Parar la pelota
Liderazgo para transformar

Parar la pelota
Liderazgo para transformar

Rodolfo D’onofrio

Prólogo

Juan Carr

D´Onofrio, Rodolfo

Parar la pelota / Rodolfo D´Onofrio. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Planeta, 2019.

Archivo Digital: descarga
ISBN 978-950-49-6723-1

1. Fútbol. 2. Política. I. Título.

CDD 796.334

© 2019, Rodolfo D´Onofrio

Diseño de cubierta: Departamento de Arte de Grupo Editorial Planeta S.A.I.C.

Fotografía de cubierta: Alejandra López

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Primera edición en formato digital: junio de 2019

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ISBN edición digital (ePub): 978-950-49-6723-1

A mi familia y amigos por su apoyo incondicional

PRÓLOGO
por Juan Carr

Me enorgullece ser quien prologa un libro dedicado a los más jóvenes, que escribe Rodolfo y que tiene que ver con la educación. Lo siento como un verdadero premio personal que me alegra y me honra.

A Rodolfo lo conocí conduciendo un club admirable que, entre otras cosas, acababa de arrancar con la universidad, teniendo ya trayectoria con un colegio. Nos hicimos amigos de grandes y empezamos a tener largas conversaciones de las que surgieron varias coincidencias que me sorprendieron y que vale la pena destacar.

Rodolfo tiene, en primer lugar, un equilibrio curioso que yo aplaudo todo el tiempo: puede hablarle a un estadio de 65 mil personas y, enseguida, bajarse del escenario y hablar con la mamá de un chico que acaba de ser trasplantado, que lo vino a saludar y a agradecer por una campaña solidaria. Él tiene esa sensibilidad para dirigirse a cada uno de los 65 mil y, con la misma delicadeza y la misma humanidad, dialogar con una mujer y una familia en esa situación. Yo admiro esa capacidad que él tiene para que los grandes temas, los medianos y los más personales se puedan manejar con esa simpleza.

Esto lo consigue con ese modo particular de ser un referente, un ganador —tiene muchos triunfos en su carrera profesional y como dirigente logró lo que muy pocos— y, al mismo tiempo, mantener esa serenidad y generosidad para acercarse a las personas cuando lo reconocen. Es una simpleza avasalladora y realmente les presta una auténtica atención a cada uno de los que vienen y le hablan de algo. En el caos en el que vivimos hoy, él sigue mirando a los ojos, escuchando y teniendo esos diálogos tan enriquecedores.

Al poco tiempo de que nos conocimos en la vida, se nos ocurrió pensar un montón de cosas que tienen que ver con los que están solos, los que están enfermos, los más postergados, los más pobres. Hablamos mucho sobre cambiar el mundo y transformar la realidad. Coincidimos en estos temas y, en particular, en uno ligado a la educación, a la formación y a la pedagogía: había algo que estaba flotando ahí y era que a la Argentina le faltaba una Escuela de Líderes.

En este lugar del liderazgo fue donde nos encontramos, porque yo tengo una mirada optimista y creo que Argentina tuvo, tiene y tendrá gente maravillosa, grandes líderes para la patria, lo institucional, el deporte, la política y lo religioso. Juntos, empezamos a sentir la necesidad de destacar y resaltar la educación como valor y mejorar las pedagogías que ya existían. Estas charlas dieron forma a la Escuela de Líderes que formamos junto a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, River y la Red Solidaria.

Este ciclo ya lleva tres ediciones y tiene que ver con su mirada y la mía de lo que es la educación y la formación: Argentina siempre tuvo líderes, varones y mujeres admirables, aunque la mayoría un poco solos, individuales o singulares. Es por eso que nació, en este proyecto educativo que compartimos y que está en marcha, la necesidad de ir a buscar a la generación Sub-30 y de fundar una Escuela de Líderes que es la esencia de su mirada acerca de la pedagogía: podemos pensar en los nuevos conductores ya no como individuos únicos y admirables sino como Líderes para la Comunidad.

¿Qué significa esto? Que estamos tratando de que, en esta nueva generación, cuando veas a un líder, veas alrededor a más personas trabajando a la par. Entendemos que el nuevo líder tiene que tener esta característica comunitaria por dos razones: porque tiene un equipo a su alrededor y porque necesitamos personas geniales en su compromiso y admirables en lo que hacen, pero que no se olviden de su comunidad y, especialmente, de los más postergados.

Me parece que ese es el lugar que nos une y es por eso que yo me animo, orgulloso, a prologar su libro: porque la Argentina que soñamos tiene muchísimo que ver con la pedagogía, con la formación y con la educación.

INTRODUCCIÓN

Jugar en equipo

Manos a la obra

Una de las mejores cartas de presentación que he tenido durante toda mi vida profesional fue y es el poder decir que toda mi trayectoria educativa ha transcurrido en el sistema público: me he graduado en la universidad pública, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, habiendo pasado también por una prestigiosa institución media de gestión estatal como es el Colegio Nacional de Buenos Aires, al igual que en el caso de la escuela primaria.

Como me gusta destacar siempre que tengo la ocasión, soy —como tantos otros colegas y referentes de la política, la economía, la ciencia y la salud—, un producto de la educación pública. Me siento parte de esa maravillosa tradición de la educación de calidad, gratuita y con pretensión de universalidad heredada de la ley 1420. Ley que no solo ha sido históricamente motivo de orgullo nacional y una excepcionalidad en toda América Latina, sino también el pilar fundamental de la movilidad social ascendente que durante décadas dio forma a las amplias capas medias en nuestro país.

Esta cualidad, además de enorgullecerme y de haberme dado enormes satisfacciones a la hora de poner en práctica todo lo aprendido, también me exige no solo una mayor responsabilidad frente a las tareas que emprendo todos los días, sino fundamentalmente un mayor compromiso con la realidad que me rodea.

Compromiso no solo por agradecimiento a las oportunidades de desarrollo personal y profesional que este país me ha dado, sino fundamentalmente para colaborar en generar las condiciones necesarias para que los jóvenes de hoy y del futuro puedan acceder a las mismas posibilidades.

Un compromiso que sin lugar a dudas se resignifica ante la lamentable y desgarradora realidad de la pobreza, que se mantiene incólume en nuestro país, y que afecta con particular crudeza a la niñez: según datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), 5 de cada 10 niños y niñas viven en situación de pobreza en nuestro país, quedando casi condenados a la marginalidad desde el instante de su nacimiento. Sin duda, una de las principales deudas de la democracia que los argentinos recuperamos en 1983.

A pesar de algunos valiosos esfuerzos que se están haciendo desde diferentes niveles y sectores, y más aún de las buenas intenciones de militantes y dirigentes políticos de prácticamente todas las expresiones partidarias y voluntarios y activistas de organizaciones sociales e instituciones intermedias que todos los días ponen lo mejor de sí para transformar una realidad difícil, todavía tenemos muchas deudas pendientes y dificultades por encarar: la pobreza, las desigualdades, los déficits en salud y educación, los problemas de infraestructura social básica, entre otras.

Si realmente queremos erradicar la pobreza y saldar estas deudas pendientes, es imperativo garantizar que todos, y en particular los niños, niñas y adolescentes de los sectores más vulnerables de la sociedad, cuenten con las mismas oportunidades de desarrollo personal y profesional.

Y para ello es central que puedan acceder a una educación de calidad que les brinde los aprendizajes básicos y las herramientas fundamentales para su pleno desarrollo, independientemente de su condición socioeconómica o de su lugar de residencia.

Sin duda, las experiencias más profundas de transformación social y cultural en el mundo tuvieron lugar a partir de grandes revoluciones en la educación. Pero ello no puede esperarse que ocurra por generación espontánea o que sea fruto de la casualidad o el azar. Si algo aprendí como emprendedor, tanto en mi trayectoria empresarial como dirigencial, es que las personas tenemos la capacidad de ser artífices de nuestro propio destino.

Para que todos los argentinos puedan tener la posibilidad de forjarse un destino en un futuro que se perfila cada vez más exigente, es imprescindible una educación transformadora, pensada en un sentido amplio, es decir no solo en lo referido a lo estrictamente académico sino también a la socialización de valores como la honestidad, la diversidad y el respeto, la solidaridad, el trabajo en equipo, la convivencia democrática, entre otros pilares imprescindibles para la construcción de un mejor país.

Pero ello solo será posible si tenemos la capacidad de construir consensos básicos. En este sentido, se torna imprescindible convocar a todo el arco político, al sector privado, a quienes tenemos responsabilidades en organizaciones de la sociedad civil, a la comunidad educativa y a la sociedad toda, con el objeto de trabajar en conjunto para saldar una de las grandes deudas pendientes de nuestro país: un verdadero proyecto nacional.

Con esta convicción he transitado todos estos años, y sé que comparto estos valores e ideales con otros hombres y mujeres de mi generación que, día a día, buscan las mejores estrategias para pasar del pensamiento a la acción y transformar esos valores en hechos concretos.

Por ello, uno de los objetivos que me inspiran para escribir este libro es reflexionar sobre algunas ideas, debates y experiencias concretas que pueden servir de puntapié para encarar una labor más profunda en el diseño de políticas públicas que coloquen el fortalecimiento de la educación, la igualdad de oportunidades y la garantía de equidad en el centro de la agenda de un proyecto de desarrollo nacional.

No mirar para otro lado

Me inspira en esta tarea de escribir el pensar cuál es el compromiso que tenemos con los demás. Una misión que debemos asumir todos aquellos que ocupamos lugares de responsabilidad, que tenemos el «poder de decidir» —como lo defino habitualmente cuando pienso en la clase dirigente, los empresarios y los líderes sociales— en temas que tienen un impacto en la comunidad, pero fundamentalmente el «poder del hacer», de poder cambiarle la vida a la gente desde cada uno de nuestros lugares.

En River, la institución cuyos destinos me toca conducir desde 2013, hacemos una apuesta fuerte por la juventud y el fortalecimiento de nuestro alcance federal. Si hay algo que nos da un enorme orgullo y que nos ha distinguido todo este tiempo, más allá de los trascendentes logros deportivos, es la tarea que realizamos con los jóvenes, y que va mucho más allá del fútbol y del deporte. Fue necesario realizar múltiples obras de infraestructura para contener y acompañar a los niños y jóvenes a lo largo de su carrera educativa y deportiva en el Club. Pero sobre todo revalorar nuestra inserción territorial, tanto en nuestro barrio como en todo el país. La función del Club y de la Fundación ha sido en este sentido la de acercarse a cada territorio, a lo largo y ancho del país.

Anualmente recibimos en el club cientos de chicos que vienen de contextos sociales muy vulnerables, que llegan con problemas de salud y nutrición, por ejemplo. Muchos de ellos vienen en busca de que el fútbol les brinde a ellos y sus familias la oportunidad de salir adelante. Como institución, creímos que debíamos estar preparados no solo para comprender estas realidades, sino también para intentar aportar soluciones desde el lugar que nos toca. Nuestro vínculo con los jóvenes ya no es entonces pensado exclusivamente desde la búsqueda de un talento deportivo.

Ante esta realidad, la institución ha progresado mucho todo este tiempo en materia de servicios de educación y de salud, en el trabajo de contención que se realiza en la pensión, y en los predios como los campus que inauguramos hace unos años en Ezeiza —actualmente en expansión edilicia y mejoramiento habitacional— y en Hurlingham —en donde en conjunto con la municipalidad se pusieron en funcionamiento siete canchas de futbol—. Nos convertimos así en la primera institución deportiva que se propone, dentro de su misión, el sostenimiento de los cinco niveles educativos, desde la sala de 45 días hasta el nivel universitario.

Los chicos y chicas que llegan al club, además de ser nuestro capital más valioso, son jóvenes que independientemente que puedan o no desarrollar sus carreras en el fútbol profesional continuarán su camino con sus estudios completos, tanto secundarios como universitarios. Es decir, muchos de los chicos y chicas que pisaron el club por primera vez con todas esas dificultades, quizá no llegarán a triunfar en primera división, pero se irán del club con las herramientas necesarias para su desarrollo personal y su inserción en el mundo laboral.

Esa es una prioridad para nosotros y consideramos que es el aporte que una institución como River, por el lugar que ocupa en la sociedad, tiene la responsabilidad de hacer.

Pero somos conscientes de que no podemos hacerlo solos, que estamos insertos en la comunidad y que si queremos potenciar nuestros esfuerzos para realmente hacer una diferencia necesitamos articular un trabajo colaborativo con otros actores.

Por ello, a manera de ejemplo, la Fundación River que tiene por objetivo promover una mayor inclusión social de niños y jóvenes en contextos de vulnerabilidad, trabaja junto a empresas líderes, en una tarea colaborativa que hace posible llevar adelante programas educativos, culturales, deportivos y sociales en distintas provincias del país. O el Departamento Social del club, que de la mano de River Solidario, articula su labor con muchas de las acciones que lleva adelante la Red Solidaria de Juan Carr. O el Instituto River, que en un trabajo conjunto con el ministro de Educación de la Nación y el programa «Aprender Conectados», incorporó la enseñanza de programación y robótica a la currícula oficial de todos los niveles educativos.

Si tuviese que definirme a mí mismo, diría que soy un hacedor, una persona de acción, lo que hoy se denomina un emprendedor. Tuve varios momentos embrionarios en mi vida profesional. Tiempos donde lo importante era arrancar, innovar, emprender y hacer desde cero. Cada uno de estos inicios fue determinante en mi carrera, marcó una huella que me permitió crecer tanto en lo personal como lo profesional.

Siempre que empecé algo fue por emprendimiento personal, sin un paraguas que me protegiera y, muy a menudo, lo hice en el marco de un país en crisis o atravesando situaciones difíciles. Soy parte de una generación privilegiada en términos de oportunidades, pero al mismo tiempo muy exigida y golpeada por los vaivenes del país, por lo que tuvimos que aprender a adaptarnos y transitar las sucesivas crisis con esfuerzo y creatividad. Es por ello que siempre me van a escuchar reconociendo el valor de emprender y de innovar, hablando más de lo que implica iniciar un proyecto, que de los momentos de éxito.

Una de las premisas rectoras que me inspira es la de trabajar por la igualdad de oportunidades, la equidad y la justicia social. Más allá de cualquier idea o afinidad partidaria, si avanzamos con esos principios estaremos construyendo sociedades más inclusivas y más cohesionadas. Así lo exige la realidad que atravesamos, no solo por un imperativo ético o una cuestión de justicia social, sino también porque eso contribuirá a un proceso de crecimiento sustentable y sostenible en el tiempo.

Los mayores de 60 años, como en mi caso, vivimos la frustrante paradoja de ser parte de las generaciones que crecieron en una Argentina en que la movilidad social ascendente fue uno de los rasgos distintivos que nos caracterizaron en la región. Un país líder en materia educativa y científica, con cinco Premios Nobel sobre los quince que tuvo América Latina, con un desarrollo científico que fue pionero en la región, un sistema educativo que fue por décadas la envidia de muchos países en vía de desarrollo, y una universidad pujante y comprometida forjada a la luz del legado de la reforma universitaria de 1918. En esa tradición y ese espíritu nos formamos.

Como generación privilegiada, si se compara con las condiciones a las que se enfrentan los jóvenes de las sociedades actuales, no hemos sido capaces de generar las mismas oportunidades para las generaciones presentes y futuras.

Ese es un compromiso que tenemos como sociedad y que, en lo personal, me desvela y me interpela como dirigente comprometido con la comunidad.

Mi historia, nuestra historia

Para mí, todo comenzó en aquella escuela primaria de Ramos Mejía. Si bien nunca dejaré de reconocer el ejemplo y los valores que me han inculcado mis padres en el hogar, no tengo dudas de que mi carrera profesional y todo lo que soy hoy como hombre, padre, abuelo, empresario y dirigente se lo debo a la educación. Desde que comencé a estudiar en la escuela primaria, mi vida fue de menor a mayor en todos los sentidos. Cada vez que pienso en retrospectiva, veo con orgullo todo el camino recorrido.

Pasó la primaria, luego el Nacional Buenos Aires y posteriormente la llegada a la universidad pública. Como puede pasarle a cualquier argentino en la actualidad, la sensación que nos queda cuando miramos para atrás es que hemos evolucionado, aprendimos, crecimos —o al menos lo veo así desde mi experiencia— a la par de un país que fue avanzando en la dirección contraria: retrocediendo, devaluándose y empobreciéndose.

Sin duda, esto nos debe movilizar y sacarnos del mero lugar de espectadores de la realidad con la que convivimos cotidianamente. Es una gran paradoja e injusticia de la historia que la Argentina tenga que correr esta suerte cuando en este mismo suelo nacieron y dejaron su huella personas como René Favaloro, César Milstein, Bernardo Houssay, Alicia Moreau de Justo, por citar solo algunos ejemplos de distintos exponentes que abandonaron su zona de confort y pusieron su vida profesional al servicio de ampliar derechos, revolucionar la ciencia o la medicina, marcando un antes y un después de su paso por este mundo.

Siempre me he interesado en lo social y me ha costado mirar para otro lado cuando la realidad exige respuestas. Y creo que en parte eso se lo debo a mi formación. Una de las experiencias más movilizantes de mi juventud es haber acompañado al padre José Mujica en su tarea en la Villa 31, donde aprendí la importancia de vivir comprometido con la realidad que nos rodea. De Mujica rescato esa sensibilidad y compromiso con el otro, más allá de las banderías políticas o distinciones partidarias.

