PRÓLOGO

Este libro contiene una selección de artículos sobre Cataluña publicados durante los últimos veinte años en El País y La Vanguardia. Escogerlos no resultaba fácil y se ha optado por recopilar aquellos que intentan probar una hipótesis de partida: el actual crecimiento del independentismo catalán no es algo casual e inesperado, ni tampoco es debido a determinadas circunstancias recientes, tales como un Estatuto fallido o una escasa financiación, sino que se viene gestando desde mucho antes, desde antes de la transición política y, muy especialmente —ya de forma institucional— desde 1980, la primera vez que Jordi Pujol es investido presidente de la Generalitat.

De ahí proviene el título, Paciencia e independencia, a primera vista un tanto enigmático. Tal como se explica en algunos de los artículos seleccionados, este título es consecuencia de una anécdota personal que para mí fue muy significativa. En una de las multitudinarias manifestaciones en favor de la autonomía, a finales de los años setenta y ya en democracia, tras recorrer un buen trecho de las calles por donde discurría la manifestación y ya con intención de volver a casa, unos amigos de Convergència me invitaron a unirme a su grupo. Lo hice con gusto, les acompañé durante un rato, pero en medio del barullo no entendía el lema que coreaban. Al preguntarles por la frase que al unísono repetían, me respondieron: Avui paciència, demà independència. Me sorprendió de entrada pero inmediatamente comprendí el significado: para estos amigos nacionalistas, la autonomía es una simple fase transitoria que habrá que superar: hay que tener paciencia, pues el verdadero objetivo, la meta final, es la independencia.

En estos casi 35 años de autonomía he podido comprobar que no era ésta una frase inocua, un eslogan más, sino que resumía todo un programa de actuación: la autonomía era una estación de tránsito; la independencia, la estación terminal. «Hoy paciencia, mañana independencia», una excelente consigna que describía perfectamente las dos fases consecutivas de una estrategia.

A lo largo de todos estos años, la evolución del nacionalismo catalán, con sus pasos adelante y atrás —dos adelante y uno atrás, en la más pura tradición leninista— me ha ido demostrando que aquel lema se cumplía al pie de la letra hasta llegar a la fase actual, al intento de dar el paso que faltaba. Así, gracias a aquellos amigos convergentes que tan cordialmente me invitaron a reincorporarme a la manifestación, he podido ir descifrando la agenda oculta del nacionalismo catalán —de ahí el subtítulo del libro— que creo me ha facilitado la comprensión de su zigzagueante recorrido. Al parecer, y como es lógico tras tantos años de espera, ahora la paciencia de los nacionalistas se ha acabado y están decididos a entrar en el mañana, a alcanzar la independencia.

Pero este libro no trata del mañana sino del hoy y, sobre todo, del ayer, es decir, de la época de la paciencia, de esta agenda que sigilosamente preparaba el objetivo final. Jordi Pujol ya fue un consumado maestro en estas artes durante la última fase del franquismo. Entonces su idea era que, dadas las circunstancias, lo más efectivo no era hacer política sino hacer país, fer país. ¿Qué era fer país? Consistía en establecer las bases de lo que estaba por venir a fin de que, en cuanto llegara, Cataluña estuviera en condiciones de desarrollarse como una sociedad diferenciada del resto de España para exigir, entonces, un trato específico distinto a las demás comunidades o, si hubiera condiciones para ello, dar el paso hacia la independencia.

La primera parte de la vida profesional de Jordi Pujol es un ejemplo de esta estrategia. Aún habiendo estudiado para médico, nunca ejerció la medicina sino que se dedicó al mundo financiero, con especial dedicación a la banca industrial; otras personas de su confianza, de hecho fiduciarias suyas, tuvieron presencia en el mundo editorial y en los medios de información; unas terceras participaron activamente en asociaciones diversas, grupos cristianos, etcétera. Sólo a algún colaborador aislado le encargó la tarea de estar presente en la política antifranquista que se desarrollaba en la clandestinidad, por ejemplo en la Asamblea de Cataluña.

Así pues, a partir de mediados de los años sesenta, Pujol empezó a tejer una red de colaboradores con la vista puesta en alcanzar la hegemonía económica, social y cultural en una futura Cataluña democrática. Esto era fer país. Pujol era un estratega gramsciano quizás sin saberlo. Sólo cuando vio que la muerte de Franco se aproximaba, y con ella también la muerte del régimen, decidió intervenir directamente en política: en octubre de 1974 funda un partido, Convergència Democràtica de Catalunya. De fer país había entonces que pasar a fer política. Tras varias derrotas electorales, su partido no triunfa hasta las primeras elecciones autonómicas de 1980, ya con el Estatuto vigente. Entonces se convirtió definitivamente, por méritos propios, en líder indiscutible del movimiento nacionalista catalán, cuyo ámbito era mucho más amplio que su estricto partido.

¿Qué podía hacer un nacionalista como él gobernando una simple comunidad autónoma a la que consideraba como una nación merecedora de un Estado propio? Tener paciencia, preparar el terreno, ir construyendo la nación. Esto último es una de las mayores paradojas de todo nacionalismo: sostienen, por una parte, que la nación existe desde hace por lo menos mil años y, sin embargo, por otra, no paran de repetir que la tarea más urgente es construir la nación. ¿En qué quedamos? ¿Existe o hay que crearla? Evidentemente, hay que crearla manipulando mitos y leyendas históricas, reforzando presuntas homogeneidades, modelando a su modo la sociedad. Ésta es la llamada política de construcción (o reconstrucción) nacional de Cataluña, cuya principal esfera de actuación ha abarcado dos ámbitos: por un lado, los poderes públicos y, por otro, la sociedad.

En cuanto a lo primero, el principal eje vertebrador ha consistido en construir desde el poder una comunidad autónoma como si fuera un Estado: con todos sus órganos, símbolos y parafernalia. No se ha optado por el federalismo —claramente incompatible con todo nacionalismo—, sino por un vago confederalismo —también denominado federalismo asimétrico— basado en una España plurinacional, en la que Cataluña todavía estaba sometida a una mítica Castilla, hoy España, denominándola Estado español o, simplemente, Madrid. Así, cuando llegara el mañana, el momento de la independencia, el tránsito sería más suave y sencillo. El Estado estaría casi construido.

En la esfera de la sociedad, la política de la Generalitat ha sido mucho más peligrosa debido a su intervencionismo antiliberal. El pujolismo ha querido moldear una nueva sociedad bajo los siguientes presupuestos. En primer lugar, los catalanes se dividen entre catalanistas y españolistas, es decir, nacionalistas de un lado y de otro, sin opción alguna para los que no somos nacionalistas de ninguna parte. Los partidos deben definirse donde se sitúan en este falso dilema y, según sea, serán considerados como partidos catalanes o partidos nacionalistas o, simplemente, españolistas y anticatalanes. En segundo lugar, la cultura catalana se reduce a la cultura nacionalista catalana, dejando de lado a buena parte de los ciudadanos de Cataluña. Ello se proyecta, principalmente, en la escuela y en la protección mediante subvenciones del mundo cultural. Los medios oficiales de comunicación —TV3 y Catalunya Radio— han sido y son un decisivo instrumento en esta ideologización cultural.

En tercer lugar, el catalán es la lengua propia de Cataluña, con lo cual el castellano —lengua habitual de más de la mitad de la población—, aunque sea oficial queda relegado a la condición de lengua impropia, impuesta históricamente por España. Ello tiene consecuencias claras en las instituciones públicas, la escuela y los medios de comunicación, públicos y privados. La sociedad, por supuesto, va por otro lado, aunque cada vez más acomplejada. En cuarto lugar, el Estatuto de 1979 es claramente insuficiente para las aspiraciones políticas catalanas, y la sociedad debe reclamar metas nuevas que lo superen. Ahí, la actitud victimista juega un papel fundamental: la culpa de todos los males es de Madrid —otro de los sinónimos utilizados para nombrar a España— y los catalanes son sus sacrificados mártires. Que la realidad muestre que Cataluña es una de las zonas más ricas y avanzadas de España no impide que este insólito discurso haya calado de forma muy efectiva en la sociedad.

Por último, el control de la llamada sociedad civil ha sido muy estricto. El poder cercano, como es el de la Generalitat, tiene ventajas y riesgos. Podría cambiarse aquella conocida frase de «el que se mueva no sale en la foto» por otra que dijera «el que se mueva no tiene subvención, ni permisos o concesiones administrativas, ni puede aspirar a ningún cargo político ni institucional». Ante esta situación, la sociedad ha sido dócil ante los tentáculos del poder autonómico, se ha plegado mansamente a su voluntad. Quizás ahora empieza a arrepentirse, pero no puede eludir su responsabilidad de haber estado accediendo durante tantos años a los más mínimos deseos del poder autonómico.

Éstas fueron las líneas maestras de lo que podemos denominar pujolismo. Pero el pujolismo no se acabó al dejar Jordi Pujol la Presidencia de la Generalitat. Continuó incólume —quizás acentuado— con Maragall y Montilla, no digamos ya en estos años de la presidencia de Artur Mas. Al nacionalismo tradicional identitario se le ha sumado el económico, el que resume el conocido eslogan del «España nos roba» y que, en los últimos años, aprovechando arteramente la crisis económica común a todos, se ha reconvertido en «España no nos sirve, es un Estado en decadencia, hay que separarse, debemos dirigirnos hacia la independencia».

Los artículos reunidos en este libro, ligados siempre a la actualidad del momento en que fueron escritos, son una muestra de esta evolución. Este libro compuesto de artículos de prensa no se hubiera publicado sin la insistencia del director de Ariel, Francisco Martínez, que consideró, no sé si con razones suficientes, que podría tener interés reunirlos en un libro. Probablemente tuvo en cuenta que quizás expresan el sentir de una parte de los catalanes que en estos años han tenido pocas voces que hablaran por ellos. El agradecimiento debe extenderse a Oriol Alcorta, también de la Editorial Ariel, encargado de su selección y, por supuesto, a los diarios El País y La Vanguardia —y en especial a Lluís Bassets y José Antich—, donde fueron publicados. Que semanalmente te guarden una página en blanco que debes rellenar con puntualidad es el mejor estímulo para obligarte a reflexionar sobre la realidad que pasa ante tus ojos y escuchas con tus oídos. Gracias a todos ellos.

Marzo de 2014

TIEMPOS DE PACIENCIA (1980-2003):

EL PUJOLISMO

El pujolismo duró 23 años: es mucho tiempo. En este decisivo período se sentaron las bases de la Cataluña actual. El pujolismo se planteó al principio como un nacionalismo pragmático que, al paso de los años, fue evolucionando hacia lo que realmente era ya desde el principio: una ideología fundamentalista dispuesta a remodelar una sociedad. La clave de su éxito radicó en el liderazgo indiscutible de un político excepcional como Jordi Pujol, la ocupación de un amplio espacio central de la sociedad catalana aglutinado en torno a un catalanismo transversal, y la casi inexistencia de oposición política, social y cultural debida al acomplejamiento de la izquierda que había sido hegemónica en el período de la transición.

La utilización partidista de las instituciones, la política cultural y lingüística, los medios de comunicación públicos y privados como potente foco ideológico y la manipulación política del lenguaje y de la historia, fueron los elementos clave de la «construcción nacional» llevada a cabo en todo este período. El espíritu de la Barcelona olímpica, que hubiera podido ser un modelo alternativo, no tuvo continuidad en los años siguientes, y el pujolismo, a partir de entonces, recobró nuevos bríos.

Sólo al final del período, ya en la segunda mitad de los noventa, empieza una cierta contestación nacida en el ámbito de la sociedad y de un determinado mundo cultural. Pero políticamente estos nuevos vientos de cambio fueron desaprovechados por los socialistas al pactar en el año 2000 con ERC una reforma estatutaria que les ha convertido hasta hoy en prisioneros de las fuerzas nacionalistas.

Visto con la perspectiva actual, el gobierno tripartito constituyó el mayor triunfo de pujolismo: cambiarlo todo para que nada cambie. Así, el período de la paciencia culminó con un gran éxito. La Cataluña de 2003 poco o nada tenía que ver ya con la de 1980: la construcción nacional en buena parte se había conseguido.

Burguesía y Liceo

Desde el siglo pasado, el Liceo de Barcelona ha sido uno de los símbolos de la Cataluña burguesa. La bomba anarquista lanzada a finales de siglo y que mató —en la ficción— a Mariona Rebull fue un atentado al orden burgués. El que las niñas bien de Barcelona «entraran en sociedad» asistiendo a una ópera o a un ballet en el Liceo era un cursi pero ineluctable ritual de lo que, según tantos cronistas relamidos, se suele llamar —aunque entiéndase lo contrario— «nuestra mejor y más representativa sociedad barcelonesa».

¿Era el Liceo un teatro de ópera? Sin duda. Pero era también algo más: era el símbolo del triunfo de una burguesía que buscaba signos de identificación y reconocimiento social. La pasión barcelonesa por las óperas de Wagner, evocadoras de un mitológico pasado de la nación alemana, no puede desvincularse de la paralela búsqueda de un basamento histórico de la nación catalana que, por aquel tiempo, realizaban los arqueólogos e historiadores románticos, los poetas y recopiladores de leyendas, los juristas de la escuela histórica y los arquitectos modernistas.

Ese mundo desapareció en buena parte con la guerra civil, pero el Liceo, como símbolo, continuó. La élite barcelonesa era la misma: no en vano el franquismo fue un intento de perpetuar, inmovilizándola, la España de la Restauración mediante un estado de excepción permanente. Con el desarrollismo de los tecnócratas empezaron los cambios profundos en nuestra burguesía: de los Güell y los Girona pasamos a Núñez y Samaranch, de la industria a la especulación, de la música al deporte, de la Tebaldi a la Caballé. La decadencia cultural se hizo visible. El Liceo dejó de ser el lugar de encuentro de la gente bien: ha sido sustituido por la tribuna del Barça en los grandes partidos o la del Tenis Barcelona durante el Godó.

Reconstruïm el Liceu? Los antiguos propietarios son incapaces de hacerlo, aunque hagan aflorar todo el dinero que tienen escondido: su momento histórico ya ha pasado. Los nuevos ricos están por el deporte. Veinte ilustres asociaciones de la llamada «sociedad civil» exigen, como es habitual, la subvención de los poderes públicos que tanto menosprecian. Pero al conjunto de la sociedad civil catalana sólo la representa el Parlamento de Cataluña y a la barcelonesa, el Ayuntamiento de Barcelona. Estas instituciones deben dar respuesta a esta pregunta: ¿es la ópera una opción cultural a la que debemos destinar de inmediato 10.000 millones de pesetas? La respuesta afirmativa no es evidente y, tras las primeras reacciones emotivas, se impone un debate racional.

(EP, 1994)

Izquierda y burguesía

Creo que Julio Anguita se ha equivocado: seguramente la burguesía catalana no ha sido la peor de España. Los latifundistas andaluces o los rentistas castellanos han contribuido posiblemente todavía menos al bienestar de sus respectivas regiones. Pero, más aún que Anguita, creo que se han equivocado quienes desde Cataluña le han replicado.

En primer lugar, porque se ha reproducido un ya habitual fenómeno, muy rentable en los últimos años, de confundir la parte con el todo, en este caso Cataluña con su burguesía. Algo practicado habitualmente por Convergència pero en lo que ya no caen —presas de un agudo y cómodo síndrome de Estocolmo— nuestras izquierdas oficiales.

Pero, en segundo lugar, ¿debemos estar contentos de nuestra burguesía? La imprecisión del término es evidente, pero supongo que Anguita se refería al sector tradicionalmente dirigente de la economía catalana, excluyendo, por tanto, a las clases medias propietarias y a los trabajadores asalariados. ¿Este sector económico dirigente merece el respeto de todos los nacionalistas y de la izquierda oficial? Por lo que respecta a los nacionalistas, no deja de ser incongruente su defensa de esta burguesía: que vayan a sus centros de reunión —el Club de Polo, la zona residencial de Llavaneres o el Up and Down, por poner ejemplos clásicos— y comprueben cómo el idioma dominante es el castellano, que pasen por las salidas de los colegios privados en que educan a sus hijos y vean lo poco que se habla catalán.

En cuanto a la izquierda política, su defensa de la burguesía va contra toda lógica y pone en cuestión su propia razón de ser. Ciertamente, el mito es que nuestra burguesía es heredera de aquella otra que creó una Cataluña industrial, moderna y tolerante. Algo de cierto hay en ello, pero más cierto es que nuestra actual burguesía es también heredera de la que desvirtuó el Plan Cerdà y cerró con avaricia las manzanas del Eixample, creando una ciudad sin plazas ni jardines donde reunirse y pasear; de aquella otra más reciente que, hasta los ayuntamientos de izquierdas de 1979, especuló hasta el máximo el metro cuadrado de terreno, hacinó a los trabajadores inmigrantes en barriadas inhumanas en toda el área industrial de Barcelona; es, en fin, una burguesía despreocupada de la cultura, cuyos últimos grandes nombres han sido José Luis Núñez, Javier de la Rosa o los hermanos Lao: la que ha vendido sus industrias a las multinacionales; que esconde su dinero al fisco, como evidencian los casos BFP, Bankpyme, Bertrán de Caralt, fraudes del IVA...

Haría bien nuestra izquierda en dirigirse a la otra Cataluña, a esa inmensa mayoría que sin invocar a la patria ni argüir que lo único que quiere es crear puestos de trabajo va calladamente, cada día, a trabajar para cobrar un salario.

(EP, 1994)

¿Tenemos un proyecto de país?

La exposición El noucentisme, un projecte de modernitat, que se expone actualmente en Barcelona, provoca, sin quizás pretenderlo, una reflexión sobre nuestro actual modelo cultural. ¿Tienen nuestros dirigentes —es decir, nuestra clase política— un proyecto global y coherente de lo que debe ser nuestro país?

Efectivamente, Prat de la Riba en un plano políticoinstitucional y Eugeni d’Ors en el plano cultural tenían ambos un proyecto social, político, ético y estético. Prat quería afirmar la identidad catalana buceando en el pasado medieval y normalizando la lengua propia. D’Ors quería hacer de Cataluña un país normal dentro de la cultura europea y para ello creía que había que darle una pasada por Grecia y Roma. Producto de estas dos grandes personalidades fue la obra de la Mancomunitat: el Institut, las bibliotecas, los museos, la gramática. También un espíritu: la obra ben feta, el ideal de una Cataluña culta, civilizada y feliz. En cierta manera, éste era también el espíritu de una determinada Europa de antes de la guerra de 1914, espíritu que se negaba a ver la realidad y que murió con ella.

Es en ese punto donde el proyecto noucentista fracasa; el mundo social y político, intelectual y cultural de la posguerra ya no es un mundo feliz, sino un mundo cruelmente desgarrado y enfrentado: la Revolución rusa, la inflación alemana, la ascensión de los fascismos, el crack del 29. Éstos eran los nuevos términos que condicionaban el debate. El arte supo traducir bien esta profunda crisis. Un proyecto que se inspiraba en reelaborar el espíritu de Grecia y Roma quedaba totalmente fuera de lugar. La Barcelona noucentista está desfasada, es arcaica y al margen de su tiempo, si la comparamos con el París del cubismo y el surrealismo, la Viena del urbanismo obrero, la lógica formal y el psicoanálisis o el Berlín expresionista y prenazi. Incluso si la comparamos con Madrid, la Cataluña noucentista aparece como pacata y pequeña. Carner, Guerau de Liost o Riba/generación del 27, D’Ors/Ortega y Gasset, Revista de Cataluña/Revista de Occidente: la comparación no resiste. El brillante Xènius equivocó las bases ideológicas de la nueva cultura catalana y no la preparó para afrontar, desde la realidad, una situación difícil: más adelante, los hombres del noucentisme —a derecha e izquierda— no entenderán la República, ni la guerra, ni por qué perdieron la guerra.

El catalanismo clandestino —o casi— de los primeros años del franquismo fue todavía noucentisme puro hasta que los hombres clave, en los años cincuenta, tomaron las riendas intelectuales del país: Josep Pla —el cosmopolita que se inventó una determinada Cataluña hasta convertirla en realidad— y Jaume Vicens Vives —el primero que tuvo la habilidad de sortear el cerco cultural impuesto y conectar abiertamente con el exterior—. A partir de ellos, una nueva generación encabezó un sistema cultural de contenido distinto, en cierta manera un nuevo renacimiento: Fuster, Castellet y Molas, Bohigas, Estapé y Jordi Nadal, Barral y Gil de Biedma, Cirici Pellicer y los del Dau al Set, Sacristán y Solé Tura, Ricard Salvat y Fabià Puigserver. Habían asimilado todos ellos las formas del noucentisme (es decir, la normalidad cultural), pero ninguno se reconocía en su contenido. Desde la normalidad, en lugar de mirar hacia atrás, volvieron de nuevo su mirada hacia Europa: la filosofía de la Ilustración, la escuela de los Annales, el existencialismo, el marxismo, Le Corbusier y Mies van der Rohe —con el GATPAC como precedente, Keynes y Schumpeter, Picasso / Dalí / Miró, Auden y Eliot, el Círculo de Viena, Lukács y la escuela de Francfort, Gramsci, Brecht y Stanislavski, las nuevas izquierdas. Ésta era la Cataluña cultural del declinar del franquismo y principios de la democracia. Del noucentisme habían aprendido la normalidad; a partir de ahí, renovaron totalmente el contenido.

Los representantes de esta cultura democrática y de izquierdas, mayoritaria hace 15 años, han plasmado sus ideas quizá en la Barcelona de Maragall, pero no en la Cataluña de Pujol. En ésta, es decir, en la política de la Generalitat, se ha tenido que improvisar una especie de neonoucentisme sin modelo definido, igualmente elitista y conservador y, por tanto, disociado de buena parte de nuestra realidad social, aunque aparentemente reequilibrado en ese aspecto por el potente foco populista que supone TV3. A su vez, los partidos de izquierda han ido abandonando la cultura progresista acumulada en los últimos años del franquismo y esta cultura tiene una influencia de muy baja intensidad en la sociedad catalana. Así pues, visto el fracaso noucentista y sus causas, la pregunta es: ¿estamos culturalmente preparados, con este modelo indefinido, para afrontar un futuro que, mundialmente, aparece como crítico?

(EP, 1995)

Si el maestro levantara la cabeza…

La conocida frase, creo que de Hegel, «una cosa es porque lo ha llegado a ser», tiene todavía una gran vigencia en la teoría del conocimiento. Desde este punto de vista, la historia de tu país, de tu cultura y civilización más próxima, es, sin duda, una fuente de conocimientos inagotable y necesaria no sólo para conocer el pasado sino para conocer el presente y el futuro. Desde sus inicios, el nacionalismo catalán ha mantenido una relación privilegiada con la historia. Ahora bien, la historia nacionalista nunca ha sido un método de conocimiento sino, simplemente, una ideología más, una deformación del pasado para justificar el presente y orientar el futuro.

El movimiento nacionalista catalán ha fabricado una serie de mitos históricos, que han sido utilizados como instrumento en la lucha política. En realidad, ello es común a todos los nacionalismos y el caso español —¡Viriato, Don Pelayo y Agustina de Aragón!— resulta paradigmático. Sin embargo, hubo un tiempo en este país en que parecíamos dispuestos a dejar de lado esta mitología histórica nacional y establecer una historia de Cataluña ceñida a los hechos comprobados, a las tesis demostradas.

Daba pie a esta esperanza el magisterio historiográfico de Jaume Vicens Vives, desgraciadamente fallecido a edad muy temprana, en 1960, cuando sólo tenía 50 años, pero que debido a unas dotes intelectuales poco comunes había escrito una obra ya muy considerable y, sobre todo, había asegurado una continuidad —o, al menos, así lo parecía— a través de una serie de discípulos que seguirían su línea de renovación histórica.

Precisamente fue Vicens quien, siendo muy joven, en 1935, sostuvo una polémica periodística en las páginas de La Publicitat con Rovira i Virgili, fiel representante de la historia nacionalista y romántica. Ante un trabajo de Vicens sobre el rey Ferran II —casado con Isabel la Católica y considerado por el catalanismo oficial de entonces como un rey «anticatalán»—, Rovira reprocha al joven Vicens porque muestra «una prevenció contra el punt de mira nacional en la història» en lugar de una «sensibilitat catalanesca». Todo ello debido a que Vicens, en una línea investigadora que después fue unánimemente reconocida como ejemplar, demostraba documentalmente tesis contrarias a la historia oficial.

En su contestación, Vicens le dice a Rovira: «Hoy, afortunadamente, ha quedado ya condenada esa peligrosa tendencia, propia de la disciplina historiográfica, consistente en usar las ciencias humanas para refutar algunas ideologías, aunque éstas fueran del orden más elevado». Y, además, hace un llamamiento a los futuros historiadores: «La nueva generación de historiadores no debe aceptar ninguna jerarquía, ni esconder ningún defecto, ni regatear méritos, si quiere construir la única historia de Cataluña que se puede aceptar: la que se desprende de los documentos y del estudio cuidadoso de los sucesivos períodos históricos por los que ha atravesado Cataluña».

Estas últimas semanas asistimos a una deprimente utilización de la historia de Cataluña en diversos frentes. El famoso programa de TV3 sobre Carrasco i Formiguera era una excelente muestra de recuperación de la historia, pero contenía una acusación final no muy bien fundamentada. Los hijos de algunos de los afectados, especialmente los hermanos Trías Sagnier, sin negar los hechos, intentaron —aportando datos— matizarlos. Desde la intelectualidad orgánica nacionalista no sólo no se ha atendido a lo que de razonable había en la postura de los hermanos Trías sino que, de forma intolerante, se ha deformado la misma —se ha llegado a decir que querían ocultar que hubo un franquismo catalán— y, sobre todo, en lugar de reconocer los errores —lo cual no es ninguna indignidad y, menos todavía, en la investigación histórica— se ha querido ver un móvil «anticatalán» en su conducta, llegando a comparar al filósofo Eugenio Trías con Milošević y Karadžić. También en TV3, el programa ACR, siglas que significan «Actividades Contra el Régimen», está intentando relatar una Cataluña antifranquista sin comunistas ni movimiento obrero, en la cual la policía sólo reprime a los círculos nacionalistas, mientras éstos representan a las clases medias e, incluso, a la alta burguesía.

Pero el plato fuerte nos ha llegado con el anuncio del proyecto de Museo de Historia de Cataluña, que ha sido encargado por el Gobierno de la Generalitat, con un presupuesto de 4.000 millones de pesetas. Por las informaciones se trata de un museo-espectáculo, a medio camino entre Disney World y Cecil B. De Mille, que según su comisaria, pretende exhibir «los momentos más impactantes de la memoria colectiva catalana», además de que el visitante obtenga «el máximo de información de una manera fácil, lúdica y emocional». Es decir, historia no será: en todo caso, espectáculo, ideología, manipulación.

¡Ay, Dios mío! La verdad es que tras estas noticias, y en nuestro contexto, el miedo al ridículo sólo es comparable al miedo al escarnio de la historia, de la verdadera historia, el miedo a la «historia oficial», es decir, a la ideología en forma de historia, el miedo quizás no a un Karadžić o a un Milošević sino a formas más sutiles. Retrocedemos, retrocedemos en tolerancia, en convivencia, en verdad. ¿Estamos en un oasis o en un cementerio? ¿Y los discípulos de Vicens —hijos, nietos, bisnietos— dónde están? Si el maestro levantara la cabeza...

(EP, 1995)

El catalán, entre el ser y la libertad

¿Tienen el mismo significado los términos nacionalismo y catalanismo? Ésta ha sido una parte, por lo menos, de una polémica reciente, todavía inacabada.

No hay duda de que el significado de las cosas depende del contenido que les dé aquel que les pone el nombre. Precisamente por eso, aunque las polémicas parezcan a veces nominalistas, casi nunca lo son. Desde el punto de vista nacionalista, identificar catalanismo con nacionalismo suele tener una intención: pretender situar a los ciudadanos ante la disyuntiva de ser nacionalistas o ser anticatalanes. Esta contraposición me parece enormemente simplificadora. Ser nacionalista, en la cultura europea occidental, tiene un significado —aun admitiendo distintas corrientes— bastante preciso. Para los que no somos nacionalistas pero, por razones obvias, admitimos las diferencias existentes entre los distintos pueblos, es decir, los llamados hechos diferenciales, la distinción entre nacionalismo y catalanismo creemos que ayuda a clarificar posiciones que, por lo general, suelen aparecer muy confusas.

En efecto, el catalanismo es la creencia y el sentimiento, por parte de los ciudadanos de Cataluña, respecto de que su país se singulariza por tener unos rasgos distintos respecto a otros territorios de su entorno, rasgos que son producto de un determinado pasado histórico y que se reflejan, muy especialmente, en una lengua propia y en ciertos aspectos culturales diferenciados. Por tanto, lo que caracteriza al catalanismo es que el elemento esencial no está en el pasado, en la cultura o en la lengua, sino en la voluntad, expresada por cauces democráticos, de los actuales ciudadanos de Cataluña, de asumir elementos de este pasado, de esta cultura y de esta lengua. En consecuencia, esta lengua y esta cultura no son inmóviles ni eternas, sino cambiantes, producto de las transformaciones sociales, económicas, políticas e ideológicas de la sociedad catalana, libremente asumidas por sus ciudadanos.

No existe, por tanto, una identidad catalana eterna, sino que la identidad le viene dada por las específicas condiciones sociales de cada momento, sometidas, como es lógico, a constante transformación.

El nacionalismo, por el contrario, es una realidad muy distinta. En primer lugar, la nación es definida desde unos parámetros ideológicos que la determinan: sea la raza, la lengua, la cultura, la religión, la geografía, el pasado común, etcétera. Es desde este punto de vista que se ha dicho, con acierto, que la nación la crean los nacionalistas. En el caso catalán, los parámetros fundamentales suelen ser la lengua, la cultura y la historia. En segundo lugar, es un dogma del nacionalismo que toda nación tiene derecho a constituir un Estado propio.

En tercer lugar, el nacionalismo es también una filosofía política y moral más globalizante que liga la manera de ser de las personas con un carácter nacional inmutable a lo largo de la historia: el pactismo, el seny y la rauxa, la moral del trabajo, el tot o res, serían ejemplos catalanes típicos. Estos discutibles rasgos son sublimados por la ideología nacionalista que, a partir de ahí, define lo que es catalán y lo que no lo es, sustituyendo la libre voluntad de las personas por una «manera de ser catalana» —definida por la versión nacionalista de la historia— de la que uno —«si es buen catalán»— no puede apartarse. En definitiva, el nacionalista catalán considera que tenemos derechos, fundados en nuestra historia pasada, sin los cuales no podemos ser nosotros mismos. «El problema de Cataluña es un problema de ser», suele decir, como núcleo central de su pensamiento, Jordi Pujol.

Para el catalanista, cuyas raíces ideológicas están en la Ilustración, su manera de ser sólo está determinada por su libertad individual ya que su identidad —su manera de ser— sólo la encuentra en los parámetros previamente definidos de la catalanidad. Un ejemplo para finalizar: para el nacionalista, hablar catalán es un problema de ser; para el catalanista es, simplemente, un problema de libertad.

(EP, 1995)

La responsabilidad política del «caso Pascual Estevill»

El «caso Pascual Estevill» exige un examen desde el ángulo de la responsabilidad política.

Desde ciertos sectores se ha intentado, hasta ahora, dar la versión de que los escándalos de corrupción no afectaban a Cataluña. Así, nuestro país aparecía como un oasis no contaminado dentro de una España carcomida por la inmoralidad. Y, sin embargo, todos los indicios apuntaban a que en Cataluña los niveles de corrupción, en los que se mezclaba lo público con lo privado, eran también muy altos. En tiempos recientes, procesamientos, sentencias y dimisiones han confirmado estos indicios. La excelente labor de la fiscalía, dirigida primero por Jiménez Villarejo y ahora, en funciones, por José María Mena, ha resultado, sin duda, decisiva y se está comenzando a conocer lo que parece ser la simple cumbre de un importante iceberg.

Pero el «caso Pascual Estevill» no implica sólo la presunta corrupción de un juez, sino que comporta también responsabilidades políticas, y así como lo primero debe seguir la vía de los tribunales de justicia, lo segundo puede y debe hacerse efectivo de inmediato. ¿Por qué responsabilidades políticas? Porque Pascual Estevill está siendo acusado de hechos delictivos por actuaciones judiciales realizadas con carácter previo a su designación como miembro del Consejo General del Poder Judicial y quien lo propuso para este cargo debe explicar a la opinión pública las razones de su propuesta.

El Consejo General del Poder Judicial no es, pese a las apariencias, un órgano de carácter jurisdiccional —es decir, no es poder judicial— sino que es un órgano de gobierno del poder judicial y, por tanto, adopta decisiones políticas —no sentencias, ni autos, ni providencias— las cuales, de acuerdo con el principio democrático, deben estar sometidas a control político. Desgraciadamente nuestra legislación no regula esta responsabilidad política ante el Congreso y el Senado, órganos que designan a los miembros del Consejo y, ante los cuales, en lógica democrática, éste debería ser responsable. Sin embargo, sí puede ejercerse el control político de las propuestas de los candidatos a ser miembros del Consejo General. Se trata de actuaciones que los grupos parlamentarios deben realizar considerando previamente la idoneidad del candidato y sus cualidades como jurista y como persona capaz, desde todos los puntos de vista, para desempeñar con honestidad y eficacia un cargo decisivo para el buen funcionamiento de la justicia.

Es evidente que Pascual Estevill no era la persona idónea para ser miembro del Consejo General del Poder Judicial y que su presencia en el mismo ha deteriorado seriamente la imagen y la eficacia del Consejo. ¿De quién es la responsabilidad política de tal nombramiento? Obviamente de quien le propuso, es decir, de Convergència i Unió y, sólo en segundo término —y muy en segundo término, conociendo como funciona en la práctica la mecánica de estos nombramientos—, de los partidos —PSOE y PP— que también le votaron con el fin de obtener la mayoría necesaria de la cámara.

Investigar cuáles fueron los motivos que impulsaron a CiU a proponer a un personaje cuya fama era ya conocida constituye la clave de toda esta historia. Hace semanas, si no meses, que la oposición —si aún existe— debería haber comenzado esta investigación exigiendo a Convergència responsabilidades que a ellos mismos les afectan. Por su parte, el silencio o las evasivas de CiU parecen ser una clara admisión de culpa. Para lavarla debería, primero, explicar de forma convincente las razones de su apoyo a Pascual Estevill e, inmediatamente, ya que no existe la posibilidad de revocar a los miembros del Consejo, pedir públicamente a Pascual Estevill que dimita sin más dilación.

(EP, 1996)

Convergència en la encrucijada

Para entender el pacto entre CiU y el PP debemos remontarnos a lo que era el clima de euforia nacionalista de los años 80. Pensemos en lo que era el Pujol del período 1984-1992: aquel período en el cual, excepto CiU y una dócil ERC, todos los partidos eran considerados sucursalistas y, por tanto, españolistas, dominados por «valores no catalanes»; en el cual los ciudadanos de este país se dividían entre «buenos catalanes» y «malos catalanes»; en el que el adjetivo de «españolista», es decir, de traidor al país, era la denominación común entre quienes discrepaban de la línea «oficial»; en el que se hacían absurdas campañas para recobrar supuestas tradiciones, como la pastelería catalana; en la que el «victimismo», el continuo ataque exterior, «español» por supuesto, alimentaba un patriotismo simple y populista. El nacionalismo catalán mostraba una Cataluña asediada de forma injusta y hostil. Frente al asedio, la Cataluña milenaria resistía orgullosa, desafiante.

Cierto que también en Convergència había posiciones distintas. Fue el momento de la «operación reformista», cosa de Roca. Rigol intentó el «pacto cultural», un nacionalismo tolerante, y pronto fue cesado. Trias Fargas se entendía con Maragall en el Ayuntamiento de Barcelona. La Cataluña milenaria era imaginaria, pero la de los «sis millions» era real. Sin embargo, los tiempos animaban a los sectores radicales. En Europa, eran los momentos de la unidad alemana —Alemania, un solo pueblo—, de la independencia de Lituania, de Eslovenia, de Croacia, del entusiasmo por la «Europa de las Regiones». En la eufórica Cataluña nacionalista, eran los grandes momentos de TV3 —somos diferentes, «és la teva»—, del Barça emblemático —el que perdía—, de los intelectuales del grupo Acta; proliferaban las revistas nacionalistas, las jornadas sobre nacionalismo, cualquier cosa sobre nacionalismo. Pujol comenzaba a viajar mucho por el mundo, pero nunca iba a Madrid: para qué...

Pero en los primeros noventa, las cosas empezaron a cambiar. Por un lado, a nivel internacional, la economía se globaliza, las telecomunicaciones universalizan al mundo, en la Europa unida las soberanías se difuminan, las fronteras ya no son lo que eran, las autodeterminaciones han sido un episodio, un momento de la historia. La realidad es, sobre todo, Bosnia, Sarajevo.

Todo ello tiene un reflejo interno. Comienza a romperse, en la vida política y en la opinión pública, el «consenso nacionalista». Se puede ser catalanista sin ser nacionalista: una oscura madeja comienza a desenredarse. Ya no se habla de partidos sucursalistas. El clivage nacionalismo/españolismo ya no sirve para explicar la realidad política. Las Olimpiadas y Maragall muestran que se puede ser catalanista y cosmopolita. En este contexto puede darse el pacto de CiU con el PSOE en 1993 y con el PP en 1996. Pujol ha empezado a cambiar.

Dos movimientos de fondo explican el sentido del cambio. Por un lado, la renovada burguesía catalana tiene posiciones propias en política económica y quiere mandar en Madrid: es, en definitiva, una de las constantes del catalanismo histórico. Pujol lo percibe y desplaza a Roca: desde 1993 es el único interlocutor con el Gobierno, nunca había sido así desde 1977. En segundo lugar hay algo más profundo y real: el Estatuto se ha desarrollado, la España de las autonomías se asienta sólidamente, la lengua catalana se ha normalizado. ¿Qué paso adelante debe dar Convergència, como partido nacionalista, para que no se rompa el consenso básico que une a su electorado?

Ésta es la difícil pregunta que Pujol, en estos momentos, no sabe contestar. El sorprendente pacto con el PP desarrolla el Estado de las Autonomías en el mismo sentido federal y funcional que lo hicieron los pactos PSOE-PP en 1992, pero no en profundizar el «hecho diferencial», tal como tradicionalmente se propugnaba desde Convergència. ¿Pujol no ha podido o no ha querido? De momento no sabe, no contesta, quizás no toca. Con todo ello, el militante nacionalista está desorientado y el intelectual convergente dice en privado unas cosas que no se atreve, todavía, a decir en público: todos esperan las palabras que no llegan, las palabras del líder máximo y único.

Todo puede pasar. Pero una cosa parece indudable: la Convergència de los últimos doce años ha sido una mágica mezcla de diversos elementos: nacionalismo radical, catalanismo moderado, derecha dura, centro liberal, socialdemocracia templada, antifranquismo de los viejos tiempos, exfranquismo adaptado a los nuevos tiempos, oportunismo de todos los tiempos... Todo ello unido por una ideología elástica y un partido poliédrico. Si el pacto con el PP sigue adelante, la política económica del nuevo gobierno es la que comienza a ser y, por consiguiente, lo que convencionalmente se llama «Estado social» comienza a derrumbarse, como ya ha pasado en otros países occidentales, esta mezcla mágica a que antes nos referíamos, y de la que era producto Convergència, desaparece y el partido está obligado a cambiar. Ni los nacionalistas convergentes son compatibles con el clan de Valladolid ni los convergentes socialdemócratas pueden digerir tranquilamente las peroratas triunfales del señor Espinosa de los Monteros. Ni, desde luego, a la inversa. Pujol parece haberle encontrado gusto a gobernar España. Pero no debe olvidar que la frase de Alcalá-Zamora dirigida a Cambó sigue siendo cierta: «No se puede ser a la vez el Bolívar de Cataluña y el Bismarck de España».

Si la alianza con el PP quiere ser duradera, Convergència debe reconvertirse, tanto desde el punto de vista nacionalista como desde el punto de vista socioeconómico. Seguirá siendo, pero será otra cosa. Pujol lo sabe, aunque no lo tiene claro, y lo explicará poco a poco, en los próximos meses, en los próximos años. Ya ha comenzado a explicarlo, sigilosamente, en los últimos tiempos. En la nueva situación, Convergència debe reconvertirse por algo muy simple: porque ni Cataluña ni España ni el mundo son iguales que en 1980.

(EP, 1996)

Libres y razonables

Hace cerca de dos meses hice entrega a Aleix Vidal-Quadras del premio Galileo Galilei, instituido por la Asociación de Profesores por el Bilingüismo. Desde entonces son muchos los amigos y conocidos que me preguntan, desconcertados, la razón de que participara en tal acto. También diversos artículos de prensa han hecho referencia a todo ello. He de confesar que tanto revuelo en absoluto me ha extrañado: es más, lo esperaba. E, incluso, si quieren que sea totalmente sincero, fue una de las razones —aunque no la única— para aceptar participar en él.

Esperaba tales reacciones por la especial posición que ha adquirido Vidal-Quadras en la política catalana de los últimos años. Posición a la que ha llegado, sin duda, por méritos propios, aunque también por la colaboración inapreciable de nuestros nacionalistas, los cuales tienen una imperiosa necesidad psíquica de sentirse constantemente atacados por un enemigo oficial, fácilmente reconocible, sea interior o exterior. Los enemigos exteriores, aunque cambiantes, han sido meros trasuntos de «lo español»: el PSOE, Guerra, la LOAPA, el Real Madrid, el PP, el ABC, la COPE, Rodríguez Ibarra. En el frente interior, los criterios han ido variando, pero la acusación de «españolismo» ha sido siempre de efectos seguros. Así, hemos pasado por Jiménez Villarejo y Mena, Solé Tura, Serra/Maragall indistintamente, Borrell y, en los últimos años, sobre todo, Vidal Quadras.

Ciertamente, este último parecía sentirse a gusto con el título de enemigo oficial que le otorgaron. Y, además, ganaba votos. Vidal-Quadras se salió hace tiempo del consenso nacionalista, transversal a todos los partidos. Se autoexcluyó del «club catalán de lo políticamente correcto» y decidió ir por libre y decir, sin tapujos, lo que pensaba. Siempre me ha parecido esta actitud de Vidal-Quadras no sólo encomiable, por valiente, sino también enormemente sana para la política catalana: una bocanada de aire fresco en un juego político lleno de tabúes, con un solo protagonista, con una oposición prisionera del nacionalismo dominante y —como ya dije hace tiempo— seriamente afectada por un intenso síndrome de Estocolmo. Debe reconocerse que Vidal-Quadras ha sido el político que con más ímpetu y constancia se ha enfrentado al «pensamiento único catalán», desgraciadamente imperante en todos los partidos.

Por todo ello acepté complacido entregarle el premio y consideré un honor que los amigos de la Asociación de Profesores por el Bilingüismo me ofrecieran esta posibilidad. Como es evidente, no comulgo con muchas de las ideas de Vidal-Quadras pero sí coincido con él en una cosa: un «pueblo», si se quiere una «nación», no debe ser otra cosa que una «sociedad de hombres libres». Seguro que si pasamos a definir qué es la libertad —sobre todo en sus condicionantes económicos— no nos pondremos de acuerdo. Pero sí estaremos de acuerdo en rechazar la idea de que en nombre de un misterioso concepto de «pueblo» y de «nación» se puede limitar la legítima y legal libertad del individuo. Y también estaremos de acuerdo, por consiguiente, en que los titulares de derechos son las personas, no los pueblos, y en que estos derechos están regulados en las leyes, nunca en las ideologías.

Y, para concluir, Vidal-Quadras y yo estaremos, sobre todo, de acuerdo en que no hay catalanes buenos y catalanes malos por razón de las ideas: hay, simplemente, ciudadanos de Cataluña. El mal ciudadano —en este sentido quizás podamos llamarlo el «mal catalán»— es, únicamente, aquel que incumple las leyes que, entre todos, nos hemos dado; nunca aquel que disiente, con razones y por convicción, de una determinada ideología, por dominante que sea.

Fue, ya digo, una noche muy agradable la de la entrega del premio Galileo Galilei. Estuvimos charlando, en libertad y mutuo respeto, amigas y amigos de ideas muy distintas. Coincidíamos en que aquel mundo irracional y opresivo, en el cual Galileo no pudo hacer prosperar verdades científicas demostradas, no había desaparecido del todo a finales del siglo XX. Que aún quedaban peligrosos restos de fanatismo, de modos de pensar que no brotaban de la razón sino del atávico y brumoso mundo de los sentimientos. Y que para hacer frente a estas fuerzas irracionales —con frecuencia transversales a todas las ideologías— había que crear en nuestro país un movimiento de hombres y mujeres libres, es decir, de personas que para pensar y opinar no tuvieran que pedir permiso a una sigilosa censura que se nos quiere instalar —o que ya está instalada— en nuestro subconsciente colectivo. Sólo así se podría evitar la estigmatización de aquellos que —por estas fuerzas irracionales— son tachados de «anticatalanes», un adjetivo que recuerda demasiado el «antiespañol», tan usado por Franco, pero que quizás, en nuestro contexto, se acerque más al «antiamericano» utilizado por el senador McCarthy en su delirante represión anticomunista.

Un movimiento cívico y cultural —por supuesto, sin organización, estructura ni líderes— que tuviera como texto de cabecera el capítulo II de la obra de John Stuart Mill Sobre la libertad, dedicado a la libertad de pensamiento y discusión, en el cual se pueden leer frases como ésta: «Aunque la opinión reducida a silencio sea un error, puede contener, y con frecuencia contiene, una porción de verdad; y como la opinión general o prevaleciente sobre cualquier asunto rara vez o nunca es toda la verdad, sólo por la colisión de opiniones adversas tiene alguna probabilidad de ser reconocida la verdad entera».

(EP, 1996)

El estilo de Pujol

Max Weber, en una de sus más conocidas construcciones teóricas, definió, como tipos ideales, tres grandes modelos de legitimidad política: la racional, la tradicional y la carismática. Como es sabido, Weber —siguiendo una línea de pensamiento que va desde Maquiavelo a Marx, pasando por Hobbes, entre otros— consideraba al Estado como una institución que poseía el «monopolio de la violencia legítima» y que, precisamente, esa legitimidad se obtenía y se mantenía por los tres grandes modelos antes dichos.

El actual Estado, en nuestro mundo occidental, está legitimado, tanto en su origen como en su ejercicio, por el principio de legalidad democrática, una variante de lo que Weber denominaba modelo racional. Esta legitimidad democrática es la única admitida como válida en este final de siglo. Sin embargo, no tendríamos capacidad para entender la vida política actual si no aplicáramos estos modelos weberianos a los actuales estilos de hacer política. Es decir, más allá de esta legitimidad estatal, los modos de ejercer el poder por parte de nuestros gobernantes tienen ingredientes que son propios no sólo del modelo racional sino también de los otros dos, el tradicional y el carismático.

Los contenidos de estas tres legitimidades son conocidos. El modelo tradicional es el utilizado por aquel político que encarna las antiguas costumbres, la identidad histórica de un país determinado, que se considera a sí mismo como el representante de un patrimonio ancestral y sagrado, cuyos hábitos debe hacer guardar. Este tipo de político ejerce una autoridad paternal, exige, por encima de todo, fidelidad a los suyos y sabe corresponder a ello, confía escasamente en una ley general para todos pero es partidario de una justicia del caso concreto, basada en su propia idea de equidad.

El modelo carismático no se sustenta en el pasado, como era el caso anterior, sino en las virtudes y características personales del titular del poder. En él se admira su carácter excepcional, fuera de lo común, providencial incluso, su figura representa un ideal, el fundamento de su autoridad no es racional sino emocional, la confianza que en él se deposita es producto de la fe, no de la fría lógica. Un personaje de estas características fija las normas de lo bueno y lo malo, propone siempre objetivos inalcanzables, aunque manteniendo en todo momento la esperanza de llegar a ellos, no acepta ningún control y sus seguidores —más bien sus fieles servidores— suelen caer fácilmente en la adulación y el culto a la personalidad.

El modelo racional es el propio de los tiempos modernos y responde al ideal ilustrado del predominio de la razón en la organización de la sociedad, siendo el Derecho la máxima expresión de esta racionalidad. Weber lo idealiza a través del modelo jurídico de Estado de Derecho y del modelo político administrativo-burocrático. Sustrato común a ambos modelos son la confianza en la capacidad técnica, el amplio campo de acción dado a los especialistas, la determinación perfectamente programada de unos objetivos, el convencimiento de la utilidad y funcionalidad de los fines a los que se tiende y la argumentación racional como método de debate, ante la opinión pública, con carácter previo a la toma de decisiones. El político debe ser un hombre culto, técnicamente preparado, buen argumentador, racional, convencido de su sometimiento a la ley. Además, desde el punto de vista personal, es perfectamente sustituible ya que su gran mérito consiste —nada más, aunque también nada menos— en haber sabido dirigir una compleja maquinaria política y administrativa. Para Weber, estas categorías son tipos ideales, es decir, modelos abstractos que nunca coinciden exactamente con la realidad concreta pero que sirven como puntos de referencia para el análisis social.

