La revolución del 6 de setiembre de 1930 puede ser vista como un intento de restauración de la Argentina conservadora, como una revancha de los viejos sectores dirigentes desplazados del gobierno en 1916 por el radicalismo; no cabe duda de que lo fue en buena medida. Pero también es posible abordar el ciclo histórico abierto con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen desde otro punto de vista, para descubrir en él tendencias más profundas y persistentes, entre ellas una muy significativa, el ocaso de las prácticas políticas tradicionales. Se trata, dice Alberto Ciria, de «un proceso dinámico», el de «la declinación de los partidos políticos frente a otras fuerzas que cubrían sus claros». No es casual, por lo tanto, que en Partidos y poder en la Argentina moderna, además de realizar una cuidadosa descripción de los acontecimientos más relevantes del período 1930-1946, Ciria dedique singular atención al estudio de los llamados factores de poder y grupos de presión —fuerzas armadas, Iglesia, sindicatos, grupos económicos—, cuya creciente influencia en los mecanismos de decisión pasaría a convertirse en un dato irreversible de la estructura política argentina.

Alberto Ciria

Partidos y poder en la Argentina moderna

(1930-1946)

ePub r1.0

et.al 14.07.2018

Alberto Ciria, 1975

Retoque de cubierta: et.al

Editor digital: et.al

ePub base r1.2

A JOSÉ LUIS ROMERO

MAESTRO Y AMIGO

Nota a la tercera edición

Hay libros que necesitan o merecen una constante reelaboración en su estructura y contenido. Creemos que Partidos y poder, concebido como guía introductoria para un período apasionante de la historia política nacional, no requiere tal permanente reelaboración.

El cuerpo de nuestra obra, pues, es básicamente el mismo del original, depurado de erratas, con mínimas modificaciones conceptuales, de estilo y ciertos breves agregados que consideran importantes aportes aparecidos desde 1964. El capítulo final es en esencia idéntico al de la segunda edición (1969), pues consideramos inoportuna la reiteración de paralelos y diferencias entre los años treinta y los setenta que vivimos, a riesgo de aumentar excesivamente las páginas de éste ya extenso libro. Hemos añadido tan sólo una nota de actualización biblográfica que abarca títulos publicados en los últimos cinco años.

Estos tiempos recientes, de agitada vida política en la Argentina nos han reafirmado en el concepto de que nada profundo o significativo podrá encararse si se abandonan las lecciones del proceso histórico. El ahistoricismo, a veces irracionalismo, de algunos grupos radicalizados, habrá de acarrearles pesado lastre para el eventual desarrollo de su capacidad creadora y modificatoria del futuro. Los cambios verdaderamente revolucionarios muy rara vez marchan por atajos, y son más bien la consecuencia del conocimiento del camino para alcanzar la meta final.

Muchos actores destacados del presente escenario nacional aparecen ensayando ya sus papeles en las páginas que van a leerse: las fuerzas armadas, controlando o apuntalando el poder del Estado; los sindicatos agrupados en la Confederación General del Trabajo, uno de los grandes legados del peronismo oficial entre 1949 y 1955; los grupos industriales, aunque con el transcurrir del tiempo sus alianzas lleguen a tener signos opuestos (por ejemplo, la nueva Confederación Industrial Argentina); y hasta la iglesia católica, enfrentada con crisis intestinas y la prosecución de una estrategia conocida desde antaño. El resurgimiento, no sabemos si temporario o definitivo, de los partidos políticos y del Congreso democrático-burgués puede también explorarse, retrospectivamente, en los capítulos respectivos que cubren el período 1932-1943.

Posteriores confrontaciones ratifican la vigencia de gran parte de nuestros enfoques, que tanto deben a otros autores en la especialidad. Las críticas recibidas con motivo de las dos ediciones anteriores, fuera de previsibles reparos ideológicos o sobre el análisis de los hechos, parecieron coincidir en señalar la utilidad de este libro como pórtico a una vasta problemática, sobre todo para los jóvenes estudiantes argentinos.

Quedaremos satisfechos si Partidos y poder continúa cumpliendo esta misión.

A. C..

Burnaby (Canadá), diciembre de 1974

Advertencia

Las páginas que van a leerse son producto de una investigación efectuada como becario de la Universidad de Buenos Aires, entre mayo de 1962 y agosto de 1963, sobre el tema «Crisis de los partidos políticos frente a los grupos de presión en la Argentina (1930-1946)», bajo la dirección del profesor José Luis Romero (Instituto de Historia Social de la Facultad de Filosofía y Letras). Para titular el trabajo en oportunidad de esta edición, hemos preferido aceptar la sugerencia del profesor Norberto Rodríguez Bustamante, en el sentido de generalizar en forma más accesible su idea básica. De ahí que nuestra obra se llama Partidos y poder en la Argentina moderna (1930-46).

Mientras realizábamos la tarea, hemos aprendido algo más sobre la historia política del país. Deseamos que los posibles jóvenes lectores compartan la experiencia, sin que ello implique renunciar a la polémica. Pero también, en atención a otro tipo de lectores (los especialistas, los minuciosos) no hemos querido borrar el aparato de documentación que sustenta nuestras afirmaciones, al cual remitimos en abundantes notas ubicadas al final de cada capitulo. Para quienes prefieran leer —simplemente— creemos que basta el texto.

Con respecto a la terminología, no nos ha preocupado dilucidar conceptos tan debatidos como «grupos de presión» o «grupos de intereses», que pertenecen al campo de la teoría general de la ciencia política. No dudamos de la utilidad de una sistematización de la creciente bibliografía acumulada (véase, por ejemplo, los autores que cita Segundo V. Linares Quintana en el tomo VII de su Tratado de la ciencia del Derecho Constitucional argentino y comparado), incluidos aportes nacionales como las monografías de Hugo E. Álvarez Natale y Germán J. Bidart Campos. Mas nuestro ensayo se dirigió principalmente a describir un proceso dinámico —la declinación de los partidos políticos frente a otras fuerzas que cubrían sus claros—, antes que a estructurar definiciones más o menos precisas. Sí manifestamos, y el estudio de nuestra realidad no ha hecho sino acentuar la postura, que parece utópico en el estado actual de los conocimientos sobre la especialidad, resumir todos los problemas afines a esta temática bajo un solo rótulo unificador, en lugar de analizar el fenómeno de los «grupos de presión» (y también el de los partidos políticos) en distintas áreas socioculturales: países industriales, países subdesarrollados, países semidesarrollados (donde algunos autores afectos a este vocabulario de moda terminan por ubicar a la Argentina).

Nuestra intención fue avivada por entender que gran parte de la reciente historia política y social del país está siendo escrita bajo el signo de la bandería o del apasionamiento. Tampoco pretendemos una esquiva objetividad en la recopilación que presentamos: teníamos veinte años cuando cayó Perón, nos ilusionó brevemente la «Revolución Libertadora», nos volcamos al movimiento reformista universitario, y empezamos hace poco nuestro camino de regreso desde posiciones de la izquierda abstracta y liberal, sin dejarnos seducir en el trayecto por las diversas formas de populismo «nacional» a ultranza. En esto estamos, tropezando a cada rato con nuestro pasado, pero queriendo ver cada vez más claro el presente y el futuro. De ahí que empecemos a analizar el peronismo sin atarnos a esquemas preconcebidos, y que nuestra crítica se refuerce cuando enfocamos la actitud de las fuerzas que debieron ser motores del proceso. Sólo se critica con violencia lo que se quiere, y porque se lo quiere. Hemos abandonado el adjetivo por la explicación, el panfleto por la comprensión. Al menos, intentamos hacerlo. El lector sabrá así a qué atenerse, si se decide a emprender el recorrido de los capítulos que siguen.

De ahora en más, que hablen los hechos, sus protagonistas, sus testigos o sus cronistas.

A. C.

Buenos Aires, 31 de agosto de 1963.

Primera parte

LOS HECHOS POLÍTICOS

Capítulo I

Uriburu

Sobre el 6 de Setiembre.

«Nuestra ciudad, portavoz desde la Independencia del país entero, voleó sus muchedumbres a las calles. Fue una popularidad representativa. Significó aceptación de la revolución por sí misma con indudable desapego respecto de otras posibles soluciones legales. Conviene tenerlo en cuenta. Ello destruye la hipótesis de una conjuración artificiosa, urdida en la sombra para desalojar del poder al mandatario del pueblo. No, más allá de las expresiones partidarias la revolución adquirió, repito, una autentica plenipotencia representativa».

Sobre Hipólito Yrigoyen

«En 1916, todo cambió. Por primera vez la aritmética electoral, maniobrada por un nuevo sentido colectivo se impuso, secamente, sobre los valores consagrados por un largo examen de capacidad ante la opinión. El imperio de la mitad más uno, decisivo como la espada de Breno, gravitó en la balanza de nuestros destinos. Extrajo de la oscuridad o del misterio en que vivían, a los nuevos rectores de lo Nación».

MATÍAS G. SÁNCHEZ SORONDO

Revista de Historia, N.º 3, pp. 99-100.

Situación del país antes del 6 de septiembre

«La Revolución de 1930 no fue un rayo en un día de sol», ha afirmado Federico Pinedo.[1] Y acaso por razones que el propio Pinedo no manifiesta, tendríamos que suscribir su metáfora.

Como siempre ocurre con la historia, la explicación de los sucesos del 30 debe encontrarse mucho más atrás. Y en este caso particular se impone la multiplicidad de las causas. Recordemos algunas de ellas.

Las fuerzas opositoras a Yrigoyen no podían haber quedado conformes con los resultados del «plebiscito» que en 1928 llevó por segunda vez a la Presidencia de la Nación al viejo caudillo. La fórmula de la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen - Francisco Beiró (reemplazado a poco, debido a su fallecimiento, por Enrique Martínez), cosechó 838.583 votos; el Frente Único de Leopoldo Melo - Vicente Gallo, 414.026; el Partido Socialista (Mario Bravo - Nicolás Repetto), 64.985. Muy distanciados, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Comunista. Ésas son las cifras.

Tiempo después, el citado Pinedo llegaría a afirmar con respecto a las elecciones de 1928: «Y no sólo podía hablarse de plebiscito en el sentido que se da en nuestra jerga política a ese vocablo de origen clásico, al aplicarlo en los casos de triunfo muy pronunciado, sino en el de un pronunciamiento de la plebe, de la masa popular desheredada, que acompañó al caudillo con inequívoca decisión y que pudo sentirse representada por gran cantidad de los electos radicales».[2]

Las fuerzas conservadoras, desalojadas en 1916 del poder (el «régimen falaz y descreído» a que hacía alusión el líder radical en oposición a su «causa»), no supieron aceptar la derrota con la caballerosidad que desplegaban en otros terrenos: la vida social, la esgrima. Su actitud fue de oposición y crítica feroces, buscando ampliar sus alianzas políticas en campos afines, cuando no intentando golpear en las puertas de algunos militares caracterizados. No nos parece casual, por ejemplo, que el ejecutor visible del golpe del 6 de setiembre, teniente general José F. Uriburu, fuera unos años antes diputado conservador por su provincia, aunque llegase a descreer de «los políticos». Siempre habría un Justo a mano para seguir maniobrando.

En lo referente a contactos con otras fuerzas políticas, no fueron pocos los esfuerzos realizados para alentar la división radical entre «personalistas» y «antipersonalistas» —que comienza a insinuarse ya en 1924 en el propio Parlamento, y que cobrará fuerzas en años posteriores—, o para apoyar el cisma socialista de los libertinos (asi llamados por el periódico que respondía a sus intereses, Libertad) que se transformaría en el efímero —pero influyente— Partido Socialista Independiente de Federico Pinedo, Antonio De Tomaso, Héctor González Iramain y otros.[3] De resultas de estos tres elementos habrá de constituirse un compuesto que recibirá también un nombre especial, «contubernio», de resonancias clásicas. Será, pues uno de los factores claves en el proceso que lleva al 6 de setiembre. Su papel en el parlamento («Manifiesto de los 44», que firman conservadores y socialistas independientes, publicado en La Nación del 10-VIII-30; manifiesto de los antipersonalisas, que firman seis senadores y todos los diputados del sector, publicado en La Nación del 21-VIII-30) intentará rodear de representatividad popular al movimiento en marcha. Decían «los 44» al final de su declaración: «Coordinar… la acción opositora fuera de las cámaras, en todos los distritos, para difundir en el pueblo y ante el electorado de los respectivos partidos el conocimiento de los actos ilegales del Poder Ejecutivo y del oficialismo y crear un espíritu cívico de resistencia a esos abusos y desmanes.

»Proyectar un plan de acción encaminado al logro de los propósitos enunciados y, en caso necesario, solicitar y admitir la adhesión de todos los ciudadanos que quieran para la República un gobierno constitucional y democrático y deseen prestar, hasta lograrlo, su esfuerzo sano y desinteresado».

La campaña opositora no hubiera podido llevarse a cabo con tanta intensidad de no haber contado con «la adhesión de la prensa responsable»,[4] que le brindó difusión inusitada. Al frente de los diarios que incitaban abiertamente al cambio violento del régimen hay que colocar al vespertino Crítica, dirigido por Natalio Botana, que servía de enlace entre los sectores políticos del golpe y los grupos militares. A esta agitación también se prestaron numerosos contingentes estudiantiles agrupados en la Federación Universitaria, con los que mantenían contactos frecuentes los políticos, a través de hombres como Roberto J. Noble, diputado socialista independiente, con dirigentes estudiantiles como Raúl Uranga (Derecho), que acuñaría un agravio célebre al calificar a Yrigoyen de «caudillo bárbaro y senil». Muchos años después, cruzado el Jordán, Uranga sería elegido gobernador de la provincia de Entre Ríos en los comicios del 23 de febrero de 1958, y no desdeñó sentirse continuador de la auténtica tradición radical. Afición ésta que perdura hasta nuestros días.

Pero la conjura abarcaba todos los centros posibles, mientras el Senado controlado por la oposición demoraba visiblemente la consideración del proyecto de ley de nacionalización del petróleo, aprobado en 1927 por Diputados. A ello no eran ajenos los intereses petroleros imperialistas, que Enrique Mosconi había denunciado con valentía. Una campaña nacional difundió por todo el país el nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y su sigla cortante Y. P. F., y se corría el peligro de que las próximas elecciones en Mendoza y San Juan (fijadas para el 7 de setiembre de 1930), alterasen el equilibrio numérico en el Parlamento y se llegase por fin a aprobar el postergado despacho. Claro que los opositores tenían tiempo para reunirse a conspirar, como ocurrió el 5 de setiembre en la sede de la Presidencia de la Primera Cámara de Apelaciones en lo Civil,[5] por lo que después no cabría extrañeza alguna ante el reconocimiento de la Corte Suprema de la Nación, asunto que nos ocupará más adelante. O para organizar silbatinas y tumultos en la Sociedad Rural Argentina, con motivo de inaugurarse el tradicional certamen ganadero (28 de agosto de 1930), de los que fue víctima el ministro de Agricultura Fleitas. Hasta los triunfos electorales en las elecciones para diputados de marzo de 1930 contribuyeron a exacerbar los ánimos de los complicados en la conjura, en lugar de aplacarlos. Sobre todo los socialistas independientes —vencedores en la Capital Federal por 109.292 votos, gracias al apoyo del antipersonalismo, frente a 82.713 sufragios de la Unión Cívica Radical y 83.076 del socialismo, partidos ambos que compartieron la minoría—, que pasaron a ser los adalides visibles del golpe.

La oposición gozó de todas las facilidades para su prédica disolvente, «… sin sufrir de manera sistemática de parte de las autoridades la represión brutal que más tarde se ha conocido».[6] Pero las cosas no marchaban tan bien en el seno del partido oficialista como para oponerse a ese desenfrenado movimiento. En efecto, la lucha por la sucesión de Hipólito Yrigoyen se había entablado entre dos miembros del gabinete presidencial: el ministro del Interior, Elpidio González, y el de Relaciones Exteriores, Horacio Oyhanarte, cuyos partidarios no cejaban en inclinar la voluntad del «último caudillo» hacia uno u otro, validos inclusive de médicos que respondían a ambos sectores. Ello debilitaba la autoridad de un gobierno que dejaba cada vez más de hacer cosas, sometido a la morosidad de un presidenta que se empeñaba en revisar todo personalmente, pero a quien la edad y los achaques sólo permitían demorar al infinito los expedientes.[7] Al mismo tiempo, y basado quizás en esa autoconfianza que demostró en todos los episodios de su vida política y en considerarse poco menos que un elegido para realizar el gran programa de la «Constitución», Yrigoyen no tomó las previsiones que hubieran hecho imposible la preparación del pronunciamiento del 6 de setiembre. Y, lo que es peor, evitó que otros las tomaran. El 3 de setiembre se conoce la renuncia del ministro de Guerra, general Luis Dellepiane, quien lo hace por serle imposible desempeñar cabalmente lo que entendía su misión, obstaculizado entre otros por el Vicepresidente Dr. Enrique Martínez —que tenía sus propios planes frente a los acontecimientos que se desarrollaban— y el ministro González.[8] Por otro lado, la indiferencia del movimiento obrero ante los sucesos que se fueron desarrollando hasta el 6 de setiembre de 1930 ayudó a librar de dificultades el camino de los motineros.[9]

La suerte de los complotados estaba decidida de antemano, no bien pudiesen llegar a la Plaza de Mayo, entrar en la Casa Rosada y exigir la entrega del poder, Así se hizo.

El 6 de setiembre de 1930: la conspiración

De acuerdo con la mayoría de las opiniones autorizadas que han tratado el tema,[10] agruparemos en dos a las tendencias que promovieron el golpe de setiembre:

a) La línea Uriburu, minoritaria dentro del conjunto, vinculada muy directamente con la agitación nacionalista desde fines de la década del veinte. Los jefes militares y los civiles que los asesoran —Carlos Ibarguren,[11] Juan E. Carulla, Juan P. Ramos, José María Rosa, Leopoldo Lugones, Alberto Viñas—, son admiradores de Mussolini y Primo de Rivera, conocen a Maurras y pretenden aplicar un programa de reformas de tinte corporativo a la Constitución Nacional, buscando la derogación de la Ley Sáenz Peña y su reemplazo por un sistema de voto calificado. El proceso exigía, en consecuencia, la reorganización del país mediante un régimen dictatorial.

b) La línea Justo-Sarobe, que comprende a la mayoría de la oficialidad interviniente, tiene vinculaciones notorias con los partidos políticos de centro-derecha: conservadores, radicales antipersonalistas y socialistas independientes. Algunos de sus autores en el campo civil, bien representativos de las respectivas agrupaciones, fueron Rodolfo Moreno, Leopoldo Melo y Antonio De Tomaso, pero la lista es mucho mayor. Intenta reemplazar el personalismo de Yrigoyen, convocando de inmediato a elecciones, y mantener la vigencia de la Constitución y de la Ley Sáenz Peña. Sarobe es bien claro al respecto: «El objetivo de la revolución era, por consiguiente, los hombres y no las instituciones, ni los partidos».[12] Este sector responde de preferencia a los intereses de la burguesía terrateniente y de varios estratos de la clase media urbana, y finca su triunfo en que el desprestigio yrigoyenista (que dicho sector contribuyó a crear de modo notable entre los años 1928 y 1930) haría que la República entera se volcase a su favor en elecciones posteriores. Luego de la experiencia del 5 de abril de 1931 en la provincia de Buenos Aires, dejó de importar que las elecciones fuesen libres o no.

Los entretelones que llevan a la aparente armonización de ambas líneas son sabrosos y oscilan entre lo sublime y lo ridículo, de acuerdo con el relato pormenorizado que nos hace José María Sarobe, en sus Memorias sobre la revolución del 6 de setiembre de 1930, de imprescindible remisión en este tema. En síntesis, se trata del enfrentamiento entre los dos jefes militares más prestigiosos del levantamiento: la cabeza visible del movimiento, José F. Uriburu, y la eminencia gris del grupo más numeroso, Agustín P. Justo, que realiza sus intervenciones por medio del subordinado y amigo Sarobe. La labor de Justo no se limitó a ser la de «un soldado más», como proclamara en rueda de amigos, sino que puso en marcha (aún antes del triunfo de la sublevación) el mecanismo de relojería que habría de llevarlo a la Presidencia de la Nación en 1932. A regañadientes, Uriburu accede a los requerimientos de Sarobe en cuanto a los objetivos del movimiento y permite modificaciones de importancia en el texto de la proclama que habrá de dirigirse al pueblo de Buenos Aires, y es así que el teniente coronel Sarobe enmienda la plana al texto redactado con fervor de aficionado por el poeta Lugones. No será éste el menor de los triunfos de Justo, le pouvoir derrière Sarobe.

Pero ya estamos en vísperas del sábado 6 de setiembre de 1930, y la conspiración dista mucho de encontrarse ordenada a la perfección. El caos organizativo es reconocido por Sarobe, y el entonces capitán Juan Domingo Perón agrega detalles aclaratorios que comprueban lo precario de la situación.[13] Pero en la mañana del 6, Uriburu, al frente de los cadetes del Colegio Militar, inicia lo que sería su marcha triunfal —ese paseo militar que el pueblo porteño definirá con gráfica verba— hasta la Casa de Gobierno, sólo interrumpido por el tiroteo de Plaza del Congreso.

Sarobe da la nómina de las fuerzas en acción: «Sólo se adhirieron desde la primera hora y marcharon con Uriburu a la capital, el Colegio Militar y la Escuela de Comunicaciones. La 2.º División de Ejército no se movió de Campo de Mayo, porque a ello se opuso la Escuela de Infantería a las órdenes del coronel Álvarez. Entre tanto, las fuerzas de Ciudadela no se movieron: el 8 de Caballería, al mando del teniente coronel Bosch, por ser contrario a la revolución, y el 1.º de Artillería, contenido por la actitud asumida por el otro cuerpo. En Palermo, los Regimientos 1.º y 2.º de Infantería se mantuvieron al principio fieles al gobierno y el 3.º se incorporó con cierta demora a la pequeña columna en marcha, ya dentro de los límites de la Capital. El 4.º de Infantería y su destacamento del Arsenal de Guerra se mantuvieron también a favor del Gobierno, y el Regimiento de Granaderos a Caballo se decidió por la revolución a mediodía. Un factor decisivo de triunfo fue, como lo habíamos previsto, la entusiasta, generosa y decidida colaboración civil».[14] Pese a la exageración de Sarobe, no hay duda que la renuncia de Dellepiane y su reemplazo por Elpidio González debilitaron las obvias defensas de un gobierno disminuido pero no vencido. Y la actitud del Vicepresidente Martínez —¿se le había hecho creer en la posibilidad de quedar al frente de la situación, previa una renovación del gabinete que intenta efectuar la misma mañana del día 6?— desmorona toda posibilidad de reacción.

Un panegirista del movimiento, Julio A. Quesada, no trepidará en decir: «La entrada del teniente general Uriburu en Buenos Aires, aclamado por el pueblo, merece divulgarse en una lámina, con más fuerza entusiasta, con más altura que las estampas conocidas de la Revolución Francesa. Es que la Revolución Argentina de 1930 resultó superior en todo sentido».[15] Y no asombra el entusiasmo del cronista por cuanto el mismo Sarobe, de ordinario tan medido, da rienda suelta a su espíritu y escribe: «Pueblo y Ejército unidos escribían una nueva y luminosa página en los anales de la democracia. Un júbilo profundo dilataba nuestros corazones. A los 120 años de la gesta inmortal de Mayo, civiles y militares juntos avanzábamos hacia la histórica Plaza de la Victoria, para proclamar, unte la Pirámide de Mayo y al pie de los vetustos sillares del Cabildo de Buenos Aires, la consigna inmortal de los argentinos: El pueblo quiere saber de que se trata».[16]

El gobierno del general Uriburu

El 8 de setiembre el Gobierno Provisional presta juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes, frente a una muchedumbre que ocupaba la Plaza de Mayo. El flamante ministro del Interior, Matías G. Sánchez Sorondo, pronuncia un discurso del que destacamos dos párrafos:

«El 6 de setiembre de 1930 marca en la historia argentina una de las grandes fechas nacionales, junto con el 25 de mayo y el 3 de febrero. Son las revoluciones libertadoras. Y ésta, es la única que ha triunfado después de la organización nacional a diferencia de los otros pronunciamientos, porque destituida de carácter político o partidario, sólo contiene la exigencia impostergable de salvar a las instituciones».[17]

Luego de este preanuncio de la futura línea Mayo-Caseros de la «Revolución Libertadora» de 1955, prosigue Sánches Sorondo:

«Os hablo en nombre del Gobierno, en esta Casa desde cuyos balcones no resonó hace larguísimos años la voz de los depositarios del Poder, para dirigirse al pueblo. Y os digo: Hemos jurado observar y hacer observar fielmente la Constitución —por Dios y los Santos Evangelios—, ratificamos y explicamos ante vosotros este juramento. Empeñamos nuestra palabra y nuestras vidas para conseguir que la República vuelva a su estabilidad institucional. Ninguno de nuestros actos se apartará de este sagrado objetivo. Devolveremos al nuevo Congreso intacto el patrimonio constitucional y legal de la Nación. Y después de haber instalado el Gobierno futuro que el pueblo elija en la plenitud de sus atribuciones, no habrá ni podrá haber mejor recompensa que la de observar, desde nuestro retiro, cómo se desenvuelve en paz y eficacia, para grandeza de la Nación».[18]

El pueblo conoció entonces el nuevo gabinete del gobierno provisional, así integrado:

Presidente: teniente general José F. Uriburu; Vicepresidente: Enrique Santamarina; Ministro del Interior: Matías G. Sánchez Sorondo; Ministro de Relaciones Exteriores y Culto: Ernesto Bosch; Ministro de Hacienda: Enrique S. Pérez; Ministro de Guerra: general Francisco Medina; Ministro de Marina: contraalmirante Abel Renard; Ministro de Obras Públicas: Octavio S. Pico; Ministro de Agricultura: Horacio Beccar Varela. Era Secretario de la Presidencia el teniente coronel Emilio Kinkelin.[19]

Un autor no sospechado de izquierdismo, Manuel Gálvez, comenta así la nómina: «El ministerio, intelectual y socialmente, no puede ser mejor; pero llama la atención que tres de los ocho ministros estén vinculados a las compañías extranjeras de petróleo, y todos, salvo dos o tres, a diversas empresas capitalistas europeas y yanquis. Los primeros actos del gobierno de Uriburu no dejan duda de que la revolución será, si no lo es ya, una restauración del Régimen. El 6 de Setiembre es una especie de Termidor de nuestra historia».[20]

Ese mismo día ocurre un fugaz intento subversivo, con tiroteos desordenados entre la Casa de Gobierno y el Palacio de Correos, atribuible al estado de confusión que todavía vive la Capital, fomentado quizá por algunos grupos yrigoyenistas. Por la noche, y en previsión de futuras complicaciones, el general Uriburu ofrece al general Justo, y éste acepta, el cargo de Comandante en Jefe del Ejército, que ocuparía sólo hasta el 24 de setiembre. Sus aspiraciones iban más lejos, y no podía permitir que un puesto de esa importancia lo atara a las decisiones del gobierno. Sin embargo, su pedido de relevo aparecerá como un renunciamiento.

Mientras tanto, el 10 de setiembre de 1930 la Corte Suprema produce una acordada trascendental que sentará jurisprudencia en el problema del reconocimiento de gobiernos de facto. Su texto completo es el que sigue:

«En Buenos Aires, a diez días de setiembre de 1930, reunidos en acuerdo extraordinario los señores ministros de la Corte Suprema de Justicia, doctores don José Figueroa Alcorta, don Roberto Repetto, don Ricardo Guido Lavalle y don Antonio Sagarna y el señor procurador general de la Nación, doctor don Horacio Rodríguez Larreta, con el fin de tomar en consideración la comunicación dirigida por el señor presidente del Poder Ejecutivo provisional, teniente general don José F. Uriburu, haciendo saber a esta Corte la constitución de un gobierno provisional para la Nación, dijeron:

»1.º— Que la susodicha comunicación pone en conocimiento oficial de esta Corte Suprema la constitución de un gobierno provisional emanado de la revolución triunfante del 6 de setiembre del corriente año.

»2.º — Que ese gobierno se encuentra en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para asegurar la paz y el orden de la Nación y, por consiguiente, para proteger la libertad, la vida y la propiedad de las personas, y ha declarado, además, en actos públicos, que mantendrá la supremacía de la Constitución y de las leyes fundamentales del país, en el ejercicio del poder.

»Que tales antecedentes caracterizan, sin duda, un gobierno de hecho en cuanto a su constitución y de cuya naturaleza participan los funcionarios que lo integran actualmente o que se designen en lo sucesivo, con todas las consecuencias de la doctrina de los gobiernos de facto, respecto de la posibilidad de realizar válidamente los actos necesarios para el cumplimiento de los fines perseguidos por él.

»Que esta Corte ha declarado, respecto de los funcionarios de hecho, «que la doctrina constitucional e internacional se uniforma en el sentido de dar validez a sus actos, cualquiera que pueda ser el vicio o deficiencia de sus nombramientos o de su elección, fundándose en razón de policía y de necesidad y con el fin de mantener protegido al público y a los individuos cuyos intereses puedan ser afectados, ya que no sería posible a estos últimos realizar investigaciones ni discutir la legalidad de las designaciones de funcionarios que se hallan en aparente posesión de sus poderes y funciones». (Constantineau, «Public Officers and the Facto Doctrine», Fallos, t. 148, p. 303).

»Que el gobierno provisional que acaba de constituirse en el país, es, pues, un gobierno de facto, cuyo título no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas en cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte y de seguridad social.

»Que ello no obstante, si normalizada la situación, en el desenvolvimiento de la acción del gobierno de facto, los funcionarios que lo integran desconocieran las garantías individuales o las de la propiedad u otras de las aseguradas por la Constitución, la administración de justicia encargada de hacer cumplir éstas las restablecería en las mismas condiciones y con el mismo alcance que lo habría hecho con el Poder Ejecutivo de derecho.

»Y esta última conclusión, impuesta por la propia organización del Poder Judicial, se halla confirmada, en el caso, por las declaraciones del gobierno provisional, que, al asumir el careo, se ha apresurado a prestar juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes fundamentales de la Nación, decisión que comporta la consecuencia de hallarse dispuesto a prestar el auxilio de la fuerza de que dispone para obtener el cumplimiento de las sentencias judiciales.

»En mérito de estas consideraciones, el tribunal resolvió acusar recibo al gobierno provisional, en el día de la comunicación de referencia mediante el envío de la nota acordada, ordenando se publicase y registrase en el libro correspondiente, firmando por ante mí, de que doy fe Figueroa Alcorta; Repetto; Guido Lavalle; Sagarna; Rodríguez Larreta; Raúl Giménez Videla, secretario»[21].

No es éste el lugar para formular una crítica jurídica a la acordada transcripta, cosa que por otra parte ha realizado

Rafael Bielsa con su reconocida autoridad,[22] sino destacar la peligrosa posición asumida por la Corte frente a los derechos y garantías individuales, al dejarlos librados a la pura decisión del Poder Ejecutivo de facto, pues si éste no presta su fuerza para la ejecutoriedad de las sentencias, ¿de qué valdrán los pronunciamientos judiciales?

Por lo demás, son ilustrativas estas palabras de Sánchez Sorondo pronunciadas en la Cámara de Senadores: «… desde el 6 de setiembre vivimos fuera de la Constitución, estamos en plena revolución, y si, como lo ha recordado el señor senador [Palacios], los hombres del Gobierno Provisional han prometido, en lo posible, ajustarse a los dictados de la Constitución en su acción de gobierno, esto no significa, no puede significar ante ningún criterio sereno, que debieran someterse a la Constitución. ¿Dónde se ha visto el caso de un poder revolucionario que se sujete a una Constitución, si el hecho mismo de su existencia significa la violación dé esa Constitución?».[23]

Ese desapego por la Constitución vigente, que tantas veces había manifestado en momentos previos al estallido revolucionario el general Uriburu (compartido por algunos de sus colaboradores cercanos), va a marcar las acciones de un sector del gobierno provisional, empeñado todavía en las reformas corporativas y la derogación de la Ley Sáenz Peña. Una prueba de ello, y no la única, la brindará la gestión de Carlos Ibarguren como interventor federal en la provincia de Córdoba.

Estas intenciones del jefe del gobierno —aparte del manifiesto del 1.º de octubre— se reflejan en dos importantes discursos pronunciados en la Escuela Superior de Guerra (13-XII-30) y en la Escuela de Infantería (18-XII-30), donde se menosprecia la función política y se hace hincapié en las reformas a las instituciones que se consideran imprescindibles. Ibarguren, por su parte, dicta una resonante conferencia en el teatro Rivera Indarte de la ciudad mediterránea, el 15 de octubre de 1930, apoyando el plan originario de Uriburu.

A estas manifestaciones, la Federación Nacional Democrática (organismo coordinador de los partidos conservadores de diversas provincias, del socialismo independiente, del radicalismo antipersonalista de Entre Ríos y de grupos menores, de reciente formación)[24] replicó con un acto en el mismo escenario, el 25 de octubre, donde se insistía en «volver cuanto antes a la normalidad» y en el llamado a elecciones. Hablaron, entre otros, De Tomaso, Miguel A. Cárcano y Rodolfo Moreno. La futura «Concordancia» había empezado su marcha, a pesar de que la Federación dejó de existir a breve plazo, al haber encontrado oposición en el podero Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires y su hábil abogado defensor en el gabinete, Matías G. Sánchez Sorondo. Se tramitaba ya el experimento piloto de las elecciones en ese distrito, fijadas para el 5 de abril de 1931. Luego vendrían Santa Fe, Córdoba y Corrientes.

Ibarguren no tiene empacho en confesar: «Por mi parte, en lo que a Córdoba se refería, procuré demorar en cuanto pude la fijación de fecha electoral, alegando la necesidad de preparar nuevos padrones, que reemplazaran a los viciosos del régimen anterior: así lo sostuve en la Conferencia de Interventores que tuvo lugar en diciembre de 1930».[25]

Puesto en la alternativa de sostener un candidato a la futura magistratura de la Nación, Uriburu comienza inclinándose por Lisandro de la Torre, a quien hace partícipe de sus intenciones. Pero de la Torre, disgustado con el curso que han tomado los acontecimientos y sabedor de las latentes intenciones corporativistas del dictador, rechaza el ofrecimiento. El buen liberal, acaso el último gran liberal de nuestra historia política, preferirá aceptar una candidatura de derrota, la de la Alianza Civil con el Partido Socialista, antes que renunciar a su pensamiento. Ello está documentado en un artículo clásico titulado precisamente «Otra página de historia».[26] Su antiyrigoyenismo básico lo hace intentar rescatar lo rescatable del movimiento del 6 de setiembre, por sobre las equivocaciones del general Uriburu y sus adláteres, proclamándose su legítimo sucesor. Así lo dice en el discurso de la campaña electoral pronunciado en el teatro Coliseo de Buenos Aires, el 13 de setiembre de 1931: «Nosotros venimos, en verdad, a salvar la revolución porque somos los intérpretes de su espíritu popular. Venimos a encauzarla arrancando a las urnas un veredicto consagratorio de la voluntad de renovación que latió en los corazones argentinos el 6 de setiembre, ¡hasta en el corazón de los vencidos, no todos insensibles al espantoso caos en que yacía la Nación!

»Venimos a recoger una bandera abandonada por error por el gobierno de la revolución, hecha suya por el pueblo, y a su nombre restablecer la concordia y la fraternidad desaparecidas de la vida nacional. Queremos realizar la obra que el pueblo esperó el 6 de setiembre.

»¿Quién, que no fuera un insensato, pretendería restaurar el régimen depuesto?»[27].

Pero hay que destacar que Lisandro de la Torre, más allá de la euforia de los discursos de la Alianza, no se engañaba sobre sus posibilidades efectivas. Así lo afirma a su corresponsal doña Elvira Aldao de Díaz, en carta del 22 de octubre de 1933: «Se me ofrecía en realidad una candidatura de derrota. Uriburu no era hombre de retroceder ante ningún exceso, y si alguien lo sabía bien, era yo, que tanto y tan íntimamente lo conocía. Por eso acepté; porque prestaba un servicio a la opinión civil y democrática, con entero desinterés, y porque complacía a mis viejos amigos de Santa Fe, que veían acrecentarse sus fuerzas electorales al vincularse a un movimiento nacional.

»Además, yo entendía contraer un compromiso transitorio y volver a mi retiro al término de una campaña que no iba a durar más que dos meses. Tenía los ojos puestos en el escenario nacional y no vi que el triunfo de los demócratas progresistas en Santa Fe me haría casi imposible abandonarlos a su suerte».[28]

El radicalismo, después del 6 de setiembre, había entrado en una pendiente de la que no se apartaría en toda la década. El mensaje susurrado por Yrigoyen, que sufría arrestos y vejaciones, a sus fieles: «Hay que rodear a Marcelo», caía en terreno inseguro, producto del abandono de posiciones oficiales que siempre otorgan soltura de movimientos.

El propio Marcelo T. de Alvear, desde su habitual París, se había encargado de formular apresuradas declaraciones periodísticas que llenaban de cargos a su ex maestro y a la corriente popular que lo había sostenido. Pero esto ocurría en los días inmediatos al golpe de setiembre, entre la euforia y la larga distancia. Alvear decide regresar y llegar a Buenos Aires el 25 de abril de 1931. Su ex ministro de Guerra, el general Justo, está en el puerto para recibirlo. También un edecán del teniente general Uriburu, viejo amigo. Pero el sendero, que a primera vista parece común, pronto va a separarlos.

Después de rechazar una insinuación del dictador en el sentido de prescindir del yrigoyenismo en cualquier maniobra política,[29] Alvear constituye una «Junta Reorganizadora» con otras figuras importantes de ambos sectores del Partido Radical (la omisión visible es Leopoldo Melo, que luego seria ministro del Interior de Justo, y que desde 1928 lleva en su cabeza aspiraciones más elevadas).

Pero la rebelión del teniente coronel Gregorio Pomar en Corrientes (20 de julio de 1931), a pesar de ser sofocada rápidamente, da origen a la deportación de Alvear, a la detención de dirigentes opositores y —en última instancia— ayuda a provocar la esperada convocatoria a elecciones presidenciales. Justo se dedica a dar los últimos toques a su aparato, que desde entonces se denominará Concordancia, y empeñará todas sus fuerzas para ser designado candidato.

Faltan algunos remiendos de oportuna aparición, tales como la definitiva anulación de las elecciones en la provincia de Buenos Aires[30] que habían consagrado el triunfo de Honorio Pueyrredón-Mario Guido, y el veto a la fórmula presidencial Alvear-Adolfo Güemes, que la Convención del Partido había proclamado el 28 de setiembre de 1931, lo que implicaba de hecho la exclusión del radicalismo. Las elecciones nacionales del 8 de noviembre no ofrecían ya ningún problema.

Pese a las afanosas gestiones de Vicente G. Gallo en el sentido de lograr que la U. C. R. presente una fórmula potable para el Gobierno Provisional (presumiblemente encabezada por Vicente G. Gallo, frustrado vicepresidente de 1928), la suerte está echada, y la abstención radical es un hecho.

El gran beneficiario del proceso, y futuro presidente, ha realizado una gran maniobra política. Sus únicos adversarios son los candidatos de la Alianza, Lisandro de la Torre y Nicolás Repetto, que verán aumentado su caudal de votos en forma apreciable por la ausencia de la Unión Cívica Radical.

La línea de «los amigos del Imperio Británico, dados a la maniobra fraudulenta y al formalismo curialesco antes que al uso desembozado de la cachiporra»,[31] coincide en que el mejor personero posible es el general Agustín P. Justo. Federico Pinedo ha relatado parte del proceso de alumbramiento —porque la gestación era bastante anterior— del candidato.[32] El Partido Demócrata Nacional —nuevo estandarte que agrupaba a los partidos conservadores, demócratas, liberales, autonomistas y grupos menores—, junto a los sectores antipersonalistas más extremos y al Partido Socialista Independiente, darán fuerza a la coalición. Fuerza relativa —siempre a juicio de Pinedo— pues «… a cada rato era más visible la desunión que la unión, la discordancia que la concordancia. Así resultó el engendro de la doble candidatura a vicepresidente, con su cortejo de dificultades, pero de la que fue imposible apearse hasta el final, no obstante los esfuerzos que se hicieron para evitarlo».[33] En efecto, luego de gestiones para llevar como compañero de fórmula a Eduardo Laurencena, se llega a la proclamación de dos candidatos distintos para la vicepresidencia: José Nicolás Matienzo, impulsado por el radicalismo entrerriano, y Julio A. Roca por los demócratas nacionales que no deseaban más tinte radical en el binomio a elegir (Justo supo utilizar siempre muy bien sus convicciones radicales antipersonalistas, cuando le era necesario acercarse a esa fracción). Los humoristas de turno dirán que el general Justo había cometido «bigamia política».

Lo cierto es que las elecciones —como era previsible— consagran definitivamente a Agustín P. Justo-Julio A. Roca. Muchos sectores importantes de la opinión «responsable» van a volcar sus preferencias hacia esa fórmula. La revista Criterio, vocero de un grupo activo del pensamiento católico, llegará a decir: «Creemos haber sido suficientemente explícitos. El carácter apolítico de nuestra Revista se mantiene sin desmedro en esta hora difícil por que atraviesa la República. El 8 de noviembre se entablará una contienda cívica sin precedentes, por su gravitación futura y por las circunstancias especiales en que se realizará. La abstención del radicalismo, por cierto que lamentable, deja el campo a dos partidos heterogéneos, de los cuales uno, la Alianza, es un peligro cierto para el país, por su doctrina y por sus hombres. El ciudadano probo ya sabe a qué atenerse».[34] El episcopado argentino había cubierto su cuota mediante una pastoral —de cita ineludible durante muchos años en el terreno político— sobre «el laicismo moderno y los deberes actuales de los católicos», un mes antes del acto eleccionario.

En dicho documento se establecen normas precisas para los católicos que concurran a las urnas, tales como no votar a partidos que propugnen la separación de la Iglesia y el Estado, el laicismo escolar y el divorcio legal. La defensa de los propios principios parece más importante que la denuncia del carácter antidemocrático de los comicios.

Nicolás Repetto, candidato socialista a vicepresidente por la Alianza, confesaría a poco del 8 de noviembre de 1931: «Impedidos los radicales de presentarse a los comicios con candidatos propios, las elecciones de presidente y vice del año 1931 fueron las más fraudulentas de cuantas se habían realizado en el país y sirvieron para dar una apariencia de legalidad a la usurpación de poder que se hacía en beneficio del candidato radical. En estas elecciones, decididas por un general para favorecer a otro general, el oficialismo acentuó al máximum el régimen del fraude sistemático y la restricción de los derechos y libertad de los ciudadanos sufrió una seria agravación».[35] La abstención radical será el factor decisivo para que el Partido Socialista pueda contar con cuarenta y tres diputados nacionales y dos senadores (Alfredo Palacios y Mario Bravo), y la democracia progresista conquiste la gobernación de Santa Fe para su candidato Luciano Molinas, además de enviar legisladores al Parlamento, entre los que descollará el senador Lisandro de la Torre.

El 20 de febrero de 1932 el general Uriburu hacía entrega de las insignias del cargo a su sucesor, el general Justo. Pero el primero, «expresión genuina de nuestro patriciado»,[36] traspasó también a Justo un proyecto de reformas a la Constitución Nacional que había preparado cuidadosamente. El «ciudadano ingeniero» Agustín P. Justo, «político por vocación, ambicioso por naturaleza, liberal, inquieto, cauteloso y maniobrero cuando le era necesario obrar así para la consecución de sus fines»,[37] lo recibirá con amable gesto y lo condenará luego al sueño de los justos.

Uriburu había mencionado sus objetivos de gobierno con cierta precisión:

«1.º) Sanear y reconstruir rápidamente la administración y las finanzas;

»2.º) Poner en orden el país y las universidades;

»3.º) Preparar la reorganización institucional de la República mediante reformas a la Constitución que nos defiendan en el futuro de los peligros del personalismo, del centralismo, de la oligarquía y de la demogogia;

»4.º) Estimular la formación de grandes fuerzas cívicas que deben dar las soluciones para volver a la normalidad, sin que mi gobierno tome bandera partidaria»[38].

Al punto primero contesta Gabriel del Mazo: «Fueron extraídos 170 millones de pesos oro de la Caja de Conversión (es decir, el 40% de la existencia en oro); aumentada la deuda flotante del tesoro y lanzados a la circulación 300 millones de pesos papel. Se establecieron nuevos impuestos por valor de más del 15 % del presupuesto nacional. El gobierno se caracterizó por un favoritismo nepótico y después electoralista».[39]

Con respecto al segundo, babrá que recordar los conatos subversivos de suboficiales en Córdoba (27-XI-30), del general Severo Toranzo (20-XI-31), del teniente coronel Gregorio Pomar en Corrientes (20-VII-31), la intentona de Tucumán (27-VIII-31) y el levantamiento de civiles armados, encabezados por los hermanos Kennedy, en La Paz (Entre Ríos. 3-I-32). Además, se implantó la «ley marcial», legislándose por bando sobre delitos y restableciendo la pena de muerte desterrada por el Código Penal. Hubo fusilamientos, persecuciones, torturas y deportaciones. Se anuló comicios y se vetó candidaturas. El fraude reinó en las elecciones presidenciales, especialmente en las provincias de Buenos Aires y Mendoza. So pretexto de corregir la «anarquía universitaria», se interviene a las casas de altos estudios, se dictan estatutos reaccionarios, se persigue y encarcela a dirigentes estudiantiles que comienzan a estar de vuelta de la euforia setembrina que tantos males causara.

El punto tercero de los propósitos de Uriburu se refleja en el provecto de reformas constitucionales a que hemos hecho referencia más arriba.

En cuanto al punto cuatro, acaso ello tenga relación con la sistemática oposición al radicalismo yrigoyenista, sin duda una «gran fuerza cívica» a la que se impide participar del proceso político. En su reemplazo, se prefiere reconocer oficialmente a la Legión Cívica (20-VI-31), organismo paramilitar con funciones de guardia pretoriana «armada desde el Ministerio de Guerra; y por mucho tiempo, aún después de cesado el gobierno provisional, su desarme fue un problema difícil».[40] Ibarguren, atribuyéndole raigambre argentina, deplora que «no tuvo tiempo de desarrollarse en toda la República ni de adquirir la importancia y magnitud de una poderosa fuerza capaz de realizar los objetivos perseguidos por el jefe del gobierno provisional».[41]

Pero el gobierno de Uriburu dejará su impronta en el proceso político argentino principalmente por ayudar al surgimiento de un pensamiento nacionalista de tendencia aristocratizante (uno de sus precursores es el ya citado Ibarguren), que será reelaborado y completado en años sucesivos por un equipo intelectual más brillante que profundo, con las consiguientes modificaciones y replanteos. En cuanto al ingreso de los militares en el campo político, si bien es una fecha imposible de dejar de lado, no constituye el primer hito. 1930 será la puesta a punto de todo un devenir anterior. Conviene no olvidarlo, para evitar considerar a la historia como un sucederse caprichoso de anécdotas. También el 6 de setiembre inyectaría bríos —no siempre bien encaminados— al movimiento universitario argentino, fenómeno lateral de alguna importancia por su especial difusión a partir de esa fecha.

Los partidos políticos no estuvieron a la altura de los acontecimientos. Claro que no nos referimos a los vencedores (conservadores, socialistas independientes y antipersonalistas) ni a los vencidos (radicales yrigoyenistas). Sí a los que adoptaron aparentes actitudes «neutralistas», como el Partido Socialista y el Demócrata Progresista, pero no vacilaron en proclamarse herederos auténticos del movimiento revolucionario y lo criticaron en sus desbordes dictatoriales. Y también al Partido Comunista, que exhibió lamentable confusión en la comprensión de la ideología radical y en el papel de su figura más representativa, Hipólito Yrigoyen.

Federico Pinedo, con quien iniciamos este capítulo, se ha preguntado al correr del tiempo: «Dando por sentado que el yrigoyenismo tenía que ser eliminado, ¿podía sensatamente, pensarse en recurrir a las fuerzas armadas para lograrlo? Muchos lo dudaban, pensando en lo que había costado desterrar la práctica de los pronunciamientos militares libertadores, tan difundida en nuestro mundo latinoamericano, de la que Yrigoyen fue un cultor sin éxito durante 30 años. ¿Podemos creer que la revolución fue un acierto? Cuando después de 70 años de sucesión ininterrumpida de gobiernos (1860-1930) hemos asistido en el último cuarto de siglo a una serie de pronunciamientos hay motivos para dudarlo, si es que lo que ha pasado puede presentarse como una consecuencia de la operación de 1930».[42]

Capítulo II

Justo

Sobre el Treinta.

«Los años duros del 30: la clase media lloraba sus ilusiones frustradas; no se había realizado ni el sueño radical ni el sueño liberal de la Alianza socialista-demócrata progresista; la clase media no era capaz de conquistar realmente el poder. Las clases altas exhibían su cinismo: el vicepresidente de la República, el hijo del conquistador del desierto, iba a mendigar a Londres; los pistoleros hacían política; los descendientes de los próceres intervenían en negociados. Fraude: los radicales bramaban de rabia y de impotencia, pero también ellos participaban en negociados y en convenios. Años duros: en Puerto Nuevo se apretaban los ranchos de lata y cartones, y la gente iba a verlos como quien hace una visita a un planeta extraño. Se cantaba Yira-yira y ¿Dónde hay un mango viejo Gómez? La juventud dorada de los dorados y grasos años alvearistas abandonaba los fuegos artificiales, el gauchismo de Güiraldes y los chistes en verso, y se ponía metafísica: Martínez Estrada gemía sobre el hundimiento del mundo, Mollea enumeraba las larras de su mundo, Marechal se convertía al catolicismo. Los hombres de Boedo insistían en su literatura de protesta, de descripción del mundo de los oprimidos. Arlt proponía levantar cadenas de prostíbulos para pagar la revolución. Pero en esos mismos momentos se multiplicaban las fábricas, y los peones rurales comenzaban a abandonar sus pagos tristes y miserables para enrolarse como proletarios industriales».

ISMAEL VIÑAS

Contorno, N.° 9-10, pág. 73.

Aspectos económicos

«Fraude y privilegio fueron las características de este período», sintetiza José Luis Romero al hablar de la década infame.[1] El gobierno de Justo se caracterizará en lo económico, fundamentalmente, por colocar al país en situación de dependencia colonial con respecto a Gran Bretaña, favoreciendo a las oligarquías tradicionales. En sus intentos no omitirá el intervencionismo estatal (las Juntas Reguladoras de la producción en varios ramos), claro que a favor del privilegio y no de los intereses de la comunidad. Lo paradójico del asunto es que este presidente surgido del fraude, que fomenta el retorno a un liberalismo conservador, aplicará medidas no ortodoxas para lograr sus fines. Basta recordar que su ministro de Agricultura es el ex socialista Antonio De Tomaso, y a la iniciativa de éste se deberán muchas de las realizaciones en dicho sector de la producción.

El gabinete inaugural de Justo se integra así: Interior: Leopoldo Melo; Relaciones Exteriores: Carlos Saavedra Lamas; Hacienda: Alberto Hueyo; Justicia e Instrucción Pública: Manuel M. de Iriondo; Guerra: coronel (luego general) Manuel A. Rodríguez; Marina: capitán de navío (luego contraalmirante) Pedro S. Casal; Agricultura: Antonio De Tomaso.; Obras Públicas: Manuel Ramón Alvarado.[2]

La crisis mundial de 1929 seguía produciendo efectos importantes a varios años de su estallido. Uno de los que más nos afectaron como país exportador de carnes lo constituye la Conferencia realizada entre Gran Bretaña y sus dominios en la ciudad canadiense de Ottawa (1932), con el objeto de considerar un trato preferencial para los productos del Imperio. Esta forma de proteccionismo a la que Inglaterra jamás se negó siempre que conviniera a sus intereses, a pesar de las continuas manifestaciones verbales sobre el libre cambio, iba a provocar suma inquietud entre los círculos ganaderos de la Sociedad Rural Argentina, ante la posibilidad de una reducción en las compras por parte de nuestro tradicional cliente, el Reino Unido, a favor de sus dominios.

La situación hace que el gobierno argentino —invocando el pretexto de retribuir una visita del Príncipe de Gales— decida enviar una misión a Londres encabezada por el vicepresidente de la Nación Julio A. Roca, en cuya comitiva viajan figuras tan prestigiosas como el doctor Guillermo Leguizamón, abogado de los ferrocarriles ingleses: el diputado conservador (luego ministro de Agricultura) Miguel Ángel Cárcano; y el contador Raúl Prebisch, funcionario asesor en los ramos de Hacienda y Agricultura y futuro gerente del Banco Central. De la travesía surge un documento que dará que hablar en años sucesivos; el tratado Roca-Runciman, firmado por Roca y el presidente del Board of Trade Walter Runciman el 1.° de mayo de 1933.

El tratado se eleva a la Cámara de Diputados con fecha 3 de junio, solicitando el Poder Ejecutivo su aprobación con prisa digna de mejor causa.

Carlos Ibarguren ha resumido de manera insustituible lo esencial de sus estipulaciones: «Gran Bretaña no se obligaba… a nada sustancial con la Argentina; en cambio ésta contraía todos los compromisos que enunciaré a favor del Reino Unido. Este reino se reservaba el derecho de restringir cuanto le conviniera la compra de nuestra carne y, lo que es peor, el de distribuir en nuestro país el 85% de la exportación de ella, permitiendo solamente que el 15% restante fuese exportado por empresas argentinas que no persiguieran beneficio privado, siempre que dichos embarques fuesen colocados en el mercado por las vías normales (buques y comerciantes ingleses) y teniendo en cuenta la coordinación del comercio del Reino Unido.

»Por su parte la Argentina se comprometía a: 1) Mantener libres de derechos el carbón y todas las otras mercaderías que entonces se importaban libres de derechos. 2) Respecto de las importaciones inglesas, sobre cuyos derechos aduaneros el Reino Unido gestionaba una reducción, volver a las tasas y aforos vigentes en 1930, comprometiéndose el gobierno argentino a no imponer ningún nuevo derecho ni aumentar los existentes por concepto de tasas, aforos o por cualquier otro medio. 3) Seguir una política de no reducción de tarifas ferroviarias. 4) Obtener en favor del comercio británico la totalidad del cambio proveniente de compras inglesas, y en ningún caso el cambio para las remesas a Gran Bretaña será menos favorable que para las remesas a otros países. 5) Dispensar a las empresas británicas de servicios públicos y otros en la Argentina, sean éstos servicios nacionales, municipales o privados, un tratamiento benévolo y la protección de sus intereses»[3].

Las opiniones sobre el convenio oscilarían pronunciadamente. Guillermo Leguizamón, que mucho había participado en sus tratativas, afirmará: «El convenio Roca-Runciman es sin duda alguna, en la historia de la Nación, el acontecimiento más importante del presente siglo».[4]

Y Lisandro de la Torre, desde su banca de senador, al referirse a una de sus estipulaciones dirá: «En estas condiciones no podría decirse que la Argentina se haya convertido en un Dominio británico, porque Inglaterra no se toma la libertad de imponer a los Dominios británicos semejantes humillaciones. Los Dominios británicos tiene cada uno su cuota, y la administran ellos. (…) La Argentina es la que no podrá administrar su cuota; lo podrá hacer Nueva Zelandia, lo podrá hacer Australia, lo podrá hacer el Canadá, lo podrá hacer hasta el África del sur. Inglaterra tiene, respecto de estas comunidades de personalidad internacional restringida, que forman parte de su Imperio, más respeto que por el gobierno argentino. No sé si después de esto podremos seguir diciendo: ¡Al gran pueblo argentino, salud!»[5].

El propio ministro de Hacienda argentino, Alberto Hueyo, renuncia al cargo en «disidencia con sus estipulaciones».[6] Su puesto será ocupado por Federico Pinedo, quien llevará a cabo el plan de sujeción económica a los intereses ingleses, con gran intensidad, entre el 24 de agosto de 1933 y el 30 de diciembre de 1935. El Partido Socialista Independiente agonizaba: la muerte de De Tomaso, la gestión de Pinedo, el ministerio de Roberto J. Noble en el gobierno provincial de Fresco, aceleran el proceso. Ya no habrá confusión —ni siquiera de rótulo— entre conservadores y socialistas independientes.

En el tratado Roca-Runciman se halla en germen buena parte de las medidas que se adoptarían con posterioridad en el campo de la economía y de las finanzas, configurando lo que Arturo Jauretche (integrante de F.O.R.J.A.) bautizaría de modo irremplazable: el «estatuto legal del coloniaje».

Pasan los meses, y el 1.° de setiembre de 1934 el senador de la Torre presenta a la Cámara de que forma parte un proyecto de resolución sobre el comercio de carnes, que dará origen a uno de los debates más célebres —sin duda el más célebre de la década— del Parlamento argentino.

El proyecto decía así: «Desígnase una comisión investigadora compuesta por tres senadores, con todas las facultades inherentes a dichas comisiones, a fin de que establezca cuál es la situación del comercio de exportación de carnes argentinas y verifique si los precios que pagan los frigoríficos en la Argentina guardan relación con los que obtienen en sus ventas en el exterior». El Senado vota la investigación y designa como miembros de la comisión a los senadores Laureano Landaburu y Carlos Serrey (mayoría) y de la Torre (minoría).

El desarrollo de los debates —los «debates de las carnes»— es seguido con creciente interés, pese a las deficiencias informativas de los grandes diarios, por vastos sectores intelectuales y políticos, que ven en el senador santafecino a una voz íntegra clamando en el desierto de las mayorías regimentadas del Senado de la decadencia. Claro que no corresponden idealizaciones extremas ni negativismos presuntuosos al enjuiciar el pensamiento de de la Torre: dentro del sistema resultó un crítico profundo, que no renegaba de su formación liberal y de la misma confusión de ideas que lo llevaba a equiparar en ciertos aspectos al fascismo y al comunismo, y sin embargo —muy de pasada— llegaba a insinuar que el monopolio estatal podría ser la solución de tan intrincado problema, tal como lo había hecho en ocasiones anteriores al tocar el mismo tema (debates de 1922-23). Fue un gran expositor de la situación imperante (el tomo de sus Obras que recoge los discursos en la Cámara alta, es un documento imprescindible para el estudio de la historia económica nacional), pero no podía ser también el reformador de fondo. En la pugna entre grandes y pequeños ganaderos, se alineó con estos últimos, con lo cual no hacía sino responder a los reclamos de su patria chica, Santa Fe, de cuya Sociedad Rural —no olvidemos— fue presidente en los primeros años del siglo. Pero señaló a fuego a los ganaderos cómplices del monopolio frigorífico, a los funcionarios venales, al gobierno que dejaba hacer. Y lo hizo solo, en medio de un Senado adverso, que lo trataba como a un viejo loco, entre ministros que lo amenazaban y colegas que buscaban la interrupción menuda.

De su denuncia surgen las vinculaciones imperialistas de abogados que son o han sido ministros: el doctor Horacio Beccar Varela, ex titular de Agricultura bajo Uriburu, reaparece como letrado del frigorífico Anglo, en el incidente del arresto de Richard Tootell por ocultación de planillas.[7] Se descubren embarques clandestinos de documentación requerida por la Comisión —de la Torre es su alma y su brazo—, en el vapor Norman Star. Se cuestiona la actitud del ministro de Agricultura Luis Duhau, en su inoperancia para poner coto a las maniobras de los invernadores y los frigoríficos. Pinedo acusa el golpe en un ex abrupto famoso:

«Lisandro de la Torre: Si la investigación del Senado no hubiera removido estos hechos, permanecerían ignorados. Todo eso lo miran impasiblemente el ministro de Hacienda y el ministro de Agricultra; el asesor de ambos [Raúl Prebisch]; el presidente de la República que parece vivir como el Consejo Directivo del Impuesto a los Réditos, en la luna…

»Señor Ministro de Hacienda: ¡Ya pagará todo esto el señor senador punto por punto!

»Señor de la Torre: No he oído lo que ha dicho el ministro.

»Señor Ministro de Hacienda: ¡Ya pagará bien caro todas las afirmaciones que ha hecho! No vamos a interrumpirlo ahora, pero vamos a contestar todas sus palabras.

»Señor de la Torre: Si no es más que eso, continúo y espero que conteste».[8]

En síntesis, queda manifiesta merced a la labor de de la Torre la existencia de un monopolio frigorífico que abarca desde la compra de ganado en las estancias hasta la venta de carne en los mercados de consumo, habiendo logrado la aniquilación de establecimientos argentinos especializados, ya sea por desaparición o absorción. Dicho monopolio gozaba de facilidades extraordinarias para realizar sus actividades en nuestro país, aprovechando en su beneficio hasta las mismas leyes y contando con elevada protección oficial.[9]

Pero la investigación sobre el comercio de las carnes no llegó a su fin. El asesinato de Enzo Bordabehere, senador electo por la provincia de Santa Fe que asistía a los debates, en pleno recinto parlamentario, quiebra la voluntad de su maestro y amigo, quien se niega a proseguir el alegato. De la Torre alcanzará a decir: «Nada sería el daño que ha sufrido el prestigio del gobierno, si en adelante pudiera evitarse que continúe el otro daño, que hiere de muerte a la fuente de riqueza de la Nación, enfeudada conscientemente al interés del capitalismo extranjero».[10]

«El problema no era un problema parcial —como creyó de la Torre en el debate de las carnes—, cuando quedó el cadáver de Bordabehere sobre la alfombra del Senado, nada más que por haber descorrido una punta del telón. No se trataba aquí del interés ferroviario o tranviario, allá del interés de uno o dos frigoríficos, de un grupo de bancos o de determinada actividad financiera. No se trataba siquiera del beneficio de un grupo de ricos, de nuevo solventados a través del Instituto Movilizador, ni tampoco del beneficio de unos cuantos industriales con la limitación de la producción a través de las Juntas Reguladoras. Se trataba de una política integral destinada a limitar el desarrollo del país, mantenerlo como monoproductor, restringirle sus posibilidades de comerciar en el exterior con libre competencia, e impedir el ascenso social de las masas, como consecuencia de todo esto, para conservar un limitado mercado consumidor, que no echase la demanda interna como competidora en el precio de lo que llamaban nuestros saldos exportables».[11] Jauretche ha visto —como Raúl Scalabrini Ortiz en Política británica en el Río de la Plata[12]— el hilo conductor del asunto, que no habrá que perder de vista cuando se consideran ejemplos aislados.

Así adquiere sentido la creación del Banco Central —incluida en el conjunto de proyecto sobre bancos y moneda—, que el Poder Ejecutivo urge aprobar al Senado en 1935 (acababa de levantarse la abstención electoral del radicalismo). El apresuramiento hace decir al senador Alfredo Palacios: «Esta iniciativa ha venido a la Cámara con un trámite contrario a todas las normas parlamentarias: el sábado 10 del corriente tuvo entrada, en una sesión extraordinaria, y un día después fue formulado el despacho, que tiene veintiuna modificaciones, sin que sepamos que se haya una investigación, que se haya consultado por lo menos a los Bancos, a los profesores de finanzas de las universidades, a los ex ministros de Hacienda, que habrían podido aportar, sin duda, algunos elementos de juicio a los que venimos a estudiar este asunto ajenos a toda preocupación política de partido».[13]

Es que la creación del Banco Central está resuelta de antemano, y no sólo por el ministro de Hacienda. La actitud mental de la mayoría parlamentaria que aprueba el proyecto respectivo, está resumida por Pinedo con trazo maestro:

«Más bien hubo parcialidad excesiva a favor del proyecto británico [se refiere al de Sir Otto Niemeyer], del cual adoptamos no sólo muchas ideas sino también la fraseología, cuando nos pareció que no había en ello inconveniente serio, aunque creyéramos que podían adoptarse a veces mejores textos. Y lo hicimos porque no queríamos crear inconvenientes inútiles a la sanción de los proyectos y sabíamos que por una curiosa modalidad del espíritu colectivo, en ese momento se facilitaba la adopción de las iniciativas del gobierno si podíamos presentarlas como coincidiendo en mucho con lo aconsejado por el perito extranjero».[14]

La clave de la peligrosidad del nuevo Banco Central «que no era de la República» (como acota José Luis Torres gráficamente), la había destacado Ibarguren en su carácter de abogado consultor del Banco de la Nación en un dictamen producido el 17 de abril de 1933: «Señalé el peligro que traía consigo el Banco del señor Niemeyer —que se convirtió más tarde en Banco Central Argentino— de delegar en una sociedad por acciones, en la que el Estado no tenía eficaz participación ni fiscalización, la soberanía económica de la República; y anotaba el riesgo de que la asamblea de accionistas, constituida en su mayoría por bancos extranjeros, fuese manejada por entidades que sólo miran el interés propio, y que el gobierno económico del país, dirigido por extraños al Estado, sufriese la influencia foránea representada por los intereses de la mayoría de la banca extranjera».[15]

El Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias (creado, por la Ley N.° 12157) recibió «una suma fabulosa de millones para que se hiciera cargo de los malos negocios de los bancos, existentes y futuros».[16] De esa manera el gobierno acudía solícito en ayuda de la oligarquía financiera, volcando recursos que hubiesen correspondido a otros fines de interés general.

Las Juntas Reguladoras de la producción (en los ramos de carnes, vino, granos, leche, algodón…) cumplían doble función: centralizaban en la ciudad de Buenos Aires la dirección y fiscalización de industrias básicas del país, y contribuían a consolidar los monopolios productivos y comerciales existentes. Se llegaba a volcar vino en las acequias (caso de Mendoza), para mejorar los precios de las reservas en poder de los consorcios monopolistas. El Estado —nueva forma de intervencionismo al estilo neoliberal keynesiano— apoyaba a sociedades anónimas en perjuicio de los pequeños productores. No sólo se autorizaba la destrucción de materia prima —«promover la supresión, en la medida indispensable, de la vid vinífera, mediante el pago de indemnizaciones», Ley N.° 12.137, art. 29, inc. a)— sino que se permitía el establecimiento de límites a la producción (impuesto de cuatro pesos por cada nueva planta de yerba mate, Ley N.° 12.236, art. 9.°; impuesto de mil pesos por cada hectárea de nueva plantación de vid vinífera, Ley N.° 12.137, art. 69), así como la fijación de precios mínimos y la regulación o prohibición de exportaciones e importaciones.[17]

La ley N.° 12.139, de unificación de impuestos internos, significó en la práctica «una poderosa contribución al aniquilamiento del régimenfederal y de las autonomías municipales»,[18] además de favorecer a los consabidos intereses antinacionales. Así, por ejemplo, «la supresión de las facultades de los gobiernos de Mendoza y San Juan para gravar el vino, y de los gobiernos de Tucumán, Salta y Jujuy para gravar el azúcar, suministraban bases orgánicas permanentes para el perfeccionamiento de los trusts del comercio de aquellos nobles productos».[19] Las voces que por lo general suelen alzarse en defensa de un trasnochado federalismo apenas musitaron débiles argumentos, y la ley fue aprobada. Un eslabón más de la cadena invisible que unía los intereses de una minoría oligárquica local con los de la metrópoli imperialista.

Cuando un diputado como Carlos A. Pueyrredón llegaba a decir en el Parlamento: «Si no se defiende a los ferrocarriles, que son la base estructural de todo el sistema circulatorio del país, con una legislación adecuada que los ponga en un terreno de igualdad con todos los demás medios de transporte, difícilmente se incorporarán nuevos capitales, estancándose su producción y deteniéndose, en consecuencia, su progreso»,[20] era previsible anticipar la aprobación del proyecto de ley sobre «Coordinación de Transportes» que estaba en discusión. Los capitales ingleses recibirían satisfechos esa victoria —que habían conseguido sus personeros locales— frente a los avances impetuosos del imperialismo norteamericano por las rutas camineras de la República.

Palacios confirmaba los hechos: «Una experiencia personal, señores senadores, puedo citar para demostrar que las leyes que en este momento se debaten sólo beneficiarán a los capitales extranjeros radicados en la República Argentina. El discurso que pronuncié en esta Cámara el día 2 de agosto de 1936, para dejar constancia de mi protesta por la intervención del gobierno y de la diplomacia de Inglaterra, a favor de estas leyes que tratamos, fue sintetizado en el gran diario londinense The Times [3-VIII-36]. Al pie, una nota decía para ilustración de los lectores: «Las leyes de coordinación a que aquí se refiere el legislador argentino, tienen por objeto proteger a los ferrocarriles y los tranvías de Buenos Aires, en los cuales se ha invertido mucho capital británico»».[21] Los ferrocarriles y los tranvías fueron protegidos.

En otros dos sectores básicos de la economía, el petróleo y la electricidad, se hacía notar también el impacto imperialista. El proceso ha sido relatado con acopio de detalles y no corresponde detenernos en él, dada la índole de este trabajo.[22] La venalidad y corrupción puestas de manifiesto en la tramitación de la prórroga de las ordenanzas de la C.A.D.E. y la C.I.A.D.E. (1936) abarcarían por igual a conservadores y radicales, de vuelta éstos de la abstención y bastante lejos de la tradición yrigoyenista. Tan sólo el bloque socialista de concejales (junto a algún demoprogresista y a José Penelón, de Concentración Obrera) salvaría los principios de la soberanía nacional. F.O.R.J.A. realizó también el análisis a fondo del problema, y cada vez tenía menos que ver con el radicalismo de don Marcelo T. de Alvear.

En Yacimientos Petrolíferos Fiscales tampoco estaba Mosconi, y ello explica acaso que puedan firmarse los convenios de 1937 entre Y.P.F., la Royal Dutch Shell, la Standard Oil (de acuerdo también en el plano internacional a causa de una de esas treguas que suelen darse los intereses imperialistas contrapuestos, para solucionar algún asunto en común) y las compañías menores. «Se abandona el pleno y directo control del Estado sobre el mercado petrolero. Y.P.F. deja de ser ejecutora de la política nacional del petróleo para convertirse en simple empresa comercial y el control del mercado pasa a un trust integrado por Y.P.F. y las empresas privadas, y que de hecho constituye una sociedad mixta».[23]

Hemos mencionado hasta ahora distintas iniciativas que en lo económico tuvieron principio cierto de cumplimiento bajo la presidencia del general Justo. Será preciso, para completar el cuadro, recordar otros aspectos de la estructura socio-económica del país.

En cuanto a la desocupación, por ejemplo, el diputado socialista José Luis Pena se dirigía así a los legisladores oficialistas (en ocasión de tratarse las leyes sobre bancos): «Este gobierno que no ha sido capaz de ocuparse de la situación desgraciada de millares de hombres que no encuentran trabajo y que están viviendo a lo largo de las vías ferroviarias, debajo de una arpillera y que no sabe cómo comen ni viven; este gobierno que no ha organizado nada para aliviar la situación desgraciada de este conjunto enorme de trabajadores, concibe, sin embargo, este plan para aliviar la situación de algunos privilegiados».[24] Más de un año atrás —en 1933—, el Poder Ejecutivo había enviado al Parlamento un proyecto por el que se creaba la Junta Nacional para la Desocupación, y en sus considerandos se decía que «según esas cifras [censo practicado por el Departamento Nacional del Trabajo] el total de desocupados en toda la Nación alcanza 333.997, pero descartando desocupados parciales y desocupados periódicos se ve que los desocupados reales suman 263.265, esto, aproximadamente 2,40% de la población total».[25] La industrialización en marcha va a requerir mano de obra barata, muy barata si es posible, y un número discreto de desocupados en el mercado podrá ayudar a mantener los jornales a esos niveles.

Eso, en cuanto a los centros urbanos e industriales. Para las provincias «pobres» —no se conocía en la época el eufemismo de «subdesarrolladas»— la situación era igualmente desesperante.

«Siempre la fatídica palabra: hambre.

»El hambre, señores senadores, donde está la población argentina pura, la levadura nativa, y con ella, las reservas espirituales de nuestro país.

»El hambre de los argentinos frente a los frigoríficos, que expolian a los pequeños productores y que se enriquecen cada vez más con ganancias exorbitantes, frente al capitalismo extranjero que no tiene alma ni tiene patria.

»Y tal situación de angustia no ha merecido nunca un debate tan extenso y apasionado como el que venimos presenciando.

»¿Dónde están los proyectos, las iniciativas, para mejorar las condiciones de existencia de esas poblaciones que constituyen la base de nuestra nacionalidad?

»Todos somos culpables, y nadie debe rehuir las responsabilidades»[26].

Ocurre que mientras algunas zonas del país comienzan a sentir el impacto de la industrialización, con sus secuelas más importantes: migraciones internas, concentración en pocas áreas del litoral argentino, concentración en grandes establecimientos, ajuste a las nuevas condiciones de vida, en otras zonas —el Noroeste, por ejemplo— el fenómeno es inverso.

Un autor que ha investigado el tema, David Efron, pinta así el cuadro: «Con excepción de los distritos azucareros de Tucumán, Salta, Jujuy y algunos islotes agrícolas aislados de La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero, el Noroeste argentino constituye, desde el punto de vista económico, una de las más atrasadas y anormales regiones del país. Desde el punto de vista social, la región se caracteriza por un desajuste y miseria extremos, que reclaman urgente remedio. Muchos son los distritos en que una estructura semifeudal en lo que a propiedad de la tierra y condiciones de trabajo se refiere, obstaculiza seriamente una explotación racional de los recursos. En otras regiones, esa situación se ve aún más agravada por condiciones naturales adversas».[27]

El Cuadro I muestra en cifras la desolada situación.[28]

CUADRO I
RETROCESO INDUSTRIAL DESDE 1914 a 1935

Provincia | Número de establecimientos | Personal (obreros y empleados)
Santiago del Estero | 624 | 301 | −323 | 7919 | 3303 | -4616
La Rioja | 1101 | 156 | −945 | 3916 | 1401 | −2595
Tucumán | 789 | 693 | −96 | 15.159 | 11.070 | −4089
Salta | 2297 | 241 | −2056 | 6312 | 4501 | −1811

En cambio, si consideramos al conjunto del país, la situación es muy distinta debido al incremento industrial en zonas privilegiadas. El siguiente cuadro refleja el adelanto producido en los años 1935/37 con relación al periodo 1914/35:[29]

CUADRO II

|  |  |  | Aum. | Aum.
| 1914 | 1935 | 1937 | 1935-37 | 1914-35
Establecimientos | 39.200 | 40.600 | 49.300 | 8700 | 1400
Personal | 383.000 | 590.000 | 734.000 | 144.000 | 207.000
Motores eléctricos HP | 86.000 | 517.000 | 630.000 | 113.000 | 432.000
Motores primarios (sin uso de energía eléctrica) HP | 202.000 | 483.000 | 555.000 | 72.000 | 261.000
Valor materia prima. Millones | 1082 | 1964 | 2881 | 917 | 382
Valor producción. Millones | 1823 | 3458 | 4708 | 1200 | 1635
Valor agregado. Millones | 741 | 1496 | 1927 | 431 | 755

Adolfo Dorfman indica que las causas principales de la industrialización que se produce con vigor ya a mediados de la década del treinta, son las siguientes:

«1. Disminución de las exportaciones argentinas, en valor y tonelaje.

»2. Desvalorización del signo monetario.

»3. Aumento de derechos aduaneros a partir de 1931 (en especial el 10% adicional, que por sí solo abarca los 2/3 de la recaudación aduanera).

»4. Regulación gubernativa de las importaciones, para ajustarlas al nivel de las ventas argentinas.

»5. Existencia de mano de obra abundante, barata y competente.

»6. Existencia de un mercado consumidor relativamente importante (en lo que a la iniciación de ciertas actividades atañe).

»7. Presencia de industrias auxiliares desarrolladas (algunas materias primas, construcción de equipos industriales, etcétera).

»8. El desmantelamiento de industrias en los países más adelantados (como Estados Unidos, por ejemplo) que dejaba inactivos valiosos planteles cuya utilización habla que procurar.

»9. Existencia en condiciones de exportar de capitales y técnicos en aquellos países, de que se disponía por la crisis en los negocios y la desocupación.

»10. La mayor ganancia que prometía la actividad industrial en un país no suficientemente desarrollado económicamente, que permitiría el empleo de menor proporción de capital fijo.

»11. La necesidad de ajustar la producción a los gustos del consumidor y poder brindarle una oportuna flexibilidad»[30].

Hacia 1940, «la mayor parte de la industria argentina es del tipo manufacturero, liviano, productora de artículos de consumo. Aun las fábricas de automotores se limitan a montar las partes introducidas del extranjero, y de las máquinas elaboran hierros perfilados de igual procedencia, Falta la industria pesada, que constituye la médula de la vida industrial en los países más adelantados».[31] A esas industrias habrán de volcarse preferentemente los contingentes migratorios internos, que se concentrarán en la Capital Federal, Gran Buenos Aires y —en menor escala— en el Litoral.

Para 1947 Gino Germani[32] indica con respecto al lugar de residencia actual de los argentinos nativos que han abandonado la jurisdicción de su nacimiento, los siguientes porcentajes: 50,4% se estableció en el Gran Buenos Aires; el 27,8 en el Litoral; el 7,6 en el Noroeste; el 4,3 en el Centro y Oeste; el 5,6 en el Noreste y el 4,3 en el Sur. El proceso se inicia con anterioridad a la segunda guerra mundial, y adquirirá gran magnitud en los años 1943-47.

La migración extranjera en el período 1931-1940 tocará límites muy bajos, los más bajos desde la década 1861-1870. Las cifras referentes a saldos inmigratorios son las indicadas en el cuadro III.[33]

CUADRO III

Año | Saldo inmigratorio
1857-1860 | 11.100
1861-1870 | 76.600
1871-1880 | 85.100
1881-1890 | 637.700
1891-1900 | 319.900
1901-1910 | 1.120.200
1911-1920 | 269.100
1921-1930 | 878.000
1931-1940 | 72.200
1941-1946 | 33.000
1947-1954 | 747.000

Si consideramos el promedio anual de inmigración (argentinos y extranjeros) a la zona del Gran Buenos Aires, entre los años 1895-1947, los datos recogidos por Germani[34] dan estos resultados:

Período | 1895-1936 | 6.000 | anuales
Período | 1936-1943 | 72.000 | anuales
Período | 1943-1947 | 117.000 | anuales

Con relación a la reducción de la inmigración extranjera (en realidad europea), la época será testigo de proyectos de ley como el presentado por los diputados conservadores Carlos A. Pueyrredón, Aquiles M. Guglialmelli, Adrián C. Escobar, Daniel Amadeo y Videla, Rogelio J. Solía y Dionisio Schóo Lastra, donde se establecía en su artículo 1.°: «Prohíbase durante cinco años la inmigración de extranjeros que vengan a buscar trabajo o a ocupar empleos u oficios asalariados», aunque los considerandos —de Pueyrredón— aclaraban: «Deseo dejar bien establecido que la prohibición que propongo no es porque sean extranjeros, sino por ser desocupados».[35]

Ernesto Sammartino,[36] al fundar un proyecto de declaración en el año 1938, se refería al tema de este modo: «¡Nuestra ley de inmigración de 1876, lejos de ser mejorada o complementada con una ley orgánica de colonización, ha sido desvirtuada y empeorada por decretos y reglamentaciones restrictivas en pugna con intereses vitales del país y con cláusulas expresas de la Constitución. Entre esas medidas restrictivas figuran el decreto de 16 de diciembre de 1930, imponiendo nuevos derechos o aranceles de visación consular a los documentos de los inmigrantes; el decreto del 26 de noviembre de 1932 ordenando a los agentes consulares en el extranjero la suspensión de los permisos de desembarco y de visación de documentos a los inmigrantes que no tuvieran un destino y una ocupación fija, que el gobierno no procuraba darles, como si la inmigración interesara solamente a los inmigrantes y no al país; el decreto del 17 de octubre de 1936 prohibiendo la entrada al país de toda persona que constituyera un peligro para la salud física y moral de la población o conspirara contra la estabilidad de las instituciones creadas por la Constitución nacional».

Los intereses antiinmigratorios adquirían otra tonalidad cuando por ejemplo la revista Criterio, en un comentario titulado «La bestia enfurecida»,[37] hacía referencia a los judíos: «Afirmamos el derecho de defensa, el de limitar la entrada al país de una raza que no se adapta a la nuestra…».

Dorfman, otra vez es quien analiza el problema de los salarios obreros —esos obreros a quienes se decía proteger impidiendo el ingreso de trabajadores extranjeros a la República, según hemos visto—: «Tomando en consideración el costo de la vida se llega a la determinación del salario real del obrero fabril, que ha sufrido un pronunciado descenso en el último decenio. El costo de la vida en el lugar más privilegiado de la Argentina —Capital Federal— ha pasado de 100 en 1933 a 120 en los meses que corren (mediados de 1940). El índice de salario real, que fuera de 100 en 1929 y aproximadamente otro tanto en 1935, oscila entre 96 y 97 en 1938/39, llegando, quizás, a 90-92 actualmente».[38] Si el fenómeno descrito sucedía en Buenos Aires, piénsese en los rigores de los trabajos rurales (zonas que por lo demás ofrecen un grado de consumo sumamente bajo, salvo excepciones en que predomina el colono-propietario), en lo que significaban —y en algunos casos lo que hoy todavía significan— los cultivos del azúcar, la yerba mate, el algodón, y se tendrá una idea general de las difíciles condiciones laborales que vivía la época. Para no hablar del trabajo en los frigoríficos (siempre presentes), y las reiteradas denuncias que sus obreros efectúan año tras año en razón de lo intolerable de su situación.

A lo anterior, debe sumarse el factor ya mencionado de la concentración regional, que permite al empresario conseguir —dado el resto del panorama esbozado— una mano de obra eficaz y barata. El caso de la industria textil es suficientemente significativo. Según el Censo Industrial de 1935, ocupa a 80.000 trabajadores que constituyen cerca del 17% del personal obrero argentino. La concentración máxima en Capital Federal y alrededor, pues, llega a abarcar el 87% de la población textil del país y «… el 92 % de los obreros textiles de toda la República están en un radio de veinte kilómetros de la plaza Congreso».[39]

Por eso no extrañará que, gracias a tales circunstancias favorables, las sociedades anónimas que cotizan en la Bolsa de Comercio experimentaran crecidas utilidades por esos años y vieran crecer el monto de capitales dedicados a operaciones bursátiles:[40]

Millones de pesos m/n | Años
622 | 1927
690 | 1928
658 | 1929
605 | 1930
546 | 1931
423 | 1932
672 | 1933
803 | 1934
883 | 1935
1250 | 1936
1420 | 1937

Es que, dominando los aspectos parciales que hemos rozado en esta sección, figura el hecho vital de que la Argentina, desde 1869 (fecha del primer Censo Nacional) hasta 1947 (cuarto Censo Nacional), ha pasado de ser un país rural a ser un país predominantemente urbano, con todas las consecuencias que ello apareja. La época de la presidencia de Justo comenzará a ver la aceleración del proceso, que culminará en la década del cuarenta.

CUADRO IV[41]

|  |  |  |  |  |  | Aumento | Aumento
| Cifras absolutas | Porcentaje | Aumento anual | anual | anual
Censos |  |  |  |  |  |  | promedio | promedio
|  |  |  |  |  |  | por 1000 | por 1000
| Urbana | Rural | Urbana | Rural | Urbana | Rural | hab. de la | hab. de la
|  |  |  |  |  |  | pob. urbana | pob. rural
1869 | 492.600 | 1.244.300 | 28 | 72 |  |  |  |
1895 | 1.488.200 | 2.466.700 | 37 | 63 | 38.000 | 47.000 | 46,3 | 23
1914 | 4.152.400 | 3.727.900 | 53 | 47 | 140.000 | 66.000 | 55,5 | 21,8
1947 | 9.932.100 | 5.961.700 | 62 | 38 | 175.000 | 68.000 | 26,7 | 14,3

El país se industrializaba a grandes pasos (la guerra de 1939-45 ayudará al proceso, con su merma de las importaciones), la «oligarquía crepuscular» (al decir de Sergio Bagú) controlaba los resortes básicos de la economía y las finanzas, como representante del imperialismo inglés, mientras el norteamericano aguardaba su turno, que estaba al llegar. Los recursos del Estado se empleaban en beneficio del privilegio, como antes indicáramos, y este intervencionismo «liberal» parecía ayudar a la solución de las crisis internas y externas del sistema. ¿Por cuánto tiempo?

Arturo Frondizi, hace muchos años, resumía:[42]

«1. Las formas jurídicas de la economía evolucionan lentamente cuando se mantiene el equilibrio de las relaciones económico-sociales.

»2. Cada grupo económico defiende sus intereses sin consideración de principios, pues admite la intervención del Estado en cuanto sea protección, pero la niega en cuanto sea limitación, aún de sus propios excesos.

»3. Se abandona rápidamente un tipo de política económica y su régimen jurídico consiguiente, ante la presión de situaciones económicas determinadas.

»4. Algunas formas económicas dominantes viven y se desarrollan dentro de regímenes jurídicos distintos.

»5. La evolución jurídica por sí sola, si bien contribuye a atenuar la gravedad de algunos problemas económico-sociales, no implica una solución a fondo de los mismos, mientras no se modifiquen las relaciones de las fuerzas sociales que regulan las leyes».

Aspectos políticos

El período que corre desde 1932 a 1938 permite ver en acción al fraude con todas sus variantes y calificaciones: la de «patriótico» no será la única. Los hechos son bochornosos, y encuentran su caja de resonancia en el Parlamento, mediante denuncias casi permanentes durante la consideración de los diplomas de legisladores cuya legitimidad es puesta en duda.

Las intervenciones a las provincias tampoco escasean, cuando se desea torcer cualquier posibilidad de libre manifestación de la voluntad popular: las que se llevan a cabo en la provincia de Buenos Aires —de «comicios» posteriores surgirá el gobernador Manuel A. Fresco— y en la de Santa Fe —contra el gobierno demócrata progresista de Luciano Molinas—, pueden servir de ejemplo.

La situación es la que presenta Rodolfo Moreno, con cierta claridad conceptual, en su libro La cuestión democrática,[43] dejando aparte los calificativos: «La situación espiritual del país ha cambiado; la masa popular que el 6 de setiembre de 1930 rodeaba al gobierno revolucionario y daba la impresión de que el oficialismo caído había desaparecido para siempre de la vida política, parece inclinarse a una posición contraria, vuelve a sus viejos amores demagógicos y amenaza con resablecer el sistema materialmente derrotado, con todas sus consecuencias.

«Las fuerzas gobernantes sienten la proximidad del peligro y recurren a los medios vedados por la ley para no perder las posiciones. Ciudadanos distinguidos y patriotas, algunos políticos, otros no, exponentes del comercio, de la banca y la industria, tendencias conservadoras de orígenes y finalidades diferentes, prelados, militares, gentes de orden en general, sostienen que es preciso defenderse y de cualquier manera mantener las posiciones gubernativas».

De ahí que no asombren las reflexiones posteriores de Moreno sobre la inoportunidad del voto secreto, que «no tiende a educar la democracia, sino a corromperla», y la necesidad de fiscalización de los partidos políticos («entre nosotros faltan, sin duda alguna, los grandes partidos y se carece también del estatuto orgánico destinado a regirlos»), así como sus votos para la transformación futura del Senado, «organizándolo como una representación de las fuerzas vivas del país en el sentido intelectual y productivo».[44]

Si bien en la ciudad capital, Buenos Aires, el margen de limpieza electoral fue mayor que en provincias, los cálculos aritméticos que se realizaban para todo el país no dejaban de considerar un eventual triunfo opositor porteño. Así, con algunos opositores más en las Cámaras, se conseguía —sobre todo para el exterior— cierto nivel de madurez política, cierto status de democracia representativa. Claro que la situación en otros distritos, Tucumán por ejemplo, era desoladora. José Luis Torres ha pintado el cuadro: «Quienes tenían el dominio de la riqueza, tenían también allí el dominio del gobierno. Y se gobernaba la provincia, bajo cualquier rótulo partidario, por los mercaderes y para los mercaderes, que siempre supeditaron los principios políticos a sus negocios individuales con olvido total de los intereses públicos y con ostensible desprecio por la vida de los trabajadores humildes, cuya existencia era tenida en menos consideración que la de las bestias de labranza. La oligarquía dominaba allí todos los resortes de la vida pública. Las legislaturas estaban siempre constituidas por los más obsecuentes empleados de los propietarios de los ingenios, afiliados a los distintos partidos, que después del entrevero electoral se mancomunaban para votar las leyes preparadas en el servicio leal de sus patronos, cuando no por los patronos, mismos, a los que luego designaban senadores de la Nación, naturalmente de acuerdo a lo resuelto previamente por el Centro Azucarero, en donde se hacía la repartija de las altas posiciones; los diputados que decían representar al pueblo de Tucumán en el Congreso de la Nación eran elegidos también, antes de realizarse las convenciones partidarias, por los dueños de las chimeneas; los funcionarios que por la importancia de la acción a desarrollar en el campo de la justicia o de la administración pública necesitaban para el desempeño de sus empleos el acuerdo del Senado provincial, debían antes que nada, para obtener la designación, dar muestras cabales de sumisión a la oligarquía, y después renovarlas con nuevos rendimientos para mantenerse en el cargo. De tal manera, no solamente las leyes, sino también las resoluciones administrativas y los fallos de los tribunales se acomodaban con rigor a los negocios de los poderosos y nunca los negocios de los poderosos se restringían al marco de las leyes, aunque las leyes eran siempre fabricadas a placer de los poderosos».[45] Sin nombrarlas, Torres boceta retratos de figuras parlamentarias como el diputado Simón Padrós o el senador Robustiano Patrón Costas, que defendieron como cosa propia —y lo era— los intereses de los ingenios provinciales. Y Tucumán no era el único caso.

Es que no todos en el Congreso ocupaban por derecho sus bancas. Unos debido al fraude, otros gracias a la abstención del fuerte Partido Radical, lo cierto es que existía una verdadera inflación de representatividad. Los diálogos y reproches mutuos (preferentemente entre conservadores y socialistas) menudeaban. Por ejemplo:

«Solari (Juan A.): Comprendemos que los diputados de la derecha conservadora sientan viva y actual admiración por los sucesos del 6 de setiembre. Forman un partido político que ha intervenido directa o indirectamente en esos sucesos y que ha llegado al gobierno como consecuencia de los mismos».

«Solano Lima (Vicente): …No nos interesa a nosotros el juicio del sector socialista sobre los acontecimientos del 6 de setiembre. Ellos tienen una posición especial dentro de la política argentina: ellos han crecido a expensas de la revolución, ellos han alcanzado algunas de las ventajas de que en este país por desgracia hubiera un día un partido vencido, aun cuando no vencido por nosotros, sino por sus propias culpas y por sus propias responsabilidades»[46].

Es que la función opositora en el Congreso implicaba, quiérase o no, un aspecto de colaboración con el gobierno del fraude y de la abstención de una importante fuerza política. Cosa que reconocía el diputado socialista Repetto, en un mitin partidario de fines de 1932: «Hemos participado en las elecciones generales del 8 de noviembre del año pasado y hemos colaborado con el gobierno ungido, o, más bien, impuesto en aquellos comicios, porque esperábamos salvar en esa forma y no por la abstención o la revolución, las graves dificultades del momento a fin de llegar paulatinamente a la normalización institucional y a la pacificación política del país. Los frutos de nuestra colaboración, lo confesamos, no pueden satisfacernos»[47].

Hasta la incorporación de los parlamentarios radicales (ya en franca postura concurrencista), la función de oposición recaerá sobre las bancadas socialista y demócrata progresista, que descenderán a sus justos niveles propios al no beneficiarse con los resultados de la abstención radical. Jamás volverán a repetir la fuerza numérica de los primeros años de la presidencia de Justo, salvo su efímera floración en los comicios del 7 de julio de 1963, gracias sobre todo al sistema de representación proporcional utilizado en la oportunidad.

Américo Ghioldi, en 1935, ofrecerá otra variante sobre el tema colaboración: «No formamos parte de un sector ni de un partido de oposición. No entendemos la oposición en el sentido de oponernos constante y permanentemente a la obra de los hombres que están en el gobierno. Hemos demostrado en el transcurso de cerca de cuarenta años como partido, en el transcurso de veintitrés años de acción parlamentaria, cómo el Partido Socialista supera el desgastado término de oposición y sabe en todo momento dejar que la acción necesaria no sea interrumpida, salvando él sus prestigios de partido y dejando siempre la semilla de una idea para que germine cuando el ambiente sea propicio»[48].

En 1936, el diputado socialista Rogelio L. Ameri brindaba un cuadro menos bucólico: «¿Qué ha sido el país después del 6 de setiembre? Yo confieso, porque los hechos son más elocuentes que las palabras, que aquel acontecimiento produjo la sensación general de un alivio. Pero lo que vino después… Atravesamos por una dictadura; se llamó a elecciones y se desconoció el veredicto de las urnas; se intervino Santa Fe sin ningún motivo; se inició y se continúa todavía, una persecución a los obreros y estudiantes; se implantó una censura a la prensa y a los discursos; y hasta la radiotelefonía —esa expresión magnífica del progreso técnico— sólo sirve para que, por medio de ella, se acaricien los oídos del oficialismo con palabras que le son gratas, pero se cierra para la expresión del pensamiento de los hombres que están en la oposición. Asistimos a esa gran vergüenza nacional que fue el crimen en el Senado; y llegamos a estas elecciones con el agregado de que, aparte de cercenarse los derechos cívicos, las libertades que aún quedan en pie para ser aplicadas el día del comido, se pretende quitar el cuarto oscuro, calificar el voto, fascistizar las instituciones y hacer pedazos la libertad»[49].

La Sección Especial —que bajo diversos nombres parece haberse convertido en dependencia estable del Ministerio del Interior, a través de la Policía Federal, durante más de cuarenta años de vida política argentina—, esa «Sección especial de represión contra el comunismo», como se llamaba en la época, provoca un pedido de informe del legislador Luis Ramiconi (Partido Socialista). En los fundamentos orales manifiesta: «He dicho al principio, refiriéndome el caso de mi compañero afiliado al Partido Socialista ciudadano Nemirowsky, que los presos de Villa Devoto no hacen cuestión de ciertos castigos; van de “yapa” las cachetadas y los puntapiés. Los presos de Villa Devoto denuncian únicamente casos graves de torturas. Esos presos en presencia de dos diputados de la Nación, de cuatro abogados y de las autoridades de la cárcel han denunciado que en la Sección Especial se les ha quemado los dedos, se les ha apretado los dedos con prensas, se les ha colocado cigarrillos encendidos en las narices, se les ha golpeado ferozmente la cabeza con un ejemplar de El Capital, de Carlos Marx, una gruesa edición de la casa Calpe, se les ha obligado a tragar panfletos editados por entidades comunistas o no —no interesa, señor presidente—. Yo que he oído esas denuncias, no puedo dejar de traerlas al seno de la Cámara»[50].

La nota del ministro del Interior, Leopoldo Melo, que contesta el pedido de informes, dice en uno de sus párrafos: «Explicaré que dentro de la cultura del personal, de la disciplina que impera en la policía y del concepto de sus respectivos deberes y de la seguridad con que se reprime toda omisión o falta en el servicio, hay que excluir en absoluto la posibilidad de las torturas o malos tratamientos cuya imputación es un conocido recurso aconsejado por el Socorro Rojo Internacional en el carácter de medio de propaganda»[51]. El que sí resulta «recurso conocido» —cuántas veces se lo aplicará en esos años… y después!— es el empleado por el jurista Meló: contesta negando los hechos con invocaciones varias a las buenas costumbres, a la cultura y a la moral, no ofrece probar la veracidad de sus afirmaciones (magister dixit), y a renglón seguido carga la responsabilidad de las torturas a los propios torturados, es decir —según Melo— a quienes se fingen torturados. Los cómplices serán, por supuesto, sus abogados defensores: Enrique Corona Martínez, Nydia Lamarque, José Peco, Rodolfo Aráoz Alfaro, José Katz, etc., «profesionales que según el informe policial constituyen la ayuda jurídica organizada en esta capital por el Socorro Rojo Internacional».

Aquí no ha pasado nada, y el Parlamento puede continuar con su función legislativa.

La violencia política llega a excesos reprobables: en un acto público realizado en la ciudad de Córdoba, autores desconocidos asesinan al diputado socialista José Guevara (1933). La conexión de los criminales con altas esferas oficialistas es discutida vivamente en muchos sectores. El 28 de junio de 1932, en la ciudad correntina de Curuzú-Cuatiá «agresores cobardes amparados por la policía y el gobierno»[52] matan a balazos al mayor Regino P. Lascano, de filiación yrigoyenista, mientras realizaba una misión encomendada por el jefe de la conspiración radical en marcha, teniente coronel Atilio Cattáneo. Pero el crimen más conocido, más tristemente conocido, de la década, será el asesinato del senador electo Enzo Bordabehere durante la sesión del 23 de julio de 1935, en plena culminación del debate sobre las carnes. Un matón profesional, Ramón Valdez Cora, que venía siguiendo desde tiempo atrás los discursos, será el autor material. Pero las responsabilidades alcanzaban a personajes del mundo oficial, avalados por el presidente de la República. Nunca quedó del todo clara la participación en el incidente del ministro de Agricultura Duhau, o de su secretario privado Ernesto Duggan, o de dos testigos —entre ciento ochenta declarantes— que afirmaron con prodigiosa retentiva haber visto luchar a Bordabehere con Duhau, llevando aquél un revólver en la mano, cosa que el resto de los presentes no llegó a advertir. Esta cause célebre provocará un pedido de procesamiento contra el juez federal Miguel L. Jantus, por el delito de prevaricato, que firmarán diputados radicales y demócratas progresistas, presentado en la sesión del 5 de agosto de 1937. Las constancias del expediente en que intervino Jantus ofrecen la prueba palpable de cómo puede anquilosarse el mecanismo judicial[53].

Ya en 1936, cuando todavía no se habían apagado los ecos que suscitara el atentado, el joven diputado radical Ernesto Sammartino señalaría al gran indiferente: «Cuando caía bárbaramente asesinado en el Senado de la Nación el doctor Bordabehere, pocas horas después de ese hecho inaudito que estremeció al país pero que en un país de mayor cultura y más fina sensibilidad democrática que el nuestro habría determinado la caída inmediata de un gobierno y habría lanzado a la calle a las multitudes para señalar a los responsables morales de ese crimen, a las pocas horas de ese hecho, el presidente de la República ocupaba con rostro plácido su palco del teatro Colón, queriendo demostrar así un valor que no había tenido ocasión de demostrar hasta entonces, y a Dios gracias, su espada vieja, pero virgen todavía, de general de la nación».[54]

Ese mismo presidente también llegará a asumir la responsabilidad de intervenir por decreto a la provincia de Santa Fe, terminadas las sesiones ordinarias del Parlamento, después que el proyecto de ley respectivo fue aprobado por el Senado (29-IX-35).

En ello encontró el asesoramiento jurídico de su ministro del Interior Melo, «quien no exento de veleidades presidenciales, se prestó a la maniobra, y así se explica cómo este ciudadano que se había mostrado durante toda su vida ostensiblemente respetuoso de las autonomías provinciales, cómo este ciudadano que había redactado un proyecto en el cual se prescribía que las intervenciones de esta naturaleza correspondían en exclusividad al Congreso, cómo este ciudadano que había servido de lastre en más de una ocasión a la conducta impulsiva del Poder Ejecutivo, saliera de la noche a la mañana encabezando el asalto a la autonomía de Santa Fe».[55]

Los motivos mediatos e inmediatos de esa intervención, provocada en base a abstrusas cuestiones legales relativas a la vigencia de la Constitución provincial de 1921, eran conquistar el distrito para la Concordancia, mediante un gobernador adicto (lo sería el ex interventor Manuel M. de Iriondo) y los respectivos legisladores nacionales, y asegurarse los electores presidenciales en los futuros comicios. Por elevación, la medida golpeaba a de la Torre, líder del Partido Demócrata Progresista santafesino.

La opinión autorizada de Pinedo no deja de sorprender por su claridad: «Fue la pérdida de la provincia de Córdoba por los demócratas y por la coalición, en la renovación gubernativa inmediatamente anterior a la elección presidencial, lo que dio toda su significación y alcance a la intervención federal llevada a la provincia de Santa Fe en 1935, a que antes be aludido y que no he de tratar de justificar aunque haya tenido responsabilidad en la “media sanción” legislativa en que apareció fundada, así como en el decreto en que se dispuso. De ninguna manera admito que el gobierno que entonces tenía Santa Fe haya sido algo portentoso, como pretende darlo a entender la leyenda interesada; pero no me cuesta trabajo reconocer que esa provincia, regida en esa época por adversarios políticos del Gobierno Nacional, tenía a mi juicio, aunque otros lo hayan negado, un gobierno local tan bueno como los buenos gobiernos provinciales que entonces existían, entre los cuales se destacaban como administraciones respetadas y progresistas, a juicio de la opinión general, el gobierno radical de Entre Ríos y los gobiernos demócratas de Córdoba y Mendoza».[56]

De la Torre confiesa en una de sus cartas: «Mi candidatura a gobernador —esa candidatura que yo no quería aceptar con tan buenas razones— ha sido la causa principal del asalto. Aparte del odio que me tienen después del debate de las carnes, parece que le atribuían proyecciones fantásticas al hecho de que yo tuviera ese escenario para desenvolverme. Y yo tan ajeno a todos esos proyectos».[57] Cuando se realizan los comicios amañados del 21 de febrero de 1937 —los radicales alvearistas todavía (¡todavía!) confiaban en el fair play del gran elector Justo y concurren a las urnas esperando un buen resultado—, los demócratas progresistas se saben derrotados por un cuidado y fraudulento plan político. El mismo de la Torre lo confiesa: «Es exacta su impresión acerca de que el Partido D. P. no puso empeño en llevar votantes a la elección del 21. Yo mismo no me tomé el trabajo de ir a Rosario a votar. Infinidad de amigos hicieron lo mismo indignados por la farsa que se representaba y a medida que se expulsaban los fiscales de las mesas se declaraba la abstención».[58] Lisandro de la Torre había renunciado poco antes a su banca del Senado.

La intervención a la provincia de Buenos Aires será el punto inicial del proceso que asegurará la gobernación de ese Estado al doctor Manuel Fresco, médico al servicio de los ferrocarriles británicos que no hallaba incompatibilidad entre ese cargo y su confesada simpatía por el Duce italiano. La intervención (más los episodios pintorescos que condujeron al juicio político del entonces gobernador Martínez de Hoz, conservador tradicional) junto con «la reforma de la ley electoral, realizada para legalizar por anticipado el formidable plan fraudulento que se tenía en proyecto».[59] van a posibilitar una experiencia de corte fascista y corporativo «a la criolla». «De su gobierno puede decirse que fue exhibicionista y violento: impuso la enseñanza religiosa por decreto, persiguió a las cooperativas eléctricas, oficializó el juego y mantuvo un régimen de intimidación permanente»[60]. Su final fue penoso, pero menos definitivo que el de su admirado Mussolini: otra intervención federal, ya en la presidencia de Ortiz, lo alejó del cargo.

La «intimidación permanente» de que nos habla Félix Luna para la provincia de Buenos Aires no dejaba de sentirse en el resto del país con métodos y ejecutores diversos. Las persecuciones a «comunistas» (las comillas indican la latitud del término, cosa que tampoco ha sido desconocida en épocas posteriores) eran moneda corriente: la Sección Especial se desarrollaba, y abarcaba en sus quehaceres a obreros y estudiantes que conocían la tortura y las detenciones ilegales. Pero también los procesos judiciales se encontraban a la orden del día, y el caso Héctor P. Agosti es una ejemplificación valedera de la saña y el fervor puestos en cumplir consignas (al abogado defensor Peco, como sanción supletoria no prevista en el Código Penal, se lo dejaría cesante en sus cátedras de la Facultad de Derecho… por cumplir sus deberes profesionales). Estábamos en plenos tiempos de la República.

El afán legalista lleva a revivir un soterrado proyecto de represión al comunismo, original del senador Sánchez Sorondo que se debate durante el año 1936. Lisandro de la Torre —otra vez, y será la última— enfrentará la soberbia de ese «orador de destacado mal gusto que suple con frases hinchadas la falta de ideas», como lo llamó en una oportunidad.[61] A los párrafos hinchados de Sánchez Sorondo («¡Creemos en la virtud de esta ley; pero si no bastara —que ha de bastar—, habremos de buscar los remedios eficaces para la defensa suprema de la sociedad, aunque para ello tengamos que proclamar la necesidad de poner en pie de guerra a la República!»[62]), responderá el legislador santafesino con un análisis donde campea su tradicional respeto por el concepto de la libertad de opinión. Con desigual eficacia, lo apoyarán los senadores Eduardo Laurencena y Alfredo Palacios. Cuando se vota, hay diecisiete sufragios por la aprobación del proyecto y cuatro en su contra (ausente de la Torre, se oponen Palacios, Laurencena, Atanasio Eguiguren y Mario Bravo).

Pero Diputados no lo considerará, y el senador Sánchez Sorondo buscará en otras latitudes clima más propicio para su fervor anticomunista, «… invitado por su excelencia el señor Benito Mussolini para visitar Italia, y por el señor general don Francisco Franco para recorrer las zonas de España bajo su mando».[63]

El Parlamento discutía, discutía mucho y después de 1936 (hasta 1938) descendió en su nivel de trabajo. El radicalismo, con fecha de enero de 1935, interrumpió su prolongada abstención y partición en comicios provinciales y nacionales. Pudo elegir gobernador en Entre Ríos, y en Córdoba la fórmula Amadeo Sabattini-Alejandro Gallardo (1936-1940) triunfaría sobre el candidato conservador José Aguirre Cámara. Sabattini, en un país que ha contemplado pacientemente el peculado y la coima, la malversación y la estafa durante años, se convertirá en paradigma del buen administrador, del funcionario honesto. En las elecciones de renovación de las Cámaras, el radicalismo llevará al Congreso una nutrida bancada de legisladores. También habrá concejales radicales en la discusión de las concesiones de la C.A.D.E.

Alvear maneja el aparato partidario, hostigado casi únicamente por los jóvenes de F.O.R.J.A. Hipólito Yrigoyen ha muerto el 3 de julio de 1933, y el duelo popular será sincero. Muere una gran figura política, y con ella toda una época y una serie de posiciones básicas que requieren prudente análisis. Habrá que esperar al sepelio de Carlos Gardel para conseguir ver reunida una multitud semejante. Nicolás Repetto dice en Diputados: «No sé si Yrigoyen ha trabajado sólo por la gloria o para disfrutar él mismo de los progresos que pudiera determinar con su propio esfuerzo en la evolución política del país. Para honor suyo quiero suponer esto último. Siendo esto así, preciso será reconocer que a Yrigoyen le ha sido dado experimentar la satisfacción más grande a que pudo aspirar un hombre de su acción: contribuyó a derrocar el régimen de las viejas oligarquías e inauguró el primer gobierno de origen democrático del país. Éste solo hecho basta para asegurarle un puesto señalado y definitivo en la historia argentina».[64]

La muerte del viejo caudillo y el fracaso de las insurrecciones radicales harán más llevaderos los esfuerzos concurrencistas. Ni los hermanos Kennedy antes de asumir Justo la presidencia (enero de 1932), ni la frustrada revolución del teniente coronel Atilio Cattáneo (que abortó inexplicablemente en Buenos Aires el 21 de diciembre de 1932, y cuya interesante historia puede verse en el libro Plan 1932 ya citado), ni la patriada de Paso de los Libres al mando del teniente coronel Roberto Bosch (1933), que encontrará en el luego forjista Arturo Jauretche a un cantor de méritos, conseguirán sus propósitos. El soldado y poeta Jauretche dirá en sextinas gauchas:

A la Patria se la llevan

con yanquis y con ingleses;

al pueblo mal le parece

pero se hacen los que no oyen:

¡Desde que falta Yrigoyen

la han sacado de sus trece![65]

El descubrimiento de las conspiraciones, como era habitual, provoca detenciones y confinamientos, de los que no se salva ni el propio Yrigoyen en los últimos meses de su vida. También Alvear, Pueyrredón, Ricardo Rojas y otros dirigentes radicales, conocen de cerca las medidas represivas de un gobierno que sabe ser fuerte. Luis Roque Gondra, Alfredo L. Palacios y Manuel Carlés (un canto a la heterogeneidad política), serán los defensores en el Proceso Alvear.[66]

El radicalismo, en 1935, está dispuesto a ir a elecciones. Explica del Mazo: «Las direcciones que habían propiciado el levantamiento de la Abstención radical manifestaban fundar su plan en tres objetivos: 1.°) Poner a prueba la sinceridad de la invitación insistente del gobierno, para coparticipar en el orden legislativo, bajo promesa solemne de limpios comicios; 2.°) organizar parlamentariamente una oposición que pusiera coto al manejo todopoderoso e impune que el gobierno tenía en todos los aspectos de la administración pública; y 3.°) ir tomando posiciones en los cuerpos deliberativos para que, en 1938, cuando la Unión Cívica Radical llegara al gobierno ejecutivo del país, tuviese mayorías experimentadas».[67]

¿Será necesario agregar que no se realizó ninguno de los tres objetivos?

Los «limpios comicios» siguieron brillando por su ausencia; la «oposición» dejaría de serlo muchas veces; en 1938 la U.C.R. no llegó al «gobierno ejecutivo del país».

Los diputados radicales, en 1936, malograrán la oportunidad de mantener una de sus posiciones históricas de intransigencia: la demanda de comicios libres, al acceder luego de largo interregno a reincorporarse a la Cámara, sin considerar el problema de los diplomas fraudulentos de los legisladores de la provincia de Buenos Aires.[68]

En 1937 la Concordancia volverá a perturbar la labor legislativa (ya había sido elegida la fórmula Ortiz-Castillo), al negarse a formar quorum en Diputados, y el por lo general comprensivo Américo Ghioldi increpará a la coalición oficialista: «Son factores intencionales, conscientes, voluntarios, del derrumbe institucional que se viene practicando deliberadamente desde hace algún tiempo. Es el estado de subversión de la provincia de Buenos Aires; es el fraude preliminar en febrero de este año en la provincia de Santa Fe; es el fraude presidencial de setiembre; es el manoseo de la justicia; es la complicación de universitarios; la complicación de hombres que profesan el culto católico; es, en una palabra, el cuadro completo de una minoría que se llama a sí misma minoría selecta y sobre la cual podemos decir que nadie le discute que sea minoría, pero que todos tenemos la duda de que sea selecta»[69].