Hoy pienso lo mismo, con la gran satisfacción de poder tener la posibilidad de llevar el pensamiento a la acción concreta.

Lejos de ser nostálgico, lo que me planteo y lo que en gran parte me ha lanzado a esta aventura inédita para mí de escribir y compartir algunas ideas es ¿por qué nos pasó lo que nos pasó? O cambiando el tiempo verbal para no desresponsabilizarnos, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Y más angustiante es aún si nos anticipamos a lo que nos vamos a tener que volver a preguntar en el futuro —a juzgar por nuestra tendencia como Nación a generar continuamente profecías autocumplidas—, ¿por qué nos seguirá pasando?

No lo expreso como una crítica lanzada desde la comodidad de un escritorio o desde el rol de mero espectador de la realidad, sino como una invitación a redoblar el esfuerzo de trabajar juntos por objetivos comunes. Ese es el gran objetivo que me inspira al escribir estas líneas.

Ver y escuchar, estudiar y analizar, reflexionar y debatir. Creo con toda convicción que no debemos abandonar las preguntas que nos permitirán construir nuevos caminos. Para salir de esta suerte de parálisis que nos embarga, para movilizarnos, para repensar políticas públicas y generar los consensos necesarios para lograrlo.

Pasar a la acción

Recuerdo que cuando asumí la presidencia del Club Atlético River Plate, llegué a mi oficina en el club con un equipo, con un plan para ponerlo en marcha; pero no a improvisar. Como siempre digo, «un proyecto, un equipo, un presidente»: estos son los pilares fundamentales para hacer frente a la catástrofe deportiva y financiera que nos había dejado la anterior gestión.

Tal como habíamos dicho durante la campaña, sobre todo cuando hablábamos con los socios y recorríamos las filiales a lo largo y a lo ancho del país, había muchísimo por hacer. Aunque parece una frase hecha y repetida hasta al cansancio por los dirigentes políticos de este país, no era menos cierta al analizar la situación de River por aquel entonces.

En este contexto y con este pensamiento inicié el camino de la nueva gestión. Lo hice con una certeza que en parte me ayudó a contestar la pregunta que me había planteado en el comienzo, y que me propuse no abandonar nunca: la capacidad de escuchar, la sensibilidad para reconocer las necesidades aún no satisfechas y las demandas y expectativas pendientes, la obsesión por formar equipos de trabajo, la prepotencia de trabajo para generar las acciones necesarias para encontrar soluciones tangibles, y siempre pensando en una proyección de cara al futuro.

Fundamentalmente, honestidad intelectual conmigo mismo y con el equipo que me acompaña diariamente en la tarea dirigencial. Podríamos habernos quedado en las excusas por la herencia recibida, lo mal que estaba el club cuando asumimos y cómo eso nos condicionaba en la gestión, pero el foco estuvo siempre puesto en objetivos ambiciosos.

Teníamos metas claras, y planificamos el trabajo para alcanzarlas. Los resultados están a la vista, y afortunadamente quien tenga la responsabilidad de sucederme en el cargo encontrará a la institución varios escalones más arriba de lo que la encontramos nosotros.

Y ese es uno de los grandes desafíos de la dirigencia argentina. Porque de esa manera todos vamos a mejorar un poco. Ni River, ni el país, ni cualquier institución necesita salvaciones milagrosas, genios creativos, ni liderazgos mesiánicos. Se necesita una dirigencia comprometida con avanzar cada día un escalón. No nos sirve de nada tener un grupo de dirigentes poderosísimos si tenemos instituciones débiles, un sector empresario desresponsabilizado, una sociedad civil desarticulada, y una ciudadanía indiferente.

Tengo la profunda convicción de que nada de lo que conseguimos en River hubiese sido posible sin el maravilloso equipo de trabajo que construimos en estos años. Estoy convencido por ello de que es imprescindible jugar en equipo, lo que implica reconocer las virtudes de cada uno de sus integrantes y saber que cada jugador es fundamental para lograr los mejores resultados. Y, además, supone planificar estratégicamente, tener un plan de trabajo previo, un proyecto diseñado que incluya a cada parte y busque la mejor combinación para lograr el funcionamiento colectivo más virtuoso en el camino de alcanzar los objetivos y metas trazadas.

En el deporte, y en el fútbol en particular, esta cualidad se observa con meridiana claridad y está a la vista en los casos de éxito como un factor determinante. «Gana porque juega en equipo», como lo define el refrán tribunero.

Esta premisa del trabajo en equipo es, sin duda, muy valiosa para la gestión de las organizaciones en cualquier nivel, tanto en el Estado, las empresas como en la sociedad civil. No nos va a ir bien en lo individual si no mejoramos entre todos, como sociedad. No vamos a poder crecer si no construimos primero cimientos sólidos a partir de los cuales consolidar un proyecto compartido.

Este es el espíritu que quiero transmitir en las páginas que siguen, partiendo en muchos casos de vivencias y experiencias personales de mi larga trayectoria personal y profesional, pero apoyándome también en ideas acerca de cómo pensar al Estado, la responsabilidad empresaria, el rol de la sociedad civil, o la participación ciudadana para el desarrollo y la igualdad de oportunidades.

En definitiva, compartiendo con los lectores una visión que va mucho más allá del fútbol, y que tiene que ver con la oportunidad de pensar que es posible diseñar un proyecto de país basado en un gran acuerdo nacional para lo cual es necesario ser capaces de poner los intereses del conjunto por delante de los propios, aprender de los aciertos y errores, dialogar, escuchar al otro, y trabajar en equipo.

No aspiro a que estas líneas sean tomadas como una suerte de estrategia u hoja de ruta que establezca con certeza hacia dónde tenemos que ir. Mi aporte es mucho más modesto, pero espero que no menos importante: una invitación a ponernos en movimiento, a reflexionar y a transitar nuevas experiencias de trabajo colectivo que nos permitan pensar nuevas políticas públicas, con el aporte de los distintos actores sociales, para el desarrollo y la inclusión.

En síntesis, compartir algunas ideas sobre la base de mi experiencia en la gestión empresaria y deportiva para pensar colectivamente las mejores herramientas para generar nuevos acuerdos y liderazgos que permitan, con espíritu emprendedor e innovación, comenzar a trazar el camino de construcción de un proyecto común que nos permita cumplir el sueño de un país más justo y próspero para todos los que habitan en este maravilloso suelo por el que caminamos, de norte a sur, de Ushuaia a la Quiaca.

Tan sencillo como complejo, ese es el objetivo. Sin más tiempo que perder, a poner manos a la obra.

Buenos Aires, marzo de 2019

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Un compromiso de todos

Los argentinos somos artífices del avance más prolongado que la democracia ha tenido en nuestros más de doscientos años de vida independiente. Y todo ello pese a que, desde la tan ansiada recuperación democrática en 1983, nuestro país ha atravesado recurrentes crisis económicas y sociales, acuciantes problemas de gobernabilidad, endémica corrupción, sostenida pobreza e indigencia y profundos niveles de desigualdad social.

Paradójicamente, un régimen basado esencialmente en la igualdad política —plasmada en el principio «un hombre, un voto»— convive con profundas desigualdades sociales. Si bien nuestra propia historia reciente ha demostrado que ello no es obstáculo para la continuidad institucional del régimen democrático, sin duda es determinante para su pobre calidad social e institucional.

Los más de treinta y cinco años de ejercicio democrático ininterrumpido son evidentemente un hecho trascendente que merece destacarse. Más aún, teniendo en cuenta que la Argentina tuvo durante el siglo XX solo tres períodos previos a 1983 en los que se pueden registrar algunas de las condiciones mínimas para la vigencia de un régimen democrático: es posible constatar la existencia de elecciones libres y con sufragio universal —aunque exclusivamente masculino hasta 1952— solo durante los períodos comprendidos entre los años 1916-1930, 1946-1955 y 1973-1976.

Sin embargo, como sostiene el célebre intelectual francés Pierre Rosanvallon, si bien «el ideal democrático hoy no tiene rival […] los regímenes que lo reivindican suscitan casi en todas partes fuertes críticas» (2009).

Este es indudablemente uno de los grandes problemas del presente; de allí que pueda señalarse que «no hay malestar con la democracia, hay malestar en la democracia» (PNUD, 2004).

¿Para quién se gobierna? Esta clásica pregunta que Almond y Verba se hacían en un afamado trabajo de la década de 1970 en el que analizaban la participación política en varias democracias del mundo occidental, puede hoy ser reutilizada para intentar aproximarse a un juicio con respecto a la calidad de la democracia.

En América Latina, la percepción de que se gobierna no para la mayoría sino para los intereses de unos pocos es ampliamente mayoritaria (79%). Así se desprende de la última medición realizada por Latinobarómetro en 2018, que señala asimismo que en la República Argentina dicha percepción alcanza el 82%, muy por encima del promedio regional.

En este marco, la Universidad de San Andrés publicó también en 2018 una interesante encuesta en donde muestra cómo la satisfacción con la performance del Poder Ejecutivo Nacional está, desde hace varios años, por debajo del 30%, y la consideración sobre la performance de los otros dos poderes de la democracia, el Legislativo y el Judicial, oscilan en guarismos por debajo del 20%.

Son muchos los desafíos que enfrenta la democracia argentina. Entre ellos, sin duda, se destaca la solución de los enormes problemas sociales y económicos que aquejan, desde hace tiempo, a nuestro país. Por ello, entiendo que el reto fundamental radica en la recuperación de la confianza en la capacidad de nuestra democracia para combatir las desigualdades, y de la legitimidad de la política como herramienta de transformación orientada al bien común, para poder planificar y vislumbrar así un horizonte de desarrollo económico y progreso social.

Padecemos las «crisis» desde hace décadas, en una suerte de perpetuo movimiento pendular que nos atrapa. La sensación recurrente que tenemos los argentinos es que siempre nos cuesta encontrar un rumbo compartido y construir un proyecto nacional sustentable y sostenible en el tiempo.

Parafraseando al recordado filósofo italiano y uno de los más lúcidos analistas políticos del siglo XX, el profesor Norberto Bobbio (1994), puede hablarse de las «promesas incumplidas»* de nuestra democracia para hacer referencia a la profunda brecha existente entre las expectativas ciudadanas y las capacidades de la democracia para resolver los problemas y satisfacer las demandas sociales.

Una pregunta se impone, entonces: ¿qué hacemos?, ¿cuál es la salida? Y, en particular, ¿cómo generamos políticas públicas que resuelvan los principales problemas y dificultades que atravesamos los argentinos?, ¿cómo abordamos los problemas del presente a la vez que abordamos los desafíos del futuro?

Suele decirse que toda crisis es también una oportunidad de transformación, en tanto permite replanteos integrales e innovaciones profundas. En el sector privado, ello a menudo es cierto: las crisis han sido catalizadoras de profundas transformaciones en procesos productivos, áreas de negocios y organizaciones empresarias. No ha sucedido lo mismo en el sector público, donde las crisis suelen suscitar reacciones espasmódicas y demagogas que obturan la posibilidad de transformaciones profundas.

Además, y como señala Chequeado.com —un interesante proyecto que nos permite llegar a certezas con respecto a la información en la era de la posverdad—, las crisis dejaron en su paso un número escandaloso de pobres en el país. Así 1989, según el INDEC, concluyó con un pico de pobreza del 47,3%; 1996, con 27,9%, y 2002, con 54,3% (Di Santi y Slipczuk, 2019).

Si tenemos en cuenta que las crisis que atravesamos en nuestra historia reciente se caracterizan por su interdependencia y afectación a amplios sectores sociales, es claro que su abordaje y solución requiere de la acción concertada de los actores públicos, privados y sociales representativos de nuestra realidad nacional.

En otras palabras, ningún actor puede resolver por sí mismo los problemas sociales, ni alcanzar sus objetivos y plasmar sus intereses sectoriales ignorando o desatendiendo los del conjunto.

Desigualdad, pobreza y calidad de vida

Es sabido que América Latina no es la región más pobre del mundo, pero sí la más desigual: el 20% de población más rica tiene en promedio un ingreso per cápita casi 20 veces superior al ingreso del 20% más pobre.

Se trata de una realidad marcada no solo por la concentración del ingreso en pocas manos, sino también por el acceso inequitativo a servicios básicos, bienes públicos, infraestructura, espacios y oportunidades de vida, lo que genera fuertes dinámicas de marginalización y exclusión social.

Estas brechas de desigualdad entre los que acceden a los beneficios del desarrollo y los que permanecen al margen de la mayoría de ellos impactan negativamente en la calidad de vida.

Calidad de vida que no solo se reduce al bienestar individual en el plano material sino, como plantea el Premio Nobel de Economía Amartya Sen (1996), también a la capacidad de los seres humanos para lograr «funcionamientos valiosos» para su vida. La capacidad de «poder hacer y ser», según el famoso economista, que implica la posibilidad de elegir los propios actos y motivaciones para la vida. La calidad de vida, desde este enfoque, expresa así la misión o vocación por la cual vivir, en donde la libertad es fundamental.

La educación es, junto a la salud, un ámbito en el que se plasman con particular crudeza las desigualdades en nuestro país. Por ello, debe erigirse como uno de los ejes fundamentales de cualquier estrategia que busque disminuir la pobreza, una realidad lacerante en nuestro país, y que desde hace años permanece como una realidad incólume: la pobreza, que en 1974 alcanzaba al 4,7% de la población, a fines de 2001 ya alcanzaba el 38%, a principios de 2003, superaba holgadamente el 50%, y hoy se ubica en 32% de la población a nivel nacional, con niveles incluso muy superiores en el noreste (40,4%) y el conurbano bonaerense (35,9%).

Como sostuvo recientemente Facundo Manes en un diario de tirada nacional, «además del drama humano, es un gran error estratégico no invertir y priorizar el desarrollo humano», ya que hoy «la competitividad de una nación depende del talento, de las habilidades cognitivas y emocionales de sus ciudadanos en un mundo que cambia rápidamente».

Nadie puede mirar para el costado ante esta situación que trasciende ampliamente el padecimiento individual o familiar de quienes se ven sumidos en ese drama de la pobreza y el hambre, para erigirse en una responsabilidad ineludible y urgente de todos los argentinos.

Es evidente que una sociedad que proporcione a sus habitantes derechos de acceso a recursos sociales básicos como la educación y la salud les brindará en consecuencia mayores oportunidades de vida que permitirán ampliar su espacio de libertades.

La desigualdad, por su impacto en la pobreza, la calidad de vida y el desarrollo sostenible, debe ser entonces nuestra preocupación central. Debemos garantizar los derechos ciudadanos sobre la base de la igualdad y la universalidad, garantizando así iguales posibilidades de acceso a las oportunidades que les permitan su superación y desarrollo.

Esta igualdad como valor central debe ser entendida como el derecho de las personas a tener iguales oportunidades para acceder a los bienes social y económicamente relevantes. Igualdad que también implica equidad y mecanismos de justicia redistributiva basados en la solidaridad colectiva. Esto es, ni más ni menos que lo que se conoce como «justicia social».

Como ha señalado el influyente sociólogo polaco Zygmunt Bauman, si ha de existir una verdadera comunidad en un mundo de individuos, «solo puede ser una comunidad que […] atienda a y se responsabilice de la igualdad del derecho a ser humanos y de la igualdad de posibilidades para ejercer ese derecho» (2003).

Un futuro compartido

Ningún actor, ni público ni privado, cuenta con los suficientes recursos y capacidades como para afrontar las problemáticas del presente y, menos aún, abordar los desafíos que nos proyecta el futuro.

Por ello, se requiere del esfuerzo compartido y la sinergia entre una pluralidad de actores que trabajen planificadamente de una manera conjunta. Tenemos que entender que vivimos en comunidad, y que es precisamente esta condición la que naturalmente nos debería facilitar articular mancomunadamente con otros actores en beneficio del conjunto.

El desafío radica entonces en mirar al otro como alguien que puede colaborar y aportar a un proyecto común, lo que implica aprender a reconocer lo mejor de cada uno para potenciar las experiencias, proyectos y emprendimientos que puedan coadyuvar a la satisfacción de las demandas ciudadanas y los intereses del conjunto.

En este marco, quienes tenemos responsabilidades de gestión, ya sea en el Estado, el sector privado o en organizaciones de la sociedad civil, tenemos que comprometernos en buscar la manera de transformar la realidad en la que estamos inmersos.

Debemos ser capaces de lograr que los argentinos vivamos mejor. Es nuestra responsabilidad cívica y un imperativo moral, a la vez que casi una obligación de devolver todo lo que nos ha dado este maravilloso país a los que tuvimos el privilegio de poder estudiar, acceder a una carrera y poder desarrollarnos profesionalmente y progresar a lo largo de la vida.

Para ello es imprescindible dejar de lado las mezquindades, poner por delante los objetivos comunes, dejar de esperar salvadores mesiánicos o soluciones mágicas, y comprometernos con la acción para hacerlos realidad.

En definitiva, la clave es ubicar al desarrollo humano como una prioridad estratégica para el crecimiento de la Nación. Pero una visión verdaderamente colaborativa del desarrollo, una que cree puentes, forme redes y asocie al sector público, los sectores productivos, las instituciones científicas y educativas, y la sociedad civil.

