Itxaso Domínguez de Olazábal

Coordinadora del Panel de Oriente Próximo y Norte de África de la Fundación Alternativas y profesora asociada en Estudios Internacionales en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha trabajado, entre otros proyectos, como investigadora en la oficina de Londres de The U.S./Middle East Project, así como en el Parlamento Europeo y en la Delegación de la Unión Europea en Egipto. Colabora con varios medios, como Público o El Periódico. Es doctora en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid e investigadora del TEIM (Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos) de la misma universidad. Ha sido consultora en asuntos públicos y cuestiones de geopolítica/buen gobierno en Oriente Próximo y Norte de África, así como asesora e investigadora en el ámbito de las relaciones internacionales. Sus principales áreas de especialidad son las relaciones de poder pasadas y presentes en la Palestina histórica, las dinámicas políticas y sociales en el golfo Pérsico y los procesos de transición y transformación domésticas y transnacionales en Oriente Próximo y Norte de África, desde distintas disciplinas y marcos epistemológicos, muy particularmente los enfoques críticos de relaciones internacionales.

Itxaso Domínguez de Olazábal

Palestina

Ocupación, colonización, segregación

Epílogo de Nadia Silhi Chahin

Diseño de cubierta: Pablo Nanclares

© Itxaso Domínguez de Olazábal, 2022

© Del Epílogo, Nadia Silhi Chahin, 2022

© Los libros de la Catarata, 2022

Fuencarral, 70

28004 Madrid

Tel. 91 532 20 77

www.catarata.org

Palestina.

Ocupación, colonización, segregación

isbne: 978-84-1352-375-0

ISBN: 978-84-1352-403-0

DEPÓSITO LEGAL: M-5177-2022

thema: JPVC/JPVR/1FBP

impreso por artes gráficas coyve

este libro ha sido editado para ser distribuido. La intención de los editores es que sea utilizado lo más ampliamente posible, que sean adquiridos originales para permitir la edición de otros nuevos y que, de reproducir partes, se haga constar el título y la autoría.

Introducción

“Un país preparado para el alba. / No seremos distintos / De la legión de mártires de esta tierra: / Ellos, iguales todos, / Alimentan la hierba / Que comulgamos”.

Mahmud Darwish, Poesía escogida (2002)

En 2021 se cumplieron 30 años de la Conferencia de Paz de Madrid. Un año que, como en otros anteriores, podía haberse dedicado a su conmemoración, así como a los eventos y debates sobre la “solución” del “conflicto” palestino-israelí. Sin embargo, 2021 ha estado marcado por el levantamiento de los palestinos, impugnando dicho modelo de paz y todo lo que vino después.

Este libro aspira a presentar, de forma pedagógica para el público hispanohablante, el contexto actual de la causa palestina, que obliga a tener en cuenta tanto cuestiones estructurales, muy particularmente históricas, como dimensiones coyunturales. Un estudio que resulta de considerable interés si se tienen en cuenta los acontecimientos recientes sobre el terreno en la Palestina histórica (así como otras localizaciones a lo largo y ancho del planeta) durante estos últimos años, pero también la evolución de los debates y conversaciones en torno a la causa palestina en los últimos años, más allá del liderazgo oficial palestino, profunda y crecientemente cuestionado. Dichos debates y conversaciones arrojan luz sobre nuevas iniciativas de resistencia, sobre todo en las generaciones más jóvenes, tal y como puso de relieve la “Intifada de la Unidad” en mayo de 20211.

Ibrahim Abu Lughod (1981) advirtió sobre los “escollos de la palestiniología”, es decir, tratar de entender la evolución de la causa palestina principalmente a través del prisma del enfrentamiento de sus protagonistas con el proyecto sionista. Si bien admitió que los investigadores debemos tener en cuenta el “entrelazamiento” de las sociedades palestina e israelí, advirtió que tal enfoque corre el riesgo de ocultar las voces palestinas. Este libro no se centra, así, en el “proceso de paz”, en las “soluciones” o en las escaladas de violencia, sino pura y llanamente en los palestinos. Millones de personas, miembros del pueblo palestino a lo largo y ancho del planeta, permanecen en una situación en la que tanto su pasado como su futuro son negados, y en el que su presente parece condenarlos a una espera perpetua: de liberación, de estatalidad, de retorno, de justicia, de poder atravesar el checkpoint, de salir de prisión, de permiso a que el mundo escuche lo que llevan décadas expresando.

Los acontecimientos en torno a Jerusalén en la primavera de 2021 lo dejaron claro. Cuando los palestinos ejercitan su derecho a la resistencia no violenta, el interés internacional es nulo. Únicamente cuando se habla de violencia, cohetes y enfrentamiento armado, Palestina asoma en las noticias y protagoniza conversaciones. Incluso cuando no se trata de violencia, predomina una tendencia a presentar a los palestinos únicamente como víctimas, lo que también contribuye a su deshumanización. Este volumen aspira a pensar Palestina y a los palestinos, como sugirió Elias Sanbar (2004), observando lo que hacen y dicen hoy, no imaginándolos o fantaseándolos. Como víctimas, ciertamente, pero también como luchadores, como miembros de familias y otras comunidades, capaces de cometer errores y alcanzar éxitos, como seres humanos polifacéticos.

Existe una mayoría, en España y más allá, que habla con ligereza y cree estar al corriente de lo que ocurre en la Palestina histórica. Hacen gala de su saber a cada estallido de violencia; pero no se interesan por las versiones defendidas por las voces palestinas, por considerarlas menos objetivas. Las conversaciones en torno al apartheid en la Palestina histórica ilustran bien este punto: solo se ha empezado a normalizar este término cuando así lo han confirmado organizaciones israelíes y una ONG internacional. Este volumen está basado precisamente en lo que declaran esas voces palestinas. Por este motivo son tan importantes las fuentes utilizadas y los recursos presentados como referencia. Las palabras que cierran este libro corren a cargo, a su vez, de Nadia Silhi Chahin, una mujer y académica palestina, ya que la conclusión y decisiones sobre su futuro solo les corresponden a ellos.

Este libro cree firmemente en la idea de Palestina como metáfora del contexto global, de sus contradicciones pasadas y actuales. La narrativa en torno a Israel/Palestina está muy relacionada con las incoherencias que tanto ayer como hoy ha traído el liberalismo. Con la propia idea de “orden liberal internacional” en la que los principios liberales no solo coexisten con, sino que dependen del mantenimiento de jerarquías y desigualdades a nivel global. El llamado “apartheid de vacunas”, en la Palestina histórica y en el resto del planeta, es una muestra de ello. A lo largo del siglo XIX, en el que también comenzó a gestarse el proyecto sionista, mientras se cincelaban derechos y valores pretendidamente universales, se profundizaba en la colonización de territorios de ultramar, en la explotación de sus habitantes y recursos como elemento imprescindible de los procesos de industrialización que trajeron consigo un progreso pretendidamente universal.

En la actualidad, ese concepto teleológico del progreso sigue representando una eventualidad para billones de seres humanos. Se enarbolan derechos y valores universales mientras se mantiene la jerarquización en el seno de la sociedad internacional. Esta jerarquización está íntimamente ligada a una realidad de racismo estructural. ¿Por qué, si no, existe tal reticencia a reconocer el apartheid en un país que es considerado parte de Europa, como Israel, pero en Sudáfrica ha resultado factible plantearse la existencia de una discriminación basada en una idea construida de la raza? En la actualidad, incluso algunos debates sobre Palestina intentan evitar la centralidad de la raza, y consideran que apartheid únicamente significa desigualdad de derechos como consecuencia de un nacionalismo llevado al extremo, no de una ideología colonial construida sobre un ideal de supremacismo blanco. Atravesamos una época en la que un impulso creciente para abordar cuestiones abierta e íntimamente relacionadas con el impacto real del colonialismo en nuestras sociedades es acogido con posiciones conservadoras e incluso reaccionarias. España no es una excepción, sino quizás un caso paradigmático, a la luz de que su historia colonial no solo es ensalzada y aplaudida por su carácter civilizatorio, sino también considerada como algo enterrado en el pasado.

En 2011, año en el que gran parte del mundo dirigía su mirada hacia los millones de árabes que reclamaban justicia y dignidad contra regímenes dictatoriales, el exprimer ministro israelí Ehud Barak advirtió a su país de que el hecho de no otorgar soberanía a los palestinos en territorios ocupados traería consigo una serie de reprimendas diplomáticas: “Nos enfrentamos a un tsunami diplomático que la mayoría del público desconoce… La deslegitimación de Israel está a la vista”. Israel no hizo nada para poner fin a la situación a la que se refería el dirigente. Más aún, intensificó sus mecanismos de desposesión de los palestinos y recrudeció sus reacciones violentas ante cualquier crítica, mientras trazaba vínculos con países de dudosas credenciales democráticas. Parece que el tsunami finalmente ha llegado, representado en primera instancia por las sociedades civiles del planeta.

Para justificar la situación actual, es común escuchar una frase del antiguo ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Abba Eban, según la cual los palestinos (él hablaba de “los árabes”) nunca pierden la oportunidad de perder una oportunidad. Pero cabe preguntarse, como lo hace este libro, si este no ha sido en realidad el caso de los israelíes, ya que siempre ha estado en su mano levantar el yugo sobre los palestinos. El dilema, y de esto en gran parte tratan estas páginas, es que esto hubiese significado el fin de Israel tal y como fue concebido y avanzado durante décadas. O incluso de la sociedad internacional, que a lo largo de ese tiempo se ha convertido en parte del problema al mantener a toda costa el statu quo, independientemente de lo nocivo que este sea para los palestinos y para el concepto de justicia internacional, aferrándose a la esperanza de que este contribuya a una paz hoy más elusiva que nunca.

En la última escena de Hombres en el sol, primera parte de la Una reputada trilogía palestina de Ghassan Kanafani, tres refugiados palestinos de generaciones diferentes, escondidos en un camión cisterna en busca de una vida mejor en Kuwait, mueren asfixiados. Cuando el conductor del camión descubre sus cuerpos, se pregunta compungido por qué no avisaron de lo grave de su situación: “¿Por qué no golpearon las paredes de la cisterna? ¿Por qué no llamaron? ¿Por qué?”. A pocos escapa hoy el paralelismo de este acto con la realidad que atraviesa el pueblo palestino, a pesar de que sus miembros llevan años advirtiéndonos de ello. Hoy, muchos de ellos han decidido volver a tomar la palabra, y todo indica que no aceptarán ser oprimidos o ignorados nunca más.

Este libro comienza refiriendo el nuevo marco interpretativo que los palestinos y sus aliados proponen para entender no solo la situación actual en la Palestina histórica, más allá del de “conflicto” que se ha convertido en la narrativa hegemónica. Es necesario hablar del pasado para entender el presente y un futuro mínimamente deseable, y tanto uno como otro arrojan luz sobre una realidad de colonialismo y apartheid. Y mientras es importante explicar que en el pasado había inmigrantes e indígenas, también lo es entender que hoy en día se trata mucho más de una cuestión de cómo en la actualidad los derechos de unos se ven completa y continuamente subsumidos a los designios de los otros y que la racialización tiene un papel central en esta realidad. Millones de personas en la Palestina histórica viven con miedo de que un día el Estado de Israel llame a su puerta para expulsarles, arrestarles o algo peor… tal y como ocurrió con sus antecesores y ocurre con sus vecinos.

Más allá de ayudarnos a entender las vicisitudes de la realidad sobre el terreno, el recurso a un determinado marco interpretativo marca el camino para corregir las consecuencias materiales que de forma sistemática se derivan para los palestinos; mientras hoy predominan las referencias a negociaciones y cesiones mutuas, las demandas palestinas hablan de justicia, derechos y descolonización. El marco del “conflicto” es, además, siempre binario; obliga a posicionarse de uno u otro lado: pro Palestina o pro Israel. Si queremos la liberación de la primera, automáticamente perseguimos la desaparición del segundo. No obstante, cuando atendemos a otros marcos, nos posicionamos no de lado de una parte, sino del de la justicia y el fin de la dominación colonial.

Una de las consecuencias del sistema de colonización en la Palestina histórica ha sido, tal y como relata el capítulo 2, la fragmentación multidimensional del pueblo palestino, y, por ende, una situación de impasse del movimiento nacional palestino, lo que se ha traducido en un liderazgo oficial deslegitimado. Esta fragmentación se concreta sobre todo en la existencia de diferentes segmentos o campos políticos palestinos, cada uno sometido a un régimen jurídico distinto dependiendo de su localización geográfica. Los tres capítulos siguientes están dedicados a la evolución y contextualización de estos tres campos políticos, siendo consciente de que la gran mayoría de análisis sobre el contexto palestino dedican una atención desmesurada —en muchas ocasiones exclusiva— a la situación en los territorios ocupados.

El capítulo 6 aborda una cuestión tan fundamental como el papel que la sociedad internacional ha tenido en un contexto profundamente impactado por la evolución del tejido global a lo largo de las décadas. Al igual que con la colonización, los actores internacionales no solo han impuesto una interpretación de la realidad, sino también un modelo para transformarla. Sus efectos no han sido inocuos, y son cada vez más las voces que llaman a que la sociedad internacional, y sobre todo algunos actores, acepten su parte de responsabilidad.

El último capítulo está dedicado a las nuevas formas de resistencia y narrativas de los palestinos. En continuidad con las luchas populares del pasado, estas se ajustan a nuevos escenarios globales y locales: exigen un nuevo paradigma para comprender su causa, denuncian el papel de sus liderazgos en el escenario actual y evidencian cómo son varios los actores externos que se han convertido en parte del problema. Así, su resistencia es también pedagogía crítica, en el que las nuevas generaciones han creado un espacio de excepción. Vuelven a depositar su confianza en la sociedad civil internacional, en los ciudadanos y colectivos a lo largo y ancho del planeta, muchos de los cuales identifican en las fuentes de desposesión de los palestinos algunas que les son familiares y ayudan a entender los vínculos entre la Palestina histórica y el contexto mundial, que ponen de relieve la importancia de la interseccionalidad, de las luchas transnacionales compartidas.

Capítulo 1

Un nuevo marco interpretativo

“Esto es lo que hace que te plantees todas tus preguntas. Es aquí justamente donde comienza el problema. Es un pueblo que sufre discriminación, que lucha por sus derechos. Esa es la historia. Si dices que se trata de una guerra civil, tus preguntas estarán justificadas. Si dices que se trata de un conflicto, entonces claro que sorprende saber lo que está sucediendo”.

Entrevista a Ghassan Kanafani (1970)

Este capítulo se centrará en los distintos marcos interpretativos, promovidos por la sociedad civil y el ámbito académico, del contexto de la Palestina histórica, sobre todo en relación con el colonialismo de asentamiento y el apartheid (no incompatibles entre sí). Estos marcos cualifican o niegan la conceptualización hegemónica de “conflicto”, y ayudan a entender la situación teniendo en cuenta los acontecimientos que han afectado a la totalidad del pueblo palestino a partir de la Nakba y el establecimiento del Estado de Israel. Hoy en día cada vez más palestinos, además de otros actores, reclaman la significación de estos marcos no solo en términos de interpretación, sino muy particularmente en términos de cómo comprender el futuro al que aspiran.

El ‘conflicto’ etnorreligioso,
una narrativa hegemónica contestada

A lo largo de las décadas, el imaginario colectivo en España y Europa sobre el presente —pero también futuro— del pueblo palestino se ha visto enormemente influenciado por una narrativa hegemónica, la del “conflicto” palestino-israelí como un conflicto etnonacional y etnorreligioso. De acuerdo con esta, la única interpretación de la situación apunta a la existencia de un enfrentamiento, determinado por una dualidad y cuasi-simetría permanente, entre dos pueblos que desde hace décadas, apoyándose en la Historia, aspiran a convertirse en Estados-nación, ambos con los mismos derechos sobre el territorio del antiguo Mandato británico de nombre Palestina2. Así, la posibilidad de una separación territorial completa entre judíos y palestinos en Israel/Palestina, o al menos entre Israel, por una parte, y Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza por la otra, encuentra su justificación en un marco de resolución de conflictos de carácter etnonacional que obliga a la separación total entre estas sociedades marcadas por siglos de animadversión mutua. Esta versión ignora por completo la posibilidad de que el “conflicto” tenga otros orígenes o explicaciones, que a su vez han derivado en altas dosis de violencia.

La narrativa hegemónica, que impregna varios ámbitos —político, académico, civil—, se inspira en gran medida en una metanarrativa positivista que define el sionismo como un movimiento de liberación nacional cuyo objetivo declarado era la creación de un Estado-nación parte de Occidente y heredero de la tradición europea. El nacimiento del Estado judío fue celebrado como el cumplimiento de un sueño de liberación nacional albergado durante siglos, pero también como una solución a la “cuestión judía” a la luz del antisemitismo rampante en Europa y las posibilidades de redención que este arreglo representaba para un buen número de países. Esta narrativa, pretendidamente anticolonial contra la presencia británica3, combinaba elementos de misticismo y religiosidad, pero también de esencialismo y referencias constantes al estatus de insuficiente civilización de la población indígena, los palestinos, y el potencial modernizador que la presencia de inmigrantes judíos tenía para estos, el territorio, e incluso la región en su conjunto. La reacción de los nativos fue de resistencia, no violenta en su gran mayoría. Aun así, Israel sostiene que el país luchaba, y aún lo hace a día de hoy, por su supervivencia. Costara lo que costara.

La narrativa imperante también se caracteriza por el excepcionalismo: se ha convertido en moneda común escuchar una y otra vez que el contexto en la Palestina histórica es complicado, incluso demasiado complejo como para que el hombre de a pie pueda comprenderlo, no digamos proponer versiones alternativas. El relato distintivo presenta a una nación elegida pequeña y valiente, obligada desde el principio a luchar por la supervivencia contra enemigos irracionales sedientos de sangre. Así, se admite que Israel es un país que ha cometido errores —como hacen todos los miembros de la sociedad internacional—, pero que siempre ha hecho todo lo posible para lograr objetivos nobles, lo que obliga a juzgar sus acciones con mesura. Este excepcionalismo se ve plasmado en la expresión, sobre todo utilizada en Estados Unidos, “progresistas excepto en lo que a Palestina respecta”.

La narrativa hegemónica no cuestiona la legitimidad del establecimiento del Estado de Israel, mucho menos su carácter de democracia plena occidental. De esta manera, cuando por ejemplo se habla del “trilema de Israel”4 (Piqué, 2021), el análisis se centra únicamente en la ocupación militar de territorios y en la imposibilidad de que el país mantenga al mismo tiempo su condición de democracia plena si es una potencia ocupante, dejando de lado otras realidades pasadas, pero sobre todo presentes. El punto de inflexión lo representa para esta narrativa el año 1967, y no 1948, y con ello la llamada “Línea Verde”5. El periodo 1948-1967 sería para Israel una etapa de florecimiento democrático en la que se consiguió superar el “pecado original” de la Nakba palestina, en el que tantos se inspiran para argumentar que el país puede, y debe, retornar al “buen camino” (Dowty, 1995: 36). De acuerdo con esta versión, la ocupación pos-1967 sería además únicamente responsabilidad de un puñado de mesiánicos y de una ideología concreta, y no un conjunto de mecanismos íntimamente ligado a los cimientos del proyecto de establecimiento de país.

Esta narrativa hegemónica ha sido objeto de cuestionamientos crecientes a lo largo de los últimos años. La evolución de la realidad sobre el terreno arroja luz sobre la pulsión y realidad colonial que representa el Estado de Israel, sobre circunstancias que los palestinos llevaban años y décadas denunciando (figura 1). Un concepto que ha adquirido centralidad es el de la “realidad de un Estado”, en la cual Israel tiene y ejercita su soberanía de forma cuasiexclusiva a lo largo y ancho de la Palestina histórica, aunque de formas distintas en función del territorio concernido: la ocupación, el vocabulario, no se limita únicamente a la “ocupación militar” tipificada como tal por el derecho internacional. Esta progresiva erosión de la Línea Verde ha llevado asimismo a que hayan aumentado exponencialmente en número e intensidad las referencias a un contexto de apartheid en el antiguo Mandato británico. Mientras que un libro del antiguo presidente estadounidense Jimmy Carter (Carter, 2006) únicamente se refería a la posibilidad de un régimen de apartheid entre israelíes y palestinos en los territorios bajo ocupación —y ya entonces causó acaloradas discusiones—, textos relativamente recientes argumentan que la segregación es una realidad a un lado y otro de la Línea Verde.

Varios activistas palestinos llevaban años manejando el concepto de apartheid junto con los de colonialismo y ocupación. Ya en 2013, la organización palestina Al-Haq hablaba de “un régimen institucionalizado con la intención de establecer y mantener la dominación judía-israelí sobre los palestinos como grupo” (Al-Haq, 2013). En esta misma línea se había posicionado el Consejo de Investigación de Ciencias Humanas de Sudáfrica con su informe “¿Ocupación, colonialismo, apartheid?: una reevaluación de las prácticas de Israel en los territorios palestinos ocupados bajo el derecho internacional” (HSRC, 2009) y las importantes deliberaciones del Tribunal Russell para Palestina entre 2010 y 2013. Un punto de inflexión lo representó el Informe de la Comisión Económica y Social para Asia Occidental de las Naciones Unidas, aunque se forzó su retirada (ESCWA, 2017) seguido de —y completado por— un importante número de organizaciones palestinas, israelíes e internacionales. La última de ellas ha sido Amnistia Internacional que, en línea con lo que un importante número de entidades palestinas demandan, habla de un apartheid en la totalidad de la Palestina histórica, por lo tanto a ambos lados de la Línea Verde y no solo en los territorios bajo ocupación, sino que también afectaría a los refugiados palestinos (Amnistía Internacional, 2022). La primavera de 2021 trajo consigo un nuevo impulso por reconocer la importancia de los términos y narrativas (Abdel Razek, 2021a).

Figura 1

Palestina menguante a lo largo de las décadas

Fuente: Elaboración propia.

El colonialismo de asentamiento
en la Palestina histórica

El colonialismo de asentamiento es una realidad histórica que logra explicar el contexto de la Palestina histórica y cuestionar la narrativa hegemónica en su totalidad, incluso en lo que al contexto internacional respecta, más allá de excepcionalismos. Aunque esta interpretación ha sido alegada durante décadas por voces palestinas, ha sido gracias a las contribuciones en el ámbito académico internacional, pero también consecuencia de la imposibilidad de la narrativa hegemónica para explicar la realidad sobre el terreno, muy particularmente el fracaso del proceso de paz posterior a los Acuerdos de Oslo6, que esta versión gana terreno progresivamente en la academia, los medios y la opinión pública, aunque no en el ámbito político, como veremos en el capítulo 6.

A principios del siglo XX, la población de Palestina la componían un 4% de judíos y 96% de palestinos aproximadamente. En 1922, los inmigrantes judíos representaban ya el 10% de los habitantes de la Palestina histórica, consecuencia de la llegada y establecimiento de sucesivas olas de inmigración judía en el territorio desde finales del siglo XIX7. Estos flujos llevaron a la creación del Yishuv como comunidad judía asentada en Palestina responsable de crear las instituciones de un futuro Estado, y particularmente de lo que fue presentado como el idealismo de los kibbutzim. En ambos casos se impuso gradualmente el principio de separación para desplazar y desposeer a los palestinos tanto en el campo como en la ciudad, y, cuando era posible, comprar sus propiedades y conseguir, así, conquistar tanto el territorio8 como el mercado de trabajo y el circuito económico en una época en la que había una tendencia hacia la concentración agraria y las economías de escala.

A este proceso de acumulación de capital principalmente judío, se sumaba el que estos inmigrantes pudieron sentar las bases de su futuro Estado, completamente independiente de los habitantes indígenas, en un proceso principalmente representado por el sindicato Histadrut (Confederación General de los Trabajadores Hebreos en Palestina) y su brazo armado, la Hagana. El Yishuv estableció relaciones sui géneris con la potencia colonial, que no reconocía ni la existencia ni el derecho de autodeterminación de los palestinos como población indígena en virtud de la Promesa Balfour de 1917 (cuyo texto fue en gran parte recuperado por el Mandato británico sobre el territorio) de contribuir a la creación de un “hogar nacional” para el pueblo judío. Londres no solo cedía territorio que en aquel momento no estaba bajo su control, sino que además decidía sobre la composición del mismo: los residentes que vivían en el extranjero podían adquirir la ciudadanía automáticamente incluso si diferían en la raza de la mayoría de la población (Qafisheh, 2007: 78 y 97).

Los líderes palestinos se enfrentaron a una trampa de las muchas que vendrían después: no eran reconocidos como pueblo (solo como “no judíos”) y únicamente se reconocían sus derechos religiosos y civiles en atención a sus distintas adscripciones y diversidad, por lo que tampoco se les permitía sentar las bases de un autogobierno mínimo. Rechazaban figurar en condiciones de igualdad con sus colonizadores y además existía un problema de representatividad, ya que solo se escuchaba a algunas élites. Estas tendencias se fueron consolidando a lo largo de los años. La presencia judía aumentaba y tomaba fuerza. Los palestinos profundizaron y multiplicaron sus acciones de resistencia, muy particularmente con la Gran Revuelta de 1936-1939, que representó la confirmación definitiva del principio de separación. Londres abrió progresivamente los ojos a la incompatibilidad entre el programa sionista y el respeto de los derechos y aspiraciones de los palestinos, sin por ello mostrarse dispuesto a intervenir.

Los propios representantes del proyecto sionista reconocían, en un primer momento y sin ambages, el carácter colonial del mismo. Aún se trataba de un lenguaje aceptable. De acuerdo con el programa del I Congreso Sionista de 1897 en Basilea, el objetivo del sionismo era crear un hogar para el pueblo judío en Palestina, y la forma de conseguirlo era promover “la colonización de Palestina por la agricultura judía y trabajadores industriales”, en un lenguaje igual o muy similar al de los llamados “pioneros” en otros contextos de colonialismo de asentamiento como EE UU, Canadá o Australia (Ramos, 2020). Poco después, los rabinos de Viena enviaron a dos representantes para investigar la idoneidad del país para tal empresa. Los mandatarios informaron del resultado de sus exploraciones en un telegrama cuyo mensaje encapsula la realidad palestina aún a día de hoy: “La novia es hermosa, pero está casada con otro hombre”.

Muchos se toman el mito de “una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra” atribuido a Israel Zangwill a pies juntillas, pero la realidad es que este hacía referencia a una tierra baldía, no deshabitada per se. Aquellos líderes reconocían que existía presencia humana en el territorio, pero la presentaban con arreglo a consideraciones racistas: de acuerdo con Berl Katznelson, fundador del diario del sindicato Histadrut, “nunca antes el hombre blanco había emprendido la colonización con ese sentido de justicia y progreso social que llena al judío que llega a Palestina” (Greenberg, 1980: 358). Mientras que el pueblo judío tenía derechos históricos sobre el territorio, los árabes en el mismo no eran sino un colectivo nómada que podría residir en cualquier otro Mandato británico. Se empezó a cimentar además la narrativa según la cual la creación del pueblo palestino era resultado del movimiento de las poblaciones árabes (y otras) a lo largo y ancho de la región durante los siglos anteriores, negando por lo tanto cualquier conexión histórica real con la tierra.

La interpretación que reclama un contexto de colonialismo de asentamiento en Palestina histórica insiste en la centralidad de la Nakba para la genealogía e imaginario colectivo del pueblo palestino. Este término árabe se traduce como “desastre”: con él, los palestinos designan al exilio de más de 750.000 palestinos durante y después (1947-1949) del establecimiento del Estado de Israel en 1948. En noviembre de 1947, la porción de Palestina que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) asignaría al futuro Estado de Israel en virtud de Plan de Partición incluía casi tantos palestinos como judíos. La única forma de alcanzar un Estado de mayoría demográfica judía era revertir la condición de minoría de los judíos.

Son numerosos los judíos israelíes que defienden la necesidad de la Nakba. En un conocidísimo —y demasiadas veces recomendado— libro, Mi tierra prometida, de Ari Shavit, se presenta la difícil disyuntiva a la que se enfrentan sus compatriotas: “O rechazan el sionismo debido a Lydda [ciudad que hoy alberga el aeropuerto internacional de Tel Aviv, cuyos residentes palestinos fueron en su gran mayoría expulsados en masa o ejecutados en 1948] o aceptan el sionismo junto con Lydda” (Shavit, 2003: 187). Para ellos, la Nakba representa el “pecado original” del proyecto nacionalista, y a partir de ese momento el movimiento sionista mostraría la habilidad y madurez política necesarias para que Israel emergiera como un miembro de la sociedad internacional legitimado y reconocido con suficiente territorio para prosperar, y una minoría palestina lo suficientemente pequeña como para ser efectivamente controlada.

El liderazgo sionista adoptó el Plan Dalet9 en marzo de 1948. Con tal fin, y en una época en la que las transferencias de población no tenían una imagen tan negativa a nivel internacional, se diseñó una verdadera operación de ingeniería demográfica —en última instancia, limpieza étnica— que dio sus primeros pasos antes de que Israel declarara unilateralmente su independencia. Se estima que la mitad del total de palestinos desposeídos había sido expulsada antes incluso de que comenzara la primera guerra árabe-israelí (1948-1949), demostrando así que la contienda no explica tales movimientos, tal y como defiende la versión hegemónica. Por si esto fuera poco, la guerra no fue iniciada por los Estados árabes vecinos per se, sino que estos solo enviaron una parte de sus ejércitos, con muy poco entrenamiento y aún menos coordinación, en consonancia con las medidas “cosméticas” que irían adoptando a lo largo de las siguientes décadas (véase capítulo 6). No es baladí tener en cuenta que el Yishuv había firmado con el monarca hachemita Abd Allah I de Jordania un acuerdo secreto de partición del territorio entre Israel y Jordania en caso de conflicto (Shlaim, 2000).

El caso más conocido de expulsión masiva es el de los aproximadamente 50.000 palestinos de Lydda y Ramle en julio de 1948. La atrocidad más infame ocurrió en Deir Yassin, cerca de Jerusalén, donde las estimaciones del número de residentes palestinos asesinados a sangre fría por combatientes israelíes oscilan entre 125 y más de 250. Las masacres fueron a menudo un preludio del vaciamiento de poblados, que poco tiempo después serían destruidos para evitar el retorno de sus residentes o sus congéneres. El número de poblaciones destruidas varía entre 350 y más de 500. La historia nos ha dejado fotos de columnas de refugiados que fueron atacadas con morteros y bombas improvisadas para acelerar su éxodo.

En este sentido, el “retorno de la historia” representa un elemento fundamental para conjurar la colonización (Rouhana y Sabbagh-Khoury, 2019): la Nakba es un sitio clave de memoria e historia colectivas que conecta a todos los palestinos con un punto específico en el tiempo. Para Edward Said, la Nakba representó un medio dialéctico de fijación y negación del yo palestino a través de dos proyectos que son a la vez contradictorios y complementarios (Khoury, 2005): el triunfo de la narrativa sionista y la derrota de la presencia palestina. La Nakba se ha convertido en un presente eterno, además de un núcleo de resistencia, en lo que los palestinos denominan la “Nakba continua” (al-Nakba al-Mustamirra) marcada por los procesos continuos y multidimensionales de judaización y despalestinización.

El objetivo de cualquier proyecto de colonialismo de asentamiento consiste en crear una nueva sociedad de migrantes colonizadores a costa de otra, la comunidad indígena. Un ejemplo actual de este proceso lo representan las acciones en el barrio jerosolimitano de Sheikh Jarrah para reemplazar a los residentes palestinos por colonos judíos israelíes y borrar paulatinamente la presencia palestina de la ciudad, al igual que se lleva haciendo durante décadas en toda la Palestina histórica. Este objetivo ayuda a entender la amenaza demográfica que los palestinos representan según el principio “un máximo de territorio con un mínimo de nativos”, constantemente esgrimido mediante discursos que presentan a los palestinos como una amenaza a la seguridad de Israel mientras se desarrollan los procesos de ingeniería demográfica y judaización del espacio y de la historia. En una entrevista de 2004 al periódico israelí Haaretz, el controvertido historiador Benny Morris no escondía esta mentalidad:

Si el final de la historia resulta ser sombrío para los judíos, será porque Ben-Gurión no completó la transferencia en 1948. Porque dejó una reserva demográfica grande y volátil en Cisjordania y Gaza y dentro del propio Israel […] En otras circunstancias, apocalípticas, que pueden realizarse en cinco o diez años, puedo ver expulsiones. Si nos encontramos […] en una situación de guerra […] los actos de expulsión serán totalmente razonables. Incluso pueden ser esenciales […] Si la amenaza a Israel es existencial, la expulsión estará justificada (Shavit, 2004).

Carácter estructural y eliminación
del nativo. Un régimen de apartheid

Según los estudiosos, este proceso colonial se diferencia de otros tipos de colonialismo en que ambiciona la explotación y domesticación del indígena y sus tierras y recursos, no necesariamente su desaparición definitiva. Patrick Wolfe lo definió como “un proyecto inclusivo centrado en el territorio que incluye una amplia gama de agencias, desde el centro metropolitano hasta el campamento fronterizo, con el objetivo de eliminar las sociedades indígenas” (Wolfe, 2006: 339). Se basa, por tanto, en dos pilares. Se trata, en primer lugar, de una estructura continua en el tiempo y una forma de configurar las relaciones sociales, no de un acontecimiento único o temporal. Es un proceso interminable de contornos no fijados a priori —o muy vagamente—, pero en casi todo momento sometidos a codificación legal. Israel nunca ha definido oficialmente sus fronteras ni ha implementado una constitución formal, y no tiene presencia solo en Cisjordania y Jerusalén Este, sino también en los Altos del Golán y en las granjas libanesas de Shebaa.

A la hora de entender las ambiciones territoriales del Estado de Israel, es necesario hacer mención al “Gran Israel”. En la Conferencia de París de 1919, la Organización Sionista Mundial propuso la creación de un Estado judío que no solo incluyera el territorio de la Palestina histórica, sino parte de lo que hoy son Estados vecinos (muy particularmente Jordania y Siria). David Ben-Gurión explicó que en el seno del proyecto existía un acuerdo inamovible sobre la indivisibilidad de “Eretz Israel” (nombre generalmente utilizado para referirse al área total de la tierra prometida por los textos bíblicos). El único debate a este respecto, indicó el dirigente, giraba en torno a qué estrategia ayudaría a alcanzar más rápidamente este objetivo común (Thomas, 1999: 25). Poco o nada ha cambiado a día de hoy. A la derecha e izquierda del espectro político, aunque con distintas justificaciones, se hace referencia al río Jordán como frontera, y a los territorios bíblicos de Judea y Samaria como partes integrantes del Estado de Israel. Pese a que en junio de 2021 muchos celebraron por todo lo alto la marcha de Benjamín Netanyahu como una nueva oportunidad para la paz, la realidad era que la coalición que se hizo con el poder incluía a partidos que abogan abiertamente por un Gran Israel desde el río hasta el mar.

En 1947, el Yishuv aún no había avanzado lo suficiente en su proyecto colonial, pero se vio obligado a “ceder” ante la propuesta de partición para obtener el reconocimiento y apoyo de la sociedad internacional. A partir de ese momento, Israel promovió una situación de ambigüedad calculada, de temporalidad permanente que le permitió aferrarse al territorio y ejercitar su soberanía sobre él sin por ello conceder los derechos correspondientes a todos los palestinos residentes, ni reconocer la violación del derecho internacional con arreglo al cual la ocupación militar solo puede ser temporal. Esta temporalidad toma la forma de una frontera porosa entre el de facto y el de iure, como demostró la amenaza de anexión israelí de territorios cisjordanos en verano de 2020. Toma forma asimismo de un Estado de excepción permanente.

El otro pilar del proyecto colonial lo representa la eliminación del nativo como objetivo, una eliminación y violencia estructural que adoptan formas tanto corpóreas como no corpóreas, desde la limpieza étnica hasta la deshumanización y negación de la existencia y dignidad del pueblo palestino, pasando por su explotación. La negación de la identidad palestina ha representado una constante en el discurso oficial israelí durante décadas: no hay palestino que no conozca las declaraciones de Golda Meir donde la primera ministra negaba que hubiese existido jamás un pueblo palestino. Esta negación, aún mantenida de forma marginal, ha derivado en dos discursos. En unos casos se mantiene que solo existe un pueblo palestino en oposición al Estado de Israel, lo que da pie a iniciativas como la llamada “opción jordana”, según las cuales los palestinos podrían vivir en cualquier Estado árabe de la vecindad, ya que se trata únicamente de una tribu árabe más. En otros, aunque son los menos, se sigue negando esta identidad y corporeidad con argumentos tan rudimentarios como la no existencia de la letra P en la lengua árabe. La deshumanización es una forma de negación no solo de la identidad, sino de la dignidad y necesidad de justicia de los palestinos. Los derechos y estatus de sus miembros se vieron determinados desde un primer momento, y aún es así a día de hoy, por los designios de los inmigrantes judíos, que implementan una combinación cambiante de exclusión e inclusión, de forma simultánea e intermitente.

La demografía representa un factor clave, ya que los indígenas se ven inscritos en una estructura que les considera en última instancia excedente de población para asegurar la supremacía del pueblo colonizador (Lloyd y Wolfe, 2016). Ni en 1948 ni en 1967 pudo Israel “limpiar” completamente el territorio de palestinos. La alternativa la representaba un régimen de apartheid de exclusión y discriminación10. Colonialismo de asentamiento y apartheid van de la mano. El segundo fue por ejemplo evidente con el apartheid sanitario al que se vieron sujetos los palestinos en territorios ocupados en el contexto de la pandemia de COVID-19. El concepto representa “el estado de estar separados” en afrikáans y describe un fenómeno aplicable a varios contextos en el que el régimen legal tiene un papel central, como se refleja en la Convención del Apartheid de 1973 y en el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional (TPI). En este último, el apartheid es definido como “actos inhumanos […] cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas por parte de un grupo racial sobre cualquier otro grupo o grupos raciales y cometidos con la intención de mantener ese régimen”. En el caso de la Palestina histórica, la realidad de apartheid apunta a la imposición de cinco estatutos jurídicos diferenciados, que separan a palestinos y judíos israelíes, pero también a palestinos entre sí, no solo con arreglo a criterios geográficos sino también de derecho (Silhi Chahin, 2018). Tanto antes como después de 1948, el principio de separación (en hebreo, hafrada) ha dictado las relaciones de dominación entre israelíes y palestinos11. El apartheid afecta así al pueblo palestino en su totalidad, incluidos los refugiados palestinos no autorizados a retornar.

Como en cualquier proceso de colonialismo y contexto de apartheid, el componente de la racialización es clave, entendido este como la creación y consolidación de diferencias insalvables con arreglo a construcciones fundamentadas sobre adscripciones esencialistas. El racismo deja de ser un mero “fenómeno popular, espontáneo e ilógico” (Daqqah, 2010: 26) para convertirse en racismo organizado, a lo largo y ancho de todo el establishment israelí, fundamentado en su justificación lógica, legal y moral. Para consolidar esta discriminación, se recurre a mecanismos militares y de seguridad, legales, arquitectónicos y espaciales, políticos, culturales y otros, tanto al biopoder como al necropoder. Uno de los principales factores que complican —pero no excepcionalizan— la situación es que la segregación racial se ve combinada con componentes liberales, sobre todo en el interior de la Línea Verde, en donde los ciudadanos palestinos son ciudadanos israelíes con una serie de derechos, lo que en ningún momento niega su condición de pueblo colonizado (véase capítulo 4). Esta combinación arroja luz sobre un conjunto sofisticado de mecanismos coloniales, que permite al Estado de Israel identificar justificaciones continuas a sus acciones. Edward Said hablaba de “depravación refinada” contra el pueblo palestino.

Las consecuencias de la aplicación de una u otra narrativa son importantes para la realidad sobre el terreno. A lo largo de los años, la narrativa hegemónica ha impuesto un discurso y una práctica de negociaciones como única manera de alcanzar la resolución del “conflicto”: así, todo estaría sujeto a negociación y regateo, y todas las voces tienen el mismo peso porque parten de legitimidades simétricas. La asimetría de poder entre las partes —entre un Estado militarizado12 y un pueblo sometido a décadas de desposesión— es simplemente un factor más del contexto, que la parte desfavorecida se ve obligada a aceptar, no el origen del mismo. Al mismo tiempo, el fin de la ocupación militar —y, aun así, no de forma completa a la luz de la posibilidad de “intercambios de territorios”— es presentado como medio y necesidad para crear un Estado palestino, sin tener en cuenta otros mecanismos de colonización.

Sobre la parte desfavorecida recae asimismo la obligación de demostrar en todo momento que está dispuesta a actuar de buena fe y ceder en todos los puntos que le sean impuestos, mientras el proyecto colonial, el Estado de Israel, es quien dicta —directa o indirectamente— las condiciones en que los palestinos pueden avanzar en sus demandas, fundamentándose en todo momento en sus necesidades en materia de seguridad y, más aún, de supervivencia de un Estado judío, independientemente de las condiciones en las que este fue creado y se mantiene. Fue en este marco, como se explicará en el capítulo 6, donde fueron firmados los Acuerdos de Oslo. Hoy, tras 28 años de la firma del primer texto, se hace evidente que el verdadero objetivo de Oslo era que Israel pudiera consolidar su proyecto colonial y aumentar su control sobre todos los aspectos de la vida de los palestinos, creando al mismo tiempo las condiciones para anular paulatinamente tanto sus posibilidades de resistencia como las potenciales respuestas de la sociedad internacional.