Paulatinamente, y dejando de lado otros principios tradicionales del yrigoyenismo, el radicalismo alvearista no verá con malos ojos —el intento de jugar a dos puntas no es ajeno a la maniobra— estrechar vínculos con el Partido Socialista y el Partido Demócrata Progresista, a la manera de los «Frentes Populares» en boga mundial. El Partido Comunista estará sumamente interesado en participar del movimiento, pero su situación de ilegalidad provocará recelos entre dirigentes de los restantes agrupamientos. El 1.° de mayo de 1936 se realizó un acto público donde hablaron representantes de la Confederación General del Trabajo, de la U.C.R., el P.S. y el P.D.P., según el testimonio de Repetto.[70]

Los partidos «legalitarios» (Repetto) realizan también el 22 de agosto de 1936 una manifestación conjunta para refirmar el concepto de sufragio libre (se inauguraba el monumento a Roque Sáenz Peña), y son oradores Alvear, de la Torre, Repetto y Pueyrredón. Los contactos interpartidarios no dejarían de efectuarse aún después de las elecciones presidenciales de 1937.

En esferas oficiales, desde temprano, habían comenzado a hacerse nombres para las candidaturas que la Concordancia sostendría en ocasión de esos comicios. Los doctores Julio A. Roca, vicepresidente de la Nación, y el veterano presidenciable Vicente Gallo, rector de la Universidad de Buenos Aires, desde mediados de 1936, buscan el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y las fuerzas oficialistas del Parlamento. Varios candidatos verán oscurecerse sus pretensiones: Leopoldo Melo, por ejemplo, pues el general Justo preferirá a Roberto M. Ortiz, su ministro de Hacienda de extracción radical antipersonalista y bien visto por los grandes intereses ingleses (fue abogado de sus ferrocarriles). El segundo término de la fórmula debería ser demócrata nacional: Justo verá con agrado el nombramiento de Miguel Ángel Cárcano, su ministro de Agricultura, pero al exigir el partido que ocupe el puesto Robustiano Patrón Costas, se llega a una transacción entre ambos pareceres, y el beneficiado será Ramón S. Castillo, ministro del Interior de Justo, ex magistrado y ex decano de la Facultad de Derecho porteña.

Los radicales, una vez más, insistirán con Alvear, acompañado en la fórmula por Enrique Mosca. A los demócratas progresistas no les iba a hacer mucha gracia el nombre de este último, quien como gobernador de Santa Fe (1921) había vetado la Constitución provincial en que los partidarios de de la Torre depositaban tantas esperanzas. Los socialistas presentaron la fórmula Nicolás Repetto-Arturo Orgaz. El comunismo y el efímero Partido Socialista Obrero apoyaban a Alvear.

Como va siendo habitual, recurrimos a Pinedo para una opinión sobre los comicios presidenciales del 5 de setiembre de 1937: «Los procedimientos que se usaron en esos comicios, que difícilmente podían imputarse a los ex ministros, hacen imposible catalogar esas elecciones entre las mejores ni entre las regulares que ha habido en el país…»[71].

«El oficialismo dejaba despotricar a los opositores. Que se desahogaran, los pobres… Al gobierno le bastaba con haber ganado. A principios de octubre se conocen los escrutinios completos: la Concordancia ha conseguido 248 electores, sobre 128 de la fórmula Alvear-Mosca. Se atribuían a ésta 815.000 votos, contra 1.100.000 del oficialismo. La Unión Cívica Radical había triunfado en la Capital Federal, Córdoba, Tucumán y La Rioja. La Concordancia en el resto de las provincias, incluso Entre Ríos, donde la actitud de la U.C.R. yrigoyenista había decidido la derrota del radicalismo fusionado»[72].

Los autores conservadores, como el tantas veces citado Federico Pinedo en su carácter de actor y testigo calificado del período insisten en destacar el carácter positivo de la legislación votada durante los cuatro primeros años del gobierno de Justo. Sin entrar en un análisis minucioso, y teniendo en cuenta medidas objetivamente útiles como la red caminera que se amplía notablemente, o la implantación del sábado inglés, o las mejoras para los empleados de comercio (que después eran cuidadosamente recortadas por una jurisprudencia poco dispuesta a ampliar sus beneficios a todos los trabajadores por cuenta ajena), no puede empero dejar de destacarse el carácter antinacional y antipopular de muchas leyes fundamentales que un Parlamento adicto aprobó sin vacilaciones. Algo hemos dicho en la primera parte de este capítulo sobre el tema, y a ella nos remitimos. Entre 1936 y las elecciones del año siguiente, «el gobierno del general Justo, en lo que había tenido de vigoroso y creador, tocó a su fin».[73] El Congreso dedicó muchas sesesiones a disputas electorales (el fraude, los diplomas), pero lo que de veras importaba era el resultado de los próximo comicios presidenciales. Dado el cuadro politicoeconómico que vivía el país, los triunfadores eran previsibles, y Agustín P. Justo podía pensar en su posible retomo para 1944. Scalabriní Ortiz ha dicho lo que debía decirse en páginas ave merecen el recuerdo («Estado político argentino en 1937»[74]). Es bueno que sus conceptos tajantes se repitan: «No hay en el transcurso de la presidencia del general Justo una sola medida que haya, nacido animada por un sentimiento de bienestar público, una sola medida que tienda a defender la economía nacional de la rapacidad extranjera».

Apostilla sobre política internacional

Pensamos, con Sergio Bagú[75], que «la conducta internacional de un Estado forma parte de la historia nacional del país respectivo». En el caso de la Argentina, si cabe, la verdad del aserto es más visible que en otros. Por otra parte, las relaciones internacionales de un país como el nuestro permiten, a poco que se las intente comprender, observar la pugna interimperialista con toda claridad, y las presiones y maniobras que soportan los gobiernos en ciertas oportunidades.

El período de la presidencia de Justo indica, para los Estados Unidos de Norteamérica, el comienzo y el paulatino afianzamiento de la política de la Buena Vecindad practicada por el presidente Franklin D. Roosevelt y su secretario de Estado, Cordell Hull, que luego habrá de ofrecer renovadas aplicaciones con motivo de la segunda guerra mundial.

Una obra indispensable para fijar algunos conceptos sobre el tema es el libro de Memorias de Hull,[76] que abarca el período entre 1933 y 1944.

Cordell Hull, a quien seguiremos en estos apuntes, recuerda con agudeza lo ocurrido durante la Conferencia Panamericana de 1928 en La Habana, donde se enfrentaron en «choque pirotécnico» las delegaciones de Estados Unidos y la Argentina sobre el problema de la intervención, y añade: «Los estadistas y políticos argentinos, durante algunos años, se habían dedicado a asegurar su liderazgo en el hemisferio, reuniendo todos los elementos posibles contra los Estados Unidos»[77]. Aunque fuera en forma verbal (durante las presidencias de Yrigoyen, y Bagú afirma que el hecho no resultó casual,[78] no se convocaron Conferencias Panamericanas), el gobierno de Alvear mantuvo las tradicionales posturas del viejo radical.

Ello no seguiría ocurriendo en la misma proporción en otras reuniones internacionales. En la Conferencia Panamericana de Montevideo (1933) van a conversar personalmente el propio Hull, que encabeza la delegación de su país, y el canciller argentino Saavedra Lamas, que preside la nuestra. Entre los delegados norteamericanos menciona Hull la presencia de Spruille Braden «de Nueva York, hombre de negocios en Chile»,[79] a quien volveremos a encontrar unos diez años después en puestos más importantes.

Las entrevistas, según el secretario de Estado, van a conseguir resultados positivos en su tarea de propagar el un tanto deteriorado panamericanismo oficial. Hull hace saber a Saavedra Lamas que la Conferencia debería aprobar dos resoluciones generales: la primera, referente a un programa económico constructivo para la recuperación de los negocios; la segunda orientada a que cada una de las delegaciones presentes se esforzase en comprometer a su respectivo gobierno para la firma de los cinco principales tratados que permitirían el mantenimiento de la paz en el hemisferio occidental.[80] Le dice también que ha preparado los borradores de ambas resoluciones, pero que prefiere sea el canciller argentino quien presente el proyecto relativo a la paz, por sus reconocidas dotes en el campo de las relaciones exteriores y por ser un «defensor de la paz». Hull agrega: «Por supuesto, si a usted no le parece apropiado, será necesario elegir otra persona que pueda realizar satisfactoriamente esta destacada misión»[81]. Y el candidato presunto resultaba ser el jefe de la delegación brasileña, Affranio de Mello Franco.

En menos de veinticuatro horas, Saavedra Lamas vuelve a reunirse con Hull y acepta sus condiciones (el proyecto de resolución sólo tiene levísimas modificaciones, y ya ha preparado el discurso que va a pronunciar en la asamblea). Todavía añade: «Y apoyaré su resolución económica aunque mi gobierno no está muy de acuerdo con ciertos puntos de ella». Cordell Hull, que había elegido bien a su hombre, comenta: «Esto último era doblemente importante, ya que Saavedra Lamas era el presidente de la comisión donde debía presentarse la resolución»[82].

El sistema empleado por Hull no resultaba nuevo ni accidental. Veamos: «… Creía firmemente en el principio: no existen verdaderos triunfos en diplomacia. Pensaba que el verdadero éxito sólo puede llegar si se induce a nuestros adversarios a convertirse en nuestros aliados, convenciéndolos de que, básicamente, nuestras ideas son sus ideas. De manera ocasional, ello implicaba reconocer a estadistas de otros países como autores de las ideas que yo mismo profesaba. Ya he señalado cómo, en el Congreso, con frecuencia permitía a mis colegas hacer uso de mis ideas e información, y que las bautizaran con sus propios nombres. De la misma manera, trasplanté esta práctica a la diplomacia. Yo mismo podía haber presentado a la conferencia la resolución sobre la paz que había preparado, en lugar de ofrecérsela a Saavedra Lamas, y quizás podría haber asegurado una mayoría de votos a su favor. Pero si lo hubiese hecho, sin duda la Argentina la hubiera combatido en base a argumentos técnicos, y la unanimidad que requería se habría desvanecido. Me pareció más prudente, dadas las circunstancias, que la presentara el jefe de la delegación argentina»[83].

Este método de trabajo de Cordell Hull nos lo recuerda con algunas variantes el entonces diputado Federico Pinedo, cuando confiesa: «Tomé por eso… una actitud de relativa resistencia, que era en ese momento especialmente impopular, pero que creí justificada. Tan lo creí que me tomé el trabajo, para evitar la exageración de los errores, de redactar los proyectos de distintos grupos de la Cámara, tanto aquéllos por los que pensaba votar como aquellos que combatí con tanta energía como pude. Esa actitud, que también tomé en alguna otra ocasión, me valió una retahíla de críticas muy agrias, pero sigo considerando que ellas eran infundadas, porque no veo que haya nada de censurable en poner a contribución la información jurídica o la capacidad de redacción que uno puede tener para tratar de que salga lo mejor posible la expresión legislativa del propio sentir y del sentir ajeno»[84].

Volviendo a la Conferencia de Montevideo, luego del ensayo general entre Hull y Saavedra Lamas, todo fue sobre ruedas. El canciller argentino apenas censuró «las transgresiones del gobierno de los Estados Unidos en el pasado» con respecto a la no-intervención, y Hull firmó la resolución presentada por Saavedra Lamas (que, después de todo, era la suya). También se aprobó la resolución económica.

De ahí en más, Cordell Hull —él mismo lo confiesa— se convirtió en defensor de la candidatura de Saavedra Lamas para el Premio Nobel de la Paz, hasta que el canciller argentino obtuvo la distinción, en 1936.[85]

Dejando de lado, por la magnitud del conflicto armado entre Bolivia y Paraguay y por las resonancias de lucha interimperialista que cubrieron su desarrollo, a los episodios bélicos de 1932-1935 (el 12 de junio de 1935 se firma el Protocolo de Buenos Aires, que pone fin a las hostilidades), haremos algunas referencias a la «Conferencia Interamericana para la consolidación y el mantenimiento de la Paz», que se reunió en Buenos Aires (1936).

Nada menos que el presidente Roosevelt y su secretario de Estado prestigiaron con su presencia las sesiones de la Conferencia. Sumner Welles, otro miembro importante de la delegación, recuerda el gran recibimiento brindado al presidente norteamericano a su llegada y durante su estada en Buenos Aires,[86] pero omite lo que acaso constituyó la nota discordante de la cita panamericana. Dejemos al protagonista el relato del episodio: «Y cuando llegó el momento, el día de la solemne inauguración de la extraordinaria Conferencia, en el instante mismo en que iba a decir su mentira el presidente de los Estados Unidos, por mi voz condenatoria, que resonó con toda su fuerza desde una galería del recinto del Congreso Nacional donde se realizaba el reto, y se escuchó claramente por radiotelefonía en todos los ámbitos del continente, sentí que se expresaban ciento cincuenta millones de latinoamericanos que algún día habrán de repetir el gesto por otros medios.

«Tres palabras bastaron, entonces, para expresarlo todo: “¡Abajo el imperialismo!”. Y la brillante ceremonia, por un instante, se vio interrumpida».

El gesto romántico había estado a cargo de un militante de izquierda, de seudónimo autóctono: «Quebracho». Su verdadero nombre era Liborio Justo, y era hijo del presidente de la Nación.[87]

Hull —nada romántico —no halla espacio para dedicar siquiera mención al osado vociferador, pero sí se encarga de transmitirnos su desagrado ante el cambio de actitud de Saavedra Lamas, que «había dejado atrás la cooperación amistosa que me había demostrado allá [en Montevideo]. Esto a pesar del hecho que, el día antes de mi llegada a Buenos Aires, había sido distinguido con el Premio Nobel de la Paz, para el cual lo había recomendado en forma oficiosa y había manejado virtualmente el movimiento en su favor».[88] No es raro que Hull atribuya el comportamiento de Saavedra Lamas al interés de éste por la Liga de las Naciones que seguía reuniéndose en Ginebra. Después de todo, Ginebra está en Europa. Inglaterra también.

El secretario de Estado confiesa que el presidente Justo («a quien se consideraba ser más o menos un dictador y el representante de ese sector de la población que favorecía la dictadura»[89]) apoyó —o por lo menos no interfirió— la labor «obstruccionista» de su ministro de Relaciones Exteriores.

Los resultados de la reticente actitud de Saavedra Lamas iban a reflejarse en uno de los principales acuerdos firmados durante la Conferencia. Se trataba de lograr que las veintiún repúblicas americanas estuviesen de acuerdo en consultarse y colaborar en caso de amenazas a la paz provenientes de cualquier origen, o en caso de guerra o virtual estado de guerra entre repúblicas americanas, o si la guerra fuera del continente americano amenazaba la paz de las repúblicas americanas. Los comentarios de Hull no tienen desperdicio:

«La doctrina Monroe las protegía de peligros de ultramar, pero dicha doctrina había llegado a significar para muchos de sus dirigentes una connotación de dominio del hemisferio occidental por parte de Estados Unidos. De acuerdo con la nueva convención, las repúblicas americanas daban un paso en dirección a una doctrina Monroe hemisférica. Llegaríamos mucho más lejos en la Conferencia Panamericana de Lima dos años después, y en la Conferencia de La Habana de 1942.

«Los argentinos, empero, pudieron enervar dicha resolución al agregar cuatro palabras entre comas en la disposición que establecía que las repúblicas americanas, en el caso de guerra exterior a América que llegase a amenazar su paz, deberían consultarse para determinar el tiempo y la forma adecuados en que eventualmente cooperarían realizando alguna acción tendiente a preservar la paz del continente americano. Las palabras eran: if they so desire [“si así lo desean”]»[90].

Un especialista en las relaciones entre Estados Unidos y las repúblicas latinoamericanas, O. Edmund Smith Jr., refirma el pensamiento de Hull al resumir el problema de la Conferencia de Buenos Aires: «La oligarquía terrateniente de la Argentina temía que un acuerdo que comprometiera a las repúblicas americanas a adoptar una actitud solidaria en caso de una guerra exterior al hemisferio, podría terminar en que una o más potencias europeas se ofendiesen con la comunidad del Nuevo Mundo; los estancieros estaban convencidos de que los mejores intereses de la Argentina (es decir, los suyos propios) sólo podían preservarse manteniendo relaciones amistosas con las principales naciones del Viejo Mundo»[91].

Los años por venir depararían nuevas Conferencias Panamericanas. Ellas permitirán contemplar nuevas escaramuzas diplomáticas, agravadas por el estallido de la segunda guerra mundial.

Capítulo III

Ortiz - Castillo

Sobre el fraude.

«En síntesis, señor presidente, corresponde el rechazo de lo anulación de las elecciones de lo provincia de Buenos Aires por las siguientes razones, entre las otras que he tenido ocasión de exponer.

»Primero: Porque dichas elecciones, con todas sus deficiencias, no han sido objeto de pruebes legales que tas invaliden.

»Segundo: Porque los antecedentes expuestos y los irregularidades de los comicios de la U.C.R. en las últimas elecciones de la Capital de la República y la posición de ese partido con respecto a la actuación de sus dirigentes con anterioridad al 6 de setiembre, le quitan autoridad política para impugnarlas.

»Tercero: Porque los órganos más representativos de la prensa nacional, de las faenas vivas y los hombres de trabajo, nos piden la iniciación inmediata de la obra de legislación.

»Cuarto: Porque dicha obra sólo es posible con el funcionamiento normal del Parlamento, que se vería inmediatamente perturbado con la anulación de elecciones y celebración de otras nuevas.

»Quinto: Porque la ausencia de la labor parlamentaria durante otro año, perturbaría seriamente la vida económica, financiera e institucional de la República, contribuyendo a debilitar aun más el prestigio del Parlamento argentino y poniendo en peligro la estabilidad de nuestras instituciones».

ADOLFO MUGICA

Diario de Sesiones (Diputados),

sesión del 9 y 10-VI-38, pág. 759.

Roberto M. Ortiz, el presidente enfermo

El año 1938 marcaba ya el comienzo del fin para la República española en su lucha contra el fascismo de los generales sublevados, apoyados por la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini y, además, por la indiferencia cómplice de la no intervención de las «democracias» europeas. Al lado de la República sólo quedaban la solidaridad amistosa de algunos países latinoamericanos (a la cabeza el México de Lázaro Cárdenas), el romanticismo heroico de las Brigadas y el apoyo de la Unión Soviética (la actitud de Stalin, a pesar del derrumbe del culto de la personalidad, no ha sido estudiada en profundidad con respecto a España, pues sólo circulan folletos más o menos indigestos de renegados o arribistas).

Y la referencia, creemos, no está fuera de lugar porque es a partir de la guerra civil española que la política nacional de muchos países va a comenzar a hacerse también internacional, ya que la ubicación interna con respecto a un problema o serie de problemas, va a efectuarse teniendo presente el campo más extenso de la escena extranjera. Cuando se inicia la segunda guerra mundial la interrelación política nacional-política internacional va a resultar más evidente. Se discutirá, se debatirá y se tomará partido —en la Argentina— según la militancia aliada o nazi de la hora. Para ser más exactos, habría que decir que en un sector de la Argentina se dará en esos términos el esquema anterior. El otro —el sector del trabajo, preferentemente el obrero industrial que está haciendo su aprendizaje profesional y humano en la gran ciudad o en sus alrededores, y el trabajador rural siempre en el desamparo—, resulta ajeno a la guerra salvo en lo que ésta afecta sus necesidades primordiales (escasez de ciertos productos, por ejemplo). Las organizaciones obreras de la época, donde se refugian dirigentes sindicales socialistas y comunistas, van a prestar atención a los problemas exteriores, pero nadie está en condiciones de asegurar que fueran realmente representativas. El fenómeno de un sindicalismo masivo, vertical, nacional, va a producirse después de 1943.

Los años 38, 39 y 40 van a ser alcanzados por los sucesos de ultramar, y ya veremos sus consecuencias (en años posteriores se acentuarán) en el campo diplomático.

Ortiz asume el 20 de febrero de 1938, y su gabinete lo integran: Interior: Diógenes Taboada; Relaciones Exteriores: José María Cantilo; Hacienda: Pedro Groppo; Justicia e Instrucción Pública: Jorge E. Coll; Guerra: general Carlos D. Márquez; Marina: contraalmirante León L. Scaso; Agricultura: José Padilla; Obras Públicas: Manuel R. Alvarado.[1]

El proceso de crecimiento industrial, al que aludiéramos en el capítulo anterior, continuaba su ascenso a pesar de la guerra, o —con mayor exactitud— a causa de la disminución de las importaciones. Nuevas industrias comenzaron a surgir, reclamando más obreros, y las antiguas incrementaban la producción. Los brazos no podían venir del extranjero (recordemos las trabas puestas a la inmigración durante la década del 30, a las que se agregaba ahora la conflagración, europea primero, y luego mundial). El interior los ofrecería en grandes cantidades. Todavía no se los llama «cabecitas negras», pero se vuelcan sobre la urbe en proporciones crecientes. Los partidos políticos y los sectores de la oligarquía no han reparado suficientemente en ese desplazamiento. Después —pocos años después— será tarde.

El cuadro V muestra algunas cifras sobre la actividad industrial en el período 1935-1943:[2]

CUADRO V

|  |  | Sueldos y |  |  |
|  |  | salarios |  |  |
|  |  | pagados por |  |  |
|  |  | la industria | Materia |  |
|  |  | (cifras | prima |  |
|  |  | absolutas) | empleada | Valor de la | Potencia
| N.º de |  | (millones | (millones | (millones | consumida
AÑOS | establec. | Ocupación | de m$n) ¹ | de m$n) | de m$n) | (H.P.)
1935 | 40.606 | 590.000 | 782 | 1.964 | 3.458 | 2.750.000
1937 | 49.375 | 730.000 | 1.001 | 2.881 | 4.709 | 3.048.000
1938 | * | 760.000 ² | 1.046 ³ | 2.997 ° | 4.900 ⁴ | *
1939 | 53.927 | 785.000 | 1.123 | 3.002 | 5.127 | *
1940 | * | 813.000 ² | 1.150 ³ | 3.100 * | 5.327 * | *
1941 | 57.978 | 918.000 | 1.285 | 3.858 | 6.341 | 6.603.000
1942 | 60.500 | 955.000 ² | 1.450 ³ | 4.550 * | 7.300 ⁴ | *
1943 | 65.000 ° | 980.000 ² | 1.575 ³ | 5.100 * | 8.100 ⁴ | *

¹ Obreros, empleados, directores y gerentes y familiares de los propietarios ocupados en la industria. Excluye los artesanos y los que trabajan en pequeños establecimientos no censados.

² Cifras calculadas en base a los índices de ocupación.

³ Cifras calculadas en base a los índices de salarios.

⁴ Cifras calculadas en base a las publicaciones de la Dirección General de Estadística y Censos de la Nación.

* No hay datos.

° Estimación.

Dorfman, al considerar la distribución regional de la población argentina, manifiesta que «hay provincias que se despueblan inexorablemente y otras languidecen en un triste estancamiento, que dura decenios».[3] Es evidente que el proceso de concentración industrial tiene mucho que ver con ese fenómeno. Si se consideran los habitantes de las diez ciudades más populosas del país (Buenos Aires, Avellaneda, Rosario, Córdoba, Mendoza, etc.), el cuadro VI es ilustrativo:[4]

CUADRO VI
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA EN LA ARGENTINA

| Primeras diez ciudades | Resto del país
Años | Número | % | Número | %
1869 | 300.000 | 16 | 1.450.000 | 84
1895 | 1.000.000 | 25 | 3.000.000 | 75
1914 | 2.500.000 | 31 | 5.400.000 | 69
1939 | 4.400.000 | 34 | 8.600.000 | 66

Y si se toman en cuenta cifras relativas a la distribución ocupacional de la población (industrial o agrícola), podrá advertirse el aumento notable de la proporción.

CUADRO VII[5]
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA ARGENTINA

Años | Industrial | Agrícola
1914 | 1.246.000 | 880.000
1930 | 2.156.000 | 1.137.000
1938 | 2.600.000 | 1.050.000

De acuerdo con Germani, los «desniveles en la distribución geográfica de la población son naturalmente el resultado de las migraciones internas y externas. La región Litoral y la Capital Federal han recibido el mayor número de inmigrantes extranjeros y a la vez, han atraído de manera considerable a los argentinos nacidos en otras regiones. Y en verdad es esto último lo que ha caracterizado el proceso en las últimas dos décadas».[6]

Así puede entenderse, a manera de ejemplo, el crecimiento de población del Gran Buenos Aires (aportes migratorios más aumento vegetativo), que ha llegado a convertirse en la «cabeza de Goliat» a que hizo referencia Ezequiel Martínez Estrada en uno de sus libros.

El citado Germani se refiere al ritmo inmigratorio hacia Buenos Aires ubicándolo con respecto a una tendencia centralizadora «tradicional», de lejanas raíces hispánicas, y al proceso universal de urbanización, sin desvincular ambos factores de la historia política y social del país. «Es importante advertir —prosigue Germani[7]— que en vísperas de la serie de cambios políticos y sociales que ocurrieron a partir de 1943, la población del Gran Buenos Aires estaba integrada por una fuerte proporción de personas inmigradas del interior del país, y desde fecha muy reciente».

CUADRO VIII
POBLACIÓN DEL GRAN BUENOS AIRES: 1969-1952[8]

|  | Porcentaje |  |
|  | sobre el | Crecimiento | Crecimiento
Años | Población | total del país | total | anual
1869 | 225.000 | 12,9 |  |
1895 | 767.000 | 19,4 | 542.000 | 21.000
1914 | 1.999.000 | 25,4 | 1.232.000 | 65.000
1936 | 3.457.000 | 26,7 | 1.458.000 | 66.000
1943 | 4.050.000 | 27,0 | 593.000 | 85.000
1947 | 4.618.000 | 28,7 | 568.000 | 142.000
1952 | 5.173.000 | 28,7 | 555.000 | 111.000

Calcula que para dicho año el número de personas inmigradas del interior con una antigüedad de radicación no mayor de diez u once años, alcanzaba a ochocientas mil, «proporción muy elevada si se piensa que estos inmigrantes se concentraban sobre todo en una clase social —la clase obrera— y en determinado grupo de edad —las personas adultas o por lo menos mayores de 14 años—. Es perfectamente lógico suponer que la inmisión relativamente brusca de esta nueva masa de población —dotada de características psicosociales propias y diferentes de la de los habitantes de larga radicación en la ciudad— haya influido significativamente en las maneras de pensar y de obrar de las masas urbanas, especialmente en su sector obrero».[9]

Ese crecimiento obrero es presentido oscuramente por algún diputado conservador como Reynaldo Pastor, que por supuesto no podrá escapar a sus esquemas mentales, y dirá en tono paternalista: «El día que nuestros obreros se acostumbren a que los hombres ricos, los grandes industriales, los altos funcionarios del gobierno al igual que los políticos que actúan en las altas esferas, los escuchen y se muestren sensibles a sus necesidades y prueben en esa forma que tienen un espíritu permeable para resolverlas, ese día van a dejarse alentar tantas rebeldías y el obrero argentino comprenderá que tiene una noble misión que cumplir en nuestro pueblo y en nuestra sociedad, comprenderá que él es, al igual que cualquier otro, un factor de progreso, un factor de respeto, un factor de trabajo y de cultura en el país. Digo estas palabras porque abrigo la esperanza de que ellas han de llegar al seno de algunos hogares argentinos y a la intimidad de hombres que puedan contribuir a orientar la actual situación social»[10].

Claro que eso no podía satisfacer a «nuestros obreros», que se cansaban de enviar petitorios y notas al Congreso de la Nación en busca de una justicia que sistemáticamente les era negada en todos los ámbitos. La nota que —para citar un solo caso— firmaba José Peter, secretario general del Consejo de la Federación Obrera de la Industria de la Carne,[11] constituía una violenta requisitoria contra las inhumanas condiciones de trabajo en los frigoríficos (otra vez los frigoríficos). ¿Extrañará acaso que la insensibilidad parlamentaria no haya previsto que los obreros de la carne (lógica reacción) estarán en primera fila cuando se produzcan las jornadas de octubre de 1945? Su dirigente no será ya el comunista Peter, sino Cipriano Reyes, de filiación laborista.

Es que el Congreso adquiere en años de la presidencia de Ortiz —y luego de Castillo— el inconfundible tono de los cuerpos colegiados en decadencia. Conservadores y radicales se unían para apoyar dictámenes vergonzosos, como el relativo a los resultados de la investigación sobre las concesiones eléctricas de la Capital Federal. Su texto es una acusación contra quienes lo firman: «Que del estudio de los antecedentes de la tramitación y sanción de las ordenanzas números 8.028 y 8.029, no resulta la existencia de procedimientos irregulares que comporten responsabilidades legales ni morales para las personas que han intervenido en estos actos; y que las mencionadas ordenanzas, consideradas integralmente, y en cuanto a sus resultados y repercusiones frente al interés general y al de los consumidores, son ventajosas en relación a las situaciones legales y de hecho existentes con anterioridad a su sanción»[12]. Los legisladores que así opinaron se llamaban: Emilio Ravignani, Faustino Infante, Juan I. Cooke, Ricardo A. Moreno y Reynaldo A. Pastor.

Lisandro de la Torre había muerto por propia determinación, el 5 de enero de 1939. En carta a sus dilectos amigos (en verdad su testamento) escribe:

«Les ruego que se hagan cargo de la cremación de mi cadáver.

»Deseo que no haya acompañamiento público, ni ceremonia laica ni religiosa alguna, ni acceso de curiosos y fotógrafos a ver el cadáver, con excepción de las personas que ustedes especialmente autoricen.

»Si fuera posible, deberá depositarse hoy mismo mi cuerpo en el Crematorio e incinerarlo mañana temprano, en privado.

»Mucha gente buena me respeta y me quiere y sentirá mi muerte. Eso me basta como recompensa.

»No debe darse una importancia excesiva al desenlace final de una vida, aun cuando sean otras las preocupaciones vulgares.

»Si ustedes no lo desaprueban desearía que mis cenizas fueran arrojadas al viento. Me parece una forma excelente de volver a la nada, confundiéndose con todo lo que muere en el Universo»[13].

Es notable la similitud del texto con el testamento de Pirandello, otro agnóstico.[14] Esa amargura suave, ese saberse solo —y fuerte— como el protagonista ibseniano de Un enemigo del pueblo al que citara en el Congreso, no abandona a de la Torre hasta que deja este mundo. No fue un constructor sino un hombre fiel a sí mismo, incluso dentro de sus equivocaciones. En la década del treinta, su autoinmolación (y es época de suicidas: Lugones, Alfonsina Storni, Quiroga…) fue quizás la última advertencia frente a la insensibilidad ambiente. La guerra mundial primero, y los sucesos políticos de los años por venir en el ámbito nacional, harán que su gesto se oscurezca en el tiempo.

Algunos diputados se refieren a su muerte: José P. Tamborini, Benjamín Palacio, Plácido C. Lazo y Ernesto Sammartino. Éste no encuentra mejor recurso retórico que sostener que «el pueblo que inunda como una marea los hipódromos, las canchas de fútbol, los estadios y que se da cita espontánea en los homenajes a los payadores y a los astros de cine, vive sordo y ciego al drama y a la abnegación de los ciudadanos más dignos de la República, cuando no los abandona a la persecución y a la dentellada de los mastines»[15]. La figura es injusta, y no se aviene con la realidad de los hechos, ya que el Parlamento goza de casi unánime indiferencia entre los sectores aludidos, y no por causa de éstos.

En el Senado, el sordo resentimiento conservador —tanto o más vigente que en ocasión del fallecimiento de Hipólito Yrigoyen, el otro gran muerto de la década— marcará con el silencio la opinión de sus representantes. Alfredo Palacios dirá de de la Torre que «fue el fustigador perenne de la farsa demagógica, simuladora de la democracia; el enemigo implacable de los que ejercen el poder sin norma y sin control; de los que proclaman la necesidad de engañar para elevarse»[16]. El senador Fernando Saguier, del radicalismo porteño, es el otro orador: «Con el doctor Lisandro de la Torre desaparece el hombre espiritualmente más joven con que contaba la República»[17].

El presidente Ortiz, casi desde el comienzo de su gestión, sufre los efectos de una grave enfermedad que provocará, sucesivamente, su alejamiento y delegación de funciones en el vice Castillo, su renuncia a la primera magistratura y su fallecimiento. Dos acontecimientos políticos van a marcar esos primeros años: la intervención a la provincia de Catamarca —tierra natal del vicepresidente—, que habrá de provocar resquemores entre los miembros de la coalición gubernativa (conservadores y antipersonalistas); y la intervención a la provincia de Buenos Aires, con motivo de los fraudulentos comicios del 25 de febrero de 1940, convocados por el gobernador saliente Fresco. El candidato de Fresco, que logró imponerse en las instancias partidarias del conservadorismo bonaerense a Antonio Santamarina, era Alberto Barceló, «patrón» de Avellaneda que buscaba ampliar ahora su radio de acción. La intervención frustrará sus aspiraciones, pero en cambio Barceló llegará a ocupar una banca en el Senado, en representación del mismo distrito.

Estos y otros factores comenzarán a alinear tras de Ortiz a sectores del radicalismo alvearista, en su repetida aspiración de llegar al poder entrando en el juego oficialista. Ortiz, entonces, será visto como un demócrata que busca borrar los estigmas de su propia ascensión al poder, tratando de volver por los fueros del voto secreto y el comicio limpio. Pero,en lo económico, en lo social y en todo lo que no se refiere al limitado tema del sufragio, su actitud no va a diferir, al menos en lo esencial, de lo hecho o dicho por su antecesor Justo. Algún conservador, muchos años después, definirá con acierto la posición del presidente Ortiz diciendo que «constituyó un verdadero plano inclinado hacia el radicalismo, al que protegía visiblemente, al extremo de haber intervenido, entre otras, a las provincias de Catamarca —sede política de su propio compañero de fórmula, injustamente agraviado por tal medida— y de Buenos Aires, considerada como el principal baluarte del conservadorismo».[18] Sobre la justificación de las medidas, el silencio del autor resulta muy sugestivo. El problema institucional queda reducido a una puja interpartidaria. Y éste no será ejemplo aislado.

El Parlamento, en 1940, dedicará largas horas de sesión al affaire de las tierras de El Palomar que, «pese a sus proporciones reducidas frente a la inmoralidad reciente —unos escasos centenares de miles de pesos— salpicó hasta alguna esfera allegada al Poder Ejecutivo» (Martín Aberg Cobo).[19] Lo importante no es la magnitud del negociado, ni que resulten implicados legisladores (uno de ellos se suicida y el otro es excluido de la Cámara de Diputados), ni que el ministro de Guerra, general Márquez, y el propio presidente Ortiz se alarmen. Lo importante es que el sistema permitía irregularidades como ésa que el mecanismo legislativo toleraba fallas tan graves. Lo demás es anécdota, que el tiempo nunca respeta.

Roberto M. Ortiz envía al Parlamento su renuncia, que muestra desagrado ante las conclusiones elaboradas por la Comisión Investigadora del Senado (Palacios, Gilberto Suárez Lago, Héctor González Iramain). En sesión de asamblea (24 de agosto de 1940) presidida por el senador Robustiano Patrón Costas, los legisladores oficialistas y de la oposición se deshacen en consideraciones sobre la sensibilidad aguzada del primer mandatario y votan por el rechazo de su renuncia. Una sola voz se levanta para mostrar su disconformidad, votando por la aceptación; es Sánchez Sorondo. «El dilema se plantea: o el negocio fue lícito y el Senado no ha tenido razón, o el negocio fue ilícito y el Senado ha tenido razón. Si el negocio fue lícito, el señor presidente de la República tiene derecho, más aún, tiene el deber, de cubrir a su ministro y defender su acto de gobierno. Pero si el negocio fue ilícito, el señor presidente no puede establecer esa solidaridad y, a base de ella, inferirle un agravio al Senado, y el Congreso de la Nación no puede aceptar como fundamento de esa renuncia, esa solidaridad y ese agravio»[20].

«El ámbito político y administrativo estaba desprestigiado por episodios que tuvieron repercusión en la opinión pública y mostraron la corrupción difundida: como el negociado sobre compra de tierras en El Palomar para el ejército, en el que se defraudaron al Estado importantes sumas de dinero, en cuya operación aparecieron complicados legisladores radicales y conservadores, como las trapisondas denunciadas en la lotería nacional, y otros hechos que mostraban la crisis moral dominante en las esferas políticas». Estas consideraciones pertenecen a Carlos Ibarguren,[21] y marcan el tono de muchos escritos de la época.

El Congreso —y ya va siendo un lugar común de nuestro relato— seguirá discutiendo sobre el fraude, sobre las actividades antiargentinas (se crea una Comisión Investigadora, donde algunos diputados como Juan A. Solari y Raúl Damonte Taborda aplicarán métodos sensacionalistas que recordarán a la Crítica de Botana, y denunciarán también la gravedad de la infiltración nazi en vastos sectores de la vida argentina), sobre los diplomas de algunos de sus miembros (el citado Barceló, por ejemplo, ya en 1942). El propio presidente del Partido Demócrata Nacional, Gilberto Suárez Lago reconocerá en ese debate: «Grandes errores tenemos, señores senadores, grandes faltas, grandes culpas. No es todo limpio en materia electoral desde el año 1930 hasta aquí. Porque no es fácil salir de un estado revolucionario motivado —recuérdelo el país— por una corrupción que abarcaba todas las esferas de la vida oficial de la Nación»[22]. Habían pasado doce años, y todavía no podía volverse a la normalidad.

En las elecciones de 1940 los radicales consiguen ochenta diputados en la Cámara baja. Pero esa mayoría, con excepciones muy limitadas, de nada les servirá, y las cosas seguirán como antes. El desprestigio que envuelve al partido (salvo las tendencias que intentaban un replanteo de la conducción) conducirá a su derrota en la Capital Federal para 1942, a manos de los socialistas.

En 1940 se funda «Acción Argentina», que nucleaba a los partidarios de la causa aliada y cuya primera Junta Ejecutiva Central integraban Juan Carlos Palacios, Raúl C. Monsegur, Federico Pinedo, Jorge Bullrich, Alejandro Ceballos, Alfredo González Garaño, Raúl Moltedo, Julio A. Noble, Victoria Ocampo, Rafael Pividal, Emilio Ravignani, Nicolás Repetto, Mariano Villar Sáenz Peña y Juan Valmaggia.[23] Al año siguiente, el 22 de mayo de 1941, «Acción Argentina» organizó un Cabildo Abierto en el Concejo Deliberante de la Capital Federal, para tratar temas vinculados al conflicto bélico y a la «infiltración nazifascista» en la República. Los oradores del acto inaugural fueron Alvear, Repetto, Bernardo Houssay y José María Cantilo. Como se ve, los contactos entre figuras representativas de diversos partidos políticos (y también personalidades independientes) son frecuentes. Ello, además de otras causas (la estrategia frentista del Partido Comunista en primer lugar), posibilitará en pocos años la aparición de la Unión Democrática.

Con todo, el asunto político más comentado por esos tiempos (en el Congreso, en la prensa, en la calle) era, naturalmente, la enfermedad del primer mandatario, y los problemas que entrañaba su legítima sucesión. Casi un símbolo de los «tiempos republicanos» que tocaban a su fin. La presencia de Castillo marcaba un directo retorno conservador a la máquina gubernamental, y los radicales tenían una idea aproximada de lo que ello significaba para sus aspiraciones electorales. Cuando el vicepresidente se hace cargo más o menos definitivo del Poder Ejecutivo y designa nuevo gabinete (estamos en setiembre de 1940), las cosas parecen precipitarse, aunque los testimonios no abunden, o sean provisorios. Un caso: Félix Luna[24] habla de una conspiración «tendiente a reponer a Ortiz en la presidencia» que conocía el ministro de Guerra, general Márquez, y de la que participaban el entonces mayor Pedro Eugenio Aramburu y diputados radicales como Emir Mercader. Alvear enteró a Ortiz de la trama, y ambos coincidieron en «repudiar, por razones éticas y constitucionales, el movimiento». El propio mandatario enfermo logró que nada ocurriera en una reunión de gabinete convocada al efecto. Todo ello con anterioridad, claro está, a la mencionada renovación ministerial que efectuó Castillo.

Para Ricardo Rodríguez Molas,[25] las cosas ocurrieron de esta forma: «La posibilidad de que Castillo significase una rectificación a la política antinazi y de soluciones liberales iniciada por Ortiz preocupó a los círculos políticos y militares de tendencia democrática. Con asentimiento del presidente Ortiz, se acordó secretamente que un triunvirato integrada por Alvear, el dirigente socialista Mario Bravo y el general Márquez, ministro de Guerra, se haría cargo del gobierno y llamaría a elecciones. Este propósito no se concretó porque los escrúpulos legalistas de Alvear lo llevaron a desistir de su participación en el proyecto, acordada en un primer momento». Con todo, el Ejército resultaba cada vez más requerido en el plano político, y muchos militares (los de tendencia «justista», con su avezado director técnico a la cabeza, y también los de tendencia nacionalista) empezaban a dedicarse a actividades cada vez menos específicas. Pero eso saldrá a luz más adelante.

El radicalismo ya ha perdido su oportunidad histórica, y sus actitudes claudicantes durante la década han llevado a un escritor de ese origen, Félix Luna, tratando de reivindicar infructuosamente la figura de Alvear, a decir: «Los intereses imperiales sabían que la Argentina estaría a su lado con mayor seguridad a través de un gobierno radical) o de un gobierno apoyado por los radicales) que con uno conservador»[26]. Y a continuación esboza una excusa poco convincente: «Probablemente Alvear no formuló esta especulación cuando se lanzó a apoyar la causa aliada con toda su pujanza, sin retaceo alguno».

La reacción de los conservadores se hizo manifiesta. Era evidente que no podían ofrecer ante el mundo en guerra la máscara de la «democracia» con la misma dignidad que los radicales, que no dejaban pasar la oportunidad de proclamarse el partido mayoritario de la República. Pero tampoco estábamos en 1932, y el proceso que va a comenzar el vicepresidente en ejercicio primero, el presidente después, no se caracterizará por su ortodoxia. No dejará de favorecer al Ejército ni a ciertos intereses industriales (nos referimos a la objetividad de los hechos, no a las intenciones personales que a veces no se perfilan con tanta claridad). Castillo gustará de reunirse a comer con altos jefes y oficiales, les pronunciará moderados discursos de magistrado y profesor universitario (sus oficios), pero resulta claro que no conseguirá terminar su período.

Ramón S. Castillo, un paso al frente

La renuncia del gabinete que acompañaba al presidente Ortiz lleva al vice a una reorganización completa. Las carteras son llenadas en esta forma: Interior: Miguel J. Culaciati; Relaciones Exteriores: Julio A. Roca; Hacienda: Federico Pinedo; Instrucción Pública: Guillermo Rothe; Guerra: Gral Juan N. Tonazzi; Marina: contralmirante Mario Fincati; Agricultura: Daniel Amadeo y Videla; Obras Públicas: Salvador Oría.[27] Corren los últimos meses de 1940. Por lo menos dos figuras —Pinedo y Roca— testimonian las vinculaciones de los nuevos ministros con el capital inglés. El propio titular de Hacienda recuerda que cierto sector de la prensa y de la ideología nacionalista llegó a referirse al «gabinete británico».[28] lo cual a su juicio resultaba una grosera manera de ver las cosas. Dice más adelante que ese «primer gabinete fue de tendencia netamente aliada, y que a ese título fue criticado y combatido desde el primer momento, con la falta de miramientos y la desconsideración que el nazismo ha puesto de moda en el mundo entero».[29]

La breve permanencia de Pinedo impidió que se concretase su proyecto de «plan económico», pese a lo cual entró en conversaciones reservadas con legisladores radicales sobre esa idea y sobre el restablecimiento del sufragio libre. Las conversaciones llegaron a una famosa entrevista (Mar del Plata, 3 de enero de 1941) de Pinedo con Alvear, que pudo haber culminado en un «acuerdo patriótico». A juicio del memoralista, la resistencia que los conservadores ofrecieron a esa posibilidad provocó su alejamiento del ministerio. La confesión de Pinedo no deja de ser conmovedora: «Aunque no representaba al partido Demócrata ni era miembro del mismo, no estaba dispuesto a conservar mi puesto sin la colaboración de esa fuerza, que siempre me había prestado su apoyo».[30]

Pinedo será reemplazado por Carlos A. Acevedo, y el canciller Roca por Enrique Ruiz Guiñazú, que conduciría las relaciones exteriores de modo bien diverso. A fines de 1941 (el 7 de diciembre) se realizan elecciones en la provincia de Buenos Aires, intervenida por Ortiz. El triunfo de Rodolfo Moreno (que no ocultaba su repudie al voto secreto, como ya sabemos) retrotrae los hechos a la belle époque de Manuel Fresco. La conquista de Buenos Aires para el partido conservador va a ratificar las dos claves que, según Félix Luna, signan la actuación de Ramón Castillo en su gobierno: «mantener la neutralidad y no entregar el poder a los radicales».[31]

Con anterioridad a dichas elecciones, en Buenos Aires se había clausurado el Concejo Deliberante (10 de octubre de 1941). Los partidos de oposición clamaron retóricamente ante tal actitud. Una figura joven del nacionalismo, Marcelo Sánchez Sorondo,[32] calificará a la medida de «plausible decreto higiénico». Acaso estén presentes en su frase los recuerdos de las ordenanzas cadistas y las exacciones a los colectiveros que tanto desprestigio aportaron al cuerpo.

Castillo gobernará bajo estado de sitio (decreto del 16-XII-41). También dará impulso a la flota mercante argentina y gestionará la nacionalización del Puerto de Rosario. La posición neutralista frente al conflicto bélico en pleno desarrollo le atraerá elogios y condenas. Pero el problema no resulta tan sencillo, y preferimos considerarlo aparte.

Franklin Lucero, en su libro de memorias El precio de la lealtad,[33] hace referencia a una frustrada conspiración en abril de 1941, en la que habrían estado complicados entre otros el general Juan Bautista Molina y el teniente coronel Roberto Dalton, con el objeto de derrocar al vicepresidente en ejercicio. La lucha de facciones (neutralista y aliadófilos), la existencia en la institución militar de un movimiento interno de partidarios del general Justo (Tonazzi, el propio ministro de Guerra, que luego sería reemplazado por Ramírez), el repudio a la cada vez más concreta candidatura de Robustiano Patrón Costas a la sucesión presidencial, son elementos a considerar si se desea efectuar un balance mesurado de esos años difíciles.

En marzo de 1942 muere Marcelo T. de Alvear, jefe del partido radical. El socialista Américo Ghioldi dirá en su elogio: «La última década de su existencia es una contribución patriótica, valiosa y noble a la solución de nuestro drama político, en cuanto se puso al frente de una fuerza extensa y numerosa, pero sin la necesaria cohesión ideológica, se empeñó en estimular en las masas su retorno al comicio, se esforzó en hablar a los dirigentes sobre los peligros potenciales de engañar y vejar al pueblo con método y sistematización dignos de mejor uso, y en cuanto dio pruebas de poseer un espíritu evolutivo capaz de mirar, sin pestañear, ideas políticas y sociales nuevas».[34] El epitafio de un radical-socialista… francés.

Los acontecimientos siguen su curso, y el 27 de junio de 1942 las Cámaras reunidas en sesión de asamblea aceptan por unanimidad la renuncia de Ortiz, que morirá pocos días más tarde (el 15 de julio). En un mensaje explicativo de su dimisión dice: «En mi aislamiento de enfermo sentíame alentado por la esperanza de reanudar el esfuerzo interrumpido en bien del pueblo, mediante el afianzamiento de las normas democráticas y la elevación de las prácticas cívicas, estimulando la moral del ciudadano y la ética de los partidos políticos, seguro de que así alejaba el peligro de ideas y tendencias contrarias a nuestro régimen institucional y a las costumbres tradicionales de los argentinos».[35] Patética resulta la contradicción entre los buenos deseos de Ortiz y la propia realidad política (las elecciones de Moreno en Buenos Aires, los venideros comicios de renovación presidencial).

Mientras tanto, el general Justo volvía por sus fueros. Como bien lo precisa Luna: «Justo se había declarado aliadófilo desde el primer momento y hasta había ofrecido su propia, preciosa sangre, para defender los sagrados principios de la libertad y la democracia. Frente a los grupos militares nazistas, los sectores aliadófilos no tenían mejor solución que asentir a Justo».[36] Sus personeros militares no dejaban de preparar ambiente propicio en las filas de la institución. Los Estados Unidos —Inglaterra estaba más lejos, y había dejado de ser la única metrópoli— lo veían con buenos ojos. Y en el radicalismo —¡cuándo no!— había sectores dispuestos a sostener su nombre de acuerdo a la teoría del mal menor. Por otro lado, menudeaban los contactos (desde 1942) entre el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista, Acción Argentina y algunos dirigentes radicales con miras a una futura «Unión Democrática» de partidos afines.

Pero el 11 de enero de 1943 muere Agustín P. Justo, víctima de un derrame cerebral. Los conservadores parecen quedar dueños del terreno, y los ojos de muchos (de buena parte del ejército también), se fijan atentamente sobre el Partido Demócrata Nacional.

El nombre que va a imponerse es Robustiano Patrón Costas considerado pro-aliado (y más directamente pro-norteamericano) y rupturista por la opinión pública. Rodolfo Moreno se ve obligado a resignar las pretensiones a la primera magistratura y —lo que es más—, presionado por Castillo, renuncia a su gobernación provincial. Para completar la fórmula se decide no descuidar a los antipersonalistas santafesinos, y se propiciará el nombre de Manuel M. de Iriondo, un veterano de la política criolla. La vieja Universidad se cree obligada a decir su palabra: «Los profesores universitarios que suscriben esta adhesión consideran que el doctor Robustiano Patrón Costas como candidato a Presidente de la República constituve un sólido factor de unidad de los argentinos, pues representa igualmente y a justo título tanto a los núcleos ilustrados que tienen su raíz en las Universidades y en los centros de cultura, como a los hombres de trabajo, a quienes lo vincula su acción perseverante e incansable de precursor de nuestro derecho industrial, calidad que le ha merecido el sincero elogio de sus conciudadanos y le ha sido reconocida hasta por sus propios adversarios políticos». Firman: Martín Aberg Cobo, Carlos A. Ayarragaray, Rodolfo Clusellas, Jorge E. Coll, Ricardo Levene, Agustín N. Matienzo, Luis A. Podestá Costa, Isidoro Ruiz Moreno, José M. Saravia, Orlando Williame Alzaga, Clodomiro Zavalía, etc.[37]

Marcelo Sánchez Sorondo no será tan académico: «La fórmula Patrón Costas-Iriondo es un museíto colonial de provincia costeado por los ingleses que siempre aciertan con los colores locales. Se trata de un golpe de timón a la derecha, en que se luce la genealogía de popa del Dr. Culaciati, piloto de tormenta. La navegación promete ser plomífera, salvo la posibilidad de una guerra submarina».[38]

Por el lado del radicalismo, las posibilidades de una fórmula mixta con otras fuerzas políticas iban en aumento (se hablaba de José P. Tamborini o Eduardo Laurencena para presidente, acompañado de un vice como Bravo, Palacios o Luciano Molinas). La convención de la U. C. R. aprueba las bases de la «Unión Democrática Argentina» —recordemos el nombre—, pero surgen discrepancias entre socialistas y demoprogresistas para el segundo término de la fórmula, atribuibles a las presiones del Partido Comunista para imponer a Molinas antes que a un socialista. Las dificultades siguen creciendo, hasta en el propio radicalismo. En eso se está en vísperas del 4 de junio de 1943.

Se comenta en algunos círculos que legisladores radicales habrían logrado interesar al general Pedro Pablo Ramírez en una futura candidatura a presidente de la República por la «Unión Democrática Argentina». Castillo exige explicaciones. Ramírez las da en forma de un comunicado de prensa, que aparece en los diarios del 1.º de junio. A Castillo no le satisfacen. Mientras tanto prosiguen las conversaciones. Se habla de la renuncia de Ramírez. Ésta se hará efectiva en la madrugada del día 4.

Aberg Cobo, luego de corroborar el papel tentador que ciertos sectores radicales cumplían sobre determinados jefes militares ofreciéndoles provechosas posiciones futuras (en la intención, bastante ingenua, de evitar el fraude conservador), concluye: «Cuando se produjeron los acontecimientos, el radicalismo creyó que se trataba de un movimiento a su favor, experimentando después duro desengaño al comprobar que él también había sido utilizado como simple pieza de un juego de ajedrez».[39]

Es que la génesis del 4 de junio de 1943 no obedece a un proceso lineal. Los conservadores también se desengañarían.

Algo más sobre política internacional

Antes de la iniciación de hostilidades en suelo europeo, se reúne en Lima (1938) una nueva Conferencia Panamericana a la que asiste una delegación argentina presidida por Isidoro Ruiz Moreno. Se encuentra presente en las primeras sesiones nuestro canciller José María Cantilo, que luego viajará al sur de Chile en uso de licencia, abandonando la sede de las deliberaciones. Cordell Hull —también en Lima— no oculta las dificultades que experimenta en la ciudad virreinal, donde no se llega a ningún acuerdo concreto sobre solidaridad interamericana, y sí se pasan los días en prolongadas conversaciones informales entre las delegaciones.

La solución que encuentra Hull, y no será la única vez, al fin de cuentas no deja de ser directa: «Ruiz Moreno prometió telegrafiar a su gobierno pidiendo instrucciones. Hablé con él en privado y le sugerí que hiciese saber a su gobierno las severas críticas que se le estaban haciendo porque no efectuaba ningún aporte para una declaración eficaz. Después de la reunión telefoneé a nuestra Embajada en Buenos Aires para que localizara directa e inmediatamente al presidente Ortiz, y le solicitara de mi parte que diese instrucciones a la delegación argentina en el sentido de que propusiese una declaración importante en nombre de su país. Por suerte, yo conocía al presidente Ortiz como amigo personal desde varios años atrás, y lo admiraba en su carácter de seria autoridad financiera y económica. Al efectuar esta jugada, pasé por encima del jefe de la delegación argentina y del ministro de Relaciones Exteriores Cantilo; pero me sentí justificado por completo debido al hecho de que dicha delegación se encontraba totalmente desarticulada y Cantilo, en forma deliberada, se había puesto fuera de contacto con la conferencia.

»El presidente Ortiz consiguió comunicarse con Cantilo. Días después Cantilo, todavía en el sur de Chile, envió a Ruiz Moreno el borrador de una nueva declaración. Estaba en general de acuerdo con el borrador de la propuesta que yo le había sometido antes de que abandonara Lima, a excepción de que no estipulaba reuniones regulares de Cancilleres (como yo sugería), y se contentaba con convocar esas reuniones a iniciativa de cualquiera de las Repúblicas».[40]

En la Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas (Panamá, 1939) no hubo grandes dificultades, ya que se «trataba de formular un compromiso de neutralidad de alcance continental».[41]

Para la Segunda Reunión de Consulta (La Habana, 1940), recurrimos de nuevo al relato de Hull: «Personalmente, el doctor Melo resultó muy cooperativo. De inmediato advertí, sin embargo, que había venido a La Habana con instrucciones rígidas de su gobierno, de las que no podía apartarse. Todos mis argumentos no servirían para nada si continuaba esa situación.

»Por lo tanto, sentí la necesidad (como lo había hecho en la Conferencia de Lima) de pasar por encima de la delegación argentina para apelar al presidente de la Argentina, Dr. Ortiz. Me entrevisté con el Dr. Melo y le solicité que enviara un telegrama al Dr. Ortiz esbozándole mi pensamiento sobre las medidas que deberíamos adoptar pera proteger a las colonias europeas y trasmitiéndole mi sugerencia en el sentido de que el Dr. Ortiz enviase instrucciones a Melo para trabajar con los Estados Unidos y las demás delegaciones en el apoyo a una acción decisiva.

»Cuando el Dr. Melo vaciló, le dije que lo que yo pensaba era un telegrama en mi nombre que él trasmitiría. Entonces aceptó. Al enviar su telegrama, en verdad estábamos pasando por encima del gobierno interino de la Argentina. El presidente Ortiz, gravemente enfermo, se había retirado a una playa de veraneo, y el vicepresidente Castillo había ocupado su lugar.

»La respuesta no tardó mucho en llegar. En su esencia, consistía en instrucciones tales como las deseaba».[42]

Lo anterior parece contradecir la opinión de Bagú,[43] cuando dice: «La cancillería argentina, mientras Ortiz fue Presidente, no se caracterizó por acceder con facilidad a las sugerencias del Departamento de Estado». Cordell Hull no piensa así, como hemos visto. Es que —nos parece— existe entre ciertos autores muy responsables una tendencia a ser condescendientes con Ortiz (enfermedad, perspectiva de voto libre y secreto) y ver en Castillo a un solapado agente nazi, en su neutralismo proalemán, sin tener en cuenta que —como se comprobará— ese neutralismo era también proinglés.

El 7 de diciembre de 1941 los Estados Unidos sufren el ataque a Pearl Harbor: se inicia la guerra con el Japón, y por consiguiente con los países del Eje.

O. Edmundo Smith, Jr. resume así el nuevo cariz de la situación: «El ataque a Pearl Harbor puso fin a la neutralidad para el Hemisferio Occidental durante la segunda guerra mundial. La posibilidad de que la comunidad latinoamericana pudiese mantener la neutralidad, mientras los Estados Unidos eran beligerantes, realmente nunca existió cuando los gobiernos de Cuba, Panamá, República Dominicana, Haití, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica declararon la guerra el Eje, pocos días después de que los Estados Unidos entraron en el conflicto. México, Colombia y Venezuela rompieron sus relaciones diplomáticas con las potencias tripartitas, a principios de enero de 1942. Brasil y varias repúblicas sudamericanas más aparentemente estaban decididas a unirse en la ruptura de relaciones».[44]

El gobierno de Castillo empezaba a afrontar su etapa más dura en las relaciones internacionales. La presión de Estados Unidos en el sentido de que la Argentina quebrara sus vínculos con los países de Eje aumentará en forma creciente basta culminar en los sombríos días de 1944. El canciller Enrique Ruiz Guiñazú, a quien no sin razón se lo sindicaba como simpatizante de Alemania (sus antecedentes ideológicos lo predisponían en tal orientación), será la cabeza visible de la política neutralista del anciano mandatario. Encontrará su base de sustentación en sectores claves del ejército y en reducidos grupos civiles nacionalistas. La gran mayoría de los partidos tradicionales (salvo sectores minoritarios como la gente de F.O.R.JA., por otra parte bastante desvinculada de los dirigentes oficiales del radicalismo) estará a favor de los aliados. Algunos sectores industriales —en que se mezclaban confusamente simpatías hacia Gran Bretaña o puntos de coincidencia con el Tercer Reich— verán en el ejercicio de esa política un posible afianzamiento de sus intereses. El ejército, a partir de 1943, será el instrumento histórico mediante el cual se podrá mantener dicho estado de cosas.

La Tercera Reunión de Consulta (Río de Janeiro, 1942) provocará el enojo de Hull hacia Sumner Welles, que había quedado al frente de la delegación norteamericana y con cuyo asentimiento se firma la «Declaración» relativa a la ruptura de relaciones con Japón, Alemania e Italia. Lo que sucedió es que el canciller Ruiz Guiñazú logra introducir en el texto del documento el carácter de «recomendación» del mismo, que hará sumamente impracticable su puesta en vigor para los países que no decidan hacer caso a los consejos. Hull es muy claro al respecto: «La Declaración firmada no alcanzó el propósito que ambicionábamos al ir a Río, es decir, conseguir una completa ruptura del Hemisferio Occidental con el Eje. La Argentina y Chile continuaron sus relaciones diplomáticas con el Eje, y la Argentina se convirtió en foco de actividades del Eje. En el futuro llegaríamos a pagar con creces este fracaso en Río».[45]

Poco antes de la Reunión de Río, el 14 de octubre de 1941, se había firmado entre Estados Unidos y la Argentina el primer acuerdo comercial en noventa años. No sería casual ese refuerzo de vínculos económicos que los años venideros intensificarían, a expensas de la vieja Inglaterra. También (en diciembre de 1941) se efectúa el viaje a Norteamérica de una misión militar argentina en busca de material bélico. El Departamento de Estado tratará de supeditar este problema al cuadro general de la segunda guerra mundial, lo que implicaba que la Argentina ocupara un puesto activo del lado de los aliados.

Ello se destacaba en una enérgica nota (13-V-42) del Departamento de Estado al gobierno de Buenos Aires, donde Cordell Hull lamentaba que las autoridades argentinas no estuviesen dispuestas a cooperar efectivamente en la causa a la que dedicaban su actividad diecinueve Repúblicas americanas (Chile no había roto aún sus vínculos con las naciones del Eje. Es que el gobierno norteamericano veía con preocupación los movimientos y la propaganda nazi, que tomaban cuerpo en nuestro país, gracias a la tolerancia oficial. El 28 de setiembre de 1942 la Cámara de Diputados aprobó una resolución que recomendaba la ruptura de relaciones con el Eje, y Castillo informó al presidente del cuerpo que la conducción de las relaciones exteriores pertenecía al Poder Ejecutivo. Como se ve, tanto en lo interno como en lo internacional, las líneas de fuerza estaban perfectamente tendidas.

O. Edmund Smith, Jr., resume los hechos desde su posición: «En la Argentina, el régimen de Castillo había decidido evitar que el asunto de la neutralidad se convirtiese en tema capaz de dividir a la opinión pública argentina. Se declaró el estado de sitio, y se prohibió a la prensa argentina la discusión de la política internacional o doméstica del gobierno. Organizaciones proaliadas como Acción Argentina y la Junta de la Victoria fueron severamente reguladas. […] El presidente Castillo efectuó escasas declaraciones públicas relativas a política exterior, pero no se adoptaron medidas que contemplaran la ruptura de las relaciones con los gobiernos del Eje»[46].

Un vocero nacionalista se referirá a estos momentos —aunque sus palabras son de 1941— al afirmar: «El vicepresidente [Castillo] no puede dedicarse a la política interna y considerarla aparte de la internacional. Ya no hay otra política que la internacional», y califica a la época de «años decisivos».[47]

Bagú, por su parte, al comparar las actitudes de Yrigoyen con las de Castillo suscribirá un juicio severo: «La neutralidad del presidente Castillo tuvo una inspiración política totalmente distinta de la neutralidad del presidente Yrigoyen, como la orientación internacional de un país está siempre vinculada estrechamente al capítulo de su historia que va viviendo. La neutralidad del presidente Yrigoyen es la de una democracia, aún inorgánica, pero plena de energía y optimismo en sus fuerzas creadoras, que se siente autorizada a dictar la norma ética a las grandes potencias mundiales. La del presidente Castillo es la característica de un régimen híbrido, que espera nerviosamente la definición de la lucha entre los poderosos para plegarse al ganador en hora más segura»[48].

En el fondo de todo el problema lo que se destacaba era el hecho de que las relaciones exteriores entre la Argentina, Gran Bretaña y Estados Unidos no siempre progresaban en una misma línea. El país del Norte, embarcado en el conflicto bélico mundial después del 7 de diciembre de 1941, necesitaba que toda América Latina formase tras de sí un bloque compacto opuesto al Eje (ruptura de relaciones, declaración de guerra). Los asuntos económicos tampoco eran ajenos a este plan, que dejaba a las Repúblicas al sur del río Grande más predispuestas a sufrir las presiones del imperialismo yanqui, en detrimento —claro— del tradicional predominio de Inglaterra. Ésta, por su parte, prefería (en el caso concreto de nuestro país) seguir recibiendo productos esenciales para su mantenimiento, a que la Argentina se convirtiese en beligerante y los envíos disminuyeran o cesaran. He aquí cómo, de alguna manera, los intereses británicos y alemanes (en lucha mortal sobre el campo de batalla) no se oponían en lo referente a nuestro país. Inglaterra necesitaba provisiones. Alemania buscaba infiltrarse en América latina. La neutralidad argentina parecía favorecer ambas pretensiones.

El propio Cordell Hull, que mes a mes se empeñará en tratar de torcer la voluntad neutralista del gobierno argentino, a propuesta del embajador norteamericano en Buenos Aires, Norman Armour, indicará al subsecretario de Estado, Welles, que logre alguna declaración en el sentido de que el gobierno británico vería con buenos ojos que la Argentina rompiese sus vinculaciones demasiado estrechas con las naciones del Eje. Welles se puso en contacto con el embajador británico en Estados Unidos, Lord Halifax, el 26 de diciembre de 1942. El subsecretario de Estado «destacó que, a pesar de las manifestaciones oficiales del gobierno británico al gobierno argentino, muchas importantísimas figuras comerciales y financieras de la colonia británica en la Argentina manifestaban consecuente y públicamente que este país no debía romper relaciones con el Eje, y que los intereses británicos favorecían la posición argentina de neutralidad»[49].

Hull no se engañaba: «Los lazos económicos de Gran Bretaña con la Argentina eran apreciablemente más fuertes que los nuestros. Sus compras anuales de productos argentinos casi duplicaban a las nuestras. Además, los ingleses habían efectuado importantes inversiones en la Argentina durante varias generaciones y la colonia británica en Buenos Aires gozaba de considerable respeto. Luego del estallido de la guerra europea, y especialmente de la conquista alemana de la mayoría de Europa occidental, la dependencia británica frente a la Argentina (alimentos y otros artículos) se volvió más aguda»[50]. Sumner Welles, que habrá de discrepar con Hull en otros problemas, está en un todo de acuerdo con su superior jerárquico sobre las relaciones argentino-británicas[51].

Es que los problemas políticos (aunque se tratase de una guerra mundial) no iban a la zaga de los económicos. Así lo reconocerá un hábil diplomático británico, sir David Kelly, que fuera embajador de Su Majestad en Buenos Aires durante los años 1942 a 1946. Hay que leer el sabroso capítulo de sus memorias, The Ruling Few «Los pocos que gobiernan».[52] Dedicado a su permanencia en nuestro país, para reconstruir el complejo panorama. Un botón de muestra: «Aunque los norteamericanos se sentían muy ofendidos por la negativa del gobierno argentino de adoptar la misma posición de los demás gobiernos sudamericanos, por lo menos rompiendo relaciones con el Eje, muy razonablemente hacían todo lo posible para reforzar la supremacía comercial para la cual su situación geográfica y la paralización casi total de las exportaciones británicas ofrecían sólidos fundamentos»[53].

Capítulo IV

Perón

Sobre el 17 de Octubre

«El 17 de octubre yo estaba en mi casa, en Santos Lugares, cuando se produjo aquel profundo acontecimiento. No había diarios, no había teléfonos ni transportes, el silencio era un silencio profundo, un silencio de muerte. Y yo pensé para mí; esto es realmente una revolución.

«Era la primera vez en mi vida que yo asistía a un hecho semejante. Por supuesto, había leído sobre revoluciones, todos hemos leído sobre revoluciones. Tenemos en general una idea literaria y escolar de lo que es una convulsión de esa naturaleza. Pero es una idea literaria, sobre todo en este país, donde la gente ilustrada se ha formado leyendo libros preferentemente en francés. Y, todavía hoy, ve con enorme simpatía, cada vez que llega el 14 de julio, en las vitrinas de la Embajada francesa, en la calle Santa Fe, un descamisado tricolor tocando un bombo, rodeado por otros descamisados que vociferan y llevan trapos y banderas. Todo esto les parece muy lindo y hasta de buen gusto, porque está en la avenida Santa Fe y porque pertenece a la Embajada de Francia, sin comprender que esos hombres allí representados eran precisamente descamisados, y que esa revolución (como todas, por otra parte) fue sucia y estrepitosa, obra de hombres en alpargatas, que golpeaban bombos y que seguramente también orinaron (como los descamisados de Perón en la plaza de Mayo) en alguna plaza histórica de Francia. No veo que haya en esto nada merecedor de la sonrisa o la ironía. A mí me conmueve el recuerdo de aquellos hombres y mujeres que habían convergido sobre la Plaza de Mayo desde Avellaneda y Berisso, desde sus fábricas, para ofrecer su sangre por Perón».

ERNESTO SÁBATO

Tres revoluciones, pp. 67-68

El 4 de junio de 1943

Ya se ha visto cómo el movimiento de junio de 1943 que derrocó al presidente Castillo no fue (no podía serlo) pro-conservador ni prorradical. Los nacionalistas, por boca de Marcelo Sánchez Sorondo, también confesarán su ajenidad: «Quizá el Ejército si gozaran de sentidos los seres colectivos— algo palpó sin establecer qué ni cómo adecuarse. Aunque no se exagere: no existe prueba concluyente de que el 4 de junio, ni a la deriva, derive del proselitismo nacionalista. Y es verdad, en cambio, que aquel suceso acaeció mientras nosotros, a quienes se nos mostraban siempre verdes las uvas de la castrense viña, no nos situábamos ya en la posibilidad militar»[1].

Lo anterior, por supuesto, no será obstáculo para que elementos nacionalistas diversos se infiltren en el gobierno revolucionario tratando de llevar agua para su molino. Lo mismo harán algunos dirigentes radicales, como Santiago H. del Castillo (ex gobernador de la intervenida provincia de Córdoba) al ocupar un alto cargo en la empresa oficial de transportes de la ciudad de Buenos Aires.

Pero esto es ya adelantarse. Habrá que considerar primero cómo y quiénes intervinieron en la ejecución del golpe militar del 4 de junio. Las interpretaciones han oscilado, como por lo demás ocurre con casi todos los sucesos de la reciente historia argentina, entre la negación rotunda y la idealización desenfrenada, entre el calificativo de «nazi» y la opinión de que los militares de junio venían a renovar las corruptas instituciones del país. A ello hay que añadir que los documentos y las fuentes de información están dispersos.

Cuando se recorren los capítulos o párrafos que algunos autores, en obras que abarcan períodos más vastos, dedican al movimiento del 43 y a los sucesos posteriores que culminan en el 17 de octubre de 1945 y en las elecciones de febrero de 1946, lo primero que se advierte es el halo de doméstico misterio que cubre las actividades del G.O.U., la logia militar que fue motor de los cambios ocurridos. Esto resulta claro si advertimos que ni siquiera se ponen de acuerdo en el significado de las siglas: para unos, Grupo Obra de Unificación; para otros, Grupo de Oficiales Unidos.[2] Tampoco habrá acuerdo en otros detalles.

Lo cierto es que entre las fuerzas que se movilizaron desde Campo de Mayo hasta la Casa de Gobierno, con un único incidente bélico frente a la Escuela de Mecánica de la Armada, habrá partidarios del Eje que se oponían a la candidatura inminente de Patrón Costas (ese día se reunía la Convención del Partido Demócrata Nacional que proclamaría su nombre), por considerarla «rupturista», y habrá partidarios de los aliados que mostraban disgusto frente a las futuras elecciones con fraude, de las que serían —como lo venían siendo desde hacía diez años— guardianes y cómplices. La habilidad de los hombres del G.O.U. consistió en aprovechar para su beneficio a ambas tendencias. La propia presencia del general Arturo Rawson (a quien se sindicaba como aliadófilo) al frente de la columna militar, es buena prueba de lo expuesto. Y la lucha de facciones que comienza el mismo día del movimiento, en el afán de darle un contenido y un programa a posteriori (lo que indica también los orígenes puramente castrenses del episodio), servirá para demostrar el equilibrio inestable que vivía el Ejército por esos tiempos. Bonifacio del Carril, uno de los civiles que es invitado a colaborar con las autoridades, lo dirá con claridad: «Yo he participado en largas discusiones (…) sobre este tema, cuyo motivo principal fue precisamente determinar cuáles fueron o debieron haber sido los objetivos revolucionarios de la Revolución ya realizada. En esta postura y en esta inquietud estaban por supuesto muchos jefes militares que habían intervenido en la acción del 4 de junio y que formaban parte del G.O.U. de buena fe. Este problema, en cambio, jamás preocupó al coronel Perón, que sabía perfectamente lo que quería hacer con la revolución realizada si conseguía tomar, como efectivamente lo consiguió, el mando total del nuevo régimen creado».[3]

La acción del G.O.U., antes del movimiento, se realizó a través del ministerio de Guerra, donde actuaban los coroneles Juan D. Perón y Enrique P. González, quienes procediendo dentro de marcos formalmente reglamentarios, consiguieron «alejar de los comandos vecinos de la capital a los jefes que podrían resultar desafectos al pronunciamiento que se preparaba».[4] Ello, unido a la prédica entre jefes y oficiales en el sentido antes apuntado, logrará el éxito completo de plan conspirativo.

El presidente Castillo y los ministros, ante noticias del avance militar, se refugian en el rastreador Drummond de la Armada nacional, al que escoltan algunas naves de la escuadra de ríos. Había noticias de que la flota de mar se dirigía a toda máquina a Buenos Aires, en apoyo del gobierno (en verdad, su jefe sería luego ministro de Marina del gabinete revolucionario). Alberg Cobo, solidario con su correligionario político, atribuye insospechados propósitos de resistencia al anciano doctor Castillo, pero agrega casi de inmediato: «Se produjo entonces uno de esos episodios inexplicables para quien no estuvo en la mente misma de los protagonistas; la orden presidencial [de dirigirse al Norte] fue desobedecida; y los barcos, una vez en la mitad del estuario, se dispersaron, dejando solo al Drummond, el que entró en definitiva en el puerto de La Plata, a los efectos de la posterior capitulación y renuncia del primer magistrado».[5]

El 5 de junio de 1943 se da a conocer el gabinete del gobierno presidido por el general Rawson. Como vicepresidente figura el contraalmirante Sabá H. Sueyro, y las carteras se distribuyen de la manera siguiente: Interior: vicealmirante Segundo Storni; Relaciones Exteriores: general Domingo Martínez; Hacienda: José María Rosa; Justicia e Instrucción Pública: Horacio Calderón; Guerra: general Pedro Pablo Ramírez; Marina: contraalmirante Benito Sueyro; Agricultura: general Diego Luis Mason; Obras Públicas: general Juan Pistarini. Aberg Cobo comenta la nómina: «La publicación del gabinete que formó este último [Rawson] había causado por lo demás una penosa impresión: revistaban en él los generales Ramírez y Martínez, quienes —según la noticia oficial— se habían excusado originariamente, en atención a su calidad de ex colaboradores del doctor Castillo, pero luego habían depuesto esa actitud, a instancias del presidente provisional, y por motivos «patrióticos»[6].

Pero el general Rawson es la primera víctima del pronunciamiento que acaudilló (o que le dejaron acaudillar), y su efímero gabinete no alcanza a prestar juramento. Los oficiales jóvenes deciden retirarle la confianza —se afirma que Rawson tenía intenciones de llegar a la ruptura de relaciones con los países del Eje a breve plazo, y sus primeras declaraciones sobre política internacional no convencen a coroneles y mayores—, y su reemplazante será nada menos que Pedro Pablo Ramírez, ex ministro de Guerra de Castillo y del propio Rawson en su gabinete nonato.

Una interesante opinión sobre el papel de Ramírez entre los oficiales revolucionarios, que parece confirmada por hechos posteriores, la brinda el especialista norteamericano O. Edmund Smith, Jr.: «El subsecretario Welles creía que el presidente Ramírez no poseía una real autoridad dentro del gobierno argentino. Mientras unos pocos generales y almirantes, como el general Rawson, en apariencia favorecían la ruptura con el Eje para poder obtener ayuda militar norteamericana, resultaba cada vez más evidente que el gobierno de Buenos Aires estaba efectivamente controlado por una camarilla ultranacionalista de coroneles del Ejército (el G.O.U., Grupo de Oficiales Unidos), opuesta al abandono de la neutralidad argentina. Estos jóvenes oficiales dominaban al Ejército y daban órdenes a los generales. El G.O.U. deseaba conseguir armamentos yanquis, pero no estaba dispuesto a someterse al imperio estadounidense en lo relativo a la política exterior argentina. El presidente Ramírez intentó colocarse entre los dos grupos “extremistas”; pero a medida que los coroneles aumentaban su poder, se convirtió paulatinamente en un títere, y sus tempranas promesas de cortar los lazos de la Argentina con los países del Eje no pudieron llevarse cabo».[7]

Ramírez reorganiza el gabinete, que quedará así compuesto (el vicepresidente seguía siendo Sabá H. Sueyro): Interior: coronel Alberto Gilbert; Relaciones Exteriores: vicealmirante Segundo Storni; Hacienda: Jorge Santamarina; Justicia e Instrucción Pública: coronel Elbio C. Anaya; Guerra: general Edelmiro J. Farrell; Marina: contraalmirante Benito Sueyro; Agricultura: general Diego Luis Masón; Obras Públicas: vicealmirante Ismael Galíndez.[8]

Como parece costumbre a lo largo de los movimientos militares de los últimos años, en el gabinete se infiltraron figuras vinculadas a intereses imperialistas y conservadores. Comenta José Luis Torres: «Fue una broma del duende empeñado en perturbar los planes de Dios. El directorio de la ANSEC, monopolio de la energía eléctrica dependiente de uno de los holdings más grandes del imperialismo capitalista —la Electric Bond and Share Company— debió aceptar la renuncia que como titular del mismo presentara el almirante Galíndez para hacerse cargo de sus altas funciones en el gobierno revolucionario. En cuanto al señor Santamarina, era, y sigue siendo, uno de los hombres más calificados del régimen que la revolución vino a abatir».[9]

Las opiniones sobre el golpe del 4 de junio eran previsibles, y las dictaba, más que la posición política interna, la posición internacional de la agrupación o del individuo que las expresaba. Así, Pinedo no vacilaba en manifestar: «Cuando al promediar la tarde del 4 de junio, un viejo compañero del Partido Socialista, con quien he chocado muchas veces, pero cuya alta inspiración, erudición y capacidad de trabajo he reconocido siempre, José Luis Pena, me visitaba para pedirme mi opinión sobre los sucesos, contesté sin vacilar: se trata de un movimiento nazi. Estábamos de acuerdo. La hojarasca de las declaraciones y manifiestos revolucionarios y la satisfacción que podía producirnos el fin de un régimen con el que nada teníamos que ver, no podían inducirnos a engaño».[10]

Repetto aclaraba con más precisión: «Indeciso al comienzo, no tardó en revelarse como un golpe destinado a estrangular a la opinión democrática y aliadófila del pueblo argentino y a realizar un gobierno de tipo más o menos totalitario e imbuido de propósitos imperialistas».[11]

A muchos años de distancia, los jóvenes conservadores[12] van a apuntar en una dirección más concreta: «La de 1943, en cambio, es la Revolución anticonservadora por excelencia, aunque en ella se combinen elementos de derecha y hasta conservadores, aglutinados por el engaño y la traición».

Del Mazo hablará de la repercusión provocada por la candidatura Patrón Costas, «no neutralista, partidario de los Estados Unidos y ligado a la Standard Oil en Salta», y concluirá: «Los intereses ingleses y germanos, vetan la tentativa y estalla el golpe del 4 de junio de 1943, el mismo día que debía proclamarse aquella candidatura, sustituyéndose la definición gubernativa por un antinorteamericanismo erizado, neutralidad durante toda la guerra y restauración de la plena influencia inglesa. El 4 de junio fue así un «continuismo» de la política internacional ante la alternativa de que tal «continuismo» quedase quebrado con la sucesión de Patrón Costas».[13]

Alfredo Galletti resume así su opinión: «El movimiento del 4 de junio, estrictamente militar, no tuvo contenido económico y social. Sólo fue un golpe totalitario para impedir el acceso al poder a las fuerzas democráticas y para proseguir la línea internacional tendida por Castillo».[14]

Enrique Rivera ensaya una explicación de mayor profundidad: «Así como una persona no se juzga por el concepto que ella tenga de sí misma, sino por lo que es en realidad, la revolución del 4 de junio no debe juzgarse por lo que Rawson y Ramírez creyeron que era, sino por lo que es en realidad. Perón y la oficialidad joven que lo rodeaba daban una expresión más consecuente a la fuerza económica que los impulsaba y por eso desalojaron a sus compañeros de armas. La derrota del Eje y el desprestigio del fascismo, cuyas exterioridades ideológicas inspiraron los actos primeros de la revolución, les crearon una situación comprometida y los obligaron a buscar nuevos puntos de apoyo y una nueva cubierta ideológica. Los encontraron —como no podía ser de otra manera— en el yrigoyenismo democrático y pequeño burgués».[15]

Bonifacio del Carril, que brinda en su libro interesantes pormenores de las luchas internas de facciones que culminarán con el triunfo del coronel Perón y sus adictos, dice: «Ocurrió simplemente que los militares que tenían la fuerza y que la prestaban al doctor Castillo resolvieron que debían ser ellos, y no el sucesor del doctor Castillo, quienes habrían de establecer las condiciones y circunstancias en las que se entraría o no en la guerra».[16] Incidentes como el intercambio epistolar entre el ministro Storni y Cordell Hull, que veremos en su oportunidad, no harán sino prestar validez a esta tesis.

La posición oficial comunista señalaba: «Ese golpe fue dado por una coalición de fuerzas heterogéneas en las que junto con elementos democráticos predominaban militares y civiles fascistas que fueron los que le dieron su contenido programático».[17]

A excepción de grupos del nacionalismo oligárquico y clerical que apoyarán —y se incorporarán— al gobierno, uno de los escasos sectores políticos que intentará un enfoque más amplio de la cuestión será F.O.R.J.A., que actúa por esos días con bastante independencia del radicalismo tradicional, al expresar:

«1.°) El derrocamiento del “régimen” constituye la etapa primera de toda la política de reconstrucción de la nacionalidad y de expresión auténtica de la soberanía.

»2.°) La implantación de un sistema moral que rija el desenvolvimiento institucional del país y fije la conducta de sus hombres y dirigentes, es principio esencial en que debe asentarse toda la posibilidad de creación nacional basada en el genio propio de nuestro pueblo y sus anhelos de emancipación económica y de justicia social.

»3.°) La imposición progresiva y armónica de un programa de emancipación económica, política y cultural de un país, es demanda sustancial del pueblo para la afirmación de su personalidad histórica y para la participación igualitaria de la Nación Argentina en el libre juego de las relaciones internacionales».

La Declaración concluye recalcando el compromiso que las nuevas autoridades han adquirido en el sentido de «reparar la disolución moral en que se debatía nuestra política y de crear un sistema basado en normas éticas y en claros principios de responsabilidad y soberanía».[18] Si hemos transcripto in extenso algunos párrafos, ello permitirá —creemos— apreciar la similitud de vocabulario con el que reproducirá más adelante el peronismo (al que ingresarán hombres de F.O.R.J.A.), junto con conceptos propios de la vieja tradición yrigoyenista. El esfuerzo que realizó este grupo reducido por comprender la coyuntura nacional, vale más que los fáciles calificativos de «nazi» (Pinedo) y «fascista» (el Partido Comunista) que se adosaron al 4 de junio de 1943, y que también hemos recordado.

De junio (1943) a octubre (1945)

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a poco de ocurridos los sucesos del 4 de junio, produjo una acordada con reminiscencias —no sólo formales— de los viejos tiempos de Uriburu. Su texto dice así: “Buenos Aires, junio 7 de 1943. Reunidos en su Sala de acuerdos el presidente de la Corte Suprema de la Nación, doctor Roberto Repetto, y los ministros, doctores Antonio Sagarna, Luis Linares, Benito A. Nazar Anchorena y Francisco Ramos Mejía, con asistencia del procurador general de la Nación, doctor Juan Álvarez, con el fin de tomar en consideración la nota por la cual el presidente del Poder Ejecutivo Provisional de la Nación, general de división Pedro Pablo Ramírez, hace saber a esta Corte Suprema la constitución de un gobierno provisional para la Nación surgido de la revolución triunfante de junio 4 del corriente año, y teniendo en cuenta:

«Que se ha producido una situación análoga a la contemplada por esta Corte Suprema en su acordada de setiembre 10 de 1930, que dice así… [transcripción de los términos de la misma acordada, reproducida supra en este libro, pp. 26 y 27.

»Resolvieron: Acusar recibo al gobierno provisional, en el día, de la nota a que se ha hecho referencia con transcripción de esta acordada, que deberá publicarse y registrarse en el libro correspondiente, firmando por ante mí. Doy fe. — Repetto - Sagarna - Linares - Nazar Anchorena - Ramos Mejía - Álvarez. — Secretarios: Esteban Imaz - Ramón T. Méndez»,[19] Repetto y Sagarna ya habían firmado la acordada de 1930. La de 1943 se reduce a un asunto de trámite.

Las discrepancias jurídicas señalarán también el período comprendido entre 1943 y 1946, aun después de asumir Perón como presidente de la República. En el seno de la Suprema Corte, el juez Tomás D. Casares (incorporado por el gobierno de facto), de militante filiación católica, abogará por una mayor amplitud de facultades del Ejecutivo, frente a la posición restrictiva de los restantes miembros del tribunal. La tesis de Casares sobre la validez de los decretos-leyes, sin necesidad de posterior homologación por parte del Parlamento, se impondrá al fin. Presurosos magistrados que antes y después servirán al gobierno de turno, dictarán fallos favorables al gobierno surgido del golpe del 43.[20] El decreto N.° 773 (18-VI-43) dispondrá que “se cancele la voz provisional del acta de constitución del actual gobierno y de los documentos oficiales en que haya aparecido y prohíbe aplicarla a las autoridades del Gobierno de la Nación».

En los primeros tiempos del gobierno de Ramírez, se darán a conocer medidas demostrativas de la confusión mental que predominaba en sectores militares participantes del golpe de junio, tales como reconocer carácter «libertador» al golpe de Uriburu. Ello está reflejado en el decreto del 2 de setiembre de 1943, en cuyos considerandos se dice: «Que se cumple el aniversario del movimiento cívico militar, determinado por el anhelo popular honda e intensamente contenido, de restablecer el imperio de la Constitución y restituir al pueblo el goce y ejercicio pleno de las instituciones civiles.

«Que es deber del gobierno conmemorar el sacrificio generoso de los caídos en aquella jornada histórica y honrar la memoria de su prestigioso jefe, el teniente general José F. Uriburu que encabezaba el movimiento libertador».[21] A continuación siguen los funerales, las ofrendas florales y el asueto administrativo.

Dos meses más adelante, el mismo gobierno (donde ya se habían producido cambios ministeriales) dará a conocer el decreto N.° 15.074 (27-XI-43) por el que se crea la Secretaría de Trabajo y Previsión. Sus considerandos son útil terreno para rastrear orígenes e influencias teóricas que luego van a seguir reiterándose en el renglón de la legislación laboral, a inspiración de la figura más dinámica del equipo oficialista, el coronel Perón.

«Considerando:

»Que los problemas relacionados con el capital y el trabajo deben merecer una preferente atención por parte del Gobierno, por su directa vinculación con el bienestar general y el desenvolvimiento económico de la Nación;

»Que para ser más eficaz la función de las reparticiones encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes obreras, es necesario crear un organismo que centralice y controle esa actividad estadual, propiciando oportunamente las medidas adecuadas para una mejor armonía entre las fuerzas productoras;

»Que la experiencia recogida en los países que han centralizado los distintos aspectos de la actividad social del Estado, demuestra la conveniencia de adoptar dicho sistema;

»Que se conseguirá con ello fortalecer la unidad nacional, mediante el imperio de una mayor justicia social y distributiva, propósito éste fundamental e irrenunciable del actual gobierno, que traerá consigo el reconocimiento práctico, en todos los ámbitos del país, de la suprema dignidad del trabajo;

»Que mediante una dirección central y supervisora de toda la actividad que desarrolla el Estado en favor del mejoramiento material y moral de la clase trabajadora, será posible arbitrar, con un criterio de conjunto, el más adecuado a la complejidad del hecho social, las medidas que contribuyan a una pronta y efectiva elevación del nivel de vida de los que solamente cuentan para subvenir a ella con un exiguo salario;

»Que sólo será posible satisfacer el reclamo de la hora presente, con un organismo que permita compulsar y remediar las múltiples necesidades que afligen a los hogares obreros, ejercer el más perfecto control sobre la aplicación de la legislación especial vigente y preparar el desarrollo de una política social;

»Que siendo causa primordial de los males que perturban la marcha de las colectividades modernas, el olvido de los deberes sociales que incumben aunque en diverso grado, tanto a los poseedores de la riqueza como a la población trabajadora, corresponde que el Estado proceda a desarrollar una intensa obra de divulgación encaminada a infundir en la conciencia del pueblo argentino el convencimiento de que a nadie le es lícito eludir los expresados deberes;

»Que el cumplimiento de los mismos traerá consigo el mutuo acercamiento de las fuerzas productoras, condición previa para una pacífica convivencia dentro de los principios cristianos que forman nuestra tradición histórica;

»Que no debe postergarse una medida gubernativa que tendiendo a la consecución del bien común, pueda principalmente contribuir al fortalecimiento de la familia argentina, base de la grandeza de la Patria; el Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General de Ministros, decreta:

«Artículo 1.°: Créase la Secretaría de Trabajo y Previsión, dependiente de la Presidencia de la Nación».[22]

El hecho de reconocerse al sector laboral, en la forma heterogénea e imprecisa que lo hace este decreto (y lo seguirán haciendo los numerosísimos textos legales posteriores del período 1943-1946), una trascendencia indudable en la vida social del país, es acaso el mérito histórico de la medida. Lo demás (las frases de estilo fascista, bonapartista, hasta marxista, con toques de encíclicas papales que podrían ejemplificarse en un análisis cuidadoso del decreto N.° 15.074/43), pertenece a la erudición.

Asombra, sí, que políticos militantes de indudable veteranía no hayan visto en estas medidas otra cosa que lo que querían ver, sin separar la paja del trigo, es decir, lo que hubo de demagógico en el accionar y la base real de esa demagogia. Repetto llega a decir: «… con el pretexto de iniciar en el país la política social, desconocida, según él, por todos los que lo habían precedido, el coronel buscó prosélitos y preparó sus huestes por medio de una vasta organización electoral, que denominó Secretaría de Trabajo y Previsión».[23] Como se ve, se confunde hasta el agravio el hecho —también real— de la labor parlamentaria socialista en el campo de la legislación obrera, con el nuevo acontecimiento que se vivía: llevar a la práctica efectiva y eficazmente, esa misma legislación y la posterior. Si no se diferencian ambos momentos, el riesgo de equivocación es enorme.

Los comunistas, a quienes no podrá negárseles preocupación y militancia en la cuestión laboral, cegados por su visión restringida del problema (se formaban nuevos sindicatos, controlados por adictos al «coronel», donde el Partido no tenía cabida), también apostrofaban: «Ante el continuo ascenso de la combatividad de las masas el gobierno dictatorial-fascista se fue dando cuenta que las medidas represivas no eran suficientes para impedir las luchas de los obreros y de las masas populares por sus reivindicaciones económicosociales y por el régimen democrático; por eso, en diciembre de 1943, a instancias del coronel Perón, creó la Secretaría de Trabajo y Previsión, utilizando así, como método de gobierno, la represión y la demagogia social».[24]

¿Podrá justificarse el asombro posterior al comprobar que las masas trabajadoras, cuyo ascenso al panorama social y político del país marcan esos años todavía recientes, mostrarían indiferencia ante los slogans abstractos, liberales, formalistas, de la Unión Democrática, si los partidos de izquierda estaban tan desubicados?

Pero no todo el programa del gobierno de Ramírez, en el que siguen trabajando las facciones militares, se agota en el decreto que dio origen a la Secretaría de Trabajo y Previsión. Otra disposición cuyos efectos van a resultar más duraderos que muchas administraciones, será el decreto sobre rebaja y luego congelación de los alquileres, que puso sobre el tapete una cuestión tan disputada como la vivienda, vigente todavía a más de treinta años después. Por coincidencia que acaso no lo sea tanto, el mismo día (31 de diciembre de 1943) se dieron a conocer dos medidas de distinto alcance: por un decreto se dispuso la disolución de los partidos políticos en el territorio de la República; por otro, se declaró obligatoria la enseñanza de la religión católica en escuelas primarias, posprimarias, secundarias y especiales, quebrando así la tradición laicista que primaba en estos problemas desde la época de la ley Avellaneda (1884).

La iglesia católica aprobó, por boca de autorizados voceros como la influyente revista Criterio, ambas medidas.[25] La jerarquía y los intelectuales católicos estaban dispuestos a desempeñar un preponderante papel en el proceso gubernativo. Monseñor Gustavo J. Franceschi dirá en defensa de las autoridades nacionales, acusadas de totalitarismo: «Están en primer término la palabra del Presidente de la República, de sus ministros, de su vocero oficial el coronel González, Ministro Secretario de la Presidencia. Este último, hace menos de quince días, refiriéndose a esta cuestión ante los periodistas de Buenos Aires, les hacía observar que el totalitarismo es pagano, y que en cambio el gobierno acababa de restaurar la enseñanza religiosa en las escuelas.

«Están en segundo lugar los hechos. ¿En qué momento ha pretendido el actual gobierno absorber la totalidad de la persona humana, entrometerse en la familia, en lo religioso, en la vida doméstica? Una de las características del totalitarismo es la organización gremial única y establecida por el Estado; la profesión organizada de arriba hacia abajo y como institución estatal; ahora bien, hace poco que el coronel Perón, secretario de Previsión y Trabajo, proclamaba la sindicación libre, abría ampliamente las puertas de sus oficinas a las instituciones profesionales fundadas por iniciativa particular, y tomaba medidas para robustecer su acción. Nada hay que tenga sabor a totalitarismo en el actual gobierno»[26].

Esta oscilación entre distintas iniciativas, esta contradicción interna entre medidas y ejecutores, la falta de un plan concreto de realizaciones (puesta en evidencia por la propia existencia de realización aisladas y a veces contradictorias), se advertirá también, por ejemplo, en la formación de Comisiones Investigadoras. Las dos más importantes fueron la Comisión Investigadora de las Concesiones Eléctricas de la Capital Federal, presidida por el coronel Matías Rodríguez Conde; y la Comisión Investigadora del caso Bemberg, presidida por el doctor J. Alfredo Villegas Oromí. Ambas resultaron a la postre trabadas en su libre desenvolvimiento por interferencias de los medios oficialistas.[27]

En un «Discurso a los militares», Marcelo Sánchez Sorondo pretendía exigirles: «Hoy lo revolucionario está en los hechos y en nuestros temas de acción. En la hora y en los hechos el Estado es una presencia actuante. Éste es el primer signo de que la revolución ha comenzado. ¡Pero ay de los hechos solos sin teología política! ¡Ay de la acción sin doctrina! Puede todo despeñarse en el peor materialismo, en el materialismo de la falsa eficacia, en la verdad devorada por la eficacia o por el resentimiento, en la concepción marxista. Cuidado con la letra sin el espíritu. Es necesario que esto se diga: en el cuatro de junio vuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad, la responsabilidad de todos, es enorme. El cuatro de junio es la fecha decisiva de un año decisivo. Ya está jugado el país. O se logra la unidad nacional o nos consume la anarquía. Vosotros, militares, tenéis ahora todos los mandos. Vosotros, militares, que hacéis de vuestra vida profesión de honor, habéis hecho, el cuatro de junio, profesión de fe».[28] El nacionalismo también exigía un programa de acción adecuado a sus intereses.

Un escritor de la izquierda nacional, Jorge Abelardo Ramos, resume las medidas a su juicio positivas del gobierno militar de 1943: «Disolvió el Parlamento y los partidos políticos, reorganizó la justicia, intervino las provincias, reafirmó la política de neutralidad. Creó el Banco de Crédito Industrial, reclamado por la expansión económica, allanó las oficinas de la CADE y la ITALO, investigando su contabilidad. Intervino la Corporación de Transportes, expropió la Compañía Primitiva de Gas, inició el estudio para revaluar las tarifas aduaneras, impulsó las industrias militares».[29] Y en el saldo desfavorable, apunta: «En los primeros seis meses del gobierno militar se desarrolló contra el movimiento obrero una dura ofensiva; clausura de sindicatos, detención de sus dirigentes y activistas, supresión de la prensa revolucionaria. [… ] La Universidad argentina cayó en manos de los clericales, que sometieron toda la enseñanza al grito de guerra de Santo Tomás».[30]»

La situación de presión internacional (con el Departamento de Estado norteamericano y su Secretario Hull a la cabeza) conducirá, junto con los problemas internos, a la ruptura de relaciones con los países del Eje (26 de enero de 1944). Las luchas palaciegas, a poco, se cobrarán una nueva víctima: el presidente Ramírez, que habia firmado el decreto rupturista. Su sucesor, primero temporario, luego definitivo, será el general Edelmiro J. Farell, hombre de confianza de la logia militar y en especial del coronel Perón.

Whitaker agrega: «Una vez más, Perón siguió a Farrell en su carrera ascendente, convirtiéndose en ministro de Guerra el 26 de febrero y vicepresidente el 7 de julio. Continuó ocupando ambos cargos, junto con el de la Secretaría de Trabajo y Previsión, hasta octubre de 1945. La combinación de estos tres cargos le permitió forjarse el doble apoyo del ejército y de las fuerzas del trabajo sobre las que ha descansado hasta ahora su régimen».[31]

La lucha entablada por Perón para acceder al ministerio de Guerra constituye uno de los puntos claves de su trayectoria política. Según lo relata Bonifacio del Carril,[32] el candidato apoyado por la mayoría de miembros del G.O.U. (diez sobre un total de diecisiete) era el general Juan C. Sanguinetti, pero la habilidad de Perón consiguió imponer su propio nombre en carácter de ministro interino (su condición de coronel poco antiguo le impedía aspirar a la titularidad). Así, las pretensiones de Sanguinetti y su sector quedaron bloqueadas.

El gobierno de Farrell, por lo menos hasta los primeros días de octubre de 1945, puede considerarse en gran medida como el gobierno de Perón, tal es la importancia de la actividad que despliega el ministro y vicepresidente. Las situaciones fluidas de la época provocarán nutridos cambios en el gabinete, además de reestructurarse o crearse nuevas secretarías.[33]

Los acontecimientos del año 1944 —que empiezan a concretar en el campo internacional la victoria aliada frente al Tercer Reich, y aumentan la presión norteamericana sobre la Argentina— pasan a velocidad por la escena nacional. El terremoto de San Juan (15 de enero) provoca la solidaridad y la famosa «Colecta» (una oscura actriz de segunda categoría empezará a hacerse conocer del público en papeles de muy distinta importancia: su nombre es María Eva Duarte, y será figura principal en el ascenso vertiginoso de su amigo el coronel Perón). El 1.° de marzo tiene lugar el abortado golpe del teniente coronel Tomás A. Ducó, en su marcha de Parque Patricios a Lomas de Zamora (tendrá más fortuna luego como presidente del Club Atlético Huracán). Los Estados Unidos se abstienen de entrar en relaciones oficiales con el gobierno del general Farrell, «a la espera de futuros acontecimientos» (léase entrada de la Argentina en la guerra). Algunos nacionalistas —Federico Ibarguren, Santiago de Estrada— reaccionan intempestivamente ante la ruptura de relaciones, especialmente en Tucumán. El coronel Perón elabora discursos casi diarios ante diversos auditorios: muchos se alarmarán ante las palabras que pronuncia en la Universidad Nacional de La Plata, al inaugurar la cátedra de Defensa Nacional (10 de junio). Pero la mayoría de los órganos de expresión tradicionales, y los políticos tradicionales en primera fila, no advertirán —o pretenderán describirlas con términos vagos: «obrerismo», «demagogia», etc.— las múltiples arengas ante los trabajadores. Tampoco habían advertido el fenómeno de las migraciones internas, las consecuencias humanas de la concentración industrial, el crecimiento de un proletariado nacional. Algunos políticos prefieren el exilio, y desde Montevideo comenzarán una campaña contra las autoridades de nuestro país. En la capital hermana iniciarán movimientos en común que tienden a la posterior «Unión Democrática». Uno de los exilados, Nicolás Repetto, ha confesado: «Yo salí de Buenos Aires por propia determinación, pues en aquel momento nadie me amenazaba ni perseguía».[34] Sus actividades en el Uruguay durarán hasta 1945. Un documento importante elaborado por la «Junta de exiliados políticos argentinos», el 30 de junio de 1945, reclama la solidaridad del continente contra el ingreso de la Argentina a las Naciones Unidas en San Francisco. Lo firman Repetto (Partido Socialista), Julio Noble (Partido Demócrata Progresista), Agustín Rodríguez Araya (Partido Radical), José Aguirre Cámara (Partido Demócrata Nacional), Rodolfo Ghioldi (Partido Comunista).[35]

Volvamos a 1944. Se practican arrestos de dirigentes políticos. Se clausuran o se suspenden periódicos. La liberación de París provoca algunos festejos en la Capital Federal, aunque el gobierno procura neutralizarlos. Luego del homenaje del 24 de agosto de 1944, los manifestantes instan a hablar a los generales Ramírez y Rawson (hacía tiempo que este último había renunciado el cargo de embajador en Brasil). La oposición comienza a nuclearse en torno a consignas sobre libertades públicas y acusaciones de nazismo en la orientación de las autoridades. Los órganos adictos al Eje, mediante cambios de nombre (el vespertino El Pampero pasa a ser El Federal) o por ineficacia de las medidas represivas que en ocasiones se ve obligado a tomar el gobierno, prosiguen su prédica ya sin objetivos: la derrota de Alemania y sus aliados es un hecho, y sólo su plazo es incógnita.

1945 comienza con un decreto sobre Seguridad del Estado (15 de enero), de cláusulas draconianas. A fines de marzo (el 27) se produce la declaración de guerra a Alemania y Japón, medida que va a utilizarse luego con fines diplomáticos para posibilitar la incorporación del país a las Naciones Unidas, ante la contenida rabia de Cordell Hull (retirado ya por enfermedad, de su alto puesto). En mayo se da a conocer el estatuto de los partidos políticos, que es impugnado —la actitud va a convertirse en hábito durante años posteriores— por las agrupaciones tradicionales.

«Las declaraciones formuladas por el general Farrell, en la cena de camaradería militar celebrada el 7 de julio de 1945, fueron recibidas con evidente satisfacción por los argentinos exiliados en Montevideo. Y no era para menos. En una reunión de militares, el presidente de facto, militar él mismo, había comprometido su palabra de honor: “Habrá, dijo, elecciones libres antes de finalizar el año, y el país tendrá un gobierno legal”. Estas palabras fueron interpretadas como la expresión de un propósito firme, en el general Farrell, de poner término a la aventura revolucionaria y volver al régimen constitucional de gobierno».[36] Para el 3 de setiembre, están de regreso del exilio casi todos los políticos. Se enfrentaban con dos problemas inmediatos: la figura de Perón, a la que había que eliminar de la escena, y los futuros comicios, que la oposición confiaba ganar. La ceguera «anti-Perón», en lugar de posibilitar el replanteo de sus propias posiciones y la comprensión de que las cosas estaban cambiando en la Argentina, llevará a la derrota de la Unión Democrática.

En mayo de 1945 los partidos opositores recibirán el inestimable apoyo del embajador norteamericano Spruille Braden, en su terco afán de borrar del país todo vestigio de nazifascismo. Pero esta historia corresponde al plano internacional, y allí la veremos en detalle. Sólo indicamos ahora la actividad de este personaje.

El 6 de agosto de 1945 se levanta el estado de sitio: los sectores antiperonistas —en lo sucesivo van a caracterizarse por este calificativo— promueven una demostración pública de su fuerza, para intentar manifestarle al gobierno los riesgos de su impopularidad. El 19 de setiembre se realiza la llamada «Marcha de la Constitución y la Libertad», desde Plaza del Congreso a Plaza Francia. Alfredo Galletti resume: «Los que fuimos testigos de estos hechos constatamos la polarización de fuerzas cada vez mayor y en esa extraordinaria asamblea, constituida principalmente por estudiantes, profesionales, comerciantes, clase media en general, la falta de buena parte de los sectores del trabajo. Estas fuerzas se iban nutriendo de ideas de justicia social, lanzadas demagógicamente desde las esferas oficiales y se movían bajo slogans de segura eficacia, que luego adquirirían carta de ciudadanía en vastos sectores de la población».[37] Pero nos parece que este autor olvida consignar los beneficios concretos —además de hablar de «demagogia» (otra vez) y slogans— que recibían los sectores obreros y rurales. Si no se parte del trabajador concreto, de carne y hueso, va a resultar imposible comprender los fenómenos político-sociales de estos tiempos.

Un autor radical va a plantear las cosas en términos menos líricos: «Aparte de las medidas circunstanciales (aumento de salarios, mejoramiento de condiciones laborales, “estatutos” destinados a amparar a diversos gremios), quedaron establecidos instrumentos jurídicos tan importantes como los que crearon los tribunales del trabajo, la reglamentación de las asociaciones profesionales, la unificación del sistema de previsión social y la extensión de los beneficios de la ley de despido (11.729) a todos los trabajadores (decreto 33.302)».[38]

Aparte de las innovaciones sustanciales en materia laboral, el gobierno de Farrell va a dedicar algunos afanes al problema de la industrialización. Así, en los actos conmemorativos del «Día de la Industria Argentina» (2 de setiembre de 1944), el Ministro Secretario de Industria y Comercio general Julio C. Checchi, afirmó: «[El gobierno de la Nación] creó el Banco Argentino de Crédito Industrial; dio en acuerdo general de Ministros, el decreto sobre Fomento y Defensa de la Industria; tomó medidas para facilitar el aprendizaje de los menores y la enseñanza industrial; estudió la situación de nuestras provincias pobres; creó el Consejo Nacional de Racionamiento y constituyó la Secretaría de Industria y Comercio cuyo cargo me honro en ejercer como Ministro Secretario de Estado».[39] El presidente Farrell recalcó: «Pero industrializar esos productos, crear trabajo en la ciudad, llegar a la satisfacción de las propias necesidades, es fundamental, de manera que en el futuro estemos en condiciones de aprovechar esta circunstancia, que debimos aprovechar en la guerra del 14, y que abandonamos después por razones que no me atrevo a juzgar, pero que estoy seguro que no respondían a la dedicación de vosotros, los industriales».[40]

Durante los años 1944 y 1945 los sectores militares opuestos al coronel Perón no estuvieron inactivos, buscando la oportunidad de hacer valer su predominio. Cuando llegaron a tenerla, resultó desaprovechada. Los partidos tradicionales no estuvieron a la altura de las circunstancias; la juventud universitaria vivió días de militancia, luchando contra la intervención a las casas de estudio.

En agosto de 1945 se sofoca un movimiento subversivo en la ciudad de Córdoba, en el cual participaban los generales Rawson y Martin. Pero los sucesos más importantes tendrán lugar en el mes de octubre.

El pretexto fue el intento de designación en el puesto de director general de Correos y Telecomunicaciones de Oscar Nicolini, candidato de Perón. La guarnición de Campo de Mayo recibió la noticia con desagrado, y por intermedio de su jefe el general Eduardo Avalos formuló un planteamiento que conduce a la renuncia de todos sus cargos por parte de Perón. Las reuniones de elementos militares (ejército y marina) con políticos están a la orden del día. Sus sedes son el Círculo Militar y el Centro Naval. Por su parte el general Avalos buscaba un entendimiento con los partidos, basado en una terna de la cual se seleccionaría el candidato civil míe ocuparía el Poder Ejecutivo.[41] Los ánimos de la Marina y de otros sectores del ejército se inclinaban por la entrega del gobierno a la Suprema Corte de Justicia, previa renuncia de Farrell. Llega a designarse «una comisión integrada por los almirantes Héctor Vernengo Lima, Leonardo Mac Lean y Francisco Clarisa, y por los generales Alberto Guglielmone, Ernesto C. Quiroga y Peluffo para apersonarse al jefe del gobierno»[42] y formularle dicha intimación. Perón, mientras tanto, es detenido en el Tigre y trasladado a la isla Martín García, y su fieles partidarios (Eva Duarte, Cipriano Reyes, Domingo Mercante, Filomeno Velazco) se movilizan para cambiar la situación. Avalos se resiste a admitir que la Corte se haga cargo del gobierno, pues a su juicio ello representaría un descrédito para las fuerzas armadas. En la vorágine de esos días (a partir del 8 y hasta el 17 de octubre) el presidente Farrell llama al procurador general de la Nación, doctor Juan Álvarez, y le confía la misión de formar nuevo gabinete. Álvarez, con morosidad provinciana, se pone a la tarea; está muy lejos de comprender la realidad que lo circunda, como años atrás lo intentó con la historia patria a través de su precursor ensayo sobre Las guerras civiles argentinas.

Los acontecimientos se precipitan: numerosas personas se concentran en Plaza San Martín, para asistir a las deliberaciones militares. «Cuando el contraalmirante Vernengo Lima quiso hablar a la multitud desde los balcones del Círculo, partieron desde la plaza gritos insistentes: “El gobierno a la Corte”. —“Yo no soy Perón”, dijo el marino con gravedad».[43] En efecto, era Vernengo Lima. Y ello no impidió que las cosas siguieran su curso desatado.

El 16 de octubre Álvarez da a conocer el gabinete: entre los nombres figuran el propio Álvarez, Figueroa Alcorta, Hueyo, Ruiz Moreno, Tomás Amadeo… A pesar de la simpatía que profesa al procedimiento, Bartolomé Galíndez (en cuyo libro Apuntes de tres revoluciones pueden encontrarse jugosos entretelones de las jornadas de octubre) se siente obligado a aclarar «… eran hombres dignos, pero les faltaba espíritu ágilmente político, es decir la esencia de las horas revolucionarias».[44] El parto de los montes.

José Luis Torres es más correcto: «Mientras por un lado, el Procurador General de la Nación, doctor Juan Álvarez, con el permiso de la Corte Suprema de Justicia, se dedicaba a la formación de un gabinete de emergencia patriótica auxiliado por las luces de Federico Pinedo, que se trepó a la tribuna pública para anunciar la buena nueva, por el otro se obligaba a renunciar al personaje que ahora [1947] ocupa la presidencia de la Nación y se le encarceló. El nombre del Presidente del Directorio de la CADE, doctor Alberto Hueyo, se señalaba para ocupar la cartera de Hacienda en el gabinete improvisado, mientras la de Obras Públicas le había sido ofrecida al ingeniero Atanasio Iturbe, presidente casi vitalicio del Directorio local de las empresas inglesas de servicios públicos».[45]

La zozobra de las horas que transcurrían está juiciosamente reflejada por Galíndez: «Los civiles no habían derrotado a Perón con las armas en la mano: lo habían eliminado los mismos militares que lo llevaron al poder. Su alejamiento de tres cargos importantes significa ya un triunfo. Lo demás vendría después. Desaparecido Perón, quedaba solamente un problema de coordinación democrática, y cualquiera exigencia podía ser causa de que todo se perdiese».[46] Enrique Grande, en su intervención en una mesa redonda,[47] llega a manifestar: «Es entonces, mientras los dirigentes políticos se entregan a bizantinas discusiones sobre si el poder debía entregarse a la Corte, a un conjunto de hombres de ciencia o a alguna figura ilustre, o algún descendiente de los Incas: es entonces, digo, que los colaboradores de esta nueva fuerza hecha popular, con las fuerzas de sus realizaciones desde arriba, concretan el acto del 17 de octubre de 1945».