Jordi Pujol, nuestro actual objeto de análisis, es un político con características muy diferentes. En cierto modo, podríamos decir que se trata de un político total ya que su estilo participa, en distinta medida, de las tres legitimidades: la histórica, la carismática y la racional. En lo referente a los objetivos generales de su política y, en especial, de su política para Cataluña, la personalidad de Pujol es predominantemente tradicional y carismática. En cambio, respecto a su política española y europea y, en general, a su política económica, Pujol se muestra como un personaje de talante racional, que utiliza un lenguaje moderno, especializado y técnico. De ahí su posición centrista que lo hace tan difícilmente vulnerable, sobre todo por su gran arte en manejar de forma ambigua una dialéctica que se mueve en los tres niveles antedichos.

Sin embargo, la grandeza de estas figuras históricas que aúnan legitimidades tan diversas tiene también su lado oscuro, sus puntos débiles. En este caso, su gestión política en la Generalitat es buena por cuanto ha sabido construir un muy sólido núcleo de competencias, pero deja mucho que desear en el ejercicio de las mismas. El carisma y la legitimidad tradicional sirven para reclamar poder a Madrid y obtener votos en Cataluña, pero son malos consejeros a la hora de administrar este poder. Para ello son necesarios el frío análisis y la calculada racionalidad. El otro aspecto negativo, propio de todas las personalidades carismáticas, es el aseguramiento de la continuidad, el problema de su sucesión. A los personajes excepcionales no les gustan las sombras a su alrededor y son vistos por sus fieles como figuras irrepetibles.

Pujol es difícilmente vulnerable en Cataluña cuando ejerce su papel de líder tradicional y carismático. Hacerle frente en este terreno es, cuando menos, arriesgado. Ahora bien, examinado bajo el otro criterio, el de la racionalidad política y administrativa, le roi —notre roi?— est nu.

(EP, 1997)

¿De quién son estos olivos?

Las circunstancias cambian y las mentalidades permanecen. Ciertamente, como enseña la historia, las mentalidades, las ideas, son lo que más tarda en cambiar. Para algunos, Cataluña, es decir, una sociedad tan viva y cambiante como la catalana, siempre será como la fijaron Prat de la Riba y sus discípulos: se transformará el mundo pero la Cataluña eterna seguirá, intacta y pura, totalmente noucentista, a través de los tiempos. Aquel catalanismo que no entendió la Semana Trágica en 1909, ni las huelgas del período 1917-1923, ni el 14 de abril de 1931, ni la guerra civil, ni la Cataluña franquista; aquel catalanismo que dice todavía hoy algo tan absurdo como que Cataluña (sic) perdió la guerra civil (!); aquel catalanismo que no podía creerse los resultados del 15 de junio de 1977 ni de las primeras elecciones municipales, sigue hoy pensando en una Cataluña irreal, desligada de los cambios históricos.

Pero la Cataluña actual no es ni la de los años sesenta ni la de 1976. Un componente esencial de la Cataluña de hoy es producto del cruce de dos fenómenos de los últimos veinte años: una inmigración ya asentada y una sociedad que comienza a acostumbrarse a ejercer en libertad sus derechos democráticos. En definitiva, una sociedad de ciudadanos —ya no de súbditos— con conciencia de tales y con imaginarios culturales muy diversos. Diversidad que se debe tanto a su diferente origen geográfico, cultural o social, como, sobre todo, porque la libertad provoca pluralismo. Nada que ver, por tanto, la Cataluña de hoy con la homogénea Cataluña que imaginaron ciertos clásicos del nacionalismo catalán.

Y, sin embargo, la idea de Cataluña que tenían estos últimos sigue siendo la que domina en el discurso cultural y político tanto de la derecha como, lamentablemente, de la izquierda. Un ejemplo cercano es el artículo de Ignasi Riera, diputado de IC, publicado en estas páginas el pasado jueves día 18 de septiembre bajo el título «El sí o el no de las casas regionales». En él, Riera, en tono paternalista, reconoce a las casas regionales el derecho a recordar sus orígenes (al parecer, a través del folklore y la gastronomía) pero les niega el derecho a opinar, es decir, a pensar, a ser, a actuar y, en definitiva, a vivir como ciudadanos conscientes y adultos. Totalmente alucinante e increíble.

El caso es que la Confederación de Entidades Culturales Regionales (Cecrec) ha elaborado un documento sobre la proposición de ley de oficialidad de las lenguas, actualmente en trámite parlamentario. El texto (según la información de El País, de 13 de septiembre) dice, sustancialmente, que las lenguas territoriales de Cataluña son el catalán y el castellano, debiendo procurar la ley que ambas coexistan pacíficamente y, por tanto, sean objeto de un trato igual. Tal opinión, o quizás el hecho mismo de opinar sobre este tema, le parece a Riera una actitud «abusiva y de una impunidad escalofriante».

¿Qué se esconde tras las ideas del diputado de IC? Posiblemente las viejas concepciones del catalanismo clásico, la idea de una idealizada Cataluña social y culturalmente homogénea: sobre las lenguas de Cataluña deben opinar los políticos y la sociedad civil «catalana» (las entidades «catalanas», faltaría más), pero no las «entidades regionales». No se ha dado cuenta Riera, a pesar de vivir en Cornellà, de la realidad actual de Cataluña, en la que los antes culturalmente subordinados han comenzado a ejercer sus derechos democráticos en libertad, es decir, a tomarse el lema de «Som sis millions» en serio.

Miguel Hernández, en un poema patético potenciado después por la interpretación del gran Paco Ibáñez, lanzaba con voz estremecida aquello que tanto nos conmovía: «Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién, de quién son estos olivos». Ante artículos como el de Riera quizás tendremos también que exclamar: ¿de quién es esta Cataluña?

Está por hacer el nuevo catalanismo, el que responda a la Cataluña de hoy.

(EP, 1997)

La Generalitat como poder político: Entre la pompa y la circunstancia

En el terreno de pensar cómo serían las instituciones políticas de una futura Cataluña autónoma, cuando llegó Tarradellas casi todo estaba por hacer. En los diez años anteriores a la muerte de Franco, la ebullición ideológica en Cataluña fue más que notable: libros, artículos, conferencias y seminarios sobre historia, filosofía política, economía, ciencia política, sociología, etc. Sin embargo, fue muy escasa la reflexión y la producción sobre cómo deberían ser las instituciones políticas en un futuro cambio democrático.

El «gobierno de unidad» —con participación de todos los partidos con representación parlamentaria— de Tarradellas (1977-1980) atendió, sobre todo, a las más evidentes urgencias históricas. Y la urgencia principal era la de legitimarse, es decir, lograr el respeto, la confianza y hasta el orgullo de la inmensa mayoría de los ciutadans de Catalunya respecto de que no sólo era posible sino de que incluso podía resultar eficaz un gobierno en la Plaça de Sant Jaume, lo cual de entrada, para muchos, no aparecía nada claro.

La etapa Tarradellas aportó, por encima de todo, una cierta noción de lo que era el poder político, aunque poniendo demasiado el acento en los aspectos simplemente rituales, protocolarios y, en definitiva, vacíos del quehacer político. La personalidad del Presidente, los símbolos que quiso encarnar y la legitimidad histórica que decía representar, acentuaron esos rasgos excesivamente formales de la institución.

A pesar de ello, la Generalitat provisional se legitimó por una triple vía: primero, como poder histórico y democrático; segundo, restableciendo la enseñanza del y en catalán; tercero, probando su capacidad y eficacia como gobierno al ejercer un núcleo mínimo, pero apreciable, de competencias.

No obstante, varios errores se cometieron en ese período, muchos de los cuales no han sido remediados hasta hoy. En primer lugar, no se dio el suficiente impulso a la Escuela de Administración Pública recién creada, que hubiera quizás permitido disponer de un funcionariado mejor preparado. En segundo lugar, no se elaboraron los planes y programas para desarrollar, con un cierto orden, la posible futura acción de gobierno. Deberían haberse realizado estudios sobre las líneas de gobierno futuras respecto, cuando menos, de la educación, los transportes, la ordenación del territorio, la cultura y la sanidad. Sólo en esta última materia, gracias a los conocimientos previos del conseller Ramón Espasa, se elaboró un minucioso «mapa sanitario de Cataluña», después dejado en el olvido. Por último, se desaprovechó la ocasión de reformar en profundidad la Administración local, al no traspasar apenas competencias de las Diputaciones a la Generalitat ni comenzar a planificar la reducción drástica del número de municipios.

Respecto al Estatuto, en sus redactores había una sola obsesión: conseguir para Cataluña el máximo de competencias, sin cuidar la coherencia global del sistema. Además, el Estatuto fue excesivamente tributario del modelo de la II República, sin tener en cuenta el cambio radical que el Estado había experimentado desde entonces en todos los países desarrollados. En esta línea, la posición preeminente de la figura del President, condicionada, además, por el precedente tan personalista de Tarradellas, influyó más adelante en la victoria de Jordi Pujol y, sobre todo, en su futuro carácter de líder carismático, inseparable de la imagen de Catalunya y de la institución de la Generalitat. Por último, fue un error no introducir en el Estatuto un cierto modelo de Administración Pública catalana, que hubiera limitado tanto el posterior crecimiento anárquico de la Administración pujolista como la interpretación extensiva del Tribunal Constitucional —vía ampliación de las bases estatales— respecto a las facultades del Estado en esta materia.

A partir de la victoria de Pujol en 1980 comienza una segunda y prolongada etapa que llega hasta hoy. La filosofía político-institucional que inspira esta etapa tiene dos ejes principales: primero, ayudar a formar y a reforzar la llamada «conciencia nacional» de la sociedad catalana, es decir, aquello que según Pujol constituye el «ser» de Cataluña; segundo, ofrecer unas instituciones económicas, unos servicios públicos y un sistema de bienestar propios de un país desarrollado. De estos dos componentes el primero ha tenido prioridad y, sin duda, más éxito. Su emblema principal ha sido la Corporación Catalana de Radiotelevisión —TV3 y Catalunya Radio— que, sectarismos informativos y subliminales aparte, ha realizado una gran labor en la normalización de la lengua catalana.

En cambio, la política de gestión diaria se ha realizado de forma improvisada, sin planificación alguna, desperdiciando recursos económicos y sin una idea global —más allá de la parafernalia nacionalista y patriótica— de la sociedad que se quería construir. Los traspasos realizados hasta 1982 —la llamada política de peix al cove— se hicieron desordenadamente y con valoraciones que más tarde han resultado gravemente onerosas. Siempre se ha primado el «conseguir más competencias», como objetivo a veces casi único, por encima de «gestionar bien las competencias ya obtenidas». La construcción de la Administración autonómica se ha hecho de forma improvisada, sin modelo propio, sin criterios de selección del personal ni de racionalidad, copiando a veces, incluso, los aspectos más negativos de la Administración del Estado. En los sectores de enseñanza y sanidad se optó por modelos fuertemente privatizados que, a la postre, han resultado muy caros, generando así un déficit y, por consiguiente, una carga financiera altísima que incide pesadamente en el grave endeudamiento actual de la Generalitat.

En esta construcción desordenada de la Administración Pública tuvo una influencia muy negativa la ideología nacionalista de CiU que consideró a la Generalitat como el embrión de un pequeño Estado, con todos los costosísimos atributos de éste, menospreciando, a su vez, cualquier tipo de colaboración con las instituciones españolas o con otras comunidades autónomas.

Esta ideología nacionalista —que se proyecta en un claro centralismo de la organización administrativa de la Generalitat— tiene también un evidente reflejo en las relaciones con la Administración local, tanto en la dura pugna sostenida con el Ayuntamiento de Barcelona —que tuvo su momento culminante en la disolución de la Corporación del área metropolitana— como en la creación de una organización comarcal —hoy fracasada— pretendidamente opuesta a unas provincias —absurdamente consideradas como el símbolo máximo del centralismo del Estado— que, sin embargo, contradictoriamente, han sido mantenidas como marco de la organización de la Administración de la Generalitat.

En política española, desde 1989 y, muy especialmente, desde 1993, es decir, tanto con el gobierno socialista como con el gobierno actual, la actuación política de CiU en Madrid es más propia de un grupo de presión meramente reivindicativo en favor de los intereses exclusivos del gobierno de la Generalitat que de un partido político preocupado por dar una solución definitiva y generalizada al conjunto del Estado de las Autonomías.

Y en esta disyuntiva quizás radique la clave del futuro de Cataluña y de España: o se encabeza un amplio movimiento para asentar definitivamente el Estado de las autonomías o, como hasta ahora, Cataluña sigue reivindicando unos hipotéticos derechos que conducen a no se sabe cuál meta.

(EP, 1997)

El error de fondo

La ley del catalán está siendo objeto de críticas, tanto positivas como negativas. Las positivas suelen argumentar que el catalán necesita protección y la ley contribuirá a ello; las negativas, que no respeta determinados derechos de los ciudadanos. Ambas posiciones, aunque contrapuestas, son democráticamente legítimas, a diferencia de otras actitudes que, desde este punto de vista, no resultan admisibles.

Entre estas últimas, dos deben ser destacadas. Por un lado, están las de aquellos que restan importancia a la ley diciendo que en aquellos aspectos nuevos y conflictivos, el texto legal no se aplicará: aceptan, por tanto, utilizar las leyes como meras armas propagandísticas, sin fuerza normativa alguna. Posición, por supuesto, claramente rechazable. Por otro lado, están también aquellos otros que sostienen que lo mejor hubiera sido dejar vigente la ley anterior y hacer lo mismo por vía reglamentaria: éstos denotan preferir una forma de actuación secreta, ajena al requisito democrático de publicidad, sin control público y, por tanto, reflejan una mentalidad claramente autoritaria; creen, además, erróneamente, que hoy en día, tras la Constitución, los reglamentos son independientes de las leyes; viven todavía, en definitiva, en aquellos tiempos en que, según parece, el Conde de Romanones, siendo ministro, pronunció su célebre frase: «que los diputados hagan las leyes, dejadme a mí hacer los reglamentos».

Sin embargo, el núcleo de aquello que se pone en discusión no es tanto la ley en sí misma sino toda la política lingüística que la ley ha llevado a su culminación. El error de fondo de esta política y también, por supuesto, de la ley, radica en que se inspira en una concepción nacionalista de Cataluña que, a mi modo de ver, no resulta conciliable con los principios de libertad y pluralismo en los cuales está basada nuestra democracia constitucional.

Porque, ciertamente, desde esta concepción, la lengua es considerada como el «nervio de la nación», aquello que convierte a los ciudadanos en «catalanes». Como decía un manifiesto nacionalista hecho público hace unos meses, la lengua es «una manera de ver el mundo, un lugar donde se configuran mitos y deseos, una casa que ayuda a convertir en pueblo a aquellos que la habitan». Desde una posición liberal y democrática una lengua es, sin duda, un rasgo cultural que caracteriza a una sociedad pero nunca un rasgo cultural que pueda limitar nuestra libertad individual, es decir, nunca una manera de ver el mundo. La lengua no es la esencia de nuestra personalidad o el núcleo duro de nuestra identidad como personas: desde la Ilustración, por lo menos, nuestra identidad y nuestra personalidad sólo tiene un fundamento que no es otro que la libertad.

Por tanto, el error de fondo que constituye confundir los derechos de las personas con los derechos de las naciones —partiendo de un concepto preexistente de nación, desligado de los derechos de cada uno de sus componentes— se proyecta en el articulado de la ley a dos niveles: por un lado, confundiendo lengua «propia» con lengua «única o preferente»; por otro, confundiendo la legítima protección de la lengua catalana, necesaria por ser lengua minoritaria, con la imposición del uso del catalán a todas las instituciones públicas e, incluso, a las relaciones entre particulares.

En efecto, según el Estatuto de Cataluña el catalán es la lengua propia de nuestro país, lo cual es obvio si damos a este término el sentido de lengua que diferencia lingüísticamente a Cataluña de otras comunidades. Lo que ya no es razonable, y no cabe deducir del Estatuto, es considerar al castellano que, según las estadísticas, es la lengua usual de más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña, como lengua impropia o foránea al otorgarle la ley una posición, tanto en las instituciones públicas como en la enseñanza, totalmente subordinada.

Precisamente, el rasgo distintivo que identifica actualmente a la sociedad catalana no es tanto que se hable catalán, sino el uso indistinto de catalán y castellano por la mayoría de ciudadanos. Lo que identifica a la Cataluña de hoy es el bilingüismo social y la muy elevada generalización del bilingüismo individual.

Pues bien, este uso social indistinto de ambas lenguas, este bien cultural que supone el bilingüismo, es considerado por los sectores nacionalistas como una anormalidad, una situación a superar mediante una Cataluña crecientemente monolingüe: ésta es la intención de la ley y a ello van dedicadas las principales directrices de la misma, siguiendo varias líneas de actuación. En primer lugar, la lengua utilizada por los poderes públicos —desde la Administración de la Generalitat a los colegios profesionales, las empresas públicas y las sociedades concesionarias— será, de forma abrumadora y en muchos aspectos exclusiva, el catalán, lo cual no parece respetar debidamente el principio de cooficialidad que establecen la Constitución y el Estatuto. En segundo lugar, la ley establece que en toda la enseñanza no universitaria, la lengua vehicular —es decir, aquella en que se desarrollan las actividades docentes y no docentes— sea normalmente el catalán, con el natural desfase —que algunos ya experimentamos con el franquismo— entre la lengua utilizada en los centros de enseñanza y la realidad social circundante. En tercer lugar, según la ley, en los medios de comunicación audiovisual privados se establecen severas cuotas obligatorias de emisión en catalán y otros preceptos obligan al uso del catalán en actividades privadas, sean éstas comerciales, profesionales o laborales, lo cual, en muchos casos, excede en mucho de las atribuciones que un Estado tiene para intervenir en las relaciones entre particulares.

Todo este paquete de medidas no son de fomento y estímulo, sino de carácter jurídicamente coactivo y lo más probable es que, en una reacción natural, sólo sirva para convertir en muchos casos el uso del catalán en un antipático deber y, por tanto, para lo que se dice pretender, sea totalmente contraproducente. Precisamente, la sociedad catalana iba incorporando a un ritmo muy acelerado el catalán en sus actividades cotidianas con total naturalidad. El esfuerzo de los originariamente castellanohablantes ha sido, en general, ejemplar. Pero esta política lingüística hará que aquello que se hacía voluntariamente y con libertad se convierta, tras la imposición, en algo que se hace a disgusto, sin entusiasmo y por razones puramente formales, en muchos casos simplemente de promoción laboral. En definitiva, con muy escaso valor positivo y, a la larga, con resultados que tenderán al desuso del catalán.

Albert Camus dijo en su Carta a un amigo alemán: «Amo demasiado a mi país para ser nacionalista». Efectivamente, quien ama a alguien antes que nada lo respeta. Quien lo presiona y moldea a su modo sólo se ama a sí mismo, normalmente a una falsa imagen de sí mismo. La actual política lingüística, de la cual la ley es su máxima expresión, dice querer potenciar el catalán, pero con obligaciones, imposiciones y sanciones, sólo conseguirá debilitarlo, desprestigiar su uso y dividir a la sociedad. Hay que rectificar.

(EP, 1998)

¿Qué dice el Foro Babel?

¿Qué ocurre en Cataluña?, se pregunta el habitualmente ponderado historiador Joan B. Culla en un reciente artículo. Y tras esta pregunta, Culla pasa a comentar el reciente documento que bajo el nombre «Por un nuevo modelo de Cataluña (segundo manifiesto del Foro Babel)» han suscrito 560 ciudadanos catalanes, de las más diversas profesiones, algunos de ellos —Mendoza, Marsé, Azúa, Tomeo, Rico, Trías, Llovet, García Cárcel, Jackson, Camps, Boadella, Regàs, Mariscal, Moix, Camino, Coixet, como muestra— muy conocidos por sus actividades en el ámbito cultural.

El comentario de Culla es indicativo del tono que adquiere en Cataluña toda discusión centrada en lo que suele denominarse «la cuestión nacional». En estos casos, es frecuente que el debate conforme a las reglas habituales se rehúya y pasen a utilizarse más argucias dialécticas que argumentos racionales. Por ejemplo, deformar lo que dice el contrario, para así atacar algo que no dice; o hacer continuos juicios de intenciones en base a presunciones inexistentes. Todo ello, claro, para evitar hablar de la cuestión de fondo, en ciertos casos difícilmente argumentable desde presupuestos basados en principios de libertad y democracia.

Pero vamos al grano: ¿qué pasa en Cataluña según el Foro Babel? Básicamente, el documento de Babel quiere expresar su discrepancia respecto de determinada doctrina oficial, adoptada sigilosamente ante el asentimiento implícito o explícito de los partidos de oposición a CiU, que ha roto algunos acuerdos políticos básicos de la sociedad catalana sin el necesario control previo de un debate público.

En efecto, hace unos años se había generalizado un acuerdo sobre la condición de catalán. Se decía, de forma muy expresiva, que era catalán todo aquel que vivía y trabajaba en Cataluña. Se aceptaba, por tanto, un concepto cívico de catalán, no un concepto etnicista o cultural. Ello, por otra parte, era un requisito democrático esencial ya que era la única forma de igualar en derechos a todos los catalanes, fuera cual fuera su origen. Ello era importante si tenemos en cuenta las altísimas cifras —la mitad de la población— de la inmigración en Cataluña, producto del peculiar desarrollo económico español. Tarradellas lo interpretó perfectamente el día de su retorno al dirigirse al pueblo catalán con la fórmula «ciudadanos de Cataluña».

Pues bien, ya en los años ochenta, con Pujol en la Generalitat, se añadió un aparente matiz muy significativo: «son catalanes aquellos que viven y trabajan en Cataluña... y además tienen voluntad de serlo». Este añadido implicaba que el modo de integración no era ya simplemente cívico sino ideológico: el nombre, la marca de Cataluña, se lo había apropiado un grupo —no exactamente un partido político— que quería llevar a cabo un determinado proyecto nacionalista y se consideraba como el único legitimado para dar patentes de catalanidad. A partir de ahí, sólo es considerado catalán aquel que acepta las reglas que este grupo establece y, como dice el manifiesto de Babel, «todo ataque a las posiciones nacionalistas se convierte en un ataque contra Cataluña y todo disidente de la doctrina oficial es un anticatalán».

Un segundo y significativo cambio se produce en relación a España y al Estado de las autonomías. El lema que se coreaba en las manifestaciones del final del franquismo era «¡Llibertat, amnistia i estatut d’autonomia!». Pues bien, una vez se aprueba, con un amplio acuerdo, el Estatuto y se pone en funcionamiento la Generalitat, comienza ya una política de queja constante sobre el precario nivel de autonomía, la cicatería intrínseca del Estado español en el traspaso de competencias y la insuficiencia de la financiación. Tanto da que la Generalitat disponga de un presupuesto reducido —como era al principio— como que éste sea —caso actual— de dos billones de pesetas, tanto da que se tengan pocas o muchas competencias: la cuestión es ejercer un victimismo constante, bien para echar la culpa a otro, en este caso al Estado, siempre considerado como algo ajeno y constantemente enfrentado a Cataluña; bien, para dar a entender que se tiene necesidad de más competencias aunque sin llegar a concretar nunca el modelo final al que se aspira.

Sobre este último punto, la ambigüedad es total: se mezclan primero los conceptos de autodeterminación e independencia, después se pasa del modelo yugoslavo al modelo lituano, en los últimos años se hablaba de federalismo asimétrico o de confederalismo, aunque ahora parece que se pretende una incierta soberanía compartida. Pero todo este vacuo nominalismo poco importa: la cuestión es mostrar insatisfacción por el presente sin concretar nada sobre el futuro. Así, no se habla de lo que va mal en Cataluña y de las responsabilidades del gobierno de Pujol: de la insuficiencia de las infraestructuras y los servicios, la baja calidad de la enseñanza, el déficit de la sanidad, la caótica organización territorial, el escaso apoyo a los ayuntamientos, la quiebra técnica en que se encuentra la hacienda de la Generalitat.

Por último, queda el delicado tema del catalán. Sobre ello existía un amplio consenso, plasmado en la buena ley de 1983. Pero este amplio acuerdo se empezó a quebrar por la escuela, en la que la lengua castellana ha quedado reducida a una mera asignatura. Siguió por un vaciamiento del principio de cooficialidad de catalán y castellano. Y, en la actualidad, los problemas suelen aparecer por querer forzar el uso social del catalán.

Una muestra significativa. El pasado 9 de julio, Joan M.ª Pujals, consejero de Cultura, desde cuyo Departamento se dirige la política lingüística, escribía un artículo en el diario La Vanguardia, en el que se decía: «Una lengua es un sistema de signos, verbales o escritos, que traduce más que las cosas, una determinada manera de ver, o de concebir, las cosas. Una lengua expresa una manera de ser. Y una manera de ser es ya, en sí, una manera de enfocar la realidad, una manera de sentir y una manera de pensar. Y, en consecuencia, una manera de hacer». Si cree de verdad el señor Pujals que una lengua es todo lo que él dice debería considerar ilegítima cualquier política lingüística: la manera de pensar, de ser y de sentir, debe dejarse en la esfera de la autonomía de cada individuo, en la que el Estado no tiene derecho a entrar. Más grave todavía: si la opinión de Pujals fuera cierta, la lengua homogeneizaría a las sociedades de tal manera que la libertad y la autonomía personal quedarían seriamente afectadas y nos encontraríamos en un mundo de individuos sujetos al despotismo de las lenguas y predeterminados por ellas.

Frente a estas tendencias nacionalistas, instrumentalizadoras de la lengua y reductoras de las libertades humanas, se sitúa el manifiesto del Foro Babel, que pretende, ante todo, iniciar un debate sobre temas que, como si de algo sagrado se tratara, debían permanecer excluidas de toda discusión. Con este objeto, el manifiesto lanza la idea de rectificar el rumbo y formula propuestas concretas: frente a la homogeneidad nacionalitaria se muestra partidario de una nación culturalmente plural de ciudadanos, única base de una sociedad realmente libre; frente a inconcretos ideales de llegar a ser una nación soberana que, en realidad, esconden las deficiencias de la actuación política del presente, el Foro propugna un federalismo que abarque desde el nivel local hasta el europeo; frente al fundamentalismo lingüístico, quiere restituir el equilibrio entre libertad individual e integración social mediante una política bilingüista.

En el fondo, el manifiesto de Babel tiene pretensiones bien modestas: se limita a intentar reintroducir racionalidad y sensatez en una clase política catalana que ha aceptado, de forma callada y acrítica, un anticuado discurso proveniente de un nacionalismo romántico que ya llegó a Cataluña, con notable retraso, hace más de cien años.

(EP, 1998)

A Félix de Azúa

El Foro Babel no es una asociación, ni siquiera un grupo dotado de una organización estable, ni tiene local para reunirse, ni tiene propiamente unos miembros fijos, es decir, unos socios. Se trata, simplemente, de un ámbito de debate, libre y abierto, en el que coinciden personas de ideologías diversas –dentro de un universo que va del centro izquierda a la izquierda— con un vínculo común: la convicción de que en un Estado democrático el sujeto de los derechos debe ser la persona individual y no la nación, entendida ésta en su sentido etnicista y territorial. Esta convicción básica nos ha llevado a ser críticos con las ideologías nacionalistas que no partían de este presupuesto, presentes no sólo en los partidos explícitamente nacionalistas, sino también en todos los partidos de la izquierda catalana.

Félix de Azúa, miembro también de Babel en el sentido indicado, persona de peso en nuestro mundo intelectual y cultural, ha realizado unas declaraciones según las cuales los objetivos del Foro Babel no se han cumplido, ya que el debate que planteábamos no ha tenido lugar, y propone que Babel no vuelva a manifestarse hasta después de las elecciones al Parlament. Estas opiniones de Azúa, con las que han coincidido o discrepado otros firmantes, han levantado cierto revuelo en nuestro pequeño mundo y algunos observadores han querido ver fisuras allí donde no las puede haber ya que Babel es, por su propia naturaleza, un ámbito de opiniones diversas.

Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con algunas afirmaciones de Félix de Azúa. Me parece indudable que el debate se ha dado, sigue y seguirá. En este sentido, los dos manifiestos de Babel han sido, antes que otra cosa, oportunos: es decir, han aparecido en unos momentos en los cuales buena parte de la sociedad catalana deseaba que se trataran públicamente estos temas y se pusiera de manifiesto que el pensamiento único sobre ellos no era más que una pura ilusión. Me parece que esto, hoy, ya está claro. La disidencia con el pensamiento único no sólo existe, sino que es amplia y profunda: ahí está la lista de firmantes, los artículos en prensa, las cartas al director, las llamadas a las radios, las conferencias y actos diversos, el ánimo que te dan amigos y desconocidos... y la proliferación de varios foros babel por el territorio de Cataluña. También las reacciones que ha suscitado, positivas y negativas, son una prueba de que hay afán de debate. No olvidemos que, a partir del nuestro, han proliferado los manifiestos, documentos y declaraciones sobre esta materia de asociaciones, fundaciones y partidos. Todo ello es debate, discusión y diálogo. Compara, Félix, lo que decimos nosotros con lo que afirman los demás: advertirás discrepancias, pero también muchas coincidencias, algunas esperadas, otras más sorprendentes y curiosas.

Y sobre todo, no seamos ingenuos: las posiciones de mera descalificación —las de Branchadell, que nos llamaba cínicos e hipócritas; los juicios de intenciones del fundamentalista Manent; las de Bru de Sala, que calificó el manifiesto de «engendro» —deben considerarse, en este país, normales—. Y no lo dudes, todavía vendrán más. Se debate como se puede, no con la altura intelectual, la objetividad y las reglas de juego que uno desearía. Pero las cuestiones que ha planteado Babel se han situado en el centro de la opinión pública y de la opinión publicada: ciertamente porque estaban latentes en la sociedad, pero también, quizá, porque hemos acertado en el modo, directo y polémico, de plantearlas. Si no otra cosa, Foro Babel es en estos momentos, para la opinión pública, un punto de referencia.

Tampoco estoy de acuerdo con Félix en que en tiempos electorales debamos callar. Por supuesto, está claro que el espacio en el que actúa Foro Babel es el de la opinión pública, no el del juego entre fuerzas políticas. Además, por su composición, es de naturaleza plural. De todo ello se deduce que, obviamente, no puede apoyar a un partido o a un candidato. Pero de esto a callar hay un gran trecho. En una sociedad que queremos viva, en la cual todas las opiniones deben ser expuestas y todos los intereses representados, nadie que tenga algo que decir debe renunciar a exponer sus ideas. El debate no puede dejarse nunca, en solitario, a los partidos políticos, ni siquiera en tiempos electorales. Los intereses políticos, sociales, económicos y culturales son muy diversos, y todos sus agentes deben participar en el debate público, precisamente para que el ciudadano, antes de depositar su voto en las urnas, forme con libertad su propio criterio. La libre expresión, en tiempos electorales, quizá no pueda decirse que sea más necesaria que nunca, pero sí que, cuando menos, es tan necesaria como siempre.

El debate, Félix, debe seguir y seguirá porque no hay quien lo pare. Primero entre nosotros mismos y luego con quienes estén dispuestos a ello. La libertad no existe para ser proclamada, sino para ser ejercida. Únicamente se niegan al diálogo razonable aquellos que tienen miedo a la libertad. Lo importante no es tener razón, lo importante es estar dispuesto a razonar. Y tener el coraje moral de hacerlo en público y con total libertad.

(EP, 1998)

Las otras Cataluñas

El estudio de Joan Font, Jesús Contreras y Guillem Rico sobre L’abstenció a les eleccions al Parlament de Catalunya ha llegado en un momento oportuno y viene a confirmar lo que ya se sabía por investigaciones anteriores: en primer lugar, que los votantes que se abstienen en las elecciones autonómicas y acuden a las urnas en las generales —en total, un 13,1% de promedio, equivalente a 600.000 electores— se concentran mayoritariamente en las zonas industriales del entorno de Barcelona y Tarragona y responden a un determinado perfil social y cultural propio de estas zonas; en segundo lugar, estos ciudadanos votan mayoritariamente, en las elecciones generales, al PSC.

Recordemos que, precisamente, el Partido Socialista tiene en Cataluña una constante en su trayectoria: siempre ha ganado las elecciones a Cortes Generales y nunca las elecciones autonómicas. El problema parece, por tanto, bastante claro y está detectado desde hace tiempo: el mensaje del PSC para gobernar Cataluña no convence a una parte de sus habituales votantes cuando se trata del gobierno de España.

Ahora bien, la dirección del Partido Socialista no cambia el rumbo y, elección tras elección, tropieza siempre en la misma piedra que le conduce a la derrota. La orientación de Maragall en los últimos meses parece que reincide, de nuevo, en esta línea tradicional, aunque en su constante zigzagueo —muy propio de su atípica personalidad política— pretenda hacer guiños a todo el mundo. Por ejemplo, el mismo día en que afirma que se siente continuador del catalanismo de Cambó, Companys y Pujol —¡vaya trío!— anuncia también que su táctica es maoísta: «del campo hacia la ciudad».

Así pues, este aumento de la abstención en las elecciones autonómicas a costa de un electorado que, cuando participa, hace ganar al Partido Socialista, es el dato más relevante y peculiar de las elecciones catalanas y el que mejor explica la larga hegemonía de CiU. Esta hegemonía es debida no tanto a méritos propios, sino a la incapacidad de una oposición que en lugar de dirigirse a la nueva Cataluña realmente existente cae, una y otra vez, en la trampa de competir en el terreno del viejo nacionalismo, ese feudo que pertenece a Convergència y encarna, mejor que nadie, Jordi Pujol.

Porque, en efecto, el motivo principal de la abstención en las elecciones autonómicas es que para muchos ciudadanos, la sociedad catalana que conocen y en la que habitan no se presenta a las elecciones: a ellas sólo acuden partidos que prometen soluciones, con variantes de izquierda y de derecha, para una sociedad que no es la que ellos viven cada día en su familia, sus amigos, su trabajo o el barrio o ciudad donde viven.

Se les presentan, en primer lugar, unos partidos que o bien les hablan continuamente del pasado histórico o bien, en caso de tratar problemas del presente, les argumentan con razones que fundan también en ese pasado. En efecto, el dogma al que nadie escapa es que Cataluña es el producto exclusivo de su pasado histórico. Este pasado puede ser tan remoto como Carlomagno, Guifré el Pilós o el Comte Borrell o tan próximo como Macià, Companys o Tarradellas, pero siempre la historia —convenientemente manipulada, por supuesto— posee la llave que permite encontrar la solución adecuada. Y esta solución siempre es la misma: lo que necesita Cataluña es más poder, más competencias, más soberanía, «la» soberanía. Solamente entre esta «variada» gradación de opciones escogen los distintos partidos.

En segundo lugar, la identidad catalana es considerada como identidad única, la cual se convierte en la ideología dominante transversal a todos los partidos: Cataluña es, antes que nada, una lengua, una historia, una manera de ser, unas tradiciones, una cultura, un derecho. Después se añade, en ciertos casos, que Cataluña es plural pero en el momento de hacer tan triviales enumeraciones, Cataluña es siempre «una»; nunca dos, tres... o infinitas. Cataluña un solo pueblo: ése es, sin otro matiz, el dogma oficial.

Ante estas dos propuestas fundamentales —historia común e identidad única— el ciudadano que considera que su identidad no pasa por la historia de Cataluña que le han explicado; aquel que cree que los problemas de Cataluña son, sobre todo, los muy concretos que le afectan a él, a su familia y amigos, a su entorno social, laboral y cultural, problemas todos ellos que no se solucionan ni con más competencias ni con más soberanía; el otro ciudadano que, además, siente su identidad personal como cosa peculiar y propia, en absoluto coincidente con cualquier identidad preestablecida que quiera atribuírsele. En definitiva, todos aquellos que, a menos que por nivel político-cultural sepan comprender muy bien la vieja estrategia de hacer coincidir los intereses de las personas con los llamados «intereses nacionales», todos estos ciudadanos, repito, como es obvio no van a votar.

Si el Partido Socialista quiere ganar las elecciones sólo tiene un camino: hacer que aumente la participación de los sectores que votan en las generales y se abstienen en las autonómicas. Para ello debe enviar un mensaje claro y nítido a la compleja y variada sociedad catalana haciendo evidente que su opción no pasa por recurrir al pasado sino por tratar de solucionar los problemas de la Cataluña del presente, que no es otra cosa que el conjunto de los ciudadanos realmente existentes, cada uno de ellos sujetos portadores de una identidad propia e intransferible; que somos un país bilingüe y que esta riqueza, enormemente positiva, debe ser protegida y potenciada; en fin, que formamos parte de la sociedad europea y que los lazos jurídico-políticos que nos unen con el resto de España y con el resto de Europa no pueden ser otros que los federales.

Como consecuencia de todo ello, debe dejarse claro que la política catalana, aquella que se dirige desde la Generalitat, en el caso de que los socialistas ganen las elecciones, dará un giro de 180 grados al objeto de que quepan definitivamente en las instituciones políticas de nuestro país todos los ciudadanos de Cataluña, de las muy diversas Cataluñas existentes. También, por tanto, deben tener su encaje estos 600.000 ciudadanos que hasta ahora se abstienen.

(EP, 1999)

Ni una, ni unas: la cultura

Enric Fossas publicaba un artículo que intentaba quitar hierro al tedioso debate sobre si en España debe existir o no un Ministerio de Cultura.

En efecto, de nuevo estamos dándole vueltas a este viejo tema. Los partidos firmantes de la Declaración de Barcelona lo han vuelto a plantear expresando, por supuesto, la necesidad de la desaparición de tal Ministerio. Maragall, por su parte, ha dicho que se puede prescindir de él y Borrell ha considerado que debe seguir existiendo. Finalmente, ambos se han puesto de acuerdo en mantenerlo, pero con una denominación distinta: Ministerio de las Culturas. Fossas ponía ayer de manifiesto la irrelevancia y relatividad de este debate en los términos puramente organizativos en los que se estaba planteando, posición con la cual coincido plenamente.

Pero el problema que hoy quiero plantear es otro distinto, más sustancial y de fondo, en el cual todas estas posiciones aparentemente alejadas parecen estar de acuerdo. Se trata de lo siguiente: según se desprende de todas estas manifestaciones, los poderes públicos tienen competencia en materia de cultura porque su finalidad principal es defender y desarrollar una identidad cultural colectiva. Si esta identidad colectiva que se pretende abarca todo el territorio español, entonces la titularidad de la competencia debe ser estatal; si se ciñe simplemente a una determinada nacionalidad o región, entonces debe ser autonómica. Bajo estos presupuestos, los nacionalistas quieren, lógicamente, que la competencia recaiga únicamente en las comunidades autónomas y el tándem Maragall/Borrell mantiene que también el Estado es competente, ya que existe una identidad cultural española, sin perjuicio de las competencias autonómicas necesarias para la defensa de su identidad cultural propia.

A mi modo de ver, el problema, en estos términos, está mal planteado. La intervención de los poderes públicos en materias culturales no se justifica únicamente, ni siquiera principalmente, por razón de la defensa de una problemática identidad cultural colectiva, sino en defensa de algo mucho más concreto: la garantía de los derechos culturales de los ciudadanos. Desde esta perspectiva, que es la perspectiva de la libertad, el problema permite ser contemplado de manera muy distinta.

En efecto, aquello que deben ejercer los poderes públicos —sean Estado, comunidades autónomas o entes locales— son dos competencias muy diferenciadas. En primer lugar, deben garantizar y fomentar la libre creación y el libre consumo cultural en los campos de las artes plásticas, la música, la danza, la literatura, el teatro, el cine etc. En segundo lugar, deben defender el patrimonio cultural existente, único campo en el cual es legítimo entender la cultura como expresión de una identidad cultural colectiva. Ambas cosas son necesarias, pero la confusión entre una y otra conlleva consecuencias tan funestas como son el dirigismo cultural y el conservadurismo ideológico y estético.

Pongamos ejemplos. Nadie pone en duda que puede ser tarea de los poderes públicos subvencionar una gira de la Filarmónica de Viena, una exposición de Magritte, unas representaciones de la Royal Shakespeare Company o unas traducciones de poesía china. ¿Se defiende así la identidad cultural colectiva? En absoluto: permite abrir el mundo cultural propio a otros distintos que, a su vez, potenciarán la creación local o permitirán el consumo cultural del ciudadano medio. Además, por supuesto, es legítimo —y obligado— que los poderes públicos protejan y conserven el patrimonio propio, en los campos lingüístico, artístico, arqueológico, musical, etc., siempre para estimular y garantizar la libertad de los ciudadanos, nunca para imponerles una determinada cultura que, en ese caso, ya no sería tal sino que operaría como una simple ideología.

El problema fundamental, por tanto, no radica en si la política cultural de los poderes públicos se ejerce desde el Estado o desde las comunidades autónomas, sino si se ejerce en favor de la libertad de los ciudadanos —la cultura entendida como derecho individual— o como un instrumento más de dominio sobre ellos, imponiendo una determinada identidad cultural. No se trata, por tanto, de defender una cultura o unas culturas sino de defender la cultura, la libertad.

(EP, 1999)

Una carta persa

Quizás la mejor manera de poder explicar, con todos los matices, la realidad de la política catalana sea adoptando aquel truco literario, tan utilizado en la época ilustrada, que consiste en imaginar las reacciones de una persona ajena a nuestra sociedad y a nuestra cultura al entrar en contacto con la misma. En definitiva, se trata de imaginar qué pensaría un persa como el que se inventó en su tiempo Montesquieu, deambulando por el hemiciclo del Parlamento, los despachos de la Generalitat, los pasillos de las sedes de los partidos o escuchando tertulias radiofónicas y leyendo diariamente los periódicos catalanes. Sin duda, como es natural viniendo de una sociedad muy distinta, el persa se quedaría sorprendido —quizás agradablemente— aunque, también es probable, le costaría entender muchas cosas —desde las pintorescas hasta las absurdas— de nuestra vida política.

Esta semana, por ejemplo, el Partido por la Independencia, el PI, ha decidido que el mundo tiene que pedirnos perdón y ha tomado dos iniciativas que, a mi modo de ver, reúnen las dos condiciones antes dichas: son pintorescas y, además, también son absurdas.

En primer lugar, el Parlament de Catalunya, a propuesta del diputado del PI Xavier Bosch, ha resuelto dirigirse al Parlamento italiano para que éste exprese sus «disculpas al pueblo de Cataluña» por los bombardeos masivos que la aviación de aquel país efectuó sobre la ciudad de Barcelona durante la guerra civil. Todos los grupos parlamentarios votaron a favor a excepción del PP, que se abstuvo. En segundo lugar, según leo en la prensa, la diputada Pilar Rahola, también del PI, ha pedido que el Congreso de los Diputados pida perdón por su actuación en la guerra civil y, especialmente, por el fusilamiento del presidente Lluís Companys.

Personalmente, la primera noticia me ha dejado perplejo y la segunda estupefacto. Estos perdones históricos siempre me han parecido mera propaganda política y, en la mayoría de los casos, pura y simple hipocresía. Cuando, por ejemplo, la Iglesia católica pide perdón por el trato que en su tiempo dio a Galileo pero no destituye y expulsa fulminantemente a los obispos argentinos que ampararon los terribles crímenes de la reciente dictadura, pienso simplemente que el perdón por lo de Galileo es un mero ejercicio de cinismo.

Pero lo que el PI hace no es, como hace la Iglesia, un acto de contrición propio sino que demanda a otros que pidan perdón. Y ahora me pongo en la piel de estos otros que, imagino, habrán quedado tan perplejos y estupefactos como yo. Seamos mínimamente sensatos: ¿qué tienen que ver los actuales parlamentos con los criminales bombardeos de la aviación de Mussolini sobre la población civil de Barcelona o el fusilamiento de Companys? Los responsables son, en todo caso, Mussolini, Franco y sus colaboradores del momento, nunca personas ajenas a ellos, menos aún las instituciones actuales.

Ya sé que Bosch y Rahola me dirán que ello es evidente y que piden, simplemente, un perdón simbólico, es decir, un gesto moral. Tal gesto no hace ninguna falta. Mussolini y Franco fueron derrotados por sus propios pueblos hace años y tal derrota es ya en sí misma un símbolo suficiente. Por otro lado, la responsabilidad patrimonial puede ser atribuida a un Estado, la responsabilidad moral sólo es atribuible a personas concretas.

Ya sé que el nacionalismo integrista que está en el fondo de la petición del PI mantiene que las naciones son impermeables al paso del tiempo y transitan por la historia como sujetos siempre idénticos a sí mismos. Si ello fuera así, estarían cargados de razón y sería lícito pedir este gesto de perdón. Pero las cámaras representan a ciudadanos actuales, no a los entes míticos de los nacionalistas. ¿Qué pensará de nosotros un viejo diputado italiano, antiguo resistente contra el fascismo, cuando le llegue la petición del Parlamento catalán? Quizás pensará que, en ocasiones, del nacionalismo al ridículo no hay más que un paso.

Pero nuestro observador persa, hombre inteligente y culto, seguramente piensa algo distinto. Comprende la actitud del PI, al fin y al cabo son coherentes con su ideología. Lo que no comprende es otra cosa: ¿por qué los partidos de izquierdas, PSC e IC, votan a favor de propuestas que, en principio, resultan contrarios a los postulados democráticos y de izquierdas que parecen defender? Sin duda, nuestro amigo persa, un recién llegado, todavía no conoce bien el significado de ciertas palabras clave de la sociología política catalana: transversalidad nacionalista, síndrome de Estocolmo, suc (acuñada por el gran sociólogo Arcadi Espada). O suquet, el de Portabella, naturalmente.

(EP, 1999)

Queremos ser un Estado

El documento que ha aprobado esta semana el Consell Executiu de la Generalitat sobre el autogobierno es un nuevo paso adelante en la lógica de un nacionalista como Jordi Pujol. Fue Lenin quien popularizó la conocida táctica del «dos pasos adelante y uno atrás». Pujol es, en esto, un consumado leninista. Continuamente está practicando tal ejercicio y pronto tendremos el paso atrás.

En realidad, lo afirmado ahora en el documento que comentamos ya era doctrina nacionalista emergente desde hace unos años, por lo menos desde que Roca y Alavedra dejaron de ser influyentes. Tal doctrina apareció primero en un documento interno que se filtró a la prensa, el llamado «documento Argullol», por el nombre de su autor, hace ya de ello cinco o seis años. Su espíritu estaba presente también en la llamada «Declaración de Barcelona», aprobada en julio pasado por CiU, PNV y Coalición Gallega, y en el borrador que la acompañaba.

La filosofía en la que se inspira el texto del documento no es otra que el diferenciar Cataluña de las otras comunidades autónomas, de acuerdo, como decíamos antes, con la lógica nacionalista de proponer siempre un techo más alto de autonomía hasta el día en que se llegue a pedir el objetivo final, un Estado formalmente independiente. En realidad, las propuestas del documento están sólo a un paso de tal independencia y, aunque dicen no querer reformar la Constitución, lo que se exige es un cambio tan profundo que muy difícilmente puede obviar la modificación de su texto.

En definitiva, lo que se quiere —y se afirma expresa y literalmente— es cambiar la «estructura del Estado» y dar a Cataluña una «posición de Estado» dentro de la España de las autonomías. Con ello la autosatisfacción y la necesidad psíquica de sentirse Estado, tan propia de todo nacionalismo, se siente colmada y, así, se presenta como algo natural e imprescindible aquello que es, simplemente, un mero deseo de más poder político, con independencia de su necesidad, su funcionalidad y su eficacia. Es decir, sin tener en cuenta los beneficios que tal aumento de poder y tal soberanía pueden aportar a los ciudadanos.

Además, ello se plantea en un contexto claramente electoral y en una posición incómoda para Convergència ya que un amplio sector de su electorado no está de acuerdo con el apoyo prestado al PP en Madrid. Con esta aparente radicalización de sus objetivos, Pujol efectúa una maniobra con una finalidad parecida a la que tuvo en su momento la reforma de la Ley del catalán: atraerse a los sectores más nacionalistas de su electorado que, peligrosamente, se están decantando hacia Esquerra Republicana. Ya tendrá Pujol otro lenguaje para los sectores moderados que, neutralizando en parte el «efecto Piqué», le permitirá asegurar el voto conservador.

Una vez más, Pujol ha sido el más hábil y los socialistas, también una vez más, han caído torpemente en las redes que el presidente catalán les ha tendido. En efecto, tras el muy grueso paquete de leyes aprobadas antes de fin de año —en previsión de que se convocaran elecciones en marzo— el Parlamento catalán no tenía, por falta de tiempo, ninguna otra tarea a realizar más que el control del ejecutivo. Ello constituía un serio peligro para Pujol ya que podía poner al descubierto las enormes debilidades de la obra de gobierno de CiU en los últimos veinte años. Pero Pujol les puso una sencilla, inocente trampa: «el Parlamento de Cataluña dedicará estos meses a debatir las necesidades de un nuevo techo competencial y crearemos una comisión al respecto». El PP, mucho más listo, tomó rápidamente sus distancias. El habitual acomplejamiento socialista cuando alguien amenaza con dudar de su catalanidad, hizo que el PSC apoyara con entusiasmo la iniciativa e, incluso, que cediera la presidencia de la comisión a Carod-Rovira.

Ahora se encuentran con los resultados: CiU ha efectuado un propuesta de máximos que hará resaltar la tibieza «catalanista» de los socialistas, reafirmará a los nacionalistas ante sus bases más radicales, permite un desmarque del PP que agradará a los muchos que están en desacuerdo con la propuesta de Pujol y, finalmente, éste seguirá haciendo el discurso que agradará a los conservadores moderados.

Maragall, por su lado, rebuscando en Poblet lo que su adversario ha encontrado, hace ya muchos años, en Montserrat.