Capítulo 2

La fragmentación del pueblo palestino

“¿Quién iba a creer que un árabe sería capaz de semejante ingeniosidad?: una visión de un Estado palestino unido, fraguada de forma tan perfecta y con tanto detalle”.

Mazen Maarouf, Palestine +100: Stories from a century after the Nakba (2019)

Este capítulo abordará la necesidad de cambiar el paradigma de estudio de la situación en la Palestina histórica y de entender la actualidad de la causa palestina, poniendo el foco en el pasado y presente del pueblo palestino en su conjunto. Este ha sido objeto, como consecuencia de los mecanismos coloniales puestos en marcha por el Estado de Israel, pero también por la actuación de la sociedad internacional, de una considerable fragmentación, tanto territorial como política, que ha derivado asimismo en la parálisis y crisis existencial del movimiento nacional palestino, que se abordará en el siguiente apartado. Esta fragmentación es principalmente política, dando lugar a distintos campos políticos que en ocasiones han defendido diferentes prioridades sobre la causa palestina, pero también económica, de clase, generacional y de género. Uno de los objetivos de las nuevas resistencias que aborda el capítulo 7 es precisamente poner fin a esta fragmentación.

Colonización y fragmentación

Durante siglos, uno de las divisas coloniales por excelencia ha sido “divide y vencerás”: el objetivo del actor colonial no es únicamente dividir al colectivo colonizado, sino también debilitarlo desde el punto de vista material y simbólico para desautorizar y desmantelar cualquier iniciativa de resistencia. Antes de 1948, los líderes sionistas dedicaron el periodo del Mandato británico anterior al establecimiento del Estado de Israel a consolidar su separación frente a los indígenas, pero también a profundizar las diferencias existentes dentro de la sociedad palestina y su incipiente movimiento nacional, un esfuerzo que continuaría tras 1948 dentro de la Línea Verde y después de 1967 en toda la Palestina histórica, e incluso, aunque de forma distinta, tras los Acuerdos de Oslo. Cuanto más dividida esté la entidad colonizada, más difícil será que sus miembros actúen de manera concertada y con objetivos compartidos. El proyecto sionista no fue una excepción, tanto en referencia a la vertiente espacial como temporal, y en última instancia psicológica de la fragmentación.

El pueblo palestino se ve hoy sujeto a una profunda fragmentación. Como consecuencia de la Nakba, se vio condenado a una situación de exilio permanente. Incluso aquellos que se quedaron en el territorio de la Palestina histórica fueron víctimas de esa condición de exiliados, conscientes de su vinculación con la tierra y sus lazos con los otros miembros del pueblo, aunque sometidos a mecanismos distintos debido a su condición colonial. Así es como lo que antes era una división tanto de clase como espacial entre los habitantes nativos de la Palestina histórica se convirtió, de forma abrupta, en una separación física entre segmentos del pueblo palestino sometidos a partir de 1948 a distintas condiciones materiales y legales. También han sido desde entonces protagonistas de procesos de socialización e inculturación política que hoy juegan un papel importante en sus posturas sobre la cuestión palestina.

En cuanto a la fragmentación espacial, la clave reside en tener en cuenta el sistema de discriminación y segregación racial instaurado y todavía hoy vigente: diferentes segmentos del pueblo palestino están sometidos a distintos regímenes legales (e incluso reciben diferentes denominaciones) dependiendo de su lugar de residencia, a lo que se añaden las dificultades, incluso imposibilidad, de contacto físico entre miembros de diferentes segmentos del pueblo. La territorialización de la causa palestina y cantonización del pueblo palestino no son sino una culminación de la fragmentación espacial, consagrada por el marco de los Acuerdos de Oslo. El reordenamiento de la ocupación militar —y claramente anómala tras más de 54 años— de la Franja de Gaza y Cisjordania a través del establecimiento de una autoridad de autogobierno (la Autoridad Nacional Palestina, ANP) desmovilizó y dividió a los residentes palestinos de los Territorios Palestinos Ocupados. Tras décadas de contactos y solidaridad a ambos lados de la Línea Verde, se introdujeron nuevas restricciones a la movilidad palestina, y se alejó a los colectivos palestinos desde el punto de vista físico, pero también político e incluso psicológico, de forma similar a lo ocurrido en 1948.

Progresivamente, fueron tomando forma tres principales segmentos o campos políticos, cuyo contexto y especificidades se desarrollarán en los capítulos 3, 4 y 5: los palestinos en los territorios colonizados en 1948, palestinos del 48 o ciudadanos palestinos de Israel, los palestinos en los territorios ocupados en 1967, palestinos del 67, y los palestinos en la diáspora. Se ven sometidos asimismo a distintos liderazgos políticos y procesos de socialización que informan sobre su “ubicación político-moral”, las cuestiones conceptuales y prácticas que sus miembros priorizan (Scott, 2014).

La supuesta unidad de identidad no es sino una construcción colonial externa que reduce la multiplicidad de identidades a una masa de individuos sin rostro, sin singularidad y sin conflictos internos (Said, 1996). Las características y actitudes de los miembros de los campos políticos palestinos arrojan luz sobre la heterogeneidad del pueblo y de la identidad palestina, lo cual explica, entre otras diferencias, las distintas prioridades que cada uno de estos campos políticos pueda tener a la hora de reflexionar sobre el futuro de la cuestión palestina. La postura dinámica y en evolución de cada campo político responde a la forma en que cada uno de ellos interpreta el contexto local e internacional en el que está inserto y de la autoimagen resultante y difundida, que plasman en acciones y discursos políticos muchas veces distintos, incluso incompatibles.

Por lo que a la fragmentación temporal respecta, una narrativa hegemónica de “conflicto” que solo contempla el periodo posterior a la Naksa de 1967 va de la mano de una profunda deshistorización de la causa palestina, y de una consecuente erosión de la Nakba. Hay que tener en cuenta cómo la condición colonial afecta tanto al pasado como al presente, y obviamente al futuro, del pueblo palestino, el considerable efecto psicológico que produce la violencia estructural sobre el pueblo colonizado. La fragmentación palestina deriva en una mayor vulnerabilidad en forma de desposesión y privación de libertad —en los varios significados que puede adoptar el término “libertad”— de los sujetos concernidos, y con ella de un margen de maniobra limitado, aunque en ningún caso nulo, para la imaginación política. El contexto actual, desde el punto de vista político y psicológico, dificultaría enormemente —y así lo indican un importante número de intelectuales y activistas palestinos— la articulación de una acción colectiva coherente y cohesionada contra el proyecto colonial.

Inevitablemente relacionado con la deshumanización del pueblo y causa palestinos, parte del proceso de eliminación simbólica del nativo, destaca el memoricidio (Masalha, 2012). La construcción de una identidad hegemónica colectiva judeo-israelí en el Estado de Israel exigía la invención no solo de una tierra, sino también de una nación sobre la base de una religión desterritorializada y una interpretación interesada de textos religiosos y de mitos fundacionales (Masalha, 1997). Esto va acompañado de un proceso de desgaste militar, político y psicológico gradual cuyo objetivo es erosionar la existencia e identidad de los palestinos como pueblo con una existencia política y social coherente y una serie de demandas y derechos amparados por la legalidad internacional. A este respecto resulta esencial el discurso que les presenta como atrasados o no civilizados, a pesar de que Palestina era una de las regiones más modernas, prósperas y mejor educadas del Levante a principios del siglo XX.

A la fragmentación del pueblo palestino se añaden otras fuentes de división, tanto de forma horizontal como vertical, en el interior de los respectivos segmentos y en el seno del pueblo palestino en su conjunto. El proyecto colonial saca partido de los conflictos internos de la sociedad palestina, como es por ejemplo el caso de las amenazas a los individuos LGBTIA+ palestinos, que al mismo tiempo ayuda a entender por qué Israel prefiere mantener un cierto atraso de la sociedad palestina. Una fuente esencial de división la representa la clase, muy particularmente como consecuencia del neopatrimonialismo en el que élites económicas capitalistas en varios campos políticos han ido tomando forma a lo largo de los últimos años, resultado de procesos neoliberales de acumulación de capital regional y global (Dana, 2014a). El pueblo y causa palestinos han sido víctimas de mecanismos de “colonización neoliberal”, y la creciente desigualdad de clases ha exacerbado la fragmentación territorial entre enclaves palestinos, intensificando las divisiones sociales existentes e introduciendo otras nuevas (Clarno, 2017). El neopatrimonialismo garantiza, mediante la cooptación, la supervivencia de un importante número de familias, sin por ello cultivar su afiliación a través de ideales o principios y construir un genuino movimiento político (Fatafta, 2018).

Otras importantes fuentes de división las representan la edad y el género en un contexto de neopatriarcado (veáse capítulo 7). Además, el cuestionamiento de la narrativa hegemónica nos obliga a dirigir la mirada hacia la división entre palestinos más o menos “moderados” con respecto a las posturas impuestas por actores externos sobre el “proceso de paz”. Mientras que en el contexto previo a los Acuerdos de Oslo existían diferencias en el seno del movimiento nacional palestino, pero prevalecía un consenso generalizado en torno a los derechos inalienables palestinos, la firma de los acuerdos favoreció la incubación de lealtades que privilegian las relaciones en el seno de —o en contacto con— una élite y no las prioridades de la lucha nacional (Abu Zaher, 2013). Las elecciones legislativas de 2006 contribuyeron a consolidar el vilipendio —y castigo— de toda resistencia indígena dirigida contra la narrativa hegemónica. Fatah se convirtió a ojos de la sociedad internacional en el colonizado “bueno” y Hamás en el “malo”, y lo mismo ha ocurrido por extensión con todos aquellos que apoyan la postura frente al proyecto colonial de uno y otro, y por extensión con todos aquellos que dudan de las acciones y actuaciones que no coinciden con las consideraciones normativas (Dana, 2014b).

La crisis existencial del movimiento nacional palestino

La fragmentación del pueblo y causa palestinos ha producido como principal consecuencia un movimiento nacional sin estrategia ni legitimidad, condenado a un nacionalismo de contornos impuestos. Se plantea la duda de quién habla por los palestinos hoy en día, a qué nos referimos cuando hablamos de “movimiento nacional”. Antes de Oslo, la definición predominante de “palestino” era la consagrada en la Carta Nacional Palestina: “Ciudadanos árabes que vivían normalmente en Palestina hasta 1947 […] [y] todo niño nacido de padre palestino después de esta fecha ya sea en Palestina o fuera”. Aunque esta definición no ha cambiado en la teoría, el marco de Oslo —simbólica y prácticamente— tiende a reducir a los palestinos a los palestinos bajo ocupación, excluyendo progresivamente a los palestinos del 48 y de la diáspora del proceso —y debate— políticos. Esto queda ilustrado por el hecho de que la Ley Fundamental (enmendada) de 2003 —el texto constitucional actual— establece que el presidente de la ANP es “elegido en una elección general y directa por el pueblo palestino” (art. 34). Además, el preámbulo del texto establece que su poder y legitimidad surgen de “la voluntad del pueblo palestino”. Sin embargo, la Ley Fundamental guarda silencio sobre el hecho de que los únicos palestinos que forman parte de la arena política a la que se aplica el texto son los habitantes de Cisjordania y Gaza, así como los palestinos de Jerusalén, los habitantes del futuro Estado palestino que en teoría persigue el “proceso de paz” en el marco de la “solución de dos Estados”.

Tras la guerra civil con Hamás, la ANP lanzó una campaña para conquistar un mayor reconocimiento internacional. La Asamblea General de la ONU votó abrumadoramente para otorgar a Palestina el estatus de Estado observador no miembro en noviembre de 2012. La OLP había alcanzado el estatus de observador permanente en 1974. Este cambio en la entidad que representa a los palestinos en la ONU pasó desapercibido para muchos, pero dejaba claro que la ANP asumía la representación de todos los palestinos, no solo aquellos destinados a participar en sus elecciones constituyentes. En una declaración sin efectos formales, la ANP se proclamaba como Estado de Palestina. Este acto, sutilmente unilateral, enfureció a muchos palestinos, como una continuación del marco de los Acuerdos de Oslo que excluye en la práctica a millones de palestinos de cualquier forma de representación y participación en la arena internacional.

La OLP continuó existiendo nominalmente como representante único y legítimo del pueblo palestino, apartando progresivamente a un importante número de instituciones propias, como sindicatos u organizaciones de la sociedad civil (Hilal, 2014). Las primeras elecciones al Consejo Nacional Palestino (CNP) de la OLP tuvieron lugar en 1995, y en ellas solo participarían los residentes en los territorios ocupados, sin que fueran convocadas elecciones al CNP entre el resto del pueblo palestino. Así, el liderazgo de la OLP pasó a convertirse en el liderazgo de la ANP, que solo era expresamente responsable de los palestinos en el campo político de los palestinos de 1967. La ANP, por su parte, está dominada desde el momento de su creación por Fatah como facción principal de la OLP. Esto lo demuestra la llamada jocosamente “trinidad de Mahmoud Abbas” como máxima autoridad ejecutiva, y hoy también legislativa e incluso judicial (Al Saadi, 2017). No únicamente la causa palestina se vio limitada a un proyecto de estatalidad, sino que el movimiento de liberación palestino se vio acotado a una estructura institucional cuyo funcionamiento y viabilidad dependería de la aceptación de las condiciones impuestas en el marco de los Acuerdos de Oslo, y que requerían el beneplácito de la sociedad internacional y principalmente sus donantes y, en última instancia, del Estado de Israel.

Suele presentarse la división entre Fatah y Hamás como principal obstáculo para la paz, pero la realidad actual va mucho más allá. Aunque se asume que el conflicto entre facciones comenzó tras el enfrentamiento electoral de 2006, tal y como se explicará en el capítulo siguiente, las diferencias se remontan a la represión de Hamás a mediados de la década de 1990. Una de las principales motivaciones de esta rivalidad está íntimamente ligada con la legitimidad con la que uno y otro son percibidos por los palestinos, pero también por la sociedad internacional, e incluso por Israel. La población se ha posicionado en numerosas ocasiones en contra de estos liderazgos, y cada vez son más los que denuncian que a ambos les beneficia mantener la división, pese a las iniciativas y declaraciones contrarias, y a los tan numerosos como baldíos acuerdos de reconciliación (Abu Jalal, 2020). El liderazgo palestino se ha convertido en parte del problema.

Uno de los principales aspectos de la crisis existencial a la que hace frente el movimiento nacional palestino lo representa la crisis de representatividad —e, incluso, de legitimidad— que atraviesa la OLP —y, por ende, también la ANP—, principalmente a partir del momento, con la segunda intifada (o intifada de Al-Aqsa) como punto de inflexión, en el que el marco de los Acuerdos de Oslo empezó a representar un fracaso para un creciente número de palestinos (Khalil, 2013). Así, un problema añadido, cada vez más grave, lo representa la legitimidad nula de los liderazgos palestinos, percibidos en cada vez mayor medida como colaboradores necesarios de las acciones de Israel. Fatah y Hamás, que compiten por representar al pueblo palestino, tienen un historial de lucha inicial contra el proyecto colonial, para luego hacer concesiones en el marco de la narrativa hegemónica a fin de ganarse el reconocimiento, o al menos permisividad, de Israel y, por consiguiente, de los donantes internacionales. Fatah consiguió su objetivo cuando aceptó la “solución de dos Estados”, y Hamás se encuentra inmerso en un proceso similar desde hace años (Álvarez-Ossorio, 2008).

Las élites políticas se sienten cada vez menos responsables ante la opinión pública. Mahmoud Abbas ha sobrepasado todos los límites de su mandato. Las instituciones específicas dentro de la estructura de la OLP destinadas a asegurar la rendición de cuentas no son operativas. El CNP (parlamento y máxima autoridad de la OLP, en representación de los palestinos en territorios ocupados y la diáspora, aunque no de los ciudadanos palestinos de Israel) no se ha reunido desde 1996, y los funcionarios de la ANP no han hecho ningún movimiento para rectificar esta situación. El Consejo Legislativo Palestino (CLP) de la ANP es completamente disfuncional, en parte como consecuencia de la represión israelí y en parte porque Abu Mazen y los suyos prefieren gobernar a golpe de decretos presidenciales. La ANP, destinada a ser una entidad democrática, no solo ha seguido una deriva profundamente autoritaria, sino que ha intentado durante años erosionar los cimientos democráticos de la sociedad palestina por numerosos medios. Desde el momento de su formación, la ANP centró sus esfuerzos en cooptar las instituciones palestinas existentes. Donde la cooptación no funcionó, utilizó la represión. Poco después de su creación, las tensiones surgieron entre los repatriados de la OLP y los líderes locales, ya que muchos puestos administrativos y salarios señalados, así como el acceso a oportunidades económicas, fueron distribuidos en función de las conexiones personales, antes que del mérito y las aportaciones a la lucha nacional. Este proceso fue posible gracias a la financiación exterior, muy particularmente de EE UU y la UE, canalizada hacia la nueva clase política para poner en obra el proyecto de construcción de un futuro Estado palestino.

Poco a poco fue tomando forma el dilema que contrapone lucha anticolonial y construcción de un Estado. El reconocimiento —asimétrico, referido únicamente a los palestinos en territorio ocupado, y mediado por la comunidad internacional— que representaron los Acuerdos de Oslo confirmó la narrativa del contexto de la Palestina histórica como terreno de batalla de un conflicto meramente territorial, y obligó además a la OLP a comportarse —vía la ANP— como un gobierno protoestatal, con los mismos intereses y razonamientos que otras entidades estatales —y sometido a las mismas reglas que estos—, y no como un movimiento indígena focalizado en la resistencia y la liberación. Esta postura fue justificada como la única posibilidad que estos tenían de no ser percibidos como actores atrasados y violentos incapaces de alcanzar un acuerdo de paz y, con ello, la reconciliación, adoptando una postura cada vez más apaciguadora, forzosamente incompatible con toda referencia al discurso y las resistencias anticoloniales y, además, aceptando una serie de concesiones incompatibles con la idea de derechos inalienables del pueblo palestino.

Los Acuerdos de Oslo llevaron, además, a la creación de canales oficiales de coordinación política, económica, de seguridad y civil con las autoridades israelíes, todos ellos regidos por las condiciones fijadas por el Estado de Israel. El liderazgo palestino presentó las fallas iniciales de Oslo como cesiones necesarias, y no irremediables, para su retorno a la Palestina histórica, desde donde podría liderar la lucha por la estatalidad. Esas concesiones se convirtieron en la norma. Progresivamente, la ANP perdió su capacidad para liderar el movimiento nacional y, a cambio, se convirtió en una élite complaciente cuya supervivencia depende de los términos y condiciones israelíes traducidos en exigencias de los donantes internacionales. Oslo afectó profundamente la capacidad de la OLP para comportarse como un movimiento de liberación anticolonial independiente unido en la lucha por la liberación, y obstruyó su papel como organismo representativo de las aspiraciones palestinas. De hecho, la realidad del movimiento nacional palestino tras 28 años del proceso de Oslo es una de desgarramiento como consecuencia múltiples formas de fragmentaciones, divisiones y agendas en conflicto, cada vez más definidas por luchas entre facciones y élites por el poder y los privilegios.

La situación actual del movimiento nacional palestino es reflejo de las consecuencias del colonialismo sobre el liderazgo indígena. La ANP es observada no solo como un liderazgo corrupto dispuesto a sacrificar aspectos centrales de la lucha nacional, sino como un gobierno marioneta sin verdadera soberanía, pero responsable —en particular a través de sus fuerzas de seguridad y de mecanismos de cooperación en materia de seguridad, e incluso otras, con las autoridades israelíes— no solo de gestionar una parte considerable de la ocupación en las Áreas A y B de Cisjordania creadas por los Acuerdos de Oslo, sino de haber abandonado toda forma de resistencia contra las estructuras de colonización, además de limitar la mayoría de posibilidades de resistencias autónomas.

Antes de 1993, los palestinos eran un colectivo extremadamente politizado y organizado: participaban en varias organizaciones en su vida diaria, que surgían orgánicamente y funcionaban sobre la base de prácticas democráticas. Esto no solo tenía que ver con la naturaleza altamente educada de la sociedad palestina, sino también con la reacción de esta a los efectos de la colonización israelí. Los palestinos se organizaron para brindar mejores servicios a sus comunidades y coordinarse eficazmente sin apartar la vista de sus objetivos políticos. Cuando estalló la primera intifada a fines de la década de 1980, una sociedad civil fuerte y democrática fue una de las principales razones por las que los palestinos pudieron sostener un levantamiento difuso, en su mayoría no violento, a pesar del alto coste que para los palestinos había representado durante décadas la represión israelí. El levantamiento fue organizado de forma local y logró mantenerse vivo, organizado y relevante durante cuatro años. Aunque coordinadas con la OLP, las fuerzas locales tomaron la iniciativa en su organización. Todo cambió con la llegada de la OLP a la Palestina histórica, muy particularmente con la creación de la ANP.

La ANP es acusada de demonizar y reprimir numerosas iniciativas de resistencia en el territorio bajo su responsabilidad, pero también fuera del mismo (por ejemplo, a través de sus misiones diplomáticas o representantes), cuando estas amenazan su discurso hegemónico o la estabilidad de su posición como autoridad indígena cooptada. En el pasado, fueron apartados aquellos miembros de la élite que abogaron públicamente por alternativas contrarias al paradigma hegemónico abrazado por la OLP, como fue el caso de Edward Said (cuyas obras fueron prohibidas en el territorio dominado por la ANP en los años noventa) o de Ibrahim Abu Lughod. En íntima conexión con el silenciamiento y la represión, se hace necesario mencionar el temor a que cualquiera que se oponga a lo decidido y defendido por la OLP o la ANP sea presentado o distinguido como un traidor a la lucha nacional.

La coordinación entre la ANP e Israel en materia de seguridad ha tenido otra consecuencia nociva para las resistencias anticoloniales palestinas: los servicios de seguridad palestinos comparten inteligencia con su contraparte israelí para sofocar cualquier muestra de resistencia contra la narrativa hegemónica. Los servicios de seguridad israelíes se sirven de archivos sobre activistas palestinos proporcionados por la propia ANP, como dejó claro el asesinato de Basil al-Araj (Barghouti, 2017). La eliminación —asesinato selectivo o prisión— de líderes carismáticos favorables de una forma u otra a un discurso contrahegemónico y capaces de crear consensos entre grandes porciones del pueblo ha sido una constante en las acciones israelíes a lo largo de las décadas (Barghouti, Jarrar, Jeque Jassin, Ismail Abu Shanab, Kanafani, Kamal Nasser, Abu Iyad…), y también afecta a intelectuales que ponen en peligro las narrativas establecidas.

La ANP se enfrenta de forma creciente a lo que podríamos denominar la “farsa de la democracia”. La ausencia de democracia interna va más allá de la decisión de no celebrar elecciones desde 2005 y 2006 o de no respetar los resultados de los comicios de 2006, y se refiere de plano a la imposibilidad de que los líderes actuales rindan cuentas, garanticen que sus instituciones funcionen al servicio exclusivo del bienestar de los ciudadanos y la liberación del pueblo palestino, permitan el funcionamiento de instituciones independientes y sean de verdad representativos (Sayigh, 2011). La de hoy es una arena política fosilizada y dominada por una serie de lo que es percibido como “sospechosos habituales” acusados de corrupción y amiguismo, y muchas veces de edad avanzada. A esto se añadiría el preocupante estado de la sociedad civil, en gran parte obligada a alinearse con el discurso oficial de la ANP o el de la comunidad internacional (o el de ambas), en fuerte contraste con la rica textura asociativa del periodo anterior a los Acuerdos de Oslo tanto en los territorios ocupados como más allá de la Palestina histórica (Nabulsi, 2006: 23)13.

La cancelación, en 2021, de las primeras elecciones palestinas —legislativas, presidenciales y al CNP— en 15 años, amplió la ya enorme brecha entre los palestinos y sus líderes. También arrojó luz sobre el interés que existe por mantener el statu quo. La convocatoria guardaba una íntima relación con la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden, que se unió a las exigencias de la sociedad internacional para que la ANP renovara su erosionada legitimidad de cara a un eventual retorno a las negociaciones de paz. La idea era que, si los comicios salían adelante, la ANP podría ser presentada como una entidad más democrática, dispuesta a ceder ante las demandas de los donantes internacionales, un “socio para la paz”. El alivio fue notable cuando los comicios fueron suspendidos, ya que esto contribuiría a mantener el statu quo sin cambios sobrevenidos. El motivo principal fue la imposibilidad de que los palestinos votaran en Jerusalén Este, sensu contrario de los Acuerdos de Oslo. Así, las urnas no se podrían instalar en la “capital única e indivisible” de Israel, pero las elecciones a la Knéset tuvieron lugar sin contratiempo alguno en las colonias situadas en Jerusalén Este y Cisjordania.

Las elecciones habían generado un importante número de preguntas entre círculos de palestinos, muchas de ellas ligadas a la importancia que se ha dado a legitimar una democracia meramente procedimental. Algunos se preguntaban qué sentido tienen unas elecciones en una realidad de apartheid en la que Israel tiene el control sobre la totalidad de la Palestina histórica. Otros intentaban adivinar cuál sería la reacción de los donantes internacionales si Hamás volvía a vencer en los comicios. Muchos apuntaban al ya citado autoritarismo de la ANP, a la necesidad de renovación democrática desde el consenso palestino y al aumento del espacio y diversidad democráticos que caracterizan a la arena política palestina. A esto se añade el conflicto en el seno de Fatah, representado por tres listas electorales que se hubiesen presentado a las elecciones: la “Lista de Fatah” del círculo de Mahmoud Abbas, la “Lista de la Libertad” del prisionero Marwan Barghouti y el sobrino de Yasir Arafat, Nasser al-Qudwa, y la “Lista del Futuro” apoyada por Mohammed Dahlan. Las encuestas indicaban que la lista central de Fatah obtendría el mayor número de votos, aunque no suficientes para formar una mayoría en el CLP. Así las dos facciones divididas de Fatah y Hamás podrían haber obtenido más escaños. En diciembre de 2021 tuvieron lugar elecciones municipales, pero únicamente en algunas poblaciones de limitado tamaño en Cisjordania a lo que se añadió el boicot de Hamás de los comicios. A esto se suma la cuestión de la sucesión de Mahmoud Abbas, que sigue representando una incógnita para la gran mayoría. A la vista de cómo el presidente ha erosionado los pesos y contrapesos de OLP, ANP y Fatah, y concentrado el poder en sus manos, pocos dudan de que todo está ya atado para mantener el statu quo… hasta que la mayoría de palestinos digan “basta”, algo que retomaremos en el capítulo 7.

Capítulo 3

Los palestinos del 67

“Durante décadas, colonos israelíes, respaldados por su Estado, han tratado de desplazarnos de nuestros hogares y colonizar nuestro vecindario. La ONU calificó estas expulsiones forzosas como un crimen de guerra. Yo lo llamo robo, porque es lo que es”.

Mohammed el-Kurd, Mondoweiss (2021)

La gran mayoría de análisis, y el propio marco del “proceso de paz” centra su atención casi exclusivamente en la ocupación militar de Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza, y en la población de estos territorios, que la ontología palestina denomina “territorios del 67” (figura 2). Estos serían los destinados a convertirse en un futuro Estado palestino de acuerdo con la “solución de dos Estados”14, y en los que la ANP creada por los Acuerdos de Oslo ejerce una soberanía limitada en el caso de Cisjordania, al igual que Hamás sobre la Franja de Gaza. La de los residentes palestinos de Jerusalén, declarada capital única e indivisible por Israel, es una condición de liminalidad continuada. La posibilidad de anexión de territorios del Área C de Cisjordania por parte de Israel en julio de 2021 —finalmente no ejecutada— arrojó luz sobre la porosa frontera entre el de facto y el de iure, más particularmente sobre la denominada “realidad de un Estado” en la que Israel ejerce su soberanía, de formas distintas, en la totalidad de la Palestina histórica, sin por ello cumplir siempre las obligaciones que corresponden al poder soberano y potencia ocupante. Los palestinos del 67 ven su día a día determinado por un régimen de limitación a la movilidad y amenazas a su seguridad humana, marcado por la forma en la que los respectivos liderazgos contribuyen a esta sensación de vulnerabilidad, como consecuencia de una relación particular con Israel y mecanismos propios de represión. Ello no obsta para que ejerciten distintas formas de resistencias.

Figura 2

Situación en 2019 de los territorios ocupados en 1967

Fuente: Jorge Ramos (2020): Una historia contemporánea de Palestina-Israel, Madrid, Los Libros de la Catarata.

Ocupación militar por otros medios
y política de hechos consumados

Tal y como se ha señalado, 1967 representa el punto de inflexión para la narrativa hegemónica referida a la situación en la Palestina histórica. Antes de la Naksa15, conocida en el discurso occidental como la guerra de los Seis Días, Cisjordania y Jerusalén Este estaban bajo el control de Jordania, y la Franja de Gaza del de Egipto. El aumento de tensión entre Tel Aviv y algunos Estados vecinos llevaría, muy a pesar de estos últimos, que no tenían ningún apetito de involucrarse de nuevo en un enfrentamiento abierto, al estallido de un conflicto. Israel demostró su dominio indiscutible, pero, escudándose en su supervivencia amenazada, decidió mantener la ocupación militar. No solo no aceptó la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, que aún a día de hoy sigue siendo considerada el fundamento para cualquier resolución del “conflicto”, muy particularmente en lo que respecta al principio de “paz por territorios”, sino que en los territorios ocupados comenzarían a surgir colonias israelíes, en clara contravención del derecho internacional.

La construcción de colonias16 se ha convertido, de acuerdo con la narrativa hegemónica, en el principal obstáculo para que israelíes y palestinos puedan alcanzar la paz. En el origen de este argumento reposa el debate sobre si estas colonias representaron una colonización accidental como consecuencia de un proyecto mesiánico compartido por unos pocos, o fueron —y son— más bien un prototipo más de expansión colonial israelí. La apertura de archivos y el acceso a otros materiales a lo largo de los últimos años han sacado a la luz la importancia de textos como el Plan Allon de 1967 y el Plan Drobless de 1978, escritos clave para la expansión colonial israelí, la anexión de tierras y el control por parte de una “autoridad nativa” a la que se otorgaría una cierta autonomía en el marco de un “Gran Israel” (Roy, 2007: 324).

La narrativa hegemónica suele aplicar al contexto de Israel/Palestina marcos que son familiares a sus destinatarios. Ocurre muy particularmente con el de una izquierda israelí más cercana a la paz, representada por Isaac Rabin, y una derecha intransigente representada por Benjamín Netanyahu. Aunque es cierto que fue la victoria de la derecha israelí la que en 1977 impulsó la construcción de colonias, la edificación se emprendió desde el principio de la ocupación. Las primeras colonias, ubicadas en el conjunto Gush Etzion entre Jerusalén y Hebrón, se convirtieron en un símbolo. Por aquel entonces, la conquista de territorios no era tan aceptable para la sociedad internacional como lo era en 1948 —al menos, no tan abiertamente— y una anexión sin limpieza étnica no era factible. La estrategia reposaría, pues, en sentar las bases de una anexión futura más aceptable gracias a la política de hechos consumados donde las colonias representan un elemento central. Un paso esencial de la estrategia la representó Jerusalén: en 1980, fue anexionada la sección oriental de la ciudad —destinada a convertirse en la capital del futuro Estado palestino de acuerdo con la narrativa hegemónica— para consolidar la idea de una “capital única e indivisible” del Estado de Israel, sin por ello conceder la ciudadanía, ni tampoco igualdad de oportunidades, a sus residentes palestinos.

Con la política de hechos consumados se consigue la erosión de la Línea Verde en lo que a día de hoy se considera una “realidad de un Estado”, sin por ello modificar los distintos mecanismos de apartheid que distinguen entre distintos grupos de palestinos y segregan entre estos y los judíos israelíes. La expansión colonial en los territorios ocupados ha unificado, de facto, todas las áreas en un solo espacio binacional, de forma similar a lo que ocurría antes de la Nakba; entonces, como hoy, dos grupos nacionales vivían por separado en una misma área geográfica (la Palestina histórica) al oeste del río Jordán. La diferencia es que, hoy en día, los judíos israelíes ejercen un control total sobre las poblaciones palestinas en estas áreas. Así, todas las decisiones importantes para la vida individual y colectiva de los palestinos del 67 recaen sobre el Ejército israelí: desde casarse con alguien al otro lado de la Línea Verde hasta producir y exportar un determinado producto, pasando por recibir tratamiento contra el cáncer.

La ocupación va, sin embargo, más allá de la construcción de colonias y la presencia de colonos: 441.600 en Cisjordania y 220.000 en Jerusalén (EU, 2021). Israel estableció una administración militar sobre los territorios, y a los palestinos les fueron negados casi todos sus derechos políticos básicos y libertades civiles, incluida la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de asociación política. El nacionalismo palestino fue criminalizado como una amenaza a la seguridad israelí, lo que significaba que incluso exhibir los colores nacionales palestinos era un acto punible. En vista de que ondear la bandera era delito, se optó por medios creativos para circunvalar aquella normativa, como mostrar abiertamente una raja de sandía con los mismos colores que la insignia.

Todos los aspectos de la vida palestina estaban regulados y, a menudo, severamente restringidos por la administración militar israelí. Por ejemplo, Israel prohibió la colecta del za’tar, un ingrediente básico de la cocina palestina. Ante la sociedad internacional se presentaba el mito de una “ocupación benigna” en los primeros años (Shehadeh, 2002: 135; Gordon, 2008), una narrativa similar a la que mantiene para sus ciudadanos y los residentes de Jerusalén. La coalición de gobierno que se hizo con el poder en Israel en junio de 2021 ha declarado perseguir un objetivo similar: “achicar” el “conflicto” —algo que fácilmente podría ser interpretado como normalizarlo— sin por ello aceptar la futura creación de un Estado, y en todo momento aferrándose al argumento de la seguridad para justificar la presencia de colonos y soldados, y la consecuente desposesión de los palestinos (Goodman, 2019).

La primera intifada (1987-1991) abrió los ojos del resto del mundo a la realidad diaria de desposesión de los palestinos en los territorios ocupados. La imagen internacional de Israel se vio enormemente dañada por imágenes de niños con piedras enfrentados a tanques, después arrestados y violentados. La presión sobre el país fue considerable. Aun así, y como veremos, el país consiguió no renunciar a su estrategia, aunque sí librarse de una carga, gracias a los Acuerdos de Oslo, presentados al resto del planeta como una oportunidad para la paz. La evolución de la realidad sobre el terreno ha demostrado, no obstante, que la ocupación militar se mantuvo por otros medios. Oslo trajo consigo la externalización de la ocupación militar, tanto desde el punto de vista material como de imagen internacional. También ocurrió así con la percepción de la sociedad israelí, para la cual el “conflicto” es en su gran mayoría gestionado, e invisibilizado, al otro lado del Muro.

A pesar de que el artículo 31 de los Acuerdos de Oslo prohibía explícitamente acciones unilaterales que cambiaran la situación en los territorios ocupados y pusieran en peligro las negociaciones17, el número de colonias y colonos no cesaba de aumentar. La segunda intifada (2001-2005) demostró que los palestinos habían perdido la esperanza generada por el proceso de Oslo (Tamari y Hammami, 2000). Sirvió, además, para que Israel ahondara en su argumentación en torno a la amenaza securitaria y continuara con su proceso de expansión, al que sumaba la construcción del Muro. El territorio destinado a convertirse —al menos en teoría, pero no en la letra de los acuerdos alcanzados— en el Estado de Palestina fue recortado y sometido a distintos regímenes; mientras que la ANP estaba a cargo de la gestión de una muy reducida porción del territorio (el Área A, las ciudades, y el Área B, sus alrededores y zonas urbanizadas de pueblos, aunque en este caso únicamente el control civil), esto es, no más de un 30% en la actualidad. Israel mantenía el control total sobre el Área C. Sobre los palestinos se aplica la ley militar, mientras que sobre los colonos israelíes se aplica el ordenamiento civil, lo que deriva en situaciones kafkianas en las que un soldado israelí no puede proteger a un palestino de los ataques de sus conciudadanos, realidad que en parte explica el aumento considerable de ataques a personas y bienes palestinos por parte de colonos israelíes impunes. En 2021, en Jerusalén y el Área C de Cisjordania ha sido más pública que nunca la violencia que estos colonos ejercen contra los palestinos.

Muchas de las acciones israelíes, que se habían convertido en una constante antes de 1993, siguen representando una realidad en el día a día de los palestinos en los territorios ocupados: castigos colectivos, demolición de casas y cierre de carreteras, escuelas e instituciones comunitarias, detención administrativa y prisión, tortura y asesinato de activistas, confiscación de tierra palestina y destrucción del hábitat natural… La construcción de colonias es imparable. Israel ha alcanzado estos últimos años niveles de demolición de viviendas y aprobaciones de nuevos asentamientos que superan las oleadas anteriores de expansión (Krauss, 2021).

Oslo, y las acciones en este marco, hacían inevitable la anexión de iure —dado que ya existe de facto— de al menos una parte de Cisjordania, el Área C, allí donde se concentran las colonias, pero también recursos naturales, muy particularmente el agua. Las colonias han pasado a ser consideradas una consecuencia natural, una parte integral de la población y el territorio israelíes que proporciona protección y seguridad, además de prosperidad, al resto del país. La integración de los bloques de colonias y su infraestructura en Israel —es decir, el argumento de que Judea y Samaria son, en parte o totalidad, dominio de Israel— ya no es una manifestación genuinamente extraordinaria o polémica, ni para la ciudadanía israelí ni para gran parte de la sociedad internacional. Una de las consecuencias menos comentadas de la entrada en vigor del marco de los Acuerdos de Oslo fue que durante años, y por miedo a poner en peligro las negociaciones de paz —incluso si estas no tenían lugar—, se dejó de centrar el discurso sobre Israel/Palestina en la ocupación militar.

A la hora de analizar la anexión resulta importante tener en cuenta de nuevo la cuestión demográfica, una materia que la prensa israelí aborda con regularidad. De acuerdo con la narrativa sionista, una mayoría judía resulta esencial para la supervivencia del Estado judío, y debe ser preservada a toda costa. La peor pesadilla sería para muchos despertarse una mañana y descubrir que casi cinco millones de palestinos han pasado a formar parte del Estado judío si se procede con los planes de anexión hacia el “Gran Israel”. Una medida esencial fue el asentamiento en varias localidades a ambos lados de la Línea Verde de un millón de inmigrantes de la antigua Unión Soviética, pero también de otras localizaciones a lo largo y ancho del planeta, normalmente individuos y familias de clase baja que buscan una vida mejor en Israel.

A finales de la década de los noventa, coincidiendo con el 50 aniversario del Estado de Israel, la amenaza demográfica parecía, si atendíamos a expertos y otras esferas sociales, más acuciante que nunca. Los israelíes tenían cada vez menos hijos; las tasas de natalidad de los palestinos en toda la Palestina histórica se mantenían y no mostraban signos de disminución. De nuevo se presentaban argumentos de amenaza para la seguridad y supervivencia del Estado judío, que la violencia de aquellos años solo contribuía a avivar. Según algunos, se trataba incluso de una motivación para que muchos israelíes aceptaran “concesiones” hacia la paz (Haivry, 2018).

Una de las razones para justificar la construcción del Muro18 era, además de la seguridad, contrarrestar la “amenaza demográfica” palestina: así, se cercaban varios centros de población palestinos, que no podrían pasar a formar parte de Israel en la eventualidad de un acuerdo, y se enfrentaban además a tantas dificultades que muchas veces se veían impulsados a emigrar. A menudo se olvida u omite mencionar que durante la Naksa, alrededor de 300.000 palestinos huyeron o fueron expulsados de la Franja de Gaza y Cisjordania, en condiciones similares a las de la Nakba. Israel pudo expulsar a muchos más palestinos, pero el contexto internacional había cambiado: no solo era mucho menos aceptable la limpieza étnica a plena luz del día que en 1948, sino que había mucho más escrutinio internacional. El objetivo se mantuvo, pero se apeló a una estrategia mucho más sofisticada, gradual y discreta. Un ejemplo destacado es el de Qalqilya (Makdisi, 2005), cuya población, predominantemente agricultores, no podían acceder a sus cultivos, que no solo quedaron desatendidos sino que, de acuerdo con la normativa colonial británica que Israel conserva19, pasaron a ser propiedad pública del Estado por ser tierra sin cultivar.

