, el obispo declaró que las acusaciones contra su sobrina preferida eran parte de una «campaña de persecución» que desde hacía tiempo se llevaba a cabo no sólo contra su persona, sino «contra toda la Iglesia Católica». Campaña que según Camus se había intensificado después de que El Vaticano había anunciado la visita del Papa a Chile. El obispo no explicó, entre tanto, el motivo por el cual el Gobierno y el mismo Pinochet querían atacar a la Iglesia justo en el momento de la visita papal.

En cambio, era bien claro para todos que en ciertos sectores «progresistas» del episcopado chileno, muy cercanos a la arquidiócesis de Santiago, desde hacía tiempo se abastecía al terrorismo comunista y filocubano con ayuda no sólo humanitaria (alimentos y asistencia médica) sino también con ayuda en dinero efectivo, salvoconductos y ropa para camuflarse. Entre los terroristas que encontraron protección en la arquidiócesis fueron identificados incluso aquellos que habían tomado parte en el enfrentamiento de Malloco.[21] Fueron también identificados otros terroristas que escaparon a las redadas de 1983 y 1984 que estaban vinculados al asesinato del intendente de Santiago, general Carol Urzúa.[22]

Hechos estos ampliamente confirmados por otros acontecimientos; hablemos sobre el tema, partiendo algunos años antes del ascenso de Salvador Allende al poder.

Ya en los años 60 (exactamente desde octubre de 1962, como consecuencia de la confusión generada después del Concilio Vaticano II), se habían manifestado en Chile las primeras señales de abandono de la doctrina tradicional de la Iglesia por parte de un buen número de religiosos: a través de un trasbordo ideológico basado en la exaltación exacerbada de la justicia social, dichos religiosos habían aceptado una especie de evangelio marxista que, en la práctica, quería poner a la Iglesia al servicio de la revolución materialista y que, como refiere el autor chileno Miguel de Nantes, partía de conceptos heréticos como: «Cristo fue un precursor de Marx, por lo tanto el primer revolucionario».[23]

Una ayuda consistente fue la concedida a la izquierda marxista y atea por aquella parte del episcopado chileno más cercano a la llamada Teología de la Liberación, desviación teológico-social nacida en Nicaragua, acentuada en Perú (por el sacerdote y teólogo Gustavo Gutiérrez), en Haití y en Brasil (por el teólogo fray Leonardo Boff) y también en El Salvador.[24]

Con estas palabras se expresaba en un libro sobre el tema el sacerdote chileno Miguel Poradowski, profesor en la Universidad Católica de Valparaíso: «Hay sacerdotes que han aceptado el marxismo después de haber sufrido un lavado de cerebro: es gente que en vez de evangelizar al pueblo, lo están marxistizando. Y existen después los llamados tontos útiles, personas de buen corazón pero sin criterio, unos ingenuos, incautos, víctimas de la propaganda marxista y de la confusión que reina en toda la Iglesia después del Concilio Vaticano II».[25]

Es interesante un comentario del estudioso Pacheco Pastene: «En los años 60 apareció el diálogo entre cristianos y marxistas, no tanto desde el punto de vista doctrinario como del empeño en realizar acciones conjuntas». Y sobre esto añaden Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez: «En aquel clima de entusiasmo irreflexivo, el empuje hacia el diálogo era una cosa que coincidía con los propósitos y planes del marxismo-leninismo. Las consecuencias no tardaron en manifestarse y al terminar los años 60 muchos sacerdotes se alejaron de su camino. Y fueron justamente los obispos los que abrieron dicha brecha».[26]

Pero no hay que generalizar. Los estudiosos Eugenio Yáñez y Gonzalo Rojas Sánchez refieren que, después del golpe de Estado en 1973, no toda la Iglesia católica chilena se alineó contra la Junta Militar: «Algunos obispos y sacerdotes», se lee, «dieron gracias a Dios por el golpe de Estado, muchos vieron de buenas ganas la caída del régimen marxista y para otros lo que sucedió el 11 de septiembre de 1973 fue un mal menor». Y así lo confirman los numerosos encuentros entre Pinochet y no pocos eclesiásticos católicos, evangélicos y ortodoxos, y la ceremonia pública en Linares con el obispo local y varios sacerdotes. [27]

En cambio, entre los religiosos católicos, además del Cardenal Raúl Silva Henríquez, del obispo Carlos Camus Larenas (secretario de la Conferencia Episcopal) y de algunos otros de quienes se hablará a lo largo de estas páginas y que se hicieron notar por su reiterada posición a favor de la izquierda, hay que señalar a los obispos Enrique Alvear, Carlos González Cruchaga, Sergio Contreras, Tomás González, Jorge Hourton y Fernando Ariztía. En una posición crítica respecto a la forma como enfrentaba el problema de los derechos humanos el Gobierno Militar, se encontraban los obispos Bernardino Piñera, José Manuel Santos, Alejandro Jiménez y Sergio Valech.[28] A estos obispos católicos se sumaron, además, el religioso luterano Helmut Frenz (coordinador del Comité Pro Paz y que posteriormente fue expulsado del país)[29] y el rabino Angel Kreiman (con el cual Pinochet tuvo después un cordial y esclarecedor encuentro). Todos ellos intercedieron a favor de los marxistas y recibieron una diplomática respuesta de Pinochet, en la cual les agradecía «el deseo manifiesto de una pacificación nacional que está en los objetivos de todos».[30]

Algunos años después, en 1976, los ya citados Alvear, González Cruchaga y Ariztía fueron arrestados en Ecuador, en la localidad de Riobamba, acusados por el gobierno de intervenir en la política interna del país y de proyectar la subversión a nivel continental, siendo posteriormente expulsados por las autoridades de Ecuador. La misma suerte tuvo el más estrecho colaborador de González Cruchaga, José Comblin, equivocado sacerdote belga, considerado uno de los más activos propagandistas de la Teología de la Liberación: fue expulsado de Brasil, en 1971, por sus contactos con el terrorismo local, favorecido por la protección del obispo «progresista» Helder Cámara. En 1974 la Junta Militar expulsó a Comblin de Chile, pero la medida fue revocada gracias a un perdón concedido por el despiadado Pinochet.

Monseñor Silva Henríquez había sido nombrado arzobispo de Santiago el 29 de junio de 1961. Un preanuncio de los daños que el nuevo prelado traería al país se tuvo cuando éste, entrevistado por el diario La Nación, el 25 de febrero de 1962, no tuvo reparos en afirmar que: «es torpe negar todo lo comunista por el hecho de ser comunista. Han hecho realizaciones positivas en el orden moral público».

Y el 30 de septiembre de 1962, confirmando su orientación favorable a la izquierda, Silva Henríquez hizo una declaración pública que le tendía una mano al marxismo ateo y que parecía haber sido concordada con Pablo Neruda. En efecto, apenas doce días después, el 12 de octubre de 1962, hablando en el teatro Caupolicán, el poeta tuvo el coraje de sostener que el país en el cual la familia gozaba del mayor respeto era la Unión Soviética. «Por lo tanto», sostuvo Neruda, «cualquier crítica contra Silva Henríquez no puede ser sino mentirosa e instigada por los capitalistas imperialistas».[31]

Siempre hacia el final de los años 60, una pastoral del episcopado chileno se dirigió a «todas las personas de buena voluntad» (comunistas incluidos) para que «sea abierta la vía del progreso» y para que se acelerara la Reforma Agraria iniciada en 1967 por el democratacristiano Eduardo Frei Montalva, «que podía», según el mismo Silva Henríquez, «sustituir la opresión con un nuevo sistema de vida».

En realidad, la Reforma Agraria, cuya ejecución continuó Allende, destruyó (como se verá en el próximo capítulo) la producción agrícola, llevando casi al hambre especialmente a los sectores menos pudientes y a los mismos campesinos.[32]

Mientras tanto los jesuitas, que editaban la revista Mensaje, dirigida por el padre Hernán Larraín, en el artículo «Revolución en la visión cristiana», afirmaban que el pueblo chileno había «tomado conciencia de su inmensa fuerza propia» y que en el país se imponía, por lo tanto, «la necesidad de un cambio rápido, profundo y total». Era necesario, entonces, siempre según el artículo del padre Larraín, «romper decididamente con el llamado orden tradicional» y, como consecuencia, «construir partiendo desde cero, un orden absolutamente nuevo porque la revolución está en marcha». En el editorial de ese número se afirmaba: «No vemos cómo pueda conciliarse una actitud auténticamente cristiana con una actitud cerradamente antirrevolucionaria… No olvidemos que sólo unidos a Cristo podemos cristianizar la revolución en marcha».[33]

Artículos del mismo tipo aparecieron en Mensaje de 1963 y 1964, firmados por el jesuita Gerardo Claps (conocido por haber expresado, como crítico cinematográfico, aprecio por algunas películas inmorales y obscenas), quien explícitamente invitaba a los fieles a apoyar una eventual revolución marxista. Eran de tal manera agresivos sus escritos que en 1964 despertó la reacción de El Mercurio.[34]

Pero el colmo fue cuando el padre Hernán Larraín, en su revista Mensaje y particularmente en una entrevista a la revista Ercilla, defendió sin términos medios al sacerdote apóstata Camilo Torres, quien en Colombia había combatido como guerrillero marxista-leninista.[35]

Escandaloso fue también el nombramiento como docente en la Vicaría de la Pastoral Obrera, organismo perteneciente a la Arquidiócesis de Santiago, de José Sanfuentes, importante dirigente del Partido Comunista chileno.

Otro ejemplo fue la designación de un comunista (experto en reclutamiento, adiestramiento y abastecimiento de armas y explosivos, posteriormente muerto en un choque entre extremistas) como responsable de los archivos de la Vicaría.[36]

En 1967 y 1968 el Cardenal Silva Henríquez dio que hablar sobre él, cuando alentó a los estudiantes marxistas de una autodenominada «brigada estudiantil» a tomarse la Pontificia Universidad Católica de Santiago, obligando después al rector, monseñor Alfredo Silva Santiago, a renunciar porque había osado oponerse a aquella ocupación del centro de estudios. La Universidad pasó a estar de tal manera controlada por el grupo de jesuitas relacionados con el círculo izquierdista del Centro Belarmino, que fue nombrado rector el conocido democratacristiano de izquierda Fernando Castillo Velasco y elevado al rango de Gran Canciller el mismo Raúl Silva Henríquez. Otros religiosos, escrupulosamente elegidos entre aquellos políticamente comprometidos con la izquierda, obtuvieron cargos útiles para el adoctrinamiento de los alumnos, como el director de la revista Mensaje, padre Hernán Larraín, que fue nombrado director de la escuela de psicología, el padre Juan Ochagavía, designado decano de la facultad de teología, la cual rápidamente evolucionó hacia una activa célula «progresista», y el padre Gonzalo Arroyo, que obtuvo la cátedra de economía agraria con el encargo de preparar políticamente a los jóvenes sacerdotes que debían operar en las zonas rurales.[37]

Lo que sucedió el 11 de agosto de 1968 en la Catedral de Santiago, el principal lugar de culto en Chile, constituye una prueba de los desbandes filomarxistas de ciertos sectores del clero. Una docena de sacerdotes y más de doscientos laicos ocuparon la catedral y, después de haber adornado el púlpito con numerosos afiches del Che Guevara, iniciaron un comicio-debate durante el cual protestaron por la prohibición de la Iglesia de usar la píldora anticonceptiva, criticaron la visita del Papa a Colombia «porque es una nación capitalista» y rezaron por el bien de los «trabajadores explotados», por la «lucha popular en Uruguay», por los «detenidos políticos en Brasil» y, de modo particular, «por el Che Guevara, que todos consideramos un verdadero santo». El Cardenal Silva Henríquez, después de haber blandamente amenazado con sanciones esa profanación por parte de sacerdotes, se apuró a conceder su «perdón» y a reconocer «la bondad de aquellas intenciones y los aspectos positivos generados por ciertas tensiones».[38]

La única medida disciplinaria afectó al sacerdote español Paulino García, quien fue obligado a regresar a su país. Pocos meses después de su llegada a España, en septiembre de 1970, el expulsado se expresó en estos términos en carta a Gladys Marín, secretaria general «vitalicia» de las Juventudes Comunistas de Chile: «¡Adelante la izquierda, mierda! Ojalá lleguen al poder y acaben para siempre con la explotación, el hambre y la incultura. Su triunfo y la implantación del auténtico socialismo serán definitivos en América Latina… Sean fieles al marxismo. Su triunfo adelantará la historia».[39]

Siempre en 1968, el Cardenal Silva Henríquez convocó a un sínodo en Santiago y le encargó al jesuita Manuel Ossa (que obedeció escrupulosamente) la redacción de un documento de contenido «social», en el cual se subrayase que «gracias a la ayuda de algunos partidos políticos, especialmente de izquierda, el pueblo por fin ha tomado conciencia de su propia miseria». A este enunciado, el documento redactado por Ossa agregó, en los párrafos A13 y A14, una belicosa exhortación: «La miseria vivida se trasformó en una miseria consciente, con conciencia de las injusticias. Y ahora la voluntad de cambio se manifiesta como voluntad de revolución, dentro o fuera de la legalidad».

Un curioso tipo el padre Ossa: entrevistado por el diario El Mercurio, sostuvo pocos meses después que: «A la Reforma Agraria tiene que seguir la industrial, viciada hoy por el capitalismo». Y agregó que: «en Cuba, el Partido Comunista es el único existente por ser el único partido que puede promover el bien común».[40]

En 1968 y 1969, la Pontificia Universidad Católica, por entonces ya transformada en un centro político y teológico condicionado por las influencias que llegaban desde Moscú, ejerció tal poder sobre el Cardenal Silva Henríquez que acabó por confiarle la inauguración del año académico 1969 al ya citado obispo brasileño Helder Cámara (llamado también el «arzobispo rojo», por sus ideas abiertamente procomunistas). En aquella ocasión, delante de todos los estudiantes, el «arzobispo rojo» declaró textualmente: «Respeto la memoria de Camilo Torres y del Che Guevara en forma muy profunda y en general de todos los que en conciencia se sienten obligados a optar por la violencia. Sólo no respeto a los guerrilleros de salón».[41]

A Helder Cámara enseguida le hizo eco el docente de ética y filosofía de la misma universidad, presbítero Eduardo Kinnen (también nombrado por el Cardenal Silva Henríquez), que en una entrevista a El Mercurio afirmó abiertamente: «Hay muchas coincidencias entre la tradición occidental y el pensamiento de Marx». Luego agregó: «Coincidimos con Marx en su condenación del régimen capitalista tradicional».[42]

Enseñanzas similares, dirigidas a los futuros jóvenes sacerdotes, recibían el aplauso incondicional del Cardenal Raúl Silva Henríquez, quien, ese mismo año académico de 1969, confirió el título de doctor honoris causa a Pablo Neruda, de quien se habló ampliamente al iniciar el capítulo. Comentando con complacencia las capacidades literarias de Neruda, el arzobispo se lanzó en un entusiasta apoyo a la «utilidad» de la enseñanza de la doctrina marxista y además, aunque no lo crea el paciente lector, del ateísmo: «Ninguna de esas ciencias o doctrinas deja de tener una parte de la verdad», dijo textualmente el representante eclesiástico.[43]

Al acercarse las elecciones de 1970 (las que llevaron a Allende al poder), las iniciativas filomarxistas del episcopado chileno se multiplicaron.

En diciembre de 1969, entrevistado por algunos periodistas, Silva Henríquez afirmó que los católicos podían tranquilamente votar por un candidato como Allende, que además de marxista era ateo y masón.[44] Interpelado por la organización católica TFP para esclarecer su declaración, no se tomó el trabajo de responder.[45]

En abril de 1970 causó escándalo, entre otras cosas, una manifestación en la iglesia parroquial de Santa Catalina, no lejana de Santiago, durante la cual fue proyectada la película Lenin en Octubre, comentada por el dirigente comunista Carlos Maldonado, secretario general del Instituto de Estudios Marxistas, con la presencia de otros dirigentes comunistas, como Héctor Benavides, quienes felicitaron al párroco por la brillante iniciativa. Los mismos felicitaron también a Silva Henríquez por haber prohibido, pocos días antes, la celebración de una misa por las víctimas del comunismo.[46]

En agosto de 1970 el Canal 13, de propiedad de la Universidad Católica, transmitió una película propagandística (grabada en Cuba y que incluía, entre otros temas, una entrevista a Fidel Castro) que fue llevada desde La Habana a Santiago por el sacerdote Juan Ochagavía, en uno de sus frecuentes viajes a la isla[47].

Un mes después, en septiembre de 1970, una iniciativa conjunta de algunas organizaciones de izquierda católica (Movimiento Obrero de la Acción Católica, Acción Católica Rural, Juventud Universitaria Católica) obtuvo del padre Manuel Segura, provincial de la Compañía de Jesús, una carta que invitaba a todos los jesuitas a apoyar a la izquierda: «El programa de la Unidad Popular», escribió el padre Segura, «persigue algunas finalidades que son auténticamente cristianas».[48]

Y siempre en septiembre de 1970, con las elecciones a la puerta, la Conferencia Episcopal hizo aún más, expidiendo a favor de Allende una declaración firmada por su presidente, monseñor José Manuel Santos, y su secretario general, Carlos Oviedo Cavada, en la que expresaban que los obispos chilenos estaban conscientes del hecho de que el país «está en el umbral de una nueva época histórica». Y agregaban: «Los cristianos queremos participar con los valores del Evangelio en la formación del “hombre nuevo”». Enseguida, afirmaban: «Hemos cooperado y queremos cooperar con los cambios».[49]

El mismo Allende estaba perfectamente consciente del fuerte apoyo episcopal y preelectoral, a tal punto que en 1970 afirmó, sin titubear, al New York Times: «Creo que la Iglesia no será un factor de oposición al Gobierno de la Unidad Popular.

Al contrario será un elemento a nuestro favor, porque estaremos intentando convertir en realidad el pensamiento cristiano».[50]

Fue una profecía exacta: cuando Allende ganó las elecciones de septiembre de 1970, las primeras felicitaciones llegaron del arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez, que declaró públicamente su «plena disponibilidad para ayudar a la realización de los grandes programas formulados por el nuevo Gobierno para el bien público».[51]

Y a la victoria electoral de los socialistas y comunistas siguió el Tedeum «ecuménico» de acción de gracias en la Catedral de Santiago el mismo día que asumió Allende como Presidente de Chile.[52]

Pocos días después, durante un encuentro con dos periodistas cubanos (Luis Báez, del periódico Juventud Rebelde, y Gabriel Molina, de Radio La Habana), el arzobispo confirmó el pleno apoyo de la Iglesia al programa de la Unidad Popular y aseguró que entre el episcopado y Allende no había «ninguna discrepancia».[53]

Pocos meses más tarde, el 1 de mayo, Silva Henríquez asistió, en la tribuna de honor al lado de Allende, a una manifestación de la Central Única de Trabajadores, máximo organismo sindical dirigido y controlado por el Partido Comunista.[54]

En esos mismos días, monseñor Fernando Ariztía y monseñor Carlos González regresaron de una misión en Cuba. «En la Cuba de Fidel Castro», expresaron los dos religiosos en la entrevista a la revista comunista Mundo 71, «existe estrechez y hasta pobreza pero sin miseria». Poco después, obligados a mencionar el racionamiento de alimentos existente en Cuba, los dos prelados lo definieron como «repartición equitativa de los medios disponibles».[55] En septiembre de 1971, en El Vaticano se produjo la célebre gaffe de monseñor Sergio Contreras, quien interrumpió un discurso en el sínodo de Roma para leer, en presencia del Papa, una declaración, en nombre del Cardenal y los obispos chilenos, en la cual se afirmaba que Chile «marchaba hacia el socialismo por la vía democrática» y pedía a la Iglesia Católica, en nombre de los obispos chilenos, que se revisaran los conceptos de libertad y propiedad.[56]

Y cuando en noviembre de 1971 Fidel Castro visitó Santiago, Silva Henríquez quiso rendirle personalmente homenaje en el aeropuerto. «Conozco sus pronunciamientos», le respondió el dictador cubano, «y he sentido simpatía personal por su posición».[57]

Hacia el final de 1971 las cosas se ponían mal para Salvador Allende. Las huelgas, protestas y manifestaciones se multiplicaban. Y justamente entonces el Cardenal Silva Henríquez intentó darle una mano al amigo en dificultad. Hablando desde Canal 13 (con el que a su gusto hacía uso político) afirmó que el Gobierno de Allende trabajaba «sincera y arduamente por el bienestar de la colectividad» y que la Iglesia estaba «feliz por los grandes pasos realizados por el país hacia la participación y la igualdad».[58]

En los primeros meses de 1972, cuando se constituyó en Santiago el grupo marxista Cristianos por el Socialismo (que extendería sus estructuras también en el extranjero), el Cardenal, en carta al jesuita Gonzalo Arroyo, le expresó: «Cómo es posible que la Compañía de Jesús permita que se piense que ella tiene una orientación marxista». A pesar de esto no dudó en tener con los extremistas un largo encuentro, definido por la revista Qué Pasa como «muy cordial».[59]

Poco después, en junio de 1972, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, reunida en Río de Janeiro, consideró oportuno sintetizar las líneas de programa y las estrategias preferidas por los teólogos de la liberación. Ahí expresaron que había que instrumentalizar la fe para descubrirla en la acción revolucionaria para implementar el socialismo. Ahí se encontrará a Dios.

También se referían a la «instrumentalización de la caridad». Para ello había que «comprometerse con la revolución marxista hasta las últimas consecuencias».[60]

En coincidencia con las estrategias de los teólogos de la liberación que recién apenas hemos citado, Allende inició enseguida un descabellado proyecto de reforma educacional que introducía una Escuela Nacional Unificada, o sea, una escuela laica obligatoria. Entonces el sector izquierdista del episcopado chileno también encontró con Allende puntos de entendimiento: «El proyecto contiene aspectos positivos que nosotros apoyamos sin titubear», afirmaron en una declaración oficial los obispos Silva Henríquez y Oviedo Cavada, a quienes en aquellos días parecía interesarles sólo la supervivencia del régimen.[61]

Pasaron los meses y Allende estaba cada vez más en dificultades (al punto que dijo: «Si el pueblo quiere, renunciaré»), cuando el 20 de octubre de 1972 una delegación de obispos, presidida por el monseñor Ismael Errázuriz (Silva Henríquez estaba en Roma), fue recibida por Allende en el palacio presidencial: «La situación es difícil pero no desesperada», declararon los obispos al final del coloquio. «Esperamos que todos los chilenos de buena voluntad se unan para salir adelante».[62]

Para el episcopado de izquierda, por lo tanto, el objetivo con mayor prioridad era la continuidad del régimen marxista: lo que coincidía con los propósitos de los teólogos de la liberación.

Confirma esto lo expresado por Silva Henríquez en enero de 1973 a los fieles de la provincia de Magallanes. Les dijo que rogaba «a Dios, todos los días, que Chile siga tranquilo. Es mi mayor deseo y ambición en estos momentos».

Como para reiterar las palabras del Cardenal, un mes después, febrero de 1973, La Prensa reprodujo las expresiones del jesuita Gonzalo Arroyo, dirigente de los Cristianos por el Socialismo. En una conferencia, organizada por el Partido Comunista y el MIR para rendir honor al terrorista Camilo Torres, el sacerdote afirmó públicamente: «El Cardenal Silva Henríquez dijo en una ocasión que el socialismo era inevitable y que él lo compartía».[63]

En junio de 1973 el Cardenal Silva Henríquez asistió a una reunión en Toledo, España. Sus declaraciones en esa ciudad no dejaron de sorprender. Ahí expresó: «Hoy día los comunistas temen la guerra civil porque no están seguros de ganarla» […] «Más de la mitad de nuestro clero es extranjero. Y dentro del clero de izquierda el grupo de extranjeros es de un 60%. Sostienen que Marx, para decirlo en pocas palabras, vale tanto o más que la Biblia». Luego señaló: «El régimen marxista que impera en Chile ha llevado al país al descalabro más grande de su historia en materia económico-social». Intuyendo lo que vendría, dijo: «La solución no se ve clara, y mucho me temo que no sea pacífica». Luego agregó: «Nosotros queremos dialogar con los comunistas, dialogar con los marxistas, dialogar con los ateos. Pero para dialogar con ellos no tenemos que renunciar a nuestros principios».

Vanas fueron las protestas de los sectores católicos. Los católicos tradicionales de la TFP escribieron en su periódico: «A la ruina económica de la nación, el Estado socialista le ha sumado la ruina moral, englobada en un proyecto que quiere volver atea a la juventud, a través la nueva Escuela Nacional Unificada».

Cuando a partir de septiembre de 1973 el control de Chile quedó en las manos de la Junta Militar de Augusto Pinochet, la iglesia cato-comunista y «comprometida» pasó abiertamente a la oposición.[64]

A pesar de todo esto, uno de los primeros gestos de la Junta Militar chilena, dos días después del golpe (el 13 de septiembre de 1973), fue el de acercarse al Cardenal Raúl Silva Henríquez y, por intermedio del almirante Vio, hacerle saber que todos los miembros de la Junta eran católicos y que deseaban tener con la Iglesia chilena las mejores relaciones. Como única respuesta, al día siguiente (el 14 de septiembre), el Cardenal publicó un documento en el que demostraba su simpatía por los marxistas en cuanto ellos eran movidos por un «sincero idealismo». Pocas horas después, el 15 y 16 de septiembre, el mismo Silva Henríquez rechazó el pedido de la Junta de celebrar un Tedeum en la Catedral de Santiago, aunque finalmente aceptó hacerlo en la Parroquia de la Gratitud Nacional. Al acto asistieron, entre otras personalidades, los ex Presidentes Gabriel González Videla, Jorge Alessandri Rodríguez y Eduardo Frei Montalva. Mientras tanto, monseñor Fernando Ariztía destacaba, en una carta enviada a Pinochet, «gran inquietud» por los arrestos de los extremistas de izquierda.

Había pasado una semana de la caída de Allende y ya las relaciones entre el Cardenal Silva Henríquez y la Junta Militar eran tensas. Y no por voluntad de la Junta.[65]

En los días siguientes el obispo Carlos Camus Larenas no dudó en definir como «inmoral y antidemocrática» a la Junta Militar presidida por Pinochet, contraponiéndola al que definía como «democrático Gobierno de Salvador Allende». Después, ante el innegable descubrimiento de 70 toneladas de armas procedentes desde la Unión Soviética y Cuba, destinadas (con el beneplácito de Allende) a las formaciones paramilitares comunistas, se las arregló sonriendo y definiendo la cosa como «un detalle del todo irrelevante». Y tiempo después no hizo ningún misterio sobre el hecho de que sabía dónde se escondía la ya citada sobrina.

No sorprende el comentario del semanario chileno Negro en el Blanco, que algunos años después, en marzo de 1987, formulaba ciertas preguntas que deberían haber causado embarazo en la Iglesia local: «En la actitud del obispo Camus, ¿no se esconden quizás restos de aquel extremismo cristiano marxista tan querido por el sacerdote terrorista Camilo Torres? ¿Cuáles compromisos existen entre ciertos sectores de la Iglesia y algunos ambientes del terrorismo? ¿Cuánto está metido Camus en los asuntos del extremismo marxista?».

Todos los aquí citados, en el ámbito del clero de Santiago, no fueron las únicas personas contaminadas por la ideología marxista que contribuyeron a la fábula de «Allende el bueno» y de «Pinochet el malo».

«Cómo no definir de marxista», comentaba de hecho, en Italia, la revista Il Borghese, «al obispo auxiliar de Santiago, Jorge Hourton Poisson, entrevistado por Giangiacomo Foa, del diario Corriere della Sera, quien ha dicho que el único terrorismo existente en Chile en los años de Pinochet era el terrorismo de Estado ¿No es así como se expresaban en los años más trágicos del terrorismo italiano las Brigate Rosse (Brigadas Rojas)? ¿Cómo no definir de marxistas a los misioneros franceses dirigidos por Pierre Dubois y junto con él expulsados del país?[66] ¿Y al religioso belga Andrés Jarlán, muerto casualmente durante un tiroteo en una población de Santiago? ¿Y a los padres José Aldunate Lyon y Mariano Puga, especializados en organizar tumultos callejeros?[67] ¿Y al obispo de Punta Arenas, monseñor Tomás González, generoso en dar entrevistas a Radio Moscú, al diario comunista italiano l’Unitá y a otros medios de extrema izquierda? Era gente, ésta, que detrás del hábito talar lograba esconder la más peligrosa maniobra de penetración del marxismo en la Iglesia chilena. Solamente el noticiero TG2 de la RAI era capaz de considerar a González como lo más representativo del clero chileno».[68]

Las cosas empeoraron cuando, en julio de 1974, una protesta de padres de familia denunció las enseñanzas marxistas dadas a sus hijos en el elegante Saint George’s School. Esto obligó a la Junta Militar a intervenir, cambiando al rector por un alto oficial de la FACH, el coronel Verdugo.[69]

Y las cosas empeoraron aún más cuando un año después, esta vez aunque parezca increíble, por culpa del Vaticano: en agosto de 1974 Paulo VI concedió una audiencia a Hortensia Bussi de Allende, viuda del ex Presidente, quien fue recibida por él aunque se tratase de una simple ciudadana, privada de toda representación oficial.

Al claro resentimiento de Pinochet siguió una dura declaración del general Gustavo Leigh Guzmán, en la cual se señalaba a los obispos chilenos como «posibles vehículos del marxismo internacional».[70]

Siempre en 1974, otra cuestión que se derivó fue el alejamiento por parte del rector de la Universidad Católica de Chile, Jorge Swett, de algunos docentes abiertamente marxistas.[71]

Por investigaciones realizadas después del golpe militar se supo que los curas holandeses Gilberto de Jones y Eduardo Dielis, aprovechando la tácita complicidad del Gobierno de Allende, habían constituido una posta de primeros auxilios para terroristas. En esos mismos locales sacerdotes y terroristas del MIR preparaban explosivos, en particular paquetes-bombas con la apariencia de libros que, enviados a adversarios políticos, habían producido algunas víctimas.[72]

Sucedió también que en la calle Moneda 1845, en los subterráneos de una entidad asistencial del Arzobispado de Santiago, donde se reunían habitualmente terroristas del MIR, existían notables cantidades de dinamita, tritol, nitrato de amoníaco y bombas incendiarias de fósforo blanco, además de 120 bombas de mano y 60 granadas de mortero. Todo era cuidado por un sacerdote, poco después arrestado y a partir de allí recordado por la prensa internacional como «víctima de la dictadura de Pinochet».[73]

En el barrio O’Higgins, en Valparaíso, se identificó al sacerdote Hudson, uno de los más activos colaboradores de un grupo del MIR. Y en la ciudad de Quillota el tristemente recordado sacerdote español Antonio Llido estaba a cargo de una banda de extremistas que se preparaba a asumir el control de una zona rural. De él y de su actividad, que causó desagrado incluso en el exterior, se hablará más adelante.[74]

En Santiago, en la parroquia Nuestra Señora de la Victoria, en el número 4721 de la calle Ranquil, fue descubierto un depósito de armas que el párroco Renato Gavio había colocado detrás de la sacristía junto a una biblioteca circulante compuesta de libros marxistas. Cuando Gavio fue desenmascarado, el vicario episcopal de la zona, monseñor Gustavo Ferraris, protestó duramente y garantizó la buena fe del párroco; pero después, delante de los hechos y frente a la plena confesión del sacerdote, se vio obligado a disculparse ante las autoridades.[75]

Otros depósitos de armas de fabricación checoslovaca provenientes desde Cuba fueron descubiertos después de 1973, en haciendas ocupadas por grupos cato-comunistas adiestrados en la guerrilla: en la hacienda Casas Viejas, cerca de Loncoche, y en las haciendas Santa Delia y El Eucaliptus, en las cercanías de Parral.

Se comprobó que en los años de la Unidad Popular elementos de la izquierda católica, con plena aprobación de Allende y del Arzobispado, habían constituido un grupo de guerrilla llamado Frente Patriótico de Liberación Nacional, que se mantuvo activo después del golpe. Su sede principal estaba en la localidad de Malloco, pero sus ramificaciones se extendían a las localidades de Copiapó, Curicó, Chillán, Temuco, Osorno, Puerto Montt, Ancud y Puerto Natales.[76]

Cuando el 15 de octubre de 1975 la policía irrumpió en una vivienda de la comuna de Malloco, se produjo un enfrentamiento armado en el que quedó herido el terrorista Nelson Gutiérrez. Este fue llevado al convento religioso Notre Dame por el jesuita Fernando Salas y la monja estadounidense Helen Nelson. En dicho enfrentamiento participaron también Andrés Pascal Allende, la joven Marie Anne Beausire, amante de Pascal, y María Elena Bachman. Posteriormente las investigaciones revelaron que de las actividades del grupo eran parcialmente responsables, además del ex rector del colegio Saint George’s, padre Gerardo Whelan, el jesuita Patricio Cariola, la doctora inglesa Sheila Cassidy (que se lamentó de haber sido torturada durante el interrogatorio), el sacerdote estadounidense John Devlin, los sacerdotes chilenos Patricio Gajardo, Víctor Grislain y Fermín Donoso y las monjas chilenas Pabla Armstrong y Peggy Lepsig, ambas de la congregación Maryknoll, conocida por su tendencia filomarxista y muy activa también en Nicaragua.[77]

En el curso de las investigaciones y no obstante las reacciones del Cardenal Silva Henríquez, fueron arrestados los curas italianos Giuseppe Muriedo Rosso y Angelo Salvatori, quienes escondían material de propaganda y libros sobre técnicas de guerrilla entre los paramentos sagrados. Ambos declararon durante el interrogatorio que formaban parte de las Comunidades Cristianas de Base.[78]

Todas las personas aquí citadas, parece inútil decirlo, entraron a formar parte del automultiplicador elenco de las «víctimas» de la represión, que en muchas partes se atribuye a la sed de sangre de Pinochet. No era solamente la Iglesia Católica la que albergaba en sus filas a algunos predicadores del marxismo.[79] Los cultos evangélicos, valdenses y metodistas no se quedaban atrás, a juzgar por lo que escribió en 1986 su diario La Luce, impreso en Turín y distribuido en toda Italia, en particular en la Iglesia Valdense de la plaza Cavour, en Roma.

Pródiga en elogios a Allende y al régimen sandinista de Nicaragua y pletórica de desdén por Pinochet y Sudáfrica de aquellos años, La Luce tocó tales cumbres de comicidad que se mereció un artículo irónico de seis páginas en el semanario II Borghese. Lograba realizar de hecho, el diario valdés y metodista, una increíble mermelada de «formas de lucha a nivel local contra el apartheid», que se iban a efectuar en la pequeña localidad de Pinerolo, de alabanzas a cinco encopetados denominados Spandau Ballet que castigaba a Sudáfrica negándole la exportación de sus discos, de críticas a la bárbara opresión francesa de Nueva Caledonia, de alabanzas a una cierta Lidia Menapace, según la cual «la sexualidad tiene un carácter no rígidamente previsible», de profundas «reflexiones sobre el cuerpo del vivido homosexual» y de tratados sobre «Pinochet horror». Al punto de considerar con benevolencia, en la primera página y firmado por el reverendo pastor Luciano Deodato, la hipótesis del asesinato del tirano chileno.

«Debo confesar», se leía en un artículo escrito por Deodato, «que también yo, como tantos otros, delante del anuncio de que el atentado a Pinochet había fallado, exclamé: ¡Qué lástima, esperemos que la próxima vez vaya mejor!»[80]

El disgusto del Santo Padre frente a la creciente politización del clero sudamericano se manifestó públicamente cuando en 1979 recordó a los obispos llegados a Roma para la visita ad limina: «No sois ni un simposio de expertos, ni un parlamento de políticos y ni un congreso de científicos o de técnicos. Sino que sois pastores de la Iglesia».[81]

Algunos años después, una eficaz llamada de atención vino de parte del Cardenal Joseph Ratzinger que, en la presentación de un libro del sacerdote Nicola Bux, criticó públicamente el comportamiento de algunos sectores de la Iglesia Católica y del Consejo Ecuménico de las Iglesias (que en Ginebra coordina 332 iglesias nacionales, mayoritariamente protestantes y ortodoxas, con un total de 300 millones de fieles), por haber dado ayuda financiera a los movimientos subversivos y terroristas latinoamericanos, olvidando en cambio los sufrimientos de las «iglesias del silencio» perseguidas por los regímenes comunistas.[82]

Para confirmar la amplitud de la campaña anti-Pinochet, a continuación damos algunos ejemplos significativos.

Típico fue el caso de la delegación de un Comité Interparlamentario italiano por la Democracia en Chile, que proveniente desde Roma logró visitar (en pleno régimen militar, sin dificultad ni control) algunas ciudades chilenas y no pocos opositores. A tal extremo que el sacerdote italiano Gianni Valledosso, que la integraba, se puso en evidencia, sin inconvenientes, declarando abiertamente en Santiago que: «Augusto Pinochet puede ser definido como uno de los principales criminales de la historia de la humanidad». Estas palabras de Don Valledosso eran especialmente significativas porque pocos meses antes dicho comité había sido recibido con todas las atenciones en El Vaticano por monseñor Silvestrini, en representación del Papa. ¿Qué pasaría (dan ganas de preguntarse) con el extranjero que en Roma afirmase públicamente que el jefe de Estado italiano es un criminal?

Hay que notar que Italia estaba en primera fila si se trataba de iniciativas contra el régimen de Pinochet. Cuando el Cardenal Roger Etchegaray tuvo un afectuoso encuentro con un dirigente comunista chileno, Orlando Millas (recién llegado desde Moscú), el hecho tuvo casi el efecto de una competencia episcopal: el desafío fue recogido por el Cardenal milanés Carlo María Martini, que a su vez, dando libre curso a sus conocidas simpatías «progresistas», se precipitó a Roma para encontrarse con una delegación de la cual formaban parte destacados comunistas, como la chilena Fanny Pollarolo.[83]

Y mientras tanto en Bolonia (si bien lo mismo sucedía, sin límites de gastos, en Viena, Helsinski y Ginebra), algunos miembros de la Iglesia italiana «comprometida» recibían oficialmente a una delegación de dirigentes de la izquierda chilena, compuesta por personajes como Volodia Teitelboim, Hernán del Canto, Benjamín Teplizky, Luis Maira, Eduardo Valenzuela, Gonzalo Rovira, Sola Sierra, Germán Correa, Juan Luis González, Jorge Alfaro, Máximo Pacheco, Alfonso Insunza, Pedro Felipe Ramírez, Ricardo Hormazábal y Manuel Sanhueza, y enviaban mensajes de solidaridad a los terroristas del MIR y del Frente Manuel Rodríguez. La verdadera estrella del evento, entre tanto, era Hortensia Bussi de Allende, viuda del ex Presidente, feliz de agregar la ciudad de Bolonia a la lista de lugares visitados después de la muerte de su marido.[84]

La radio y televisión del Estado italiano dieron al evento la máxima publicidad, describiéndolo como momento lleno de sentido humano y democrático: pero, como se aclaró enseguida, o como refirió el semanario chileno Negro en el Blanco, la autodenominada Comisión Internacional de Investigación sobre los Crímenes de la Junta Militar Chilena, que había organizado el encuentro, no era otra cosa que una criatura de la KGB y del Comité Central del Partido Comunista soviético, entidades que habían pagado todos los gastos.

Y como si esto fuera poco, la dirigente comunista chilena Gladys Marín, camuflada detrás de un Grupo de Familiares de Presos Políticos, era recibida por algunos obispos y en El Vaticano por representantes de la Comisión Pontificia Justicia y Paz. El obispo Aldo del Monte aprovechó la ocasión para enviar al Papa un documento en el cual se condenaba «la represión sistemática, la prisión política, las torturas y el exilio» existentes en el Chile de Pinochet. Ninguna palabra por parte de monseñor Del Monte sobre la represión existente en Cuba o en otros países comunistas. Ninguna palabra sobre los opositores a Pinochet que, usando financiamientos provenientes desde Moscú y desde casi todas las naciones europeas, libremente viajaban a Santiago y volvían haciendo declaraciones belicosas y pidiendo apoyo «para derrocar al tirano».

El enamoramiento entre la izquierda europea (incluidas organizaciones terroristas) y algunos sectores de la Iglesia Católica tuvo una confirmación ulterior cuando uno de los máximos exponentes de la organización terrorista MIR, Andrés Pascal Allende, sobrino de Salvador Allende, fue cordialmente recibido en La Habana por el nuncio papal en Cuba.

La comunidad católica holandesa, mientras tanto, daba vida a una impresionante campaña llamada «Chile-Iglesia-Tiranía», que no tenía ninguna otra finalidad que la de difundir entre los fieles el odio por Pinochet y la añoranza a Allende. El resultado de dicha iniciativa fue el envío al Vaticano de miles de postales preimpresas que invitaban al Santo Padre a «no consentir que su visita a Chile sirviese de ayuda a un régimen que encierra en prisión y que tortura». Casi lo mismo sucedía en España, en donde los teólogos católicos Hernán Soto (autor del libro Iglesia y Dictadura, dedicado especialmente a la situación chilena), Mario Boero y Enrique Correa, junto al chileno José Antonio Viera-Gallo, usaban la revista Araucaria, perteneciente al Partido Comunista, para confirmar la incompatibilidad entre las posiciones de la fe católica y las de la presidencia de Pinochet.

Pero el demagógico baile de las iniciativas «por la libertad de Chile» no se limitaba a cuanto hemos dicho. Sin descanso y sin prestar atención a los gastos, florecían en los sectores radicales-chic y cato-comunistas del mundo occidental, también a nivel institucional, comités, congresos, sit-in, conciertos rock, marchas de protestas y, para alegría de los participantes y de sus familiares, viajes colectivos como el que realizara a Santiago, en 1987, un autodenominado Comité de Apoyo para las Elecciones Libres en Chile, promovido por el resucitado Jimmy Carter, recién salido del gobierno con una baja nota electoral. O como aquel organizado por el marxista Consejo Mundial por la Paz, dirigido por Romesh Chandra, que en 1974 fue de visita, con cargo a los contribuyentes mundiales, a México, Venezuela, Colombia, Ecuador y Argentina, para hablar, parece superfluo decirlo, sobre Chile. Y siempre en 1974, en un mundo entonces dividido en dos bloques que sembraban sangrientas guerras en todos los continentes, en un mundo en que al menos la mitad estaba bajo despóticas dictaduras, se constituía una comisión internacional de investigación sobre Chile, que inmediatamente daba lugar a costosas citas en los más elegantes hoteles de Helsinki, Copenhague y Ciudad de México. Huéspedes de honor: Carlos Altamirano, Pedro Vuskovic y la omnipresente Hortensia Bussi de Allende.[85]

En noviembre de 1975 hubo un tempestuoso encuentro entre Pinochet y el Cardenal Silva Henríquez, en el cual el general solicitó al purpurado la disolución del Comité Pro Paz, cuyas conexiones con el terrorismo internacional marxista se habían probado ampliamente. Silva Henríquez pidió que la solicitud fuese formulada a través de una carta oficial y, luego, disuelto el Comité pro Paz, se apresuró a sustituirlo (un mes después, en enero de 1976) por una organización idéntica llamada Vicaría de la Solidaridad, también ésta desde el inicio ampliamente infiltrada por elementos del MIR.[86]

La música no cambió por más de una década, frente a un mundo que permanecía indiferente ante los horrores del comunismo en Europa, Asia, África y América Latina, pero que observaba con microscopio lo que pasaba en el Chile de Pinochet.

Una sabrosa ocasión para llamar la atención mundial se ofreció a la Iglesia «comprometida» con ocasión de la visita de Juan Pablo II a Chile, a principios de abril de 1987. ¿Podía haber un mejor momento publicitario para dar al Papa y al mundo una imagen de un Chile reducido a la desesperación por la tiranía de los ricos y los militares, un Chile oprimido por la violencia de Estado?

Ese año, poco antes de la visita del Papa, el Cardenal Raúl Silva Henríquez reunió en Viena a un grupo de agitadores chilenos expulsados del país (un «dictador despiadado» los habría tenido en la cárcel en vez de expulsarlos) y les manifestó su voluntad de hacer de la presencia de Juan Pablo II en Santiago «un momento importante para el regreso de la democracia en el país». Un concepto que Silva Henríquez confirmó el 9 de marzo de 1987 en los micrófonos de Radio Vaticano.

En la misma línea, en febrero de 1987, el comunista Ariel Urrutia, portavoz del Comando Nacional de Trabajadores, declaró que su organización sabía bien «qué hacer con ocasión de la visita papal» y que los sindicatos y el clero «comprometido» y las fuerzas obreras presentarían al Papa «un país en estado de movilización social». Palabras que fueron confirmadas a Radio Moscú en una entrevista telefónica con el dirigente demócrata-cristiano Rodolfo Seguel, que prometió una «activa presencia» en todos los lugares que el Papa visitara.

Declaraciones similares fueron hechas por Athos Fava, secretario general del Partido Comunista argentino, que el 5 marzo de 1987 le aseguró a Mijail Gorbachov la «maciza movilización» de los trabajadores, del clero y de los estudiantes argentinos, cuando llegara el Papa, paralelamente a la que organizarían en el vecino Chile.

Al mismo tiempo, en Santiago, los terroristas del Frente Manuel Rodríguez hicieron público un documento en el que llamaban al país a la «movilización de masas con ocasión de la visita de Juan Pablo II», precisando que en este cuadro de movilización del cual participarían las masas católicas no se excluiría el «recurso de la lucha armada, gracias a la cual el Papa podrá constatar que el pueblo chileno no es pasivo».

Como se ve, con motivo de la visita papal a Chile, la izquierda estimuló la ya maciza obra de movilización y desinformación sobre la situación chilena, puesta en pie en sectores laicos y católicos, según las indicaciones de la KGB.[87]

Un trabajo atento y científico, en el que participaban parte del clero, los sindicatos y los movimientos de izquierda. Toda gente que en 1987 no estaría viva si Pinochet se hubiera comportado como lo habría hecho cualquier dictador comunista.

Pero el intento de hacer de la visita de Juan Pablo II, en abril de 1987, la ocasión para realizar una violenta ofensiva contra Pinochet les falló rotundamente.

La perturbación del orden público fue mínima y los hechos desilusionaron las esperanzas de quienes querían dar al mundo la imagen de un Pinochet en desacuerdo con el Papa y detestado por la enorme mayoría de los chilenos. Cuando llegó el momento, los socialo-comunistas, sindicalistas y curas de izquierda apenas lograron juntar un par de miles de agitadores que regresaron corriendo a casa después de haber gritado algún eslogan y haber recibido abundantes chorros de agua que les arrojó la policía, la cual por decisión de Pinochet estuvo desarmada.

Es inútil preguntarse, dado el clima «cultural» de aquellos días, por qué motivo ningún canal de televisión internacional exhibió al Papa y Pinochet que, juntos desde el balcón del palacio presidencial, respondían al entusiasmado saludo de una enorme multitud que se había congregado, pese a lo incómodo de la hora, ya que la jerarquía eclesiástica, para dificultar la asistencia de público, había fijado la reunión para las 8 de la mañana, y por qué las cámaras de televisión estaban apuntadas hacia unos pocos cabezas calientes que, según los comentaristas, representaban a «todo» Chile.[88]

La misma escena, más o menos, sucedió durante los festejos en honor del Santo Padre en el Parque O’Higgins: allí fueron arrestados diez o veinte revoltosos que, vaya coincidencia, habían sido invitados a la manifestación por la Arquidiócesis de Santiago. Y algo similar sucedió en los barrios populares, en el Estadio Nacional y en los locales del Hogar de Cristo, donde se vio a algunos jóvenes sacerdotes incitando a los presentes a manifestarse contra el encuentro del Papa, sustituyendo las oraciones por gritos y eslóganes políticos de orientación antigubernamental. Movidos por estas incitaciones, en el estadio algunos individuos (todos ellos estaban en posesión de invitaciones dadas por el clero local) arriaron y pisotearon las banderas chilena y del Vaticano, sustituyéndolas durante algunos minutos por la bandera roja del MIR.

Pero la campaña de desinformación basada en la visita papal no se desmontaba y empleaba, con discreto éxito, el auxilio de algunas instituciones: un caso típico, entre otros, fue el del Parlamento Europeo que, casi como burla, decidió ocuparse de la visita papal a Chile, aprobando una moción en favor de los «demócratas chilenos, que habían manifestado, con la aprobación del Papa, su oposición a la dictadura, y que por ello habían sido víctimas de una sangrienta represión». Fruto de la imaginación y la mala fe, tanto la supuesta aprobación del Papa como la sangrienta represión.

La prensa «progresista» hacía, como siempre, caja de resonancia y canal de desinformación. Así, el Washington Post hablaba de 104 muertos con ocasión de los desórdenes que, decía, habían hecho de marco a la visita del Papa. Y, mientras tanto, la revista Times sostenía que en Santiago el Papa había dedicado la mayor parte del tiempo a reprochar a Pinochet por sus malas acciones.

En Italia, en cambio, cosa rara, la izquierda sostenía tesis opuestas: una misteriosa Comunidad de San Pablo, como otra misteriosa Comunidad de Base de Roma y un insignificante diario llamado Com Nuovi Tempi, expresaban en un semiclandestino manifiesto pegado en torno al Vaticano la «viva y abierta discrepancia por la forma como se desarrolló el viaje del Papa a Chile». La televisión pública italiana, con un informe de Franco Catucci en el TG1 del 5 de abril de 1987, definía a Chile como un país dividido entre oprimidos y opresores.

Después, nada más.

Cuando Juan Pablo II volvió a Roma, la verdad comenzó a aparecer a través de los miles de testimonios y fotografías y a la izquierda no le quedó otra cosa que atrincherarse en su vieja táctica de la conjura del silencio: temiendo un enésimo papelón, ¿qué otra cosa podía hacer con la ayuda de los mass media, sino recurrir al olvido? Bajo los ojos del Papa, de hecho, no habían sucedido las fuertemente anunciadas (¡y deseadas!) «sangrientas represiones» y nadie había gritado al mundo lo que los comunistas y curas comprometidos querían que el mundo supiera. La única defensa, por lo tanto, fue el silencio de la prensa: un arma nada difícil de usar (como hemos sabido, en 1999, en Italia a través de las revelaciones de Vasili Mitrokhin) cuando se controla una prensa vendida o culturalmente conformista.[89]

Las cosas, de hecho, durante la visita papal, se habían desarrollado del peor modo posible para los intereses de la izquierda. Juan Pablo II había entendido enseguida la situación y tuvo coloquios amistosos con Pinochet y con su familia, se dejó ver diversas veces junto a él y desde su palco había observado quiénes y con qué técnicas de guerrilla habían desencadenado desórdenes. Había constatado también la moderación con que las fuerzas del orden intervinieron y, cosa quizás aún más importante, había visto con sus propios ojos de qué parte estaba alineada la mayoría (o una enorme parte) del pueblo. Peor aún, con dolor para la izquierda promoscovita, inmediatamente después de su regreso al Vaticano, el Pontífice hizo llover una serie de medidas disciplinarias sobre no pocos religiosos «progresistas» (el primero de ellos Don Juan Peretiatkowicz), invitados a la dimisión o a unas vacaciones sin retorno.

¿Y el Cardenal Raúl Silva Henríquez? Siempre de pie el arzobispo, siempre a flote. Maestro del oportunismo, cuando Allende parecía estar firme en su sillón solía pronunciar repetidas «exhortaciones» en las que deseaba aquello que él definía como «continuidad constitucional», o sea, continuidad del régimen marxista. Pero pocos años después, con Pinochet en el poder, en una entrevista concedida al diario El País, el ilustre purpurado reconoció: «Los militares no han querido el poder, sino que fue la mayoría del pueblo chileno la que los empujó a asumir dicha responsabilidad».

Algunos años más tarde, en 1982, el casi octogenario Silva Henríquez ofreció al Vaticano (que la acogió con alegría) su renuncia como arzobispo de Santiago. Y desde aquel momento, poniéndose en la cola del viento anti-Pinochet que había invadido el planeta, Silva Henríquez continuó como activo opositor y, a través del Comité Pro Paz por él creado, fue el influyente inspirador secreto de la oposición.[90]

Veamos cómo hablaba de Silva Henríquez el diario Corriere della Sera: «Enemigos, Pinochet tiene muchos, pero hay uno que es más enemigo que los otros. Es Raúl Silva Henríquez, Cardenal jubilado y arzobispo de Santiago hasta 1982, cuando ofreció su renuncia acogida naturalmente con alivio. Amigo personal de Salvador Allende, a quien juzga un mártir de la democracia, el Cardenal no se ha retirado a la vida privada y es considerado en Santiago como el animador de la resistencia católica».

En la entrevista concedida a dicho diario, Silva Henríquez proseguía una letanía de mentiras propagandísticas: «Pinochet es sostenido sólo por el Ejército», «la situación económica del Chile de Pinochet es desastrosa», «la política económica y social de Pinochet fue un fracaso», etc., hasta manifestar de modo bastante explícito el deseo que Pinochet tuviera un accidente o se muriera de un infarto.

En la misma entrevista, es interesante también la indicación sobre la ayuda que la Comunidad Europea concedía en aquellos días a Silva Henríquez para la reconstrucción después de un terremoto que había golpeado a Chile en marzo de 1985. Ayuda que, precisaba el Corriere della Sera, en un artículo firmado por Arturo Guatelli, «por obvios motivos no puede ser dada directamente al Gobierno». No explicaba el diario por cuáles «obvios motivos» el Gobierno de Pinochet no podía recibir ayuda humanitaria que, en cambio, era concedida generosamente por Europa e Italia a las dictaduras comunistas, como las existentes en dichos años en Etiopía, Mozambique, Angola y Nicaragua. Y no precisaba tampoco por qué dicha ayuda, que Italia no quería confiar al Gobierno chileno, debía ser entregada a un Cardenal retirado y no a la Iglesia chilena.[91]

Las cosas, de todos modos, no cambiaron mucho cuando en 1983 sucedió a Silva Henríquez el Cardenal Juan Francisco Fresno, que el 23 de diciembre de 1985 tuvo un dramático choque verbal con Pinochet.[92]

La campaña de prensa anti-Pinochet, la exaltación de la obra de Allende y los intentos de adulterar la visita papal no eran otra cosa que algunos aspectos de una inmensa maniobra internacional orquestada por la KGB y el Comité Central del Partido Comunista soviético, con la patética complicidad de los «idiotas útiles» de la izquierda occidental, para cubrir uno de los más colosales fracasos marxistas: el naufragio del Gobierno de Salvador Allende.

Así, en 1998, en el Corriere della Sera, el historiador y ex diplomático Sergio Romano describía el desarrollo de dicha maniobra en el continente latinoamericano: «Hacia el final de 1958 los barbudos de Fidel Castro conquistaron La Habana e instauraron en Cuba un régimen que al inicio era popular y democrático, y después fue comunista. Cuba y Castro se convierten en un modelo para los grupos radicales y no hay país de América Latina en el cual no se registren, en la primera mitad de los años 60, episodios de protesta violenta, terrorismo y guerrilla urbana. En Uruguay, Brasil y Argentina el fenómeno toma mayores proporciones y amenaza la estabilidad de los gobiernos. Una parte del clero sostiene la protesta y proclama la Teología de la Liberación». Y Sergio Romano prosigue: «En 1965 un revolucionario argentino, el Che Guevara, dejó La Habana para dedicarse a la organización del movimiento revolucionario en Bolivia, pero fue arrestado y asesinado dos años después. Los militares intervienen. Sostenidos de un lado por los sectores sociales más moderados, en 1964 toman el poder en Brasil y en 1966 en Argentina. Cuba se vuelve un cuartel general de la revolución, la casa madre de un nuevo comunismo tercermundista. La internacional de esta nueva revolución, llamada Tricontinental, realiza en La Habana una cumbre estratégica. Los Estados Unidos, después de la crisis provocada por la instalación de los misiles soviéticos en Cuba, sin dudarlo dieron apoyo a los regímenes militares y autoritarios. Entre 1970 y 1973 sobreviene el drama chileno. Allende conquista la presidencia y empieza a gobernar precariamente con una coalición de minoría que cada vez se vuelve más maximalista y marxista».[93]

La izquierda mundial no podía admitir que los hechos demostraran que el Gobierno marxista instaurado en Chile había sido impuesto a la población, que era una extensión de la dictadura cubana y de Fidel Castro y de los servicios secretos moscovitas y, peor aún, que dicho Gobierno marxista había llevado al país (y especialmente a las llamadas clases débiles) a un estado de miseria que significaba el hambre.

Como comentaba Augusto Pinochet en julio de 1974, lo que estaba en acción contra Chile era «una astuta maniobra dirigida por el comunismo internacional a continuación de la derrota sufrida en Chile».[94] Lo que entre tanto Pinochet no refería, era la cantidad de ayuda que la CIA y las empresas privadas norteamericanas, como veremos en los próximos capítulos, habían erogado y aún erogaban a los grupos antimarxistas chilenos, al menos para contrarrestar la maciza ayuda que llegaba desde Cuba, Moscú y algunos países europeos.[95]

Este era, en resumen, el cuadro de la campaña mundial de desinformación que partió inmediatamente después de la caída del régimen marxista chileno. Para el llamado hombre de la calle europeo, gracias a esa campaña, Allende era el legítimo y amable jefe de un Gobierno democrático, mientras Pinochet era un sanguinario dictador, opresor del pueblo, un golpista llegado al poder gracias a las bayonetas del Ejército y al asesinato de miles de opositores.

Con desprecio hacia la verdad, se llegó a crear, por parte de la prensa y la televisión, un condicionamiento mental de la opinión pública, según el cual Allende había «introducido reformas», mientras que el sucesivo colapso de la economía chilena era «el inevitable costo de la construcción del socialismo». Al final se inventó, incluso, que Allende no se había suicidado sino que había sido asesinado por los hombres de Pinochet. Y sobre este tema, como veremos más adelante, la verdad fue confirmada desde distintas partes. Pero aquellos que habían mentido no sintieron el deber de rectificar sus afirmaciones.[96]

Como observaba Il Borghese en septiembre de 1988, el término «dictador» era reservado, por la televisión italiana y europea de aquellos días, solamente a los regímenes de derecha, comenzando por el de Pinochet, que concedía a sus ciudadanos la libre salida del país y la libertad de prensa y, aún más, como veremos, los plebiscitos periódicos.[97] Los dictadores, para la televisión y periódicos europeos, existían solamente en Occidente. Para los países comunistas se hablaba de «gobiernos» o, gran concesión a la verdad, de «regímenes». Todavía hoy, en el siglo XXI, se califica a Pinochet de «ex dictador», mientras Fidel Castro es el «líder máximo» o «el presidente cubano».[98]

«Los países democráticos de Europa Occidental», escribe Juan Alberto Díaz Wiechers, «estaban tomados por una visión maniquea que divide la historia en buenos y malos y eran, en consecuencia, gobernados por personas del lobby socialdemócrata representado por individuos como Willy Brandt, François Mitterrand y Olof Palme, que sin profundizar sobre la verdadera situación de Chile y entre mil exageraciones, transformaron la Junta Militar de Pinochet en un paria político. Las mentiras orquestadas por la izquierda europea influyeron incluso sobre partidos europeos de derecha, que por motivos electorales se cuidaron bien de no tomar la defensa de Pinochet. A esto contribuyó el estado de decadencia ideológica del continente europeo donde, desde hace tiempo, la gente se ha acostumbrado a hablar de derechos y a olvidarse de la existencia de deberes. Bajo la presión de patéticos movimientos pacifistas, hasta el mismo concepto de defender la patria de una amenaza externa y el concepto mismo de patria, eran en Europa considerados prejuicios retrógrados o, peor aún, fascistas. El lema de los pacifistas alemanes era: “Mejor rojo que muerto”».[99]

De dicha visión de la historia, prosigue Juan Alberto Díaz Wiechers, ha nacido una especie de mitología que querría pintar los años de Allende como un período de felicidad y los de Pinochet como uno de miseria y tristeza sin fin.

En los capítulos siguientes trataremos de acercarnos a la verdad.

CAPÍTULO III

Decir la verdad un prejuicio pequeño-burgués.

Lenin[1]

Cuando Allende estaba en el poder

En el capítulo anterior se habló de la existencia de una maniobra internacional manejada por Moscú a través de Cuba, a la que se oponía la CIA estadounidense. En este cuadro, la ascensión de Salvador Allende Gossens al poder no fue obra exclusiva de los marxistas chilenos. Y toda su gestión, desde el 4 de noviembre de 1970, cuando ingresó al palacio de La Moneda como Presidente (había sido elegido el 4 de septiembre),[2] hasta el 11 de septiembre de 1973, momento en el que salió como cadáver, estuvo en manos moscovitas y cubanas.[3]

Para tener una idea del cuadro internacional en el cual Allende llegó al poder es necesario considerar la finalidad y las actividades de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), creada en Cuba en agosto de 1967 (en plena guerra fría) con el objetivo preciso de extender la subversión a todos los países de América Central y América del Sur.

Veamos qué dice el documento constitutivo de OLAS: «La insurrección armada es el único camino para conquistar el poder por parte del pueblo trabajador. Por lo tanto, proclamamos que la lucha armada constituye la línea fundamental de la revolución en América Latina y que organizar, iniciar, realizar y concluir victoriosamente la lucha armada es hoy la tarea fundamental e inmediata de nuestro movimiento revolucionario».[4]

Pero Moscú y La Habana no le pidieron a Allende atenerse, al menos al comienzo, a dicha línea. Al contrario, en el ámbito de las estrategias de Moscú, Allende fue un instrumento para experimentar en un país occidental un nuevo sistema democrático y electoral de conquista del poder: un sistema alternativo al leninista basado en la revolución armada y en la guerrilla. Repetidas afirmaciones en tal sentido fueron reproducidas por la prensa mundial (en particular las publicaciones francesas Le Monde y La Croix) en los meses anteriores a la ascensión de Allende a la presidencia.[5]

Augusto Pinochet, en una entrevista otorgada en 1986 al periodista italiano Lucio Lami, expresó sobre el tema: «Los comunistas y socialistas chilenos tenían vínculos de dependencia de Moscú que son demostrables. Su programa era el de la dictadura del proletariado y utilizaban la democracia solamente para llegar al poder. Junto a la Unidad Popular, aquella gente hacía de todo para que Chile se transformara en un satélite de la Unión Soviética».[6]

Según los historiadores Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez: «El paso final para la destrucción de la democracia en Chile fue la elección a la presidencia de Salvador Allende, hombre que consideraba que la Cuba de Fidel Castro era el modelo para imitar, pero que disimulaba bien su ímpetu revolucionario».[7]

Y si el primer paso de Allende, el de la conquista democrática del poder, reflejó fielmente el nuevo modelo experimental dictado por Moscú, el paso inmediatamente siguiente era el viejo modelo ideado por Lenin y Trotsky, basado no sólo en el terror y la violencia sino sobre todo en la ruina moral y económica del país, como si el aumento de la violencia, los abusos, expropiaciones, corrupción y pobreza pudieran hacer nacer en la gente el deseo de un orden que solamente los comunistas, en dichos años, se decían capaces de asegurar. En el fondo, ¿no era así también en Italia?

Sobre sus verdaderas intenciones, Allende y los suyos mantenían el secreto hasta cierto punto. No era difícil, analizando sus palabras y documentos, entender adónde querían llegar.

En 1965 el dirigente del Partido Socialista Adonis Sepúlveda hizo la siguiente declaración pública: «Afirmamos que es un dilema falso plantear que debemos ir por la vía electoral o la vía insurreccional. El partido tiene un objetivo y para alcanzarlo deberá usar los métodos y los medios que la lucha revolucionaria haga necesarios. La insurrección se tendrá que producir cuando la dirección del movimiento popular comprenda que el proceso social, que ella misma ha impulsado, ha llegado a su madurez y se disponga a servir de partera de la revolución». En 1967 las conclusiones del XXII Congreso del Partido Comunista fueron: «La conquista del poder es el objetivo estratégico que la presente generación deberá conseguir para instaurar un Estado revolucionario. Por ello la violencia revolucionaria es inevitable y legítima, en cuanto es la única vía para conquistar el poder político y económico. Las formas de lucha pacífica o legales no llevan al poder».[8] En la víspera de las elecciones de 1970, para obtener el apoyo de la Democracia Cristiana, Allende garantizó la aprobación de una modificación constitucional que aseguraba la plena libertad de información, de enseñanza y de expresión política. Menos de un año después, en una entrevista a su amigo periodista y escritor Régis Debray en la revista Punto Final, Allende admitió que se había tratado de una «necesidad táctica» y que «en ese momento lo importante era tomar el Gobierno». Y agregó un detalle aún más importante: «Si no hubiera sido elegido, las calles de Santiago estarían llenas de sangre».[9]

Es significativo el hecho de que, apenas elegido Presidente, Allende indultó y dejó en libertad a todos los terroristas del MIR condenados por la justicia: entre noviembre de 1970 y enero de 1971 fueron liberados más de 100 peligrosos y adiestrados individuos, que Allende definió como «jóvenes idealistas».

El mismo Allende, el 4 de febrero de 1971, tres meses después de asumir la presidencia, en una reunión de su partido en Valparaíso, declaró: «Yo no soy Presidente del Partido Socialista, yo soy el Presidente de la Unidad Popular, tampoco soy el Presidente de todos los chilenos. No soy hipócrita, no soy el Presidente de todos los chilenos».[10]

En 1971, Pedro Vuskovic, desde hacía poco ministro de Economía, anunció con estas palabras su proyecto de control estatal de la economía: «La finalidad de nuestra maniobra, que se conseguirá a través de la abolición de la propiedad privada, será la destrucción de las bases económicas del imperialismo y de la clase dominante».[11]

El concepto fue retomado en un documento del Partido Socialista, aprobado en el congreso de 1971 y divulgado en 1972 por el abogado Pablo Rodríguez, autor del libro Entre la Democracia y la Tiranía: «El Estado burgués», donde se lee: «no puede servir como base para la sociedad socialista. Por lo tanto hay que destruirlo y para tal fin los trabajadores deberán usar su fuerza para asumir el poder absoluto y gradualmente expropiar el capital privado».[12]

En 1972 Carlos Altamirano, en el seno del comité central del partido, afirmó: «Las tensiones hoy día deben llevarnos al choque. La revolución significa recurrir a la violencia».[13]

Palabras, éstas, literalmente, copiadas de un documento del moscovita Instituto de Marxismo-Leninismo, que afirmaba: «Apenas establecida en el poder, la clase trabajadora debe eliminar la propiedad privada de los medios de producción. La experiencia enseña que esto permite eliminar antagonismos de clases; como consecuencia, en un régimen socialista no habrá más necesidad de partidos contrapuestos al comunista».[14]

Igualmente clara es la orientación del Partido Comunista. En 1977, el secretario general Luis Corvalán reconoció públicamente que: «Al sostener desde 1956 la posibilidad de la vía pacífica en nuestro país, tuvimos en cuenta que se trataba sólo de una posibilidad, y además que de abrirse paso la revolución por dicha vía, en algún momento podría surgir la alternativa de la lucha armada. Consecuentemente nos preocupamos desde 1963 de la preparación militar de los miembros del partido». El 9 de julio de 1973, en el diario El Siglo, el mismo Corvalán admitió: «Nos acusan de querer el poder absoluto. Y bien, sí, nosotros tomamos para el pueblo todo el poder». Siempre en el mismo año, poco antes del golpe militar, un manifiesto comunista incitaba a la «preparación de las batallas decisivas». Por la misma fecha, Corvalán admitió la cínica doble cara de la propia política: «En el pasado nos decíamos contrarios a la guerra civil, pero al mismo tiempo nos preparábamos a la lucha armada con milicias que en poco tiempo las integraron 10 mil trabajadores».[15]

Era inevitable, con premisas de este tipo, que la desconfianza de los inversionistas llevara a la economía a una declinación. Existió indudablemente, como se verá en el capítulo IX, una maniobra estadounidense tendiente a herir la estabilidad económica del Chile de Allende: Así, a inicios de enero de 2003, la televisión italiana RAI 3 apuntaba el dedo contra «el obstruccionismo de las clases poseedoras de bienes», Estados Unidos, la CIA, Nixon, Kissinger, el Banco Mundial y los «bancos internacionales», sin hacer ni siquiera una mención a las expropiaciones.[16]

La desconfianza de los inversionistas se debía, además de las iniciativas económicas de Allende, también a sus propósitos políticos. Es interesante, en este sentido, una revelación de un libro de Hermógenes Pérez de Arce: «En julio de 1973, o sea algunos meses antes del golpe militar, yo era diputado del Partido Nacional y un periodista francés de nombre Jacques Hussenet me entrevistó para el diario parisino L’Aurore. Durante la conversación, que se realizó en Santiago en la terraza del hotel Carrera, espontáneamente Hussenet me dijo haber conversado con una parlamentaria socialista, quien le dijo que en Chile no se realizarían más elecciones políticas libres, en vista que estaba en marcha una revolución que daría vida a un régimen socialista análogo a los existentes en las llamadas “democracias populares”».[17]

El mismo ex Presidente democratacristiano Eduardo Frei fue profético. En una conversación con Robert Berrelez, director de la multinacional ITT en Buenos Aires, no dudó en definir como «un desastre para Chile» la ascensión al poder de Salvador Allende.[18]

Que el ánimo de Allende, como el de todos los políticos formados en la escuela marxista-leninista, escondiera la tentación del poder absoluto, es una cosa dicha y demostrada por el modo como en febrero de 1972, ante un voto parlamentario que le imponía un freno a la nacionalización, rechazó incluso discutir la cuestión y se limitó a imponer el derecho a veto.[19]

Como éste, se registraron otros tantos casos en los cuales Allende impuso su propia voluntad al Parlamento. Por ejemplo, cuando el 16 de diciembre de 1971 este organismo había ordenado una investigación sobre la actuación del ministro del Interior, José Tohá, quien había prohibido una asamblea de campesinos; en varias ocasiones había intentado poner límites oficiales a la libertad de prensa y había rechazado dar protección policial a las dueñas de casa que, mientras se manifestaban pacíficamente contra el Gobierno, habían sido agredidas por grupos marxistas.

Cuando Tohá fue nuevamente interrogado y criticado por el Parlamento, Allende lo salvó transfiriéndolo del sillón de ministro del Interior al de Defensa. Y el mismo juego hizo pocos meses después, para salvar al nuevo ministro del Interior, Hernán del Canto, a quien el Parlamento había acusado por su intento de poner límites a las libertades constitucionales.

No hay duda, por lo tanto, de que las iniciativas de los ministros contra la libertad tenían el apoyo de Allende o, aun más, que nacían de él. Así se expresó sobre el tema el senador demo-cratacristiano Renán Fuentealba: «El pueblo chileno rechaza el intento de la minoría que conforma el Gobierno, de dar vida a un régimen que está muy lejos de la democracia y del pluralismo. El Gobierno querría de hecho introducir en Chile un sistema que es mal soportado por otros pueblos, un sistema comunista que es incompatible con nuestro sistema democrático».[20]

Hacia finales de 1971, cuando quedó claro que la economía estaba en ruinas, el Parlamento (nuevamente gracias al voto de la mayoría de los diputados) redujo algunas partidas de gasto por un total de 306 millones de dólares y también en dicha ocasión Allende recurrió al veto e ignoró la voluntad parlamentaria. Otra vez lo intentó sin éxito, cuando quiso bloquear una propuesta de ley sobre la posesión de armas por parte de civiles.

Nada detenía a Allende: repetidamente puesto ante sentencias judiciales, incluso cuando la Corte de Apelaciones declaraba nulas las decisiones expropiatorias (como las célebres de las textiles Sumar y Oveja Tomé), recurrió al sistema de decretos de insistencia que le permitían, solamente en emergencias excepcionales, imponer su voluntad a la de los tribunales.[21]

Y, peor aún, cuando en junio de 1973 Allende chocó con un Parlamento que le era día a día más hostil, amenazó con disolver las dos Cámaras, porque, según él, mantenían una «actitud cada vez más obstruccionista hacia el Poder Ejecutivo». Pero pocas horas después, cuando algunos corresponsales de la prensa extranjera le preguntaron por qué no sometía la propia presidencia a un plebiscito popular, esquivó el tema.

Era inevitable, a estas alturas, que entre los integrantes del Partido Nacional y la Democracia Cristiana comenzara a correr la voz de que el único modo de terminar con Allende era recurrir a la fuerza.

Entonces, tambaleándose entre las dificultades de la política interna y los compromisos contraídos con Fidel Castro, Allende se zambulló aún más en las tácticas descritas, las que a nivel mundial se beneficiaban de la complicidad de los medios informativos controlados por las elites intelectuales y filomarxistas. Uno de los dos planes oficiales, confiado al propio Allende, se podría definir como «revolución legal». El otro, no oficial pero igualmente eficaz, era el «revolucionario» y estaba bajo la dirección del MIR, verdadero brazo armado de Allende, y de otros grupos análogos.[22] Hablaremos de él en los próximos capítulos.

Hambriento y bajo el chantaje de los terroristas que apoyaban al Gobierno, el Chile de Allende estaba al borde de un abismo y con la perspectiva de terminar, como quería Castro, convertido en un satélite de Moscú.

Hablemos ahora del Chile de Salvador Allende, y hagámoslo siguiendo los hechos paso a paso.

***

Como se ha dicho anteriormente, el 4 de noviembre de 1970 Salvador Allende subió al poder tras haber obtenido, dos meses antes, el 36% de los votos, es decir, una mayoría relativa. Un porcentaje, por lo tanto, que significaba para la izquierda un paso atrás respecto al 38,7% que habían conseguido en 1964. Pero esta vez la victoria contra su adversario, el anciano conservador Jorge Alessandri Rodríguez (la diferencia de votos fue solamente de 34 mil sobre un total de 3 millones de votantes), Allende la tuvo asegurada porque era candidato de una coalición.[23]

A esto hay que añadir el clima violento y de intimidación con el que (principalmente en las zonas agrícolas) la izquierda había conducido la campaña electoral. Baste recordar que Jorge Alessandri tuvo dificultades para realizar reuniones en ciertas zonas del país.[24]

La coalición de izquierda era un invento ocurrente, pero ya al partir presentaba graves incongruencias. El abogado Juan Alberto Díaz Wiechers nos ofrece una evaluación: «Una ideología internacionalista», escribe, «totalmente extraña a la historia chilena, que había enseñoreado sus reales en el país basada en el materialismo y en la presunción de que la historia de la humanidad está determinada por una eterna lucha de clases entre privilegiados y explotados, no podía afirmarse ignorando las componentes nacionales, idiomáticas, religiosas, culturales o étnicas tan importantes en un país latinoamericano. Agreguemos a esto que los marxistas chilenos, divididos entre la vía evolutiva (o democrática) para la conquista del poder y la vía revolucionaria, no lograban ponerse de acuerdo sobre cuál fuese la mejor. Y hay que agregar que, hasta 1970, el partido dominante en el área de la izquierda era el Radical, pero paulatinamente las corrientes socialistas, comunistas y extremistas desplazaron a los radicales tomando la delantera».[25]

Pero la creación de una coalición era también, ya se ha dicho, un encubrimiento perfectamente en línea con las instrucciones que en agosto de 1935 dio el Comintern moscovita a todos los partidos comunistas del mundo, durante el VII Congreso Mundial de la Internacional Comunista (el Comintern fue ideado en 1934). Estrategia, ésta, que en 1969 propuso para Chile el líder comunista Luis Corvalán.[26] Incluso apoyada por el Che Guevara, que al regalarle a Salvador Allende su libro La guerra de guerrillas así se lo había dedicado: «A Salvador Allende, que por otros medios intenta obtener lo mismo».[27]

O sea, que el Frente Popular, invención de los comunistas que tuvo gran éxito en los años 30, era el caballo de Troya que le habría permitido al Kremlin penetrar en los países que, por tradiciones o por características económicas, estaban lejos de la mentalidad colectivista y materialista. El nuevo lema comunista era: «Mano tendida a los católicos; mano tendida a los burgueses progresistas, radicales y socialdemócratas; honor a los intelectuales comprometidos».

En 1937 los radicales chilenos dieron los primeros pasos (sin, entre tanto, adherir oficialmente) hacia la nueva alianza socialo-comunista. Los resultados no se hicieron esperar y en octubre de 1938 el Frente Popular consiguió una estrecha victoria electoral. Otra victoria fue la de febrero de 1942 y otra aun la de 1946. Se registró en cambio, en 1938, una inversión de tendencia que luego cambió nuevamente en 1969. En esta fecha los socialistas y comunistas chilenos obtuvieron el apoyo de la corriente de izquierda de la Democracia Cristiana, dirigida por Jacques Chonchol y Rafael Gumucio.[28]

Y enseguida, después que obtuvieron esto, ahora oficialmente convencidos, de la corriente de izquierda del Partido Radical dirigida por Hugo Miranda, Carlos Morales Abarzúa y Patricio Valdés, al punto de provocar la renuncia de viejos representantes radicales como Pedro Enrique Alfonso y Julio Durán. En 1971, fagocitados por los socialistas, los radicales dejaron de existir como partido autónomo.[29]

Obtenida la victoria electoral de 1970, la coalición tuvo una efímera confirmación en la peleada victoria electoral de las elecciones municipales de abril de 1971 pero, como en todas las coaliciones, no logró nunca librarse de las propias divisiones internas. Un resumen de lo sucedido entre bastidores políticos y luchas de poder en el ámbito de la Unidad Popular, y que estuvieron en el fondo del programa común de las izquierdas, fue descrito por el ya citado periodista inglés Robert Moss.

La izquierda, escribe Moss, preparó las elecciones de 1970 con discrepancias internas. Mientras que los comunistas desde 1956 se habían declarado momentáneamente dispuestos a una táctica frentista y democrática, el Partido Socialista (más de izquierda que el comunista) insistía en la necesidad de la lucha armada y en tal sentido expresaba un mensaje integralmente reportado por Julio César Jobet, en 1971, en el diario Prensa Latino Americana.[30]

Ulteriores controversias nacieron tras la conformación de la Unidad Popular. Los socialistas tuvieron que esforzarse mucho para lograr que se aceptara a su candidato Salvador Allende, puesto que los otros partidos conocían bien las limitaciones del personaje.[31] Dentro de la Unidad Popular, el nombramiento de Allende obtuvo apenas 12 votos de un total de 25 y solamente después que otros candidatos renunciaron a sus candidaturas (Jacques Chonchol por los democratacristianos de izquierda, Alberto Baltra por los radicales y Pablo Neruda por los comunistas) la mayoría de los votos, determinantes los comunistas, eligió a Allende.

Así, Allende debía todo, su postulación y la posterior elección a candidato presidencial, al consenso comunista.[32]

Era, por lo tanto, lógico que, absolutamente en ayunas en materias económicas y de gestión de la cosa pública, Allende dejara a los comunistas, a quienes el poder económico les interesaba mucho, la posibilidad de decidir. Tuvo hasta que alejar a su propio compañero Pedro Vuskovic del cargo de ministro de Economía para sustituirlo por el más disciplinado comunista Orlando Millas.

Después de dejar sentada esta premisa, podemos sintetizar en pocas cifras el resultado de la política económica y financiera de Allende y de la Unidad Popular: Este había recibido del Gobierno anterior reservas por 350 millones de dólares y en menos de dos años (junio de 1972) ya tenía un déficit de 650 millones de dólares. En 1972, Chile debía 200.000 millones de escudos y tenía en caja apenas 200 millones. El déficit de la balanza de pagos, previsto por Allende en 1971, era de 29 millones de dólares, pero llegó a 173 millones de dólares y a 385 millones de dólares en 1972. Y, para finalizar, la deuda externa superó los 3.000 millones de dólares.[33]

La experiencia marxista fue, por lo tanto, un completo fracaso.

Se trató de un fracaso que se manifestó principalmente en tres sectores en los cuales se empeñaron Allende y toda la administración gubernativa de la Unidad Popular: represión política y civil, economía y reformas sociales.[34] Examinemos los hechos.

***

Las diversas formas de represión que Allende impuso a la libertad de los ciudadanos encontraron eficientes instrumentos en las JAP, comúnmente llamadas «comités locales» o «comités de barrios», que tenían la finalidad oficial de señalar que se respetaran los precios controlados y denunciar los intentos de especulación.[35]

En realidad se trataba de verdaderos y propios centros de control y de intimidación, de tribunales populares ilegales y de redes capilares de información secreta, cuya instauración había sido prohibida por el Parlamento, pero que Allende, por consejo de Fidel Castro, no había dudado en imponer: el esquema, de hecho, había sido experimentado en Cuba con las Juntas de Abastecimiento. Como en la isla del Caribe, las funciones de dichos organismos iban más allá de señalar irregularidades comerciales: la verdadera finalidad de las JAP era la de ejercer un control político y de señalar las eventuales desviaciones ideológicas. Para tal fin, Allende había mandado a imprimir un vergonzoso Manual Urbano que no era otra cosa que un compendio de adiestramiento sobre espionaje y delación.

La difusión de las JAP fue rapidísima: en el mes de junio de 1972 estos comités delatores eran 635 y seis meses después eran más de 1.500, presentes en todo el país. Dado que cada comité era compuesto por unas diez personas, es fácil concluir que Allende logró crear en Chile una red de unos 15.000 espías pagados por el Estado y listos para aprovechar, incluso a beneficio de sus intereses personales, su inmenso poder.

Si esto se suma a la red de consejeros de las fábricas, instituida por los sindicatos cercanos a la Unidad Popular y la red de células de partido, no es exagerado afirmar que en Chile existía una enorme estructura destinada a controlar y reprimir las opiniones y la conducta política de los ciudadanos.

Veamos el resumen de un documento del Partido Comunista chileno: Estos organismos deberán, entre otras cosas, movilizar y sensibilizar a un enorme número de personas no directamente empeñadas en la actividad política. Controlarán a los pequeños negociantes y explicarán al pueblo, recurriendo a motivaciones ideológicas, el problema de la falta de alimentos de primera necesidad. Y controlarán el comportamiento de los ciudadanos y de los funcionarios gubernativos, tomando en cuenta también sus orientaciones políticas.[36]

Otro eficaz freno a la libertad de expresión fue puesto por la constante amenaza de los terroristas progubernativos, organizados en cordones (llamados también poblaciones callampas), que eran barrios situados alrededor de los centros urbanos. Dichos barrios, transformados en campamentos armados a donde ni siquiera las fuerzas del orden tenían acceso, habían sido convertidos por los terroristas, con el beneplácito del Gobierno, en «zonas liberadas» desde las que partían cotidianamente expediciones punitivas a los disidentes u opositores.[37]

De todo esto se hablará en el próximo capítulo, en donde se verá cómo dichas estructuras de delación y de represión eran una de las bases sobre las cuales Allende intentó, sin éxito, organizar el propio autogolpe.

Es necesario, además, referirse al control sobre la información radial, televisiva y escrita que Allende intentó lograr. Un control sin el cual no habría tenido la esperanza de acceder al poder absoluto. Pero éste era un objetivo difícil de conseguir, porque la prensa chilena tenía una tradición de libertad e independencia que la hacía distinta de los medios informativos de otros países latinoamericanos; al punto que, dos años después de la elección de Allende a la presidencia, a pesar de intimidaciones y agresiones, una parte de la información no había renunciado a su propio derecho de crónica y de crítica.

«El régimen actual», escribía la revista de los católicos de la TFP, «es solamente una etapa, como declaró el Presidente Allende, hacia la plena realización del socialismo. Pero ya en esta fase la policía política dispone de repartos especializados en la difusión de noticias falsas y de difamación de los opositores. La prensa está controlada». Esto, muy en síntesis, era en 1970 el cuadro de los principales órganos de la prensa chilena. La Nación era un periódico de Gobierno; El Siglo era el órgano oficial de los comunistas; Punto Final era de extrema izquierda; La Prensa de los democratacristianos; Tribuna de los nacionales conservadores y El Mercurio, además de ser el principal diario del país, mantenía las propias características de diario independiente, de orientación cautamente conservadora. Como diario vespertino sobresalía La Segunda, férreo defensor de la libertad de los chilenos.

Había después otros diarios de menor difusión y vagamente escandalosos y revistas influyentes, entre las que figuraban Qué Pasa y Ercilla.

Era una prensa libre que reflejaba todas las corrientes políticas existentes en el país. Pero aquella libertad de información no respondía a las exigencias de un régimen marxista. Alguna iniciativa tenían que tomar, por lo tanto, los partidarios de Allende.

Al respecto los comunistas, parte esencial de la coalición gubernativa de la Unidad Popular, habían sido explícitos: el dirigente sindical Luis Figueroa, como refiere el escritor Tomás P. McHale, varias veces había afirmado que «la verdadera libertad de expresión existe cuando los medios de comunicación son controlados por el Estado».

Y Figueroa, cuando Allende lo nombró ministro del Trabajo, preparó el terreno para una ley que limitaba la libertad de expresión y que prohibía el derecho a huelga. En materia de control de la información, con Figueroa estaba de acuerdo el sociólogo comunista Patricio Saavedra, quien afirmaba: «Las noticias deben ser publicadas solamente cuando el pueblo esté maduro para recibirlas, de manera que se transformen en instrumento útil de educación política».[38]

Otra señal importante se tuvo con el nombramiento del ultraizquierdista Manuel Cabieses en la presidencia de un comité de periodistas que, en abril de 1971, votó en un congreso una declaración en la que se establecía que «el primer deber de un periodista es sujetarse a las exigencias de la lucha de clases», y agregaba que la prensa tenía «el deber de apoyar al Gobierno de la Unidad Popular». Con premisas de este tipo, un documento expedido por dicho comité estableció que: «la única forma de objetividad para un periodista es aquella que lo identifica con el gran proceso revolucionario que sacude al mundo y que finalmente izó la propia bandera también en Chile». Y para finalizar, al cierre del congreso, el mismo Allende dejó de lado cualquier ambigüedad y manifestó sus propios sentimientos: «La objetividad no debería existir en el periodismo […] El deber supremo del periodista de izquierda no es servir a la verdad sino a la revolución».[39]

Después de dar dichas señales, el Gobierno realizó un intento de expropiación de El Mercurio, del que tuvo que desistir esperando tiempos más propicios. Además, se sucedió una serie de iniciativas para favorecer a los medios informativos cercanos a la izquierda y a veces para dañar y apropiarse de los medios cercanos a la oposición.

Así, el Canal 7, tras una serie de chantajes de tipo financiero, fue transformado en una voz gubernativa. Un programa de este canal llamado A tres bandas, que desde hacía meses daba un espacio a la oposición, fue suspendido sin recibir explicaciones. La Nación, a cuyos periodistas les fue concedida una oportunidad de carrera y la propiedad de nuevos medios como Tarea Urgente, era una de las voces del régimen. Y algo análogo se verificó también en el campo editorial, donde la Editorial Quimantú comenzó a publicar solamente libros de orientación marxista y las otras casas editoras, cuando osaban publicar obras de orientación conservadora o antimarxista, debían enfrentar obstáculos de tipo fiscal o una bien orquestada «conjura del silencio» que impedía que dichos libros fueran conocidos por el público.[40]

En octubre de 1972, despreciando el artículo 10 de la Ley de Prensa que prohíbe cualquier tipo de censura y bajo la justificación del «grave momento social», Allende introdujo normas que prohibían la difusión de noticias que no hubieran sido aprobadas por la Oficina de Radiodifusión de la Presidencia de la República.

Y a personajes polémicos hacia Allende, como el ex Presidente Frei y el rector de la Universidad de Chile, Edgardo Boeninger, les fue negado el derecho a defenderse en televisión y radio de los duros y frecuentes ataques que el Gobierno lanzaba contra ellos.

Para completar el cuadro, fueron instituidas oficinas especiales de la policía política, encargadas de elaborar métodos e instrumentos de difamación y de chantaje a los periodistas no alineados con el régimen.[41]

Los órganos de información cercanos a la oposición sufrían limitaciones e imposiciones de tipo económico y fiscal igualmente humillantes. El organismo estatal CORFO, que de hecho controlaba el monopolio de las importaciones, impedía abiertamente a los canales de televisión, publicaciones y radioemisoras contrarios al régimen, comprar en el extranjero aparatos, repuestos y material de consumo, necesarios para desarrollar su actividad. Algunos ejemplos escandalosos de los obstáculos puestos por Allende a la libertad de información fueron señalados por la revista Portada y por un libro publicado por la homónima editorial.

Típico fue, entre otros, el caso de Canal 13, de la Universidad Católica, al cual la CORFO y el Banco Central le negaron los fondos para remplazar un transmisor averiado por otro nuevo.

Pero el Gobierno y los partidos de izquierda tenían, además, otros medios para dañar a los periódicos, radios y canales de televisión hostiles. Eran los mismos medios a los cuales suele recurrir la izquierda de todo el mundo cuando accede a los centros de poder. Se apoyaban solapadamente en huelgas y en ocupación de establecimientos tipográficos. Se negaba a los periódicos no alineados el acceso a las conferencias de prensa, se les impedía recibir comunicados oficiales y se les prohibía transmitir programas o difundir los diarios en zonas que no fueran geográficamente limitadas.

Y no era todo. Se imponían precios de ventas y tarifas publicitarias tales que ahogaban la autonomía financiera de los editores hostiles a Allende. Después, a medida que las empresas iban quedando bajo el control del Gobierno, los anuncios y spots publicitarios eran distribuidos con criterios estrictamente políticos, mediante inauditos sistemas de repartición. Se estableció, por ejemplo, que toda la publicidad debía pasar a través de cuatro agencias de distribución, cada una de las cuales era controlada por uno de los partidos que apoyaban a Allende. Así, los comunistas disponían de la Agencia Territorio, los socialistas de la Agencia Vanguardia, los radicales de la Agencia Latina y el Partido de Acción Independiente de la Agencia Stentor.

Como resultado de dicha política de discriminación, los medios de información cercanos a la izquierda se vieron beneficiados por una avalancha de publicidad y aumentaron sus utilidades. Los de orientación opuesta tuvieron que enfrentar enormes dificultades económicas, debido al corte de la publicidad y al bloqueo de los créditos, estos también supeditados al control gubernativo.

Basta recordar que El Mercurio, que en realidad era solamente un periódico de orientación moderada y no un diario de oposición, apenas tres meses después de la ascensión de Allende al poder registró una disminución del 40% de las entradas por concepto de publicidad. Las dificultades económicas fueron parcialmente remediadas, por un lado porque los empleados del diario renunciaron al 20% de sus remuneraciones y por otro (como se verá en el capítulo IX) por la ayuda que dieron la CIA y las empresas estadounidenses interesadas en evitar que Chile se convirtiera en una segunda Cuba.[42]

El Mercurio fue además sometido a otras intimidaciones que obligaron a su propietario a radicarse en el exterior, después que Allende lo había declarado «bestia negra» y había ordenado su arresto. En enero de 1971 el Ministerio de Economía denunció «graves irregularidades financieras» por parte de la dirección del periódico y durante semanas la redacción del diario fue invadida por inspectores del Servicio de Impuestos Internos que no consiguieron probar las acusaciones, pero que de todos modos obstaculizaron la salida regular del diario.[43]

Además de los medios recién citados, Allende recurrió al arma sindical. Y, de hecho, en marzo de 1971 encargó al célebre agitador Sergio Gutiérrez pedir que El Mercurio pasara a las manos de los trabajadores, o sea, de los jefes de los sindicatos marxistas. Se siguió una serie de presiones a las cuales los operarios reaccionaron con dureza. El 10 de septiembre de 1971, una asamblea de todos los obreros y empleados concluyó con la expulsión de los sindicalistas, literalmente echados a la calle. A Allende no le quedaba otra cosa que la acción de fuerza y, de hecho, hizo que una masa de manifestantes y de extremistas se juntase alrededor del edificio, poniéndolo en asedio. En ese momento también los empleados reaccionaron y no permitieron que los agitadores se apropiaran del diario.[44]

Desde ese momento El Mercurio fue puesto bajo presión psicológica y expuesto a violencias de todo tipo. Cartas y llamadas telefónicas amenazadoras a las familias de los periodistas y redactores, incendio de los autos estacionados, actos de vandalismo y arrestos por motivos vanos que después se mostraban infundados, se multiplicaron dificultando la vida y las actividades de los empleados.

A El Mercurio, debido a su notoriedad internacional, le ahorraron las vejaciones que sufrieron otros diarios de menor difusión. Casi todos los demás, si no se adecuaban a las imposiciones del régimen, tarde o temprano se veían paralizados por las huelgas y la ocupación de sus talleres, lo que los obligaba a suspender las publicaciones.

Los ejemplos de discriminaciones no faltaron. Otro caso tipico e increíble fue el ocurrido en la mina El Teniente (que desde que había sido nacionalizada cerraba su balance con déficit), que fue obligada a financiar a algunos arruinados diarios de izquierda y a la ya citada casa editora Quimantú.[45]

Escandaloso fue también el caso de la Papelera (Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones), la principal fuente de abastecimiento de papel para los diarios y las casas editoras. La expropiación de la Papelera le habría permitido a Allende, a través del abastecimiento de materia prima a los periódicos, el control de toda la información escrita.

Y, de hecho, en junio de 1971, pocos meses después de iniciarse el Gobierno de la Unidad Popular, el subsecretario de Economía, Oscar Garretón, declaró que en un año la Papelera pasaría a manos del Estado.

La maniobra comenzó con una intensa campaña de adquisición de acciones privadas (los accionistas eran 16.500) dirigida por la CORFO, a la cual el Gobierno le concedió, a expensas de los contribuyentes, los fondos necesarios. Al mismo tiempo, para empujar a los accionistas a vender sus acciones, el Gobierno y los sindicatos comenzaron una campaña difamatoria de la empresa y sus dirigentes, con acusaciones que iban desde un tratamiento económicamente malo a sus empleados hasta la pésima gestión de ventas.

Pero el intento no funcionó gracias a la reacción de la dirección de la Papelera que demostró, a través de algunos artículos publicados en El Mercurio, cómo entre los años 1956 y 1970 la empresa había invertido en nuevas maquinarias 130 millones de dólares e incrementado las exportaciones en un 10% al año y su producción en 715%. Esto puso en dificultad la campaña de la CORFO para encontrar accionistas dispuestos a vender.

La dirección de la Papelera dio vida, recurriendo a la subvención privada, a un Fondo para la Libertad que tenía la finalidad de hacerle la competencia a la CORFO en la compra de acciones. Los resultados fueron exitosos: hacia el final de noviembre de 1971, mientras la CORFO había adquirido 3 millones de acciones, sobre un total de 145 millones, el Fondo por la Libertad había comprado 3,2 millones.

Allende, entonces, como había hecho con El Mercurio, recurrió al arma de la violencia sindical, las huelgas y la ocupación. Después de algunas semanas de agitación, el sindicato marxista pidió que la empresa fuera nacionalizada, pero el 82% de los trabajadores votó contra la iniciativa y formó un sindicato independiente que desplazó al filogubernativo. En el ínterin, los obreros, que eran ayudados con víveres por parte de sus familias, constituyeron puestos de guardia permanentes para prevenir eventuales tentativas de ocupación de la empresa.

El último intento fue el de estrangular a la Papelera económicamente. La oficina de control estatal DIRINCO le impuso precios de venta a sus productos realmente irracionales, mientras la empresa debía enfrentar los costos, fruto del aumento cotidiano de la inflación galopante. Obligada a vender el papel a precios inferiores (la mitad de lo que costaba en 1958), registró pérdidas de 3 millones de escudos al día y no logró obtener, debido al veto de Allende, los préstamos bancarios necesarios. Pero, gracias al sacrificio de los empleados y a la capacidad de gestión de los directores, pudo sobrevivir hasta el golpe militar.[46]

Estos hechos que hemos citado son algunos de los casos más claros de arbitrariedades impuestas por Allende contra la libertad de expresión y de prensa. Otros menos llamativos, pero no menos escandalosos, llevaron al injusto arresto (por delito de opinión) de Mario Carneyro, director del diario La Segunda, y de Maximiano Errázuriz, director del diario El Cóndor, que se imprimía en la ciudad de Santa Cruz. Se registró además el cierre de no pocas radioemisoras y a varios canales de televisión se les prohibió la transmisión a nivel nacional.

El hecho de que todos los intentos de poner fin a la libertad de expresión no llegaran a su finalidad, no debe sorprender al lector: inicialmente Allende estaba seguro de que, después de una larga guerra de desgaste, conseguiría sus objetivos. Contaba además (y en este sentido no estaba del todo equivocado) con la solidaridad de la prensa y la «cultura» del mundo occidental.

***

El desmantelamiento de la economía se inició, y no podía ser de otro modo, con una desastrosa política de estatización que produjo, como se verá más adelante, que casi toda la actividad industrial, agrícola y comercial pasara a manos inexpertas y politizadas de funcionarios públicos relacionados con los partidos de Gobierno.[47]

A esto se agregó el error de confiar a la misma persona (un comunista) el Ministerio del Trabajo y la conducción del más importante sindicato: esto hizo vana cualquier apelación de los mandos de los trabajadores y, como consecuencia, suscitó un grave descontento. Para entender la situación de los trabajadores, basta citar las palabras del líder comunista Luis Corvalán: «Somos partidarios de evitar, en todo lo posible, las huelgas en las condiciones del Gobierno Popular».[48]

El desastre económico partió de la convicción pregonada por Allende y sus seguidores, que todos los problemas de la economía chilena (por ejemplo, el bajo crecimiento anual con una tasa que no había superado el 2,7% entre 1967 y 1970) se debían a que la industria estaba concentrada en las manos de los llamados «monopolios privados» y también a la «explotación» del país por parte de los «capitalistas» norteamericanos.

Entre las principales empresas norteamericanas acusadas de recibir «excesivas ganancias» por su actividad en Chile eran señaladas la Anaconda, North Indiana Brass, Ralston Purina, Bethlehem Steel y Kennecott con su subsidiaria Braden Copper.[49]

Tales críticas no tenían en cuenta que gran parte de las utilidades de estas firmas y de las otras eran reinvertidas en Chile en nuevas plantas o en la creación de empresas subsidiarias.

La única panacea posible para dichos males, según Allende, era pasar la economía a manos del Estado, con el consiguiente empobrecimiento de los privados, e iniciar una cacería contra los capitales extranjeros. Con el facilismo típico de la utopía de izquierda, Allende estaba convencido de que al transferir al «pueblo», o sea, al Estado, las «excesivas ganancias» de los privados, todos los males se resolverían.

Se trataba de programas que no tenían nada de original (se basaban en un delirante documento de la Comisión Económica para América Latina y algunas propuestas de la FAO, organismos infiltrados por el tercermundismo y el filomarxismo),[50] pero que fácilmente oíbles como eran, encendieron el entusiasmo del entorno de Allende y en particular de Pedro Vuskovic, de Jacques Chonchol, de Alfonso Inostroza y de Gonzalo Martner.[51]

Arrancándoles un voto favorable a los democratacristianos, Allende logró que el Parlamento aprobara, el 11 de julio de 1971, una modificación constitucional que facilitaba las nacionalizaciones forzadas y, cosa aún más grave, permitía al Gobierno intervenir arbitrariamente en el caso de que una empresa privada, especialmente si era norteamericana, recibiese (según el inapelable juicio del Gobierno) «excesivas ganancias».

En su constante esfuerzo de quitar a los privados y a la burguesía todos los recursos financieros, Allende consiguió nacionalizar y expropiar, hasta junio de 1972, más de 270 empresas industriales y comerciales, asumiendo así el control de los sectores bancario, de seguros, mineras, metalúrgicas, textiles, de las conservas y de las importaciones y exportaciones. Y esto a pesar de que durante su campaña electoral Allende había asegurado que las empresas nacionalizadas no serían más de 120.

Según un cálculo del investigador inglés Robert Moss, en octubre de 1972 el Gobierno de Allende controlaba ya el 80% de las grandes industrias, el 85% de los bancos, el 84% de las empresas de construcción, el 80% de las grandes industrias, el 75% de las empresas agrícolas y el 52% de las medianas y pequeñas empresas. Es interesante subrayar que las cuotas estadounidenses de propiedad de las mineras (que fueron transferidas al ente estatal CODELCO, Corporación Nacional del Cobre de Chile) fueron expropiadas sin ningún tipo de compensación a los ex propietarios.

Al desastre económico contribuyó además que, entre 1971 y 1972, los precios del cobre (principal rubro en las exportaciones chilenas) se desplomaron en el mercado mundial. Pero hay que precisar que al inicio de 1973, cuando los precios subieron de 48,5 centavos por libra a 66 centavos, Chile no supo aprovechar la circunstancia favorable. Peor aún, paralizado debido a la ineficiencia de las mineras estatales, tuvo que pedir a los clientes extranjeros ¡que redujeran la demanda de cobre! Como refería la revista británica Latin America, la solicitud del Gobierno de Allende a sus clientes japoneses, de que les compraran a otros productores porque Chile no estaba en condiciones de atenderlos, fue considerada por Tokio como grotesca.[52]

Lo que hemos dicho no debe sorprender. Hay que tener en cuenta que la dirección de la inmensa mina de cobre de Chuquicamata había sido entregada al comunista Julio Zambrano, que la había convertido en un centro de coordinación y adoctrinamiento político (en seis meses la producción se redujo un 5%) y que la dirección de otra mina había sido confiada a un tal Antonio Berthelon, recién llegado de Moscú y de Berlín Este, en donde había recibido adiestramiento sobre técnicas «revolucionarias» pero nada, absolutamente nada, sobre gestión minera.[53]

En otra empresa minera expropiada con daño para la estadounidense Anaconda, según lo que refirió el técnico Carlos Correa Iglesias, algunos locales fueron transformados en alojamientos para la formación paramilitar de grupos y brigadas comunistas como la «Ramona Parra», las «Milicias Obreras Armadas», el «Batallón Chile» y la brigada «Elmo Catalán», y en depósitos de armas y vehículos.[54] Siempre según Correa, de los 35 camiones comprados por la empresa antes de ser expropiada, 18 quedaron fuera de uso porque la nueva dirección no se ocupó de darles la debida mantención.

La mina subterránea de cobre más grande de Chile, la de El Teniente (expropiada a la norteamericana Braden Copper) era gestionada en un clima de abierta repartición política en condominio entre socialistas (que habían nombrado director general a su representante Armando Arancibia, que entre tanto prefería trabajar desde su cómodo sillón en Santiago) y comunistas (que habían nombrado director administrativo a su sindicalista Tomás Ireland): el resultado fue que en 1971, mientras cientos de activistas políticos eran contratados como empleados y percibían de inmediato salarios, la producción de la minera bajó un 17%. Al mismo tiempo, mientras en 1970 los costos de producción eran de 29 centavos de dólar por cada libra, en menos de un año los costos aumentaron a 50 centavos de dólar. En un año, la mina que en 1970 daba utilidades para pagar impuestos por 20 millones de dólares al año, registró una pérdida de 10 millones de dólares.

Otros ejemplos: en la mina El Salvador la producción disminuyó un 7,5% y lo mismo sucedió en la gran minería, en la Sociedad Minera Pudahuel, e incluso en las nuevas minas Exótica y Andina.[55]

Pero el desmantelamiento golpeaba a todos los sectores de la economía.

La administración de los ferrocarriles, confiada a un tal Nahum Castro, militante socialista con el nombre de «comandante Serapio», se encontró con un 40% del material fuera de uso (los vagones en muchos casos ¡no tenían focos para la iluminación interna!) y a pesar de esto despidió a 300 buenos y entrenados ingenieros expertos en ferrocarriles para hacerles lugar a un número similar de agitadores políticos sin ninguna capacidad ni ganas de trabajar. Mientras tanto, Allende concedía a la administración de los ferrocarriles un aumento del 72% del subsidio estatal para cubrir el déficit de su balance.[56]

En un momento determinado el desempleo, que desde 1971 alcanzaba cifras superiores al 20%, disminuyó. ¿Pero cómo? Fue fácil: Allende recurrió a un viejo truco marxista, muy conocido en Italia: el de inventar puestos de trabajo inútiles.[57]

Así, la mina El Teniente elevó de 8 mil a 12 mil el número de empleados, incorporando a personas (según criterios de repartición política) que no necesitaba. La textil Sumar, con 2.500 operarios, empleó a otros mil, todos debidamente recomendados. Y Cervecerías Unidas, aunque había reducido la producción a la mitad respecto a los años pasados, fue obligada a redoblar el personal.

Pero en las fábricas transformadas en sucursales de los partidos del Gobierno, el empleado podía ser despedido en el acto por razones políticas. Así, 38 obreros de la textil Sumar fueron despedidos por haber declarado que no estaban de acuerdo con los niveles salariales fijados por el Gobierno. Y la misma cosa le sucedió a una veintena de obreros de Rayón Said y a otros de baterías Helvetia, quienes no fueron defendidos por los así llamados sindicalistas: «Métanse en la cabeza», gritó en aquella ocasión el sindicalista comunista Manuel Rodríguez, amenazando a los obreros, «que no es posible comportarse así en un Gobierno del pueblo».[58]

Robert Moss, comentando en su libro, afirmó: «El programa de nacionalización de Allende no se puede considerar como una reforma en el sentido económico ya que no se obtuvo un mejor manejo, más productividad, la introducción de nueva tecnología o de inversiones imaginativas. Tampoco la nacionalización tuvo un impacto social». Como conclusión, agrega Moss: «Una de las más importantes lecciones de la experiencia chilena para el resto del mundo es que el pluralismo político es clave para el pluralismo económico».[59]

CORFO, oficina para el desarrollo industrial, se transformó rápidamente en un enorme holding estatal, confiado a personas del partido que, a precios irrisorios, compraban las acciones o la propiedad de empresas privadas cuyos aterrorizados propietarios decidían retirarse de sus actividades. Y la DIRINCO, reguladora de la industria y el comercio presidida por un tal Alberto Martínez, proveniente de Cuba, donde había ocupado cargos de prestigio y se había ganado la simpatía de Fidel Castro, se transformó en un instrumento para controlar los precios al consumidor, con la finalidad de hacer quebrar a las empresas privadas, o al menos de hacerlas menos competitivas respecto a las estatales.

Los efectos fueron catastróficos.[60] De tal manera catastróficos que empujaron a Allende, después de una reunión en Lo Curro en junio de 1972, a sustituir a Pedro Vuskovic por el comunista Orlando Millas en el Ministerio de Economía.[61]

Otro instrumento para poner de rodillas a las todavía sobrevivientes empresas privadas fue el de la agitación sindical, organizada por el Frente de Trabajadores Revolucionarios (controlado éste por los terroristas del MIR y por el Partido Comunista, al cual, como ya se ha dicho, le habían confiado el Ministerio del Trabajo, que en otras circunstancias habría sido un árbitro imparcial) y que coincidía con la imposición, por parte de la clientela estatal, de plazos irracionales para las entregas de sus productos. Cuando la distribución de la mercadería no se realizaba en las fechas exigidas, intervenía el omnipresente Frente de Trabajadores Revolucionarios, que pedía la nacionalización de la empresa «en interés de los trabajadores y de los puestos de trabajo», y el decreto de expropiación era firmado sin clemencia. Este sistema sometió, entre otras, a la industria Mademsa, fábrica de electrodomésticos a la cual el ministerio había impuesto la exigencia de satisfacer en 24 horas una orden de entrega, mientras la empresa era obstaculizada por humillantes propuestas sindicales.

Mademsa fue expropiada en la siguiente sesión e igual fue el caso de la industria textil Yarur, expropiada por decreto gubernativo, aplastada por «urgentes» (y claramente organizados) pedidos de abastecimiento gubernativo y huelgas sindicales extremas que impedían la producción.

Si una sentencia judicial suspendía después el decreto de expropiación (cosa que sucedía raramente), el ya citado Frente intervenía con una serie de ocupaciones y de desórdenes en el interior y exterior de las fábricas, obligando a los directores a rendirse y abandonar la empresa a su destino.

Tal fue, por ejemplo, el caso de la Ford, que tenía una magnífica y moderna planta en la vía que une Santiago con Valparaíso, y que en 1971 consideró que era más conveniente cerrarla y hacer llegar autos armados y listos para usar (salvo el montaje de la batería) desde la vecina Argentina.

Esta oleada de expropiaciones y de traspasos de florecientes empresas a las manos de incapaces funcionarios y jerarcas políticos que las habían llevado a la ruina no podía sino reducir la confianza de los inversionistas extranjeros, en particular de los norteamericanos. Al punto que, a principios de 1971, o sea, poco después de la ascensión de Allende al poder, las inversiones sufrían una disminución del 11%.[62]

Y al mismo tiempo se registró la fuga en masa de la burguesía agrícola, industrial, profesional y comercial, aterrorizada ante el martilleo de la propaganda de la izquierda, que usaba palabras como «enemigos de clase», «poder total», «revolución».

En los días de la ascensión de Allende, huyeron al exterior, llevándose bienes y dinero, más de 12 mil personas, seguidas poco a poco de otras 17 mil. Así, sobre el tema, recitaba Pablo Neruda: «Váyanse, pues, a Miami, donde sus tías. Yo me quedo para cantar con los obreros». Olvidaba Neruda que éstas eran personas productivas de las cuales Chile necesitaba y que ciertamente no se habían ido con las manos vacías: junto a ellas habían desaparecido de los bancos 87 millones de dólares.[63]

Cuando se supo, a través de un sondeo realizado por la revista Ercilla, que el 60% de la población sentía la acción del Gobierno como un peligro y que el 77% de la clase media tenía problemas para comprar productos de primera necesidad, Orlando Sáenz, presidente de la Asociación de Industriales, con coraje y no obstante las intimidaciones, afirmó públicamente: «Este Gobierno está destruyendo sistemáticamente la industria y la economía de Chile. Su acción es incompatible con una nación libre y con la existencia de una economía privada». Y después, en una carta a Allende que quedó sin respuesta, escribió: «En vez de esforzarse para dirigir las empresas creadas por otros, ¿por qué no crean nuevas fuentes de trabajo para los desempleados? ¿Por qué no crean nuevas fábricas, en vez de expropiar las ya existentes?».[64]

Los empresarios chilenos, reunidos en una sala del hotel O’Higgins de Viña del Mar, decidieron organizarse para provocar la caída del Gobierno de Allende, con iniciativas de prensa y de penetración en todos los sectores.[65]

A las acusaciones de Sáenz respondió con mucha franqueza, por cuenta de Allende, la revista moscovita Kommunist, editada por el Instituto Soviético de Marxismo Leninismo: «No debe existir», afirmó refiriéndose a Chile, «alguna esperanza de sobrevivir para los opositores y las clases anticomunistas».[66]

Con dichas premisas los mercados internacionales no se dejaron engañar por los patéticos y casi infantiles intentos de Allende de poner remedio al malestar general, recurriendo al control de los precios a los consumidores, concediendo ilusorios aumentos salariales a los obreros e imprimiendo papel moneda. Desde Estados Unidos llegó enseguida, y en el marco de una reacción anticomunista dirigida por la Casa Blanca y la CIA, el mensaje de que las fuentes de crédito no estaban disponibles en el futuro.[67]

Los únicos mercados aún abiertos que le quedaban a Chile eran, por evidentes motivos políticos, la Unión Soviética y Cuba. Casi por ironía, Chile, del que en el pasado Allende se había lamentado por la excesiva dependencia de los Estados Unidos, ahora se encontraba dependiendo económica, política, militar y diplomáticamente de la Unión Soviética.[68]

Además de la CIA y la Casa Blanca, era también inevitable que en el exterior los gobiernos y entidades de crédito se volvieran cada vez más reacias a conceder préstamos a un país en bancarrota y que solamente en dos años había caído en la peor crisis de su historia; un país sofocado por las deudas que no podía pagar, porque por entonces ya había agotado sus reservas de dinero.

Hasta el Kremlin se volvió cauto y cerró los cordones de la bolsa. En vano, a mediados de 1972, el diario comunista El Siglo afirmó triunfalmente que la Unión Soviética había concedido un préstamo de 400 millones de dólares: se confirmó que dichos fondos eran utilizables solamente en la compra de viejas herramientas soviéticas. Desilusionado, en diciembre de 1972, Allende en persona puso de lado cualquier resto de dignidad y fue a Moscú a pedir fondos. Pero volvió con las manos vacías: el Kremlin, que ya había despilfarrado una fortuna en el Cercano Oriente, y que debía mantener al deficitario régimen cubano, no tenía la intención (y tampoco la posibilidad) de meterse en otras aventuras financieras.[69]

Tuvo más suerte el líder comunista Luis Corvalán. Como resultado de una carta que recibió el 21 de marzo de 1973 del dirigente comunista español Antonio Benedicto, las negociaciones para un financiamiento del Partido Comunista chileno por parte de los «hermanos» partidos español y francés se vislumbraban bien. Un financiamiento de 150 millones de dólares le fue prometido a Corvalán a través de la parisiense cooperativa Interagra, que según afirmaba Benedicto, era considerada la caja fuerte del Partido Comunista francés.[70]

Además de las nacionalizaciones, otro gran fracaso del Gobierno de la Unidad Popular fue la Reforma Agraria.

Como ya se ha dicho, Allende no fue el primero en Chile en intentar la Reforma Agraria.[71] En 1962, el Presidente Jorge Alessandri también intentó llevarla a cabo repartiendo las tierras que pertenecían a organismos estatales. Mucho mayor fue, por su parte, la Reforma Agraria que en 1967 el Presidente democratacristiano Eduardo Frei Montalva aprobó e inició con gran entusiasmo.[72]

La Reforma Agraria de Frei, en 1967, se vio acelerada al punto de expropiar 1.400 haciendas (1.500, según el Wall Street Journal del 8 de enero de 2001); sin embargo, no tuvo consecuencias irremediables para la economía del país ni en la disponibilidad de productos agrícolas debido al alto precio del cobre durante su Gobierno y a la cuantiosa ayuda económica norteamericana que recibió a través de la Alianza para el Progreso. Con la llegada al poder de la Unidad Popular, el proceso se aceleró en forma absolutamente anárquica. Allende, desde 1971 en adelante, como ha constatado la periodista norteamericana Susan Huck, logró expropiar oficialmente 4.394 predios agrícolas, además de los 2.000 ocupados ilegalmente por los activistas y terroristas del MIR apoyados por grupos mapuches. El mismo Fidel Castro, hablando a una delegación chilena que visitaba La Habana, definió la Reforma Agraria de Allende como «más drástica que la aplicada en Cuba».

Castro se había expresado con cautela. En realidad, la de Allende fue en poco tiempo algo más que una drástica Reforma Agraria. Fue una expropiación, sin discriminación, de cualquier pedazo de tierra que les llegara a sus manos, con toda clase de abusos por parte de los dirigentes políticos y jefes del MIR.[73]

Bien claros fueron los casos de las expropiaciones realizadas por un tal Mauro Maturana, miembro del MIR, y de otro funcionario llamado Gabriel Coll, que operaba en las zonas rurales con un equipo de choque armado de pistolas, fusiles y bombas de mano. No se puede decir que Allende estuviera ignorante de estos hechos: en 1972 el Parlamento decidió investigar sobre las expropiaciones ilegales y Allende reaccionó disolviendo la autoridad recién nombrada por la comisión investigadora.[74]

En algunas zonas poco habitadas, el MIR controlaba regiones enteras. Causó estupor el caso de un jefe mirista llamado José Gregorio Liendo, quien bajo el nombre de «Comandante Pepe» y con el apoyo de una banda de individuos armados hasta los dientes, logró crear para sí y sus seguidores una enorme propiedad con 17 haciendas, en las cercanías del lago Pangui-pulli, zona limítrofe con Argentina. Seguro de lo que hacía, dicho individuo no ocultaba el apoyo que tenía a nivel gubernativo (e incluso en Cuba, donde iba con frecuencia) y le gustaba hacerse fotografiar mientras paseaba por su «propiedad» junto al representante socialista y gubernativo Jaime Suárez y la parlamentaria Laura Allende, hermana del Presidente.

En octubre de 1971, Liendo y los suyos lograron ocupar la hacienda perteneciente a la familia Bombin, que la había creado, después de haber agredido y mandado al hospital a los campesinos que intentaban obstaculizarlos. El «Comandante Pepe» tomó parte en acciones terroristas como el fallido ataque, el 11 de septiembre de 1973, contra un pequeño cuartel defendido por cuatro policías y sus esposas. Fue sometido a juicio y fusilado.[75]

Muchas grandes empresas agrícolas estatales (Centros de Reforma Agraria) nacieron en 1971 y 1972 mientras florecían los casos de especulación a los cuales nos hemos referido, eran enormes elefantes blancos improductivos y parasitarios que, en poco tiempo, controlaron el 60% de los terrenos regados, pero cuya finalidad verdadera era la de acomodar en ellos a cualquier persona del partido. Los campesinos y trabajadores agrícolas no fueron beneficiados con la reforma, ya que pasaron a depender de burócratas, de un patrón estatal que reveló ser menos razonable que los privados y, sobre todo, más difícil de abordar.[76]

Veamos lo que a este propósito refería, en febrero de 1973, un informe reservado de ODEPA, entidad estatal encargada de la planificación agrícola: «Los trabajadores de la tierra son obligados a operar en una sociedad marxista que se aleja de sus tradiciones. Y, contrariamente a sus deseos, se encuentran en la condición de empleados estatales, subordinados a los funcionarios públicos y a una burocracia que vuelve imposible una gestión eficiente».[77]

En un libro del escritor chileno Miguel de Nantes, se lee: «Jamás en el Gobierno de la Democracia Cristiana ni en el de la Unidad Popular, hubo un solo campesino, ni un solo obrero que fuera propietario en razón de estas falsas promesas ni de la tierra ni de la fábricas. Y esto, simplemente, porque el dueño y señor era el Estado, igual que en Rusia, igual que en China, igual que en Cuba y que en cualquier país sometido al régimen comunista».[78]

No sorprende que la falta de motivación de aquellos campesinos fuese tal que los empujase a buscar fortuna en las ciudades, dejándose absorber por las organizaciones más o menos parasitarias cercanas al Gobierno. El resultado fue que en muchas zonas, como lo reveló en 1971 la periodista estadounidense Susan Huck, sólo el 10% del territorio expropiado era arado.[79]

Mientras en Moscú el Izvestia hipócritamente se complacía por esta «primera afirmación del socialismo a través de métodos pacíficos»,[80] los resultados negativos de la Reforma Agraria no tardaron en llegar. No obstante las subvenciones gubernativas concedidas a cargo de los impuestos que pagaban los contribuyentes, la productividad de los Centros de Reforma Agraria resultó un 40% inferior a la de los pocos fundos privados que quedaban. Tampoco se podía decir que aquellas reformas de colectivización beneficiaran a los trabajadores: en el paso forzado de un patrón a otro acabaron por recibir salarios inferiores. El pago medio de un campesino, que era de 12 escudos diarios en los fundos privados, en los colectivos llegaba sólo a 7 escudos diarios.[81]

Cuando además quedó claro que las expropiaciones ilegales eran toleradas y hasta apoyadas por las autoridades, inevitablemente la cacería, armas en la mano para expropiar terrenos, se volvió frenética y a ésta se dedicó un número creciente de funcionarios estatales corruptos y de partidos en competencia, con bandas terroristas y de mapuches. Nacieron, para dicha finalidad, organizaciones armadas especiales como el Frente Revolucionario de Trabajadores y el Movimiento Campesino Revolucionario, filiales del MIR, constituidos por terroristas que se transformaron en expertos ladrones.

Aproximadamente 2.000, como dijimos antes, fueron las expropiaciones ilegales (tomas) realizadas en un clima de corrupción e intimidación, en complicidad con los funcionarios de la Corporación de la Reforma Agraria (CORA) y del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), organismos ambos del Gobierno. La policía tenía orden de quedarse mirando y de no intervenir, ni siquiera cuando se confirmó que en las oficinas de la CORA y de INDAP se habían creado pequeños arsenales de armas.[82]

Inevitablemente se verificaron, en especial en las regiones del sur, frecuentes desórdenes. Hernán Mery Fuenzalida, funcionario de la CORA, encargado de expropiaciones, asesinado por los campesinos durante un tumulto, fue transformado por los medios de izquierda (que entre tanto no hablaron de las represalias consecuentes al hecho) en un mártir que se sacrificó por el pueblo. El 1 de septiembre de 1971 miles de campesinos enfurecidos intentaron marchar hacia Santiago, pero fueron detenidos por una dura intervención de la policía enviada por el Gobierno. Siempre en 1971 y en la zona de Linares, se registraron otras revueltas y nuevos enfrentamientos con la policía.

Los episodios de violencia, especialmente en las zonas rurales, se multiplicaron. Referir todos los hechos es imposible porque además causarían tedio al lector. Pero algunos bastan para dar una pálida idea de cómo se vivía en el Chile de Allende.

El 3 de febrero de 1971 el diario El Mercurio informaba que era peligroso internarse en la zona de Liquiñe, porque allí y hasta la frontera argentina dominaba sin oposición un centro guerrillero compuesto por militantes filogubernativos que agredían, expropiaban terrenos, robaban y creaban puestos de retención o bloqueos en los caminos.[83]

Veamos lo que escribía El Mercurio el 5 de marzo de 1971: «En la zona de Llanquihue fueron expropiados 110 fundos y otros 30 suspendieron sus trabajos». Y el 23 de marzo de 1971 el mismo diario informaba: «Milicianos armados pertenecientes al Movimiento Campesino Revolucionario y guiados por estudiantes han ocupado los fundos de la zona de Cabrero». Y al día siguiente: «Al menos 2.000 campesinos de la región de Parral están sin trabajo porque 24 propiedades fueron ocupadas por personas que mataron a todos los animales y se apropiaron de los productos que estaban en las bodegas». El 26 de marzo: «Siempre en Parral, tres campesinos que intentaban retomar el trabajo en los campos que habían sido ocupados ilegalmente, fueron heridos por armas de fuego».

La zona de Parral, como se ve, fue tomada como blanco por los extremistas con una frecuencia particular: y fue justamente allí, de hecho, donde tras la caída del Gobierno de Allende se verificaron diversos actos de represalia y algunos casos de desaparecidos. Una confirmación, ésta, de que la violencia en los días siguientes al golpe militar era en parte debida a la exasperación popular y no a directivas de la Junta Militar de Pinochet.

Pero prosigamos. El 26 de marzo de 1971: «Elementos extremistas», refería El Mercurio, «han ocupado otro fundo en la región de Concepción y tomaron como rehén a una señora anciana y a cuatro niños». El 4 de abril: «El dirigente de la Juventud Demócrata Cristiana, Juan Millalonco, fue asesinado en un choque provocado en una propiedad por elementos socialistas». El 9 de abril: «En el hospital regional de Temuco murió el agricultor Rolando Matus Castillo, herido con disparos de fusil por miembros del Movimiento Campesino Revolucionario». El 29 de abril: «Unos cuarenta mapuches atacaron con armas de fuego una parcela de la zona de Lautaro. Una tía del propietario murió de un infarto». El 20 de mayo: «Un grupo de 50 extremistas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria invadió algunos fundos en la zona de Lautaro. Resultó asesinado un cierto Juan Milipán». El 31 de julio de 1971: «Individuos armados pertenecientes al Movimiento de Izquierda Revolucionaria invadieron una propiedad en Rancagua y asesinaron con disparos de fusil al hijo del propietario, Gilberto González Gómez».

También en la zona de Lautaro, durante el régimen de Allende operaban con insistencia y arrogancia los extremistas de izquierda respaldados por el Gobierno. Fue en esa zona donde, después del golpe militar de 1973, se registraron también venganzas y desaparecidos.

En sus memorias, el general Manuel Contreras Sepúlveda, ex comandante de la policía secreta de Pinochet, la DINA, sintetiza la situación bajo el régimen de Allende: «Asesinadas 96 personas, heridas 919, secuestradas 165, torturadas 18. Asaltadas 68 agencias bancarias, ocupadas 1.598 propiedades agrícolas, ocupadas o expropiadas 34 mil empresas industriales o comerciales, ocupadas 9 mil viviendas».[84]

La censura gubernativa intentaba esconder desesperadamente estos hechos a la opinión pública. Así, en mayo de 1972 la prensa no publicó nada sobre la muerte de los estudiantes asesinados en Concepción por la policía de Allende durante una manifestación de protesta y mantuvo el silencio hasta fines de 1972, cuando el estudiante Héctor Castillo, un miembro del Partido Nacional opositor a Allende, fue asesinado en Chillán. Los asesinos de Castillo fueron defendidos en el Parlamento por el senador Alfredo Lorca y, peor aún, el gobernador de la provincia de Chillán, un tal Luis Quezada, afirmó que su tarea no era la de defender los intereses de toda la población sino los de la clase obrera. La prensa fue obligada a ignorar dichos detalles.[85]

Y las cosas empeoraron aún, cuando en noviembre de mientras las zonas agrícolas estaban cada vez más sumergidas en el pánico y la violencia, Allende confió el ministerio de Agricultura (en sustitución del renunciado Jacques Chonchol) al extremista socialista Rolando Calderón, de origen campesino, que expropió incluso el fundo de la Comunidad Prieto Letelier, que hasta ese momento se había salvado gracias a su elevada productividad. El resultado de esta política suicida fue no solamente la disminución de la producción que ya hemos mencionado, sino también una disminución en el consumo familiar, unida obviamente a un aumento de las importaciones. Para dar solamente dos ejemplos, los consumos de carne (Chile es productor) disminuyeron en 1971 un 10% y en 1972 otro 13%, al mismo tiempo que las importaciones agrícolas, que en 1970 eran de 217 millones de dólares anuales, llegaron a 295 millones de dólares en 1971 y a 400 millones de dólares en 1972. Datos provenientes del Banco Central y confirmados por la Universidad Católica y por la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Chile.[86]

Cuando Allende fue derrocado, en septiembre de 1973, Chile tenía reservas de harina apenas para cuatro días y fondos suficientes para importar harina para otros dos días. De hecho, la producción de trigo entre 1971 y 1972 había disminuido a tal punto que en 1972 era de 700.000 toneladas, en comparación con el millón y medio de toneladas del año anterior; y disminuciones igualmente claras se registraron en la producción de maíz y de arroz. Una situación agrícola que, por sus reflejos en la disponibilidad de alimentos, despertaba un grave descontento en la ciudad, donde vive el 70% de la p oblación chilena.[87]

En el sector avícola, la empresa gubernativa creada para la producción estatal, ENAVI, registraba, a pesar de los subsidios gubernativos, pérdidas en torno al millón de escudos al año. En no lograba entregar para el consumo o la exportación más de 720 mil pollos al mes y apenas 360 mil en 1973. Por su parte, las empresas privadas, a pesar de que habían sido golpeadas por los precios fijos y oprimidas por impuestos, lograban entregar dos millones y medio de pollos al mes.

Era inevitable que, especialmente en las ciudades, se manifestara el fenómeno de las colas en los negocios y floreciera el mercado negro. El racionamiento incluyó todos los productos de primera necesidad y hacia el final de 1972 un informe de la FAO puso en guardia al Gobierno chileno, porque los productos agrícolas, importados cada vez en mayor cantidad, corrían el riesgo de desaparecer del mercado local por falta de moneda fuerte. Era imposible encontrar, además de la carne, cigarrillos, aceite, cemento, neumáticos, repuestos para autos, herramientas mecánicas y tejidos.[88]

En estas circunstancias, el 1 de diciembre de 1971 se realizó la célebre y concurrida «marcha de las cacerolas vacías», mientras Fidel Castro se encontraba de visita en Santiago. Esta marcha no fue otra cosa que la inevitable y furibunda protesta por la situación que se arrastraba desde hacía meses y que el Gobierno, casi como una burla hacia el pueblo, continuaba atribuyendo exclusivamente al «boicot económico» organizado por Estados Unidos.[89]

«La Reforma Agraria socialista y confiscatoria iniciada por Frei y radicalizada por Allende», escribían en su diario los católicos tradicionalistas de la TFP, «aceleró la ruina de los agricultores, pobres y ricos, así como la de los campesinos, causando el caos y la violencia en el campo junto con una impresionante caída de la producción agrícola y pecuaria».

«Esto provocó una escasez enorme, generando en las ciudades el fenómeno de las colas o enormes filas para conseguir los alimentos racionados y dio origen al mercado negro del cual se beneficiaron escandalosamente los personeros del Gobierno allendista. Las iniciativas revolucionarias de Allende condujeron a Chile a una situación de miseria sin precedentes en su historia, a la desnutrición y a un aumento de la mortalidad infantil. Chile está obligado a importar productos que antes producía en abundancia. Y la inflación que hoy supera el 350% se prevé que llegará al 600% en un futuro próximo».[90]

Como decíamos, la situación se derrumbaba. «Después de la extraordinaria curva de la economía en los años siguientes», comentó en 1998 el historiador italiano Sergio Romano, «es difícil ignorar los desastres del Gobierno de Allende: la disminución de la producción industrial, el quiebre de la producción agrícola, la brusca interrupción de las ayudas del Banco Mundial, el conflicto con las industrias nacionalizadas, la inflación del 400%, las huelgas de las dueñas de casa contra los precios altos y los negocios vacíos, la huelga de los camioneros».[91]

Pero la desfachatez de los marxistas frente a los inevitables fracasos es proverbial. En una entrevista concedida al semanario alemán Der Spiegel, el ministro chileno Carlos Matus, representante de primera línea de la Unidad Popular, hizo reír al mundo: «Según los criterios económicos tradicionales», dijo, «efectivamente estamos en crisis. Pero lo que para otros es una crisis para nosotros es un éxito».

Y Allende, encerrado en el palacio presidencial, seguía vanagloriándose: en la revista Ercilla escribía, recurriendo a las típicas banalidades de la izquierda, que todos los problemas se debían al «inevitable costo social de la construcción del socialismo».[92]

Después, para tapar las grietas y dar la ilusoria esperanza de un rápido retorno a un «mejor tenor de vida», Allende recurrió al contraproducente remedio del papel dinero impreso. La entrada de los nuevos billetes en los circuitos económicos aumentó, de 1970 a 1973, en un 1.785%, permitiendo aumentar los salarios pero creando una espiral inflacionaria que volvió inútiles los aumentos salariales.[93]

Así, al borde de la desesperación, Allende recurrió a las actitudes demagógicas. Dispuso, mientras el país estaba pasando hambre, que cada día fuera distribuido gratis, a todas las familias con niños, medio litro de leche. A pesar de la confusión, los malhumores y las inevitables filas, parecía un hermoso gesto. Pero después se conoció el costo de aquella poco profesional iniciativa que acabó siendo suspendida: más de 10 millones de dólares al mes.

Allende tuvo otra idea genial: dispuso que los mejores alumnos de las escuelas básicas pasasen con él unos días del verano en la residencia presidencial de Viña del Mar: otro gesto demagógico que sólo sirvió para poner en claro el lujo que rodeaba al Presidente y a su familia.[94]

Y convencido de que al pueblo se le puede hacer creer todo, Allende prosiguió con su política de desinformación y de mentiras.[95]

A las multitudes que se ponían en cola para recibir las raciones de alimento, vestidos y cigarros, se les seguía diciendo que la causa única de dichos males eran los infames capitalistas norteamericanos. Pero la verdad fue dicha en 1973 por el principal diario chileno, El Mercurio: «Este Gobierno está destruyendo sistemáticamente nuestra economía».[96]

Lograr sobrevivir para los ciudadanos comunes era una lucha en que las ya citadas JAP y sus delatores oficiales golpeaban sin piedad. Pero al mismo tiempo nacía y se reforzaba, con negocios lucrativos que giraban alrededor de la Reforma Agraria y de las estatizaciones, una clase de privilegiados políticos, aquella clase que el escritor chileno Jaime Valdés definió después como «la clase dorada, Gobierno secreto de la Unidad Popular». Y esto, en el fondo, respondía a los objetivos de la izquierda en el poder. Lo que querían los partidos de izquierda no era de hecho una sociedad justa (sabían que sus reformas no habrían logrado conseguir esto), pero sí la concentración del poder y de la riqueza en las manos de una casta privilegiada, como sucedía en la Unión Soviética, Europa Oriental, Cuba y China comunista.

***

Alguien podrá preguntarse si debido a la presunción de infalibilidad típica de las izquierdas, y especialmente de los llamados intelectuales de izquierda, Allende estaba consciente, en 1972, del inevitable fracaso de su experimento marxista.

La respuesta es que, en un cierto momento, Allende se dio perfectamente cuenta de que se encontraba en serios problemas. Pero no reaccionó como habría sido lógico: la renuncia. Se reforzó ante todo su sueño de una acción de fuerza, al punto que llegó a pedir ayuda, como último recurso, a los militares. La idea de Allende de llamar a los militares al Gobierno fue considerada casi una traición por los socialistas extremistas, dirigidos por Carlos Altamirano y Rolando Calderón, por una buena parte de la prensa de izquierda como el diario El Rebelde y en alguna medida por La Nación.[97] La mayor oposición fue registrada, entre tanto, en la Izquierda Cristiana, que retiró a sus ministros del gabinete.[98]

Los comunistas, en cambio, estaban de acuerdo: «La presencia de las Fuerzas Armadas en el Gobierno», escribieron en la revista Ercilla, «es una necesidad en este momento». Pero aclaraban enseguida que el apoyo militar debía ser «no deliberativo».[99] Se sentían seguros debido a un sondeo de opinión de la Rand Corporation que indicaba que el 25% de los oficiales simpatizaba con la izquierda y sólo el 3% era favorable a la derecha.[100]

Los comunistas sabían además que Allende no había perdido ocasión para atraerse la simpatía de los militares: gran distribuidor de medallas y honores, había incrementado los fondos de la Defensa, había aumentado también los sueldos de las Fuerzas Armadas y de la policía, había modernizado los equipos y él, masón, había creado un cerco de altos oficiales masones que le eran fieles.[101]

No fue un hecho de segunda importancia el apoyo que Allende pidió a los militares: lo que el mundo parece haber olvidado es que no fue Augusto Pinochet quien llevó por primera vez a los militares al Gobierno, sino Salvador Allende, quien, al hacerlo, rompió una antigua tradición: «los militares en los cuarteles y los políticos en el Parlamento». Fue por lo tanto Allende, es un placer repetirlo, el primero que buscó una acción de fuerza con el ingreso de los militares al Gobierno.[102]

Así, en noviembre de 1972, con lo que fue definido en varias partes como un intento de autogolpe, Allende llamó a tres generales a compartir las responsabilidades de Gobierno. Y como consecuencia, desde el 2 de noviembre de 1972 al 28 de marzo de 1973, en el gabinete de Allende se encontraron, lado a lado, ministros socialo-comunistas y tres ministros militares: el almirante Ismael Huerta y los generales Carlos Prats González y Claudio Sepúlveda: en esos casi cinco meses, como registró el cronista inglés Robert Moss, el Gobierno marxista de Chile se mantuvo en el poder también gracias a las bayonetas del Ejército.[103]

Una vez en el Gobierno con Allende, los militares le impusieron una disminución de las expropiaciones y de las estatizaciones, pidieron más libertad para los medios de información (reapertura de la Radio Agricultura, numerosas veces clausurada, y restitución a los legítimos propietarios de los diarios El Sur y La Mañana que habían sido expropiados por el MIR) y obtuvieron incluso una reducción de los poderes de las JAP, que habían llegado, con el beneplácito del Gobierno, hasta el punto de ¡entrar a los cuarteles para controlar las reservas de alimentos![104]

Los militares, en cambio, no lograron disminuir los abusos que daban frecuentes ventajas a los bolsillos de unos u otros exponentes políticos de la izquierda, ni tampoco lograron oponer un freno al nepotismo y clientelismo que ponía a los recomendados políticos de partido en los puestos estatales y en los fundos expropiados. No lograron ni siquiera oponerse, porque no eran informados antes de las continuas oleadas de racionamiento de productos de primera necesidad.[105]

Inevitablemente, a medida que los conflictos en el ámbito gubernativo se agudizaban, y cuando, con la lógica renuncia de los ministros militares (28 de marzo de 1973), terminó la extraña alianza entre la Unidad Popular y las Fuerzas Armadas, nadie fue capaz de saber si había sido positiva o no. Seguramente le había permitido a Salvador Allende sobrevivir algunos meses más.

Hubo, mientras tanto, un segundo intento de Allende para poner a los militares en el Gobierno. Este fue realizado a través del general Carlos Prats González, hombre que desde hacía tiempo estaba ampliamente comprometido con los partidos de izquierda y que era masón como Allende. Pero el intento fracasó después de dos semanas de estériles negociaciones. Más aún, tuvo el efecto de obligar a Prats, al cual los sectores militares le dieron la espalda, a renunciar. Fue entonces cuando Augusto Pinochet, en sustitución de Prats, asumió como jefe del Ejército.[106]

CAPÍTULO IV

Es una lástima que los marxistas no hayan triunfado en un país más pequeño porque no habríamos tenido que matar tanta gente para demostrar que esa utopía no funciona.

Boris Yeltsin[1]

El autogolpe que Allende no pudo realizar

Como se vio en las páginas precedentes, el objetivo final de Allende y de quienes lo apoyaron fue la conquista del poder absoluto, finalidad que el lector encontrará ampliamente confirmada en el presente capítulo.

Algunos obstáculos, entre tanto, dificultaron el sueño de Allende. Un impedimento era el Parlamento, otro era la magistratura y por supuesto las Fuerzas Armadas, a las que (como vimos en el capítulo anterior) Allende intentó dos veces ponerlas de su parte.

Además de la resistencia que ofrecieron las instituciones para salvar a Chile, tuvo mucho mérito la resistencia espontánea de la propia ciudadanía, nacida en el ámbito de las asociaciones profesionales, comerciales, campesinas y obreras, y especialmente entre la gente común: se trataba del movimiento gremialista, una forma de asociación espontánea que se parecía al movimiento poujadista surgido en Francia en los años 50 y que reagrupaba todo el espectro de la actividad productiva del país, desde los profesores universitarios hasta los talleres, desde los abogados hasta los camioneros, desde los campesinos a los mineros, desde los jubilados a los obreros.[2]

El movimiento gremialista chileno se desarrolló al interior de la Universidad Católica, gracias al impulso inicial que le dio el joven ideólogo y politólogo Jaime Guzmán Errázuriz (posteriormente asesinado por extremistas marxistas) y hacia 1972 el gremialismo se enriqueció con el aporte de organizadores como Jorge Fontaine, Benjamín Matte y Orlando Sáenz.

Un primer paso muy eficaz para el nuevo movimiento fue la creación y la difusión de organismos de autodefensa contra las agresiones provenientes de los sectores de extrema izquierda y del terrorismo. «El extremismo y la peligrosidad del MIR y de la brigada Ramona Parra», escribe el abogado chileno Juan Alberto Díaz Wiechers, «fueron los que más daño hicieron a la Unidad Popular pues crearon el miedo entre las clases medias chilenas que temían que Chile se transformase en una segunda Cuba. Muchos huyeron al exterior, otros en cambio se organizaron en grupos de autodefensa de barrios. Debido a que estos grupos estaban menos armados y adiestrados que los extremistas marxistas chilenos o extranjeros que estaban en el país, la única esperanza verdadera estaba puesta en el Ejército. En otras palabras, la guerra civil estaba a las puertas».[3]

A dichos grupos se juntaron poco a poco numerosas escuadras armadas de vigilantes (las armas, esta vez en cantidad suficiente, llegaban de contrabando desde la frontera argentina) llamadas Guardia Blanca y que más adelante, superando las iniciales finalidades puramente defensivas, comenzaron a desalojar a los miristas y terroristas de las propiedades ilegalmente ocupadas y de las bases paramilitares que estos habían creado un poco por todas partes en el país.

Uno de los primeros choques entre la Guardia Blanca y el MIR fue el de las cercanías del fundo Santa Ana, en la provincia de Cautín, y terminó con la fuga de los miristas, que abandonaron, heridos, armas, municiones y hasta sus banderas. De modo equivalente, sucedieron otros choques en los alrededores de Santiago, con lo que los miristas se transformaron, quizás sin darse cuenta, en cazadores de liebres. Solamente después se supo que la perfecta organización y disciplina que caracterizaba a la Guardia Blanca provenía del trabajo de algunos chilenos de origen alemán que desde el final de la Segunda Guerra Mundial residían en el país.[4]

Siguiendo el modelo de la Guardia Blanca no tardaron en nacer, en los sectores agrícolas y ciudadanos, otros grupos que resistían a las agresiones de los allendistas. En ese período tomó vida en Santiago un movimiento llamado Proteco, integrado por unos 1.500 hombres armados y adiestrados, que estaban organizados para defender sus barrios y sus habitaciones. Se reforzó además el movimiento Patria y Libertad, al que se sumó el grupo Soberanía, Orden y Libertad.

Después de dos años de gestión marxista del poder, Chile, como se ve, estaba dividido en dos partes antagónicas, en las que dominaban sentimientos de odio y venganza. Es un aspecto que no deben olvidarlo quienes muestran indignación por los excesos que se registraron después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

Además, no hay que subestimar que en aquellos años de guerra fría entre Oriente y Occidente, el peso de la intervención extranjera en Chile, a través de los servicios secretos soviéticos y cubanos, ayudaba a los extremismos de izquierda y la presencia estadounidense apoyaba al extremismo de derecha y a las fuerzas políticas y militares anticomunistas. Esto se expondrá en los capítulos VIII y IX de este libro.

Allende, por su parte, como si quisiera exasperar aún más los ánimos, hacía poco o nada para esconder los lujos de los que se rodeaba y la corte que lo asistía. El Presidente, por ejemplo, indujo al Gobierno a comprar para su familia, con fondos del Estado, una lujosa residencia en el barrio de Las Condes y no puso freno a su pasión por los objetos de arte y los trajes costosos.

Además, su debilidad por las mujeres le causó no sólo malestares domésticos, sino también constantes rumores indecorosos. Y su costumbre de estar rodeado por guardaespaldas armados hasta los dientes era motivo de irónicos y divertidos chistes en todo Chile.

Estas son, por lo tanto, las premisas.