Ya estamos en dicha fecha. Invocando razones de salud, y negándose a ser revisado por una comisión de médicos que se traslada a Martín García, Perón solicita a Farrell un cambio de residencia. En la mañana del 17 es llevado al Hospital Militar. En los medios obreros el ambiente es de efervescencia. El día antes se había reunido el Comité Central Confederal de la Confederación General del Trabajo, para considerar la declaración de huelga general, aprobada en principio el 14 de octubre. La discusión, no demasiado conocida, es referida por Alberto Belloni,[48] militante sindical que ha sabido brindar un ágil panorama de la historia del movimiento obrero desde el punto de vista de las fuerzas que apoyaron a Perón.

En síntesis, por 21 votos a favor y 10 en contra (Libertario Ferrari, de antigua extracción forjista, es quien consigue volcar la decisión del cuerpo en última instancia), se decide declarar la huelga general en todo el país a partir del día 18. Pero ya desde el 16 de octubre —y en aumento durante el 17— hay obreros en las calles, que se dirigen desde sus lugares de trabajo, principalmente el Gran Buenos Aires, hacia la Plaza de Mayo, para reclamar la libertad del coronel Perón. La muchedumbre reunida llegará a ser numerosa en la noche del 17 de octubre. Las tropas del Ejército y las fuerzas policiales no interrumpirán los desplazamientos, facilitando de tal modo la concentración popular.

Mientras tanto, Perón mantenía conversaciones en el Hospital Militar con emisarios del gobierno. El doctor Armando G. Antille, de origen radical y que junto con J. Hortensio Quijano y Juan I. Cooke había ingresado a mediados del año al gabinete de Farrell, es frecuente visitante del militar. Los sectores que le eran adictos dentro y fuera de la Casa de Gobierno, ya están por concretar su retorno.

La Plaza de Mayo sigue esperando, en medio del calor excesivo para ese día de octubre.[49] Mercante y Avalos intentan dirigirse a los obreros, que no les permiten hablar. Perón es trasladado a la Casa Rosada desde el Hospital Militar. «Vernengo Lima hizo el último esfuerzo para romper la multitud. Farrell se opuso. Llegó Perón y el abrazo que esperaba se cumplió con brazos largos. Vernengo Lima, traicionado, abandonó la Casa de Gobierno y se embarcó. Impartió la orden a la escuadra. Es breve, una resolución de pocas palabras; pero en seguida la dejó sin efecto por otra resolución también breve que pone de manifiesto que el Ejército no acompaña a la Marina. La sublevación quedó vencida sin lucha».[50]

Perón pronunció una corta arenga a la multitud reunida, y los invitó a retirarse a sus casas. Un testigo presencial comenta: «Las aclamaciones y la alearía con que fueron recibidas sus palabras no son para olvidar fácilmente».[51] Los comentarios de la oposición destacarán el sudor de los «descamisados», la chusma, el lavarse los pies en las fuentes de la Plaza, los hombres, mujeres y niños tendidos en el césped del paseo, el soborno, la pasividad oficial.

Raúl Damonte Taborda —que años después no titubeará en viajar a Madrid a congraciarse con el ex presidente Perón— dice: «El Jefe de Policía Mittelbach y el subjefe Molina aseguran la protección a las turbas de Berisso, Avellaneda, Valentín Ahina, Ensenada y centros industriales linderos con la Capital».[52]

La posición oficial comunista se limita a consignar que «… los días 17 y 18 de octubre de 1945, fuerzas de la policía y del Ejército, apoyándose en un sector del pueblo, restablecieron a Perón en el gobierno, aun cuando nominalmente continuara en él el general Farrell».[53]

A continuación, se intenta una explicación teórica y casi psicologista: «El apoyo que un sector del movimiento obrero y popular dio a las fuerzas que restablecieron a Perón en el poder, se debió a que creyó que la caída de Perón significaba la reconquista del poder por las fuerzas oligárquicas y reaccionarias y, por lo tanto, la anulación de sus conquistas económico-sociales y de su derecho a luchar por mejorar sus condiciones de vida y de trabajo en el futuro. Esta creencia provenía también del hecho de que, en ese momento, los partidos democráticos no se presentaron unidos, haciéndole conocer al pueblo cuál era la salida democrática y progresista, con vistas a mejorar substancialmente las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera y del pueblo y hacer participar a la Argentina en el concierto mundial de las naciones amantes de la democracia y de la paz».[54] Olvida el Partido Comunista que grandes sectores trabajadores habían mejorado ya, evidentemente «sus condiciones de vida», y que no habían sido los «partidos democráticos» los responsables de las medidas.

José Luis Romero ha sabido ver con mayor profundidad el fenómeno del 17 de octubre, distinguiendo sus dos aspectos: «El movimiento tenía —en gran escala— la misma estructura interna de otros que anteriormente había organizado la policía para otorgar un poco de calor popular a los actos del gobierno de la revolución de 1943: pero era inequívoco que ahora existía también un movimiento espontáneo de masas populares para las cuales el nombre de Perón se había transformado en bandera de un movimiento social».[55] Será este último componente el que otorgará carácter de mito político a la fecha, que será conmemorada todos los años de ahí en adelante con el aporte oficial, y frente a la cual proliferarán los detractores y los panegiristas. Su importancia está dada por este mismo hecho.

Luego de las palabras del coronel Perón, y mientras se producía la desconcentración, continuaron las tratativas para resolver definitivamente la crisis. Los dos grupos, por una parte el general Avalos y demás jefes del acantonamiento de Campo de Mayo, y por la otra el general Pistarini, los coroneles Velazco y Molina (entre otros), siguen cambiando ideas en el ambiente caldeado de la Casa Rosada.

Mientras tanto, ocurren algunos incidentes con descargas de armas de fuego (diario Crítica, confitería del Molino), y existe el peligro de eventualidades mayores. Los partidarios de Perón, entre los cuales figuran los citados Velazco y Molina y el coronel Mujica, se apoderan de la Jefatura de la Policía Federal y de los mandos del Regimiento 3 de Infantería.[56] Se sofocan los disturbios, y al día siguiente se conocen los nombramientos del general Humberto Sosa Molina en el ministerio de Ejército, del contraalmirante Abelardo Pantín en el de Marina, y de los coroneles Filomeno Velazco y José Domingo Molina como Jefe y Subjefe de la Policía Federal. Son todos hombres de Perón.

El embajador inglés Kelly apunta en sus memorias: «Ese mismo día [17 de octubre] algunos miembros de la oposición habían decidido aceptar la situación y entrevistaron al general Farrell para llevarle la lista propuesta de ministros, pero se los despidió diciéndoles que el coronel Perón había vuelto. De esta manera, la oposición que la campaña de Braden había llevado a un estado de exacerbación que quizá haya sido la causa de la desaparición temporaria del coronel Perón, desperdició su única posibilidad de recobrar el poder y de excluir permanentemente a su futuro dictador. Desde ese momento en adelante, hasta las elecciones de 1946, los acontecimientos se sucedieron rápidamente indicando cuál iba a ser, en mi opinión, pero no en la de la oposición cegada por el odio y por sus propios deseos, el fin inevitable».[57]

Política internacional en años decisivos

A poco de realizado el golpe del 4 de junio, los Estados Unidos (11-VI-43) reconocen al gobierno argentino de Ramírez y continúan ejerciendo sobre éste —aumentadas— las presiones que nos eran familiares en tiempos de Castillo. Apunta Hull: «En conversaciones con el embajador Armour, Ramírez y Storni indicaron que, dentro de un plazo comparativamente breve para preparar al país, el nuevo Gobierno tenía intenciones de romper relaciones con el Eje. Ramírez creía que se llegaría a esto, a más tardar, para el 15 de agosto. El Gobierno argentino, dijeron, pretendía mejorar una política de estrecha cooperación interamericana basada en los pactos interamericanos en vigor».[58] Chile, otro país remiso, ya había roto relaciones con el Eje el 20 de enero de 1943.

Pero Washington no está muy satisfecho con algunas de las medidas que adoptan las nuevas autoridades: la postergación de las elecciones (se anuncia el 19 de junio), la disolución del Congreso, las medidas contra publicaciones y entidades «proaliadas», la presencia de notorios simpatizantes del Eje en puestos importantes del gobierno.

El intercambio de cartas entre el ministro de Relaciones Exteriores Storni y el secretario de Estado Hull (los textos se dan a conocer en Washington y Buenos Aires el 6 de setiembre de 1943, pero son de agosto), va a levantar una tempestad de críticas por la posición incómoda en que quedan los funcionarios. Storni reclamaba de Hull una «modificación del programa coercitivo»[59] y la participación de la Argentina en la ayuda del «Préstamo y Arriendo», para que no se altere el equilibrio sudamericano (Brasil recibía esos beneficios). «Hull replicó en una hiriente nota que los Estados Unidos no tenían nada que ver con la política de equilibrio de poder en Sudamérica y que consideraría el problema de la ayuda militar y de otro tipo a la Argentina después que el nuevo régimen hubiera cumplido sus obligaciones, ya vencidas, de colaborar en el esfuerzo bélico contra el Eje»[60]. El ministro Storni renuncia a su cargo el 9 de setiembre, y en el mes de octubre Sumner Welles (opositor en muchos aspectos a la política de Hull con respecto a nuestro país) dimite a la subsecretaría de Estado.

Para el mes de diciembre, el panorama se complica a ojos del Departamento de Estado con el estallido de la revolución boliviana, a la que se afirma están vinculados prominentes miembros del G.O.U. y figuras del gobierno argentino. Es así que el 8 de enero de 1944, en un memorándum de Cordell Hull al presidente Roosevelt, el secretario de Estado sugería «que una medida de muy saludable efecto psicológico sería proveer a Brasil de armas y equipos adicionales. Esto demostraría al gobierno y al pueblo brasileños que los respaldamos de manera realista, y permitiría que el Brasil siguiera adelante con sus preparativos para enviar una fuerza expedicionaria a ultramar».[61] Hull pensaba que «la actual pandilla militar que controla la Argentina comprendería de inmediato la importancia de esta acción». No sabemos si recordaba que pocos meses antes había afirmado que los Estados Unidos no interferían con la política del equilibrio del poder en Sudamérica.

El mencionado golpe de Villarroel en Bolivia y, entre otros, el affaire Oscar Hellmuth (agente argentino complicado en un proyectado trueque de armas livianas y municiones alemanas, y detenido en la isla Trinidad por agentes del servicio de inteligencia británico), hacían suponer a algunos círculos del gobierno norteamericano que la ruptura de relaciones entre la Argentina y el Eje estaba próxima. Ello se produce el 26 de enero de 1944. El ya citado Smith, Jr., comenta: «Informaciones llegadas con posterioridad al Departamento de Estado, revelaron que el presidente Ramírez y el canciller Gilbert insistieron en el dictado del decreto de ruptura frente a la fuerte oposición de la mayoría de la camarilla de coroneles, cuando varios miembros del gabinete que se oponían a quebrar las vinculaciones con Alemania estuvieron ausentes de una reunión decisiva en la noche del 25 de enero. Un contraataque del G.O.U. contra la facción rupturista parecía inevitable».[62]

El 15 de febrero de 1944 renuncia el ministro de Relaciones Exteriores Gilbert; con posterioridad se produce el alejamiento del presidente Ramírez, y su reemplazo por el general Farrell. Los Estados Unidos, en un cambio de táctica, se negarán a reconocerlo, basándose en la llamada «fórmula Guani» (doctrina elaborada por un canciller uruguayo, que requería la «previa consulta» entre los miembros de la Unión Panamericana antes de procederse a reconocer a un nuevo gobierno).

Hull se quejará amargamente de las medidas que para favorecer los intereses alemanes adopta el gobierno de Farrell,[63] y dirá a continuación: «En vista de estos acontecimientos, no podíamos permanecer inactivos. El silencio constituía una especie de condescendencia al curso peligroso del régimen de Farrel, y no teníamos intención alguna de ser condescendientes».[64] El 22 de junio de 1944 Estados Unidos llama a Washington a su embajador Norman Armour. El gobierno argentino replica haciendo lo propio con Adrián Escobar, nuestro embajador en el país del Norte, que viaja de regreso a Buenos Aires. El Departamento de Estado aprovecha la ocasión para sugerir a las restantes repúblicas latinoamericanas que retiren sus embajadores acreditados en la Argentina en un plazo de quince días. También lo insinúa a Gran Bretaña. El día 23 de junio de 1944, los Estados Unidos reconocen al gobierno boliviano, «purgado» ya de sus culpas nazis. La Argentina es el último réprobo.

«El 15 de agosto de 1944 el gobierno de Washington adoptó la medida que durante largo tiempo había propugnado el secretario del Tesoro Morgenthau; se congelaron las reservas de oro de la Argentina en los Estados Unidos. Se prohibió que los buques mercantes norteamericanos tocasen puertos argentinos, y se aplicaron amplias restricciones a las exportaciones que se hacían a la república del Plata».[65] La presión diplomática, por su parte, seguía en aumento.

Pero la actitud de los Estados Unidos no consiguió hacer variar la política exterior del gobierno argentino, quien —paradójicamente— encontró un inesperado aliado en el gobierno de Su Majestad británica. Hull se refiere en muchos pasajes de sus Memorias a este hecho, aunque no le acuerda su verdadera calidad de fenómeno interimperialista (¡en medio de una guerra mundial!). Por ejemplo, dice el secretario de Estado: «Nosotros deseábamos una actitud consecuentemente fuerte frente al gobierno argentino, incluyendo la negativa a reconocer al régimen de Farrell. Los ingleses, temerosos de que se interrumpieran los suministros de carne, querían llegar a un acuerdo con el régimen de Farrell v reconocerlo».[66] De ahí los esfuerzos desesperados de Hull para que el primer ministro Churchill concordase con su posición.

La Argentina se había cuidado de seguir manteniendo relaciones comerciales con Gran Bretaña, incluso durante la presidencia de Ramírez (el 21 de agosto de 1943, v.gr., se firma un tratado con el Reino Unido por el que se le vendía todo el excedente de carne hasta el 30 de setiembre de 1944).

Mientras tanto los esfuerzos de Hull en larguísimas entrevistas con el embajador inglés en Washington, Lord Halifax, tienden a que Gran Bretaña forme un frente común con los Estados Unidos. Churchill, en mensaje dirigido al presidente Roosevelt, manifestaba: «El cese de los abastecimientos argentinos interrumpiría las operaciones militares en la escala planeada para este año. Antes de saltar,… tenemos que mirar».[67] Hull le refería a Halifax, al conocer el documento: «… los ingleses estaban interesados principalmente en un problema argentino —suministros de carne—, mientras que los Estados Unidos se interesaban principalmente en la destrucción de los elementos pro-Eje en constante crecimiento, con base en la Argentina y deslizándose por todo el continente con la idea de derrocar a otros gobiernos y establecer gobiernos pro-Eje como en Bolivia».[68] Sin embargo, el secretario de Estado aconsejaba al embajador británico en el problema de las carnes: «Los argentinos desean un contrato por cuatro años con los ingleses a un cierto precio. Sugiero que Gran Bretaña haga contratos por treinta días, o sesenta, renovándolos cada mes o cada dos meses. Ello hará entrar en razones al gobierno argentino, obligándolo a buscar a los ingleses».[69]

Por fin, y en atención a un pedido de Hull, Roosevelt envió un mensaje personal a Churchill solicitándole que se alinease junto a los Estados Unidos en el asunto argentino, y además retirase efectivamente al embajador Kelly (30 de junio de 1944). El primer ministro inglés «accedió en forma muy reticente, y casi colérica».[70] destacando la difícil posición en que quedaba colocada Gran Bretaña por la medida. Claro que este gesto era el máximo que Churchill estaba dispuesto a conceder.

Uno de los críticos más severos de la gestión de Cordell Hull será el embajador británico en nuestro país, sir David Kelly, al aclarar detalles de la entrevista que mantuvo con él a su regreso a Londres, vía Estados Unidos, Hull, en las Memorias que venimos comentando, dedica siete páginas a una reunión que duró cuarenta minutos, en un postrer intento por justificar su política. Kelly afirma; «Para cualquiera que lea ese capítulo de las memorias del señor Cordell Hull, sin tener conocimiento real de las circunstancias, la actitud adoptada por el gobierno británico parecerá indecisa y egoísta. Pero los hechos reales, incluyendo el hecho muy evidente de que tanto el embajador norteamericano como los demás regresaron a la Argentina después de unos nueve meses sin que su ausencia o su regreso influyeran en la situación de ninguna manera, probaron que las vacilaciones del gobierno británico, aunque no pudiera dar razones apropiadas para justificarlas, eran perfectamente razonables».[71]

La enfermedad de Hull, y su posterior renuncia al cargo, llevan a primer plano la figura de Edward Stettinius, nuevo secretario de Estado a partir del 30 de noviembre de 1944. Designará a Nelson Rockefeller secretario asistente de Estado a cargo de los asuntos latinoamericanos, y éste tendrá importante papel en la elaboración de la política norteamericana con respecto a la Argentina.

Sumner Welles resumía bien la situación hasta el retiro de Hull: «Esta situación [la tirantez entre Estados Unidos y la Argentina] se debe principalmente a los esfuerzos que ha hecho el Departamento de Estado para usar el reconocimiento como arma diplomática y como medio de ejercer presión para orientar los sucesos políticos en la Argentina».[72] Y más adelante: «Nadie con algún conocimiento de la psicología latinoamericana, y especialmente de la psicología argentina, habría apoyado esa política, que sólo podía tener uno de dos resultados: que cayera el gobierno de Farrell, en cuyo caso hasta los elementos más democráticos de la Argentina y aún los más opuestos a esa odiosa dictadura sentirían gran irritación contra los Estados Unidos ante una flagrante intervención en sus asuntos internos; o bien que la reacción de todos los elementos argentinos contra la coerción que trataban de ejercer los Estados Unidos fuera tan intensa que contribuyera a fortalecer la dictadura de Farrell. En cualquiera de los dos casos, la hostilidad contra nuestro país suscitada en todos los sectores argentinos por esta política, subsistiría durante muchos años».[73]

Con los nuevos funcionarios del Departamento de Estado, aumentaban las posibilidades de una transacción entre ambos gobiernos, a ninguno de los cuales dejaba de convenir el cese de una situación tan fluida. Los Estados Unidos estaban presionados por la opinión pública y algunos gobiernos latinoamericanos; la Argentina necesitaba ubicarse junto al resto del continente en los nuevos días —que ya se vislumbraban— de la victoria aliada sobre el fascismo. Ello es confirmado por Smith, Jr.: «De cualquier modo, el progreso de la segunda guerra mundial a favor de la causa aliada indicaba, a principios de 1945, que el gobierno argentino debía alinearse junto a las Naciones Unidas, especialmente porque los planes para la creación de una organización mundial estaban aproximándose a la madurez. La Argentina pensó que podía confiar en el apoyo latinoamericano si buscaba el reconocimiento diplomático y su readmisión en los cuerpos hemisféricos, pero no al precio de someterse a las imposiciones yanquis».[74]

Hay un intento fracasado para que se convoque a una Reunión de Cancilleres en el seno de la Unión Panamericana, solicitada por la Argentina el 27 de octubre de 1944, «para tratar la situación existente entre la República Argentina y otras naciones americanas». Hull —desde el hospital— se opone, y su sucesor Stettinius pretende lograr la exclusión… de la Argentina en la mencionada Reunión. El gobierno de Farrell, por lo tanto, se niega a participar en esas condiciones.

En febrero de 1945 llega a Buenos Aires una misión del Departamento de Estado, que mantiene conversaciones secretas con Perón, Juan I. Cooke y otros funcionarios, para resolver el entredicho: si la Argentina cumplía con las obligaciones de la Reunión de Río de Janeiro (1942), los Estados Unidos abandonarían su actitud coercitiva.[75]

El acuerdo comenzó a tomar forma pública en el transcurso de la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz, que se reunió en Chapultepec (México) entre febrero y marzo de 1945. La Resolución LIX «invitaba a la Argentina a adherir al Acta Final de la Conferencia de México, y se sobreentendía que también se esperaba una declaración de guerra contra Alemania y Japón. En recompensa por estas “últimas horas de solidaridad”, las repúblicas americanas, incluidos los Estados Unidos, se comprometían oficiosamente a conceder reconocimiento diplomático a la administración Farrell y a apoyar el derecho de la Argentina al carácter de miembro de la Organización de las Naciones Unidas, cuando se reuniera en San Francisco».[76]

Por decreto del 27 de marzo de 1945, la Argentina declara la guerra a Alemania y Japón. El 4 de abril de 1945 el representante argentino en México firmó el Acta Final de la Conferencia de Chapultepec. El 9 de abril de 1945 los Estados Unidos, Gran Bretaña y las repúblicas latinoamericanas que habían adherido a la política del no-reconocimiento, restablecieron relaciones diplomáticas con el gobierno argentino.

El paso final en esta etapa internacional de la política argentina lo constituye la Conferencia de San Francisco (25 de abril de 1945). El bloque latinoamericano contaba en aquella oportunidad con el cuarenta por ciento de los votos de la asamblea, y Estados Unidos no podía prescindir de esa fuerza. Éstos accederán al ingreso de la Argentina a las Naciones Unidas (el punto sigue siendo debatido en cuanto a los responsables norteamericanos de la actitud, como lo vemos en las Memorias de Hull),[77] a cambio del apoyo regional en otros problemas que enfrentarán al mundo capitalista con el comunista. El propio Hull considera que la admisión de la Argentina al organismo mundial fue «la injuria más colosal que se haya inferido al movimiento panamericano en toda su historia».[78]

Con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, empiezan a volver los embajadores que habían partido nueve meses atrás. Así lo hace sir David Kelly. Pero hay caras nuevas: Spruille Braden será el nuevo representante de los Estados Unidos.

Braden o Perón

Un autor norteamericano al que venimos siguiendo en temas de política exterior, comenta sobre las actividades del embajador Braden, que apenas duraron unos meses: «Exigiendo que el gobierno de Farrell restableciera las libertades civiles básicas al pueblo argentino, Spruille Braden abusó de los privilegios de su puesto diplomático al recorrer el interior de la Argentina, pronunciando discursos contra el gobierno ante el cual estaba acreditado. El gobierno nacionalista había fijado las elecciones presidenciales para principios de 1946, pero a muchos argentinos les parecía que ya había empezado la campaña electoral con Braden como uno de los candidatos. Braden dejaba de lado las protestas del gobierno de Farrell referentes a sus actividades, manifestando que como embajador de los Estados Unidos en la Argentina estaba acreditado tanto ante el pueblo argentino como ante el gobierno argentino».[79]

Braden colabora abiertamente con la Unión Democrática en formación, que apoyaría en última instancia a los candidatos presidenciales radicales. Su leit-motiv era la democracia: «Tenemos el propósito de apoyar a las democracias y desearíamos ver gobiernos democráticos en todas las partes del mundo. Fue por necesidad y no por gusto que Estados Unidos reconoció a gobiernos que asumieron el poder sin el consentimiento de sus pueblos».[80] Su permanencia en el país fue de pocos meses, pero su dedicación a los problemas argentinos se incrementó con el logro de nuevas —e importantes— posiciones en el Departamento de Estado. En efecto, debido a la renuncia de Stettinius, el 2 de julio de 1945 el presidente Truman designa secretario de Estado a James F. Byrnes. Byrnés buscó un especialista en asuntos latinoamericanos y lo encontró en la persona de Braden, que reemplazó a Rockefeller como Asistant Secretary of State in Charge of American Republics Affairs (25 de agosto). «Podía haber pocas dudas en el sentido de que Braden planeaba un regreso al programa de Hull, salvo que no se emplearían sanciones económicas. Poderosos intereses financieros acosejaron al gobierno de Washington en contra de la reanudación de la coerción económica, pero no se levantó la prohibición de embarques de armamentos al régimen de Buenos Aires».[81]

José Luis Torres asegura, con transcripción de documentos, lo siguiente: «El diplomata yanqui [Braden] convertido en dirigente político argentino para poner término a una revolución fracasada que constituyó una esperanza nacional, obtuvo hasta lo inconcebible. El Partido Radical, que proclamó los candidatos a la fórmula presidencial rodeada después por los partidos que formaron la Unión Democrática con los auspicios ostensibles de la embajada estadounidense, llegó a abolir de su plataforma electoral los principios que animaron su acción en toda su trayectoria de civismo: la defensa de la soberanía»[82].

Es que el radicalismo —al nivel de los dirigentes que controlaban los cuerpos colegiados del partido— estaba volcado a una activa militancia con el resto de las agrupaciones opuestas a Perón. Sólo el Movimiento de Intransigencia y Renovación (entonces en formación) se opondrá al frente democrático, exigiendo una vuelta a las fuentes. Los forjistas (desde 1940 no se requería el trámite previo de la afiliación radical para integrar sus cuadros) saludarán el 17 de octubre de 1945 a las nuevas promociones que hacen su ingreso a la vida política argentina, diciendo entre otras cosas: «Que en el debate planteado en el seno de la opinión está perfectamente deslindado el campo entre la oligarquía y el pueblo. Cualquiera de las banderas momentáneas que se agiten y que en consecuencia y en cumplimiento de su deber, argentino y radical [F.O.R.J.A.], expresa su decidido apoyo a las masas trabajadoras que organizan la defensa de sus conquistas sociales»[83]. El núcleo (15-XII-45) resuelve su disolución, «dejando en libertad de acción a sus afiliados», ante la existencia de «un movimiento popular en condiciones políticas y sociales que son la expresión colectiva de una voluntad nacional de realización cuya carencia de sostén político motivó la formulación de F.O.R.J.A. ante su abandono por el radicalismo». Firman la declaración Arturo Jauretche y Darío Alessandro[84].

El resto de los partidos reaviva las tratativas que desde antes del 4 de junio de 1943 se venían efectuando para lograr una coincidencia programática y electoral, frente al que se presumía —y después del 17 de octubre de 1945 no quedaba lugar a dudas— candidato oficial: Perón. Repetto era uno de los más convencidos: «En mi libro Deber cumplido, editado en el año 1943, aparecen dispuestos en orden cronológico todos los memorándums, escritos y discursos pronunciados por mí durante seis años llamando a la unión de los partidos para restablecer el régimen de la Constitución y contrarrestar la creciente influencia nazi. Fue un esfuerzo lleno de buena intención pero sin ningún resultado, que yo reanudé con igual decisión tras un breve paréntesis, cuando las promesas del general Farrell nos autorizaron a esperar que habría pronta convocatoria a elecciones para dar al país un gobierno constitucional»[85].

El veterano dirigente socialista estará en primera fila en las conversaciones que recrudecen durante los últimos meses del año 1945. El 30 de octubre de 1945 se anula el decreto que había establecido la disolución de los partidos políticos. También se permite a los partidos tradicionales reorganizarse según las fórmulas familiares, en lugar de ceñirse al reciente Estatuto. «Luego se les dio un considerable grado de libertad para realizar sus campañas mediante el servicio de correos y reuniones públicas lo mismo que por la prensa y la radio. Por primera y última vez en la historia argentina, en las radioemisoras se dispuso igual tratamiento para todos los partidos políticos»[86]. En el transcurso de la campaña electoral se producirán incidentes con respecto a la aplicación de las normas legales. Dichos problemas recrudecerán cuando la Unión Democrática advierta su derrota, después del comicio. Pero había rubros en que el apoyo a sus candidatos era notoriamente mayor que el que recibían las fuerzas peronistas: la prensa (los grandes diarios frente a La Época), la radio (las emisoras privadas frente a las oficiales).

La «Junta de Coordinación Democrática» constituirá un antecedente inmediato de la Unión Democrática. Estará «formada por personalidades de diversas ideologías y posición social, algunas de ellas vinculadas a la oligarquía y a los monopolios imperialistas».[87] Publicará manifiestos reclamando la «entrega inmediata del Gobierno al Presidente de la Corte Suprema de Justicia»,[88] y verán su tarea con agrado la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Nacional, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista, el Radicalismo antipersonalista y el Partido Comunista. También, entre otras instituciones, la Federación Universitaria Argentina. Otro precedente será «Acción Argentina», que había propugnado desde años atrás la unión de los partidos «democráticos» frente al «nazismo». Al identificar algo abusivamente nazismo con peronismo, la exigencia seguía en pie. Whitaker es terminante: «Poco a poco, sin embargo, la creciente seriedad de la amenaza interna de los simpatizantes del Eje llevó a algunos jefes de Acción Argentina a tratar de convertirla en una coalición de todos los partidos y grupos argentinos contrarios al Eje, bajo el nombre de Unión Democrática, para la defensa de la democracia en la propia Argentina».[89]

Mientras tanto Braden, en su nuevo puesto de Washington, no permanecía inactivo. Su superior, el secretario de Estado Byrnes, se apresura a aprobar calurosamente una declaración uruguaya (la doctrina Rodríguez Larreta) el 27 de noviembre de 1945, pocos días después de haberla formulado el canciller oriental. Welles comenta agudamente sobre la rapidez de Byrnes, al consignar que dicha declaración «no había sido aún clasificada en los demás ministerios de Relaciones Exteriores a que había sido enviada».[90] La doctrina Rodríguez Larreta propugnaba la «acción colectiva de las naciones americanas en aquellos casos en que un país continental no cumpliese con sus obligaciones».[91] El canciller argentino Cooke se apresuró a denunciarla como una perversión peligrosa del «principio fundamental americano de no intervención».

Los Estados Unidos se niegan a participar en la proyectada Reunión de Cancilleres (fijada para el 20 de octubre de 1945 en Río de Janeiro) que habría de convertir el Acta de Chapultepec en un tratado permanente. Braden se encarga de persuadir a importantes miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, explicándoles los inconvenientes que para Estados Unidos acarrearía la presencia del régimen de Farrell en la Conferencia. La Unión Panamericana no tiene reparos en postergar la reunión para 1946. Pero no habrá de realizarse hasta agosto de 1947, cuando el general George C. Marshall ya ha reemplazado a Byrnes en el Departamento de Estado (Braden renuncia a su cargo en junio de 1947).

En el campo interno, se ajustaban las fuerzas que participarían de los comicios del 24 de febrero de 1946. Por un lado, los partidos de la Unión Democrática, que coincidirían en la elección de una fórmula presidencial. Repetto cita opiniones de dirigentes radicales en el sentido de apoyar o rechazar la Unión: Enrique Mosca por la primera actitud; Amadeo Sabattini, Honorio Pueyrredón y Elpidio González por la segunda.[92] Con la oposición de los delegados intransigentes, la Convención Nacional del radicalismo se reúne el 27 de diciembre de 1945 para aprobar la plataforma, ratificar la «unión democrática» —vigente desde el 14 de noviembre, entre la U.C.R. y los Partidos Socialista, Demócrata Progresista y Comunista— y elegir candidatos a presidente y vice. Se imponen, respectivamente, José P. Tamborini y Enrique Mosca. Los conservadores no presentarán fórmula propia, apoyando la del radicalismo.

Del lado del peronismo confluyen tres fuerzas. La del Partido Laborista, organizado en base a dirigentes gremiales adictos a la nueva política impulsada desde la Secretaria de Trabajo y Previsión: Luis F. Gay, Cipriano Reyes, José Tesorieri, Alcides Montiel… (el ex afiliado socialista Joaquín Coca, incorporado al movimiento, será elector de presidente). La de la Unión Cívica Radical (Junta Renovadora), que integran militantes desprendidos del partido, algunos de los cuales ya habían sido incorporados al gabinete de Farrell. La de los Centros Cívicos, organismo de secundaria importancia nucleando a nacionalistas, conservadores, militares retirados e «independientes». El Partido Laborista elige a Perón candidato a Presidente; la U.C.R. (Junta Renovadora) debe hacer lo propio con el Vice. Cuando todo parecía indicar a Armando G. Antille como el elegido, un golpe de asamblea (el origen radical casi lo anticipaba) provoca el nombramiento de Jazmín Hortensio Quijano, abogado correntino de continente pintoresco.[93]

Los candidatos recorren el país en plena euforia electoral. Hay atentados contra el «tren de la libertad» de la Unión Democrática. También los sufre el candidato laborista.

Una pastoral del episcopado argentino (16-XI-45), repitiendo textos anteriores (lo que no siempre se recuerda), se interpreta como el medido apoyo de la jerarquía eclesiástica al coronel Perón. Desde los púlpitos se combate el ateísmo y se elogia la ley de enseñanza religiosa.

En las filas de la Unión Democrática se respira optimismo. Se pronostican triunfos demoledores sobre los adversarios. El embajador Kelly acuñará una frase famosa: «… tenía yo la convicción de que Perón iba a ganar, convicción que prácticamente nadie compartía a excepción de Hinkson, el sagaz corresponsal de Times, y el bien informado Nuncio Papal, monseñor Fietta».[94]

Pero los partidos opositores no parecían reparar en algunos hechos: la intervención abierta que Braden venía llevando a cabo en los asuntos argentinos (desde Buenos Aires o desde Washington), aprovechada hábilmente por el propio Perón al lanzar su desafío: «Braden o Perón»; la negativa del grupo patronal más importante, la Unión Industrial Argentina, a aplicar las medidas laborales que Perón había prometido y que se dictan a fines de 1945 (el gobierno amenaza con fuertes multas y quiebra la resistencia empresarial; las actitudes de la Corte Suprema con respecto al desconocimiento de la validez de resoluciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión.

Y, claro, también el famoso entredicho del Libro Azul. «El 12 de febrero de 1946, el gobierno de los Estados Unidos adoptó una medida que resultaba equivalente a la intervención abierta en las elecciones argentinas, cuando publicó el Libro Azul sobre la Argentina, haciendo públicas las pruebas de que disponía en el sentido de vincular al coronel Perón y a algunos de sus ayudantes del G.O.U. con el régimen nazi de Alemania».[95]

Gran parte del material recopilado correspondía a documentos capturados en la Cancillería del Tercer Reich; su interpretación, sin embargo, ha sido muy discutida. Smith, Jr., comenta el caso: «La opinión pública argentina, a juicio de los observadores más competentes, reaccionó frente a la publicación del memorándum norteamericano en forma opuesta a la esperada por el Departamento de Estado. La mayoría de los argentinos no dudaban de la veracidad de por lo menos algunas de las acusaciones formuladas en el Libro Azul, pero el sentimiento general indicaba que los hechos así presentados se habían conocido generalmente por todo el hemisferio desde hacía más de un año. Los argentinos se preguntaban por qué el Departamento de Estado retuvo su publicación hasta dos semanas antes de la elección presidencial. El juicio casi unánime sobre la acción del Departamento de Estado en la Argentina y en toda América Latina, fue que la publicación del Libro Azul constituía una intervención inequívoca e injustificable en la elección fijada para el 24 de febrero».[96]

Un autor favorable a la Unión Democrática («constituyó el último esfuerzo para constitucionalizar el país»), al tratar el asunto del Libro Azul, se contenta con lamentarse por su falta de oportunidad: «El documento debió haberse publicado antes y entonces sus efectos se hubieran hecho sentir en toda su intensidad. Ahora su acción resultaba no sólo inoperante, sino que inclinó voluntades proclives a fórmulas de tipo nacionalista que habían sido machacadas hasta el cansancio desde las esferas oficiales, en lenguaje rudo y mendaz».[97]

El Partido Comunista —alguno de cuyos dirigentes defendió las bases de la Unión Democrática en 1958—,[98] en su historia oficial, reduce prácticamente toda la actividad de Braden a un breve párrafo: «Tomando pretexto de los ataques que dirigiera contra él el Embajador norteamericano Braden, Perón acentuó la demagogia anti-yanquí y, con ello, llevó aun más la creencia a las masas de que si conseguía la mayoría de votos en las elecciones, desde el poder daría plena satisfacción a sus aspiraciones de justicia social y defendería la independencia nacional».[99]

La juventud universitaria de la llamada «generación del 45» apoyó el movimiento de unidad democrática: es más, se convirtió en uno de sus pilares. Tulio Halperín Donghi ha podido decir: «… la causa que la Universidad defendía —la del orden democrático contra las tentativas de imitar el ejemplo fascista— tendía a confundirse con otras, y señaladamente con la de las fuerzas económicas que defendían la situación existente en el campo social contra las tentativas renovadoras inspiradas desde las esferas oficiales».[100] Enrique Grande, candidato a diputado nacional en los comicios de febrero del 46, es más terminante: «… la Unión Democrática surgió como una necesidad, como una posición entre la espada y la pared, de todos los hombres que habían luchado con que la posibilidad de acercarse al pueblo trabajador estaba del otro lado».[101]

De ahí que el Libro Azul y Blanco (Buenos Aires, 1946) que el coronel Juan Perón hace publicar como réplica al de Braden apenas si es considerado con curiosidad por muchos sectores de la oposición. Lo mismo ocurre con los discursos del coronel, a los que se vuelve a calificar de «demagógicos». Un comentarista extranjero será mucho más lúcido al analizar el panorama preelectoral, varios años después: «Mientras la Unión Democrática prometía «justicia social» a los obreros argentinos, Perón podía llamar la atención sobre los beneficios concretos que se atribuía, incluyendo aumentos de salarios, aguinaldo y rebajas de alquileres, con la advertencia de que dichos beneficios eran sólo una muestra de lo que podían esperar si era elegido Presidente».[102]

El 24 de febrero tienen lugar los comicios presidenciales. Sobre 2.734.386 votos, Perón obtiene 1.527.231 (56% del total) y Tamborini, 1.207.155 (44%), cifras que se conocen luego de un escrutinio que abarca varios días. «Todas las evidencias demuestran que la elección fue libre y limpia, como lo había prometido el gobierno. Inmediatamente de cerrar el comicio, los mismos jefes de la oposición, incluso Tamborini, la describieron como un modelo de rectitud democrática y como la mejor elección de toda la historia argentina».[103] Elpidio González, por ejemplo, felicita al presidente Farrell por el desarrollo del acto eleccionario.[104] Más tarde, ante las frías cifras de la derrota, serían las lamentaciones. El triunfo peronista, gracias, entre otros factores, a las disposiciones de la ley Sáenz Peña, fue más aplastante en cantidad de cargos electivos (parlamentarios, gobernadores, legisladores provinciales) que en sufragios. La oposición —aparte del «bloque radical de los 44» en Diputados— sólo conseguirá la gobernación de Corrientes y sus dos senadores nacionales (la provincia será intervenida, y los dos electos, Luis F. Bobbio y Mariano Gómez, jamás se incorporarían al Congreso).

Perón llega a la presidencia con mayor suma de poder político que ningún otro mandatario anterior (ni siquiera el Yrigoyen del «Plebiscito»). La forma en que lo empleará pertenece a la historia reciente del país. Nuestras líneas se cierran en 1946, así como habían empezado en 1930, de modo bastante arbitrario. El proceso histórico-político trasciende todas las fechas tope que se pretendan fijar.

Segunda parte

EN TORNO AL PODER

Capítulo V

Partidos políticos, fuerzas políticas

Función y defunción del Parlamento

La crisis del parlamentarismo en nuestro país tiene orígenes bastante más antiguos que le que generalmente se cree. Suelen oírse reflexiones en apariencia solemnes para repudiar muchas de las imperfecciones del Parlamento peronista, y se hace empezar el cuento a partir de 1946, con el sucesivo empequeñecimiento numérico de la oposición radical y la remanida miscelánea anecdótica: el pintoresquismo de ciertas figuras, las mociones de cierre del debate, el bloque regimentado… Las críticas suelen extenderse al Congreso que llamaríamos «frondizista» (1958-1962), por el bajo nivel de cuerpo y la inoperancia fundamental que caracterizaron su trayectoria. El Congreso de la administración inconclusa del presidente Arturo Illia (1963-1966) ha culminado, hasta ahora, el paulatino deterioro de la representación parlamentaria en la Argentina.

¿No falta agregar nada?

De la tarea llevada a cabo por los legisladores del período 1932-1943 darán cuenta muchas páginas de esta monografía, pues los Diarios de Sesiones de ambas Cámaras han sido una de las fuentes permanentes en el curso de la tarea. Creemos que de esta forma puede recomponerse el panorama provisoriamente bosquejado, para extender el lapso de la susodicha «crisis» hasta abarcar las postrimerías de la década del 20 y toda la del 30.

Antes de la Revolución del 6 de setiembre de 1930, la Cámara de Diputados fue escenario de dos intervenciones de legisladores que marcan con bastante precisión el tono de una época. La primera correspondió al diputado radical por la provincia de Buenos Aires, Raúl F. Oyhanarte, cuando dijo: «El radicalismo, porque es joven, no le tiene miedo a los escrutinios; no se siente tampoco convocado únicamente para sumar votos, ni para obtener saldos favorables; que se incorporen, pues, a esta Cámara, todos los que lo hagan por derecho propio, los que han ganado. Sin excepciones odiosas y sin rencores estériles, ¡reconciliémonos, señores, en la legalidad! Dentro de ella caben todas las aspiraciones latentes en la vida dinámica de un pueblo. Los oprimidos se desperezan y se yerguen como bloques vivos. Bajo la tolda fraterna del radicalismo no cabe, ni puede caber, nada ni nadie que no esté santificado por la legalidad; si no es así, ¡que el derrotado se convierta en mártir y nos dé vergüenza el triunfador! (…) Nadie pretenda —esté donde esté y sea quien fuere— asestar un garrotazo ciego al erizado camoatí sin reparar en las opulentas hojaldres de la miel, brindada como fruto de un paciente y laborioso trabajo colectivo y anónimo».[1]

La segunda intervención es el famoso discurso de Nicolás Repetto (28 de agosto de 1930). En esta pieza oratoria que ocupa unas dieciséis páginas del Diario de Sesiones, el dirigente socialista tocó diversos temas de actualidad, y también discurrió por la historia política de nuestro país. Así formula su posición sobre la revolución del 90 y la Unión Cívica Radical: «La revolución del 90 fue vencida, pero todos respiramos al tener la seguridad de que, si la revolución estaba vencida, el gobierno no salía de las manos en que se encontraba, porque ese gobierno era el único que tenía en el país un volumen, una difusión y una radicación suficientes para asegurarnos una situación estable. Si no hubiera sido la muñeca de Pellegrini y si no hubiera habido allí la colaboración del general Roca, este país habría caído inmediatamente en un caos, porque la fuerza revolucionaria del 90 no era una organización de ideas políticas y de principios más o menos homogéneos, sino que era una agrupación de circunstancias, un conglomerado de fuerzas políticas diferentes, que acudían de todos los horizontes, que eran movidas por ambiciones, por propósitos y por rencores propios y dentro de las cuales no habría sido posible unificar una gran acción de gobierno.

«Yo, que he sido un entusiasta partidario de la Unión Cívica Radical, que como muchacho he volcado irreverente tantas expresiones ofensivas acerca de aquella política del acuerdo del general Mitre, quiero ahora aprovechar esta oportunidad para manifestar mi admiración hacia la sensatez, la previsión y el sano patriotismo de aquella política»[2].

Sobre el radicalismo de 1930 y su jefe, opinaba Repetto: «En lugar de presidir un gobierno de ciudadanos e instituciones libres, él pretende ordenarlo, dirigirlo e impregnarlo todo con su voluntad (…), pero yo afirmo que él no es un hombre de voluntad enérgica. Es un hombre de voluntad obstinada y saben los señores diputados que obstinación y energía son dos cosas absolutamente diferentes. La energía admite la adaptación y la plasticidad ante los hechos, a las dificultades y a los inconvenientes; se plasma la energía, pero no se quiebra. Así, este hombre no tiene energía, ni tiene voluntad; tiene una obstinación, un deseo de imperar en la conciencia política de los ciudadanos».[3]

Y más adelante; «Nada más grave para un gobierno burgués —y entiendan los señores diputados que al decir gobierno burgués es un gobierno estructurado para defender el orden económico actual—, para un gobierno burgués como es éste de Yrigoyen, del Partido Radical, no hay nada más peligroso que salirse de la legalidad. Porque si un gobierno burgués, que tiene que ser naturalmente de orden, se sale de la normalidad, quiebra los moldes y dice: «Bueno, yo ahora hago caso omiso de las reglas fundamentales y procedo de acuerdo a mi inclinación»; cuando un gobierno burgués hace eso, inmediatamente se encuentra frente a estas dos consecuencias:

»La clase obrera, que es una realidad y que hoy, especialmente en los centros poblados se mueve a impulsos de las ideas filosóficas y sociales que sacuden el mundo, en cuanto descubre que hay un gobierno burgués fuera de la legalidad, concluye inmediatamente que ella puede también colocarse fuera de la legalidad. Éste es un problema que se discute, que se considera y que es ya el abecé de la conciencia política y social de los hombres que militan en el movimiento obrero. “Si el gobierno no respeta la ley, nosotros tampoco la respetamos”.

»Por otra parte, si el gobierno no respeta la ley, si cree que puede imponer al ejército nacional las funciones —las voy a calificar de acuerdo a mis propios sentimientos— indecorosas e innobles que ha impuesto el presidente al ejército nacional en San Juan, cuando un jefe u oficial del ejército siente que se le obliga a esas funciones, sabiendo que tiene por misión principal mantener la integridad territorial y constitucional de la Nación —porque el ejército no está solamente para mantener la integridad territorial sino también la integridad constitucional—, fatalmente tiene que preguntarse: ¿Mi misión como militar, además de defender la integridad del suelo argentino, no está también en defender la integridad constitucional? ¿Puedo prestarme, puedo ser instrumento, puedo descender a menesteres tan inferiores, tan discordantes con la esencia de las funciones que me corresponde desempeñar?»[4].

Luego de pronosticar días de revolución para el país si el gobierno no cambiaba su rumbo, el diputado socialista concluía su exposición en esta forma: “Entonces, hagan llegar la voz a quien debe oírla y a quien debe someterse a estos dictados de buen sentido, dictados de la ley, dictados que deben nacer del fondo de todo radical de verdad. ¡Hagan llegar esa voz y que sea pronto! ¡Que haya un cambio radical y que vuelva el país a agitarse con vivacidad y con entusiasmo, porque no queremos para la política la quietud de los cementerios; que se entrechoquen los intereses, que surja alguna vez el calor de las pasiones, que eso también es bueno, eso sublima los sentimientos y exterioriza muchas veces lo que hay en el fondo de una conciencia humana!

«¡Que reaparezca el ardor de las antiguas luchas democráticas! ¡Que volvamos a esa inquietud permanente que perturba el sueño y la digestión de los buenos burgueses, pero que alegra el corazón de los buenos patriotas, que saben que en la lucha y en el entrechocar continuos de estos intereses opuestos, está la salud y el progreso de los pueblos!»[5].

Así hablaba Nicolás Repetto. En uno de los pasajes de su disertación tuvo tiempo de dirigir sus críticas a la propia institución de que formaba parte: «Y hablemos ahora, señores diputados, de la decadencia de este cuerpo. Yo no tengo el propósito de deprimir personalmente a nadie, pero tengo la obligación de declarar ante los señores diputados que este Parlamento, por su capacidad de trabajo, por su método, por la acción diaria de los legisladores que lo componen, es un Parlamento que, comparado con el que, encontré el año 1913, en ocasión de mi primera elección, muestra una profunda declinación».[6] El socialismo elogia a la oligarquía conservadora.

Desde la fecha de las palabras del diputado socialista (1930), la crítica al Parlamento ha venido renovándose desde todos los sectores, sin excluir aquellas posturas interesadas en llevar agua para su molino y que se referían a la crisis del Poder Legislativo teniendo en mente algún esquema corporativo a la europea. Lo cierto es que se levantaron muchas voces de censura a un cuerpo que estaba dejando rápidamente de cumplir con su tradicional labor.

Saúl Alejandro Taborda, en conferencia pronunciada en la Universidad Nacional del Litoral el año 1933 («La crisis espiritual y el ideario argentino»), dedicó nutridos párrafos al tema. Dijo, por ejemplo: «Hemos perdido la confianza en nuestro órgano legislativo. Hace tiempo que el Parlamento carece de la adhesión íntima que da nervio y vitalidad a una institución. Nos ha ocurrido con él lo que ya ha ocurrido en otros países que lo han ensayado en condiciones más favorables que nosotros, al haber puesto a su servicio una tradición nutrida y trabajada por largos siglos de cultura. Porque no es una simple coincidencia el hecho, pleno de sugestiones, de que al día siguiente del pronunciamiento del 6 de setiembre, Lloyd George nos haya revelado, desde las columnas de La Prensa, de Buenos Aires, los vicios intrínsecos de la institución y la desesperada ilusión del pueblo inglés en presencia de su ineficacia, cada vez más acentuada y notoria. Refiriéndose al palpitante problema de la desocupación, el eminente estadista reconoce que su falta de solución ha acusado, ante su pueblo, “la impotencia del Parlamento”, y concluye afirmando que en éste “hay algo impropio”, con el acostumbrado y forzado eufemismo del parlamentario».[7] Los cargos al Parlamento que formula Taborda son duros, pues se afirma de él que es «… la pesada maquinaria que hoy nos dicta una ley de emergencia muchos años después de pasada la necesidad que la reclamara, como lo muestra la situación de la agricultura indefensa y a merced de la especulación de la banca internacional, como lo muestra la situación del petróleo, como lo muestra la situación de las clases pobres, como lo muestran todos nuestros problemas irresolutos».[8]

Deodoro Roca, otra voz del interior, al comentar el asesinato del senador electo Enzo Bordabehere, es categórico: «Liebknecht llamaba al Parlamento “la hoja de parra” de la autocracia. Podríamos muy bien llamarle ahora la hoja de parra de los monopolios».[9]

José Luis Torres sintetiza: «Sobre congresos con mayoría radical y sobre congresos con mayoría conservadora, se hacían sentir las mismas altas decisiones que imponían desde la sombra la sanción apresurada de leyes ignominiosas en favor del supercapitalismo, mientras dormían en las gavetas de las comisiones los clamores provocados por la inquietud reinante y las más legítimas ansiedades del pueblo y se tiraban al canasto las reclamaciones de quienes tenían hambre y sed de justicia».[10] Las legislaturas provinciales, el Concejo Deliberante de la Capital Federal, no le iban en zaga: «Así en el transcurso de media semana, sancionó la legislatura de la provincia de Buenos Aires la ley que disponía la conversión de la deuda pública, realizada con aspectos de clandestinidad y cuyos resultados fueron aprobados por otra ley sancionada también a rajatabla, a pesar de que la operación dejó un saldo en contra del Estado de más de 30 millones de pesos, después de haberse entregado más de 15 millones a Bemberg en concepto de comisiones indebidas y de gastos de los cuales jamás rindiera cuenta. En una quincena se sancionaron en el Congreso Nacional las leyes de Coordinación y Corporación de Transportes. (…) En poco más de una semana se sancionaron las leyes de Bancos y Monedas, cuyos provectos fueron metidos al Congreso por la ventana, con violación de todos los reglamentos parlamentarios. (…) En un abrir y cerrar de ojos quedaban sancionadas concesiones hasta el año 2002, por las cuales la S.O.F.I.N.A., entidad representativa y típica del supercapitalismo sin patria ni bandera, quedaba autorizada para explotar al pueblo».[11]

Algunos especialistas en derecho público han advertido también esa falla de la institución legislativa.[12] Acaso la opinión de Carlos María Bidegain resuma la cuestión: «Acción rápida es la que quiere la gente y el presidente está hecho para actuar, no para hablar, mientras el Congreso sigue atado a viejas formas que le permiten hablar mucho pero actuar poco. De todos modos. La labor ha tenido que hacerse, y por no estar preparado el Congreso para desempeñarla bien, la ha cumplido muy mal. Ya antes de 1946 la presión del presidente sobre el Congreso no pudo ser contrarrestada en lo que tenía de abusiva. El fracaso del Congreso ha dado lugar a una creciente influencia de las organizaciones representativas de grupos de intereses, haciendo cada vez más seductora la idea de los “consejos económicos y sociales” de tipo corporativo. El Congreso está corriendo el peligro de que le ocurra lo que Ayala señala como porvenir para las instituciones que no se adaptan a los cambios de la época: quedar arrumbado y fósil mientras crecen nuevas y distintas instituciones para cumplir su tarea».[13]

El propio cuerpo parlamentario se preocupó muy escasas veces de su suerte. Algún proyecto de reformas —como el de 1940— no pasó de relativas mejoras formales, cuya vigencia se vio afectada por las costumbres de los legisladores: leer largos discursos pese a la prohibición reglamentaria, abusar de los límites de tiempo en el uso de la palabra, promover cuestiones de privilegio a troche y moche, etc.

Las disoluciones del Congreso decretadas por Uriburu y Ramírez en 1930 y 1943[14] fueron apenas el preludio de sucesos posteriores, que no tienen cabida en el ámbito temporal de este relato: la «Revolución Libertadora» de 1955 también procederá a la clausura del recinto de las leyes; algo similar terminará por ocurrir como consecuencia de las elecciones del 18 de marzo de 1962 y el golpe de Estado consiguiente: el Parlamento dejó de existir a lo largo de unos pocos meses de conversada agonía. Nadie se preocupó demasiado por ello, ni siquiera los mismos legisladores. El centro de poder político —ya desde años atrás— se habia trasladado a otras esferas. Ello lo volvió a ratificar plenamente la última clausura del Congreso argentino, el 28 de junio de 1966, al ser derrocado Illia por la autotitulada «Revolución Argentina»; e incluso la reapertura del parlamento a partir del 25 de mayo de 1973 ha puesto a prueba para el futuro inmediato la posibilidad de una labor orgánica y autónoma de dicho cuerpo.

El oficialismo

Durante el período de funcionamiento del Congreso (1932-1943), las fuerzas conservadoras y sus aliados (el socialismo independiente de Pinedo, el radicalismo antipersonalista que conservaba cierto predicamento en provincias como Entre Ríos y Santa Fe) se constituyeron en el apoyo político principal del Poder Ejecutivo, salvo ocasionales discrepancias que pronto se subsanaban: la muerte de Ortiz, por ejemplo, fue un duro golpe para quienes especulaban con su vuelco hacia el radicalismo tradicional; la frustrada candidatura de Patrón Costas indicaba cómo los conservadores no deseaban más los puestos secundarios y querían el papel protagónico. Pero el Ejército —y no las agrupaciones políticas— fue el encargado de decir no.

Galietti ha resumido con acierto algunas características de las fuerzas conservadoras, que presentaban matices distintos según los distritos en que actuaran: no es estrictamente igual el Partido Demócrata de Córdoba, por ejemplo, que el Partido Conservador de Buenos Aires.[15] Su actitud frente al fraude, entre otras, contribuye a distinguirlos por lo menos formalmente. La provincia de Buenos Aires será el gran baluarte conservador, y brindará caudillos tan representativos de una época como Alberto Barceló en Avellaneda, y el fascista Manuel Fresco encaramado en su gobernación. A muchos años de su gestión, Fresco recuerda con cierto orgullo esos tiempos: «Hice un gobierno honorable, realizador y de tono nacionalista y cristiano, que no existía en el país, en esa época. Como pecadillo cargué con el sambenito del fraude, que dio por resultado el gobierno de Ortiz. No fue tal fraude, sino un artilugio para terminar con el gobierno radical, proceso que inició la revolución de 1930: Los radicales eran legión y siempre constituyeron una amenaza».[16]

El fraude fue tesoneramente cultivado —y defendido— por calificados voceros conservadores, al punto de haber caracterizado al período en el aspecto político. De las ruinas de la Federación Nacional Democrática, que se basaba en la «admisibilidad de las coaliciones en un país de régimen presidencial»,[17] y que pretendió coordinar fuerzas conservadoras, socialistas independientes, radicales antipersonalistas y grupos partidarios locales, surge en 1931 el llamado Partido Demócrata Nacional, que se componía de núcleos provinciales dotados de cierto margen de maniobra: los autonomistas de Corrientes, Concentración Popular de Entre Ríos, los conservadores de la provincia de Buenos Aires, los demócratas de Córdoba, los liberales de San Luis, Mendoza, San Juan, Tucumán y Corrientes, el Partido Provincial de Jujuy y la Unión Provincial de Salta.[18] Los diarios de sesiones de ambas cámaras ofrecen al lector menos avisado el leit motiv de las denuncias continuadas sobre fraude electoral, provenientes de casi todos los sectores. En ocasiones, la respuesta conservadora es agresiva: «Debemos al país una palabra de verdad. Hemos discutido largamente los procesos electorales realizados el 6 de marzo en casi la totalidad de las provincias. Se nos imputa la defensa del fraude; pero nosotros no hemos defendido el fraude, cuya existencia no reconocemos, sino una convicción política y cívica que podemos exponer al país con toda sinceridad y con toda verdad».[19]

Un radical antiyrigoyenista —que no fue molestado como gobernador de Entre Ríos por el golpe del 6 de setiembre—, Eduardo Laurencena, ha sintetizado el mecanismo psicosocial de la mentalidad conservadora con respecto al fraude en la forma siguiente: «Todo ese proceso es un exponente típico de la política que predomina en la dirección del país desde hace años, y cuya característica más saliente es la permanente contradicción entre las palabras y los hechos, entre las ideas confesadas y las practicadas. Fervorosos demócratas en las manifestaciones verbales, escarnecen a la democracia en la práctica; cuando se promete con más vehemencia la pureza del sufragio es porque ya se tiene preparada la trampa, el fraude y, si es necesario, la violencia: mientras se declama el respeto religioso a las leyes, y especialmente a las leyes que se reconocen malas, porque el culto legalista impide violarlas, ya se está preparando la violación flagrante de las cláusulas más fundamentales de la Constitución; cuando se habla de los intereses supremos y sagrados del pueblo es porque existe algún mezquino interés político que defender».[20]

El Partido Socialista Independiente fue el aliado más fiel del conservadorismo durante su breve trayectoria. El grupo acaudillado por Federico Pinedo y Antonio De Tomaso tuvo su origen en la disidencia producida en el seno del Partido Socialista en 1927. Pinedo es claro al respecto: «Por más que de un lado y otro hubo quien se empeñara en encontrar causas filosóficas profundas de esa desavenencia, declaro ahora, como declaré en aquel tiempo, no sin cierta reprobación de algunos compañeros estimados, que no veía otro motivo de separación que razones personales o cuando mucho temperamentales».[21] Y más adelante agrega: «… a la larga el viejo partido ha sabido adoptar en su vida interna y en sus relaciones con el mundo exterior buena parte de las prácticas y modos de actuar que los disidentes queríamos darle y que motivaron nuestra separación».[22] En resumen, el Partido Socialista Independiente surgió como puente entre el ala derecha del socialismo tradicional y la derecha conservadora, en el afán de dotar a ésta de una flexibilidad más pronunciada de movimientos en el esquema político del país. Cuando el Partido Socialista se aplicó a su tarea opositora a la europea —la comparación con la Leal Oposición de Su Majestad británica no es mero juego de palabras—, que no excluía por supuesto la cooperación con el oficialismo en muchos asuntos,[23] la razón de ser de los socialistas independientes dejó de mantener vigencia. Y así, luego del triunfo de estos últimos en las elecciones de la Capital Federal en 1930, alcanzan a tener 11 diputados en 1932, 6 en 1936 y 2 en 1937, con lo cual desaparecieron de la escena. El feroz antiyrigoyenismo de que el socialismo independiente hizo gala en los comienzos de su actuación, le permitió ocasionalmente conseguir sufragios de sectores no estrictamente conservadores que se guiaban por las apariencias. Y, en apariencia, los socialistas independientes resultaban —para algunos— «socialistas» auténticos. En la realidad eran conservadores liberales, cosa que ilustra con bastante aproximación la trayectoria de Pinedo. El mismo Pinedo que, como legislador socialista independiente, pronunció este elogio de los viejos tiempos que no ha dejado de añorar: «Es infame el cargo de que este país ha sido gobernado por una oligarquía brutal y egoísta, que sólo ha medrado en el poder, despreocupada de la suerte de este pueblo. Fue una oligarquía esclarecida como pocas la que tuvo el país por ventura en sus años primeros; una oligarquía tan esclarecida y generosa que llamó a compartir la dirección de la política y el dominio económico y financiero de esta tierra a hombre nacidos en otras. Y la prueba de su generosidad y ecuanimidad es que toda la riqueza se escapó de sus manos para concentrarse en los hijos de hombres venidos de otros suelos, que han encontrado aquí amplio campo para difundir su personalidad y para dar desarrollo a sus aptitudes».[24]

Y el elogio fúnebre que Miguel Ángel Cárcano dedica a Antonio De Tomaso (a quien sucedería dos años después como ministro de Agricultura, para continuar su misma política), parece más el tributo a un compañero afín en ideas que las habituales palabras de circunstancias: «No hay problema económico, político y social que en los últimos quince años no haya estudiado y debatido con su gran cerebro y su gran corazón, para aclarar, orientar, exaltar, calmar o instruir la masa popular. Fue por eso un factor imponderable en la preparación del movimiento revolucionario del 6 de setiembre que alentó con el calor de su propaganda y encauzó con el equilibrio de sus convicciones para llegar luego, lógica y naturalmente, al gobierno de la República».[25]

Los radicales antipersonalistas «llegaron a constituirse en un núcleo importante, que prestó su adhesión a la gestión gubernativa del general Justo. Obtuvieron una representación máxima de 60 diputados en 1934».[26] Los conservadores supieron cortejarlos con habilidad, explotando su tradicional antiyrigoyenismo y cediéndoles en ocasiones puestos de privilegio en el gobierno (candidatura Roberto M. Ortiz). Su falta de coherencia ideológica fue notoria, pero poco a poco su existencia fue resultando anacrónica, dado el desarrollo que tomó paralelamente la conducción alvearista del radicalismo, y el surgimiento dentro de la Unión Cívica Radical de sectores que reclamaban un mayor apego a la raíz yrigoyenista (en la década del 30, F.O.R.J.A., luego independizada del aparato partidario: en la década del 40, el Movimiento de Intransigencia y Renovación). Es casi una tradición radical que cuando el sector o grupo que se encuentra en la oposición pasa a la conducción oficial del partido traiciona los postulados de que hacía gala para seguir prácticamente la línea política que antes impugnaba con fervor muy «radical». Ello, combinado con las divisiones más o menos permanentes —y en apariencia tajantes—, conforma una constante de la U.C.R. que no ha sido analizada suficientemente.

Los conservadores no perdían oportunidad de elogiar a sus aliados parlamentarios y de gobierno. Adrián C. Escobar da la tónica de este fenómeno político de seducción que marca un buen trecho de la época qué estamos considerando. En discurso pronunciado en ocasión de celebrarse el triunfo de la fórmula Ortiz-Castillo, en la ciudad de Santa Fe, el parlamentario conservador manifestó (refiriéndose al Partido Radical Antipersonalista provincial): «¿Y cómo no iba a progresar un partido que tiene un núcleo selecto de hombres directivos y de grandes capacidades? Desde los estadistas probados, llamados a las funciones del gobierno de la provincia; desde las figuras respetables de hombres de consejo forjados en la experiencia que trasuntan luchas cívicas y sacrificios por el bien de esta tierra en largos años de dura brega; desde el político talentoso que busca la explicación de los fenómenos sociales, con criterio objetivo arrancando a la observación la consecuencia y explicación filosófica de los problemas, hasta los hombres probados por su desinterés y por su desprendimiento, todos entregaron su tiempo y su acción a sus conprovincianos, sin advertir, muchos de ellos, que llegarían los días en que la vida declina sin haber asegurado el porvenir material, sin pensar en los suyos para pensar en la vida de todos. Desde el partidario pletórico de entusiasmo y de ardor cívico que se lanza al entrevero del comité, de la plaza pública, desde el periodista inteligente, flúido, vivaz, desbordante de pasión que vuelca su pensamiento preocupado en el bienestar colectivo, desde el legislador que en el Parlamento Nacional o en la Legislatura de su provincia sostiene con brillantez, con talento y con conocimiento y energía sin igual, los principios políticos que constituyen su programa, y desde una juventud inteligente y patriota que en todas partes surge espontánea y entusiasta basta un pueblo noble y esforzado que comprende a sus conductores y los alienta; todos éstos son los elementos constitutivos de una fuerza política respetable y ponderable, que demuestran que, aquí en Santa Fe, vosotros sois la mayoría y que nada valen las argucias y la pretensión de los que han creído poder engañar a la opinión, que no permitiría ser burlada, que conoce la verdad y los ha juzgado definitivamente y para siempre»[27]. Ya hemos hecho referencia al proceso político santafesino en ese entonces, y los hechos no coinciden para nada con la versión entusiasta que de ellos da Escobar. Peligros de los elogios indiscriminados.

El radicalismo: abstención y después

La década del treinta es casi con seguridad uno de los momentos culminantes en la evolución del Partido Radical, que explicará muchos desarrollos posteriores. Los acontecimientos importante se acumulan: la U.C.R. deja de ser partido oficialista a causa de los sucesos del 6 de setiembre; se persigue a sus dirigentes (desde el propio don Hipólito hasta intelectuales como Ricardo Rojas); se le cierra el camino del comicio (veto de la candidatura Alvear-Güemes); el radicalismo pasa a la abstención; algunos núcleos intentan la asonada revolucionaria (Pomar, Cattáneo…); Alvear dirige al partido en una línea conciliatoria (especulando siempre con su capacidad de maniobrar y el innegable apoyo popular con que contaba la U.C.R.); surge un grupo de oposición a la conducción oficial (F.O.R.J.A.); a partir de la segunda guerra mundial pasa a predominar la idea de una «Unión Democrática» con socialistas y demoprogresistas. Después de 1943, la incomprensión hacia los problemas socioeconómicos de la hora hará que el radicalismo (con la oposición interna de los intransigentes) sea uno de los puntales del reagrupamiento de fuerzas opositoras en las elecciones de 1946, frente al peronismo. Los comunistas apoyan la variante… y los conservadores aconsejan votar por Tamborini-Mosca. El ejemplo yrigoyenista brilla por su ausencia.

Las historias del radicalismo se han caracterizado casi permanentemente por su frondosidad, su detallismo y su inevitable espíritu de parroquia. Han pecado —como lo hace la obra clásica de Gabriel del Mazo que hemos venido citando (El radicalismo, «Ensayo sobre su historia y doctrina», tres volúmenes)— en dos sentidos principales: confundir a sabiendas la trayectoria radical con la historia argentina (las famosas esencias); y creer que las convenciones, asambleas y reuniones partidarias dan la clave de los procesos internos del movimiento. Cuando los cronistas no han sido radicales, generalmente proliferan en sus trabajos las diatribas y las ingeniosidades a costa de Yrigoyen, en lugar de buscar causas más profundas que la personalidad —absorbente, sin duda— de un solo hombre.

Lo que importa, a nuestro juicio, es destacar algunas características del radicalismo como partido que hacen a la historia política reciente del país.

La correlación entre la abstención partidaria y los intentos revolucionarios, por ejemplo, es un elemento clave. A partir del levantamiento de la primera y del aplastamiento sistemático de los segundos,[28] el radicalismo penetrará resueltamente en la oposición parlamentaria, llegando incluso a tener mayoría en la Cámara de Diputados. Félix Luna lo recuerda: «A fines de marzo [de 1940] se votó en la Capital Federal. Cuando terminó este escrutinio, pudo apreciarse el nuevo panorama político del país. El radicalismo había ganado la mayoría en las elecciones de diputados realizadas en Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Jujuy, Entre Ríos y Tucumán. Había obtenido una nueva gobernación: Jujuy, donde fue elegido el doctor Raúl Bertrés, y asegurado la continuación del gobierno radical en Córdoba, con Santiago del Castillo. Tenía quorum propio en Diputados: 80 legisladores. El triunfo en Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza era bien significativo de la vigencia mayoritaria del partido que presidía Alvear»[29]. Y más adelante: «Castillo no pudo quejarse de la colaboración de los radicales en el Congreso: más de sesenta leyes se sancionaron durante el período del año 1941, a pesar de que no pocas sesiones se dedicaron a debatir las conclusiones de la Comisión Investigadora de Actividades Antiargentinas, cuyas indagaciones en torno a la penetración nazi en el país tuvieron ribetes sensacionales. También ocupó la atención de Diputados el despacho de la Comisión especial designada para estudiar el asunto de las concesiones eléctricas del 36, despacho que constituyó un bill de indemnidad para los complicados, cuya acción delictiva recién se puso en evidencia con la labor desplegada por la Comisión Rodríguez Conde en 1944. No obstante la apresurada absolución que merecieron los concejales que cinco años antes habían votado la prórroga de concesiones eléctricas, la pesada atmósfera de negociado que rodeaba a algunos representantes del radicalismo habíase acentuado con otra investigación más: la de las exacciones a los colectiveros de la Capital Federal, que se inició en junio y en la cual resultaron complicados dos concejales radicales»[30].

El prestigio radical que, maltrecho y todo, había provocado los excelentes resultados electorales de 1940, no resiste la presión de los acontecimientos de aquellos años: alejamiento y muerte de Ortiz, reacción conservadora de Castillo, golpe del 4 de junio de 1943 (al que aplauden ciertos sectores del partido radical en sus primeros tiempos). Ya en 1942, el Partido Socialista gana la mayoría de Diputados en la Capital Federal. Y tres años más tarde, radicales, socialistas, demoprogresistas y comunistas sellarían un pacto de «unión democrática» para enfrentar —con la aquiescencia conservadora— al naciente movimiento peronista. Muchas de las discrepancias, más aparentes que profundas, que separaron a los partidos en la década anterior (en rigor, desde 1930), se acallaron sigilosamente para permitir los slogans comunes: «Por la libertad, contra el nazismo, por una auténtica justicia social».[31] Otras divergencias, éstas sí de fondo, apenas se soslayaron, y volvieron a recrudecer no bien se conocieron los resultados definitivos del comicio. El radicalismo —ya en manos de la intransigencia— se convertirá en monopolista de la oposición, especialmente en el Parlamento, renunciando tácitamente a las conexiones con la Unión Democrática. Ello por lo menos en los años iniciales del nuevo régimen.

Por eso, una, figura veterana del nacionalismo llegó a decir con evidente ánimo polémico: «Tomad un conservador de 1943, empobrecedlo y agriadlo, y tenéis un radical; tomad un radical, hacedlo comecuras, tenéis un socialista. El fondo común de los tres es el liberalismo del siglo pasado, que al excluir a todo otro partido como “contrario a las instituciones” se convierte, pues, en un dogma, al mismo tiempo que rezuma por debajo su natural y actual destilación, el comunismo. Muestra, pues, lo que fue siempre, dogma, es decir, herejía católica. Lo que diferencia las tres ramas del Partido Unido Trifásico es sólo la hipertrofia de uno de los elementos componentes: privilegio, oposición, resentimiento. Tenemos, pues, absurdamente una especie de Totalitarismo de la Libertad o Iglesia de la Democracia; dado que el Radicalismo, brote de un retoño federal, perdió rápidamente en un proceso ya estudiado la característica que le imprimió su fundador, el hijo del mazorquero: el federalismo tradicional».[32] Con la febril imaginación y constante exageración que caracterizan muchos de sus escritos políticos (provenientes sin duda de su meritoria labor como autor de ficciones bajo el seudónimo de Jerónimo del Rey), Leonardo Castellani apunta sin embargo la verdad subyacente en las desteñidas posturas alvearistas.

Algo parecido había señalado Repetto, en 1932, asimilando a conservadores y radicales en el seno de la Cámara de Diputados. Merece conocerse el fragmento del diálogo mantenido por el legislador socialista:

«Señor Repetto: Hablo en un sentido general, señor diputado. Se trata de las dos fracciones de la clase poseyente argentina. Los mismos terratenientes figuran en el Partido Conservador y en el Partido Radical, los mismos propietarios…

»Varios señores diputados: Y en el Partido Socialista…

»Señor Repetto: Eso será por rara excepción (Risas)… Los mismos terratenientes, los mismos propietarios, los mismos nacionalistas, los mismos militaristas, los mismos clericales, figuran en ambos bandos. No hablo en tono despectivo, señores diputados. Conozco la realidad de mi país y la respeto en cuanto esa realidad se impone como un fenómeno histórico. Estas dos fuerzas están ahora en una lucha a muerte. El 6 de setiembre, el Partido Conservador, que había sido eliminado del gobierno por la ley de Sáenz Peña…

»Señor Bastillo (José María): Por la violencia, porque fue desalojado por la intervención arbitraria del año 1916.

»Señor Repetto:…ha vuelto por la fuerza al poder y ahora está en el usufructo del mismo»[33].

Es que el radicalismo, a partir del levantamiento de la abstención electoral (que carecía de sentido político sin un correlativo alzamiento revolucionario posterior), pasó a convertirse en un partido más dentro del esquema fraudulento de la época —quizás el individualmente más numeroso y popular en cuanto a sus seguidores—, que contribuía a legalizar en lo interno y en lo internacional las medidas antinacionales en que fue tan pródigo el período. De ahí las reacciones de F.O.R.J.A. primero, y de los sectores intransigentes después, en el seno de la organización.

La abstención radical —fenómeno histórico que halla únicamente una posible comparación con el voto en blanco peronista y sus consecuencias a partir de 1955, salvadas las distancias— fue la prueba palpable de la vigencia que la U.C.R. mantenía sobre importantes fracciones del electorado (sobre todo en las capas medias). Gabriel del Mazo apunta: «La Abstención no la realiza una fuerza política cuando quiere sino cuando puede, y sin un profundo sentimiento radical o profunda filosofía radical, carecería de su sentido más importante: aparecería como un cálculo de posiciones o como un nihilismo político. Para que una fuerza política “pueda”, con sentido y fervor adoptar la Abstención, es necesario un proceso ético-espiritual, general e individual, que no se obtiene en un día, sino merced a una forma progresiva y dramática. Sólo una intransigencia completa da capacidad para decidir y mantener la Abstención».[34]

Y algo más adelante, pone el dedo en la llaga: «El hecho fue que el año 1935, y particularmente el 1936, mostraron, hasta con grandes escándalos, que las direcciones radicales, en general, carecían de posibilidades intrínsecas para luchar intransigentemente, y ese motivo sí explicaría el levantamiento de la Abstención»[35]. Alvear y sus partidarios, desde años antes, habían hecho todo lo posible para frustrar las posibilidades revolucionarias de militares y civiles adictos al radicalismo. Las pruebas están documentadas, y una de las más notorias la constituyen las revelaciones de Atilio Cattáneo que constan en Plan 1932 (El concurrencismo y la revolución)[36]. Era necesario para intereses muy concretos y poderosos, como los de S.O.F.I.N.A. - C.A.D.E., contar con un partido del tipo del radicalismo en la oposición para avalar sus conocidas maniobras contra el país: los socialistas y los demoprogresistas, con toda seguridad, habrían de oponerse (como en verdad lo hicieron) a las escandalosas ordenanzas municipales de prórroga de las concesiones. Alvear era el hombre (uno de los hombres, pues en el campo contrario Pinedo y Hueyo eran los personeros ostensibles del imperialismo eléctrico) que se necesitaba. Y merced a su influjo, la maniobra quedó consumada.[37]

Un autor varias veces citado en el curso de nuestra exposición, Félix Luna, que no deja de mirar con simpatía algunas actitudes de Alvear, en la biografía que dedicó al político llega a afirmar: «Descartada la posibilidad de un beneficio personal con el negociado, resta suponer, por eliminación, que la conducta de Alvear se encaminó a obtener de las empresas beneficiarías los medios que necesitaba su partido para hacer frente a la campaña electoral de 1937. La lucha por la presidencia de la Nación iba a ser larga y costosa: era necesario pagar gastos de giras, ayudar a los distritos escasos de fondos, imprimir material de propaganda, subvencionar las publicaciones adictas, alquilar locales para comités. Alvear lo sabía muy bien; y también sabía que era difícil obtener entre los radicales las sumas necesarias para responder a las grandes erogaciones de la campaña».[38] ¿Es posible intentar justificar la actitud de Alvear sólo porque no se enriqueció personalmente? ¿No volvemos a confundir al radicalismo con el país?

Marcelo Sánchez Sorondo supo ver con crudeza la misión que Alvear intentaba llevar a cabo. Estas palabras suyas son de 1941: «Ilustre ruina del noventa, el doctor Alvear sabe de las amarguras del exilio y está, pues, por una intransigencia colaboracionista con miras patrióticas. El ceceoso señor tiene en grado excelso el don del lugar común. Sus discursos parecen sacados de cualquier antología de baratijas democráticas. Pero la manida factura no es patente de inocencia. El enorme vacío intelectual del leader no disminuye la voluntad puesta en la maniobra. El Dr Alvear quiere la unión sagrada no ya de los radicales sino de todos los partidos en defensa de las instituciones famosas. Conoce, de puro mediocre, la virtud gregaria de los términos medios. Cuando intervienen los términos medios, cuando por la pendiente inclinada triunfa la solución del menor esfuerzo, entonces resulta que las cosas se han arreglado solas y que Dios es criollo»[39].

No es casual que la involución radical se haya producido bajo el liderazgo alvearista. Alvear, después de todo, es la figura más representativa de la U.C.R. como partido de oposición —al estilo francés o inglés, claro— dentro de la legalidad, una legalidad trampeada constantemente por el fraude y la discriminación. Los sectores opositores adoptaron dos actitudes luego de la lucha interna: o se incorporaban al peronismo (Jauretche, «radical fuerte», forjista, y sus afines; algunos firmantes de la «Declaración de Avellaneda» que dio origen al Movimiento de Intransigencia y Renovación: Armando Antille, Bernardino Horne, Jorge Farías Gómez, Natalio Carvajal Palacios, Ricardo San Millán…), o se nucleaban en la Intransigencia para intentar alcanzar el control del partido (tendencias de Arturo Frondizi, de Amadeo Sabattini, de Ricardo Balbín).[40]

Y, mientras tanto, en todo el período del 32 al 43, la pugna aparente seguía dándose entre la Concordancia y la Unión Cívica Radical. Así lo manifestaba el candidato presidencial Roberto M. Ortiz: «La opción es clara y terminante: se está con los gobiernos de 1930, o con los de 1937. Con la demagogia disolvente y corruptora, o con la democracia constructiva puesta al servicio del progreso nacional.

»Vivimos momentos demasiado angustiosos para permanecer indiferentes ante los cambios políticos que puedan producirse. Acusa una culpable insensibilidad todo aquel que, ante la actual campaña presidencial, adopte la actitud simplemente contemplativa del que presencia el juego regular de las instituciones democráticas.

»No son simplemente dos partidos los que se enfrentarán en los próximos comicios; son dos tendencias antagónicas. Una, la que representamos, está inspirada en los fundamentales sentimientos de la nacionalidad; la otra, que combatiremos con toda nuestra energía cívica, se asocia íntimamente a los más innobles impulsos demagógicos. Defendemos la Religión, la Patria y la Familia. Por eso, más que portavoces de un programa político, nos sentimos intérpretes de una gran causa argentina»[41]. Ortiz, candidato conservador, era un radical de extracción antipersonalista que fustigaba la «demagogia disolvente y corruptora» no ya del radicalismo yrigoyenista, sino del partido alvearista.

Un partido municipal y un partido provincial

El Partido Socialista mantuvo permanentemente un respetable caudal electoral sólo en la Capital Federal, aunque en ocasiones pudieron apreciarse módicos brotes en otras zonas —de preferencia urbanas— que, sin embargo, no perduraron. En el período que analizamos, muerto ya Juan B. Justo, la figura más representativa en Diputados fue Nicolás Repetto, que, como lo recuerda en sus memorias, abandonó la medicina por la política. A su lado figuraron numerosos parlamentarios de la misma corriente, incluido el entonces juvenil heir apparent de Repetto, Américo Ghioldi, frescos todavía sus laureles de normalista. En el Senado, los perfiles clásicos de Mario Bravo y Alfredo L. Palacios (vuelto este último al redil del «viejo y glorioso» Partido Socialista) cumplían la misión de oposición democrática en un régimen de fraude y oprobio.[42]

Fue interés sumamente repetido de los socialistas el destacar la no participación del organismo partidario en los pródromos del movimiento armado de 1930. Así, por ejemplo, Repetto decía en el Parlamento: «No se puede derrocar gobiernos que se considera malos para igualarlos y superarlos en sus vicios, errores y desaciertos. Ustedes, señores ministros y señores diputados, no constituyen un gobierno de orden común; ustedes son, en cierta manera y en cierta medida, todavía la expresión de un gobierno de fuerza; ustedes son los descendientes de un movimiento que ha tomado el gobierno de manos del que lo desempeñaba legítimamente por el pueblo, haciendo buenamente lo que podía y lo que sabía; pero ustedes, que han arrebatado el gobierno de manos de quien lo desempeñaba legítimamente, tienen la obligación, tienen el deber ineludible de mostrarse en la acción mil veces superiores al hombre que han desalojado de un cargo conferido por un procedimiento legal»[43].

Carlos Sánchez Viamonte, refiriéndose evidentemente a los motineros del 30, pudo afirmar: «Si un estudiante de derecho fuese interrogado sobre lo que es una revolución, y respondiese que es un motín triunfante, no podría ser mal calificado porque, en definitiva, motín suele no ser más que una revolución fracasada. Ésa es la lección de nuestra historia institucional americana, y hasta ahora no ha habido variante alguna a esta norma y esta tradición»[44].

Y el senador Palacios, terciando en la discusión entre de la Torre y Sánchez Sorondo sobre la presunta colaboración del político santafesino con la dictadura setembrina, acotó: «El 6 de setiembre yo era decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y ese mismo día dicté una resolución que comuniqué en el acto a la Universidad, desconociendo el gobierno de fuerza, que acababa de instaurarse. De manera que no solamente no he acompañado en ningún momento a la columna en la que iba el general Uriburu, sino que desde el primer minuto repudié el movimiento que yo consideraba funesto para la tranquilidad y las instituciones del país»[45].

El Partido Socialista (que con el Demócrata Progresista había formado la Alianza Civil para las elecciones presidenciales de 1931), favorecido evidentemente por el abstencionismo radical, llega a las primeras sesiones parlamentarias del año siguiente con una representación nada despreciable: cuarenta y tres diputados y dos senadores, que en el futuro no volvería a alcanzar. Repetto lo reconoce claramente: «Arrebatado a los radicales el derecho de presentarse a las elecciones del 8 de noviembre de 1931, una gran parte de ellos votaron la fórmula presidencial de la alianza socialista-demócrata progresista y la lista de legisladores nacionales del Partido Socialista. Gracias a este aporte espontáneo y muy valioso, nuestro partido obtuvo las dos senadurías y la mayoría de las bancas de diputados en la Capital Federal, y la minoría de las mismas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y San Luis»[46].

La labor parlamentaria caracteriza por sobre toda otra la posición del socialismo durante el período 1932-1943. Decidido a respetar las reglas del juego, buscando aliados en partidos reducidos como el Demócrata Progresista en lugar de encarar una seria labor conjunta con sectores del radicalismo (como lo pedía Joaquín Coca, que luego emigrará al fugaz Partido Socialista Obrero), preocupado a partir de 1939 más por los avatares del conflicto bélico mundial que por las necesidades de vastos contingentes humanos que se incorporaban a la vida política (a los que dirigía su atención el entonces oscuro coronel Perón), atraía más al votante de clase media no-radical que al obrero industrial que había venido de su provincia o al trabajador rural sin protección legislativa. Mientras tanto, en el Congreso, la bancada socialista debatía minuciosamente proyectos como el divorcio (1932, aprobado por Diputados, bloqueado por el Senado), presentaba innumerables pedidos de informes, proponía la concesión de derechos políticos a la mujer, interpelaba ministros, protestaba contra el fraude, solicitaba quitas a los presupuestos de ejército y clero, apoyaba a las democracias capitalistas.[47] A veces, muy pocas, se proclamaba verbalmente una hipótesis improbable: «Ya se ha dicho por el señor diputado Repetto esta tarde: somos en la Argentina un partido esencialmente democrático; no negamos nuestra finalidad última y lejana, pero aplicamos, mientras nos sea permitido, el método de la legalidad y los procedimientos democráticos. Deberemos emplear otros procedimientos, el día que nos falten las libertades y las posibilidades de actuar en el campo democrático»[48].

Paralelamente, tanto en la oposición radical como en la Concordancia, se oían algunas voces que destacaban las diferencias que separaban a dichos partidos del socialismo. El radical Carlos M. Noel, por ejemplo, manifestaba: «El ideal socialista, de respetable origen, hecho de verdades profundas y de errores tremendos, choca en realidad con nuestros ideales. Coincidimos con ellos en el respeto a la soberanía popular y en la fe que toda representación debe venir de las claras voluntades de los pueblos; pero mientras ellos no intentan sino el cambio de la dominación de una clase por otra, nosotros buscamos la armonía social dentro del orden actual. En lugar de las soluciones catastróficas, queremos la conjunción de todas las voluntades y de todos los intereses.

»El socialismo trae en su doctrina los errores profundos que le dieron origen. Concepción teórica de hombres de gabinete, lleva en sí la abstracta ficción de sus fórmulas matemáticas»[49].

Roberto M. Ortiz, en su campaña electoral, decía: «No desconozco méritos al adversario. No sería un demócrata sincero si no supiese respetarlo y discutirlo con serenidad. Reconozco, por ejemplo, el benéfico concurso del socialismo, como partido de minoría, en el perfeccionamiento político y social de nuestro país, aunque, desde luego, no comparto en absoluto su credo materialista»[50].

Y así, reducido a la condición de partido opositor sin excesiva vigencia popular (salvo en la capital, como ya dijimos), el Partido Socialista fue endureciendo sus estructuras y repitiendo sus dirigentes. El fenómeno fue notado por un observador extranjero de nuestra realidad, Arthur P. Whitaker: «Los jefes del principal de los partidos de oposición, el Radical, se burocratizaron produciendo algo así como una oligarquía propia, y perdieron contacto con las filas de afiliados y más todavía con el pueblo en general. Lo mismo le sucedió al Partido Socialista. Los jóvenes se quejaban de que los viejos mantuvieran una dominación mortal sobre el partido»[51]. Para un partido de origen obrero, el hecho revestía inusitada gravedad. Y otro autor norteamericano lo confirma: «Los sectores medios que estaban a la cabeza del Partido Socialista se negaron firmemente a sacrificar sus objetivos básicos a cambio de ventajas inmediatas, y fue este hecho lo que impidió a ese partido cooperar estrechamente con las organizaciones del centro y de la izquierda durante períodos relativamente largos. Igualmente, la repugnancia que los socialistas mostraban en usar su influencia en el movimiento obrero para intervenir en los asuntos internos de los sindicatos les costó los votos de los trabajadores que apoyaban a los grupos de la derecha y de la izquierda que favorecían métodos drásticos y directos para la obtención de sus objetivos»[52].

Un ex militante socialista, que persistió durante años en declamar confusas invocaciones a la «integración nacional» propiciada por Rogelio Frigerio, ha resumido no sin cierto regodeo la trayectoria de divisiones y subdivisiones que ha caracterizado al partido en su historia: «Esta doble personalidad del Partido Socialista, evidenciada a través de una máscara doctrinaria y una realidad de oportunismo ajeno a la realidad concreta, le señaló un camino de contradicciones y crisis internas que ya afloraron a los tres años de su fundación. En efecto, en 1899 se va del partido el socialismo colectivista; en 1903 el congreso partidario realizado en Junín expulsó a los sindicalistas, con el consejo, proporcionado por Repetto, de que hicieran su propia experiencia política; en 1915 Alfredo Palacios renuncia a su banca y funda el Partido Socialista Argentino. Más tarde se produce la escisión del Partido Comunista y, en 1921, se expulsa en un congreso realizado en Bahía Blanca a los llamados “terceristas”. En 1927 se van los llamados socialistas independientes; en 1936 los socialistas “obreros”; durante el régimen peronista se producen otras escisiones, encabezadas por Enrique Dickmann y Dardo Cúneo las dos más significativas y, finalmente, a partir de 1958, comienzan las expulsiones recíprocas…»[53].

El Partido Socialista inaugura sus planes políticos —en la etapa que estamos considerando— con la Alianza Civil, y los clausura participando en la Unión Democrática. En ambas ocasiones fue acompañado por el Partido Demócrata Progresista, agrupación de arraigo casi exclusivo en la provincia de Santa Fe. Su origen inmediato (el mediato lo constituyen las decepciones sufridas por Lisandro de la Torre en sus contactos con el radicalismo yrigoyenista y el conservadorismo vacuno) es la formación de la Liga del Sur santafesino, «esencialmente federalista y municipalista».[54] Las concepciones principales de la democracia progresista se remiten en ocasiones al radical-socialismo francés, hallando expresión concreta en documentos como la Constitución provincial de Santa Fe de 1921, «infelizmente derogada por motivos políticos de menor cuantía».[55] El partido se vigorizaba en ocasiones por la acción de su fundador en el Senado, pero una vez muerto de la Torre, la democracia progresista entró en una especie de letargo del cual es testigo la historia de los últimos años. También, a causa de la abstención radical, sufrió una correlativa «inflación» de sufragios que la llevó a tener hasta 14 diputados en 1932-33.

La Alianza P.S - P.D.P., en la cual este partido llevaba como candidato presidencial a Lisandro de la Torre en las elecciones que consagraron al general Justo, fue un intento frustrado de proyectar las ideas de la agrupación al plano nacional. Muy pocas voces se alzaron contra la coalición, aparte de los abstencionistas radicales que consideraban inoportuna la presencia de la Alianza en el comicio, pues —en cierta medida— legitimaba el fraude oficial que enfrentaba la U.C.R. La excepción fue el ya citado Joaquín Coca, dentro de las filas socialistas.[56] Dijo: «Ahora, el Comité Ejecutivo del Partido Socialista nos propone a los afiliados un pacto con el Partido Demócrata Progresista, ¿debemos apoyarlo?

»Ese partido es una agrupación artificial organizada alrededor de un hombre: el doctor Lisandro de la Torre. Es un partido personal. Aun en el mejor de los casos, es un grupo de universitarios que han inventado (o se han apropiado, porque la cosa es vieja) una receta para formar partidos electorales “centristas”, y que consiste en equidistarse de los extremistas de la derecha y de la izquierda para hacer así partidarios del “justo medio”, como se decía antaño, a fin de evitar a la vez la reacción y la revolución. En realidad se trata de grupos conservadores-liberales, más conservadores que liberales y más reaccionarios que revolucionarios»[57]. En cambio, Coca afirmaba: «Los socialistas somos adversarios del radicalismo, porque vamos, como partido obrero, mucho más allá de los objetivos políticos, económicos y sociales del radicalismo, pero es evidente que los objetivos radicales son en parte los nuestros, hasta el punto de que durante mucho tiempo ha sido un axioma de nuestro partido que no cumpliendo el radicalismo con su deber de partido burgués liberal nosotros debíamos suplirlo en esa obra indispensable del liberalismo para preparar a la clase trabajadora una posición mejor que le permita avanzar con más eficacia y seguridad por el camino de su emancipación»[58]. Y añade lo siguiente, clave a nuestro juicio para comprender algunos acontecimientos posteriores, aunque no sería el Partido Socialista quien seguiría el consejo: «Aunque sólo fuera por la razón de que hay en el Partido Radical una gran masa obrera, nosotros debemos estar más cerca de este partido que del Conservador, pues si el socialismo de nuestro país ha de engrandecer sus filas y expandir su esfera de influencia, será con los obreros que hoy son radicales, porque no conocen el socialismo, y que serán socialistas en cuanto sepan lo que somos y queremos, y en cuanto no nos vean ir de concierto con los conservadores, sus adversarios, y actuar exclusivamente contra el radicalismo»[59].

El propio creador del Partido Demócrata Progresista, agrupación censurada por Coca, era consciente de la inutilidad esencial de su lucha política. En última instancia —puesto que él era su paladín—, de la inutilidad del P.D.P., siempre en equilibrio inestable entre los principios teóricos y la realidad quemante. Así lo dice de la Torre en su correspondencia: «No sé hasta dónde pondré en práctica este año su patriótico consejo de decir al gobierno, incesantemente, verdades molestas, por el doble motivo de la inutilidad del esfuerzo en un ambiente de plomo y a causa de ese desgano profundo de la acción de que le he hablado otras veces»[60]. Y también: «A la distancia debo parecerle a usted un combatiente enardecido y hasta embriagado por la victoria. ¡Ojalá fuera así! En realidad soy el esclavo de una labor monótona que se renueva sin cesar y me obliga al empleo de mis últimas energías sin tener fe en nada, casi sin objeto»[61].

Un defensor de la actuación opositora de socialistas y demoprogresistas —el municipio y la provincia —no ha dejado de señalar su falta de conexión con lo que de veras ocurría en nuestro país: «La aparición de la Alianza Civil tuvo un profundo significado. Fue el último latido, en caliente, de una ciudadanía enhiesta, que pretendía las reformas necesarias para poner a nuestro país a punto en lo que se refiere a una política progresista. Luego, los movimientos de opinión hasta el año 1945, tocarán otras parcelas de la realidad: la guerra española, la conflagración mundial, los grandes hechos que advienen en el mundo, pero un poco llevados fuera de nuestra realidad político-social. Es que durante esos años se creyó poco en nuestro país y en nuestras instituciones»[62]. Pero cuando trata de valorar la labor parlamentaria, las buenas intenciones de Alfredo Galleti superan a los hechos: «La actitud del socialismo y de la democracia progresista, por lo demás, impidió durante algunos años el abuso del poder, posibilitó la acción crítica que las circunstancias hacian viables, impelió al gobierno a promulgar leyes de relevante importancia desde el punto de vista social, retardó el proceso de descreimiento y de evasión»[63].

Si ello hubiera sido cierto, la Unión Democrática se habría impuesto con holgura a Perón.

La Unión Democrática y su Programa

Algunos aspectos de la formación y campaña de la Unión Democrática han sido tratados con anterioridad en el capítulo IV. Lo que nos interesa a esta altura de la exposición es conocer, en concreto, el programa que guiaba a los promotores del movimiento. No resistimos la tentación de transcribirlo, para que refresque la memoria de algunos y para que informe a otros.

PROGRAMA DE LA UNIÓN DEMOCRÁTICA

«1.— Defensa del orden jurídico y del sistema político de la Constitución.

»2.— Respeto a las autonomías provinciales y al régimen municipal electivo. Leal cumplimiento de la ley Sáenz Peña. Represión severa del fraude y de toda acción que tienda a constituir gobiernos de fuerza o de tipo nazifascista.

»3.— Conversión y extensión de los derechos de la ciudadanía: libertad de pensamiento, de asociación y de reunión; libertad religiosa; organización sindical libre; seguridad de una existencia provechosa y sana.

»4.— Supresión de trabas a la inmigración extranjera que llega al país para trabajar sin odio a sus instituciones. Prohibición de actividades racistas o antisemitas.

»5.— Inmediata transformación en provincia de toda gobernación nacional con más de 60.000 habitantes. Autonomía financiera de la Municipalidad de Buenos Aires.

»6.— Moralización administrativa. Ley represiva del enriquecimiento de los funcionarios públicos, civiles y militares.

»7.— Derogación de la ley 4.144 sobre expulsión de extranjeros.

»8.— Reajuste financiero. Equilibrio de los presupuestos.

»9.— Política económica tendiente a la elevación del nivel de vida del pueblo: supresión progresiva de los impuestos al consumo y a las actividades útiles. Moneda sana.

»10.— Política internacional fundada en la estrecha cooperación argentina con los países de clara orientación democrática. Colaboración efectiva con los demás pueblos de América. Cumplimiento sincero de los pactos suscriptos. Solidaridad con el pueblo español que lucha contra la tiranía que lo oprime. Relaciones diplomáticas y comerciales con la Unión Soviética.

»11.— Respeto a la autonomía universitaria, a los principios de la reforma de la enseñanza superior y al régimen de la ley de educación común.

»12.— Política de nacionalización de los servicios públicos y de las fuentes de energía. Aprovechamiento de la energía hidroeléctrica.

»13.— Para prevenir la desocupación, planes orgánicos de obras públicas y de construcción de viviendas económicas. Reglamentación de la jornada de trabajo.

»14.— Represión de las maniobras que tienden a acaparar los instrumentos y materiales de producción y de trabajo y a encarecer el alimento, el vestido y la habitación.

»15.— Salario mínimo o vital. Régimen de asistencia y seguros sociales, jubilaciones y pensiones.

»16.— Defensa, ampliación y perfeccionamiento de las conquistas obtenidas por los trabajadores, para que la justicia social sea él signo cierto de la democracia argentina.

»17.— Reforma agraria; subdivisión de la tierra; estabilidad del colono; amparo del trabajo rural.

»18.— Fomento de la cooperación libre.

»19.— Protección a la niñez. Acción coordinada e intensa contra el analfabetismo. Intensificación de las construcciones escolares.

»20.— Fomento de la educación profesional y técnica gratuita. Organización de la solidaridad social para los jóvenes sin recursos y desocupados para que puedan seguir un estudio, realizar un aprendizaje, conseguir un lugar de trabajo y ocupar con sentido educativo sus ratos libres.

»21.— Derechos políticos de la mujer.

»22.— Plan nacional para combatir la enfermedad: alimentación sana, abundante y barata; vacaciones periódicas; servicio de maternidad y puericultura; extensión de los servicios sanitarios, construcción de hospitales, sanatorios y otros centros de asistencia y curación; movilización de todos los servicios profesionales de la medicina; perfeccionamiento de sistemas curativos y ampliación de los organismos de estudios para tal fin. Acción permanente contra las enfermedades tropicales. Eliminación de las regiones insalubres. Seguro contra el paro por enfermedad.

»Firmado:

»Por la Unión Cívica Radical: Carlos E. Cisneros y David Michel Torino;

»Por el Partido Socialista: Silvio L. Ruggieri y Juan Antonio Solari;

»Por el Partido Demócrata Progresista: Juan José Díaz Arana y Santiago P. Giorgi;

»Por el Partido Comunista: Rodolfo Ghioldi y Gerónimo Arnedo Álvarez[64]».

Los críticas a esta conjunción de fuerzas han proliferado en los últimos años, aunque no en todos los sectores. En un heterogéneo reportaje titulado Las izquierdas en el proceso político argentino[65], al que respondieron Silvio Frondizi, Rodolfo Ghioldi, Rodolfo Puiggrós, Jorge Abelardo Ramos, Abel Alexis Latendorf, Esteban Rey, Ismael Viñas y otros, la voz solitaria que no critica a la Unión Democrática es la de Ghioldi (remite a su intervención ya aludida en una mesa redonda de 1958). A ese texto recurrimos para reproducir el siguiente párrafo: «¿Qué representó la Unión Democrática? Se han hecho muchas críticas a la Unión Democrática. El defecto principal, se dice, es el de que era toda unida. Se olvida que fue la gran tentativa de unificar democráticamente al pueblo argentino y ahorrarle diez años de despotismo nazi. Se ha presentado a la Unión Democrática como una cosa oligárquica. ¿Ustedes conocen el programa de la Unión Democrática? No era muy satisfactorio, pero era bastante razonable. Tenía la reforma agraria, la nacionalización de los servicios públicos; tenía la ruptura de relaciones con la Falange Española y el reconocimiento de la Unión Soviética. ¿No es un programa aceptable?»[66]. Parece mucho más atinado el pensamiento de Silvio Frondizi, al tocar el tema en un trabajo del año 1946, cuando dice: «Aun en el caso hipotético del triunfo de la Unidad, son las fuerzas de derecha las que irían al poder, quedando aquéllas [las de izquierda] burladas y sin apoyo popular. En otras palabras, habrían perdido la razón de su existencia: la batalla del pueblo.

»Por otra parte, la unión con las fuerzas reaccionarias, «la unidad sin exclusiones», favoreció el resurgimiento de dichas fuerzas. Es penoso contemplar cómo los hombres del 3 de junio, culpables de cuanta vergüenza cubrió al país, pudieron surgir a la vida cívica después de haberse purificado en aguas del Jordán de la lucha contra la dictadura.

»Lucharon contra ella, no porque fueran sinceros demócratas, sino porque la dictadura no quiso aceptar un arreglo con ellos. Lo demostraron con su actuación a través de uno de los períodos más vergonzosos que registra la historia argentina»[67].

Esta mixtura de radicales, socialistas, demócratas progresistas y comunistas, vigilada muy de cerca por los conservadores, no alcanzaba a ser ni siquiera un modesto Frente Popular (como el que se intentara constituir en la década del treinta, con otro sentido y otras dimensiones). Mezclaba a tirios y troyanos bajo los mismos rótulos abstractos, mientras las masas estaban recibiendo beneficios concretos (no el bíblico «plato de lentejas» a que muchos políticos de comité atribuyeron el auge de Perón). Un ejemplo (aunque habría muchos): mientras el programa de la Unión Democrática a que tan nostalgiosamente se refiere Rodolfo Ghioldi habla del «amparo del trabajador rural», el 17 de octubre de 1944 se había dictado el «Estatuto del peón» (Decreto N.° 28.169) y, lo que es más, se lo había puesto en vigencia, beneficiando de inmediato a un gran sector de trabajadores del campo que de ahí en adelante apoyarían al «coronel Perón».

Uno de los fundadores del Movimiento de Intransigencia y Renovación de la Unión Cívica Radical, Moisés Lebensohn, ha explicado así la opción que planteaban las elecciones de 1946: «La dictadura, por una parte, y el Radicalismo —reducido a dirección opositora— complementaron el juego. Encerraron mañosamente al pueblo en un dilema irreal: justicia social, por una parte; orden constitucional, por otra, cual si fueran términos antitéticos. Uno engendró su justicia social en la abominación de la libertad; el otro, propuso para un incierto y brumoso mañana, la respuesta a los interrogantes populares. Se refugió en la legalidad, trinchera del statu quo económico y social, y debió fracasar porque el statu quo era indefendible; y así abandonó al continuismo —que las agitó como señuelos sin sentirlas— las banderas del mundo naciente y las consignas tradicionales de la Unión Cívica Radical: la lucha contra la oligarquía y los imperialismos. El 24 de febrero de 1946, el hombre de la calle, absorto y confuso, debió escoger su futuro en el centro de la encrucijada»[68]. Como se advierte fácilmente, a Lebensohn lo preocupa más el problema interno del radicalismo que la elección del «hombre de la calle». Ese hombre de la calle —y del campo también, no olvidemos— a quien había sabido llegar el coronel Perón. Una prueba concreta del apoyo obrero y campesino a la fórmula del Partido Laborista y del radicalismo (Junta Renovadora) la brinda Gino Germani en su Estructura social de la Argentina, al analizar datos referentes a los comicios de 1946 (y también de 1948): «La posición de todos los grupos ocupacionales aparece, en efecto, mucho más definida en este segundo período. Así mientras con anterioridad a 1946 las correlaciones computadas no revelan la existencia de partidos con electorado homogéneo desde el punto de vista de su composición ocupacional, después de esa fecha el panorama cambia fundamentalmente con la polarización de la clase popular (obreros urbanos únicamente en el caso de la ciudad de Buenos Aires) por un lado, y de las clases media y alta —patronos, profesionales, empleados— por el otro, nucleándose esas dos categorías alrededor de las dos agrupaciones políticas más importantes, una mayoritaria (“Partido Peronista”) apoyada prevalentemente por la clase popular, y otra minoritaria (“Unión Cívica Radical”) apoyada por las clases media y alta»[69].

Este fenómeno habrá de resultar una de las claves más sustantivas para intentar un examen a fondo de la época peronista. La Unión Democrática ni sospechaba lo que estaba ocurriendo. El resultado —una ajustada victoria de las fuerzas que proclamaron a Perón— parecía haber escapado a sus predicciones más pesimistas. Esto ha sido testimoniado por Alberto Sábato, cuando refiere la respuesta que le dieron algunos dirigentes políticos de izquierda al acusar críticas debido a su participación en la Unión Democrática: «Se nos dijo (…) o se nos dio a entender con paternal benevolencia, que éramos unos muchachos sin experiencia política, que Perón no ganaría jamás elecciones libres, que no había tal dominio sobre las masas obreras sino apenas sobre lo que Marx había llamado el lumpenproletariat; se nos comunicó que las multitudes que el 17 de octubre habían marchado sobre la Plaza de Mayo eran descamisados sin principios, que la verdadera masa obrera —la masa obrera de los grandes sindicatos— tenía conciencia de clase y no se dejaría embaucar por la demagogia de un nazi que por añadidura era militar; que la fuerza del coronel Perón estaba constituida por las masas informes y desclasadas que habían llegado del campo en los últimos tiempos, sin conciencia, sin preparación política y sin sentido gremial»[70]. Es la era la teoría de la Unión Democrática, cuyos más fervorosos defensores militaban —¿paradoja?— en los partidos llamados de izquierda.

El comunismo criollo

Sujeto a persecuciones prácticamente ininterrumpidas durante la etapa 1930 (después de setiembre) a 1945 (salvo en ciertos aspectos en el período preelectoral de la Unión Democrática), el Partido Comunista argentino ha mantenido una tradición combativa y de sacrificio personal de sus afiliados que no debe ser obstáculo para señalar las idas y venidas de sus líneas estratégicas y tácticas, y las citadas fechas son oportunidad inmejorable para ejemplificar.

De acuerdo con su publicación oficial, Esbozo de historia del Partido Comunista de la Argentina, que resume —aunque a veces modifique— el proceso que nos interesa, el Partido Comunista recorrió las siguientes etapas:

a) Crítica indiscriminada al gobierno de Hipólito Yrigoyen, sin reparar en los peligros de un golpe reaccionario como el que vislumbraba. La posición oficial comunista llegó a sostener que: «El Gobierno de Yrigoyen es el Gobierno de la reacción capitalista, como lo demuestra su política represiva, reaccionaria, fascistizante, contra el proletariado en lucha, contra la cual aplica cada vez más los métodos terroristas».[71] La cita corresponde a agosto de 1930. Lo cierto es que, palabra más, palabra menos, esos conceptos podrían servir para caracterizar con mayor precisión al gobierno de Uriburu.

b) Para ubicar a este último, se dice en la página siguiente: «Con el golpe de Estado militar-fascista del 6 de septiembre de 1930 la oligarquía agropecuaria y el gran capital monopolista reconquistaron el control completo del aparato del Estado y formaron un gobierno defensor de sus intereses…»[72]. Frente a Uriburu —y a su sucesor Justo— el P.C. afrontó con heroísmo la represión ensañada. «Sin embargo, nuestro Partido tuvo que comprobar más tarde que los resultados políticos de ese período de lucha no estuvieron en relación con los enormes sacrificios realizados por nuestros afiliados»[73]. Las posiciones extremistas predominaron, el ultraizquierdismo se enseñoreó en muchos dirigentes, las consignas de «soviets de obreros y campesinos» no faltaron. Luis V. Sommi —entonces dirigente del Partido— llegaba a decir: «El Partido Radical lucha para conservar y reforzar la dictadura de las clases dominantes, y el Partido Comunista lucha para aplastar todo poder político de las clases dominantes, y pasar el poder al proletariado y a los campesinos. Ésta es la diferencia fundamental. Quien no comprende estas simples cosas, no comprende nada de la lucha de clases».[74] Por supuesto, todas las derivaciones tácticas y de fondo obedecían a la concepción intemacionalista del comunismo local, que ligaba de manera harto estrecha (y no precisamente dialéctica) la suerte de la Unión Soviética al mando de Stalin con nuestra propia suerte, sin ver que el problema era justamente el opuesto: de lo particular a lo universal, y que la «cuestión nacional» era lo urgente y previo. Este desajuste del P.C. frente a los hechos concretos, que reiteran todos los críticos de su trayectoria, habrá de arrastrar lamentables consecuencias no sólo para él sino para otras fuerzas progresistas en avance.

c) La concepción extremista predominó hasta marzo de 1935, cuando el Comité Central ampliado criticó los errores y dispuso cambios en la dirección partidaria: se iniciaba la época de los «frentes populares» en el plano mundial (la Unión Soviética consideraba que, de esta forma, podía neutralizarse el peligro nazi que tanto la preocupaba). La Argentina no podía salvarse de la aplicación de la fórmula, y el P. C. se dedicó a buscar «la unidad de acción de las fuerzas democráticas».[75] A pesar de síntomas aislados (la tendencia que luego constituyó el Partido Socialista Obrero), el Partido Socialista no veía con agrado la presencia a su lado de los comunistas, y prefería «realizar una conjunción de partidos populares y legalitarios para empeñarla en la defensa de las libertades públicas y en la reconquista del régimen de sufragio auténtico y libre».[76] Los destinatarios lógicos del «frente» socialista —y por supuesto de los intentos comunistas— eran el reducido Partido Demócrata Progresista y la Unión Cívica Radical. La «intransigencia» alvearista malogró toda posibilidad de este tipo, y el frente popular no cuajó. Acaso haya que lamentar este fracaso, mucho más si cabe en vista de los sucesos posteriores que conducen a la Unión Democrática, donde el aglutinamiento de fuerzas políticas llega a su cúspide. Independientemente de ello, el P.C. apoyó sucesivamente a Alvear como candidato a la presidencia y luego al presidente Ortiz.[77]

d) Hay un intermedio que se ha dado en llamar «neutralista» en la trayectoria política del P. C., y al que no se hace referencia en la historia oficial de la agrupación. Un ex militante, que llegó a ocupar altos cargos en la jerarquía comunista argentina, Juan José Real, lo ha reconocido taxativamente: «Por lo que respecta a nosotros, los militantes comunistas y de la izquierda afín, en la primera etapa de la guerra, mientras ésta se limitó al conflicto entre el Eje por un lado y Francia e Inglaterra por el otro, fuimos neutralistas; en ese momento coincidimos con los neutralistas radicales y de la F.O.R.J.A. Pero el 20 de julio de 1941, las tropas germanas atacaron e irrumpieron en territorio soviético, la guerra adquirió extensión mundial: una alianza de hecho entre las potencias que luchaban contra el Eje, cristalizó en seguida en alianza formal».[78] Real olvida decir que la Unión Soviética y la Alemania nazi habían firmado un pacto de no agresión en agosto de 1939 (Molotov-von Ribbentrop), motivado para la U.R.S.S. en el aislamiento en que la habían dejado Inglaterra y Francia, ante quienes realizó infructuosas tentativas de alianza, y en la candente amenaza de Hitler a su flanco occidental. A esta dependencia de las necesidades estratégicas —que no nos corresponde discutir aquí— de la Unión Soviética, obedeció fundamentalmente la efímera postura «neutralista» del P.C. argentino.

e) Con posterioridad a la agresión hitlerista, el panorama se recompone: la U.R.S.S. es aliada de Inglaterra, Francia y luego Estados Unidos, frente al nazismo; la guerra ya no es un problema meramente interimperialista. Todos los esfuerzos del P.C. se dedican a favorecer la causa aliada, lo cual en sí mismo no resulta reprobable, como algunos terroristas literarios pretenden hacer creer. El nazismo es indefendible, no olvidemos. La lucha antinazi —antifascista, antifranquista— es (y fue) una lucha justa. Lo que sí hay que destacar es que, paralelamente a ella (que no llevaba necesariamente al connubio de la Unión Democrática), el P.C. se caracterizó hasta fecha reciente[79] por una comprensión bastante deficitaria del fenómeno de masas que genéricamente llamamos «peronismo». En el período 1943-1946 tales errores resintieron su propia estructura de partido de la clase obrera pues, antes que comprender las aspiraciones populares, procuró suavizar asperezas entre aliados políticos desprestigiados. Una ojeada a las páginas respectivas del Esbozo… podrá mostrarnos la comprobación de lo que afirmamos. Si bien la concepción teórica de la unidad de fuerzas políticas es meritoria («Nuestro Partido no concebía la unidad como una mera combinación electoral —tal como querían que fuese los otros partidos democráticos— sino como un movimiento de gran envergadura que proyectase su acción sobre la vida nacional, durante un largo período, para permitir la transformación de la Argentina de un país atrasado, semi-feudal dependiente del imperialismo, en un país avanzado, democrático e independiente»[80]), ya parece menos aceptable no haber comprendido el papel que Perón representaba en esos momentos para las masas y el valor de las banderas que agitaba. La vinculación en 1945 de los comunistas argentinos con la embajada norteamericana y los grupos conservadores a quienes aquéllos habían combatido en la década anterior, no podían dejar de asombrar al votante común. Perón supo hacer un empleo efectivo de esta contradicción. El Partido Comunista, para variar, volvía a hacer uso del calificativo de «fascista» aplicado sucesivamente a Ramírez, Farrell y Perón (sobre todo a éste), e intentaba resolver un problema real con un adjetivo. En lugar de preguntarse por que la mayoría de los nuevos obreros que advenía a la industria y a la gran ciudad, no formaba en los cuadros comunistas, y sí apoyaba al coronel Perón (salvo que quisiéramos conformarnos con la cómoda respuesta de «demagogia»), el P.C. seguía preocupado obsesivamente por la unidad: «La participación de los Partidos en la unidad es una necesidad perentoria para la República. La democracia debe responder sellando el frente común de combate. La unidad, esta semana. Sobre nosotros, sin discriminación alguna, pesa la tremenda responsabilidad»[81].