La tarea pasa entonces por alcanzar lo que Ralf Dahrendorf (2007) ha dado en llamar la «cuadratura del círculo»: bienestar económico, cohesión social y libertad política.

Un proyecto colectivo

Vivimos en un presente supuestamente agrietado que parece condenarnos a permanecer detenidos en el tiempo, atrapados en contrapuntos eternos, discusiones estériles y diferencias inconducentes que por momentos parecen no tener fin.

El debate, la deliberación, el disenso y el intercambio de ideas y puntos de vista diversos no solo son consustanciales al principio democrático, sino que además son muy productivos para la búsqueda de síntesis superadoras que nos permitan progresar como sociedad y entender que, parafraseando al ilustre pensador francés Montesquieu, «la sociedad no son las personas, sino la unión de los hombres».

Sin embargo, cuando los argentinos nos dejamos llevar por la tentación de caer en la confrontación permanente, en poner el foco solo en las diferencias aparentemente irreconciliables, en trazar líneas del tipo «amigo/enemigo», nos estamos alejando de la posibilidad de generar los imprescindibles acuerdos básicos que nos permitan erigir un proyecto de país orientado a garantizar el desarrollo nacional y la real igualdad de oportunidades para todos quienes habitan este maravilloso suelo patrio.

Afortunadamente, tenemos los recursos humanos para hacerlo. Héroes anónimos, hombres y mujeres que desarrollan su profesión con vocación, solidaridad y compromiso por el otro. Cientos de miles de argentinos que todos los días se levantan para trabajar o estudiar, y aportan su grano de arena para la construcción de un país mejor.

A la hora de pensar en la forma de resolver y abordar las urgencias del presente y encarar los desafíos que nos plantea el futuro, las individualidades son importantes, pero no sustituyen al equipo. Y el equipo es el país, cuyo futuro construimos entre todos.

Entonces, ¿por qué los argentinos que logramos, en la gran mayoría de los casos, vivir mejor que nuestros padres y abuelos, no fuimos ni somos capaces de continuar garantizando esa movilidad ascendente que fue el orgullo de nuestro país?

¿Por qué estamos presos de las lógicas de corto plazo? ¿Por qué somos especialistas en diagnósticos, pero no podemos encontrar soluciones sustentables a nuestros problemas? ¿Por qué estamos empecinados en empezar de cero con cada proyecto político que llega al poder priorizando lógicas efectistas de corto plazo?

Tenemos la obligación de generar los consensos suficientes para poner por delante de cualquier diferencia la posibilidad de generar mayores y mejores oportunidades para que todos los argentinos vivamos mejor. Históricamente, los argentinos nos hemos acostumbrado a proclamar la necesidad de alcanzar grandes pactos, pero casi nunca nos hemos planteado con quién ni para qué. ¿Cuántas veces se dijo o se escribió aquello de que los argentinos necesitamos nuestro propio «Pacto de la Moncloa» en referencia a los acuerdos que permitieron la democratización y modernización en la España posfranquista?

Está claro que necesitamos acuerdos, pero ¿para qué? Sin duda, tenemos que unirnos en aquellos temas estratégicos para el desarrollo, en acuerdos que permitan diseñar políticas de Estado de mediano y largo plazo, pero para ello tenemos que tener en claro qué objetivos queremos alcanzar para poder diseñar estratégicamente el mejor camino para construir ese futuro que deseamos.

Un ejercicio que requiere trascender las lógicas y especulaciones cortoplacistas para mirar a un futuro que quizá no alcancemos siquiera a ver plasmado durante los tiempos de nuestra propia existencia. Un ejercicio que, por ello, implica humildad y, sobre todo, generosidad para privilegiar los intereses del conjunto en detrimento de los propios. Un ejercicio que requiere, además, tener la capacidad de escuchar al «otro» y ser capaces de dejar de lado preconceptos, prejuicios y dogmatismo poniendo la mirada en el futuro, recuperando la cultura del trabajo.

No es indudablemente una tarea solo de la dirigencia política. Quienes tenemos responsabilidades de gestión en el Estado, el sector privado o en las distintas organizaciones de la sociedad civil tenemos la obligación moral de estar a la altura de las circunstancias y el desafío histórico, y ser capaces de dejar de lado mezquindades, ambiciones personales y egos para trabajar mancomunadamente en la búsqueda de consensos y acuerdos básicos para que los argentinos vivamos mejor.

Honremos los mejores liderazgos de la historia argentina y recuperemos lo mejor de las diversas tradiciones de pensamiento y acción que caracterizan a nuestro país, trabajando en primer lugar en la búsqueda de genuinas políticas de Estado, que perduren en el tiempo y que nos permitan dejarles a los niños y niñas más pequeños, nuestros hijos y nietos, un país con más oportunidades.

Las expectativas que tienen los argentinos son en gran medida compartidas: vivir mejor, en una nación confiable y creíble, asentada en consensos y acuerdos básicos estables a lo largo del tiempo.

Las diferencias que supuestamente nos separan a los argentinos no son en realidad ni tan profundas ni definitivas, por lo que más que ante las tantas veces conceptualizada «grieta» estamos frente a un mero «charco».

Vivir en un país mejor es el sueño de todos los argentinos y eso se construye desde ahora.

Dejemos de una vez por todas esa actitud casi celebratoria de lo que nos divide y nos impide mirar un poco más allá, para saltar esos charcos que hoy nos separan y trabajar juntos por los grandes objetivos comunes que tenemos como argentinos.

Como alguna vez nos arengara en una conferencia el filósofo español José Ortega y Gasset, «argentinos, a las cosas, ¡a las cosas! Déjense de cuestiones previas personales, de suspicacias, de narcisismos. No presumen ustedes el brinco magnífico que dará este país el día que sus hombres se resuelvan de una vez, bravamente, a abrirse el pecho a las cosas, a ocuparse y preocuparse de ellas directamente y sin más, en vez de vivir a la defensiva, de tener trabadas y paralizadas sus potencias […] su curiosidad, su perspicacia, su claridad mental secuestradas por los complejos de lo personal».

*- Bobbio —en El futuro de la democracia— identifica seis promesas incumplidas. La primera es que los sujetos protagonistas de la democracia deben ser los individuos y no los grupos. La segunda, que denomina «revancha de los intereses», afecta a la representación política que debería responder a los intereses de los ciudadanos y no a intereses particulares o partidistas. La tercera es la persistencia de las oligarquías. La cuarta señala que, puesto que la democracia no ha sabido derrotar a todo el poder oligárquico, tampoco ha podido ocupar todos los espacios en los cuales se toman decisiones que afectan a la totalidad de un grupo social, es decir alcanzar la «democracia social». La quinta es su incapacidad para eliminar los poderes invisibles, lo que remite a la cuestión de la transparencia. La sexta es el «aprendizaje de la ciudadanía», verdadera cultura cívica que se desarrolla con el ejercicio mismo de la práctica democrática.

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Planificar para iluminar el presente con la luz del futuro

Como un recordatorio permanente de nuestra historia pendular, la realidad política argentina se ha encargado de mantener vigente la discusión sobre el Estado —su rol y dimensiones—, recreando y actualizando un viejo debate entre la visión liberal defensora del Estado mínimo y la visión estatista defensora de un Estado social.

Mucho se ha escrito y debatido a lo largo de la historia sobre cuál es el rol y la dimensión del Estado. En nuestro país, y en particular desde la década de 1930, primó un modelo estatal de desarrollo basado en la expansión del sector público, cuya máxima expresión tuvo lugar durante el primer peronismo. Sin embargo, en determinados contextos históricos, este modelo fue duramente combatido.

Desde la última dictadura militar, y en particular durante la década de 1990, el pensamiento neoliberal avanzó, en un contexto de generalizada crisis económica, en el desmantelamiento del Estado y el fortalecimiento del mercado como mecanismo de regulación social.

Una discusión que, evidentemente, el presente se ha encargado de actualizar una vez más, y que como todo lo que remite a la tan mentada «grieta», nos lleva a priorizar debates estériles que nos hacen perder de vista no solo lo urgente sino también lo realmente importante.

Estoy convencido de que el Estado no es congénitamente corrupto ni ineficiente por naturaleza. Ni tampoco que más Estado implica necesariamente despilfarro o una política poco eficaz. Lo público puede ser también sinónimo de calidad, como lo demuestran la universidad pública y las principales instituciones de nuestro sistema científico.

Sin duda, el Estado es clave a la hora de pensar un proyecto de desarrollo. Pero este debe ser un Estado responsable, austero y eficiente en el manejo de los recursos públicos.

Y cuando me refiero al Estado, estoy pensando en la administración pública en todos sus niveles. Tanto el Estado nacional como las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero también los municipios que vienen adquiriendo un protagonismo político cada vez más creciente. De allí la centralidad que tiene una adecuada coordinación interjurisdiccional en un contexto federal como el argentino.

Ni todo Estado, ni todo mercado. El desafío pasa más bien por vertebrar otro modo de gestionar lo público, de repensar las modalidades de intervención estatal asegurando una mayor participación de los ciudadanos. Ni un Estado ausente ni un Leviatán todopoderoso, sino un Estado como comunidad de ciudadanos.

Las respuestas a los nuevos retos que la realidad nos plantea han de construirse con la activa participación de los ciudadanos. Creo firmemente que la participación enérgica y continuada de la sociedad en los asuntos públicos, promueve la educación cívica y los principios éticos, facilita la gobernabilidad e incrementa la transparencia y, por todo ello, la salud del sistema político.

Además, la participación garantiza perspectivas sociales de control complementarias a las que supone el mecanismo del voto, ejercicio imprescindible en el que se expresa la voluntad popular, aunque condición insuficiente para una democracia de calidad. Esto hace referencia a una categoría conocida como accountability social que de acuerdo con Peruzzotti y Smulovitz (2002), es «un tipo de rendición de cuentas no electoral de las autoridades políticas basado en las acciones de un amplio espectro de asociaciones y movimientos ciudadanos»; cuyo valor radica en que acercan a la sociedad civil a las cuestiones políticas más inmediatas.

De esta manera, el concepto de participación se amplía y nos permite repensar la gestión pública, ya no solo como la responsabilidad de un gobierno de turno, sino también como un compromiso socialmente consensuado sobre cuáles deben ser los pilares de un proyecto de país de cara al futuro.

Planificar para crecer

Soy un ferviente defensor de la planificación estratégica como herramienta fundamental de la gestión. Y esto, que vale tanto para el sector privado y las organizaciones sociales, es especialmente relevante para la gestión gubernamental y el ámbito estatal en cualquiera de sus niveles.

Para lograr este verdadero cambio de paradigma que nos permita dejar atrás las discusiones estériles que nos paralizan en el tiempo y poder pensar en políticas de Estado que nos vuelvan a ubicar en la senda del desarrollo, es necesario diseñar y ejecutar planes estratégicos, lo que implica también fortalecer nuestras instituciones.

Un equipo exitoso, en un determinado momento, no es un activo que está asegurado en el futuro. El tiempo es quizás el único recurso verdaderamente finito, no tiene sustituto. Las personas, aún las más brillantes, pasan. Para garantizar que los legados perduren, la palabra clave es planificación, concepto que abarca dos aspectos fundamentales: tiempo y procesos. La perdurabilidad de cualquier organización depende, entre otras cosas, de su capacidad de replicarse exitosamente a lo largo del tiempo.

Una planificación estratégica que nos permita resolver las urgencias del presente, pero que también nos permita pensar en objetivos de desarrollo para el mediano y largo plazo.

Los argentinos hemos demostrado siempre fortaleza ante la adversidad y las crisis, pero en algún momento debemos ser capaces de priorizar lo importante por sobre el estado de emergencia permanente en el que vivimos. Y para ello, necesitamos avanzar en la definición de un proyecto de país.

En un contexto global como el de hoy, caracterizado por las transformaciones vertiginosas y permanentes, la única ventaja competitiva real radica en la capacidad de adelantarse a los cambios. Es cierto que, no obstante los buenos pronósticos y juicios probabilísticos que hagamos, nunca tendremos la certeza real de lo que ocurrirá en el futuro. Sin embargo, no debemos renunciar a poder encauzar ese futuro en una dirección deseada.

No por mero voluntarismo, sino porque definiendo los objetivos deseados, y partiendo de un diagnóstico preciso del punto de partida, podemos planificar estratégicamente el camino más conveniente para alcanzarlos. En definitiva, de lo que se trata es de fortalecer entre todos una mirada al futuro, no para intentar develarlo sino para construirlo.

El futuro está en nuestras manos. En este sentido, el poder de imaginar y de soñar el futuro es un acto creativo y de libertad. Aquí radica la gran oportunidad de la planificación, conducirnos a ese futuro soñado que ilumina nuestro presente y nos marca el camino.

Educación, proyecto de país

Para enfrentar estos retos que hemos venido describiendo, la gran herramienta que tenemos es la educación. No hay desarrollo ni igualdad real de oportunidades posible sin educación inclusiva y de calidad.

Nuestro país tiene una histórica tradición de educación de calidad, gratuita y con pretensión de universalidad, heredada en gran medida de la ley 1420 de educación común que tuvo vigencia por más de un siglo desde su sanción en la década de 1880 que contribuyó a unificar y cohesionar socialmente, permitiendo que los hijos de inmigrantes se incorporaran a la República, a la vez que logró armonizar la educación pública con las instituciones de la Nación y el proyecto de desarrollo de un país que se posicionaba como una potencia mundial de la mano del modelo agroexportador.

No por nada solemos escuchar que la Argentina del siglo pasado tenía una educación de vanguardia: pasamos de una tasa neta de escolarización de nivel primario del 20% en 1869, al 48% en 1914, 73,5% en 1947, 90% en 1980 y 97,9% en 2001. Un crecimiento similar tuvo la educación secundaria: en 1970 la tasa neta de escolarización de nivel secundario había alcanzado el 32,8% pero 30 años después —en 2001— superó el 71% (Rivas, 2010).

El correlato de este crecimiento de las tasas de escolaridad fue —entre muchos otros— el exponencial incremento en la alfabetización: en apenas cuarenta años —en 1914— el analfabetismo descendió más de 40 puntos porcentuales, rondando el 36%. Ya en la década de 1960, la Argentina tenía una tasa de analfabetismo de menos de dos dígitos (8,5%) y hacia 2001 era de apenas 2,8%.

Esta gran tradición de la educación pública argentina se ha visto en gran medida extraviada a causa de la lamentable y desgarradora realidad de la pobreza: como indican los últimos datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), casi 8 millones de niños —5 de cada 10— viven en situación de pobreza en nuestro país. Por ello se viene hablando de un «proceso de infantilización de la pobreza», ya que los niños, niñas y adolescentes experimentan niveles de pobreza monetaria casi 1,5 veces más altos que la población total.

Nelson Mandela decía que «el arma más importante para combatir la pobreza es la educación», una frase que mi amigo Facundo Manes suele repetir con mucha frecuencia. Lo comparto plenamente, y me permito agregar, no solo combatir la pobreza, también las desigualdades de toda naturaleza y especie.

No debe perderse de vista, en este sentido, que como señala Elena Duro (2015), la educación es «uno de los derechos más sinérgicos ya que, entre otros de sus preciados efectos, posibilita la apertura al ejercicio de otros derechos».

Si realmente queremos erradicar la pobreza y combatir las desigualdades, es imperativo garantizar que todos, y en particular los niños, niñas y adolescentes de los sectores más vulnerables de la sociedad, cuenten con las mismas oportunidades de acceder a una educación de calidad que les brinde los aprendizajes básicos y las herramientas fundamentales para su pleno desarrollo personal, independientemente de su condición socioeconómica o de su lugar de residencia.

Para que ello sea posible es imprescindible trabajar en mejorar la calidad de la educación pública y en apostar decididamente a fortalecer la inversión pública en materia educativa, algo que por cierto solo será posible en el marco de la construcción de amplios consensos que permitan poner en marcha una verdadera política de Estado que trascienda los gobiernos de turno o los intereses coyunturales.

Para la búsqueda de esta educación inclusiva y de calidad, el financiamiento es sin duda central. No debe perderse de vista que la magnitud de los recursos que se invierten en la educación es una de las evidencias más representativas de la prioridad que gobiernos y sociedades le asignan a la misma.

En el mercado de una organización federal como la argentina, más aún ante la realidad de la descentralización de los servicios educativos, el financiamiento es una cuestión que no solo atañe al Estado nacional sino también a las provincias que son responsables de casi tres cuartas partes de la inversión consolidada en educación (Vera, 2015).

En este contexto, entiendo que el cumplimiento de la meta del 6% del PBI establecida tanto en la Ley Nacional de Educación como en la Ley de Financiamiento Educativo —ambas sancionadas con amplísimos consensos—, tanto en lo que respecta a los presupuestos consolidados de Nación, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debería ser el objetivo de mínima a partir del cual plantear un plan de progresivos incrementos presupuestarios.

Una educación para el siglo XXI

Una educación inclusiva y de calidad es fundamental para que las niñas, niños y adolescentes de nuestro país puedan encarar los desafíos que entraña el futuro. Un futuro que, si bien es en gran medida impredecible, estará sin duda signado por la extraordinaria e inédita revolución de la tecnología de la que hemos sido testigos en los últimos cincuenta años.

Es necesario entonces una educación que al mismo tiempo que esté a la altura de esta suerte de desafío tecnológico, ofrezca oportunidades para el pleno desarrollo de las capacidades y herramientas para encarar un proyecto de vida e insertarse en un mundo del trabajo que también se transforma aceleradamente al calor de los cambios tecnológicos.