La protesta popular verdadera, bajo la forma de huelgas y manifestaciones, toma cuerpo en octubre de 1972, a partir de una huelga de camioneros que se sintieron amenazados por un proyecto del Gobierno de crear una compañía estatal de transporte. A los camioneros se les unieron luego estudiantes, docentes, comerciantes, empleados de bancos, campesinos, pilotos de las líneas aéreas, choferes, marineros mercantes y los colegios de abogados, médicos, ingenieros y arquitectos.[5]

Iniciada en la lejana provincia de Aisén por iniciativa de la Confederación de Dueños de Camiones, que sumaba 40 mil transportistas y que era dirigida por el ex socialista León Vilarín, la huelga indefinida comenzó después de las estériles negociaciones que se arrastraron por todo el mes de septiembre de 1972, cuando el ministro de Economía, Carlos Matus, les dijo en su cara a los huelguistas que «la nacionalización de los transportes es indispensable para la construcción del socialismo» y cuando el Gobierno decretó el cierre de la Radio Agricultura y la Radio Minería, que hasta ese momento habían defendido los intereses y pedidos de los camioneros.

El cierre de la Radio Minería provocó otros desórdenes, como fue el caso de una muchedumbre que estaba en las afueras de la radio, defendiéndola de otra ilegal clausura, que rodeó al funcionario gubernativo que debía ejecutar la orden, impidiendo así que cumpliera con su cometido.[6]

Así, el 10 de octubre de 1972, León Vilarín proclamó la huelga de los camioneros, lo que llevó a Carlos Altamirano, pocas horas después, a definirlo como «traidor a la causa socialista» y a obtener que el Gobierno declarase ilegal la huelga y arrestara al mismo Vilarín y sus colaboradores.

La opinión pública no podía creer que un Gobierno que se autodeclaraba popular encarcelara a trabajadores culpables de haberse declarado en huelga. Pero nadie conocía en esos días algunos hechos tras bastidores: a Vilarín y a otros arrestados les ofrecieron (pero por fortuna no aceptaron) intentar huir de la cárcel; si hubieran aceptado, existía un plan que preveía matarlos durante la fuga o si eran atrapados, entonces incriminarlos por intento de fuga.

Mientras tanto, por todas partes explotaba la rebelión de la ciudadanía, la federación de los comerciantes guiada por su presidente, Rafael Cumsille, se unió a la huelga de los camioneros para protestar contra los abusos de las JAP, contra los chantajes de los funcionarios públicos, contra el nacimiento de los almacenes populares dirigidos por jóvenes extremistas socialistas e impuesto por el Gobierno, contra las expropiaciones y la falta de mercaderías de amplio consumo en los negocios mayoristas.

En las semanas siguientes, la protesta asumió las dimensiones de una revuelta. Una escena de estas manifestaciones fue descrita por el periodista inglés Robert Moss: «Una joven se detuvo en la mitad de la calle y enfrentó con decisión una manifestación socialista que avanzaba con el retrato de Allende adelante. “Si los momios quieren guerra”, decían los manifestantes, entre los cuales había agentes cubanos, “guerra tendrán”. Pero la joven, y muchos admiraron su gesto, les gritó en la cara con toda su voz: “Y los momios ganarán”».[7]

¿Y la policía? La policía, viendo que estos hechos estaban bajo los ojos de la prensa y de la televisión mundial, no tenía intención de intervenir. Eran lejanos los días en los que, por orden de Allende, se osaba reprimir con máxima brutalidad a las manifestaciones contra su Gobierno; los días en los cuales, como escribía al diario italiano Il Giornale un lector de Turín, «se ordenaban cargas de la policía y del Ejército contra mineros y camioneros que estaban en huelga para pedir condiciones de vida más humanas, hasta causar la muerte entre los huelguistas».[8]

Los terroristas del MIR, apenas podían, reaccionaban con iniciativas intimidatorias o recurriendo a las armas y no había manifestación que no degenerase en algunas horas de guerrilla urbana.

Desmintiendo las voces difundidas por Allende y acogidas por la prensa internacional, de que la agitación de los camioneros y comerciantes era una astuta maniobra de la oposición conservadora, a la huelga y a las manifestaciones en las calles se les sumaron de modo espontáneo miles de mujeres, estudiantes, campesinos y obreros. No fue así, en cambio, al menos por un breve período inicial, con los mineros y empleados de los ferrocarriles.

De parte de los huelguistas se alinearon poco después todos los partidos moderados o conservadores, incluso el Demócrata Cristiano, que por iniciativa de Frei se expresó a través de Renán Fuentealba: «Este Gobierno se está comportando en franca oposición a la ley, a la Constitución y a los derechos humanos fundamentales. Esto es peligroso para el futuro de la nación. El caso de los camioneros es escandaloso: se trata de un sindicato de trabajadores cuyos jefes, solamente porque habían proclamado una huelga para defender la seguridad de su actividad y protestar contra una amenaza de expropiación, fueron arrestados y encarcelados».[9]

La reacción de Allende fue inmediata y típica de un régimen comunista. Declaró el estado de emergencia y en 21 de las 25 provincias del país ordenó la requisición de los camiones de los huelguistas (con la intención, obviamente no ejecutada, de poner a los militares a conducirlos) y el arresto de otros cinco representantes del gremio de los camioneros.

Y esto no es todo, oficialmente fue impuesta la censura a todas las radios y canales de televisión, a los que se les permitía transmitir solamente los noticieros del Gobierno. Vanas fueron las protestas de la ARCHI (Asociación de Radiodifusores de Chile). En protesta, algunas radioemisoras, como Agricultura y Minería, se descolgaban clandestinamente de la cadena oficial y transmitían noticias libres, provocando la euforia de la ciudadanía. Estos gestos de audacia terminaban siempre con la clausura de la emisora rebelde, hasta que, algunos días después, la Contraloría General de la República obligó al Gobierno a terminar con la cadena oficial por atentatoria a la libertad de información.

El 21 de octubre de 1972 se realizó un encuentro entre los representantes de los huelguistas (comando gremial) y las autoridades de Gobierno. Los huelguistas pedían la restitución de los bienes expropiados, la aceptación de una vieja propuesta de ley que limitaba la facultad del Gobierno de nacionalizar las empresas privadas, la supresión de los comités de los barrios, la expulsión de los terroristas extranjeros (particularmente los cubanos y europeos), el injusto valor de los precios fijados por el Gobierno a la Papelera, el final de la censura sobre la información y la garantía de que no se realizarían represalias contra los huelguistas.

Los pedidos de los huelguistas, hasta ahí, no eran más una simple plataforma sindical: eran el pedido a Allende para que detuviera su recorrido hacia la imposición de un régimen totalitario y marxista. Allende, como era de esperar, rechazó incluso discutir sobre dichos temas. Es más, les confió a los organismos encargados de las expropiaciones y a los miembros del MIR reaccionar enérgicamente: en los 27 días de huelga fueron expropiados 150 fundos como una especie de desafío, al mismo tiempo que aguerridos pelotones de miristas provenientes de los cordones industriales agredieron a los huelguistas invadiendo sus lugares de reuniones y hasta sus habitaciones al grito de: «basta con la revuelta antipopular». Con hipocresía, Allende, que había ordenado la represión ilegal, no dudó en declarar: «Bastaría que dijera una palabra para que marchen contra los rebeldes más de 15 mil o 20 mil trabajadores que reabran los negocios cerrados y las actividades detenidas. Pero los he invitado a quedarse tranquilos: yo respeto la Constitución y la ley».

Que las palabras de Allende eran un bluff, les quedó claro a todos: la movilización de dicho número de extremistas con la finalidad de «restablecer el orden en el país» nunca habría sido aceptada por las Fuerzas Armadas, y menos por Carabineros. No obstante esto, el aire que se respiraba era el que precedía a una guerra civil, al punto de inducir al líder comunista Luis Figueroa a pedirle a un amigo suyo industrial que se ocupara de su familia si se veía obligado a huir al extranjero.

La movida que le permitió a Allende prolongar momentáneamente su salida de esta situación fue, como ya se dijo en el capítulo III, el ingreso de tres militares (el almirante Ismael Huerta, el general de Ejército Carlos Prats y el general de la Fuerza Aérea Claudio Sepúlveda) al Gobierno. Fueron ellos, de hecho, quienes el 5 de noviembre de 1972 alcanzaron un compromiso con el cual, a cambio del final de las huelgas, el Gobierno se comprometía a suspender las expropiaciones a los camioneros y a reducir (promesa que no mantuvo) el número de los extremistas extranjeros presentes en Chile.

***

En enero de 1973, durante una acalorada discusión con los militares que momentáneamente hacían parte de su Gobierno, Allende dejó en claro que si lo derrocaban y como consecuencia explotaba la guerra civil, él no se escaparía para refugiarse en Cuba: «Me encerraré con los míos en el cordón Cerrillos y ninguno logrará atraparme», dijo con énfasis.

El cordón Cerrillos es un barrio en la periferia industrial de Santiago, sede tradicional en aquellos años de los grupos más agresivos y organizados de la extrema izquierda y del terrorismo, beneficiado por Allende con el reconocimiento gubernativo y, de hecho, rebautizados como Comandos Comunales.

Desde allí (y desde otros cordones como Vicuña Mackenna, Panamericana Norte, San Miguel, Barrancas, Conchalí, Estación Central, Macul, San Bernardo y Mapocho) se iniciaban las expediciones punitivas contra los opositores a Allende y desde allí partían también las escuadras encargadas de ocupar ilegalmente fábricas y propiedades privadas. En Melipilla, por ejemplo, los extremistas de los cordones ocuparon y expropiaron, en enero de 1973, al menos 44 empresas privadas, tanto agrícolas como industriales.[10]

Pocas horas después, para dar mayor peso a su amenaza, el Presidente se trasladó por algunos días a una oficina que le montaron en la fábrica textil Sumar, en el cordón Vicuña Mackenna, expropiada poco tiempo atrás. Allí estuvo durante algún tiempo entreteniéndose con los jefes del extremismo y teniendo reuniones con los obreros.[11]

Mientras Allende hablaba banalidades en las fábricas del cordón Vicuña Mackenna, al mismo tiempo que amenazaba implícitamente con una guerra civil, el más extremista de sus compañeros de partido, Carlos Altamirano, tomaba posesión de otro cordón, desde donde organizaban cortes de vías y agresiones a los ciudadanos que habían pedido la restitución de sus propiedades confiscadas en el Parlamento. Y mientras tanto, aspecto cómico, ¡la Unión Soviética le concedía a Allende el Premio Lenin de la Paz![12]

Para complicar aún más las cosas, los extremistas acampados en los cordones le presentaron a Allende una lista de pedidos para que las empresas fueran dirigidas solamente por los capataces: todos los supermercados confiscados, las fundos de más de 40 hectáreas expropiados, todas las empresas productoras de productos de primera necesidad nacionalizadas y comisiones especiales para controlar los precios al por menor. Cualquier equívoco del Gobierno en la aceptación de dichas propuestas habría llevado, amenazaron los extremistas, a una oleada de demostraciones violentas como cortes de vías y ocupaciones ilegales.[13]

Estas propuestas perentorias eran plenamente justificadas, dado que los terroristas y activistas se consideraban, como lo había precisado en una entrevista a El Rebelde el exponente del MIR y el Frente Revolucionario de Trabajadores, Víctor Toro, «una organización alternativa de poder dispuesta a sustituir al Gobierno».

Los miristas no escondían que el Gobierno de Allende era considerado por ellos como el régimen de Kerensky en Rusia, en 1917, o el Gobierno Azaña en España, en 1936: solamente un punto de partida para la revolución definitiva que habría «aplastado el poder del capital y cerrado el Parlamento y el Poder Judicial».[14]

Según los extremistas del MIR, de la brigada Ramona Parra y de otras organizaciones análogas (Confederación sindical CUT, Movimiento Popular Revolucionario, Frente Revolucionario de Trabajadores y Movimiento Campesino Revolucionario), estimulados por Allende, que los consideraba un brazo armado indispensable, Chile estaba frente a una disyuntiva: dictadura del proletariado o dictadura fascista.[15]

Y para prepararse para dicho choque, que esperaban con impaciencia, «las fuerzas populares debían crear, sin pérdida de tiempo, una fuerza armada eficaz, capaz de infiltrarse en los corredores del poder».[16]

Una confirmación de esto se tuvo en el 2000, gracias a las declaraciones de dos representantes de la izquierda, el socialista Ricardo Núñez y el mirista Andrés Pascal Allende. Entrevistado por la periodista Raquel Correa, Núñez admitió que en los años de la Unidad Popular la Juventud Socialista, de la cual era integrante, estaba lista para la lucha armada con el fin de conquistar el poder y que la línea de esta lucha armada había sido aprobada por el partido en el Congreso de 1967. No muy distintas son las declaraciones de Andrés Pascal Allende a la revista Punto Final: «Nosotros los clandestinos estábamos en contacto con el Presidente Allende desde 1969 a través de su hija Tati. Su hermana Laura, mi madre, nos daba ayuda, refugios secretos y nuevos reclutas para el MIR».[17]

Como líder comunista, Luis Corvalán solía repetir que la izquierda chilena debía «prepararse para la guerra civil».[18]

Las de Corvalán no eran fantasías. Ya en 1967 y 1968, o sea, dos años apenas después de su constitución, el MIR había dado prueba de su eficacia: atentados al Instituto Chileno-Norteamericano, al diario El Mercurio, al consulado de Estados Unidos, a la sede de la Democracia Cristiana, a la residencia del senador Francisco Bulnes Sanfuentes, a la Caja de Previsión de Empleados Públicos y Periodistas, al tren Rancagua-Sewell, al Instituto Judío, a las sinagogas y a un grupo de simpatizantes demócrata-cristianos reunidos en Chillán. Y un año después, en 1969: ocho muertos y casi cien heridos en un choque callejero en Puerto Montt, secuestro del director del diario Las Noticias de la Tarde de la ciudad de Concepción, creación de una escuela de terrorismo en Guayacán y de un arsenal en Concepción, asaltos al Banco de Londres, al Banco Edwards, al Banco del Estado y a un cajero del Banco Continental. Uno de estos asaltantes, apenas fue detenido e interrogado por la policía, confesó que recién había llegado de Cuba donde junto a otros militantes del MIR había recibido adiestramiento paramilitar.

Pero sigamos adelante. En 1970, nueve asaltos al Banco Nacional de Trabajo, el secuestro de un avión comercial por dos terroristas que querían llevarlo a Cuba, el asesinato de un empleado antimarxista del Ministerio de Agricultura y en las cercanías de Corral la creación de un centro de adiestramiento de guerrillas que posteriormente fue descubierto.[19]

En este clima de intimidación que debía facilitarle el camino a Allende hacia el poder absoluto, se registraron poco después los asesinatos a sangre fría de Edmundo Pérez Zujovic (ministro del Interior del Gobierno anterior, de Frei Montalva), del capitán de fragata Arturo Araya Peters, del cabo de Carabineros Exequiel Aroca Cuevas y del subteniente de Ejército Héctor Lacrampette Calderón.[20]

El asesinato de Pérez Zujovic apareció enseguida como obra de un grupo de terroristas de la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP). El director de Investigaciones, «Coco» Paredes, pareció preocuparse poco del hecho, en un comienzo. Pero posteriormente reaccionó desplegando todas las fuerzas policiales y ultimó, en la calle, a los autores materiales del crimen, los hermanos Arturo y Ronald Rivera Calderón. Esta violenta medida indujo a la sospecha de que se había querido silenciar a quienes habrían podido denunciar a sus mandantes. La sospecha pareció confirmada pocos días después, cuando un tercer miembro de la VOP, Heriberto Salazar, en un atentado suicida, irrumpió en el Cuartel General de Investigaciones, ocultando entre sus ropas bombas y dinamita que hizo estallar, logrando, junto con él, dar muerte a tres policías del servicio.[21]

El hecho que el asesinato de Pérez Zujovic pudiese ser obra de terroristas de extrema izquierda preocupó a Fidel Castro, que personalmente se encaminó a visitar a un grupo de chilenos que se adiestraba militarmente en La Habana. Veamos lo que uno de estos jóvenes refirió varios años después a la periodista de izquierda Mónica González: «A fines de 1970 y cuando Salvador Allende ya había sido elegido Presidente, fuimos escogidos para partir a La Habana por seis meses para entrenarnos y estar así preparados para defender al Gobierno en el caso que se desatara una embestida golpista. Éramos quince: cinco del Partido Comunista, cinco del MIR y cinco del Partido Socialista. Estábamos en una casa en el barrio de Marianao, muy cerca de la embajada de Canadá, cuando vimos llegar a Fidel. Nos traía la noticia del asesinato de Pérez Zujovic. Todos pensamos que era un atentado ejecutado por la derecha para provocar a la Democracia Cristiana. Fidel pensó lo mismo, porque ese mismo día nos dijo que íbamos a tener que lanzarnos en paracaídas sobre territorio chileno porque ese asesinato era un movimiento que preparaba el golpe. Y no fueron sólo palabras. Nos hicieron un entrenamiento rápido, como de 48 horas, de lanzamiento en paracaídas».[22]

Cualquiera haya sido la verdad, la izquierda chilena intentó desviar las acusaciones que se le hacían, endosándolas a individuos no identificados que habían sido expulsados del MIR en 1969 y que, por lo tanto, siempre según los partidos de la izquierda chilena, actuaban por cuenta propia. Pero también dicha tesis se mostró infundada.

Esta sucesión de atentados terroristas aquí referidos es una ínfima parte de los que se registraron en el país. Según la compilación posterior al golpe, realizada por la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional, cuerpo de policía antiterrorista que dependía de la Junta Militar) en el período 1967 a 1973 (o sea, antes y durante la gestión de Allende), los atentados, las agresiones y las acciones intimidatorias de la extrema izquierda y de los terroristas fueron 45.220 y causaron la muerte, heridas, secuestros y torturas a 1.198 personas, subdividas así: 111 militares víctimas de atentados terroristas, 953 civiles y 134 terroristas heridos o muertos en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas y de Orden. Manuel Contreras Sepúlveda dedica treinta páginas de sus memorias a la narración detallada de los hechos.[23]

En los años siguientes a 1973, o sea, durante la gestión de Pinochet, la ofensiva terrorista fue aún más intensa, pero la reacción de las Fuerzas del Orden y del Ejército fue igualmente enérgica. De esto se hablará en los próximos capítulos.

A la acción de los terroristas se sumaba la actividad propagandística de la izquierda, el enrolamiento y adiestramiento que, con el beneplácito de Allende, se desarrollaba en las periferias y en los campamentos creados por el MIR, por otras organizaciones similares y por la Juventud Socialista, que operaba en los alrededores de la capital y en el valle del río Mapocho.

De los cordones, poderosa cadena con cabezas de puente que circundaba el centro comercial, político y administrativo de la capital, ya hemos hablado. Se trataba de un cinturón que controlaba los centros vitales del país: oficinas gubernativas, radio, televisión, diarios, electricidad, gas y agua, de modo tal que en el momento oportuno todo pudiera ser paralizado por una ofensiva que, partiendo desde la periferia, penetrara hasta la ciudad.

Tanto en los cordones como en el corazón operativo de Santiago, habían sido creadas, para tal finalidad, eficientes bases paramilitares conectadas por radio entre ellas. Bases que estaban presentes entre los mandos medios de la Empresa de Gas, de ENDESA y CHILECTRA (compañías de electricidad), de la Compañía de Teléfonos, Correos y Telégrafos y en la Compañía de Agua Potable. Particularmente preparados para la guerrilla eran los núcleos combatientes que habían nacido en el interior de la CORHABIT, de la CORVI y de la CORMU (empresas constructoras estatales): al núcleo de la CORMU le había sido concedido el título oficial de Departamento de Ejecución Directa y fue, entre otros, el autor, en la comuna de La Reina, en marzo de 1973 del asesinato de dos opositores que obstaculizaban la expropiación de un fundo agrícola.[24]

De hecho, el MIR y los Comandos Comunales nacidos en los cordones no tenían como objetivo solamente la lucha contra los opositores a Allende y la eventualidad de sustituir, en caso necesario, a las instituciones del Estado. Si bien habían ayudado a Allende a llegar a la presidencia, ya desde 1971 se organizaban secretamente para derrocarlo junto con su Gobierno, del cual mientras tanto recibían apoyo y financiamiento. Su relación con las fuerzas políticas de la Unidad Popular era falsa y sujeta, por decir lo menos, a constantes marchas atrás, chantajes y contrachantajes que tocaban indirectamente al Partido Socialista y a la Izquierda Cristiana.[25]

En los campos comandaba como patrón el ya citado Movimiento Campesino Revolucionario, que se había especializado en movilizar, con miras al choque, a los indígenas mapuches. Especialmente en las provincias de Cautín y Malleco, los extremistas que apoyaban a Allende habían logrado, día tras día, incitar a hordas de mapuches desocupados contra los directivos de fábricas y empresas industriales, induciéndoles a creer que los patrones eran los responsables de su pobreza. Se sucedieron numerosos choques en los cuales los mapuches usaron armas recibidas de los miristas y sus aliados, ocasionando una multiplicación de crímenes de todo tipo.[26]

Una prueba general para derrocar a Allende con un posible golpe de extrema izquierda se desarrolló en febrero de 1973 en la ciudad de Concepción. Fue allí donde, despertando la cólera de Allende, la organización Cristianos por el Socialismo, guiada por su líder Martín Gárate, confirmó que, en línea con una deliberación del 1 de noviembre de 1972, estaban listos para recurrir a las armas junto con la Izquierda Cristiana y el ala extrema del Partido Socialista, para que el pueblo pudiera «subir al poder y gobernar sin ulteriores trabas».[27]

Otra prueba general de un posible golpe de extrema izquierda para derrocar a Allende fue la del 3, 5 y 7 de agosto de 1973, pocas semanas antes del golpe militar, cuando un grupo de marineros del crucero Latorre y del cazatorpedero Blanco Encalada intentó amotinarse y asesinar a los oficiales que estaban a bordo. De los interrogatorios se llegó a la conclusión que todos pertenecían al MIR y que los organizadores de la fracasada intentona eran el mirista Miguel Enríquez, el líder socialista Carlos Altamirano y el representante mapucista Oscar Guillermo Garretón.[28] A las investigaciones de la Marina siguieron, por iniciativa del general Gustavo Leigh, las de la Fuerza Aérea, que arrestó a algunos extremistas que planeaban entrar en una base usando uniformes militares.[29]

Tomando como referencia dichos episodios, el joven senador democratacristiano Rafael Moreno mostró en el Parlamento las pruebas de que los socialistas realizaban un intenso e ilegal comercio de armas para equipar a los terroristas. Y demostró que no pocos militantes socialistas, comunistas y de la Izquierda Cristiana estaban listos para unirse a los terroristas en el ataque final a Allende, a quien consideraban demasiado indeciso para una inmediata instauración de la dictadura del proletariado.[30]

Estas voces alarmantes encontraron una confirmación, mantenida en gran secreto por los servicios de información del Ejército, según los cuales el MIR y otros grupos de extremistas (como el guiado por el socialista Arturo Hoffman, de quien se susurraba que había hecho carrera gracias a la hermana del Presidente, Laura Allende) habían constituido una estructura clandestina denominada Comando 16 de Julio del Ejército de Liberación Nacional y preparaban, en vista a un misterioso día «D», un ataque a la residencia privada de Allende en la avenida Tomás Moro.[31]

Y estos rumores encontraban confirmación, esta vez abiertamente, en las palabras del líder comunista Luis Corvalán, que varios años después hizo la siguiente declaración: «Cuando después de las elecciones de marzo de 1973 estaba claro que la reacción buscaría el derribamiento del Gobierno a través del golpe de Estado, lanzamos la consigna No a la guerra civil y, simultáneamente, intensificamos la preparación combativa de aquellos militantes que trabajaban en el frente militar y los pertrechamos de algún armamento».[32]

Una ulterior confirmación se tuvo cuando los miristas y socialistas asesinaron a una persona en la población Lo Hermida: el Partido Socialista obstaculizó las investigaciones de la policía y obligó a Allende a despedir al militante socialista Coco Paredes, jefe de la Policía de Investigaciones, y como premio le permitió viajar a Suiza.

De todos modos fue también gracias a la violencia terrorista y a la obra del MIR, transformado en milicia popular (imagínese el lector, es como si en la Italia de los años 70 las Brigadas Rojas hubieran recibido un cargo oficial de orden público), que Allende logró quedarse en el poder los últimos meses.

En este período explotaba el descontento popular contra Allende y los terroristas, sindicalistas y extremistas le ayudaban al Gobierno (al que estaban dispuestos a derrocar y sustituir) a tener bajo control el país, no obstante los malhumores y el bloqueo de las fábricas, de los colegios y del transporte.

Más que justificadas, en este punto, fueron las severas críticas que el ex Presidente Frei y el senador democratacristiano Renán Fuentealba expresaron respecto de Allende, acusándolo de haber creado el clima de odio del cual había partido una sucesión de choques, de agresiones y de asesinatos preparatorios de una guerra civil.[33]

De hecho, en los tres años de la gestión de Allende, quienes en realidad condicionaron la vida de Chile fueron las bandas armadas del MIR y de otras organizaciones paramilitares marxistas-leninistas, que se habían establecido en algunos barrios industriales, donde el Gobierno les había autorizado a procurarse, con cualquier medio, el abastecimiento de gas, agua, luz y teléfono, y de equipar con financiamiento público los puestos de radios y los arsenales bélicos. Exactamente lo que la administración comunal de izquierda hizo en Italia con los llamados «centros sociales».[34]

Eran milicias en las cuales Allende decía abiertamente tener confianza, después de olvidar la promesa hecha en 1970 durante la campaña electoral, de que si era elegido Presidente no consentiría la formación de milicias populares armadas.[35]

De una de dichas milicias (una escuadra de 250 energúmenos elevados arrogantemente a guardia personal presidencial, adiestrados en Cuba y denominada GAP, o sea, Grupo de Amigos Personales) Allende pasó a ser, como he explicado anteriormente, un rehén.[36]

La estructura política y paramilitar del MIR, como se deduce de los documentos publicados en 1971 por la revista Ercilla, y como más tarde fue confirmado por el periodista inglés Robert Moss, estaba compuesta de una red de células operativas de cinco personas cada una, llamada GPM (Grupos Políticos Militares), adiestradas por «instructores provenientes desde Cuba y de otros países comunistas. Los GPM podían usar bases logísticas, laboratorios para explosivos, depósitos y arsenales puestos a su disposición por el Gobierno de Allende».

Cada organización paramilitar o terrorista disponía, según las indicaciones dadas por Ernesto Che Guevara, de hospitales clandestinos para los heridos, localidades secretas donde realizar reuniones, encarcelar prisioneros y personas secuestradas con fines de extorsión, además de una serie de «santuarios» en localidades de montaña y hasta en el exterior en donde pudieran esconderse militantes de quienes se denunciara la muerte para despistar las investigaciones.[37]

Todos los estudios realizados sobre la situación existente en el país antes del golpe de 1973 muestran, sin lugar a dudas, que tanto Allende como los grupos del terrorismo organizado preparaban desde hacía tiempo una insurrección armada que le habría dado a Allende el control absoluto del país y habría podido llevar en un momento posterior a la sustitución del mismo Allende por otro personaje aún más extremista.

Una de las primeras señales fue el 22 de octubre de 1970 (mientras en el Parlamento se debatía la aprobación de la elección de Salvador Allende a la presidencia) con el asesinato del general René Schneider Chereau, Comandante en Jefe del Ejército, hombre de orientación conservadora y cercano a la política norteamericana. El Comandante asesinado, no obstante su lealtad a la Constitución, un año antes, el 21 de octubre de 1969, había tácitamente aprobado lo operado por el general Roberto Viaux Marambio, responsable de un intento de insurrección militar generada por la alarmante escasez de recursos y pertrechos militares en que se encontraban las Fuerzas Armadas y cuyo resultado concreto había sido la momentánea ocupación de un cuartel en Santiago.[38]

Del asesinato de Schneider existen dos versiones opuestas. Una de círculos cercanos a Pinochet y una segunda, compartida por los partidarios de Allende, que provenía de la CIA.[39]

Según cercanos a Pinochet, el asesinato de Schneider tenía la finalidad de crear, para favorecer a la izquierda, un estado de tensión e intimidación hacia el Parlamento y las Fuerzas Armadas.[40]

A esto se suma que Schneider, por su claro antimarxismo, era molesto para la izquierda y que su asesinato permitió sustituirlo por el general Carlos Prats González.

Confirma esta tesis el hecho de que la tensión creada en el país por el asesinato de Schneider presionaba al Parlamento para que no rechazara la elección de Allende: de hecho, ésta fue votada rápidamente, mientras Schneider aún agonizaba.

Los autores del atentado al auto en el que viajaba Schneider, afirman los partidarios de la derecha chilena, eran algunos elementos pertenecientes al MIR dirigidos por Luciano Cruz, individuo conocido también por su misteriosa muerte, que sacó del medio a un hombre que sabía muchas cosas. El autor material del asesinato de Schneider habría sido, según el jefe de la policía de la Junta Militar, Manuel Contreras Sepúlveda, un cierto Claudio Rodríguez, terrorista del MIR infiltrado en los ambientes de la extrema derecha.[41]

Poco creíble es, en cambio, la hipótesis de la periodista Mónica González (desmentida por la CIA), de que el atentado fue querido y organizado por la CIA, que habría introducido a Chile las armas y las municiones necesarias para apoyar a un golpe de Estado militar: como si los organizadores de un golpe de Estado militar no tuvieran amplia disponibilidad, justamente siendo militares, de armas y municiones.[42]

Lo que informa la CIA, en cambio, es que desde hacía tiempo un grupo de conjurados dirigidos por el general Roberto Viaux Marambio quería neutralizar a Schneider para dar un golpe militar. Y de hecho en la primera mitad de octubre de 1970 Viaux pidió ayuda a la CIA para ejecutar el secuestro de Schneider. Los conjurados no querían asesinarlo, precisa la CIA, pero durante el enfrentamiento que se verificó al intentar secuestrarlo, el general fue mortalmente herido.

Es difícil decir cuál de las dos versiones sea la más cercana a la verdad. Lo único seguro es que la CIA le pagó al grupo dirigido por Viaux 35 mil dólares «con la finalidad», según los directores de la CIA, «de garantizar el máximo secreto».[43]

Que Allende y los suyos tenían la intención de recurrir a un acto de fuerza, superada la primera fase constitucional de su presidencia, fue comprobado en los meses y años siguientes: como hemos dicho, nuevas formaciones armadas se unieron poco a poco al MIR, dando vida a aquel Ejército de Liberación Nacional que Carlos Altamirano había deseado para fortalecer la ya existente Vanguardia Revolucionaria Marxista.

Para preparar el terreno a un acto de fuerza, numerosos altos oficiales, de orientación política conservadora, fueron alejados de sus cargos para que no obstaculizaran los planes del Presidente. Como en el caso del coronel Alberto Labbé, director de la Escuela Militar de Santiago. Antes lo transfirieron a un cargo de escritorio y después lo dieron de baja porque en 1971 había ordenado que los cadetes de la Escuela Militar no le rindieran honores a Fidel Castro.[44] Causaron también impresión las dimisiones impuestas al general Alfredo Canales Márquez, en septiembre de 1971, debido a comentarios del militar que llegaron a los oídos de Allende, sobre la complicidad gubernativa en la proliferación de las organizaciones paramilitares y terroristas.[45]

Mientras Allende intentaba tener así a las Fuerzas Armadas bajo control, dando de baja a los oficiales de orientación política sospechosa, no renunciaba a organizarse para el día «D».

Con tal finalidad había pedido ya a finales de 1971 al socialista Raúl Ampuero, que tras abandonar al partido formó un pequeño movimiento socialista autónomo, denominado USOPO, particularmente fuerte en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Y desde su competencia, Ampuero le indicó a Allende las líneas para una sujeción total del Ejército al poder político.[46]

Era necesario, habían concordado Ampuero y Allende, obtener en el plazo de dos o tres años «la total subordinación de las Fuerzas Armadas a las directivas políticas que debían llevar al triunfo del socialismo». Y con tal finalidad era necesario alejar a los elementos «poco confiables» e introducir en todos los niveles la figura del «comisario político» de tipo soviético. A continuación, según el modelo norvietnamita, estos comisarios políticos serían además creados fuera de las Fuerzas Armadas, o sea, en los barrios o en lugares donde pudieran garantizar (trabajando en paralelo con las JAP) una «autodefensa popular» contra las infiltraciones reaccionarias.

El diario El Mercurio de Santiago denunció el 1 de marzo de 1972 un plan del Partido Comunista para infiltrar las Fuerzas Armadas. Un joven dirigente comunista, Patricio Cueto Román, extravió su maletín con esta valiosa información en un baño público de Valparaíso. La persona que recogió este portadocumentos, al darse cuenta de lo que contenía, lo hizo llegar a un dirigente gremial de la oposición. Este prontamente lo entregó a una alta autoridad del diario El Mercurio. Previa revisión del material, El Mercurio hizo público el contenido de éste. El afortunado hallazgo de este valioso material permitió tener una clara visión de cómo el Partido Comunista quería infiltrar las Fuerzas Armadas. Según el instructivo había que «ganarse el apoyo de las Fuerzas Armadas e incorporarlas al proceso que vive el país». Para ello «ningún compañero teniendo la edad que la ley exige puede quedarse sin hacer su servicio militar». Incorporado al servicio e informado de quiénes de sus compañeros son comunistas, se debe «señalar al camarada el papel que debe jugar en ese período».[47]

En esta perspectiva, un sector particular destinado a controlar las Fuerzas Armadas, formalmente destinado a la distribución del material y de los hombres, le fue confiado por Allende a dos personajes llamados «comandante Raúl» y «comandante Mickey», formados en la escuela de guerrilla, adoctrinamiento y terrorismo de Lo Hermida. Nadie, ni los máximos responsables de las Fuerzas Armadas, logró remover a dichos sujetos de sus cargos.

El socialista Jaime Faivovich, a quien Allende había nombrado intendente de Santiago, dio un paso adelante respecto a las mismas ideas de Ampuero. Partidario de los tribunales revolucionarios y de los pelotones de ejecuciones, que después del día «D» debían encargarse de los procesos políticos contra los adversarios del régimen, Faivovich tuvo en la población Lo Hermida una serie de reuniones para organizar los grupos que se ocuparían de los procesos a los acusados.

Allende no escondía su sueño autogolpista: durante una encendida discusión con el general Prats y el almirante Huerta, que entre noviembre de 1972 y marzo de 1973 integraron su Gobierno, evidenció en términos muy claros y duros que si era abandonado por las Fuerzas Armadas él no buscaría refugio en Cuba sino que se instalaría en el Cordón Cerrillos y nadie lo sacaría de ahí.[48]

No era un bluff: Allende había creado un denominado Ejército Popular (dirigido por Eduardo Paredes) que, teniendo muchos guerrilleros extranjeros enviados por Fidel Castro, había declarado su finalidad de contraponerse, si era necesario, a las Fuerzas Armadas.[49]

En la misma residencia presidencial, en la calle Tomás Moro, transformada en un bunker equipado con armamento soviético y checoslovaco, se realizaban entrenamientos de combates.

Y hasta la residencia presidencial de El Cañaveral era una base de adiestramiento en donde, entre otras cosas, se preparaban campos minados y se usaban armas automáticas: fue allí donde tomaron la célebre fotografía de Allende disparando con una metralleta soviética bajo la supervisión de Eduardo Paredes.[50]

Una idea sobre el futuro que le esperaba a Chile, si en septiembre de 1973 los militares no hubieran intervenido, se deduce por el hecho que, además de las formaciones armadas antes citadas, el Partido Comunista había preparado un autodenominado Ejército Obrero, con más de 5 mil personas, del que hacía parte la ya citada Brigada Ramona Parra y que se adiestraba en la localidad de Nehuentué, en Cautín.

Por su parte, también la Unidad Popular había preparado un comando militar unitario, repartido entre los partidos de Gobierno y que incluía entre otros a Carlos Altamirano, del Partido Socialista, y a Oscar Garretón, del MAPU. Miguel Enríquez, por cuenta del MIR y con el beneplácito de Allende, era muy activo en organizar formaciones guerrilleras y enviaba a jóvenes chilenos a Cuba para que participaran en los cursos de guerrilla y sabotaje.[51]

Uno de los planes de combate preparados por las formaciones armadas fieles a Allende durante las reuniones en el cuartel de Puente Alto, era el bombardeo en Valparaíso de la Escuela Naval y del Fuerte Vergara. Otro plan secretísimo, llamado Plan Z (coordinado el 22 de agosto de 1973 entre los partidos de la Unidad Popular y los sindicatos allegados, fechado el 25 de agosto de 1973 y enviado a un misterioso P-4 y a otro no menos misterioso AGP), fue encontrado después del golpe en la caja fuerte del subsecretario del Interior, Daniel Vergara. En el voluminoso documento se preveía el asesinato simultáneo, durante el desfile del 19 de septiembre de 1973 en el Parque Cousiño, de los jefes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Al mismo tiempo, otros escuadrones eliminarían unos 600 dirigentes políticos y periodistas antimarxistas. El jefe de los comandos que tenía la misión de realizar los asesinatos era un español de apellido Garcés, quien hasta estos días ha dado que hablar.[52]

Otro plan fue encontrado después del golpe militar en la caja fuerte de Alfredo Joignant, socialista de posiciones tan extremistas que fue alejado de su cargo de intendente de Santiago, pero que después Allende nombró jefe de la policía de Investigaciones.

Además del fichaje total de militares, policías y simples ciudadanos, Joignant tenía en la caja fuerte un documento emitido por el Partido Comunista, fechado 30 de junio de 1973, en el cual se notificaba la constitución de un grupo de especialistas que tenía la tarea de (y estas palabras estaban subrayadas) «proceder a la eliminación física de los jefes de la oposición». Era un plan de tal manera detallado, que llegaba a precisar incluso que en caso de guerra civil las centrales eléctricas debían ser destruidas y por lo tanto «la disponibilidad de velas, fósforos y petróleo» debía ser prerrogativa exclusiva de los militantes comunistas.[53]

La existencia de dichos planes fue confirmada en agosto de 2000, gracias a la parcial apertura de los archivos de la CIA, que probablemente estaba al corriente antes que lo supieran, después del golpe de Estado, las autoridades militares chilenas.[54]

El autogolpe de Allende (el Plan Z) diversas veces exigido por los sectores más extremistas de la izquierda, que querían ganarle la mano a los militares, estaba programado para el aniversario de la independencia, el 19 de septiembre de 1973. Por lo tanto, el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 le precedió por poco al autogolpe de Allende.[55]

De hecho, un poco antes del mes de septiembre de aquel año comenzó una carrera contra el tiempo entre las dos partes, una carrera secreta entre la extrema izquierda y los sectores más nacionalistas de las Fuerzas Armadas: tanto los unos como los otros preparaban un golpe de Estado en el que temían ser precedidos por el adversario. Fue ganado por pocos días, como es sabido, por los militares.[56]

Hacia fines de abril, durante un encuentro secreto, algunos exponentes del MIR le pidieron a Allende que adelantara el golpe de Estado: «¿Espera que lo hagan los militares y nos echen afuera del Gobierno?», le dijeron. Pero Allende demoraba porque, más que actuar sorpresivamente, prefería orquestar un incidente cuya responsabilidad recayera sobre la extrema derecha, de manera que pudiera justificar una intervención gubernativa «pacificadora».

El asesinato de un oficial de marina, el ya citado capitán Arturo Araya Peters, edecán naval de Allende, crimen que las autoridades y el mismo Presidente intentaron imputarle a la extrema derecha, fue otra farsa. Una investigación conducida por el tribunal militar, entre tanto, no tuvo dificultad en identificar a algunos elementos de extrema izquierda, probablemente dirigidos por el mirista José Luis Riquelme Bascuñán, como autores de la provocación.[57]

***

La larga vía de Allende hacia el autogolpe pasaba inevitablemente a través del control de la Justicia. Al concepto definido por los marxistas como «legalidad burguesa», fue contrapuesto el principio inviolable de la «legalidad socialista» y de la «justicia de clases». Y se habló incluso de sustituir los tribunales tradicionales con los que se preanunciaban como «tribunales populares».

Los criterios ideológicos para realizar dicha transformación de la Justicia eran tres. El primero era la eliminación de la separación entre las funciones ejecutiva, legislativa y judicial. El segundo sustituía el concepto de protección de los derechos individuales del ciudadano por el de defensa de los intereses de la colectividad. El tercero establecía que la ley debía basarse no en normas objetivas sino en la ideología revolucionaria.

De acuerdo con una ley propuesta en enero de 1971, que no fue aprobada en el Parlamento, los jueces del tribunal de nuevo tipo, o sea, los tribunales populares, deberían ser elegidos por las «asambleas populares», con atribuciones para removerlos del cargo.

Es inútil recordar que dichas asambleas (como sucedía en Italia con las asambleas de barrio y universitarias) habrían sido un terreno de batalla ideal para los activistas de la extrema izquierda. La pacífica burguesía habría evitado participar.

Los abusos y decisiones arbitrarias que habrían realizado dichos tribunales populares son fáciles de imaginar, si se considera que entre los delitos previstos figuraba la no mejor definida «actitud contraria a la coexistencia». Peor aún: en el sistema judicial tan especial que Allende quería imponer al país, por consejo de sus asistentes legales Eduardo Novoa y José Antonio Viera-Gallo, no habrían existido los abogados defensores. Y las penas habrían sido acompañadas de humillantes castigos públicos.

A este propósito, el escritor chileno Miguel de Nantes comenta: «En los planes que Allende tenía para apoderarse del poder absoluto, entraba la eliminación de las Fuerzas Armadas tradicionales, de ambas Cámaras del Parlamento, de los tribunales y de la policía: todo habría sido sustituido por las milicias populares y por lo que se refiere a los proyectados tribunales, Chile habría caído en manos de asesinos dignos de la Revolución Francesa».[58]

Por suerte, dicha ley languideció en el Parlamento hasta el día del golpe militar.

Un intento directo de violencia a las instituciones, casi una prueba general de autogolpe «por pedido popular», fue realizado en julio de 1972 por los partidarios de Allende en la plaza Montt-Varas, en el centro de Santiago. Una muchedumbre de activistas y extremistas, algunos con el rostro enmascarado, asediaron por largo tiempo los edificios del Parlamento, de la Corte Suprema y del diario El Mercurio. Entre los oradores que tomaron la palabra en dicha circunstancia figuraron Alfredo Joignant, Hernán del Canto y Rolando Calderón, que acusaron a la oposición derechista y a las fuerzas reaccionarias porque hasta ese momento no se habían llevado a cabo las reformas sociales deseadas por el Gobierno.[59]

La verdad era otra. Allende encontraba serias dificultades en las propias ambiciones de poder absoluto por el simple motivo de que no tenía la mayoría parlamentaria. Y no podía tenerla porque no contaba con la mayoría del electorado. Su elección a la presidencia, como ya hemos explicado, fue posible gracias a maniobras tras bastidores y negociados entre partidos que, mientras tanto, no llevaron al nacimiento de una mayoría de centroizquierda en el Parlamento. Allende y su Gobierno operaban con dificultades fácilmente imaginables, despreciando al electorado y a la mayoría parlamentaria.

***

A Allende no le quedó otra cosa que intentar lo que intentan todos los que se quieren quedar en el poder a despecho de la voluntad popular: buscar el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y fue lo que hizo (como quedó dicho al final del capítulo anterior) el 2 de noviembre de 1972. Pero dicho intento, como ya sabemos, falló. El destino de Allende, por entonces, estaba sellado.

CAPÍTULO V

Los males extremos necesitan remedios extremos.

Guy Fawkes[1]

El golpe militar

Chile, a diferencia de otros países de América Latina, tuvo a los militares en el poder ocasionalmente y fue siempre gobernado por presidentes y parlamentarios elegidos democráticamente: justamente esta tradición democrática empujó al país a tolerar pacientemente, desde 1970 hasta 1973, a un Gobierno que llevaba el país a la miseria y al caos.[2]

Con estas palabras, el 8 de noviembre de 1973, o sea, dos meses después del golpe militar, el ex Presidente democratacristiano Eduardo Frei Montalva se expresó al dirigirse al democratacristiano italiano Mariano Rumor: «El mundo conoce cuál es el resultado de la gestión económica de la Unidad Popular. Recibieron un país floreciente en pleno desarrollo […] La inflación en cifras oficiales llegó a 323 por ciento en los últimos doce meses […] una devaluación de más o menos 12.000 por ciento […] Todos los índices de productividad habían bajado. […] ¿Hay alguna democracia que resista estas tasas de inflación, la escasez y el mercado negro? […] Lo más grave fue el tremendo fracaso del área estatizada. Se dijo que el Gobierno financiaría el desarrollo económico con las utilidades de las empresas cuyo control tomaría el Estado. El año 1973 estas empresas perdieron 150 millones de escudos, equivalentes al presupuesto nacional […] Quisieron convertir toda la agricultura en haciendas estatales colectivas, lo que fue resistido por el campesinado […] Se asaltaron las propiedades y las ocuparon con gente que muchas veces no eran campesinos […] Ostensiblemente disminuyó la construcción de viviendas y escuelas […] El Partido Socialista y el Partido Comunista crearon organizaciones armadas. Los socialistas la llamaron Elmo Catalán y los comunistas constituyeron la tristemente célebre brigada “Ramona Parra” […] Se constituyeron asimismo los llamados Cordones Industriales que rodeaban las ciudades». También el ex Presidente Frei destacaba que crecían las estructuras terroristas y el Gobierno organizaba el racionamiento de productos alimentarios según criterios políticos para controlar mejor la vida de las familias.[3]

Así, varios años después el mismo Frei agregaba: «Es necesario que el país salga del caos y, en consecuencia, que el Gobierno actual tenga éxito».[4]

Frei tenía razón. Los militares intervinieron solamente cuando la inflación oficial del 350% era en realidad del 700%, con la producción agrícola, minera e industrial paralizada y con la magistratura y el Parlamento expuestos de tal manera, que declararon inconstitucional el Gobierno de Allende, teniendo la certeza del consenso popular.[5]

De hecho, excepto algunos pocos miles de politiqueros, el golpe del 11 de septiembre de 1973 fue acogido con alivio por la población, que desde hacía tiempo había entendido que el verdadero objetivo de los marxistas no era el bienestar popular, sino dominar el poder de modo irreversible y darle ventaja al bloque soviético. Como afirma el periodista estadounidense William F. Jasper, «el golpe de Estado tuvo un apoyo casi total por parte de la población».[6]

Veamos este resumen de un comentario del mismo Pinochet: «¿Quién no se acuerda de los delincuentes que desfilaban con cascos y pasamontañas? ¿Quién no se acuerda de los miles de guerrilleros comandados por el general cubano Patricio de la Guardia Font? ¿Quién no se acuerda del asesinato de tantos ciudadanos al punto que nos vimos obligados a intervenir? Era una cuestión de pocos días y nuestro país habría sido destruido o habría explotado una guerra civil. Cuando hoy en día oigo ciertos discursos, me parece oír a gente que vive en otro planeta. Hay gente que se olvida de las colas en los negocios, de la falta de pan, aceite y hasta de jabón, al punto de verse obligados a lavarse los dientes con creta».[7]

El golpe de septiembre de 1973 puede, por lo tanto, ser considerado como una sublevación popular que tuvo consenso general y la participación de casi todos los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y el apoyo abierto de los partidos moderados, comenzando por el Partido Nacional, gran parte de la Democracia Cristiana, el Partido Democracia Radical y el Partido Izquierda Radical. Los cuatro partidos unidos en una coalición antigubernativa denominada Confederación Democrática (CODE). Los chilenos se habían dado cuenta que solamente un período de dictadura militar le permitiría al país, a la espera de la vuelta a la democracia, salir de la desastrosa experiencia marxista.[8]

La democracia había muerto hacía tiempo, asesinada por Allende y las bandas paramilitares marxistas-leninistas que lo apoyaban. Por entonces, eran tiempos lejanos aquellos en los cuales Allende y el jefe de los comunistas, Luis Corvalán, prometían un socialismo pluralista y sujeto al consenso del país.[9]

Como ya hemos dicho, el 6 de abril de 1972 y en otras ocasiones, Allende, que era Presidente desde hacía un par de años, no había ocultado su voluntad de cambiar la Constitución y de sustituir el Parlamento por una asamblea nombrada por los partidos y de transformar el sistema judicial introduciendo «Tribunales Populares».[10] Y Luis Corvalán había ido incluso más allá, incitando a Allende a no dudar y a cerrar con una medida de autoridad todos los diarios de oposición.[11]

Estos hechos que el mundo prefería ignorar eran, entre tanto, muy claros para todos los chilenos.

El ex Presidente democratacristiano Eduardo Frei Montalva, en declaraciones al diario ABC de Madrid, decía lo siguiente: «El marxismo, con conocimiento y aprobación de Salvador Allende, y acaso por instigación de Salvador Allende, había introducido en Chile innumerables arsenales, que guardaban en viviendas, oficinas, fábricas y almacenes. El mundo no sabe que el marxismo chileno disponía de un armamento superior en número y calidad al del Ejército. Un armamento para más de treinta mil hombres y el Ejército chileno no pasa normalmente de esa cifra. Los militares han salvado a Chile y a todos nosotros, cuyas vidas no son ciertamente tan importantes como la de Chile, pero que son vidas humanas y muchas, y todas amenazadas perentoriamente […] Los militares fueron llamados y cumplieron una obligación legal porque el Poder Ejecutivo y el Judicial, el Congreso y la Corte Suprema habían denunciado públicamente que la presidencia y su régimen quebrantaban la Constitución, los acuerdos votados en el Parlamento y las sentencias dictadas por los jueces absolutamente extraños a la política. Allende vino a instaurar el comunismo por medios violentos, no democráticos […] Ya estaban armadas las masas de guerrilleros y bien preparado el exterminio de los jefes del Ejército. Allende era un político hábil y celaba la trampa».[12]

Igualmente claro fue el democratacristiano Patricio Aylwin, adversario político de Pinochet que subió a la presidencia de Chile en 1990. En entrevista, con fecha 24 de septiembre de 1973, a la NC News Service, de Washington y Bonn, la cual se reprodujo días después en el diario La Prensa, de Santiago, declaró: «La verdad es que la acción de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros no vino a ser sino una medida preventiva que se anticipó a un autogolpe de Estado que, con ayuda de milicias armadas con el enorme poder militar de que disponía el Gobierno y con la colaboración de no menos de 10 mil extranjeros que había en este país, pretendían o habrían consumado una dictadura comunista». Más adelante en la entrevista, Aylwin señalaba: «Es muy fácil convertirse en juez de otros que están peleando, mientras uno está cómodamente sentado en el escritorio. Yo no me siento con autoridad moral si han sido excesivos o no, porque lo cierto es que los militares han tenido muchas bajas y han recibido la acción».[13]

Que el golpe de Estado se anticipó por poco al autogolpe de Allende (programado para el 19 de septiembre de 1973) lo confirma el hecho de que un mes antes llegó a Chile el jefe de los servicios secretos cubanos (maestro de guerrilla y terrorismo) Patricio de la Guardia Font, acompañado de cientos de colaboradores cubanos y consejeros soviéticos: el pasaporte «diplomático» de este último, expedido en Cuba con el número 1050, tenía el sello de ingreso a Chile, vaya coincidencia, el 27 de agosto de 1973.[14]

***

Pero quizás el hecho más importante ocurrió durante los meses precedentes al golpe militar: mientras en el país reinaba el caos y se acentuaba la violencia callejera y las huelgas, la Cámara de Diputados puso a Allende en minoría: «Es un hecho», declaró la mayoría de los diputados el 22 de agosto de 1973, «que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de este modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo que la Constitución establece». Y concluyó denunciando la formación, por parte de Allende, de «grupos armados destinados a enfrentarse con las Fuerzas Armadas de la República». E invitó a las Fuerzas Armadas y a Carabineros a asumir sus responsabilidades a fin de «poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del Derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos».

El día después, el 23 de agosto, por intermedio del senador democratacristiano Andrés Zaldívar, la mayoría de los senadores se alineó, aunque de modo informal, a la posición expresada por los diputados.[15]

Esta resolución, que sustancialmente le quitaba la legitimidad al Gobierno de Allende y que explícitamente invocaba una intervención militar, tuvo 81 votos a favor y 47 en contra.

Un resto de dignidad debería haber llevado a Allende a renunciar, pero la dimisión del poder no entra en las costumbres de la izquierda. Por lo tanto, Allende decidió tomarse tiempo gracias, entre otras cosas, a la ayuda del episcopado «progresista», ayuda que llegó puntualmente: el cardenal Silva Henríquez, tanto para confundir las aguas y hacer decantar la situación, declaró: «Deseamos un programa común entre cristianos, laicos y marxistas para la realización de programas de bienestar público y de bien común».

En vista que se trataba de palabras sin un significado concreto, monseñor Carlos Oviedo Cavada dio origen a un documento episcopal en el que abiertamente sugería «una tregua que permita ganar tiempo».[16]

Era una propuesta que para los comunistas no podía ser más agradable, al extremo de que, a través del senador Teitelboim, se apresuraron a contestar, afirmando que los marxistas estaban «listos para responder al llamado de la paz». El mismo secretario general del Partido Comunista, Luis Corvalán, escribió al cardenal Silva Henríquez, dándole una «respuesta positiva a la exhortación episcopal». Al día siguiente, conmovido por aquel simbólico abrazo, el arzobispo le contestó afirmando su confianza en «la rectitud, en el buen sentido y en el patriotismo de los dirigentes políticos chilenos» y proponiendo una reunión, que no se llevó a cabo, entre socialistas, democratacristianos y comunistas.[17]

Pero Allende a estas alturas estaba en un callejón sin salida. Aun antes de la votación de la Cámara de Diputados, el 1 de marzo y el 26 de mayo de 1973, la Corte Suprema de Justicia había desaprobado por unanimidad la legitimidad constitucional del comportamiento de Allende y su permanencia en el cargo.

Lo mismo había hecho pocas horas después la Controlaría General de la República. El 8 de agosto de 1973, una análoga declaración había sido firmada por el Colegio de Abogados.[18]

Las elecciones políticas de marzo de 1973, para la renovación del Parlamento, habían confirmado la creciente impopularidad de Allende y su poco respeto hacia las reglas democráticas. Una comisión investigadora presidida por Jaime del Valle, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, demostró que Allende, en un inútil intento por evitar la derrota, había puesto en marcha un esquema masivo de fraudes electorales. En las conclusiones de dicha comisión se destacaba: «Podemos sostener, entonces, que nuestra democracia está hoy quebrada. Nuestro régimen electoral ha permitido un fraude gigantesco y no da garantías de que en futuras elecciones no se vuelva a repetir».[19]

Este fraude de grandes proporciones, como lo demostró el serio estudio realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, se organizó en el Servicio de Registro Civil e Identificación del Gobierno, mediante el recurso de otorgar a los militantes de la Unidad Popular varias cédulas de identidad falsas, con las cuales se inscribían en los registros electorales, en diferentes lugares, y votaban cada uno varias veces. Esta maniobra significó la emisión de más de 200.000 votos fraudulentos, a favor del Gobierno, según las autoridades académicas.

Derrotado, no obstante los fraudes realizados durante las elecciones políticas de marzo de 1973, circundado por un Parlamento que le era cada vez más hostil, en agosto y septiembre, invitado por los diputados y por la magistratura a irse, Salvador Allende era todo, menos un «Presidente legítimo y democrático», como ha sido descrito por gran parte de la prensa mundial.[20]

Deponerlo era, para las Fuerzas Armadas llamadas por el mismo Parlamento, un necesario deber. En estos términos se expresó Pinochet en 1989, entrevistado por dos periodistas: «El señor Allende hacía lo que quería: el Senado no era respetado. La Cámara de Diputados, tampoco. La Contraloría rechazaba los decretos y le mandaban decretos de insistencia. La Justicia […].

¡Los trataban de viejos tales por cuales! ¿A eso llaman democracia?».[21]

Veamos, en este sentido, un juicio de Juan Alberto Díaz Wiechers: «En tales circunstancias no había ninguna vía constitucional para revertir el curso histórico al cual se dirigía el país. La única forma era hacer un llamado a las Fuerzas Armadas a derrocar al mal Gobierno: como la vía constitucional era inexistente, sólo quedaba la vía moral, representada por el derecho natural, y dentro de él, especialmente, el derecho a rebelión. Esto es lo que efectivamente se dio».

«Y eran los momentos en que el comunismo aún permanecía», o al menos daba la apariencia de ser, «sólido como roca y en expansión».[22]

Y proseguía refiriéndose a si los militares no hubieran intervenido a tiempo: «La posibilidad más real, desde luego, es que la crisis política pudo haber desembocado en el tan temido autogolpe y en la guerra civil […] Tras la cual los elementos más extremistas de la Unidad Popular habrían impuesto su ley por sobre los elementos moderados del mismo Gobierno. Posiblemente hasta el mismo Allende habría sido sacrificado por sus propios partidarios en las purgas que habrían venido después de la revolución».[23]

Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez son de la misma opinión: según ellos, «el deber principal del gobernante es garantizar un buen gobierno, pero el primer derecho del ciudadano es tener un buen gobierno. Y si el gobernante falta a su propio deber, los ciudadanos tienen el derecho a rebelarse. En Chile, por ejemplo, el derecho a la rebelión fue ejercitado en 1566 contra el gobernador Antonio de Acuña y Cabrera».[24]

Mientras tanto, como anteriormente se dijo, Allende se quedaba pegado al sillón y ganaba tiempo. Tomar tiempo era una escapatoria momentánea que Fidel Castro también veía. El 29 de julio de 1973, le escribió: «Imagino… la gran tensión y tus deseos de ganar tiempo».[25]

***

Veamos a continuación algunos resúmenes y comentarios publicados en la prensa italiana. Un testimonio ocular creíble a propósito de dichos momentos fue el de Mario Cervi, importante periodista que posteriormente fue director de Il Giornale. Cervi, al contar los hechos, se refiere a las condiciones previas al golpe de Estado. «En las citas sobre el golpe militar que se leen en la prensa», escribió en resumen en 1988, «los propósitos de Allende asumen valores positivos. Las locuras de los movimientos de extrema izquierda que lo apoyaban, pero al mismo tiempo lo presionaban con sus ciegas utopías, se coloran de noble idealismo. Se olvidan de describir la horrible condición a que el país se veía reducido después de tres años del Gobierno de Allende».

Y pasando al día del golpe, comenta: «En los días de la tragedia yo estaba en Santiago, alojado en el hotel Carrera al lado del palacio presidencial de La Moneda. Pude seguir los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973. Vi a los ocupantes de La Moneda que, por la tarde, salían enarbolando pañuelos blancos y entregándose como prisioneros. Allende, que estaba con ese grupo, tuvo una reacción de orgullo y heroica dignidad. Y volviéndose a un salón del edificio, se acribilló el cráneo con una ráfaga de la metralleta que Fidel Castro le había regalado». Y veamos cómo Cervi da una idea de cuál era el clima político de Italia en aquellos años: «Dicté a viva voz por teléfono a Il Corriere della Sera, una media columna de impresiones vivas y dramáticas. Pero mis comentarios no fueron nunca publicados porque entre el director Pietro Ottone y el consejo de los obreros había una controversia: el consejo pretendía que un comunicado suyo atacando a los militares chilenos fuera publicado en primera página. El conflicto no fue resuelto y el periódico no salió y tampoco mi crónica. Después, cuando comencé a transmitir los artículos, los generales decretaron mi expulsión por el tono duro que estos tenían». Y prosigue: «la represión fue despiadada y tremenda. Pero el golpe era inevitable y fue acogido con alivio por muchos, quizás por muchísimos, como el final de una pesadilla. La corte de sectarios e incapaces que circundaban y azuzaban a Allende, había reducido a Chile a condiciones desesperadas. Allende había sido elegido con el 36% de los votos, un puñado más de los obtenidos por el candidato de derecha Jorge Alessandri. Nunca, en ninguna votación, la Unidad Popular tuvo la mayoría, y de hecho el Parlamento empezó a rechazar todas las medidas del Ejecutivo. El Presidente minoritario en este período usaba sus amplios poderes sin escrúpulos, para dar un impulso socialista y revolucionario a las estructuras del país. La mayoría y las Fuerzas Armadas, entre tanto, ya no estaban dispuestas a seguirle el juego».[26]

Y sobre la represión, el periodista William F. Jasper escribía: «Dada la gravedad de sus crímenes y considerado el resentimiento que estos habían suscitado, los miles de terroristas chilenos y extranjeros recibieron un tratamiento benévolo. Muchos de los llamados desaparecidos dejaron luego las prisiones gracias también a las presiones que llegaban desde el exterior, especialmente desde el Council of Foreign Relations, conocido en Washington por sus simpatías marxistas y por sus aspiraciones globalistas de un gobierno único mundial».[27]

No hay dudas de que las vicisitudes chilenas (y esto vale para todos los países de América Latina) estaban fuertemente condicionadas por intereses e influencias políticas de Estados Unidos de una parte y de otra por las de la Unión Soviética y Cuba. De esto se hablará en los capítulos VIII y IX de este libro.

Si bien es verdad que en el caso chileno existieron interferencias directas de las dos superpotencias mundiales (al punto de transformar a Pinochet y a Allende en dos fichas de un juego mayor que ellos), nada puede llevar a atribuir la paternidad del golpe ni a la CIA ni a Estados Unidos. Veamos lo que se concluye de los documentos de la CIA, hechos públicos en agosto del 2000: «Un oficial de las Fuerzas Armadas chilenas ha informado que se está preparando un golpe de Estado y que para ejecutarlo necesitan del apoyo de Estados Unidos. Le hemos respondido que el gobierno de Estados Unidos no puede interferir en asuntos internos de Chile».[28]

La decisión de acabar con el Gobierno de Allende, es bueno repetirlo, nació no solamente en Washington sino sobre todo dentro de Chile y en todos los niveles de la población. Como hemos visto, los militares chilenos habían tolerado mucho tiempo la actividad del Gobierno de Allende y por breves períodos habían colaborado en su labor gubernativa. La misma actitud se registró al comienzo por parte del Parlamento y de los máximos niveles de la magistratura, la cual más adelante tuvo que declarar que Allende estaba actuando al margen de la Constitución. Y todo el mundo había constatado la incapacidad de éste para salir de la demolición que él mismo había provocado.

Así, el 11 de septiembre de 1973 una Junta Militar de la cual hacía parte Augusto Pinochet Ugarte, después de breves enfrentamientos armados en la capital, asumió el poder.[29]

La Junta Militar, además de Pinochet, estaba constituida por el almirante José Toribio Merino Castro, Comandante en Jefe de la Armada, por el general Gustavo Leigh Guzmán, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea y por el general César Mendoza Durán, General Director de Carabineros.[30]

Examinemos ahora los hechos de esa mañana, siguiendo como pista los libros escritos por las ya citadas periodistas Patricia Verdugo y Mónica González y en las memorias de Augusto Pinochet, de los generales Manuel Contreras Sepúlveda y Carlos Prats González.

Comencemos por Patricia Verdugo, que consiguió algunas grabaciones que asegura son el contenido exacto de unos 70 minutos de comunicación telefónica entre los varios lugares de comando de los golpistas. La periodista publicó en agosto de 1998 un libro llamado Interferencia Secreta (traducido en italiano con el título Golpe in Diretta, con prefacio de Pino Cimo), en el cual se ofrece una visión sobre los hechos, seguramente de una sola parte pero de todos modos interesante.

Aquí, entre tanto, surge una duda. Es raro que una exclusividad periodística o historiográfica tan importante (las llamadas telefónicas entre Pinochet y los otros generales, durante el asedio al palacio presidencial) hayan salido a la luz solamente en 1998, o sea, 25 años después de los hechos, 8 años después de la salida de Pinochet de la presidencia y, vaya casualidad, un mes y medio antes del arresto de Pinochet en Londres: cuando Joan E. Garcés, ex consejero personal de Allende, y el juez español Baltasar Garzón estaban preparando los escritos que utilizarían poco tiempo después en Londres con el pedido de arresto y de extradición.

Los primeros capítulos del libro de Patricia Verdugo están dedicados a las fases preparatorias del golpe de Estado y a las incertidumbres que en circunstancias como aquellas eran inevitables: en la base de todo, evidentemente, el miedo de los oficiales golpistas de no poder confiarse de éste o de aquel colega y la preocupación de que alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas no adhiriese al pronunciamiento: Existía el peligro de una guerra civil prolongada y cruenta, si el Ejército no estaba de acuerdo en su totalidad.[31]

Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe de la policía secreta de la Junta Militar, sobre Mónica González, comenta: «Testigo estrella del Partido Comunista. Ha declarado en todos los casos que el partido le ordena sin ser testigo de nada, ni saber nada al respecto, pero exponiendo las falsedades e invenciones que le disponen que declare».[32]

En el libro en que se ocupa del golpe de Estado en Chile, González se basa en una serie de entrevistas que le concedieron años más tarde algunos protagonistas de dichas jornadas.

Un grave error táctico, según Mónica González, fue el del general Carlos Prats en 1972, quien trasladó de Santiago a Valparaíso al entonces coronel Sergio Arellano Stark, sospechoso de ser un extremista de derecha favorable a un gobierno militar. Fue en Valparaíso, subraya González, que Arellano encontró al almirante José Toribio Merino Castro y al general de Carabineros Arturo Yovane Zúñiga, ambos acérrimos adversarios del régimen marxista y futuros protagonistas, junto a Arellano, del golpe de Estado de 1973. Y de hecho fue justamente en Valparaíso donde en 1972 (como refiere Pinochet en sus memorias) se inició y se desarrolló la idea de deponer por la fuerza al Presidente Allende. Idea que se consolidó cuando en diciembre de 1972 Arellano fue promovido a general y accedió a un cargo en Santiago.[33]

Esto se contradice con el hecho, referido por la misma González, que ya en septiembre de 1971 la CIA tenía conocimiento de los primeros complots para dar un golpe de Estado en Chile y que a aquellos conjurados que dependían del movimiento Patria y Libertad la misma CIA les hacía llegar financiamientos y armas a través de canales brasileños.[34]

Otros puntos sobre los cuales Mónica González insiste en su libro, son que Pinochet al comienzo era extraño a los preparativos del golpe de Estado y que la habilidad mostrada por éste en aprovechar el trabajo de los otros generales ayudó a que, poco a poco, fueran marginados hasta él conquistar el poder personal absoluto. Gonzalo Vial Correa, historiador e importante personaje público chileno, comparte estas versiones de los hechos, si bien atribuye el ascenso de Pinochet al poder a su sincero empeño político y no a la ambición personal.[35]

***

Veamos los hechos.

Algunos altos oficiales con los que Sergio Arellano Stark tuvo los primeros contactos fueron los coroneles de la Fuerza Aérea Juan Soler Manfredini y Orlando Gutiérrez Bravo y los oficiales de la Marina Rodolfo Vio Valdivieso, Hugo Castro Jiménez y Raúl López Silva y el abogado Julio Tapia Falk.

Y fueron justamente ellos, junto a los generales Javier Palacios y Sergio Nuño, el almirante Patricio Carvajal, el general de la Fuerza Aérea Gustavo Leigh y el almirante Ismael Huerta, quienes a través de una valiente intervención de este último, el 11 de abril de 1973, dieron al Gobierno de Allende una primera advertencia, oponiéndose a un proyecto de politización de la enseñanza elaborado y presentado por Jorge Tapia, ministro de Educación.[36]

Otra jornada importante fue la del martes 27 de junio de 1973, cuando el Comandante en Jefe del Ejército, general Carlos Prats, recibió del general Mario Sepúlveda, que comandaba la guarnición de Santiago, la noticia de maniobras sospechosas que realizaba el Regimiento Blindado N° 2. Prats ordenó la inmediata destitución del comandante del regimiento, teniente coronel Roberto Souper Onfray, quien rechazó la orden y, desafiando a la autoridad superior, el 29 de junio hizo marchar a sus soldados (412 con 12 tanques), abriendo fuego contra el palacio presidencial y contra el Ministerio de Defensa. El episodio, atentamente descrito y comentado por Gonzalo Vial Correa, presentaba varios lados oscuros. Como refiere el periodista inglés Robert Moss, las tropas de Souper se movieron hacia las 9 de la mañana (tropezando con las dificultades del tránsito a una hora de punta), pero ya a las 8:15 José Tohá, ministro de Defensa, y el general Guillermo Pickering, fieles a Allende, habían sido puestos en guardia. Como consecuencia Souper fue fácilmente bloqueado y él y varios de sus oficiales fueron arrestados. Algunos miembros del movimiento Patria y Libertad, que se habían unido a los rebeldes, encontraron refugio en las embajadas de Paraguay y de Ecuador. El intento, entre tanto, costó 22 muertos y 32 heridos.[37]

Visto el resultado del episodio, es más que legítimo sospechar que dicho intento de «golpe de Estado» fuera una puesta en escena que no resultó. Y de hecho no solamente las reparticiones militares, sino incluso los grupos paramilitares de extrema izquierda, oportunamente avisados, salieron como por encanto de sus cuarteles y fábricas, circundaron la formación de Souper y «restablecieron el orden»: con mucha eficacia, pero de manera de no ofrecerle a Allende el pretexto para una intervención oficial del Gobierno.

Esa señal abortada de golpe de Estado de los militares, independientemente de lo que pasaba tras bastidores, fue de todos modos una señal de alarma para Allende: y éste reaccionó, de acuerdo con lo que refiere Manuel Contreras Sepúlveda, retirando 6 millones de dólares del Banco Central y transfiriéndolos a un banco canadiense a nombre de Miria Contreras Bell, su secretaria y amante. De dicho dinero, cuya existencia, afirma Contreras, se supo por declaraciones de representantes socialistas y por la parlamentaria Fidelma Allende, se perdió absolutamente el rastro.

Otro retiro de dinero de 200 millones de dólares, siempre según Contreras, habría ido a parar a Suiza, a una cuenta bancaria vinculada con cuatro firmas conjuntas. Dos de las firmas autorizadas eran las de Clodomiro Almeyda y Osvaldo Puccio, ambos actualmente fallecidos. La tercera firma era la de la susodicha Miria Contreras Bell, que a continuación, quizás por un acuerdo secreto, se dice que se retiró del grupo. La cuarta firma es la de un personaje muy influyente en los ambientes políticos chilenos y que, según Contreras, ocupa un alto cargo en el Gobierno de la Concertación y cuyo nombre Contreras, quizás por qué motivo, no está dispuesto a revelar.[38]

En fin, la situación se precipitaba. Y esto fue confirmado por un memorándum secreto que le llegó a Allende el 30 de junio de 1973 y que fue seguido por una reunión de emergencia convocada por el mismo Allende para el día siguiente. Ese día Allende citó a su despacho a Prats, Montero y Ruiz. Fue un encuentro tempestuoso, durante el cual Allende pidió enérgicamente a los tres comandantes en jefe que volvieran a formar parte del Gobierno. Su pedido fue acogido con escepticismo. Prats planteó que debía consultar a su cuerpo de generales. Luego de varias reuniones con ellos, donde primó la idea de que si Prats aceptaba ingresar al Gabinete debía hacerlo en condición de retiro, se decidió que una delegación de generales le planteara sus puntos de vista al Presidente Allende.

La reunión, después de dos horas de encendidas discusiones, fue cerrada por Allende con un desahogo de furor que Sergio Arellano Stark define en sus memorias como grosera y digna de hacer perder la poca confianza que los militares tenían en el Presidente de la República. «Que por ahora nosotros imponíamos nuestra voluntad», dijo Allende dirigiéndose a los presentes, «porque contábamos con las armas, pero que el proceso histórico no iba a ser detenido siendo el pueblo a la larga el triunfador y que nosotros seríamos los responsables ante la historia de lo que pudiera ocurrir».[39]

El mes de julio de 1973 fue caracterizado por un confuso entrecruzamiento de reuniones y de llamadas telefónicas, de las cuales hoy solamente resulta clara una cosa: Allende, la CIA y todas las autoridades políticas, empresariales, sindicales, militares, sabían que un golpe de Estado (de una parte o de la otra) era inminente. Según el general Carlos Prats, el Presidente le renovó sus preocupaciones de un ulterior intento golpista y le preguntó cuántas unidades militares eran, según su parecer, fieles al Gobierno. Él le respondió que lo importante era evitar el golpe de Estado, porque el mismo habría dado origen a una terrible guerra civil. Y le dijo que el camino para la pacificación era el de la reapertura del diálogo con la Democracia Cristiana, pero el Presidente le respondió que ese camino era impracticable.

Y después de un encuentro de Prats con los jefes de la Democracia Cristiana, según sus memorias: «Están dispuestos a aceptar garantías mínimas si se disuelven los grupos armados y se ofrece un gabinete capaz de ordenar el país». Añade que «no se puede dialogar cuando el adversario pone la metralleta sobre la mesa».[40]

Y tras otro encuentro con Allende el 10 de julio, le señaló la importancia de buscar pronto un entendimiento con la Democracia Cristiana, «de lo contrario veo inevitable el enfrentamiento cruento, del que emergerá una draconiana dictadura militar o una terrible dictadura proletaria. En este último caso, él sería el verdadero Kerensky de Chile».[41]

Que las preocupaciones de Prats eran reales, lo demuestra la actitud intransigente y agresiva de los terroristas que apoyaban a Allende y que reunidos en el Teatro Caupolicán el 12 de julio, invitaron abiertamente al pueblo a tomar las armas e incitaron a los militares a rebelarse contra sus generales. En el curso de dicha manifestación, el máximo exponente del MIR, Miguel Enríquez, se expresó así: «Los suboficiales, los soldados y carabineros deben desobedecer las órdenes de los oficiales golpistas. Exigimos además el legítimo derecho del MIR de construir su propio ejército. Los reaccionarios van a sostener que esto es transgredir las leyes y la Constitución y el Derecho. Bueno, sí, lo es».

Según Mónica González, en otra intervención del 9 de agosto: refiriéndose al nuevo gabinete dijo que éste «Es un gabinete de capitulación […] La DC es un partido burgués y reaccionario […] Si este proyecto cristaliza sus consecuencias serán gravísimas». Según él se dividirá la izquierda, la clase obrera y el pueblo y que «la ofensiva reaccionaria […] cobrará nuevos bríos».[42]

Impresionado por las palabras de Enríquez, el 19 de julio el general Prats tuvo un encuentro con el socialista Carlos Altamirano y con Rolando Calderón, en los pasillos de La Moneda, a los cuales les explicó que «en las Fuerzas Armadas se está viviendo una tensa situación que puede traducirse en el relanzamiento golpista de los comandantes en jefe. Señalo que a mi juicio ha llegado el momento de definir si se quiere un diálogo con la DC o si se quiere enfrentar un golpe militar y la guerra civil».[43]

Pero el diálogo entre la Democracia Cristiana y la Unidad Popular (deseado no solamente por Prats sino también por el cardenal Silva Henríquez) a esta altura ya no era posible. «Se ha discutido y se discutirá hasta el infinito quién fue el intransigente», refiere Gonzalo Vial Correa, «pero el resultado de todos modos fue que la iniciativa falló».[44]

El 26 de julio de 1973, mientras Allende dejaba la embajada cubana en donde había participado en un agasajo, los camioneros declararon otra huelga y estallaron fuertes desórdenes. En la noche fue asesinado el comandante Arturo Araya Peters. Se intentó atribuir la responsabilidad del delito a los «fascistas» pero pocas horas más tarde fue arrestado el presunto culpable: el socialista José Luis Riquelme Bascuñán, que en su confesión indicó como cómplices a tres agentes cubanos y a Diego Blanco, jefe del GAP y estrecho colaborador de Allende. Las cosas se complicaron ulteriormente cuando un oficial de Carabineros declaró que la confesión de Riquelme había sido obtenida mediante tortura y cuando se formuló la hipótesis de que el asesino fuera el derechista Guillermo Clavierie Bartet.[45]

La situación no cambió mucho durante el mes de agosto. Allende, entre mil malentendidos, promesas, dimisiones revocadas y frases como «no los considero más mis amigos», logró poner en el Gobierno al general César Ruiz Danyau y al general Humberto Magliochetti, pero ello no duró más que algunos días.

Un enésimo intento de negociaciones se desarrolló el 2 de agosto, en el que la Democracia Cristiana reafirmó a los socialistas y a los comunistas sus pedidos taxativos: disolver los grupos paramilitares de izquierda y restituir a los legítimos propietarios los bienes confiscados por el Gobierno. Una vez más los pedidos de los democratacristianos fueron rechazados por la intransigencia de los socialistas y del MIR, con lo que la negociación fracasó.[46]

Era la mitad de agosto cuando el general Sergio Arellano se desahogaba amargamente al escribir en su agenda: «¡La guerra está declarada! Ahora sólo cabe tomar la resolución de derrocar al Gobierno Marxista. Ya no queda más que intervenir, después del fracaso de las conversaciones de la DC con el Gobierno y el complot de la Armada. Nuestra paciencia se colmó. Aunque esto signifique violentar nuestro molde institucional. Pero están en juego los altos destinos de la patria, ¡no podemos permanecer más tiempo de espectadores!».[47]

El 20 de agosto, Allende tuvo un encuentro secreto con sus fidelísimos y una vez más tuvo la confirmación de las nubes que se condensaban en su cabeza: «En una semana», le dijo Jorge Klein, «el general Leigh vendrá a visitarlo a La Moneda con una linda sonrisa y le dirá que hay un avión listo para llevarlo a Ud., junto a su familia, al exterior». Pero la seca respuesta que recibió le confirmó lo lejos que estaba Allende de una valoración real de la situación: «¡No diga huevadas!».[48]

El día después, 21 de agosto, otro escándalo. Las mujeres de varios oficiales le entregaron una carta a la esposa del Comandante en Jefe, general Carlos Prats, pidiéndole intervenir para que se pusiese un freno a la caída del país en la ruina económica. Frente al portón de la casa de Prats, donde las señoras esperaban nerviosamente la respuesta, intervino la policía y llevó detenidas a varias de ellas. Esto complicó aún más las cosas. Le siguió un gran número de dimisiones de oficiales, algunos «envilecidos» por el comportamiento «incalificable» de sus gentiles señoras y otros «ofendidos» por el modo como éstas habían sido tratadas.

Dimitieron entre otros, por carta o verbalmente, los generales Mario Sepúlveda, Guillermo Pickering, Herman Brady, Gustavo Álvarez, César Raúl Benavides y Raúl Contreras. Algunos de ellos habían renunciado en los días anteriores, por varios motivos. La discusión, a veces penosa, como cuando las esposas de los generales fueron llamadas «lavanderas», se arrastró hasta el día 23. En este día el Comandante en Jefe, Carlos Prats, presentó su dimisión «no oficial».

Pero oficiales o no, las dimisiones de Prats (que anteriormente había retirado) abrieron automáticamente la puerta a la promoción de Augusto Pinochet Ugarte al cargo de Comandante en Jefe del Ejército. Una señal del destino, a la cual le siguió, el 22 y 23 de agosto, la ya mencionada declaración de inconstitucionalidad y no representatividad del Gobierno de Allende, votada en la Cámara de Diputados, afirmación que en la práctica daba luz verde al golpe de Estado.

El 23 de agosto Allende recibió la dimisión de Carlos Prats González. A las 18:30 del mismo día el dimisionario Carlos Prats salió por última vez, vestido de civil, del portón del Ministerio de Defensa hacia su casa. Desde aquel momento Augusto Pinochet Ugarte era el nuevo Comandante en Jefe del Ejército. Pinochet, Merino y Leigh eran los árbitros de la situación.[49]

Solamente entonces Allende se dio cuenta de la realidad. El 1 de septiembre de 1973, se desahogó de su amargura en un discurso por radio, en el cual lo único claro que se entendió es que el Presidente de Chile había perdido el control de sus nervios: «No daré un paso atrás», sentenció. «¡Que lo sepan!, ¡dejaré La Moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera! […] ¡sólo acribillándome a balazos podrán impedir la voluntad que es hacer cumplir el programa del pueblo!». La reacción de los sindicatos fue inmediata «en vista de un intento golpista de consecuencias imprevisibles», organizaron a favor de Allende (siguiendo un estilo muy conocido en la Italia de esos años) una serie de «asambleas permanentes», «ocupaciones» y «comités de vigilancia». Pero los sindicalistas tenían muy poco que «vigilar»: el 4 de septiembre, sin que nadie lo obstaculizara, el general Roberto Viaux Marambio, autor en octubre de 1969 de la ya referida sublevación militar, dejó la cárcel, saliendo por el portón principal y embarcado en un avión se trasladó tranquilamente al exterior.[50]

Pocas horas después, a Arellano Stark y a los otros conjurados se unía, asumiendo un rol importante, el general de Carabineros Arturo Yovane Zúñiga. Allende y la Unidad Popular se empantanaban en ese momento en un laberinto de estériles discusiones, en las fantasías de un contragolpe realizado por los infaltables trabajadores activos y vigilantes.[51]

Peor aún: al mismo tiempo que se le escapaba el control del país de las manos, Allende empezó a acariciar la idea de un plebiscito que esperaba le confirmara la confianza popular. «Perdone, Presidente», le dijo lentamente Carlos Prats durante una reunión no oficial, «usted está nadando en un mar de ilusiones. ¿Cómo puede hablar de un plebiscito que demorará 30 o 60 días en implementarse, si tiene que afrontar un pronunciamiento militar antes de diez días?». Allende le pregunta: «¿Qué salida ve usted, entonces, al problema que enfrenta la Unidad Popular, partiendo de la base que he tratado hasta el último de lograr un entendimiento con la Democracia Cristiana y no quiero la guerra civil?». Prats: «Que el lunes usted pida permiso constitucional por un año y salga del país». «El Presidente se turbó y alzó el busto. Eran sus ojos y no sus labios los que decían que eso sería imposible. Prats escuchó un “jamás” y entendió el mensaje». Y Prats, a continuación, le dijo: «Olvídese, Presidente, no he dicho nada»[52].

Era solamente Allende quien deseaba el plebiscito, principalmente por motivos de dignidad personal. La Unidad Popular no quería saber nada de ese proyecto. Como observa en su libro Gonzalo Vial Correa, sabía que habría perdido y que el poder se le habría escapado para siempre. Y la renuncia al poder es contraria a la vocación de la izquierda marxista. Allende, en cambio, pensaba en su imagen: una victoria suya en un plebiscito habría hecho imposible un golpe de Estado y una derrota le habría permitido dejar el poder de un modo digno.[53]

En el otro frente se siguieron horas de contactos frenéticos entre los conjurados, durante los cuales se estableció que la fecha del golpe militar sería el 11 de septiembre (y no el 10 como estaba programado al inicio) y le dieron a cada rama de las Fuerzas Armadas las tareas más importantes. La ocupación de las estaciones de radio, el llamado Plan Silencio, fue confiado a los coroneles Sergio Polloni y Sergio Moller. Del ataque a La Moneda, a la resistencia personal de Allende, a las fábricas en donde se atrincheraban fuerzas paramilitares de Allende, fueron encargados los generales Herman Brady y Javier Palacios. La revuelta debería iniciarse a las 6 de la mañana en Valparaíso y a las 8:30 en Santiago, mientras de la base aérea de Concepción cuatro aviones Hawker Hunter, con misiles Sura y Sneb y con proyectiles de 30 milímetros, estarían listos para intervenir.[54]

Mientras tanto, en Washington, Henry Kissinger era informado de todo: al extremo que, cuando el embajador Nathaniel Davis fue a verlo el 8 de septiembre en la capital norteamericana, lo acogió con las palabras: «bien, bien, el golpe chileno está en marcha». También en Santiago se hablaba de golpe casi abiertamente: en la noche del 9 de septiembre fueron informados algunos responsables de las organizaciones de empresarios e industriales de lo que sucedería en la mañana del 11 de septiembre y cómo concernía a sus gremios. Y fueron informados incluso el director y subdirector del diario El Mercurio, René Silva Espejo y Arturo Fontaine Aldunate, respectivamente.[55]

En estos momentos, Allende, al que le quedaban solamente pocas horas de vida, se dirigió a Orlando Letelier del Solar, recién nombrado ministro de Defensa, confiándole que estaba preparando otro pesado mensaje al país. Al mismo tiempo Carlos Altamirano, hablándole a una muchedumbre de militantes socialistas y comunistas reunidos en un estadio, juraba patéticamente que si había un golpe de Estado el pueblo respondería «transformando Chile en un nuevo Vietnam heroico».[56]

A las 6 de la mañana del martes 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende fue despertado por una llamada telefónica de Alfredo Joignant, quien le comunicaba que en Valparaíso la Armada estaba copando la ciudad. Poco después la noticia le fue confirmada por el jefe de Carabineros de Valparaíso, Manuel Gutiérrez.[57]

A las 7:30 Allende, que vestía una chomba y una chaqueta de tweed, llegó a su oficina del Palacio de La Moneda, situado en la magnífica Plaza de la Constitución, donde recibió un llamado telefónico del jefe del Partido Socialista, Carlos Altamirano, que lo ponía en guardia. A su vez, Allende llamó por teléfono al general Herman Brady, comandante de la guarnición de Santiago, para ser informado de la situación en la capital. Brady, que era uno de los conjurados y que ya había dado la orden de calentar los motores de los vehículos, le mintió afirmando que todo estaba normal.

Allende, en La Moneda, estaba con algunos fieles como Augusto Olivares, Joan Garcés, José Muñoz, Jaime Sotelo Barrera y con algunos miembros de la guardia personal, Juan José Montiglio, Oscar Balladares, Manuel Mercado y los médicos Danilo Bartulín y Ricardo Pincheira. Otros, como Osvaldo Puccio y su hijo, se unieron luego al grupo.

A las 7 de la mañana, Augusto Pinochet (que había trabajado la noche anterior hasta las 8 de la noche y se había levantado a las 5:30 tras una noche de insomnio) fue trasladado en automóvil a su puesto de mando en el cuartel de Peñalolén. El día anterior había enviado a su esposa, Lucía, y sus hijos menores a pernoctar en un regimiento ubicado en la ciudad de Los Andes.[58]

Todos los oficiales presentes se pusieron a su disposición, excepto su ayudante, el mayor Osvaldo Zabala, que manifestó su desacuerdo: fue inmediatamente desarmado y arrestado. Pinochet les pidió a todos los presentes un juramento de lealtad y les indicó los cargos de cada uno de ellos. El ministro Orlando Letelier se encontraba en el edificio del Ministerio de Defensa, ignorante de todo lo que estaba ocurriendo.[59]

Poco después, luego de las primeras órdenes transmitidas por Pinochet, las tropas acorazadas partieron desde San Felipe a Santiago. El almirante José Toribio Merino hizo aislar los teléfonos y sabotear el automóvil de su superior directo, el almirante Raúl Montero.[60] Una rápida llamada telefónica entre Sergio Arellano y Arturo Yovane les permitió preparar en oportunos locales del cuartel del regimiento Tacna las celdas para los primeros arrestados. Una segunda llamada de Allende a Brady tuvo la respuesta: «Todo normal, Presidente».[61]

A las 7:55 Allende mandó por la Radio Corporación su primer mensaje de la mañana, comunicando que algunas unidades de la flota se habían sublevado y ocupado el puerto de Valparaíso.

Quince minutos después transmitió por radio un segundo mensaje: «La capital está tranquila, vayan todos a sus lugares de trabajo». Se ilusionaba y con él se también se ilusionaban el general Sepúlveda y su colaborador, el general Urrutia, que no sabían que habían perdido el control de Carabineros y que los blindados que debían proteger el palacio presidencial se habían transformado de defensores en asediadores.

Allende no sabía que sus mensajes marcaban el final de la Radio Corporación: Pinochet dio la orden de acallar la emisora, que de hecho fue destruida por los misiles de los Hawker Hunter. La misma suerte tuvo la Radio de la Universidad Técnica, saboteada por personas vestidas de civil.

Desde Valparaíso, a través de la radio local, el almirante Merino le respondió a Allende y al país con otra proclama: «Las Fuerzas Armadas, organismos esencialmente profesionales, no pueden permanecer impasibles ante el derrumbe de nuestra patria y la desesperación de millones de chilenos. Esto no es un golpe de Estado» […] «Sólo se persigue el restablecimiento de un Estado de Derecho».

A las 8:30, desde la Radio Agricultura, los militares golpistas, por voz del coronel Roberto Guillard, hicieron conocer sus propósitos a la nación: «Teniendo presente: la gravísima crisis social y moral por la que atraviesa el país, seguida de la incapacidad del Gobierno para controlar el caos y el constante incremento de grupos paramilitares entrenados por los partidos de la Unidad Popular que llevan al pueblo de Chile a una inevitable guerra civil, el señor Presidente de la República debe proceder de inmediato a la entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y a Carabineros de Chile».[62]

En torno a Allende en el Palacio de La Moneda, entre tanto, aumentaba el número de fidelísimos que se reunía, comenzando por un centenar de gorilas del GAP. Después sus dos hijas, Beatriz e Isabel, la secretaria-amante Miria Contreras Bell, a quien Allende afectuosamente llamaba Payita (llegó en dos autos con su hijo Max Enrique Ropert Contreras, militante socialista, de veinte años, y con una guardia personal de 10 hombres),[63] la joven periodista Verónica Ahumada, a quien el ceremonial presidencial le concedía los servicios de un camarero, las periodistas Frida Modak y Cecilia Tormo, la cubana Nancy Julien, el ex ministro Aníbal Palma, el intendente Julio Stuardo, el ministro del Interior, Carlos Briones; el ministro de Educación, Edgardo Enríquez; el ministro de Agricultura, Jaime Tohá; el ex ministro de Defensa José Tohá; el secretario general de Gobierno, Fernando Flores; el subsecretario del Interior, Daniel Vergara; el periodista Augusto Olivares, el inspector de policía Juan Seoane, el maestro de tiro de Allende, Eduardo Paredes, los GAP Domingo Bruno Blanco Torres, Oscar Marambio Araya, José Orrego González, William Ramírez Barría, José Carreño Calderón, Carlos Cruz Zavala, Luis Gamboa Pizarro, Gonzalo Jorquera Leyton, Edmundo Montero Salazar, el intendente de palacio, Enrique Huerta, y los médicos personales de Allende, Arturo Jirón y Patricio Guijón. Algunos de ellos fueron capturados por los militares antes de que lograran entrar por las puertas del palacio presidencial.

Hortensia Bussi, esposa legítima de Allende, quizás para no encontrarse con La Payita, se había quedado en su casa de Tomás Moro. Tenía una escolta personal, dirigida por Domingo Bartolomé Blanco, y con ella estaba también el consejero presidencial Víctor Pey. Después de haber intentado vanamente hablar por teléfono con su marido, se trasladó a la casa del economista Felipe Herrera, amigo de la familia.

En otros edificios, como el del Banco Central y algunos ministerios, estaban encerrados los máximos exponentes de la Unidad Popular: Carlos Altamirano, Carlos Lazo, Adonis Sepúlveda, Rolando Calderón, Ariel Ulloa y Hernán del Canto. Este último logró finalmente alcanzar el palacio presidencial, donde Allende lo acogió con frialdad debido a viejos desacuerdos.

A eso de las 9:00, desde la Radio Magallanes, fueron transmitidas cada vez en tonos más dolorosos, una tercera y cuarta proclama de Allende, mezcladas con canciones revolucionarias y con exhortaciones sindicales que incitaban a los trabajadores a «ocupar las fábricas para bloquear al Estado fascista».

A las 9:15 aproximadamente, mientras desde San Antonio el coronel Manuel Contreras le comunicaba a Arellano que tenía bajo su control la ciudad y las zonas circundantes, Allende recibió por teléfono la primera invitación a rendirse y dejar el país junto a su familia, en un avión a su disposición. Fue el vicealmirante Patricio Carvajal quien habló con el Presidente y al cual, según Patricia Verdugo, Allende le respondió con una voz que era «como un elástico, como un tiro de honda de David frente a Goliat, sólo que en el lugar de la piedra estaba su dignidad».

He aquí la digna respuesta de Allende: «¡Pero ustedes qué se han creído, traidores de mierda!… ¡Métanse su avión por el culo!».[64]

Inmediatamente después, siempre alrededor de las 9:15 de esa dramática mañana, Allende recibió la visita de tres edecanes militares: los comandantes Sánchez, Badiola y Grez, que estaban en el Palacio en sus funciones, le renovaron la oferta de rendición y le confirmaron que un DC-6 estaba listo para llevarlo a donde él quisiera. «No señores, no me voy rendir», fue la respuesta del Presidente. «El último tiro me lo dispararé aquí», mostrando su boca.[65]

Terminado el coloquio, Allende se comunicó nuevamente con la Radio Magallanes y transmitió el último de sus cinco discursos. Una arenga sin conclusiones, llena de retórica, justificable en un hombre que sabía, por decisión propia, estar cerca de la muerte. Manifestó desprecio por los generales golpistas, definió como rastrero al general Mendoza y dijo que tenía confianza en que otros habrían de llevar a término su tarea de «construir una sociedad mejor».[66]

Según las grabaciones telefónicas incluidas en el libro de Patricia Verdugo y el resumen de Mónica González, en el capítulo XXIV de su libro, prosiguieron los mensajes entre los golpistas y La Moneda, como los frenéticos contactos entre los comandos de los golpistas.

Una frase de Pinochet dirigida al vicealmirante Carvajal es usada en el prefacio del libro de Patricia Verdugo y en los programas «culturales» de la televisión italiana RAI para demostrar la voluntad del mismo Pinochet de asesinar a Allende: «Más vale matar la perra y se acaba la leva».[67] Lo que el autor del prefacio (Pino Cimo) y la televisión italiana RAI 3 prefieren ignorar es que pocos segundos antes, en la misma conversación, Pinochet había dicho: «Hay que hacerlo prisionero». Por lo tanto, Pinochet no pensaba en matar a Allende. Evidentemente, al usar dicho refrán entendía que al volver inofensivo al jefe, todos sus seguidores se habrían acabado. En tal sentido se expresa, en su libro, Gonzalo Vial Correa.[68]

Otra frase de Pinochet que es interpretada mal en el prefacio del libro de Patricia Verdugo es: «Lo mandamos afuera del país… pero durante el vuelo el avión se cae». También esta es una ironía de pésimo gusto que hasta ahora no encuentra confirmación en ningún hecho concreto. Si existía un plan para hacer caer el avión, existiría algún indicio de la intriga. ¿Cuántas personas estarían al tanto? ¿Los pilotos se habrían salvado? Como escribe el estadounidense William F. Jasper, «los que aceptaron la oferta de expatriación pudieron constatar que Pinochet mantenía su palabra».[69]

Incluso el libro de Patricia Verdugo, con sus grabaciones telefónicas, confirma la voluntad de Pinochet y de los otros golpistas de mandar a Allende y a su familia con vida a un país que ellos eligieran. Así le expresa al general Leigh: «En el avión que tienes dispuesto tú para el Presidente, hay que ir a dejar a todos estos campeones que están dando vuelta […] el Tohá, el Almeyda, todos estos señores arriba del avión y mandarlos: “¡Los cargamos sin equipaje y que se vayan a cualquier lado que no sea la Argentina!”». Y en la página 140, el general Leigh señala: «Tengo un DC-6 listo en Cerrillos […] siempre que no se me salga del continente sudamericano. A lo sumo podría llegar hasta México». Y, siempre en la misma página, el vicealmirante Carvajal dijo: «Augusto Pinochet es de la misma opinión, de sacarlo del país». En la página 141, Carvajal se dirige a Pinochet: «Leigh dijo que él concuerda con tu opinión en sacar a Allende, a su secretario, pero en ningún caso que salgan ni Flores, ni Vuskovic ni Altamirano». A continuación el general Pinochet le comenta a Carvajal: «Flores dejémoslo aquí para juzgarlo, Altamirano para juzgarlo. Vuskovic también […] Ese es un carajo que cagó el país». Y en la página 141, Pinochet: «La única cosa que quiero conceder es la vida».

Aún más precisos son, en las páginas 147, 148, 153, 154 y 157 del libro de Patricia Verdugo, algunos cambios de estocadas entre Pinochet, Carvajal y Leigh, de los cuales queda claro, sin lugar a dudas, que no existía la voluntad de asesinar a Allende. Carvajal: «Sería conveniente pensar más antes de darle la oportunidad de que Allende salga del país, porque se teme que este hombre se vaya a pasear por todos los países socialistas desprestigiándonos a nosotros. Así que sería más conveniente dejarlo aquí». Pinochet: «¡Ya nos ha desprestigiado una brutalidad este campeón! ¡Qué más nos va a desprestigiar! Que se vaya a los países socialistas, en otras partes no lo van a recibir. Hay que echarlo para fuera no más, es mucho más problemático tenerlo aquí adentro. Déjalo que salga». Leigh: «En los países socialistas o marxistas nos tendría sin cuidado. Pero si lo tenemos en el país va a ser centro de atracción y un foco para las masas». Pinochet: «Que se vaya el Presidente con todos los gallos que quieran acompañarlo a él, menos esos que tú designaste que no se les podría mover porque se les va a juzgar». Carvajal: «¡Conforme, pero el avión sería para él y familia exclusivamente! nadie más». Pinochet: «¡Conforme, nadie más. Ningún GAP! A esos hay que juzgarlos a todos». Leigh: «Si nos llega la hora de la oscuridad este hombre sube solo y se queda la familia en Chile» […] «La hora tope para despegar con él son las cuatro de la tarde. Ni un minuto más».[70]

Que la oferta de un salvoconducto para el exterior era sincera está confirmado entre otros por la CIA, en su informe al Senado estadounidense, en agosto de 2000.[71] Pero todo lo recientemente indicado valía poco para la televisión pública italiana, que a inicios de 2003 aún ponía las frases de la «perra» y su «leva», dejando en silencio las partes de la conversación que contrastaban con la fábula de Allende.[72]

Ocho minutos antes del mediodía, después de un aviso previo por teléfono del cual Allende no quiso saber, el primer avión pasó a vuelo rasante sobre La Moneda y lanzó sus primeros rockets.[73] Lo siguió otro avión y atrás otros dos y después de girar volvieron sobre el blanco y desengancharon otras bombas (19 en total) y entre quince y veinte bombas incendiarias.

A las 12:30 La Moneda estaba bajo un fuego terrible, proveniente desde tierra y aire. También eran bombardeados los edificios del Ministerio de Obras Públicas, donde se habían encerrado algunos miembros del GAP que no habían logrado confundirse con la gente. Mientras el general Javier Palacios llegaba desde el sur con otro regimiento de tanques, completando así la ocupación de la capital, comenzaban a salir uno por uno con las manos en alto los que estaban en el edificio presidencial y a entregarse como prisioneros. Los oficiales tenían dificultad para evitar que los soldados y suboficiales maltrataran a aquellos hombres ahora desarmados. Se rindieron, así, bajo pedido de Allende, todas las mujeres.

En aquel fin del mundo el prefecto Carrasco, que había tomado el mando de la policía civil de la ciudad, llamó por teléfono a Allende: «Todo está perdido para Ud., evite un ulterior derramamiento de sangre. Puedo mediar para obtener una tregua».

Pero por enésima vez la respuesta fue negativa y, como reacción, el edificio se encontró bajo una lluvia aún más intensa de proyectiles de artillería y ráfagas de metralla, que obligaban a los que estaban en el interior a quedarse agazapados detrás de las paredes o a moverse cuerpo a tierra lejos de las ventanas. Cielos rasos, lámparas, decoraciones y muebles estaban hechos pedazos. Fue destruido el pergamino original de la Declaración de Independencia de Chile. En medio de la confusión, Allende, turbado y con el rostro con sudor daba vueltas con un casco en la cabeza y su metralleta AKA en la mano. De tanto en tanto, gritaba: «¡Que nadie se rinda!». Se acercaba a una ventana y disparaba al aire alguna ráfaga hacia la calle. Al cruzar corriendo la Galería de los Presidentes vio los bustos de los que hicieron la historia de la nación: «¡Destruyan a todos estos viejos de mierda!», gritó, «sólo se salvan Balmaceda y Aguirre Cerda, ¡sólo ellos! Los otros… ¡Al suelo!», dice Allende al tiempo que empuja con fuerza el busto de González Videla. Y tres hombres del GAP cumplen la orden. Las cabezas caen al piso y se hacen añicos.[74]

El conflicto se prolongó hasta las 14:45, cuando las tropas de asalto, a las cuales un tanque les había abierto camino, irrumpieron en el edificio en llamas. A su cabeza estaba el general Javier Palacios, que resultó levemente herido. En los pasillos y salones, después de algún esporádico tiroteo, los hombres de Allende se rendían por grupos agitando pañuelos blancos.

Allende, con su inseparable metralleta y casco, se refugió en el segundo piso. Los detalles sobre su muerte son descritos por testimonios y confirmados por los certificados médicos.

Cerca de Allende estaba el médico Patricio Guijón, el intendente de palacio, Enrique Huerta, y el guardaespaldas David Garrido. Ninguno de ellos vio al Presidente que, en el Salón Independencia, tomó asiento en el sillón de terciopelo rojo y, puesto el cañón de la metralleta bajo el mentón, dejó escapar una breve ráfaga. Y quizás ni siquiera oyeron los disparos, seguramente confundidos por el tiroteo general. El doctor Guijón refirió, en cambio, haber visto el cuerpo de Allende que desde la poltrona saltaba hacia arriba. La metralleta estaba entre sus piernas y la parte izquierda del cráneo había desaparecido. Eran las 14:15 del 11 de septiembre de 1973.[75]

Media hora después, cuando la tropa invadió el edificio y llegó al segundo piso, el general Palacios fue conducido ante los restos de Allende, al lado del cual se había quedado, como paralizado, el doctor Guijón: «Señores», logró balbucear, «el Presidente se suicidó».

A los que estaban en el palacio no les quedó más que transmitir con una radio portátil el último mensaje: «Misión cumplida. Moneda tomada. Presidente encontrado muerto».

Pasaron pocos minutos y alrededor de las 15:00 la radio anunció desde Santiago que «el orden reina en Chile».[76]

Un mensaje dirigido por los comandantes de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros alertaba a la población: «A partir de este momento procederán a arrestar a cualquier dirigente político o gremial y a cualquier persona que no obedezca a los bandos u órdenes emanadas de las autoridades militares. Las personas que sean arrestadas serán sometidas a proceso y en caso que se les sorprenda con armas y/o explosivos, serán sometidas a los tribunales militares en tiempo de guerra».[77]

En el palacio presidencial, ahora silencioso, quedaban pocas personas y el cadáver de Allende, que el periodista Juan Enrique Lira, del diario El Mercurio, se apresuraba a fotografiar. En una sala no lejana un equipo compuesto por los médicos legales Mario Bórquez Montero, Miguel Versín Castellón, Luis Veloso, José Rodríguez Véliz y Tomás Tobar, asistido por el laboratorio de medicina legal dirigido por Luis Raúl Cavada Ebel, Jorge Quiroga Mardones, Carlos Davidson y Jorge Alamazabal, redactó el informe oficial. Sus conclusiones: «La muerte del señor Salvador Allende Gossens se produjo como consecuencia de una herida a bala que tiene su entrada en la región mentoniana y su salida en la región parietal izquierda… El hecho tiene las características de un suicidio».[78]

En un amplio recorrido por Santiago, el Canal 13 mostró las poblaciones marginales cubiertas de banderas chilenas.

CAPÍTULO VI

Las revoluciones y dictaduras también pueden librarnos de situaciones injustas.

Thomas Masaryk[1]

Cuando Pinochet estaba en el poder

A partir de septiembre de 1973 todo en Chile cambió radicalmente. Augusto Pinochet asumió prontamente la dirección de la Junta de Gobierno y poco después como «Jefe Supremo de la Nación» (junio 1974, decreto ley 527) y Presidente de la República (diciembre de 1974, decreto ley 806). Y, así, según la versión políticamente correcta de los hechos, se pasó de la democracia a la dictadura.[2]

Los hechos desmienten nuevamente la máquina planetaria de desinformación.

Inmediatamente después del golpe militar la ofensiva terrorista fue poderosa, lo que justifica las enérgicas medidas adoptadas por las Fuerzas Armadas para afrontar la emergencia. Con el decreto ley 521, del 18 de junio de 1974, se oficializó la existencia de la policía antiterrorismo, DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), que ya era operativa con la denominación de Comisión DINA, desde octubre hasta noviembre de 1973. Según los cálculos realizados por Manuel Contreras Sepúlveda, nombrado jefe (director) de la DINA, en el período 1973-1976, o sea, en los años inmediatamente siguientes al golpe, se registraron 333 víctimas entre militares y 1.591 entre terroristas y guerrilleros marxistas, mientras en el período posterior 1976-1990, las víctimas entre los militares fueron 316 y 446 entre terroristas o guerrilleros marxistas.[3]

Como habría hecho cualquier persona en una circunstancia similar, inmediatamente después del golpe Pinochet introdujo, además de medidas represivas que limitaban la libertad personal, típicas de cualquier guerra civil, una drástica limitación a la libertad de prensa y a las visitas a los detenidos, de las cuales se aprovechaba (con la complicidad de los abogados defensores) la red de comunicación del terrorismo internacional.[4] Pero, como refiere Mark Falkoff, de la Heritage Foundation de Washington, hubo una progresiva distensión de la presión policial.[5]

De hecho, en agosto de 1977 Pinochet ablandó los controles y, con el decreto ley 1.876, decidió disolver la DINA, que había cometido excesos, sustituyéndola por la CNI (Central Nacional de Informaciones), dirigida hasta 1980 por el general Odlanier Mena y después por los generales Humberto Gordon, Hugo Salas, Humberto Leiva y Gustavo Abarzúa.[6]

Un año después, el 1 de agosto de 1978, Pinochet anunció que habían sido arrestados Manuel Contreras Sepúlveda y su colaborador Pedro Espinoza Bravo.[7]

¿Por qué el final de la DINA y el ocaso de Contreras? El historiador Gonzalo Vial Correa hace algunas conjeturas. Primera hipótesis: Contreras había acumulado un enorme poder, demasiado, y esto era peligroso. Segunda: la DINA había extendido su competencia a sectores distintos de los originales. Tercera: la DINA, habiendo conseguido las finalidades para las cuales había sido constituida, ya no era necesaria. Cuarta: Pinochet quería mejorar en el exterior la imagen de Chile y la DINA no lo ayudaba en ese sentido.[8]

Sobre la DINA se escribió y se dijo mucho y muchas veces sin motivo. Al juzgar lo operado por la DINA, es necesario tener presente que se vivía una feroz guerra civil, en la cual las dos partes, movidas por un odio que derivaba de la política que había llevado a cabo Allende en los años precedentes, no tenían otro objetivo que el aniquilamiento del adversario. No fue casualidad que el mayor número de víctimas se haya registrado antes de la creación de la DINA y como consecuencia espontánea del resentimiento que se había creado entre los izquierdistas y los militares.[9]

La represión vio episodios sangrientos, de los cuales se hablará nuevamente en estas páginas, como el asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez, la masacre de las calles Janequeo y Fuenteovejuna en Santiago, los degollamientos de Santiago Nattino, Manuel Guerrero y José Manuel Parada, las represalias por un atentado contra Pinochet y la llamada «Operación Albania». El caso más grave fue la «caravana de la muerte», cuya responsabilidad ha sido atribuida a veces al general Sergio Arellano Stark y otras veces al general Joaquín Lagos. Estos dos generales se han acusado mutuamente.

Es necesario recordar que la lucha contra el terrorismo no era realizada solamente por la DINA, sino también por otras estructuras que actuaban con absoluta autonomía: el SIM (después rebautizado DINE), que pertenecía al Ejército, el SIN de la Armada, el SIFA de la Fuerza Aérea, luego llamado DIFA, SIFAR de los Carabineros, más adelante denominado DICAR.[10]

Efectivamente, como refiere Gonzalo Rojas Sánchez, que conocía bien estos hechos, la DINA había asumido «dimensiones de omnipresencia caracterizadas por actitudes drásticas que no excluyeron ni siquiera al Presidente Pinochet cuando pidió explicaciones sobre algunos detenidos, de los cuales no se podía tener ninguna noticia a través de los canales normales». El historiador Carlos Huneeus comparte el juicio de Rojas Sánchez pero afirma que la suficiencia de la DINA era debida a la desorganización del Estado: «El ministro del Interior no tenía autoridad sobre la CNI» […] «Al igual que en el Brasil autoritario, los organismos de seguridad actuaban con gran autonomía, sin aceptar subordinación respecto de la autoridad política en el Gobierno».[11]

Con el decreto 187, de 30 de enero de 1976, Pinochet prohibió recurrir a lugares secretos de detención, pero inmediatamente después, tras una investigación realizada en las cárceles de Tres y Cuatro Álamos, de Santa Lucía y de Villa Grimaldi, en las cuales se comprobaron algunos casos de arrestos no autorizados, de torturas y de precarias condiciones de salud, Pinochet tuvo una tempestuosa discusión con Contreras, que reaccionó acusando al subsecretario Mario Duvauchelle de conspiración, porque había participado en la investigación.[12]

Otras discusiones hubo durante 1976 y 1977, cuando Pinochet, gracias a la colaboración de la nueva ministra de Justicia, la señora Mónica Madariaga, censuró el comportamiento de la DINA y de la DINE (Dirección de Inteligencia del Ejército).

Finalmente, el 12 de agosto de 1977, como ya se dijo, una medida definitiva fue tomada con el siguiente comunicado oficial: «La oficina de prensa de la Presidencia informa que S. E. el Presidente de la República, general Augusto Pinochet Ugarte, ha firmado el decreto que anula el decreto número 521 de 1974, con el cual fue creada la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), por cuanto la misma ha completado los deberes que le habían sido confiados. Al mismo tiempo, dispuso la creación de la CNI (Central Nacional de Informaciones), que será responsable de la seguridad interna».[13]

A propósito de la CNI, muchos años después Pinochet expresó, entrevistado por las periodistas Raquel Correa y Elizabeth Subercaseaux: «Es un órgano de inteligencia que aquí en Chile han tenido todos los gobiernos políticos que he conocido en mi vida. Recuerdo al grupo político que tuvo Alessandri» [… ] «Para qué digo del señor Allende, que tenía la mejor red de inteligencia, como lo comprobé en el Ministerio de Defensa con el ministro».

El gesto de distensión querido por Pinochet al disolver la DINA tuvo, entre tanto, el efecto de animar a los extremistas a intensificar la actividad terrorista, con la consecuente intensificación de la represión, fuera legal o ilegal. Los años siguientes fueron, en dicho aspecto, los más difíciles para Chile. A este propósito, Pinochet comentaba: «En este momento lo que pasa es que esta gente, los extremistas, se sienten apoyados por muchas organizaciones; éstas guardan silencio cuando cae un ciudadano inocente, víctima de sus acciones; en cambio, cuando cae uno de estos bandoleros, ahí hablan por cuatro».[14]

La distensión, en fin, no iba con el genio de los marxistas y tenía como efecto agravar la amenaza terrorista. Se tuvo una prueba con el asesinato (que se lo adjudicó José Aguilera, del MIR) del coronel Roger Vergara y de su chofer (1980) y, sucesivamente, el del intendente de Santiago, general Carol Urzúa y de dos hombres de su escolta (30 de agosto de 1983). La reacción ante el asesinato de Urzúa fue terrible. Medios acorazados de las fuerzas antiterroristas de las Fuerzas Armadas, provistos de ametralladoras, circundaron en Santiago dos escondites del MIR, en el N° 1330 de la calle Fuenteovejuna y el 5707 de la calle Janequeo, y no dejaron de disparar hasta que todos los terroristas (entre ellos una muchacha) cayeron muertos: el primero fue el terrible Arturo Villavela y el argentino Hugo José Ratier.[15]

Estos hechos hicieron necesario un ajuste que esta vez fue mantenido por cinco años, hasta que el MIR, desenmascarado por un creciente número de delatores y duramente combatido por la CNI, fue obligado a cesar su actividad terrorista.

La situación volvió a la normalidad y nuevamente Pinochet redujo los controles: fue permitido que los exiliados regresaran a Chile y con la oposición se inició el diálogo y se fijó una fecha posible para la realización de elecciones libres.

«Respecto de los marxistas», decía Pinochet, «queremos buscar la forma de que ellos mismos se den cuenta del error de su extremismo y lograr que se reintegren a la vida nacional».[16]

Pero todavía una vez más, lamentablemente, el clima de distensión y de diálogo molestó a los comunistas, que temían se pudiese llegar a la definitiva pacificación y al retorno de la democracia. Así, empleando al Frente Manuel Rodríguez, que en materia de terrorismo había suplantado al MIR, entre 1984 y 1995 los comunistas volvieron a la política de los atentados y de las violencias callejeras: su objetivo era (como sucedió en Italia y en Grecia, entre 1944 y 1945, cuando la resistencia de los partisanos comunistas provocaba las represalias de los alemanes) el de obtener un dura reacción gubernativa para favorecer la ya intensa campaña propagandística mundial contra Pinochet.[17]

La ola de atentados terroristas realizados por los comunistas no se detuvo ni siquiera cuando la nación fue golpeada por el terremoto del 3 de marzo de 1985, que devastó Santiago y otras localidades, dejando un saldo de 140 muertos, 2 mil heridos y 10 mil personas sin techo. Hasta en circunstancias como ésta, los comunistas proclamaron la «desobediencia civil» y declararon como objetivo la «ingobernabilidad». Los terroristas eligieron, a partir de esos dramáticos días, no ya objetivos militares o gubernativos, sino lugares frecuentados por el público y la ciudadanía pacífica: las bombas explotaban en los trenes, en las calles repletas de gente, en las oficinas públicas, en las salas de espera y en los supermercados.[18]

A esto, los comunistas agregaron la táctica de obstaculizar cualquier intento de pacificación, pidiendo la inmediata dimisión de Pinochet y rechazando el reconocimiento de la nueva Constitución que, en 1980, había sido aprobada por un referéndum popular. «Las células del partido», ordenó en enero de 1985 el plenario del partido secretamente reunido, «deben dar mayor impulso al Frente Manuel Rodríguez, ayudándolo a reclutar nuevos jóvenes provenientes de las facultades y de las fábricas».

«Para oponerse a la pacificación», escribía el citado Mark Falkoff en 1985, «los comunistas recurren al terrorismo, empleando las ayudas que reciben desde la Unión Soviética y Cuba. Realizan ataques armados contra las comisarías de la policía y las instalaciones militares, hacen amplio uso de explosivos y realizan sabotajes de todo tipo. Particularmente activo está el Frente Manuel Rodríguez».

Y el escritor chileno Miguel de Nantes comentaba cómo se utilizaba a los jóvenes: «Al comisario marxista que les pagará a cada uno $ 5.000 para que incendien microbuses o rompan vitrinas gritando consignas contra el Gobierno»[…] «Si son cogidos por la justicia, dirán que no saben quién les pagó y que no tienen idea de lo que han hecho porque estaban drogados».[19]

Es importante el comentario de Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez en relación con los grupos de extremistas que realizan en la clandestinidad su actividad terrorista y que el Gobierno debe combatir. «El primer deber de cualquier Gobierno consiste en garantizar el orden público y la seguridad de los ciudadanos para que ellos puedan realizar sus vidas en paz» [… ] «En este tipo de guerra, que cuando no se la controla a tiempo acaba por afectar indiscriminadamente a la población civil, hay que enfrentar y vencer a un enemigo que no trepida en utilizar los medios más viles. El factor sorpresa está de su parte; elige cuándo y dónde herir, y procede cobardemente. Por eso es menester adecuar los procedimientos gubernamentales a esas circunstancias».[20]

En la misma línea, el historiador Gonzalo Vial Correa reconoce «la existencia de una guerra constante, aunque no declarada —una guerra hipócrita— entre la Civilización Occidental y Cristiana y el Comunismo Internacional. En esta guerra, el enemigo no aceptaba ley alguna y por tanto era imposible vencerlo sino pagándole con la misma moneda. Los defensores de Occidente debían, para salvarlo, atropellar si fuere necesario la ética de Occidente». Y prosigue Gonzalo Vial, basado en la entrevista a un ex subjefe de la DINA: «La misión de Pinochet, sacar adelante el país, fue una tarea titánica». Luego comenta: «se debieron enfrentar elementos externos; la acción anti-chilena de la Unión Soviética y de Cuba y el boicot internacional».[21]

Una vez más fue necesaria, el 6 de noviembre de 1984 y después que los terroristas habían asesinado a todo un pelotón de policías que viajaba en un furgón, la implantación de severos controles que incluían también, en algunas zonas, la imposición del toque de queda nocturno.[22]

Se verificaron excesos por ambas partes. Como reacción a algunos atentados terroristas, entre el 28 y el 29 de marzo de 1985, una organización paragubernativa llamada DICOMCAR, dirigida por el coronel de Carabineros Luis Fontaine (asesinado en 1990 por el Frente Manuel Rodríguez) secuestró a tres dirigentes comunistas, Santiago Nattino, Manuel Guerrero y José Manuel Parada. Los tres fueron encontrados, en la mañana del día 30, degollados. Se oyeron diversas versiones de los hechos, se produjo escándalo, se registraron en Carabineros importantes dimisiones y, sin indulgencias, la DICOMCAR fue disuelta.[23]

El historiador Gonzalo Rojas Sánchez publicó un estudio de las iniciativas que concretamente se aprobaron día tras día, por la Junta Militar. «Ya el mismo 11 de septiembre de 1973», refiere Rojas Sánchez, «se decretan el estado de sitio y el estado de emergencia: ambas medidas se fundamentan en la guerra interior que se está viviendo».

Fue puesto en vigor el código militar de 1927, bajo la competencia de tribunales militares, y se comunicó que si era necesaria sería aplicada la pena de muerte. Estas medidas rigieron hasta mediados de 1974, cuando fueron ablandadas porque muchos depósitos de armas habían sido ya confiscados y se esperaba que cierta calma pudiera ser restablecida. Pero el estado de emergencia no cesó. Preocupada por las conexiones internacionales del terrorismo, la Junta Militar confirmó que quien cometiera delitos sangrientos corría el riesgo de ser condenado a muerte y que cualquiera que desde el exterior actuara de algún modo contra el Estado, podía ser privado de la ciudadanía. Al mismo tiempo, con una tolerancia que no encuentra situaciones similares en otros países, la Junta les permitió a los elementos que habían desarrollado una actividad subversiva genérica y no grave, exiliarse libremente.[24]

Existieron, sin lugar a dudas, muchos casos de personas afectadas por medidas restrictivas de la libertad. No se puede tampoco decir que se trataba de inocentes ciudadanos perseguidos. Algunos de estos extremistas fueron insertados no solamente en las organizaciones internacionales de la subversión sino, incluso, en esferas de la alta política internacional, que les concedía a ellos importantes apoyos: de hecho, desde Argentina llegaron presiones para que fueran puestos en libertad Corvalán y Almeyda; el Japón se preocupó por Alfredo Cardemil; Perú pidió la liberación de la comunista Alicia Araya y desde Santiago el Cardenal Silva Henríquez se interesó, a pedido del Cardenal arzobispo de París, por el caso de Álvarez Marty. Otras recomendaciones llegaban de monseñor Carlos Camus y monseñor Carlos Oviedo Cavada e incluso del arzobispo de Canterbury. Y, desde Alemania, el canciller Willy Brandt transmitió a Pinochet una larga lista de detenidos (Sule, Miranda, Morales Abarzúa, Palma, Tapia, Cantuarias, Teplizky, Clodomiro Almeyda, Enríquez y otros), para quienes pedía la libertad.[25]

Bajo tales presiones, el 11 de septiembre de 1974 Pinochet anunció que estaba dispuesto a liberar a algunos detenidos y autorizar el exilio. Y con una movida inesperada, propuso a Cuba y a la Unión Soviética que liberaran a un número similar de prisioneros políticos. A mediados de noviembre, no habiendo tenido respuesta de ninguna de ambas naciones, para mostrar su propia buena voluntad dejó en libertad a los primeros cien detenidos. Ni siquiera entonces, desde La Habana o desde Moscú, llegó una sola palabra. Peor aún, en una payasada radiofónica, Radio Moscú comunicó la «condena a muerte» de Pinochet y de los miembros de su Junta Militar.[26]

El día siguiente a dicha liberación, 12 de septiembre de 1975, los comunistas reaccionaron como solían hacerlo ante cualquier señal de distensión: con un atentado. La víctima esta vez fue el director del diario La Segunda, Mario Carneyro.[27]

La principal fuente de desestabilización, como se ha dicho en los capítulos precedentes y se verá en particular en el capítulo VIII, era la DGI (Dirección de Inteligencia) cubana, que operaba por cuenta de la KGB soviética directamente desde la Habana o a través de sus agentes distribuidos por toda América Latina. Y fue exactamente la DGI la que ideó y organizó para el 7 de septiembre de 1986 el fracasado atentado a Pinochet: una emboscada que dejó 5 muertos y 11 heridos[28] de su escolta.[29]

El atentado fue obra realizada por nada menos que 70 terroristas, que, gracias a su meticulosa organización, lograron huir del lugar del atentado. El mismo Pinochet (que en ese momento se agazapó para cubrir a su nieto que le acompañaba en el auto) varios años después, en 1999, refirió así los detalles del atentado: «Me dispararon desde una corta distancia, pero por suerte el terrorista no era muy hábil. El primer proyectil dañó el vidrio blindado de mi auto, el segundo habría podido asesinarme, pero era demasiado alto y mi chofer logró alejar el auto del peligro».[30]

Veamos cómo Gonzalo Vial Correa describe con gran detalle aquel atentado. Podríamos resumir así sus impresiones: «La caravana presidencial era precedida por dos motociclistas. La componían dos automóviles Mercedes blindados, uno gris y otro beige. Sus vidrios oscuros no permitían ver en cuál de los dos viajaba Pinochet. Los guardias de seguridad viajaban en un automóvil Opala y en dos Ford. El Mercedes en el que viajaba Pinochet era el penúltimo, pero el orden variaba frecuentemente. Hacia el kilómetro 29, cuando eran las 18:45, la columna fue bloqueada por un automóvil Peugeot, que arrastraba una casa rodante; éste se atravesó y enseguida el convoy se transformó en el blanco de un fuego tremendo proveniente de unos 30 terroristas del Frente Manuel Rodríguez, que usaban armas automáticas, granadas y misiles antitanque tipo Low. Un misil destruyó el Opala y todos los otros autos se incendiaron enseguida, excepto los dos Mercedes, a pesar de que los disparos se concentraban sobre ellos».

Del resumen de Gonzalo Vial Correa se concluye que la guardia respondió enseguida al fuego, pero que en la posición descubierta en la que se encontraba, sufrió fuertes pérdidas. Según los planos predispuestos, los dos Mercedes invirtieron su marcha pero se encontraron con un automóvil Chevrolet que les cortaba el camino y desde el cual los terroristas disparaban. El chofer del Mercedes de Pinochet, que Vial Correa define como el «héroe de la jornada», logró de todos modos pasar. Un individuo salido desde el bosque disparó varios tiros de arma automática a uno o dos metros de distancia y al ver que Pinochet se había arrojado para proteger a su nieto, gritó ¡Victoria!, convencido de haberlo alcanzado. Esa misma noche, Pinochet apareció en televisión para descartar cualquier duda sobre el resultado del atentado y al día siguiente volvió a Santiago en helicóptero.

El atentado, que los terroristas habían bautizado como Operación Siglo XX, había sido preparado en Cuba. La matriz era de la Internacional Comunista, que le había confiado la dirección al sociólogo de 28 años César Bunster, hijo del ex embajador de Allende en Inglaterra, quien había alquilado una casa en las inmediaciones del lugar elegido para la emboscada y se había establecido ahí junto a la terrorista Cecilia Magni, que fingía ser su mujer.

En las últimas horas, un nutrido número de terroristas se había reunido en la casa llevando consigo un verdadero arsenal de armas. En Santiago, para alojar a eventuales heridos, estaba listo un consultorio. Bunster dirigía la operación, pero el soporte logístico lo aseguraba Ignacio Valenzuela (el comandante Ernesto).

En los días inmediatamente posteriores, las fuerzas antiterroristas capturaron a numerosos terroristas y mataron a cuatro. Se salvaron César Bunster y Cecilia Magni.[31]

El atentado tuvo el efecto, entre otras cosas, de agravar el antagonismo entre las fuerzas de la oposición, en particular entre la Democracia Cristiana y los comunistas. El nexo entre el Partido Comunista y el terrorismo fue denunciado por la dirección de la Democracia Cristiana en un documento del 17 de septiembre de 1986. Esto, unido al descubrimiento de arsenales de los comunistas, produjo un agravamiento de la situación interna del país. A continuación de dichas críticas, tres meses después, los comunistas tuvieron que admitir su responsabilidad en el fallido atentado destinado a matar a Pinochet.[32]

Así, el diario italiano II Giornale, en un artículo de Lucio Lami, comentó lo sucedido: «Tres hechos de las últimas semanas han modificado sensiblemente el panorama político chileno: el atentado al general Pinochet del 7 de septiembre de 1986 (cinco muertos y once heridos entre los escoltas); los arsenales de la guerrilla repletos de armas que los militares descubrieron (70 toneladas de armas, más 3.386 fusiles M-16)[33] y la fracasada jornada de agitación promovida por la izquierda para el 16 de octubre, que terminó con el incendio de algunos autos en la periferia de la capital. El atentado al general tuvo como contragolpe inmediato la ruptura de la convivencia entre los partidos democráticos y el Partido Comunista, que fue acusado abiertamente, también por la Democracia Cristiana y los socialistas, de programar y actuar con empleo de la violencia subversiva, a través de su brazo armado, el Frente Manuel Rodríguez».[34]

Y Lucio Lami prosigue: «El resultado de las trágicas acciones de septiembre», dijo un líder socialista, «fue solamente el de hacer volver el estado de sitio, de hacer cerrar algunos diarios de la oposición y de empujar al régimen a la caza de terroristas, cuyas consecuencias no serán pagadas por el 25% de los chilenos que, en la orilla opuesta, querían la aniquilación del adversario, sino por el 75% que está harto de esta situación y pide una solución pacífica a las luchas intestinas. El Partido Comunista, por lo tanto, ha objetivamente ayudado a Pinochet».[35]

La de Pinochet, vista en conjunto, fue al final una dictadura muy particular: como afirma el escritor chileno Miguel de Nantes, no fue una dictadura, fue un gobierno autoritario.[36]

En este sentido se expresa también en su libro El régimen de Pinochet el escritor chileno Carlos Huneeus: «El poder y la autoridad de Pinochet no fueron absolutos, pues el suyo no fue un régimen totalitario, en que el dictador ostenta dichos atributos» […] «No se trató de un régimen fascista, como lo denunciaron sectores de izquierda en los años 70, ya que hubo una sincronización limitada y careció de las instituciones del totalitarismo, como el partido único y una ideología rectora».[37]

Si la de Pinochet fue una dictadura, fue una dictadura provisoria y cuando las circunstancias lo permitieron, tolerante. Que el término «dictador» referido a Pinochet sea cuanto menos discutible fue demostrado, en 1987, por el viaje de Juan Pablo II a Santiago, por iniciativa del Cardenal Angelo Sodano, en el ámbito de la mediación que evitó una guerra entre Chile y Argentina, por el diferendo limítrofe de las islas del canal de Beagle: «Pinochet», le explicó el Papa al embarazado enviado de la televisión italiana Italo Moretti, «es por decisión propia un dictador ocasional, que un día, tarde o temprano, no estará más en el poder. Fidel Castro, al contrario, hace parte de un sistema dictatorial y, por lo tanto, a su muerte, si no se verifica un sorprendente cambio del cuadro político, el sistema dictatorial por él instaurado le sobrevivirá».[38]

***

Hay además otros aspectos de la gestión de Pinochet que vale la pena exponer y comentar. El económico, por ejemplo.

«El Presidente y la Junta», afirma Gonzalo Rojas Sánchez, «ven con claridad gradual la necesidad de una economía más liberalizada por sobre una estatista. Pero Pinochet quiere ir paso a paso con respecto a qué empresas deben permanecer nacionalizadas y cuáles deben devolverse […] Con cautela el Presidente va prestando su apoyo a los economistas de Chicago, quienes comienzan a concretar sus ideas en torno a la creación de un modelo de economía social de mercado para Chile [… ] Su Gobierno adoptó una política monetaria que detuvo la espiral inflacionaria y animó la actividad minera y la construcción de viviendas. Hacia el final de 1974 introdujo nuevas normas tributarias y con satisfacción anunció que 1975 sería un año menos duro que el anterior».[39] Y prosigue: «Uno de los problemas más serios y urgentes era el de las centrales sindicales. La Junta Militar lo enfrentó con rapidez y si bien confirmó a los dirigentes sindicales que ya estaban en sus cargos, estableció que deberían abstenerse de cualquier actividad de carácter político. Después, fue creada una oficina gubernativa encargada de recibir los reclamos sobre tratamientos injustos. Apenas dos meses después del golpe, el 16 de noviembre de 1973, la Junta Militar instituyó un grupo de estudio para elaborar un estatuto de los trabajadores y creó un consejo nacional para examinar los problemas de alimentación. En este período no dejaron, entre tanto, de ser escuchados los representantes de los empleadores y patrones, de los empresarios y de los comerciantes, con los cuales se realizaron numerosos encuentros. Favorecido por la posibilidad de tomar decisiones inmediatas y operativas, el mismo Pinochet, de modo incansable, viajaba del extremo norte al extremo sur del país tomando nota, sea de los descontentos o de las sugerencias».[40]

Las intervenciones de los expertos en economía provenientes de Chicago no eran casuales: venían desde 1955, cuando entre la Universidad de Chicago y la Universidad Católica de Santiago se había establecido una relación de colaboración y cordialidad, a la cual no eran extrañas otras universidades de Estados Unidos, como Harvard y Columbia.

Después, en 1972, cuando la gestión de Allende estaba en crisis, el sociólogo Emilio Sanfuentes (que provenía de la Universidad de Chicago) reunió a un grupo de trabajo para estudiar un proyecto económico para Chile «que pudiera ser propuesto a cualquier gobierno que sucediera al de Allende». De esto nació un documento, o mejor dicho un libro bautizado como El Ladrillo. Se destacaba en este proyecto que la interferencia estatal sobre la economía se debía reducir al mínimo indispensable, dándole la mayor prioridad a la libertad de iniciativa y a la desregulación, de la cual debía nacer un comercio globalizado y sin excesivos vínculos de frontera, en el que fueran garantizadas la fluctuación de las monedas y la propiedad privada.

El Ladrillo entró en los programas de la Junta Militar por medio del almirante José Toribio Merino y a través de los economistas Roberto Kelly, Sergio de Castro, Pablo Baraona y Ernesto Fontaine.

Y se agregó como responsable del Ministerio de Hacienda a otro economista formado en la escuela de Chicago: el ex vicepresidente del Banco Central, católico practicante, Jorge Cauas. El 4 de abril de 1975 Pinochet le pidió a dicho grupo de trabajo, que incluía otras personas, un plan económico para a la situación chilena. Este estudio debía ser concluido, dijo Pinochet, en 48 horas. El grupo se puso a trabajar y entregó la propuesta en el término establecido.

Pinochet leyó, aprobó y oficializó el proyecto con el título de Plan de Recuperación Económica. Los resultados, que maduraron en el lapso de tres años, fueron los que describiremos sumariamente en el presente capítulo.[41]

«El marco institucional le permitió a Pinochet conformar un Gobierno muy ordenado y eficiente», escribe el historiador chileno Carlos Huneeus, «que no perdió capacidad de iniciativa ni siquiera en los momentos más difíciles, como la crisis económica de 1982-1983 y la derrota en el plebiscito de 1988».[42]

Un juicio, entre los más recientes y significativos, es el de Vitaly Naiushul, director, en Moscú, del Instituto de Economía Nacional: «Aquí en Rusia decenas de miles de personas perdieron la vida en la revolución de 1917 y en los hechos que se desarrollaron posteriormente, y lo hicieron inútilmente. En Chile fueron asesinadas 3 mil personas, en una revolución que hizo del país una sociedad avanzada».[43]

«En el panorama sudamericano», observó en 1987 el famoso periodista italiano Indro Montanelli, «Chile llegó a ser uno de los países económicamente más sólidos y con mayor progreso. Al punto de merecer los elogios del Fondo Monetario Internacional y con un nivel de libertad y de dialéctica política que muchos países del Tercer Mundo, estimados por nuestros políticos democráticos, deberían envidiarle. Ni Etiopía ni Zaire tolerarían corresponsalías periodísticas como las que los enviados de la RAI-TV difunden en directo desde Chile».[44]

Confirmando las palabras de Montanelli, Il Borghese se preguntaba cómo era posible calificar de dictatorial a un régimen que consentía la venta, en todos los kioscos de sus ciudades, de los periódicos extranjeros y de la oposición.[45]

«Treinta años atrás», escribía el periodista italiano Valerio Riva, «el socialista Salvador Allende intentó en Chile, con el patrocinio no desinteresado de Fidel Castro, la más estatista de las revoluciones. Cómo terminó, lo sabemos todos. Chile, que era un país ordenado y rico, cayó en el caos y en la miseria. Después, un general, Augusto Pinochet, tomó el poder a través de un golpe acompañado de un baño de sangre. Allende se suicidó. Castro se batió en retirada. Existió un rápido y feroz período de represión. Después, gracias también a los Chicago Boys, Chile poco a poco se recuperó y hoy es el país más sólido y próspero del continente sudamericano».[46]

«Gracias también a los consejos de Milton Friedman, Premio Nobel y profesor en la Universidad de Chicago», agregaba el periodista William F. Jasper, «Chile se transformó en el mejor mercado sudamericano para las inversiones extranjeras. Los capitales llegaron en abundancia y la economía prosperó. Y mientras tanto Pinochet hacía disminuir los impuestos y el gasto público».[47]

Después, en sus memorias publicadas en 1998 con el título de Two Lucky People, el mismo Friedman dio su contribución a la verdad histórica: «Pinochet debería recibir», afirmó, «elogios y aprecio del resto del mundo por haber demostrado la inconsistencia del socialismo y la validez de la libertad económica. En cambio desde hace 25 años es sometido a ataques ultrajantes, absolutamente ultrajantes».[48]

En 1988 el National Geographic Magazine ya había expresado: «Con Allende el Estado se había adueñado de las mineras, fábricas y bancos. Los salarios habían subido, pero la inflación había volado a las estrellas. Los especuladores, protegidos por el régimen, habían vaciado los negocios. La Reforma Agraria de Allende se había transformado en un sistema de expropiaciones de hecho con el fusil en la mano. Ser propietario era un crimen. Hoy el Gobierno Militar de Pinochet ha construido miles de casas gratuitas, escuelas, hospitales, líneas eléctricas, calles, lugares de asistencia agrícola. La más grande empresa siderúrgica de Chile, que había terminado en quiebra en los tiempos de Allende, hoy exporta a Europa, Japón y Canadá. Nunca tantos chilenos habían poseído un televisor, un auto, una casa propia. Miles de ellos poseen acciones en las empresas privadas en las que trabajan».[49]

Y el National GeographicMagazine prosigue: «En el Chile de hoy la venta de acciones ha permitido la privatización de casi todas las empresas que Allende había puesto bajo control estatal. Así, en el timón de estas empresas se encuentran hoy dirigentes de una nueva generación, cosmopolita, conocedora de las técnicas más modernas de conducción, al punto de ser el orgullo del régimen y de haber reconstruido no sólo calles o fábricas, sino también la mentalidad del pueblo».[50]

A continuación, destacamos un comentario del The Wall Street Journal: «Pinochet se sirvió de sus propios poderes dictatoriales para iniciar las reformas económicas que fueron un ejemplo para América Latina y para el resto del mundo. En el Chile de Pinochet las empresas estatales comenzaron a ser privatizadas en los años 70, mucho antes que lo hiciera, en Gran Bretaña, el gobierno de Margaret Thatcher».[51]

Hasta el diario italiano Corriere della Sera, que respecto a Pinochet nunca había sido indulgente, era obligado a admitir algunas verdades: «En estos últimos cinco años», escribía, «la desocupación ha vuelto a los niveles casi normales». Y pocos días después agregaba que «el lento crecimiento de los dos últimos años ha aumentado los puestos de trabajo, ha mejorado las exportaciones e hizo bajar la inflación a menos del 15%».[52]

Veamos un comentario del escritor chileno Miguel de Nantes: «Con Pinochet Chile volvió a ser el primer exportador de cobre del mundo y el segundo exportador de harina de pescado y productos del mar y uno de los primeros exportadores de madera de América; aparte de ser ya el primer exportador de fruta de esta parte del mundo, con la fama de ser nuestras frutas las más exquisitas. Chile, con solamente 15 millones de habitantes, ya está superando a la vecina República Argentina [… ] La prudencia y la firmeza de un Pinochet que nunca quiso el sacrificio de la juventud de su pueblo […] el incomparable valor y prudencia del Augusto mediador, el Papa Juan Pablo II, lograron superar las divergencias territoriales que desde hacía tiempo existían con Argentina».[53]

Teniendo en cuenta que se trataba de un país sudamericano, circundado de otros países cuya inflación y desocupación son históricamente problemas muy serios, los resultados conseguidos en Chile por la Junta Militar eran verdaderamente milagrosos. En estos términos se expresaban el New York Times y el International Herald Tribune: «El general Pinochet ha cambiado a Chile. Sus expertos económicos han transformado una economía estropeada en uno de los raros milagros de América Latina, basado en inversiones privadas, en la libertad comercial y la diversificación de los productos. Este cambio no hubiera sido posible si los economistas no hubieran tenido el apoyo de un régimen con poderes dictatoriales: los intentos de reformas realizados en países democráticos como Argentina, Brasil y Ecuador siguen fallando.[54] Incluso los opositores a Pinochet ahora piensan que se debe seguir su modelo económico».[55]

Los resultados económicos logrados por Pinochet eran, años después de la caída de Allende, muy elocuentes.

Al punto que, en 1995, la Heritage Foundation en Washington realizó un simposio en el que se le daba a Chile la bienvenida al NAFTA (North American Free Trade Agreement), área de libre comercio y cooperación comercial entre Estados Unidos, Canadá y México.[56] Y clasificaba a Chile, gracias a la obra de saneamiento llevada a cabo por Pinochet, como «la economía más sólida de América Latina».

«La economía chilena ha crecido en un 6,3% anual», afirmaba la Heritage Foundation, «y este crecimiento está acompañado por una flexión constante de la inflación y de la desocupación, que ha bajado al 5,5% de la población trabajadora. El sector público fue reducido a menos de un tercio de lo que era 20 años antes y, a pesar de que los impuestos fueron reducidos, gracias a una drástica disminución de los gastos, se logró un balance con un activo equivalente al 2% del producto interno bruto. Una de las mayores riquezas de Chile hoy es el elevado nivel de ahorro de las familias, que alcanzó el 2% del PIB colocándose en el primer lugar no solamente de América Latina sino de todo el hemisferio Occidental, incluido Estados Unidos».[57]

El crecimiento del producto interno bruto se incrementaba, gracias al crecimiento económico y a la liberalización del mercado, al ritmo del 5% anual. El presidente del Banco Central de Chile, Enrique Seguel, en mayo de 1987 podía declarar con orgullo que la deuda externa del país había disminuido en los últimos veinte meses en nada menos que 1.700 millones de dólares, el equivalente al 9% del total. Y las previsiones para los seis meses siguientes eran de una disminución ulterior de al menos mil millones de dólares más. Mientras la producción industrial desde el día que cayó Allende fue siempre en crecimiento, la desocupación, en cambio, fue bajando. Y, agregaba Seguel, las reservas internacionales en 1986 superaban los objetivos mínimos impuestos por el Fondo Monetario Internacional.

De hecho, a inicios de agosto de 1987 el Banco Mundial constataba que las iniciativas sociales y económicas de la Junta Militar chilena habían logrado anular los efectos de la recesión mundial, precisando que la economía chilena podía, sin lugar a dudas, definirse como la mejor de América Latina. El Banco Mundial, al definir el Chile de Pinochet como «Estado modelo» en materia de lucha contra la pobreza, dejaba en claro que la Junta Militar había destinado para los más pobres el 15% de la riqueza nacional. Y de hecho el gasto público con finalidad social, que Allende había reducido del 40% al 27% del balance del Estado, era aumentado por Pinochet en 1987 al 57% y al 58% en 1989.[58]

La inflación dejada por Allende era, según los datos oficiales, del 350% anual, si bien en realidad llegaba a un 700%. Con Pinochet, en 1987, bajó a menos del 21% y en 1998 al 15%, para bajar posteriormente a los niveles de la economía estadounidense. Un resultado extraordinario este, si se compara con los índices de inflación existentes en ese momento en otros países latinoamericanos: 225% en Brasil, 133% en México, 117% en Argentina, 82% en Perú y 56% en Uruguay.

El número de escuelas que Allende había dejado (menos de 9 mil), gracias a Pinochet aumentó a más de 11 mil y el 100% de los niños entre los 6 y los 11 años de edad frecuentaba una escuela, mientras con Allende el porcentaje era del 93%. El analfabetismo bajó en pocos años del 11% al 5%, el nivel más bajo de toda Latinoamérica. El 98% de las viviendas tenían agua potable (con Allende el 67%) y el 79% estaban conectadas a los desagües (bajo Allende el 40%).

Así escribía en 1993 en la revista norteamericana Foreign Affairs el profesor Angelo Codevilla: «La tasa de mortalidad infantil, con Pinochet, bajó del 82 por mil al 17 por mil. Y la esperanza de vida subió de 63,3 años a 71,8 años. La satisfacción popular ha favorecido la victoria de Pinochet en el referéndum de 1980».[59]

La lucha contra la desocupación fue uno de los objetivos a los cuales la Junta Militar dirigida por Augusto Pinochet se dedicó con mayor empeño: de Allende había heredado una desocupación entre el 19% y 21%, el nuevo régimen logró disminuirla al 9,7% en 1986, al 8,5% en 1987, al 8,4% en 1988 y finalmente debajo del 7%, niveles que pusieron a Chile en posición superior a los demás países latinoamericanos y europeos, Italia incluida.[60]

Orgulloso de los resultados conseguidos, el 1 de mayo de 1987 Pinochet celebró la fiesta del trabajo junto a los trabajadores de la ciudad de Valdivia y en la ocasión manifestó su aprecio a los empresarios que tenían el mérito de haber aumentado los puestos de trabajo. «Ser empresario», afirmó Pinochet, «no es acumular riquezas para sí, sino tener la capacidad de generarla para ponerla al servicio de todo el país y el progreso de su pueblo».