Después del triunfo de Perón, algunas tendencias internas pretendieron replantear la actitud partidaria frente al peronismo, pero fueron separadas del P.C. Entre los nombres más significativos figuraron Rodolfo Puiggrós (1946) y el mencionado Juan José Real (1953).

Volviendo a la década del treinta, hay que destacar los intentos frustrados por dictar una legislación anticomunista que extendiera sus alcances hasta abarcar a cualquier ciudadano opositor al gobierno. El primer proyecto (de 1932) es el conocido y tantas veces citado del senador Matías G. Sánchez Sorondo,[82] que llegará a discutirse en célebre debate durante noviembre y diciembre de 1936. Otro proyecto en la misma línea, menos recordado, es el presentado en Diputados por los legisladores Miguel Osorio, Juan F. Morrogh Bernard, Santiago Graffigna, Ernesto M. Aráoz, Raúl Godoy, Reynaldo Pastor, Juan Carlos Aguila, Daniel Videla Dorna, Enrique Ocampo y Francisco Uriburu, buscando incriminar a «toda persona afiliada o no a una asociación, que profese, enseñe o practique ideas comprendidas en la plataforma, programa u objetivos de la Tercera Internacional Comunista».[83] En cambio, y para indicar a los que todavía (¡todavía!) necesitan una demostración sobre el problema norma-realidad que tanto ha preocupado al liberalismo jurídico, la contradicción insalvable que había en ese período histórico de nuestro país conocido popularmente como «década infame» bastará apenas que aludamos a la Sección Especial policial que —con leyes o sin ellas— se dedicó a la persecución, encarcelamiento y tortura de todos aquellos que juzgaba perturbadores del idílico orden de cosa3 existente. La triste tarea fue realizada a conciencia. Comunistas y no comunistas compartieron sus rigores, aunque para los fines de la Sección Especial nadie dejaba de ser «comunista». Ello llevó al diputado radical Leónidas Anastasi a decir en la Cámara, como muestra del desprestigio provocado por esas medidas: «Naturalmente, en este aumento de empleos se crean esas secciones inútiles. Una de ellas es la que ha mencionado el señor diputado por la Capital: la famosa Sección Especial contra el Comunismo, que antes perseguía comunistas y que ahora está dedicada a perseguir transeúntes».[84] La boutade sigue siendo trágicamente cierta, aunque haya habido cambios en las denominaciones del organismo.

Mientras tanto, los pedidos para establecer relaciones comerciales con la Unión Soviética (diputados Augusto Bunge, 1932; Vicente E. Pomponio, 1934; Manuel Palacín y Alejandro Castiñeiras, 1935; Camilo F. Stanchina, 1942), jamás eran considerados. El Partido Comunista tendría que aceptar como contradicción dialéctica el hecho de que el gobernante que llevará a la práctica las relaciones comerciales (y diplomáticas por añadidura) con la U.R.S.S., será Perón a poco de iniciada su gestión presidencial.

F.O.R.J.A.

Los últimos años han visto surgir diversas interpretaciones de este movimiento, nacido dentro de la Unión Cívica Radical, separado —o independizado— luego de ella, y volcado hacia fines de 1945 al «movimiento popular» entonces en ascenso, cuando la agrupación se disuelve y deja «en libertad de acción a sus afiliados».[85] Juan José Hernández Arregui ha definido los caracteres esenciales de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, al menos en sus grandes líneas: «1.°) Un retorno a la doctrina nacionalista aunque vacilante de Yrigoyen filiada en el orden de las conexiones históricas, a las antiguas tradiciones federalistas del país anteriores a 1852. 2.°) Retoma en su contenido originario, los postulados ideológicos de la Reforma Universitaria de 1918. 3.°) Su pensamiento no muestra influencias europeas. Es enteramente argentino por su enraizamiento con el doctrinarismo de Yrigoyen, e hispanoamericano bajo la influencia de Manuel Ugarte y Raúl Haya de la Torre y el aprismo peruano. 4.°) Sostiene la tesis de la revolución hispanoamericana en general y argentina en particular asentada en las masas populares. 5.°) Es un movimiento ideológico de la clase media universitaria de Buenos Aires, en sus capas menos acomodadas, con posteriores ramificaciones en el interior del país. 6.°) En su posición antiimperialista enfrenta tanto a Gran Bretaña como a Estados Unidos en un doble enfoque nacional y latinoamericano».[86] En esta enumeración, donde el autor citado mezcla hechos con buenas intenciones, puede sin embargo encontrarse la clave de la trayectoria de F.O.R.J.A.

Surgida como reacción ante el control alvearista del aparato partidario, en los primeros elencos de F.O.R.J.A. figuran nombres que se reiterarán en el Movimiento de Intransigencia y Renovación (del Mazo, Luis Dellepiane); más adelante se incorporará un escritor político de la talla de Raúl Scalabrini Ortiz —que por sí solo llena el capítulo de denuncias al imperialismo inglés—: y Arturo Jauretche basta para ejemplificar los casos de intelectuales que, provenientes del radicalismo yrigoyenista, ingresarán después de 1945 a las filas peronistas. Pero para entonces F.O.R.J.A. había dejado de existir.

La labor del movimiento forjista fue entusiasta y riesgosa: sin prensa, sin radio, los folletos y las declaraciones se multiplicaban. Los mítines callejeros también (predominantemente en la Capital), al igual que las conferencias de divulgación. Resulta evidente del análisis de algunos de sus documentos que les forjistas habían encontrado un vocabulario expresivo y adecuado a sus denuncias (hablaban, por ejemplo, del «estatuto legal del coloniaje»), y centraban su fuego en el colonialismo británico que soportaba la República. Desde su inicio demostraron que las autoridades de la Unión Cívica Radical no ponían demasiado empeño en considerar estos problemas:

«1.— Creación del Banco Central de la República y del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias.

»2.— Preparativos para la Coordinación de Transportes.

»3.— Creación de Juntas Reguladoras de distintas ramas de industria y comercio.

»4.— Unificación de Impuestos Internos.

»5.— Tratado de Londres.

»6.— Sacrificios económicos impuestos al pueblo en beneficio del capitalismo extranjero.

»7.— Régimen de cambios.

»8.— Política petrolífera.

»9.— Intervenciones militares arbitrarias.

»10.— Restricciones a la libertad de opinión.

»11.— Arbitrios discrecionales en el manejo de las rentas públicas.

»12.— Sujeción de la enseñanza a organizaciones extranjeras.

»13.— Incorporación a la Liga de las Naciones.

»14.— Supresión de las relaciones con Rusia.

»15.— Investigaciones parlamentarias sobre armamentos y comercio de carnes.

»16.— El crimen del Senado.

»17.— Aplicación de censuras a la expresión de ideas.

»18.— Desviaciones de la justicia contra la libertad individual».[87]

Sobre muchos de estos temas centró F.O.R.J.A. su prédica, además de otros que analizó con posterioridad (neutralismo durante la segunda guerra mundial; posición frente a la Reforma Universitaria). La labor de esclarecimiento realizada es digna de elogio; lo que no parece prudente es supravalorar en exceso los alcances —y los propios límites— del movimiento, que eran en último análisis los de las auténticas tradiciones yrigoyenistas a que F.O.R.J.A. se adhería.

Pueden indicarse dos tiempos en el proceso que cumplió F.O.R.J.A. El primero nos lleva desde el 29 de junio de 1935 (fecha de su asamblea constituyente) basta unos cinco años después. Hernández Arregui resume: «Como en todo grupo, ya en los comienzos, se perfilaron en F.O.R.J.A. dos tendencias. Una integrada por hombres jóvenes, con aspiraciones políticas, en su mayoría universitarios y con cierta inclinación a las peñas literarias, encabezada por Luis Dellepiane. La otra, con un objetivo definido de acción proselitista popular, y empeñada en el esclarecimiento doctrinario del programa del radicalismo, y en la proyección a las masas de ese esclarecimiento nacional, representada por Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche. En los alrededores de 1940 se produjo una escisión entre quienes eran partidarios de la separación de la U.C.R. y quienes deseaban encuadrar la lucha dentro del seno del partido. A raíz de esta escisión, se separaron de F.O.R.J.A. entre otros, Gabriel del Mazo y Luis Dellepiane. Quedó desde entonces al frente de F.O.R.J.A. Arturo Jauretche».[88]

Este último explica las causas de la «autonomía» de la agrupación: «La denominación “radical” había dejado de ser un vínculo de contacto con el pueblo, al desnaturalizarse su significación y quedar como una expresión formal. De tal manera, insistir con la exigencia de ser radical para militar en F.O.R.J.A., era ahora un obstáculo para con los jóvenes y también para con los argentinos provenientes de las otras fuerzas que se iban descarnando aceleradamente. 1945 pondría en evidencia esta realidad ante la sorpresa de todos los partidos que habían quedado como formas sin contenido, sin percibir que el pueblo los abandonaba y sólo volvería a la escena frente a un hecho y hombres nuevos que expresaran la inquietud de esa Argentina “sumergida” que estaba operando, junto con la evolución mental, su evolución social, y sólo se encuadraría sobre las bases de la posición nacional que se iba elaborando en sectores dispersos y cuya expresión central de síntesis F.O.R.J.A. creía expresar».[89]

Con todo, nos parece algo precipitada la racionalización efectuada por Jauretche en el sentido de que prácticamente F.O.R.J.A. vendría a ser la ideología a priori del peronismo. Mucho más si se tiene en cuenta que un autor tan favorable al grupo como Hernández Arregui ha manifestado: «F.O.R.J.A., por eso, ya en el terreno de la acción política, confiaba más en la juventud de la clase media que en las masas trabajadoras. No veía al proletariado, al que diluía en el concepto genérico de “pueblo”».[90] Esta incomprensión, a la que la extracción radical-clase media de la mayoría de los forjistas no es ajena, fue compartida como hemos visto por los partidos de izquierda. F.O.R.J.A., en cambio, puede reivindicar una prédica valiosa.

Ya separada del radicalismo, en su segunda etapa la agrupación seguiría con su labor antiimperialista, apoyaría al movimiento militar del 4 de junio de 1943 («el golpe de estado militar se ha hecho necesario por la inoperancia de las fuerzas civiles»[91]), muchos de sus miembros se vincularían al coronel Perón,[92] hasta que el 15 de diciembre de 1945 una asamblea general de F.O.R.J.A. resolvió su disolución, debido a «que el pensamiento y las finalidades perseguidas al crearse F.O.R.J.A. están cumplidos al definirse un movimiento popular en condiciones políticas y sociales que son la expresión colectiva de una voluntad nacional de realización cuya carencia de sostén político motivó la formación de F.O.R.J.A. ante su abandono por el radicalismo»[93]. Un sector importante de F.O.R.J.A. se volcó al peronismo y colaboró con la revolución nacional, «sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde hombres de F.O.R.J.A. dirigieron la economía del estado provincial durante el gobierno de Domingo A. Mercante»[94].

Los autores radicales —incluido el ex forjista del Mazo— suelen retacear los méritos de este grupo político, también polémicamente. Félix Luna dice que «su error consistió en haber abandonado la lucha interna, permitiendo así que los grupos más espúreos se apoderaran de los comandos partidarios», aunque más adelante reconoce que «la conducción despótica de Alvear liquidaba toda oposición interna».[95]

Puiggrós, desde su perspectiva particular, ha resumido: «Cinco años duró la lucha de F.O.R.J.A., combatida por el gobierno, negada por la dirección radical, acusada de “fascista” por los partidos Socialista y Comunista. Queda como balance de su extraordinaria labor una serie de trabajos fundamentales para la interpretación de los problemas argentinos de hoy y de mañana. Si bien no llegó a coincidir con la clase obrera y a comprender que la clase obrera es el eje de la solución de esos problemas, dejó la elocuente constancia de las enormes reservas latentes en la burguesía y la pequeña burguesía para contribuir a la revolución nacional emancipadora. Desapareció porque no supo combinar su visión de nuestra liberación económica con la elaboración de la estrategia y la táctica a seguir para aunar las fuerzas que aseguraran la victoria de un nacionalismo de contenido popular».[96]

F.O.R.J.A. sigue siendo, a casi treinta años de su disolución, fértil terreno de debate. Son sugestivas sus vinculaciones con el radicalismo que la originó y con el peronismo que la absorbió, aunque no creemos en las causas únicas.

Los nacionalistas

La historia definitiva de los nacionalistas —nos parece preferible esta denominación a la de «nacionalismo» tan llevada y traída, para indicar la carencia de una estructura organizativa efectiva que unifique a personalidades diferentes en las sucesivas etapas que recorre el movimiento— está todavía por escribirse. Los aportes parciales, en cambio, abundan y serán Utilísimos para ese impostergable trabajo.[97]

Para esta ocasión, baste indicar que las corrientes nacionalistas modernas (lo que algunos autores llamarán nacionalismo «de derecha», «clerical», «aristocrático», «oligárquico») se afianzan en los tiempos previos al golpe de setiembre de 1930. Entre los nombres importantes estarán el poeta Leopoldo Lugones, lejos de su socialismo de principios de siglo, y Carlos Ibarguren, y una influencia externa a destacar será la del francés Charles Maurras.

Lugones, en la vida como después de su muerte, sigue siendo figura polémica.[98] Ibarguren, hombre de confianza de Uriburu al igual que Juan E. Canilla (otro nacionalista setembrino de trayectoria inusitada),[99] ha dejado en sus memorias testimonios valiosos sobre los nacionalistas. Así, con respecto a la herencia del movimiento encabezado por Uriburu, Ibarguren manifiesta: «La revolución significó un salto detenido por la acción de los grupos políticos que impidieron se realizara el programa que su jefe quiso darle, lo que no se pudo alcanzar por la falta de una poderosa fuerza cívica organizada y coherente que apoyara el nuevo orden proclamado por el general Uriburu. Pero esta revolución engendró una consecuencia fundamental: la corriente ideológica nacionalista que consiguió marcar, diez años después, una línea nueva en la evolución histórica argentina. El jefe de la revolución de setiembre lo vaticinó como un presentimiento, cuando se retiró del gobierno, al periodista señor Espigares Moreno: “Yo creo y espero —dijo— que el germen de la revolución no se perderá y que irá a la historia, más allá de los intereses puramente políticos”».[100]

En la concepción nacionalista de Ibarguren, que el autor redondea a mediados de la década del treinta, existe una crítica dura al Estado liberal y a los partidos tradicionales (bueno es recordar aquí la anterior carrera política de Ibarguren, realizada en el Partido Demócrata Progresista). «El nacionalismo (…) anhela que en vez de las entidades oligárquicas o demagógicas llamadas partidos políticos, que no representan genuinamente los valores nacionales y que se apoderan del Estado por intermedio del sufragio universal ciego e irresponsable, sean las fuerzas activas de la producción y del trabajo y las instituciones culturales, organizadas como representantes de las diversas clases y sectores de la sociedad (…)».[101] Ya a esta altura la influencia notoria era la de Mussolini, y luego de la guerra civil española también la de Franco.

Un joven nacionalista, hijo de un viejo conservador con ribetes fascistas, no vacilará en hablar claro sobre el punto. Marcelo Sánchez Sorondo dice: «Así, nuestra convicción comenzó siendo religiosa. Después, fuimos la extendiendo con intemperancia, con la intemperancia de la verdad, también a a la política. Y fuimos en política por su lado estético partidarios de la monarquía y por su lado, digamos cinegético —movido— fascistas, acérrimos fascistas (Si se mira bien la conversión no es tan reaccionaria como parece). Que quede, pues, constancia: hubo en Buenos Aires quienes debieron sus convicciones políticas a sus convicciones religiosas; hay un grupo de hombres con todos los síntomas visibles e invisibles de una generación que sólo por católicos llegaron al fascismo, que por su inteligencia católica comprendieron toda la grandeza del resurgimiento secular que proclama el fascismo. (Esto en abstracto puede ser itinerario discutible pero como hecho es indiscutible testimonio)».[102]

Mario Amadeo —colega de Sánchez Sorondo en las filas nacionalistas hasta después de la «Revolución Libertadora» de 1955 pero reconciliado posteriormente con él en el común apoyo a los candidatos justicialistas en los comicios de 1973—, al escribir en 1956, prefiere ser más cauto y echar un manto de olvido sobre el pasado no tan lejano: «… rechazamos el esquema según el cual el nacionalismo argentino no fue otra cosa más que una servil imitación, un plagio grosero del fascismo italiano o del nacional-socialismo alemán. Los elementos autóctonos del nacionalismo fueron mucho más decisivos que los importados para configurar la fisonomía del movimiento».[103] Es que Amadeo seguía manejándose con los tradicionales esquemas de «libertad» y «autoridad», y deseaba encontrar un punto de apoyo más cercano de la primera que de la segunda para justificar sus posiciones de la época. ¿Cómo entender, si no, su colaboración y la de otros nacionalistas en el movimiento del 16 de junio de 1955 (cuyas cabezas civiles eran de neto tinte liberal: Adolfo Vicchi, Miguel Angel Zavala Ortiz y Américo Ghioldi), en los sucesos de setiembre del mismo año, en el gobierno de Arturo Frondizi y, por fin, en el de la «Revolución Argentina»?

Amadeo, antiliberal de los años treinta —la reacción antiliberal es una de las características esenciales de los autores que estamos considerando—, reconoce como maestros de su generación nacionalista a Bloy, Péguy, Maritain, Chesterton, Belloc, Papini y Maeztu, y a «los escritores europeos que levantaron la bandera de la reacción antiliberal».[104] Por supuesto, otro elemento básico será su formación católica, y resulta conocida la actitud adoptada por la Iglesia Católica —después del pacto de Letrán— frente al fascismo de Mussolini: encíclica Quadragesimo anno, Acción Católica, etc. Algunos miembros del clero figurarán entre los nacionalistas como consejeros o compañeros de travesía: Julio Meinvielle, Leonardo Castellani…

Si a los nacionalistas de setiembre y a sus inmediatos continuadores puede aplicárseles con justicia la síntesis de Ismael Viñas: «… habían servido como ruidoso y audaz grupo de choque de una oligarquía que en su conjunto no quería cambiar nada, que sólo venía a restaurar»,[105] lo cierto es que la mayoría de las figuras representativas de la corriente responden a los conceptos de Jorge Abelardo Ramos: «Poseídos de un fervor ultramontano, los nacionalistas condenaban al liberalismo agonizante en nombre del feudalismo sepultado».[106] Los que consiguen superar esas trabas retardatarias, se incorporarán al peronismo donde de alguna manera se diluirá su «nacionalismo» de élites. Alguno de ellos, como el historiador Ernesto Palacio, llegará a diputado nacional por la conjunción de fuerzas triunfantes en 1946.

Es que si ya en el caso de F.O.R.J.A. habíamos señalado la incomprensión (o mejor, la omisión) de la cuestión obrera por parte de ese grupo político, en el caso de los nacionalistas la falla es aun mas grave. En términos generales, las pocas veces que se han referido al proletariado lo han hecho para ubicarlo en alguna concepción más o menos corporativa que permitiese a las élites —ellos mismos, claro, por derecho divino— un manejo más descansado de la cosa política. Nos resulta, por ejemplo, muy difícil compartir la sorpresa de Amadeo ante el plan de Perón: «Las ideas que preocupaban a Perón eran, por una parte, constituir una gran fuerza política y, por la otra, atraerse a los sectores obreros. Juzgué a este último proyecto como una cándida utopía, pues confieso que en ese momento no podía concebir que un coronel sin experiencia en la vida civil pudiera constituirse en leader de las masas proletarias. En cambio, me atrajo su plan de crear una fuerza política que asumiera y continuara en el tiempo los “postulados” del 4 de junio».[107] Otro nacionalista, José María de Estrada, al analizar las relaciones entre peronismo y nacionalismo es lo suficientemente vago como para plantear apenas el problema: «Sin duda gran parte del éxito inicial del peronismo se debió al haber adherido públicamente, con fervor y entusiasmo, a ciertas ideas y actitudes del nacionalismo. El acierto de Perón fue echar mano de un ideario que hasta el momento no había traspasado el umbral de núcleos más o menos pequeños, pero que tenía una gran fuerza de convicción y el mérito de haber dado en el blanco con una serie de cuestiones relativas a nuestro ser nacional y a nuestra situación histórica y social».[108]

El mismo autor, hablando en general sobre la ideología «nacionalista» (y sus puntos de referencia internacionales), llega a afirmar: «En la última guerra fueron abatidos importantes regímenes nacionalistas. No obstante los errores y desviaciones en que éstos pudieran incurrir, y la derrota sufrida, han quedado sin embargo algunas ideas —o más bien actitudes, si se quiere— de estos regímenes, incólumes y basta triunfantes. Queremos decir que no obstante las graves desviaciones que algunas ideas nacionalistas llegaron a presentar, la actitud inicial —esa sinceridad ante las cosas, ese realismo sin prejuicios, ese decidido antimarxismo, ese considerar que hay cosas valiosas de hecho anteriormente a toda discriminación y racionalización humanas, en fin, todas aquellas características ya apuntadas— queda como algo positivo y valioso».[109] Esos puntos son lo que Estrada ha analizado previamente como aporte positivo del movimiento en la Argentina, lo cual —evidentemente— otorga a sus palabras un claro carácter polémico. Lo del «decidido antimarxismo» quizás merezca una aclaración. Luego de referirse el autor a la crisis del liberalismo, a renglón seguido en el orden del discurso toca el problema del marxismo. Todo lo que podía ser criticable en el primero —liberalismo— se traslada al segundo —marxismo—, y se hace entre ambos un inverosímil batiburrillo que permite calificar a cualquier idea o a cualquier persona de liberal-marxista con absoluto desprecio por las distinciones ideológicas. Ello, además de ser científicamente incorrecto, ha resultado muchas veces peligroso para la libertad física y/o intelectual de los calificados, pues los organismos de seguridad y represión suelen cometer las mismas equivocaciones.

El «nacionalismo», pues, adviene formalmente apoyando a una revolución que muy pronto deja de ser suya (la del 6 de setiembre de 1930), sobrenada el período que va desde 1931 a 1943 multiplicando las publicaciones periódicas (algunos nombres: Baluarte, Nuevo Orden, Crisol, La Nueva República, Sol y Luna —clásico ejemplo de un nacionalismo hispanista casi virreinal—, Nueva Política, El Fortín, Nuestro Tiempo, Balcón, los diarios El Pampero y El Federal…)[110] y desarrollando una eficaz campaña proselitista en algunos medios (militar, universitario). Para el 4 de junio de 1943, en ocasión del golpe castrense, los nacionalistas ven llegar su segunda oportunidad. Modestamente se ofrecen —y hasta cierto punto consiguen el objetivo —como ideólogos del movimiento contra Castillo, una vez que las tropas han derrocado al anciano presidente. Marcelo Sánchez Sorondo aconseja en el «Discurso a los militares»: «Desde el cuatro de junio, hay una solución de continuidad, pero es como si se pasara a una especie de oasis apolítico. El movimiento militar derribó un gobierno que tenía el aire de ser un fin de régimen. Los hechos hablan todavía por sí mismos con su lenguaje medio crudo, medio a desentrañar y con una gran impersonalidad. Falta ejercer la inteligencia de los hechos, lo que se llama en términos genuinos, doctrina»[111]. Y ya sobre el final de sus consejos, revela: “Hoy lo revolucionario está en los hechos y en nuestros temas de acción. En la hora y en los hechos el Estado es una presencia actuante. Éste es el primer signo de que la revolución ha comenzado. ¡Pero ay de los hechos solos sin teología política! ¡ay de la acción sin doctrina! Puede todo despeñarse en el puro materialismo, en el materialismo de la falsa eficacia, en la verdad devorada por la eficacia, o por el resentimiento, en la concepción marxista. Cuidado con la letra sin el espíritu. Es necesario que esto se diga: en el cuatro de junio vuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad, la responsabilidad de todos, es enorme. El cuatro de junio es la fecha decisiva de un año decisivo. Ya está jugado el país. O se logra la unidad nacional o nos consume la anarquía. Vosotros, militares, tenéis ahora todos los mandos. Vosotros, militares, que hacéis de vuestra vida profesión de honor, habéis hecho, el cuatro de junio, profesión de fe»[112].

Encaramados a esa «profesión de fe», los nacionalistas consolidarán sus posiciones en el campo de la enseñanza, la administración pública, las relaciones exteriores, y en muchísimas ocasiones se caracterizarán por su sectarismo y arbitrariedad. «No obstante, la nueva etapa cargó con el lastre del pasado, pues los nacionalistas mantuvieron puestos claves en la administración y particularmente en la docencia. A ella habían entrado pisando fuerte. Hombres como Sepich, Baldrich, Genta, Olmedo, Obligado, confundieron la enseñanza con el atropello y sus convicciones con decretos de la ley marcial. Por supuesto, la fobia ultramontana, el odio a la Revolución francesa y los principios “volterianos”, la pretensión de que la Revolución de Mayo es poco más o menos una continuación de Felipe II, no son reclamos propicios para atraer a la juventud».[113]

Sobre otros caracteres de los grupos nacionalistas —su rosismo (y los intentos desiguales de revisionismo histórico), su nostalgia por los tiempos de la conquista y colonización hispánica, su respeto por ciertos valores tradicionales—,[114] creemos prudente no extendernos. Sí diremos pocas palabras acerca de una característica peculiar del movimiento: la formación de grupos de choque, dedicados a la acción directa, entre los que podemos mencionar a la Legión Cívica Argentina y a la Alianza Libertadora Nacionalista, uno en los primeros tiempos del período considerado en este ensayo, el otro sobre los años cuarenta y cinco y siguientes.

La Legión Cívica Argentina llegó a contar con reconocimiento oficial de las autoridades (20 de mayo de 1931), y obtuvo además personería jurídica (11 de enero de 1932). Ibarguren, en el afán de buscarle precedentes históricos nacionales, la vincula con Mariano Moreno, el Congreso de Tucumán, el Directorio y la Confederación,[115] y rechaza con energía los presuntos orígenes mussolinianos. Según sus estatutos, la Legión Cívica estaba compuesta por «hombres patriotas» que condensaban «el espíritu de la revolución de setiembre y que moral y materialmente estaban dispuestos a cooperar a la reconstrucción institucional del país»; el gobierno autorizaba a sus integrantes para que «concurran los días domingos y feriados a los cuarteles a recibir instrucción militar y prácticas de tiro».[116] El organismo fue denunciado públicamente en numerosas ocasiones por diversos sectores de opinión, lo mismo que otros grupos análogos de más reducido ámbito. Así, el diputado Nicolás Repetto presentó un proyecto de declaración a la Cámara de que formaba parte en estos términos: «La H. Cámara de Diputados de la Nación declara que urge disolver los grupos de particulares organizados y armados que bajo denominaciones distintas tienden a substituirse a los órganos legales en el régimen de las libertades públicas y manifiesta su profundo desagrado al comprobar que el Poder Ejecutivo no ha sabido defender las libertades públicas de las agresiones de esos grupos».[117]

El mencionado Ibarguren nos recuerda la existencia de otros nucleamientos: «Además de las agrupaciones existentes desde la revolución de 1930: “Liga Republicana”, “Legión Cívica” y “Legión de Mayo”, formáronse otras nuevas: “Acción Nacionalista Argentina”, dirigida por mi amigo el destacado escritor y profesor Juan P. Ramos; “Guardia Argentina”, organizada por el poeta ilustre y gran patriota Leopoldo Lugones; “Legión Colegio Militar”. “Milicia Cívica Nacionalista” y muchas otras más. Estas distintas entidades no pudieron concertar firmemente un acuerdo que las unificara, a pesar de perseguir los mismos propósitos inspirados en idéntica ideología. La agrupación con mayor número de afiliados era, acaso la “Legión Cívica Argentina”, que derivó luego en “Alianza de la Juventud Nacionalista”, cuyo conductor inicial fue el general Juan Bautista Molina».[118] De ésta a la Alianza Libertadora Nacionalista —Juan Queraltó, más adelante Guillermo Patricio Kelly— hay sólo un paso. La Alianza se constituirá en cierto modo como un grupo de choque del peronismo, actuará en el campo político y universitario, gozará del patrocinio oficial y se caracterizará en esa época como fuertemente xenófoba y racista. La A.L.N. fue precursora, a su modo, de «Tacuara» y otros núcleos activistas del nacionalismo desde fines del cincuenta.

Hernández Arregui, que a veces juzga con excesiva benevolencia al movimiento, debe concluir que «el nacionalismo se apoyó en la historia pasada pero se anquilosó en la historia del presente. El presente como retorno a lo viejo, le cerró a la filosofía conservadora del nacionalismo el entronque con un porvenir que se despliega ante un mundo estremecido por la revolución».[119]

Hubo, en cambio, figuras aisladas —algunos autores las englobaban en un hipotético nacionalismo «democrático» que tendría lejanos antecedentes en los caudillos federales, en José Hernández y ya en este siglo en Hipólito Yrigoyen— que enfocaron los problemas políticos y económicos con vigoroso trazo: Jorge del Río, José Luis Torres, Raúl Scalabrini Ortiz, no siempre —especialmente en el caso de Torres, combativo publicista— con absoluta coherencia.[120] En ciertos aspectos se vinculan espiritualmente con los nacionalistas aunque su acción fue individual. Pero, en último análisis, son más bien las excepciones que la regla. Y la regla fue y sigue siendo el nacionalismo aristocratizante, confesional, hispanista, regresivo.

El movimiento universitario

La Reforma Universitaria, nacida en Córdoba en 1918, ya había sufrido varias idas y venidas en vísperas del golpe de setiembre de 1930. Los detalles correspondientes a la historia interna del movimiento han sido expuestos en otros trabajos.[121] Lo que importa destacar en este parágrafo, a grandes rasgos, es la trayectoria militante del reformismo entre 1930 y 1946 y apuntar sus conexiones con la política activa.

En general, la buena voluntad y los deseos de mejoramiento estudiantiles fueron aprovechados por los políticos reaccionarios para complicar a sus organismos representativos en la agitación previa al seis de setiembre. A ello, sin duda, contribuyó la errónea política de ciertos sectores yirigoyenistas hacia la Universidad, los mismos que veían «peligrosos maximalistas» hasta en la sopa y, especialmente, en las casas de altos estudios. «Los estudiantes reformistas, hasta la víspera vapuleados por el “Klan Radical” y por la policía yrigoyenista, ven con regocijo la caída. Sólo muy pocos advierten el trasfondo reaccionario e imperialista del golpe y lo irreversible de esa quiebra institucional. La mayor parte piensa que ha concluido un estado de cosas confuso y arbitrario, que será posible poner orden en un “mundo a la deriva” y en una Universidad donde persisten inamovibles espectros».[122]

Muy pronto los estudiantes habrán de comprender su error (que tampoco les resultó exclusivo), cuando el gobierno de Uriburu haga referencia a la «anarquía universitaria» y se disponga a superar el caos. Benito Nazar Anchorena, interventor en la Universidad de Buenos Aires, será el brazo ejecutor de la armonía en la Capital Federal. Comienza así la era de persecuciones que durará varios años: a los movimientos estudiantiles (reformistas) y a «los profesores que, por una razón o por otra, y generalmente por su militancia en el radicalismo, estaban en dificultades con el nuevo gobierno».[123]

Las consecuencias de la situación son múltiples: hay detenciones (Héctor P. Agosti), separaciones de docentes (José Peco, defensor de Agosti; Gregorio Bermann, Jorge Orgaz en Córdoba), extrañamientos (Eduardo Howard), y cientos de ejemplos más. Se denuncia como agentes del comunismo internacional a la Federación Universitaria Argentina, y a muchos de sus militantes (el recurso es permanente). Bajo la presidencia de Justo, las cosas no mejoran ostensiblemente. Las diversas corrientes reformistas debaten sus principios en el Segundo Congreso Nacional de Estudiantes (Buenos Aires, 1932).[124] Hubo intentos aislados de convertir al reformismo en fuerza política, como forma de superar la difícil antinomia universidad-sociedad (el que más se recuerda perteneció a Julio V. González, antes de 1930, y se llamó Partido Nacional Reformista[125]), pero lo que ocurría con mayor frecuencia era el ingreso de universitarios a los partidos políticos existentes: a la Unión Cívica Radical, José Peco, Mario Sáenz, Eduardo Araujo; al Partido Socialista, Alejandro Korn, Carlos Sánchez Viamonte, Deodoro Roca (por breve lapso), el mismo Julio V. González; al Partido Comunista, Ernesto Giúdice, Rodolfo Aráoz Alfaro.

La Federación Universitaria Argentina apoyará los intentos frustrados de frente popular, que fracasó entre otras causas por la falta de colaboración radical. Se solidarizó con la República española, estará junto a los aliados en la segunda guerra mundial, formará en las filas de los organizadores de la Unión Democrática («generación del 45»).

En 1942 se realiza en Córdoba (bajo la gobernación radical de del Castillo-Arturo U. Illia, neutralista en el conflicto bélico junto con el grupo acaudillado por Sabattini) el Tercer Congreso Nacional de Estudiantes. «Significó un enérgico e inútil llamado de atención para quienes arrastraban el país hacia días aciagos; también significó una categórica manifestación antifascista».[126] En 1943, después del 4 de junio, hay un copamiento de las universidades —y de la enseñanza primaria y secundaria— por parte de sectores clericales y regresivos, contra quienes combatirá valientemente el movimiento reformista.[127] Los árboles —los árboles reaccionarios— no dejaban ver el bosque, y FIJA perdió de vista el hecho de que Perón contaba con el apoyo de las masas obreras. «FUA cayó en el juego del adversario, buscó aliados en cualquier parte y llegó a auspiciar el lock out de los magnates industriales. Puede afirmarse asimismo que fue en FUBA donde se gestó la Unión Democrática, coalición de partidos dispares (radicales, socialistas, conservadores, comunistas), unidos por el solo denominador de su antiperonismo. Las fuerzas de izquierda que la integraron cometieron el error —oportunamente advertido por Prestes y luego por Julio V. González— de entrar en transacciones con intereses repudiables, permitiendo que Perón las englobara entre los “vendepatria” sometidos a Braden (…)».[128] Son los momentos del slogan: «Alpargatas sí, libros no». El antiperonismo del movimiento universitario recrudecerá a lo largo del período 1946-1955.[129]

En cuanto a sus postulados antiimperialistas, si bien es cierto que las principales críticas reformistas se dirigieron al imperialismo yanqui (lo cual no es poca cosa, visto el desarrollo posterior que tomaron los acontecimientos), parece excesivo sostener —como ha venido haciendo la llamada «izquierda nacional», y antes que ella los nacionalistas— que la Reforma era cómplice del imperialismo británico. Ello resulta más bien un recurso polémico de dudosa buena fe. Es cierto que los reformistas no han analizado en profundidad el fenómeno del «nacionalismo» criollo, pero también lo es el hecho de que los nacionalistas se han despreocupado de la Reforma Universitaria mediante el cómodo recurso de taparse los ojos frente a ella (y adjetivar en sentido peyorativo). Si los nacionalistas hubiesen abiertos los ojos, habrían podido leer afirmaciones de Deodoro Roca como ésta: «Hemos traído el recuerdo de Gandhi y el de la justicia imperial inglesa. No puede negarse que Argentina es una vicecolonia británica, con todas las cargas y sin todas las ventajas de tratamiento que la metrópoli concede a sus “dominios independientes”. Sobre todo lo es desde que rige, por inspiración del ministro, economía planificada y se aplica el invento “Niemeyer”. Las elecciones de Buenos Aires acaso hayan repugnado un poco al tradicional decoro británico y a su sentimiento procer de la Democracia. Sin duda. No es lo que hubiera querido. Pero, al fin y al cabo, es un vice-dominio y el caso tiene una vice-importancia. Estaba en el interés del sistema británico, momentáneamente, consolidar, formalmente al menos, el sistema político interno de la concordancia conservadora. Lo contrario habría sido perder tiempo. Ya se dará con el medio de enlazar, en “una síntesis superior”, los intereses dispares de los grupos indígenas turnantes. O una “nueva concordancia”, o un “nuevo radicalismo”, está en los planes del absorbente capital financiero inglés. Pero por ahora, lo importante es afirmar la fuerza política con la cual ha consolidado su hegemonía. Hay que “salvar las formas”. Eso es perfectamente británico. Por eso, cuando tres jueces dicen que sí y dos dicen que no, todo está salvado. Se puede seguir negociando. Y se dará —ante las amenazas oscuras de conmoción popular— con otras formas que salven todas las formas».[130]

Y también: «Una gran parte de los viejos funcionarios de la oligarquía criolla al servicio del imperio británico —jueces letrados, capitanes de industria, profesores y toda la fauna influyente y tarifada— se volvieron de súbito, nazistas frenéticos, los más terribles adversarios del “capitalismo” inglés, del nefando y recién descubierto “imperalismo” británico. Era cómico. Y trágico. Nació en esas horas y se alimentó inicialmente, aunque con reticencias oscuras de unos pocos, de ese espíritu. ¿Qué peligro, inminente, inmediato, lo determinaba?; el triunfo del nazismo y su desborde en América y en el mundo».[131]

Deodoro Roca, verdadero varón renacentista por la diversidad de intereses que lo atrajeron durante su intensa vida,[132] marca con claridad el paso del reformismo universitario a la acción social, a la acción política a secas (no partidaria en su caso, salvo la breve afiliación al Partido Socialista y su candidatura a intendente de Córdoba por la Alianza Civil), con vocación de sacrificio. Hay otros nombres paralelos: el aún más olvidado Saúl Alejandro Taborda (salvo, ocasionalmente, por sus Investigaciones pedagógicas), Aníbal Ponce, Julio V. González (que seguirá sirviendo sus ideas de juventud en las filas del Partido Socialista: como diputado, presentará proyectos de ley universitaria y de nacionalización del petróleo).

Roca propugnará infructuosamente, desde su nativa Córdoba, el Frente Popular que estimaba indispensable para el país. Pero el radicalismo oficial —que no era el de Amadeo Sabattini, «vozarrón saludable que parece venir de la masa»[133]— cree posible llegar sólo al poder, sin aliados peligrosos que perjudiquen sus buenas relaciones públicas. Y la posibilidad se frustra. Roca será después decidido militante antifranquista y antinazi, y estará junto a los Aliados en la lucha contra el Eje. Muere en 1942.

Dos años después desaparece Taborda, otro argentino que «vivió y pensó para su tierra».[134] Calificado a la ligera por apresurados comentaristas como «fascista», el pensamiento político de Taborda —articulado fuera del marco de los partidos políticos tradicionales— se esboza en su tesis facúndica o comunalista,[135] donde reivindica interesantes y olvidados antecedentes nacionales y ve en la comuna «la base esencial de nuestro federalismo»,[136] un federalismo de neto sesgo social y económico.

Y, finalmente, la evolución de un Ponce (del positivismo al marxismo) abre un camino nuevo —que él mismo no alcanzó a recorrer en su totalidad— para aquellos que se arroban ante el camino inverso de Lugones: del socialismo de principios de siglo al nacionalismo xenófobo con «hora de la espada» y todo. La ruta entrevista por Ponce apenas si ha hallado continuadores, pero no deja de mostrarse como la más fecunda en el futuro.

Capítulo VI

Iglesia

Iglesia y política: los temas del catolicismo

Interesa destacar en este apartado ciertos problemas que plantea la actividad de la Iglesia (o de algunos de sus miembros, oficiales u oficiosos) en el orden político. De ahí que sólo tangencialmente nos hemos de referir a la tradicional problemática del derecho constitucional argentino, que es recordada por un autor norteamericano en obra valiosa para nuestro tema (John J. Kennedy, Catholicism, Nationalism, and Democracy in Argentina): «Las disposiciones constitucionales y los acontecimientos y precedentes históricos se han combinado para crear por lo menos tres grupos separados de problemas relativos al estudio de las relaciones eclesiástico-civiles en la República Argentina. Se pueden identificar como: 1) el status jurídico del catolicismo; 2) el ejercicio del patronato; y 3) relaciones con la Santa Sede».[1]

Desde 1930 hasta 1943 aproximadamente, la Iglesia y sus órganos no institucionalizados de expresión (tanto, los documentos emanados de la jerarquía como las publicaciones católicas, entre las cuales analizaremos de preferencia a la revista Criterio) van a centrar su acción en algunos pocos temas de interés. Los puntos clave serán, a no dudarlo, el mantenimiento de las disposiciones legales contrarias al divorcio vincular y la lucha por la enseñanza religiosa. El contexto en que mueve su estrategia la Iglesia —una estrategia que en muchos casos hay que inducir de hechos aislados o de consecuencias concretas— será el fuerte tono antiliberal de su prédica. Claro que los matices no dejan de ocupar su lugar, como podrá advertirse en las diversas trayectorias de los monseñores Miguel de Andrea y Gustavo J. Franceschi, para no citar el presbítero Julio Meinvielle.

El problema del divorcio tuvo eco en el Parlamento, y la representación del pensamiento liberal estuvo a cargo de la bancada socialista. Este enfrentamiento ideológico habrá de reiterarse en otros puntos afines, y caracterizará al socialismo como partido anticlerical y laicista por antonomasia.

El joven legislador Américo Ghioldi planteaba así el debate: «En esta Cámara, desde luego, se cruzan todos los caminos de la inteligencia y todas las rutas del sentimiento nacional. Pero dos son las rutas principales. Hay algunos que son movidos consciente o inconscientemente por las fuerzas morales e intelectuales que parten de la doctrina de San Pablo, de la teoría del pecado, del concepto de horror por la fornicación, del culto por el ascetismo; inconscientemente influye aquella tendencia, aunque modificada ahora, de horror a la belleza corporal; influye el concepto de la inferioridad de la mujer, que sigue siendo la eterna «costilla del hombre», influye el preconcepto del sacramento, la idea de la inmutabilidad de las formas familiares y la tendencia intelectual de buscar en la interpretación de los Libros Santos la verdad que ha de iluminar su camino.

»Estamos nosotros en la otra ruta, en la ruta de la ciencia, del amor y de la libertad; hombres que leemos los Libros Sagrados como documentos humanos y de altos valores literarios, pero que con la ciencia buscamos la interpretación de los fenómenos en la propia naturaleza y no en los textos escritos. Tenemos una mente apta para pensar en las cosas e instituciones, en su continuo devenir y evolución, no petrificadas y fosilizadas en formas inmutables. Influyen en nosotros las conquistas laicas, la creación del amor romántico, la secularización de la vida y de las instituciones. Cuando se nos plantea o promovemos el problema del divorcio, somos consecuentes con nosotros mismos, pretendiendo culminar una evolución que hace rato debía haberse cerrado, y es la evolución laica y liberal del país que, iniciada desde los albores de la Revolución reclama ahora la ley del divorcio, para conquistar inmediatamente después la separación de la Iglesia y del Estado».[2]

El diputado Enrique Dickman, también en la discusión de 1932, analizaba someramente el proceso histórico que llevó a la consideración del tema: «En 1902 se había presentado el Episcopado en su totalidad a la Cámara con una solicitud extensa y fundamentada negando al Parlamento argentino el derecho de discutir y sancionar esta ley (…) La Iglesia oficialmente esta vez no se ha pronunciado sobre el asunto. Si en 1902 la Iglesia católica se presentó al Honorable Congreso personalmente, en 1922 se presentó por intermedio de un personero. Sabe la Cámara que en 1922 hubo un despacho casi unánime de la Comisión de Legislación General en favor del divorcio. Estaba en contra un solo diputado. Presidente de aquella comisión era el diputado O’Reilly, radical, hijo de irlandeses, y católico él mismo. Asimismo, como ahora hay muchos católicos sinceros que aceptan la ley de divorcio, firmaron el despacho, y fue el personero de la Iglesia Católica el señor Yrigoyen que mandó un mensaje inconcebible al Congreso de la Nación negándole autoridad para tratar y sancionar esta ley (…) No se trató más el asunto, y en 1932, con una cámara renovada, más laboriosa, más inteligente y más permeable a la razón, se trata el divorcio en plena libertad. Ni arzobispos, ni obispos, ni presidentes presionan ahora la conciencia de la Honorable Cámara».[3]

Es que los métodos estaban empezando a cambiar, y no sólo en la Argentina. La creación de la Acción Católica, por ejemplo, permitía una libertad más amplia de movimientos a la Iglesia, derivando a esa asociación algunas tareas que antes —como en 1902 lo rememora Dickmann— cumplía la jerarquía. Así nos informará Ghioldi: «En una circular secreta dirigida por la institución Acción Católica Argentina, circular secreta que lleva la firma del presidente y secretario de la misma, señores Martín Jacobi y Rómulo Amadeo, se da cuenta de los trabajos personales que se realizaban entre los diputados. No voy a citar los nombres de los diputados que han sido objeto de «trabajos». La circular dice así: «A fin de facilitar el trabajo que se está realizando de ver a los señores legisladores nacionales a fin de comprometerlos a votar en contra de la ley de divorcio, tenemos el agrado de informarle sobre las diligencias hechas por las juntas diocesanas, rogándole utilice estos datos con la reserva necesaria, por ser confidenciales» (…).

»Posteriormente otra circular confidencial ha tratado de movilizar a todas las instituciones católicas distribuidas en el país; con fecha Agosto 12 les comunican estos mismos señores que ha llegado el momento de bombardear a la Cámara con notas, telegramas, memoriales, recolección de firmas en contra de la institución del divorcio. La circular lleva una nota interesante: “Dado el carácter de nuestra Cámara, conviene que en estas circunstancias se empleen los argumentos jurídicos y sociales en vez de los religiosos”»[4].

El proyecto sobre divorcio es aprobado en Diputados por 98 votos a 26. Jamás será sancionado por el Senado: otro triunfo del lobby.

Así como para el divorcio la Iglesia hacía hincapié en mantener el estado de cosas existente (legislación prohibitiva de la separación absoluta), para el caso de la enseñanza religiosa propugnará el cambio de las normas legales. Y el cambio llegará.

Los ejemplos de este proselitismo concreto pueden multiplicarse, conectados con otros aspectos colaterales: virulentos ataques contra las ideas de la Reforma Universitaria (a las que se atribuyen oscuros propósitos extremistas), intentos de fundación de universidades privadas (llevados a la práctica recién en 1958, luego de los acontecimientos ligados al «articulo 28»), alegatos antisocialistas en diversos grados.

El obispo de La Rioja, Froilán Ferreira Reinafé, defendía la enseñanza religiosa: «La Religión Católica tiene derechos conquistados e indiscutible carta de ciudadanía en nuestra escuela. Es deber del legislador respetar estos derechos adquiridos, que nacen a su vez de la raíz del alma humana y que han sido custodiados en trescientos cincuenta años de existencia. ¿Cómo no habría de ser así, dado que la educación del niño es menos una cuestión técnica que una cuestión espiritual, y para desempeñar con eficacia esta función ha de mantenerse en una estrecha comunicación y real cooperación con las fuerzas de lo alto?»[5].

Y en la Pastoral del Episcopado argentino «acerca de los deberes de los católicos en el momento actual», del 15 de noviembre de 1945, se defendía el derecho ya adquirido: «La Iglesia ha recibido el derecho de enseñar de Dios mismo. Puede, pues, exigirlo en nombre de Dios. Pero puede exigirlo también en nombre de los intereses del niño que exigen se le imparta una educación integral, haciéndole conocer su origen divino, sus destinos inmortales y los derechos sagrados de su persona. Puede exigirlo en nombre de la Constitución, como también de la tradición argentina».[6]

Cada esfuerzo tendiente a impulsar ideas afines sobre la enseñanza religiosa es considerado por el clero como una victoria parcial. Así se recibe, por ejemplo, el decreto del gobierno de la provincia de Buenos Aires (-X-36) por el que se establece la enseñanza de la religión católica en las escuelas primarias, dentro del horario escolar. La medida propiciada por Manuel Fresco será un importante antecedente del decreto-ley nacional N.° 18.411 del 31 diciembre de 1943, dictado por el gobierno provisional del general Ramírez y ratificado luego por ley del Congreso (N.° 12.978/47).

El arzobispo de Santa Fe, Nicolás Fasolino, y el obispo de Rosario, Antonio Caggiano, se preocupan por deslindar las consecuencias jurídico-morales del decreto de enseñanza religiosa: «La enseñanza religiosa en las escuelas responde a un derecho de las familias y de la Iglesia que no sólo no perjudica al Estado sino que le da la contribución de mayor profundidad en la formación moral de los ciudadanos. Ella no suprime ni hiere la libertad de conciencia ni de los alumnos ni de los padres no católicos, que tienen derecho a exigir que sus hijos no asistan a las clases de enseñanza religiosa; por lo cual el Estado les proporciona la enseñanza moral indispensable a todo hombre y basada en la ley natural de la conciencia. Estamos en nuestro derecho al defenderla y cumplimos con una obligación esencia] de la doctrina católica. Se nos puede contradecir y combatir, pero se nos debe respetar en el uso legítimo de derechos que nos competen como ciudadanos, y como Obispos católicos que trabajamos en orden de nuestra misión apostólica para el bien y la grandeza de nuestra Patria».[7]

Y, por fin, cuando se discutía en el Congreso la homologación —entre otros— del decreto sobre enseñanza religiosa, los argumentos favorables del sector católico tenían este carácter:

—«Entonces —me preguntó el Presidente de la Cámara joven— ¿cree usted que el país sería defraudado si veta nuestra Cámara la ley de enseñanza religiosa?

—Y además engañado y burlado —le respondí.

—¿Por qué?

—Sencillamente porque se le dio a entender que la enseñanza religiosa constituía un postulado de la Revolución. El diputado de la mayoría que vote ahora contra ella, lisa y llanamente abandona un principio fundamental del partido que lo elevó a la banca del Congreso, para sancionar un principio del sector contrario».[8]

No en vano, y desde años atrás, la enseñanza religiosa figuraba en el programa que conocidas figuras civiles de la confesión católica propugnaban como necesario para el país. En 1937, Rómulo Amadeo afirmaba que «si nuestra democracia quiere vivir debe buscar reformas de orden constitucional». Y las enumeraba: «Primero: Colocar el origen de la soberanía en Dios y adoptar la Católica como religión de Estado. Así se evitan leyes contra los preceptos de la ley divina y natural.

»Segundo: Establecer la enseñanza religiosa en las escuelas del Estado. «Una democracia será moral o no será», ha dicho Horacio Mann. Sin enseñanza religiosa tendremos un pueblo inmoral. Si el que elige a los gobernantes y a los legisladores no tiene educación cívica y moral, el Estado se derrumbará.

»Tercero: Poner a las libertades el límite de la verdad y el bien común. La libertad no es un fin, es un medio, y si ese medio no propende a la verdad y al bien, se convierte en un mal que debe ser suprimido».[9] Como se ve. Amadeo confunde a sabiendas el problema del país y las necesidades de la Iglesia. Tampoco será el único en hacerlo.

El grupo orientador de la revista Criterio, a modo de comentario editorial, incurrirá a veces en un sectarismo tan reprochable como el que monótonamente adjudica al Partido Socialista.

En ocasión de incorporarse y jurar los legisladores electos en los comicios de 1946 (sobre más de ciento cincuenta diputados, veintisiete no lo hacen por Dios), advierte la revista con todo su peso doctrinario, por más extraoficial que se lo considere: «El ateísmo de nuestros legisladores no debe ser perdido de vista. En efecto, si quieren ser lógicos consigo mismos, han de realizar toda clase de esfuerzos para establecer en la república un régimen sustancial y totalmente materialista. Y nosotros, no solamente los católicos, sino todos los espiritualistas, protestantes, deístas de cualquier género, no podemos admitirlo porque contradice no ya intereses accidentales sino los principios esenciales de la cultura que responde simultáneamente a nuestra creencia más profunda y a la tradición del país. El asunto es infinitamente más grave de lo que puede suponérselo a primera vista, pues todo: escuela, familia, derecho, concepto de dignidad de la persona humana, libertad, deber, se juega en esta disyuntiva. La opción es necesaria, y ninguna tendencia partidaria, ninguna simpatía política justificaría que tuviéramos en cuenta lo secundario y prescindiéramos de lo esencial. Ante el ateísmo individual y privado reaccionan más que el buen sentido y el celo apostólico: duélenos ver a hermanos nuestros tan lamentablemente extraviados. Pero con el ateísmo oficializado y público son puestos en juego los intereses superiores dé la nación: aquí tienen que ver los sanos conceptos sociales y el bien entendido patriotismo».[10]

La misma revista que venimos siguiendo en nuestros análisis, para evitar una dispersión de textos que no favorecería apreciablemente la indagación, dirá en tono admonitorio (1937) a los radicales cuando se insinúa la posibilidad de una alianza con los demócratas progresistas en Santa Fe, que el general Justo y el doctor Alvear alejarán de modo definitivo: «Hacer alianza con los demócratas progresistas equivale pues a ponerse en contra de la auténtica tradición nacional y de las instituciones básicas del país, que el radicalismo proclama respetar. El partido demócrata progresista ofrece tendencias perjudiciales por dos costados: crudamente capitalista en lo económico, profesa un ateísmo virulento en lo religioso. Nos bastaría recordar la Constitución santafesina de 1921 para probarlo. Ninguna entidad política argentina, verdaderamente argentina y popular, puede aliarse con él, por lo menos impunemente. Ni aun desde el punto de vista electoral inmediato semejante operación sería beneficiosa.

»Que los demócratas progresistas voten por quien quieran. Ganarán mucho más los radicales si se mantienen libres de su contacto».[11]

Pero las invectivas más continuadas las recibirá el Partido Socialista, y en ocasiones el análisis no deja de tener utilidad objetiva, más allá de las intenciones sectarias de este o aquel autor. Otro comentario editorial de Criterio (en 1940) decía: «El Partido Socialista, disminuido por la deserción de aquellos de sus elementos que lo abandonaron para ingresar en el comunismo o en el nacionalismo, está completando el proceso de su aburguesamiento y formalizándose en partido liberal, un tanto rojizo, pero nada más que liberal al fin. Ello explica que pierda su revolucionarismo social y hasta económico, se adapte al juego de los partidos tradicionales y no se preocupe más que por la pesca del mayor número posible de electores para seguir usufructuando algunas bancas en el Congreso o el Concejo».[12] Claro que esta agudeza perceptiva no es general, y la mayoría de las veces se preferirá mezclar a sabiendas comunismo, socialismo y liberalismo en un solo haz, para que el golpe polémico abarque un blanco más extenso.

Porque —lo repetimos— el antiliberalismo será uno de los denominadores comunes de la acción política de la Iglesia en este período, agravado luego de la irrupción clerical-nacionalista en ciertas esferas a partir de 1943. Y, parejamente, la oposición socialista —la más característica del periodo— tomará un neto cariz liberal. Véase si no algunos hechos concretos: el famoso discurso de Juan B. Justo en el Senado (23 de setiembre de 1926), al discutirse si el cuerpo debía presentar al Poder Ejecutivo la terna de candidatos para arzobispos de Buenos Aires, es buena prueba de lo que decimos en este sentido. Aclaremos que tampoco su posición fue superada a lo largo del lapso considerado en estas páginas. La mayoría de los legisladores socialistas se limitaron a subrayar ciertas apreciaciones del fundador del partido, pero no avanzaron un solo paso más. Justo dirá sobre el fondo del debate aludido: «Creo que lo que se propone hacer el senado, al designar una terna de candidatos a arzobispo, es tan ilegal como si prestáramos nuestro voto a la designación de mariscal del ejército. La ley militar no habla de ese grado, ni existe en la jerarquía militar argentina, así como no existe tampoco el de arzobispo en la Constitución. Luego el propósito de hacer la terna para arzobispo es inconstitucional».[13] Américo Ghioldi, en un debate de 1933 sobre creación de nuevas diócesis y arquidiócesis, recalcará siguiendo a su maestro, que «muchos hemos venido a esta Cámara con un programa liberal perfectamente definido; nadie que nos haya votado ha podido ignorar nuestro punto de vista en materia religiosa».[14] Idénticamente, el proyecto presentado por el diputado socialista Ángel M. Giménez y otros legisladores sobre régimen legal de las órdenes religiosas (1932), es reflejo de las ideas de Justo en la materia, vertidas en el discurso mencionado[15] y de la experiencia liberal de los primeros tiempos de la República española.

El socialismo será el principal contradictor de la Iglesia durante la década del treinta. Señalará, por ejemplo, que «organizaciones poderosas internacionales como lo constituyen las congregaciones, han traído su fe religiosa, sus capitales e industrias, y en vez de encuadrarse dentro de la Constitución, se han colocado al margen en forma irregular con la tolerancia y complicidad de las autoridades y han resuelto su situación, utilizando los subterfugios de los códigos, sea colocando los bienes a nombre de terceros, sea a nombre de miembros de la congregación asociados, en condominio o simulando sociedades civiles o comerciales».[16] Denunciará casos concretos de propaganda religiosa en «varios establecimientos de primera y segunda enseñanza», e invitará al ministro de Justicia e Instrucción Pública, Manuel M. de Iriondo, para informar sobre el tema.[17] Se opondrá a la exención del pago de derechos portuarios a los buques fletados exclusivamente para la conducción y alojamiento de los congresales y peregrinos participantes en el XXXII Congreso Eucarístico Internacional.[18] Propondrá, en la discusión de cada ley de presupuesto, la reducción de los gastos relativos al clero (y al ejército).[19]

En ocasiones, los aliados más afines al socialismo serán los demócratas progresistas, que tampoco reniegan de su origen liberal. El senador Francisco Correa, al discutirse una terna para la provisión del arzobispado (en 1932), afirmará rotundamente: «No hay en mí, desde luego, ningún propósito de hostilidad; soy liberal, consecuente y en el buen sentido. Quiero libertad para la profesión de todos los cultos, la satisfacción y el respeto de todas las conciencias y no he de ser yo un perseguidor de la Iglesia católica. Pero es indispensable que esa gran institución se desarrolle dentro de nuestras leyes y de nuestra Constitución, y que estas ternas no sean simplemente un motivo de conversaciones de club o de influencia de señoras que tomen los senadores con indiferencia para votar por un candidato o por otro por pura deferencia a una recomendación. Es notorio, y no soy indiscreto, que la influencia de la nunciatura en estos actos del Senado se hace sentir activamente, y creo que deberíamos reaccionar contra intervenciones extrañas y hacer, en lo posible, que la Iglesia argentina sea argentina y gobernada por sacerdotes argentinos».[20]

La antinomia liberalismo-antiliberalismo signará buena parte del tiempo transcurrido entre 1930 y 1943, en lo que hace a las relaciones entre católicos y no católicos. A partir de esta fecha el panorama se complica por la influencia de que gozará el clero en ciertos sectores de la administración pública: enseñanza primaria, secundaria, universitaria; relaciones exteriores. A lo que deben sumarse las tendencias totalitarias (especialmente fascistas) acumuladas desde mucho atrás en importantes sectores de esa confesión, y la actitud de la Iglesia frente a lo que después se llamaría genéricamente «peronismo». Antes de dedicarnos al tema, un breve paréntesis sobre dos acontecimientos importantes.

Congreso Eucarístico, Acción Católica

El Congreso Eucarístico Internacional que se realizó en Buenos Aires del 9 al 14 de octubre de 1934, aparte de su significación intrínseca de acto de culto religioso, permitió comprender al gobierno del general Justo la importancia de cierto respaldo católico a su política de «fraude y privilegio». De ahí que el Estado se volcara generosamente en su ayuda.

Monseñor Gustavo J. Franceschi, influyente sacerdote que dirigía Criterio, es de los primeros en reconocerlo: «Conviene destacar la franca colaboración del gobierno en todas las actividades de la magna asamblea. Las autoridades nacionales y municipales (si prescindimos de parte del Concejo Deliberante) tanto como las militares y provinciales, han manifestado en esta oportunidad haber pulsado el deseo que abrigaba la inmensa mayoría del país. Ésta, quiéraselo o no, es de sentimiento e impulso católico. Fallará la instrucción religiosa y también la conducta moral de no pocos; pero, ocultada por las cenizas, la fe no se ha extinguido, y el potente soplo del Espíritu Santo ha puesto al descubierto las brasas. Los dirigentes del Estado, comenzando por el Presidente de la República que nos proporcionó un ejemplo magnífico de piedad con su oración del último día, se dieron cuenta de esta realidad, y no quisieron disentir con sus representados. He aquí algo que será recordado por Dios, y también por los hombres»[21]. Y por si hubiera gente todavía sin entender, la revista comentará editorialmente en otro número: «El general Justo ha adquirido un carácter de abanderado internacional de una causa grande, y ha prestado un servicio de inmenso valor a los que aspiran a salvar a la humanidad de los horrores. Es ya clásica en cierto modo la fórmula “Cristo o Lenín”; pues bien, el primer magistrado proclama bien alto que un país que se aprecia a sí mismo no puede vacilar acerca de la elección: la Reyecía de Jesucristo y no la sombría dictadura del soviet»[22]. Este acto religioso de Justo parece convertirse en un cambio cualitativo para el citado Franceschi, porque un año atrás —con su firma— había dicho «Yendo hasta la raíz del mal, se ha podido ver que ni el parlamentarismo ni el liberalismo general de nuestras instituciones permitirán una defensa eficaz contra el comunismo, el espíritu judaico, la desorganización marxista y la ruina general de la economía»[23]. Milagros de la fe, sin duda.

El jesuita Leonardo Castellani, como es tradición, resultaba más agudo en su enfoque: «El populacho de las grandes ciudades no creó el diario Crítica, con el cual actualmente ceba su espíritu; lo creó un aventurero uruguayo, con la tolerancia y la ayuda de lo que había de más alto en nuestra sociedad. En el Gran Congreso Eucarístico de 1934 un Presidente de la República y General del Ejército Nacional, que era uno de los mayores accionistas de Crítica, diario blasfemo, consagró el país confiado a su conciencia al Sacratísimo Corazón de Jesús, al lado del legado de su Santidad, hoy Santidad él mismo, y del Cardenal Arzobispo. Y después se fue a cenar a lo de Botana. Mediten sobre este hecho»[24]. La oración del presidente:¿acto político o religioso?

Tampoco vacila Ernesto Palacio: «La celebración del Congreso Eucarístico Internacional de Buenos Aires, en 1934, mostró la existencia en el país de una enorme mayoría católica, por lo cual el oficialismo justista, huérfano de opinión, adoptó también desde entonces una acentuada definición clerical»[25].

En los actos del Congreso Eucarístico se destacó la personalidad de monseñor Dionisio R. Napal, Vicario general de la Armada desde 1926, que actuó como locutor de las ceremonias. Su popularidad fue notable, y si lo mencionamos aquí es para recordar que no faltaron quienes propusieron hacerlo candidato a Senador por la ciudad de Buenos Aires. Ello figura en una biografía anónima de Napal, que es útil documento para comprender el período analizado con relación a ciertas posiciones del clero católico. «Después del Congreso Eucarístico de octubre de 1934, fue uno de los hombres históricos y consagrados con el bronce de perfil público que hubiese aunado votos y sufragios a fin de ocupar la senaduría por la Capital Federal. Si esto demuestra la real nombradía de Napal, pues su ascensión no era efecto de un partido político, a menudo manejado por reducidísimo elenco, sino fruto de una comprensión maravillosa de la multitud, sirvió igualmente para templar aquella fibra maravillosa que se mantuvo indoblegable en las buenas y adversas fortunas. No fue la Curia quien se opuso a que Napal aceptase la posible candidatura senatorial; fue el mismo Napal para quien nada significaba este cargo ciudadano después que Dios quiso unirlo en forma tan íntima con la gloria del Congreso Eucarístico»[26].

Como se ve, las consecuencias del Congreso trascendieron el plano concreto de la veneración religiosa (no dejaba de recordarse, por ejemplo, que ese año se cumplía el cincuentenario de la sanción de la ley 1.420 de educación común, contra la cual se agitaba el ambiente). La asamblea de 1934 dará fuerzas a algunos sectores católicos para intensificar su labor de zapa. Entre ellos, acaso el más importante sea la Acción Católica Argentina. Galletti ha sintetizado: «Desde los días del Congreso Eucarístico, se fue acentuando la influencia de los grupos católicos. Durante la guerra europea hubo un verdadero acuerdo entre grupos de la derecha católica y grupos de militares nacionalistas»[27].

Es imposible comprender el movimiento de Acción Católica que reavivó Pío XI para Italia, y sus ramas locales en los distintos países, sin reparar en las relaciones entre la Iglesia católica y el gobierno italiano de Benito Mussolini, consolidadas mediante el Concordato del 11 de febrero de 1929, a que aluden —entre otros— escritores de la talla de Antonio Gramsci.[28] Baste decir, por ejemplo, que en el acuerdo firmado entre la Santa Sede e Italia sobre Acción Católica (1931), se establecía: «La Acción Católica será esencialmente diocesana, dependiendo directamente de los obispos, que elegirán a los directores eclesiásticos y laicos. No podrán ser elegidas personas adversas al fascismo. De conformidad con su carácter religioso y espiritual, la Acción Católica no podrá intervenir en política (…)»[29]. No podemos aludir siquiera a los problemas suscitados con relación a los popolari de Luigi Sturzo y a las masas católicas, por este cambio de frente del Vaticano.

La Acción Católica Argentina se estableció mediante la pastoral colectiva de la jerarquía eclesiástica de fecha 1.° de diciembre de 1928, y en fecha tan cercana como el 5 de abril de 1931, otra pastoral del Episcopado se veía en la necesidad de aclarar: «Siempre que la política no atente contra el depósito intangible de principios religiosos y morales, cuya custodia encomendó Jesucristo a la Iglesia, en virtud de su autoridad Divina, anterior y superior a todas las autoridades del mundo, y a todas las soberanías del cielo, de la tierra y de los infiernos, la política no debe temer nada de la Iglesia ni de la Acción Católica»[30].

El profesor John J. Kennedy, de opiniones por lo general favorables a la actividad de la Iglesia en el campo político, no puede dejar de reconocer que la Acción Católica «… ha sido señalada como el aparato mediante el cual se hicieron efectivas las tendencias antidemocráticas y profascistas en los años críticos 1938-46».[31] Y señala a continuación la prohibición teórica para sus miembros de actuar en política. Pero «… el individuo es libre de afiliarse al partido político que elija, siempre que el partido no se oponga explícitamente a la doctrina o moralidad católicas»[32].

Ese apoliticismo es bastante discutible, si nos atenemos a otra pastoral del 30 de mayo de 1936, donde la jerarquía advierte en un sentido más amplio, vale decir, no referido exclusivamente a los integrantes de la Acción Católica: «El verdadero católico, lógico en sus creencias y en su vida activa y social, ha de acomodar su pensamiento, también en los asuntos sociales y políticos, a las orientaciones verdaderas y sanas de sus Pastores cuyo anhelo es la grandeza de la Patria en los brazos de Cristo»[33]. Si recordamos la conexión necesaria entre los obispos y la Acción Católica, las conclusiones serán —nos parece —más evidentes.

Las opiniones de diversos autores no dejan de referirse al problema: Alfredo J. Molinario —por ejemplo— subraya que la Acción Católica consiste en «la actividad organizada de los católicos laicos, desenvuelta de multiforme manera, en la vida social y tendiente al restablecimiento integral del Reinado Social de Jesús Cristo»[34].

Mientras tanto, según datos de la propia organización, la Acción Católica experimenta un importante crecimiento: de ochenta mil socios cotizantes en 1940 pasa a noventa y ocho mil en 1943, además de «otros varios cientos de miles de adherentes».[35] Su labor es variada, pero se destaca —para dar un ejemplo— la tarea cumplida como censora de moralidad de publicaciones, tolerada y reconocía por importantes funcionarios como el intendente municipal de Buenos Aires, Mariano de Vedia y Mitre.[36] La Acción Católica será el grupo laico más importante de la Iglesia entre nosotros, fiel ejecutor de las instrucciones episcopales. En sus filas se formaron muchos jóvenes que harían su ingreso a la política «grande» después de 1943 —cuando la epidemia clerical-nacionalista— para continuar defendiendo desde esas posiciones los intereses de la Iglesia, que consideraban también por derecho los suyos propios. Los grupos nacionalistas de derecha como outsiders y los laicos de la Acción Católica en forma más oficial, eran las dos alas de la estrategia confesional.

Buena prueba de lo que afirmamos la brinda un documento de la institución, emitido en 1944 «con el fin de evitar errores, que siembran confusiones en el ambiente, y que provienen de un deficiente conocimiento de su naturaleza y finalidad».[37]

Algunos puntos de ese manifiesto señalaban:

……

«8. — Así, pues, la Acción Católica es responsable de su actividad directa, ejercida orgánicamente en íntima unidad con la Jerarquía, subordinadamente y bajo su suprema e inmediata dirección.

»9. — En cambio, no se le pueden imputar las actividades estricta y exclusivamente individuales de sus socios, que bajo su propia responsabilidad cumplan sus deberes de ciudadanos católicos en los campos de las actividades económico-sociales.

»10. — No está de más recordar que, no solamente los socios de la Acción Católica, en sus actividades comunes o individuales, sino también los católicos, como tales, deben atenerse estrictamente a las declaraciones terminantes y claras del Episcopado Argentino que, de acuerdo en un todo a las enseñanzas pontificias, ha condenado los errores modernos, tales como el comunismo ateo, el liberalismo a que se refiere la encíclica Libertas, el racismo, el nacionalismo exagerado y demás doctrinas totalitarias en todas sus formas conocidas.

……

»14. — En las actividades sociales del dilatado campo de la economía y de la política, las polémicas son inevitables y a veces fructuosas. En ellas también pueden actuar personalmente socios de Acción Católica y católicos. Las normas pregonadas por la Acción Católica son las de la Iglesia: occidite errores, diligite homines. Se puede defender vigorosamente lo que se tiene honestamente por verdad, o atacar enérgicamente los errores, pero respetando siempre las personas como cosa sagrada.

»15. — Finalmente, ni los católicos cuando actúan personalmente bajo su propia responsabilidad, tienen derecho a obrar en nombre de los católicos a quienes no representan, ni los espectadores pueden con justicia atribuir a la Acción Católica o a la Iglesia los actos de quienes no obran en su representación»[38].

Esta última proposición —como es obvio— llevaría a la absoluta inutilidad de todo estudio que llegue a realizarse sobre la Iglesia como grupo de presión, o sobre cualesquiera asociaciones de católicos (clérigos o laicos) y sus concomitancias políticas o económicas. En estricto análisis, sólo podría considerarse posición oficial de la Iglesia a la doctrina del Papa hablando ex cathedra, lo cual nos parece excesivo. Creemos, por el contrario, que del examen de documentos de los obispos, de declaraciones de entidades confesadamente católicas (no objetadas por la Jerarquía) e incluso de escritos de determinados individuos católicos que gocen de especial predicamento o influencia, pueden extraerse consecuencias útiles para un estudio desapasionado de la postura oficial católica en un concreto problema o período. Preferírnosla posibilidad del error al fácil recurso del dogma.

Por supuesto, la situación general resulta fluida, y a veces ocurre cierto grado de discrepancia —tolerada —entre las posiciones que llamaríamos «oficiales» (Cartas pastorales) y las de grupos católicos particulares, o incluso entre sacerdotes individuales: piénsese por un instante en las diferentes posturas de monseñor de Andrea y el padre Virgilio Filippo, desde comienzos del peronismo, y se verá qué queremos decir.

Kennedy, desde su ángulo, sintetiza: «Mientras resulta ilógico pensar en cualquier sector de opinión católica que trabaje por vías opuestas a la Jerarquía, o que desafíe la autoridad de la Iglesia, el campo de pensamiento y acción sociales donde la autoridad de la Iglesia impone sumisión está necesariamente definido en forma autoritaria. En la práctica, las definiciones no han tenido prioridad sobre el campo general de preocupación social para los católicos. Es, por lo tanto, completamente posible que la opinión católica, es decir, un cuerpo coherente de opinión sensible a los intereses de la Iglesia y a las inferencias de la doctrina cristiana en un contexto social dado, pueda reaccionar no de modo inarmónico, sino más allá de los límites de una posición oficial de la Iglesia»[39].

Iglesia y política: el totalitarismo

Los dos frentes de acción política de la Iglesia durante la década del treinta son, para el norteamericano Kennedy, «un clero derechista que ataca la democracia liberal en la prensa y en el púlpito»,[40] y la organización laica Acción Católica Argentina, a la cual ya hemos hecho mención.

La figura que encarna con mayor relieve la primera posición es la de monseñor Gustavo J. Franceschi, aunque el estudioso citado pretenda disminuir apreciablemente la alta cuota de totalitarismo que animó el espíritu del sacerdote. Kennedy, como resumen de su análisis, se ve obligado a reconocer que «en general, su historia no demuestra lo que se consideraría normalmente una fuerte vocación por la democracia»[41]. Nos parece un exceso de prudencia.

Franceschi, a lo largo de sus artículos y editoriales de Criterio, hablará siempre con claridad. Por ejemplo, al referirse al fascismo italiano: «No trato ahora el valor de sus principios, ni de sus métodos; aténgome a uno solo de sus aspectos. Ha infundido en los hijos de Italia un enorme orgullo de su nacionalidad y un celo prodigioso por su honor. Conozco los excesos en que se ha incurrido y se incurre todavía; sé muy bien que este nacionalismo adopta fácilmente formas de hostilidad y menosprecio a cuanto no es italiano. Pero con todos sus innegables defectos lo prefiero mil veces a la indiferencia o la debilidad de carácter de muchos ciudadanos nuestros»[42]. Benito Mussolini es considerado «no sólo como el primer político de Europa y del mundo a la hora actual, sino como un orientador insigne»[43].

Sobre los insurrectos españoles de 1936: «Creo que las mayores posibilidades de éxito de los nacionales fúndanse en que tienen jefe: unidad de mando, de gobierno, de administración, unidad de doctrina fundamental, no son veletas agitadas por el soplo de la calle. Hoy día no se vive socialmente sin esto»[44]. Franceschi había viajado a España —a la España controlada por los insurrectos— «designado por el Exmo. Cardenal Arzobispo de Buenos Aires», «para entregar a sus autoridades eclesiásticas los ornamentos y objetos de culto reunidos entre nosotros por la comisión de damas que llevó a cabo la Cruzada pro Iglesias devastadas de España»[45].

Sobre la Iglesia y el fascismo: «Si [Mussolini] aplicara su doctrina con toda integridad el conflicto estallaría en veinticuatro horas. El Duce es demasiado inteligente para provocarlo, busca un modus vivendi, y la Iglesia, si ve respetados sus derechos esenciales, calla, entre otras razones porque ella es indestructible y los hombres y regímenes políticos son transitorio».[46]

Sobre gobiernos fuertes: «Estamos presenciando el ocaso de los gobiernos débiles. Desgraciados aquellos países que se empeñen en mantenerlos, pues serán inevitablemente aplastados por las naciones que los hayan reemplazado. Desde este punto de vista cabe afirmar sin temor a error que las democracias, si no desaparecen, están destinadas por lo menos a sufrir profundísimas modificaciones en su contextura»[47].

La vena totalitaria de Franceschi, que muchos años después visitaría Israel y se reconciliaría en cierta medida con el liberalismo que tanto combatió (polémica con Lisandro de la Torre), encuentra resonancias antisemitas. «Y como pienso hoy pensaba ayer y creo pensaré mañana. No soy antisemita, no quiero la violencia contra nadie. Pero afirmo la imposibilidad de admitir ilimitadamente la inmigración hebrea, dado su carácter de “colonia”, de raza empeñada en conservar su individualidad étnica, sin poner en peligro el carácter nacional, eminentemente latino y cristiano. Ni admito la guerra intestina que una colonia irreductible provoca»[48]. Aun más exaltado en su furia antihebrea será el secretario de redacción de la revista, José E. Assaf, cuyas notas firmadas y editoriales suponemos que pasaban por el control del director Franceschi.

Concluyamos nuestras citas, que son sólo una breve selección. Sobre el nazismo y el franquismo: «En síntesis, y al llegar al término del presente estudio, diremos que: 1.° la Iglesia no ha pronunciado sentencia alguna, ni le toca pronunciarla, sobre la forma actual que Alemania ha adoptado para su régimen político; 2.° que ha condenado de modo explícito y en más de una oportunidad la doctrina nazista; 3.° que con igual energía ha protestado contra la práctica del nacional socialismo en Alemania tanto en lo que toca a los derechos de la persona inmortal cuanto a los de la Iglesia misma; 4.° que la permanencia de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el Reich no implica de modo alguno aprobación de lo que en el terreno filosófico-religioso o social afirma éste; 5.° que siempre que se trata de una colaboración militar, contra una doctrina y práctica perversa como lo es la del comunismo, la actitud del general Franco en modo alguno es contraria a las enseñanzas católicas»[49].

Y esta refutación de Franceschi a la teoría clásica de la resistencia a la opresión (lejano contradictor del padre Mariana): «… un católico, en cuanto es ciudadano, si bien no puede aprobar la doctrina ni el régimen totalitarista, debe, si es miembro de un país sometido a ellos, servirlo con lealtad, y cumplir con las obligaciones que le impone la defensa de su patria»[50].

En cambio, otra figura de la Iglesia católica, monseñor Miguel de Andrea, será elemento de contacto con sectores tradicionalmente liberales y del llamado «catolicismo social». Ambrosio Romero Carranza ha sintetizado en esta forma su evolución: «Monseñor de Andrea advirtió que en 1910 el anarquismo intentaba aniquilar nuestro orden constitucional; que en 1919 el comunismo ateo procedente de Rusia comenzaba su trabajo de zapa para minar nuestra ley fundamental; que durante la década 1930-1940 el fascismo y el nazismo importaban de Italia y Alemania instituciones tiránicas para suplantar nuestras costumbres democráticas; y que desde 1943 hasta 1955 el totalitarismo sentaba sus reales en la Argentina dejando prácticamente sin efecto los derechos y las libertades individuales que nuestra Carta Magna amparaba y protegía. Contra todas esas enfermedades él luchó con las armas pacíficas de sus realizaciones sociales y de sus ideas políticas.

»De esas realizaciones no me toca ocuparme en esta ocasión, y como largo sería analizar sus ideas políticas (…) las resumiré en dos palabras luminosas: cristianismo y democracia»[51]. De Andrea tomará parte en programas de bienestar común dirigidos a aliviar la situación de los obreros urbanos, realizará «aparentemente (…) con aprobación episcopal»[52] la recordada Gran Colecta Nacional después de la «Semana Trágica» de 1919, y su propuesta para Arzobispo de Buenos Aires (efectuada por el liberal Alvear) no encontrará apoyo en la Santa Sede, y dará lugar a una cause célebre. Desde entonces gozará de un status semioficial en el clero argentino, y redoblará sus esfuerzos en favor de las mujeres obreras y empleadas. Mientras Franceschi continúa zahiriendo a los socialistas, de Andrea no tendrá reparos en escribir una nota preliminar al libro de Carlos R. Demarás, Ley del trabajo a domicilio (1942), cuyo prólogo firma Alfredo L. Palacios.

Pero monseñor de Andrea no marca, ni de lejos, la línea predominante de la jerarquía católica.

Iglesia y poder político

Si bien las relaciones entre los gobiernos radicales (Yrigoyen, Alvear, Yrigoyen) y la Iglesia en general no dejaron nunca de ser cordiales, cuando Uriburu se hace cargo de la situación el 6 de setiembre de 1930, la jerarquía y miembros influyentes del clero van a contemplar con notoria simpatía su obra de gobierno.

En un reportaje que se le efectuó como jefe del movimiento, el general Uriburu confesaba: «Leo siempre Criterio. Sus artículos de doctrina, sus editoriales políticos. Estoy en la corriente de ideas que ustedes difunden y defienden”[53]. La revista, editorialmente, parecía haberle contestado con unos días de anticipación: “El régimen depuesto, elegido bajo el imperio de la Constitución y por el mecanismo de la ley Sáenz Peña, fue pernicioso y nefasto, tanto por los hombres que lo integraban —los cuales, a su modo, respetaban la Constitución— como por haber llegado al poder por el camino del comicio, en justas todo lo democráticas que se quiera, y legales hasta por ahí nomás, pero cuyos resultados, para cualquier mentalidad bien organizada, no podían llamar a sorpresa»[54].

Como refirmación de los postulados básicos que sostenía la Iglesia en cuestiones concretas, el Episcopado dará a conocer una Pastoral de importancia histórica poco antes de las elecciones nacionales de 1931 que consagrarían a la fórmula Justo-Roca. El documento se refería al laicismo moderno y los deberes actuales de los católicos, y el fragmento que nos interesa —relativo a las normas de conciencia para los fieles— dice así:

«I. — Los que tienen derecho de votar, están obligados, por regla general, a ejercitar su derecho, siempre que no se interponga algún obstáculo de gravedad proporcional a la importancia de la religión. Porque la abstención se convertiría en complicidad y en responsabilidad ante Dios, siempre que ella pueda contribuir al triunfo de un candidato indigno o a la derrota de un candidato notablemente mejor.

»II. — Entre varios candidatos o listas aceptables, desde el punto de vista católico, se ha de votar por los que, en conciencia, parezcan más aptos para procurar el mayor bien de la religión y de la patria, aunque no pertenezcan al partido propio. Porque el bien público es superior al bien del partido.

»III. — Cuando todos los candidatos o listas que se presenten sean inaceptables, desde el punto de vista católico, se ha de votar por los menos inaceptables, de cuya actuación se pueden temer menos perjuicios para la religión y para la patria. En este caso, se evitará el peligro de escándalo, sobre todo en el periodo de propaganda electoral con oportunas reservas sobre el carácter circunstancial de la adhesión prestada, sin aprobar el programa total.

»IV. — Ningún católico puede afiliarse a partidos o votar a candidatos que inscriban en sus programas los principios siguientes:

»1.° La separación de la Iglesia y del Estado, en el sentido antes explicado.

»2.° La supresión de las disposiciones legales que reconocen los derechos de la religión, y particularmente del juramento religioso y de las palabras en que nuestra Constitución invoca la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia; porque tal supresión equivale a una profesión pública y positiva de ateísmo nacional.

»3.° El laicismo escolar.

»4.° El divorcio legal».[55]

Como se ve, un simple programa antiliberal. Los destinatarios obligados de la prohibición electoral eran evidentemente los candidatos liberales de la Alianza Civil. Claro que no se menciona a nadie por su nombre, pero ¿hacía falta? Ya veremos cómo estas disposiciones seguirán siendo útiles en 1945.

La Iglesia y Uriburu —repetimos— no tuvieron cuestiones disputadas. El propio general dirá en un mensaje al pueblo de la República: «La Iglesia argentina ha continuado ejercitando eficazmente la alta misión que le corresponde dentro del Estado».[56]

Justo ya es Presidente de la Nación, y sus vinculaciones con la Iglesia han sido señaladas en las líneas anteriores, especialmente a partir del Congreso Eucarístico de 1934. Los partidos oficialistas, y también el radicalismo «opositor» de Alvear, van a procurar recoger sugerencias gratas a la jerarquía católica: «… es un hecho que la conciencia católica ha recibido un fuerte impulso, que será mayor día a día, y comprende mejor que ayer sus obligaciones cívicas. Algunas agrupaciones políticas lo han visto, y se dan cuenta de que conviene adoptar candidaturas que satisfagan a los anhelos expresados».[57]

Franceschi se encargará de contestar a objeciones que se formulaban —y se siguen formulando— a la posición eclesiástica oficial frente a los partidos políticos: «No debe pedírsele [a la Iglesia] entonces tampoco que condene a éste o a aquel núcleo político por abusos en el orden estrictamente temporal. Se me ha dicho más de una vez, ¿por qué la Iglesia no pronuncia una palabra contra los fraudulentos? No podría hacerlo designando la persona o los grupos, sin entrar en el terreno estrictamente político: ella marca enérgicamente los principios, pero no le corresponden sus aplicaciones, del mismo modo que en lo relativo a la moral privada ella dice: “está vedado hurtar”, pero no es tarea suya, sino del juez civil, sentenciar que “Fulano es un ladrón”. No se le exija más ni menos de lo que entra en su misión».[58]

La Iglesia aplicará con suma habilidad esta política, balanceando cuidadosamente el peso de las medias palabras oficiales y la mayor flexibilidad de sus órganos oficiosos de expresión. La posición del gobierno del general Justo se resume en estos conceptos extraídos de una voluminosa publicación oficial de la época (Poder Ejecutivo Nacional, período 1932-1938, 10 volúmenes):

«Uno de los primeros problemas que preocupó al actual gobierno, en lo que concierne a las relaciones con la Iglesia Católica Apostólica Romana, fue el precario estado de salud en que entonces se encontraba el Reverendo Arzobispo de Buenos Aires, Monseñor José María Bottaro. Al renunciar éste, la Santa Sede designó para la sede vacante a Monseñor Santiago Luis Copello.

»Por medio de un mensaje enviado al H. Congreso el 26 de agosto de 1932, el Poder Ejecutivo proponía la creación de nuevas diócesis y arquidiócesis. Este proyecto originó la ley N.° 11.715, del 26 de setiembre de 1933, por la cual las diócesis de La Plata, Córdoba, Santa Fe, Salta, San Juan de Cuyo y Paraná fueron elevadas a la categoría de arquidiócesis y se crearon nuevas diócesis en Mendoza, San Luis, La Rioja, Jujuy, Rosario, Río Cuarto, Bahía Blanca, Mercedes, Azul y Viedma. Inmediatamente se gestionaron las bulas de erección de dichas arquidiócesis y diócesis, que se obtuvieron el 20 de abril de 1934, y provisión de las sedes nuevas y vacantes con los prelados respectivos.

»El mes de octubre de 1934 se celebró en Buenos Aires, con extraordinaria pompa y concurrencia de fieles, el trigésimo segundo Congreso Eucaristico Internacional. Su Santidad el Papa Pío XI se hizo representar en él, en calidad de legado ad-latere, por Su Eminencia el Cardenal Secretario de Estado, Monseñor Pacelli. Fue así la primera vez no sólo que la Santa Sede se hacía así representar en un Congreso Eucaristico sino que un Cardenal Secretario de Estado se trasladaba fuera de Italia. El gobierno y el pueblo argentinos supieron corresponder a este insigne honor agasajando cordialmente al eminente príncipe de la Iglesia.

»Estas manifestaciones de una cordialidad sin precedentes con la Iglesia Católica Apostólica Romana se vieron culminadas por la concesión del capelo cardenalicio a Su Eminencia Monseñor Santiago Luis Copello, arzobispo de Buenos Aires, y la elevación de esta arquidiócesis al rango de primada de la Iglesia argentina».

La cordialidad no se vio alterada notablemente durante la gestión de Ortiz y Castillo, si bien es necesario destacar que algunos sectores de formación católica —los «nacionalistas»— desarrollan con anterioridad al 43 una fuerte campaña de tinte antiliberal (lo cual no extraña a nadie) teñida ahora del signo nazi más que del fascista (Alemania había invadido a la Unión Soviética, y se pensaba en la derrota definitiva del comunismo). La Iglesia —su jerarquía— sabría capitalizar luego del 4 de junio los esfuerzos de esa corriente que, por supuesto, no la representaba «oficialmente». Y por ende las vinculaciones entre el clero y las fuerzas armadas se fortalecerán.

A poco de asumir el poder, el general Ramírez dirigió al director de Criterio la siguiente carta, que la revista publicó:

«PRESIDENTE DE LA NACIÓN

Buenos Aires, 23 de junio de 1943.

»Monseñor:

»Con vivísimo interés he leído su nota intitulada “Consideraciones sobre la revolución”, publicada en el último número de Criterio. Quiero hacerle llegar, por la presente, testimonio de ese interés y de la especial atención con que he tomado contacto con éstas sus reflexiones sobre materia de tan viva y latente actualidad.

»El Gobierno que presido, tiene claramente manifestada su verdadera ansiedad por provocar el concurso patriótico de los sabios y de los prudentes en la obra de reconstrucción nacional que el destino ha entregado a sus manos. Su nota periodística sobre la revolución vale para mí, en ese concepto, como auspiciosa contribución a ese impulso de nuestra labor, difícil pero honrosa. Como tal lo estimo y así se lo agradezco.

»Sus ilustres antecedentes, Monseñor, adscriben a toda su fecunda labor de publicista un valor condigno de su alta jerarquía intelectual y de su denodada acción de apostolado social como intérprete de esa justicia cristiana, a la que ilumina desde Roma el fulgor de las Encíclicas.

»Hemos asumido la histórica responsabilidad de restaurar para el país los tradicionales valores de la cultura argentina, trastrocados por una política de ceguera suicida que se afianzaba en la más funesta negación de la identidad nacional. Por esto he puesto mi gobierno bajo la advocación de Dios —fuente de toda razón y de toda justicia—, consecuente con la más auténtica y profunda realidad argentina. Gobernaremos bajo esa advocación sabiendo, como sabemos, que desde el fondo do nuestra historia se proyecta hasta toda actualidad nacional, que se reconozca a sí misma, el signo augusto de la Cruz con que España marcó para siempre el alma del continente»[59].

Monseñor Franceschi, un año antes del 4 de junio de 1943, ya había dicho: «No lo podemos aguardar todo de la buena voluntad ni tampoco de la inteligencia de nuestros conciudadanos. Una multisecular experiencia ha demostrado que dos vicios sobre todos los demás ciegan al individuo: la avaricia o afán del dinero y la sensualidad o apetito desmedido del placer; ambos forman parte del complejo que empuja hacia los beneficios exorbitantes a quienes en momentos tan terribles como los actuales no piensan más que en medrar con la escasez general. Aun dentro de la debilidad que la aqueja como consecuencia de las teorías más o menos liberales en que está fundada, es indispensable que la autoridad social, lo que vulgarmente se llama el gobierno, eche mano de todos los recursos que posee para que los excesos que en nuestro país como en todos los demás se presencian no acaben por arrojar, hasta con las armas en la mano, a unos ciudadanos contra otros.

»Por esto pedimos un Estado fuerte: para evitar que sobrevenga primero un Estado caótico, y luego un Estado despótico»[60].

Y después del movimiento, el citado prelado sostenía: «La revolución del general Uriburu, triunfante desde el punto de vista material, fracasó porque no se atrevió a llevar hasta sus últimas consecuencias el principio en que estaba fundada; dejó que interviniera en ella el político profesional, no tuvo confianza en su propia fuerza, buscó los términos medios. De ahí que dos años después de realizada, las cosas volvieron a la normalidad, es decir a lo antiguo y politiquero mientras el general moría en un viaje que era casi un destierro. Quizás también allá en 1931 ó 1932 no se podían ver con tanta claridad como hoy las consecuencias del régimen imperante. Ahora hemos dado el salto, y era éste el momento oportuno de efectuarlo. Dios no ha de permitir que se lo dé en el vacío».[61]

Y en otro artículo: «Los hombres que tomaron la iniciativa de nuestra revolución vienen ante todo del sector militar, en primer término porque es el único que dispone de la fuerza necesaria para imponer y luego mantener el orden; en segundo lugar porque es, en virtud de la vida que normalmente lleva, el menos contaminado de todos. Pero de ninguna manera, como lo vienen demostrando los hechos, rehúsan esos jefes la colaboración de los elementos civiles y la carta del general Ramírez lo comprueba una vez más. Se niegan a una cosa sola: a caer de nuevo en los personajes y grupos gastados por la política, cuya ineficacia social ha sido patentizada por los acontecimientos de los últimos quince o veinte años; y esperan que “los sabios y los prudentes” les ayudarán a ir resolviendo los problemas terriblemente complicados que en esta hora de transición se presentan para la Argentina y para el mundo. Abrigo la convicción profunda de que hallarán esa colaboración patrióticamente obligatoria».[62]

Franceschi seguirá vinculándose en esferas castrenses como portavoz del pensamiento católico. Dirigirá una alocución a los cadetes del Colegio Militar con motivo de su comunión pascual (13-VI-43), y pronunciará una conferencia sobre «el hombre y la guerra» en la Escuela Superior de Guerra el 28 de agosto del siguiente año («Señores generales, jefes y oficiales que habéis tenido la bondad y paciencia de escucharme, constituís un ejército cristiano»).[63]

Después del 4 de junio la irrupción clerical-nacionalista se consolida. Con anterioridad a esa fecha, el trabajo se cumplía en varios frentes. «Hubo sacerdotes que pregonaron ideas contrarias a nuestras instituciones y jóvenes de la Acción Católica que se sintieron arrastrados por el Nuevo Orden. Publicaciones como El Pueblo y Crisol experimentaron la influencia alemana, la del demonio pardo. Podría decirse que, con cuidadosa habilidad, secundaban a El Pampero. Se denunció que El Pueblo aceptaba subsidios de la embajada alemana, de la misma manera que lo recibían otras publicaciones y personas, muchas de éstas de elevada figuración. El periódico Estrada fue impedido de salir, y era una voz de democracia».[64]

Y habrá también alguna voz, como la del padre Castellani, que atestigüe la compleja situación vista desde la perspectiva interna: «El caso de la Iglesia argentina puesto en dos palabras es el siguiente: está atada con rendaje de oro a un Estado que ha dejado de ser católico, o va por ese camino; y con la mayor buena voluntad de que no deje de ser católico, tiene que agarrarse de los colores de la bandera, del Preámbulo de la Constitución, del catolicismo de nuestros proceres, del clero de la independencia, del catecismo de Sarmiento y de los Tedéums y bendiciones de piedras fundamentales. Esto constituye una dificultad seria y un problema que no es para broma y que nos atormenta desde Estrada. Los socialistas dicen que la solución es la ruptura o separación violenta de la Iglesia y el Estado. Los Católicos dicen que el remedio es un Concordato. De nosotros no depende la decisión y quizás ni de hombre nacido, sino que la zanjará uno de estos días la circunstancia o la Providencia. Nosotros desearíamos un Visitador Apostólico de agallas, y un Sínodo Nacional, y si a mano viene, un Concilio Ecuménico. Nada menos».[65] Pero la voz de Castellani, como siempre, sonó aislada.

El periodista chileno Alejandro Magnet recuerda: «Cuando los militares dieron su golpe en 1943, la presión de los círculos nacionalistas católicos se hizo sentir fuertemente y el último día de ese mismo año el general Ramírez dictó un decreto-ley restableciendo la obligatoriedad de la enseñanza religiosa. La medida fue recibida con júbilo por las autoridades eclesiásticas y desagradó a una minoría de católicos que estimaban inconveniente que la Iglesia apareciese favorecida de tal modo por un gobierno de fuerza. A su juicio, la ley que había sido votada por el Congreso debía ser derogada de modo semejante y no por la decisión autocrática de un gobierno militar».[66]

Y aquí no nos interesa tanto la anécdota, sino llegar a entender cuál fue el proceso que llevó a la sanción del decreto de enseñanza religiosa (y al control más o menos absoluto de las tres ramas educativas de la Nación por elementos católicos y clericales). Ambos factores constituyeron el triunfo político más amplio de la Iglesia —la jerarquía— en el período que estamos considerando.

John J. Kennedy, a quen venimos siguiendo en algunos enfoques, sostiene que el citado decreto fue dictado por el gobierno revolucionario sin obedecer a ningún «compromiso político», pero que evidentemente estaba destinado a ganar apoyo católico para el régimen.[67] Claro que los encargados de llevar adelante la política educacional eran laicos o sacerdotes de bien probada fidelidad a la postura oficial de la Iglesia: Gustavo Martínez Zuviría, Tomás D. Casares (ministro de la Corte Suprema en setiembre de 1944), Atilio Dell’Oro Maini (de interventor federal en Corrientes, 1930, a interventor en la Facultad de Derecho, 1943), Manuel Villada Achával, Ataliva Herrera, Jesús E. López Moure, Rómulo Etcheverry Boneo, Jordán Bruno Genta, Alberto Baldrich, Carlos Obligado, Juan Sepich…

El citado Kennedy se refiere a continuación a la actividad episcopal (la única excepción es monseñor De Andrea): «Sugerir que los pronunciamientos de los obispos estaban motivados más por factores históricos que por deseos de apoyar la dictadura militar en 1944, y más tarde la candidatura presidencial de Perón, no excluye considerar si el efecto de dichas declaraciones fue efectivamente ayudar primero a la dictadura y luego a la candidatura. Objetivamente, resulta imposible atribuirles un efecto diferente. No se oponían a la dictadura ni a Perón».[68]

En esta tesitura debe interpretarse, por ejemplo, la pastoral colectiva del episcopado del 15 de noviembre de 1945 —cuando todavía no estaban redactadas las plataformas electorales de los partidos políticos que concurrirían a los comicios de febrero siguiente—, al reiterar las disposiciones de un similar documento de fecha anterior (1931), que hemos transcripto en pp. 238-240 de este volumen. Lo sugestivo es ver de qué manera un comentarista de la pastoral de 1945 defiende la legitimidad de las conquistas logradas: «El establecimiento de la enseñanza religiosa católica en las escuelas de un país no constituye un libre obsequio del gobierno a la Iglesia, sino el reconocimiento del derecho de Cristo a llevar, por medio de dicha Iglesia, su Verdad al alma de los niños (…). Poco le importa que este reconocimiento sea hecho por el Gran Turco, el Emir de Afganistán o el Rey Cristianísimo. ¿Acaso no se conduciría de este modo si fuera el Soviet quien adoptara tal actitud?»[69].

En diciembre de 1945, monseñor Antonio Caggiano, diligente organizador de la Acción Católica Argentina, es elevado al cardenalato. Desde su sede rosarina, «no ocultará su actitud favorable al régimen».[70] Ello no impedirá a Caggiano, veinte años después y como Arzobispo de Buenos Aires, prestar su respaldo valioso al régimen militar del general Juan Carlos Onganía. Idéntico defensor tendrá el peronismo en el ministro Casares, que sobrevivirá al juicio político de los restantes miembros de la Corte Suprema. Casares sólo romperá con el oficialismo cuando se agrave la crisis entre el peronismo y el clero (1955).

En resumen, de acuerdo con Kennedy, «… la evidente debilidad de la posición católica argentina ha consistido en su fracaso por comprender la relación esencial entre democracia efectiva y elecciones libres y abiertas»,[71] aunque el autor citado intenta desligar a la Iglesia como cuerpo de las posturas autoritarias y hasta totalitarias de muchos sectores representativos del pensamiento católico.

Y para sintetizar la trayectoria política de la Iglesia católica entre 1930 y 1946, recurriremos a un párrafo extenso de Carlos Cossio: «Es notable observar cómo incide el esfuerzo político de la Iglesia argentina, mediante sus tres grupos seglares, en las tres revoluciones que integran el ciclo histórico que estamos viviendo. La revolución de 1930 fue copada por los católicos liberales de la vieja mentalidad constitucionalista del siglo XIX; el primer ministerio del general Uriburu, con el cual se perdió la partida, fue un conjunto estelar de prohombres de la vida nacional, casi todos católicos de total devoción y de absoluta confianza para la Iglesia, lo mismo que el jefe del Gobierno. Auténticos representantes del pasado, no supieron gobernar en un presente que no les pertenecía en la medida que no lo podían comprender.

»La revolución de 1943, bajo el general Ramírez, y si cabe, más todavía bajo el general Farrell, fue copada por los clericales nacionalistas. El contenido de las decisiones gubernativas, las citas intercaladas en los discursos del jefe del Estado, el atuendo litúrgico con que tomaban posesión de su cargo algunos interventores de Provincia, todo ostentaba desafiante el cuño de aquella inspiración. De allí emergió el gobierno constitucional de Perón, con escasa ventaja electoral decidida por el apoyo declarado de la Iglesia después que el candidato se avino a formalizar sacralmente su unión carnal con Eva Duarte. La Iglesia tuvo por cierto que Perón, carente de ideas de gobierno, se las solicitaría a ella para cumplir su cometido. De ahí el entusiasmo unánime de todos los diocesanos argentinos; de ahí la cortesía política de gran influencia que comienzan a ejercer la púrpura y el agua bendita. El viejo catolicismo alberdiano del siglo XIX había relegado a los sacerdotes allí donde tenían una misión que cumplir, esto es, a los templos; con Perón volvieron en función confesional, al Congreso y a la Universidad. Pero como ningún totalitarismo puede ser totalmente coincidente con otros, fracasó también la copada de los clericales nacionalistas tan pronto como se colmó el arco tangencial de coincidencia entre ellos y Perón.

»La revolución de 1955 hubo de ser copada por los laicos humanistas de la Democracia Cristiana. Su admisión en la Junta Consultiva con calidad de Partido político, sin saber a ciencia cierta cuál era el volumen electoral de ese puñado de hombres, demuestra a las claras el peso de la Iglesia en los círculos militares que decidieron la cuestión»[72].

Digamos aquí tan sólo que la Iglesia ha estado en buenos términos con Yrigoyen, con Uriburu, con Justo, con Ortiz-Castillo, con Ramírez-Farrell y —por supuesto— con Perón, empleando en cada oportunidad la táctica (o tácticas) adecuadas a la situación. Con el tradicional antiliberalismo cuando convenía —y era casi siempre—, desde fuera o desde dentro del aparato estatal, sus intereses se vieron con frecuencia bien servidos. Podrá alegarse que directamente la jerarquía como tal no es responsable de esa o aquella medida, pero lo que no podrá cuestionarse es la maestría del clero en la acción indirecta. La estructura autoritaria de la Iglesia católica —piénsese en los dogmas, en la infalibilidad del Papa hablando ex cathedra, en el gobierno del Vaticano— impide la mayoría de las veces el acceso a las fuentes primeras, a las causas. Tenemos que contentarnos con elaborar hipótesis, con analizar consecuencias, que verificaremos en los hechos. Son los primeros pasos en este sentido, pues la función política de la Iglesia católica en la República Argentina sigue siendo tema tabú, para la mayoría de autores católicos y no católicos.[73]

Capítulo VII

Fuerzas Armadas

Acotación

Los tiempos de las fáciles clasificaciones y de las cómodas posiciones «anti» (antimilitarismo, anticlericalismo, etc.), han pasado al recuerdo. Cuando debemos considerar el tema fuerzas armadas en nuestro país (1930-1946), conviene tener presente la advertencia.

En la ciencia política internacional se está llegando, poco a poco, a la útil conclusión de que es imposible elaborar una teoría general sobre el ejército como factor político, con validez absoluta para el desarrollo y el subdesarrollo, para el capitalismo y el socialismo. Sólo queremos traer a colación dos ejemplos, antes de entrar en materia.

El especialista inglés S. E. Finer, en su excelente trabajo The Man on Horseback,[1] encara una sistematización del “papel de los militares en la política’’ a escala mundial. Con una recopilación de datos admirable (de Pakistán a la Argentina, por ejemplo), analiza primero la voluntad castrense para intervenir, considerando los motivos (inhibitorios o propicios) y la predisposición correspondientes, aplicando siempre los conceptos a la realidad diversa de los países concretos.

Finer distingue también los niveles de intervención de las fuerzas armadas y los métodos correspondientes, de acuerdo al cuadro N.° IX.[2]

Si profundizamos en nuestra experiencia histórica, casi con seguridad podremos referir cada uno de los casos indicados a un momento específico del acontecer político argentino. Lo mismo puede decirse para otros países.

El autor citado analiza a continuación las oportunidades para la intervención en política de los militares, considerando:

1 (a) Creciente dependencia civil en los militares; 1. (b) El efecto de las circunstancias locales: I) Crisis abierta; II) Crisis latente; III) El vacío de poder; 2. La popularidad de los militares.

CUADRO IX

Y en cuanto a los niveles de intervención variarán de acuerdo al tipo de países que se considere. Habrá, pues, países de: a) cultura política desarrollada; b) cultura política débil; c) cultura política mínima. El autor británico coloca a la Argentina en la categoría b), tras analizar su proceso político especialmente entre los años 1930-1962.[3]

Como puede advertirse por la mera enunciación de algunos de los temas que trata Finer en su obra, el problema de los militares y el poder político ha dejado de considerarse en bloque y mediante conceptos esquemáticos.

Jean Meynaud, en sintético artículo titulado «Les militaires et le pouvoir»,[4] considera «los principales tipos de relaciones entre las autoridades civiles y militares».[5] Distingue tres series de relaciones: a) el ejército, instrumento del poder civil; b) el ejército, factor de las decisiones gubernamentales; c) el ejército, elemento regulador de la política.

El autor resume parte de la problemática de una cuestión tan candente como la de los militares y el poder, en los siguientes términos: «Sin considerar si ocurrió de otra manera en un momento cualquiera de la evolución, puede aceptarse que hoy el esquema de la supremacía incondicional del poder civil constituye una presentación idílica del problema. La cuestión es saber si las relaciones entre civiles y soldados se ubican a lo largo de un continuum, cuyas posiciones traducirían diversos grados de ingerencia de los militares en los asuntos gubernamentales o si, por el contrario, es deseable introducir niveles calificativos entre los diferentes tipos enunciados. Por cierto, se puede considerar este problema como puramente académico: también puede considerarse que es imposible cualquier respuesta sin la previa formulación de muchos modelos (países industrializados y subdesarrollados, países comunistas y pluralistas, países del Occidente y del Oriente). Desgraciadamente, no poseemos todavía los medios para establecerlos».[6]

Meynaud precisa: «Para acercarse a una sistematización admisible convendría examinar analíticamente las relaciones entre los diferentes tipos de ejército y los diversos modos de organización socio-política».[7] Y más adelante: «En particular, [este estudio] no expresa ningún juicio global sobre el sentido social de la intervención de los soldados en la política. Parcialmente voluntaria, dicha carencia proviene de una percepción de la relatividad y de la diversidad de las situaciones, y de la propia certidumbre de que —en el estado de nuestros conocimientos— toda generalización no es sino preconcepto doctrinal e incluso dogmático».[8]

Volvamos ahora a la interpretación de nuestros hechos.

Ejército y política: Uriburu, Justo, Perón

Si por político práctico consideramos al hombre que aspira a llegar al poder, emplea sus esfuerzos para lograrlo y por fin lo conquista, entonces nos parece justo indicar que los tres políticos prácticos más importantes del período 1930-1946 en la Argentina, provienen del ejército y se llaman José F. Uriburu, y principalmente Agustín P. Justo y Juan D. Perón. Se comprende que en esta enumeración no figuren Alvear, eterno candidato «opositor» del radicalismo; Lisandro de la Torre, solitario y empecinado desde su banca del Senado: ni las figuras menores de Ortiz, Castillo, Ramírez o Farrell.

Esta primera aproximación a las relaciones entre el ejército y la política acaso peque de anecdótica, de personalista, pero tampoco debe dejarse de lado —so pretexto de purezas metodológicas— la influencia que determinadas figuras individuales ejercen sobre los procesos.

La personalidad política de Uriburu ha sido exaltada en ocasiones hasta el panegírico por quienes compartieron con él la responsabilidad del movimiento de setiembre de 1930, Sánchez Sorondo, su asesor y luego su ministro del Interior, dirá en la Cámara alta: “Uriburu fue el hombre del destino. En épocas turbulentas y angustiosas, cuando la violación sistemática y deliberada de principios éticos e institucionales, trastorna la fábrica política y económica; cuando las fuerzas descentradas irrumpen, amenazando quebrar la armonía colectiva, la sociedad vacilando sobre sus bases, forma conciencia del desastre inminente y busca la voluntad firme, la mano enérgica y el corazón templado que encarna sus ansias de liberación y de ordenamiento.

«Así nacen hoy los gobiernos de fuerza»[9].

Una opinión más módica la brinda Federico Pinedo: «Uriburu era un hombre educado, de instrucción suficiente para comprender en sus grandes líneas los problemas de gobierno, aunque no era un erudito; tenía algunas de las características de su profesión militar —y de militar a la alemana— pero no era en manera alguna un producto de cuartel; contaba con numerosos amigos o relaciones civiles, a los cuales estimaba y respetaba, y no obstante su empaque, que le daba apariencia de dureza, lo he tenido por un hombre afectivo y sensible a la amistad. Patricio de las provincias mediterráneas y vinculado por lazos firmes y numerosos a las familias tradicionales porteñas, le gustaba el trato con la gente de su clase o de su ambiente, cuyos méritos sabía apreciar, pero que tal vez sobreestimaba. En los tiempos a que me estoy refiriendo [1930] estaba bastante influenciado por algunas ideas de tinte corporativo que él tomó directamente de publicaciones más o menos fascistas, entonces bastante en boga en los círculos que frecuentaba o que le fueron sugeridas por algunos amigos. No creo que se propusiera trasplantar a nuestro país los regímenes europeos, pero el hecho es que lo seducían algunas de sus instituciones o la leyenda de esas instituciones, como la representación corporativa, creyendo que podían servir de remedio eficaz contra los males de la demagogia, por la que sentía verdadera aversión y que él consideraba consecuencia fatal de la democracia en su forma tradicional. Su experiencia política no era muy grande, aunque había pasado por el Congreso, como diputado de su provincia, de manera fugaz».[10]

Uriburu fue la cabeza visible del golpe del 6 de setiembre de 1930, pero ya hemos visto —en la sombra— la estrategia a la postre vencedora del general-ingeniero Agustín P. Justo. El testimonio de Sarobe, por la participación que tuvo en el proceso revolucionario, es sumamente ilustrativo.[11] Sobre el mismo Uriburu, no todas las opiniones resultan tan pacíficas. Un camarada de armas, el general Severo Toranzo (de raigambre yrigoyenista), le decía en carta violentísima (1932): «Hasta el 6 de setiembre de 1930 teníamos un ejército que era el ídolo de los argentinos. Nadie, entre los peores gobernantes, había osado emplearlo como instrumento de opresión en contra del pueblo. El ejército se dedicaba tranquilamente a prepararse para la defensa de la soberanía nacional. Usted y sus secuaces atentaron contra su disciplina, corrompiéndolo con dádivas y prebendas y utilizándolo para la consecución de sus inconfesables fines. Hoy el ejército argentino es execrado por el verdadero pueblo».[12]

Y entrando al terreno personal, acusaba: «La carrera militar de usted —navegante en todas las armas desde su egreso del Colegio militar: infantería, artillería, ingenieros y caballería— constituye el más acabado ejemplo del favoritismo, sin cuyo concurso no habría usted llegado nunca ni a capitán. Pero, sobrino de un presidente, y beneficiario por matrimonio de las ganancias del puerto Madero, le fue fácil conseguir, mediante halagos y convites sociales, lo que nunca hubiera podido obtener por sus virtudes y capacidades profesionales.