Vivimos en tiempos hegemonizados por las omnipresentes «tecnologías de la información y la comunicación» (las denominadas TIC), que atraviesan nuestras vidas en múltiples aspectos y en las áreas más diversas, y que en este sentido pueden y deben ser aliadas fundamentales en el proceso educativo. Está claro que hoy en día la educación no puede pensarse por fuera de un paradigma de conectividad tecnológica, inserto en un contexto de innegable globalización. Así las cosas, una educación que no utilice las nuevas tecnologías, es una educación condenada a la obsolescencia.

Se han dado algunos pasos interesantes en este camino, como los programas nacionales que introducen educación digital, robótica y programación en las escuelas e instituciones educativas del país. Aunque importantes, se trata de esfuerzos aún insuficientes ante la magnitud de los desafíos del futuro y las necesidades imperiosas del presente.

Un informe del INDEC de 2017 ofrece interesantes estadísticas sobre el acceso y el uso de las TIC en la Argentina. Como datos salientes, 8 de cada 10 argentinos utiliza un teléfono celular, mientras que apenas 4 de cada 10 utiliza computadora. Sin embargo, sin distinguir dispositivos, la encuesta arroja que el 74,3% de los argentinos utiliza Internet.

Si bien está claro que los jóvenes afrontan el mundo tecnológico con una facilidad mayor a la de los adultos, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA da cuenta de que casi 5 de cada 10 niñas, niños y adolescentes en edad escolar no tienen computación dentro de la currícula y que 4 de cada 10 tampoco suele utilizar internet en sus hogares. De esta forma, hay un porcentaje más que relevante de estas nuevas generaciones de las que suele hablarse como «nativos digitales» que, de facto, están excluidos del siglo XXI.

Sin duda, es imprescindible universalizar el acceso y el uso de las TIC, avanzando en un proceso de «alfabetización digital» concebida como un derecho para toda la población. Pero no debemos perder de vista que en la Argentina no podemos preocuparnos por achicar la brecha tecnológica sin reducir en paralelo y con urgencia, las desigualdades sociales que producen la carencia de los recursos más básicos, condenando a millones de argentinos a la marginalidad y la exclusión.

Los datos del Observatorio de la UCA son tan esclarecedores como alarmantes ya que muestran con crudeza cómo a los desafíos del siglo XXI, esto es los desafíos tecnológicos, se le suman deudas que arrastramos del siglo XX: la inseguridad alimentaria total en la infancia alcanzó a casi el 30% de la población menor a 17 años en 2018, y un 13% de niños y niñas se encuentra en una situación aún más delicada, ya que como señala dicho informe han experimentado episodios de hambre. Lamentablemente, solo el 54% del total de niños y niñas que está en situación de inseguridad alimentaria y 60,6% de quienes están en situación de inseguridad alimentaria severa, reciben asistencia del Estado.

A ello se agrega que un 22,5% de los niños, niñas y adolescentes argentinos viven en una situación de hacinamiento, y un 46,2% carecen de espacios de saneamiento adecuados.

Estos tristes indicadores no solo impactan negativamente en la calidad de vida, las trayectorias educativas y las posibilidades de acceso a las nuevas tecnologías, sino también en los espacios de crianza y socialización fuera de la escuela: 2 de cada 10 niños comparten colchón para dormir, 4 de cada 10 hogares carecen de libros infantiles y 6 de cada 10 niños no práctica deporte o actividad física.

La infancia: una cuestión de prioridades

La primera infancia, que en nuestro país comprende la edad desde los 45 días hasta los 5 años inclusive, es señalada por los especialistas en educación y pediatría como la etapa fundamental que sienta las bases necesarias para su posterior desarrollo. Prestigiosos organismos internacionales con competencia en la materia, como Unicef, señalan que en este lapso los más chicos desarrollan su sistema cognitivo, inmunológico y nutricional, estimulados en gran medida por la relación afectiva que se construye a partir del vínculo lúdico con sus padres y el entorno social.

En particular, las aptitudes y conductas adquiridas y desarrolladas durante la primera infancia constituyen la base para el aprendizaje y tienen una influencia fuerte y perdurable en las trayectorias educativas y profesionales posteriores, en la salud y en la calidad de vida.

En materia estrictamente educativa, la experiencia internacional demuestra además que programas educativos de calidad para esta franja etaria pueden mejorar la performance en la escuela primaria, reducir las tasas de abandono y repitencia, y en general, coadyuvar a los buenos rendimientos y resultados escolares.

En otras palabras, si bien la primera infancia es un período con un enorme potencial de desarrollo, también es una etapa decisiva en la que los niños/as son particularmente vulnerables. Por ello, la realidad socioeconómica que la Argentina arrastra desde hace varias décadas, y que afecta con particular crudeza a la infancia, debería ser un llamado de atención que nos convoque con urgencia al trabajo en conjunto para abordar esta problemática urgente desde una perspectiva integral.

En un contexto en el que indefectiblemente los niños y niñas deben recibir una alimentación saludable y adecuada, los datos relevados por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, dan cuenta de que 1 de cada 10 niños/as (10,8%) entre 0 y 4 años es víctima de «inseguridad alimentaria severa», es decir que experimentan hambre por falta de alimentos en los últimos 12 meses por problemas económicos. A ello hay que sumarle que la mitad de los niños de entre 0 y 4 años tienen un déficit de cobertura de salud, y que el 31,1% manifiesta necesidades básicas insatisfechas, entre otros indicadores preocupantes.

Algo similar ocurre con respecto a las condiciones socioambientales que rodean el crecimiento de los más chicos: 1 de cada 4 niños, es decir el 25,1% vive en condiciones de hacinamiento y el 40,9% del total lo hace en un entorno con déficit en las condiciones de saneamiento, lo que habla a las claras de la situación de extrema vulnerabilidad que atraviesan millones de niños y niñas en nuestro país.

En definitiva, toda una sumatoria de condiciones adversas que acompañan los primeros años de vida de nuestros más chicos, y que generan y generarán obstáculos y limitantes en su posterior desarrollo personal e intelectual y en el desenvolvimiento educativo y laboral.

En este marco, las políticas públicas para la primera infancia en la Argentina, se enfrentan al desafío fundamental de abordar al mismo tiempo tres aspectos indivisibles de esta etapa clave para el desarrollo de nuestras futuras generaciones: cuidar, enseñar y criar.

Soy de los que creen que un Estado eficiente es el que piensa y actúa en función de las necesidades y demandas más relevantes en los tiempos que corren. En este marco, existe una necesidad real y sin duda urgente de muchísimas madres y padres que necesitan salir a trabajar para poder garantizar la subsistencia de sus familias y, por ende, dejar el cuidado de sus niños en lugares en donde estos estén contenidos y cuidados. Es allí donde el Estado tiene un gran desafío por delante, ya que la oferta pública de estas instituciones educativas y de cuidado es aún muy fragmentada y no está lo suficientemente extendida para recibir a todos los menores de cuatro años a lo largo y a lo ancho del país.

En particular, se evidencia un fuerte contraste entre la consolidación progresiva de la oferta educativa formal (y obligatoria) para niños de 4-5 años, y los déficits en las otras franjas etarias de la primera infancia. De acuerdo a los datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA de 2016, correspondientes a las áreas urbanas del país, a la edad de 3 años, el 51,4% de los niños no concurre a establecimientos educativos. Además, en la franja de hasta 2 años hay una baja presencia estatal en la escolarización de los niños más pequeños, lo que sin duda da cuenta de un déficit en la oferta estatal para este grupo que integra el llamado «ciclo maternal» del sistema educativo.

Es fundamental ponderar el vínculo que los clubes de barrio llevan a cabo con su comunidad. Ya sea en el desarrollo deportivo, como en la contención social, el lugar de encuentro y el espacio de recreación paralelo al colegio.

Para millones de niños y niñas se trata, nada más ni nada menos, que de tener o no la oportunidad de asistir a instituciones que promuevan su desarrollo integral, que les permitan enriquecer su desarrollo físico, emocional, social y creativo a través del aprendizaje, la alimentación y los cuidados necesarios, la relación de apoyo con sus familias, con otros niños y sus comunidades.

Más allá de los importantes avances en el acceso a este nivel educativo producto de la implementación de políticas de inclusión y valiosos programas para la primera infancia tanto en el orden nacional como provincial y de la Ciudad, y de la importante labor de los clubes de barrio en materia de contención social y construcción de espacios de encuentro y recreación complementarios a los de la educación formal, aún se presentan serios problemas en lo que respecta tanto a la oferta educativa como a la calidad de la enseñanza.

Si entendemos que el capital social del país de los próximos veinte o treinta años se está incubando en quienes tienen hoy entre 0 y 5 años, ¿qué podemos hacer para crecer como Nación?, ¿qué tipo de infancias queremos que nuestros niños tengan?, ¿en qué podemos colaborar todos como sociedad?

Estos son solo algunos de los interrogantes que nos deberíamos plantear para revertir la crítica situación que hoy afecta a millones de niños que dan sus primeros pasos por la vida, una responsabilidad que sin duda nos convoca a todos.

La educación como fuerza dinamizadora de un país

El siglo XXI plantea un desafío estratégico para el desarrollo de los países. Si hace doscientos años las naciones que controlaban la superficie marítima con rutas comerciales y armadas navales eran quienes ostentaban mayores índices de crecimiento económico, hoy las posibilidades del desarrollo de una nación pasan cada vez más por la producción de conocimiento.

En este marco, existe indudablemente un círculo virtuoso entre educación, empleo y desarrollo. Por un lado, la educación trae consigo mayores ingresos salariales. En nuestro país, el promedio de ingresos de quien tiene terciario o universitario completo es de 159% más que quien percibe el salario mínimo y 89% más en relación a quien cuenta solo con secundario completo.

Por ello, organismos como el Banco Mundial vienen planteando que uno de los grandes desafíos para la región es lograr, no solo que más latinoamericanos accedan a la educación superior, sino que aquellos que comienzan, concluyan efectivamente sus carreras.

Hoy solo 1 de cada 2 jóvenes en la región termina sus estudios universitarios. Además, como señala el Observatorio «Argentinos por la Educación» (2018), 4 de cada 10 adolescentes que comenzaron el secundario en la cohorte 2011-2016 llegó al último año en tiempo y forma, lo que echa luz sobre la problemática de la repitencia y deserción escolar en el nivel medio.

Por otro lado, hoy no quedan dudas de que los países que lideran el mundo, y aquellos que pretendan hacerlo en los próximos años, serán quienes logren incorporar cada vez mayor valor científico a sus productos y servicios. La educación es en este sentido no solo un derecho individual y social, sino también una inversión indispensable para el desarrollo de un país.

En este contexto, y más allá de que aún tengamos importantes deudas pendientes en cuanto al acceso universal al sistema educativo, la Argentina enfrenta en paralelo el desafío de la calidad educativa y su vinculación con un proyecto de desarrollo nacional. Una educación de calidad que no solo es aquella que posibilita el desarrollo de las conexiones cerebrales y genera habilidades cognitivas —que luego permiten encarar los desafíos cotidianos—, sino también la que prepara para acceder al mundo laboral, coadyuvando al crecimiento del país.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en los albores de su centenario creó una comisión global sobre «El futuro del trabajo», viene alertando sobre una desocupación juvenil que arroja índices preocupantes a nivel mundial en general y en Latinoamérica en particular: 1 de cada 5 jóvenes que está buscando empleo no logra encontrarlo.

En la Argentina, el desempleo joven es lamentablemente bastante más alto que el promedio regional: llega a casi un 20%. Un problema que se acentúa al ver las cifras de empleo joven no registrado, que alcanza casi un 60%.

Está claro que la educación por sí sola no termina con las desigualdades, pero estoy convencido de que es una piedra fundamental para ello. Las desigualdades estructurales afectan el acceso de una educación de calidad, y con ello reproducen las desigualdades: mientras que 6 de cada 10 jóvenes que viven en espacios urbanos vulnerables no terminaron la escuela media, este valor se reduce y solo 4 de cada 10 de quienes viven en espacios urbanos formales se encuentran en tal situación. El 63,8% de los jóvenes de hogares correspondientes al estrato trabajador pobre no concluyó la escuela secundaria, siendo esto menor (50%) en los jóvenes de hogares del estrato trabajador integrado y aun menor (21,2%) en hogares de estratos medios tradicionales y en profesionales (8,7%).

A nivel universitario, ya hay carreras como las ingenierías, la robótica, las matemáticas, la informática y otras ciencias que se perfilan como centrales a la hora de no solo insertarse en el mundo laboral sino de contribuir al desarrollo productivo y tecnológico de la Nación. Son lo que de algún modo se denominan carreras «estratégicas» para el país, y es por ello por lo que deben ser promovidas activamente desde el Estado.

Sin embargo, no todo se reduce a las valiosas posibilidades que ofrece la educación superior. La Argentina ha venido trabajando en modos de articular el empleo y la educación, a través de la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058. Las escuelas técnicas cumplen en este sentido un rol fundamental en el vínculo educación-trabajo: son grandes puentes hacia el mundo laboral ya que ofrecen contenidos orientados a determinadas prácticas como la electromecánica, la agrotécnica o la construcción, todas especializaciones que continúan teniendo salida laboral.

Un aspecto que pone en valor a esta modalidad educativa es el que se desprende de la evaluación «Aprender 2016», que dio cuenta de que los desempeños en matemática de quienes concurrían a escuelas técnicas fueron mejores que los de aquellos estudiantes que concurrían a escuelas bajo otra modalidad. Números que se valorizan aún más al conocerse los resultados de «Aprender 2017»: 7 de cada 10 estudiantes de los últimos años del secundario no logran resultados satisfactorios en matemática. Estos valores alcanzan tanto en la «foto» de 2017, como en la línea temporal, un mejor resultado en la asignatura de Lengua, donde en 2017 solo 4 de cada 10 estudiantes no lograron resultados satisfactorios.

El país cuenta con aproximadamente 1.455 escuelas técnicas de gestión pública, siendo Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe las provincias en las que tienen más presencia. Una política que debe necesariamente robustecerse, profundizarse y extenderse a lo largo y a lo ancho del país.

En definitiva, estamos ante la posibilidad de repensar juntos la educación que prepara a los jóvenes para afrontar el presente (garantizando el acceso y la universalización) y encarar los desafíos del futuro (avanzando en la calidad y la pertinencia del sistema educativo en relación al desarrollo del país).

La clase política, la comunidad educativa, y también quienes tenemos responsabilidades dirigenciales en organizaciones de la sociedad civil, tenemos la obligación de dejar las mezquindades de lado y edificar los consensos necesarios para avanzar en ese sentido. Tenemos una oportunidad histórica y no la podemos desaprovechar.

Un desafío superior

Durante el siglo XX, nuestro país fue artífice de un proceso de universalización de la educación primaria y media que, constituidas hoy ya como tramos obligatorios del sistema educativo formal, son —aun con todas las dificultades y matices que puedan debatirse— la garantía de ese derecho humano básico a la educación.

Hoy, en pleno siglo XXI, estamos frente a un nuevo desafío, el de la universalización de la educación superior, que no solo se erige en garante de la igualdad de oportunidades en un contexto laboral y profesional cada vez más competitivo y demandante, sino también en un factor decisivo para el desarrollo nacional.

Universalización de la educación superior que implica profundizar la democratización de la universidad, garantizando el acceso, pero también las condiciones para la permanencia y el egreso a todos los que quieran estudiar a través de una oferta educativa pública de calidad y disponible a lo largo y a lo ancho del país. En la Argentina existen —según datos del Consejo Interuniversitario Nacional— 67 universidades nacionales, con presencia en todas las provincias del país. A partir del proceso de expansión territorial de las universidades hacia el interior del país que se ha venido profundizando en los últimos años, se evidencia un importante crecimiento en la matrícula y en las inscripciones a las instituciones de educación superior, lo que en un futuro dará al país nuevas camadas de universitarios y profesionales.

Muchos jóvenes, cuyos padres no pudieron acceder a la universidad, se encuentran cursando carreras universitarias que los convertirán en los primeros profesionales de sus familias. En la UBA, por ejemplo, el 50% de sus estudiantes son primera generación de universitarios. En las universidades del conurbano bonaerense estas cifras escalan, alcanzando niveles que superan el 90% en la Universidad de La Matanza o la de Moreno.

Sin duda, se trata de números más que elocuentes sobre la potencialidad de la educación superior para recrear la movilidad social ascendente que caracterizó a nuestro país durante buena parte del siglo XX y que dio lugar al nacimiento de las amplias capas medias que, durante años, fueron toda una excepcionalidad en el contexto latinoamericano.

Un anhelo que se resignifica y actualiza teniendo en cuenta que a nivel global se evidencia una relación directamente proporcional entre el nivel de estudios alcanzados y la capacidad de acceder a empleos más calificados y a ingresos más altos: en promedio, según la OCDE un universitario tiene 10% más de probabilidades de ser empleado, y percibe 56% más que quien solo cuenta con el secundario completo.

Las ventajas de la educación superior trascienden, sin embargo, lo meramente educativo. La universidad es también un espacio de socialización y de generación de vínculos interpersonales, que más allá de lo curricular, transmite valores como la solidaridad, el compromiso con la comunidad y el trabajo colaborativo, entre otros.