Es precisamente en el ámbito agrícola en el que resulta más evidente el proceso de desarrollo al que se ha visto sometida la economía palestina, caracterizado estos últimos años por la evolución de una economía ya frágil, impulsada en gran parte por la productividad del sector privado, a una que depende de los salarios del sector público y la asistencia humanitaria, en ambos casos canalizados por donantes internacionales. La naturaleza de los Acuerdos de Oslo y su componente económico, el Protocolo de París, significaban que la ANP veía casi enteramente limitada su capacidad de construir una economía estatal que funcionara. De hecho, parecía que los Acuerdos de Oslo tenían la intención de reforzar un escenario fundamentado en una Palestina subdesarrollada y dependiente de Israel, en el que este pudiera garantizar su seguridad asegurándose de que Palestina se mantiene eternamente vulnerable. No hay ejemplo más claro de esta dependencia que el sistema por el cual el Gobierno israelí tiene el poder de retener transferencias de ingresos fiscales críticos para la ANP, enfrentada continuamente al colapso financiero.

Se han ido creando islas económicas que el Banco Mundial denominó “callejones sin salida del desarrollo” (World Bank, 2009: 6) como consecuencia de los cierres (closures) y del bloqueo sobre la Franja de Gaza. En los años noventa se redujo, asimismo, drásticamente el número de trabajadores palestinos autorizados a trabajar dentro de la Línea Verde, algunos de los cuales se ven obligados a ganarse su sueldo en las colonias u otras infraestructuras similares en territorios ocupados. El número de permisos ha aumentado en los últimos años, en lo que no pocos interpretan como un mecanismo israelí para mantener la legitimidad de la ANP cuando esta se enfrenta a crisis, consciente de que es su principal aliado para mantener la ocupación. El des-desarrollo también se refiere a la situación de los palestinos como seres humanos (Roy, 2013: 114), enfrentados a una realidad fragmentada y estructuralmente violenta, que les roba el tiempo y el espacio que podrían dedicar a crear vínculos con sus compatriotas y organizar iniciativas de resistencia.

Por sus permisos los reconocerás

Aunque los palestinos del 67 parten de los mismos presupuestos de base, y están sometidos formalmente al mismo régimen, es posible distinguir tres realidades: la de Cisjordania, la de la Franja de Gaza, y la de Jerusalén. Uno de los contrastes cardinales entre estos tres grupos reside en su libertad de movimiento, limitada de distintas formas por el Estado de Israel (figura 3). Los palestinos del 67 que no residen en Jerusalén tienen carnets verdes, y necesitan un permiso especial para viajar a cualquier otro lugar. Los palestinos en Jerusalén disponen, al igual que los palestinos del 48, de carnets azules. Los carnets y permisos no solo afectan a la libertad de movimiento, sino que se convierten en otra herramienta de control de la demografía, y por ejemplo están íntimamente relacionados con la posibilidad de reunificación familiar. Los colores de las matrículas de automóviles también determinan la movilidad de sus pasajeros. Además, son numerosos los casos en los que el Ejército israelí explota la necesidad de obtener un permiso para tratar de convertir a algunos palestinos en informantes contra su pueblo.

Figura 3

La ‘realidad de un Estado’

Fuente: Visualizing Palestine.

Cisjordania y las tres capas de la matriz de control

En Cisjordania habitan 2,9 millones de personas, sometidas a las tres capas de control que representa la llamada “matriz de control” (Halper, 2000). El primero es el “control físico” de los “enlaces y nodos” clave. Son varios los mecanismos sobre los que reposa este control: principalmente las colonias, pero también las zonas militares y los parques industriales. Un mecanismo clave lo representan los puestos de control —los famosos checkpoints—, permanentes o temporales, en los cruces fronterizos, pero también en otras localizaciones fundamentales como las entradas a las ciudades. A estos se añade una red de carreteras de circunvalación de uso exclusivo para judíos israelíes y, obviamente, el Muro. El control físico de los palestinos también pasa por el control de acuíferos y otros recursos naturales.

La segunda capa de la matriz de control es burocrática y legal. Es importante recordar que toda acción del Estado de Israel, también de su Ejército, se apoya en una disposición cuidadosamente articulada (Fields, 2017). Esta constelación abarca una serie de políticas que condicionan el día a día de los palestinos en un laberinto de procedimientos y restricciones. Destacan en particular las restricciones al movimiento dentro y fuera de Cisjordania, que confinan a los palestinos a cantones entre los que les es extremadamente complicado desplazarse. A este respecto, algunos hablan de “bantustanización” en referencia a la creación de bantustanes en la Sudáfrica del apartheid. Así, en 1959 Sudáfrica aprobó una ley diseñada para promover el “autogobierno” entre la población negra en reservas acotadas y desconectadas entre sí, a las que se les permitía incluso exhibir algunas muestras de soberanía. A estas se suman las regulaciones vigentes en materia de construcción de y en viviendas y aldeas, muy particularmente sus consecuencias: las restricciones de permisos de construcción, las demoliciones de viviendas cuando estos no existen, la expropiación de tierras designadas para “fines públicos” del Estado de Israel, las restricciones agrícolas y la destrucción de cultivos por violaciones de las mismas, y las licencias e inspecciones a los negocios palestinos.

La tercera capa de la matriz de control arroja luz sobre cómo Israel recurre a la violencia como medio de control social y político. Esta capa abarca la presencia militar, incluso en zonas en las que la ANP tiene en teoría control exclusivo, instrumentos como la detención administrativa o el encarcelamiento masivo, el uso rutinario de la tortura en las prisiones israelíes. La violencia es estructural y adopta otras formas como el uso de colaboradores, y la presión ejercida sobre las familias para que vendan sus tierras. A esto se añade la negativa a entregar a las familias los cuerpos de aquellos palestinos ejecutados por el Ejército, como si el cuerpo de los palestinos representara una amenaza incluso después de su muerte (Hassan, 2016). Otra forma de violencia es la privación de la libertad de movimiento de los palestinos bajo ocupación, que se ejerce mediante un control normativo y físico, también en tiempo perdido y humillación.

Así, es importante no tener solo en cuenta las colonias, sino la totalidad de las infraestructuras y la estructura normativa en la que se inscriben, y cómo ambas determinan el día a día de un enorme número de palestinos, mientras que los israelíes en cualquier lugar de la Palestina histórica tienen libertad casi total de movimiento. Esto es fácil de reparar si tenemos en cuenta el cambio de paisaje: antes, las colonias estaban bajo amenaza, defendidas de forma extremadamente visible. Hoy, son los individuos y las poblaciones palestinas los que están en peligro constante en cualquier lugar de Cisjordania, lo que evidencia que la soberanía palestina es siempre condicional y el Ejército israelí actúa sin restricción alguna, como demostró la segunda intifada y demuestran incursiones regulares en la actualidad. Poco a poco se procede a la eliminación de presencia palestina, también a través de un proceso constante de destrucción de muchas trazas de vida local. La realidad actual es la de un puñado de islas palestinas en un mar israelí, a través de la cual se ha afianzado la no contigüidad territorial en un futuro Estado palestino, erosionando aún más su eventual viabilidad.

El de Cisjordania es un contexto de represión doble, por parte tanto del Estado de Israel como de la autoridad nativa, la ANP, que actúa como una subcontrata que gestiona la ocupación militar. Así, la responsabilidad de controlar a la población de las ciudades recae en la ANP, en lo que es una de sus pocas muestras de su soberanía, limitada casi exclusivamente a la gestión municipal. Una de las consecuencias más importantes es que las protestas contra la ocupación se muestran incapaces de alcanzar la efectividad que tuvieron en la primera intifada, dado que no suponen un coste para el Ejército israelí, que se mantiene —salvo en sus incursiones nocturnas— a las afueras de las ciudades, evitando enfrentarse directamente a la población.

Tras la segunda intifada, el mecanismo fundamental para externalizar la ocupación lo representó la controvertida cooperación en materia de seguridad. Los Acuerdos de Oslo estipularon la creación de “una fuerza policial fuerte” que garantizara el orden público y la seguridad interna de los palestinos. El sector de la seguridad representa la mayor parte del presupuesto anual de la ANP, aproximadamente un 30-45%, financiado y provisto directamente por donantes internacionales. El Estado de Israel sería responsable de contrarrestar las amenazas externas y garantizar la seguridad general de los israelíes, pero esta también recae sobre los hombros de las fuerzas de seguridad de la ANP, encargadas de frustrar los ataques organizados en Cisjordania. Mientras tanto, la cifra de delitos en los territorios palestinos ha aumentado, incluido un aumento de los delitos cometidos por colonos israelíes frente a los que las fuerzas israelíes a menudo hacen la vista gorda o no pueden intervenir. Las fuerzas de seguridad de la ANP también están acusadas de arrestos arbitrarios y tortura, muy a menudo por motivos ideológicos. Como consecuencia de las actividades de cooptación y represión de la ANP, y su objetivo de desmovilización de la población palestina bajo su control, las resistencias palestinas contra la ocupación están hoy en día más presentes en áreas bajo ocupación israelí directa, tal y como se explica en el capítulo 7.

Al reflexionar sobre la economía política palestina es necesario tener en cuenta el mencionado fenómeno de des-desarrollo, pero también el neopatrimonialismo. El “proceso de paz” y la liberalización regional dentro de lo que Shimon Peres denominaba el “Nuevo Oriente Medio” ofrecieron nuevas oportunidades para las élites palestinas e israelíes. Una diferencia notable entre hoy y 1987 la representa el crecimiento de nuevos sectores económicos palestinos, y con ellos nuevos intereses. Oslo trajo consigo la creación de unas élites —en la ANP, pero también sus círculos— que se enriquecieron y adquirieron privilegios con el nuevo sistema (Haddad, 2016), con un ejemplo flagrante como era el de los permisos VIP que les conceden una libertad de movimiento negada tras 1991 a la gran mayoría de los palestinos bajo ocupación. Al impacto negativo de la decisión israelí de reemplazar a los trabajadores palestinos de Gaza y Cisjordania por trabajadores extranjeros como principal fuente de mano de obra barata —traducida en altos niveles de desempleo— se adicionaba la forma en que la ANP se convirtió en distribuidora de favoritismos políticos y económicos.

Estas élites políticas y económicas, una forma de burguesía indígena, han participado en la adopción del neoliberalismo en su vertiente económica, pero también institucional —tanto en lo que respecta a la construcción de paz como a la construcción de Estado— como pilar del paradigma hegemónico. Priorizan la estabilidad que satisfaga las exigencias de los donantes internacionales y del Estado de Israel, y no el proyecto de liberación nacional20. Este último punto se ve simbolizado por Rawabi, proyecto de nueva ciudad palestina —que algunos palestinos denominan “colonia palestina”— construida gracias a permisos concedidos por el Estado de Israel. Esta visión neoliberal de construcción del Estado fue particularmente intensa en el periodo del fayadismo, llamado así por el exprimer ministro Salam Fayad durante su mandato 2007-2013. Muchos han criticado el fayadismo por la desigualdad que ha propagado, así como por su facilitación de una zona ilusoria de libertad palestina en Ramala (Dana, 2014c).

Los efectos del neoliberalismo se hacen sentir en las islas económicas palestinas en las que se han fomentado el individualismo y los ideales materialistas para que los palestinos no se preocupen de organizar acciones de resistencia. Los desarrollos aparejados a un proceso liberal de construcción de Estado habrían derivado en la formación de una sociedad atomizada y endeudada, cada vez más individualista, en el seno de la cual las diferencias no son tanto ideológicas como de clase y aspiracionales (Tartir, 2015; Hilal, 2002). Una relativamente nueva clase media que disfruta del efecto redistributivo del clientelismo de las élites económicas y políticas rehuiría asimismo la quiebra del statu quo. Han surgido estilos de vida centrados en nuevas formas de entretenimiento y consumo, especialmente en Ramala, la “capital” de la ANP y el nuevo centro urbano de vida para la emergente clase media palestina y los trabajadores expatriados (Taraki, 2008).

Los fondos que engrasan el sistema muchas veces provienen, de una forma u otra, de los donantes internacionales, principales financiadores de la ANP. Una de las manifestaciones más claras es cómo el proceso de paz abrió la puerta —e incluso forzó— la profesionalización y oenegización de gran parte de la sociedad civil palestina. Estas organizaciones se veían obligadas a abandonar una fracción considerable de la narrativa de resistencia anticolonial que había encontrado su plenitud en la primera intifada: en particular, se vieron forzadas a canalizar algunas de las demandas de la sociedad, pero no en términos de los efectos del colonialismo, sino de derechos humanos universales y asuntos compartimentados a través del lenguaje neoliberal (por una parte asistencia humanitaria, por otra derechos de las mujeres, por otra ayuda a los agricultores…) y de procedimientos establecidos en el seno de un Estado en construcción, reduciendo la posibilidad de que tal canalización tuviera lugar a través de movilizaciones sociales.

A esto se une la considerable presencia de ONG occidentales que emplean a trabajadores palestinos, pero copan el mercado de la ayuda humanitaria y perpetúan el modelo impuesto por el paradigma de los Acuerdos de Oslo. Ambos tipos de organizaciones han esbozado una nueva élite, que también se beneficia —y alimenta— del statu quo. Muchas organizaciones de la sociedad civil son percibidas como serviles para con la ANP o la comunidad internacional —o ambas—, en pos de su propia supervivencia (Qato y Rabie, 2013), y una porción de la sociedad civil palestina que no abraza los principios de Oslo y no acepta el modelo impuesto por los donantes internacionales, y por la propia ANP, que se ve marginada o, al menos, encuentra mayores obstáculos para operar.

A lo largo de estos últimos años ha crecido el descontento socioeconómico, pero también sociopolítico. Han aumentado las protestas por cuestiones económicas: antes de la pandemia de COVID-19, el crecimiento económico se desaceleró al 1,2% en 2018 y al 0,9% en 2019. La tasa de desempleo alcanzó una tasa de 33% en 2019. Pero también aquellas que denuncian la corrupción y represión con la que los ciudadanos crecientemente asocian a la ANP. En mayo de 2021, unos 3.000 palestinos firmaron una petición pidiendo que Mahmoud Abbas renunciara a su triple cargo a la cabeza de Fatah, la OLP y la ANP. En el capítulo 7 se darán más detalles sobre estas resistencias, no dirigidas únicamente contra la colonización israelí.

Jerusalén como microcosmos
de las diferentes matrices coloniales21

La ciudad de Jerusalén estaba —y, sobre el papel, aún está— destinada a ser capital de ambos Estados, el Estado israelí y el futuro Estado palestino. No obstante, fue anexionada por el primero, y convertida en su capital única e indivisible en 1980. Aun así, fue considerada una de las cuestiones abiertas a negociación en el marco del “proceso de paz” posterior a Oslo, una de las llamadas “cuestiones de estatus final”. Muchos análisis se centran en el carácter religioso, histórico y místico de la ciudad, en cierto modo legitimando el marco según el cual ambos pueblos necesitan enfrentarse por este territorio.

Los 300.000 palestinos de Jerusalén también se ven afectados por los mecanismos de la matriz de control. Se diferencian muy particularmente en virtud de su libertad de movimiento: cuentan con tarjetas de identidad azules, como los israelíes, pero una gran parte solo tiene pasaporte jordano. Para ellos es posible en teoría acceder al estatus de ciudadano palestino de Israel, pero durante años no han querido o podido acceder al trámite (Abu Amer, 2021). Esta diferencia resulta fundamental para entender las consideraciones demográficas sobre las que se estableció, expandió y se mantiene el Estado de Israel. La ley israelí los considera “residentes” y los somete a un régimen asimilable al de cualquier persona migrante no judía en el país. Esta residencia se ve permanentemente condicionada a criterios estrictos como el del “centro de vida” en virtud del cual muchos ven limitadas sus estancias en el extranjero, o el juramento de lealtad que permite a las autoridades expulsarles si su discurso o acciones resultan inconvenientes. A esta libertad de movimiento relativamente amplia se contrapone una separación impuesta respecto de los otros palestinos del 67. La situación de los palestinos de Jerusalén se ve también caracterizada por la liminalidad desde el punto de vista material: están obligados a satisfacer los mismos impuestos que los residentes judíos israelíes de la ciudad, pero gozan de muchos menos servicios; al igual que ocurre con los palestinos del 48, su movilidad vertical se ve limitada.

El caso es que la matriz de control en este caso reposa esencialmente en un proceso de judaización constante y multidimensional. El Plan israelí E1 persigue como objetivo poner fin a la viabilidad territorial de un futuro Estado palestino mediante la creación de un área edificada contigua que se extiende desde Jerusalén hasta el asentamiento de Ma’ale Adumim, 11 km más allá de la Línea Verde. El Gobierno israelí decidió en marzo de 2005 ampliar la colonia de Ma’ale Adumim en la carretera entre Jerusalén y Jericó, vinculándolo de este modo directamente con Jerusalén, aislar Cisjordania de la ciudad y erosionar la continuidad geográfica entre el norte y sur del territorio. Más importante aún, dificultó de manera considerable el mantenimiento de lazos económicos, comerciales, profesionales y sociales entre comunidades palestinas. Para cuando se construyó el Muro alrededor de Jerusalén en julio de 2005 y un nuevo Gobierno dictaminó que los palestinos deberían presentar sus permisos antes de que pudieran entrar o salir de los territorios palestinos, la reclusión de los jerosolimitanos fue completa. Un informe de la UE de 2018 afirmaba que “debido a su aislamiento físico y la estricta política de permisos israelí, la ciudad ha dejado de ser en gran medida el centro económico, urbano y comercial que una vez fue” (Smolar, 2018).

El Muro tenía como objetivo la separación entre Jerusalén Este y Cisjordania, pero también consolidar el control israelí directo sobre más del 15% de territorios en Cisjordania: no solo sobre territorios en los que se han construido colonias, sino también zonas ricas en recursos, sobre todo agua y, como se ha visto, cultivos vitales para la población palestina. Por si esto fuera poco, separaba poblaciones y familias. Una de las principales paradojas del Muro es que es permeable: decenas de palestinos lo cruzan cada día para trabajar, reunirse con sus familiares y amigos… Y aunque fue construido para garantizar el fin de los ataques contra objetivos israelíes, cualquiera que quiera cruzarlo para cometer un acto violento podría hacerlo. Si bien se considera que el Muro ha contribuido a una fuerte caída de los ataques palestinos dentro de Israel, el propio servicio de seguridad israelí atribuyó esta mejora en 2006 al alto el fuego implementado unilateralmente por grupos armados palestinos.

Muy particularmente tras la segunda intifada, y como consecuencia de la forma en el que el Muro dividía partes de la ciudad, el Gobierno israelí comenzó a contribuir, de forma directa e indirecta, a que grupos de colonos judíos se mudaran a casas palestinas de la Ciudad Vieja y barrios palestinos aledaños, ya sea comprándolas —generalmente por medios fraudulentos, utilizando intermediarios que afirman que los compradores son palestinos— u ocupándolas por la fuerza. En la Ciudad Vieja, se trasladaron a las estrechas callejuelas alrededor del barrio judío, y a las cercanías de la iglesia del Santo Sepulcro y de la puerta de Herodes. Se mudaron al corazón de Sheikh Jarrah y Musrara, áreas incondicionalmente palestinas que hasta ese momento habían resistido a estas acciones de desposesión.

Cuando hablamos de Jerusalén, resulta esencial tener también en cuenta lo que se denomina “Gran Jerusalén”. El Plan E1 se encuentra también al origen de la precaria situación de las comunidades palestinas beduinas en la zona, muy particularmente de los esfuerzos israelíes para desplazar por la fuerza a estas poblaciones (Amara et al., 2021). Un ejemplo conocido es el de Khan al-Ahmar, ubicado al este de Jerusalén en la carretera hacia Jericó: sus residentes son refugiados palestinos que han sido desplazados una y otra vez. Pero esta no es sino una de las 46 comunidades beduinas en territorios ocupados bajo amenaza de desplazamiento forzoso.

En 2021 han adquirido particular relevancia precisamente los casos de Sheikh Jarrah y Silwan. En el primer caso, lo que Israel definió como “disputa inmobiliaria” designa la voluntad de expulsar a una serie de familias que se instalaron en el área —y renunciaron a su estatus de refugiados— tras ser expulsadas en el marco de la Nakba, para que en sus hogares se instalen colonos israelíes. Las expulsiones comenzaron en 2008. La Corte Suprema israelí, consciente de la atención internacional, invitó a que los palestinos se convirtieran en arrendatarios de los colonos que ambicionan ocupar sus hogares. En el caso de Silwan, los colonos también se han apoderado de casas palestinas durante años, utilizando tácticas agresivas, a lo que se suman las amenazas de órdenes de demolición que pesan sobre residentes palestinos.

Para evitar tener además que cargar con el precio de la demolición, muchas veces son los propios palestinos los que se ven obligados a echar abajo su hogar. Es importante recordar que, en Jerusalén, a los palestinos se les niega habitualmente el permiso para construir, y por lo tanto, se enfrentan a un dilema: construir y arriesgarse a la demolición, o comprar fuera del municipio y, al hacerlo, perder su condición de residentes en Jerusalén. Al igual que ocurre con otros mecanismos de desposesión palestina, Israel recurre a términos burocráticos y habla en estos casos de “demolición administrativa” (las detenciones sin juicio de miles de palestinos también son “administrativas”). A estas se añaden las “demoliciones punitivas” de los hogares de palestinos acusados de cometer un crimen, como uno de los castigos colectivos más destacados.

El propósito, alegó el municipio de Jerusalén, era devolver el barrio a su paisaje de antaño, más concretamente hace 5.000 años, cuando era la “ciudad de David”, como atracción turística. La decisión se remonta a un plan municipal de 1977 para limpiar toda el área alrededor de la Ciudad Vieja y reemplazarla con parques “sin residentes palestinos”. En mayo de 2021 también se hizo patente la violencia con que fuerzas de seguridad y colonos israelíes —entonando el canto “muerte a los árabes”— intervienen regularmente, también en Ramadán, en lugares tan santos para los palestinos musulmanes como Haram al-Sharif y Al-Aqsa, y la Ciudad Vieja en su totalidad. Aunque para algunos es presentado como una entelequia y mero folclore simbolizado por la canción “Jerusalén de Oro”, una parte del imaginario colectivo israelí alberga la esperanza de destruir la mezquita de Al-Aqsa y la Cúpula de la Roca para reemplazarlas por un templo judío.

El recurso a la arqueología y al turismo como justificaciones va siempre acompañado de acciones de memoricidio. En 2021 se hizo público un plan de la Autoridad del Suelo de Israel (al que sin embargo se ha opuesto el ayuntamiento) de demoler las ruinas del poblado de Lifta, aldea palestina en los accesos occidentales a Jerusalén vaciada en 1948, la única que se mantiene tal y como la dejaron tras la Nakba. No es la primera vez que las autoridades israelíes declaran la intención de reconstruir un barrio judío, en donde hasta ahora había existido un parque y un hotel boutique. A las justificaciones de turismo —muy particularmente dirigido a los llamados “cristianos sionistas”— y arqueología se añade la tecnología, como es el caso del proyecto Silicon Wadi, que exigirá la expulsión de negocios palestinos en Wadi al-Joz: se alega que les traerá oportunidades y modernización, pese a no haber sido consultados. Contribuirá además a la separación entre la Ciudad Vieja y otras comunidades palestinas.

Las estrechas callejuelas de la Ciudad Vieja, antes limpias y bien conservadas, ahora se ven descuidadas por las autoridades municipales. Tampoco aquí los palestinos reciben permisos de construcción o renovación, lo que lleva a tener casas superpobladas. Este es uno de los motivos por los que la archifamosa Puerta de Damasco y sus alrededores están siempre repletos: es en esta área donde de hecho estallaron los primeros brotes de violencia en la primavera de 2021, cuando jóvenes de la ciudad intentaban reclamar su espacio legítimo. Cuando la policía fronteriza se lo permite, claro está. Los negocios palestinos se han visto durante años impactados de forma negativa por los impuestos israelíes, y la desaparición progresiva del turismo como consecuencia tanto de la escasa colaboración del sector turístico israelí —que impone los parámetros a seguir por las agencias extranjeras— como de la pandemia de COVID-19, que representó la gota que colmó el vaso. Judíos ultraortodoxos se pasean impávidos por sus calles, conscientes de que están protegidos por un alto número de soldados israelíes. En ocasiones señaladas, las calles se ven invadidas por manifestaciones provocadoras de colonos y otros radicales sionistas.

A la separación geográfica respecto de otros palestinos del 67 impuesta sobre los palestinos jerosolimitanos, se añade la prohibición de toda actividad política a cualquier palestino en la ciudad (los jordanos también lo hicieron en 1948), lo que durante años ha limitado enormemente la participación de sus individuos en la esfera pública. No pueden votar en las elecciones legislativas israelíes, pero sí en las elecciones municipales. Sin embargo, la gran mayoría se niega a hacerlo para no legitimar el sistema (un debate cada vez más presente, como se verá en el siguiente capítulo, entre los ciudadanos palestinos de Israel). Tampoco se les permite participar hoy en día en las elecciones a la ANP. Esta tiene prohibida cualquier actividad, como dejó claro el cierre de la que era sede de la OLP, la Orient House. El Estado de Israel ha interpretado durante años de forma extremadamente amplia esta prohibición, y ha censurado o desmantelado un considerable número de iniciativas culturales, incluso espectáculos de marionetas, o de otro tipo, puestas en marcha por la sociedad civil local (Melhem, 2019). Un ejemplo destacado fue el de la Palestine Economic Week, una iniciativa destinada a potenciar el comercio local y el desarrollo sostenible palestino.

Por si esto fuera poco, el liderazgo oficial palestino contribuye, directa o indirectamente, a la erosión de la capitalidad de Jerusalén. Pocos análisis abordan cómo varias iniciativas de la ANP en el ámbito turístico, muy particularmente en lo que respecta a la capital administrativa no oficial de Ramala, consolidan la agenda israelí (Ahmad, 2020). La inactividad de la ANP fue aún más evidente ante la violencia a la que fueron sometidos los palestinos en abril y mayo de 2021. Uno de los resultados, seguramente imprevisto, ha sido que sean representantes políticos de los ciudadanos palestinos de Israel los que a lo largo de los años hayan hecho suyas muchas de las causas relacionadas con la ciudad (Nasasra, 2019).

Independientemente del papel de unos y otros líderes, es importante tener en cuenta que los residentes de Jerusalén nunca se han rendido a su suerte. Durante décadas han demostrado su capacidad de resistir a través de su existencia y perseverancia del día a día. Estas resistencias se han multiplicado y diversificado a lo largo de los años, tanto frente a las acciones de desposesión del sistema como mediante la puesta en marcha de iniciativas diversas, como la organización de tours alternativos centrados en la historia palestina o la organización de conferencias para debatir el contexto político. La ciudad atravesó un punto de inflexión durante el verano de 2014, tras el secuestro y asesinato a manos de tres judíos israelíes de Muhámmad Abu Khdeir, de 16 años. El racismo estructural se hizo aún más evidente, y los jerosolimitanos protagonizaron un repunte en sus resistencias diarias y puntuales, a pesar de los castigos colectivos y la brutalidad policial. Las resistencias en el barrio de Sheikh Jarrah son un ejemplo destacado, pero no podemos olvidar a este respecto las acciones, también lideradas por jóvenes, para impedir la instalación de estructuras de seguridad y vigilancia en los accesos a Haram al-Sharif y en las calles cercanas en el verano de 2017.

El estrangulamiento progresivo
de la Franja de Gaza

Gaza ha sido definida en numerosas ocasiones como una cárcel al aire libre para sus 1,6 millones de habitantes. Se trata de 365 kilómetros cuadrados rodeados de zonas “de amortiguación”, sensores y una valla de alambre custodiada por soldados israelíes a los que se les permite disparar sobre cualquier persona cercana a —o que intente cruzar— la valla. En diciembre de 2021, Israel anunció que había terminado de construir un muro de hormigón alrededor de la Franja de 65 kilómetros de largo y seis metros de alto, dotado de una barrera subterránea con sensores, y un muro submarino, todo ello equipado con un conjunto de radares, cámaras y salas de mando y control. Desde la Nakba, Israel ha lanzado más de 13 guerras sobre la Franja, que ocupó hasta 2005 y sometió a un intenso bloqueo pocos meses después. Sobre todo como consecuencia del elevado número de refugiados presentes en el territorio y de las difíciles condiciones en el mismo, Gaza siempre se ha erigido como un baluarte para las resistencias anticoloniales palestinas, mucho antes de la creación de Hamás (Baconi, 2018).

La “retirada” o “desconexión” (nunca descrita como tal por un texto oficial israelí) de 2005 representó un punto de inflexión para el futuro de la Franja, y como tal fue presentado. Es necesario entender el contexto en su totalidad. En un primer lugar, Gaza no representa un territorio esencial para el imaginario del “Gran Israel”. Isaac Rabin llegó a afirmar que deseaba que Gaza se hundiera en el mar. Únicamente había 12 colonias en el territorio, y el coste de defenderlas era enorme, a lo que se añade el peso que Gaza implicaría en la citada “amenaza demográfica”. La decisión fue presentada por Israel como un gesto de buena voluntad cuando la segunda intifada llegaba a su fin: los políticos occidentales lo tomaron al pie de la letra como una simple retirada del territorio palestino, quizás incluso la primera de varias. Esta calurosa acogida supuso un respiro de críticas internacionales referidas a la construcción del Muro y de un número creciente de colonias, así como la violencia desplegada por el Ejército en los territorios ocupados. Mientras, Israel alcanzaba una jugada maestra comparable con los Acuerdos de Oslo: una ocupación disfrazada sin efectivos militares sobre el terreno y, con ello, un castigo colectivo permanente. Para muchos israelíes y extranjeros, si no hay tropas en el terreno, no hay responsabilidad israelí, que solo se ve obligado a intervenir cuando el vecino incómodo dispara —sin motivo aparente, salvo su carácter extremista— cohetes contra las poblaciones cercanas.

George Bush Jr. no solo dio su beneplácito, sino que aceptó ejercer menor presión en relación con la construcción de colonias en Cisjordania y Jerusalén. Decidió obviar que el plan declaraba explícitamente la intención de Israel de mantener el control total sobre Gaza y la libertad de realizar actividades militares en el área cuando fuera necesario. Además, las autoridades israelíes no se coordinaron con los palestinos a pesar de las demandas de estos —otra de las acciones unilaterales que el marco de Oslo impide en teoría—, en lo que se ha convertido en una postura permanente del país. Además, mantuvo el control total sobre todas las fronteras, tanto por tierra como por mar y aire, con la excepción de la frontera con Egipto22, en la que el régimen árabe también ha impuesto un bloqueo sui géneris, convirtiendo a la población de la Franja en otro peón de la geopolítica de Oriente Próximo. Se mantuvo también la desconexión total física entre los territorios de Cisjordania y la Franja de Gaza, y contribuye en enorme manera a la desconexión política.

Hablar de Gaza implica, inevitablemente a pesar de lo que muchos palestinos demandan, hablar de Hamás, que a lo largo de los años se ha convertido en el enemigo necesario. Entender la génesis del movimiento entraña tener en cuenta el apoyo israelí al islamismo como uno de tantos mecanismos para dividir a los palestinos de uno y otro lado de la Línea Verde. Israel favoreció durante años este tipo de actividades, al mismo tiempo que reprimía muy duramente la movilización de los nacionalistas autopresentados como laicos de la OLP. La organización, el Movimiento de Resistencia Islámica, fue creada en 1987, en el contexto de la primera intifada, como una rama de los Hermanos Musulmanes en la Franja de Gaza. En un primer momento, se erigió como actor privilegiado de resistencia anticolonial, pero también en parte como un movimiento de oposición a la OLP y al paradigma de los Acuerdos de Oslo, ante los que llamaba a continuar la resistencia por todos los medios.

El apoyo continuado de Hamás a la resistencia y su discurso crítico contra un “proceso de paz” inútil a los ojos de un número creciente de palestinos, representaron la razón principal de su victoria en las elecciones municipales y legislativas de 2006. A pesar de una postura que muchos percibían, y representaban, como radical, su entrada en política señaló su aceptación del marco político en el que coexistiría con la ANP y el CLP. Incluso a pesar de que Hamás accediera a participar en las elecciones legislativas, Israel y el Cuarteto (ONU, EE UU, UE y Rusia) continuaron calificándola como organización terrorista, y se negaron a considerarla como un actor político palestino legítimo a menos que cumpliera con ciertos requisitos, incluida la aceptación de acuerdos previos, y muy particularmente el reconocimiento del Estado de Israel. Muchos interpretaron estas medidas como un castigo al voto y al avance democrático palestino, tras unas elecciones calificadas como transparentes por los observadores electorales de varios países.

Se formó un Gobierno de unidad nacional, pero duró poco. La presión ejercida por los donantes, no solo los países occidentales sino también varios países árabes, sobre Fatah era demasiado onerosa para sus élites, que se negaban a renunciar a la posición de poder en la que los había situado la creación de la ANP, muy particularmente a las considerables prebendas materiales que esta traía consigo. Escogieron provocar un terremoto en la arena política palestina que aún hace sentir sus efectos a día de hoy. Este órdago se vio reflejado en su fallido intento, gracias a fuerzas de seguridad entrenadas por EE UU, de derrocar a Hamás por la fuerza, seguido del contragolpe de Hamás, y los encarnizados combates que fueron sucediéndose. Hamás procedió a establecer su propia autoridad palestina en Gaza, lo que representó la justificación definitiva para el bloqueo israelí por tierra, mar y aire.

El rechazo de EE UU y la Unión Europea al gobierno de Hamás primero, y al gobierno de unidad nacional después —a pesar de que representaba al 90% de la población— supuso un duro castigo a los palestinos. Se suspendió toda la ayuda de los donantes internacionales a la ANP, y las economías de Cisjordania y Gaza se desplomaron. El bienestar de los gazatíes se ha visto desde entonces considerablemente perjudicado por esta postura de los donantes. Un caso paradigmático fue el del Patriot Act adoptado por EE UU en 2001, que definía el “apoyo material al terrorismo” de manera tan amplia en el caso palestino que casi cualquier contacto con una organización asociada con un grupo en la lista negra, como lo fueron Hamás y el FPLP, podría ser considerado un acto delictivo grave que implica fuertes penas. El bloqueo a la Franja de Gaza es uno de los pocos casos de imposición de sanciones contra una población que ya está sometida a un castigo colectivo23.

En un creciente número de círculos y debates contemporáneos, la reacción y postura internacionales forman parte de los errores atribuidos a actores externos con respecto al contexto en la Palestina histórica. Y es que, como ya hiciera Fatah, Hamás había empezado a adoptar, de forma progresiva, un discurso pragmático y mecanismos de referencialidad que lo vinculan al marco de la “solución de dos Estados”, que incluso aceptó de forma indirecta no solo con el Documento político hecho público en 2017, sino, antes de esto, con el Documento de los Prisioneros suscrito en 2006 por Fatah, el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Movimiento Jihad Islámica y Hamás, uno de los textos más ignorados en la historiografía de la causa palestina.

Si la OLP se había visto obligada a ceder en todas y cada una de sus demandas para ser considerada un “socio para la paz”, Hamás debía someterse al mismo proceso, independientemente de lo que una mayoría de palestinos en territorios ocupados habían expresado a través de las urnas. Más aún, en el contexto posterior al 2001, en el que el islamismo era demonizado y la palabra “terrorismo” no había sido definida con detalle y, por ello, englobaba todas las acciones que el actor, que decide cuándo existe seguridad y cuándo no a pesar de sus acciones —Israel—, considere relevantes. Que el concepto “terrorismo” pueda referirse, e incluir en una misma lista, tanto a Al-Qaeda como a Hamás evidencia la posible instrumentalización del marco (Baconi, 2018).

Al bloqueo se suman las guerras como utilización de la fuerza desproporcionada y castigo colectivo contra la población gazatí: principalmente en 2008-2009, en 2012, en 2014 y en 2021, pero también con ocasión de las escaladas de tensión esporádicas. Estos enfrentamientos con un altísimo coste humano siguen un cierto patrón que los hace aún más perversos: después de unas semanas, se declara un alto el fuego mediado por un actor internacional, para centrar la conversación inmediatamente después en la reconstrucción, en unas negociaciones que se extienden durante meses sin que haya quedado claro en qué medida fueron implementadas las reconstrucciones anteriores.

Más allá de los estallidos de violencia, Gaza está sumida en una espiral de violencia estructural que representa una especie de guerra por otros medios. Las vidas de sus habitantes están circunscritas por fronteras que ellos y los bienes que producen y necesitan rara vez pueden cruzar, excepto de forma ilegal. Si los efectos de los Acuerdos de Oslo han sido desastrosos para los palestinos en Cisjordania y Jerusalén, han sido aún más terribles en la Franja, en lo que se ha llegado a denominar “cerco medieval”. En 2015, la ONU emitió un informe afirmando que para el año 2020 la Franja de Gaza sería inhabitable si persistía la situación que había prevalecido desde que se instituyó el bloqueo. En 2017, las organizaciones internacionales declararon que Gaza estaba al borde del “colapso total”. Se revisaron las estimaciones presentadas por primera vez por el informe de la ONU y señalaron que la Franja podría llegar al punto de no ser apta para la vida humana antes que la estimación inicial de 2020.

Gaza estaba destinada, según algunas narrativas, a convertirse en el “Singapur de Oriente Próximo”. Si no ha sido así es porque sus habitantes así lo han querido, tal y como da a entender la narrativa hegemónica. No obstante, el concepto de des-desarrollo es aún más agudo en la Franja. Antes de la toma de Hamás, el sector privado generaba el 54% del empleo de Gaza (Roy, 2013: 110). En noviembre de 2007, la Federación Palestina de Industrias informaba del cierre del 95% de las fábricas y talleres en Gaza. Hoy, el sector privado está destruido casi por completo. En la guerra de mayo de 2021 fueron destruidos un buen número de establecimientos económicos en la zona industrial, pero también altos edificios de oficinas. Los gazatíes no pueden acceder a oportunidades de trabajo, incluso las más precarias, al otro lado de la Línea Verde, ni pueden exportar sus productos. Cabe preguntarse cuánto podrían producir en los periodos en los que la electricidad solo está disponible unas pocas horas al día.

El Ejército israelí hizo cálculos precisos de las necesidades calóricas diarias de Gaza para evitar la desnutrición, según archivos que el Ministerio de Defensa hizo públicos por orden judicial. La salud, física y mental, ha sido uno de los aspectos más afectados por el bloqueo. Una de las características principales de la narrativa hegemónica referida a Gaza es el énfasis exclusivo en la humanitarización del contexto, lo que la dependencia de la ayuda internacional no hace sino ahondar. Las conversaciones sobre la situación en la Franja se centran en su —ciertamente desesperada— situación humanitaria, pero muy pocas veces hacen referencia a los orígenes y realidades políticas, tanto en lo que respecta a las posturas de los actores involucrados como a la agencia de la población gazatí.

Resulta inevitable preguntarse, en este sentido, a quién benefician las guerras, el contexto general de violencia. Un ejemplo claro lo representó el de la guerra sobre Gaza de mayo de 2021, detonada por ataques provenientes de la Franja en defensa de las resistencias en Jerusalén. Por un lado, Israel ganó legitimidad ante su población y la opinión pública internacional: las guerras sobre Gaza dejan clara su supremacía, ya que pueden destrozar la vida de decenas de palestinos en segundos y desde la distancia. La ANP, controlada por Fatah, se postula como el único actor moderado en el que los israelíes y la sociedad internacional pueden confiar para mantener la estabilidad entre la población palestina. El Gobierno israelí que tomó las riendas en 2021 lo dejó claro: “Cuanto más fuerte sea la ANP, más débil será Hamás […] Y cuanto mayor sea su capacidad para gobernar, más seguridad tendremos y menos tendremos que hacer” (Ben Zion y Kellman, 2021). Para Tel Aviv, por su parte, las guerras representan una forma de “gestionar” a Hamás, y evitar el riesgo de otra transmutación del nacionalismo palestino que ponga en duda la narrativa hegemónica (Baconi, 2015). Hamás, por su parte, gana popularidad entre los palestinos, como dejan claras las encuestas. La razón es que aunque muchos palestinos rechazan su retórica e intransigencia ideológica, sus acciones son las únicas que hoy en día canalizan los sentimientos y la frustración. Estos tres actores conforman lo que podríamos denominar el “triángulo del statu quo”, los únicos beneficiados por la actual configuración de poder.

Gaza representaba —como se ha indicado, pero también representa en la actualidad— un baluarte de resistencias. El contexto posterior a 2006 llevó a que la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil dentro de la Franja se enfocaran en la provisión de servicios básicos, muchas de ellas como socias de agencias internacionales encargadas de reconstruir, una y otra vez, la infraestructura social básica. Se redujo de forma casi total el espacio para las resistencias populares anticoloniales, más allá de las marchas y manifestaciones orquestadas por Hamás. Aun así, han resultado crecientemente importantes las acciones de activistas, locales e internacionales, para arrojar luz sobre la difícil situación de la población, que incluso llevaron a una iniciativa para intentar romper el bloqueo israelí. Estas acciones no necesariamente coinciden con las guerras, pero sí que son estas los únicos momentos en los que la atención internacional se dirige hacia el territorio.