(EP, 1999)

El huevo de la serpiente

El magistrado Juan Alberto Belloch, exministro de Justicia e Interior, antiguo miembro del Consejo General del Poder Judicial y en la actualidad diputado del PSOE, vino a Barcelona a pronunciar una conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma. La conferencia trataba sobre El estado de la justicia en España, tema de indudable actualidad e interés, en especial para profesores y estudiantes de Derecho.

El acto —organizado por el área de Derecho Penal— fue boicoteado por un grupo de jóvenes que se identificaron, a través de las pancartas desplegadas y los panfletos que repartieron, como miembros del Bloc d’Estudiants Independentistes (BEI), la Assemblea d’Estudiants Independentistes (AEN) y la Associació Catalana d’Estudiants (ACE), todos ellos pertenecientes a la Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans. También participaron, al parecer, miembros de Alternativa Estel. Además de intentar —con gritos y alborotos— interrumpir la conferencia, los miembros de estas asociaciones de estudiantes insultaron reiteradamente al conferenciante y lanzaron a los componentes de la mesa que presidía el acto —en la cual figuraban estudiantes de Derecho— huevos y pasteles de nata, de modo que quedaron afectados el mismo Belloch, miembros de su escolta, autoridades académicas, profesores y estudiantes. La reacción contraria a los boicoteadores de la inmensa mayoría de los estudiantes que atestaban el Aula Magna de la facultad hizo posible que la conferencia se llevara formalmente a cabo, aunque con el natural nerviosismo e incomodidad por parte de todos los asistentes.

Tanto el equipo decano como el Consejo de Estudiantes de la Facultad de Derecho dirigieron al rector de la universidad unos muy duros comunicados condenando los hechos. El comunicado del equipo decanal incluía, además, la exigencia de que no se siguiera subvencionando a estas asociaciones mientras no adoptaran el compromiso de actuar respetando los derechos fundamentales. El rectorado de la universidad, en cambio, no se ha pronunciado todavía sobre estos lamentables hechos.

Para entender la raíz de los mismos debemos remontarnos a lo sucedido el año pasado durante la visita de José María Aznar a un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ubicado en el campus de Bellaterra. Recordemos que, en aquella ocasión, la policía encargada de la vigilancia del presidente del Gobierno cargó de forma desproporcionada contra una manifestación de estudiantes. El rector reaccionó de forma inmediata condenando con razón la carga policial y un claustro de la universidad, celebrado a los pocos días, acordó la insólita decisión de declarar non gratos, entre otros, a las fuerzas y cuerpos de seguridad. De aquellos polvos vienen estos lodos.

A partir de aquel claustro existe el convencimiento en algunos de que en la Universidad Autónoma —mi universidad— la policía no puede entrar en su campus ni en sus edificios y, por tanto, los universitarios se encuentran indefensos ante las agresiones y quienes quieren vulnerar sus derechos se sienten impunes. Todo ello no se corresponde, obviamente, con nuestra legalidad vigente ya que es evidente que la fuerzas de seguridad tienen plena competencia en todo el territorio para hacer efectivas las libertades ciudadanas. No obstante, también es evidente que la decisión del claustro deslegitimó moralmente a la policía para guardar orden en el mismo, y penosas situaciones como la que comentamos no son, pues, de extrañar.

El origen de todo ello nace de un desconocimiento, lamentable en un centro universitario, de cuál es el papel de la policía en un Estado democrático de derecho. Todavía se actúa con clichés de la época franquista, es decir, de una época en la que el Estado no era democrático ni de derecho, y en el que la policía era un mero instrumento de represión de las libertades básicas. Se ignora —y una universidad debería ser un centro de sabiduría— que en un Estado de derecho las fuerzas de seguridad tienen como única misión —así lo establece el artículo 104 de la Constitución— la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Precisamente, la idea Estado de derecho significa que la coerción democráticamente legítima no es otra cosa que libertad. Un conocido texto de Kant, en su obra La paz perpetua, lo expresa con gran exactitud: «Si el ejercicio de la libertad por parte de un individuo es un obstáculo para la libertad de otro individuo, la coerción que se le opone, en tanto que obstáculo frente a aquello que impide la libertad, coincide con la libertad». La policía, en el ejercicio de sus funciones, es, pues, fuente indispensable de la libertad de los ciudadanos. Si rebasa este legítimo ejercicio y vulnera las libertades, son los controles jurisdiccionales, en último término, los encargados de restablecerlas.

Desgraciadamente, algunas autoridades académicas ignoran el significado del Estado de derecho configurado en la Constitución y ponen así en peligro las libertades en nuestra Universidad. La semana pasada sucedió en mi Facultad de Derecho.

Si la autoridad académica sigue inerme ante las amenazas a las libertades de expresión y de reunión, incluso la misma tarea universitaria está en peligro. La Universidad catalana, que tanto contribuyó en la lucha contra la dictadura, no puede ser cómplice tácito de un nuevo fascismo y dejar que se incube el huevo de la serpiente.

(EP, 1999)

Los principales culpables

Los recientes y lamentables sucesos ocurridos días pasados en las universidades barcelonesas han sido un toque de atención —y desde este punto de vista el resultado, a la postre, ha sido positivo— para que la mayoría de la sociedad catalana pueda expresar claramente sus convicciones democráticas. Sin embargo, también ha sido un sintomático reflejo del veneno intelectual que se quiere inocular, ante la pasividad general, en las conciencias de las personas desde determinados centros de notoria influencia pública.

La autoridad académica es responsable de estos degraciados sucesos por su pasividad, debida más a la posición que ocupa que a su convicción personal. De mucha más gravedad han sido las reacciones de sectores fundamentalistas del nacionalismo catalán. La desinformación que practicó el diario Avui es un ejemplo de lo que no tiene que ser el periodismo. En algunas tertulias de medios de comunicación públicos, como es el caso de Postres de músic, programa de Catalunya Ràdio que dirige Josep M. Solé Sabaté y que destaca diariamente en la radiodifusión catalana por su nacionalismo fundamentalista, todos los invitados habituales —J. M. Fonalleras, Agustí Colomines y Eduard Moreno en aquel día— justificaron la agresión y trasladaron la culpa a los conferenciantes. Isabel-Clara Simó publicó un artículo en Avui el pasado día 15 en el que decía: «Y si una conferencia cuenta con el rechazo general del alumnado, la única cosa sensata que puede hacerse es suprimirla. (…) Los organizadores clamaban por la libertad de expresión, sin asumir que los estudiantes también la tienen. Imponer una presencia, a la fuerza, desde el poder académico, ¿es libertad?». Mi compañera de tertulia en COM Ràdio, Pilar Rahola, se mostró de acuerdo con Simó, y el historiador Joan B. Culla, compañero en estas páginas, con otros argumentos, también se mostraba comprensivo con la actitud de los violentos. Finalmente, el presidente de la Generalitat consideraba que éstos habían cometido, simplemente, una «tontería» porque se habían dejado provocar.

Los principales culpables de los lamentables sucesos no son los estudiantes que boicotean actos académicos, sino los que posteriormente los justifican y previamente han sabido crear el caldo de cultivo adecuado para que se cometan. La culpa real es de aquellos nacionalistas que dividen políticamente a una sociedad —siguiendo a Carl Schmitt, un jurista que justificó el nazismo— en amigos y enemigos: los primeros son los únicos que tienen categoría de ciudadanos, a los segundo hay que expulsarlos, erradicarlos o eliminarlos. La consigna estaba dada desde hacía tiempo: hay que impedir que hablen los que ellos, en nombre de Cataluña, han declarado repetidamente, constantemente, «enemigos de Cataluña».

La democracia significa que en una sociedad no hay enemigos políticos: hay, en todo caso, adversarios que, además, son imprescindibles para que la sociedad, que es plural y diversa, se organice democráticamente. Y, por supuesto, todos tienen los mismos derechos. Al día siguiente del boicoteo al acto de Letras, en la vecina Facultad de Historia, de la misma universidad, los dirigentes de Euskal Herritarrok-Herri Batasuna Koldo Gorostiza y Gorka Martínez pronunciaron una conferencia. De modo ejemplar, nadie les boicoteó el acto. En Cataluña, la intolerancia siempre tiene el mismo signo.

(EP, 1999)

Argumentos para el bilingüismo

Acaba de salir un libro sencillo, claro, perfectamente comprensible para todos, apegado a la realidad y que, con desenvoltura y desparpajo, opina razonada y razonablemente sobre los diversos problemas que han convertido a la situación de las lenguas de nuestro país en objeto de apasionadas polémicas. Su autor es Jesús Royo Arpón y su título, Arguments per al bilingüisme, ya da alguna pista sobre su contenido, que se confirman nada más leer su primer párrafo que me permito traducir: «Este libro fue escrito en el año 1996. Hice una edición artesanal con la intención de distribuirla en el Congreso de mi partido, el PSC, en L’Hospitalet. Montamos un tenderete con la pancarta “corriente bilingüista del PSC” y nos enviaron la fuerza pública para que lo clausuráramos...».

Este estilo directo y desacomplejado es reflejo de la personalidad del autor que hace esta autopresentación en un momento determinado del libro: «Me llamo Jesús Royo Arpón, nacido en Barcelona hace 48 años, hijo de inmigrantes. A los 14 años, al descubrir que la dictadura “nacionalista” utilizaba mi lengua, el castellano, para oprimir la lengua de mis amigos, tomé el compromiso de luchar por la lengua catalana. Me hice maestro de catalán (CIC, Òmnium), estudié filología catalana y ahora soy catedrático de catalán en un instituto de enseñanza media. Gané el premio de ensayo Joaquim Xirau con el libro Una llengua és un mercat. Hacia el año noventa me di cuenta de que la lucha por el catalán había dejado de ser la lucha por la igualdad y se había convertido otra vez en un intento de imponer una lengua —ahora el catalán— como expresión de una ideología “nacional”, tan terrible como la de antes. Mi percepción es que la gente de izquierda —y los demócratas en general— no nos dimos cuenta de este cambio. Acostumbrados a tratar el catalán como “la lengua marginada”, seguimos funcionando con el automatismo de que pel català tot és bo. De manera que “ir contra el catalán” se convierte en la máxima acusación. (...) Resumiendo: no voy contra el catalán ni contra Cataluña, ni soy un damnificado de la normalización, ni un españolista, ni tengo nostalgia de épocas pasadas, ni me callé ante la imposición del castellano, ni soy un submarino de la derecha-COPE, ni nada de todo eso. Sencillamente, veo que el rey está desnudo, como así lo ve la mayor parte de la gente, y me permito el lujo de decirlo».

«Imponer una lengua no es —dice Jesús Royo— ir a favor suyo. Más bien al contrario: imponer una lengua es desprestigiarla. Los que quieren imponer el catalán, en realidad, van contra el catalán. Franco no hizo ningún favor al castellano cuando la declaró lengua única: la convirtió en una lengua odiosa y odiada. Intentar hacer lo mismo con el catalán es una ofensa al catalán. (...) Si la lengua catalana comienza a ser percibida negativamente, asociada a desigualdad, imposición, obligación, privilegio o hegemonía, puede perder todo su atractivo. Aquellos que quieren imponer el catalán como una especie de impuesto especial se lo cargarán definitivamente».

La lengua materna de Jesús Royo es el castellano. En tiempos difíciles, se hizo profesor de catalán por los motivos expuestos. Más tarde, llegó a catedrático. Sabe, por experiencia propia, que las imposiciones no gustan y cree que sólo intereses políticos ajenos a la salud de la lengua conducen a una política que a la larga es contraproducente para su libre desarrollo y, en definitiva, para su supervivencia. Cree también en aquella frase que sacada de fuente ajena hizo suya Albert Camus: «Amo demasiado a mi país para ser nacionalista».

(EP, 2000)

CiU: Su problema de fondo

Fíjense en la imagen de Jordi Pujol durante los últimos tiempos: en la expresión de su rostro, el rictus de sus labios, la mirada lejana y desvaída, la indecisión de sus movimientos. Es el reflejo gráfico de la crisis por la cual atraviesa su partido y, más allá de éste, la crisis en la cual se halla, en consecuencia, el conjunto del nacionalismo catalán. En los últimos días, además, la realidad se ha mostrado especialmente cruel: ha presidido el desfile de un ejército que probablemente no considera como suyo y ha tenido que celebrar desde el balcón del Palau de la Generalitat el triunfo del Español en la Copa del Rey, dos acontecimientos que han superado su innegable capacidad de superarse ante las dificultades y de dar una imagen siempre optimista. Conociéndole, es lógico que en ambos casos no se haya comportado a la altura de las circunstancias.

Estas constantes adversidades se reflejan, también, en recientes intervenciones públicas. En la conmemoración de los llamados fets del Palau, llegó a decir que para Cataluña «el momento actual era más difícil que durante el franquismo». Este final de semana, en un aplec de su partido, afirmó que Cataluña está siendo «expoliada». Esta evidente desmesura tiene muy poco que ver con la sociedad catalana de hoy. ¡Qué lejos estamos de aquel Pujol pragmático, realista y assenyat porque estaba seguro de sí mismo!

Pero sabe bien que los problemas actuales no son debidos a circunstancias coyunturales sino que son problemas de fondo. Los detectó perfectamente Mariano Rajoy, vicepresidente del Gobierno, en declaraciones a La Vanguardia, al indicar que el problema de los partidos nacionalistas era que no tenían clara su propia ubicación. Con la sagacidad que le caracteriza, Rajoy les señaló tres posibles opciones: primera, seguir pidiendo más autogobierno; segunda, echarse al monte, como ha hecho el PNV, y, tercera, aceptar el modelo autonómico. Las tres, sin embargo, sitúan a CiU ante graves dificultades.

Efectivamente, pueden pedir más autogobierno: es la fase en la que todavía hoy está CiU. Pero el hecho de que a partir de las últimas elecciones depende parlamentariamente del PP hace que los avances en este sentido sean perfectamente descriptibles.

La segunda opción, «echarse al monte», en la expresión de Rajoy, no tiene en Cataluña las graves connotaciones peyorativas que tiene en el País Vasco. Aquí, echarse al monte sería hacer un frente nacionalista con Esquerra y sectores de Iniciativa: cerrar filas, volver al victimismo sistemático y aguantar hasta las próximas elecciones. Es decir, renunciar a influir en Madrid para crear «conciencia nacional» en Cataluña. Lo pide ERC y lo desea un sector de CDC. Pujol puede tomar este camino si no ve otra salida pero es indudable que no le hace ninguna ilusión: es volver a la resistencia, a marginarse de los poderes económicos y a reducir su electorado para ceder una buena parte del mismo al PP o a Maragall. Ser buenos, pero pocos: cuanto peor, mejor. Nacional-trotskismo.

La tercera opción, aceptar el Estado de las autonomías y actuar políticamente a partir del mismo, parece la más razonable. La avalan Unió Democrática y el sector moderado de Convergència. Una versión de esta posición, la ha expresado en los últimos días el recientemente constituido grupo Catalanisme i progrés, formado por militantes de Convergència procedentes, en su mayoría, del entorno de Miquel Roca. Su programa es claramente moderado. Es un proyecto sensato, que rectifica los errores que han causado el descenso de CiU en las cuatro últimas elecciones. El problema de esta opción es, sin embargo, el siguiente: ¿para qué debe existir entonces CiU si estas propuestas y preocupaciones ya forman parte del programa de los partidos rivales, por supuesto del PSC y, actualmente, también del PP? Asumiendo este proyecto, ¿no será CiU una formación política superflua, más todavía a partir de la próxima retirada de Pujol, que suscitaba aún adhesiones personales por razones carismáticas?

Las diversas dificultades de cada una de estas opciones, pone de relieve cuál es el auténtico problema de fondo que CiU debe afrontar. Invalidada la primera opción por los resultados de las recientes elecciones generales y la posibilidad de seguir siendo «decisivos» en Madrid, sólo quedan las otras dos: la de «más nacionalismo» y la de «menos nacionalismo». La primera conduce a una relativa marginalidad en la política catalana; la segunda, a una falta de identidad propia.

Quizás ha llegado el momento en el cual Pujol debe admitir que para una mayoría de catalanes la autonomía no sólo se ha logrado sino que se ha desarrollado de una manera adecuada. Probablemente, durante un tiempo habrá en Cataluña alrededor de un veinte por ciento de votos que apuesten por opciones que se definan como nacionalistas: éste es, más o menos, el espacio que les puede quedar. El resto de ciudadanos nos dividiremos en lo que es natural en un país normal: derecha, centro e izquierda.

(EP, 2000)

Problemas del fundamentalismo

Por fin, en este país empiezan a pasar cosas. Antes, naturalmente, también pasaban pero no nos enterábamos. Misteriosamente, en algún punto del trayecto hacia la opinión pública, la noticia era interceptada y no aparecía en los medios de comunicación. ¡Això no convé! La moral paternalista de la conveniencia, la más conservadora.

Ciertamente, tampoco hay tantos motivos para echar ahora las campanas al vuelo. Pero estoy seguro de que hace unos pocos años —tan sólo tres o cuatro—, las inconvenientes palabras de Marta Ferrusola sobre la inmigración no hubieran trascendido y, en todo caso, no hubieran dado lugar al pim-pam-pum actual. La misteriosa mano hubiera llegado a tiempo de pararlas: ¡això no convé! Eran los tiempos en que Pujol y su tentacular maquinaria lo controlaban todo. Ahora, el país se les empieza a desmandar, comienza a recuperar el pensamiento, la palabra y la obra.

Reflexionemos sobre los comentarios posteriores a las famosas palabras de Ferrusola: los comentarios de Pujol, de Mas, de Barrera, del diputado Huguet de ERC. Lamentemos el ruidoso silencio de Maragall, que ha desaprovechado otra ocasión para hacer pedagogía política democrática. Aplaudamos la reacción del PP, de Iniciativa, también de CCOO y de UGT. Visto todo ello en conjunto, llegaremos a la conclusión de que no sólo hay xenofobia en muchos ciudadanos catalanes —igual que en cualquier parte del mundo—, sino también, y esto es lo penoso, en buena parte de nuestra clase política.

Hay tres formas básicas de enfocar culturalmente la inmigración masiva: el multiculturalismo, la asimilación y la interculturalidad.

De estos tres modelos, Pujol tiene claro desde hace muchos años que el único coherente con su nacionalismo comunitarista es la asimilación. Así lo expuso con total claridad en su libro La immigració. Problema i esperança de Catalunya. El hombre, para Pujol, sólo puede realizarse como producto de un pueblo homogéneo: «La gente de un mismo pueblo tiene, en el fondo, una misma mentalidad, una misma concepción del mundo, unos mismos reflejos. Los hombres de un pueblo ven las cosas de una misma manera, y es eso lo que les une. (…) Son las actitudes espirituales, mentales y psicológicas las que determinan un pueblo. Es decir, son las estructuras básicas de un hombre las que constituyen su íntima estructura fundamental. Un hombre necesita tener, bien sólida, esta estructura, este tipo de esqueleto interior. Sin ello, el hombre carece de consistencia, es indeterminado, es espiritualmente blando. Pues bien, esta estructura, esta forma espiritual le viene dada por la comunidad de la que es fruto y de la que él se nutre».

Obviamente, para Pujol este pueblo es Cataluña: «Los catalanes, como todos, necesitamos pertenecer a un pueblo sólido y con una unidad interior. Un pueblo que nos defienda –colectiva e individualmente— de la duda, que esteriliza y divide. Un pueblo capaz de darnos una forma. Este pueblo ha sido Cataluña. Ha llevado a cabo su misión “educadora” y “formadora” del hombre catalán a través de los siglos».

Más adelante, Pujol trata de delimitar quien es catalán: «Un catalán puede definirse de muchas maneras: lingüísticamente, históricamente, sentimentalmente, culturalmente… Es evidente que eso cuenta. Pero la definición que más nos gusta es aquella según la cual: catalán es todo hombre que vive y trabaja en Cataluña, y que con su trabajo y su esfuerzo, ayuda a construir Cataluña. Debemos solamente añadir: y que de Cataluña ha hecho su casa, es decir, que de una manera u otra se incorpora a ella, se reconoce en ella, se entrega a ella, no le es hostil. Es necesario añadir esto porque hay un tipo de inmigración o de descendiente de inmigrantes que nunca será catalán, pues tiene la decidida voluntad de no formar parte, porque es anticatalán. Hay que aprender a ser enemigo de éste. La hostilidad es en este caso la única actitud aceptable».

Esta pequeña selección del libro de Pujol nos muestra el carácter de su ideología nacionalista en relación a la inmigración. Claro que en aquel tiempo se refería a la inmigración proveniente del resto de España, especialmente a la andaluza. En coherencia con su posición general y refiriéndose a ésta, a la andaluza, en concreto, Pujol considera que Andalucía ha sido víctima de una asimilación destructora por parte de Castilla y que, por tanto, «El hombre andaluz no es un hecho coherente, es un hombre anárquico. Un hombre destruido».

Ahora bien, respecto a la inmigración de aquellos años había suficientes puntos de contacto culturales como para que la asimilación fuera posible. El problema nuevo que ofrece la inmigración actual es que la asimilación es ahora mucho más difícil, sobre todo respecto a norteafricanos y asiáticos de religión musulmana. De ahí las palabras de Ferrusola y la explícita o tácita aceptación por parte de los demás: si no logramos asimilarlos, Cataluña desaparece. Éstos son los extraños problemas de los gobernantes fundamentalistas.

(EP, 2001)

Simplemente sucesores

En el Consejo Nacional de Convergència celebrado el domingo pasado, Pujol dio una consigna: «vencer a Maragall». Ciertamente, Maragall se enfrenta con una nueva situación que le obliga a cambiar de estrategia. ¿Cuál es esta nueva situación y cuál es su estrategia?

La nueva situación es, sencillamente, que el pospujolismo ha comenzado y tiene nombre y apellido: Artur Mas. Un líder joven, nuevo, que no pertenece a la generación que hizo la transición, la generación de Pujol y Maragall. Un líder moderado y centrista que debe darse a conocer, junto a un conseller de Economía que tiene por misión recuperar el feeling de Convergència con la mesocracia de empresarios y profesionales que, en los últimos años, tendían a inclinarse hacia el PP y hacia Maragall. No se trata, por tanto, de que el giro que Pujol da a su partido esté, simplemente, basado en un nuevo líder sino también, y muy especialmente, en un nuevo rumbo político. Se trata de hacer visible una opción distinta a la de los últimos años, alejarse de la exaltada Convergència de la Declaración de Barcelona, con la foto de Pere Esteve junto a Arzalluz y Beiras. Ha llegado el momento de rectificar errores, por supuesto sin decirlo, e iniciar una nueva etapa.

Y precisamente, toda la táctica del Maragall de los últimos años se ha orientado, casi únicamente, a aprovechar los resquicios que facilitaban estos errores de Pujol.

Maragall no ha buscado a nuevos votantes: ha intentado, simplemente, que parte de los votantes convergentes menos entusiastas se cambiaran de bando o se abstuvieran. Para ello ha disputado el voto a Pujol en su mismo terreno: en el terreno del nacionalismo moderado, de las capas medias catalanas de toda la vida, de los que entienden el significado simbólico de palabras como noucentisme, la feina ben feta, Ladislao Kubala o la vaca cega.

Pero hay una Cataluña a la que no se dirigen los partidos catalanes. Es la Cataluña de los que llegaron aquí cuando la feina se hacía molt mal feta, los que han crecido en barrios y ciudades nada noucentistes ni menos aún modernistes, los que tienen como ídolo a Cruyff pero ignoran quién es Kubala, los que saben que Maragall fue un alcalde de Barcelona pero no el nieto de un poeta y que el problema de las vacas no es que estén ciegas sino que están locas. Es la Cataluña de los que tienen una nueva cultura, no la oficial de antes de la guerra y que para algunos es la única cultura catalana posible. A todos éstos no se dirige Maragall y a todos éstos nunca se ha dirigido ningún candidato a presidente de la Generalitat del PSC y así les ha ido. En el terreno que han escogido los socialistas catalanes para disputar las elecciones autonómicas siempre les ganará Pujol.

Esta otra Cataluña está esperando un candidato y un partido que les diga que no tienen que renunciar a nada para ser catalanes con plenos derechos, que no deben cambiar su manera de ser, que cualquier ciudadano, por el mero hecho de serlo, ya está suficientemente integrado, sea como sea, haga lo que haga, piense lo que piense y hable en el idioma que hable. Pero este candidato no aparece y por ello estos ciudadanos no acuden a votar cuando las elecciones son autonómicas.

Es posible que Convergència no tenga tiempo, ni fuerzas, ni capacidad, para remontar el vuelo. Pero lo está intentando y, en todo caso, parece haber comprendido el mensaje que le han enviado sus antiguos votantes en las últimas elecciones. Ha visto las orejas al lobo y saca consecuencias. Por el contrario, en los socialistas todo es autocomplacencia, falsas seguridades y, en el fondo, miedoso conservadurismo: quien se mueva no saldrá en la foto. Apuestan por ser, simplemente, los sucesores de Pujol, no una alternativa al pujolismo.

(EP, 2001)

ERC: Entre el mito y la realidad

Para entender a ERC hay que distinguir claramente entre su realidad actual y su mito histórico. Empecemos por lo segundo. ERC fue fundada en 1931, cuatro semanas antes de proclamarse la II República y de ser investido Macià como presidente de la Generalitat provisional. Fue un partido, por tanto, de éxito inmediato y rotundo, eje vertebral de la política y de la sociedad catalana hasta 1939. Pero ni tuvo una real continuidad hasta la época de la transición política, ni el partido que surgió entonces de la mano de Heribert Barrera, con idénticas siglas, era semejante al del período republicano: éstos son dos mitos que han acompañado a ERC hasta hoy.

Respecto a la continuidad se puede siempre alegar que algún grupo de personas se habían reclamado siempre herederos del partido de los años 30, lo cual es indudablemente cierto. Pero también lo es que, más allá de estos grupos —dispersos, en el exilio y, con frecuencia, peleados entre sí— su presencia real en la Cataluña del franquismo y su participación en la lucha antifranquista del interior fue, por lo menos desde 1960, inexistente. Había en aquellos tiempos partidos que, más o menos, se reclamaban de la tradición de Esquerra: por ejemplo, el Front Nacional de Catalunya, presente en la Universidad de los sesenta y en la vida intelectual catalana, muy combativo en la Asamblea de Cataluña en los setenta. De los jóvenes radicales del Front nació el PSAN, también muy activo en los años anteriores a la muerte de Franco. Andreu Abelló tenía su pequeño partido —prácticamente cabía en su despacho de Paseo de Gracia— hasta que se integró en el PSC. Trias Fargas también fundó el suyo —en el servicio de estudios del Banco Urquijo, muy cerca del anterior— que más tarde sería absorbido por Convergència.

Todos estos partidos buscaban ser los herederos de la Esquerra de Macià y Companys y eran más o menos activos en las filas del antifranquismo del interior, pero eran muy distintos entre ellos y ninguno se llamaba ERC. Probablemente, estas siglas seguían controladas desde el exterior por Tarradellas y, por tanto, siguiendo las directrices del que después sería en 1977 presidente de la Generalitat provisional, sin actividad ninguna en el interior. El mismo Heribert Barrera formaba parte, hasta que se decidió a encabezar la nueva ERC ya en el período de la transición política, de otro partido, el Reagrupament Socialista, dirigido por Pallach, que se disolvió al poco tiempo de la muerte de éste. Por tanto, ERC se improvisó en 1977 diciendo que era la continuidad de la Esquerra de la época republicana pero había desaparecido de la actividad política catalana desde mucho tiempo antes. También hizo lo propio la Lliga Catalana, aunque con nulo éxito en las primeras elecciones democráticas.

A su vez, el partido que formó Barrera en aquellos años era muy distinto al de los años 30. Probablemente, repetir la primera ERC era cosa imposible ya que más que un partido era una coalición electoral de grupos y tendencias que cuarenta años después ya no existían. Barrera recogió una cierta sensibilidad republicana y nacionalista que no tenía cabida clara en la Convergència de Pujol, menos aún en la Unió Democrática de Coll i Alentorn y tampoco en el PSC, ya en la lógica del PSOE: de esta sensibilidad obtuvo los votos. En conclusión, ni ERC como partido tuvo presencia en las luchas antifranquistas de los últimos años de la dictadura ni la Esquerra de Barrera tenía mucho que ver con el partido original.

No obstante, con cambios y crisis más que notables, el partido de 1977 ha durado hasta hoy y, en estos momentos, parece ser una fuerza política consolidada y con prestigio creciente. Ahora bien, el Congreso de este fin de semana debe confirmar si la línea que preconiza CarodRovira es la dominante, lo cual no es totalmente seguro. Carod propugna un nacionalismo no identitario, de factura moderna, abierto al conjunto de la sociedad catalana. «La nación es la gente, son las personas, me da igual donde hayan nacido, la lengua que hablen en su casa y cuál sea su apellido», ha dicho recientemente. La independencia la sitúa en un horizonte no inmediato; antes quiere demostrar que ERC es un partido de gobierno y se muestra decidido a entrar en el de la Generalitat, sea con CiU, con el PSC o con los dos.

La apuesta de Carod es sugestiva pero arriesgada. Por un lado, en su propio partido no todos piensan lo mismo. Ello se ha hecho evidente en la reacción a los conflictivos textos sobre la inmigración del reciente libro de Barrera. La primera declaración de Huguet mostraba un claro acuerdo con Barrera, a excepción de lo referente a Haider. La réplica de Carod fue, en cambio, de un claro desmarque respecto al antiguo líder. Pero no sólo es arriesgada la posición de Carod respecto a sus compañeros de partido sino más aún respecto a sus habituales votantes, en buena parte claramente alineados con los tópicos más clásicos del nacionalismo identitario tradicional.

¿Cuál es la realidad actual de Esquerra? ¿Serán sus hipotéticos votantes tan abiertos y modernos como para entender la línea de Carod? ¿Encontrará suficientes apoyos entre los asistentes al Congreso? Éstos son algunos de los interrogantes que comenzarán a despejarse este fin de semana.

(EP, 2001)

¿Tierra de acogida?

Hace unos días, los Reyes de España inauguraron en Madrid la exposición Cataluña, tierra de acogida, patrocinada por la Generalitat, en presencia de su presidente y de otras personalidades.

A Pujol los discursos en Madrid se le dan muy bien. Sabe encontrar un tono abierto, claro y tenuemente reivindicativo que allí gusta. En realidad es el formato de discurso idóneo para que sea comprendido por los nacionalistas españoles. Pujol habla de Cataluña como un todo orgánico, un sujeto colectivo, de la misma manera que los nacionalistas españoles —desde los regeneracionistas y los hombres del 98 hasta Laín Entralgo o Marías— hablan de España, esa «unidad de destino en lo universal», vacuo concepto acuñado por Primo de Rivera, intertextualizado de Ortega que, a su vez, se había inspirado en Max Scheler.

El discurso de Pujol contenía todos los ambiguos tópicos —míticos e incomprensibles— que la ocasión requería: Cataluña ha sido desde hace décadas y siglos tierra de acogida «sin descomponerse y al propio tiempo [ha sido también] portadora de un mensaje que la trasciende»; todo ello manteniendo la identidad, la convivencia y «abiertas sus ventanas al exterior» [¿hay ventanas abiertas al interior?]; esta exposición tiene por objeto no sólo dar a «conocer Cataluña al resto de España en su realidad, sino también en su sueño y en su ambición, en su demanda y en su compromiso». En fin, el típico mensaje esencialista, convivencial y con apariencia de modernidad que usa Pujol en los actos solemnes ante personas que él probablemente denomina forasteros.

Ahora bien, la pregunta es: ¿cuál es la verdadera realidad de Cataluña: somos tierra de acogida o, simplemente, somos tierra de inmigración, es decir, somos una sociedad que necesita fuerza de trabajo barata y, de acuerdo con las leyes del mercado, la encuentra? Si acogida implica cordialidad, la mera inmigración por razones económicas tiene un tono más severo e implica dificultades, penuria, una buena dosis de rechazo y hasta de exclusión.

En el inmediato pasado, tenemos el recuerdo de la inmigración de los años cincuenta y sesenta, nada ejemplar, por cierto. Hasta bien entrados los sesenta podemos recordar el barraquismo y los suburbios desestructurados de Barcelona, los guetos de las ciudades de su área metropolitana, las lúgubres afueras de tantas otras ciudades y pueblos de Cataluña. Quedan como principales testimonios escritos los libros de Paco Candel y los reportajes de José María Huertas Clavería. A aquello no se le podía llamar acogida sino inmigración pura y dura: seres humanos tratados como simple mano de obra que la industria y los servicios necesitaban.

Ante la inmigración de hoy en día, todavía poco intensa pero en continuo crecimiento, no creo que la realidad y las expectativas sean mucho mejores. Todos conocemos la discriminación de que son objeto los inmigrantes actuales. El barraquismo del pasado ha sido sustituido por el neobarraquismo de los sin techo y es una triste realidad, de claros ribetes racistas, las dificultades para alquilar una vivienda por la negativa de los propietarios a arrendar pisos —aun a precios altísimos— a los inmigrantes.

Ahora bien, ¿tenemos la culpa de ello todos los catalanes, es decir, este cuerpo —místico, por supuesto— al que alude Pujol cuando pronuncia la palabra «Cataluña»? En absoluto, ya que el cuerpo —místico, por supuesto— no existe: existe la diversidad, los ciudadanos y ciudadanas, cada uno de ellos con su responsabilidad individual. Hay catalanes racistas y no racistas, hay sinvergüenzas que se aprovechan de la desgracia y la miseria y hay ciudadanos que procuran ayudar en lo que pueden a los que se hallan en dificultades. Somos un país normal, es decir, plural, con personas y actitudes diferentes y no somos un todo homogéneo. No añadamos, a los muchos que se nos atribuyen, otro nuevo mito, otro falso hecho diferencial: país de acogida, es decir, de generosa cordialidad con los inmigrantes. No, no som els millors, como nos recordaba con irónico sarcasmo el gran Salvador Espriu. El discurso de Pujol y —probablemente, porque no la he visto— la exposición de Madrid, son una autocomplaciente novela rosa sobre una realidad dura y amarga, la de un mundo globalizado donde el foso entre ricos y pobres es cada vez más profundo. Quizás porque se escondía tan amarga realidad es por lo que el discurso de nuestro presidente causó tan grata impresión a quienes lo escuchaban.

No obstante, no todo es negativo en dicho discurso. Pujol no sigue una corriente del nacionalismo catalán que rechaza la inmigración y, en casos, se muestra abiertamente racista: el doctor Robert, Casas-Carbó, Prat de la Riba, Pompeu Fabra, Daniel Cardona, Batista y Roca, Vandellós, Rovira y Virgili, Gabriel Alomar, entre otros, son ejemplos ilustres. Un interesantísimo artículo de Antonio Santamaría en la revista El Viejo Topo lo documenta sobradamente. Las opiniones de Marta Ferrusola y de Heribert Barrera tenían numerosos precedentes.

Pujol se distancia claramente con su discurso de esta orientación y, fiel a su posición de hace muchos años, se muestra partidario de la integración. Tímido paso adelante ideológico, con una visión optimista muy alejada de la realidad.

(EP, 2001)

Falsear la historia

Es propio del nacionalismo inventar la historia. Con frecuencia, las ideologías nacionalistas sacan fuerzas de la exaltación de las derrotas presuntamente heroicas: sea el 2 de mayo de 1808 o el 11 de septiembre de 1714. Lo decía Renan, hace más de un siglo, en su célebre conferencia ¿Qué es una nación?: «En punto a recuerdos nacionales, los duelos valen más que los triunfos, pues imponen deberes, ordenan el esfuerzo en común». La historia como instrumento: gran manipulación.

Pero cuando la historia es reciente, inventarla tiene sus riesgos ya que algunos conservan la memoria y gustan de recordar los hechos tal como sucedieron. Jordi Pujol se inventó la semana pasada que la idea de crear el Consell Consultiu de la Generalitat fue cosa suya. Dio una larga explicación, repleta de anécdotas y detalles, que no se ajustó en absoluto a la verdad. Muchos de los que le escucharon le creyeron. De buena fe, naturalmente. A ellos va dedicado este artículo.

El Consell Consultiu ha cumplido veinte años. Ara que tinc vint anys. Se me hace difícil ser objetivo al hablar de esta institución de la Generalitat, pero creo que no me dejo llevar por los sentimientos si digo fríamente que hay un acuerdo general en considerar que ha funcionado razonablemente bien y que su labor ha sido positiva. El Consell organizó el jueves de la semana pasada un muy sobrio y digno acto conmemorativo. Su presidente, Agustí Bassols, hizo un discurso institucional irreprochable, modélico.

Después tomó la palabra el presidente del Parlament, Joan Rigol, y las cosas empezaron a torcerse. En su habitual tono mesurado, Rigol vino a decir que las instituciones deben estar enraizadas en los países de los que forman parte y que las instituciones catalanas, como el Consell Consultiu, debían estar al servicio del catalanismo político. No sé muy bien a que se refería al decir «catalanismo político» —aunque lo imagino— pero tal consideración me pareció absolutamente inadecuada para un discurso institucional. Más todavía si él representaba a una institución que, por naturaleza, es plural. Porque al decir «catalanismo político» no creo que se refiriera al conjunto de los ciudadanos de este país sino sólo a una parte de ellos y una institución, cualquier institución pública, está al servicio de todos, nunca de una parte. Primera metedura de pata.

Fue entonces cuando tomó la palabra Jordi Pujol, que presidía el acto. Improvisó, con su peculiar estilo campechano, y se extendió más allá de lo habitual. Su tono, desde luego, no era el propio de un acto institucional. El Consell Consultiu —vino a decir— era una institución que debía suministrar argumentos jurídicos frente al previsible asedio que los enemigos de Cataluña estaban dispuestos a utilizar contra nosotros. Nos atacarán: debemos tener un organismo jurídico que nos defienda. Penoso pero nada nuevo: el tradicional discurso victimista al que ya estamos acostumbrados.

Pero a continuación, comenzó la tergiversación de la historia. Con pasmosa naturalidad y en tono anecdótico y medio jocoso se atribuyó la paternidad de la idea de crear el Consell Consultiu con el objeto de que la Generalitat se dotara de una institución que garantizara la defensa jurídico-constitucional de nuestra autonomía. Siendo ya presidente —dijo— al examinar una ley «promovida por los socialistas» que pretendía hacer desaparecer las diputaciones provinciales, se dio cuenta que era, de forma flagrante, inconstitucional y mandó crear un Consell Consultiu que, mediante dictámenes, asesorara jurídicamente a la Generalitat. Supongo que llevado por su inconsciente megalomanía de creerse el alfa y omega de Cataluña lo dijo de buena fe, con íntima convicción.

No se acordó, sin embargo, que el Consell Consultiu es una institución prevista en el artículo 41 del Estatuto de Cataluña, norma en virtud de la cual él es presidente y, por tanto, vigente con anterioridad a los hechos que falseaba. Es decir: imposible que se lo inventara pues ya estaba inventado. El Consell, además, se constituyó con prontitud porque, de acuerdo con el mencionado artículo del Estatuto, para que la Generalitat pudiera interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional era preceptivo su dictamen. Por tanto, sin su existencia, la Generalitat no podía impugnar las leyes estatales y ahí está el motivo de su rápida constitución.

Se lo explico a un amigo y me dice: «Hombre, no hay para tanto. En un discurso improvisado, un fallo de memoria lo tiene cualquiera». Pero probablemente no se trata de un fallo, se trata de la voluntad deliberada —probablemente instalada, tras tantos años, en el subconsciente mismo— de falsificar la historia, incluso en detalles tan nimios e intrascendentes como éste. También lo dijo Renan: «El olvido, y hasta yo diría el error histórico, son un factor esencial en la creación de la nación, de modo que el progreso de los estudios históricos es a menudo un peligro para la nacionalidad».

(EP, 2001)

Cataluña, über alles

La resolución que prepara el Departament d’Ensenyament de la Generalitat para que una selección de canciones tradicionales catalanas sean el eje básico de las clases de música en los ciclos de primaria y secundaria, ha levantado, como era de esperar, una viva polémica pública. Además, según la instrucción que está a punto de publicarse en el Diario Oficial, los estudiantes deberán aprender obligatoriamente Els Segadors, himno nacional de Cataluña.

Tal perspectiva genera de inmediato una sospecha. El gobierno Pujol se mete en tales berenjenales principalmente por una razón: para que nos distraigamos debatiendo sobre cuestiones de importancia menor y no sobre los grandes vacíos de su acción de gobierno o de las partes más oscuras que ya comienzan a ser del dominio público. Pero hablar de unas cosas no implica no tratar también de las otras y creo que la imposición de este repertorio de canciones en las escuelas es en sí mismo tan ridículo como sintomático no sólo de una determinada concepción de la actividad política sino también de una cierta manera de ver el mundo. Por tanto, bien merece un comentario.

Quizás lo más grave que refleja tal imposición es, por un lado, el preocupante nivel de intervencionismo que manifiestan los sucesivos gobiernos de CiU y, por otro, la fuerte ideologización de su acción política. En un Estado democrático de Derecho, la actuación de los poderes públicos tiene el límite del respeto a la libertad de los ciudadanos. El gobierno sólo debe intervenir para asegurar que esta libertad sea igual para todos, pero nunca vulnerar la esfera en la cual el individuo debe autodeterminarse a sí mismo, sin imposiciones injustificadas. Pues bien, el gobierno de Pujol —probablemente por la ideología y manera de ser de su presidente— intenta interferirse en múltiples cuestiones que deberían quedar en manos de la sociedad y de las personas que la componen. En el caso de la enseñanza, está bien que los poderes públicos aseguren que los alumnos saldrán de la escuela habiendo estudiado determinadas materias pero está mal, en cambio, que estos mismos poderes públicos determinen los contenidos y la forma en que hay que trasmitir tales enseñanzas. Ello es algo que, de acuerdo con la libertad de enseñanza, deben determinar los maestros de acuerdo con sus propios criterios pedagógicos. Pero el Gobierno de la Generalitat no lo entiende así y se entromete donde nunca debería entrar.

Lo que sí está ya dispuesto es el repertorio de canciones, que es a lo que íbamos. Y ahí se sigue una tónica que ya es habitual en otras materias: hacer prevalecer los valores nacionalistas por encima de las materias enseñadas. Esto ya ha sucedido en geografía, en historia y en literatura. Ahora la emprendemos con la música. Para el Gobierno, lo importante no es que los niños aprendan a tener sensibilidad musical, sino que aprendan las canciones catalanas tradicionales para que así seamos una comunidad en la que todos sepamos las mismas canciones. Hay una nostalgia de una sociedad tradicional en la que no existían ni tocadiscos, ni radios, mucho menos CD: no se podían seleccionar canciones, sólo se sabían unas pocas, aprendidas por tradición oral. Pero esto obviamente ha cambiado y la sociedad de hoy no tiene nada que ver con todo ello. Sin embargo, aquí seguimos imperturbables: hay que proteger la cultura tradicional porque en ella están nuestras raíces y nuestra identidad, el cobijo que necesitamos para ser catalanes. ¡Cataluña über alles!

Cara al exterior, Pujol hace propaganda de Estopa; para uso interior obliga a aprendernos Sol, solet, La sardana de l’avellana, El poll i la puça y el Virolai, todas ellas canciones de la lista programada. La cançó, las mismas canciones para todos, también pueden contribuir a forjar un eix vertebrador y a formar parte del pal de paller de Cataluña.

Pero no se preocupen: la influencia de todo ello será mínima. La sociedad catalana discurre por caminos bien distintos a los oficiales. Sólo hay que salir a la calle para comprobarlo. Todo aquello que es impuesto, aquello que resulta absurdamente obligatorio, puede hacer mella en algunos durante un tiempo pero, a la larga, es rechazado por el conjunto de la sociedad. También a los de mi generación les enseñaron el Cara al sol, el Oriamendi y la Salve Regina.

(EP, 2001)

Aquel día

Ayer se conmemoraron en el Museo de Historia los treinta años de la fundación de la Assemblea de Catalunya. Recordar esta primera sesión fue especialmente emocionante.

A lo largo de la mañana de un soleado domingo de otoño, gentes de toda Cataluña, tras salvar un complejo sistema de contraseñas y controles, fueron entrando sigilosamente en la iglesia de Sant Agustí, situada en la plaza del mismo nombre, junto a las Ramblas, en Barcelona. En el centro de la plaza, una muchacha, ataviada con una boina de color rojo y una guitarra en las manos, hacía de semáforo: su presencia indicaba vía libre, es decir, que la policía no había descubierto el lugar de la reunión. Unos meses antes, esta primera sesión no pudo celebrarse por un descuido de última hora. Por tanto, todas las precauciones eran pocas.

Pero aquel 7 de noviembre de 1971 todo fue como una seda. Sólo a Josep Benet lo siguió la policía al salir de su casa: con la serenidad propia de un veterano conspirador, entró en una pastelería a comprar el tradicional tortell y simuló una vuelta al hogar, como un domingo cualquiera. Al poco rato, libre ya de la vigilancia policial, se dirigió hacia el lugar de reunión.

A las dos de la tarde, la iglesia cerró sus puertas como era habitual. Dentro, en una sala interior, habían quedado trescientas personas dispuestas a fundar la Assemblea de Catalunya. Pertenecían a sectores muy diversos: partidos, sindicatos, asambleas locales y comarcales, universidad, asociaciones cívicas y culturales. En los rostros de los asistentes se percibía una emocionada tensión. En medio de un expectante silencio, comenzaron los parlamentos previstos para expresar el significado y la finalidad del acto. Especialmente emotivo fue el discurso de Josep Andreu Abelló, pronunciado con una elocuencia, quizás algo antigua, pero sobria, contundente, que llegaba directamente al corazón. Al final, se aprobaron los cuatro puntos de la Asamblea que, más adelante, se resumirían en el conocido lema: «llibertat, amnistía, estatut d’autonomia». Pero la importancia de la reunión iba más allá de los discursos y de los acuerdos: lo decisivo era que la Assemblea se había constituido en una iglesia del centro de Barcelona, que habían asistido trescientas personas, unidos por un objetivo común, pertenecientes a sectores ideológicos diversos, de edades y de condición social distintas, y que, a pesar de todo ello, en plena dictadura, la policía no se había enterado. Se ponía así de manifiesto una importante capacidad de organización, los deseos de amplios sectores de acabar con el franquismo y, muy especialmente, que se estaba perdiendo el miedo.

A la salida, la sensación era, como nunca, de libertad, de normalidad, de que por fin comenzaba a existir una oposición política y cívica que iba más allá de los tradicionales compartimentos cerrados en sí mismos: el movimiento obrero, los estudiantes, los intelectuales. Los reunidos en la Iglesia de Sant Agustí no representaban sólo a unas vanguardias muy concienciadas pero desconectadas del ciudadano común sino que eran, además, una mezcla de muchas cosas, una variada amalgama que empezaba a no diferenciarse de las personas que, ya de vuelta a casa, encontrábamos por la calle. La calle, ciertamente, todavía no era nuestra pero al salir de aquella reunión la acera se pisaba con más fuerza y la cabeza iba mucho más erguida. Y llegabas a casa con una indefinible sensación de felicidad y de alegría, con el orgullo de haber recuperado alguna pequeña parte de una dignidad que hacía demasiado tiempo se había perdido.

Aquel 7 de noviembre separa un antes y un después de la oposición al franquismo en Cataluña. Franco se murió en la cama siendo jefe del Estado, esto es tan indudable como vergonzoso. Pero en vida de Franco, y sin que los franquistas se enteraran, comenzaba ya a aflorar el postfranquismo. Aquella misma noche, cuatro relevantes personalidades de la vida pública catalana que habían participado activamente en la Assemblea convocaron, como si ello fuera algo natural, una rueda de prensa a la que asistieron periodistas de toda confianza. La noticia de que en Barcelona se habían reunido trescientas personas para constituir una plataforma unitaria de oposición al franquismo, empezó a dar la vuelta al mundo.

Durante la semana siguiente, el gobernador civil de Barcelona contaba a sus conocidos, con absoluta convicción, que la Assemblea no había tenido lugar, que era un burdo engaño y que lo único real había sido la rueda de prensa. El franquismo comenzaba a ignorar, o no quería ver, lo que estaba pasando, la Cataluña oficial ya no sabía lo que sucedía en la Cataluña real. El pueblo comenzaba otra vez a tomar la palabra.

La dictaduras se mantienen por el miedo que inspiran. La trágica guerra civil y la represión posterior, instaló el miedo en la mente y en el corazón de todos. Unas minorías cada vez más visibles empezaron a agitar las conciencias, a intentar demostrar que ellos eran muchos más de lo que los contrarios «quieren y dicen», en burda traducción del emocionante poema de Raimon dedicado, precisamente, a la vida clandestina y, más en concreto, a Gregorio López Raimundo.

Aquel día, aquel 7 de noviembre de 1971, estas minorías habían contemplado el inicio de uno de sus más ansiados sueños: el miedo se estaba perdiendo, empezábamos a galopar, a galopar.

(EP, 2001)

De la inutilidad al ridículo

Ayer asistí al debate radiofónico que mantuvieron Ramón Camp i Joaquim Nadal, portavoces respectivos de CiU y de PSC-CpC, en el programa matinal que dirige Josep Cuní.