En nuestro país, uno de cada cinco jóvenes de entre 20 y 24 años estudia en la universidad. Sin embargo, según un informe de la OCDE, el porcentaje de estudiantes que finalizan su educación superior y alcanzan un título no llega al 20%, un porcentaje muy inferior a la media de los 37 países que integran dicha organización (42%).

Asimismo, vemos que las condiciones económicas influyen fuertemente en el nivel educativo alcanzado: mientras el 80,3% de los jóvenes de estratos profesionales y el 47% de los de clases medias tradicionales tienen nivel terciario/universitario ya sea incompleto o completo, solo 22,1% de los jóvenes de estratos trabajadores integrados y 13,6% de los jóvenes de estratos trabajadores pobres, alcanzaron esos niveles.

Por ello es imprescindible trabajar no solo para garantizar el acceso, sino también para mejorar significativamente la retención y las tasas de egreso. Y para ello, el camino pasa por garantizar una igualdad real, apoyando a los estudiantes con herramientas económicas y pedagógicas para que tengan el mismo derecho a finalizar sus estudios que quienes tienen una situación económica privilegiada.

Nuestro país, cuna de la Reforma Universitaria de 1918, fue pionero en considerar a la educación superior como un activo fundamental para la construcción de la Nación, el progreso de nuestro pueblo, y el desarrollo de una ciudadanía plena, respetuosa de los derechos humanos, la convivencia democrática y las libertades fundamentales.

La universidad argentina que emergió tras el «grito de Córdoba» consolidó tres funciones elementales: la docencia, la investigación y la extensión. A través de ellas, la educación superior pretende trascender las paredes de los claustros para vincularse directamente con la comunidad en la que está inmersa, con una producción académica y científica pertinente para abordar los grandes temas del desarrollo nacional y regional.

Un debate necesario y urgente

Sin duda, las experiencias más profundas de transformación social y cultural en el mundo tuvieron lugar a partir de grandes revoluciones en la educación.

Pero ello no puede esperarse que ocurra por generación espontánea o que sea fruto de la casualidad o el azar. Así lo demuestran experiencias exitosas como la de Finlandia, que desde la década de 1960 ha venido apostando estratégicamente —tras el debate y consenso entre los partidos mayoritarios— a la educación como la mayor ventaja competitiva que podrían tener como país. El sistema educativo finlandés, reconocido hoy como el más avanzado del mundo, no solo obtiene año a año las mejores calificaciones en las evaluaciones PISA, sino que ofrece una real igualdad de oportunidades a todos, lo cual se ve reflejado en la alta inversión que hacen para garantizar una educación completamente pública y gratuita. Un éxito que en gran medida fue posible también por el fortalecimiento de la actividad docente, el desarrollo de su formación y la jerarquización de la labor social que está entre las profesiones más buscadas del país (Rivas, 2015).

Si algo aprendí como emprendedor, tanto en mi trayectoria empresarial como dirigencial, es que las personas tenemos la capacidad de ser artífices de nuestro propio destino.

Y para que todos los argentinos puedan tener la posibilidad de forjarse un destino en un futuro que se perfila cada vez más exigente es imprescindible una educación transformadora. Una educación pensada en un sentido amplio, es decir no solo en lo referido a lo estrictamente académico sino también a la socialización de valores como la honestidad, la diversidad y el respeto, la solidaridad, el trabajo en equipo, la convivencia democrática, entre otros pilares imprescindibles para la construcción de un mejor país.

Muhammad Yunus, docente y emprendedor que a través de su compromiso social e intelectual logró revertir la situación de millones de pobres en Bangladesh —por lo cual ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2006—, señaló que «la pobreza no la crea la gente pobre. Esta es producto del sistema que hemos creado y, por ende, hay que cambiar los modelos y conceptos rígidos de nuestra sociedad».

Estoy convencido de que esa reflexión tiene plena vigencia en nuestro país, que debe poner en el centro del debate público esta problemática central a la hora de planificar el país que queremos y soñamos los argentinos.

No solo porque «los niños son el futuro», tal como reza el dicho popular, sino porque las decisiones y políticas públicas que se lleven adelante para abordar esta temática central tienen un impacto directo también en las posibilidades que ofrece el presente.

Es imprescindible que la educación deje entonces de ser pensada como un gasto y un bien «comercializable» como lo sostiene la Organización Mundial del Comercio, para pasar a ser concebida como una inversión y un «bien público y derecho humano fundamental», en consonancia con lo sostenido por la Unesco.

Como reza la frase de Paulo Freire (2008), el famoso pedagogo, «la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo». Sin duda, nuestro país necesita que esta formidable herramienta igualadora esté al servicio del desarrollo y de un proyecto de país más inclusivo y solidario.

En este marco, la clave para achicar las brechas de desigualdad no reside solo en ampliar la oferta de los servicios educativos, sino también en la calidad de dichos servicios. Para millones de niños, niñas y adolescentes a lo largo y a lo ancho del país de lo que se trata es de tener o no la oportunidad para su desarrollo integral, de expandir y enriquecer su desarrollo físico, emocional, social y creativo a través del aprendizaje y la convivencia con sus familias, otros niños y la comunidad en general.

La profundización de la democracia vuelve a ser la respuesta a la problemática educacional. Este nuevo siglo, con los renovados desafíos que plantea el cambio tecnológico, pero con una realidad de pobreza y desigualdad que permanece incólume, nos coloca una vez más frente a la necesidad de construir consensos básicos.

En este sentido, quienes tenemos responsabilidades dirigenciales, ya sea en el Estado, el sector privado o la sociedad civil, tenemos la obligación de trabajar en conjunto con la comunidad educativa y la sociedad toda, con el objeto de saldar una de las grandes deudas pendientes de nuestro país: un verdadero proyecto educativo nacional.

Así como nos quedamos en la periferia, como país agroexportador, del ordenamiento mundial constituido posrevolución industrial, aún estamos en carrera para poder tener un mejor posicionamiento en la carrera de la era del conocimiento y el mundo digital, donde nuestros recursos humanos son altamente valorados.

No se trata solo de innovación sino también de compromiso con el conjunto, de tener una mirada estratégica de futuro. Recordemos si no que cuando, en 1813, Manuel Belgrano recibió de la Asamblea Constituyente un premio de 40.000 pesos por las batallas de Salta y Tucumán, decidió donar los fondos para la construcción de cuatro escuelas.

¿Qué mejor metáfora que esta? Transformar una guerra en escuelas. Llevamos casi 135 años de la sanción de la ley 1420 de educación laica, gratuita y obligatoria que permitió construir un país pujante y con oportunidades.

Por ello, estoy convencido de que trabajar por la educación está intrínsecamente ligado a la posibilidad de pensar y proyectar la Argentina del futuro.

Hoy tenemos una nueva cita con la historia, por las generaciones presentes y las futuras.

3
Producir responsablemente para crecer juntos

Ninguna transformación profunda y duradera es posible si se impulsa solo desde el Estado, sin la participación de los distintos actores representativos de nuestra rica realidad social y económica.

En este marco, si queremos aprovechar la oportunidad de construir un proyecto de país sostenible a mediano y largo plazo que sea producto de amplios consensos entre todos los sectores de la comunidad, el rol del empresariado nacional y el sector productivo es fundamental.

Los bancos prestan dinero para acceder a la casa propia, iniciar un emprendimiento o financiar una empresa. Las empresas de servicios públicos llevan la electricidad, el gas o el agua potable a nuestros hogares. Las empresas de telecomunicaciones nos permiten estar conectados. Las empresas de alimentación nos aportan los productos que comemos. Las empresas de transporte nos permiten desplazarnos y conectar nuestro extenso país.

Sin perjuicio de la visión crítica que se pueda legítimamente tener en relación con las empresas de algunos de estos sectores, los mencionados son solo algunos ejemplos de lo que estas aportan a la sociedad. Más allá de la provisión de productos y servicios esenciales, está la siempre fundamental generación de empleo y el pago de los impuestos que financian los servicios estatales.

Si bien las empresas naturalmente actúan motivadas por una finalidad que persigue el afán de lucro, ello no es en forma alguna ni obstáculo ni excusa para que puedan aportar a mejorar el entorno en el que operan, incluso destinando a ello una parte de sus ganancias y beneficios.

En este contexto aparece un concepto que no es nuevo pero sí central y fundamental para pensar el lugar del sector privado en la construcción de un proyecto de Nación: la responsabilidad social empresaria.

Se trata de una definición que está en permanente evolución y expansión, y que tuvo como hito fundamental el aumento de las expectativas de las sociedades en relación al rol del sector privado, fogoneado por los vaivenes de la economía, lo que llevó a muchos Estados a buscar alianzas y acuerdos con determinadas empresas con el objetivo de resolver problemas sociales.

Tal como señala Bernardo Kliksberg (2011), «las ideas predominantes sobre el rol de la empresa en la sociedad han cambiado aceleradamente en los últimos años. Durante décadas, la visión con más preponderancia era la que sostenía que la única responsabilidad de la empresa privada era generar beneficios a sus dueños, y que solo debía rendirles cuentas a ellos».

A esta visión primigenia le siguió una perspectiva un poco más amplia asociada a la filantropía y el mecenazgo, que trajo como correlato la proliferación de fundaciones —en muchos países estimulados por beneficios fiscales—, y un esfuerzo más que nada concentrado en el campo cultural y educativo. Producto de ello, muchas empresas internacionales patrocinaron museos, artistas y expresiones artísticas de diversa índole; crearon fondos de becas y financiaron universidades y carreras.

Este modelo se fue quedando corto frente a la realidad económica y social del siglo XXI, donde las sociedades «exigen que la empresa vaya mucho más allá. Que produzca una ruptura paradigmática con las visiones anteriores, y se transforme en la empresa con alta responsabilidad social empresarial» (Kliksberg, 2011).

Empresas responsables

La responsabilidad social surge de conjugar responsabilidades individuales con responsabilidades institucionales, por lo que comprende tanto la responsabilidad de los individuos que integran cada organización como la responsabilidad de la propia institución por las consecuencias que provoca con el desarrollo de su actividad.

En lo que respecta al mundo empresario podemos afirmar siguiendo a CEPAL (2004) que consiste en una forma de «hacer negocios que toma en cuenta los efectos sociales, ambientales y económicos de la acción empresarial, integrando en ella el respeto por los valores éticos, las personas, las comunidades y el medio ambiente».

Así, apunta al modo en que la empresa gestiona los riesgos asociados a las externalidades propias de la actividad que desarrolla, es decir los potenciales impactos no deseados tanto en el plano económico como fundamentalmente en lo social y medioambiental en las comunidades en las que actúa.

Entonces, ¿qué implica una empresa responsable?

Una empresa a la cual le preocupa la calidad de vida de la comunidad en donde genera los beneficios y que tiene en consideración a sus empleados y familias. Una empresa que, además de desarrollar productos y servicios para los ciudadanos, genera conocimiento, fomenta la investigación y los procesos de innovación.

Una empresa que juega con reglas transparentes, que evita malas prácticas como sobornos, abusos de mercado o competencia desleal. Una empresa que cuida el medioambiente en que vivimos para las generaciones presentes y las futuras.

En definitiva, una empresa responsable es aquella que, además de perseguir un objetivo lucrativo, también se compromete con la comunidad y, sobre todo, con el desarrollo del país.

¿Público vs. privado?

Muchos han pensado históricamente que el mismo mercado, a través de la vieja y conocida «ley de la oferta y la demanda», podía ser el ordenador social por excelencia. De la «mano invisible» del mercado de Adam Smith a los mercados autorregulados de Friedrich Hayek muchos economistas han confiado en las fuerzas impersonales y espontáneas del mercado como garantía del orden social.

Sin embargo, las consecuencias sociales de los modelos económicos predominantes en el mundo han demostrado con crudeza que el mercado no puede reemplazar al Estado, y que este no puede retirarse de la esfera económica y social.

La realidad exige entonces que el empresariado incorpore una mirada social a sus definiciones y prácticas comerciales. Así, la responsabilidad social adquiere cada vez mayor relevancia en la medida en que el mercado produce efectos concretos y a menudo potencialmente perjudiciales en las comunidades en las que se inserta.

Más allá de las distintas lógicas de funcionamiento que caracterizan a la empresa y el Estado, a la iniciativa privada y la protección estatal, el sector privado hoy es fundamental para avanzar hacia comunidades más inclusivas e integradas.

De lo que se trata es de entender que no existen empresas ni organizaciones sin comunidad. Las empresas, los negocios y el crecimiento económico se dan en el marco de una comunidad integrada por personas y otras organizaciones, y por ello es importante que las empresas estén involucradas y comprometidas con su entorno.

Entender que si mejora la calidad de vida de la comunidad mejora también el clima de negocios y por ende la actividad lucrativa, es esencial para este nuevo —y aún joven— siglo que transitamos.

La experiencia internacional nos ofrece algunos ejemplos interesantes que pueden servir para observar cómo esta alianza entre Estado y empresa puede cristalizarse en proyectos que se ponen en marcha a través de iniciativas de responsabilidad social.

Tengo muy presente el caso de la empresa sueca IKEA, que recientemente sacó una línea de almohadones —la colección «Återställa»—, que apoya el trabajo colectivo de un grupo de mujeres que trabajan en el proyecto «Ellas lo Bordan». Se trata de madres solteras, víctimas de violencia en cualquiera de sus formas. La propuesta de IKEA fue vender en sus tiendas de Madrid esa línea de productos cuyas ganancias van directamente a ese proyecto.

Por su parte, también en Europa el gigante de telecomunicaciones móviles Vodafone ha anunciado el despliegue en siete países de dicho continente de una nueva app, denominada Bright Sky, para ayudar a las víctimas de violencia de género.

Si bien en nuestro país la mayoría de las grandes empresas tienen fundaciones que desarrollan proyectos educativos y sociales, aún prima un enfoque eminentemente filantrópico o de mecenazgo.

Entre las iniciativas interesantes que merecen destacarse, está la de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK), que viene desarrollando programas de capacitación y pasantías para egresados de las escuelas técnicas argentinas, y que promueve carreras universitarias estratégicas para el desarrollo.

Partiendo de un diagnóstico en relación a la falta de egresados en áreas y oficios —como mecatrónica y robótica, etcétera— que están demandando las empresas nucleadas en dicha Cámara, pusieron en marcha un programa de formación de futuros líderes en esos desarrollos. La experiencia es para destacar, ya que conjuga el trabajo de empresas de capitales alemanes radicadas en el país desde hace décadas, con planes articulados con los Ministerios de Educación de la Nación y las provincias donde tienen actividad, para el impulso de las vocaciones y la formación profesional.

La revolución del conocimiento

El conocimiento es el gran capital de las economías mundiales. Como señala el doctor y especialista en neurociencias Facundo Manes, «el mejor plan económico para la Argentina deberá ser el conocimiento». Ya lo he señalado al hablar del proyecto educativo, pero también es pertinente desde la mirada empresarial o económica.

Nuestro país ha sido hogar de grandes mentes a lo largo de la historia. No es casual que el esfuerzo que como nación hemos realizado desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX en materia de educación e investigación científica, haya dado sus frutos. Los Premios Nobel de Medicina, Bernardo Houssay (1947), de Química, Luis Federico Leloir (1970), y de Medicina, César Milstein (1984), pasaron a la historia por sus importantes aportes científicos.

Pero esto, lejos de ser un motivo de nostalgia de una Argentina potencia, tiene que ser un desafío constante que nos lleve a querer superarnos. Así lo entienden los países más desarrollados del mundo, en donde la inversión en ciencia y tecnología es una prioridad y esto puede verse a partir de cómo y en qué gastan sus recursos.

El informe «Inversiones globales en I+D», publicado por el Instituto de Estadísticas de la Unesco en febrero de 2018, revela que el gasto en ciencia y tecnología —o como se conoce mundialmente, I+D— correspondiente al año 2015 en América del Norte y Europa Occidental ascendió al 2,45% de su Producto Bruto Interno (PBI). Por su parte, la región de Asia Oriental y Pacífico le destinó 2,05% de sus recursos a la I+D, pero cabe remarcar que en este caso lo más interesante es cómo ha logrado aumentar dicho porcentaje, que en 2009 había sido del 1,84%.

Uno de los valores más bajos en la relación gasto en ciencia y tecnología y PBI pertenece a Latinoamérica y el Caribe, donde solo se alcanza el 0,7% del total, cifra apenas superior a lo que gasta la región de los Estados Árabes (0,55%) y África subsahariana (0,42%). Sin embargo, lo alarmante de estos datos es que lo que gasta Latinoamérica está muy por debajo de la media mundial, equivalente al 1,7%.

Apostar por un país con mayor educación e investigación en ciencia y tecnología es sin duda una apuesta estratégica. No se trata de atar el futuro de la Nación a un devenir azaroso; apostar a la ciencia es una apuesta segura, donde la ganancia tarda, pero llega y beneficia además al conjunto de la sociedad.

El aporte de las ciencias al desarrollo de los países es muy vasto: desde la generación de nuevos y más precisos saberes sobre nosotros mismos —con notorios beneficios en la salud— hasta la mejora cuantitativa y cualitativa en la producción nacional.