Las resistencias gazatíes también se han dirigido contra el contexto político de la Franja, con su propia manera de romper la barrera del silencio impuesta por los líderes palestinos. En el marco de las revueltas antiautoritarias árabes de 2010-2011, y al igual que ocurría en otras localizaciones de la Palestina histórica, un grupo de jóvenes de Gaza hizo público un manifiesto para el cambio en nombre de Gaza Youth Break Out, que a principios de enero de 2011 se había vuelto viral. Se pusieron en contacto con jóvenes palestinos a lo largo y ancho del planeta, así como también otros organizadores árabes, y comenzaron a planificar la movilización del 15 de marzo de 2011, un “Día de la Ira”, en la que exigieron el fin de la división entre Hamás y Fatah. Al igual que ocurrió en Cisjordania con las fuerzas de seguridad de la ANP y como confirmación del mencionado “triángulo del statu quo”, la violencia con la que Hamás reaccionó contra las movilizaciones dejó bien claro que las autoridades estaban dispuestas a reprimir de forma desproporcionada cualquier atisbo de resistencia más allá de los contornos por ellos impuestos.

Hamás se había convertido en parte del problema, un Gobierno autoritario que opta por la represión de cualquier tipo de oposición, como ocurrió con las protestas bidna na2ish (“queremos vivir”) de 2019, o con la cooptación de movilizaciones independientes como la Gran Marcha de Retorno. Esta última reunió el 30 de marzo de 2018, Día de la Tierra, a decenas de miles de palestinos en la valla oriental de Gaza como pistoletazo de salida de una serie de protestas y vigilias que se extienden hasta el 15 de mayo, Día de la Nakba, y aún hoy representan el espíritu de varias movilizaciones en la Franja. Recibida con dura violencia por parte de las fuerzas israelíes, contaba entre sus objetivos recuperar las resistencias populares y la centralidad del retorno para la causa palestina (Lazar, 2018). Su espíritu, y la respuesta violenta, fueron recuperados en agosto de 2021, en una muestra de que estas movilizaciones se han convertido en uno de los pocos medios para que los gazatíes puedan expresar su rabia contra el bloqueo y el deterioro de las condiciones de vida, pero también contra las divisiones de la arena política.

Capítulo 4

Los palestinos del 48

“¿Por qué iba a esperar que una emisora de radio árabe o internacional hablara sobre los árabes israelíes? Y, en todo caso, ¿quiénes son ellos?”

Sayed Kashua, Llega un nuevo día (2019)

El grupo frecuentemente desatendido por la mayoría de los análisis es el de los ciudadanos palestinos de Israel (denominados por la mayoría de estos “árabes israelíes”), aquellos palestinos que no fueron expulsados en la Nakba al interior de la Línea Verde. Aunque les fue concedida la ciudadanía israelí, esta se inscribe en el marco de un Estado-nación judío confirmado como tal por la ley del mismo nombre adoptada en julio de 2017. En un primer momento, y hasta 1966, fueron sometidos a ley marcial en atención a su condición de amenaza quintacolumnista. Después, han visto su identidad y día a día condicionados por su consideración de ciudadanos de segunda, indígenas en el territorio sometidos a una discriminación sistemática —institucional, económica y simbólica—, frente a la cual han adoptado distintas formas y acciones de resistencias sui géneris, principalmente en el plano político, pero también en otros como el cultural.

Los grandes olvidados en el análisis
de la Palestina histórica

Muy pocos análisis sobre la situación en la Palestina histórica —aunque esto está cambiando (EFE, 2021)— abordan la realidad de los palestinos del 48, o ciudadanos palestinos de Israel, más allá de una referencia puntual. Sin embargo, ya en 1989 Nadim Rouhana (1989: 55) advertía que “los árabes en Israel han crecido hasta el punto en que ya no pueden ser ignorados ni por israelíes ni por palestinos”. Representan una de las manifestaciones de la Nakba continua, en su caso como ciudadanos en un Estado pretendidamente liberal y multicultural, y tienen un papel específico en las resistencias palestinas, marcado por su evolución histórica. En la primera década tras el establecimiento del Estado de Israel, se fijaron los criterios que representarían la base de la existencia de los palestinos al interior de la Línea Verde, a los que se concedió una ciudadanía condicionada por una matriz sui géneris de control colonial. Aunque en algunos casos ha sido definido como “etnocracia” (Yiftachel, 2006), es importante recalcar que la desposesión va más allá de la discriminación de una minoría: se trata de una discriminación sobre la cual está basada la estructura y existencia del Estado de Israel.

1948-1966 representó un periodo determinante, marcado por el peligro que para el naciente Estado judío representaba una “quinta columna” palestina con la que compartían territorio, así como los cientos de miles de palestinos que reclamaban su derecho de retorno. La Nakba continuó tras 1949: las acciones de limpieza étnica representaron una realidad hasta 1957, tras la masacre de Kfar Qasim de octubre de 1956 (Pappé, 2011). En este sentido, resulta importante tener en cuenta la realidad internacional, muy particularmente las presiones que existían sobre el país para convertirse en miembro de pleno derecho de la sociedad internacional a cambio del respeto de una serie de criterios relacionados con el trato de los que eran considerados una mera minoría.

Cuando hablamos de los palestinos del 48, nos referimos a los palestinos que se quedaron (baqiin) en el territorio colonizado por Israel en 1948: por aquel entonces eran 160.000 (13% de la población); 1,6 millones (20%) en la actualidad. Permanecieron y resistieron en lo que habían sido ciudades palestinas y los 104 pequeños poblados que sobrevivieron a la Nakba. Sin embargo, no a todos se les permitió permanecer en el mismo lugar del que fueron expulsados, por lo que se vieron obligados a desplazarse bien dentro de la ciudad o bien a localidades cercanas no destruidas, en ocasiones a hogares de refugiados que habían sido expulsados de la ciudad. Se estima que existen más de 300.000 desplazados internos (Boqa’i, 2008).

Los desplazamientos forzosos de palestinos, tanto de los que se quedaron como de los que se fueron, permitieron que fuera expropiada gran parte de la propiedad de los ausentes (de ahí la denominación “presentes ausentes”, una de las principales formas, junto con las aldeas no reconocidas, en las que el Estado invisibiliza a estos ciudadanos por la vía legal) en virtud del Reglamento de emergencia de la propiedad de los ausentes de 1948 y la Ley de propiedad de los ausentes de 1950, a menos que los propietarios pudieran demostrar que no estaban ausentes de acuerdo con la definición contenida en la ley. Los palestinos rara vez han logrado satisfacer la carga de la prueba ante tribunales israelíes, y aún a día de hoy se producen confiscaciones cuando no se pueden probar la propiedad privada y el uso actual. Alrededor del 40% de sus tierras fueron confiscadas por el Estado y utilizadas para proyectos de desarrollo que beneficiaron a judíos israelíes, principal o exclusivamente. Hoy, se ven obligados a vivir en el 2% del territorio, a lo que se añade un mero 1% para uso agrícola (figura 4).

La operación demográfica de la que fueron objeto fue facilitada por la imposición de un gobierno militar —inspirado en las regulaciones británicas, como muchas otras normas que hoy se utilizan para el control de los palestinos24—, con el principal objetivo de impedir que retornaran a sus lugares de origen y se organizaran para impulsar acciones de resistencia. A pesar de que las leyes no distinguían abiertamente entre ciudadanos judíos y árabes, las restricciones se limitaban a aquellas áreas que tenían una mayoría de población palestina (Masalha, 2003: 150-156). Se imponían, entre otras, restricciones a la movilidad, prohibición de organización política y limitaciones a las oportunidades laborales y educativas.

Figura 4

Concentración de ciudadanos palestinos de Israel
al interior de la Línea Verde

Fuente: Elaboración propia.

El gobierno militar finalizó en 1966, muy particularmente porque los costes materiales y simbólicos eran considerablemente altos, y la atención de las autoridades se centraría principalmente en los territorios que poco después serían ocupados. Fue reemplazado por un sistema de control legal y disciplinario que perseguía como objetivo domesticar a los palestinos y tolerar su presencia siempre y cuando se ajustaran a las reglas que les eran impuestas. Antes y después de 1966, uno de los pilares de la dominación lo representaba el principio de separación, tanto de los palestinos del 48 entre sí como con respecto a otros palestinos y otros árabes, además de con judíos israelíes.

En algunos casos, esta separación es muy visible y evidente, como ocurre con el poblado de Barta, dividido por la Línea Verde. El fin era evitar la contigüidad territorial, pero también social, política y económica, y las consecuencias aún se hacen sentir a día de hoy. Esta separación impuesta sigue siendo una realidad, como evidencia la relevancia de la Línea Verde a la hora de limitar la libertad de circulación o la prohibición de reunificación familiar entre palestinos del 48 y del 67 (Shihade, 2012). En consonancia con el imaginario del proyecto sionista, los palestinos del 48 también son constantemente presentados como una “amenaza demográfica”, muy particularmente en vista de que se prevé que podrían representar un 30% de la población en menos de una década (Dayif, 2007: 48).

Una ciudadanía de segunda
en diferentes formas

Así, los palestinos del 48 se ven constreñidos por una ciudadanía de segunda en la “única democracia de Oriente Próximo”. Precisamente como consecuencia de la presión internacional tras el establecimiento del Estado de Israel, los líderes del movimiento sionista se vieron obligados a comprometerse a ceder una serie de derechos a los indígenas presentes en el territorio, una vez se hubieron asegurado la mayoría demográfica como consecuencia de la Nakba. Era también un hecho que este colectivo era más débil que nunca, tanto desde el punto de vista político como económico. La Ley de Ciudadanía de 1953 declaraba que solo los inscritos en el censo ejecutado el 1 de octubre de 1948 tendrían ciudadanía plena. En la fecha del censo aún no había finalizado la Nakba, y muchos palestinos se vieron después obligados a poner en marcha un proceso de demanda de ciudadanía en el que deberían demostrar su lealtad al Estado judío, y con ello una voluntad de ser domesticados.

La Ley de Ciudadanía presentaba otra característica central, como es la de la ubicuidad del retorno: en virtud de la Ley del Retorno, todos los miembros del pueblo judío, independientemente de su localización en 1948 y sin tener que demostrar requisito alguno más allá de su filiación, obtendrían la ciudadanía de forma automática. Un retorno que, como hemos visto y repasará el capítulo 5, es denegado a los refugiados palestinos. La legislación israelí también distingue entre ciudadanía y nacionalidad: solo los ciudadanos judíos son nacionales; el resto son meros ciudadanos que no tienen cabida en una nación imaginada y creada con carácter exclusivista.

Israel era —y es— presentado como una democracia liberal, también como una sociedad multicultural en la que las diferentes minorías son toleradas y libres de expresarse. Así, se ha puesto durante años énfasis en las cuestiones culturales y religiosas, y no en las políticas, con ánimo de dividir aún en mayor medida a los palestinos, obligándoles a replegarse en estructuras más limitadas, muy particularmente religiosas y tribales. Por ejemplo, sus documentos de identidad se refieren a su adscripción religiosa, en ningún momento nacional. Una consecuencia no esperada fue que los cristianos adoptaron un papel clave en la reestructuración del movimiento nacional palestino dentro de la Línea Verde, gracias a la percepción que el Estado tenía de ellos como menos peligrosos y a la cuasi completa desaparición de la estructura musulmana tras la Nakba.

Desde el sistema se imponía un cierto mensaje según el cual los palestinos tenían que estar agradecidos, a la luz de que no solo tenían derechos y vivían en un país que aspiraba a ser moderno y les ofrecía mejores condiciones materiales, sino también de que su situación era mucho mejor que la del resto de palestinos. Su estatus era de asimilación restringida: se les otorgan derechos y se les permite una cierta autonomía, pero esta está siempre condicionada a que sean “buenos árabes”. El “buen árabe” debía aceptar las reglas de juego establecidas de forma unilateral por un Estado de mayoría y supremacía judía. Un ejemplo fue cuando en 1985 la Knéset prohibió la participación electoral de cualquier partido político que “negara la existencia del Estado de Israel como el Estado del pueblo judío”. La confirmación —de nuevo, la transformación del de facto al de iure que ha caracterizado estos últimos años la realidad en la Palestina histórica— de este sistema de dos niveles se plasmó en la Ley del Estado-nación de 2018, que tras años de debate y preparación, declara con rango constitucional que Israel es un Estado de y para el pueblo judío, y deja claro tácitamente que el objetivo más importante no es ya alcanzar un acuerdo de paz, sino preservar Israel como tal, negando la historia y derechos relacionados con el territorio de todo individuo no judío.

Durante años e incluso décadas, muchos han puesto énfasis no solo en la igualdad formal de los palestinos del 48, sino también en la imagen de coexistencia pacífica entre judíos israelíes y ciudadanos palestinos de Israel. Se ponía como ejemplo el caso de las “ciudades mixtas” como Haifa o Acre, en donde los israelíes pueden comerse un shawarma, los palestinos ir al museo y sus hijos estudiar en las mismas universidades. Muchos judíos israelíes —y visitantes internacionales— lo creían a pies juntillas. Los débiles cimientos o el carácter ilusorio de la misma se hicieron evidentes en mayo de 2021, cuando estas urbes —y otras poblaciones— se convirtieron en escenario de ataques violentos profundamente racistas contra individuos e instituciones palestinos, mientras las fuerzas de seguridad se mantenían al margen. Más de 2.000 personas fueron arrestadas. El 90% eran palestinos. La violencia ejercida contra los palestinos lo es a manos de sus propios vecinos, pero también de grupúsculos de colonos que se desplazan desde el otro lado de la Línea Verde.

El sistema en el cual los palestinos del 48 son portadores de una ciudadanía de segunda en un Estado pretendidamente liberal es extremadamente sofisticado. Su discriminación no es formal, por supuesto, y se suelen citar las Leyes Básicas del país, que prohíben la discriminación por motivos de raza o religión, para apoyar este punto. Sin embargo, estas —como ocurre con la gran mayoría de textos constitucionales— arrojan una conceptualización de raza que no se ajusta a la racialización de la que son objeto los palestinos (Jabareen, 2018). La organización Adalah actualiza con regularidad una lista de normas —más de 65— en las que se plasma esta discriminación, material y simbólica.

Una de las formas en las que la eliminación del nativo se hace más evidente en el caso de los palestinos del 48 son los intentos de erosionar su identidad dentro de la categoría “árabes israelíes”, que niega su palestinidad y les separa del resto del pueblo palestino. En los primeros años, el Estado implementó una serie de medidas destinadas a su “israelización” en ámbitos como la educación o la esfera pública. La cultura era el único ámbito en el que se les permitía una cierta autonomía, aun así no exenta de censura (Kanafani, 1968). La erosión de su palestinidad va de la mano de la erosión de su historia y presencia, que durante siglos habían transformado el territorio. Israel impuso sus símbolos nacionales en todos los aspectos de la vida pública. Destruyó infraestructuras construidas por los palestinos —poblados en su totalidad, barrios en ciudades, espacios naturales—, renombró las calles y dotó de una nueva identidad a ciudades que habían sido profundamente palestinas como Haifa o Jaffa. A los palestinos se les prohibió, por ejemplo, conmemorar la Nakba, tanto en eventos públicos como en los planes de estudio.

La erosión de la palestinidad de este colectivo es consustancial, aunque resulte paradójico, a su racialización. Los discursos racistas —manifiestamente, o de manera más disimulada— han representado una constante a lo largo de las décadas. La creciente asertividad de los palestinos a la hora de organizarse políticamente impulsó el surgimiento de partidos políticos que abrazaban discursos abiertamente racistas, algunos de los cuales llamaban, incluso, a su expulsión unilateral. Son varios los que se han posicionado a favor de transferir ciudadanos palestinos de Israel a zonas bajo soberanía palestina, en particular de que el Triángulo sea transferido a un futuro Estado de Palestina a cambio de que Israel mantenga el control sobre sus colonias en Cisjordania, con el doble objetivo de mantener dichos asentamientos y conservar la mayoría judía en el Estado de Israel. Este es el argumento de la imprescindible novela de Sayed Kashua, Llega un nuevo día.

Ayelet Shaked, nombrada ministra de Interior en 2021, afirmó en referencia a los palestinos que “deben irse, así como las casas en las que criaron a las serpientes. Si no, serpientes más pequeñas serán criadas allí. Tienen que morir y sus casas deben ser demolidas para que no puedan producir más terroristas”. Otro ejemplo: Netanyahu advirtió a los votantes judíos israelíes durante las elecciones de 2015 que los votantes palestinos se dirigirían “en masa” a los colegios electorales.

Un ámbito en el que la discriminación de los palestinos del 48 se hace evidente es el de la planificación urbana. Aparte de las siete ciudades beduinas establecidas en el desierto de Naqab, no se han construido nuevas ciudades o pueblos palestinos desde 1948. El objetivo, como ocurre a lo largo y ancho de la Palestina histórica —con la excepción de Gaza— es la judaización de un número de tierras y localidades mediante la confiscación de tierras a los palestinos y la creación de nuevos asentamientos judíos. Así, se anima a que los palestinos se desplacen a poblaciones o barrios exclusivamente palestinos —incluso, de forma idónea, más allá de la Línea Verde— para asegurar el carácter exclusivamente judío del resto.

Dos regiones en particular han evidenciado tales esfuerzos: el Naqab, tal y como se señalará a continuación, y Galilea. Un ejemplo notable lo representó la creación del “Alto Nazaret” judío con vistas (al igual que las colonias en territorio ocupado, se privilegia la construcción en lo alto de colinas o montañas) al Nazaret palestino para avanzar hacia el “equilibrio demográfico” de la zona. En lo que se denomina “ciudades mixtas” —antes ciudades con aplastante mayoría palestina—, muchos palestinos han sido obligados a alquilar residencias en edificios que antes pertenecían a palestinos, en manos ahora de instituciones judías que no necesariamente las preservan; de hecho, cuando estas se vuelven inhabitables, las destruyen para construir edificios destinados a inmigrantes judíos. Un ejemplo destacado es el de Jisr al-Zarqa, la única población palestina que se mantuvo en la costa mediterránea, hoy estrangulada por un laberinto de carreteras y poblados exclusivamente israelíes (Garralda, 2017). En marzo de 2021, más de 20.000 palestinos con ciudadanía israelí tomaron las calles de Umm al-Fahm en protesta contra las condiciones de vida a las que les condena el Estado.

A la hora de pensar en discriminación espacial, es fundamental aludir al derecho del Estado de Israel a discriminar por ley contra los palestinos en la privatización de la tierra, en virtud de textos como la Ley del Fondo Nacional Judío de 2007. El Estado controla el 93% de las tierras, y estas son asignadas con arreglo a las decisiones que adopta una entidad administrativa en la que la mitad del voto corresponde al Fondo Nacional Judío, que a su vez tiene como mandato explícito desarrollar tierras para los judíos israelíes. La posible adquisición de propiedades privadas por parte de los palestinos representa una clara “amenaza demográfica” para el discurso sionista, y los municipios palestinos tienen jurisdicción sobre menos del 3% del territorio.

A este respecto, también es necesario mencionar los Comités de Vecinos, entidades creadas para velar por la estabilidad de las comunidades y suburbios correspondientes, y por tanto autorizadas para decidir quién puede —y quién no— residir en las mismas. Estas entidades han significado la expulsión de facto de palestinos de un 70% del territorio israelí. Otra manifestación no estridente de la condición colonial de los palestinos del 48 desde el punto de vista espacial lo representa la gentrificación de los barrios en los que residen en las llamadas “ciudades mixtas”, que también persigue el objetivo de expulsarles por medios indirectos. Un ejemplo destacado es el de Jaffa, aunque también ocurre en el área de Wadi Salib en Haifa.

Los palestinos del 48 también son sometidos a mecanismos de des-desarrollo y dependencia económica respecto de núcleos judeo-israelíes. Aunque en un primer momento se ponía énfasis en que el Estado israelí les ayudaba a modernizarse y a ser más prósperos, la mitad de ciudadanos por debajo de la línea de la pobreza en Israel son palestinos, mientras que el grupo representa el 20% de la población. Las oportunidades en el mercado de trabajo son menores para aquellos que no han pasado por el Ejército, como es el caso, muy particularmente, de los palestinos. En junio de 2006, Arcafé, una conocida cadena de cafeterías, declaró que solo emplearía a personas que hubieran servido en el Ejército. La controversia fue enorme: estas exigencias nunca son tan explícitas, sino que se prefieren rodeos como “en busca de jóvenes después del servicio militar”. Por si esto fuera poco, solo las personas que han servido en el Ejército son elegibles para beneficios estatales como préstamos, hipotecas y tasas universitarias reducidas. También existe un vínculo muy estrecho entre la industria y la seguridad, y muchos empleadores insisten en que los empleados potenciales deben haber pasado por el Ejército, lo que significa que secciones importantes (casi el 70%) de la industria son inaccesibles para los ciudadanos palestinos.

A la situación de des-desarrollo de los palestinos del 48 contribuye en enorme medida la limitada cantidad de fondos que el Estado invierte en las zonas mayoritariamente palestinas, que deriva en una provisión de servicios mucho menor. Esto es evidente en el sector educativo, en el que las escuelas también están segregadas (aunque no es el caso en la universidad). También a la presencia y acciones de las fuerzas de seguridad. La situación de inseguridad y criminalidad en estas zonas —que representan el 20% de la población de Israel, pero concentran el 60% del crimen— ha empeorado a lo largo de los años, con ejemplos destacados como el de la ciudad de Lydda, dejada a su suerte a manos de organizaciones criminales, traficantes e informantes. ¿Uno de los objetivos? Al igual que al otro lado de la Línea Verde, obligar a los palestinos a centrarse en cuestiones alejadas de la lucha por la liberación. Algunos palestinos se han visto empujados a mudarse a barrios y poblaciones judíos como única salida para acceder a mayores oportunidades y mejores condiciones materiales. La movilidad vertical existe, aunque limitada a algunos sectores como la medicina, gracias a la modernización y prosperidad del Estado de Israel, aunque esto no niega la discriminación estructural de la comunidad.

Parte de las restricciones no oficiales a los palestinos, de la violencia estructural a la que les condena su condición colonial, la representan el uso excesivo de la fuerza, represión y arrestos cuando se movilizan y denuncian su discriminación en las calles, y las autoridades consideran que las manifestaciones trascienden los límites de lo tolerable. 41 de ellos fueron asesinados entre 2000 y 2010. Uno de los episodios más traumáticos para la comunidad tuvo lugar en octubre de 2000, cuando salieron a la calle para mostrar solidaridad con sus compatriotas en el marco de la segunda intifada y 13 de ellos murieron como consecuencia de disparos de la policía. No hubo condena (Iraqi, 2015). A este acontecimiento sucedieron actos de violencia contra palestinos en Nazaret, Jaffa, Lydda, Akka y Haifa. Las principales carreteras en las proximidades de las aldeas palestinas en Galilea —e incluso la carretera de la costa— fueron cortadas durante días, en una situación que para muchos recordaba peligrosamente al contexto del Día de la Tierra de 1976.

El 29 de mayo de 2007, la Knéset israelí revalidó, como lo ha hecho anualmente en los últimos tiempos, el Reglamento de Emergencia que había sido impuesto por el Mandato británico en 1945 y adoptado nuevamente por Israel en 1948, aunque suspendido en 1996. De forma similar, el Reglamento nº 125 se convirtió en ley en 1949, y permite al Ejecutivo imponer un gobierno militar en cualquier territorio dentro del Estado; fue utilizado en mayo de 2021 a la luz de las resistencias que los palestinos del 48 organizaron en solidaridad con sus hermanos en Jerusalén. Varias ciudades fueron escenario del despliegue de miles de oficiales de policía, policía fronteriza, unidades especiales del Ejército y soldados en la reserva en el marco de una operación de nombre claro: “Operación Ley y Orden”. El Servicio de Seguridad General Shin Bet considera que parte de su función consiste en “frustrar la actividad de cualquier grupo o individuo que busque dañar el carácter judío y democrático del Estado de Israel, incluso si dicha actividad está sancionada por la ley”. Esto incluye perseguir a personas que “realizan actividades subversivas contra la identidad judía del Estado”, una definición en numerosas ocasiones aplicada a los ciudadanos palestinos de Israel.

A la hora de abordar la situación de los palestinos del 48, resulta también fundamental hacer referencia a los beduinos, aproximadamente el 12% de la minoría palestina total en Israel (Nasasra, 2017), indígenas que han vivido en el sur de la Palestina histórica —a ambos lados de la Línea Verde— durante siglos, principalmente en los alrededores de la ciudad de Beerseba, aunque también en el norte, muy particularmente en Galilea. En el caso del Naqab, tras la Nakba, 13.000 beduinos palestinos fueron confinados en una zona cerrada, separados tanto de judíos israelíes como de otros palestinos, mientras que muchos otros fueron desalojados de sus tierras y obligados a vivir como desplazados internos en zonas cercanas. A partir de finales de la década de 1960, casi la mitad de la población beduina ha sido trasladada por la fuerza a municipios planificados bajo la premisa de “modernizar” la comunidad, y todos aquellos que se negaron a reubicarse (aproximadamente la mitad) fueron clasificados como “ilegales y no reconocidos” y residen en aldeas “no reconocidas” a pesar de ser ciudadanos israelíes de pleno derecho.

Hoy en día, más de 270.000 beduinos viven en la región del Naqab, y en ambos casos se enfrentan a un contexto material extremadamente difícil marcado por la pobreza, la no provisión de servicios y los efectos de los mecanismos de judaización. Aunque constituyen el 25% de la población del norte del Naqab, ocupan menos del 2% de su territorio. La comunidad conservó su cultura tradicional tanto bajo dominio otomano como británico, y continúa haciéndolo tras el establecimiento del Estado de Israel, a pesar de los esfuerzos externos de intentar “modernizarlos”. Su situación fue objeto de atención internacional como consecuencia del controvertido Plan Prawer, que recibió una amplia cobertura mediática a lo largo de 2013: prevé la reubicación y traslado a municipios israelíes de miles de beduinos. En una muestra de solidaridad sin precedentes, los palestinos de Israel, Cisjordania, Gaza y la diáspora se unieron a los que marchaban, y consiguieron paralizar el programa. Como ocurre constantemente al otro lado de la Línea Verde, el poblado de Al-Araqib ha sido destruido y repoblado más de 185 veces.

Un colectivo heterogéneo
y un discurso político en evolución

Muy a pesar de la percepción que se tiene del mismo y al igual que ocurre con el pueblo palestino en su conjunto, el de los palestinos del 48 es un colectivo extremadamente diverso, también sometido a distintas formas de fragmentación. El contraste es considerable entre las denominadas “ciudades mixtas” (Haifa, Acre, Jaffa [hoy Tel Aviv-Jaffa], Lydda y Ramle) y las poblaciones rurales en el Triángulo, donde predominan los municipios controlados por palestinos rodeados por un mar de nuevos asentamientos israelí, replicando la matriz de control de Cisjordania. Esta dicotomía se ve en ocasiones difuminada como consecuencia del éxodo rural y otras acciones para aprovechar oportunidades, como demuestra el ejemplo particular de Haifa. Fenómenos como este han profundizado la división ente palestinos ya explicada, sobre todo en razón de la clase social o de las diferencias generacionales. Estas últimas, como veremos a continuación y en otros capítulos, son clave para entender las distintas formas y narrativas de resistencia.

Dentro del campo político del pueblo palestino, la de los palestinos del 48 ha sido una palestinidad debatida durante décadas. Se vieron desde un primer momento enormemente afectados por el boicot de los países árabes contra Israel, cimentado en su condición de ciudadanos del país, pero que al mismo tiempo buscaba contribuir a la fragmentación palestina (Nassar, 2017). En este marco, fueron en numerosas ocasiones acusados, por palestinos u otros ciudadanos árabes, de traidores por aceptar la legitimidad de Israel, ya que participaban de una forma u otra en el sistema25, o de privilegiados por enfrentarse a problemas menores que la ocupación. Aunque el contexto posterior a 1967 significaba el fin relativo del principio de separación, los reencuentros llevaron en ocasiones a la conciencia de que las diferencias eran muy pronunciadas.

Al igual que ocurría con los palestinos del 67, resulta esencial centrar nuestra atención en la agencia de los palestinos del 48 en un contexto marcado por su condición colonial como ciudadanos del país que los coloniza. Su existencia se ve determinada por una tensión continua entre resistencia e integración, entre patriotismo y demandas de derechos. Desde un primer momento, algunos optaron por la confrontación directa con el nuevo Estado judío como parte de la lucha por la liberación nacional, actividades que en la gran mayoría de ocasiones culminaron en prisión o exilio. Este fue el caso del poeta Mahmud Darwish, quien decidió abandonar la Palestina histórica para unirse a la lucha palestina desde el exterior. Un ejemplo destacado de resistencia confrontacional fue el de Al-Ard (“La Tierra”), movimiento de inspiración panárabe creado en la década de 1950, cuya legalización fue denegada por el Estado de Israel en 1964.

Otros optaron por respetar algunas de las reglas establecidas por el Estado de Israel para luchar desde dentro, algo que el controvertido Azmi Bishara (1993) definió como una decisión estratégica para transformar la realidad opresiva. La arena política de los palestinos del 48 ha evolucionado con el tiempo. Al haberles sido atribuida la ciudadanía, tenían derecho de sufragio pasivo, que en un primer momento canalizaron a través del Partido Laborista. La alternativa, tolerada como consecuencia de la influencia de la Unión Soviética en el panorama internacional, era el Partido Comunista (que a su vez fue objeto de cambios como consecuencia de divergencias judío-palestinas), uno de los pocos espacios binacionales en los que los palestinos sentían que tenían apoyo y un cierto margen de maniobra: era la única coyuntura no solo para luchar por mayores derechos, sino también para acceder a oportunidades profesionales, ejercer la libertad de expresión y beneficiarse de fondos para la producción cultural, con ejemplos destacados como el periódico Al-Ittihad fundado en 1944 por Emile Touma, Tawfiq Toubi, Fuad Nassar y Emile Habibi.

En 1970 y 1980, la “solución de dos Estados” no formaba parte de la narrativa local o internacional, los palestinos del 48 pertenecían de pleno derecho a la OLP, y se sentían representados por esta pese a los debates en torno a su pertenencia. Sin embargo, cualquier muestra de apoyo abierto a la OLP era reprimida, e incluso podía ser motivo de expulsión, como fue el caso de Sabri Jiryis. La década de 1970, una vez finalizado el gobierno militar y con toda la Palestina histórica sometida a control israelí, fue clave para esta evolución política. Surgieron nuevas organizaciones en la escena política por el derecho de retorno de los refugiados palestinos y a favor de boicotear las elecciones —como Abna’ al-Balad (“Hijos e Hijas de la Tierra”)—, un comité nacional para los estudiantes árabes, un comité de todos los jefes de consejos árabes y un nuevo frente de Nazaret que aspiraba a recuperar la ciudad de manos de los clanes que habían decidido aceptar el discurso sionista, como se consiguió con la victoria triunfal de Tawfiq Ziyad de 1975. Las tensiones aumentaban en el seno del establishment sionista. El punto de inflexión lo representó el Día de la Tierra: el 30 de marzo de 1976 fue organizada una huelga general para protestar por la incesante confiscación de tierras palestinas. Las fuerzas de seguridad israelíes mataron a seis ciudadanos palestinos, fecha que desde entonces la comunidad rememora como manifestación de la violencia estructural a la que les condena su condición colonial.

Algunos ciudadanos palestinos de Israel se organizaron en torno al Movimiento Islámico, recientemente revitalizado, y que ganó especial popularidad en las décadas de 1980 y 1990 (Barreñada, 2011). En un primer momento, tal y como se ha indicado en el caso de Hamás, el Estado de Israel favorecía este tipo de alternativas, con la esperanza de fragmentar a las comunidades palestinas, erosionar el nacionalismo laico y robustecer la imagen de una comunidad atrasada y tradicionalista. Dentro del Movimiento también se ha hecho sentir el debate que caracteriza a la condición colonial y resistencias de los palestinos del 48 como ciudadanos de una entidad supuestamente democrática. La rama norte, simbolizada por el jeque Raed Salah, rechazó participar en las instituciones y se declaró más militante, lo que llevó a su ilegalización. La rama sur es considerada más pragmática y propugna defender las demandas palestinas desde dentro del sistema a través del partido Ra’am, incluso aunque esto suponga apostar por el incrementalismo y ceder ante el sistema; también es más conocida por haber aceptado formar parte del gobierno de coalición israelí que consiguió expulsar a Benjamín Netanyahu.

Los palestinos del 48 crearon también sus propios partidos políticos, con un impulso particular tras los Acuerdos de Oslo; precisamente como consecuencia de estos textos, de los que los ciudadanos palestinos de Israel se vieron automáticamente excluidos: su estatus ni siquiera fue discutido, tampoco durante la redacción de la Ley Fundamental ni durante la redacción de la Constitución palestina iniciada en 2003. En 2012 se creó el Comité Palestino para la Interacción con la Sociedad Israelí, afiliado a Fatah y la OLP, que dejaba clara esta marginación. Una figura clave de esa época fue el ahora exiliado miembro de la Knéset Azmi Bishara, con el que el liderazgo político dentro de la comunidad palestina en Israel comenzó a articular un discurso diferente a principios de la década de los noventa. Esta narrativa enfatizó la conexión entre las dificultades a las que la comunidad se enfrentaba dentro de Israel y la ocupación a la que se enfrentaban sus compatriotas al otro lado de la Línea Verde.

Los palestinos ya no deberían limitarse a pedir derechos como una minoría, sino que como pueblo indígena deberían tener derechos y libertades plenos. Este cambio narrativo ha cambiado el panorama político dentro de Israel, poniendo en primer plano a miembros de la Knéset como Jamal Zahalka y Haneen Zoabi. Un acontecimiento muy destacado fue la creación en 2015, como respuesta al aumento del umbral electoral para intentar marginarles del panorama político, de una coalición, la Lista Conjunta compuesta por Balad/Tajamu, Hadash/Jabha, Ra’am y Ta’al. La coalición, pese a divergencias relacionadas con la ideología y aspectos programáticos, pero también de personalidades y ego, llegó a conseguir 15 escaños y convertirse en el tercer partido más grande en la Knéset, a pesar de los muchos intentos por parte del establishment de reprimir el movimiento. La coalición ha sido objeto de una considerable fragmentación, al igual que ha ocurrido con otro órgano de representación de los palestinos del 48, el Alto Comité de Seguimiento para los Ciudadanos Árabes de Israel. Ambos se enfrentan a críticas que reproducen aquellas dirigidas contra otros representantes del liderazgo palestino, muy particularmente en lo que respecta a las diferencias generacionales y a su disposición a formar parte del sistema y, con ello, ceder en ámbitos intocables.

Los Acuerdos de Oslo también llevaron a una mayor presencia y papel más activo de las ONG institucionalizadas que surgieron a fines de la década de los noventa y principios de los dosmil. Entre esas organizaciones figuraban Adalah (una organización de derechos humanos y centro jurídico), Mada al-Carmel (un centro de investigación árabe), el Centro Árabe de Planificación Alternativa y el Centro Mossawa (ambas organizaciones de la sociedad civil). Tanto entre estas organizaciones como en el seno de las mismas se distinguen distintas posturas sobre cuál debería ser la narrativa de los palestinos en Israel, pero todas ponen énfasis en la necesidad de arrojar luz sobre la situación de esta comunidad en vista a su discriminación estructural, pero también de una arena política israelí cada vez más abiertamente racista.

El caso es que Oslo despertó la esperanza de una plena integración de los palestinos —en lo que se denominó “un Estado para todos sus ciudadanos”— en un contexto de democracia liberal en paz con sus vecinos. Pero al mismo tiempo reavivó las preocupaciones sobre la “amenaza” que representa la presencia de ciudadanos palestinos para la futura identidad judía de Israel. Tras la segunda intifada y con la esperanza de dejar atrás su impacto en el tejido binacional israelí, el último intento lo representaron los Documentos Visión de 2006-200726: a través de su publicación, varios líderes y entidades palestinos pedían un diálogo nacional sobre la necesidad de transformar Israel en un “Estado democrático, bilingüe y multicultural”, la construcción de una democracia genuina en un Estado al que tildaban de etnocracia supremacista. Estos textos fueron recibidos en Israel como una declaración de guerra, y el debate arrojó aún más luz sobre la imposibilidad estructural de transformación del país. La confirmación definitiva a este respecto llegó con la ya citada Ley del Estado-nación judío, así como con la radicalización del discurso público antipalestino, tanto online como offline (Younis, 2017).

Resistencias cada vez más asertivas

De una forma u otra, la expansión y profundización colonial israelí han llevado a una clara resistencia y asertividad creciente por parte de los palestinos del 48. En esta evolución ha tenido un papel clave el componente generacional. La primera generación estaba enormemente marcada por al trauma de la Nakba y el gobierno militar, y la mayoría se concentraba en rehacer sus vidas con un mínimo de dignidad. Eran percibidos como dóciles cuando no optaban por la resistencia activa, pero la prolífica obra en el ámbito cultural demuestra que este no era el caso, con el ejemplo destacado de los periódicos y la poesía. Las acciones de resistencia confrontacional fueron en aumento a medida que tomaba conciencia y fuerza la siguiente generación que, al contrario de sus antecesores, no se veía constantemente condicionada por el recuerdo y la amenaza de la expulsión inminente. Lucharon por el fin de su discriminación estructural, pero poco a poco se hizo claro el abandono progresivo de la máxima “un Estado para todos sus ciudadanos”. La tercera generación se muestra, al igual que sus compatriotas al otro lado de la Línea Verde, mucho más asertiva frente a un proyecto colonial que nunca ha dado muestras de desmantelar la discriminación y violencia estructurales.

Una de las reivindicaciones hoy más persistentes es la de poner fin al tabú de la Nakba, tanto desde el punto de vista simbólico como material. En enero de 2012, la Corte Suprema se negó a pronunciarse sobre la constitucionalidad de un estatuto de la Knéset aprobado en marzo de 2011 que legislaba la retirada de fondos estatales a cualquier organización o institución que conmemorase la Nakba. Esta ley sirvió como respuesta al creciente número de marchas conmemorativas de refugiados internos y otros ciudadanos palestinos, en el Día de la Nakba, hacia las ruinas y localizaciones de aldeas destruidas (Iqrit, Kafr Bir’im, Ijzim, Sabbarin, Saffuriyya, Al-Birwa, Al-Damun, Al-Lajjun). La organización Zochrot tiene un papel muy destacado al respecto. Una de sus actividades consiste en organizar visitas alternativas de la ciudad de Haifa, una de las “ciudades mixtas” presentada con mayor énfasis como ejemplo de coexistencia, en la que las resistencias anticoloniales se hacen patentes por distintos medios: cultural, urbanístico, político, organizacional… ¡incluso en el entretenimiento! La creación cultural palestina se ha convertido en estos últimos años en un escenario destacado de la tensión a la que se ven sometidos los palestinos del 48: hartos de depender de los fondos oficiales —y condiciones— del Estado, son varios los artistas que han optado por creaciones 100% palestinas, y que reafirman este carácter tanto dentro como fuera de las fronteras de la Palestina histórica (MEMO, 2021).

La tensión entre diferentes formas de resistencia, cada vez más de actualidad, se ve reflejada en el eterno debate sobre si votar o no en las elecciones legislativas a la Knéset, en vista de que para algunos esta acción puede contribuir a mantener su visibilidad y a mejorar condiciones materiales, pero al mismo tiempo a legitimar el sistema27. Este último aspecto es todavía más evidente si tenemos en cuenta que se exige a los candidatos y partidos que expresen el pleno reconocimiento de Israel como un Estado judío y sionista. El debate se hizo más intenso en 2019, un año plagado de citas electorales. Tanto, que Tamer Nafar, líder del grupo de rap DAM, difundió un single en el que llamaba a los palestinos a las urnas para evitar que se vieran condenados al mismo destino que sus congéneres al otro lado de la Línea Verde o en la diáspora. En 2021, se hace referencia a la reciente disposición de un partido político palestino a formar parte del Gobierno con partidos sionistas para justificar el carácter democrático de Israel, sin mencionar en momento alguno el carácter estructural de la discriminación contra los palestinos. Un debate similar en torno a la posibilidad de resistencia dentro o fuera del sistema se plantea con respecto al recurso a los tribunales israelíes, muy particularmente para los jerosolimitanos amenazados de expulsión y desposesión definitiva.

Las otras dimensiones
del racismo estructural israelí

La llamada “Nakba judía” representa un ejemplo útil para entender la clasificación racial de la sociedad israelí (Shohat, 1998). La mitad de los judíos de Israel no provienen de Europa, sino del mundo árabe. Sus antecedentes tienen muy poco que ver, al menos de forma directa, con los kibbutzim o con la Shoa. Muy al contrario, comparten un rico pasado en el ámbito cultural y social con los otros integrantes del mundo árabe, también con los palestinos (Hayoun, 2019). Y precisamente esa “arabeidad” representaba una amenaza a la homogeneidad que tenía que representar un Estado-nación judío dominado por inmigrantes europeos capaces de trasladar la modernidad occidental. Estos inmigrantes necesitaban una mayoría demográfica y mano de obra con menos pretensiones, y encontraron la respuesta en los judíos de otros países árabes. Una prueba del maltrato al que fueron sometidos aún hoy ronda la memoria colectiva: en los primeros años tras el establecimiento del Estado, cientos de bebés de familias de inmigrantes judíos árabes, en su mayoría de origen yemení, fueron secuestrados y entregados en adopción de forma irregular a familias asquenazíes.