Por iniciativa propia, la Junta Militar modificó el Código del Trabajo vigente en favor de los cuadros de trabajadores, fijando, al mismo tiempo, justos y dignos niveles de remuneración. En esto, Allende no había tenido éxito, a causa de la inflación galopante y de la depresión económica que había producido en el país. Otros progresos se tuvieron, por intervención personal de Pinochet, en el sector de la enseñanza y de la preparación profesional, en el de las pensiones, de la salud y el de la vivienda. En este último sector, en particular, las cifras hablan claro: solamente en 1986 fueron construidos 23.800 departamentos populares, todos entregados a los nuevos propietarios a través de ventajosas formas de financiamiento público.

Particularmente apreciada fue por los empleados con contrato de trabajo la reforma al sistema de pensiones, decretada por el Gobierno en 1980 y puesta plenamente en vigencia a partir del año siguiente. Reforma después imitada, con adaptaciones a las circunstancias locales, en México, Argentina, Colombia, Perú, Brasil, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Salvador y Costa Rica. Incluso en Italia hubo quien propuso, para sanear el problema de las pensiones o jubilaciones, tomar como modelo la reforma de Pinochet. Pero en Italia, se sabe, las interferencias y los intereses de las organizaciones sindicales vuelven imposible cualquier intento serio de dar una solución realista al costo de las pensiones.[61]

El nuevo sistema de pensiones en Chile, de capitalización individual, se basa en que cada trabajador ahorra mensualmente el 10% de sus remuneraciones, constituyendo así un fondo de su propiedad que al final de su vida laboral le permite tener una jubilación digna, fruto de su ahorro, no dependiendo más de los caprichos e ineficacias del Estado. Este proceso de pasar del público al privado el régimen de pensiones, producía una substancial reducción de costos y mejoramiento del servicio y puso fin al estado de progresiva insolvencia de los fondos públicos ya existentes. El nuevo esquema es obligatorio para los jóvenes que obtenían su primer trabajo, mientras ofrecía a los trabajadores activos la elección entre el nuevo o el viejo sistema. Los que pasaban al nuevo sistema tenían la ventaja inmediata de una reducción de las contribuciones para las pensiones (del 35% al 20%) y la transferencia de las sumas ahorradas a las remuneraciones. Después de dos años, el 90% de los trabajadores había elegido el nuevo sistema, porcentaje que diez años después superaba el 95%. Resultado: pensiones mejores, más seguras, mejor revaluadas, con la ulterior ventaja de haber quitado al Estado el peso de una gestión onerosa e ineficiente, que, como en la mayoría de los países de Occidente, iba inexorablemente a la quiebra.[62]

En síntesis, para entender mejor la importancia de esta reforma emprendida por Pinochet, basta tener presentes los cálculos realizados por Dow Jones en junio de 2000 y enseguida tomados por el Wall Street Journal: los fondos de pensiones privados introducidos por Pinochet rendían el 6,6% anual y le permitían a los pensionados recibir un tratamiento que superaba el 1% la inflación: un óptimo resultado que, según los indicadores del mes de septiembre de 2000, se mantuvo constante por lo menos durante 20 años.[63]

Los éxitos obtenidos por la gestión de Pinochet eran evidentes a todos los chilenos. En todas las clases sociales el aprecio por la obra de saneamiento realizada por la Junta Militar era claro e innumerables eran las manifestaciones de aplauso y de consenso. Una tal y tan clara mejoría de la situación general, al mismo tiempo que fastidiaba a los sectores de izquierda, era bien vista por quienes trabajaban y por los estudiantes que estaban por entrar al mundo del trabajo.

De hecho, los sondeos efectuados desde mayo de 1987 en adelante revelaban que el 44% de los chilenos era favorable a la Junta Militar, que el 34% deseaba pasar progresivamente a la democracia y que solamente el 16% tenía una orientación contraria a la Junta, mientras un 6% estaba indeciso.

Los mismos sondeos afirmaban que el orden y la estabilidad eran las primeras de las aspiraciones políticas del pueblo chileno que, después de haberse liberado del caos y de la fácil demagogia del Gobierno de Allende, había vuelto a la tranquilidad y a los valores de la tradición y del patriotismo.

En pocos años Chile se encontró fuera de la crisis en la cual había caído debido a la gestión marxista de la economía. Gracias al éxito de su política de mercado, varios gobiernos occidentales, algunas asociaciones de libre comercio y numerosas multinacionales, comenzaron a interesarse en el mercado chileno.[64]

Naturalmente la oposición chilena y la izquierda internacional, ayudadas por la máquina de desinformación mundial, hicieron todo tipo de esfuerzos para ocultar la verdad. En este sentido, los obispos chilenos afirmaron en 1977: «No nos cabe duda de que hay una campaña internacional en contra de nuestro Gobierno, promovida principalmente por gobiernos y partidos marxistas. Algunos de los que nos acusan cometen peores atropellos que los que nos reprochan. Todos tendemos a ver mejor la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio».[65]

Como refiere el historiador y profesor de derecho, Gonzalo Rojas Sánchez, a Pinochet no se le escapaba la gravedad de la amenaza marxista ni lo vasto de la maniobra mundial que se desarrollaba contra Chile. «El Presidente Pinochet», afirmaba Rojas Sánchez en 1998, «consideraba al marxismo como una ideología esclavizante de la naturaleza humana, porque es totalitaria, inmoral, tiránica, sembradora del odio, estatista y destructora del derecho […] Esta terrible ideología explica la actuación práctica de los marxistas durante el Gobierno de Allende, tanto de chilenos como extranjeros. Pinochet califica la intención del Gobierno depuesto como un propósito inmoral de instaurar un sistema totalitario».[66]

Veamos cómo se expresaba el mismo Pinochet oficialmente, en el Mensaje Presidencial de 1977: «Fue un período difícil para nuestras relaciones internacionales. Los progresos obtenidos en política interna, en la estabilidad de las instituciones, en la solidez económica y en las iniciativas sociales, no bastaron para contrarrestar la campaña hostil estimulada y financiada por la Unión Soviética, por sus satélites y por las instituciones de fachada que fueron creadas en el mundo occidental. Chile tuvo que empeñarse en afirmar la verdad de los hechos y contestar una a una las acusaciones que le promovieron en todos los foros internacionales».[67]

Y aún más: «Todos o casi todos ustedes han sido testigos de nuestra verdad, que otros interesadamente ocultan o desfiguran en el exterior […] Chile ha tenido que soportar el asedio del comunismo internacional, secta que ha volcado todo su enorme aparato propagandístico en contra de quienes le infligiéramos la mayor derrota sufrida en los últimos treinta años».[68]

Tenía razón, parecía una competencia entre ellos. Con la sola excepción de China comunista y de Rumania, todas las naciones realizaban un sistemático esfuerzo de sabotaje a los intentos que realizaba Chile para salir del desastre producido por Allende. Así, Alemania rechazaba cualquier propuesta de colaboración económica; Gran Bretaña pedía cosas fantásticas por lo que se refiere al tratamiento de los obreros chilenos; México publicaba voluminosos y mentirosos memoriales; Francia y Holanda trababan los créditos e inversiones; Italia acogía a cientos de verdaderos o presuntos exiliados y se transformaba en un centro de subversión anti-Pinochet, y Suecia, siguiendo las indicaciones de su primer ministro Olof Palme, se distinguía como uno de los jefes de la campaña internacional.[69] De nada servía la liberación de cientos de detenidos por insistencias de los gobiernos francés, alemán y mexicano. Las relaciones no mejoraban y, peor aún, hacia finales de 1974, México rompió unilateralmente las relaciones diplomáticas con Santiago.[70]

A propósito de dicha campaña de desinformación, Pinochet no estaba equivocado. Y varios años después de terminado el régimen militar chileno, la Enciclopedia Británica, para dar un ejemplo, al informar sobre la voz «Pinochet», se perdía en fantasiosas reconstrucciones como esta: «La política de la Junta Militar, si bien favoreció el desarrollo, las iniciativas privadas y el libre mercado, provocó desocupación, reducción de los salarios reales y como consecuencia una disminución del nivel de vida en las clases pobres y en la clase media». Y todavía más: «Bajo Pinochet la reforma de la economía fue inferior a las esperanzas: la deuda internacional aumentó, el precio del cobre en los mercados internacionales tuvo una flexión y aumentaron la inflación y la desocupación».[71]

Una de las voces que, partiendo desde los canales de televisión de Santiago (de los cuales la oposición podía servirse libremente), tenía resonancia en todo el mundo y era devotamente amplificada en todos los medios de comunicación europeos, era la del socialista Ricardo Lagos, según el cual en Chile bajo la presidencia de Pinochet existían 5 millones de «pobres».[72]

Partiendo del hecho de que hay que definir lo que se entiende por «pobre», el Instituto Chileno de Estudios Generales (fundación nacida en 1968) y la Oficina de Planificación Nacional, no tuvieron dificultad para desmentir y ridiculizar las afirmaciones de Lagos. Los cálculos hechos por Lagos, se demostró, eran el fruto de una arbitraria reducción del 20% de los efectivos niveles de rédito existentes en el país. Y eran claramente inaceptables, tomando en cuenta que Chile era la nación económicamente más sana de América Latina y que 5 millones de pobres representarían el 45% del total de la población: ¿Cuál debería entonces ser el porcentaje de pobres existentes en países como Perú, Bolivia o México?

Pero no era fácil luchar contra una capilar maniobra de lavado de cerebro, que podía valerse de miles de diarios y canales de televisión. Así, para Pinochet, no todo andaba sobre ruedas.

La oposición de izquierda, gracias a la onda de simpatía mundial que la circundaba, no dejó de reforzarse, debido, entre otras cosas, a una serie de perdones y de una amnistía. Beneficiada por financiamientos, bases logísticas, encuentros «culturales» y apoyos que llegaban desde el exterior, la oposición logró incluso hacer pasar en silencio frente a la opinión pública mundial los constantes esfuerzos de Pinochet para calmar los ánimos.

Una de las primeras ofensivas propagandísticas anti-Pinochet consistió en una «campaña de tranquilización» de las Fuerzas Armadas, sugerida y puesta a punto por una agencia internacional con sede en Caracas, Venezuela, especializada en comunicaciones de masas y campañas políticas, denominada Zune Asociados International Consultants. En el ámbito de dicha maniobra, que tenía como finalidad la de aislar a Pinochet de los militares chilenos, a las Fuerzas Armadas les llegó por vía transversal la promesa de que, en caso de que cayera el régimen militar, los jefes del Ejército, Marina, Aviación y Carabineros no serían investigados o removidos de sus cargos y que eventuales procesos contra oficiales iban a ser conducidos por la justicia militar, con el atenuante reconocido de la obediencia debida y que no se realizarían purgas. Más aún, las Fuerzas Armadas se transformarían en «instituciones armadas de la democracia», obviamente sujetas, pero nadie lo decía, a la repartija típica de una gestión gubernativa de la coalición. Interesante sería saber de dónde provenía el pago para la Zune Asociados.

Una maniobra que se registró dentro de los ataques a Pinochet y a otros líderes antimarxistas sudamericanos, fue la instrumentalización del llamado Plan Cóndor, acuerdo internacional para la lucha contra el terrorismo, sobre el cual se volverá a hablar en los capítulos XI y XII.[73]

Otra maniobra fue la de aprovechar el llamado Caso Letelier, atribuido a un plan homicida organizado por la DINA por orden de Pinochet.[74]

Un caso, el de Letelier, de tal manera controvertido y complicado que, por su complejidad, será tratado en un capítulo aparte (el VII).[75]

La Junta Militar chilena, se puede sostener sin dificultad, se hizo responsable de una durísima reacción de represión y de actos violentos. Se puede agregar que existieron desaparecidos y ejecuciones.

El más conocido entre los episodios de ejecuciones ilegales fue el de la llamada «caravana de la muerte», que al mando del general Sergio Arellano Stark, en octubre de 1973, visitó algunos centros de detención (Antofagasta, La Serena, Copiapó y Calama). En esos días fueron fusilados 57 detenidos y se hizo desaparecer a otros 18. Toda esta confusa situación es materia de profundas controversias en relación con quiénes fueron los verdaderos responsables de esas ejecuciones.

Asimismo, en los días 15 y 16 de junio de 1987, en Santiago, durante la llamada «Operación Albania», que consistió en eliminar 12 presuntos terroristas del Frente Manuel Rodríguez que (según una declaración del portavoz de la Junta Militar chilena, Francisco Javier Cuadra, y los informes de las fuerzas antiterrorismo) programaban un atentado. Antes del mediodía del 15 de junio, en la calle Las Condes, fue ejecutado Recaredo Ignacio Valenzuela Pohorecky, jefe del Frente Manuel Rodríguez. Por la tarde, en la comuna de San Miguel, le tocó a Patricio Acosta Castilla. Y a medianoche a Wilson y Juan Henríquez. Al alba del 16 fueron ejecutados Esther Cabrera, Manuel Valencia, Ricardo Rivera, Elizabeth Escobar, Patricio Quiroz, José Valenzuela y Ricardo Silva en un departamento de calle Pedro Donoso. No se sabe con absoluta seguridad si se trató de ejecuciones en frío o si hubo enfrentamientos armados.[76]

El mismo Pinochet, entrevistado en 1989 por las periodistas chilenas Raquel Correa y Elizabeth Subercaseaux, no dudó en admitir que fueron cometidos excesos «por ambos lados». El los atribuyó a la exasperación de los ánimos y a los rencores que se habían acumulado en los años del régimen de Allende. Y precisó que la responsabilidad de muchos de aquellos actos había que buscarla en las estructuras del terrorismo de origen cubano y en aquellas periféricas de los órganos de la represión estatal.

El general retirado Ernesto Videla, entrevistado en abril de 2000 por la misma Raquel Correa, había enseguida confirmado, a propósito de la «caravana de la muerte», el juicio dado por otros: «Chile era un Estado de absoluta anormalidad y odio infinito […] Son cosas seguramente condenables, pero que no pueden ser juzgadas en el clima de tranquilidad que se vive ahora. El día del golpe fue un día de enfrentamientos, con un grupo que, sirviéndose de un ejército irregular, quería la destrucción de un ejército regular. Sobre la DINA es bueno precisar que todas las naciones tienen un servicio de seguridad. Y a propósito de Pinochet es necesario recordar que un Presidente no puede estar al corriente de todo lo que sucede en las estructuras periféricas».[77]

En el mismo sentido, en julio de 2000, se expresó el magistrado Milton Juica, al investigar sobre la «Operación Albania»: «Único responsable es el ya condenado Álvaro Corbalán y por lo tanto el ex Presidente Pinochet es inmune a las acusaciones referentes a la Operación Albania».[78]

Según las declaraciones del mismo Pinochet al juez instructor Juan Guzmán y confirmadas por el abogado defensor Pablo Rodríguez, en el caso de la «caravana de la muerte», el encargo dado por la Junta Militar al general Sergio Arellano Stark era solamente el de ir a varias localidades para acelerar los procesos en curso y garantizar la aplicación de la ley. De las ejecuciones sumarias, la Junta Militar y el Presidente Pinochet fueron informados después a través de un informe del general Joaquín Lagos, que comandaba en la zona de Antofagasta.[79]

Una investigación realizada en el 2001 trajo a la luz algunos documentos inéditos, de los cuales se desprendía que el 31 de octubre de 1973 el entonces ministro de Justicia, Gonzalo Prieto Gándara, le había señalado al ministro de Defensa, almirante Patricio Carvajal, el caso de Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, torturado y fusilado sin haber sido sometido a un proceso regular. El hecho fue referido el 23 de noviembre de 1973 a la Junta y al mismo Pinochet, quien mandó a realizar una investigación «para individualizar las responsabilidades».[80]

Fue importante la entrevista del 14 de mayo de 2000, en la que Sergio Arellano Stark, con sus 79 años, obligado a detención domiciliaria, no escondió su propia amargura a la periodista Raquel Correa. «Había un clima terrible», afirmó Arellano, «y cuando se habla de todas estas muertes (y yo no comparto en absoluto los asesinatos) es bueno recordar lo que pasó desde el año 70 para adelante. Estaba como agregado militar en España y llegué en noviembre de 1971. Me encontré con un Chile totalmente distinto. Había enfrentamientos, tomas de fundos y fábricas, escasez. La situación fue empeorando cada vez más […] Ahí intervinieron las Fuerzas Armadas».

Y sobre sus relaciones personales con Pinochet, Arellano prosigue: «Comenzamos a tener problemas en los meses siguientes al pronunciamiento militar». Agrega que «las órdenes que me impartió Pinochet se atuvieron estrictamente a criterios institucionales y no comprendían ejecuciones de detenidos. En los casos en que no hubo sentencias dictadas por tribunales militares, se trató de homicidios que no tienen justificación moral ni jurídica [… ] Si a esto se unen mis reiteradas llamados a la moderación a los oficiales de todas las guarniciones, no entiendo cómo se me puede atribuir responsabilidad penal en vulgares crímenes [… ] Las excepcionales condiciones que se vivían permitían que se produjeran excesos, pero en este caso no me cabe duda de que hubo una conducta premeditada».

En relación con las ejecuciones: «La única que me tocó presenciar fue la del Comandante Pepe, en la noche entre el 3 y 4 de octubre de 1973».[81] En relación con los fusilamientos de otras tres personas en La Serena, él expresa que fue decidido por el tribunal y admite haber compartido dicha decisión. Pero después, sin que él lo supiera, fueron fusiladas otras 12 personas.

En Calama, él afirma al tribunal que trabajó toda la mañana sin emitir ninguna condena de muerte. Improvisadamente el comandante Arredondo sacó de la cárcel a numerosos detenidos, diciendo que tenía que interrogarlos. Él no sabe lo que pasó después. Pero una declaración firmada por Arredondo dice que murieron tras un intento de fuga colectiva. Según el general Arellano, Arredondo miente cuando dice que me informaba siempre sobre las ejecuciones. A propósito, sobre los fusilamientos en Cauquenes, dice que existen muchos testimonios falsos. En 1985, en fin, supo de algunas sentencias de muerte dictadas por el coronel Eugenio Rivera Desgroux. Él las considera como francamente aberrantes y, peor aún, demenciales, al enterrar aquellos cuerpos por orden del mismo Rivera Desgroux en el desierto y en plena noche.[82]

Se trató, por lo tanto, sin lugar a dudas, de casos de violaciones a los derechos humanos e innegablemente estaban al corriente de estos hechos, en Washington, los directores de la CIA. De los informes de la misma agencia, publicados entre agosto y noviembre de 2000, resultan claras las referencias a «interrogatorios extremadamente duros», a «duros tratamientos a los prisioneros» y al encuentro de cadáveres en el río Mapocho, «algunos con señales de tortura y mutilaciones».[83]

Y fue justamente la CIA la que, en 1981, gracias a informaciones obtenidas por sus agentes en La Habana, logró dar a las autoridades militares chilenas informaciones sobre un campo de adiestramiento del MIR situado no lejos de Santiago. De aquellas informaciones partió la llamada Operación Machete, durante la cual formaciones del Ejército, de la CNI y de Carabineros desmontaron y mataron, después de un duro combate, a todos los guerrilleros y terroristas presentes en el campo.[84]

No hay que olvidarse que muchas de aquellas acusaciones de violencia se basaban en exageraciones y la distorsión de noticias. Lo prueba, entre otros casos, la protesta presentada al Papa en julio de 1987 por los políticos italianos Mino Martinazzoli, Gianni de Michelis y Renato Zangheri (e inmediatamente informado por la periodista Lucía Annunziata, en el diario La Repubblica), acusaciones que se basaban en afirmaciones de la organización «progresista» americana Americas Watch. [85]

Por lo que se refiere a las torturas, a las muertes y a los desaparecidos, el ex comandante de la policía secreta de Pinochet, Manuel Contreras Sepúlveda, en sus memorias informa sobre algunos puntos del Manual del Combatiente, publicado por Pueblo y Revolución, con muchas ideas del Che Guevara, impreso en Cuba y distribuido a todos los guerrilleros de América Latina: «Los prisioneros al ser liberados deben informar que fueron torturados por el enemigo. Los muertos en enfrentamientos o en combates deben ser reportados como asesinatos o ejecuciones hechas por el enemigo. Los muertos o los heridos que logren evacuar de la zona de combate, y que después mueren, deben ser reportados como detenidos desaparecidos en poder del enemigo. Cuando se hace desaparecer a un traidor o a un delator o a un asesino, se debe informar que se trata de detenidos hechos desaparecer por el enemigo después de haber sido torturados».[86]

Sin lugar a dudas, la represión fue dura.[87] Pero fue también determinada por la insistencia con la cual las organizaciones terroristas quisieron provocarla, al punto de intensificar su actividad (como ya se dijo) a cada señal de distensión que Pinochet daba.

«Las Fuerzas Armadas», escribió en 1973 el conocido periodista chileno Álex Varela, «haciendo honor a sus limpias tradiciones, procedieron correctamente, porque ayudaron determinadamente a salvar a Chile de una desgracia que no habría tenido, quién sabe por cuánto tiempo más, rectificación posible. Que se han producido pérdidas de vidas y desgracias, y hasta crueldades lamentables. Ha sido el duro precio que hubo que pagar frente a esta coyuntura tremenda».[88]

CAPÍTULO VII

Me he convencido cada vez más, que el hombre es una criatura peligrosa y que el poder absoluto en muchos o pocos es siempre codiciado.

Abigail Adams[1]

Letelier, Prats, Leighton

Letelier

En 1978 un desequilibrado individuo de nombre Michael Townley y un desertor del Ejército chileno, el capitán Armando Fernández Larios, tuvieron los honores de la crónica mundial tras «confesar» que habían participado en 1976, a pedido de los servicios secretos de Pinochet (la DINA), en el asesinato, en Washington, del ex ministro del Gobierno de Allende y ex embajador chileno Orlando Letelier del Solar.[2]

De rebote y levantando sospechas de oportunismo, el responsable de la oficina de documentación del FBI, Robert Scherrer, concedió una entrevista a la revista Hoy (órgano democrata-cristiano chileno que circulaba libremente en los kioscos a pesar de que el «dictador» Pinochet estaba en el poder), confirmando con el apoyo de su colaborador Carter L. Cornick que dichas confesiones eran genuinas y permitían por lo tanto implicar a Pinochet en el atentado.

En realidad las discutibles «confesiones» de Townley y Fernández Larios (ambos protegidos huéspedes del FBI y de la CIA en Estados Unidos) habían sido «negociadas» y los dos sustancialmente habían confesado lo que los interrogadores querían que confesaran. A este propósito y en estos términos se expresó el senador estadounidense Jesse Helms: «Las declaraciones de Townley a la justicia de Estados Unidos fueron realizadas en su tiempo tras una transacción negociada. Esto la ley chilena lo considera ilegal. Son pocas las naciones civilizadas que permiten acuerdos negociados a cambio de testimonios, porque los testimonios no dirían la verdad, ya que serían manipulados para que respondan según los acuerdos alcanzados y al interés personal del testimonio. El uso frecuente que la magistratura de Estados Unidos hace de los testimonios negociados es una vergüenza para la justicia de nuestro país y constituye uno de los lados más obscuros de nuestro sistema judicial».[3]

La intervención de Scherrer es interesante, porque demuestra cómo, mucho antes de las iniciativas del juez español Baltasar Garzón, de quien se hablará en los capítulos XI y XII de este libro, algunos ámbitos internacionales ya tenían el deseo de procesar a Pinochet en el extranjero.

Pero volvamos al hecho horrible. El asesinato de Letelier (arrestado poco después del golpe, había sido puesto en libertad por Pinochet por intercesión de Henry Kissinger) sucedió el 21 de septiembre de 1976, o sea, tres años después del golpe militar, con una bomba colocada en su auto estacionado y se cree que accionada con un radiocomando desde otro vehículo. El atentado fue en Washington, donde el mismo Letelier vivía, gracias a financiamientos de la internacional marxista, por intermedio, según parece, de la hija de Salvador Allende que vivía en Cuba.

Junto a Letelier perdió la vida la hermosa Ronnie Susan Karpen Moffit y quedó herido su marido, Michael Moffit, que estaba en el asiento posterior del auto. Los Moffit, marido y mujer, no escondían su tendencia marxista y trabajaban de hecho en el millonario Institute for Policy Studies de Washington, conocido por sus conexiones con la izquierda internacional y con el filosoviético Transnacional Institute.[4]

El momento era muy especial. Justamente en aquellos días el ministro chileno Jorge Cauas llegaba a Washington para iniciar la renegociación de los préstamos y la ayuda económica a su país, que apenas había salido del desastre de Allende; y justo en esos días las Naciones Unidas en Nueva York se preparaban para discutir la situación de los derechos humanos en Chile.[5] Pocos días después, en Manila, se realizaría una reunión del Fondo Monetario Internacional que podía considerar la entrega de nuevos préstamos para el saneamiento económico chileno. Hay que agregar a esto que, dos semanas antes, el diputado «progresista» norteamericano Donald Frazer, de la subcomisión para los Asuntos Internacionales, había propuesto el embargo militar a los regímenes derechistas de Argentina y Uruguay, un embargo que la izquierda estadounidense pedía fuera extendido a Chile.

En tales circunstancias, era más que lógico que la izquierda chilena y mundial, bajo la dirección de la KGB soviética, hiciera todo lo posible para desacreditar al régimen de Pinochet.

Partiendo de estas premisas no es difícil deducir quién pudiera desear la muerte de Letelier. Pinochet no, seguramente, ya que en un momento como ese tenía todo el interés en no exponerse a críticas y a ulteriores acusaciones de represión a los opositores. Al contrario, la eliminación de un hombre que (como veremos) sabía demasiado sobre las relaciones entre la KGB, Cuba y Allende, era ventajoso para la izquierda. «Letelier en este punto le era más útil al Kremlin muerto que vivo», destacaba la revista norteamericana Defense & Foreign Affairs, reproduciendo palabras exactas de una fuente reservada soviética. Y proseguía: «Fuentes soviéticas atendibles indican que Orlando Letelier no fue asesinado por los servicios secretos chilenos sino en el ámbito de una maniobra destinada a desacreditar a Chile, en el momento en el cual se estaba levantando de la crisis económica causada por Allende, y en que era acogido favorablemente por la comunidad internacional».[6]

Veamos lo que declaró Rafael Otero, funcionario de la embajada chilena en Washington, inmediatamente después del atentado: «Orlando Letelier estaría aún vivo si los soviéticos y cubanos no hubieran querido realizar un acto de terrorismo fácilmente imputable a la Junta Militar chilena».[7]

Igualmente claro es el escritor Miguel de Nantes: «¿A quién favorecía el crimen planeado en Cuba y realizado en Washington contra el diplomático Letelier? […] ¿A quién favorecía el crimen del general Prats y la paliza contra don Bernardo Leighton? […] Es evidente, con la más elemental lógica, que estos crímenes favorecían al marxismo y a los enemigos del gobierno chileno. Y de hecho la explotación sistemática que de estos crímenes se hizo, lo demuestra hasta la saciedad».[8]

La prensa estadounidense, en los días inmediatamente siguientes al atentado, excluía o ponía en duda la responsabilidad de la Junta Militar chilena: «Según la CIA», escribía el Newsweek, con la rúbrica Períscope, «en la muerte de Letelier no existe implicación alguna de los servicios secretos chilenos». Y en un editorial del New York Times se leía: «Es difícil decir si el delito fue realizado por el Gobierno chileno o por extremistas de izquierda, quienes habrían hecho de todo para desacreditar al Gobierno de Pinochet».[9]

El Transnational Institute, organismo filosoviético y filocubano, se dedicaba, en cambio, a demostrar que la muerte de Letelier podía favorecer al Gobierno chileno. «Pinochet», afirmaba, «hacía frecuentes referencias a los intentos de Letelier para aislar y denigrar a la Junta Militar chilena: por ejemplo, bloqueó una inversión holandesa en Chile por 63 millones de dólares, con sus declaraciones en las Naciones Unidas, y sus contactos con personalidades como William Rogers y miembros del Congreso estadounidense: Kennedy, McGovern, Abourezk, Humphrey, Frazer, Miller, Moffett y Harkin, y debido a su influencia en algunos bancos internacionales».[10]

Mirando bien, Pinochet tenía todos los motivos para detestar a Letelier y al Transnational Institute, pero no al punto de ordenar un homicidio en territorio estadounidense, en el centro de un barrio diplomático de Washington, con el riesgo de una campaña de aislamiento político, en un momento en el cual Chile necesitaba la solidaridad mundial. De hecho Pinochet, para castigar a Letelier por su actividad en el extranjero, se había limitado (con una decisión, en junio de 1976, oficializada el 10 de septiembre del mismo año) a privarlo de la ciudadanía chilena.[11]

Y cualquier sospecha sobre Pinochet se derrumba frente a un hecho indiscutible: el mismo Pinochet no dudó un instante, en abril de 1978, en entregar a Michael Townley a la justicia de Washington.[12]

Si hubiera tenido algo que esconder, Pinochet habría retenido bajo su control a un hombre como Townley, que sabía mucho de lo sucedido tras bambalinas a propósito de la muerte de Letelier. [13]

Más bien la CIA, el FBI y la diplomacia estadounidense tenían algo que esconder. Lo dio a entender claramente, durante el programa Medianoche de la televisión chilena, en mayo de 2000, la jueza argentina María Servini de Cubría, admitiendo haber sido obligada a «mantener el secreto» sobre algunas declaraciones que Michael Townley le hizo en el curso de un misterioso encuentro en Estados Unidos. «Para poder hablar con Townley», dijo la señora Servini, «tuve que firmar con el Ministerio de Justicia de Estados Unidos un compromiso de mantener el secreto. Esperé cinco años para obtener una declaración de Townley y la condición indispensable para tenerla fue mi empeño en no revelar el contenido».

A propósito de Townley, éste estaba implicado no solamente en la muerte de Letelier sino también (como se verá en las páginas siguientes) en la de Carlos Prats. Y respecto a su «confesión negociada», el noticiero del Transnational Institute y del Instituto for Policy Studies, refería: «Apenas llegó a Estados Unidos (extraditado de Chile), Townley concordó en que se había declarado culpable de conspiración para asesinar a Letelier y de hecho pasó los días siguientes contando a los agentes del FBI y a los jueces los detalles que ellos necesitaban para acusar a otras personas».

Y prosigue: «Los abogados estadounidenses de Townley, Seymour Glanzer y Barry W. Levine, acordaron un compromiso en base al cual Townley admitía su participación en una conspiración para asesinar a Letelier y entregaría informaciones útiles para las investigaciones. Resulta, además, que Townley poseía información sobre la actividad terrorista en otras naciones, pero sobre las cuales las autoridades norteamericanas le pidieron que no hablara».[14]

Desde entonces, claramente según los acuerdos negociados con las autoridades investigadoras estadounidenses, Townley vive bajo falsa identidad (mantenido por la CIA o el FBI) en alguna localidad secreta de Estados Unidos. En su entorno fue tejida por la CIA y el FBI la llamada «red de protección a testigos». [15]

¿Qué secretos incómodos se esconden en Estados Unidos detrás de la muerte de Letelier, y cuáles fueron los términos de la negociación entre Townley y las autoridades estadounidenses?

Parece raro, pero justamente Townley fue el único testigo que le permitió al procurador de distrito estadounidense Eugene Propper (exponente del radicalismo chic de Washington y con ambiciones literarias)[16] el atribuir a los servicios secretos de Pinochet la responsabilidad del atentado.

No sorprende que las conclusiones de Propper después de largas «negociaciones» con Townley hayan sido resumidas en pocas palabras: «Es difícil imaginar que Manuel Contreras, jefe de la DINA, haya ordenado asesinar a Letelier sin la autorización de Pinochet». En pocas palabras, dos conclusiones personales de Propper: que el asesinato de Letelier había sido ordenado por Contreras y que «es difícil de imaginar» que Contreras hubiera actuado sin la autorización de Pinochet.[17]

En estos términos se expresó la agencia periodística Gratis web: «La DINA chilena no participó de ningún modo en el atentado organizado de tal manera que la DINA apareciera como responsable. Que se trataba de un montaje lo demuestra el hecho de que, el mismo día del atentado, miles de volantes contra el gobierno chileno que lo señalaba como asesino, todos impresos anteriormente, fueron distribuidos en diversas ciudades de Estados Unidos».[18]

Lo que se define como la «confesión de Townley», además de ser el fruto de una negociación, sería por lo tanto una fábula. Y de hecho, si bien atrapado por el FBI, después de doscientas horas de interrogatorio, Townley hizo en realidad una extraña confesión que era una mezcla de inexactitudes y contradicciones.[19]

Para empezar, afirmó que había preparado y actuado en el atentado colocando la bomba en el asiento anterior izquierdo del automóvil Chevrolet azul de Letelier. Luego precisó que fue avisado telefónicamente por dos agentes castristas, sus cómplices, Virgilio Paz y José Dionisio Suárez (que lo chantajeaban y hacían el doble juego entre los servicios secretos cubanos y la CIA), que la bomba había resultado defectuosa y que los dos habían tenido que repararla y colocarla nuevamente. «Teníamos que evitar», dijo Townley, «que la bomba explotara inadvertidamente si el auto pasaba cerca de una emisora de impulsos de radio y que esto sucediera antes del 21 de septiembre».

¿Pero por qué aquella preocupación? Si la finalidad era la de asesinar a Letelier, ¿qué importancia podía tener que esto sucediera en un lugar o en otro o algún día antes o después? Las respuestas son fáciles: el día debía ser el anterior al ya mencionado debate en la ONU y al de los encuentros de los representantes chilenos con las autoridades de los bancos internacionales. En cuanto al lugar, debía ser uno cercano a la embajada chilena, para sostener que la bomba había sido colocada por agentes chilenos, quienes habrían tenido su base de operación en la embajada y que habían actuado al final de un «dramático» encuentro entre Letelier y el embajador, en las oficinas de la embajada.

El mismo día del atentado y pocas horas después del hecho, algunos periodistas le pidieron al embajador chileno, Manuel Trucco, que revelara algún detalle sobre el hipotético (y de hecho nunca verificado) coloquio con Letelier. Y por la mañana del día siguiente (exactamente a las 10:30) la policía le hizo las mismas preguntas a la esposa del embajador, quien al responder intentó que le informaran de dónde venía la noticia de ese encuentro que nunca se realizó: obtuvo como respuesta solamente que eran «informaciones reservadas».[20]

La existencia de una intriga internacional fue confirmada por las numerosas declaraciones que, desde 1978 en adelante, el general Manuel Contreras Sepúlveda, ex director de la DINA, rindió a los investigadores chilenos (como el juez Joaquín Billard), argentinos (la jueza María Servini de Cubría) y a los estadounidenses: «El atentado lo quiso y lo realizó la CIA», afirmó Contreras con insistencia. Y para confirmar sus palabras puso a disposición 500 páginas de documentos que demostraban cómo el atentado fue planeado durante una reunión que se llevó a cabo (con la participación de Townley) en Bonao, en la República Dominicana, en mayo de 1976, o sea, cuatro meses antes del asesinato de Letelier.[21]

Diez años después, en coincidencia con la visita del Papa a Chile en 1987, a la «confesión negociada» de Townley (1978) se agregó la «confesión negociada» del capitán chileno Armando Fernández Larios, de quien se habló a comienzos de este capítulo. Las admisiones de Fernández Larios a las autoridades estadounidenses diferían poco de las de Townley; más aún, de algún modo las confirmaban.[22]

Según Fernández Larios, el atentado había sido organizado de modo impreciso, ¡pero para que fracasara! De todos modos había sido realizado por los ya citados agentes cubanos Virgilio Paz y José Dionisio Suárez, quienes inmediatamente después del hecho habían desaparecido. Suárez había sido a continuación arrestado por el FBI y él también había convenido una «confesión negociada» a cambio de garantías sobre su sustentamiento y el de su esposa e hijo. Arrestados y condenados fueron, en cambio, dos cubanos anticastritas de Miami: Guillermo Novo e Ignacio Novo. Townley voluntariamente los había metido en el lío haciéndose ayudar por ellos en la fabricación de la bomba y divulgando después una fotografía donde estaban en compañía de representantes del gobierno chileno. Inútil decirlo, que justamente en los hermanos Novo, reconocidos anticomunistas, se concentró la atención de cuantos tenían interés en alejar las sospechas de la KGB y de la DGI cubana.[23]

¿Quién era Armando Fernández Larios? Su imagen conduce de alguna manera a la de Townley. Un medio desequilibrado Townley, un medio desequilibrado Fernández Larios que abandonó la carrera militar tras veinte años de servicio. Lo hizo, dijo, «para lavar el propio honor y la propia conciencia», al sentirse responsable de la muerte de Letelier. Nadie le preguntó nunca cómo, después de años de silencio pero en cronométrica coincidencia con la visita papal a Santiago, aquella «confesión negociada» podría liberarlo de un «peso enorme» del cual solamente entonces se daba cuenta. Un «peso enorme» del cual, mientras tanto, no habían visto traza quienes hasta ese momento habían encontrado a Fernández Larios, asiduo frecuentador de elegantes locales, en compañía de atractivas y jóvenes mujeres.[24]

Otras analogías entre Townley y Fernández Larios se encuentran en las circunstancias de las dos «confesiones negociadas». Townley confesó después de doscientas horas de presión por parte del FBI y Fernández Larios confesó cuando prácticamente estaba secuestrado por el FBI, al punto que podía comunicarse solamente con su abogado, Alex Kleiboemer. Para concluir, tanto Townley como Fernández Larios, a cambio de sus «confesiones negociadas», fueron puestos nuevamente en libertad, con una nueva identidad y con la garantía de una red de protección que la ley estadounidense ofrece a los «arrepentidos».

Como una puesta en escena fue probablemente toda la investigación. La verdad sobre la muerte de Letelier parece ser inaccesible. No puede haber, sobre un episodio cubierto por las intrigas cruzadas de varios servicios secretos, certezas absolutas.

Existen solamente los resultados de algunas investigaciones privadas realizadas por periodistas o por sectores políticos movidos por intereses que se contradicen.

Nostálgico de Allende, al que le debía su propia carrera política, Letelier se había situado en los círculos de Washington relacionados con Moscú y La Habana. En la capital estadounidense Letelier pasó a dirigir el Institute for Policy Studies, organización fundada en 1963 por Marcus Raskin, afiliada al grupo europeo Transnational Institute con sede en Amsterdam, la que tenía finalidades políticas y difundía propaganda a favor del desarme unilateral de Estados Unidos, de la disolución de la OTAN, el abandono de Berlín Oeste por parte de las potencias occidentales y la creación de una zona «neutralizada» en Europa Central, a dos pasos de las bases misilísticas soviéticas existentes en Bielorrusia y en los Urales.

Así, en 1999, la agencia de prensa Concerned Methodists, organización religiosa protestante, comentaba sobre el Institute for Policy Studies: «Su misión es la de desacreditar a Estados Unidos de todos los modos posibles, de hacer propaganda del desarme unilateral de Occidente, de unirse a la causa soviética y de ofrecer soporte al terrorismo. Era una organización multimillonaria, en fin, cuya actividad puede definirse, resumiendo, como de subversión e infiltración secreta».[25]

Más aún: «Letelier era miembro de este instituto y, como se vio después de su muerte, era un agente castrista. De los documentos encontrados en su maletín, según las revelaciones realizadas por el periodista Jack Anderson, resultó que Letelier recibía de Cuba, por sus servicios, mil dólares al mes.[26] Se agrega que su mujer, Isabel, también del Institute for Policy Studies, colaboraba con Farid Handal cuando éste, en 1980, dio origen al CISPES».[27]

Y para concluir: «¿No es cierto acaso que, después de la muerte de Letelier, su sustituto fue Tariq Alí, importante exponente de la Cuarta Internacional trotzkista, desde hacía tiempo en contacto con organizaciones terroristas internacionales? Basta recordar que Tariq Alí tenía la entrada prohibida en Estados Unidos, Francia, Japón, India, Turquía, Tailandia, Hong Kong y Bolivia».[28]

Una de las tareas de Letelier, parece, era la gestión de los movimientos financieros entre algunas cuentas secretas de grupos de exiliados chilenos en bancos estadounidenses. Se trataba probablemente de financiamientos de la KGB concedidos a la oposición chilena; si fuera verdad que las instrucciones para el uso de dichos fondos eran puntualmente enviadas por un agente soviético, el chileno Clodomiro Almeyda, que operaba en Alemania del Este y quizás por la hija de Salvador Allende, Beatriz Allende Bussi, llamada Tati, que después del matrimonio con el agente secreto cubano Luis Fernández de Oña se había establecido en 1977 en La Habana.[29]

Mientras tanto la vida sentimental de Orlando Letelier parece que no era la más apta para un agente secreto. Los detalles no son claros, pero alguna fuente indica que si bien estaba casado con Isabel Morel, habría perdido la cabeza por una misteriosa Caridad, una mujer fascinante y multimillonaria que vivía en Caracas. Es probable que el matrimonio de Letelier tuviera problemas, si fuera verdad que Letelier había abandonado a su mujer para trasladarse, como huésped, a la casa de un funcionario del Institute for Policy Studies. Por esto la DGI (servicio secreto cubano) comenzó a temer que la esposa traicionada revelara, para vengarse, los secretos que ella conocía.

Se trata, y lo repetimos, de noticias que se filtraron, pero que no fueron confirmadas. Si fueran verdaderas, el peligro para la DGI cubana y la KGB soviética era inmediato: un agente con conocimiento sobre secretos importantísimos (y veremos cuáles eran) estaba a punto de liberarse de la dependencia financiera de Cuba y pasar a ser autónomo, gracias a una mujer muy rica. Y además existía una esposa abandonada que podía vengarse de todo revelando importantes secretos. Más aún cuando, según afirma el periodista australiano Gerard Jackson, la esposa de Letelier era una sobrina de Salvador Allende.[30]

Así fue como un operador de la organización secreta castrista denominada Halcones Dorados, un cierto Rolando Otero Hernández, fue infiltrado en el Movimiento Nacionalista Cubano, con sede en Miami, que tenía finalidades anticastristas. Se trataba, así parece, de un aventurero que había recibido adiestramiento de la CIA y que había tomado parte del fracasado desembarco en Cuba, durante el cual había sido capturado por las tropas cubanas. Había sido restituido a Estados Unidos algunos años más tarde, pero durante dicho período, en la isla, se había convertido a la causa comunista, volviéndose un agente bien pagado de Fidel Castro.

Y justamente, según dice la agencia periodística Gratisweb, a Rolando Otero Hernández le habrían encargado el primer intento de desacreditar a Chile a través de un atentado de gran resonancia. Después de un período de ulterior adiestramiento en Venezuela, Otero viajó a Chile, en donde en 1976 logró (alegando su participación en el desembarco estadounidense en Cuba) infiltrarse en la DINA y obtener la ciudadanía chilena. Según el encargo recibido, Otero debía asesinar a Henry Kissinger mientras participaba en Costa Rica en la asamblea de la Organización de los Estados Americanos. El asesinato del responsable de las Relaciones Exteriores de Estados Unidos por parte de un hombre con pasaporte chileno y de documentos que lo calificaban como agente de la DINA, habría sido una maniobra infalible para excluir al Chile conducido por la Junta Militar, del conjunto de las naciones civilizadas. Para no hablar de las inevitables represalias que Estados Unidos habría tomado contra Pinochet. Descubierto apenas a tiempo por agentes del FBI, Otero habría recibido medio millón de dólares y la garantía de impunidad, a cambio de la colaboración para otras misiones con la CIA y con agentes de doble juego como Virgilio Paz y Michael Townley, quedando entonces siempre ligado Los Halcones Dorados.[31]

Esto sucedía en primavera. No pasaron ni cuatro meses cuando Orlando Letelier del Solar saltaba con su Chevrolet por el aire, con las dos piernas pulverizadas.

La verdad sobre la muerte de Letelier hubiera sido fácilmente esclarecida si la magistratura estadounidense y la CIA (que, como fue revelado por Stephen Lynton y Timoty Robinson, del Washington Post, sustituyó al FBI en la gestión del caso) hubieran publicado el contenido del maletín que la víctima llevaba siempre consigo y que en el atentado quedó intacto. Pero no lo hicieron por confirmados y no precisados «motivos de seguridad de Estado». Sólo basados en noticias incompletas, alguien acusó a Pinochet de haber ordenado la muerte de Letelier.

Una atendible (pero después desmentida, como veremos) versión de los hechos salió a la luz gracias al investigador Stanley Wilson, quien logró, en las oficinas de la CIA, apoderarse de fotocopias de los documentos provenientes del maletín de Letelier. Después de leer estos documentos, que el periodista definió como «increíblemente explosivos», Wilson los mostró al diplomático chileno Rafael Otero y ambos llegaron a la conclusión de que la muerte de Letelier, agente comunista, debía atribuirse a la KGB soviética y a la DGI cubana, con el tácito consenso de la CIA y del FBI; nada, pues, de dichos documentos, probaba que la Junta Militar chilena y la DINA estuvieran implicadas en el atentado.[32]

Eran documentos que ponían en el tapete no sólo a los servicios secretos de Fidel Castro, sino también a algunos sectores del Partido Demócrata estadounidense, al punto de que Wilson comentó: «Si se conocieran los contenidos de dichos papeles, ciertos personajes de la izquierda del Congreso en Washington se quedarían anonadados».[33]

Que Letelier estuviera en posesión de documentos comprometedores está quizás probado por la visita, en la noche del 21 de septiembre de 1976, o sea, pocas horas después del atentado, de los izquierdistas chilenos Waldo Fortín y Juan Gabriel Valdés Soublette (futuro canciller chileno de la Concertación), acompañados por Saul Landau, a las oficinas del Institute for Policy Studies y en particular a la oficina de Letelier. ¿Quién les había dado la llave del cuarto? ¿Quizás la secretaria Liliana Montecinos? ¿Qué documentos buscaban? ¿Quizás los que podían revelar los planes secretos de Moscú y La Habana? [34]

Según Stanley Wilson, el maletín de Letelier contenía documentos que incluso el entonces director de la CIA (y después presidente de Estados Unidos), George H. Bush, no dudó en definir como «explosivos», porque habrían podido demostrar la dependencia política y financiera que Letelier tenía del Institute for Policy Studies, del Transnational Institute, de la sección internacional del comité central de Partido Comunista soviético y del Partido Comunista cubano. Eran documentos, agregó Bush en su relación al FBI, que demostraban que el Gobierno chileno no estaba implicado en la muerte de Letelier. Y eran documentos que revelaban las fuentes de financiamiento de las campañas de propaganda contra la derecha latinoamericana de aquellos años (argentina, chilena, uruguaya) y que hablaban, cosa embarazosa para el Partido Demócrata estadounidense, sobre posibles financiamientos recibidos por un diputado de Massachussets, que pertenecía al clan Kennedy, a cambio de una campaña de prensa contra Pinochet.[35]

Entre los documentos que estaban en el maletín de Letelier había un abundante carteo de Letelier con Beatriz Allende Bussi, que desde Cuba pedía rendición de cuentas del dinero generosamente enviado, destinado a personajes políticos de Estados Unidos que eran adversarios de Pinochet y pedía, también, noticias actualizadas sobre los contactos que el Institute for Policy Studies tenía para estrechar relaciones con elementos del fundamentalismo islámico. Beatriz Allende Bussi pedía, además, noticias sobre treinta individuos que Letelier tenía que enrolar para que operaran en territorio de Estados Unidos, en particular en Washington, en New York y en la isla de Puerto Rico.[36]

Las preguntas de Beatriz no tuvieron nunca respuesta. Letelier murió antes de poder contestar y ella misma murió antes de poder profundizar qué ocurría en las oficinas de Washington, que ella contribuía a financiar con dinero proveniente, con toda probabilidad, de las organizaciones «antifascistas» de medio mundo.

Fue una extraña muerte la de Beatriz Allende Bussi, hija del ex Presidente chileno. Oficialmente, según la versión dada por la policía cubana y aceptada por la prensa occidental, se suicidó. Un suicidio discutible, ya que no se conoció el motivo y además que la versión del «salto por la ventana» contrastaba con la de un disparo que le habría destrozado el corazón después de entrarle por la espalda. Aún más raro era el suicidio, ya que (según escribió Stanley Wilson) sucedió poco después de su relación con el caso Letelier y diez días después de que Beatriz había intentado, en La Habana, retirar de su cuenta en el banco fondos destinados a la propaganda anti-Pinochet por aproximadamente diez millones de dólares.

El banco había rechazado la entrega de dicha suma, diciéndole que un retiro de semejante cantidad debía ser autorizado «por el compañero Fidel en persona». Pasaron pocos días en los que no se supo lo que había sucedido y Beatriz recibió, en vez de dinero, un pasaporte para el más allá.

Una versión muy distinta de los hechos salió a la luz en el 2001, en la publicación de las memorias de Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe de la policía secreta de la Junta Militar chilena.[37] Desilusionada de su matrimonio (seguido de divorcio) y del apoyo que Fidel Castro daba a los terroristas chilenos, Beatriz Allende había tomado contacto con la embajada de Perú para que, a través de los servicios secretos chilenos, ella pudiera volver pacíficamente a Chile. La respuesta fue positiva y el agregado militar peruano había concordado un plan de acción con las oficinas que, en Santiago, dependían de Manuel Contreras.

Beatriz obtuvo un pasaporte peruano y con algunas cartas comprometedoras respecto al caso Letelier se dirigió en auto hacia el aeropuerto de La Habana. El auto era seguido de cerca por otro vehículo, en donde viajaban funcionarios de la embajada peruana. En el intertanto, el plan había sido descubierto por la policía secreta de Castro y a poca distancia del aeropuerto el vehículo del agregado militar peruano fue embestido por un enorme camión que salió de una calle lateral. Murieron el agregado militar y Beatriz, pero el comunicado de duelo del gobierno cubano habló solamente del diplomático militar. Era el 11 de octubre de 1977, el cuerpo de Beatriz fue llevado al último piso de un edificio y, siempre según refiere Manuel Contreras, lanzado hacia la calle para simular un suicidio. De los documentos del caso Letelier que Beatriz tenía consigo nadie habló.

Pasaron los años y en 1996 Fidel Castro, por invitación del Presidente Eduardo Frei, estuvo en Chile y entre otras cosas visitó la tumba de Salvador Allende. La viuda de Allende no estaba presente porque no quería encontrarse con Castro.[38] Estaba la hermana de Beatriz, Isabel, a quien Castro le preguntó de quién era la tumba cercana a la de Salvador Allende. «Es mi hermana Beatriz que Ud. bien conoce», le respondió Isabel. Y Fidel Castro, sin decir palabra, dejó el cementerio.

Volviendo al maletín de Letelier, el documento que llevó a George H. Bush a afirmar que si aquellos papeles fueran divulgados «habrían puesto en grave peligro la seguridad de Estados Unidos», era (según Wilson) un documento relativo a la fabricación de pequeñas bombas nucleares por parte de Libia, que debía ser entregado a grupos terroristas operantes en América. El plan había nacido de un descubrimiento científico más o menos atendible, realizado por un docente de la universidad estadounidense de Princeton, que permitía la fabricación de bombas empleando una cantidad mínima de plutonio y con una fórmula fácilmente accesible a cualquiera.[39]

Dicho fascículo, que además de la correspondencia entre Letelier y el servicio secreto soviético y cubano contenía 34 páginas de datos técnicos, demostraba el calibre de los papeles de Letelier, parcialmente fotocopiados por Stanley Wilson.

Un aspecto increíble del asunto fue que Wilson le ofreció copias de dicho documento al New York Times y al Washington Post, pero ninguno de dichos diarios, no se sabe por cuál motivo, quiso o pudo publicar. Fueron usados solamente en parte por el periodista Jack Anderson, quien el 19 de diciembre de 1976 se refirió a una carta de Letelier a Beatriz Allende relativa a un encuentro con un cierto Emilio Brito, funcionario del Partido Comunista cubano, encargado de dirigir a los terroristas operantes en Estados Unidos y Puerto Rico, bajo la fachada de organizaciones raciales.[40]

Pocos meses después, otro pedazo de verdad le fue concedido al público estadounidense por los periodistas Rowland Evans y Robert Novak, del Washington Post, quienes en febrero de 1977 acusaron al diputado Michael Harrington de haber tenido relaciones poco claras con Letelier. El mismo periódico, entre tanto, fue obligado, pocos días después y sin dar explicaciones, a desmentir la noticia. Los dos periodistas no se dieron por vencidos y redactaron una réplica conteniendo mayores detalles: esta vez sus artículos fueron rechazados por el Washington Post sin demasiada cortesía, al punto de provocar una intervención de la Accuracy in Media, organismo destinado a proteger al público de la desinformación.

El periodista William F. Jasper, en su libro Patriot Enchained, refiere lo que pudo saber sobre el contenido del maletín de Letelier. Contenía, afirma, detalles sobre los movimientos de los fondos provenientes de los servicios secretos soviéticos y cubanos y sobre contactos frecuentes entre Letelier y personajes como Edward Kennedy, George McGovern, Hubert Humphrey, James Abourezk, John Conyers, Ron Dellums, Bella Abzug, George Miller, Toby Moffett, William D. Rogers (entonces el número dos de la Secretaría de Estado) y Sol Linowitz, que estaba a cargo de una comisión de asuntos exteriores patrocinada por la Fundación Ford.[41]

El caso Letelier fue siempre cubierto de un silencio cómplice que, aunque parezca extraño, encontró aliados en la KGB soviética y en la CIA. Innumerables son los documentos que no se logran encontrar y los testimonios obligados a callar que hicieron «declaraciones negociadas», como numerosas son las versiones contradictorias de los hechos. No hay que asombrarse si ni siquiera en los años venideros fuera posible esclarecer completamente las causas y modalidades de dicho asesinato. Una cosa que parece razonablemente creíble es que, como está explicado en las páginas precedentes, Pinochet no tenía ningún interés en que mataran a Letelier «como castigo». Más bien eran la DGI, la KGB, la CIA y el FBI a quienes les interesaba esa muerte, por motivos diversos y para desacreditar a la Junta Militar chilena no solamente blanco del comunismo internacional sino también del ala liberal de la CIA, deseosa de vengarse de la contribución que el ala conservadora (ligada a Wall Street) había dado a la caída de Allende.[42]

A todo esto se agregaban las preocupaciones por las «desbandadas» de Letelier, que hacía un doble juego, y las múltiples intrigas que a esta altura se entrecruzaban alrededor del comprometedor personaje.[43]

Para agregar algunas incertidumbres a las ya existentes, en mayo del 2000 apareció una enésima versión de los hechos. Según lo que refirió el varias veces citado investigador Stanley Wilson, después de un encuentro con José Dionisio Suárez, la bomba habría explotado accidentalmente. «La bomba estaba abajo del vehículo», reveló Suárez a Wilson, «y tenía una pequeña pila eléctrica y un cable de conexión que había sido desconectado. Ese día llovía mucho y fue el agua la que creó una conexión accidental del cable desconectado».

¿Cuál de las tantas versiones del caso Letelier (y de los asuntos privados que lo circundaban) es la más creíble? Será el cortés lector quien debe llegar a la conclusión que más lo convenza. Ciertamente, no es fácil atribuir la responsabilidad del atentado, como querría la izquierda mundial, a Augusto Pinochet.[44]

Sumergido por las dudas y las incertidumbres, el caso Letelier fue olvidado casi 20 años. Reapareció solamente en el 2000, a propósito de las iniciativas del juez español Baltasar Garzón y del arresto de Pinochet en Londres, hechos que se analizarán en el capítulo XI y XII. En marzo de 2000 el Departamento de Justicia estadounidense abrió las investigaciones del caso Letelier, pero quedó de inmediato claro que, a pesar del arresto e interrogatorio de seis personas, ningún elemento nuevo había surgido contra Pinochet.

Las investigaciones prosiguieron durante el 2000, en plena colaboración entre la magistratura chilena (Joaquín Billard), la argentina (María Servini de Cubría) y, con distancias, la estadounidense.

Emergió así el nombre de una cierta Luisa Mónica Lagos, ex agente de la DINA bajo el nombre de «Liliana Walker», que admitió haber formado parte, junto a Armando Fernando Larios y Pedro Espinoza, de un grupo operativo que había viajado a Washington para tomar contacto con Michael Townley, quien estaba preparando el asesinato de Letelier, por encargo de la CIA y de la DGI cubana.

Sobre la presencia de Luisa Mónica Lagos y otros agentes de la DINA en Washington, es necesario aclarar que ellos debían infiltrarse para saber lo que estaba sucediendo. De diversa opinión es la abogada Fabiola Letelier, hermana de la víctima y activa acusadora de Pinochet, según la cual tras bastidores actuaba la Junta Militar chilena que, además, le había encargado al general Eduardo Iturriaga Neumann asesinar a Bernardo Leighton en Roma.[45]

Según Fabiola Letelier, «nuevos elementos, nuevos documentos y el resultado del interrogatorio al coronel Pedro Espinoza», demuestran la responsabilidad de Pinochet.[46] Igualmente explícita es Isabel Allende, quien, entrevistada en Madrid en junio de 2000, dijo que estaba segura de la responsabilidad «moral» de Pinochet, «igual que los autores materiales del atentado que ya han sido arrestados».[47]

Mientras tanto, a pesar de las acusaciones que desde distintas partes le llovían a Pinochet, la justicia de Estados Unidos nunca consideró tener pruebas suficientes para poderlo incriminar formalmente. Para Estados Unidos, como refiere El Mercurio, «Pinochet no puede ser considerado el que ordenó el homicidio».[48]

¿Cuál es la verdad? La verdad sobre el caso Letelier, como muchas otras verdades, está sepultada en los archivos secretos de Estados Unidos y de Cuba.

Prats

También las investigaciones sobre el asesinato de Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, el 30 de septiembre de 1974, en Buenos Aires, contienen elementos dudosos y contradictorios de una eventual conexión con la Junta Militar chilena.

Sobre el asesinato, Pinochet refirió: «No fui yo quien lo envió fuera de Chile; esa fue una resolución propia de él. Ahora bien, yo sabía que al general lo estaban molestando. Lo llamaban por teléfono en las noches para insultarlo y amenazarlo […] Por ello le mandé un mensajero para hacerle saber que yo estaba dispuesto a ayudarlo en lo que él quisiera […] Cuando recibió el mensaje respondió diciéndome que lo mejor sería irse a la Argentina, porque había sido agregado militar allá y tenía muchos amigos en ese país […] ¡Sepa Dios quién lo mató! Eso me gustaría aclararlo por muchas razones […] Siempre repiten lo mismo, que la DINA es culpable […] Sin embargo, yo no tengo mayores antecedentes. En todo caso, pienso que la muerte de Prats fue algo vil y perverso».[49]

Se confirmó, además, que el mismo Michael Townley, con el seudónimo de Kenneth Enyart, había sido el autor material del atentado. A continuación (como ya fue referido sobre el caso Letelier) le dieron la extradición a Estados Unidos, donde fue puesto bajo la protección del FBI.[50]

De esta manera quedó protegido el buen Townley, depositario de mil secretos, que no pudo ser restituido a Chile por la justicia estadounidense, ni siquiera después de un pedido formal. Al punto de permitirse contar, seguro de su propia inmunidad, cómo y por qué había mantenido bajo vigilancia la habitación de Prats, cómo había entrado en el garaje y colocado la bomba construida por él mismo. No era su deseo eso sí, dijo, el de asesinar a la esposa de Prats, Sofía Cuthbert.

Además de Townley, fueron también investigados por la justicia argentina el jefe de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo, Eduardo Iturriaga Neumann y los ex agentes de la DINA Enrique Arancibia y José Zara Holger. Se trataba de personas que, entre cientos de declaraciones contradictorias, podían haber tenido parte en el atentado, pero a quienes era imposible acusar con seguridad.[51]

En junio de 2000, con una decisión juzgada por muchos como sorprendente, la jueza argentina María Servini de Cubría (que tenía encarcelado en Buenos Aires a Enrique Arancibia) ordenó la excarcelación de Juan Martín Siga Correa, otro agente de la DINA, que estaba arrestado desde hacía algún tiempo. Los motivos de aquella decisión había que relacionarlos con el hecho de que Siga Correa podría haber actuado también por cuenta del SIDE, servicio secreto argentino que estaba en constante contacto con un movimiento internacional denominado Triple A.[52]

Al mismo tiempo, después de un interrogatorio en el cual María Servini de Cubría interrogó a los ex militares chilenos José Zara Holger y Eduardo Iturriaga Neumann, las investigaciones sobre el caso Prats se extendieron a la esposa de Townley, Mariana Callejas, residente en Chile.[53]

La sustancia de dichos interrogatorios era impresionante. Como lo revelado de inmediato por El Mercurio, «las declaraciones de José Zara Holger acusaban abiertamente a la CIA de estar implicada en el homicidio de Prats». Palabras de fuego las de José Zara Holger, que fueron repetidas tanto a la argentina María Servini de Cubría como al juez chileno Joaquín Billard.[54]

Apoyada por dichos resultados, María Servini de Cubría y Joaquín Billard interrogaron (mejor dicho en una conversación sin valor judicial, como precisaron) al ex general Sergio Arellano Stark, quien en 1973 había dirigido la «caravana de la muerte». Otros interrogatorios fueron hechos en Santiago al general Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe de la DINA, y a su colaborador Pedro Espinoza Bravo. En la ocasión fue confirmado que Michael Townley, durante una conversación en Estados Unidos, le había confirmado a la jueza María Servini de Cubría haber sido el ejecutor material del asesinato de Prats. Pero como Townley, en sus tráficos de doble juego, estaba relacionado tanto con la CIA como con la DINA, la señora María Servini de Cubría, quizás por el protagonismo que está presente en muchos representantes públicos, decidió extender la investigación a Pinochet, bajo la conocida fórmula «no podía no saber».[55]

Y de hecho, en mayo de 2000 María Servini de Cubría le hizo saber al diario La Nación que se encontraba en la necesidad de interrogar a Pinochet sobre la muerte de Carlos Prats y de su esposa.[56] Si bien, agregó enseguida, se estaba en una situación embarazosa porque de hecho existían importantes secretos de Estado impuestos por Estados Unidos.[57] En otras palabras, no estaba en condiciones de conocer los hechos, porque estos estaban cubiertos por secretos internacionales, ¡pero relanzaba las acusaciones y pretendía incriminar!

Según las fantasiosas deducciones de María Servini de Cubría, no solamente los asesinatos de Prats (en Buenos Aires) y de Letelier (en Washington) sino también el atentado a Leighton en Roma (sobre el que se hablará más adelante) eran parte de un único plan criminal organizado por la DINA chilena, dentro del llamado Plan Cóndor.[58]

Y esto no es todo. El 5 de octubre de 2000 la magistratura argentina declaró que no era posible aplicar la prescripción de la ley en el caso del homicidio del general Carlos Prats y de su esposa Sofía Cuthbert, porque dicho homicidio, según una extravagante opinión de los jueces de Buenos Aires, se debía calificar como crimen contra la humanidad y por lo tanto no sujeto a prescripción. [59]

Argentina se reservaba, por lo tanto, pedir a Chile la extradición de Augusto Pinochet, de Manuel Contreras Sepúlveda, de Eduardo Iturriaga Neumann, de José Zara Holger y de Pedro Espinoza Bravo y de pedir a Estados Unidos la extradición de Armando Fernández Larios y de Michael Townley. Estaba detenido en Buenos Aires, como ya se ha dicho, Enrique Arancibia Clavel, para quien, si bien había sido excluido por el mismo Townley, la fiscalía pública pedía la cadena perpetua.[60]

Inmediata fue la apelación presentada por Augusto Pinochet, quien negó la posibilidad de clasificar un caso de homicidio como crimen contra la humanidad y que pedía por lo tanto la prescripción que, según la ley argentina, se aplica después de 15 años del hecho.[61]

El caso se volvió aún más complicado cuando el 24 de octubre de 2000 el diario chileno El Mostrador reveló que Carlos Altamirano le había dicho a Carlos Prats, un mes antes, que su vida estaba en serio peligro.[62]

¿Cómo podía Altamirano, líder de la izquierda más intransigente, conocer ciertas cosas? Misterio. Por otro lado, el periodista Federico Willoughby revelaba que había sido avisado con anticipación por el general Pedro Ewing del probable asesinato de Carlos Prats.[63]

El 27 de octubre el magistrado argentino Juan José Galeano renovó el pedido de extradición de Pinochet.[64] Desde Santiago el magistrado de la Corte Suprema le respondió que el pedido era inaceptable.[65]

El 18 de noviembre de 2000, en Buenos Aires, Enrique Arancibia Clavel, si bien fue excluido por Townley sobre la muerte de Prats y de su esposa, fue condenado a cadena perpetua.[66] Sus defensores presentaron un recurso afirmando que la sentencia era arbitraria, sin fundamento y por lo tanto debía anularse.[67]

El pedido argentino de extradición del ex capitán chileno Armando Fernández Larios, residente en Estados Unidos, cayó en el vacío. Y una cierta indiferencia encontraron en Chile los pedidos argentinos para interrogar a las dos ex colaboradoras de la DINA Luz Arce y Marcia Merino, quienes después de 1973, inicialmente arrestadas por actividad subversiva, habían entrado a formar parte de la policía secreta del régimen militar.[68]

Desilusionados frente a tantas dificultades, los magistrados argentinos, esta vez por iniciativa del juez Rodolfo Canicoba Corral, decidieron seguir otras pistas y ampliaron las investigaciones a todas las naciones que participaron en el Plan Cóndor, en el cual, insistieron, se encuadraba el caso Prats. Pedían así la extradición del ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner, que desde 1989 estaba en condición de exiliado político en Brasil, y de los ex oficiales paraguayos Francisco Brites y Néstor Melcíades. A estos se agregaban los ex militares uruguayos Julio Vapora, Jorge Silveira, José Nino Gavazzo, Manuel Cordero y Hugo Campos Hermida. No contentos con ello, incriminaron al militar y ex presidente argentino de facto Jorge Rafael Videla (en el poder desde 1976 hasta 1983), al ex general Carlos Guillermo Suárez Mason y al ex ministro del interior Eduardo Albano Harguindeguy. Videla, que estaba bajo arresto domiciliario, comunicó el 20 de junio y el 16 de agosto que no hablaría con el magistrado que lo investigaba.[69]

La única prueba en las manos de Rodolfo Canicoba Corral era una carta del 25 de septiembre de 1975, en la que Manuel Contreras Sepúlveda le agradecía al jefe de la policía de Paraguay «por la colaboración en completar la misión». Misión que, según las deducciones del magistrado argentino, consistía en el secuestro en Paraguay del terrorista Jorge Isaac Fuentes Alarcón, después desaparecido.[70]

Toda la teoría en que se basaban las investigaciones argentinas a propósito del Plan Cóndor (y por lo tanto del asesinato de Prats) fue desmentida en abril de 2001 por el abogado chileno Juan Carlos Manns, defensor de Manuel Contreras Sepúlveda, según el cual el plan internacional no era otra cosa que «un intercambio de información» entre las policías, similar al que existe entre todas las policías conectadas a la Interpol: cosa más que justificada en los años 70, cuando la ola de terrorismo y subversión generada por Moscú se desarrollaba a nivel planetario y sacudía a América Latina.[71]

Pero esto no desanimó al juez Rodolfo Canicoba Corral, quien en mayo de 2001 decidió llegar hasta donde consideraba que estaba la fuente del mal: Estados Unidos. Así, tras haber perdido el sentido de la medida, Canicoba pidió interrogar como «presunto cómplice» del Plan Cóndor al ex secretario de Estado Henry Kissinger, que ni siquiera se tomó el trabajo de responder a dichas acusaciones.[72] Canicoba no se rindió y dos meses después, hacia finales de julio, renovó el pedido. Esta vez, un anónimo funcionario de la Casa Blanca reaccionó definiendo como «infundadas y ridículas» las pretensiones de la magistratura de Buenos Aires, en un momento en el cual la Argentina tenía otros problemas muy serios que enfrentar, a causa de una grave crisis económica: «Es inaceptable que un ciudadano de Estados Unidos», comentó la Casa Blanca, «pueda arriesgarse en un proceso en el exterior consecuencia de presiones claramente políticas».[73]

Quizás celosa de la notoriedad que había alcanzado el colega Rodolfo Canicoba con su ataque a Kissinger, María Servini de Cubría se puso también en evidencia pidiendo el arresto y la consiguiente extradición a la Argentina de Augusto Pinochet, en relación con el asesinato de Prats y su esposa. También tuvo poca suerte dado que no existe un tratado de extradición entre los dos países, motivo por el cual el ministro de la Corte Suprema chilena Jorge Rodríguez Ariztía rechazó el pedido.[74]

El desfile de los magistrados argentinos continuó (en teoría, para descubrir la retroescena del caso Prats, pero en realidad intentando reescribir la historia mundial de los años 70) con la incriminación, por parte de María Servini de Cubría, de un enésimo hombre de la DINA, Christopher Willke Floel, que se agregó a la larga lista de los indagados.

Para todos la acusación era de «asociación internacional para cometer delitos», obviamente como «crímenes contra la humanidad».

Las pruebas, según la señora Servini de Cubría, eran tres. Un cierto Carlos Hernán Labarca Sanhueza, chofer de Pinochet, había oído que su jefe expresaba que Prats era un hombre peligroso. Ingrid Olderock, ex agente de la DINA, muerta hace poco, había visto a algunos oficiales de la DINA expresar su alegría por la muerte de Prats. Y el locuaz investigador estadounidense Eugene Propper (ya citado a propósito del caso Letelier) había notado que Manuel Contreras Sepúlveda «temía» que Prats pudiera publicar un libro de memorias. Esto era todo.[75]

El caso Prats, como se ve, muestra todas las características de los casos judiciales destinados a permanecer en vaguedades. La única nota concreta fue la fácil notoriedad alcanzada por algunos magistrados.

Leighton

Sobre el fracasado atentado para asesinar al chileno Bernardo Ricardo Leighton (herido gravemente el 6 de octubre de 1975 en Roma, junto a su esposa Ana Fresno) se hablará nuevamente en el capítulo XI, en el acta de acusación depositada en Londres por el juez español Baltasar Garzón contra Pinochet. Durante una pintoresca descripción del Plan Cóndor, el 19 de octubre de 1998, el periodista italiano Alessandro Oppes puso, dentro del mismo, el caso Leighton. Caso que Oppes relacionaba incluso con la extrema derecha italiana, dando los nombres de Stefano Delle Chiaie y Pierluigi Concutelli. Sobre el Plan Cóndor, el articulista (lo mismo hacen en las páginas 64 y 65 los autores del libro Pinochet ante la Justicia española, ya citado varias veces) conectaba, además del caso Leighton, los atentados contra Orlando Letelier, Carlos Prats y el español Carmelo Soria Espinoza, también las muertes misteriosas de los generales Augusto Lutz y Oscar Bonilla y un fallido atentado contra Carlos Altamirano. Todo esto era relacionado por Oppes con las investigaciones sobre Michael Townley, Manuel Contreras Sepúlveda y Eduardo Iturriaga Neumann.

Con premisas de este tipo, en octubre de 1999 (asociándose a la cruzada internacional anti-Pinochet) Italia pidió a Chile la extradición de Manuel Contreras Sepúlveda.[76]

Un proceso se realizó en Roma, en ausencia de los imputados (con condena por contumacia), y al final se obtuvo un pedido italiano de extradición para Manuel Contreras Sepúlveda y Raúl Iturriaga Neumann. La respuesta de Chile fue negativa: en septiembre de 2000 el ministro de la Corte Suprema, Enrique Paillás, le recomendó al presidente de la misma Corte, Hernán Álvarez, que no aceptara el pedido italiano.[77]

Y de hecho Álvarez, en una decisión fechada el 27 de diciembre de 2000, rechazó el pedido italiano de extradición porque el proceso realizado en Italia era considerado «no satisfactorio».[78]

CAPÍTULO VIII

Tres personas pueden mantener un secreto, si dos de ellas están muertas.

Benjamín Franklin[1]

La DGI cubana, la KGB soviética y la izquierda europea

En los capítulos anteriores se habló diversas veces de la presencia en Chile de hombres y material que provenían desde Cuba[2]. Se vio incluso cómo en muchos episodios que sacudieron a la opinión pública chilena (caso Letelier, atentado a Pinochet, terrorismo difuso) estaba presente el sello cubano.

Y no sólo esto. Ya antes de que Allende subiera al poder, como reveló el historiador inglés Ian Greig basándose en documentos del Intelligence Service, las infiltraciones cubanas eran notables. Desde 1961, refiere Greig, la ayuda financiera cubana le había permitido al Partido Comunista chileno conquistar diez mil nuevos adherentes con una campaña de ocupación ilegal de terrenos.[3]

Con Allende en el poder, dichos casos se intensificaron y se beneficiaron del apoyo oficioso que les daba el Gobierno. Con frecuencia las acciones se realizaban a través de instituciones de fachada, como el Instituto Cultural Chileno-Cubano, que no era otra cosa que un punto de conexión entre el Partido Comunista chileno y la embajada cubana en Santiago. Además de las ayudas financieras, cada sábado llegaban al aeropuerto de Pudahuel, desde Cuba, de tres a cuatro aviones sin ningún tipo de numeración, cuyo cargamento era transferido a camiones que no pasaban por los controles aduaneros. La embajada cubana, que en 1972 alcanzó a tener más de 1.500 empleados, era considerada en los círculos de la diplomacia internacional una de las más activas y populosas sedes diplomáticas del mundo.

Esa muchedumbre tenía una razón de ser. El tercer personaje en la jerarquía de la embajada era Juan Carreto Ibáñez, que pertenecía a los servicios secretos cubanos y realizaba al interior de la sede diplomática una compleja actividad de adiestramiento de la guerrilla, para preparar lo que, según el deseo de Fidel Castro y de Salvador Allende, debía transformarse en «un ejército de al menos 20 mil combatientes por el socialismo». Los locales de la embajada estaban destinados, además, para recibir las numerosas delegaciones cubanas que, como con ocasión de la visita de Carlos Rafael Rodríguez, viceprimer ministro cubano, y de Manuel Piñeiro, jefe de los servicios de información de La Habana, tenían la finalidad de concordar con Allende la vía destinada a transformar a Chile en una segunda Cuba.[4]

No se equivoca el periodista australiano Gerard Jackson cuando, entre otras cosas, afirma: «La presencia soviética y cubana era tan importante, que había transformado a Santiago en un centro de subversión operante en toda América Latina. Allende había de hecho dado carta blanca a los servicios secretos de la DGI cubana y de la KGB, y hasta a un grupo de norcoreanos especializados en terrorismo».[5]

Así, en los cordones aparecieron los primeros instructores extranjeros, provenientes de Cuba, Checoslovaquia y Alemania del Este, expertos en terrorismo, sabotaje, asesinato y desinformación: una verdadera legión que en el plazo de pocos meses superó las dos mil personas, al punto de obligar a Allende, para tapar el escándalo, a imponer el secreto de Estado sobre las estadísticas de inmigración.[6]

En las primeras organizaciones armadas marxistas se destacaron personajes como Eduardo Paredes, Carlos Molina, Claudio Jimeno, Félix Huerta, Carlos Lorca, Rolando Calderón, Arnoldo Camú, Ricardo Pincheira, Jorge Klein y un misterioso «Felipe».

Treinta años después, Mónica González entrevistó al recién citado Félix Huerta, a quien la misma González describe como «alguna vez fue un carismático dirigente socialista, alto, bello». Según ella, un hombre brillante y entusiasta del Che Guevara, al punto de abandonar sus estudios de medicina para trasladarse a Cuba y, luego de un intenso adiestramiento, regresar a Chile. «La guerrilla en Bolivia», afirmó Huerta, «nos influenció mucho, así como la figura del Che Guevara y la revolución cubana. Pasábamos pertrechos, hacíamos de correo» […] «Después de un viaje a Bolivia me fui a Cuba. La muerte del Che apresuró mi decisión. Era curioso, uno creía que podía cambiar el mundo. Estaba absolutamente convencido de que la lucha armada era la vía para lograr una sociedad más justa». Describe a continuación que en Cuba recibió durante siete meses adiestramiento duro y amplio, con verdaderos choques armados y lecciones de kárate. Había en dicho curso de adiestramiento, colombianos, bolivianos, venezolanos, costarricenses, un brasileño y algunos argentinos. «En total éramos unos cien». Se concluye que muchos de los que habían estado allí, después terminaron en Chile, donde murieron defendiendo el palacio de La Moneda, el día del golpe de Estado o en los siguientes.[7]

Veamos lo que refirió años después el joven marxista Max Joel Marambio, recordando su permanencia en Cuba: «Creí que la revolución en Chile podía realizarse por la vía armada. Veía muy aburrida la idea de hacer los cambios por la vía parlamentaria». A continuación se refiere a la imagen que él tenía de «los niños que veía en Cuba, sanos, con sus uniformes impecables y siempre imbuidos de alegría. En ese tiempo no distinguía la idiosincrasia de los cubanos, alegres per se y en cualquiera circunstancia. Todos los méritos se los atribuía a la revolución». Más adelante, agrega: «En esa época, en Cuba, conocí a la gente del MIR chileno y decidí regresar para hacer la revolución».[8]

Otras noticias vienen del Centro de Estudios Públicos (con sede en Santiago desde 1998 y con frecuencia presente en las columnas del Wall Street Journal), que permitió las investigaciones de Olga Ulianova y Eugenia Fediakova: dos estudiosas que encontraron en los archivos soviéticos numerosas confirmaciones de los estrechos lazos existentes, desde 1950 en adelante, entre los comunistas chilenos, la KGB soviética y los servicios secretos cubanos. «Se trata de una documentación que, en buena parte, justifica la intervención de la CIA en los asuntos chilenos», comenta la periodista Mary Anastasia O’Grady. «Los documentos ahora accesibles demuestran cuál era el destino al que Allende iba a condenar a Chile. Más que justificada fue la alegría con la cual muchos chilenos acogieron el golpe de Estado militar».[9]

Pero quizás nadie mejor que el director de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda, puede testimoniar la magnitud de la infiltración extranjera en el Chile de Allende: «En primer lugar, encontramos que existe una Primera Fase de Infiltración extranjera a través de miles de individuos de 46 naciones del mundo, en su gran mayoría guerrilleros que habían sido expulsados de sus países de origen, a excepción del general cubano Patricio de la Guardia Font y su tropa. De los cubanos que ingresaron a Chile no se conoce el número exacto, si bien los oficialmente autorizados por el Gobierno de Allende, gracias a pasaportes diplomáticos, fueron 4.875, de los cuales 721 eran mujeres. A estos se agregan 1.916 oficiales y suboficiales soviéticos, acogidos por el Gobierno de Allende como asesores industriales».

La infiltración de agentes soviéticos era escondida detrás de los camuflajes más extravagantes. Según refiere Manuel Contreras Sepúlveda, en 1972 el Gobierno de Allende le compró a Moscú 5 mil tractores, los que llegaron puntualmente a Chile.

Cada lote de 100 tractores venía acompañado por un técnico en mantención, pero poco tiempo después se supo que dichos expertos eran oficiales del ejército soviético o de la KGB y que tenían tareas muy distintas a las de ocuparse de los tractores.[10]

Siempre, según los datos existentes en los archivos de la DINA y hechos públicos por Manuel Contreras Sepúlveda, en 1973 (inmediatamente después del golpe militar) los extranjeros presentes en Chile con la autorización del Gobierno de Allende superaban los 31.000 hombres, incluidos 725 tupamaros uruguayos, particularmente peligrosos por su gran experiencia de combate.

Se considera que los 22.000 elementos que pertenecían a grupos paramilitares chilenos, sumados a la guerrilla y al terrorismo de extrema izquierda, podían juntar en total nada menos que 53.000 personas.[11]

Mientras el país padecía miseria, la Unidad Popular recibía financiamientos ocultos desde Europa. Parte del dinero que llegaba, según diversas fuentes, terminó en los bolsillos de personajes socialistas. Según Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez, existía una corrupción generalizada.

Aún más oscuro fue el tráfico de dinero cubano que se movió alrededor del proyecto de traslado del diario Clarín, que preveía el traspaso a Allende, a título personal y gratuito, de la mitad de las acciones. Existieron malentendidos, promesas no mantenidas, irritadas intervenciones personales de Fidel Castro, secretas transacciones en bancos suizos y hasta amenazas de muerte. Al final, las disputas por el caso quedaron archivadas a causa del golpe militar del 11 de septiembre de 1973.[12]

Chile en la época de Allende no estaba sólo en ruinas, sino además a merced de la KGB y de Fidel Castro, personaje al que el periodista italiano Gianni Mina le gusta llamar «paladín de la defensa de la soberanía, demasiadas veces violada, de los pueblos latinoamericanos».[13]

Después del golpe de 1973, el tráfico de hombres y material se volvió clandestino pero no disminuyó de intensidad. La fuerza guerrillera que Allende había preparado para su autogolpe se transformó, gracias a la llegada de nuevos expertos, en un instrumento de desestabilización y terrorismo.

Son interesantes, en este sentido, las declaraciones realizadas por el general cubano Patricio de la Guardia Font al tribunal militar de La Habana, durante uno de los tantos procesos a los cuales Fidel Castro sometía a sus colaboradores caídos en desgracia. «Fui condecorado con la Medalla Internacionalista de Primer Grado», declaró De la Guardia Font, «porque estaba en Chile al frente de los compañeros de tropas, y cuando ocurrió el golpe de Estado en Chile cumplí otras operaciones especiales».[14]

Y agregó que había operado en Chile, en donde había organizado una eficiente brigada de 15 mil hombres bien armados. Reveló que los apoyos externos a su organización terrorista no llegaban solamente desde Cuba: el 15 de abril de 1977 había nacido en Londres, con aquella finalidad, un Frente de Fuerzas Armadas Democráticas Chilenas, además de otros dos organismos análogos, que habían sido creados en Bruselas y en la comunista Berlín del Este, mientras un grupo revolucionario chileno realizaba sus transmisiones desde la Radio Moscú.[15]

Una tarea muy difícil que tenía la DGI cubana era la de hacer andar de acuerdo a los diversos componentes terroristas chilenos, especialmente en la transición entre la decadencia del MIR y el crecimiento del Frente Manuel Rodríguez. En tal ámbito se colocan los viajes entre la capital chilena y la cubana de los dirigentes marxistas, viajes cuya frecuencia era favorecida por la imprudente tolerancia de la Junta Militar, temerosa evidentemente de ser acusada de escaso respeto de la democracia.

Encontramos rastros de uno de estos viajes en las memorias de un dirigente del Partido Comunista chileno y ex ministro del Gobierno de la Unidad Popular, Orlando Millas: «Nos reunimos en Moscú, en 1974, los miembros de la Comisión Política del partido que estábamos en el exilio, o sea, los titulares Volodia Teitelboim, Gladys Marín y yo y el suplente Manuel Cantero» […] «No nos adentrábamos aún en la realidad del denominado socialismo real. De hecho, la vida, con todas las comodidades del hotel, a la que se agregaban los intérpretes, los automóviles siempre a disposición y hasta el acceso privilegiado a los espectáculos y tiendas especiales, conducía a una visión muy particular, incapaz de penetrar las modalidades efectivas de funcionamiento del régimen que se nos presentaba como ideal. Fue en esa oportunidad cuando supe del acuerdo a que habían llegado en La Habana dirigentes de los respectivos partidos, para que contingentes de militantes comunistas chilenos fueren aceptados como alumnos en calidad de cadetes de la Escuela Militar de Cuba» […] «Más tarde conocí a los muchachos, la flor y nata de nuestra gente». Luego señala que los dirigentes comunistas asumieron la responsabilidad de enseñarles que la única vía para ser dignos del pueblo se recorre a través de las armas. Después encontró a otros y le impresionó el entusiasmo con el cual participaban en Nicaragua en la lucha para derrocar al régimen de Somoza. Termina con una frase patética: «Un regusto amargo me hace sentir que los condujimos a quemarse en Chile en batallas imposibles».[16]

Para obtener el consenso y ayuda económica los dirigentes radicales chilenos Hugo Miranda Ramírez y Carlos Morales Abarzúa tuvieron frecuentes encuentros con la DGI, ya sea en La Habana o en Montevideo. Otros encuentros se realizaron entre tres importantes delegaciones de la izquierda chilena y el jefe de los servicios secretos cubanos en Argentina, Antonio López. Sede de los coloquios fueron esta vez Buenos Aires, Ciudad de México y Lima.

Luego, otra delegación chilena, de la cual eran parte el comunista José Sanfuentes, el socialista Rolando Calderón, el radical Guillermo Arenas, Jecar Neghme, del MIR, y Jaime Cataldo, del MAPU, estuvo dos semanas en Cuba, huésped del jefe de la DGI Manuel Piñeiro, quien les daba instrucciones desde hacía tiempo. En dichos coloquios, habiendo la delegación chilena expresado pena y desilusión por el fallido atentado contra Pinochet, Manuel Piñeiro ratificó que Fidel Castro en persona había sentido mucho aquel fiasco, cuya responsabilidad atribuía a la falta de alineamiento del Frente Manuel Rodríguez con las directivas del Partido Comunista.

Según indicación de Castro, dijo Piñeiro, era necesario organizar «pequeños pero infalibles» núcleos operativos, adiestrados y que operaran siguiendo el modelo colombiano del Frente Guerrillero Unido. Era necesario que el MIR y el Frente Manuel Rodríguez siguieran las indicaciones de la Junta de Coordinación Revolucionaria Guerrillera Internacional y que en su lucha contra la Junta Militar de Pinochet superaran las divisiones y celos internos. Después de las exhortaciones, Piñeiro empleó métodos más convincentes. Y de hecho, en julio de 1987, en La Habana, Andrés Pascal Allende (que después de la muerte de Miguel Enríquez, en 1974, había tomado el mando del MIR), durante un violento choque verbal, fue «enérgicamente» invitado por funcionarios cubanos a obedecer escrupulosamente las órdenes que llegaban desde Cuba y a dar plena colaboración a los dirigentes de la izquierda que estaban ahí presentes: Nelson Gutiérrez, Hernán Aguiló y Manuel Cabieses.

De una carta confidencial proveniente desde Cuba y posteriormente difundida en los sectores de la izquierda chilena (noticias recogidas en 1988 por la The World Affairs Company de Nueva York), resultó que Fidel Castro ofreció sostener a cientos de elementos del MIR y del Frente Manuel Rodríguez (350 personas en 1987 y el doble en 1988), dándoles algunos cursos de adoctrinamiento y guerrilla en Berlín del Este.[17] Y justamente gracias a ellos, una vez mejorado el nivel de adiestramiento, las dos organizaciones lograron intensificar y perfeccionar sus atentados y sus actos de sabotaje para realizar un proyecto denominado «terrorismo selectivo». El resultado de aquellos esfuerzos se tradujo en la multiplicación de atentados dinamiteros y de asaltos a los bancos.[18]

En poco tiempo, basándose en las instrucciones provenientes desde Moscú, el Comité Central del Partido Comunista chileno se transformó en un cuartel general de la revolución. De hecho, en 1979, poco después de la victoria comunista en Nicaragua, Luis Corvalán se sentía capacitado para prometer que Chile se volvería en poco tiempo una «segunda Nicaragua», que rápidamente la lucha armada alcanzaría un margen de maniobra mayor y que Chile conocería días de «áspera violencia».[19]

Al final, para poder realizar dicha promesa, Corvalán pidió ayuda a Moscú. En un artículo de la periodista Pilar Molina en El Mercurio, se cita un documento del Partido Comunista soviético que reproduce un pedido hecho por Corvalán para que en Moscú fueran adiestrados «quince de nuestros camaradas en la técnica de desestabilización, incluyendo acciones de sabotaje y operaciones de comandos, con el objetivo de dominar las diferentes formas de lucha».[20]

Así, John Koehler, corresponsal de la Associated Press, cuenta en un libro suyo publicado en 1999: «La policía secreta de Alemania oriental, la STASI, tenía entre sus tareas la de enrolar jóvenes chilenos y llevarlos al extranjero para que aprendieran a combatir al régimen militar de Pinochet. Los viajes pasaban por México y Checoslovaquia y la destinación final era un campo de adiestramiento situado al oriente de Berlín y llamado Object Baikal. El curso duraba cinco meses e incluía las técnicas de sabotaje, asesinato, confección de bombas y adoctrinamiento marxista: las mismas materias que se estudiaban en los campos de adiestramiento existentes en Cuba. Gracias a este adiestramiento, entre 1983 y 1986 se registraron más de mil atentados con bombas, en los que perdieron la vida 21 efectivos del Ejército y de Carabineros. Se calcula que Alemania Oriental, entre 1984 y 1988, financió con unos 6,8 millones de dólares al terrorismo comunista en Chile». Y prosigue: «Esta actividad subversiva no se detuvo hasta el final del régimen militar chileno. En 1990, cuando estaba en la presidencia el democratacristiano Aylwin, se registraron 2.422 atentados y agresiones individuales».[21]

Pero desde Cuba y desde las centrales de reclutamiento y organizaciones del comunismo internacional llegaban, además de hombres, también armas y explosivos necesarios para las operaciones de terrorismo y subversión.

Los datos siguientes se refieren a pocos meses de 1986: «La llegada de contrabando de armamento proveniente desde Cuba en los meses de enero, junio y julio», refiere el historiador Luis Heinecke Scott, «consistió en 3.118 fusiles M-16, 114 lanzacohetes antiblindaje soviéticos RPG-7, 167 cohetes antiblindaje norteamericanos LOW, además de 1.979 granadas, municiones y otros armamentos». El agregado comercial de Estados Unidos en Chile, George Jones, que tenía informaciones seguras, declaró que «el contrabando realizado entre Cuba y Chile era el mayor contrabando de armas que jamás se hubiera registrado en América Latina».

En los años siguientes al golpe, un instructor en técnicas de guerrilla, el capitán alemán oriental Dieter Zirkel, admitió que tuvo en Berlín bajo sus órdenes a 20 jóvenes chilenos, después enviados a su patria con un amplio arsenal de armas y municiones para realizar sabotajes y terrorismo.[22]

Los detalles sobre los envíos de armas a los terroristas chilenos hasta el día del golpe militar (otras llegarían después) fueron indicados por Manuel Contreras Sepúlveda: eran 25.000 fusiles AKA, soviéticos, 300 lanzacohetes y 1.500 metralletas, material de producción soviética y del que se logró recuperar solamente el 40%. Como se ha dicho, el Gobierno de Allende favorecía en Chile el contrabando de aquellas armas, prohibiendo a las autoridades aduaneras realizar los debidos controles. En la residencia privada de Allende, refiere Contreras, estaban depositados a disposición del GAP 62 fusiles ametralladoras, 426 pistolas y 6 lanzamisiles. Las otras armas del GAP estaban escondidas en la residencia presidencial de El Cañaveral.[23]

Y es importante observar que la inmensa cantidad de armas encontradas por las fuerzas del orden en los depósitos terroristas era de fabricación no solamente comunista, sino también estadounidense. Una investigación realizada en Washington y comunicada por Bruce Ammerman, portavoz de la Casa Blanca, pudo comprobar que se trataba de armas estadounidenses abandonadas en Vietnam, después entregadas por los vietnamitas a los soviéticos y enviadas por estos a Chile a través de Cuba. Esto confirma la compleja red de maquinación que se escondía detrás de la actividad terrorista destinada a empujar a Pinochet a una represión que lo transformaría en el «monstruo» que todos conocemos.[24]

Este es un comentario de Augusto Pinochet: «¿Qué espacio ha dado la prensa internacional a los arsenales clandestinos encontrados en Chile? ¿Por qué en este caso la información se vuelve apresurada y estimativa? ¿Cómo justificar que haya sido puesta sordina a un hecho así de grave, como el encontrar una cantidad tal de material bélico que habría producido un choque de proporciones incalculables? Un atentado que le costó la vida a cinco de mis guardaespaldas e hirió a once de ellos fue ignorado por los órganos de información internacional, que callan sobre cómo aquel comando de guerrilleros había preparado la emboscada y cómo pudieron escapar. En la operación participaron guerrilleros adiestrados en el extranjero y apoyados por los que financian el terrorismo internacional».[25]

En efecto, la cantidad de arsenales de armas provenientes desde el exterior era tal, refiere Pinochet en su libro Camino recorrido, como para poder armar a más de 30 mil individuos y de justificar la inmediata prohibición, por parte de la Junta Militar, de todos los partidos y movimientos políticos que habían apoyado a Allende.[26]

***

Aquellas armas y el adiestramiento costaban mucho dinero. ¿De dónde llegaba el dinero después de 1973? ¿Quién coordinaba la iniciativa?

Uno de los canales directamente controlados por la KGB soviética era un Comité de Difusión que tenía la base principal en Argentina y sedes periféricas en España, Francia, Bélgica, Italia y Venezuela. La tarea de esta organización y de otras estructuras similares era la de encontrar financiamiento y poner en marcha iniciativas para sensibilizar a la opinión pública mundial: una tarea que era cumplida brillantemente, encubriendo como «solidaridad internacional en defensa de los derechos humanos» a la recolección de fondos necesarios para conducir las actividades terroristas, corromper periodistas y hombres de cultura y vestir a la izquierda chilena de una imagen heroica y desinteresada.

Se trataba de gastos enormes, no solamente por la innata tendencia hacia la corrupción de casi todos los dirigentes de la izquierda chilena, gastos en viajes y vida brillante de los así llamados exiliados (comenzando por los parientes de Salvador Allende, a los cuales nada les habría impedido vivir en sus casas en Chile), sino también por los costos que significaba mantener a las organizaciones armadas. Basta recordar solamente que los cuatro mil fusiles M-16 incautados por la policía en 1988 costaban 1.400 dólares cada uno y que junto a estos la policía encontró material explosivo y municiones por más de 35 millones de dólares.

No es fácil decir de dónde salía todo el dinero recogido directamente por el Comité de Difusión y por otras organizaciones. Indirectamente, podía provenir solamente de contribuyentes occidentales, europeos en particular. Y, por lo tanto, ese dinero era mucho, muchísimo: durante un congreso en Caracas, en 1986, a un portavoz de la Comunidad Europea se le escapó delante de los periodistas que la oposición marxista chilena (que justamente en aquellos días le había arrancado a Europa un subsidio de 800.000 millones de liras, unos 400 millones de euros) estaba preparando «la más costosa oposición del mundo».

En primera fila, para coordinar las ayudas financieras destinadas a la izquierda estaba el cubano Banco Central (inicialmente presidido por el Che Guevara, posteriormente removido por incapacidad y transferido a la guerrilla en Bolivia), que, en La Habana, hacía de puente entre las remesas soviéticas y las exigencias de las centrales socialo-comunistas de Santiago.

Otras ayudas de la izquierda llegaban a través de organizaciones «progresistas» católicas como el Centro Belarmino y la Escuela de Sociología de la Universidad Católica.[27]

Riqueza y pobreza, por lo tanto, entraron a jugar un importante papel en el teatro propagandístico de las organizaciones que agitaban su «empeño por un Chile democrático»: la riqueza en la que nadaban los jefes de la izquierda era bien escondida, mientras ponían en vitrina una pobreza descaradamente inflada, la de las clases populares chilenas. Fue típico el caso de un tal Mario Mejías, que después del golpe fue designado por la oposición para hablar con el Papa «en nombre de todos los chilenos pobres». Era «tan» pobre el tal Mejías, que cuando las cámaras de televisión fueron inesperadamente a buscarlo, no logró esconder que era propietario de una casa muy digna, de un auto nuevo flamante y de una empresa de comercio alimenticio.

***

Italia, entonces dirigida por gobiernos de centroizquierda sometidos al chantaje comunista, era, parece superfluo decirlo, uno de los países en los cuales, después del golpe militar de 1973, la oposición chilena obtuvo conspicuos apoyos, ya sean estos de tipo financiero o de propaganda.

Pero lo dicho no se refiere solamente a Italia: en toda Europa nacían como hongos, en línea con la campaña de propaganda dirigida por Moscú, las organizaciones que recogían a cientos de jóvenes idealistas, entre los cuales no era difícil encontrar «carne de cañón» para adiestrar y enviar a América Latina.

Aquellas organizaciones, mientras tanto, se dedicaban a recoger dinero que nadie, por temor a ser acusado de tener simpatías hacia Pinochet, osaba controlar.

Una búsqueda sumaria, basada principalmente en los datos de la Direzione di Cooperazione allo Sviluppo, en el ámbito del ministerio italiano de Relaciones Exteriores y seguramente incompleta porque estaba limitada a pocos meses, permite enumerar algunos casos de «ayuda humanitaria» que podrán hacer reír al lector.

Como revelaba en 1988 el semanario Il Borghese (una de las poquísimas publicaciones que en aquellos años tuvieron el coraje de hablar libremente sobre los asuntos chilenos),[28] una de las organizaciones no gubernamentales que operaba en Roma, denominada CIES, recibió astronómicos financiamientos del gobierno italiano para realizar una no mejor identificada Campaña Demos las Alas al Chile de Mañana, para Sostener las Realidades de Base de la Resistencia Chilena.

¿Dónde terminó, cabe preguntarse, todo ese dinero salido de los bolsillos de los contribuyentes italianos, justamente en los años en que el Estado decía que quería reducir el gasto público?

¿Y dónde terminó el dinero destinado, siempre a costa de los contribuyentes italianos, a un nebuloso proyecto denominado Programma El Canelo de Nos per l’Educazione degli adulti nel Settore delle Comunicazione, que decía ser destinado a las escuelas chilenas a través de una organización local llamada CEAAL y dirigida por un cierto Paolo Freire?[29]

El 30 de marzo de 1988 el gobierno italiano entregó unos tres millones de euros, «para usar después de una negociación privada», a una Asistencia Sanitaria con Base en Chile. Nos resulta difícil entender cómo Italia podría enseñar algo en materia de sanidad pública. Una cosa que saltaba a los ojos era que mientras la ayuda italiana a países controlados por dictaduras comunistas era dada a los gobiernos en el poder (como a Etiopía, Mozambique, Angola, Nicaragua y China) las así llamadas ayudas para Chile eran entregadas a las más o menos misteriosas organizaciones de la oposición.

Prosigamos.

El 25 de febrero de 1988, Italia destinó unos 350 mil euros «para sostener la información democrática chilena, para consolidar el diario La Época y la revista Análisis». Y bien, La Época y Análisis eran dos publicaciones políticas de izquierda.[30]

En la misma fecha, un cierto Istituto per la Cooperazione Universitaria, de Roma, recibió a espaldas de los contribuyentes italianos una ayuda de unos de 200 mil euros para «el desarrollo institucional chileno». Una motivación y finalidad incomprensible: ¿Qué significa el «desarrollo institucional»?

Un mes después, el 30 de marzo de 1988, tres organizaciones relacionadas con nuestros tres sindicatos confederados recibieron una contribución «humanitaria» con sabor claramente político: 900 millones de liras (unos 450 mil euros) «para apoyar la información radiofónica democrática chilena». En otras palabras, los contribuyentes italianos financiaban la propaganda política de los adversarios a Pinochet. Las tres organizaciones que sirvieron de trámite para aquel financiamiento, todas con sede en Roma, eran el Istituto Sindacale per la Cooperazione con il Paesi in Via di Sviluppo, l’Ente Progetto Sviluppo y l’Ente Progetto Sud.[31]

Evidentemente no satisfechas con los millones recibidos, las tres organizaciones antes mencionadas pidieron y obtuvieron, poco después, otros 480 mil euros destinados a la «prensa democrática chilena»: y nuevamente los contribuyentes italianos fueron obligados, sin saberlo, a mantener a la izquierda chilena.[32]

Siempre en 1988, una contribución de unos 420 mil euros terminó en un misterioso «Programa de desarrollo de la región de El Melocotón», en Chile, mientras otros 375 mil euros fueron a parar (a través de un Centro Crocevia) a un no mejor identificado programa ítalo-chileno denominado «Construyendo juntos».

Raro y aún más rarísimo, unos 260 mil euros fueron entregados a la embajada italiana en Santiago[33] para «socorrer las poblaciones dañadas por las lluvias torrenciales». ¿Por qué dicho dinero no fue directamente al Gobierno chileno y fue destinado a la embajada italiana? ¿Quizás para permitirle a la misma enfrentar los gastos de mantenimiento de cientos de «prófugos políticos» acogidos en sus extraterritoriales y elegantísimos salones?

Aún más raro, unos 6 millones de liras provenientes siempre de los contribuyentes italianos y para gastar en Chile, no se sabe con qué finalidad, «a continuación de negociaciones privadas».

A un Centro Regionale per la Cooperazione con sede en Reggio Calabria le dieron unos 500 mil euros para un «programa de búsqueda, intervención y formación en el sector alimentario». ¿Era necesario realmente que el pueblo italiano gastara esa suma para que los calabreses le enseñaran a los chilenos a cocinar?

Siempre en 1988, una organización de Bergamo, denominada CESVI, obtuvo 100 mil euros para «becas profesionales para ocho chilenos». ¿Quiénes eran dichos afortunados chilenos? ¿En qué instituto emplearon sus becas? ¿Por qué motivo debían ser apoyados por los contribuyentes italianos?

El 28 de julio de 1988, la Dirección de Cooperación para el Desarrollo aprobaba, en Roma, la entrega de 2,5 millones de dólares, siempre del bolsillo de los contribuyentes italianos, «para repatriar y reinsertar en su país [¡sic!] a los exiliados chilenos».

En 1989, una entidad romana conocida como Progetto Domani di Cultura e Solidarietá, recibió más de 500 mil euros para «desarrollar en Chile una comunidad agrícola mapuche», mientras 1 millón de euros fue a una «red chilena de conexión y transmisión de informaciones», a través de una Federazione di Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontariato, de Milán.

Casi un millón setecientos cincuenta mil euros, también pagados por los contribuyentes italianos, fueron destinados a Chile por un Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni per il Servizio Volontario, para no precisadas «iniciativas sociales en el sector urbano».

Más de 500 mil euros de «ayuda humanitaria» fueron a la «formación de cuadros de los sindicatos chilenos», a través de una institución denominada ISCOS, que algunos meses después recibió otros 175 mil euros para el «desarrollo democrático de las relaciones industriales con Chile».

Y aún peor. El apoyo oficial dado por Italia a la oposición anti-Pinochet era tan clara, que los jardines y salones de la sede diplomática en Santiago, entonces conducida por el embajador Tomaso De Vergottini y su esposa, Anna Sofía, se llenaron rápidamente de «prófugos», «refugiados políticos» y «perseguidos» (¡más de 800 personas!), que nadie se preocupaba de informarse si acaso no fueran, en cambio, individuos que la policía buscaba por delitos comunes. Sucedía de todo en la embajada italiana, tanto que de hecho la población de Santiago la rebautizó «el prostíbulo». En un determinado momento las cosas se precipitaron: una muchacha fue encontrada asesinada y entonces, con o sin extraterritorialidad, tuvo que intervenir la policía chilena.[34]

CAPÍTULO IX

Al final, como siempre sucede, el secreto se ha develado y el sabroso asunto puede ser contado.

Wystan Hugh Auden[1]

La CIA estadounidense

La participación de la CIA y del Departamento de Estado estadounidense en los hechos chilenos que precedieron y siguieron al golpe de 1973 es un tema del que se ha hablado varias veces en los capítulos precedentes. Y de hecho es una cosa innegable, pero también lógica, que los dirigentes estadounidenses siguieran activamente los hechos chilenos de aquellos años: Chile fue siempre un socio importante en los negocios con Estados Unidos, ya que éste realizó notables inversiones en su territorio, las cuales, como ya se ha referido, estaban siendo alegre y arbitrariamente expropiadas por Allende.[2]

A esto hay que agregar la comprensible preocupación de la Casa Blanca ante la perspectiva de una subversión castrista, activa en toda América Latina, que pudiera tomar un nuevo impulso si se hubiera afirmado y luego consolidado el marxismo-leninismo en Chile.

En verdad, la interferencia de Estados Unidos en los asuntos chilenos había comenzado varios años antes de la ascensión de Allende al poder: más precisamente cuando se iniciaron las maniobras cubanas y soviéticas de desestabilización, las que suscitaron, el 13 de marzo de 1961, la célebre declaración de la administración Kennedy, tras el nacimiento de la Alianza para el Progreso: «Preferiríamos en Chile», había declarado la Casa Blanca, «una administración constituida por una derecha conservadora y por los democratacristianos».[3]

Una declaración digna de fe, sobre este punto, llegó de un ex agente de los servicios secretos de Alemania comunista, Markus Wolf, que después de haber hablado de las actividades de la CIA en los países latinoamericanos, en un libro autobiográfico escribió lo siguiente: «a mi juicio, la CIA sufría una particular desventaja, porque debía actuar en una suerte de pantomima democrática para satisfacer los requerimientos de la Constitución norteamericana, al margen de que los mismos tuviesen o no que ver con la labor de inteligencia».[4]

De hecho, en 1974, la CIA fue puesta en apuros por el Congreso por factores electorales y políticos, motivo por el cual tuvo que hacer público el contenido de diversos fascículos reservados. Así salió a la luz que, entre 1962 y 1969, Chile había recibido de Estados Unidos más de mil millones de dólares para finalidades políticas, la mayor suma per cápita del continente sudamericano. A nivel mundial, solamente el Estado de Israel había recibido ayudas superiores a las de Chile.

No hay que olvidarse, asimismo, que ayudas no menos generosas de las que Estados Unidos daba a la derecha y al centro en Chile le llegaban también a la izquierda chilena (como está descrito en el capítulo VIII), por iniciativa de la Unión Soviética o de las naciones y organizaciones cercanas a ésta.

En el clima de la guerra fría de aquellos años, que dividía al mundo amenazado por el riesgo de una tercera guerra mundial, la contraposición entre Allende y los intereses norteamericanos, fueran estos políticos o económicos, era inevitable. En vano el embajador de Estados Unidos, Edward Korry, hacía todo lo posible para calmar las aguas apoyándose en la promesa de Allende (hecha en privado), de que las expropiaciones se solucionarían en forma amistosa. Allende, obviamente, sabía bien que nunca lograría frenar la ofensiva de Fidel Castro y del extremista filosoviético Altamirano, que, apoyados por el MIR y por el ala extremista del Partido Socialista, habían lanzado en Chile una ofensiva contra los intereses estadounidenses.[5]

El embajador Korry, que sabía lo que en Washington se tramaba contra Allende, llegó incluso a proponer una fórmula de nacionalización según la cual el Gobierno chileno pagaría las expropiaciones de las empresas estadounidenses con títulos a 20 y 25 años, garantizando el gobierno de Estados Unidos a las empresas expropiadas el pago de dichos títulos. Como Korry le dijo a Allende, Estados Unidos estaba ofreciendo al Gobierno chileno, a expensas de ellos, la posibilidad de materializar la tan deseada revolución marxista. Pero incluso dicha propuesta fue rechazada, quizás porque Allende y los suyos no se daban cuenta de las consecuencias que la falta de confianza de los inversionistas extranjeros podía producir en la economía del país. Richard Nixon admitió, en sus memorias, haber financiado en 1970 a los adversarios de Allende. Agregó, además, que interrumpió los financiamientos apenas Allende obtuvo el poder. ¿Hay que creerle?

Una respuesta parcial se tuvo cuando, en 1975, el Congreso de Estados Unidos, después de una propuesta promovida por el senador Frank Church, tuvo que revelar ciertas iniciativas de la CIA, antes y después de que Allende subiera a la presidencia. Las movidas de la CIA se inspiraban en una recomendación hecha en 1969 por Nelson Rockfeller y apoyada por el embajador Edward Korry, según la cual el único antídoto contra una expansión de la amenaza castrista a otros países latinoamericanos era recurrir a las dictaduras militares. El 27 de junio de 1970, Henry Kissinger, durante una reunión en la Casa Blanca, partiendo de la base de que Allende era más peligroso que el mismo Castro, expresó: «No veo por qué debemos estar pasivos y ser observadores de cómo un país se hace comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo».[6]

«Allende», dijo Kissinger en dicha ocasión, «tiene un Gobierno de partido único. Se mueve muy rápidamente hacia eso. Comienza a ejercer control sobre la prensa, está aislando a los militares. Está tratando a los militares como lo hizo Hitler […] los infiltra y neutraliza […] Y si toma el control sobre la policía, nunca más habrá elecciones libres en Chile».[7]

Una confirmación de esto llegó, en noviembre de 1988, del periodista inglés Gregory Palast, que, en octubre de 1970, logró obtener un mensaje de la CIA de Washington destinado a la CIA de Santiago: «Es nuestra firme e inalterable voluntad», se lee en el documento, «que Allende sea derrocado con un golpe de Estado». Y después daba una serie de instrucciones para conseguir su cometido.[8]

Pero Palast fue más allá. Logró entrevistar al ex embajador Edward Korry, del cual tuvo la confirmación sobre las intrigas realizadas por algunas multinacionales estadounidenses, que bajo la dirección de Henry Kissinger, intentaban obstaculizar a Allende. La primera entre todas fue la Pepsi Cola, cuyo presidente, Donald Kendall, tenía una relación de amistad con Richard Nixon. Palast supo que las maniobras contra la izquierda chilena habían comenzado en Washington mucho antes que Allende subiera al poder: entre 1963 y 1964, cuando John Kennedy y su hermano Bob habían logrado financiar, a través de algunas empresas estadounidenses, la campaña de Eduardo Frei Montalva.

Esto había sido realizado a través de la CIA, que bajo la fachada de la Agency for International Development había financiado secretamente la mitad del costo total de la campaña electoral de Frei. Muchos pagos, para cubrir el origen del dinero, habían sido realizados a nombre de ciudadanos privados o de empresas multinacionales.

Con estas palabras la periodista chilena Mónica González comenta una entrevista concedida por el ex embajador de Estados Unidos en Chile Edward Korry, donde sostiene: «El apoyo norteamericano a la campaña de Frei Montalva en 1964 fue mucho más masivo que el que se registró en las elecciones de 1970. La CIA era una parte pequeña del total y entregó sólo 3 millones de dólares. Pero si se suman las corporaciones privadas, organizaciones católicas, la AFL-CIO, se llega a cerca de 20 millones de dólares».[9]

Como se aprecia en la biografía del entonces director de la CIA, Richard Helms, escrita por Thomas Powers, fue significativa la reacción de Nixon cuando supo que Allende había obtenido el poder: golpeando con un puño en la palma de la otra mano, exclamó que era un hijo de puta. Pero después al notar el rostro preocupado del embajador Korry, precisó que el hijo de puta no era él sino Allende. En otra ocasión le ordenó a Richard Helms: «No hay que dejar ninguna piedra sin mover para obstruir la elección de Allende».[10]

Además de la Pepsi Cola, otras empresas relacionadas con la derrota de Allende eran la ITT y la Anaconda Copper; ambas estaban alarmadas por las intenciones que tenía Allende de realizar nacionalizaciones y, por lo tanto, eran generosas para financiar a los partidos de centro y de derecha.[11]

Según los documentos estadounidenses citados por Mónica González, el 16 de julio de 1970 el presidente de la ITT, Harold Geneen, habría ofrecido a William C. Broe, dirigente de la CIA, una suma superior a los 10 millones de dólares para impedir la elección de Allende a la presidencia. Con Allende ya Presidente, el principal diario chileno, El Mercurio, el 9 de septiembre de 1971, recibió 700 mil dólares y el 11 de abril de 1972 otros 965 mil dólares.

Esta y otras ofertas (como la de un millón de dólares para comprar en Chile diarios y periódicos), tuvieron el apoyo de la CIA, de la Casa Blanca y de Henry Kissinger.[12]

Sin lugar a dudas, Estados Unidos le dio una ayuda consistente a la centroderecha de Chile, antes y después que Allende conquistara la presidencia. Pero es necesario subrayar una vez más que la caída de Allende en 1973, más que de las maniobras y de las intrigas de Estados Unidos, dependió del descontento que Allende suscitó en gran parte del pueblo chileno.

Un estudio realizado en California en 1975 por el periodista Daniel Brandt, con el título Los cristianos de Izquierda en Chile y el golpe de 1973 y difundido por el mismo Brandt vía Internet el 28 de noviembre de 1998, intentaba (no sin exageraciones) rehabilitar la política de Allende y atribuir solamente a la CIA y a los centros financieros y económicos estadounidenses el fracaso del experimento marxista chileno. Un estudio, por lo tanto, del cual se entreven fuertes simpatías allendistas por parte del autor, al que, sin embargo, se le escapaba un hecho fácilmente constatable: que una maciza política de expropiaciones y de gestión partitocrática de la economía, como la realizada por Allende, no podía llevar sino a la caída de la producción y por lo tanto al derrumbe de la economía nacional y de la paz social.

Veamos lo que se lee en el texto difundido por Daniel Brandt.

Los intereses norteamericanos en Chile no eran poca cosa. Al final de 1968, según los datos del ministerio estadounidense de Comercio, las propiedades de las multinacionales norteamericanas en Chile sumaban 964 millones de dólares de aquella época. Durante aquellos años las utilidades obtenidas por esas empresas eran el 17,4% del capital invertido, con un tope del 26% para las compañías mineras.

Las empresas del cobre, en particular la Anaconda y la Kennecott, representaban el 28% de las inversiones estadounidenses, pero la ITT tenía la tajada más importante gracias a inversiones de unos 200 millones de dólares. En un discurso en San Francisco, Laura Allende había afirmado que en los 42 últimos años las empresas americanas del cobre habían ganado en Chile 420 millones de dólares con una inversión inicial de 35 millones de dólares.[13]

Amenazados por las expropiaciones, Estados Unidos dio apoyos económicos que según Daniel Brandt no fueron la única forma de ayuda que recibieron desde Estados Unidos los militares y la centroderecha chilenos. Hubo, de hecho, desde 1964, formas más directas de financiamientos.[14]

El Plan Camelot fue inaugurado en Estados Unidos con una erogación inicial de 8 millones de dólares y en un primer momento fue confiado al Pentágono, con la denominación de Avanced Research Projects Agency, para pasar posteriormente a depender de la CIA. En el ámbito del plan varios investigadores fueron enviados a Chile y a otros países de América Latina para estudiar las orientaciones políticas de la población. En 1964 un estudio efectuado en Chile, con la colaboración de la McCann-Erickson y de la J. Walter Thompson, responsables de apoyar la campaña electoral de Frei. A las mujeres se les decía que si Allende ganaba sus hijos serían enviados a Cuba y sus maridos terminarían en campos de concentración. Y las mujeres de hecho, afirma Brandt, votaron como la CIA quería.

En 1964, la CIA invirtió más de 2,6 millones de dólares en la victoriosa campaña electoral de Frei y gastó otros 175 mil dólares en las campañas electorales de 22 candidatos. En total, en 1964, en Chile, la CIA gastó la suma de 20 millones de dólares.

Otra forma de intervención directa fue la patrocinada por la AIFLD (American Institute for Free Labor Developement), que actuaba bajo el control de la CIA y que les aseguraba a sus alumnos latinoamericanos recibidos, sueldos y títulos de instrucción en Fort Royal, Virginia.

Entre 1962 y 1972 los chilenos que se graduaron en aquella escuela fueron 79, y otros 8.837 se beneficiaron de cursos y seminarios realizados en Chile.

Después de 1972, otros 29 chilenos se graduaron en Fort Royal.[15]

Siempre según Brandt, las intrigas de Estados Unidos en vista de las elecciones de 1970 se iniciaron en junio de aquel año, cuando el así llamado Forty Committee se reunió para discutir sobre Chile y en aquella ocasión la CIA puso a disposición 1,3 millones de dólares.

Brandt afirma que en 1970, antes que Allende fuera elegido Presidente, la ITT concedió financiamientos por 700 mil dólares a la campaña de Jorge Alessandri, adversario de Allende, y siguió los consejos de la CIA para hacer llegar los fondos a su destino. El presidente de la ITT, Harold Geneen, ofreció un millón de dólares a la CIA para que le creara obstáculos a Allende: el ofrecimiento fue realizado a través de John McCone, director de la CIA desde 1961 a 1965 y posteriormente miembro del consejo de administración de la ITT.

Durante la presidencia de Allende, aproximadamente dos tercios de los empleados de la embajada de los Estados Unidos en Chile eran miembros de la CIA. Se pueden citar, siguiendo las indicaciones de Brandt, los nombres de Frederick Purdy, John Isaminger, Raymond Alfred Warren, Deane Roesch Hinton, Harry W. Shlaudeman, Daniel N. Arzac, James E. Anderson, John B. Tipton, Arnold M. Isaacs, Frederick W. Latrash, Joseph F. McManus, Keith W. Wheelock y Donald H. Winters.

En febrero de 1971, después de la elección de Allende a la presidencia, algunos bancos comerciales como el Chase Manhattan, el Chemical First National City, el Manufactures Hanover y el Morgan Guaranty cortaron todo tipo de créditos a Chile.

De documentos existentes en la ITT y en otras fuentes, resultan intervenciones de naturaleza política en Chile por parte de la sociedad Anaconda y Kennecott. La Ralston Purina redujo su propia producción. La NIBSA, subsidiaria de la Northern Indiana Brass Company, cerró su planta despidiendo a 280 empleados. La Purina, subsidiaria de la Ralston Purina, gran productora de alimentos para animales, redujo su producción en forma substancial. Se trataba de empresas (Brandt no lo dice) amenazadas por la política de expropiaciones de Allende.

El gobierno de Estados Unidos participó en aquellas maniobras económicas y financieras en Chile, algunas de ellas después de las presiones realizadas por la ITT, que el 16 de julio de 1970, a través de su director Harold Geneen, tuvo un encuentro privado con William V. Broe, jefe del servicio de operaciones clandestinas de la CIA para el hemisferio occidental. En septiembre de 1971, Geneen se encontró con el asistente especial de Richard Nixon para asuntos internacionales, Peter Peterson. A continuación, William R. Merriam, también de la ITT, tuvo 25 reuniones en el Departamento de Estado y durante un año discutió el caso chileno con Henry Kissinger y con sus colaboradores. El 1 de octubre de 1971 escribió a Peter Peterson sugiriéndole que bloqueara todo tipo de ayuda económica a Chile.[16]

La nueva política económica de Nixon trasladó las ayudas económicas para Chile del Departamento de Estado al Departamento del Tesoro. Y, desde entonces, además de John Connally y su asistente John Hennessy, algunos funcionarios del Departamento del Tesoro se empeñaron en dicha tarea: eran John R. Petty, ex vicepresidente del Chase Manhattan Bank y después socio de Lehman Brothers; Paul A. Volcker, ex ejecutivo del Chase Manhattan, y Charles E. Walter, asistente del presidente del Republic National Bank y vicepresidente de la American Bankers Association. Es superfluo añadir que el Departamento de Estado compartió la línea dura del Departamento del Tesoro respecto al Chile de Allende y consideró un encuentro con representantes de la ITT, de la Ford, de la Anaconda, de la Ralston Purina, del First National City Bank y del Bank of America.

En aquellos días Richard Helms discutió el caso de Allende con Nixon y pocas horas después el propietario del diario chileno El Mercurio, el rico empresario chileno Agustín Edwards, participó en una reunión con otros funcionarios de la administración Nixon: inmediatamente obtuvieron de la CIA un generoso contrato para realizar publicidad pagada.[17]

Al mismo tiempo el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo anularon sus proyectos y créditos para Chile. Algunos créditos de este organismo a favor de la Universidad Católica y de la Universidad Austral fueron una excepción.

Brandt atribuye todo esto a la caída de las reservas chilenas de dinero desde los 335 millones de dólares de noviembre de 1970 a los 100 millones de dólares a finales de 1971, y que en el mes de agosto de 1972 Chile perdiera el derecho a financiamientos por parte del Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, disminuían las importaciones, en particular las provenientes desde Estados Unidos, del 40% al 15% del total. En diciembre de 1972 Allende, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se lamentó de la imposibilidad para Chile de comprar artículos de primera necesidad, medicinas y repuestos. Un tercio de los microbuses y taxis estaban parados por carencia de repuestos.[18]

El boicot económico estadounidense, prosigue Brandt, no golpeó igualmente a las Fuerzas Armadas chilenas. Al contrario, las ayudas militares a Chile, que en el pasado ya habían sido ingentes, se duplicaron entre los años 1970 y 1974. Además de las ventas de armas, los militares chilenos podían así tener cursos de actualización y de adiestramiento en Estados Unidos y en la zona del Canal de Panamá. Los generales Leigh, Merino y Mendoza estuvieron algún tiempo en Estados Unidos y el personal militar estadounidense residente en Chile llegó a 48 personas.[19]

El ya citado AIFLD colaboraba con el sindicato de la Federación Marítima Chilena, estrechamente relacionado con los cuadros de la Armada, que desempeñó un papel importante en el golpe de Estado de 1973, el que de hecho se inició en el puerto de Valparaíso. El mismo AIFLD dio asistencia a varios sindicatos y gremios que programaron las diversas huelgas que facilitaron el golpe de Estado.

La CIA financió las huelgas de los camioneros chilenos en 1972 y 1973 (probablemente a través de la International Transports Workers Federation) y podría haber financiado al movimiento de derecha Patria y Libertad. En 1973 (es siempre Brandt quien lo dice) financió las huelgas de los comerciantes y de los taxistas.[20]

Existen, agrega Brandt, otras pistas sobre la complicidad estadounidense. El 20 de mayo de 1973, un miembro de la embajada de Estados Unidos habría encontrado a bordo de un buque, en el puerto de Arica, al comandante de la flota y a numerosos altos oficiales del Ejército y en los meses de junio y julio de 1973 a bordo de cada nave de guerra chilena habría estado presente un oficial de los servicios secretos de Estados Unidos. En los últimos días inmediatamente anteriores al golpe de Estado, tres representantes de la derecha política chilena habrían ido a Washington y el embajador norteamericano en Santiago, Nathaniel Davis, habría tenido una conversación con Henry Kissinger. En los días del golpe, para terminar, naves de guerra estadounidenses navegaban cerca de las costas chilenas.[21]

De todos modos, dice Brandt, las cosas cambiaron en 1973, después de que la Junta Militar tomó el Gobierno.

Ya el 5 de octubre de 1973 la Junta Militar obtuvo 120 mil toneladas de cereales. El Banco Mundial, la Agencia Internacional para el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional retomaron los financiamientos a Chile, asegurándole el pago de deudas.[22]

En los meses sucesivos el Manufacturers Hanover concedió a Chile un préstamo por 44 millones de dólares y otros diez bancos estadounidenses y dos canadienses concedieron préstamos por unos 150 millones de dólares.

En 1975, un grupo de bancos que incluía al First National City, al Bank of America, al Morgan Guaranty y al Chemical, concedieron a Chile un préstamo renegociable por 70 millones de dólares. La Ford, la General Motors, la Chrysler y otras seis empresas comenzaron a potenciar sus plantas de ensamblaje. Y la ITT invirtió 25 millones de dólares para un centro de investigación.[23]

Mientras tanto, importante contrapartida, las empresas chilenas que habían sido nacionalizadas eran restituidas a los propietarios privados, nacionales o extranjeros.

***

Hasta aquí las evaluaciones de Daniel Brandt. Pero ahora volvamos al desarrollo de los acontecimientos.

Hacia la mitad del año 2000 la CIA, presionada por la evolución del caso Pinochet (capítulos XI, XII y XIII de este libro) y por la posibilidad de que el mismo Pinochet se viera enfrentado a un proceso público, temió que durante el debate pudiera emerger su relación en los hechos recientes de la historia chilena.[24]

Mientras la secretaria de Estado de la administración Clinton, Madeleine Albright, se precipitaba a Santiago, donde sostuvo encuentros reservados en los máximos niveles gubernativos y hasta con el Presidente Ricardo Lagos, la CIA al no poder hacer, obviamente, declaraciones oficiales, utilizó como portavoz el propio ex director Vernon Walters, que en aquellos días (agosto de 2000) se encontraba en España.

Veamos lo que Walters declaró en una conferencia en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en la ciudad española de Santander: «Nosotros, los de la CIA, no participamos directamente en el golpe de Estado en septiembre de 1973 y de ningún modo contribuimos al asalto del Palacio de La Moneda durante el cual el Presidente Allende se dio muerte. Anteriormente, es verdad, habíamos hecho todo tipo de esfuerzos para impedir la elección de Allende a la presidencia, pero después de las elecciones recibimos orden del Presidente Richard Nixon de suspender los contactos con la oposición chilena. El golpe de Estado y el ascenso al poder de Pinochet fueron evidentemente eventos chilenos».[25]

En agosto de 2000, después de la vuelta de la señora Albright a Washington y por presión de la misma, del Senado y de la Casa Blanca, la CIA abrió en parte sus archivos relativos a la política estadounidense en Chile. Las resistencias del director de la CIA, George Tenet, fueron superadas con un compromiso de base que le permitía a la CIA dejar en el archivo los documentos más comprometedores y en los documentos divulgados ejercer censura con plumón negro sobre las frases que consideraba comprometedoras.[26]

Fueron desclasificados y hechos públicos 6 mil documentos y otros 16 mil en noviembre. Anteriormente, ya en 1975, la CIA había enviado al Senado (por pedido del senador Frank Church) un informe sobre sus actividades en Chile: documento que tomó el nombre de Informe Church.

Los documentos desclasificados en el 2000 confirmaron que, después de 1970, el presidente estadounidense Richard Nixon dio la orden de boicotear la gestión de Allende para facilitar un golpe de Estado, considerando que en aquellos años de guerra fría Estados Unidos no aceptaba que en el continente americano naciera un nuevo satélite soviético.

Por lo tanto, no es posible poner en duda que la CIA haya actuado activamente para que Allende no fuera elegido Presidente; que después haya ayudado a la Junta Militar para contrarrestar la influencia cubana y soviética en Chile e inclusive que haya contado entre sus colaboradores a personalidades cercanas a la Junta Militar. Además, es seguro que la CIA estaba al tanto de la violencia terrorista de la izquierda chilena y de la represión realizada por las autoridades militares. Sobre estos últimos hechos, la CIA afirmó siempre que se mantuvo ajena.[27]

CAPÍTULO X

Todos deben mantener la palabra dada.

Milhail Bulgakov[1]

Cómo Pinochet, el «dictador», se sujetó al voto popular y dejó el poder

Entre los errores de la izquierda, uno de los más evidentes era el de pensar que Pinochet no dejaría nunca el poder. Era el error de suponer que Pinochet, por el hecho de ser inamovible, como sucede en los regímenes marxistas, se quedaría en el cargo hasta su muerte.

Pinochet, en cambio, no tenía intención de quedarse pegado al sillón. Quería, y tal fue su intención como declaró desde el inicio, arreglar el país y restituirle la normalidad democrática.

Mantuvo la palabra que dio y a diferencia de lo que hubiera hecho un dictador comunista, se sometió tres veces a referéndums populares.

Venció el primero, en 1978, con el 77,47% de los votos, cuando le pidió al electorado alinearse con él o contra él a raíz de una declaración de las Naciones Unidas (con 96 votos favorables, 14 contrarios y 25 abstenciones) contra la Junta Militar chilena: «Quiero que cada hombre, cada mujer, cada joven de esta nación», dijo Pinochet en la vigilia de esta consulta a la nación, «decida libremente, en el secreto de su conciencia si es favorable a su Presidente o da fe a las declaraciones de las Naciones Unidas». El éxito de aquella votación le permitió a Pinochet considerarse a pleno título como un Presidente democrático querido por el pueblo: bien pocos son los presidentes del mundo occidental que pueden tener la confianza del 77,47% de la población.

Pinochet ganó además el referéndum del 11 de septiembre de 1980 con el 67% de los votos del electorado e introdujo la nueva Constitución, promulgada con el decreto ley N° 3.464. Así, por segunda vez fue confirmado en su cargo.

Los que ironizan sobre dicha Constitución llamándola «la Constitución de Pinochet», fingen no saber que el texto de la misma fue discutido entre la Junta Militar y la oposición y después de arduas negociaciones fueron introducidas 54 enmiendas al texto constitucional de 1980, las que fueron aprobadas, en 1989, con el respaldo del 85% de los electores, que así nuevamente legitimaron la presidencia de Pinochet.[2]

El «dictador» aceptó serenamente el resultado del plebiscito del 5 de octubre de 1988 (con el voto del 54,7% del electorado en contra y el 43.1% a su favor) que hizo posible que país retornara inmediatamente a una plena democracia.[3]

Pocos meses después, como lo indicaba la nueva Constitución, fueron convocadas las elecciones presidenciales y parlamentarias de diciembre de 1989. Tras la derrota de la opción pinochetista, encabezada por Hernán Büchi Buc, sin decir una palabra, Pinochet dejó el poder, entregando el sillón presidencial al democratacristiano Patricio Aylwin Azócar, vencedor con el 55,2% de los votos, quien asumió el mando el 11 de marzo de 1990.[4]

La situación política no era para nada estable: en la Cámara de Diputados, la Concertación, coalición de centroizquierda que apoyaba a Aylwin (Democracia Cristiana, Partido Socialista, Partido Radical, Partido Socialdemócrata y Partido por la Democracia) obtuvo la mayoría (72 de los 120 cargos) pero en el Senado la «pinochetista» Alianza (Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente), más los senadores institucionales, logró que de hecho tuviera esa coalición la mayoría.[5]

«Pinochet», comenta el periodista William Jasper, «tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas y de gran parte de la población. Si se hubiera comportado como un dictador comunista, se habría quedado en el poder a pesar de la derrota sufrida».[6] Y de hecho pocas horas después de la derrota, cuando el Vicecomandante en jefe del Ejército, durante una reunión, le dijo que el Ejército estaba «a disposición», Pinochet le contestó: «La Constitución se cumple».[7] No se entiende sobre cuáles bases la televisión pública italiana haya podido afirmar que Pinochet «meditaba recurrir a un autogolpe, propósito del cual fue disuadido por Estados Unidos».[8]

Así, la oposición, puesta frente a la aceptación por parte de Pinochet de la voluntad popular, se encontró sin ninguna credibilidad.[9]

Y los comunistas, que en la época de Allende tenían el 17% del electorado, en 1989 no lograron elegir a ningún diputado ni senador en el Parlamento.[10]

«Fueron disipadas las dudas a propósito de la promesa del Presidente Pinochet de establecer una sólida democracia y una sociedad civil», afirmó públicamente el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Hernán Felipe Errázuriz.[11]

No se equivocaba Errázuriz: los hechos demostraban no solamente que Pinochet había sido el único «dictador» en el mundo que se sometió, tres veces en pocos años, al juicio popular, sino que demostraba además que, aunque hubiera sido derrotado, conservaba el afecto de gran parte del país. De hecho, poco antes de tomar el poder, Aylwin declaró con sabiduría que quería mantener la misma política económica emprendida por Pinochet. Esto fue destacado, en noviembre de 1989, por David Asman, del Wall Street Journal. Y hasta el 10 de marzo de 1998 Pinochet se mantuvo como Comandante en Jefe del Ejército, cargo que Aylwin aceptó que quedara en manos de Pinochet para garantizar al país estabilidad y seguridad en el momento del tránsito hacia la democracia. No es exagerado decir que Aylwin se fiaba más de su adversario Pinochet que de sus aliados de izquierda.[12]

Cuatro años más tarde, en 1994, en el momento de dejar la presidencia Aylwin, en dos entrevistas, declaró textualmente, entre otras cosas: «Durante mi Gobierno el general Pinochet cumplió la tarea de Comandante en Jefe del Ejército, subordinado al Presidente y respetuoso del orden constitucional».

«Si Pinochet no hubiera estado allí durante la transición, habríamos tenido en Chile tentativas de insurrección llevadas a cabo por subalternos, “caras pintadas”, como fue el caso en Argentina».[13]

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Otra actitud equivocada de los adversarios de Pinochet, inmediatamente después de su victoria electoral, fue haber querido inventar una falsa mitología sobre el régimen de Allende, cargada de demagogia y de ensalzamiento de las víctimas.

Así, a principios de octubre de 1990, con ocasión del vigésimo aniversario de la ascensión de Salvador Allende al poder, todos los dirigentes de la izquierda y del extremismo intelectual, con una concentración de banderas, se dieron cita en un cementerio de Santiago para asistir al traslado del féretro de Allende (que hasta ese momento había sido honorablemente custodiado en el cementerio de Viña del Mar) a un enorme mausoleo de mármol que la viuda aseguró había construido a expensas propias.[14]

El traslado, con magna pompa, al cementerio de la capital de Chile y la ceremonia religiosa que se realizó en la Catedral Metropolitana, presidida por el arzobispo de Santiago de la época, Carlos Oviedo Cavada, de los restos de un ateo exponente de la masonería y del marxismo no podía sino suscitar indignación en los católicos.[15] Apareció entonces en el principal diario chileno, El Mercurio, un artículo de la TFP en el cual se decía, entre otras cosas: «Sería demasiado largo e ingrato hacer aquí un análisis de todos los actos partidistas y gubernamentales de Salvador Allende […] Pues no se puede de modo alguno abstraer de que los neo-funerales de Allende se realizan en el momento que el comunismo está dejando aparecer toda la vergüenza de su fracaso en Rusia y, en consecuencia, toda la catástrofe de la aplicación práctica de los principios marxistas». A sus seguidores les preguntan: «Si sabían que el fruto del comunismo era lo que ahora todos ven, ¿por qué conspiraban para introducir ese régimen de miseria, esclavitud y vergüenza en sus propios países? […] Pasemos ahora a analizar específicamente las honras fúnebres que se prestarán a Allende en esta ocasión; ellas se encuentran en estricta coherencia con el clima de confusión con el cual, desde las primeras horas después de su suicidio, todos los izquierdistas chilenos se empeñaron en cubrir el hecho». Y agrega a continuación que las autoridades eclesiásticas «colaboraron en toda medida de lo posible» a los fines de la izquierda: «Con este fin abren de par en par las puertas del templo máximo de nuestra capital, la Catedral Metropolitana de Santiago. Eso significa una invitación implícita a que todos los católicos se asocien al acto celebrado por el alto prelado. ¿Qué acto? ¿Una Misa de réquiem por el declarado masón? ¿Por el desdichado suicida? [… ] Pero el acto fúnebre que será realizado en nuestra catedral aparece muy explicablemente a los ojos de la inmensa mayoría de los fieles como una absurda caminata de la inmutable Iglesia de Dios a fin de encontrar a medio camino al marxismo-comunismo masónico, declarado y radical, que Allende profesó durante toda su vida».[16]

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Llegó así el 10 de marzo de 1998 y Augusto Pinochet abandonó la divisa y el cargo de Comandante en Jefe del Ejército (le sucedió el general Ricardo Izurieta) y, vestido de civil, comenzó su nueva vida de senador vitalicio. El cargo de senador de por vida, en Chile como en Italia y en otros países, corresponde a quienes han sido Presidentes de la República.[17]

El periodista italiano Alberto Pasolini Zanelli, al escribir desde Santiago, observó que desde el momento en el cual Pinochet había dejado la presidencia y había continuado como Comandante en Jefe del Ejército no había cometido ningún acto de prevaricación respecto a los poderes civiles o políticos.

Con discreción, dejó que el país del cual él había alejado la amenaza comunista volviera a la vida democrática. Y todo esto sucedía, agrega Pasolini Zanelli, sin que en Chile se hablara de recriminación, depuración o procesos póstumos. El clima, también oficialmente, era el de la reconciliación nacional.

Cuando Eduardo Frei Ruiz-Tagle sucedió a Patricio Aylwin como Presidente, el 11 de marzo de 1994, el clima fue de reconciliación. Así escribían de hecho, hacia el final de 1998, Matt Moffett y Craig Torres, del Wall Street Journal: «En los últimos años existió un acuerdo tácito entre los militares y el presidente chileno Eduardo Frei: evitar cada enfrentamiento para favorecer la reconciliación».[18]

Las relaciones entre Pinochet y sus sucesores no siempre fueron serenas, particularmente debido a las acusaciones contra los militares. Pero según lo que afirma Gonzalo Vial Correa, las relaciones entre Pinochet y Frei fueron seguramente mejores de las que existían entre Pinochet y Aylwin. [19]

En varias ocasiones existieron divergencias, siempre seguidas de una reconciliación, pero eran poca cosa si las comparamos con la pesadilla de los confusos discursos de Allende, de sus arengas con lenguaje castrista, de sus ostentosas veleidades revolucionarias, de las banderas rojas que flameaban por todas partes, de los desfiles, de los cantos, de una lucha de clases que no nacía desde abajo pero que era impuesta desde arriba por los «intelectuales» y por parte del clero servil al poder, de la ruina de la economía, de las huelgas, de las calles bloqueadas, de los negocios devastados, de los chantajes de los funcionarios de partido, de la corrupción a rienda suelta y de la ofensiva terrorista con los muertos sufridos por ambas partes.[20]

Veamos cómo, en 1996, comentando la triunfal acogida tributada a Fidel Castro con ocasión de su visita a Roma, se expresó Alberto Pasolini Zanelli: «Antes que se apaguen los aplausos romanos por Fidel Castro, es bueno recordar que el jefe de los barbudos cubanos, festejado por nosotros como una especie de líder de América Latina, no pertenece en aquel continente a la cabeza pero sí a la cola. Si verdaderamente queremos premiar a los mejores, debemos preparar otro recibimiento mucho más suntuoso a otro hombre importante en la historia latinoamericana, otro anciano con diez años más sobre sus espaldas y que tuvo el buen criterio de retirarse, mientras Castro aún se agarra del poder, causando la miseria de su patria».

Claramente Pasolini Zanelli se refería a Pinochet. Y proseguía del siguiente modo: «Chile, uno de los países más pobres de América Latina, un país con apenas 13 millones de habitantes, se ha vuelto la superpotencia financiera del continente. Es el resultado de doce años consecutivos de crecimiento económico récord, superior al 7% anual. Casi todas las estadísticas continentales ven a La Habana en el último lugar y a Santiago a la cabeza. El Chile de hoy es un país plenamente democrático y los militares que lo han conducido por más de una década se retiraron a sus cuarteles. Su número uno, Augusto Pinochet, cuando estuvo en el poder, se comportó como dictador: pero lo hizo para defender a Chile (lo ha repetido muchas veces) del peligro de tener que imitar a Cuba. El resultado ha sido el más extraordinario éxito económico que haya conocido un país de las Américas, desde el sur hasta Estados Unidos».

Y concluye Pasolini Zanelli, con una denuncia del vergonzoso comportamiento de Italia en relación con Chile y Cuba: «Pinochet no hizo nada peor que Fidel. Se ensució menos las manos de sangre y por menos tiempo, pero a diferencia de Fidel fue cubierto de oprobio por todo el mundo. El gobierno italiano congeló las relaciones diplomáticas con Santiago por todo el tiempo en que Pinochet estuvo en el poder y le aplicó el embargo que, en cambio, no quiso aplicarle a Cuba».[21]

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Casi al término de su mandato, en julio de 1989, Augusto Pinochet concedió una larga entrevista a dos periodistas chilenas: Raquel Correa y Elizabeth Subercaseaux.[22]

La entrevista no fue para nada distendida y de hecho las dos periodistas insistieron continuamente en las acusaciones habituales contra Pinochet: la falta de respeto por los derechos humanos. «Díganme una cosa», respondió Pinochet, «¿esos quince mil extranjeros que estaban en Chile, estaban haciendo juegos de adivinanzas? ¿Qué me dicen de esa gente? No me dicen nada». En relación con la inspección a los lugares de reclusión de detenidos, expresó: «Autoricé a un Ministro de la Corte Suprema para que fuera. Él visitó todo y no encontró ninguna novedad. Autoricé a Naciones Unidas, a la Cruz Roja».

A propósito de las torturas (sobre las cuales negó una responsabilidad directa), la respuesta de Pinochet fue drástica: «¿Qué le parece a usted si hay una bomba en un hospital y usted sabe que fulano de tal está informado de dónde está la bomba? Y éste le dice: No le digo nada porque yo no sé. ¿Qué hace usted? ¿Va a quedarse esperando hasta que la bomba reviente?». Le preguntan a continuación si él justifica la tortura. Responde: «En casos extremos tampoco se justifica la tortura».

Parecía evidente, a medida que transcurría la entrevista, una cierta inexperiencia del viejo militar cuando afrontaba las preguntas que un político endurecido habría superado con desenvoltura.

Casi embarazosa fue la prepotente insistencia con la cual las dos señoras intentaban hacer admitir a Pinochet (que desesperadamente intentaba esquivar la trampa) una pretendida simpatía por Adolf Hitler. O la insistencia con la cual intentaban hacerle asumir actitudes contrarias al empeño de la Iglesia Católica en favor de los pobres.

A propósito del golpe, éstas fueron las palabras de Pinochet: «A mi Gobierno lo han criticado mucho. Pero todos olvidan cómo encontró al país la Junta de Gobierno en 1973. Ese 11 de septiembre de 1973, ¿cómo estaba el país?, ya nadie se acuerda ahora de que había una crisis profunda en todas las materias, institucionales, políticas, sociales y económicas. ¿No recuerdan ustedes la Contraloría, no recuerdan al Senado, no recuerdan los Tribunales de Justicia, ni cuando los delincuentes desfilaban con esos gorros pasamontaña»? «Lean a Paul Johnson […] aquí se encontraban quince mil guerrilleros […] Patricio de la Guardia Font estuvo a cargo de esas fuerzas […] y no eran para cazar tortolitas, sino para asesinar chilenos, por ello el Gobierno empleó la fuerza como medio para imponerse».

Otra pregunta fue: ¿Cuáles eran las relaciones entre Allende y Pinochet? A lo que el general respondió: «Yo traté de estar lo menos posible en Santiago, pero de todas formas fueron unas relaciones normales. El solía llamarme a las once de la mañana, y yo venía a La Moneda. Nos paseábamos por el salón central, allí él me hablaba de la miseria y de la pobreza del pueblo. Decía que había que levantar a la gente, sacarla de ese estado, que todo el sistema comunista era tan favorable al pobre. Yo no hablaba, sólo escuchaba». Le preguntan cuándo comenzó a pensar en el golpe. Él responde: «cuando empezamos a encontrar armas ocultas. Cuando empezaron los enfrentamientos con muertes, desaparecidos, cuando se tomaron los campos, cuando se tomaron las industrias, cuando hubo muertos que ahora todos olvidan. ¿Por qué ahora los malos somos nosotros y los buenos son ellos?».