El impacto más evidente en un país que trabaja en pos de la ciencia se manifiesta especialmente en la industria local, lo que se produce y lo que se exporta. Según datos publicados por el Banco Mundial, las exportaciones de productos de alta tecnología en China equivalían, en 1992, al 6,4% de sus exportaciones de productos manufacturados, pero en menos de treinta años (2017), estas llegaron al 23,8%. Con una visión estratégica sobre su futuro como nación, la mayor economía asiática apostó por la ciencia y la tecnología y los resultados son evidentes.

En América Latina, los treinta años recorridos hasta nuestros días fueron realmente muy productivos en materia de agregar tecnología a sus productos manufacturados. Si bien el porcentaje se encuentra aún muy por debajo de lo que exporta el gigante asiático, la región logró pasar de exportar en 1991 el 5,5% de productos con alta tecnología respecto a sus productos manufacturados, al 11,6% en 2017.

Sin embargo, nuestro país tiene aún un desafío muy importante en dicha materia. Además de apostar a nuestro natural perfil exportador agroindustrial, es importante generar mayor valor tecnológico en lo que le vendemos al mundo. Mientras la región logró duplicar sus exportaciones con alta tecnología entre 1991 y 2017, la Argentina apenas consiguió un leve aumento del 7,9 al 8,9%.

La apuesta por generar mayor conocimiento no solo se limita a los claustros académicos ni al sistema científico público liderado por instituciones prestigiosas como el Conicet o el INVAP. El rol de las empresas y el sector privado en este plano es fundamental. Como ya hemos señalado, una empresa responsable es también la que genera conocimiento e innovación en beneficio del conjunto.

Por ello, el Estado tiene que potenciar la labor de las empresas que generan valor tecnológico, como nuestra industria del software que, a pesar de que viene demostrando una gran potencialidad, todavía reclama un mayor respaldo.

Según los datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo de la Nación, la cantidad de empresas del sector de Software y Servicios Informáticos con trabajadores asalariados registrados en actividad pasaron de 3.175 en 2006 a 4.693 en 2015, es decir un crecimiento del 48% en menos de diez años. Además, solo el 2% de las empresas de software era en 2015 considerada «grande», es decir con más de 200 empleados cada una. Como contracara, el 73% era considerada «micro», es decir menos de 10 trabajadores (OPSSI, 2018).

A la par de este crecimiento en el número de empresas ligadas a la industria del software, también se ha incrementado la cantidad de trabajadores que dicha industria demandó: entre 2008 y 2017 los empleados pasaron de 67.800 a 96.400, es decir un crecimiento del 42%, mientras que en el mismo período el crecimiento del empleo privado apenas alcanzó el 10,7% (OPSSI, 2018).

Las MiPyMES, motor del desarrollo económico y el progreso social

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) son una herramienta fundamental para el desarrollo económico y el progreso social. No solo son productoras de bienes y servicios centrales para la comunidad sino que también tienen una fuerte incidencia en la generación de fuentes de trabajo, y por ello constituyen una de las bases fundamentales de nuestro tejido social y nuestra vida comunitaria.

Esta importancia es reconocida por la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) en los compromisos que integran la denominada «Agenda de Desarrollo Sostenible», en particular en el marco del «Objetivo 8» que apunta a «promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos».

Allí, en la «Meta 8.3» se incluye explícitamente la cuestión de las PyMES, al plantearse como objetivo «promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros».

El impacto de este tipo de empresas se ve reflejado en todo el mundo, independientemente del nivel de desarrollo de cada país. Según consigna la Organización Mundial del Comercio (2016), las PyMES son la forma de organización empresarial más extendida a nivel global, con una participación de un promedio del 95% sobre el total del universo empresarial de los países. Además, según un relevamiento realizado en empresas de 17 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las MiPyMES representan el 63% del empleo total.

En el caso de América Latina, las estadísticas sobre la incidencia de las MiPyMES en la economía y el empleo también evidencian un aporte significativo. Según la Corporación Andina de Fomento (CAF, 2016), las MiPyMES representan el 90% de las empresas de América Latina y generan una cuarta parte del PBI. De hecho, se calcula que cerca del 60% de latinoamericanos trabaja en empresas de cinco o menos empleados.

Nuestro país no es ajeno a estas tendencias registradas a nivel mundial y regional, con estadísticas que demuestran que estamos hablando de un sector vital y determinante para el funcionamiento de la economía y el bienestar de la población.

Según datos del Ministerio de Producción de la Nación (2016), el 99,4% de las empresas privadas del país son MiPyMES, también con un claro predominio de las microempresas que representan el 85% del total. El sector representa además —según datos de 2018 de la Cámara de Comercio y Servicios— el 64,7% del empleo privado registrado, siendo las microempresas responsables del 21%, las pequeñas empresas del 22,5% y las medianas del 21,2%. Esto equivale nada más ni nada menos que a aproximadamente 4 millones de empleos.

Si bien la participación de estas empresas en el nivel de actividad económica del país es sensiblemente menor a su participación en el empleo (40% del PBI), está empíricamente demostrado que las MiPyMES actúan como motor del desarrollo, principalmente en razón de su impulso a la generación de empleos y su capacidad de dinamizar la economía. Además, se trata por sus características de empresas naturalmente mucho más comprometidas con sus comunidades.

Este tipo particular de empresas está creciendo de forma exponencial, por lo que se torna imprescindible que esta tendencia esté acompañada por una planificación estratégica, con políticas públicas que acompañen y fortalezcan este proceso, atendiendo a las necesidades y capacidades específicas del sector.

Los Estados —en todos sus niveles— son actores claves a la hora no solo de crear un marco jurídico e institucional que estimule el desarrollo de las PyMES sino también para fortalecerlas mediante, por ejemplo, créditos, subsidios, fomento de inversiones, exenciones impositivas y simplificación de trámites y habilitaciones.

En particular, el rol del Estado es fundamental para permitir que las MiPyMES puedan superar los obstáculos económicos, manteniendo la competitividad no solo frente a las grandes empresas locales sino también en relación a los mercados externos.

Fortalecer el desarrollo regional

Existen algunas experiencias interesantes para analizar en materia de desarrollo territorial y regional, como el de los clusters, que en tanto modelo de organización productiva es muestra de las buenas ideas e intenciones que necesitamos potenciar en el camino de la articulación entre actores estatales, privados y organizaciones de la sociedad civil que venimos destacando.

Una definición muy extendida de cluster es la que lo concibe como un grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un mismo sector industrial y que colaboran estratégicamente para obtener beneficios comunes. Así, lo que aparece como distintivo es la idea del conjunto, de un grupo que es más que la suma de las individualidades.

En relación con su origen etimológico, se trata de una palabra de raigambre anglosajona, que puede traducirse literalmente como «bloque». Vale también esta idea de bloque porque se presenta como algo sólido, consolidado, y también asociado a la idea de grupo, por lo que el concepto adquiere aún mucho más fuerza.

Si observamos la experiencia internacional, encontramos muchos ejemplos exitosos de clusters, aunque la gran mayoría de ellos en economías más avanzadas en lo que respecta al desarrollo tecnológico, innovación, especialización, transferencia y aplicación de conocimientos. Sin embargo, al menos hasta hoy, los clusters en América Latina tienen aún poca inserción y menos éxito que en otras latitudes.

El desafío en esta materia es doble. Por un lado, avanzar en el reconocimiento de los clusters como un eje relevante de nuestras economías, lo que demanda políticas públicas que prioricen este modelo a través de incentivos concretos para que las diversas empresas de sectores estratégicos vean con claridad la conveniencia estratégica de trabajar de forma colaborativa para potenciar las oportunidades de negocios.

Y, por otro lado, la necesidad de una mayor inversión en la generación de conocimiento científico y desarrollo tecnológico, lo que —como ya hemos venido señalando— no puede ser sino el producto de un proyecto educativo nacional con amplio consenso. En definitiva, de lo que se trata aquí es de generar una sinergia entre sectores productivos estratégicos y las Universidades y agencias científicas tecnológicas.

Sin duda, cuando pienso en la asociatividad de los clusters, pienso en una experiencia probada internacionalmente, como estrategia para potenciar la producción regional, y que en países como el nuestro puede ser tomado como punto de partida para nuevas formas de vincularnos en pos de alcanzar los objetivos que venimos planteando.

La Argentina tiene, en lo territorial, una oportunidad inmejorable para potenciar su capacidad productiva poniendo en valor lo mejor de cada una de las regiones. Sin lugar a dudas, en este objetivo, las universidades juegan un papel fundamental tanto en la formación de los recursos necesarios como a través de la investigación científica aplicada a potenciar el perfil productivo regional.

Vale destacar a modo de ejemplo el caso del cluster quesero de Tandil en la provincia de Buenos Aires. La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y el Cluster Quesero de Tandil, con el acompañamiento de los Ministerios de Agroindustria y Producción de la Nación, inauguraron a finales de 2017 el Laboratorio de Calidad de la Leche que beneficiará a todos los integrantes de la cadena productiva de la región y que es parte de la Red Argentina de Laboratorios Lácteos de Calidad Asegurada (Redelac).

Dicho clúster está integrado por 28 pequeñas y medianas empresas del sudeste de la provincia de Buenos Aires y 19 organizaciones públicas y privadas, entre las que se destaca la universidad que impulsará acciones para proveer de soluciones tecnológicas a los productores del área, y dar respuesta a algunas de las problemáticas comunes del sector. A su vez, desde las empresas integrantes del clúster se brindarán, entre otras cosas, espacios para que dichas innovaciones puedan ser testeadas en el territorio por los estudiantes.

La Argentina cuenta con la gran ventaja de tener un vasto territorio, tan diverso como extenso, donde coexisten todos los climas, las superficies y los recursos naturales. Por ello, el proceso de expansión territorial que experimentó el sistema universitario en las últimas décadas y que llevó casas de altos estudios a prácticamente la totalidad de las provincias del país, nos permite entusiasmarnos con una mayor y más próspera articulación con estrategias de desarrollo local y regional.

Ahora bien, ¿qué papel puede jugar la educación superior en los procesos de desarrollo local y regional? Muchas de las universidades argentinas han venido aportando al diseño de planes estratégicos en diversas ciudades del país, procesos de asociativismo intermunicipal, creación de agencias de desarrollo y polos tecnológicos regionales, proyectos de cooperación internacional, incubadoras de empresas, asistencia técnica y capacitación a emprendedores, PyMES y pequeños productores, entre otras tantas iniciativas que merecen destacarse.

Sin embargo, más allá de estos avances, aún queda mucho camino por recorrer. Necesitamos una universidad que dialogue permanentemente no solo con los gobiernos locales o provinciales sino también con las organizaciones de la sociedad civil y las empresas locales, contribuyendo a poner el conocimiento, la investigación, la reflexión académica y el pensamiento crítico al servicio de la búsqueda de una mejor calidad de vida para todos sus habitantes.

Una universidad más protagonista de los procesos de desarrollo a través de la producción de conocimiento pertinente e investigación aplicada y con impacto social. Para ello será vital pensar en nuevos enfoques en la formación y el aprendizaje, en la calidad y la pertinencia del conocimiento científico y la investigación, para que la universidad pública se convierta decididamente en un actor clave para el desarrollo sostenible, el crecimiento económico con inclusión social y la mejora de la calidad de vida para todos.

En definitiva, de lo que se trata es de plasmar un trabajo conjunto de tal forma que el conocimiento científico y tecnológico pueda alcanzar a los diferentes sectores sociales y tener un impacto positivo para las regiones y la comunidad. En este sentido, se trata de fortalecer las cadenas de producción locales, pero también generar los proyectos necesarios desde el sistema universitario para iniciar nuevos desarrollos productivos, sobre todo allí donde la iniciativa comunitaria o privada puede estar más rezagada.

Un cambio cultural

En los últimos años, se han multiplicado las iniciativas y las prácticas destinadas a obtener un impacto social positivo explorando la articulación con el ámbito académico, con el ámbito público y con el privado, así como ha crecido la sensibilidad social de las empresas y organizaciones en general. Todos avances que nos muestran el camino pero que hoy continúan siendo experiencias todavía aisladas que necesitan potenciarse.

En este sentido, hay que considerar que en gran medida la responsabilidad social empresaria se constituye ya no solo como un compromiso ético y una necesidad de sostenibilidad, sino también como una apuesta estratégica.

Así lo entiende la Unión Europea en el Libro Verde de la Comisión Europea para Fomentar un Marco Europeo para la responsabilidad social de las empresas (2001) cuando expresa que «a medida que las propias empresas se enfrentan a los retos de un entorno en mutación en el contexto de la mundialización y, en particular, del mercado interior, aumenta su convencimiento de que la responsabilidad social puede tener un valor económico directo. Aunque la responsabilidad principal de las empresas consiste en generar beneficios, pueden contribuir al mismo tiempo al logro de objetivos sociales y medioambientales, integrando la responsabilidad social como inversión estratégica en el núcleo de su estrategia empresarial, sus instrumentos de gestión y sus actividades».

Pero ello no debería llevarnos a perder de vista que responsabilidad implica esencialmente compromiso con el otro. Cuando nos reconocemos viviendo en comunidad, el hecho de que el otro esté mejor, nos beneficia al conjunto. En este marco, la responsabilidad social nos permite avanzar hacia comunidades más inclusivas e integradas.

Por lo expuesto, entiendo que es imprescindible repensar el rol de la empresa y el sector productivo en la definición de un proyecto concertado de país de cara al mediano y largo plazo. No solo para ser económicamente competitivos en el concierto internacional que la época impone, sino también para generar mayores oportunidades de vida para todos los que habitan este maravilloso país. Es decir, la meta que debemos proponernos es lograr políticas de desarrollo económico que contemplen la dimensión distributiva, es decir, la inclusión y la justicia social.

Dicho en otras palabras, crecimiento económico y desarrollo humano deberían ser los dos reversos de una misma moneda.

Ello no implica en absoluto desconocer que el Estado es y debe ser el responsable primario y el garante fundamental de la dimensión equitativa del desarrollo, ni asumir que la inversión privada equivalga necesariamente a la privatización de lo público.

En síntesis, necesitamos un Estado presente y un sector privado responsable para sacar adelante los grandes objetivos que tenemos como Nación. Esto no implica ni ajuste del Estado ni privatizaciones ni sobredimensionamientos de estructuras o burocracias ineficientes. Si logramos quitarnos de encima estos prejuicios estaremos más cerca del objetivo.

Construir el círculo virtuoso para potenciar las alianzas público-privadas en pos de estos grandes objetivos comunes, es la gran tarea que tenemos por delante.

4
Emprender, innovar y transformar

La Argentina tiene, afortunadamente, un rico y variado entramado asociativo, con organizaciones de gran trayectoria, importante presencia y labor muy arraigada en la vida social, cultural, deportiva, política y económica de nuestro país.

Pienso en la Cruz Roja Argentina, una de las organizaciones de la sociedad civil más antiguas, que data de 1880. O en la extensa red de sociedades de fomento y clubes barriales que caracteriza a las ciudades de nuestro país.

Pienso en la tarea de las cooperativas y mutuales que han venido aportando a nuestra rica historia en el ámbito de la economía social. También en las organizaciones de derechos humanos, y las de defensa y promoción de derechos, como Cippec o Poder Ciudadano, y su aporte a la transparencia y la calidad de las instituciones democráticas.

Pienso en las organizaciones que bregan por la toma de conciencia sobre nuevas y viejas problemáticas sociales relevantes que requieren de la intervención del Estado, como el flagelo de la droga, los siniestros viales, el HIV o la donación de órganos.

Pienso en organizaciones sociales, como la Red Solidaria de mi amigo Juan Carr, que convocan a miles de voluntarios en pos de la solidaridad con los que menos tienen. O en las miles de organizaciones de defensa de consumidores y usuarios que siembran conciencia sobre estos nuevos derechos incorporados en la reforma constitucional de 1994.

Pienso en las organizaciones de mujeres que vienen luchando por la igualdad de género y, en definitiva, por una sociedad mucho más justa. Y también en las organizaciones ambientalistas que buscan generar conciencia sobre la importancia de un desarrollo sostenible y sobre el manejo responsable de nuestros recursos naturales.

Pienso en las sociedades de fomento, organizaciones de colectividades, centros de jubilados, bibliotecas populares y centros culturales. Y pienso lógicamente también en las asociaciones civiles deportivas, como el Club Atlético River Plate que tengo el orgullo de presidir, el Instituto River Plate y la Fundación River Plate que tienen la enorme responsabilidad de aportar un granito de arena a la formación de los jóvenes y la integración social a través de la práctica del deporte y la promoción de los valores asociados a él.

Se trata evidentemente de un panorama muy diverso, tanto en lo que respecta a la visibilidad mediática, relevancia económica y alcance de la labor de las distintas organizaciones de la sociedad civil y, sobre todo, en lo que hace a la capacidad de influencia de las mismas: su capacidad de instalar temas en la agenda pública y mediática e, incluso, de incidir en la adopción de legislación e implementación de políticas públicas.

Sin embargo, más allá de las lógicas diferencias, hay un denominador común a todas estas organizaciones, y que tiene que ver con la necesaria articulación con un actor insoslayable: el Estado.

En este marco, el Estado ha sido históricamente —y continúa siendo— un interlocutor fundamental de las organizaciones, tanto en lo que respecta a su rol activo como facilitador, fuente de apoyo y financiamiento e impulsor de proyectos; como en lo que respecta a su rol pasivo, al abandonar o desatender determinados servicios o espacios sociales que son abordados por las organizaciones de la sociedad civil.