La israelí es una sociedad en la que lo árabe (lo palestino y lo judío) es, aún a día de hoy y pese a algunas iniciativas culturales, percibido con prejuicio y rechazo, como símbolo de lo primitivo. Esto a pesar de que muchos de ellos provenían de círculos cultos y cosmopolitas; un prejuicio que, tal vez, no resulta ajeno a la realidad, si tenemos en cuenta las condiciones en las que a día de hoy vive una mayoría de la comunidad. Los judíos árabes se vieron obligados —directa o indirectamente, consciente o inconscientemente— a desprenderse de sus orígenes para tener oportunidades en una sociedad jerarquizada a favor de los asquenazíes europeos. Muchos de ellos han creído encontrar su único lugar en el partido ultraortodoxo y ultranacionalista Shas, y participan en numerosos actos racistas contra la presencia palestina.

Es necesario hacer referencia asimismo a los drusos, que habitan principalmente los territorios bajo ocupación de los Altos del Golán. Estos no caen fácilmente en la adscripción de musulmanes o cristianos, y desde un primer momento el Estado de Israel se aprovechó de esta ambigüedad —de forma similar actuó hacia los palestinos cristianos— para intentar separarles del activismo político palestino. Los drusos son percibidos como el ejemplo de “buenos árabes”, en virtud de un pacto con sus élites en 1948 —parte de la estrategia israelí de discriminar entre minorías árabes ofreciendo prebendas solo a algunas— que hoy no entusiasma a toda la comunidad. Los drusos pasan por el Ejército28 y reciben una serie de beneficios económicos y sociales, pero aun así están sujetos a discriminación (Fernández, 2020).

Israel ha sido defendido durante décadas como una democracia ejemplar desde el punto de vista procedimental y de libertades, y esto era así para los judíos israelíes. Sin embargo, esto es incluso puesto en duda en la actualidad como consecuencia de las políticas de derecha de Benjamín Netanyahu. A este respecto, cabe preguntarse si Netanyahu, al igual que Donald Trump, no es la enfermedad sino un mero síntoma. Y es que la discriminación estructural en el país es principalmente contra los palestinos, pero de ella son víctimas los otros árabes, las mujeres, el colectivo LGBTIA+ —a pesar de la cacareada tolerancia israelí frente a los homosexuales— y los diferentes racializados, como es muy particularmente el caso de personas migrantes africanas, incluso cuando estos son judíos. El asesinato de George Floyd abrió un debate que pocos palestinos abordan: el doble racismo contra los denominados “afropalestinos” (Ashly, 2017). El Estado de Israel, por naturaleza, requiere el menor número de no judíos; otros pueden vivir en el país, pero con la condición de que no nieguen, desafíen, amenacen o incluso cuestionen su identidad étnica.

Capítulo 5

La diáspora palestina

“Al contemplar el nuevo paisaje de torres de vigilancia israelíes construidas apresuradamente, sentí que los años se condensaban en semanas, una pesadilla terrible sin fin. […] Éramos refugiados, todos. Los que habían huido se habían convertido de nuevo en refugiados, en otro depósito de chatarra/desguace humano que salpicaba la breve historia de Israel. Y los que nos habíamos quedado nos convertíamos en prisioneros en Jenin. Ahora nuestra espera era por la libertad”.

Susan Abulhawa, Amaneceres en Jenin (2011)

La sociedad internacional consideró la cuestión de Palestina tras 1948 un “problema de refugiados”, centrado en el estatus de los aproximadamente 750.000 palestinos expulsados durante la Nakba, pero también con posterioridad. Su derecho de retorno se convirtió en un pilar de la causa palestina durante décadas, los campos de refugiados en lugares privilegiados de resistencia. Los Acuerdos de Oslo y la aceptación por parte de la OLP de limitar la lucha a la creación de un Estado palestino fueron erosionando la centralidad del derecho de retorno, abierto a negociaciones y no ya derecho inalienable palestino. Sin embargo, a lo largo de estos últimos años, tanto los refugiados como la diáspora palestina en su conjunto (palestinos a lo largo y ancho del mundo sin condición de refugiados) han creado y amplificado iniciativas en pro de esa centralidad, pero también con el objetivo de que su voz sea tenida en cuenta como parte integral del movimiento de liberación palestino.

La ‘cuestión de los refugiados’,
del corazón de la lucha palestina
a un asunto dispensable

En 1948 y como consecuencia de la Nakba —aunque sin que esta nunca fuera abordada en serio— la “cuestión de los refugiados” palestinos venía en cierto modo a sustituir a la “cuestión judía” en el plano internacional. El establecimiento del Estado de Israel y el fin de la diáspora judía que representaba la posibilidad de que todos los miembros del pueblo judío pudieran “retornar” a un Estado judío marcaron la tragedia y comienzo del exilio de un importantísimo número de palestinos. El derecho de retorno se convirtió en el pilar de la causa palestina, reconocido como tal por la sociedad internacional: la Resolución 194 de la Asamblea General de la ONU aprobada en diciembre de 1948 reconocía un derecho al retorno universal, con arreglo al cual “los refugiados que deseen regresar a sus hogares y vivir en paz con sus vecinos deben poder hacerlo en la fecha más temprana posible”, y “la compensación debe ser pagada por la propiedad de quienes optaron por no regresar y por la pérdida o daño a la propiedad […] reparado por los gobiernos o las autoridades responsables”.

Este derecho de retorno se vio, sin embargo, desde un primer momento sujeto a excepciones, quizás en anticipación de lo que estaba por venir: los principales tratados sobre derechos de personas refugiadas y mandatos de agencias internacionales en ese ámbito incluyen cláusulas de exclusión referidas específicamente a los palestinos. Esta excepción arroja luz sobre una nueva paradoja sobre la cuestión de Palestina: el desarrollo de un sólido conjunto de normas y leyes internacionales en torno al trato de las personas refugiadas y solicitantes de asilo se vio impulsado en parte por la falta de protección a los refugiados judíos durante la Segunda Guerra Mundial, una cuestión íntimamente ligada al devenir de los palestinos. El derecho al retorno, la vivienda y los derechos de propiedad, y el principio de que se debe permitir a los refugiados elegir su propia solución, han sido sistemáticamente excluidos del marco de discusión sobre soluciones, así como cuestiones como la justicia restaurativa y retributiva o la verdad y la reconciliación. Un aspecto no desdeñable si tenemos en cuenta que aproximadamente una de cada tres personas refugiadas en el mundo es palestina.

El Estado de Israel dejó claro desde un primer momento que mantener la supremacía y mayoría demográfica exigía presentar a los refugiados palestinos recién expulsados como una amenaza demográfica. Cualquiera que intentara regresar al lugar donde había residido durante décadas tras 1948 era considerado un infiltrado ilegal, que sería expulsado, incluso fusilado. La presión internacional llevó a la reunificación familiar de 25.000 palestinos en 1949, mientras que meses después tuvo sin embargo lugar la expulsión definitiva de palestinos en Majdal (hoy Ashkelon).

Desde sus inicios en la década de los sesenta, muy particularmente una vez que Fatah se hizo con las riendas de la organización, la OLP —ellos mismos refugiados en su gran mayoría— centró sus esfuerzos principalmente en mantener viva la esperanza en los campos de refugiados en los que reclutaba voluntarios para la lucha de liberación y alimentaba su legitimidad y popularidad. El objetivo por aquel entonces consistía en liberar la Palestina histórica en su totalidad para convertirla en un “Estado democrático para musulmanes, cristianos y judíos”. Aunque la lucha continuaba y la causa palestina gozaba de una creciente popularidad en la época del auge del anticolonialismo, la OLP se vio enfrentada a un importante número de contratiempos (muy particularmente su expulsión de Jordania en 1971), a los que se sumaban las presiones internacionales para traducir la asimetría de poder en cesiones que consideraban inevitables: el Programa por Etapas de 1974 se marcaba como objetivo liberar una parte de la patria, en lo que poco después se convertiría en la aceptación expresa de la “solución de dos Estados” mediante la declaración de independencia de 1988. A la consolidación de esta última contribuyó muy particularmente otra expulsión del liderazgo de la OLP, en este caso del Líbano en 1982.

La instalación en Túnez resultó en una considerable parálisis de los palestinos en el exilio, que se vio confirmada con el estallido de la primera intifada en 1987. Lograr la condición de Estado, y no la liberación de todo el territorio del que los palestinos son indígenas, se convirtió en el principal objetivo nacional, con el fin de asegurar una base territorial autónoma donde los palestinos pudieran quedar libres de su vulnerabilidad a las presiones y amenazas externas, algo que la situación real contradice. El derecho de retorno siguió, sin embargo, representando un principio sacrosanto.

Con los Acuerdos de Oslo, el discurso oficial palestino comenzó a cambiar, y el liderazgo palestino aceptó dejar la cuestión de los refugiados en un segundo plano y que se convirtiera así en una “cuestión de estatus final”, esto es, negociada únicamente en última instancia junto con otras cuestiones centrales para la causa palestina. Poco a poco, y siempre entre bambalinas aunque descubierto algún tiempo después por los Palestine Papers hechos públicos por Al-Jazeera (JPS, 2011), el derecho de retorno sería considerado poco más que una moneda de cambio en el marco de las negociaciones con Israel. Esta cesión adicional legitimaba la narrativa de Israel, pero también era central para la postura de los donantes internacionales, que ansiaban identificar soluciones alternativas para resolver “la cuestión de los refugiados” que no contradijeran las demandas israelíes: repatriación para algunos, emigración para otros y compensación para los demás, con la colaboración de muchos de los países en los que se encuentran los campos.

A lo largo de las décadas, han sido numerosísimos los intentos de deslegitimar el derecho de retorno. Estos se sirven de argumentos racistas que consideran que los palestinos son todos beduinos y, por tanto, no tienen conexión particular alguna con el territorio de la Palestina histórica. Abogan, así, por el reasentamiento en otros países. Otros dudan incluso de que se les pueda considerar refugiados. A estos razonamientos se suman ataques contra la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), encargada de proporcionar servicios básicos como educación, atención médica y otros servicios sociales hasta que las partes alcancen una solución política a la “cuestión de los refugiados”.

Los intentos de erosionar la legitimidad de las demandas de los refugiados palestinos han representado una constante en varias arenas políticas. Fueron acogidos con particular entusiasmo por la Administración Trump. En agosto de 2018, EE UU recortó todos los fondos destinados a la UNRWA29: al defender la medida, Nikki Haley, entonces embajadora estadounidense ante la ONU, cuestionó el número de refugiados palestinos, y señaló que su país solo restablecería la ayuda cuando la entidad procediera a “un recuento preciso” de los refugiados palestinos. El 14 de enero de 2021, el secretario de Estado saliente, Mike Pompeo, proclamó en un tuit que “(menos de) 200.000 árabes desplazados en 1948 siguen vivos y la mayoría de los demás no son refugiados según ningún criterio racional”.

Refugiados dentro y fuera
de la Palestina histórica

El imaginario colectivo suele situar a los refugiados palestinos en países vecinos de Oriente Próximo (figura 5). No reconoce, así, el importante número de refugiados palestinos en la Palestina histórica, que debería incluir a los desplazados internos en el Estado de Israel. Las estimaciones (BADIL, 2015) indican que poco más del 50% de los palestinos viven fuera del territorio del antiguo Mandato británico. 4,88 millones (38,4%) viven en Cisjordania y la Franja de Gaza, y 1,53 millones (12,1%) viven al interior de la Línea Verde y tienen ciudadanía israelí. Los refugiados en la Palestina histórica se enfrentan a una posición extremadamente ambigua. Por una parte, los ciudadanos palestinos de Israel no verán nunca reconocido su derecho como desplazados internos. Por otra, la ANP tras su creación dejó a los refugiados esencialmente al cuidado de la UNWRA. Aunque son palestinos y residen en el que está destinado a ser el futuro Estado de Palestina, los refugiados en campos dentro de Cisjordania y Gaza no son elegibles para participar en las elecciones locales y los municipios en cuyas demarcaciones habitan no les brindan servicios básicos.

Figura 5

Concentración de refugiados registrados a finales de 2020

Fuente: UNRWA.

Casi el 50% de los palestinos viven, por tanto, fuera del territorio del antiguo Mandato. Entre ellos, 5,59 millones (44% del total) viven en países árabes —principalmente Jordania, Líbano y Siria, pero también en menor medida, y no registrados, en Egipto e Irak— y alrededor de 700.000 (5,5%) en el resto del mundo. La mayoría de los palestinos fuera de Palestina son refugiados exiliados en la Nakba. La Naksa de 1967 también llevó a la expulsión de 400.000 palestinos. Se han producido oleadas posteriores de desplazamiento forzoso, tanto desde Palestina como desde los países de acogida, lo que no hace sino arrojar luz sobre la vulnerabilidad de los refugiados palestinos fuera de Palestina, como dejó claro el ataque descarnado al campo de refugiados de Yarmouk en el marco de la guerra sobre Siria en 2015. Pero más allá de acontecimientos puntuales, la realidad de los refugiados palestinos es una de discriminación estructural, de reducidos o nulos derechos y oportunidades (incluso en Jordania, el único Estado árabe que otorga la ciudadanía a los palestinos).

Los campos de refugiados han pasado de ser centros neurálgicos de la causa palestina a “espacios condensados de marginalización, liminalidad e identidad” en los que la principal preocupación de los habitantes es la supervivencia, y el faccionalismo y lucha por el poder se han convertido en la norma (Qasmiyeh y Fiddian-Qasmiyeh, 2013; Achilli, 2019). La UNRWA está al cargo de proveer servicios en el ámbito de la salud y la educación, pero los refugiados se organizan a través de comités populares. Mientras que durante décadas estos contribuyeron a las resistencias populares —hoy no ha dejado de ser así—, son numerosas las ocasiones en las que los recursos y la energía se destinan a la lucha entre facciones. Aunque muchos palestinos todavía viven en campamentos de refugiados y barrios marginales, otros han tenido éxito económico, o ya partían de una situación económica relativamente cómoda. Los palestinos tienen ahora la tasa per cápita más alta de graduados universitarios del mundo árabe. Su experiencia en la diáspora ha contribuido a un alto nivel de politización de todos los sectores del pueblo palestino.

Refugiados palestinos, diáspora palestina

UNRWA, por su parte, listaba 5,6 millones de refugiados (1,4 millones en Gaza, 858.000 en Cisjordania, 2,2 millones en Jordania, 476.000 en Líbano y 562.000 en Siria) en diciembre de 2019. Esto deja claro el abismo entre las cifras oficiales que maneja la sociedad internacional y las cifras no oficiales de palestinos que se consideran parte integral del pueblo palestino y que, por lo tanto, también deberían tener acceso a derechos inalienables de la causa palestina. Es a este respecto que es fundamental abordar el concepto de diáspora palestina, a pesar de que este es extremadamente difícil de definir por las diferencias entre contextos —al fin y al cabo, otra dimensión de la diversidad característica del contexto palestino—. Así, es necesario tener en cuenta los refugiados ciudadanos en un Estado o gobierno, no registrados en la UNRWA, los que no figuran en el registro de la agencia ni de ningún Estado (como los denominados “palestinos sin identificación” del Líbano) y aquellos palestinos que cumplen los requisitos de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia o que, por una serie de razones, no pueden ofrecer documentación para justificar que se acogen a la definición de la UNRWA (es decir, que su lugar de residencia habitual fue el Mandato de Palestina durante el periodo comprendido entre junio de 1946 y el 15 de mayo de 1948 y que perdieron tanto la vivienda como sus medios de vida a consecuencia de la Nakba).

Pero también es necesario tomar en consideración los miembros de la diáspora integrados, por permitirlo las leyes en sus Estados de acogida, en sociedades del Norte y del Sur Global. Un ejemplo destacado es el de América Latina, donde importantes comunidades palestinas en Chile, Brasil, Honduras, Perú, Argentina y otras partes del continente fueron establecidas por inmigrantes que huían del servicio militar obligatorio —u otras realidades— bajo el Imperio otomano durante la Primera Guerra Mundial. Su número aumentó después de 1948, y hoy estas comunidades, que se encuentran entre las más ricas de la diáspora (con excepciones, claro está), cuentan con cuatro generaciones.

Un punto en común, más allá de su indudable palestinidad, la representa la fragmentación a la que les condena su condición colonial, tanto entre sí como con respecto a otros segmentos palestinos. Entran en juego muchísimos factores y experiencias diaspóricas, entre los que destacan las condiciones y políticas en el país de origen, pero también cuestiones de clase y relacionadas con los respectivos procesos de socialización. Es de destacar en este sentido el surgimiento de élites palestinas transnacionales y globalizadas, entre las cuales podía a su vez identificarse una serie de individuos vinculados por la necesidad de reconocimiento por parte de EE UU y otras élites económicas internacionales, que abrazaron en su mayoría la narrativa hegemónica sobre el “proceso de paz” y la “solución de dos Estados” (Hanieh, 2013).

¿Qué representación política y qué fines? Nuevas narrativas e iniciativas

El movimiento nacional palestino contrarrestó, al menos en parte, los efectos del exilio, la dispersión de los refugiados palestinos a lo largo y ancho del planeta, gracias a la creación de un marco político común a través del cual se expresaban los objetivos consensuados de la causa palestina. La OLP se convirtió en un Gobierno en el exilio, con un parlamento electo transnacional, el CNP, y un gabinete ejecutivo, el Comité Ejecutivo. Resultaba lógico que el liderazgo de la ANP, destinada a convertirse en la estructura institucional del futuro Estado palestino, estuviera compuesto principalmente por las élites de la OLP, que se reasentaría tras los Acuerdos de Oslo en Gaza para luego instalarse en Ramala como capital no oficial de ese cuasi-Estado. Sin embargo, esta decisión no tenía en cuenta la evolución de la arena política en los territorios del 67, muy particularmente durante la primera intifada, a lo largo de la cual el margen de maniobra de la OLP se demostró limitado, y otros actores surgieron para luchar por la causa palestina.

La élite retornada a la Palestina histórica emprendió una purga respecto de una porción importante del tejido creado a lo largo de años en los territorios del 67, sobre todo en lo que respectaba a individuos críticos con las cesiones que representaron los Acuerdos de Oslo. Eran los únicos destinados a gobernar, y su narrativa era la única admisible. Otro proceso iniciado con Oslo sería la degeneración progresiva de las instituciones de la OLP, como consecuencia —en todo, pero no en parte— de la concentración de la toma de decisiones políticas dentro del aparato de la ANP. Al mismo tiempo, la ANP no tenía —ni tiene— la capacidad o legitimidad para gobernar eficazmente a la diáspora. Un reciente estudio arroja luz sobre las diferentes formas en las que la OLP no solo había perdido legitimidad, sino incluso alienado a varios de sus miembros, entre la diáspora (Hassan et al., 2021).

En años recientes, una parte considerable de la diáspora palestina se limitaba a acciones de “hiperpolitización/apolitización”, en particular al apoyo público, y en ocasiones financiero, a la causa palestina canalizada. Este apoyo era canalizado a través de acciones y líderes que abrazaran el discurso hegemónico, limitados por “jaulas de hierro discursivas” como consecuencia de las prácticas de conmemoración hegemónicas (Hassouneh, 2015), en particular en ocasiones de escalada del conflicto. El apoyo, además, era prestado en gran parte a través de entidades dominadas por la OLP, cada vez más percibidas hoy como ineficientes y corruptas (Hassouneh, 2015). Existían acciones de activismo en países como EE UU, pero no eran prevalentes en un espacio discursivo limitado. A esto se habría sumado la aceptación de las prácticas del liderazgo oficial palestino por parte de algunos miembros de clase media y alta de la diáspora palestina, que se habrían convertido en parte de las élites que privilegian la preponderancia del sistema neoliberal frente a la posibilidad de alcanzar objetivos de liberación colectiva e individual (Khalidi, 2018: 385).

La Conferencia Palestina en el Extranjero, celebrada en Estambul en febrero de 2017, reunió a palestinos de la diáspora para debatir e identificar alternativas a ese contexto, lo que inevitablemente significaba cuestionar el modelo de Oslo y el funcionamiento actual de la OLP. El vacío político en la representación de la diáspora ha provocado un crecimiento progresivo de iniciativas emprendidas fuera de la Palestina histórica, caracterizado por una asertividad y ambiciones de resistencia crecientes. Estos palestinos se habrían visto apartados, en su gran mayoría, de la arena política de los países en los que residen, pero también de la arena política palestina. Se han visto asimismo obligados a mantener una “visión cristalizada de Palestina” como única estrategia de supervivencia a su disposición, desaparejada de posibilidades de resistencia activa (Doraï, 2002).

Los palestinos de la diáspora siguen constituyendo un importante contingente de activistas que sustentan los movimientos y campañas de solidaridad en todo el mundo. Este es el caso especialmente de los más jóvenes que, al igual que ocurre en otros campos políticos palestinos, han dado forma a una relación sui géneris con la causa palestina y tienen una visión distinta de las realidades globales y domésticas. Están muy involucrados en la organización de manifestaciones y eventos en reacción a los crímenes israelíes en los territorios del 67, pero también en la expresión de demandas políticas, particularmente en la necesidad de centrar de nuevo el discurso en torno al derecho al retorno y la liberación palestina en su conjunto. Muchos han tenido la ocasión de formarse con oportunidades de las que sus antecesores no gozaron, colaboran regularmente con medios de comunicación y utilizan las redes sociales para hacerse oír.

Esto último va de la mano con las conmemoraciones anuales (por ejemplo, el Día de la Nakba), la educación cultural y el trabajo social, que son cruciales para la construcción de la comunidad y el mantenimiento del legado palestino. Parecen no necesitar ya el factor unificador simbólico que en un momento proporcionó la OLP, y muchos rechazan no ser reconocidos como auténticos representantes de la causa palestina —de forma similar a los palestinos del 48—, lo que no impide que valoren su identidad híbrida y eminentemente global, que favorece lecturas posnacionalistas de la causa palestina. En 2011 se llegó a poner en marcha una campaña para la celebración de elecciones al CNP, con el objetivo de que este se convirtiera en institución nacional genuinamente representativa que reflejase las demandas y posiciones del pueblo palestino, y como parte fundamental de esta, un impulso para el registro de votantes en diferentes países a través de asociaciones, redes y activistas palestinos.

Un caso particular es el de EE UU, un escenario privilegiado a la luz del apoyo que los sucesivos Gobiernos del país prestan al Estado de Israel desde el punto de vista diplomático y económico. Tal y como se explicará en el próximo capítulo, el escenario político estadounidense ha sido testigo de una evolución del discurso en torno a Israel/Palestina estos últimos años. Aunque un punto de inflexión en este sentido lo representaran acontecimientos relativamente recientes como las guerras sobre Gaza o la adopción en 2017 por la Knéset israelí de la llamada “Ley del Estado-nación”, se considera que las bases fueron sentadas por otros movimientos pro justicia social y derechos fundamentales, en el seno de los cuales se han ido creando alianzas interseccionales (Essa, 2019). Un ámbito clave es el universitario, en el que a partir de los años ochenta, activistas palestinos y pro Palestina participaron en iniciativas contra el apartheid en Sudáfrica, o contra el papel estadounidense en la primera guerra del Golfo, entre otras, poniendo énfasis en el vínculo entre las posturas del Gobierno de Washington en aquellos contextos y su apoyo incondicional al Estado de Israel. En EE UU nació el Palestinian Youth Movement, que incluye a palestinos a lo largo y ancho del planeta (por una vez, también los palestinos de 1948 y los de la diáspora más amplia) y se niega abiertamente a seguir los diktats fijados por el liderazgo oficial palestino. Este activismo renovado se caracteriza, sin embargo, por el aumento de la participación política en los países del Norte Global, pero también por una cierta marginación de las voces de los refugiados palestinos en Oriente Próximo.

Capítulo 6

El impacto de la sociedad internacional

“Today, my body was a TV’d massacre. / And let me just tell you, there’s nothing your UN resolutions have ever done about this. / And no sound-bite, no sound-bite I come up with, no matter how good my English gets, no sound-bite, no sound-bite, no sound-bite, no sound-bite will bring them back to life. No sound-bite will fix this. / We teach life, sir. / We teach life, sir. / We Palestinians wake up every morning to teach the rest of the world life, sir”30.

Rafeef Ziadah, “We Teach Life, Sir” (2011)

Cuando la primera intifada abrió en 1987 los ojos a parte del planeta sobre un fragmento de la realidad palestina, la sociedad internacional decidió tomar cartas en el asunto. Para poner fin a lo que exclusivamente se quiso presentar como un “conflicto”, se puso en marcha en los años noventa un “proceso de paz”, en el que los Acuerdos de Oslo se erigieron como punto de inflexión. Tras sucesivas tandas de negociaciones entre las partes con el aliento de varios actores internacionales, no se ha logrado que el “conflicto” sea resuelto, y parece más lejos que nunca de hacerlo… Resulta familiar, ¿verdad? La mayoría de volúmenes y comentarios sobre la situación en la Palestina histórica dedican una sección a detallar los antecedentes y diferentes pasos del “proceso de paz”. Nos hablan de fechas, cumbres, entresijos de las negociaciones, incidentes diplomáticos… Intentan ayudarnos a entender qué salió mal, qué vertiente podría haber sido diferente para que palestinos e israelíes pudieran acercarse a la paz. No se plantean, sin embargo, la posibilidad de que exista, como se ha explicado, un problema de origen con el propio marco en el que se inscribe el “proceso de paz”. Tampoco suelen cuestionar el papel que la sociedad internacional ha tenido a este respecto.

La sociedad internacional
y la cuestión de Palestina

Podría decirse que el punto de partida de la narrativa hegemónica lo representó principalmente la partición recomendada por la ONU en la Resolución 181 (II), de 29 de noviembre de 1947, de la Asamblea General. En este texto, y al igual que ocurrió con la Promesa de Balfour de 1917, se decidía el futuro de una serie de territorios sin contar con la opinión de sus habitantes indígenas. Lo que es más, el texto asignaba el 51% del territorio —el más prospero y prometedor— a un tercio de sus habitantes. En relación íntima con el carácter central del Estado-nación para el Norte Global, y la creencia de que la estabilidad política se basaba en la homogeneidad racial, el único arreglo permitido llevaba a la creación de Estados-nación contiguos.

El auge de la desposesión palestina representado por la Nakba se produjo antes de que la sociedad internacional hubiera apoyado y codificado el derecho a la autodeterminación de los pueblos colonizados. Para cuando ese cambio tuvo lugar a mediados de la década de 1960, la fragmentación del pueblo palestino a lo largo y ancho del planeta impedía en enorme medida que la implementación de este ejercicio siguiera ejemplos como el argelino, ya que el concepto de autodeterminación únicamente se refería a mayorías raciales dentro de un territorio delimitado, y les obligaba a aspirar como máximo a la herencia de la porción de la Palestina histórica atribuida por el plan de partición y achicada por las guerras y otros mecanismos de expansión colonial.

Aunque a partir de la década de 1950 el principio de partición empezó a dominar el imaginario político internacional, no fue hasta la década de 1980 —y por aquel entonces, solo en el marco de la entonces Comunidad Económica Europea31— que empezó a hablarse de una posible “solución de dos Estados”. Esta hunde sus raíces en el modelo europeo de Estado-nación y supondría un retorno a las fronteras anteriores a 1967 (de acuerdo con las resoluciones de la ONU sobre la materia, muy particularmente la Resolución 242 adoptada en 1967 por el Consejo de Seguridad; tras un intercambio territorial mínimo previo acuerdo bajo el principio “paz por territorios”) y la creación de un Estado palestino en Cisjordania y Gaza con Jerusalén Este como capital, territorios conectados por un pasaje que atravesaría el territorio israelí.

Podría decirse que la “solución de dos Estados”, y todo lo que rodea a esta, se ha convertido en un pensamiento circular que ha adquirido vida propia en resoluciones y declaraciones, sin necesariamente ir de la mano de un contenido específico o, más aún, de una manera de hacer realizable esta fórmula más allá del voluntarismo de gran parte de sus partidarios. Israel nunca ocultó —o detuvo— su proyecto colonial. Todos los procesos que detalla este libro, que han cambiado la realidad de la Palestina histórica y, sobre todo, el pasado, presente y futuro del pueblo palestino, son revelados con regularidad por medios de comunicación, organizaciones sobre el terreno, informes y comunicados oficiales… Sin embargo, la postura de la sociedad internacional no solo no ha querido plantearse alternativas, sino que se aferra —podría decirse que desesperadamente— a su versión de la realidad y su postura normativa. Una gran cantidad de académicos, analistas y expertos de todo tipo siguen su ejemplo.

La narrativa hegemónica en torno al “conflicto” palestino-israelí habría encontrado a lo largo de los años un importante grado de aceptación en el campo político internacional, en el seno del que consecuentemente se ha instalado también el convencimiento de que únicamente existe una vía para poner fin al “conflicto”. En vista de que esta no funciona, reina una dosis de hastío y resignación no sustituida por la búsqueda de alternativas, o motivos para entender el statu quo. Inmediatamente se consiguió neutralizar mediante la demonización y el desdeño cualquier oposición a este marco, el único “deseable” y “viable” para la paz, y aún es así en una mayoría de contextos a día de hoy.

La diferencia con la Sudáfrica del apartheid es, en términos de impunidad, abismal. El Estado de Israel ha sido condenado en numerosas resoluciones de la ONU. El Tribunal Internacional de Justicia también dejó clara esta necesidad de poner fin a la impunidad, en una opinión consultiva de 2004 en la que sostuvo que el Muro que se construía por aquel entonces era ilegal y debía ser desmantelado. Sin embargo, desde el Norte Global no se hace ningún intento serio para obligar a Israel a cumplir con sus obligaciones internacionales. En el caso de Sudáfrica, la Asamblea General de la ONU pidió sanciones económicas generalizadas contra el país, el Consejo de Seguridad impuso un embargo de armas y se hizo todo lo posible para obligar a que Pretoria cumpliera con una opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia que condenó el apartheid en Namibia. Estados, sociedad civil y compañías impusieron diversas formas de sanciones con el fin de presionar para el desmantelamiento del régimen de segregación racial.

¿Cómo podemos tratar de entender la postura de la sociedad internacional? La narrativa hegemónica expone el caso de Israel/Palestina desde el excepcionalismo, y rechaza integrar la situación en la Palestina histórica en un contexto histórico global. En todo momento no solo se niega, sino que se ignora, la naturaleza colonial del “conflicto”: el proyecto colonial representado por el Estado de Israel se vio desde un primer momento —y aún lo hace— no solo legitimado, sino apoyado, defendido y amparado por el Norte Global, y por ello entremezclado con una serie de dinámicas estructuralmente presentes entre Norte y Sur Global: neoliberalismo, imperialismo, jerarquización racial, apropiación de la producción de conocimiento, etc.

El caso es que el Estado de Israel ha sido desde su establecimiento percibido como una suerte de colonia europea en Oriente Próximo: un país occidental, y por tanto civilizado y aliado con la modernidad y la Ilustración, rodeado de países árabes siempre dispuestos a recurrir a la violencia, muchas veces de forma irracional, como la gran mayoría de racializados en el Sur Global. Antes de convertirse en primer ministro, Winston Churchill no pudo evitar plasmar esta lógica al explicar su apoyo al proyecto colonial judío en Palestina en términos explícitamente racistas. Al comparar la colonización con lo que les había sucedido a los pueblos indígenas en América del Norte y Australia, habló de cómo “una raza más fuerte, una raza de grado superior o, en todo caso, una raza más mundana, para decirlo de esa manera, ha entrado y tomado su lugar”.

Previamente a 1948, la estrategia del movimiento sionista era clara y abiertamente colonial, solo que el colonialismo no era todavía el tabú en el que se convirtió después, aunque los líderes del movimiento eran perfectamente conscientes de que el contexto estaba cambiando y deberían equilibrar sus acciones violentas con guiños a los principios occidentales. Lograron el beneplácito de las potencias coloniales, muy particularmente de Reino Unido32. Poco a poco, la “cuestión judía” también determinó la postura de los países del Norte Global, que representaban la mayoría en la Asamblea General de la ONU cuando la organización internacional fue creada, en el momento en el que decidieron el futuro de la Palestina histórica en 1948: la Shoah terminó de persuadirles de que un refugio para los judíos perseguidos era imperativo, siempre y cuando no fuera en sus territorios. Desafiar este concepto se convirtió en un tabú para estas capitales. La campaña para equiparar la crítica antiisraelí con el antisemitismo ha agravado estos prejuicios, y ha llevado a que no pocos Estados y organizaciones internacionales adopten una definición del antisemitismo que incluso algunos de sus creadores consideran poco objetiva, e incluso peligrosa (Cortellessa, 2020).

No hay que olvidar asimismo que, tras la Segunda Guerra Mundial, varios países europeos seguían enfrentándose —y aún lo hacen— a causas anticoloniales, lo que seguramente impedía que varios de sus oficiales percibieran la lucha palestina con empatía alguna. Destacan en este sentido los paralelismos que autoridades francesas trazaron abiertamente entre la situación en la Palestina histórica y la colonización de Argelia.

El establecimiento del Estado de Israel en 1948, pero también los acontecimientos relacionados con este, adquirieron legitimidad a posteriori y hoy parecen incontestables. Se sentaron las bases de la narrativa actual. El mensaje global para el Estado de Israel fue que podría pasar a formar parte del mundo democrático a pesar de sus acciones. Esta impunidad parecía dejar claro que no solo la homogeneidad, sino la supremacía étnica, representaban un principio justificable. Imposible no traer de nuevo a colación los paralelismos con EE UU, Canadá o Australia, construidos sobre la limpieza étnica y la expansión colonial que aún hoy denuncian sus Primeras Naciones, pero aceptadas como democracias plenas —y ejemplares— del Norte Global. La ONU dio la bienvenida a Israel como Estado miembro en mayo de 1949, reconociéndolo como un “Estado amante de la paz”. Sus ciudadanos palestinos serían presentados como una mera minoría nacional en una democracia liberal asimilable a otros sistemas occidentales, incluso cuando estaban sometidos a un régimen militar.

No fue hasta que los países del Sur Global accedieron a la descolonización —siempre condicionada— durante las décadas de 1950 y 1960, y la composición de la ONU cambió, que la Asamblea General se convirtió en un foro visible para la articulación de posiciones antiimperialistas y antirracistas, incluida la defensa de los palestinos. En 1975, año en el que fue aprobada la Convención para la Supresión y Castigo del Crimen de Apartheid, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 3379, según la cual “el sionismo es una forma de racismo y discriminación racial”.

Todo cambió con el fin de la Guerra Fría, y la presión de Israel y EE UU por dejar atrás esa época llevó a que la Resolución fuera anulada. El Norte Global dominaba de forma indiscutible la sociedad internacional, y brindó apoyo incondicional a Israel una vez que el país mostrara su buena voluntad en el marco de la esperanza que los países occidentales depositaron en el modelo de Oslo. Se otorgó al país una especie de patente de corso, siempre y cuando se mantuviera una mínima semblanza de paz, incluso aunque se tratara de una paz ilusoria construida sobre esperanzas de negociaciones futuras. El contexto internacional poco a poco se despojaba, por asimetría de poder o por hastío, de la centralidad de la causa palestina. A día de hoy, se sigue presentando una realidad de apartheid como una amenaza si ambas partes no hacen nada por evitarlo, sin reconocer que esta realidad lleva presente décadas.

El marco de Oslo y la paz necesaria

Los Acuerdos de Oslo fueron adoptados en secreto, de espaldas a los que se reclamaban mediadores neutrales y a los pueblos cuyo futuro se decidía. Los propios negociadores palestinos no disponían de mapas detallados para negociar el futuro del territorio del que eran nativos (Said, 2000). Al contrario de lo que se suele pensar, no hacían mención a un futuro Estado palestino, sino que hacían hincapié en que el objetivo final del proceso de Oslo era alcanzar “un arreglo permanente basado en las Resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad”, que exigían únicamente que Israel se retirara de los territorios ocupados en la guerra de 1967. Los Acuerdos de Oslo representaron no solo la confirmación, sino la imposición definitiva de la narrativa hegemónica, la justificación de la asimetría estructural.

El “proceso de paz” contribuyó a reconfigurar la imagen de Israel de ocupante a pacificador y a reconstituir su legitimidad internacional en un momento en que las imágenes de su recurso a la fuerza durante la primera intifada habían contribuido a dañar enormemente su reputación. El edificio permitiría al Estado de Israel distraer la atención de la sociedad internacional, e incluso de parte de sus ciudadanos, y consolidar en el imaginario local e internacional el marco de resolución de conflictos en el que la OLP, cooptada por la ANP, sería al mismo tiempo el único portavoz fiable y el principal culpable de que las negociaciones no salieran adelante. Los Acuerdos también ayudaron a resucitar la legitimidad de la OLP tras el apoyo de Yasir Arafat a la invasión iraquí de Kuwait, que provocó una reacción violenta de los Estados del Golfo y occidentales: se presentaría como un grupo de antiguos luchadores dispuestos a convertirse en “socios para la paz”, que no solo se ganarían el favor internacional, sino que también se asegurarían el dominio sobre los rivales políticos en los territorios del 67.

Un ejemplo destacado fue la tan comentada Cumbre de Camp David (del 11 al 25 de julio de 2000). El primer ministro Ehud Barak insistió en negociar directamente las “cuestiones de estatus final” sin que Israel procediera con la retirada de efectivos acordada con anterioridad. La ANP controlaba únicamente por completo el 18% del territorio de Cisjordania y Gaza (Área A) (figura 6), y de forma conjunta otro 24% (Área B). La visión de Barak hacía aún más evidente si cabe el desequilibrio de poder de Oslo: mientras que las conversaciones sobre el estatus final dependían de la retirada de casi todos los territorios ocupados, este hizo depender la retirada de que el liderazgo palestino concediera concesiones sobre, precisamente, esas “cuestiones de estatus final” que representan no solo derechos inalienables para la causa, sino en ocasiones condiciones mínimas para la viabilidad de un futuro Estado. La narrativa hegemónica se refiere sin embargo a una ocasión perdida —otra más, muchos dirán— para los palestinos frente a una generosa oferta israelí. Esta acusación de la negativa palestina se ha convertido en una constante: desde el plan de partición de 1947 hasta la propuesta de la Corte Suprema israelí de que los palestinos de Sheikh Jarrah llegaran a un acuerdo con —y reconocieran la legítima propiedad de— los colonos que quieren expulsarles de sus hogares.

Edward Said definió el marco de Oslo como el “Versalles palestino”, marcado no solo por las exigencias de cesiones continuas —y en su gran mayoría unilaterales— a los palestinos, sino también basado en tres supuestos que se han demostrado equivocados. Uno era que Israel eventualmente otorgaría a los palestinos un Estado, ya que le interesaba hacerlo. Otro que EE UU actuaría como un “mediador honesto”. La tercera, y quizás menos comentada en los círculos habituales, era que los palestinos debían abandonar su resistencia para centrarse en la construcción de su Estado, para lo cual serían clave tanto la creación de instituciones como la adopción del paradigma neoliberal, un modelo de state-building cuya utilidad sigue siendo objeto de debate para otros contextos, y que —como hemos visto— ha tenido unas consecuencias devastadoras en la composición del pueblo palestino.

Se habla hoy de una “industria de la paz”, en referencia a todas aquellas organizaciones e individuos que habrían construido un enorme negocio en torno a la idea de la resolución del “conflicto” sin apenas prestar atención a los orígenes y realidades del mismo. A partir de 2001, la sociedad internacional exigió o estableció al menos ocho procesos de negociación entre palestinos e israelíes, ninguno de los cuales produjo cambios tangibles, más allá de un empeoramiento evidente del contexto para los palestinos, tanto desde el punto de vista material como simbólico, en términos de fragmentación de la arena política y de criminalización de varias resistencias. La estrategia principal parece todavía volcada en forzar que los palestinos reanuden las negociaciones de paz con Israel en el marco de una conferencia de paz internacional, ajenos a la realidad sobre el terreno.

Uno de los efectos de los Acuerdos de Oslo fue que la ocupación pasó de representar una violación de derecho internacional a ser presentada como una simple disputa sobre fronteras. En mayo de 2021, Israel alegó que la violencia en torno a las expulsiones de Sheikh Jarrah no tenía razón de ser, ya que se trataba únicamente de una “disputa inmobiliaria”. Se dejó de lado el derecho internacional y, a pesar del aumento en intensidad y carácter público de la colonización israelí, se mantuvo la creencia —en muchos casos esperanza— de que la ocupación podría ser desmantelada —aunque no fuera por completo, gracias a la posibilidad de intercambio de territorios—. El presidente estadounidense George Bush Jr. acordó en abril de 2004 que no era realista pedir una retirada israelí a las líneas del armisticio de 1949, a la luz de que las colonias se habían convertido en ciudades densamente pobladas. Aunque hoy se vuelve a hablar de ocupación, esta es presentada únicamente como un impedimento para la paz, y en el caso de Gaza, ni siquiera se habla de ocupación sino de dos actores en guerra.