»Posteriormente, cuando perdió la fortuna del matrimonio, usted se dedicó a la usura y la coima. Ejemplos típicos de la suciedad de sus “negocios”, que me exime de detallarlos, es su íntima vinculación con el Banco de Finanzas y Mandatos y su participación en el peculado de la yerba mate.

»Llegó el 6 de setiembre, día de luto para la democracia argentina. Al amparo de un régimen de fuerza al que la historia aplica desde ya los más infamantes calificativos, usted y sus aprovechados colaboradores dedicáronse a saquear la Caja de Conversión, nuestro sagrado tesoro, exponente de la riqueza nacional y de un gran poderío económico; que ya casi no existe. Y hoy en día no tenemos dinero ni para pagar a la administración pública. ¿Cómo hemos de tenerlo, después de haber usted derrochado millones y millones en mantener parasitarias “legiones cívicas”, verdaderos ejércitos de voraces espías de ambos sexos? Ahí está el fruto más visible de la “revolución” y de su trágico desgobierno»[13].

Toranzo incursiona también sobre la conexiones entre Uriburu y el imperialismo petrolero: «Simulando patriotismo, usted es, en realidad un agente venal de turbios intereses extranjeros. Los recargos de impuesto al pueblo por simples decretos —úkases—, como el vergonzoso de la nafta, pomposamente fundado en la necesidad de construir caminos, pero en realidad obedeciendo a presiones de la Standard Oil —a la cual, por otra parte, se le han revalidado todas las prebendas acordadas por los gobiernos de Salta, anteriores y posteriores al del Dr. Adolfo Güemes, y en el orden nacional en la zona de Comodoro Rivadavia y Plaza Huincul— constituyen un índice significativo de la influencia de que han gozado, en el “gobierno provisional” y sus pretorias de provincias, las grandes empresas extranjeras».[14]

Uriburu fue declarado en situación de retiro en mayo de 1929 (segunda presidencia de Yrigoyen). A partir de ese momento, «… la actividad de Uriburu, volcada hacia los problemas de la cosa pública, rebasaría el marco profesional para convertirlo en jefe de una revolución».[15] El beneficiario de esa revolución sería Justo.

Agustín P. Justo adquiere relieve nacional en ocasión de conocerse el ministerio del presidente Alvear. Los hechos son harto conocidos, y Luna los cuenta en su biografía de don Marcelo. Éste dialoga con Tomás Le Bretón —en París, claro— sobre la integración de las carteras de su futura administración:

«Cuando se llegó al Ministerio de Guerra, Alvear habló del general José F. Uriburu. Habían sido amigos de juventud y era uno de los jefes más antiguos del ejército. Al parecer, el flamante presidente no dio importancia al hecho de que el candidato al Ministerio de Guerra hubiera sido diputado conservador en 1914… Pero el nombre de Uriburu fue observado por el mariscal Joffre. En una conversación sostenida con Alvear, el vencedor de Marne le hizo notar que el futuro ministro de Guerra era notorio germanófilo, lo que no sería visto con agrado en las naciones vencedoras de la contienda mundial. Impresionó a Alvear la observación y pidió a Le Bretón un nuevo nombre. Le Bretón —que integraría el gabinete como ministro de Agricultura— le dijo que conocía a un militar con mentalidad civil, disciplinado, experto en su ramo y de gran cultura general»[16]. Era Justo, que había ocupado la dirección del Colegio Militar.

Como director de dicho Instituto, durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, había llevado a los cadetes a un homenaje a Bartolomé Mitre en el centenario de su nacimiento, donde pronunció un elogioso discurso. El hecho se destacó frente a la indiferencia oficial por la celebración. La alusión no resulta banal, pues Mitre fue siempre un paradigma que Justo se esforzó empeñosamente en imitar: su habilidad política, su «civilismo», su bibliofilia, son algunos de los rasgos comunes. Otra figura a la que reconocerá fuertes deudas, es la del general Julio A. Roca, dos veces presidente de la Nación. La muerte de Justo a comienzos de 1943 impidió saber si lograría también esa ambición para la cual venía preparándose, pues «… algunos comités antipersonalistas habían proclamado su nombre y el radicalismo se debatía en la posibilidad de resignarse a su candidatura».[17]

Con importantes sectores del ejército a sus espaldas (encabezados por el fiel coronel Manuel A. Rodríguez, luego su ministro de Guerra), Justo maniobraba ágilmente con los conservadores radicales antipersonalistas, además del grupo socialista independiente, y conseguía también que el radicalismo alvearista secundase objetivamente su política. Pinedo lo ha visto con suma claridad: «Si el objetivo de un gobernante puede consistir en obtener la dispersión general y en hacerse dueño absoluto de los partidos adictos, para poder imponerles cualquier solución que interese al jefe del gobierno, sin interferencias de personajes de mayor o menor significación en la política oficialista, sin duda puede decirse que el objetivo fue alcanzado cuando reducida la oposición a la impotencia, los partidos oficialistas se pusieron a la disposición del presidente en forma casi ilimitada»[18].

Pese a las afirmaciones de su hijo Liborio (cuando escribe bajo el seudónimo de «Quebracho»), en el sentido de que la máxima aspiración del general Justo fue llegar a ministro de Guerra, los hechos posteriores mostrarán un encadenamiento de circunstancias a las que su propio protagonista no fue ajeno: el famoso discurso sobre la «hora de la espada» de Lugones fue pronunciado en Lima en 1925, ante el general Agustín P. Justo; el antiyrigoyenismo de éste será aprovechado por sectores políticos para interesarlo en un movimiento contra el viejo caudillo, pero Justo será «un soldado más» entre las fuerzas que acompañan a Uriburu. Según «Quebracho», su padre participó en el golpe «… como para no quedarse atrás (quizás con el fin de no desmerecer ante los ojos de quienes lo habían incitado a levantarse antes, buscando usufructuar su levantamiento), aunque su actitud y la de sus amigos del ejército, que también tomaron parte en ese movimiento, significó una tendencia antidictatorial, opuesta a los propósitos de Uriburu».[19]

Después de terminado su período presidencial, Justo viajó al extranjero y, apenas iniciada la segunda guerra mundial, ya de regreso en su patria, «… frente a los poderosos grupos de orientación pronazi, (…) asumió el papel de defensor de la democracia haciendo méritos de sus vinculaciones con los intereses locales de las potencias aliadas. En este sentido formuló reiteradas manifestaciones y hasta llegó a ofrecer sus servicios militares al Brasil, cuando este país declaró la guerra al Eje».[20]

Perón, para concluir con el trío de nombres que hemos destacado, será partícipe —con el grado de capitán— de la insurrección del 6 de setiembre. Tendrá oportunidad de vincularse de cerca con el ministro de Guerra de Uriburu, general Francisco Medina, en cuya secretaría desempeñará funciones.[21] Luego será ayudante de órdenes del general Manuel A. Rodríguez, ministro de guerra de Justo; Agregado Militar en Chile (1936-1938); viajará a Italia (1939-1941); y estará destinado en Mendoza hasta marzo de 1942. El resto es historia conocida. Es evidente que la experiencia fascista de Mussolini y la de Franco en España van a colorear algunos aspectos de su pensamiento, sin que pretendamos explicar su trayectoria únicamente en base al fascismo. Por la formación y por ideología —adquirida a través de profesores alemanes como el teniente general Alexis von Swardz—, sus simpatías estuvieron del lado del Eje durante la segunda guerra mundial, aunque aprovechó también ejemplos latinoamericanos como el de Vargas y su Estado Nôvo en Brasil. No nos corresponde tratar en estas páginas su obra como presidente constitucional, sino aludir a su ascenso al poder, practicado a través de otros individuos que le sirvieron de pantalla: el más notorio resultó ser el reemplazante de Ramírez, general Edelmiro J. Farrell. Mediante su control de la logia militar G.O.U. y su influencia en medios obreros —especialmente las nuevas capas de trabajadores industriales y los rurales—, elaboró un aparato político y personal que le permitió enfrentar en las elecciones del 24 de febrero de 1946 a la poderosa Unión Democrática.

Uno de los pocos autores que en 1945 intentó analizar la situación concreta que llevó a Perón al poder —fuera del marco de los partidos tradicionales y también de los de izquierda—, fue Silvio Frondizi, quien escribió: «Frente a las fuerzas tradicionales están los hombres de la dictadura militar. Como su acción se desarrolla fuera de las agrupaciones políticas, sin deberse a conceptos tradicionales que los aten, pretendiendo llegar al poder por medios ilegales, y teniendo mucho que ganar y poco que perder, se lanzan a la lucha con métodos revolucionarios. En esta forma se ponen a tono —posiblemente sin una dirección consciente y sólo por obra de las circunstancias— con el momento histórico que vive la República».[22]

Y ya después del triunfo comicial del coronel Perón, Frondizi apuntaba: «Dejamos de lado la consideración de las cualidades personales del dirigente, estudio que sin embargo merece ser realizado, porque las cualidades negativas: audacia, ambición, falta de responsabilidad histórica, etc., juegan un importante papel en el avance del peronismo y en sus proyecciones en el campo social argentino. Dichas cualidades explican, en buena parte, la transformación de un movimiento esencialmente militar que buscaba desesperadamente un soporte político, en un movimiento de carácter popular.

»El resultado de esta transformación demagógica es realmente estupendo: nada menos que la demostración acabada de que en nuestro país se encuentra en pleno desarrollo la cuestión social»[23].

El Ejército de 1930 a 1943:

rebeliones, debates, profesionalismo

«Basta leer los nombres de los jefes que compusieron la plana mayor revolucionaria organizada por el general Uriburu con la colaboración del general Justo en el movimiento revolucionario de 1930, que transcribe el general Sarobe en sus Memorias, para advertir que son los mismos nombres los que vienen figurando desde 1930, 1943 y 1955 en posiciones, a veces coincidentes, a veces antagónicas y opuestas, pero siempre los mismos»[24].

No sólo en la «plana mayor revolucionaria» se encuentran nombres que luego se repetirán con motivo de otros golpes y asonadas. Un repaso —que no tiene pretensiones de agotar los ejemplos— a la nómina de efectivos del Colegio Militar que el 6 de setiembre de 1930 emprendieron la marcha hacia la Capital Federal, nos da los siguiente resultados:

El Director-Jefe era el Coronel Francisco Reynolds, y junto a él figuraban los tenientes coroneles Domingo Martínez y Manuel N. Savio (luego propulsor de la industria siderúrgica y citado muchas veces como demócrata cabal al lado de los generales Alonso Baldrich y Enrique Mosconi). También el teniente Juan I. San Martín (gobernador peronista de la provincia de Córdoba y secretario de Aeronáutica del gabinete nacional después de 1946) y el teniente Roberto T. Dalton (de actuación en la Revolución Libertadora).

En la primera compañía, encontramos al teniente Oscar M. Ladvocat y a los cadetes Cecilio Labayrú, Diego Masón, Ernesto Cordes, Rosendo Fraga, Juan Carlos Cordini, A. Pons Bedoya y Enrique Rauch.

En la segunda compañía, a los tenientes Juan José Uranga Imaz y Francisco A. Imaz, a los cabos primeros Desiderio Fernández Suárez, Juan B. Picca y Emilio Bolón Varela, y a los cadetes Federico Gentiluomo, Edgar Landa, Manuel Olascoaga, Carlos Muzio, Ricardo Platter y Carlos A. Peralta.

En la tercera compañía, al cabo primero Ernesto D’Onofrio, al cabo Octavio Zenarruza, y a los cadetes José Spirito, Carlos Túrolo, Armando Martijena, Horacio Rivara, Julio Señorans y Enrique Mafei.

En el escuadrón de caballería, los cadetes Juan Fabri, Federico Toranzo Montero, Paulino Ardanaz, Ricardo Ibazetta, Ventura Morón, Manuel Reimundes y Víctor Arribau.

En la batería de artillería, el teniente Arturo Ossorio Arana y los cadetes Víctor Hosking, Bernardino Labayrú, Florencio Yornet y Luis Leguizamón.

En la compañía de ingenieros, por fin, los tenientes primeros Julio A. Lagos y Juan José Valle, y los cadetes Emilio Bonnecarrére, Julio Merediz y Ernesto Taquini.[25]

Es evidente que el 6 de setiembre iba a enseñar a varias generaciones de militares, de oficiales a cadetes, el camino más corto hacia la Casa Rosada, pues muchos de los más jóvenes —nombres que en la década del sesenta repitieron las primeras planas de los diarios en altas funciones— iniciarían su vida castrense con una marcha contra el gobierno constitucional de Yrigoyen. Las consecuencias de tal actitud no han sido valoradas suficientemente al analizar los temas de nuestra historia reciente.

Contando con la aquiescencia de la Marina y la colaboración de efectivos de la aviación militar para difundir manifiestos y proclamas («En Palomar actuaban como dirigentes del movimiento, además del teniente primero Sustaita, los capitanes Rosales y Castex Lainfor»[26]), las reducidas fuerzas que congregó el general Uriburu logran su objetivo de derrocar al viejo presidente, aprovechando las irremisibles contradicciones internas del radicalismo, la tolerancia o la complicidad de algunos y la falta de decisión de otros.

En el mensaje al «pueblo de las República», Uriburu esbozaba ya la tesis del destino manifiesto de las fuerzas armadas, como custodio supraconstitucional de los gobiernos consagrados por elecciones:

«Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y la armada, hemos asumido el gobierno de la Nación.

»Exponentes de orden y educados en el respeto de las leyes y de las instituciones, hemos asistido atónitos al proceso de desquiciamiento que ha sufrido el país en los últimos años.

»Hemos aguardado serenamente con la esperanza de una reacción salvadora, pero ante la angustiosa realidad que representa el país al borde del caos y de la ruina, asumimos ante él la responsabilidad de evitar su derrumbe definitivo»[27].

Uriburu, a la postre, no podrá controlar las fuerzas que lo llevaron al poder. Su heredero político forzoso será el general Justo, que oscilará alternativamente entre su nunca desmentida simpatía por el radicalismo antipersonalista —e incluso por sectores del propio radicalismo alvearista— y la presión militar que esbozará ante el gobierno revolucionario para que convoque a elecciones. Algunos radicales de viejo cuño han seguido sosteniendo que Justo estuvo en tratativas con elementos insurgentes de esa tendencia, a los que luego abandonó seducido por las perspectivas electorales que se le ofrecían, de las que por supuesto, no estaba excluido el fraude.[28]

Frente a Uriburu, y también en los primeros años de la presidencia de Justo, se desgranan algunos episodios subversivos que fracasan.

Recordemos nuevamente con Rodolfo Puiggrós: «Prescindiendo de las acciones desorganizadas de los días 6 y 8 de setiembre de 1930, los más importantes movimientos irigoyenistas por la recuperación del poder fueron: 1.°) El levantamiento de la noche del 31 de diciembre de 1930 de los suboficiales de la guarnición de Córdoba, con ramificaciones en Rosario, Buenos Aires, San Luis, Mendoza, Tucumán, Salta y Jujuy; 2.°) El levantamiento de los sargentos, cabos y tropas de febrero de 1931, bajo el mando del general Toranzo; 3.°) El levantamiento militar y civil de Corrientes y Chaco, en julio del mismo, encabezado por el teniente coronel Gregorio Pomar; 4.°) El levantamiento de los hermanos Kennedy, en enero de 1932, en La Paz (Entre Ríos); 5.°) El levantamiento civil y militar encabezado por el teniente coronel Cattáneo, del 21 de diciembre de 1932, que abarcaba gran parte del país; 6.° El levantamiento de Concordia (Entre Ríos), de enero de 1933, con ramificaciones en Misiones y Corrientes e intervención de partidas que entraron desde el Brasil; 7.°) El levantamiento de Puerto Nuevo, poco después; 8.°) Los levantamientos de diciembre de 1933 en Santa Fe, Corrientes, Buenos Aires y otras provincias».[29]

El fracaso de los intentos no se debió exclusivamente a la disparidad de efectivos, o a los esfuerzos del gobierno por sofocarlos. El mismo Puiggrós nos da otra causa esencial: «No podía triunfar ninguna insurrección armada sin comando político o con comando político opuesto a ella».[30] Y la dirección partidaria de Alvear y sus afines jamás se propuso objetivos revolucionarios, ni siquiera insurreccionales. Ello está suficientemente documentado en la obra de Atilio Cattáneo, Plan 1932, con respecto al movimiento encabezado por este jefe militar, pero lo mismo puede afirmarse del promovido por Bosch.

Entre otros elementos de juicio, Cattáneo transcribe una carta de Alvear a Justo que aquél remitiera desde su confinamiento en la isla Martín García, con motivo de la insurreción de 1933: “Tampoco puede ningún miembro del radicalismo invocar la autorización de las autoridades partidarias para tomar parte en los sucesos producidos. La Convención Nacional se reunió para fijar las orientaciones del partido. Si de ellas habría de resultar la preparación de un movimiento revolucionario, puede usted estar seguro de que él no sería un irreflexivo motín aislado, sino un gran movimiento nacional, digno de la U.C.R. y de los hombres que hoy la dirigen, los que, en tal caso, sabríamos asumir todas las responsabilidades.

«Ya el Comité Nacional, hace pocos meses, en un manifiesto sobre la contrarreforma electoral que proyectara su gobierno, había anunciado la posibilidad de explosiones aisladas de la desesperación popular, producidas por la crisis económica y el despojo de las libertades democráticas. Si algún servicio he prestado a mi país, es el de haber querido disciplinar y orientar al radicalismo en bien de nuestra patria. Su gobierno se empeña en obstaculizar esa labor generosa, sin comprender lo que significa el control de una gran fuerza popular en estas horas difíciles»[31].

Cattáneo, refiriéndose a su propio intento de 1932, lo caracteriza en estos términos «Nuestro movimiento era cívico-militar. Se mezclaban, con el mismo frenesí, las virtudes cívicas y militares, pues todos ansiaban el derrocamiento del presidente general Agustín P. Justo, no sólo por su origen político espurio y antipopular, sino porque sus procederes gubernativos eran bochornosos y repudiables, como el fraude, la delación y otros actos similares e inmorales que causaban desprestigio y deshonra a la vida cívica y al ejército argentino».[32] Algunas de las ideas que movieron —acaso algo idealísticamente— a los participantes de este intento abortado hallaron inusitada expresión en el manuscrito encontrado en poder del asesinado mayor Regino P. Lascano.[33] Pero el resultado final fue el fracaso.

La mayor parte del ejército responderá a la conducción impresa por el ministro de Guerra de Justo, general Manuel A. Rodríguez, preocupado por la capacitación técnica, las mejoras presupuestarias y el concepto de «profesionalismo» que intentó infundir en las filas castrenses. Un profesionalismo que, como ha de verse, contribuía de modo decisivo a mantener el régimen existente —con sus arbitrariedades y defectos— como el non plus ultra al que había que respetar. Es fácil, una vez en el control de la situación, invocar el «profesionalismo», el «cumplimiento de los deberes específicos», para avalar o defender precisamente la situación creada. Rodríguez, a su modo, también resultará un precursor.

El Congreso (la Cámara de Senadores) recogerá un extensísimo debate sobre las consecuencias de la llamada Ley de Armamentos (N.° 11.266, dictada durante la presidencia de Alvear, y en cuya sanción participó activamente el entonces ministro de Guerra general Justo).

La polémica principal enfrentará al senador socialista Mario Bravo con el ministro de Guerra Rodríguez. Tendrá origen en un proyecto de resolución que Bravo y Palacios presentan en 1932 a Senadores, redactado en estos términos:

«1.°) Nombrar una Comisión Especial de cinco miembros para que estudie y le informe sobre las condiciones administrativas, financieras, técnicas y militares en que se ha cumplido la ley sobre adquisición de armamentos (ley número 11.266).

»2.°) Queda autorizada la Comisión para citar personas, solicitar testimonios, disponer pericias, revisar documentos oficiales, tomar informes por sí en sitios dependientes de la jurisdición nacional, recabar información y colaboración de funcionarios civiles y militares de la nación y compulsar los documentos de las autoridades y comisiones que han intervenido en el cumplimiento de la ley 11.266 y sus decretos reglamentarios.

»3.°) Si en el curso de la misión que se le encomienda, la Comisión necesitara compeler testigos por la fuerza pública o incautarse de documentos o papeles privados, solicitará la autorización correspondiente al señor presidente de la H. Cámara.

»4.°) La Comisión deberá informar sobre el resultado de sus investigaciones antes del 30 de setiembre del corriente año.

»5.°) El presidente del H. Senado comunicará esta resolución al Poder Ejecutivo y le solicitará las medidas de cooperación necesarias para que la Comisión pueda cumplir sus fines»[34].

Antes de que se discutiera el proyecto, la pugna Bravo-Rodríguez se planteará en estos términos al considerarse la ley general de gastos para 1932:

«Señor ministro de Guerra (Rodríguez): (…) Ahora, simplemente deseo dejar constancia de una sola cosa, y es que el ejército siempre ha respetado la Constitución Argentina y siempre ha estado a la disposición del país, y cuando el 6 de setiembre se puso en marcha hacia la Casa de Gobierno, servía a la Constitución y a su pueblo». (Aplausos).

«Señor Bravo: Deseo que perduren en los oídos del señor ministro de Guerra esos aplausos, pero el señor ministro ha escrito para el Diario de Sesiones de la Cámara dos lineas de las que alguna vez tendrá que arrepentirse. El día que los generales sean los árbitros del cumplimiento de la Constitución en el país estaremos viviendo en una subversión perpetua».

«¡Niego que el ejército tenga el derecho de decir, cuándo se cumple y cuándo no se cumple la Constitución, porque eso le incumbe al pueblo, y si ha de haber revoluciones aquí, las revoluciones sagradas, las únicas, serán las que surjan del seno de la multitud! ¡Que el ejército sea un colaborador, que el ejército se pliegue a una revolución en la que el pueblo sea la masa insurgente, muy bien, aplausos para el ejército, pero el ejército árbitro de la legalidad, árbitro de la constitucionalidad, árbitro del gobierno, árbitro de la sanción de las leyes, no! (…)»[35].

En el mismo debate sobre el presupuesto, el senador de la Torre propiciará economías en el rubro militar, criticando los gastos a su juicio excesivos (por ejemplo, veinte millones de pesos para el Colegio Militar). En la réplica, el ministro Rodríguez precisará su concepto del «profesionalismo» castrense: «Yo digo al señor senador: desgraciado el país en el que los militares puedan expresar sus ideas políticas: en él habrá concluido la disciplina del ejército, y al desaparecer ésta se habrá creado el mayor peligro para amenazar la libertad: hombres armados, sin ideal de sacrificio, sin ideal de abnegación, con ideales de partido: el caos».[36]

Y Palacios recordará: «Ha habido antes de ahora una verdadera horda armamentista, cuyas consecuencias sufrimos en estos momentos. Se inició con un pedido de crédito por valor de mil millones, para adquirir armamentos navales y terrestres, comprar nuevos elementos para la Armada, construir ferrocarriles estratégicos y hacer fantásticas construcciones militares, a algunas de las cuales se ha referido el señor senador doctor de la Torre».[37]

Ya en la discusión sobre él proyecto de resolución, el socialista Bravo recordaría: «En este H. Senado hubo solamente una voz en contra de la ley de armamentos, y esa voz y ese voto fue la del senador que habla, que representaba en esos momentos al Partido Socialista en esta Cámara.

»La síntesis de los argumentos que yo hice en aquel entonces, fue la siguiente: saber si las relaciones internacionales del país reclamaban medidas tan graves como las solicitadas por el Poder Ejecutivo. La opinión del señor ministro fue negativa: ningún ministro afirmó que las relaciones internacionales del país estuvieran en peligro.

»La otra pregunta formulada fue la de saber si la gran cantidad de elementos solicitados correspondía a un propósito de renovación del viejo material del ejército, porque, a mi juicio, era excesivo. Después de casi diez años de sancionada la ley, podemos decir con cierto orgullo que aún están en servicio en el ejército los materiales de artillería, comprados en el año 1898 por el general Ricchieri y en 1909 por el general Duelos»[38].

La ley 11.266 fue sancionada el 30 de octubre de 1923, siendo presidente de la Nación Marcelo T. de Alvear y su ministro de Guerra el general Agustín P. Justo. El secretario del ministro (1923-25 y 1928) era el coronel Manuel A. Rodríguez. En 1932, Justo era presidente de la Nación, y encontraba en Diputados defensores del calibre de Manuel Fresco: «Hay en el fondo de este asunto una intención que conviene descubrir. Se está haciendo inteligente y sutilmente una campaña maliciosa contra el Ejército argentino. Ya en la discusión del presupuesto hemos visto cómo se ha intentado presentar a esta institución democrática como un pulpo, como un buitre que absorbe las fuerzas vivas de la economía nacional. Hemos visto vapulearlo, se ha intentado manosearlo. En el Senado de la Nación se ha planteado una investigación en la que, seguramente, en el transcurso de ella, se tratará de rozar la personalidad del actual presidente de la Nación»[39].

Fundando su proyecto, el senador Bravo solicita que se investigue exhaustivamente las actividades de la Comisión Técnica Permanente y de la Comisión de Adquisiciones en el Extranjero (esta última presidida por los generales José L. Maglione, José Belloni y Manuel J. Costa, en ese orden), y de una Comisión Especial «de avanzada», que había partido para Europa en diciembre de 1923. Se hace hincapié en la posible existencia de irregularidades en la tramitación de los contratos con las casas proveedoras (la Schneider para el material de artillería), y en determinadas preferencias no ajustadas a derecho.[40]

Rodríguez es invitado al Senado —pese a la oposición de Bravo, que sostiene se trata de una investigación y no de una interpelación—, y defiende allí los intereses del Poder Ejecutivo. Dirá: «… yo deploro en estas circunstancias, que el señor senador por la Capital, que sabe que todo este asunto que ha traído al Senado está ya a consideración de la justicia, no haya recordado que hubiera sido preferible, a mi modo de ver, no arrojar sombras sobre la reputación de una porción de personas dignas, y que habría sido preferible también, señor presidente, dejar que el agua tuviera en su fondo un poco de resaca, que el tiempo habría de transformar, antes de ir a revolverlas y hacerlas aparecer como una condición especial de toda la agrupación»[41].

El resultado de la investigación se considera sólo a fines de 1934, y la Comisión produce dos despachos. El de mayoría, firmado por los senadores Mariano P. Ceballos, Carlos A. Bruchmann y Matías G. Sánchez Sorondo, recuerda que los hechos examinados ya han «sido objeto de la correspondiente instrucción de carácter administrativo o militar», indica algunas comprobaciones de irregularidades efectivamente verificadas y termina con un párrafo destinado obviamente a complacer a las autoridades castrenses: «Que la actuación de las comisiones militares que han intervenido en la preparación del plan de adquisiciones y en su ejecución en el extranjero, ha respondido al alto concepto que la oficialidad argentina merecidamente ha conquistado, por su competencia, honorabilidad y dedicación de sus miembros; por cuyas razones la mayoría de la comisión os aconseja enviar estas actuaciones al archivo»[42].

El despacho en minoría (suscripto por Bravo y Eduardo Laurencena) dice: «Vuestra Comisión Especial Investigadora del cumplimiento de la ley N.° 11.266, en minoría, de acuerdo con la resolución de vuestra honorabilidad, de Mayo de 1932, os informa en mérito de los antecedentes reunidos, que en la ejecución de la ley de armamentos, por deficiencias de organización y control y por intervención de terceros comisionistas, se ha incurrido en errores e irregularidades de carácter administrativo, financiero, técnico y militar, en perjuicio del Estado, de la gravedad y en la extensión de que dará cuenta a vuestra honorabilidad el relator de esta comisión en minoría»[43]. La discusión que sigue dura dieciocho días, y José Nicolás Matienzo acierta a recordar que la Constitución Nacional fue sancionada luego de ¡diez días! de debates. A las sesiones sobre la ley de armamentos las llamará «batallé de las espoletas»,[44] por lo minucioso de las argumentaciones y la falta de propuestas positivas de mejoramiento administrativo.

Laurencena pronunciará las palabras más cuerdas, luego de la detallada polémica de Bravo con Rodríguez: «De las exposiciones que el Senado ha oído hasta ahora, resulta que en el seno de la Comisión hay coincidencia en admitir que en la ejecución de la ley de armamentos se ha incurrido en errores, en fallas o deficiencias y en irregularidades. Las discrepancias radican en el número, en la extensión y en la importancia o trascendencia que se asigna a esos errores, deficiencias o irregularidades, según el criterio personal de cada uno de los miembros de la comisión»[45].

La mayoría del Senado preferirá el elogio al ejército —suerte de reconocimiento tácito al más sólido defensor del régimen político de Justo—, en lugar de analizar críticamente los hechos. El despacho de mayoría obtiene diecisiete votos; el de minoría, cuatro (Correa, Laurencena, Palacios y Bravo). El general Rodríguez ha obtenido una nueva victoria.

Rodríguez se referirá también al «apoliticismo» del ejército. Así lo interpreta Jorge Abelardo Ramos: «El país en estado de escándalo era presidido por un General; el “apoliticismo” del general Rodríguez, predicado al ejército, consistía en la defensa simbólica de las fronteras exteriores, que nadie atacaba. Simultáneamente la oligarquía enajenaba por medio del Presidente Justo la soberanía interior, la única soberanía verdadera en un país semicolonial, que no requiere tropas de ocupación por parte del imperialismo, sino facilidades para ejercer su influencia económica y política. La defensa nacional, de acuerdo a esta extraordinaria doctrina, consistiría en preparar al ejército en la guardia de las fronteras y desguarnecerlo en su territorio interior desde el punto de vista industrial y social. Basta presentar el problema en estos términos para comprender que sólo una vigorosa economía industrial, y no un estado agrícola pastoril puede constituir para el ejército la infraestructura de una auténtica defensa nacional»[46].

Esa labor que dudosamente puede calificarse de nacional, fue compartida por Justo y Rodríguez en la proporción de que nos informa un testigo directo de los hechos: «El general Rodríguez fue, sin lugar a dudas, el más grande colaborador que tuvo el general Justo antes y durante su gobierno. He convivido con ambos los momentos más difíciles de su gestión directiva, y puedo asegurarle que la obra de Rodríguez en el Ejército se debió, en un cincuenta por ciento, a la honestidad, ecuanimidad y firmeza con que llevaba a la práctica las directivas emanadas de Justo, y el otro cincuenta por ciento a la misma honestidad, ecuanimidad y firmeza con que Justo apoyaba las iniciativas de Rodríguez»[47].

Y entonces no resulta extraño comprender el sentido de manifestaciones del general Rodríguez tales como la pronunciada en la Cámara de Diputados: «El militarismo no nace siempre del ejército; el militarismo suele ser una enfermedad, un mal que crean los partidos políticos cuando utilizan el ejército para lo que no deben, ya sea para hacer propaganda en la forma que se viene realizando por algunos diputados, o ya porque los partidos políticos lo emplean con propósitos que lo alejan de su misión»[48].

Jauretche, en su folleto Ejército y política (La patria grande y la patria chica), ha resumido: «En el intervalo de la presidencia Alvear, y bajo la dirección del general Justo, se prepara la conspiración militar que estallará al volver Yrigoyen a su segunda presidencia. Con la misma astucia que volverá a repetirse más adelante, las Fuerzas Armadas son desviadas de sus fines nacionales, para lo que se recubre el movimiento con una máscara nacionalista, que al poco tiempo es arrojada lejos para establecerse en el gobierno del general Justo un sistema político, económico y social, “el estatuto legal del coloniaje”, destinado a garantizar el mantenimiento del fraude económico y social así establecido. Las Fuerzas Armadas poco a poco van haciendo conciencia de la desviación nacional de que han, sido objeto y centran su acción en el desarrollo técnico y en la propulsión industrial de los sectores de la economía atingentes a la defensa nacional»[49].

Pero fue Scalabrini Ortiz quien mejor y más gráficamente definió las funciones del ejército en la década del treinta (escribía en 1935): «El ejército está al margen de la política, expresó en la Cámara de diputados el actual ministro de Guerra [general Rodríguez], exhibiendo así carencia de comprensión de la realidad argentina y escasez de esa pasta con que se hacen los gobernantes de pueblos. El ministro no veía la función política que por simple inercia desempeña el ejército, a pesar de formar parte de un gobierno que está amparado justamente en esa inercia. Porque si no contara con el auspicio del ejército, ¿con quién contaría este gobierno cuyos ministros van a las cámaras a defender con ardoroso tesón los intereses de Inglaterra y no los de la Argentina? Si no contara con el ejército, ¿con quién contaría este gobierno que está llevando al país a un desconocido grado de miseria, sólo comparable con la miseria en que se arrastran algunos pueblos asiáticos, como la India? Si no contara con el ejército, ¿con quién contaría este gobierno negado por todos los hombres argentinos que tienen conciencia de hombres libres y no se avienen a caer en servidumbre de una nación extranjera como Inglaterra sin haber sido derrotados, siquiera, en el campo de batalla?»[50]. Y algo más adelante: «Alejar al ejército de la opinión nacional es un medio de contribuir a su mecanización intelectual. Así podría alcanzarse cierto automatismo muy semejante al de los ejércitos de ocupación que las naciones europeas destacan en sus colonias. La separación del ejército y del pueblo es el ideal de los políticos que no están apoyados por el pueblo, sino por los intereses extranjeros»[51].

La situación del ejército como soporte del régimen no varía sustancialmente durante la presidencia de Ortiz, quien no perderá ocasión de elogiar a las fuerzas armadas: «Yo no tengo reparos en afirmar que ese mismo ejército, al salir de sus cuarteles el 6 de setiembre de 1930 para secundar la acción de los civiles que se lanzaron a la calle dispuestos a concluir con un absoluto desgobierno, ha escrito una de las páginas más bellamente severas de su historia»[52]. Claro que el factor que influye cada vez más en esos momentos —la segunda guerra mundial y la posición de la Argentina con relación al conflicto— hará crisis bajo el gobierno de Castillo.

Luna da esta versión de los hechos: «En realidad, Castillo se sentía seguro, porque contaba con el apoyo del ejército. En setiembre (1941) habrían ocurrido algunas alteraciones en bases aéreas del interior. Pero Castillo y el ejército tenían que entenderse. En octubre, un grupo de coroneles entrevistó al vicepresidente, condicionando el apoyo del ejército a una política que estuviera señalada por el mantenimiento estricto de la neutralidad, la no cesión de bases a los aliados y la disolución del Congreso y del Concejo Deliberante de la Capital Federal. Todo estaba preparado para voltear al gobierno si no se aceptaban estos supuestos. Castillo, después de un tiempo de meditación, aseguró el cumplimiento de todos los puntos, menos la disolución del Congreso, que creía peligrosa. Los conjurados aceptaron y un pacto tácito quedó formalizado. El anciano vicepresidente tenía ahora manos libres para actuar. Procedente de viejas cepas conservadoras, desdeñoso de la democracia, terco y autoritario, Castillo era un nacionalista intuitivo cuya política se cifraba en dos claves: mantener la neutralidad y no entregar el poder a los radicales»[53].

Cuando el candidato rupturista de proclamación inminente, Robustiano Patrón Costas, va a ser consagrado por la convención conservadora, el ejército retira su confianza al presidente Castillo y se produce el movimiento del 4 de junio de 1943. También participarán en él militares aliadófilos, disgustados con los previsibles procedimientos fraudulentos que habían de continuar empleándose en los próximos comicios. La pugna Ramírez-Rawson puede entenderse en buena medida como demostración de fuerza de ambas fracciones dentro de las fuerzas armadas: la pro-Eje y la pro-aliada.

Castillo no lo había previsto: «Creyó que el perfeccionamiento del fraude, hasta hacer de él una verdadera institución, era suficiente para asegurar la continuidad de su autoridad. No observó que el fraude estaba basado en la fuerza y que ésta se encontraba en manos del ejército, que había aceptado entrar en el juego descripto, únicamente a cambio de una posición preponderante en la vida nacional. Desaparecida o desconocida dicha situación, el ejército perdía interés en la estabilidad del gobierno»[54].

El Ejército de 1943 a 1946: logias, industrialización

Las logias tienen una relativa permanencia tradicional en nuestra historia política y militar. Sin recurrir al siglo pasado y a la Logia Lautaro, baste recordar aquí la existencia de una «poco conocida» —al decir de Juan V. Orona[55]—, la Logia General San Martín, de vital importancia para la comprensión de fenómenos anteriores y posteriores al 6 de setiembre de 1930.

Formada a fines de 1921 como consecuencia de la fusión de dos agrupaciones internas de militares, la Logia San Martín (con sus «Bases») y el Centro General San Martín (con su «razón de ser»[56]), se proponía combatir la vinculación de los oficiales con la política y fortalecer el sentimiento del deber castrense. Como acota Enrique Ruiz Guiñazú (h.), «en una palabra, para desterrar la política del Ejército, se fue haciendo política dentro de él»[57].

Entre sus objetivos inmediatos la Logia se propuso —y consiguió— el control de la Comisión Directiva del Círculo Militar, en ocasión de las elecciones del mismo año 1921. Desde ahí la Logia elaborará su plan de acción futura y, una vez elegido Alvear, le formulará tres pedidos: «1.°) Que después de asumir el mando, fuera su primera visita para el Círculo Militar, en desagravio por la desconsideración de que había sido objeto al no contestársele las dos notas remitidas al ministro de Guerra denunciando la abierta intervención de militares en política: 2.°) Que no fuera en ningún momento a delegar el mando en el vicepresidente, Doctor Elpidio González; 3.°) Que no nombrara su ministro de Guerra al general Dellepiane»[58].

Los tres pedidos fueron cumplidos por Alvear. Su ministro de Guerra será el entonces coronel Agustín P. Justo. Orona asegura que Justo “nunca formó parte de la Logia”, pero sí “que sus mejores amigos y sus colaboradores de confianza eran a la vez logistas de actuación destacada"); «… por ello (…) bajo la forma de leyes, decretos, resoluciones y reglamentos, hiciéronse realidad muchas de las iniciativas y determinaciones de la Logia».[59]

El mismo Orona explica de este modo la desaparición de la Logia San Martín: «Habiéndose restablecido durante la presidencia de Alvear la normalidad que requería el Ejército, la Logia ya no tenía razón de subsistir»[60]. A principios de 1926 finaliza formalmente su actividad, pero no la dé los ex logistas, que fueron factor preponderante en el planeamiento del golpe militar de setiembre, como el coronel Luis J. García, primer presidente de la agrupación, en esos momentos ya en situación de retiro. “Para los ex miembros de la Logia —con excepción por supuesto de los traidores—, el Ejército había vuelto a la misma situación de 1921 que los había congregado. Se hablaba otra vez de indisciplina, de desorganización, de política en los cuarteles, de reincorporaciones con retroactividad —lo que significaba para algunos el cobro de gruesas sumas—, de “acomodos” y de persecuciones y hasta de la liquidación de la Comisión de Adquisiciones en el extranjero»[61]. Falta añadir que muchas de esas situaciones habían sido creadas mediante la acción directa o indirecta de la Logia. El general Luis Dellepiane, ministro de Guerra de Yrigoyen, no pudo extirpar pese a sus deseos la influencia de los logistas.

Después del 6 de setiembre —y de los confusos sucesos del 8— los elementos de la extinguida Logia se encargarán de perseguir o colocar en puestos subalternos a los oficiales yrigoyenistas —o sospechosos de serlo— que se consideraban peligrosos para la estabilidad del régimen. Así recrudecían los tiempos de las «listas negras» que también había impuesto durante su vigencia la Logia San Martín.

Cattáneo, después de señalar los propósitos de autodefensa de los logiados («a quienes había que destinarlos a los puestos mejores dentro de la institución»[62]), su peso en el nombramiento de los cargos político-profesionales (como ministro de Guerra, agregados militares), afirma: «Otra finalidad, que no se hizo pública, pero que existía, era la eliminación de las filas militares de algunos jefes y oficiales, amigos personales del doctor Yrigoyen y relacionados a él por el movimiento cívico-militar del año 1905, para “impedir la influencia política en el ejército”, decían como fundamento de esta criticable acción.

»Algunos de estos militares, perjudicados por aquel movimiento, recibieron una compensación a sus perjuicios durante el gobierno del doctor Yrigoyen. Esto fue muy criticado por los “logiados”; pero ellos, con el triunfo del 6 de setiembre obtuvieron beneficios de toda naturaleza, no sólo con ascensos inmerecidos, sino hasta con dinero que fue solicitado al Banco de la Nación con esa finalidad»[63].

Y de la Logia General San Martín pasamos al G.O.U., cuyo origen es ubicado por algunos autores en 1942.[64] Y aquí conviene hacer un paréntesis para transcribir la atinada reflexión de Rogelio García Lupo sobre el tema de las logias militares: «Las logias militares se cuentan posiblemente entre las instituciones más arraigadas de la vida argentina. Sin embargo, nunca han sido estudiadas con independencia del hecho político con el cual estuvieron ligadas en cada momento. En los casos extremos de esta interpretación parcial aparecen los esfuerzos de los historiadores liberales por presentar a la Logia Lautaro como una institución masónica antes que militar y al G.O.U. como un núcleo nazi por encima de su evidente organización profesional. Por esta razón nadie ha podido explicar la presencia en la Logia Lautaro de oficiales que no eran masones (incluyendo al propio San Martín, cuya personalidad filosófica no ha terminado de esclarecerse) y dentro del G.O.U. de jefes que no ocultaban su repugnancia por el nacional-socialismo»[65].

El G.O.U., con su dirección a cargo de diecisiete oficiales, teóricamente pares entre sí, condujo los trabajos preliminares al movimiento del 4 de junio de 1943. Ya en funciones el gobierno revolucionario, fue dado advertir que «… gravitaban principalmente en sus decisiones cuatro coroneles, Perón, Ávalos, González y Ramírez, que ocupaban respectivamente la Secretaría de Guerra, la Jefatura de Campo de Mayo, la Secretaría de la Presidencia y la Jefatura de Policía»,[66] pero el largo proceso que lleva a Perón a convertirse en el poder tras el poder de Farrell y a controlar buena parte de los efectivos militares, tendrá todavía episodios de riesgo para el ambicioso y enérgico coronel como el del 8-17 de octubre de 1945, donde se eclipsará por irresoluta la apariencia de “hombre fuerte” de su rival Ávalos.

Esta influencia del coronel Perón, que llegará a ocupar la Vicepresidencia de la Nación, el Ministerio de Guerra, la Secretaría de Trabajo y Previsión y la presidencia del Consejo Nacional de Posguerra, ha sido reconocida hasta por sus adversarios políticos y personales más enconados como es el caso de Reynaldo Pastor (especialmente después de la «Revolución Libertadora»): «En 1943 y en 1946, el dictador fue el nervio ejecutor de los designios de las fuerzas subterráneas que trabajaban para derribar la República. Primero se complicó en la traición de Ramírez al presidente Castillo; en seguida lo acompañó al mismo Ramírez en su traición a Rawson y al poco tiempo lo traicionó al propio Ramírez. La misma técnica siguió con los partidarios que no querían su dictadura totalitaria y con el país cuyas tradiciones y sentimientos son de genuina estirpe democrática»[67]. También Raúl Damonte Taborda intentará explicarlo todo por el nazismo de Perón (ver su Ayer fue San Perón) y el de los militares argentinos. Parece haber olvidado algunas manifestaciones suyas en la Cámara de Diputados (1941): «Y tengo el placer y el honor de declarar aquí, desde esta banca, (…) que salvo algunos jefes extraviados, sometidos a proceso o detenidos ya, las fuerzas del ejército argentino son un sólido escudo de las instituciones republicanas y democráticas de nuestra Patria»[68].

También de las propias filas castrenses saldrán voces opuestas al G.O.U. Una de ellas será la del coronel Roque Lanús, vinculado ideológica y también familiarmente (su hermano Adolfo Lanús fue diputado nacional por la Concordancia) con el pensamiento conservador. Ante un pedido de adhesión al G.O.U. hecho por el propio coronel Perón (entonces todavía Jefe de la Secretaría del Ministerio de Guerra), Lanús manifestó: «… contesté que me parecía un error solicitar adhesión a quienes estábamos obligados a obedecer por imperio de la disciplina y que ésa era mi situación de espíritu, por cuya causa no me incorporaría a ésta como no me había incorporado jamás a ninguna otra logia”[69]. Y en otro lugar: “Precisamente mis sentimientos de camaradería, mi espíritu de institución, el respeto que tengo por la jerarquía y la disciplina, me han impedido siempre formar parte de camarillas y de logias, máxime cuando, como en el caso del G.O.U., sus propios estatutos organizan la delación y el espionaje en el Ejército”[70]. Por decreto del 18 de abril de 1945, firmado por Farrell y Perón, se dispuso el retiro del servicio activo del coronel Lanús, «sin que medie solicitud de su parte, ni causa afrentosa, ni postergación en el ascenso o ineptitud física, ni constancias sumariales o simples averiguaciones verbales sobre presuntos delitos, ni intervención competente de jueces, juntas, tribunales o consejos»[71].

El proceso de 1943 a 1946 en lo relativo a las idas y venidas político-castrenses ha sido sintetizado por S. E. Finer en estas líneas: «El golpe del general Ramírez en 1943 introdujo una oligarquía militar que duró cerca de un año y medio. Y aquí, de nuevo, se ve el tira y afloja en pro y en contra de la abierta sustitución del régimen civil. En esta ocasión, a diferencia de 1930, los conspiradores militares —el G.O.U.— no tenían ninguna intención de convocar a nuevas elecciones. Indudablemente contemplaban alguna clase de oligarquía militar, aunque sus planes precisos todavía resultan confusos, y en realidad es muy posible que no compartieran las mismas ideas y dudasen de todo salvo de los objetivos a corto plazo. Sin embargo, lo cierto es que no había transcurrido mucho tiempo de su permanencia en el poder cuando se desarrolló una oposición amplísima, y los forzó a la creciente represión. Sus adversarios —la prensa, las universidades, los sindicatos— fueron golpeados a su turno; pero a medida que el régimen recurría, cada vez más a la represión, se volvía más impopular. En junio de 1945, cuando los industriales, comerciantes y ganaderos firmaron un manifiesto político contra el vicepresidente Juan Perón, los acongojados militares comenzaron a ceder. Se prometió elecciones en julio, y se levantó el estado de sitio en agosto. Entonces tuvo lugar una demostración masiva de todos los partidos en la capital, la “Marcha de la Constitución y la Libertad”. Era evidente que las elecciones se anunciaban mal para el ejército. El miedo a la destrucción política impulsó al G.O.U. a arrestar a Perón, en la creencia de que sería su Jonás. Sus esfuerzos [los de Ávalos y su grupo] fracasaron. En primer lugar, no tenían otra alternativa frente a Perón. En segundo lugar, los descamisados se lanzaron a manifestar en favor de Perón. De ahí en adelante los militares siguieron el único camino posible: el mismo recorrido por el general Uriburu. Decidieron que debía haber elecciones, y que su candidato —Perón— tenía que ganar. Lo hizo; y por el momento el futuro político del ejército estuvo asegurado».[72] Como se ve, Finer comparte la visión de muchos de nuestros estudiosos en el campo de los partidos tradicionales, aunque no llega a explicar —como por lo demás tampoco lo hacen estos últimos— las relaciones entre Perón, el ejército (no ya el G.O.U., que resultaba estrecho para la coyuntura) y los nuevos sindicatos en formación, que fueron la base de sus maniobras (los sindicatos socialistas y comunistas, sí, serían adversarios del coronel, pero constituían una minoría de los trabajadores organizados). No ver esto es no ver el fondo del problema. Tampoco puede decirse que fueran fraudulentas las elecciones del 24 de febrero de 1946, ganadas por estrecho margen por las fuerzas adictas a Perón (mientras la Unión Democrática estuvo segura del triunfo, nada se adelantó en tal sentido). La derrota, a veces es mala consejera.

La táctica operativa del G.O.U. ha sido descrita por García Lupo: «El desenvolvimiento del G.O.U. confirma la tesis de que los jefes retirados están definitivamente al margen de cualquier golpe con posibilidades. Las conspiraciones capitaneadas en 1940 y 1941 por el infatigable general Benjamín Menéndez no alcanzaron a concretarse. Un militar de considerable nivel intelectual —el mayor Filippi, que estuvo en la creación del G.O.U.— comentó entonces: “Por lo visto, no podremos hacer nuestra revolución hasta que no logremos apoderarnos del ministerio de Guerra. Quizás los jefes de regimientos teman obedecer a quien no les manda legalmente”. Los hombres del G.O.U. se apresuraron entonces a seguir la táctica tradicional: primero ubicaron al general Ramírez en el ministerio de Guerra (Ramírez era suegro de Filippi), luego terminaron de situar a sus hombres en los mejores comandos y por último golpearon al gobierno civil de Castillo, repitiendo las estratagemas que quince años antes habían utilizado los hombres de la Logia San Martín. Esta vez tampoco gastaron a uno de sus miembros prominentes y la etapa transitoria la cubrieron con Ramírez y Farrell, que aseguraron el advenimiento constitucional de Perón, dos años más tarde, sin que hubiera tropiezos militares».[73]

Contrastando con quienes se limitan a calificar de «nazi» y seguir adelante, el mismo García Lupo da este balance esencial del G.O.U.: «Para los hombres del G.O.U., por encima de algunas tonterías que cometieron a menudo por el consejo de ciertos civiles, la Argentina no podía ser un país desarrollado sin una gran industria y no podía haber una gran industria sin un mercado exterior».[74] Esta explicación —y no el mero calco de concepciones geopolíticas de origen alemán— ayuda a entender mejor el problema del liderazgo politicoeconómico en América del Sur, que se disputaban a la sazón Brasil y la Argentina.

Las concepciones del neutralismo —en algunos casos proclive a los excesos nazifascistas, pero con sentido autónomo en otros— implicaban en los sectores militares que llevaban adelante el proceso, cierto cuidado por la industrialización que enfrentaba el país. Algunos motivos que impulsaron a la oficialidad joven a practicar el neutralismo en lo interno y a apoyar en buena parte al Eje en el plano mundial, figuran en esta enumeración de Ramos: «La tradición nacional, muy fuerte en el ejército, le dictaba una actitud de prescindencia en conflictos ajenos a la seguridad argentina. También influía en este punto de vista el prestigio técnico del ejército alemán, algunos de cuyos instructores habían contribuido a la formación profesional de los cuadros militares argentinos. Debe añadirse que la juventud militar había contemplado en los últimos diez años el espectáculo desolador de la colonización paulatina del país, atribuible tanto a la oligarquía como al imperialismo británico. De ahí que tendiera a simpatizar, como muchos nacionalistas, con el adversario de nuestro explotador secular».[75]

En el ejército se formarán algunos núcleos industrialistas y uno de sus voceros más caracterizados será el general Manuel Savio, a quien hemos visto —con anterioridad— desfilar en la columna militar del 6 de setiembre de 1930. Algunas medidas tomadas por el gobierno surgido del golpe del 43 ayudan también al proceso, con independencia de las ideologías concretas de quienes firman los decretos respectivos: la creación del Banco de Crédito Industrial, la expropiación de la Compañía Primitiva de Gas, el incremento de las industrias militares, el estudio para revaluar las tarifas aduaneras, la reactivación del Ferrocarril Trasandino, la expropiación de algunas compañías de servicios públicos en el interior (de capital norteamericano), etc.[76] Con posterioridad a este período, el citado Savio proyectará y hará aprobar «por el Congreso la ley 12.709 por la cual se crea la Dirección General de Fabricaciones Militares y la ley que lleva su nombre (12.987) del Plan Siderúrgico. Savio presidirá luego la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina y trazará las grandes líneas de la creación de la industria pesada».[77]

Los años 1943-45, además, son testigos del ingreso de los militares a funciones políticas y económicas. Finer dice a este respecto: «El régimen de Rawson-Ramírez-Farrell en la Argentina, 1943-45, es un ejemplo análogo de gobierno directo por los militares. Con una sola excepción (el ministro de Hacienda), todos los hombres del gabinete del general Ramírez eran militares. En todas las provincias, los administradores civiles fueron destituidos y reemplazados también por militares, y la mayoría de los intendentes municipales fue reemplazada por jóvenes coroneles».[78] La tendencia al intervencionismo militar en esferas aparentemente ajenas a su competencia —la económica por ejemplo— será irreversible, y constituye uno de los rasgos típicos de los últimos años de nuestra historia, reforzado a partir de 1955. También hay que destacar, paralelamente, el descrédito creciente que han venido sufriendo los partidos políticos tradicionales como administradores de la cosa pública. Si no se relacionan ambos factores, es probable que no se comprendan muchas cosas.

La Marina: breve análisis

La participación de la fuerza naval en el movimiento del 6 de setiembre de 1930 ha sido reconocida oficialmente en la Orden General N.° 107 (13 de setiembre de 1930) del ministerio de Marina. El texto de este importante documento dice así:

«Transcurridos algunos días desde aquél en que la moral del pueblo argentino se sobrepuso a su abatimiento, inspirándole una salvadora reacción, conocidos los pormenores de algunos episodios ocurridos durante aquella jornada, el ministro de Marina del Gobierno Provisorio hace saber al personal que la Armada ha cumplido fielmente con las exigencias del movimiento producido.

»Fue necesario desde un principio señalar con precisión el papel que correspondía a cada uno de los tres elementos que intervenían: pueblo, Ejército y Armada. Cúpole así a esta última el papel aparentemente pasivo, pero muy importante, de mantenerse concentrada en sus buques y lista al primer llamado. Constituía una fuerza moral de elevado valor y una gran reserva material que apoyaba con su presencia y su actitud al movimiento popular, manteniéndose unida y en su puesto porque así convenía a los planes proyectados y así lo disponía el Jefe General del movimiento.

»Era muy natural la impaciencia con que algunos Jefes y Oficiales querían desembarcar su gente para tomar con ella una parte más activa al lado del pueblo en aquel gran día; pero eso nos habría alejado de nuestra misión y hubiéramos violentado órdenes expresas, en momentos en que más que nunca había que ajustarse a ellas por lo delicado de las circunstancias.

»Esta cooperación, que ha obligado a cada uno a dominar el vehemente y natural impulso de tomar parte activa en acciones cuyo desarrollo se presentía, ha puesto de manifiesto cualidades colectivas de mucho valor, que han permitido el desarrollo de los acontecimientos sin alteración de la disciplina tranquila que caracteriza a los hombres de mar, y ha permitido apreciar la discreción con que en casos determinados han sido evitados incidentes que pudieron tener consecuencias desagradables.

»Vuelto el ambiente nacional a su equilibrio normal, la Armada debe reanudar sus actividades habituales.

»La conmoción experimentada por la institución ha permitido confirmar creencias anteriores relativas a la necesidad de trabajar muy seriamente en bien de la Armada. Ello exigirá, en primer término, que cada uno de los hombres que a ella pertenecen haga uso de la máxima abnegación de que es capaz, para que la Armada marche por el camino de la moral y de la corrección, a fin de que todos los esfuerzos concurran al objetivo más inmediato en este momento, que es el mejoramiento firme de todos los servicios y de todos los elementos, dentro de las leyes y reglamentos en vigor».[79] Esta Orden General lleva la firma del ministro de Marina de Uriburu, contraalmirante Abel Renard, y la del capitán de fragata Eleazar Videla, Jefe de la Secretaría del ministro. Renard fue considerado en determinado momento como cabeza del grupo llamado «nacionalista» en la Armada,[80] y Videla sería pocos años después ministro de su especialidad en el gabinete del general Justo.

Algunos autores han citado un compromiso firmado por los marinos, el 5 de setiembre de 1930, en el cual se fijaba la posición del arma. El texto aludido expresaba:

«1.°— Que no están dispuestos a seguir apoyando el gobierno del señor Hipólito Yrigoyen.

»2.°— Que solicitan su inmediata renuncia y la de su ministerio.

»3.°— Que no harán uso de las armas de la Nación para utilizarlas contra el pueblo, ni contra sus camaradas del ejército.

»4.°— Que defenderán con las mismas armas todo intento de dictadura civil o militar.

»5.°— Que defenderán el fiel y estricto cumplimiento de la Constitución Nacional, después de producida la renuncia del actual presidente y ministros.

»6.°— Que no permitirán que ningún buque sea movido del Puerto Nuevo hasta tanto se constituya el nuevo gobierno y se restablezca el orden constitucional en todo el país».[81]

García Lupo ha sintetizado el papel que cumplió la Marina dentro del país, especialmente en el plano político; «La Marina de Guerra estuvo asociada por espacio de un siglo a la diplomacia británica en el Río de la Plata. Una combinación de cerrado espíritu clasista, romántica admiración por la grandeza naval británica y alianza económica con la oligarquía anglofila gobernante, colocaron a la marina de guerra en el papel de vigilar el desarrollo de las crisis políticas del país, sin participar en su gestión. (…) La marina vivió abroquelada durante un siglo y cuando hizo conocer alguna opinión corporativa, su punto de vista fue siempre minoritario y repudiado enseguida por la mayoría del país. En el período 1941-43, la marina fue belicista contra la neutralidad del Ejército y de la opinión pública. En un primer plano, la marina invocaba la necesidad de apoyar activamente la causa de la democracia; en el trasfondo, alimentaba la esperanza de que la entrada de la Argentina en el conflicto obligaría al gobierno a invertir algunos millones en la adquisición de barcos de guerra, aunque sólo fuera para utilizarlos como escolta de los mercantes argentinos que hacían el intercambio con América y Europa. En 1943, la marina de guerra permaneció absolutamente ajena al estallido militar nacionalista y dentro de sus cuadros se gestó el descontento que hizo explosión cuando un almirante [Vernengo Lima] capitaneó el golpe de estado contra Perón, en octubre de 1945. Perón nunca contó con la simpatía de los marinos, que en todas las ocasiones plantearon unitariamente puntos de vista conservadores con relación a los planes de gobierno y por último, también corporativamente, actuaron pon decisión para derribarlo».[82]

De lo anterior se deduce que la Marina —corporación «donde no existen disidencias intestinas, que se autodepura periódicamente y en silencio y vive enclaustrada»[83]— no conoció la historia más complicada y rica en anécdotas del Ejército en la década del treinta. Pese a la «romántica admiración por la grandeza naval británica», los contactos efectivos y los vínculos estrechos de la Armada con los Estados Unidos prosiguen desde hace más de cuarenta años. Un autor norteamericano lo reconoce como moneda corriente: «Los oficiales de la Marina, por otra parte, están considerados socialmente un punto por encima de los militares y, desde 1920, han tenido íntima vinculación con la Marina de los Estados Unidos. Durante los primeros meses de la dictadura militar de 1943, revela su influencia el esfuerzo hecho bajo la conducción del almirante Segundo Storni, entonces ministro de Relaciones Exteriores, para que la Argentina secundara a los Estados Unidos y sus aliados en contra del Eje; pero las circunstancias obligaron a Storni a encubrir sus propuestas bajo términos inaceptables para los Estados Unidos, y el secretario de Estado Cordell Hull los rechazó tan violentamente que Storni se vio obligado a renunciar, por lo que los elementos germanófilos se apoderaron por completo del gobierno de Buenos Aires»[84].

La marina, después de esa fecha, verá crecer su animosidad frente al poderoso G.O.U. y a la conducción oficial de la política. Edwin Lieuwen refiere el proceso en esta forma: «La resistencia a Perón siempre había sido más fuerte en la marina, cuyas tradiciones democráticas chocaban contra el creciente autoritarismo de Perón. El cuerpo de oficiales navales, a diferencia del ejército, tendía a provenir de la oligarquía rural y las familias urbanas más acaudaladas y, por lo tanto, era hostil a cualquier régimen dispuesto a subvertir las instituciones básicas de la nación. Tan poco simpáticos le resultaban a la marina el G.O.U. y su programa, aun desde el principio mismo, que después de la revolución de 1943, el gobierno no pudo encontrar un oficial naval de alta graduación que quisiera aceptar el puesto de ministro de marina hasta marzo de 1944. Ya en febrero de 1944 la marina comenzó a conspirar para derribar el régimen Farrell-Perón. En agosto y setiembre de 1945, oficiales de alta graduación de la marina reclamaron y exigieron que no se permitiera a Perón asumir la presidencia y que se restituyera “la soberanía del pueblo”. Y en octubre de ese año la mayor parte de la marina se unió con un grupo disidente de oficiales del ejército que casi logró derribar a Perón. Sofocado pero no extinguido, el resentimiento de la marina se mantuvo latente a medida que el régimen prodigaba fondos sobre las fuerzas de tierra mientras se negaba a adquirir nuevas unidades de combate navales».[85]

En los sucesos del 8 al 17 de octubre de 1945, los esfuerzos de la Marina (prácticamente en bloque) junto a los sectores militares encabezados por Avalos, por alejar definitivamente a Perón de las posiciones públicas, culminan en un sonoro fracaso. Muchos de los entretelones se cuentan en el trabajo de Bartolomé Galíndez, Apuntes de tres revoluciones.[86] Vemos allí los pormenores de las reuniones en casa del almirante Domecq García, las funciones de enlace del capitán de navío Gregores ante oficiales del ejército, las discusiones de altos jefes de la Armada en el Centro Naval, las comisiones de marinos y militares que entrevistan al presidente Farrell (la marina sostenía la necesidad de entregar el gobierno a la Suprema Corte, y era portavoz de idéntica exigencia propiciada por la mayoría de los partidos políticos tradicionales), la consideración por parte de jefes de las dos armas de los nombres que figuraban en el utópico gabinete elaborado por el doctor Juan Alvarez.

La marina, en especial después del 17 de octubre de 1945, continuará siendo furiosamente antiperonista, aunque algunos de sus hombres —tal Alberto Teisaire— gozaran de la privanza del Presidente de la Nación. La situación de octubre de 1945, con el correr de los años, volvería a reiterarse en otras condiciones (luego del fallido atentado del 16 de junio de 1955): en setiembre de 1955 será la marina, junto a un sector del ejército y contando con la tolerancia de la aeronáutica, la fuerza armada que impulsará la «Revolución Libertadora», y en los años que van desde esa fecha a nuestros días no puede entenderse la función política del ejército sin correlacionarla con la del arma naval.

Entre los escasos testimonios opuestos a la línea oficial de la marina en los primeros días del peronismo, figura el del contraalmirante Aníbal O. Olivieri.[87] Reconoce Olivieri —ya ministro de Marina del gabinete nacional— que desde 1945 la mayoría de los tres mil jefes y oficiales del escalafón superior «era innegablemente desafecta al gobierno y al Presidente, aunque no hacía ostentación política ni se apartaba del estricto cumplimiento de sus obligaciones profesionales».[88] Aclara más adelante que «sólo había un pequeño grupo de jefes y oficiales recalcitrantes contrarios al Presidente y al gobierno. Más que nada porque ellos se consideraron siempre una especie de élite social dentro de la Marina. Afectos a los contactos con personas y círculos de alta posición económico-social, estos hombres nunca interpretaron la honda significación social de la Marina ante el pueblo y su responsabilidad institucional ante la Nación».[89]

Olivieri no deja de ofrecer su versión del atractivo que Perón ejerció sobre las masas, que por supuesto no es compartida por la oficialidad antiperonista del ejército y la armada promovida a puestos de conducción política después del derrocamiento de setiembre de 1955: «Perón fue la esperanza de los descreídos frente a la inoperancia de los políticos que le había precedido. Si hubiesen existido partidos políticos consolidados. Si los políticos no hubiesen caído en desgracia por su propia incapacidad para darle a la política el contenido y la eficacia que tiene en la vida de los pueblos civilizados, entonces no podría haberse dado el caso de que un desconocido, sin antecedentes nacionales y menos aun entre la masa trabajadora, los venciera irremediablemente en los comicios limpios que lo llevaron a la Presidencia de la República».[90]

La marina de guerra, desde 1930 hasta 1946, irá elaborando paulatinamente su postura como cuerpo, aunque ella sólo hará eclosión en 1955, «profundamente trabajada por la ideología liberal».[91]

Ese liberalismo, transformado en «gorilismo», tendrá manifestaciones concretas en los alzamientos que la armada inspira o en que colabora: setiembre de 1962, abril de 1963.

Ejército y política: composición social, ideología

Recurrimos una vez más a la opinión del autor inglés Finer para resumir: «El interés de clase de los oficiales jóvenes tiene importancia también en repúblicas latinoamericanas como la Argentina y Brasil, que experimentan el crecimiento de una clase media. Antes de la primera guerra mundial los oficiales provenían principalmente de las oligarquías rurales, y cuando intervenían lo hacían en apoyo de su posición económica y política. Hoy los oficiales se reclutan cada vez más entre las familias de industriales, funcionarios públicos y profesionales. Esto explica parcialmente el creciente radicalismo de las rebeliones de oficiales jóvenes en dichos países. El ejército argentino en 1943, por ejemplo (el año del primer golpe), no se hallaba conectado con “la Oligarquía”: “Los oficiales militares, hablando en forma general, no tenían un puesto en la sociedad y no provenían de la clase gobernante de estancieros, profesionales prósperos y grandes comerciantes” [Sir David Kelly, The Ruling Few, Londres, 1952]. Los oficiales navales sí lo tenían, y a lo largo del período peronista nunca apoyaron lealmente al régimen, desempeñando en 1955 el papel decisivo en su derrocamiento».[92]

García Lupo, aunque refiriéndose a un período posterior al considerado en este trabajo, ha señalado con agudeza que «nueve de cada diez jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas proceden de la pequeña burguesía. En un país donde no puede hablarse de clanes militares y donde hasta resulta original un militar cuyo padre o abuelo también lo fue, no es exagerado afirmar que en el noventa por ciento de los casos la causa del ingreso a las instituciones militares es el deseo de ascender socialmente y asegurarse cierto standing de vida. En el Ejército Argentino, pues, no se encuentran formas nacionales de los junkers prusianos, que se hacían hombres de armas para defender sus tierras. Por un Federico de Álzaga, por ejemplo, existe un centenar de oficiales que son hijos o nietos de inmigrantes, con recursos económicos medios y ansiedad por obtener consideración social».[93] A partir de 1943 se advertirán nuevos nombres en el terreno político, y —la paradoja no es tan grande como podría inferirse de primera intención— muchos de ellos provienen del ejército: «… aparecieron en la superficie dos o tres docenas de jefes y oficiales con apellidos deliciosamente anónimos. Ramírez, Farrell, Perón, Masón, Pertiné, González, Zavalla, la clase media de las provincias, los perseverantes ofic:ales que procedían del asilo de huérfanos militares, los hijos de los abnegados sargentos que habían introducido a sus vástagos en el Colegio Militar, afloraron de un solo golpe y conquistaron el poder».[94] De la comparación entre los orígenes sociales del general Uriburu y del coronel Perón, por ejemplo, podrían extraerse útiles conclusiones sobre la situación existente en el ejército —en la capa de oficiales —en dos épocas cercanas pero diversas: el 30 y el 43. Uriburu vástago conservador y luego corporativo del patriciado provinciano, fue utilizado por la oligarquía que, a través de Justo, recupera el control del Estado y de la economía. Perón, proveniente de la clase media, nacido en la provincia de Buenos Aires pero sin vinculaciones con los «dueños de la tierra», «… el único entre los líderes revolucionarios de 1943, había llegado a comprender cabalmente el cambio producido en el equilibrio del poder económico de los terratenientes rurales a los industriales urbanos y al trabajo. Era lo bastante hábil para utilizar el potencial político de estos grupos. Los trabajadores lo habían rescatado de una purga militar en octubre de 1945, y una vez vuelto al poder vigorizó deliberadamente y utilizó los sindicatos como contrapeso de las fuerzas armadas para privar a estas últimas del papel de único árbitro del proceso político».[95]

Objetivamente, el ejército sirvió entre 1930 y 1943 los intereses concretos de la oligarquía, como guardia pretoriana y único sostén eficaz de los sucesivos gobiernos de Uriburu, Justo, Ortiz y Castillo. A partir del 4 de junio de 1943 las circunstancias harán que ciertos sectores militares se vean mezclados más de cerca con el proceso político desde posiciones decisivas, y será Perón quien instrumentará esos comportamientos.

Los políticos profesionales tardaron mucho —y no es seguro que todos se hayan dado cuenta del problema —en comprender que había que considerar a las fuerzas armadas como algo más que un cómodo marco de referencia dentro del cual resultaba posible elaborar conocidos esquemas de fraude y engaño a las voluntades populares. Su análogo desdén por el movimiento obrero no hará sino empeorar las perspectivas de triunfo de los partidos tradicionales en los comicios de 1946. Perón y su grupo comprenderán la enorme importancia de contar con el respaldo militar y sindical, y harán uso de la coyuntura.

El ejército, bajo la férrea conducción del general Rodríguez, verá aumentar su capacidad técnica y se «profesionalizará» de manera indudable. Los gastos que se destinan a construcciones militares, por ejemplo, aumentarán entre 1932 y 1937 en la siguiente proporción:

Año | Valor en m$n
1932 | 3.800.000
1933 | 5.100.000
1934 | 7.300.000
1935 | 9.500.000
1936 | 13.950.000
1937 | 26.990.000

Las grandes maniobras del ejército de octubre de 1936 —otra instancia —congregarán en las provincias de Córdoba y San Luis a cincuenta y un oficiales superiores, mil setenta y dos jefes y oficiales y veinte mil soldados, además de diez mil ciento sesenta y seis cabezas de ganado y mil doscientos vehículos. Serán los ejercicios militares más importantes que hasta esa fecha desarrolló nuestro ejército.

A fines de 1932 ya se levantan voces para alertar sobre la situación interna en el ejército. Dirá el senador Palacios: «La situación interna de la República es peligrosa; después de la conmoción del 6 de setiembre se han encendido en el país rencores innumerables, que a veces parecieron llamas de incendio y, lo que es más grave, se ha dividido al ejército, no lo podemos ocultar, a nuestro ejército, cuya verdadera calificación debiera ser la que le impuso el Gran Capitán, hoy olvidado, al hacerle merecer el nombre ilustre de Ejército Libertador, marcándole un ejemplo inigualado de abnegación y civismo con su retiro a la soledad, antes que usar el poder para someter a sus conciudadanos». Y más adelante: «El 6 de setiembre nuestro ejército abandonó los cuarteles, derrocó al presidente de la República y disolvió el Congreso… Fue un pronunciamiento triunfante. Si hubiera sido vencido, acaso yo levantara mi voz en este recinto para pedir que se amnistiara al general Agustín P. Justo, primer magistrado de la Nación».[96] Pero no estábamos más en el siglo XIX para hablar de «ejércitos libertadores», como con nostalgia parece evocar Palacios. Y tampoco creemos correcto identificar por vía de hipótesis a tirios y troyanos. Esta posición socialista un tanto utópica —aplicar el esquema de un liberalismo ya perimido a las circunstancias históricas del país argentino de los años treinta— será reiterada cada vez que se consideren los presupuestos nacionales en la Cámara de Diputados. La bancada socialista propugnará reducciones en las partidas correspondientes al ejército, como paralelamente lo hará con las del clero. Y esto será todo. Un vocero autorizado de esta corriente puede resultar el legislador José Luis Pena, al declarar en 1934: «Quiero señalar que gravitan en el presupuesto argentino dos fuerzas tradicionales que desde hace tiempo vienen complicando la economía argentina por las exigencias financieras que tienen, las que conspiran de una manera progresiva contra la expansión nacional. Me refiero a la iglesia y al ejército».[97]

No habrá de extrañar, por tanto, que en el seno de la institución militar germine la semilla proveniente del nazifascismo europeo, como posición contraria a la política tradicional de signo más o menos liberal, a la que intenta reemplazar por un orden autoritario. Pero tampoco es posible interpretar todo a la luz de las influencias externas y concluir que el calco es exactamente igual al original. Pues en el propio ejército habrá una gama suficientemente amplia de matices ideológicos: es enorme la distancia que va de un terceto como el integrado por los generales Nicolás Accame, Francisco Fassola Castaño («monárquico» y «fascista» al decir de Deodoro Roca[98]) y Juan Bautista Molina, pasando por Perón y los coroneles y mayores del G.O.U., hasta llegar al coronel Roque Lanús, que se carteaba cordialmente con Robustiano Patrón Costas.[99] Habrá, pues, militares «germanófilos», «neutralistas» y «aliadófilos», aunque los casilleros no siempre estén armoniosamente delimitados. Y ni siquiera hemos mencionado a los oficiales de formación radical, como Gregorio Pomar o Atilio Cattáneo, separados del servicio activo y sin influencia apreciable después de 1943, e incluso desde años antes.

Frente al ingreso de los militares a la política —no como soportes de un régimen, sino como régimen ellos mismos—, los partidos tradicionales y los de izquierda no realizaron el examen y la crítica que correspondían. Reemplazarán las ideas por cómodos calificativos.[100] Alguna de esas fuerzas abjurarán de un pasado fuertemente antimilitarista, y ya durante el gobierno de Perón se volcarán a la manía conspirativa con sectores castrenses.

Por ello, la participación de los militares en política se acentuará con mayor fuerza a partir del primer período presidencial de Perón, para culminar después del 16 de setiembre de 1955, en ciclo todavía inconcluso. Pese a voces aisladas que reclaman una «profesionalización» de jefes y oficiales,[101] que no es sino una especie de vuelta al pasado del general Rodríguez custodio de las espaldas del general Justo, lo que cuenta es destacar la importancia del elemento militar en la historia política argentina, y comenzar en forma urgente e impostergable su valoración. El resto será, apenas un wishful thinking reconfortante. Pero estéril.

Capítulo VIII

Grupos económicos

Grupos económicos y política:

el problema del imperialismo

El problema de las presiones ejercidas por los grupos económicos a lo largo del período 1930-1946 acaso sea uno de los tratados con mayores detalles por autores de diversas tendencias. Por lo general, dicho tema está imbricado en planteos más amplios de historia y política económicas,[1] materia que resulta ajena al propósito del presente trabajo. Sin embargo, los límites de la teoría nunca aparecen con tanta precisión en los hechos reales, por lo que los parágrafos siguientes estarán teñidos con una fuerte carga de hibridez. Se trata, en la ocasión, de recordar algunos hitos de un proceso —todavía no clausurado— esencial para la comprensión del país argentino.

Repetimos con Puiggrós su síntesis sobre la Argentina al iniciarse la segunda contienda mundial: «El Estado liberal se convirtió en un poder cada vez más alejado del pueblo y del interés nacional, y el pueblo buscó fuera del liberalismo político, en la promoción de caudillos que encarnaran lo nacional y lo popular, el cauce para la transformación del país en un sentido de liberación económica y justicia social. Llegóse así a 1937-39, en vísperas de la segunda guerra mundial, con una economía altamente concentrada en manos de los monopolios extranjeros y las funciones del Estado liberal altamente centralizadas en manos de los agentes directos de esos monopolios, pero también con un pueblo que ocultaba bajo su desprecio al gobierno y su desconfianza a los partidos la madura conciencia de que no podía seguir viviendo con los dogmas liberales, que sacrificaban las posibilidades de un desarrollo nacional propio, al pie del altar levantado por una oligarquía sin Patria a los amos cosmopolitas de los cartels y trusts imperialistas».[2]

El mismo Puiggrós, con el título de «la invasión de los monopolios», brinda un panorama de intereses económico-financieros que incidían predominantemente sobre el Estado argentino. Recordemos sólo algunos ejemplos de la extensa lista. En lo referente al comercio exterior, cuatro firmas exportaron —1936/1939— el 85% de los cereales y el lino argentino: Bunge & Born, Luis Dreyfus, La Plata Cereal y Luis E. Ridder (las dos últimas dependerían de la primera). El acuerdo entre dichos consorcios era similar al existente entre los frigoríficos, más conocido éste por las denuncias de de la Torre en el Senado. El auténtico monopolio privado a que aludimos controlaba el Mercado de Cereales a Término, y su influencia llegaba al campo político:«Su poder era tan grande que designó gobernador del Chaco a uno de sus abogados e intendente de Rosario a otro»[3].

También es de sobra conocida la situación de los ferrocarriles, sujetos a la necesidades del capital británico desde muchos años atrás.[4] «Cuando su monopolio corrió peligro por la competencia del automotor y del nuevo sistema de transporte creado por la iniciativa nacional, exigieron del gobierno neoliberal del general Justo, faltando pocos años para que caducaran sus concesiones, la renovación de ese monopolio sobre el conjunto de los medios de comunicación del país, a la par que la emisión de un laudo que sumergió a los obreros en la más dura explotación. En muchas regiones desaparecieron, destruidas por las empresas ferroviarias, líneas de ómnibus y colectivos que eran orgullo de la capacidad de organización de los obreros y empresarios argentinos. El transporte de la ciudad de Buenos Aires, que en gran parte había sido recuperado por el esfuerzo de pequeños capitalistas nacionales, fue de nuevo entregado al imperialismo inglés, es decir, a la Compañía Anglo-Argentina, vinculada a la S.O.F.I.N.A.».[5] Los ferrocarriles también controlaban la mayor parte de las concesiones portuarias de la época; y se sabe de los esfuerzos del imperialismo por impedir que la Argentina contara con una flota mercante de proporciones. Tampoco extraña que prominentes abogados de las empresas ferroviarias inglesas fueran, con el correr del tiempo, presidentes de la Nación: Manuel Quintana, Victorino de la Plaza, Roberto M. Ortiz. Los ministerios de Obras Públicas y Hacienda, por lo común, contaron siempre con titulares vinculados en una u otra forma al capital extranjero. Los bancos oficiales, los organismos autónomos del Estado, los cuerpos deliberativos, encontraban en sus filas políticos defensores de los intereses antinacionales. ¿Habrá que mencionar de nuevo el negociado de la C.A.D.E.?

El petróleo ejemplifica adecuadamente los convenios interimperialistas sobre el reparto de mercados (la Standard Oil norteamericana cedía a su rival y colega, la Royal Dutch inglesa, el mercado de consumo de la Argentina —Paraguay y Uruguay eran considerados como sucursales de este último país— y, en contraprestación, la Royal Dutch cedía a la Standard Oil el mercado de consumo del Brasil), realizados en plena década del 30. «El acuerdo trajo de inmediato una guerra de precios que tenía por finalidad desorganizar los mercados internos, destruir los competidores independientes y provocar la intervención de los gobiernos».[6] Y.P.F., lejos ya de los tiempos de Mosconi, también colaboró en la labor destructiva de los monopolios.[7]

El propio «general del petróleo» —al decir de Raúl Larra en su biografía[8]— había marcado a fuego a ambos imperialismos: «En cierta oportunidad, mientras se debatía en el Congreso argentino el proyecto de la ley del petróleo, se me preguntó cuál de los dos trusts, el anglo-holandés, Royal Dutch, o el norteamericano, Standard Oil, era preferible, por su capacidad técnica, método de trabajo y modalidades. Manifesté que los dos respondían, como era lógico, a las características especiales que distinguen la cultura europea de la norteamericana.

»El grupo norteamericano es menos científico, más audaz e impetuoso, dispone de ilimitados recursos financieros y por lo tanto desarrolla espléndido vigor en sus empresas. Como perteneciente a un pueblo que se ha enriquecido extraordinariamente en un corto lapso, tiene los arranques, las posturas y la despreocupación, cuando no el desprecio, por los sentimientos y modalidades ajenos, condiciones que distinguen a los “nuevos ricos”. No reconocen limitaciones en la obtención de sus propósitos y de allí se derivan las reacciones que provocan sus ásperos procedimientos, que comienzan con las manifestaciones personales y se extienden hasta el desconocimiento y atropello de la soberanía de otros pueblos».

«El grupo europeo es más científico y tiene a este respecto mayor tradición que el norteamericano que, por lo general, sólo habla su idioma y no distingue las demás luces de las bibliografías técnicas y científicas mundiales; como menos rico es más prudente, más metódico en sus planes y en sus sistemas de trabajo, es más suave, al extremo de que en ciertos momentos pasa inadvertido, mas no por eso deja de obtener con habilidad y con todo el respeto posible por el medio y el ambiente en que opera, las finalidades que persigue».

«Al final de cuentas, los dos grupos son equivalentes y compararía con una cuerda de cáñamo al grupo norteamericano, y con una de seda al europeo; de modo que, en respuesta a la pregunta que se me hiciera, manifesté que si las dos cuerdas, ruda la una y suave la otra, han de servir para ahorcarnos, me parecía más inteligente renunciar a ambas y. concentrando nuestra voluntad y nuestra capacidad en este problema especial, de carcterísticas únicas, resolverlo por nuestras propias fuerzas, haciendo con ello un gran bien que las generaciones futuras agradecerán».[9]

Esa influencia perturbadora del imperialismo se advertirá en varios planos. Veamos, al pasar, solamente dos.

José Luis Torres, de imprescindible remisión en estos temas, vio así la sucesión dolorosa de acontecimientos: «Las iniciativas de los criollos, por mejores que fuesen, nunca sirvieron para nada a los criollos mismos, pues cuando el nervio y el entusiasmo llevaba a algunos a asegurar el triunfo inicial en cualquier empresa, poco tardaban en ser estrangulados por los intereses creados entre la malicia de los gobernantes y el interés de los mercaderes internacionales, y eran obligados a ceder la posesión de lo que fuera creado por ellos mismos, en beneficio de quienes permanecieron y permanecen agazapados para saltar como panteras sobre cualquier ganancia o cosa que pudiera darla de seguro. Tal fue el caso, harto conocido, del primer ferrocarril argentino, el del Oeste, construido por la iniciativa y el trabajo de los nativos, pero entregado a poco andar a empresas extranjeras, que obtuvieron concesiones gubernamentales para superponer líneas sobre su recorrido. Argentinos fueron también los primeros teléfonos del país, y argentinos fueron, por lo general los descubridores de todas las riquezas naturales, y también quienes fundaron las primeras industrias, desde los saladeros de cuero y tasajo, precursores de los frigoríficos del super-capitalismo, hasta las usinas productoras de energía precursoras de la C.A.D.E., pero sin sus características abominables».[10]

Y Alfredo L. Palacios, como senador de la Nación, detalló desde su banca ante un cuerpo deliberativo que no se había conmovido por el alegato de Lisandro de la Torre ni por el asesinato de Enzo Bordabehere, la terrible «situación económica y financiera de las provincias subvencionadas», las permanentes provincias pobres de nuestro cuadro político-institucional. El imperialismo y los gobiernos cómplices —las culpas son concurrentes— toleraron y fomentaron el crecimiento macrocefálico de la ciudad-puerto y de su zona de influencia, como puede advertirse mediante una simple relectura de la historia argentina desde el siglo pasado. Es así como la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires, una pequeña parte de La Pampa, gran parte de Córdoba y Santa Fe, Entre Ríos y el sur de Corrientes, con un veinte por ciento del territorio argentino, comprenden (1941) el sesenta y siete por ciento de su población, casi el noventa por ciento de la superficie cultivada con cereales, el sesenta y tres por ciento de los animales vacunos, el cuarenta y seis por ciento de los ovinos, el setenta y siete por ciento de los porcinos, el cincuenta y cuatro por ciento de extensión de líneas ferroviarias, el sesenta y uno por ciento del número de aparatos telefónicos, el setenta y nueve por ciento de los automóviles en circulación, y cerca del ochenta por ciento de los capitales invertidos en las industrias extractivas y manufactureras.[11] Palacios sintetiza el drama del interior relegado en párrafo característico: «Soy representante de la Capital de la República. He nacido en esta urbe fastuosa y cosmopolita, que ignora el dolor argentino, la desolación de la tierra yerma y la tragedia de los hombres en los eriales desiertos y silenciosos».[12]

El predominio de los intereses británicos durante la década del 30 ya ha sido esbozado en la primera parte de este trabajo, y aquí sólo hace falta reiterar el concepto. Paralelamente al auge de este imperialismo, comienza a reforzar su penetración el norteamericano (recuérdense sus pujas y rivalidades internas en el terreno de las carnes y el sistema frigorífico, el petróleo, los transportes). La guerra mundial será el punto decisivo para el cambio de influencias predominantes. Pero varios años antes, algunos autores ya preparaban el camino con argumentos legales: «Existe una propensión a encontrar peligroso el auge del capitalismo norteamericano en el país, habiéndose llegado, insensatamente, a hacer de ello un capítulo de propaganda electoral. Mucho podría decirse para desvanecer esa inquietud vulgar; pero, en el deseo de dar una impresión sintética, quiero concretar así mi pensamiento, que es, por lo demás, el de todos los que miran sin pasión este problema: la Argentina, mientras disponga de leyes eficaces para defender la soberanía nacional y la integridad de su riqueza natural, no debe temer que los Estados Unidos, ni ninguna otra potencia, trate a este país sin las consideraciones a que es acreedor siempre todo pueblo que, además de las arrogancias nativas, disponga de una organización institucional que lo haga respetable en el concierto de los pueblos civilizados».

«Mi actividad como ex magistrado judicial y la que actualmente corresponde a mi profesión de abogado, me ha llevado con frecuencia a buscar en las fuentes constitucionales de los Estados Unidos la solución de muchos de nuestros problemas de derecho público».[13] ¿Podrá extrañar entonces que el mismo Clodomiro Zavalía, que escribió las líneas antes trascriptas, se preocupara también por justificar —constitucional y éticamente— al movimiento del 6 de setiembre de 1930? ¿No es acaso lo segundo consecuencia de lo primero? «Muy lejos de haber sido el motín de cuartel que tanto ha perjudicado el buen nombre del continente sudamericano, el movimiento del 6 de setiembre de 1930 no ha presentado tampoco las características de las distintas revoluciones realizadas en el país. Se ha derribado un gobierno —aunque resulte paradojal decirlo— para salvar el orden constitucional. Se ha dicho con propiedad estos días que ha sido la acción conjunta del pueblo hecho ejército y del ejército hecho pueblo. Tal es, sin duda, la fórmula exacta. El perfeccionamiento democrático exigía la remoción de un obstáculo y ese obstáculo ha desaparecido».[14]

Félix Luna ha apuntado con certeza: «En el plano económico, la guerra trajo aparejada a la Argentina una mutación extraordinaria. Frenóse el drenaje de divisas al reducirse la importación, creáronse nuevas industrias para suplantar los productos que ya no podían llegar y se fueron acumulando a nuestro favor grandes reservas de oro en los países beligerantes, principalmente en Inglaterra. Una lenta pero continua inmigración interna fue poblando las grandes ciudades del litoral para llenar las vacantes que ofrecían las incipientes actividades industriales. Desapareció la desocupación y se produjo una rápida circulación de bienes. En cambio, conviene señalar que la guerra provocó la declinación de los intereses británicos en el país, al reducir al mínimo sus exportaciones y convertir a Inglatera en deudora. Los Estados Unidos aprovecharon los dos años de paz que le quedaban para intensificar sus relaciones con la Argentina. Se concedió un empréstito, se concretó un tratado de comercio, se creó una Corporación para el Fomento del Intercambio con Estados Unidos y los viajeros argentinos que antes paseaban en Europa empezaron a buscar el camino del norte, entre ellos no pocas personalidades —como Miguel Ángel Cárcano y Federico Pinedo— que hasta entonces habían estado en una rendida línea pro británica. Grupos económicos que piloteaban la naciente industria empezaron a tener ingerencia en la evolución política y el nuevo proletariado urbano comenzó a cobrar conciencia de su futuro».[15]

También la contienda mundial provocará reacciones en los grupos industriales que —ya desde 1935— consolidaban sus posiciones. Enrique Rivera lo explica así: «La crisis agraria de 1930 vino inesperadamente a zanjar en favor de los industriales una vieja lucha. La caída de los precios de los productos de la tierra y su falta de mercado, obligó a la oligarquía en el poder (Justo-Pinedo) a tomar una serie de medidas que importaban, sin proponérselo, un enorme protección a la industria. La desvalorización del peso, el adicional aduanero, el control de los cambios con los diferentes precios para la compra y venta de divisas y más tarde los permisos previos para la importación, aunque manipulados por los oligarcas, impulsaron la industrialización del país. Más tarde, cuando a consecuencia de la guerra se podrían haber abandonado todas esas medidas por la abundancia de cambio en el exterior, la misma guerra se encargó de eliminar la competencia extranjera. Así las cosas, los industriales comenzaron a subvencionar secretamente a elementos nacionalistas totalitarios, mientras confiaban en un eventual triunfo del Eje o en una guerra que agotaría a sus directos enemigos. Llevaron una intensa propaganda en el seno de la burocracia del Estado y especialmente en la oficialidad del Ejército, la que, por razones profesionales y de clase, es muy permeable a toda propaganda nacionalista y autoritaria».[16] Otra forma de intervención en política por parte de los grupos económicos.

Y, por supuesto, también presionaban a su vez los sectores que mercaban con el comercio de carnes. Nadie denunció sus manejos con la frialdad —y la conciencia de lo inútil de la empresa en el ambiente insensible que lo rodeaba— de un Lisandro de la Torre. Sus conceptos marcan a fuego la realidad de una época: «… Estoy solo en frente de una coalición formidable de intereses; estoy solo en frente de empresas capitalistas que se cuentan entre las más poderosas de la tierra; estoy solo en frente de un gobierno, cuya mediocridad, en presencia del problema ganadero asombra y entristece; y así, solo, me batiré en defensa de una industria argentina esquilmada e inerme, como me batí hace diez años en defensa de la industria de la yerba mate, que dos ministros poderosos habían condenado a morir, y como me batí hace dos años por la modesta industria del tomate que apenas empezaba a desarrollarse en las regiones de la República más dignas de fomento, ya salía a su encuentro el ministro de Relaciones Exteriores y la ofrecía en holocausto de una de sus concesiones internacionales.

»(…) Llenaré mis propósitos si realizo un análisis amplio, intenso, verídico y valiente del proceso de sometimiento del gobierno argentino a las normas que le trazan intereses particulares, irresistibles: proceso de sometimiento que empobrece al país tanto como lo humilla»[17].

Y la síntesis del «problema de las carnes»: «La investigación ha demostrado que la exportación de carnes argentinas produce ganancias exclusivamente a los intermediarios, y que el gobierno de la Nación, lejos de realizar esfuerzos para modificar una situación tan ingrata, está al servicio de los intermediarios, les ha permitido establecer un monopolio y los colma de favores en todos los órdenes de sus actividades, mientras persigue sin cuartel toda tentativa de organización de empresas argentinas controladas por los productores».[18]

Y, por fin, el término de una investigación inconclusa: «El empeño llevado hasta la ofuscación de negar la verdad y de encontrar explicaciones capciosas a los errores más graves fue comprometiendo poco a poco la posición del gobierno y concluyó por convertir en un desastre gubernativo irreparable una investigación que no se propuso objetivos tan amplios.

»Nada sería el daño que ha sufrido el prestigio del gobierno, si en adelante pudiera evitarse que continúe el otro daño, que hiere de muerte a la fuente de riqueza más importante de la Nación, enfeudada conscientemente al interés del capitalismo extranjero»[19].

Instituciones, tácticas y técnicas

Siguiendo con el tema de las carnes —clave dentro del período que estamos considerando—, recordaremos aquí los conceptos de Palacios en el Senado de la Nación (sesión del 12 y 13 de setiembre de 1935); «La mayoría de la Comisión ha demostrado que el comercio de exportación de carnes y subproductos se realiza bajo un régimen de monopolio contrario a los intereses del país, pues perturba arbitrariamente y en beneficio propio los precios de compra en la Argentina; que los frigoríficos han cometido innumerables abusos derivados de la falta de clasificación racional del ganado y de las carnes, y que han violado las obligaciones prescriptas por el Código de Comercio, en materia de libros, todo lo cual motiva los proyectos de ley que presenta la mayoría, referentes a la clasificación de la carne y a la compra al peso neto y al régimen de la contabilidad de los frigoríficos que aparecen en la orden del día y que yo votaré, aun estando lejos de creer que con ello se resuelve este lamentable asunto que tiene aspectos trágicos con relación a nuestra soberanía».[20] Y a continuación: «Para la minoría que adentra más en el problema, tratado con tanta amplitud aunque en aspectos restringidos, lo urgente es concluir con el monopolio, del cual deriva la vigencia de precios arbitrarios; monopolio que se creó y subsiste por la inacción del Gobierno argentino y de los ganaderos y que ha sido consolidado y legalizado por el Convenio de Londres».[21]

También el legislador socialista verá claro en el problema de los transportes: «El proyecto de coordinación urbana crea, en cambio, una sociedad anónima que se denomina Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, que estará, dada su organización, bajo el contralor de los capitales ingleses. Esta sociedad anónima tendrá la exclusividad de los transportes y podrá expropiar a todas las empresas de automotores que se nieguen a ingresar en ella. Como en el caso de la coordinación nacional, la lucha será despareja; la “corporación” absorberá una tras otra a las pequeñas compañías y a los pequeños propietarios, y hasta quizá establezca servicios mejor servidos al principio. No es difícil que las tarifas no se aumenten en los primeros tiempos, para evitar que la natural reacción de la población se una al descontento de los directamente perjudicados. Las tarifas se alzarán más tarde, cuando de una o de otra manera se hayan acallado las primeras voces de protesta. Porque el objeto final de ese proyecto es permitir la fijación de tarifas mucho más altas que las actuales según lo veremos al analizarlo».[22]

Muchas de las leyes dictadas por el Congreso entre 1932 y 1942 obedecieron a intereses y maniobras antipopulares. Esas leyes eran aplicadas por los tribunales, ya que en muchos casos tanto jueces como letrados, los mismos que dictaban cátedras en la Facultad de Derecho, los mismos que eran luego ministros o altos funcionarios de la administración pública (incluso algún presidente y vice de la Nación), compartían las ventajas económicas y sociales de los litigantes que entablaban demandas: poderosas sociedades anónimas, consorcios internacionales.

Un escritor nacionalista hoy casi olvidado —sagaz y arbitrario como pocos—, Ramón Dolí, ha pintado con caracteres netos el fenómeno denominado «hidra curialesca de tres cabezas: abogado-tribunal-cátedra».[23] Copiamos un largo párrafo que resume sus ideas: “Las enormes fuerzas plutocráticas que están minando las bases de nuestra nacionalidad, necesitan un instrumento, un agente defensor: el abogado. Pero el abogado solo, con bufete abierto, resulta demasiado débil para la defensa del imperialismo y es menester que goce de concomitancias o influencias ante los jueces; no concomitancias accidentales, sino permanentes; hay un lugar, una ocasión en que esas concomitancias físicas, profesionales o ideológicas, se robustecen, se afianzan, se generan: la Facultad de Derecho.

»He aquí el triángulo de la oligarquía curialesca, he aquí el cuerpo trifacetado del más poderoso organismo destructor que acaso forme el grueso de las fuerzas plutocráticas lanzadas contra el país desde el extranjero: bufete-estrado-Facultad.

»Observad bien: son siempre los mismos apellidos, son los yernos y los suegros, los hermanos y los cuñados. El abogado de un ferrocarril es siempre el profesor de la Facultad que un buen día salta a un Juzgado o a una Cámara, o el juez que salta a un bufete bien rentado por la Standard Oil, y que cabalmente es profesor también de la Facultad.

»Todos conocemos abogados inteligentes y preparados que no son profesores de la Facultad; pues bien, sólo por excepción se les verá alguna vez participando en la trilogía que hemos descrito»[24].

Doll continúa explicando sumariamente los motivos que condujeron a rodear a la justicia de «una aureola sagrada», tras de la cual medraban «oligarquías judiciales nepóticas» que hacían y deshacían a su conveniencia en el Palacio de Justicia. «Consideramos cómo es de fácil que esa permanencia de familias en los tribunales, ha debido crear añejos vínculos de parentesco, de solidaridad, hasta de parecida mentalidad entre ellos. Y consideramos que a casi todos ellos se les abre una brillante perspectiva en los grandes estudios porteños, unos al jubilarse, otros sin esperar la jubilación. Claro que hay aquí un constante proceso de readaptación personal e ideológica, entre los bufetes bien rentados y las camarillas dinásticas de los tribunales. Otras veces, la readaptación puede seguir un proceso inverso como en el caso del Dr. Juan González Calderón, que pasó de abogado de ferrocarriles a la Cámara Federal».[25]

Luego de analizar las motivaciones que llevaron a «las viejas oligarquías, que gobernaron hasta 1916 y después del 30», a no quebrar esa estructura, Dolí comenta la inconsecuencia de partidos populares como el radicalismo y el socialismo frente al problema. Sobre el radicalismo dice: «… sus hombres la mayoría de las veces se limitaron a desalojar a los poderosos abogados para colocarse ellos en su lugar. Y todavía algunos como Leónidas Anastasi, que por el sentido de su elevación a la cosa pública debió ser el desprestigiador de nuestra justicia, se erigió en su mayor incensario continuando una revista de jurisprudencia, fundada por Joffré, para prepararle los fallos a los jueces».[26]

Uno de los ejemplos más claros que ponen de manifiesto esa íntima relación analizada por Doll, es el affaire C.A.D.E. Otro autor nacionalista al que hemos citado en capítulos anteriores, Torres, que ha dedicado largas páginas al asunto, menciona estos hechos intergiversables: «La C.A.D.E. es un tema de permanente actualidad, y sigue constituyendo una prueba de fuego para los poderes del Estado, y sobre todo para la justicia, infamada durante el régimen en trapisondas sombrías al servicio de la S.O.F.I.N.A., de Bemberg, de los ferrocarriles británicos y de los monopolios hebreos más feroces. Véase si no: el interventor en la provincia de Buenos Aires, doctor Bramuglia, impuso a la C.A.D.E. por un ejemplar decreto fechado el 18 de setiembre de 1945, una multa por $ 8.776.733,91 (…) El interventor que le sucediera, general Albariños, por decreto del 22 de diciembre de 1945, desestimó una protesta formulada por la C.A.D.E. en contra de la medida del doctor Bramuglia, y la C.A.D.E. pagó la suma impuesta, e inició una demanda contencioso-administrativa contra la provincia reclamando su devolución. El juicio se abrió a prueba el 25 de marzo de 1946, por el término ordinario de veinte dias; el 6 de abril se amplió a cuarenta días, a pedido de la C.A.D.E.; el 7 de noviembre se volvió a ampliar por treinta días más a pedido de la C.A.D.E.; y el 9 de diciembre volvióse a ampliar por otros sesenta días, por pedido de la C.A.D.E. ¿Qué pasa? ¿Sigue la C.A.D.E. jugando con la justicia y comprometiendo su prestigio? Es lógico esperar que el fallo definitivo ponga en evidencia que la justicia de la revolución no es la justicia del régimen, y no está, por lo consiguiente, al servicio de la alta delincuencia financiera que triunfó con la complicidad de los tribunales perduélicos. Si no es así, se hará necesaria otra revolución, pues sin justicia no hay paz social posible».[27]

Hemos visto, pues, cómo una compañía ligada al capital extranjero gozaba de inusitados privilegios ante los tribunales argentinos. No será el único caso, pero vale como símbolo. Dice Torres mas adelante: «La C.A.D.E. se denomina, como todo el mundo lo sabe, «Compañía Argentina de Electricidad». Pero también se sabe que de argentino lo único que tiene es el nombre, aunque los gobiernos perduélicos hayan aceptado en un decreto la impostura maliciosa como verdad cierta. La Comisión Investigadora presidida por el coronel D. Matías Rodríguez Conde logró precisar que la totalidad del capital accionario de la C.A.D.E. pertenece a S.O.F.I.N.A. Pero examinemos uno cualquiera de sus directorios: Presidente, doctor Carlos Mayer Pellegrini; Vicepresidente 1.°, doctor Alberto Hueyo; Vicepresidente 2.°, ingeniero René Brosens; Directores delegados, Andrés Bausili, ingeniero Marcelo Deschamps, ingeniero Zacarías Nürnberg, doctor Rafael Vehils; Directores, doctor Tito L. Arata, señor Roberto Fraser, doctor Carlos M. Mayer, señor E. C. I. Meynell, doctor Alejandro Shaw, señor Carlos Alfredo Tornquist, doctor César M. Vel.

«Hay en la lista, como se advierte, una mayoría abrumadora de ciudadanos argentinos nativos y entre ellos algunos de apellidos principalísimos en los círculos dorados de la alta sociedad. Pero, con todo, ¿quién se atreve a afirmar que se trata de una empresa argentina? Mas, a pesar de ello, cuando ha de aprovecharse la falsa argentinidad de la C.A.D.E. por la S.O.F.I.N.A., se acepta oficialmente la mentira conocida como verdad consagrada. Como tal pasó en el pasado regiminoso, y está siendo reconocida todavía».[28]

Torres no deja de anotar otro factor importante de la penetración que en medios intelectuales ejercerán también las grandes compañías, o sus personeros más conocidos: «La C.A.D.E. o sus dirigentes, y para el caso es lo mismo, organizaron la Editorial Sudamericana, que imprime y divulga una llamada Biblioteca de Orientación Económica. Eric Johnston, presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, divulga en la Argentina por intermedio de esa editorial sus ideas de mercader triunfante en un curioso libro intitulado Norteamérica ilimitada, que es un himno al capitalismo, en cuyos capítulos trata de demostrarse en forma concluyente y acabada que Estados Unidos tiene derechos naturales y hasta la obligación de constituirse en la policía del universo y a sujetarlo todo a sus directivas. Y esa misma editorial publica libros de D. José Figuerola, tales como La colaboración social en Hispano-América, alternados con el que escribiera Harold G. Moulton sobre La organización financiera y el sistema económico, en que se exaltan los métodos yankis en ambas ramas de la actividad; de Lionel Robbins, quien nos ilustra con las mismas directivas sobre La planificación económica y el orden internacional; de Louis M. Hacker, que ha escrito Proceso y triunfo del capitalismo norteamericano; y La reconstrucción del comercio mundial, de J. B. Coudliffe, quien propugna la limitación de los nacionalismos en beneficio del imperialismo anglosajón».[29]

La influencia de la C.A.D.E. ha seguido pesando desde la época de renovación de las concesiones en la década del 30, sobre todos los gobiernos argentinos hasta la fecha, incluidos por supuesto los de Perón, Aramburu, Frondizi, etc. Respecto a Perón, baste decir aquí que el testimonio de Juan Pablo Oliver no ha sido desmentido hasta la fecha: «Dos proyectos de decreto tendientes a recuperar para el Estado los bienes mal habidos, fueron elevados por la Comisión el 27 de mayo de 1944 al Poder Ejecutivo para ser ofrecidos al Pueblo en el primer aniversario de la Revolución, según los anhelos del presidente general Farrell. Pero quedaron misteriosamente paralizados debido a gestiones del vicepresidente coronel Perón.

»El propio señor ministro de Marina e Interior contraalmirante Teisaire, me ha expresado paladinamente que el informe servirá “para marcar con un sello por la espalda a ciertos políticos patriotas”, pero que en cuanto a “usinas” —léase empresas— la solución la daría la racional explotación de las Cataratas del Iguazú… Y los propios dirigentes o allegados a las sociedades malhechoras, se pavonean satisfechos, expresando a quien quiera oírlos, que todo “peligro” ha sido definitivamente aventado…

»No tengo porqué complicarme. La investigación no fue decretada para utilizarla contra eventuales corrompidos que no se aviniesen a secundar los virajes políticos de los gobernantes de turno. Su objetivo fue concluir con las fuentes permanentes de corrupción, que se mantienen incólumes, dispuestas —ayer como hoy— a pagar bien a quien bien las sirve. No me presto, pues, a ser cómplice de decretos que la ley no autoriza y la razón y la ética condenan».[30]

Luna refuerza la argumentación al afirmar que la citada Comisión «fue creada en agosto de 1943 por el gobierno de facto y después de ardua labor —casi un año y medio— terminó de imprimir su informe en dos gruesos tomos que tuvieron un tiraje de mil ejemplares. La edición fue secuestrada por orden del entonces vicepresidente de facto, coronel Juan D. Perón, y sólo pudieron salvarse unos pocos ejemplares. Este organismo trabajó con honradez e idoneidad, asesorado como estaba por los mejores técnicos argentinos en materia de electricidad».[31] Y, más adelante, Luna —nos parece que sin proponérselo— dará un ejemplo de paradoja política de vigencia sumamente actual: «No creemos que Alvear haya medido la real gravedad del affaire C.H.A.D.E., que no está referido tanto al soborno de concejales por la empresa, como a la postura que adoptó el radicalismo —sus direcciones— frente a un acto típico de imperialismo corruptor. Toda la tramitación del negociado, la sutil ingerencia de C.H.A.D.E. y S.O.F.I.N.A. en las más altas esferas de la vida nacional, la acción disgregadora ejercida a través de diversos medios de presión, configuraban cabalmente la peligrosidad de estos capitales voraces.

»La mentalidad de Alvear no advertía este peligro. Él creía que no se podía gobernar el país sin la aquiescencia de los grandes poderes internacionales».

«—¿Quién me va a dar el dinero que necesitaré para gobernar? ¿Usted me lo va a dar, acaso? —estalló un día ante Arturo Frondizi, roja de ira la gran calva, golpeando el puño sobre la mesa, un día que éste le exhortaba a tomar una actitud firme frente al escándalo de la C.H.A.D.E.».[32]

Bajo el gobierno de Frondizi —que también llegó a creer que “no se podía gobernar el país sin la aquiescencia de los grandes poderes internacionales—, después de 1958, se concertará el acuerdo que convirtió a la antigua C.A.D.E. en S.E.G.B.A. (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires), tema éste que excede temporalmente el período que estamos considerando pero que demuestra la persistencia del monopolio eléctrico en nuestra historia política, incluso a través de ancianos funcionarios como el ingeniero Enrique Butty, miembro prominente en numerosos directorios de la C.A.D.E.… y S.E.G.B.A.

Entre las instituciones económicas que van a influir sobre las decisiones políticas durante el lapso 1930-1946, debe recordarse al pasar la posición que adoptó la Sociedad Rural en defensa de los intereses de los grandes ganaderos en ocasión de discutirse el problema de las carnes. Es bien sabido que dichos intereses eran, precisamente, los coincidentes con el imperialismo inglés. Y el imperialismo inglés saldrá triunfante de las investigaciones y los pedidos de informes, no por méritos propios sino por la labor de sus personeros y allegados.

La Bolsa de Comercio será otra vez institución importante, a medida que el crecimiento industrial provoque correlativamente el aumento en el número y la importancia de las sociedades anónimas y el incremento en el volumen monetario del mercado. Así, el importe nominal negociado en acciones tuvo estas cifras entre 1930 y 1946[33]:

(Millones de m$n.) | (Millones de m$n.)
Años | Negociado | Años | Negociado
1930 | 605,0 | 1939 | 1.106,9
1931 | 546,2 | 1940 | 1.173,1
1932 | 423,1 | 1941 | 1.686,2
1933 | 672,1 | 1942 | 1.490,0
1934 | 802,5 | 1943 | 2.096,0
1935 | 882,9 | 1944 | 2.681,7
1936 | 1.249,9 | 1945 | 2.291,5
1937 | 1.419,8 | 1946 | 2.973,5
1938 | 941,8 |  |

La Unión Industrial Argentina va a permitirnos, mediante el análisis de su trayectoria entre los años 1930 y 1946, aportar nuevos elementos al estudio del problema de las vinculaciones entre política y economía. Seguiremos para ello el trabajo inédito de Adolfo L. Pérez Zelaschi, que nos ha sido posible consultar gracias a la gentileza del profesor Norberto Rodríguez Bustamante.[34]

Luego de historiar los orígenes de la Unión Industrial, Pérez Zelaschi comenta: «Así llegamos a 1930 y la U.I.A. que se ha sumado junto con otros grupos representativos de intereses opuestos a los suyos: Sociedad Rural, Bolsa de Comercio, a la política antiyrigoyenista, se apresta a ofrecer su colaboración al nuevo gobierno, sin advertir o engañándose que éste es la restauración del viejo ensamble agro-exportación — comercio-importación, favorable a la Inglaterra manufacturera. El 11 de setiembre el ministro Pérez le promete a la U.I.A. la revisión de las tarifas aduaneras. Desde luego, son simples palabras. Pronto comenzará a negociarse un tratado con Inglaterra, y la U.I.A., como en 1899, debe salir a la calle organizando un mitin de empresarios, obreros y empleados».[35]

El propio presidente de la U.I.A., Luis Colombo —que rigiera la entidad desde 1926 hasta su renuncia en 1946—, según un testimonio de la época que no conoce desmentidos posteriores, tuvo participación activa en los sucesos del 6 de setiembre de 1930. «Con el primer contingente ciudadano que entró a la casa de gobierno, pudo ingresar al palacio el presidente de la Unión Industrial Argentina, señor Luis Colombo, quien, sabedor de que el doctor Martínez se encontraba todavía allí, se dirigió a la Presidencia, logrando llegar hasta el lugar en que se hallaba el mandatario en vísperas de ser depuesto.

»El señor Colombo le hizo conocer al doctor Martínez la situación del momento, aconsejándole, como amigo, que presentara de inmediato la renuncia».[36] Es más, el relato agrega que, debido a errores encontrados en el original, el propio Colombo «redactó la dimisión que firmó el doctor Martínez».[37] No se olvide que Colombo —pese a sus protestas de proteccionismo aduanero a ultranza— continuaba trabajando como «empleado de la firma bancaria e industrial inglesa Leng, Roberts y Cía»[38].

Prosigue Pérez Zelaschi: «En 1930 la U.I.A. toma abiertamente partido contra el presidente Yrigoyen. Derrocado éste, de inmediato se pone a disposición del gobierno revolucionario y lo felicita “por su energía verdaderamente nacionalista”». Al año siguiente (Revista 753, setiembre 1931) Colombo habla en el Círculo Militar. Dice: «Hay que organizar partidos con el más profundo sentimiento nacionalista», entendido éste como una forma de organización fascista. Ya hemos señalado las bases económicas de tal afinidad y también el error de apreciación en que incurrió la U.I.A. sobre los verdaderos intereses que movieron la revolución de 1930. Las leyes anti-dumping, de draw-back, de tarifas protectoras, de crédito industrial, por las que lucha la U.I.A. desde hace décadas, serán postergadas indefinidamente durante la década 1930/1940 y así llegamos a 1943. En este año, a través del episodio que reseñamos en seguida, la U.I.A. actúa como grupo de presión extralimitado y también como en 1930, sin advertir dónde están los intereses reales de quienes ella representa.