El tema que estaba sobre la mesa era el aprofundiment de l’autogovern. Camp defendía el reciente documento elaborado por CiU y Nadal el acuerdo aprobado en diciembre por su grupo parlamentario junto con ERC i IC. La discusión entre ambos parecía, en algún momento, tensa y acalorada. Una persona que no entendiera el tema que trataban podía pensar que estaban en posiciones distantes. Y, sin embargo, más parecían dos militantes del mismo partido que están de acuerdo en las posiciones de fondo y difieren en la táctica a adoptar, que los portavoces del partido en el Gobierno y del primer partido de la oposición.

Salí a la calle, tomé un café en un bar, hablé por teléfono con algún amigo y nadie parecía estar preocupado por el problema que con tan apasionado ardor discutían los dos políticos a través de las ondas. ¡Qué extraño país éste en el cual las disputas entre políticos están tan alejadas de las preocupaciones del hombre común!

¿Cree en realidad el partido socialista que la reforma de la Constitución y del Estatuto, además de las reformas de otras leyes estatales y autonómicas, está en el centro de las preocupaciones de los ciudadanos y es la tarea más urgente que debe llevar a cabo? Porque si no lo cree es una grave irresponsabilidad haber planteado un proyecto a seis años vista junto a un partido como Esquerra que, precisamente sobre esta materia, tiene ideas de fondo muy distintas que aseguran, en los seis años que faltan, continuos desencuentros y roces. Y es una grave irresponsabilidad porque saben perfectamente que en esta materia siempre tendrán mayor credibilidad los partidos nacionalistas que se presentan como tales que un partido cuyo referente estatal es el PSOE. ¿O es que los socialistas son tan ingenuos que no se esperaban que CiU haría también un plan para ampliar el autogobierno que, en definitiva, es su principal razón de ser como partido nacionalista?

Con lo cual, sin moverse de la «baldosa», como dice Ramoneda, «encerrados con un solo juguete», como decimos Jordi García Soler y yo mismo, remedando un título de la novela de Juan Marsé, seguirán ganando los mismos y, reverso de la moneda, seguirán perdiendo los de siempre. Mientras, la política catalana, sigue aportando novedades del mayor interés que quedan arrinconadas por nuestro único juguete favorito. Algunas merecen un comentario.

Por un lado, la mayoría parlamentaria formada por CiU y el PP ha desestimado formar una comisión de investigación sobre la participación de Josep Pujol Ferrusola en la empresa que ha asesorado el cierre de la multinacional Lear. La actitud resignada e inerme del gobierno de la Generalitat ante tal hecho parecía rara aunque podía atribuirse, en un primer momento, a su habitual incompetencia. Pero la implicación del hijo del presidente Pujol hace sospechar cosas peores que CiU debería ser la primera interesada en investigar y aclarar. Sin embargo, tendrán que ser los medios de comunicación quienes ayuden a ello ante la negativa de las instituciones políticas competentes.

Por otro lado, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia anulando la resolución por la cual se atribuían a dos empresas privadas muy concretas, propiedad de Aguas de Barcelona, el monopolio de determinados controles medioambientales, merecería también otra comisión de investigación, ya que las sospechas de un trato de favor a estas empresas parecen más que evidentes. Ahora bien, ello no parece interesar a nuestros políticos, tan obsesionados con su monotema de siempre.

Sin embargo, ambas cuestiones afectan a la moralidad pública, al buen nombre de las instituciones políticas, tema éste que sí preocupa a la ciudadanía y sobre el cual hace mucho años que existen todo tipo de rumores sin confirmar sobre los que no hay una información solvente. Recordemos además que también CiU y PP han impedido que en esta legislatura prosperasen otras tres comisiones de investigación («caso Pallarols», «caso Olé» y «caso Turismo») sobre los cuales todavía no ha emitido tampoco su informe la Sindicatura de Comptes. Todo tapado y bien tapado.

Mientras, el Parlament ha constituido, por acuerdo unánime de todos los grupos, una comisión sobre un tema tan concreto y, en estos tiempos, tan poco estudiado, como es la globalización. No sé si han leído esta patética noticia pero les aseguro que es cierta. Nuestro Parlament legisla poco, controla menos y no investiga nada. Pero ahora se le ocurre hacer una comisión para tratar de una materia que es propia de seminarios de universidad. Nuestro parlamento, normalmente un balneario, será en esta comisión lo más parecido a un centro de estudios o a una ONG. Que vayan con cuidado. Las instituciones públicas pueden equivocarse. Pero no hacer el ridículo.

(EP, 2002)

Memoria catalana única

Sobre la polémica originada por el hallazgo en el subsuelo del Born de los restos de la Barcelona destruida por Felipe V, hay algunas cuestiones que no acaban de entenderse bien.

En 1971 el Born dejó de ser el mercado central de Barcelona. Desde entonces, ha permanecido, con alguna excepción, cerrado e inservible. La discusión sobre los usos a los que podía destinarse ha sido constante. Desde la ya lejana campaña «¡Salvem el Born!» hasta el acuerdo de finales de 1996 en que se decide destinarlo a biblioteca provincial, las propuestas han sido numerosas. No tengo criterio sobre si salvar la vieja carcasa metálica de Fontseré fue una decisión acertada, ni si el recinto es el idóneo para albergar una gran biblioteca. Sólo sé que Sòria y Cáceres son dos reputados arquitectos y que se puede confiar en el acierto de su proyecto. En todo caso, desde 1971 hasta 1996 transcurrieron veinticinco años. Y desde esta última fecha hasta hoy seis más.

Cualquier manual de historia de Cataluña, al relatar los acontecimientos posteriores a la caída de Barcelona en 1714, cuenta, entre otras muchas cosas, que Felipe V mandó arrasar una gran zona del barrio de la Ribera con el fin de construir la Ciudadela o Ciutadella, un fortín militar que debía servir para defender y, sobre todo, controlar Barcelona. La construcción a mediados del siglo XIX —con los derribos consiguientes— de las calles Princesa, Jaume I, Ferran y Nou de la Rambla —una línea recta como hoy puede todavía comprobarse— servía para llegar con rapidez desde la Ciutadella al Raval, el Poble Sec y, un poco más allá, Hostafrancs i Sants, las zonas industriales de la Barcelona de entonces y así poder reprimir eficazmente las revueltas obreras, sublevaciones y tumultos que allí se originaban.

Así pues, la Ciudadela militar no sólo fue el símbolo de la humillación de la Cataluña vencida de 1714, sino que sirvió muy especialmente para dar seguridad a una burguesía industrial que necesitaba el sable del militar a caballo para imponer sin protestas las condiciones de trabajo que más le convenían. Conservar la memoria histórica no sólo consiste en recordar a Verdaguer y a Gaudí, como hace la Cataluña oficial, sino también, entre tantos otros acontecimientos, a Pi i Margall —del que nadie se acordó oficialmente el año pasado al cumplirse el centenario de su muerte—, a las duras condiciones del trabajo en las fábricas de aquellos tiempos y a las luchas de la clase obrera por mejorar su condición de trabajadores. La memoria histórica es, como todas, selectiva, y cada uno quiere acordarse de lo que más conviene a su ideología, aunque algunos parece que sólo quieren recrearse en la memoria del supuesto agravio nacional como memoria histórica catalana única.

Pues bien, tras este nada ingenuo rodeo, retomemos el hilo de la argumentación. Si tan conocido era que Felipe V había arrasado aquella zona del barrio de Ribera, ¿a ningún historiador se le había ocurrido, durante los veinticinco años en que la estructura metálica del Born ha permanecido inutilizada, que escarbando un poco la tierra podían encontrarse las maravillas arqueológicas —en el caso que sea «arqueológico» algo que tiene tan sólo trescientos años— que al parecer se han encontrado? Me parece sencillamente increíble y dice muy poco a favor de los historiadores especialistas en este período histórico que hoy están reclamando —probablemente con razón— que se conserven por encima de todo las ruinas de aquella época.

Tampoco acabo de entender el destino al que deben destinarse. Lo que queda de aquel barrio que fue destruido, ¿tiene interés para el público en general, para que sea visitado como el Partenón, el Coliseo, Teotihuacán? ¿o bien tiene un simple interés historiográfico o antropológico, un interés para que los especialistas puedan estudiar los modos de vida de la época, la estructura social de una Barcelona antigua que quedó extinguida con aquel derribo pero que a los visitantes les interesará tanto —es decir, tan poco— como por ejemplo las ruinas de Ullastret, de las que apenas queda ya nada y cuyo valor para el visitante común es debido sobre todo al emplazamiento, al bello paisaje ampurdanés que desde allí se divisa?

Que tenga un valor artístico o un valor meramente historiográfico me parece que es relevante a los efectos de saber el uso al que deben destinarse. En ambos casos, las ruinas deben conservarse, pero en un caso sólo para que sirvan de estudio a los especialistas y en el otro para que sea ofrecido como zona de visita para todos, en definitiva un aliciente turístico más y, mucho me temo, como «parque temático de la Cataluña agraviada», según la afortunada expresión de Ignacio Vidal-Folch en su memorable artículo de la semana pasada.

Aunque quizás puede servir para lo contrario. No olvidemos que la ciudad de antes del 11 de septiembre de 1714 no era la Barcelona «rica y plena» que la propaganda oficial —a veces disfrazada de historia— nos presenta. Aquella Barcelona era una ciudad en decadencia gobernada por una oligarquía patricia reaccionaria que defendía los viejos privilegios feudales y aristocráticos.

Por tanto, si se escoge la vía de parque temático quizás a lo que debamos llegar es que la destrucción del barrio de Ribera por Felipe V no fue el símbolo del final de la Cataluña libre sino el símbolo del final de la Cataluña feudal, el de la Cataluña vieja que algunos melancólicos creen todavía que será el modelo para la Cataluña del futuro.

(EP, 2002)

El mío lava más blanco

El congreso del PP de Cataluña celebrado el pasado fin de semana y la solemne conferencia de Artur Mas pronunciada el lunes, son dos opciones muy distintas para el futuro de la política catalana.

El PP adquiere con Josep Piqué una imagen más catalanista y mesocrática que en su época anterior aunque, en todo caso, sigue siendo el único de los partidos catalanes que no propugna, como eje central de su estrategia, la reforma del Estatuto para aumentar el nivel de autogobierno.

La propuesta de Artur Mas es innovadora respecto a las tradicionales posiciones de CiU. Mas no ha planteado una reforma sino un nuevo Estatuto basado en unos supuestos «derechos históricos» de Cataluña que, entre otras cosas, permita a la Generalitat estar financiada por un sistema semejante al modelo vasco.

Este giro de CiU está determinado por tres factores. Primero, por las críticas de sus afiliados y votantes más nacionalistas al pacto parlamentario con el PP que ha tenido en el brusco abandono de Pere Esteve su momento estelar. Segundo, porque CiU no puede permanecer impasible ante una propuesta tan radical como la de Ibarretxe y debe formular también su propia propuesta para contentar a parte de su parroquia. Tercero, porque un partido nacionalista como CiU no puede quedar a la zaga de los proyectos de reforma del Estatuto planteados por el PSC, ERC e IC.

Estas dos posiciones de CiU y PP, añadidas a las de los otros tres partidos parlamentarios, nos ofrecen un panorama electoral catalán dividido en dos bandos: a) los que consideran que la reforma del Estatuto, en sus diversas versiones, es el actual punto neurálgico y prioritario de la política catalana, y b) los que consideran que la política catalana debe jugarse en el campo de la obra de gobierno. En este segundo bando, sólo está el PP; en el primero, todos los demás partidos.

Ante este panorama quien sale perdiendo es el PSC, sumido en el magma de los partidos nacionalistas y ligado a ERC por un pacto incomprensible. En este sector quien se mueve como pez en el agua es CiU y quienes acaban siendo siempre los malos de la película son los cándidos y acomplejados socialistas, siempre obsesionados por disimular que pertenecen a un partido español para lograr así acceder al selecto club de los «buenos catalanes» impuesto por Pujol. En lugar de aprovechar el importante activo electoral que supone pertenecer al PSOE, acaban desatendiendo a quienes en las elecciones generales les votan precisamente por eso y se abstienen en las autonómicas porque no se reconocen en el PSC.

El escenario de la campaña electoral que ya ha comenzado se parece a los anuncios de detergentes: «el mío lava más blanco». Aquí lo que se formula es: «mi reforma del Estatuto es mejor que la tuya». ¿Seguro que esto es lo que esperan los ciudadanos de sus gobernantes, presentes o futuros, cuando sus problemas están relacionados con la educación, las infraestructuras, el destino de la inversiones públicas, la vivienda, el medio ambiente o la economía?

Queda un año para las elecciones. Nada está escrito, pero la última etapa ya ha comenzado. Algunos han movido ficha. Otros esperan confiadamente que su hora histórica haya llegado. Ha finalizado, ciertamente, un ciclo. Pero puede empezar otro que sea clónico del que acaba de terminar.

(EP, 2002)

¿Qué quiere ser Artur Mas cuando sea mayor?

Artur Mas nos tiene crecientemente perplejos. ¿En qué cree, si es que en algo cree? Cada día que pasa, sus actuaciones y declaraciones no hacen más que aportar confusión sobre lo que piensa y como actúa. En lugar de definir su personalidad a medida que se va dando a conocer, sus gestos y actitudes contribuyen a desdibujarla, a hacerla más borrosa.

Aunque su actividad política comenzó a finales de los años ochenta, Artur Mas no alcanzó suficiente notoriedad hasta la actual legislatura —es decir, a partir de finales de 1999— y su condición de candidato convergente para suceder a Pujol data de hace apenas dos años. La primera imagen que los medios de comunicación trasmitieron de Mas fue que era una persona que gozaba de la confianza del entorno familiar de Pujol y que éste era el elemento esencial de su irresistible ascenso. Estos datos tendían a configurarlo como una persona de un nacionalismo bastante radical, tendencia freedom for Catalonia, y con una cierta afición a mezclar los negocios con la política.

Esta imagen, sin embargo, no fue confirmada en los meses siguientes. Mas dio una apariencia de persona moderada, pragmática, técnicamente preparada, con una gran facilidad para exponer de forma ordenada y coherente sus opiniones que siempre parecían fundadas en el conocimiento de los problemas y con los datos puestos al día. Su actuación parlamentaria en la sesión de la moción de censura que interpuso Maragall fue excelente: seria, comedida, alternando en sus respuestas dureza de fondo, ironía mordaz cuando hacía falta y buena educación en las formas, que permitían augurar que nos encontrábamos ante un político con más futuro del que preveían sus adversarios. Sólo un detalle: puso más el acento en la necesidad de que los catalanes aprendiéramos inglés que en la acostumbrada cantinela victimista de las agresiones al catalán y a lo catalán. No parecía, pues, un demagogo populista sino un político que podía modernizar a CiU dándole un giro hacia un roquismo sin Miquel Roca. Ello se confirmaba por los solapados ataques que recibía de los columnistas más nacionalistas del entorno convergente.

Por tanto, su primera imagen estaba en proceso de desaparición y se estaba consolidando una segunda imagen: la de un político con personalidad propia, no condicionado por las circunstancias de su rápido ascenso. Sin embargo, hace unos pocos meses, en concreto tras el último verano, Artur Mas ha ido adquiriendo una nueva —¡y van tres!— personalidad. Aquí debe aportarse un dato: los sondeos de opinión efectuados en este período han ido confirmando la ventaja del PSC sobre CiU y, todavía en mayor grado, la de Maragall sobre Mas. Ahora bien, si el cambio en la orientación política de Mas proviene de sondeos desfavorables es que nos encontramos con un político endeble, con un candidato a líder sin ideas propias que es la mejor manera de no llegar nunca a meta alguna y quedar para la historia futura como una joven promesa que, como dice un conocido bolero, pudo haber sido y no fue.

¿Qué es lo que caracteriza esta tercera personalidad de Artur Mas? En general puede decirse que Mas, por una parte, está dando palos de ciego sin coherencia alguna y, por otra, se le están descubriendo ciertos abusos de poder que empiezan a convertirle en un político no fiable, en una persona que no respeta las reglas del juego democrático.

En lugar de encaminarse hacia un nacionalismo moderado, Artur Mas anunció en una solemne conferencia pronunciada en octubre pasado su opción por un nuevo Estatuto en el que se proponía, entre otras medidas, un sistema de financiación basado en los derechos históricos de Cataluña. Es decir, de repente, CiU opera un brusco cambio a su tradicional política de no reformar el Estatuto sino de reinterpretar la Constitución a la luz de una nueva filosofía del Estado de las autonomías, proponiendo nada menos que un nuevo Estatuto basado en unos supuestos derechos históricos que nunca habían sido invocados desde su partido. Mezclar todo ello con un sistema de financiación a lo vasco-navarro —cuando se comenzaba a ensayar, con buenas perspectivas, un nuevo sistema que el gobierno de la Generalitat consideraba, con razón, muy positivo— es pura inconsistencia electoralista. Del mismo vicio adolece, su reciente propuesta de una conselleria de relaciones exteriores y, todavía más, exigir a los inmigrantes que vengan sabiendo ya hablar catalán, cuando la realidad indica —como ayer hacía notar una ecuatoriana residente en Barcelona— que no hay plazas para aprender nuestra lengua ¡en la propia Cataluña!

(EP, 2003)

Nuestro santo oficio

Permítanme que exponga brevemente unos hechos según la secuencia cronológica en que sucedieron.

Hace escasas semanas —no sé precisar la fecha— el ministro Piqué fue invitado a intervenir en una clase de la Facultad de Periodismo de la Universidad Pompeu Fabra. Escuché por la cadena SER la grabación en directo del recibimiento que le hicieron un grupo de alumnos: los insultos más conocidos —alusivos a la madre y a la esposa de Piqué, entre otros muchos— no susceptibles de ser reproducidos en un artículo, pero que ustedes pueden imaginar. Entrevistado a renglón seguido el profesor de la asignatura en cuestión, valoró el acto como un sano ejercicio de la libertad de expresión.

El pasado 13 de febrero, el lendakari Ibarretxe fue invitado por varias entidades catalanas —entre ellas, la Cátedra Unesco, Òmnium Cultural y la Fundación Bofill— a exponer en el aula magna de la Universidad de Barcelona su plan para Euskadi de libre asociación con España. Algunos asistentes desplegaron, en silencio, dos pancartas en las que, respectivamente, se decía: «ETA culpable, Gobierno vasco responsable» e «Ibarretxe, político de corazón de hielo». Inmediatamente, una parte del público, al grito de «vosotros fascistas sois los terroristas» y «os vamos a pegar un tiro en la nuca», agredió e insultó a los que portaban las pancartas hasta expulsarlos con violencia de la sala. Félix Martí, que presidía el acto, pronunció las siguientes palabras: «ha triunfado la palabra y la razón». Y continuó el acto.

El viernes pasado, 28 de febrero, en la misma aula magna, prestigiosos catedráticos de filosofía —entre ellos dos profesores italianos de las universidades de Calabria y de Turín— presentaron la edición italiana de la obra completa de Giordano Bruno. Presidía el acto el Rector de la Universidad de Barcelona. Fernando Savater, uno de los profesores que tenían que glosar esta importante obra cultural, fue agredido y zarandeado al entrar en el aula e increpado y abucheado cuando comenzó su parlamento. El rector tuvo que dar la palabra a los estudiantes que atacaron al profesor antes de que éste pudiera empezar su intervención.

Por último, la semana pasada, la asociación barcelonesa «Profesores para la Democracia» pidió permiso a ese mismo rector para que en la misma aula magna pronunciara una conferencia la profesora de la Universidad del País Vasco Gotzone Mora, militante del Partido Socialista y miembro de «¡Basta ya!», atacada y amenazada de muerte por ETA en numerosas ocasiones. El rector, el mismo rector, ha denegado, hasta el momento, su permiso.

Hasta aquí lo hechos, que ya hablan por sí mismos.

Probablemente, lo menos grave es la actitud de los estudiantes. El panfleto convocando al boicot a Savater —firmado por la Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans y Alternativa Estel— caracteriza al filósofo como «el principal ideólogo de la derecha española más rancia» y se indignan de que la Universidad «se vea pervertida, por enésima vez, por la presencia de elementos filofascistas [se entiende, como Savater] que esconden un nacionalismo radical español capaz de vulnerar cualquier derecho individual y colectivo». Por último, consideran «que personajes de la talla de Savater no difieren demasiado de la misma Santa Inquisición, responsable de tantos y tantos asesinatos (...)». Como es obvio, se trata de un texto donde el sectarismo y la ignorancia llegan a extremos tan grotescos que se descalifican por sí mismos.

Lo más grave, a mi parecer, es la inhibida actitud que ante tales hechos —que no son los primeros— mantiene la sociedad catalana: autoridades académicas y políticas, profesores de universidad, clase política y aquellos que forman la opinión pública a través de los medios de comunicación. Estamos en una Cataluña transigente con las actividades intolerantes y violentas siempre que sean protagonizadas por sectores nacionalistas. Hay auténtico miedo a enfrentarse con ellas y, en cambio, una rara y acrítica unanimidad en condenar ideas que no coinciden con lo que es considerado políticamente correcto.

Especialmente grave, en todo ello, es la actitud de la autoridad universitaria que actúa, claramente, con un doble rasero. Facilita la libre actuación —y subvenciona— a aquellos que amedrentan por la fuerza e impide ejercer la libertad de expresión a quienes sólo promueven el debate y la crítica, sin las cuales la universidad misma deja de existir. Algunos profesores sabemos que no podemos invitar a dar una conferencia a según quién porque no queremos hacerle pasar un mal rato. ¿Es ello aceptable en una universidad que se dice libre?

No deja de ser significativo que la agresión a Savater tuviera lugar en un acto que rememoraba a un intelectual auténtico, un seguidor de Copérnico, el panteísta Giordano Bruno, que murió en la hoguera en Roma, el año 1600, a instancias del Santo Oficio, por mantener hasta el final las ideas en las que tan firmemente creía. Un instante antes de morir, Bruno tuvo el coraje de advertir a sus verdugos: «Más miedo tenéis vosotros al dar vuestro veredicto que yo al conocerlo». Su valentía estaba fundada en la palabra y la razón, las únicas armas del intelectual, cuando lo es de verdad. El Santo Oficio, en cambio, sólo tenía el poder, la capacidad de inspirar miedo a los demás y que genera otro miedo, más vergonzante todavía, el miedo a perderlo.

En Cataluña también tenemos un Santo Oficio. Y también, como en aquellos tiempos pasados, infunde miedo. A los cobardes, por supuesto.

(EP, 2003)

El mito de la memoria histórica

Unos amigos me comentaron el otro día, en el transcurso de una apacible cena de fin de semana, que se enteraron por este periódico de que Isaac Albéniz era catalán.

En efecto, Rafael Nadal lo hacía constar en un estupendo artículo titulado «Dalí y los cerdos», en el que ironizaba sobre las relaciones del pintor de Cadaqués con las actuales autoridades políticas catalanas. Como saben, el año próximo será el Año Dalí por decisión del Gobierno de la Generalitat y tendremos que aguantar estoicamente toda la parafernalia oficial y oficiosa que a tal efecto se lleve a cabo. Como aperitivo, el conseller en cap Artur Mas lo anunció de forma ciertamente surrealista al decir que sería una magnífica ocasión para expresar, de nuevo, el patriotismo de los catalanes. ¿Se imaginan a un primer ministro francés diciendo que un homenaje a André Breton debería ser ocasión de manifestar el patriotismo de los franceses? La carcajada hubiera traspasado los Pirineos. En los países serios, o se rinde homenaje a un artista o se rinde homenaje a la patria. Pretender hacer las dos cosas a la vez, en una especie de dos en uno, quizás para ahorrarse así esfuerzo y dinero, se considera una muestra de tacañería impresentable. Sin embargo, las ridículas palabras de Mas pasaron, como es natural en nuestro país, casi desapercibidas, con la muy honorable excepción de un gran artículo de Joan de Sagarra.

Pero a lo que íbamos: mis amigos descubrieron asombrados que Isaac Albéniz —compositor de obras como Iberia, El Albaicín, Rapsodia Española, Suite Española, Cantos de España y La Alhambra— era, mira por donde, catalán. Nació en Camprodón en 1860, más tarde residió en Barcelona, Madrid, París, para ser finalmente un viajero incansable y un ciudadano del mundo. ¿Por qué no sabían mis amigos que Albéniz era catalán? No lo sabían porque, a pesar de que en la Cataluña de los últimos veinticinco años estemos diciendo continuamente que es muy importante la memoria histórica, se practica, en realidad, una memoria selectiva: sólo honramos a aquellos que consideramos como los nuestros por ser ideológicamente afines o bien, aun sin serlo, porque puedan utilizarse para los intereses políticos de la Cataluña oficial. Para decirlo en el estilo de Artur Mas, premiamos a los patriotas catalanes y si no lo son, como es el caso de Dalí, también a aquellos que pueden ser utilizados por los servicios de agitación y propaganda.

Mientras tanto, otros catalanes relevantes van quedando entre sombras, en el olvido, en todo caso en el olvido oficial. Hace un par de semanas murió a los 94 años un jurista insigne: José Puig Brutau. Casi no ha quedado ningún rastro en los periódicos de los días siguientes: sólo tres esquelas en La Vanguardia y una excelente necrológica a cargo del profesor Juan-Ramón Capella en El País. Nada más, que yo sepa. Mi universidad, la Autónoma, le distinguió nombrándolo doctor honoris causa en 1981. La Cataluña oficial no le distinguió con la Creu de Sant Jordi, quizás porque firmaba sus libros con su nombre en castellano, quizás porque no se había dedicado, con la intensidad que se le exige a un buen patriota, al cultivo del derecho civil catalán, a pesar de vivir en la barcelonesa Rambla de Cataluña. Pero Puig Brutau es conocido en España y en Latinoamérica como el autor que mejor ha sabido incorporar las enseñanzas del derecho anglosajón a nuestro rígido derecho de raíz continental. Ciertamente, los patriotas tienen razón: no se había dedicado a las cosas de aquí, ¿por qué debemos honrarle? Ésta es la estrecha mentalidad de quienes nos gobiernan desde las instituciones y desde la sociedad.

Otro caso parecido es el de Juan Perucho, que el pasado lunes se despedía para siempre de sus lectores en un breve y emotivo artículo en La Vanguardia, periódico del que era colaborador habitual. Perucho es un gran poeta catalán olvidado. Cojo del estante su libro de poemas Aurora per vosaltres, finalista del premi Óssa Menor de 1951, con introducción de Carles Riba y bellísimas ilustraciones de Maria Girona y Ràfols Casamada. «He retrobat la vida i el respir / de la terra, la deliciosa fuga / de l’abril sota els llibres, vers el rostre / que redreça el somrís, vers l’esperança/ a la deriva d’una veu. / Cal donar al viatger la pau de casa, / l’hora que fóu viscuda, tan alegre. / Els anys, però, no tornen.

Perucho es también un extraordinario prosista imaginativo, un precursor, junto a Álvaro Cunqueiro, del realismo mágico que puso tan de moda García Márquez, del relato sobre lo que sucede al otro lado del espejo, en ocasiones más veraz que lo que en él se refleja. Pero Perucho escribió siempre en catalán y en castellano, en Destino y en La Vanguardia. Y nunca pidió permiso a nadie para decir lo que pensaba. Cosas que no perdonan los sectarios que han gobernado y gobiernan nuestra cultura. Por ello Perucho no ha obtenido las máximas distinciones literarias catalanas, aunque sí el Premio Nacional de las Letras del año 2002, que otorga el Ministerio de Cultura. En los últimos tiempos, Perucho se ha quejado amargamente, en sus escritos, del rechazo que le han demostrado las esferas oficiales de nuestra cultura, de nuestra tan corta de miras cultura oficial.

Recuperar la memoria histórica. ¡Vaya farsa, vaya mito! Utilizar la cultura como agitprop: ésa es la pura y nefasta realidad.

(EP, 2003)

La desorientación histórica de los socialistas catalanes

No reconocer las derrotas electorales se está convirtiendo en uno de los signos de identidad del PSC. El sonriente Maragall que apareció el domingo por la noche en las pantallas de televisión anunciando —ante el estupor e incredulidad de quienes le contemplaban— que la izquierda había ganado, es una imagen, entre bochornosa y entrañable, que resume bien la desorientación histórica en la que andan sumidos los socialistas catalanes desde hace 23 años.

En efecto, ganar en todas las elecciones generales y locales y perder en todas las autonómicas, constituye un extraño fenómeno cuyas causas de fondo quizás deberían buscarse en problemas psicológicos no resueltos de una determinada camarilla dirigente del PSC. Por prudencia, sin embargo, sólo nos centraremos en el análisis de las causas políticas de los resultados del domingo pasado.

La derrota, sin paliativos, de Maragall y su partido, es debida, a mi parecer, a la incomprensible obsesión de reincidir en el error de siempre: querer derrotar al nacionalismo en su mismo terreno. Aznar o Rajoy —no sé exactamente cuál de los dos— lo han resumido perfectamente al comentar los resultados del domingo: «los catalanes han preferido el original a la copia». Si Jordi Pujol hubiera hecho una campaña «socialista» no habría ganado nunca una elección. Así son de simples las cosas. Pero ello parece que no cabe en la cabeza de los dirigentes socialistas catalanes.

En estos últimos cuatro años, esta tendencia a buscar votos en el terreno nacionalista se ha acentuado. Es cierto que en las últimas semanas, tras el verano, la campaña socialista ha ofrecido matizaciones significativas, como yo mismo comentaba en el artículo de la semana pasada en el que no hacía análisis sino wishful thinking, confundía los deseos con la realidad, y que me perdonen los lectores. Pero la rectificación —no muy creíble porque los mensajes eran contradictorios— llegó obviamente tarde. Cuatro años, que enlazan con los 19 anteriores, no se borran fácilmente. La catástrofe era perfectamente predecible si uno husmeaba el ambiente en lugar de hacer únicamente caso de las encuestas. Veamos.

La estrategia de Maragall y de la ejecutiva del PSC —¡ojo: todos son corresponsables!— ha tenido, en estos cuatro años, dos líneas de fuerza principales: la reforma del Estatut y la alianza con ERC, además de continuar la más natural con IC. Ambas líneas de fuerza han contribuido, decisivamente, a cavar la fosa en la que están sepultados en la actualidad los socialistas catalanes. Ambas han sido, además, piezas básicas del mantenimiento del voto nacionalista, ahora dividido entre CiU y ERC, y todavía poderoso precisamente por esta división. La estrategia socialista ha sido, pues, una contribución fundamental a la victoria del adversario.

Debe recordarse que nadie en las elecciones anteriores —ni en cualquiera de las demás— planteaba la reforma del Estatut como un objetivo prioritario. Sólo ERC, como es lógico en un partido independentista, la mantenía en su programa. Pujol no era —y dudo que lo sea ahora— partidario de dicha reforma: hablaba siempre de posibles nuevas relecturas. Pero la insistencia de Maragall ha conducido al panorama actual: cuatro distintos proyectos de reforma estatutaria convertidos en objetivos primordiales de los partidos... nacionalistas. Y el proyecto de reforma socialista —que incide especialmente en la reforma del conjunto del Estado Autonómico— se ha convertido en una «patata caliente» que se ha trasladado al PSOE, bajo la mirada agradecida del PP, cuando sobre la mesa está el muy serio problema del «plan Ibarretxe». La capacidad de liarla del PSC está alcanzando, así, grados indescriptibles sin recompensa electoral alguna: no ha ganado ni un voto por su innecesaria propuesta de reforma estatutaria y muchos han dejado de votarle por considerar, con toda la razón, que todo ello no tenía nada que ver con un programa socialista y de izquierdas.

Como complemento de todo ello, ahora se está mostrando claramente la inconsistencia de la alianza estratégica entre PSC, ERC e IC en la que han confiado los ingenuos catalanistas con mala conciencia «nacional» que dominan las ejecutivas socialistas y ecosocialistas. Prueba de ello es la desconfianza que se puso de manifiesto en la misma noche electoral respecto a la fidelidad del compromiso del partido de Carod con los partidos de izquierdas: la famosa «equidistancia» comenzaba a revelar su auténtico contenido.

Hace pocos días que Mayor Oreja dijo que la actual ERC era un producto de CiU. Llevaba parte de razón: la prueba está en la transferencia de votos de un partido al otro que han mostrado las urnas al hacer muchos electores el mismo recorrido que Pere Esteve. Sin embargo, Mayor no tenía toda la razón. ERC también ha crecido porque ha adquirido una respetabilidad de izquierdas gracias al trato que en estos cuatro años le han dado los socialistas e Iniciativa: grupo parlamentario en el Senado, elaboración conjunta de un proyecto de reforma de Estatuto (del que por cierto, nunca más se supo) y complicidad constante en el Parlament de Cataluña. Ciertamente, ERC ha ampliado su electorado debido al pacto de CiU con el PP pero también por el aval que le han suministrado los dos partidos de izquierdas: para muchos electores votar a ERC ha sido votar contra CiU.

Así, en cuatro años, los socialistas han hecho todos los esfuerzos para seguir perdiendo las elecciones autonómicas. Era patética la confesión de uno de los responsables de la campaña de Maragall que ayer reproducía El Periódico: «No había ningún elemento que nos hiciera pensar que podía producirse este resultado». ¡Admirable candidez y nula inteligencia política! Pero también prueba de arrogancia. A lo largo de estos cuatro años, si modestamente opinabas ante dirigentes socialistas o de Iniciativa que el camino emprendido era equivocado y la estrategia conducía al desastre, te miraban por encima del hombro como un bicho raro desconocedor de la realidad catalana y cargado de prejuicios. Y, por supuesto, evitaban volver hablar contigo de política.

(EP, 2003)

TIEMPOS DE IMPACIENCIA (2004-2010):

EL TRIPARTIDO

Hacía ya unos años que la impaciencia estaba latente en las filas nacionalistas. En 1992 se habían firmado los Pactos Autonómicos entre el PSOE y el PP para igualar las competencias de las comunidades autónomas, es decir, para encaminar el Estado de las autonomías hacia un modelo federal, culminar la política popularmente conocida como «café para todos». Frente a ello, el PNV, CiU y BNG había firmado la Declaración de Barcelona, en la que se proponía un tipo de organización territorial más o menos confederal, y el PNV iniciaba con el Pacto de Lizarra, entre otras cuestiones que afectaban a la lucha antiterrorista, la reforma de su Estatuto.

Por tanto, el caldo de cultivo para que Cataluña cambiara de Estatuto venía de lejos. Lo sorprendente fue que este cambio no lo auspiciara CiU sino que la iniciativa partiera del PSC. Es obvio que un partido como el PSC puede establecer múltiples pactos con ERC sobre muchas materias, especialmente del ámbito social y económico, pero es una torpeza pactar una reforma estatutaria sabiendo que es un partido independentista y, en este aspecto, un partido antisistema. Pero así lo hicieron y, tras la elecciones de 2003, PSC, ERC e IC, al sumar más escaños que CiU, acordaron formar gobierno, el llamado Gobierno tripartito.

Como era previsible, este Gobierno no fue una alternativa al pujolismo, sino —en la vertiente nacionalista— su continuidad, incluso acentuando muchos de los rasgos identitarios que CiU tanto había cultivado. El protagonista absoluto de todo este período fue el nuevo Estatuto: su elaboración, aprobación y la larga espera de la sentencia del Tribunal Constitucional, tras el recurso interpuesto por el PP y el Defensor del Pueblo, que nunca acababa de llegar. En lo demás, en la acción política diaria, las discrepancias entre los tres partidos fueron notorias y, más que un gobierno, fueron tres gobiernos autónomos dentro de un mismo gabinete. Su desprestigio fue inmediato y aumentó a lo largo de las presidencias de Maragall y Montilla.

La previsible sentencia considerando inconstitucionales algunos preceptos básicos del estatuto, especialmente en materias como competencias, lengua y financiación, originó una demagógica campaña contra España que fue el origen del aumento de los partidarios de la independencia. A ello hay que sumar la todavía más demagógica campaña sobre las balanzas fiscales que cristalizó en la repetida consigna de «España nos roba», que todavía reclutó más adeptos. Tiempos de tripartito, tiempos de impaciencia. En todo caso, la paciencia había terminado y entrábamos en una nueva etapa del itinerario nacionalista: conseguir la independencia.

Dos peticiones a Maragall

A lo largo del mandato de Jordi Pujol, la Generalitat se ha configurado no sólo como una forma democrática de gobierno sino también como un régimen político. Me explicaré.

Durante veintitrés años, Cataluña se ha regido por normas democráticas. Ahora bien, junto a ellas se han ido imponiendo también otro tipo de normas que no reunían los requisitos antes dichos y a las que, por tanto, no podemos calificar de democráticas. Estas normas han sido dictadas por personas o grupos que, al amparo del poder político autonómico, han configurado una entelequia ideológica denominada «identidad nacional catalana» mediante la cual han pretendido imponer una «manera de ser» y un «modo de vivir» catalanes al que se han de amoldar los ciudadanos en sus actividades públicas.

De esta situación se hizo eco el hoy presidente Maragall en un acto público que tuvo lugar en Cambrils. Maragall afirmó que CiU había convertido a Cataluña en un «régimen» y que el principal cambio que se estaba dando era que muchos ciudadanos catalanes estaban «perdiendo el miedo» a este régimen. Y añadió: «La gente ya no acepta profetas impuestos o una voz que diga qué se tiene que pensar, qué es pecado y qué es virtud, qué toca y qué no toca. Se ha acabado repartir patentes de catalanidad y de patriotismo». Con estas palabras, Maragall estaba apuntando a la diana del corazón mismo del pujolismo, de ese régimen al que aludía.

Tras las elecciones pasadas se ha producido un cambio de mayoría parlamentaria y un nuevo Gobierno está al frente de la Generalitat. ¿Ello comportará el final del régimen? El asunto está por ver. Algunos de los primeros pasos son alentadores: por ejemplo, que la consellera de Cultura se haya desplazado a Sevilla para asistir al estreno de una obra dirigida por Albert Boadella, algo impensable en la etapa anterior; en cambio otros, por ejemplo algunos nombramientos, son decepcionantes. Ya veremos: dejemos pasar un tiempo.

Sería reconfortante y constituiría la señal de un nuevo talante en las formas de gobernar que Maragall y su Gobierno adoptaran dos medidas, dos muy pequeñas y humildes pero higiénicas medidas. Me permito sugerirlas.

Una primera sería que el retrato enmarcado del nuevo presidente de la Generalitat no estuviera colgado en las paredes de los despachos y oficinas públicas. En estos 23 años, el retrato de Pujol ha sido omnipresente. Al ostentarlo como símbolo visible se pretendían dos finalidades: identificar a la persona con la institución y dar la sensación de que la Generalitat aspira a tener un Estado propio. Si en los edificios públicos del Estado figura el retrato del Rey, en los de la Generalitat ha de figurar el de su Presidente. Ahora bien, a estos efectos las diferencias entre uno y otro son claras: el Rey es el símbolo del Estado, no tiene poderes políticos y no pertenece a un partido; el Presidente de la Generalitat no es símbolo de nuestra comunidad autónoma, tiene poderes políticos y es el dirigente de un partido. El todo frente a la parte: el todo nos puede simbolizar; la parte, no.

La segunda medida consistiría en que el presidente de la Generalitat y los miembros de su Gobierno no hablaran nunca en nombre de Cataluña ni de todos los catalanes. Un rasgo característico de la democracia, explícito en nuestra Constitución, es el pluralismo. Los catalanes, es decir, el pueblo de Cataluña, está representado por el Parlament y nadie más puede invocar esta representación. Cataluña es plural. Los políticos pueden hablar, si es el caso, en nombre de un Gobierno, de su partido, de una conselleria o en nombre propio, pero nunca en nombre de todos. Nadie puede hablar en nombre de todos porque respecto a cualquier opinión o decisión, por unánime que parezca, siempre habrá, en toda sociedad democrática, por lo menos un discrepante, un disidente, alguien que no se siente representado por ningún partido, por ningún grupo, por ninguna ideología. Ese personaje es esencial para una democracia y hay que cuidarlo: él es semilla del cambio y el símbolo de la libertad.

¿Cambio de régimen o cambio de gobierno? That is the question.

(LV, 2004)

El fondo de la cuestión

El grave episodio de la entrevista entre Carod-Rovira y los dirigentes de ETA no es un error político casual, sino la consecuencia de la manera de hacer política de ERC y de sus contradicciones objetivas con el PSC e IC, sus socios de Gobierno. Era difícil imaginar que el conflicto estallara tan pronto y alcanzara las dimensiones a las que está llegando, pero también era ingenuo pensar que el Gobierno tripartito se fundamentaba en unas sólidas bases programáticas, ideológicas y sociales.

La actual Esquerra Republicana procede de tradiciones diversas y de corrientes políticas distintas, no todas ellas anteriores a la guerra civil. Pero el espíritu hoy dominante en ERC lo ilustra bien la lamentable experiencia de la sublevación del 6 de octubre de 1934 contra el legítimo Gobierno de la República. Las consecuencias de aquel triste episodio fueron, como es sabido, gravísimas. El motivo, sin embargo, era insignificante: estar en desacuerdo con la entrada de ministros de la CEDA, entonces el principal partido de la derecha, en el Gobierno de Madrid.

Se cuenta que el presidente Companys encabezó la sublevación, muy poco convencido de su oportunidad, simplemente para demostrar a algunos compañeros de su partido que era un buen catalanista. «Ara no podreu dir que no sóc catalanista», dijo para acallar a sus críticos. Así, con absoluta frivolidad, echó por la borda muchas esperanzas. Comparar este gravísimo suceso con la entrevista de Carod con ETA sería totalmente desmesurado pero, en el fondo, la actitud de Carod al acudir a la cita se corresponde tanto con aquellos que presionaron a Companys como al mismo Companys cayendo en tan burda trampa. Como ahora, la nula inteligencia política de ambas partes sólo sirvió, en definitiva, para reforzar a sus principales adversarios.

Este espíritu ligero y simplón, se ha visto confirmado por las explicaciones públicas que ha dado Carod tras su fracasada hazaña. Sorprende su desconocimiento de las responsabilidades a las que se debe un dirigente político y la sensación de que ignora tanto lo que supone dirigir la Generalitat como las ideas de solidaridad, lealtad y disciplina que son exigibles a quienes forman parte de un Gobierno. Carod utiliza un lenguaje a primera vista brillante para ocultar razonamientos simples que pretenden resolver cuestiones complejas. Todas las cualidades propias de un político populista.

En el mes escaso de Gobierno tripartito, las muestras de todo ello han sido abundantes. Dos ejemplos: por un lado, hacer públicos los cinco nombres de candidatos a consellers antes de que los escogiera el Presidente de la Generalidad; por otro, revelar Ernest Benach, presidente del Parlament, ciertos aspectos de su conversación privada con el Rey para así enfrentarlo con el Gobierno de Aznar. En estos mismos días, Carod ha seguido empeñándose en justificar su actuación al mantener que en su entrevista con la cúpula etarra había actuado como secretario general de ERC, no como miembro de un Gobierno. Por último, tampoco parece haber comprendido que su contacto con ETA no es equiparable a las conversaciones oficiales del Gobierno español en Argel o al breve encuentro en Zúrich. Todo ello revela que Carod y la dirección de Esquerra tienen una cultura de gobierno insuficiente y un escaso sentido de cómo funciona un Estado.

Sin embargo, todo ello no es lo decisivo para explicar la difícil situación actual. Lo decisivo es un problema más de fondo y afecta a las bases mismas sobre las que se asienta el nuevo Gobierno de la Generalitat. Se trata de saber si es factible resolver las contradicciones entre un partido de ámbito exclusivamente catalán que tiene como aspecto central de su programa el nacionalismo independentista y los otros dos partidos con dimensión estatal que se declaran —en grados distintos— socialistas y federales. ¿Es posible que los tres desarrollen una acción de gobierno coherente?

Las dificultades son obvias y la entrevista de Carod con ETA las ha puesto inmediatamente de manifiesto, especialmente en el caso del PSC. A partir de ahora ya sabemos que toda actuación del tripartito que incida en la política española es susceptible de ocasionar fricciones y roces con el PSOE. Los socialistas catalanes tienen capacidad autónoma de decisión en la política interior de Cataluña pero no, como es natural, en la política española, donde deben contar con la opinión del resto del PSOE. En cambio, ERC está totalmente libre de ataduras externas. Uno, por tanto, debe decidir en función de los intereses de España y otro sólo de los intereses de Cataluña. Las contradicciones sólo han comenzado a mostrarse.

Además, varias declaraciones de dirigentes de Esquerra han revelado que una de las intenciones de su partido es enfrentar al PSC y a IC con los partidos estatales de los que forman parte. El diputado de ERC Uriel Bertràn lo expresaba claramente hace un par de semanas: «El tripartito también nos beneficia en tanto que, tarde o temprano, obligará a las izquierdas catalanas a entrar en contradicción con sus referentes españoles. Habrá que ver como éstos gestionan esta contradicción y si sabrán romper algunos cordones umbilicales ideológicos aún existentes». La deslealtad no sólo está en el Gobierno.

Culturas políticas distintas, ámbitos territoriales diversos, finalidades dispares, traiciones solapadas. Frágil Gobierno nacido con fórceps. En todo ello está el fondo de la cuestión.

(LV, 2004)

Fantasmas del pasado

Desde el affaire Carod-Rovira la tensión política y mediática no sólo no ha cesado, sino que no ha dejado de aumentar. Y si bien durante la primera semana existía un amplio acuerdo en censurar con dureza la actuación del líder de Esquerra, en los últimos días buena parte de la opinión pública en Cataluña ha virado en una nueva dirección: Carod se equivocó, dicen muchos, pero, en definitiva, es uno de los nuestros. Y concluyen: pasemos, pues, al contraataque.

¿Cómo? Con el victimismo habitual. Es decir, hay que echar la culpa a los de siempre y para demostrarlo debemos seguir utilizando los mitos de siempre. Es decir, «¿izquierdas? ¿derechas? ¡Cataluña!» y «no nos quieren, no nos comprenden». Así pues, leña al fuego. Los ejemplos acerca de esta reacción de políticos, columnistas y habituales de las tertulias de radio y televisión podrían ser muchos. Escogeremos dos: un programa de TV3 y una declaración de Maragall.

El programa lo emitió la televisión pública catalana el domingo por la noche en su espacio 30 minuts bajo el curioso título «Catalunya en la boca de Espanya». Se trataba, por lo visto, de saber qué opinaba España de Cataluña. El planteamiento en sí ya es descabellado: España y Cataluña son territorios en los que habitan multitud de personas que piensan de maneras muy distintas. Pero España y Cataluña no hablan ni oyen porque no tienen ni boca ni oídos. Quienes hablan son las personas, los españoles, los catalanes. Ahora bien, captar las distintas opiniones individuales, con todos sus matices, es complicado. Quizás un buen estudio sociológico podría llegar a ciertas conclusiones razonablemente significativas. Difícilmente puede llegar a conclusiones mínimamente serias un programa televisivo de 30 minutos de duración.

El punto de partida, por tanto, hacía ya temer lo peor. Pero su contenido excedió lo imaginable. La opinión de «España» se expresó a través de intervenciones, convenientemente seleccionadas, de Jaime Capmany y Alfonso Ussía, de Federico Jiménez Losantos y de Luis M.ª Anson, además de un conjunto de personas anónimas previamente escogidas, la mayoría de ellas procedentes de las zonas a las que presuntamente puede beneficiar el trasvase del Ebro, trasvase al que, como es sabido, se opone el nuevo gobierno catalán. En el inicio del reportaje intervino brevemente Iñaki Gabilondo, para que no se diga. La manipulación, pues, apenas se había intentado disimular.

Como era de esperar, en el reportaje aparecieron reiteradamente los más manidos tópicos negativos sobre los catalanes: que van a lo suyo, que sólo les interesa el dinero, que son insolidarios, etc. Se consiguió así trasmitir el mensaje que convenía para la finalidad perseguida: que España no nos comprende ni nos quiere, es decir, exactamente lo que se quería demostrar. Pura propaganda, pues, disfrazada de la aparente realidad que da la filmación en directo.

Que ello suceda en una televisión pública y en los momentos iniciales de un nuevo Gobierno es un pésimo augurio, lamentablemente quizás un indicio de lo que se nos viene encima. Porque ¿es inocente reducir la opinión de los españoles a la de ciertos articulistas muy significados de ABC, La Razón o los programas de la COPE? ¿Alguien cree que ésta es la opinión del español medio? ¿Tendría algo que ver con la Cataluña real un reportaje de Televisión Española que pretendiera recoger la opinión que los catalanes tienen de España y en la que intervinieran sólo los miembros de las tertulias nocturnas o de sobremesa, las bromas sectarias de los componentes del equipo de Una pregunta més, de Catalunya Radio, o una selección de frases sueltas de ciertos colaboradores habituales del Avui o El Punt Diari? ¿Se corresponde con la ecuanimidad propia de una televisión pública emitir un reportaje tan sectario como el del domingo pasado? ¿No es insensato ir echando leña al fuego, falsear la realidad en temas tan sensibles, en peligrosas materias que afectan a fibras íntimas fácilmente inflamables? Alguien —el CAC, el nuevo director del ente televisivo catalán, el conseller correspondiente— debería pedir responsabilidades.

Ahora bien, pocas responsabilidades pueden pedirse si quienes deberían dar ejemplo no lo dan. Nuestro flamante presidente de la Generalitat ya metió la pata hace varias semanas al decir que si no se atendían las demandas de su Gobierno «el drama estaba servido». Ahora ha vuelto a retomar este tono conminatorio al declarar en la SER que si se avanza en el sentido de su propuesta de una España plural «será maravilloso pero si no fracasaremos de nuevo como país y volveremos atrás, al 36 o a principios de siglo XX». ¡Buen punto de partida para un diálogo! Hacer referencias amenazantes a tan trágica fecha es un disparate, además de desconocer la historia: estamos en situaciones no comparables. Maragall ha sido imprudente en el tono y desmesurado en el contenido. No vamos bien.