Un prisma a través del cual entender la complicidad entre la colonización israelí y la postura del Norte Global es el del paradigma de securitización, la construcción de amenazas a la seguridad de nuestras sociedades por distintos medios y prácticas, como ocurre muy particularmente con el caso de las personas migrantes, pero también de personas racializadas. El Estado de Israel sostiene desde su establecimiento, y a pesar de los medios militares y materiales con los que se ha dotado, que es un país que lucha por su propia supervivencia. Las acciones de resistencia anticolonial de la OLP alimentaban esta narrativa, al igual que ocurrió con el clima que surgió tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la segunda intifada que ya había estallado. La tregua de 2005 entre Ariel Sharon y Mahmoud Abbas conllevó la promesa palestina de poner fin a la violencia por todos los medios. Esto nunca fue suficiente para Israel, que constantemente citaba la seguridad para justificar sus acciones, y sobre todo continuaba con la construcción del Muro. Tampoco parecía bastar, en realidad, para la sociedad internacional, para la cual la narrativa hegemónica del conflicto necesita de la violencia palestina para conservar un mínimo de credibilidad.

La ANP se vio obligada a interiorizar el discurso colonial del “buen indígena”, en este caso del “buen árabe”, aunque esto significara convertirse en colaborador necesario de la externalización de la ocupación. No obstante, en todo momento iban a ser otros los que decidirían si era considerada o no un “socio por la paz”, y además actuarían en consecuencia. La mera utilización de este término normalizaría los intentos de los donantes internacionales, y de Israel, de controlar los movimientos del liderazgo palestino, dictadas a partir de aquel momento por sus exigencias en el marco del “proceso de paz” y no por la lucha contra acciones, como hemos visto, contrarias al derecho internacional (Turner, 2011).

Cualquier iniciativa que cuestionara no solo el buen funcionamiento, sino la propia esencia, del “proceso de paz” sería considerada como un ataque de mala fe contra la paz. Su represión se vería, por tanto, justificada, incluso aunque conllevara violencia de distintas formas: a manos de las fuerzas de seguridad israelíes o de su Gobierno mediante la suspensión de transferencias de ingresos, de la represión de la ANP (por medio de fuerzas de seguridad entrenadas y financiadas por EE UU y la UE), o de la condicionalidad negativa de la ayuda. Se les condenó así a una soberanía limitada ad infinitum, que muchos comparan con meras competencias municipales: una soberanía siempre condicionada y negociada con Israel y sus donantes.

El paradigma de la securitización es enarbolado, en este caso, por un Estado con uno de los ejércitos más poderosos del mundo y una sociedad profundamente militarizada. La Palestina histórica se ha convertido en un laboratorio para pruebas de material bélico o utilizado para otros tipos de acciones violentas entre Estados o contra sociedades, como ocurre en el ámbito tecnológico y de vigilancia, tal y como han demostrado las revelaciones de que se ha utilizado el software Pegasus de la firma israelí NSO Group, fruto del sector de tecnología avanzada del Ejército israelí, muy particularmente de la Unidad 8200 especializada en cibervigilancia, para repetidas violaciones de derechos humanos y abusos de poder en todo el mundo. No hay mejor garantía para un producto digno de exportación que la etiqueta “probado en combate”, y son numerosos los países —incluida España— cuyos sectores públicos y privados participan en la compraventa de este tipo de instrumental o expertise. El tan laudado start up country hace depender su economía en gran parte de este ámbito.

La securitización de la causa palestina contribuye enormemente a una visión eminentemente despolitizada que prefiere la sociedad internacional. A esta forma de despolitización se añade la humanitarización del contexto en la Palestina histórica. Así, los palestinos son considerados una sociedad empobrecida que lucha por su supervivencia: se hace necesario aliviar su situación, no identificar y abordar los orígenes políticos de la misma. La ayuda humanitaria dirigida principalmente a la Franja de Gaza, pero también a Cisjordania, y repartida entre los refugiados, no reconoce que su realidad es consecuencia del des-desarrollo al que se ha visto sometido el pueblo palestino, ni se plantea ayudarles a reconstruir los cimientos para una economía sostenible independiente de la colonización impuesta por Israel. Es más, la ayuda se utiliza también como forma de castigo, un comportamiento particularmente dañino si tenemos en cuenta la alta dependencia del presupuesto de la ANP respecto de donantes externos (Abu Sneineh y Benoist, 2019).

La despolitización puede hacerse sentir asimismo en la oenegización ya mencionada de la sociedad civil palestina. Una forma sui géneris de despolitización la representa la propia narrativa de la sociedad internacional, que elige destacar —y ocuparse de— únicamente algunas dimensiones del contexto en la Palestina histórica, silenciando, y condenando al olvido o la irrelevancia, muchas otras. La sociedad internacional fortalece así la fragmentación palestina, muy particularmente entre Cisjordania y la Franja de Gaza, ofreciendo privilegios condicionados —desde el punto de vista económico, político e incluso diplomático— a un liderazgo y criminalizando al otro (Kurd, 2020: 14). También aceptando como un hecho la fragmentación impuesta por Israel, y considerando por separado el presente y futuro de los distintos campos políticos palestinos, muy particularmente en lo que respecta a los palestinos del 48, tenidos como una mera minoría parte de la sociedad israelí.

Figura 6

Mapa de la Cisjordania resultante de Oslo II (1995)

Fuente: Jorge Ramos (2020): Una historia contemporánea de Palestina-Israel, Madrid, Los Libros de la Catarata.

Algunos actores internacionales destacados

Al hablar del papel de la sociedad internacional en la Palestina histórica, es obligada una mención a EE UU. En este caso, suele considerarse que el apoyo a Israel es consecuencia del llamado “lobby judío” (Mearsheimer y Walt, 2007) y de motivaciones geopolíticas en forma de alianza estratégica. Sin embargo, es importante tener también en cuenta componentes relacionados con la jerarquía Norte-Sur global: el apoyo de EE UU también bebería de la propia naturaleza del país como proyecto colonial de asentamiento, y de su correlativa estrategia imperialista en materia de política exterior. La narrativa estadounidense en la arena política doméstica e internacional —y, hasta cierto punto, la narrativa occidental en su conjunto— presenta así a Israel como una entidad que representa los valores occidentales que sería necesario defender frente a los discursos y acciones “barbáricos” del resto de Estados y actores —entre ellos, los miembros del pueblo palestino— de Oriente Próximo. La traducción al inglés de colono, settler, tiene de hecho en el país una connotación tremendamente positiva.

Aunque ninguna administración estadounidense ha mantenido una postura genuinamente neutra frente a Israel/Palestina (Weir, 2015), la Administración Trump llevó esta parcialidad hasta el límite. Paradójicamente, fue la primera en arrojar luz sobre la porosa frontera entre el de facto y el de iure, en cuestionar, no solo en la práctica sino también desde el punto de vista discursivo, los fundamentos de la “solución de dos Estados”, esencialmente el papel y la viabilidad de la propia ANP. El ya famoso “Acuerdo del Siglo” se convirtió en un ejemplo de la linealidad que ha ido siguiendo el proceso de paz, exigiendo cada vez más cesiones a los palestinos, a cambio de fondos y promesas de prosperidad. Donald Trump y su equipo también lograron, no intencionalmente, que se arrojara luz sobre los claroscuros de la postura de Washington. También ha cambiado la propia narrativa que Tel Aviv desea trasladar a la sociedad americana: de un David que se enfrenta al Goliat de amenazas existenciales a un Israel bíblico y místico, y ciertamente todopoderoso y blanco que en poco o nada atrae a ciudadanos que empatizan con el movimiento Black Lives Matter e intentan mantenerse alejados de los fanáticos evangelistas.

Una encuesta del Pew Research Center de 2018 revelaba que las generaciones más jóvenes no estaban tan dispuestas como sus mayores a apoyar incondicionalmente las acciones de Israel, una diferencia aún mayor en el caso de votantes demócratas (Doherty, 2019; Pew Research Center, 2018). Esta evolución de posturas se hizo patente en los discursos de Bernie Sanders y del llamado Squad (que cuenta con una palestina, Rashida Tlaib, entre sus integrantes), que hoy abordan en la esfera pública y política cuestiones antes tabú como condicionar la ayuda estadounidense a Israel e incluso mencionar abiertamente la palabra apartheid. La disminución del apego hacia el proyecto sionista, y sobre todo la disposición a no pronunciar ninguna crítica contra las acciones de Israel, se ha hecho sentir muy particularmente entre judíos estadounidenses, especialmente —pero no exclusivamente— los más jóvenes. Un ejemplo destacado lo representan organizaciones como Jewish Voice for Peace o IfNotNow, que critican abiertamente al Estado de Israel en la conversación pública americana. Los acontecimientos de mayo de 2021 se tradujeron en otros fenómenos, como una movilización sin precedentes entre los sindicatos estadounidenses (Kane, 2021).

¿Qué hay del papel de la UE y de sus Estados miembro en la Palestina histórica? Al igual que ocurría con el caso de EE UU, es necesario tener en cuenta cuestiones geopolíticas y de intereses materiales, pero también la realidad de que en el imaginario europeo Israel es “uno de los nuestros”, como refleja de forma más mundanal la participación del país en el Festival de Eurovisión, pero también numerosas declaraciones en las que, explícita o implícitamente, se perpetúa el marco de “Oriente contra Occidente”33. El marco general de la UE es “apoyar el proceso de paz”, lo que principalmente significaba adherirse a los intereses de seguridad de Israel y, al mismo tiempo, apoyar a la ANP: como hemos visto, estos objetivos podrían ser considerados contradictorios, pero persiguen un objetivo común, como es el mantenimiento del statu quo. A pesar de que este ha demostrado no ser estático, y tremendamente perjudicial para el presente y futuro del pueblo palestino, la posición oficial actual deja claro que cualquier alternativa al business as usual no es solo impensable, sino incluso no deseable. Cuando en enero de 2020 la Administración Trump dio a conocer su “Acuerdo del Siglo”, algunos oficiales en Bruselas y en las diferentes capitales decidieron no rechazarlo de plano y afirmar que podría conducir a algo positivo.

Lo cierto es que a pesar de las versiones que, para justificar la inacción de la UE, apuntan a la dificultad de alcanzar un consenso en materia de política exterior, la realidad es que la UE no ha dejado, en el marco de Oslo, de ser un payer but not player, incapaz de enfrentarse a EE UU y de romper con el ciclo de impunidad de Israel. Como hemos visto y contrariamente a lo que se pueda pensar, esta postura no es inocua, y para muchos palestinos la UE se ha convertido en parte del problema. Un ejemplo muy particular es la forma en que la UE ha contribuido al estado actual de unas fuerzas de seguridad que reprimen a su propio pueblo con regularidad (Ejdus y Tartir, 2017).

La estrategia de la UE, incapaz de modificar los mecanismos de colonización israelí, requería la transformación de la economía política de los territorios palestinos ocupados, que se consideraba distorsionada por el clientelismo (resuelto por iniciativas de “buen gobierno”) y las barreras al crecimiento del sector privado (resuelto por estrategias de libre mercado). La no conexión a la economía mundial era considerada una fuente clave de los problemas de los territorios palestinos ocupados. Actores como la UE, el Banco Mundial y la ONU se centraron en el entorno “interno” de la ANP. Pero en lugar de ayudar a mejorar la capacidad de desarrollo de la ANP, los donantes, paralizados por el paradigma neoliberal y la creencia de que esto podría sustentar la paz, simplemente se aseguraron, a través de sus políticas, de que la “contención asimétrica” impuesta por las prácticas coloniales de Israel fuera mejorada.

La posición de la UE como “pagador” es particularmente delicada si hacemos referencia a los mecanismos de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria, que durante años han sido ejecutados dentro del marco de la solidaridad por ONG europeas en lo que se denomina “modelo Oslo de ayuda”, con efecto claramente contraproducente y sin ir nunca acompañado de una estrategia sólida y proactiva para abordar las violaciones de derecho internacional (Barreñada et al., 2018). Y que además crea una dependencia, como se ha visto, extraordinariamente dañina que perpetúa el statu quo. Por una parte, es necesario apuntar a cómo estas actividades están destinadas, muy particularmente en Gaza, no al desarrollo de la población, sino a aliviar las consecuencias de la violencia que representa el proyecto colonial, convirtiéndose en cierto modo en colaborador necesario del mismo. Además, tal y como se indicaba en el capítulo 3, los efectos de la oenegización de la sociedad civil palestina se han hecho sentir profundamente en el tejido asociativo, e incluso en la narrativa, palestinos.

Es de destacar particularmente el esfuerzo de despolitización que estas dinámicas imponen, obligando a la sociedad civil no solo a trabajar sobre la base de proyectos compartimentados a corto y medio plazo que dificultan la coherencia de la estrategia, sino sobre todo a evitar involucrar en sus actividades a todo aquel que pueda ser considerado una amenaza a la seguridad israelí de acuerdo con la narrativa hegemónica. Esto coarta enormemente la posibilidad de crear vínculos profundos con las comunidades locales, y obliga a que muchos se desprendan de sus creencias políticas para avanzar el bienestar de la sociedad. Este sistema está diseñado para sustituir en gran parte la labor que antes de la primera intifada pusieron en marcha decenas de asociaciones para garantizar la provisión de servicios y articulación de una red de resiliencia en ámbitos como la salud, la agricultura y la ocupación que no dependiera ni del ocupante ni del exterior.

La demonización de un cierto tipo de sociedad civil palestina, no solo crítica con la normativa hegemónica sino símbolo de la resistencia popular y red de vínculos comunitarios resilientes, adquirió una visibilidad sin precedentes frente a la UE cuando una de sus ciudadanas, la española Juana Ruiz Sánchez, fue detenida en abril de 2021: empleada de los Health Work Committees, una de las principales redes de salud primaria en los territorios de 1967, fue acusada —semanas después de su detención— de participar en las actividades de una organización ilegal.

Al encarcelamiento de “Juani”, el Ministerio de Defensa israelí designó en octubre de 2021 a seis ONG palestinas como organizaciones terroristas, acusadas de apoyar y financiar al FPLP. El objetivo era el mismo que en el caso de la cooperante: por una parte, amedrentar a los donantes internacionales con acusaciones de “terrorismo” y, por otra, debilitar a entidades que han sido vitales durante años para arrojar luz sobre las violaciones de derechos humanos y custodiar una sociedad civil no influenciada por la despolitización que conlleva la mencionada ONGización. Las organizaciones son de sobra conocidas por las agencias de cooperación al desarrollo occidentales: Al-Haq, Adameer, Defensa de los Niños Internacional-Palestina, la Unión de Comités de Trabajo de Agricultura, el centro de defensa de la democracia Bissan y la Unión de Comités de Mujeres Palestinas. Las consecuencias prácticas no están todavía claras, aunque en noviembre una orden militar ordenó aplicar la designación en los territorios del 67. Aunque todavía no haya habido consecuencias materiales, seguramente sea el caso cuando se desinfle la atención internacional. Si algo fue evidente en un primer momento es que la reacción de la UE y muchos de sus Estados miembros fue de nuevo exigua, a pesar de que se filtró un informe según el cual las acusaciones no venían avaladas por evidencias.

Hablar de la situación en la Palestina histórica obliga a hacer referencia asimismo al llamado “mundo árabe”34. Estos últimos años se ha puesto un considerable énfasis en el contexto y efectos de los acuerdos de normalización entre algunos países árabes —Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Sudán y Marruecos— e Israel, presentados como un punto de inflexión para la causa palestina ante la creencia extendida de que los países árabes la han apoyado durante décadas. ¿Qué hay, no obstante, del apoyo real, más allá de las declaraciones de solidaridad y flujos financieros interesados, a la causa palestina?

Son varias las evidencias que apuntan a que los regímenes árabes únicamente se han servido de la causa palestina para favorecer sus intereses a nivel regional y global. Los primeros pasos de esta instrumentalización los representó la creación de la OLP para controlar —y apaciguar— las resistencias palestinas, algo de lo que los propios palestinos se dieron cuenta para reclamar las riendas de la entidad. Poco a poco, la causa palestina se convirtió en un contexto que las capitales árabes, muy particularmente El Cairo y Riad, podían utilizar para labrarse una imagen positiva frente a EE UU, mientras cedían en nombre de los palestinos derechos que estos consideraban inalienables.

La Iniciativa Árabe de Paz de 2002 fue acogida calurosamente por la sociedad internacional, como una muestra de lo que estaba por venir. Esto a pesar de los limitados avances del “proceso de paz” que motivaron en gran parte la segunda intifada. Los Estados árabes mantuvieron los contactos con Israel puestos en marcha años atrás. Los acuerdos de normalización no representan sino el reconocimiento de una situación real pero no publicitada ni formalizada, a la luz de las relaciones que ya existían y se fortalecían, en varios ámbitos, entre varios países árabes e Israel. La realidad es que en la actualidad, y desde hace ya décadas, los palestinos ya no son útiles, sino que son considerados un “peso” cada vez menos justificable, muy particularmente en lo que respecta a varios Estados miembro del Consejo de Cooperación del Golfo.

Al igual que ocurre en otras localizaciones globales, no obstante, la causa palestina simboliza un enorme abismo entre la postura de las autoridades y las creencias de sus sociedades, y son numerosos los ciudadanos árabes los que han hecho patente su insatisfacción frente a los tejemanejes de sus gobernantes. En varias ocasiones se han tenido que enfrentar a diferentes niveles de represión, paradójicamente como resultado de vigilancia manufacturada por compañías israelíes. A lo largo de los últimos años, el Estado de Israel ha profundizado sus relaciones con regímenes profundamente antidemocráticos, una evidencia adicional de que el país es uno de los “emperadores desnudos” del contexto internacional actual.

Un desarrollo reciente que ha levantado esperanzas en el panorama internacional ha sido la investigación ante el Tribunal Penal Internacional. En marzo de 2021, la fiscal Fatou Bensouda abrió una investigación por casos de crímenes de guerra cometidos —por unos y por otros— en Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania a partir de junio de 2014. El Estatuto de Roma del TPI incluye el apartheid como crimen de lesa humanidad, consistente en actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión sistemática y dominación por un grupo racial sobre cualquier otro, cometidos con la intención de mantener ese régimen. La posibilidad de que representantes oficiales israelíes sean juzgados generaría una visibilidad sin precedentes para la causa palestina, sobre todo porque se trataría de un contexto de justicia internacional y no directamente de escalada de tensión y violencia. También entraría en juego la jurisdicción universal, que podría ser invocada por cualquier Estado dispuesto a investigar y enjuiciar a los sospechosos de delitos graves bajo el derecho internacional a través de tribunales nacionales. El peligro, no obstante, es claro: volver a caer en la dicotomía del conflicto, en el que ambas partes son culpables y justificadas, no una que coloniza y otra que resiste. A esto se añade que el Tribunal únicamente juzga a individuos, cuando en este contexto particular las violaciones son estructurales a manos del régimen. Y por último es necesario tener en cuenta que la justicia internacional siempre tendría que ir acompañada de acciones fuertes y decisivas de los miembros de la llamada “comunidad internacional” (Al-Shabaka, 2021).

Capítulo 7

Los diversos repertorios de resistencia
palestina del siglo XXI

[…] Como si fueramos veinte imposibilidades / En Lydda, Ramlah y Galilea… / Aquí permaneceremos / Como muros apoyados en vuestros pechos / Y en vuestras gargantas / Como astillas de vidrio / O espinas de cactus / Que nublan vuestros ojos / Como tormentas de arena. / Aquí permaneceremos / Como muros sobre vuestros pechos / Lavando platos en vuestros bares bulliciosos / Sirviendo bebidas a nuestros patrones / Fregando los sucios suelos de vuestras cocinas / Para arrebatar bocados para nuestros hijos / De vuestras fauces venenosas. / Aquí permaneceremos / Como muros que desinflan vuestros pechos / Mientras nos enfrentamos a nuestra privación vestidos con harapos / Cantando nuestras canciones desafiantes / Para llenar vuestras injustas calles con danzas furiosas / Y también las cárceles con dignidad y orgullo / Seguid teniendo hijos / Una generación revolucionaria / Tras otra. / Como si fueramos veinte imposibilidades / En Lydda, Ramlah, Galilea! / Aquí permaneceremos / Dad lo peor de vosotros / Cuidamos la sombra de las higueras y los olivos / Sembramos la rebelión en nuestros hijos / Como la levadura en la masa / Nuestros nervios son de hielo / Y el fuego del infierno calienta nuestro corazón. / Retorcemos las piedras para aliviar nuestra sed / Sorteamos el hambre comiendo polvo / Pero aquí permaneceremos y nunca nos iremos. / Nuestra sangre es pura / pero no debemos acumularla / Porque aquí tenemos un pasado y un futuro / Nuestras raíces están arraigadas / En lo más profundo de la tierra / Como si fueramos veinte imposibilidades / Que el opresor revise su relato / Antes de que las páginas vuelvan a pasar / “Por cada acción… / Escuchad lo que dice el Libro. / Como si fueramos veinte imposibilidades / Permaneceremos / En Lydda, en Ramlah y Galilea….

Tawfiq Ziyad, “We Shall Remain” (1970)35

A lo largo de los últimos años, son varios los actores y grupos, más allá de los líderes oficiales palestinos, que han puesto en obra acciones de resistencia en el marco de la causa palestina: estas resistencias han sido tanto domésticas como internacionales, y han estado dirigidas tanto contra el proyecto colonial que representa al Estado de Israel como contra el marco hegemónico que limita las posibilidades de liberación palestina a la “solución de dos Estados”, e incluso contra el liderazgo oficial palestino. Las resistencias han sido, además, tanto transnacionales —en el sentido de que incluyen a miembros del pueblo palestino en su conjunto, pero también miembros de la sociedad civil internacional— como interseccionales, creando vínculos entre la causa palestina y otras causas —como la indígena y la antirracista— que van más allá de la mera “solidaridad”.

La resistencia popular palestina

La resistencia anticolonial ha representado una constante para el pueblo palestino durante décadas, desde bien antes de 1948. Estas resistencias ha sido masivamente populares y no violentas, por distintos medios: protestas, huelgas, desobediencia civil… contra el Mandato británico, contra el colonialismo israelí, o incluso contra los desmanes del liderazgo palestino. Un punto de inflexión lo representó la Gran Revuelta de 1936, y muchos de estos principios fueron replicados a lo largo de la primera intifada. La resistencia popular palestina no se ha basado únicamente en grandes revueltas, sino también en iniciativas mucho más reducidas y localizadas. En un contexto de colonialismo de asentamiento en el que el objetivo global es hacer desaparecer a los palestinos del territorio, la propia presencia y existencia de los palestinos es un acto de resistencia, como ilustra la frase: “Existir es resistir”. El Sumud, traducido (quizás torpemente) al español como “resiliencia”, es una forma de resistencia y práctica social, definida por la permanencia en el territorio, pero también como supervivencia como parte del pueblo palestino —y no renuncia a sus derechos como tales— en cualquier lugar del mundo.

El concepto de Sumud arroja luz sobre la importancia de las subjetividades corporales y su relación con la tierra más allá de marcos estatistas e institucionalistas; muy particularmente, pero no solo, haciendo evidentes las insuficiencias de la “solución de dos Estados” y los marcos estrictamente nacionalistas en los que obligaron a desenvolverse a la causa palestina. Esta relación particular se ve reflejada en la diferencia que en inglés existe entre los términos land y territory, y los vínculos íntimos que los indígenas crean con el primero. De manera continua y multidimensional, el Sumud adopta distintas formas, dependiendo del contexto, para recordarle al proyecto colonial su imposibilidad de “triunfar”. Toma en ocasiones forma de actos concretos como las Marchas de Retorno, en la Palestina histórica y más allá, que en el Día de la Nakba se dirigen hacia las fronteras o poblados destruidos para reivindicar su derecho de retorno y lazos como pueblo. Se considera que 2008, en el 60 aniversario del proyecto de desposesión, marcó un punto de inflexión en la conciencia palestina en torno a la Nakba.

Una ola de resistencia popular comenzó a principios del siglo XXI contra la construcción del Muro y otros mecanismos de expansión colonial, y sigue presente a día de hoy. A la vanguardia, en primera línea de defensa, se erigen los Comités de Resistencia Popular y organizaciones como Stop The Wall, que organizan y coordinan protestas no violentas. Una particularidad es que el contexto actual de represión de resistencia contrahegemónica por parte del liderazgo oficial palestino comentado en el capítulo 2 ha llevado a que se multipliquen las iniciativas de resistencia y los actores que ponen estas en marcha.

El liderazgo de la ANP imponía una resistencia acotada, en la que se enarbolan con nostalgia conmemoraciones y propaganda de acciones pasadas de resistencia, pero se rechaza la posibilidad de que los palestinos abracen de nuevos los actos de resistencia y movilización popular de los años setenta, ochenta e incluso noventa. La normalización del discurso de estatalidad y de construcción de Estado —así como la interiorización del paradigma de paz liberal36— parecen incompatibles con proyectos de resistencia transformadora. Así, los proyectos de resistencia dirigidos —o permitidos— por los representantes oficiales del movimiento de liberación palestino obligarían a usar los símbolos nacionales y culturales únicamente hacia el exterior en el marco de la estrategia de internacionalización de la ANP.

En los últimos años han surgido cada vez más movilizaciones más allá de las instituciones formales y de la arena política. Un ejemplo destacado es el número de protestas y otras acciones registradas en áreas donde la ANP no tiene control, como es el caso del Área C de Cisjordania o de Jerusalén, allí donde los palestinos están más expuestos a la violencia sistemática de fuerzas de seguridad y colonos israelíes. Se trata de acciones de resistencia —ensalzada por su carácter no violento— en zonas calientes y que en ocasiones atraen la atención del público internacional como los casos, entre otros, de Bil’in, Nabi Salih, Ni’lin y Alma’asara, o de Sheikh Jarrah y Silwan37. Ante estos fenómenos, los líderes palestinos ven su margen de maniobra profundamente limitado y actúan como mucho a posteriori para recuperar un resquicio de legitimidad. También ocurre así con numerosos eventos dentro de la Línea Verde.

Incluso en el caso de Gaza, la Marcha de Retorno fue organizada de forma completamente independiente, en sus primeros pasos, de Hamás. Por no hablar de las huelgas de hambre, y otras luchas, de prisioneros palestinos como uno de los pilares de las resistencias palestinas y componente fundamental del tejido sociopolítico palestino nunca mencionado por los medios y análisis extranjeros (Baroud, 2019). Fueron precisamente seis presos palestinos los que durante meses cavaron un túnel que los llevó a fugarse, el 6 de septiembre de 2021, de una de las prisiones de alta seguridad israelíes, desatando tanto la mofa (el sentido del humor palestino es digno de un volumen aparte) como la esperanza compartidas entre millones de palestinos, así como referencias continuas a la realidad diaria del encierro —e inevitable liberación— para la gran mayoría.

A lo largo de los últimos tiempos, no obstante, las posibilidades de resistencia se han visto restringidas como consecuencia de las particularidades y limitaciones de los distintos campos políticos y la fragmentación del pueblo palestino, además de por la propia estructura de la matriz de control que se extiende a lo largo y ancho de la Palestina histórica, incluso en el ámbito virtual. El citado des-desarrollo ha desmantelado las posibilidades de supervivencia de un importantísimo número de palestinos, principalmente en los territorios de 1967. En cuestión de horas, el Estado de Israel puede constreñir en aún mayor medida a esta población: mediante la prohibición de la entrada de trabajadores, el bloqueo de exportaciones e importaciones, o la negativa a transferir aranceles de importación a la ANP, cortando la electricidad y el agua… La casi ausencia, y limitado margen de maniobra, de una sociedad civil indígena y grassroots38 involucrada en la construcción de resistencias y la lucha anticolonial tras la aparición de la ANP habría contribuido, junto con otros factores, como las citadas causas socioeconómicas, a la apatía política de gran parte de la sociedad (Hilal, 2014; Dana, 2013). Esta, no obstante, se desvanece progresivamente.

Estos últimos tiempos, la causa palestina ha sido también, sin embargo, escenario del resurgimiento de iniciativas de carácter indígena en el seno de la sociedad civil palestina, tanto desde el punto de vista de la organización de protestas como de la creación de estructuras alternativas que rechazan la hipercentralización e institucionalización de la arena política y asociativa palestina y reclaman la necesidad de recuperar el discurso de la solidaridad interseccional y anticolonial o se centran en recuperar lo verdaderamente palestino, en ámbitos como el agrícola o el cultural, aunque todavía de forma marginal39. Aspiran a superar los obstáculos impuestos en numerosos niveles y están orientadas al presente, pero también al futuro y al pasado del pueblo palestino. Tras años de búsqueda de “soluciones”, cada vez resulta más evidente que las resistencias palestinas representan no solo el único obstáculo para una victoria sionista completa, sino la única vía para la descolonización en y de la Palestina histórica (Naser-Najjab y Khatib, 2019).

Hoy en día, muchas de estas iniciativas de resistencia van de la mano de las demandas de cambio de paradigma que obligan a priorizar el marco colonial y a eludir la fragmentación también en términos de aspiraciones palestinas y problemas a abordar, más allá de narrativas y modelos impuestos desde el exterior, como es muy particularmente el modelo de Oslo (Metras, 2021). Se oponen a perpetuar una narrativa legitimada durante años por ser más amable con las sensibilidades de sociedad y públicos internacionales, y prefieren un discurso directo y sincero, facilitado por nuevos foros y medios de comunicación, que el espectador comprenda sin que en ningún momento se le transmita la idea de que el contexto es demasiado complicado (Mundubat, 2021b). El llamamiento a un nuevo discurso parte de que el marco hegemónico actual no es inocuo y permite que —como hemos visto a lo largo de estas páginas— se mantenga un statu quo que, sin embargo, no es estático y contribuye a deteriorar la realidad y perspectivas del pueblo palestino en su totalidad.

Crítica doble contra el liderazgo palestino

Una novedad relativa es la idea de “crítica doble” frente a una realidad de “represión doble”: esto es, críticas contra Israel como potencia colonial y contra el liderazgo oficial palestino como colaborador necesario de la expansión y control colonial. En la pequeña localidad de Beita, en el norte de Cisjordania, ha surgido en 2021 una nueva forma de luchar contra la presencia in crescendo e impune de colonos israelíes, protegidos por soldados. Esta resistencia además rechaza que ninguna facción secuestre su causa.

Se acusa a la ANP de utilizar su dominación de la sociedad y estrategias autoritarias encubiertas para lograr lo que la represión israelí no pudo hacer: polarizar y desmovilizar a la población palestina (Kurd, 2020). En 2012 estallaron varias protestas en las que palestinos del 67 tomaron las calles para denunciar las altas tasas de desempleo, el aumento del coste de vida y la corrupción entre las élites. Estas movilizaciones se han reproducido y crecido, en forma de protestas y huelgas, a lo largo de los años, aunque no necesariamente de manera regular y homogénea entre colectivos. Esto a pesar de la represión que las fuerzas de seguridad de la ANP ha implementado, aunque de forma selectiva.

De forma paralela, no siempre en consonancia, tuvieron lugar protestas y acciones de carácter marcadamente juvenil organizadas por Al-Hirak Al-Shababi, como se mencionará a continuación. En 2013 llegó la dimisión de Salam Fayad, al que muchos palestinos culpaban del impacto negativo que las políticas neoliberales producían sobre su día a día. Se llegó incluso a entonar el lema revolucionario repetido en otros países árabes a raíz de los levantamientos antiautoritarios que comenzaron en 2010: Al Sha’b Yurid Isqat Al Nizam (“La gente quiere la caída del régimen”).

Cientos de palestinos tomaron las calles de Ramala, Hebrón y otras ciudades en junio de 2021 entonando el mismo lema. La insatisfacción iba más allá de la situación socioeconómica. El detonante fue el asesinato el 24 de junio de Nizar Banat, un activista que se mostraba extremadamente crítico con la ANP, mientras estaba bajo la custodia de sus fuerzas de seguridad. Fueron también representantes de estas fuerzas de seguridad —de servicio o de paisano— los que reprimieron con violencia —muy particularmente contra las mujeres— estas y otras protestas posteriores, llegando incluso a arrestar a varios activistas.

Los acontecimientos de mayo de 2021 pudieron representar el toque de gracia para el liderazgo oficial palestino. La impotencia, en la mayor parte de ocasiones silencio e irrelevancia, de la ANP ante las expulsiones de Sheikh Jarrah y Silwan y la violencia en Jerusalén y contra los ciudadanos palestinos de Israel, pusieron en evidencia su futilidad. La entrada en acción de Hamás dotó al movimiento de legitimidad a través de la guerra y como única alternativa organizada, no como una solución de consenso o una nueva estrategia de liberación. Ambos pilares del liderazgo tradicional se vieron ninguneados por la “Intifada de la Unidad” en toda la Palestina histórica y por la diáspora palestina a lo largo y ancho del planeta, que tenía como fin declarado despojarse de la fragmentación política impuesta sobre el pueblo palestino. Además de las protestas y actividades online, la huelga del 18 de mayo se convirtió en un acontecimiento transformador y extremadamente simbólico, en el que el liderazgo poco o nada tenía que ver.

Crítica triple contra
la sociedad internacional

La necesidad de una pedagogía crítica en torno a las realidades de la cuestión palestina, que caracteriza los nuevos impulsos de resistencia palestina, se extiende más allá de los campos políticos palestinos, y aspira a protagonizar una parte del campo político internacional. Podríamos hablar de una crítica triple: a la crítica doble se añaden las reclamaciones contra la sociedad internacional y el papel que, como hemos visto, el marco y donantes internacionales han tenido con respecto a la situación en la Palestina histórica (Abdel Razek, 2021b). La búsqueda de aliados más allá de lo palestino se ha convertido en una constante de la lucha palestina, ayer y hoy, y ha dado forma a distintas modalidades de solidaridad internacional. En gran parte reposa sobre el convencimiento de que, mientras la asimetría de poder juega en favor del proyecto colonial, la autoridad moral corresponde a la causa palestina, tras décadas de opresión y desposesión.

En paralelo a sus transformaciones internas, en el periodo transcurrido entre 1968 y 1988, la OLP puso en marcha una estrategia multidimensional de internacionalización que cosechó varios éxitos en su objetivo de desmontar la narrativa hegemónica sobre el contexto en la Palestina histórica construida por Israel y defendida por gran parte de Occidente. Esta narrativa fue desplegada en un campo político internacional marcado por las dinámicas globales de la Guerra Fría en el que los Estados del Sur Global impulsaban causas relacionadas con el internacionalismo, como la descolonización o el reconocimiento de la voz de los países no alineados. Yasir Arafat se convirtió en una de las figuras más conocidas de la época, tanto en el ámbito geopolítico como en el popular, a la cabeza de un grupo de luchadores palestinos —los fedayeen— que sentaron las bases de la política exterior de la OLP durante esa época (Chamberlain, 2011).

La primera intifada representó el colofón de la internacionalización de la causa palestina, aunque con características completamente distintas a las acciones anteriores. Eran los miembros del pueblo palestino, y no sus líderes, los que atraían la atención mundial, en uno de los primeros momentos en los que la OLP perdió por un instante, para luego recuperarlo, el control de la narrativa. Algunas de las críticas contra el liderazgo actual apuntan a la necesidad de recuperar ese espíritu de 1987 (Alazzeh, 2015).

Una clara diferencia entre el auge del internacionalismo en los años setenta y el contexto internacional actual apunta a que en el pasado no estaban tan claros los contornos entre liderazgo oficial palestino y otros representantes del pueblo palestino, ya que ambos tipos de actores compartían aspiraciones en relación con la causa palestina (lo que no quiere decir que no existieran diferencias ideológicas, o incluso relacionadas con la propia estrategia), mientras que hoy la causa palestina protagoniza distintas estrategias de internacionalización respecto de las que es posible diferenciar tanto entre narrativas y finalidades, como incluso entre marcos epistémicos y, sobre todo, entre los actores que encabezan las distintas iniciativas: a lo largo de estos últimos años, en medios, redes sociales, e incluso en foros oficiales, son palestinos no alineados con sus líderes los que han hecho escuchar su voz. Como hemos visto, no solo han cambiado —o multiplicado— los protagonistas, también lo ha hecho su discurso.

Estos nuevos protagonistas tienen poca confianza en que la situación empiece a cambiar a nivel de los Estados. Sus aliados son los ciudadanos, las comunidades que empaticen con su lucha más allá de la realpolitik. Saben que el marco internacional es completamente distinto, pero el objetivo reposa en gran parte en recuperar aquel espíritu. El espectro de redes transnacionales de solidaridad es más extenso, aunque también parece contar con un componente estatal mucho menor en la praxis. La creación en 2001 del Movimiento de Solidaridad Internacional representa uno de los principales —no el único— hitos hacia la articulación de lo que algunos denominan —aunque con diferentes significados— intifada global. Sobre la base del apoyo a la causa palestina se han ido articulando redes transnacionales de solidaridad. Fueron organizadas iniciativas tan destacadas como la “Flotilla de la Paz” hacia Gaza, que exigen de forma creciente una solidaridad que vaya más allá de las meras posturas reactivas ante estallidos de violencia.

Un pilar de este movimiento lo representa el movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones), creado en 2005 en gran parte como reacción a los fracasos del proceso de paz, y cuyo objetivo principal es desnormalizar la desposesión y deshumanización de los palestinos y arrojar luz sobre la impunidad de la que goza el Estado de Israel (Barghouti, 2011). Sin embargo, no basta con exponer la violación de derechos humanos: argumentan que el país únicamente cambiará su comportamiento si recibe presión externa, por ejemplo si se socavan los beneficios de aquellos que disfrutan del statu quo y que por cualquier motivo —económico, político o ideológico— mantienen la ocupación. Sus acciones también han contribuido de forma no desdeñable a una mayor familiaridad por parte del público internacional con el marco analítico de apartheid y el colonialismo.

El movimiento BDS nace el 9 de julio de 2005 de un esfuerzo grassroots con el llamamiento por parte de más de 170 organizaciones de la sociedad civil palestina (BDS, 2005). El objetivo consistía —tras una segunda intifada marcada por la violencia y la reocupación de algunas porciones de Cisjordania, el silencio internacional ante la opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia sobre el Muro, y siguiendo el ejemplo tanto de boicots en el pasado como el de Beit Sahour durante la primera intifada o en el contexto en la Sudáfrica del apartheid— en un llamamiento a la solidaridad global en la política internacional contra las políticas del Estado de Israel para progresivamente lograr una transformación genuina40.

Más allá de exigir que se cumpla el derecho internacional, el movimiento BDS no tiene un programa específico. Busca generar formas de presión que obliguen al Gobierno israelí a hacer tres cosas: el fin de la ocupación y colonización de todas las tierras palestinas ocupadas en 1967 y desmantelamiento del Muro de Apartheid; la plena igualdad de los ciudadanos palestinos de Israel; y el respeto, protección y promoción de los derechos de los refugiados palestinos a regresar a sus hogares y propiedades de acuerdo con lo estipulado en la Resolución 194 de 1948. Resulta esencial a este respecto hacer mención a la relación ambivalente que la ANP mantiene con y contra el movimiento BDS: en este sentido, varios son los autores que manifiestan que el movimiento también representa una crítica indirecta contra el liderazgo palestino, sin por ello querer atacarlo directamente (Jamjoum, 2011). De este modo, resulta clave destacar que la campaña del BDS representó una nueva dirección en las prioridades de la resistencia palestina, que venía a alejarse aún más de las fijadas por ANP y OLP, en un desviamiento total del marco de los Acuerdos de Oslo (sin siquiera mentarlo en la mayor parte de argumentarios).

Para los palestinos en la diáspora, el movimiento BDS ha proporcionado un marco compartido sobre el cual los palestinos en cualquier lugar pueden organizarse, entre ellos y de la mano de otros miembros de la sociedad civil. El llamamiento de la sociedad civil palestina ha sido escuchado y adoptado por estudiantes, ONG y otros colectivos a lo largo y ancho del planeta con una velocidad que ha alarmado enormemente al Estado de Israel. Este ha invertido recursos sustanciales —desde el punto de visto económico y diplomático— para no solo difamar, sino criminalizar, al movimiento. Este es el caso muy particularmente de la creación de una entidad ad hoc, el Ministerio de Asuntos Estratégicos, que arroja luz sobre lo que es considerado como un asunto estratégico por ir contra el núcleo del proyecto sionista. La institución ha puesto en obra a lo largo de los últimos años numerosas iniciativas de lawfare —uso de foros legales con fines políticos— para silenciar críticas contra el Estado y sus acciones.

Criminalización e intimidación van de la mano, en estrecha relación con los fenómenos de disminución de la libertad de expresión de los palestinos e instrumentalización del antisemitismo mediante una redefinición del crimen de odio para que este gire eminentemente en torno a las acciones y existencia de Israel (Palestine Legal, 2021). De forma similar, en el caso de los individuos judíos que no apoyan al Estado de Israel e incluso se autodenominan antisionistas, se recurre al término self-hating Jew (“judíos que se odian a sí mismos”). El argumento en respuesta a las críticas contra Israel se presenta a menudo con un “critiquen, pero no demonicen”, y solo Israel puede definir los límites de lo que se considera un debate aceptable.