«En diciembre de 1943 (Boletín 900, XII-1943) Perón, ya secretario de Trabajo, realiza una visita a la U.I.A., de corte protocolar, pero que deja entrever la oposición ya existente “Sería insensato —dice— si me pusiera al frente de una institución como ésta” pero de hecho y aparentemente su política obrerista se opone a los industriales. En diciembre de 1944 (Revista 913, enero de 1944) la U.I.A. remite una nota en la que se hace eco de la “forma verdaderamente extraña” en que se desarrollan, a través de la Secretaría de Trabajo, las relaciones entre el capital y el trabajo. Perón, al parecer, desoye la colaboración de la U.I.A. y se entiende directamente con empresas o sectores industriales. Antes la vida de las empresas —afirma la U.I.A.— se desarrollaba en un ambiente de “serenidad y camaradería”, pero ahora los convenios, que se suscriben en términos “no siempre serenos”, hacen que cunda “la indisciplina en las fábricas” y que los gremios usen una “terminología hiriente para los patrones”. Unos días después, en el discurso del 18 de enero de 1945 no queda lugar a dudas sobre el distanciamiento: Perón expresa que “pidió colaboración” y se le contestó “con el silencio, que en estos momentos, constituye un sabotaje”. “Cierta vez, sigue, visité la U.I.A.… después he solicitado una colaboración que todavía espero”. ¿Cuál es esa colaboración? Al contrario de lo que pudiera creerse, no se la requiere para formular planes de mejoras obreras, legislación social, fomento industrial, etc. Se la requiere para “la organización de las fuerzas económicas, para que no estén accionando… sobre el Estado político”. (…)

»El objetivo de Perón es mucho más limitado: se trata de convertir a la U.I.A. —su estructura, su personería, su patrimonio, sus elencos administrativos y técnicos ya existen y facilitan por tanto la tarea —en la contrapartida de la C.G.T., en curso de organización similar. La U.I.A. será la base de la agremiación empresaria, se convertirá en un “organismo vasto”, según lo solicita mediante una nota la propia Presidencia de la Nación. Su C. D. contesta evasivamente, aceptando procurar “una unidad… en el estudio y solución de los problemas industriales del país”».

«Así lo manifiestan en su respuesta “por ausencia de los cuerpos directivos” cuatro de sus consejeros: Prati, Miranda, Friani y Elizalde. Ofrecen, además, integrar el Consejo de la U.I.A. con representantes militares y de otros organismos del Estado. La respuesta del P. E. es áspera: los firmantes son “sólo cuatro caballeros respetables”, no el C. D. de la entidad, las reformas resultan meros enunciados y propósitos de reformas tímidas que no aseguran “colaboración con el Estado”. Exige, en cambio, un conscripción general de socios, reformas al estatuto, renuncia del C. D. y entrega de la entidad a “manos imparciales”, nombramiento de una “comisión especial” compuesta por seis miembros de la U.I.A., seis industriales ajenos a la misma y tres representantes del Estado. Esta comisión reformará el estatuto con vistas a promover la “agremiación de todos los industriales”, la “efectiva colaboración” y la “futura función de utilidad publica” y a fijar la representación del Estado pues “es necesario ir a las soluciones y a la acción práctica y eficiente”. La U.I.A. se niega y el pleito queda trunco por el paulatino deterioro del poder del coronel Perón, que renuncia el 9 de octubre de 1945. A partir de aquí, y aun antes, la U.I.A. se enrola como grupo de presión contra el poder político. Recuérdese que Colombo y Lamuraglia —presidente y secretario— son detenidos en octubre de 1945. A raíz de la sanción del Decreto 33.302 —que dispone el pago del aguinaldo— la U.I.A. nuevamente sin advertir, como en 1930, la estructura real del proceso, forma con los sectores agropecuarios y comerciales una Comisión Permanente de la Industria, el Comercio y la Producción (…) cuyo presidente es el Dr. Eustaquio Méndez Delfino y realiza un acto en la Bolsa de Comercio —lugar y orador pueden ser sintomáticos— que denuncia los “procedimientos totalitarios” del gobierno. Sostiene además que el decreto es “demagógico y electoralista”, que la lucha entablada se mueve en términos de “democracia contra totalitarismo” y que se hace por “el respeto de la dignidad humana”. Finalmente asegura que “el decreto no habrá de cumplirse”, con lo cual tenemos configurada la acción de un grupo de presión que trata de subrogar al poder político. La U.I.A. es ya poder político y pudo tal vez haber participado en él en alto grado de no haber apreciado mal la situación. La suposición no es aventurada por tres hechos: a) el papel de la C.G.T. en la organización obrera de la cual, como vimos, la U.I.A. debía ser el contrapeso; b) la persistencia del régimen peronista en obtener la corporativización empresaria, que sólo logra, imperfectamente, en 1952 con la creación de la Confederación General Económica; c) que lo que la U.I.A. no realizó como institución, es decir, la participación en el poder político, lo realiza un grupo de industriales desprendidos de su seno, con Miguel Miranda a la cabeza. Luego vendrá, en la campaña electoral de 1945-1946 el episodio de la contribución de la U.I.A. a los fondos de la Unión Democrática mediante un cheque increíblemente extendido a la orden, que es utilizado al punto por la propaganda peronista, y, finalmente, la renuncia de Colombo y la intervención de la U.I.A.».[39]

De esta forma queda referida una actuación importante de la Unión Industrial Argentina, organismo empresarial que se opuso con reiterada tenacidad a lo largo de su trayectoria entre 1930 y 1946 a la sanción de mejoras en la legislación laboral,[40] que siguió con interés creciente y a veces con franca admiración la política de Benito Mussolini,[41] y que demuestra en la práctica cómo no resultaba incompatible en la Argentina de preguerra —lo mismo que en otros países— la coexistencia de simpatías profascistas e intereses pro-ingleses.

Agentes y personeros imperialistas en el gobierno

Federico Pinedo, que conoce muy bien el tema, ha expuesto las razones favorables a la permanencia de abogados y representantes de empresas privadas en los cargos de gobierno, por razones que él mismo detalla en su libro En tiempos de la República. Vamos a seguir su exposición.

Pinedo recuerda que «cuando el vicepresidente Castillo se hizo cargo con carácter más o menos definitivo del gobierno»,[42] en setiembre de 1940, se lo llamó para desempeñar por segunda vez la cartera de Hacienda, junto con otras figuras que reemplazaron a ministros designados por Ortiz. «El gabinete así formado, antes de que diera un paso, fue violentamente atacado como “gabinete británico” por la prensa y los elementos llamados “nacionalistas”, típicos profascistas y pronazis, que como sucede con frecuencia, declaraban no ser tales sino “argentinos”, como si los pro-aliados fuéramos otra cosa. Así comenzamos a ver acaparada la “argentinidad”, el criollismo y hasta el hispanismo por los más raros personajes, muchos de ellos de origen extraordinario por lo exótico y algunos con apellidos impronunciables en castellano. Argentinos nativos, hijos y nietos de argentinos, algunos con ascendencia nacida en este suelo durante muchas generaciones, con apellidos que ilustraron varones respetables desde la guerra de la independencia, desde la colonia y aun desde la conquista, éramos negados en nuestra condición de argentinos por elementos típicamente adventicios, embanderados en la tendencia política interna y externa más antagónica con las tradiciones nacionales».[43]

Luego de esta demostración de argentinidad con ribetes de prejuicio racial, prosigue Pinedo: «Porque repudiábamos el “nacionalismo” y sus implicancias; porque creíamos como creyeron nuestros mayores, en la acción bienhechora de hombres y capitales foráneos, que han hecho un país en lo que fue el teatro de las correrías de tribus salvajes, fuimos catalogados como “vende-patrias”. Era vende-patria el que no creía en las delicias de la autarquía; el que no vociferaba contra la dominación inglesa en que se decía que el país gemía; el que no declamaba contra el imperialismo extranjero y no hablaba de “recuperar” por procedimientos fulminantes las riquezas argentinas y los medios de producción y los servicios públicos argentinos, que el esfuerzo argentino y extranjero mancomunados o el esfuerzo extranjero exclusivo crearon en esta tierra, haciendo fe a la promesa argentina de garantizar los derechos. Aparecer vinculado a esos intereses por relaciones profesionales confesadas y claras era ya el colmo del vende-patria, y en ese sentido el modelo de vende-patria era el autor de estas páginas, abogado o asesor financiero de varias y muy importantes casas o compañías extranjeras que según la curiosa concepción nacionalista, porque pagan servicios determinados y circunscriptos, adquieren la conciencia de quien los presta. Se puede ser ingeniero de una compañía eléctrica, médico de un ferrocarril, corredor de una casa cerealista, habitual proveedor de un frigorífico, actuario de un banco o de una compañía de seguros, obrero o empleado a sueldo de cualquiera de ellas, sin perder la independencia y conservando intacta la nacionalidad; pero ser asesor letrado o consejero económico de las mismas, ayudarles en la confección de sus contratos, orientarlas en sus inversiones o defenderlas ante los tribunales del país, según esa absurda concepción ¡hace perder la independencia y hasta la ciudadanía! El sentimiento nacional debe llevar a todo argentino patriota a rehusar esos servicios. Sería mejor, parece, para que los intereses nacionales estén bien defendidos, que cada compañía prescinda de consejeros locales y se traiga sus profesionales extranjeros para actuar en el país».[44]

Pinedo rechaza de plano calificativos tan injustos para quienes se ocupan de la defensa de monopolios y trusts, invocando precedentes nacionales de figuras ilustres, y llega hasta manifestar su orgullo por pertenecer a una familia de abogados con tradición en la materia: «Casi todas las grandes empresas a las cuales en un momento o en otro he tenido el honor, como profesional, de patrocinar o asesorar fueron en algún momento clientes del Estudio de mi padre, socio de dos presidentes argentinos, los doctores Pellegrini y Sáenz Peña, o fueron clientes de otros abogados prominentes de aquella época como Rosa o Romero, Lucio o Alberto López, Julio García o Enrique García Merou, así como fueron en la generación anterior clientes de mi abuelo, de quien llevo el nombre, o de su pariente y amigo don Bernardo de Irigoyen, o de Quintana, o de Domínguez, o de Ugarte»[45]. De casta le viene al galgo.

El autor citado culmina su extensa autoapología de esta suerte: «El presidente Castillo fue informado en su época de las vinculaciones que sus ministros habían tenido con diferentes empresas en el ejercicio normal de su profesión y expresamente manifestó que no veía en ello inconveniente alguno para que desempeñaran las funciones que se les confiaba, pues no tenía duda de que ninguno de ellos sacrificaría los intereses nacionales a los de sus antiguos patrocinados si llegaban a estar en conflicto, reiterando esa manifestación de manera categórica —por lo menos en cuanto a mí— cuando se hizo al respecto una cuestión en el Senado Nacional, obrando en mi poder las cartas cruzadas con ese motivo. Esa opinión del presidente es la misma que se forma toda persona de calidad acostumbrada a tratar con personas de calidad, de las que no hay derecho a sospechar que puedan poner su influencia oficial al servicio de sus antiguos clientes, como no hay derecho a suponer que los pondrían al servicio de sus relaciones de otro orden»[46].

A esto queríamos llegar: a constatar cómo para Pinedo todo el problema del imperialismo, de los personeros de las grandes empresas que ocuparon —y siguen ocupando décadas después— principalísimas funciones de gobierno, es apenas un problema de decencia personal, que jamás se plantean las «personas de calidad».

José Luis Torres era de otra opinión: «No comparto la idea, puesta en boga en el actual momento de la vida política argentina, en forma verbal y practicada por el gobierno, de que los negocios del Estado han de ser manejados pormercaderes, y que éstos son más útiles para la conducción del país, y más eficientes para todas las cosas que todos los demás hombres, según ha sido proclamado con frecuencia en los últimos tiempos. Considero que el revés de la teoría expuesta señala mejor la verdad. El hombre de gobierno, no debe ser hombre de negocios, sino hombre de pensamiento y de estudio, con un juicio uniforme y sereno sobre todas las cosas, sin marcadas simpatías por determinados afanes industriales o por ciertas actividades productivas. Solamente ha de procederse con justicia cuando no pesa en el ánimo del que tiene en sus manos las más altas e inapelables resoluciones, ninguna consideración o ventaja de orden personal directa ni indirecta, relacionada con sus actividades de orden común»[47].

¿Habrá que recordar que la aspiración de Torres prácticamente no halló cumplimiento efectivo durante los años 1930 a 1946?

Resultaría casi imposible la compilación de una lista completa de asesores, ministros y funcionarios importantes de las sucesivas administraciones públicas que —a la vez— mantenían importantes vinculaciones con intereses privados imperialistas. Aquí sólo se pretende recordar ciertos ejemplos.

Para empezar con el propio Pinedo, el informe Rodríguez Conde a que aludiéramos más arriba en este mismo capítulo, cuando analiza las relaciones entre el gobierno y la empresa (relaciones que fueron favorecidas especialmente por algunos ministros), dice al respecto: «Que el doctor Pinedo, su sucesor [de Alberto Hueyo] en el Ministerio de Hacienda, y quien indujo a los socialistas independientes a la “conciliación” con la C.H.A.D.E., ha sido consejero jurídico y técnico de la empresa, según lo demuestra la planilla de pagos especiales de la misma $ 53.000 m/l. según comprobantes números 16.691, 17.522, 11.611, 3986 y 355/380).

»Cabe advertir, por otra parte, que el doctor Pinedo se ha adelantado a reconocer implícitamente en el Senado de la Nación (sesión del 17 de diciembre de 1940, pág. 1546) estar vinculado profesionalmente al grupo S.O.F.l.N.A.»[48].

Con idéntica facilidad, Federico Pinedo cruzará una y otra vez las aguas del Jordán defendiendo en ocasiones la postura opuesta a la que mantuvo en oportunidades anteriores. Los tiempos —y los intereses que se defienden— también cambian.[49]

Alberto Hueyo, a quien ya vimos figurar en elevadas funciones dentro del directorio de la C.H.A.D.E., fue el primer ministro de Hacienda del general Justo. Sobre sus vinculaciones comerciales en la plaza de Buenos Aires, en momentos tan difíciles como el año 1932 (cuando el ministro reúne en su despacho a los gerentes de los principales bancos porteños para solicitarles un crédito de quince a veinte millones de pesos, con destino a paliar la apremiante situación económica del erario público), nos dan una pálida idea las propias palabras de Hueyo: «Trato de dar a mis interlocutores las mayores seguridades. Invoco para ello mis antecedentes comerciales, pongo además de manifiesto mis vinculaciones con alguna de las instituciones representadas en la reunión y la participación reciente que me ha tocado desempeñar en alguna de ellas, presidiendo su directorio, y afirmo bajo palabra de funcionario y de caballero, que me haré un deber en reservar de los próximas entradas de la renta pública, las sumas necesarias para restituir la cantidad prestada»[50]. Los gerentes de bancos dicen no, y el «funcionario» y «caballero» Hueyo concluye: «… decidí imponer un nuevo sacrificio a los empleados públicos»[51].

Con acre tono polémico, José Luis Torres enjuicia a dos funcionarios que no fueron ministros, pero gozaron de amplios poderes en la conducción de los asuntos económicos y financieros del Estado: “La economía del régimen mantenía intacta su estructura y los alumnos de los hermeneutas clásicos de la crápula en acción en contra del país continuaban colocados en todos los lugares estratégicos, tales como el Banco Central que no era de la República, en la Contaduría de la Nación, en Impuesto a los Réditos, en las organizaciones autárquicas, ejerciendo una superintendencia efectiva sobre la revolución misma. Se llegó a hablar del ministerio de Raúl Prebisch y del ministerio de Ernesto Malaccosto, los dos mejores discípulos de Federico Pinedo. Y fueron más que ministros durante algún tiempo, pues los asesoraban y les imponían sus normas, validos de la incapacidad de los titulares”[52].

Lisandro de la Torre ha ratificado esta opinión: «El asesor del Ministerio de Agricultura es el mismo asesor del Ministerio de Hacienda: el contador público don Raúl Prebisch, y él es el encargado de sacar de apuros a ambos departamentos cada vez que una emergencia inesperada lo requiere»[53]. Y al referirse a la labor de asesor de Prebisch con respecto al ministro de Hacienda (Pinedo): «A mí no me convence del todo; sospecho que su sabiduría es infundida por el doctor Prebisch, y le sucede que a veces se olvida de lo que el doctor Prebisch ha dicho y se producen las contradicciones: el doctor Prebisch va por un lado y el ministro por otro. El doctor Prebisch le escribe todos los mensajes, le prepara todos los proyectos, le induce a aceptar los que considera inconvenientes, como sucedió con el proyecto de precios mínimos; le redacta todos los reportajes, le prepara todas las memorias, le hace todos los cálculos, incluso aquél del juego de las compensaciones, y desde su estratégica situación de director de la Revista Económica del Banco de la Nación, donde dispone de una nube de empleados, le suministra todo el material de información bancaria y monetaria que luego él exhibe como fruto de sus investigaciones personales»[54].

No puede extrañar la presencia de tales asesores vinculados al imperialismo inglés en ese período (no se considera en estas líneas la posterior evolución de Prebisch, por ejemplo, y su incidencia internacional en la Comisión Económica para América Latina, a partir de fines del cuarenta), cuando un presidente de la República, el doctor Roberto M. Ortiz, era «antiguo abogado del Ferrocarril Oeste y de otras empresas ferroviarias, de la Unión Telefónica y de la Banca Tornquist»[55].

Scalabrini Ortiz, en su Política británica en el Río de la Plata, ofrece múltiples informaciones sobre diversos personajes públicos de nuestro país y sus conexiones con las grandes empresas. Veamos algunos pocos ejemplos:

«El desconcierto del país culminó al nombrarse embajador especial ante el gobierno de Italia a un director local de los ferrocarriles ingleses, a don Ezequiel Ramos Mejía, y asesor principal y factótum de la embajada extraordinaria de Londres al doctor Guillermo Leguizamón, presidente del directorio del ferrocarril inglés Gran Oeste Argentino. ¿A favor de quién iba a alegar el doctor Leguizamón? ¿A favor de los intereses de Inglaterra de quien era empleado permanente o a favor de los, para él, transitorios intereses argentinos?»[56].

Pablo Calatayud, que fuera ministro de Obras Públicas, «era abogado de la General Motors».[57] Esto ocurría en 1931. Durante el gobierno de Justo, surge evidente para Scalabrini Ortiz esta pregunta: «¿Qué tipo de argentinidad hemos de esperar de un gobierno y qué espontaneidad nacional de su acción, si sus ministros han sido seleccionados entre los más conspicuos abogados de las empresas inglesas, como el señor Saavedra Lamas, abogado consultor de ferrocarriles, defensor desde su bufete particular y desde el pupitre de la Cámara de Diputados de las menos defendibles pretensiones inglesas como el reconocimiento de los evidentemente aguados capitales del Oeste y la venta del Ferrocarril Andino, o como el señor Cárcano, empleado de compañías navieras inglesas, o como el señor Alvarado que es un don nadie en cuanto los ingleses le retiraran su tutela?»[58]. Alvarado, precisamente, durará largos años en su puesto de ministro de Obras Públicas, favorable siempre a las sugerencias de los intereses británicos.

La lista apenas si ha tenido comienzo, pero bastan estos pocos casos para medir la magnitud de la situación.

Grupos agropecuarios y grupos industriales:

la reinversión

Siempre resulta útil refrescar los datos compilados por Jacinto Oddone respecto a los «dueños de la tierra» en la provincia de Buenos Aires, aunque algunas de sus cifras puedan carecer de actualización minuciosa.[59]

CUADRO X
FAMILIAS DUEÑAS DE MÁS DE TREINTA MIL HECTÁREAS Y VALUACIÓN CORRESPONDIENTE SEGÚN LA GUÍA DE CONTRIBUYENTES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(1928)

Familias | Hectáreas | Valuación m$n.
Álzaga Unzué | 411.938 | 111.326.700
Anchorena | 382.670 | 67.101.350
Luro | 232.336 | 21.413.500
Pereyra Iraola | 191.213 | 47.467.800
Pradere | 187.034 | 24.502.200
Guerrero | 182.419 | 31.841.903
Leloir | 181.036 | 26.823.200
Graciarena | 155.687 | 22.464.800
Santamarina | 158.684 | 41.019.720
Duggan | 129.041 | 36.814.000
Pereda | 122.205 | 32.194.600
Duhau | 113.334 | 14.574.700
Herrera Vegas | 109.578 | 25.638.200
Zuberbühler | 105.849 | 9.748.400
Martínez de Hoz | 101.259 | 23.840.150
Estrugamou | 99.590 | 32.485.500
Díaz Vélez | 97.598 | 23.779.900
Casares | 94.897 | 24.186.600
Atucha | 83.914 | 29.981.400
Drysdale | 77.500 | 18.766.500
Cobo | 77.500 | 18.766.600
Bosch | 76.028 | 16.487.300
Drabble | 75.797 | 17.345.100

Familias | Hectáreas | Valuación m$n.
Bunge | 74.417 | 16.337.300
Pueyrredón | 70.632 | 12.633.700
Ortiz Basualdo | 69.506 | 19.137.600
Mulhall | 63.457 | 2.175.000
Pourtalé | 60.726 | 11.546.700
Llaudé | 50.959 | 10.265.000
Saavedra | 53.500 | 20.609.800
Deferrari | 52.013 | 10.506.600
Crotto | 51.141 | 5.002.000
Stegmann | 42.842 | 10.637.900
Perkins | 40.245 | 14.183.400
Otamendi | 40.159 | 11.250.100
Maguirre | 38.893 | 10.600.300
López Lecube | 38.513 | 3.224.400
Taillade | 38.451 | 2.305.900
Apellanis | 38.381 | 1.891.700
Lastra | 37.435 | 9.948.100
Alvear | 36.698 | 12.944.700
Tornquist | 36.419 | 2.750.200
Lyne Stivens | 36.074 | 3.691.300
Fernández | 35.403 | 4.556.100
Van Pannewitz | 35.153 | 10.620.000
Fernández | 34.755 | 6.504.860
Rooth | 34.000 | 3.803.800
Hale | 32.389 | 11.526.800
Durañona | 32.281 | 15.003.400
Parravicini | 31.991 | 2.951.300
Totales | 4.663.575 | 965.108.080

El cuadro general sigue siendo el mismo.[60]

Para 1942, por ejemplo, de acuerdo con los resultados obtenidos en una investigación oficial, se estableció que en la provincia de Buenos Aires había 221 propietarios que poseían 593 inmuebles (extensión total: 4.130.021 Ha), sujetos a una valuación fiscal total de $ 673.787.900; y 51 entidades con personería jurídica que poseían 153 inmuebles (extensión total: 916.035 Ha), sujetos a una valuación fiscal total de $ 149.738.200.[61]

Jorge Vicien, con datos de 1948, ha efectuado cálculos sobre la propiedad rural de sociedades comerciales: la ubicó en un 15% de la extensión total de dicho tipo de inmuebles. He aquí algunos casos referidos a la totalidad de la República:

La Forestal (inglesa) | 1.250.000 Ha
Argentine States of Bovril Ltd. (inglesa) | 647.520 Ha
Río Negro Land Co. (inglesa) | 665.000 Ha
The Argentine Southern Land Co. (inglesa) | 647.000 Ha
Ganadera Gente Grande (inglesa) | 450.000 Ha
Leach Argentine States (inglesa) | 200.000 Ha
Bunge y Born Ltda | 500.000 Ha[62]

El latifundio —pese a Yrigoyen, a Perón y a tímidos experimentos como el del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Oscar Alende, a partir de 1958— no ha sido erradicado de nuestra estructura agropecuaria. Las vinculaciones entre latifundistas y la llamada «burguesía industrial» —que para algunos autores adquiere una mítica personalidad autónoma— fueron y siguen siendo estrechas, mediante el proceso conocido técnicamente como reinversión: a veces, las utilidades provenientes del campo se colocan en la industria; otras, es a la inversa. Además, muchos de los industriales —personalmente— poseen importantes intereses en tierras. ¿Podrá extrañar entonces que la Sociedad Rural —para citar un único ejemplo— marchase codo a codo con la Unión Industrial en tiempos de 1945-1946, en oposición al coronel Perón? En éste, como en tantos otros casos, es mucho más lo que une que lo que separa.

Nos remitimos a un excelente trabajo que plantea esquemáticamente el problema, con adecuada indicación de fuentes, original de Milcíades Peña.[63] De él copiamos los datos que figuran en el cuadro XI, suficientemente ilustrativos de las vinculaciones entre intereses industriales y terratenientes.[64]

Nombre | Interés industrial | Interés terrateniente
Aguirre, Ernesto | OSRAM, AEG, Duperial, Diadema Argentina | Ganadera Las Mesetas
Anchorena, Alberto de, Enrique de, Nicolás de y Nazar de | República, Comercial, Industrial y Financiera, | El Dorado, S. A. 380.600 Ha
Arata, Tito | Cía. ítalo - Argentina de Electricidad INSUD-Hanomag, CADE, Tamet, Sudametal, INDUSTRIA, Colorín, Fibrocemento Monolit, Formio Argentina | Frigorífico La Negra, Victoria Cía. de Colonización, La Criolla, Argentino-Británica de Inmuebles
Atucha, Jorge de | Hiram Walker | 83.900 Ha
Bacigalupo, Domingo | Manufactura Algodonera Argentina, Crédito Industrial y Comercial Argent., Cervecería Palermo, Safac | Santa Margarita, Vivina, Cía. Inmobiliaria Argentina Sol
Baqué, Santiago | Philips Arg., Industrias Arg. del Papel | Crédito Inmobiliario Argentino
Bracht, Federico | Crédito Industrial y Comercial Arg. Eternit | Estancias y Tierras del Pilaga, Estancia La Peregrina

Nombre | Interés industrial | Interés terrateniente
Bunge & Born | Duperial, La Química, Grafa, CAICO, La Fabril, Alba, Consorcio Industrial, Financ. e Industrial | Quebrachales Paraguayos, La Invernada Vivoratá, Establecim. Agrícola Inmobiliaria del Río de la Plata Fomento Territorial, Estancias Unidas, Media Luna Rural, Estancias Loma Alta, Comega Ganadera, CODEC, Establ. Agrícola, SAHICO Hipotecaria Rural, Estancias Estañar, Los Alfalfares, Cía. Rural
Braun-Menéndez Behely | Fármaco Arg., Atanor CADE Ferrum, Cristalerías Rigolleau Sudamericana de Fósforos | Estancias Sara Braun, Los Ranqueles, Pastoril, Estañe. Puerto Velaz, Ganadera Los Lagos, Ganadera Valle, Huemul, Ganadera Oriental, Ganadera M. Behety
Bruzzone, Horacio | La Cantábrica | 3.200 Ha
Canale de María, E. | General Electric | La Vascongada
Calatayud, Pablo | Siam di Telia, Aceitera Argentina, Eternit, S.K.F. Argentina Cía. Argentina de Neumáticos | Punta Alta, Cía. Agrícola, Ganad. e Inmobiliaria

Nombre | Interés industrial | Interés terrateniente
Crespo, R. G. | General Electric | Estancia Sta. Catalina
Méndez Delfino, Antonio | CATITA | Estancia El Cóndor Los Ranquelcs
Di Telia, familia | Siam, Siat | Cabaña Nogales
Drysdale, Alejandro M. | CADE, Vidriería Arg., Noel y Cía., Siam, Eveready, Philco Arg., Atkinson Ltda. | La Forestal Argent., Quebrachales Asociados del Norte, La Inmobiliaria Agrícola Ganadera, El Yatay y Cía., Agrícola Ganadera 77.500 Ha
Frazer, Roberto | Fábrica Argentina de Alpargatas, CADE, El Globo Ltda., Ferrum | La Forestal
Garavaglio y Zorraquín | SAIAR, CAEBA | La Merced S.A. Agrícola, Comercial y Forestal
Herlitzka, Mauro; Lahusen, Christal | Papelera Pedotti, Inyecta Arg., Sedalana | La Austral, Cía. General de Bienes Raíces y Mueb., Industrias Rurales de Río Negro
Mayer, Carlos M. | CADE, Duperial, Química Ciba, Industrias Argentinas del Papel | Frigorífico Armour, Los Naranjos,

Nombre | Interés industrial | Interés terrateniente
Merlini, Pedro | Cía. Argentina Industrial, Comercial, Agrícola y Ganadera | Inmobiliaria y Financiera Ltda.
Roberts, William R. | El Globo, Fábrica Argentina de Alpargatas | Leach Argentine The Smithfield Meat, La Rosario Agrícola
Robiola, M. | Siam | Estancias Argentinas “El Hornero”
Santamarina, Antonio | CATITA | 158.000 Ha
Shaw, Alejandro | Cotécnica, Ferrum, Tamet | La Agraria, Cía. Territorial Río de la Plata
Tornquist, Carlos A., Eduardo A., Ernesto Martín | CADE, Formo Argentina, Piccardo y Cía., Fibrocemento Monolit, Tamet, Ferrum, Cristalerías Rigolleau | La Criolla, Cía. Territorial Río de la Plata, 36.000 Ha, Crédito Territorial de Santa Fe

Como aclara Peña, «— recuérdese que son todos los que están, pero no están todos los que son».[65] Bastan estos ejemplos para señalar la magnitud de un problema que todavía no ha sido estudiado a fondo, y que corresponde a la dimensión de los trabajos monográficos. La cuestión será más apremiante luego del surgimiento de nuevos sectores industriales durante el régimen peronista y del apoyo que parte de la industria brindará al candidato radical intransigente Arturo Frondizi, en ocasión de la elección presidencial de 1958.

Capítulo IX

Movimiento obrero

Sindicatos y política: una mirada al pasado

El período comprendido entre 1930 y 1946 marca en la historia del movimiento obrero argentino una etapa no del todo esclarecida, acaso por la presencia permanente, uno al lado del otro, de dos factores en ocasiones de signo contrario: las tentativas por constituir una central obrera única —lo cual no quiere decir que fuese representativa en número o en importancia—, donde se mezclan las tácticas de socialistas, comunistas y sindicalistas «a la europea» (el anarquismo de la Federación Obrera Regional Argentina está en franca declinación), y la irrupción de crecientes masas de trabajadores nativos, de la ciudad y del interior, que a partir de mediados de la década del 30 comenzarán a hacer sentir su impacto en la estructura social de la Argentina. Sobre estos últimos, con la participación de dirigentes del primero de los sectores aludidos que se desprenderá de las rencillas internas para acercarse a la multitud de trabajadores («masa disponible», diría para casos análogos el sociólogo francés Raymond Aron), elaborará su nuevo esquema de organización sindical el coronel Perón, y los años 1944 y 1945 serán claves en el proceso.

Otra aparente paradoja de nuestra historia política radica en el hecho de que las masas trabajadoras hacen su ingreso a la vida social de la mano de ciertos sectores del ejército —que respondían a la orientación de Perón—, y no conducidas por los presuntos partidos de la clase obrera (socialismo, comunismo). Muchos de los proyectos socialistas sobre legislación obrera pasarán a efectivizarse en forma de decretos del Poder Ejecutivo, impulsados por el secretario de Trabajo y Previsión, Perón. ¿Habrá que reprochar a las masas que no recuerden los antecedentes polvorientos, y sí la realidad concreta? ¿Habrá que condenar —y nada más —el tinte autoritario que adquiere la organización sindical en nuestro país, cuando muchas de las fuerzas responsables de una posible orientación más progresista insistían en la antinomia «democracia-fascismo» aplicándola por igual a Europa y a la Argentina, y no eran escuchadas ni comprendidas por los cientos de miles de trabajadores que veían mejorar efectivamente sus condiciones de vida? Esto no implica desconocer el mérito de muchos esforzados militantes de los partidos de izquierda, sino indicar que la dirección de sus empeños estaba descaminada.

Un sociólogo no sospechoso de simpatías hacia el peronismo, Gino Germani, decía en 1950 al resumir algunas conclusiones sobre repercusiones sociales de los cambios económicos en la Argentina (1940-1950): «El saldo que queda es, en efecto, la transformación de un proletariado campesino y urbano relativamente indiferenciado en una masa obrera industrial, concentrada en grandes núcleos urbanos, imbuida —por un camino u otro— del sentimiento de sus derechos sociales, acostumbrada durante varios años a hacerlos valer, ya sea de manera indirecta, ya sea directamente por medio de la huelga; una masa que está dispuesta por lo tanto a defender y a mejorar un nivel de vida que, aun en su limitación, resulta sin duda superior al que disfrutaba en períodos anteriores o en las zonas rurales de donde emigró»[1].

José Luis Romero, por su parte, ha intentado la comprensión del proceso sobre bases más concretas: «La perpetuación de la estructura económica agrícola-ganadera —con primada de la ganadería— mantenía sumamente limitados los horizontes de las masas que crecían en número y se distribuían de diversos modos en un país cuya vitalidad rebasaba aquellos márgenes. En las regiones del norte y el este, las masas estaban a merced de los empresarios que eran al mismo tiempo jefes políticos, especialmente en los ingenios, los obrajes, los yerbales y las minas. De aquí derivó un hecho que habría de tener marcada importancia: la aparición de un profundo resentimiento popular contra los grupos dirigentes, y de un marcado escepticismo político al que correspondía y acompañaba la clara conciencia de ciertas reivindicaciones sociales y económicas que las masas consideraron de estricta justicia. Así abandonaron las masas la militando en el plano político —que les era ajeno— y se situaron en el de la lucha social. Sólo se necesitaba una ocasión favorable para que se manifestara esta nueva actitud, y esa ocasión llegó después de la revolución militar de 1943»[2]. Este autor, luego de referirse a las consecuencias sociales del proceso de industrialización y urbanización que sufrió el país, añade que «tras estos fenómenos se esconde otro de no menor significación: el innegable ascenso operado en las masas tanto en el monto de la remuneración como en las condiciones de trabajo, con el consiguiente aumento del poder adquisitivo y las posibilidades de goce»[3].

Las ventajas inmediatas y efectivas que logran los trabajadores después de 1943, son un hecho innegable. Por eso extraña la argumentación intencionada de muchos observadores al afirmar que la clase obrera vendió su independencia de acción a cambio de un «plato de lentejas». En último análisis, ese mismo «plato de lentejas» se lo estuvieron prometiendo durante años los dirigentes profesionales encaramados —luego veremos hasta qué medida— en las organizaciones sindicales de la década del treinta. Por ejemplo: la Confederación General del Trabajo, en 1932, proyectó un programa mínimo —que se inserta en el Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados por pedido de Francisco Pérez Leirós,[4] entonces legislador nacional además de habitual militante gremial—, con el objeto de fijar reivindicaciones módicas de que todavía no gozaban los trabajadores argentinos. En los fundamentos, la C.G.T. previene: «Como es fácil advertir de una simple ojeada, el programa mínimo de la C.G.T. no contiene extremos que por su magnitud hagan difícil o imposible una sanción legislativa. No hace sino recoger elementales aspiraciones de la clase trabajadora, que si en nuestro país aún no pasaron de tales, en otros ya han sido plenamente satisfechas y representan una experiencia de varios años. Pero no obstante ser modesto, estamos seguros de que su incorporación a la legislación social del país y su leal aplicación dará resultados benéficos a los trabajadores, y en algunos aspectos será una contribución eficaz a la solución de problemas tan agudos y graves como el del paro forzoso».[5]

Éste es el resumen del petitorio:

«Reconocimiento de los sindicatos. — Por el mero hecho de existir los sindicatos serán considerados como instituciones de bien público, con facultades para vigilar la aplicación de la legislación obrera.

»Jornada de trabajo y vacaciones. — Ocho horas de trabajo para adultos en trabajo diurno y seis en trabajo nocturno y en las industrias insalubres. El ciclo semanal será de cinco días como máximo. Vacaciones anuales con goce de sueldo.

»Derecho de vida y seguro nacional. — Salario mínimo fijado periódicamente por comisiones integradas por representantes de los sindicatos obreros y de organizaciones patronales de industria o región. Establecimiento del seguro nacional sobre la desocupación, enfermedad, vejez y maternidad.

»Intervención obrera. — Intervención y contralor de la organización obrera en diversos organismos del Estado [Departamento Nacional del Trabajo, Dirección de Inmigración, Departamento Nacional de Higiene, Dirección General de Ferrocarriles, Administración de los Ferrocarriles del Estado, Dirección General de Navegación y Puertos, Prefectura General Marítima].

»Oficina de colocación. — Supresión de las agencias particulares; las oficinas de colocación serán establecidas por las municipalidades y en su administración tendrán intervención directa los sindicatos.

»Protección a la maternidad. — Pensión proporcional al número de hijos menores de catorce años a toda mujer sin marido y sin recursos.

»Defensa de la infancia. — Instrucción pública y obligatoria, laica y gratuita hasta los catorce años, debiendo el Estado proveer, también gratuitamente, alimentos, vestidos y los útiles necesarios a la enseñanza.

»Ley N.° 9688 (accidentes del trabajo). — Reforma de la ley en estos aspectos: las incapacidades se contarán desde que se produce el accidente. Extensión de la ley a todos los asalariados indistintamente. Aumentar los beneficios de indemnización parcial al cien por ciento del salario. Elevar las indemnizaciones máximas a $ 15.000. Supresión del límite del salario, para tener derecho a los beneficios de la ley. Los seguros por accidentes estarán a cargo del Estado.

»Estabilidad y escalafón para los trabajadores del Estado y demás entidades de carácter público.

»Carestía de la vida. — Fijación de los alquileres rústicos y urbanos con arreglo al valor; construcción de casas económicas para obreros por cuenta del Estado y las municipalidades.

»Derogación de la ley N.° 4144».

Tales las pretensiones reducidas de la C.G.T., elevadas al Parlamento para su consideración. Es cierto que, con el apoyo de la bancada socialista, se sancionarán durante el período 1932-1942 algunas leyes de urgente necesidad, pero que serían limitadas por los tribunales en su aplicación. Mas el conjunto de la situación de los trabajadores —salvo sectores muy específicos, como podían resultar los ferroviarios, los empleados de comercio— era dramático. Sólo recordaremos dos ejemplos, dados en pleno Parlamento de los años treinta.

El diputado socialista Guillermo Korn, al discutirse un proyecto de resolución relativo a las «condiciones de trabajo y de vida de los obreros y empleados de la carne», manifestó: «Todas las leyes que protegen a los obreros, sin excluir las referentes a la maternidad y a la infancia, son mañosamente eludidas por las empresas de los frigoríficos. La organización gremial es perseguida. Los accidentes del trabajo se disimulan. Profesionales a sueldo de las empresas suelen complicarse en certificaciones habilidosas destinadas a burlar el derecho a la indemnización de los afectados, cuya ignorancia de las leyes y cuya organización gremial incipiente los lleva a ser con frecuencia víctimas de vividores poco escrupulosos dispuestos a transigir con las empresas a espaldas del cliente»[6]. La requisitoria de Korn contra el sistema del trabajo llamado standard que se aplicaba en los frigoríficos de Berisso, La Plata, Avellaneda y Zárate, llega a denunciar que «los magnates de la industria de la carne, desde sus mesas directivas de países extranjeros, han codificado hasta la minucia» el sistema de trabajo.

Las palabras del diputado socialista hallan explícita confirmación en la nota que dirige a la Cámara de Diputados el secretario general del Consejo de la Federación Obrera de la Industria de la Carne, el militante comunista José Peter, en 1939. Dice uno de sus párrafos: «Desde el año 1927, los frigoríficos han comenzado la aplicación del llamado sistema standard. Se crearon bonificaciones especiales denominadas “premios” sobre la mayor producción por horas de trabajo, para estimular el rendimiento de los obreros. Engañados por el señuelo de una mayor ganancia, apremiados por la miseria y el salario insuficiente, los trabajadores se esforzaron en aumentar la producción realizando esfuerzos extraordinarios completamente sobrehumanos. De un nivel normal se llevó el rendimiento a un grado excepcional, y este nivel excepcional fue fijado como mínimo. Se suprimieron los “premios”, y en lugar de una escala de bonificaciones, se instauró una escala de suspensiones y penalidades para los que no cumplen con el mínimo fijado»[7].

El segundo ejemplo sobre las condiciones de vida de grandes sectores de trabajadores de nuestro país, se refiere a las industrias del azúcar, madera, textil, vitivinícola y yerbatera, en oportunidad de discutirse un proyecto de resolución sobre el estudio de las condiciones de salario, jornada, vivienda, vestido, higiene y seguridad en los sitios de trabajo (1936).

El diputado socialista Juan Antonio Solari manifestó: «Hemos visto en nuestros viajes de estudio —en la estación Chumbicha, de Catamarca— a esos trabajadores viajando en vagones destinados a cargas y transporte de ganado. Recuerdo todavía, y este recuerdo permanece indeleble en mi espíritu, el paso de un “tren negrero” que venía de Salta, cargado, en un hacinamiento inmundo, con niños, mujeres y hombres, muchos de ellos ebrios, al mando de un contratista, de un negrero, como se llama a los conchabadores siniestros del Norte argentino; y nuestra conciencia de diputados argentinos se ha rebelado ante tanta injusticia».[8]

Su colega de sector Pérez Leirós apuntaba más al fondo del problema: «¿Por qué pretendo que sea solamente a cinco industrias que se dedique el trabajo de esta comisión? Porque, en su mayoría, son industrias protegidas, sobre las que se ha legislado y que tienen, por ley, beneficios extraordinarios; necesitamos que esas industrias protegidas tengan, también, para sus trabajadores alguna consideración. Además, se trata de trabajadores que, dada la pequeña legislación que hay al respecto, son los más indefensos».[9]

La opinión de Pérez Leirós no hace sino ayudarnos a comprender mejor la naturaleza de las dos heridas que llagaban al país después de, 1930, según lo atestigua Raúl Larra: «… su condición de colonia y la explotación inicua y despiadada de sus masas trabajadoras.

»Cuando parlamentarios de izquierda obtenían una ley más o menos favorable, ya se encargaba la justicia de recortarla o desnaturalizarla con interpretaciones al paladar personal. Nuestra legislación social era tan atrasada que se prestaba a todos los desquicios».[10]

Lo repetimos: apenas dos ejemplos. El problema obrero, pese a esfuerzos más o menos aislados, fue agravándose a medida que pasaban los años. El propio desplazamiento en cuanto a número e importancia de algunos sindicatos tradicionales (ferroviarios, gráficos) por las nuevas formaciones de la industria (metalúrgicos, textiles, junto con los batalladores obreros de la carne que acaudillará Cipriano Reyes), es un proceso que no parece haber sido advertido con lucidez por las partes interesadas: ni por los patronos, que seguirán especulando con el viejo principio hedonista y se opondrán ciegamente a conquistas que en la mayoría de los países civilizados ya eran derechos, sin advertir que los tiempos —efectivamente— habían cambiado; ni por muchos dirigentes gremiales, que planeaban campañas como si detrás de sus reivindicaciones estuvieran alineadas las masas trabajadoras. Éstas enfocaban hacia otros rumbos.

Los años 1943-1946 marcan la irrupción de las fuerzas del trabajo en el plano político, y más que en él, en el plano social. Pero este proceso no es ni súbito ni improvisado.

El movimiento obrero desde 1930 a 1943:

C.G.T., rivalidades, oficialismo

No corresponde a la índole de nuestra tarea elaborar un pormenorizado recordatorio de la trayectoria sindical argentina entre 1930-1946. Algunos trabajos han empezado a cubrir el vacío.[11] Lo que nos importa aquí es subrayar el hecho de que, a partir de su constitución orgánica en 1930 (poco después del movimiento del 6 de setiembre), la Confederación General del Trabajo va a ser seno de discusiones internas entre los distintos nucleamientos que se atribuían representatividad de sectores obreros, y —como cuerpo— manifestará casi ininterrumpidamente una posición de oficialismo complaciente frente a los sucesivos gobiernos nacionales, que no puede menos que incitar a la reflexión al observador contemporáneo.

Un autor de filiación anarquista —de incansable actividad sindical en su patria, España, y entre nosotros—, Diego Abad de Santillán, ha destacado con bastante amargura la pasividad casi general que experimentó el movimiento obrero en ocasión del golpe militar de 1930, pese a intentos aislados de los grupos anarquistas.[12]

Someros antecedentes bastarán para ubicarnos en el momento de la fusión: hacia 1930, existían en el país tres centrales sindicales: «… la Federación Obrera Regional Argentina, fiel a la resolución de su quinto congreso de propagar en los sindicatos obreros el comunismo anárquico; la Unión Sindical Argentina, dirigida por sindicalistas y anarquistas contrarios a todo embanderamiento de la organización sindical en una ideología determinada; la Confederación Obrera Argentina, de orientación socialista».[13] Los últimos dos organismos, U.S.A. y C.O.A. —los anarquistas se negaron a participar—, constituyen con fecha 27 de setiembre de 1930 la Confederación General del Trabajo. Un documento inicial, reproducido por la prensa, manifiesta: «La C.G.T. de la República Argentina, que reúne a más de doscientos mil trabajadores, entre los cuales hállanse comprendidos los obreros del transporte ferroviario, marítimo, transporte urbano, estibadores y cargadores de puertos y estaciones, obreros de las industrias y del campo, empleados, etc., considera de su deber ratificar su carácter de organización autónoma de la clase obrera, independiente de todo partido político o agrupación ideológica y, por lo tanto, prescindente en las acciones que éstos lleven a cabo. Conforme lo determinan las bases de unidad, la C.G.T. procederá de inmediato a invitar a los sindicatos no comprendidos en este acuerdo para que se sumen a sus filas. Siendo hasta entonces la mayor concentración obrera que registran los anales del movimiento sindical argentino, y ofreciendo su realización las garantías de seriedad que ha menester, los representantes de las organizaciones obreras unificadas exhortan calurosamente a sus hermanos de clase a integrarse en el seno de la C.G.T., por cuyo intermedio cumpliriase el fervoroso anhelo unionista que anima a todos los trabajadores ansiosos de bienestar y libertad».[14]

No extrañará esta especie de sindicalismo «puro», deseoso de apartarse del campo político para refugiarse en el planteo simplemente gremial, cuando leemos en un trabajo de Rubens Iscaro que «las centrales sindicales adoptaron ante la situación prevaleciente [el motín del 6 de setiembre] una actitud de prescindencia».[15] La C.G.T., fruto principal de la unión de la U.S.A. y la C.O.A., no hará sino seguir el camino de sus fundadoras. «Esta fusión de dos organismos, con la exclusión del movimiento clasista y de los sindicatos autónomos y sin un programa de lucha que movilizase a la clase trabajadora, no podía despertar el entusiasmo hacia la nueva central obrera; de ahí que los efectivos de la C.G.T. no aumentaran en los años inmediatos».[16]

De ahí lo oportuno del comentario de Graciela Biagini sobre la labor de la C.G.T. en el período 1930-1943: «… interviene en la solución de los conflictos obrero-patronales de un modo indirecto. Envía resoluciones ambiguas y pedidos al ministro del Interior o al Gobierno (así, en general) apoyando a los sindicatos adheridos con problemas, siempre y cuando ello no implique tomar una posición clara sobre problemas económicos o políticos. Asimismo, recomienda a la clase trabajadora “estrechar filas” para evitar conflictos, vale decir que en ningún momento de este período, como de otros que veremos, decide, por medio del concurso de los sindicatos y federaciones adheridos, resolver problema alguno que implicase adoptar una posición precisa. Se escuda en la “prescindencia” y en el carácter apolítico de la Central obrera».[17]

Paralelamente a esta forma de proceder, comienza a producirse en el seno del reciente organismo el anquilosamiento de los sectores directivos que habían constituido provisionalmente la C.G.T., mediante sus reiteradas negativas a la convocatoria de un Congreso Constituyente. «La central obrera se había convertido en otro callejón sin salida, que al igual que los partidos Socialista y Comunista, el imperialismo permitía con agrado; allí se encarrilaban las pocas energías de rebeldía que pudieran presentarse», será el duro enjuiciamiento proveniente de un militante obrero de extracción peronista.[18]

Mientras tanto, la situación general del movimiento trabajador en los primeros años de la década del treinta puede resumirse con las palabras de Juan José Real, que muestran la otra cara de la situación: «El movimiento sindical (…), excepción hecha de las organizaciones del transporte —Unión Ferroviaria, La Fraternidad y Unión Tranviarios—, sólo enrolaba en sus filas a una minoría de la clase obrera. Los sindicatos de industria —metalúrgicos, textiles, de la carne, alimentación— reunían a un reducido “activo”, como se decía entonces. Los obreros de la industria del azúcar estaban totalmente desorganizados; los sindicatos de obreros rurales —sindicatos de oficios varios— abarcaban pequeñas minorías. Sólo después de la huelga de 1935, el de la construcción alcanzó a organizar la mayoría del gremio, bajo la dirección de militantes comunistas. También el de la industria de la madera, después de la disolución del Comité Clasista. Sin embargo, el proletariado industrial alcanzaba, precisamente en 1935, a 534.000 obreros; el agrícola llegaba a 800.000».

«A la desorganización se agregaba el fraccionamiento en tendencias contrapuestas y, a veces, irreconciliables. Esta lucha de tendencias prevalecía sobre toda otra preocupación y, por tanto, sobre la primaria del movimiento sindical: la organización y defensa de los intereses económico-sociales. La disolución del Comité Sindical por Unidad Clasista [de tendencia comunista] contribuyó a la unidad formal de los trabajadores organizados en la C.G.T. Pero la lucha ideológica, un tanto atenuada, se trasladó al seno de la central obrera».[19]

Hacia 1935, la situación comienza a resultar insostenible para muchas de las entidades gremiales adheridas a la C.G.T. El clamor de las bases manifiesta oposición a la permanencia indefinida de dirigentes que ni siquiera habían sido elegidos democráticamente para esos cargos. Entonces, «… el 12 de diciembre de 1935, frente a la intolerable situación prevaleciente en la central obrera, las más importantes organizaciones adheridas: la Unión Ferroviaria, La Fraternidad, Confederación de Empleados de Comercio, Unión Tranviarios, Unión Obreros Municipales y Asociación de Trabajadores del Estado, resolvieron deponer al Comité Central Confederal de la C.G.T., ocupando sus secretarías».[20] Con todo, la nueva Junta Ejecutiva que se constituye será la encargada de llevar a término la tarea de reunir «el congreso confederal, convocado por las autoridades depuestas, pero presidido por las autodesignadas en la recordada noche del 12 de diciembre».[21] Paralelamente, se produce una división más en el movimiento obrero: un sector disconforme con los procedimientos se instalará en la sede de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos (calle Catamarca 577, de donde obtendrán su denominación) y en 1937 reconstruirá la antigua Unión Sindical Argentina (U.S.A.), que realizará su primer Congreso en 1939. «Es también el último. Las trágicas derivaciones de los acontecimientos de junio de 1943 determinan poco tiempo después su desaparición. Junto con ella desaparece toda otra expresión de movimiento sindical autónomo e independiente». Es la opinión de Sebastián Marotta.[22]

Volvamos a la C.G.T. Su Congreso Constituyente —al fin— se realizó los días 30 de marzo, 1° y 2 de abril de 1936: repudia la conducta de los dirigentes depuestos, aprueba la gestión de la Junta provisional y sanciona el Estatuto de la C.G.T., introduciendo algunas modificaciones al anteproyecto en discusión.[23] Iscaro precisa: «Para la fecha de la realización de este congreso constituyente de la C.G.T., el moví-miento sindical contaba con importantes sectores organizados aun cuando todavía la inmensa masa trabajadora de la ciudad y del campo continuaba sin organizar. La cantidad de sindicatos era menor que quince años atrás; es claro que ello se debía a la transformación de los pequeños sindicatos por oficio en grandes sindicatos de industria, cambio éste operado en el mismo proceso de la concentración y centralización industriales».[24] Las nuevas autoridades recién serán designadas el 10 de junio de 1937: el secretario general será José Domenech, y entre los integrantes de la Comisión Administrativa figuran nombres tan conocidos como Angel Borlenghi y Francisco Pérez Leirós, de dispar trayectoria posterior.

El plan inmediato de trabajo reitera temas habituales: «Semana de cuarenta horas y vacaciones anuales pagas; establecimiento de comisiones mixtas en cada industria para fijar periódicamente el salario de los trabajadores y la rotación en el trabajo; salario mínimo, estabilidad y escalafón de los trabajadores del Estado y entidades de carácter público; cumplimiento de la legislación social; seguro nacional a la desocupación, a la invalidez y a la ancianidad; mantenimiento de las reformas del Código de Comercio sancionadas por el Parlamento».[25]

Graciela Biagini, al analizar una declaración de la C.G.T. (18-II-38) referente a la transmisión del mando presidencial (donde se dicen cosas como ésta: «No abrigamos temores por la carencia de comprensión del espíritu de justicia social en el Presidente electo»), concluye: «… es la única (…) que va a hacer públicamente la C.G.T. sobre el gobierno y su actuación, durante todo este período. En la misma se hace un reproche al gobierno de Justo. Pero lo interesante es que se lo hace ahora, cuando termina, y no en el momento en que hubiera sido conveniente para tratar de modificar y encauzar la actitud gubernativa.

»Otra vez, la acción de la C.G.T. vuelve a encauzarse, menos marcadamente, hacia la dirección que perfilaba antes de los sucesos de diciembre de 1935. Se limita a dirigir circulares a los sindicatos y al gobierno. Disminuye el número de los actos organizados por dicha Central»[26].

Llegamos así al Primer Congreso de la C.G.T., que se realizó durante los días 13, 14 y 15 de julio de 1939. En el «tuvieron una importante participación los militantes sindicales comunistas, contribuyendo a extender e impulsar la organización de la C.G.T. a lo largo del país. El Congreso discutió en especial la situación de los obreros de los frigoríficos, de la construcción, textiles, yerbateros y de los ingenios azucareros, que “se hallan sometidos a una explotación inhumana, con absoluto desconocimiento de la legislación del trabajo”. Encaró la defensa de la ley 11.729; el trabajo de la mujer y los jóvenes; la prevención de accidentes; la semana de 40 horas, etc. Por último, a proposición de los militantes comunistas, se votó una resolución que encomendaba a la dirección de la C.G.T., la realización de gestiones con la U.S.A. y otras organizaciones, con el fin de reforzar la unidad en una sola central nacional en el país».[27] Pese a las concretas proposiciones de la U.S.A. en el sentido de encontrar puntos de coincidencia que permitiesen arribar a una posible unidad sindical, la C.G.T. dará largas al asunto respondiendo en forma vaga a cada intento de fusión.

El Congreso, además de aprobar una declaración genérica de principios democráticos («Reafirmar su más absoluta adhesión a las instituciones democráticas y expresar el propósito de defenderlas en todos los terrenos. Manifestar la firme voluntad de trabajar en favor de la más amplia libertad de prensa y palabra, de reunión y asociación…»[28]), reconoce que el organismo obrero no ha podido desarrollar una actividad más intensa —debido a la intervención desmedida de las autoridades custodias del orden público, a la mala situación económica del país y a los limitados recursos financieros de la C.G.T.—, y sanciona algunas reformas al Estatuto.

En el mes de julio de 1940 —no hace falta recordar que la guerra está extendiendo su influjo a buena parte del mundo—, la C.G.T. se dirige al gobierno con motivo de la desocupación obrera y la carestía de la vida, para someterle un programa de acción compensatorio, que entre otras cosas expresaba: «Construcción de obras públicas, especialmente de aquellas que produzcan renta o eviten pagos de alquileres; desarrollo de las industrias nacionales e intensificación de la producción evitando ganadas irrazonables; intensificación del intercambio internacional; facilidades para la adquisición o arriendo de tierras; abolición de los impuestos que gravan los artículos de primera necesidad; representación de la C.G.T. en el organismo creado por la ley 12.591».[29] Nuevos enunciados estimables.

En esa época, y con mucho mayor entusiasmo a partir de la invasión de la Unión Soviética por Alemania nazi, los comunistas bregarán por el fortalecimiento de la central sindical al lanzar el slogan de la C.G.T. «de un millón de afiliados». Pasarán muy pocos años para que se supere ese número, pero por un proceso totalmente diverso. Un conocido militante de esa tendencia ha explicado las motivaciones que llevaron al Partido Comunista, en su sector gremial, a apoyar la política de unidad: «Desde 1940 hasta 1943, los comunistas lucharon en el movimiento sindical para afirmar la unidad de la clase obrera como factor principal que contribuyera a acelerar el proceso de consolidación democrática y antifascista e impedir que nuestro país fuera arrastrado a la guerra al lado de las potencias del Eje Roma-Berlín-Tokio, tal como se lo proponían la mayoría de los que luego realizarían el golpe de estado militar del 4 de junio de 1943».[30] Otra vez, y ya hemos tenido oportunidad de destacarlo a lo largo de nuestro estudio, el plano internacional desbordaba las mentes de muchos sindicalistas (y políticos). Mientras tanto, el país seguía esperando.

El estado de sitio decretado por Castillo, mas la aparente complacencia de cierto sector directivo de la C.G.T. con la política del primer magistrado, son elementos que ayudan a comprender por qué el Comité Central Confederal de la C.G.T., órgano en el cual los comunistas poseían algunos delegados que empeñosamente solicitaban medidas favorables a la ruptura de relaciones con los países del Eje, deja de reunirse durante dos años, a pesar de que reglamentariamente debía hacerlo cada cuatro meses. «Sólo el 13 de octubre de 1942 se reunió la dirección de la C.G.T., luego de prolongadas exigencias de parte de los militantes comunistas y cuando la prepotencia y los métodos antidemocráticos habían levantado un movimiento de repudio contra Domenech, que era silbado en cuanto acto público hacía aparición».[31] Adviértase que después de dos años sin reunirse, la medida que adoptará el Comité Central Confederal será solicitar al Poder Ejecutivo «la ruptura de las relaciones con Alemania, Italia y Japón y con todos aquellos países que de un modo u otro contribuyen al mantenimiento de tales sistemas de gobierno».

Con fecha 15 de diciembre de 1942 inicia sus sesiones el Segundo Congreso de la C.G.T. La elección de autoridades demostrará que el grupo Domenech —apoyado fundamentalmente por la Unión Ferroviaria— está en minoría frente al resto de los delegados. Es elegido presidente de las deliberaciones Ángel Borlenghi. Entre las resoluciones aprobadas por la asamblea figura una en la cual se manifiesta que «la Central Obrera —que está al margen de todo interés banderizo y político electoral, por reunir en sus filas sin distinción de ideologías a los productores— posee las condiciones indispensables para impulsar la unidad nacional de todos los sectores políticos y económicos de la República que estén dispuestos a restablecer la verdad electoral que permita el acceso a la dirección del Estado a los representantes de las mayorías auténticas que aseguren el imperio de las libertades públicas constitucionales para todos los habitantes del país (…)».[32]

También se hará la lista de reclamos: 1.°) Encomendar al C.C.C. intensifique la campaña de agitación contra la carestía de la vida, denunciando las actividades ilícitas de los agiotistas y la despreocupación evidente de los poderes públicos respecto a la misma; 2.°) Estimular la lucha de la clase obrera para la conquista inmediata de aumento en los salarios; 3.°) Procurar la pronta sanción de las iniciativas parlamentarias que tiendan a establecer el salario mínimo para todos los trabajadores del país; 4.°) Perseverar ante quienes corresponda, por la representación de la C.G.T. en el organismo creado por la ley 12.591.

Muchas idas y venidas precedieron a la elección del nuevo Comité Central Confederal, especialmente debido a las variantes que se habían producido en los últimos años en la composición político-sindical de los gremios adheridos a la central obrera. Iscaro los ubica —en época de la renovación de autoridades (principios de 1943)— del modo siguiente: «Comunistas: construcción, madera, carne, metalúrgico, gráfico. Socialistas: empleados de comercio, obreros municipales, trabajadores del Estado, fraternales. Sindicalistas: ferroviarios, tranviarios, cerveceros».[33]

Cuando llega el momento de elegir nuevo C.C.C., se presentan dos listas, que a los efectos de la votación se denominan N.° 1 (encabezada por José Domenech) y N.° 2 (por Francisco Pérez Leirós). Los acuerdos previos parecían asegurar a Domenech su reelección, ya que había logrado compromisos formales de la mitad más uno de los delegados en el sentido de apoyar su candidatura. La votación derrota por un sufragio a la lista de Domenech: alguien no cumplió el «arreglo».[34] Luego sucede lo inevitable: sanciones al discrepante, nueva votación, negativa de la lista N.° 2 a aceptar la situación anómala… De esa reunión surgirán dos C.G.T., conocidas como N.° 1 y N.° 2. La primera contará entre sus sindicatos más importantes a los ferroviarios, tranviarios y cerveceros; la segunda a la Federación Obrera Nacional de la Construcción, La Fraternidad, Federación Obrera Gráfica, Federación de Empleados de Comercio, Federación de la Alimentación, Federación Nacional Metalúrgica, Unión Obreros Municipales, Federación de Trabajadores del Estado y Sindicato Único Obreros de la Madera.

Tal la situación del movimiento obrero que podríamos llamar «oficial», en vísperas del golpe militar del 4 de junio. Debe advertirse que no todo era tan esquemático como parecía indicarlo el relato de los hechos. Fuera de los comunicados y las gestiones administrativas, de las «trenzas» que eternizaban dirigentes, de las rivalidades políticas que a veces alcanzaban agrios contornos, el período ofrece numerosos jalones que demuestran la combatividad de amplios sectores de la clase trabajadora argentina, y en algunos de ellos ya comienza a ponerse de manifiesto la existencia de dos mentalidades —si se nos permite la expresión— en el movimiento obrero: una, que responde a las tendencias tradicionales (las que hemos venido analizando en ese parágrafo); y otra donde se nuclean los trabajadores que van a ser afectados por el fenómeno social y político que por mera comodidad expositiva denominaremos «peronismo», y al cual también van a condicionar en buena proporción. Después de 1943, será este último sector el predominante en la historia del acontecer sindical.

Alberto Belloni ha sintetizado, desde su punto de vista, dicha oposición: «Entre los trabajadores de aquellos días del 43, se distinguían dos alas bien diferenciadas. Situación que hoy, a pesar de haberse suavizado, no está superada. El viejo y minoritario sector proveniente de la inmigración europea cuya base de operaciones había sido siempre Buenos Aires, se encontraba encasillado en raquíticos sindicatos. Sus formulaciones eran anarquistas, “sindicalistas” e intemacionalistas. Encerrados en el reformismo clásico y dirigidos por una vieja burocracia. A excepción de los anarquistas reducidos en los gremios de plomeros, portuarios, etc., el grueso del sector se encontraba en los gremios de servicios públicos, gas, transportes, trabajadores estatales, y en gráficos, comercio, etc. Gran parte de estos trabajadores integran las filas de la vieja “socialdemocracia” argentina: el Partido Socialista. (…) Este sector de la clase obrera caracterizará durante décadas al movimiento obrero argentino, imprimiéndole un sentido clasista abstracto, esquemático. Desgraciadamente este equívoco será utilizado por el imperialismo».

«La otra ala del movimiento obrero del país está dada por el caudal de los jóvenes nativos, descendientes de los criollos y gauchos de las montoneras, que bajaban a la ciudad puerto. Son ellos los que se ven obligados a levantar las denominadas Villas Miseria por la carencia de viviendas. Sus brazos fuertes se tornan hábiles al contacto con las máquinas y herramientas mecánicas. Poseen una mentalidad virgen, sin mayor experiencia y conciencia de su ubicación como clase en la sociedad moderna. Hasta la tradición de sus antepasados se halla quebrada por el triunfo de la oligarquía porteña que había arrasado con el interior. Arrinconados en su terruño, puesto de espaldas al país, olvidados, relegados por la minoría capitalina que monopolizaba todo, traen un resorte poderoso que al ser puesto en libertad configura el verdadero rostro de nuestro pueblo, amordazado desde hacía ochenta años. La fuerza de estos hombres provenía de las mismas entrañas de la tierra y del pueblo argentino, y ello los capacita a marcar un nuevo rumbo nacional».[35] Dejando de lado cierto idealismo de tinte telúrico, que no hace al fondo del problema, la oposición apuntada nos parece fundamental para comprender el proceso que estamos esbozando.

Durante el período 1930-1943 se realizan numerosos movimientos huelguísticos, cuya reseña no corresponde a nuestro interés central: indicamos a título de ejemplo huelga de los tranviarios y de los agricultores (1932), la de los obreros telefónicos el mismo año, la de los obreros madereros (1934), la de los obreros de la construcción (que duró noventa y seis días, en 1936), la de los «colectiveros» (1942).[36] Mención aparte, por su significación propia y por el enfrentamiento que marca entre la vieja dirección —en la ocasión controlada por comunistas como Muzio Girardi— y los nuevos sindicalistas que constituirán otro organismo separado, será la huelga de los metalúrgicos en 1942.[37] No resulta casual que este gremio se convierta a poco en uno de los más fervorosos sostenedores de la política gremial iniciada por el coronel Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión.

Mientras tanto, según la opinión oficial del Partido Comunista, la situación era la siguiente: «… Por no haber participado la clase obrera organizada sindicalmente en la C.G.T. en el movimiento pro unidad democrática —por culpa de sus dirigentes socialistas, reformistas y sindicalistas supuestamente “apolíticos”—; por haberse preocupado más de dirimir problemas de supremacía electoral que de estructurar un frente de lucha antifascista por parte de ciertos dirigentes radicales y socialistas; y por no haber tenido en cuenta las demás fuerzas democráticas y antifascistas las reiteradas advertencias de nuestro Partido sobre los peligros del golpe de Estado, los conspiradores militares y civiles pro fascistas pudieron preparar y dar su golpe de Estado y capturar el poder el 4 de junio de 1943».[38] En esta política persistirán los comunistas durante los años 1943-1946: del texto transcripto a la Unión Democrática —de la cual, como ya vimos, serán campeones— no hay más que un solo paso. ¿Habrá que agregar que el paso se dio, y con creces?

Volvemos otra vez a la opinión de Graciela Biagini, para resumir las etapas de esclerosamiento de las élites directivas de la C.G.T.: «… los dirigentes de la C.G.T. seguían llamándose representantes de la clase trabajadora, pero en realidad no percibían sus problemas debido a su posición en la cúspide, desde la cual no llegaban a la base sino sólo a través de intermediarios, debido al proceso de burocratización operado a causa del desarrollo de la central. Estos intermediarios pudieron, por distintos motivos, tanto de índole personal como ideológica o partidaria, desvirtuar dichas aspiraciones. El proceso de oligarquización también se habría manifestado en las resistencias de los dirigentes reformistas al ingreso de nuevos sindicatos».[39]

Estamos en vísperas de acontecimientos importantes para la historia política —no sólo sindical— argentina: las relaciones entre las masas trabajadoras y el coronel Perón, como resumen de una ideología y una técnica.

El movimiento obrero en años críticos:

Perón y las masas

Ya hemos aludido a muchas de las cuestiones que abarca este complejo problema de las masas que encuentran un líder «carismatico» (en buena medida es útil la terminología de Max Weber, tan llevada y traída por algunos sociólogos profesionales para tratar de entender este fenómeno), y sus recíprocas influencias. Preferimos dedicarle al tema un lugar cuando enfocamos panorámicamente la historia político-social argentina (cfr. el cap. IV), por entender que la parcialización de ciertos aspectos específicos no ayuda a aclarar las cosas cuando se carece de una previa visión de conjunto. Creemos que éste es nuestro caso: primero, advertimos la presencia activa de un sector relativamente ausente hasta ese entonces (salvo esporádicos saltos a las primeras planas de los diarios y crónicas, como la Semana Trágica bajo el gobierno de Yrigoyen o sucesos similares), y lo ubicamos en el conjunto de los hechos políticos que pretendimos esbozar. Ahora es el momento de formular algunas precisiones adicionales, que no llevan más iniciativa que contribuir a desbrozar un panorama teñido las más de las veces por los colores subidos del partidismo o el panfleto. La superposición de temas acaso resulte inevitable.

Para sindicalistas de la vieja escuela como Sebastián Maretta, el caso resulta de una simplicidad conmovedora: «Sutilmente, con decretos que conceden a los trabajadores la satisfacción de viejas aspiraciones, [el gobierno] va captando la simpatía de unos y la adhesión de otros. Los referidos decretos imponen el pago a los obreros de los días declarados feriados obligatorios; concédenles diez y quince días de vacaciones pagadas, derecho que les habían negado los patronos no obstante la vigencia de la ley 11.729; el pago de un sueldo complementario con carácter de aguinaldo; la extensión de la previsión social a los obreros y empleados hasta esos momentos excluidos. Lo que venían conquistando los trabajadores en otros países, por su acción, aquí les era acordado por simple decreto.

»El gobierno aparecía ante sus ojos como el demiurgo de una nueva realidad social. Los obreros y empleados, en adelante, sólo debían preocuparse de “ir de su casa al trabajo y del trabajo a su casa”. Algunos militantes facilitan la maniobra gubernamental. Los sindicatos dejan de ser así expresión de la voluntad de los trabajadores. La carencia de espíritu de clase, por una parte, y las condiciones materiales en que vivían los obreros, originadas en la sordidez e incomprensión patronal por la otra, contribuyan al éxito de estos propósitos del gobierno».[40]

Las cosas eran bastante más complejas: si olvidamos las necesidades que efectivamente sentían las masas —que los dirigentes gremiales, cegetistas o no, no alcanzaron ni de lejos a satisfacer—, y reducimos todo al fácil juego del demagogo y sus fieles seguidores (una especie de flautista de Hamelín con entorchados, para algunos), corremos el grave peligro de no entender casi nada. O nada.

Perón y su equipo advirtieron desde los primeros meses del gobierno surgido del golpe militar del 4 de junio de 1943, la enorme fuerza disponible que se podía reclutar mediante el apoyo de sectores masivos de trabajadores. También conocían el estado de permanente pugna interna —y en ocasiones carencia de representatividad—, de la mayoría de los sindicatos agrupados en la C.G.T.

Volviendo a las dos centrales obreras existentes antes del 4 de junio de 1943, la C.G.T. N.° 1 (Domenech) expresará después del movimiento su apoyo a las medidas de gobierno tendientes a reprimir las maniobras que encarecían el nivel de vida popular. No protestará por la clausura de locales sindicales comunistas (o «unitarios») ni por la detención de dirigentes de esa tendencia. La C.G.T. N.° 2 (Pérez Leirós) es disuelta por las autoridades de facto. Los sindicatos afectados realizan movimientos de fuerza.

«En el mes de agosto [de 1943], la Unión Ferroviaria fue intervenida militarmente, junto con La Fraternidad. El 27 del mismo mes la Comisión Administrativa de la C.G.T. N.° 1 resuelve, teniendo en cuenta dichas intervenciones, y el significado del retiro de sus miembros para la Central, abandonar la dirección, designando tres depositarios de los fondos y señalando que «las organizaciones que no han sido afectadas por la mencionada medida del gobierno pueden resolver la continuación o no de la central obrera».

»Los sindicatos restantes resuelven la reconstitución del Comité Central Confederal «para la prosecución de las actividades sindicales de la Central». Los nuevos miembros electos en la reunión constitutiva del C.C.C., del 11 de setiembre, son: Secretario general, Ramón Seijas; Secretario adjunto, Alcides Montiel; Secretario administrativo, Alfredo Fidanza; Tesorero, Enrique Porto; Protesorero, Juan Pardo.

»Esta dirección estaba compuesta por una mayoría de militantes socialistas, muchos de los cuales pasaron luego al peronismo».[41] Este hecho está ratificado, entre otros, por el ex comunista Real, al referirse a las actividades del flamante Secretario de Trabajo y Previsión (organismo creado, según sabemos, el 27 de noviembre de 1943): «Se sucedían diariamente las reuniones [de Perón] con dirigentes sindicales, y pronto halló en algunos de ellos un eco favorable a sus proposiciones; tropezó, en cambio, con la resistencia de los dirigentes de tendencia comunista, anarquista y socialista. De entre estos últimos, sin embargo, algunos comenzaron entonces a colaborar: Borlenghi, Tesorieri, etc. El teniente coronel Domingo Mercante, hijo de un obrero ferroviario, fue designado interventor en ambas organizaciones del riel, donde halló también un núcleo que lo secundó en la tarea. Amplias concesiones se hicieron a los ferroviarios, gráficos, empleados de comercio, petroleros, etc. A todas ellas debe agregarse una de cierta importancia: la rebaja y luego congelación de los alquileres (decreto 6141/44)».[42]

Mientras tanto, el estado de ánimo de muchísimos trabajadores con respecto a la política que se favorecía abiertamente desde las esferas oficiales, se refleja en este párrafo del obrero metalúrgico Ángel Perelman: «En nuestro trabajo sindical advertimos a partir de 1944 cosas increíbles: que se hacían cumplir leyes laborales incumplidas en otra época; que no había necesidad de recurrir a la justicia para el otorgamiento de vacaciones; otras disposiciones laborales, tales como el reconocimiento de los delegados de las fábricas, garantías de que no serían despedidos, etc., etc., tenían una vigencia inmediata y rigurosa. Las relaciones internas entre la patronal y el personal en las fábricas habían cambiado por completo de naturaleza. La democracia interna que imprimimos al sindicato metalúrgico hacía que el delegado de fábrica constituyese el eje de toda la organización y la expresión directa de la voluntad de los trabajadores de cada establecimiento. Los patrones estaban tan desconcertados como asombrados y alegres los trabajadores. La Secretaría de Trabajo y Previsión se había convertido en un factor de organización, desenvolvimiento y apoyo para la clase obrera. No funcionaba como una regulación estatal por encima de las clases en el orden sindical, actuaba como un aliado estatal de la clase trabajadora. Tales ueron los hechos prácticos que constituyeron la base para el camino político de las masas argentinas y que se manifestaron en las calles el 17 de octubre de 1945».[43]

Algunos elementos del proceso que llevó al coronel Perón a interesarse por el movimiento sindical, están sintetizados desde su particular perspectiva por Jorge Abelardo Ramos: «Sin disminuir la intensidad de la represión hacia los elementos sindicales socialistas y comunistas, el coronel Perón promovió la formación de nuevos dirigentes que luego se identificaron con su política, dividió los sindicatos allí donde no podía separarlos de sus corrompidos dirigentes, auspició otros nuevos donde no existían, y apoyó la formación de grandes federaciones de industria que abrazaron por primera vez millones de obreros. Reposando en la ola de prosperidad de la guerra, concedió amplias mejoras económicas a los sectores que se movilizaban, elaborando una estructura de leyes sociales que el proletariado tomó en sus manos y se dispuso a defender».[44] Y más adelante, refiriéndose a los fines perseguidos: «El coronel Perón perseguía a la vez varios objetivos: barrer a los partidos obreros desprestigiados en el movimiento obrero, crearse una base popular y subordinar al mismo tiempo las organizaciones sindicales a la tutela del Estado. Es preciso recordar una vez más que el movimiento sindical anterior, al que no pertenecían los grandes sectores nuevos de las masas trabajadoras, había estado durante décadas bajo la influencia del imperialismo y sus agentes. La política de Perón, basada en la expansión triunfal de la industria, encontró su más inesperado apoyo en la traición de los viejos partidos y en el impetuoso carácter que imprimió el alto índice de ocupación obrera a la lucha por la organización sindical».[45]

Mientras se suceden estas etapas, algunos sectores de la izquierda manifiestan una alarmante desubicación frente al nuevo esquema, desubicación que habrá de conducirlos bien pronto a actitudes contradictorias. Iscaro, por ejemplo, escribiendo en 1958, dice al respecto: «El gobierno de facto, inmediatamente de asumido el poder, trazó sus planes para lograr el dominio sobre el movimiento sindical. El entonces coronel Juan Domingo Perón convocó a los dirigentes obreros al Ministerio de Guerra para saber “cómo iban a cooperar los obreros con el gobierno”. Los dirigentes cegetistas, ayer dóciles ante el gobierno oligárquico de Castillo, se mostraron también dóciles ante el gobierno de la dictadura. Prometieron su cooperación a cambio de poder subsistir en la dirección de la C.G.T. Paralelamente, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión se comenzaba a atraer a dirigentes obreros, tanto de la C.G.T. como de la U.S.A. y de los sindicatos dirigidos por socialistas, así como de los sindicatos paralelos creados pon el apoyo de la citada Secretaría».[46] Estos «sindicatos paralelos» brindan una de las claves más importantes para el análisis del problema obrero argentino en estos años; si puede cuestionarse la falta de apreciación del fenómeno en testimonios contemporáneos de los sucesos, nos parece excesiva benevolencia dejar sin comentario las opiniones de casi quince años después. Ocurre que, precisamente, los «sindicatos paralelos» eran los que tenían las masas obreras en esos momentos decisivos; a los otros les quedaban «dirigentes» y bases de formación mental tradicional.

Mas el Partido Comunista —y no sólo el Partido Comunista, pero su mención resulta ejemplar— bregaba desde tiempo atrás por la concreción de la Unión Democrática, y a ello subordinó todos sus esfuerzos, en particular los realizados en el terreno obrero. Ahí nos enteramos de lo siguiente: «La coalición de la Unión Democrática, además, al reunir a los partidos radical, socialista, demócrata progresista y comunista, contaba con el apoyo de los sindicatos independientes, con parte de las organizaciones campesinas y la mayoría de la intelectualidad democrática. Esta coalición era el resultado de anteriores posiciones coincidentes en la lucha contra la dictadura “neutralista” profascista de los gobiernos militares que se sucedieron desde 1943 y por la participación del país al lado de las Naciones Unidas, por impulsar nuestro país hacia la salida democrática y progresista, para que, una vez derrotadas las hordas germano-fascistas y sus satélites, la Argentina pudiese participar en la construcción de un mundo mejor».

«Por eso, la formación de esa coalición despertó un gran entusiasmo entre la clase obrera y el pueblo y se le abrió la perspectiva de poder triunfar en las elecciones».[47] Como se ve, no hay una sola referencia a la elevación del nivel de vida de las masas o a problemas concretos de la realidad nacional (salvo, quizás, la alusión a la «vuelta del régimen democrático»), que pudiera hacer inteligible a las mayorías la «salida democrática y progresista» que se deseaba.

Y en otra página, intentado explicar los resultados electorales de 1946, afirma el citado Esbozo… : «Casi en vísperas de las elecciones, dándose cuenta de que la balanza electoral estaba inclinándose del lado de la coalición de la Unión Democrática, Perón utilizó el gobierno para dictar una serie de decretos que daban satisfacción a algunas de las antiguas reclamaciones de los trabajadores (aguinaldo, promesas de participación en las ganancias, etc.) lo que, sumado a la falta de calor revolucionario con que hacían la propaganda ciertos sectores de los partidos que participaban en la coalición de la Unión Democrática, determinó el vuelco de la balanza electoral a favor de la coalición peronista».[48]

Los sucesos que culminan el 17 de octubre de 1945, y el posterior desarrollo del proceso político hasta los comicios que consagran a la fórmula presidencial Perón-Quijano, han sido esquematizados en el capítulo IV de este libro, y al mismo remitimos aquí.

El breve panorama resumido —creemos— indica la manera en que el movimiento obrero hace su incorporación efectiva al plano político, aproximadamente a partir de fines de 1943.

Acotación

El problema del sindicalismo y sus relaciones con la política (especificamente con Perón y el movimiento que luego tomaría su nombre) excede con creces los límites cronológicos de este trabajo. Baste apuntar en la ocasión que el Partido Laborista (fundado el 24 de octubre de 1945) y sus desarrollos posteriores (Partido Único de la Revolución Nacional, Partido Peronista), asimismo como la trayectoria opositora que luego toman algunos dirigentes de la «primera hora» (Cipriano Reyes, por ejemplo), no han merecido un estudio pormenorizado en obras que debieron tratar el tema.[49]

Belloni ha dicho sobre el Partido Laborista: “El laborismo fue el primer partido nacional de la clase obrera organizada, el vuelco en él fue masivo y de proyección en todo el país, su base estaba en los sindicatos. Surgía como producto de repetidos contactos que venían manteniendo dirigentes sindicales desde 1943 y que habían conformado una especie de intersindical al margen de las direcciones de las centrales obreras.

«Los fundamentos de su programa eran: recuperación de los servicios públicos y de las industrias fundamentales; eliminación del latifundio y la división de la tierra; convertir la propiedad en un bien social; impuestos a las rentas, a las tierras y a las herencias; participación obrera en las ganancias de la empresas; amplia previsión social. Los dirigentes del Partido Laborista provenían todos del campo obrero, de dirigentes sindicales pasaban a ser los nuevos jefes políticos del proletariado puesto en pie de lucha. Eran Luis F. Gay, telefónico; Cipriano Reyes, fogonero de las calderas en los frigoríficos de Berisso, y otros como Monsalvo, Montiel, Argaña, Cleve, Andreotti, Garófalo, Ponce, Pérez, Tejada y tantos más que hasta ayer fueron socialistas, sindicalistas y anarquistas».[50]

Otros autores, en lugar de indagar las causas que provocan ese agrupamiento y la crisis de los partidos tradicionales, prefieren el cómodo camino del chisme y del chiste. Así, quien fuera legislador nacional y conspicua figura del conservadorismo, Reynaldo Pastor, dice: «Era indispensable referir en forma escueta el proceso de integración de esa bullanguera columna que su creador bautizó con su propio apellido, en un inocuo desplante de dominación personal, sin trascendencia doctrinaria. “El aluvión” ha sido titulado sin que ello signifique compartir el calificativo de “zoológico” que le costó la banca de congresista al brioso diputado radical doctor Sammartino. Por lo demás, no había necesidad de ofender a la fauna nacional».[51] Otro ejemplo: Ayer fue San Perón, del versátil Raúl Damonte Taborda.

E incluso en obras estimables en ciertos aspectos, el parti pris emotivo del autor impide ver con claridad todos los aspectos de una situación dada. Alfredo Galletti, para terminar con estos casos que han surgido prácticamente al azar de nuestras lecturas, al comentar los sucesos del 17 de octubre de 1945 dice con énfasis: «Es evidente que se habia llegado a un acto demagógico casi insuperable. La masa heterogénea —que no era solamente lumpenproletariat en términos marxistas, sino algo más— se sintió comprendida en alguna manera, pues le habían hablado en un idioma así; eran, en definitiva las buenas gentes que se emocionan ante la fácil letra del tango y que añoran la voz apagada del cantor favorito…»[52].

A este déficit interpretativo se unen opiniones —algunas presumiblemente autorizadas por provenir de especialistas en el campo de la ciencia política y la sociología— que para analizar el «peronismo» proponen asimilaciones fundamentales (poco convincentes a nuestro juicio) con movimientos totalitarios de Europa. Un autor como Seymour M. Lipset, v.gr., no vacila en calificar al peronismo como «fascismo de la clase baja»,[53] con lo cual no consigue otra cosa que confundid aun más los conceptos. Arthur P. Whitaker, acaso en síntesis demasiado rotunda, prefiere ver las cosas desde otro ángulo: «Debemos tener cuidado, sin embargo, en no exagerar lo que Perón tomó del extranjero. Fue mucho en cuestiones técnicas y de organización, particularmente en el campo de la propaganda y control del trabajo; pero lo utilizó para robustecer un sistema profundamente arraigado en la idea que él tenía de la historia de su propio país y surgido de sus propias observaciones de los sucesivos regímenes de Yrigoyen, Uriburu y la restauración conservadora. Encontró en Rosas su slogan de disciplina y orden, y en las partidas fuertemente armadas de la Mazorca la fuerza para hacerlo cumplir; en Rosas e Yrigoyen, un ferviente nacionalismo sazonado con antiimperialismo; en Yrigoyen, la popularidad de los ataques contra la oligarquía; en Uriburu, la misión del ejército, de regeneración nacional; y en la restauración conservadora, la desmoralización de los principales partidos políticos y el abandono del laissez faire a favor de los controles económicos».[54]

Creemos que el debate resulta improductivo en estos términos, lo mismo que desde los elogios indiscriminados de algunos noveles panegiristas. El punto de partida, a nuestro juicio, puede sintetizarse en estas palabras de Carlos S. Fayt: «Con el peronismo aparecen en la escena política las masas obreras y los estratos del proletariado argentino. El obrero argentino adquiere un status social, un grado de participación en la riqueza y en el poder político hasta entonces ignorado».[55] Aclara este autor a continuación que todo eso se logró «al precio de su libertad». Ezequiel Martínez Estrada, al comentar apocalípticamente el 17 de octubre, parece poner las cosas en su justo nivel al preguntarse con referencia al «infraproletariado de trabajadores pobres»: «¿Cómo podemos reprocharle que no sintiera la pérdida de su libertad y de su dignidad si nunca las tuvo?».[56] Lo demás ha de ser panfleto, resentimiento o anteojeras.

Capítulo X

Del pasado al presente

Balance

La primera parte del trabajo, LOS HECHOS POLÍTICOS, intentó esbozar un panorama de lo ocurrido en el país entre las fechas tope que nos fijáramos al comenzar la tarea: 1930-1946. Sus cuatro capítulos, que titulamos con los apellidos de figuras trascendentes en cada una de las etapas: Uriburu, Justo, Ortiz-Castillo y Perón, pretenden ser un recordatorio de tendencias o líneas a través de episodios de muy concreta significación.

Resumimos aquí ciertas constantes principales del período.

El capitulo I considera el derrocamiento del gobierno de Yrigoyen a través de la conjura militar y su detonante civil: la participación en la agitación previa de conservadores, radicales antipersonalistas y socialistas independientes, y la tolerancia o neutralidad de otros grupos. Esta lección táctica y estratégica volverá a aparecer en la historia contemporánea argentina, pero en definitiva los beneficiarios últimos habrán de ser las fuerzas armadas.

También se analiza el deterioro del viejo caudillo y su administración, y la labor cumplida por Uriburu —promesas frente a hechos— durante su mandato, además de las presiones que llevan a imponer la candidatura Justo por la Concordancia. Formalmente, es el triunfo de la restauración conservadora frente al posible Estado corporativo que ya empiezan a soñar los nacionalistas y el propio general Uriburu.

El capítulo II se refiere a la sujeción económica de la Argentina con relación a su metrópoli Gran Bretaña y a las formas jurídicas que la misma adopta («estatuto legal del coloniaje»). El problema de las carnes ocupa su lugar de preferencia en el complejo imperialista. Paralelamente se destaca el crecimiento industrial —visible y mensurable por lo menos a partir de 1935— y algunos fenómenos concomitantes e interrelacionados: migraciones internas, surgimiento de nuevas especialidades profesionales, concentración geográfica y por establecimientos en el Litoral, y más aún en el Gran Buenos Aires. En esta época toman cuerpo ciertas «precondiciones» de lo que en la década siguiente constituirá el peronismo. Un sagaz observador extranjero, James W. Rowe, las enumera de este modo: la reacción nacionalista, las migraciones internas y la organización sindical anterior a Perón, elementos que han sido tratados en nuestro libro.[1]

El fraude —manipulación de elecciones, intervención federal a provincias determinadas, aprobación legislativa de diplomas ilegítimos— es la otra gran característica del tramo estudiado hasta 1943, fuera del privilegio económico interno y externo (José Luis Romero). Después del 4 de junio, se sucederá primero un gobierno clerical-nacionalista, para dar paso luego a la consolidación dentro del régimen del coronel Perón como líder dominante apoyado por sectores militares y obreros. Pero en la década del treinta se subraya el escepticismo político de grandes masas del pueblo argentino, testigos del abstencionismo radical hasta 1935 y su posterior domesticación en el sistema impuesto desde la cima, de la violencia episódica —los levantamientos, los asesinatos de Guevara y Bordabehere— y del enfeudamiento del país frente a Inglaterra.

La Concordancia, en primer término, se mide con una oposición respetuosa en el Congreso, integrada por socialistas y demoprogresistas desde la derrotada Alianza Civil de 1931. El P. S. y el P. D. P. —lo saben— se favorecen con la ausencia radical en el número de bancas que ocupan, y desde ellas piensan corregir los excesos del régimen.

Cuando la U.C.R. de Alvear gana alguna gobernación (Córdoba) y se reincorpora al juego electoral, este partido será el principal adversario de la Concordancia. Sin embargo, y gracias otra vez al bien montado fraude, la fórmula presidencial Ortiz-Castillo triunfa sobre el binomio Alvear-Mosca. El jefe de la U.C.R., a la postre, es el gran derrota por el sistema en cuyas condiciones había aceptado participar.

En el plano internacional nos hallamos en el apogeo de la política norteamericana de la Buena Vecindad, aceptada formalmente en Montevideo (1933) y Buenos Aires (1936) por todas las naciones del Hemisferio. Si bien la Argentina continúa mirando a Gran Bretaña, ya empieza a sentir de modo más directo su posición en el mundo interamericano, cosa que habrá de agravarse a partir del comienzo de la segunda guerra mundial.

El gobierno de Ortiz-Castillo (capítulo III), precisamente, está signado por este conflicto generalizado que acelerará muchos de los elementos existentes en años anteriores (algunos ya comienzan a percibirse desde la crisis de 1929): crisis de las exportaciones y de las finanzas del Estado, industrialización por sustitución de importaciones, mercado interno que no puede surtirse con productos importados, necesidad de conservar abierta la plaza británica para la colocación de granos, lanas, carnes y cueros.[2]

La descomposición política es evidente, y se refleja particularmente en los cuerpos colegiados que dicen representar los intereses públicos: el Concejo Deliberante de la Capital Federal y el escándalo de las concesiones eléctricas, avalado en 1941 por un dictamen de Diputados —firmado por conservadores y radicales— que pretende librar de culpa y cargo a los implicados en el turbio negocio. A esta comunidad de opinión no es ajeno el hecho de que el monopolio internacional de la S.O.F.I.N.A. otorgó generoso apoyo financiero a ambas campañas presidenciales (Ortiz y Alvear) en 1937, tal como lo documenta el informe Rodríguez Conde.

El agotamiento de la restauración se manifiesta en las discrepancias que perturban las relaciones de Ortiz y su compañero de fórmula. Para muchos autores, criterio que no compartimos, ello testimonia un postrer deseo «democrático» del enfermo Ortiz, carente por completo de autenticidad en otros terrenos, el económico o el social por ejemplo. Alvear, por su parte, sólo quería comicios más o menos libres que le permitiesen volver al poder, pero sus propias ideas económicas no iban más allá del retorno utópico al «crecimiento hacia afuera» que el país experimentó entre 1880 y 1914.[3]

Nada menos que los socialistas se impondrán en los comicios para diputados de la Capital Federal (1942), como repudio del electorado porteño hacia la Concordancia y la «oposición de Su Majestad» que viene practicando la U.C.R. Pero ya es demasiado tarde. Los negociados y la corrupción administrativa figuran a la orden del día. Castillo, como vicepresidente en ejercicio y luego como presidente, intenta algunos emparches a partir de 1940/1942 pero sin abandonar su preferida receta política de gobierno, la «unanimidad de uno» (el mismo Castillo), versión corregida y aumentada del unicato roquista y juarista. Da impulso a la flota mercante, nacionaliza el Puerto de Rosario, a la vez que clausura el Concejo Deliberante de Buenos Aires, declara el estado de sitio y se gana el enojo de los partidos en general. En el campo internacional desarrolla su versión de la «neutralidad», que las fuerzas llamadas democráticas tildan con el sambenito de «favorable al Eje», lo cual no explica sino una de sus razones. La otra, por supuesto, era mantener abiertas las vías de comunicación comercial con Inglaterra, e intentar consolidar mejores relaciones con los Estados Unidos, por lo menos hasta que éstos entran en el conflicto bélico, el 7 de diciembre de 1941. El 14 de octubre de 1941 se había firmado el primer tratado comercial en noventa años entre nuestro país y Norteamérica. El triángulo fluido de relaciones entre la Argentina, los Estados Unidos y Gran Bretaña, además de la penetración nazi en Sudamérica, ayuda a comprender mejor las dificultades del neutralismo en un país marginal y semidependiente.

Castillo, por fin, cree haber conquistado mediante almuerzos periódicos y discursos pausados la benevolencia de las fuerzas armadas —el ejército, en realidad— para sus políticas interna e internacional. Pero el ejército será quien decida tomar por su exclusiva cuenta, las decisiones más apropiadas al estado de la guerra, que se aproxima a sus etapas definiterias: la victoria de Alemania no es tan segura ni inevitable —salvo para los fanáticos del Eje en las filas castrenses y en los ruidosos grupos nacionalistas— como en los tiempos de la aplastante blitzkrieg. El 4 de junio de 1943, la guardia pretoriana toma directamente el timón. El «poder tras el poder» pasa a ser, simplemente, poder político. El ejército gobierna.[4]

Los años decisivos entre 1943 y 1946 (capitulo IV) seguirán revistiendo importancia para el estudioso de los problemas argentinos contemporáneos, incluso para evitar las falacias inherentes a todos los eternos retornos que no siempre se presentan en idénticas coyunturas. El régimen de facto del 43 oscila entre manifestaciones de corte clerical-nacionalista y la atención de concretas reclamaciones de sectores populares, de modo zigzagueante y hasta contradictorio. Los partidos políticos sin excepción no supieron (o no pudieron) ver más que lo primero, y ello les nubló la perspectiva fatigada por los avatares de la guerra mundial.

La insistencia en consignas abstractas del tipo «democracia» versus «nazifascismo», con sentido en el plano internacional y en su repercusión doméstica, no agotaban ni de lejos la compleja realidad de la Argentina, que también requería soluciones propias.[5] Los aferrados por constituir la Unión Democrática —proyección en gran medida de la lucha antinazi y antifascista— no pusieron el mismo empeño en advertir, pongamos por caso, el surgimiento de un nuevo tipo de partido obrero como el Laborista, que sería uno de los pilares en el triunfo electoral de Perón.[6] Tampoco en comprender el profundo significado de las medidas promovidas por el ambicioso coronel desde su Secretaría de Trabajo, que superaban con creces los fáciles rótulos opositores de demagogia y oportunismo.

La crisis de octubre de 1945 pondría frente a frente a las dos tendencias apuntadas: la legalista —que reaparecerá infinidad de veces en épocas posteriores—, cuyo principal argumento era entregar el poder a la Corte Suprema de Justicia, como si un recurso técnico-jurídico pudiera obrar milagros frente a un problema candente; y la otra —que podríamos llamar inorgánica— que reclamaba el retorno de Perón a la escena pública por entender que a través de su persona se canalizarían muchas demandas. El fuerte de esta última tendencia radicaba en las bases obreras del cinturón industrial de Buenos Aires, pero también contó con el respaldo o la pasividad de cierto sector del ejército y los servicios de seguridad.[7]

La abierta intervención del Departamento de Estado en el proceso político argentino coincidía objetivamente con los fines de la Unión Democrática: el caso Braden es apenas un ejemplo entre muchos.[8] Ello fortalecerá, en cambio, el agresivo nacionalismo de que hace gala Perón en su campaña electoral.

La segunda mitad del ensayo, en Torno al Poder, se dedica a los principales actores de la historia.

El capítulo V particulariza con los partidos y las fuerzas políticas que, de acuerdo con la teoría tradicional para los países industrializados (Gran Bretaña, Estados Unidos), deberían ser los agentes dinámicos de los respectivos procesos de desarrollo. En la Argentina, a nuestro entender, las cosas ocurrieron de muy distinto modo.

En primer lugar, la tan llevada y traída «crisis del Parlamento» común a las grandes naciones con legislaturas funcionales[9], se presenta en el país agravada por factores internos y externos: la estructura y organización de los propios partidos, el fraude electoral, los diplomas fraudulentos, el «crimen del Senado» como anécdota que rebasa los marcos estrechos del fait-divers, la preponderancia del Poder Ejecutivo como cabeza de un Estado cada vez más intervencionista en la sociedad, la difusión de esa misma crisis en cuerpos colegiados de menor nivel —legislaturas provinciales, el Concejo Deliberante—, y la reacción que tal decadencia parlamentaria provoca en otros sectores o grupos de presión… Todo ello ayudará a que el Congreso vaya cumpliendo su función especifica en forma menos intensa. El Ejército, que lo clausura en 1930 y 1943, y los nacionalistas, que lo llenan de improperios y punzantes diatribas, preparan el clima de descrédito de la institución.

La crisis del Parlamento es también la proyección como ya dijimos, de la propia crisis estructural e ideológica de los partidos políticos. Después de todo, el Congreso, las legislaturas provinciales y las municipalidades deben ser el escenario más propicio para la actuación de los políticos profesionales, fuera del ámbito de los Ejecutivos nacional o provinciales.

Para demostrar ese aserto, desfilan en esta sección del trabajo el oficialismo de la Concordancia —conservadores, radicales antipersonalistas, socialistas independientes—, la U.C.R. y su conducción alvearista, el P. S. y el P.D.P., de preferente actuación en el Congreso de la década infame. En todos los casos los elementos personalistas y de facción gravitan en el seno de cada grupo, y las divisiones ideológicas se notan más en los programas generales que en las concretas situaciones pragmáticas donde se producen curiosas inversiones[10]. Las divisiones y escisiones son otra constante, junto a las coaliciones que se constituyen o permanecen en agua de borrajas: las tratativas de frente popular, la unidad de partidos legalitarios (la U.C.R., el P.D.P. y el P.S., que alienta este último), la Alianza Civil en 1931, y los intentos que culminan en la Unión Democrática de 1945.[11] El comunismo criollo prosigue orientando «hacia afuera» su labor, es decir coloca el modelo externo de la Unión Soviética al mando de Stalin como preocupación fundamental, y esta tendencia ha sido criticada agudamente por Rodolfo Puiggrós.[12] A partir de 1935 el P.C. local vuelca sus mejores esfuerzos para integrarse en un sistema que lo rechaza, tanto por parte de la Concordancia como de sus opositores parlamentarios.

Los breves análisis incluidos sobre el movimiento forjista —y su encrucijada de haber nacido dentro de un partido de extracción popular, su impotencia por no poder formar un grupo político autónomo y de fuste, y su disolución ante el difuso peronismo naciente—; los nacionalistas —que en su delirio ultramontano y reaccionario avizorarán como pocos la caducidad de los partidos y el ascenso al poder del Ejército—; y el movimiento universitario, nos parece que contribuyen a redondear el cuadro de «la crisis de los partidos políticos» en la época.

De aquí pasamos a considerar la función política de ciertos grupos de presión (o instituciones, o factores de poder) cuyas actividades entre 1930 y 1946 ayudan a entender mejor el por qué de la aludida crisis partidaria: el ejército, la Iglesia, el movimiento obrero movilizado verticalmente desde el Estado. Es que otros grupos estaban tomando el lugar de los partidos, para desempeñar funciones parecidas ante la inacción o el estancamiento de aquéllos. Por lo tanto, si bien es lícito hablar de una crisis de los partidos, es justo y hasta necesario referirnos simultáneamente, por ejemplo, a una politización de las fuerzas armadas.

De acuerdo a esta perspectiva enfocamos a la Iglesia (capítulo VI) para describir su táctica y actividades en el terreno político, y no desde el cómodo recurso del anticlericalismo. Su modus operandi varía en la década del treinta o después del cuarenta y tres —la irrupción clerical-nacionalista—, pero siempre a favor de dos temas básicos: la indisolubilidad del vínculo matrimonial y la enseñanza religiosa en las escuelas. A grandes líneas puede afirmarse que la Iglesia mantiene cordiales relaciones con todos los gobiernos sucedidos entre 1930 y 1946, y busca mejorar posiciones de influencia. También se advierten dos sectores bien diferenciados dentro del clero católico en nuestro país: uno de tendencia fascista-falangista y otro —minoritario— apegado a las concepciones del llamado «catolicismo social». Dos alas de una misma estrategia, con la jeraquía como último coordinador.

Las fuerzas armadas (capítulo VII) permiten comprobar de modo categórico nuestra tesis sobre el ascenso de los grupos de presión para cubrir funciones que debieron haber desempeñado los partidos. Una mirada a la historia de nuestro ejército entre 1930 y 1946 comprueba su permanente actividad política como cuerpo, o la de sectores caracterizados que se ponen al frente de los acontecimientos. Ello no ocurre sólo en los mítines triunfantes sino también a lo largo de la década infame. La doctrina profesionalista del ministro Rodríguez justifica que el ejército resguarde eficazmente al régimen y se convierta en su único soporte disciplinado, además de la Concordancia.

Mientras tanto, surgen en el ejército tendencias industrialistas con énfasis en la industria pesada necesaria para la «defensa nacional», pero que secundariamente podrían dotar de materias primas a empresarios medianos y pequeños. Dichos grupos, en los hechos, reemplazan a la débil vocación de los sectores industriales, sobre todo entre 1943 y 1946 pero con raíces en la década anterior.[13] Pero ya en este último período el ejército está gobernando directamente, como lo hizo en 1930 y lo volverá a hacer con posterioridad a 1955, y los choques ideológicos figurarán en lugar de privilegio. El G.O.U. recoge la tradición de las logias militares[14] y será el primer instrumento de la consolidación de Perón, uno de sus integrantes.

Las influencias ejercitadas pacientemente en años anteriores darán frutos efímeros para el nacionalismo oligárquico, que por corto lapso se encarama en el Estado y luego quedará en el camino. Sólo queda repetir aquí que Uriburu (en forma muy relativa), Justo y Perón son las tres figuras políticas más importantes de su tiempo, y ya es sabida su procedencia.

El papel de los grupos económicos (capítulo VIII) es quizás el más conocido por la nutrida bibliografía sobre el tema. Su vigencia en la conducción del proceso político está documentada con creces por autores de las más diversas tendencias. En nuestro capítulo solo esbozamos ciertos puntos relativos al siempre vigente problema del imperialismo, básicamente inglés y con posterioridad norteamericano. Este juego continúa siendo otra constante esencial para la comprensión de la política y economía argentinas: el país forma parte al menos física de Sudamérica, se encuentra alejado geográficamente del Caribe donde los Estados Unidos son dueños y señores —hasta la excepción cubana de 1959—, y mantiene desde la época de su independencia relaciones especiales con Gran Bretaña.

Mencionamos a continuación, y muy someramente, algunos casos de tácticas y técnicas empleadas por los grupos económicos privilegiados para influir o controlar cierto tipo de decisiones gubernamentales, mediante agentes directos o el soborno liso y llano. Volvemos a ejemplificar con el permanente accionar del monopolio eléctrico y —a través del casi olvidado Ramón Dolí— con la «hidra curialesca de tres cabezas: abogado-tribunal-cátedra», hechos que muestran la difusión de los grandes intereses económicos en otros niveles de la sociedad. Añadimos un breve catálogo de personeros imperialistas en el gobierno, sin pretensiones de exhaustividad, y una acotación sobre la reinversión entre los grupos agropecuarios y los grupos industriales.[15]

El capítulo IX se dedica al movimiento obrero. Desde 1930 hasta 1943 vemos, por un lado, la formación y actividades de una central obrera —que no siempre fue única— para agrupar a los trabajadores de las ramas tradicionales y, por el otro, la aparición de sectores nuevos (crecimiento industrial, migraciones internas, etc.) además del asalariado rural dejado de lado hasta el «Estatuto del peón», que constituirán en pocos años la base masiva del peronismo.

Estas dos corrientes marchan por separado. La primera cree que la otra sólo existe en base a la dádivas y a la carencia de conciencia de clase de sus integrantes fomentada por el gobierno militar del 43 desde la Secretaría de Trabajo; la segunda se decepciona profundamente ante el burocratismo y la inoperancia de los grupos organizados del trabajo como la C.G.T. —donde ciertos partidos, el P.S. y el P.C., trasladan sus querellas y diferencias—, y se dedica merced al citado apoyo oficial y vertical a formar nuevos sindicatos, a conquistar los existentes o a integrar «sindicatos paralelos» que mediante la «personería gremial» exclusiva dejan fuera del cuadro a los gremios tradicionales. Las masas —y el ejército— apoyarán al régimen peronista durante nueve años (1946-1955).

Pero ésta es otra historia que debe volverse a contar con urgencia, mezclada como se encuentra de gangas y accesorios a tal punto que parece difícil separar los hechos de las propias interpretaciones apasionadas de los mismos.[16]

Conclusiones

Lo que nos interesa en este acápite es esbozar ciertos elementos o tendencias que se manifiestan entre el treinta y el cuarenta y seis, para proyectarse luego en los últimos veinte años de nuestro proceso político. Es decir, apuntar cuáles son las lecciones del treinta vistas desde nuestra actual perspectiva, y algunas de sus consecuencias más relevantes. El cuadro no será, por fuerza, completo sino apenas sugerido.

Conviene, antes de entrar a este tema propiamente dicho, formular algunas consideraciones sobre los tres poderes del Estado y el marco constitucional en que teóricamente debe encuadrarse el juego de los partidos y demás grupos de la sociedad argentina. Ello, creemos, ayudará mejor a entender las proporciones de la crisis que vivimos hacia fines de la década del sesenta.

Algunos de los elementos que explican esta crisis política, que no es sólo de los partidos sino en gran parte del sistema liberal establecido en la Constitución de 1853, deben buscarse en las acrecidas funciones del Estado, y en particular en la preeminencia que el Poder Ejecutivo va adquiriendo —pongamos una fecha provisoria: a partir de 1930— con relación a los restantes dos poderes, el legislativo y el judicial. La capitis deminutio del Congreso y la Corte Suprema puede filiarse con claridad desde 1930 hasta el presente.

En cuanto al Congreso, las clausuras conocidas de 1930 y 1943 se repiten en 1955, en 1962 —donde prácticamente los «representantes del pueblo» cesan en sus cargos luego de pocos meses de conversadas maniobras— en 1966, para reabrirse el cuerpo solamente en 1973.

También los problemas de la representatividad de cada Parlamento deben tenerse en cuenta para valorar la crisis de la institución: proscripciones electorales al peronismo desde 1955, incorporación limitada de parlamentarios de esa tendencia durante la presidencia de Illia, representación proporcional a partir de 1963[17], etc. Ya la fugaz experiencia de la Junta Consultiva Nacional (1955-57) indicó hace más de diez años lo severo de la crisis. Establecida por el gobierno militar bajo la presidencia del almirante Isaac F. Rojas, buscó rodear a la «Revolución Libertadora» de cierto tipo de respaldo popular a través de delegados (asesores) provenientes de los partidos políticos con exclusión del peronismo y el comunismo. Hacia fines de abril de 1957, «por no tener el Gobierno nuevos asuntos que someter a la Junta, el cuerpo [entró] en un prolongado receso».[18] El receso fue definitivo.

La Corte Suprema de Justicia ha continuado, como en el treinta y el cuarenta y tres la línea jurídica conservadora de aceptar y convalidar los hechos consumados en el terreno político —sobre todo los relativos a gobiernos de facto o de fuerza—, quizás con la esperanza de asegurar de este modo su propia supervivencia como cuerpo y la «independencia» del Poder Judicial tantas veces proclamada.

Pero el proceso adquirió caracteres distintos en las dos décadas pasadas. En primer lugar, los ministros de la Corte (con excepción de Casares) fueron separados de sus cargos por la mayoría legislativa peronista en 1946, mediante el juicio político realizado cumpliendo todos los requisitos formales pero con evidentes intenciones partidistas: reemplazar a esos jueces por magistrados adictos al régimen.[19]

En 1955, los miembros del Poder Judicial son puestos en comisión y los jueces de la Corte Suprema removidos de sus cargos y reemplazados en su totalidad. Es una de las primeras medidas de Lonardi para «desperonizar» la Justicia. Poco tiempo después, los nuevos magistrados firman esta acordada que legaliza el golpe palaciego que encumbra a Pedro Eugenio Aramburu el 13 de noviembre de 1955, como sucesor del jefe setembrino del movimiento: «En Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de noviembre del año 1955, reunidos en Acuerdo Extraordinario, el Señor Presidente de la Corte de Justicia de la Nación, Doctor Don Alfredo Orgaz, y los Señores Ministros Doctores Don Manuel J. Argañarás, Don Enrique V. Galli y Don Carlos Herrera, hallándose ausente el Doctor Don Jorge Vera Vallejo en uso de licencia, con asistencia del Señor Procurador General de la Nación Doctor Don Sebastián Soler, a fin de considerar la comunicación dirigida con fecha de ayer a esta Corte por el Poder Ejecutivo Nacional, en la que hace saber “que las fuerzas armadas de la Nación, que tomaron a su cargo el gobierno de la República vacante por la derrota de la tiranía, han confiado al Señor General de División Don Pedro Eugenio Aramburu, en carácter de Presidente Provisional, mandato de público gobierno para cumplir el programa revolucionario de restablecimiento del imperio del derecho y restitución del país a una auténtica democracia”».

«Consideraron:

»Que, como resulta de la nota recibida, la designación de la persona que ejerce la Presidencia Provisional ha sido realizada sin alterar los fines que la revolución triunfante originariamente se propuso.

»Que, por otra parte, dicha comunicación contiene la declaración expresa de que el mandato ha sido conferido para lograr el “restablecimiento del imperio del derecho y restitución del país a una auténtica democracia”.

»Que esa autolimitación concuerda con los términos del juramento prestado por los miembros de esta Corte, Procurador General de la Nación y tribunales inferiores, de desempeñar los cargos “bien y legalmente y de conformidad con los principios, derechos y garantías de la Constitución Nacional”.

»Resolvieron:

»Acusar recibo al Poder Ejecutivo Nacional de la comunicación mencionada, con copia de esta resolución».[20]

En 1962 es posible observar una discutida intervención en política del más alto tribunal del país, al recibir el juramento de José María Guido (29 de marzo) como Presidente de la Nación[21], con la intención de resolver la gravísima situación institucional provocada por el derrocamiento del presidente Arturo Frondizi por los altos mandos de las fuerzas armadas, y su posterior arresto. La Corte resolvió el asunto haciendo referencia a su tradicional postura relativa a las «cuestiones políticas o no justiciables» —que no le compete analizar por ser privativas del Poder Ejecutivo—, y estableciendo que «la acefalía de la República» se configura ante «la falta de presidente y vicepresidente de la Nación» y no incumbe a la Corte Suprema pronunciarse acerca de las causas determinantes de esa «falta».[22] Incluso si estas causas eran manifiestamente un alzamiento armado contra la Constitución Nacional y sus autoridades.

Pero el 28 de junio de 1966, con motivo de la llamada «Revolución Argentina», la Corte Suprema sufre la pérdida más evidente en los últimos tiempos de su autoafirmada «independencia». No sólo se remueve a los ministros y se los reemplaza por otros —directamente nombrados por el teniente general Juan Carlos Onganía[23]—, sino «que debiendo regirse el Gobierno por lo que prescriben los Fines Revolucionarios, el Estatuto de la Revolución y la Constitución Nacional, resulta imprescindible contar con una Corte Suprema de Justicia cuyos miembros hayan jurado acatamiento a aquellas normas».[24] La declinación del Poder Judicial, y de la propia Constitución en que basa sus decisiones, es un hecho evidente.