Luego se refiere a que nadie se acuerda hoy de las víctimas de los terroristas comunistas de aquellos días: las violaciones realizadas delante de familiares de las víctimas, el asesinato del teniente Lacrampette, asesinado por diversión, los fusilamientos a lo largo del río Mapocho. «¡No!, otros, pero así eran estos angelitos que ustedes pintan como santos».

En fin, sobre los excesos cometidos después del golpe: «Ya le dije: inicialmente hubo excesos. ¡También me mataron gente a mí, gente que no estaba combatiendo!».

Drásticas fueron las respuestas a propósito de los atentados a Carlos Prats, a Orlando Letelier y a Bernardo Leighton: ninguna prueba concreta, solamente discursos vagos conectados a intrigas internacionales y a intentos extranjeros de desestabilizar a Chile: «Todo el mundo está influenciado», subrayó Pinochet. «Es cuestión de pensar un poco cómo hoy todo lo sucedido es culpa nuestra y los buenos fueron atacados por los malos». Luego destaca: «El día 11 de septiembre hubo exactamente en el Ejército 318 bajas: 101 muertos, 172 heridos graves, 46 heridos leves […] Yo las quisiera ver a ustedes combatiendo. A ver si se puede evitar que el combate no sea cruento […] ¿Por qué no se trató que la batalla de Stalingrado fuera menos cruenta? ¿No creen que por ambos lados trataron de evitarlo? [… ] ¿Por qué creen que se bombardeó La Moneda? Porque aquí se estaban anidando los tipos del GAP. Cuando entraba un soldado le disparaban. Al general Palacios le hirieron en la mano. Estaban tomando posición para crear un Alcázar aquí. Por eso se lanzó un bombardeo».

«¿Qué democracia se estaba rompiendo? El señor Allende hacía lo que quería: el Senado no era respetado. La Cámara de Diputados tampoco. La Contraloría rechazaba los decretos y le mandaban decretos de insistencia. La justicia […] ¡Los trataban de viejos tales por cuales! ¿A eso lo llaman democracia?».

Y para terminar: «Ah, que soy un dictador […] Tengo mi conciencia tranquila, ya les dije […] No soy despiadado con nadie: todo lo contrario, cuando puedo ayudar a alguien lo ayudo. ¿Que soy enemigo de los comunistas? ¡Soy enemigo de los comunistas! Y de los marxistas y de los gramscistas, también. Y que el mundo está dominado por los marxistas, lo sé. Entonces, han dado la vuelta al mundo diciendo que soy un dictador, un canalla, un bandido. ¿Sabían que el día 11 de septiembre de 1973 en París ya se hablaba de los derechos humanos en Chile? ¿Cómo lo sabían ese día? ¡Campaña montada a todo bombo!».[23]

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El nuevo Presidente Aylwin asumió su cargo el 11 de marzo de 1990.

Pocos días después se dictó el decreto del 25 de abril de ese año, por expreso pedido de Patricio Aylwin, a través del cual fue instituida la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que, presidida por Raúl Rettig, tenía la misión de investigar sobre lo realizado por la Junta Militar y de verificar los casos de violaciones a los derechos humanos que eventualmente se habrían verificado a continuación del golpe de 1973.[24]

La prueba más clara de la parcialidad y la poca credibilidad de aquella comisión y de su informe final, conocido como Informe Rettig, se deduce de estos hechos: tuvieron en cuenta solamente los hechos sucedidos «después» del golpe y las culpas de una sola de las dos partes. Ninguna indicación en el Informe Rettig sobre los crímenes del terrorismo y lo que sucedió entre 1970 y 1973, o sea, en los años en los cuales Allende había creado las condiciones para la intervención militar y sobre las venganzas que después del golpe fueron consumadas por civiles y militares que habían sufrido abusos o pérdidas de seres queridos bajo el régimen de Allende.

Dos años después, en 1992, una ley especial dio vida a la Corporación de Reparación y Reconciliación, que duró hasta 1996 y que elaboró y modificó (cayendo entre tanto en los mismos errores) las conclusiones a las que había llegado la precedente comisión presidida por Rettig. Las cifras indicadas por las dos comisiones, que entre ellas eran opuestas, son bien distantes de las 4 o 5 mil víctimas que desde determinados sectores se intenta atribuir al régimen militar chileno. El informe Rettig cita de hecho el nombre de 1.151 muertos y 979 desaparecidos y la Corporación de Reparación y Reconciliación llega a 1.672 muertos y 1.102 desaparecidos.[25]

En sus memorias publicadas en el 2001, el general Manuel Contreras Sepúlveda no ahorra críticas al trabajo de la comisión presidida por Raúl Rettig. Era una comisión, afirma, políticamente condicionada y que basaba sus conclusiones casi exclusivamente en las afirmaciones provenientes de sectores del extremismo marxista.

No sorprende, agrega Contreras, que sus conclusiones hayan sido acogidas negativamente por la Corte Suprema, cuando apareció dicho informe.

Y tampoco sorprende que la comisión presidida por Raúl Rettig haya pedantemente registrado sólo los caídos marxistas entre los años 1973-1989, o sea durante el Gobierno de la Junta Militar, y al mismo tiempo no se haya tomado el trabajo de considerar a los civiles y militares asesinados entre los años 19701973, bajo la gestión de Allende.

Ninguna indicación en aquellos informes «oficiales» al hecho de que en el período 1970-1989, o sea, tanto bajo Allende como bajo Pinochet, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden sufrieron por manos marxistas 760 caídos.[26]

Estas fueron las gravísimas limitaciones del informe emitido en febrero de 1991 por la Comisión Rettig, tras un año de actividad.

El trabajo de dicha comisión fue condicionado, además de presiones políticas y falsos testimonios, también por otras limitaciones. Por ejemplo, nunca fue interrogado el general Odlanier Mena que, después de la disolución de la DINA y hasta 1980, había dirigido los nuevos servicios secretos de la CNI.[27] Y entre los más de cincuenta abogados e investigadores encargados de investigar los hechos, aquellos que simpatizaban con la Junta Militar no eran más de cuatro o cinco. También los coordinadores de los trabajos de investigación, enmascarados con la genérica denominación de «expertos en derechos humanos», no eran otra cosa que representantes de la izquierda, deseosos de vengar a los caídos de su parte, pintándolos como «inocentes» víctimas de Pinochet.

A pesar de todo esto, el Informe Rettig y el redactado por la Corporación de Reparación y Reconciliación, fuertemente atacados por quienes los definen como «verdades incompletas» y además acogidos con escepticismo por buena parte de la magistratura, son los únicos documentos oficiales sobre las auténticas o presuntas violaciones a los derechos humanos que se verificaron en Chile.[28]

CAPÍTULO XI

Nada hay tan ridículo como el espectáculo ofrecido por ciertas personas que se fingen impulsadas por afanes moralizantes.

Thomas Macaulay[1]

La venganza

El 16 de octubre de 1998, Augusto Pinochet, que en aquellos días celebraba su 83 cumpleaños, fue arrestado en Londres con una orden de captura internacional expedida el 13 de octubre de 1998 por el juez español Baltasar Garzón, definido por alguien como el «Di Pietro español».[2]

Pinochet había llegado a Londres el 21 de septiembre, por invitación de la Royal Ordenance, y había sido recibido por autoridades militares, responsables por la venta de un lote de armamento. Sin embargo, motivos de salud lo obligaron, el 9 de octubre, a someterse a una operación de hernia discal.

En la preparación del expediente, Garzón tuvo la colaboración del juez madrileño Manuel García Castellón y las generosas indicaciones de un ex colaborador de Allende, el ya citado Joan E. Garcés. Según el ex colaborador de Allende, en los días siguientes al golpe de 1973 había que atribuirle a Pinochet el asesinato de 600 ciudadanos españoles, de quienes la justicia española tenía el derecho a ocuparse.

No obstante todos los esfuerzos realizados, y también a causa del escepticismo de García Castellón, ni Garzón ni Garcés habían logrado enumerar en sus documentos, y por lo tanto en el acta de acusación, más de una docena de «víctimas españolas de Pinochet».[3]

Garzón y Garcés, movidos por sus sentimientos políticos y por su tendencia al protagonismo, no tuvieron otra solución que librarse de García Castellón y proceder solos, sirviéndose de la estructura jurídica y mediática. Se encontraron, como se verá en estas páginas, en abierto desacuerdo con el poder judicial general y en particular, dentro de dicho ámbito, con los jueces Jesús Cardenal y Eduardo Fungairiño. Pero, en cambio, tuvieron el apoyo, significativo, de la «Unión de Fiscales Progresistas».[4]

Veamos el comentario del periodista chileno Hermógenes Pérez de Arce: «Un cierto Joan E. Garcés, militante socialista español que después de haberse establecido en Santiago se transformó en un estrecho colaborador de Allende, ha construido a medida (elaborando hechos según la propia conveniencia) un montaje contra la Junta Militar chilena. Para conseguir su propia venganza, entonces, necesitaba de un juez que compartiera sus intenciones. Finalmente un día encontró a Baltasar Garzón y así, trabajando los dos juntos, dieron vida a una reconstrucción del período 1973-1990 que pretendía justificar una intervención de la justicia española, la que no correspondía».[5]

Por lo tanto, según refiere Hermógenes Pérez de Arce, la iniciativa judicial contra Pinochet no habría nacido de una búsqueda de justicia por parte de la magistratura española: habría nacido de una premisa construida a la medida para permitirle a la izquierda mundial, y en particular a Garcés, vengarse políticamente.

La formalización del proceso contra Pinochet había sido iniciado en Madrid, en junio de 1996, por iniciativa de la citada «Unión de Fiscales Progresistas» (la revista chilena de izquierda Punto Final y el diario español El País lo habían informado). Otras organizaciones que habían adherido eran la CODEPU (Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo), la FASIC (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas) y el SERPAJ (Servicio Paz y Justicia)[6].

¿Cómo se había enterado Garzón de que Pinochet estaba en Londres? Esta es una pregunta a la que ningún diario, excepto el Sunday Thelegraph Review, en un artículo firmado por Dominic Lawson, supo responder. Y la respuesta fue la siguiente: Pinochet cometió la imprudencia de conceder una entrevista en Londres al periodista estadounidense John Lee Anderson, del New Yorker, que a finales de septiembre de 1998 publicó todo en su periódico, incluida la dirección en Londres. Garzón leyó la noticia mientras aún el New Yorker estaba en los kioscos y, después de un enésimo coloquio con Garcés, pidió a las autoridades inglesas el arresto de Pinochet.[7]

El procedimiento realizado por Garzón se basaba en tres tratados internacionales: el Tratado Contra la Tortura firmado en Nueva York el 21 de octubre de 1984 y por Chile el 30 de septiembre de 1988 con reservas que limitan su aplicación.[8]

El Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles, firmado el 19 de diciembre de 1966, luego ratificado por España y por Chile solamente en febrero de 1992, con una reserva que excluía los hechos anteriores al 11 de marzo de 1990.

El Tratado sobre la No Prescribilidad de los Crímenes de Guerra y Contra la Humanidad, aprobado el 26 de noviembre de 1968 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero nunca ratificado por algunas naciones, entre las cuales están Italia y Chile.[9]

Inútil fue la protesta oficial enviada el 19 de octubre al gobierno de Su Majestad por el embajador chileno en Londres, que subrayaba que Pinochet tenía inmunidad diplomática y que había estado varias veces en Gran Bretaña sin ningún inconveniente.[10]

Fue también inútil la enérgica protesta del Presidente chileno, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, durante la conferencia iberoamericana de Oporto, en Portugal, en octubre de 1998: «Este arresto», dijo Frei, «viola la inmunidad diplomática que siempre han tenido todos los parlamentarios chilenos».[11] Y, aún más, Frei anuló su visita a Madrid y acusó a los españoles de tener «mala memoria». Hablando con la prensa puso en evidencia que la sangrienta guerra civil española y los siguientes 40 años de dictadura franquista no habían dado lugar a ningún proceso por las mismas presuntas violaciones a los derechos humanos que ahora España pretendía imputar a Chile.[12]

Pocas horas después, el subsecretario chileno de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, viajó personalmente a Madrid y a Londres, en donde pidió vanamente que el prisionero fuera liberado. Mientras tanto, en Santiago, el senador Jovino Novoa le recordaba a la prensa que «Chile ya no es más una colonia española, desde hace 188 años».[13] Y en Buenos Aires el presidente argentino Carlos Menem se alineaba de parte del Gobierno chileno declarando su «apoyo total» al pedido de inmediata liberación de Pinochet.[14]

Desde Chile, protestaron también el ex Presidente Patricio Aylwin y la ministra de Justicia, Soledad Alvear, que rechazó cualquier tipo de colaboración con la justicia española. Aún más duro fue el ministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, que le negó a la justicia española el derecho a ocuparse de Pinochet:

«Chile tiene sus leyes», escribía Insulza en un comunicado de prensa, «es una nación democrática que tiene sus tribunales y no reconoce la jurisdicción de tribunales extranjeros sobre hechos que se verificaron en su territorio».[15]

Igualmente explícitas fueron las críticas de los ex ministros ingleses Kenneth Clarke y Alan Clark, que algunos años antes habían pertenecido al gobierno de Thatcher y Major. «Es una cosa monstruosa», afirmaron, «se trata de un gesto político teatral. Pinochet no puede ser extraditado a España, en donde no cometió ningún delito y donde no ha sido ni siquiera procesado».[16]

Era inevitable, dado que Chile se acercaba a las elecciones presidenciales de 2000, que una cierta incomodidad se manifestara en los partidos chilenos de centroizquierda y de centroderecha, puesto que todos evitaban alinearse demasiado abiertamente en contra o a favor del ex jefe de la Junta Militar.[17]

El candidato de centroizquierda, el socialista Ricardo Lagos, adoptó de hecho la estrategia, que después se reveló ganadora, de desasociarse abiertamente de Allende y de su política. «El señor Lagos», escribió el Wall Street Journal, «si bien pertenece al Partido Socialista, es candidato de una coalición que incluye a los democratacristianos. Se trata de la misma coalición que dirigió a la nación desde 1990, año en que fue restaurada la democracia, pero fueron escrupulosamente y oportunamente mantenidas las líneas económicas trazadas por Pinochet y sus Chicago boys. Sin duda, Lagos no se puede llamar un socialista al estilo Allende: esto quedó más claro durante la campaña electoral, cuando Lagos aprovechó todas las ocasiones para tomar distancia de la desastrosa política social y económica de Allende».[18]

Así fue exactamente: el socialista Lagos y su partido hicieron todo lo posible para desasociarse de los errores de Allende, al punto de justificar, indirectamente, el golpe militar, que como bien sabían, había dejado un recuerdo positivo en buena parte del electorado. Casi como un estribillo, Lagos repetía en los comicios que los socialistas de Allende no solamente habían cometido errores, sino incluso eran responsables del clima de ilegalidad y de violencia que había conducido al golpe de Estado militar. «Nosotros los socialistas», repetía frecuentemente, «pusimos en aquellos días los intereses del partido delante de los del país. Apoyamos a los campesinos para que ocuparan las tierras, a los obreros para que se adueñaran de las fábricas y a los soldados para que se amotinaran».

Y el presidente del Partido Socialista, Ricardo Núñez, fue aún más explícito: «No es verdad que la burguesía, la jerarquía militar y la CIA hayan derrocado ellas solas al gobierno de Allende. Nosotros los socialistas hemos cometido errores gravísimos. Por esto no intentaremos, si ganamos, otro experimento como el de Allende: sabemos que sería un colosal fracaso».[19]

El caso Pinochet no podía dejar de interesar al Vaticano, que con una carta firmada por el Cardenal Angelo Sodano pidió, de parte del Santo Padre, que se liberara a Pinochet por motivos humanitarios (edad y precario estado de salud) y para no obstaculizar la reconciliación nacional en Chile. Además, comenzó a crecer en algunos ámbitos de la Santa Sede la justa preocupación de que se consolidara a nivel mundial el poder supranacional de jueces guiados por intereses políticos e ideológicos. Y sobre el caso Pinochet comenzaron intensos contactos reservados entre la Santa Sede y el gobierno de Londres: se tuvo confirmación oficial a través del portavoz del Vaticano, Joaquín Navarro Vals, y de la subsecretaria británica de Asuntos Exteriores, la señora Dean Symons.[20]

Hortensia Bussi, viuda de Allende, después de un descontado «no quiero venganza, quiero justicia», definió como «espléndida» la noticia del arresto.[21] También expresó su satisfacción Viviana Díaz, presidenta de la Asociación Chilena de Familiares de Desaparecidos. Protestó en cambio la derecha chilena, con una actitud que el diario italiano La Repubblica definió como «una agitación descompuesta».[22]

Protestaron las Fuerzas Armadas chilenas: el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, general Fernando Rojas Vender, después de haber definido como «ignominioso» al arresto de Pinochet, llegó a afirmar amenazadoramente que se estaban madurando circunstancias «nefastas», similares a las que habían determinado el golpe militar de 1973.[23]

Desde Estados Unidos, el Wall Street Journal ironizó sobre la justicia británica al recordar cómo evitó procesar, por tratarse de una anciana, a una espía británica de la KGB, pero no usaba las mismas consideraciones respecto del anciano Pinochet. [24]

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Cauto y preocupado, en cambio, estaba Fidel Castro, sabedor de tener tejado de vidrio: «Lo que ha sucedido», dijo, «es una injerencia universal. Es un caso serio y delicado que crea el riesgo de una situación difícil para Chile». Tenía buenas razones Castro para sentirse preocupado: justamente en aquéllos días cuatro importantes opositores a su régimen estaban por ser procesados y otros setenta eran arrestados. Todos en el mundo expresaron desprecio hacia la nueva onda de represión política ordenada por Fidel Castro. Todos naturalmente, menos el periodista de izquierda Gianni Mina: según él la culpa no era de Castro sino de los disidentes, gente corrupta y pagada por la CIA.[25]

Evidentemente (y quizás distraído por su propia actividad colateral de productor de canciones y patéticas películas sobre el Che Guevara)[26] Mina no había leído el libro Sin derechos humanos, escrito justamente en esos días por la historiadora chilena Gisela Silva Encina, en la cual se habla de este modo sobre los derechos humanos en la Cuba de Fidel Castro: «En una isla de población relativamente pequeña, 11 millones de habitantes, de 15 mil a 17 mil personas han sido fusiladas, 100 mil han estado en cárceles o campos de concentración». El responsable de las cárceles de Oriente, al sur de la isla declaraba en 1974: «los presos constituyen la principal fuerza de trabajo de la isla».

«La persecución religiosa se ha repetido como en todas partes. Los sacerdotes fueron expulsados y las iglesias y colegios religiosos cerrados. Después de la visita del Papa, en 1998, los cubanos pudieron por primera vez celebrar la Navidad, al cabo de 40 años.

»Las condiciones de las cárceles de mujeres parecen especialmente dramáticas. Se las obliga a desnudarse delante de los guardias, que las golpean y humillan. La ex delegada de Cuba ante la UNESCO, Marta Frayde, ha relatado que en su celda de seis metros por cinco habían hacinadas 42 mujeres. El agua escaseaba y se desbordaron los retretes. Hubo días en que todas vivían sobre una capa de excrementos, que bajaba hasta el piso inferior.

»Señalemos finalmente que el 20% de los cubanos ha huido del país. Muchos, al igual que en Vietnam, se lanzaban al agua en frágiles balsas, en el mar Caribe, infestado de tiburones. No sabemos cuántos de ellos murieron, porque Fidel Castro hacía lanzar desde aviones sacos con arena, para hundir las embarcaciones atestadas de gente».[27]

La siguiente es una declaración hecha al periodista Alberto Toscano por la bellísima Alina Fernández, hija natural de Fidel Castro, que huyó de Cuba y se estableció en París, donde trabaja como modelo: «En vez de Pinochet más bien hay que procesar a Fidel Castro, responsable absoluto de un régimen que se manchó con la sangre de miles y miles de víctimas. Para no mencionar los muertos que Fidel Castro provocó en el exterior, fomentando guerras y guerrillas en África y en América Latina».[28]

Y veamos lo que, a propósito de Cuba, refería en aquellos días el periodista William F. Jasper: «el carnicero del compañero Fidel Castro tiene un millón de fugitivos y decenas de miles de prisioneros que languidecen en las espantosas cárceles cubanas, con el comprobado recurso a las más sádicas y habituales torturas; 60 mil personas ahogadas en los intentos de fuga hacia Estados Unidos y poco menos de 20 mil adversarios políticos fusilados».[29]

Una interesante comparación entre Pinochet y Castro se encuentra en un artículo de Federico Guiglia, en el diario Il Giornale: «Para pedirle a Castro que responda de sus acciones, servirían los Baltasar Garzón y los pelucones de Londres en perenne cónclave, y así dar vida al único procedimiento capaz no solamente de poner en claro la verdad sobre el pasado, sino también poner fin a las persecuciones y a las violencias del presente. Es curioso que en esta situación de ilegalidad comprobada se tienda a ignorar las responsabilidades del único culpable en servicio permanente efectivo: Fidel, y se aplauda cada vez que alguno le da un terrón de azúcar, como sucedió con el reciente ablandamiento del histórico embargo estadounidense».

Y prosigue: «En el imaginario colectivo al cual nos acostumbró la cultura “políticamente correcta”, nadie sospecharía que los anticastristas acusan a Castro de tener sobre la conciencia cinco veces más malas acciones que las atribuidas a Pinochet. Y Fidel tiene en su puño a su gente más del doble de tiempo que el general chileno. Entre tanto, si se realizara una encuesta sobre cuál de los dos dictadores es el más cruel, la mayoría indicaría al anciano de 80 años de Santiago en vez (respuesta exacta) del de 70 años de La Habana».[30]

El abogado Guillermo Alonso Olano presentó, en diciembre de 1999, en Madrid, en representación de Francisco José Hernández, presidente de la Cuban American National Foundation y de millares de exiliados cubanos residentes en Florida, un pedido de arresto y condena a Fidel Castro. Esto obligó al dictador de la isla a renunciar en el último momento de ir a Seattle, en EE. UU., a la reunión de la World Trade Organization, prevista para comienzos de diciembre de 1999, pues había sabido que a raíz de los procesos iniciados por el abogado Olano, un diputado de Florida, el republicano Lincoln Díaz Balart, había enviado a todos los juzgados de Estados Unidos tres mil órdenes de arresto de Fidel Castro por asesinato de cubanos anticastristas, pedidas por cubanos residentes en Estados Unidos, hoy ciudadanos estadounidenses.[31]

Pocas semanas después, en febrero de 2000, otra denuncia contra Castro fue presentada en Chile (acusaciones: homicidio múltiple, tráfico ilícito de armas, financiamiento del terrorismo) con la finalidad de obtener el inmediato arresto del dictador cubano si éste se presentaba en Santiago el 11 de marzo de 2000, para la ceremonia en que asumiría el nuevo Presidente, Ricardo Lagos.[32]

Se atribuía a Castro, en dichos expedientes, la muerte certificada de 300 personas (entre ellos cinco ciudadanos españoles, detalle que Baltasar Garzón prefería ignorar), con la reserva de documentar el asesinato en Cuba de al menos otras 18 mil personas. «Si se procesa a Pinochet por los crímenes cometidos en el lapso de 17 años», afirmó Mariella Ferretti, portavoz de los exiliados cubanos en Florida, «con mayor razón habría que procesar a Fidel Castro por los crímenes cometidos en nada menos que cuarenta años».[33]

«Condenar los crímenes de Pinochet y olvidarse de los de Castro es una demostración de vileza espiritual», había escrito Carlos Alberto Montaner en un libro sobre Fidel Castro.[34] Pero las palabras de Montaner dejaban indiferente al soberano español, Juan Carlos, quien, mientras un juez obtenía el arresto de Pinochet en Londres, recibía y tenía un cordial coloquio con Fidel Castro.[35]

En Italia, en agosto de 2001, cuando Castro celebró su 75° cumpleaños y anunció su matrimonio con Dalia Soto del Valle, la prensa conformista de La Repubblica y el Corriere della Sera en primera fila y con Victorio Zucconi y Gianni Mina, solistas de calidad, exhibió una complicidad de sonrisas en las cuales, a diferencia de Pinochet, Castro era llamado «líder» o «presidente», pero nunca «dictador».[36]

Entre los años 2000 y 2001, con ocasión de los viajes de Castro al exterior, ningún juez europeo se tomó la molestia (y el riesgo) de ordenar su arresto, considerando el precedente del caso Pinochet en Londres. Renato Besana, en el diario Libero, escribió: «Pinochet es un monstruo, mientras Castro es un santo o casi. La izquierda siempre le tuvo un respeto obsequioso. Es un mito, si bien no un modelo. Alguien tímidamente se interroga sobre el después de Castro, pero de transición democrática no se habla, casi se la considera una maldición. Y, además, cuando todo habrá terminado, de los crímenes de Castro nadie se ocupará». Y para finalizar ironizando sobre las «conquistas sociales» del comunismo castrista, añade: «En Cuba fue nacionalizada la pobreza. Y esto traducido, por la deformadora complacencia ideológica, se convirtió en ¡color local! Drieu La Rochelle decía que lo pintoresco es la miseria vista desde lejos. Y en Cuba el desastre económico es una gloriosa conquista».[37]

De todos modos, Castro, protegido como estaba por la political correctness filomarxista del mundo occidental, no tenía que preocuparse.

Cuando algunos chilenos quizás demasiado optimistas presentaron contra Castro, ante la magistratura española, una denuncia por genocidio y tortura, la práctica fue archivada con la ridícula motivación de que «el régimen cubano no puede ser acusado de genocidio pues, pese a que en la denuncia se habla de hasta 18 mil asesinatos en relación con la pena de muerte en la isla, no existió “intención de destruir total o parcialmente un grupo” y, por ende, no hay, para efectos legales, un delito tipificable como genocidio. Asimismo, rechaza que los hechos denunciados puedan ser catalogados como delitos de torturas, ya que los apaleamientos o maltratos con electroshock descritos en la querella podrían ser considerados como “trato degradante” pero no como tortura».[38]

Siempre en España, quizás para compensar el comportamiento de Baltasar Garzón y la benevolencia de la Casa Real respecto de Castro, el primer ministro José María Aznar decidió usar cautela y declaró a la prensa que no iba a realizar ninguna gestión para solicitar la extradición de Pinochet. Y de Garzón se disoció abiertamente hasta el jefe procurador español, Eduardo Fungairiño, que presentó un recurso contra la orden de captura. Fungairiño sostenía que la justicia española no tenía ningún derecho para ocuparse de los hechos del Gobierno de una nación extranjera. Y que de todos modos en lo obrado por la Junta Militar chilena no se vislumbraban delitos de genocidio o de terrorismo como consideraba Garzón. «El terrorismo», precisó Fungairiño, «tiene como finalidad subvertir el orden internacional o constitucional y no puede, por lo tanto, ser atribuido a la obra de un Estado».[39]

Entre Garzón y Fungairiño se abrió una polémica pública, además, porque Garzón había intimado al gobierno español a no entablar negociaciones secretas con el Gobierno chileno para encontrar una solución política al caso. Fungairiño le replicó a Garzón instándole a no interferir con el poder político.[40] Pero como era fácil de prever, en defensa de Garzón se pusieron en movimiento las organizaciones del «progresismo», que siguiendo sus costumbres pasaron a la «lapidación» personal del réprobo.

Pocas horas después la «Unión de Fiscales Progresistas» declaró que «no es la primera vez que Fungairiño da una demostración antidemocrática, cosa que es absolutamente incompatible con el cargo que ocupa».[41]

La controversia concluyó de todos modos el 29 de octubre de 1998 cuando la Sala Penal de la Audiencia Nacional rechazó por unanimidad la pretensión de los fiscales. En la misma sentencia, además, quedaban en evidencia las inexactitudes y exageraciones contenidas en los documentos de Garzón, que se basaban en la cifra inexacta de «3.178 víctimas de la represión militar» que le atribuían a Pinochet (sin dar ninguna prueba), la paternidad del Plan Cóndor y que imaginaba persecuciones raciales contra los mapuches y los judíos.[42]

Una idea de la personalidad y de las ambiciones de Baltasar Garzón nos la dan sus ruidosas extroversiones. El 13 de diciembre de 2000, durante un congreso de las Naciones Unidas en la ciudad italiana de Palermo, para discutir los problemas de la gran criminalidad, Garzón propuso públicamente la creación de un «super tribunal internacional», capaz de iniciar investigaciones superando cualquier frontera y ley nacional: un primer paso hacia la globalización judicial que diera competencia planetaria a los ya extrapotentes jueces de varias naciones.[43]

Y sobre estas ambiciones, he aquí lo que el italiano Marcello Veneziani había escrito un año antes sobre Garzón: «El tiempo y el espacio no cuentan para Garzón. El va décadas hacia atrás y sobrevuela los océanos y continentes como un ángel exterminador, como el águila del Fernet». En el diario La Repubblica del día siguiente, Manuel Vázquez Montalbán publicó un panegírico, de rodillas delante del vengador del género humano, exultando al ver en él, Garzón, lo que definía como una imagen emocionante del Tribunal Universal de la Razón. Bien, aquel tribunal ya funcionó una vez: en la Revolución Francesa y en el nombre de la razón fue inventada la guillotina. El Terror nace cuando alguien pretende encarnar el Tribunal Internacional de la Razón. Son estos ventrílocuos de la diosa Justicia y producen miedo. La diferencia con los tribunales jacobinos del pasado es que aquellos al menos eran una secta revolucionaria. En cambio, el juez Garzón es una especie de Superman o Zorro y sus monstruos son hombres, posiblemente ancianos pensionados. No dictadores en el poder y en buena salud, gente con fuerza, sino dictadores desarmados, a estas alturas impotentes. Es arduo desafiar al mal cuando es capaz de herir. También los burros sirven para dar coces a los leones moribundos.[44]

Estos son los comentarios expresados por el Wall Street Journal: «Los criminales de la Plaza Tiananmen pueden viajar al exterior tranquilamente: el potencial comercial y sus arsenales misilísticos les protegen de la así llamada justicia universal». Y sigue: «El concepto de justicia universal invocado por el señor Garzón abriría las puertas al caos legal y político. Peor aún, daría rienda suelta a los individuos del tipo de Baltasar Garzón». Y concluye: «Un proceso en el exterior a Pinochet significaría que cualquier persona puede ser condenada en el extranjero incluso si, absuelto o amnistiado en el país en el cual cometió el delito, se presume existir una sutil conexión entre el delito y la nación que pide la extradición».[45]

Henry Kissinger escribió sobre el tema: «No se puede llevar la política a los tribunales, no se puede usar la ley para resolver asuntos políticos. El peligro es que a las tiranías políticas se sustituya una tiranía de los jueces. No se puede aceptar que interferencias judiciales provenientes desde el exterior sean un obstáculo para los intentos de pacificación en curso en una determinada nación. El régimen de Pinochet partió del hecho que los jefes de los partidos democráticos chilenos se habían dado cuenta que Allende era un ideólogo marxista y extremista y que su intención era la de imponer una dictadura de tipo castrista. Por este motivo, los demócratas chilenos recibieron con alivio la caída de Allende. No se entiende cómo España pueda pretender juzgar hechos sucedidos en otras naciones, cuando justamente España ha archivado y olvidado lo que sucedió durante su guerra civil: ¿Por qué el proceso de reconciliación en Chile no debería tener las mismas posibilidades de éxito que tuvo el proceso de reconciliación español?».[46]

Un comentario análogo fue escrito, el 23 de enero de 1999, por la agencia periodística Corrispondenza Romana: «¿Será que se quiere crear un tribunal mundial de competencia internacional, controlado por organizaciones no gubernativas que suministrarían a los fiscales pruebas, testimonios, abogados, presión publicitaria y hasta jueces para procesar a quién deciden enjuiciar?».

En el mismo tono se expresó un editorial del Sunday Telegraph del 18 de julio de 1999. «Cuando se pisotea la soberanía de las naciones, la justicia internacional no tiene otra base moral que la de la fuerza. Esta no es otra cosa que la expresión de las naciones dominantes, de los vencedores de las guerras y de los que poseen la fuerza militar, que se imponen a las naciones más débiles». Y añadía: «Si Pinochet, en vez de dejar espontáneamente el poder, se hubiera quedado fuertemente agarrado, como hacen muchos dictadores, hoy no sería posible procesarlo».

Volviendo a la personalidad de Garzón, así se expresó Mario Cervi en Il Giornale: «Comparados con Baltasar Garzón, los jueces italianos (incluso los más facciosos, los más llenos de manías de exhibición y de aspiraciones televisivas) son de una modestia ejemplar. Garzón, en cambio, aspira a escribir la verdadera historia del mundo, o más bien de los dos mundos, dado que se proyecta con sus iniciativas más allá de los montes y de los océanos. Los personajes como él están posesionados de una sensación de omnipotencia y están llenos de ambiciones políticas, porque se proponen metas futuras o porque se lamentan (como le sucedió a Garzón) de desilusiones pasadas».[47]

«Un juez español», escribía el Wall Street Journal en otro editorial, «ha inducido a Gran Bretaña a arrestar a Augusto Pinochet. Si esta es la regla, entonces España, justamente España, debería arrestar a Fidel Castro, que en estos días se encuentra en Madrid. Sus asesinatos y sus violaciones a los derechos humanos superan ampliamente cualquier acusación, por exagerada que sea, contra Pinochet. A esto se añade que Castro es responsable de una acción subversiva en América Latina, que fue el origen de masacres y brutalidades, además de terribles y feroces dictaduras». Y continúa: «Después de la muerte del Che Guevara y la caída del muro de Berlín la democracia volvió en América Latina. Lo que queda de los comunistas latinoamericanos es un grupo de tristes y seniles individuos con la mirada vidriosa, que viven en España y van a manifestar contra Pinochet en las calles de Londres. Por lo que se refiere a los gobiernos de izquierda que controlan casi toda Europa, se trata de gente que al no poder actuar con sus propios programas utópicos debe limitarse a consolar a sus secuaces agarrándosela con Pinochet».[48]

En otro artículo, el mismo diario realizaba una divertida comparación entre la rapidez con la que gobierno británico de izquierda había rechazado el pedido de extradición hecho por Turquía del terrorista comunista kurdo (unos 37 mil muertos en su cuenta) Abdullah Ocalan.[49]

Análogo comentario fue el de Alberto Indelicato en Il Giornale: «Quien hace la cacería a Pinochet se olvida de Honecker, que pocos años atrás murió pacíficamente en Chile, donde se había establecido, autorizado por las autoridades alemanas que habían renunciado a procesarlo por razones humanitarias, dada la edad avanzada y su estado de salud. Y Honecker tenía sobre su conciencia a cientos de muertos».[50]

Y el historiador italiano Sergio Romano escribió: «Hemos conocido a los generales, los golpes y las masacres de izquierda. Jaruzelski, en Varsovia, en 1981, Tiananmen en 1989, el Comité de los Ocho, en Moscú, en agosto de 1991. Con los vencedores de estas pruebas de fuerza hemos firmado tratados, intercambiado mensajes de amistad y hecho negocios. ¿Deberíamos quizás arrestarlos apenas se jubilen?».[51]

Muy explícito fue el artículo de Renato Cristin en Il Giornale: «Por décadas los medios de información, los intelectuales y los hombres políticos de todos los partidos, nos contaron una historia unilateral de la libertad en América Latina. Hemos visto y conocido solamente a los exiliados, los perseguidos de las dictaduras militares. Entre tanto, lo que nunca nadie nos dijo es que ésa es solamente una parte de la historia y ni siquiera la más grande o la que incluyó mayor número de personas. Nadie de hecho nos contó nunca las violencias de los movimientos de izquierda. ¿Por qué esta gravísima omisión? En algunos casos es por total mala fe, porque cualquier verdad no útil a la causa del comunismo debía ser negada. Pero en la mayoría de los casos esto sucedió porque la ceguera producida por la ideología inducía a creer que esa había sido la verdad absoluta».

Y prosigue: «El afamado golpe fue en Chile la conclusión de una auténtica guerra civil, desencadenada por la violencia con la que los grupos de izquierda, desde los inicios del Gobierno de Allende, habían expropiado los bienes de los agricultores, empresarios y profesionales, aterrorizando a sus familias. Para ser asesinados bastaba levantar sospechas de que se era contrario al régimen de la Unidad Popular. Pinochet fue requerido por la mayoría del pueblo chileno para poner fin a todo esto».[52]

Interesante, también siempre en Il Giornale, un comentario de Spadolino Spadafora: «Chile, bajo Allende, se volvió un laboratorio experimental para grupos comunistas y anárquicos: justo en la vigilia del golpe, Fidel Castro había recorrido Chile incitando al pueblo a la revolución y el país parecía listo para la introducción de un sistema castrista. El golpe de Pinochet llegó, por lo tanto, en un contexto dramático. Y la reacción fue despiadada, justificada por aquel laboratorio revolucionario. Poco a poco el régimen militar se fue consolidando (también por la dureza de la reacción) y puso al país en la vía del desarrollo económico».

Y añade: «De todos modos, Chile reconquistó su soberanía democrática: en las elecciones de 1990 y 1994 socialistas y democratacristianos obtuvieron la mayoría y en la presidencia estuvo primero Patricio Aylwin y después Eduardo Frei, hijo, ambos democratacristianos. El proceso democrático se realizó sin convulsiones y el país se encontró reconciliado en un contexto en el cual el viejo dictador quiso mantener su presencia, antes como jefe del Ejército y después como senador vitalicio. Lo que importa es que la reconciliación haya llegado sin un ulterior derramamiento de sangre. En este punto interfieren las acciones del juez español Garzón y el comportamiento de Gran Bretaña. Resultado: el pueblo chileno se quebranta, el Gobierno chileno se encuentra obligado a tomar la defensa de Pinochet en nombre de la soberanía nacional y el Presidente Frei es obligado a enfriar las relaciones con Londres y Madrid. Todo esto por la iniciativa aislada de un juez español: el típico Garzón».[53]

Increíble fue en Italia el comentario de Gianni Mina en L’Unitá. Después de haber definido a Pinochet como «un tirano» y un «feroz dictador», admitía sin ponerse rojo de vergüenza que el mismo había «perdido un referéndum» y que entonces habían «vuelto las fuerzas políticas al juego democrático». No le pasaba ni siquiera por la cabeza, a Mina, que entre ser «tirano, feroz dictador» y el someterse a un referéndum (y al ser derrotado, abandonar el poder) existe una tremenda contradicción.

Difícil de interpretar, en el Corriere della Sera, un desordenado artículo de Luis Sepúlveda, en el cual la única cosa interesante es lo que le sucedió a él, cuando se enteró del arresto de Pinochet por la radio mientas estaba en la autopista: frenó tan bruscamente que casi provocó un accidente.[54]

Un comentario más serio llegó desde Santiago, firmado por Carlos Patricio del Campo Santa Cruz, que con ocasión de los 90 años del nacimiento del dirigente católico Plinio Correa de Oliveira y en el ámbito de una conmemoración pública, desmentía los supuestos sobre los cuales se basaban las acusaciones de la izquierda marxista contra Pinochet: «Las personas que son descritas como víctimas inocentes del Gobierno Militar de Pinochet, muchas de las cuales habían llegado desde el extranjero, en realidad pertenecían a brigadas internacionales especializadas en terrorismo, en guerrilla y desestabilización. Actuaban fuera de la ley y contra la ley y su finalidad era la de hacer precipitar a la nación en una guerra civil y así dar vida a una tiranía comunista. Era previsible, por lo tanto, que algunos de dichos individuos fueran víctimas de la violencia que ellos mismos habían generado».[55]

Los hechos de aquellos años fueron descritos en un libro del escritor chileno Miguel de Nantes. He aquí un resumen de sus comentarios: cuando las Fuerzas Armadas dijeron basta, sucedieron cosas ridículas y carnavalescas. Algunos de aquellos señores se precipitaron a las embajadas, otros huyeron al exterior cruzando Los Andes, otros se vistieron con ropas de mujer, otros cambiaron de identidad, otros se hicieron proteger por la iglesia promarxista y uno de sus jefes, el comunista Corvalán, se escondió debajo de una cama, de la que fue sacado a punta de bayoneta. Es verdad que en los primeros momentos Pinochet fue obligado a actuar con severidad, cosa que se justificaba por el estado de descomposición y de anarquía que reinaba: sin el restablecimiento del orden, nadie habría sido capaz de levantar la nación.

Por lo demás, justamente ellos, los marxistas, no conocen otro sistema que no sea el de la fuerza. Y de hecho, ¿cuántos militares y policías chilenos fueron asesinados por ellos? Hubo caídos en ambas partes y los militares tuvieron que introducir el estado de guerra interior, especialmente en las grandes ciudades. Sobre la base de las normas de guerra interior, cualquier persona que se encontrare en posesión de armas podía ser ejecutado en el sitio.

Después de quince años, improvisadamente algunos cerebros mágicos se acordaron de los desaparecidos y en esto se sintieron reconfortados con el Informe Rettig, escrito por adversarios a Pinochet. No vengan ahora a llorar estos por sus desaparecidos, cuyo número aumenta en sus discursos día tras día. Porque fueron justamente ellos, los marxistas, quienes iniciaron los asesinatos y los saqueos de la propiedad privada y pública, con trágicas consecuencias de muertos y heridos. Algunas de las personas que figuran en las listas de los desaparecidos no fueron arrestadas: no obstante esto, desaparecieron. ¿Dónde están? ¿Bajo qué nombre viven? Sus familiares, esos que protestan, seguramente saben muchas cosas.[56]

A continuación, veamos el comentario del periodista estadounidense William F. Jasper: «Sin duda, después del golpe militar de 1973 existieron casos de asesinatos y torturas y algunas personas desaparecieron. Estas cosas, sin embargo, habían comenzado con Allende. Era una guerra civil que siguió casi con las mismas modalidades, después del golpe. Solamente en 1984, para dar un ejemplo, los terroristas comunistas realizaron 735 atentados dinamiteros, cuya responsabilidad es atribuida a organizaciones financiadas y adiestradas en Cuba, Nicaragua, Libia, Alemania del Este y la Unión Soviética».[57]

«Y por lo que se refiere a los desaparecidos», sigue Jasper, «es necesario decir que, tras los choques armados con el Ejército y con las fuerzas policiales, sobre el terreno quedaban, además de los militares caídos, también muchos guerrilleros cuya identidad era ignorada. Eran dejados en el lugar, a la espera de que algún familiar los reconociera, pero cuando esto no sucedía, eran enterrados, como N. N., en fosas comunes: esta es la verdad sobre varios desaparecidos».

Y añade: «Además del atentado contra el mismo Pinochet que le costó la vida a cinco hombres de su escolta y en el que fueron heridos otros once, fueron innumerables los militares asesinados por los comunistas: ¿cómo todo esto no iba a generar resentimientos en los compañeros y en los familiares de las víctimas? En las guerras civiles de este tipo es inevitable que se den casos de venganzas y represalias también ilegales. Es innegable, por lo tanto, que existieron ciudadanos, militares o policías que, para vengar la muerte o las torturas sufridas por un conjunto de personas o por un amigo, actuaron de manera ilegal».[58]

Otro matiz de esta situación se puede apreciar, el 10 de junio de 2000, en una entrevista del diario El Mercurio a la ex jueza Raquel Camposano Etchegaray, pocos días después de jubilarse, a la edad de 75 años. Refiriéndose al gobierno de la Unidad Popular, expresó: «Porque resulta que en Chile hubo un enfrentamiento en 1973, donde había miles de extranjeros armados hasta los dientes, había poblaciones armadas… Es decir, hubo tal cantidad de cosas que no me vengan a hablar de derechos humanos; estos derechos eran para las dos partes. Mire lo que me contó un oficial de Carabineros que era totalmente adicto a Allende. Era partidario de la UP. Cuenta que después del 11 va con su gente a una población, llegan y encuentran un carabinero colgado, vejado, desnudo. Y dice este oficial: “Perdí mi rango porque a mi gente simplemente no pude contenerla, ni mandarla ni nada. Se pusieron a disparar y mataron a todo lo que encontraron”. Estamos hablando del año 1973, después del 11. Ahí murió un montón de gente. Usted me dice: “pobres esos de los derechos humanos. ¿Pero qué siente un carabinero cuando ve a un colega suyo colgado, vejado? De eso no se dice nada”».

En otra entrevista sostuvo: «A Pinochet se le califica de dictador y se le compara hasta con Hitler. Usted sabe que Chile nunca fue un Estado policial. Uno opinaba lo que quería. Y Pinochet, este dictador tan espantoso y tan terrible, deja el cargo voluntariamente».[59]

No todo es claro sobre lo que sucedió en Chile antes y después del golpe militar de 1973. Como referimos en el capítulo XIII de este libro, en marzo de 2000, en Concepción, fue descubierta una fosa común que contenía cuerpos que, según el ministro del Interior del Gobierno socialista, «podían pertenecer a personas muertas durante el toque de queda y cuyos cuerpos por miedo no habían sido reclamados por las familias». Análogas dudas fueron expresadas por la antropóloga Isabel Reveco, experta en la identificación de cadáveres del Servicio Médico Legal de Santiago: «Hemos descubierto cuatro fosas y hemos recuperado 55 cadáveres, pero ninguno corresponde a desaparecidos. Entre 1968 y 1980 fueron traídos a este cementerio 855 cuerpos, casi todos pertenecientes a personas sin familiares, fallecidos en los hospitales y sin que se conocieran sus datos personales».[60]

Y a propósito de la desaparición de personas que huyeron bajo nombre falso, así lo expresa en sus memorias el general Manuel Contreras Sepúlveda: «En todas las guerras hay muertos, heridos y desaparecidos. Pero ciertos detenidos-desaparecidos, como los marxistas los definen, eran personas que espontáneamente habían decidido desaparecer de circulación».[61]

Muy clara fue la senadora chilena Evelyn Matthei, hija del general Fernando Matthei, ex miembro de la Junta Militar chilena: «En 1936, en España, la lucha contra los comunistas causó la guerra civil. Un millón de personas murieron y España tuvo que esperar 36 años para la transición democrática. Y bien, Allende sistemáticamente había violado la Constitución y estaba preparando una guerra civil que según sus mismos cálculos le habría costado a Chile un millón de muertos. ¿Tenía Chile el derecho de defenderse del comunismo como lo había hecho España? Mi respuesta es sí, absolutamente».

Y prosigue: «La batalla por la libertad se dio en todo el mundo. En 1959 comenzó la pesadilla cubana: Nicaragua, El Salvador, Granada, fueron campos de batalla para ideologías opuestas, como Corea, Vietnam. Como lo fue Camboya, Laos, Mozambique, Etiopía, Yemén de Sur, Afganistán. Y como Perú, martirizado por los terroristas de Sendero Luminoso. En aquel choque millones y millones de personas en todo el mundo perdieron la vida. En Chile fueron 2.200 personas, tomando en cuenta los caídos de ambos lados. Por esta razón no es aceptable que los eventos de nuestro país sean juzgados, como si la guerra fría no hubiera existido. ¿Cómo es posible que la opinión pública mundial se preocupe tanto de los marxistas que mueren y no de los que asesinan? Les pregunto: ¿Cuánto duraría la paz en el Cercano Oriente si Arafat y Peres fueran arrestados por algún juez irresponsable por muertes sucedidas en esa área?».[62]

Una idea sobre quiénes eran las «inocentes víctimas españolas (y europeas)» de la represión militar en Chile fue dada por el Wall Street Journal: «El sacerdote español Antonio Llido tenía una fuerte conciencia social. En su ciudad natal de Alicante se encontró en total desacuerdo con las autoridades eclesiásticas. Y por ese motivo el obispo lo transfirió a un hospital militar. Después, en 1968, Llido decidió ir a Sudamérica. En 1969, en Chile, en la pequeña ciudad de Quillota, cercana a Valparaíso, se transformó en simpatizante activo del movimiento revolucionario de extrema izquierda MIR. Cuando Allende fue depuesto por los militares en 1973, Llido no escondió su rabia. El obispo de Valparaíso le ordenó que regresara enseguida a España, pero Llido no obedeció. Dijo que no podía permanecer indiferente y desapareció en la clandestinidad. En 1974 fue arrestado y no se supo nada más de él».[63]

Y bien, una demostración de la arbitrariedad de quienes en Madrid querían procesar a Pinochet la encontramos en la descripción que el Senado español, el 29 de diciembre de 1982, a través de una comisión de investigación, hizo de la actividad de citado sacerdote Antonio Llido: «Se trataba de una persona que ejercía una actividad lícita, que vivía en un domicilio conocido y con su documentación en regla, que no portaba armas y que no oponía resistencia a las autoridades».[64]

Análoga, siempre en el Wall Street Journal, es la historia de Michelle Marguerite Peña Herreros, estudiante española activamente comprometida con la clandestinidad socialista durante la dictadura de Pinochet. «Según noticias conocidas a través de las organizaciones de solidaridad, relacionadas con la Iglesia Católica», escribía el Wall Street Journal, «Peña Herreros participaba en varias actividades clandestinas, en el ámbito de las cuales su tarea principal era la de fabricar falsos documentos de identidad. Fue arrestada en su casa, donde tenía todo el equipo clandestino, en junio de 1975». Pues bien, según los acusadores de Pinochet, la señora Peña Herreros era solamente una inocente «estudiante de ingeniería, dirigente de la Juventud Socialista».[65]

***

Es superfluo añadir que, como siempre sucede en las manipulaciones históricas, el número de 180 mil arrestos (cifra indicada por Amnistía Internacional) y 3 mil víctimas de la represión militar en Chile es exagerado.

De hecho, según fuentes seguramente no favorables a Pinochet (informe redactado en 1974 por la Comisión Internacional de Juristas, apoyado por el Consejo Mundial de Iglesias y el Informe Rettig, escrito en 1991), las personas arrestadas no habrían sido más de 60 mil, casi todas liberadas inmediatamente, y de 2.279 personas asesinadas o desaparecidas, número que incluye 254 civiles y 82 militares asesinados por los terroristas o seguidores de Allende.[66]

Según Pinochet, en tanto, los caídos militares fueron mucho más numerosos.[67] Y así, en una imparable y confusa sucesión de cifras y datos que se contradicen entre sí, en la edición italiana del ya citado libro de Patricia Verdugo, el número de muertos y desaparecidos lamentados por la izquierda chilena es de 3.197 (en la página 129). La misma cuenta de 2.095, más 1.102 en un artículo de Sara Gandolfi en el Corriere della Sera del 3 de marzo de 2000, para subir a 3.500 en una artículo de Carlos Pizzati en La Repubblica, del 3 de marzo de 2000.

Y se detiene en 3.000 en un artículo de Guido Rampoldi, también en La Repubblica, del 4 de marzo de 2000.[68] El juez español Baltasar Garzón, en su acta de acusación enviada a Londres, los supera elegantemente a todos y habla taxativamente de 5 mil personas.

Según el periodista Hermógenes Pérez de Arce, los muertos en los 17 años del régimen militar fueron 1.261 y todos ellos no habían acatado la orden impartida el 11 de septiembre de 1973, de entregar las armas y abstenerse de actos de agresión.[69]

No solamente los guerrilleros terroristas no habían entregado las armas sino que combatían con agresividad y con instrumentos tales como para estar a la par y en muchos casos para superar a las fuerzas policiales y del Ejército. A continuación veamos el contenido de un informe secreto de los terroristas del MIR, después de un choque armado con las fuerzas de la policía que se verificó el 5 de octubre de 1974: «Debemos informar, con indignación y dolor, que Humberto Sotomayor abandonó el combate desde los primeros momentos, en una increíble acción de cobardía y traición. Miguel Enríquez, quien inició el fuego y enfrentó heroicamente a las fuerzas represivas, fue herido gravemente en el rostro en la primera etapa del combate. Estas heridas le provocaron la pérdida del conocimiento, pero después pudo recuperarse y seguir combatiendo. Ya moribundo, intentó romper el cerco, pero, ya muy débil para lograrlo, cayó disparando su fusil bajo el fuego de los esbirros de la dictadura. La camarada Carmen Castillo también fue herida en los comienzos del combate. El camarada Bordaz, luego de haber resistido junto a Miguel Enríquez, logró romper el cerco. La prensa de la dictadura ha ocultado que las fuerzas represivas sufrieron más de diez bajas entre muertos y heridos».[70]

En 17 años, citando a Pérez de Arce, habrían muerto 1.261 personas, en buena parte llegadas desde el exterior con la misión precisa de dar origen a una guerra civil. Se impone la comparación con las, al menos, 30 mil personas muertas en Italia al término de la guerra, que fueron ejecutadas por los llamados partisanos antifascistas, sin que hubiera ninguna necesidad. También debemos compararlas con las decenas de millares de italianos asesinados ferozmente, solamente por el hecho de que eran italianos, por parte de los comunistas yugoslavos. Y la comparación con las decenas de millares de personas asesinadas o encarceladas en la Cuba de Fidel Castro, gracias, en muchos casos, a la activa obra de Ernesto Che Guevara. Para no hablar de las feroces represiones ordenadas por las tiranías africanas, chinas o vietnamitas, nordcoreanas o soviéticas, todas reverenciadas y respetuosamente recibidas en las capitales occidentales.[71]

***

Veamos lo que declaró el conservador inglés Robin Birley sobre el arresto de Pinochet en Londres, al ser entrevistado por los periodistas Adam Helliker, Emily Bearn y Jacqui Thornton: «Este arresto es una emboscada, un acto de hipocresía y un abuso con respecto a los deberes de hospitalidad. Además, Pinochet había venido varias veces a nuestro país sin ningún problema, año tras año. Y no hay que olvidarse de que hizo mucho por su país».[72]

El hijo del general, Augusto Pinochet Hiriart, atribuía el arresto de su padre a una conspiración de la izquierda internacional. Lo mismo opinaba su esposa, Lucía Hiriart, en una entrevista al Daily Mirror, donde ponía en evidencia las precarias condiciones de salud del ex Presidente. La protesta oficial del Presidente chileno, Eduardo Frei, fue irritada y reafirmaba las declaraciones realizadas y enviadas a Londres por el ministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza (que a su vez había protestado desde Santiago), para que presentase al gobierno británico una nota oficial. «Sostenemos con convicción», dijo Frei, «la causa del derecho a inmunidad por parte del senador Pinochet y mantendremos esta posición también en el futuro».

En los días siguientes la indignación chilena creció hasta llevar al retiro del embajador «para consultas».[73]

Incluso Hernán Hochschild, presidente de la poderosa Sociedad Nacional de Minería, manifestó en Santiago su indignación: «Esta decisión es una afrenta a la soberanía de Chile y no tiene en cuenta las masacres mucho mayores realizadas en este siglo por algunas naciones europeas».

Muy distinto fue el tenor de las declaraciones de la líder comunista chilena Gladys Marín, que anunciaba el «triunfo de los derechos humanos».[74]

Iniciaba de este modo el tira y afloja de carácter político-judicial, que se arrastraría por meses y que no contribuyó seguramente al honor de la justicia británica y del gobierno laborista de Tony Blair.

«Blair y el primer ministro español Aznar han hablado», escribió el periodista Alberto Pasolini Zanelli, «y se han puesto de acuerdo en que la cosa está en manos de los jueces y que no se trata de un caso político. Pero la realidad es que Aznar tiene miedo de decidir como querría, para no chocar con el partido de los jueces, que también en España es aguerrido e irritable y apoyado por la crema de los medios de comunicación, mientras Blair se siente incómodo desde que se descubrió que su gobierno sabía de la visita de Pinochet para negociar la compra de abastecimientos militares».[75]

A propósito de la hipótesis de liberar a Pinochet y permitirle regresar a su patria, veamos en síntesis el estilo señorial con que se expresaba el escritor italiano Antonio Tabucchi en el Corriere della Sera que, inexplicablemente, aceptó publicar un artículo de este tipo: «En el caso del general Pinochet, el problema de un juicio ante un tribunal está determinado principalmente por su cuerpo físico, constituido éste como el de todos los comunes mortales, de órganos como el hígado, el bazo, los riñones, la próstata, el sistema cardiovascular, etc. Es posible que dichos órganos no resistan una extradición a España porque al estar dañados por los años, podrían definitivamente arruinarse con el transporte. […] ¿Qué hacer por lo tanto del conglomerado de estas ancianas células humanas? […] Puesto que Estados Unidos paga millones de dólares por reliquias de nuestro pasado próximo, el general Pinochet debería ser rematado en América. Y mientras tanto podríamos estar seguros de que una gran compañía aérea estadounidense lo trasladaría en un avión impecable y sin duda lo aseguraría por su precio real. Y así el cuerpo de Pinochet en caso de accidente, no se perdería gratuitamente en la tierra sino que se convertiría en dinero útil».[76]

La cacería de Pinochet, que además no comportaba ningún riesgo, no podía sino entusiasmar a gobiernos y jueces deseosos de ponerse en vitrina. Además de España, iniciaron pedidos penales Francia, Bélgica, Suiza, Alemania, Italia, Luxemburgo, Noruega y Suecia.[77] Se trataba, como se ve, de naciones que lamentaban entre las víctimas de la represión militar la presencia de algunos de sus ciudadanos: gente, pero esto nadie lo decía, que había ido a Chile a formar parte de grupos terroristas organizados y gestionados por los servicios secretos cubanos. Otras acusaciones contra Pinochet eran hechas por ciudadanos chilenos que huyeron después del golpe y que se habían establecido en países europeos, en donde, en muchos casos, se habían dedicado a actividades ilícitas o criminales.[78]

Típico fue el caso, y es útil para evaluar las acusaciones contra Pinochet, de Silvano Girotto, alias «Fray Metralla», ex bandido, ex cura, ex guerrillero y miembro después de las Brigadas Rojas italianas, que se lamentaba de haber sido herido en Santiago por los militares golpistas. Dijo haber visto «asesinar» a diversas personas, entre ellas a un italiano no identificado. Inútil es preguntarse si puede ser creíble semejante individuo.[79]

Inaudito fue el caso de Sergio Buschmann, definido por su amigo Luis Sepúlveda como «actor, pero también guerrillero del Frente Manuel Rodríguez». Había participado, dice Sepúlveda, en el atentado de 1986 contra Pinochet. Arrestado, había logrado evadirse y exiliarse.[80]

Hay que recordar que Buschmann había sido detenido por las autoridades militares en dos ocasiones, una vez en 1973 y la segunda en 1975, para ser liberado, las dos veces, por el «tiránico» Pinochet.

En una enésima historia, Sepúlveda regalaba al mundo la inigualable fábula de una «espía amorosa» que, «moviendo sus fichas», había logrado el arresto de Pinochet, «títere puesto en el gobierno chileno por Estados Unidos» y […] ¡había impedido a Margaret Thatcher lograr que se evadiera! Conclusión: «Debemos mucho a nuestra espía. Una enorme alegría envuelta en papel de regalo para dar un nuevo significado a la Navidad».[81]

Más seria fue la intervención del diputado chileno Juan Antonio Coloma, portavoz de una delegación parlamentaria que fue a Londres, quien entrevistado por la BBC aseguró: «En Chile, a diferencia de otros países, hemos logrado pasar a la democracia en forma pacífica. Pero ahora una piedra ha sido arrojada entre los engranajes de nuestro mecanismo. A causa de estas interferencias no solamente se está atravesando el peor momento de las relaciones entre Chile y Gran Bretaña, sino que se está poniendo en duda el principio de la soberanía nacional. Es una cuestión política: los miembros del equipo de Garzón son conocidos como representantes socialistas y España mantiene buenas relaciones con Fidel Castro».[82]

En Polonia, en la ciudad de Katowice, la Liga Republicana comenzaba una manifestación, un sit-in frente al consulado británico, y enviaba a la Cámara de los Lores, en Londres, con la firma de su presidente, Przemyslaw Miskiewicz, un mensaje en el cual, entre otras cosas, se decía: «Los méritos del general Pinochet (desarrollo económico, puestos de trabajo, voluntario abandono del poder) fueron ampliamente reconocidos. Sin duda, el costo del salvataje político de Chile fue elevado y esto es admitido por el mismo general Pinochet. De todos modos, es necesario tener presente que el conflicto chileno era parte de una guerra global que el mundo libre mantenía contra el comunismo y que no fue seguramente el general Pinochet quien estableció las reglas de ese terrible conflicto. Chile, gracias al general Pinochet evitó la suerte de Cuba y Nicaragua, a las que el régimen marxista hizo precipitar en el caos y en el crimen. El caso Pinochet asume dimensiones supranacionales, desde el momento que el golpe militar de Santiago demostró al mundo que la triunfal marcha del comunismo podía ser detenida. Nadie mejor que nosotros, ciudadanos de una nación que sufrió la dictadura comunista, puede evaluar la importancia de aquellos hechos».[83]

En Londres, el periodista Robin Harris publicó en el Observer y en el Guardian un comentario en el cual se leía, entre otras cosas: «¿Quién habría soñado exponerse al extremo de defender a un hombre viejo y enfermo acusado de haber maltratado los idealizados héroes de la izquierda? Solamente las así llamadas víctimas son escuchadas, mientras ninguna atención recibe la opinión y la experiencia del pueblo chileno. Los mismos políticos y periodistas que sostienen que Pinochet debería ser puesto en libertad no dejan de insertar en sus discursos palabras críticas y de desprecio hacia el ex general. Mientras Pinochet es definido, en el mejor de los casos, como ex dictador, el plurihomicida Fidel Castro, los genocidas gerontocráticos chinos y los corruptos tiranos de muchas naciones africanas son calificados con los respetuosos términos de primer ministro, presidente, líder, etc.».

Y prosigue, a propósito del golpe de Estado en Chile: «La triste realidad de lutos y violencia es el costo inevitable que hay que pagar cuando una sociedad ha sido desarticulada por una guerra civil, especialmente si en el país ya habían sido distribuidas grandes cantidades de armas. Un ejemplo de esto se ha visto en la ex Yugoslavia y en Albania. Existieron en Chile errores y abusos. Pero al final, el resultado fue sin lugar a dudas positivo para el país, para América Latina y para todo el mundo».[84]

En el mismo tono escribió el periódico sudafricano Impact: «Pinochet y la clase militar chilena están desde hace tiempo en la mira de la izquierda mundial. Como siempre sucede con los regímenes autoritarios de derecha (pero no con los de izquierda) se han multiplicado leyendas y verdades a propósito de brutalidades, torturas y asesinatos. Y debido a que las pruebas de estos hechos fácilmente se pueden fabricar, gracias a los modernos medios de información, la verdad quizás no será nunca comprobada. Aceptando, entonces, el hecho que Pinochet no usó guantes de seda con sus adversarios, no podemos olvidarnos que la violencia política es cosa normal en los países latinoamericanos: hecho éste que no permite juzgar a Pinochet con más severidad que a los otros. Porque, a diferencia de otros, Pinochet levantó a su país del colapso, restableció el orden, eliminó la corrupción y saneó la economía».[85]

Y así comentó varias veces el citado periodista y ex diputado chileno Hermógenes Pérez de Arce: «Después de un previsto período de transición y de haber demostrado al mundo entero el fracaso que había sido la política social comunista, la Junta Militar de Pinochet devolvió a Chile la democracia. Fue un éxito, pero la izquierda mundial nunca podrá perdonarle el éxito a Pinochet».[86]

Que la acción de los laboristas ingleses, como la de la izquierda española y chilena, era una venganza política contra Pinochet, está demostrado por el hecho de que, desde hacía tiempo, la embajada británica en Madrid y el mismo gobierno laborista de Londres conocían todo lo que se preparaba, pero se habían cuidado bien de no informar a la diplomacia chilena. Escandalosos detalles salieron a la luz, gracias al Wall Street Journal: «Debido a que el pedido de arresto y de extradición inicialmente enviado por Garzón era incompleto y nulo», escribía el diario de Nueva York, «los magistrados de Londres, del Crown Prosecution Service mandaron a Madrid, con gran apuro, a dos funcionarios que remplazaron a los poco prolijos jueces españoles, para preparar un nuevo pedido que después fue oficialmente despachado a Londres». Y continúa: «Ante tanta ineficiencia por parte de los magistrados españoles, no es difícil imaginarse cuál pueda ser la seriedad de las acusaciones lanzadas contra Pinochet».[87]

Confirmando la mala fe de quienes en Madrid o en Londres dieron vida a dicha iniciativa judicial, hay que agregar un comentario del periodista australiano Gerard Jackson: «No puede haber dudas de que el gobierno británico de Tony Blair haya conspirado para inducir a Pinochet a traspasar las fronteras británicas, para poderlo arrestar, aunque tuviera inmunidad diplomática».[88]

Según el semanario The Spotlight, que se publica en Washington, Pinochet era perseguido no solamente porque era odiado por la izquierda, sino también por ser representante de ese nacionalismo que los autores del así llamado «nuevo orden mundial», o sea, de la globalización, quieren desmantelar para favorecer los intereses de la alta finanza mundial. Y quizás no se equivocó The Spotlight: no fue casual que, en aquellos días, entre fines de 1999 e inicios de 2000, se desencadenara en el mundo un artificial linchamiento moral de otro representante del nacionalismo tradicionalista, el austríaco Joerg Haider.[89]

Y prosigue el semanario The Spotlight: «Menachem Begin, primer ministro de Israel desde 1977 a 1983, organizó y realizó, en su juventud, el atentado terrorista contra el hotel King David, que era la sede de un hospital británico en Jerusalén. El saldo fue de 91 muertos, todos ingleses. Posteriormente Begin reivindicó, con orgullo, la paternidad del hecho. Y bien, cuando visitó naciones europeas y americanas con las cuales Gran Bretaña tenía tratados de extradición, no hubo ningún intento para procesarlo. Begin murió en 1992 sin haber sufrido nunca ningún proceso».[90]

Un equilibrado artículo de Aldo Rizzo en La Stampa decía: «Si se quisiera ser verdaderamente rigurosos y coherentes, ¿cuánta gente importante habría que arrestar, aprovechando sus muchos viajes a Occidente? Por ejemplo, Li Peng, nueve años después de la masacre de Tianammen. O al mismo Fidel Castro, después de cuarenta años de poder represivo en Cuba. Y habría otros casos clamorosos».[91]

En la misma línea se expresaba el Wall Street Journal en un editorial en el que se preguntaba si un eventual proceso en España o en Gran Bretaña a Augusto Pinochet no abriría los caminos a análogos procedimientos de extradición a Margaret Thatcher por la muerte de marineros argentinos durante la guerra de las islas Falkland o Malvinas, o a Mijail Gorbachov por la represión y los asesinatos en Lituania.[92]

Desconcertante, en cambio, es un artículo de Maurizio Chierici en el Corriere della Sera: con un título que anunciaba la existencia de «tesoros secretos del ex dictador», en relación con los cuales, agregaba triunfalmente, Pinochet había sido «desenmascarado», Chierici regalaba a sus lectores una palabrería que no demostraba absolutamente nada. Se preguntaba, el autor, en tono perplejo: «¿Qué puede haber pasado?». Y después: «Nadie tiene ganas de pedírselo. Durante 17 años Pinochet tuvo las manos libres. Mediación, porcentajes, premios de producción hacen parte de un secreto militar que las sospechas alargan a los secretos bancarios sepultados en Europa. Hipótesis difícil de demostrar». Hasta aquí, prácticamente nada. Pero el título, la cosa que muchas personas solamente leen de los periódicos, era taxativo: «Tesoros secretos».[93]

Se manifestaban, mientras tanto, las primeras repercusiones de tipo comercial en las relaciones entre España y Chile. A fines de 1999 era oficial el rechazo de la Empresa Nacional de Electricidad chilena al acuerdo que habría entregado a la española Endesa el control de la mayor empresa nacional de electricidad. El presidente de Endesa, Rodolfo Martin Villa, durante una conferencia de prensa en Madrid, no dudó en afirmar, en un tono que manifestaba duras críticas respecto al magistrado Baltasar Garzón, que la cuestión Pinochet estaba en la raíz de la crisis entre las dos empresas.[94]

Y mientras tanto en Santiago, casi para demostrar al mundo que si fuera enviado a su patria Pinochet sería de todos modos procesado, la magistratura (con un acta firmada el 8 de junio de 1999) abría el proceso contra cinco militares, acusándolos de haber sido parte, inmediatamente después del golpe de 1973, de la llamada «caravana de la muerte» comandada en 1973 por el general Sergio Arellano Stark. Junto con Arellano eran procesados el capitán Armando Fernández Larios (que como ya se ha dicho había encontrado asilo en Estados Unidos) y los coroneles Sergio Arredondo, Marcelo Morén Brito y Pedro Espinoza. La reacción de Sergio Arellano Stark fue de un absoluto rechazo de su responsabilidad y lo confirmó en el 2001, absolviendo de hecho también a Pinochet, con ocasión de una ceremonia oficial en la cual el mismo Arellano participó, en presencia del Comandante en Jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta: «No recibí nunca órdenes de proceder a asesinar y si las hubiera recibido no las hubiera obedecido».[95]

Se elevaba además la voz de protesta de las Fuerzas Armadas, que a través de una declaración del general Ricardo Izurieta, sostenían que si se procesaba a los responsables de la represión, era necesario procesar incluso a quienes habían hecho necesario el golpe y la consiguiente represión: en otras palabras a los partidarios de Allende entre 1970 y 1973 y a los jefes del terrorismo de los años precedentes y siguientes a 1973.[96]

Poco después los Presidentes de Argentina, Carlos Menem, y de Chile, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, anunciaban que, como protesta por lo que definían de «nuevo colonialismo español», no participarían en la cumbre latinoamericana en Cuba.[97]

Puntualmente, el ampulosísimo Luis Sepúlveda daba en el diario italiano La Repubblica una confirmación concreta de su nivel intelectual con un artículo en el cual, después de haber entretenido a los lectores con comentarios sobre los grupos musicales City Ramblers y Psycore, definía como «bellaquería» los argumentos de quienes querían el regreso de Pinochet a Chile, «canallescos» los de los abogados defensores de Pinochet, «incomprensibles» los de Felipe González, «histéricos» los de Margaret Thatcher, «cobardes» los del Gobierno chileno. De perfecto, de sabio y de honesto, en fin, quedaba solamente él, Luis Sepúlveda, fidelísimo de Allende y además «intelectual» en servicio permanente y efectivo.[98]

Casi para responder a Sepúlveda, con mucha simplicidad le escribía a Il Giornale un trabajador italiano (nada de «intelectual») residente en Chile: «Soy un chileno de 70 años de edad. Siempre tuve deseos de ir a Italia, pero vivo sólo con una holgura limitada. Leo su diario que me trae noticias de todo el mundo. Así conozco lo que piensan los demás países sobre Chile. La prensa italiana, los gobernantes y los sindicatos criticaron a Chile en el tiempo de Pinochet: no quiero hacer ningún comentario, solamente le digo que Chile hoy es la mejor nación de toda Sudamérica, gracias a Pinochet. En manos de Allende habríamos sido como Cuba o quizás peor».[99]

Igualmente significativo era lo que escribió un lector londinense al Wall Street Journal: «Lo que nunca refieren», decía entre otras cosas el lector, «es cuántas personas fueron asesinadas, presas o torturadas cuando estaba Allende en el poder».

Así, Allende era considerado un héroe, mientras Pinochet era definido como un delincuente.

Otra cosa ignorada es que Allende ofreció hospitalidad a miles de individuos armados provenientes de Cuba: este fue un acto de traición que no podía sino conducir al golpe de Estado. En fin, cuando se afirma que tres mil personas fueron asesinadas o puestas en prisión por la Junta Militar, se tiende a describirlas como pobres diablos inocentes y amantes de la paz: en realidad se trataba de terroristas comunistas que habían cometido delitos de todo tipo y que tenían el encargo preciso de desestabilizar al país.[100]

Y así preguntó en La Repubblica el escritor Mario Vargas Llosa: «¿Por qué los sátrapas de izquierda no son juzgados del mismo modo que los de derecha? ¿Durante 17 años en el poder, Pinochet fue quizás más cruel o sangriento en relación con sus adversarios que Fidel Castro con sus opositores? Ni un solo gobierno democrático defendió a Pinochet y poquísimos osaron decir lo que Fidel Castro es en realidad: un pequeño sátrapa con las manos manchadas de sangre. Y dentro de pocos días una veintena de presidentes y primeros ministros latinoamericanos irán a La Habana para abrazar, en un grotesco tropel, y sin ponerse rojos de vergüenza, a aquel repugnante personaje».[101]

Desde la soledad de Londres, Pinochet hacía oír su voz con una declaración publicada por el Sunday Times: «España no ha aportado una sola prueba. Y además de no haber investigado sobre ninguno de los crímenes que me imputan, no tienen ninguna jurisdicción sobre mi persona. Obstaculizando la reconciliación del pueblo chileno, España se olvida de su pasado. Y nos impide a nosotros seguir la misma vía que los españoles siguieron cuando cerraron el período franquista sin recriminaciones. La reapertura de viejas heridas no le sirve a nadie».

Y después, recorriendo hechos chilenos del pasado: «En 1970, en Chile, Salvador Allende fue elegido Presidente. Y bien, casi tres años más tarde el país estaba paralizado, la inflación estaba fuera de control, faltaban alimentos y medicinas. La ley y el orden habían sido olvidados y las bandas paramilitares asesinaban y robaban libremente. Miles de agitadores extranjeros se habían establecido en Chile. Entre ellos se destacaban agentes de los servicios secretos cubanos e instructores militares soviéticos, checoslovacos y norcoreanos. Era claro que se preparaba una insurrección financiada por la Unión Soviética y que dichas formaciones revolucionarias habrían sido puestas enseguida en situación de enfrentar a la par al Ejército regular chileno. Era una carrera contra el tiempo: se hacía necesario intervenir».

Y proseguía Pinochet: «Dado que el país estaba en crisis y la Constitución era pisoteada, la Corte Suprema declaró que Allende había violado la legalidad de la nación. Las mismas cámaras del Parlamento expresaron un voto de censura respecto de Allende, declarando que él había instituido un sistema totalitario, había conspirado y había constantemente violado los derechos de los ciudadanos. Y en fin, el Parlamento se dirigió a las Fuerzas Armadas para que pusieran fin a aquellas sistemáticas violaciones, devolviendo el orden al país. Bajo mi presidencia un plebiscito aprobó la nueva Constitución democrática de 1980 y en base a dicha Constitución, en 1988, el pueblo decidió no renovar mi presidencia. Así, la Constitución aprobada bajo mi presidencia permitió transferir el poder a mis sucesores, Patricio Aylwin y después Eduardo Frei».[102]

A las palabras de Pinochet le hacía eco Margaret Thatcher, que en un documento distribuido en más de cinco mil copias, definía al general como un «héroe de la lucha contra el comunismo, el único prisionero político existente en Gran Bretaña» y proseguía así: «Ciertamente, en Chile existieron abusos y violencias, pero esto sucedió en ambos frentes. Al final el pueblo chileno volvió a la democracia y decidió olvidar el pasado. No le corresponde a España ni a Gran Bretaña interferir en estos asuntos que se refieren a otro país. El mismo Presidente Aylwin, el democráticamente elegido sucesor de Pinochet, ha confirmado que Allende programaba, con la ayuda de una milicia armada en parte compuesta por voluntarios europeos y de una consistente fuerza militar, la instauración de una dictadura comunista y que Pinochet impidió que dicho proyecto se realizara».[103]

Pero el desarrollo de los acontecimientos del caso Pinochet no podía dejar de reflejarse en otras situaciones análogas. Como Maureen Johnson refería, por cuenta de la Associated Press, los viajes al exterior podían volverse peligrosos no sólo para Fidel Castro y los dirigentes chinos, sino también para personajes como el ugandés Idi Amin Dadá (exiliado en Arabia Saudita), el paraguayo Alfredo Stroessner (exiliado en Brasil), el etíope Haile Mariam Mengistu (exiliado en Zimbabwe), Margaret Thatcher (acusada por Argentina del inútil hundimiento de la nave General Belgrano)[104] y Bill Clinton (acusado por Sudán del bombardeo, con numerosas víctimas, de la fábrica de medicinas El-Shifa).[105]

En el barrio londinense de Lewisham, el ex coronel africano Tharcisse Muvunyi expresó preocupación, ya que el 29 de marzo de 1998 (pocos meses antes del arresto de Pinochet) había obtenido asilo político en Gran Bretaña, acusado de haber participado en una masacre de cien mil personas, en abril de 1994, en el ámbito de la guerra étnica entre tutsis y hutus: un perfecto caso de genocidio si las acusaciones fueran fundadas.[106]

Igualmente preocupada estaba la poco femenina señora Helena Brus, ex miembro de la policía comunista polaca, que huyó a Gran Bretaña después de la caída del muro de Berlín. Para ella, acusada de repetidas violaciones a los derechos humanos, Polonia pedía desde hacía años la extradición. Pero el trámite había sido dejado de lado por las autoridades británicas y era tratado, como lo definía el periódico sudafricano Impact, con «descuido deliberado e hipócrita».[107]

Sobre la hipocresía de los «dos pesos y dos medidas», volvía el Wall Street Journal en un editorial que destacaba cómo el ministro Jack Straw, que repetía que en el caso Pinochet la ley debía ser aplicada estrictamente, había consentido en aquellos días en el ingreso a Gran Bretaña del púgil Mike Tyson, condenado en Estados Unidos a tres años de cárcel, como reo confeso de violación. En el caso Tyson, evidentemente Straw había dejado de lado las exigencias de las leyes británicas que notoriamente prohíben el ingreso al país a cualquiera que haya tenido una condena superior a 12 meses. En una grotesca explicación a la prensa, Straw había dicho que si hubiera impedido a Tyson disputar el encuentro programado de boxeo, habría dañado a «inocentes organizadores, espectadores y apostadores».[108]

Otro ejemplo de la británica hipocresía fue la visita que una delegación cubana, a cargo de Ricardo Alarcón de Quesnada, presidente del así llamado Parlamento de La Habana, hizo a Londres (con excursión a Escocia), justamente mientras Pinochet estaba arrestado en la capital inglesa. Al comentar la diferencia de tratamiento reservado a los huéspedes cubanos (visitas al Parlamento y encuentros con ministros) y el usado con Pinochet, el Wall Street Journal realzaba cómo el dictador chileno había dejado el poder después de 17 años y luego de haber ordenado su país y, en cambio, los secuaces de Fidel Castro continuaban aferrados a él después de 40 años, a pesar de haber reducido a la miseria la nación, a pesar de haber obligado a un 20% de la población a huir al exterior y habiendo fusilado a miles de opositores.[109]

Pero la hipocresía no era solamente inglesa. También Estados Unidos, en homenaje a la political correctness, abandonaba a su destino al ex aliado y amigo Pinochet, a esta altura inútil e incómodo, mientras usaban otra medida respecto a los tiranos de Pekín.[110] Tras una respuesta despectiva y burlona sobre los derechos humanos que dieron el primer ministro chino Zuh Rongji y el ministro de Exteriores chino, Tang Jiaxuan, la Casa Blanca puso buena cara al mal tiempo y, para salvar las jugosas relaciones comerciales existentes entre los dos países, declaraba a la prensa que «la cuestión de los derechos humanos no debe ser politizada, considerando que relacionar los derechos humanos con el comercio no es una buena idea». Como consecuencia, Estados Unidos había continuado apoyando la admisión de China en la Organización Mundial de Comercio y no había puesto en peligro sus negocios por pequeñeces como los derechos humanos.[111]

***

La iniciativa tomada respecto a Pinochet, por lo tanto, no era otra cosa que la proverbial «venganza de los enanos».

Los inmaduros jovenzuelos europeos que entre los años 60 y 70, arrastrados por la moda y sin correr riesgos, habían arrojado a Europa al caos moral y social en el cual permaneció por décadas, se encontraron en los años 90, cincuentañeros, en la dirección de estados, empresas y partidos políticos.

Esos enanos no habían hecho nada para darle a Europa una estabilidad económica y una solidez moral que le permitiera progresar y enfrentar la competencia estadounidense y japonesa. Simplemente habían heredado lo que había sido construido y recibido de la patriarcal y tradicionalista generación anterior.

Llegados al poder, inmaduros aunque adultos, crecidos en el bienestar y entre miles de derechos y ningún deber, no sentían otra necesidad que la de vengarse de los que en el pasado les habían obstaculizado: de ahí el cotidiano ataque moral, político y cultural contra lo poco que quedaba de la sociedad tradicionalista, acusada con epítetos (que no consienten réplica) como «fascista», «nazista», «racista» y «retrógrada».

Así se expresaba, en esos días, el periodista Alberto Pasolini Zanelli: «En los años 70 para aquellos exponentes del movimiento estudiantil los enemigos eran los americanos en el Sudeste asiático y los buenos eran el Vietcong, los khemer rojos de Pol Pot. Los buenos eran Fidel Castro y Salvador Allende, mientras el hombre al que había que colgar cotidianamente en efigie era Augusto Pinochet. El hecho de que Fidel Castro se quedara en el poder empujando cada vez más a sus súbditos al hambre no fue nunca un factor importante en la evolución política y psicológica de la izquierda del 68. Tuvo peso el hecho de que la violencia de Pinochet, dura pero breve, acabara llevando a Chile a una prosperidad económica sin precedentes».[112]

Y el periodista inglés Simón Heffer, escribiendo en el Daily Mail, decía: «Muchos actuales portabanderas del progresismo eran melenudos y espumantes estudiantillos de extrema izquierda en los años 70, cuando Pinochet era el número uno de la demonología de izquierda. Hoy estos se transformaron en dirigentes políticos, usan ropa elegante y recurren al lenguaje de la moderación. Pero, en el fondo, son los mismos de entonces. Y no logran perdonarle a Pinochet la culpa de haber salvado a su país del comunismo».[113]

Este es un comentario del Wall Street Journal: «La izquierda odia a Pinochet porque trabó el intento de transformar Chile en otra Cuba y, en consecuencia, hizo de Chile una nación modelo de América Latina. El primer ministro laborista inglés, Tony Blair, le dijo a Isabel Allende que era un admirador de su padre. Pero no son muchos los chilenos que comparten los sentimientos de Blair».[114]

Siempre en el Wall Street Journal, veamos un comentario de Mary Anastasia O’Grady: «Los laboristas ingleses y un juez español veían el proceso a Pinochet como una venganza por la derrota sufrida por la ideología de izquierda en América Latina».[115]

Y también el Wall Street Journal, en un artículo de la redacción: «Las iniciativas judiciales tomadas en el exterior respecto de Augusto Pinochet no tienen ninguna conexión con la voluntad del pueblo chileno, son motivadas políticamente y contrarias a la voluntad expresada por el Gobierno de Chile. El general Pinochet es un perseguido porque puso fin a un experimento marxista guiado por uno de los santones mimados de la izquierda europea, Salvador Allende, y porque sustituyó dicho experimento con una brillante política de liberalización que transformó a Chile en la más floreciente economía de América Latina. Si verdaderamente los perseguidores de Pinochet fueran motivados por las violencias perpetradas por los regímenes militares, entonces deberíamos asistir a una ofensiva contra Fidel Castro, que en cambio es bien tratado con toda clase de atenciones».[116]

En este marco, y por voluntad de aquella gente, se encuadra el linchamiento moral de Augusto Pinochet que, a pesar de las dificultades de una guerra civil, había logrado poner en las vías de la justicia, de la convivencia civilizada y de una sana economía, a una nación destruida por la utopía marxista. Se trata, por lo tanto, de una venganza de los del 68. Pero también una advertencia «mafiosa» para los que en el futuro quieran obstaculizar la vía del falso progreso social, predicado por gente de formación marxista pero dueños de una billetera millonaria.

Y veamos a continuación el acta de acusación presentada en Londres por Baltasar Garzón.[117]

Se trata, solamente en esta edición en español, de un resumen de la instancia acusatoria, la que se ocupa de los hechos imputados a Pinochet, siendo las otras partes del voluminoso legajo dedicadas a cuestiones jurídicas que pueden ser consultadas en los archivos de los principales diarios españoles.

Acta de acusación

1.

El primer cargo contra el general Pinochet es el de haber derribado el gobierno «constitucional» de Salvador Allende. Respecto a la muerte de éste, lo acusa de haberle ofrecido un avión para abandonar el país con la intención de asesinarlo a bordo.

2.

En el parágrafo 2 lo hace responsable de la muerte y desaparición de «cerca de 3.000 personas». Entre ellas se refiere a la persecución religiosa que significó la «eliminación de los componentes del movimiento Cristianos por el Socialismo».

El juez español hace hincapié en los métodos «especialmente humillantes y degradantes utilizados contra los religiosos».

En cuanto a cifras de víctimas, el juez Garzón cuenta a 100.000 exiliados, 300.000 prisioneros y 50.000 torturados. Con respecto a los muertos y desaparecidos, contradiciendo sus propias cifras anteriores, ahora menciona 5.000 personas, «aunque este número se limita solamente a los casos de los cuales no hay ninguna duda».

3.

En el parágrafo 8 el juez español se ocupa de la Declaración de Principios del Gobierno de Chile, la cual expresa textualmente: «El Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden ejercerá con energía el principio de autoridad, sancionando drásticamente todo brote de indisciplina o anarquía». Esta frase está «arreglada» por el señor Garzón en la siguiente forma, para darle un tono amenazante:… «ejercerá con energía el principio de autoridad golpeando duramente cualquier manifestación de indisciplina o anarquía».

4.

Los parágrafos 12 y 13 se extienden sobre el tema de las torturas, descritas minuciosamente, y añadiendo el comentario de que su crueldad se acentúa «cuando se trata de ciertos grupos étnicos como los hebreos y los mapuches». En cuanto a cifras, Garzón no tiene ningún inconveniente en volver a contradecirse, elevando esta vez el número de torturados a 500.000 personas.

5.

En el parágrafo 15 el juez Garzón vuelve sobre la persecución a las minorías étnicas: mapuches y hebreos. Según sus cálculos, los dirigentes mapuches ejecutados serían 300, pero sólo menciona 9 nombres, todos militantes comunistas y socialistas, agitadores «que habían luchado por sus tierras y las habían recuperado».

6.

En cuanto a la denuncia de persecución a los judíos, Garzón la inicia con una frase sibilina: «Si bien no se ha dado, por parte de la Junta Militar, una persecución propiamente tal de los hebreos, es cierto, sin embargo, que la represión ha tenido una incidencia particular en la comunidad hebrea del país». Para ratificar esta «incidencia» se citan sólo 4 nombres, algunos conocidos por su militancia extremista.

El expediente termina con los casos de ciudadanos españoles muertos o desaparecidos, a los que lógicamente el juez Garzón trata con la mayor relevancia. Naturalmente no hay entre ellos ningún terrorista ni extremista. Son todos inocentes ciudadanos, trabajadores, funcionarios, estudiantes, asesinados sin causa alguna por la vesania de Augusto Pinochet.

Hasta aquí hemos enumerado las acusaciones contra Pinochet. Algunos comentarios se hacen necesarios. Para desmentir la acusación de genocidio (muy de moda después de la Segunda Guerra Mundial, al punto de no estar sujeta a prescripción) que Garzón le hacía a Pinochet, es necesario observar que ésta no podía ser relacionada con la presunta persecución a los judíos o mapuches: estos grupos no fueron, bajo Pinochet, objeto de ninguna persecución.

Tampoco podía ser relacionada con persecuciones a los marxistas puesto que el delito de genocidio, como está definido y regulado por las Naciones Unidas en el artículo 2 del acuerdo del 9 de diciembre de 1948, no puede referirse a la persecución o al exterminio de un grupo político. Según las Naciones Unidas, el genocidio consiste en actos sistemáticamente conducentes para «destruir totalmente o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso en cuanto tal»: fue justamente la Unión Soviética (y la cosa no sorprende) la que pidió y obtuvo que los actos de exterminio contra «grupos políticos» no se encuadraran dentro del crimen tipificado como genocidio.[118]

Por lo tanto, las iniciativas tomadas por la Junta Militar chilena respecto al extremismo socialo-comunista no están comprendidas en el crimen de genocidio; además, porque su finalidad no era el exterminio de un grupo en cuanto tal sino la defensa de la nación amenazada por formaciones armadas irregulares, en gran parte constituidas por terroristas extranjeros.[119]

Igualmente equivocada fue la evasiva intentada por Garzón cuando sostuvo la existencia de un genocidio, refiriéndolo a la presunta «parcial destrucción del grupo nacional chileno encuadrada en los movimientos de extrema izquierda».[120]

Esta tesis tampoco resiste. Primero, porque no se destruye, ni aun parcialmente, a un grupo nacional de 12 millones de personas matando mil o dos mil. Y además porque los pocos chilenos que sufrieron la consecuencias de la represión no la sufrieron por sus convicciones políticas sino por la actividad armada por ellos desarrollada.[121]

Se encuadra mejor en la definición de genocidio, en cambio, lo que sucedió con el exterminio de las poblaciones alemanas (en cuanto tales) decidido por Stalin en 1945-46, el exterminio de la población italiana (en cuanto tal) decidido por Tito en Venecia Giulia, Istria y Dalmacia y la masacre sistemática de determinadas tribus y etnias (en cuanto tales) que frecuentemente se verifican en África postcolonial.

Con estas premisas lo único que le quedaba a Garzón para sustentar su hipótesis de genocidio era la muerte (fechada el 12 septiembre de 1973, o sea, el día siguiente al golpe) de cuatro indios mapuches que en la región del Alto Biobío operaban en el ámbito de formaciones guerrilleras de extrema izquierda. Un «genocidio» de cuatro personas. Para colmo, armadas.

Pero la hipótesis del genocidio mapuche fue claramente desmentida por la noticia de que en el año 1988, después del plebiscito, durante una ceremonia en la localidad de Cholchol, las comunidades mapuches habían nombrado a Pinochet como su presidente honorario. La motivación escrita en un pergamino, le daba a Pinochet el título de Jefe Máximo, Conductor y Guía, en señal de estima y de reconocimiento «por haberse preocupado desde el inicio de su mandato presidencial de que el Pueblo Mapuche recuperara su dignidad y recibiera los beneficios sociales y la propiedad de la tierra, que históricamente le fue negada».[122]

En el Gobierno del Presidente Pinochet se otorgaron títulos de dominio a la casi totalidad de los descendientes de la raza mapuche, en un proceso voluntario en que el Gobierno no intervenía en la fijación de los deslindes de las propiedades, sino los propios interesados, de acuerdo a las divisiones y compras que habían realizado de hecho entre ellos. Proceso gratuito y muy eficiente. La prueba más clara es que la Región de la Araucanía, principal región poblada por mapuches, le otorgó la mayoría de los votos al Presidente Pinochet en el plebiscito de 1988, situación que no se repitió en ninguna otra región del país.

El Presidente Aylwin intentó revertir el proceso de privatización y consiguió que el parlamento le aprobara una ley que de hecho ha convertido a los descendientes de mapuches en ciudadanos de segunda clase, con claras disposiciones que les impiden hacer uso de la propiedad en forma similar a todo el resto de los chilenos. Por otro lado, se estimuló la toma de terrenos al otorgarles título de propiedad a los ocupantes ilegales. Este error histórico lo está pagando muy caro toda la zona en conflicto con una interminable ola de violencia alentada por la extrema pasividad de los gobiernos de la Concertación para cumplir con sus deberes constitucionales de resguardar el orden y la vida de los ciudadanos.

En enero de 1998, bajo la presidencia de Frei, las comunidades mapuche Iafquenche y Lafquenche reforzaron sus organizaciones armadas para las ocupaciones de terrenos públicos y privados, destrucción de bosques y agresiones a las fuerzas del orden. El 14 de enero de 1999, unos 70 mapuches armados atacaron algunos vehículos de la policía, dando origen a un enfrentamiento. El 22 de mayo de 1999, en la localidad de Collipulli, un grupo de mapuches que estaba destruyendo un bosque se enfrentó con la policía forestal: 7 militares heridos y 12 mapuches arrestados. Dos días después, en la localidad de Tirúa, los mapuches invadieron y destruyeron parcialmente la propiedad de Osvaldo Carvajal Rondanelli, que estaba creando un centro residencial en las inmediaciones del lago Leu Leu. En los primeros días de marzo de 2000 (ya con Lagos Presidente) la Coordinadora mapuche Arauco-Malleco («responsable desde hacía tiempo de iniciativas violentas», refirió El Mercurio) dio oficialmente inicio a una «estrategia de ruptura realizando todo tipo de lucha». Sus portavoces, José Huenchunao y Víctor Ancalaf, ambos bajo proceso, admitieron sus responsabilidades en numerosos atentados. La organización mapuche Ad-Mapu, oficialmente comunista, declaraba en un documento que los intentos de pacificación conducidos por las autoridades debían ser rechazados a través de «un proceso permanente de movilización». En los primeros meses de 2000, casi para poner a prueba al Gobierno de orientación socialista nacido de la victoria electoral de Ricardo Lagos, los mapuches se volvieron aún más agresivos, al punto de atacar con bombas incendiarias una camioneta de la policía (tres agentes heridos) y agredir al funcionario gubernativo Feliciano Cayul. El 19 de marzo de 2000, el jefe de la Coordinadora mapuche Arauco-Malleco, Víctor Ancalaf, hizo ocupar una factoría en Los Copihues e hizo talar ilegalmente una inmensa área montañosa. Al mismo tiempo se verificaron, en dicha zona, numerosos incendios de bosques que las autoridades no dudaban en definir como intencionales. El 29 de marzo de 2000, una multitud de mapuches invadió la sala del tribunal de Collipulli, donde se desarrollaba un proceso a cuatro mapuches acusados de agresiones, hurtos, ataques a propiedades privadas e incendios provocados. Después de haber golpeado e inmovilizado a los policías de guardia, los invasores secuestraron a los magistrados Lenín Lillo y Georgina Solís, liberados dos horas después, gracias a la intervención de las fuerzas de orden obligadas a arrestar a 35 mapuches, 21 de los cuales fueron puestos enseguida en libertad. En julio de 2001 la violencia mapuche en la localidad de Temuco alcanzó proporciones tales que destruyó propiedades privadas y públicas, y dejó heridas a 24 personas (entre ellas 14 eran carabineros), junto con el arresto de 120 manifestantes. «Y esto es solamente el inicio», declaró el jefe de la organización mapuche Consejo de Todas las Tierras, Manuel Santander. De hecho, el 10 de octubre de 2001, cientos de universitarios mapuches, lanzando botellas incendiarias, impidieron el ingreso de los empleados a la oficina de la CONADI de Temuco. Al respecto, los comentarios de la prensa chilena: «Se trató de un episodio de usurpación, robo, y delincuencia organizada», escribió El Mostrador, «se pueden definir dichas manifestaciones como invasiones de vándalos destinadas a destruir propiedades públicas y privadas».

Y bien, seis de los mapuches que participaron en dichos actos de vandalismo y de violencia, cuatro de ellos dirigentes, en los primeros días de agosto de 2001 se refugiaron en la embajada de Suecia pidiendo asilo político, «tomando en consideración la persecución existente en Chile contra ellos y en consideración a las violaciones de sus derechos humanos, sobre los cuales estaba en preparación un pedido a las Naciones Unidas».[123]

Pero Garzón no se rendía. Aunque desilusionado por el fracaso de las propias acusaciones sobre un inexistente genocidio de los mapuches, pensaba, siguiendo la moda, en una acusación de antisemitismo y de genocidio de los judíos. La acusación fue claramente desmentida, esta vez por la comunidad judía chilena, de la cual algunos miembros habían sido parte de la administración de Pinochet.

Particularmente enérgico fue Sergio Melnick, representante de la comunidad judía y ministro de Pinochet, que en una entrevista a El Mercurio no dudó en afirmar que «muchas cosas se pueden decir sobre Pinochet, cosas buenas y malas, pero nunca se podrá decir que el régimen fue antisemita, ya que más bien fue exactamente lo contrario».

Igualmente claro fue el presidente de la comunidad judía en Chile, Elimat Y. Jason, según el cual (así resulta de una carta enviada al juez Garzón), «durante todo el régimen militar los judíos chilenos no fueron tocados por ninguna iniciativa antisemita».[124]

Una nueva bofetada, por lo tanto, para Garzón.

Más aún. Tanto la chilena Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig) como la justicia británica no encontraron en lo realizado por Pinochet y por la Junta, ninguna relación con el genocidio.[125]

En este punto, escaso de municiones, Garzón sacó del sombrero una imputación de terrorismo, tan absurda que ni siquiera fue tomada en consideración por la justicia británica. De hecho, según Garzón, que hacía referencia a la ley española y por lo tanto a normas insignificantes en una cuestión internacional referente a un Jefe de Estado, el concepto de terrorismo debería ser entendido en un modo «plurisignificativo» y debería extenderse por lo tanto a cualquier «banda o grupo armado»: una definición esta última, que Garzón aplicaba increíblemente no a los terroristas del MIR, del Frente Manuel Rodríguez o de la Brigada Ramona Parra, sino al Gobierno chileno que combatía el terrorismo.[126]

«Desde septiembre de 1973», se lee en el ya citado libro de Pérez de Arce, «los primeros bandos de la Junta Militar advirtieron a la población que cualquier acto de resistencia armada sería castigado con una severa reacción».

«El bando N° 1 precisaba que cualquier atentado o acto de sabotaje sería sumariamente castigado en el mismo lugar de los hechos. No obstante aquel aviso, los atentados se siguieron uno tras otro, al punto que el día 11 de septiembre hubo 17, con un saldo de 30 militares muertos y 18 heridos».[127]

«Por lo tanto, fue necesario emitir el Bando N° 2, aún más severo, el 12 de septiembre, en donde se reafirmó la obligación de entregar todas las armas y se precisó que cualquier persona sorprendida en agresiones, atentados y sabotajes, sería atacada con las armas y si fuera tomada prisionera, fusilada en el lugar. El Bando N° 3, poco después, advirtió a la población del peligro constituido por la presencia de activistas extranjeros presentes en las formaciones terroristas».[128]

Una de las acusaciones que le hacen a Pinochet y a su gestión se refiere a los detenidos-desaparecidos. O sea, a las personas arrestadas y que después desaparecieron. Según el ya citado Informe Rettig, habrían sido 957 personas.

Como primera cosa, hay que recordar que dichos casos se verificaron inmediatamente después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y en la primera mitad de 1974, cuando la lucha fue sin piedad. Resulta además, y esto con seguridad, que existieron responsabilidades de elementos no solamente del Ejército o de la policía, sino también de civiles que tenían cuentas pendientes con dirigentes locales del extremismo de izquierda.

En segundo lugar, el número de 957 personas tiene que ser visto a la luz de las verificaciones realizadas por Hermógenes Pérez de Arce y a la luz de las memorias de Manuel Contreras Sepúlveda.[129]

Si se restan las personas desaparecidas porque, como se ha comprobado, se habían escapado más allá de la frontera, además de las que resultaron muertas en los combates pero no declaradas como tales, y si se restan también las que por propia voluntad y con la complicidad de sus familiares habían pasado a la clandestinidad y asumido una nueva identidad, el número total baja a menos de 800.

De estas 800 personas desaparecidas, 383 (menos de la mitad) desaparecieron en los tres meses siguientes al golpe, o sea, cuando la lucha era más violenta. Aparte de la acción de las Fuerzas Armadas no puede descartarse la participación en ella, especialmente en provincias, de grupos de civiles que en los años de Allende habían sufrido abusos, violencias, despojos y muertes de familiares, amigos o colegas. No por casualidad los casos de extremistas desaparecidos fueron en las zonas en las cuales con más frecuencia e intensidad se registraron, bajo Allende, episodios de expropiaciones, violencia, asaltos, violaciones y homicidios. Por ejemplo, como ya se ha señalado en el capítulo III de este libro, en las zonas de Parral y de Lautaro.[130]

Se trataba, en fin, de gente que había sufrido violencias de todo tipo por parte de los marxistas: ¿Qué sentimientos podían albergar en su ánimo, por ejemplo, los familiares de Antonieta Maachel? Ella fue agredida, robada y violentada durante toda una noche por 30 guerrilleros socialistas que habían transformado su casa en un campamento, al punto que el día siguiente la desgraciada mujer se suicidó.[131]

Más que comprensible, para dar otro ejemplo, el deseo de algunos camaradas de vengar el asesinato del capataz de 35 años Alfredo Rivera Rojas, el 2 de abril de 1988, mientras se dirigía a su casa, a la salida de un supermercado.[132]

Eran estos los episodios de violencia que en los días y años siguientes al golpe militar indujeron a algunos elementos de las Fuerzas Armadas y de la población a actuar con una dureza superior a la necesaria.

También hay que considerar, en el caso de los desaparecidos, las venganzas entre los propios extremistas. Fue frecuente el caso de militantes de estos partidos que estuvieron detenidos por la DINA y que puestos nuevamente en libertad desaparecieron inexplicablemente. Si los militares hubiesen querido eliminarlos los habrían ejecutado mientras estaban detenidos. En cambio, si hablaron, dieron nombres o datos comprometedores y fueron liberados, sus propios compañeros los ejecutaban como traidores y le cargaban su muerte al enemigo. No olvidemos las frías y precisas instrucciones del Che Guevara al respecto, citadas en el capítulo VI de este libro.

De todos modos, es una satisfacción decirlo, se trató no de miles sino de algunos cientos de casos en un conflicto que duró, aunque fuera con intensidad decreciente, nada menos que 17 años. Una vez más hay que preguntarse: ¿Cuántos millares de desaparecidos italianos se registraron en el triángulo emiliano «de la muerte» en Istria, en Venecia Giulia y en Dalmacia después del 1 de abril de 1945, o sea, con la guerra terminada?

Otra acusación lanzada contra Pinochet por Baltasar Garzón y por su sugeridor, Joan E. Garcés, son las de torturas.

Un hecho irrefutable es necesario poner en claro: en la lucha contra el terrorismo la tortura es inevitable y constituye un instrumento esencial para individualizar a los cómplices y las fuentes de aprovisionamiento de armas y explosivos. En el Estado de Israel el uso de la tortura para los terroristas es admitido por la ley.[133] Gran Bretaña aplicó ampliamente la tortura con los terroristas de Irlanda del Norte y lo mismo hizo España con los terroristas vascos. Análoga fue la actitud de los franceses en Argelia y también, como quien esto escribe lo recuerda bien, la actuación del gobierno italiano en los años 1943-46 para combatir a los guerrilleros separatistas sicilianos.[134]

En 1996-98, en Roma, en el proceso contra Erich Priebke, el testigo acusador Peter Tompkins, ex agente secreto estadounidense, afirmó textualmente, bajo juramento, que la tortura es «esencial» cuando se enfrenta al terrorismo y los combatientes clandestinos.[135]

Con estas premisas, es oportuno remontarse a lo que sucedió antes del golpe militar de 1973.

Fue entre 1964 y 1970, cuando era Presidente el democratacristiano Eduardo Frei Montalva, que la extrema izquierda chilena, patrocinada por Fidel Castro y con el tácito acuerdo de los socialistas, formó los primeros grupos de guerrilla y terroristas encuadrándolos en el MIR, además de otros grupos menores.[136]

Pues bien, ya en aquellos años las fuerzas de la policía, como lo demostró el caso del arresto de un periodista en la ciudad de Concepción, recurrían habitualmente a la tortura.[137]

El 8 de agosto de 1970, poco antes que Allende subiera al poder, la revista de izquierda Punto Final publicó una investigación (de 71 páginas y 66 anexos con numerosas fotos) sobre las torturas que sufrían algunos detenidos políticos en las cárceles de los comandos de policía. Se referían, narrando detalles desagradables, a 17 casos de tortura, 6 de los cuales fueron seguidos por la muerte, y otros numerosos casos de violencias gratuitas. Se citaba, entre otros, el caso del ciudadano francés Benjamín Fabre, que debido a las torturas había sufrido la rotura de un tímpano pero por el cual la autoridad de París, a diferencia de lo que hicieron después por las «víctimas de Pinochet», no se habían tomado el trabajo de intervenir. Y se refería también al caso de la joven Magaly Honorato, que en 1965 se había suicidado en la cárcel a causa de las torturas y violencias sufridas.[138]

Pero aquella investigación que vio como acusado a un gobierno democratacristiano no provocó ningún levantamiento internacional en defensa de los derechos humanos. El motivo probablemente es que en aquellos años el Kremlin y la KGB preferían, estando entre los más terribles violadores de los derechos humanos, no levantar temas incómodos para ellos. La cuestión de las torturas y de los derechos humanos se puso de moda, como arma de la izquierda occidental tendiente al extremismo, solamente después del desmoronamiento del imperio comunista soviético.

También bajo Allende, pero sobre esto ningún diario quiere hablar, los detenidos eran habitualmente sometidos a torturas. El hecho era de tal manera frecuente, que, en diciembre de 1970, la revista Portada, en tono casi irónico, dedicó a la tortura un suplemento entero. Después de haber expresado reprobación, Portada admitía que: «por otro lado, queda claro que la tortura, inevitable, es aceptada por la opinión pública que habla negativamente solamente si las víctimas son amigos y, en cambio, con agrado si son adversarios».[139]

Fue célebre el caso de Maximiano Errázuriz, director del diario El Cóndor, que se editaba en la ciudad de Santa Cruz, acusado de haber publicado frecuentes artículos críticos sobre Allende. Después de algunas expresiones fue arrestado por la Policía de Investigaciones, llevado a la cárcel y torturado con golpes y quemaduras para que firmara una declaración en la que se autoacusaba de haber intentado un complot contra Allende.[140]

Igualmente conocido fue el caso de Juan Luis Ossa, presidente de la Juventud del Partido Nacional y, por lo tanto, considerado por Allende un fastidioso adversario político. Arrestado junto a dos amigos fue conducido a una dependencia de la policía en donde, sin ningún tipo de explicaciones, fue dejado en aislamiento hasta el día siguiente. Después, mientras le pedían que confesara pertenecer a bandas armadas antimarxistas y su participación en un atentado contra el monumento al Che Guevara, fue torturado con golpes en el rostro, ojos y orejas y con al menos veinte descargas eléctricas. Después de ser dejado en libertad, Ossa presentó una denuncia formal que llegó hasta a las Naciones Unidas, a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos. Esta última, que era «progresista», archivó la demanda por haber sido «presentada después del vencimiento de los términos».[141]

La frecuencia de los casos de tortura en los años de Allende está confirmada por una moción del 22 de agosto de 1973 de la Cámara de Diputados, que estaba dirigida a Allende, en la que se afirmaba: «Entre las constantes violaciones del Gobierno en materia de derechos garantizados por la Constitución, señalamos los frecuentes arrestos por motivos políticos, especialmente contra periodistas, y las frecuentes fustigaciones y torturas a las cuales los detenidos son sometidos». Si bien esta propuesta contra un régimen de izquierda fue comunicada a la prensa internacional, no despertó ninguna reacción indignada. Fue silenciosamente puesta de lado.[142]

La tortura fue practicada, no hay duda, igualmente en los años del régimen de Pinochet. Pero cuando fue posible los responsables fueron castigados: como en el caso del mayor Herrera Jiménez, que torturó a Mario Fernández hasta provocarle la muerte. Fernández había sido arrestado mientras transportaba en su camión una carga importante de explosivos y Herrera Jiménez tenía óptimas razones para querer saber de dónde provenía el material.

Estas son algunas de las respuestas que se pueden dar a las acusaciones formuladas por Baltasar Garzón y que a través de la obra de los medios de información fueron impuestas a la opinión pública mundial como verdades sacrosantas.

CAPÍTULO XII

¿Creías por lo tanto que los revolucionarios estaban hechos con agua de rosas?

Sébastien-Roch Nicolás Chamfort[1]

Londres

La confusa telaraña de vicisitudes judiciales afrontadas en Londres y en Santiago por Augusto Pinochet es expuesta en este capítulo y en el capítulo XIII, para comodidad del lector, en sucesión cronológica. A lo largo de los dos capítulos se hace referencia, además del libro de Jaime Lagos Erazo,[2] a numerosos medios periodísticos europeos y americanos, a las noticias difundidas por la Fundación Pinochet y a la edición electrónica diaria de los diarios chilenos El Mercurio y El Mostrador.

2 de septiembre de 1998. El Ministerio de Relaciones Exteriores chileno, a través del decreto n° 1.505, le encarga al senador vitalicio Augusto Pinochet Ugarte ir a Gran Bretaña, como embajador extraordinario y plenipotenciario, para tratar con el gobierno británico la adquisición de material militar.[3]

22 de septiembre de 1998. Augusto Pinochet viajó a Londres, donde fue acogido por representantes del gobierno. Se alojó en el hotel Park Intercontinental, pero debió internarse con urgencia por una hernia discal.

Fines de septiembre de 1998. Pinochet concedió una entrevista al periodista John Lee Anderson, en Londres, la que fue inmediatamente publicada por The New Yorker.

8 de octubre de 1998. Pinochet fue internado en la London Clinic, donde fue sometido a una operación de cirugía.

Primeros días de octubre de 1998. El magistrado español Baltasar Garzón (Sesión N° 5 de la Procuraduría General de Madrid), que desde tiempo atrás junto a Joan E. Garcés (ex consultor y amigo de Salvador Allende) instruyó una causa para la incriminación de Pinochet, al leer la entrevista publicada por The New Yorker tomó conocimiento de que Pinochet se encontraba en Londres.

14 de octubre de 1998. Garzón solicitó a Scotland Yard confirmación sobre la presencia de Pinochet en Londres.

16 de octubre de 1998. Obtenida la confirmación de Scotland Yard, Garzón emitió (con la ayuda de algunos expertos británicos llegados en secreto a Madrid para corregir los errores de un borrador redactado por la magistratura española) una orden de arresto internacional que el mismo día fue enviada a Londres, a Bow Street, al metropolitan magistrate Nicholas Evans. Este último le hizo notificar a Pinochet, en la London Clinic, que existía un mandato provisorio de arresto (warrant). Pinochet inmediatamente quedó en libertad vigilada en la misma clínica. [4]

Seguros de la inmunidad diplomática de Pinochet, como ex Jefe de Estado y parlamentario en función, sus abogados (el estudio Kingsley y Napley)[5] sostuvieron que no era procesable.

17 de octubre de 1998. El Ministerio de Relaciones Exteriores chileno transmitió una nota de protesta a la embajadora británica en Santiago.

18 de octubre de 1998. Garzón reiteró su solicitud de extradición y mientras tanto pidió interrogar a Pinochet en Londres. El documento fue recibido en Londres, en Bow Street, por otro metropolitan magistrate, Ronald Bartle, que emitió una segunda orden de arresto.

20 de octubre de 1998. El juez español Manuel García Castellón, que llevaba un proceso en contra de 40 miembros del régimen militar chileno, transfirió sus causas al juez Garzón.

22 de octubre de 1998. Los defensores de Pinochet presentaron un recurso de habeas corpus ante la Corte Suprema (High Court) de Londres.

23 de octubre de 1998. El subsecretario chileno de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, se dirigió a Londres. El Ministerio de Relaciones Exteriores chileno, en Santiago, presentó otra nota de protesta a la embajadora británica confirmando la inmunidad parlamentaria del senador Pinochet y oponiéndose a cualquier acto judicial en su contra.

24 de octubre de 1998. El subsecretario Mariano Fernández fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores británico, Robin Cook.

25 de octubre de 1998. El caso Pinochet llegó a la Corte Suprema (High Court), donde hubo duras reyertas verbales entre el acusador, Alun Jones, y el defensor, Clive Nicholls.

26 de octubre de 1998. El Ministerio de Relaciones Exteriores chileno entregó al embajador español una nota de protesta contra el procedimiento del juez Garzón. Suiza solicitó a Gran Bretaña la extradición de Pinochet.

28 de octubre de 1998. La Corte Suprema (High Court) de Londres, reunida en las oficinas de Bow Street, recibió el recurso de habeas corpus y declaró ilegal el arresto de Pinochet, al cual le reconoció en efecto la inmunidad de ex Jefe de Estado.[6]

Presentes en la audiencia, en fila contra Pinochet, las organizaciones Amnistía Internacional y Human Rights Watch. [7]

Inmediata apelación de la magistratura española, presentada por el procurador general británico (Crown Prosecution Service). Luego de la apelación, que de hecho reabrió el asunto, Pinochet permaneció con arresto domiciliario.[8]

Mientras algunos amigos del ex Presidente chileno organizaban una colecta para reunir fondos con que afrontar los gastos de la defensa, se inició en Europa una suerte de competencia para ver quién presentaba otro pedido de extradición. Abrieron la lista los burócratas de la Unión Europea. Le siguieron, además de la ya citada Suiza, Francia, Bélgica, Suecia, Noruega, Alemania y hasta Italia, que intervino por orden del ministro de Justicia, el comunista Oliviero Diliberto.[9]

29 de octubre de 1998. Pinochet dejó la London Clinic y fue transferido bajo vigilancia al Groveland Priory Hospital, no lejos de Londres.

30 de octubre de 1998. Por decisión unánime (once votos contra cero) la Corte Suprema Penal de España (Sala Penal de la Audiencia Nacional) desaprobó el procedimiento del juez Baltasar Garzón, negando al mismo tiempo la competencia española sobre los hechos verificados en Chile.

En Madrid el subsecretario chileno de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, acompañado del embajador Sergio Pizarro, se entrevistó con el canciller español, Abel Matutes.

1 de noviembre de 1998. Encuentro en Castelgandolfo entre Mariano Fernández y el Cardenal Angelo Sodano.

3 de noviembre de 1998. El juez Garzón envió una solicitud a Londres pidiendo la rápida extradición de Pinochet.

6 de noviembre de 1998. Chile llamó a su embajador en Madrid para consultas. El embajador partió el 26 de noviembre.

23 de noviembre de 1998. La Corte Suprema española confirmó su desaprobación al procedimiento de Garzón.

25 de noviembre de 1998. El tribunal de la Cámara de los Lores (Law Lords) por tres votos contra dos y después de un examen de la ley sobre extradiciones (State Inmunity Act de 1978), decidió que a Pinochet no le correspondía la inmunidad como ex Jefe de Estado.

Fue determinante el voto de lord Hoffmann, que se negó a dar explicaciones por su propia decisión.[10] Isabel Allende, una de las hijas del Presidente suicida, se declaró «satisfecha».[11] Júbilo en gran parte de la prensa mundial: en primera fila Le Monde, Il Manifesto, L’Unitá, el Corriere della Sera, La Stampa, Liberation y The Independent. Irritados en Santiago, Hernán Briones y Luis Cortés Villa, dirigentes de la Fundación Pinochet. Para el español Baltasar Garzón se trató sólo de «un paso adelante».

Intervino la ex primera ministra británica, Margaret Thatcher, para que a Pinochet le consintieran volver a casa.[12]

26 de noviembre de 1998. El Presidente de la República de Chile, Eduardo Frei Ruiz-Tagle escribió al primer ministro británico, Tony Blair. El Gobierno chileno envió una solicitud oficial al ministro británico del Interior, Jack Straw, para que no concediera la extradición.[13]

27 de noviembre de 1998. Encuentro en Londres entre el ministro chileno de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, y el ministro de Relaciones Exteriores británico, Robin Cook.

30 de noviembre de 1998. El embajador chileno en Madrid, Sergio Pizarro, apenas llegó a su país para consultas, envió un mensaje al ministro de Asuntos Exteriores de España, Abel Matutes, pidiéndole una solución a los inconvenientes creados por el juez Baltasar Garzón.

1 de diciembre de 1998. Encuentro en Madrid entre los ministros Insulza, chileno, y Matutes, español.

Pinochet, siempre bajo la vigilancia de Scotland Yard, se trasladó a una casa ubicada en un condominio de la localidad de Wentworth Virginia Waters, en el Surrey.[14]

7 de diciembre de 1998. El primer ministro británico, Tony Blair, respondió a la nota del Presidente chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

9 de diciembre de 1998. Jack Straw, ministro británico del Interior, inició el procedimiento de la extradición a través de una autorización formal para proceder (authorization to proceed). Los delitos que los magistrados británicos le imputaron a Pinochet eran: intento de homicidio, torturas, conspiración para torturar, toma de rehenes y conspiración para tomar rehenes. Excluidas desde el comienzo por falta de pruebas, las acusaciones propuestas por Garzón de homicidio, genocidio y terrorismo.

El presidente chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle requirió la presencia en Chile de su embajador ante el gobierno británico, Mario Artaza, para consultas.

10 de diciembre de 1998. El juez Baltasar Garzón formuló en Madrid un nuevo acto de acusación contra Pinochet. En Londres los defensores de Pinochet presentaron una apelación a la Cámara de los Lores solicitando la anulación de la sentencia del 25 de noviembre emitida por Law Lords en vista de que el juez Leonard Hubert Hoffmann of Chedworth (el que en el juicio fallado por 3 votos contra dos hizo inclinar la balanza en contra de Pinochet), era dirigente de la organización Amnistía Internacional, adversaria de Pinochet. La mujer de Hoffmann, Gillian, también trabajaba desde 1977 en Amnistía Internacional, a tiempo completo y regularmente asalariada. Se trató de un acto sin precedentes, porque las decisiones de Law Lords eran consideradas inapelables. Sin embargo, en esa oportunidad el motivo (sospecha fundada en la falta de imparcialidad) era más que legítimo.[15]

11 de diciembre de 1998. Augusto Pinochet compareció personalmente en el aula de Bow Street para recibir del presidente del colegio, Graham Parkinson, la notificación referente a la decisión del ministro Jack Straw de dar lugar al proceso de extradición. La fecha se fijó el 18 de enero de 1999. Se decidió, asimismo, cambiar las audiencias, por motivos de seguridad, de Bow Street a Bersham Magistrates Court, en los barrios meridionales de Londres.[16]

«Con el debido respeto a Vuestro Honor», declaró Pinochet en un documento entregado el día precedente, «no reconozco la jurisdicción de ningún tribunal, excepto los de mi país, para que se me juzgue de todas las mentiras de que me acusan los señores de España».[17]

15 de diciembre de 1998. Inicio del debate sobre la impugnación presentada por los defensores de Pinochet, contra la sentencia emitida por Law Lords el 25 de noviembre de 1998.

17 de diciembre de 1998. El recurso de los defensores de Pinochet fue aprobado por unanimidad (cinco votos contra cero), por lo tanto la sentencia del 25 de noviembre que había negado la inmunidad a Pinochet fue anulada. Lord Hoffmann fue severamente amonestado por omitir, tanto él como su mujer, informar sobre sus compromisos con Amnistía Internacional. [18] En Madrid, irritado, Baltasar Garzón acusó a la justicia británica de «cambiar de opinión con facilidad».[19] Otro tanto irritados Andy McEntee, de Amnistía Internacional, y Carlos Reyes, portavoz de una llamada Organización de Chilenos en Exilio.[20]

22 de diciembre de 1998. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile envió una nota al secretario general de las Naciones Unidas.

23 de diciembre de 1998. El ministro de Relaciones Exteriores chileno, José Miguel Insulza, escribió al ministro del Exterior británico, Robin Cook.

24 de diciembre de 1998. El ministerio de Relaciones Exteriores chileno envió al secretario general de la Organización de los Estados Americanos una nota similar a la enviada el 22 de diciembre al secretario general de las Naciones Unidas.

En Madrid, el juez Baltasar Garzón amplió las motivaciones del pedido de extradición. Para adecuar la solicitud de extradición a las exigencias legales británicas, incluyó acusaciones relacionadas con hechos que se verificaron en países extranjeros (Plan Cóndor y las aseveradas conspiraciones para asesinar en el extranjero a Leighton, Prats, Altamirano y Letelier).

7 de enero de 1999. El Gobierno de Chile y de la otra parte Amnistía Internacional y Human Rights Watch, insistieron para ser admitidos como partes en causa en el litigio.

11 de enero de 1999. Fue nombrado un nuevo tribunal de Law Lords que tuvo que reabrir el proceso anulado a causa de la incompatibilidad de Hoffmann: o sea Lloyd, Slynn, Nicholls y Stein, más lord Goff of Chiveley, lord Nolan, lord Hope of Craighead y lord Hutton. Presidente, lord Nicolas Browne Wilkinson. Se estableció que las audiencias comenzaran el 18 de enero.

13 de enero de 1999. En sesión preliminar fueron admitidos en el juicio el Gobierno chileno y Amnistía Internacional, que pudieron testimoniar en el curso del debate. La organización Human Rights Watch pudo solamente presentar un documento por escrito.

16 de enero de 1999. El embajador chileno ante el gobierno británico, Mario Artaza, retornó a Londres.

18 de enero de 1999. Primera audiencia de apelación ante la Corte Suprema de Londres (en curso dos procesos: uno presidido por lord Browne Wilkinson y el otro presidido por lord Graham Parkinson). Audiencia postergada por lord Parkinson al 22 de febrero de 1999.

29 de enero de 1999. El ministro británico de Relaciones Exteriores, Robin Cook, respondió a la nota del 23 de diciembre del ministro chileno de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza.

4 de febrero de 1999. El embajador chileno ante el gobierno español, Sergio Pizarro, envió una nota al ministro español de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, y reiteró sus críticas respecto del procedimiento de Garzón.

19 de febrero de 1999. El portavoz del Vaticano, Joaquín Navarro, confirmó la existencia de una carta enviada por El Vaticano al gobierno británico pidiendo la liberación de Pinochet por razones humanitarias.

22 de febrero de 1999. Audiencia de apertura del proceso de extradición presidido por el juez Graham Parkinson. Prórroga para el 22 de marzo de 1999.

22 de marzo de 1999. Audiencia de apertura del proceso de extradición presidido por el juez Graham Parkinson. Prórroga de la audiencia al 6 de abril de 1999.

24 de marzo de 1999. Fue emitida por Law Lords la sentencia de apelación después del recurso presentado por la parte acusadora contra la sentencia del 28 de octubre de 1998 de la Corte Suprema, que estableció el derecho de Pinochet a la inmunidad.

La sentencia (pronunciada por 6 votos contra uno) estableció que a Pinochet no le correspondía la inmunidad, pero valía la extradición por los casos de tortura que se hubieren efectuado con posteridad al 29 de septiembre de 1988, fecha en la cual Gran Bretaña firmó la Convención Internacional Contra la Tortura.

De los numerosos casos de conspiración para asesinar, señalados por Garzón, solamente uno fue aceptado, el relativo a la voluntad de matar al senador Altamirano. Por lo que se refiere a los casos de tortura posteriores al 29 de septiembre de 1988, solamente tres fueron reconocidos como válidos.

Se llegó así automáticamente, como afirmó en una entrevista Michael Byers, profesor de derecho de Oxford, a un temerario compromiso que después de reducir drásticamente el número de los delitos imputables a Pinochet, delegó la decisión a las manos del ministro del Interior británico, Jack Straw: sólo él, hacía entender con claridad la sentencia, podía decidir la entrega de Pinochet a España.[21]

Más aún, considerando la drástica reducción de los motivos de la acusación, precisaba la sentencia, se recomendó al ministro del Interior examinar con atención la oportunidad de conceder la extradición.

Todo ello le creó dificultades a Garzón. Sin embargo, según indiscreciones recogidas por el Times y comentadas por el Wall Street Journal, los colaboradores de Jack Straw tomaron rápidamente contacto con Garzón y le sugirieron enviar a Londres un extenso número de casos de tortura verificados después de 1988.[22]

El ministro británico del Interior informó que iba a reexaminar el caso «a la luz de la última sentencia que contiene elementos de naturaleza legal extremadamente compleja».

25 de marzo de 1999. Al tomar conocimiento de la sentencia del día precedente y de las sugerencias de Jack Straw, Baltasar Garzón sacó de su galera 33 casos de supuesta tortura post 1988 imputados a Pinochet.[23]

26 de marzo de 1999. Garzón agregó otros 9 casos de tortura del período 1988-1990 a los 33 ya señalados, completando un total de 42.

29 de marzo de 1999. Al finalizar la sentencia del 24 de marzo, los Law Lords aprobaron e hicieron propio el pedido de modificar la autorización de extradición emitida el 9 de diciembre de 1998 por el ministro del Interior.

30 de marzo de 1999. El ministro de Asuntos Exteriores de España, Abel Matutes, respondió a la carta del embajador Sergio Pizarro del 4 de febrero de 1999.

5 de abril de 1999. Garzón agregó otros 11 casos de tortura relacionados al período 1988-1990, completando así un total de 53.

6 de abril de 1999. Audiencia de apertura del proceso de extradición presidido por el juez Graham Parkinson. Prórroga al 30 de abril de 1999.

En la misma jornada el tribunal de Bow Street decidió el arresto domiciliario de Pinochet, obligado y controlado las 24 horas del día.

7 de abril de 1999. Un grupo de «familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos» presentó al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en Estrasburgo, una exposición en la que se pidió la intervención cautelar en caso que Gran Bretaña no concediera la extradición.

15 de abril de 1999. A continuación de la sentencia de Law Lords del 24 de marzo, el ministro del Interior británico, Jack Straw, emitió una nueva autorización para proceder (authorization to proceed) con el trámite de extradición. De este modo inició formalmente el proceso de extradición.

16 de abril de 1999. La Corte Suprema declaró sin efecto la autorización para proceder, emitida por el ministro del Interior el 9 de diciembre de 1998, porque fue sustituida por la nueva. Al mismo tiempo la Corte Suprema emitió una nueva orden de arresto (warrant) en sustitución de aquella notificada a Pinochet el 22 de octubre de 1998.

En contraste con las afirmaciones de Garzón, el Movimiento Chileno de Reconciliación Nacional informó que después de septiembre de 1988 no se verificaron casos de tortura.[24]

27 de abril de 1999. Garzón agregó otros 12 afirmados casos de tortura verificados en el período 1988-1990. El total ascendió a 65.

30 de abril de 1999. El tribunal de Bow Street estableció que la fecha de inicio del Commital Hearing para discutir la eventual extradición, era el 4 de junio. En aquella sede se tendría una pre trial review para establecer las bases sobre las cuales discutir el proceso de extradición.

2 de mayo de 1999. La Procuraduría General española presentó dos recursos que se oponían a los presentados por Garzón.

4 de mayo de 1999. Garzón aceptó algunas observaciones de la Procuraduría General pero polemizó sobre otras.

5 de mayo de 1999. El ministro chileno de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, afirmó que la controversia existente entre su país y España por el caso Pinochet se podría resolver recurriendo al Tratado Bilateral de Arbitraje de 1927. En Madrid prosiguieron las polémicas entre Garzón y la Procuraduría General.

6 de mayo de 1999. Los defensores de Pinochet presentaron un nuevo recurso (notice of application for leave to move for judicial review) contra la nueva autorización para proceder, emitida el 15 de abril por el ministro del Interior británico, Jack Straw.[25]

20 de mayo de 1999. El embajador chileno en Londres entregó a los ministerios británicos de Relaciones Exteriores y del Interior una nota diplomática con críticas de su Gobierno a la autorización para proceder, emitida por el ministro del Interior británico.

21 de mayo de 1999. Garzón rechazó oficialmente las críticas que le hizo la Procuraduría General española.

24 de mayo de 1999. En Madrid, la Procuraduría General formuló nuevas críticas al juez Baltasar Garzón.

27 de mayo de 1999. El juez Harry Ognall, de la Corte Suprema, decidió comenzar el proceso de extradición, con una declaración verbal.

En Madrid, la Procuraduría General presentó otro recurso contra el procedimiento de Garzón, por los nuevos supuestos casos de tortura.

1 de junio de 1999. El juez Garzón presentó a la magistratura británica una resolución en la cual afirmó la competencia de la justicia española por los casos de desaparecidos de nacionalidad española.

4 de junio de 1999. Como estaba previsto, se realizó en Bow Street el Commital Hearing, que estableció las fechas de desarrollo del proceso de extradición. El juez Graham Parkinson estableció el 27 de septiembre para la primera audiencia; además, las partes debieron presentar sus escritos hasta el 31 de agosto (acusación) y hasta el 14 de septiembre (defensa).

En Madrid, otro documento de la Procuraduría General critica al juez Garzón.

18 de julio de 1999. El Sunday Telegraph Review publicó una entrevista concedida por Pinochet al periodista inglés Dominic Lawson. Acompañado por su colega Christina Lamb y por una intérprete de Scotland Yard, de la cual se conoció sólo el nombre «María», Lawson se quedó con Pinochet, en el jardín de la residencia de Wentworth, bastante más de los sesenta minutos acordados.[26]

Estas son las palabras textuales de Pinochet: «Fui arrestado ignorando mi inmunidad diplomática de ex Jefe de Estado y de senador en ejercicio y nadie se preocupó de advertirme que corría el riesgo de ser arrestado. Asimismo no estuve en Gran Bretaña como un peligroso fuera de la ley, sino como un diplomático que cuando llegó fue acogido con respeto por las autoridades locales. Hubieran debido darme tiempo de dejar el territorio británico.[27] En cambio, se dedicaron a escuchar a aquel tal Garzón, que basa sus acusaciones sobre simples elucubraciones sin ningún tipo de pruebas».

Y luego expresó una irónica crítica a las actuaciones judiciales británicas: «En mi conversación con John Lee Anderson, en 1998, afirmé que Gran Bretaña era el lugar ideal para vivir, gracias al respeto de las leyes que rigen el país. Nunca hubiera imaginado que las cosas pudiesen cambiar radicalmente de un año a otro.[28] La Corte Suprema estableció por unanimidad que debía ser liberado. Sin embargo, inmediatamente después los españoles presentaron una apelación y de este modo me quitaron la inmunidad. Comenzó mi calvario. He aquí cómo sucedieron los hechos. En primer lugar llegó la decisión del tribunal. Luego la apelación. Después la aceptación de la apelación. Luego la apelación contra la apelación. Y así se va adelante, en un interminable círculo vicioso. Así fue mi vida en los últimos ocho meses: esperanza, apelación, decisión, apelación… Resultado, hoy el único prisionero político que hay aquí en Inglaterra soy yo. No obstante, no vacilan en dejar en libertad a los más peligrosos terroristas del IRA y a los peores bandidos y criminales, gente violenta».[29]

Y prosigue, sobre el respeto a los derechos humanos en Chile: «No tuve la posibilidad ni el tiempo de controlar todo lo que hacían los demás. En aquellos días debía concentrarme sobre otras cosas. Tenía que sacar a Chile de las deudas en las que estaba sumergido. Debía ocuparme de la inflación que ascendía a cerca del 500%. Debía poner orden en los campos para que la producción fuera suficiente para alimentar a la gente. Las torturas: no sé quién pudo ser el responsable de aquellos hechos, aún cuando naturalmente asumo la responsabilidad política. La política, no la judicial. De otro modo todos seríamos culpables de alguna cosa: Clinton sería responsable, ante la ley, por lo que sucedió en Kosovo».

Y continuó: «Yo debía ejercer el poder. No podía ocuparme de la dirección de la DINA. Un jefe supremo dice cuáles son los resultados que hay que conseguir. Pero el modo con el cual se pueda o deba arribar a esos resultados es decisión de los responsables de los servicios».[30]

A propósito del golpe: «Allende asumió el poder prometiendo un buen Gobierno socialista y democrático. En cambio comenzó rápidamente a expropiar las industrias, los bancos y las tierras. Alentó a los trabajadores a rebelarse contra los patrones y a ocupar las fábricas. La Corte Suprema y el Parlamento declararon a su Gobierno fuera de la ley y por toda respuesta hizo llegar más armas cubanas en embalajes de azúcar».

¿Y la ayuda americana? «Ninguno me ayudó, excepto el almirante José Toribio Merino, el general Gustavo Leigh o el general César Mendoza. Es cierto, Leigh estudió bastante en Estados Unidos y estuvo muchas veces allí, pero no habló nunca de esos asuntos. El Congreso de los Estados Unidos rechazó cada propuesta de ayuda para Chile de la Junta Militar: los Estados Unidos no nos ayudaron nunca, a pesar de que anteriormente a Allende lo ayudaron con un crédito de 82,5 millones de dólares a través del Fondo Monetario Internacional».

A la pregunta «¿Por qué muchos le odian?», esta fue la respuesta: «¿Y por qué muchos me aman? El motivo por el cual soy también odiado es que en 1973 existían grupos de politiqueros comprometidos con el terrorismo, guerrilleros armados y con adiestramiento militar que controlaban el país y programaron la muerte de un millón de personas. Pero cuando nosotros asumimos el poder, el 11 de septiembre, a las 18:00 horas de la misma jornada casi todos aquellos comunistas estaban muertos. Los sobrevivientes fueron autorizados a irse, libres. Y vinieron aquí, a Inglaterra, Francia, España y Suecia, gracias al apoyo socialista.[31] De esta manera ahora, esa gente se la agarró conmigo. ¿Por qué? Porque Merino murió, Mendoza también, Leigh está muy enfermo y yo soy el único que todavía puede ser atacado. Se la agarran conmigo, gritando que soy el más grande asesino del mundo».

15 de agosto de 1999. El Gobierno chileno decidió la sustitución de su embajador en Londres, el socialista Mario Artaza, poco proclive a colaborar con Pinochet, por el democratacristiano Pablo Cabrera, al cual le confió el deber de tomar contacto con Pinochet y con sus abogados londinenses.[32]

Al mismo tiempo, la defensa de Pinochet anticipó a la prensa el empeoramiento de las condiciones de salud del general, que en efecto fue trasladado a una clínica para que le realizaran exámenes.

26 de septiembre de 1999. Un artículo del Sunday Times confirmó que las preocupaciones por la salud de Pinochet no eran infundadas: se supo que el general, de ochenta y cuatro años, había sufrido un accidente vascular. El riesgo de muerte, según la opinión de los médicos, persistía. Que el dramático evento pudiese acaecer durante la detención en Londres perturbó al primer ministro Tony Blair y a los máximos niveles chilenos y españoles: en Santiago el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Gabriel Valdés (sucesor desde mayo de 1999 de José Miguel Insulza), declaró que la muerte de Pinochet podría «entorpecer el proceso de pacificación en curso en Chile» y en Madrid, el primer ministro, José María Aznar, concedió al Periódico de Cataluña una entrevista en la que se refleja un creciente fastidio respecto a Baltasar Garzón y sus iniciativas.[33]

28 de septiembre de 1999. El ministerio de Relaciones Exteriores de Chile preparó un recurso a la inapelable Corte Internacional de Justicia de La Haya, máximo órgano judicial de las Naciones Unidas, con el fin de obtener una declaración de ilegitimidad de las iniciativas españolas y británicas respecto a Pinochet.[34]

8 de octubre de 1999. El tribunal de Bow Street precisó que, antes de la extradición de Pinochet a España, un proceso regular debía determinar si es culpable. Y que, de todos modos, la decisión final correspondía al ministro del Interior.[35]

Enero 2000. El gobierno británico, a través del ministro del Interior, Jack Straw, tomó la única vía posible para salir de la situación embarazosa: aceptó todos los pedidos de los acusadores pero envió a Pinochet a su casa, en Chile, por graves motivos de salud.[36]

De esta manera, el 5 de enero de 2000, Pinochet fue trasladado al St. Mark and Northwick Park Hospital, donde un grupo de médicos «independientes» lo sometió a cuidadosos exámenes por cuenta del gobierno.[37]

La decisión de Straw de todos modos fue sujeta a una interminable serie de recursos y apelaciones y fue oficializada después de examinar el informe médico y después de un encuentro de Straw con sus consultores, lord Bingham of Cornhill y lord Irvine. La cuestión fue delicada porque tanto el primer ministro, Tony Blair, como el ministro de Asuntos Exteriores, Robin Cook, temían el deterioro de las relaciones con una nación amiga como Chile y les preocupaba la idea de que Pinochet se muriera durante el arresto en Londres. Ninguna preocupación de España, ya que el primer ministro, José María Aznar, dio a entender con claridad que su deseo más grande era cerrar la disputa y borrarla de la memoria.[38]

El diario francés Le Monde (irreductible adversario de Pinochet) expresó su esperanza de que Pinochet, una vez retornado a su país, cayera en las garras del juez Juan Guzmán Tapia, que tiempo atrás había abierto un expediente a su cargo.[39]

La prensa suiza se mostró desilusionada pero mostró una cierta distancia. «El asunto Pinochet está cerrado», anunció La Tribune de Genéve. Y Le Temps refirió las palabras del magistrado suizo Bernard Bertossa, «indignado» por la que definió como «decisión hipócrita». El Corriere del Ticino, con más realidad, habló de «un rodeo» pero previó que Garzón, Bélgica y Amnistía Internacional no soltarían la presa.

«Gran Bretaña se aprestó a liberar a Pinochet por su condición de enfermo», tituló en Estados Unidos la primera página del International Herald Tribune.

Y en Italia el Corriere della Sera, cautamente, habló de «una decisión que difícilmente será cambiada», mientras para Il Giornale la liberación de Pinochet fue lograda. La Repubblica, como era de esperar, se expresó a través de un comentario del infaltable Luis Sepúlveda que, dejándose andar en los cielos de su arte, anunció al mundo que desde el día del golpe de 1973 el cielo chileno no es más de color azul. Luego, preocupado, Sepúlveda se pregunta si por culpa de Pinochet la lluvia «mantendrá la antigua costumbre de caer verticalmente» o en cambio tomará el pésimo vicio de «caer de abajo hacia arriba o de costado».[40]

En Francia Le Monde, siempre en primera línea en la campaña en contra de Pinochet, publicó uno de los tantos artículos del omnipresente Sepúlveda, que vuelve con el perturbador ejemplo de la lluvia horizontal y del cambiante color del cielo.[41]

Aun cuando los exámenes médicos fueron estrictamente reservados, se filtraron algunos detalles de las aflicciones del ex general: diabetes con neuropatía diabética y retinopatía diabética; síndrome ansioso depresivo con incidencia negativa respecto de la diabetes, episodio cerebro-vascular verificado el 9 de septiembre, intervención quirúrgica de by-pass e incorporación de un marcapaso, incontinencia urinaria, pérdida de memoria, vértigo y pérdida del equilibrio, hiperplasia prostática benigna, episodio isquémico en 1996, tiroides multinodular, problema aurículo ventricular con extrasístole, artritis de la rodilla derecha, consecuencias de una operación de laminectomía de la columna vertebral efectuada en Londres, en octubre de 1998, presbiacusia debida a trauma acústico, asma leve, hernia inguinal izquierda, várices superficiales.[42]

Se trató de voces no confirmadas sobre documentos oficiales que, a pedido del gobierno británico y del interesado, permanecieron secretos.[43]

Probablemente empujado por Bélgica y por Amnistía Internacional a estas alturas en primera fila, el juez Baltasar Garzón solicitó interrogar a Pinochet y someterlo a una pericia médica. Garzón sostuvo, además, que la edad avanzada y el precario estado de salud no eran motivo suficiente para evitar un proceso y una condena.[44]

18 de enero de 2000. Comenzó en Londres una situación de crisis en el vals de decisiones y contradecisiones referentes al caso Pinochet. La intención de mandar a Pinochet a su casa no se concluyó.[45]

Mientras tanto en Chile, las elecciones presidenciales vieron la victoria de la centroizquierda, que se sobrepuso por poco sobre la centroderecha conservadora.

La victoria fue decidida por un margen pequeño de votos: Ricardo Lagos, candidato de la centroizquierda, venció con el 51,37% de los votos, contra el 48,63% de Joaquín Lavín, candidato de la centroderecha.[46]

Febrero de 2000. El 14 de febrero de 2000, otro «golpe de gracia»: la Corte Suprema británica ordenó que se entregara a España, Bélgica, Francia y Suiza, con el compromiso de máxima reserva, el informe médico sobre la salud de Augusto Pinochet. Motivo: el interés público prevalece sobre el privado, en consecuencia, sobre la privacy. El documento pudo ser mostrado a un reducido grupo de médicos encargados de evaluarlo. Eventuales observaciones debieron ser presentadas, por las cuatro naciones, antes de las 14:00 horas del martes 22 de febrero de 2000.

Sin embargo, pocas horas después, el 16 de febrero, a pesar del compromiso de reserva tomado por la magistratura y por las autoridades de Madrid, los diarios españoles ABC y El Mundo publicaron el texto completo de las trece páginas del informe médico. A los dos diarios españoles se sucedieron, en Londres, The Guardian y The Times y su difusión mundial en un sitio Internet.[47]

Partió inmediatamente una comedia para la identificación, entre Madrid y Londres, de los responsables de la fuga del documento. Los ingleses acusaron a los españoles y viceversa. Garzón, verdadero depositario del documento, acusó al ministro de Asuntos Exteriores de su país, mientras los otros posibles culpables (en Bruselas, París y Berna) se desligaron con dificultad.