En medio de este desbarajuste mental colectivo, las declaraciones a La Vanguardia de Giuliano Amato, aparecidas en «la contra» son reconfortantes: apela a la razón frente a las emociones. «Yo pido al ciudadano —dice— que vote con su cerebro, no con sus emociones.» Me conformaría con menos: que nuestros políticos, cargos públicos y columnistas varios, opinen con el cerebro, no con las emociones. Y, sobre todo, que no profieran retóricas amenazas de una vuelta a los viejos fantasmas de nuestro peor pasado.

(LV, 2004)

Una declaración sin debate

La semana pasada una noticia sorprendente dio la vuelta al mundo: nuestro Ayuntamiento había declarado a Barcelona ciudad antitaurina. ¿Razones? Varias. Las vamos a ver. Pero antes permítanme que les cuente una pequeña historia acerca de mi relación personal con la fiesta de los toros.

Ni he sido un gran entendido ni he sentido una gran pasión por los toros aunque de niño asistí con frecuencia a muchas corridas y algo aprendí del llamado arte del toreo. Por ejemplo aprendí a distinguir entre los distintos estilos: el técnico y frío de Luis Miguel Dominguín, el alegre de Antonio Bienvenida, el brillante de Antonio Ordóñez, el divertido pero insustancial de Diego Puerta. Llegué, más o menos, a saber apreciar un pase elegante e inesperado, el temblor del peligro cercano o la emocionante relación de amor-odio entre el torero y el toro. Además, me interesó el mito de los toros en la literatura y el arte: Ortega, Lorca, Miguel Hernández, Picasso, tantos otros.

En definitiva, sin ser un gran aficionado, disfrutaba de la fiesta e incorporaba los mitos taurinos a mi manera de pensar y de expresarme. Consideraba, además, que el toreo no sólo era un espectáculo, sino también una forma de ver el mundo, la vida y la muerte. Pensaba, por supuesto, que el ser antitaurino era algo propio de fundamentalistas obsesionados por la protección de los animales o de remilgadas señoritas anglosajonas algo histéricas.

Todo ello empezó a cambiar cuando un día, no hace muchos años, escuché por radio las razonables explicaciones de Jesús Mosterín, el conocido filósofo, contra las corridas de toros. Su argumento era muy sencillo aunque radical: el daño físico produce igual sufrimiento en un toro que en un ser humano. Por tanto, una corrida es un espectáculo en el que picadores, banderilleros y matador torturan al toro ante un público expectante, alborozado o indignado. Yo formaba parte, de vez en cuando, de ese público.

Comencé a preocuparme. Leí los trabajos del propio Mosterín y de Peter Singer sobre los derechos de los animales. En efecto, con los instrumentos técnicos de hoy el sufrimiento físico y psicológico de los animales no era simplemente una suposición, sino una certeza: mediante un scanner se podía comprobar que los padecimientos, el dolor y la angustia de los animales sometidos a tortura era similar al de los hombres. ¿Tenía yo derecho a contemplar, es decir, a participar y a colaborar, en un espectáculo en el que se produjeran tales casos de tortura? Comencé a dudarlo muy seriamente y más bien llegué a la conclusión de que los animales tenían algunos derechos, no de la misma pero sí de parecida naturaleza que los derechos de los hombres, y que el derecho a no sufrir daños físicos, a no sufrir tortura, era uno de ellos. Mi posición ante las corridas de toros evidentemente cambió: consideré que eran un lujo estético —una «violencia estética» les llamó Valle-Inclán con precisión— que no podía permitirme, aunque de vez en cuando cometa algún pecadillo.

Ahora bien, ésta es mi posición estrictamente individual, que he querido explicarles antes de afirmar que la declaración del Pleno del Ayuntamiento de Barcelona me ha parecido desacertada y demagógica.

En primer lugar, porque no ha habido un debate en la ciudad sobre la legitimidad o no de las corridas de toros, y el acuerdo del Pleno ha constituido una sorpresa inesperada. Un ayuntamiento es una institución pública representativa de la ciudad, no una asociación privada ni una corporación. En éstas sus órganos directivos expresan el parecer de sus miembros; en cambio, un ayuntamiento expresa el parecer de los ciudadanos del municipio y antes de hacer una declaración acerca de un tema polémico debe asegurarse que sobre el mismo exista un amplio consenso entre los ciudadanos.

En segundo lugar, hay una obvia razón oculta y espuria en tal acuerdo: los toros, para muchos, son el símbolo de España, como mínimo de una cierta España. Una concepción de Cataluña como espacio distinto al resto de España pasa por la abolición de las corridas de toros: un hecho diferencial más. Fíjense en la votación: los grupos de ERC y CiU —además de la ecologista IC que lo ha hecho por defender los derechos de los animales— han votado de forma compacta contra los toros, sin duda por las mismas razones que han ido desmantelando los toros de Osborne en el paisaje catalán. Hay que borrar las huellas del pasado y, contradictoriamente, reivindicar una pretendida y falsa memoria histórica. Considerar que los toros son una fiesta foránea es una de las pretensiones del nacionalismo catalán cuando, en la realidad, están arraigados en Barcelona mucho antes que la sardana y los castellers. Pero ya se sabe que para imponer determinadas ideologías es necesario inventar mitos y falsas tradiciones.

En fin, soy personalmente antitaurino desde hace un tiempo por razones morales, que no estéticas. Pero no estoy de acuerdo que sin debate público el Pleno del Ayuntamiento haya efectuado un pronunciamiento sin el consenso debido y ocultando algunos de los verdaderos motivos de la decisión.

(LV, 2004)

Almirall y el catalanismo transversal

Se cumple este año el centenario de la muerte de Valentí Almirall. Hace unos días el Ateneu de Barcelona lo celebró con un debate que tuvo como protagonistas a Artur Mas y a Carod-Rovira. Ambos, como es natural, intentaron apropiarse del personaje para invocarlo como precedente de sus posiciones. El catalanismo tiene sus padres fundadores y Almirall es, indiscutiblemente, uno de ellos: conviene, pues, situarse bajo su amparo.

Valentí Almirall (1841-1904) fue en su juventud uno de los más significados seguidores de Pi i Margall y, por tanto, un liberal, demócrata y federalista radical. Sin embargo, tras el fracaso de los ensayos democráticos del período 1868-1874, dio un giro sustancial a sus posiciones y, sin renunciar a sus convicciones liberales, moderó mucho las democráticas y, sobre todo, abandonó el federalismo de su maestro al formular la primera construcción coherente del catalanismo político. En efecto, de la idea pimargalliana de federalismo como pacto entre hombres, Almirall pasó a defender que el pacto debía establecerse entre naciones: de la federación, por tanto, nuestro autor pasaba a la confederación. Ésta es la doctrina que expone en Lo catalanisme (1886), su obra más conocida, doctrina que persistirá en el nacionalismo catalán hasta hoy.

Ahora bien, no deben olvidarse ni el contexto ni la intención de la obra de Almirall. En efecto, el pensamiento de Almirall se inscribe dentro de las coordenadas del «regeneracionismo» español de fines de siglo y, por tanto, de crítica al sistema político y al sistema social de nuestro país. Por un lado, Almirall considera que los partidos, las elecciones y el funcionamiento del parlamento en la España de aquella época son una mera ficción del verdadero constitucionalismo liberal; por el otro, también considera que debe transformarse la sociedad mediante una reforma moral que consiga reorganizar la Administración Pública, establecer un buen sistema educativo y modernizar el sistema económico. Sólo así se logrará superar el atraso secular de España.

La clave para alcanzar estas reformas es, según Almirall, la descentralización política de los poderes del Estado. España es una nación compuesta por distintos pueblos y por regiones diferenciadas que tienen derecho a compartir la soberanía estatal y a ejercer su propio autogobierno. En consecuencia, Cataluña, según Almirall, debe hacer una propuesta al resto de España para que se estructure como un Estado compuesto.

Según Almirall, el carácter castellano, reflejo de su identidad nacional, había ya demostrado su incapacidad en la dirección del Estado y, en cambio, el carácter catalán había puesto de manifiesto su habilidad en hacer progresar a la sociedad y en modernizar la economía. El catalanismo debía pasar del campo de la economía al de la política para contribuir, mediante la descentralización, a la regeneración de España.

Por otro lado, el catalanismo se basa en una idea universal, en la concepción de que el hombre es un ser social determinado por su entorno y sólo en este entorno puede estructurar su propia identidad. Por tanto, «la afición, el cariño y la preferencia» —para utilizar las mismas palabras que Almirall— que los catalanes muestran por su país es común al que sienten los nacionales de otros pueblos por el suyo. Estas raíces ideológicas del catalanismo sirven, pues, no sólo para los demás pueblos de España sino que son también un factor común a todos los catalanes y, por tanto, el catalanismo debe ser una ideología transversal a todos los partidos de nuestro país dado que el amor a lo propio es un rasgo característico de la naturaleza humana.

Con Almirall, algunos de los principios catalanistas ya estaban, pues, formulados: la identidad catalana como factor diferencial, la descentralización política como medida indispensable para la regeneración del Estado y de la sociedad españolas, la idea confederal como forma de organización territorial, el reconocimiento de una España plural formada por un conjunto de nacionalidades y regiones.

Pero quizás el aspecto más influyente de su doctrina ha sido dejar sentado el principio según el cual el catalanismo es el único sustrato común legítimo de todas las posibles opciones políticas catalanas, sean de derechas o de izquierdas. Así, el catalanismo, desde aquella época, se ha constituido en un terreno de juego común dotado de unas implícitas reglas propias y específicas dentro del cual todavía actúan la inmensa mayoría de formaciones políticas catalanas: quien no se sitúa dentro de su ámbito es acusado de ser un agente de poderes externos contrarios a los intereses de su país.

Al conmemorar este centenario quizás convendría, sin embargo, averiguar el motivo por el cual Valentí Almirall, en la última fase de su vida, pasó a militar en el partido de Lerroux, el oficialmente «anticatalán» Alejandro Lerroux.

(LV, 2004)

Los verdaderos motivos

No parece que la demanda de un nuevo Estatuto de Cataluña responda a deseos profundamente sentidos por los ciudadanos, sino a los objetivos y a las finalidades de determinados partidos políticos. No tengo a mano datos actualizados a día de hoy, pero hace poco más de un año acceder a un mayor grado de autogobierno sólo preocupaba al 3,9 % de los catalanes, mientras para el 54,4 % el principal problema era el desempleo, para el 32,8 la inseguridad y para el 32,2 la emigración. Es probable que los sondeos actuales hayan detectado algunos cambios tras el reciente ciclo electoral, pero en la calle no se vive nada parecido a un clamor social, aquel clima ambiental de los años de la transición cuando se pedía «llibertat, amnistía i estatut d’autonomia».

¿Por qué, entonces, la mayoría de partidos catalanes —en realidad, todos menos el PP— tiene como principal objetivo de los próximos cuatro años la aprobación de un nuevo Estatut? A mi modo de ver, las razones de fondo son dos, estrechamente vinculadas entre sí. Una primera razón es el carácter instrumental que los partidos nacionalistas otorgan al Estatuto de autonomía. Una segunda, la necesidad que tienen estos mismos partidos de diferenciar a Cataluña del resto de comunidades autónomas, a excepción del País Vasco y Galicia, es decir, a excepción de las comunidades que ellos consideran auténticas naciones.

En efecto, todo partido nacionalista, por definición, debe tener como meta final la plena soberanía de su nación, es decir, convertirla en Estado. Ahora bien, si ello inmediatamente no es posible deben darse los pasos necesarios para alcanzar tal meta en el futuro. En este proceso, el Estatuto de autonomía es un mero instrumento sólo útil en la medida que permite facilitar el camino hacia esta plena soberanía. Desacreditar el actual Estatuto —y, por supuesto, la Constitución— como un nefasto producto de las «imposiciones» de la transición y no como el resultado de un consenso en lo básico —que es, precisamente, aquello que ha dado solidez a nuestra democracia constitucional— forma parte de las necesidades de un guión previamente trazado.

Los partidos nacionalistas, por su misma naturaleza, nunca pueden estar conformes con lo obtenido a no ser que se alcance la meta final y, por tanto, todo punto de llegada es para ellos, inmediatamente, un nuevo punto de partida, siempre en dirección hacia la soberanía plena. También el nuevo Estatuto, si es que se llega a aprobar, será considerado como insuficiente desde el primer día porque estos partidos alegarán que tampoco resuelve el misterioso «encaje» de Cataluña en España. El motivo de esta alegación es muy claro: si se resuelve el falso problema de este famoso «encaje» los partidos nacionalistas se quedan sin su principal objetivo, aquél que les da una identidad propia. Por tanto, el victimismo, el agravio comparativo y la queja continua no cesarán nunca porque constituyen un elemento esencial de su ideología.

La segunda razón me parece que también está muy clara: todo partido nacionalista debe rechazar un estatus de igualdad entre comunidades autónomas. Como es sabido, la Constitución admite, con mayor o menor justificación, ciertas diferencias entre comunidades atendiendo a razones diversas, como pueden ser la tradición histórica, la diversidad de culturas o la insularidad. Son los llamados por la doctrina «hechos diferenciales»: derechos históricos, lengua, derecho civil, régimen local, fiscalidad, quizás alguno más. Ahora bien, aunque no todas las comunidades autónomas son iguales no debe existir discriminación entre ellas ni, sobre todo, entre los ciudadanos de las mismas. Discriminación no es simplemente desigualdad sino diferencia de trato constitucionalmente no justificada. Diversos preceptos de la Constitución (artículos 14, 138, 139 y 149.1,1.ª, entre otros) establecen cláusulas que impiden jurídicamente desigualdades injustificadas entre personas y entre comunidades.

Por otro lado, la evolución del Estado de las autonomías, debido al fundamental Pacto autonómico de 1992 entre el PSOE y el PP, se ha dirigido claramente a la igualación básica de las competencias entre comunidades. Ciertamente el camino hubiera podido ser distinto, pero el impulso inicial ya prefiguraba el resultado al que hemos llegado: desde el punto de vista competencial somos un «Estado federal con hechos diferenciales», según la ya célebre precisión del profesor Eliseo Aja, uno de los más grandes expertos en esta materia. Pero, precisamente, el punto de vista nacionalista rechaza las fórmulas federales por la simple razón de que son igualitarias. Los nacionalistas parten de que las comunidades que ellos consideran como naciones tienen mayores derechos —colectivos, por supuesto— que aquellas otras que, según ellos, no lo son y tales «comunidades nacionales» deben tener, por tanto, un Estatuto que las distinga claramente del resto. La política autonómica federalista —denominada popularmente «café para todos»— es en estos momentos, por igualitaria, aquella que más combaten los nacionalistas.

Éstas son las dos grandes razones, los verdaderos motivos, por las cuales se pretende impulsar un nuevo Estatuto. Se alegarán otros, pero éstos son, a mi modo de ver, los verdaderos. Quizás usted, paciente lector, se pregunte: ¿qué hace en este embrollo el Partido Socialista? La respuesta también me parece bastante clara. Pero el espacio se ha terminado: dejémoslo para otro día.

(LV, 2004)

Modelos de integración cultural

Jordi Pujol dijo a finales de agosto que el «mestizaje» podría ser «el final de Cataluña». Agosto es peligroso para los políticos. Deben cuidar sus declaraciones, no ofrecer flancos débiles porque las noticias son pocas y el tamaño del titular que aparece al día siguiente traiciona, a veces, lo dicho el día anterior.

Pero éste no era el caso: Pujol está convencido de lo que dijo, lo ha expresado así muchas veces y, además, es perfectamente coherente con la idea de nación catalana que ha defendido desde siempre. Quizás su error fue utilizar la palabra «mestizaje» que, en su acepción clásica, remite a la biología, a la sangre, a la idea de raza. Como sabemos, tras el Holocausto tenemos prohibido mencionar a la raza: es una palabra políticamente incorrecta.

Ciertamente, es más fácil cambiar las palabras que las ideas. Si sustituimos la palabra, pero mantenemos lo sustancial de una idea que no nos atrevemos a formular, de repente, como por arte de magia, este pensamiento perverso que se esconde tras ella comienza a aparecer como aceptable. Así, estar contra el mestizaje biológico es ser racista; pero si sustituimos la palabra ideología por la palabra cultura todo se hace mucho más digerible. Si además añadimos —como hizo Pujol días después— que incluso el mestizaje cultural es aceptable siempre que el elemento central e integrador de la sociedad sigan siendo los valores del país de acogida, en ello estarán de acuerdo tanto una gran mayoría de ciudadanos como muchos de los más conocidos teóricos, desde Giovanni Sartori hasta Samuel Huntington.

Pues bien, ésta es la posición, de ahora y de siempre, de Jordi Pujol. Para el expresidente, la continuidad de Cataluña está basada en la subsistencia de unos valores propios y permanentes, una manera de ser característica, unos hábitos culturales y unas costumbres tradicionales, sin los cuales Cataluña dejaría de ser lo que es. El objetivo irrenunciable es conservar el «ser», velar para que una supuesta identidad colectiva permanezca invariable. La posición de Pujol continúa la tradición del catalanismo político, de Prat de la Riba a Rovira i Virgili. Jordi Pujol no innova: se limita a poner al día el pensamiento tradicional, a confrontarlo con los retos del presente. Y, sin embargo, hay otras opciones que deberían barajarse en el debate, hay varios modos de integración cultural.

A riesgo de simplificar, quizás, un poco, tres son las principales opciones políticas ante el problema de la convivencia en un mismo territorio de personas con culturas diferenciadas.

El primer modelo es el de separación cultural, también llamado modelo multiculturalista, el cual trata de fomentar y consolidar las diferentes culturas y responde a la idea de que toda acentuación de las mismas es buena y toda contaminación con las demás es perjudicial. Se parte de una concepción cerrada, de la cultura entendida como un gueto. El multiculturalismo es partidario de preservar el gueto, de seguir en él. Así, un Estado estará compuesto por múltiples grupos culturales endogámicos, cuyos componentes encuentran su propia identidad en su propio grupo, rechazando el contacto con los demás. En la actualidad, esta posición es defendida desde la negritud y el feminismo en EE.UU., el indigenismo en América Latina o los fundamentalismos religiosos o nacionalistas.

El modelo asimilacionista es el más frecuente en el mundo occidental. Implica, sencillamente, que la cultura mayoritaria de una determinada sociedad debe ser la predominante, la aceptada por todos. Desde estas posiciones, integrarse significa renunciar a la cultura propia y adaptarse a esta cultura mayoritaria. Los autóctonos actúan como los propietarios de la casa, con todos los derechos; los inmigrantes son los humildes forasteros que han de someterse al amo. Así se han ido homogeneizando muchos Estados europeos con diversidad cultural previa y ésta ha sido la política del melting pot estadounidense respecto a la inmigración europea, la cual debía adaptarse al modelo wasp: blanco, de lengua inglesa y protestante. Éste es, según parece, el modelo que propone Jordi Pujol.

Tanto el modelo multicultural como el asimilacionista tienen una base común: las culturas son consideradas como identidades colectivas y homogéneas que deben preservarse. En su fondo, laten las ideas de Herder y de Fichte que dieron origen al nacionalismo moderno. Y si vamos más atrás, son consecuencia de la idea aristotélica y tomista del hombre como ser social, fuente de los derechos colectivos, previos y compatibles con los individuales.

Por último, un tercer modelo es el intercultural, que rompe con la idea de homogeneidad y, respetando las diferencias, fomenta el diálogo, el contacto y el mutuo intercambio de hábitos culturales. Para el modelo intercultural la identidad es individual. Lo más común es que una misma persona pueda sentirse tributaria de identidades diversas y todas ellas sirvan para construir su propia identidad individual, la que él mismo elige con libertad y con plena responsabilidad. A lo sumo, la identidad colectiva sería la resultante de estas identidades individuales. Todo ello partiendo de la base que el contacto entre personas provenientes de culturas diversas es positivo y enriquecedor ya que amplía el abanico de opciones y, de esta manera, otorga mayor libertad para que el individuo pueda construir su propia personalidad.

Ahí están los modelos. Entre ellos debemos escoger.

(LV, 2004)

Los otros imputados

En el juicio contra el juez Pasqual Estevill y el abogado Joan Piqué Vidal no sólo deberían sentarse en el banquillo los acusados, sino también una parte de la sociedad barcelonesa, los otros imputados. Se trata de esa parte formada por empresarios, profesionales y políticos que algunos llaman, sin realmente serlo, burguesía catalana: todos se conocen entre sí, han ido a los mismos colegios, andan revueltos hablando mal los unos de los otros pero se abrazan cuando se encuentran, comen en los mismos restaurantes, veranean juntos nunca muy lejos del Ampurdán, se manejan con dinero negro y hablan castellano con su mujer y sus hijos excepto en presencia de Jordi Pujol.

Ya había sucedido poco antes con Javier de la Rosa. Todos sabían de sus arriesgadas andanzas, especulaban con las semanas, meses o días que faltaban para que los kuwaitíes se dieran cuenta de adónde iba a parar su dinero, algunos afirmaban saber los miles de kilos que ya estaban a buen recaudo en Suiza. Y, sin embargo, ninguno rechazaba pasar unas horas en su yate, ninguno dejaba de ponerse al teléfono cuando le invitaba a almorzar, todos esperaban recibir alguna suculenta migaja de los millones que entonces manejaba aquel que, en mala hora, en un desliz que provocó estruendosas carcajadas, fue denominado «empresario modelo». Todos lo sabían todo, pero todos deseaban también aprovecharse, aunque fuera algún asuntillo de nada. O de mucho. ¡Javier es muy listo, no quiero perderme la ocasión! Siempre en la ambigüedad moral, sobre todo quedar bien, no arriesgar nada, callados pero atentos a la jugada. Cobardes.

A mediados de los años noventa, todos ya sabían lo que en estas semanas se está tratando de probar ante un tribunal. Pasqual Estevill, un chico espabilado que había subido de la nada, un Julien Sorel de fines de siglo XX, repentinamente investido de juez, estaba dictando autos de prisión por presuntos delitos económicos contra prominentes miembros de aquella burguesía, de aquel conglomerado de amigos, conocidos y saludados, de todos aquellos de los que estamos hablando. Algunos togados progresistas se relamían de gusto pensando: «¡Por fin, no sólo los pobres raterillos pringados, camellos sin oficio y con poco beneficio, pasarán por la Modelo! Este juez la emprende con los delincuentes de verdad, los de cuello blanco y manos finas». Ingenuos.

Todos conocían el tinglado. Era el secreto a voces mejor guardado de Barcelona: nadie decía nada. Algunos, asustados, esperaban su turno, temían ser defendidos por el abogado Piqué Vidal, tan estirado y antipático, sabían que la broma les iba a costar cara. Pero si había que pagar, se pagaba y punto.

Hasta que, felizmente, hubo un imprevisto. Alguien dijo ¡basta, no pago! José Felipe Bertrán de Caralt, un miembro de la más rancia burguesía, probablemente una persona de una ética antigua: se puede estafar al fisco pero no comprar a un juez. Conocía los límites. Uno puede entrar muy dignamente en el truculento edifico de la calle Entenza si tiene la conciencia —«su» conciencia producto de «su» moral—, bien tranquila.

El espeso silencio se había roto. Había que salvar la cara del juez, tan amigo de sus amigos, tan implicado en tantas cosas. Patada hacia arriba. El día que se hizo pública la noticia de que Estevill era candidato a un puesto en el Consejo General del Poder Judicial, un alto cargo nombrado por CiU, me confesó desesperado: «¡esto es el fin de Convergència!». Quizás ahí empezó el final de una época.

(LV, 2004)

Fuga hacia ninguna parte

Se supone que los ponentes del nuevo Estatuto quieren redactar un texto que sea admisible constitucionalmente. El Parlamento de Cataluña es un órgano democrático sometido al derecho y una regla básica de la democracia consiste en el respeto a la ley aunque uno, personalmente, esté en desacuerdo con ella. No creo que los diputados catalanes —por lo menos una gran mayoría de ellos— opten por una vía parecida a la escogida por Ibarretxe, es decir, por un desafío constante a la legalidad. La vida democrática catalana todavía no ha alcanzado este nivel.

No obstante, comienzan a notarse signos de un cierto desprecio hacia las normas jurídicas. La retirada de la bandera española en algunos importantes ayuntamientos gobernados por los socialistas el pasado 11 de septiembre es un mal augurio. También lo es la clara vulneración del reglamento del Parlament de Catalunya en el orden de comparecencias del debate de ayer, con evidentes perjuicios a la labor de la oposición. Para algunos quizás será doloroso constatar que los gobiernos nacionalistas de CiU eran, en este punto, más respetuosos con los derechos de quienes debían controlarles en el Parlament que el actual gobierno nacionalista de izquierdas.

Son asuntos menores, dirán ustedes. Quizás. Pero son síntomas de mala salud democrática. Cuando son los mismos poderes públicos quienes se saltan olímpicamente las reglas que ellos han legítimamente establecido, ningún asunto es menor porque el mal ejemplo cunde entre unos ciudadanos que tienen la natural y peligrosa tentación de imitarlos y el sistema, en su conjunto, se resiente. No dejemos de recordar la funesta fecha del 6 de octubre de 1934, de la que la semana próxima se cumplirán setenta años. El respeto a la ley —a la ley democrática, por supuesto— es una de las bases fundamentales de la moral de una sociedad. Olvidarlo es situarse en la peligrosa pendiente del desgobierno, ir derivando hacia los márgenes del Estado de derecho.

Pues bien, lo acordado tan alegremente por la ponencia de reforma del Estatuto también vulnera claramente el derecho, nada menos que el ordenamiento constitucional. Una norma como es el Estatuto no puede establecer que el territorio de Cataluña sea una circunscripción electoral en las elecciones europeas, con independencia de si ello es políticamente conveniente. Hacer la trampita leguleya de que el Estatuto se aprueba mediante ley orgánica y, por tanto, puede contener otras materias además de las que le son propias, es olvidar elementos fundamentales de lo que es un Estatuto, especialmente su carácter de norma institucional básica con eficacia jurídica exclusiva en su territorio y olvidar también la reserva material constitucionalmente establecida. Es decir, supone la vulneración flagrante de los artículos 81 y 147 de la Constitución.

También vulnera la Constitución de manera clara y por razones parecidas la inclusión en el Estatuto de cauces de participación de la Generalitat en los órganos de la Unión Europea en la medida en que vincula a órganos estatales.

Se trata, sin duda, de un primer borrador de reforma estatutaria y, por tanto, nada está decidido todavía. Pero es un mal síntoma que se añade a otros. Lo inquietante es que empieza a circular con normalidad por la política catalana un cierto desprecio por las reglas jurídicas, a las que se oponen unos supuestos derechos al margen de las mismas nacidos de una legitimidad distinta a la constitucional. Ello es altamente peligroso y si persiste nos puede conducir a instalarnos en una situación muy similar a la vasca de los últimos años.

En definitiva, el riesgo mayor de este innecesario nuevo Estatuto es que puede dar lugar, debido a unos resultados electorales no previstos, a una fuga hacia ninguna parte producto de una demagogia rupturista y antidemocrática.

(LV, 2004)

La siesta

En declaraciones a La Vanguardia, Carod-Rovira pronunció el pasado domingo una frase contundente: «ERC ha ganado la batalla ideológica en el seno de la sociedad catalana». ¿Exageración? Sin duda. Pero con una parte de verdad: la batalla no la ha ganado en la sociedad catalana pero sí en el seno del gobierno tripartito, de la clase política y de la inmensa mayoría de quienes opinan en los medios de comunicación. La batalla ideológica, naturalmente, es ir imponiendo las tesis del nacionalismo identitario, es decir, continuar la labor que durante veintitrés años intentó el pujolismo.

No se sabe muy bien lo que hace el tripartito en su acción de gobierno, pero sí es conocida su afición a salir constantemente en las fotos de los numerosísimos actos conmemorativos y supuestamente patrióticos. El tripartito funciona con el mecanismo siguiente: ERC expresa un punto de vista o toma una decisión, Iniciativa la secunda porque coincide con ella y el PSC intenta rebasarlos a ambos para no ser menos, aunque no se sabe si con mucho convencimiento. En el caso de que el PSC o Maragall opinen o decidan algo que no guste a ERC, tanto este partido como IC, su fiel acólito, les critican agriamente y se distancian de sus posiciones. Conclusión: quien domina ideológicamente siempre es el partido de Carod, como él mismo confiesa con orgullo.

En los medios de comunicación, sobre todo en las radios y las televisiones públicas, la opinión dominante está más que nunca en línea con el Govern. Incluso buena parte de los columnistas y tertulianos que hasta hace poco se situaban en el entorno de CiU se van sumando a este pensamiento catalán único. Nunca las opiniones habían sido tan homogéneas ni las tertulias tan monocordes. Hasta tenemos en Mònica Terribas a nuestro Urdaci catalán.

Medir la temperatura política e ideológica de la sociedad es mucho más difícil, pero la distancia con políticos y opinión publicada parece clara. El entusiasmo por el nuevo Estatuto es perfectamente descriptible. La ridícula campaña de propaganda de los últimos meses —el «bustatut» y el «festatut»— se ha desarrollado ante la más glacial indiferencia. Esta misma semana, el apoteósico recibimiento previsto para el equipo de hockey que triunfó en Macao se convirtió en una desangelada concentración de dos mil personas —que las cámaras de TV3 intentaron disimular— en una semivacía Plaza de Sant Jaume.

Joan Coscubiela, el secretario general de CCOO de Cataluña, expresó el jueves pasado la decepción de muchos: «El Gobierno catalán —dijo— sigue situando como eje de sus políticas el conflicto territorial y el debate identitario en detrimento de la aplicación de medidas sociales. Más que un cambio se ha producido una sustitución en el liderazgo del nacionalismo pujolista; el guión es el mismo, sólo cambian los actores. El gobierno catalán debe despertar de la siesta».

(LV, 2004)

Ite missa est

No será fácil de olvidar la larga sesión parlamentaria que se alargó hasta la madrugada del viernes. Las tensiones acumuladas se reflejaron, al final, en el rostro de los diputados. Ya no era momento de sorpresas: todo estaba decidido. Se trataba, simplemente, de concelebrar el acto litúrgico que culminaría, con el ritual de rigor, en un tedeum al día siguiente.

La pantalla de televisión permite observar intensamente los rostros de las personas. En muchos casos, los semblantes dicen más que las palabras. El leve rictus, las pronunciadas arrugas, el ceño fruncido, un esbozo de sonrisa, adivinar lo que sucede tras el gran espejo de las miradas, lo que hablan y lo que callan.

La televisión permite observar todos los matices que un rostro encierra. Una sesión parlamentaria tensa y complicada, si los cámaras tiene sentido de la observación, se convierte en un acontecimiento plásticamente privilegiado que revela la verdad de lo que está sucediendo mucho mejor que los discursos que la gran mayoría de parlamentarios llevan ya escritos de antemano.

Era interesante ver la seriedad preocupada de Maragall. En ningún momento aparecía aquella expresión conejil, de niño travieso, cuando la sonrisa asoma por debajo de su bigote blanco. Esta vez estaba serio, muy serio. También lo estaba Miquel Iceta: el discurso que pronunció sobre el sistema de financiación, como le recordó el convergente Quico Homs —todo una mezcla de boy scout y yuppie del Maresme— parecía escrito para votar que no. ¿Mala conciencia? Pero se atuvo, naturalmente, al guión ya pactado.

Joan Ridao es el Buster Keaton de la política catalana: un rostro inexpresivo, permanentemente serio. Curioso Ridao. Artur Mas, en cambio, rebosaba satisfacción. Fue su gran día, era el gran triunfador. Le habían aceptado su difícil apuesta, el concierto económico «solidario»: dime de lo que presumes, etc., etc., «Tenim la clau de la caixa». Catalán, muy catalán. Mas, que parece un chico del Club de Polo, va cogiendo el aire de haber nacido en la Cataluña catalana: pronto sabrá besar con naturalidad a las vendedoras de los mercados.

Pero el rostro más revelador era el de Piqué. Media cara tapada invariablemente por las manos, la mirada fija en un horizonte inexistente. ¿Qué estoy haciendo yo aquí, con toda esta gente? Tristeza infinita expresaba su rostro. Ni una palabra, ni una sonrisa. Ensimismado, buscaba la lejanía sin encontrarla. ¡Qué desastre!, parecía pensar.

En el tedeum de ayer todos se habían relajado. Maragall acabó proclamando que su auténtica finalidad era cambiar las Españas. Carod, burleta, sonreía. Al final, Jordi Pujol, el padre de la política catalana, se acercó a sus hijos, a Maragall y a Mas, para darles la bendición: «Ho heu fet molt bé». Y es verdad. Ite Missa est. Deo Gratias.

(LV, 2005)

El Monte Carmelo en el corazón

Alex Rodríguez me encarga un artículo, tipo crónica, sobre lo acontecido en el barrio del Carmel. «Date una vuelta por allí y explica lo que veas». Dudo un instante: hace años que sólo hago opinión. Pero acepto: vuelta a los orígenes.

¡El Carmel! El Carmelo, le llamábamos antes. Inmediatamente pienso en el Pijoaparte de Juan Marsé. Los «charnegos». Busco en mi biblioteca Últimas tardes con Teresa, hay que ambientarse. No lo encuentro. ¿Dónde habrá ido a parar aquella edición de la mítica Biblioteca Breve de Carlos Barral, siempre con foto en portada del gran Oriol Maspons? ¿O me engaña la memoria? Bajo a Laie a comprarlo. Una edición voluminosa, de letra grande, que mis ojos agradecen. Rápidamente encuentro la página que buscaba: «El Monte Carmelo es una colina desnuda y árida situada al noroeste de la ciudad. (…) En los grises años de la posguerra, cuando el estómago vacío y el piojo verde exigían cada día algún sueño que hiciera más soportable la realidad, el Monte Carmelo fue predilecto y fabuloso campo de aventuras de los desarrapados niños de los barrios de Casa Baró, del Guinardó y de La Salud…». El jeta desarrapado con la pija rebelde de San Gervasio: real como la vida misma, la vida de aquellos tiempos.

Ya ambientado, consulto a Montse Baras, experta en El Carmel, que me suministra útiles recomendaciones. Agarro el cuaderno de tapas negras que me regaló mi hija, me enfundo una trenca para parecerme a Huertas Clavería y salgo a la calle con cara de sabueso, estilo Martí Gómez. Cojo el metro, cambio de línea en Sagrera y bajo en la estación de Horta.

Emprendo la subida, la breve subida por calles levemente empinadas que me conducen a la Rambla del Carmel. En su extremo norte, sobre la boca de salida del túnel de la Rovira, la vista de Collserola es espléndida. La Rambla es probablemente uno de los paseos más originales y feos del mundo. Los coches aparecen en la superficie y se sumergen en el túnel de forma sincopada, logrando así que nunca los pierdas de vista. O de oído. Unas extrañas chimeneas, que resultan ser los respiraderos del túnel, dan a la zona un ambiente de sórdido terrado de edificio de pisos. Todo ello algo espectral. Pero el frío es suave y el sol de febrero acaricia agradablemente el rostro. Los jubilados, felices, sentados en los bancos.

Me dirijo ya a la zona siniestrada. En el camino, tiendas: vino de Huesca a 1,99 euros, Viajes Halcón, zapaterías, ventas inmobiliarias, moda, zapaterías, más inmobiliarias, bazar, moda otra vez. Glamour cero. Me detengo en Condis: dos kilos de mejillones 2 euros, mayra fresca 1,99 el kilo, pescadilla nacional 3,99. ¿Nacional? ¿De qué nación? ¿Son de Roses, Palamós, Arenys, Vilanova, Tarragona? ¿Seguro? ¿Del lago de Banyoles? Escuché hablar mucho más catalán en Praga durante el último puente del Pilar que en todo el recorrido por el Carmel. El uso social, ése es el problema. ¡Hay que seguir apretando!

Enfilo ya por la ancha calle Llobregós. La circulación de coches está prohibida. Hay vallas y policías que controlan a los peatones. Me impiden acceder al Pasaje Calafell, donde creo está el gran socavón. Miro por encima de las vallas pero no alcanzo a verlo. Doy un rodeo para entrar en el mercado municipal, en la misma calle Llobregós. Casi vacío. Fricandó, estofado, bistec, beicon ahumado, lomo adobado, Mari-Carmen carnicería, queso de oveja, paleta de bellota, naranja valenciana, clementina sin hueso, kiwis, jabugo a 60 euros el kilo. En el ambiente se palpa una inmensa tristeza. «En Conca de Tremp —en la calle Conca de Tremp— también van a desalojar.» «Dicen que también van a derribar las casas de enfrente.» «¿Rumores? ¿Que si hay rumores? Rumores, todos. Si no nos dicen nada. Pero le diré una cosa que no es un rumor: desde hace quince días, en este mercado entra un setenta por ciento menos de gente. Han clausurado el parking, no se puede llegar en coche. No viene la gente. De los rumores nosotros no sabemos nada. Ellos no sé.» Nosotros y ellos.

De repente me doy cuenta que ya hace mucho rato que no veo a alguien reír, ni sonreír, ni medio sonreír. Una inmensa tristeza, ya digo: caras de agobio, de insomnio, de preocupación. Se habla en voz baja. Siempre de lo mismo. Todos cómplices. Aparentemente más abatidos que irritados. Pero quizás las dos cosas. Natural. «Se pudo evitar»: Nadal dixit.

Salgo a la calle. Una muchacha está a punto de cerrar su kiosco de venta de periódicos. Ojerosa y cabizbaja. ¿Cómo está el ambiente?, le pregunto. «El ambiente ya lo puede ver. Yo fatal: vivía en el pasaje Calafell.» ¿Y cómo tiene la casa? «¿La casa? ¡Mire mi casa!» Me enseña la portada del Catalonia Today de ayer. Una gran foto a media página muestra un montón de escombros. «¡Ahí está mi casa!», dice, señalando con el dedo los escombros. Y añade con mucha serenidad, casi fríamente: «Yo estoy sin ná. Eso es lo único seguro. Que me devuelvan lo que es mío. Es lo único que quiero». ¿Ha ido a un abogado?: «¡Claro!».

Entro en el bar Los Candiles. Un pequeñísimo local con un solo cliente. Pido un quinto en la barra. A mi lado, un viejecito que habla con un cerrado acento andaluz dice que su sobrino es un sinvergüenza, como todos los jóvenes de hoy. Por el televisor, el telenoticias de TV3 de las dos de la tarde. Abren con El Carmel: «Es parla de més enderrocs». Declaraciones de vecinos, todos hablan en catalán. El viejecito me pregunta: «¿qué dicen?». Oír las noticias y estar en el barrio me produce una desagradable sensación.

Salgo y me alejo de la zona del siniestro. Las calles van quedando cada vez más vacías. El mercado ya ha cerrado. Vuelvo a la Rambla. Asciendo hacia una zona de torres y casitas de planta baja, algún viejo chalet desvencijado y pisos de ladrillo rojo, si no de alto por lo menos de medio standing. El Carmelo, como la vida real, está dividido en dos zonas: la de los ricos y la de los pobres. ¡Siempre la misma historia! Vuelvo, melancólico, hacia la zona de los pobres, la de los socavones.

Atravieso la Rambla y me dirijo, creo, hacia Horta, por lo menos hacia la estación de metro de Horta. Llego a casa y me pongo a escribir esta crónica. Tengo la sensación que algo mío, muy profundo, por lo menos un simbólico recoveco de mi corazón, se ha quedado en El Carmel, en el Carmelo. En un Monte Carmelo muy distinto al de la posguerra que evocaba Marsé, en un Carmel ni desnudo ni árido. Desde luego, allí me he dejado algo, junto al socavón que no he podido ver.

Escribo. Suena el teléfono. La redacción del periódico: «¿Cómo lo tienes?». «Ya está. Ahora mismo lo envío.»

(LV, 2005)

El precursor

Pere Esteve, fallecido ayer, fue un político coherente y una persona amable, dialogante y cordial. Militante de Convergència ya en sus primeros tiempos, pasó a ser una figura pública cuando sucedió a Miquel Roca en la secretaría general del partido, tras sus conocidas discrepancias con Jordi Pujol. Probablemente debido a este origen, durante unos años fue considerado como un fiel ejecutor de la voluntad del entonces presidente de la Generalitat, un burócrata eficaz sin perfil propio. Es muy posible que el mismo Pujol lo considerara también así.

Gran error. Porque a partir de un cierto momento, Pere Esteve adquirió autonomía personal y comenzó a ser un referente nacionalista en el mundo convergente. En efecto, inmediatamente después de aprobarse formalmente la Declaración de Barcelona, suscrita por CiU, el PNV y el BNG, Jordi Pujol hizo un gesto de distanciamiento respecto a su contenido al decir que se trataba de una asunto negociado por Pere Esteve pero que, en realidad, no comprometía realmente al partido. «Són coses d’en Pere», dijo desdeñosamente. Sin embargo, la Declaración fue un documento premonitorio que inauguraba una nueva etapa del nacionalismo catalán.

Efectivamente, suscribir esta declaración supuso el paso de una Convergència moderada a otra más radical, de un partido nacionalista de amplio espectro a otro en el cual el soberanismo pasaba a ser el elemento dominante: había que compensar el pacto real y efectivo con el PP de Aznar que ni entendían los militantes de base, ni los dirigentes sabían justificar.

Esteve encabezó el sector que desaprobaba el pacto, que pretendía contrarrestarlo mediante una alianza con Arzalluz y Beiras. La foto de los tres dándose las manos fue tremenda, espectacular: ¿una nueva Convergència? Pujol no lo veía claro y le desmintió: «són coses d’en Pere». Pero a la Declaración de Barcelona siguieron otras y una de ellas coincidió, no casualmente, con el Pacto de Lizarra. Marta Ferrusola fue muy gráfica al expresar la contradicción: el corazón me lleva a romper con el PP, la razón a defender lo contrario. Hasta aquel momento, CDC había practicado un nacionalismo relativamente equilibrado, a partir de entonces empezó la Convergència actual, la que pretende convencer que es más nacionalista que ERC.

Descabalgado de la secretaria general de CiU y sustituido por Artur Mas, ungido ya como virtual sucesor del President, Esteve se quedó aislado por ese miedo que existe en los partidos a discrepar del equipo dirigente, no sea que vayas a perder el cargo. Tras una temporada como eurodiputado en el parlamento de Estrasburgo, dio el salto al futuro pasándose, con un pequeño grupo de amigos, a la ERC que pronto sería triunfante.

Esteve conocía muy bien a los votantes de CiU y sabía auscultar el terreno. Fue el precursor, el bautista que anunció la buena nueva. A imitación suya, miles de votantes convergentes pasaron a votar a ERC, como otros tantos miles se habían quedado en casa hacía cuatro años debido a la Declaración de Barcelona. El gran invento de Pujol a principios de los años ochenta entraba en una crisis probablemente irreversible. El nacionalismo catalán quedaba dividido en dos bloques cada vez más igualados en fuerza electoral. Una nueva época había comenzado.

Meses antes se le había detectado un cáncer de pulmón. Lo hizo público inmediatamente y lo ha sobrellevado con total dignidad. Desde ayer no está entre nosotros un nacionalista íntegro, una persona honesta.

(LV, 2005)

Catalanismo y españolismo

El abuso de ciertas palabras pervierte el lenguaje. Ello sucede con las palabras finalizadas en «ista», en relación con el sentido de pertenencia a un país determinado. En la Cataluña oficial, por ejemplo, declararse catalanista es imprescindible para hacer política y ser europeísta también. Es más, parece una ofensa que a alguien se le considere anticatalanista o antieuropeísta. En cambio, el término españolista sólo se usa en tono de desprecio, para atacar y descalificar a alguien. Nadie quiere ser considerado un españolista. ¿Por qué?

Decía que el abuso de ciertas palabras pervierte el lenguaje. Nos encontramos ante un supuesto en el que ello se ve claro: ¿por qué un ciudadano de este país que se considere catalán, español y europeo a la vez, no puede considerarse, en la misma medida, catalanista, españolista y europeísta? No veo razón para esta aparente inconsecuencia a menos que el «ista» de españolista connote a esta palabra de un modo distinto a cómo lo hace con las otras dos, convierta a ese término, al término españolista, en algo de naturaleza distinta, respecto a los sentimientos de pertenencia, que el de catalanista y europeísta.

Efectivamente, ahí está la cuestión. Mientras ser catalanista es considerado como algo natural y, por tanto, obligado, y ser europeísta significa algo tan evidente como que uno no es asiático, australiano, americano o africano, ser españolista significa que eres enemigo de tu propio país, de Cataluña o, por lo menos, que no eres ni te comportas como buen catalán. Naturalmente, para ello se fuerza el lenguaje, se le utiliza desde una determinada ideología, la ideología nacionalista, según la cual ser españolista excluye ser catalanista.

Así, el sentido de las palabras se transforma. Desde esta ideología, ser «ista» de un determinado país es incompatible con serlo de otro, aunque en su acepción más natural y primera de la palabra, ello no sea así. En efecto, desde esta acepción, ser catalanista, por ejemplo, es tener una natural tendencia a estimar a Cataluña, al país en el que vives, a sentirte miembro de él y considerar que está definido por algunos rasgos propios pero también por otros muchos comunes a España, a Europa y, más allá, a la especie humana misma. De idéntica forma, ello puede decirse también de términos como españolista, europeísta o cualquier otro semejante.

Sin embargo, en la apropiación que el nacionalismo ha hecho de estas palabras, «españolista» y «catalanista» son incompatibles porque pretenden representar identidades colectivas y concepciones del mundo distintas y opuestas. Desde este punto de vista, ser catalanista es, ante todo, no sentirte español y hacer una política catalanista significa hacer una política diferente a la española. Ser españolista es lo mismo contemplado desde la otra parte. El fomento de la diferencia, la acentuación de las diferencias, es el objetivo principal de las políticas nacionalistas.

Lo expresó muy gráficamente Juan Benet en su obra Otoño en Madrid hacia 1950 cuando contaba que haciendo el servicio militar comprendió el significado de la palabra Patria. «¿Qué es la Patria?», preguntaba el sargento a un Benet desconcertado y balbuceante. «La Patria es tu madre», le aclaraba el sargento que, al ver la cara de incredulidad del soldado, precisó el concepto con las siguientes palabras: «¿verdad que cuando ves a un francés te da rabia? Pues bien, eso es la Patria».

Desgraciadamente, estamos en una fase de rabia, ese sentimiento que debe evitarse a toda costa en las relaciones entre las personas y entre los pueblos. Debemos retornar a la sensatez, a utilizar estas peligrosas palabras en el sentido primigenio y no conflictivo. Les confieso que me siento catalán, español, europeo y, ante todo, me siento ser humano. Pero también ampurdanés, barcelonés, mediterráneo y quizás algunas cosas más. En realidad, estos sentimientos no son algo muy importante en mi vida aunque forman parte de ella y, desde luego, no definen mi identidad, aunque también son parte de ella. Más la definen, y más importantes son, mi familia, mi profesión, mis amigos, mis ideas y mis valores.

Y no tengo ningún problema en decir que, entre otras cosas para mí de mayor interés, soy catalanista, españolista y europeísta. Todo a la vez. Precisamente porque no soy nacionalista.

(LV, 2005)

¿Tenemos derechos históricos?

La propuesta de reforma del Estatut de Catalunya contiene un artículo sobre el que vale la pena prestar atención. Dice así: «El autogobierno de Cataluña se fundamenta en los derechos históricos del pueblo catalán, que este Estatut incorpora y actualiza». A mi modo de ver, se trata de un tema importante, no sólo por sus posibles consecuencias jurídicas, sino también por la ideología política que refleja.

En efecto, la invocación de unos derechos históricos colectivos a principios de siglo XXI y en Europa occidental sólo puede ser indicio de dos cosas: o bien de una gran ignorancia, o bien de una ideología predemocrática. Veamos las razones por la cuales esta alusión a los derechos históricos sólo puede ser debida a una supina ignorancia o a una mentalidad predemocrática.

Como tantas palabras, el historicismo puede tener muy distintos significados. El historicismo tomado como método para comprender los fenómenos sociales agrupa a autores de tendencias muy diversas, desde Montesquieu a Marx o desde Vico a Ranke, pasando por otros muchos. Ahora bien, el historicismo considerado como el fundamento de instituciones políticas únicamente ha sido utilizado con una finalidad: eliminar, frenar o limitar, la voluntad popular, el poder del pueblo, la capacidad de decisión de los ciudadanos. En definitiva, para impedir el ejercicio de los derechos democráticos.

Ello es visible a lo largo de toda la historia. En la época premoderna, los Estados absolutos se fundamentaban sobre dos grandes pilares: la tradición histórica y el derecho natural de raíz cristiana. Los reyes tenían como límite a su poder soberano el derecho natural —del que la Iglesia era celoso guardador— y las leyes legitimadas en la tradición histórica. Bodino, en el siglo XVI, explica perfectamente esta construcción del Estado Absoluto. El derecho natural racionalista —que escapó al control de la Iglesia— puso en cuestión el esquema absolutista: el Estado únicamente existía para garantizar la libertad individual de las personas consideradas iguales en derechos. Emancipándose de la tradición histórica y del control de la Iglesia, la revolución democrática había comenzado. Pero las transformaciones sociales no son fáciles y tanto las fuerzas tradicionales como la Iglesia intentaron poner obstáculos al desarrollo de los principios de libertad e igualdad.