El Poder Ejecutivo, por su cuenta, se ha ido fortaleciendo frente a los otros dos poderes en varias formas. Aquí sólo señalaremos la proliferación de «decretos-leyes» en todas las ocasiones en que el Parlamento ha sido clausurado: piénsese en los profundos cambios introducidos a la legislación durante los gobiernos militares de 1943-46 y 1955-58 (en el caso de la «Revolución Libertadora», como veremos más abajo, las modificaciones «por decreto» alcanzaron a la Constitución). Pero, a partir de 1966, los «decretos-leyes» dejan de llamarse de este modo para conocerse como «leyes» a secas, cambio que implica un sentido más vasto que el meramente terminológico, pues señala la declinación del órgano legislativo en las últimas décadas, al concentrarse sus potestades en el Poder Ejecutivo.[25] Lo anormal (el dictado de «decretos-leyes» por el Ejecutivo en casos de emergencia) pasa a ser lo normal (el Ejecutivo dicta «leyes» particulares): éste parece ser uno de los presupuestos lógicos del régimen militar de Ongania.

El Poder Ejecutivo también se ha beneficiado con otro cambio significativo en la terminología, que es reflejo claro de una tendencia manifiesta hacia la centralización administrativa y el unitarismo de hecho, que avanza desde hace largo tiempo. Lo que siempre se llamó «interventores federales» bajo los gobiernos militares o de acuerdo con las cláusulas respectivas de la Carta Magna, pasa a ser ahora «gobernadores» lisa y llanamente. Un «gobernador» sui generis, claro, ya que el Poder Ejecutivo lo designa haciendo caso omiso de las autonomías provinciales y del principio de elección popular, características primarias de todo modesto federalismo. Otra vez, lo temporario y excepional pasa a ser lo «normal» para esta concepción del gobierno.

La Constitución Nacional también ha visto reducido su ámbito de aplicación y sus teóricamente supremas cualidades. Reformada en 1949 de acuerdo al procedimiento previsto en sus propias cláusulas —con objeciones de tipo formal por parte de la oposición respecto al quorum necesario para aprobar el proyecto respectivo en el Congreso[26]—, un decreto (o «acto revolucionario») del 27 de abril de 1956 declaró vigente la Constitución de 1853, con las reformas de 1860, 1866, 1898 y con exclusión de la de 1949.

El mismo gobierno de facto, por decreto del 12 de abril de 1957, declaró necesario considerar la reforma parcial de la misma Constitución de 1853, con las tres señaladas reformas, y convocó una Convención a tal efecto sometiéndole una enumeración de artículos susceptibles de modificación para asegurar: «a) el establecimiento del régimen electoral más adecuado; b) el afianzamiento del sistema federal de gobierno; c) el afianzamiento de la libertad individual y de expresión de los derechos individuales y sociales; d) el fortalecimiento de las autonomías municipales; e) el equilibrio interno entre los poderes del Gobierno federal, dando al Poder legislativo independencia funcional y poder de contralor y fijando las facultades del Poder Ejecutivo, inclusive la designación y remoción de los empleados públicos y el robustecimiento integral del Poder judicial; f) el régimen adecuado de dominio y explotación de las fuentes naturales de energía»[27].

La Convención reunida en la ciudad de Santa Fe no alcanzó a cumplir su cometido, y quedó sin quorum «después de meses enteros en que se discutió de todo menos la reforma»,[28] mostrando insalvables discrepancias entre los partidos que a ella habían enviado representantes (el peronismo fue impedido de concurrir a la misma, y votó en blanco). Apenas había aprobado la incorporación, a continuación del artículo 14 de la Constitución Nacional, de un nuevo texto referente a los derechos de los trabajadores —incluido el de huelga— y de la seguridad social (se llamó «artículo 14 bis»), y la posibilidad de que el Congreso dicte un Código de Trabajo y Seguridad Social (reforma al artículo 67, inc. 11), evento que no llegó a materializarse posteriormente.[29]

Frente a la amplitud de los temas que no alcanzaron a ser tratados por la Convención Reformadora, el gobierno surgido de la «Revolución Argentina», con fecha 28 de junio de 1966, produjo importantes documentos oficiales que ponen en evidencia la crisis constitucional que el país venía arrastrando desde mucho atrás. Ello resulta claro de la parte resolutiva del «Acta de la Revolución Argentina», que dice así:

«1.° — Constituir la Junta Revolucionaria con los Comandantes en Jefe de las tres Fuerzas Armadas de la Nación, la que asume el poder político y militar de la República.

»2.° — Destituir de sus cargos al Presidente y Vicepresidente de la República, y a los gobernadores y vicegobernadores de todas las provincias.

»3.° — Disolver el Congreso Nacional y las Legislaturas provinciales.

»4.° — Separar de sus cargos a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y al Procurador General de la Nación.

»5.° — Disolver todos los partidos políticos del país.

»6.°— Hacer conocer, al pueblo de la República, las principales causas que han motivado el Acto Revolucionario, cuyo texto se agrega como Anexo 1 a esta Acta.

»7.° — Poner en vigencia el Estatuto de la Revolución Argentina, que se agrega como Anexo 2 a esta Acta.

»8.°— Fijar los Objetivos Políticos de la Nación que se agregan como Anexo 3 a esta Acta.

»9.°— Designar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y al Procurador General de la Nación.

»10.°—Hacer prestar juramento a manos de esta Junta Revolucionaria a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, quienes jurarán desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente, y en conformidad a lo que prescriben los Fines Revolucionarios, el Estatuto Revolucionario y la Constitución Argentina.

»11.° — Ofrecer el cargo de Presidente de la República al señor Teniente General (R.E.) Don Juan Carlos Onganía, quien, aceptado el mismo, y al tomar posesión de su cargo prestará juramento de manos de esta Junta Revolucionaria, en los términos siguientes: “Yo juro por Dios Nuestro Señor y estos Santos Evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación, y observar fielmente los Fines Revolucionarios, el Estatuto de la Revolución y la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciera, Dios y la Nación me lo demanden”.

»12.°— Notificar lo actuado a las representaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país, a los efectos de las normales relaciones con sus respectivos países.

»14.°—Considerar disuelta esta Junta Revolucionaria en el momento que el nuevo Presidente de la República jure su cargo»[30].

A partir de 1966, pues, la Constitución argentina queda relegada al tercer término dentro del ordenamiento jurídico del país, después de los «Fines Revolucionarios» y el «Estatuto de la Revolución Argentina». Es la última gran señal de la profunda crisis institucional del liberalismo, que ya se perfila en 1930.[31]

Los partidos políticos reflejan dicha crisis, y en ellos puede apreciarse con matices propios.

El fenómeno más importante en este terreno lo brinda la consolidación del Partido Peronista en el poder, luego de atravesar dos etapas cruciales: primero, coexisten el Partido Laborista y la Unión Cívica Radical (Junta Renovadora) y, segundo, se fusionan en el Partido Único de la Revolución Nacional, origen inmediato del Partido Peronista.[32] Esta agrupación, pese al predominio abrumador que ejerció en el Congreso, no llegó a proyectarse en el escenario nacional como fuerza autónoma, estuvo varios años intervenida en sus principales distritos y —con posterioridad a 1955— conoció proscripciones, persecuciones y también divisiones. El peronismo como partido no tiene, hasta el presente, una historia detallada de su trayectoria ni de sus relaciones con el ala gremial del movimiento.[33]

En cuanto al resto de los partidos que nos son conocidos desde el período 1930-1946, la constante de escisiones y fragmentaciones se repite en todos ellos, de una u otra manera, ya sea en base a personalismos o a discrepancias ideológicas.

El radicalismo, por ejemplo, será la oposición principal y más numerosa del peronismo en el Parlamento, y actuará de contragolpe en el juego legislativo. Los sectores intransigentes prevalecerán en su conducción, como lo atestigua la fórmula Ricardo Balbín-Arturo Frondizi que se enfrenta a la reelección de Perón en 1951. Después de 1955, el viejo tronco radical soportará varias divisiones: la Unión Cívica Radical Intransigente y la Unión Cívica Radical del Pueblo (1956), con motivo de las candidaturas presidenciales —y paralelas— de Frondizi y Balbín que se enfrentarían en los comicios de 1958; en 1963, la U.C.R.I. persiste en mantener a su candidato Oscar Alende, mientras que el sector orientado por Frondizi y Rogelio Frigerio prefiere correr el destino del «Frente Nacional y Popular», vetado poco antes del acto eleccionario del 7 de julio. Este último grupo conformará, a poco, el Movimiento de Integración y Desarrollo y cortará muchos lazos con el radicalismo tradicional, cuyo heredero será la U.C.R.P. al vencer con Arturo Illia como presidente de la República.

Los conservadores se unen en un flúida Federación Nacional de Partidos del Centro, pero también sufren la escisión del Partido Demócrata Conservador Popular, acaudillado por Vicente Solano Lima, que intenta sin ningún éxito un proceso de acercamiento a sectores peronistas. Solano Lima —designado por Perón— será el candidato presidencial del «Frente Nacional y Popular» impedido de concurrir a elecciones en 1963, como ya vimos.

El fenómeno de las divisiones afecta muy especialmente al Partido Socialista, sobre todo a partir de 1958, donde sus dos alas se denominan Partido Socialista Democrático (quedan aquí Ghioldi y Repetto como adalides de un socialismo conservador a la europea) y Partido Socialista Argentino (con Palacios a la cabeza). Posteriormente, esta última fracción experimenta nuevas escisiones motivadas fundamentalmente por cuestiones tácticas (la posición frente al peronismo) o ideológicas (el castrismo, el enfrentamiento Unión Soviética-China Popular, y la actitud que deben seguir en esta opción los «socialistas revolucionarios»).

El comunismo criollo, en apariencia, tan monolítico bajo el prolongado liderazgo de Victorio Codovilla, se ve debilitado sobre todo en la década del sesenta por el alejamiento de sus mejores cuadros de intelectuales pertenecientes a las nuevas promociones, y además por la ruptura con el aparato oficial de la Federación Juvenil Comunista, de cierta influencia en el movimiento universitario y en la Federación Universitaria Argentina.[34] Mientras por un lado los temas de debate en el debilitado comunismo argentino comprenden, análogamente al caso anterior del socialismo, la disputa chino-soviética, el castrismo, la posición y la valoración del peronismo y las funciones de un auténtico partido revolucionario en nuestra sociedad, el gobierno de la «Revolución Argentina» persiste en la práctica que ya conocíamos desde el treinta —proyecto de represión del comunismo, del senador Matías G. Sánchez Sorondo— de intentar suprimir por decreto las ideologías: de ello da testimonio la «ley» anticomunista dictada en 1967 que ni siquiera define la figura delictiva que crea y penaliza en sus artículos.[35]

Otros grupos políticos aparecen entre 1955 y 1966, y no tiene sentido mencionarlos a todos en esta apretada síntesis: desde el Partido Demócrata Cristiano (con sus alas «liberal» y «populista»), de regular caudal electoral, hasta el Partido Unión Federal, desde el Partido Cívico Independiente hasta el Movimiento de Liberación Nacional, desde los varios grupos provinciales hasta el Partido Socialista de la Izquierda Nacional.[36] Esta proliferación de grupos es, si se quiere, otra prueba adicional de la crisis de los partidos políticos argentinos en los últimos diez años.[37] El gobierno militar de 1966 pretendió cortar este nudo gordiano, como se sabe, mediante la disolución de todos los partidos políticos del país, manera quizás original de poner en un pie de igualdad (la proscripción) al peronismo con el resto de las fuerzas partidarias, pero de cuya viabilidad permanente no es posible adelantar todavía juicio alguno.

En cuanto a los nacionalistas, como ya lo habíamos indicado para los sucesos del treinta y del cuarenta y tres, volverán a hacer irrupción al lado de Lonardi en 1955 (Amadeo, Goyeneche, Etchecopar, etc.) hasta su desplazamiento en noviembre de dicho año con el «golpe dentro del golpe» de tinte liberal.[38] Y en 1966 aplaudirán y se incorporarán al gobierno militar que, a su juicio, está cumpliendo muchos de sus viejos postulados: disolución de los partidos, gobierno jerárquico y autoritario, clausura del Congreso, papel preeminente de las fuerzas armadas y de la Iglesia en la administración pública. El apoyo nacionalista, empero, no es unánime: Marcelo Sánchez Sorondo y su vocero Azul y Blanco se oponen a esa «traición» y continúan buscando por su cuenta al militar afortunado con quien siempre soñaron.

Un grupo intelectual que la prensa y los rumores consideran como muy influyente, el Ateneo de la República, parece dedicado —a través de los funcionarios que le serían adictos— a promover vagas reformas «corporativas» y «comunitarias» en el seno de la «Revolución Argentina», y con eso no hacen sino seguir la tradición de los asesores frustrados de Uriburu.[39]

Para terminar con estas observaciones sobre la declinación de los partidos en la Argentina contemporánea, quisiéramos hacer referencia a un ejemplo de mentalidad que mucho tiene que ver con tal estado de cosas: la de aquellos que se niegan a aceptar o a asimilar —incluso críticamente— el pasado reciente y no tan reciente. Esta dificultad existe en hombres de las más variadas afiliaciones, y contribuye a la disgregación y fragmentación políticas que tantos autores han señalado como característica de nuestro país en las últimas décadas.

El almirante Isaac F. Rojas, en discurso conmemorativo del décimotercer aniversario de la «Revolución Libertadora» cuya ala ultra dirigió, afirmó: «La República ha conocido solamente tres movimientos libertadores: la Revolución de Mayo, origen de nuestra nacionalidad; la que triunfó en Caseros abatiendo la primera tiranía, y la que culminó hace trece años con el derrocamiento del segundo régimen despótico»[40]. Extraña coincidencia con Matías G. Sánchez Sorondo, en 1930, al hablar con carácter precursor de lo que luego se llamaría «línea Mayo-Caseros»[41]. El radicalismo de Yrigoyen y el peronismo, pese a sus triunfos electorales, no existen para Rojas. Tampoco los movimientos militares de 1930 y 1943. De esos olvidos se cimenta la crisis argentina del presente, olvidos que siguen impidiendo la urgente síntesis política e ideológica que exige la nación.

Nos queda ahora por resumir las respectivas tendencias, continuadoras en muchos casos de los sucesos del 30 al 46, que se advierten en los restantes factores de poder, de acuerdo a la enumeración efectuada en el texto: Iglesia, fuerzas armadas, grupos económicos y movimiento obrero.

A la idea de que la Iglesia católica, a través de su jerarquía, ha mantenido cordiales relaciones con todos los gobiernos argentinos desde la primera presidencia de Yrigoyen, debe añadirse la excepción del conflicto entre ella y Perón, entre 1954 y 1955; belicosidad de la grey católica, manifestaciones, expulsiones de los monseñores Manuel Tato y Ramón Novoa, «quema de la bandera», excomunión de Perón, aprobación del divorcio vincular, proyectos para restablecer la prostitución reglamentada, eliminación de la enseñanza religiosa en las escuelas, intentos de reformar la Constitución Nacional para separar a la Iglesia del Estado.'[42]

Estos acontecimientos, con todo, no producirán efectos duraderos. El catolicismo será elemento aglutinante en el movimiento cívico-militar de setiembre de 1955, junto con la proclamada oposición verbal a los contratos petroleros que Perón se disponía a firmar con empresas norteamericanas. Sectores del ejército, la marina tradicionalmente «liberal», viejos partidos anticlericales como el socialismo y grupos nacionalistas, actuarán de consuno agitando ambas banderas. Luego del fugaz interregno de Lonardi, con el golpe de Estado que coloca en la presidencia a Aramburu la Iglesia retorna a su cauce normal de buenas relaciones con el gobernante de turno: el propio Aramburu, Frondizi, Guido, lUia y Onganía, en mayor o menor grado.

La ley de divorcio pasa al archivo, y en 1968 apenas serán modificadas ciertas trabas arcaicas a la separación de cuerpos por mutuo consentimiento; la Iglesia contará, a partir de 1958, con la posibilidad de organizar universidades privadas legalmente reconocidas; su influencia en la administración pública será cada vez más notoria desde 1966.[43]

El «cardenal peronista» Antonio Caggiano reemplazará a monseñor Fermín Lafitte —luego de la muerte repentina de éste— como arzobispo de Buenos Aires y primado de la Iglesia argentina. El cardenal Santiago Luis Copello, demasiado gastado por su contacto directo con Perón entre 1946 y 1955, seguirá el dulce camino del exilio diplomático para ocupar durante varios años un importante cargo en la Cancillería vaticana.

Pese al proceso de oposición que es dable advertir desde el Concilio Vaticano II entre católicos preconciliares y postconciliares, a nivel mundial, en nuestro medio la balanza del poder jerárquico sigue inclinándose del lado del tradicionalismo, como lo demuestra el comentado episodio de la destitución del obispo «progresista» de Avellaneda monseñor Jerónimo Podestá, en pleno gobierno militar de Onganía. La Iglesia católica argentina ya no ofrece, como en el período 1930-1946, la estrategia lineal de las dos alas a que aludimos en el capítulo VI. Más bien, se trata ahora de una jerarquía que desea conservar sus privilegios de trato con el poder político, para seguir influyendo desde la cima, a la cual se enfrentan grupos de sacerdotes y laicos jóvenes que, por ejemplo, reivindican a Camilo Torres, el cura guerrillero, y persisten en unir el destino del catolicismo militante con la revolución que a su juicio requiere no sólo el país sino América latina toda. Estos sectores progresistas, en último análisis, son quienes están poniendo en evidencia —pero esta vez desde dentro de la doctrina y el pensamiento católicos— la crisis del alto clero nacional, perfilada ya desde décadas anteriores pero agravada a partir del mundo de la posguerra, la guerra fría y la «coexistencia» más o menos pacífica entre Oriente y Occidente, con su antinomia entre evolución y revolución que se hace imprescindible repensar en nuestras playas.

Desde 1946 a 1968 la función predominante de las fuerzas armadas, y del ejército en especial, en el proceso político argentino se estructura a través de casi todas las variantes imaginables: apoyo masivo al régimen peronista, no exento de parciales contragolpes como la intentona del general Benjamín Menéndez en 1951 y la rebelión del 16 de junio de 1955 (con el aporte de la aviación naval), además de la negativa castrense a aceptar la candidatura vicepresidencial de Eva Perón y el rechazo por parte del Ministerio de Ejército al pedido de armas que le efectúa la C.G.T., con destino a las milicias obreras entonces en proyecto, en las últimas semanas del gobierno peronista; control directo del Estado entre 1955 y 1958, durante la «Revolución Libertadora», con el acrecido papel político de la marina,[44] fechas a partir de las cuales la historia se vuelve más veloz.

Frondizi gana las elecciones del 23 de febrero de 1958 gracias al respaldo peronista, impedido como estaba el movimiento de presentar sus candidatos. Las fuerzas armadas le entregarán el poder de modo condicionado, tal cual lo ha señalado gráficamente Tulio Halperín Donghi al hablar do la U.C.R.I. como «oposición tolerada».[45] Ello se pone de manifiesto con los planteos —más de treinta en el lapso de su mandato inconcluso— que le formulan en ejercicio de un autoasumido derecho de veto a las decisiones del poder civil, cada vez que lo consideran necesario. Esta etapa culmina hacia fines de marzo de 1962, cuando los Comandantes en Jefe de las tres armas —la historia habrá de repetirse en poco más de cuatro años— deponen y arrestan al presidente de la República, y aceptan luego a regañadientes la jefatura nominal de José María Guido, avalado por la Corte Suprema de Justicia. El caso Guido es el de un típico «gobierno títere o cautivo» del poder militar, hasta las elecciones del 7 de julio de 1963.

Previamente, se habían superado las serias crisis internas de setiembre de 1962 y abril de 1963, cuando los elementos más ultras («gorilas») de la marina y un reducido núcleo del ejército pretenden el establecimiento de un gobierno de fuerza sine die, con el apoyo de voluntariosos asesores civiles. Los comicios de 1963 —en los que como sabemos se impidió la presentación del Frente Nacional y Popular— consagran el triunfo en el colegio electoral del candidato minoritario de la U.C.R.P.) Arturo Illia, quien seguirá al frente del Estado hasta el 28 de junio de 1966.

En esta última fecha los Comandantes en Jefe de las tres armas —la Junta Revolucionaria— derrocan a Illia y hacen entrega de la suma del poder público al general Onganía, quien durante su anterior desempeño como Comandante en Jefe del ejército (fines de 1962 a noviembre de 1965) había reactualizado la doctrina de la «profesionalización» de Rodríguez, para combatir el peligroso estado deliberativo en la institución militar. De nuevo las líneas del treinta salen a la superficie en la década del sesenta. Si bien el nuevo mandatario insiste repetidamente en su frase «las fuerzas armadas no gobiernan», ello resulta en los hechos una mera manifestación de intenciones no abonada por la preeminencia absoluta que adquiere en el sistema político el sector castrense. Lo que se configura es una autocracia sui generis, con Onganía como único depositario del poder mientras cuente con el respaldo de las tres armas.

Complementariamente, algunas técnicas varían en su aplicación por parte del ejército, la marina y la aeronáutica, que apenas si estaban presentes en 1930. La «acción psicológica» previa al 28 de junio de 1966 supera todo lo conocido basta ese entonces, ya que parte de los medios de comunicación de masas —en conjunción con los servicios de información de las tres fuerzas armadas— contribuyen a la creación de un clima favorable al golpe.[46]

La integración de los militares con los grupos económicos es cada vez mayor, tendencia que acrece sobre todo a partir de 1943.[47] La preponderancia de los militares en la conducción política del país resalta precisamente a través de su empleo como personeros y gestores oficiosos de importantes intereses nacionales y extranjeros en el campo de la economía, las finanzas y la industria. Otro síntoma de la declinación experimentada por los restantes sectores organizados de la sociedad.[48]

Un fenómeno crucial para entender correctamente la acción de los grupos económicos en la Argentina de los últimos años está representado por la presencia de dos líneas, no siempre excluyentes, que han hecho eclosión en la década del sesenta.

La primera línea es la concentración monopolista en la industria nacional, en perjuicio de la mediana y pequeña industria. Aquí sólo nos interesa copiar las conclusiones de un detallado e informativo estudio sobre el tema, publicado en 1965:

«a) La estructura económica argentina es dominada muy temprana y rápidamente “desde adentro” por el imperialismo en asociación con la gran burguesía oligárquica. Esa situación no ha sufrido nunca ninguna modificación.

»b) Tal hecho no quiere decir que todo el aparato económico esté en manos de monopolios. Junto a ellos subsisten y aún se desarrollan productores independientes. Pero su situación es de debilidad relativa, y de subordinación. Tal es, por lo demás, la clásica estructura monopolista, que significa dominio del mercado, no presencia exclusiva de los monopolios.

»c) Monopolización es en nuestro país, dominio de los monopolios extranjeros, directamente y en asociación con la gran burguesía.

»d) Hasta 1930 los capitales extranjeros se invierten preferentemente en el agro o en relación con él, dominando así una economía preponderantemente agraria. Pero aún con anterioridad a 1930 se ubica también en la industria, dominando las empresas mayores. Después de 1930 las inversiones extranjeras se orientan a la industria coincidiendo con el cambio de nuestra estructura económica.

»e) El dominio monopolista es, pues, constante, y la burguesía independiente o relativamente independiente ocupa siempre y únicamente los niveles inferiores: ganaderos medianos, industriales medianos. La cúspide está siempre ocupada por los monopolios extranjeros y la gran burguesía, su asociada. De ahí la debilidad de los intentos nacionalistas burgueses: yrigoyenismo y peronismo.

»f) La concentración de capitales es constante: se agudiza, simplemente en los momentos de crisis interna. Esa concentración de capitales (monopolización) tiene en nuestro país caracteres propios, típicos de un país dependiente de nueva especie (no colonial clásico): se realiza con la participación preponderante, determinante y en beneficio de los monopolios imperialistas asociados a la gran burguesía local».[49]

La segunda línea, complementaria en buena medida de la anterior, es la llamada «desnacionalización» de la industria argentina, que ha sido documentada por numerosas fuentes en el año 1968. No sólo se advierte «un significativo aumento en el ritmo de entrada de capitales extranjeros [sino] que se aplican más a la adquisición de empresas nacionales ya establecidas que a la creación de nuevas empresas».[50] El proceso es particularmente grave en el sector bancario.[51]

De ahí que, si se tienen en cuenta ambas constantes, resulte sumamente contradictorio el propósito declarado del gobierno militar de la «Revolución Argentina» al conectar la defensa nacional (mediante el Consejo Nacional de Seguridad) con el desarrollo económico del país (el Consejo Nacional de Desarrollo), ya que el «frente interno» que se postula consolidar se encuentra cada vez más en manos ajenas a la República.

Por otra parte, la política económica «liberal» del régimen («comprar a quienes nos compran») retrotrae al país a lapsos históricos superados cuando Gran Bretaña era nuestra metrópoli exclusiva, cosa que no ocurre en la actualidad, cuando hasta Yugoslavia reemplaza a la Argentina como proveedor más importante de carnes de Inglaterra fuera de los miembros del Commonwealth. Este tipo de política económica choca con los sectores populares, que conocen una etapa distinta en el lento proceso por efectivizar reivindicaciones concretas (tan bien interpretado por Perón en su momento) que la vivida entre 1930 y 1943.

Los trabajadores organizados no pueden ser dejados de lado en ningún esquema de gobierno, como tantas veces lo fue la C.G.T. burocratizada del treinta: se tratará de hacerlos «participar» nominalmente y se reprime a los núcleos más combativos del proletariado. Pero el movimiento obrero ha adquirido una dimensión y una presencia distintas, durante y después del peronismo en el poder, en la escena política argentina, y es uno de los dos grandes protagonistas —el otro, por supuesto, es el sector militar— de la más reciente vida del país.[52] Ya dijimos que este tema requiere una descripción más profunda y una interpretación más seria que las meras apelaciones partidistas o sentimentales con que con frecuencia se lo examina. Más que líneas que se prolongan desde el treinta, o similitudes formales de engañosa rotundidad —las C.G.T. N.° 1 y N.° 2 de 1943, o la C.G.T. de Azopardo y la C.G.T. de Paseo Colón de 1968, pongamos por caso—, es imprescindible destacar las diferencias enormes que separan a ambos períodos: estamos viviendo la época de un sindicalismo de masas que busca canalizar sus demandas por variados caminos, y no la de una «aristocracia sindical» encerrada en domésticas querellas mientras a su alrededor crecía un nuevo proletariado.

Un diagnóstico castrense sobre la «dramática y peligrosa emergencia» que vivía la república en 1966 afirmaba que «… la pésima conducción de los negocios públicos por el actual gobierno, como culminación de muchos errores de los que le precedieron en las últimas décadas, de fallas estructurales y de la aplicación de sistemas y técnicas inadecuadas a las realidades contemporáneas, ha provocado la ruptura de la unidad espiritual del pueblo argentino, el desaliento y el escepticismo generalizados, la apatía y la pérdida del sentir nacional, el crónico deterioro de la vida económico-financiera, la quiebra del principio de autoridad y una ausencia de orden y disciplina que se traducen en hondas perturbaciones sociales y en notorio desconocimiento del derecho y de la justicia»[53].

Esta óptica simplista todo lo reduce, por un plazo indefinido en el tiempo, a un régimen que enfatiza la autoridad, el orden y la disciplina, siempre en abstracto, pero no aplicados a la solución de los grandes problemas nacionales y a integrar a los sectores del trabajo en una verdadera empresa común de la que puedan sentirse participantes (como en su momento lo hizo el peronismo). Si bien un país no puede ser gobernado permanentemente como un cuartel, tampoco debe serlo como un comité de la política tradicional o la gerencia de una empresa extranjera. El futuro habrá de mostrarnos qué nuevos caminos adoptan los grupos organizados en la sociedad argentina para arribar a una meta de fuertes contenidos igualitarios, asumiendo primero y superando después las lecciones del pasado.

Bibliografía escogida

Se indican exclusivamente libros y folletos que nos fueron útiles durante la preparación del trabajo, o que desarrollan puntos tratados sintéticamente en nuestro texto. Para las publicaciones periódicas, diarios, etc., pueden consultarse las notas correspondientes a cada capítulo. A Juan José Lecuona, librero modelo, le debemos hallazgos de títulos agotados o casi desconocidos.

Alvarez Natale, Hugo E.: Contribución al estudio de los grupos de interés (prólogo de Carlos S. Fayt), Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1960.

Amadeo, Mario: Ayer, hoy, mañana, Buenos Aires, Gure, 1956.

Anonimo: Napal (El escritor, el orador, el apóstol), Buenos Aires, Stella Maris, 1941.

Aráoz Alfaro, Rodolfo: El recuerdo y las cárceles (Memorias amables), Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1967.

Astesano, Eduardo B.: Historia de la independencia económica, Buenos Aires, El Ateneo, 1949.

Bagú, Sergio: Argentina en el mundo, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1961.

Baily, Samuel L.: Labor, Nationalism, and Politics in Argentina, New Brunswick (N.J.), Rutgers University Press, 1967.

Barés, Enrique: Scalabrini Ortiz. El hombre que estuvo sólo, Buenos Aires, A. Peña Lillo, 1962.

Barros Hurtado, César: Hacia una democracia orgánica, Buenos Aires, Impulso, 1943.

Belloni, Alberto: Del anarquismo al peronismo (Historia del movimiento obrero argentino), Buenos Aires, A. Peña Lillo, 1960.

Belloni, Alberto: Peronismo y socialismo nacional, Buenos Aires, Coyoacán, 1962.

Bergmann, Gregorio: Juventud de América (Sentido filosófico de los movimientos juveniles), México, Cuadernos Americanos, 1946.

Beveraggi Allende, Walter: El Partido Laborista, el fracaso de Perón y el problema argentino, Montevideo, 1954.

Bidart Campos, Germán J.: Grupos de presión y factores de poder, Buenos Aires, A. Peña Lillo, 1961.

Bielsa, Rafael: Derecho constitucional, 3.ª ed. aumentada, Buenos Aires, Depalma, 1959.

Blanksten, George I.: Perón’s Argentina, Chicago, The University of Chicago Press, 1953.

Boglich, José: La cuestión agraria, Buenos Aires, Claridad, 1937.

Braden, Spruille: Diplomats and Demagogues, New Rochelle, Arlington House, 1971.

Bunge, Alejandro E.: Una nueva Argentina, Buenos Aires, Kraft, 1940.

Cantón, Darío: El parlamento argentino en épocas de cambio: 1890, 1916 y 1946, Buenos Aires, Editorial del Instituto (Torcuato Di Telia), 1966.

Cantón, Darío: Los partidos políticos entre 1912 y 1955, Documento de Trabajo N.° 31, Buenos Aires, Centro de Investigaciones Sociales, Instituto Torcuato Di Telia, 1967.

Cárcano, Miguel Ángel: Realidad de una política, Buenos Aires, Gleizer, 1938.

Carri, Roberto: Sindicatos y poder en la Argentina, Buenos Aires, Sudestada, 1967.

Cattáneo, Atilio: Plan 1932 (El concurrencismo y la revolución), Buenos Aires, Proceso, 1959.

Cerniti Costa Luis: El sindicalismo, las masas y el poder, Bueno* Aires, Trafac, 1957.

Ciria, Alberto y Sanguinetti, Horacio: Universidad y estudiantes (Testimonio juvenil), Buenos Aires, Depalma, 1962.

Ciria, Alberto y Sanguinetti, Horacio: Los reformistas, Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1968.

Ciria, Alberto: Perón y el justicialismo, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 1971.

Ciria, Alberto y otros: New Perspectives in Modern Argentina, Bloomington (Indiana), Indiana University, 1972.

Coca, Joaquín: El contubernio (Selección), Buenos Aires, Coyoacán, 1961.

Codovilla, Victorio: El significado del giro a la izquierda del peronismo, Buenos Aires, Anteo, 1962.

Columba, Ramón: El Congreso que yo he visto, 3 vols., Buenos Aires, Columba, 1948.

Conil Paz, Alberto y Ferrari, Gustavo: Política exterior argentina 1930-1962, Buenos Aires, Huemul, 1964.

Cossio, Carlos: La revolución del 6 de Setiembre, Buenos Aires, La Facultad, 1933.

Cossio, Carlos: La política como conciencia (Meditación sobre la Argentina de 1955), Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1957.

Crawkes, J. Beresford: 533 días de historia argentina, Buenos Aires, Imprenta Mercatali, 1932.

Cúneo, Dardo: El desencuentro argentino 1930-1955, Buenos Aires, Pleamar, 1965.

Cúneo, Dardo: Comportamiento y crisis de la clase empresaria, Buenos Aires, Pleamar, 1967.

Cúneo, Dardo: Leopoldo Lugones, Buenos Aires, Jorge Alvarez, 1968.

Damonte Taborda, Raúl: Ayer fue San Perón, Buenos Aires, Gure, 1955.

Defelippe, Bruna A.: Geografía económica argentina, Buenos Aires, Losange, 1959,

De la Torre, Lisandro: Cartas íntimas (a Elvira Aldao de Díaz), prólogo de Raúl Larra, Buenos Aires, Futuro, 1951.

De la Torre, Lisandro: Obras de Lisandro de la Torre (prólogo y notas de Raúl Larra), t. I («Controversias políticas»), 2.ª ed., Buenos Aires, Hemisferio, 1952: t. II («Lucha antiimperialista»), 2.ª ed., Buenos Aires, Hemesferio, 1952: t. IV («Economía y finanzas»), 2.ª ed., Buenos Aires, Hemisferio, 1960; t. V («Campañas presidenciales»), Buenos Aires, Hemisferio, 1954.

Del Carril, Bonifacio: Crónica interna de la Revolución Libertadora, Buenos Aires, 1959.

Del Carril, Bonifacio: La crisis argentina, Buenos Aires, Emecé, 1960.

Del Mazo, Gabriel: Estudiantes y gobierno universitario, Buenos Aires, El Ateneo, 1946.

Del Mazo, Gabriel: El radicalismo (Ensayo sobre su historia y doctrina), t. II («Caída de la República Representativa. El contubernio y la década infame», 1922-1945), Buenos Aires, Gure, 1959; t. III («El Movimiento de Intransigencia y Renovación», 1945-1957), Buenos Aires, Gure, 1957.

Del Río, Jorge: Política argentina y los monopolios electricos (Investigación Rodríguez Conde; soluciones), Buenos Aires, Cátedra Lisandro de la Torre, s/f.

Department of State, Consultation among the American Republics with Respect to the Argentine Situation («Libro Azul»), Washington, 1946.

Diario de Sesiones (Senadores y Diputados), 1932-1942.

Dickmann, Enrique: Recuerdos de un militante socialista, Buenos Aires, La Vanguardia, 1949.

Diez periodistas porteños: Al margen de la conspiración, Buenos Aires, Biblos, s/f.

Di Tella, Guido y Zymelman, Manuel (con la colaboración de Alberto Petrecolla): Las etapas del desarrollo económico argentino, Buenos Aires, Eudeba, 1964.

Di Telia, Torcuato S.: El sistema político argentino y la clase obrera, Buenos Aires, Eudeba, 1964.

Di Telia, Torcuato S.; Germani, Gino; Graciarena, Jorge y colaboradores, Argentina, sociedad de masas, Buenos Aires, Eudeba, 1965.

Doll, Ramón: Acerca de una política nacional (prólogo de Julio Irazusta), Buenos Aires, Difusión, 1939.

Dorfman, Adolfo: Evolución industrial argentina, Buenos Aires, Losada, 1942.

Eichelbaum, Horacio: De nuevo el Parlamento, Buenos Aires, La Bastilla, 1974.

Escobar, Adrián C. : Ideas de gobierno y política activa, Buenos Aires, Gleizer, 1938.

Estrada, José María de: El legado del nacionalismo, 2.ª ed., Buenos Aires, Gure, 1956.

Fayt, Carlos S.: La naturaleza del peronismo, Buenos Aires, Viracocha, 1967.

Ferrer, Aldo: La economía argentina (Las etapas de su desarrollo y problemas actuales), México, Fondo de Cultura Económica, 1963.

Finer, S. E., The Man on Horseback (The Role of the Military in Politics), Londres, Pall Mall Press, 1962.

Florit, Carlos A.: Las fuerzas armadas y la guerra psicológica, Buenos Aires, Falbo, 1966.

Folino, Norberto: Barceló, Ruggierito y el populismo oligárquico, Buenos Aires, Falbo, 1966.

Frondizi, Arturo: Petróleo y política, Buenos Aires, Raiga, 1954.

Frondizi, Silvio: La realidad argentina, t. I («El sistema capitalista»), 2.ªed., Buenos Aires, Praxis, 1957.

Frondizi, Silvio: Doce años de política argentina, 2.ªed., Buenos Aires, Praxis, 1958.

Fuchs, Jaime: La penetración de los trusts yanquis en la Argentina, 2.ªed., Buenos Aires, Cartago, 1959.

Fuchs, Jaimes: Argentina: su desarrollo capitalista, Buenos Aires, Cartago, 1965.

Galíndez, Bartolomé: Apuntes de tres revoluciones (1930-1943-1955), Buenos Aires, 1956.

Galletti, Alfredo: La política y los partidos, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1961.

Gálvez, Manuel: Este pueblo necesita…, Buenos Aires, Librería de A. García Santos, 1934.

Gálvez, Manuel: Vida de Hipólito Yrigoyen (El hombre del misterio), Buenos Aires, 1939.

García Lupo, Rogelio: La rebelión de los generales, 2.ªed., Buenos Aires, Jamcana, 1963.

García Lupo, Rogelio: Historia de unas malas relaciones, Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1964.

Germani, Gino: Estructura social de la Argentina, Buenos Aires, Raigal, 1955.

Germani, Gino: Política y sociedad en una época de transición (De la sociedad tradicional a la sociedad de masas), Buenos Aires, Paidós, 1962.

Giberti, Horacio: Historia económica de la ganadería argentina, Buenos Aires, Hachette, 1961.

Goldstraj, Manuel: Años y errores (Un cuarto de siglo de política argentina), Buenos Aires, Sophos, 1957.

Gondra, Luis Roque; Palacios, Alfredo L. y Carlés, Manuel: El proceso Alvear, Buenos Aires, Claridad, 1933.

Gramsci, Antonio: Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado moderno (prólogo y trad. de José María Aricó), Buenos Aires, Lautaro, 1962.

Greenup, Ruth y Leonard: Revolution Before Breakfast (Argentina, 1941-1946), Chapel Hill (N.C.), University of North Carolina Press, 1947.

Güemes, Gontrán de: Así se gestó la dictadura: el G.O.U, Buenos Aires, Rex, 1956.

Halperin Donghi, Tulio: Historia de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Eudeba, 1962.

Halperin Donghi, Tulio: Argentina en el callejón, Montevideo, Arca, 1964.

Hernández Arregui, Juan José: Imperialismo y cultura (La política en la inteligencia argentina), Buenos Aires, Amerindia, 1957. Edic. posteriores, Plus Ultra.

Hernández Arregui, Juan José: La formación de la conciencia nacional (1900-1930), Buenos Aires, Hachette, 1960, Edie, posteriores, Plus Ultra.

Hueyo, Alberto: La Argentina en la depresión mundial (1932-1933), Buenos Aires, El Ateneo, 1938.

Hull, Cordell: The Memoirs of Cordell Hull, 2 vols., Nueva York, Macmillan, 1948.

Ibarguren, Carlos: La historia que he vivido, Buenos Aires, Peuser, 1955.

Imaz, José Luis de: Los que mandan, Buenos Aires, Eudeba, 1964.

Irazusta, Julio: Balance de siglo y medio, Buenos Aires, Theoria, 1960.

Irazusta, Rodolfo y Julio: La Argentina y el imperialismo británico, Buenos Aires, Tor, 1934.

Isacovich, Marcelo: Argentina económica y social, Buenos Aires, Quipo, 1961.

Iscaro, Rubens; Origen y desarrollo del movimiento sindical argentino, Buenos Aires, Anteo, 1958.

Jauretche, Arturo: Ejército y política (La patria grande y la patria chica), suplemento mensual de Qué, N.° 6-7, Buenos Aires, febrero 1958.

Jauretche, Arturo: El Paso de los Libres, 2.ª ed., Buenos Aires, Coyoacán, 1960. 3.ª ed. A. Peña Lillo, 1974.

Jauretche, Arturo: F.O.R.J.A. y la década infame, Buenos Aires, Coyoacán, 1962. 2.ª ed. A. Peña Lillo, 1973.

Jitrik, Noé: Leopoldo Lugones, mito nacional, Buenos Aires, Palestra, 1960.

Johnson, John J.: La transformación política de América latina (trad. de Mario Calés y Gabriela de Civiny), Buenos Aires, Hachette, 1961.

Justo, Juan B. : Discursos y escritos políticos (prólogo de Nicolás Repetto), Buenos Aires, Jackson, s/f.

Kaplan, Marcos: Economía y política del petróleo argentino (1939-1956), Buenos Aires, Praxis, 1957.

Kelly, Sir David: El poder detrás del trono, Buenos Aires, Coyoacán, 1962. (Trad. al español de un capítulo perteneciente al libro The Ruling Few, Or The Human Background to Diplomacy, Londres, Hollis and Carter, 1952).

Kennedy, John J.: Catholicism, Nationalism, and Democracy in Argentina, Notre Dame (Indiana), University of Notre Dame Press, 1958.

Kleiner, Bernardo: 20 años de movimiento estudiantil reformista 1943-1963. Buenos Aires, Platina, 1964.

Koremblit, Jorge I.: Luis Dellepiane y su pensamiento político, Buenos Aires, Raigal, 1953.

Kornhauser, William: The Politics of Mass Society, Illinois, The Free Press of Glencoe, 1959.

Lanús, Roque: Al servicio del ejército, Buenos Aires, 1946.

Larra, Raúl: Lisandro de la Torre. Vida y drama del solitario de Pinas, 4.ª ed., Buenos Aires, Hemisferio, 1950.

Larra, Raúl: Mosconi, general del petróleo, Buenos Aires, Futuro, 1957.

Larra, Raúl: Sin tregua (novela), Buenos Aires, Futuro, 1959.

Laurencena, Eduardo: Centralismo y federalismo, Buenos Aires, Gleizer, 1938.

Letts de Espil, Courtney: La esposa del embajador (10 años en la embajada argentina en Washington, 1933-1943), Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1967.

Liceaga, José V.: Las carnes en la economía argentina, Buenos Aires, Raigal, 1952.

Lieuwen, Edwin: Armas y política en América latina (trad. de Celia Paschero y Juan Carlos Pellegrini), Buenos Aires. Sur, 1960.

Linares Quintana, Segundo V.: Tratado de la ciencia del derecho constitucional argentino y comparado. Parte Especial, t. VII («Sufragio, partidos políticos y grupos de presión»), Buenos Aires, Alfa, 1960.

Lipset, Seymour Martín: El hombre político (Las bases sociales de la política), tr. de Elías Mendenlievich, Buenos Aires, Eudeba, 1963.

Lucero, Franklin: El precio de la lealtad, Buenos Aires, Propulsión, 1959.

Luna, Félix: Yrigoyen, el templario de la libertad, Buenos Aires, Raigal, 1954. 2.ª ed. Desarrollo.

Luna, Félix: Alvear, Buenos Aires, Libros Argentinos, 1958.

Magnet, Alejandro: Nuestros vecinos justicialistas, 8.ª ed., Santiago de Chile, Editorial del Pacífico, 1954.

Magnet, Alejandro: Nuestros vecinos argentinos, Santiago de Chile, Editorial del Pacífico, 1956.

Mahieu, Jaime María de: El Estado comunitario, Buenos Aires, Arayú, 1962.

Marianetti, Benito: Argentina; realidad y perspectivas, Buenos Aires, Platina, 1964.

Marotta, Sebastián: El movimiento sindical argentino. Su génesis y desarrollo, t. I (Período 1857-1907), Buenos Aires, Lacio, 1960; t. II (Período 1907-1920), Buenos Aires, Lacio, 1961.

Martínez Casas, Mario: El país, el dinero, los hombres (Relato de una experiencia), Buenos Aires, Theoría, 1957.

Martínez Estrada, Ezequiel: ¿Qué es esto? (Catilinaria), 2.ª ed., Buenos Aires, Lautaro, 1956.

Mendoza, Juan C. de: La Argentina y la Swástica, Buenos Aires, Victoria, 1941.

Merchensky, Marcos: Las corrientes ideológicas en la historia argentina (prólogo de Rogelio Frigerio), Buenos Aires, Concordia, 1961.

Monner Sans, José Maria: Pirandello (Su vida y su teatro), Buenos Aires, Losada, 1947.

Montemayor, Mariano: Presencia política de las fuerzas armadas, Buenos Aires, Sigla, 1958.

Moreno, Rodolfo: La cuestión democrática, Buenos Aires, 1937.

Mosconi, Enrique: La batalla del petróleo (selección, prólogo y notas de Gregorio Selser), Buenos Aires, Problemas Nacionales, 1957.

Murmis, Miguel y Portantiero, Juan Carlos: Crecimiento industrial y alianza de clases en la Argentina (1930-1940), Documento de trabajo N.° 49, Buenos Aires, Centro de Investigaciones Sociales, Instituto Torcuato Di Tella, 1968.

Navarro Gerassi, Marysa: Los nacionalistas (trad. de Alberto Gria), Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1968.

Newton, Jorge (en colaboración con Lily Sosa de Newton): Historia de la Sociedad Rural Argentina, 2.ª ed., Buenos Aires, Goncourt, 1966.

Nigro, Juan: La obra del socialismo argentino, Buenos Aires, Amaurota, 1956.

Noel, Carlos M.: Principios y orientaciones, Buenos Aires, Gleizer, 1939.

Oddone, Jacinto: La burguesía terrateniente argentina, 2.ª ed., Buenos Aires, 1936, 3.ª ed., Buenos Aires, Libera, 1967.

Oddone, Jacinto: Gremialismo proletario argentino, Buenos Aires, La Vanguardia, 1949.

Olguín, Dardo: José Néstor Lencinas, Mendoza, D’Accurzio, 1962.

Olivan, Ricardo: El comercio exterior argentino, Buenos Aires, Edinorte, 1963.

Olivieri, Aníbal O.: Dos veces rebelde (Memorias, Julio 1945-abril 1957), 2.ª ed., Buenos Aires, Sigla, 1958.

Orona, Juan V.: La Logia Militar que enfrentó a Hipólito Yrigoyen, Buenos Aires, Edición del Autor, 1965.

Orona, Juan V.: La revolución del 6 de setiembre, Buenos Aires, Edición del Autor, 1966.

Orona, Juan V.: La Logia Militar que derrocó a Castillo, Buenos Aires, Edición del Autor, 1966.

Orsolini, Mario Horacio: La crisis del ejército, Buenos Aires, Arayú, 1964.

Ortiz, Ricardo M. : Historia económica de la Argentina (1850-1930), 2 vols., Buenos Aires, Raigal, 1955.

Ortiz, Ricardo M.: El ferrocarril en la economía argentina, 2.ª ed. actualizada, Buenos Aires, Cátedra Lisandro de la Torre, 1958.

Ortiz, Roberto M.: Ideario democrático (A través de la República), Buenos Aires, Gleizer, 1937.

Palacio, Ernesto: Historia de la Argentina (1515-1957), 3.ª ed., 2 vols., Buenos Aires, A. Peña Lillo, 1960. 8.ª ed. 1975.

Palacios, Alfredo L.: La universidad nueva, Buenos Aires, Gleizer, 1957.

Palacios, Alfredo L.: Nuestra América y el imperialismo, Buenos Aires, Palestra, 1961.

Partido Comunista: Esbozo de historia del Partido Comunista de ta Argentina (Origen y desarrollo del Partido Comunista y del movimiento obrero y popular argentino), redactado por la Comisión del Comité Central del Partido Comunista, Buenos Aires, Anteo, 1947.

Panettieri, José: Los trabajadores, Buenos Aires, Jorge Alvarez, 1968.

Pastor, Reynaldo A.: Frente al totalitarismo peronista, Buenos Airea, Bases, 1959.

Pavón Pereyra, Enrique: Perón (1895-1942), Buenos Aires, Espiño, 1953. Edic. posteriores, Editorial Justicialista.

Perelman, Ángel: Cómo hicimos el 17 de octubre, Buenos Aires, Coyoacán, 1961.

Perkins, Jorge Walter: ¿Qué ha hecho crisis en la Argentina?, Buenos Aires, Rosso, 1931.

Perón, coronel Juan: Libro Azul y Blanco, Buenos Aires, 1946.

Perón, Juan D.: «Lo que yo vi de la preparación y realización de la revolución del 6 de setiembre de 1930» (Contribución personal a la historia de la revolución), apéndice al libro de José María Sarobe, Memorias sobre la revolución del 6 de setiembre de 1930 (Buenos Aires, Gure, 1957).

Perón, Juan D.: Tres revoluciones militares, Buenos Aires, Escorpión, 1963.

Peter, José: Crónicas proletarias, Buenos Aires, Esfera, 1968.

Peterson, Harold F.: La Argentina y los Estados Unidos, Buenos Aires, Eudeba, 1970.

Pinedo, Federico: En tiempos de la República, t. I (Introducción), Buenos Aires, Mundo Forense, 1946.

Pinedo, Federico: El fatal estatismo, 2.ª ed., Buenos Aires, Kraft, 1956.

Pinedo, Federico: Siglo y medio de economía argentina, México, Centro de Estudios Monetarios Latinomericanos, 1961.

Portnoy, Leopoldo: Análisis crítico de la economía, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1961.

Puiggrós, Rodolfo: Historia crítica de los partidos políticos argentinos, Buenos Aires, Argumentos, 1956.

Puiggrós, Rodolfo: Libre empresa o nacionalización en la industria de la carne, Buenos Aires, Argumentos, 1957.

Puiggrós, Rodolfo: El proletariado en la revolución nacional, Buenos Aires, Trafac, 1958; 2.ª ed., Buenos Aires, Sudestada, 1968.

Puiggrós, Rodolfo: El Yrigoyenismo, Buenos Aires, Jorge Alvarez, 1965.

Puiggrós, Rodolfo: Las izquierdas y el problema nacional, Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1967.

Puiggrós, Rodolfo: La democracia fraudulenta, Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1968.

Quebracho (Liborio Justo): Prontuario (Una autobiografía), 2.ª ed., Buenos Aires, Gure, 1956.

Quesada, Julio A.: Orígenes de la revolución del 6 de setiembre de 1930 (Rosas e Irigoyen), Buenos Aires, 1930.

Rabinovitz, Bernardo: Sucedió en la Argentina, 1943-1956 (Lo que no se dijo), Buenos Aires, Gure, 1956.

Ramos, Jorge Abelardo: De octubre a setiembre (Los ensayos políticos do Víctor Almagro), Buenos Aires, A. Peña Lillo, 1959. 2.ªedición, 1974.

Ramos, Jorge Abelardo: Historia política del ejército argentino (De la Logia Lautaro a la industria pesada), Buenos Aires, A. Peña Lillo, 1959.

Ramos, Jorge Abelardo: El partido Comunista en la política argentina (Su historia y su crítica), Buenos Aires, Coyoacán, 1962.

Ramos, Jorge Abelardo: Revolución y contrarrevolución en la Argentina (Las masas en nuestra historia), 2.ª ed., Buenos Aires, La Reja, 1961; 3.ª ed. corregida y ampliada, t. II («Historia de la Argentina en el siglo XX»), Buenos Aires, Plus Ultra, 1965.

Ramos, Jorge Abelardo: Ejército y semi-colonia, Buenos Aires, Sudestada, 1968.

Rattenbach, Benjamín: Sociología militar (Una contribución a su estudio), Buenos Aires, Perlado, 1958.

Real, Juan José: 30 años de historia argentina (Acción política y experiencia histórico), Buenos Aires, Actualidad, 1962.

Rennie, Ysabel F.: The Argentine Republic, Nueva York, Macmillan, 1945.

Repetto, Nicolás: Mi paso por la política (De Uriburu a Perón), Buenos Aires, Santiago Rueda, 1957.

Rivera, Enrique: Peronismo y frondizismo, Buenos Airea, Patria Grande, 1958.

Roca, Deodoro: El difícil tiempo nuevo (selección, prólogo y notas de Gregorio Bergmann), Buenos Aires, Lautaro, 1956.

Roca, Deodoro: El difícil tiempo nuevo (selección, prólogo y notas de Horacio Sanguinetti; poema de Rafael Alberti), Buenos Aires, Perrot, 1959.

Romero, José Luis: Argentina: imágenes y perspectivas, Buenos Aires, Raigal, 1956.

Romero, José Luis: Las ideas políticas en Argentina, 3.ª ed., Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1959.

Romero, José Luis: El desarrollo de las ideas en la sociedad argentina del siglo XX, México, Fondo de Cultura Económica, 1965.

Ruiz Guiñazú, Enrique: La política argentina y el destino de América, Buenos Aires, Huemul, 1944.

Sábato, Ernesto: El otro rostro del peronismo (Carta abierta a Mario Amadeo), 2.ª ed., Buenos Aires, 1956.

Sánchez Sorondo, Marcelo: La revolución que anunciamos (epílogo de Leonardo Castellani), Buenos Aires, Nueva Política, 1945.

Sánchez Viamonte, Carlos: El último caudillo, 2.ª ed., Buenos Airea, Devenir, 1956.

Santander, Silvano: Técnica de una traición (Juan D. Perón, y Eva Duarte, agentes del nazismo en la Argentina), Buenos Aires, Antygna, 1955.

Santander, Silvano: Yrigoyen, Buenos Aires, La Fragua, 1965.

Sarobe, José María: Memorias sobre la revolución del 6 de setiembre de 1930, Buenos Aires, Gure, 1957.

Scalabrini Ortiz, Raúl: Aquí se aprende a defender la patria, suplemento mensual de Qué, N.° 2-3, Buenos Aires, marzo de 1957. Edic. posteriores. Plus Ultra.

Scalabrini Ortiz, Raúl: Política británica en el Río de la Plata, 3.ª ed., Buenos Aires, Fernández Blanco, 1957. Edic. posteriores Plus Ultra.

Silberstein, Enrique: Los economistas, Buenos Aires, Jorge Alvarez, 1967.

Smith, Jr., O. Edmund: Diplomacia yanqui (Intervención de los Estados Unidos en la Argentina), trad. de Amelia Aguado, Buenos Aires, Palestra, 1965.

Snow, Peter G.: Radicalismo argentino (Historia y doctrina de la Unión Cívica Radical), Buenos Aires, Francisco de Aguirre, 1972.

Sommariva, J. O.: La república federal (1912-1936), La Plata, 1955.

Spilimbergo, Jorge Enea: Nacionalismo oligárquico y nacionalismo revolucionario, Buenos Aires, Amerindia, 1958.

Taborda, Saúl Alejandro: Facundo (selección de Horacio Sanguinetti; epílogo de Santiago Montserrat), Buenos Aires, Perrot, 1959.

Torres, Arturo: Elpidio González, biografía de una conducta, Buenos Aires, Raigal, 1951.

Torres, José Luis: La década infame, Buenos Aires, Editorial de Formación Patria, 1945. Edic. posteriores, Freeland.

Torres, José Luis: La patria y su destino, Buenos Aires, 1947.

Torres, José Luis: La oligarquía maléfica (Autopsia de un cadáver político), Buenos Aires, Centro Antiperduélico Argentino, 1953.

Troncoso, Oscar A.: Los nacionalistas argentinos, Buenos Aires, S.A.G.A., 1957.

Vazeilles, José: Los socialistas, Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1968.

Viñas, Ismael: Orden y progreso (Análisis del frondizismo), Buenos Aires, Palestra, 1960.

Walter, Richard J.: Student Politics in Argentina (The University Reform and Its Effects, 1918-1964), Nueva York, Basic Books 1968.

Weil, Félix J.: Argentine Riddle, Nueva York, The John Day Company, 1944.

Welles, Sumner: Where are We Heading?, Nueva York, Harper, 1940.

Whitaker, Arthur P.: La Argentina, un calidoscopio (trad. de Marta Mercader de Sánchez-Albornoz), Buenos Aires, Proceso, 1956.

Whitaker, Arthur P.: La Argentina y los Estados Unidos (trad. de Marta Mercader de Sánchez-Albornoz), Buenos Aires, Proceso. 1956.

Varios

Argentina 1930-1960 (colaboraciones de Julia Elena Acuña, Tulio Halperín Donghi, Lorenzo Dagnino Pastore, Carlos Sánchez Viamonte, Mario Justo López, Carlos S. Fayt, Alfredo Orgaz, Roberto Cortés Conde, Sebastián Marotta, Horacio Sueldo, Leandro Pita Romero (h.), José A. Martínez de Hoz (h.), Abraham Elidlicz, José A. Blanco, Leopoldo Portnoy, Walter Beveraggi Allende, Carlos Alberto Floria, Carlos Cossio, Miguel A. Virasoro, José Babini, Aníbal Ruiz Moreno, Nélida Baigorria, Ludovico Ivanissevich Machado, Carlos A. Méndez Mosquera, José Enrigue Miguens, Alberto J. Aguirre, Carlos A. Burone, Félix Daniel Fraseara, Joaquín Neyra, Hugo Parpagnoli, Jorge Cruz, Jorge D’Urbano, Enrique Pezzoni, Joaquín Adúriz, Emilio Carreira), Buenos Aires, Sur, 1961.

Claves de historia argentina (colección de ensayos de Carlos Astrada, Bernardo Canal Feijóo, Dardo Cúneo, Fermín Chávez, Julio Irazusta, Julio Mafud, José Luis Muñoz Azpiri, Rodolfo Ortega Peña-Eduardo Luis Duhalde, León Pomer, Juan José Real, José María Rosa y Gregorio Weinberg), Buenos Aires, Merlín, 1968.

Consultation among the American Republics with Respect to the Argentine Situation, Department of State, Washington, D.C., 1946.

Cuatro revoluciones argentinas (1895-1930-1943-1955), conferencias de Horacio Zorraquín Becú, Enrique Ruiz Guiñazú (h.) Martín Aberg Cobo y Adolfo A. Vicchi, Buenos Aires, Club Nicolás Avellaneda, 1960.

(Las) Fuerzas Armadas restituyen el imperio de la soberanía nacional, Ministerio del Interior, 1946.

(Las) izquierdas en el proceso político argentino, reportaje preparado por Carlos E. Strasser en el que intervinieron: Silvio Frondizi, Rodolfo Ghioldi, A. M. Hurtado de Mendoza. Abel A. Latendorf, Nahuel Moreno, Rodolfo Puiggrós, Quebracho (Liborio Justo), Jorge Abelardo Ramos, Esteban Rey e Ismael Viñas, Buenos Aires, Palestra, 1959.

(La) obra de gobierno y de administración del 6 de septiembre de 1930 al 6 de septiembre de 1931, Mensaje del Presidente Provisional de la Nación, teniente general José F. Uriburu, al Pueblo de la República, Buenos Aires, Cámara de Diputados, 1931.

(La) palabra del general Uriburu, Buenos Aires, Roldán, 1933

(Los) partidos políticos (Estructura y vigencia en la Argentina), conferencias de José S. Carnpobassi, Carlos S. Fayt, José Luis de Imaz, Mario Justo López y Luis Pan, Buenos Aires, Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, 1963.

Presidentes argentinos, dirigida y coordinada por Gustavo Gabriel Levene y la colaboración de Alberto Palcos, Boleslao Lewin, Ricardo Rodríguez Molas y Félix Luna, Buenos Aires, Fabril, 1961.

(La) Reforma Universitaria (1918-1958), antología compilada por Alberto Ciria, Horacio Sanguinetti y Arnoldo Siperman, Buenos Aires, FUBA, 1959.

Revista de Historia, N.° 3 («La crisis de 1930»), Buenos Aires, primer trimestre 1958.

(La) «Revolución Argentina» (Análisis y prospectiva), publicado por el Instituto de Ciencia Política de la Universidad del Salvador, con trabajos de Raúl Luis Cardón, Zulema Julia Escobar, Guillermo A. Lousteau Heguy, Héctor Julio Martinotti, Adolfo C. Mugica, Alberto Castells, Luis G. Villagra, Carlos Alberto Floria, Mariano Grondona, José Luis de Imaz, Julio Álvarez y Ernesto J. Miqueo Ferrero, con un prólogo de Raúl Puigbó, Buenos Aires, Depalma, 1966.

Tres revoluciones (Los últimos veintiocho años), versión taquigráfica del Ciclo de Mesas Redondas organizado por el Instituto de Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (intervinieron: Oscar E. Albrieu, Sergio Bagú, Leónidas Barletta, José P. Barreiro, Olegario Becerra, Walter Beveraggi Allende, Horacio Domingorena, Rodolfo Ghioldi, Enrique Grande, Juan José Hernández Arregui, Rodolfo Irazusta, Isidro J. Ódena, Rodolfo Puiggrós, Agustín Rodríguez Araya, José Luis Romero, Ernesto Sábato, Carlos Sánchez Viamonte y Basilio Serrano), Buenos Aires, Perrot, 1959.

NOTA DE ACTUALIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA

En los años transcurridos desde la publicación de la segunda edición de este libro han aparecido trabajos que complementan, amplían o desarrollan ciertos temas apenas esbozados, o incluso no tratados, en Partidos y poder en la Argentina moderna. A continuación indicamos una selección de dichos títulos, de especial interés para el lector contemporáneo.

Sobre la década infame y los inicios del peronismo, pueden consultarse:

Cantón, Darío: Materiales para el estudio de la sociología política en la Argentina, 2 vol., Buenos Aires, Instituto Torcuato Di Tella, 1969.

Cantón, Darío: Elecciones y partidos políticos en la Argentina (Historia, interpretación y balance: 1910-1966), Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 1973.

Cárdenas, Gonzalo y otros: El peronismo, Buenos Aires, Carlos Pérez, 1969.

Ciria, Alberto y otros: La década infame, Buenos Aires, Carlos Pérez, 1969.

Di Tella, Torcuato S. y Halperin, Tulio (comps.): Los fragmentos del poder (De la oligarquía a la poliarquía argentina), Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1969.

Drosdoff, Daniel: El gobierno de las vacas, 1933-1956 (Tratado Roca-Runciman), Buenos Aires, La Bastilla, 1972.

Gambini, Hugo: El 17 de octubre de 1945, Buenos Aires, Brújula, 1969.

Luna, Félix: El 45 (Crónica de un año decisivo), Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1969.

Murmis, Miguel y Portantiero, Juan Carlos: Estudios sobre los orígenes del peronismo/1, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 1971.

Panai, Marta; Lesser, Ricardo y Skupch, Pedro R.: Estudios sobre los orígenes del peronismo/2, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 1973.

Puiggrós, Rodolfo: El peronismo 1. Sus causas, Buenos Aires, Jorge Alvarez, 1969.

Silberstein, Enrique: ¿Por qué Perón sigue siendo Perón? (La economía peronista), Buenos Aires Corregidor, 1972.

Sobre los partidos políticos y fuerzas políticas entre 1930 y 1946, son recomendables:

Galasso, Norberto: Vida de Scalabrini Ortiz, Buenos Aires, Ediciones del Mar Dulce, 1970.

Galasso, Norberto: Manuel Ugarte, 2 vols., Buenos Aires, Eudeba, 1973.

Romero, Luis A. y otros: El radicalismo, Buenos Aires, Carlos Pérez, 1968.

Scenna, Miguel Angel: F.O.R.J.A., una aventura argentina (De Yrigoyen a Perón), 2 vols., Buenos Aires, La Bastilla, 1972.

Sobre las fuerzas armadas y la política, resultan útiles:

Cantón, Darío: La política de los militares argentinos: 1900-1970, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 1971.

Díaz Araujo, Enrique: La conspiración del ’43 (El GOU: una experiencia militarista en la Argentina), Buenos Aires, La Bastilla, 1971.

Ochoa de Eguileor, Jorge y Beltrán, Virgilio R.: Las Fuerzas Armadas hablan, Buenos Aires, Paidós, 1968.

Potash, Robert A.: El ejército y la política en la Argentina 1928-1945 (De Yrigoyen a Perón), Buenos Aires, Sudamericana, 1971.

Sobre aspectos económico-industriales del período, pueden leerse:

Dorfman, Adolfo: Historia de la industria argentina, Buenos Aires, Solar/Hachette, 1970.

Freels, Jr., John William: El sector industrial en la política nacional, Buenos Aires, Eudeba, 1970.

Jorge, Eduardo F.: Industria y concentración económica (desde principios de siglo hasta el peronismo), Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 1971.

Peralta Ramos, Mónica: Etapas de acumulación y alianzas de clases en la Argentina (1930-1970), Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 1972.

Smith, Peter H.: Carne y política en la Argentina, Buenos Aires, Paidós, 1969.

Sobre el movimiento obrero, pueden consultarse:

Durruty, Celia: Clase obrera y peronismo, Córdoba, Ediciones Pasado y Presente, 1969.

López, Alfredo: Historia del movimiento social y la clase obrera argentina, Buenos Aires, Programa, 1971. 2.ª ed. A. Peña Lillo, 1975.

Pontieri, Silverio: La Confederación General del Trabajo… [etc.]. Buenos Aires, Pirámide, 1972.

Rotondaro, Rubén: Realidad y cambio en el sindicalismo, Buenos Aires, Pleamar, 1971.

Existen además algunas revistas que con frecuencia han publicado o publican artículos referidos al período 1930-46. A nivel académico ejemplificamos con Desarrollo Económico y Revista Latinoamericana de Sociología; al de divulgación seria con Todo es historia y la obra colectiva, en fascículos, Polémica (Centro Editor de América Latina). La serie periodística «Historia del peronismo», aparecida en el semanario Primera Plana (1965-69), contiene ciertos testimonios interesantes de participantes y observadores directos en los años formativos del peronismo.

Aunque hasta hace pocos años el análisis de los investigadores extranjeros, especialmente norteamericanos, no produjo obras definitivas sobre la Argentina contemporánea (cfr. nuestra crítica en Estados Unidos nos mira, Buenos Aires, La Bastilla, 1973), en fecha reciente han aparecido o están por aparecer trabajos de consulta indispensable. Por ejemplo:

Díaz Alejandro, Carlos F.: Essays on the Economic History of the Argentine Republic, New Haven y Londres, Yale University Press, 1970.

Falcoff, Mark y Dolkart, Ronald H. (comps): Prologue to Perón (Argentina in Crisis and War, 1930-1943), Berkeley, University of California Press, 1975.

Smith, Peter H.: Argentina and the Failure of Democracy (Conflict among Political Elites, 1904-1955), Madison, University of Wisconsin Press, 1974.

También son útiles para el estudio de las relaciones argentino-norteamericanas los volúmenes anuales titulados The American Republics (Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers), publicados en Washington por el Departamento de Estado. Al presente abarcan los años 1935 a 1948.

ALBERTO CIRIA (Buenos Aires, Argentina, 1934 - Vancouver, Canadá, 2005). Abogado (UBA, 1959). Obtuvo la beca del Consejo Británico (1963-64). Profesor en las Facultades de Derecho y en la de Ciencias Económicas hasta 1966. Se desempeñó como docente en la Universidad de California (1966-68) y en la Simon Fraser University (Canadá, desde 1969). Investigador visitante de la CELA - UNAM (México 1975-76) y en el Instituto Di Tella (PK) (1990). Autor, coautor y compilador de 15 libros y cerca de 80 artículos publicados en medios especializados y revistas académicas nacionales e internacionales. Entre sus obras se destacan: Los reformistas (en coautoría con Horacio Sanguinetti (PK)), Treinta años de política y cultura: recuerdos y ensayos (1990); Partidos y poder en la Argentina moderna, 1930-1946; Política y cultura popular: la Argentina peronista 1946-1955 (1983); Recuerdos y ensayos (1990). Su labor intelectual se extendió a temas cívicos y culturales, como el cine y el teatro: Más allá de la pantalla. Cine argentino. Historia y Política (1995).

Notas al Capítulo I

[1] «Testimonio», en Revista de Historia, N.° 3, Buenos Aires, primer trimestre de 1958 (número dedicado a «La crisis de 1930»), pág. 112. <<

[2] En tiempos de la República, tomo I (Introducción), Buenos Aires, Mundo Forense, 1946, pág. 66. Para una situación provincial y las relaciones entre un caudillo mendocino y el yrigoyenismo, véase Dardo Olguin, José Néstor Lencinas, Mendoza, D’Accurzio, 1962. <<

[3] A título ilustrativo, pueden cotejarse las versiones que sobre la escisión socialista ofrecen Pinedo. En tiempos de la República, t. I, pp. 53-62, y Joaquín Coca, El contubernio (Selección), Buenos Aires, Coyoacán, 1961, pp. 41-64. Sobre el radicalismo antipersonalista, hay abundante material en: Gabriel del Mazo, El radicalismo (Ensayo sobre su historia y doctrina), tomo II, Buenos Aires, Gure, 1959; Rodolfo Puiggrós, Historia crítica de los partidos políticos argentinos, Buenos Aires, Argumentos, 1956; y en el artículo de Ricardo M. Ortiz, «El aspecto económico-social de la crisis de 1930»), en Revista de Historia, N.° 3. <<

[4] José María Sarobe, Memorias sobre la revolución del 6 de setiembre de 1930, Buenos Aires, Gure, 1957, pág. 18. <<

[5] «Declaración del Dr. D. Antonio De Tomaso», en Sarobe, Memorias… pág. 279. A la reunión asistieron Mariano de Vedia y Mitre, Antonio Santamarina, Rodolfo Moreno, Carlos A. Astrada, Leopoldo Melo, el citado De Tomaso y el teniente coronel Bartolomé Descalzo. Cfr. también Rodolfo Moreno, «La colaboración conservadora a la Revolución. Antecedentes y acción del partido», en Diez Periodistas Porteños, Al margen de la conspiración, Bs. As., Biblos, N.° 8, p 395. <<

[6] Pinedo, En tiempos de la República, t. I, pág. 42. <<

[7] «También van acumulándose gentes en las antesalas de su despacho, e infortunadamente una camarilla inferior e inescrupulosa de secretaría especuló con las audiencias. Faltaba además opinión esclarecida por parte de la Unión Cívica Radical, cuyas direcciones estaban como esclerosadas y no atendían con fluidez las exigencias de momentos difíciles como pocos» (del Mazo, El radicalismo, tomo II, pág. 151). Para la versión de un radical anti-yrigoyenista —luego «unionista»— sobre los sucesos que provocaron la caída del gobierno, véase Jorge Walter Perkins, ¿Qué ha hecho crisis en la Argentina?, Buenos Aires, Rosso, 1931. <<

[8] Cfr. Roberto Etchepareborda, «Aspectos políticos de la crisis de 1930», en Revista de Historia, N.° 3, especialmente pp. 36-40. También: Arturo Torres, Elpidio González, biografía de una conducta, Bs. Aires, Raigal, 1951, pp. 107-110. <<

[9] Cfr. Diego Abad de Santillán, «El movimiento obrero argentino ante el golpe de estado del 6 de setiembre de 1930», Revista de Historia, N.° 3, excelente análisis desde el punto de vista anarquista. <<

[10] Seguimos aquí a Sergio Bagú (intervención en Tres revoluciones, versión taquigráfica del ciclo de mesas redondas organizado por el Instituto de Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho y el Centro de Derecho y Ciencias Sociales, F.U.B.A., Bs. As., Emilio Perrot, 1958, pp. 18 y ss.), que considera aparte al sector civil de la conspiración; y a José Luis Romero, Las ideas políticas en Argentina, 3.ª edición, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1959, que habla de «fascismo» y «democracia fraudulenta», pp. 228 y ss. Véase también: Carlos Ibarguren, La historia que he vivido, Buenos Aires, Peuser, 1955, pp. 384 y ss. <<

[11] El general Uriburu, pariente y amigo personal de Ibarguren, le había manifestado: «Mi plan es hacer una revolución verdadera que cambie muchos aspectos de nuestro régimen institucional, modifique la Constitución y evite se repita el imperio de la demagogia que hoy nos desquicia. No haré un motín en beneficio de los políticos para cambiar hombres en el gobierno, sino un levantamiento trascendental y constructivo con prescindencia de los partidos» (La historia que he vivido, pág. 384). <<

[12] Memorias…, pág. 63. <<

[13] «Lo que yo vi, de la preparación y realización de la revolución del 6 de septiembre de 1930», apuntes en borrador que figuran como apéndice a las Memorias… de Sarobe, pp. 281-310, y cuya autoría no ha sido desmentida. Se reproduce también —junto con trabajos sobre los golpes de Estado en 1943 y 1955— en Juan Domingo Perón, Tres revoluciones militares, Buenos Aires, Escorpión, 1963. <<

[14] Memorias…, pp. 125-126. <<

[15] Orígenes de la revolución del 6 de septiembre de 1930 (Rosas e Irigoyen), Buenos Aires, 1930, pág. 10. <<

[16] Memorias…, pág. 160. <<

[17] En Quesada, Orígenes…, pág. 107. <<

[18] Idem, id., pág. 108. <<

[19] “En ese ministerio surgió uno de los únicos 24 civiles que estuvieron en contacto con la Junta Militar de la Revolución, durante la preparación del movimiento del 6 de Septiembre: el Doctor Matías G. Sánchez Sorondo.

«Los demás fueron los siguientes civiles: Daniel Videla Dorna, Alberto Viñas, Raúl Guerrico, Juan Carulla, Guillermo Peña, Santiago Rey Basadre, Raúl Zimmermann, Alejandro Zimmermann, Jorge Zimmermann, Enrique H. Zimmermann, Félix Gunther, Félix Bunge César J. Guerrico, Alberto E. Uriburu, Nicolás E. Rodriguez, Carlos R. Ribero, Detlef von Bülow, Roberto Hossmann, Horacio Kínkelin, David Uriburu, Rodolfo de Alzaga Unzué, Luis González Guerrico» (Quesada, Orígenes…, pp. 109-110 aunque la lista sólo tiene veintitrés nombres. ¿Faltaría Lugones? <<

[20] Vida de Hipólito Yrigoyen (El hombre del misterio), Buenos Aires, 1939, pág. 449. Dos análisis radicales sobre Yrigoyen, en Félix Luna, Yrigoyen, el templario de la libertad, Buenos Aires, Raigal, 1954; y Silvano Santander, Yrigoyen, Buenos Aires. La Fragua, 1965. <<

[21] Jurisprudencia Argentina, t. 34, pp. 5-13. Gabriel del Mazo (El radicalismo, t. II, pp. 158-59), sostiene la tesis de la presión oficial sobre los miembros de la Corte Suprema, bajo amenazas de ser puestos en comisión junto con todo el Poder Judicial. Los argumentos son verosímiles. <<

[22] Derecho constitucional, 3.ª edición aum,, Buenos Aires, Depalma, 1959, pp. 857-59. «Si ante la ocupación del gobierno por la fuerza, cesa el imperio de la Constitución en punto a poderes, a facultades legislativas y ejecutivas, ¿qué hacer judicialmente? El Consejo de Estado francés —órgano jurisdiccional dentro del Poder administrador—, cuando el golpe de Estado de Napoleón III, hizo una declaración de protesta y los miembros del Consejo dejaron los cargos» (Bielsa, loc. cit.). <<

[23] Senadores, Diario de sesiones, sesión del 20-32, debate sobre las atribuciones del cuerpo, 13-14. (El subrayado es nuestro, A. C.). <<

[24] Sobre la creación de la Federación Nacional Democrática puede verse Pinedo, En tiempos de la República, t. I, pp. 80-104. <<

[25] Ibarguren, La historia que he vivido, pág. 412. (La bastardilla es nuestra, A. C.). Reafirma su actitud un viejo resquemor hacia los actos eleccionarios: «Ya desde ese instante (8 de setiembre de 1930), algunos oradores improvisados, como obedeciendo a una consigna, anunciaron, en arengas imprudentes, elecciones inmediatas: “¡Votos sí, armas no!”, era el grito desaforado de quienes así procedían con oficiosidad impertinente y sin ninguna representación oficial» (pág. 387). <<

[26] Su texto figura en Obras de Lisandro de la Torre, t. I («Controversias políticas»), 2.ª edición, Bs. As., Hemisferio, 1952, pp. 222-237. <<

[27] Obras de Lisandro de la Torre, t. V («Campañas presidenciales»), Bs. As., Hemisferio, 1954, pág. 119. <<

[28] Cartas íntimas (a Elvira Aldao de Díaz) Buenos Aires Futuro, 1951, pp. 29-30. En la carta del 16-II-34 (pág. 34), de la Torre insiste sobre las preferencias de Uriburu hacia su persona como candidato a sucederlo en el poder, «antes de triunfar la revolución». <<

[29] Así lo refiere Félix Luna en Alvear, Buenos Aires, Libros Argentinos, 1958, págs. 86-87. <<

[30] «Después de la derrota de Buenos Aires, Uriburu había dejado de ser dueño de la situación y estaba aprisionado por una camarilla militar, que le impuso la entrega del ministerio del Interior a una persona embarcada en la candidatura Justo» (de la Torre, Cartas íntimas, carta del 16-II-34, pág. 35). Los cambios en el Gabinete fueron los siguientes: al Ministerio del Interior, Octavio S. Pico; a Justicia e Instrucción Pública, Guillermo Rothe; a Hacienda, Enrique Uriburu; a Agricultura, David Arias; a Obras Públicas, Pablo Calatayud; a Marina, el vicealmirante Carlos Daireaux. A poco, Adolfo Bioy se hizo cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. <<

[31] Sergio Bagú, Argentina en el mundo, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1961, pág. 86. <<

[32] En tiempos de la República, t. I, pp. 108-114. <<

[33] Idem, pág. 112. <<

[34] N.° 192, 5-XI-31, pág. 170. <<

[35] Mi paso por la política (De Uriburu a Perón), Buenos Aires, Santiago Rueda, 1957, pág. 20. <<

[36] Matías G. Sánchez Sorondo, «6 de setiembre de 1930», en Revista de Historia, N.° 3, pág. 103. <<

[37] Carlos Ibarguren, La historia que he vivido, pág. 391. <<

[38] Mensaje del Presidente Provisional de la Nación, teniente general José F. Uriburu, al Pueblo de la República. La obra de gobierno y de administración del 6 de septiembre de 1930 al 6 de septiembre de 1931, Buenos Aires, Cámara de Diputados. 1931, pág. 3. El relato más completo sobre el gobierno de Uriburu. es J. Beresford Crawkes, 533 días de historia argentina, Buenos Aires. Imprenta Mercatali, 1932. Ver también La palabra del general Uriburu, Buenos Aires, Roldán, 1933. <<

[39] El radicalismo, tomo II, pág. 196. <<

[40] Idem, ibíd., pág. 196. <<

[41] La historia que he vivido, pág. 433. <<

[42] «Testimonio», en Revista de Historia, N.° 3, pág. 118. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

Notas al Capítulo II

[1] Las ideas políticas en Argentina, pág. 237. La expresión «década infame» (que abarca los años entre 1930 y 1943) pertenece originariamente al publicista José Luis Torres, aunque ha ingresado al lenguaje político habitual de nuestro país. (Cfr. su libro La década infame, Buenos Aires, Editorial de Formación «Patria», 1945). <<

[2] Los cambios registrados en el período 1932-38 fueron los siguientes: Interior: Ramón S. Castillo, Manuel R. Alvarado (interino); Hacienda: Federico Pinedo, Roberto M. Ortiz, Carlos A. Acevedo; Justicia e Instrucción Pública: Ramón S. Castillo, Jorge de la Torre; Guerra: general Basilio B. Pertiné; Marina: capitán de navio Eleazar Videla; Agricultura: Luis Duhau, Miguel A. Cárcano. <<

[3] La historia que he vivido, pp. 446-447. <<

[4] «Situación presente y perspectivas futuras del comercio exterior», en Cursos y conferencias, Buenos Aires, Colegio Libre de Estudios Superiores, año X, N.° 4, julio 1941, pág. 399. <<

[5] Obras de Lisandro de la Torre, t. II («Lucha antiimperialista»), 2.ª edición Buenos Aires, Hemisferio, 1952, pág. 44 (sesión del 28-VII-33). <<

[6] Ibarguren, La historia que he vivido, pág. 447. <<

[7] Obras de Lisandro de la Torre, t. II, («Lucha antiimperialista») 2.ª edición, Buenos Aires, Hemisferio, 1952, pág. 44 (sesión del 28-VII-33. <<

[8] Senadores, Diario de Sesiones, sesión del 21-VI-35, pp. 255-256. <<

[9] Cfr. Rodolfo Puiggrós, Libre empresa o nacionalización en la industria de la carne, Buenos Aires, Argumentos, 1957, especialmente pp. 149-152; y La democracia fraudulenta, Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1968, pp. 131-182. <<

[10] Obras de Lisandro de la Torre, t. II, pág. 507. <<

[11] Arturo Jauretche, F.O.R.J.A. y la década infame, Buenos Aires, Coyoacán, 1962, pp. 41-42. <<

[12] 3.ª edición, Buenos Aires, Fernández Blanco, 1957. <<

[13] Senadores, Diario de Sesiones, sesión del 22-I-35, pág. 585. <<

[14] En tiempos de la República, t. I, pág. 160. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[15] La historia que he vivido, pág. 443. <<

[16] del Mazo, El radicalismo, t. II, pág. 267. <<

[17] Cfr. Arturo Frondizi, «Régimen jurídico de la economía argentina», en Cursos y conferencias, año X, N.° 7-8-9, octubre-noviembre-diciembre 1941, pp. 858-956. El autor sintetiza así el problema del intervencionismo «liberal»: «Los factores mundiales y nacionales que provocan en el país la crisis de 1929 en adelante, al afectar a la ganadería, a la agricultura, a la tierra, es decir, a los grupos rectores de la economía del país, producen un cambio total de posiciones. El principio de la libertad económica que había servido para retardar el progreso de la legislación del trabajo, no es obstáculo para que se abandone rápidamente el liberalismo económico. Colocados en este camino todo se le permite al Estado para que contribuya a salvar situaciones de hecho difíciles, sin atender a los medios, pues ni siquiera aparecen los celosos defensores de las autonomías provinciales que quedan reducidas a una mínima expresión ante el avance fiscal y económico del poder central. Es decir que cuando la crisis amenaza seriamente a los grupos sociales que dirigen el país, los dos grandes principios que inspiraron a la Constitución Nacional desaparecen rápidamente: el liberalismo y el federalismo económico. Y el país, entonces, se rinde sin esfuerzo a esta nueva política en que el Estado aparece colocado visiblemente en primer plano» (pág. 949). <<

[18] del Mazo, El radicalismo, t. II, pág. 268. <<

[19] Idem, ib., pág. 268. <<

[20] Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 11-IX-35, pág. 611. <<

[21] Senadores, Diario de Sesiones, sesión del 28-IX-36, pág. 468. <<

[22] Como introducción, pueden consultarse: Arturo Frondizi, Petróleo y política, Buenos Aires, Raigal, 1954; Jorge del Río, Política argentina y los monopolios eléctricos, Buenos Aires, Cátedra Lisandro de la Torre, s/f.; y el cap. XXXII de la Historia critica de los partidos políticos argentinos, de Rodolfo Puiggrós. <<

[23] Marcos Kaplan, Economía y política del petróleo argentino (1939-1956), Buenos Aires, Praxis, 1957, pág. 22. <<

[24] Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 28-II y 1.°-III-35, pág. 181. <<

[25] Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 26 y 27-IX-33, página 412. <<

[26] Alfredo L. Palacios, Senadores, Diario de Sesiones, en la investigación del comercio de carnes, sesión del 12 y 13-IX-35, pág. 265. <<

[27] «Historia económica del Noroeste argentino», en Cursos y conferencias, año XVI, N.° 187-188, octubre-noviembre 1947, pág. 43. <<

[28] Efron las toma de Adolfo Dorfman, «La industria argentina a través del último censo industrial», en Revista de Ciencias Económicas, Buenos Aires, abril 1939. <<

[29] En Dorfman, «El desarrollo de la industria argentina», en Cursos y conferencias, año X, N.° 1-2-3, abril-mayo-junio 1941, página 129. <<

[30] Evolución industrial argentina, Buenos Aires, Losada, 1942, pp. 100-101. <<

[31] Dorfman, op. y loc. cit. <<

[32] Estructura social de la Argentina, Buenos Aires, Raigal, 1955, pág. 63. <<

[33] Idem, pág. 82. <<

[34] Idem, pág. 76. <<

[35] Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 17-VIII-33, pág. 255. <<

[36] Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 14-VII-38, pág. 769. Sammartino incluye una estadística sobre los saldos de inmigración y emigración de extranjeros desde 1880 hasta 1937. Para los últimos diez años considerados, ver las cifras del cuadro siguiente:

| PRIMERA CLASE | SEGUNDA Y TERCERA CLASE
AÑOS | Entradas | Salidas | Diferencias | Inmigrantes | Emigrantes | Diferencias
|  |  | Más | Menos |  |  | Más | Menos
1928 | 11.328 | 9.330 | 1.998 | — | 129.047 | 54.262 | 74.785 | —
1929 | 11.603 | 9.783 | 1.820 | — | 140.086 | 58.357 | 81.729 | —
1930 | 11.395 | 9.268 | 2.127 | — | 124.006 | 59.734 | 61.272 | —
1931 | 8.589 | 7.024 | 1.565 | — | 56.333 | 53.677 | 2.655 | —
1932 | 6.359 | 5.641 | 718 | — | 31.267 | 43.386 | — | 12.119
1933 | 7.296 | 6.147 | 1.149 | — | 24.345 | 35.066 | — | 10.721
1934 | 8.753 | 7.073 | 1.680 | — | 27.554 | 27.104 | 150 | —
1935 | 9.853 | 8.693 | 1.160 | — | 35.006 | 19.844 | 15.162 | —
1936 | 12.073 | 10.372 | 1.701 | — | 35.560 | 17.228 | 18.232 | —
1937 | 12.756 | 11.321 | 1.435 | — | 41.469 | 14.303 | 27.166 | —

<<

[37] N.° 559, 17-XI-38, pág. 228. <<

[38] «El desarrollo de la industria argentina», pág. 144. <<

[39] Armando Ulled, «La industria textil», en Cursos y conferencias, año X, N.° 1-2-3, abril-mayo-junio 1941, pág. 169. <<

[40] Fuente: Revista de Economía Argentina, año IX, N.° 237, marzo 1938, pág. 81. <<

[41] Germani, Estructura social de la Argentina, pág. 67. <<

[42] «Régimen jurídico de la economía argentina» pág. 954. <<

[43] Buenos Aires, 1937, pp. 81-82. (La bastardilla es nuestra, A.C.). <<

[44] La cuestión democrática, pp. 106, 134 y 200. <<

[45] La patria y su destino, Buenos Aires, 1947, pp. 172-174. <<

[46] Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 6-IX-33 (homenaje a la revolución del 6 de setiembre de 1930), pp. 950 y ss. <<

[47] Mi paso por la política (De Uriburu a Perón), pág. 25. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[48] Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 4-IX-35, pág. 381. <<

[49] Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 18-VI-36, págs. 50-51 <<

[50] Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 25-VII-34, pág. 623. <<

[51] Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 22 y 23-VIII-34, página 605. <<

[52] Atilio Cattáneo, Plan 1932 (El concurrencismo y la revolución), Buenos Aires, Proceso, 1959, pág. 68. <<

[53] Lisandro de la Torre lo detalló: «La señora madre del doctor Bordabehere no fue admitida como querellante, modificándose a ese efecto la jurisprudencia tradicional de los tribunales federales; el principal testigo, el comisario de este recinto, que declaró instantes después del hecho ante algunos senadores y ante el prosecretario del Senado, que había hecho entrar a Valdez Cora al recinto por un pedido o por una orden especial, no fue procesado ni por encubrimento ni por falso testimonio; el personal del Senado se encerró en una mudez absoluta; y Duggan, que había ido a la oficina de taquígrafos a inducir a que se tuviera magnanimidad con el ex ministro de Agricultura, no con Valdez Cora, y a que dijeran falsamente que habían visto un revólver en manos del senador Bordabehere, tampoco ha sido procesado ni por encubrimiento ni por falso testimonio, cuando en realidad su manifestación al solicitar magnanimidad en beneficio del ex ministro de Agricultura y no del autor material del hecho comprometía seriamente a este último; y el ex ministro de Agricultura, convicto de falso testimonio por la declaración de cuatro testigos calificados, tampoco ha sido procesado. De esos cuatro testigos, dos declararon que lo habían visto saludar a Valdez Cora en antesalas y otros dos declararon que lo habían visto a Valdez Cora en la puerta de su casa conversando con él y recibiendo instrucciones. Y eso, que en un caso ordinario basta y sobra a la justicia argentina como semiplena prueba de delito y como fundamento de un auto de prisión preventiva, en este proceso excepcional ha sido desechado y tergiversado» (Senadores, Diario de Sesiones, sesión del 6-VIII-36, pág. 748). <<

[54] Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 5-VIII-36, pág. 643. <<

[55] Luis María Mattos, diputado demócrata progresista, en la interpelación al ministro del Interior Ramón S. Castillo (reemplazante de Melo) sobre la intervención federal a Santa Fe, Diario de Sesiones, sesión del 3-VI-36, pág. 524. <<

[56] En tiempos de la República, t. I, pág. 176. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[57] Cartas íntimas, pág. 42 (carta del 8-X-35). <<

[58] Idem, pág. 57 (carta del 8-III-37). <<

[59] Repetto, Mi paso por la política (De Uriburu a Perón), p. 81. <<

[60] Luna, Alvear, pág. 261. <<

[61] Cartas íntimas, pp. 116-117 (carta del 2-VIII-38). <<

[62] Senadores, Diario de Sesiones, sesión del 10-XII-36, pág. 202. <<

[63] Del pedido de permiso para cumplir una misión del Poder Ejecutivo, Senadores, Diario de Sesiones, sesión del 18-V-37, p. 61. <<

[64] Diputados. Diario de Sesiones, sesión del 5-VII-33, pág. 7. Sobre Yrigoyen y su época, consúltese con provecho el importante libro de Rodolfo Puiggrós, El yrigoyenismo, Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1965. <<

[65] El Paso de los Libres, 2.ª edición, Buenos Aires, Coyoacán, 1960, pág. 37. <<

[66] Buenos Aires, Claridad, 1933. <<

[67] El radicalismo, t. II, pág. 270. <<

[68] Puede leerse el incidente en Luna, Alvear, pp. 161-165. <<

[69] Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 16-IX-37, pág. 1192. <<

[70] Este autor, en Mi paso por la política (De Uriburu a Perón), afirma que hablaron «el obrero ferroviario José Domenech y los doctores Marcelo T. de Alvear, Lisandro de la Torre y Nicolás Repetto» (pág. 199). La versión ofical comunista difiere: «… hablaron por la C.G.T. José Domenech; por el Partido Comunista, Paulino González Alberdi; por la U.C.R. Arturo Frondizi; por el Partido Demócrata Progresista, Lisandro de la Torre; por el Partido Socialista Mario Bravo, y otros» (Esbozo de historia del Partido Comunista de la Argentina, redactado por la Comisión del Comité Central del P. C., Buenos Aires, Anteo, 1947, pág. 84). Estas discrepancias frente a hechos concretos pueden explicarse por el fenómeno de la «revisión» de la historia reciente a cargo de los políticos profesionales. <<

[71] En tiempos de la República, t. I, pág. 181. <<

[72] Luna, Alvear, pág. 179. <<

[73] Pinedo, En tiempos de la República, t. I, pág. 181. <<

[74] Reproducción en Política británica en el Río de la Plata, pp. 243-258. <<

[75] Argentina en el mundo, pág. 16. La obra renueva ciertos esquemas en el tratamiento de las relaciones internacionales de nuestro país, aunque no siempre compartamos sus conclusiones. <<

[76] The Memoirs of Cordell Hull, 2 voi., Nueva York, The Macmillan Company, 1948. Para las relaciones Argentina-Estados Unidos en el período cubierto por nuestro libro, puede consultarse Harold F. Peterson, Argentina and the United States, 1810-1960, Nueva York, State University of New York, 1964 (hay ed. en cast.); y Alberto Conil Paz y Gustavo Ferrari, Política exterior argentina 1930-1962, (hay edición en cast.); Buenos Aires, Huemul, 1964. Una visión más realista y aguda del problema es Rogelio García Lupo, Historia de una malas relaciones, Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1964. <<

[77] Memoirs, t. I, pág. 308. <<

[78] Argentina en el mundo, pág. 84. <<

[79] Memoirs, t. I, pág. 319. <<

[80] Hull hace mención de los documentos sin ratificar: Tratado para evitar o prevenir conflictos entre los Estados Americanos, firmado en la Quinta Conferencia Panamericana de Santiago de Chile (1923); el Pacto Kellog-Briand (1928); la Convención de Conciliación Interamericana y la Convención de Arbitraje Interamericano, firmadas en Washington (1929); y el Pacto Antibélico de Saavedra Lamas, firmado por seis países latinoamericanos en Río de Janeiro (10-X-33). <<

[81] Memoirs, t. I, pág. 330. <<

[82] Idem, loc. cit. <<

[83] Idem, pág. 331. (El subrayado es nuestro, A. C.). <<

[84] En tiempos de la República, t. I, pág. 146. (La bastardilla es nuestra, A.C.). <<

[85] Memoirs, t. I, pág. 329; t. II, pág. 1724. <<

[86] Hora de decisión, Buenos Aires, Sudamericana, 1945, págs. 251-252. <<

[87] Cfr. Prontuario (Una autobiografía), 2.ª edición, Buenos Aires, Gure, 1956, pp. 191-192. <<

[88] Memoirs, t. I, pág. 497. <<

[89] Idem, pág. 499. <<

[90] Idem, pág. 500. <<

[91] Yankee Diplomacy (U. S. Intervention in Argentina). Dallas, Southern Methodist University Press, 1953, pp. 30-31 (hay ed. castellana). <<

Notas al Capítulo III

[1] Cosme Massini Ezcurra reemplazará más adelante a Padilla en Agricultura, y Luis A. Barberis a Alvarado (ministro del ramo durante el régimen de Justo) en Obras Públicas. <<

[2] En Revista de Economía Argentina, año XXVI, N.° 315, setiembre 1944, pág. 266. <<

[3] Evolución industrial argentina, pág. 359. <<

[4] Idem, pág. 360. <<

[5] Idem, loc. cit. <<

[6] Estructura social de la Argentina, pág. 57. <<

[7] Idem, pág. 76-77. <<

[8] Idem, pp. 74. <<

[9] Idem, pág. 77. <<

[10] Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 13-III-41, pág. 629. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[11] Puede encontrarse en Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 16-VIII-39, pp. 118-121. <<

[12] Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 19-XI-41, pág. 793. <<

[13] Reproducida en Raúl Larra, Lisandro de la Torre (Vida y drama del solitario de Pinas), 4.ª edición, Buenos Aires, Hemisferio, 1950, pág. 312. <<

[14] El texto original puede consultarse en José María Monner Sans, Pirandello (Su vida y su teatro), Buenos Aires, Losada, 1947, pág. 182. <<

[15] Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 16-I-39, pág. 536. <<

[16] Senadores, Diario de Sesiones, sesión del 11-I-39, pág. 452. <<

[17] Idem, ib., pág. 454. <<

[18] Martín Aberg Cobo, «La resolución de 1943», en Cuatro revoluciones argentinas (1890-1930-1943-1955), Buenos Aires, Club Nicolás Avellaneda, 1960, pág. 81. (La bastardilla es nuestra, A. C.). El libro contiene, además, trabajos de Horacio Zorraquín Becú («La revolución del 90»), Enrique Ruis Guiñazú (h.) («La revolución de 1930») y Adolfo A. Vicchi («La revolución de 1955»). <<

[19] Idem, ib., loc cit. <<

[20] Senadores, Diario de Sesiones, sesión de asamblea del 24-VIII-40, pág. 345. <<

[21] La historia que he vivido, pág. 485. <<

[22] Senadores, Diario de Sesiones, sesión del 28-IV-42, pág. 30. Una apasionante página de historia política en la provincia de Buenos Aires, es Norberto Folino, Barceló, Ruggierito y el populismo oligárquico, Buenos Aires, Falbo, 1966, útil para entender al conservadorismo de dicho distrito. <<

[23] Cfr. Repetto, Mi paso por la política (De Uriburu a Perón), pp. 204-211. <<

[24] Alvear, pp. 268-269. <<

[25] En Presidentes argentinos, dirigida y coordinada por Gustavo Gabriel Levene y la colaboración de Alberto Palcos, Boleslao Lewin, Ricardo Rodríguez Molas y Félix Luna, Buenos Aires, Fabril, 1961, pág. 188. El autor reconoce como fuente a Alberto Palcos, que habría obtenido la versión de allegados a Mario Bravo. <<

[26] Alvear, pág. 252. Para otra valoración partidista de Alvear, consúltese Manuel Goldstraj, Años y errores (Un cuarto de siglo de política argentina), Buenos Aires, Sophos, 1957, passim. <<

[27] Enrique Ruiz Guiñazú reemplazará a Roca en Relaciones Exteriores; Carlos A. Acevedo a Pinedo en Hacienda (ambos en 1941); y el general Pedro Pablo Ramírez a Tonazzi en Guerra (fines de 1942). <<

[28] En tiempos de la República, t. I. pág. 186. <<

[29] Idem, pág. 189. <<

[30] Idem, pág. 192. <<

[31] Alvear, pág. 283. <<

[32] La revolución que anunciamos, epílogo de Leonardo Castellani, Buenos Aires, Nueva Política, 1945, pág. 148. <<

[33] Buenos Aires, Propulsión, 1959, pp. 15-19. <<

[34] Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 3-VI-42, pág. 516. <<

[35] Se reproduce en Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 27-VI-42, pág. 343. <<

[36] Alvear, pág. 302. <<

[37] El texto ha sido reproducido muchas veces. Lo hemos tomado de una publicación estudiantil, El Reformista, M.U.R. de Derecho, N.° 1, octubre 1957. <<

[38] La revolución que anunciamos, pág. 249. <<

[39] «La revolución de 1943», en Cuatro revoluciones argentinas pp. 85-86. Cfr. también Ibarguren, La historia que he vivido, p. 498. <<

[40] Memoirs, t. I, pág. 605. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[41] Bagú, Argentina en el mundo, pág. 89. <<

[42] Memoirs, t. I, pp. 825-826. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[43] Argentina en el mundo, pág. 93. <<

[44] Yankee Diplomacy, pág. 51. <<

[45] Memoirs, t. II, pág. 1150. La posición del canciller Enrique Ruiz Guiñazú puede encontrarse en su libro La política argentina y el destino de América. Buenos Aires, Huemul, 1944. <<

[46] Yankee Diplomacy, pp. 66-67. <<

[47] Marcelo Sánchez Sorondo. La revolución que anunciamos, pág. 120. <<

[48] Argentina en el mundo, pág. 91. Con ser correcta la afirmación de Bagú, este autor parece olvidar las consecuencias «internas» de la neutralidad, es decir, la no participación nacional (en vidas y en bienes) en una guerra mundial. Es posible que la mayoría de la opinión pública argentina haya sido proaliada, pero no puede afirmarse que esa misma opinión favoreciera una entrada efectiva en el conflicto bélico. En este sentido, cfr. Smith, Jr., Yankee Diplomacy, pág. 54. <<

[49] Memoirs, t. II, pág. 1409. <<

[50] Idem, loc. cit. <<

[51] Cfr. Hora de decisión, pp. 294-295. <<

[52] Dicho capítulo, bajo el título El poder detrás del trono, ha sido traducido y publicado entre nosotros (Buenos Aires, Coyoacán, 1962). Do sumo interés resulta cotejar las versiones que dan Cordell Hull (en sus Memorias) y Kelly sobre el mismo tema: la política exterior de nuestro país. Cfr. también Courtney Letts de Espil, La esposa del embajador (10 años en la embajada argentina en Washington, 1933-1943), Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1967, curioso documento de la vida social en la capital norteamericana. <<

[53] Kelly, El poder detrás del trono, pág. 31. <<

Notas al Capítulo IV

[1] La revolución que anunciamos, pág. 16. <<

[2] Cfr. por ejemplo Ibarguren, La historia que he vivido, pp. 497 y ss.; Bonifacio del Carril, Crónica interna de la Revolución Libertadora (Buenos Aires, 1959), pág. 24 (hablan de «Grupo Obra de Unificación»). Se refieren a «Grupo de Oficiales Unidos»: Arthur P. Whitaker, La Argentina y los Estados Unidos (Buenos Aires, Proceso, 1956), pág. 137; John J. Johnson, La transformación política de América Latina (Buenos Aires, Hachette, 1961), págs. 137-138; Edwin Lieuwen, Armas y política en América Latina (Buenos Aires, Sur, 1960), pp. 90-91; Alfredo Galletti, La política y los partidos (Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1961). Una obra de imprescindible consulta sobre los orígenes del peronismo, en los planos militar y político, es Carlos S. Fayt, La naturaleza del peronismo, Buenos Aires, Viracocha, 1967. <<

[3] Crónica interna de la Revolución Libertadora, pág. 28. <<

[4] Aberg Cobo, «La revolución de 1943», en Cuatro revoluciones argentinas, pág. 86. <<

[5] Idem, ib., pág. 89. <<

[6] Idem, ib., pág. 90. <<

[7] Yankee Diplomacy, pág. 81. <<

[8] Los cambios ocurridos hasta la deposición de Ramírez, fueron: por fallecimiento del vicepresidente Sueyro, ocupó su cargo Farrell; Interior: general Luis C. Perlinger; Relaciones Exteriores: Gilbert; Hacienda: César Ameghino; Justicia e Instrucción Pública: Gustavo Martínez Zuviría; Guerra: coronel Juan D. Perón; Marina: contralmirante Alberto Teisaire; Obras Públicas: Ricardo Vago, general Juan Pistarini. <<

[9] La patria y su destino, pp. 213-214. <<

[10] En tiempos de la República, t. I, pp. 193-194. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[11] Mi paso por la política (De Uriburu a Perón), pág. 267. <<

[12] «Prólogo» a Cuatro revoluciones argentinas, pág. 8. <<

[13] El radicalismo (El Movimiento de Intransigencia y Renovación, 1945-1957), t. III, Buenos Aires, Gure, 1957, pp. 30 y 31. <<

[14] La política y los partidos, pág. 148. <<

[15] Peronismo y frondizismo, Buenos Aires, Patria Grande, 1958, p. 45. <<

[16] Crónica interna de la Revolución Libertadora, pág. 26. <<

[17] Esbozo…, pág. 108. <<

[18] Puede consultarse su texto completo en Jauretche, FORJA y la década infame, pp. 101-102. <<

[19] En Jurisprudencia Argentina, 1943-11, pp. 522-523. Para un análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre gobiernos de facto, cfr. Segundo V. Linares Quintana, Tratado de la ciencia del derecho constitucional, t. VI (Forma de gobierno. Hecho y derecho de la revolución), Buenos Aires, Alfa, 1956, pp. 402-473. También: Boletín del Seminario de Ciencias Jurídicas y Sociales de Buenos Aires, N° 130-134, abril-agosto 1943 («Atribuciones de los gobiernos de facto según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación»). <<

[20] «El actual Gobierno de la Nación es bastante más que un Poder ejecutivo constitucional ordinario. Trátase del gobierno que erigió la revolución triunfante del 4 de junio de 1943 y que ha sido reconocido por la Corte Suprema en su acordada del 7 del mismo mes, en la cual se admitió plenamente la validez de los actos que realizara para la consecución de los fines que se ha propuesto» (Voto del doctor Juan A. González Calderón, Cámara federal capital, agosto 14-IX-43, in re Codovilla, Victorio. J. A., 1943-III-882.) <<

[21] El texto figura en Bartolomé Galíndez, Apuntes de tres revoluciones (1930-1943-1955), Buenos Aires, 1956, pág. 35. <<

[22] Anales de Legislación Argentina, Decretos, t. III, 1943, pp. 459-461. <<

[23] Mi paso por la política (De Uriburu a Perón), pp. 308-209. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[24] Esbozo…, pág. 114. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[25] Cfr. el N.° 827, 6-I-44, en sus editoriales. <<

[26] «Un grave problema argentino imaginario», Criterio, N.° 830, 27-I-44, pág. 81. <<

[27] Cfr. Torres, La patria y su destino, pp. 225-228. <<

[28] Fragmento del último editorial de la revista Nueva Política (agosto 1943). Se reproduce en La revolución que anunciamos, pp. 258-259. <<

[29] Revolución y contrarrevolución en la Argentina, 2.ª edición, Buenos Aires, La Reja, 1961, pág. 399. <<

[30] Idem, pág. 399. <<

[31] La Argentina y los Estados Unidos, pág. 151. (El autor escribe en 1954). <<

[32] Crónica interna de la Revolución Libertadora, pp. 30-33. <<

[33] He aquí la lista de los integrantes del gabinete de Farrell, de 1944 a 1946: Interior: Luis C. Perlinger, Alberto Teisaire, J. Hortensio Quijano, Eduardo J. Avalos, Bartolomé Descalzo, Felipe Urdapilleta; Relaciones Exteriores: Orlando I. Peluffo, César Ameghino, Juan I. Cooke; Hacienda: César Ameghino, Ceferino Alonso Irigoyen, Armando G. Antille, Eduardo J. Avalos, Amaro Avalos; Justicia e Instrucción Pública: Gustavo Martínez Zuviría, J. Honorio Silgueira, Alberto Baldrich, Rómulo Etcheverry Boneo, Antonio J. Benítez, Héctor Vernengo Lima, José María Astigueta; Guerra: Juan D. Perón, Eduardo J. Avalos, José Humberto Sosa Molina; Marina: Alberto Teisaire, Héctor Vernengo Lima, Abelardo Pantín; Agricultura: Diego I. Masón, Amaro Avalos. Pedro S. Marotta; Obras Públicas: Juan Pistarini. Las Secretarias creadas tuvieron como titulares: Industria y Comercio: Julio C. Checchi, Mariano Abarca, Joaquín I. Sauri, Rolando Lagomarsino; Aeronáutica: Bartolomé de la Colina, Edmundo Sustaita; Trabajo y Previsión: Juan D. Perón, Domingo A. Mercante, Héctor F. Russo. <<

[34] Mi paso por la política (De Uriburu a Perón), pág. 288. <<

[35] El texto puede verse en Repetto, ídem, pp. 292-297. <<

[36] Repetto, ídem, pág. 307. <<

[37] La política y los partidos, pág. 172. Del Mazo (El radicalismo, t. III, p. 50) recuerda: «Cuando la “marcha” tuvo lugar, el pueblo pudo ver en el desfile, conjuncionados con altos dirigentes radicales, a conocidas figuras del viejo “régimen” oligárquico y fraudulento, así como a los más connotados adversarios del Radicalismo, dirigentes de partidos políticos». <<

[38] Félix Luna, en Presidentes argentinos, pág. 244 [artículo sobre Edelmiro J. Farrell]. <<

[39] Revista de Economía Argentina, año XXVI, N.° 315, setiembre 1944, pág. 280. <<

[40] Idem, pág. 283. <<

[41] Bernardo Rabinovitz, Sucedió en la Argentina, 1943-1956 (Lo que no se dijo), Buenos Aires, Gure, 1956, pág. 60. Otra versión anecdotaria de la Argentina hacia mediados de la década del cuarenta, es Ruth y Leonard Greenup, Revolution before Breakjast (Argentina 1941-1946), Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1947. <<

[42] Galíndez, Apuntes de tres revoluciones, pág. 46. <<

[43] Idem., ib. pág. 47. <<

[44] Idem., ib., loc. cit. <<

[45] La patria y su destino, pp. 243-244. <<

[46] Apuntes de tres revoluciones, pág. 46. <<

[47] Tres revoluciones, pp. 62-63. <<

[48] Del anarquismo al peronismo (Historia del movimiento obrero argentino), Buenos Aires, A. Peña Lillo, 1960, pág. 53. <<

[49] Véase el relato de los sucesos del 17 de octubre de 1945 por un militante gremial peronista, en Angel Perelman, Cómo hicimos el 17 de octubre, Buenos Aires, Coyoacán, 1961, especialmente pp. 71-79. Otro testimonio, en Emilio Morales, «El 17 de octubre de 1945», en El obrero, segunda época, año I, N.° 1, noviembre 1963, pp. 19-42. <<

[50] Galíndez, Apuntes de tres revoluciones, pág. 48. <<

[51] Perelman, Cómo hicimos el 17 de octubre, pág. 77. <<

[52] Ayer fue San Perón, Buenos Aires, Gure, 1955, pág. 66. (El subrayado es nuestro, A.C.). <<

[53] Esbozo…, pág. 121. <<

[54] Id., loc. cit. <<

[55] Las ideas políticas en Argentina, pág. 247. (La bastardilla es nuestra, A.C.). En un trabajo médico de Adolfo L. Pérez Zelaschi, titulado «Cronología e interpretación del 17 de octubre» —que nos ha sido posible consultar gracias al profesor Norberto Rodríguez Bustamante—, se sintetizan las tres interpretaciones más generalizadas sobre el significado de los hechos acaecidos ese día:

«a) el pueblo, en un movimiento espontáneo —o, según una variante en auge durante la vida de Eva Perón, acaudillado silenciosamente por Eva Perón— se presenta en la Plaza de Mayo para libertar a su líder, benefactor, conductor o caudillo, derrocado y preso por una maniobra artera de la oligarquía.

«b) masas interesadas, incluso pagadas, son movilizadas por activistas a sueldo, utilizando medios de transporte oficial, y ampliamente protegidas por la policía, en cumplimiento de un plan racional, calculado y ejecutado por altos dirigentes adictos a Perón: Borlenghi, Estrada, Mercante, Reyes, Eva Perón, etc., con el fin de demostrar el poder político de aquél. Aluvión zoológico, dice el diputado Sammartino.