La decisión de Ben & Jerry’s de dejar de vender sus productos en los territorios ocupados representó, para algunos, un punto de inflexión en la lucha por la deslegitimación internacional de Israel, y sobre todo una clara victoria para el movimiento BDS. Estos acontecimientos dejan además claro que el contraataque de Israel confirma las acusaciones de “realidad de un Estado” al omitir la clásica distinción entre los intentos de deslegitimarlo como Estado o como potencia ocupante. El movimiento BDS no está encargado de articular y defender una visión política, y esta es una de las dimensiones en las que se beneficia de una determinada ambigüedad estratégica —y todo apunta a que calculada—: algunos se apoyan en su narrativa para defender la creación de un Estado palestino en las fronteras de 1967 (y decisiones como las de Ben & Jerry’s se limitan a condenar únicamente la ocupación), mientras que otros interpretan los textos del movimiento como una invitación abierta a defender la futura creación de un Estado único con derechos iguales para todos sus ciudadanos.

En respuesta a un objetivo explícito del llamamiento del movimiento BDS y en línea con la aspiración de inclusividad radical del mismo, cabe mencionar que encuentra apoyo incluso entre algunos individuos y colectivos israelíes, que crearon en 2009 la entidad Boycott! Supporting the Palestinian BDS Call from Within (conocido como Boycott from Within), centrada sobre todo en la dimensión cultural del boicot. Su actividad resulta relevante no únicamente por la dificultad añadida de llamar al boicot desde dentro41, sino por su esfuerzo de pedagogía y activismo en centrar su discurso en los derechos de los palestinos y no en el futuro de Israel como Estado, o en lo perjudicial que resultan la ocupación u otros mecanismos para la sociedad israelí.

El BDS atañe también a la cuestión de la normalización. La crítica a la figura de la normalización representaría, así, una forma de resistencia contra la narrativa hegemónica en torno al “conflicto” palestino-israelí, muy particularmente en cuanto a la insistencia de que sentar a israelíes y palestinos en el mismo espacio —mesa de negociaciones, debate público, iniciativas solidarias— ayudará a que consigan limar sus diferencias y a avanzar hacia la paz. Demasiados siguen buscando al De Klerk israelí y al Mandela palestino sin recordar en qué contexto uno y otro llegaron a aceptar compartir espacio de negociación.

Las acciones del Ejército israelí durante la segunda intifada representaron un punto de inflexión en la lucha contra los ejercicios de normalización: activistas palestinos que en los años ochenta y noventa habían tendido la mano a ciudadanos judeo-israelíes pertenecientes al Campo de la Paz se sintieron abandonados por la izquierda israelí y el denominado sionismo liberal, a los que acusaron de oportunismo y compromiso selectivo. Existe hoy un significativo número de palestinos que consideran la estrategia antinormalización como una política necesaria para evitar cualquier tipo de equidistancia y paridad favorecidas por el marco de los Acuerdos de Oslo y las iniciativas relacionadas con la resolución de conflictos. De acuerdo con esta argumentación, y para evitar los desengaños del pasado, lo que sería necesario serían acciones de corresistencia basadas en una serie de parámetros y precondiciones fijados por los palestinos y centrados en voces palestinas. El principal riesgo de la normalización lo representa, explican sus detractores, la posible erosión de la asimetría de poder entre colonizador y colonizado cuando no ha sido todavía alcanzada una mínima paridad en términos de privilegios y desposesión (Eid, 2016).

Luchas compartidas

El BDS se ha convertido en un espacio, dentro y fuera de la Palestina histórica, de luchas interseccionales entre distintas causas del Sur Global, pero también dentro del Norte Global. Aunque las luchas interseccionales hunden sus raíces en antecedentes como la alianza entre indígenas y esclavos en el continente americano, el horizonte abierto por los acontecimientos a nivel planetario de los últimos años crea nuevas oportunidades para una solidaridad multidireccional, a nivel virtual y material, que genere una solidaridad orgánica basada en la resistencia a las políticas de opresión e inspire una reformulación de la solidaridad internacional como herramienta para una lucha decolonial, en Palestina y el mundo. Se van creando así “espacios de contrapoder” desde donde se crea la utopía que contesta la realidad impuesta por diversas redes a partir del despliegue de sujetos en resistencia (Hard y Negri, 2005).

La centralidad de la sociedad civil internacional para las resistencias palestinas contemporáneas también nos habla de interseccionalidad y luchas compartidas, que ocupan un lugar cada vez más central en la idea de solidaridad global. Se entrelazan un importante número de causas —no solamente la de la liberación palestina— que tendrían en común el ansia por un mundo más justo y el desmantelamiento de todas las estructuras de poder que, en la mayor parte de ocasiones relacionadas entre sí, garantizan la desposesión de un importante número de colectividades a lo largo y ancho del planeta (Tabar, 2016). Entre estas colectividades destacan otras sociedades árabes, sometidas a regímenes corruptos y antidemocráticos que, como hemos visto, no han apoyado a la causa palestina más allá de la instrumentalización.

Organizaciones como Palestinian Youth Movement o Students for Justice in Palestine apuestan rotundamente por un tipo de activismo enraizado en alianzas interseccionales. Lo hacen partiendo del localismo y lo grassroots, así como de la creación de relaciones y experiencia en la vivencia de actos diarios de resurgimiento en los que hace énfasis la teoría indígena crítica (Simpson, 2017). La iniciativa Decolonize This Place, de la que forman parte varias organizaciones palestinas, es un espacio de movimiento, orientado a la acción, que encuentra como fundamentos la lucha indígena, la liberación negra, una Palestina libre, la dignidad de los trabajadores, la desgentrificación y el desmantelamiento del patriarcado.

Palestina se ha erigido por mucho tiempo en un sitio generativo para articular políticas antirracistas y anticoloniales, sitio de posibles alianzas con el movimiento negro radical sobre la base de los vínculos estructurales entre colonialismo, racismo y otras formas de deshumanización. Un antecedente clave de la lucha conjunta contra el racismo lo representó la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y formas conexas de Intolerancia celebrada en Durban en verano de 2001, en cuyo seno un importante número de países y ONG, algunas de ellas antirracistas, llamaron al reconocimiento público del paralelismo entre el apartheid sudafricano y la situación en la Palestina histórica. La solidaridad pasada y presente entre Sudáfrica y la causa palestina también respondería a los parámetros de esta lucha. La solidaridad entre activistas afroamericanos y la causa palestina, principalmente centrada en el caso de EE UU, encuentra un punto de inflexión en 1967, y coincide con el auge del internacionalismo de los setenta, gracias a individuos y consignas en su momento considerados radicales, no solo antirracistas sino también anticapitalistas y anticoloniales, con ejemplos destacados como el Black Panther Party o Nation of Islam (Abdulhadi, 2014).

Estos últimos años la solidaridad bidireccional entre palestinos y activistas negros ha vuelto a tomar impulso. Se sirve de nuevos medios y canales, como es el caso del activismo, pero también de la música y el cine, y recurre a nuevas narrativas para la creación de movimientos verdaderamente transnacionales. El levantamiento de verano de 2014, en el que coincidieron la tercera guerra sobre Gaza y los acontecimientos en Ferguson, también abrió la puerta al refuerzo y creación de lazos entre ambas causas, con gritos de: “Desde Ferguson a Palestina, la ocupación es un crimen”. En junio de 2020, manifestantes palestinos tomaron las calles de Haifa, Jerusalén y Ramala en solidaridad con la comunidad negra estadounidense tras el asesinato de George Floyd, enunciando una expresión tan poderosa como la de Black Intifada. Las críticas que desde el antirracismo se dirigen contra el sistema carcelario y militarizado invocan la realidad palestina de omnipresencia militar y el paso por la prisión como un escenario inevitable. El asesinato de George Floyd y, semanas después, el de Eyad al-Hallaq, un palestino autista de 32 años que no representaba peligro alguno, en Jerusalén, tuvieron además un importante impacto en términos de narrativa antes considerada “radical”, adoptada por las comunidades racializadas en EE UU, pero también en otros lugares del Norte Global, conscientes del carácter estructural del racismo al que se enfrentan ellos y otros, como los palestinos, con los que comparten lucha.

El marco del colonialismo de asentamiento arroja luz sobre los paralelismos entre la causa palestina y otros contextos indígenas, y en este sentido abre la puerta a la internacionalización de un “conflicto” que muchas narrativas presentan como no solo excepcional, sino también en cierto modo doméstico y en nada comparable a contextos en otro hemisferio como los de EE UU o Australia. El objetivo se convierte así en conectar la cuestión palestina con sitios similares que han sufrido la colonización, como parte integral del Sur Global (Shihade, 2016). Las muestras de solidaridad entre la causa palestina y varias causas indígenas han crecido exponencialmente estos últimos meses. Un ejemplo lo representa la alianza entre Students for Justice in Palestine y el Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán, o las actividades conjuntas de la rama de San Diego del Palestinian Youth Movement y el Colectivo Zapatista.

Cuando hablamos de luchas compartidas, ¿qué papel juega para estas nuevas narrativas la sociedad civil israelí? Esta cuestión está íntimamente relacionada con la de la normalización que se señalaba, con la negativa creciente a aceptar normalizar el statu quo actual y la narrativa hegemónica de conflicto marcada por la equidistancia entre las partes. Es así que se habla de corresistencia con judíos israelíes, pero únicamente con aquellos que reconozcan la realidad e impacto de la Nakba, normalmente etiquetados como “antisionistas”, y siempre y cuando estén dispuestos a dejarse guiar por los palestinos en la lucha. Es necesario mencionar a este respecto organizaciones como Matzpen, Anarchists Against The Wall o Zochrot, pero también de individuos valientes que se han enfrentado a sus círculos sociales, viéndose obligados en muchas ocasiones al exilio (Grad, 2019). Un componente interesante del debate lo representa la postura según la cual estos aliados deberían centrar sus actividades principalmente en la pedagogía entre la sociedad israelí, sobre todo en vista de que, antes de Oslo, un número creciente de israelíes se convencieron de que la paz y la ocupación eran incompatibles y de que la creación de un Estado palestino era necesaria y deseable, y esto parece haber cambiado en los últimos años, en los que cada vez más israelíes se están beneficiando de la ocupación: sus vidas se han visto facilitadas por la vasta red de carreteras de asentamientos construida en Cisjordania y por una economía mejorada como resultado de una contención percibida del conflicto, convertido este, a lo sumo, en una nota al pie en cualquier conversación mundana.

Nuevas generaciones y nuevas resistencias

Una gran parte de estas nuevas resistencias son canalizadas a través de una nueva generación de palestinos en todos los campos políticos (Ali et al., 2020). Jóvenes que, a lo largo y ancho del planeta, solo han conocido en su gran mayoría el modelo de Oslo. En los territorios del 67, casi el 75% de los palestinos no tenían edad suficiente para votar en 2006, cuando se celebraron las últimas elecciones. La edad media de esta población no supera los 22 años. El neopatriarcado les expulsa constantemente de la arena política, e intenta cooptar a aquellos dispuestos a seguir las instituciones y principios marcados. Este sistema también está presente al otro lado de la Línea Verde y en la diáspora. Para combatir el neopatriarcado han surgido varias iniciativas, como Jeel al-Tajdeed al-Dimuqrati, una lista parlamentaria virtual alternativa que comenzó como un desafío a las elecciones pero continúa erigiéndose como plataforma para organizar un cambio democrático o una página de Facebook desde Gaza llamada “15 años”, que acusaba a Hamás y Fatah de priorizar su rivalidad política sobre cuestiones materiales acuciantes consecuencia del des-desarrollo al que se ve sometida desde años la economía palestina. De forma más descentralizada e informal, las denuncias son constantes en la calle y en las redes sociales.

Los jóvenes son, así, conscientes de las insuficiencias de este, y tremendamente críticos con el liderazgo que no solo lo permitió, sino que hoy se aprovecha del statu quo y reprime cualquier narrativa contrahegemónica. Pretenden recuperar éxitos anteriores, aunque tuvieran lugar en un contexto muy distinto: reformular un movimiento anticolonial con éxito en la construcción de estructuras organizativas influyentes caracterizadas por el pluralismo ideológico y político, y un alcance transnacional revolucionario que inspire y atraiga simpatizantes de partes distantes del mundo. De 2011 a 2013, Al-Hirak Al-Shababi representó un punto de inflexión: un movimiento “paraguas” —muchos de sus miembros no estaban afiliados a ningún partido político— que, inspirando a —e inspirado por— sus vecinos árabes en el contexto de la llamada “Primavera Árabe”, decidió organizarse para denunciar la expansión colonial israelí, el faccionalismo intrapalestino y la corrupción del liderazgo. A pesar de enfrentarse a una intensa represión a un lado y otro de la Línea Verde, decidieron reforzar vínculos, narrativas y causas comunes (Domínguez de Olazábal, 2021). Fueron jóvenes los que en aquellos años organizaron formas creativas de desobediencia civil como “marchas por la libertad” en autobuses de colonos, rememorando las acciones de Rosa Parks, y “aldeas de protesta” en tierras designadas para la construcción de colonias.

Este sistema de neopatriarcado deja también fuera a las mujeres, a pesar de su papel clave a lo largo de la historia pasada y presente de la resistencia palestina (Hawari, 2019; Urrutia, 2021). Tal3at es un movimiento feminista palestino creado en septiembre de 2019. El feminismo compartido, una lucha contra el patriarcado que no palidezca ante la lucha por la liberación palestina, sobre la base de tradiciones verdaderamente indígenas y decisiones consensuadas entre palestinas de diversos campos políticos, clases y contextos, pero en pro de una nueva sociedad, da fe de la importante dimensión política de algunas de las luchas actuales (Marshood y Alsahan, 2020; Mundubat, 2021a). En este sentido, se recuperan en iniciativas de hoy herramientas de resistencias feministas de la primera intifada, como los jardines comunales o algunas canciones, compuestas y entonadas por mujeres que reestructuraron las movilizaciones por aquel entonces. Son en gran parte mujeres las que ocupan la primera línea de varias de estas luchas, no solo dentro del feminismo (Bracco, 2020).

Es también necesario mencionar un nuevo impulso en la sociedad civil para contrarrestar los efectos de la oenegización. Organizaciones como Al-Shabaka, por ejemplo, fueron creadas para realizar investigaciones en profundidad, poner en contacto investigadores palestinos entre sí, y con el resto del mundo, así como facilitar la difusión de una narrativa 100% palestina y contribuir a la transformación de la causa palestina desde dentro, y desde la sofisticación académica, la empatía y una visión global.

Los acontecimientos de mayo de 2021, y muy particularmente la “Intifada de la Unidad”, han representado la confirmación de este embrión generacional, tanto en lo que respecta a una respuesta palestina más unificada de lo habitual como a las demandas de cambio de narrativa. La sociedad civil palestina protagonizó acciones masivas de resistencia aprovechando, entre otros medios, las redes sociales. Día tras día se sucedían actos poéticos, como cuando cientos de palestinos del 48 caminaron a pie desde las afueras de Jerusalén hasta el corazón de la ciudad en el momento en que los autobuses en los que viajaban fueron retenidos. Consiguieron, por ejemplo, revertir el silencio al que normalmente son condenadas las voces y narrativas palestinas en la mayoría de medios de comunicación. La menor presencia de periodistas extranjeros sobre el terreno facilitaba que estos testimonios fueran finalmente escuchados. Voces como las de Mohammed el-Kurd, Yara Hawari o Inès Abdel Razek, que hablaban de violencia colonial, limpieza étnica y resistencia de todos los palestinos, no de conflicto y negociaciones —y que muchas veces interpelaban al entrevistador por su lenguaje equivocado—, comenzaron a ser escuchadas por millones de personas. Por primera vez en mucho tiempo cambiaban las tornas, y los medios internacionales perseguían a palestinos, conscientes de que el público también quería escuchar a quien ya seguía en redes sociales. No solo se trataba de dejar atrás el marco de Oslo, sino de permitir que fueran los palestinos quienes articulasen su futuro en sus propios términos. Algunas de estas exigencias de representatividad, legitimidad, participación y consenso fueron plasmadas en el Manifiesto de la Dignidad y la Esperanza, un documento que circuló en inglés por redes sociales y culminó en una huelga general histórica que tuvo lugar el 18 de mayo de 2021:

Pueblo de Palestina:

Aquí estamos, escribiendo un nuevo capítulo de coraje y orgullo, en el que contamos una historia de justicia y de verdad que ningún nivel de represión colonial israelí puede borrar, por cruel y brutal que sea esta.

La historia de la verdad es sencilla en nuestra tierra: la verdad es que los palestinos son un pueblo, una sociedad. Bandas sionistas expulsaron a la mayor parte de nuestro pueblo, robaron nuestras casas y destruyeron nuestras aldeas. Luego el sionismo decidió destruir lo que quedaba de Palestina, aislándonos y separándonos en pequeñas franjas de nuestra tierra. Intentaron convertirnos en sociedades diferentes que vivieran cada una por separado, cada una en su propia prisión aislada. Así es como el sionismo ha tratado de controlarnos, así es como ha trabajado para fragmentar nuestra voluntad política e impedir una lucha conjunta frente al colonialismo racista de los asentamientos en toda Palestina.

Así es como Israel nos encerró en cárceles de aislamiento; algunos de nosotros, enjaulados en la “prisión de Oslo” en Cisjordania; otros, en la “prisión de la ciudadanía” en la parte de la Palestina ocupada en 1948; algunos aislados por el monstruoso cerco y el devastador ataque en curso contra la “prisión de Gaza”; otros, aislados por culpa de las sistemáticas campañas de judaización en la “prisión de Jerusalén”; y aún otros, aislados por completo de Palestina, dispersos por todos los rincones del planeta.

Es hora de que termine esta tragedia.

Estos días escribimos un nuevo capítulo, el capítulo de una Intifada unida que aspira a lograr nuestro único objetivo: reunificar a todas las diferentes partes de la sociedad palestina; aglutinar nuestra voluntad política y nuestros medios de lucha para enfrentarnos al sionismo en toda Palestina.

Esta larga Intifada es, en el fondo, una Intifada de conciencia. Es una Intifada para acabar con la inmundicia de la pasividad y el derrotismo. Gracias a ello, las valientes generaciones venideras habrán crecido, una vez más, bajo el principio fundamental de nuestra unidad. Se enfrentarán a todas las élites que trabajan para ahondar y consolidar las divisiones en y entre nuestras comunidades. Esta Intifada será larga en las calles de Palestina y en las calles de todo el mundo; una Intifada que lucha contra la injusticia donde quiera que esta intente llegar, que lucha contra las porras de regímenes crueles allí donde quiera que intenten golpear. Es una Intifada de pechos descubiertos y frentes altas, armada con objetivos revolucionarios, un conocimiento y una comprensión profundos, y la labor organizativa y el compromiso de cada individuo y colectivo frente a las balas de la ocupación israelí donde quiera que se disparen.

Larga vida a una Palestina unida.

Viva la Intifada de la Unidad.

Internet ha facilitado nuevas formas de conexión entre comunidades palestinas, así como entre estas y millones de ciudadanos, redefiniendo los límites de las fronteras y la geografía impuestos por el proyecto colonial y las dinámicas globales. De ahí que el Estado de Israel ponga tanto énfasis en la necesidad de censurar sus voces online. El nuevo contexto es representativo de las experiencias y trayectorias heterogéneas de esta generación en los territorios ocupados, en el Estado de Israel y en la diáspora palestina. La lucha por la liberación es central, pero no la única, y va necesariamente de la mano de la liberación de las mujeres y del movimiento LGBTIA+, o de la consecución de derechos en los terrenos económico, social y político. Incluso en ocasiones se plantean marcos posnacionales, más allá de las concepciones tradicionales —también impuestas— de lo que debe significar el nacionalismo.

La pregunta más común cuando se habla sobre estos jóvenes, sobre nuevas formas de resistencias y narrativas, es la de qué futuros imaginar para la causa palestina. De forma gradual, algunos prefieren huir del debate impertérrito entre la “solución de un Estado” y la “solución de dos Estados”, en gran parte por lo peligroso que es hablar de “soluciones” en una realidad de desposesión y asimetrías profundas. En cada vez mayor medida, el debate llama a recuperar la centralidad de la liberación, de la humanidad, de los derechos… más allá de la creación de un Estado-nación y de las formas impuestas de autodeterminación. Son conscientes, por ejemplo, de que su futuro también es el del planeta. Se refieren así al eco-apartheid (Kaminer et al., 2019) en referencia a cómo los palestinos, sin soberanía sobre el territorio, se ven imposibilitados para enfrentarse a la emergencia climática y sus múltiples impactos. Un ámbito muy destacado a este respecto es el de la seguridad alimentaria e hídrica, de la mano del des-desarrollo, que frena cualquier posibilidad de desarrollo sostenible. Una labor a la que tampoco contribuye el liderazgo palestino.

La liberación y la libertad son tanto individuales como colectivas, y aunque corresponden primordialmente a los palestinos, un proceso de descolonización también aspira a liberar al colonizador, e incluso a actores externos que han permitido la impunidad de este último. Y es que el concepto de descolonización se refiere a la colonización tanto material como inmaterial. Se refiere a las intersecciones entre los mecanismos de colonización y los efectos de la modernidad, representados por el Estado de Israel, y el sistema que lo legitima, en numerosos sentidos. Emile Habibi, hace décadas, ya denunciaba el colonialismo, pero también el “nacionalismo burgués” como tentativa de dividir a la gente a lo largo de líneas étnicas y religiosas para evitar la lucha de clase transnacional contra la burguesía (Tuma, 1974: 62-88). En cualquier caso, lo que parece evidente es que, ayer y hoy, la descolonización debe ser imaginada, definida y realizada por los palestinos y las palestinas.

Queremos una generación enojada

Para arar el cielo

Para hacer volar la historia

Para hacer volar nuestros pensamientos

Queremos una nueva generación

Que no perdone errores

Que no se pliegue

Queremos una generación de gigantes42.

Epílogo

El derecho a defender los derechos:
de libertad de expresión y solidaridad
con el pueblo palestino

43Nadia Silhi Chahin*

El libro de la doctora Itxaso Domínguez de Olazábal es uno de esos trabajos imprescindibles y necesarios. No solo es un libro ameno y riguroso a la vez, sino que además analiza de manera brillante la situación palestina desde lo político y lo jurídico. El conocimiento y la familiaridad de la autora con el tema son consistentes a lo largo de estas páginas. Se trata de un trabajo actualizado, que desmitifica la narrativa hegemónica e instala en su lugar la de los oprimidos, y que permite incluso adentrarse en la política interna palestina, lo cual es un verdadero regalo para el público hispanohablante.

En estas páginas se comprende cómo el proyecto colonial del Estado de Israel controla absolutamente el territorio histórico de Palestina entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Si bien dentro de ese territorio puede haber algunas islas bajo administración palestina, los palestinos no ejercen ninguna soberanía. El pueblo palestino está fragmentado y, dependiendo de su ubicación geográfica, a cada grupo se le reconocen más o menos derechos. Lo que todos estos grupos tienen en común es justamente esta opresión en tanto grupo racial, que los distingue del otro grupo racial, el de los judíos, quienes gracias a la legislación israelí están en una situación de privilegio absoluto respecto de la tierra de Palestina. No solo los ciudadanos israelíes, sino potencialmente cualquier persona judía que nazca en cualquier parte del mundo, como lo consagra la Ley del Retorno (promulgada por el Parlamento israelí en 1950, casi conjuntamente con el nacimiento del Estado).

La obra contribuye a visibilizar a los palestinos. Siendo un pueblo víctima de crímenes de lesa humanidad desde hace décadas, no resulta una cuestión menor. Y no solo visibiliza a los palestinos de los territorios que Israel ocupara en 1967, sino a todos ellos. Es decir, a los palestinos de 1948 o con ciudadanía israelí, y a los palestinos refugiados en el exilio. Justo los dos grupos que han sido marginados de la narrativa de Oslo, de la que el mundo decía (y, osadamente, aún dice, pese a que Israel oficialmente jamás se refirió al Estado palestino en estas tratativas) esperar un nuevo Estado, el Estado palestino. Este se construiría en el 22% de Palestina en territorios inconexos entre sí. Unos planes de los cuales dichos dos grupos han sido excluidos, o al menos omitidos en las últimas tres décadas. Domínguez de Olazábal se ha referido igualmente a la utilización de la etiqueta de antisemitismo para acallar a quienes critiquen a Israel en el resto del mundo, a las resistencias palestinas dentro y fuera de Palestina, a la lucha conjunta entre palestinos y judíos contra Israel, e incluso a nosotros, los palestinos de la diáspora —incluyendo América Latina—.

En este epílogo profundizaré en la solidaridad internacional con Palestina. Fundamentalmente me referiré al BDS, el movimiento de la sociedad civil palestina que llama al Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel por sus políticas de ocupación ilegal, colonialismo de asentamiento y apartheid contra el pueblo palestino. En sus ya más de dieciséis años de existencia, este ha aglutinado las solidaridades con Palestina en todo el mundo y ha resultado tan exitoso que marca en la historia de la causa palestina un antes y un después de su llamado. Sobre todo, me referiré a los esfuerzos que se han desplegado para combatirlo en determinados países que han jugado un rol notorio a este respecto y, a continuación, al más reciente fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el cual ofrece sustento jurídico a la defensa de los derechos de los palestinos en Europa. Para terminar, concluiré que tanto los llamamientos al boicot como los propios boicots son ejercicios legítimos de derecho a la libertad de expresión según el derecho internacional de derechos humanos y no deben ser restringidos por los ordenamientos jurídicos nacionales a menos que sobrepasen ciertos límites.

Violaciones al derecho internacional contra el pueblo palestino:
la respuesta del BDS

El BDS ha permitido a la sociedad civil internacional alcanzar un mínimo común denominador desde donde defender los derechos de los palestinos. No suplantando sino replicando las voces de quienes son víctimas directas del crimen de apartheid en pleno siglo XXI. Pese a que se basa en el derecho internacional tanto en sus objetivos como en sus métodos, los activistas del BDS, especialmente en Europa y Norteamérica, han sufrido innumerables represalias. Algunas de ellas incluso por parte de los Estados donde sea que se encuentren. Es decir, el derecho, incluyendo el derecho penal, se ha instrumentalizado en las llamadas democracias occidentales para distraer la atención de lo que ocurre en Palestina y privar del derecho a la libertad de expresión a quienes defienden los derechos humanos de los palestinos.

Es crucial entender que el BDS se basa en el postulado de que cualquier otra alternativa intentada por los palestinos para alcanzar su libertad, principalmente las negociaciones con Israel, ha fallado (Falk, 2014: 57). Aparece entonces como un llamamiento necesario, en vista de que Israel ha violado el derecho internacional desde el momento mismo de su creación y, sin embargo, nunca ha tenido que afrontar las consecuencias (Pappé, 2014). Introduce un enfoque de derecho y de derechos que cambia la conversación sobre Palestina/Israel: de negociaciones destinadas a resolver un conflicto a hacer a Israel responsable de sus políticas contra los palestinos (Erakat, 2019). Aunque el BDS está formulado en términos jurídicos por la prevalencia del discurso de derechos humanos desde el fin de la Guerra Fría, el BDS es eminentemente político, y de hecho abre una vía para permitirnos a todos participar de la política internacional (Bot, 2019). Si bien el BDS adopta un enfoque de derechos humanos, va de la mano del antirracismo y el anticolonialismo (Perugini y Gordon, 2015). Sin ir más lejos, la estrategia del BDS consiste en apelar a la interseccionalidad y solidaridad entre todas las luchas en todo el mundo. Ha llegado a ser prácticamente la única vía de visibilizar las demandas de los palestinos, ya que se trata de un movimiento creado y coordinado por palestinos (Salaita, 2016: 43), pertenecientes a los diferentes grupos en que el apartheid israelí ha fragmentado al pueblo palestino. Esto incluye a los palestinos del 48 y a los palestinos refugiados en el exilio.

El BDS no solo se inspira en la larga tradición de resistencia no violenta en Palestina, sino en el resto del mundo, principalmente en Sudáfrica (Barghouti, 2011: 49). El de acción o resistencia no violenta es un término paraguas que engloba diferentes formas de protesta, no cooperación e intervención. Estas pueden utilizarse en conjunto o separadamente. Tienen en común que quienes las utilizan se abstienen de utilizar la violencia física por razones morales y estratégicas. La acción o resistencia no violenta se basa en que la gente no siempre hace aquello a lo que está obligada y a veces hasta hace cosas que le han sido prohibidas. Al no cooperar, se niega al oponente el elemento básico que toda jerarquía requiere. Y si esto se mantiene en el tiempo, dicha jerarquía acabará por colapsar. La principal diferencia entre la resistencia o acción no violenta y el pacifismo es que, como se está explicando, esta no busca el diálogo sino ejercer presión (Sharp, 1973: 63-65).

El BDS, quizás la principal campaña internacional de boicot de las últimas décadas —por la atención que ha concitado—, no está reñido con el derecho internacional. Así, el relator especial de Naciones Unidas para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión (2011), tras concluir su visita a Israel y a los Territorios Palestinos Ocupados, declaró que “llamar a participar en un boicot es una forma de expresión pacífica, legítima e internacionalmente aceptada”. También en este sentido, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al observar la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (2014: 22), ha criticado la ley israelí antiboicot. Finalmente, tanto la Federación Internacional de Derechos Humanos (2016) como Amnistía Internacional (2020) han apoyado oficialmente el derecho a participar del BDS.

En julio de 2005 se hizo el llamamiento al BDS. Desde entonces el movimiento ha obtenido importantes logros en diferentes ámbitos. Ha sido apoyado por destacadas figuras del mundo artístico, académico, político, etc., como asimismo por instituciones, tales como municipios y centros académicos (Visualizing Palestine, 2020). Sobre todo, el principal éxito del BDS ha sido posicionar exitosamente una narrativa donde Israel no es una democracia liberal respetuosa de los derechos humanos, sino un Estado paria que comete los crímenes internacionales más serios en total impunidad desde hace décadas (Silhi Chahin, 2018: 142-143).

La contrarrespuesta israelí frente a quienes defienden los derechos del pueblo palestino

Como consecuencia de los logros recién referidos, las autoridades israelíes ven al BDS como una amenaza existencial (Estado de Israel – Ministerio de Asuntos Estratégicos y Diplomacia Pública, 2019). Algunas medidas han sido adoptadas por el propio Israel para hacer frente a este fenómeno. Entre ellas, se encuentra la aprobación de la ya mencionada ley para prevenir el daño al Estado de Israel a través del boicot (2011), conocida como “ley antiboicot”, que convierte al BDS en un ilícito civil. Asimismo, extremadamente relevante es el mandato otorgado al Ministerio de Asuntos Estratégicos y Diplomacia Pública para combatir la llamada “deslegitimización” (es decir, el BDS), en 2015. Igualmente, en 2016, el ministro de Transportes, Inteligencia y Energía Atómica israelí expresó que Israel debía eliminar civiles —refiriéndose a los miembros del BDS—, mientras que el ministro del Interior israelí manifestó que podría ser revocada la ciudadanía de quienes apoyasen el BDS, mencionando explícitamente al cofundador del mismo, Omar Barghouti. Esto motivaría que cinco expertos independientes y relatores especiales de la ONU enviaran una comunicación al Gobierno (2016). Posteriormente, en 2017, Israel decretaría por ley una prohibición de entrada para quienes apoyaran el boicot (Middle East Policy Council, 2017), cuyo estreno impidió al entonces director ejecutivo de la Federación Palestina de Chile ingresar a la Cisjordania ocupada (Haaretz, 2017). A su vez, Israel ha restringido el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y tomado medidas contra sus defensores, como ocurrió con la expulsión del director para Palestina-Israel de Human Rights Watch, Omar Shakir (Al-Haq, 2019), y el encarcelamiento sin cargos del coordinador del BDS, Mahmoud Nawajaa (Front Line Defenders, 2020).

Aún más, el Gobierno israelí y ONG afiliadas a él, principalmente la ONG Monitor, han desarrollado una estrategia transnacional contra el BDS que se ha intensificado desde la publicación del Informe Goldstone (2009), el cual detalla las violaciones al derecho internacional durante la gran operación militar israelí “Plomo Fundido”, en 2008-2009, sobre la Franja de Gaza (Bot, 2019; Perugini y Gordon, 2015). Aquella vez, durante tres semanas, el Ejército israelí asesinó al menos a 1.383 palestinos, incluyendo 333 niños.

Así, si bien históricamente Israel ha invertido recursos en mejorar su imagen frente al mundo, desde 2009 estos esfuerzos se han intensificado. En su Conferencia Anual de 2009, el Grupo de Trabajo Anti BDS propuso introducir prohibiciones para hacer frente al BDS en cada país (White, 2013a). Y en 2013, con ocasión de la IV Conferencia Internacional del Foro Global para Combatir el Antisemitismo —creado en el seno del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel—, se anunció un plan de acción contra el BDS. Este consistía en identificar legislaciones locales que pudieran utilizarse contra el BDS, tomando como modelo el caso francés —al cual me referiré más adelante— (White, 2013b). Posteriormente, en la edición 2015 del referido Foro, el Grupo de Trabajo Anti BDS, bajo el ítem Lawfare (guerra jurídica), recomendó la aprobación de leyes a nivel local, estatal y federal para suprimir el BDS (White, 2018).

Las medidas adoptadas contra el BDS en el seno de las democracias occidentales son variadas. Algunas emanan de los propios Estados (a nivel legislativo, ejecutivo y judicial), mientras que otras van más allá de los mismos (como la censura a académicos y estudiantes en las universidades). Con todo, las primeras, aquellas que utilizan el derecho —último recurso de control social— y, más aún, el derecho penal, son especialmente llamativas. El derecho penal es un medio de control social cuyas características lo diferencian fuertemente de otras ramas del derecho. Fundamentalmente, el ser la última ratio o último recurso del ordenamiento jurídico. Esto quiere decir que solo debe aplicarse cuando los demás medios de control, jurídicos, sociales y morales, hubieran fallado. En otras palabras, su naturaleza en un sistema democrático necesita ser subsidiaria, ya que consagra los castigos más serios, aquellos que someterían a los individuos a perder sus derechos fundamentales, como consecuencia del no cumplimiento (Cancio Meliá, 2019).

Sin embargo, como se verá, el derecho penal se ha utilizado contra los activistas del BDS en España, Reino Unido (específicamente Escocia) y Francia. Todos estos países forman parte del Consejo de Europa, la institución europea abocada exclusivamente desde su origen a materias de derechos humanos, cuyas piezas centrales son la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Se compone de 47 Estados miembros, de los cuales 27 son también miembros de la Unión Europea. El principal derecho humano afectado con estas persecuciones penales es la libertad de expresión, consagrado en el artículo 10 de la CEDH.

El Derecho contra los derechos,
o los intentos de perseguir
la solidaridad con Palestina

No existe aún una base de datos que registre todas las causas judiciales contra activistas del BDS por la naturaleza de estas. En primer lugar, si bien se han presentado proyectos de ley en este sentido —como es el caso de los Estados Unidos (2017)—, ningún Estado ha introducido nuevos tipos penales para perseguir a los activistas del BDS, sino que han utilizado la legislación penal ya existente, interpretándola con este objetivo. De hecho, es importante tener claro que, en ningún país del mundo, ni siquiera en Israel, es un delito hacer parte o practicar el BDS. Estas persecuciones jurídicamente no tienen nada de sofisticadas; simplemente se instrumentalizan las normas vigentes para dificultar la labor de los activistas. En segundo lugar, en la práctica es muy difícil separar las actividades BDS de actividades pro palestinas en general. El BDS tiene unas directrices muy precisas que se han diseñado y se van actualizando por el comité que coordina el movimiento desde Palestina (Boycott National Committee), pero por supuesto que en la práctica se van replicando los activismos más o menos ajustados a dichas directrices, dependiendo de los contextos locales. No se trata de una institución, mucho menos jerárquica. En tercer y último lugar, y conectado con lo anterior, es difícil identificar a los activistas del BDS. El BDS no es un partido político cuyos militantes tengan una cédula sino un movimiento amplio, una estrategia para solidarizarse con los palestinos. Quizás hasta sea solo un discurso o narrativa determinada para mucha gente. Como ha constatado Steven Salaita (2016: 42), el problema no son los boicots en sí, sino la crítica a Israel. Es decir, no molesta el BDS como tal, sino cualquier estrategia que pueda ser exitosa para alcanzar justicia y libertad para el pueblo palestino. Y resulta que el BDS lo está siendo en estos tiempos. Habría que añadir que todo este fenómeno es bastante reciente y que, al tener cada país su propio ordenamiento jurídico, cuesta reunir una base de datos que sistematice todos los procesos penales (habría que buscar criterios unificadores, y por ende invertir esfuerzos en un área —el activismo pro palestino— donde estos siempre son escasos). Finalmente, debe considerarse, además, que los procesos judiciales se encuentran en diferentes etapas procesales.

Se revisará a continuación la situación en los tres países del mundo donde se han registrado juicios penales contra activistas del BDS (España, Reino Unido y Francia). También se abordarán otros países (Alemania y Estados Unidos) donde, sin existir juicios penales contra activistas BDS, la contrarrespuesta al movimiento ha sido notoria. Se concluirá con una luz de esperanza: la más reciente jurisprudencia del TEDH en la materia, que ya ha tenido efectos prácticos desde los pocos meses de dictada en relación con los juicios en curso. De acuerdo con esta, el BDS se encuentra bajo el paraguas de la libertad de expresión.

España

Probablemente, la campaña BDS más destacada en el Estado español ha consistido en la adopción de mociones, por parte de decenas de ayuntamientos, para declararse Espacios Libres de Apartheid Israelí (ELAI). El lobby pro israelí local, representado por una entidad denominada Acción y Comunicación sobre Medio Oriente (ACOM), ha emprendido acciones judiciales contra estos ayuntamientos. Según un informe de principios de 2018, mientras que unos 50 municipios en el Estado habían aprobado resoluciones pro BDS, en el último par de años estas resoluciones se habían deshecho en 20 de esos municipios, ya sea debido a las resoluciones de los tribunales o a que los propios municipios las habían revocado, al no contar con los recursos necesarios para seguir un proceso judicial (BDS, 2016). El caso de Cádiz es especialmente relevante, ya que, tras convertirse en ELAI, canceló un festival de cine patrocinado por la Embajada israelí que tendría lugar en instalaciones municipales. Tras la cancelación, se presentó una querella penal por “delito de odio” y “ejercicio arbitrario de poder” contra los miembros del ayuntamiento que habían apoyado la adopción de la moción ELAI y de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que había patrocinado la moción. La denuncia penal se presentó tanto por la aprobación de la moción como por la cancelación del festival. El tribunal de primera instancia resolvió que el municipio no tenía manera de saber que esta moción anti apartheid podía ser ilegal desde que otras ciudades españolas también las habían adoptado y porque, además, el Parlamento español adoptó una moción donde reconocía el derecho de los ciudadanos a apoyar el BDS. El tribunal también resolvió que la figura del discurso de odio no es aplicable a la cancelación de la actividad, ya que no hubo ninguna expresión de odio, antisemitismo o discriminación basada en la nacionalidad israelí. La corte de apelaciones confirmó el fallo de primera instancia, estableciendo que la moción solo llama al Gobierno israelí a respetar el derecho internacional (European Legal Support Center, 2021a). En mayo de 2020 fue finalmente desestimada.

Siguiendo con los procesos penales, el 11 de enero de 2021, el proceso contra un grupo de activistas del BDS en Valencia fue también desestimado. Habían sido acusados en 2015 de “delito de odio antisemita” tras su llamamiento a boicotear el Rototom, un festival de música local en el que iba a actuar el cantante Matisyahu, reconocido defensor de Israel (Marco, 2021).

Reino Unido

En Reino Unido no se han introducido leyes para penalizar el BDS. Es más, solo en Escocia los activistas BDS han tenido que enfrentarse procesos penales por su activismo BDS. Allí, la Scottish Palestine Solidarity Campaign (SPSC) es el principal grupo BDS. El proceso penal más visible comenzó en agosto de 2008, cuando un grupo de activistas de la SPSC interrumpió la actuación del Cuarteto de Jerusalén, un conjunto israelí abiertamente vinculado al Ejército de ese país, en el Festival Internacional de Edimburgo. Los activistas fueron detenidos y acusados de “alteración del orden público”. Más aún, solo una semana antes del juicio, el fiscal cambió la acusación a “conducta con agravante racial”. Sin embargo, finalmente el juez a cargo de la instancia desestimaría los cargos (SPSC, 2010).