Una indiscreción, filtrada a través del diario chileno El Mercurio pero no verificada, indicó como posible responsable de la fuga de noticias al abogado Alun Jones, corresponsal de Garzón en Londres. Y siempre según El Mercurio, el hecho de que las noticias fueron difundidas por El Mundo confirmó las sospechas sobre Garzón de que en el pasado se sirvió de ese diario. El Mercurio comentó los hechos con una cierta dosis de sarcasmo, dando a entender que la fuga de noticias respecto del estado de salud del ex general era suficiente por sí misma para confirmar qué tipo de personas fueron quienes se arrogaban el impartir a Chile y al mundo lecciones de moralidad.[48]

En Bruselas, el 19 de febrero, el ministro del Exterior belga, Louis Michel, declaró a la televisión «Pinochet debe ser procesado cualquiera sea su estado de salud». Otro tanto hizo Suiza, el 21 de febrero, a través de una nota presentada en Londres por su embajada, que subrayó que las preocupaciones helvéticas eran debidas a la desaparición en mayo de 1977 (¡en Argentina!) de Alexis Jaccard, quien vivió en Chile en carácter de «estudiante».[49]

En Madrid, el juez Garzón declaró que los diagnósticos médicos ingleses «presentaban algunas discordancias» y por lo tanto un control del estado de salud de Pinochet debía repetirse en España. Inmediatamente, el ministro español de Asuntos Exteriores desmintió a Garzón, reiterando que su gobierno no impediría de ningún modo el retorno de Pinochet a su país.[50]

Para responder a todas esas solicitudes, Jack Straw declaró a la BBC que no había tenido tiempo de examinar las conclusiones médicas y que sus decisiones serían tomadas «a debido tiempo».[51]

Una oleada de seriedad llegó, por fortuna, del Vaticano. Este es el comunicado: «Como dijo ayer por la mañana el Cardenal Angelo Sodano al Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, recibido en una audiencia por el Papa, Augusto Pinochet tiene derecho de retornar a Chile, su patria. Se trata de un caso humano y político que preocupa a la Santa Sede, que ya intentó interceder a favor del ex general y que confía en el buen criterio del gobierno británico en cuyas manos está la solución». Y prosigue: «La línea de la Santa Sede es la de favorecer en Chile la reconciliación nacional. No es casual, en efecto, que también los socialistas chilenos pidan el retorno de Pinochet a su país».[52]

Sobre el mismo argumento se explayó también El Mercurio: «En el encuentro del 17 de febrero entre Eduardo Frei y el Cardenal Angelo Sodano, Secretario de Estado del Vaticano, este último repitió el deseo de la Iglesia Católica de que la odisea del senador Pinochet termine rápido y que finalmente se reconozca el derecho del senador para volver a su país. Luego, prosiguiendo, Sodano señaló a Chile como un ejemplo mundial de reconciliación nacional».[53]

Un giro importante se verificó cuando Francia y Suiza declararon que sus gobiernos no se opondrían a las decisiones del ministro británico del Exterior, aun cuando ello favoreciera la liberación y el retorno de Pinochet a Chile. Estas señales de buena voluntad tuvieron la oposición obstinada y quisquillosa de Amnistía Internacional y del gobierno socialista belga que insistieron en otros controles médicos sobre la salud de Pinochet, pidiendo eximir la enfermedad como impedimento en el desarrollo de un proceso.[54]

2 de marzo de 2000. La situación se puso al rojo vivo para el gobierno laborista de Londres. El 11 de marzo en Santiago se realizaría la ceremonia de asunción de mando del nuevo Presidente chileno Ricardo Lagos y toda la izquierda mundial estaba invitada. Con Pinochet arrestado en Londres, para el gobierno de Blair se abrieron solamente dos vías: ir a la ceremonia y resignarse a una contestación feroz o, pateando el orgullo británico, renunciar al viaje.

De este modo, asimismo con retardo, Jack Straw puso fin a la aventura británica de Augusto Pinochet a sus ochenta y cuatro años, la que se fue arrastrando por más de 16 meses: a las 8:00 horas del jueves 2 de marzo de 2000 anunció la orden de liberación del detenido y su consecuente retorno a Chile.[55]

«La decisión fue mía», declaró Straw, «y no del gobierno. Resolví este caso en absoluta soledad. Era inútil continuar gastando dinero público».[56]

A las 10:00 horas se abrieron las oficinas de la Corte Suprema, pero ante el breve anuncio, nadie tuvo tiempo de presentar recursos. Garzón lo intentó, pero su recurso llegó fuera de plazo.[57]

A las 11:00 Pinochet dejó su residencia y, después de un trayecto de 250 kilómetros en un coche de vidrios oscuros, escoltado por la policía, bajo una lluvia torrencial llegó al aeropuerto militar de Waddington, donde subió al avión militar chileno El Águila, que lo esperaba.[58]

A bordo, además de Pinochet y su mujer (a los cuales fueron reservados una cabina lecho y un pequeño salón), estaban presentes los médicos (con un ambulatorio de emergencia), los abogados Miguel Alex Schweitzer y Hernán Felipe Errázuriz, la escolta, el personal de vuelo y dos azafatas.[59]

Pocos minutos antes del despegue uno de los abogados ingleses, Michael Caplan, entregó un paquete dirigido a Pinochet: proveniente de Margaret Thatcher, contenía un precioso plato de plata hecho en 1588 para conmemorar la victoria de Sir Francis Drake sobre la flota española. El obsequio fue acompañado de una tarjeta en la cual la «dama de hierro» señalaba irónicamente los «intentos españoles de imponer un nuevo colonialismo judicial». Todos, los presentes a bordo se rieron con ganas.[60] A las 13:08 El Águila dejó la pista inundada por la lluvia, con rumbo hacia Chile. El comandante envió a Chile un mensaje radial: «Levanté las ruedas del terreno. Me dirijo a Santiago con mi general».

Cerca de la medianoche el avión hizo una escala de tres horas, para recargarse de combustible, en la silenciosa isla de Ascención.[61]

CAPÍTULO XIII

No se puede hacer una buena tortilla sin romper ningún huevo.

Proverbio estadounidense

Santiago

La posibilidad concreta de procesar a Augusto Pinochet en su país estaba subordinada al cumplimiento de algunas exigencias judiciales.

La primera dificultad era la amnistía por hechos que se verificaron antes de 1978 y que beneficiaron a muchos militares y terroristas. Este obstáculo fue superado en 1992 por el juez Juan Guzmán Tapia, acusador de Pinochet, a través de una polémica e ingeniosa invención, luego ratificada por la Corte Suprema: debido a que los cuerpos de los desaparecidos no habían sido encontrados, no estaba certificada legalmente su muerte. Se trató, por lo tanto, como un delito de secuestro de persona todavía vigente en 1998-2000 y, por consiguiente, en una fecha posterior a la de la ley de amnistía.[1]

Se creaba, así, una extraña e inverosímil situación, superable solamente si se encontraran e identificaran los cuerpos de los desaparecidos, fijando de este modo la fecha aproximada de su muerte.[2] Con tal fin fueron cursados 800 procesos, entre ellos los referidos a 59 oficiales del Ejército, 24 de la Fuerza Aérea, 19 de Carabineros, 4 de la Armada y uno de Gendarmería.[3] Se abrió una «mesa de negociaciones», en el ámbito de la cual el Gobierno solicitó a los miembros de las Fuerzas Armadas (en servicio y en retiro o despido) colaborar con las investigaciones, ofreciendo a cambio la garantía del anonimato.

La segunda exigencia era privar a Pinochet de su inmunidad parlamentaria de senador vitalicio, que adquirió el 12 de marzo de 1998, día en el que se retiró del Ejército. Acción ésta que sólo la Corte Suprema podía realizar (y que en efecto concretó, como se verá, a principios de agosto de 2000), con un juicio inapelable.

La tercera era el examen médico sobre las capacidades mentales para afrontar el proceso. Esta es una práctica obligatoria en Chile para todos los imputados de edad superior a los 70 años.

Un ulterior obstáculo era la actitud que las Fuerzas Armadas y los partidos de derecha tendrían para defender a Pinochet, que podría poner en riesgo la estabilidad del país.

El último obstáculo estuvo constituido por la misma naturaleza del proceso, basado en las querellas de más de 150 partes civiles y un centenar de testimonios favorables o contrarios a Pinochet. Un proceso, entonces, que podía durar fácilmente al menos ocho años, con la probable y embarazosa complicidad de personas e instituciones, tanto chilenas como extranjeras, responsables en parte de los sangrientos eventos de aquellos años.

Con estas premisas, veamos a continuación y en sucesión cronológica los hechos en los cuales, en el Chile de 2000-2002, fue protagonista el ex Presidente Augusto Pinochet Ugarte, que en el capítulo XII dejamos en el viaje de Londres a Santiago.

***

3 de marzo de 2000. Desde la isla de Ascensión partió el avión que llevó a Pinochet a Santiago y que llegó a las 10:30 horas al aeropuerto Arturo Merino Benítez. Lo recibió una inmensa muchedumbre agitando pañuelos y cantando el himno nacional. Una gran asistencia en primera fila, de 400 personas pertenecientes a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, los directores de la Fundación Pinochet y los miembros de los partidos políticos de centroderecha. Ausente: el Gobierno.[4]

Pinochet descendió del avión con la ayuda de una silla de ruedas y de una improvisada rampa móvil, pero con ímpetu se levantó y sostenido por el general Ricardo Izurieta, su sucesor en la comandancia en jefe del Ejército, se fue caminando hacia el lugar donde se encontraban quienes lo esperaban. «Aquí se respira mejor aire», fue su primer comentario, mientras una banda militar arrancó los acordes de Los Viejos Estandartes, su himno preferido. La ceremonia duró 20 minutos.[5]

Luego, en un helicóptero Puma, Pinochet se dirigió al Hospital Militar para someterse a controles médicos y reposar. A las 19:30 se despertó y llamó a sus familiares: «Vamos a casa. Rápido», dijo.[6]

3-4 de marzo de 2000. En Santiago, mientras se entregaba al magistrado Juan Guzmán Tapia la denuncia número 61 contra Pinochet, en el ámbito del proceso de la llamada «caravana de la muerte», se puso en movimiento una «marcha contra la impunidad» de unas 3.000 personas, la cual finalizó con insultos y arrojando piedras contra el edificio de las Fuerzas Armadas.[7]

Desde París, el primer ministro francés, Lionel Jospin, informó que para protestar contra el retorno de Pinochet a su patria, Francia no estaría presente en Santiago el 11 de marzo, para la ceremonia de toma de mando del nuevo Presidente, Ricardo Lagos. No quiso decir que, en realidad, no quería estar presente en Santiago para evitar agravios similares a los sufridos pocos días antes en Palestina.[8]

El refinado escritor Antonio Skármeta escribió, en el Corriere della Sera, trazando un incomparable retrato de Pinochet: «dictador de la mandíbula brutal y de los anteojos tenebrosos, que concentró en sí mismo, por décadas, todas la perversiones imaginables en el imaginario (justo así: imaginable en el imaginario) político internacional». Y no tomó en consideración, en su arrebato, la contradicción en la cual cayó al mezclar a un dictador con un plebiscito: «En 1988», en efecto, su escritura lo traiciona, «en un plebiscito la gente votó contra el dictador y lo expulsó del Gobierno».[9]

Puntual, La Repubblica se zambulló deleitándose con el caso Pinochet, al cual dedicó, todo de una vez, algo así como cinco páginas. Mientras Carlo Pizzati se detuvo en «farolillos de colores que vuelan en el cielo, en los cantos patrióticos, pequeños trenes danzantes, banderas y posters con el rostro del militar bigotudo», agitados en el aire por los partidarios de Pinochet, el omnipresente Luis Sepúlveda dio una enésima demostración de elegancia definiendo a Pinochet, cuatro veces en pocas líneas, como «basura». Y agregó, para esclarecer aún más su propia visión, la afirmación de que «el derecho y la legalidad están siempre del lado de los poderosos». El señor Sepúlveda con el término «poderosos» no aludía a los carniceros de Pekín, reverenciados en las principales capitales del mundo sino al viejo y desde ya marginado Pinochet.[10]

Con el mismo buen gusto el TG5 dirigido por Enrico Mentana, envió un informe desde Santiago que mereció el Óscar del partidismo, mostrando escenas elegidas de manera de crear la impresión de que todo Chile detestaba al que fue definido como «ex dictador».[11]

Se exhibió también Jorge Edwards (otro «intelectual»), que entrevistado por Maurizio Chierici, del Corriere della Sera, proporcionó, deprimido, algunos detalles de lo sucedido: «El Presidente Frei solicitó no recibirlo como un vencedor… Y el helicóptero que lo acompañó al hospital y que debió sobrevolar la periferia, en cambio, dio vueltas en torno al Palacio de La Moneda, símbolo del poder. El acuerdo gobierno-militares previó ocho días de hospital. Sin embargo, salió ocho horas después. Debió retirarse como un eremita; en cambio, la muchedumbre lo aplaudió a cada hora. Ninguna visita, impuso el acuerdo, pero a las 21:00 horas de la misma noche el Comandante en Jefe del Ejército y dos altos militares se reunieron con él.

[…] Las Fuerzas Armadas quedaron como un Estado dentro del Estado, la mentalidad pinochetista civil y militar no cambió».[12]

Opuesta fue la opinión de la hija mayor de Pinochet, Lucía, entrevistada por Elizabeth Subercaseaux para el diario El Mercurio: «Mi padre fue recibido de un modo muy discreto. No se cantó el himno nacional, no hubo alfombras rojas, no se siguió ningún protocolo formal. Se trató de un grupo de personas que espontáneamente fue a recibir a un viejo amigo. Sólo el alejamiento de los periodistas fue discutible, pero ese asunto fue rápidamente resuelto. Alguno ironizó respecto al hecho de que mi padre pudo caminar, pero mi padre no es un inválido. Al contrario, a causa de la diabetes las caminatas le son favorables. Se cansa al levantarse de la silla, pero la emoción de aquel momento y la felicidad de encontrarse nuevamente en Chile debieron darle una descarga de adrenalina que le permitió levantarse».[13]

Fríos y equilibrados los comentarios del histórico diario de izquierda L’Unita, que resaltó sólo la promesa de Lagos de procesar a Pinochet en su patria.[14]

Muy serenos los comentarios del diario comunista Liberazione, satisfecho por la promesa de Ricardo Lagos, que escribió: «Procesaremos a Pinochet en Chile» y de Amnistía Internacional: «La lucha continuará en Chile». Luego el diario comunista Liberazione presentó un artículo del abogado Giancarlo Maniga, que como protagonista entre las partes civiles en el proceso a cargo de Erich Priebke (1996-98), parece agradarle otro buen proceso en Italia, esta vez a cargo de Augusto Pinochet: «Hace poco fue instaurado un procedimiento para juzgar el caso de los desaparecidos italianos en Chile. Se encuentra en la Procuraduría de la República de Roma. En Italia, a diferencia de España, se puede proceder aun en rebeldía del imputado».[15]

Il Manifesto, diario comunista, abrió en primera plana con una mentira: «Pinochet asesinó a Allende», seguida de la sentencia: «Morirá él también». En las páginas siguientes pasó a insultar, calificando a Jack Straw como «miserable», al ministro italiano Diliberto como «pez en barril» (escurridizo) y a Pinochet como «viejo escombro» y «viejo carnicero». Después se alivió entrevistando a un tal Vicente Taquias, «portavoz de los exiliados chilenos en Italia», al cual lamentablemente omitió preguntarle con qué fin permanecen en Italia esos «exiliados», considerando que desde hace tiempo en Chile están en el poder gobiernos de centroizquierda.[16]

«Cada persona con sentido común», escribió en Il Giornale Alberto Pasolini Zanelli, «se sintió aliviada cuando supo que las instituciones británicas se desenredaron del juego complicado y bajo, producido por un magistrado español enfermo de protagonismo y con la complicidad instintiva o irreflexiva del gobierno británico». Prosigue con una reflexión sobre el golpe de 1973: «Quien pretende juzgar desde afuera quiere, al mismo tiempo, ignorar que Chile en aquellos años estuvo en un estado de guerra civil y que la intervención de las Fuerzas Armadas y de Orden (solicitada con un documento solemne por la mayoría parlamentaria) fue sólo una de las batallas ganadas por las fuerzas anticomunistas».[17]

De este modo, en dos artículos escribe el Wall Street Journal: «Pinochet fue arrestado en Londres a través de una orden internacional que, emitida por un ambicioso magistrado español, no tenía ningún valor. Los delitos indicados en aquel documento no eran tales, en efecto, como para justificar una extradición. La magistratura británica remedió dicho defecto modificando oportunamente el acta dispuesta por los jueces de Madrid. Además, como aseveró el ex ministro de Relaciones Exteriores británico, Malcolm Rifkind, el señor Straw tenía el poder de impedir aquel proceso de extradición por ser contrario al interés nacional: exactamente como lo hizo con el boxeador Mike Tyson y con algunos piratas del aire afganos que aterrizaron en Inglaterra». Más aún: «La pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿el arresto de Pinochet en Londres mejoró el mundo, lo hizo más honesto, más seguro? ¿Serán más humanos los señores Slobodan Milosevich, Saddam Hussein, Fidel Castro y los otros dictadores? No. Al contrario, se cuidarán bien de no seguir el ejemplo de Pinochet dejando tranquilamente el poder».[18]

Así escribió, siempre en The Wall Street Journal, el inglés lord Norman Lamont, ex canciller: «Estas normas internacionales se volverán un obstáculo a las reconciliaciones y soluciones de los conflictos. En efecto, las amnistías, las negociaciones con los terroristas y los compromisos son aspectos fundamentales para la materialización de las soluciones de los problemas nacionales e internacionales. En Chile se lleva a cabo una reconciliación. ¿Con qué derecho las naciones europeas ponen obstáculos a la voluntad del 75% de los chilenos que quiere vivir en paz y no quiere que su senador sea procesado en el extranjero? Para ellos, Pinochet fue el arquitecto del Chile de hoy. Salvó a Chile de transformarse en un satélite de Cuba y una inmensa base naval soviética. Transformó la economía y le evitó a Chile una guerra civil que hubiese costado muchísimas víctimas. Si existen las guerras justas, existen también los golpes de Estado justos, y el de Pinochet seguramente lo fue. En un referéndum libre obtuvo el mismo porcentaje de sufragios que Tony Blair obtuvo en las elecciones de 1997».[19] A propósito de la actitud de las naciones europeas, a las que hizo referencia Norman Lamont, una respuesta seca provino de uno de los abogados de Pinochet, Fernando Barros: «El tiempo hará justicia. Europa está en decadencia: corrupta y llena de homosexuales. Pero un día cambiará de idea respecto de Pinochet».[20]

6 de marzo de 2000. Se inician los procedimientos para revocarle la inmunidad parlamentaria a Pinochet.

Entrevistado por el diario español ABC, el juez Juan Guzmán Tapia, que presentó la acusación, informó que el proceso sobre la llamada «caravana de la muerte» podría comenzar «en un mes» si la Corte de Apelaciones decidiese a tiempo revocar la inmunidad. «Si la inmunidad fuera revocada», dijo Guzmán, «Pinochet podrá apelar ante la Corte Suprema. Si la inmunidad se mantiene, se acaba todo. En otros términos, los acusadores no pueden apelar, pero Pinochet sí puede hacerlo». Luego agregó que en las últimas horas las denuncias contra Pinochet habían llegado a 66. [21]

Por su parte, Lagos, que probablemente prefería tener una presidencia tranquila, enviaba a la derecha y a los militares señales tranquilizantes: estaba dispuesto a reformar la ley sobre la amnistía y también a ampliar la ley sobre la inmunidad.

Pinochet analizó aquellas señales informando que, para no incomodar al Presidente saliente y al nuevo no concurriría a la ceremonia de toma del poder del 11 de marzo.[22]

7 de marzo de 2000. Se incrementó la tensión tras la decisión del Consejo de Defensa del Estado de constituirse en parte civil en el proceso de la «caravana de la muerte». Eso desmintió la precedente decisión del mismo Consejo de Defensa que, el 25 de junio de 1999 decidió renunciar, «por el momento», a constituirse en parte civil. Según el constitucionalista Guillermo Bruna, de todos modos la presencia del Consejo de Defensa del Estado en el proceso no significaba que se hacía presente el Gobierno, por cuanto el Consejo es un organismo autónomo. En tanto, las denuncias contra Pinochet llegaron a 72.[23]

11 de marzo de 2000. En la mañana tuvo lugar en Valparaíso, en el palacio del Congreso, la ceremonia de investidura del nuevo Presidente, Ricardo Lagos, socialista, de sesenta y dos años, al cual el Presidente saliente, el democratacristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle, le entregó los símbolos del poder.

Este último, abordado por la prensa, hizo una polémica declaración: «Los gobiernos europeos tienen dos pesas y dos medidas cuando se trata de derechos humanos. Con los irlandeses del Norte y con los vascos se dialoga, con nosotros se recurre a los jueces». Y con medias palabras, dio a entender que efectivamente existió un acuerdo secreto entre España, Chile y Gran Bretaña para el retorno de Pinochet a Chile.[24]

Estuvieron presentes en la ceremonia 14 Jefes de Estado, todos de orientación socialista. Entre ellos, el presidente del Consejo de Ministros italiano, Massimo D’Alema.[25] Ausentes por su propia decisión, el senador vitalicio Augusto Pinochet y el senador Francisco Javier Errázuriz. Los responsables del ceremonial intentaron excluir a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, que en la mañana del 3 de marzo acogieron triunfalmente a Pinochet en el aeropuerto de Santiago. Pero los generales respondieron que «ninguno tiene el derecho de excluir a las Fuerzas Armadas de una solemnidad nacional» y que, por lo tanto, «cada eventual veto será ignorado».[26]

La ceremonia prosiguió por la noche, en el palacio presidencial de La Moneda en Santiago. En la plaza, frente al palacio, se reunieron unas 10.000 personas, todas reclutadas en el ámbito de la izquierda, cuyo grito predominante fue: «¡Proceso a Pinochet!». Improvisando un discurso, Lagos recordó la figura de Salvador Allende y el gentío respondió coreando con poca coordinación: «¡Se siente, se siente, Allende está presente!».[27]

20 de marzo de 2000. Prosiguió y se amplió, por iniciativa del magistrado Juan Guzmán Tapia, la indagatoria referente a la «caravana de la muerte». Entre los imputados figuraron, además de Sergio Arellano Stark, Pedro Espinoza Bravo, Sergio Arredondo, Marcelo Morén Brito, Patricio Díaz y Armando Fernández Larios, acusados de la muerte de tres personas en Copiapó y trece en Calama.

Inmediatas fueron las reacciones negativas en los altos mandos de las Fuerzas Armadas. El general Ricardo Izurieta, Comandante en Jefe del Ejército, declaró a la prensa que «en algunos sectores políticos» se ha desarrollado un «clima de agresividad» respecto de las Fuerzas Armadas.[28]

22 de marzo de 2000. El juez Juan Guzmán Tapia se dirigió al cementerio de Concepción, luego del descubrimiento, en ese lugar, de una fosa común con 24 cuerpos. Como la sepultura fue realizada entre 1973 y 1974 y muchos cuerpos presentaban lesiones de proyectiles, se presumió que al menos 18 pertenecían a desaparecidos.

«Pudo también tratarse», observó Guzmán Tapia, «de personas muertas porque circulaban de noche durante el toque de queda y cuyos cuerpos, por temor, no fueron reclamados por sus familiares. Fueron de este modo sepultados sin nombre».[29] Nuevos controles médicos para Pinochet en el Hospital Militar de Santiago.[30]

25 de marzo de 2000. Con 113 votos a favor, 27 contrarios y 3 abstenciones, las dos cámaras del Congreso chileno aprobaron la institución de la figura de «ex Presidente de la República». A estas personas les corresponderá la inmunidad parlamentaria, que podrá ser revocada sólo por la Corte de Apelaciones, con la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema.[31]

28 de marzo de 2000. El ex Vicecomandante en Jefe del Ejército, Julio Canessa, al inaugurar el año académico de la Universidad Bernardo O’Higgins, se expresó polémicamente sobre los que presentaron denuncias contra Pinochet: «Se trata de una maniobra política que pretende escribir de nuevo la historia reciente de Chile creando una imagen negativa y represiva del Gobierno Militar».[32]

6 de abril de 2000. La Corte de Apelaciones de Santiago decidió postergar para el 19 de abril el inicio del proceso para la revocación de la inmunidad de Pinochet.[33]

20 de abril de 2000. El cardenal Jorge Medina Estévez expresó, en una entrevista a El Mercurio, su opinión respecto a que una nueva iniciativa legal de amnistía sería el mejor camino para superar las divisiones del pasado y pacificar los ánimos.[34]

26 de abril de 2000. Durante una manifestación contra Pinochet frente al Palacio de Justicia, tres estudiantes fueron embestidos por una camioneta y otros cinco fueron arrestados. Se informó, en tanto, que la defensa de Pinochet, en lo referente a la inmunidad, sería alegada por el abogado Ricardo Rivadeneira.[35]

De este modo, en una crónica sobre Santiago, resume la situación el diario triestino Il Piccolo: «De un lado, el juez Juan Guzmán Tapia, las familias de los desaparecidos y aquella casi mitad de chilenos que quería más claridad respecto de las responsabilidades. De la otra parte, una línea que une a militares, la oligarquía industrial y terrateniente y a la media burguesía cansada de la transición infinita».[36]

27 de abril de 2000. Prosiguió, por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago, el examen del asunto relacionado con la revocación de la inmunidad parlamentaria de Pinochet. Declaraciones en defensa de Pinochet provinieron del general Ricardo Izurieta, Comandante en Jefe del Ejército, y del almirante Jorge Arancibia, Comandante en Jefe de la Armada.[37]

28 de abril de 2000. El general Fernando Paredes, presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro, definió la iniciativa judicial contra Pinochet como «una aberración» y recordó que a las Fuerzas Armadas se debió el mérito y el reconocimiento de restablecer la democracia, después de la experiencia de Allende. «La izquierda internacional», prosiguió, «falsificó la historia de los últimos años y en este cuadro de falsedad se dejó en libertad a los asesinos del subteniente Lacrampette, del senador Jaime Guzmán, del general Carol Urzúa, de la escolta del Presidente Pinochet y de otras innumerables personas».[38]

30 de abril de 2000. El Presidente Ricardo Lagos manifestó algunas preocupaciones. Las Fuerzas Armadas le preguntaron cuál iba a ser su actitud respecto de Pinochet y de algunos oficiales sometidos a indagatoria o en prisión. La revocación de la inmunidad de Pinochet, aseveró el Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Izurieta, representaría el punto más bajo de las relaciones entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas. Lagos dio a entender que buscaba un camino para evitar el deterioro de la relación con las Fuerzas Armadas: la vía más accesible, afirmó, podría ser la de la «mesa de negociaciones» que se reunirá el 12 de mayo.[39]

La periodista Raquel Correa entrevistó al general en retiro Ernesto Videla, que confirmó el juicio ya proporcionado por otros: «Este país va a terminar su transición cuando las instituciones estén viviendo normalmente. La anormalidad está en el Poder Judicial sometido a la presión de la gente, al comentario de sus fallos, porque está manejando los temas de la transición, que es el problema de los derechos humanos. Otra institución que vive anormalmente son las FF. AA. Con un ex Comandante en Jefe y ex Presidente de la República sometido a un desafuero; generales que están siendo detenidos».[40]

5 de mayo de 2000. Llegaron a 97 las denuncias presentadas contra Pinochet, a quien se le notificó además de un acto judicial argentino por la muerte, en 1974, del general Carlos Prats y de su mujer, Sofía Cuthbert.[41]

10 de mayo de 2000. La magistrado argentina, señora María Servini de Cubría, que se ocupó en Buenos Aires del general Carlos Prats y de su mujer, Sofía Cuthbert, aseveró, en el curso de una entrevista concedida al diario La Nación, que tal vez fuera necesario interrogar al senador Pinochet.[42]

12 de mayo de 2000. En una posterior declaración, la misma María Servini de Cubría admitió que, en lo concerniente al caso Prats, existían secretos de Estado impuestos por los Estados Unidos y que ella misma debió respetar.[43]

15 de mayo de 2000. La Iglesia Católica chilena insinuó algunas palabras a favor de la reconciliación nacional. En el curso de una reunión de la Conferencia Episcopal los obispos aseveraron la necesidad de explorar nuevas vías para la pacificación.[44]

18 de mayo de 2000. Se presentó la denuncia número 103 en contra de Pinochet.[45]

24 de mayo de 2000. Se filtró la noticia que, el 23 de mayo, la Corte de Apelaciones, presidida por el juez Rubén Ballesteros, había decidido, por 13 votos contra 9, revocar la inmunidad parlamentaria a Pinochet.[46]

Esto significaba, según la Corte, que existían «fundadas sospechas» de las responsabilidades de Pinochet en el caso de la «caravana de la muerte» dirigida por el general Sergio Arellano Stark. La Corte estableció que por los 19 desaparecidos, sin pruebas concretas de sus respectivas muertes, el delito está «aún en curso de actuación», por lo cual no lo cubre la amnistía de 1978. Otros 53 casos, en los que se corroboró el deceso de las víctimas, fueron cubiertos por los beneficios de la amnistía.[47]

25 de mayo de 2000. Se entrelazaron reacciones y comentarios a la noticia de la revocación de la inmunidad de Pinochet.

«El verdadero responsable de todo lo acaecido en aquellos años fue Salvador Allende», dijo el ex Vicecomandante en Jefe del Ejército, general en retiro Rafael Villarroel, en el curso de una entrevista a Radio Portales. «Estamos preocupados», declaró el general Ricardo Izurieta, «El Ejército aprecia todo lo que el general Pinochet hizo por la patria. Esto que le está sucediendo es una paradoja y constituye una ofensa para todos los militares».

1-5 de junio de 2000. El presidente del Partido Socialista, Ricardo Núñez, afirmó que era improbable que Pinochet fuese sometido a proceso. El presidente del Senado, Andrés Zaldívar, se reunió con los representantes de los partidos de derecha y convino que el caso Pinochet estaba influyendo sobre la política nacional. El Presidente de la República, Ricardo Lagos, propuso que las inquietudes expresadas por Zaldívar fuesen discutidas entre los partidos.[48]

7 de junio de 2000. Los defensores de Pinochet decidieron presentar un recurso ante la Corte Suprema contra la decisión de la Corte de Apelaciones. Los principales motivos del recurso, según los abogados Miguel Schweitzer y Ricardo Rivadeneira, fueron la falta de pruebas sobre la participación de Pinochet en la desaparición y muerte de personas, la falta de competencia de la Corte de Apelaciones en una materia que se refiere más bien al Tribunal Constitucional, las contradicciones entre los cuatro o cinco testimonios que se presentaron contra Pinochet, el no comprobado poder escrito de Pinochet a Sergio Arellano Stark, la no aceptación de los testimonios de algunos colaboradores de Arellano Stark y la errada interpretación de una reunión entre Pinochet y el general Joaquín Lagos, comandante de la I División de Ejército.

Se subrayó además el hecho de que, en el ámbito de la Corte de Apelaciones, fueron exactamente ocho los magistrados que sostuvieron que no existían «motivos fundamentados» para considerar a Pinochet responsable de los hechos adjudicados.

En el curso de la jornada, 57 generales en retiro visitaron a Pinochet, mientras en el jardín una banda ejecutaba himnos militares.[49]

8 de junio de 2000. El ex Vicecomandante en Jefe del Ejército, general en retiro Rafael Villarroel, criticó la decisión de inaugurar, el 26 de junio, con la presencia del Presidente Lagos, un monumento a Allende, erigido frente al palacio de La Moneda.[50]

10 de junio de 2000. Los defensores de Pinochet, agregando otras críticas a la decisión de la Corte de Apelaciones, recordaron que todo lo acaecido después del golpe del 11 de septiembre de 1973 ocurrió bajo las disposiciones legales en tiempo de guerra. Hicieron referencia al decreto ley N° 3, del 11 de septiembre de 1973, que impuso el estado de sitio, al decreto ley N° 5, del 12 de septiembre de 1973, que puso a la nación «en estado de guerra», al decreto ley N° 8 que dejó a los comandantes de unidades la facultad de aplicar las disposiciones previstas por el estado de guerra, y al decreto ley N° 51, del 1 de octubre de 1973, que otorgó facultad a los comandantes periféricos de aplicar la pena de muerte según el párrafo 2 del artículo 75 del Código de Justicia Militar.

12-13 de junio de 2000. Se firmó el acuerdo para encontrar los cuerpos de los desaparecidos. El acuerdo preveía un plazo de seis meses en el cual las Fuerzas Armadas y la Iglesia debían esforzarse al máximo para verificar los hechos. Para alentar a los informantes voluntarios fue prevista una disposición legal que garantizaba el secreto profesional, el secreto de confesión y el secreto respecto a la identidad de los testigos.[51] El ex Presidente Patricio Aylwin y el candidato derrotado en las últimas elecciones, Joaquín Lavín, manifestaron su beneplácito. Opinión contraria expresaron el Partido Comunista y las asociaciones de los familiares de las víctimas, que temieron que el acuerdo pudiese transformarse en una carta a favor de Pinochet. Escéptico se mostró el Partido Socialista.[52]

14 de junio de 2000. Se difundió el texto completo del acuerdo. El presidente de la Corte Suprema, Hernán Álvarez, se manifestó satisfecho aunque subrayó que la justicia continuaría de todos modos su curso. El portavoz de las Fuerzas Armadas aseguró plena colaboración.

Amnistía Internacional, por el contrario, continuó lanzando leña al fuego de la discordia y criticó aún más la decisión británica de favorecer el retorno de Pinochet a su país.[53]

17 de junio de 2000. Felipe Lamarca, presidente de la organización que agrupa a los industriales, la Sociedad de Fomento Fabril, aseveró que el caso Pinochet había creado un estado de tensión y de inseguridad que afectó a la economía del país. En 1999, subrayó, la economía descendió un 1% y la desocupación amenazó con incrementarse del 8,5 al 10%.[54]

18 de junio de 2000. El subsecretario chileno de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, partió hacia Madrid, para reunirse el 20 de junio con algunos miembros del gobierno español con la finalidad de restablecer las buenas relaciones entre los dos países, perjudicadas por las iniciativas del magistrado Baltasar Garzón. «El caso Pinochet», comentó, «tuvo efectos negativos en el entendimiento con algunas naciones».[55]

20 de junio de 2000. Nuevas presiones de la Agrupación de Familiares de Desaparecidos para que se deje de hablar de reconciliación nacional. La presidenta de una de las organizaciones, Viviana Díaz, afirmó que dejar de lado la tensión podría dejar «impunes» a los responsables.[56]

Sin embargo, a despecho de esas presiones, la Cámara de Diputados inició el examen de la ley que introdujo, por seis meses, la garantía de reserva a favor de los que proporcionen información respecto del destino de los desaparecidos.

Mientras tanto, ascendieron a 116 las denuncias contra Pinochet.[57]

22 de junio de 2000. Gracias a sesiones extraordinarias, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron rápidamente la ley para la indagación respecto de los desaparecidos. Los generales en retiro declararon plena disponibilidad para colaborar en las investigaciones.

Ascendieron a 118 las querellas contra Pinochet.[58]

26 de junio de 2000. Se inauguró en Santiago el monumento a Salvador Allende. Incidentes.[59]

6 de julio de 2000. Fue oficialmente promulgada la ley N°19.687, que garantiza el secreto de las declaraciones destinadas a encontrar los cuerpos de los desaparecidos. Las querellas contra Pinochet alcanzaron el número 131.

Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Desaparecidos, y los diputados socialistas Isabel Allende y Carlos Montes, se reunieron en Roma con algunos dirigentes políticos italianos y con el juez Giancarlo Capaldo, titular de las investigaciones sobre el caso de los cinco desaparecidos italo-chilenos Juan Montiglio, Omar Venturelli, Giovanni Maino, Jaime Donato y Dignaldo Pizzini. Mireya García, en particular, anunció que Italia pidió la extradición de Pinochet, pero no proporcionó información respecto de la actividad desarrollada en Chile por los cinco italo-chilenos desaparecidos. Mireya García y los dos diputados socialistas chilenos fueron apoyados por la comunista italiana Ersilia Salvato, vicepresidenta del Senado, que pidió al gobierno italiano «renovar su empeño para que Pinochet, máximo responsable de los crímenes de la dictadura chilena, responda ante la justicia».[60]

13 de julio de 2000. Los dos principales partidos de derecha, Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente, rechazaron la propuesta del Presidente de la República, Ricardo Lagos, de hacer revocables los cargos de comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros). «No es aceptable que aquellos cargos queden sujetos a la arbitrariedad y capricho del Presidente», declararon los dos partidos, «y que las Fuerzas Armadas sean politizadas».[61]

19 de julio de 2000. La Corte Suprema inició el examen del recurso presentado por la defensa contra la sentencia de la Corte de Apelaciones que privó a Pinochet de la inmunidad de senador. Se confirmó que el punto central del proceso sería el caso de 19 desaparecidos, de octubre de 1973, y atribuidos a la «caravana de la muerte», encabezada por el general Sergio Arellano Stark.

A través del abogado Ricardo Rivadeneira, los defensores afirmaron que, al ser Pinochet liberado en Londres por graves razones de salud, la Corte Suprema se veía en la necesidad de disponer inmediatos exámenes médicos, para establecer la capacidad mental del acusado para defenderse y recordar hechos que databan de 27 años atrás. Y agregaron que no existía prueba de la responsabilidad de Pinochet en los hechos que indagaba el juez Juan Guzmán Tapia.

Los abogados de la parte civil (Hugo Gutiérrez, Hiram Villagra, Eduardo Contreras, Boris Paredes, Carmen Paredes, Carmen Hertz y Gustavo Horvitz), respondieron que el estado de salud era una cuestión ajena a la inmunidad y que solamente después, en la sede de instrucción del proceso de mérito, el juez Juan Guzmán Tapia dispondría los exámenes médicos del caso.

En tanto, las querellas contra Pinochet ascienden a 147. El representante en Chile de la organización Amnistía Internacional, Alejandro Artusio, entregó una espontánea declaración en la cual acusó a Pinochet de ser el «presunto autor o partícipe de los peores crímenes del mundo».[62]

21 de julio de 2000. En una entrevista otorgada por el abogado Ricardo Rivadeneira, y en un artículo de Jenny del Río, publicados en El Mercurio, se confirmaron las tesis de la defensa. «Pinochet», se aseveró, «tomó el Gobierno del país en un momento de graves conflictos y gran dificultad. Pudo cometer errores políticos, pero ninguna responsabilidad penal se le puede atribuir. En cuanto a los 73 delitos, de octubre de 1973, atribuidos a la caravana comandada por el general Sergio Arellano Stark, fue ya confirmado que 52 de ellos fueron considerados homicidios comprobados y por lo tanto amnistiados, además de ordenados. Sólo los 19 restantes fueron considerados secuestros de persona todavía vigentes y, en consecuencia, no amnistiados y no ordenados. Y de estos 19 casos, y solamente de estos, el juez Juan Guzmán Tapia se ocupó. A tal propósito ninguno adelantó la hipótesis de una responsabilidad personal o directa por parte de Pinochet».

25 de julio de 2000. La Corte Suprema, por 11 votos contra 9, decidió dar lugar al proceso de revocación de la inmunidad sin examen médico preliminar.[63]

El diario El Mostrador comentó las numerosas cartas de solidaridad que desde todo el mundo fueron enviadas a Augusto Pinochet. Muchas, se recalcó, provinieron de Italia.[64]

27 de julio de 2000. Alcanzaron a 149 las querellas contra Pinochet.

28 de julio de 2000. El magistrado Milton Juica, que indagó sobre el caso denominado «Operación Albania» (muertes de terroristas del Frente Manuel Rodríguez, ocurridas en 1987), estableció que el único responsable fue el ya condenado Alvaro Corbalán y que por lo tanto el ex Presidente Pinochet era considerado inmune de acusación al respecto.[65]

Llegaron a 152 las querellas contra Pinochet.[66]

1 de agosto de 2000. El diario electrónico chileno El Mostrador difundió la noticia, basada en indiscreciones que se filtraron, que la Corte Suprema había revocado la inmunidad parlamentaria de Augusto Pinochet.

La sentencia en tal sentido, que confirmó la de la Corte de Apelaciones, fue aprobada, precisó el diario, por 14 votos contra 6. Inmediatamente los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas visitaron a Pinochet en su residencia del barrio La Dehesa, para un encuentro que fue definido como «de carácter privado».[67]

2 de agosto de 2000. La prensa mundial divulgó noticias contradictorias sobre la sentencia de la Corte Suprema, sin embargo, la revocación de la inmunidad a estas alturas era casi cierta.[68] La Corte Suprema rechazó el pedido de la magistratura italiana de procesar a Pinochet en Roma, por el caso de cuatro desaparecidos italianos Juan Maino, Omar Venturelli, Juan Montiglio y Jaime Donato. Se olvidaron del nombre de Dignaldo Pizzini.[69]

3 de agosto de 2000. Las noticias sobre la revocación de la inmunidad provocaron las reacciones de los comandantes en jefe de la Fuerza Aérea, general Patricio Ríos, y del Ejército, Ricardo Izurieta, además del presidente del Partido Renovación Nacional, Alberto Cardemil. El Gobierno reaccionó y pidió a través de los ministros Claudio Huepe y José Miguel Insulza, evitar comentarios que pudiesen influir en la independencia de la magistratura. Particularmente irritado se mostró el Presidente de la República, Ricardo Lagos.[70]

En tanto, el diario El Mostrador continuó informando del contenido de la sentencia y reveló hasta algunos conflictivos detalles de la sesión de la Corte Suprema: una reunión tempestuosa, con una violenta polémica entre los jueces Ricardo Gálvez y José Benquis, a tal punto que el presidente Hernán Álvarez se vio obligado a imponer el orden a fin de aplacar los ánimos.[71]

8-12 de agosto de 2000. Se oficializó finalmente la sentencia de segunda instancia sobre la revocación del fuero parlamentario. El voto a favor de la revocación, como había sido anticipado, fue de 14 a 6. La sentencia fue rápidamente notificada al presidente del Senado y desde aquel momento, considerando las normas en vigencia, Pinochet fue suspendido de su función parlamentaria. Se confirmó una vez más que los delitos por los cuales Pinochet fue investigado eran solamente aquellos relacionados con los 19 desaparecidos, de los que no fueron encontrados sus respectivos cuerpos y fueron considerados por el juez Juan Guzmán Tapia (que no tomó en consideración la eventual declaración de muerte presunta) «secuestros de personas aún vigentes y por lo tanto no cubiertos por amnistía o prescripción».

Las reacciones fueron diversas.

El Presidente chileno, Ricardo Lagos, invitó a la calma: «Aquellos hechos serán juzgados por la historia. Ahora debemos sólo mantener la calma porque todo el mundo nos está observando».

Para protestar contra la sentencia, los diputados de derecha no se presentaron a la sala y de esta manera quedó interrumpida, por falta de quórum legal, la actividad parlamentaria.

El Comandante en Jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, visitó nuevamente a Pinochet, esta vez junto al comandante de la guarnición de Santiago, general Sergio Candia, y el alcalde de Providencia, Cristián Labbé. Tras la noticia de que el Gobierno podría prohibir otros contactos con Pinochet, Izurieta declaró a la prensa que «nadie puede imponer al Comandante en Jefe del Ejército lo que debe o no debe hacer».

La secretaria de Estado estadounidense, señora Madeleine Albright, se dirigió intempestivamente a Santiago, donde se reunió con las máximas figuras del Gobierno y con el propio Presidente Ricardo Lagos.

La visita de la señora Albright y el contenido de sus secretas conversaciones parecieron tener en Chile el efecto de amortiguar el tono de las polémicas sobre el caso Pinochet.

16-18 de agosto de 2000. Se abrió en la Cámara de Diputados, entre recíprocas acusaciones, recriminaciones y admisiones, un debate sobre los hechos de 1970-73. Interesante, de parte de los socialistas, la admisión de que las responsabilidades del golpe de Estado militar alcanzarían también a Salvador Allende.[72]

21 de agosto de 2000. En Washington la Secretaria de Estado norteamericana, señora Madeleine Albright, a continuación de la solicitud proveniente del senador Maurice Hinchey, en noviembre de 1999, pidió al director de la CIA, George Tenet, hacer públicos los documentos referidos a los eventos chilenos verificados antes y durante el período de la Junta Militar.[73]

Según la CIA, solamente podrían ser conocidos los documentos que no involucraran a esa organización y a sus fuentes de información. Una réplica provino de Peter Kornbluh, uno de los dirigentes de los National Security Archives, según el cual la CIA temió verse obligada a revelar sus propias responsabilidades en violaciones a los derechos humanos verificados en Chile.

La CIA, de todos modos, hizo públicos cerca de 6.000 documentos referidos a Chile, provenientes de sus archivos secretos. Muchos fueron censurados con vistosos rayados de plumón negro.

Se anunció para noviembre una segunda y más detallada divulgación de documentos.[74]

En tanto, ascendieron a 165 las querellas contra Augusto Pinochet.[75]

El diario El Mostrador publicó, en exclusiva, la existencia de un documento secreto relativo al interrogatorio (que se remontaba al 26 de diciembre de 1999) del ex oficial de Ejército Pedro Rodríguez Bustos. Este último, interrogado por el magistrado Juan Guzmán Tapia, admitió haber escuchado a algunos oficiales del Ejército pertenecientes a la llamada «caravana de la muerte», contar que tomaron parte, bajo las órdenes del general Sergio Arellano Stark y en el interior del cuartel del Regimiento Arica, en la localidad de La Serena, en el fusilamiento de 15 detenidos. Siempre según lo referido por El Mostrador, un tal capitán Mario Vargas, que rechazó la orden, fue duramente castigado por Arellano Stark.

22 de agosto de 2000. Los retirados generales Guillermo Garín y Fernando Torres Silva fueron incluidos en el grupo de la defensa de Augusto Pinochet. Los defensores de Pinochet anunciaron la necesidad de realizar exámenes médicos generales antes que su asistido fuera sometido a interrogatorios formales. Marco Antonio Pinochet, hijo del general, definió como absurda la pretensión de interrogar a un hombre de 85 años sobre hechos verificados treinta años atrás.[76]

25 de agosto de 2000. Polémica entre el Comandante en Jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, y el Presidente de la República, Ricardo Lagos, sobre la presencia de altos oficiales durante una manifestación en honor de Augusto Pinochet.

30 de agosto de 2000. En la localidad de La Junta, las autoridades de la zona anunciaron para el 4 de septiembre la inauguración de un monumento a Pinochet.

Pinochet participó en una cena organizada por la Corporación 11 de Septiembre y en una misa en recuerdo del almirante José Toribio Merino, uno de los cuatro miembros de la Junta Militar.

Alcanzaron el número de 170 las querellas contra Pinochet.[77]

El Presidente de la República, Ricardo Lagos, intentó pacificar los ánimos, para lo cual invitó a una cena en su casa al Comandante en Jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta.[78]

4 de septiembre de 2000. Cerca de 500 personas rindieron homenaje a Salvador Allende y dispusieron en su honor una corona de flores.

Al mismo tiempo, en diversas localidades, los partidarios de Augusto Pinochet pusieron flores a los pies de un monumento dedicado a los militares muertos por el terrorismo marxista.[79]

5 de septiembre de 2000. Con ocasión de la jornada de la unidad nacional, Pinochet dirigió un mensaje a la nación invitando a la unidad, a superar los conflictos y a la creación de un futuro de paz. En el curso de manifestaciones organizadas por la izquierda para protestar contra la festividad, el joven manifestante Mario Roque Guzmán murió por un disparo de fusil.[80]

6 de septiembre de 2000. Pinochet, enfermo, fue representado por su mujer Lucía Hiriart en una ceremonia en memoria de los militares de su escolta (Miguel Guerrero Guzmán, Cardenio Hernández Cubillos, Gerardo Rebolledo Cisternas, Pablo Silva Pizarro y Roberto Rosales Martínez) asesinados por terroristas en 1986.[81]

10 de septiembre de 2000. Con ocasión del aniversario del golpe de Estado militar de 1973 el senador Ricardo Núñez y otros dirigentes socialistas confirmaron que errores cometidos por su partido contribuyeron a crear la situación que luego explotó en el golpe de Estado.[82]

17 de septiembre de 2000. Pinochet, acompañado por su mujer, asistió a una misa en honor de las Fuerzas Armadas. Estuvieron presentes altos mandos militares, los tres Comandantes en Jefe, del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada, además del General Director de Carabineros. Cuando llegó Pinochet, fue saludado con un prolongado aplauso de la muchedumbre. Cuando el sacerdote invitó a todos a darse la mano en signo de paz, los presentes formaron una interminable fila para estrechar la mano de Pinochet.[83]

19 de septiembre de 2000. El arzobispo de Santiago, monseñor Francisco Javier Errázuriz, en una homilía, invitó a los chilenos a dialogar pacíficamente y criticó las iniciativas legales referentes a Pinochet que amenazaban la convivencia nacional. Las palabras del arzobispo, que fue nombrado cardenal en el año 2001, fueron compartidas por todas las autoridades, comenzando por el Presidente de la República, Ricardo Lagos.[84]

23 de septiembre de 2000. El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Walter Riesco, declaró que la revocación de la inmunidad a Augusto Pinochet había creado inquietud y preocupación en los sectores productivos.[85]

25-27 de septiembre de 2000. El juez Juan Guzmán Tapia comunicó que Pinochet sería sometido a exámenes médicos a fin de comprobar si su capacidad mental le permitía afrontar el proceso. Los defensores de Pinochet disintieron con el juez, proponiendo en cambio un examen general (gerontológico, psicológico, neurológico y de medicina interna) y no sólo mental. En tal sentido, presentaron un recurso ante la Corte de Apelaciones.[86]

28 de septiembre de 2000. Gran perturbación creó en Chile la imprevista publicación de un libro de memorias del general Manuel Contreras Sepúlveda, ex director de la DINA.[87]

29 de septiembre de 2000. Pinochet fue hospitalizado para una cirugía menor dental.[88]

4 de octubre de 2000. El presidente de la Corte Suprema, Hernán Álvarez, rechazó la solicitud italiana de extradición de Manuel Contreras Sepúlveda y Raúl Iturriaga Neumann, en relación con el intento de homicidio, en Roma, de Bernardo Leighton y de su mujer, Anita Fresno. Ambos fueron condenados en Italia, en rebeldía, a 18 y 14 años de prisión, respectivamente.[89]

29 de octubre de 2000. Pinochet fue internado de urgencia en el Hospital Militar de Santiago, por complicaciones pulmonares agravadas por un desequilibrio general ocasionado por diabetes crónica.[90]

30 de octubre de 2000. En las elecciones municipales la centroizquierda mantuvo la mayoría; sin embargo, se registró un fuerte aumento de la centroderecha, que obtuvo el 40% en vez del 32%, de cuatro años atrás. En la comuna de Santiago la centroderecha conquistó la mayoría absoluta (61% ).[91]

2 de noviembre de 2000. La Corte de Apelaciones estableció que Pinochet sería sometido no solamente al examen de las facultades mentales sino también a un examen médico neurológico (acorde con lo solicitado por sus defensores). Fue rechazada, en cambio, la solicitud de sus defensores respecto de la ampliación de los exámenes en el campo geriátrico y clínico.

Ningún interrogatorio o acto procesal podría iniciarse sin completarse antes los exámenes médicos preestablecidos.[92]

4 de noviembre de 2000. Prosiguió la instrucción del proceso por las muertes verificadas en el ámbito de la Operación Albania (muerte de 12 integrantes del Frente Manuel Rodríguez) y se registraron las primeras confesiones por parte de oficiales subalternos.[93]

8 de noviembre de 2000. El juez Juan Guzmán Tapia dispuso la identificación de algunos cadáveres de los sectores 27, 28, 29 y 30 del Cementerio General de Santiago, pero descubrió que numerosos cuerpos habían sido ya sacados o destruidos clandestinamente. Se trata probablemente de cadáveres de dirigentes comunistas (Mario Zamorano Donoso, Jorge Muñoz Poutays, Uldarico Donaire Cortés, Jaime Donato, Elisa Escobar Cepeda, Víctor Díaz López, Fernando Lara Rojas, Lenín Díaz Silva, Marcelo Concha Bascuñán, Eliana Espinoza Fernández, César Cerda Cuevas) arrestados entre el 30 de abril y el 6 de mayo de 1976.[94]

Los autores del robo de los restos podrían ser grupos políticos de izquierda interesados en ocultarlos (recurriendo a la estratagema del «secuestro todavía en vigencia»), para que sus autores no fueran cubiertos por la amnistía, válida para el delito de homicidio.

13 de noviembre de 2000. La CIA hizo públicos otros 16 mil documentos referidos a Chile y provenientes de sus archivos secretos. Muchos fueron censurados con trazos de color negro. Otros documentos permanecieron inaccesibles.[95]

Se supo en tanto, a través de dos diputados Nelson Ávila y Jaime Naranjo, que la «caravana de la muerte» dirigida por Sergio Arellano Stark no fue un caso aislado. Entre 1978 y 1990, en efecto, una segunda expedición denominada «caravana de la limpieza» atravesó el país a fin de borrar las pruebas dejadas por la «caravana de la muerte».[96]

21 de noviembre de 2000. En el curso de una reunión tempestuosa, la dirección de la Televisión Nacional de Chile decidió postergar «por razones de oportunidad», una transmisión, programada para la noche del 25 de noviembre, enteramente dedicada a la intervención de la CIA en Chile, con particular referencia a la muerte del general Schneider, al financiamiento de algunos partidos y a las subvenciones al diario El Mercurio.[97]

25 de noviembre de 2000. Además de Pinochet, nueve generales en retiro fueron sometidos a proceso por violaciones a los derechos humanos en los años del régimen militar. Otro ciento corrió el riesgo de incriminaciones.

En un discurso público y en una carta dirigida al arzobispo de Santiago, Pinochet, aun negando todo tipo de responsabilidad personal o judicial, declaró la aceptación, como ex Jefe de Estado, de la plena responsabilidad política de todo lo acaecido en los 17 años de su gestión.[98]

1 de diciembre de 2000. Inesperadamente, el juez Juan Guzmán Tapia ordenó la incriminación y el arresto domiciliario de Pinochet, con sus ochenta y cinco años, considerándolo responsable de 56 homicidios y 19 secuestros de personas atribuidos a la «caravana de la muerte». El mismo Guzmán decidió rápidamente someter a interrogatorio a Pinochet y luego a controles médicos.[99]

2 de diciembre de 2000. Hubo reacciones inmediatas a la decisión de Guzmán. La Fundación Pinochet, a través de su director Luis Cortés Villa, dispuso la movilización de todos los partidarios en 36 ciudades chilenas. El arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, manifestó sorpresa y preocupación. El Comandante en Jefe de la Armada, Jorge Arancibia, manifestó, luego de una intempestiva reunión de todos los Comandantes en Jefe y el General Director de Carabineros: «Se está tensionando la sociedad a un punto crítico». Se realizó una manifestación que protestó desfilando frente a la casa de Guzmán. El general Ricardo Izurieta pidió y obtuvo un largo y muy reservado coloquio con el subsecretario de Defensa, Mario Fernández, y con el Vicepresidente José Miguel Insulza, que subrogaba al Presidente, quien se encontraba en esos días en México. En ciudad de México, la señora Madeleine Albright, también en representación del presidente norteamericano, Bill Clinton, discutió el caso Pinochet con el Presidente chileno, Ricardo Lagos. Los abogados de Pinochet presentaron una apelación en contra de la decisión de Guzmán.[100]

5 de diciembre de 2000. La Corte de Apelaciones suspendió la ejecución de la orden de arresto emitida por el juez Juan Guzmán Tapia.[101]

11 de diciembre de 2000. La Corte de Apelaciones decidió, en forma unánime, la nulidad de la orden de arresto emitida por Guzmán. El Presidente Lagos reaccionó ante las voces sobre sus interferencias en el Poder judicial.[102]

Al mismo tiempo, el juez Guzmán fue clasificado en el nivel 2 (en vez del nivel 1) en la calificación de los magistrados: tal hecho atrasó en un año la promoción a la Corte de Apelaciones.[103]

16 de diciembre de 2000. Un grupo de abogados de las partes querellantes y dirigentes de la izquierda alertaron al Gobierno contra toda posibilidad de resolver políticamente el caso Pinochet. Solicitaron un proceso sobre la «caravana de la muerte», «la Operación Albania», la muerte del sindicalista Tucapel Jiménez y la muerte del periodista José Carrasco.[104]

19 de diciembre de 2000. La Corte de Apelaciones de Santiago dispuso que los exámenes médicos a los cuales debía someterse Pinochet se realizaran en el Hospital Militar y que estos fuesen dirigidos por un neurólogo, con un médico asistente nombrado por los querellantes y por otro nombrado por los defensores.[105]

20 de diciembre de 2000. La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones que anuló la orden de arresto firmada por el juez instructor Juan Guzmán Tapia. La decisión fue motivada porque Guzmán no interrogó a Pinochet antes de iniciar el juicio. Guzmán podrá, sin embargo, partir de cero, interrogando a Pinochet dentro de un plazo de 20 días, formulando eventualmente nuevas acusaciones. Se confirmó que los exámenes médicos se efectuarían dentro de un mes en el Hospital Militar.[106]

21-22 de diciembre de 2000. Se abrió una polémica sobre la fecha de realización de los exámenes médicos y del interrogatorio. Los defensores de Pinochet solicitaron que los exámenes médicos precedieran el interrogatorio. Examinada la solicitud, el juez Guzmán decidió rechazarla.[107]

27 de diciembre de 2000. Las querellas contra Pinochet llegaron a 192.[108]

28 de diciembre de 2000. Las querellas contra Pinochet llegaron a 200.[109]

3 de enero de 2001. Los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas solicitaron que el juez Juan Guzmán Tapia fuera excluido del caso Pinochet, e invitaron a la clase política a encontrar una solución que pusiera fin a cada controversia sobre la violación a los derechos humanos posteriores a 1973.[110]

4 de enero de 2001. Los abogados de Pinochet adhirieron a las peticiones de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y pidieron a los superiores máximos de la magistratura que el juez Juan Guzmán Tapia deje su cargo, a causa de las irregularidades cometidas en la gestión del caso Pinochet.

7 de enero de 2001. El juez Guzmán intentó interrogar a Pinochet, quien no lo recibió, entregándole en cambio un certificado médico.[111]

8 de enero de 2001. Pinochet declaró que le permitiría al juez Juan Guzmán Tapia someterlo a exámenes médicos y al interrogatorio.

El juez Guzmán, entrevistado por el diario francés Le Monde, denunció que era objeto de amenazas y presiones.[112]

10 de enero de 2001. Pinochet fue sometido a los primeros exámenes médicos.[113]

11 de enero de 2001. El general en retiro Guillermo Garín, que coordinaba la defensa de Pinochet, informó a la prensa que su defendido se someterá a interrogatorio sólo después de finalizar los exámenes médicos.

13 de enero de 2001. Otros exámenes médicos en el Hospital Militar de Santiago.[114]

23 de enero de 2001. El juez Juan Guzmán Tapia se dirigió a la residencia de Pinochet y procedió a un interrogatorio que duró cerca de 20 minutos. Llegaron a 210 las querellas contra Pinochet.[115]

15-18 de enero de 2001. De los exámenes físicos, neurológicos y mentales se supo que Pinochet sufrió tres infartos leves, que llevaba un marcapaso, que estaba afectado de moderada demencia vascular subcortical, con parcial pérdida de la memoria y de la capacidad de abstracción. Manifiestos problemas de coordinación, de análisis y de palabra. Diabetes. Astenia. Insomnio. Dificultad para reconocer a sus familiares. Infecciones en los dientes. Retención de líquido. Artritis.

25 de enero de 2001. La defensa de Pinochet, a través del abogado Pablo Rodríguez Grez, declaró a la prensa que, por los delitos cometidos por la «caravana de la muerte», el único eventual responsable era el general Joaquín Lagos Osorio, que en 1973 comandaba la zona norte del país con la autoridad de investigar y decidir.[116]

26 de enero de 2001. El general Joaquín Lagos Osorio rechazó las acusaciones de los defensores de Pinochet y atribuyó la responsabilidad de la «caravana de la muerte» al general Sergio Arellano Stark. Este último, a su vez, por medio de su abogado, Sergio Arellano Iturriaga, rechazó la acusación y señaló como responsable a Joaquín Lagos Osorio. Este último hizo referencia a una carta del 31 de octubre de 1973 en la cual él mismo informó a Pinochet del procedimiento de Arellano Stark, precisando que éste dijo tener la aprobación de Pinochet.

Pinochet fue internado de urgencia en el Hospital Militar de Santiago. Se le diagnosticó un caso isquémico transitorio.[117]

4 de febrero de 2001. El juez Juan Guzmán Tapia, en una entrevista para el diario La Tercera, afirmó que según los resultados de los exámenes médicos Pinochet estaba en condiciones de soportar un proceso.[118]

12 de febrero de 2001. En Madrid, el Consejo General de la Magistratura abrió un procedimiento disciplinario al juez Baltasar Garzón por violación del secreto profesional en su biografía, realizada por la periodista Pilar Urbano.[119]

8 de marzo de 2001. La Corte de Apelaciones estableció, por dos votos contra uno, que Pinochet podía ser acusado como presunto cómplice, pero no como instigador de la «caravana de la muerte». Protestas, tanto de la defensa como de la parte querellante.[120]

23 de mayo de 2001. En París, el juez instructor Roger Le Loire insistió en un teórico proceso contra Pinochet; usó como testigo de la acusación a Illich Ramírez Sánchez, conocido como Carlos, el terrorista que cometió crímenes en todo el mundo y que, condenado a prisión en 1975 por el tribunal de París, fue llevado a Francia después de la extradición desde Sudán, en 1994.[121]

28 de mayo de 2001. El magistrado Raúl Rocha presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago la solicitud oficial para que el proceso contra Pinochet se suspenda por tiempo indeterminado, en consideración al estado de salud del imputado. Tal petición se basó en los resultados de los estudios médicos y sobre lo dispuesto por la Constitución chilena, que garantiza el derecho a la salud y a la vida de los ciudadanos. También tomó en consideración el nuevo Código de Procedimiento Penal.[122]

30 de mayo de 2001. Los abogados de la acusación presentaron una denuncia contra el magistrado Raúl Rocha, acusándolo de falta de objetividad, por el hecho de que su hijo trabaja para un organismo militar.[123]

16 de junio de 2001. El encargo de decidir la suspensión fue confiado a la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.[124]

1 de julio de 2001. Pinochet fue internado de urgencia en el Hospital Militar de Santiago por un desequilibrio de la presión arterial.[125]

Mientras estaba internado a causa de estos problemas cardiovasculares, Pinochet se entrevistó con el Comandante en Jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta.[126]

9 de julio de 2001. La sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago suspendió por tiempo indeterminado, por motivos de salud, cualquier procedimiento contra Pinochet. La decisión fue tomada por las condiciones de salud del indagado y por la existencia de lesiones neurológicas permanentes y progresivas. El general Luis Cortés Villa, director de la Fundación Pinochet, expresó la certeza de que se debe cerrar definitivamente el caso, considerando que la salud de Pinochet no muestra ninguna posibilidad de mejorar.[127]

10-13 de julio de 2001. Los abogados de la parte querellante presentaron un recurso a la Corte Suprema, sosteniendo la nulidad de la decisión de la sexta sala de la Corte de Apelaciones por cuanto las normas del nuevo Código de Procedimiento Penal se aplican sólo en algunas regiones del país y no en la Región Metropolitana, en la cual está radicado el caso Pinochet. Reaccionaron los magistrados de la Corte de Apelaciones objetando que en ese caso debieron adaptar el Código de Procedimiento Penal a las disposiciones superiores y taxativas de la Constitución.[128]

Se desencadenó la reacción de la magistratura de izquierda. Desde Madrid, el juez Baltasar Garzón informó por televisión que, según él, Pinochet disfrutaba de buena salud y que permanecería imputado ante la justicia española. En Santiago, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szcaranski, anunció un recurso contra la decisión de la sexta sala de la Corte de Apelaciones. Y, también en Santiago, el juez Juan Guzmán Tapia ordenó a la oficina del Registro Civil anotar en la partida de registro penal de Pinochet el estado de imputado: el proceso fue suspendido, explicó, pero el imputado permanece imputado.[129]

18 de julio de 2001. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso presentado por el Consejo de Defensa del Estado y confirmó de este modo la suspensión por tiempo indefinido del proceso a Pinochet.[130]

21 de agosto de 2001. La segunda sala de la Corte Suprema rechazó cada una de las críticas a la decisión de la sexta sala de la Corte de Apelaciones de suspender por tiempo indefinido el proceso a Pinochet.[131]

1 de julio de 2002. La Corte Suprema confirmó definitivamente la imposibilidad de procesar a Pinochet. [132]

***

Como en Londres, el 2 de marzo de 2000, no existieron vencidos ni vencedores, en Santiago, entre el 2001 y el 2002, el ataque político-judicial contra Augusto Pinochet Ugarte se cerró sin vencedores ni vencidos. Tanto en Londres como en Santiago, motivos de salud (o motivos humanitarios, si así se prefiere definirlos) impidieron que un proceso público pudiese desmentir todo cuanto la historiografía conformista construyó durante décadas en torno a Salvador Allende y Augusto Pinochet.

La lectura de la prensa de aquellos días de 2001 y 2002 es significativa. A la clausura del proceso fueron dedicadas solamente dos o tres columnas, a veces sólo una indicación, como si resultara incómodo tratar un tema en el cual gran parte de la prensa internacional demostró una buena dosis de mala fe.[133] Se sentía en el aire una sensación de alivio al dar por terminada tal controversia. Los partidarios de Pinochet no hubieran aceptado una responsabilidad de la Junta Militar en hechos incompatibles con un Estado de Derecho. Los partidarios de Allende no se habrían sentido agradados al ver públicamente las pruebas que con todo lujo de detalles demostraban que su «democrático Presidente» no fue, de hecho, el santo que predicaron al mundo. Y la izquierda internacional no habría aceptado una confirmación judicial del hecho de que Pinochet había salvado a Chile de la ruina económica y al mismo tiempo del terrorismo.

Por lo tanto, todos estuvieron contentos en su interior, aun protestando: «una derrota para la justicia», gritaba la parte acusadora. Y la defensa: «no nos basta, demostraremos la plena inocencia». En realidad esa conclusión liberó a todos de un proceso bochornoso. Quedó, es cierto, la cola de los procesos secundarios, a cargo de algunos generales que actuaron bajo la dependencia de la Junta Militar, sin embargo no era difícil prever que todo se habría de esfumar rápidamente en el olvido.[134]

Así debió haber sido, sin embargo el truco del «secuestro permanente» satisfacía de tal manera el espíritu de venganza de la izquierda, que los procesos se han prolongado artificialmente, llegando al récord de que en la actualidad, año 2004, continúan procesados centenares de oficiales y suboficiales, en un embrollo jurídico que no tiene visos de terminar. Mientras tanto, la amnistía, o si ésta no correspondía, el indulto presidencial, han concedido la libertad a los terroristas, verdaderos culpables de todo lo que ocurrió en Chile.

Al Presidente Ricardo Lagos le ha correspondido el mérito de haber visto y decidido con sabiduría. Como socialista sabía que era inmune a las sospechas de simpatía por el imputado. Como Presidente, sabía que no podía medir sus fuerzas con las Fuerzas Armadas. Una confirmación en tal sentido provino, en agosto de 2001, del juez Juan Guzmán Tapia, acusador de Pinochet, que, en el curso de una entrevista concedida a la red de televisión CNN, definió como «muy difícil» la gestión del caso, también «a causa del respeto que la sociedad chilena tiene por el Ejército». Y de todos modos Guzmán agregó que a través de las investigaciones realizadas no surgía ningún tipo de participación directa por parte de Pinochet en las violaciones a los derechos humanos mencionados en las querellas presentadas.[135]

Un cuadro digno fue el que Chile ofreció al mundo en el verano de 2002. La única voz desafinada fue el resentimiento de los «familiares de las víctimas», transferido al nivel de especulación. «Pediremos una indemnización al Estado», anunciaron sus abogados, precisando que se trataba de al menos 1.500 millones de dólares, algo así como 3.000 millones de liras italianas. Evidentemente, el dinero pronto recibido sirve para hacer olvidar rabia y dolor.[136]

CAPÍTULO XIV

La Historia es una red tejida por manos no inocentes.

Lord Acton[1]

Epílogo

Como el lector habrá seguramente notado, y como le confirmará la paciente lectura de los apéndices siguientes, sobre algunos episodios de la historia chilena de los años 70 no existen certezas absolutas. Sin embargo, se puede llegar a rechazar las falsedades que desde hace décadas vienen siendo aseguradas. Y se puede llegar a cuatro conclusiones fundamentales.

La primera es que el golpe de 1973 salvó a Chile de una desastrosa situación a la cual lo había llevado la gestión marxista del poder. Y lo salvó, esta es la cosa más importante, de algo peor: un futuro bajo una dictadura de tipo castrista o soviética.

La segunda es que todas las iniciativas judiciales que en el mundo se ocuparon (siempre en una misma dirección) de aquellos hechos, fueron contaminadas de prejuicios ideológicos: esto vale para ciertas acusaciones y ciertos procesos que con gran soporte mediático y ostentación se iniciaron en Madrid, París, Bruselas, Londres y Santiago.

La tercera se refiere a la posición institucional de los dos principales personajes, Allende y Pinochet. Contrariamente a lo que comúnmente se lee, Allende no era ya el Presidente chileno legítimo, desde el momento en el que la Cámara de Diputados y la Corte Suprema lo habían declarado fuera de la Constitución a la cual había jurado lealtad.

Y Pinochet no era un usurpador del poder, en cuanto la Cámara de Diputados y la magistratura, pocas semanas antes del golpe, habían llamado a las Fuerzas Armadas y de Orden a tomar el poder y devolver el orden al país.

La cuarta razón es la violación a los derechos humanos de la que tanto se habla. El golpe militar del 11 de septiembre de 1973, los años precedentes y los siguientes, no fueron intercambios de cortesías. Se encuadraron en una guerra civil que, como todas las guerras civiles, estaba llena de odio y venganzas. Como dijo Mao Tse Tung, una guerra civil no es una cena de gala.[2] Y fueron, dicha guerra civil y el golpe, capítulos del choque sangriento que en esos años se combatía en campo neutro, entre las superpotencias mundiales. Existieron en Chile, no hay duda, excesos y crímenes. Pero de esto fueron responsables, antes y después del golpe, ambas partes. Si una violencia indebida existió después de septiembre de 1973, por parte de las fuerzas del orden que dependían de la Junta Militar, esto es en buena parte justificado por una escalada de violencias y asesinatos a sangre fría, sin tregua, realizados (como aparece citado en el apéndice 1 y en otros capítulos de este libro) por los terroristas de extrema izquierda.[3]

A los lectores seguramente no se les ha escapado la cínica determinación con la cual, casi diariamente, los terroristas armados por Moscú y Cuba pinchaban al adversario para provocar una reacción violenta. La vileza de los atentados comunistas durante la gestión de Pinochet se diferencian poco del atentado comunista en vía Rasella, en Roma, en 1944. En ambos casos los agresores comunistas sabían que no podían derrocar a un régimen asesinando a algún jefe o algún niño: la finalidad del atentado era exasperar al adversario y llevarlo a cometer una espantosa reacción sobre la cual la propaganda marxista habría (evitando ir a las causas) especulado durante décadas.[4]

Ningún Estado, ninguna población en el mundo, habría sufrido un tal y tan duradero ataque terrorista sin reaccionar a veces ferozmente y sin ceder al deseo de venganza. Gran parte de la violencia que después del golpe se abatió sobre los terroristas chilenos (de los cuales no pocos provenían del extranjero, en donde habían recibido entrenamiento), fue obra no solamente de los militares chilenos sino también de civiles sedientos de venganza.[5]

¿Cómo no entender la ejecución de algún terrorista por parte de los familiares de quien (por ejemplo un niño de 10 años) fue asesinado, mutilado o paralizado para toda la vida por una bomba lanzada a un autobús, a un negocio u oficina, en una calle o en una iglesia? ¿Cómo no entender la necesidad de venganza de quien perdió la esposa con el niño que llevaba en su vientre?

La represión militar existió, sin lugar a dudas, y el mismo Pinochet en diversas oportunidades dio cuenta de ella. ¿Pero cuántas exageraciones existen a propósito de esto? ¿Cuántas mentiras avaladas por los medios de información? La lectura del apéndice 1 de este libro, que contiene una lista parcial de las víctimas del terrorismo, no puede dejarnos desorientados ante los atentados terroristas.

También la historia de Chile en los años 70, como otras páginas de la historia del mundo, está por lo tanto sujeta a revisiones y debe ser releída con la mente libre de prejuicios ideológicos y de los dañinos efectos de un sutil lavado de cerebro al que desde hace décadas está sometida la humanidad.

APÉNDICE 1

Tenemos tendencia a cerrar los ojos ante las verdades que nos resultan desagradables.

Patrick Henry[1]

Las víctimas de las cuales nadie habla[2]

Deseamos darle aquí al lector una idea lo que han sido las pérdidas de vidas humanas debido a la ola terrorista que se abatió en Chile por iniciativa soviética y cubana, antes y después del golpe de 1973.

Este es, sin embargo, un listado incompleto de las víctimas (sean civiles o militares) causadas por el terrorismo de origen marxista que apoyaba a Salvador Allende. Los datos aquí reunidos provienen de documentos oficiales recogidos por las Fuerzas Armadas chilenas y por la Fundación Pinochet.

No están incluidas las personas heridas leves ni tampoco las víctimas cuyos casos las Fuerzas Armadas o los servicios de seguridad no tuvieron a su cargo investigar.

Otra interesante información, a propósito de este tiempo, es la consignada en el libro Los Hechos de Violencia en Chile, del discurso a la acción, de las historiadoras Patricia Arancibia Clavel, María de los Angeles Aylwin Ramírez y Soledad Reyes del Villar. Ahí se establece que en el Gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez hubo 104 hechos de violencia, en el Gobierno de Eduardo Frei Montalva ocurrieron 363 hechos de violencia. Ambos Gobiernos duraron 6 años. En sólo 3 años de Gobierno de Salvador Allende los hechos de violencia llegaron a un total de 708. Catorce veces más que en el Gobierno de Alessandri.

6 de febrero de 1970. En enfrentamiento con terroristas muere el carabinero Luis Merino Ferreira.

11 de agosto de 1970. Terroristas del MIR disparan contra los centinelas que protegen un edificio público en Santiago. Pierde la vida:

Cabo de Carabineros Luis Fuentes Pineda.

21 de septiembre de 1970. Terroristas del MIR asaltan una agencia del Banco Panamericano. Pierde la vida:

Cabo de Carabineros Armando Cofré López.

Noviembre de 1970. Antonia Maachel, propietaria del Fundo La Tregua de Panguipulli, se suicida al ser secuestrada y violada por ocupantes de su predio.

Abril de 1971. Juan Millalonco, militante de la Juventud Demócrata Cristiana, es asesinado en Aisén por militantes socialistas. Abril de 1971. Rolando Matus, miembro del Partido Nacional, es asesinado por elementos extremistas pertenecientes al MIR, los que se apoderaron del Fundo Carén en la comuna de Pucón. Abril de 1971. Raúl Méndez, comerciante, fue asesinado en su local comercial de Santiago por elementos de la VOP.

Abril de 1971. Jorge Baraona muere de infarto cardíaco al ser desalojado de su propiedad, fundo Nilahue de Colchagua, por funcionarios de la Corporación de la Reforma Agraria.

Abril de 1971. Domitila Palma fallece de infarto cardíaco, en la toma del fundo Brasil Sur de Lautaro, aterrorizada por las ráfagas de metralletas.

Mayo de 1971. Juan Huillipan muere en la segunda toma de este mismo predio.

24 de mayo de 1971. Terroristas del MIR asaltan en Santiago el supermercado Montemar. Pierde la vida: cabo de Carabineros Tomás Gutiérrez Urrutia.

8 de junio de 1971. Edmundo Pérez Zujovic, ex Vicepresidente de la República, muere acribillado a balazos disparados por elementos de la VOP.

Junio de 1971. Gerardo Romero, Heriberto Mario Marín y Carlos Pérez, funcionarios de Investigaciones, mueren en el asalto al Cuartel de Investigaciones de Santiago, perpetrado por el militante de la VOP Heriberto Salazar.

Junio de 1971. Jorge Cartes, carabinero, es asesinado por miembros del MIR en Concepción.

Julio de 1971. Gilberto González es asesinado por miembros del MIR en el Fundo Santa Blanca de Rancagua.

Septiembre de 1971. Blanca Vergara, modesta propietaria de un terreno en Renca, se suicida al serle tomada su propiedad. Octubre de 1971. Domingo Soto, capataz del fundo El Cardal de Colchagua, muere durante los incidentes provocados por usurpadores.

Noviembre de 1971. Francisco y Ramón Segundo Cheuquelén son asesinados en la toma del fundo Huilío de Cautín.

Enero de 1972. Raúl Quezada, agricultor, es asesinado a palos por los ocupantes de la reserva del fundo La Rinconada de Curicó.

Marzo de 1972. Manuel Escobar, propietario del fundo Santa Elena de Pudahuel, muere de un infarto cardíaco al ser tomado su fundo por extremistas.

Abril de 1972. Nibaldo Soto, ex mayordomo del fundo La Patagua de Cauquenes, se suicida al saber que el terreno que les había sido entregado por el dueño del predio a los trabajadores iba a ser expropiado.

Mayo de 1972. Enrique Núñez, industrial propietario del Frigorífico San Bernardo, situado en el camino a Melipilla, es asesinado a balazos por ocupantes del recinto.

Julio de 1972. José Cristián Navarro, obrero, muere de un balazo frente al Hospital de la FACH en incidente con funcionarios de Gobierno.

30 de agosto de 1972. En Concepción terroristas que pertenecen a una célula del Partido Socialista disparan contra un microbús policial desde la sede de esa colectividad. Pierde la vida:

Cabo de Carabineros Exequiel Aroca Cuevas.

Septiembre de 1972. Mario Avilés, joven de 17 años, muere en incidentes producidos en el centro de Santiago.

Diciembre de 1972. Héctor Castillo, presidente del Consejo de Técnicos Agrícolas de Chillán, fallece al ser atacado por un grupo de manifestantes de la UP.

Octubre de 1972. Orlando Silva y Sergio Olivares, camioneros, Fernando Carrera, militar en retiro, y José Urra, obrero, son asesinados durante el paro de transportistas en diversos incidentes y en distintos puntos del país.

Febrero de 1973. Oscar Pineda, de 13 años, es asesinado durante un asalto a la sede del Partido Nacional en Valdivia.

Febrero de 1973. Jaime Contreras, estudiante demócrata-cristiano, muere por impacto de bala en las proximidades del campamento San José de Santiago.

27 de febrero de 1973. 10 carabineros son heridos en un ataque al cuartel de Carabineros de Llanquihue perpetrado por elementos del MIR.

Marzo de 1973. Germán González y Sergio Vergara, demócrata-cristianos, mueren en una toma en la comuna de La Reina mientras montaban guardia en una parcela amenazada de toma, a manos de funcionarios de la CORMU.

2 de abril de 1973. En Santiago terroristas del MIR disparan contra agentes de policía que los revisaban. Pierde la vida: Funcionario de la policía Gabriel Rodríguez Alcaíno.

Mayo de 1973. Mario Aguilar, miembro del Movimiento Patria y Libertad es asesinado a balazos por elementos de extrema izquierda en la calle Huérfanos de Santiago.

Mayo de 1973. Luis Bravo Morales, trabajador en huelga de la mina El Teniente, es asesinado en Rancagua.

Junio de 1973. Jorge Mena, agricultor democratacristiano, es asesinado a palos y fierrazos en Osorno.

Julio de 1973. Juan Luis Urrutia, agricultor, muere de infarto cardíaco al ser tomada la reserva de su fundo en Bulnes.

Julio de 1973. Manuel Garrido, obrero de Paños Continental, es asesinado a bala en enfrentamiento con miembros del MIR.

26 de julio de 1973. Arturo Araya Peters, comandante, edecán naval del Presidente Allende, muere baleado en su casa en Santiago en un atentado terrorista.

Julio de 1973. Manuel González, obrero de Lanera Austral de Punta Arenas, muere en allanamiento practicado a la industria. Agosto de 1973. Robinson Gutiérrez, obrero ferroviario, muere baleado en Temuco.

Agosto de 1973. José Ramón Jara es asesinado por miembros del Partidos Socialista y del MAPU mientras participaba en una manifestación contra el Gobierno en Los Angeles.

Agosto de 1973. José Toribio Núñez y Celsa Fuentes, campesinos, muertos en Curicó como consecuencia de las quemaduras recibidas en el atentado que voló el oleoducto que une Concepción con Santiago.

Agosto de 1973. Sergio Aliaga, chofer, muerto durante el paro de transportistas al recibir un impacto de bala en la garganta.

29 de agosto de 1973. En Providencia, terroristas guiados por el comunista mexicano José Albino Sosa Gil, en una emboscada matan al subteniente de Ejército Héctor Lacrampette Calderón.

4 de septiembre de 1973. Gunther Warenken Contreras, estudiante y miembro del Partido Nacional, de 16 años, es asesinado durante una manifestación en la ciudad de San Javier, por disparos provenientes del cuartel de Investigaciones.

Septiembre de 1973. Mario Montucci, chofer, muerto a bala en incidentes producidos en el campamento de camioneros en huelga ubicado en Leyda.

11 de septiembre de 1973 (el día del golpe militar). En enfrentamientos armados y en repetidas emboscadas pierden la vida: Suboficial de Ejército Ramón Toro Ibáñez, sargento de Ejército Waldo Noell Ibáñez.

Cabos de Ejército Hugo Mora Narváez, Agustín Luna Barrios, Luis Castillo Astorga.

Soldados conscriptos de Ejército Sergio Espejo Plaza, Juan Segura Sepúlveda, José San Juan Naveas.

Tenientes de la Armada Carlos Matamala y Víctor Parada. Cadete de la Armada Alian Murphy.

Marineros Manuel Yáñez, Carlos González.

Marineros conscriptos Moisés Pérez, Juan Núñez. Fernando Montenegro.

Sargento de la Fuerza Aérea Marmaduque González Núñez.

Mayor de Carabineros Osvaldo Mario Muñoz Carrasco.

Capitán de Carabineros Héctor José Dávila Rodríguez.

Teniente de Carabineros Ramón Jiménez Cadieux.

Sargentos de Carabineros José Wettling Wettling y Anselmo Aguayo Bustos.

Cabo de Carabineros Orlando Espinoza Faúndez.

Carabineros Martín Vega Antequera, Raúl Lucero Araya, José Apablaza Brevis, José Maldonado Inostroza, Juan Herrera Urrutia, Manuel Cifuentes Cifuentes, Fabriciano González Urzúa, Mario Barriga Arriagada, Pedro Cariaga Mateluna, Ramón Gutiérrez Romero.

Ex marino Jorge Droguett, incorporado como voluntario a una patrulla de Carabineros que efectuaba registros.

Gravemente heridos:

Sargento de Ejército Ramón Mella Diocares.

Alumnos suboficiales de Ejército Osvaldo Morales Gallardo y Guillermo Zien Godoy.

Cabos de Ejército Víctor Garrido Barraza, Rosendo Rosales Poblete, Luis Garrido Salgado, René Patiño Gutiérrez, Guillermo Uribe Fernández, Carlos Riquelme Riquelme.

Soldados de Ejército José Contreras Riquelme, Octavio Zúñiga Aguilera y Moisés Durán Santibáñez.

Soldados conscriptos de Ejército Rafael Olivares Araneda, Mario Sepúlveda Gallardo, Luis Navarrete Torres, Pedro Valderrama Inostroza y Alejandro Salgado Vargas.

12 de septiembre de 1973. A causa de atentados y emboscadas montadas por terroristas del MIR y del Partido Comunista pierden la vida:

Sargentos de Ejército Julio Antilef Gaez y José Castro Nieto. Suboficial de la Armada Víctor Constant.

Marinero Marcos Rebolledo.

Gravemente heridos:

Capitán de Ejército Jorge Iturra Mery Sargento de Ejército Pedro Montoya Roldán.

Cabo de Ejército René Águila Coronado.

Soldado de Ejército Claudio Gómez Parra.

Soldado conscripto de Ejército Pedro Hernández Aburto.

13 de septiembre de 1973. A causa de atentados y emboscadas pierden la vida:

Cabo de Ejército Jorge Venegas Labra.

Soldados conscriptos de Ejército Juan Mesías Carvallo, Eduardo Cubillas Portillo y Miguel Urrutia Serrano.

Gravemente heridos:

Suboficial de Ejército Carlos Barrera Infante.

Sargento de Ejército Andrés Yoo Pinedo.

Soldados de Ejército Patricio Flores Tamayo, Juan Martínez Osses, Exequiel Toro Pérez, Sergio Muñoz Avello, Antonio Melián Bórquez, Domingo Arancibia Castillo, Juan Castillo Jara, Enrique Pizarro Dupuy, Raúl López Briones y Luis Ramos Cancino.

14 de septiembre de 1973. Por atentados y emboscadas pierden la vida:

Soldados de Ejército Carlos Acevedo Isamit, Daniel Díaz Quezada, Juan Órdenes Torres.

Gravemente heridos:

Cabos de Ejército Carlos Cárdenas López, Héctor Figueroa Guzmán, Jorge González Pinto y Hugo Araneda Muñoz.

Soldado conscripto de Ejército Miguel Díaz Díaz.

15 de septiembre de 1973. Durante una operación antiterrorismo pierden la vida:

Sargento de Carabineros Juan Beroiza Carrasco.

Cabo de Carabineros Robinson Rojas Villanueva.

Cabo de Ejército Hugo Yáñez Durán.

Cabo de la Armada Aldo Sacco Valencia.

Cabo de la Fuerza Aérea Néstor Ortiz Saavedra Gravemente heridos:

Cabos de Ejército Maximiliano Fuentealba Escobar, Armando Huenumir Guzmán y Jorge Vidal Figueroa.

16 de septiembre de 1973. En la comuna de San Miguel, durante un enfrentamiento con terroristas del MIR dirigidos por instructores cubanos, pierden la vida:

Soldado de Ejército Gabriel Ferrada Allende.

Soldado conscripto de Ejército Oscar Figueroa Briones.

18 de septiembre 1973. Terroristas desconocidos disparan contra los guardias de servicio en edificios públicos. Pierden la vida: Cabo de la Armada Pedro Villegas Sepúlveda.

Soldado conscripto de Ejército Luis Barraza Pavez.

Gravemente herido:

Cabo de Ejército Juan Jara Fuentes.

19 de septiembre de 1973. En una emboscada pierden la vida: Sargentos de Ejército Gerardo León Acuña y David Díaz Acevedo.

Gravemente herido:

Soldado de Ejército Joel Canales Cautivo.

21 de septiembre de 1973. En Santiago francotiradores disparan contra patrullas militares. Pierde la vida:

Soldado de Ejército Jaime Carrasco González.

Gravemente heridos:

Cadetes de Ejército Roberto Zanetti Muñoz y Sergio Hernández Soto.

Soldado de Ejército Bernardo Yáñez Arroyo.

Soldados conscriptos de Ejército Rigoberto Cataldo Véliz y Juan Cancino Gutiérrez.

22 de septiembre de 1973. En emboscadas tendidas por terroristas quedan gravemente heridos:

Sargentos de Ejército Rodolfo Badía Huerta, Luis Cáceres Cáceres y Gregorio Salazar Jaque.

Soldado conscripto de Ejército Juan Baeza Villablanca.

23 de septiembre de 1973. Terroristas disparan contra un jeep. Pierde la vida:

Soldado conscripto de Ejército Julio Sánchez Espinoza.

24 de septiembre de 1973. Terroristas del MIR disparan contra un camión militar en la periferia de Santiago. Gravemente heridos:

Cabos de Ejército Antonio Melián Vázquez y Alejandro Carrasco Flores.

Cabo de la Fuerza Aérea Luis Silva Silva.

25 de septiembre de 1973. Terroristas disparan contra guardias de servicio en edificios públicos. Pierde la vida:

Soldado conscripto de Ejército Pedro Juan Villa Pavez.

Quedan gravemente heridos:

Suboficial de Ejército José Maldonado Carvajal.

Soldado de Ejército Carlos Muñoz Arroyo.

Soldado conscripto de Ejército Ismael Acevedo Pezoa.

26 de septiembre de 1973. Terroristas del MIR disparan contra los guardias de la planta de agua potable de La Florida. Pierden la vida:

Soldados de Ejército Juan Martínez Paredes y Ramón Silva Molina.

29 de septiembre de 1973. Durante una escaramuza pierde la vida:

Funcionario de policía Nelson Bustos Farías.

Quedan gravemente heridos:

Cadetes de Ejército Jaime Cano Cornejo e Iván González Cisternas.

2 de octubre de 1973. Terroristas pertenecientes al grupo autónomo del MIR denominado Frente de Trabajadores Revolucionarios disparan contra un vehículo militar. Pierden la vida:

Cabo de Ejército Francisco Espinoza Gallardo.

Soldados conscriptos de Ejército Pedro Prado Ortiz y Patricio Gómez Aracena.

3 de octubre 1973. Terroristas disparan contra los guardias de una antena de radio. Pierde la vida:

Soldado conscripto de Ejército Sebastián Fuentes Carreño.

5 de octubre de 1973. En diversos atentados pierden la vida: Cabo de Ejército Nelson Sandoval Novoa.

Soldado de Ejército Julio Céspedes Céspedes.

Soldado conscripto de Ejército Guillermo Flores Lantadilla.

9 de octubre de 1973. Terroristas disparan contra una patrulla. Pierde la vida:

Soldado conscripto de Ejército Andrés López Céspedes.

16 de octubre de 1973. Terroristas disparan contra una patrulla. Gravemente herido:

Soldado conscripto de Ejército Emilio Peña Leal.

17 de octubre de 1973. Terroristas disparan contra una patrulla. Gravemente heridos:

Teniente de Ejército Marcos Castro Herrera.

Soldados conscriptos de Ejército Pedro Román Núñez y Teodoro Zamora Zumaran.

22 de octubre 1973. Terroristas disparan contra una patrulla. Pierde la vida:

Soldado de Ejército Antonio Reyes Ramón.

23 octubre 1973. En la localidad de Lo Prado tres terroristas del MIR disparan contra los guardias de una torre de alta tensión. Pierde la vida:

Cabo de Ejército Benjamín Jaramillo Ruz.

26 de octubre de 1973. En enfrentamiento muere cabo de la Fuerza Aérea Mario Jara Gómez.

28 de octubre de 1973. En la localidad de Renca algunos terroristas del MIR atacan una central eléctrica disparando contra los militares de guardia.

Pierde la vida:

Soldado conscripto de Ejército Luis Correa Amaya.

29 de octubre de 1973. En la localidad de Puente Alto algunos terroristas atacan a los guardias de una central eléctrica.

Pierde la vida:

Cabo de Ejército Esteban Betancourt Hermosilla.

30 de octubre de 1973. En un enfrentamiento con un grupo terrorista pierde la vida:

Soldado conscripto de Ejército Francisco Aguas Lafquén.

4 de noviembre de 1973. Terroristas disparan contra cuatro militares en las calles de Santiago. Gravemente herido:

Cabo de Ejército Benjamín Retamales Castro.

7 noviembre de 1973. Ataque terrorista a un camión militar en la localidad de La Florida. Pierde la vida:

Soldado conscripto Agustín Correa Contreras.

13 de noviembre de 1973. Ataque terrorista a guardias de una torre de alta tensión. Pierde la vida:

Cabo de Ejército Juan Castro Vega.

17 de noviembre de 1973. Emboscada de los terroristas del MIR. Pierde la vida:

Suboficial del Ejército Waldo Morales Neal.

Soldado de Ejército Clemente Santibáñez Vargas.

27 de noviembre de 1973. Terroristas del MIR disparan contra una patrulla de control.

Pierde la vida:

Cabo de Ejército Ramón Madariaga Valdebenito.

3 diciembre de 1973. Repetidos ataques del MIR contra los guardias de algunos edificios públicos. Pierden la vida:

Cabos de Ejército Rodolfo Peña Tapia y Luis Collao Salas. Soldado conscripto de Ejército Julio Barahona Aranda.

13 de diciembre de 1973. En dos emboscadas de terroristas pierden la vida:

Sargentos de Ejército Sergio Cañón Lermanda y Pedro Osorio Guerrero.

15 de diciembre de 1973. Terroristas disparan contra los guardias de una planta de agua potable en la comuna de La Reina. Pierde la vida:

Cabo de Ejército Roberto Barra Martínez.

26 de diciembre de 1973. Los terroristas apostados sobre un puente disparan contra un vehículo militar. Pierde la vida: Soldado conscripto de Ejército José Luis Huerta Abarca.

4 de enero de 1974. Terroristas del MIR robaban un negocio en Santiago. Intervienen los Carabineros.

Pierde la vida:

Cabo de Carabineros Ramón Castilla Concha.

15 de enero de 1974. En enfrentamiento pierde la vida:

Soldado de la Fuerza Aérea Miguel Villalón Raby.

18 de enero de 1974. Terroristas del MIR disparan de noche contra una patrulla.

Pierde la vida:

Cabo de Ejército Francisco Cifuentes Espinoza.

19 enero de 1974. Terroristas disparan con una metralleta contra los guardias de una torre de alta tensión. Pierden la vida: Soldados conscriptos de Ejército Manuel Liencura Curiqueo y Hugo Arredondo González.

20 de enero de 1974. Una emboscada de los terroristas genera un choque en la comuna de San Miguel.

Pierde la vida:

Soldado conscripto de Ejército Eduardo de la Rosa Donoso.

23 de enero de 1974. En enfrentamiento pierde la vida:

Cabo de la Fuerza Aérea Hugo Huerta Salinas.

2 de febrero de 1974. Emboscada y choques en Maipú. Gravemente herido:

Capitán de Ejército Jorge Lazo Pozzi.

23 de febrero de 1974. En enfrentamiento muere:

Suboficial de la Fuerza Aérea Eduardo Pavez González.

15 de marzo de 1974. Emboscadas y choques en varias localidades.

Pierden la vida:

Teniente de Ejército Rodrigo Rodríguez Fuchslocher.

Soldado conscripto de Ejército Manuel Astudillo Castro.

17 de marzo de 1974. Tres terroristas que pertenecen al Partido Comunista, mientras eran transferidos a un tribunal, se escapan apoderándose de un fusil y agrediendo a un guardia. Son capturados. Gravemente herido:

Soldado de Ejército Abraham Arcos Alvarado.

13 de abril de 1974. Choque armado con terroristas del MIR, pierde la vida:

Soldado de Ejército Hugo Correa Ramírez.

30 de abril de 1974. Agredido un soldado por los terroristas del MIR.

Pierde la vida:

Soldado conscripto de Ejército Abraham Zúñiga Riquelme.

3 de mayo de 1974. Terroristas del Partido Comunista abren fuego contra un soldado aislado. Gravemente herido:

Soldado de Ejército Víctor Delgado Arriagada.

17 de mayo de 1974. Un intento de sabotaje de una central telefónica es rechazado por los soldados de guardia. En el choque queda herido:

Soldado conscripto de Ejército Patricio Santander Muñoz.

4 de junio de 1974. En las operaciones de búsqueda de arsenales clandestinos se verifica un choque armado. Gravemente herido:

Subteniente de Ejército Alejandro Garat Gálvez.

4 de junio de 1974. En atentado terrorista muere:

Cabo de Carabineros Osvaldo Pastén Castillo.

6 de junio de 1974. Agresión a los soldados de guardia en una torre de alta tensión. Gravemente herido:

Soldado conscripto de Ejército Luis Abrigo Navarro.

19 de junio de 1974. En las inmediaciones de Valparaíso activistas del Partido Comunista dispararon contra un vehículo militar. Gravemente herido:

Soldado conscripto de Ejército Luis E. Garrido Guajardo.

24 de junio de 1974. En el centro de Santiago algunos terroristas ametrallan un vehículo militar. Gravemente heridos:

Cabo de Ejército Luis Saldías Martínez.

Soldado conscripto de Ejército Ernesto C. Flores.

25 de junio de 1974. Emboscada de francotiradores y enfrentamiento a balazos en las inmediaciones de La Cisterna. Gravemente heridos:

Cabos de Ejército José Manicabrin Ramin y Manuel Ruiz Romero.

30 de junio de 1974. Emboscada a una patrulla militar en la población El Pinar. Gravemente herido:

Soldado Jorge Burgos Aburto.

22 de julio de 1974. Emboscada terrorista en La Victoria. Gravemente herido:

Soldado conscripto de Ejército Luis Alfaro Rodríguez.

24 de julio de 1974. Terroristas disparan contra un vehículo del Ejército en tránsito.

Pierde la vida:

Sargento de Ejército Samuel Ortega Garcés.

27 de julio de 1974. Terroristas disparan contra un vehículo que realizaba una investigación.

Pierden la vida:

Teniente de Ejército Patricio del Campo Lagos.

Soldados de Ejército Julio Cortés Méndez y Elías Cuevas Avilés.

28 de julio de 1974. En una emboscada pierde la vida:

Soldado de Ejército Rolando Díaz Olivares.

2 de agosto de 1974. Terroristas del MIR tienden una emboscada en la noche. Gravemente herido:

Cabo de Ejército Florentino Padilla Galaz.

18 de agosto de 1974. Choque entre militares y terroristas. Pierde la vida:

Capitán de Ejército Eduardo Jaramillo Martínez.

19 de septiembre de 1974. Terroristas disparan contra un militar que estaba solo. Gravemente herido:

Sargento de Ejército Juan Cereceda Ramírez.

20 de septiembre de 1974. Terroristas disparan en la noche contra una patrulla en ronda. Pierde la vida:

Cabo de Ejército José González Ulloa.

En la misma circunstancia es gravemente herido:

Cabo de Ejército Miguel Campos Neira.

27 de septiembre de 1974. Desde un puente, terroristas disparan contra una camioneta militar en tránsito. Gravemente herido: Soldado conscripto de Ejército Manuel Ormeño Sepúlveda.

29 de septiembre de 1974. Enfrentamiento entre militares y terroristas pertenecientes al Partido Comunista. Gravemente heridos:

Sargento del Ejército Abelardo Faúndez Hernández.

Cabo del Ejército Reinaldo Melo San Martín.

1 de octubre de 1974. Emboscada de terroristas del MIR a un vehículo en tránsito en la periferia occidental de Santiago. Gravemente heridos:

Cabos de Ejército Jorge Cares Jirón y Alberto Muñoz Cassas.

2 de octubre de 1974. En la localidad de Pudahuel terroristas disparan durante la noche contra una patrulla. Gravemente herido:

Cabo de Ejército Carlos Burgos Cepa.

4 de octubre de 1974. Emboscada en una calle de Santiago. Gravemente herido:

Cabo de Ejército Jorge Acevedo Millas.

14 de octubre de 1974. Terroristas intentan sabotear una torre de alta tensión en la comuna de San Miguel. Queda gravemente herido:

Soldado conscripto de Ejército Manuel Chacana Pérez.

21 de octubre de 1974. Terroristas atacan una central telefónica en Providencia. Gravemente herido:

Soldado conscripto de Ejército Osvaldo Soto Cuevas.

22 de octubre de 1974. Emboscada. Gravemente heridos: Soldados conscriptos de Ejército Héctor Valenzuela Cisterna y Manuel López Barros.

27 de octubre de 1974. Emboscada nocturna en San Miguel. Pierde la vida:

Cabo de Ejército Rodolfo Dieterich Guerra.

31 de octubre de 1974. Militares detienen a un vehículo que transportaba terroristas. En el enfrentamiento quedan gravemente heridos:

Teniente de Ejército Julio Bascur Gaete.

Soldado Víctor Rulino Miranda.

1 de noviembre de 1974. Enfrentamiento durante el allanamiento a un arsenal clandestino. Gravemente herido:

Subteniente de Ejército Jorge Solorza Hoffman.

2 de noviembre de 1974. Un vehículo del Ejército y uno de la DINA se enfrentan con un grupo de terroristas del MIR atrincherado en una casa en Providencia. Gravemente heridos: Soldados de Ejército Miguel Riquelme Monsalve y Fernando Torres León.

6 de noviembre de 1974. Terroristas tienden una emboscada a un camión militar en la comuna de Ñuñoa. Gravemente herido: Soldado de Ejército Héctor Cortés Godoy.

15 de noviembre de 1974. Francotiradores disparan contra los guardias de una central de electricidad. Gravemente herido: Soldado conscripto Arturo Maldonado Orellana.

20 de noviembre de 1974. Una patrulla militar se enfrenta con terroristas que circulaban en horario de toque de queda. Gravemente herido: Cabo de Ejército Hugo Sánchez Pino.

25 de noviembre de 1974. Enfrentamiento entre militares y terroristas en las cercanías de Santiago. Gravemente herido: Soldado de Ejército Felipe Gordillo Albornoz.

26 de noviembre de 1974. Enfrentamiento durante una operación. Gravemente herido:

Sargento de Ejército Segismundo Anwandter.

29 de noviembre de 1974. En la localidad de San Bernardo algunos terroristas disparan con metralla contra un convoy ferroviario. Gravemente herido:

Soldado de Ejército Nicolás Barcea Gutiérrez.

3 de diciembre de 1974. Un destacamento de la DINA enfrenta al grupo central del MIR. Pierde la vida:

Funcionario de la DINA Jorge Cerda Espinoza.

6 de diciembre de 1974. Emboscada a un guardia y a un vehículo militar. Gravemente heridos:

Cabos de Ejército Juan Asenjo Coronado y Pablo Rocas Veas. Soldado conscripto de Ejército Francisco Tapia Lillo.

13 de diciembre de 1974. Conflicto con elementos del MIR atrincherados en un edificio público en el centro de Santiago.

Pierde la vida:

Cabo de Ejército David Navarrete Jiménez.

14 de diciembre de 1974. Emboscada a una patrulla en la periferia oriental de Santiago. Gravemente herido:

Alférez de Ejército Pedro Formur.

31 de diciembre de 1974. Atentado terrorista contra una subestación eléctrica en la comuna de San Miguel. Gravemente herido:

Soldado de Ejército Mario Bustamante Reyes.

1 de enero de 1975. Atentado terrorista. Gravemente herida: Soldado de Ejército Carla Castro Possi.

4 de enero de 1975. Enfrentamiento armado con elementos del MIR en la comuna de La Reina. Gravemente heridos:

Teniente de Ejército Roderick Wololvett.

Soldado conscripto de Ejército Alfredo Sepúlveda Castro.

14 de enero de 1975. Emboscada a patrulla militar. Gravemente herido:

Soldado conscripto de Ejército Miguel Muñoz Leyton.

17 de enero de 1975. Enfrentamiento en un allanamiento. Gravemente herido:

Soldado de Ejército Carlos Mena Páez.

29 de enero de 1975. Un francotirador dispara contra un militar que había sido ya herido. Nuevamente herido de modo grave: Cabo de Ejército Eddie Henríquez Ramos.

2 de febrero de 1975. Terroristas disparan contra una patrulla en Puente Alto. Gravemente heridos:

Soldados de Ejército Emiliano Garrido Hernández y Jacinto Maldonado Costa.

14 de febrero de 1975. Emboscada terrorista a una patrulla militar en la comuna de Renca. Gravemente heridos:

Soldados de Ejército Leoncio Ramos Meneses y Luis Madrid Jara.

18 de febrero de 1975. Enfrentamiento en Valparaíso. Gravemente herido:

Soldado conscripto de Ejército Manuel Gálvez Peña.

19 de febrero de 1975. Ráfagas de ametralladora contra un vehículo militar en autopista. Gravemente herido:

Soldado Mario Fritz Peña.

23 de febrero de 1975. Enfrentamiento con elementos del MIR en la periferia oeste de Santiago. Pierde la vida:

Soldado de Ejército Simón Gutiérrez Fuentes.

12 de marzo de 1975. Terroristas disparan con armas automáticas contra una patrulla en los alrededores de Santiago. Gravemente herido:

Subteniente de Ejército Jorge Raruank Castro.

15 de marzo de 1975. Emboscada a una patrulla en la comuna de San Miguel.

Gravemente herido:

Cabo de Ejército Luis Zúñiga Carvajal.

16 de marzo de 1975. Terroristas disparan contra el puesto de guardia de la central termoeléctrica de Renca. Gravemente heridos:

Soldados conscriptos de Ejército Juan Díaz García y Enrique Pinilla González.

18 de marzo de 1975. Enfrentamiento armado en Cerro Navia. Gravemente herido:

Cabo de Ejército Carlos Burgos Cerpa.

19 de marzo de 1975. Militares de guardia impiden sabotaje a la planta de agua potable en Puente Alto. Gravemente heridos: Cabo de Ejército Luis Ávila Gutiérrez.

Soldado de Ejército Carlos Soro Santibáñez.

21 de marzo de 1975. Terroristas disparan contra un vehículo militar en la localidad de La Florida. Gravemente herido:

Soldado conscripto de Ejército Luis Arias Lagos.

25 de marzo de 1975. Enfrentamiento en La Serena. Gravemente herido:

Soldado de Ejército Rodolfo Guerrero Varas.

29 de marzo de 1975. Durante una patrulla se verifica un enfrentamiento armado. Gravemente herido:

Alumno suboficial de Ejército José Bimisoletz.

30 de marzo de 1975. Francotiradores disparan contra una central telefónica en la comuna de Ñuñoa. Gravemente herido: Soldado conscripto de Ejército Manuel Díaz Arias.

16 de abril de 1975. Enfrentamiento con terroristas del MIR en los barrios occidentales de Santiago. Gravemente herido:

Soldado conscripto de Ejército Pablo Ruiz Santander.

22 de abril de 1975. Enfrentamiento durante un allanamiento en Santiago. Gravemente herido:

Teniente de Ejército Ricardo Barros Garrica.

23 de abril de 1975. Emboscada a una patrulla militar. Gravemente herido:

Cabo de Ejército Leonidas Gallardo Cárcamo.

17 de noviembre de 1975. En Santiago, durante un allanamiento, enfrentamiento armado con elementos del MIR. Pierde la vida:

Funcionario administrativo del Ejército Hernán Salinas Calderón.

26 de febrero de 1976. En el sector de La Florida se verifica un violento combate entre Carabineros y terroristas del MIR que habían construido un bunker. Pierde la vida:

Brigadier de Carabineros Tulio Pereira Pereira.

19 de abril de 1976. Emboscada de terroristas en la comuna de La Granja a un carabinero que volvía a su casa después del servicio. Pierde la vida:

Carabinero José Sandoval Fonseca.

28 de abril de 1976. Enfrentamiento de los terroristas en la comuna de Pudahuel a un grupo de Carabineros que patrullaban. Pierde la vida:

Cabo de Carabineros Bernardo Alcayaga Cerda.

23 de abril de 1979. Explota en el centro de Santiago una bomba colocada por terroristas del MIR. Pierde la vida al tratar de desactivarla:

Teniente de Ejército Luis Carevic Cubillos.

21 de junio de 1979. Emboscada terrorista en el sector de Lo Valledor contra un vehículo de reconocimiento. Pierde la vida: Sargento de Carabineros Nicomedes Inostroza Medina.

24 de noviembre de 1979. Quince terroristas del MIR asaltan en Santiago un supermercado Agas. Se verifica un enfrentamiento con Carabineros. Pierde la vida:

Cabo de Carabineros Bruno Burdiles Vargas.

24 de marzo de 1980. Explota en la comuna de Conchalí una bomba colocada por terroristas del MIR, sin considerar que la calle normalmente era frecuentada por niños. Pierde la vida:

El niño José Sáez Pérez, de 11 años.

Quedan gravemente heridos:

La niña Karina Ferrada Carrasco, de 9 años.

La niña Erika Sáez Pérez, de 8 años.

19 de abril de 1980. Explota en Valparaíso una bomba colocada por terroristas del MIR cerca de un edificio comunal. Pierden la vida:

El obrero Antonio Rocha.

El obrero Rodolfo Pinto.

25 de abril de 1980. Explota en Santiago una bomba colocada por terroristas del MIR cerca de una fábrica. Gravemente mutilado:

El niño Luis Albornoz Gálvez, de 13 años.

28 de abril de 1980. Tres terroristas del MIR disparan contra un carabinero en servicio en la calle Santa Lucía. Pierde la vida: Carabinero Heriberto Novoa Escobar.

22 de mayo de 1980. Explota una bomba en una calle de Valparaíso. Gravemente herido:

El obrero Jorge Calderón Ramos.

14 de junio de 1980. Dos expertos en explosivos intentan desactivar una bomba dentro del Hotel Sao Paulo en Santiago. Ambos quedan gravemente heridos.

15 de julio de 1980. Comando terrorista del MIR dispara ráfagas de metralleta contra un vehículo militar. Pierde la vida:

Teniente coronel de Ejército Roger Vergara Campos.

Gravemente herido:

Sargento de Ejército Mario Espinoza Navarro.

23 de agosto de 1980. Explota una bomba cerca del Banco Sudamericano. En la calle queda gravemente herido:

El niño Luis Amador Vargas Vargas, de 14 años.

5 de noviembre de 1980. Después de haber asaltado una agencia del Banco de Crédito e Inversiones, terroristas del MIR disparan contra un jardinero que estaba cerca y podía reconocerles. Queda gravemente herido:

El jardinero Alberto Cifuentes Cifuentes.

16 de diciembre de 1980. Después de haber asaltado una agencia del Banco de Chile, terroristas del MIR disparan contra un conductor de taxi que podría reconocerlos. Pierde la vida:

El taxista Manuel Fernando Espinoza Bravo.

28 de diciembre de 1980. En la comuna de Renca, terroristas del MIR entran disparando en la habitación de un militante de derecha. Pierde la vida:

El estudiante Roberto Rojas Álvarez.

30 de diciembre de 1980. Dos docenas de terroristas asaltan simultáneamente algunas sucursales bancarias. En las circunstancias pierden la vida:

Cabos de Carabineros Washington Godoy Palma y Daniel Leiva González.

Guardia privado Juan Sandoval Loardo.

Gravemente heridos:

Sargento de Carabineros Ismael Fuentes Márquez.

Carabinero José Vallejos Retamales.

3 de marzo de 1981. Un grupo terrorista asalta un supermercado en la ciudad de Puerto Montt. En el enfrentamiento queda gravemente herido:

Teniente de Carabineros René Cerón.

22 de mayo de 1981. En Valparaíso explota una bomba colocada en una calle cercana a un destacamento de policía. Dos personas que pasaban quedan gravemente heridas.

Carmen Carrasco Jelves.

Enzo Verdi Monetti.

21 de junio de 1981. Un comando del MIR asalta la sucursal del Banco del Estado en Las Condes. Al mismo tiempo, otros terroristas atacan con armas semiautomáticas y lanzan granadas a un comando de Carabineros en las cercanías. Gravemente heridos: Teniente de Carabineros Ricardo Romo Acuña.

Cabo de los Carabineros José Lara.

6 de julio de 1981. En San Miguel cuatro terroristas del MIR esperan abajo de su casa a un funcionario de la policía y lo asesinan. Pierde la vida:

Suboficial Mayor Carlos Tapia Barraza.

7 de Agosto de 1981. Pierde la vida:

Cabo de Carabineros Jorge Reyes Muñoz.

11 de agosto de 1981. Cuatro terroristas del MIR disparan ráfagas de metralleta contra los guardias de la Corte de Apelaciones. Gravemente herido:

Cabo de Carabineros Pedro Leyton Astudillo.

19 de septiembre de 1981. Ataque guerrillero, falleciendo en el lugar:

Soldado de Ejército Víctor Nahuelpán Silva.

31 de octubre de 1981. Diez terroristas asaltan la sucursal del Banco de Chile en San Miguel. En la fuga disparan contra una patrulla de Carabineros que intervino. Gravemente heridos: Cabos de Carabineros Ricardo Contreras y Roberto Flores.

6 de noviembre de 1981. En la comuna de Nuñoa, terroristas del MIR, usando automóviles robados, le tienden una emboscada a un alto magistrado del Poder Judicial. Gravemente herido:

El presidente de la Corte Suprema, Israel Bórquez Montero.

18 de noviembre de 1981. Terroristas del MIR, motorizados, disparan contra un vehículo estacionado de la policía. Pierden la vida:

Inspector de la policía Héctor Henríquez Aliste.

Agente de la policía Ricardo Reyes Urra.

Chofer de la policía Sergio Osbén Cuevas.

9 de septiembre de 1982. En la comuna de Conchalí terroristas del MIR disparan contra una patrulla de reconocimiento. Pierde la vida:

Cabo de Carabineros Pedro Llanco Catrilbún.

24 de noviembre de 1982. En ataque terrorista muere:

Cabo de Carabineros Alvaro Albornoz Torres.

27 de enero de 1983. Terroristas asaltan un local comercial y disparan contra los empleados que intentan oponerse. Pierde la vida: el empleado Jorge Gómez Escobar.

21 de febrero de 1983. En la comuna de La Granja, terroristas tienden una emboscada a algunos carabineros en tránsito. Pierde la vida:

Cabo de Carabineros Enrique Sandoval Soto.

29 de marzo de 1983. En atentado fallece:

Ciudadano Oscar Polanco Valenzuela.

19 de abril de 1983. Enfrentamiento en Santiago. Gravemente heridos:

Un capitán y un teniente de la CNI.

28 de agosto de 1983. Terroristas disparan y lanzan bombas contra la habitación de un funcionario comunal. Gravemente herido:

Funcionario comunal Roberto Muñoz Candia.

30 de agosto de 1983. Terroristas tienden una emboscada al intendente de Santiago y a su escolta. Pierden la vida:

Mayor General de Ejército Carol Urzúa Ibáñez.

Cabos de Ejército Carlos Riveros Becquiarelli y José Aguayo Franco.

9 de septiembre de 1983. Fallece en atentado:

Sargento de Carabineros Pedro Salas Lineros.

15 de septiembre de 1983. Explota en Concepción una bomba de alto poder colocada en la calle por terroristas. Quedan gravemente heridos dos transeúntes:

Jorge Eduardo Pinzón Sánchez y Juan Manuel Garay Mora.

13 de octubre de 1983. En Pudahuel, ataque terrorista a un furgón postal. Gravemente heridos:

Subteniente de Carabineros Nelson Faúndez Rodríguez.

Cabos de Carabineros Abelardo Fernández Valenzuela y Héctor Campos Espinoza.

13 de octubre de 1983. En enfrentamiento fallece:

Cabo de Carabineros Juan Cáceres Opazo.

21 de octubre de 1983. En la comuna de Ñuñoa una patrulla de Carabineros sorprende a terroristas que asaltaban un negocio. En el enfrentamiento quedan gravemente heridos:

Cabos de Carabineros Guillermo Araya Mondaca y Manuel Marchant Lastra.

2 de noviembre de 1983. Enfrentamiento armado en los alrededores de Paillaco. Queda gravemente herido:

Teniente de Carabineros Jorge Matus.

5 de noviembre de 1983. Enfrentamiento armado en la comuna de Maipú. Pierde la vida: Cabo de Carabineros Héctor Fuentealba Ascencio.

6 de noviembre de 1983. Emboscada terrorista a una patrulla de Carabineros en la comuna de Pudahuel. Gravemente herido: Sargento de Carabineros Enrique Fernández Saúl.

15 de noviembre de 1983. Intento de robo a un furgón portavalores. En el choque con la guardia pierde la vida:

Carabinero José Manuel Jorquera Gálvez.

16 de noviembre de 1983. Terroristas del MIR lanzan bombas de mano contra un puesto de Carabineros en Talcahuano. Gravemente heridos:

Sargento de Carabineros Ernesto Jara Rivas.

Cabo de Carabineros Silvio Espinoza Flores.

23 de noviembre de 1983. Enfrentamiento armado. Gravemente herido:

Carabinero Carlos Pino Soto.

20 de diciembre de 1983. En Providencia, terroristas del Frente Manuel Rodríguez, atacan con armas automáticas a una patrulla de Carabineros. Gravemente herido:

Carabinero Antonio Nolasco Sandoval Valdés.

23 de diciembre de 1983. Terroristas del Frente Manuel Rodríguez ametrallan en Santiago a un pelotón de Carabineros. Pierde la vida:

Sargento de Carabineros Manuel Valenzuela Loyola.

Gravemente herido:

Cabo de Carabineros, Luis Silva Barraza.

24 de diciembre de 1983. En San Miguel, terroristas lanzan bombas incendiarias contra un taxi. Sufre graves heridas el chofer: José Navarrete Cáceres.

27 de diciembre de 1983. Terroristas disparan contra un carabinero de guardia en la propia garita. Pierde la vida:

Carabinero Francisco Javier Pérez Brito.

30 de enero de 1984. En la localidad de Renca, terroristas disparan contra un carabinero en las inmediaciones de su casa. Gravemente herido:

Carabinero Bernabé Pincheira Chávez.

1 de marzo de 1984. Explota una bomba en el centro de Valparaíso. Quedan heridos algunos transeúntes:

Juana Herrera Pavez, Elizabeth Bustamante, Ximena Palma Tapia y Manuel Ramos Díaz.

8 de marzo de 1984. Explota una bomba en las inmediaciones de un centro de recolección de basura. Quedan heridos dos transeúntes:

Henry Villagra Rivas y Carlos Villagra Palma.

9 de marzo de 1984. Explota una bomba en el interior del restaurante Baff en el centro de Santiago. Queda gravemente herida: Verónica Isabel Gutiérrez Rivas.

El mismo día, en Providencia, algunos terroristas intentan una emboscada contra el general Manuel Contreras Sepúlveda, pero hieren a un transeúnte.

Gravemente herido:

Carlos Flores Díaz.

27 de marzo de 1984. Explota una bomba en la comuna de San Bernardo. Queda gravemente herida:

Miriam Labra Cifuentes.

28 de marzo de 1984. Después de anunciar una «jornada de revuelta», el Frente Manuel Rodríguez y las Juventudes Comunistas realizan una serie de atentados en varias localidades en las inmediaciones de Santiago. Quedan gravemente heridos: Tenientes de Carabineros Cristián Alexander Ritter y Esteban Markusovic.

Sargentos de Carabineros Fernando Soriano, Luis Miranda Barrientos, José Agüero Vargas y Bernardo Vega Vega.

Carabineros Carlos Barraza Vega, José Alvarez Mondaca, Jaime Rozas Fuentes, Luis Cuelín Vargas, Luis Miranda Martínez, Luis Oyarzún Labra y Luis Arratia Ruz.

29 de marzo de 1984. Terroristas del Frente Manuel Rodríguez atacan un cuartel de Carabineros en Pudahuel. Gravemente heridos:

Sargento de Carabineros Hernán Pérez Chueca.

Cabos de Carabineros Hernán Acevedo González y Marcos Carrasco Bustos.

30 de marzo de 1984. En el centro de Santiago terroristas hacen explotar una bomba con control remoto en el frontis de una comisaría de Carabineros. Pierde la vida:

Cabo de Carabineros Pedro Núñez Henríquez.

Gravemente heridos:

El transeúnte Cristián Chappa Alarcón.

Sargentos de Carabineros Luis Cuevas Román y Mario Romero Bravo.

Cabos de Carabineros Pedro Quezada Leal, Héctor Lazcano Arriagada, Carlos Garay Triviño, Luis Vargas Torres, Víctor Pimentel Muñoz, Rubén Salas Alvarado, Eugenio Arias Frías y Juan Araya Cabrera.

15 de abril de 1984. En la comuna de Pudahuel, terroristas disparan en la noche contra un puesto de guardia. Pierde la vida: Sargento de Ejército Carlos Meza Torres.

19 de abril de 1984. Terroristas disparan contra la guardia del comando de Carabineros de Temuco. Gravemente herido: Sargento de Carabineros Alberto Véjar Rojas.

25 de abril de 1984. En la comuna de Quinta Normal explota una bomba en el interior de las oficinas comunales. Gravemente heridas las funcionarias:

Luisa Calderón López, Ema Bucarey Céspedes, Jeannette Toro Brenett y Erika Ávila Lara.

27 de abril de 1984. Terroristas tienden una emboscada nocturna en la comuna de La Granja. Gravemente herido:

Cabo de Carabineros Luis Chavarría Dávila.

28 de abril de 1984. Terroristas tienden una emboscada nocturna en el centro de Viña del Mar. Gravemente herido:

Carabinero Palminio Guajardo Riveros.

Durante la misma noche otros terroristas disparan contra un grupo de personas que se encontraban en una calle de San Miguel. Reciben heridas graves:

Wladimir Oniel Plaza, Manuel Fuenzalida Infante, Pedro Díaz Ubilla, Manuel Guzmán, Yolanda Méndez, María Elena Rojas, Juan Espinoza Sanhueza, Raúl de la Rivera Ortiz y la niña Carolina Díaz.

29 de abril de 1984. En la ciudad de Osorno terroristas disparan en la noche contra una patrulla militar. Muere:

Teniente de Ejército Alfonso Fort.

1 de mayo de 1984. Terroristas del Frente Manuel Rodríguez lanzan bombas contra un estacionamiento de taxis en el centro de Maipú. Reciben graves heridas:

Jorge Luis Cantillana Pérez y Federico Palma Palma.

4 de mayo de 1984. Terroristas asaltan un supermercado en la comuna de Pudahuel. En la fuga son bloqueados por Carabineros. Muere:

Carabinero José Álvarez Mondaca.

13 de mayo de 1984. En la comuna de La Florida terroristas lanzan bombas y disparan contra un microbús. Muere:

La pasajera Ana Gajardo Ramos.

14 de mayo de 1984. Terroristas del Frente Manuel Rodríguez hacen explotar una bomba en una calle de Pudahuel. Recibe gravísimas heridas:

El niño César Flores Sanhueza, de 11 años.

27 de mayo de 1984. Terroristas atacan con armas automáticas una oficina pública en la ciudad de Iquique. Queda gravemente herido:

Carabinero Ricardo Martín León.

3 de junio de 1984. Terroristas asesinan en un local de CEMA Chile, de la población San Gregorio, al ciudadano:

Jorge Molina Garay.

20 de junio de 1984. Terroristas del Frente Manuel Rodríguez bloquean un tren de la línea Santiago-Linares y asaltan a los pasajeros robándoles el dinero y objetos de valor. Al finalizar asesinan al conductor del tren:

Juan Francisco Garay.

En la misma noche explota en Pudahuel una bomba que hiere de gravedad a un transeúnte:

David López Cofré.

21 de junio de 1984. Terroristas del Frente Manuel Rodríguez intentan incendiar un autobús. Se produce un enfrentamiento. Queda gravemente herido:

Cabo de Carabineros Ricardo Quezada Celis.

28 de junio de 1984. Terroristas del Frente Manuel Rodríguez asaltan un furgón blindado matando al conductor. Pierde la vida:

Leonardo Correa Orellana.

29 de junio de 1984. Terroristas del Frente Manuel Rodríguez disparan en la noche contra una patrulla que controlaba el sector de Cerro Navia. Gravemente herido:

Cabo de Ejército Juan Pérez Morales.

12 de julio de 1984. En Santa Olga, en las inmediaciones de Santiago, terroristas disparan a traición contra dos Carabineros. Pierde la vida:

Carabinero Emilio Cretton Vargas.

26 de julio de 1984. Terroristas del Frente Manuel Rodríguez atacan con bombas de mano y ametralladoras un microbús de Carabineros. Pierde la vida:

Teniente de Carabineros Julio Allende Ovalle.

15 de agosto de 1984. Explota una bomba en los alrededores del oleoducto de Isla de Maipo. Gravemente herido:

El obrero guardián de la planta, José Rivera Paredes.

2 de septiembre de 1984. Terroristas asesinan a:

Cabo de Carabineros Francisco Schaaf Maldonado.

5 de septiembre de 1984. En la localidad de Copiapó terroristas tienden una emboscada a un oficial que pierde la vida:

Teniente de Ejército Julio Briones Rayo.

Pocas horas después otros terroristas hacen saltar con explosivos una central eléctrica en La Florida. Quedan heridos algunos transeúntes. Pierde la vida:

Alex Castro Seguel.

Queda gravemente herido:

Eduardo Salazar.

16 de septiembre de 1984. En ciudad de Rancagua terroristas disparan contra militares. Queda gravemente herido:

Cabo de Ejército Jorge Valdivia Flores.

23 de septiembre de 1984. Terroristas disparan contra una patrulla en tránsito por Concepción. Gravemente heridos: Subteniente Juan Antonio Retamal Loyola.

Cabo de Ejército Roberto Oporto Catrimán.

9 de octubre de 1984. En Santiago, terroristas disparan contra un carabinero aislado. Recibe graves heridas:

Carabinero Patricio Eluz Madrid.

12 de octubre de 1984. Emboscada tendida por cuatro terroristas a un carabinero. Provocó graves heridas a:

Carabinero Javier Cortés.

30 de octubre de 1984. Terroristas del Frente Manuel Rodríguez construyeron una barricada a través de una calle de Pudahuel. Como los elementos metálicos de la barricada fueron conectados a la red eléctrica, algunos carabineros que intentaron remover el obstáculo sufrieron graves consecuencias:

Teniente de Carabineros Fernando Montecinos Verdejo.

Cabo de Carabineros Alejandro Valenzuela.

Carabinero Hernán Merino.

2 de noviembre de 1984. Durante el trayecto de un autobús de Carabineros algunos terroristas hicieron explotar, mediante radiocomando, a la entrada a Valparaíso, una bomba de alto poder. Perdieron la vida:

Suboficial de Carabineros Uldaricio Aravena Sanhueza.

Cabos de Carabineros Hugo Toledo Trejo, Patricio Delgado Vergara y Ángel Sazo Castillo.

4 de noviembre de 1984. En la comuna de La Cisterna terroristas irrumpieron disparando a un cuartel de Carabineros. Perdieron la vida:

Carabineros Elvis Aravena Cáceres y José Erices Fica. Gravemente heridos:

Teniente de Carabineros Cristián Fuenzalida López.

Carabineros Hugo Faúndez Vega y Jorge Escobar Cantillana.

22 de noviembre de 1984. Terroristas desde un automóvil atacaron con armas automáticas a un presidio de la marina sobre el puente Perales, en Talcahuano. Perdió la vida:

Soldado conscripto de la infantería de marina Hugo Faúndez Hulin.

6 de diciembre de 1984. Terroristas del Frente Manuel Rodríguez atacaron con armas automáticas a la Comisaría de Carabineros de San Miguel. Perdió la vida:

Carabinero José Herrera Serrano.

Gravemente heridos:

Carabinero Francisco Javier Ruz Meneses.

La pasajera Laura Morales.

11 de diciembre de 1984. Explotó una bomba en el salón de la Bolsa de Comercio de Santiago. Fueron heridos:

Quince personas que se encontraban en el salón por motivos de trabajo.

18 de diciembre de 1984. Explotó una bomba en un edificio público de Rancagua. Fueron heridas gravemente algunas personas del público:

Silvia Seguel Villarroel, Remigio Barrera Serrano, Emelina Arellano Cordero, Miriam Olivares Zamorano, Cristián Ahumada Herrera, Abigail Díaz Tricallotis, Aurelia Villanueva Troncoso, Sergio Muñoz Troncoso, Viviana Hernández Jofré, María Romero Machuca, David Flores Muñoz y Fernando Barrera.

19 de diciembre de 1984. Terroristas del Frente Manuel Rodríguez hicieron explotar bombas en el centro de Santiago y en Valparaíso. Algunas personas residentes en los alrededores fueron gravemente heridas:

María Willing, Olga del Carmen Pérez González, Petronila Fernández, Marianela Díaz, Gustavo Oliva Cabrera, Sonia Donoso Nilo y el niño Eduardo Gárate Donoso, de 11 meses de edad, que estaba con su madre.

25 de diciembre de 1984. En una emboscada terrorista, perdió la vida:

Sargento de Carabineros José Antonio Jofré Jofré.

17 de enero de 1985. En un enfrentamiento armado en el centro de Santiago, perdió la vida:

Detective de Investigaciones Luis Hernán Carrasco Blu.

27 de enero de 1985. Durante un asalto a un distribuidor de combustible en la comuna de Pudahuel, por terroristas del Frente Manuel Rodríguez, se verificó un enfrentamiento armado. Perdió la vida:

Sargento de Carabineros Luis Alvarado Muñoz.

6 de marzo de 1985. En una calle de la ciudad de Lota explotó una bomba en medio de los transeúntes. Fue gravemente herido: El niño Gerardo Grandón Oñate, de 14 años de edad.

25 de marzo de 1985. En Concepción, una bomba explota en el interior del Hotel Araucano, frecuentado por personal militar. Perdieron la vida:

Suboficiales de Ejército Armando Lara Arriagada y Alejandro Avendaño Sánchez.

27 de marzo de 1985. Terroristas del Frente Manuel Rodríguez hicieron explotar una bomba en el salón de un banco de Valparaíso. Algunos clientes del banco sufrieron graves heridas: María Romero Contreras, Ricardo Lara Cárcamo, Beatriz Lara Romero y Cristhofer Lara Romero.

Pocas horas después explotó otra bomba frente a la sede del diario La Nación provocando graves heridas a algunos periodistas, tipógrafos y transeúntes:

Jorge Provens, Mario Vielma, Alberto Bravo, Leonardo González, Mauricio Rebolledo, Jaime Aguilera y Juan Machimán Pincheira.

29 de marzo de 1985. Enfrentamiento armado en el centro de Santiago entre terroristas del MIR y Carabineros. Produjo graves heridas a:

Sargento de Carabineros Marcelo Muñoz Cifuentes.

9 de abril de 1985. Explotaron bombas en varias calles de Santiago. Además de numerosos heridos leves, sufrieron graves heridas:

Marcelo Ferretti y Mauricio Jackes.

19 de abril de 1985. Un terrorista irrumpió disparando en la Segunda Comisaría de Carabineros de Temuco. Perdió la vida:

Cabo de Carabineros Alberto Neumann Adriazola.

14 de mayo de 1985. Casi simultáneamente, explotaron dos bombas en salones destinados al público en las municipalidades de Conchalí y Lo Prado Perdieron la vida:

José Ramírez Burgos y Jéssica Tobar Martínez.

Sufrieron graves heridas:

Peter Olea Soto, Gastón Riffo, Atilio Fuenzalida López, Jorge Rolas Márquez, Raúl Muñoz Silva, María Margen Serrano, Claudio Valenzuela, Edigio Reyes, Elizabeth Andrade Moraga, Yolanda Araneda, Juana Barraza, Verónica Angulo, Erick Helquen Mena, Emilio Díaz Vargas y Margarita Silva Novoa.

1 de junio de 1985. Seis terroristas irrumpieron en el hospital Las Nieves y liberaron al terrorista Fernando Larenas Seguel que estaba internado a causa de graves heridas, como detenido. Durante la fuga, los terroristas asesinaron al gendarme:

Héctor Valenzuela Cea.

27 de junio de 1985. En las cercanías de Limache un microbús de recorrido choca con un poste que corta la ruta. El conductor intenta remover el obstáculo y causa la explosión de una bomba. Perdió la vida:

El chofer Carlos Valverde Briones.

En la misma jornada, terroristas lanzaron bombas de mano contra un microbús de Carabineros. Sufrieron graves heridas: Carabineros Marcos Montoya Soto, Norberto Álvarez Latorre, Benjur Gómez Vera y Jorge Villegas Mejías.

12 de julio de 1985. Terroristas del Frente Manuel Rodríguez lanzaron bombas contra microbuses de recorrido. Fueron gravemente heridos:

José Pedro Castro Castro y Carlos Emilio Berrocal Urrutia.

16 de julio de 1985. Terroristas del Frente Manuel Rodríguez incendiaron un autobús de línea y luego fueron interceptados por Carabineros.

En el enfrentamiento perdió la vida:

Cabo de Carabineros Raúl Orellana Gutiérrez.

19 de julio de 1985. Terroristas del Frente Manuel Rodríguez dejaron un vehículo lleno de explosivos en las inmediaciones del consulado general de los Estados Unidos en Santiago. La explosión causó la muerte de tres transeúntes y de dos Carabineros que hacían guardia en el edificio:

Mario Sergio Pérez Correa, Ernesto Bustamante Zamora y Ricardo Rojas Sandoval.

Carabineros Felidor Muñoz Ulloa y Leandro Valdovinos Bravo.

12 de agosto de 1985. Explotó una bomba en los locales del Museo de Carabineros de Ñuñoa. Produjo graves heridas a:

Capitán de Carabineros Oscar Cañón Sepúlveda.

13 de agosto de 1985. Numerosas explosiones en diversas oficinas públicas de Peñablanca. Perdió la vida:

Teniente de la Armada César Chesta Mouissett.

Sufrió graves heridas:

Teniente de Ejército Armando Cruz Olivares.

14 de agosto de 1985. Explotó una bomba en el interior de un bar restaurante de Santiago. Gravemente heridos:

María Alcaíno, Miguel Contreras, Katerine Contreras Alcaíno, Michel Contreras Alcaíno y Gabriel Henríquez.

3 de octubre de 1985. Repetidos atentados en negocios y centros comerciales de Viña del Mar. A causa de las explosiones y de los consecuentes incendios perdieron la vida:

Patricia Arce Peters, Enrique Dante Arredondo, Guillermina Guzmán Muñoz, Danilo Karelovic Kirigin y Teresa Ciudad Vásquez.

9 de octubre de 1985. Explotó una bomba en los alrededores del municipio de Concepción, en medio de los transeúntes. Sufrió graves heridas:

Guillermo Concha Órdenes.

18 de octubre de 1985. Terroristas del MIR detenidos en la cárcel de Santiago secuestraron y asesinaron a un agente penitenciario. Perdió la vida:

Gendarme Arnoldo Parra Gutiérrez.

Pocas horas después otros terroristas dispararon en la calle contra un detective de Investigaciones. Perdió la vida:

Detective Hugo Lagos Eyzaguirre.

29 de octubre de 1985. Terroristas del Frente Manuel Rodríguez lanzaron bombas contra empresas multinacionales. Una de las bombas, lanzada contra la United Trading Company, le cortó ambas piernas a una obrera encargada de la limpieza de las oficinas:

Nora Vargas Veas.

30 de octubre de 1985. Explotó una bomba en una estación ferroviaria en las cercanías de Maipú. Sufrió graves heridas una transeúnte:

María Cristina Celis Medel.

2 de noviembre de 1985. Cuatro terroristas del Frente Manuel Rodríguez atacaron en Santiago un puesto de guardia de Carabineros. Gravemente herido:

Carabinero Hermógenes Cáceres Sandoval.

3 de noviembre de 1985. Patrulla fue atacada en Santiago por terroristas del Frente Manuel Rodríguez. Gravemente heridos: Teniente de Carabineros Guillermo Urra Gutiérrez.

Carabineros Danor Jara, Luis Colarte y Jorge Espíndola.

5 de noviembre de 1985. En Valparaíso, terroristas asesinaron a un automovilista para apropiarse de su vehículo. Perdió la vida: Pedro Muñoz Araos.

11 de noviembre de 1985. En Santiago terroristas dispararon desde un furgón contra Carabineros. Perdió la vida:

Cabo de Carabineros Santiago Trincado Rojas.

Gravemente herido:

Carabinero Luis Naranjo Valenzuela.

13 de noviembre de 1985. Explotó una bomba en Viña del Mar. Perdió la vida al tratar de desactivarla:

Cabo de Carabineros Manuel González González.

22 de noviembre de 1985. Explosión en la calle, en La Cisterna. Sufrieron graves heridas algunos transeúntes:

Ricardo Molina Lagos, Juan Reyes y Juan Salgado.

23 de noviembre de 1985. Asesinado con arma blanca por terroristas en Llo-Lleo, muere:

Carabinero Hugo Jara Conuemán.

3 de diciembre de 1985. Explotó una bomba en un cambio ferroviario en las inmediaciones de Quillota. Sufrieron graves heridas algunos empleados del ferrocarril:

René Soto Muñoz, Juvenal Bascur Escobar, Moisés Durán Santibáñez y Héctor Maldonado Vargas.

6 de diciembre de 1985. En Santiago, terroristas dispararon desde un vehículo en movimiento contra un carabinero. Perdió la vida:

Carabinero Patricio Rodríguez Núñez.

10 de diciembre de 1985. En Santiago, terroristas dispararon contra una patrulla. Heridos de gravedad:

Carabineros Ramón Rojo Suazo y Mario Yáñez Muñoz.

15 de diciembre de 1985. En la localidad de Puente Alto un autobomba explotó provocando heridas a tres personas no identificadas.

28 de diciembre de 1985. Es asesinado:

Sargento de Carabineros Manuel Valenzuela Loyola.

9 de enero de 1986. Explosión de una bomba en una calle de Valparaíso. Dos hermanitos sufrieron graves heridas:

Rodrigo Nanjarí, de 12 años de edad y Ximena Nanjarí, de 8 años de edad.

5 de febrero de 1986. Un autobomba activado a distancia explotó durante el trayecto de un vehículo de Carabineros:

Perdieron la vida:

Sargento de Carabineros Héctor López Valdés.

Carabineros José Arias Cerda, Héctor López Anoste y Misael Martínez Cortínez.

Gravemente heridos:

Sargentos de Carabineros Lorenzo Jofré Salazar y Luis Arenas Avendaño.

Carabineros José Vergara Cancino, Eduardo Cares González, Héctor Gómez Acosta, José Vega Quintanilla, Claudio Fuentes Villalobos, Luis Correa Larraguibel, Luis Gómez Briones y Luis Sánchez Medel.

En la misma jornada, en el barrio de Yungay, terroristas dispararon con armas automáticas contra otro vehículo de Carabineros. Perdió la vida:

Teniente de Carabineros Alfonso Rivera López.

Y en la misma jornada, en Santiago, un pequeño mecanismo explotó en el interior de un autobús de línea. Resultó gravemente herido un pasajero:

Manuel Vásquez Flores.

11 de febrero de 1986. Es asesinado:

Sargento de Carabineros Luis Rivas Valdés.

9 de Marzo de 1986. Una bomba explotó en Santiago en el salón del público de un banco. Sufrieron graves heridas dos clientes: Juan Moreno Beltrán e Isabel Madariaga Cureo.

26 de marzo de 1986. En Santiago, terroristas lanzaron una bomba incendiaria contra un microbús de recorrido. Sufrieron graves quemaduras y heridas:

Elsa Rojas Oyarce y la niña Rosaria Navarro Rojas, de 2 años de edad.

31 de marzo de 1986. Durante una manifestación de los extremistas de izquierda fueron apuñalados dos carabineros. Sufrieron graves lesiones:

Carabineros Luis Gallegos Fernández y José Quevedo Muñoz.

2 de abril de 1986. En la noche, terroristas del Frente Manuel Rodríguez dispararon, asesinando en presencia de su familia, a un dirigente vecinal. El hecho acaeció en un barrio de la periferia de Santiago.

Resultó muerto:

Simón Eduardo Yévenes Yévenes.

11 de abril de 1986. Terroristas dispararon contra carabineros que transitaban en el centro de Santiago. Resultó gravemente herido:

Carabinero Patricio Martínez Barraza.

14 de abril de 1986. Terroristas irrumpieron disparando en las oficinas de una empresa de transporte. Fueron gravemente heridos tres empleados de la empresa:

Hugo Ahumada, Rubén Lagarrigue y José Morales.

27 de abril de 1986. Terroristas del Frente Manuel Rodríguez intentaron robar en un negocio del centro de Santiago. Fueron bloqueados por una patrulla de Carabineros, produciéndose un enfrentamiento armado. Perdió la vida:

Carabinero Miguel Vásquez Tobar.

Heridos de gravedad:

Carabineros Miguel Vargas Escobar, José Erices Rodríguez y Remberto Mardones Pérez.

28 de abril de 1986. En Santiago, en pleno día, explotó una bomba en el interior de un baño público. Resultaron heridas de gravedad, cuatro encargadas de limpieza:

Gabriela González Yévenes, Irma Vega Faas, Elsa Medina Parra y Eliana Munita Uribe.

29 de abril de 1986. En Ñuñoa, cuatro terroristas en un vehículo en movimiento dispararon contra una patrulla militar. Resultaron gravemente heridos:

Suboficial de Ejército Miguel Valenzuela Valenzuela.

Soldados conscriptos de Ejército Ricardo Vergara Tapia, Gustavo Orellana Quijada y Osvaldo Muñoz Lagos.

9 de mayo de 1986. En Santiago, terroristas lanzaron un mecanismo explosivo contra militares. Gravemente heridos:

Soldados conscriptos de Ejército Oscar Figueroa Urrutia y Roberto Opazo Tunaca.

En el mismo día, en Valparaíso, terroristas lanzaron un mecanismo explosivo al interior de un microbús. Sufrieron lesiones cuatro pasajeros:

Margarita Huerta Sáez, Óscar Meneses Parada, Gabriela Meneses Huerta y Edison Meneses Huerta.

24 de mayo de 1986. Terroristas dispararon contra un estacionamiento de taxis en el centro de San Miguel. Resultó herido, y paralizado de por vida, un obrero:

Fernando Guzmán Vega.

10 de junio de 1986. Terroristas dispararon desde un vehículo en movimiento contra carabineros que esperaban locomoción en el paradero del microbús. Herido de gravedad:

Carabinero José Aguilera Rivera.

12 de junio de 1986. En Viña del Mar, una patrulla de la Armada sorprendió a algunos terroristas que intentaban destruir una torre de alta tensión. En el incidente sufrió graves lesiones: Soldado conscripto de la Armada Luis Carvajal Zavala.

13 de junio de 1986. En Santiago, algunos terroristas dispararon contra un grupo de carabineros que retornaban al cuartel. Resultó con graves heridas:

Carabinero Alberto López Jiménez.

15 de junio de 1986. En Santiago y en Las Rejas diversos grupos de terroristas dispararon contra patrullas. Sufrieron graves heridas:

Carabineros Lorenzo Vidal, Marcos Pozo Reyes y Carlos Urrutia Soto.

16 de junio de 1986. Una bomba explotó en el interior de un vagón del Metro de Santiago, a primera hora de la mañana. Perdió la vida un pasajero que se dirigía al trabajo:

Jorge Campos Fardella.

Otros pasajeros sufrieron heridas de mucha gravedad:

Laura Barceló Muñoz, Roberto Barros Sánchez, Juan Ruiz de Mujica, Alex Soto Chindulza, Nelson Araneda Araneda y Esteban Gutiérrez Jorquera.

30 de junio de 1986. En Santiago, terroristas dispararon contra un carabinero que los sorprendió mientras incendiaban un microbús. Perdió la vida:

Carabinero José Muñoz Alarcón.

3 de julio 1986. Terroristas lanzaron un mecanismo explosivo en al interior de un microbús de recorrido en el centro de Santiago. Sufrieron lesiones graves algunos pasajeros:

Cristina Castro Correa, Guillermo Farías Pizarro, Juan Carlos Salazar Rojas y Sergio Jofré Jofré.

4 de julio de 1986. En Santiago, terroristas atacaron con bombas de mano y armas automáticas a una patrulla de Carabineros. En el conflicto sufrieron graves heridas:

Carabineros Héctor San Martín Zapata, Osvaldo Hormázabal Díaz, Víctor Muñoz Rojas, Rafael Quiero Hormázabal y Patricio Cruz Pérez.