Una lectura recurrente que surge a la hora de describir y analizar la gran diversidad de organizaciones no gubernamentales es la ausencia o abandono del Estado en determinadas áreas. Una realidad que si bien en algunos ámbitos no puede negarse, no alcanza para comprender el exponencial crecimiento ni las potencialidades de la sociedad civil organizada en nuestro país.

Lo cierto es que la articulación entre políticas estatales y proyectos y acciones de las organizaciones de la sociedad civil no solo es central en materia de desarrollo sino un terreno de constante e histórica reformulación y negociación.

La persistencia de deudas sociales históricas como la pobreza, la desigualdad o los déficits habitacionales, entre otras tantas problemáticas que arrastramos del siglo XX, así como el surgimiento de nuevas problemáticas en la agenda pública que tienen más que ver con los desafíos del siglo XXI, como la brecha tecnológica o el futuro del empleo, interpelan con fuerza a estas organizaciones que siguen buscando mejorar la calidad de vida de la población y les demandan ampliar sus esfuerzos.

A menudo se piensa que la responsabilidad social es un concepto que compete exclusivamente al mundo empresario, una visión que sin duda soslaya el hecho de que en tanto todas las instituciones tienen poder y de alguna manera lo ejercen, todas las organizaciones necesitan asumir la responsabilidad por sus actos.

Así como hemos dicho que es fundamental tender estos puentes para alcanzar los necesarios consensos entre los distintos actores sociales, también consideramos fundamental comprender que atravesamos cambios culturales y sociales que exigen enfrentar nuevos desafíos aportando nuevas miradas y generando acciones acordes a los que esta época nos exige.

Potenciar la cultura emprendedora

El rol de la sociedad civil organizada es clave, no para sustituir a un Estado en retirada, sino para potenciar esfuerzos a través de la cultura emprendedora y la innovación que caracteriza esta rica tradición asociativista argentina.

La idea de emprender trae consigo la posibilidad de crear, de comenzar algo nuevo, pero con la aspiración de construir, de sembrar. Como hemos venido señalando reiteradamente, tenemos la necesidad imperiosa de avanzar en la senda del desarrollo sostenido, dejando atrás esa costumbre tan argentina de volver a empezar siempre de cero. De repetir errores, de quedar atrapados en viejas e inútiles disputas que nos impiden crecer.

En este marco, la cultura emprendedora es sin duda una herramienta privilegiada que permite transformar las buenas ideas en proyectos que mejoren la calidad de vida de la gente y nos permitan avanzar en proyectos sustentables de desarrollo.

Pero para ello es imprescindible cambiar el enfoque, dejando atrás la percepción de soledad a la hora de emprender, abrazando la idea de que vivimos en el seno de la comunidad, y que ella es en cierta forma un mundo de organizaciones.

El capital más interesante que tenemos que priorizar en estos tiempos es el de las buenas ideas, más aun cuando se potencian con trabajo colectivo. Dicen por ahí que (solo) las buenas ideas no cambian al mundo, pero de lo que acá estamos hablando es de ideas puestas en acción. Como el caso de Fazle Hasan Abed, quien en la década de 1970 trabajando para una importante multinacional petrolera decidió, conmovido por la dura realidad de su Bangladesh natal, cambiar radicalmente su vida y dedicarse a emprender para transformar el entorno en que vivía.

Eran, por cierto, tiempos sumamente complejos en uno de los países más pobres de Asia, en donde la guerra civil y las luchas independentistas habían dejado miles de personas con necesidades urgentes, pobreza extrema, trabajo infantil, peligrosos índices sanitarios y una sociedad devastada. En ese marco, Abed creó el «Comité de Ayuda a la Rehabilitación de Bangladesh» —después conocido como BRAC— comprometiéndose a combatir la pobreza desde cada perspectiva posible como la educación, la salud, el trabajo, la cultura, entre otras aristas.

Con el paso de los años, el BRAC se convirtió en una organización muy potente, capaz de desarrollar desde campañas de salud preventiva hasta la generación de microcréditos —alcanzando los mil millones de préstamos— o la promoción de plantaciones agrícolas en zonas carenciadas de Bangladesh. Hoy cerca de 120 millones de personas en países pobres cambiaron sus perspectivas de vida gracias al trabajo colectivo y a las buenas ideas. Ideas tan buenas que no solo hicieron que BRAC ganase en 2011 el reconocido premio WISE por su aporte a combatir la pobreza con educación, sino que desbordaron los límites de ese país, y hoy están presentes en Afganistán, Tanzania, Sri Lanka, Liberia, Sierra Leona, Pakistán, Sudán, Uganda y Haití.

Juventud e innovación

«¡Hagan lío! Pero también ayuden a arreglar y organizar el lío que hacen. Las dos cosas […] hagan lío y organícenlo bien. Un lío que nos dé un corazón libre, un lío que nos dé solidaridad, un lío que nos dé esperanza», dijo el Papa Francisco durante el encuentro con los jóvenes en la Costanera de Asunción el 12 de julio de 2015.

Estamos habituados a observar que la práctica de emprender está muy relacionada con la juventud, algo que probablemente se deba a que siempre se ha concebido a los emprendimientos como actividades iniciáticas, experimentales, e incluso en muchos casos vinculadas al voluntariado. Y si bien ello no es estrictamente así, es innegable que los jóvenes —en su mayoría socializados en un entorno donde la tecnología es parte de lo cotidiano— tienen mucho más arraigada esta práctica.

Lo cierto es que aquel llamado del Sumo Pontífice, que dio la vuelta al mundo por lo provocador, tiene que ver con esta idea de poner a los jóvenes en el centro de la escena, pero no de cualquier manera, sino como protagonistas del cambio que necesitamos.

Por una cuestión natural las nuevas generaciones son el motor de la sociedad que viene. Son, o deben ser, los pilares de la sociedad futura. Hemos hablado ya de todo lo que debemos mejorar en relación a cómo generamos oportunidades para que la juventud se desarrolle, pero es central pensar que en los jóvenes también está presente ese espíritu de la innovación que debe trasladarse a toda la comunidad.

Porque la proclama de Francisco también pone el acento en la capacidad de los jóvenes de interpelarnos a la comunidad en su conjunto y esta mirada se vuelve muy oportuna cuando pensamos en el proyecto de país que necesitamos construir. En este contexto, los mayores tenemos la responsabilidad de contribuir a generar las condiciones para que los que vienen atrás tengan las herramientas necesarias para potenciar y mejorar el país que les dejamos.

Andrés Oppenheimer, en su libro Crear o morir (2014), se pregunta por qué no han surgido un Steve Jobs o Mark Zuckerberg —fundadores de Apple y Facebook, respectivamente— en México, Argentina, Colombia o cualquier otro país de América Latina, donde por cierto hay gente tanto o más talentosa que esos famosos emprendedores globales.

Al ensayar una respuesta a ese interrogante, señala que no alcanza solo con una buena educación, también hace falta acompañar las trayectorias educativas con entornos que fomenten la innovación, el emprendedurismo y la participación ciudadana en un sentido amplio.

Y, en este marco, el escritor y periodista argentino residente desde hace tiempo en los Estados Unidos revela cuál es el secreto del éxito de Silicon Valley, sin duda una de las mecas de la innovación e investigación en materia de tecnología en el mundo. Su respuesta es sorprendentemente simple, pero no por ello menos sugestiva: «es la gente».

El gran secreto de Silicon Valley no radica en el apoyo del gobierno federal estadounidense ni del gobierno del estado de California, ni en los incentivos económicos y fiscales de los que gozan los parques científico-tecnológicos. El secreto es el perfil de la gente que se concentra allí, mentes creativas y jóvenes profesionales provenientes de los países más diversos del mundo que encuentran en ese sitio un marco propicio para desarrollar sus ideas innovadoras.

Esta reflexión nos permite llegar a un lugar que puede constituirse en un muy buen punto de partida para pensar y trabajar en lo que viene en términos de desafíos para el futuro de nuestro país, y es la idea de que la creatividad y la innovación son procesos naturalmente colaborativos. Este es un descubrimiento maravilloso, porque nos permite comprender que los buenos entornos, los consensos y las alianzas estratégicas nos van a permitir mejorar nuestras perspectivas a futuro, pero también nos genera la obligación de rodear y acompañar mejor a todos aquellos que hoy están haciendo un gran esfuerzo individual y que podría multiplicarse y potenciarse.

En las sociedades actuales muchas de las transformaciones están surgiendo de abajo para arriba, a través del espíritu emprendedor, y no por impulso estatal. Pienso por ejemplo en Gino Tubaro, el joven inventor argentino que recorre el país entregando gratuitamente las protésis de bajo costo que diseñó en base a la tecnología de impresión 3D, innovación que ha captado la atención del mundo desde que el ex Presidente Barack Obama lo destacara durante su visita a la Argentina.

La dificultad en países como la Argentina radica en que esto ocurre en la mayoría de los casos por ausencia de políticas públicas, por falta de recursos o por una mala jerarquización y distribución de los mismos, por desidia, negligencia o torpeza, entre otras tantas razones. Pero sepamos también que en muchos países desarrollados esto es producto de una cultura de la innovación, donde se respira y se vive en un entorno propicio para emprender.

¿Cómo hacerlo? Trabajando juntos, generando las condiciones para que las mejores ideas puedan ver la luz. Ese es el gran desafío. Trabajar de manera colaborativa, para potenciar lo mejor de las experiencias individuales, y canalizar toda esa energía emprendedora y solidaria en un proyecto común.

El rol de las organizaciones de la sociedad civil

Las organizaciones de la sociedad civil no son ni sustitutas del Estado ni subsidiarias del sector privado, de allí que a menudo se las designe como «tercer sector». Comprender este lugar y este rol es fundamental para avanzar en la necesaria articulación entre sector público, empresas y sociedad civil.

Quizá pueda servir el ejemplo de los clubes y su estrecho vínculo con la comunidad, un ámbito que conozco muy de cerca. Los clubes deportivos tienen una fuerte tradición en nuestro país, y en la actualidad muchos de ellos corren peligro de desaparecer por las dificultades económicas y problemas de financiamiento, pero también por déficits en materia de gestión y malas administraciones que han llevado a algunos a querer instalar un pretendido «nuevo modelo» de gestión de estas instituciones.

He debatido durante mucho tiempo con quienes sostienen la idea de las sociedades anónimas deportivas como mecanismo de organización de nuestras instituciones. Se ha pensado equivocadamente que la manera de profesionalizar nuestras instituciones sería trasladando el modelo empresario a la gestión de las mismas, lo que implica desconocer las particularidades que deben tener y resguardar las organizaciones sin fines de lucro, como los clubes. Particularidades que podemos sintetizar en lo que entendemos que es un «fin social» que persiguen nuestras instituciones, una verdadera responsabilidad social, un compromiso con la comunidad que se plasma en la promoción de los valores asociados a la práctica del deporte.

Así lo entendemos en River, institución que presido desde 2013, y que más allá de los resultados futbolísticos, viene profundizando su función social apelando al deporte y la educación como transmisor de valores y herramienta para el desarrollo integral de los jóvenes.

Como consecuencia de ello, una institución como River —sin duda todo un patrimonio cultural de los argentinos— tiene hoy un profundo compromiso con sus deportistas, con los jóvenes y con la comunidad en general y su razón de ser es mucho más que fútbol, como lo demuestra su aporte a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

Desde ya, defender a los clubes en cuanto asociaciones civiles no implica en absoluto resignarse a la improvisación, a la falta de planificación y a la carencia de innovación en materia de gestión.

Por ello, considero que uno de los mayores logros desde que iniciamos la gestión del club es haber podido hacer convivir las urgencias —que en los primeros años eran muchas— con lo importante para consolidar un equipo de trabajo y un proyecto institucional sólido y sostenible, asentado en una planificación orientada al logro de objetivos estratégicos que trascienden ampliamente lo deportivo, y con una alta exigencia en materia de responsabilidad social.

Romper el molde

Estamos en un momento de nuestra historia en el que, quizá más que nunca antes, tenemos la oportunidad de ver todo lo que podemos ser, y al mismo tiempo, todo lo que nos falta. Tenemos el potencial, nos falta organizarlo y trabajar mancomunadamente para desarrollarlo en torno a objetivos comunes que beneficien al conjunto.

En este marco, la cultura de la innovación y del emprendedurismo no solo nos permite generar nuevos sistemas de interacción y articulación entre actores públicos, privados y sociales, sino ser disruptivos a la hora de pensar estrategias de desarrollo.

El trabajo colaborativo es casi un imperativo estratégico. Necesitamos repensar el rol que cumple cada uno en la comunidad, y potenciarlo. Y no es una mera expresión de deseo, la experiencia de River o la del cluster de Tandil, por citar solo dos ejemplos que he mencionado en este libro, me afirman en la convicción de que podemos hacer las cosas mejor si trabajamos con una lógica distinta, pensando en equipo.

Necesitamos crear y cambiar para no morir, pero no desde el fatalismo sino pensando en no perder una vez más la oportunidad de crecer. Necesitamos subirnos al tren de la innovación, y no lo lograremos haciendo lo mismo que siempre.

Necesitamos romper el molde, hacer lío y organizarlo como dijo Franciso. Liberarnos de los lastres y prejuicios que erigen enfrentamientos y enemistades sin sentido, de los intereses sectoriales mezquinos, para sacudir las viejas estructuras, y darnos la posibilidad de pensar y actuar de una manera distinta.

En definitiva se trata de animarnos a emprender y transformar, y en esta tarea el aporte de las organizaciones de la sociedad civil es sin duda central.

5
Hacia una democracia de proximidad

Muchos indicadores han venido dando cuenta de una importante caída en la participación ciudadana en el contexto de la gran mayoría de las democracias occidentales. Cabe preguntarse entonces, ¿por qué los ciudadanos no participan?

A menudo, los análisis ponen el énfasis en la tan mentada «crisis de representación» y la consiguiente pérdida de confianza, desafección política, escepticismo y apatía ciudadana.

Un fenómeno que si bien en nuestro país tuvo su punto más alto en las trágicas jornadas de diciembre de 2001 y la consigna «que se vayan todos» que condensaba la indignación de una sociedad hastiada de los fracasos y las promesas incumplidas, sus orígenes podían remontarse a la década de 1980.

Las críticas a los partidos políticos no son en absoluto algo nuevo ni un patrimonio exclusivamente nacional. Ya en 1915, Robert Michels describía la «ley de hierro de las oligarquías» para dar cuenta del funcionamiento elitista del Partido Socialdemócrata alemán, probablemente la organización partidaria más importante de su época. Recogía, probablemente, el clásico planteo sobre la «clase política» de Gaetano Mosca (1858-1941), quien procuró demostrar que en todas las sociedades existían dos grupos sociales claramente diferenciados: una clase que gobierna y una clase que es gobernada, una minoría que manda y una mayoría que obedece. Una tendencia que para el autor es irreversible: allí «donde haya hombres, habrá una sociedad, y donde esté una sociedad, habrá un Estado. Esto es, una minoría dirigente y una mayoría que es dirigida por ella».

Por otra parte, también es cierto que la imagen de los partidos es sin duda abrumadoramente negativa en la región. La gran mayoría de los latinoamericanos perciben a los partidos como instituciones ajenas al bien común, cerradas a la sociedad, distantes e incapaces de comprender la realidad. La ciudadanía los hace responsables de muchos de los males que asolan a las sociedades: corrupción, ineficacia, opacidad, incapacidad para resolver demandas ciudadanas, amiguismo, entre otras percepciones muy instaladas.

Una encuesta realizada en 18 países por Latinobarómetro en 2018 señala que solo el 13% de los latinoamericanos confía en los partidos políticos, pese a que estos representan una de las instituciones centrales en la democracia moderna. Así, el 28% de confianza que habían logrado alcanzar las organizaciones partidarias latinoamericanas hacia 1997 se redujo al mínimo histórico de 11% en 2003, aumentando posteriormente al 24% hacia 2013 aunque reduciéndose nuevamente al 13% en la actualidad. La Argentina está, apenas por un punto, sobre esta media de los países latinoamericanos.

Este fuerte descenso en la confianza por parte de los latinoamericanos en los partidos políticos también tuvo su correlato en la percepción ciudadana con respecto a otras instituciones claves de la democracia como lo son el Parlamento, cuya confianza descendió de 34% en 2011 a 21% en la actualidad; el Poder Judicial, que pasó de 36% en 2006 al 24% actual, y el Poder Ejecutivo, cuya confianza se desplomó del 45% en 2010 al 22% actual.

La percepción negativa con respecto a dichas instituciones se ve acompañada también por una valoración negativa del desempeño de la democracia latinoamericana: la insatisfacción pasó del 51% en 2009 al 71% en la actualidad. En otras palabras, solo el 24% de los latinoamericanos está satisfecho con la actual situación de la democracia en la región.

Democracia y participación

Max Weber —célebre sociólogo alemán de comienzos del siglo XX— señalaba la imposibilidad de concebir un sistema democrático sin partidos políticos; pero al mismo tiempo señalaba que el mal funcionamiento de los mismos políticos bien podría aniquilar un sistema democrático.

Hoy sabemos que sería imposible imaginar una democracia moderna sin partidos políticos, pero también que una democracia de calidad no será posible sin una profunda transformación que fortalezca a los partidos políticos en muchas de sus funciones que han abandonado, a la vez que promueva una mayor participación ciudadana que vaya mucho más allá del voto.