El historicismo político, el retorno de los derechos históricos como fundamento del Estado, fue un elemento clave para frenar el ímpetu de las revoluciones liberales. El británico Burke, en tiempos de la revolución francesa, aseguró un orden tradicional en su país sin peligro de que fuera contaminado por lo que sucedía en Francia, fundamentando la monarquía y los derechos de los ingleses en el «legado de la historia». En Alemania, Savigny y los románticos preservaron el liberalismo de la democracia invocando el «espíritu del pueblo», algo parecido a la identidad nacional de hoy, fundándolo también en la interpretación histórica. Una parte del liberalismo doctrinario francés también bebe en las mismas fuentes.

En España, además del carlismo, todo el pensamiento conservador —de Jovellanos a Cánovas del Castillo— utilizó la idea de Constitución histórica (o Constitución interna) como una manera de preservar los derechos de la monarquía frente a los derechos democráticos.

A pesar de todas estas referencias, la propuesta de nuevo Estatuto fundamenta nuestro autogobierno en unos supuestos derechos históricos de Cataluña. ¿En cuáles? ¿En los derechos de la Cataluña anterior a 1714? ¿En aquella Barcelona idílica que gozaba de libertad y democracia antes de ser arrasada por las tropas de Felipe V? No exagero: todo puede ser. Tengan en cuenta que CiU propone en su voto particular la derogación del Decreto de Nueva Planta, por lo visto hoy todavía vigente. Cualquier día propondrán derogar la ley de la gravedad. ¿Ignorancia o actitud antidemocrática?. Newton, Newton…

(LV, 2005)

Cosas raras y peores

Ese Gobierno que su Presidente no ha podido cambiar hace cosas raras, muy raras. Por ejemplo, un breve suelto de La Vanguardia nos informaba hace unos días de que un historiador llamado Enric Pujol i Casademont pasará a coordinar el área de Història i Pensament Contemporani de la Conselleria de Presidència, nueva unidad administrativa que está adscrita a la secretaría de Coordinació Interdepartamental cuyo titular es Apel·les Carod-Rovira. El señor Pujol desempeñaba ya otro curioso cargo: la Casa de la Generalitat en Perpiñán, a un tiro de piedra de Figueras. No sé a que dedicará su jornada laboral, de ahora en adelante, el señor Pujol, tampoco sé muy bien lo que hacía antes en Perpiñán. Pero en todo caso, coordinar la historia y el pensamiento contemporáneo debe ser interesante, aunque no sé si muy adecuado a las tareas que debe acometer una Administración Pública de un país normal.

También por La Vanguardia me entero que el señor Bargalló, titular de la Conselleria de Presidencia, se propone impulsar un informe que tenga como objetivo demostrar jurídicamente la ilegalidad en derecho internacional de las leyes franquistas al objeto de poner en marcha los procesos de rehabilitación de los condenados. Se tratará, sin duda, de un trabajo meritorio, probablemente coordinado por el señor Pujol i Casademont. En todo caso, me ofrezco desde ahora mismo para realizar —gratis, por supuesto— un breve informe —dos hojas bastarán— sobre la ilegalidad de las leyes franquistas desde el derecho público interno. Así el Govern tendrá los dos puntos de vista. Quizás al final logremos demostrar que el golpe de Estado de Franco no estaba amparado en la legalidad vigente, ni interna ni internacional.

No hay duda que esta conselleria de Presidència está repleta de ideas —todas ellas contemporáneas, por supuesto— y, probablemente, de ahora en adelante estas ideas aumentarán, en cantidad y en calidad, por la coordinación que efectuará el señor Pujol i Casademont, bajo la supervisión de Apel·les Carod-Rovira. De todas maneras permítanme una reflexión incidental: quizás estemos mal financiados, no lo sé, pero, en todo caso, es indiscutible que una parte de nuestros escasos recursos los dedicamos a cosas raras, muy raras.

Pero además de cosas raras, se hacen cosas peores, más peligrosas y dañinas. La señora Marta Cid, consellera d’Educació, ha presentado esta semana un documento titulado «Debat Curricular», elaborado por cinco comisiones de trabajo, en el cual se quiere abordar una nueva forma de enseñar, una más por si no habíamos ensayado pocas en los últimos años. Por lo que deduzco de la información, lo que se pretende es promover el diálogo disciplinario, es decir, «conectar el todo y las partes, los hecho y las diferentes maneras de mirarlos e interpretarlos» mediante la transversalidad de algunos conocimientos y aprendizajes suministrando así una formación que fomente el desarrollo personal y la socialización de los alumnos con el fin de enseñarlos a vivir, convivir y comunicarse. O sea, menos estudiar, los alumnos han de hacer de todo.

Pero no todo va mal bajo el Govern tripartito. Se ha disparado en Cataluña la venta de Ferraris y Maseratis, los míticos coches de mi infancia. ¿Será una forma de reconstrucción nacional o es que los compradores ejercen ya el derecho a la memoria histórica que garantiza el nuevo Estatut?

(LV, 2005)

Los intelectuales de Madrid

El malestar con los llamados «intelectuales progresistas de Madrid» lo expresó algún diputado catalán en la sesión de la toma en consideración en el Congreso y la misma idea fue sostenida por Francesc-Marc Álvaro en estas mismas páginas.

Decía Álvaro que «lo que importa en Cataluña es saber dónde está la sociedad española progresista o, por lo menos, liberal y civilizada». «¿Dónde está —se preguntaba— la sociedad civil española que quiere y puede dialogar con Cataluña? ¿Dónde están los intelectuales españoles que pueden comprender y apoyar la demanda catalana de más poder y más recursos? (…) ¿Dónde están los españoles progresistas, los liberales de pensamiento y actitud, los civilizados, abiertos y dialogantes?» Y concluía: «Cataluña parece estar sola ante la España ultra. El silencio español es clamoroso (…) nadie está apoyando desde las esferas intelectuales y sociales de la izquierda».

Si es en el diario El País donde suelen escribir estos españoles progresistas, liberales, civilizados, abiertos y dialogantes situados en la izquierda, el silencio no es clamoroso, como dice Álvaro, sino que la voz es perfectamente clara y sonora: hay una crítica generalizada al nuevo Estatuto. Citando de memoria, recuerdo en ese periódico artículos muy críticos de Javier Pradera, Juan Luis Cebrián, Joaquín Estefanía, Antonio Elorza, Francisco Laporta, José Antonio Martín Pallín, José Víctor Sevilla, Enrique Gil Calvo, Andrés Ortega y Patxo Unzueta. De silencio, por tanto, nada: en todo caso, clamor en contra del Estatuto. Pero, además, también hay vida, civilización y liberalismo, más allá de El País y se podría aportar otra lista larga de artículos en otros periódicos.

El problema es, más bien, de Cataluña. Ante objetivos que se consideran «nacionales», como es el caso del nuevo Estatuto, la opción mayoritaria de quienes en privado lo critican es el silencio, el prudente silencio o el miedo a decir lo que se piensa, lo cual da la medida del grado de libertad de expresión que domina el mundo intelectual catalán. Es cierto que en Cataluña ha habido también opiniones muy críticas (por ejemplo, los artículos de López Burniol y de López de Lerma, entre otros), pero son la excepción y, precisamente por eso, han sido muy comentados.

Lo que yo me pregunto, por tanto, es dónde están las voces liberales, progresistas, abiertas y dialogantes en Cataluña. Porque esas voces no es que deban estar a favor o en contra del nuevo Estatuto: es, simplemente, que deben expresar libremente lo que piensan, lo cual puede ser a favor, en contra o, como es normal, en parte a favor y en parte en contra. Y más todavía: lo importante no es que se esté en una posición o en otra sino los argumentos utilizados, la capacidad de razonar las propias posiciones, sean las que sean.

Por tanto, lo que me extraña no es la actitud del mundo intelectual de Madrid, sino que en Cataluña cualquier escrito en contra del nuevo Estatuto sea sospechoso de reflejar una actitud anticatalana. Lo decía López Burniol al final de su famoso artículo, tan crítico con la propuesta de Estatuto: «Más de uno me considerará, por ello, enemigo de Cataluña». Ésta es la sensación que tienen muchos en nuestro país: según lo que digan serán considerados enemigos de Cataluña. ¿Pasa lo mismo en Madrid, en el resto de España? ¿Es Cataluña una sociedad liberal, en la que uno pueda expresar sus opiniones con plena libertad sin sentirse moralmente arrinconado o expulsado?

No me extraña nada la posición de los intelectuales liberales, civilizados, progresistas, etc. etc., de Madrid. Por muchas razones, contemplado desde esta mentalidad, el Estatuto es inaceptable, pero sólo me referiré a una. ¿Alguien liberal, progresista (etc., etc.) puede aceptar un texto legal que en su artículo 5 sostenga que «el autogobierno de Cataluña como nación se fundamenta en los derechos históricos del pueblo catalán, en sus instituciones seculares y en la tradición jurídica catalana»? Esto sólo lo puede afirmar alguien con mentalidad preliberal, preprogresista y predemocrática. Alguien que todavía no ha aceptado los principios de la Revolución francesa y que cree en la legitimidad histórica de las instituciones, una posición que ya en los siglos XVIII y XIX era considerada como puramente reaccionaria.

Muchos todavía creen en Cataluña que nacionalismo y progresismo van de la mano. Están comprobando que en Madrid eso ya lo tienen superado. El lema sigue siendo «libertad, igualdad, fraternidad». Ninguno de estos valores puede ser sustituido por la «diversidad», como Maragall viene sosteniendo desde hace un tiempo en sus artículos en El País. Los intelectuales de Madrid, tras leer estos artículos, están perfectamente avisados de lo que se ha venido cociendo en Cataluña. Estos intelectuales de Madrid están donde siempre han estado. Es en Cataluña donde muchos intelectuales han cambiado de posición.

(LV, 2005)

Fariseos en Cataluña

El ministro Jordi Sevilla, en conversación privada, aseguró el lunes al secretario general de Comisiones Obreras José María Fidalgo que José Montilla no tenía muchas posibilidades de presidir la Generalitat por su condición de «charnego», es decir, por no haber nacido en Cataluña. Al día siguiente, Sevilla se ratificó en su opinión y añadió que Montilla compartía también este criterio.

En cambio, según La Vanguardia de ayer, las reacciones de la clase política catalana han sido de «estupor». Joaquim Nadal, portavoz del Gobierno, manifestó que «en Cataluña todos tenemos claro que puede ser candidato a presidente cualquier ciudadano que viva y trabaje en Cataluña, ahora y hace décadas». El conseller primer Josep Bargalló afirmó que el término «charnego» está «fuera del imaginario de los catalanes». Felip Puig, en nombre de CiU, tras asegurar que «la expresión no forma parte del léxico de Cataluña», declaró que «todas las personas tienen las mismas posibilidades de promoción social, económica y política con independencia de su origen».

Si no fuera porque desde hace años es evidente que en Cataluña hay una verdad oficial y una verdad real, lo que me causaría estupor serían las palabras de Nadal, Bargalló y Puig. Ahora bien, quizás en una cuestión formal tengan razón: la palabra charnego no suele ser utilizada hoy en público por sus connotaciones discriminatorias en aras de una «corrección política» que en la Cataluña oficial se cuida mucho. Pero en la selección de ciertos cargos públicos, las prevenciones sobre la idoneidad de un candidato en el caso de que no sea catalán de nacimiento sigue siendo una de las reglas no escritas de la política catalana. Charnegos, pues, en ese mundo, como las meigas, de haberlos, haylos.

Por ejemplo, en respuesta a las palabras de Sevilla, Carod-Rovira presumió anteayer de que por el momento «el único candidato charnego a la presidencia de la Generalitat soy yo». Efectivamente así es: su padre nació en Aragón y su madre en Catalunya. Pero fíjense: no se hace llamar «Carod Rovira» sino «Carod-Rovira», con guión entre ambos apellidos. ¿A qué responde este significativo detalle? Muy probablemente para dejar claro que su origen es también catalán: si bien su padre es un Carod aragonés, su madre es una Rovira catalana, quizás emparentada con Rovira i Virgili. Estamos, pues, salvados: con estas credenciales uno puede ya circular cómodamente por los pasillos de la política catalana.

Veámoslo desde otro ángulo: los apellidos de los miembros del gobierno catalán. Ahí va la lista: Maragall i Mira, Bargalló i Valls, Siurana i Zaragoza, Simó i Castelló, Huguet i Biosca, Mieras i Barceló, Castells i Oliveras, Cid i Pañella, Carretero i Grau, Tura i Camafreita, Vallés i Casadevall, Milà i Solsona, Nadal i Farreras, Saura i Laporta, Geli i Fàbrega, Rañé i Blasco, Solà i Ferrando. Si no me equivoco, todos nacidos en Cataluña, excepto Mieras y Solà que han nacido, respectivamente, en Baleares y en la Comunidad Valenciana y son, por tanto, catalanohablantes. En fin, que no pasa nada, que todo puede ser una casualidad, que incluso algunos de estos apellidos no parecen ser originariamente catalanes. Pero no me negarán que no deja de ser sorprendente que no aparezca ningún Sánchez, González, Rodríguez, Pérez, Martínez o García, los más abundantes, con gran diferencia, en la guía telefónica.

Por tanto, quizás no habría que mostrar estupor por las palabras de Sevilla sino por el hecho de que entre los miembros del Gobierno de Cataluña no figure ningún apellido terminado en Z. Todo ello quizás confirma la probable vigencia de aquella famosa frase de Antonio Santiburcio, dirigente del PSC prematuramente muerto, que al ser preguntado por sus posibilidades de ser candidato a alcalde de Barcelona dado que era el máximo dirigente de su partido en la ciudad, respondió: «Lamentablemente un inmigrante en Catalunya todavía no tiene posibilidades de aspirar a ser ni alcalde de Barcelona ni presidente de la Generalitat». Ante estas palabras, un conocido arquitecto comentó: «¿Pero quién es ese Santiburcio?». Sólo le faltaba añadir: con ese apellido no puede aspirar a nada.

Pero la vida política oficial de Cataluña está repleta de fariseísmo e hipocresía y lo políticamente correcto es negar que exista la discriminación por origen. Como también es políticamente correcto decir que los causantes de la crispación son el PP y la COPE sin tener en cuenta la muy copiosa contribución catalana. Por ejemplo, ¿se comenta un día tras otro en las tertulias televisivas y radiofónicas los insultos y el lanzamiento de huevos que recibió hace unos días el diputado del PP Jorge Fernández-Díaz por parte de jóvenes independentistas? ¿Lo han condenado con claridad sus colegas de los demás partidos? O bien otro hecho todavía más escandaloso: los soeces insultos pronunciados por el actor Pepe Rubianes en un programa de TV3 ante la pasividad del presentador Albert Om. No sé si ustedes se han enterado pero merece un párrafo aparte.

Dijo Rubianes, a media tarde, ante la audiencia catalana: «Qué se vayan a tomar por el culo estos españoles, ojalá les exploten los cojones y vayan al cielo sus cojones, se vaya a la mierda la puta España». Y prosiguió: «Catalunya da de comer a media Extremadura, ni los perros feroces o rabiosos muerden la mano que les da de comer». ¿Se imaginan que alguien en el resto de España dijera lo mismo de Cataluña y de los catalanes?

¡En Cataluña no se crispa el ambiente! Fariseos.

(LV, 2006)

Los partidos y sus bases

La posición de Esquerra Republicana en el próximo referéndum sobre el nuevo Estatuto de Cataluña ha sido tomada, al parecer, bajo la presión de sus bases, es decir, de sus militantes más activos reunidos en asamblea.

A raíz de esta controvertida decisión, se ha desatado una interesante polémica sobre la democracia en los partidos que puede plantearse en torno a un interrogante: ¿el mejor modelo de partido es aquel en el cual las bases participan directamente en la toma de decisiones importantes o bien ello propicia que se adopten decisiones políticamente inmaduras que le llevarán a incapacitarle como partido de gobierno?

En realidad, la polémica nos retrotrae a un antiquísimo debate sobre los diversos métodos de participación política. Tan antiguo que sus orígenes se remontan a Grecia, a la Grecia clásica. El modelo de democracia instaurado por Clístenes y, sobre todo, por Pericles, en la mítica Atenas, se basó fundamentalmente en dos principios: la participación directa y la igualdad entre ciudadanos. Ello suponía que era una asamblea, en la que todos podían participar en condiciones de igualdad, la que ejercía el gobierno. El ciudadano participaba directamente y su poder era indelegable.

Este modelo de democracia fue, sin embargo, una excepción en la antigua Grecia: las formas de gobierno más habituales fueron la monarquía y la aristocracia, que desembocaban, a menudo, en despotismo y oligarquía. Platón y Aristóteles, como es sabido, se declararon partidarios de las formas aristocráticas y fervientes anti demócratas. Tampoco en los siglos posteriores, hasta llegar a la actualidad, la democracia directa, entendida al modo de Pericles, ha tenido mejor suerte. Tuvo una breve efectividad en algunas ciudades italianas renacentistas y en los primeros meses de la revolución bolchevique. Escasísimos han sido los pensadores políticos que la han defendido: Rousseau, ciertas tendencias anarquistas y poco más.

El tipo de democracia que ha triunfado es la indirecta, la representativa. En este modelo, los ciudadanos escogen a una minoría para que actúe en su nombre y defienda sus intereses. Esta delegación de los ciudadanos en el ejercicio de las funciones de gobierno es debida, según un clásico como Benjamin Constant, a que el común de los mortales no quieren o no pueden ejercerla por sí mismos, dado que no se consideran suficientemente capacitados para ello o prefieren dedicar su tiempo a otras cosas. Constant considera que los individuos desean dedicarse, preferentemente, a sus asuntos privados y, además, son conscientes de que no tienen suficientes aptitudes y conocimientos para defender con eficacia sus propias ideas e intereses.

Nuestro sistema democrático se basa, preferentemente, en la democracia representativa. La alternativa de la democracia directa ha resultado utópica por la insalvable dificultad de aplicarla a un Estado tan amplio y complejo como el actual. Ahora bien, esta conclusión no puede aplicarse mecánicamente a los partidos políticos porque la gestión de los partidos es mucho menos complicada que la de los Estados.

Es discutible si la decisión de ERC de proponer votar no al Estatut es conveniente para sus propios intereses y para el de sus potenciales electores. Pero es discutible también que la decisión del PSC de votar afirmativamente el Estatut haya sido conveniente para sus intereses y para el de sus potenciales electores. Uno es un partido asambleario, otro es un partido representativo. ¿Quién se equivoca? ¿Quizás ambos? ¿Unos por un exceso de participación directa, otros por defecto? En todo caso, la participación democrática en los partidos no parece bien resuelta.

(LV, 2006)

El gran error de Maragall

Pasqual Maragall gozó de un prestigio indiscutible en su época de alcalde de Barcelona. Ciertamente, entonces Maragall tuvo una ventaja inicial: las líneas maestras de la Barcelona que se aprestaba a transformar habían sido ya diseñadas por Oriol Bohigas y Narcís Serra. Ahora bien, como nuevo alcalde, indudablemente supo aportar también su sello personal e imprimir un estilo propio e inconfundible a su acción de gobierno: la nueva Barcelona, la Barcelona de Maragall, se identificó con la personalidad de su alcalde porque éste supo captar los cambios de su tiempo.

En aquellos años, Barcelona supo encontrar una nueva personalidad mientras Madrid permanecía estancado. Tierno Galván, el «viejo profesor, entonces alcalde de la capital de España, disfrutó de una gran popularidad pero no tuvo un proyecto de futuro para su ciudad y Madrid ha arrastrado durante años ese mal enfoque inicial. Le infundió, eso sí, un espíritu nuevo, supo adecuar a los nuevos tiempos una ciudad ética y estéticamente anticuada: de «poblachón manchego», como le llamaba Cela, Madrid pasó a ser el centro de la «movida», de la postmodernidad pseudo-artística y juvenil. Del Madrid de la Gran Vía y Serrano se pasó al Madrid de Malasaña y Huertas, de Chicote al Rock-ola, del Madrid de Agustín Lara al Pongamos que hablo de Madrid de Joaquín Sabina. En efecto, las niñas ya no querían ser princesas. Pero Tierno no supo infundirle a Madrid mucho más: lo desarrolló sin urbanismo, le imprimió aires de libertad sin proyecto ciudadano.

Mientras, la capital iba expandiéndose incesantemente, de manera informe, por la meseta. Maragall, en Barcelona, hizo lo contrario. Llevó a cabo un gran proyecto de transformación urbanística en una triple dirección: abrirse al mar, remodelar la parte vieja, dignificar los tradicionales barrios obreros. Al ponerse guapa, Barcelona logró una cosa hasta entonces impensable: que un vecino cualquiera pudiera coger el metro en la parada más cercana a su casa y, tras unos minutos de recorrido, pudiera zambullirse en el mar, en un mar de aguas limpias y fina arena. Playas para todo el mundo, democracia.

Maragall tuvo una gran habilidad en cambiar de arriba abajo la ciudad y, a su vez, en ilusionar a los barceloneses: supo contagiar un sentimiento de orgullo por vivir en Barcelona, un orgullo cuyo fundamento no se encontraba en las rememoraciones de un pasado supuestamente glorioso, en costumbres falsamente ancestrales o en hipotéticas identidades colectivas, sino un orgullo originado en las transformaciones del presente y en unas envidiables posibilidades de futuro, en la Barcelona nueva que se estaba construyendo. El gran éxito fue que su obra no era efímera como la «movida» madrileña sino que se asentaba en sólidos fundamentos. Parece indudable que el cambio, en su conjunto, ha sido positivo.

¿Qué ha pasado, pues, para que el mismo Maragall que acertó tanto como alcalde se haya visto obligado a disolver anticipadamente el Parlament y a anunciar que no se presentará como candidato a las próximas elecciones?

La respuesta no es simple pero, yendo a lo más esencial, se puede contestar a esta pregunta con brevedad: el gran error de Maragall ha sido que en este corto período de gobierno ha realizado una política diametralmente contraria a la que llevó a cabo como alcalde. En efecto, en lugar de dedicarse a una política de obras, de atención a las necesidades reales de las personas, Maragall se ha dedicado a las cuestiones del espíritu y de la ideología, a la falsa historia y a la identidad. Como Tierno en Madrid. Pero así como en el Madrid de Tierno el cambio hacía falta, en la Cataluña de Maragall se necesitaban otras cosas, otras políticas que no se han llevado a cabo. Del supuesto clamor por el nuevo Estatut, se ha pasado al discreto encanto de los resultados del referéndum. Maragall, al final, ha topado con la dura realidad.

El gran error de Maragall, en definitiva, ha sido tomar una dirección política sustancialmente contraria a la que tomó como alcalde de Barcelona. ¿Se imaginan que en su anterior cargo hubiera gastado todas sus energías en aprobar la Carta Municipal en lugar de transformar la ciudad y proyectar los Juegos Olímpicos?

(LV, 2006)

El futuro de Ciutadans

Tras haber obtenido tres escaños en las recientes elecciones al Parlament de Catalunya, de repente todos opinan sobre el nuevo partido Ciutadans. Al silencio le sucede la confusión: unos dicen que es de extrema derecha y otros de extrema izquierda; unos que está financiado por la FAES y otros por CiU; unos que es un partido como los de Mario Conde (?) o de Jesús Gil, otros que defiende el más rancio y cutre nacionalismo español. Se dice de todo. Sin embargo, el asunto, a mi parecer, es mucho más sencillo: para comprenderlo basta con contemplar la realidad, la realidad catalana.

Ciutadans nace porque existe en la sociedad catalana una sensación de fatiga respecto a unas claras insuficiencias de los sucesivos gobiernos de la Generalitat debido a unas políticas centradas obsesivamente en lo simbólico e identitario y no en aquello que debe ocupar las preocupaciones de todo gobierno: proteger las libertades individuales y procurar el bienestar social. Estas circunstancias han generado una desconfianza respecto a todos los partidos que han gobernado la Generalitat. Al cansancio respecto a las políticas de CiU —que se manifestó en un descenso continuado del voto a partir de los años noventa— se ha añadido el desastre del tripartito que se ha limitado a redoblar el impulso de los gobiernos pujolistas y, salvo excepciones, con peor calidad y estilo. En consecuencia, muchos antiguos votantes de todos estos partidos no han sabido ahora a quien votar y han optado por la abstención, por el voto en blanco… o, si lo conocían, por un partido nuevo que promete algo nuevo, es decir, por Ciutadans. Ésta me parece una explicación sencilla y lógica.

Ciutadans se ha propuesto desde el principio restablecer el sentido común en la política catalana. Sus impulsores consideraban que las materias sobre las que discutían siempre los políticos importaban sólo a una parte relativamente pequeña de la población. En los últimos años, sólo se hablaba del nuevo Estatuto, de si el valenciano debía denominarse catalán, de los «papeles de Salamanca», de las selecciones deportivas, como ejemplos más notorios. En cambio, se obviaban las materias que realmente importaban: infraestructuras, protección social, seguridad pública, enseñanza, vivienda, inmigración, sanidad. En definitiva, se daba prioridad a las cuestiones simbólicas e identitarias y se postergaban o se gestionaban mal las demás, las que afectaban a la libertad e igualdad de las personas, las políticas de bienestar social. Se gobernaba pensando demasiado en la Cataluña-nación —para muchos un ente imaginario y excluyente— y poco en los catalanes, en los ciudadanos de Cataluña.

El objetivo del nuevo partido fue responder a esta situación: constituir una formación de carácter no-nacionalista, con una ideología de centro-izquierda basada en los valores del liberalismo político y el socialismo democrático, en la que predominara la razón sobre los sentimientos, los derechos de las personas sobre los llamados derechos colectivos, que propugnara el bilingüismo en coherencia con la realidad social, y, finalmente, que hablara desde la sensatez, algo que ha abundado poco en los últimos tiempos.

Para todo ello el nombre de «ciudadanos» venía como anillo al dedo: Cataluña es ante todo una comunidad autónoma compuesta de ciudadanos dentro de una España de ciudadanos, todos ellos iguales ante la ley. Los poderes públicos deben limitarse a garantizar la libertad y la igualdad de estos ciudadanos, dejando que ellos escojan libremente la adscripción ideológica, religiosa e identitaria que deseen. Los poderes públicos deben ser, en estas materias, estrictamente laicos, es decir, neutrales y respetuosos con decisiones que pertenecen a un ámbito que es exclusivamente individual. Que un mensaje de este carácter tenga eco en Cataluña no debería extrañar a nadie. Ciutadans se ha limitado a cubrir un espacio político abandonado: el centro-izquierda no nacionalista, una combinación de socialismo y liberalismo, de libertad e igualdad.

Probablemente el primer objetivo que se propuso Ciutadans se ha cumplido: constituir un partido y dejar oír su voz desde las instituciones. Ahora se debe enfrentar a nuevos retos y sortear algunos peligros y tentaciones. En primer lugar, en coherencia con sus principios, Ciutadans debe mantenerse en los estrictos límites del no-nacionalismo sin caer en el otro nacionalismo, en el nacionalismo español. No es cierto que se tenga que ser forzosamente nacionalista, de una u otra nación. El concepto jurídico y político de nación nada tiene que ver con su concepto étnico, histórico y cultural: las democracias avanzadas están ya en un mundo posnacionalista. En segundo lugar, Ciutadans debe evitar el populismo y la demagogia planteando las cuestiones con rigor, seriedad y prudencia. El estilo y las formas, en política y en otros ámbitos, son a veces tanto o más decisivos que el fondo. En el ambiente en que ha nacido y por la expectación que ha generado, ello es especialmente importante para que este nuevo partido sea convincente.

¿Larga vida a Ciutadans? Veremos. En realidad se trata de un partido cuya finalidad primordial es rectificar el equivocado rumbo de unas políticas que han situado a una buena parte de los ciudadanos de Cataluña de espaldas a sus propias instituciones. A la larga, en definitiva, su gran triunfo sería que dejara de ser necesario, que influyera en la sociedad para que los demás partidos se adecuaran a la realidad.

(LV, 2006)

Por una hora más

El Ministerio de Educación ha publicado un decreto según el cual los alumnos de primaria deben recibir tres horas de clase semanales de lengua y literatura castellana cuando ahora el número de clases son sólo dos. No parece exagerado ni insensato. Sin embargo, la medida ha sido inmediatamente rechazada, con indignación, por parte de CiU, ERC, IC y numerosos comentaristas. ¡Con la lengua hemos topado, amigo Sancho!

Una de las características de la política catalana de los últimos veinticinco años es que en materia lingüística debes de estar de acuerdo al cien por cien con las medidas que se toman desde la Generalitat o pasas a ser considerado un anticatalán que pretende dividir a la sociedad y sembrar la discordia. En esta materia existe un espíritu inquisitorial cuyo objetivo es, simplemente, que los que están en el poder puedan tomar las medidas que consideran oportunas y los demás debamos estar calladitos y obedientes. Esta Santa Inquisición ha determinado que no hay problema lingüístico alguno y, por tanto, cualquier discrepancia con la política oficial, por pequeña que sea, es vista como un ataque al catalán. ¡Extraña concepción de la democracia tienen estos padres inquisidores!

Es evidente que el tema de la lengua es delicado, lo es aquí y en cualquier otro lugar del mundo. Pero lo que no podemos hacer es renunciar a que sea debatido en público.

A excepción de algún inevitable acto de intolerancia, siempre existente en una sociedad sobre cualquier materia, la sociedad catalana es un modelo de convivencia lingüística: en la calle, en los centros de trabajo, incluso en muchas familias, ambas lenguas se utilizan sin complejos ni conflictos.

Otro factor a tener en cuenta es la desigual posición en el mundo de ambas lenguas. Es natural, por tanto, que los poderes públicos adopten medidas que protejan el catalán. Ahora bien, no cualquier medida es legítima si partimos de los principios liberales y democráticos de libertad e igualdad.

El Estatut de 1979 y la primera ley catalana de política lingüística, la ley de 1983, establecieron un muy buen modelo de bilingüismo integrador. La actual ley de 1998 y el vigente Estatut, además de la práctica reglamentaria seguida desde mediados de los años ochenta, han ido desvirtuando el espíritu de aquellos primeros textos legales: se ha instaurado el catalán como lengua oficial única en las instituciones, el catalán es la única lengua vehicular que se utiliza en la enseñanza, se imponen multas por no utilizar el catalán en su rotulación o en sus impresos a los comercios y a otras instituciones privadas abiertas al público. El nuevo Estatut, además de reafirmar todo lo anterior, da un paso más y prevé en su artículo 34 el deber de disponibilidad lingüística: todo cliente de una empresa o entidad tiene el derecho de ser atendido, oralmente y por escrito, en la lengua oficial que elija. No creo que ninguno de estas medidas sea conforme a la Constitución.

En efecto, ciertos aspectos de la reciente política lingüística tienen un carácter impositivo y obligatorio que los hacen antipáticos. La inmensa mayoría de ciudadanos tiene, como es natural, buena disposición para aprender y para utilizar el catalán. Ahora bien: que no se lo impongan, que no les digan, expresa o implícitamente, que en caso de no hablarlo serán considerados como poco integrados, en el fondo como malos catalanes, como personas que no quieren a Cataluña. Con estos métodos, como también es natural, sólo se conseguirá el rechazo a utilizar el catalán y es por todo ello que, en la percepción de muchos, el catalán ha pasado de ser una lengua perseguida a una lengua perseguidora. El rechazo a una hora más de lengua castellana no hace más que reforzar esta antipatía al catalán. Por una hora más, nos ganamos enemigos: no es nada inteligente.

Criticar estos aspectos antipáticos de la política lingüística no es ir contra el catalán sino a favor suyo. La mejor vía para la salud del catalán y de la convivencia entre catalanes es la que señaló hace muy poco el conseller de Economía Antoni Castells en estas mismas páginas: «En derechos lingüísticos es mejor incentivar y persuadir que sancionar».

(LV, 2006)

El mártir y la verdad

El periodista e historiador Enric Vila ha escrito una apasionante y apasionada biografía de Companys, Lluís Companys. La veritat no necessita màrtirs. Apasionada porque no se trata de una fría recopilación de datos sobre la vida de Companys, sino de una interpretación subjetiva del personaje enmarcado en una interpretación también subjetiva de su época. Y apasionante porque el libro está soberbiamente bien escrito, con el nervio literario propio de los grandes clásicos del género: Stefan Zweig, Emil Ludwig o, entre nosotros, Josep Pla, este último particularmente influyente en el estilo literario y en el tono anticonvencional de toda la obra.

Enric Vila, colaborador habitual del Avui, a pesar de su juventud ya empieza a tener una obra considerable. Pero lo más destacado para contextualizar la biografía que comentamos es destacar que Enric Vila es un nacionalista confeso, tal como queda claro en el libro, con una visión de Cataluña marcadamente esencialista y, por tanto, nada sospechoso a los ojos de otros nacionalistas de ser un «traidor a la patria», un enemigo interior poseído por el famoso «autoodio».

Probablemente por esta razón su biografía de Companys —tal como le vaticinó Enric Ucelay-Da Cal— ha sido objeto de un vacío, de un claro ninguneo, por parte del mundo intelectual, pese a tratarse de un libro excelente que pone en cuestión, de forma argumentada, algunos grandes mitos catalanes del primer tercio del siglo XX: el catalanismo de izquierdas, la II República en Cataluña, la ERC de aquella época, el 6 de octubre, la CNT-FAI, la guerra civil y, sobre todo, la venerada figura del «presidente mártir».

Según Vila, Companys tuvo una muerte dignísima tras una vida política desastrosa. Los historiadores sólo recuerdan lo primero y olvidan lo segundo, dado que si lo recordaran deberían cuestionar todos los grandes mitos de la historiografía catalana a que antes me he referido y que el autor desmenuza razonadamente con detalle. Esta es la tesis central del libro. Es obvio que la puesta en cuestión de estos mitos daría al traste con la historia oficial que lamentablemente se está construyendo, la «memoria histórica». Más subjetiva y atrevida es una segunda tesis, algo cruel, de corte psicologista: tras la derrota y el exilio, consciente de su culpa en el desastre, Companys busca —y consigue— una muerte heroica que lo convierta en mártir y lo redima ante las generaciones futuras.

Ambas tesis atraviesan toda la obra. Vila reconoce la dignidad de la muerte de Companys pero busca, ante todo, la verdad histórica. La personalidad del presidente la estudia el autor a través de su vida. Debido a la mala relación con su padre, Companys busca un referente político que lo sustituya: Lerroux, Layret, Seguí y Macià serán las figuras en las que sucesivamente se irá cobijando dada su escasa formación política. De ahí que será republicano y obrerista a lo largo de toda su vida, y anticatalanista hasta el 14 de abril de 1931. A partir de ahí, transmutado por la institución que llegará a presidir y por circunstancias de su vida privada, Companys se irá convirtiendo progresivamente al nacionalismo catalán, que acabará siendo, al final de su vida, la gran razón de su existencia.

Así, el presidente mártir aparece retratado como un personaje veleta, un combativo idealista con poca formación intelectual —tardará 18 años en acabar la carrera de Derecho—, un romántico más apasionado que inteligente, un personaje simpático, hábil, charlatán, generoso y buena persona con los amigos; pero un desastre como político. Se deja llevar por los independentistas el 6 de octubre de 1934, cede ante la FAI en los primeros meses de guerra cerrando los ojos ante tantos asesinatos y deja que la Generalitat se someta al gobierno de Madrid tras mayo de 1937. Impotente y contradictorio siempre, de principio a fin, hasta el desastre final.

Más allá de ceñirse estrictamente al personaje, la biografía de Companys es también un reflejo de su época. Analiza la inanidad del catalanismo republicano de izquierdas hasta 1931, la escasa calidad de los dirigentes de ERC y las grandes contradicciones internas que tuvo ese partido desde sus inicios. A consecuencia de todo ello, relata bien la frivolidad del 6 de octubre y las circunstancias de una Cataluña, antes y durante la guerra, que no tiene nada que ver con el pretendido oasis de cultura y civilidad dentro de una España rencorosa y guerrera que nos pretende vender continuamente TV3 de acuerdo con la memoria histórica oficial. La guerra civil fue un desastre sin paliativos, no una heroica historia de buenos y malos.

Todo el libro tiene interés histórico para comprender la actualidad. Pero en sus páginas finales hay dos alusiones explícitas a la política catalana de hoy. Dice Enric Vila que al escribirlo ha descubierto que «la frivolidad, el cainismo y el bajo nivel de la clase política catalana viene de muy lejos»; y añade que la ERC de antes de la guerra era menos catalanista que la actual pero más parecida al gobierno tripartito. No está mal visto. Lean el libro y verán que hay muchas más cosas que, desgraciadamente, están de actualidad.

(LV, 2007)

Media Cataluña en Frankfurt

101 escritores en catalán, cual si fueran dálmatas, viajarán a Frankfurt, financiados por la Generalitat, para asistir a la Feria del Libro más importante del mundo que se celebra anualmente en aquella ciudad. Los organizadores alemanes han escogido para este año como invitada especial a la cultura catalana. El Institut Ramon Llull, dirigido actualmente por el exconseller en cap señor Bargalló y dependiente del Departamento de Vicepresidencia que ocupa el señor Carod-Rovira, ha organizado esta visita y ha seleccionado a los escritores invitados.

Tal iniciativa puede ser comentada desde muchos puntos de vista. En este artículo nos centraremos en uno: cuál es el concepto de cultura catalana que subyace en la propuesta de Bargalló. Ciertamente, no se trata de ninguna sorpresa ya que no hay novedades especiales respecto a la posición tradicional: sólo es cultura catalana aquella que está escrita en catalán. Podría argüirse, con alguna razón, que los escritores catalanes en castellano pertenecen a la literatura castellana, diferenciando así literatura de cultura. Pero también ello es discutible.

Jordi Llovet, siempre tan agudo y erudito, recordaba la semana pasada aquella confesión de Goethe a su fiel Eckermann: «El concepto de literatura nacional ya no tiene mucho sentido; ha comenzado la época de la literatura universal y todos hemos de esforzarnos en colaborar a su desarrollo». Esto ya lo decía aquel viejo ilustrado cosmopolita a principios del siglo XIX. Pero la historia va lenta y la de Cataluña mucho más.

Aquí, por ejemplo, los estudiantes de secundaria, desde hace veinticinco años, sólo tienen dos asignaturas literarias: la de literatura catalana y la de literatura española. Desapareció, sin funeral alguno, aquella asignatura que en tiempos se llamaba literatura universal, quizás una asignatura inspirada por Goethe. Pero nuestras autoridades educativas, españolas y catalanas, deben considerar que la literatura no forma parte de la cultura sino que es, simplemente, una técnica lingüística más: sólo se estudian aquellos autores cuyo idioma se domina. Demencial. Desde hace décadas, nadie explica, pues, a los estudiantes, quiénes son Tolstói, Stendhal, Verlaine, Ibsen o Kafka, ni siquiera Dante o Shakespeare, ni tantos otros. Después lamentamos que los jóvenes no lean: previamente, nadie les ha dicho lo que han de leer, aparte del Cantar de Mio Cid o el Tirant Lo Blanch, Verdaguer o Lorca que, sobre todo a sus edades, son auténticos tostones y fácilmente provocan un natural rechazo por la literatura. Visto lo visto, es natural que el joven decida no volver a leer literatura en su vida, con lo cómodo que se está repantigado delante del televisor, viendo anuncios. Pero esto ya es una causa perdida, una más.

Volviendo a Frankfurt, decía que si la invitación fuera a la literatura catalana aún podría justificarse que los autores catalanes que escriben en castellano no formen parte de ella. Pero no es el caso: como hemos dicho, la invitación de los organizadores alemanes es a la cultura catalana y, me parece indiscutible, a menos que uno sea un fundamentalista de las identidades nacionales, que toda aquella manifestación cultural que tiene lugar en Cataluña forma parte de la cultura catalana. Mendoza, Marsé, Cercas, Azúa, Ruiz Zafón, Vila Matas, Fernández Cubas, González Ledesma, los Goytisolo, y tantos otros, son escritores que forman parte de la cultura catalana, una cultura que se produce en sociedad bilingüe que, como es natural, tiene escritores en las dos lenguas y, algunos (Iván Tubau, Lluís María Todó y Xavier Pericay, por ejemplo) perfectamente bilingües. Pues bien, no es éste el criterio de nuestras autoridades. Parece que en las últimas semanas Bargalló ha realizado intentos de atraerse a algunos de estos escritores catalanes en castellano, imponiéndoles unas condiciones que, por dignidad personal, no han aceptado. Así pues, sólo irán a Frankfurt invitados por la Generalitat escritores en lengua catalana, los curiosos 101 escritores ya aludidos.

El tripartito que nos gobierna dice que propugna un catalanismo social, un nacionalismo inclusivo. Dice, dice. Palabras, palabras. Ante casos así, mi piedra de toque es siempre aquella frase evangélica: «Por sus obras los conoceréis». Efectivamente, los conocemos, desde hace tiempo, mucho tiempo, los conocemos por sus obras, no por sus palabras. Simbólicamente, media Cataluña no irá a Frankfurt. Así lo lamentaba ayer Paco González Ledesma, viejo periodista de La Vanguardia, que ha novelado Barcelona desde todos los ángulos: «Yo quiero a mi país, pero mi país no me quiere a mí y, además, piensa que no formo parte de él. Esto me llena de perplejidad y de dolor». Catalanismo inclusivo, catalanismo social. Palabras, palabras.

¿Tiene todo esto mucha importancia? La verdad es que, según parece, estos homenajes a culturas minoritarias pasan casi desapercibidos en Frankfurt. La feria es un acontecimiento comercial y los actos de este género sólo sirven para dar un barniz cultural a la compraventa de derechos de autor y de edición. Pero esta decisión política que comentamos es una piedra más de una construcción —¿reconstrucción?— nacional excluyente, un retroceso en el camino de una Cataluña abierta, una mala imagen exterior de nuestro país de la que ya ha comenzado a hacerse eco el Frankfurter Allgemeine. Y, además, todo ello cuesta un pastón: la India, hace unos pocos años, envió a 22 escritores, nosotros 101. Así somos de nuevos ricos.

(LV, 2007)

El pozo de la desconfianza

El pasado lunes por la mañana un ciudadano barcelonés estaba leyendo, como cada semana, el puntual artículo de Antoni Puigverd en La Vanguardia. Su título, «Regresando al feudalismo», era bien expresivo: se refería a la Barcelona y la Cataluña actuales. El texto le interesó particularmente al lector, iba redescubriendo lo que él ya intuía, pero no sabía expresar.

«Una ciudad que tiende cada vez más al conflicto de intereses, al espeso enmarañamiento de todos contra todos. Chocan los políticos. Y chocan los ciudadanos (…)» Exacto, exacto, se decía a sí mismo. Y seguía leyendo: «Barcelona está en riesgo de morir de éxito. La Barcelona transformada, abierta al mar, olímpica y guapa tiende… al colapso, al desorden, a la confusión. Nadie está en condiciones de introducir claridad». Sí, sí, repetía el lector entusiasmado. Y seguía leyendo. «Esta falta de liderazgo coincide con el uso abusivo y descontrolado del recurso al pataleo… Cada cual va por su lado… tanta protesta paraliza. Tanta discusión convierte la vida barcelonesa en un embrollo infinito. Cataluña se feudaliza: imperan las taifas… si todo el mundo protesta, desaparece la autoridad.» No puedo estar más de acuerdo, repetía el ávido lector.

En esas, a mitad de artículo, se le ocurre poner la radio para oír las noticias: «La caída de un cable en una subestación provoca un caos que paraliza a media ciudad. 300.000 mil abonados se quedan sin luz, el apagón afecta a metro, tranvía, ferrocarriles y deja un 90% de los semáforos inutilizados. Los hospitales no pueden atender a sus pacientes y muchos comercios están cerrando…». Alucinado, busca más noticias, enciende la televisión, conecta internet: todos dicen lo mismo.

En estado de desolación, el ciudadano vuelve a refugiarse en el profético artículo de Puigverd: allí se habla de la abstención, de la debilidad del gobierno municipal, del túnel del AVE, del bienvenido míster Woody Allen… Pasmado, se detiene a releer el siguiente párrafo: «No es extraño que impere un miedo irracional a la caída de los túneles. Al hundirse el túnel del Carmel, la clase política, los técnicos y las constructoras dedicaron sus mayores esfuerzos a sacarse las culpas de encima. El túnel se cubrió con cemento, con indemnizaciones, con obscenas maniobras políticas de distracción. Pero junto con el del Carmel se hundió otro túnel: el de la confianza entre la sociedad catalana y su entera clase dirigente». Y concluye Puigverd: «De aquellos polvos vienen los presentes lodos. Ahí está, abierto como en el primer día, el pozo de la desconfianza».

El pozo de la desconfianza: éste es el diagnóstico. El problema no es un cable que ha provocado un brutal apagón, cosa que puede suceder en cualquier ciudad del mundo. El problema es que llueve sobre mojado: nadie se fía de nadie. Ni de los políticos, ni de las empresas, ni de los técnicos, ni de los medios de comunicación, tan escarmentados, escépticos y desilusionados están todos. El gran apagón sólo ha sido una vuelta de tuerca más.

La paradoja es que todo ello sucede en una Barcelona que se considera espejo de modernidad, en una Cataluña con un grado de bienestar y de prosperidad más que notable. ¿Qué sucede, pues, para que se haya instalado la desconfianza entre nosotros, para que estos días muchos hablen, con notable exageración pero con una intención muy clara, de ciudad tercermundista y de república bananera? Probablemente, las causas habría que buscarlas en una difusa mezcla entre una ideología de autosatisfacción, un populismo barato a la última moda progresista y una autoridad política muy debilitada.

Todo empezó durante el pujolismo, en los años ochenta, en que se fabricó la imagen de que una Cataluña ideal y maravillosa, de unos catalanes que se iban a comer el mundo. Quizás para no quedarse atrás, la izquierda llegó a idealizar con el mismo tono a la Barcelona olímpica, la millor ciutat del món, en desafortunadas palabras de Joan Clos. Todo ello puro mito, lamentable aldeanismo. Somos lo que somos: una estupenda ciudad, un magnífico país, pero mirémonos en un espejo que no sea deformante para no engañarnos. Si a ello le añadimos unas gotas de pacifismo, feminismo, ecologismo, libertad sexual y solidaridad planetaria, todos muy nobles ideales pero en sus versiones más intelectualmente cutres y demagógicas, el cocktail es explosivo: una Barcelona y una Cataluña autosatisfecha que «desprecia cuanto ignora», como la España que denostaba Machado.

Autocomplacencia, Cataluña mítica y mala gestión. La desconfianza en los políticos se ha instalado por una buena temporada. Tardaremos en salir de este pozo.

(LV, 2007)

Quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra

El periodista norteamericano H. L. Mencken, crítico irónico de su época, escribió que un demagogo era «aquel que predica doctrinas que sabe falsas a hombres que sabe idiotas». Quizás sería demagógico decir que la política catalana de los últimos treinta años ha estado presidida por la demagogia. Pero no cabe duda que algo de eso ha habido.

Hemos vivido envueltos en una nube de autosatisfacción, como anestesiados, convencidos de que éramos los mejores y siempre teníamos razón. «¿Veis como Vent del pla y el Cor de la ciutat son mucho mejores que los culebrones venezolanos?», «Ay, si Madrid no existiera, ¡qué bien se viviría en Cataluña!». A veces, demasiadas veces, nos fallaba el Barça, pero ya se sabe, al Madrid siempre lo ayudan los árbitros…

De un tiempo a esta parte, sin embargo, falla todo. ¿Servirá para que, de una vez, despertemos del profundo sueño en el que estábamos sumidos? No sé por qué, pero me siento optimista: la crisis de este verano, tras lo que ha llovido en los últimos tiempos, puede ser el inicio de un despertar a la realidad, a ver las cosas tal como son.

El optimismo quizás viene porque todas las calamidades que suceden en las últimas semanas, tras el detonante que supuso el gran apagón, llueven sobre mojado. El escepticismo del ciudadano ya se había manifestado en los últimos tiempos a través de una ciencia tan exacta como la matemática: el 35 por cien de votos afirmativos en el referéndum del nuevo Estatut indicaba que allí no había clamor alguno, el 55 por ciento de participación en las autonómicas y bastante menos en las municipales mostraban la distancia entre las preocupaciones del ciudadano y las de la clase política. Nada, sin embargo, parecía afectarles. Satisfechos, seguían tan campantes, siempre con los mismos gastados argumentos: que si Madrid, que si el desarrollo del Estatut, que si las balanzas fiscales, que si la OPA, que si nada había cambiado desde 1714…

En estos dos últimos días algunas cosas se han puesto en su sitio. El señor Pizarro, el malo de la OPA, ha enseñado los números y ha dejado mudos a los políticos catalanes: Endesa, la mala de la OPA, invierte más en Cataluña que en el resto de España, incluso que en Madrid. Ayer, la señora ministra, doña Magdalena Álvarez, también mostró los datos: en Cataluña se está invirtiendo más en infraestructuras de lo que señala el nuevo Estatut. El diputado de un PSC que el día anterior no había defendido a su correligionaria en Cataluña no tuvo más remedio que darle la razón en Madrid. A eso no se le llama, precisamente, coherencia.

El ridículo de los políticos catalanes, ¿puede ser el inicio de un cambio, el fin de la anestesia? Quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra. Que se arremanguen en pleno agosto indica que andan inquietos.