25 de julio de 1986. Alrededor de las 19:50 horas, en el centro de Santiago, explotó una bomba de alto poder que destruyó un autobús cargado de pasajeros. Sufrieron heridas de mucha gravedad: 36 pasajeros, muchos de ellos en condiciones desesperadas. Estos son los casos más graves:

Miguel Salazar Giral, Luis Escudero Vásquez, Cristián Huenullán Guzmán, Miguel Carrasco Díaz, Fernando Contreras Flores, Carlos Galleguillos Honores, Jaime Soto Reyes, Anita Riquelme Valladares, Beatriz Vergara Tobar, Alicia González Sáenz, Blanca Torres Orellana, Sandra Fuentes Huele, Jacqueline Britte Monar, Sandra Cabezas Roque, Alicia Garretón Cerry, María Villanueva Vilches, Ernestina Gallardo Zamorano, Marcela Bragas Vega, María Zárate Veloso, Eva González González, Jéssica Salas Tapia, Sara Ramírez Jorquera, Guillermo Concha Cornejo, Mario Osorio Valenzuela, Enrique Urrutia Cañas, Sergio Barra Castro y Jaime Fuenzalida Silva.

4 de agosto de 1986. Bomba lanzada a la entrada de un cuartel. Resultó gravemente herido:

Soldado conscripto de Ejército Marcos Barraza Bugueño.

14 de agosto de 1986. Explosión causada por terroristas en el centro de Santiago. Sufrió heridas de gravedad un transeúnte: Luis Alberto Pérez Pérez.

22 de agosto de 1986. Se lanzó un mecanismo incendiario contra un vehículo de Carabineros. Sufrieron quemaduras y lesiones graves:

Carabineros José Villarroel Burgos y Luis Rojas Díaz.

26 de agosto de 1986. En Puente Alto, cinco terroristas del Frente Manuel Rodríguez incendiaron un microbús de recorrido, en el que resultó muerto su conductor:

Francisco Guzmán Núñez.

30 de agosto de 1986. Terroristas del Frente Manuel Rodríguez lanzaron una bomba contra un tren en la estación de Viña del Mar. Sufrieron heridas de gravedad tres pasajeros:

Silvia Flores Saavedra, Ana Toro Fuentes y David Larenas Toledo.

4 de septiembre de 1986. Terroristas hicieron explotar una bomba en la estación de San Pablo del Metro. Dos pasajeros resultaron heridos de gravedad:

Nicolás Barrenechea Castillo y Carlos Inostroza Segura.

7 de septiembre de 1986. En la localidad del Cajón del Maipo alrededor de 30 terroristas dispararon con armas automáticas y lanzacohetes al vehículo del Presidente de la República, Augusto Pinochet. El Presidente se salvó pero su escolta sufrió graves bajas. Perdieron la vida:

Cabo de Ejército Miguel Guerrero Guzmán.

Cabo de Ejército Cardenio Hernández Cubillos.

Cabo de Ejército Gerardo Rebolledo Cisternas.

Cabo de Ejército Roberto Rosales Martínez.

Cabo de Carabineros Pablo Silva Pizarro.

Gravemente heridos otros militares y carabineros de la escolta presidencial.

Capitán de Ejército Juan MacLean Vergara.

Teniente de Carabineros Jordán Tavra Checura.

Cabo de Ejército José Barrera González.

Cabo de Ejército Juan Fernández Lobos.

Sargento de Carabineros Luis Córdova Belmar Cabo de Carabineros Miguel del Río Méndez.

13 de octubre de 1986. En Las Condes terroristas del Frente Manuel Rodríguez hicieron explotar una bomba entre los clientes de un centro comercial. Fallece:

Fernando Parra Roldán.

Es herido Javier San Martín Pizarro.

28 de octubre de 1986. Terroristas dispararon contra un comando de Carabineros en Limache. Después de una larga agonía, el 6 de noviembre falleció:

Carabinero Luis Serey Abarca.

Heridos de gravedad:

Sargento de Carabineros Laureano Hernández Araya. Carabineros Julio Jiménez Soto, José Tapia Méndez, Patricio Muñoz Palominos.

5 de noviembre de 1986. Terroristas lanzaron bombas contra un microbús de recorrido. Sufrieron graves heridas dos pasajeros: Sonia Ramírez Salinas y Marta Sepúlveda Contreras.

Otra pasajera perdió la vida un mes después a causa de las heridas sufridas y luego de haber perdido al hijo del cual estaba encinta:

Rosa Rivera Fierro.

18 de noviembre de 1986. La explosión de una bomba en una calle de La Granja causó la muerte de un vendedor ambulante. Perdió la vida:

Miguel Contreras Garay.

26 de noviembre de 1986. Explotó una bomba en una calle de Maipú. Una transeúnte sufrió heridas de gravedad:

Claudia Acevedo Bragada.

28 de noviembre de 1986. Enfrentamiento armado a continuación de un robo efectuado por terroristas del MIR al Banco del Estado.

Perdió la vida:

Subteniente de Carabineros Jaime Luis Sáenz Neira.

Sufrió graves heridas:

Carabinero Víctor Astudillo Contreras.

15 de diciembre 1986. Numerosas bombas colocadas por el Frente Manuel Rodríguez. Explotaron en varias localidades. En Peñalolén sufrió graves heridas una transeúnte:

Rosa Alejandra Almuna Molina.

15 de enero de 1987. Conflicto en la calle Matucana. Gravemente herido:

Detective de Investigaciones Juan Carlos Inostroza Muñoz.

24 de febrero de 1987. Explosión de una bomba en una calle de Concepción. Herido gravemente:

El joven William Espinoza Aravi, de 15 años de edad.

2 de marzo de 1987. Terroristas hicieron explotar una bomba a lo largo del ferrocarril que atraviesa la ciudad de Osorno. Perdió la vida una pasajera:

Patricia Valdebenito Imihuaqui.

Sufrió graves heridas un pasajero:

José Santos Valdebenito.

6 de marzo de 1987. Terroristas del MIR hicieron explotar una bomba en el centro de Concepción. Perdió la vida:

Subteniente de Carabineros Eduardo Tamayo Medina. Gravemente herido:

Carabinero Fortunato Canales Gallegos.

10 de marzo de 1987. Terroristas lanzaron un mecanismo explosivo contra una patrulla. Heridos de gravedad:

Sargento de Carabineros Miguel Galdames.

Carabinero Alberto Aravena.

24 de marzo de 1987. Explotó una bomba en el municipio de Concepción. Sufrieron graves heridas:

Teniente de Carabineros Iván Bezmalinovic Hidalgo.

Sargento de Carabineros Rafael Pacheco Contreras.

Carabinero Rodrigo Navarrete Fernández.

10 de abril de 1987. En San Miguel terroristas del Frente Manuel Rodríguez robaron en un establecimiento industrial y mataron al guardia. Perdió la vida:

Jorge Riveros Olivares.

13 de abril de 1987. Terroristas intentaron el sabotaje a la Radio Tropical y dispararon contra un guardia que trató de oponerse. De este modo perdió la vida:

Jorge Eduardo Cortés Vásquez.

2 de mayo de 1987. En Cerro Navia terroristas del Frente Manuel Rodríguez dispararon a policías uniformados. Gravemente herido:

Carabinero Danilo Sciorza Suazo.

20 de mayo de 1987. Terroristas asaltaron una fábrica de Valparaíso con el objeto de robar. Los enfrentó un carabinero que sufrió heridas de gravedad:

Carabinero Mario Escobar Navarrete.

11 de junio de 1987. En Santiago, terroristas del Frente Manuel Rodríguez, en tres automóviles, irrumpieron disparando en el recinto de una empresa, incendiándola. Hirieron gravemente a algunos empleados y obreros:

Manuela Mellado, Luis Ortiz Farías, Luis Hernández Candia, José Mellado Henríquez y Leonor Comandan.

15 de junio de 1987. Enfrentamiento armado en las comunas de San Miguel y Conchalí. Heridas de gravedad tres personas no identificadas.

17 de junio de 1987. Un terrorista del Frente Manuel Rodríguez disparó contra el conductor de un vehículo de la Policía de Investigaciones que estaba detenido delante de un edificio público.

Perdió la vida:

Conductor de la Policía de Investigaciones Luis González Saavedra.

18 de junio de 1987. Terroristas en motocicleta dispararon contra un carabinero. Sufrió graves heridas:

Carabinero Alex Armijo Pinto.

19 de junio de 1987. En la Población La Victoria, terroristas del Frente Manuel Rodríguez dispararon ráfagas de ametralladora contra un furgón de Carabineros. Sufrió heridas de gravedad: Sargento de Carabineros José Soto Salazar.

21 de junio de 1987. Repetidos ataques del Frente Manuel Rodríguez contra patrullas militares. En diversos atentados sufrieron graves heridas:

Teniente de Carabineros Hugo Pérez Soto.

Carabineros Manuel Letelier Alvarez, Marcos Aguirre Chávez, Luis Olmedo Cornejo, Rodolfo Miranda Martínez, Ramón Pavez Quiroz y Luis Aladino Casanova.

29 de junio de 1987. En Talca, una bomba colocada por terroristas explotó en una calle llena de gente. Sufrieron graves heridas los transeúntes:

Manuel Alzamora Lemus, Eduardo Sernos Reyes y Luis Barrios Torres.

4 de julio de 1987. Terroristas del Frente Manuel Rodríguez dispararon a una industria metalúrgica de San Miguel. Sufrió graves heridas un obrero:

Juan Casas Casas.

6 de julio de 1987. En el centro de Santiago terroristas dispararon contra un grupo de carabineros. Perdió la vida:

Carabinero Ernesto Díaz Botarro.

10 de julio de 1987. Terroristas dispararon contra una bomba de bencina en la comuna de Ñuñoa. Sufrió graves heridas uno de los empleados:

José Mercado.

12 de julio de 1987. Terroristas del Frente Manuel Rodríguez tendieron una emboscada a un vehículo de Carabineros. Sufrieron graves heridas:

Teniente de Carabineros Víctor Rodríguez Treskow.

Carabinero Paulo Reyes Aburto.

27 de julio de 1987. En Macul cuatro terroristas dispararon contra un carabinero que regresaba a su casa. Así perdió la vida: Sargento de Carabineros Leopoldo Tolosa Sepúlveda.

28 de julio de 1987. Explotó una bomba en las cercanías de un establecimiento industrial de Santiago. Sufrieron graves heridas dos empleados de la empresa:

Juan Silva Cerosolí y Gustavo del Fierro Ayala.

31 de julio de 1987. Grupos de terroristas dispararon con armas automáticas contra vehículos militares en tránsito a San Miguel, a Llay-Lay y nuevamente a San Miguel. Perdieron la vida: Agente de Policía de Investigaciones Jorge Cárdenas González. Conductor de Policía de Investigaciones Oscar Henríquez Callejas.

Soldado conscripto de Ejército Pedro Tapia Ortega.

Carabinero Daniel Jelvez Muñoz.

3 de agosto de 1987. Dos terroristas atacan una patrullera de la Policía de Investigaciones. Pierden la vida:

Detectives Manuel Rodríguez Muñoz, Carlos Páez, Mario Marín Heriberto y Gerardo Romero.

14 de agosto de 1987. En la periferia de Valparaíso, terroristas del Frente Manuel Rodríguez lanzaron una bomba contra un microbús de recorrido. Sufrieron graves heridas el conductor y cuatro pasajeros:

Rodolfo Rodríguez Estay, Raúl Muñoz Quiñones, Ana Hernández, Patricio Contreras y Daniel Mena.

11 de septiembre de 1987. En la comuna de San Miguel, al pasar un vehículo de Carabineros, explotó una bomba accionada a distancia mediante radiocomando. Perdieron la vida:

Sargento de Carabineros Mario Martínez Vargas.

Carabinero Ramón Bahamondes Elgueta.

Gravemente herido:

Carabinero Osvaldo Leal Leal.

12 de septiembre de 1987. En Valparaíso, terroristas lanzaron un mecanismo explosivo contra un edificio de la Armada. Sufrieron graves heridas:

Sargento de la Armada Mario Salinas Herrera.

Infante de marina Juan Medalla Salinas.

21 de septiembre de 1987. Terroristas asaltaron la sucursal del Banco de Estado de San Miguel. Sufrió graves heridas un guardia de la institución:

Claudio Valladares Araya.

5 de octubre de 1987. Repetidos atentados del Frente Manuel Rodríguez en Santiago, Quilpué, Maipú y La Granja. Resultaron heridos los transeúntes:

Nelson Ramón Suárez Silva.

Héctor Carreño Vásquez y Gabriel Medina Garrido.

6 de octubre de 1987. Explosión en los locales de la filial de Providencia del Banco de Crédito, justamente cuando llegaban los Carabineros llamados por el personal del banco. Sufrieron graves mutilaciones y heridas:

Subteniente de Carabineros Sergio Luzza Fuenzalida.

Carabinero Víctor Silva Carvajal.

22 de octubre de 1987. Enfrentamiento armado en La Florida. Sufrieron graves heridas:

Brigadier de Carabineros Luis Quinteros González.

Carabinero Jorge Cartes Cifuentes.

6 de noviembre de 1987. Explosión en un supermercado. Sufrió heridas de gravedad un dependiente encargado de embalajes: Rosalindo Padilla Muñoz.

19 de noviembre de 1987. Terroristas del Frente Manuel Rodríguez dispararon contra un furgón de carabineros que atravesaba el centro de Santiago. Sufrieron graves heridas:

Sargento de Carabineros José Reyes Díaz.

Carabinero Luciano Ramírez Reyes.

9 de diciembre de 1987. Terroristas del Frente Manuel Rodríguez atacaron con lanzacohetes las instalaciones de la aeronáutica militar en Santiago. Se desencadenó un enfrentamiento armado en el cual sufrieron heridas de gravedad:

Comandante de escuadrilla aérea Erwin Núñez Magaña.

Soldado conscripto de la Fuerza Aérea Carlos Gutiérrez Celis. Subteniente de Carabineros Braulio Baeza Marín.

Carabineros Omar Ramírez Pérez y Jaime Fuentes Sáez.

10 de diciembre de 1987. Terroristas del Frente Manuel Rodríguez atacaron con bombas incendiarias las oficinas en Valparaíso del diario El Mercurio. En el conflicto, sufrió graves heridas: Carabinero Héctor Castillo Garrido.

14 de diciembre de 1987. Una bomba explotó en la ciudad de Tomé. Sufrió graves heridas:

Cristián Soto Novoa.

15 de diciembre de 1987. Explotó una bomba colocada por terroristas en las inmediaciones de una central telefónica. Gravemente herido un transeúnte:

Felipe Reyes de la Maza.

4 de enero de 1988. Explotó un autobomba en San Bernardo. Gravemente herido un transeúnte:

José Rebeco Quezada.

20 de enero de 1988. Terroristas hicieron explotar una bomba en la sala de espera de un hospital de Valparaíso, en medio de los pacientes. Perdió la vida una anciana jubilada:

Berta Pardo Muñoz.

Sufrieron heridas de gravedad otras personas, la mayoría mujeres: Juan Soto Candia, Adriana Olmedo Romero, Simón Navarrete Durán, Teresa Espinoza Mardones, Roxana Varela Muñoz, Gladys Gómez Reinoso, Margarita Lengley Alvarez, Juan Lagomarsino Basualdo, Alicia Henríquez Cubillos, Marcia Ladrón de Guevara Salas, Sonia Cabrera Montt, Lilian Cabello Pérez, Marcia Calderón de Salas, Guillermina Olate Rodríguez, María Contreras Olmedo, Teresa Marsilia Carreño, Jacqueline Jara Zavala, Elizabeth Céspedes Aguilera, Teresa González Reyes, Sandra Marsilia Vera, María Soto Concha, Elsa Muñoz Órdenes.

Pocas horas más tarde, en Santiago, una bomba fue activada y explotó en la calle. Sufrió heridas de gravedad una transeúnte: María Zamora Cabrera.

26 de enero de 1988. Terroristas colocaron una bomba y luego llamaron por teléfono a los Carabineros alertándolos del hecho. Cuando llegaron los Carabineros, hicieron explotar un mecanismo a distancia. Perdió la vida:

Mayor de Carabineros Julio Benimelis Ruz.

Sufrieron graves heridas:

Teniente de Carabineros Danilo Rojas Rivera.

Carabinero Alejandro Pavez Beltrán.

23 de febrero de 1988. En la calle Carmen, terroristas en motocicleta dispararon contra algunos policías uniformados. Gravemente herido:

Carabinero Manuel Brito González.

26 de febrero de 1988. En el barrio Estación Central, terroristas del Frente Manuel Rodríguez lanzaron explosivos contra la puerta de entrada de un edificio. Gravemente herido el portero: Ramón Osadey González.

29 de febrero de 1988. En San Miguel, diez terroristas del Frente Manuel Rodríguez robaron un furgón que llevaba caudales de la empresa Brinks Chile en el día de pagos de los salarios.

Perdieron la vida:

El funcionario de la empresa Luis Sánchez de la Cerda.

El funcionario del banco Juan Sepúlveda Salazar.

Sufrieron graves heridas algunos empleados:

Sergio Becerra Yáñez, Hernán Cabezas Carmona, Alba Azúa Álvarez y Jorge Herrera López.

8 de marzo de 1988. Enfrentamiento armado en los barrios occidentales de Santiago. Resultó gravemente herido:

Inspector de Policía de Investigaciones Dagoberto López.

10 de marzo de 1988. En la comuna de La Granja, terroristas ametrallaron y lanzaron cohetes contra un comando de Carabineros. Sufrieron graves heridas:

Carabineros Luis Carrasco Pino y Belarmino Cantera Arce.

El transeúnte Saúl Marín Salazar.

13 de marzo de 1988. Una bomba explotó en un negocio en la localidad de Ovalle. Gravemente herida:

Irma Castillo Campusano.

14 de marzo de 1988. Enfrentamiento armado en una calle de Santiago. Resultó gravemente herido:

Carabinero Héctor Salas Galaz.

16 de marzo de 1988. Terroristas atacaron con cohetes y armas automáticas un cuartel de Carabineros situado en el centro de Santiago. Las explosiones de los cohetes provocaron daños principalmente en las viviendas vecinas, en las cuales sufrieron graves heridas:

Paola Vera Reyes, Luisa Vera Reyes, Juan Reyes Soto y Nelson Muñoz Valderrama.

17 de marzo de 1988. Una bomba explotó en las inmediaciones de una central telefónica de Providencia. Resultaron gravemente heridos dos dependientes de la empresa telefónica y una transeúnte:

Guillermo Sáez Jaramillo, Alfonso Moscoso Cárdenas y Mary Carey Bustamante.

28 de marzo de 1988. En Peñalolén, terroristas del Frente Manuel Rodríguez lanzaron un cohete contra una central eléctrica, dañando una vivienda vecina donde resultaron gravemente heridas tres mujeres:

Rosa Campos Godoy, Margarita Godoy Silva y Carmen Tapia Campos.

30 de marzo de 1988. Dos terroristas agredieron e hirieron con una pistola a un encargado en estación del Metro de Santiago: Andrés Morales Márquez.

Pocas horas después, otros terroristas hirieron de gravedad a un dirigente del partido de derecha Renovación Nacional, en las cercanías de su casa:

Guillermo Navarro Salinas.

1 de abril de 1988. Terroristas dispararon contra un albergue militar en Santiago. Resultaron gravemente heridos:

Soldados conscriptos de Ejército Jorge Fuentes Moraga e Iván López Lobos.

2 de abril de 1988. Terroristas lanzaron granadas de mano contra una comisión civil en la comuna de Maipú. Resultaron gravemente heridos:

Carlos Campos Mondaca y Jaime Mansilla Valcarce.

Pocas horas después un autobomba explotó en la periferia oriental de Santiago. Un transeúnte sufrió la pérdida de una mano: Miguel Parra Parra.

2 de abril de 1988. En enfrentamiento con terroristas pierde la vida:

Cabo de Carabineros Alfredo Rivera Rojas.

9 de abril de 1988. Terroristas del Frente Manuel Rodríguez atacaron una distribuidora de carburantes y asesinaron al obrero encargado. Perdió la vida:

Jorge Sepúlveda Santander.

12 de abril de 1988. Terroristas del Frente Manuel Rodríguez dispararon en Santiago contra un carabinero. Perdió la vida: Carabinero Samuel López Contreras.

29 de abril de 1988. Dos terroristas dispararon en una calle de Renca contra un vehículo policial. Perdió la vida:

Sargento de Carabineros Juan Hormazábal Núñez.

5 de mayo de 1988. En enfrentamiento con terroristas del Frente Manuel Rodríguez en la población Almirante Navarrete de Viña del Mar, pierde la vida:

Sargento de la Armada Armando Cruz Olivares.

18 de mayo de 1988. Terroristas lanzaron un mecanismo explosivo contra un comité ciudadano en Rancagua. Resultó herido de gravedad un empleado:

Juan Merino Villalobos.

20 de mayo de 1988. En las primeras horas del día, terroristas dispararon contra un carabinero que esperaba el microbús. Así perdió la vida:

Sargento de Carabineros Carlos González Valenzuela.

En la noche, otros terroristas, que subieron a un microbús de recorrido como pasajeros, dispararon a quemarropa contra un carabinero que viajaba en el mismo vehículo. Perdió instantáneamente la vida:

Cabo de Carabineros Jaime Sandoval Mendoza.

26 de mayo de 1988. Explotó una bomba en las cercanías de una central telefónica de Valparaíso. Sufrió graves heridas: Subteniente de Carabineros Kurt Haaerman Ritter.

1 de junio de 1988. En Santiago, explotó una bomba en el frontis del Citibank. Resultó gravemente herido un transeúnte:

Jorge Méndez Salinas.

7 de junio de 1988. En Santiago, terroristas del Frente Manuel Rodríguez asesinaron a un oficial. Perdió la vida:

Teniente coronel de Ejército Miguel Rojas Lobos.

12 de junio de 1988. En Valparaíso, terroristas lanzaron un mecanismo incendiario contra un taxi. Resultó herido de gravedad. Carabinero Marcos Pozo Reyes.

4 de julio de 1988. Terroristas dispararon contra un negocio de diarios, asesinando al dueño. Perdió así la vida:

Óscar Quevedo Mocella.

11 de julio de 1988. Terroristas lanzaron un mecanismo incendiario contra un vehículo. Resultó con quemaduras graves el conductor.

19 de julio de 1988. Explotó en Valparaíso, en las cercanías de una iglesia, una bomba de tiempo. Resultaron gravemente heridos algunos feligreses que se disponían a entrar para participar en una ceremonia religiosa:

Juan Salazar Olivares, Nelson Pérez, Luis Herrera.

21 de octubre de 1988. Terroristas del Frente Manuel Rodríguez asaltan y destruyen el cuartel policial de Los Queñes, a 40 kilómetros de Curicó, muere asesinado:

Cabo de Carabineros Juvenal Vargas Sepúlveda.

8 de febrero de 1989. En una emboscada en la Villa Gildemeister de Santiago son asesinados a tiros:

Teniente de Carabineros José Pizzoleo Canales.

Cabo de Carabineros Leonardo Marillanca Gárate.

11 de abril de 1989. El miembro del Frente Manuel Rodríguez, Héctor W. Maturana Urzúa, en un enfrentamiento en la ciudad de Talca, asesina a:

Subteniente de Carabineros Juan Carlos Amar Iturrieta.

18 de abril de 1989. 5 terroristas, en un enfrentamiento en la población Joao Goulart de La Granja, asesinan:

Al cabo de Carabineros Julio E. Pavez Ortiz.

6 de Julio de 1989. Muerto en operativo y enfrentamiento con extremistas:

Cabo de Carabineros Carlos J. Lamoza Arce.

21 de Julio de 1989. Muertos en operativo y enfrentamiento con extremistas:

Cabo de Carabineros Jaime D. Parra Aguayo.

Carabinero Ramón Salas Sanhueza.

29 de Agosto de 1989. Muerto al repeler ataque extremista a su unidad:

Teniente de Carabineros Julio R. Zegers Reed.

8 de septiembre de 1989. Muerto en operativo y enfrentamiento con extremistas.

Cabo de Carabineros Héctor Pincheira Armijo.

10 de febrero de 1990. Muerto en operativo y enfrentamiento con extremistas:

Carabinero Jaime González Calquín.

En los primeros años de los Gobiernos de la Concertación continúa la actuación terrorista y criminal del MIR y del Frente Manuel Rodríguez.

10 de mayo de 1990. Asesinado por comando extremista:

Coronel de Carabineros (R) Luis Fontaine Manríquez.

20 de septiembre de 1990. Muerto en operativo y enfrentamiento con extremistas:

Cabo de Carabineros Luis M. Labraña Fuentealba.

11 de noviembre de 1990. Muerto en operativo y enfrentamiento con extremistas:

Cabo de Carabineros Alfonso D. Villegas Muñoz.

14 de noviembre de 1990. Asesinados en enfrentamiento por rescate de terrorista Antonioletti:

Capitán de Gendarmería Ricardo Briceño Bustamante.

Cabo de Gendarmería Manuel A. Acuña Leal.

Gendarmes Arnoldo Parra Gutiérrez, Benjamín Hernández Avilés, Juan Mondaca.

24 de enero de 1991. Muerto en operativo y enfrentamiento con extremistas:

Carabinero Carlos R. Araya Cid.

1 de abril de 1991. Asesinado por extremistas del Frente Manuel Rodríguez, al término de sus clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica:

Senador Jaime Guzmán Errázuriz, líder de la Unión Demócrata Independiente. Firme opositor al Gobierno de la Concertación. Unico senador en la historia de Chile que ha sido asesinado.

19 de julio 1991. Muerto en operativo y enfrentamiento con extremistas:

Sargento de Carabineros Manuel A. Cares Alfaro.

24 de julio de 1991. Muerto en operativo y enfrentamiento con extremistas:

Cabo de Carabineros José B. Carreño Fuentes.

9 de enero de 1992. Muerto en enfrentamiento con extremistas: Cabo de Carabineros Alejandro T. Seydewitz Barría.

15 de enero de 1992. Muerto en operativo y enfrentamiento con extremistas:

Cabo de Carabineros Isaías D. Báez Leal.

21 de octubre de 1993. Muerto en operativo y enfrentamiento con extremistas:

Suboficial de Carabineros Dionisio Zapata Araneda.

25 de diciembre de 1995. Muerto en enfrentamiento con extremistas:

Cabo de Carabineros Edwin E. Castro Pinto.

22 de abril de 1996. Asesinados en operativo contra extremistas: Sargento de Carabineros José A. Jofré Jofré.

Suboficial de Carabineros Uldaricio Aravena Sanhueza.

Cabo de Carabineros Mauricio J. Vásquez Reyes.

APÉNDICE 2

Carta de Fidel Castro a Salvador Allende de julio de 1973

Habana, julio 29 de 1973.

Querido Salvador:

Con el pretexto de discutir contigo cuestiones referentes a la reunión de países no alineados, Carlos y Piñeiro realizan un viaje a ésa. El objetivo real es informarse contigo sobre la situación y ofrecerte como siempre nuestra disposición a cooperar frente a las dificultades y peligros que obstaculizan y amenazan el proceso. La estancia de ellos será muy breve por cuanto tienen aquí muchas obligaciones pendientes y, no sin sacrificio de sus trabajos, decidimos que hicieran el viaje.

Veo que están ahora en la delicada cuestión del diálogo con la D. C. en medio de acontecimientos graves como el brutal asesinato de tu edecán naval y la nueva huelga de los dueños de camiones. Imagino por ello la gran tensión existente y tus deseos de ganar tiempo, mejorar la correlación de fuerzas para caso de que estalle la lucha y, de ser posible, hallar un cauce que permita seguir adelante con el proceso revolucionario sin contienda civil, a la vez que salvar tu responsabilidad histórica por lo que pueda ocurrir. Estos son propósitos loables. Pero en caso de que la otra parte, cuyas intenciones reales no estamos en condiciones de valorar desde aquí, se empeñase en una política pérfida e irresponsable exigiendo un precio imposible de pagar por la Unidad Popular y la Revolución, lo cual es, incluso, bastante probable, no olvides por un segundo la formidable fuerza de la clase obrera chilena y el respaldo enérgico que te ha brindado en todos los momentos difíciles; ella puede, a tu llamado ante la Revolución en peligro, paralizar los golpistas, mantener la adhesión de los vacilantes, imponer sus condiciones y decidir de una vez, si es preciso, el destino de Chile. El enemigo debe saber que está apercibida y lista para entrar en acción. Su fuerza y su combatividad pueden inclinar la balanza en la capital a tu favor aun cuando otras circunstancias sean desfavorables.

Tu decisión de defender el proceso con firmeza y con honor hasta el precio de tu propia vida, que todos te saben capaz de cumplir, arrastrarán a tu lado todas las fuerzas capaces de combatir y todos los hombres y mujeres dignos de Chile. Tu valor, tu serenidad y tu audacia en esta hora histórica de tu patria y, sobre todo, tu jefatura firme, resuelta y heroicamente ejercida constituyen la clave de la situación.

Hazle saber a Carlos y Manuel en qué podemos cooperar tus leales amigos cubanos.

Te reitero el cariño y la ilimitada confianza de nuestro pueblo.

Fraternalmente,

Fidel Castro

APÉNDICE 3

Grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la república

(Acuerdo de la Cámara de Diputados, de 22 de agosto de 1973)

Considerando:

Primero: Que es condición esencial para la existencia de un Estado de Derecho que los Poderes Públicos, con pleno respeto al principio de independencia recíproca que los rige, encuadren su acción y ejerzan sus atribuciones dentro de los marcos que la Constitución y la ley les señalan, y que todos los habitantes del país puedan disfrutar de las garantías y derechos fundamentales que les asegura la Constitución Política del Estado.

Segundo: Que la juridicidad del Estado chileno es el patrimonio del pueblo, que en el curso de los años ha ido plasmando en ella el consenso fundamental para su convivencia. Atentar contra ella es, pues, destruir no sólo el patrimonio cultural y moral de nuestra nación, sino que negar, en la práctica, toda posibilidad de vida democrática.

Tercero: Que son estos valores y principios los que se expresan en la Constitución Política del Estado, que de acuerdo a su artículo 2° señala que la soberanía reside esencialmente en la nación y las autoridades no pueden ejercer más poderes que los que ésta les delegue, y en el artículo 3°, del cual se desprende que un Gobierno que se arrogue derechos que el pueblo no le ha delegado, incurre en sedición.

Cuarto: Que el actual Presidente de la República fue elegido por el Congreso Pleno previo acuerdo en torno a un Estatuto de Garantías Democráticas incorporado a la Constitución Política, que tuvo un preciso objeto de asegurar el sometimiento de la acción de su Gobierno a los principios y normas del Estado de Derecho, que él solemnemente se comprometió a respetar.

Quinto: Que es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario absolutamente opuesto al sistema democrático representativo que la Constitución establece.

Sexto: Que, para lograr ese fin, el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás Poderes del Estado, de violar habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República, y de permitir y amparar la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen gravísimo peligro para la nación; con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho.

Séptimo: Que, en lo concerniente a las atribuciones del Congreso Nacional, depositario del Poder Legislativo, el Gobierno ha incurrido en los siguientes atropellos:

Ha usurpado al Congreso su principal función, que es la de legislar, al adoptar una serie de medidas de gran importancia para la vida económica y social del país, que son indiscutiblemente materia de ley, por decretos de insistencia dictados abusivamente o por simples resoluciones administrativas fundadas en «resquicios legales»; siendo de notar que todo ello se ha hecho con el propósito deliberado y confeso de cambiar las estructuras del país, reconocidas por la legislación vigente, por la sola voluntad del Ejecutivo y con prescindencia absoluta de la voluntad del legislador;

Ha burlado permanentemente las funciones fiscalizadoras del Congreso Nacional, al privar de todo efecto real a la atribución que a éste compete para destituir a los Ministros de Estado que violan la Constitución o la ley, o cometen otros delitos o abusos señalados en la Carta Fundamental;

Y lo que tiene la más extraordinaria gravedad ha hecho tabla rasa de la alta función que el Congreso tiene como Poder Constituyente, al negarse a promulgar la reforma constitucional sobre las tres áreas de la economía, que ha sido aprobada con estricta sujeción a las normas que para ese efecto establece la Carta Fundamental.

Octavo: Que, por lo que concierne al Poder Judicial, ha incurrido en los siguientes desmanes:

Con el propósito de minar la autoridad de la magistratura y de doblegar su independencia, ha capitaneado una infamante campaña de injurias y calumnias contra la Excelentísima Corte Suprema y ha amparado graves atropellos de hecho contra las personas y atribuciones de los jueces;

Ha burlado la acción de la justicia en los casos de delincuentes que pertenecen a partidos y grupos integrantes o afines del Gobierno, ya sea mediante el ejercicio abusivo del indulto o mediante el incumplimiento deliberado de órdenes de detención;

Violando leyes expresas y haciendo tabla rasa del principio de separación de los Poderes, ha dejado sin aplicación las sentencias o resoluciones Judiciales contrarias a sus designios; y, frente a las denuncias que al respecto ha formulado la Excelentísima Corte Suprema, el Presidente de la República ha llegado al extremo inaudito de arrogarse en tesis el derecho de hacer un «juicio de méritos» a los fallos judiciales y de determinar cuándo éstos deben ser cumplidos.

Noveno: Que, en lo que se refiere a la Contraloría General de la República —un organismo autónomo esencial para el mantenimiento de la juridicidad administrativa— el Gobierno ha violado sistemáticamente los dictámenes y actuaciones destinados a representar la ilegalidad de los actos del Ejecutivo o de entidades dependientes de él.

Décimo: Que entre los constantes atropellos del Gobierno a las garantías y derechos fundamentales establecidos en la Constitución pueden destacarse los siguientes:

Ha violado el principio e igualdad ante la ley, mediante discriminaciones sectarias y odiosas en la protección que la autoridad debe prestar a las personas, los derechos y los bienes de todos los habitantes de la República, en el ejercicio de las facultades que dicen relación con la alimentación y subsistencia y en numerosos otros aspectos; siendo de notar que el propio Presidente de la República ha erigido estas discriminaciones en norma fundamental de su Gobierno, al proclamar desde el principio que él no se considera Presidente de todos los chilenos;

Ha atentado gravemente contra la libertad de expresión, ejerciendo toda clase de presiones económicas contra los órganos de difusión que no son incondicionales del Gobierno; clausurando ilegalmente diarios y radios; imponiendo a estas últimas «cadenas» ilegales, encarcelando inconstitucionalmente a periodistas de oposición; recurriendo a maniobras arteras para adquirir el monopolio del papel de imprenta, y violando abiertamente las disposiciones legales a que debe sujetarse el Canal Nacional de Televisión, al entregarlo a la dirección superior de un funcionario que no ha sido nombrado con acuerdo del Senado, como lo exige la ley, y al convertirlo en instrumento de propaganda sectaria y de difamación de los adversarios políticos;

Ha violado el principio de autonomía universitaria y el derecho que la Constitución reconoce a las Universidades para establecer y mantener estaciones de televisión, al amparar la usurpación del Canal 9 de la Universidad de Chile, al atentar por la violencia y las detenciones ilegales contra el nuevo Canal 6 de esa Universidad, y al obstaculizar la extensión a provincias del Canal de la Universidad Católica de Chile;

Ha estorbado, impedido y, a veces, reprimido con violencia el ejercicio del derecho de reunión por parte de los ciudadanos que no son adictos al régimen, mientras ha permitido constantemente que grupos, a menudo armados, se reúnan sin sujeción a los reglamentos pertinentes y se apoderen de calles y caminos para amedrentar a la población;

Ha atentado contra la libertad de enseñanza, poniendo en aplicación en forma ilegal y subrepticia, a través del llamado Decreto de Democratización de la Enseñanza, un plan educacional que persigue como finalidad la concientización marxista.

Ha violado sistemáticamente la garantía constitucional del derecho de propiedad, al permitir y amparar más de 1.500 «tomas» ilegales de predios agrícolas y al promover centenares de «tomas» de establecimientos industriales y comerciales para luego requisarlos o intervenirles ilegalmente y constituir así, por la vía del despojo, el área estatal de la economía; sistema que ha sido una de las causas determinantes de la insólita disminución de la producción, del desabastecimiento, el mercado negro y el alza asfixiante del costo de la vida, de la ruina del erario nacional y, en general, de la crisis económica que azota al país y que amenaza el bienestar mínimo de los hogares y compromete gravemente la seguridad nacional;

Ha incurrido en frecuentes detenciones ilegales por motivos políticos, además de las ya señaladas con respecto a los periodistas, y ha tolerado que las víctimas sean sometidas en muchos casos a flagelaciones y torturas.

Ha desconocido los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales o gremiales, sometiéndolos, como en el caso de El Teniente o de los transportistas, a medios ilegales de represión;

Ha roto compromisos contraídos para hacer justicia con trabajadores injustamente perseguidos, como los de Sumar, Helvetia, Banco Central, El Teniente y Chuquicamata; ha seguido una arbitraria política de imposición de las haciendas estatales a los campesinos, contraviniendo expresamente la Ley de Reforma Agraria; ha negado la participación real de los trabajadores de acuerdo a la reforma constitucional que les reconoce dicho derecho; ha impulsado el fin de la libertad sindical mediante el paralelismo político en las organizaciones de los trabajadores;

Ha infringido gravemente la garantía constitucional que permite salir del país, estableciendo para ello requisitos que ninguna ley contempla.

Undécimo: Que contribuye poderosamente a la quiebra del Estado de Derecho, la formación y mantenimiento, bajo el estímulo y la protección del Gobierno, de una serie de organismos que son sediciosos, porque ejercen una autoridad que ni la Constitución ni la ley les otorgan, con manifiesta violación de lo dispuesto en el artículo 10, número 16, de la Carta Fundamental, como por ejemplo, los comandos comunales, los consejos campesinos, los comités de vigilancia, las JAP, etc., destinados todos a crear el mal llamado «Poder Popular», cuyo fin es sustituir a los poderes legítimamente constituidos y servir de base a la dictadura totalitaria, hechos que han sido públicamente reconocidos por el Presidente de la República en su último Mensaje Presidencial y por todos los teóricos y medios de comunicación oficialistas.

Duodécimo: Que en la quiebra del Estado de Derecho tiene especial gravedad la formación y desarrollo, bajo el amparo del Gobierno, de grupos armados que, además de atentar contra la seguridad de las personas y sus derechos, y contra la paz interna de la nación, están destinados a enfrentarse contra las Fuerzas Armadas; como también tiene especial gravedad el que se impida al Cuerpo de Carabineros ejercer sus importantísimas funciones frente a las asonadas delictuosas perpetradas por grupos violentistas afectos al Gobierno. No pueden silenciarle, por su alta gravedad, los públicos y notorios intentos de utilizar a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Carabineros con fines partidistas, quebrantar su jerarquía institucional e infiltrar políticamente sus cuadros.

Decimotercero: Que al constituirse el actual Ministerio, con participación de altos miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el señor Presidente de la República lo denominó «de seguridad nacional», y le señaló como tareas fundamentales las de «imponer el orden político» e «imponer el orden económico», lo que sólo es concebible sobre la base del pleno restablecimiento y vigencia de las normas constitucionales y legales que configuran el orden institucional de la República.

Decimocuarto: Que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros son y deben ser, por su propia naturaleza, garantía para todos los chilenos y no sólo para un sector de la nación o para una combinación política. Por consiguiente, su presencia en el Gobierno no puede prestarse para que cubran con su aval determinada política partidista y minoritaria, sino que debe encaminarse a restablecer las condiciones de pleno imperio de la Constitución y las leyes, y de convivencia democrática indispensables para garantizar a Chile su estabilidad institucional, paz civil, seguridad y desarrollo.

La H. Cámara de Diputados, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 39 de la Constitución Política del Estado, acuerda:

PRIMERO: Representar al señor Presidente de la República y a los señores Ministros de Estado miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República que entrañan los hechos y circunstancias referidos en los considerandos quinto a duodécimo precedentes.

SEGUNDO: Representarles, asimismo, que, en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado y, en el caso de dichos señores Ministros, de la naturaleza de las instituciones de que son altos miembros, y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al Ministerio, les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas que infringen la Constitución y las leyes, a fin de encauzar la acción gubernativa por las vías de derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos.

TERCERO: Declarar que, si así se hiciere, la presencia de dichos señores Ministros en el Gobierno importaría un valioso servicio a la República. En caso contrario, comprometería gravemente el carácter nacional y profesional de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, con abierta infracción a lo dispuesto en artículo 22 de la Constitución Política y grave deterioro de su prestigio institucional, y

CUARTO: Transmitir este acuerdo al señor Presidente de la República y a los señores Ministros de Hacienda, Defensa Nacional, Obras Públicas y Transportes y Tierras y Colonización.

APÉNDICE 4

El golpe militar de 1973 según la opinión del ex Presidente chileno Eduardo Frei Montalva

Señor

Mariano Rumor

Presidente de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana Roma, Italia.

Muy estimado Presidente y amigo:

He creído de mi deber dirigirme a usted, y por su intermedio a la directiva de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana, para que conozcan nuestro pensamiento frente a los hechos ocurridos en Chile y su repercusión en el exterior.

[…] ¿Qué ocurrió en Chile?

Este país ha vivido más de 160 años de democracia prácticamente ininterrumpida. Es de preguntarse entonces cuál es la causa y quiénes son los responsables de su quiebre.

A nuestro juicio la responsabilidad íntegra de esta situación —y lo decimos sin eufemismo alguno— corresponde al régimen de la Unidad Popular instaurado en el país.

¿En qué basamos esta afirmación?

Este régimen fue siempre minoría y nunca quiso reconocerlo.

[…] En vez de reconocer este hecho y buscar el consenso, trataron de manera implacable de imponer un modelo de sociedad inspirado claramente en el marxismo-leninismo. Para lograrlo aplicaron torcidamente las leyes y las atropellaron abiertamente, desconociendo a los Tribunales de Justicia. Cada vez que perdían una elección en las organizaciones sindicales y campesinas o estudiantiles desconocían el hecho y creaban una organización paralela afecta al Gobierno, la cual recibía la protección oficial, mientras eran perseguidos los organismos que respondían a una elección legítima. Así se trató de dividir a los estudiantes, a la clase obrera y a los campesinos.

En esta tentativa de dominación llegaron a plantear la sustitución del Congreso por una Asamblea Popular y la creación de Tribunales Populares, algunos de los cuales llegaron a funcionar, como fue denunciado públicamente. Pretendieron, asimismo, transformar todo el sistema educacional: basado en un proceso de concientización marxista. Estas tentativas fueron vigorosamente rechazadas no sólo por los partidos políticos democráticos, sino por sindicatos y organizaciones de base de toda índole, y en cuanto a la educación ella significó la protesta de la Iglesia Católica y de todas las confesiones protestantes que hicieron públicamente su oposición.

Frente a estos hechos naturalmente la Democracia Cristiana no podía permanecer en silencio. Era su deber —y lo cumplió— denunciar esta tentativa totalitaria que se presentó siempre con una máscara democrática para ganar tiempo y encubrir sus verdaderos objetivos. Eso fue lo que el país resistió.

Fueron estas las razones por las que la Corte Suprema de Justicia, por la unanimidad de sus miembros, denunció ante el país el hecho de que por primera vez en la historia de Chile los Tribunales no eran respetados, se atropellaban las leyes y sus sentencias no se cumplían.

La Contraloría General de la República, órgano que en Chile adquiere un verdadero carácter constitucional y que no sólo tiene funciones contables, sino que califica la legalidad de los decretos del Ejecutivo, rechazó innumerables resoluciones del Gobierno por estimarlas ilegales.

El Parlamento continuamente reclamó durante tres años la violación de las leyes y el atropello al Derecho, sin ser oído. Esto culminó cuando aprobadas dos Reformas Constitucionales, el Presidente de la República se negó a promulgarlas. Buscando un pretexto para no hacerlo, recurrió primero al Tribunal Constitucional, el cual dio la razón al Congreso. Sin embargo, eso fue inútil. Pretendió después promulgar estas reformas de manera trunca, o sea parte del texto, lo que rechazó la Contraloría General de la República. Por último, se negó lisa y llanamente a respetar la decisión del Congreso Nacional.

Esto llevó a la Cámara de Diputados a aprobar un acuerdo destinado a señalar al país que se estaban atropellando abiertamente la Constitución y las Leyes, y mostrar una lista abrumadora de casos concretos de cómo así ocurría.

[…] ¿Cuál era el fondo del problema?

El fondo del problema es que este Gobierno minoritario, presentándose como una vía legal y pacífica hacia el socialismo —que fue el slogan de su propaganda nacional y mundial— estaba absolutamente decidido a instaurar en el país una dictadura totalitaria y se estaban dando los pasos progresivos para llegar a esta situación, de tal manera que ya en el año 1973 no cabía duda de que estábamos viviendo un régimen absolutamente anormal y que eran pocos los pasos que quedaban por dar para instaurar en plenitud en Chile una dictadura totalitaria.

Así lo señalaron no sólo la Corte Suprema, la Contraloría y el Parlamento. Se agregó la declaración del Colegio de Abogados, que en extenso documento indicó al país que el sistema legal había sido reiterada y manifiestamente atropellado. Por otro lado, el Partido Radical de Izquierda, que apoyó al señor Allende en la elección y que formó parte de su Gobierno, se retiró de él denunciando que había llegado a la certeza de que se iba al quiebre de la democracia por la acción del Gobierno que integraban. Hombres que habían militado siempre en la izquierda chilena, que dirigían ese partido, señalaron con extrema dureza que el país estaba al borde del caos y que la voluntad del Ejecutivo era instaurar la dictadura totalitaria.

Además se agregó el Colegio Médico, que tradicionalmente apoyó al señor Allende, pues éste fue presidente de él; el Colegio de Ingenieros y todos los demás colegios profesionales.

[…] Reveladora es la entrevista publicada en La Stampa del 26 de octubre de 1973, en la cual se afirma por un alto dirigente que el Partido Comunista buscaba una solución política, pero que en los últimos días se encontraron con el discurso del secretario general del Partido Socialista contra las Fuerzas Armadas y «con su obstinado maximalismo al igual que el de Enríquez, jefe del MIR, y por eso nos hemos encontrado sin preparación ante el golpe».

La posición del Partido Comunista, según la misma entrevista, que coincide con innumerables otros documentos, no difería en cuanto a los objetivos, sino sólo ante la táctica a seguir.

«Las armas que teníamos —agrega—, de las cuales los generales han descubierto una mínima parte, desgraciadamente eran pocos las que las sabían usar, porque no había habido tiempo suficiente para adiestrar a la masa popular».

O sea, vuelve siempre a lo mismo: ganar tiempo para obtener el poder total.

El Presidente de la República declaraba respetar la Ley, la Constitución y la Democracia, pero todas sus declaraciones eran de inmediato contradichas por los hechos, ya que todos los compromisos fueron violados y todas las afirmaciones desmentidas posteriormente por sus actos.

Innumerables documentos de sus asesores y de los dirigentes de los partidos políticos que conformaban la Unidad Popular han demostrado que todo su objetivo era ganar tiempo para consolidarse en el poder y para afianzar su posición totalitaria, documentos que culminaron con la carta publicada del señor Fidel Castro, en la cual recomendaba al señor Allende tratar con la Democracia Cristiana con el solo objetivo de ganar tiempo.

[…] Hombres conocidos en el continente por sus actividades guerrilleras eran de inmediato ocupados en Chile con cargos en la administración, pero dedicaban su tiempo muchos de ellos al adiestramiento paramilitar e instalaban escuelas de guerrillas que incluso ocupaban parte del territorio nacional, en que no podían penetrar ni siquiera representantes del Cuerpo de Carabineros o de las Fuerzas Armadas.

El segundo, fue la acelerada importación de armas. El Partido Demócrata Cristiano denunció continuamente este hecho. Hay más de cincuenta documentos publicados por el partido y dados a conocer en el Parlamento respecto a la internación ilegal de armas. El Gobierno siempre desmintió esta aseveración. Llevado de su preocupación el PDC presentó un proyecto de ley para el control de las armas que estaban llegando al país, proyecto de ley que fue aprobado y que sirvió de base para iniciar acciones que revelaron la existencia de fuertes contingentes de armas importadas.

Después del pronunciamiento del 11 de septiembre, estas denuncias de la Democracia Cristiana han quedado plenamente confirmadas. Las armas hasta ahora recogidas (y se estima que no son aún el 40%) permitirían dotar a más de 15 regimientos y eso que una abrumadora proporción aún no ha sido descubierta. Estas armas son todas de procedencia checa o rusa, armas que jamás ha tenido el Ejército chileno. Por lo demás, nadie ignora o descarta en Chile la existencia de estas armas.

[…] Nos preguntamos una vez más y preguntamos a los dirigentes de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana: ¿Qué Democracia puede resistir esta situación? ¿Acaso la Democracia Cristiana, sin armas y en consecuencia inerme frente a esta embestida, debía quedar silenciosa? ¿Merece el calificativo de fascista o golpista por el hecho de haber denunciado esta realidad? ¿Pretenden acaso que lo democrático era permanecer mudos, amparando la preparación desembozada de una dictadura impuesta por la fuerza de las armas?

[…] Ahora cabe preguntar: ¿Era la Democracia Cristiana fascista o golpista por el hecho de haber denunciado la política económica que llevó al país a la inflación desatada, al envilecimiento de la moneda, a la paralización productiva, al mercado negro, a la escasez y al hambre?

¿Acaso el deber de un partido político es silenciar estos hechos?

[…] Es también efectivo que aceleraron al extremo la Reforma Agraria iniciada por la Democracia Cristiana, pero quisieron convertir toda la agricultura en haciendas estatales colectivas, lo que fue resistido por el campesinado. Se eliminó a los técnicos, se desorganizó toda la infraestructura, y en vez de respetar a ley, se asaltaron las propiedades y las ocuparon con gente que muchas veces no eran campesinos. Estas fueron, entre otras cosas, las causas del fracaso agrícola.

[…] La directiva del partido llegó a la convicción de que exclusivamente se estaba ganando tiempo para preparar el control total del poder por parte de la Unidad Popular, y acelerar su aparato paramilitar y el reparto de armas.

Nadie puede, pues, decir que la Democracia Cristiana no agotó los procedimientos para llegar a un acuerdo. Jamás se le hizo una proposición seria. Nunca el Presidente ofreció una fórmula de gobierno. Al revés, señaló que sería imposible el ingreso de la DC al gabinete por la oposición socialista y de los partidos integrantes de la Unidad Popular.

[…] Yo pregunto: ¿Puede un partido hacer mayor esfuerzo y un mayor sacrificio, siendo mayoritario en ambas ramas del Congreso en una elección reciente en que tuvo que soportar el embate y la violencia del Gobierno, que ofrecer públicas y responsablemente la renuncia de sus parlamentarios con el fin de buscar una salida democrática para el país?

[…] Un análisis objetivo de los hechos revela que la razón fundamental de que esta vieja democracia haya sufrido este embate fue el Gobierno de la Unidad Popular, porque llevó al país a una situación que ninguno puede resistir y aun es admirable la solidez de la democracia chilena que resistió tanto.

APÉNDICE 5

Último mensaje radiofónico de Salvador Allende al pueblo chileno
(9:30 horas del 11 de septiembre de 1973, Palacio de La Moneda)

11 de septiembre de 1973

Pagaré con mi vida la defensa de principios que son caros a esta patria. Caerá un baldón sobre aquellos que han vulnerado sus compromisos, faltando a su palabra, roto la doctrina de las Fuerzas Armadas.

El pueblo debe estar alerta y vigilante. No debe dejarse provocar, ni dejarse masacrar, pero también debe defender sus conquistas. Debe defender el derecho a construir con su esfuerzo una vida digna y mejor.

Una palabra para aquellos que llamándose demócratas han estado instigando esta sublevación, para aquellos que diciéndose representantes del pueblo, han estado turbia y torpemente actuando para hacer posible este paso que coloca a Chile en el despeñadero.

En nombre de los más sagrados intereses del pueblo, en nombre de la patria los llamo a ustedes para decirles que tengan fe. La historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen. Esta es una etapa que será superada, éste es un momento duro y difícil. Es posible que nos aplasten, pero el mañana será del pueblo, será de los trabajadores. La humanidad avanza para la conquista de una vida mejor.

Compatriotas: es posible que silencien las radios, y me despido de ustedes. En estos momentos pasan los aviones. Es posible que nos acribillen. Pero que sepan que aquí estamos, por lo menos con este ejemplo, para señalar que en este país hay hombres que saben cumplir con las obligaciones que tienen. Yo lo haré por mandato del pueblo y por la voluntad consciente de un Presidente que tiene la dignidad del cargo.

Quizás sea ésta la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura, sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron.

Soldados de Chile, Comandantes en Jefe y titulares —al almirante Merino— el general Mendoza, general rastrero que sólo ayer manifestara su solidaridad y lealtad al Gobierno, también se ha denominado director general de Carabineros.

Ante estos hechos sólo me cabe decirle a los trabajadores: Yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser segada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen, ni con la fuerza. La Historia es nuestra y la hacen los pueblos.

Trabajadores de mi patria: Quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que sólo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra en que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes. Espero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición: la que les señaló Schneider y que reafirmara el comandante Araya, víctima del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena conquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo, sobre todo, a la modesta mujer de nuestra tierra: a la campesina que creyó en nosotros; a la obrera que trabajó más, a la madre que supo de su preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días están trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas de una sociedad capitalista.

Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron y entregaron su alegría y su espíritu de lucha; me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, a aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando puentes, cortando las vías férreas, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proceder, la historia los juzgara.

Seguramente Radio Magallanes será acallada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa, me seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes, por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal con la patria. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse.

Trabajadores de mi patria: Tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres el momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor.

¡Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores!

Estas son mis últimas palabras, teniendo la certeza de que sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que, por lo menos, habrá una sanción moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.

APÉNDICE 6

El verdadero rostro de Ernesto Che Guevara

A. De un documento de la CIA[3]

A continuación entregamos la traducción de un documento secreto titulado CIA Biographic Register on Che Guevara redactado en Washington por la CIA (Central Intelligence Agency Office of Central Reference Biographic Register) en agosto de 1964.

***

El zar de la economía cubana, Ernesto Guevara de la Serna, actúa en el ámbito del gobierno de La Habana como secretario del JUCEPLAN (Comité de Planificación económica), como secretario nacional del PURS (el monolítico partido en el poder) y como influyente consejero no oficial de Fidel Castro.

Miembro inicial de la expedición Granma de 1956, Guevara alcanzó puestos de poder como comandante de la guerrilla y se transformó a continuación en un importante personaje en la economía del país. Partidario de una rápida y gran industrialización a cualquier costo, fue recientemente obligado a reconsiderar sus propias posiciones y a dedicarse a la producción de artículos de primera necesidad. Insiste aún en sostener que el futuro de Cuba está en la industrialización y, como consecuencia, frecuentemente discrepa con Carlos Rafael Rodríguez, ministro y director del INRA (Instituto de la Reforma Agraria) que, en cambio, sostiene que Cuba debe dedicarse a desarrollar sus recursos agrícolas. Hasta ahora parece que la posición de Rodríguez es la que prevalece, ya que de hecho Cuba se está concentrando en el desarrollo de su agricultura.

Además de ser un convencido promotor de la estatización y de la centralización, Guevara es un recalcitrante enemigo de Estados Unidos y siempre se destacó por oponerse a los intereses estadounidenses y en empujar a Cuba, desde un comienzo del régimen castrista, a la órbita del bloque soviético. Estuvo varias veces en la Unión Soviética para negociar acuerdos comerciales y visitó diversos países africanos y asiáticos para establecer relaciones comerciales con Cuba.

No obstante sus vínculos de tipo económico con la Unión Soviética, Guevara parece seguir ideológicamente la línea política del Partido Comunista chino. Un ejemplo de su disidencia de la línea soviética fue en octubre de 1962 su amenaza (caída en el vacío) de lanzar misiles contra el territorio de Estados Unidos.

Admirador de Mao Tse-tung, siempre se mostró activo en llevar la «revolución cubana» al continente latinoamericano. Su manual de técnicas de guerrilla circula ampliamente en todos los países del subcontinente y el mismo Guevara es considerado como el más importante emisario de Cuba para apoyar los movimientos «revolucionarios». En particular, Guevara se destacó en el pasado por los intentos cubanos para invadir la República Dominicana (marzo de 1959), Haití (marzo de 1959), Nicaragua (junio de 1959) y Guatemala (noviembre de 1959). Además patrocinó revoluciones en Uruguay, Brasil y Argentina.

Acusado en sus años universitarios de ser comunista, Guevara sostiene aún hoy no haberse inscrito nunca en un partido comunista, ni en Argentina, ni en Guatemala, ni en Cuba. Y de hecho no hay documentación sobre su afiliación a un partido, si bien seguramente fueron frecuentes sus contactos con ambientes comunistas en Argentina, Guatemala y México. Está ampliamente demostrado, de todos modos, que tenía fuertes sentimientos anti Estados Unidos y fuertes simpatías por los regímenes comunistas y que en 1954 condenó con rudeza la intervención de Estados Unidos para sustituir el régimen comunista de Arbenz, en Guatemala, por una Junta Militar.

De carácter fuerte y conflictivo, ocasionalmente ha discrepado con Fidel Castro. Uno de los puntos de divergencia es la antigua duda: «¿cañones o mantequilla?». Guevara está a favor de la «mantequilla» y considera la existencia de un ejército enorme e inactivo como un derroche de riqueza y de poder y que sería mejor usar para incrementar la producción industrial. Sostiene que la economía nacional no obtiene ninguna ventaja del dinero que gasta en equipos militares. Este argumento, debatido en enero de 1961 en una transmisión en televisión, vio enfrentarse a Guevara con Castro. Pero Castro tiene tal confianza en Guevara y tiene tanta influencia sobre él, que le permite oponérsele impunemente.

Ernesto Guevara de la Serna nació en Rosario, Argentina, el 6 de junio de 1928, primogénito de cinco hermanos, en una familia rentista de la media burguesía. Sus padres se divorciaron cuando él estaba en la universidad. Su padre, Ernesto R. Guevara Lynch, era un arquitecto hispano-irlandés admirador de Fidel Castro. Su madre, Celia de la Serna, aseguraba que no era comunista pero era una activa propagandista de las organizaciones feministas de América Latina y una entusiasta partidaria de la revolución cubana.

Afectado por un asma desde la infancia, el Che (equivalente argentino del: «¡Eh, tú!») fue un asiduo frecuentador de los ambientes deportivos, dedicándose a la caza, a la pesca y a la montaña, con la finalidad también de combatir el asma. Todavía ahora lleva consigo en sus viajes una máscara de oxígeno.

Guevara inició sus estudios de medicina en la Universidad de Buenos Aires, en 1947, consiguiendo, se dice, el título profesional en 1952. Fue políticamente muy activo en los años de estudio, tomando parte en numerosas manifestaciones contra el régimen de Perón. En el último año de universidad emprendió un viaje con la finalidad, al menos así se dijo, de visitar algunas clínicas especializadas en la cura de alergias. Pero se comenta que aquel viaje tuvo por objeto evitar el servicio militar. En realidad, transcurrió aquel tiempo en un largo periplo en motocicleta, que lo condujo, a través de Los Andes, a Chile y a Perú. Después, en barco, a través de Brasil, hasta Colombia y Venezuela. Finalmente llegó a Miami, donde fue rechazado por las autoridades fronterizas. Algunos años después se radicó en Guatemala, donde participó en la vida política local.

El rol de Guevara en Guatemala, en el círculo de poder del régimen comunista de Jacobo Arbenz Guzmán (1951-1954), quedó envuelto en el misterio. Según (aquí hay un nombre censurado por la propia CIA) Guevara nunca se reunió con Arbenz, tuvo que superar notables dificultades económicas y obtuvo solamente algún cargo en el sector médico. Cualquiera que haya sido su rol oficial, de todos modos es seguro que fue siempre un partidario de Arbenz y un opositor de la política de Estados Unidos destinada a terminar con el régimen comunista en Guatemala.

Con la caída del gobierno de Arbenz, Guevara se trasladó a México, donde tomó contacto con Vicente Lombardo Toledano, líder del Partido Popular Marxista y personaje clave en la agitación filocomunista de América Latina. Lombardo le consiguió en Ciudad de México dos cargos remunerados, pero de poco trabajo, uno como médico en el hospital y otro como docente en la facultad de medicina de la Universidad.

En el verano de 1956, Guevara encontró por casualidad a Fidel Castro en la casa de un amigo común. Durante la conversación Castro le relató su programa para invadir Cuba sirviéndose del grupo armado 26 de Julio, que se estaba organizando en México. Fascinado con la idea de participar en la guerrilla, Guevara aceptó enrolarse como médico y se sometió a un entrenamiento paramilitar con el instructor español Alberto Bayo Giroud, que unos veinte años antes, al final de la guerra civil, había huido de España.

En julio de 1956 el grupo de Fidel Castro, Guevara incluido como uno de los miembros más importantes, fue arrestado por la policía mexicana, acusado de conspiración ilegal contra el gobierno cubano. Todos fueron liberados el 25 de julio y seis meses después, en diciembre, partieron a Cuba en la expedición Granma, que dio inicio a la revolución. En Cuba desembarcaron 82, pero todos, excepto 12, fueron inmediatamente capturados o muertos. Guevara fue uno de los 12 sobrevivientes, herido pero en condiciones de continuar la lucha.

A medida que el movimiento revolucionario tomaba fuerza en las montañas de Sierra Maestra, Guevara se demostró como un hábil combatiente y un jefe militar capaz, el segundo en la jerarquía militar después de Fidel Castro. Ejercitaba su profesión de médico solamente cuando era necesario. Fue él, en noviembre de 1958, quien guió la marcha de la Provincia Oriental a la central Provincia Las Villas, hasta obtener la rendición de la ciudad de Santa Clara.

Tras el éxito de la revolución, en enero de 1959, Guevara decidió quedarse en Cuba donde obtuvo la ciudadanía honoraria gracias a un decreto especial, de modo tal que en el futuro le permitiría llegar a ser presidente.

Su primer cargo fue el de comandante de la fortaleza La Cabaña, en La Habana. En este cargo fue responsable de los procesos contra los «criminales de guerra», que se concluyó con el fusilamiento de 600 personas, entre militares y civiles. Se dedicó con energía a los procesos en contra de los ex miembros de la policía política del ex presidente Fulgencio Batista, demostrando eficiencia en los arrestos y en los fusilamientos.

Le dio además una importante ayuda a Raúl Castro, hermano de Fidel, para purgar y reorganizar al Ejército, al punto de transformarlo en lo que definió como «el más importante instrumento de la revolución popular». Como responsable del sector adiestramiento de las Fuerzas Armadas, puso en vigor cursos de adoctrinamiento comunista y desarrolló al mismo tiempo a la milicia civil.

Su primer cargo no militar fue como jefe del sector industrial del Instituto de Reforma Agraria (INRA). Si bien estaba interesado en el tema, permaneció en dicho cargo sólo dos meses (septiembre y noviembre de 1959). Mientras oficialmente sostenía el principio de la propiedad de las tierras para los campesinos, en realidad favorecía el nacimiento de un sistema de propiedad colectiva.

En noviembre de 1959 fue nombrado presidente del Banco Nacional, pero no teniendo la preparación necesaria, se rodeó de hábiles consejeros y demostró bastante capacidad para aprender. Como presidente del Banco del Estado favoreció la nacionalización y la centralización de varios aspectos de la economía cubana. Pero su único remedio para enfrentar los costos de la revolución fue un aumento del 62% de la emisión del papel moneda, lo que creó inflación.

En febrero de 1961 Guevara asumió como ministro de Industria y continuó adelante en sus esfuerzos para someter todas las actividades económicas al control gubernativo. Impuso el control sobre los precios, redujo los alquileres e introdujo medidas de control sobre los capitales privados. Inventó un sistema de permisos para reducir las exportaciones y prohibió la exportación de divisas. Con un nuevo programa de austeridad aumentó los impuestos de las clases más prósperas, buscando al mismo tiempo favorecer a las menos privilegiadas. La influencia de Guevara en los asuntos económicos de Cuba aumentó notablemente. En 1960 Guevara presidió una misión económica en Europa y en el bloque soviético y obtuvo algunos éxitos al estipular acuerdos comerciales. Después dirigió otras misiones y organizó algunas conferencias internacionales como la de Punta del Este (agosto de 1961) y la de la Organización para el comercio y el desarrollo (abril 1964) por cuenta de las Naciones Unidas.

Nombrado en agosto de 1961 miembro del comité ejecutivo del JUCEPLAN, un año después (julio 1962) tuvo discrepancias con Regino Boti (secretario general del organismo) por el control de la organización.

Aunque usa habitualmente uniforme militar, Guevara no pertenece a las Fuerzas Armadas. De todos modos, según fuentes no enteramente confiables, en diciembre de 1963 se decidió que en caso de invasión de la isla, tendría a su cargo el mando de las tropas de la región de Pinar del Río.

Individuo frío y calculador, Guevara tiene un discreto conocimiento sobre la cultura occidental. En los días de la batalla en Sierra Maestra leía a sus hombres historias de Charles Dickens, de Alphonse Daudet, del poeta revolucionario cubano José Martí y del poeta comunista chileno Pablo Neruda. Con frecuencia toma la actitud de bonachón sonriente y aprecia la comida, el alcohol y los cigarros. Algunas veces ostenta buenos modales. Sin embargo, a pesar de sus actitudes de persona culta, tiene una aguda aversión al agua y jabón y es indulgente con el desaliño. Conoce el francés y un poco de inglés. Su primer matrimonio fue con la peruana Hilda Gaedea Acosta y terminó en un divorcio. Su único hijo vive ahora con su madre, que es empleada. El 3 de junio de 1959 se casó con Aleida March de la Torre, después de un largo período de convivencia. Esta última que durante la revolución había pasado bastante tiempo con Guevara en la Sierra Maestra, en septiembre de 1959 pasó a ser una influyente miembro de la organización comunista del Congreso de las Mujeres Latinoamericanas y de otras estructuras políticas análogas. Ambos tienen una hija.

B. Artículo del diario argentino La Capital

Este artículo fue publicado el 4 de octubre de 1967 en la ciudad argentina de Rosario. El autor es el periodista Fernando Romero Moreno.

El Che (de cuya imagen, ironía de la suerte, se sirve la publicidad de algunas multinacionales capitalistas)[4] no fue otra cosa que un terrorista al servicio de la ideología totalitaria del comunismo. Terrorista subversivo y terrorista de Estado, fue siempre fiel a sus ideas marxistas-leninistas y al principio de que la violencia es el único medio para conseguir la justicia revolucionaria.

A él se debe la muerte de miles de inocentes.[5]

Muchos citan su nombre como el de un combatiente de la guerrilla, pero prefieren ignorar su conducta represiva en el ámbito del régimen castrista. El célebre paredón de los fusilamientos fue, para citar a Enrique Díaz Araujo, «una muralla de la muerte al servicio de Ernesto Che Guevara y de Raúl Castro». Los muertos fueron al menos 1.500 personas, pero los exiliados que se escaparon de Cuba hablan de al menos 17 mil personas.

Todo esto, naturalmente en línea con las convicciones políticas del Che Guevara. En su célebre «Mensaje a la Tricontinental» (publicado bajo el título «¡Crear dos o tres Vietnam: esta es la palabra de orden!»), el Che escribió: «Que el odio sea el elemento de lucha. El odio intransigente respecto al enemigo, al punto de empujar al ser humano más allá de sus límites naturales y convertirlo en una eficiente, violenta y fría máquina de matar. Así deben ser nuestros combatientes. Un pueblo que no odia no puede derrotar a un enemigo brutal».

Por estas razones es absurdo que se rindan honores a un hombre que no fue otra cosa que un terrorista y un criminal.

C. Artículo del diario The Washington Post

Este artículo fue publicado el 16 de octubre de 1997 y fue reproducido el 19 de octubre del mismo año por el diario argentino El Nuevo Herald.

***

Aparte de su éxito en ayudar a Fidel Castro a conquistar el poder, Ernesto Che Guevara fue una nulidad. Todos los otros intentos revolucionarios iniciados por él en el continente latinoamericano fracasaron miserablemente.

Pero después de su muerte, su imagen floreció como un símbolo del heroísmo juvenil y de la utopía de un movimiento planetario, el comunista, que a estas alturas todos sabemos fue un fraude y que hoy sobrevive en Cuba y en otros pocos lugares.

Los restos de su cuerpo, encontrados en una lejana tumba en Bolivia y enviados a Cuba en julio de 1997, estuvieron en el centro de solemnes ceremonias del «Trigésimo aniversario de la muerte en combate del héroe de la guerrilla y de sus compañeros».

Cada pueblo elige a sus propios héroes. Sin embargo no fue Cuba, nación rica en indiscutibles calidades humanas, la que instaló al Che Guevara en el Panteón de su patria adoptiva. La decisión fue tomada por una autonombrada jerarquía marxista, que decidió servirse de él como de un producto de exportación de amplio consumo para propagar su revolución. Era un papel para el cual Guevara tenía todos los atributos: fascinante, joven (tenía 39 años cuando murió) audaz, prolífico en slogans demagógicos, pronto al sacrificio y, calidad aún más importante, muerto y por lo tanto ya no peligroso en la competencia por el poder.

Pero era algo más. Era un asesino que no dudaba en fusilar a los «traidores» entre sus mismos compañeros, que había aceptado el credo del «terror planificado» y de la «revolución» en un marco de intelectualidad y de presunta justicia social, que conducía en realidad al poder absoluto. Era un hombre que odiaba a sus adversarios al punto de sentirse autorizado a asesinarlos. Al final, casi como una ironía, aquel «combatiente del pueblo» fue entregado a la policía boliviana por los mismos campesinos a quienes quería llevar a la revuelta.

D. Del libro «Biografía del Che», de José Vialsuso

En enero de 1959 yo trabajaba bajo las órdenes del comandante Ernesto Che Guevara, dirigente de la Comisión de depuración, sección Ciro Redondo, en la fortaleza denominada La Cabaña. Desde hacía poco me había recibido de abogado y con todo el entusiasmo juvenil formaba parte del cuerpo de instrucción de procesos relativos a delitos cometidos por el gobierno anterior: asesinatos, malversaciones, torturas, delaciones, etc. Por mi escritorio pasaban legajos de imputados, como el del comandante Alberto Boix Coma y del periodista Otto Meruelo. Pero la mayor parte de los expedientes se referían a militares de bajo nivel y a políticos sin importancia.

Por lo que se refiere a los testigos, se trataba de jóvenes facinerosos, ilusos o ávidos de carrera «revolucionaria». Recuerdo a un cierto teniente que se hacía llamar Libre, que con su acento oriental me repetía constantemente: «¡Es necesario pagar, necesitamos traer testigos que sean verdaderos revolucionarios, que se presenten delante del tribunal gritando: justicia, justicia, al paredón los policías! Son éstas las cosas que arrastran a la gente». Y una vez se desahogó ante mi jefe con un: «¡A esta gente hay que cortarle la cabeza… a todos!».

Al inicio formamos los tribunales bajo la dirección del capitán Mike Duque Estrada y de los tenientes Sotolongo, Estévez y Rivero, además de otros acusadores públicos fiscales como Tony Suárez, como Pelayito, apodado «fusilación y charco de sangre», y otros. Entre tanto, casi todos dejamos el cargo a causa de los excesos que veíamos. Otros, sin ningún tipo de formación legal, tomaron nuestros puestos. Entre los jueces fueron incluidas no pocas víctimas del régimen anterior.

El primer imputado que me tocó ver se llamaba Ariel Lima, uno de los nuestros que se había pasado al campo adversario. Sabía que su suerte estaba resuelta, estaba esposado y le castañeaban los dientes de terror.

Según la llamada Ley de la Sierra, se juzgaba sobre la base de los hechos que eran referidos, sin ningún respeto por los principios generales del derecho. El habeas corpus no existía. Las afirmaciones de los investigadores eran pruebas irrefutables. Los abogados defensores no podían hacer otra cosa que aceptar las acusaciones y apelar a la benevolencia de los tribunales para que redujeran la pena. Guevara se imponía sobre todos, con su boina negra, con la pipa en el costado de su boca y el rostro indescifrable. Era muy perspicaz, frío y acompasado en el hablar, y totalmente subyugado por la teoría marxista, le gustaba tomar la actitud de eminencia gris del poder. Hablaba con ironía y no perdía nunca el autocontrol. Su lema era conocido por todos: «No perdamos tiempo buscando motivos, esta es una revolución. No nos interesan los métodos legales burgueses, las pruebas son cosas secundarias. Debemos proceder según nuestras convicciones».

Había un tribunal de apelación, pero confirmaba siempre las sentencias en primer grado. Y lo presidía el mismo Ernesto Che Guevara de la Serna.

Las ejecuciones eran al alba.

Apenas la sentencia era pronunciada, se elevaban los llantos de los familiares del condenado, las súplicas de los que pedían piedad por sus hijos, maridos o hermanos. Alrededor de las habitaciones del tribunal reinaban el terror y la desesperación. El paso siguiente era la así llamada «cámara ardiente», donde el condenado y sus familiares podían abrazarse por última vez. Parecía que se saludaban antes de un largo viaje y cuando era el momento de la despedida algunos estaban como inhibidos, otros temblaban, otros parecían fuera de juicio.

Después, el fusilamiento. Ultimo gesto de humanidad: un policía le pedía al condenado si necesitaba orinar. Solamente alguna vez era concedida la presencia de un sacerdote. Más de uno moría gritando su inocencia. Un corajudo capitán murió después de haberle ordenando él mismo, al pelotón, disparar.

Asistir a aquella carnicería realizada por reclutas inexpertos e ignorantes fue un trauma que me acompañará hasta la tumba, junto a la necesidad de divulgar dichos hechos a los cuatro vientos.

En el interior de las paredes del imponente castillo medieval resonaban los pasos de los pelotones de ejecución, el ruido de los fusiles que eran cargados, las voces de las órdenes, las ensordecedoras descargas de los disparos, los gemidos de los agonizantes, los gritos de los oficiales y de los guardias que acudían para dar el tiro de gracia. Y, en fin, cuando todo había terminado, un macabro silencio. Delante del paredón agujereado por los proyectiles quedaban, aún atados al palo, los cuerpos llenos de sangre e inmovilizados en posiciones increíbles: manos contraídas, muecas de dolor, expresiones de estupor, mandíbulas rotas, agujeros negros en donde antes estaban los ojos. Algunos cadáveres tenían el cráneo roto y los sesos estaban desparramados alrededor tras el tiro de gracia.

De lunes a sábado, el Che hacía fusilar entre uno y siete prisioneros por día. El número variaba según las protestas que llegaban desde el mundo diplomático o ámbitos internacionales. Las decisiones de las condenas a muerte eran tomadas por Fidel Castro, Raúl Castro y especialmente por el Che. Raramente por el tribunal o por el Partido Comunista. Cada componente de los pelotones de ejecución recibía 15 pesos (25 los oficiales) por cada fusilamiento y tenía derecho al tratamiento reservado a los combatientes. Las ejecuciones fueron particularmente numerosas en las regiones orientales de la isla, pero no estoy en condiciones de precisar el número. Por lo que se refiere a la cárcel de La Cabaña, dirigida por el Che, hasta el mes de junio de aquel año fusilaron al menos a 600 personas, además de un número impreciso de condenas a prisión.

Cuando a él le llegó el momento de morir, el Che murió como un cobarde. Descubierto en Bolivia por un joven recluta, lejos de pronunciar las célebres y heroicas palabras que hoy le atribuyen, se limitó a decir: «¡Me rindo, soy el Che, no me mates, valgo más vivo que muerto!». Pero todo fue inútil.

E. Del Artículo «Discusión sobre el Che» (del diario Cuba Libre).

Era un tipo que se complacía en matar sin tomar en cuenta el sexo de la víctima, la edad o condición social. Todos sabemos que se unió a Fidel Castro, de quien había conquistado la simpatía y estima gracias a su habilidad en el manejo de las armas y su frialdad para asesinar. Era conocido por rechazar la idea de dejar con vida a los prisioneros porque decía, es más fácil asesinarlos que cuidarlos. Una frase que les gustaba mucho a Fidel Castro y a su hermano Raúl.

En los días de la guerrilla en los montes, se las agarraba con campesinos que no querían combatir a su lado, a los cuales el Che no dudaba en asesinar. Y si la mujer y los hijos protestaban o intentaban defender al marido o al padre, se complacía en realizar ejecuciones delante de la familia entera «para dar un ejemplo», decía, «a los enemigos de la revolución». Por esto su nombre creaba terror en los campos. En aquellos días lo llamaban «El implacable Che». Después, cuando la revolución ganó, lo llamaron «El comandante Che» y, en fin, después de su muerte, comenzaron a llamarlo «El comandante heroico».

Se hablaba mucho de él en Cuba, por las condenas y los fusilamientos en masa que siguieron a la victoria de la revolución.

El Che dirigía La Cabaña, fortaleza militar de Santiago, usada como cárcel política donde eran encerrados los prisioneros que después eran condenados a 10, 15, 20 y hasta 30 años de detención. Algunos de ellos después de 40 años aún están allí. En la Cabaña, se pronunciaban además las sentencias de muerte mediante fusilamiento.

Cuando llegaba un camión o un autobús lleno de prisioneros, el Che en persona iba hacia los nuevos llegados y los hacía alinearse delante de él. Después elegía a uno o dos e inmediatamente, delante de todos, los asesinaba con una descarga de su ametralladora checoslovaca que llevaba siempre consigo. La misma suerte le tocaba a sus guerrilleros por leves desobediencias: basta leer el diario del Che para encontrar algunos de estos casos, no solamente en Cuba sino también en los meses de la guerrilla en África y Bolivia. Hasta un libro escrito por un autor boliviano, un cierto Moje que era secretario general del Partido Comunista de Bolivia, dice que los crímenes del Che estaban a la par con los de Raúl Castro, el criminal homosexual hermano de Fidel.

Y mientras tanto a la imagen del Che nos la pintan como la de un purísimo héroe. Es admirado como «liberador del pueblo». Interesante entonces es preguntar: ¿Cuáles pueblos liberó? Y sobre todo, ¿cuáles pueblos le habían pedido ser liberados?

En todos los países en los cuales, sin lograrlo, el Che intentó llevar la revolución, ningún pueblo, ningún partido y ni siquiera el Partido Comunista le había pedido intervenir. Solamente él, junto a un grupo de cubanos, decidió exportar su revolución. Y una cosa similar no puede llamarse liberación, sino más bien invasión: las guerras o guerrillas de liberación nacen de hecho desde el interior del pueblo que las quiere.

El Che fue, por lo tanto, solamente un aventurero de la ideología egoísta y totalitaria, que encontraba el apoyo de individuos de su misma categoría.

Nació en Argentina, pero en su país natal era mal visto por todos los que le conocían. Médico, no ejerció nunca su profesión, ya que se dedicó enseguida a actividades revolucionarias acompañadas de intereses personales, pero en su país de nacimiento no encontró partidarios. No solamente su intento de imponerse como líder de la juventud fracasó miserablemente, sino que él mismo se encontró aislado e ignorado, tanto por la gente importante como por aquella común.

Comenzó entonces a recorrer el mundo. En México encontró a algunos cubanos que estaban preparando una revolución en su país. Al inicio eran ocho, pero después llegaron a 82. En una embarcación llegaron a Cuba y se establecieron en las montañas. El gobierno no les prestó mucha atención, pero cuando comenzaron a agredir a los campesinos y a robarles víveres y armas, las autoridades los pusieron fuera de la ley como delincuentes comunes, capturándolos a casi a todos y quedaron solamente 12. Se refugiaron entonces en los montes de Covadonga, de la Sierra Maestra y del Pico Tarquino, lugares en donde se escondían todos los bandidos acosados por la policía, y desde allí comenzaron a robar a los campesinos y atacando incluso a algún pequeño destacamento militar.

Fue así como se inició la aventura cubana de Ernesto Guevara y fue así como en su entorno se esparció el terror.

Fulgencio Batista y su gobierno intentaron luchar como podían, pero Estados Unidos le bloqueó cualquier tipo de suministro de armamentos, así como los que provenían de otras fuentes. Nadie ayudó al pueblo aterrorizado por las incursiones de los hombres de Fidel Castro, que obligaba a los campesinos a unírsele, que mataba públicamente a los adversarios y recibía dinero y armas de los narcotraficantes y de los criminales comunes.

Puesto en este aprieto, Batista decidió llegar a un compromiso y abandonar el poder. El compromiso preveía que Fidel Castro consintiera en elecciones a los 18 meses. Pero esos 18 meses, después de 40 años, aún no se han cumplido.

F. Del libro «Nuestros años verde oliva», de Roberto Ampuero

Militante de las Juventudes Comunistas de Chile, abandonó su país a continuación del golpe de Estado de los militares en 1973 y con su verdadero nombre, Roberto Ampuero, se fue a Alemania oriental, entonces país comunista, donde se enamoró de la estudiante cubana Margarita Flores, que se transformó después en activa dirigenta de la Federación Femenina Cubana. Se fue con ella a Cuba, donde se quedó hasta 1979, cuando eligió un nuevo exilio, esta vez en Bonn, Alemania occidental. Estaba en Cuba mientras los dirigentes comunistas locales patrocinaban nuevas acciones de los grupos chilenos de extrema izquierda MIR y MAPU, continuados, estos, después por el Frente Manuel Rodríguez.

Su desilusión la expresa en su libro: «A menudo me preguntaba, en un ejercicio inútil, por cierto, qué pensaba Fidel del país que había construido tras veinte años de socialismo […] ¿Creía realmente que era justo despojar de sus propiedades a quienes abandonaban la isla, que correspondía acallar y encarcelar a todo disidente, adueñarse de la prensa y prohibir la circulación de libros críticos, enviar a miles de jóvenes a combatir y morir al África? ¿Y nuestros dirigentes —como Luis Corvalán, Volodia Teitelboim, Orel Viciani— qué pensaban en verdad del socialismo que ahora conocían en carne propia? ¿Callaban y concedían porque estaban de acuerdo con todo aquello o por simple conveniencia, apetitos de poder o la incapacidad de renegar a sus principios a esas alturas de la vida?».

Luego en una discusión con un chileno, miembro de las Juventudes Comunistas, radicado en Cuba, Ampuero le plantea: «Chile no puede llegar a ser como Cuba». A continuación afirma: «Aquí no hay participación del pueblo, la gente no tiene libertad y no hay democracia, mi hermano».

Obsesionado por escapar de Cuba, que se había transformado para él en una cárcel sin barrotes, un día observa cómo miles de cubanos se toman una embajada en un loco esfuerzo por arrancar de la isla. Ampuero relata: «Estaba frente al edificio, podía divisar claramente los rostros de quienes se hallaban en su interior, escuchar con nitidez los insultos en contra de Fidel y la Revolución, su invitación a que me uniera a ellos. Me bastaban unos pasos, cruzar la calle y franquear el portón para lograrlo. Todo aquello me parecía irreal, los gritos de libertad y en contra del máximo líder, la embajada desguarnecida, la ausencia de hombres de verde olivo, que jamás tardaban en aparecer donde se registrara el menor atisbo de desorden».

Roberto Ampuero no ingresa a la embajada y logra mucho tiempo después, gracias a un amigo chileno, obtener su salida hacia Alemania.

G. Del libro «El furor y el delirio», de Jorge Masetti.

Nacido en Argentina, se trasladó a Cuba con su padre, Ricardo Jorge Masetti, y allí fue iniciado en la vida de guerrillero. Volvió a Buenos Aires y comenzó a hacer el contacto entre dicha ciudad y Cuba, donde el comandante Manuel Piñeiro coordinaba las iniciativas guerrilleras en América Latina. Cerró su carrera revolucionaria en Cuba en 1989, cuando su jefe y suegro Antonio de la Guardia fue fusilado junto al general Arnaldo Ochoa y a otros reclusos en un proceso que escondía obscuros tráficos de droga. Pensando en lo vivido, no logró olvidar los que sufrieron la cárcel y las peores atrocidades en las prisiones dirigidas por el Che Guevara.

Jorge Masseti lo detalla en su libro: «Cuando observo la que fue mi vida, la de Tony (Antonio de la Guardia), la de Patricio y de tantos otros, caigo en cuenta de que la revolución ha sido un pretexto para cometer las peores atrocidades quitándoles todo vestigio de culpabilidad» […] «Hoy puedo afirmar que por suerte no obtuvimos la victoria, porque de haber sido así, teniendo en cuenta nuestra formación y el grado de dependencia con Cuba, hubiéramos ahogado el continente en una barbarie generalizada. Una de nuestras consignas era hacer de la cordillera de Los Andes la Sierra Maestra de América Latina, donde, primero, hubiéramos fusilado a los militares, después a los opositores y luego a los compañeros que se opusieran a nuestro autoritarismo; y soy consciente de que yo hubiera actuado de esa forma».

H. Del libro «La verdad histórica», de Manuel Contreras Sepúlveda

Sobre la muerte del Che Guevara: «El guerrillero francés Régis Debray, quien fue consejero del Presidente Allende, y que en esa fecha se encontraba prisionero en Bolivia después de haber combatido junto a la guerrilla del Che Guevara y, según informaciones posteriores, después de haber denunciado la ubicación exacta del Che Guevara al Ejército Boliviano. Por esa razón Regis Debray fue liberado y autorizado para abandonar Bolivia».[6]

I. De un artículo de Geminello Alvi (pág. 35 del Corriere della Sera del 11 de febrero de 2001)

Robusto, asmático, viajando con su tubo de oxígeno: era un frágil fanático, perfecto para ser un actor de Hollywood. En cambio fue elegido como santo por una generación que se creía generosa porque estaba confundida. […]

En los años 50, Cuba era la tercera o la cuarta por su ingreso per cápita en América Latina; la distribución del ingreso era mala, pero en cuanto al consumo de calorías Cuba era nada menos que la quinta nación del continente. En 1958 había un televisor por cada 25 habitantes y solamente en Argentina y Uruguay habían más médicos. En escolarización, Cuba estaba en el cuarto lugar. Guevara tuvo el privilegio de morir antes de que se sacaran las cuentas: cuarenta y dos años después, los exiliados en Estados Unidos, con sus hijos, superan el millón. Y aún así es venerado por los adolescentes […]

Pero si el mulato Batista violó la Constitución con un golpe de Estado, Castro la abolió y al doctor Guevara esto no le bastó. Quiso la adopción integral del modelo soviético. Fueron confiscadas las escuelas y los seminarios, fue abolida la Navidad y aterrorizada la clase media. Y mientras tanto él, confuso, presidía los juicios sumarios.

Esposas e hijos de 550 fusilados desfilaron delante de un paredón de ejecuciones sucio de sangre y sesos.

Y siempre por su manía estalinista, fue él quien organizó el primer campo de concentración en Guanacabibes: donde para ser reeducados fueron confinados no quienes habían violado la ley, sino quienes habían cometido —explicó— crímenes graves y menos graves contra la moral revolucionaria.

Después se transformó en banquero, fue designado presidente del Banco Central de Cuba. Gesto de genialidad cómica, si no fuera que se lo tomó en serio […] fue después responsable de la industria […]: un año y Castro tuvo que introducir el racionamiento […] una generación de confundidos burgueses adolescentes le creyó, igual cuando Ernesto Guevara se propuso como liberador de África, transformándose en un personaje ridículo […], y se encontró como colega de Kabila en el Congo. Siempre más triste, eligió al final Bolivia […] pero los campesinos no se unieron a sus locuras. Peor aún, lo denunciaron a los soldados que lo sacaron de este mundo.

Era muy fotogénico Guevara. Si hubiera nacido un poco después habría hecho carrera en Hollywood.

J. Del diario electrónico chileno El Mostrador del 30 de julio de 2001

Una colección de fotos dedicada a Ernesto Che Guevara fue expuesta al público, en La Habana, en el salón principal del parque Morro-Cabaña. La muestra es patrocinada por la Generalitat Valenciana, por la Biblioteca Nacional José Martí y por el Centro de Estudios Ernesto Che Guevara.

Joseph Monzó, por cuenta de la Generalitat Valenciana, ha afirmado que «el rostro humano de Ernesto Che Guevara permite entrar en su íntima personalidad». Aleida March de la Torre, directora del Centro de Estudios Ernesto Che Guevara, dijo que la finalidad de la muestra, que probablemente encontrará interés fuera de Cuba, es «preservar la memoria histórica del Che».[7]

APÉNDICE 7

Justicia a la italiana:
Jaime Yovanovic Prieto

De qué modo funciona la justicia en Italia es cosa sabida. Un ejemplo que vale para todos es la obstinación con que se retoma el tema de la represión de las fosas Ardeatinas y de Marzabotto (realizadas por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial) unidas a los fracasados procesos a los autores comunistas de los atentados de la vía Rasella y los otros autores, comunistas también ellos, del genocidio de Istria y Venecia-Giulia y Dalmacia (de miles de italianos masacrados por Tito).

El caso de Jaime Yovanovic Prieto, sin embargo, merece particular atención por cuanto, siendo directamente relacionado con los hechos chilenos, se verificó justamente cuando Italia hacía un patético e infructuoso intento de tomar parte en el planetario (y sin riesgos) linchamiento de Augusto Pinochet.

Jaime Yovanovic Prieto, uno de los miristas sospechosos del asesinato en Santiago del general Carol Urzúa y de sus escoltas, el 29 de agosto de 1983, además de asaltante confeso, en los años 90, ejercía en Brasil la profesión de docente universitario de «derecho alternativo» (sic) y viajaba libremente con su identidad por todo el mundo.

El 9 de agosto de 2000, después de haber sido arrestado en Perugia el 6 de agosto a pedido de la Interpol, fue puesto en libertad por orden del ministro italiano de Justicia, el post comunista Piero Fassino, que pocos meses antes había presionado por iniciativas judiciales italianas contra Pinochet.

Así refería los hechos el diario electrónico chileno El Mostrador. «El ex activista del MIR Jaime Yovanovic Prieto deberá comparecer ante la Corte de Apelaciones de Perugia, ciudad donde se encuentra detenido a consecuencia de un mandato internacional emitido en 1983 por orden de la magistratura chilena. Se le acusa de haber participado el 29 de agosto de 1983, en el homicidio del general Carol Urzúa, intendente del régimen de Pinochet y de algunos hombres de su escolta.

Hugo Marchant Moya, Carlos Alberto Araneda y Jorge Palma Donoso, condenados a muerte en Chile por el mismo delito, obtuvieron después de Pinochet, en el Gobierno del democratacristiano Patricio Aylwin, la conmutación de la pena y la autorización de la expatriación. Susana Capriles y Marta Soto, acusadas de complicidad, pasaron cuatro años en la cárcel. Yovanovic Prieto se desempeña actualmente como docente en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, y se encontraba en Italia para participar en Asís en un encuentro internacional de organizaciones de izquierda».[8]

Veamos cómo, con un tono casi intimidatorio, la izquierda italiana exigía la liberación del detenido. La Repubblica el 9 de agosto de 2000, publicaba un artículo firmado por Claudia Fusani: «Para los abogados Luca Innamorati y Simonetta Crisci, abogados de la comunidad de prófugos políticos chilenos, es un arresto que no tiene explicación.[9] Para el parlamentario Giuliano Pisapia este es un asunto del que se debe ocupar personalmente el ministro Piero Fassino, proveyendo a la inmediata excarcelación del profesor chileno y a la concesión del asilo político».[10]

Seguía a la pluma de Claudia Fusani una descripción del ilustre profesor: «Es un señor robusto, de unos cincuenta años, docente de derecho internacional en Buenos Aires[11] y experto en los derechos de los indígenas. Un hombre muy politizado, refiere la comunidad chilena de Roma. Usa siempre una faja en la cabeza y del oído derecho no oye bien debido a las torturas en las cárceles de Pinochet. Había llegado a Italia hace dos semanas para participar en el Campo Antagonista de Asís, semana de debates y encuentros con las siglas antiimperialistas de todo el mundo».[12]

Los organizadores sabían de su pasado revolucionario en el MIR, movimiento de extrema izquierda chilena que combatió con la guerrilla al régimen militar.[13] Pero ésta era ya una vieja historia.[14]

Proseguía La Repubblica con una interesante confirmación de ciertas complicidades: «El guerrillero Jaime Yovanovic Prieto, con los otros tres buscados, José Aguilera, Elba Duarte y Pamela Cordero se refugiaron en la vigilia de la Navidad de 1984, con la ayuda del vicecónsul francés en Chile, en la Nunciatura Apostólica de Santiago. Gracias a la mediación del Vaticano y del Cardenal Agostino Casaroli, los cuatro obtuvieron un salvoconducto. Desde entonces el profesor nunca más puso un pie en Chile. Viajó por todo el mundo y hace tres meses obtuvo la visa para Italia».[15]

Conclusión del artículo: «No puede ser extraditado, insiste Pisapia, porque el delito atribuido, del que se declara inocente, es un delito político y en Chile es castigado con la pena de muerte».[16]

Pero Claudia Fusani y La Reppublica no se concedían reposo. Tres días después salieron con una entrevista a Jaime Yovanovic Prieto en un hotel «con la cara hinchada pero con los ojos muy atentos, lúcidos quizás por el cigarrillo, o por el neón, o por el cansancio».

«No soy un terrorista, no asesiné al general Carol Urzúa, afirmaba el profesor. Fui líder de los estudiantes, después del movimiento popular y finalmente del MIR. Cometía asaltos para financiar la revolución del pueblo contra la dictadura de Pinochet, este era mi trabajo. Mi tarea era realizar asaltos para financiar la causa».

Y después las torturas. El asaltante muestra a la asombrada entrevistadora las consecuencias de las torturas: «Los dedos de la mano sin articulaciones, colgantes, pegados solamente por la piel. Se saca los calcetines azules y muestra la misma cosa en los dedos de los pies. Le falta la articulación también en las partes de atrás. Se ha quedado sordo y tiene poco equilibrio, camina despacio y usa poco las manos».

Y para finalizar, siempre en la entrevista concedida a Claudia Fusani, una meta que el profesor querría conseguir para mejorar el mundo: «Una revolución que no será ni de derecha ni de izquierda sino de los marginados, de quienes comen los detritos de la sociedad capitalista. La verdadera amenaza de hoy no es el capitalismo. Es la destrucción del ambiente y del individuo. Yo trabajo hoy para recuperar un tipo de lucha que reconstruya el sistema de valores del individuo y de las autonomías». Puras palabras, pero que La Repubblica publicaba sin pestañear.[17]

El Manifiesto, afirma Antonio Sciotto, se las arregló con un solo artículo. En una interesante variación, el ilustre profesor era definido como «exiliado» y no como, según La Reppublica, «prófugo». El Manifiesto llamaba a la movilización a las siempre disponibles cohortes de la juventud de izquierda: «El combatiente chileno tiene a esta altura partidarios en todo el planeta. Entre estos uno de excepción: Noam Chomsky, filósofo conocido en todo el mundo. Esta mañana a las 10:00 horas sus partidarios harán una manifestación en Perugia para pedir la inmediata excarcelación y el asilo político en Italia. A las 17:30 habrá una manifestación análoga en Roma, en la calle Azenula, frente al Ministerio de Gracia y Justicia, para obtener del ministro Piero Fassino la excarcelación inmediata del profesor». El profesor, precisaba Sciotto, se opondrá a la extradición a Chile «porque está convencido de que el actual Gobierno tiene fuertes elementos reaccionarios. Ha sabido de la revocación de la inmunidad a Pinochet y está feliz, pero no le basta para sentirse seguro. Solamente el ministro Fassino podrá liberarlo».[18]

Otra entrevista conducida por Elisa Calessi, fue publicada en el periódico Libero. Esta vez el entrevistado no era el profesor sino un cierto Moreno Pasquinelli, organizador del Campo Antagonista (dicho de otro modo Campo Antiimperialista) y portavoz de un Comité político del Frente Antiimperialista. No tenía pelos en la lengua Pasquinelli: «El profesor es un héroe, el heredero de los partisanos. En una dictadura totalitaria y sangrienta como la de Pinochet era más que legítimo que los hombres usaran la lucha armada contra los carniceros del pueblo. Por lo demás, Italia está llena de terroristas, desde Garibaldi a Oberdan».

¿Y sobre el arresto del profesor? Pasquinelli no mostraba inseguridades: «¡Es un acto de provocación del UCIGOS y de sectores desviados del Estado, para desacreditar ante el público una manifestación como la nuestra de contestatarios políticos. Sí, se trata de un complot, quieren rompernos los huesos, dicen que somos tiradores de bombas y terroristas porque queremos detener la globalización para evitar que todo termine mal. Pediremos la cabeza del presidente del UCIGOS!».[19]

Un pedido difícil de obtener el de la cabeza del UCIGOS, ya que el UCIGOS, Pasquinelli no lo sabía, desde hace tiempo ya no existía.[20]

Para esclarecer el enigma el diario Libero mandó a otra periodista, Cristina Lodi, a entrevistar a un funcionario de la policía central de Perugia: «¡Pero de qué complot, pero cuál UCIGOS!», fue la respuesta. «El arresto de ese señor fue una intervención de la DIGOS, que, por un mandato de la policía internacional, cumplió la orden de captura de un sujeto buscado porque está acusado de homicidio y posesión de armas».[21]

Como era de prever, el 10 de agosto el ministro de Justicia, Piero Fassino, ordenaba puntualmente la liberación de Jaime Yovanovic Prieto que, cuidándose bien de no pedir asilo político, se embarcó en el primer avión que partió del aeropuerto de Fiumicino y se perdió como prófugo intercontinental.[22]

Así, Stefania De Lellis, del diario La Repubblica refería los hechos, justificando el comportamiento de Fassino y dejando de lado el hecho de que en Chile existe, para los delitos de esos años, una amnistía: «Jaime Yovanovic Prieto quedó en libertad ayer en Perugia. Sobre él pendía un mandato de captura internacional. La excarcelación fue decidida después de la intervención de Piero Fassino: por los delitos imputados a Jaime Yovanovic Prieto en Chile se prevé la pena de muerte y por lo tanto Italia no podía conceder la extradición».[23]

Este es el comentario de Gianfranco Morra en el diario Libero: «Asesinar a un general es justicia proletaria. Un terrorista acusado de haber eliminado con frialdad a un general chileno y a sus escoltas pasa a ser un combatiente que hay que defender y el ministro italiano de Justicia rechaza la extradición pedida por la Interpol y lo pone en libertad. La cosa no debe extrañar. Está del todo conforme con la ideología de la izquierda en Italia».[24]

Y veamos cómo, siempre en Libero, Renato Farina resume y cierra el caso: «Un pobre general que lo liquidaron en 1983, uno de derecha asesinado en una emboscada terrorista. ¿Y el presunto autor del homicidio político dónde estaba? ¡Pero veamos un poco: entre los pacifistas de Asís!».[25]

El diario El Mercurio de Santiago publicó una entrevista realizada en Sofocaba, Sao Paulo, Brasil a Jaime Yovanovic Prieto, el día 3 de septiembre del año 2000, luego de su aventura italiana.

En esa entrevista, sostiene: «¡Ajusticiar a Urzúa, por favor!, eso no es terrorismo». Luego agrega, después de negar su participación en el asesinato, «Si me hubieran dado la orden de hacerlo habría ido con alegría a participar en el ajusticiamento». Abundando en el tema agrega a continuación: «Me arrepiento de no haber pedido al movimiento (se refiere al MIR) que me hubiesen autorizado a dar de baja a algunos de esos… qué bien merecido se lo tenían».

También las emprende contra los ex miristas colaboradores, según él, de los organismos de inteligencia de los Gobiernos de la Concertación. «Aprovecho de decir también que cada uno de ellos va a ser ajusticiado por un tribunal del pueblo, en la medida de su propio crimen».

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MARIO SPATARO (Palermo 1931 - 2006) abogado, ensayista y periodista italiano. A los 21 años se graduó en la Facultad de Derecho de Palermo. Muchos de sus escritos, algunos de gran interés histórico, han aparecido en las revistas Historia, El Borghese, Italia Semanal, El Tiempo o El Correo de Roma.

Entre sus obras se encuentran Pena di morte: tabù culturale? (1995), Rappresaglia (1996), Quando il padre non c’e (1999). A Spataro también se le atribuye la recuperación y la publicación en 1999 los recuerdos de un italiano internado en campos de concentración alemanes de 1943-45, bajo el título Diario Dell’Internato Tenente Valsecchi Alberto.

Notas

[1] Harry Truman (1884-1972) fue el presidente número 33 de los Estados Unidos, entre 1945 y 1953. Frase tomada de su discurso del 28 de abril de 1959 a los alumnos de la Columbia University (Citado por D. B. Baker Quotations, Detroit, 1990). <<

[2] Oficial de la SS alemana durante la Segunda Guerra Mundial; por haber participado de una legítima represalia Erick Priebke fue condenado a cadena perpetua después de una serie de procesos-farsa realizados en Roma entre 1996 y 1998. <<

[3] Al punto que la periodista italiana Orsola Casagrande en el diario de izquierda Il Manifesto del 13 de enero de 2000, en p. 4, llega a definirlo, con seriedad, como «uno de los criminales de guerra más despiadados del siglo». He aquí, en cambio, lo que irónicamente escribía, en 1995, el periodista Alberto Pasolini Zanelli: «En la execración casi unánime del mundo existe para los años 70, solamente un nombre y un apellido: Augusto Pinochet. El Gran Satanás (cada década parece que necesita solamente un diablo) es él, Pinochet. Le dedican en algunas plazas del mundo esculturas abstractas que lo dibujan como La Represión. Pinochet es la oscuridad, la Edad Media social, el agujero negro de la democracia y del progreso». Cfr. Il Giornale, del 11 de diciembre de 1995. Ejemplo típico de facciosidad son la película del director chileno Patricio Guzmán, La batalla de Chile, El nombre de Dios, La memoria obstinada y, en particular, El caso Pinochet. En el 2001 este último obtuvo consensos y fue premiado por intelectuales «comprometidos», en París y Cannes (cfr. El Mostrador del 26 de abril, 16 de mayo y 1 de julio de 2001). <<

[4] A propósito del mecanismo de control a distancia de la prensa y de las llamadas organizaciones humanitarias, por parte de las directivas culturales de la izquierda, el libro Patriot Enchained, de William F. Jasper (ed. The New American, New York, 1999), en la p. 27, es taxativo: «En 1976 el Washington Post, hablando de violaciones a los derechos humanos, le dedicó 9 artículos a Camboya, 4 a Cuba, uno a Corea del Norte y 58 al Chile de Pinochet. El New York Times le dedicó 4 a Camboya, 3 a Cuba, uno a Corea del Norte y 66 al Chile de Pinochet. Organizaciones cercanas a la izquierda marxista, como el Institute for Policy Studies, el Washington Office on Latin America, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, a Pinochet no le perdonan que haya salvado a Chile del desastre marxista». <<

[5] Estas son, en síntesis, las palabras del historiador chileno Gonzalo Vial Correa (quien fue además ministro de Educación en el Gobierno de Pinochet) en su libro Pinochet, la biografía (ed. Mercurio Aguilar, Santiago, 2002) pp. 283-284: El experimento de Allende despertó enorme entusiasmo entre los socialistas civilizados de occidente y las más optimistas expectativas. Compensaba el desengaño que esos mismos elementos habían sufrido con el comunismo soviético, cubano y chino (campos de exterminio, genocidio, manicomios de castigo político, negación de la libertad y control de la actividad intelectual). El 18 país de Allende anunciaba la posibilidad de realizar un socialismo por la vía pacífica. Socialistas de la burguesía holgada, intelectuales, escritores, artistas, periodistas, profesores universitarios y políticos cercanos al progresismo, soñaban, en fin, con un compromiso revolucionario. Era un grupo relativamente poco numeroso, que entre tanto poseía una poderosa caja de resonancia y la capacidad de inventar, difundir e imponer verdad, imagen e ideas. La caída de Allende causó una impresión devastadora y definitiva sobre el grupo que hemos indicado. <<

[6] El periodista estadounidense William F. Jasper, comentando la campaña de prensa contra Pinochet, observaba en 1999 que en vano se buscaría en la lista de los monstruos que cuentan con el público desprecio personas como Fidel Castro, Yaser Arafat, Ariel Sharon, Nelson Mandela, Mijail Gorbachov y Menachem Begin, para citar sólo algunos nombres. Este es un comentario del ya citado Gonzalo Vial Correa en su Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002) p. 283: «Como dijo Alexander Solzhenitsyn en una intervención de 1976 en la televisión francesa: “Oigo la palabra Chile mucho más a menudo que el muro de Berlín o de la ocupación de Hungría y Checoslovaquia”. ¿Cómo es eso?, se pregunta Vial. Los países de mayor interés económico para Occidente, y en especial para Europa, supieron olvidar con facilidad los abusos perpetrados en materia de derechos humanos, como es el caso típico de China. ¡Los negocios son los negocios!». <<

[7] Un escandaloso ejemplo de «versión oficial» de los hechos chilenos de aquellos años fue hecho en la televisión pública italiana RAI 3, a las 23:25 del 2 de enero de 2003, en el programa Correva l’anno, conducido por Marina Basile, Andrea Bevilacqua y una numerosa participación de otros personajes bien remunerados, entre ellos María Rosaria Stabili, Italo Moretti y el conocido periodista Paolo Mieli. Mientras Pinochet era acusado alternativamente de haber sido un «dictador», «tirano», «déspota» y «particularmente cruel», de «haber ejercitado una tiranía personal», de «haber pasado a Chile a hierro y fuego haciendo asesinar a muchas personas» y, aún peor, de «usar anteojos oscuros, símbolo fuerte del justiciero». Allende, en cambio, era gratificado con adjetivos como «persona bien» y «persona capaz». En la única cita sobre Fidel Castro, dictador comunista por cuarenta años, con decenas de millares de fusilados, 20 encarcelados y exiliados, no se iba más allá de la expresión bonachona de «líder cubano». Nadie dijo una palabra sobre el hecho de que Castro (cfr. Il Giornale, 28 de febrero de 2003) es una de las personas más ricas del mundo, gracias al dinero ilícitamente embolsado. A Pinochet se le reconocía el mérito de haber «dejado dulcemente el poder»: cosa ésta que lo volvía «distinto» pero «peor» respecto a los dictadores fascistas (ninguna referencia a los comunistas) «que no dejan nunca espontáneamente el poder». <<

[8] Para escribir este libro me ayudaron mucho las búsquedas e investigaciones que realicé en los años 80 sobre la situación chilena bajo Salvador Allende y después bajo Augusto Pinochet. Búsquedas que llevaron a la publicación de artículos míos muy detallados, considerados los únicos en aquellos años que a propósito de Chile (y de Sudáfrica de entonces, objeto de otras investigaciones mías) se apartaran del conformismo imperante. Un particular agradecimiento debo a Juan Miguel Montes (de la organización católica TFP de Roma) y a Juan Antonio Montes (de la organización católica Acción Familia de Santiago): sin su válida y desinteresada ayuda no habría logrado acceder a datos y referencias fundamentales para la realización de este libro. <<

[9] En 1996, durante una larga entrevista al periodista italiano Lucio Lami, Pinochet dijo: «Los órganos de información extranjera, salvo excepciones, dan un cuadro de la realidad chilena completamente deformada, Chile es objeto de una maciza campaña de desinformación realizada con el sistema de las omisiones». Cfr. Il Giornale, 23 de octubre de 1986, p. 3. <<

[1] Soberano católico de Gran Bretaña e Irlanda. Nació en Escocia el 19 de noviembre de 1600, fue decapitado en Londres el 30 de enero de 1649. La frase que citamos fue pronunciada por Carlos I en el patíbulo pocos instantes antes de morir. <<

[2] Los datos citados en este capítulo provienen en parte del Gran Diccionario Enciclopédico Utet de 1934, de la Enciclopedia de la Historia Universal Sansoni de 1974, de la Enciclopedia Histórica Zanichelli de 1980, de la Enciclopedia Británica de 1997, de los archivos de la Library of Congress de Washington, de diversos sitios internet y de fuentes bibliográficas y periodísticas chilenas, como el libro Pinochet y la restauración del consenso nacional, de Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez. (Ed. Geniart, Santiago, 1998). <<

[3] La evangelización fue obra de mercedarios, franciscanos y, más tarde, de jesuitas; pero, en 1767, estos últimos fueron expulsados de España y de todas sus posesiones americanas por el Rey Carlos III. <<

[4] A la presencia de los españoles se agrega después la de los inmigrantes. Se registró en el siglo XVIII una fuerte ola de inmigrantes vascos y a estos se agregó, durante el siglo XIX, una posterior de alemanes y suizos. Al final del siglo XIX llegaron, además, algunos judíos, palestinos y católicos sirios que abandonaban el Imperio Otomano. La inmigración de africanos fue irrelevante y ocasional, así como la llegada de esclavos desde África durante la Colonia. <<

[5] En 1818, dos de los hermanos Carrera fueron fusilados en Mendoza (Argentina). El mismo José Miguel Carrera corrió igual suerte en 1821. <<

[6] José de San Martín, hombre de gobierno, además de ser un líder; había nacido en Yapeyú, en las cercanías de Buenos Aires, en 1778. <<

[7] El éxito de la batalla de Chacabuco fue decidido no sólo por la determinación de San Martín sino también por la ineptitud del gobernador español de Chile, Marcó del Pont, que solamente pocas horas antes de la batalla se decidió a entregar el mando del Ejército al general Maroto, que no conocía ni siquiera el terreno sobre el cual debía combatir. Anteriormente, en 1814, las tropas españolas habían vencido en la sangrienta batalla de Rancagua, que fue seguida por atrocidades y represiones que aumentaron el odio de los chilenos hacia España. Cfr., entre otros, el libro Bolívar, escrito por Salvador de Madariaga (Ed. Dall’Oglio, Milano, 1963), p. 442. <<

[8] El conflicto con Bolivia y Perú (llamado Guerra del Pacífico), que dio a Chile sensibles ventajas territoriales, tuvo su origen en la disputa con Bolivia de algunas riquezas mineras en una zona de frontera mal definida, en cuyo control estaban también interesados Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. La guerra terminó después que las tropas chilenas ocuparon Lima y que Alemania bloqueó la interferencia de otras naciones, momento en el que se estipularon los acuerdos de Ancón. Cfr., entre otros, James Anderson, Sendero Luminoso New Revolutionary Model. (Ed. Instituty for the Study of Terrorism, Londres, 1987), p. 55. <<

[9] Desde entonces, con Chile como protagonista, se realizó un conjunto de acuerdos políticos, económicos y militares. El 24 de mayo de 1915 se reunió en Washington la primera conferencia financiera panamericana y, al día siguiente, fue estipulado entre Argentina, Chile y Brasil, un «acuerdo arbitrario». Otras conferencias panamericanas y otros acuerdos le siguieron: el 3 de abril de 1916, en Buenos Aires; en marzo de 1913, en Santiago; en enero de 1928, en La Habana; en enero de 1929 y en septiembre de 1930, en Washington; en 1933, en Montevideo; en diciembre de 1936, en Buenos Aires; el 24 de diciembre de 1938, en Lima; el 27 de julio de 1940, en La Habana (en dicha ocasión nació la OEA, Organización de los Estados Americanos); el 21 de febrero de 1945, en Ciudad de México; el 2 de septiembre de 1947, en Río de Janeiro; el 30 de abril de 1948, en Bogotá (adhesión de la OEA a las Naciones Unidas como grupo regional). Importantes fueron en 1954 (Caracas) y en 1959 (Santiago) dos conferencias en las que se decidió la exclusión del hemisferio occidental del comunismo y de cualquier sistema político dictatorial: decisión que en enero de 1962 llevó a la exclusión de Cuba de la OEA y en julio de 1964 a la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Cuba y todas las naciones latinoamericanas, excepto México y Jamaica. <<

[10] Cfr. Miguel de Nantes, Ojo: no tropieces en la misma piedra, p. 88 y 132 (ed. Impresos Universitaria, Santiago, 1999). <<

[11] Cfr. William F. Jasper, Patriot Enchained, p. 33 (ed. The New American, New York, 1999). <<

[12] El ala extremista del Partido Socialista era dirigida por Carlos Altamirano (elegido en 1970 secretario general del partido), quien no ocultaba el hecho que consideraba inevitable recurrir a la violencia en la lucha política. Bajo su influencia, el partido se desplazó a posiciones más extremas que las comunistas y adoptó estrategias y tácticas similares a las de los terroristas del MIR. Altamirano, que pertenecía a una familia aristocrática y había sido educado en los mejores colegios de Santiago, tenía una larga experiencia como diputado y senador y en 1966 había constituido una organización llamada Ejército de Liberación Nacional, cuya finalidad era reclutar guerrilleros (entre estos el famoso Elmo Catalán) para enviarlos a Bolivia, bajo el mando del Che Guevara. Sobre esto, cfr., entre otros, Revista Ercilla, 13 de septiembre de 1972, artículo titulado El Lado Oculto del Partido Socialista. Cfr., además, de Julio César Jobet, El Partido Socialista de Chile, en Prensa Latino Americana (Santiago, 1971), vol 1., p. 130, y el diario Punto Final (suplemento) del 13 de enero de 1973. <<

[13] Cfr. I Propilei, Grande Storia Universale Mondadori de 1980, vol. 11, pp. 45/46, y Robert Moss, Chile’s Marxist Experiment (Ed. David & Charles, Newton-Abbott, 1975), p. 30. <<

[14] La siguiente es la composición del primer gabinete del gobierno de Salvador Allende: Partido Comunista: Pascual Barraza, ministro de Obras Públicas; José Oyarce, ministro del Trabajo. Partido Socialista: José Tohá, ministro del Interior; Clodomiro Almeyda, ministro de Relaciones Exteriores; Pedro Vuskovic, ministro de Economía; Carlos Cortés, ministro de Vivienda, y Jaime Suárez, secretario general de Gobierno. Partido Radical: Mario Astorga, ministro de Educación Pública; Alejandro Ríos, ministro de Defensa, y Orlando Cantuarias, ministro de Minería. Partido Socialista Democrático: Humberto Martones, ministro de Tierras y Colonización, y Oscar Jiménez, ministro de Salud. API: Lisandro Cruz, ministro de Justicia. MAPU: Jacques Chonchol, ministro de Agricultura. <<

[15] En 1891, la Marina y una parte del Ejército derrocaron al Presidente Balmaceda. En 1924, una Junta Militar destituyó, solamente por un año, al Presidente Arturo Alessandri. En 1927, el coronel Carlos Ibáñez, después de un golpe de Estado, dio al país buenos resultados por casi dos años. En 1932, en fin, el coronel Grove instauró una precaria «república socialista» rápidamente desaparecida. Sobre este tema, cfr. Alain Joxe, Las Fuerzas Armadas en el Sistema Político de Chile (Santiago, 1970) y Alberto Polloni, Las Fuerzas Armadas de Chile en la Vida Nacional (Santiago, 1972). Cfr. también I Propilei. Grande Storia Universale Mondadori de 1980. Vol. 11 p. 46. Es necesario decir que Chile, después de la Cuba de Fidel Castro, es la nación latinoamericana con mayor porcentaje de militares respecto a la población (70.000). <<

[16] Los comunistas fueron responsables, en 1931, de los choques armados que siguieron a su ataque al 2.º batallón de infantería en Copiapó y a la ocupación del edificio de la Universidad de Chile. A dichos episodios se siguieron los enfrentamientos de Ranquil, en 1934, y los de Santiago en 1946. Cfr. Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez, Pinochet y la restauración del consenso nacional. Pp. 125-127 (Ed. Geniart, Santiago, 1998). <<

[17] Constituido en agosto de 1965, el MIR fue el primer movimiento terrorista de Chile. Su objetivo, oficialmente declarado, era «abatir el régimen capitalista y sustituirlo por un gobierno de obreros y campesinos, a través de la lucha armada». También el MAPU y la Izquierda Cristiana, refieren Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez, estaban «fuertemente comprometidos con el terrorismo». Después de 1974, el MIR fue prácticamente sustituido por el Frente Manuel Rodríguez, de ideología comunista. Cfr., entre otros, de Pedro Vargas Lonfat, Chile objetivo del terrorismo, p. 17 (Ed. Instituto Geográfico Militar, Santiago, 1988) y Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez, Pinochet y la restauración del consenso nacional, pp. 129-131 (Ed. Geniart, Santiago, 1998). <<

[1] Dramaturgo alemán. Frase extraída de su obra Schlageter (1933), en el volumen A Dictionary of Quotations, Norman Jeffers y Martin Grey (Ed. Barnes & Noble, New York, 1997). <<

[2] A propósito de ciertos «intelectuales», Renato Cristin, Il Giornale, 2 de noviembre, 1992, escribe: «Los políticos, los intelectuales y los mass media europeos, son hipócritas, superficiales e ignorantes. Si tenían dificultad para darse cuenta de la abolición de la libertad en la Unión Soviética y en la China, imaginemos cómo hubiesen podido entender lo que sucedía en Chile, en el otro hemisferio. La inteligencia europea de izquierda ha estado siempre dispuesta a todo con tal de ver flamear las banderas rojas». <<

[3] Cfr. Stephen Koch, Double lives: Stalin, Willie Muenzemburg and The Seductions of intellectuals (Ed. Harper Collins, Londres, 1994), obra en la cual están expuestas en detalle las técnicas marxistas de penetración en el ambiente intelectual mundial. Cfr., sobre este particular, también Gonzalo Rojas Sánchez, Chile escoge la libertad, p. 110 (Ed. Zig-Zag, Santiago, 1998) y Pierluigi Battista, Il Partito degli intellettuali (Ed. Latterza, Roma, 2001). <<

[4] Cfr. Storia Illustrata de junio de 1999, p. 60 y sucesivas, artículo de Ugo Bertone. <<

[5] Cfr. Il Messaggero del 22 de septiembre de 1993; el autor del artículo era Dario Puccini, «primer divulgador de Neruda en Italia». Los fragmentos de la poesía de Neruda que aparecen en esta página fueron extraídos de su libro Poesías (Ed. Einaudi, Torino, 1952) traducido por Salvador Quasimodo. Además de Quasimodo, eran amigos de Neruda los italianos Renato Guttuso, Antonello Trombadori, Carlo Levi y Alberto Moravia. Neruda murió a causa de un carcinoma, en Santiago, el 23 de septiembre de 1973, pocos días después de la toma del poder por la Junta Militar de Pinochet. Con respecto a las villas de Neruda, cfr. Dove, ver revista turística de la De Agostini Rizzoli, septiembre 2000, que aprovechaba la ocasión para llorar por el «día en que Allende murió, y con él muchas esperanzas de Chile». <<

[6] En la coalición de la Unidad Popular prevaleció después la candidatura de Salvador Allende, que acabó siendo elegido. Sin embargo, hasta el último momento, Neruda intentó salvar la propia candidatura, a la cual renunció después de encarnizadas y penosas discusiones, pero antes obtuvo la promesa (que le fue mantenida) de un cargo como embajador en París. Cfr. Robert Moss, Chile’s Marxist Experiment (Ed. David & Charles, Newton-Abbott 1975), p. 40. El historiador Robert Moss ha sido comentarista político de la publicación inglesa The Economist y docente en el Royal College of Defence Studies de Londres. <<

[7] Un juicio también negativo se puede dar sobre los premios asignados en 1980 al argentino Adolfo Pérez Esquivel, en 1992 a la guatemalteca Rigoberta Menchú, en 1998 al portugués José Saramago, en 1999 al alemán Gunter Grass y en 1997 al italiano Dario Fo: todos «intelectuales» (o pseudointelectuales) claramente comprometidos con la izquierda. Cfr. a propósito de Pérez Esquivel, Corriere della Sera del 10 de diciembre 1998. Y sobre Gunter Grass, José Saramago y Dario Fo, The Wall Street Journal del 4 de octubre de 1999. <<

[8] Esta increíble vergüenza proviene del discurso que el ex senador comunista chileno Volodia Teitelboim pronunciara, en Buenos Aires, con ocasión de la presentación de su libro Los dos Borges. Fue uno de los 18 miembros de la comisión del Nobel, Arthur Lundkvist, quien se opuso a otorgar el Nobel a Borges «por su apoyo a la dictadura de Pinochet». La viuda de Borges, María Kodama, denunció el hecho y refirió el contenido de una conversación telefónica desde Suecia, en la cual le aconsejaban a su marido renunciar al encuentro con Pinochet si no quería perder el Nobel. Cfr. La Segunda, 16 de septiembre de 1996, y Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez, Pinochet y la restauración del consenso nacional, p. 271 (Ed. Geniart, Santiago, 1998). <<

[9] Cfr. Pablo Neruda, Incitación al Nixonicidio y Alabanza de la Revolución (Ed. Quimantú, Santiago, 1973). p. 39. <<

[10] Cfr. Corriere della Sera, 18 de octubre de 1998, p. 9, artículo de Maurizio Chierici. <<

[11] Cfr. L’Unità, 19 de octubre de 1998, p. 2, artículo de Gianni Minà, e Il Giornale, 4 de noviembre de 1998, p. 27, artículo de Roberta Pasero. Sepúlveda, a tal punto omnipresente, capaz de moverse hasta en el ambiente cinematográfico, como escenógrafo y como director cinematográfico: cfr. Il Giornale, 30 de mayo de 2000, p. 33. Inicialmente condenado a 25 años de prisión, Sepúlveda recibió una gracia de Pinochet, que le redujo la pena a 8 años de exilio; un exilio dorado en el que se estableció definitivamente en el extranjero, respetado y bien pagado. Cfr. Corriere della Sera, 13 de octubre de 2000, p. 33. El 14 de agosto de 1996 el diario romano Il Messaggero cometió la imprudencia de publicar un artículo de Luis Sepúlveda, que se refiere al caso Priebke. A continuación de la demanda presentada por Erich Priebke, el 12 de noviembre de 1999, y después de la sentencia del 5 de julio de 2002, Il Messaggero tuvo que pagar a Priebke un resarcimiento de 10.000 euros por daños. <<

[12] Cfr. La Repubblica del 19 de octubre de 1998, p. 13, artículo de Alessandro Oppes, quien definía a Sàbato como «gran escritor viejo, pesimista y melancólico, símbolo de sabiduría». <<

[13] En cierto sentido, Neruda tuvo razón cuando dijo: «Abolieron al mendicante». En los países comunistas, de hecho, a los mendicantes y desocupados crónicos, definidos como «parásitos», se los asignaba a campos de reeducación y trabajos forzados. <<

[14] Nota de humor: este admirador de la bomba atómica fue nombrado, en los años 50, presidente honorario del llamado Movimiento Mundial para la Paz, derivación de la oficina soviética de información Cominform, propuesto personalmente por Stalin (cfr. Il Giornale del 11 de enero de 2003, p. 10). <<

[15] El incomprensible lenguaje de los llamados intelectuales de izquierda, fue desde siempre el blanco de frecuentes ironías. Una lección de estilo literario proviene del escritor Eugenio Saracini, autor del volumen N° 18 (febrero de 2003) de la Biblioteca Histórica de Il Giornale (p. 15): «En primer lugar es necesario expresarse de manera calma, coloquial, sin temor de parecer banal [… ] y conviene recurrir a un tipo de esquema o proyecto con algunos ejemplos [… ] a costa de parecer escolástico». <<

[16] Cfr. Corriere della Sera del 29 de octubre de 1998, p. 8. Baltasar Garzón, como veremos en los capítulos XI y XII de este libro, es el nombre del magistrado español que intentó procesar en Madrid al ex Presidente chileno Augusto Pinochet. <<

[17] De este modo, asegurándose la palma de oro de la political correctness, el Corriere della Sera del 18 de octubre de 1998, p. 9, describió a Pinochet: «El déspota entra en los libros con esa cara dura, un poco caricaturesca […], con el bigote al estilo hitleriano, el mentón enfadado a la manera de Mussolini, los Ray Ban negros de caudillo latino. Y con la crueldad que caracteriza a todos los tiranos». <<

[18] Cfr. Corriere della Sera del 29 de octubre de 1998, p. 8. <<

[19] Cfr., Jean-Frangois Revel, Cómo terminan las democracias, p. 296-298 y 304-305 (Ed. Planeta, Barcelona, 1983). <<

[20] Las palabras del obispo encontraron en Italia la aprobación de la prensa conformista. La Repubblica definió a Camus Larenas como «hombre comprometido en la denuncia de la dictadura y en la defensa de los derechos humanos, crítico y disidente respecto del régimen militar, desde un punto de vista moral». El diario Corriere della Sera declaró que Camus Larenas «estaba en la mira del Gobierno desde siempre, catalogado por su conducta subversiva». Cfr., para un comentario, Il Borghese del 27 de septiembre de 1987. <<

[21] Cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (Ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002) p. 716. <<

[22] Cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (Ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002) p. 721. <<

[23] Cfr. Miguel de Nantes, Ojo: no tropieces en la misma piedra, p. 89 (Ed. Impresos Universitaria, Santiago, 1999). <<

[24] Para entender bien la naturaleza de la Teología de la Liberación es aconsejable leer los escritos del pensador marxista Konrad Farner: «Esa teología», escribió Farner, «debe entenderse como teología del comunismo, porque el comunismo es la única esperanza del hombre y sin el comunismo no puede existir el auténtico cristianismo». Según Farner, solamente a través de la colaboración entre cristianos y marxistas puede nacer la sociedad comunista: «El marxismo solo», sostiene Farner, «correría el riesgo de construir una sociedad nueva, pero no un hombre nuevo, con el peligro de volver a la sociedad precedente». Lo que otorgó a los teólogos de la liberación la dignidad de pensadores cristianos fue la difusión en América Latina, a través de millones de copias, de la encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII. El quinto capítulo de esa encíclica avizoró la posibilidad de una apertura al marxismo, al límite de suscitar en El Vaticano, por su imprudencia, una oleada de polémicas en medio de las cuales el Cardenal Tardini llegó al punto de definir a Juan XXIII «temporalmente loco». «¿Quién puede negar», dijo, entre otras cosas, Juan XXIII, «que en esos movimientos, existan elementos positivos que merezcan aprobación? Por lo tanto se puede verificar que un acercamiento o encuentro de orden práctico, considerado ayer inoportuno o no fecundo, hoy no lo sea más o pueda llegar a serlo en un futuro». Con tales afirmaciones, la encíclica ofreció un servicio tan valioso a la causa comunista, que Palmiro Togliatti no ocultó su propio entusiasmo: «El mundo será manejado por nosotros y por los católicos», deliró el líder comunista italiano, «y seguramente encontraremos la manera de arribar a una colaboración recíproca». El optimismo de Togliatti, aprobado y compartido por Konrad Farner, que en su libro Theologie des Komunismus aseguró que la flaqueza de Juan XXIII daría lugar a una verdadera colaboración entre cristianos y marxistas y que nada habría obstaculizado el triunfo del comunismo en todo el planeta. La ingenuidad política impidió a Juan XXIII (evidentemente olvidando las enseñanzas de Pío XII y su encíclica Humani Generis, de 1950) percibir el doble discurso de los comunistas y su habilidad para manipular y destruir a los aliados transitorios. El daño fue enorme, porque la Pacem in Terris favoreció a los comunistas como «movimiento histórico con objetivos económicos, sociales, culturales y políticos», con una generosa mano que no hubiese sido fácil retirar. De este hecho nació y se desarrolló en América Latina la Teología de la Liberación. Pero ¿era ésta una teología? Cómo llamar teólogo al chileno Pablo Richard (docente de la Universidad Católica de Chile y amigo de Allende) que en su libro Los Cristianos y la Revolución define las bases de la teología de la liberación, por él predicada, como «la práctica de la liberación y la lucha revolucionaria». Fue decisiva, en la lucha contra la Teología de la Liberación, la visita de Juan Pablo II a Puebla, México, el 29 de enero de 1979: «Ustedes son guías espirituales», dijo el Santo Padre, «no agitadores sociales o políticos. Ciertas ideas de un Jesús político, revolucionario y subversivo no armonizan con las enseñanzas de la Iglesia». De igual manera fueron eficaces la severa visita de Juan Pablo II a Perú, en febrero de 1985, y las medidas por él tomadas, en mayo del mismo año, respecto del brasileño Leonardo Boff. Cfr., por otro lado, Il Borghese del 3 de marzo de 1985, p. 535 y sig., Il Giornale del 5 de febrero de 1985, 8 de febrero de 1985, 1 de mayo de 1985, 11 de mayo de 1985 y 28 de mayo de 1986, y el libro Sendero Luminoso New Revolutionary Model, de James Anderson (Ed. Institute for the Study of Terrorism, Londres. 1987), p. 19. Cfr., asimismo, el libro El Marxismo invade la Iglesia, de Miguel Poradowski (Ediciones Universitarias de Valparaíso, 1974), el libro Teología de la Liberación (publicado en Toledo, España, en junio de 1973 y comentado en El Mercurio del 2 de diciembre de 1975) y el libro La Iglesia del Silencio en Chile, de la Sociedad Chilena de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, Santiago, 1976. <<

[25] Cfr. Miguel Poradowski, El Marxismo invade la Iglesia (Ediciones Universitarias de Valparaíso, 1974), p. 77-78. <<

[26] Cfr. Luis Pacheco Pastene, El pensamiento sociopolítico de los obispos chilenos 1962-73, p. 28 (Ed. Salesiana, Santiago, 1985). Y Cfr., otro tanto, Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez, Pinochet y la restauración del consenso nacional, pp. 148-155 (Ed. Geniart, Santiago, 1998). <<

[27] Cfr. Augusto Pinochet, Camino recorrido, II, p. 56 (Ed. Instituto Geográfico Militar de Chile, Santiago, 1991), James R. Whelan, Out of the ashes, p. 724 (Ed. Regnery Gateway, Washington, 1989), Eugenio Yáñez, La Iglesia y el Gobierno Militar, p. 56-60 (Ed. Andante, Santiago, 1989) y Gonzalo Rojas Sánchez, Chile escoge la libertad, pp. 118 y 123 (Ed. Zig-Zag, Santiago, 1998). <<

[28] Con mayor cautela se alineaban otros religiosos como Emilio Tagle, Orozimbo Fuenzalida, Jorge Medina, Augusto Salinas, Francisco Valdés, etc. Cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (Ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002), p. 714. <<

[29] La denominación exacta del Comité Pro Paz era: Comité Ecuménico de Cooperación para la Paz de Chile. <<

[30] Cfr. Augusto Pinochet, Camino recorrido, II, p. 56 (Ed. Instituto Geográfico Militar de Chile, Santiago, 1991), Gonzalo Rojas Sánchez, Chile escoge la libertad, pp. 117 y 123 (Ed. Zig-Zag, Santiago, 1998) y los diarios La Segunda del 2 de noviembre de 1974 y La Prensa del 3 de noviembre de 1974. Fueron expulsados contemporáneamente Frenz y el pastor luterano Vásquez. <<

[31] Cfr. La Nación del 25 de noviembre de 1962 y el artículo El impacto de la pastoral en la revista chilena Mensaje del mes de noviembre de 1962. Cfr. También Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez, Pinochet y la restauración del consenso nacional, p. 150-151 (Ed. Geniart, Santiago, 1998). Como les sucede a menudo a los marxistas, beneficiarios privilegiados de los premios Nobel y de otros premios por la «Paz» y por la «Literatura», también Raúl Silva Henríquez recibió su ansiado reconocimiento bajo la forma de un misterioso «Premio por la Paz», otorgado en España mediante una decisión proveniente de un «comité» desconocido. <<

[32] Cfr. Ercilla del 5 de julio de 1961 y Le Monde del 23 de octubre de 1961. Cfr. También un comentario aparecido en El Mercurio en marzo de 1970 y referido en el libro La Iglesia del Silencio en Chile (editado por la Sociedad Chilena de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, Santiago, 1976), p. 33-34. <<

[33] Cfr. Mensaje de diciembre de 1962, N° 115, pp. 589-592. Acerca de un exaltado comentario de Silva Henríquez respecto del artículo publicado en Mensaje, cfr. La Voz del 16 de diciembre de 1962. Con respecto a una protesta de la Iglesia conservadora chilena, cfr. El Diario Ilustrado del 27 de diciembre de 1962. <<

[34] Cfr. por otra parte, Mensaje de octubre de 1963, N° 123, y El Mercurio del 18 de abril de 1964. Cfr., asimismo, Mensaje, N° 166, 167 y 168 de 1968. <<

[35] Cfr. Ercilla del 9 de marzo de 1966. <<

[36] Noticias, éstas, difundidas a través de la revista chilena Qué Pasa y de Radio Moscú (Cfr. Il Borghese del 27 de septiembre de 1987). Referente a las dudosas actividades de la Vicaría, cfr. Carlos Huneeus, El régimen de Pinochet (Ed. Sudamericana, Santiago, 2001), Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (Ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2001), p. 713 y sig., y El Mostrador del 16 de marzo de 2001). <<

[37] Cfr. sobre aquellos episodios, El Mercurio del 24 de agosto de 1967, El Diario Ilustrado del 24 de agosto de 1967, El Mercurio del 2 de septiembre de 1968, Ultimas Noticias del 24 de septiembre de 1968 y el libro La Iglesia del Silencio en Chile, de la Sociedad Chilena de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, Santiago 1976, p. 85-87. Cfr., asimismo, Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez, Pinochet y la restauración del consenso nacional, p. 152 (Ed. Geniart, Santiago, 1998), Gonzalo Rojas Sánchez, Chile escoge la libertad, p. 12 y sig. (Ed. ZigZag, Santiago, 1998), Ricardo Krebs, Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, p. 866 y sig. (Ed. Universidad Católica, Santiago, 1994), Raúl Silva Henríquez, Memorias, III, p. 10 y 24 (Ed. Copygraph, Santiago 1991) y Teresa Donoso Loero, Historia de los cristianos por el socialismo en Chile, p. 9-27 (Ed. Vaitea, Santiago, 1975). <<

[38] Cfr. Teresa Donoso Loero, Historia de los cristianos por el socialismo en Chile, p. 39-48 (Ed. Vaitea, Santiago, 1975) y Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez, Pinochet y la restauración del consenso nacional, p. 153 (Ed. Geniart, Santiago, 1998). <<

[39] Cfr. Philippe Delhaye, La ciencia del bien y del mal, cap. V (Ediciones Internacionales Universitarias, Barcelona, 1990). <<

[40] Cfr. el diario español ABC del 22 de septiembre de 1967, El Mercurio del 21 de septiembre de 1968, la revista Aurora N° 15 del año 1968 y La Nación del 22 de septiembre de 1968; asimismo, Il Boghese del 18 de septiembre de 1988, p. 155. <<

[41] Cfr. El Siglo del 16 de abril de 1969 y Il Borghese del 18 de septiembre de 1988, p. 154. Interesante, a propósito de Helder Cámara, un irónico artículo del diario The Wall Street Journal del 3-4 de septiembre de 1999, en el que se refirieron a las palabras del arzobispo, según el cual el comunismo hubiera sido perfecto si no hubiese sufrido las consecuencias de algunos errores de aplicación práctica. <<

[42] Cfr. La Iglesia del Silencio, de la Sociedad Chilena de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, Santiago, 1976, p. 90. <<

[43] Cfr. Ultimas Noticias del 21 de agosto de 1969, el Boletín Informativo Arquidiocesano N° 38 del mes de junio de 1969 y El Diario Ilustrado del 22 de junio de 1969. <<

[44] Cfr. Storia Illustrata de junio de 1999, p. 60 y sig., artículo de Ugo Bertone. Según el Corriere della Sera del 18 de octubre de 1998, p. 9, también Augusto Pinochet Ugarte era masón. Un hecho extraño, éste, considerando la fe católica de Pinochet que, junto a su mujer, asisten casi todos los días a la Santa Misa. <<

[45] Cfr. Ultima Hora del 24 de diciembre de 1969, Clarín del 24 de diciembre de 1969 y El Mercurio del 24 de enero de 1970. <<

[46] Cfr. El Siglo del 18 y 24 de abril de 1970. <<

[47] Cfr. El Siglo de 7 de agosto de 1970. Canal 13 era propiedad de la Universidad Católica. Cfr. Gonzalo Rojas Sánchez, Chile escoge la libertad, p. 121 (Ed. Zig-Zag, Santiago, 1991) y Ricardo Krebs, Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, p. 866 y sig. (Ed. Universidad Católica, Santiago, 1994). <<

[48] Cfr. La revista SIC, N° 328 de 1970. <<

[49] Cfr. El Mercurio del 29 de septiembre de 1970 e Il Borghese del 18 de septiembre de 1988, p. 156. <<

[50] Cfr. La Iglesia del Silencio en Chile, de la Sociedad Chilena de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, Santiago, 1976, pp. 138-139. <<

[51] Cfr. El Siglo del 28 de octubre de 1970, Ercilla del 4 de noviembre de 1970, e ICI del 15 de noviembre de 1970. <<

[52] Cfr. La Revista Católica, septiembre-diciembre de 1970, pp. 58-85. Pero no todos disfrutaron de aquella victoria de la izquierda. En la mañana del primer día feriado disponible (lunes 7 de septiembre de 1970) los bancos fueron invadidos por una multitud de ahorristas que retiraron su dinero, a fin de salvaguardarlo en el extranjero. En un día se registró una fuga de 180 millones de escudos, que dos días después se convirtieron en 650 millones. Se trató evidentemente de una oleada espontánea de pánico, pero Allende y sus aliados no dudaron en atribuir la causa a una «conspiración internacional». Cfr. Robert Moss, Chile’s Marxist Experiment (Ed. David & Charles, Newton-Abbott, 1975), p. 29-30. <<

[53] Cfr. en La Iglesia del Silencio en Chile, de la Sociedad Chilena de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, Santiago, 1976, p. 145 y sig. <<

[54] Cfr. La Nación y El Siglo del 2 de mayo de 1971. <<

[55] Cfr. Los mitos cubanos de la «perfecta sanidad pública» y de la «educación escolar para todos» fueron demolidos mediante un libro publicado en Francia por Ileana de la Guardia, hija del general Antonio de la Guardia, fusilado en 1989 por orden de Fidel Castro. Cfr. Libero del 20 de marzo de 2001. <<

[56] Cfr. El diario argentino La Opinión del 23 de octubre de 1971. <<

[57] Cfr. El Siglo y Clarín del 24 de noviembre de 1971. <<

[58] Cfr. Ultima Hora del 27 de diciembre de 1971. Canal 13, propiedad de la Universidad Católica. Cfr. Gonzalo Rojas Sánchez, Chile escoge la libertad, p. 121 (Ed. Zig-Zag, Santiago 1998), Raúl Silva Henríquez, Memorias, III, p. 24 (Ed. Copygraph, Santiago, 1991) y Ricardo Krebs, Historia de la Pontificia Universidad de Chile, p. 866 y sig. (Ed. Universidad Católica, Santiago, 1994). <<

[59] Cfr. La Segunda del 5 de abril de 1972 y Qué Pasa del 4 de mayo de 1972. <<

[60] Miguel Poradowski, El Marxismo invade la Iglesia (Ediciones Universitarias de Valparaíso, 1974), p. 81 y sig. <<

[61] El proyecto de reforma escolar de Allende merece un comentario. En la Escuela Nacional Unificada, el Estado habría sustituido a los padres en la orientación vocacional de los niños y adolescentes. En los cursos de historia, además, los héroes nacionales hubiesen sido sustituidos por los héroes del marxismo internacional. Para subrayar aún más esos propósitos reformistas, (en la Gran Avenida del General José Miguel Carrera) se erigió una estatua del Che Guevara. Buena acogida encontró además el plan de Allende de incorporar a las escuelas y a la universidad un aguerrido grupo de profesores marxistas para ejercer presión, al que pronto adhirió el 65% del cuerpo docente. Cfr. Miguel de Nantes, Ojo: no tropieces en la misma piedra, pp. 20-21 y pp. 82-83 (Ed. Impresos Universitaria, Santiago, 1999). Fue un proyecto, el de la Escuela Nacional Unificada de Allende, de algún modo análogo al de la reforma escolar que se aplicó en 1999 en Italia (sin éxito, gracias a la intervención personal de Juan Pablo II, el 30 de octubre de 1999, frente a 200 mil personas) por el entonces ministro comunista de Instrucción, Luigi Berlinguer, integrante del gobierno italiano de centroizquierda, presidido por Massimo D’Alema, también él actualmente comunista. Cfr. toda la prensa italiana de aquellos días y, en particular, del 31 de octubre de 1999. <<

[62] Cfr. La Prensa del 15 de febrero de 1973. <<

[63] Cfr. El Mercurio del 30 de enero de 1973, La Prensa del 15 de febrero de 1973 y, por un comentario, Il Borghese del 18 de septiembre de 1988, p. 165. <<

[64] Cfr. programa Correva l’anno, transmitido a través de RAI 3 a las 23:25 horas del 2 de enero de 2003. <<

[65] Cfr. Eugenio Yáñez, La iglesia y el Gobierno Militar, p. 56 (Ed. Andante, Santiago, 1989), Raúl Silva Henríquez, Memorias, II, p. 285 y sig. (Ed. Copygraph, Santiago, 1991), Augusto Pinochet, Camino recorrido, II, p. 24 (Ed. Instituto Geográfico Militar de Chile, Santiago, 1991) y Gonzalo Rojas Sánchez, Chile escoge la libertad, p. 111 y sig. y 120 y sig. (Ed. Zig-Zag, Santiago, 1998). <<

[66] Pierre Dubois fue expulsado de Chile en el año 1986. Retornó en el año 1990. En 1999 solicitó la ciudadanía chilena, el 20 de diciembre del año 2000 (entonces en plena democracia) como respuesta obtuvo el rechazo. Luego le fue otorgada, cfr. Televideo RAI del 20 de diciembre del año 2000. <<

[67] Fue colaborador directo, el sacerdote Puga, en la preparación de las declaraciones públicas de Silva Henríquez a favor del diálogo con el marxismo—leninismo. <<

[68] Cfr. Il Borghese del 27 de septiembre de 1987. <<

[69] Cfr. Gonzalo Rojas Sánchez, Chile escoge la libertad, p. 122 (Ed. Zig-Zag, Santiago 1998). p. 60. <<

[70] Cfr. Aldo Meneses, El poder del discurso: la Iglesia Católica chilena y el Gobierno Militar, p. 173 (Ed. Ilades, Santiago, 1989), Raúl Silva Henríquez, Memorias, III. p. 24-28 (Ed. Copygraph, Santiago, 1991), Gonzalo Rojas Sánchez, Chile escoge la libertad, p. 115 (Ed. Zig-Zag, Santiago, 1998) y James R. Whelan, Out of the ashes, pp. 568 y 724 (Ed. Regnery Gateway, Washington, 1989). Cfr., del mismo modo, Archivo general de la Presidencia de la República de Chile, fascículo 2630/83 de data 8 de agosto de 1974 y el diario argentino Clarín del 25 de abril de 1974. <<