Por supuesto, el BDS está también presente en Inglaterra. En abril de 2020, la Palestine Solidarity Campaign (PSC) —el principal grupo BDS local— derrotó al Gobierno en la Corte Suprema luego de que este introdujera una disposición para prohibir a los gobiernos locales utilizar las inversiones en pensiones “para perseguir el boicot, la desinversión y las sanciones (BDS) contra las naciones extranjeras y las industrias de defensa del Reino Unido […] salvo cuando el Gobierno haya establecido sanciones, embargos y restricciones legales formales” (Middle East Eye, 2020). Asimismo, autoridades municipales en Irlanda del Norte, Gales, Escocia e Inglaterra propusieron y aprobaron mociones de boicot, mientras que el Gobierno central intentó restringirlas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Leicester adoptó en 2014 una resolución por la que se comprometía a boicotear cualquier producto procedente de la Cisjordania ocupada. Esto fue llevado a los tribunales. En la instancia de apelación, el tribunal rechazó la afirmación de que la resolución de boicot del ayuntamiento formaba parte del “llamado movimiento BDS”, en parte porque “el ayuntamiento reconoció el derecho de existencia del Estado de Israel”. Hay ejemplos similares en los ayuntamientos de Swansea y Gwynedd (Cooper y Herman, 2019). También se han producido varios ataques a la libertad académica en las universidades británicas (Free Speech on Israel, 2017). Por último, la suspensión de Jeremy Corbyn del Partido Laborista tras ser señalado como antisemita se calificaría como parte de las campañas de deslegitimación contra los defensores pro palestinos (Sabbagh, 2018).

Francia

Francia es quizás el país donde más han proliferado los procesos penales contra activistas del BDS. De hecho, las dos sentencias del TEDH en la materia conciernen a Francia. Más adelante me referiré a ellas con mayor detalle. Los activistas del BDS han sido llevados ante la justicia penal francesa desde 2009 aproximadamente. Los juicios han terminado en diferentes resultados, incluyendo condenas (Badiou, Hazan y Segre, 2013).

En 2010, la exministra de Justicia, Michèle Alliot-Marie, instruyó a los fiscales de la República para perseguir a quienes llamaran al boicot a Israel, sobre la base de incitación a la discriminación económica, como resultado de una interpretación de la Ley de Libertad de Prensa, de 1881. A esta le sucedería una circular similar dos años después. A consecuencia de ello, once activistas del BDS fueron imputados del delito de incitar a la discriminación económica por razón de nacionalidad tras distribuir folletos en supermercados franceses llamando al boicot de productos israelíes. Fueron condenados a pagar multas, tras considerarse por la Corte de Apelaciones que al llamar a boicotear productos israelíes en realidad estaban incitando a la discriminación de los productores israelíes, por lo cual la acción caería fuera de los márgenes de la libertad de expresión. Esto sería confirmado por la Corte de Casación en 2015.

Si bien en junio de 2020 el TEDH, en “Baldassi y otros contra Francia”, resolvió que Francia había violado el derecho a la libertad de expresión de los activistas con dicha condena, el Gobierno no solo no eliminó las circulares, sino que publicó un memorándum en octubre de 2020 insistiendo en la persecución penal de los activistas. Con todo, en 2021 la activista francesa Olivia Zémor fue absuelta en primera instancia tras un juicio donde se le imputaba incitación a la discriminación y difamación tras llamar a boicotear a la farmacéutica israelí TEVA (i24news, 2021). El fallo del TEDH fue la base para esta decisión.

Si bien Francia ha sido mayormente conocida por las causas penales, también ha habido causas administrativas. Entre otros, en 2016 el alcalde de Toulouse denegó la utilización de dependencias municipales al grupo BDS local, amparándose en la misma Ley de Libertad de Prensa (Comité de Soutien aux inculpées BDS toulousains, 2016). Cuando el caso fue llevado ante el tribunal competente, este resolvió que el alcalde había violado el derecho de reunión (BDS France, 2016). También, en un fallo de 2018, el Tribunal Administrativo de Clermont-Ferrand se negó a anular una votación del consejo municipal adoptada en 2016 que consideraba que no se debía ofrecer a ningún consumidor productos procedentes de los asentamientos israelíes en Cisjordania y que pedía a Francia que dejara de importarlos (La Montagne, 2018).

Alemania

El Parlamento alemán adoptó una moción de carácter no vinculante, equiparando BDS con antisemitismo en mayo de 2019 (Bundestag, 2019). Ello motivaría que en octubre de ese año cinco relatores especiales de Naciones Unidas (2019) enviaran al Gobierno alemán una comunicación manifestando su preocupación al respecto por los derechos que se verían afectados. El Gobierno respondería a su vez que los activistas del BDS deben confiar en el poder judicial alemán si estimasen que se han violado sus derechos (Gobierno de Alemania, 2020). Actualmente, el abogado Ahmed Abed está representando a tres demandantes en un juicio presentado ante el Tribunal Administrativo de Berlín que impugna la legalidad de la moción anti BDS. La campaña pública “Bundestag 3 for Palestine” (BT3P) está apoyando la demanda (European Legal Support Center, 20 diciembre 2020). Huelga añadir que, siguiendo el ejemplo alemán, en Austria el Parlamento (2020) adoptó una resolución anti BDS muy similar.

Con todo, como antesala de la aprobación de la moción parlamentaria, diferentes municipios alemanes habían adoptado resoluciones similares, como fue el caso de Múnich (2017) y Hamburgo (2017). En general estas se remiten a la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, 2016), la cual, a su vez, se tomó de la definición de antisemitismo del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (EUMC), que había sido desacreditada en su momento por confundir el verdadero antisemitismo con la oposición o la crítica a Israel (White, 2013c).

Por otra parte, si bien en Alemania no ha habido juicios penales contra activistas del BDS por activismo BDS como tal, el caso de los “Humboldt 3” se acerca a ello. Este involucró a tres activistas —dos judíos israelíes y un palestino— que serían acusados del delito de trespassing tras interrumpir una charla ofrecida por una funcionaria israelí en la Universidad de Humboldt, en Berlín. En agosto de 2020, como resultado del juicio, dos de ellos fueron absueltos y la tercera fue multada (Abusalama, 2020).

Ya en el ámbito del derecho administrativo, se encuentra el caso de Khaled Barakat, un palestino al que se le revocó el permiso de residencia en Alemania debido a su militancia, argumentando que contravenía la moción del Bundestag (Samidoun, 2020). Rasmea Odeh, una mujer palestina, sufrió una situación similar cuando las autoridades locales anularon su visado para permanecer en Alemania y se canceló un acto feminista en el que iba a dar un discurso (Hylton, 2019).

A nivel municipal, también en Alemania ha habido casos de derecho administrativo ampliamente conocidos vinculados al BDS. En el más reciente, el Tribunal Administrativo de Hesse terminó por dictaminar que no pudo encontrar ninguna reivindicación antisemita en el movimiento BDS y, por lo tanto, ordenó a la ciudad de Fráncfort que levantara todas las prohibiciones de espacio para que los activistas y partidarios del BDS celebraran un evento (European Legal Support Center, 2021b). Ya en marzo de 2019, el Tribunal Administrativo Superior de Baja Sajonia había anulado la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Oldenburg, que falló a favor del Ayuntamiento de Oldenburg cuando este fue llevado a los tribunales tras denegar —por considerar al BDS antisemita— sus instalaciones para acoger las actividades relacionadas con la Semana contra el Apartheid Israelí de 2019, como había solicitado el grupo BDS Oldenburg (European Legal Support Center, 2020a). Por último, en mayo de 2019, el Ayuntamiento de Bonn aprobó la moción “No hay lugar para el movimiento antisemita BDS en Bonn”. Así, cuando tres organizaciones palestinas solicitaron participar en el Festival de Cultura y Encuentro de Bonn de 2019, se les denegó por apoyar el BDS. Esto fue llevado al Tribunal Administrativo de Colonia, que en septiembre de ese año ordenó al ayuntamiento que acogiera la participación de las tres organizaciones en el festival (European Legal Support Center, 2020b).

Más allá del ámbito jurídico, un listado de eventos cancelados o interrumpidos sobre Palestina en Alemania contabiliza casi 100 incidentes (Palästinakomitee Stuttgart, 2018). Por ejemplo, la revocación de un premio literario a la escritora Kamila Shamsie tras expresar su apoyo al BDS (Al-Jazeera, 2019). En esta línea también se inscribe el hecho de que el festival internacional de arte Ruhrtriennale retirara su invitación al académico poscolonial Achille Mbembe por su apoyo al BDS (Jegic, 2020). En ambos casos, se invocó la moción del Parlamento como excusa. También llamó la atención la dimisión del profesor Schäfer de su cargo de director del Museo Judío de Berlín, tras retuitear la declaración de 240 intelectuales judíos e israelíes que se oponen a la moción anti BDS y piden que se mantenga la noción liberal de libertad de expresión que ven amenazada (Jewish Museum Berlin, 2019). Antes de todo ello, la joven académica Eleonora Roldán había sido suspendida de la Universidad Libre de Berlín tras ser acusada de antisemitismo por criticar las políticas israelíes (Jamal, 2021).

Estados Unidos

Fuera de Europa, fundamentalmente en Estados Unidos, también se ha desarrollado una agenda anti BDS que es imposible no mencionar. Unos 30 Estados han aprobado legislaciones anti BDS, mayormente enfocadas a limitar la contratación con el Estado de quien apoye el BDS. Asimismo, en las universidades, estudiantes y académicos han sido perseguidos por su activismo, según consta en el sitio web de Palestine Legal. Como se mencionó anteriormente, si bien se ha intentado penalizar el BDS a nivel nacional por medio de la introducción de proyectos de ley, estos no han sido aprobados. Más allá del BDS, sí hubo un juicio contra once estudiantes en 2010, quienes protestaron contra la visita del embajador israelí a su campus, en la Universidad de California en Irvine. Fueron hallados culpables de cometer una falta y condenados a servicio comunitario (Abunimah, 2014).

Una luz de esperanza: el drástico cambio
de la jurisprudencia del TEDH en la materia
con el fallo ‘Baldassi y otros contra Francia’

De los sistemas regionales de protección de derechos humanos (europeo, africano e interamericano), solo el europeo ha abordado la cuestión del BDS. El TEDH se ha pronunciado, de hecho, en dos ocasiones sobre el llamado al boicot de productos extranjeros. En ambas se trata de productos israelíes, el derecho en cuestión es la libertad de expresión y el Estado parte involucrado es Francia. Sin embargo, en cada una el TEDH alcanzó diferentes resultados. Mientras que en el caso “Willem contra Francia” (2009) se dictaminó que Francia no había violado el derecho a la libertad de expresión al condenar penalmente a un alcalde francés (el sr. Willem) a raíz de su llamamiento al boicot, en el caso “Baldassi y otros contra Francia” (2020) se resolvió que Francia había violado ese derecho al dar el mismo trato a un grupo de activistas (el sr. Baldassi y sus compañeros) que también pedían el boicot. Según la sentencia Baldassi, la diferencia entre ambos es la posición de los demandantes en cada caso: mientras uno era un alcalde, los otros eran activistas.

En “Baldassi y otros contra Francia”, Francia sí fue condenada por el TEDH, que unánimemente resolvió que había violado el artículo 10 de la CEDH al condenar penalmente a pagar una multa a once activistas tras imputarlos también con el delito de incitación a la discriminación económica por motivos de nacionalidad. Los hechos que dieron origen al proceso consistieron en distribuir folletos en supermercados del este de Francia, llamando a boicotear productos israelíes, entre 2009 y 2010. Esto tuvo lugar justo después de la previamente referida operación israelí “Plomo Fundido”, tras la cual Naciones Unidas estimó que Israel cometió el crimen de lesa humanidad de persecución contra los palestinos en Gaza.

En la sentencia Baldassi, el TEDH subrayó que la condena de los activistas carecía de motivos suficientes y, por tanto, violaba su libertad de expresión. En consonancia con su jurisprudencia anterior, el Tribunal destacó que el artículo 10 tiene poco margen para restringir el discurso político o el debate sobre asuntos de interés público. Sostuvo que el discurso político, incluyendo al BDS, es una cuestión de interés general y es esencial en una sociedad democrática. También afirmó que la naturaleza del discurso político es controvertida y a menudo virulenta, lo que no disminuye su interés público si no se convierte en un llamamiento a la violencia, el odio o la intolerancia. Los activistas tampoco habían sido condenados por ser violentos, y el supermercado donde los peticionarios habían llevado a cabo sus acciones no había reclamado daños y perjuicios como parte civil ante los tribunales nacionales. Por lo tanto, el tribunal nacional no había demostrado que la condena de los demandantes por su llamamiento a boicotear los productos procedentes de Israel hubiera sido necesaria en una sociedad democrática para alcanzar el objetivo legítimo perseguido, es decir, la protección de los derechos de otros.

De estas dos sentencias parece claro entonces cuáles son los límites a los llamamientos a boicotear Gobiernos extranjeros que podrían ser justificables en Europa: el llamamiento al boicot debe ser realizado por ciudadanos de a pie y no por autoridades, su contenido debe estar libre de llamamientos a la discriminación racial y a la incitación a la violencia, y no puede realizarse de forma violenta. En cuanto al contenido de las expresiones en Willem y Baldassi, ninguno es un caso de discurso de odio para el TEDH, ya que no se utilizaron expresiones racistas.

Por último, en relación con el objetivo del boicot, en ambos casos no se discutió por el tribunal el hecho de que Francia considerara que llamar a boicotear zumos producidos en Israel (lo que efectivamente ocurrió) fuera equivalente a llamar a boicotear a productores israelíes (que fue una extrapolación de los tribunales nacionales). Sin embargo, la discriminación contra las personas se derivaría de un llamamiento directo a discriminarlas, no de la interpretación de que el llamamiento a boicotear productos implique una incitación al boicot de quienes los producen suponiendo que la nacionalidad de los productores sea israelí (lo que es, al menos, dudoso en un mundo globalizado y en un contexto de ocupación militar). Además, los productos son a menudo producidos por personas jurídicas y no por personas físicas. Está claro que ni Willem ni Baldassi y sus compañeros llamaron al boicot de los productos judíos. Por lo tanto, parece que jurídicamente estos dos escenarios diferentes son bastante opuestos: mientras que el llamamiento a boicotear a una persona o a un grupo de personas sería cuestionable bajo el objetivo de los “derechos de los demás”, un producto parece un objetivo legítimo (Dubuisson, 2012; Medard Inghilterra, 2015; Poissonnier y Duhamel, 2015; Boeglin y Poissonnier, 2020).

Conclusiones

Como comienza Ali Abunimah (2014) su libro The Battle for Justice in Palestine, “los palestinos están ganando”. Y, efectivamente, es así. Si bien la situación cotidiana para ellos no sea mejor que en décadas anteriores, hoy las voces palestinas se multiplican en el mundo desmontando la narrativa hegemónica en la cual existe un conflicto milenario y religioso entre dos partes por un territorio. Explican en su lugar el proyecto colonial y racista forjado en Europa que se instaló en su tierra, y utilizan el derecho internacional y el marco de los derechos humanos para calificar aquello que ocurre día a día en toda Palestina y en los campos de refugiados en el exilio.

Ello ha sido posible, en mi opinión, de manera importante gracias al nacimiento y al crecimiento del BDS. De no mediar el BDS, los palestinos seguirían invisibilizados en el contexto global. Este constituye el vehículo para que los palestinos y la solidaridad internacional con Palestina puedan acceder al foro público. Surge a causa de la falta de alternativas para los palestinos y está pensado para ejercerse en regímenes democráticos. En estos debiera considerársele un discurso legítimo, una forma de ejercicio de la libertad de expresión. Incluso más importante que el acto de boicotear, es el de llamar al boicot. Llamar al boicot ha permitido a los palestinos educar al resto del mundo sobre su situación y los orígenes de esta. Si bien se ha intentado criminalizar estos esfuerzos, la realidad es que estos intentos no han prosperado y que eventualmente la defensa de los derechos ha prevalecido sobre sus amenazas. A todas luces el fallo Baldassi es una buena noticia para la protección de los derechos humanos y, más concretamente, de la libertad de expresión en Europa. Ha influido ya en el caso de los activistas también de Valencia y en el proceso contra Olivia Zémor, ambos desestimados. Hay razones para ser optimistas.

El objetivo que hay detrás de mantener ocupadas a los activistas defendiéndose a sí mismas en el Norte global —y más allá— es quitar el foco de lo que ocurre a las palestinas en Palestina y en los campos de refugiados de los países vecinos; es importante tener en cuenta que todo esto es parte de una misma estrategia, y que la atención prestada al BDS es directamente proporcional a lo exitoso que ha sido y está siendo. Parafraseando a Gandhi: “Primero te ignoran, luego se ríen de ti, después te atacan. Es entonces cuando ganas”.

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Cronología

Este libro trata de dejar claro lo importante que es la historia para comprender el contexto en la Palestina histórica. Por este motivo, ofrecemos esta cronología simplificada. Para completar y obtener más detalles sobre esta sucesión de acontecimientos, resulta imprescindible la consulta de la impresionante base de datos online creada en 1982 por el Institute for Palestine Studies, “The Palestine Chronology” (IPS, 2021), o la cronología puesta en marcha por la misma institución, el Palestinian Museum y Visualizing Palestine, “Palestine Journeys” (Palestinian Museum, 2016).

1882-1903 Una primera ola de 25.000 inmigrantes judíos llega al territorio, provenientes principalmente de Europa del Este.

1897 El I Congreso Sionista aprueba el Programa de Basilea, que pide el establecimiento de un “hogar para el pueblo judío en Palestina”. También constituye la Organización Sionista Mundial, cuyo objetivo es avanzar hacia ese fin.

1904-1914 La segunda ola, de aproximadamente 40.000 inmigrantes judíos, aumenta la población judía hasta representar aproximadamente el 6% del total.

1917 Con la Declaración Balfour, el secretario de Estado británico promete el apoyo de su país en la creación de “un hogar nacional judío en Palestina”.

1919-1923 La tercera ola, de más de 35.000 inmigrantes judíos, lleva a que la población judía aumente hasta el 12% del total.

1920 El Mandato de Palestina es asignado a Reino Unido por el Consejo Supremo de la Conferencia de Paz de San Remo. En julio de 1922, fue aprobado por el Consejo de la Liga de Naciones.

1924-1928 y

1929-1939 La cuarta (67.000) y quinta (más de 250.000) olas llevan a que la población judía represente un 30% del total.

1929 Revuelta de Al-Buraq: en agosto, surgen disturbios de dimensión considerable a raíz de una disputa entre judíos y palestinos sobre las reclamaciones en torno al Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, un lugar sagrado para judíos y musulmanes.

1936 Durante años, y como han demostrado numerosas movilizaciones, ha aumentado la insatisfacción palestina hacia el Mandato británico, tanto en lo que respecta a su permisividad frente al Yishuv como a la precaria situación económica, de la que los agricultores son las principales víctimas. El asesinato del popular clérigo sirio Izzeddin al-Qassam fue la gota que colmó el vaso. El 8 de mayo, la Conferencia de Comités Nacionales Palestinos en Jerusalén pide que no se impongan impuestos sin representación. Comienza la Gran Revuelta, que durará hasta 1939, en la que se combinaron acciones de protesta con una extensa huelga general, y violencia contra el Mandato y los inmigrantes judíos. La represión fue terrible, pero la situación también permitió que los británicos empezaran a ser conscientes de lo peligroso de la situación que habían favorecido.

1940-1945 La llegada de más de 60.000 inmigrantes, incluidos 20.000-25.000 en situación irregular de forma ilegal, lleva a la población judía al 31% del total. La propiedad de tierras judía registrada representa el 6% del área.

1947 El secretario de Relaciones Exteriores británico, Ernest Bevin, anuncia que su país remite la cuestión de Palestina a la ONU. Se crea un Comité Especial sobre Palestina (UNSCOP): en su informe final, la mayoría de los miembros recomienda la partición, y una minoría recomienda una solución federal. El 29 de noviembre, la Asamblea General de la ONU recomienda una variante del plan de partición de la UNSCOP que asigna el 56,5% del territorio a un Estado judío y el 43% a un Estado árabe, que obtiene una mayoría.

1947-1949 Nakba palestina. A principios de 1949, las fuerzas israelíes controlaban el 77% de la Palestina histórica.

1948 El 15 de mayo finaliza el Mandato británico y David Ben-Gurión declara el establecimiento del Estado de Israel.

1948-1949 Primera guerra árabe-israelí. El 15 de mayo, unidades de los ejércitos de Egipto, Jordania, Líbano, Siria, Irak y Arabia Saudí entraron en la Palestina histórica para proteger a la comunidad palestina y luchar contra los israelíes. A pesar de estar nominalmente coordinados por la Liga Árabe, estos ejércitos generalmente actuaron con independencia —algunos hablan de desorganización— unos de otros. En 1949, Israel firmó armisticios con Egipto el 24 de febrero, Líbano el 23 de marzo, Transjordania el 3 de abril y Siria el 20 de julio. Las fuerzas egipcias controlaban Gaza, mientras que las tropas jordanas e iraquíes se aferraban a Cisjordania y Jerusalén Este.

1948 La Asamblea General de Naciones aprueba la Resolución 194, que afirma el derecho de regreso de los refugiados palestinos.

1949 La ONU establece la UNRWA.

1964 Creación de la OLP, en un primer momento bajo el control de los regímenes árabes.

1967 Naksa palestina: tras la llamada “guerra de los Seis Días”, Israel ocupa el resto de la Palestina histórica —Jerusalén Este, Cisjordania y la Franja de Gaza—, así como los Altos del Golán sirios y el Sinaí egipcio. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución 242, en la que exige a Israel que se retire de los territorios ocupados.

1971 La OLP fue acusada de desarrollar un Estado dentro de Jordania, lo que llevó a una escalada de tensiones con el régimen hachemita. Tras el secuestro y aterrizaje en Jordania de tres aviones a principios de septiembre de 1970 por parte del FPLP, el rey Huséin ordenó a su ejército que expulsara a las fuerzas de la OLP del país.

1974 La Liga Árabe reconoce a la OLP como único y legítimo representante del pueblo palestino.

1976 Como consecuencia de la confiscación por parte del Estado de Israel de miles de hectáreas de terreno a ciudadanos palestinos, estos organizan protestas masivas. Fueron brutalmente reprimidas, en lo que cada año se conmemora como “Día de la Tierra”.

1982 Israel invade el Líbano en el marco de la guerra civil, y la OLP se ve obligada a abandonar el país e instalarse en Túnez.

1987 Nacimiento de Hamás.

1987-1991 Primera intifada.

1991 Conferencia de Paz de Madrid.

1993 La OLP e Israel firman la Declaración de Principios sobre Acuerdos Provisionales de Autogobierno (Oslo I).

1995 La OLP e Israel firman un acuerdo provisional que otorga a los palestinos cierta autonomía en determinadas partes de Cisjordania y la Franja de Gaza (Oslo II).

2000 Cumbre de Camp David.

2000-2005 Segunda intifada.

2008-2009 Primera guerra sobre Gaza en el marco de la operación “Plomo Fundido”.

2012 Segunda guerra sobre Gaza en el marco de la operación “Pilar Defensivo”.

2014 Tercera —y más mortal— guerra sobre Gaza desde 1967, en el marco de la operación “Margen Protector”.

2021 “Intifada de la Unidad” y nueva guerra sobre Gaza (operación “Guardián de los Muros”).

Acrónimos y términos importantes

ANP Autoridad Nacional Palestina

BDS Movimiento “Boicot, Desinversión, Sanciones”

CLP Consejo Legislativo Palestino (llamado “Parlamento de Palestina”): órgano unicameral legislativo de la ANP, cuyos miembros son elegidos por los palestinos residentes en los territorios de 1967

CNP Consejo Nacional Palestino: órgano legislativo de la OLP, nominalmente el parlamento de todos los palestinos dentro y fuera de los territorios de 1948

Derecho de retorno Derecho de los refugiados palestinos, aquellos expulsados durante la Nakba, y sus descendientes, de retornar a la Palestina histórica, reconocido por la Resolución 194 de 1948 de la Asamblea General de la ONU

Diáspora palestina Conjunto de palestinos, tanto aquellos reconocidos como refugiados como los que no, que habitan más allá de las fronteras de la Palestina histórica

EE UU Estados Unidos

Fatah Movimiento Nacional de Liberación de Palestina

FDLP Frente Democrático para la Liberación de Palestina

FPLP Frente Popular para la Liberación de Palestina

Hamás Movimiento de Resistencia Islámico

Knéset Parlamento o asamblea del Estado de Israel

Línea Verde Término que comúnmente designa la línea de armisticio de los Acuerdos de Rodas de 1949 establecida entre Israel y sus vecinos árabes, como frontera de hecho entre el año 1949 y la guerra de los Seis Días, y posteriormente como separación entre el Estado de Israel y los territorios bajo ocupación

Nakba Exilio de más de 750.000 palestinos durante y después (1947-1949) del establecimiento del Estado de Israel en 1948 (“desastre” en árabe)

Naksa Derrota palestina (traducida del árabe como “gran revés”) tras la guerra de los Seis Días de 1967, que llevó a la ocupación de los territorios de Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este

OLP Organización para la Liberación Palestina

ONU Organización de las Naciones Unidas

Palestina histórica Territorio referido al antiguo Mandato británico, limitado al este por el río Jordán, al oeste por el mar Mediterráneo, al norte por el Líbano y al sur por Egipto

Palestinos del 48 También llamados “ciudadanos palestinos de Israel”, individuos palestinos que permanecieron en el recién establecido Estado de Israel (en la ontología palestina, el territorio ocupado en 1948), que les otorgó la ciudadanía

Palestinos del 67 Individuos palestinos residentes en los territorios ocupados en 1967 (Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este)

TPI Tribunal Penal Internacional

UE Unión Europea

UNRWA Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo

Yishuv Conjunto de comunidad e instituciones creadas por los inmigrantes judíos en la Palestina histórica pre-1948 con la intención de crear un futuro Estado

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Recursos complementarios

Ensayos

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Weizman, E. (2017): Hollow Land: Israel’s Architecture of Occupation, Nueva York, Verso.

Más allá de textos académicos y pedagógicos, tratar de entender el contexto en la Palestina histórica también obliga a dirigir nuestra mirada hacia las diferentes formas en las que palestinos a lo largo y ancho del planeta han narrado diferentes realidades. Aquí presentamos una pequeña selección.

Literatura

Susan Abulhawa, Amaneceres en Jenin.

Ibtisam Azem, The Book of Disappearance.

Mourid Barghouthi, Yo vi Ramallah.

Mahmud Darwish, Poesía escogida.

Isabella Haddad, El parisino.

Yara Hawari, The Stone House.

Ghassan Kanafani, Una trilogía palestina.

Sayed Kashua, Árabes danzantes.

Karim Kattan, Le Palais des deux collines.

Elias Khoury, La Cueva del Sol.

Mazen Maarouf (ed.), Palestine +100: Stories from a century after the Nakba.

Elias Sanbar, Dictionnaire amoureux de la Palestine.

Adanía Shibli, Un detalle menor.

Raja Shehadeh, Occupation Diaries.

Tawfiq Ziyad, Ammán en septiembre y otros poemas.

Música

DAM, Ben Haana Wa Maana (2019, Cooking Vinyl)

Faraj Suleiman y Majed Kayyal, Better than Berlin (2020, autoproducido)

Rafeef Ziadah, Three Generations (2020)

47 Soul, Shamstep (2015, F-Cat Productions GmbH)

Le Trio Joubran, The Long March (2018, Cooking Vinyl)

TootArd, Nuri Andaburi (2011)

Bashar Murad, Maskhara (2021, Pop Arabia)

Rim Banna, Mirrors of my Soul (2005, Kirkelig Kulturverksted)

DJ Sama’ Abdulhadi

Rasha Nahas, Desert (2020, RMad Records)

Pintura

Nayi al-Ali (1938-1987)

Laila al-Shawa (1940-)

Rawan Anani (1978-)

Samia Halaby (1936-)

Khaled Hourani (1965-)

Sliman Mansour (1947-)

Malak Mattar (2001-)

Tayseer Sharaf (1939-2001)

Cine

Aida Kaadan, Strawberry (2017, Amir Fakhreddin Films)

Mustafa Abu Ali, They Do Not Exist (1974, OLP)

Hany Abu-Assad, Paradise Now (2005, Augustus Film)

Hany Abu-Assad, Omar (2013, Zbros)

Raed Andoni, Ghost Hunting (2017, Les Films de Zayna, Dar Films, Akka Films)

Suha Arraf, Villa Touma (2014, Belssan)

Mohammed Bakri, Jenin, Jenin (2002, Arab Film Distribution)

Emad Burnat, 5 Broken Cameras (2011, Guy DVD Films, Alegria Productions y Burnat Films Palestine)

Cherien Dabis, Amreeka (2009, Buffalo Gal Pictures)

Maha Haj, Personal Affairs (2016, Yellow Dawn Productions y Majdal Films)

Annemarie Jacir, Like Twenty Impossibles (2003, MEC Films)

Annemarie Jacir, When I Saw You (2012, Philistine Films, Lamma Shoftak LLC)

Michel Khleifi, Wedding in Galilee (1987, ZDF, Les Productions Audiovisuelles, Marisa Films y CNC)

Rashid Masharawi, Laila’s Birthday (2008, Cinema Production Center, Cinétéléfilms, Sweetwater Pictures y Fortissimo Films)

Farah Nabulsi, The Present (2020, Native Liberty Productions y Philistine Films)

Jackie Reem Salloum, Slingshot Hiphop (2008, Fresh Booza Productions)

Sina Salimi, Roof Knocking (2017)

Larissa Sansour, In Vitro (2019, Danish Arts Foundation)

Elia Suleiman, Chronicle of a Disappearance (1996, Dhat Productions)

Elia Suleiman, The Time that Remains (2009, Nazira Films)

Organizaciones

Adalah – The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel

Adalah Justice Project

Al-Haq

Al-Qaws for Sexual and Gender Diversity in Palestinian Society

Al-Shabaka

Al-Yudur Juventud palestina

Alternative Information Center

Aswat – Palestinian Feminist Center for Gender and Sexual Freedoms

BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights

Baladna – Association for Arab Youth

Decolonize Palestine

The Electronic Intifada

Foundation for Middle East Peace

Grassroots Jerusalem

Institute for Middle East Understanding

Institute for Palestine Studies

Kayan Feminist Organization

Mada al-Carmel

MAKAN

Metras

Mondoweiss

Ottoman History Podcast

Palestine Deep Dive

Palestine Legal

Palestinian Museum

Palestine Solidarity Campaign

Palestinian Youth Movement

PASSIA

The Palestine Institute for Public Diplomacy

Students for Justice in Palestine

UNOCHA – United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

The US/Middle East Peace Project

Visualizing Palestine

We Are Not Numbers

Youth Against Settlements

Zochrot

+972 Magazine

7Amleh – The Arab Center for Social Media Advancement

NOTAS

1 . La palabra árabe intifada incluye entre sus significados “levantamiento”: la primera intifada designa al levantamiento que tuvo lugar en los territorios bajo ocupación militar israelí entre 1987 y 1993.

2 . A partir de esta realidad se prefiere la denominación “Palestina histórica” para designar la totalidad del territorio en la que, como se explicará a continuación, Israel es la única entidad soberana. En ocasiones también se utilizará la denominación “Israel/Palestina”.

3 . David Ben-Gurión llegó a declarar a Tawfiq Tuba en 1963: “Todos éramos nativos” (Robinson, 2013: 2).

4 . La imposibilidad de que Israel pueda ser al mismo tiempo un Estado judío, un Estado democrático y una potencia ocupante.

5 . Término que comúnmente designa la línea de armisticio de los Acuerdos de Rodas de 1949 entre Israel y sus vecinos árabes, como frontera de hecho entre el año 1949 y la guerra de los Seis Días, y posteriormente como separación entre el Estado de Israel y los territorios bajo ocupación.

6 . Se suele utilizar el concepto Acuerdos de Oslo para hacer referencia al conjunto de acuerdos alcanzados entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) a partir de 1993. El primero de ellos fue la “Declaración de Principios sobre las Disposiciones relacionadas con un Gobierno Autónomo Provisional” (Oslo I) o “Primer Acuerdo Gaza-Jericó” de ese año, seguido del “Acuerdo para la autonomía de Gaza y Jericó” de 1994, el “Acuerdo preparatorio para la transferencia de poderes y responsabilidades” de 1995, y el Acuerdo de Oslo II o Acuerdo de Taba, también de 1995. El Protocolo de París de 1994 define las relaciones económicas entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

7 . Ya existía una pequeña presencia judía que durante siglos había emigrado al territorio sin pretensiones de imponer su soberanía sino de nutrir su religiosidad en Jerusalén, Hebrón, Safed y Tiberias.

8 . El Fondo Nacional Judío estuvo al cargo, a partir de 1901, de adquirir tierras que se cedían a los inmigrantes judíos, siempre y cuando se comprometieran a albergar mano de obra y residentes exclusivamente judíos.

9 . Fue un proyecto diseñado por la milicia clandestina judía, la Haganah, a instancias de David Ben-Gurión, entonces jefe de la Agencia Judía, antes del final del Mandato británico, aunque con la presunción de que las autoridades británicas ya no estarían presentes. El objetivo declarado era hacerse con el control de las áreas que componían el recién establecido Estado judío y defender sus fronteras.

10 . En 1948 también aconteció la victoria del Partido Nacional en Sudáfrica, que adoptaría el apartheid como ideología y régimen.

11 . El 20 de abril de 2007, en una conferencia pronunciada en el Instituto Van Leer, Yair Golan, entonces comandante de las fuerzas israelíes en Cisjordania, afirmó que “la separación y no la seguridad es la razón principal para construir el Muro de separación. La seguridad podría haberse logrado de manera más eficaz y económica a través de otros medios” (Hever, 2010).

12 . Esto es posible gracias principalmente al compromiso de EE UU de mantener la ventaja militar cualitativa de Israel, esto es, se compromete a que el equipamiento militar del que goce Israel sea siempre superior al resto de equipamiento militar vendido por Washington a otros países. Este compromiso abarca la asistencia financiera militar anual, pero también el desarrollo y producción conjuntos de sistemas de defensa antimisiles, el intercambio de información de inteligencia y la realización de ejercicios militares conjuntos (Tannous, 2021).

13 . Existen numerosos debates respecto al nivel de democracia interna de la OLP antes del periodo de Oslo; véanse por ejemplo las opiniones divergentes de Rabbani y Dana en Rabbani et al. (2016) o Amaney (2007).

14 . No hay que olvidar que los Territorios Ocupados representan solo el 20% del territorio original de la Palestina histórica.

15 . En el vocabulario palestino, la Naksa, traducida como “gran revés”, designa la derrota tras la llamada “guerra de los Seis Días” de 1967.

16 . Aunque en la mayoría de medios se suele recurrir al concepto de “asentamientos”, este texto prefiere el concepto de “colonia”, que refleja en mayor medida la estructura y mentalidad en la base de estas construcciones.

17 . Disposición que de hecho ha sido utilizada contra el liderazgo palestino cuando este ha intentado hacer avanzar su causa en el plano internacional, muy particularmente en lo que respecta a su adhesión al Estatuto de Roma en 2015, que abrió la puerta a una posible investigación del Tribunal Penal Internacional.

18 . La denominación de esta infraestructura es, como todo en esta materia, profundamente política: mientras que en la ontología palestina el nombre más escuchado es “Muro de Segregación y Anexión Racial”, también se habla de “Muro del Apartheid”, y por parte del Estado de Israel, “Barrera de Seguridad” (véase Lecumberri, 2017).

19 . Destaca en este sentido la frecuente adopción de corpus legal utilizado por el Imperio británico como potencia colonial, así como de la legislación territorial otomana, que se remonta a 1858.

20 . El proyecto de liberación nacional se ve además negativamente afectado por los procesos de des-desarrollo que han tenido lugar (Khalidi y Samour, 2011).

21 . Aunque la mayor parte de análisis prefieren centrar su atención en Jerusalén Este, este libro se alinea con las nuevas narrativas que consideran que en una “realidad de un Estado” es necesario tener en cuenta todas las localizaciones de la Palestina histórica. Aunque Jerusalén Este esté ocupada de acuerdo con el derecho internacional, el resto de la ciudad es clave para entender el contexto actual: de allí fueron expulsados miles de palestinos, allí obtienen los trabajos más precarios, en ocasiones residen y se desplazan, siendo objeto de discriminación por su mera identidad.

22 . Una consecuencia del bloqueo fue la construcción de túneles transfronterizos subterráneos y la creación de un próspero mercado negro en la península del Sinaí para transportar mercancías, personas y armas hacia Gaza.

23 . Israel ya impuso cuantiosas restricciones a la libertad de movimiento de los palestinos en la Franja de Gaza en la década de 1990.

24 . Estas mismas normas, tal y como se ha explicado, serían utilizadas en el marco de la ocupación militar en los territorios de 1967.

25 . Este libro en ningún momento pretende negar la existencia de colaboradores palestinos, en todo caso una minoría y un fenómeno característico de todo contexto colonial.

26 . Estos documentos son: el texto “Visión de futuro de los árabes palestinos en Israel”, del Comité Nacional de las Autoridades locales árabes en Israel hecho público en 2006, la “Constitución Democrática” de Adalah anunciada en 2007, la “Declaración de Haifa” de Mada al-Carmel de 2007 y los “Diez puntos” de Mossawa adoptados en 2007.

27 . El debate sobre si votar o no no se plantea en la mayor parte de ocasiones en el caso de los consejos municipales, probablemente en parte porque se trata de poblaciones eminentemente palestinas, pero también como consecuencia del trauma causado por los gobernadores israelíes durante la época del control militar sobre esas comunidades.

28 . Es también el caso de circasianos y beduinos del norte, aunque estos no están obligados.

29 . Otra de las excepciones es que la financiación es acordada por temporadas, lo que pone en peligro su supervivencia con regularidad.

30 . Hoy, mi cuerpo era una masacre transmitida por la televisión. / Y déjenme decirles que no hay nada que sus resoluciones de la ONU hayan hecho al respecto. / Ningún fragmento de sonido, ningún fragmento de sonido que se me ocurra, no importa lo bueno que sea mi inglés, ningún fragmento de sonido, ningún fragmento de sonido, ningún fragmento de sonido, ningún fragmento de sonido los devolverá a la vida. Ningún fragmento de sonido solucionará esto. / Enseñamos la vida, señor. / Enseñamos la vida, señor. / Los palestinos nos levantamos cada mañana para enseñar al resto del mundo lo que es la vida, señor.

31 . La “cuestión palestina” protagonizó los primeros pasos de la Cooperación Política Europea, que encuentra como punto de inflexión la Declaración de Venecia de 1980.

32 . El proceso que derivó en la Promesa Balfour también nos muestra la importancia de otros factores, como la geopolítica de Oriente Próximo o el vínculo entre los judíos y Tierra Santa en el imaginario cristiano.

33 . En un manifiesto hecho público en septiembre de 2021 por el periódico francés Le Monde contra la utilización de la palabra apartheid, se habla de “entender lo que está sucediendo entre israelíes y palestinos, entre judíos y árabes, entre Oriente y Occidente” (Collectif, 2021).

34 . Intentando evitar por todos los medios la referencia constante al término “conflicto árabe-israelí” que invisibiliza la centralidad y orígenes de la causa palestina y presenta el contexto como uno de mero enfrentamiento geoestratégico.

35 . Traducción propia.

36 . Este concibe a las instituciones políticas y sociales como el lugar central de poder destinado a dar expresión a un sistema político justo y legítimo, resultado de una operación transaccional o contractual entre individuos libres, definición que no puede atribuirse en la actualidad a los palestinos.

37 . Aquí no se pretende minimizar, bajo ningún concepto, el significado de algunas iniciativas de resistencia palestina, sino simplemente señalar que no están directamente relacionadas con —y son meramente toleradas, en ningún caso apoyadas por— las instituciones políticas.

38 . El término hace referencia a movimientos que nacen y crecen en el seno de comunidades locales en lugar de ser conformados por las élites o instituciones oficiales.

39 . Un ejemplo fue la conferencia celebrada en Jerusalén el 31 de octubre de 2019 sobre financiación alternativa de las ONG organizada por Grassroots Jerusalem.

40 . Se considera que los orígenes del movimiento se remontan a la Conferencia Mundial contra el Racismo, celebrada en Durban (Sudáfrica) en 2001.

41 . La Knéset adoptó legislación antiboicot en julio de 2011.

42 . Estribillo del tema “Mali Huriye” (“No tengo libertad”), del grupo de hip hop DAM, compuesto por jóvenes palestinos del 48.

43 * Abogada por la Universidad de Chile y máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente, candidata a doctora en Derecho por la Universidad de Edimburgo, con una investigación sobre los boicots como manifestación del derecho a la libertad de expresión. Es docente del módulo de Feminismos árabes e islámicos en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido docente de Introducción al Derecho en la Universidad Católica Silva Henríquez e investigadora del Centro de Estudios Constitucionales y Administrativos de la Universidad Mayor. Asimismo, se ha desempeñado como abogada asesora en derechos humanos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile. Es profesora invitada en diferentes universidades para abordar la cuestión de Palestina desde el derecho internacional.

Figura 6

Mapa de la Cisjordania resultante de Oslo II (1995)

Fuente: Jorge Ramos (2020): Una historia contemporánea de Palestina-Israel, Madrid, Los Libros de la Catarata.