(LV, 2007)

Nuestro 11-S de cada año

Durante los días anteriores a la «diada» del 11 de septiembre, los medios de comunicación reflejan, año tras año, una Catalunya insatisfecha y victimista, desesperada y agónica, por causa de las declaraciones y contradeclaraciones de los políticos de turno. Todo ello suele alcanzar un clímax delirante en los diversos actos conmemorativos oficiales o en las manifestaciones callejeras: siempre parece que estamos en un momento clave de la historia, ante cruciales peligros, heroicos desafíos y un cercano y glorioso futuro.

En realidad, nadie cree en nada de todo ello, ni siquiera los mismos políticos: se trata de un simple ritual, meramente protocolario, pesado y aburrido. Desde hace ya muchos años, apenas se cuelgan senyeres en los balcones y los que pueden aprovechan para ir a la playa y tomar el último sol del verano, en especial si hay puente. Para nada se les ocurre, en tan agradable y relajado ambiente, hablar del pasado y futuro de Cataluña, sus peligros y desafíos. Aunque en TV3 y en BTV no paren de dar la matraca con el tema, de adoctrinarnos con una versión falseada de la historia, afortunadamente hay otros canales: basta con apretar un botón. La Cataluña oficial y la Cataluña real, tan distantes.

Este año, el verano político en Cataluña estuvo marcado por el mal funcionamiento de diversos servicios públicos, nada nuevo por otra parte, pero acentuado por algunos visibles excesos, entre otros, el gran apagón y los sistemáticos retrasos en los trenes de cercanías. Así comenzamos las vacaciones y ahora, al reanudar el trabajo, volveremos a hablar y a sufrir con todo ello. Pero la fecha del 11 de septiembre hay que caldearla con temas de un mayor calado épico, que exalten los aparentemente nobles y desinteresados sentimientos colectivos, no con temas prosaicos y vulgares, atascos en las carreteras o cosas semejantes, que una buena gestión de nuestros impuestos pueden solucionar.

Este año los grandes temas oficiales han sido dos: primero, en el año 2014 Cataluña debe declararse ya independiente de una vez y, segundo, es necesario refundar el catalanismo. Temas enjundiosos, qué duda cabe y, sobre todo, urgentes necesidades deseadas por la mayoría de ciudadanos. Creo que durante este largo fin de semana no se hablaba de otra cosa en las comidas familiares, las cenas en los restaurantes, durante las copas hasta las tantas de la madrugada. Cataluña, un caso ejemplar de conciencia nacional.

Efectivamente, lo que nos hizo Felipe V en 1714 fue una inmensa trastada, desde entonces no somos felices, hay que volver a aquellos viejos tiempos, los habsburgos, los austrias, qué buena gente, leal, trabajadora, eficaz, respetuosa con los catalanes, preocupada por nuestras libertades. Los borbones, en cambio, qué horror, qué desgracia. Sí, claro, a partir de los borbones empezamos a prosperar, se organizó el país, pudimos comerciar con América, comenzó la industrialización… Todo ello es verdad, lo demostró Pierre Vilar en sus cuatro pesadísimos tomos. Pero, al fin y al cabo, todo eso son ventajas meramente materiales, hay que ir a lo espiritual, hay que tener ambición nacional, no basta con el progreso económico.

La idea de ser ya independientes en el año 2014 no puede ser más oportuna. Cataluña habrá pasado 300 años bajo la bota española y así, mediante un número redondo, el 300, lo recordaremos fácilmente en cualquier examen. «¿Cuántos años duró la ocupación española en Cataluña?». «300 años», chupao. Ahora, en cambio, recordar los años que duró la Reconquista es francamente complicado: desde el 711 hasta 1492. Hagan la resta. Menos mal que están las calculadoras. Dudo que sin ellas lo pueda resolver un joven que esté cursando el 2.º de bachillerato con cuatro asignaturas colgadas de primero. Mejor no preguntárselo, es demasiado difícil y no aprobaría, no entraría al año siguiente en la universidad. O sea que la idea de Carod-Rovira es buena, muy útil.

(LV, 2007)

El caso Peri Rossi

La Cataluña oficial se aleja cada vez más de la Catalunya real. La dirección de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, ha decidido prescindir de su colaboradora habitual Cristina Peri Rossi porque en la tertulia a la que semanalmente acudía se expresaba en castellano.

Cristina Peri Rossi es una muy conocida escritora nacida en Montevideo que reside en Barcelona desde 1972, año en que tuvo que exiliarse de su país por razones políticas. Hace dos años, el periodista Gaspar Hernández la invitó a una tertulia nocturna de Catalunya Radio que se emitía entre la una y las tres de la madrugada. Todos los contertulios hablaban en catalán excepto ella, lo cual, como es obvio, no era obstáculo alguno: era como tantas y tantas otras conversaciones que tienen lugar en Cataluña, en las familias, en el trabajo, entre amigos, en la calle. Es el estupendo bilingüismo catalán, nuestro hecho diferencial más característico.

En este curso, el programa ha cambiado de horario: ahora se emite entre ocho y nueve de la tarde, espacio de máxima audiencia. Una «Carta de Principios» de la Corporación, aprobada en el año 2006, estableció que «tendrán prioridad invitados, especialistas o testimonios que sean capaces de expresarse en lengua catalana». El pasado 17 de julio el Consejo de Administración de la Radio Televisión catalana, en el que están representados el PSC, CiU, ERC, IC y PP, decidió aplicar de forma estricta dichos «principios» (sic) y prescindir de los ya escasísimos colaboradores habituales que se expresaban en castellano. En el caso Peri Rossi también debió influir el horario: entre ocho y nueve de la tarde, en prime time, escuchar castellano quizás se considera moralmente peligroso. En la sociedad catalana no se discrimina a los que hablan en castellano, pero en las instituciones públicas sí.

Cristina Peri Rossi es una persona plenamente integrada en la vida catalana, escogió vivir en Barcelona porque le gustaba nuestra ciudad y ha permanecido aquí por voluntad propia, donde tiene un amplio círculo de amistades. «Entiendo, leo y traduzco del catalán desde hace muchos años, pero me expreso mejor en castellano (me ocurre igual con el francés o el italiano) y vivo en una nación que tiene la suerte de ser bilingüe. Así lo es en la calle, en el metro y en la comunidad vecinal», declaró hace dos días. Peri Rossi ha publicado 25 libros, entre poesía, novela, cuentos y ensayos, la mayoría en editoriales barcelonesas, tiene en su haber múltiples traducciones y ha escrito infinidad de artículos en revistas y diarios. Entre los siete premios de literatura que ha obtenido destaca el Ciudad de Barcelona de poesía.

Bien, éstos son los hechos. Supongo que algún otro caso habrá, si bien muy pocos porque en la práctica ya se impedía colaborar en TV3 y en Catalunya Radio a quien no se expresara en catalán. Pero lo seguro es que hay un caso concreto, y muchos más si este tipo de discriminación lo extendemos a la escuela, la universidad, la justicia, etc. Y también a la empresa, por otras razones. Estamos expulsando moralmente a conciudadanos, nos empobrecemos económica y culturalmente, siempre en nombre de la patria; y en silencio. Hay que leer a Hannah Arendt para comprender cómo el totalitarismo se infiltra sigilosamente en las conciencias y también aprender que para ser decente hay que negarse a colaborar. Por mi parte no acudiré a ninguna tertulia o debate que se celebre en emisoras de la Corporación. No, no hay que colaborar.

(LV, 2007)

¿Adónde vas, Montilla?

Hasta ahora Montilla había adoptado una actitud inteligente: hablar lo menos posible y, si no hay más remedio, hacerlo con prudencia. Como lo verbal no es lo suyo —nadie es perfecto— había conseguido un cierto éxito al convertir sus defectos en virtudes: fets, no paraules. Esta semana, sin embargo, le ha dado por hablar más de la cuenta: quizás porque puede exhibir pocos hechos, dio rienda suelta a las palabras. Grave error: irritó a los suyos, no convenció a los de enfrente y, al final, cual Tartufo, ha acabado todo en agua de borrajas.

La raíz del problema está en la «evidencia más evidente» de la política catalana: nadie quiere hacerse responsable del desastre ferroviario, todos se escabullen. Así, Montilla ha seguido la táctica que tan buen resultado dio a Pujol, que empezó a declinar con Maragall y que ahora ya no se cree nadie: que la culpa es siempre de Madrid. Montilla «pujoleando» —¡quién te ha visto y quién de ve!—, Carod aplaudiéndole, Convergència —que no Unió— pidiendo que Duran Lleida imite a Montilla. Fascinante espectáculo: los ciudadanos en autobús, los políticos con sus mezquinas trifulcas.

Pero vamos a ver. Si el problema es que no hay inversiones del Estado, los presupuestos del Estado siempre se han aprobado con el apoyo, como mínimo, de un partido catalán y, en los quince últimos años, en muchos casos, con dos, tres y hasta cuatro o, quizás, cinco partidos votando junto al PP o el PSOE de turno. ¿No han presumido todos de ser decisivos en Madrid? ¿Alguien recuerda que una prioridad de los políticos catalanes fuera mejorar la red ferroviaria de cercanías? Nunca se pronunciaba este nombre, otros eran los más escuchados: nuevo Estatut, Salamanca, AVE, aeropuerto, selecciones deportivas, catalán, peajes. Madrid, sobre todo, Madrid.

Más aún. ¿Sabe Montilla la liebre que ha levantado alertando que el supuesto mal trato a Cataluña estaba generando la «desafección» de los catalanes y un «alejamiento irreversible» respecto de España? No pienses en un elefante, Montilla. Ya se está montando una manifestación por el dret a decidir para el primero de diciembre y ERC ya ha empezado a adelantar la fecha de la independencia, no sea que Montilla se les adelante y la alcance antes del 2014. El prudente Montilla, de golpe subido a la parra, con Moncloa tratándole de desagradecido y aplaudido por las tertulias de TV3. Sensacional. ¿Dificultades de liderazgo, contradicciones en el Govern, disensiones en el partido o, simplemente, síndrome de Estocolmo?

Y todo este lío para nada, para sostener Montilla ayer una banalidad tan usada como que la culpa de todo la tienen el PP y CiU. ¿Adónde vas, Montilla? En Bélgica, desde hace unos años, hay dos partidos socialistas, uno flamenco y otro valón. Parece que ahora la situación está allí algo complicada y amenaza con estarlo todavía más. ¿Adónde vas, Montilla?

(LV, 2007)

La verdadera desafección

El martes pasado me senté a las diez de la noche ante el televisor para ver el interesante programa Tengo una pregunta para usted que emite Televisión Española y dirige Lorenzo Milá. El invitado era el presidente Montilla y, como es propio de este programa, las preguntas no las formulan periodistas profesionales, sino personas escogidas de forma aleatoria, se supone que con criterios pluralistas y socialmente representativos. El espectáculo resultó fascinante: no por las respuestas de Montilla, evasivas y tópicas, sino por las preguntas del público, desenfadadas y sorprendentes en un medio de comunicación.

En efecto, el presidente de la Generalitat hablaba de que Cataluña debía mejorar su financiación, desarrollar el Estatut e incrementar el autogovern, utilizaba el lenguaje oficial políticamente correcto (por ejemplo, comarques gironines y terres de ponent en lugar de provincias de Lleida y Girona) que se impuso en los medios oficiales durante la época pujolista. En cambio, el público le formulaba las preocupaciones que están en la calle (bajas pensiones, inmigración, seguridad), las contradicciones que advierten en los políticos en general (por qué no deben tener el nivel C de catalán que se exige en las demás profesiones) o las muy concretas del mismo Montilla (por qué lleva a sus tres hijos pequeños a un colegio privado alemán o por qué el PSC parece más nacionalista que socialista). Todo ello sin complejos, sin respetar la tan característica omertà catalana, todo muy nuevo y reconfortante. Felicidades Milá por traer a las pantallas catalanas este viento fresco.

Al acabar el programa enlacé con el noticiero nocturno de TV3 que dirige Mònica Terribas y el entrevistado era Artur Mas. Aquella tarde había pronunciado su anunciada conferencia sobre «La refundación del catalanismo». Para el líder nacionalista, los problemas eran muy distintos de los planteados por el público de TV1: por ejemplo, cómo se debía pasar del actual Estado uninacional a un estado plurinacional, la necesidad del catalanismo para asegurar la supervivencia de la «nació», la «nació plena», añadía, quizás consciente de la oscuridad de sus formulaciones. De muchas cosas trató Mas, algunas bastante alarmantes (por ejemplo, que existen dos tipos de catalanes, los auténticos y los administrativos); otras poco edificantes en un político democrático (por ejemplo, las coacciones morales al Tribunal Constitucional). En todo caso, ninguna de sus preocupaciones coincidía con las del público de TV1.

Hace tres semanas, Montilla hizo unas sonadas declaraciones en Madrid sobre la creciente «desafección» de Cataluña respecto de España. Se nota que sólo habla con la clase política y con los fantasmas que le provoca su inquietante síndrome de Estocolmo. Porque tengo la impresión de que la verdadera y creciente desafección se está produciendo entre los catalanes y su clase política.

(LV, 2007)

TV3 y Catalunya Radio

Unas declaraciones a El Periódico del dirigente del PSC Joan Ferran han causado esta semana un especial revuelo entre la clase política. Saltándose todas las normas de la omertà catalana, Ferran ha hablado en público de TV3 y de Catalunya Radio sin autocensura, como si lo estuviera haciendo en privado. Seguramente, la gota que ha colmado el vaso de la paciencia socialista ha sido la propaganda efectuada desde las emisoras públicas catalanas de la manifestación del pasado sábado por «el derecho a decidir». «Se han dedicado a caldearla y a publicitarla gratuitamente desde una semana antes», ha dicho el diputado socialista.

Pero el núcleo de su crítica va más allá y alcanza la función principal que dichas emisoras públicas han desempeñado desde sus inicios, en los primeros años ochenta. «Los nacionalistas —ha dicho Ferran— crearon las emisoras y las dirigieron durante muchísimos años no con el objetivo de informar a los catalanes, sino de construir la patria. Una patria nacionalista, evidentemente. Pero en Cataluña —prosigue Ferran— no todo el mundo es nacionalista. Queremos una televisión y una radio públicas en catalán, nacionales, pero no nacionalistas. Que sirvan a todos los catalanes y se abstengan de hacer proselitismo soberanista y de construir patrias.»

Creo que el dardo lanzado por Ferran ha dado justo en la diana. Lo peculiar de las emisoras de la Generalitat no es que sean progubernamentales y partidistas en sus programas informativos, como en general son todas las emisoras públicas. Lo que las distingue de las demás es otro elemento: son medios de comunicación ideologizados en toda su programación que se han arrogado la misión de educarnos a los catalanes sobre cómo debemos ser y cómo debemos comportarnos, sobre cuál es el modelo, el canon, del buen catalán. La crítica no va dirigida, por tanto, al mayor o menor sectarismo de sus informativos por influencia del gobierno de turno, sino al hecho de que todos los espacios de estas emisoras —los de entretenimiento, las telenovelas, el deporte, los concursos, el tiempo, las entrevistas, los programas infantiles o cualquier otro— tienen una misión esencial: definir cuál es el patrón social y cultural de la corrección política catalana, señalar el espejo en el cual debemos mirarnos, determinar cuál es el modo de ser propio de los catalanes y cuál el impropio, el que no es «nuestro», el que por ser extraño a nuestro «ser nacional» no nos conviene seguir y debe ser erradicado. Paternalismo en nombre de una supuesta patria.

Franco puso a la radio de su régimen el nombre de Radio Nacional de España. Catalunya Radio se denomina a sí misma Radio Nacional de Catalunya y a TV3 la llaman «la nostra, la teva». Salvando las distancias que se quieran —que son muchas—, la intención y la filosofía de fondo es la misma: ser emisoras del régimen. Y donde empieza el régimen se acaba la libertad.

(LV, 2007)

La lengua y los mediocres

Como suelo dar mis clases en catalán, lamentablemente no tengo alumnos de Erasmus, ese programa para estudiantes extranjeros que facilita el intercambio entre los países de la UE. Sin embargo, en cierta ocasión, al finalizar la primera clase del curso, vinieron a verme un grupo de estudiantes «erasmus». Me dijeron que la facultad les había asegurado que yo daba la clase en castellano y por ello se habían apuntado a mi grupo. Efectivamente, la profesora encargada de informarles cometió un error. Yo arreglé las cosas diciéndoles lo que me pareció más natural y sensato: «no se preocupen, a partir de ahora utilizaré el castellano, lo importante es comunicarse bien, no el instrumento usado para comunicarse».

Al cabo de unos días, hablando con estudiantes holandeses y suecos les pregunté ingenuamente por algo que me suscitaba curiosidad: «¿Los alumnos Erasmus que van a sus países conocen el holandés y el sueco como para entender a los profesores en clase?». Sonriendo, me respondieron que obviamente no, casi ningún «erasmus» tenía idea del holandés o sueco, pero más de la mitad de las clases se impartían en inglés dado que los profesores procedían de países muy diversos y el inglés se había convertido en la lengua vehicular común. Me sentí bastante ridículo y provinciano tras escuchar esta respuesta. Debía dar por supuesto que las autoridades universitarias de estos países eran personas cultas e inteligentes, preocupadas por el conocimiento y no por el vehículo en el que se trasmite, interesadas en atraerse a los mejores profesores, aunque hubiera que ir a buscarlos más allá de las estrechas fronteras de sus países.

Pues bien, en Cataluña estamos en las antípodas de esta posición, nuestras autoridades políticas y universitarias tienen todavía la mentalidad de otros tiempos. Como ha informado este periódico, las universidades catalanas aprobaron en el seno del Consell Interuniversitari de Catalunya, la propuesta del Govern de la Generalitat según la cual a todos los nuevos profesores, o a los antiguos que pretendan ascender en su carrera académica, deberá exigírseles el nivel C de catalán. De este acuerdo se ha desmarcado mi universidad, la Autónoma: ¡felicidades rector y equipo de gobierno!

Recordemos que el nivel C de catalán implica un conocimiento perfecto de la lengua, de su ortografía y sintaxis. Tras él, sólo queda el nivel D, que muy pocos poseen, exigible tan sólo a especialistas para que realicen funciones lingüísticas muy específicas, trabajos de traducción o corrección gramatical. ¿Tienen tanto atractivo nuestras universidades como para que profesores del resto de España o de países extranjeros hagan el esfuerzo de obtener el nivel C? Evidentemente, esto disuadirá a muchos universitarios de venir a Cataluña. Ya sucede ahora, desde hace años, y no sólo en la universidad, sino también en otras profesiones: médicos, notarios, jueces, fiscales, altos ejecutivos. Nunca en Cataluña había habido carencias en estas profesiones, por el contrario las plazas estaban siempre muy buscadas. Sólo ahora, las fronteras lingüísticas nos aíslan y empobrecen. Pero cuidado: la culpa no es del catalán, la culpa es de la política lingüística, de los excesos que el fanatismo comete en nombre del catalán.

En la sociedad no hay problemas. El problema está en una política lingüística mal enfocada y, como es el caso de la universidad, en ciertos intereses inconfesables. Lo ha dicho con exactitud el profesor Joaquim Molins, en referencia al caso que nos ocupa: «Lo que quiere la gente mediocre de las universidades catalanas es restringir la competencia. Poner tantos obstáculos como sea posible para evitar que gente del resto de España o extranjeros les quiten sus plazas. Esto es lo que subyace en esta decisión. Y si hay un lugar donde la movilidad es fundamental es en la universidad».

La Cataluña tolerante y cívica debe reaccionar, en lugar de callarse, mientras los fanáticos y los mediocres nos van hundiendo en una visible decadencia.

(LV, 2008)

Azaña Zapatero Cataluña

Desde hace ya un tiempo, Zapatero no entiende la desconfianza que suscita en el tripartito catalán, especialmente en el PSC. Tras haber devuelto los famosos papeles de Salamanca, incrementado el uso del catalán en la UE, aprobado un nuevo Estatut y aumentado las inversiones del Estado en Cataluña, no comprende Zapatero que le sigan acusando de engañar a los catalanes e incumplir los compromisos. «¿Qué más quieren?», se pregunta.

Quizás a Zapatero le interesaría leer el libro Azaña y Cataluña. Historia de un desencuentro, escrito por el historiador Josep Contreras y avalado por un largo prólogo de Enric Ucelay-Da Cal, garantía siempre de inteligencia y rigor. Se trata de un sencillo relato, bien explicado, de la vida política del presidente republicano dentro del marco general de su época que incide, especialmente, en las relaciones de Azaña con los políticos catalanes durante la República y la guerra civil.

Como es obvio, hay grandes diferencias entre aquella época y la actual, pero también hay similitudes. Por ejemplo, el tripartito catalán se parece bastante a la Esquerra Republicana que gobernó Cataluña en aquellos tiempos. También, y a ello vamos, son muy similares las relaciones que Azaña tuvo con aquella Esquerra Republicana y las de Zapatero con el actual tripartito. Desencuentro o del amor al odio no hay más que un paso, no sé cuál puede ser el título, pero el paralelismo es evidente. Veamos.

Durante unos años, Azaña fue considerado como «el amigo de Cataluña», así se le designaba, con esa apropiación de la totalidad del país que suelen hacer los nacionalistas. En realidad, era amigo de los políticos que mandaban en ERC porque los consideraba republicanos de izquierdas como él. El caso es que Azaña inició su buena relación con estos políticos en 1924 cuando firmó el «Manifiesto de los escritores castellanos en defensa de la lengua catalana». Su fama se consolidó en 1930, al pronunciar en Barcelona un improvisado discurso de sobremesa en el que se mostró partidario del derecho de Cataluña a la autodeterminación si ésta era la voluntad de los catalanes. Con estos antecedentes, al instaurarse la República, Azaña era el político español en el que más confiaban los nacionalistas catalanes y la apoteosis llegó con su famoso discurso parlamentario que condujo a la aprobación del Estatut de 1932: «La República y las libertades catalanas están indisolublemente unidas», sentenció Azaña.

Pero, ¡ay!, el amor empezó a flaquear en agosto de 1934. Pasando Azaña el verano en Sant Hilari de Sacalm, en la falda del Montseny, Companys le dejó pasmado al confesarle en una visita que tanto el campesino como el obrero, antes que anarquistas o marxistas, deben ser nacionalistas. «Hablaba como un iluminado», anotó Azaña en su diario. Un par de meses después, hallándose casualmente en Barcelona, presenció el denigrante espectáculo del intento golpista del 6 de octubre: ya nunca más volvió a confiar en los políticos de Cataluña. Decepcionado, por razones de necesidad políticas tuvo que seguir como aliado de Esquerra, pero la enamorada pareja de antaño no era ya otra cosa que un matrimonio en crisis: «Estos catalanes son como chiquillos y me dan mucho que hacer para atraerlos al buen sentido».

Durante la mayor parte de la guerra civil, Azaña residió en Barcelona: allí pasó de amigo a enemigo de Cataluña. Ninguneado por la Generalitat, Azaña se quedó atónito al ver de cerca como actuaba la clase política catalana: los crímenes impunes del verano del 36, la ineficacia del Govern y las luchas partidistas internas, la constante vulneración del Estatut por arrogarse la Generalitat competencias que no tenía, las miserables rivalidades personales y, finalmente, los fratricidas sucesos de mayo de 1937. Fue entonces cuando escribe su conocida obra testamentaria La velada en Benicarló, lectura muy conveniente en estos tiempos de memoria histórica. Conmovido por el desastre, Azaña arremete entonces duramente contra los políticos de Cataluña por su demagogia victimista, sus frívolos personalismos y su deslealtad para con el resto de la España republicana: «Lo mejor de los políticos catalanes es no tratarlos».

Azaña creía en la autonomía de Cataluña, por eso defendió en su momento el Estatut. Pero al contemplar cómo actuaban los políticos catalanes de aquella época, comprobó que utilizaban el Estatut como un simple instrumento para otras finalidades y que el Estado de derecho y la República les importaban bien poco. De amigo de Cataluña pasó a ser un claro enemigo, un españolista, un castellano que no entiende a los catalanes. Que fuera republicano era un mero accidente, lo importante era lo otro.

Azaña averiguó las razones de sus amores y desamores con sus colegas catalanes muy tarde, cuando todo era irremediable. Zapatero también ha tardado mucho, demasiado, pero si se está dando cuenta del fregado en el que se ha metido, quizás todavía esté a tiempo de rectificar. En todo caso, seguro que le interesará este libro.

(LV, 2008)

Carcajadas desde Londres

Cada año visitan Cataluña numerosos periodistas extranjeros con el objeto de hacer un reportaje para los medios de comunicación en los que trabajan, todo ello es algo normal, ha sucedido en el pasado y seguirá sucediendo en el futuro.

Hace unas semanas viajó por España Mike Reid, periodista de The Economist, prestigioso semanario liberal británico, una de las publicaciones más influyentes del mundo. Reid permaneció tres semanas en España, con una estancia en Barcelona de cuatro días. Habla perfectamente el castellano, es especialista en Latinoamérica. Como de costumbre, a los pocos días publicó su reportaje. No se puede decir que España saliera bien parada del mismo, el periodista describió con bastante exactitud el difícil momento de la economía española y la mirada del británico no fue muy complaciente, como es natural en estos momentos si se quiere ser veraz.

Nadie, en el resto de España, ha prestado más atención de la que es normal al reportaje, uno más de los muchos que se escriben cada año y que pueden gustar o no: es la grandeza y el riesgo de la libertad de expresión. En cambio, el Govern de la Generalitat, haciendo el más espantoso de los ridículos, reaccionó enseguida indignado y trató a The Economist como en la Cataluña oficial se suele tratar a Jiménez Losantos y a la COPE: el semanario británico ya ha pasado a engrosar la cada vez más numerosa lista de «enemigos de Cataluña». Las carcajadas que tal reacción provocó en Londres se pudieron oír desde la plaza de Cataluña.

El asunto sería de tono menor si no pusiera claramente de relieve, una vez más, dos graves cuestiones: la escasa calidad de los miembros del Govern y sus débiles convicciones democráticas. Del primero al último, porque ahí todos se han mojado.

En efecto, la primera reacción fue de la consellera Montserrat Tura, a la salida de la habitual reunión del Consell Executiu de los martes, hablando como portavoz del Govern. Tura se expresó de una manera insólita. Habló de que en el reportaje «se hacían afirmaciones difamatorias e insultantes respecto a la lengua propia y a los presidentes escogidos democráticamente» y que le preocupaba «el grado de desconocimiento que se tiene de nuestra nación».

Vamos a ver, consellera. Lo que se dice en el reportaje respecto al catalán, entre otras cuestiones menores, es que se ha convertido en una «obsesión para los nacionalistas» —cosa que es una obviedad y supongo que para los nacionalistas un elogio— y que en la escuela primaria y secundaria sólo se enseña en catalán, siendo tratado el castellano como una lengua extranjera, lo cual no sé si se cumple del todo —creo que en el colegio alemán, por ejemplo, también se enseña en alemán—, pero es lo que dice la ley. ¿Se enfada, consellera, porque un periodista dice lo que la ley establece? ¿Es que le da miedo contemplarse en el espejo? En cuanto las críticas al presidente escogido democráticamente, ¿es que en su concepción de la democracia no se puede criticar a un presidente escogido democráticamente? ¿Ésta es, consellera, su íntima concepción de la libertad de expresión?

Además, la consellera Tura exigió al semanario británico «una rectificación», la cual, como queja formal, se haría efectiva a través del «pseudoembajador» de la Generalitat en Londres, un tal señor Solano. Y aquí viene una segunda parte que también tiene un gran interés. Primero porque la carta de Solano, que se filtró enseguida a la prensa, era todo un poema: «Cataluña es una nación pequeña, pero con una larga historia. En los últimos mil años, los catalanes han mostrado una clara voluntad de autogobierno (…)». En fin, dejemos estar al pobre Solano, porque la nota de mayor interés nos la dio el vicepresidente Carod-Rovira en su blog. Por si no lo sabían, aquí, en este pequeño país de mil años exactos de historia, los vicepresidentes tienen tiempo de escribir un blog.

Pues bien, en su blog, nuestro flamante vicepresidente pudo al fin justificar la necesidad de nuestras embajadas: son necesarias para defendernos de nuestros enemigos, por ejemplo, del periodista del The Economist: «A la hora de la verdad el Govern es quien defiende internacionalmente los intereses de los catalanes» y sólo a través de las embajadas «nos podremos dar a conocer y nos conocerán tal como somos, sin manipulaciones interesadas».

¡Fantástico! Ya lo saben, pues. Los periodistas que escriban un reportaje no deben hablar con gentes diversas, pasear por la calle, consultar datos, entrevistar a políticos, a escritores, a economistas. No, los periodistas ni siquiera tienen que venir a Cataluña, basta con entrevistarse con nuestros embajadores, allí le dirán la verdad, toda la verdad. ¡Fantástico! ¡Esto es tener mentalidad democrática! Me recuerda otros tiempos, las mentalidades de otros tiempos, los tiempos de un cacique de Galicia, también aludido en el reportaje de The Economist y que no se ha quejado de que lo calificaran así.

(LV, 2008)

Para comprender el presente

Es asombroso leer el libro de Amadeu Hurtado que contiene su minucioso dietario en el período que va desde fines de mayo a mediados de septiembre de 1934, Abans del sis d’octubre.

Un hilo conductor da unidad al libro: las vicisitudes parlamentarias de la Llei de contractes de conreu (ley de contratos de cultivo), impugnada por el Gobierno central, declarada inconstitucional por el Tribunal de Garantías Constitucionales de la época y aprobada de nuevo con idéntica redacción por el Parlament de Catalunya, dando lugar al consiguiente conflicto de legitimidades. Amadeu Hurtado, abogado de gran prestigio, hombre culto, inteligente y sensato, republicano, catalanista y de talante independiente, es el encargado por el Govern de la Generalitat para defender la ley delante del citado Tribunal.

Tras la sentencia que anula la ley, Hurtado busca una salida inteligente para adaptarla a la Constitución salvando sus aspectos sustanciales. Oficiosamente, pacta una solución jurídica al problema con Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República, y con Ricardo Samper, presidente del Gobierno. Después da a conocer esta solución a Companys, presidente de la Generalitat, que la rechaza inmediatamente, sin ni siquiera entenderla, alegando que no piensa modificar ni una coma del texto porque la dignidad de Cataluña está en juego. Sin embargo, dos meses después, la misma Generalitat acepta una nueva propuesta de reforma de la ley que supone un cambio mucho más profundo que el sugerido por Hurtado dos meses antes. Frívolamente, sin explicación razonable alguna, lo que suponía una afrenta a la dignidad catalana se acepta sin ninguna objeción a pesar de quedar mucho más desfigurada que en la propuesta de Hurtado. La prensa, con Rovira i Virgili a la cabeza, jalea esta solución como un gran triunfo de la Generalitat.

Hurtado, persona honesta y competente, contempla estupefacto la «comedia» —ésta es la palabra que utiliza— de la que es testigo directo y sus anotaciones diarias, con detalles impagables que merecen que el libro sea leído con calma, son testimonio de la fantasmal política catalana de entonces, tan similar a la de ahora. Pensemos, por ejemplo, además de en el Estatut, en la famosa fecha tope del 9 de agosto pasado en la que si no había acuerdo de financiación la crisis con el Gobierno central sería irreversible porque también la dignidad de Cataluña estaba en juego.

Además de los problemas jurídicos, explicados con una claridad lineal por Hurtado, el interés principal del dietario lo encontramos en determinadas conversaciones mantenidos por Hurtado con relevantes personalidades de la época (Azaña, Alcalá Zamora, Samper, Companys, Gaziel, entre otros), todas ellas reproducidas con gran detalle, en la descripción de determinados episodios y en los juicios que el autor emite sobre el clima político de aquel período. Destaca Hurtado cómo la política catalana consiste más en una continua protesta motivada normalmente por razones sentimentales que en una clara y decidida acción de gobierno: «fingen peligros que no existen y crean conflictos imaginarios», dice. Y añade: «Nuestros políticos necesitan estas agitaciones porque no saben hacer otra cosa».

También el autor insiste constantemente en que la actuación de la clase política resulta del todo indiferente al resto de la sociedad. El día que el Parlament aprueba por segunda vez la ley declarada inconstitucional, los políticos y la prensa sostienen que el pueblo de Cataluña en masa se congregó en el Parc de la Ciutadella en apoyo de las posiciones catalanas. Él, que estaba allí presente, relata como los manifestantes eran cuatro gatos, mientras la realidad era que el pueblo se paseaba tranquilamente por las calles de Barcelona sin preocuparse de lo que sucedía en la cámara.

Habla también Hurtado del constante victimismo de Cataluña frente a España («pueblo el nuestro con el espíritu débil del perseguido»), del doble lenguaje político utilizado según se esté en Madrid o en Barcelona, de que los de Estat Català son nazis y de la mediocridad de los políticos catalanes. Así retrata a Macià, amigo suyo desde la infancia: «No sabía nada de nada y daba miedo escucharle hablar de los problemas de gobierno porque no tenía ni la más elemental noción; pero el arte de hacer agitación y de amenazar hasta el límite justo para poder retroceder a tiempo, lo conocía tan bien como Cambó y como los políticos de ahora». Curiosamente, Hurtado no distingue casi entre la Lliga y Esquerra, aunque en la comparación considera a estos últimos «un poco más chapuceros y mucho menos instruidos». También aquí podemos encontrar paralelismos con la situación actual.

El oportuno dietario de Amadeu Hurtado no sólo nos permite conocer el pasado sino comprender mejor el presente, una vez transcurridos casi ochenta años.

(LV, 2009)

El giro esperado

Cuando se dice que en algún asunto se ha producido un giro, con frecuencia se añade a continuación el adjetivo inesperado. Pues bien, en el «caso Millet» se ha producido esta semana un giro de signo contrario, un giro esperado: han entrado en escena los partidos políticos. ¿Por qué era de esperar? Por una razón de fondo y otra de forma.

La razón de fondo es que la impunidad de que ha gozado Millet en estos años, sorteando controles privados y públicos, hacían prever que necesitaba determinadas connivencias, tanto de la sociedad —civil, por supuesto— como de las instituciones públicas. Uno sólo comete tantas irregularidades cuando se siente seguro dentro de la esfera en que actúa y esta seguridad proviene siempre de las complicidades que ha ido tejiendo.

Pero, además, está la razón formal. En la escenificación pública que ha tenido lugar desde el 23 de julio en que se empezó a descubrir el tinglado, destacados miembros del establishment político y social de Cataluña han insistido en que la responsabilidad debía circunscribirse a Millet, a un tal Montull y a la hija de éste. Cuando lo decían se les notaba que la camisa no les llegaba al cuerpo. Es evidente que un fraude continuado de esta magnitud no podía llevarse a cabo sin el amparo de una trama que también se beneficiara del fraude y, por esta razón, como mínimo, mirara hacia otro lado. Afortunadamente, ni la Agencia Tributaria estatal que descubrió los indicios de delito, ni la Fiscalía que actuó con la debida diligencia, pertenecían a esta trama y han actuado con la independencia que les es propia cumpliendo así con sus respectivas funciones.

Las declaraciones de Àngel Colom han dado la medida de cómo actúan algunos que, diciendo que «sirven al país», lo que hacen es «servirse del país». Ya se sabe que cuando alguien invoca a la patria, lo mejor es comprobar inmediatamente si aún conservas la cartera. Ofrece dudas la cantidad que Millet dio a Colom para, supuestamente, liquidar las deudas del PI. Pero lo significativo es que en el momento en que esto sucedió, Colom acababa de afiliarse a Convergència. Hagan, lectores, las cábalas que quieran.

Y ya pueden decir desde Convergència que los 630.000 euros recibidos por la Fundació Trias Fargas son legales y están documentados y auditados. Démoslo por bueno. Ahora bien, ¿cuál es la razón por la cual el Palau subvencionaba a una fundación ligada a un partido político? Si el Palau se nutría en muy buena parte de donaciones privadas y ayudas públicas, ¿no hubiera debido destinar los fondos que recibía a mejorar sus actividades musicales, remunerar mejor a sus colaboradores, muchos de ellos simples voluntarios que no cobraban un duro, o rebajar el precio de las entradas del Palau? Lo que empezó como el «caso Millet» puede convertirse en un caso con nombres distintos. El asunto no ha hecho más que empezar.

(LV, 2009)

Uno de los nuestros

El affaire Millet tendría mucha menos repercusión si el protagonista no fuera considerado, hasta ahora, como «uno de los nuestros» por un cierto establishment catalanista. ¿Recuerdan aquella excelente película dirigida por Scorsese e interpretada por Robert de Niro y Joe Pesci? Pues ahí está el morbo del escándalo.

En efecto, Fèlix Millet Tusell reúne todas las condiciones para estar situado en el meollo social del catalanismo conservador. Su tío abuelo fue un insigne músico, el maestro Lluís Millet, creador y director del Orfeó Català e impulsor, junto a Amadeu Vives, de la construcción del Palau de la Música, emblemático auditorio modernista barcelonés, obra del arquitecto Domènech i Montaner, fundador de la Lliga Regionalista. Su padre, Fèlix Millet i Maristany, sobrino del músico e hijo de un industrial textil, fue un conocido prócer catalanista durante los años del franquismo. Vale la pena entretenernos en resaltar su personalidad.

Millet y Maristany presidió antes de la guerra civil la Federació de Joves Cristians de Catalunya, los célebres «fejocistas», una especie de juventudes democristianas de la época y, durante los primeros meses de 1936, fue director del diario católico conservador El Matí. Tras el fin de la guerra, al regresar de Burgos, junto a sus actividades como empresario y financiero —llegó a ser presidente del Banco Popular y de la compañía de seguros Chasyr— destacó como gran mecenas de la cultura catalana. Primero fue el secretario general de la Comissió Abad Oliva, que en 1947 celebró en Montserrat un famoso encuentro religioso-político tolerado por el franquismo gracias a la confianza que les suscitaban Millet y el Abad Escarré. Más adelante, desde 1951 presidió el Orfeó Català y, diez años después —junto a los Carulla, Cendrós, Pau Riera, entre otros— fue uno de los fundadores de Òmnium Cultural y su primer presidente. En aquellos años —murió en 1967— no hubo actividad cultural catalanista que no ayudara a financiar o en la que no tuviera una u otra intervención. Josep Benet fue su hombre de confianza en estos menesteres.

De este pedigrí catalanista se ha beneficiado Fèlix Millet. Hemos visto que sus ascendientes próximos acumulaban todos los requisitos necesarios: Orfeó Català, Palau de la Música Catalana, Lliga Regionalista, modernismo, industria textil, Iglesia catalana, Montserrat, Òmnium Cultural. Él se limitó a continuar la tradición. En 1978 accedió a la presidencia del Orfeó Català —sucediendo a Joan Anton Maragall, hijo del poeta— y empezó a ocupar puestos de responsabilidad en entidades económicas, culturales y deportivas. Entre otras muchas, además de las ya conocidas, ocupó distintos cargos en el Barça, La Caixa, el Liceo, la Fundació Pau Casals, Bankpyme y L’Agrupació Mútua. En todas ellas, Fèlix Millet era siempre él y su circunstancia: su tío abuelo, su padre, su apellido. Éstos eran sus méritos. Ya bastaban.

¿Cómo de un personaje con este prestigioso linaje podía esperarse algo así?, se preguntan sus amigos y conocidos. Esta desmedida confianza en que aquí nunca les pasa nada a los miembros privilegiados de una elite tradicional ha sido, probablemente, la perdición de Fèlix Millet. Afortunadamente estamos en un Estado de derecho, descontrolado y desde luego ineficaz, como muestra este caso, pero al fin, con todas sus imperfecciones, se trata de un Estado de derecho. Y quien la hace la paga, pronto o tarde. Aunque ya veremos hasta dónde llegan las ramificaciones del caso. Imaginamos los esfuerzos que muchos estarán haciendo para que la mancha de aceite no se desborde y les salpique. Por el momento, la lentitud del juez parece excesiva. Después de dos meses, hay petición fiscal pero todavía no hay imputados, aunque parezca mentira tras haberse confesado Millet autor de varios delitos que, además, implicaban a otros colaboradores suyos. ¿Qué está pasando ahí? Esperemos que se aclare pronto. Pero que lo aclare la justicia, no los miembros de la sociedad civil, amigos suyos, que han sucedido a Millet en sus cargos, como hábilmente pretendía su abogado.

Una muestra de la confianza de Millet en su impunidad, debida a su pertenencia a la elite barcelonesa, se pone de relieve en sus declaraciones a los periodistas Cullell y Farrás, autores del libro L’Oasi català (Planeta, Barcelona, 2001): «Somos unas cuatrocientas personas, no hay muchos más, nos encontramos en todas partes y siempre somos los mismos. Nos encontramos en el Palau, en el Liceo, en el núcleo familiar y coincidimos en muchos lugares, seamos o no parientes». Es la famosa sociedad civil catalana: Millet sabía que era uno de los suyos.

Pero esta elite no representa a Cataluña. El diario Avui titulaba el otro día: «Millet, una vergüenza para Cataluña». No, señores: Millet no es una vergüenza para Cataluña, es decir, para el conjunto de sus ciudadanos. Al contrario: que se haya destapado el asunto es un orgullo. Deben avergonzarse Fèlix Millet y sus colaboradores implicados en la estafa, ellos son los responsables de los actos delictivos. Y también aquellos que no han ejercido el control al que estaban obligados: los patronos de la Fundación Orfeó Català —en general miembros de esa elite y amigos suyos— y los responsables de supervisar el buen fin de las subvenciones públicas que, además, fueron advertidos por la Sindicatura de Comptes hace ya bastantes años. A los demás, que nos registren: las responsabilidades son individuales.

(LV, 2009)

Tesis sobre la corrupción política

En referencia a la corrupción política, el expresidente Jordi Pujol declaraba a TV3 que no le parecía conveniente «tirar de la manta» porque «todos» saldríamos perdiendo. Diez horas más tarde, en una operación policial dirigida por el juez Garzón, eran detenidas diversas personalidades, entre ellas conocidos políticos de CiU y del PSC: ya sabíamos, si es que teníamos dudas, a quién se refería Pujol al decir «todos».

¿Es cierto que si de una vez tiramos de la manta saldremos «todos» perdiendo? Si este «todos» se refiere a los ciudadanos, al contrario: ha llegado el momento de ir aclarando las cosas, de ponerlas en su lugar, antes de que, de verdad, salgamos todos perdiendo, todos los ciudadanos, por supuesto. Nunca había visto a un Pujol tan desfasado, tan tributario de una época, la Cataluña de los años ochenta y noventa, que ha dejado de existir. Estamos en otros tiempos, han sido muchas las decepciones y la indignación está a flor de piel. La gente se ha vuelto descreída, sabe que el enemigo está dentro y que los himnos y las banderas ya no pueden tapar las vergüenzas. Además, comprueba a diario que la corrupción es algo extendido por toda España.

El descrédito de la política y de los políticos es seriamente preocupante. Debemos, pues, empezar a tomarnos en serio la corrupción política para intentar ponerle remedio. Me permito apuntar, muy brevemente, algunas tesis para el debate.

1. No hay corrupción política sin corrupción social previa. Es desde la sociedad que se puede corromper al político y, por tanto, las responsabilidades deben repartirse equitativamente.

2. Los casos de corrupción política son éticamente inaceptables pero también son inevitables. El problema comienza a ser grave cuando el sistema político y administrativo da tantas facilidades a la corrupción que ésta se convierte más en regla que en excepción.

3. El monopolio de los poderes públicos por partidos políticos cerrados y jerarquizados —lo que se conoce como partitocracia— contribuye a incrementar la corrupción en tanto que estos partidos son redes organizadas que se extienden por amplias zonas territoriales y que, por su participación en el ejercicio del poder, tienden a asegurar una cierta impunidad.

4. Las habituales corruptelas toleradas por la sociedad fomentan la gran corrupción que, sin embargo, es socialmente condenada. Cobrar en negro para no tributar en el IRPF o entrar en el juego del «con IVA o sin IVA», para poner dos conocidos ejemplos, es el primer paso para justificar, para uno mismo y para los demás, corrupciones de mayor calado e iniciar un ascenso sin parada final. Por esta razón no hay corruptela pequeña y la sociedad, además de las leyes, debe ser intolerante con cualquiera de sus formas y dimensiones.

5. La corrupción política amenaza a la democracia cuando el ciudadano tiene la sensación de que no sólo todas las Administraciones Públicas son habitualmente venales, sino que también lo son sus alternativas políticas. Sin la posibilidad de escoger en las elecciones a partidos honestos, el ciudadano deja de confiar en el sistema político, se abstiene de votar y en lugar de sentirse moralmente obligado a cumplir la ley intenta eludirla si ello favorece a sus propios intereses particulares. Este desprecio a la ley socava la confianza en el Estado de derecho y pone en riesgo el sistema democrático.

6. El incremento de instancias de poder, así como de las regulaciones que exigen cada vez más licencias y permisos, aumenta las posibilidades de corrupción.

7. Las denuncias de los medios de comunicación y, especialmente, los controles judiciales, son instrumentos imprescindibles para combatir la corrupción. Sin embargo, para combatir la corrupción con eficacia, además de la regeneración moral de la sociedad, son necesarias unas instituciones que no la faciliten.

8. Los nuevos valores éticos que priman ante todo el éxito social y la riqueza económica, son el caldo de cultivo en el que se asienta la corrupción. Los deportistas y artistas, entre otros «famosos», que son exhibidos como ejemplo de esta popularidad y dinero fácil, contribuyen a que seamos tolerantes con la corrupción o que la practiquemos en nuestro ámbito sin graves problemas de conciencia.

9. La gran corrupción, la que actúa a través de tramas internacionales para el blanqueo de capitales, normalmente procedentes de ilegales y abyectos negocios, sólo puede combatirse si se eliminan los paraísos fiscales, unos territorios insólitos en el mundo de hoy que muestran la hipocresía de los Estados en la persecución de los delitos.

Seguiremos.

(LV, 2009)

Mi dignidad

Doce diarios de Cataluña, entre ellos La Vanguardia, publicaron anteayer un editorial conjunto titulado «La dignidad de Cataluña». Que unos medios de comunicación se arroguen la defensa de la dignidad de un pueblo creo que excede al papel que les corresponde. Que lo hagan conjuntamente evidencia que el pluralismo ideológico tiene en Cataluña el límite de una identidad colectiva que unos pocos han definido y que no puede ser puesta en cuestión. Que se quiera imponer este límite al mismo Tribunal Constitucional, supone una coacción indebida y un grave quebranto de las reglas de juego del Estado de derecho. Desde hace ya mucho tiempo, algo huele a podrido en la vida política catalana. El aplauso de la clase política al editorial es una sonrojante muestra del papel que ha desempeñado en el asunto.

Yo no pretendo hablar de algo tan misterioso como la dignidad de Cataluña, sino, simplemente, de mi dignidad como columnista que está en desacuerdo con lo expresado en el editorial conjunto y quiere exponer las razones de este desacuerdo porque, en otro caso, se sentiría indigno. No acabo de entender muy bien qué es la dignidad, pero entiendo perfectamente qué es la indignidad, tengo claro quiénes son indignos y no quiero ser uno de ellos.

El editorial puede ser examinado desde muchos puntos de vista, optaré por abordarlo desde el derecho constitucional, en el que muestra un déficit lamentable de conciencia democrática. Respecto a hechos objetivos, no es cierto, como dice el editorial, que Cataluña sea definida en el Estatut como nación, ni en el preámbulo ni, menos aún, en el articulado, donde precisamente es definida como nacionalidad en su art. 1.

Yendo a cuestiones valorativas, resulta contradictorio decir que les resulta inquietante que el Tribunal haya sido empujado —¿por quién?— a actuar como «cuarta cámara», es decir, como poder legislativo y no como jurisdicción, cuando después se le demanda al Tribunal que «decida atendiendo a las circunstancias específicas del asunto», recordando que el Estatut es «fruto de un doble pacto político» y que «no va a decidir solamente sobre un pleito», sino sobre «la dimensión real del marco de convivencia español», con alusiones también a que «están en juego» unos misteriosos «pactos profundos» que han hecho posible la actual democracia. Este lenguaje críptico sólo parece pretender que el Tribunal incumpla su estricta función de determinar la constitucionalidad de unos preceptos jurídicos y lleve a cabo un juicio político, incumpliendo así con las competencias que tiene asignadas y vulnerando la división de poderes, un principio básico del Estado de derecho.

Si el editorial quiere defender la dignidad de Cataluña, bórrenme de esa Cataluña, yo me apunto a otra distinta en la que espero vivir con dignidad y en la que estoy seguro no me encontraré solo.

(LV, 2009)

¿Hay federalistas en España?

Un conocido comentarista político de un diario de Madrid mostraba su extrañeza porque al hablar con políticos e intelectuales catalanes siempre le preguntaban si había federalistas en España, obviamente una pregunta meramente retórica ya que en sí misma contenía la respuesta: «en España no hay federalistas». Ciertamente, esta es la convicción de muchos intelectuales y políticos catalanes que constantemente la repiten en artículos, entrevistas y tertulias.