[71] Canal 13, de propiedad de la Universidad Católica. Cfr. Gonzalo Rojas Sánchez, Chile escoge la libertad, p. 121 (Ed. Zig-Zag, Santiago, 1998), Raúl Silva Henríquez, Memorias, III, p. 24 (Ed. Copygraph, Santiago, 1991) y Ricardo Krebs, Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, p. 866 y sig. (Ed. Universidad Católica, Santiago, 1994). <<

[72] Cfr. La Tercera de la Hora del 15 de octubre de 1973. <<

[73] Cfr. La Iglesia del Silencio en Chile, de la Sociedad Chilena de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, Santiago, 1976, pp. 287-288 y 327-328. <<

[74] Cfr. La Tercera de la Hora del 15 de octubre de 1973. Numerosos ciudadanos españoles actuaron ilegalmente en Chile en la formación de grupos terroristas. Fue exactamente en referencia a Antonio Llido y a otros extremistas y terroristas españoles, arrestados y asesinados después del golpe militar, que el magistrado madrileño Baltasar Garzón pidió y obtuvo el arresto, en Londres, de Augusto Pinochet (cfr. capítulos XI y XII de este volumen). <<

[75] Cfr. El Mercurio del 14, 17 y 18 de diciembre de 1974, y La Segunda del 18 de diciembre de 1974. <<

[76] Cfr. Robert Moss, Chile’s Marxist Experiment (Ed. David & Charles, Newton—Abbott, 1975), p. 20, Augusto Pinochet, Camino recorrido, II, p. 102 (Ed. Instituto Geográfico Militar de Chile, Santiago, 1991) y Gonzalo Rojas Sánchez, Chile escoge la libertad, p. 243 (Ed. Zig-Zag, Santiago, 1998). Cfr., del mismo modo, Qué Pasa del 6 de noviembre de 1975. <<

[77] Cfr. La Iglesia del Silencio en Chile, de la Sociedad Chilena de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, Santiago, 1976, pp. 333 y sig. <<

[78] Cfr. La Tercera de la Hora del 11 de noviembre de 1975. <<

[79] El comportamiento del ala «progresista» de la Iglesia Católica disgustó a muchos feligreses. En agosto de 1976 algunos de ellos agredieron a los obispos Fernando Ariztía y Carlos González Cruchaga al regresar de un mitin político—religioso realizado en Ecuador. Análogas manifestaciones hostiles se repitieron en noviembre de 1978, durante la inauguración de un simposio que adhería al marxismo, enmascarado bajo la fachada de la defensa de los derechos humanos: fue precisamente gracias a ese simposio que un mes después, en diciembre de 1978, Raúl Silva Henríquez y su vicario Cristián Precht recibieron en Nueva York el premio de las Naciones Unidas por la defensa de los derechos humanos. Cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (Ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002), p. 717. <<

[80] Cfr. La Luce del 19 de septiembre de 1986 e Il Borghese del 14 de diciembre de 1986. Una idea del nivel de ciertos artículos del diario La Luce, perteneciente a las Iglesias evangélicas, valdenses y metodistas, extraída de un artículo firmado por Aldo y Fernanda Comba, en el cual se afirmó que Alemania Occidental fue, en aquellos años, «una vitrina embellecida artificialmente por el capitalismo occidental» para desairar a los felices ciudadanos de Alemania comunista, donde las Iglesias fueron «moralmente mejor equipadas por nosotros para afrontar los problemas de los años 2000» y donde las filas frente a los negocios simbolizaron un hecho saludable: «Cuando hay ya diez personas en un negocio», se explicó, «los otros hacen fila en vez de ir a la rastra: es todo». Un tanto humorístico, otro artículo en el cual a propósito de Nicaragua sandinista (fueron célebres las fosas comunes donde se tiraban los cuerpos de los anticomunistas asesinados por el régimen), se dijo: «El Papa en persona eligió al arzobispo de Managua como antagonista político de la experiencia sandinista, actuando cada vez más abierta y provocativamente contra el gobierno y contra la gran mayoría de los católicos, de los curas y de los religiosos […] pero con Nicaragua no será fácil sobrepujar, tomar ventaja para El Vaticano». Cfr. La Luce del 13 de noviembre de 1981. <<

[81] Cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (Ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002), p. 720. <<

[82] Cfr. La Segunda del 9 de junio de 1997 y El Mercurio del 15 de junio de 1997, citados por Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez en las pp. 267-268 de su libro Pinochet y la restauración del consenso nacional (Ed. Geniart, Santiago, 1998). <<

[83] En Milán, en 1985-86, se habló abiertamente del compromiso «progresista» del Cardenal Martini, que llegó al extremo de invitar a manifestaciones públicas al americano Rembert G. Weakland, arzobispo de Milwaukee, que en los años de la guerra fría luchó por el desarme unilateral de Occidente. <<

[84] Hortensia Bussi de Allende, cuya relación con su marido era tensa, dadas sus escapadas, se encontró de repente convertida en viuda inconsolable y de este modo fue huésped de honor en miles de reuniones internacionales. Después de una agradable permanencia en México, se dirigió a Moscú, donde el Congreso Mundial para la Paz (en el que estaba presente Leonid Breznev, quien le prometió «solidaridad con los patriotas chilenos y paz duradera en todo el mundo») la recibió y la homenajeó como «heroína revolucionaria»: cuando la noticia llegó a Chile, este hecho produjo gran hilaridad. En su visita a Roma, Hortensia concedió una entrevista al diario Il Messaggero, argumentando que la culpa de los problemas de su marido venían de la Democracia Cristiana chilena, que prestó servicios a las grandes multinacionales norteamericanas como la ITT. Continuó con un interminable y exitoso itinerario de conferencias en Estados Unidos, donde Hortensia fue huésped de la izquierda local, del reverendo George Herbec y de una organización denominada «Católicos, luteranos y metodistas unidos para la Acción Social». En el curso del itinerario tuvo gran repercusión el error cometido por su asistente, la comunista Fernanda Navarro, que hablando en su nombre acusó a los Estados Unidos de haber financiado en Chile un «golpe de Estado fascista». Interviniendo personalmente en la discusión, la viuda de Allende solicitó a los Estados Unidos darle al pueblo chileno en su lucha por la libertad «el mismo apoyo dado al pueblo de Vietnam». Luego de un periplo por el mundo que tuvo sus momentos culminantes en la India y en Japón, Hortensia regresó a México, donde compró una mansión de 240 mil dólares. El 30 de septiembre de 1977, en consideración a sus méritos políticos y culturales, el Kremlin le asignó el Premio Lenin. Según lo referido por el ex jefe de la DINA Manuel Contreras Sepúlveda, sin embargo, la ex señora de Allende intentó en mayo de 1977 regresar a su patria (donde se le garantizó una total protección), pero fue disuadida por una amenaza de Fidel Castro tocante a su hija Beatriz, que vivía en la Habana. Cfr. Il Messaggero del 30 de octubre de 1973, La Segunda del 11 de junio de 1987 y los libros Desde las cenizas, vida muerte y transfiguración de la democracia en Chile, de James R. Whelan, pp. 626-628 (Ed. Zig-Zag, Santiago, 1993) y Pinochet y la restauración del consenso nacional, de Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez, pp. 274-275 (Ed. Geniart, Santiago, 1998). Cfr. también Manuel Contreras Sepúlveda, La Verdad Histórica II: ¿Desaparecidos?, pp. 18-19 (Ed. Encina, Santiago, 2001). <<

[85] Cfr. James R. Whelan, Desde las cenizas, vida muerte y transfiguración de la democracia en Chile, p. 629 (Ed. Zig-Zag, Santiago, 1993) y Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez, Pinochet y la restauración del consenso nacional, p. 276 (Ed. Geniart, Santiago, 1998). <<

[86] Cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (Ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002), p. 713. <<

[87] Como Ladislav Bittman, ex agente del KGB, refiere en la p. 8 de su libro The KGB and Soviet Disinformation, an Insider’s View (Ed. Pergamon Brassey’s, Washington, 1985), la actividad de manipular la información desarrollada por la KGB sobre las cuestiones referentes a Chile y Argentina fue delegada, confiada a expertos checoslovacos y tuvo su base de operaciones en México y Uruguay. <<

[88] El intento del periodista de televisión italiana Italo Moretti de minimizar el significado de la presencia del Papa en el balcón junto a Pinochet rayó con la comicidad: según Moretti el Papa estaba solo en el balcón, pero de repente «apareció Pinochet». Y luego el comentario: «¿Qué podía hacer el Papa?». En realidad, como se vio en las imágenes, los dos llegaron al mismo tiempo pero Pinochet educadamente dio prioridad al sonriente Papa. Según Moretti, la presencia del Papa junto a Pinochet «hizo sufrir a los católicos chilenos y a los del mundo entero». Cabe preguntarse si entre los católicos chilenos «sufrientes» fueron incluidos los que en la plaza aplaudían felices y si la opinión de los católicos de todo el mundo fue revelada a través de una encuesta dada a conocer solamente a Moretti. Cfr. programa Correva l’anno, por RAI 3 a las 23:25 horas del 2 de enero de 2003, que por otro lado mostró como «fieles dispersos con bombas de agua» a esos pocos subversivos que la policía alejó. <<

[89] Respecto de las vicisitudes chilenas y del control ejercido sobre la información de algunos centros de poder, así se expresó en aquellos días el ex presidente de Nicaragua Anastasio Somoza, depuesto por voluntad del presidente americano Jimmy Carter: «Si Pinochet deja escapar una palabra contra los comunistas», dijo Somoza, «o lanza bastonazos a los comunistas, los canales de televisión más importantes, así como los diarios de igual tenor lo atacarían cantando un coro de alabanzas al ex presidente socialo-comunista Allende. ¡Oh, cuán magnífica organización de control sobre la información debe tener cierta gente…!». Cfr. Anastasio Somoza, Nicaragua Bertrayed (Ed. Western Islands, Belmont, Mass., 1980), pp. 82-83. De esta manera comenta Miguel de Nantes: «La izquierda impuso su propio control sobre los medios de comunicación, de manera que más del 70% de la prensa mundial está silenciada, embozada y prostituida por el marxismo internacional. Cuando, sin garantías de un justo proceso, cuatro altos oficiales cubanos fueron fusilados por orden de Fidel Castro, la prensa mundial guardó vergonzoso silencio. No es difícil imaginar qué hubiera sucedido si esos fusilamientos hubiesen acaecido en el Chile de Pinochet». Cfr. Miguel de Nantes, Ojo: no tropieces en la misma piedra, pp. 99100 (Ed. Impresos Universitaria, Santiago, 1999). <<

[90] Cfr. La Iglesia del Silencio en Chile, de la Sociedad Chilena de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, Santiago, 1976, pp. 302 y sig., Memorias, de Raúl Silva Henríquez, III, pp. 76, 79 y 87 (Ed. Copygraph, Santiago, 1991), y Chile escoge la libertad, de Gonzalo Rojas Sánchez, p. 241 (Ed. Zig-Zag Santiago, 1998). Cfr., otro tanto, Il Borghese del 25 de septiembre de 1988, p. 218, y del 2 de octubre de 1988, p. 281, El Mercurio del 15 de junio de 1997, donde se subrayó el comportamiento del Comité Pro Paz que, con el apoyo del Concilio Ecuménico de las Iglesias y de la misma Iglesia Católica chilena, estaba abiertamente comprometido con el extremismo marxista-leninista. A tal propósito cfr. Carlos Huneeus, El régimen de Pinochet (Ed. Sudamericana, Santiago, 2001) y El Mostrador del 16 de marzo de 2001. <<

[91] Cfr. Corriere della Sera del 1 de mayo de 1985. <<

[92] Cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografia (ed. El Mercurio, Santiago 2002), p. 527-530. <<

[93] Cfr. Corriere della Sera del 29 de octubre de 1998, p. 8. <<

[94] Cfr. Archivo general de la Presidencia de la República de Chile, fascículo 1000/47 de data 10 de julio de 1974. Cfr., asimismo, diario La Segunda del 15 de noviembre de 1974 y Gonzalo Rojas Sánchez, Chile escoge la libertad, p. 109 (Ed. Zig-Zag, Santiago, 1998). <<

[95] De eso se hablará en los capítulos VIII y IX de este libro. <<

[96] Según la Enciclopedia Histórica Zanichelli, impresa en el año 1980 (p. 101), Allende «fue abatido por las armas de los golpistas, defendiendo a mano armada el mandato constitucional». Según la Enciclopedia de la Historia Universal Sansoni de 1974 (p. 1083) «fue asesinado». Según el diario La Repubblica (artículo de Tahar Ben Jelloun, citado por Paolo Granzotto en el diario Il Giornale del 17 de febrero de 2003) «Estados Unidos hizo asesinar al Presidente Allende». La Enciclopedia Británica de 1997 confirmó, en el vol. 1 Micropaedia (p. 280), que se suicidó; pero en el vol. 9 Micropaedia (p. 456) se limitó a decir que «murió»; en el vol. 16 Macropaedia (p. 34) se atrevió a decir que «murió durante un asalto». <<

[97] Un ejemplo para todos: según la Enciclopedia Storica Zanichelli de 1980 (p. 271) Pinochet fue responsable de «una cruel represión frente a sus opositores». <<

[98] Cfr. Il Borghese del 11 de septiembre de 1988, pp. 87-88. <<

[99] Cfr. Juan Alberto Díaz Wiechers, Chile entre el Alcázar y la Moneda, pp. 41 y sig. (Ed. Imprenta Nuevo Extremo, Santiago, 1999). <<

[1] Cfr. Edouard Sablier, Le fil rouge (Ed. Plon, Parigi), p. 278, citado en el periódico italiano Tradizione Famiglia Proprietà, septiembre 1999, p. 4. <<

[2] Cfr. Esos dos meses fueron necesarios para que el Congreso (las dos Cámaras reunidas) pudiese ratificar la elección, debido a que Allende no había obtenido la mayoría absoluta. La ratificación tuvo lugar el 24 de octubre de 1970 y Allende tomó posesión del cargo pocos días después, el 4 de noviembre. Cabe señalar que el 13 de septiembre Allende amenazó con «paralizar el país mediante huelgas e invasiones a la propiedad agrícola» si el Congreso no ratificaba su elección. Cfr. Robert Moss, Chile’s Marxist Experiment (Ed. David & Charles, Newton-Abbott 1975), p. 31. Respecto de las responsabilidades de la izquierda de la Democracia Cristiana en la elección del marxista Allende, cfr., en otro orden, además del citado libro de Robert Moss, Il Giornale del 9 de octubre de 1999, p. 12, artículo de Pasqualino Spadafora. Como la periodista Mónica González refirió en la p. 43 de su libro La Conjura (Ediciones B Chile, Santiago, 2000), en los dos meses que transcurrieron entre las votaciones y la toma de posesión, Allende pernoctó en casa de amigos, cambiando de domicilio cada noche. El primer mensaje de congratulaciones proveniente del extranjero fue una llamada telefónica de Fidel Castro. <<

[3] Salvador Isabelino del Sagrado Corazón de Jesús Allende Gossens nació en Valparaíso el 26 de julio de 1908. Falleció en Santiago, suicidándose a continuación del golpe militar conducido por Augusto Pinochet Ugarte, el 11 de septiembre de 1973. Nació en el seno de una familia acomodada, se recibió de médico en el año 1932 en la Universidad de Chile, donde actuó como agitador militante de la extrema izquierda. Apenas recibido, en el año 1933, participó en la constitución del Partido Socialista chileno. En el año 1937 fue electo diputado y entre 1939 y 1942 fue ministro de Salud en el Gobierno de coalición presidido por Pedro Aguirre Cerda. Fue elegido senador en el año 1945. Luego fue expulsado del partido por su extremismo. Intentó varias veces la elección a la presidencia (en Chile el Presidente se elige directamente), pero fue derrotado en 1952, en 1958 y en 1964. Logró finalmente ser electo en 1970, pero después de tres años, en 1973, fue depuesto por el golpe militar en circunstancias que lo impulsaron al suicidio. Como Robert Moss refiere en su libro Chile’s Marxist Experiment (Ed. David & Charles, Newton-Abbott, 1975), p. 20, Allende perteneció a una familia fuertemente comprometida con la izquierda política: su hermana Laura Allende, electa diputada, perteneció al sector más aguerrido del Partido Socialista, en cuyo núcleo estuvo muy cerca de Carlos Altamirano; su sobrino Andrés Pascal Allende, hijo de Laura Allende, fue uno de los jefes del movimiento extremista y terrorista MIR y dirigió un diario de extrema izquierda; y su hija Beatriz (Tati) fue la esposa del funcionario cubano Luis Fernández de Oña, al que Fidel Castro encargó de ocuparse de la expansión comunista en América Latina, especialmente en lo concerniente a la expedición del Che Guevara a Bolivia. <<

[4] Cfr. Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez, Pinochet y la restauración del consenso nacional, p. 176 (Ed. Geniart, Santiago 1998). <<

[5] Cfr. Genaro Arriagada Herrera, De la vía chilena a la vía insurreccional. Ed. Del Pacífico, Santiago, 1974). <<

[6] Cfr. Il Giornale, 23 octubre, 1986, p. 3. <<

[7] Respecto al régimen de Allende se escribieron numerosos libros de diversa orientación política. Entre otros, cfr. Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez, Pinochet y la restauración del consenso nacional; Ricardo Boizard, Proceso a una traición (Ed. Encina Santiago, 1974); María Correa Morandé, La guerra de las mujeres (Ed. Universidad Técnica del Estado, Santiago, 1974); Teresa Donoso Loero, Breve historia de la Unidad Popular (Ed. Cochrane, Santiago, 1974, distribuido como suplemento en El Mercurio) y Epopeya de las ollas vacías (Ed. Gabriela. Mistral, Santiago, 1974); Patricio Dooner, Periodismo y Política 1970-73 (Ed. Andante, Santiago, 1989) y La economía de Chile durante el período de la Unidad Popular (Ed. Fundación Ibáñez, Valparaíso, 1974); Emilio Filippi y Hernán Millas, Anatomía de un fracaso, la experiencia socialista chilena (Ed. Zig-Zag, Santiago, 1973); Joaquín Fermandois, Chile y el Mundo 1970-73 (Ed. Universidad Católica, Santiago, 1985); Arturo Fontaine Aldunate y Cristián Zegers Ariztía, Cómo llegaron las Fuerzas Armadas a la acción del 11 de septiembre de 1973 (Ed. El Mercurio, Santiago, 1974); Dale L. Johnson, The Chilean road to socialism (Ed. Anchor Doubleday, New York, 1973); Thomas P. McHale, La libertad de expresión en Chile (Ed. Portada, Santiago, 1973); Silvia Pinto, Los días del arco iris (Ed. del Pacífico, Santiago, 1972); Carlos M. Rama, Chile, mil días entre la revolución y el fascismo (Ed. Planeta, Barcelona, 1974); Eduardo Soto Kloss e Iván Aróstica Maldonado, La destrucción del estado de derecho en Chile 1970-73, en revista Derecho Público, enero-diciembre 1993; Florencia Varas y José Manuel Vergara, Operación Chile (Ed. Pomaire, Santiago, 1973); James R. Whelan, Death of marxist dream (Ed. Arlington House, Wesport, Connecticut, 1981) y Desde las cenizas, vida muerte y transfiguración de la democracia en Chile (Ed. Zig-Zag, Santiago, 1993); Gonzalo Arroyo s. j., Golpe de Estado en Chile (Ed. Sígueme, Salamanca, 1979); Bernardino Bravo Lira, Régimen de Gobierno y partidos en Chile 1924-73 (Ed. Jurídica, Santiago, 1978); Julio Canessa Robert, Quiebre y recuperación del orden institucional en Chile 1924-73 (Ed. Emérida, Santiago, 1995); Joan E. Garcés, Allende y la experiencia chilena (Ed. Bat, Santiago, 1990); Cristián Jara Taito, El marxismo y la crisis de la democracia en Chile (Ed. Universidad de Chile, Santiago, 1991); Suzanne Labin, Chili, le crime de résister (Ed. Debresse, París, 1980); Robert Moss, Chile’s Marxist Experiment (Ed. David & Charles, Newton-Abbott, 1975). <<

[8] Cfr. Alfonso Márquez de la Plata, Una Persecución Vergonzosa (Ed. Andújar, Santiago, 2000), p. 23. <<

[9] Para las admisiones hechas por Allende a Debray, cfr. Punto Final N° 126 del

de marzo de 1971, The Wall Street Journal del 23 de marzo de 1999, p. 12, y los libros Patriot Enchained de William F. Jasper, p. 31 (Ed. The New American, New York, 1999) y Pinochet y la restauración del consenso nacional, de Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez, p. 179 (Ed. Geniart, Santiago, 1998). Lo mismo, Régis Debray habla de aquella conversación con Allende en su libro Conversations with Allende. Cfr. acerca de un comentario Robert Moss, Chile’s Marxist Experiment (Ed. David & Charles, Newton-Abbott, 1975), p. 15. y cfr. en el diario francés Le Nouvel Observateur, otra entrevista concedida a Debray por Allende en agosto de 1973, o sea, pocos días antes de la muerte: «Sabíamos bien», confirmó Allende también en aquella ocasión, «que teníamos necesidad de tiempo para organizarnos, armarnos y preparar debidamente las estructuras militares de los partidos de la Unidad Popular. Fue una carrera en contra del tiempo». <<

[10] Cfr. Suzanne Labin, Chile el crimen de resistir, p. 34 (Ed. Semblanza, Santiago, sin data), citado por Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez, Pinochet y la restauración del consenso nacional, p. 76 (Ed. Geniart, Santiago, 1998). <<

[11] Cfr. Alain Larousse, L’Expérience Chilienne (Ed. Seuil, París, 1972), p. 262. <<

[12] Cfr. Pablo Rodríguez, Entre la democracia y la Tiranía (Santiago, 1972). Cfr. también Cristián Jara Taito, El marxismo y la crisis de la democracia en Chile, p. 24 (Ed. Universidad de Chile, Santiago, 1991) y Hermógenes Pérez de Arce, Indebido Proceso, p. 32-33 (Ed. El Roble, Santiago, 1999). <<

[13] Dentro del Partido Socialista chileno existían tres corrientes: la de Salvador Allende, que favoreció un inicial acercamiento institucional al poder; la de Aniceto Rodríguez, que se definió moderada, y la de Carlos Altamirano, que desde el comienzo propuso la lucha armada. Cfr. Manuel Contreras Sepúlveda, La verdad histórica (Ed. Encina, Santiago, 2000), p. 53 y 55. <<

[14] Cfr. Kommunist, Moscú, N° 3 del año 1972. <<

[15] Existió un Partido Comunista oficial, o «de superficie», dirigido por Luis Corvalán. Asimismo, un Partido Comunista clandestino, dirigido por Víctor Manuel Díaz López. Cfr. Manuel Contreras Sepúlveda, La verdad histórica (Ed. Encina, Santiago, 2000), p. 59-60, y cfr. Alfonso Márquez de la Plata, El Peligro Totalitario (Ed. El Roble, Santiago, 2002), p. 78. <<

[16] Cfr. programa Correva l’anno, exibido por RAI 3 a las 23:25 horas del 2 de enero de 2003. <<

[17] Cfr. Hermógenes Pérez de Arce, Indebido Proceso, pp. 12-13 (Ed. El Roble, Santiago, 1999). Además de periodista y colaborador del principal diario chileno, El Mercurio, Hermógenes Pérez de Arce fue diputado y es abogado y profesor de derecho. <<

[18] Cfr. James R. Whelan, Desde las cenizas, vida muerte y transfiguración de la democracia en Chile 1833-1988, p. 281 (Ed. Zig-Zag, Santiago, 1993) y Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez, Pinochet y la restauración del consenso nacional, p. 122 (Ed. Geniart, Santiago, 1998). <<

[19] Se trató de una votación solicitada por los parlamentarios Juan Hamilton y Renán Fuentealba, que ya desde octubre de 1971 propusieron un cambio de la ley N° 520 respecto de las nacionalizaciones. Cfr. El Mercurio, 27 de febrero de 1972. <<

[20] Cfr. El Mercurio, 17 de diciembre de 1971. <<

[21] Cfr. Robert Moss, Chile’s Marxist Experiment (Ed. David & Charles, Newton—Abbott, 1975), p. 62. Asimismo, William F. Jasper en pp. 32-33 de su Patriot Enchained (Ed. The New American, New York, 1999): «Diariamente llegaban noticias de ocupaciones y expropiaciones de haciendas, viviendas y fábricas a continuación de las disposiciones de las autoridades o de iniciativas provenientes de malhechores. Referente al hecho el profesor Angelo Codevilla, de la Boston University, en una entrevista, afirmó que el régimen de Allende ignoró voluntariamente más de 7.000 sentencias judiciales que declararon ilegales aquellas expropiaciones y por lo tanto debió ser considerado como un Gobierno bajo todo punto de vista fuera de la ley». <<

[22] El MIR permaneció fuera de la competencia democrática considerando la revolución violenta como el único camino digno de ser recorrido para la conquista del poder. Fundado en el arquetipo revolucionario del Che Guevara, el MIR adoptó la estrategia de la acción simultánea de las huelgas a ultranza, del terrorismo en las grandes ciudades y de la guerrilla en los campos. Los financiamientos, de acuerdo con la propuesta del Che Guevara, estaban asegurados gracias al robo y a extorsiones, además de los subsidios moscovitas. Los primeros organizadores del MIR fueron Luciano Cruz, Miguel Enríquez, Andrés Pascal Allende y Bautista van Schouwen, todos ellos provenientes del movimiento estudiantil de la Universidad de Concepción y pertenecientes a familias de buen nivel económico. Miguel Enríquez, como ya se ha referido, fue muerto durante un choque armado con una patrulla del Ejército, sin embargo, figura entre las «inocentes» víctimas de la dictadura. Según la estadística de Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe de la DINA, el MIR podía contar con 10.000 militantes especializados, 20.000 ayudantes y 30.000 simpatizantes. La procedencia de los terroristas del MIR era múltiple. Siempre según Contreras, se trataba de socialistas, comunistas, anarquistas o revolucionarios de orientación trotskista o maoísta y otros elementos provenientes de la Vanguardia Revolucionaria Marxista Rebelde (creada en la facultad de medicina de la Universidad de Concepción), del Grupo Revolucionario de Avanzada Marxista (GRAMMA) y de los Grupos Universitarios Cristianos. Existió además un mínimo de doce formaciones autónomas pero de cualquier modo relacionadas con el MIR. El adiestramiento de los militantes del MIR se realizaba principalmente en Cuba, en Alemania del Este, en la escuela de la guerrilla (la más grande del mundo) existente en Bengasi, en Libia, y en otros lados. Las primeras experiencias de combate fueron en países donde se desarrollaba una guerra civil: Angola, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Cfr. Manuel Contreras Sepúlveda, La verdad histórica (Ed. Encina, Santiago, 2000), p. 45-48. <<

[23] Otro adversario de Allende fue el democratacristiano Radomiro Tomic. Cfr., entre otros, Mónica González, La Conjura (Ediciones B Chile, Santiago, 2000), pp. 19 y 35, y Storia Illustrata de junio de 1999, pp. 60 y sig., artículo de Ugo Bertone. Alessandri, refirió Bertone, era un anciano. Fue un error, para él, presentarse a un debate de televisión en el cual sus limitaciones fueron puestas en evidencia. <<

[24] Cfr. Storia Illustrata de junio de 1999, pp. 60 y sig., artículo de Ugo Bertone. Según Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez, Allende no hubiese sido elegido sin la división y la dispersión del voto anticomunista. El abogado Juan Alberto Díaz Wiechers atribuyó la victoria de Allende a la conducta de muchos electores de centroderecha que soberbiamente seguros de la victoria de su 102 candidato Alessandri no se hicieron presentes a la hora de votar. La elección era un día viernes y muchos de ellos se fueron a la playa o la cordillera a pasar el fin de semana. <<

[25] Cfr. Juan Alberto Díaz Wiechers, Chile entre el Alcázar y La Moneda, pp. 26-27 (Ed. Imprenta Nuevo Extremo, Santiago, 1999). <<

[26] Así se leía en el documento del Comintern firmado por Dimitrov: «La formación de frentes populares que se alíen con los partidos socialdemócratas es una necesidad. ¿Por qué no unirse a los socialdemócratas, a los católicos y a otros trabajadores? Compañeros, no olviden cómo se tomó la ciudad de Troya, donde el célebre caballo logró penetrar en el campo del adversario: nosotros, trabajadores revolucionarios, no debemos dudar en recurrir a la misma estrategia». De este modo se expresó, en abril de 1969 y en otras ocasiones, el líder comunista chileno Corvalán: «En 1964 dimos al país la posibilidad de un Gobierno socialo-comunista, pero el pueblo no estaba todavía maduro para aceptar la propuesta. Hoy la situación no cambió y entonces es necesario crear un movimiento que tenga una mayor apertura social y económica». El disfraz del Frente Popular tuvo una amplia actuación en Francia antes de la Segunda Guerra Mundial; inmediatamente después de la guerra, en Italia asumió la denominación de Bloque del Pueblo y adoptó como contraseña electoral el rostro de Giuseppe Garibaldi. <<

[27] Cfr. Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez, Pinochet y la restauración del consenso nacional (Ed. Geniart, Santiago, 1998) y cfr., asimismo, Storia Illustrata de junio 1999, pp. 60 y sig. El texto exacto de la dedicatoria era: «A Salvador Allende que por otros medios trata de obtener lo mismo. Afectuosamente, Che». <<

[28] Fue el mismo Allende, presionado por su partido y por el Partido Comunista, quien rechazó el apoyo condicionado que la Democracia Cristiana le ofreció al comienzo. Allende aceptó, sin embargo, y con agrado el apoyo de la corriente de izquierda de la Democracia Cristiana, cuyo jefe fue Jacques Chonchol, a quien se recuerda por sus frases célebres «yo soy marxista porque soy cristiano» y «es necesario sustituir la propiedad privada de los medios de producción con un régimen de propiedad colectiva». Cfr. Policy Review, publicación de la Heritage Foundation de Washington, otoño de 1985, pp. 18 y sig., artículo de Mark Falkoff. Y cfr., a propósito de Chonchol, el libro Ojo: no tropieces en la misma piedra de Miguel de Nantes, p. 127 (Ed. Impresos Universitaria, Santiago, 1999) y el libro Pinochet y la restauración del consenso nacional de Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez, p. 87 (Ed. Geniart, Santiago, 1998). <<

[29] Cfr., entre otros, El Siglo del 23 de junio de 1969. <<

[30] Cfr. Julio César Jobet, El Partido Socialista de Chile, en Prensa Latina Americana, Santiago 1971. Sobre las antinomias existentes en el núcleo de la Unidad Popular, cfr. El Mercurio del 1 y del 3 de marzo de 1973. <<

[31] Cabe señalar que la coalición de la Unidad Popular que llevó a Allende al poder estuvo compuesta por el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido Socialista Democrático, la Izquierda Cristiana, Acción Independiente Popular y el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU). Ya en el poder en 1970, los partidos de la Unidad Popular distribuyeron cuidadosamente cada cargo político y burocrático y la dirección de las haciendas que fueron expropiadas. <<

[32] El Partido Comunista chileno fue objeto de ironías incluso en el ámbito de la izquierda. Dividido en dos facciones en permanente diatriba, observó Luis Guastavino en la posición de jefe de la oposición interna, contrapuesta al comité central dirigido por Volodia Teitelboim, exponente de la vieja guardia stalinista y conocido comentarista político de Radio Moscú. Según Guastavino, obligado a solicitar hospitalidad al diario no comunista El Mercurio, Teitelboim era «un paranoico, una momia del marxismo, un Sansón después del corte de cabellos». Según Teitelboim, en cambio, Guastavino «vendió el alma a los socialistas». Los otros exponentes del partido Fanny Pollarolo, Manuel Riesco y Gonzalo Rovira fueron tironeados entre los dos contendientes. Cfr., en referencia, Il Borghese del 11 de noviembre de 1990, pp. 599-600. <<

[33]El Mercurio del 26 de febrero de 1972 y del 25/30 de septiembre de 1972. Cfr., asimismo, la Recopilación de los discursos del Presidente de la República de Chile, fascículo 2, febrero de 1974, y el libro de Gonzalo Rojas Sánchez Chile escoge la libertad, p. 150 (Ed. The New American, New York, 1999) y el libro de William F. Jasper Patriot Enchained, p. 34-35 (Ed. The New American, New York, 1999). Storia Illustrata de junio de 1999, pp. 60 y sig., remitiéndose a los datos oficiales comunicados por el Gobierno de Allende, se estipuló una disminución de las reservas desde 343 millones hasta 32 millones de dólares. <<

[34] Cfr. Claudio Orrego, Los Fundamentos Ideológicos de la Estrategia de Unidad Popular (Santiago, 1973). <<

[35] Cfr. Diario Oficial del 4 de abril de 1972. <<

[36] Cfr. Centro de Estudios de la Revolución, año II (1972), N° 3. 108. <<

[37] Cfr. American Opinion, noviembre de 1974, artículo de Susan Huck, y cfr. también William F. Jasper, Patriot Enchained, p. 33 (Ed. The New American, New York, 1999). Como los «centros sociales» creados en Italia por la izquierda, los cordones eran desolados cobertizos de adoctrinamiento político, de formación de cuadrillas subversivas donde había uso libre de las drogas. <<

[38] Cfr. Robert Moss, Chile’s Marxist Experiment (Ed. David & Charles, Newton—Abbott, 1975), p. 16, y cfr., asimismo, Il Borghese del 18 de septiembre de 1988, p. 153. <<

[39] Cfr. El Siglo del 11 de abril de 1971 y El Mercurio del 14 de abril de 1971. Cfr., como comentario, Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez, Pinochet y la restauración del consenso nacional, p. 175 (Ed. Geniart, Santiago, 1998) y Suzanne Labin, Chili, le crime de résistir, p. 212 (Ed. Debresse, París, 1980). La conducta de Allende frente a la prensa reflejaba la opinión escrita por Alexander Solzhenitsyn: «La violencia no puede existir sola: debe unirse a la mentira. El único soporte para la mentira es la violencia». <<

[40] La Editorial Quimantú tenía en efecto la exclusiva de las obras de Pablo Neruda. La «conjura del silencio», aplicada aun en estos días en la «libre» Europa, en el cotejo de los escritos revisionistas y de cada voz «políticamente incorrecta». <<

[41] Cfr. La Iglesia del Silencio en Chile, Sociedad Chilena de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, Santiago, 1976, p. 186. <<

[42] Cfr. La Prensa del 21 de abril de 1972. <<

[43] Esto tiene algunas analogías con las vicisitudes de la italiana Fininvest. <<

[44] También ese episodio representó una analogía con todo lo que sucedió en aquellos años, en Italia. En 1968, después que los jefes de la fábrica Good Year de Cisterna de Latina (donde trabajaba el autor de este libro) se negaron a adherir a las frecuentes huelgas políticas, la extrema izquierda estudiantil tomó el establecimiento durante dos días con la anuencia tácita de las autoridades. Fueron los obreros quienes salieron a la calle a dar una lección a los fastidiosos intrusos (que en efecto se escaparon). <<

[45] Ello resulta de una investigación realizada por el diputado José Monares. Cfr. La Prensa del 24 de julio de 1972. <<

[46] Cfr. Qué Pasa del 12 de octubre de 1972. <<

[47] También William F. Jasper en p. 28 de su Patriot Enchained (Ed. The New American, New York, 1999): «La administración de Allende hizo mal uso de las finanzas estatales, destruyó la economía nacional, expropió ilegalmente millares de propiedades privadas e instauró un clima de terror». <<

[48] Cfr. Eduardo Labarca Goddard, Corvalán 27 Horas (Santiago, 1972), p. 122123 y cfr., asimismo, Robert Moss, Chile’s Marxist Experiment (Ed. David & Charles, Newton-Abbott, 1975), p. 17. <<

[49] A esas administraciones se agregaron la Cerro Corporation, en la cual operaban intereses japoneses y, además, en menor medida, chilenos y norteamericanos. <<

[50] La Food and Agriculture Organization, más conocida como FAO, con sede en Roma, constituye uno de los ejemplos públicos mundiales de derroche de dinero. <<

[51] En el Gobierno oficial de Allende, como ya se dijo en el capítulo I de este libro, Vuskovic fue ministro de Economía y Chonchol ministro de Agricultura. Inostroza fue nombrado por Allende presidente del Banco Central. Vuskovic y Martner, que se formaron en organismos de las Naciones Unidas como la Comisión Económica para América Latina y como la FAO, fueron puestos a la cabeza de ODEPLAN, entidad a la cual fue confiada la programación económica. El Ministerio de Relaciones Exteriores fue confiado por Allende a Clodomiro Almeyda Medina, quien, como refirió el periodista norteamericano William F. Jasper, se vanaglorió de ser un maoísta y con sus invitaciones y delegaciones extranjeras logró transformar Santiago en una Meca para extremistas de cualquier nacionalidad. Una clarividente descripción de las bases políticas en torno a las que giraba la línea gubernativa y económica de Allende fue expuesta por Jaime Valdés en La clase dorada, Gobierno secreto de la Unidad Popular (Santiago, 1973), y por William F. Jasper en su libro Patriot Enchained, pp. 33-35, (Ed. The New American, New York, 1999). <<

[52] Cfr. Latin America (Londres) del 23 marzo 1973. Cfr., sobre la importancia de las exportaciones de cobre en la economía chilena, G. Federico Gil, The Political System of Chile (Boston, 1966), p. 98. Cfr., asimismo, Copper is the Wage of Chile (Ed. American Universities Field Staff Reports), vol. XIX, N° 3, 1972. Y cfr., al final, la revista Portada de Santiago, Nos 33 y 34 de 1972. <<

[53] Para darle un puesto a Zambrano dejaron cesante al líder de los técnicos de la minera, Aníbal Rodríguez. En cuanto a Berthelon, su posición política era tal que estaba autorizado para llamar por teléfono todos los días a la residencia presidencial. <<

[54] Respecto a la brigada Ramona Parra, cfr. Manuel Contreras Sepúlveda, La verdad histórica (Ed. Encina, Santiago, 2000), p. 62-63. Ramona Parra fue una militante comunista muerta en 1946 durante una revuelta. La brigada que tomó su nombre era un grupo combatiente clandestino especializado en acciones terroristas en grandes centros urbanos y en las infiltraciones en el núcleo de las Fuerzas Armadas. Para facilitar esta infiltración, Allende ordenó a los altos mandos evitar todo tipo de «discriminación» en los enrolamientos. <<

[55] A propósito del déficit productivo de las mineras y de las intimidaciones físicas y psicológicas respecto de la vieja administración privada, cfr. el artículo Chuquimata por dentro, en El Mercurio del 23-25 de diciembre de 1971. Cfr. también La Prensa del 22 de febrero de 1972, y el libro Chile’s Marxist Experiment, de Robert Moss (Ed. David & Charles, Newton-Abbott, 1975), pp. 71 y sig. <<

[56] Cfr. La Prensa del 23 de febrero de 1972. <<

[57] Fue en Chile que nació la idea de los «trabajos voluntarios», máscara del Gobierno (luego imitada por la izquierda italiana) para confundir los datos de la desocupación y para dar vida a nuevos organismos públicos destinados a recomendados políticos. <<

[58] En el vacío cayeron las protestas del sindicalista Ernesto Vogel, indignado por el modo como, por motivos políticos, los trabajadores fueron echados o transferidos a otra localidad. Los que no eran disidentes políticos fueron castigados, por ejemplo, no permitiendo a sus hijos el ingreso a la universidad. <<

[59] Cfr. Robert Moss, Chile’s Marxist Experiment (Ed. David & Charles, Newton—Abbott, 1975 p. 75-79) y William F. Jasper, Patriot Enchained (Ed. The New American, New York, 1999). Cfr., asimismo, Enciclopedia Británica de 1977, vol. 1 Micropaedia, p. 280. Y cfr., otro tanto, Storia Illustrata de junio 1999, pp. 60 y sig. <<

[60] Cfr. el artículo El Poder de la Dirinco, en la revista Qué Pasa del 19 de octubre de 1972. Cfr. también Qué Pasa del 21 de septiembre de 1971. Cabe señalar que la ruina de los campos expropiados tuvo el nocivo efecto colateral de privar al erario nacional de los impuestos que las haciendas, mientras permanecieron en manos privadas, pagaron puntualmente. <<

[61] Cfr. Robert Moss, Chile’s Marxist Experiment (Ed. David & Charles, Newton—Abbott, 1975), pp. 22-23. <<

[62] Cfr. Comentarios sobre la Situación Económica (Ed. Taller de Coyuntura, Departamento de Economía, Universidad de Chile, Santiago, 1973). Otro efecto correspondiente de las expropiaciónes fue la pérdida del adiestramiento técnico que la administración norteamericana dio a los jefes de obreros chilenos: en el giro de pocos meses las empresas nacionalizadas tuvieron que afrontar el problema de la escasa eficiencia del personal y de la «fuga» al extranjero de los encargados más competentes. Los que renunciaron fueron reemplazados, con criterios políticos, por jóvenes inexpertos exponentes de los partidos Socialista y Comunista. Además del déficit de la producción y de la degradación de las instalaciones, se intensificaron los accidentes del trabajo. <<

[63] Cfr. Storia Illustrata de junio de 1999, p. 60 y sig. <<

[64] Cfr. La Prensa del 24 de febrero de 1972. Cfr., asimismo, cita de Ercilla, Storia Illustrata, junio de 1999, p. 60. <<

[65] Cfr. Mónica González, La Conjura (Ediciones B Chile, Santiago, 2000), p. 119. 126 <<

[66] Cfr. Kommunist, N° 3 de 1972. <<

[67] Cfr. A fines de 1972 Allende se encontró frente a la congelación de cada crédito internacional; tuvo que darse cuenta entonces de los errores cometidos: en efecto, intentó iniciar, en marzo de 1973, conversaciones para arribar a un acuerdo con los Estados Unidos. Pero era demasiado tarde: después de dos días de acaloradas discusiones en Washington, la ruptura resultó inevitable. <<

[68] Cfr. Enciclopedia Británica de 1997, vol. 1 Micropaedia, p. 280. <<

[69] La búsqueda de dinero en el extranjero formó parte de un plan de Allende que el pueblo llamó operación limosnero y que se realizó mediante sucesivos viajes de dirigentes marxistas chilenos a las capitales europeas. <<

[70] Cfr. William F. Jasper, Patriot Enchained, p. 29 (Ed. The York, 1999). La instrumentalización de las cooperativas para el financiamiento de las organizaciones comunistas fue largamente usada también en Italia: cada solicitud al respecto fue cuidadosamente puesta de lado. <<

[71] Respecto de las precedentes tentativas de reforma agraria en Chile, cfr. Robert Kaufman, The Politics of Land Reform in Chile 1950-1970 (Cambridge, Mass., 1972); Pablo Baraona, Crisis de la Agricultura Chilena, en el diario Visión Crítica, 1972); Jorge Rogers, Dos Caminos para la Reforma Agraria en Chile 19451965 (Santiago, 1966); y Luis Quiroz Varela, Agrarian Reform and Political Processes en el libro Allende’s Chile, de Kenneth Medhurst (1972). <<

[72] Frei fue electo en 1964 con el 55,7% de sufragios, una mayoría que sin embargo luego disminuyó. Su programa, sintetizado en la frase «Revolución en Libertad», propuso una Reforma Agraria y un aumento de salarios. Para facilitar la consecución de ese objetivo, Frei introdujo un período de «chilenización», o sea, de nacionalización y de intervenciones estatales en las principales actividades económicas del país, iniciado por la extracción de cobre. Cabe señalar que Allende, cuando estuvo en el poder, criticó las operaciones de Frei y sostuvo que éste pagó precios demasiado elevados por haciendas que pudieron ser simplemente expropiadas sin ningún tipo de compensación. Cfr. Enciclopedia Británica de 1997 vol. 16 Macropaedia, p. 34. Cfr. I Propilei. Grande Storia Universale Mondadori de 1980, vol. 11, p. 43-46. Cfr., asimismo, el artículo El Cobre, Perspectivas y Responsabilidades, en la revista Mensaje de septiembre—octubre 1971. Y cfr., finalmente, Robert Moss, Chile’s Marxist Experiment (Ed. David & Charles, Newton-Abbott, 1975), pp. 66-67, y Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez, Pinochet y la restauración del consenso nacional, p. 86-87 (Ed. Geniart, Santiago, 1998). <<

[73] Sobre la Reforma Agraria de Allende y sus consecuencias, cfr., entre otros, Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez, Pinochet y la restauración del consenso nacional, p. 156 y sig. (Ed. Geniart, Santiago, 1998). <<

[74] Cfr. Robert Moss, Chile’s Marxist Experiment (Ed. David & Charles, Newton—Abbott, 1975), p. 62-63 y p. 81 y sig. Cfr., otro tanto, Punto Final del 29 de febrero de 1972 y Qué Pasa del 4 de mayo de 1972. <<

[75] Cfr. Robert Moss, Chile’s Marxist Experiment (Ed. David & Charles, Newton—Abbott, 1975), pp. 117 y sig. Y cfr. www.pinochetreal.cl/persec1/cap5.html. <<

[76] Ni siquiera los campesinos que deberían haberse beneficiado por la Reforma Agraria y que en cambio fueron expuestos a graves dificultades prácticas, fueron satisfechos con la medida. Controversias con los organismos de reforma fueron frecuentes y finalmente se llegó, en la práctica, a la transformación de aquellos nuevos «propietarios» en empleados del Estado. Cfr. Aníbal Pinto, Chile Hoy (Ed. Siglo Veintiuno, Santiago, 1971), Jacques Chonchol, La Política Agrícola en una Economía de Transición al Socialismo (Santiago, 1971) y William F. Jasper, Patriot Enchained, p. 33 (Ed. The New American). Cfr., otro tanto, La Nación del 5 de septiembre de 1971 y Marcha (Montevideo) del 4 de octubre de 1971. Hasta los comunistas Luis Corvalán y José Cademartori expresaron su nostalgia por los elevados niveles de producción en los campos que los antiguos propietarios mantuvieron en el pasado. Cfr. El Siglo del 14 de agosto de 1972 y El Mercurio del 16 de agosto de 1972. <<

[77] Cfr. El Mercurio del 11 de marzo de 1973. <<

[78] Cfr. Miguel de Nantes, Ojo: no tropieces en la misma piedra, p. 18 (Ed. Impresos Universitaria, Santiago, 1999). <<

[79] Cfr. American Opinion, noviembre de 1974, artículo de Susan Huck, y William F. Jasper, Patriot Enchained, p. 33 (Ed. The New American, New York, 1999). <<

[80] Cfr. Izvestia del 13 de diciembre de 1970, artículo de R. Tuchnin. <<

[81] Cfr. Qué Pasa de febrero de 1973 citado por Il Borghese del 18 de septiembre de 1988, p. 156. Cfr., otro tanto, el libro La Iglesia del Silencio en Chile, editado por la Sociedad Chilena de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, Santiago, 1976, p. 80-81. <<

[82] Cabe señalar que tanto la CORA como el INDAP fueron manejados por la corriente de izquierda de la Democracia Cristiana. A la cabeza de la primera, durante el Gobierno de Eduardo Frei, fue puesto Rafael Moreno, de apenas 28 años y sólo con la experiencia del activismo político. El INDAP fue, en cambio, gobernado por el conocido miembro, entonces, de la Democracia Cristiana Jacques Chonchol. <<

[83] Cfr. Breve Historia de la Unidad Popular, de Teresa Donoso Loero, p. 40 (Ed. Cochrane, Santiago, 1974, distribuido como suplemento del diario El Mercurio). <<

[84] Cfr. Manuel Contreras Sepúlveda, La verdad histórica (Ed. Encina, Santiago, 2000), p. 11. <<

[85] La prensa, las editoras y los canales de televisión del mundo occidental fueron siempre serviciales respecto de Allende. Un ejemplo es la entrevista concedida por Allende a Roberto Rossellini (también él un famoso «intelectual comprometido») en 1972, y retransmitida por la televisión italiana del estado (RAI 3) a las 5 de la mañana del 12 de septiembre de 1999. Un Rossellini humilde y sometido que, en una de las periodísticamente definidas «entrevistas de rodillas», expuso preguntas para nada embarazosas y no reaccionó a las respuestas ambiguas y demagógicas del entrevistado: «Los obreros deben entender», dijo entre otras cosas Allende, «que los productos pertenecen al pueblo y entonces también a ellos: por lo tanto, no deben hacer huelgas. Deben entender que este Gobierno es su Gobierno y entonces ellos mismos representan el Gobierno». Y todavía, siempre añadiendo más demagogia y sin que el entrevistador intentase llevarlo a discursos más concretos: «Tenemos confianza en el hombre hermano y no en el hombre explotador. Debemos forjar la humanidad del siglo XXI de modo que en ella prevalezcan la inteligencia y la cultura». Y Rossellini, rostro compungido, aceptaba. <<

[86] Algunos aspectos de la desastrosa situación agrícola chilena durante la presidencia de Allende fueron descritos en el libro La Iglesia del Silencio en Chile editado por la Sociedad Chilena de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, Santiago, 1976, y en el libro Patriot Enchained de William F. Jasper, p. 33-35 (Ed. The New American, New York, 1999), donde se incluyeron, asimismo, los resultados de una investigación del diario American Opinion conducida por Susan Huck. <<

[87] Datos provenientes de la Empresa de Comercio Agrícola y de una investigación conducida por la periodista Susan Huck de la revista American Opinion. También Miguel de Nantes en pp. 31-32 de su libro Ojo: no tropieces en la misma piedra (Ed. Impresos Universitaria, Santiago, 1999): «Chile ya no producía para autoabastecerse de los artículos más indispensables, como leche, carne, aceite, azúcar, trigo, maíz y mil otros productos. Los campos estaban abandonados y daba pena verlos, debido a que los “asentados” (así se llamaban los nuevos inquilinos del Gobierno marxista) no tenían ganas de trabajar. Las fábricas, en manos de los nuevos gestores o administradores políticos, se dedicaban a robar y a concientizar bajando la producción a niveles jamás vistos». Cfr. para otros detalles, William F. Jasper, Patriot Enchained, pp. 33-35 (Ed. The New American, New York, 1999). <<

[88] El sistema de distribución de algunos elementos de primera necesidad denominado «canasta popular» fue particularmente mal visto por las familias. No fue sino la venta de mercadería de calidad vencida, en los negocios JAP en cantidades estrictamente controladas, a precios preestablecidos y después de esperas que duraban hasta 12 horas. Muchos clientes después de esperar en vano haciendo cola desde la 6 de la mañana hasta la tarde, renunciaban y optaban por el mercado negro. <<

[89] Cfr. La Iglesia del Silencio en Chile, de la Sociedad Chilena de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, Santiago, 1976, p. 171, y La Conjura, de Mónica González (Ediciones B Chile, Santiago, 2000), p. 122. <<

[90] Cfr. La Iglesia del Silencio en Chile, de la Sociedad Chilena de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, Santiago, 1976, p. 184 y sig. En realidad la inflación tocó el 700%. Hasta en México y Brasil, países en aquellos años golpeados por grandes dificultades económicas, se registraron cifras de inflación inferiores. Como afirmó el periodista William F. Jasper, Allende consiguió el récord de inflación más alto del mundo. El fenómeno de las largas colas en los negocios casi vacíos tuvo en Chile, bajo Allende, una frecuencia equivalente a la existente en la Unión Soviética y en los países comunistas de Europa oriental. Según un estudio efectuado en los negocios de la cadena UNICOOP, sobre 3.000 productos de gran consumo 2.500 no se encontraron en el mercado. Un cuadro real de la desastrosa situación chilena en los años de la presidencia de Allende fue ofrecido por la Policy Review, publicación de la Heritage Foundation de Washington, otoño de 1985, pp. 18 y sig., artículo de Mark Falkoff. <<

[91] Cfr. Corriere della Sera del 29 de octubre de 1998, p. 8. <<

[92] Cfr. Ercilla, marzo de 1973 e II Borghese del 18 de septiembre de 1988, p. 156, y del 25 de septiembre de 1988, p. 215. Una interesante exposición de los errores de la política de Allende fue expuesta en el ensayo de Emilio Sanfuentes La Politica Económica de la Unidad Popular, en La Visión Crítica de Chile (Santiago, 1972). <<

[93] Datos suministrados por el instituto de emisión chileno. <<

[94] Cfr. Storia Illustrata de junio de 1999, pp. 60 y sig. <<

[95] La manipulación de la información y el sectarismo se extendieron y continuaron abarcando aun al extranjero. Así escribió Gianni Mina en L’Unitá del 19 de octubre de 1998, p. 2: «No solamente los mil días de Allende, sino los largos años que llevaron al triunfo electoral de Allende, fueron años de conquista civil, fueron años en los cuales el civismo avanzó en América del Sur». Así, con estas almibaradas palabras, la Enciclopedia Británica de 1997 comentó el fiasco de la gestión de Allende: «El programa de la Unidad Popular previó el eventual pasaje al socialismo, hecho a conseguirse a través de la abolición del dominio del capital extranjero en las minas y en las finanzas, a través de una extensa Reforma Agraria y mediante una distribución de la riqueza más equilibrada destinada a favorecer las clases más pobres […] Sin embargo, entre el año 1970 y 1972 la aceptación del programa de la Unidad Popular por parte de la clase media declinó, a causa de las dificultades en la economía que incluyeron complejos y no siempre homogéneos pasos de reorganización resultantes de la nacionalización de las minas de cobre de propiedad americana y de algunas industrias pesadas. La dificultad en mantener los niveles de producción fueron, del mismo modo, acrecentadas por la falta de confianza de los inversionistas extranjeros, principalmente americanos, y por la reducción de la producción agrícola a causa de la Reforma Agraria. La inflación y la paralización de la producción fueron propicias a las fuerzas que se opusieron al experimento socialista». <<

[96] Cfr. El Mercurio del 16 de abril de 1973. <<

[97] Cfr. La Nación del 3 de noviembre de 1972 y El Rebelde del 6 de noviembre de 1972. <<

[98] Sobre las polémicas que estallaron en el seno del Gobierno respecto del ingreso de los militares, cfr. La Aurora de Chile del 3 de noviembre de 1972, Punto Final del 21 de noviembre de 1972 y Ercilla del 15 de noviembre de 1972. <<

[99] Cfr. Ercilla del 15 de noviembre de 1972. <<

[100] Cfr. Robinson Rojas, Qué piensan las Fuerzas Armadas, en la revista Causa Marxista-Leninista, julio-agosto de 1971. <<

[101] Así refirió el historiador inglés Robert Moss: «Antes que Allende ascendiera a la presidencia, era raro ver oficiales de uniforme en buenos restaurantes o buenos hoteles. Cuando los militares entraron al Gobierno el hecho se hizo frecuente». Cfr. Robert Moss, Chile’s Marxist Experiment (Ed. David & Charles, Newton-Abbott, 1975), pp. 24 y 155. <<

[102] Cfr., para otros detalles de los eventos de aquellos días, la Enciclopedia Storica Zanichelli impresa en el año 1980 (p. 358). <<

[103] Carlos Prats González, Comandante en Jefe del Ejército, permaneciendo en el cargo militar fue nombrado ministro del Interior; Claudio Sepúlveda, de la Aviación, fue designado ministro de Minería, e Ismael Huerta, de la Armada, ministro de Obras Públicas. <<

[104] Cfr. Ercilla del 17 de enero de 1973. <<

[105] En una ocasión, los tres ministros militares supieron por los diarios que el Gobierno (¡del cual sin embargo formaban parte!) había decidido aumentar la lista de productos racionados. Presentaron a Allende una dura protesta verbal, pero el Presidente se limitó a tomar tiempo y a reforzar los favores personales de los cuales los tres ministros gozaban. <<

[106] Prats no gozó de la estima del país. El 27 de junio de 1973 su automóvil Ford se colocó al lado de una Renoleta que conducía Alejandrina Cox Valdivieso, quien, mirándolo, le mostró la lengua de modo burlón. Prats ordenó a su conductor seguir el auto de la mujer y, alcanzándola, disparó contra el neumático anterior izquierdo; luego apuntó la pistola a la cabeza de la mujer, gritándole: «¡Pide perdón, mierda, o te mato!». Una multitud hostil rodeó inmediatamente al general y así el episodio pudo ser explotado por el Gobierno, que, afirmando que Alejandrina Cox Valdivieso era una militante de derecha, acusó a la oposición conservadora de… ¡intento de linchamiento del general! Prats admitió haber perdido el control de sus nervios, envió sus excusas a la mujer y ofreció su propia renuncia. Sin embargo, al día siguiente, 28 de junio, Allende invitó a Prats a un almuerzo y obtuvo el retiro de la renuncia. Cfr Robert Moss, Chile’s Marxist Experiment (Ed. David & Charles, Newton-Abbott, 1975), pp. 191-192. <<

[1] Boris Yeltsin, ex jefe de gobierno ruso, citado en el libro The Politics of Bad Faith, de David Horowitz. <<

[2] A propósito de Jaime Guzmán Errázuriz, cfr. www.pinochetreal.cl/persec1/cap2.html. <<

[3] Cfr. Juan Alberto Díaz Wiechers, Chile entre el Alcázar y La Moneda, p. 29-30 (ed. Imprenta Nuevo Extremo, Santiago, 1999). <<

[4] Cfr. El Mercurio del 19 y 21 de julio de 1972 y Encounter (Londres) de agosto de 1972. <<

[5] Cfr. The New American, del 10 de abril del año 2000, artículo de James R. Whelan, en el cual se calcula que al menos un tercio de los trabajadores chilenos (autónomos o dependientes privados y públicos) participaron en huelgas. Según la discutible opinión de la Enciclopedia Storica Zanichelli de 1980 (p. 358), aquellas huelgas habrían formado parte de un plan organizado por la multinacional norteamericana ITT y por el Departamento de Estado de Washington. <<

[6] Cfr. Mónica González, La Conjura (Ediciones B Chile, Santiago, 2000), p. 136.

151 <<

[7] Cfr. Robert Moss, Chile’s Marxist Experiment (ed. David & Charles, Newton—Abbott 1975), p. 198. <<

[8] Cfr. Il Giornale del 27 de agosto de 1999, p. 39. <<

[9] Cfr. La Prensa del 16 de octubre de 1972. <<

[10] Los cordones más importantes fueron Cerrillos y Vicuña Mackenna. Cfr. Manuel Contreras Sepúlveda, La verdad histórica (ed. Encina, Santiago, 2000), p. 64. Cfr., asimismo, Storia Illustrata de junio de 1999, p. 60 y sig. <<

[11] Los invitó, por otra parte, para la diversión de muchos, a «no beber, siguiendo el ejemplo de los compañeros cubanos, más de una botella de cerveza al día» y a evitar, en el tiempo libre, «hacer muchos hijos». <<

[12] Cfr. The Wall Street Journal del 20 de octubre de 1998, p. 8. <<

[13] Cfr. Tarea Urgente del 16 de febrero de 1973. <<

[14] Cfr. El Rebelde del 27 de febrero de 1973. Cfr., asimismo, Il Borghese del 25 de septiembre de 1988, p. 216, y el libro Conversations with Allende, de Régis Debray. <<

[15] El Movimiento Popular Revolucionario (MPR) fue una derivación del MIR y reagrupó desocupados, mendigos y sin casa. Creado en 1970 y luego dirigido por el mirista Víctor Toro (ex minero expulsado del Partido Socialista por su intolerancia), el MPR fue la punta avanzada del MIR. Cfr. Punto Final del 27 de octubre de 1970. A propósito de la arenga que Allende dio a las formaciones subversivas y terroristas, cabe decir que todos los extremistas de izquierda que entre 1967 y 1973 fueron arrestados por delitos graves, fueron puestos en libertad por orden de Allende. En sus memorias, el ex director de la DINA Manuel Contreras Sepúlveda enumeró en cinco páginas muchos de aquellos casos. Cfr. Manuel Contreras Sepúlveda, La verdad histórica (ed. Encina, Santiago, 2000), p. 122-126. <<

[16] Frase extraída del discurso fúnebre pronunciado por Bautista van Schouwen, con ocasión de la muerte del terrorista brasileño Carlos Lamarca. Cfr. Punto Final del 8 de junio de 1971, del 12 de octubre de 1971 y del 9 de noviembre de 1971. <<

[17] Cfr. El Mercurio del 15 de diciembre de 1970 y 20 de agosto de 2000 y Punto Final del 25 de agosto de 2000, Alfonso Márquez de la Plata, Una Persecución Vergonzosa, p. 105-106. Asimismo, Julio César Jobet, El Partido Socialista de Chile (en Prensa Latino Americana, Santiago, 1971, vol. 1, p. 130) e Il Borghese del 25 de septiembre de 1988, p. 220. <<

[18] Cfr. William F. Jasper, Patriot Enchained, p. 29 (ed. The New American, New York, 1999). <<

[19] Cfr. Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez, Pinochet y la restauración del consenso nacional, p. 131-132 (ed. Geniart, Santiago, 1998). <<

[20] Cfr. Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez, Pinochet y la restauración del consenso nacional, p. 347 (ed. Geniart, Santiago, 1998). El asesinato de Lacram—pette fue obra del terrorista mexicano José Albino Soza Gil, llegado a Chile en calidad de turista, que se sirvió de la ayuda de dos cubanos y de un uruguayo. Cfr. Manuel Contreras Sepúlveda, La verdad histórica (ed. Encina, Santiago, 2000), p. 28. <<

[21] Cfr. El Mercurio del 8 de junio de 1971, del 24 de abril de 1971, del 4 de mayo de 1971, del 11 de junio de 1971 y del 16 de junio de 1971. Cfr., asimismo, William F. Jasper, Patriot Enchained, p. 30 (ed. The New American, New York) y Hermógenes Pérez de Arce, Indebido Proceso, p. 105-107 (ed. El Roble, Santiago, 1999). El ex Presidente Frei no escondió el propio escepticismo sobre las «investigaciones» ordenadas por Allende en el uso de armas automáticas. El 11 de abril de 1972 regresó de Cuba Coco Paredes, con 13 bultos de contenido misterioso, siendo detenido en la frontera. Por orden del Gobierno no se lo molestó mientras se dijo que los bultos contenían objetos de arte y cigarros. Después del golpe militar se aseguró, en cambio, que contuvieron fusiles automáticos. La protección al asesino de Pérez Zujovic (y pocos días después del asesino del carabinero Tomás Gutiérrez) suscitó la intervención del senador democratacristiano Osvaldo Olguín, que acusó a Allende de haber protegido siempre a Paredes y a otros terroristas de extrema izquierda que, en efecto, habitualmente definió como jóvenes idealistas. Cabe señalar que Paredes murió en la mañana del golpe militar de 1973, en el interior del Palacio de La Moneda, en circunstancias nunca esclarecidas. Fue, de todos modos, contado entre las «víctimas de Pinochet». <<

[22] La muerte de Pérez Zujovic suscitó fuertes reacciones en la extrema derecha chilena que decidió, a través del movimiento Patria y Libertad, organizarse para pasar a la ofensiva armada. Contactos inmediatos fueron tomados por la CIA para los necesarios financiamientos. Cfr. Mónica González, La Conjura (Ediciones B Chile, Santiago, 2000), p. 114-115 y 117. <<

[23] Cfr. Manuel Contreras Sepúlveda, La verdad histórica (ed. Encina, Santiago), p. 85-113 y 130-131. Aquel elenco fue en buena parte reportado en el apéndice 1 de este libro. <<

[24] Cfr. El Rebelde del 27 de febrero de 1973 y Qué Pasa del 12 de abril de 1973. Cfr. Robert Moss, Chile’s Marxist Experiment (ed. David & Charles, Newton—Abbott 1975), p. 100 y sig. <<

[25] El llevar al país al caos para poder luego ordenarlo mediante una acción de fuerza, fue un modelo concebido no sólo por el MIR sino también por el ala izquierda del Partido Socialista, conducido por Carlos Altamirano. Cabe notar que aquella obra de subversión fue apoyada no sólo por la prensa marxista sino también por la Iglesia «comprometida». Robert Moss Chile’s Marxist Experiment (ed. David & Charles, Newton-Abbott 1975), p. 18-19. <<

[26] Un fenómeno muy frecuente, y que generó conflictos armados, fue el traslado clandestino, por parte de los mapuches, de las alambradas que fijaban los deslindes de las propiedades. Cfr. Patricio Saavedra, La Cuestión Mapuche (Santiago, 1971) y La Prensa del 28 de febrero de 1972. <<

[27] Cfr. El Rebelde del 19 de febrero de 1973. Cfr., asimismo, La Iglesia del Silencio en Chile, a cargo de la Sociedad Chilena de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, Santiago, 1976, p. 457. Y cfr., finalmente, Storia Illustrata de junio de 1999, p. 60 y sig., artículo de Ugo Bertone. <<

[28] Cfr. William F. Jasper, Patriot Enchained, p. 30 (ed. The New American, New York, 1999). <<

[29] Cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002), p. 200-201. <<

[30] Un episodio de las divergencias entre comunistas, socialistas y miristas ocurrió con ocasión de la muerte en 1971 de Luciano Cruz. Hombre que supo demasiadas cosas sobre el asesino de Schneider, Cruz fue encontrado envenenado en su lecho por el gas. Y al día siguiente su amante, a la cual probablemente hizo confidencias, fue encontrada muerta en idénticas circunstancias. Con ocasión del funeral, en la ciudad de Concepción, miristas y socialistas quisieron honrar a Cruz con una solemne ceremonia. Pero los comunistas se opusieron y estuvieron toda la noche con el féretro de Cruz abandonado en un furgón. Se desató una pública y vergonzosa riña que concluyó con la victoria de los comunistas. Cfr. El Rebelde del 27 de febrero de 1973 y el libro Chile’s Marxist Experiment, de Robert Moss (ed. David & Charles, Newton-Abbott, 1975). <<

[31] Cfr. El Siglo del 21 de julio de 1972. No estaba claro si aquellos conspiradores intentaban realmente derribar a Allende para pasar a un régimen todavía más de izquierda o si, en secreto acuerdo con Allende, fingieron un ataque al Presidente para que éste fuera imputado a la derecha conservadora como pretexto para una represión. Es cierto que los terroristas del Comando 16 de Julio fueron autores, en Santiago, de reiteradas agresiones, asesinatos y robos. <<

[32] Cfr. Luis Corvalán Relación al Pleno del Comité Central del Partido Comunista chileno, 1977. Cfr., otro tanto, la revista Chile-América, septiembre-octubre de 1977, impresa en Roma, y los libros Pinochet, balance de una misión, de Gustavo Cuevas, p. 5 (ed. Arquén, Santiago, 1998) e Indebido Proceso de Hermógenes Pérez de Arce, p. 26 (ed. El Roble, Santiago, 1999). <<

[33] Cfr. Renán Fuentealba, Análisis de la Situación Política del País, en la revista Política y Espíritu de septiembre de 1971. <<

[34] Ercilla del 26 de octubre de 1973. Cfr., asimismo, La Iglesia del Silencio en Chile, de la Sociedad Chilena de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, Santiago, 1976, p. 457-461. <<

[35] Cfr. El Mercurio del 15 de diciembre de 1970 y 20 de agosto de 2000 y Punto Final del 25 de agosto de 2000, ambos citados en www.pinochetreal.cl. También Julio César Jobet, El Partido Socialista de Chile, en Prensa Latino Americana, Santiago, 1971, vol. 1, p. 130. Il Borghese del 25 de septiembre de 1988, p. 220. <<

[36] Cfr. Robert Moss, Chile’s Marxist Experiment (ed. David & Charles, Newton-Abbott, 1975), p. 20. Cfr., asimismo, La Iglesia del Silencio en Chile, de la Sociedad Chilena de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, Santiago, 1976, p. 457. Cfr., otro tanto, Manuel Contreras Sepúlveda, La verdad histórica (ed. Encina, Santiago, 2000), p. 65-66. Y cfr., finalmente, Mónica González, La Conjura (Ediciones B Chile, Santiago, 2000), p. 34. Estos son, en el relato de Max Marambio, los orígenes del GAP: «En la campaña presidencial del 70, Salvador Allende le pidió al MIR que suspendiera las acciones directas como una manera de neutralizar el movimiento. Lo discutimos y decidimos darle una oportunidad al “reformismo”, para demostrar que iba al fracaso. Allende nos dijo que si ganaba quería que nos hiciéramos cargo de su seguridad y el MIR consideró que yo era el más dotado para esa tarea. Así nació el GAP». La existencia de aquel cuerpo de guardia, que el periodista norteamericano James R. Whelan definió en su libro de 1981 como «mezcla de guardias, gángster y malhechores que sembraron el terror con sus metralletas y sus Fiat 125 color azul», contrastó con las disposiciones de leyes que no permitían la existencia de fuerzas armadas extrañas a las oficiales. Cfr. William F. Jasper, Patriot Enchained, p. 31-32 (ed. The New American, New York, 1999), donde se retoma entre otros, todo lo escrito por James R. Whelan en su libro Allende, death of a marxist dream. Según Manuel Contreras Sepúlveda, quien después del golpe militar tuvo el comando de la DINA, el modo violento y arrogante de los miembros del GAP era debido a su bajo nivel cultural. Completamente diversa es la descripción que Patricia Verdugo, en p. 37 de su libro Interferencia Secreta (ed. Sudamericana), traducido al italiano y publicado con el título Golpe in diretta (ed. Unicopli, Milán, 1999), hizo del GAP: «Guardia personal del Primer Mandatario, un conjunto de hombres leales a toda prueba […], equipo ideológico de guardaespaldas, ya que todos militaban en partidos de izquierda»: un grupo de amigos personales, como lo definió públicamente el mismo Allende. <<

[37] Cfr. Manuel Contreras Sepúlveda, La verdad histórica (ed. Encina, Santiago, 2000), p. 64-65. <<

[38] Viaux dirigió al Presidente una protesta por el tratamiento económico a las Fuerzas Armadas. La respuesta fue la remoción del cargo. La revuelta de todos modos fue breve a causa del insuficiente armamento de sus iniciadores y a causa de la falta de colaboración de la Fuerza Aérea. Otro fallido intento, del cual se hablará en el próximo capítulo, fue el del coronel Roberto Souper. Cfr., entre otros, Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez, Pinochet y la restauración del consenso nacional, p. 158 (ed. Geniart, Santiago, 1998) Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía, p. 111-120 (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002); Mónica González, La Conjura (Ediciones B Chile, Santiago, 2000), p. 20-22; y Storia Illustrata de junio 1999, p. 60 y sig., artículo de Ugo Bertone. <<

[39] De Schneider y de su muerte se ocupó Gonzalo Vial Correa en su libro Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002). <<

[40] Así, Mónica González refirió el asesinato de Schneider: «A las 8:15 horas de la mañana del 22 de octubre el general René Schneider, abandonó su casa y con paso rápido se subió a su automóvil oficial, un Mercedes Benz azul. En la intersección de Américo Vespucio con Martín de Zamora fue encajonado y luego embestido por otro vehículo. En pocos segundos cinco individuos rodearon su auto. Uno de ellos rompió una de las ventanillas e hizo fuego sobre el jefe del Ejército». Schneider murió, después de una larga agonía, a las 7 de la mañana del 25 de octubre. Chile no había tenido un asesinato político desde 1833, cuando fue asesinado el ministro Diego Portales, fundador de la denominada «República autocrática» (cfr. capítulo I de este libro). Cfr. Mónica González, La Conjura (Ediciones B Chile, Santiago, 2000), p. 21, 83 y 98, y cfr., asimismo, El Mostrador del 19 de septiembre de 2000. De Carlos Prats y de su «doctrina» se ocupó Gonzalo Vial Correa en su libro Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002), capítulos III, IV, V y VI. <<

[41] Cfr. Manuel Contreras Sepúlveda, La verdad histórica (ed. Encina, Santiago, 2000), p. 119. <<

[42] A propósito de Cruz y su muerte, ha sido señalado en páginas precedentes. Sobre Cruz, personaje que Fidel Castro tuvo en gran consideración, el diario cubano Bohemia publicó el 18 de diciembre de 1970, en La Habana, un exagerado elogio. En el discurso fúnebre que le dedicó el mirista Miguel Enríquez, Cruz fue recordado como «un héroe que en los días de la lucha armada no dudó en arriesgar la propia vida: disfrazado de bombero, de militar o de obrero, participó en los asaltos a los bancos mediante lo cual quitó a los que fueron explotadores de los obreros el dinero que prometió usar en beneficio de los trabajadores». Cfr. Punto Final del 31 de agosto de 1971. A propósito de la hipótesis avanzada de la periodista Mónica González, cfr. p. 89 del libro La Conjura escrito por la misma (Ediciones B Chile, Santiago, 2000). <<

[43] Cfr. El Mostrador del 19 de septiembre de 2000 y cfr. capítulo IX de este libro. La CIA tuvo, asimismo, contactos con otros militares que organizaban un golpe de Estado bajo la guía del general Camilo Valenzuela. También Valenzuela sostuvo que era indispensable, antes de proceder, secuestrar al demasiado constitucionalista Schneider. <<

[44] Aquella visita y el discurso oficial que Fidel Castro pronunció en el Estadio Nacional de Santiago fueron motivo de indignación en Chile. Cuando se dio cuenta de que las escalinatas del estadio estaban menos llenas de lo previsto, Castro hizo un público reproche a Allende, subrayando que en Cuba bastaba una orden para que las plazas se llenasen de personas felices de escucharlo cuatro horas (la duración de los discursos de Castro es legendaria), cfr. Miguel de Nantes, Ojo: no tropieces en la misma piedra, p. 21 (ed. Impresos Universitaria, Santiago, 1999). El general Sergio Arellano Stark escribió en su agenda en esos días: «La visita de Castro se anunció por poco más de una semana, pero estuvo 25 días. Recorrió todo el país. Nunca se vio una intervención más abierta y descarada en los asuntos internos como la que hizo el aventurero del Caribe en Chile. Recorrió campos, ciudades, industrias, cuarteles y cada rincón del país donde hubiera un grupo de personas dispuestas a soportar su incansable verborrea». Mientras Castro ofrecía su última recepción en Santiago, el 1 de diciembre de 1971, «Miles de mujeres de oposición […] marcharon por la principal avenida de la capital haciendo sonar cacerolas como símbolo del descontento. La multitudinaria manifestación culminó en una gran batalla callejera con grupos de choque de los partidos de izquierda». Cfr. Mónica González, La Conjura (Ediciones B Chile, Santiago, 2000), p. 121-122. <<

[45] Cfr. Eduardo Labarca Goddard, Chile al Rojo (Santiago, 1971), El Mercurio del 7 de mayo de 1970, Qué Pasa del 28 de septiembre de 1972 y la revista PEC del 20 de octubre de 1972. <<

[46] Célebre, al respecto, fue un discurso público que Ampuero pronunció en Concepción en agosto de 1971. <<

[47] Cfr. El Mercurio del 1, 2, 3 y 5 de marzo de 1972 y Diario La Estrella de Valparaíso 2 de marzo 1972. <<

[48] Cfr. Robert Moss, Chile’s Marxist Experiment (ed. David & Charles, Newton-Abbott, 1975), p. 172. Cfr., otro tanto, Qué Pasa del 11 de enero de 1973, El Mercurio del 15 de enero de 1973, 18 de enero de 1973 y 26 de febrero de 1973, Ercilla del 17 de enero de 1973 y El Siglo del 27 de febrero de 1973. <<

[49] Cfr. La Iglesia del Silencio en Chile, de la Sociedad Chilena de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, Santiago, 1976, p. 458. En aquellos años Fidel Castro fue el principal abastecedor de material humano que el Kremlin tenía. Militares y «voluntarios» cubanos estuvieron presentes en casi todos los países africanos, sea para preparar insurrecciones o para defender el poder después de haberlo conquistado. Particularmente sólida fue la presencia cubana en Etiopía y en Angola, donde los hombres de Castro se destacaron también por hurtos, robos y daño a la población. <<

[50] Cfr. La Iglesia del Silencio en Chile, de la Sociedad Chilena de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, Santiago, 1976, p. 458. <<

[51] Cfr. La Iglesia del Silencio en Chile, a cargo de la Sociedad Chilena de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, Santiago, 1976, p. 460. <<

[52] Y cfr. La Iglesia del Silencio en Chile, a cargo de la Sociedad Chilena de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, Santiago, 1976, p. 460-461, William F. Jasper, Patriot Enchained, p. 36-37 (ed. The New American, New York, 1999) también Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez, Pinochet y la restauración del consenso nacional, p. 183 (ed. Geniart, Santiago, 1998). La denominación Plan Z fue elegida porque así se llamó el plan construido por Lenin en 1917 para deponer al Zar: y, en efecto, la letra Z representó la palabra Zar. El texto original del Plan Z fue depositado en la Organización de los Estados Americanos, Comisión especial para la seguridad, y fue reproducido en el Libro blanco del cambio de gobierno en Chile, 11 de Septiembre de 1973 (ed. Cochrane, Santiago, 1973). <<

[53] Cfr. William F. Jasper, Patriot Enchained, p. 36 (ed. The New American, New York, 1999). <<

[54] Cfr. El Mostrador del 19 de septiembre de 2000 y cfr., asimismo, capítulo IX de este libro. <<

[55] Cfr. Manuel Contreras Sepúlveda, La verdad histórica (ed. Encina, Santiago, 2000), p. 37 y 74. <<

[56] Como refirió William F. Jasper en p. 28 de su Patriot Enchained (ed. The New American, New York, 1999), «Allende, cuyos centros de poder estuvieron llenos de agentes soviéticos y cubanos, logró inicialmente transformar a Chile en una dictadura marxista, sirviéndose de un ejército de 14 mil personas provenientes aun del extranjero. Documentos sacados a la luz después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 demostraron que el autogolpe de Allende, si no hubiera sido bloqueado por la intervención militar, hubiese sido realizado con gran derramamiento de sangre en la mañana del 19 de septiembre de 1973 en las principales ciudades del país». <<

[57] Por los episodios citados, cfr. la revista PEC del 6 de julio de 1973 y el diario El Mercurio del 6-12 de agosto de 1973 y del 23 de agosto de 1973, asimismo, Qué Pasa del 30 de agosto de 1973. <<

[58] Cfr. El Mercurio del 13, 19 y 21 de julio de 1972 <<

[59] Cfr. El Mercurio del 13, 19 y 21 de julio de 1972. <<

[1] Palabras dirigidas a Jaime I por Guy Fawkes, el conspirador apenas arrestado el 5 de noviembre de 1605. Fawkes, valiente soldado inglés, nacido en 1570 en la ciudad de York, participó en un complot para asesinar al soberano y así poner fin a la persecución en contra de los católicos. Descubierto el 4 de noviembre de 1605 mientras ordenaba bajo la sala del trono más de 20 barriles de polvo para disparar, fue arrestado, torturado largamente con fuego y condenado a muerte. La ejecución tuvo lugar a fines de enero de 1606. Cada año, el 5 de noviembre, los niños de Londres celebraban el Guy Fawkes Day quemando imágenes del conspirador unido a pequeños fuegos de artificio. Cfr. Daniel B. Baker, Political Quotations (ed. Gale Research, Detroit, 1990), p. 192. Cfr., asimismo, Enciclopedia Británica de 1997, vol. 4 Micropaedia, p. 705. <<

[2] Una idea de lo sucedido en aquellos años en otras naciones sudamericanas extraída del libro de Mónica González, La Conjura (Ediciones B Chile, Santiago, 2000): en 1964 las Fuerzas Armadas brasileñas derribaron el gobierno de Joao Goulart, en 1966 las Fuerzas Armadas argentinas sustituyeron al presidente Arturo Illia por el general Juan Carlos Onganía, en 1968 en Perú el presidente Fernando Belaúnde Terry fue depuesto por el general Juan Velasco Alvarado y en Bolivia un golpe de Estado llevó al gobierno al general Alfredo Ovando Candia. <<

[3] Cfr. Miguel de Nantes, Ojo: no tropieces en la misma piedra, p. 35-37 (ed. Impresos Universitaria, Santiago, 1999). Las partes más destacadas de la carta se encuentran en el apéndice 4 de este libro. <<

[4] Cfr. El Mercurio del 3 de octubre de 1988, citado por Miguel de Nantes en su libro Ojo: no tropieces en la misma piedra, p. 37 (Impresos Universitaria, Santiago, 1999). <<

[5] Los datos sobre la inflación formaron parte de una relación escrita por Patrick J. Ryan por cuenta del American Chilean Council y confirmada por William F. Jasper en las p. 34-35 de su libro Patriot Enchained (ed. The New American, New York, 1999). <<

[6] Cfr. William F. Jasper, Patriot Enchained, p. 28 (ed. The New American, New York, 1999). <<

[7] Cfr. Raquel Correa y Elizabeth Subercaseaux, Ego sum Pinochet, p. 60-61 y 70 (ed. Zig-Zag, Santiago, 1989). La alusión al general cubano Patricio de la Guardia podría llevar a los tráficos de droga y de moneda, que tuvieron como jefe a Fidel Castro y a su hermano Raúl y de los cuales muchas pruebas fueron destruidas mediante el fusilamiento, en Cuba, de cómplices o personas informantes. Entre los más conocidos, el fusilamiento del general Ochoa y el del general Antonio de la Guardia, hermano de Patricio. Cfr., al respecto, Libero del 20 de marzo de 2001, crítica de un libro de Ileana de la Guardia, hija de Antonio de la Guardia. <<

[8] El violento discurso pronunciado por Fidel Castro durante su visita a Santiago, en noviembre de 1971, contribuyó mucho a unir entre sí a los partidos antimarxistas y a impulsarlos a una coalición en contra de Allende, dejando de lado sus divergencias. A propósito de la casi unánime participación de los militares en el golpe de Estado, Cfr. Mónica González, La Conjura (Ediciones B Chile, Santiago, 2000), p. 179. <<

[9] Cfr. Mensaje del Presidente Salvador Allende al Congreso, publicado en la revista Punto Final del 8 de junio de 1971. <<

[10] Cfr. El Mercurio del 7 de abril de 1972. <<

[11] Cfr. Eduardo Labarca, Corvalán 27 Horas (Santiago, 1972), p. 104-6 y 110-12. Las intenciones de Corvalán fueron coherentes con su línea política: justamente él, en 1968, aprobó la invasión soviética a Checoslovaquia, afirmando, en el diario El Siglo, que «las naciones comunistas tienen el deber de intervenir para asistir a las otras naciones comunistas que se encuentren bajo la amenaza de las fuerzas reaccionarias». <<

[12] Entrevista publicada en Madrid por ABC con fecha 11 de octubre de 1973, retomada en Santiago por El Mercurio el día siguiente y luego citada por Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez en p. 227 de su libro Pinochet y la restauración del consenso nacional (ed. Geniart, Santiago, 1998). <<

[13] Cfr. NC News Service, Washington y Bonn, 24 de septiembre de 1973. Y cfr. También La Prensa del 19 de octubre de 1973 e Indebido Proceso, de Hermógenes Pérez de Arce, p. 28 y 29 (ed. El Roble, Santiago, 1999). <<

[14] Cfr. Manuel Contreras Sepúlveda, La verdad histórica (ed. Encina, Santiago), p. 21-22. Ninguno más que Manuel Contreras Sepúlveda, que en su cargo de jefe de la DINA dispuso de todas las informaciones reservadas, pudo ser creíble. <<

[15] Expedientes de la Cámara de Diputados de Chile relativos a los años 197273, p. 143 y 149, editados por la Editorial Jurídica de Chile, cfr., asimismo, Hermógenes Pérez de Arce, Indebido Proceso, p. 13-14 (ed. El Roble, Santiago, 1999), La Iglesia del Silencio en Chile, de la Sociedad Chilena de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, Santiago, 1976, p. 219, y Mónica González, La Conjura (Ediciones B Chile, Santiago, 2000), p. 248 y sig. El texto completo del documento de la Cámara de Diputados ha sido incluido en el apéndice 3 de este libro. <<

[16] Cfr. Documentos del Episcopado de Chile, 1970-73, p. 171-173. <<

[17] Cfr. El Siglo del 18, 22 y 26 de julio de 1973, Puro Chile del 17 de julio de 1973, El Mercurio del 21 de julio de 1973 y los libros La Iglesia del Silencio en Chile, de la Sociedad Chilena de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, Santiago 1976, p. 210-211, y Ojo: no tropieces en la misma piedra, de Miguel de Nantes, p. 31 (ed. Impresos Universitaria, Santiago, 1999). <<

[18] Cfr. La Iglesia del Silencio en Chile, de la Sociedad Chilena de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, Santiago, 1976, p. 218-219. Y Cfr. El Mercurio del 5 de noviembre de 1972, 21 de agosto de 1973 y 23 de agosto de 1973, Qué Pasa del 23 de agosto de 1973 y The Wall Street Journal del 23 de marzo de 1999, p. 12, artículo de Robin Harris, autor del famoso A tale of two dictators, Pinochet y Allende, publicado en Londres en 1999. Al respecto, así se refirió el escritor inglés Robert Moss: «Tanto en el Parlamento como en la Corte Suprema afirmaron, poco antes del golpe, que el Gobierno de Allende violó repetidamente las normas de la Constitución. El Parlamento declaró sin rodeos que el Gobierno no se limitó a ocasionales violaciones de la ley y de la Constitución, porque de ese comportamiento hizo una ley. Todo eso significó que el golpe no pudo ser juzgado como un acto anticonstitucional, puesto que fue el propio Gobierno el que se puso fuera de la Constitución». Cabe observar al respecto que la Constitución chilena exige una mayoría de dos tercios para el formal impeachment del Presidente, pero acorde con el artículo 43 de la Constitución, la simple mayoría es suficiente para removerlo por considerarlo «inadecuado para el ejercicio del cargo». Cfr. Robert Moss Chile’s Marxist Experiment (ed. David & Charles, Newton-Abbott, 1975), p. 5 y 197. Cfr., para confirmar, William F. Jasper, Patriot Enchained, p. 28 y 35 (ed. The New American, New York, 1999). Los expedientes de la Corte Suprema fueron incluidos en el volumen Antecedentes Histórico-Jurídicos editado por la Editorial Jurídica de Chile, Santiago. <<

[19] Cfr. William F. Jasper, Patriot Enchained, p. 31 (ed. The New American, New York, 1999). <<

[20] En las elecciones del 4 de marzo de 1973, efectuadas mientras Allende presidía un régimen ya vacilante, la izquierda obtuvo solamente el 43% de los votos en tanto la oposición, no obstante las limitaciones y los controles a los que estuvo sometida, obtuvo el 57%. Sin embargo, a causa del particular mecanismo electoral mayoritario, el Gobierno aumentó sus propios asientos (de 72 a 82) y la oposición disminuyó, conservando la mayoría. Para Allende, que probablemente se esperaba lo peor, fue de todos modos un éxito. No obstante la impopularidad que lo circundaba, el régimen logró contener la derrota, gracias a tres años de gestión demagógica de los salarios, de las asignaciones privilegiadas de los puestos de trabajo, de la emisión de papel moneda que dio la ilusión de bienestar, de distribuciones políticas de subsidios y alojamientos, y principalmente, gracias a la intimidación y a la agresión a las cuales fueron sometidos los disidentes. Las mujeres, sin embargo, no se dejaron intimidar ni engañar: víctimas directas de la penuria de la canasta familiar y cansadas de las eternas colas en los negocios, votaron en bloque contra el Gobierno. Cfr. El Mercurio del 17 de julio de 1973. <<

[21] Cfr. Raquel Correa y Elizabeth Subercaseaux, Ego sum Pinochet, p. 108 (ed. Zig-Zag, Santiago, 1989). <<

[22] Cfr. Juan Alberto Díaz Wiechers, Chile entre el Alcázar y La Moneda, p. 32-33 y 41 (ed. Imprenta Nuevo Extremo, Santiago, 1999). <<

[23] Cfr. Juan Alberto Díaz Wiechers, Chile entre el Alcázar y La Moneda, p. 80-81 (ed. Imprenta Nuevo Extremo, Santiago, 1999). <<

[24] Cfr. Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez, Pinochet y la restauración del consenso nacional, p. 37 (ed. Geniart, Santiago, 1998). <<

[25] Cfr. La Tribuna del 25 de septiembre de 1973. Cfr., otro tanto, Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez, Pinochet y la restauración del consenso nacional, p. 177 (ed. Geniart, Santiago, 1998), donde se hizo referencia a la carta de Castro que se encuentra depositada en los archivos de la Organización de los Estados Americanos, Comisión especial para la seguridad. El texto original de la carta está reproducido en el apéndice 2 de este libro. <<

[26] Cfr. Il Giornale del 13 de septiembre de 1998, p. 23. <<

[27] Cfr. William F. Jasper, Patriot Enchained, p. 40 (ed. The New American, New York, 1999) y Manuel Contreras Sepúlveda, La verdad histórica II: ¿Desaparecidos? (ed. Encina, Santiago, 2001), ampliamente citado en el apéndice del presente libro. <<

[28] Cfr. Corriere della Sera del 29 de octubre de 1998, p. 8, artículo de Sergio Romano. Y cfr. el llamado Informe Hinchey, entregado por la CIA al Senado americano con fecha 10 de septiembre de 1973, o sea, un día antes del golpe, y comentado por El Mostrador el 19 de septiembre de 2000. <<

[29] Nacido en Valparaíso el 25 de noviembre de 1915, Augusto Pinochet Ugarte (católico tradicionalista) se graduó en 1936 en la Escuela Militar de Santiago, de la cual egresó con el grado de subteniente. Su desprecio por el marxismo se inició en 1946 (era entonces un joven capitán) cuando el radical Gabriel González Videla fue electo Presidente gracias a los votos comunistas. Pinochet, en una entrevista luego incluida en el libro El día decisivo, publicado por la Editorial Renacimiento, se refirió al primer período del Gobierno de Gabriel González Videla cuando estaba aliado con los comunistas. En un resumen de su relato se puede destacar que en esos días le escuchó a la gente manifestar su preocupación por las decisiones que los comunistas imponían al Presidente. Y esas preocupaciones se demostraron fundadas. Enseguida comenzó la carencia de elementos de primera necesidad (especialmente pan, harina, carne, pescado, leche y azúcar) y los racionamientos. Cada mañana al alba iniciaban las colas en los negocios y mucha gente esperaba en el lugar antes de amanecer. El hecho que más le molestó fue ver el lujo del cual, en cambio, se rodeaban los jefes comunistas y socialistas. En 1947, cuando la violencia comenzó a propagarse, el Presidente les confió a los militares el deber de restablecer el orden y de arrestar a los extremistas comunistas que, en efecto, en 1948 fueron puestos oficialmente fuera de la ley. Cuando arrestaron al dirigente comunista y ex intendente de Tarapacá Ángel Veas, les sorprendió la cantidad de artículos alimentarios y de otros bienes que el mismo custodiaba en su depósito. Lo mismo se descubrió en 1973, después de la derrota de Allende, en los almacenes administrados por funcionarios de Unidad Popular. En 1953 Pinochet, con el grado de mayor, fue nombrado profesor en la Academia de Guerra y al mismo tiempo inició estudios de leyes en la Universidad de Chile. En 1960, promovido a teniente coronel, tuvo el mando de un regimiento de infantería. En 1963, como coronel, retornó a la Academia de Guerra como subdirector. En 1968 fue promovido a brigadier general y nombrado jefe de Estado Mayor de la II división de Ejército. Pocos meses después, promovido a mayor general, tuvo el comando de la VI división de Ejército, cargo que tenía todavía en 1970 cuando Allende subió al poder. En enero de 1972 Pinochet, por designación del Comandante en Jefe Carlos Prats, tomó el cargo de jefe de Estado Mayor del Ejército. De este modo el mismo Pinochet relató su propia promoción a Comandante en Jefe del Ejército, decidida por Allende en 1973: «Siendo yo un declarado anticomunista, esperaba la destitución del cargo. Pero Allende me tomó por el general Manuel Pinochet, al cual no me une ningún lazo familiar. Fue un error que cometió en otras oportunidades. Y naturalmente yo permanecí con la boca cerrada». Cfr. William F. Jasper, Patriot Enchained, p. 33-34 y 39-40 (ed. The New American, New York, 1999). <<

[30] Cfr. Patricia Verdugo, Interferencia Secreta, p. (ed. Unicopli, Milán, 1999). <<

[31] Cfr. Patricia Verdugo, Interferencia Secreta o Golpe in diretta, p. (ed. Unicopli, Milán, 1999). Insistentemente la autora se adelanta en impenetrables exploraciones del ánimo de los protagonistas, hasta imaginar los más recónditos pensamientos: «En el faldeo precordillerano», escribió por ejemplo en la p. 40, «a unos mil metros de altura, ¿habrá volteado la cabeza el general Pinochet para mirar hacia el centro de Santiago? ¿Se preguntó en qué estaría el Presidente en esos momentos?». <<

[32] Cfr. Manuel Contreras Sepúlveda, La verdad histórica II: ¿Desaparecidos?, p. 280 (ed. Encina, Santiago, 2001). <<

[33] Cfr. Mónica González, La Conjura (Ediciones B Chile, Santiago, 2000), p. 124, 129 y 143-144. <<

[34] Cfr. Mónica González, La Conjura (Ediciones B Chile, Santiago, 2000), p. 140. <<

[35] Cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002). <<

[36] Cfr. Mónica González, La Conjura (Ediciones B Chile, Santiago, 2000), p. 161. <<

[37] Cfr. Robert Moss, Chile’s Marxist Experiment (ed. David & Charles, Newton—Abbott, 1975), p. 192-193; Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía, p. 176 y sig. 195 y sig. (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002); y Mónica González, La Conjura (Ediciones B Chile, Santiago, 2000), p. 173-174, 195 y 200. En las consecutivas dimisiones que caracterizaron aquellos meses, también el general Guillermo Pickering renunció el 5 de julio de 1973. Retiró, sin embargo, su dimisión a pedido del general Carlos Prats, su superior directo. Renuncia nuevamente Pickering en la noche del 7 de julio y nuevamente, siempre a pedido de Prats, retiró la renuncia. <<

[38] Cfr. Manuel Contreras Sepúlveda, La verdad histórica (ed. Encina, Santiago), pág. 119-120. <<

[39] Cfr. Mónica González, La Conjura (Ediciones B Chile, Santiago, 2000), p. 190-194. <<

[40] El rechazo de Allende para invalidar aquellos grupos armados ilegalmente, confirma que el mismo Allende se confió plenamente de esos terroristas, quizás equivocadamente. <<

[41] Cfr. Carlos Prats Memorias (Ediciones Pehuén) p. 435. <<

[42] Cfr. Mónica González, La Conjura (Ediciones B Chile, Santiago, 2000), p. 231232. <<

[43] Cfr. Carlos Prats, Memorias (Ediciones Pehuén), p. 441. <<

[44] Cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía, p. 199 (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002). <<

[45] Cfr. Mónica González, La Conjura (Ediciones B Chile, Santiago, 2000), p. 209217. <<

[46] Cfr. Mónica González, La Conjura (Ediciones B Chile, Santiago, 2000) p. 219221. <<

[47] Cfr. Mónica González, La Conjura (Ediciones B Chile, Santiago, 2000), p. 228. <<

[48] Cfr. Mónica González, La Conjura (Ediciones B Chile, Santiago, 2000), p. 234235. <<

[49] Cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002), p. 200-201. Mientras la situación para él se precipitaba, Allende intentó desesperadamente permanecer a flote, para lo cual ofreció cargos de ministros a los generales Rolando González y José María Sepúlveda y al almirante Daniel Arellano. <<

[50] Cfr. Mónica González, La Conjura (Ediciones B Chile, Santiago, 2000), p. 269279. <<

[51] Cfr. Mónica González, La Conjura (Ediciones B Chile, Santiago, 2000), p. 291295. <<

[52] Cfr. Mónica González, La Conjura (Ediciones B Chile, Santiago, 2000), p. 298-299. <<

[53] Cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002), p. 205-206. <<

[54] El ritmo de fuego de cada avión consintió una disponibilidad de 5.600 tiros por minuto. <<

[55] Cfr. Mónica González, La Conjura (Ediciones B Chile, Santiago, 2000), p. 303316. <<

[56] Cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002), p. 209. <<

[57] Cfr. Corriere della Sera del 18 de octubre de 1998, p. 9, y Mónica González, La Conjura (Ediciones B Chile, Santiago, 2000), capítulo XXIV. La ocupación de Valparaíso por parte de las tropas de la Marina comandadas por el almirante Merino se completó en el transcurso de dos horas. <<

[58] Lucía, su mujer, acompañó siempre a Augusto Pinochet, ya sea en los días de la ascensión al poder como también en los años de la Junta Militar en los cuales dirigió la organización CEMA-CHILE, que asistió a las mujeres pobres y coordinó la actividad del voluntariado en el campo de las obras sociales, de la educación y de la salud. Cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002), p. 228 y sig. <<

[59] Cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, 2002), p. 215 y sig. <<

[60] En efecto, Allende, no obstante reiteradas tentativas, no logró comunicarse con Montero. <<

[61] Cfr. La Stampa del 19 de octubre de 1998, p. 7. Además de la índole de la reconstrucción de Mónica González y Patricia Verdugo, una descripción de las horas del golpe militar fue realizada por el periodista americano James Whelan en su libro Allende, death of a marxist dream (ed. Arlington House, Westport, Connecticut, 1981). <<

[62] Cfr. Patricia Verdugo, Interferencia Secreta, p. 51 (Ed Sudamericana) y Bando Militar. <<

[63] En la p. 53 del libro Interferencia Secreta, Patricia Verdugo definió como que «Había entre ellos un fuerte vínculo emocional que se había entretejido durante más de cinco años», la relación amorosa existente entre Salvador Allende y Miria Contreras. <<

[64] Cfr. Patricia Verdugo, Interferencia Secreta, p. 59 <<

[65] Cfr. Patricia Verdugo, Interferencia Secreta, p 64. <<

[66] Cfr. Patricia Verdugo, Interferencia Secreta p. 6,7 68 y 69. El texto de aquel discurso fue integralmente reportado en el apéndice 5 de este libro. <<

[67] Cfr. programa Correva l’anno, emitido por RAI 3 a las 23:25 horas del 2 de enero de 2003. <<

[68] Cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002), p. 218 y sig., Patricia Verdugo, Interferencia Secreta, p. 64 (ed. Unicopli, Milán, 1999). Para el prefacio del libro de Patricia Verdugo, Cfr. p. 21 del mismo. <<

[69] Cfr. William F. Jasper, Patriot Enchained, p. 40 (ed. The New American, New York, 1999) y Patricia Verdugo, Interferencia Secreta, p. 82 (ed. Unicopli, Milán, 1999). <<

[70] Estos párrafos de conversación telefónica fueron reportados desde la p. 147 hasta la p. 157 del libro Interferencia Secreta, de Patricia Verdugo (ed. Editorial Sudamericana, 1998). <<

[71] Cfr. www.gwu.edu/-nsarchiv/20000919/01-13.htm. <<

[72] Cfr. programa Correva l’anno, emitido por la RAI 3 a las 23.25 del 2 de enero de 2003. <<

[73] Pinochet, contrariamente a la opinión de Leigh, demoró por tres minutos aquel ataque aéreo para dar tiempo a algunas mujeres de ponerse a salvo. Cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002), p. 220. <<

[74] Cfr. Patricia Verdugo, Interferencia Secreta, p. 113. <<

[75] Cfr. entre otros, Robert Moss, Chile’s Marxist Experiment (ed. David & Charles, Newton-Abbott, 1975), p. 1, Hermógenes Pérez de Arce, Indebido Proceso, p. 19 (ed. El Roble, Santiago, 1999), William F. Jasper, Patriot Enchained, p. 40 (ed. The New American, New York, 1999). Debió tratarse de una breve ráfaga porque cerca del cuerpo se encontraron solamente dos cartuchos. El fusil AKA fue regalado por Fidel Castro y, en efecto, tenía una dedicatoria personal grabada en la placa de bronce: «A Salvador, de su compañero de armas Fidel». Los últimos instantes de la vida de Allende (al cual correspondió el mérito de elegir un final digno) fueron relatados al mundo por el médico Patricio Guijón Klein y por La Payita. Fueron confirmados, después de algunos años, por su mujer Hortensia Bussi y (en el Corriere della Sera del 5 de septiembre de 1993, p. 17) por su hija Isabel. El acta oficial del suicidio fue publicada por La Nación del 5 de marzo de 1991, p. 28. Del todo absurdas, infundadas y falsas, son entonces, las afirmaciones de la Revista del Manifiesto que en septiembre de 1973 (citado el 3 de marzo de 2000 por el diario Il Manifiesto, p. 8) así fantaseó: «Su cuerpo 218 fue encontrado acribillado a golpes […], los militares […] después […] le dirán al mundo que se suicidó. Sin embargo, hoy se sabe que pereció combatiendo». También inexactas son las palabras de la televisión italiana del Estado que en el TG2 de las horas 20 del 4 de septiembre de 1988, obstinadamente sostuvo todavía que Allende fue asesinado. <<

[76] James Whelan refirió que el periodista e historiador David Holden comentó con estas palabras la muerte de Allende: «Salvador Allende. En la vida una nulidad. En la muerte, un inesperado triunfo: canonizado como un mártir casi a la par que su amigo Che Guevara». Cfr. The New American, del 10 de abril de 2000, retomado en www.pinochetreal.cl. Otro tanto claras fueron las palabras de la periodista Mary Anastasia O’Grady en el The Wall Street Journal del 12 de diciembre de 2000: «Allende fue definido por muchos como un socialdemócrata víctima de la CIA y de los militares de su país. Fue canonizado como un mártir y en torno a su figura fue creada una leyenda que lo hace terminar asesinado, mientras supimos a través de otros testimonios que se suicidó». <<

[77] Cfr. Patricia Verdugo, Interferencia Secreta, p. 180. Los tribunales militares de tiempo de guerra, a diferencia de aquellos de tiempo de paz, previeron en casi todas las naciones la pena de muerte. <<

[78] Cfr. Mónica González, La Conjura (Ediciones B Chile, Santiago, 2000), p. 10 y capítulos XXIV, XXV y XXVI. Así, entre otros, se leyó en el relato oficial del equipo médico: «Al lado izquierdo del cadáver y sobre el sofá un cargador de arma automática […] Próximo al cargador y sobre el sofá hay una porción de masa encefálica. Otra porción se encuentra sobre una alfombra próxima al sofá y pequeños restos de la misma materia […] El gobelino colocado en el muro detrás del sofá, presenta dos orificios de proyectil […] Estimamos que la posición más probable que pudo haber para el cuerpo y el arma en el momento del disparo […] la persona está sentada en el sofá con cierta inclinación hacia adelante, sosteniendo el extremo superior del cañón con la mano izquierda, la boca del arma casi en contacto con el mentón y accionando el disparador con la mano derecha […] La muerte del señor Salvador Allende se produjo como consecuencia de una herida a bala que tiene su entrada en la región mentoniana y su salida en la región parietal izquierda… El hecho tiene las características de un suicidio. En consecuencia, se descarta la posibilidad de homicidio». El féretro de Allende, acompañado por su hermana Laura, por su mujer Hortensia y por tres nietos, fue depositado en un DC-3 y llevado al cementerio Santa Inés, en Viña del Mar. Ausentes estuvieron las hijas, una de las cuales estaba en Cuba. <<

[1] De: The Foundations of Marxist Theory (1899). Organizador en Rusia, en 1917, de la antibolchevique Legión Checoslovaca, Thomas Masaryk (1850-1937) fue luego, entre 1918 y 1935, presidente de la República Checoslovaca. <<

[2] En septiembre de 1998, en el curso de una entrevista concedida al periodista John Lee Anderson, del The New Yorker, Pinochet se expresó de este modo: «Nunca tuve el poder absoluto. En el inicio estuve con otros tres generales, pero con el tiempo tomé la conducción porque gobernar de a cuatro no es posible, no se va avanza». Cfr. Il Giornale del 9 de diciembre de 1998, p. 16, y del 12 de diciembre de 1998, p. 17. <<

[3] Cfr. Manuel Contreras Sepúlveda, La verdad histórica (ed. Encina, Santiago), p. 131-134. <<

[4] Cfr. Gonzalo Rojas Sánchez, Chile escoge la libertad, p. 69 (ed. Zig-Zag, Santiago, 1998) y el diario La Tercera del 16 de abril de 1974. Para las fuentes originales, cfr. Decreto ley N° 10 del 20 de septiembre de 1973, Archivo general de la Presidencia de la República de Chile, fascículo 2461/5 del 29 de abril de 1974, del 8 de mayo de 1974 y del 29 de mayo de 1974, fascículo 3550/50 del 4 de julio de 1974, fascículo 12000/071 del 3 de mayo de 1974 y del 17 de octubre de Archivo fotográfico de la Presidencia de la República, fascículo del 26 de junio de 1974 y del 16 de octubre de 1974, y Recopilación de los discursos del Presidente de la República, 4 de septiembre de 1974. <<

[5] Cfr. Policy Review, publicación de la Heritage Foundation de Washington, otoño de 1985, p. 18 y sig., artículo de Mark Falkoff. Cfr., asimismo, William F. Jasper, Patriot Enchained, p. 28 (ed. The New American, New York, 1999). <<

[6] Patricia Verdugo, Golpe in diretta, p. 148 (ed. Unicopli, Milán, 1999), AA. VV., Pinochet ante la justicia española, p. 63 y sig. (ed. Lom-Codepu, Santiago 1998), Gonzalo Rojas Sánchez, Chile escoge la libertad, p. 74 y sig. (ed. Zig-Zag, Santiago, 1998) y Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002), p. 249. <<

[7] Cfr. noticiero TNI del 2 de agosto de 1978, sitio Internet www.tni.org/ history/letelier/press/020878. La contienda entre Pinochet y Contreras fue confirmada por el periodista Carlos Huneeus (que en verdad no mostró simpatía por Pinochet) en su libro El régimen de Pinochet (ed. Sudamericana, Santiago, 2001) con las palabras «su conflicto con Manuel Contreras seguramente fue efectivo». En lo que se refiere a la relación entre Contreras y la CIA, cfr. documentos divulgados por la misma CIA y comentados por la prensa chilena entre agosto y diciembre de 2000. Recién en agosto de 2000, la CIA afirmó que Contreras fue su agente desde 1974 hasta 1977; alguien en Santiago avizoró la hipótesis de un proceso por alta traición y espionaje. En cada procedimiento fue rechazada la solicitud estadounidense de extradición y la cuestión se transformó en objeto de disputa entre la justicia militar y la civil, y luego suspendida hasta 1990 cuando la Corte Suprema ordenó la reapertura. Contreras fue nuevamente arrestado y a continuación se sucedió una serie de condenas y apelaciones. <<

[8] Cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002), p. 249-250. <<

[9] Cfr. Hermógenes Pérez de Arce, Indebido Proceso, p. 62-68 y 82 (ed. El Roble, Santiago, 1999). <<

[10] Cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002), p. 236. <<

[11] Cfr. Carlos Huneeus, El régimen de Pinochet (ed. Sudamericana, Santiago), p. 505 y entrevista otorgada por Huneeus y publicada por El Mostrador el 16 de marzo de 2001. <<

[12] Otros lugares de detención, después del golpe de Estado de 1973, fueron la Isla Dawson, el Estadio Nacional y el Estadio Chile. Se agregaron luego los de Chacabuco, de Pisagua, de Ritoque, de Puchuncaví y de Pirque. Cabe subrayar que, a pedido de la Junta Militar chilena, en el año 1975 una comisión de la Cruz Roja Internacional visitó aquellos campos en su totalidad. Cfr. Manuel Contreras Sepúlveda, La verdad histórica II: ¿Desaparecidos?, p. 24-25 (ed. Encina, Santiago, 2001). <<

[13] Respecto de las vicisitudes de la DLNA y su disolución, Cfr. Gonzalo Rojas Sánchez, Chile escoge la libertad, p. 230-240 (ed. Zig-Zag, Santiago, 1998), Augusto Pinochet, Camino recorrido, II, p. 147 (ed. Instituto Geográfico Militar de Chile, Santiago, 1991), James Whelan, Out of the ashes, p. 702 y sig. (ed. Regnery Gateway, Washington, 1989) y los diarios El Mercurio del 3 de agosto de 1975 y La Tercera del 23 de agosto de 1975. Cfr., asimismo, Archivo general de la Presidencia de la República de Chile, fascículos 2425/19 del 21 de enero de 3550/7 del 29 de marzo de 1975, 2445/189 del 17 de julio de 1975, 6853/16 del 8 de marzo de 1976, 6005/11 del 12 de marzo de 1976, 6853/6 del 2 de junio de 1976, 2410/102 del 20 de julio de 1976, 2400/1011 del 27 de julio de 1580/100 del 4 de agosto de 1976, 6820/160 del 16 de noviembre de 1976, 2005/87 del 30 de noviembre de 1976, 1500/119 del 17 de diciembre de 1976 y 2296 del 10 de marzo de 1978. Cfr., finalmente, decretos leyes del 23 de agosto de 1975, 30 de enero de 1976, 12 de agosto de 1977, 13 de agosto de 1977, 20 de agosto de 1977, 11 de agosto de 1980 y 12 de agosto de 1980.<<

[14] Cfr. La Tercera del 8 de noviembre de 1979 y Gonzalo Rojas Sánchez, Chile escoge la libertad, p. 244 (ed. Zig-Zag, Santiago, 1998). <<

[15] Cfr. www.pinochetreal.cl/persec1/cap2.html. Cfr., otro tanto, Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002) p. 447 y 482-483. <<

[16] Cfr. Qué Pasa del 27 de septiembre de 1973 y Gonzalo Rojas Sánchez, Chile escoge la libertad, p. 110 (ed. Zig-Zag, Santiago, 1998). <<

[17] Las víctimas de la represión en Chile según un ex subjefe de la DINA, en el curso de una entrevista para el diario La Segunda, fueron pocas, «Creo que en comparación con otros países es un porcentaje mínimo». Y luego decía que, cuando se lucha con escasa disponibilidad de tiempo para obtener informaciones, no se pueden seguir los normales procedimientos judiciales. Cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago), p. 237-238. A pesar de esto la opinión pública mundial no se dio cuenta. En efecto, así se pudo leer el 10 de marzo de 2000 en la p. 19 del diario italiano La Provincia, en respuesta a un lector: «Quien hoy reclama la cabeza, se dio cuenta de Pinochet sólo cuando perdió el poder. Se tiene la impresión de que se agrede la figura del ex dictador solamente porque ya no representa un peligro». Justo. Pero así prosiguió el periodista: «Mucho más valiente, me parece, y sobre todo hubiera sido más útil, que este movimiento global de reacción ante los crímenes de Pinochet se hubiese activado durante su dictadura para transformarse en una fuerza de presión…». Evidentemente al periodista se le escapó que las mismas organizaciones de izquierda, que en 1999-2000, trataban con rigor al ya no peligroso Pinochet, fueron las mismas que en los años del régimen militar voluntariamente suscitaron las reacciones, recurriendo a un bien programado alambique de atentados. En síntesis, la estrategia comunista fue la misma que en Italia en la calle Rasella, en Marzabotto y en Pedescala. <<

[18] Cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002), p. 515. <<

[19] Cfr. Miguel de Nantes, Ojo: no tropieces en la misma piedra, p. 49 (ed. Impresos Universitaria, Santiago, 1999). <<

[20] Cfr. Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez, Pinochet y la restauración del consenso nacional, p. 265-267 (ed. Geniart, Santiago, 1998) y William F. Jasper, Patriot Enchained, p. 28 (ed. The New American, New York, 1999). Cfr., otro tanto, Policy Review, publicación de la Heritage Foundation de Washington, otoño 1985, p. 18 y sig., artículo de Mark Falkoff. Es necesario tener presente, al juzgar la dureza de la represión chilena al terrorismo, que en aquellos años toda América Latina estaba convulsionada por intentos subversivos dirigidos por Fidel Castro, que causaron inmensos daños e inumerables víctimas en Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Argentina, Uruguay y Perú. <<

[21] Cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar), p. 236-237. <<

[22] Cfr., para la emboscada a ese pelotón de policías, el libro Ojo: no tropieces en la misma piedra, de Miguel de Nantes, p. 28 (Impresos Universitaria, Santiago, 1999). <<

[23] Cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar), p. 518 y sig. <<

[24] Cfr. Gonzalo Rojas Sánchez, Chile escoge la libertad, p. 66-68 (ed. Zig-Zag, Santiago, 1998) y el diario La Tercera del 18 de agosto de 1974 y 12 de septiembre de 1974. Cfr., para las fuentes originales, Archivo general de la Presidencia de la República de Chile, fascículos 6853/7 de junio de 1974 y 6115/90 del 30 de julio de 1974, Recopilación de los discursos del Presidente de la República, fascículo de septiembre de 1974, decretos leyes N°s 3, 4 y 5 del 11 y 12 de septiembre de 1973, decretos leyes N°s 81 y 175 del 11 de octubre de 1973, decretos leyes N°s 177 y 206 del 13 y 19 de diciembre de 1973, decreto ley N° 360 del 16 de marzo de 1974 y decretos leyes N°s 640 y 641 del 2 y del 10 de septiembre de 1974. <<

[25] Cfr. Archivo general de la Presidencia de la República de Chile, fascículos 1000, 2630, 2630, 1000/27, 1595/356, 6810/67, 1595/356, 1595/169 y XX, respectivamente de fecha 28 de febrero de 1974, 18 de abril de 1974, 24 de abril de 1974, 4 de junio de 1974, 14 de agosto de 1974, 10 de septiembre de 1974, 1 de octubre de 1974, 16 de octubre de 1974 y 17 de octubre de 1974. Cfr., otro tanto, Gonzalo Rojas Sánchez, Chile escoge la libertad, p. 70 y sig. y p. 120 (ed. Zig-Zag, Santiago, 1998). <<

[26] Cfr. Archivo general de la Presidencia de la República de Chile, fascículos 1000, 2630, 2630, 1000/27, 1595/356, 6810/67, 1595/356, 1595/169 y XX, respectivamente de fecha 28 de febrero de 1974, 18 de abril de 1974, 24 de abril de 1974, 4 de junio de 1974, 14 de agosto de 1974, 10 de septiembre de 1974, 1 de octubre de 1974, 16 de octubre de 1974 y 17 de octubre de 1974 respectivamente. Cfr., otro tanto, Gonzalo Rojas Sánchez, Chile escoge la libertad, p. 70 y sig. y p. 120 (ed. Zig-Zag, Santiago, 1998). Uno de los gestos de distensión efectuados por Pinochet fue, entre 1976 y 1977, la liberación del líder comunista Luis Corvalán. Pinochet logró incluso hacer de esa liberación un instrumento para atacar la política de represión de la Unión Soviética: a través de su colaborador general Manuel Contreras Sepúlveda, que estuvo en contacto con la CIA y con la KGB, pidió y obtuvo a cambio de Corvalán la liberación del disidente ruso Vladimir Bukowsky, que condenado por sus ideas estaba prisionero desde hacía tiempo en un campo de trabajo forzado. Fue esa la primera admisión oficial soviética de la existencia de campos de concentración para disidentes políticos. Cabe señalar, sin embargo, que toda la prensa occidental (en particular la italiana) atribuyó la liberación de Bukowsky a una decisión autónoma de las autoridades soviéticas y no a las presiones ejercidas por Pinochet. Análogo fue, en los mismos años 1976-77, el caso de la liberación en Chile del extremista comunista Jorge Montes, a cambio de la cual Pinochet pidió a Fidel Castro la liberación del detenido político cubano Huber Matos. Como Fidel Castro rechazó la propuesta, Pinochet reclamó y obtuvo de Alemania Oriental, a cambio de la liberación de Montes, la liberación de once detenidos políticos alemanes orientales. Cfr. Mensaje Presidencial (11 de septiembre de 1976-11 de septiembre de 1977): S. E. el Presidente de la República, General de Ejército Augusto Pinochet Ugarte informa al País (ed. Talleres Gráficos Gendarmería de Chile, Santiago, 1977), p. 40. Cfr., otro tanto, Gonzalo Rojas Sánchez, Chile escoge la libertad, p. 72-73 y 399-400 (ed. Zig-Zag, Santiago, 1998) y los diarios El Mostrador del 17, 19 y 20 de agosto de 2000 y 15 de noviembre de 2000, La Patria del 6 de octubre y del 13 de noviembre de 1974 y La Segunda del 4 de abril de 1976. Para las fuentes originales. Cfr. Recopilación de los discursos del Presidente de la República, fascículos del 11 de septiembre de 1974 y 14 de noviembre de 1974, Archivo general de la Presidencia de la República de Chile, fascículo 1000 del 24 de septiembre de 1974, y decretos leyes n° 559 y 604 de data 8 de julio de 1974 y 9 de julio de 1974. <<

[27] Cfr. El Mercurio del 13 de septiembre de 1975. <<

[28] Estos son los nombres de los cinco militares caídos: Miguel Guerrero Guzmán, Cardenio Hernández Cubillos, Gerardo Rebolledo Cisternas, Pablo Silva Pizarro y Roberto Rosales Martínez. <<

[29] Se supuso que la DGI se sirvió, para la organización de aquel atentado, no sólo del frente Manuel Rodríguez sino también de Gladys Marín, futura secretaria general del Partido Comunista chileno. La acusación respecto de Gladys Marín fue formulada en el 2001 por el ex magistrado Fernando Torres Silva. El desmentido fue inmediato pero errado y ambiguo: admitió en efecto, que Gladys Marín, fue la «responsable intelectual» del atentado. Cfr. El Mercurio y La Segunda del 6 de septiembre de 2001. <<

[30] Cfr. The Wall Street Journal del 2 de noviembre de 1998, p. 14, y del 23 de marzo de 1999, p. 12. Cfr. también Sunday Telegraph Review del 18 de julio de

p. 1, 2 y 3, artículo de Dominic Lawson. <<

[31] Cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2000), p. 542 y sig. <<

[32] Cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2000), p. 551 <<

[33] Sobre el descubrimiento de aquellas armas, cfr. The Wall Street Journal del 2 de noviembre de 1998, p. 14, y 23 de marzo de 1999, p. 12. <<

[34] El atentado a Pinochet y la continuación de acciones terroristas en 1986 fueron seguidas por una exhortación del comunista Volodia Teitelboim, quien transmitió desde Radio Moscú: «Debe ser un año de combates titánicos». El mayor hallazgo de armas ocurrió el 6 de agosto de 1986, operación llevada a cabo por las fuerzas del orden y del Ejército. Gonzalo Vial Correa aludió a 3.115 fusiles M-16, 114 lanzacohetes RPG-7 soviéticos, 167 lanzacohetes LOW americanos, 2.000 granadas de mano, ametralladoras pesadas, toneladas de explosivos y 2 millones de cartuchos. Cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002), p. 538-540. <<

[35] Cfr. Il Giornale del 23 de octubre de 1986, p. 3. <<

[36] Cfr. Miguel de Nantes, Ojo: no tropieces en la misma piedra, p. 42-43 (ed. Impresos Universitaria, Santiago, 1999). <<

[37] Cfr. Carlos Huneeus, El régimen de Pinochet (ed. Sudamericana, Santiago, 2001), p. 65-67-68. Cfr. también El Mostrador del 16 de marzo de 2001. A partir de diciembre de 1978 sólo seis ministros de los dieciséis eran militares: César Benavides, Jaime Estrada, Carlos Quiñones, Mario Jiménez, Lautaro Recabarren y Julio Fernández, cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002), p. 387. <<

[38] Cfr. Il Borghese del 10 de mayo de 1987. <<

[39] Cfr. Augusto Pinochet, Camino recorrido, II, p. 33, 75, 76 y 81 (ed. Instituto Geográfico Militar de Chile, Santiago, 1991), Gonzalo Rojas Sánchez, Chile escoge la libertad, p. 154, 155 y 161 (ed. Zig-Zag, Santiago, 1998) y la revista Qué Pasa del 22 de febrero de 1974. Para las fuentes originales, cfr. Actas del Consejo Económico de Ministros, fascículos de octubre de 1973 y noviembre de 1974, Recopilación de los discursos del Presidente de la República de Chile, fascículo 11 de marzo de 1974, y decretos leyes N°s 818, 823, 824, 825 y 830, de data 27 y 31 de diciembre de 1974. <<

[40] Cfr. Augusto Pinochet, Camino recorrido, II, p. 54, 79 y 81 (ed. Instituto Geográfico Militar de Chile, Santiago, 1991), Gonzalo Rojas Sánchez, Chile escoge la libertad, p. 162 y sig. (ed. Zig-Zag, Santiago, 1998), y diarios La Tercera del 29 de enero, 31 de octubre y 29 de diciembre de 1974, La Patria del 3 de mayo, 25 de octubre, 3 de diciembre y 5 de diciembre de 1974 y La Segunda del 25 de octubre de 1974. Para algunas fuentes originales, cfr. decreto ley N° 519 del 15 de junio de 1974 y Recopilación de los discursos del Presidente de la República de Chile, fascículos del 20 de noviembre de 1973, 2 de enero de 1974 y 30 de diciembre de 1974, también Archivo general de la Presidencia de la República de Chile, fascículos 6810/33 y 1000/51, respectivamente, del 28 de junio y 10 de julio de 1974. <<

[41] Cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002), p. 256 y sig. <<

[42] Cfr. Carlos Huneeus, El régimen de Pinochet (ed. Sudamericana, Santiago), p. 135, y cfr. otro tanto, para una entrevista concedida por Huneeus, El Mostrador del 16 de marzo de 2001. <<

[43] Cfr. The Wall Street Journal del 6 de febrero de 2001. <<

[44] Cfr. Il Giornale del 16 de abril de 1987. <<

[45] Cfr. Il Borghese del 27 de septiembre de 1987. Cfr. también Gonzalo Rojas Sánchez, Chile escoge la libertad, p. 263 (ed. Zig-Zag, Santiago, 1998) donde se refiere a un comentario de Pinochet respecto de la libertad de prensa: «En los primeros meses de nuestro Gobierno fueron necesarias algunas restricciones. Sin embargo, luego se permitió la máxima libertad de expresión, con el único límite que impone la moral y el sentido común. No podemos permitir una prensa escandalosa complaciente con los crímenes, con la calumnia y el libertinaje y que considere posible la más desenfrenada inmoralidad». <<

[46] Cfr. Il Giornale del 15 de marzo de 1997. <<

[47] Cfr. William F. Jasper, Patriot Enchained, p. 43 (ed. The New American, New York, 1999). <<

[48] Citado en p. 45 del libro Patriot Enchained, de William F. Jasper (ed. The New American, New York, 1999). <<

[49] Durante el Gobierno de Pinochet se construyeron 2.000 km de caminos nuevos, 450 puentes, el aeropuerto de Iquique y la central hidroeléctrica de Colbún-Machicura. El regadío alcanzó a 300.000 hectáreas de terrenos fértiles. <<

[50] Cfr. National Geographic Magazine, julio de 1988. Infundadas y risibles fueron las afirmaciones de la periodista chilena María Olivia Monckeberg, que en su libro El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno (ed. B, Santiago, 2001), definió las privatizaciones realizadas por Pinochet como un saqueo por parte de los nuevos grupos de poder económico. Cfr., para un comentario, El Mostrador del 21 de abril de 2001. <<

[51] Cfr. The Wall Street Journal del 19 de octubre de 1998, p. 2, artículo de Matt Moffet y Craig Torres. <<

[52] Cfr. Corriere della Sera del 31 de agosto y del 3 de septiembre de 1988. <<

[53] Cfr. Miguel de Nantes, Ojo: no tropieces en la misma piedra, p. 43-44 y p. 56 (ed. Impresos Universitaria, Santiago, 1999). <<

[54] En Italia, por ejemplo, a causa de la estructura democrática y parlamentaria del Estado, cada tentativa de reforma proyectada por el gobierno de Silvio Berlusconi ha encontrado insuperables obstáculos. <<

[55] Cfr. New York Times e International Herald Tribune del 2 de septiembre de 1988. <<

[56] Cfr. Respecto de la invitación dirigida a Chile por parte de Estados Unidos, Canadá y México, cfr., entre otros, Il Giornale del 1 de diciembre de 1995, artículo de Alberto Pasolini Zanelli. <<

[57] Cfr. Committee Brief de data 19 de octubre de 1995, a cargo de la Heritage Foundation, Washington. Los resultados de aquel simposio fueron confirmados el 15 de diciembre de 1995 por las investigaciones conducidas, siempre a cargo de la Heritage Foundation, por los estudiosos Barbara Franklin, Stephen Lande, Jerry Haar y William C. Lane. Cfr. The Heritage Lectures, N° 555 de 1995. <<

[58] Absolutamente gratuitas son las afirmaciones de Mauricio Matteuzzi en El Manifiesto («La política económica de Pinochet hizo la fortuna de poquísimos y la miseria de muchísimos») y de Giangiacomo Foa en el Corriere della Sera («En Chile los ricos son más ricos y los pobres más pobres»). Cfr. Il Borghese del 1 de abril de 1990. <<

[59] Artículo de Angelo Codevilla en la revista Foreign Affairs de noviembre—diciembre de 1993. Cfr., para un comentario, William F. Jasper, Patriot Enchained, p. 43 (ed. The New American, New York, 1999). De aquel referéndum, y de otros, se hablará en el capítulo X de este libro. <<

[60] Cfr., entre otros, Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002), capítulo X, donde figuran varios datos interesante sobre la situación económica y productiva de Chile, antes y después del golpe de Estado de 1973. Cabe señalar que en Italia, en aquellos años, la desocupación alcanzó el 14,5% (Cfr. The Economist, citado por Il Borghese del 1 de abril de 1990). <<

[61] Cfr. The Wall Street Journal del 21 de agosto de 1995, artículo de James Whelan en su libro Allende, death of a marxist dream (ed. Arlington House, Westport, Connecticut, 1981). H. Smalhout e Il Giornale del 13 y del 15 de marzo de 1997, en los que refirió que el gobierno italiano pidió consejo, para resolver el problema de las pensiones, al embajador chileno en Roma. «La reforma de las pensiones aprobada en Chile», escribió Valerio Riva, «con dieciséis años de retardo se tomó como modelo en Europa. Probablemente representó el remedio extremo para impedir que nuestros hijos, después de todo el dinero que nosotros pusimos, se encuentren, llegando a la vejez, con un puñado de moscas en la mano». Muy positivo es también el juicio sobre la reforma de las pensiones chilenas expresado el 26 de abril de 2000, en el curso de una conferencia de prensa, del economista ruso Andrei Ilarionov, consejero económico del presidente Vladimir Putin: «Aquella actuación de Pinochet», afirmó Ilarionov, «constituye el modelo ideal de buena planificación». También otros economistas y políticos rusos, llegados a Chile en 1991 para entrevistar a Pinochet e informarse respecto de los detalles de la reforma a las pensiones, expresaron juicios entusiastas sobre las operaciones de la Junta Militar. Entre ellos Konstantin Kagalovsky, Alexander Lebed, Pyotr Aven, Vyacheslav Shironin. Cfr. EIR Strategic Alert del 4 de mayo de 2000, p. 2-3, y The Wall Street Journal del 6 de febrero de 2001. <<

[62] Cfr. The Wall Street Journal del 2 de julio de 1996, artículo de Mary Anastasia O’Grady, y William F. Jasper, Patriot Enchained, p. 44-45 (ed. The New American, New York, 1999). <<

[63] Cfr. The Wall Street Journal del 11 de julio de 2000, p. 18, y 11 de octubre del 2000, p. 14. Cfr. también El Mostrador del 10 de octubre de 2000. <<

[64] Cfr. Gonzalo Rojas Sánchez, Chile escoge la libertad, p. 175 (ed. Zig-Zag, Santiago, 1998). <<

[65] Cfr. El Mercurio del 26 de marzo del 1977, citado en www.pinochetreal.cl/persec1/cap2.html. <<

[66] Cfr. Gonzalo Rojas Sánchez, Chile escoge la libertad, p. 106 y sig. (ed. Zig-Zag, Santiago, 1998). Fuentes originales, cfr. decreto ley N° 1 del 11 de septiembre de 1973 y Recopilación de los discursos del Presidente de la República, fascículos del 11 de septiembre de 1974. Según Manuel Contreras Sepúlveda, comandante de la DINA en los años del régimen militar, los extranjeros infiltrados en Chile con fines terroristas superaron el número de 20 mil. Cfr. Manuel Contreras Sepúlveda, La verdad histórica (ed. Encina, Santiago, 2000), p.