Y ello nos exige dejar atrás la concepción de democracia meramente procedimental que ha venido obturando la dimensión participativa y deliberativa de la vida política, reduciendo la noción de ciudadanía exclusivamente a la faz electoral. Una democracia que ofrece a los ciudadanos posibilidades formales de participación, pero a menudo privándolos de instrumentos concretos para hacer efectiva la misma. Y una política que ha abandonado en gran medida su condición de praxis transformadora de lo social.

Si queremos avanzar en los consensos necesarios para poner en marcha un verdadero proyecto de país, es imprescindible plantearse efectivamente el problema de la participación en los asuntos públicos, lo que implica poner en marcha «el proyecto de una sociedad en la cual todos los ciudadanos tienen una igual posibilidad efectiva de participar en la legislación, en el gobierno, en la jurisdicción y en definitiva en la institución de la sociedad» (Castoriadis, 2006).

No debemos perder de vista que la idea de «participación» está íntimamente ligada al concepto de democracia. Y ello porque se reconoce que la participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos contribuye a garantizar la plasmación del principio de igualdad política, la legitimidad del sistema político, la representatividad de partidos y Parlamentos y el control ciudadano de los gobiernos, es decir, todos aspectos relevantes para el funcionamiento mismo del sistema democrático.

De esta forma, si consideramos que la participación entendida en términos de posibilidad que tienen las personas de incidir o influir en la toma de decisiones colectivas es uno de los rasgos característicos de los regímenes democráticos, sobre el cual está por cierto fincada gran parte de su legitimidad, se vuelve evidente que los regímenes democráticos deberían ofrecer los mecanismos adecuados para propiciar esa actividad del ciudadano.

El voto es indudablemente «la expresión más visible y la más institucional de la ciudadanía […] el acto que desde hace mucho tiempo simboliza la idea de participación política y de igualdad cívica» (Rosanvallon, 2009). Sin embargo, esta afirmación no puede llevarnos a reducir la participación ciudadana exclusivamente a la dimensión electoral o a los clásicos mecanismos de rendición de cuentas que caracterizan al vínculo entre representantes y representados (lo que se conoce como accountability vertical).

Frente a ello, hoy más que nunca, es necesario ir mucho más allá del voto, y en el camino hacia una democracia de mayor calidad, recuperar la idea de una esfera pública vibrante en la que la deliberación y la participación tornen posible el autogobierno individual y colectivo.

Por ello, es fundamental promover la democracia participativa a través del establecimiento de mecanismos transparentes de diálogo y deliberación pública que tornen efectiva la igualdad política de los ciudadanos. Como sostiene James Fishkin (1995), una democracia capaz de satisfacer simultáneamente tres condiciones: igualdad política, decisiones basadas en la deliberación y antídotos contra la tiranía de la mayoría.

Los beneficios de la participación para la salud democrática son notables, en la medida en que incentiva a la ciudadanía a hacerse cargo, colectivamente, de decisiones centrales para el autogobierno. Y, a la vez que contribuye a la estabilidad y gobernabilidad democráticas, promueve en el seno de la sociedad sólidos lazos comunitarios construidos en torno a valores como el bien común, la solidaridad, la pluralidad y el respeto a la diversidad.

Facilita asimismo la solución pacífica y armoniosa de conflictos al interior de la democracia, y es indispensable «para administrar problemas y atender a la población de modo más eficaz» a través de la «proliferación de los procesos de descentralización» que busca implicar a las personas involucradas en la adopción e implementación de políticas públicas (Rosanvallon, 2009).

En definitiva, la democracia participativa es una democracia más inclusiva e igualitaria, en tanto se trata de un régimen en el que los individuos son ciudadanos que se autogobiernan a través de instituciones que promueven la participación ciudadana en las decisiones: desde la definición de la agenda pública que fija las prioridades, a la legislación y las políticas que buscan abordar esas problemáticas.

Dialogar y escuchar

El filósofo y politólogo italiano Gianfranco Pasquino (2000) señalaba que la democracia es un régimen político «exigente», en tanto no puede esperarse «que sus estructuras, sus aparatos y sus técnicas de funcionamiento sean definidas de una vez por todas».

Cabe preguntarse, entonces, ¿los argentinos somos más exigentes después de treinta y seis años de ejercicio democrático ininterrumpido? Sin duda, con toda una generación de jóvenes nacidos en democracia ya incorporados a la ciudadanía política, las demandas son aún mayores.

En pleno siglo XXI nuestro país arrastra desafíos que eran más bien propios del siglo XX. Algunos, incluso, del siglo XIX. Sin embargo, en este siglo de la nanotecnología y las neurociencias, según un relevamiento de finales de 2017 del INDEC realizado en los 31 aglomerados urbanos del país, solo el 70% de los hogares argentinos accede a la red de cloacas y apenas el 71,2% accede a la red de gas natural. Por su parte, la red pública de agua corriente cubre al 87,7% de los hogares, privando a muchos argentinos del acceso a este recurso que hoy es considerado un derecho humano básico.

En este marco, nuestra democracia y, en particular, los actores encargados del ejercicio de la función representativa (partidos, funcionarios y dirigentes políticos) se enfrentan a un doble desafío: mostrar capacidad para resolver los problemas de la población en un contexto de pérdida de credibilidad de la política y los políticos; y, además, adaptarse a los cambios sociales y culturales operados en este tiempo histórico donde las nuevas tecnologías de la información y comunicación impactan fuertemente en todos los ámbitos de la vida social y se convierten en una realidad a todas luces ineludible.

Con el advenimiento de este nuevo paradigma comunicacional, la política necesariamente necesita resignificarse si quiere recuperar la legitimidad extraviada, y ganar credibilidad para responder a las demandas, las expectativas y anhelos de los ciudadanos.

En el marco de este nuevo escenario donde los flujos de comunicación rompen las jerarquías de antaño y abandonan la tradicional unilateralidad característica de la rígida relación emisor-receptor, se exige bidireccionalidad, interacción, diálogo y capacidad para escuchar.

Aunque pueda parecer paradójico, a la vez que amplifican las posibilidades de comunicación a escala global, las nuevas tecnologías generan también una oportunidad inédita para generar más cercanía, sin duda uno de los valores más importantes que la política necesita recuperar si quiere volver a ser una praxis transformadora.

En el mundo, encontramos algunos interesantes e innovadores intentos para generar una democracia más participativa aprovechando las innovaciones tecnológicas que caracterizan a este tiempo histórico.

Quizás uno de los casos paradigmáticos en este sentido es el de Estonia, república báltica ubicada en el norte del continente europeo que, con sus 1.3 millones de habitantes, implementó en 2005 el voto por internet, también conocido como «i-voting», convirtiéndose en el primer país en implementar este sistema para elegir cargos nacionales.

No es casual que esta exrepública soviética sea pionera en esta materia, ya que Estonia es desde ya hace varios años uno de los países más «digitalizados» del mundo. Desde 2003, este Estado parte de la Unión Europea puso casi todos los trámites asociados a sus servicios públicos online, decisión que no respondía a un mero afán modernizador sino fundamentalmente a una necesidad de lidiar con las limitaciones presupuestarias. De esta forma, los ciudadanos pueden desde casarse o divorciarse hasta elegir a sus representantes por la web.

Está claro que Estonia no necesariamente es el modelo por seguir para países como el nuestro: la ciencia política ya ha demostrado empíricamente los riesgos de extrapolar sistemas electorales —con sus consiguientes modalidades de participación democrática— que funcionan en determinados países a otros con culturas e historias muy diferentes. Además, no deberían ser las personas las que nos adaptemos a la tecnología sino, por lo contrario, es la tecnología lo que debería adaptarse a las personas y sus necesidades. Hechas estas necesarias aclaraciones, creo que lo interesante del modelo de Estonia es la vocación por la búsqueda permanente de mecanismos que lleven a una mayor participación democrática, aprovechado además las ventajas que ofrece el tiempo histórico para que las personas se involucren en las decisiones, que puedan hacer un seguimiento y controlar las cuentas públicas y el destino de los recursos, involucrándose así en la construcción de un Estado más eficiente y con mayores niveles de legitimidad.

Pero para poder aprovechar estas potencialidades que ofrece el nuevo escenario para construir relaciones de proximidad y cercanía con los ciudadanos, los gobernantes, funcionarios, partidos y candidatos deben desarrollar capacidades de diálogo y, fundamentalmente, de escucha.

Si hablamos de la necesidad de edificar grandes consensos, hoy, quizá más que nunca, es tiempo de escuchar, precondición necesaria para poder dialogar.

Está claro que las nuevas tecnologías de la información no inventan un nuevo modelo de participación, pero ofrecen una posibilidad única para dialogar directamente y de un modo más transparente con los gobernantes y dirigentes, afinando asimismo las posibilidades de escucha dando mayor visibilidad a las interacciones, opiniones y demandas.

En definitiva, constituyen una oportunidad para volver a situar al ciudadano en el centro del proceso político. Una oportunidad que además coincide en tiempo y espacio con la necesidad de avanzar en los consensos que venimos señalando, en nuevas formas de construcción democrática, y nuevas maneras de articular y liberar las energías de cada uno de los actores representativos de nuestra realidad política, económica y social en pos de lograr un país mejor.

Una oportunidad que no podemos desaprovechar.

EPÍLOGO

Un triunfo de todos
La oportunidad de superar las diferencias para avanzar juntos

Nos adentramos en el siglo XXI con la proclamación de un contundente triunfo de la democracia frente a los autoritarismos que signaron la historia de nuestro país durante el siglo pasado, pero con la constatación de las evidentes dificultades que esta tiene para plasmar muchos de sus valores y cumplir sus principios fundamentales.

Enfrentamos así los retos y desafíos que tienen que ver con este nuevo siglo signado por la omnipresencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la centralidad del conocimiento y la innovación como factores de desarrollo, a la vez que arrastramos muchas deudas del siglo pasado: la pobreza, las desigualdades, los déficits habitacionales, problemas de infraestructura, la debilidad de las instituciones, entre otros factores que inciden negativamente en la igualdad de oportunidades para quienes habitan nuestro maravilloso país.

Frente a esta doble exigencia, quizás hoy más que nunca es necesario defender la igualdad de oportunidades como valor central a fin de garantizar el acceso a los bienes y servicios social, cultural y económicamente relevantes. Igualdad de oportunidades que no solo implica la búsqueda permanente de la equidad sino también la puesta en marcha de mecanismos de justicia redistributiva basados en la solidaridad colectiva.

Es evidente que una sociedad que proporcione a sus habitantes derechos de acceso a recursos sociales básicos como la salud y la educación de calidad, les brindará mayores oportunidades de vida que permitirán no solo ampliar el espacio de libertades individuales sino también avanzar colectivamente en tanto comunidad.

Y ello solo será posible si, como hemos venido señalando insistentemente a lo largo de las páginas de este libro, logramos construir colectivamente un verdadero proyecto de país sustentable en el tiempo y basado en los más amplios consensos posibles.

Para hacerlo, y como una suerte de condición de posibilidad, es imprescindible jerarquizar y devolverle la credibilidad y legitimidad perdida a las instituciones públicas y a la política en tanto praxis transformadora, responsabilizar aún más al sector privado con respecto a la comunidad en que desarrolla su actividad y, en simultáneo, tender los puentes necesarios con las organizaciones de la sociedad civil y la impronta laboral que desarrollan para sumar esfuerzos y potenciar el trabajo colaborativo en pos de las grandes metas del desarrollo.

Puede parecer una tarea titánica, pero estoy convencido de que la Argentina tiene con qué hacerle frente.

Con luces y sombras, aciertos y errores, avances y retrocesos, la Argentina es el país de la región con mayores índices de alfabetización y con una larga y rica tradición en materia educativa, que incluye universidades públicas como la Universidad de Córdoba que, fundada en 1613, precedió por veintitrés años a la emblemática Universidad de Harvard; o la Universidad de Buenos Aires (UBA) que va camino al bicentenario, y que continúan cosechando reconocimientos a nivel internacional por estar entre las casas de altos estudios de América Latina mejor posicionadas en los rankings mundiales por la producción académica y la investigación.

Un país que en su gran extensión y diversidad de climas y geografías ha sido bendecido con enormes riquezas, valiosos recursos naturales y oportunidades regionales aún inexploradas.

Un país que cuenta además con recursos humanos de calidad: no solo profesionales de las más variadas disciplinas científicas y humanísticas, emprendedores y mentes creativas, e intelectuales que nutren nuestra cultura, sino también miles de héroes anónimos que todos los días realizan grandes esfuerzos para trabajar y estudiar aportando al desarrollo nacional.

Un país cuyos habitantes no solo han demostrado una y otra vez su enorme fortaleza y dignidad para superar las adversidades, sino que da cuenta de una conmovedora solidaridad social que sin duda debería trascender a otras esferas.

Sin embargo, y a pesar de estas enormes e inocultables potencialidades, somos un país al que nos cuesta muchísimo jugar en equipo, el poder dejar de lado los egos y mezquindades, y colocar los intereses y logros individuales en una imprescindible perspectiva colectiva.

Tengo la convicción, fundada en mi propia experiencia como emprendedor y como máximo responsable de una organización social como River, que a la hora de pensar en la forma de resolver y abordar las urgencias del presente y encarar los desafíos que nos plantea el futuro, las individualidades son importantes, pero en modo alguno sustituyen al equipo. Y si hablamos de un proyecto de desarrollo, el equipo es el país, cuyo futuro construimos juntos y entre todos.

Se vuelve frustrante y agotador ver cómo tantas veces el esfuerzo de muchos es eclipsado por la preeminencia de intereses particulares o sectoriales que construyen barreras que nos impiden avanzar. Diferencias a todas luces artificiales que generan conflictos inconducentes que nos impiden construir los cimientos sólidos sobre los cuales edificar los consensos en los que debería basarse un proyecto de país sostenible en el tiempo.

Nos cansamos de repetir que tenemos la materia prima para poder hacerlo, pero nos encargamos de auto boicotearnos permanentemente en esa tarea que sin lugar a dudas tenemos pendiente en cuanto sociedad: poner las metas y objetivos colectivos por delante de cualquier diferencia que nos impida lograrlo.

Cuando los argentinos nos dejamos llevar por ese clima de la confrontación permanente y nos dejamos atrapar por las supuestas «grietas» que nos separan y actuamos en términos de las lógicas de «amigo-enemigo«, nos perdemos la oportunidad de generar los imprescindibles acuerdos básicos que nos permitan erigir un proyecto de país orientado a garantizar el desarrollo nacional y la real igualdad de oportunidades para todos quienes habitan el suelo patrio.

La principal expectativa que tenemos los argentinos no solo es extendida y compartida, sino también muy concreta y por cierto nada pretenciosa: vivir mejor. Para ello, es necesario constituirse en una sociedad que tenga como norte el desarrollo del capital humano y social.

Si lo entendemos de esta manera, veremos que en realidad las diferencias y los contrapuntos que supuestamente nos separan no son ni tan profundos ni definitivos o irreconciliables, y que más que ante la tan mentada «grieta» estamos frente a un mero «charco» que juntos podemos superar con relativa facilidad si tenemos la voluntad de avanzar.

A lo largo de este libro he procurado aportar humildemente mi visión en relación a ese camino que nos permitiría avanzar. Estoy convencido de que los consensos son esenciales, más aún en estos tiempos que corren. Tanto como lo fueron en otros importantes contextos históricos, como el de los álgidos debates previos a la ley 1420 de Educación Común que, finalmente, vio nacer una política capaz de propiciar la gratuidad y obligatoriedad de la educación primaria, quizá —con sus 135 años de vigencia— la única verdadera política de Estado que tuvo nuestro país.

Trabajar por el consenso, dialogar y escuchar. Romper moldes y viejos paradigmas. Hacernos responsables por la realidad que nos circunda. Liberar las energías de la participación ciudadana. Apoyar la innovación, la creatividad y el emprendedurismo. Apostar decididamente por una educación de calidad para todos. Pensarnos en términos de una comunidad. Dejar atrás viejas dicotomías y superar los enfrentamientos vetustos que atrasan. Concebir el desarrollo como un objetivo que demanda necesariamente del trabajo colaborativo

En definitiva, avanzar juntos. Poniendo los objetivos del conjunto por delante de los intereses individuales o sectoriales, y permitiéndonos pensar un poco en función del otro. Pero ni por conformismo ni por resignación a ceder en el plano individual, sino para ganar todos y que crezcamos como país rompiendo ese círculo vicioso que nos tiene condenados como Sísifo a subir infructuosamente una gran roca hacia lo alto de una colina repitiéndolo una y otra vez durante la eternidad.

Tengo la profunda convicción de que si pensamos de esta manera estaremos mucho más cerca del país que soñamos, de dejar de buscar culpables, de no volver a cometer una y otra vez los mismos errores, y recuperar la confianza en nuestra propia capacidad como sociedad.

Tenemos una cita con nuestra historia, pero, sobre todo, un compromiso ineludible con el futuro. Ante esta encrucijada, sepamos que lo que viene depende de todos nosotros los argentinos. Estemos a la altura de este desafío, por la memoria de nuestros abuelos y padres que contribuyeron a la grandeza de este hermoso país, por nosotros mismos y, sobre todo, por el futuro de nuestros hijos y nietos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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