«c) el pueblo, en movimiento absolutamente espontáneo, desorganizado e incoherente, se congrega en la Plaza de Mayo autoconvocándose en un movimiento de protesta bárbara, pero genuina, contra el orden reinante y las formas políticas y sociales vigentes hasta ese momento. Para esta interpretación Perón es sólo el catalizador de esta protesta de raíz social» (pp. 12-13). El autor llama a estas interpretaciones, respectivamente, «peronista», «antiperonista» y «populista». En cambio, propone una suya propia —con la cual coincide en alguna parte el desarrollo de nuestra exposición en el texto—, aprovechando verdades parciales de las tres tesis aludidas. Su síntesis: «creo que en el 17 de octubre hubo dos cosas: instrumentación reflexiva de arriba hacia abajo de un sentimiento latente de frustración a la cual respondieron las masas, de abajo hacia arriba, irreflexivamente y sin advertir que se las utilizaba» (pág. 15). <<

[56] Los detalles pueden consultarse en Lucero, El precio de la lealtad, pp. 36-38. <<

[57] El poder detrás del trono, pp. 69-70. <<

[58] Memoirs, t. II, pág. 1384. <<

[59] Smith, Jr., Yankee Diplomacy, pág. 84. <<

[60] Whitaker, La Argentina y los Estados Unidos, pág. 146. <<

[61] Memoirs, t. II, pág. 1390. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[62] Yankee Diplomacy, pp. 100-101. «Durante las dos semanas siguientes al decreto de ruptura, la administración Ramírez llevó a cabo varias medidas anti-Eje que agradaron al Departamento de Estado. Se ordenó el cese del intercambio comercial y financiero con los países del Eje, mientras se ponía fin a las telecomunicaciones con Alemania y Japón. Fue arrestado un gran número de agentes del Eje, y el canciller Gilbert prometió a Washington que pronto se adoptarían nuevas medidas. Las relaciones entre Washington y Buenos Aires mejoraron apreciablemente durante este breve período, pero Cordell Hull mantenía sus aprensiones respecto al futuro régimen de Ramírez» (pág. 102). <<

[63] «En todas las formas posibles el régimen de Farrell buscaba instalar una dictadura fascista en la Argentina mediante el control de la prensa, los tribunales, las escuelas y las instituciones claves, y la anulación o el desconocimiento de los derechos civiles básicos» (Memoirs, t. II, pág. 1396). <<

[64] Memoirs, t. II, pág. 1397. <<

[65] Smith, Jr., Yankee Diplomacy, pág. 111. <<

[66] Memoirs, t. II, pp. 1413-1414. Cfr. también pág. 1411. <<

[67] Citado en Hull, Memoirs, t. II, pág. 1412. <<

[68] Idem, .ib., loc. cit. <<

[69] Idem, ib., pág. 1414. <<

[70] Idem, ib., pág. 1415. <<

[71] El poder detrás del trono, pág. 56. <<

[72] Hora de decisión, pág. 292. <<

[73] Idem, pág. 293. <<

[74] Yankee Diplomacy, pp. 124-125. <<

[75] Cfr. Sumner Welles, Where are we Heading?, Nueva York, Harper, 1946, pp. 205-206. <<

[76] Smith, Jr., Yankee Diplomacy, pág. 133. Hull se lamenta de la medida: «En la Conferencia de México el régimen de Farrell obtuvo (tal como yo lo había temido) una cuña de penetración en la Organización de las Naciones Unidas. Como condición, las restantes repúblicas americanas acordaron que la Argentina debía aceptar la política común que ellas practicaban, y emplear todos sus recursos al máximo en la guerra contra el Eje. Esto era bastante fácil de aceptar para el régimen de Farrell, ya que la guerra contra el Eje estaba virtualmente concluida, comenzaba a derrumbarse la victoriosa estrella del Eje a la cual los gobiernos de Castillo, Ramírez y Farrell habían esperado enganchar la hegemonía argentina sobre Sudamérica» (Memoirs, t. II, pág. 1405). <<

[77] Por ejemplo, t. II, pp. 1407-1408. <<

[78] Memoirs, t. II, pág. 1408. <<

[79] Smith, Jr., Yankee Diplomacy, pág. 143. (El subrayado es nuestro, A. C.). Un ágil retrato de las actividades político-económicas de Braden, antes y después de 1945, puede verse en el cap. XV («La mano de Braden») de Rogelio García Lupo, La rebelión de los generales, 2.ª edición, Buenos Aires, Jamcana, 1963, pp. 110-136. <<

[80] Declaraciones a la prensa, en Rabinovitz, Sucedió en la Argentina, 1943/1956, pág. 63. <<

[81] Smith, Jr., Yankee Diplomacy, pp. 145-146. <<

[82] La patria y su destino, pág. 239. Las referencias, en pp. 239-240. <<

[83] El texto completo, en Jauretche, F.O.R.J.A. y la década infame, pág. 117. Del Mazo (El radicalismo, t. III, pp. 57-58) habla del ofrecimiento formulado por el general Avalos a Amadeo Sabattini para que formase gabinete (sucesos del 8-17 de octubre de 1945), que el Comité Nacional del Radicalismo rechazará por temor a la fracción intransigente. <<

[84] El texto completo, en Jauretche, F.O.R.J.A. y la década infame, pág. 118. <<

[85] Mi paso por la política (De Uriburu a Perón), pág. 310. <<

[86] Whitaker, La Argentina y los Estados Unidos, pág. 168. <<

[87] Esbozo…, pág. 121. <<

[88] Galletti, La política y los partidos, pág. 173. <<

[89] La Argentina y los Estados Unidos, pág. 82. <<

[90] Where are we Heading?, pág. 226. <<

[91] Rabinovitz, Sucedió en la Argentina, 1943-1956, pág. 65. <<

[92] En Mi paso por la política (De Uriburu a Perón), pp. 312-313. <<

[93] El episodio lo refiere Rabinovitz, en Sucedió en la Argentina, 1943-1956, pp. 69-70. Para un análisis del origen del Partido Peronista, con especial referencia a los años 1945-47, cfr. Alberto Ciria, «Peronism and Political Structures, 1945-1955», en A. Ciria y otros, New Perspective on Modern Argentina, Bloomington (Indiana), Indiana University, 1972, pp. 1-14. <<

[94] El poder detrás del trono, pág. 73. <<

[95] Smith, Jr., Yankee Diplomacy, pág. 156. El nombre completo del documento es Departamento de Estado, «Consulta entre las repúblicas americanas respecto a la situación argentina. Memorándum del gobierno de los Estados Unidos», o sea, Department of State, Consultation among the American Republics with Respect to the Argentine Situation [«Libro Azul»!, Washington, 1946. <<

[96] Idem, pág. 159. <<

[97] Galletti, La política y los partidos, pp. 184 y 184-185. <<

[98] Intervención de Rodolfo Ghioldi en Tres revoluciones, especialmente pp. 73-75. <<

[99] Esbozo… pág. 125. <<

[100] Historia de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Eudeba, 1962, pág. 183. <<

[101] Intervención en Tres revoluciones, pág. 63. <<

[102] Smith, Jr., Yankee Diplomacy, pág. 155. <<

[103] Whitaker, La Argentina y los Estados Unidos, pág. 172. <<

[104] Ver otras declaraciones de políticos opositores en La Prensa (25-II-46), La Razón (25-II-46) y El Mundo (26-II-46), sobre la limpieza electoral de los comicios del 24 de febrero, y también Las Fuerzas Armadas restituyen el imperio de la soberanía popular, Buenos Aires, Ministerio del Interior, 1946. <<

Notas al Capítulo V

[1] Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 12-VI-30, pp. 33 y 34 (elección de diputados por el distrito de la Capital Federal). En la sesión del 16-VII-30 Oyhanarte volvió sobre el tema: «Reconciliémonos en la legalidad, he dicho hace días en este recinto, como la expresión de un anhelo profundo, fervorosamente sentido. Reconciliémonos en la legalidad, señores diputados, repito ahora, si no queremos precipitar al país por el desvío de quién sabe qué horas aciagas y terribles. Por eso, cuando yo voto por el aplazamiento de este diploma, como cuando habré de votar por el rechazo de las elecciones de San Juan y de Mendoza, lo hago por el imperio de la legalidad, que es decir en resguardo de la salud, gravemente comprometida, del patrimonio moral de la República» (pág. 460). <<

[2] Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 28-VIII, 30, pp. 530-531 (elección de diputados por el distrito electoral de San Juan). <<

[3] Idem, pág. 534. <<

[4] Idem, pp. 536-537. <<

[5] Idem, pp. 538-539. <<

[6] Idem, pp. 532-533. <<

[7] Facundo, selección de Horacio Sanguinetti, epílogo de Santiago Montserrat, Cuadernos del Centro de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, Perrot, 1959, pág. 43. <<

[8] Idem, pág. 47. <<

[9] El difícil tiempo nuevo (selección, prólogo y notas de Gregorio Bermann), Buenos Aires, Lautaro, 1956, pág. 168. <<

[10] La patria y su destino, 22. 168. <<

[11] Idem, pp. 189-191. La petite histoire del Parlamento y sus hombres, en Ramón Columba, El Congreso que yo he visto, 3 vol., Buenos Aires, Columba, 1948. <<

[12] Rafael Bielsa, Derecho constitucional, pág. 864 (nota); Mario Justo López, «Poder Legislativo», en Argentina, 1930-1960, Buenos Aires, Sur, 1961, pp. 108-116. Ver también Carlos Cossio, La política como conciencia (Meditación sobre la Argentina de 1955), Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1957, pp. 55-68. <<

[13] «Un dilema para el Congreso: reforma o fracaso», en Revista Argentina de Ciencia Política, año I, julio-diciembie 1960, N.° 2, pp. 210-211. Para el primer análisis de las «características sociológicas básicas —educación, status socioeconómico y origen étnico— de los parlamentarios argentinos en tres momentos distintos de la evolución de la democracia en este país», véase Darío Cantón, El Parlamento argentino en épocas de cambio: 1890, 1916 y 1946, Buenos Aires, Editorial del Instituto (Torcuato Di Tella), 1966. Cfr. también Horacio Eichelbaum, De nuevo el Parlamento, Buenos Aires, La Bastilla, 1974, para un análisis de las perspectivas abiertas al Congreso de la nueva administración justicialista, con posterioridad al 25 de mayo de 1973. <<

[14] El decreto de Uriburu, por ejemplo, dice así: «El Presidente del Gobierno Provisorio DECRETA: Art. 1.°: Declárase disuelto el actual Congreso. Art. 2.°: Oportunamente se tomaran las medidas necesarias para la constitución del nuevo Parlamento. Art. 3.°: Comuniqúese y publíquese». Cfr. sobre la crítica al sistema político vigente, ya en la década del cuarenta, César Barros Hurtado, Hacia una democracia orgánica, Buenos Aires, Impulso, 1943. <<

[15] La política y los partidos, especialmente pp. 105-110. <<

[16] Reportaje en Leoplán, año XXIX, N.° 666, 6-III-03, pág. 14. (La bastardilla es nuestra, A. C.). El mismo Fresco —años atrás— se había enfrentado con la bancada socialista para apostrofarla en términos retóricos: «¡Si alguna vez en el silencio de la noche augusta alcanzamos a percibir la nota vibrante del clarín de la libertad, estaremos en la vanguardia para rendir el supremo homenaje a la patria en peligro, pero también si en alguna hora incierta y triste del destino nacional hubieran de enfrentarse el trapo rojo de ustedes, del erial y de la estepa, y la azul y blanca que Belgrano juró a la vera del río epónimo, será tan feroz el entrechocar de sus lanzas y tan apocalíptico el crujir del entrevero, que la tierra se abrirá en profunda grieta para devorar una, se erguirá después en cumbre para que sobre los despojos trashumantes de la roja se plante la otra, la nuestra, la del sol de Mayo, que para nosotros vale una y mil veces más que todos los pendones de la tierra!» (Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 7-XII-32, pág. 231). <<

[17] Federico Pinedo, En tiempos de la República, t. I, pág. 102. Pinedo fue uno de los más aplaudidos propulsores de la Federación. <<

[18] Cfr. Galletti, op. cit., pp. 104-105. <<

[19] Reynaldo Pastor, Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 30-VI y 1.°-VII-38, pág. 565. <<

[20] Senadores, Diario de Sesiones, sesión del 28-IV-42, pág. 10. <<

[21] Pinedo, op, cit., pág. 61. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[22] Idem, ib., pág. 62. <<

[23] Nicolás Repetto, en posición contraria a los convenios bilaterales, llega a decir en la discusión del tratado Roca-Runciman: «Desde luego, nuestro voto no implicará un reproche a la gestión diplomática realizada en Londres por el doctor Julio A. Roca. Manifestamos, y lo hemos declarado públicamente, nuestra adhesión por la alta dignidad que nuestra representación ha sabido mantener en todo momento en el ejercicio de su elevado mandato» (Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 18-VII-33, pág. 285). <<

[24] Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 1.°-XII-32, pág. 118. <<

[25] Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 4-VIII-33. pág. 811. <<

[26] Calletti, La política y los partidos, pág. 111. <<

[27] Ideas de gobierno y política activa, Buenos Aires, Gleizer, 1938, pp. 302-303. <<

[28] Sobre las patriadas radicales, pueden consultarse los trabajos ya citados de Jauretche (El Paso de los Libres) y Cattáneo (Plan 1932). <<

[29] Alvear, pág. 262. <<

[30] Idem, pp. 280-281. El despacho de la comisión de Diputados que estudió el problema de las concesiones eléctricas —a que alude Luna en el fragmento transcripto—, se reproduce en este libro. <<

[31] Volante de la Unión Democrática. <<

[32] Leonardo Castellani, S. J., «A modo de epílogo o epílogo intruso», en La revolución que anunciamos, de Marcelo Sánchez Sorondo, pp. 265-266. <<

[33] Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 15-VI-32, pp. 172-173. <<

[34] El radicalismo, t. II, pp. 260-261. <<

[35] Idem, pág. 263. <<

[36] Cfr. especialmente pp. 228 y ss. <<

[37] Sobre la actuación de Alvear en el negociado C.A.D.E., puede verse la obra de Jorge del Río, Política económica y los monopolios eléctricos, especialmente pp. 145 y ss. <<

[38] Alvear, pp. 213-214. <<

[39] La revolución que anunciamos, pp. 103-104. <<

[40] Cfr. Juan José Real, 30 años de historia argentina (Acción política y experiencia histórica), Buenos Aires-Montevideo, Actualidad, 1962, pp. 84-85. <<

[41] Ideario democrático (A través de la República), Buenos Aires, Gleizer. 1937, pp. 132-133. <<

[42] Una antología crítica y parcial del pensamiento socialista, con documentos interesantes sobre el período 1930-1955, es José Vazeilles, Los socialistas, Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1968. <<

[43] Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 10-IV-32, pp. 191-192. <<

[44] Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 27-IX-40, pág. 923. <<

[45] Senadores, Diario de Sesiones, sesión del 17-IX-35, pág. 38. La resolución figura en el Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, insertada a pedido de Julio V. González (sesión del 5-1-41, pág. 822). La posición de Palacios —en 1930 alejado del Partido Socialista, pero al que más adelante se reincorpara ya quien representará en el Senado— resulta de los siguientes párrafos: «1.° Expresar que es contrario a la Constitución y al espíritu democrático que la inspira, reconocer una junta de gobierno impuesta por el ejército y cuya misión el pueblo creyó que consistiría sólo en la entrega de las funciones de gobierno a las autoridades constitucionales; 2.°Que es un anhelo ferviente y patriótico el retorno a la normalidad institucional que ha de permitir el desenvolvimento de nuestro país dentro de la democracia, a cuyo efecto debe entregarse el poder al funcionario que constitucionalmente corresponda para que convoque inmediatamente a elecciones». La posición revolucionaria «constitucional y democrática» de Palacios está ratificada por una resolución anterior del 5-IX-30, donde reclamaba la renuncia de Yrigoyen. <<

[46] Mi paso por la política (De Uriburu a Perón), pág. 28. <<

[47] Repetto decía en 1942: «¿Cómo es posible, señor presidente, que se pueda, en nuestra política internacional, tratar a un país como Estados Unidos, que es la república democrática más importante del mundo, que es uno de los países más poderosos, con el cual tendremos que estrechar vínculos en forma progresiva en el porvenir para llegar a estructurar la América que todo deseamos?, ¿como es posible tratar a Estados Unidos con ese sentido de odio no disimulado y de irreflexión que se manifiesta cada día, a cada instante, en las actitudes de nuestro gobierno? Es una política insensata e incomprensible» (Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 24-IX-42, pág. 736). Para una reseña esquemática de la labor socialista en este período —lo mismo que en otaos anteriores y posteriores—, puede consultarse: Juan Nigro, La obra del socialismo argentino, Buenos Aires, Amaurota, 1956. <<

[48] Américo Ghioldi, Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 15-VI-32, pág. 199. <<

[49] Principios y orientaciones, Buenos Aires, Gleizer, 1939, página 242. <<

[50] Ideario democrático, pág. 102. <<

[51] La Argentina y los Estados Unidos, pág. 81. <<

[52] John J. Johnson, La transformación política de América Latina, pág. 135. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[53] Marcos Merchensky, Las corrientes ideológicas en la historia argentina, Buenos Aires, Concordia, 1961, pp. 191-192. <<

[54] Galleti, La política y los partidos, pág. 115. <<

[55] Idem, ib., loc. cit. <<

[56] Coca ofrece una trayectoria inusual en la política argentina. Zapatero, «hijo y nieto de militantes proletarios» (El contubernio, pág. 12), afiliado al Partido Socialista donde se destacó como opositor a la conducción oficial, sus posiciones lo llevaron luego al Partido Socialista Obrero —de vida efímera—, y derivó en su oportunidad al movimiento promovido por Perón (fue elector de Presidente en las elecciones de 1946). <<

[57] El contubernio, pág. 79. <<

[58] Idem, pág. 77. <<

[59] Idem, pp. 78-79. (La bastardilla es nuestra, A. C.). Varios años después Coca diría como legislador nacional: «No es por jactancia que voy a decir en este instante, que antes del 6 de setiembre, a raíz del triunfo oligárquico en la Capital, en marzo de 1930, y ante los hechos que ocurrían: la agitación en los cuarteles, la subversión en el Departamento de Policía, la actitud de la prensa sediciosa de extrema derecha, que yo fui uno de los pocos ciudadanos que preconicé en aquella época la necesidad de la unidad democrática para defender nuestras instituciones, o, con más exactitud, la necesidad de un entendimiento de la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista para hacer frente a la reacción oligárquica. Después hemos continuado defendiendo el mismo punto de vista dentro del Partido Socialista, propiciando en él la necesidad de defender en forma de frente popular, la unión de los partidos democráticos. Y me corresponde esta tarde manifestar en nombre del Partido Socialista Obrero, que defendemos aquí las mismas ideas, que sostenemos los mismos procedimientos, para hacer frente a la reacción actual, que es, sencillamente, la continuación de lo que viene haciéndose contra nuestras libertades, contra nuestros derechos y nuestras instituciones desde el 6 de setiembre de 1930». (Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 30-IX-37, pp. 1217-1218). No hemos creído necesario ampliar el cuadro político de la época con agregados sobre el Partido Socialista Obrero, o referencias a Concentración Obrera —reducido núcleo de actuación en la Capital Federal— y a los minúsculos —y a veces irreconciliables entre sí— sectores trotskistas. Nos parece que no añaden nada nuevo al bosquejo intentado. <<

[60] Lisandro de la Torre, Cartas íntimas, pp. 39-40 (carta del P-VI-34). <<

[61] Idem, ib., pp. 41-42 (carta del 21-VII-35). Ver también Obras de Lisandro de la Torre, t. IV («Economía y finanzas»), 2.ª ed., Buenos Aires, Hemisferio, 1960, especialmente pág. 304. <<

[62] Galletti, La política y los partidos, pág. 99. <<

[63] Idem, ib., pág. 102. <<

[64] Volante de la Unión Democrática. <<

[65] Buenos Aires, Palestra, 1959, preparado por Carlos Strasser. <<

[66] Tres revoluciones, pp. 73-74. <<

[67] «La crisis política argentina» reproducido en Doce años de política argentina (2.ª ed., Buenos Aires, Praxis, 1958), pág. 44. <<

[68] Cit. por del Mazo, El radicalismo, t. III, pág. 64. <<

[69] Pág. 260. Puede consultarse con provecho todo el cap. XVI («Diferenciación de las actitudes políticas en función de la estructura ocupacional y de clases»), pp. 247-260. <<

[70] El otro rostro del peronismo (Carta abierta a Mario Amadeo), 2.ª ed., Buenos Aires, 1956, pp. 30-31. La posición tradicional de la izquierda comunista sobre Perón puede ejemplificarse a través de dos libros de memorias, escritos por militantes del P. C., aparecidos más de veinte años después de los comicios de 1946. Se trata de El recuerdo y las cárceles (Memorias amables), del abogado Rodolfo Aráoz Alfaro (Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1967); y Crónicas proletarias, del sindicalista José Peter (Buenos Aires, Esfera, 1968). <<

[71] Esbozo…, pág. 70. <<

[72] Idem, pág. 71. <<

[73] Idem, pág. 74. <<

[74] Idem, cit. en pág. 77. El Esbozo… aclara que «en ese tiempo el camarada Codovilla se hallaba ausente del país, cooperando fraternalmente en otros frentes de lucha, por la democracia y contra el fascismo» (pág. 75). Su regreso —según la misma fuente— ocurrió «a principios de 1941» (pág. 90). Sirva la cita para evitar confusiones acerca del «codovillismo» que algunos furiosos polemistas pretenden ver en todas partes (y en todas épocas). <<

[75] Esbozo…, pág. 79. <<

[76] Repetto, Mi paso por la política (De Uriburu a Perón), pág. 199. (El subrayado es nuestro, A. C.). El eufemismo legalitario se dirigía por elevación, exclusivamente, al proscripto Partido Comunista. <<

[77] «Marcelo T. de Alvear, en los últimos años de su vida (falleció en el año 1942) libró, sin embargo, grandes batallas por el restablecimiento de las libertades democráticas» (Esbozo…, pág. 76). «Ortiz era partidario de la normalidad constitucional y su presencia en el primer término [de la fórmula presidencial] tendía a obtener el desarme de las fuerzas democráticas. En las elecciones de 1937 Ortiz fue elegido gracias al fraude. Sin embargo, sus primeros pasos en el gobierno mostraron su voluntad de hacer respetar las garantías y derechos ciudadanos» (pág. 86). <<

[78] 30 años de historia argentina, pág. 57. Véase también: Jorge Abelardo Ramos, El partido Comunista en la política argentina (Su historia y su crítica), Buenos Aires, Coyoacán, 1962, pp. 136-144. Para la crítica a los partidos Socialista y Comunista, véase además Rodolfo Puiggrós, Las izquierdas y el problema nacional (Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1967) y La democracia fraudulenta, passim. <<

[79] Con las reservas del caso, puede consultarse: Victorio Codovilla, El significado del «giro a la izquierda» del peronismo, Buenos Aires, Anteo, 1962. Otro síntoma de la crisis interna del P. C. con respecto al enfoque del peronismo y la realidad nacional, está dado por las escisiones juveniles de intelectuales y universitarios jóvenes durante la década del sesenta. Finalmente, para las elecciones presidenciales del 23 de setiembre de 1973 que consagraron la fórmula Juan Perón-María Estela Martínez de Perón, el P. C. dio su apoyo a los candidatos del Frente Justicialista de Liberación por primera vez en su historia. <<

[80] Esbozo…, pág. 100. <<

[81] Rodolfo Ghioldi (7-XI-45), cit. en el Esbozo…, pág. 124. <<

[82] Senadores, Diario de Sesiones, sesión del 1.°-IX-32, pp. 37-41. <<

[83] Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 20-XII-38, pág. 699. <<

[84] Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 20-XII-38, pág. 699. <<

[85] Declaración, reproducida en Jauretche, F.O.R.J.A. y la década infame, pág. 118. Éste es el testimonio de uno de los militantes del movimiento, que siguió con fidelidad las etapas indicadas. Ver también: Juan José Hernández Arregui, La formación de la conciencia nacional (1690-1960), Buenos Aires, Hachette, 1960, p. 291-402, donde el autor realiza un largo estudio supravalorativo de F.O.R.J.A. para enfrentarla polémicamente a las concepciones de la «izquierda abstracta». Es muy aguda la crítica de Enrique Rivera a los forjistas, en Peronismo y frondizismo, Buenos Aires, Patria Grande, 1958, pp. 62 ss. Gabriel del Mazo es muy parco: cfr. El radicalismo, t. III, pp. 17-22 <<

[86] La formación de la conciencia nacional, pág. 299. <<

[87] Del Manifesto fundador, reproducido en Jauretche, F.O.R.J.A. y la década infame, pág. 66. <<

[88] La formación de la conciencia nacional, pág. 305 (nota). <<

[89] Jauretche, F.O.R.J.A. y la década infame, pág. 37 (nota). <<

 [90] La formación de la conciencia nacional, pág. 316. «En su extensa literatura política y panfletaria de diez años, sólo una vez, y de modo puramente accesorio, se menciona la palabra “proletario”. La denominación clase obrera nunca. Prefería F.O.R.J.A. hablar de “pueblo” en una generalización idealizadora, que es la coartada ideológica para eludir, justamente por temor pequeño burgués de clase, la existencia de las clases sociales y sus antagonismos reales» (pág. 401). <<

[91] Declaraciones de Arturo Jauretche, reproducidas en F.O.R.J.A. y la década infame, pág. 109. <<

[92] Hernández Arregui refiere la intervención de Jauretche en la elaboración del «Estatuto del peón» (cfr. La formación de la conciencia nacional, pág. 395). <<

[93] Declaración reproducida en F.O.R.J.A. y la década infame, pág. 118. <<

[94] Hernández Arregui, La formación de la conciencia nacional, pág. 400. <<

[95] Alvear, pág. 195. Luna, empero, no deja de señalar que «el radicalismo intransigente de hoy, es un poco hijo de F.O.R.J.A.» (loc. cit.). Sobre la figura de Dellepiane, puede consultarse: Jorge I. Koremblit, Luis Dellepiane y su pensamiento político, Buenos Aires, Raigal, 1953. <<

[96] Historia crítica de los partidos políticos argentinos, pág. 411. <<

[97] El mejor trabajo de síntesis sobre el tema, por el acopio de información y la intención crítica, es Marysa Navarro Gerassi, Los nacionalistas, Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1968, Cfr., además, Juan José Hernández Arregui, La formación de la conciencia nacional, cap. III («El nacionalismo de derecha en la Argentina»), pp. 165-289; Jorge Eneas Spilimbergo, Nacionalismo oligárquico y nacionalismo revolucionario, Buenos Aires, Amerindia, 1958; Oscar Troncoso, Los nacionalistas argentinos, Buenos Aires, SAGA, 1957; Ismael Viñas, «Orden y progreso», en Contorno, N.° 9-10, abril 1959, pp. 31-40; Jorge Abelardo Ramos, Revolución y contrarrevolución en la Argentina, pp. 333-337 y 387-396. Entre los testimonios nacionalistas que pueden consultarse con provecho, figuran: Carlos Ibarguren, La historia que he vivido; Marcelo Sánchez Sorondo, La revolución que anunciamos; Mario Amadeo, Ayer, hoy, mañana, Buenos Aires, Cure, 1956; José María de Estrada, El legado del nacionalismo, 2.ª ed., Buenos Aires, Gure, 1956; Mario Martínez Casas, El país, el dinero, los hombres (Relato de una experiencia), Bs. As., Theoría 1957, etc. <<

[98] Cfr., a modo de ejemplo, las opiniones de Hernández Arregui, La formación de la conciencia nacional, loc. cit., y de Noé Jitrik, Leopoldo Lugones, mito nacional, Buenos Aires, Palestra, 1960. También la revaloración de Dardo Cúneo, Leopoldo Lugones (Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1968), a los treinta años de la muerte del precursor nacionalista. <<

[99] Carulla, revolucionario del 30, terminará apoyando la fórmula Ortiz-Castillo en 1937 que, entre otras cosas, respondía a intereses británicos, Cfr. Adrián C. Escobar, Ideas de gobierno y política activa, pp, 226-230. <<

[100] La historia que he vivido, pág. 439. <<

[101] Ibarguren, op. cit., pág. 465. Para una síntesis del pensamiento nacionalista según este autor, cfr. pp. 465-466. <<

[102] La revolución que anunciamos, pág. 180 (la cita corresponde a un artículo escrito en 1942). <<

[103] Ayer, hoy, mañana, pág. 114. <<

[104] Id., pág. 124. <<

[105] «Orden y progreso», en Contorno, cit., pág. 35. <<

[106] Revolución y contrarrevolución en la Argentina, pág. 391. <<

[107] Ayer, hoy, mañana, pág. 19. (La bastardilla es nuestra, A. C.). Ver especialmente pág. 20. <<

[108] El legado del nacionalismo, pág. 77. <<

[109] Id., pág. 63. <<

[110] Cfr., entre otros, Amadeo, Ayer, hoy, mañana, pág. 29; Hernández Arregui, La formación de la conciencia nacional, pp. 166-168. <<

[111] La revolución que anunciamos, pág. 251. (El subrayado es nuestro, A. C.). <<

[112] Id. pp. 258-259. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[113] Spilimbergo, Nacionalismo oligárquico y nacionalismo revolucionario, pág. 34. Sobre el papel del nacionalismo en países colonizadores y en países coloniales, véase Hernández Arregui, La formación de la conciencia nacional, pp. 199 y ss. <<

[114] En el sepelio de Roberto de Laferrére, dijo Marcelo Sánchez Sorondo refiriéndose a su compañero en ideas: «Roberto de Laferrére era un argentino dueño de su patria por títulos irrebatibles de posesión y herencia» (Segunda República, año III, N.° 42, 6-II-63). <<

[115] La historia que he vivido, pág. 432. <<

[116] Id., pág. 431. <<

[117] Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 7-XII-1932, pág. 193. Ver también: Juan Antonio Solari, Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 11-V-32, pp. 253-258. <<

[118] La historia que he vivido, pág. 463. <<

[119] La formación de la conciencia nacional, pág. 289. <<

[120] Cfr. en Torres, La oligarquía maléfica, Buenos Aires, Centro Antiperduélico Argentino, 1953, la opinión favorable del autor sobre Manuel Fresco (pp. 119-122). <<

[121] Cfr. Gregorio Bermann, Juventud de América (Sentido histórico de los movimientos juveniles), México Cuadernos Americanos, 1946; Gabriel del Mazo, Estudiantes y gobierno universitario, Buenos Aires, El Ateneo, 1946; Alfredo L. Palacios, La universidad nueva, Buenos Aires, Gleizer, 1957; La Reforma Universitaria (1918-1958), antología editada por Alberto Ciria, Horacio Sanguinetti y Amoldo Siperman, Buenos Aires, FUBA, 1959; Bernardo Kleiner, 20 años de movimiento estudiantil reformista 1943-1963, Buenos Aires, Platina, 1964; Alberto Ciria y Horacio Sanguinetti, Universidad y estudiantes, Buenos Aires, Depalma, 1962 (y bibliografía allí citada); y Los reformistas, Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1968. <<

[122] Ciria y Sanguinetti, Universidad y estudiantes, pág. 11. <<

[123] Halperín Dongbi, Historia de la Universidad de Buenos Aires, pág. 151. <<

[124] Sobre «interpretaciones y corrientes de la Reforma Universitaria», véase Bermann, Juventud de América, cap. XI, pp. 191-208. <<

[125] «González pensó que estaban dadas las condiciones para organizar un gran partido popular de base reformista —como el APRA peruano—, que tendría doctrina orgánica, tradición y hasta dirigentes fogueados; pero su fracaso se explica por la desconfianza juvenil hacia la “política grande”, por la posición un tanto paternalista y mesiánica del universitario de la época frente al resto de la sociedad, y fundamentalmente porque comenzaba a evidenciarse la crisis do los partidos políticos, que en modo alguno representaban ya los intereses ni la voluntad del pueblo. En suma, se creaba un nuevo partido burgués (muy semejante a los varios pre-existentes) que de haber cuajado, lejos de unir, habría fomentado nuevas divisiones minoritarias» (Ciria y Sanguinetti, Universidad y estudiantes, pp. 46-47). <<

[126] Ciria y Sanguinetti, Universidad y estudiantes, pág. 16. <<

[127] Para una descripción de período, referida a la Universidad porteña, véase: Halperín Donghi, Historia de la Universidad de Buenos Aires, pp. 160 y ss. <<

[128] Ciria y Sanguinetti, Universidad y estudiantes, pág. 17. <<

[129] Véase, por ej., Richard J. Walter, Student Politics in Argentina (The University Reform and its Effects, 1918-1964), Nueva York, Basic Books, 1968, especialmente el cap. 6, pp. 119-154. La obra es el primer libro norteamericano dedicado especialmente al tema del movimiento reformista en la Argentina. <<

[130] El difícil tiempo nuevo, pp. 125-126 (el artículo fue escrito en 1935). <<

[131] Id., pág. 340. Vale la pena releer esta colección de escritos de Roca, que ilustran en muchas oportunidades lo afirmado en el texto. Hay joyitas político-literarias como «Las ruinas de Tiahuanacu», pp. 139-141. <<

[132] Cfr. Las obras y los días, compilación de Santiago Montserrat, prólogo de Saúl Alejandro Taborda, Buenos Aires, Losada, 1945; y Ciencias, maestros y universidades, selección y notas de Horacio Sanguinetti, poema de Rafael Alberti, Cuadernos del Centro de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, Perrot, 1959. <<

[133] Roca, El difícil tiempo nuevo, pág.148. <<

[134] Epitafio en su tumba, en el cementerio de Unquillo (provincia de Córdoba). <<

[135] El temario del «comunalismo federalista» puede verse en Facundo, pp, 35-40. <<

[136] Id., pág. 35. <<

Notas al Capítulo VI

[1] Notre Dame (Indiana), University of Notre Dame Press, 1958, pág. 12. <<

[2] Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 22-IX-32, pp. 438-439. Se discutía el proyecto de divorcio presentado por los legisladores Bernardo Sierra, Silvio L. Ruggieri, Enrique Dickman y Carlos G. Colombres. <<

[3] Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 23 y 24-IX-32, pp. 490-491. Las reformas parciales a la separación de cuerpos (que no divorcio vincular) introducidas por el gobierno del general Juan Carlos Onganía (1968), siguen indicando la fuerza de la corriente antidivorcista inspirada por la Iglesia en nuestro país. <<

[4] Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 22-IX-32, pág. 427. <<

[5] «El culto a María Santísima en la tradición argentina», en Criterio, año XVI, N.° 808, 26-VIII-43, pág. 398. <<

[6] Cfr. el texto del documento en Criterio, año XVIII, N.° 923, 22-XI-45, pág. 497. <<

[7] «A los católicos de la provincia de Santa Fe», en Criterio, año XVIII, N.° 893, 26-IV-45, pág. 396. <<

[8] Hernán Benítez, «La enseñanza religiosa ante la Cámara», en Criterio, año XIX, N.° 974, 14-XI-46, pág. 459. <<

[9] «La avalancha comunista», en Criterio, año IX, N.° 462, 7-1-37, pág. 14. <<

[10] «Ateísmo», comentario de Criterio, año XIX, N.° 947, 9-V-46, pág. 431. La unidad «deísta» desaparece cuando hay colisión de intereses: «Esa libertad civil de la religión y esta tolerancia de la religión de todos, que garantizó nuestra Constitución para los habitantes del país, es cosa bien distinta de la libertad religiosa absoluta, que reclaman los misioneros protestantes considerándonos un pueblo inferior y de misión, al cual se han atrevido a calificar calumniosamente de «idólatra», ignorante y cultor de una religión degenerada, para apartar de la Iglesia Católica a quienes pertenecen a ella por una tradición de siglos» (Carta pastoral colectiva contra las misiones protestantes en nuestro país; su texto en Criterio, año XVII, N.° 883, 1.°-II-45. pp. 115-122). <<

[11] «Hay que dejarlos solos», comentario de Criterio, año IX, N.° 465, 28-1-37, pág. 81. La Iglesia ya se había preocupado con anterioridad del P. D. P. y su fundador. «Los curas de campaña en Santa Fe y no sé si aquí en Córdoba, propalan desde el púlpito todo género de patrañas destinadas a las mujeres sencillas y los hombres sin instrucción. Les dicen que si la Alianza triunfa vamos a quemar las iglesias y a profanar los cementerios, y la pobre gente se santigua de horror» (Discurso en Córdoba durante la campaña electoral de la Alianza Civil, en Obras de Lisandro de la Torre, t. V, pág. 158; cfr. también pág. 127). <<

[12] «Cuesta abajo», comentario de Criterio, año XIII, N.° 656, 26-IX-40, pág. 80. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[13] Hemos consultado el discurso en la versión reproducida en Juan B. Justo, Discursos y escritos políticos, prólogo de Nicolás Repetto, Buenos Aires, Jackson, s/f, pp. 190-272. El texto lleva como título: «La Iglesia y el Estado», y la cita corresponde a la pág. 198. <<

[14] Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 20 y 21-IX-33, pág. 671. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[15] Discursos y escritos políticos, pp. 220-225. <<

[16] Ángel M. Giménez, fundamentos del proyecto aludido, en Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 5-IX-32, pág. 388. Otro diputado socialista, Julio C. Martella, se preocupa por divulgar las estadísticas sobre entrada al país de «sacerdotes, religiosos y religiosas» hasta 1933 (Cfr. Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 20 y 21-IX-33, pág. 693). <<

[17] El sabroso duelo verbal Iriondo-Ghioldi figura en Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 27 y 28-IX-34, pp. 442-480. Los árboles no dejan ver el bosque, y el legislador socialista se empeña —por ejemplo— en averiguar si en la Escuela Profesional de Mujeres «Osvaldo Magnasco» se cantó o no el himno eucaristico o la parte de la ópera Norma «donde se invoca al Todopoderoso» (pág. 557). <<

[18] Cfr. Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 28-VI-34, pp. 55-60; y sesión del 19-VII-34, pp. 509-525. <<

[19] Un solo ejemplo: José Luis Pena, Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 26 y 27-XII-34, pp. 387-389. <<

[20] Senadores, Diario de Sesiones, sesión del 2-VIII-32, pp. 1010-1011. (El subrayado es nuestro, A. C.). Son interesantes las manifestaciones de Correa cuando alude al modus operandi de ciertos sectores católicos. <<

[21] «El Congreso», en Criterio, año VII, N.° 345, 11-X-34, pág. 218. <<

[22] «La oración del presidente», comentario de Criterio, año VII, N.° 347, 25-X-34, pág. 245. <<

[23] «Nacionalismo», en Criterio, año VI, N.° 290, 21-IX-33, pág. 56. <<

[24] Epílogo a La revolución que anunciamos, de Marcelo Sánchez Sorondo, pág. 271. <<

[25] Historia de la Argentina (1515-1943), 3.ª ed., Buenos Aires, A. Peña Lillo, 1960, t. II, pág. 387. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[26] Napal (El escritor, el orador, el apóstol), Buenos Aires, Stella Maris, 1941, pág. 149. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[27] La política y los partidos, pág. 161 (nota). <<

[28] En Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado moderno, prólogo y traducción de José M. Aricó, Buenos Aires, Lautaro, 1962, pp. 207 y ss. <<

[29] «El nuevo acuerdo», en Criterio, año IV, N.° 184, 10-IX-31, pág. 326. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[30] Su texto en Criterio, año IV, N.° 162, 9-IV-31, pág. 68. <<

[31] Catholicism, Nationalism, and Democracy in Argentina, pág. 180. <<

[32] Idem, pág. 181. <<

[33] Su texto en Criterio, año IX, N.° 431, 4-VI-36, pág. 112. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[34] «El concepto de la Acción Católica», en Criterio, año X, N.° 101, 6-II-30, pág. 171. <<

[35] Criterio, año XVI, N.° 796, 3-VI-43, pág. 115. <<

[36] Ver la punzante nota de Deodoro Roca sobre el tema, en El difícil tiempo nuevo, pp. 53-54. <<

[37] Su texto en Criterio, año XVI, N.° 834, 24-II-44, pág. 173. <<

[38] Idem, pp. 175 y 176. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[39] Catholicism, Nationalism, and Democracy in Argentina, pág. 212. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[40] Idem, pág. 171. <<

[41] Idem, pág. 177. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[42] «Por la dignidad nacional», en Criterio, año VI, N.° 270, 4-V-33, <<

[43] Franceschi, «Estado totalitario; Estado Cristiano», en Criterio, año VI, N.° 278, 29-VI-33, pág. 296. <<

[44] Franceschi, «El jefe» (a la memoria del general Emilio Mola), en Criterio, año X, N.° 485, 17-VI-37, pág. 151. <<

[45] Criterio, año X, N.° 480, 13-V-37, pág. 151. <<

[46] Franceschi, «Iglesia y Estado», en Criterio, año VII, N.° 357, 3-1-35, pág. 9. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[47] Franceschi, «Gobernar», en Criterio, año V, N.° 227, 7-VII-32, pág. 8. <<

[48] Franceschi, «Antisemitismo», en Criterio, año VI, N.° 306, 11-I-34, pág. 34. <<

[49] Franceschi, «Catolicismo y nacional-socialismo», en Criterio, año X, N.° 541, 14-VII-38, pág. 256. <<

[50] Franceschi, «Totalitarismo, liberalismo, catolicismo», en Criterio, año XIII, N.° 662, 7-XI-40, pág. 223. <<

[51] «Ideas políticas de Monseñor de Andrea», en Revista Argentina de Ciencia Política, año I, N.° 2, julio-diciembre 1960, pág. 175. <<

[52] Kennedy, Catholicism, Nationalism, and Democracy in Argentina, pág. 141. <<

[53] «Una entrevista con el general Uriburu» en Critero, año III, N.° 137, 16-X-30, pág. 500. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[54] «El manifiesto del gobierno provisional», en Criterio, año III, N.° 136, 9-X-30, pág. 461. Véase el siguiente comentario editorial de la revista sobre los comicios del 5-V-31 en la provincia de Buenos Aires: «La contienda bonaerense, pues, habrá sido un modelo democrático, según los panegiristas del sistema, pero demuestra evidentemente que el elector aún no ha adquirido plena conciencia del valor de su voto» (Criterio, año IV, N.° 163, 16-IV-31, pág. 100). <<

[55] Su texto en Criterio, año IV, N.° 188, 8-XI-31, pp. 37-38. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[56] Mensaje del Presidente Provisional de la Nación, Teniente General José F. Uriburu, al Pueblo de la República, La obra de gobierno y de administración del 6 de setiembre de 1930 al 6 de setiembre de 1931, Buenos Aires, Imprenta y encuadernación de la H. Cámara de Diputados, 1931, pág. 18. <<

[57] «Congreso Eucarístico y política», comentario de Criterio, año VII, N.° 362, 7-II-35, pág. 127. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[58] «La Iglesia y los partidos», en Criterio, año IX, N.° 465, 28-I-37, pág. 79. <<

[59] En Criterio, año XVI, N.° 800, 1.°-VII-43, pág. 197. <<

[60] «Hacia la revolución», en Criterio, año XV, N.° 740, 7-V-42, pág. 9. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[61] «Consideraciones sobre la revolución», en Criterio, año XVI, N.° 798, 17-VI-43, pág. 153. <<

[62] Franceschi, «Nuevas consideraciones sobre la revolución», en Criterio, año XVI, N.° 800, 1.°-VII-43, pág. 200. <<

[63] Su texto en Criterio, año XVII, N.° 860, 24-VIII-44, pág. 179. <<

[64] Galíndez, Apuntes de tres revoluciones, pp. 19-20. El autor alude después a las tendencias democráticas del clero argentino, y el ejemplo previsible es monseñor de Andrea. <<

[65] Epílogo a La revolución que anunciamos, de Marcelo Sánchez Sorondo, pág. 280. <<

[66] Nuestros vecinos argentinos, Santiago de Chile, Editorial del Pacífico, 1956, pp. 181-182. Véase la solitaria cita de Manuel Ordóñez invitando a votar la fórmula Tamborini-Mosca, en pág. 182. <<

[67] Catholicism, Nationalism, and Democracy in Argentina, pág. 197. <<

[68] Idem, pág. 207. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[69] Franceschi, «La pastoral colectiva del Episcopado», en Criterio, año XVIII, N.° 923, 22-XI-45, pág. 487. <<

[70] Magnet, Nuestros vecinos argentinos, pág. 187. <<

[71] Catholicism, Nationalism, and Democracy in Argentina, pág. 165. <<

[72] La política como conciencia, pp. 148-149. (El subrayado es nuestro, A. C.). Cfr. también, en pp. 23-28 y 96-117, un personal enfoque lleno de sugerencias sobre Iglesia y politica. La «Revolución Argentina» de 1966 también ofrece una excelente oportunidad para el estudio de las complejas relaciones entre Iglesia y política, de acuerdo a las líneas esbozadas por Cossio en el texto. <<

[73] Véase la consideración de la «religión organizada» en José Luis de Imaz, Los que mandan, Buenos Aires, Eudeba, 1964, pp. 181 y ss, como ejemplo de las dificultades del autor en separar la objetividad científica de la valoración subjetiva. Una notable crítica a esta obra es Francisco J. Delich, Pasado y presente, Córdoba, año II, Nros. 7-8, octubre 1964-marzo 1965, pp. 232-340. <<

Notas al Capítulo VII

[1] Londres, Pall Mall Press, 1962. El subtítulo original de la obra es: «The Role of the Military in Politics». <<

[2] Idem, pág. 140. <<

[3] Finer considera que existe un elevado nivel de cultura política cuando:

«1) la “fórmula política”, es decir, la creencia o emoción en virtud de la cual los dirigentes sostienen el derecho de gobernar y ser obedecidos, es generalmente aceptada. O, para decirlo de otro modo, donde

»2) el complejo de procedimientos y órganos civiles que conjuntamente constituyen el sistema político se reconocen como autorizados, es decir, dignos de obediencia, por un amplio consenso. O, de nuevo en otras palabras, donde

»3) el compromiso y la adhesión públicos a estas autoridades civiles es fuerte y esparcido.

»Los criterios mediante los cuales podemos determinar dicho compromiso y adhesión a las instituciones del régimen, son tres. Debemos preguntar:

»1) ¿Existe una amplia aprobación pública de los procedimientos para el traspaso del poder, y una correlativa creencia en que ningún ejercicio del poder que contravenga dichos procedimientos es legítimo?

»2) ¿Existe una amplio reconocimiento público sobre quién o qué constituye la autoridad soberana, y una correlativa creencia en que ninguna otra persona o ningún otro centro de poder es legítimo o digno de obediencia?

»3) ¿Es el público proporcionalmente amplio, y está bien movilizado en asociaciones privadas?, es decir, ¿encontramos iglesias compactas, asociaciones y empresas industriales, sindicatos y partidos políticos?

»Donde se satisfacen todas estas condiciones, puede decirse que el nivel do cultura política es elevado; en la medida en que no se satisfacen, resulta correlativamente bajo.» (Idem, pp. 87-83). <<

[4] En Revue Française de Sociologie, vol. II, N.° 2, abril-junio 1961 (número especial dedicado a «Guerra, ejército, sociedad»), pp. 75-87. <<

[5] Idem, pág. 76. <<

[6] Idem, pág. 81. <<

[7] Idem, pág. 82. <<

[8] Idem, pág. 87. <<

[9] Senadores, Diario de Sesiones, sesión del 3-V-32, pág. 273. <<

[10] En tiempos de la República, t. I, pág. 81. <<

[11] Cfr. Memorias sobre la Revolución del 6 de setiembre de 1930, passim. <<

[12] Publicada en Crítica, 21-II-32, y reproducida en Plan 1932, de Atilio Cattáneo, pp. 427-432. La cita pertenece a pp. 427-428 de esta edición. <<

[13] Idem, pág. 430. <<

[14] Idem, pág. 431. <<

[15] Félix Luna, en Presidentes argentinos, pág. 204 (artículo sobre Uriburu). <<

[16] Alvear, pp. 58-59. El relato es confirmado por el hijo de Justo: «Mi padre era socio, desde algunos años atrás, del Círculo de Armas y a esta circunstancia y a su brillante actuación como director del Colegio Militar, unida a una actitud de solapada resistencia al gobierno anterior de Hipólito Yrigoyen, junto con sus amigos de aquel Círculo y del Jockey Club —a los que mi padre consideraba que se reducía la “gente decente”—, debió, a mi juicio, su nombramiento. Su más serio rival, el general José F. Uriburu, fue descartado por haber sido, durante la guerra 1914-18, abiertamente germanófilo» (Quebracho [Liborio Justo], Prontuario, pág. 41 [nota]). <<

[17] Luna, en Presidentes argentinos, pág. 217 (artículo sobre Justo). <<

[18] En tiempos de la República, t. I, pág. 171. <<

[19] Prontuario, pág. 181 (nota). (La bastardilla es nuestra, A. C.). Carlos Ibarguren —íntimo de Uriburu— manifiesta: «El general Justo, que declinó cooperar con Uriburu en la dirección militar del levantamiento diciéndole que sería solamente “un soldado más”, se enfrentó contra la tendencia de éste, acaudillando a políticos y a muchos militares en el sentido de no imprimir al movimiento más sentido y objetivo que el de entregar el gobierno, cuanto antes, a los partidos opositores, llamando a elecciones inmediatamente. Así este jefe, que gozaba de gran prestigio en el ejército y de simpatía entre los políticos, se vislumbraba como el futuro presidente de la República normalizada, en vista de la renuncia de Uriburu a aceptar ninguna posible candidatura a ese cargo que formuló solemnemente en su primera proclama.» (La historia que he vivido, pág. 391). <<

[20] Luna, en Presidentes argentinos, pág. 216 (artículo sobre Justo). <<

[21] Para estos y otros datos sobre la carrera militar de Perón, hemos manejado con cuidado —cotejándolo con otras fuentes— el propagandístico libro de Enrique Pavón Pereyra, Perón (Preparación de una vida para el mando, 1895-1942), 9.ª ed. rev. y ampliada, Buenos Aires, Espino, 1953. <<

[22] Doce años de política argentina, pág. 16. <<

[23] Idem, pág. 34. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[24] Bonifacio del Carril, Crónica interna de la Revolución Libertadora, pág. 34. Algunos nombres conocidos: coronel José M. Mayorga, coronel Juan Pistarini, teniente coronel Alvaro Alzogaray, teniente coronel Juan Bautista Molina, teniente coronel Pedro Pablo Ramírez, teniente coronel Juan N. Tonazzi, teniente coronel Emilio Kinkelín, mayor Ángel Solari, mayor Humberto Sosa Molina, capitán Urbano de la Vega, capitán Juan D. Perón. (Conf.: Sarobe, Memorias…, pp. 40 y ss.; ver también los «apuntes en borrador» de Perón que figuran como apéndice del citado libro, especialmente pp. 290 y ss). <<

[25] Los nombres han sido extraídos de la extensa lista que figura en pp. 224-29 del cap. VI («La Revolución») de Al margen de la conspiración, por «diez periodistas porteños», Buenos Aires, Biblos, s/f. <<

[26] Idem, ib., pág. 200. <<

[27] Su texto en Quesada, Orígenes de la Revolución del 6 de setiembre de 1930, pág. 103. <<

[28] Así lo comenta Jauretche: «El general Justo ha utilizado a los jefes radicales que conspiran, y por intermedio de Alvear se ha puesto a la cabeza de los mismos, cuando a raíz de la sublevación de Pomar en Corrientes Uriburu tambalea; Justo apoyado en la logia que formó en su Ministerio de Guerra, le da al Presidente Provisional la alternativa: su candidatura o el triunfo de la revolución. Uriburu cede, y Justo traiciona a los radicales, con quienes se entenderá después a través de una embajada que cumple la misión pacificadora» (Ejército y política [La patria grande y la patria chica), suplemento mensual Nros. 6-7 de la revista Qué, año II, febrero 1958, pág. 33). <<

[29] Historia crítica de los partidos políticos argentinos, pág. 321 (nota). <<

[30] Idem, pág. 321. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[31] Plan 1932, pp. 233-234. (La bastardilla es nuestra, A. C.). Ver, además, todo el cap. IX. Ernesto Palacio es igualmente categórico: «El estado de conspiración militar [diciembre de 1933] era general. Numerosas guarniciones estaban comprometidas, si bien condicionaban su participación a la voz de orden del jefe del partido. Después de muchas vacilaciones Alvear se negó a darla, por cuya razón aquéllas se abstuvieron y el movimiento quedó condenado al fracaso. Ello no fue óbice para que se acusara a los dirigentes radicales de complicidad moral; muchos fueron detenidos o confinados en las tierras australes». (Historia de la Argentina, t. II, pág. 383). <<

[32] Plan 1932, pág. 12. <<

[33] Uno de sus párrafos dice: «Frente a la dictadura del general Justo, las dictaduras de las compañías Standard Oil, Bunge y Born, Dreyfus, Asociación de Frigoríficos, Tranvías, Unión Telefónicos, etc. Frente a esta dictadura extranjera, disfrazada canallescamente con los colores de nuestro pabellón y a la que sólo civiles y militares que han caído en la ignominia de traición a la patria pueden apuntalar, proclamamos la revolución con el fin de reconquistar para el pueblo argentino la suma del derecho y libertades ultrajadas, aherrojadas por la miserable legión de fascistas del Jockey Club y Círculo de Armas, que no han trepidado en vender la nacionalidad a cambio de satisfacer sus bastardas y ruines ambiciones personales, de orden político y comercial». Para el texto completo, ver Cattáneo, Plan 1932, pp. 250-251. <<

[34] Senadores, Diario de Sesiones, sesión del 12-V-32, pág. 319. <<

[35] Senadores, Diario de Sesiones, sesión del 12-V-32, pág. 360. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[36] Senadores, Diario de Sesiones, sesión del 13-V-32, pág. 418. <<

[37] Senadores, Diario de Sesiones, sesión del 13-V-32, pág. 427. <<

[38] Senadores, Diario de Sesiones, sesión, del 19-IV-32, pág. 589. <<

[39] Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 13-VI-32, pág. 115. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[40] Por ejemplo, dijo el senador Bravo: «Se ha hecho una gran adquisición de materiales para la guerra de trincheras y para la guerra de sitio. Según lo que yo tengo leído con respecto a las eventualidades de una guerra de la República Argentina, no hay posibilidades que pueda hacerse, en ningún momento de esas operaciones militares, una guerra de trincheras ni hay tampoco la posibilidad de utilizar material de sitio, por no existir, en gran parte del continente, plazas suficientemente fortificadas como para que puedan ser demolidas por la artillería de gran calibre adquirida por el ejército argentino” (Senadores, Diario de Sesiones, sesión del 19-V-32, pág. 593). El diputado socialista Juan A. Solari —en 1941— volverá sobre el tema de las irregularidades en algunas reparticiones militares (cfr. Diario de Sesiones, sesión del 14-III-41, pp. 634-642). <<

[41] Senadores, Diario de Sesiones, sesión del 21-V-32, pág. 634. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[42] El texto completo del despacho en Senadores, Diario de Sesiones, sesión del 12-IX-34, pág. 158. <<

[43] Senadores, Diario de Sesiones, sesión del 12-IX-34, pp. 158-159. La expresión «errores e» fue introducida por Laurencena (Senadores, Diario de Sesiones, sesión del 30-IX-34, pág. 39). <<

[44] Senadores, Diario de Sesiones, sesión del 30-IX-34, pág. 943. <<

[45] Senadores, Diario de Sesiones, sesión del 30-IX-34, pág. 938. <<

[46] Historia política del ejército argentino (De la Logia Lautaro a la industria pesada), Buenos Aires, A. Peña Lillo, 1959, pág. 64. Del mismo Ramos puede verse su recopilación de artículos, Ejército y semicolonia, Buenos Aires, Sudestada, 1968. <<

[47] Carta de Miguel J. Rojas —teniente 1.° (R. A.)— al teniente general Benjamín Rattenbach, Secretario de Guerra de la Nación, de fecha 19-X-62, publicada en el diario El Mundo, 3-XI-62. Rojas fue secretario privado del presidente Justo (1932-1938). <<

[48] Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 23 y 24-XII-32, pág. 614. <<

[49] Pp. 26-27. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[50] En Aquí se aprende a defender la patria, suplemento mensual Nros. 2-3 de la revista Qué, año I, marzo 1957, pág. 18. El texto de 1935 se reproduce íntegramente en otro artículo, éste de 1955 («¿Estaremos soñando?»). <<

[51] Scalabrini Ortiz, op. y loc. cit. <<

[52] Ideario democrático, pág. 61. <<

[53] Alvear, pág. 283. <<

[54] Silvio Frondizi, Doce años de política argentina, pág. 29. <<

[55] «Una logia poco conocida y la revolución del 6 de setiembre», en Revista de Historia, N.° 3, pp. 73-94. Con posterioridad, Juan V. Orona ha publicado dos documentados libros donde amplía el tema del artículo: La Logia Militar que enfrentó a Hipólito Yrigoyen (Buenos Aíres, Ed. del Autor, 1965); y La revolución del 6 de setiembre de 1930 (Buenos Aires, Ed. del Autor, 1966). Una buena crónica sobre las logias militares en la Argentina, de estilo periodístico, puede verse en Rogelio García Lupo, La rebelión de los generales, cap. VII («Apogeo y crisis de las logias militares»), pp. 50-63. <<

[56] Ambos textos —«Bases» y «Razón de ser»— pueden consultarse en el apéndice del artículo de Orona, «Una logia poco conocida…» cit., pp. 92-94. Las «Nuevas bases para el G.O.U.», en el apéndice III de García Lupo, La rebelión de los generales, pp. 228-238. <<

[57] «La revolución de 1930», en Cuatro revoluciones argentinas, pág. 57. <<

[58] Orona, «Una logia poco conocida…», cit., pág. 78. <<

[59] Idem, ib., pág. 79. <<

[60] Idem, ib., pág.84. <<

[61] Idem, ib., pág. 87. <<

[62] Plan 1932, pág. 27. <<

[63] Idem, pp. 27-28. Cfr. además pp. 29-31. <<

[64] Como García Lupo, La rebelión de los generales, pág. 56. Ver un análisis detallado del G.O.U. en Fayt, La naturaleza del peronismo, pp. 45-64; también puede consultarse Gontrán de Güemes, Así se gestó la dictadura: el G.O.U., Buenos Aires, Rex, 1956; y Juan V. Orona, La Logia Militar que derrocó a Castillo, Buenos Aires, Ed. del autor, 1966. <<

[65] García Lupo, op cit., pp. 50-51. <<

[66] Bonifacio del Carril, Crónica interna de la Revolución Libertadora, pág. 29. <<

[67] Frente al totalitarismo peronista, Buenos Aires, Bases, 1959, pág. 97. Conf. con esta posición; Whitaker, La Argentina y los Estados Unidos, pp. 137-138. <<

[68] Diputados, Diario de Sesiones, sesión del ll-IX-41, pág. 334. <<

[69] Al servicio del ejército, Buenos Aires, 1946, pág. 90. <<

[70] Idem, pág. 127. <<

[71] Idem, pág. 9. <<

[72] The Man on Horsebach, pp. 120-121. <<

[73] La rebelión de los generales, pág. 57. Cattáneo ha intentado el paralelo detallado entre ambas logias (cfr. Plan 1932, pp. 31 y ss.). <<

[74] La rebelión de los generales, pág. 58. <<

[75] Revolución y contrarrevolución en la Argentina, pág. 386. <<

[76] Cfr. Ramos, ídem, pp. 398-599. <<

[77] Ramos, Historia política del ejército argentino, pág. 69. <<

[78] The Man on Horsebach, pág. 176. Whitaker ha escrito: «… Una vez que estuvo segura su posición [Perón] prodigó fondos a las fuerzas armadas regulares, incluso a los soldados, y dio preferencia política a los oficiales, que ocuparon puestos en el gabinete, como interventores de provincias, y como administradores en empresas controladas por el gobierno, en la industria y la minería. Desde el comienzo manifestó bien claramente que mientras los militares lo apoyaran, él se preocuparía por ellos y compartiría con los mismos la conducción de los asuntos públicos, tantos civiles como militares» (La Argentina y los Estados Unidos, pág. 165). <<

[79] La obra de gobierno y de administración del 6 de setiembre de 1930 al 6 de setiembre de 1931, pp. 37-38. <<

[80] Para un análisis de su posición, cfr. Scalabrini Ortiz, Política británica en el Río de la Plata, pp. 251-252. <<

[81] En Quesada, Orígenes de la Revolución del 6 de setiembre de 1930, pág. 97. Ver también: Obras de Lisandro de la Torre, t. I, pág. 224 («Otra página de historia»); y Diez periodistas porteños, Al margen de la conspiración, pág. 135. <<

[82] La rebelión de los generales, pp. 38-39. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[83] Idem, pág. 40. <<

[84] Whitaker, La Argentina, un calidoscopio, trad. de Marta Mercader de Sánchez-Albornoz, Buenos Aires, Proceso, 1956, pág. 81. Cfr. García Lupo, La rebelión de los generales, especialmente caps. V («El bloqueo de la marina»), pp. 37-42, y XVI («El poder de la marina»), pp. 137-144. <<

[85] Armas y política en América latina, pp. 94-95. <<

[86] Especialmente pp. 42 y ss. <<

[87] Sus memorias se titulan: Dos veces rebelde (Julio 1945-abril 1957), 2.ª edición, Buenos Aires, Sigla, 1958. <<

[88] Dos veces rebelde, pág. 15. <<

[89] Idem, pág. 16. Sobre la actitud de algunos altos jefes opositores a Perón, véase los jugosos entretelones de pp. 25-27. <<

[90] Idem, pág. 25. <<

[91] Mariano Montemayor, Presencia política de las fuerzas armadas, Buenos Aires, Sigla, 1958, pág. 44. <<

[92] The Man on Horseback, pp. 4-43. Ver también, sobre la composición social de las fuerzas armadas argentinas, Imaz, Los que mandan, pp. 52 y ss. <<

[93] La rebelión de los generales, pág. 89. Véase todo el cap. XIII («La derecha imposible»), pp. 89-96, como sintético planteo de temas conexos al que analizamos. <<

[94] Idem, pág. 90. <<

[95] Lieuwen, Armas y política en América latina, pág. 93. <<

[96] Senadores, Diario de sesiones, sesión del 27-IX-32, pp. 440-441. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[97] Diputados, Diario de sesiones, sesión del 26 y 27-XII-34, pág. 387. En pág. 389, empero, Pena formula esta reflexión: «El hecho de la gravitación financiera del ejército se traduce en una creciente intervención política. No puede desconocerse que el ejército, de un tiempo a esta parte, tiene una creciente intervención en la vida argentina». <<

[98] El difícil tiempo nuevo, pág. 142. Cfr. también Scalabrini Ortiz, Política británica en el Río de la Plata, pág. 250. <<

[99] Cfr. Lanús, Al servicio del ejército, pp. 93-97. La cita siguiente ilustra la concepción que sobre el ejército tiene este autor: «… un ejército que no se educa en el orgullo de las tradiciones del país y en el respeto a su patriciado, que es una de las formas del amor a la Patria, lleva en su entraña el germen funesto de la anarquía» (pp. 36-37). <<

[100] Cfr. Montemayor, Presencia política de las fuerzas armadas, pp. 38-39. Es la opinión de un nacionalista sui generis. <<

[101] Por ejemplo, el teniente general Benjamín Rattenbach en su Sociología militar (Una contribución a su estudio), Buenos Aires, Perlado, 1958. Otro análisis paralelo es Mario Horacio Orsolini, La crisis del ejército, Buenos Aires, Arayú, 1964. <<

Notas al Capítulo VIII

[1] Para el período anterior a 1930, es importante la obra de Ricardo M. Ortiz, Historia económica de la Argentina (1850-1930), 2 vols., Buenos Aires, Raigal, 1955. A simple titulo ejemplificativo, mencionaremos algunos trabajos útiles para la profundización del problema económico y cuestiones conexas, referidos siempre a nuestro país: Raúl Scalabrini Ortiz, Política británica en el Río de la Plata; Alejandro E. Bunge, Una nueva Argentina, Buenos Aires, Kraft, 1940; José Boglich, La cuestión agraria, Buenos Aires, Claridad, 1937; Bruno A. Defelippei, Geografía económica argentina, Buenos Aires, Losange, 1959; Leopoldo Portnoy, Análisis crítico de la economía, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1961; Jaime Fuchs, La penetración de los trusts yanquis en la Argentina, 2.ªed., Buenos Aires, Cartago, 1959, y Argentina: su desarrollo capitalista, Buenos Aires, Cartago, 1965; Rodolfo Puiggrós, Libre empresa o nacionalización en la industria de la carne; Jorge del Río, Política Argentina y los monopolios eléctricos; Adolfo Dorfman, Evolución industrial argentina; Jacinto Oddone, La burguesía terrateniente argentina, 2.ªed., Buenos Aires, 1936; Marcelo Isacovich, Argentina económica y social, Buenos Aires, Quipo, 1961; Silvio Frondizi, La realidad argentina (tomo I: «El sistema capitalista»), 2.ªed., Buenos Aires, Praxis, 1957; Aldo Ferrer, La economía argentina (Las etapas de su desarrollo y problemas actuales), México, Fondo de Cultura Económica, 1963; Benito Marianetti, Argentina: realidad y perspectivas, Buenos Aires, Platina, 1964; Enrique Silberstein, Los economistas, Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1967; Guido Di Telia y Manuel Zymelman, Las etapas del desarrollo económico argentino, Buenos Aires, Eudeba, 1967; Dardo Cúneo, Comportamiento y crisis de la clase empresaria, Buenos Aires, Pleamar, 1967. <<

[2] Historia crítica de los partidos políticos argentinos, pp. 469-470. Sobre el imperialismo extranjero y nuestra economía, pueden consultarse Eduardo B. Astesano, Historia de la independencia económica, Buenos Aires, 1949; Rodolfo y Julio Irazusta, La Argentina y el imperialismo británico, Buenos Aires, Tor, 1934; Julio Irazusta, Balance de siglo y medio, Buenos Aires, Theoría, 1966; José V. Liceaga. Las carnes en la economía argentina, Buenos Aires, Raigal, 1954; Ricardo Olivari, El comercio exterior argentino, Buenos Aires, Edinorte, 1963; Ysabel F. Rennie, The Argentine Republic, Nueva York, Macmillan, 1945; Félix J. Weil, Argentine Riddle, Nueva York, The John Day Company, 1944. <<

[3] Puiggrós, idem, pág. 471. Amplía Deodoro Roca: «Bunge y Born —monstruo de innumerables cabezas— ha convertido el Chaco argentino en provincia del Imperio Mundial del Algodón. Su gerente general, Hirsch, es el virrey del Chaco, Isaac Libenson es secretario y alma de la Junta Nacional de Defensa de la Producción. Dirige inteligentemente un vasto movimiento de defensa de los productores de algodón, explotados inicuamente por Bunge y Born. Triunfa. Desbarata los planes de aquél. Impide pacíficamente que el Monopolio siga estrangulando a los colonos chaqueños. El Chaco es un territorio sometido sin contralor a la potestad del gobierno de la Nación. El gobernador es el amo. El territorio está naturalmente configurado para este tipo de gobernante. Y resulta que el gobernador es, precisamente, Bunge y Born, el monopolista y explotador del Chaco, porque quien lo desempeña es un abogado a sueldo de esa empresa. El Chaco es así una Satrapía donde no hay más ley que la de Bunge y Born. El abogado Castelles es nombrado gobernador. Desde entonces, el movimiento pacífico toma un cariz sangriento, Bunge y Born declara fuera de la ley a los colonos explotados. Mata, asesina, encarcela. Ley Marcial para el territorio. Los miembros de la Junta Nacional de Defensa de la Producción, que hacen obra argentina, patriótica y humana, son encarcelados. A los extranjeros se les cancela, por medio de los jueces, la carta de ciudadanía (…)» (El difícil tiempo nuevo, pág. 158). <<

[4] Cfr. Ricardo M. Ortiz, El ferrocarril en la economía argentina, 2.ª ed. actualizada, Buenos Aires, Cátedra Lisandro de la Torre, 1958. <<

[5] Puiggrós, Historia crítica de los partidos políticos argentinos, pág. 472. <<

[6] Idem, ib., pág. 478. <<

[7] Cfr., entre otros Arturo Frondizi, Petróleo y política; Marcos Kaplan, Economía y política del petróleo argentino (1939-1956). <<

[8] Mosconi, general del petróleo, Buenos Aires, Futuro, 1957. <<

[9] Discurso pronunciado en Colombia (1.°-III-28), reproducido en Enrique Mosconi, La batalla del petróleo (selección, prólogo y notas de Gregorio Selser), Buenos Aires, Problemas Nacionales, 1957. <<

[10] La patria y su destino, pp. 180-181. <<

[11] Cfr. la intervención de Palacios, en Senadores, Diario de Sesiones, sesión del 27-VIII-41, pág. 431. <<

[12] Senadores, Diario de Sesiones, sesión del 27-VIII-41, pág. 429. <<

[13] Clodomiro Zavalía, «La hora de Estados Unidos», en Revista de Economía Argentina, año 13, tomo XXV, N.° 146, agosto 1930, pp. 143-144. <<

[14] Clodomiro Zavalía, «El cambio de la situación política», en Revista de Economía Argentina, año 13, tomo XXV, N.° 147, setiembre 1930, pág. 171. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[15] Alvear, pp. 265-266. <<

[16] Peronismo y frondizismo, pág. 44. <<

[17] Obras de Lisandro de la Torre, t. II, pp. 112-113. <<

[18] Idem, pág. 379. <<

[19] Idem, pág. Eje. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[20] Discurso reproducido en Nuestra América y el imperialismo, Buenos Aires, Palestra, 1961, pp. 223-224. Un panorama general de la ganadería en nuestro país es Horacio Giberti, Historia económica de la ganadería argentina, Buenos Aires, Hachette, 1961. <<

[21] Palacios, Nuestra América y el imperialismo, pág. 225. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[22] Idem, pág. 259. El fragmento reproducido corresponde a los debates de 1936. <<

[23] En su colección de artículos recopilados bajo el título de Acerca de una política nacional (prólogo de Julio Irazusta), Buenos Aires, Difusión, 1939; ver especialmente toda la sección II («La tiranía de los curiales»), pp. 39-61. <<

[24] Idem, pp. 51-52. Los abogados de que habla Dolí también llegaban a rectores universitarios, ampliando de este modo su campo de acción y el círculo de influencias: piénsese en un Vicente Gallo o en un Carlos Saavedra Lamas para la Universidad de Buenos Aires. Gallo y Clodomiro Zavalía, entonces decano de la Facultad de Derecho, patrocinaban a la C.H.A.D.E. ante la Corte Suprema de Justicia (cfr., por ejemplo, Jorge del Río, Política argentina y los monopolios eléctricos, pág. 107). <<

[25] Doll, Acerca de una política nacional, pp. 53-54. <<

[26] Idem, pág. 55. <<

[27] La patria y su destino, pp. 128-129 (nota). Torres, lo mismo que Doll, incurre con frecuencia en un antisemitismo elemental: aquí la arbitrariedad se da la mano con el prejuicio. <<

[28] Idem, pp. 342-343. <<

[29] Idem, pp. 83-84. <<

[30] De la «advertencia preliminar» al folleto La C.A.D.E. y la Revolución (Buenos Aires, 1945), reproducida en Jorge del Río, Política argentina y los monopolios eléctricos, pp. 211-212. (La bastardilla es nuestra). Recordemos que Oliver, junto al ingeniero Juan Sábato, formó parte de la «Comisión Investigadora de los Servicios Públicos de Electricidad de la Ciudad de Buenos Aires», creada por decreto 4910 del 6 de agosto de 1943, bajo la presidencia del coronel (R.A.) Matías Rodríguez Conde. <<

[31] Alvear, pp. 198-199. «Presintiendo el coronel Rodríguez Conde, que las publicaciones del Informe no serían difundidas distribuyó entre las personas que honraba con su confianza un reducido número de ejemplares para que el país no se viera privado del conocimiento de este asunto; entre esas personas el autor de este libro recibió un ejemplar» (Jorge del Río, op. cit., pág. 83). Cfr., en este sentido, Silvio Frondizi, La realidad argentina, t. I, pp. 238 y ss. <<

[32] Alvear, pp. 215-216. <<

[33] Datos tomados del Boletín del Centenario (1854 - 10 de julio - 1954), Bolsa de Comercio de Buenos Aires, año L, t. CLV, N.° 2565, 5-VII-54, pág. 246. Sobre la Sociedad Rural, puede consultarse Jorge Newton, Historia de la Sociedad Rural Argentina, 2.ª ed., Buenos Aires, Goncourt, 1966. <<

[34] Se trata de una monografía titulada «La Unión Industrial Argentina (grupo de interés - grupo de presión)», presentada al seminario Grupos de presión en la Argentina, realizado en el segundo cuatrimestre de 1962 bajo la dirección de Rodríguez Bustamante en su cátedra de Teoría Sociológica (Departamento de Sociología, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires). Cfr. también Cúneo, Comportamiento y crisis de la clase empresario, pp. 129-146, 167-190. <<

[35] «La Unión Industrial Argentina», pág. 18. <<

[36] Diez periodistas porteños, Al margen de la conspiración, pág. 333. <<

[37] Idem, ib., pág. 335. <<

[38] Scalabrini Ortiz, Política británica en el Río de la Plata, pág. 153. Confirma Hernández Arregui: «La Unión Industrial, dirigida por Luis Colombo, estaba ligada a las oligarquías del interior. Dueño de bodegas en Mendoza, era presidente de la Sociedad Anónima Bodegas y Viñedos Tomba y enlazaba sus operaciones con los bancos que regulaban la industrialización del vino y con Mr. William Roberts, comisionado de la banca extranjera y presidente de Bodegas y Viñedos El Globo. Vicepresidente de Bodegas Arizu, Luis Colombo era también miembro del directorio de la sociedad Leng, Roberts Ltda. Un diario lo llamaba “representante de los bancos extranjeros”. Asesor de la Junta Reguladora de la Industria Vitivinícola, además, era director del Banco Central en representación de la industria nacional y sus negocios se entramaban con los ferrocarriles británicos. Luis Colombo intervino en la designación del ministro Pinedo» (La formación de la conciencia nacional, pág. 295). <<

[39] «La Unión Industrial Argentina», pp. 64-68. <<

[40] Cfr. Pérez Zelaschi, idem, pp. 48-49. <<

[41] Cfr. las citas en idem, ib., pp. 54-55. <<

[42] En tiempos de la República, t. I, pág. 186. <<

[43] Pinedo, idem, t. I, pág. 186. <<

[44] Idem, pp. 186-187. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[45] Idem, pp. 187-188. <<

[46] Idem, pág. 188. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[47] La patria y su destino, pág. 409. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[48] Cit. en del Río, Política argentina y los monopolios eléctricos, pág. 89. <<

[49] Compárese la obra de Pinedo, El fatal estatismo (2.ª ed., Buenos Aires, Kraft, 1956), con la política de «intervencionismo estatal» llevada a cabo durante la presidencia de Justo —apoyada por su ministro de Hacienda, el mismo Pinedo—, y se verá bien claro lo que queremos significar. Pinedo, dicho esto al pasar, siendo diputado socialista independiente en 1932, era reconocido como influyente en las altas esferas: «El señor Pinedo es el deus ex machina de este presupuesto, señor presidente. Es evidente y notoria su vinculación y colaboración con el ministro de Hacienda del gobierno de facto. Son conocidas sus vinculaciones y su trabajo de colaboración con el actual ministro. Es conocida su actividad en la Comisión de Presupuesto. Es pública y notoria su participación en los consejos de gobierno con los señores diputados de la mayoría. Y si faltara algo para caracterizarlo como miembro solidario de esa mayoría, él lo ha ofrecido cabalmente en su discurso del sábado al decir que no lo separaba de la mayoría en materia de gastos, ninguna disidencia: su disidencia era en materia impositiva» (Adolfo Dickman, Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 18-IV-32, pág. 250). <<

[50] «La política financiera argentina (desde el 20 de febrero de 1932 al 20 de julio de 1933)», en Cursos y conferencias, año VI, vol. XI, N.° 1, abril 1937, pág. 14. (La bastardilla es nuestra, A. C.). Cfr. también Alberto Hueyo, La Argentina en la depresión mundial (1932-1933), Buenos Aires, El Ateneo, 1938. <<

[51] «La política financiera argentina…» pág. 15. <<

[52] La patria y su destino, pp. 231-232. <<

[53] Obras de Lisandro de la Torre, t. II, pág. 165. Cfr. también pp. 200-202, sobre la actuación de Prebisch en el problema de las carnes. «No se aprecia comúnmente el gran progreso que significa la forma actual de presupuesto y su división en rubros diversos. Un miembro conspicuo del Congreso ha hecho el vaticinio de que eso sería anulado y abrigo la esperanza de que no sea ése el destino de la obra fecunda, seria, penosa, del gran funcionario que la llevó a cabo y cuyo nombre cito, porque hace honor a la administración argentina, el doctor Raúl Prebisch, que ha colaborado en un trabajo de agrupación del presupuesto veraz (…)» (Federico Pinedo, Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 16-IV-32, pág. 219. <<

[54] Obras de Lisandro de la Torre, t. IV, pág. 419. Sobre Malaccorto, cfr. ídem, t. II, pp. 222 y 418 y ss. <<

[55] Jorge Abelardo Ramos, Revolución y contrarrevolución en la Argentina, pág. 379. Cfr. también Nicolás Repetto, Mi paso por la política (De Uriburu a Perón) pág. 108. <<

[56] Scalabrini Ortiz, Política británica en el Río de la Plata, p. 42. (La bastardilla es nuestra, A. C.). Cfr. también pág. 247. <<

[57] Idem, pág. 150. <<

[58] Idem, pp. 247-248. Sobre otro ministro de Hacienda de la Nación, Carlos A. Acevedo, cfr. pág. 248. <<

[59] La burguesía terrateniente argentina, pp. 176-177. El cuadro corresponde a las cifras consignadas en la Guía provincial de contribuyentes de 1928. Agrega Oddone: «Como comprenderá el lector, en ningún caso nos referimos a las propiedades que las familias citadas poseen en las ciudades y pueblos, pues de lo contrario el capital de cada familia aumentaría enormemente. Nuestro objeto es sólo demostrar lo que poseen en campos, en latifundios» (pág. 177). El cuadro se reproduce también en Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 26/27-IV-32, pág. 914, por pedido del diputado socialista Pena. <<

[60] Conf. Isacovich, Argentina social y económica, pág. 37. <<

[61] Criterio, año XV, N.° 751, 23-VII-42, pág. 312. <<

[62] Las cifras en Isacovich, op. cit., pág. 38. Cfr. también Germani, Estructura social de la Argentina, pág. 162. <<

[63] «Rasgos biográficos de la famosa burguesía industrial argentina», en Estrategia, N.° 1, setiembre 1957, pp. 45-80 (cfr. bibliografía allí citada); y Gustavo Polit, «Rasgos biográficos de la famosa burguesía industrial argentina» (actualización), en Fichas de investigación económica y social, Buenos Aires, vol. I, abril de 1964, pp. 60-80. Sobre las conexiones entre el imperialismo y la «burguesía industrial» cfr. Dorfman, Evolución industrial argentina, y Fuchs, La Penetración de los trusts yanquis en la Argentina, passim. <<

[64] Peña, «Rasgos biográficos de la famosa burguesía industrial argentina», pp. 49-51. <<

[65] Idem, pág. 49. <<

Notas al Capítulo IX

[1] «Algunas repercusiones sociales de los cambios económicos en la Argentina (1940-1950)», en Cursos y conferencias, año XX, vol. XL, Nros. 238-239-240, enero-febrero-marzo 1952, pág. 577. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[2] Argentina: imágenes y perspectivas, Buenos Aires, Raigal, 1956, pp. 35-56.,(La bastardilla es nuestra, A. C.). La cita corresponde a un trabajo escrito en 1951. Ver también José Luis Romero, El desarrollo de las ideas en la sociedad argentina del siglo XX, México, Fondo de Cultura Económica, 1965, passim. <<

[3] Romero, Argentina: imágenes y perspectivas, p. 36. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[4] Sesión del 16-IV-32, pp. 338-345. <<

[5] Idem, pág. 338. <<

[6] Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 28-IX-36, pág. 694. <<

[7] Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 16-VIII-39, pág. 119. La inserción fue solicitada por el legislador I. Mario Castex. Peter agrega este testimonio sobre las condiciones de vida del trabajador en la industria de la carne: «Se come poco y mal. Cuando esto se manifiesta en enfermedades no hay dinero para remedios ni para pagar médicos. Se vive aun peor. Conventillos de lata y madera, piezas estrechas, sucias, incómodas y frías. Piezas en que el trabajador rendido por el cansancio no podrá dormir porque lo habrá de impedir el ruido de las piezas vecinas que llega a la suya como a una caja de resonancia. Ni aire, ni sol, ni higiene. Por el contrario, las mejores condiciones para la tuberculosis y toda clase de enfermedades» (pp. 119-120). La novela Sin tregua, de Raúl Larra (Buenos Aires, Futuro, 1959), dedicada a José Peter, «cuya vida inspiró en parte esta ficción», ofrece tremendas descripciones sobre la labor en los frigoríficos. La ficción, en este caso, es quemante reflejo de la realidad; el propio Peter testimonió esos hechos en sus posteriores Crónicas proletarias. <<

[8] Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 29 y 30-IX-36, pág. 813. <<

[9] Diputados, Diario de Sesiones, sesión del 29 y 30-IX-36, pp. 820-821. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[10] Prólogo a Lisandro de la Torre, Cartas íntimas, pág. 15. <<

[11] Hemos consultado, entre otros, los siguientes textos: la monografía inédita de Graciela Biagini, «La Confederación General del Trabajo como grupo de presión» (presentada al seminario Grupos de presión en la Argentina, realizado en el segundo cuatrimestre de 1962 en la Facultad de Filosofía y Letras bajo la dirección de Norberto Rodríguez Bustamante, al que ya hemos aludido en el capítulo anterior); Rubens Iscaro, Origen y desarrollo del movimiento sindical argentino, Buenos Aires, Anteo, 1958; Alberto Belloni, Peronismo y socialismo nacional, Buenos Aires, Coyoacán, 1962; Alberto Belloni, Del anarquismo al peronismo (Historia del movimiento obrero argentino); Angel Perelman, Cómo hicimos el 17 de octubre; Sebastián Marotta, «Organizaciones obreras», en Argentina 1930-1960, pp. 150-158. Para el período anterior a 1920, pueden consultarse los dos volúmenes del citado Marotta: El movimiento sindical argentino. Su génesis y desarrollo, Buenos Aires, Lacio (t. I, período 1857-1907, 1960; t. II, período 1907-1920, 1961). Hay material útil sobre el movimiento obrero, también, en Jacinto Oddone, «Gremialismo proletario argentino», Buenos Aires, La Vanguardia, 1949; Enrique Dickmann, «Recuerdos de un militante socialista», Buenos Aires, La Vanguardia, 1949; Luis Cerruti Costa, El sindicalismo, las masas y el poder, Buenos Aires, Trafac, 1957; Roberto Carri, Sindicatos y poder en la Argentina, Buenos Aires, Sudestada, 1967; y en Samuel L. Baily, Labor, Nationalism, and Politics in Argentina, New Brunswick (N. J.), Rutgers University Press, 1967. <<

[12] Cfr. «El movimiento obrero argentino ante el golpe de Estado del 6 de setiembre de 1930», en Revista de Historia, N.° 3, primer trimestre 1958, pp. 123-132. Un serio estudio sobre las relaciones entre el trabajador y su contorno socio-económico, hasta la crisis de 1929, en José Panettieri, Los trabajadores, Buenos Aires, Jorge Alvarez, 1968. <<

[13] Marotta, «Organizaciones obreras», pág. 150. <<

[14] El texto completo en Biagini, «La Confederación General del Trabajo…», pág. 6. <<

[15] Origen y desarrollo del movimiento sindical argentino, pág. 144. <<

[16] Iscaro, op. cit., pág. 146. <<

[17] «La Confederación General del Trabajo…» pág. 40. <<

[18] Belloni, Del anarquismo al peronismo, pp. 41-42. Véase en una fuente de opuesta tendencia, el Esbozo… del Partido Comunista, las reflexiones sobre el hecho de que algunos dirigentes de la C.G.T. «se dedicaron a frenar sistemáticamente las huelgas y prestaron apoyo a Uriburu y postriormente al gobierno de Justo» (pág. 78). <<

[19] 30 años de historia argentina, pág. 40. <<

[20] Iscaro, Origen y desarrollo…, pág. 158. <<

[21] Marotta, «Organizaciones obreras», pág. 154. <<

[22] Idem, loc. cit. <<

[23] Un ejemplar del texto original, en Biagini, «La Confederación General del Trabajo…», pág. 16. <<

[24] Origen y desarrollo…, pág. 158. (La bastardilla es nuestra, A. C.). Algunas cifras: «Según los datos del Departamento del Trabajo, la C.G.T. contaba en 1936 con 317 sindicatos y 262.630 cotizantes; la U.S.A., con 31 sindicatos y 25.093 cotizantes; la F.A.C.E., con 25 sindicatos y 8.012 cotizantes, y los sindicatos autónomos eran 83 con 72.834 cotizantes» (loc. cit.). <<

[25] Biagini, «La Confederación General del Trabajo…», pág. 37. <<

[26] Idem, loc. cit. <<

[27] Iscaro, Origen y desarrollo…, pág. 166. <<

[28] El texto completo de la resolución en ídem, ib., pp. 166-167. <<

[29] Biagini, «La Confederación General del Trabajo…», pág. 39. «Teóricamente el programa no era malo; por el contrario, su cumplimiento hubiese servido para aliviar a la clase obrera de las dificultades económicas en que se encontraba; pero la C.G.T. no desarrolló una acción ni grande ni leve para que se cumpliese» (pp. 39-40). <<

[30] Iscaro, Origen y desarrollo…, pág. 167. <<

[31] Idem, ib., pág. 170. <<

[32] Véase el texto en idem, ib., pp. 176-177. <<

[33] Idem, ib., pág. 179. <<

[34] El proceso menudo y poco ejemplar de esta anécdota puede seguirse en Biagini, «La Confederación General del Trabajo…», pp. 40-42; y en Iscaro, Origen y desarrollo…, pp. 178-180. El espíritu del fraude y el amaño había llegado también al campo sindical, como reflejo de toda una época. <<

[35] Peronismo y socialismo nacional, pp. 12-13. <<

[36] Iscaro consigna: «… en el período 1931/39 [las huelgas] alcanzan a 565 con participación de 286.000 obreros» (Origen y desarrollo…, pág. 160). Algunos otros datos sobre huelgas, en el Esbozo…, passim. <<

[37] Véase un gráfico relato de la huelga en Angel Perelman, Cómo hicimos el 17 de octubre, pp. 31-33 y 43 y ss. La versión comunista, en el Esbozo…, pág. 99 (nota). <<

[38] Esbozo…, pág. 107. <<

[39] «La Confederación General del Trabajo…», pág. 45. Las conclusiones interesantes con que la autora fundamenta su tesis de que la C.G.T. funcionó en forma prácticamente ininterrumpida, entre los años 1930 y 1943, como «grupo de presión» oficialista y encubierto, atento siempre a las solicitaciones del poder público (a quien recurría en forma periódica para solicitarle un «plan mínimo» de reivindicaciones), nos parecen muy sólidas (cfr. especialmente pp. 43-45). <<

[40] «Organizaciones obreras», pág. 155. (La bastardilla es nuestra, A. C.). Cfr. también, para otros análisis menos simplistas, Rodolfo Puiggrós, El proletariado en la revolución nacional, Buenos Aires, Trafac, 1958; y Torcuato S. Di Telia, El sistema político argentino y la clase obrera, Buenos Aires, Eudeba, 1964. <<

[41] Biagini, «La Confederación General del Trabajo…», pp. 42-43. Conf. Iscaro, Origen y desarrollo…, pp. 226 y ss. <<

[42] 30 años de historia argentina, pág. 66. Para detalles sobre la actuación de Borlenghi y Mercante, cfr. Rabinovitz, Sucedió en la Argentina (1943-1956), pp. 22 y ss. El citado Real continúa, después de referirse al decreto 28.169/44 (Estatuto del Peón), con esta enumeración: «Llegó también esta política social a otras capas de trabajadores hasta entonces desorganizados y “sumergidos”, v.gr., a los obreros del surco y de los ingenios azucareros, de donde se originó la poderosa Federación de Trabajadores de la Industria Azucarera. Y tocó asimismo a los chacareros arrendatarios: el decreto 14.001/43 congelaba los contratos de arrendamiento a la tasa vigente al 1.° de julio de 1940; significaba una rebaja sustancial. Más tarde se hizo extensiva la rebaja a los arrendamientos que pagaban los tamberos.

»Esta política social se encuadraba dentro de una política económica de acusada tendencia industrialista, que comenzó con la creación del Banco Industrial (decreto 8.537/44). Y con una orientación nacionalista: fueron nacionalizados en seguida la Compañía Primitiva de Gas y los elevadores de granos. Por decreto 17.800/43 fue liquidado el Instituto Movilizador, y disueltas algunas Juntas Reguladoras.»(pp. 66-67). <<

[43] Cómo hicimos el 17 de octubre, pág. 46. Los decretos más importantes sobre cuestiones laborales (1943-1946), pueden consultarse en los tomos respectivos de Anales de Legislación Argentina. <<

[44] Revolución y contrarrevolución en la Argentina, pág. 401. <<

[45] Idem, pág. 402. Sobre contactos de Perón con los partidos políticos (incluido el Comunista), cfr. la opinión de Real, 30 años de historia argentina, pp. 68-69. <<

[46] Origen y desarrollo…, pág. 228. (La bastardilla es nuestra, A.C.). El texto citado recuerda casi a la letra al siguiente (1947) de una publicación oficial comunista: «Por ello, Perón se dio un plan táctico que fue cumpliendo escalonadamente. Primero, trató de impedir por todos los medios el funcionamiento de los sindicatos independientes, colocándolos en la ilegalidad, encarcelando a sus dirigentes sindicales comunistas más conocidos, con el fin de romper su contacto con las masas obreras; luego sobornó con diversos métodos a una cantidad considerable de viejos dirigentes reformistas de la C.G.T., que se pusieron incondicionalmente a su servicio; y, al mismo tiempo, agitó demagógicamente consignas sentidas por la clase obrera y el pueblo, y, de ese modo, trató de arrancar a las masas de la influencia de los partidos democráticos en general y del Partido Comunista en particular, y conquistar su apoyo para la política interna y externa de los gobiernos militar-fascistas» (Esbozo…, pág. 114).

Compárese este fragmento con la siguiente cita de Perelman: «… nosotros, los organizadores de los sindicatos de 1944 y 1945, procedíamos en gran proporción de las viejas tendencias tradicionales del movimiento obrero; entre nosotros había numerosos militantes sindicalistas, comunistas, trotskistas, socialistas, forjistas (como Libertario Ferrari) que de una manera u otra comprendíamos muy bien el duelo que en ese momento estaba jugándose en el país, la significación de las generalizaciones políticas e históricas de Perón. Para nosotros era la recuperación de un viejo lenguaje perdido, el restablecimiento de una línea histórica fundamental, la más apropiada para un movimiento nacional y popular. Para los miles de activistas, delegados y dirigentes de sindicatos, en su mayor parte procedentes del interior, que no habían actuado nunca en política ni en los sindicatos, era el verdadero descubrimiento de los problemas nacionales y mundiales» (Cómo hicimos el 17 de octubre, pág. 63). <<

[47] Esbozo…, pág. 122. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[48] Op. cit., pág. 125. <<

[49] Pensamos en Galletti, La política y los partidos, buen ejemplo de esta postura. Véase un excelente primer paso en el sentido de analizar la génesis del laborismo, en Fayt, La naturaleza del peronismo, especialmente pp. 114-154. <<

[50] Del anarquismo al peronismo, pág. 56. El autor aclara a renglón seguido: «El Partido Laborista será el mejor apoyo político de Perón en aquellos días, en que todos los viejos partidos, La Corte Suprema, la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural, la Universidad, la Banca, la Burocracia Estatal, la Unión Industrial y la prensa, estaban en contra de la corriente popular. Solamente una fuerza organizada y centralizada, el Ejército, tomaba su lugar como factor de poder al lado de los trabajadores. Luego del ascenso de Perón el Partido Laborista que había cimentado ese triunfo sobre la base de conformar una gran plataforma política obrera y popular, será desplazado por los políticos profesionales hasta disolverse» (loc. cit., la bastardilla es nuestra, A. C.). El testimonio de un ex laborista que termina en furioso opositor a Perón, en Walter Beveraggi Allende, El Partido Laborista, el fracaso de Perón y el problema argentino, Montevideo, 1954. <<

[51] Frente al totalitarismo peronista, pág. 116. <<

[52] La política y los partidos, pág. 177. Cfr. también pág. 152. <<

[53] En Political Man (The Social Bases of Politics), Garden City [Nueva York], Doubleday & Company, 1960, pp. 170-173 (hay ed. castellana). William Kornhauser dice que el peronismo es un «movimiento de masas parecido al fascismo» (The politics of Mass Society, Illinois, The Free Press of Glencoe, 1959, pág. 156. Dicha visión simplista ha sido cuestionada recientemente en los Estados Unidos, de modo inteligente, por Eldon Kenworthy, en «The Function of the Little-Known Case in Theory Formation of What Peronism Wasn’t», Comparative Politics, vol. 6, N.° 1, octubre 1973, pp. 17-45. Nuestro análisis crítico de la «doctrina peronista», en A. Ciria, Perón y el justicialismo, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 1971. <<

[54] La Argentina y los Estados Unidos, pág. 142. A nivel sociológico pueden consultarse los trabajos que recopila Gino Germani como cap. 8 («La transición hacia una democracia con participación total») y cap. 9 («La integración de las masas a la vida política y el totalitarismo»), de su Política y sociedad en una época de transición (De la sociedad tradicional a la sociedad de masas), Buenos Aires, Paidós, 1962, pp. 217-252. <<

[55] Conferencia reproducida en Los partidos políticos (Estructura y vigencia en la Argentina), junto a las exposiciones de José S. Campobassi, José Luis de Imaz, Mario Justo López y Luis Pan, Buenos Aires, Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, 1963, pp. 49-50. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

[56] ¿Qué es esto? (Catilinaria), 2.ª ed., Buenos Aires, Lautaro, 1956, pp. 32-33. (La bastardilla es nuestra, A. C.). <<

Notas al Capítulo X

[1] En su «Argentina’s Durable Peronists: A Twentieth Anniversaty Note (Some Preconditions and Achievements)», American Universities Field Staff Reports, Nueva York, East Coast South America Series, vol. XII, N.° 2 (Argentina), abril 1966, pp. 5-18. Ver también pp. 18-19: son las observaciones inteligentes de un autor extranjero sobre los logros del peronismo en el poder. <<

[2] «Antes de comenzar la segunda guerra mundial, ya están echadas las bases del desarrollo industrial argentino, con sus cuotas de déficits y promesas, con su exigente trasluz proyectado hacia el plano social. La guerra —repárese en esto— no despertó ese desarrollo; la guerra agrega elementos que tienden a confirmarlo; la guerra, evidentemente, lo apurará» (Dardo Cúneo, El desencuentro argentino 1930-1955, Buenos Aires, Pleamar, 1965, p. 40). <<

[3] Para un análisis revelador de las actitudes conservadoras y radicales frente al proceso de industrialización que vive el país a comienzo de la década del cuarenta, cfr. Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero, «Crecimiento industrial y alianza de clases en la Argentina (1930-1940)», Documento de Trabajo N.° 49, Buenos Aires, Centro de Investigaciones Sociales, Instituto Torcuato Di Telia, 1968, especialmente pp. 17-28. Además, puede leerse con provecho Alfredo Parera Dennis, «Una década decisiva en la formación de la moderna clase obrera argentina; 1935-1945», Fichas de investigación económica y social, Buenos Aires, vol. I, N.° 3, setiembre 1964, pp. 53-61. <<

[4] Tulio Halperín Donghi resume: «En este momento reapareció el ejército. En rigor no había desaparecido nunca: fuerza tutelar de nuestros gobiernos, sólo a su apoyo debían éstos la supervivencia. Ahora lo retiraba al doctor Castillo; un paseo militar por el centro de Buenos Aires concluía, en medio de una indiferencia plomiza, lo que había comenzado trece años antes otro desfile más calurosamente recibido. ¿Concluía realmente?» (Argentina en el callejón, Montevideo, Arca, 1964, p. 43). <<

[5] Sobre las «dos proclamas» del ejército en el 4 de junio de 1943, testimonio de dicha compleja situación, véase Cúneo, El desencuentro argentino, pp. 79-80. <<

[6] Cfr. la «Declaración de principios», el «Programa» y la «Carta orgánica» del Partido Laborista en Fayt, La naturaleza del peronismo, pp. 118-119 y 121-130. <<

[7] Una visión autocrítica sobre la actitud de los partidos de izquierda entre 1943 y 1945, en Juan José Real, «La izquierda y el 4 de junio de 1943», en Claves de historia argentina (contribuciones de Carlos Astrada, Bernardo Canal Feijóo, Dardo Cúneo y otros), Buenos Aires, Merlín, 1968, pp. 223-245. <<

[8] Una tardía y débil defensa de la misión de Braden entre nosotros, es Thomas F. McGann, «The Ambassador and the Dictator: The Braden Mission to Argentina and Its Significance for United States Relations with Latín America», en Centennial Review of Arts and Sciences, vol. VI, N.° 3, verano 1962, pp. 343-357. Las propias memorias de Spruille Braden (Diplomats and Demagogues, New Rodelle, Arlington House, 1971) nada añaden a la apología de McGann. <<

[9] Véase, por ejemplo, el artículo de T. R. B. —prestigioso columnista permanente del semanario liberal norteamericano The New Republic—, donde se dicen cosas como ésta: «El Congreso ha ido perdiendo poder, de modo constante, durante los últimos veinticinco años. Todavía favorece masivamente a los conservadores. Con frecuencia, se lo mira sin esperanzas» (ejemplar del 20 de julio de 1968, p. 4). <<

[10] Cfr. Murmis y Portantiero, «Crecimiento industrial y alianza de clases…», cit., sobre las respectivas posiciones de los partidos ante la discusión del «Plan de Reactivación Económica», original del ministro de Hacienda Federico Pinedo (1940), aprobado por el Senado y jamás considerado por la Cámara de Diputados (pp.22-28). Para una importante crítica a la visión tradicional de la U.C.R. como partido representativo de las clases medias, ver Peter Smith, «Los radicales argentinos y la defensa de los intereses ganaderos, 1916-1930», en Desarrollo Económico, Buenos Aires, vol. 7, N.° 25, abril-junio 1970, pp. 795-829. <<

[11] Para un agudo análisis de las motivaciones de las «uniones democráticas», puede leerse Cúneo. El desencuentro argentino, p. 51. <<

[12] En su libro La democracia fraudulenta, pp. 61-96, entre otros muchos trabajos de este autor. <<

[13] Cfr. Cúneo, El desencuentro argentino, especialmente pp. 46-47, 82-83 y 99; Jorge Abelardo Ramos, Revolución y contrarrevolución en la Argentina, 3.ª ed., t. II («Historia de la Argentina en el siglo XX»), Buenos Aires, Plus Ultra, 1965, pp. 622-624; y Rogelio García Lupo, «Lo que pensaba el general Savio de nuestro acero», CGT, Buenos Aires, año I, N.° 21, 19-IX-68, p. 6. <<

[14] Sobre este tema son imprescindibles por la información acumulada los tres libros de Juan V. Orona, La Logia Militar que enfrentó a Hipólito Yrigoyen; La revolución del 6 de setiembre; y La Logia Militar que derrocó a Castillo. <<

[15] Un esquema más detallado de la política económica entre 1930 y 1943, en Darío Cantón, José Luis Moreno y Alberto Ciria, La democracia constitucional y su crisis, Buenos Aires, Paidós, 1972, pp. 121-155. <<

[16] Ver aportes parciales para ese estudio en Roberto Carri, Sindicatos y poder en la Argentina; Puiggrós, El proletariado en la revolución nacional; y José Luis de Imaz, Los que mandan, pp. 208-235. <<

[17] El sistema de representación proporcional utilizado fue la «variante D’Hont» (explicado con algún detalle en Rafael Bielsa, Derecho constitucional, pp. 225-226), y en realidad se lo aplicó por primera vez entre nosotros con motivo de las elecciones de convencionales (1957), como medio de practicar lo que dio en llamarse un «recuento globular» de los partidos que se presentaban, ante la proscripción y el consiguiente voto en blanco del peronismo. <<

[18] Pablo Giussani, «La Junta Consultiva», en Extra, Buenos Aires, año I, N.° 5, noviembre 1965, p. 30. Se trata de un cáustico y agudo análisis del organismo. <<

[19] Cfr. Alan T. Leonhard, «The 1946 Purge of the Argentine Supreme Court of Justice», Inter-American Economic Affairs, vol. 17, N.° 4, primavera 1964, p. 77. («Los ministros de la Corte de ese entonces eran su Presidente Roberto Repetto, y los jueces Antonio Sagarna, Benito Nazar Anchorena, Francisco Ramos Mejía y Tomás Casares. Repetto renunció de inmediato, y debido a sus opiniones en disidencia en muchos de los fallos cuestionados, Casares fue eximido del juicio político», art. cit., p. 74). <<

[20] Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 1955, vol. 233, pp. 15-16. <<

[21] Los textos de la comunicación de Cuido a la Corte Suprema y del juramento que luego prestó ante ésa, pueden consultarse en El Derecho, Buenos Aires, Universidad Católica Argentina, 1962, t. 2, pp. 4-5. <<

[22] En el caso Pitto, Luis M. (CS, 3 de abril de 1962), El Derecho, 1962, t. 2, p. 2. <<

[23] Ver los Decretos N.° 3 (28 de junio de 1966) y N.° 7 (en la misma fecha) emitidos por la Junta Revolucionaria, por los que, respectivamente, cesan en su cargos los ministros Aristóbulo D. Aráoz de Lamadrid, Luis María Boffi Boggero, Pedro Aberastury, Ricardo Colombres, Esteban Imaz, Juan C. Zavala Rodríguez, y el Procurador General de la Nación, Ramón Lascano; y son designados por el Presidente de la Nación los nuevos integrantes del tribunal supremo (Eduardo A. Ortiz Basualdo, Roberto E. Chute, Marco A. Risolía, Luis C. Cabral, Guillermo A. Borda —más tarde reemplazado por José F. Bidau— y el Procurador General Eduardo H. Marquardt). Sus textos, en Anales de Legislación Argentina, Buenos Aires, La Ley, 1966, XXVI-B, pp. 759-760. <<

[24] Considerando del «Estatuto de la Revolución Argentina», en Anales de Legislación Argentina, 1966, XXVI-B, p. 756. Sobre las relaciones entre el Poder Judicial y los gobiernos de fuerza, puede consultarse Zulema Julia Escobar, «Antecedentes jurisprudenciales argentinos en materia de revolución», en el libro colectivo La «Revolución Argentina» (Análisis y prospectiva), originado en el Instituto de Ciencia Política de la Universidad del Salvador (Buenos Aires, Depalma, 1966, pp. 41-61). <<

[25] Recuérdese el decreto N.° 773, del 18-IV-43, del régimen de Ramírez, que disponía la cancelación de la «voz provisional del acta de constitución del actual gobierno y de los documentos oficiales en que haya aparecido y prohíbe aplicarla a las autoridades del Gobierno de la Nación». Es un antecedente de la tendencia esquematizada en el texto. <<

[26] Ver Diputados, Diario de Sesiones, sesión especial del 13/14-VlII-48, p. 2710 y passim, en la discusión sobre la necesidad de la reforma constitucional. <<

[27] Ver Bielsa, Derecho constitucional, pp. 134-135 y ss. Para un conjunto de opiniones dispares sobre la oportunidad y la extensión de esta reforma frustrada de 1957, véase la mesa redonda sobre la reforma constitucional, preparada por Amoldo Siperman, y en la que dan su parecer Bonifacio del Carril, Carlos S. Fayt, Silvio Frondizi, Segundo V. Linares Quintana, Benito Marianetti y Alberto Antonio Spota. Se publicó en Revista de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, año III, N.° 5, invierno 1957, pp. 77-112. <<

[28] Bielsa, Derecho constitucional, p. 40 (nota). <<

[29] Los textos incluidos, en Bielsa, op. cit., pp. 140-141. <<

[30] Anales de Legislación Argentina, 1966, XXVI-B, pp. 753-754. Del Acta transcripta se firman cuatro ejemplares para su registro, conocimiento y ulterior archivo en la Presidencia de la Nación, Comando en Jefe del Ejército, Comando de Operaciones Navales y Comando en Jefe de la Fuerza Aérea. Quienes suscriben el documento son los respectivos Comandantes en Jefe de las tres armas: teniente general Pascual A. Pistarini, Almirante Benigno I. Varela y Brigadier Mayor Adolfo T. Álvarez (p. 754). <<

[31] El texto de los «Fines Revolucionarios» y el «Estatuto de la Revolución Argentina», en Anales de Legislación Argentina, 1966, XXVI-B, pp. 757 y 756, respectivamente. Ver Ernesto J. Miqueo Ferrero, «Leyes fundamentales argentinas» en La «Revolución Argentina», p. 199-210, para un comentario favorable a este ordenamiento vertical y autoritario. <<

[32] Para un agudo comentario a este proceso, cfr. George I. Blanksten, Perón’s Argentina, Chicago, The University of Chicago Press, 1953, pp. 334-335. <<

[33] Tampoco se ha analizado en profundidad la ampliación de la participación electoral durante las presidencias de Perón: voto femenino, provincialización de los territorios nacionales, etc., y su relación con el crecimiento numérico de las «tres ramas» del Partido Peronista: masculina, femenina y sindical. <<

[34] Sobre el movimiento universitario y sus problemas desde 1943 al presente, puede verse Ciria y Sanguinetti, Los reformistas, especialmente pp. 113-239; y Luisa Brignardello, «Argentina: dos años de malas relaciones», en Mundo Nuevo, París, Nros. 26-27, agosto-setiembre 1968, pp. 25-37. <<

[35] Debe destacarse que el Partido Comunista ha sido objeto polémico de estudio por parte de autores como Ramos (El Partido Comunista en la política argentina) y Puiggrós (Las izquierdas y el problema nacional; La democracia fraudulenta), como ya indicamos en el lugar correspondiente, pero equivocando a nuestro juicio la perspectiva global, al otorgarle un lugar exagerado en el proceso político del país si nos atenemos a su influencia real, y no a la querida o supuesta por sus críticos. <<

[36] La izquierda nacional, pese a las intenciones de sus principales expositores —Ramos, Hernández Arregui, Jauretche y sus discípulos más jóvenes—, constituye un interesante planteo intelectual revisionista de muchos mitos del pasado y el presente argentino antes que un movimiento político de masas. Sobre la crisis de la «izquierda» entre nosotros, léase con provecho Ismael Viñas, «Hora cero de la izquierda: organización política y fuerza revolucionaria», en Nueva Política, Buenos Aires, año I, N.° 1, diciembre 1965, pp. 21-53. <<

[37] Con relación a los numerosos partidos entre 1955 y 1960, cfr. Galletti, La política y los partidos, pp. 228-246. <<

[38] Véase las observaciones de Halperín Donghi sobre los nacionalistas en 1955, en Argentina en el callejón, p. 77. <<

[39] Para una formulación extrema del «comunitarismo», ver Jaime María de Mathieu, El Estado comunitario, Buenos Aires, Arayú, 1962. <<

[40] La Razón, Buenos Aires, 15 de setiembre de 1968, p. 5. <<

[41] La cita de Sánchez Sorondo figura en el capítulo I, pp. 21-22 de este libro. Sobre las ideologías en el treinta y cuarenta particularmente, ver José Luis Romero, El desarrollo de las ideas en la sociedad argentina del siglo XX, cap. IV. <<

[42] Cfr. Halperín, Argentina en el callejón, pp. 71-73. <<

[43] También se destaca —y ésta es otra tradición que ya habíamos notado desde el gobierno de Justo— la desproporcionada influencia que laicos católicos, con la tolerancia y a veces el apoyo de la jerarquía, ejercen como integrantes de comisiones calificadoras de espectáculos públicos, que dan origen periódicamente a verdaderas causes célèbres. <<

[44] En dicho período 1955-1958 se concretan divisiones dentro de las fuerzas armadas con respecto a la actitud frente al peronismo y a la posterior entrega del gobierno a los civiles. Pero cuando llega la ocasión, se reprimen alzamientos contra el gobierno militar con inusitada firmeza (9 de junio de 1956), que llega hasta el fusilamiento de los adversarios —reales o presuntos— a la política oficial. <<

[45] En Argentina en el callejón, p. 92, donde este autor compara a la U.C.R.I. con la Alianza civil de 1931. <<

[46] Sobre el tema, en general, consúltese Carlos A. Florit, Las fuerzas armadas y la guerra psicológica, Buenos Aires, Arayú, 1963. Para su ejemplificación durante el primer semestre de 1960, puede verse las colecciones de los semanarios Confirmado y Primera Plana de Buenos Aires. <<

[47] Hay buena información en el artículo de Rogelio García Lupo, «Los generales monopolistas», en CGT, año I, N.° 15, 8-VIII-68, pp. 1 y 6. <<

[48] Para una visión personal y profunda del «golpismo» latinoamericano, cfr. José Nun, «América Latina: la crisis hegemónica y el golpe militar», Derecho Económico, vol. 6, Nros. 22-23, julio-diciembre 1966, pp. 355-415. <<

[49] Susana Fiorito, José Vazeilles e Ismael Viñas, «Concentración monopolista e historia industrial», Nueva Política, año 1, N.° 1, diciembre 1965, p. 64. Véase también Fichas de investigación económica y social, año 1, N.° 1, abril 1964 (número dedicado a la evolución industrial y la clase empresaria argentina); e Ismael Viñas, «¿Existe la burguesía nacional?», en Revista de problemas del Tercer Mundo, Buenos Aires, N.° 1, abril 1968, pp. 9-43. Un útil repositorio de datos sobre las organizaciones «empresarias» (hacendados, industriales y comerciantes según el autor), es Cúneo, Comportamiento y crisis de la clase empresaria. Por ejemplo, se encuentran detalles de interés sobre los orígenes y actividades de la Confederación General Económica (C.G.E.) a partir de 1952 (pp. 191-214, 229-244 y 257-266), como instancia de la no muy marcada solidaridad de intereses entre los diversos representantes del sector industrial argentino. <<

[50] Comercio Exterior, órgano mensual del Banco Nacional de Comercio Exterior de México, vol. XVIII, N.° 9, setiembre 1968, p. 808. Datos sobre los principales ejemplos de transferencias de empresas argentinas al capital extranjero (entre 1962 y 1968), en Primera Plana, año VI, N.° 297, 3 de setiembre de 1968, p. 67. Las cifras señalan que cambiaron de manos nueve bancos, cuatro manufacturas de cigarrillos, catorce fábricas de autopiezas, dos de artículos del hogar, una de automotores, etcétera. <<

[51] «El sector que mayor flujo de capitales (…) ha recibido es el bancario, situación que ha sido facilitada por los siguientes dos aspectos: a) las disposiciones del Banco Central que restringen las cantidades que los bancos locales pueden pagar por concepto de dividendos; y b) la buena disposición de los círculos gubernamentales argentinos en relación con la entrada de capitales extranjeros» (Comercio Exterior, cit.). <<

[52] Véase el sintético artículo de Rogelio García Lupo, «La doble década de los militares y las masas», en Lyra, Buenos Aires, año XX, Nros. 189-191, 1963 (sin paginación). <<

[53] Considerandos del «Acta de la Revolución Argentina» (28-VI-66), en Anales de Legislación Argentina, 1966, XXVI-B, p. 753. <<