11. <<

[67] Cfr. Mensaje Presidencial (11 de septiembre de 1976 - 11 de septiembre de 1977): S. E. el Presidente de la República, General de Ejército Augusto Pinochet Ugarte, informa al País. (ed. Talleres Gráficos de Gendarmería de Chile, Santiago, 1977), p. 35-36. En el mismo documento, en las p. 40-41, se informó sobre las relaciones diplomáticas y comerciales entre el Chile de la Junta Militar y algunos países europeos. Italia ni siquiera fue nombrada. <<

[68] Cfr. Recopilación de los discursos del Presidente de la República, fascículo 11 de marzo de 1974, revista Qué Pasa del 15 de marzo de 1974 y Gonzalo Rojas Sánchez, Chile escoge la libertad, p. 169/171 (ed. Zig-Zag, Santiago, 1998) y Recopilación de los discursos del Presidente de la República, fascículo del 19 de agosto de 1974. <<

[69] El gobierno socialista sueco aplicó sanciones contra Chile desde el 13 de septiembre de 1973, o sea, solamente dos días después del golpe militar y antes que se hablara de violaciones a los derechos humanos por parte de la Junta. Se trató entonces de una medida exclusivamente política: asunto confirmado, sugirió el periodista James Whelan, considerando que Suecia mantuvo siempre relaciones amistosas con las dictaduras comunistas (Cfr. The New American), del 10 de abril del 2000, retomado de www.pinochetreal.cl. <<

[70] Cfr. Augusto Pinochet, Camino recorrido, II, p. 36 y 77 (ed. Instituto Geográfico Militar de Chile, Santiago, 1991), Heraldo Muñoz, Las relaciones exteriores del régimen militar chileno, p. 23 y sig. (ed. Ornitorrinco, Santiago, 1986), James Whelan, Out of the ashes, p. 468-469 (ed. Regnery Gateway, Washington, 1989) y Gonzalo Rojas Sánchez, Chile escoge la libertad, p. 172 y sig. (ed. Zig-Zag, Santiago, 1998). Cfr. también los diarios El Mercurio del 4 de noviembre de 1974, Qué Pasa del 17 de noviembre de 1974 y La Tercera del 8 de diciembre de 1974. <<

[71] Cfr. Enciclopedia Británica de 1997, vol. 16 Macropaedia, p. 34-35. <<

[72] Se trata del mismo Lagos que en el 2000 asumió como Presidente de la República. <<

[73] El Plan Cóndor, según las afirmaciones del paraguayo Martín Almada tomadas el 10 de diciembre de 1998 por el Corriere della Sera, fue «un plan multinacional para la sistemática eliminación de los opositores de la patria y del extranjero, elaborado por las dictaduras militares sudamericanas en los años 70». Fue, siempre según la misma fuente, «una verdadera y propia Interpol de la represión, ideada y conducida por Augusto Pinochet», pero en la cual «fueron comprometidos asimismo el paraguayo Alfredo Stroessner, el argentino Jorge Rafael Videla, el boliviano Hugo Banzer y el uruguayo Gregorio Álvarez, con la participación de la CIA de los Estados Unidos». Martín Almada se presentó con un dossier al juez español Baltasar Garzón junto al argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980, de modo que fue uno de los principales testigos de acusación contra Pinochet en el proceso instaurado por Garzón, aquí tratado en los capítulos XI y XII. Al describir el Plan Cóndor, Hermógenes Pérez de Arce, en las p. 138 y sig. de su libro Indebido Proceso, lo consideró una consecuencia de la alianza estipulada en París en 1974, bajo el nombre de Junta de Coordinación Revolucionaria, entre las organizaciones terroristas cubanófilas que operaron en Bolivia, Argentina, Uruguay y Chile: una estructura terrorista que en 1981 se reunió en Puerto España (Trinidad y Tobago) e impuso a las organizaciones adherentes instrucciones precisas de tipo paramilitar y que incluyó entre otros el MIR y el Frente Manuel Rodríguez chilenos, los Tupamaros uruguayos, el FLN boliviano y el ERP argentino. Fue su jefe Fernando Luis Álvarez, agente secreto cubano y marido de Ana María Guevara, hermana del Che Guevara. Para defenderse de aquella amenaza los gobiernos interesados crearon el Plan Cóndor, que el presidente boliviano Hugo Banzer definió como «un sistema de información recíproca análogo a aquellos de todas las naciones en los años de la guerra fría». Análoga es la opinión de James Whelan, que en su artículo del The New American, del 10 de abril de 2000 (reproducido en www.pinochetreal.cl), observó que sólo coordinando los esfuerzos de diversas naciones era posible afrontar la acción terrorista y subversiva que en aquellos años estuvo vigente en todo el continente latinoamericano. De los documentos dados a conocer por la CIA estadounidense en agosto de 2000, resultó que el Plan Cóndor consistió en un intercambio internacional de información sobre las organizaciones terroristas de extrema izquierda, pero no previó el asesinato de las personas identificadas. Fue, en síntesis, una indispensable red de autodefensa análoga a aquella que todo el mundo occidental creó en el año 2001, para la lucha contra el terrorismo, inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en New York y Washington. Cfr., entre otros, La Unidad del 19 de octubre de 1998, p. 9, El Mostrador del 19 de septiembre de 2000 y toda la prensa mundial de septiembre de 2001 y meses sucesivos. Que las organizaciones terroristas sudamericanas dispusieron de grandes reservas financieras fue confirmado por Gonzalo Vial Correa, quien en su libro Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002), p. 241, refirió la entrega de un millón de dólares, inmediatamente después del golpe militar en Chile, efectuada por el jefe del ERP argentino, Roberto Santucho, al terrorista chileno Miguel Enríquez, luego asesinado en 1974.<<

[74] Esa fue la opinión del historiador Robin Harris, autor entre otros del famoso libro A tale of two dictators, Pinochet and Allende, publicado en Londres en 1999. Cfr., al respecto, asimismo The Wall Street Journal del 23 de marzo de 1999, p.12 artículo del mismo Robin Harris. Del caso Letelier se ocupó Il Borghese del 3 de mayo de 1987, p. 17 y sig. <<

[75] De cualquier modo las misteriosas muertes en Chile de los ciudadanos estadounidenses Charles Horman, Frank Teruggi y Boris Weisfeiler pudieron ser ligadas al caso Letelier. Cfr. El Mostrador del 13 de noviembre de 2000. <<

[76] Cfr., entre otros, El Mostrador del 13 de diciembre de 2000 y del 24 de enero y de junio de 2001. Cfr., otro tanto, Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, 2002), p. 710. <<

[77] Cfr. El Mercurio del 30 de abril de 2000. <<

[78] Cfr. El Mercurio del 28 de julio de 2000. <<

[79] Cfr. El Mostrador del 24 de enero y 14 de febrero de 2001. <<

[80] Cfr. El Mostrador del 7 y 8 de febrero de 2001. <<

[81] El Comandante Pepe (nombre real: José Liendo) fue un jefe terrorista que operó en los bosques de Neltume, en las inmediaciones del complejo Panguipulli (Valdivia). <<

[82] Cfr. El Mercurio del 14 de mayo de 2000. <<

[83] Cfr. El Mostrador del 19 de septiembre de 2000. <<

[84] Cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002), p. 448-449. <<

[85] La denuncia presentada al Papa se fundamentó en afirmaciones no comprobadas de un cierto Juan Durán, sindicalista y agitador marxista; de Luisa Riveros, abandonada por el marido porque se dedicó más a la política que a sus cinco hijos, y de los cónyuges Contreras, activistas de una Pastoral Juvenil dirigida por el cura Andrés Peretiatkowicz, que el arzobispo de Santiago instó a renunciar por su excesivo compromiso marxista. <<

[86] Cfr. Manuel Contreras Sepúlveda, La verdad histórica (ed. Encina, Santiago), p. 16-17, p. 46 y p. 121. <<

[87] Cabe observar que lo acaecido en el Chile de Pinochet fue poco en comparación con los estragos verificados en Europa durante e inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, Italia incluida. <<

[88] Cfr., para el artículo de Varela, El Mercurio de Valparaíso, 18 de septiembre de 1973. El artículo fue incluido también en la p. 279 del libro El día decisivo, de Augusto Pinochet Ugarte (ed. Andrés Bello, Santiago, 1979). <<

[1] Esposa de John Adams, presidente de los Estados Unidos (1744-1818). De una carta suya al marido. Cfr. David McCullough, John Adams (Simon and Schuster, 2001), p. 101. <<

[2] En el Gobierno de Unidad Popular Letelier ocupó los cargos de ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Defensa. <<

[3] Cfr. actas del Senado de los Estados Unidos, 3 de octubre de 1979, citados por El Mercurio del 6 de diciembre de 1979 y luego por la Fundación Pinochet. Cfr. También Il Borghese del 3 de mayo de 1987, p. 17 y sig. Cabe subrayar que la CIA y el FBI desearon en aquellos años complacer al Partido Demócrata y al sector progresista del Congreso, a su vez ansiosos de enviar mensajes extendidos a Fidel Castro y a Mijail Gorbachov. La complicidad del FBI, pero no de la CIA, en el caso Letelier, fue denunciada por el hijo de Letelier, el diputado socialista Juan Pablo Letelier. Cfr. AA. VV., Pinochet ante la justicia española, p. 11 (ed. Lom-Codepu, Santiago 1998) y El Mercurio del 24 de septiembre de 2000. <<

[4] Ronnie Susan Karpen, que provenía de una familia rica de comerciantes hebreos, cuando era joven adhirió a un círculo «musical» de extrema izquierda. Allí encontró a Markus Raskin, quien junto a Orlando Letelier dirigió el Institute for Policy Studies. A cambio de una «donación para la actividad musical» equivalente a 2.000 dólares, Raskin obtuvo que Ronnie Susan Karpen fuera admitida en un cargo de agente de enlace, entre la CIA (en la cual la misma Karpen cultivó una vieja amistad) y el Institute for Policy Studies. En el ámbito de este cargo, Ronnie Susan Karpen encontró a Michael Moffit (que entró en el Institute for Policy Studies en 1974) y en 1976 se unió a él en matrimonio. Cabe notar que, a pesar de la ascendencia católica irlandesa del esposo, el matrimonio fue celebrado según el rito judío. Cfr. agencia periodística Gratisweb, en el sitio Internet www.5gratisweb.com/streicher/atenta2, p. 1-2. La tendencia de izquierda del Institute for Policy Studies y por ende del Transnational Institute, fue admitida por este último en su noticiero del 1 de febrero de 1977, en el sitio Internet www.tni.org/history/letelier/ press/010277. Los del Institute for Policy Studies y del Transnational Institute tuvieron las mismas finalidades políticas perseguidas en aquellos años por toda la izquierda occidental, incluida la estadounidense y la católica. Un exponente de esa corriente fue el obispo de Milwaukee, Rembert G. Weakland, que, en 1986, tuvo en Milán algunos encuentros (en los cuales estuvo presente el autor de este libro) sostenidos con el «progresista» Cardenal Carlo María Martini. <<

[5] Cada año, puntualmente, las Naciones Unidas votaron una declaración de condena a Chile por violaciones a los derechos humanos. E, increíblemente, entre las naciones que condenaron a Chile figuraban algunas recalcitrantes en pisotear los derechos humanos, como la Unión Soviética y sus satélites. Cfr. A propósito del partidismo existente en el ámbito de las Naciones Unidas, Gonzalo Rojas Sánchez, Chile escoge la libertad, p. 404 y sig. (ed. Zig-Zag, Santiago, 1998). <<

[6] Cfr. Defense & Foreign Affairs del 4 de octubre de 1976 e Il Borghese del 3 de mayo de 1987, p. 17. <<

[7] Cfr. agencia periodística Gratisweb en el sitio Internet www5.gratisweb.com/streeicher/atental. <<

[8] Cfr. Miguel de Nantes, Ojo: no tropieces en la misma piedra, p. 47-48 (ed. Impresos Universitaria, Santiago, 1999) y Hermógenes Pérez de Arce, Indebido Proceso, p. 126-127 (ed. El Roble, Santiago, 1999). En aquellos años de guerra fría las actividades de los servicios secretos era frenética y relacionada entre ellos. Según relatos de los servicios secretos de Pinochet, por ejemplo, la actividad terrorista de la extrema izquierda chilena estuvo algunas veces de acuerdo con la OLP palestina. De eso el autor de estas páginas tuvo personal confirmación cuando, infiltrándose (a pedido de los servicios secretos sudafricanos) en algunos lugares que fueron utilizados como puntos de encuentro en el ex matadero de Roma, logró espiar (y en parte fotografiar) una reunión entre terroristas y extremistas chilenos, de la OLP palestina y del ANC sudafricano. <<

[9] Cfr. Daniel Brandt, correspondencia periodística del 28 de noviembre de 1998, sitio internet www.pir.org/chile. <<

[10] Cfr. noticiero TNI del 26 de marzo de 1977, sitio internet www.tni.org/history/letelier/tnidocs/done. <<

[11] Cfr. noticiero TNI del 26 de marzo de 1977, sitio internet www.tni.org/history/letelier/tnidocs/done. <<

[12] Townley fue rápidamente entregado a las autoridades de su país por Pinochet. Tan rápida fue la operación que los agentes del FBI que fueron a buscarlo, que partieron velozmente y olvidaron dos valijas en el hotel. Al contrario, como se refirió en estas mismas páginas, con una decisión ásperamente criticada por el senador Jesse Helms, la justicia americana se negó luego a restituir a Townley a Chile. Estas son las palabras de Helms: «La Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó no estar de acuerdo en conceder a Chile la extradición del agente identificado por nuestros servicios secretos como responsable del asesinato, en 1976, del agente secreto cubano Orlando Letelier». Cfr. actas del Senado de los Estados Unidos, 3 de octubre de 1979, citadas por El Mercurio de fecha 6 de diciembre de 1979 y luego por la Fundación Pinochet. <<

[13] A la edad de 15 años, Michael Townley, americano nacido en Iowa, fue trasladado a Chile para trabajar como aprendiz mecánico. Su padre, Jay Vernon Townley, era al mismo tiempo dirigente de la Ford y agente de la CIA. Fue el padre, en efecto, el que favoreció el ingreso de Michael Townley a la CIA, que lo sometió a adiestramiento paramilitar con especialización en electrónica y explosivos. En sus intrigas, Townley se volvió «informante» de la DINA chilena; sin embargo, no llega a participar como agente operativo. Fue un extravagante, que sus amigos definieron como un hippie y un pacifista, además de ser una fornida víctima de una voluntariosa mujer, trece años mayor que él. Cfr. Gonzalo Rojas Sánchez, Chile escoge la libertad, p. 245 (ed. Zig-Zag, Santiago, 1998), el diario La Segunda del 11 de mayo de 1978 y documentos en posesión de la Fundación Pinochet. Cfr., asimismo, la agencia periodística Gratisweb en el sitio internet www5.gratisweb.com/streicher/atental. <<

[14] Cfr. noticiero TNI del 2 de agosto de 1978, en el sitio internet www.tni.org/history/letelier/press/020878. <<

[15] Cfr. El Mercurio del 12 de mayo de 2000. En el ámbito de la CIA, el caso Letelier fue en aquellos días confiado a un funcionario de nombre Anthony Lapham. <<

[16] Propper escribió en efecto, sobre el caso Letelier, el libro Labyrinth (ed. Penguin, New York, 1983). <<

[17] Cfr. AA. VV., Pinochet ante la justicia española, p. 101 (ed. Lom-Codepu, Santiago, 1998). <<

[18] Cfr. en el sitio internet www5.gratisweb.com/streeicher/atenta3, p. 2. <<

[19] Con respecto a Townley, cfr., asimismo, Hermógenes Pérez de Arce, Indebido Proceso, p. 127 y sig. (ed. El Roble, Santiago, 1999). <<

[20] Cfr. Il Borghese del 3 de mayo de 1987, p. 17 y sig. <<

[21] Cfr. El Mercurio del 12 de abril de 2000. <<

[22] Que aquellas «confesiones» fueron fruto de oscuros compromisos fue admitido por el Transnational Institute y por el Institute for Policy Studies, enemigos jurados de Pinochet, en el noticiero TNI del 2 de agosto de 1978, en el sitio internet www.tni.org/history/letelier/press/020878. <<

[23] Cfr. agencia periodística Gratisweb, en el sitio internet www5.gratisweb. com/streeicher/atenta3, p. 1, y noticiero TNI en el sitio internet www5.gratis web.com/streicher/atenta3, pág. 1 y noticierio TNI en el sitio internet www. tni.org/history/letelier/press/02878, pág. 4. <<

[24] Cfr. en el sitio internet www5.gratisweb.com/streeicher/atenta4, p. 1, agencia periodística Gratisweb. <<

[25] Cfr. sitio internet www.cmpage.org de la organización religiosa Concerned Methodists, sez. I, p. 15. <<

[26] Este detalle fue confirmado por el Transnacional Institute en su noticiero del 1 de febrero de 1977, sitio www.tni.org/history/letelier/press/010277. En aquel noticiero del 1 de febrero de 1977, se afirmó, asimismo, que las noticias respecto del contenido del maletín de Letelier fueron difundidas por el periodista Jack Anderson y que el dinero pagado a Letelier, aun apareciendo oficialmente a cargo del Partido Socialista chileno, en realidad llegaba desde Europa. <<

[27] El CISPES (Committee in Solidarity with the People of El Salvador) fue creado en febrero de 1980 por Farid Handal, hermano de Shafik Handal, activo militante, jefe de los comunistas de El Salvador. Fue una multimillonaria estructura sustentada por la KGB soviética para favorecer la desestabilización en América Central, que estableció una relación privilegiada con algunos miembros del Congreso americano, primero entre todos el californiano de color Ron Dellums, notoriamente cercano a las organizaciones de izquierda. Fue confirmado el hecho que, inmediatamente después del desembarco americano en la isla de Granada, que en octubre de 1983 puso fin al régimen marxista de Maurice Bishop, dos emisarios de Dellums fueron a Cuba, donde dirigieron por cuenta de Castro una campaña de radio y televisión en la cual aquel desembarco fue definido como «crimen de guerra». Cfr., a propósito, sitio Internet www.cmpage.org de la organización religiosa Concerned Methodists, sez. I, p. 6. <<

[28] Cfr. la revista americana Newsweek que con fecha 14 de enero de 1974 incluyó la siguiente declaración: «Nosotros nos ocupamos de difundir el socialismo en todo el mundo, y ciertamente no a través de métodos pacíficos». <<

[29] Con respecto a Luis Fernández de Oña, el periodista William F. Jasper, en las p. 28-29 de su libro Patriot Enchained (ed. The New American, New York, 1999), dijo que fue «vicecomandante de los servicios cubanos de información militar y agente de enlace directo entre Castro y el Che Guevara cuando este último estuvo en Bolivia». Justamente él, Fernández de Oña, precisa Jasper, fue el organizador inicial en Santiago de la guardia personal de Allende, a la cabeza de la cual puso a Max Joel Marambio, que fue adiestrado en la Habana. <<

[30] Cfr. correspondencia de data 26 de octubre de 1998 de Gerard Jackson, sitio internet www.newaus.com.au/new93pin. <<

[31] Cfr. agencia periodística Gratisweb, en el sitio internet www5.gratisweb.com/streeicher/atental, p. 2-3. De la misma fuente se recaba un hipotético currículum de Paz, comunista cubano famoso en La Habana como «el capitán que dio el tiro de gracia en la cabeza a los que fueron fusilados por ser opositores a Fidel Castro». Después de un período transcurrido en Libia como instructor de terroristas, Paz fue mandado a Chile. donde inmediatamente tomó contacto con Michael Townley y, a través de él, con la CIA. Cfr. en el sitio internet www5.gratisweb.com/streeicher/atenta2, p. 2-3 <<

[32] Aun peor, parte del contenido del maletín de Letelier (lo que quedó después que éste fue pasado a través de la CIA y del FBI) fue entregado a la viuda de Letelier «como no interesante». En julio de 1995 más de cien oficiales del ejército chileno tomaron parte en una manifestación de protesta contra las acusaciones a la DINA en relación con la muerte de Letelier. Cfr. AA. VV., Pinochet ante la justicia española, p. 17-18 (ed. Lom-Codepu, Santiago 1998), Il Borghese del 3 de mayo de 1987, p. 17 y sig., y sitios periodísticos Gratisweb internet www5.gratisweb.com/streeicher/atenta2, p. 1, y www.gratisweb.com/streicher/atenta2, p. 1 y www5.gratisweb.com/streeicher/atenta3, p. 3. <<

[33] Cfr. en el sitio internet www5.gratisweb.com/streeicher/atenta4, p. 1, agencia periodística Gratisweb. <<

[34] Saul Landau, amigo de Letelier y su colega de trabajo en el lnstitute for Policy Studies, además de director cinematográfico de tendencia comunista, publicó junto a Ralph Stavins, también colaborador del mismo lnstituto, algunos escritos que señalan la responsabilidad de Pinochet en la muerte de Letelier. Cfr. noticiero TNI del 26 de marzo de 1977, sitio internet www.tni.org/history/letelier/tnidocs/done. <<

[35] Cfr. Il Borghese del 3 de mayo de 1987, p. 17 y sig. <<

[36] Cfr. Il Borghese del 3 de mayo de 1987, p. 17 y sig., agencia periodística Gratisweb en el en el sitio internet www5.gratisweb.com/streeicher/atenta4, p. 1. <<

[37] Manuel Contreras Sepúlveda, La verdad histórica II: ¿Desaparecidos?, p. 18-20 (ed. Encina, Santiago, 2001). <<

[38] Como he referido en el capítulo precedente, en 1977 Hortensia Bussi intentó el retorno a su patria, pero fue disuadida por Fidel Castro, quien la amenazó con represalias en contra de su hija, que entonces vivía en La Habana. Hortensia Bussi no perdonó nunca a Castro aquella intervención. Cfr. Manuel Contreras Sepúlveda, La verdad histórica II: ¿Desaparecidos?, p. 18-19 (ed. Encina, Santiago, 2001). <<

[39] Cfr. Defense & Foreign Affairs del 4 de octubre de 1976, artículo en parte reproducido por la agencia periodística Gratisweb, en el sitio internet www5. gratisweb.com/streeicher/atenta3, p. 2-3. Interesante, al respecto, es la lectura del libro George Bush: the unauthorized biography, de Webster G. Tarpley y Anton Chaitkin. <<

[40] Se trató de organizaciones análogas a aquellas a las que habría pertenecido la italiana Silvia Baraldini. <<

[41] Cfr. William F. Jasper, Patriot Enchained, p. 41 (ed. The New American, New York, 1999). La agencia periodística Gratisweb sostuvo que el marxista Letelier, además de estar en la dirección del Institute for Policy Studies, fue, asimismo, «consultor del senador Edward Kennedy y frecuentador de otros parlamentarios americanos marxistas». Cfr., otro tanto, en el sitio internet www5.—gratisweb.com/streeicher/atenta2, p. 2. Todo lo precedente fue de todos modos admitido por el mismo Transnational Institute y entonces por el Institute for Policy Studies en el noticiero TNI del 26 de marzo de 1977, sitio internet www.tni.org/history/letelier/tnidocs/done, donde se leyó, entre otras cosas, que el embajador chileno en Washington, Manuel Trucco, inmediatamente después de la muerte de Letelier, envió una nota al presidente americano Jimmy Carter indicándole cuántos y cuáles de sus consejeros eran devotos de la causa marxista. En lo que se refiere a los citados John Conyers y Ron Dellums, sintetizando lo referido por el periodista australiano Jim Stonebraker, en un comunicado del 19-25 de octubre de 1998, sitio internet www.jimstone-braker.com/dellums: «Las actividades subversivas de Letelier fueron coordinadas a través del Institute for Policy Studies, organización ligada al ambiente del terrorismo. Y bien, Dellums fue uno de los más ardientes partidarios del Institute for Policy Studies, en cuyas reuniones participó en 1980, donde encontró a elementos del terrorismo marxista-leninista. Dellums, que nunca ocultó sus propias simpatías ni tampoco sus contactos con organizaciones filosoviéticas, se consideró sobre todo un representante de la comunidad negra. Junto a John Conyers y a otros representantes de la izquierda del Partido Demócrata, siempre apoyó al régimen sandinista de Nicaragua y no sorprende que ahora los dos estén cerca del Chile Committee for Human Rights, organización que creó la viuda de Letelier y fue patrocinada por los servicios secretos cubanos». <<

[42] Respecto de la complicidad de los Estados Unidos en los asuntos chilenos, remitirse al capítulo IX de este libro. <<

[43] Según el periodista William F. Jasper, el montaje en contra de Pinochet fue preparado con cuidado. En su descripción del caso Letelier, Jasper dedicó, en efecto, mucha atención a los «testimonios» en contra de Pinochet. Uno de ellos fue del archivero Peter Kornbluh, del National Security Archive, colaborador de Letelier que, gracias a sus credenciales de comunista fiel, pudo haber sido una vía en los afirmados contactos entre sandinistas de Nicaragua y los senadores americanos John Kerry y Tom Harbin (cabe destacar que John Kerry es el derrotado candidato a la presidencia de Estados Unidos en representación del Partido Demócrata). Junto a Kornbluh trabajó un cierto Reed Brody del Council on Foreign Relations que, afirma Jasper, fue miembro de una asociación marxista de abogados y que también él estuvo cerca de los sandinistas de Nicaragua a través del Washington Office on Latin América. Otro «testigo» contra Pinochet fue un tal Kenneth Roth, de la Human Rights Watch, organización que, subraya Jasper, estuvo siempre en primera línea en el terreno «progresista». <<

[44] Sobre la versión de los hechos referida por Suárez a Wilson, cfr. el diario Nuevo Mundo & San José Mercury News del 5 de mayo de 2000, sitio Internet www.nuevomundo.com/2000/week19. <<

[45] Cfr. El Mercurio del 28 y 29 de marzo de 2000. El caso Leighton se señalará en las páginas siguientes. <<

[46] Cfr. Washington Post del 23 de marzo de 2000 y El Mercurio del 23, 28, 29 y 31 de marzo de 2000. Cabe señalar que Pedro Espinoza justificó la ambigüedad de sus declaraciones, para lo cual adujo haber sufrido presiones y prohibiciones. <<

[47] Cfr. El Mercurio del 20 de junio de 2000. <<

[48] Cfr. El Mercurio del 23 de marzo de 2000, del 20 de junio de 2000 y del 21 de junio de 2000. Cfr., otro tanto, Washington Post del 23 de marzo de 2000. <<

[49] Cfr. Raquel Correa y Elizabeth Subercaseaux, Ego sum Pinochet, p. 81 y sig. (ed. Zig-Zag, Santiago, 1989)… <<

[50] Cfr. El Mercurio del 21 de junio de 2000. <<

[51] Cfr. La Segunda y El Mostrador del 13 de noviembre de 2000. <<

[52] A propósito de las controversias entre Prats y Allende, cfr. Mónica González, La Conjura (Ediciones B Chile, Santiago, 2000, p. 112-113). En 1971 Allende, apoyado por el ministro de Defensa, Alejandro Ríos Valdivia, presentó un decidido plan de reestructuración del Ejército que suscitó en Prats, que no fue siquiera consultado, gran indignación y provocó su inmediata dimisión, retirada después de la renuncia, por parte de Allende, a la materialización del proyecto. <<

[53] Cfr. El Mercurio del 28 de junio de 2000. <<

[54] Cfr. El Mercurio del 29 de junio de 2000. Cabe notar que los abogados de los investigados solicitaron inmediatamente que las respuestas dadas por Zara Holger a la argentina María Servini de Cubría fuesen quitadas de las actas procesales, en cuanto constituían un injerencia extranjera y una violación de la soberanía territorial chilena. <<

[55] Cfr. El Mercurio del 26 y 27 de julio de 2000. <<

[56] Tomando conocimiento de las intenciones de María Servini de Cubría, en junio alrededor de 2000 mujeres chilenas esperaron que la misma llegara a Santiago y la acogieron con insultos e invitándola a retornar a la Argentina. Cfr. El Mercurio, varias ediciones, entre el 27 y el 29 de junio de 2000. <<

[57] Cfr. El Mercurio del 5, 10 y 12 de mayo de 2000 y La Nación del 10 de mayo de 2000. Cfr., asimismo, en el capítulo XIII de este libro. <<

[58] Cfr. El Mostrador del 5 y 9 de octubre de 2000. <<

[59] Cfr. El Mostrador del 28 de octubre de 2000. <<

[60] Cfr. El Mostrador del 13, 15 y 23 de noviembre de 2000. <<

[61] Cfr. El Mostrador del 14 de noviembre de 2000. <<

[62] Cfr. El Mostrador del 24 de octubre de 2000. <<

[63] Cfr. El Mostrador del 2 de noviembre de 2000. <<

[64] Cfr. El Mostrador del 27 de octubre de 2000. <<

[65] Cfr. El Mostrador del 28 de octubre de 2000 y del 6, 7 y 8 de noviembre de 2000. <<

[66] Cfr. El Mostrador del 18 y 29 de noviembre de 2000. <<

[67] Cfr. El Mostrador del 14 de diciembre de 2000. <<

[68] Cfr. El Mostrador del 23 de noviembre de 2000. <<

[69] Cfr. El Mostrador del 17 y 19 de agosto de 2001. <<

[70] Cfr. El Mostrador del 21 de abril de 2001. <<

[71] Cfr. El Mostrador del 14 de abril de 2001. <<

[72] Cfr. El Mostrador del 26 de mayo de 2001. <<

[73] Cfr. The Washington Times y El Mostrador del 1 de agosto de 2001. La embajada norteamericana en Buenos Aires dio a entender que una respuesta de Kissinger llegaría pero no era posible saber cuándo. Hay que señalar que en aquellos meses la situación económica argentina era desastrosa y el gobierno de Buenos Aires solicitaba desesperadamente ayuda a los Estados Unidos. Cfr. El Mostrador del 19 de agosto de 2001. <<

[74] Cfr. El Mostrador del 30 de mayo de 2001. <<

[75] Cfr. El Mostrador del 22 de junio y del 3 de julio de 2001. <<

[76] Cfr. al respecto La Repubblica del 19 de octubre de 1998, p. 13, artículo de Alessandro Oppes, Il Manifiesto del 9 de octubre de 1999, p. 5, artículo de Emanuele Giordana, Il Manifiesto del 14 de enero de 2000, p. 9, y Corriere della Sera del 9 de octubre de 1999, p. 11. <<

[77] Cfr. El Mostrador del 1 de septiembre de 2000. <<

[78] Cfr. El Mostrador del 28 de diciembre de 2000 y Televideo RAI del 16 de enero de 2001. <<

[1] Científico, escritor, editor y estadista americano (1706-1790). De su Poor Richard’s Almanac. <<

[2] Referente al abastecimiento de armas cubanas a los terroristas que respaldaban a Allende. Cfr. el libro Ojo: no tropieces en la misma piedra, de Miguel de Nantes, p. 31 (ed. Impresos Universitaria, Santiago, 1999) y el Libro Blanco del cambio de Gobierno en Chile, 11 de septiembre de 1973. <<

[3] Cfr. Ian Greig, The Assault on the West (ed. Foreign Affairs Publishing Copygraph, Petersham, 1968), con comentario de sir Alec Douglas-Home, p. 167 y 207. Cfr., otro tanto, La Iglesia del Silencio en Chile, de la Sociedad Chilena de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, Santiago, 1976, p. 214 y sig. <<

[4] Cfr. William F. Jasper, Patriot Enchained, p. 32 (ed. The New American, New York, 1999). El número de 20.000 milicianos marxistas fue bastante preciso. Una confirmación al respecto la dio Carlos Altamirano, jefe de la corriente más extremista del Partido Socialista, en el curso de una entrevista remitida a la periodista Patricia Politzer. Cfr., al respecto, el libro Altamirano, de Patricia Politzer, p. 33 (ed. Melquíades, Buenos Aires, 1989) y el libro Indebido Proceso, de Hermógenes Pérez de Arce, p. 34-36 (ed. El Roble, Santiago, 1999). <<

[5] Cfr. sitio Internet www.newaus.com.au/news93pin. De fecha 26 de octubre de 1988. <<

[6] Cfr., entre otros, Ercilla del 1 de septiembre de 1971 y Chile’s Marxist Experiment, de Robert Moss (ed. David & Charles, Newton-Abbott, Devon, England, 1973). La presencia de miles de terroristas y expertos en guerrilla provenientes de Cuba y de Europa fue confirmada por The Wall Street Journal del 23 de marzo de 1999, p. 12, artículo del historiador Robin Harris, autor del famoso A tale of two dictators, Pinochet and Allende, publicado en Londres en 1999. Simplemente ridícula es la opinión, ventilada por la televisión pública italiana, de que el «nacimiento de grupos terroristas clandestinos» pudo ser espontáneo (ninguna relación con Cuba y la KGB) y pudo verificarse sólo en los años 80 por reacción a quién sabe qué tipo de «crisis económica». Cfr. programa Correva l’anno, emitido por la RAI 3 a las 23:25 del 2 de enero de 2003. <<

[7] Cfr. Mónica González, La Conjura (Ediciones B Chile, Santiago, 2000), p. 149 y sig. Cfr., otro tanto, Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002), p. 448, donde se especificó que gran parte del adiestramiento se realizó en Cuba, en el campo de Punta Cero, donde la vegetación era similar a la existente en algunas zonas de Chile. <<

[8] Cfr. Mónica González, La Conjura (Ediciones B Chile, Santiago, 2000), p. 34. <<

[9] Cfr. The Wall Street Journal del 12 de diciembre de 2000. <<

[10] Cfr. Manuel Contreras Sepúlveda, La Verdad histórica (ed. Encina, Santiago, 2000), p. 26. <<

[11] Cfr. Manuel Contreras Sepúlveda, La Verdad histórica (ed. Encina, Santiago, 2000), pp. 30 y 71-72. <<

[12] Cfr. La Segunda del 22 de octubre de 1996 y Cfr. también Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez, Pinochet y la restauración del consenso nacional, p. 180-181 (ed. Geniart, Santiago, 1998) y Román Alegría, Del general de la esperanza a la desesperanza general, p. 143-146 (cinco fascículos publicados por la revista Hoy en los cuales se narra la historia del diario Clarín desde 1952 a 1973). <<

[13] Cfr. Gianni Minà, Un continente desaparecido, p. 239-240 (ed. Sperling, Milán, 1995). Se trata de un libro todo elogios a Fidel Castro y a la guatemalteca Rigoberta Menchú, cuyo Premio Nobel de la Paz es divulgado con insistencia. Entre otras, se lee (p. 241) un reconocimiento por las «conquistas de las que Cuba socialista pudo enorgullecerse respecto a los otros países latinoamericanos» y se encuentra (p. 242) la citación de una divertida relación de Amnistía Internacional que, en 1993, clasificó a Cuba como «el país del continente donde se violan menos los derechos humanos». <<

[14] Cfr. el volumen Vindicación de Cuba 1989, de AA. VV., p. 291 (ed. Política, La Habana, 1989), y Hermógenes Pérez de Arce, Indebido Proceso, p. 25 (ed. El Roble, Santiago, 1999). <<

[15] Patricio De la Guardia Font fue luego condenado por Castro a treinta años de prisión a consecuencia de divergencias internas ligadas con el narcotráfico. <<

[16] Cfr. Orlando Millas, Memorias 1957-1991 Una Disgreción, p. (ed. Ediciones Cesoc, Santiago, 1996) p. 186 y sig. de Gladys Marín, recién citada, fue célebre su viaje triunfal a Washington, huésped del Partido Demócrata, y el discurso que la misma pronunció en aquella ocasión, en plena guerra fría, sosteniendo las tesis de la Unión Soviética. Cfr. Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez, Pinochet y la restauración del consenso nacional, p. 275 (ed. Geniart, Santiago 1998). Cfr., otro tanto, www.pinochetreal.cl/persec1/cap2.html. <<

[17] Muchos terroristas (al menos treinta) adiestrados en Europa y en Libia fueron mandados por Fidel Castro a la Argentina a bordo de un submarino soviético y, de allí, al cuidado de terroristas argentinos del ERP, prosiguieron hasta Chile. Cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002), p. 448. <<

[18] Cfr. Conde Hans von Huyn, Victoria sin guerra, p. 281 (ed. Andrés Bello, Santiago, 1987) y Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez, Pinochet y la restauración del consenso nacional, p. 268 (ed. Geniart, Santiago, 1998). <<

[19] Cfr. The Wall Street Journal del 2 de noviembre de 1998, p. 14, artículo del historiador James Whelan, experto en cuestiones sudamericanas. <<

[20] Cfr. Alfonso Márquez de la Plata, Una Persecución Vergonzosa (ed. Andújar), pág. 98. Allí se precisa que análogas solicitudes a Moscú fueron presentadas en aquellos años también por Carlos Altamirano, del Partido Socialista chileno. <<

[21] Cfr. John O. Koehler, Stasi, The untold story of the East German secret police (1999) West view Press, p. 311-315. <<

[22] Cfr. Luis Heinecke Scott, Chile, crónica de un asedio, vol. I, p. 98 (ed. Santa Catalina, Santiago, 1992), El Mercurio del 7 de septiembre de 1986, Hermógenes Pérez de Arce, Indebido Proceso, p. 58-60 (ed. El Roble, Santiago, 1999) y Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez, Pinochet y la restauración del consenso nacional, p. 347 (ed. Geniart, Santiago, 1998). <<

[23] Manuel Contreras Sepúlveda, La verdad histórica (ed. Encina, Santiago, 2000), p. 36-40. <<

[24] Cfr. Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez, Pinochet y la restauración del consenso nacional, p. 348 (ed. Geniart, Santiago, 1998). <<

[25] Cfr. Il Giornale del 23 de octubre de 1986, p. 3, artículo de Lucio Lami. <<

[26] Cfr. Augusto Pinochet, Camino recorrido, II, p. 80 (ed. Instituto Geográfico Militar de Chile, Santiago 1998) y Gonzalo Rojas Sánchez, Chile escoge la libertad, p. 107 (ed. Zig-Zag, Santiago, 1998). Cfr., asimismo, Recopilación de los discursos del Presidente de la República, fascículos fechados 11 de septiembre de 1973, 11 de octubre de 1973 y 11 de septiembre de 1974. <<

[27] Cfr. Cristián Opaso, Frei, Allende y la mano de la CIA, p. 31, 53-58 y 48-52 (ed. Ornitorrinco, Santiago, sin fecha), Teresa Donoso Loero, Historia de los Cristianos por el Socialismo en Chile, p. 19 (ed. Vaitea, Santiago, 1975), James Whelan, Desde las cenizas, vida muerte y transfiguración de la democracia en Chile 1833-1988, p. 673-674 (ed. Zig-Zag, Santiago, 1993) y Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez, Pinochet y la restauración del consenso nacional, p. 140 y sig. (ed. Geniart, Santiago, 1998). <<

[28] Cfr. Il Borghese del 2 de octubre de 1988 y del 1 de abril de 1990. Las revelaciones de Il Borghese no suscitaron ninguna reacción por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores ni por parte de las organizaciones interesadas. <<

[29] Cfr. Il Borghese del 2 de octubre de 1988, p. 284. <<

[30] Otro diario chileno que recibió ayuda financiera italiana fue el famoso Fortín Mapocho, órgano de la extrema izquierda. Este crédito resultó, sin embargo, una equivocación cometida de buena fe: tanto que suscitó hilaridad en los círculos diplomáticos de Santiago. <<

[31] La histeria anti-Pinochet unió fuertemente a los tres sindicatos italianos Cgil, Cisl y Uil hasta el extremo de inducirlos a proponer que a los llamados «prófugos» chilenos les fuese dada prioridad absoluta, por parte de nuestras oficinas de colocación, en las asignaciones de puestos de trabajo. En perjuicio, naturalmente, de los desocupados italianos. <<

[32] Estas órdenes confirmaron que en el Chile de Pinochet la prensa de la oposición disfrutaba de plena libertad. La prensa marxista o católico comunista, financiada también por el extranjero, era en efecto libremente vendida en los kioscos. <<

[33] «Embajada», así dijo la comunicación oficial. Pero en realidad, desde el día en el cual el poder pasó a las manos de Pinochet, Italia no tuvo en Chile un embajador sino un agregado comercial: Italia consideró indigno de una verdadera representación diplomática una dictadura militar, mientras consideró muy dignas a las dictaduras comunistas. <<

[34] Cfr. Il Borghese del 25 de marzo de 1990 y el programa Correva l’anno, emitido por la RAI 3 a las 23:25 horas del 2 de enero de 2003, en el curso del cual fue entrevistada la señora Anna Sofía de Vergottini: según su opinión (que sin embargo no aportó pruebas), esa muchacha fue torturada y asesinada fuera de la embajada y luego tirada más allá del muro de contención. El número de 800 personas huéspedes en la embajada italiana fue confirmado, en el 2000, por el embajador italiano Milo Barbarani. Cfr. Corriere della Sera del 12 de marzo de

p. 10. <<

[1] Poeta y escritor inglés (1907-1973). De su Collected poems. <<

[2] Que la CIA influyó en los eventos que precedieron a la caída de Allende fue confirmado por sir Walter Walker, general británico al comando de las fuerzas OTAN del Norte de Europa entre 1969 y 1972: página 240 de su libro The Next Domino? (ed. Covenant Books, Londres, 1980). Él habló, en efecto, de las «cautas» iniciativas tomadas por el presidente americano Richard Nixon para incentivar la caída de Allende. Para protestar contra la participación americana en la cuestión chilena, en noviembre de 1998, más de 7.000 manifestantes de orientación marxista cercaron la Escuela de las Américas ubicada en Fort Benning, en Georgia, acusándola por el adiestramiento de miles de militares y futuros dictadores latinoamericanos. Los manifestantes, arengados por Joseph Kennedy, eran dirigidos por un sacerdote católico comprometido con la izquierda, Roy Bourgeois, famoso porque fue expulsado de Bolivia y de El Salvador donde estuvo unido a los guerrilleros y estuvo preso durante cuatro años en los Estados Unidos, luego de una manifestación en el interior de un cuartel. Cfr. Corriere della Sera del 30 de noviembre de 1998, p. 13. <<

[3] Cfr. Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez, Pinochet y la restauración del consenso nacional, p. 141 (ed. Geniart, Santiago, 1998). <<

[4] Cfr. Markus Wolf, El hombre sin rostro, p. 316 (ed. Vergara Buenos Aires, 1997) y Julio Canessa Robert y Francisco Balart Páez, Pinochet y la restauración del consenso nacional, p. 139-140 (ed. Geniart, Santiago, 1998). <<

[5] Korry estuvo como embajador en las dependencias del Departamento de Estado Americano, bajo la presidencia de Kennedy, Johnson y Nixon. Dejó el cargo de embajador en Santiago en octubre de 1971. Cfr. The Observer del 8 de noviembre de 1998, p. 9. <<

[6] Mónica González, La Conjura (Ediciones B Chile, Santiago, 2000), p. 84-85, allí donde se hizo referencia a la memoria de Henry Kissinger, en las reuniones de actas de la Casa Blanca y en el libro The Price of Power, escrito por Seymour M. Hersh. <<

[7] Cfr. Mónica González, La Conjura (Ediciones B Chile, Santiago, 2000), p. 115116. <<

[8] Cfr. The Observer del 8 de noviembre de 1998, p. 9. Según un documento descubierto en 1999, la CIA consintió en 1973 el secuestro y la desaparición del

periodista americano Charles Horman, notoriamente comprometido con la izquierda chilena. Cfr. La Repubblica del 9 de octubre de 1999, p. 6, Il Giornale del 320

de octubre de 1999, p. 12, y Prealpina del 10 de octubre de 1999, p. 7, asimismo, The Washington Times y El Mostrador del 1 de julio de 2001. <<

[9] Cfr. Mónica González, La Conjura (Ediciones B Chile, Santiago, 2000), p. 49. <<

[10] Cfr. Thomas Powers, The Man who kept the secret: Richard Helms and the CIA, citado por Mónica González, La Conjura (Ediciones B Chile, Santiago, 2000) p. 30 y 87. <<

[11] Cfr. The Observer del 8 de noviembre de 1998, p. 9, y La Repubblica del 12 de diciembre de 1998, un extravagante artículo de Manuel Vásquez Montalbán. <<

[12] Cfr. Mónica González, La Conjura (Ediciones B Chile, Santiago, 2000), p. 94 y 111, y cfr. documentos divulgados por la CIA en agosto de 2000 y comentados por El Mostrador del 17 de agosto de 2000. <<

[13] Cfr. En esta parte inicial de su estudio Brandt hizo referencia a los escritos de los diarios Berkeley Barb del 7-13 de noviembre de 1975, The Militant del 28 de septiembre de 1973 y The Militant del 19 de octubre de 1973. <<

[14] En las páginas siguientes Brandt se mostró escandalizado por el apoyo económico a los partidos anticomunistas chilenos otorgado por Estados Unidos. Se trató, sin embargo, de ayudas destinadas a estudios estadísticos, sondeos de opinión, propaganda electoral y cursos de adiestramiento político y militar. Nada en comparación a las intervenciones de la Unión Soviética: si se piensa, por ejemplo, a la represión militar en Alemania del Este, en Hungría y en Checoslovaquia y a los regímenes instaurados en Nicaragua, Mozambique, Angola y Etiopía. <<

[15] Se trató fundamentalmente de cientos de personas sometidas a cursos de instrucción en el lapso de más de diez años. Un número insignificante en comparación con los cursos de guerrilla y terrorismo a los cuales millares de chilenos fueron sometidos en Cuba, en Libia y en Alemania del Este. <<

[16] Fuentes utilizadas por Brandt para esta parte de su estudio: los libros No peaceful way: Chile’s struggle for dignity de Gary MacEoin (ed. Sheed & Ward, New York, 1974) y The End of Chilean Democracy de Laurence Birns (ed. Seabury Press, New York, 1974), y los diarios Christian Century del 25 de septiembre de 1974, San Francisco Chronicle del 5 de diciembre de 1975, The Militant del 28 de septiembre de 1973, New York Times del 12 de noviembre de 1973, Times del 18 de agosto de 1975, New American Movement de junio de 1975, Guardian del 25 de junio de 1975 y Los Angeles Free Press del 7 de marzo de 1975. <<

[17] La cadena El Mercurio, que dominó la información chilena por dimensión y prestigio, se extendió a los principales diarios nacionales, a siete diarios locales y a radioemisoras y agencias de prensa. Brandt extrajo todas estas noticias de un artículo de Fred Landis en el diario Liberation de marzo-abril de 1975 y del diario San Francisco Chronicle del 5 de diciembre de 1975. A tales noticias, si son auténticas, sin embargo, cabe señalar que la intervención de la CIA en defensa de El Mercurio fue consecuencia de las tentativas manejadas por Allende (y descritas en el capítulo III de este libro) para apropiarse del diario. De las mismas fuentes Brandt extrajo la conclusión que a través de la red de El Mercurio «la CIA se dedicó a una obra de propaganda, manipulación de la información, falsedad y terror, que fue difundida por el 70% de los diarios y por el 90% de las radioemisoras y, a través de la Sociedad Interamericana de la Prensa, se hizo circular en todo el mundo». En realidad el mundo, como bien sabe quien recuerda aquellos días, fue inundado por la propaganda a favor de Allende. <<

[18] Daniel Brandt puso cabeza abajo la realidad. Atribuyó la crisis económica chilena al sabotaje puesto en acción por Estados Unidos y por las grandes instituciones financieras mundiales, en vez de admitir que los errores de Allende, sean económicos (nacionalizaciones, expropiaciones, gestiones partidistas de las empresas) o políticos (plena dependencia de la Unión Soviética y de Cuba), hicieron declinar la confianza de los inversionistas extranjeros. <<

[19] En realidad sólo Leigh pasó un tiempo en Estados Unidos. Respecto de los

militares estadounidenses presentes en Chile, no se entiende cómo Brandt pudo encontrar escandaloso el hecho, dado que en Chile estuvieron presentes millares de militares y adiestradores cubanos, de Alemania Oriental y de Corea del Norte, y dado que, como se dijo, los terroristas chilenos asistieron habitualmente a cursos de adiestramiento en los países comunistas. <<

[20] Noticias, éstas, que Brandt obtuvo de los diarios The Militant del 4 de octubre de 1974, Liberation de marzo-abril de 1975 y Guardian del 18 de septiembre de 1974, y del libro CIA Diary de Philip Agee (Penguin Books, Harmondsworth, 1975). <<

[21] Fuentes citadas por Brandt en esta parte final de su estudio son, además de las ya indicadas, la revista Playboy de agosto de 1975 y el Latin America and Empire Report editado por la North American Congress of Latin America, octubre de 1973. <<

[22] Cfr. Washington Post del 21 de octubre de 1973 y New American Movement del mes de junio de 1975. <<

[23] El hecho era comprensible: cesado el peligro de las expropiaciones, las empresas norteamericanas comenzaron nuevamente a invertir. <<

[24] Cfr. El Mercurio del 12 de agosto de 2000. <<

[25] Cfr. El Mercurio del 14 de agosto de 2000. <<

[26] Cfr. El Mostrador del 17 de agosto de 2000. El director de la CIA, George Tenet, evitó hacer públicos los documentos que pudieron descubrir métodos de trabajo y nombres relativos a la actividad desarrollada por la propia organización en todo el mundo. El texto completo del informe de la CIA al Senado fue encontrado en el sitio Internet www.gwu.edu/~nsarchiv/news/20000919/01-06.htm. <<

[27] Cfr. El Mostrador del 19 de septiembre de 2000. Cfr., a propósito de la complicidad de la CIA referente a las violencias de las dos partes en conflicto en Chile, p. 20 de www.gwu.edu/~nsarchiv/news/20000919/0120.htm. <<

[1] Escritor ruso (1891-1940). De su obra La Guardia Blanca, de 1925. <<

[2] El proyecto de la nueva Constitución fue estudiado por una comisión de juristas presidida por el ex Presidente de la República Jorge Alessandri Rodríguez y antes de ser sometido a juicio del electorado fue ampliamente debatido en la televisión y en la prensa. Una explícita norma de la nueva Constitución declaró fuera de la ley todas las ideologías totalitarias, y fue justamente esta norma la que incrementó el odio de Fidel Castro y de todo el mundo marxista hacia Pinochet. Feliz por el éxito de aquel plebiscito, Pinochet declaró a la prensa: «Hoy llega a término el período de Gobierno Militar de 1973-1980 y comienza la fase de acercamiento a un nuevo gobierno constitucional». Cfr. Policy Review, publicación de la Heritage Foundation de Washington, otoño de 1985, p. 18 y sig., artículo de Mark Falkoff, y The New American del 10 de abril de 2000, artículo de James Whelan tomado por www.pinochetreal.cl. Cfr., asimismo, Miguel de Nantes, Ojo: no tropieces en la misma piedra, p. 44-45 (ed. Impresos Universitaria, Santiago, 1999) y Gonzalo Rojas Sánchez, Chile escoge la libertad, p. 309-320 (ed. Zig-Zag, Santiago, 1998). <<

[3] Según Gonzalo Vial Correa, en las p. 569 y sig. de su libro Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002), la derrota de Pinochet en ese plebiscito se debió una campaña de propaganda equivocada y a minimizar la influencia y las consecuencias de un medio como la televisión. Según el programa de televisión italiano Correva l’anno, emitido por RAI 3 a las 23:25 horas del 2 de enero de 2003, convocar dicho plebiscito fue un «error» debido a que Pinochet estaba seguro de poder ganarlo. <<

[4] Los otros dos candidatos a la presidencia, Hernan Büchi Buc y Francisco Javier Errázuriz, obtuvieron respectivamente el 29,4% y el 15.4% de los sufragios. En los años siguientes, a Patricio Alwin Azócar le sucedieron en la presidencia Eduardo Frei Ruiz-Tagle (democratacristiano) y Ricardo Lagos (socialista). <<

[5] Cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002), p. 588. <<

[6] Cfr. William F. Jasper, Patriot Enchained, p. 46 (ed. The New American, New York, 1999). <<

[7] Cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002), p. 577. <<

[8] Cfr. programa Correva l’anno, emitido por RAI 3 a las 23:25 horas del 2 de enero de 2003. <<

[9] Cfr., entre otros, Corriere della Sera del 18 de octubre de 1998, p. 9, artículo de Sara Gandolfi, y The Wall Street Journal del 19 de octubre de 1998, p. 2. <<

[10] A este fracaso los comunistas tuvieron que agregar el de sus divisiones internas. Divisiones tan marcadas como la tradicional antinomia entre Guastavino y Teitelboim, a la que se sumó la del ala extremista que, en 1990, llenó los muros de escritos en los cuales se acusó a los dirigentes del partido de «ofender a Stalin y a su gran herencia teórica y práctica». Cfr. Il Borghese del 1 de noviembre de 1990. <<

[11] Cfr. Il Borghese del 25 de marzo de 1990. <<

[12] Desde Italia, sin embargo, hizo escuchar su voz el diario comunista Il Manifesto, el 8 y 10 de marzo de 1998, en un violento ataque en contra de Pinochet. <<

[13] Cfr. El Mercurio del 30 de abril de 1994 y La Epoca del 9 de julio de 1994, citados en www.pinochetreal.cl. <<

[14] Una afirmación, ésta, que contrastó con otras realizadas por la misma señora de Allende: en los tiempos del régimen de Pinochet, en efecto, cuando solicitaba subvenciones internacionales, la señora Allende hizo ostentación de una presunta pobreza. Cfr. el periódico chileno Covadonga Informa de octubre de 1990 e Il Borghese del 11 de noviembre de 1990. <<

[15] La TFP (Tradición-Familia-Propiedad) presente también en Italia, dispone en Roma de oficinas muy activas. <<

[16] Cfr. El Mercurio del 2 de octubre de 1990 y Covadonga Informa de marzo, abril y octubre de 1990. <<

[17] Respecto de las polémicas que giraron en torno al nombramiento de Pinochet como senador vitalicio, cfr. Il Tempo del 2 de abril de 1997 y el Corriere della Sera del 11 de diciembre de 1997. No pudo faltar, entre las organizaciones que se dijeron indignadas por aquel nombramiento, el Parlamento Europeo, que el 19 de febrero de 1998 emitió en Estrasburgo una «resolución común» fuertemente crítica. Desde Santiago respondió el ministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, afirmando que el nombramiento de Pinochet como senador vitalicio «fue un deber y de todos modos constituyó un precio razonable para una transición adecuada y pacífica». Cfr. AA. VV., Pinochet ante la justicia española, p. 8 y 33 (ed. Lom-Codepu, Santiago, 1998). <<

[18] Cfr. The Wall Street Journal del 19 de octubre de 1998, p. 2. <<

[19] Cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002), p. 629. <<

[20] Cfr., al respecto, Il Giornale del 10 de marzo de 1998, p. 15. <<

[21] Cfr. Il Giornale del 20 de noviembre de 1996. <<

[22] Cfr. Raquel Correa y Elizabeth Subercaseaux, Ego sum Pinochet, p. 116 y sig. (ed. Zig-Zag, Santiago, 1999). Otras entrevistas fueron concedidas por Pinochet al inglés Alistair Horne del Sunday Telegraph en 1987 y al americano John Lee Anderson del The New Yorker a fines de septiembre de 1998. Fue justamente la entrevista concedida a Anderson, como se verá en el capítulo XI, la que reveló al juez español Baltasar Garzón que Pinochet estaba entonces en Gran Bretaña. El texto de aquella entrevista fue retomado y comentado por Gonzalo Vial Correa en su libro Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002), p. 701 y sig. <<

[23] Cfr. Raquel Correa y Elizabeth Subercaseaux, Ego sum Pinochet, p. 60-61-7677-103-106-108-121-123 (ed. Zig-Zag, Santiago, 1989). <<

[24] Además del mismo Rettig, formaron parte de la comisión Jaime Castillo Velasco, Mónica Jiménez, José Zalaquett, Laura Novoa, José Luis Cea, Ricardo Martin y Gonzalo Vial Correa. <<

[25] Cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago 2002), p. 603. <<

[26] Cfr. Manuel Contreras Sepúlveda, La verdad histórica II: ¿Desaparecidos?, p. 278-280 (ed. Encina, Santiago, 2001). <<

[27] Cfr. capítulo VI de este libro. <<

[28] Cfr., a propósito del Informe Rettig, el libro Pinochet ante la justicia española, de AA. VV., p. 14, 65 y sig. (ed. Lom-Codepu, Santiago, 1998). Cfr., otro tanto, Manuel Contreras Sepúlveda, La verdad histórica II: ¿Desaparecidos?, (ed. Encina, Santiago, 2001). Para un ulterior comentario, Cfr. Hermógenes Pérez de Arce, Indebido Proceso, p. 78 (ed. El Roble, Santiago, 1999). <<

[1] Comentario del barón Thomas Babington Macaulay of Rothley (nacido en 1800 y muerto en 1859), aparecido en junio de 1831 en el diario Edimburg Review. Fue un célebre hombre, político inglés, escritor, poeta e historiador dotado de inmensa cultura. En 1857 fue designado lord. Fue durante cuatro años administrador de la Colonia India. Cfr. Daniel B. Baker, Political Quotations (ed. Gale Reserch, Detroit, 1900), p. 54 y cfr. Enciclopedia Británica de 1997, vol. 7 Micropaedia, p. 606-607. <<

[2] El magistrado italiano Antonio di Pietro, luego dedicado a la política, fue famoso en aquellos años por sus espectaculares iniciativas judiciales, por su protagonismo y por su particular uso de la lengua italiana. Cfr. Il Giornale del 18 de octubre de 1998, p. 14. De este modo el mismo diario hablaba de Baltasar Garzón: «Su pasión es la justicia espectáculo. La actual acción contra Pinochet fue precedida de la misma investigación contra los jefes de la dictadura militar argentina, hasta el momento sin resultados. Cuando no tuvo a su disposición investigaciones sobre los desaparecidos, Garzón dedicó su atención a vicisitudes igualmente espectaculares, a raíz de los nombres de las personas implicadas, por ejemplo Silvio Berlusconi. En 1993 Felipe González, socialista, estaba casi acabado: eran las elecciones anticipadas y las hubiera perdido. En cambio las ganó porque logró convencer a Garzón de participar en su lista, prometiéndole el cargo de presidente de una comisión indagatoria de las cuentas de los partidos. Y Garzón, 45 años y un instinto innato para el protagonismo, fue elegido triunfalmente. Le hicieron participar en un par de asambleas pero su oratoria no fue contundente con las multitudes. El partido lo puso en el ejecutivo pero lo mantuvo congelado. Después de un año Garzón claudicó y volvió a su posición de juez». Cfr., para una cuidadosa descripción de la carrera de Baltasar Garzón, el Corriere della Sera del 20 de octubre de 1998, p. 13. El periodista americano William F. Jasper, en el diario The New American, definió a Garzón como «un militante socialista». Existe finalmente una biografía de Garzón que él mismo, con su desmesurada vanidad, confió a la periodista Pilar Urbano (Cfr. Il Giornale del 3 de enero de 2001). Una terrible desilusión fue, para Garzón, la prohibición con la cual la Corte Suprema española le impidió iniciar un proceso espectacular al ex primer ministro Felipe González, acusado de la muerte de 27 terroristas de la ETA acaecidas entre 1983 y 1986. Cfr., sobre el tema, Il Giornale del 23 de noviembre de 1999, p. 4. Otra desilusión fue la despreciativa respuesta con la cual el presidente argentino saliente, Carlos Menem, y su sucesor, Fernando de la Rúa, rechazaron la pretensión de procesar en Madrid a un centenar de militares argentinos, entre ellos los generales Jorge Videla, Emilio Massera y Leopoldo Galtieri, por la desaparición o muerte de aproximadamente nueve mil extremistas o terroristas. La decisión de Menem fue confirmada el 1 de mayo de 2000 por la magistratura y el gobierno de Buenos Aires. Cfr. El Mercurio del 1 de mayo de 2000. Peor aún en relación a sus intentos de incriminar a los militares argentinos, la Procuraduría General española abrió una investigación respecto de Garzón que, por medio de su amistad con Ernesto Sábato, notoriamente comprometido en el frente de los derechos humanos, no ofreció garantías de objetividad. Cfr. Il Giornale del 30 de octubre de 1999, p. 11, y del 31 de diciembre de 1999, p. 16, The Wall Street Journal del 3 de noviembre de 1999, p. 15, Il Giornale del 4 de noviembre de 1999, p. 11, e Il Giornale del 3 de enero de 2001, p. 10. Asimismo, la acción de «manos limpias españolas» iniciada por Garzón contra Silvio Berlusconi y contra su colaborador Marcello dell’Utri (ambos políticamente comprometidos con la derecha y por consiguiente en la mirilla del juez) cayó en el vacío por cuanto los mismos disfrutaban de inmunidad parlamentaria. Cfr. The Wall Street Journal del 28 de octubre de 1999, p. 2. Simplemente patéticos fueron los ulteriores intentos de Garzón de procesar a Silvio Berlusconi por presuntas irregularidades fiscales de una red de televisión española, en la cual el mismo Berlusconi tenía sólo una participación accionaria. Cfr. Libero del 12 de abril y 27 de junio de 2001. Francamente en el ridículo, finalmente, cayó la pretensión de Garzón de procesar al soberano marroquí Hassan II, en relación con el presunto exterminio de las poblaciones del Sahara occidental, ex español. Cfr. Il Giornale del 25 de octubre de 1998, p. 16, artículo de Roberto Fabbri. <<

[3] No se entiende de dónde Garzón extrajo el número de 600 ciudadanos españoles asesinados en Chile. El procedimiento fue en efecto iniciado por la muerte de siete personas: Juan Alsina Hurtos, Félix Francisco Figueras Ubach, Antonio Llido Mengual, Michelle Peña Herreros, Antonio Elizondo Hormaechea, Carmelo Soria Espinosa y Enrique López Olmedo. A estos siete fueron luego agregados Arturo Villavela Araujo, María Cristina López Stewart, Gastón Vidaurrázaga Manríquez, Manuel Roig Berenguer, Juan José Boncompte Andreu, Ricardo García Rosada y Ricardo Silva Soto. Se trataba, cabe notar, de ciudadanos españoles que ingresaron a Chile (a veces en forma ilegal) para desarrollar actividad terrorista o de todos modos contraria a los bandos del 11 de septiembre de 1973 y sig. que impusieron la consigna de entregar todas las armas y la prohibición de actividades de sabotaje y relativo apoyo, con pena de fusilamiento sumario. Cfr. AA. VV., Pinochet ante la justicia española, p. 37-45 (ed. Lom-Codepu, Santiago, 1998). <<

[4] Cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2000), p. 654-65. <<

[5] Que el verdadero creador de la iniciativa judicial española contra Pinochet fuera Garcés fue confirmado, entre líneas, por los autores del libro Pinochet ante la justicia española (ed. Lom-Codepu, Santiago, 1998), apoyado por una de las organizaciones partidarias del proceso, la CODEPU (Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo). Garcés, según su propia declaración (Cfr. p. 6 del libro recién citado), recibió el encargo de Allende de «narrar al mundo la verdad». Martín Almada, que se presentó con un dossier al juez español Baltasar Garzón, junto al argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980, fue uno de los principales testigos de la acusación contra Pinochet en el procedimiento iniciado por Garzón. <<

[6] Cfr. toda la prensa del 18 de octubre de 1998 y The Guardian del 7 de noviembre de 1998. Cfr., Asimismo, AA. VV., Pinochet ante la justicia española, p. 9 y 19 (ed. Lom-Codepu, Santiago, 1998). Estaba en el poder, en Londres, el gobierno laborista de Tony Blair. Ministro de Relaciones Exteriores era Robin Cook, ministro del Interior era Jack Straw. De este modo, elegantemente, La Repubblica comentó, con fecha 18 de octubre de 1998, la presencia y el arresto en Londres de Pinochet (lo definió como «viejo llorón, rimbombante y acaso un poco chocho» y al mismo tiempo definió como «juez cruzado» al magistrado Garzón): «Pinochet eligió operarse en Londres a causa de una enfermedad en realidad superficial, una hernia lumbar, probablemente porque en Chile no confió siquiera en sus soldados, aquellas Fuerzas Armadas que nacieron desde la traición y en la traición crecieron amaestradas en ello por el perfecto traidor Augusto Pinochet. Si una cierta dosis de vileza existe siempre en los genes del fascista clásico, Augusto Pinochet la puso al servicio de su propio éxito». <<

[7] Cfr. Sunday Telegraph Review del 18 de julio de 1989, p. 1, 2 y 3, artículo de Dominic Lawson. <<

[8] La Convención Contra la Tortura, aceptada y firmada en el Chile de Pinochet no fue nunca firmada por Estados Unidos (cfr. The Wall Street Journal del 4 de marzo de 2000, p. 10). De hecho, en el curso de las investigaciones sobre los atentados islámicos del 11 de septiembre de 2001 en Manhattan y Washington, el FBI solicitó con insistencia el uso de la tortura, demostrando la necesidad de recurrir a ella en los interrogatorios de los terroristas arrestados (cfr. Quotidiano Nazionale del 23 de octubre de 2001, p. 10). Cabe señalar además que en Israel «moderadas torturas» por parte de la policía son consentidas por la ley (cfr. Corriere della Sera del 12 de enero de 1998, p. 10). <<

[9] Por otro lado, el Gobierno de Santiago incorporó fuertes reservas en los documentos de ratificación de las dos primeras convenciones citadas y fue ampliamente justificado por el motivo siguiente: Chile salía de una guerra civil, en la que graves violaciones habían sido cometidas por todas las partes en conflicto y por el hecho de que se pretendía abordar una compleja y delicada obra de reconciliación. A propósito de la tercera convención, la relativa a la imprescriptibilidad de algunos delitos, cabe decir que se trató de una norma contraria a los principios elementales del derecho y del civismo y que fue solicitada esencialmente por algunas organizaciones hebreas, las que tuvieron el defecto de golpear sólo a los vencidos, olvidando los crímenes cometidos por los vencedores. <<

[10] Cfr., entre otros, The Wall Street Journal del 24 de noviembre de 1998, p. 12, artículo de Malcolm Rifkind, ex ministro británico de Defensa, desde 1992 a 1995, y ex ministro británico de Relaciones Exteriores, desde 1995 a 1997. <<

[11] Cfr. The Wall Street Journal del 19 de octubre de 1998, p. 2. <<

[12] Cfr. Avvenire del 20 de octubre de 1998, p. 14, artículo de Daniel Capella. <<

[13] Casi para darle la razón a Novoa, una bomba explotó en aquellos días en las inmediaciones de las embajadas española y británica. Cfr. Il Giornale del 30 de octubre de 1998, p. 14. <<

[14] Cfr. La Stampa del 24 de octubre de 1998, p. 11, artículo de Fabio Galvano. Pero cfr., principalmente un noticiario E-mail del londinense The Times de fecha 1 de febrero de 2000, en el cual se precisó que el presidente Menem, en la víspera de un viaje a Londres, donde participó en una ceremonia en la catedral de San Pablo en memoria de las víctimas de la guerra de las islas Falkland, declaró explícitamente que prorrogar la detención de Pinochet era un obstáculo para la reconciliación entre Gran Bretaña y Argentina. <<

[15] Cfr. El Mercurio del 26 de junio de 1997 y Pinochet ante la justicia española, de AA. VV., p. 22-23 (ed. Lom-Codepu, Santiago, 1998). <<

[16] Cfr. Il Giornale del 20 de octubre de 1998, p. 14. <<

[17] Cfr. Il Giornale del 13 de enero de 2000, p. 12. Cfr., en particular, Corriere della Sera del 15 de enero de 2000, p. 11, que ofreció una completa descripción de la situación política y de las perspectivas electorales chilenas de aquel momento. <<

[18] Cfr. The Wall Street Journal del 20 de enero de 2000. <<

[19] Cfr. Il Giornale del 16 de enero de 2000, p. 13, artículo de Alberto Pasolini Zanelli. <<

[20] Cfr. Corriere della Sera del 3 de noviembre de 1998, p. 14, e Il Giornale del 27 de octubre de 1998 y del 20 de febrero de 1999. Otro paso muy enérgico fue dado por El Vaticano, como se verá en las próximas páginas, en febrero de 2000. <<

[21] Análoga afirmación fue hecha por la hija de Allende, Isabel, diputada socialista, en óptimas relaciones personales con Tony Blair. Cfr. The Weekly Telegraph del 7 de noviembre de 1998, p. 4.

Cfr. Corriere della Sera del 24 de marzo de 1999, p. 13. <<

[22] Cfr. La Repubblica del 18 de octubre de 1998 y La Stampa del 19 de octubre de 1998. <<

[23] Cfr. Corriere della Sera del 24 de marzo de 1999, p. 13. <<

[24] Cfr. The Wall Street Journal del 14 de septiembre de 1999, p. 14. <<

[25] Cfr. L’Unitá del 19 de octubre de 1998, p. 9, Corriere della Sera del 21 de octubre de 1999, p. 9, Il Giornale del 2 de marzo de 1999, p. 19, Il Giornale del 3 de marzo de 1999, p. 18, Il Giornale del 13 de noviembre de 1999, p. 12, y La Repubblica del 4 de marzo de 1999, p. 17. Respecto de las violaciones a los derechos humanos en Cuba (donde son castigados legalmente hasta los homosexuales), cfr. Corriere della Sera del 3 de septiembre de 2000. <<

[26] Cfr. Il Giornale del 16 de junio de 2000 y Libero del 16 de enero de 2001. Cabe señalar que el film sobre el Che Guevara fue en parte patrocinado por Mediaset, empresa presidida por el hijo de Silvio Berlusconi. <<

[27] Cfr. Gisela Silva Encina, Sin derechos humanos, p. 138-141 (ed. Zig-Zag, Santiago, 1999). Todo eso no impidió a Alfio Marchini, ex editor de L’Unità y titular de la casa editora Elle-U-Multimedia, lanzar al mercado (sin demasiado éxito, en verdad) una recopilación de cómics dedicados a Fidel Castro, al Che Guevara y a la Revolución Cubana. Cfr. Il Giornale del 6 de enero de 2001. <<

[28] Cfr. La Repubblica del 10 de diciembre de 1998, p. 8 y 14, e Il Giornale del 18 de diciembre de 1998, p. 19. <<

[29] Cfr. William F. Jasper, Patriot Enchained, p. 27 (ed. The New American, New York, 1999). <<

[30] Cfr. Il Giornale del 11 de agosto de 2000, p. 10. <<

[31] Cfr. agencia periodística Corrispondenza Romana del 11 de diciembre de 1999, p. 3. <<

[32] Cfr. El Mercurio del 21 de noviembre de 1998. En el 2001 una análoga denuncia presentada en Bélgica fue bloqueada en silencio por las autoridades de Bruselas, que fueron, asimismo, muy diligentes, como se verá en las próximas páginas, en solicitar el arresto de Pinochet. <<

[33] Cfr. noticiarios vía internet de la Reuters de fecha 10 de febrero de 2000 y de la Associated Press de fecha 11 de febrero de 2000. <<

[34] Carlos Alberto Montaner, Fidel Castro and the Cuban Revolution (ed. Transaction Publishers, New Brunswick, NJ, 1989), p. 113. <<

[35] Aquellas adulaciones y reverencias en honor de Castro tuvieron lugar en Madrid, ante la mirada de Garzón, que fingió no ver y no entender! Casi para provocar la incomodidad de la Casa Real y la magistratura española, después de un mes, el 2 de julio de 2000, 22 ciudadanos cubanos escaparon de un avión que, en la ruta La Habana-Moscú, hizo escala en Madrid y pidieron asilo político a las autoridades españolas. Cfr. El Mercurio del 3 de julio de 2000. A propósito de los chilenos que después del golpe de Pinochet escaparon a Cuba, de este modo escribió Carlos Alberto Montaner en el libro ya citado: «Los chilenos que llegaron a Cuba en su fuga de la represión de Pinochet, a pesar de concordar teóricamente con Castro, tuvieron una experiencia desastrosa e intolerable. Casi todos muy pronto dejaron Cuba. Después del suicidio en La Habana de la hija de Allende en octubre de 1987, Castro permitió poco a poco la partida de los exiliados, evitando de este modo la resonancia internacional de este hecho. Si hubiesen leído, antes de dejar su país para dirigirse a Cuba, el libro Persona non grata escrito por Jorge Edwards, embajador de Allende en La Habana, esos chilenos hubieran elegido otro lugar para su exilio. Y lo mismo hubiesen hecho si hubieran sabido la triste experiencia de Eldridge Cleaver, jefe de las Panteras Negras americanas, escapado con gran prisa de Cuba donde tuvo la mala idea de refugiarse». Cfr. Carlos Alberto Montaner, Fidel Castro and the Cuban Revolution (ed. Transaction Publishers, New Brunswick, NJ, 1989), p. 142. <<

[36] La primera mujer (o «compañera oficial») de Fidel Castro, muerta en 1980, se llamó Celia Sánchez. <<

[37] Cfr. Libero del 14 de agosto de 2001, p. 1 y 14. <<

[38] Cfr. El Mercurio del 21 de noviembre de 1998. En el 2001 una análoga denuncia presentada en Bélgica fue bloqueada en silencio por las autoridades de Bruselas, que fueron, asimismo, muy diligentes, como se verá en las próximas páginas, en solicitar el arresto de Pinochet. <<

[39] Cfr. Avvenire del 20 de octubre de 1998, p. 14, artículo de Daniel Capella. Cfr., otro tanto, de AA. VV., Pinochet ante la justicia española p. 131 y sig. (ed. Lom-Codepu, Santiago, 1998) y, de Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002), p. 655. <<

[40] Cfr. Il Giornale del 7 de agosto de 1999, p. 11, y noticiario E-mail del diario inglés Guardian de fecha 8 de agosto de 1999. <<

[41] Cfr. AA. VV., Pinochet ante la justicia española p. 133 (ed. Lom-Codepu, Santiago, 1998). <<

[42] Cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002), p. 666-667. <<

[43] Cfr. Il Giornale del 14 de diciembre de 2000. A un resultado similar al auspiciado por Garzón se arribó de todos modos en julio de 2002, cuando fue instituido un Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya. <<

[44] Cfr. Il Giornale del 8 de noviembre de 1999, p. 1 y 7. Fue opuesto, en cambio, un comentario de Antonio Cassese en La Repubblica del 4 de marzo de 2000, p. 3: «Graves atrocidades cometidas por un líder en su país no son de exclusivo interés nacional, gravitan además en toda la comunidad internacional. Un nuevo ethos internacional se está difundiendo: de ello da testimonio el procedimiento iniciado hace algunos meses en Francia contra el comisario de policía marroquí Kholti, acusado de haber torturado en su patria». Las palabras de Cassese fueron, sin embargo, desmentidas por los hechos: ninguna iniciativa de soberanía nacional relativa a la violación a los derechos humanos fue tomada respecto de un dictador o de un régimen actuante o de cualquier manera en grado de reaccionar con fuerza. La lectura de la prensa (The Wall Street Journal del 3 de marzo de 2000 y el noticiario Internet CBS-Altavista del 3 de junio de 2000, entre otros) y las mismas palabras de Cassese mostraron, en efecto, quiénes fueron los insignificantes y siempre decadentes personajes en la mirilla de la llamada justicia de la soberanía nacional: el viejo y olvidado ex presidente iraní Akbar Rafsanjani, el insignificante senegalés Ciad Hissene Habré, un oscuro policía marroquí de nombre Kholti, el nonagenario paraguayo Alfredo Stroessner, el etíope Haile Mariam Mengistu, el haitiano Jean Claude Duvalier y los ugandeses Idi Amín Dadá y Milton Obote. El único intento respecto de un poderoso dictador en cargo, el congolés Laurent Kabila, finalizó archivado en París porque ninguno pudo permitirse fastidiar a un personaje que, como Kabila, controlaba inmensas fuentes de riqueza y especulaciones internacionales. Menos aún teorizar, naturalmente, iniciativas referentes a carniceros comunistas chinos, cubanos y norcoreanos que, al contrario, fueron admitidos y reverenciados en los más importantes ámbitos políticos y financieros del mundo. <<

[45] Cfr. The Wall Street Journal del 23-24 de octubre de 1998 y del 13 de enero de 2000. <<

[46] Cfr. El Mostrador del 25 de agosto y 6 de septiembre de 2001. <<

[47] Cfr. Il Giornale del 4 de noviembre de 1999, p. 1. <<

[48] Cfr. The Wall Street Journal del 20 de octubre de 1998, p. 8. A ese artículo le sucedieron, en el mismo diario, los mensajes de algunos lectores. Uno de ellos, la señora Yvonne M. Conde, citó el caso de su tío, José A. de Quesada, que en 1969 fue fusilado sin ser procesado, en Cuba, por razones políticas. Y calculó en más de 30 mil las personas asesinadas por orden de Castro. Cfr. The Wall Street Journal del 27 de octubre de 1998, p. 13. <<

[49] Cfr. The Wall Street Journal del 1 de diciembre de 1998, p. 13, artículo de George Melloan. <<

[50] Cfr. Il Giornale del 31 de octubre de 1998. <<

[51] Cfr. Corriere della Sera del 19 de octubre de 1998, p. 8. <<

[52] Cfr. Il Giornale del 2 de noviembre de 1998, p. 8. <<

[53] Cfr. Il Giornale del 9 de octubre de 1999, p. 12. <<

[54] Cfr. Corriere della Sera del 18 de octubre de 1998, p. 1 y 8. <<

[55] Mensaje internet del 13 de diciembre de 1998. <<

[56] Cfr. Miguel de Nantes, Ojo: no tropieces en la misma piedra, p. 27-29, p. 34, p. 55 y p. 119-120 (ed. Impresos Universitaria, Santiago 1999). <<

[57] El poder de los grupos terroristas que operaron en Chile en los años de la Junta Militar fue confirmado por una investigación realizada por la Organización de los Estados Americanos y en parte reproducida por el diario La Segunda de fecha 13 de julio de 1990. <<

[58] Cfr. William F. Jasper, Patriot Enchained, p. 45-46 (ed. The New American, New York, 1999). <<

[59] El Mercurio 10 de junio de 2000. La Tercera 11de junio de 2000. <<

[60] Cfr. El Mercurio del 22 de marzo de 2000. <<

[61] Cfr. Manuel Contreras Sepúlveda, La verdad histórica (ed. Encina, Santiago, 2000), p. 13. <<

[62] Cfr. El Manifiesto del 9 de octubre de 1999, p. 5, The Wall Street Journal del 8-9 de octubre de 1999, p. 6. Las afirmaciones de Evelyn Matthei parecen confirmadas por un cálculo de Manuel Contreras Sepúlveda, de las víctimas de la guerra civil instigadas por el marxismo internacional en algunas naciones de América Latina: 3.500 en Uruguay, 10.000 en Honduras, 30.000 en Guatemala, en Argentina, 50.000 en Salvador, 200.000 en Colombia, 150.000 en Perú, en Nicaragua, 80.000 en Brasil. «Pero sólo Chile fue acusado», observa Contreras, «por 1.322 muertos y 957 confirmados desaparecidos de los años 1973-1990». Cfr. Manuel Contreras Sepúlveda, La verdad histórica (ed. Encina, Santiago, 2000), p. 17, donde se comenta, asimismo, el número de un millón de muertos y desaparecidos de la Guerra Civil Española. <<

[63] Cfr. The Wall Street Journal del 22 de octubre de 1998, p. 7. Sobre el sacerdote terrorista Antonio Llido, ya señalado brevemente en el capítulo II de este libro, se hablará más todavía en este mismo capítulo. <<

[64] Cfr. AA. VV., Pinochet ante la justicia española, p. 66-67 (ed. Lom-Codepu, Santiago, 1998). <<

[65] Cfr. AA. VV., Pinochet ante la justicia española, p. 39 (ed. Lom-Codepu, Santiago, 1998). <<

[66] Cabe subrayar que el asesinato de militares por parte de los terroristas marxistas prosiguió también después de finalizar el régimen militar y el retorno a la plena democracia. Después de 1990, en efecto, fueron asesinados el agente de seguridad Roberto Fuentes Morrison, el coronel Luis Fontaine, el mayor Carlos Pérez y su mujer. Fueron heridos de gravedad los generales Leigh y Ruiz de la Fuerza Aérea. Cfr. Hermógenes Pérez de Arce, Indebido Proceso, p. 69-70 (ed. El Roble, Santiago, 1999), y The New American del 10 de abril de 2000, artículo de James Whelan, tomado de www.pinochetreal.cl. <<

[67] Cfr. Raquel Correa y Elizabeth Subercaseaux, Ego sum Pinochet, p. 103 (ed. Zig-Zag, Santiago, 1989). <<

[68] Tal vez para dar «color» a su artículo, Rampoldi no se limitó a hablar de personas «muertas»: remarcaba que esas personas fueron «asesinadas, literalmente mandadas a degollar». <<

[69] Cfr. Informe Rettig, 1991, p. 196. Cfr., asimismo, la relación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, tomo IV, p. 457 (Santiago, 1990) y Hermógenes Pérez de Arce, Indebido Proceso, p. 25, 43 y 53-55 (ed. El Roble, Santiago, 1999). Según el Informe Rettig, los terroristas y guerrilleros asesinados o desaparecidos militaron en varias formaciones políticas y paramilitares: 405 en el Partido Socialista, 384 en el MIR, 353 en el Partido Comunista, 24 en el MAPU, 19 en el Frente Manuel Rodríguez, 15 en el Partido Radical y los demás en formaciones menores o no confirmadas. <<

[70] Cfr. El Rebelde en la Clandestinidad de octubre de 1974 (diario clandestino del MIR), citado en las p. 56-57 del libro Indebido Proceso, de Hermógenes Pérez de Arce (ed. El Roble, Santiago, 1999). Miguel Enríquez, como se ha dicho en otro capítulo, fue uno de los fundadores del MIR y el 26 de julio de 1971, en una proclama, incitó «al pueblo» a asumir el poder absoluto «liberándose de las instituciones constitucionales que impedían el proceso revolucionario». El mismo Enríquez, caído en el frente empuñando las armas, figura en la relación del Informe Rettig como inocente víctima de la represión de Pinochet. <<

[71] Cfr. The Wall Street Journal del 23 de marzo de 1999, p. 12, artículo del historiador Robin Harris, autor del famoso A tale of two dictators, Pinochet and Allende, publicado en Londres en 1999. Según la Enciclopedia Británica de 1997 (vol. 9 Micropaedia, p. 456) la represión ejercida por Pinochet en los tres primeros años de su gestión del poder costó a los adversarios el arresto de 130 mil personas. En cuanto a los crímenes de Ernesto Che Guevara, el lector puede remitirse al apéndice 6 de este libro. <<

[72] Cfr. The Sunday Telegraph del 22 de noviembre de 1998, p. 3. <<

[73] Insulza, en una declaración a la televisión británica, aseguró que Pinochet, puesto en libertad, sería procesado en Chile, donde se desarrollaron los hechos, y en consecuencia «hubiera sido posible alguna forma de justicia y de verdad». Le respondió el diputado laborista inglés Jeremy Corbyn, afirmando que la inmunidad parlamentaria de la cual Pinochet disfrutaba en su patria impedía la posibilidad de un proceso en Santiago. Cfr. Corriere della Sera del 30 de noviembre de 1998, p. 13, Il Giornale del 1 de diciembre de 1998, p. 14 y Corriere della Sera del 10 de diciembre de 1998, p. 2. <<

[74] Cfr. The Wall Street Journal, del 26 de noviembre de 1998, p. 2. <<

[75] Cfr. Il Giornale del 29 de octubre de 1998, p. 16, y del 2 de noviembre de 1998, p. 17, asimismo, The Weekly Telegraph del 7 de noviembre de 1998, p. 4. Que Pinochet estaba en Londres como jefe de una delegación oficial invitado por el gobierno británico fue revelado, no obstante que Tony Blair quería mantener en secreto el embarazoso detalle. La verdad se supo por el semanario Sunday Telegraph, que logró entrevistar al general Alan Sherman, director general de la Defence Manufacturers Association. Sherman agregó, en el curso de la entrevista, que el arresto de Pinochet causó la pérdida de dos importantes órdenes de compra chilenas. El Ministerio de Defensa, en ese punto, fue obligado a confirmar la noticia. Las consecuencias comerciales de la iniciativa de Garzón y de la torpe indecisión del gobierno británico se agravaron día a día: en el curso de pocas semanas, inmediatamente después del arresto de Pinochet, Chile suspendió las conversaciones con Inglaterra sobre la compra de naves de guerra. Cfr. Il Giornale del 26 de octubre de 1998, p. 13. <<

[76] Cfr., para el texto completo de este triste intento de humorismo, Corriere della Sera del 9 de noviembre de 1999, p. 33, rúbrica de la así llamada Cultura. <<

[77] Cfr. Corriere della Sera del 10 de diciembre de 1998, p. 2. <<

[78] En los años siguientes al golpe fue famosa, en Milán, la presencia de una mafia organizada de vendedores de drogas, «exiliados» chilenos, en la zona de la Estación Central. <<

[79] Cfr. La Repubblica del 18 de diciembre de 1998, p. 25. <<

[80] Cfr. Corriere della Sera del 12 de diciembre de 1997, artículo de Luis Sepúlveda. <<

[81] Cfr. Corriere della Sera del 12 de diciembre de 1997, artículo de Luis Sepúlveda. <<

[82] Cfr. La Repubblica del 10 de diciembre de 1998, p. 9. <<

[83] Cfr. noticiario internet de la BBC, 22 de octubre de 1998. <<

[84] Cfr. The Guardian y The Observer del 19 de enero de 2000. <<

[85] Cfr. Impact de diciembre de 1998, p. 8. <<

[86] Cfr. Hermógenes Pérez de Arce, Indebido Proceso, p. 9-11 (ed. El Roble, Santiago 1999). <<

[87] Cfr. The Wall Street Journal del 23 de marzo de 1999, p. 12, del 16-17 de abril de 1999, p. 6, y del 4 de marzo de 2000, p. 10.

Cfr. noticiario de Gerard Jackson de fecha 26 de octubre de 1998, en el sitio internet www.newaus.com.au/news93pin. <<

[88] Cfr. noticiario de Gerard Jackson de fecha 26 de octubre de 1998, en el sitio internet www.newaus.com.au/news93pin. <<

[89] Cfr. The Spotlight del 1 de noviembre de 1999, p. 10. A propósito de los ataques a Haider, y de la dimensión de aquella indecorosa campaña, es suficiente consultar cualquier diario del mes de diciembre de 1999 en adelante. <<

[90] Cfr. The Spotlight del 1 de marzo de 1999, p. 16 y 17. En 1978, por el contrario, ¡Begin obtuvo el Premio Nobel de la Paz! <<

[91] Cfr. La Stampa del 19 de octubre de 1998, p. 7. <<

[92] En efecto, un tribunal lituano envió a Polonia, sin éxito, un pedido de extradición de Mijail Gorbachov en el instante en que el mismo se encontraba en Varsovia como visitante. En tanto, un juez francés puso en marcha una investigación a cargo del alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, por confirmadas violencias policiales y daños a un ciudadano francés. Cfr. The Wall Street Journal del 27 de octubre de 1998, p. 12, y del 29 de octubre de 1998, p. 10. Respecto a posibles riesgos para Margaret Thatcher (como se verá en las próximas páginas, se abrió efectivamente una investigación en Argentina), cfr. Il Giornale del 28 de enero de 2000. <<

[93] Cfr. Corriere della Sera del 11 de diciembre de 1998, p. 11. <<

[94] Cfr. The Wall Street Journal del 30 de abril de 1999, p. 3. <<

[95] Cfr. El Mostrador del 6 de septiembre de 2001. <<

[96] Cfr. The Wall Street Journal del 22 de julio de 1999, p. 2, artículo de Craig Torres. <<

[97] Cfr. The Wall Street Journal del 15 de noviembre de 1999, p. 15. <<

[98] Cfr. La Repubblica del 9 de octubre de 1999, p. 1 y 22. <<

[99] Cfr. Il Giornale del 4 de noviembre de 1999, cartas al director. <<

[100] Cfr. The Wall Street Journal del 26 de octubre de 1999, p. 13, cartas al director. <<

[101]La Repubblica del 17 de octubre de 1999 y agencia periodística Corrispondenza Romana del 23 de octubre de 1999. <<

[102] Cfr. noticiario E-mail difundido por Margaret Thatcher con fecha 1 de febrero de 2000. <<

[103] Cfr. Il Giornale del 19 de enero de 1999, p. 15, Corriere della Sera del 9 de octubre de 1999, p. 11, The Wall Street Journal del 8-9 de octubre de 1999, p. 6, y noticiario E-mail, difundido por Margaret Thatcher, del 1 de febrero de 2000. <<

[104] En efecto, en julio de 2000, en la huella del caso Pinochet, los familiares de 323 marineros argentinos muertos a consecuencias del hundimiento del Belgrano dieron comienzo a una acción penal en contra de Margaret Thatcher, acusada de crímenes de guerra. La iniciativa tuvo el apoyo del gobierno argentino, que llevó el caso ante la Corte Europea por los Derechos Humanos en Estrasburgo. Según los querellantes argentinos, Margaret Thatcher dio orden de hundir el Belgrano, lo que efectivamente ocurrió 36 horas antes de ser alcanzado por tres torpedos del submarino Conqueror para bloquear, con un episodio dramático, la mediación de paz comenzada por el presidente peruano Belaúnde Terry. Cfr. Il Giornale del 28 de enero de 2000, El Mercurio del 6 de julio de 2000 y Corriere della Sera del 19 de octubre de 2000. <<

[105] Cfr. noticiario via internet de la Associated Press, 10 de febrero de 2000, y Corriere della Sera del 28 de enero de 2000. <<

[106] Cfr. The Sunday Telegraph del 16 de enero de 2000, p. 21, artículo de David Bamber. <<

[107] Cfr. Impact de Noviembre de 1999, p. 13. <<

[108] Cfr. The Wall Street Journal del 17 de enero de 2000, p. 8, y (a propósito de Mike Tyson) del 4 de marzo de 2000, p. 10. <<

[109] Cfr. The Wall Street Journal del 20 de abril de 1999, p. 10. <<

[110] Respecto de los triunfales recibimientos reservados en Roma por el gobierno italiano al primer ministro Zuh Rongji, cfr. Il Giornale del 6 de julio de 2000. <<

[111] Cfr. H Giornale del 2 de marzo de 1999, p. 19, artículo de Alberto Pasolini Zanelli, y La Provincia del 10 de octubre de 1999, p. 5. China fue en efecto admitida por la Organización Mundial de Comercio y obtuvo la asignación de la sede de las Olimpíadas. Está de más recordar que en los años del régimen militar, Chile fue excluido de cualquier manifestación deportiva o cultural internacional. <<

[112] Cfr. Il Giornale del 10 de diciembre de 1998, p. 14. <<

[113] Cfr. Daily Mail del 21 de octubre de 1998, citado por el periódico sudafricano Impact de diciembre de 1998. Los ex «sessantottini» (pertenecientes al movimiento estudiantil político ideológico de 1968) se anidaron no solamente en el gobierno británico de Tony Blair, también en el alemán de Gerhard Schroeder: escandalosa fue la presencia en el gobierno alemán de los ex extremistas y agitadores Joschka Fischer y Juergen Trittin (Cfr. toda la prensa de enero de 2001 y, en particular, The Wall Street Journal del 24 de enero de 2001). Respecto a Italia, muchos del ex «poder obrero» y ex «lucha continua», hicieron carrera millonaria en las editoriales, en el periodismo y en la política. Con fecha 14 de diciembre de 2000 y 30 de agosto de 2001, el diario Libero y la revista Sette (suplemento del Corriere della Sera) señalaron a Gad Lerner, Luigi Manconi, Paolo Mieli, Ezio Mauro, Roberto Briglia, Claudio Rinaldi, Marco Boato, Andrea Marcenaro, Enrico Deaglio, Toni Capuozzo, Paolo Liguori y Franca Fossati. <<

[114] Cfr. The Wall Street Journal del 23 de marzo de 1999, p. 12. P. 348. <<

[115] Cfr. The Wall Street Journal del 12 de diciembre de 2000. <<

[116] Cfr. The Wall Street Journal del 28 de junio de 2001. <<

[117] Como se refirió precedentemente, la acusación de Garzón, cuya primera versión no respondió a las normas internacionales y británicas, fue replanteada bajo la consulta de dos «expertos» ingleses venidos, al efecto, desde Londres. Cfr. The Wall Street Journal del 4 de marzo de 2000, p. 10. <<

[118] La cuestión fue puesta en discusión en las Naciones Unidas en 1946, o sea, mientras aún estaba en curso el proceso de Nuremberg. Se puede, por lo tanto, decir que la normativa internacional sobre el genocidio y sobre los llamados crímenes contra la humanidad, la más severa que existe, ha sido hecha «a medida» para condenar a los vencidos de la Segunda Guerra Mundial. Y esto mientras los vencedores no solamente no eran investigados por crímenes análogos que habían cometido, sino que seguían tranquilamente cometiéndolos. <<

[119] Cfr. Hermógenes Pérez de Arce, Indebido Proceso, pp. 4, 6, 20, 70 y 73 (ed. El Roble, Santiago, 1999). Que la actuación contra los terroristas de izquierda no fuera un deseo de exterminio sino simplemente autodefensa está demostrado también por el hecho de que, a medida que disminuía la amenaza terrorista, disminuyeron las muertes causadas por la policía y el Ejército, que (según los datos relevados por la Comisión de Verdad y Reconciliación, p. 1969) fueron 1.261 en 1973, 309 en 1974, 119 en 1975, 139 en 1976, 25 en 1997, 9 en 1978 y así sucesivamente. <<

[120] Cfr. AA. VV., Pinochet ante la justicia española, pp. 69-72 (ed. Lom-Codepu, Santiago, 1998). <<

[121] Cfr. AA. VV., Pinochet ante la justicia española, pp. 50 y sig. (ed. Lom-Codepu, Santiago, 1998). <<

[122] Cfr. El Mercurio del 14 de noviembre de 1998 y Hermógenes Pérez de Arce, Indebido Proceso, pp. 45, 47 (ed. El Roble, Santiago, 1999). <<

[123] Mientras todo esto sucedía, es oportuno repetirlo, en Chile estaba en el poder el democrático y socialista Gobierno de Ricardo Lagos. Es absurdo, por lo tanto, atribuir a la Junta Militar de Pinochet imaginarias represiones policiales hacia los mapuches. Sobre los episodios citados, cfr. El Mercurio del 5, 20 24, 29 y 30 de marzo de 2000, además de El Mostrador del 25 de julio 2001, 1 y 8 de agosto de 2001 y 10 de octubre de 2001. <<

[124] Cfr. The Wall Street Journal de 23 de marzo 1999 p. 12, El Mercurio del 22 de noviembre de 1998 y Hermógenes Pérez de Arce, Indebido proceso, pp. 48-50 (ed. El Roble, Santiago, 1999). «¿Qué confianza se puede tener en un juez como Garzón», se pregunta Pérez de Arce, «que inventa una acusación de antisemitismo desmentida por los mismos exponentes de la comunidad judía?». En cualquier caso, añade Pérez de Arce, las normas internacionales sobre genocidio establecen que los relativos procesos son de competencia del país en cuyo territorio se han verificado los hechos o de un tribunal internacional: en ningún caso, por lo tanto, podía ser competente la magistratura española o la británica. <<

[125] Cfr. Pinochet ante la Justicia española, pp. 73 y sig. (Ed Lom-Codepu, Santiago, 1998). <<

[126] Cfr. AA. VV., Pinochet ante la justicia española, pp. 73 y sig. (Ed. Lom-Codepu, Santiago, 1998). <<

[127] Cfr., sobre este punto, también las actas de la Comisión Nacional de Verdad yReconciliación, Santiago 1990, tomo IV, p. 113. <<

[128] Sobre la repetición de los atentados, cfr. apéndice 1 de este libro. <<

[129] Cfr., sobre lo afirmado por Contreras Sepúlveda. <<

[130] Cfr. Hermógenes Pérez de Arce, Indebido Proceso, pp. 80 y sig. (Ed. El Roble, Santiago, 1999). <<

[131] Cfr. El Mercurio del 30 de noviembre 1970. <<

[132] Cfr. The Wall Street Journal, del 2 de noviembre de 1998, p. 14. <<

[133] Cfr. Hermógenes Pérez de Arce, Indebido Proceso, p. 116 (ed. El Roble Santiago, 1999) y Corriere della Sera del 12 enero de 1998, p. 10. <<

[134] Cfr. Le Monde, 13 diciembre 1957, Il Manifesto del 28 de mayo de 1996, el libro Crimes discretely veiled, de F. J.P. Veale, p. 140 (ed Institute for Historica Review, Torrance, Calif., 1979) y el libro Los primeros secesionistas: separatismo en Sicilia 1866 y 1946, de Mario Spataro (ed. Controcorrente, Nápoles, 2001). <<

[135] Cfr., actas del proceso Priebke, en el Tribunal Militar de Roma, audiencia del 5 de junio de 1997. También Cfr. el libro Del caso Priebke al Nazi Gold, de Mario Spataro, p. 523 (ed. Settimo Sigillo, Roma, 1999). <<

[136] Fueron justamente esos terroristas los que en 1971, cuando Allende y la Unidad Popular estaban en el poder, asesinaron en una calle de Santiago al ex ministro del Interior del Gobierno de Frei Montalva, Edmundo Pérez Zujovic. <<

[137] Cfr. Hermógenes Pérez de Arce, Indebido Proceso, p. 96 (Ed. El Roble, Santiago, 1999). <<

[138] Cfr. Punto Final del 18 de agosto de 1970, suplemento ilustrado. <<

[139] Cfr. Portada, noviembre de 1970, N° 16, suplemento El Mes. <<

[140] Cfr. El Mercurio, 25 de septiembre de 1971. <<

[141] Casi por ironía de la suerte, cuando Ossa fue torturado en 1998, Carlos Toro era director del Servicio de Investigaciones, y después de la amnistía de Pinochet, pasó a ser un alto funcionario del Partido Comunista y uno de los más activos acusadores del mismo Pinochet. <<

[142] Cfr. debates de la Cámara de Diputados, Santiago, 22 de agosto de 1973. <<

[1] Escritor francés (1740-1794). La frase fue extraída de una carta suya al poeta francés Jean François Marmontel (1723-1799). Citado en Best quotations for all occasions, de Lewis C. Henry, p. 197 (ed. Fawcet, New York, 1945). <<

[2] Se trata del libro El caso Pinochet ante las cortes británicas (Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1999). <<

[3] Pinochet se dirigió al extranjero después de abandonar el cargo de Presidente. En 1990 visitó Argentina, en 1992 Ecuador y luego China y Malasia. En Gran Bretaña estuvo en 1991, 1994, 1995, 1996 y 1997. Allí mantuvo una relación de estrecha amistad con Margaret Thatcher. Fue su nación preferida. <<

[4] Cfr., para detalles, el suizo Corriere del Ticino del 19 de octubre de 1998, p. 1. La London Clinic, ubicada en la centralísima Devonshire Square, detrás de Oxford Street. <<

[5] Sus portavoces fueron en aquella ocasión los abogados Michael Caplan, Clive Nicholls y Claire Montgomery. <<

[6] Cfr., entre otros, Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002), p. 668. La corte fue constituida por los jueces Lord Bingham of Cornhill (Lord Chief of Justice), lord Collins y lord Richards. El tribunal de Bow Street fue el mismo que en 1976 le negó a Italia la extradición del diputado Sandro Saccucci, injustamente acusado de complicidad en un homicidio verificado, en su ausencia, durante tumultos políticos en la localidad de Latina. El tribunal de Bow Street se limitó a expulsar a Saccucci (que arribó a Londres desde Austria) del territorio británico. En efecto, el exiliado, después de una breve estada en Francia, en España y en Chile, logró finalmente llegar a la Argentina, donde se estableció. Algunos años después, la justicia italiana, con sentencia de invalidación, lo absolvió con fórmula plena. <<

[7] Amnistía Internacional fue una de las partes más empecinada en la acción contra Pinochet, hecho éste que sorprendió a los que esperaban que Amnistía Internacional, organización que decía llamarse «humanitaria», tuviera un gesto de clemencia. <<

[8] El Crown Prosecution Service especuló con la posibilidad de una iniciativa de Gran Bretaña para incriminar a Pinochet independientemente de los pedidos de otras naciones, pero el intento quedó sin efecto. Cfr. Le Monde del 10 de noviembre de 1998, p. 4, La Repubblica del 18 de noviembre de 1998, p. 4, La Repubblica del 18 de noviembre de 1998, p. 18, The Sunday Telegraph del 22 de noviembre de 1998, p. 3, The Independent del 2 de diciembre de 1998, p. 1, Corriere della Sera del 4 de diciembre de 1998, p. 13, The Wall Street Journal del 13 de enero de 2000, p. 12. Cfr., otro tanto, La Repubblica del 29 de octubre de 1998, p. 14-15, y del 30 de octubre de 1998, p. 16, artículos de Guido Rampoldi, Corriere della Sera del 29 de octubre de 1998, p. 9, artículo de Alessio Altichieri, The Wall Street Journal del 29 y 30-31 de octubre de 1998, p. 2, artículos de Nicholas Bray y Carlta Vitzthum, Il Giornale del 29 de octubre de 1998, p. 16, y el suizo Corriere del Ticino del 27 de noviembre de 1998, p. 2. <<

[9] Diliberto dijo que se sintió «fuertemente emocionado» con la idea de procesar a Pinochet en Italia. Irónicos fueron los comentarios del parlamentario de derecha Francisco Storace: «Tenemos un ministro que quiere hacerse notar y demostrar que existe. El ministro debiera en cambio ocuparse de las variadas emergencias de nuestro país». Igualmente irónicos fueron los comentarios del parlamentario democratacristiano Carlo Giovanardi: «Diliberto enarbola todavía los emblemas ideológicos del comunismo por temor a ser superado en la izquierda». El parlamentario de derecha Domenico Gramazio expresó: «El ministro debiera más bien abrir una investigación sobre las foibes» (masacre de italianos por los combatientes de Tito en la Segunda Guerra Mundial). Cfr La Repubblica del 30 de octubre de 1998, p. 17, Il Giornale del 27 de octubre de 1998, p. 15, del 30 de octubre de 1998, p. 14, del 31 de octubre de 1998, p. 15, del 3 de noviembre de 1998, p. 14, y del 4 de noviembre de 1998, p. 16, asimismo, The Wall Street Journal del 4 de noviembre de 1998, p. 2 y Corriere della Sera del 3 de noviembre de 1998, p. 14 y del 11 de noviembre de 1998, p. 11. <<

[10] Hoffmann, nacido en Sudáfrica, de familia hebrea, fue famoso por sus extravagancias. Formaron parte de la corte, además de él, lord Slyn, Lloyd, Nicholls y Stein. A favor de Pinochet votaron Slynn y Lloyd, los otros tres votaron en contra. La discusión en la Cámara del Consejo se extendió a examinar los casos precedentes de extradición, que partieron del litigio HannoverBrunswick de 1848, para terminar en los casos más recientes del panameño Noriega y del filipino Marcos. Entusiasta fue el comentario del 27 de noviembre de 1998 del diario francés Le Monde, encarnizado adversario de Pinochet. Normalmente los Law Lords, que se reunieron en el interior del palacio parlamentario de Westminster y que se ocuparon de «cuestiones de derecho de interés público general», juzgaron (como en este caso) siendo cinco. Sólo excepcionalmente se reunieron en mayor número. En aulas normales sus trajes eran oscuros pero solicitaban a los abogados de las partes (Queen Counsel) vestirse con la toga negra y la peluca blanca. <<

[11] No confundirla con la prima del mismo nombre, famosa escritora. Durante los varios procesos londinenses, fue dramática la confrontación entre Isabel Allende y las dos hijas de Pinochet, Jacqueline y Lucía. Cfr. L’Unità del 19 de octubre de 1998, p. 9, artículo de Omero Ciai, y Corriere della Sera del 5 de noviembre de 1998, p. 10, artículo de Alessio Altichieri y Maurizio Chierici. <<

[12] Cfr. The Wall Street Journal del 26 de noviembre de 1998, p. 2, y de La Repubblica del 12 de diciembre de 1998, p. 11. Margaret Thatcher, que pocos días antes invitó a su casa a Pinochet a un té, puso en evidencia con sus declaraciones la ayuda que Pinochet otorgó a Gran Bretaña durante la guerra de las islas Falkland o Malvinas. Cfr. Corriere della Sera del 23 de octubre de 1998, p. 8, Il Giornale del 23 de octubre de 1999, p. 14, e II Giornale del 27 de marzo de 1999, p. 16. <<

[13] El caso Pinochet fue una pesadilla para Jack Straw, obligado a contemporizar entre las exigencias de una justicia de garantía como la británica, sus propias pasadas simpatías por Allende y la propia antipatía instintiva respecto a Pinochet: en los años que siguieron al golpe de Estado militar chileno, Straw, entonces joven extremista de la izquierda universitaria, tomó parte activa en las manifestaciones locales contra Pinochet. Cfr., al respecto, Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002), p. 660. <<

[14] Cfr. The Guardian del 2 de diciembre de 1998, p. 1. En el artículo se nombra a los acaudalados amigos de Pinochet y del mismo modo las ricas personalidades que habitaron en esa villa. Según un cálculo hecho por el Corriere della Sera del 4 de diciembre de 1998, las vicisitudes judiciales londinenses le costaron a quienes aportaron fondos para defender a Pinochet, aproximadamente 33 millones de liras (unos 17 mil euros) al día para los abogados y 27 millones de liras a la semana (unos 13 mil euros) para el alquiler de la villa. <<

[15] Pocos días antes, cuando circularon las primeras noticias a propósito de las relaciones de Hoffmann con Amnistía Internacional, el ministro Straw no dio importancia al asunto o prefirió ignorarlo. Cfr. Il Giornale del 11 y 18 de diciembre de 1998, p. 17 y 19, Corriere della Sera del 10 de diciembre de 1998, p. 3, y del 11 de diciembre de 1998, p. 11, La Repubblica del 18 de diciembre de 1998, p. 25, The Independent del 7 de noviembre de 1998, p. 2, e Il Giornale del 18 de diciembre de 1998, p. 19. Un detallado informe del caso Hoffmann en la p. 669 y sig. del libro Pinochet, la biografía, de Gonzalo Vial Correa (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago 2002). <<

[16] Cfr. The Wall Street Journal del 16-17 de abril de 1999, p. 6. El juez español Baltasar Garzón fue representado por el abogado inglés James Lewis y por el abogado español Joan E. Garcés, consultor y amigo de Allende. La acusación fue conducida por Alun Jones, procurador de la Corona. <<

[17] Cfr. Corriere della Sera, p. 11, y La Repubblica, p. 10, ambos del 11 de diciembre de 1998. <<

[18] Por otra parte, lord Hoffmann fue invitado a renunciar después de la humillación por reproche público. Pero se cuidó bien de hacerlo. Cfr. Il Giornale del

de diciembre de 1998, p. 19. <<

[19] Olvidó, Garzón, que los juicios de apelación existen para revisar, y eventualmente revertir, las sentencias de primer grado. <<

[20] ¿Todavía «en el exilio», aquellos chilenos, ocho años después del término de la presidencia de Pinochet? Cfr. Corriere della Sera del 18 de diciembre de 1998, p. 11, La Repubblica del 18 de diciembre de 1998, p. 25, e Il Giornale del 18 de diciembre de 1998, p. 19. <<

[21] Cfr. The Wall Street Journal del 24 de marzo de 1999, p. 2, y 25 de marzo de

p. 2 y 8. Tras esos artículos se sucedieron con fecha 30 de marzo de 1999, en el mismo diario, numerosas cartas de lectores. Cabe subrayar, que según el derecho británico, las cuestiones relativas a la extradición requerían la intervención decisiva de una autoridad política. Y, por este motivo, la magistratura, después de estudiar cuidadosamente la cuestión y formular sus recomendaciones, entregó su decisión final al ministro del Interior. <<

[22] Cfr. The Wall Street Journal del 16-17 de abril de 1999, p. 6. <<

[23] Cfr. Il Giornale del 26 de marzo de 1999. Cabe recordar que Pinochet dejó el poder en 1990, después del tercer referéndum y cuando en Chile existía pluralismo político y plena libertad de prensa. No se entiende cómo, entre 1988 y 1990, entre un referéndum y otro, pudiese dedicarse a sistemáticas torturas. <<

[24] Cfr. Il Giornale del 16 de abril de 1999 y The Wall Street Journal del 16-17 de abril de 1999, p. 2, artículo de Matthew Rose. <<

[25] El lector estará posiblemente perplejo frente a este cruce y sobreposición de recursos. En efecto, el sistema judicial británico prevé un gran número de recursos (remedies) y apelaciones que dan lugar a un laberinto de revisiones y confirmaciones. <<

[26] Para el texto completo del artículo y de la entrevista, cfr. Sunday Telegraph Review del 18 de julio de 1999, p. 1, 2 y 3. La presencia de una intérprete fue necesaria porque, como Lawson precisó en su escrito, Pinochet «no conoce una palabra de inglés». <<

[27] Pinochet tenía razón. El autor de este libro fue testigo directo, en 1959, del caso de un ciudadano italiano al cual, apenas llegado al aeropuerto de Londres, las autoridades de la frontera le notificaron la posibilidad de un arresto si hubiese permanecido en territorio británico más de 48 horas. <<

[28] Es una clara alusión a las consecuencias de la transición en Gran Bretaña de un gobierno conservador a un gobierno laborista con fuerte connotación socialista. <<

[29] El IRA (Ejército Republicano Irlandés) es el ejército clandestino que combate por la separación del Ulster (Irlanda del Norte) de Gran Bretaña. <<

[30] Al respecto, la hija mayor de Pinochet, Lucía, dijo: «Mi padre acepta una responsabilidad indirecta, pero no la responsabilidad directa de los horrores de los que fue acusado. No dio nunca órdenes para que se cometiesen excesos. Mi padre se comprometió a llevar a buen puerto la economía chilena. Todas las demás actividades fueron delegadas a sus colaboradores. Naturalmente sabía que existía la DINA, porque él mismo contribuyó a crearla, pero no fue informado de su modo de operar». Cfr. El Mercurio del 8 de abril de 2000. <<

[31] En su lista, Pinochet se olvidó mencionar a muchos comunistas y ex terroristas chilenos acogidos por Italia con los brazos abiertos y que aquí ejercieron frecuentemente actividades dudosas ligadas al tráfico de drogas. <<

[32] Cfr. La Repubblica del 26 de agosto de 1999, p. 18. <<

[33] Cfr. The Wall Street Journal del 23-24 de octubre de 1998, p. 6, Il Giornale del

de septiembre de 1999, p. 14, y Corriere della Sera del 9 de octubre de 1999, p. 11. <<

[34] Cfr. Corriere della Sera del 29 de septiembre de 1999, p. 10. <<

[35] Cfr. La Repubblica del 9 de octubre de 1999, p. 1, 6, 7 y 22, artículos de Carlos Elordi y Antonio Polito, e Il Manifesto del 9 de octubre de 1999, p. 4, artículo de Orsola Casagrande. De este modo, en aquellos días, Alessio Altichieri del Corriere della Sera decía: «Más se avanza entre sentencias y apelaciones, mas el caso deviene inextricable». <<

[36] Cfr. La Repubblica del 12 de enero de 2000, p. 17, Liberazione del 12 de enero de 2000, p. 3, y L’Unità del 12 de enero de 2000, p. 10. Cfr., asimismo, Il Manifesto del 12 de enero de 1999, p. 1, que acusó al gobierno de Blair de «debilidad». <<

[37] Cfr. Corriere della Sera del 6 de enero de 2000, p. 12, e Il Giornale del 6 de enero de 1999, p. 9. En aquella ocasión Bélgica hizo notar que de todos modos, habría insistido para que Pinochet, aun gravemente enfermo, fuese enviado a su país para ser procesado. Cfr., al respecto, el suizo Corriere del Ticino del 14 de enero de 2000, p. 3. En la misma línea intransigente formó sus filas Amnistía Internacional, organización que se dice humanitaria y apolítica. Cfr. Il Giornale del 14 de enero de 2000, p. 11, y Liberazione del 14 de enero de 2000, p. 3. <<

[38] Cfr., para una detallada exposición de aquellos hechos, The Sunday Telegraph del 16 de enero de 2000, p. 23, artículo de David Cracknell. En otro artículo, en el mismo diario, p. 2, se dijo que Pinochet tuvo la intención de pretender obtener las disculpas del gobierno británico. <<

[39] Cfr. Le Monde del 14 de enero de 2000, p. 1, 2 y 3, artículos de Christine Legrand y Marie-Claude Decamps. En su inexplicable saña, Le Monde fue tal vez el único diario europeo que dedicó al caso Pinochet páginas y páginas. En Il Giornale del 7 de marzo de 2000, p. 14, Alberto Pasolini Zanelli definió a Guzmán como «un imitador chileno del español Garzón». <<

[40] Cfr. Il Giornale del 12 de enero de 2000, p. 11, Corriere della Sera del 12 de enero de 2000, p. 11, y del 25 de enero de 2000, p. 14, La Repubblica del 12 de enero de 2000, p. 1 y 19, y del 13 de enero de 2000, p. 12 y 13, Daily Mail del 12 de enero de 2000, p. 1 y 2, Libération del 12 de enero de 2000, p. 1 y 13, Finantial Times del 12 y 13 de enero de 2000, Tribune de Genéve del 13 de enero de 2000, p. 3, Le Temps del 13 de enero de 2000, p. 1, 2 y 3, Corriere del Ticino del 13 de enero de 2000, p. 1 y 4, International Herald Tribune del 13 de enero de 2000, p. 1 y 6, The Wall Street Journal del 25 de enero de 2000, p. 2, y del 27 de enero, p. 2, The Guardian del 26 de enero de 2000, p. 4, y The Independent del 26 de enero de 2000, p. 4. <<

[41] Cfr., a título de ejemplo, Le Monde del 13 de enero de 2000, p. 1, 2, 3 y 14, Le Monde del 16-17 de enero de 2000, p. 2 y 14, Le Monde del 20 de enero de 2000, p. 1, 4 y 14, en el que se lamentó el hecho por el cual Pinochet quedase «definitivamente sin castigo», y Le Monde del 23-24 de enero de 2000, p. 3. <<

[42] Cfr. Il Giornale del 13 de enero de 2000, p. 12 y La Repubblica del 12 de enero de 2000, p. 17. De este modo, con una buena dosis de vulgaridad, Ester Nemo describió, en Il Manifesto del 13 de enero de 2000, p. 5, las enfermedades de Pinochet: «Tiene los nervios rotos, no duerme demasiado, tiene un poco de diabetes, camina en silla de ruedas y se la hace encima». Polémico, asimismo, es el comentario de Vittorio Bonanni en Liberazione del 13 de enero de 2000, p. 10: «Es bastante evidente que los achaques son un pretexto». Cómico, siempre en Liberazione del 13 de enero de 2000, el artículo de fondo firmado por Pietro Ingrao: «Pinochet, no olvidamos». Increíble, en efecto, una invitación a no olvidar expresada por uno de aquellos comunistas que muchas cosas tendrían que hacerse olvidar. <<

[43] Cfr. Corriere della Sera del 13 de enero de 2000, p. 11, artículo de Alessio Altichieri. <<

[44] Cfr. Corriere della Sera del 15 de enero de 2000, p. 11, e Il Giornale del 15 de enero de 2000, p. 12 <<

[45] Sobre aquel ridículo tira y afloja ver cfr., entre otros, Corriere della Sera del 18 de enero, p. 4, Il Giornale del 19 de enero de 2000, p. 12, que tituló «Straw se toma tiempo», Corriere della Sera del 19 de enero de 2000, p. 13, que informó a los lectores de la intención de Straw de «examinar a fondo» los recursos de España, Bélgica y Amnistía Internacional, Corriere della Sera del 20 de enero de 2000, p. 15 e Il Giornale del 23 de enero de 2000, p. 13, que habló resignado del «riesgo de una nueva postergación para la decisión final de Straw». Respecto de las presiones ejercidas por la izquierda laborista en la persona de Straw, cfr. The Wall Street Journal del 23 de marzo de 1999, p. 12. Cfr., asimismo, The Wall Street Journal del 1 de febrero de 2000, p. 2, y del 8 de febrero de 2000, p. 3, que confirmó las consabidas y cada vez más aguerridas iniciativas de España, Bélgica y Amnistía Internacional. Y Cfr., finalmente, Il Manifesto del 28 de enero de 2000, p. 10, Avvenire del 1 de febrero de 2000, p. 19, La Repubblica del 1 de febrero de 2000, p. 18, La Stampa del 1 de febrero de 2000, p. 11, Corriere della Sera del 1 de febrero de 2000, p. 15, Il Giornale del 1 de febrero de 2000, p. 12, The Wall Street Journal del 7 de febrero de 2000, p. 38, y del 9 de febrero de 2000, p. 2, y The Weekly Telegraph del 8 de febrero de 2000, p. 1. <<

[46] Cfr. Il Giornale del 17 de enero de 2000, p. 11, artículo de Alberto Pasolini Zanelli, y Corriere della Sera del 18 de enero de 2000, p. 5. <<

[47] El contenido de la relación fue lo sintetizado en las páginas precedentes. En línea de máxima, se concluyó que Pinochet estaba tal vez capacitado físicamente para soportar un proceso, pero ciertamente no era lo mismo mentalmente: su incapacidad de seguir un razonamiento y la casi absoluta falta de memoria le impidieron en efecto defenderse de manera adecuada. Existía además el riesgo de que la tensión nerviosa provocada por el proceso y sus derivaciones provocara otro episodio cardiovascular de consecuencias imprevisibles. Respecto de los altos y bajos del estado de salud de Pinochet, cfr., entre otros, Il Giornale del 13 de febrero de 2000, p. 12. De este modo, el 18 de febrero de 2000, escribió Andrea Tornielli en Il Giornale: «La capacidad mental del general fue dañada a un punto tal de no poder reconocer a su mujer, Lucía, y de no recordar la visita de sus hijos. Resulta evidente y cada vez más improbable que una persona en ese estado pueda afrontar un proceso regular». <<

[48] Cfr., además de los citados diarios españoles e ingleses, asimismo los noticiarios Internet del diario chileno El Mercurio de fecha 15, 16, 17, 18, 19 y 23 de febrero de 2000, y cfr., otro tanto, The Wall Street Journal del 16 y 23 de febrero de 2000, Il Giorno del 21 de febrero de 2000, p. 10, y del 23 de febrero de

p. 12. <<

[49] Cfr. El Mercurio del 20 y 22 de febrero de 2000. <<

[50] Cfr. El Mercurio del 22 de febrero de 2000. <<

[51] Cfr. El Mercurio del 23 de febrero de 2000. En tanto, como refirió El Mercurio el 25 de febrero de 2000, el avión militar chileno que debió transportar a Pinochet a Chile estuvo en el aeropuerto londinense de Brize Norton preparado para hacer periódicos vuelos de control técnico. <<

[52] Cfr. Il Giornale del 18 de febrero de 2000, p. 10, artículo de Andrea Tornielli. <<

[53] Cfr. El Mercurio del 18 de febrero de 2000. El Cardenal Angelo Sodano, como El Mercurio subrayaba, fue Nuncio apostólico en Chile por diez años durante la presidencia de Pinochet y organizó la visita de Juan Pablo II al país. Luego fue nombrado Secretario de Estado, informó El Mercurio, y «pudo establecer una relación especial entre la Santa Sede y Chile». Gonzalo Vial Correa, en su libro Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002), subrayó la admirable obra desarrollada por el Cardenal Sodano en la gestión y pacificación de la difícil situación chilena. <<

[54] Cfr. El Mercurio del 24 de febrero de 2000. El comportamiento de Bélgica, pequeño aunque petulante miembro de la Unión Europea, suscitó el disgusto e hilaridad en los círculos políticos y periodísticos mundiales. El arrogante ministro de Relaciones Exteriores belga, Louis Michel, fue líder en el 2000 y 2001 de la campaña contra Austria (culpable porque votó libremente por un partido de derecha contrario a la inmigración clandestina ilegal y por esto definido como «xenófobo») y contra Italia (culpable de inclinarse políticamente a la derecha, en consecuencia «xenófoba» también). Mientras tanto, el gobierno belga dio ejemplo de verdadera xenofobia poniendo controles drásticos de inmigración en las propias fronteras y no logró suavizar los contrastes étnicos entre las propias comunidades valona y flamenca, no logró contener la inflación que en efecto tocó el 2,79% en julio de 2000 (cfr. The Wall Street Journal del 31 de julio de 2000), apestó Europa exportando alimentos contaminados para animales, expulsó en marzo de 2000 a un grupo de ilegales chinos sin tomar precauciones sobre dónde terminarían (en efecto, casi todos murieron por asfixia en un camión que sobre una barca los llevaba a Inglaterra) y, al mismo tiempo, se erigió en moralizador perseguidor del viejo Pinochet. El comportamiento belga, respecto de Austria, superó en gran manera el límite de lo grotesco. En febrero de 2000 la localidad belga de Kortrijk suspendió la representación de la opereta Al Cavallino Bianco porque su compositor, Rudolf Josef Benatzky (18841957) era austrohúngaro de nacimiento y vienés por formación cultural. Y, siempre en febrero de 2000, el belga Gerard Mortier, director del festival musical austríaco de Salzburgo, entregó su dimisión pero se apresuró luego, al ver que el hecho no despertó ningún interés, en retirarla. Y, como observó con ironía The Wall Street Journal, en contraste con la propia presunta vocación democrática, Bélgica oficializó entre 1999 y 2000 las discriminaciones respecto del propio partido de derecha Vlaams Blok. Cfr. Il Giornale del 24 de febrero de 2000 y The Wall Street Journal del 23 y 29 de febrero de 2000. En el 2001 Bélgica confirmó sus buenas relaciones con Cuba, el locuaz ministro de Relaciones Exteriores, Louis Michel, visitó La Habana donde hizo ostentación de su amistad con Fidel Castro. Cfr. People’s Daily del 25 de agosto de 2001 y el noticiario Associated Press del 3 de octubre de 2001. <<

[55] Efectivamente, de este modo escribió Antonio Polito en La Repubblica del 3 de marzo de 2000: «Dentro de diez días un ministro inglés podrá finalmente volar a Santiago para festejar el nuevo Presidente chileno y la reconquistada amistad con un aliado de vieja data». Muy interesante, al respecto, es un artículo de Paolo Filo della Torre, en La Repubblica del 4 de marzo de 2000, p. 3, en el cual se refirió a que según los diarios ingleses Guardian e Independent, la liberación de Pinochet fue acordada en gran secreto entre los gobiernos británico, chileno y español ya desde junio de 1999, durante un encuentro en Río de Janeiro y, luego, en agosto de 1999 en Nueva York. Inmediatamente después, en efecto, Jack Straw hizo preparar por su consejero legal, abogado Jonathan Sumption, un aceptable plan de liberación. Una confirmación de aquellos acuerdos secretos llegó el 7 de enero de 2001 al diario inglés Observer, tomado en Italia del diario Il Giornale del día siguiente. <<

[56] El costo de dieciséis meses de detención de Pinochet superó, a cargo de los contribuyentes británicos, el equivalente a 49 mil millones de liras. «Dinero gastado», dijo Margaret Thatcher, «solamente por una venganza política». Cfr.

IlGiornale del 3 de marzo de 2000, p. 12. Las reacciones ante la liberación de Pinochet fueron equívocas y contrastantes en la Unión Europea. Pero los Estados Unidos, que de ningún modo apreciaron la complacencia inglesa respecto de Garzón, manifestaron disgusto. Cfr. The Wall Street Journal del 3 de enero de 2001. <<

[57] Cfr. Il Giornale del 22 de junio de 2000, p. 5. <<

[58] El avión inicialmente se quedó en el aeropuerto militar de Brize Norton pero luego fue transferido a Waddington. <<

[59] Pinochet dejó la villa por una entrada secundaria y no fue visto por cerca de cincuenta enfervorizados guardianes que durante toda la noche custodiaron la entrada principal con trompetas y tambores («para no dejarlo dormir», explicaron) y gritando insultos. Quedaron sin palabras cuando un policía inglés les dijo que el senador había partido para Chile. Cfr. The Wall Street Journal del 4 de marzo de 2000, p. 12. <<

[60] Cfr. The Wall Street Journal del 8 de marzo de 2000, p. 2. Apenas se enteró de la provocación, el ministro español de Relaciones Exteriores, Abel Matutes, reaccionó sugiriéndole a Margaret Thatcher dejar de lado fantasías y someterse a la terapia de un buen psiquiatra. <<

[61] Cfr. toda la prensa mundial del 3 de marzo de 2000. En Il Giornale del 4 de marzo de 2000, p. 12, un detalle interesante: el punto de escala técnico fue previsto en Recife, Brasil, pero los amigos de Baltasar Garzón predispusieron allí el arresto de Pinochet por parte de un complaciente magistrado brasileño. El gobierno de Brasilia, sin embargo, advirtió al de Santiago y así, durante el vuelo, fue ordenado al comandante hacer escala en la isla británica de Ascensión. <<

[1] Cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, Santiago, 2002), p. 604-605. <<

[2] Cfr. El Mercurio del 21 y 23 de julio 2000. La fórmula de los «secuestros permanentes» fue una invención derivada de una sentencia del 5 de enero de 1993 y luego retomada por el juez Juan Guzmán Tapia. Se trató, en efecto, de un delito inexistente en el Código Penal chileno, que era útil para evitar el obstáculo de la amnistía, que cubría los delitos ya cometidos, pero no pudo obviamente cubrir aquellos aún en acción. Esto mereció, en Il Giornale, un comentario del historiador italiano Alberto Pasolini Zanelli: «La magistratura de Santiago recurrió a una trampa legal. Todos sabían que las víctimas de la “caravana de la muerte” murieron dentro del año 1973 o en los primeros meses de 1974. Sin embargo, sus cuerpos no fueron encontrados. Si hubiera sido así, los asesinatos estarían cubiertos por la amnistía, pero si, en teoría, podían estar con vida, entonces el delito considerado no era el de homicidio sino de secuestro, del cual el decreto de amnistía no habla. Esto es, porque, técnicamente, si uno fue secuestrado el delito continúa hasta que no lo liberan, vale decir, que los militares autores de los secuestros de 27 años atrás hasta ahora los están cometiendo. Si los acusados confesaran haberlos despedazado, serían todos teóricamente absueltos. Pero deberían proveer, como justificación, las pruebas de su delito, o sea, los cadáveres que, sin embargo, evidentemente, ya no existen».<<

[3] Cfr. Gonzalo Vial Correa, Pinochet, la biografía (ed. El Mercurio Aguilar, 2002), p. 605. <<

[4] Cfr. Associated Press a través de Excite del 3 de marzo de 2000. <<

[5] Cfr. Il Giornale del 4 de marzo de 2000, p. 12. <<

[6] Cfr. El Mercurio del 5 de marzo de 2000. Esa breve pausa en el hospital fue comentada por Mauricio Chierici en el Corriere della Sera del 5 de marzo de 2000 como una ostentación de lujo y de derroche: «La suite del hospital fue equipada con 200 mil dólares. En silencio los militares organizaron además otro ambulatorio de emergencia en la casa de La Dehesa, barrio de los más ricos de Santiago». <<

[7] Cfr. El Mercurio del 4 y 6 de marzo de 2000. La sexagésimo primera denuncia contra Pinochet relacionada con la «caravana de la muerte», al mando del general Sergio Arellano Stark, presentada por los abogados Fabiola Letelier y Hugo Gutiérrez, se extendió a los oficiales del Ejército Pedro Espinoza Bravo y Marcelo Morén Brito. La primera denuncia fue presentada el 12 de enero de 1998 por la secretaria general del Partido Comunista, Gladys Marín, referida a la desaparición de su marido, Jorge Muñoz, y de otros activistas políticos. <<

[8] Cfr. Corriere della Sera del 3 de marzo de 2000, p. 1 y p. 3, y Liberazione del 3 de marzo de 2000, p. 3. <<

[9] Cfr. Corriere della Sera del 3 de marzo de 2000, p. 3. <<

[10] Cfr. La Repubblica del 3 de marzo de 2000, p. 1, 3 y 17. <<

[11] Cfr. TG5 del 5 de marzo de 2000, a las 8:00 horas y a las 13:00 horas. Algunos meses después, Enrico Mentana completó la obra, en el TG5 de las 20:00 horas del 1 de diciembre de 2000, etiquetando a Pinochet con el epíteto de «indefendible». <<

[12] Cfr. Corriere della Sera del 5 de marzo de 2000, p. 13. <<

[13] Cfr. El Mercurio del 8 de abril de 2000. Análogas declaraciones fueron en aquellos días entregadas a la prensa por el presidente de Renovación Nacional, Alberto Cardemil: «Bajo cualquier gobierno hubo represiones, a veces espontáneamente por parte del pueblo, a veces por parte de instituciones del Estado. Pero nada demostró que Pinochet fuera el causante de tales hechos». Cfr. El Mercurio del 26 de abril de 2000. <<

[14] Cfr. L’Unitá del 3 de marzo, p. 4. <<

[15] Liberazione del 3 de marzo de 2000, p. 10 y 11. <<

[16] Cfr. Il Manifesto del 3 de marzo de 2000, p. 1, 4 y 6. <<

[17] Cfr. Il Giornale del 3 de marzo de 2000, p. 12. <<

[18] Cfr. The Wall Street Journal del 4 de marzo de 2000, p. 10. <<

[19] Cfr. The Wall Street Journal del 4 de marzo de 2000, p. 10. <<

[20] Cfr. Corriere della Sera del 5 de marzo de 2000, p. 13. <<

[21] Cfr. En Chile, según las normas constitucionales y la ley, en el caso de la revocación de la inmunidad parlamentaria, se requieren dos elementos: el hecho ilícito y la «sospecha fundada» de la participación del interesado en el hecho. En el caso referido el hecho ilícito fue demostrado, afirmó la acusación, por la responsabilidad de 6 oficiales en el delito de secuestro de 19 personas luego desaparecidas. La sospecha fundamentada de la participación de Pinochet fue demostrada, siempre según la acusación, por el vínculo de subordinación existente entre Pinochet y los ejecutores de aquellos crímenes, en particular el general Sergio Arellano que era oficialmente un «delegado» de Pinochet. Observó la defensa, en cambio, que no existía una sola prueba concreta de la participación de Pinochet en aquellos hechos. Al contrario, existieron pruebas de la prohibición por parte de Pinochet de cometer actos ilícitos. Agregaron los defensores, que un ex Presidente no puede ser juzgado por actos cometidos en el ejercicio de sus propias funciones: invocaron, al respecto, al ex Presidente Arturo Alessandri, que no pudo ser sometido a juicio por hechos ilícitos verificados bajo su presidencia y que le fueron atribuidos. Cfr. artículo 19, III, de la Constitución chilena y el tratado internacional conocido como Pacto de San José de Costa Rica. Cfr., otro tanto, El Mercurio del 7 de marzo de 2000 y 30 de abril de 2000. <<

[22] Cfr. Il Giornale del 7 de marzo de 2000, p. 14. <<

[23] Cfr. El Mercurio del 8 de marzo de 2000. <<

[24] Cfr. Corriere della Sera del 12 de marzo de 2000, p. 10. <<

[25] En ese día Massimo D’Alema y el embajador italiano Milo Barbarani (que se declaró «desconcertado») tuvieron que sufrir en las dependencias de la embajada la presencia de un grupo de «mujeres, familiares de italianos desaparecidos», que pidieron «ayuda» pero no tuvieron pruebas para demostrar la existencia y la nacionalidad de esos desaparecidos, ni siquiera de decir cuál fue, en Chile, la actividad efectiva de sus cónyuges. Cfr. Corriere della Sera del 12 de marzo de 2000, p. 10. <<

[26] Cfr., entre otros, Il Giornale del 7 de marzo de 2000, p. 14, y el Corriere della Sera del 11 de marzo de 2000, p. 13. <<

[27] Cfr. Corriere della Sera del 12 de marzo de 2000, p. 10. <<

[28] Cfr. El Mercurio del 22 de marzo de 2000. <<

[29] Cfr. El Mercurio del 22 de marzo de 2000. <<

[30] Cfr. El Mercurio del 22 de marzo de 2000. <<

[31] Cfr. El Mercurio del 25 de marzo de 2000 e Il Giornale del 26 de marzo de 2000. <<

[32] Cfr. El Mercurio del 28 de marzo de 2000. <<

[33] Cfr. El Mercurio del 6 de abril de 2000 y La Padania del 9-10 de abril. <<

[34] Cfr. El Mercurio del 21 de abril de 2000. <<

[35] Cfr. El Mercurio del 26 de abril de 2000. <<

[36] Cfr. Il Piccolo del 26 de abril de 2000. <<

[37] Cfr. El Mercurio del 27 y 28 de abril de 2000. <<

[38] Cfr. El Mercurio del 28 de abril de 2000. Paredes tenía razón: Jaime Yovanovic Prieto, uno de los miristas sospechosos del asesinato de Urzúa y de su escolta, asimismo secuestrador confeso, ejerció tranquilamente en Brasil como profesor universitario y viajó libremente, con su propio nombre, por todo el mundo. De este caso, en lo que se refiere a Italia, se informa en el apéndice 7 de este libro. <<

[39] Cfr. El Mercurio del 30 de abril de 2000. <<

[40] Cfr. El Mercurio del 30 de abril de 2000. <<

[41] Cfr. El Mercurio del 5 de mayo de 2000. <<

[42] Cfr. La Nación y El Mercurio del 10 de mayo de 2000. <<

[43] Cfr. El Mercurio del 12 de mayo de 2000. <<

[44] Cfr. El Mercurio del 15 de mayo de 2000. <<

[45] Cfr. El Mercurio del 18 de mayo de 2000. <<

[46] Cfr. El Mercurio del 26 de mayo de 2000 e Il Giornale del 6 de junio de 2000. <<

[47] Cfr. El Mercurio del 24 de mayo de 2000. <<

[48] Cfr. El Mercurio, varias ediciones del 1 al 6 de junio de 2000. <<

[49] Cfr. El Mercurio, varias ediciones del 7 al 10 de junio de 2000. <<

[50] Cfr. El Mercurio del 8 de junio de 2000. <<

[51] Curiosamente, esas indicaciones secretas (o admisiones de responsabilidad) pudieron ser entregadas no sólo a las autoridades del Estado o a las católicas, sino también a la Gran Logia Masónica y a la organización hebrea B’nai B’rith. Cfr. El Mercurio del 6 de julio de 2000. <<

[52] Cfr. El Mercurio del 12 y 13 de junio de 2000. <<

[53] Cfr. El Mercurio, varias ediciones, del 14 de junio de 2000. <<

[54] Cfr. El Mercurio del 17 de junio de 2000. <<

[55] Cfr. El Mercurio del 18 de junio de 2000. Para encuadrar el comportamiento de la magistratura española, basta decir que la misma, muy activa en solicitar la ilegal extradición de Pinochet, se negó al mismo tiempo a conceder a Italia la extradición de un cierto Giovanni Greco, condenado a 30 años por cuestiones de la mafia. Cfr. Il Giornale del 20 de junio de 2000, p. 8. <<

[56] Viviana Díaz era hija de un desaparecido comunista y hermana de uno de los que, atentando contra la vida de Pinochet y dando muerte a sus guardaespaldas, «buscaron», según sus palabras textuales, «obtener justicia con sus propias manos». Cfr. El Mercurio del 6 de agosto de 2000. <<

[57] Cfr. El Mercurio del 20 de junio de 2000. <<

[58] Cfr. El Mercurio del 21 y 22 de junio de 2000. <<

[59] Cfr. El Mercurio del 26 de junio de 2000. La fecha coincidió con la del nacimiento de Salvador Allende. En la ceremonia estuvo presente, entre más de 300 invitados, el Presidente de la República. El monumento fue obra del escultor Arturo Hevia. <<

[60] Cfr., sobre los hechos del 6 de julio de 2000, El Mercurio del 6, 7 y 12 de julio de 2000 y del 3 de agosto de 2000. <<

[61] Cfr. El Mercurio del 13 de julio de 2000. Los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas chilenas, basándose en la Constitución de 1980, son designados por el Presidente de la República, que debe elegir entre cinco candidatos propuestos por los organismos militares. Permanecen en sus cargos, en condiciones inamovibles, por cuatro años. <<

[62] Cfr. El Mercurio del 19 y 20 de julio de 2000. <<

[63] Cfr. El Mercurio del 25 de julio de 2000. <<

[64] Cfr. El Mostrador del 25 de julio de 2000. <<

[65] Cfr. capítulos VI y XI de este libro y El Mercurio del 28 de julio de 2000 <<

[66] Cfr. El Mercurio del 28 de julio de 2000. <<

[67] Cfr. El Mostrador y El Mercurio del 1 de agosto de 2000 <<

[68] Cfr. Il Giornale y La Repubblica del 2 de agosto de 2000, El Mercurio y The Wall Street Journal del 3 de agosto de 2000 e Il Foglio del 4 de agosto de 2000. <<

[69] Cfr. El Mercurio del 3 de agosto de 2000, Il Giornale del 4 y 5 de agosto de 2000 y Libero del 9 de agosto de 2000. <<

[70] El Mercurio del 3 y 4 de agosto de 2000. <<

[71] Cfr. El Mercurio y El Mostrador del 3 y 4 de agosto de 2000. <<

[72] Cfr. El Mercurio y El Mostrador del 16-21 de agosto de 2000. <<

[73] Cfr. El Mostrador del 19 de septiembre de 2000. <<

[74] Cfr. El contenido de los documentos de la CIA fue tratado en el capítulo IX de este libro. Para más comentarios, cfr. toda la prensa mundial de aquellos días. En Italia, Liberazione aprovechó la ocasión para repetir la vieja fábula de «Allende asesinado por Pinochet». <<

[75] Cfr. El Mercurio y El Mostrador del 21 de agosto de 2000. <<

[76] Cfr. El Mercurio del 22 y 23 de agosto de 2000. <<

[77] Cfr. La Tercera del 25 de agosto de 2000 y El Mercurio del 27 de agosto de 2000. <<

[78] Cfr. El Mercurio del 30 y 31 de agosto de 2000. <<

[79] Cfr. El Mostrador del 4 de septiembre de 2000. <<

[80] Cfr. El Mercurio del 5 de septiembre de 2000. <<

[81] Cfr. El Mercurio del 5, 6 y 7 de septiembre de 2000. <<

[82] Cfr. El Mercurio del 10 y 11 de septiembre de 2000. <<

[83] Cfr. El Mercurio del 17 de septiembre de 2000. <<

[84] Cfr. El Mercurio del 19 de septiembre de 2000. <<

[85] Cfr. El Mostrador del 23 de septiembre de 2000. <<

[86] El Mercurio del 25 y 27 de septiembre de 2000 y El Mostrador del 27 de septiembre de 2000. <<

[87] Cfr. El Mercurio del 28 de septiembre de 2000 y Libero del 30 de septiembre de 2000. El contenido de dos tomos del libro de Contreras, intitulado La Verdad Histórica, es frecuentemente citado en varios capítulos del presente libro, según los argumentos tratados. <<

[88] Cfr. El Mostrador del 29 de septiembre de 2000. <<

[89] Cfr. El Mercurio y El Mostrador del 4 de octubre de 2000. <<

[90] Cfr. El Mostrador del 29 de octubre de 2000. <<

[91] Cfr. El Mostrador del 30 de octubre de 2000 e Il Giornale del 31 de octubre de 2000. <<

[92] Cfr. El Mostrador del 2 de noviembre de 2000. <<

[93] Cfr. El Mostrador del 4 de noviembre de 2000. <<

[94] Cfr. El Mostrador del 8 de noviembre de 2000. <<

[95] Cfr. El Mostrador del 13 de noviembre de 2000. El contenido de los documentos de la CIA fue tratado en parte en el capítulo IX de este libro. De los 16 mil documentos, 13 mil provinieron del Departamento de Estado y otros 2 mil de la CIA y del FBI. El resto vino de otros organismos, entre ellos el National Security Council. <<

[96] Cfr. El Mostrador del 13 de noviembre de 2000. <<

[97] Cfr. El Mostrador del 23 de noviembre de 2000. <<

[98] Cfr. El Mostrador del 24 y 25 de noviembre de 2000, Il Giornale del 2 de diciembre de 2000 y Libero del 2 de diciembre de 2000. <<

[99] Cfr. Il Giornale y Libero del 2 de diciembre de 2000. <<

[100] Cfr. El Mostrador y El Mercurio del 2 de diciembre de 2000. <<

[101] Cfr. El Mostrador y El Mercurio del 5 de noviembre de 2000. <<

[102] Cfr. El Mostrador y El Mercurio del 11 de diciembre de 2000 e Il Giornale del 12 de diciembre de 2000. <<

[103] Cfr. El Mostrador del 14 de diciembre de 2000. <<

[104] Cfr. El Mostrador del 16 de diciembre de 2000. De la muerte del sindicalista Tucapel Jiménez se confesó autor el mayor de Ejército Carlos Herrera Jiménez, condenado en el 2002 a prisión (Cfr. El Mercurio del 5 de agosto de 2002). <<

[105] Cfr. El Mostrador del 19 de diciembre de 2000 e Il Giornale del 21 de diciembre de 2000. <<

[106] Cfr. El Mercurio y El Mostrador del 20 de diciembre de 2000 e Il Giornale del 21 de diciembre de 2000. <<

[107] Cfr. El Mostrador del 21 y 22 de diciembre de 2000. <<

[108] Cfr. El Mostrador del 27 de diciembre de 2000. <<

[109] Cfr. El Mostrador del 28 de diciembre de 2000. <<

[110] Cfr. El Mostrador del 3 de enero de 2001. <<

[111] Cfr. Tercera y El Mostrador del 7 de enero de 2001. <<

[112] Cfr. Le Monde y El Mostrador del 8 de enero de 2001. <<

[113] Cfr. El Mostrador del 10 de enero de 2001. <<

[114] Cfr. El Mostrador del 13 de enero de 2001. <<

[115] Cfr. El Mostrador del 23 de enero de 2001. <<

[116] Cfr. El Mostrador del 25 de enero de 2001. <<

[117] Cfr. El Mostrador del 26 de enero de 2001. <<

[118] Cfr. La Tercera y El Mostrador del 4 de febrero de 2001. <<

[119] Cfr. El Mostrador del 12 de febrero de 2001. <<

[120] Cfr. El Mostrador del 8 de marzo de 2001 e Il Giornale del 9 de febrero de 2001. <<

[121] Cfr. El Mostrador del 23 de mayo de 2001. <<

[122] Cfr. El Mostrador del 29 de mayo de 2001. <<

[123] Cfr. El Mostrador del 31 de mayo de 2001. <<

[124] Cfr. El Mostrador del 16 de junio de 2001 <<

[125] Cfr. El Mostrador del 1 de julio de 2001. <<

[126] Cfr. El Mostrador del 4 de julio de 2001. <<

[127] Cfr. El Mercurio, El Mostrador, Associated Press, Reuters, The New York Times y ABC News del 9 de julio de 2001. <<

[128] Cfr. El Mostrador del 10 y del 13 de julio de 2001. <<

[129] Cfr. El Mostrador del 10, 11 y 12 de julio de 2001. <<

[130] Cfr. El Mostrador del 18 de julio de 2001. <<

[131] Cfr. El Mostrador del 21 de agosto de 2001. <<

[132] Cfr. toda la prensa chilena del 2 de julio de 2002 y de los días siguientes. Cfr., en particular, el comunicado de la Associated Press del 1 de julio de 2002, Le Monde del 2 y 3 de julio de 2002 y comunicados de Associated Press, Reuters y NPR del 2 de julio de 2002. <<

[133] Cfr. toda la prensa chilena del 4 de julio de 2002 y, en particular, los comunicados de Associated Press y Reuters de la misma fecha. <<

[134] De gravedad particular fueron los incidentes ocurridos el 5 de septiembre de 2001, en Valparaíso, en el campus de la Universidad de Playa Ancha. Cfr. El Mostrador del 6 de septiembre de 2001. <<

[135] Cfr. El Mercurio y El Mostrador del 24 de agosto de 2001. <<

[136] Cfr. Ningún resultado obtuvieron los repetidos intentos del juez francés Roger Le Loire, que se empeñó en obtener la extradición de Pinochet para confirmar su responsabilidad en la muerte de cinco extremistas franceses. Cfr. El Mostrador del 25 de octubre de 2001, El Mercurio del 11 y 22 de abril de 2001 y comunicado de Associated Press del 16 agosto de 2001. Una pequeña satisfacción fue concedida a la izquierda chilena, el 15 de abril de 2003, con la condena de Manuel Contreras Sepúlveda, en relación con el caso de un desaparecido, con 15 años de arresto domiciliario (Cfr. Televideo RAI del 16 de abril de 2003). <<

[1] Lord John Emerich, Acton of Alden ham (1834-1902) fue un gran historiador, filósofo, político y moralista inglés. Frase extraída de sus Essays on freedom and power y citada en la p. 473 del libro The great quotations, de George Seldes (ed. Simon & Schuster, New York, 1971). <<

[2] Citado por Paolo Granzotto en Il Giornale del 10 de septiembre de 2001, p. 47. <<

[3] Comentario (1999) del sitio web chileno: «Con infinita audacia, se pretende convencer a las nuevas generaciones de que el Gobierno de Allende fue “democrático” y sólo cometió “errores”, a diferencia del Gobierno Militar que, según ellos, cometió “horrores”. La acción terrorista de la izquierda, antes y durante todo el Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden, es ocultada deliberadamente. Con este gigantesco engaño se pretende reescribir la historia a su manera, manipulando especialmente a los jóvenes, que no vivieron la triste experiencia socialista en Chile». Cfr. www.pinochetreal.cl. <<

[4] No muy disímiles de los de la calle Rasella fueron, en Italia, los atentados de Marzabotto y de Pedescala: inútil desde el punto de vista militar pero perfectamente calibrados para provocar una furiosa y auspiciosa reacción alemana. <<

[5] Como refirió en el 2000 el sitio web chileno www.pinochetreal.cl/persec3, «La izquierda desató la violencia, intentó asesinar al Presidente Pinochet, introdujo armas a Chile, asesinó al intendente de Santiago y organizó, junto con sus compañeros de ruta, jornadas de protesta que costaron la vida a muchísimos chilenos. El Gobierno Militar estuvo obligado a mantener el orden y a combatir la violencia y el terrorismo. Mucha gente que hoy vive en Chile le debe su existencia a esta incansable labor desplegada por nuestras instituciones armadas y de orden. Día y noche protegieron a la gente que quería vivir en un ambiente de paz y tranquilidad». <<

[1] Frase de un discurso pronunciado en Richmond, en la Convención de Virginia, el 23 de marzo de 1775. Cfr William Wirth, Sketches of the Life and Caracter of Patrick Henry (1836, reeditado 1970), citado por Suzy Platt, pág. 344 de su libro Respectfully Quoted, a Dictionary of Quotations (ed. Barnes and Noble, New Cork 1993). <<

[2] Los nombres aquí citados no aparecen en el índice de nombres puesto al final de este libro. <<

[3] Este apéndice le permitirá al lector evaluar lo merecido de la fama de «santo» que tiene Ernesto Che Guevara y compararla con la fama de sanguinario opresor de la que goza Augusto Pinochet. Cuán minucioso ha sido, durante décadas, el condicionamiento sicológico que volvió al Che Guevara un «santo» está demostrado (aunque se trata solamente de un ejemplo) con las celebraciones en su honor, en junio de 2000, en Senna Comasco, pueblo de la provincia de Como, con el patrocinio de la asociación Italia-Cuba de la comuna, de las autoridades diplomáticas cubanas y del director del hospital de Como. Todo terminó con la recolección de «ayuda humanitaria» para los niños cubanos. Después, para olvidarse de las tristísimas penas de los niños cubanos, gran comida de (citamos) «langosta a la brasa, camarones en salsa, bifes de ternera, cerdo a la criolla, acompañado por arroz, porotos negros y bananas gratinadas». O a elección, «fideos y tallarines al tuco o con tocino, asado de ternero, vitelle toné y papas fritas». Cfr. La Provincia, del 16 de junio de 2000, p. 32 y del 22 de junio de 2000 p. 31. Otro significativo ejemplo es el de un asesor comunal de Palermo, que propuso erigir una estatua del Che Guevara en un parque público. Cfr. Libero del 28 de septiembre de 2000. Interesante también es la carta de un muchacho de Biella, publicada en Il Giornale el 12 de septiembre de 2000, en la cual se lamentaba del hecho de que el único diario escolar disponible en la librería fuera uno dedicado al Che Guevara (editor Smemoranda). <<

[4] La célebre imagen del Che con la boina negra, la barba descuidada y la mirada perdida en el vacío proviene de una fotografía tomada en La Habana el 5 de marzo de 1960, durante una ceremonia pública, por el fotógrafo cubano Alberto Korda que, después de haberla tenido en un cajón durante treinta años, se la regaló al editor italiano Giangiacomo Feltrinelli. Este, enseguida hizo un uso muy amplio, cediéndola también a otros, para volverla motivo ornamental no solamente de manifiestos políticos y banderas, sino también para blusas, camisetas, porcelanas y libros. Fue usada incluso en Londres por una organización pseudo-religiosa que la unió a la imagen de Jesucristo. En agosto de 2000, las agencias de publicidad Lowe Lintas y Rex Features, se sirvieron de la imagen del Che para hacer propaganda del vodka Smirnoff. Esto irritó a Alberto Korda que, horrorizado por el hecho de que una empresa de bebidas alcohólicas pudiese usar la imagen del abstemio Che, demandó a la Smirnoff y a sus propagandistas. ¿Y a Feltrinelli? «Lo he perdonado» respondía Korda a quien lo interrogaba. Cfr. El Mostrador del 9 de agosto de 2000 y El Manifiesto del 10 de agosto de 2000. <<

[5] El Wall Street Journal del 18 de enero 2001 (reproducido por Libero del día siguiente) definió al Che Guevara como «un terrorista» y un «digno amigo» del sanguinario y corrupto tirano del Congo, Laurent Kabila. <<

[6] Cfr. Manuel Contreras Sepúlveda. La verdad histórica (ed. Encina, Santiago 2000), p. 27. Sobre Régis Debray habría mucho que decir. Según los autores y editores del libro The plot to annihilate the armed forces and the nations of Ibero-America (ed. EIR News Service, Washington 1994) Debray fue compañero de armas y amigo querido de Ernesto Che Guevara y de Fidel Castro y después se transformó en dilecto consejero del presidente francés (socialista) François Mitterrand. Su esposa, la venezolana Elizabeth Burgos Debray, hospedó en 1982 en París a la guatemalteca Rigoberta Menchú (mujer con un discutible pasado que, en 1992, obtuvo increíblemente el Premio Nobel de la Paz) y la presentó a su amiga Danièlle Mitterrand, esposa del Presidente, ella también activamente empeñada en las organizaciones «progresistas» y que se hizo amiga de Menchú e inició viajes de contenido «comprometido». Parece que ha sido la esposa de Debray la verdadera autora del libro de Rigoberta Menchú, titulado Yo Rigoberta, que si bien tiene un contenido insignificante, fue inmediatamente traducido a 12 idiomas, distribuido en todo el mundo y cubierto de premios literarios. Cfr., para estos y otros detalles, p. 191-206 del libro de la EIR recién citado. Corriere della Sera, 17 octubre de 1972, The Wall Street Journal del 21 de abril de 1993, Il Borghese del 23 de mayo de 1993 y la revista EIR del 23 de septiembre de 1994. Cfr. y para conocer mejor a la familia Mitterrand, toda la prensa de la primera mitad de enero de 2001 (en particular Il Giornale del 12 de enero de 2001), donde se habla del arresto de Jean Christophe Mitterrand, acusado de tráfico ilícito. A propósito de la elevación de Ernesto Che Guevara a la imagen-símbolo de la «pacifista» moda antiglobal, así el 8 de diciembre 2002, Paolo Granzotto, burlándose, escribía en Il Giornale: «El Che Guevara, queriendo exportar al mundo la revolución cubana, era un globalista hecho y consolidado […] aparte de que su famosa boina era francesa, las armas eran checoslovacas, el dinero soviético, las botas estadounidenses y la asquerosidad que bebía (el mate) era argentina». <<

[7] Aleida March de la Torre, como ya referido en este mismo apéndice, es la segunda mujer de Ernesto Che Guevara. <<

[8] Cfr. El Mostrador del 9 agosto 2000. <<

[9] Aún en el año de gracia de 2000, se oye hablar de prófugos políticos chilenos. Nadie está en situación de explicar, obviamente, cuáles peligros correrían dichos «prófugos políticos» si volvieran a su país, que hoy está gobernado por un socialista. <<

[10] Otro detalle significativo, típico de la mentalidad marxista. Un representante del partido llamado Rifondazione Comunista, Giuliano Pisapia, decide que del caso no debe ocuparse la magistratura sino si el ministro Piero Fassino, representante de la línea postcomunista, al cual el mismo Pisapia exige poner en libertad al arrestado y a concederle asilo político. <<

[11] En realidad Jaime Yovanovic Prieto no enseña en Buenos Aires, sino en Sao Paulo, Brasil. <<

[12] Un buen ejemplo de los camuflajes a los que recurren los postcomunistas italianos, poco propensos (por vergüenza) a llamarse comunistas: «antagonistas», «antiimperialistas», palabras que esconden una mente confusa. <<

[13] Otra cuidadosa selección de palabras. El MIR «se oponía a Pinochet», como expongo en el apéndice 1 de este libro, principalmente poniendo bombas entre la gente común o asesinando militares aislados: donde, por lo tanto, se corrían pocos riesgos. <<

[14] Una historia vieja de 17 años. Pero La Repubblica había exultado a propósito de la condena a Erich Priebke y Karl Hass, por una historia vieja de 55 años. <<

[15] Todo esto confirma contra cuántos adversarios debía enfrentarse Pinochet: el consulado de Francia, la Nunciatura Apostólica, el cardenal Casaroli y escandalosamente, un consulado italiano que concede una visa trimestral a una persona buscada por homicidio, oficialmente «indeseable» en los países europeos que firmaron el acuerdo de Schengen. El diputado Nando Dalla Chiesa, hijo de un general de los carabineros asesinado en Palermo por la mafia, dijo a propósito: «No quiero ni siquiera considerar la hipótesis de que quien expidió la visa para ingresar a Italia haya sabido que éste hombre está acusado de haber asesinado otra persona. Este hombre, si es verdaderamente culpable, debe pagar una justa condena» (cfr. Libero del 9 de agosto de 2000). <<

[16] Otra muestra de absurdidad: mientras un homicidio es clasificado como «crimen político», se afirma el peligro de una condena a muerte, desmentido por el hecho que otros tres investigados por el asesinato de Carol Urzúa fueron amnistiados por el Presidente Aylwin e incluso autorizados a exiliarse. <<

[17] Cfr. La Repubblica del 12 de agosto 2000. <<

[18] Justamente así: un tipo «está convencido de que…» y por lo tanto tiene derecho al asilo político. Es singular que a un «profesor de derecho» le venga la idea de que basta «considerar reaccionario» a su Gobierno como motivo suficiente para pedir y obtener asilo político. En cuanto a Noam Abraham Chomsky, «filósofo conocido en todo el mundo», se trata de un profesor de idiomas nacido en 1928 y conocido por su orientación de izquierda y sus campañas contra la intervención estadounidense en Vietnam. <<

[19] Cfr. Libero del 11 de agosto de 2000. <<

[20] Cfr. UCIGOS era una oficina de coordinación de los servicios secretos italianos. <<

[21] Cfr. Libero del 8 y 9 de agosto de 2000. <<

[22] Cfr. El Mercurio del 10 de agosto de 2000. <<

[23] Cfr. La Repubblica del 11 de agosto de 2000. <<

[24] Cfr. Libero del 8 y 11 de agosto 2000. <<

[25] Cfr. Libero del 8 de agosto 2000. <<