Tal afirmación, sin embargo, resulta sorprendente. Naturalmente que en España hay federalistas, incluso muchos, la mayoría de expertos en comunidades autónomas lo son y es fácil probarlo: sólo basta consultar la extensa literatura sobre esta materia. Entonces, ¿por qué tan a menudo desde Cataluña se pone en cuestión algo tan evidente? La razón es bastante simple: el término «federalismo» sirve para denominar dos realidades muy distintas. Muchos de los que en Cataluña se llaman a sí mismos federalistas son partidarios de un modelo de Estado que no es, ni mucho menos, el de los federalistas del resto de España y, hasta diría, el de los federalistas de los Estados de esta misma naturaleza de nuestro entorno político y cultural, como son Alemania, Austria, Italia o Suiza.

En efecto, en los últimos veinte años se ha ido desarrollando en Cataluña una teoría del federalismo basada en la tradición del republicanismo federalista de fines del siglo XIX. Esta ideología parte de la consideración de España como Estado plurinacional en el que la autonomía de Cataluña debe basarse en una soberanía compartida con España y, por esta razón, las competencias de la Generalitat deberán ser asimétricas respecto a las demás comunidades autónomas dada la condición nacional de Cataluña.

Obviamente, dado que está fundado en ideas del siglo XIX, el modelo se encuentra muy desfasado respecto a la actualidad. Almirall, efectivamente, se inspiró en el federalismo de su época, en el de Estados Unidos, Suiza y Alemania, pero la organización federal de estos países se ha transformado profundamente. El sujeto de la soberanía dejó de ser el centro de las preocupaciones federales tras la guerra civil norteamericana —¡que terminó en 1865!—, el reparto simétrico de competencias pasó a ser el eje central del federalismo y el paso de un Estado liberal a un Estado social hizo inevitable, por razones de eficiencia, que la descentralización política no consistiera, simplemente, en mera autonomía sino que también debía implicar relaciones de colaboración y participación entre la federación —el Estado central— y los entes subestatales, en nuestro caso las comunidades autónomas. Este federalismo, el realmente existente en Europa occidental y Norteamérica, es el modelo en el que se inspiran los federalistas españoles.

Por tanto, que los articulistas de Madrid no se asombren cuando algunos socialistas catalanes les pregunten si hay federalistas en España. Quienes formulan tal pregunta son nacionalistas que ante el lógico rechazo que les suscita el nacionalismo esencialista y el vértigo que les provoca el independentismo, han apañado con viejos instrumentos un confuso modelo más o menos confederal que sólo comparten ellos mismos y algunos de sus amigos de Quebec.

(LV, 2010)

Dos versiones de la democracia

El debate sobre la sentencia del Estatut refleja bien dos concepciones muy distintas de la democracia: la democracia jacobina y la democracia constitucional.

Las dos parten de idéntico principio: democracia es el gobierno del pueblo, la expresión de la voluntad de los ciudadanos, conectado inevitablemente, a su vez, con la idea de Estado de derecho, es decir, con la idea de que quienes nos gobiernan son las leyes, no los hombres. Siempre, naturalmente, que estas leyes sean generales, garanticen los derechos fundamentales y expresen la voluntad mayoritaria del pueblo.

La democracia está basada en las ideas contractualistas del siglo XVII, especialmente en las ideas de Hobbes y de Locke. Para estos autores, en el estado de naturaleza, en que no había poder político alguno, los individuos eran libres e iguales pero su existencia se veía constantemente perturbada por las constantes luchas entre ellos y, en la práctica, la libertad y la igualdad se les negaba. Así pues, descontentos con tal situación, estos individuos deciden ponerle fin, y para ello acuerdan mutuamente un contrato mediante el cual fundan un Estado, el instrumento que debe garantizarles seguir siendo libres e iguales como en el estado de naturaleza. Este contrato es, de hecho, la Constitución.

Esta inicial idea de democracia liberal tuvo —Gran Bretaña aparte— dos grandes versiones: la estadounidense y la europea. En la primera se mantuvo el esquema inicial según el cual los poderes constituidos están sometidos a la Constitución y ello se garantizaba mediante el control de constitucionalidad de las normas jurídicas por parte de los jueces. En la versión europea, en cambio, el jacobinismo francés consagró la supremacía del Parlamento y de la ley, quedando la Constitución como una ley más y el Parlamento como órgano depositario de la soberanía nacional.

El constitucionalismo europeo se mantuvo en esta línea casi hasta la Segunda Guerra Mundial. Tras comprobar cómo las mayorías parlamentarias, las leyes sin control jurisdiccional y los parlamentos soberanos habían entregado el poder a Mussolini y a Hitler, con la catástrofe posterior que ello supuso, se retornó a la inicial idea de Constitución como contrato previo a la creación de los poderes constituidos. La Constitución debía contener un núcleo básico de derechos fundamentales y un esquema de poderes limitados y mutuamente controlados, cuya garantía última residía en los jueces.

Por esta misma época, este esquema se trasladó también al derecho internacional: la Carta de las Naciones Unidas (1945), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y, años más tarde, entre otros, los dos Pactos de Derechos de la ONU de 1966 sometían a los Estados al derecho y protegían a los individuos frente a los Estados.

Se puede ser partidario de la democracia jacobina, basada en la prevalencia absoluta de las mayorías parlamentarias, o de la democracia constitucional, en la que, además de las mayorías, la democracia se asegura también mediante un sistema de controles políticos y judiciales. Pero en todo caso, nuestra Constitución adoptó esta última y, por tanto, o se respeta o se reforma.

El president Montilla declaró el día de Sant Jordi pasado, refiriéndose naturalmente al pleito del Estatut, que «el Tribunal (Constitucional) tiene legitimidad legal, pero hay otro tipo de legitimidad más moral, más política, mucho más ética». No sé muy bien exactamente a qué se refiere Montilla con estos vagos términos, me suena al viejo iusnaturalismo preliberal y predemocrático, a un derecho natural eterno que está por encima de las contingentes leyes humanas, o también al decisionismo schmittiano que justificó a Hitler, pero no creo que Montilla se refiera a ellos. Quizás a lo que se refiere es a la vieja democracia jacobina, en concreto a que las mayorías mandan sin control alguno y que los poderes constituidos pueden modificar aquello que en su momento aprobó el poder constituyente. Si es así, Montilla está hablando del sistema de otros países, y si quiere algún día hablar en estos términos de España, debería comenzar a emprender la reforma de la Constitución.

(LV, 2010)

Un tres o un cuatro por cien

Hace casi un año que tuvimos las primeras noticias del asunto Palau de la Música, más conocido por el «caso Millet», el todopoderoso personaje que se movía como pez en el agua por los pasillos del poder, estafando a unos y a otros, malversando caudales públicos, sin que, aparentemente, nadie sospechara nada. Algo bastante inexplicable ya que desde entonces sus antiguos amigos, y hasta sus parientes, han ido contando en privado que nunca nadie, ni siquiera su propia familia, se fiaba de él. Con estos antecedentes uno no acababa de entender que disfrutara de tanta confianza por parte de los poderes públicos y de tanto prestigio dentro de las altas esferas de la sociedad catalana. Algunos datos conocidos en los últimos días empiezan, sin embargo, a aclarar algo el asunto.

Ya desde el primer momento surgió la duda sobre si de este affaire no saldría salpicado algún partido político. Esta duda se despejó pronto al conocerse que Millet, en el año 2000, había entregado dinero del Palau a la Fundación Trias Fargas, de Convergència Democràtica (CDC), y había liquidado las deudas del Partido de la Independencia (PI) de Àngel Colom justo al ingresar éste en la misma CDC. La conexión entre Millet y Convergència comenzaba a hacerse evidente. Por otro lado, el hecho de que esta fundación cambiara de nombre y sustituyera el de Trias Fargas por el inocuo CatDem ya hacía sospechar que no se quería mezclar al viejo dirigente liberal en el asunto.

La declaración de Colom de esta misma semana ante la comisión de investigación de Parlament de Catalunya que, legítimamente, investiga el caso, ha sido muy expresiva de un inefable estado de espíritu de la Cataluña de hoy. En efecto, Colom confesó las supuestas razones por las que Millet pagó sus deudas: «Fui a ver al señor Millet porque unos amigos me dijeron que era un mecenas. Me pagó porque me avalaba mi trayectoria nacionalista». Sin querer desvelar el nombre de estos amigos, Colom cobró un talón de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música y se fue tan contento a su casa pensando que había recibido 75.000 euros simplemente porque era un buen patriota. Por lo visto, en este país hay personas que consideran normal cobrar por el mero hecho de ser nacionalistas, un oficio, al parecer, bien remunerado.

Pero en los últimos días las investigaciones judiciales han tomado un rumbo distinto. Por un lado, se ha descubierto que Millet pretendía que el Ayuntamiento recalificara un edificio contiguo al Palau para que fuera destinado a hotel. Altos gestores municipales presionaron a la concejal del distrito, la arquitecta Itziar González, para que facilitara los trámites. Ésta se negó repetidamente a ello hasta que decidió dimitir. Cuando se conoce un asunto de corrupción, siempre está detrás una persona decente que arriesga el tipo y, en contra de sus intereses personales, hace prevalecer los generales. En este caso, la pequeña heroína ha sido Itziar González y los presuntos responsables de las irregularidades cometidas están en manos de la justicia.

Por otro lado, se han descubierto nuevos datos que relacionan los tejemanejes de Millet con la financiación ilegal de CDC. En efecto, según informaciones del todo fiables, en el pago de determinadas obras públicas llevadas a cabo por la empresa Ferrovial a cuenta de la Generalitat —especialmente la Línea 9 del Metro y la construcción de la Ciudad de la Justicia— determinados porcentajes del importe de estas obras se desviaron a las cuentas de CDC por el conducto del Palau de la Música. Entre unas cosas y otras, por el momento parece que en las arcas de dicho partido se ingresaron por esta vía unos 5,8 millones de euros.

Tras el fracaso del segundo Govern tripartito, todos los sondeos parecían favorecer a CiU, que se había convertido en el único recambio posible a la actual situación. No cabe duda que este más que feo asunto puede ser un obstáculo en un paseo que se auguraba triunfal. El fracaso general de la clase política catalana parece evidente. Así lo reflejan tanto los sondeos demoscópicos como las charlas con los amigos: la desafección es general y no se ve una alternativa de gobierno en quien confiar. Asuntos como este añaden pesimismo al panorama.

Me acuerdo del año 2005, cuando Maragall, dirigiéndose a Artur Mas, soltó inopinadamente en el hemiciclo del Parlament de Catalunya aquel famoso: «Su problema se llama 3 %». Y Mas le respondió algo así como: «Si ustedes quieren que sigamos colaborando —en aprobar el nuevo Estatut, claro— retire estas palabras». Y Maragall las retiró. Todos entendimos el significado de aquel enigmático 3% pero nos quedamos con las ganas de saber más, de llegar al fondo. Hasta hoy todo se ha cubierto de un espeso silencio. Según los datos en poder del juez, las comisiones percibidas en el actual asunto son ahora del 4%. Todo sube. Esperemos que la exaltación patriótica que está produciendo la sentencia del TC no impida que otra vez —siempre este dichoso Estatut de por medio— nos quedemos de nuevo con la duda de si ahora estamos en el 3, el 4 o vaya usted a saber el tanto por ciento. Que el juez —esta vez el tinglado no lo controlan los políticos— nos desvele la verdad.

(LV, 2010)

La Cataluña imaginaria

Entre todas las reacciones que está suscitando la sentencia del TC sobre el Estatut, la más surrealista es la declaración del abad de Montserrat: «Hay que decir que la sentencia no respeta todos los derechos que el Magisterio de la Iglesia reconoce a los pueblos que son una nación». Caramba, caramba, con el Magisterio de la Iglesia: antes, por lo menos, esperaban a la publicación de un texto para criticarlo. La clase política ha bajado de nivel, los teólogos parece que también.

Pero el movimiento nacional ya está en marcha. Algunos alcaldes se han declarado «moralmente excluidos de la Constitución» pero sin dimitir, como sería lógico, de sus cargos. Los rectores y rectoras de universidad se han puesto una vez más al servicio incondicional del poder político, como en aquellos viejos tiempos de los gobernadores civiles del Régimen. La manifestación ya está convocada: se sabe el día, el lugar y la hora, pero no el lema, ni la bandera, ni quién la encabezará, especialmente dónde estará situado el presidente de la Generalitat. La confusión es, pues, notable y el espectáculo deprimente. ¿Unidad? Si no existe entre los mismos convocantes, ¿con qué autoridad pueden pedir unidad a los ciudadanos?

Los socialistas catalanes están atrapados en la propia red que han ido tejiendo. Ciertamente han caído en muchas trampas desde que empezó todo eso, pero ésta puede ser la definitiva. Todo eso empezó cuando el PSC de Maragall pactó con ERC, a principios del 2001, la reforma del Estatut, con el fin de aliarse con los republicanos y desbancar a CiU de la Generalitat. Eso sucedió a finales de 2003 y fue entonces cuando se emprendió una insensata carrera para aprobar un nuevo Estatut. Quien ha salido ganando en todo ello es ERC, la fuerza política más inteligente de estos últimos años: ha alterado el mapa político catalán, especialmente haciendo escorar al PSC, a IC y a buena parte de la opinión pública, hacia un extremismo que antes no existía. El Estatut ha sido, desde el primer momento, un mero instrumento de las fuerza políticas con objetivos exclusivamente partidistas, no una finalidad para mejorar el sistema de gobierno de Cataluña.

Así sucede también ahora: la sentencia es un mero instrumento. La deslegitimación del TC empezó hace un año: cuando vieron claro que la sentencia podía ser negativa todos empezaron a hacer cálculos electorales. Ante el vértigo de que los partidos que apoyaron al Estatut fueran considerados culpables de su inconstitucionalidad, comenzó la deslegitimación del TC con argumentos insostenibles: desde que el Estatut es un pacto político no susceptible de control jurisdiccional hasta que el Tribunal es incompetente porque no han sido renovados sus miembros. Montilla ha impulsado todas estas inconsistencias en un intento desesperado de evitar un descalabro socialista en las próximas elecciones. Ahora se halla ante el dilema de encabezar una manifestación por el «derecho a decidir» —un sinónimo del derecho a la autodeterminación— o faltar a la palabra dada en su imprudente y demagógica alocución tras conocerse el fallo de la sentencia. Cuando uno abandona sus principios y pretende aparentar que se está de acuerdo con los principios contrarios a fin de mantenerse en el poder, es natural y merecido que le sucedan cosas como éstas.

Tras el fallo de la sentencia —recordemos que todavía no conocemos sus fundamentos y, por tanto, buena parte de su significado— en la Cataluña oficial es opinión común afirmar que se ha roto el pacto constitucional. Dando por bueno que ese supuesto pacto es el que está estipulado en la Constitución, dicha opinión no puede estar peor fundada, en especial porque quienes la mantienen son, precisamente, aquellos que basan la pretendida ilegitimidad de la sentencia en el argumento de que el Estatut fue aprobado en referéndum y el Tribunal no puede declarar nula una ley de esa naturaleza. En realidad, la Constitución dice expresamente lo contrario: todas las normas y todos los poderes están sujetos a la Constitución. Y añade que para garantizar que ello sea así están los controles judiciales y, en el caso de las leyes —y el Estatut es una ley—, el único órgano adecuado para ejercer este control es el TC. Por tanto, quienes rompen el pacto constitucional materializado en la Constitución son, precisamente, aquellos que sostienen la ilegitimidad de la sentencia.

Lo más peligroso de la situación es el deterioro del Estado de derecho. El presidente de Murcia ya ha dicho que no aplicará la ley del aborto. Empiezan unos y siguen los demás. Afortunadamente los ciudadanos son más sensatos que sus gobernantes. No crean quienes no viven en Cataluña que aquí se está masivamente en estado de guerra contra la sentencia. Sólo en la Cataluña imaginaria sucede eso. Como es natural la gente está preocupada por otros problemas que les atañen más de cerca y que los políticos no les resuelven. La desafección de la política no es culpa del TC ni de la Constitución sino de estos políticos, los mismos que estarán en la manifestación del sábado. Pero el asunto no es grave: estamos en julio, el calor aprieta y tenemos las vacaciones a la vuelta de la esquina.

(LV, 2010)

Los sentimientos y la nación

Tras la sentencia del TC sobre el Estatut muchos catalanes se preguntan si la Constitución no les permite tener más identidad nacional que la española. Así lo formulaba hace unos días el historiador Borja de Riquer: «¿Por qué la Constitución no puede reconocer un hecho social y político objetivo como es que muchos ciudadanos se sienten nacionalmente catalanes, vascos o gallegos?».

Mal iríamos si una constitución se inmiscuyera en los sentimientos de las personas: no sería una norma inspirada en los principios liberales y democráticos, no respetaría la libertad ni la autonomía de las personas y vulneraría los más elementales derechos fundamentales. Se trataría de una constitución de cariz totalitario que impondría una ideología en lugar de respetar el libre pensamiento. Por tanto, una Constitución como la nuestra no puede determinar la identidad de los individuos. Los ciudadanos pueden decidir sus propios sentimientos de pertenencia: españoles, catalanes, vascos, andaluces, marroquíes, ecuatorianos, rumanos, chinos y un largo etcétera. O considerarse simples seres humanos sin connotación nacional alguna. Ahora bien, otra cosa es el significado jurídico de las palabras de una ley, en este caso del Estatut. De ahí proviene la confusión, que la sentencia aclara perfectamente.

El término nación tiene dos significados muy distintos: el jurídico y el cultural. En sentido jurídico la nación es un conjunto de personas radicadas en un territorio y reguladas por una ley común —la Constitución— que les garantiza los mismos derechos básicos. La nación en sentido cultural es de naturaleza muy distinta. También se trata de un conjunto de personas, pero el vínculo que les une no es jurídico sino que está basado en los sentimientos que les suscitan, entre otros, determinados elementos de carácter histórico, cultural, lingüístico o étnico, propios de la comunidad en la que viven. Si la nación jurídica es de matriz revolucionaria francesa, la cultural proviene del romanticismo alemán.

El Tribunal Constitucional, en su reciente sentencia, no ha modificado, en este punto, lo que fue aprobado por las Cortes Generales y ratificado en referéndum. Simplemente, ha advertido que la referencia del Preámbulo en el que se recuerda que en una ocasión se definió a Cataluña como nación, carece de eficacia jurídica interpretativa. Quiénes definieron a Cataluña como nacionalidad y no como nación son, en consecuencia, aquellos que aprobaron el Estatut, no el TC. Y también añade la sentencia que si bien en sentido jurídico-constitucional el concepto de nación sólo puede aplicarse a España, en los demás sentidos —y enumera: «como realidad cultural, histórica, lingüística, sociológica y hasta religiosa»— puede hablarse sin límite alguno dado que estamos en un Estado democrático en el cual cualquier idea puede ser defendida e incluso, mediante reforma constitucional, convertida en realidad jurídica.

Cada uno puede tener, por tanto, el sentimiento nacional que prefiera e, incluso, puede no tener ninguno. Ahora bien, según la Constitución, en la nación española reside la soberanía y las nacionalidades y regiones tienen garantizada la autonomía. Algo, por supuesto, obvio y evidente.

(LV, 2010)

¿Soberanos como Irlanda?

Una irónica paradoja hace que coincidan la pérdida de soberanía que supone para los irlandeses la intervención económica de la UE y el FMI, con unas elecciones catalanas en las que se presentan varios partidos —algunos muy importantes, como CiU y ERC— que se declaran soberanistas porque consideran que Cataluña es una nación y toda nación tiene derecho a un Estado independiente. ¿No estarán utilizando estos partidos fórmulas políticas de otros tiempos? ¿Son compatibles sus posiciones con la actual fase histórica de una Europa integrada en una economía globalizada?

Cuando se escucha a los dirigentes políticos de estos partidos uno tiene la sensación de que en lugar de patriotas son simplemente partidistas, es decir, aparentan la defensa de Cataluña pero en realidad lo que pretenden es, simplemente, obtener más poder político para ellos. CiU y ERC compiten para demostrar quién es más nacionalista y por esta razón se ven obligados a elevar el listón de sus reivindicaciones. En estos últimos años, ERC ha ido abandonando el catalanismo político tradicional y se acerca a posiciones muy semejantes a la Liga Norte italiana, que basa su nacionalismo más en cuestiones económicas que identitarias, especialmente su rechazo al poder de Roma y la insolidaridad con las zonas pobres del sur.

CiU, por su parte, aunque teóricamente no ha abandonado el pujolismo, lo está matizando con un rumbo nuevo, en parte obligado por la competencia con ERC, en parte por la ambición de poder de su núcleo dirigente más joven.

En el debate electoral del pasado domingo en TV3, Artur Mas, en un memorable acto de prepotencia, hizo una clara demostración de todo ello. Recordemos el contexto. La conversación transcurría en catalán pero dos de los participantes hablaron, durante un rato, en castellano. Uno de ellos, además, aludió al conocido caso de corrupción que afecta al Palau de la Música, ligándolo a la financiación ilegal del partido de Mas, a propósito de un obsceno video de propaganda de CiU en el que un monigote envuelto en la bandera española roba la cartera a un catalán. El objetivo, obviamente, era trasmitir el mensaje de que España roba a Cataluña. Se le reprochó a Mas que invocara unos supuestos robos, pero olvidara los reales, comprobados y admitidos: el saqueo del Palau. En ese incómodo ambiente, el candidato de CiU puso cara de decir ¡vamos a ver quién manda aquí! y encarándose con el representante de Ciutadans exclamó en tono paternalista: «Mire si este país es tolerante que usted viene a la televisión pública de Cataluña y puede hablar en castellano».

La frase no tiene desperdicio. Retrata a quien la pronuncia y a la ideología que la ampara. «Soy el dueño, el propietario del terreno», parece decir Mas: por ello habla en nombre del país y no en el suyo propio. Pero añade: dado que soy un dueño bondadoso y compasivo, tolero que usted pueda hablar castellano en esta televisión pública. Como es pública, considera Mas, es la de los catalanes de verdad como yo, no como usted. Me recuerda a unas anteriores elecciones en las que Jordi Pujol replicó a Manuela de Madre, la política socialista no nacida en Cataluña: «Usted hace sólo cincuenta años que está aquí, yo hace quinientos». La legitimidad de origen, la legitimidad monárquica.

El nacionalista siempre se cree el dueño de la nación: por eso es tan difícil conciliar nacionalismo con democracia, a menos que el nacionalismo sea, simplemente, la expresión del natural aprecio, cariño, amor, como se le quiera llamar, por el lugar en el que vives, has nacido o has pasado parte de tu vida. Artur Mas debería saber que no es él, ni ninguna otra persona, quien da permiso para hablar una u otra lengua, sino que es únicamente la ley, la ley democrática que nos hemos dado entre todos, la que puede hacerlo y la que protegía la libre opción lingüística de los participantes en el debate.

Antes Grecia, ahora Irlanda: ésta es la independencia de los Estados europeos. Afortunadamente. Sólo una Europa política unida y democrática nos ayudará a superar la crisis económica, no los soberanismos que inevitablemente tienden a desintegrarla.

(LV, 2010)

TIEMPO DE INDEPENDENCIA (2011-2014):

EL LLAMADO DERECHO A DECIDIR

La campaña contra la sentencia sobre el nuevo Estatuto tuvo cuando menos dos consecuencias: primero, un desprecio generalizado por el derecho y la democracia constitucional; segundo, la sensación de que «España» no entendía ni quería a «Cataluña». La mezcla de ambos factores resultó explosiva, más todavía si le añadimos el pesimista clima de fracaso creado por la aguda crisis económica en toda España y el malestar social que provocaban las medidas que se estaban tomando para hacerle frente.

CiU recuperó el Gobierno tras las elecciones de noviembre de 2011 y Artur Mas fue investido presidente, aunque sin mayoría absoluta. De nuevo CiU estaba en un dilema difícil de resolver: buscar apoyos parlamentarios en el PP o en ERC. Lo primero originaba un serio desgaste de sus votantes nacionalistas; lo segundo, de sus votantes conservadores. Para no ser desbordado, Mas estableció un calendario en dos etapas: primera, intentar conseguir un concierto económico como el del País Vasco y Navarra; segunda, en el caso de que esto fallara, y estaban convencidos de ello, proponer la celebración de una consulta al objeto de ejercer el llamado derecho a decidir.

La gran manifestación del 11 de septiembre de 2012 se planteó primero como un apoyo a la primera reivindicación, es decir, el concierto, pero en realidad se convirtió en un enorme clamor por la independencia. Artur Mas y CiU habían sido sobrepasados por ERC y los sectores más radicales de su partido, que ejercían un papel determinante en el giro hacia el independentismo a través de asociaciones y organizaciones como la Asamblea Nacional de Cataluña y Òmnium Cultural. Mas abandonó la opción del concierto, disolvió el Parlamento y convocó nuevas elecciones pensando que obtendría mayoría absoluta con la finalidad de controlar un proceso que se le estaba yendo de las manos.

Pero de nuevo erró en sus cálculos. En lugar de la mayoría absoluta perdió doce escaños y ERC experimentó un gran aumento de sus votos. Artur Mas formó gobierno en minoría con el apoyo de los republicanos y emprendió una rápida marcha hacia la celebración de la consulta. A lo largo del año 2013, el Parlamento aprobó una Declaración en la que se establecía que el pueblo de Cataluña era soberano, se constituyó un organismo denominado Consell Assessor de la Transició Nacional con el objetivo de planificar el futuro Estado catalán y, finalmente, se llegó a un acuerdo para celebrar un referéndum sobre el llamado derecho a decidir el 9 de noviembre de 2014 y fijando una doble pregunta, enormemente confusa.

Con ello entramos en el año 2014. El próximo 11 de septiembre se celebra el 300 aniversario de la rendición de Barcelona ante las tropas de Felipe V durante la Guerra de Sucesión, ambiente patriótico ideal para llegar a una independencia sobre la cual nadie, entre los conocedores de la situación, cree, pero que suscita grandes esperanzas en muy buena parte de la sociedad catalana. Lo más probable es que el fin deseado, la independencia, genere sobre todo frustración.

Querido Gregorio

¡En qué lío te has metido, querido Gregorio Peces-Barba! Quizás no lo calculaste, estabas en Cádiz, ciudad liberal, te contagió el ambiente. Pero cuando hables de Cataluña no utilices la ironía, ni siquiera haciéndola explícita, porque te van a machacar.

Hace unos años, Manuel Jiménez de Parga, amigo tuyo y maestro mío, como sabes nacido en Granada y con gran arraigo en Cataluña, donde vivió más de dos décadas, se le ocurrió decir más o menos que hace mil años, mientras en el norte de España apenas sabían qué era lavarse, en su tierra de origen había fuentes de mil colores, refiriéndose al esplendor de la civilización musulmana en Andalucía. Tenía más razón que un santo pero ¡la que se armó! Lo interpretaron como un ataque a los catalanes: «¡dice que aquí no nos lavamos!». Nadie del norte de España se sintió ofendido, como es natural. Sólo los catalanes, mejor dicho, sólo algunos catalanes o, con más precisión, la Cataluña oficial y la Cataluña mediática. Ahora te va a tocar a ti.

Ya sé que alegarás tus innegables méritos. Tus lejanos tiempos en Cuadernos para el Diálogo, con la puerta siempre abierta a la autonomía de Catalunya, a sus obvios rasgos diferenciales, en especial la lengua. Aquellos Cuadernos en los que tanta influencia ejercía el añorado Josep M.ª Vilaseca Marcet, tan amigo de Ruiz-Giménez, tu querido maestro. También pensarás en tus esfuerzos para introducir el término «nacionalidades» en la Constitución, para que Cataluña se viera reflejada en ella. También recordarás tu defensa de España como «nación de naciones», junto a Roca Junyent y Solé Tura. «¿Qué he hecho yo para merecer esto?», te estarás preguntando.

Permíteme que responda: no has dicho nada inconveniente, has hecho una broma de forma explícita, ni siquiera sería insultante aunque hablaras en serio. «Yo siempre digo en broma —refiriéndote coloquialmente a hechos históricos del siglo XVII— qué hubiera pasado si nos quedamos con los portugueses y dejamos que se vayan lo catalanes: igual nos hubiera ido mejor». Y siguiendo en lenguaje irónico has añadido: «Bueno, hubiera habido un problema gordísimo: que no hubiera habido los partidos de fútbol Madrid-Barcelona y esto, claro, es siempre muy importante». Aquí el único ofendido puede ser el Oporto porque también has declarado que «jugar contra el Oporto hubiera sido muy aburrido».

Durante unos días tendrás que aguantar el chaparrón. Cada día aquí alguien dice que se quiere separar de España y está en su derecho al proclamarlo. Pero no digas lo contrario: es una ofensa. Quizás te creíste a José Ferrater Mora que establecía como uno de los rasgos propios de los catalanes, además de la continuidad, la mesura y el seny, también la ironía. Ahora las cosas han cambiado: ruptura, desmesura, rauxa, hosquedad. Piel fina, muy fina, victimista y politizada.

(LV, 2011)

¿Qué está pasando en CiU?

A mediados de septiembre, es decir, alrededor del mítico día 11, los dirigentes de CiU estaban convencidos que, por primera vez en la historia de la democracia, iban a ser en Cataluña el partido más votado en unas elecciones generales. Más que euforia, lo que mostraban era seguridad. Y sus razones tenían.

Efectivamente, en los comicios autonómicos y municipales del pasado curso político, CiU obtuvo muy buenos resultados, resurgió de su difícil travesía del desierto, mostró que sin Jordi Pujol seguía siendo un gran partido. Artur Mas, un líder muy distinto a Pujol, se había afianzado entre los suyos y estaba empezando a ser respetado en la sociedad.

A su vez, el PSC estaba pasando por el momento más confuso de su historia y ERC seguía devorando a sus dirigentes, una rara afición, no se sabe si genética o freudiana. La Casa Gran del catalanismo, que parecía un esoterismo semejante a la «Alianza de las Civilizaciones», en la práctica empezaba a hacerse realidad. Desde la concepción convergente de la vida y de la historia, las cosas volvían a su lugar natural: Cataluña no les podía fallar, al final Dios siempre protege a los suyos.

Además, a diferencia de cuatro años antes, Duran Lleida fue elegido esta vez como indiscutible cabeza de lista. Al parecer sin disputas internas. El tándem entre Mas y Duran parecía funcionar. La pasada legislatura ha consagrado a Duran en Madrid: en todos los sondeos aparecía como el político mejor valorado de España, para que luego digan que los españoles nos tienen manía.

Pero algo malo empezó a sucederle a CiU en pleno agosto: Oriol Pujol, el hijo, declaró públicamente que aspiraba a ser el número 2 de la lista de CiU en las elecciones generales, algo que no entraba en los planes de Duran, quizás tampoco en los de Mas. Agosto es mes de vacaciones y los debates se cierran con rapidez. Pero no era normal que el actual portavoz en el Parlament de Catalunya aspirara a semejante puesto. Algo raro pasaba: ¿desconfiaba el núcleo duro de Convergència de lo que Duran podía hacer en Madrid? Pactar, pactar: ¿a costa de qué?, ¿en beneficio de quién? En fin, ¿pactar con el PP, ese enemigo declarado de Cataluña, como todos sabemos? ¿Hasta dónde podemos llegar, hasta participar en un gobierno del PP? Este Duran es peligroso, hay que marcarle de cerca.

La cosa no prosperó y Pujol hijo renunció a sus aspiraciones madrileñas. Pero sucedió otra cosa notable. También en torno al 11 de septiembre, Artur Mas pronunció una conferencia en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Fue algo sonado. El actual presidente de la Generalitat tiene fama de puritano y sostiene, por lo visto, que hay que decir lo mismo en Barcelona que en Madrid, algo que nunca se le había pasado por la cabeza a Pujol, a Pujol padre. Mas andaba, además, irritado con Zapatero y Rajoy porque habían pactado una reforma de la Constitución sin contar con ellos, un mal augurio en estos complicados tiempos. Así pues, Mas largó en Madrid que el consenso constitucional se ha roto, que ya no pueden confiar en España, que el pacto fiscal va en el mismo sentido del concierto económico vasco y que, tal como están las cosas, si no se les da lo que piden, están dispuestos a marcharse, a abandonar España aunque, por supuesto, no de la Unión Europea. A las pocas horas, según me han contado, casi ningún embajador de los más importantes países de la UE asistió, como era habitual, a la recepción que tradicionalmente ofrece el delegado de la Generalitat en la capital… Primer aviso, esta vez desde el exterior. ¿Hay que plegar velas? ¿En qué lío nos hemos metido?

El segundo aviso les vino desde el interior, contado por este periódico. En el sondeo de Noxa Consulting publicado en La Vanguardia del 9 de octubre, el PSC perdía en Cataluña pero no tanto (se quedaba en 18-19 diputados), a cierta distancia le seguía el PP (13-14 diputados) que sobrepasaba por muy poco a CiU (11-12 diputados). O sea: en un mes habían pasado de ser los primeros a ser los terceros. Y de forma humillante: por detrás del PP, ese enemigo recalcitrante de Cataluña… con quien Duran quiere pactar y Trías ya lo ha hecho en el Ayuntamiento de Barcelona. El escalofrío que recorrió a CiU fue importante. ¿Qué hacer?

Desde entonces los nervios han dominado la campaña de CiU. Duran no se parece a Duran, va dando tumbos con un discurso en el que no cree y se le nota: ya no es el político más valorado. CiU se ha quedado con el discurso de la Liga Norte italiana: el de España nos roba, nuestro dinero se va y no vuelve, deseamos un pacto fiscal para reducir «nuestra solidaridad», no pretendemos privilegios pero queremos ser como los vascos ¡que son unos privilegiados! En fin, que piden lo imposible, como los de mayo del 68. El mismo Pujol padre acaba de publicar un grueso tomo de reflexiones recientes en el que se muestra decidido partidario de la independencia.

El votante moderado empieza a sentir vértigo. Un amigo me decía: «Voté a CiU el año pasado para acabar con el tripartito y cambiar de alcalde, no para que nos metan en nuevos líos». CiU está perdiendo centralidad y eso explica lo que le está pasando.

(LV, 2011)

Sobre viabilidades económicas

El asunto Spanair, tan triste, empezó precisamente por lo contrario, por la alegría: la alegría inconsciente e irresponsable de ciertas elites empresariales, políticas y mediáticas catalanas.

En la convulsa época de los gobiernos tripartitos, algún arbitrista tuvo la brillante idea de que para el futuro de Cataluña lo más importante era tener un gran aeropuerto intercontinental, un hub que conectara Barcelona con el mundo sin tener la humillante obligación de pasar por Madrid. La idea tuvo enseguida gran éxito: encajaba con la imaginaria confrontación Cataluña-España, música de fondo que alienta la política catalana desde hace más de treinta años.

En esas estábamos cuando varios centenares de empresarios —unos dicen cuatrocientos, otros novecientos, yo no me aclaro— se reunieron el 22 de marzo de 2007 en la escuela de negocios IESE, en principio un templo del liberalismo económico, y decidieron poner manos a la obra. Tantos empresarios juntos, y en semejante lugar, podían haber tomado decisiones más ligadas a su ideología e intereses: propuestas de reforma laboral o financiera, de reducción de las Administraciones públicas o de política energética. En todo caso, iniciativas que respetaran las reglas de la economía de mercado, un mercado internacional aeronáutico europeo donde es muy difícil penetrar.

En efecto, los hubs europeos están situados en Londres, Frankfurt, París, Ámsterdam, Zúrich y Madrid, no por razones políticas sino geográficas y económicas. Desde ahí conectan Europa con Norteamérica, Asia y Latinoamérica. Pero nuestros liberales empresarios, más obsequiosos con el poder político que fieles a sus ideas, dieron eco mediático y soporte social a la por lo visto ineludible necesidad de volar directamente a Nueva York, Sao Paulo o Pekín, sin incómodas escalas.

Un par de años después, la compañía aérea sueca SAS perdía dinero a chorros con su recién adquirida compañía Spanair, de la que se habían desprendido poco antes sus fundadores Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz-Ferran, de infausta memoria. Tanto perdía SAS que estaba dispuesta a venderla por el valor de 1 euro y encima se comprometía a capitalizarla. En definitiva, se trataba del conocido timo de la estampita. Nadie en el mundo, con dos dedos de frente, estaba dispuesto a picar el anzuelo y comprar Spanair. Hasta que a finales de 2008 un grupo de empresarios catalanes en la órbita de FemCat —una asociación nacionalista que sostiene la viabilidad económica de una Cataluña independiente— formó un consorcio sustentado en empresas públicas de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para adquirir Spanair.

Según los compradores, la compañía era económicamente viable y, sobre todo, un instrumento imprescindible para convertir el aeropuerto de El Prat en un «hub» intercontinental. La realidad fue que los nuevos propietarios compraron una ruina que al año siguiente ya tuvo pérdidas por valor de 186 millones de euros. Desde entonces estas pérdidas aumentaron y los poderes públicos catalanes tuvieron que inyectar 150 millones para retrasar la catástrofe. Tras su cierre del pasado viernes las deudas se acercan a los 400 millones.

¿Qué sucedió durante el tiempo transcurrido entre la compra y el abrupto cierre de la semana pasada? Desde el principio cayó un impenetrable muro de silencio sobre lo que en realidad estaba pasando. En privado, desde el primer momento, todos decían que el asunto acabaría muy mal. Nadie, sin embargo, alzaba la voz en público para advertirlo. Sólo había silencio, el silencio de una manada de corderos. Ese característico silencio, temeroso y cómplice, que suele extenderse por la sociedad catalana cuando están en juego las sagradas esencias de la patria. Como en el casi olvidado caso Millet: ¿Fraude en el Palau, en el Orfeó? ¡Cataluña! Callemos. Los medios de comunicación catalanes han dedicado muchísimas más páginas, y miles de horas más de radio y televisión, a los cuatro trajes de Camps que a los 32 millones que se apropió Fèlix Millet, todavía hoy tan campante.

En el caso Spanair, no están en juego las reliquias históricas sino un nuevo mito: el de la independencia de Catalunya por razones económicas. Si somos una nación y queremos ser un Estado necesitamos que el aeropuerto de El Prat sea un hub y para ello es imprescindible dotarse de una compañía aérea propia. Comprémosla, Dios proveerá. ¿Cuántos informes sobre la viabilidad económica de Spanair se han encargado? ¿Aún más que sobre la viabilidad económica de una Cataluña independiente?

Hasta el desenlace final ha sido patético. Sólo faltaba una figura: el jeque árabe. Desde la crisis petrolera de los setenta, cualquier negocio con pérdidas multimillonarias acude como última ancla de salvación a este nuevo dios: el rey mago del petróleo. Un recurso grotesco, infantil, la ilusión del niño en la cabalgata, la esperanza en el milagro.

Spanair era económicamente viable como también lo es una Cataluña independiente. Eugeni d’Ors, para impedir que su impetuoso interlocutor derramara la copa de champagne, le advirtió: «Joven, los experimentos, mejor con gaseosa».

(LV, 2012)

Viaje sin retorno

El carácter y el éxito de la manifestación del pasado 11 de septiembre suponen un giro sustancial del nacionalismo catalán. Es difícil ponerlo en duda: de reclamar más autonomía se ha pasado a pedir, lisa y llanamente, la independencia. Una enorme multitud —no entremos en cifras— la ha apoyado en la calle. Esta nueva situación se presentía desde que Artur Mas ganó las elecciones en 2010; durante los últimos meses, el proceso de aceleró, y ahora es un hecho que no parece tener marcha atrás: CiU ha finalizado una fase y está en los comienzos de otra.

Lo que más ha influido en el éxito de la convocatoria, es la nueva posición de CiU. Hasta hoy ha habido muchas manifestaciones independentistas, siempre con discreto éxito, a veces con un número casi ridículo de participantes. En todo caso, cada 11 de septiembre por la tarde había una manifestación en este sentido. Si este año se ha conseguido reunir tal multitud es porque el Govern de Artur Mas ha apoyado la manifestación con todas sus fuerzas sociales, culturales y mediáticas. Si CiU ha representado hasta ahora lo que suele denominarse la «centralidad del país», el eje de esta centralidad se ha desplazado de la autonomía a la independencia. El tiempo dirá si la sociedad catalana secunda este cambio.

Si echamos la vista atrás, podemos ver como esta evolución estaba prevista desde los años de la transición. A veces he contado en estas páginas que en una de las manifestaciones de aquella época anduve durante un rato con un grupo de amigos de Convergència. El eslogan que coreaban era «avui paciència, demà independència». Se me abrieron los ojos: durante la autonomía había que tener paciencia, pero era algo pasajero, al final del camino llegaríamos a la independencia.

En realidad, durante todos estos años, además de ejercer las competencias propias de la autonomía se han ido construyendo en Cataluña las «estructuras de Estado» que ahora, con un cierto cinismo, reclama Artur Mas. El proceso ideológico de construcción nacional y el desarrollo de las instituciones ha sido tan intenso que en lugar de una comunidad autónoma se ha levantado un pequeño Estado. O sea que todo está a punto, sólo falta culminarlo. En todo caso, la fase de la paciencia se ha acabado. Ahora, la mayoría de los actuales dirigentes de CiU, dirigidos desde la línea de fondo por Jordi Pujol y empujados por una parte de sus electores, sólo desean separarse de España. El concierto económico ya es un juego de niños.

Creo que CiU ha traspasado una línea roja en un viaje sin retorno. Imagino el vértigo que le ha entrado a Mas: pasará a la historia como un héroe o un fracasado. ¿Ha equivocado los tiempos, se ha precipitado, se ha visto forzado por las circunstancias? ¿Cuántos ciudadanos de Cataluña tendrá a su lado en el momento decisivo? Seguramente éstas son las dudas que rondan por su cabeza.

(LV, 2012)

1936: Cataluña independiente

Tiene gran interés leer el reciente libro editado por los historiadores Enric Ucelay-Da Cal y Arnau González i Vilalta, Contra Companys. En él se recogen un conjunto de trabajos sobre un asunto todavía no aclarado, sucedido durante el trágico otoño de 1936, el llamado «affaire Revertés», relacionado con una trama que, al parecer, pretendía, entre otros objetivos, la independencia de Cataluña.

El origen del libro quizás está en la pregunta que, por dos veces, en 1975 y en 1980, formuló el profesor Ucelay-Da Cal a Josep Tarradellas: «¿qué me puede explicar del affaire Revertés, de su muerte, de su asesinato?». En la primera ocasión, todavía en Saint-Martin-le-Beau, el más tarde presidente le respondió que se trataba de un «asunto de faldas» y que era demasiado delicado comentarlo. En 1980, ya expresidente, Tarradellas le reiteró que tratar esta cuestión resultaba todavía inoportuno. Cada vez más intrigado, Da Cal le propuso narrarle su versión y, si advertía algún grave error, por favor le interrumpiera. Tarradellas escuchó atentamente sin decir palabra y al acabar preguntó: «¿Cómo ha podido usted conocer todo esto?». Era evidente que se trataba de un asunto incómodo y, por tanto, el historiador decidió seguir investigando.

En una brillante introducción, los editores sostienen que el asunto Revertés podría ser estudiado también en clave de novela negra ya que contiene todos sus ingredientes: un asesinato, dos jefes rivales, una guapa chica rubia y un jugoso botín. Pero el caso da para mucho más porque tiene un trasfondo político muy relevante: tras el posible «asunto de faldas» al que aludía Tarradellas, había cuestiones de mayor calado. El libro es un conjunto de trabajos sobre todas estas cuestiones, hasta hoy poco investigadas. Sirve también para reflejar la incompetencia, frivolidad, personalismos y falta de ideales de buena parte de la clase política republicana. Toda derrota militar suele venir precedida de una debacle civil y moral. Desmenuzar el asunto Revertés lo demuestra.

En efecto, Andreu Revertés fue asesinado a las cinco semanas de ser nombrado por Companys comisario general de Orden Público de la Generalitat. Se trataba de un turbio personaje político de segunda fila, al parecer recomendado por la guapa y rubia Carme Ballester, recién casada con Companys. Los jefes rivales son Companys, president de la Generalitat, y Joan Casanovas, president del Parlament. El botín es dudoso: unos hablan de lingotes de oro procedentes del Banco de España y retenidos por Revertés en la aduana; otros de una presunta herencia de Revertés a la que se oponía su madrastra; unos terceros del control de la zona fronteriza pirenaica, hasta entonces en manos anarquistas, un objeto muy codiciado por ser una fuente de contrabando de mercancías y necesario para la huida, previo pago, de personas a Francia. Además, en esta zona se estaban desplegando las unidades militares que debían constituir el embrión del futuro ejército de la Cataluña independiente.

En el trasfondo político, además del enfrentamiento de los anarquistas con los demás, es relevante la lucha interna en las filas nacionalistas: por un lado los independentistas radicales de Estat Català —que incluía al grupo de Nosaltres Sols, simpatizantes del fascismo— y, por otro, los más obreristas de ERC, partidarios de pactar con comunistas y anarquistas (que, a su vez, resolverán a tiros sus diferencias en mayo del año siguiente).

Como se sabe, en el verano de 1936 el desbarajuste y los crímenes estaban a la orden del día. Ante tal situación, Estat Català propone en otoño «catalanizar la revolución», es decir, barrer del mapa a los anarquistas para lo cual era necesario prescindir de Companys, su protector. Acusado y detenido Revertés por crímenes y arbitrariedades cometidas desde su nuevo cargo, culpó a Estat Català de estar tramando un complot contra el Govern en complicidad con el despechado Casanovas. Dicho complot implicaba, además de eliminar a los anarquistas, destituir a Companys y sustituirlo por Casanovas, declarar la independencia de Cataluña y pactar una paz separada con Franco mediante la ayuda diplomática, bien de Francia y Gran Bretaña —Casanovas era el encargado—, bien de Alemania e Italia —de lo cual se encargaban los de Nosaltres Sols.

Todo quedó en nada excepto que Revertés, el hombre que sabía demasiado, fue asesinado tras ser encerrado en Montjuïc, mientras los demás conjurados escapaban a Francia. La independencia se aplazaba y la guerra todavía duraría dos años más.

¿Qué hay de verdad en todo esto? Sin duda algo y probablemente mucho, aunque es muy posible que nunca se llegue a saber la verdad completa. Setenta y seis años después se sigue insistiendo en separar a Cataluña de España. Es el cuarto intento, tras el 14 de abril de 1931, el 6 de octubre de 1934 y el otoño del 1936. Dicen que, a veces, a la cuarta va la vencida.

(LV, 2012)

¿Un referéndum?

La simbólica manifestación del pasado 11 de septiembre a favor de la independencia de Cataluña ha cambiado las reglas de juego de la política catalana y ha introducido un grave problema en la política española.

Estamos, pues, ante un problema, un gran problema: unos quieren separarse de España y otros no. En política es peligroso dejar que las situaciones se pudran y se enquisten. A pesar de las dificultades, debemos encontrar una salida que pasa, en primer lugar, por despejar una duda, una gran duda: ¿cuál es el porcentaje de ciudadanos catalanes partidarios de separarse de España? Aclaremos eso. Tenemos indicios, no certezas, y hay que saber la verdad. Y la única manera de averiguarla es votando. Sólo ante una urna y en secreto, cada ciudadano, individualmente, tras haberse informado de las causas y de las consecuencias, puede expresar libremente su parecer.

Dos son las posibilidades al acudir a las urnas: unas elecciones al Parlament o un referéndum. Soy poco partidario de la democracia directa, prefiero la representativa, un filtro mucho más adecuado para canalizar la voluntad popular con todos sus matices. Pero en este caso creo que debería hacerse una excepción porque tanto la pregunta como la respuesta deben ser claras y exigir claridad a los programas electorales es una quimera. Pensemos en la gran confusión de los últimos años: somos soberanistas pero no independentistas, no a la autodeterminación pero sí al derecho a decidir, libres pero asociados, federales pero asimétricos. Acabemos con la ambigüedad y planteemos en forma de referéndum la alternativa que está en la calle: ¿desea usted que Cataluña se separe de España y se constituya como Estado propio o considera mejor que siga formando parte de la actual España constitucional?

Se trata de saber, pues, si cabe en la Constitución un referéndum de estas características. Como cuestión previa: no se trata de ejercer el derecho de autodeterminación, ya que en Cataluña no se dan los supuestos que exige el derecho internacional, único ordenamiento que lo contempla. Tampoco puede convocar este referéndum la Generalitat ya que excede a sus competencias. Hay que explorar otros caminos. El más factible que se me ocurre es activar el tipo de referéndum previsto en el art. 92 de la Constitución según el cual «las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos». Nótese que se trata de un referéndum consultivo, por tanto, jurídicamente no vinculante para los poderes públicos. Además, según el citado artículo, debe ser autorizado por el Congreso, propuesto por el presidente del Gobierno y convocado por el Rey.

¿Qué solucionaríamos con este referéndum consultivo? En primer lugar, algo esencial: averiguar, con todas las garantías, la opinión de los catalanes. Ya no serían mayorías y minorías deducidas de sondeos, manifestaciones o informaciones de prensa: sería la voluntad libremente expresada en las urnas. Para ello debería garantizarse previamente un debate amplio en la opinión pública para que los ciudadanos se informaran de las dimensiones del problema y de sus consecuencias. En segundo lugar, antes de la celebración del referéndum, los gobiernos de España y de Cataluña, así como las principales fuerzas políticas, deberían acordar su alcance y condiciones, especialmente los niveles mínimos de participación para dar validez al resultado y la mayoría necesaria de votos a favor de la independencia para sea tenida en cuenta.

Celebrada la votación, caso de no alcanzarse algunos de estos mínimos, las partes, además de aceptar lealmente el resultado, deberían comprometerse a no reabrir jurídicamente la cuestión en un determinado número de años. En el supuesto de que se rebase el número de votos afirmativos en favor de la independencia establecido en estos acuerdos previos, debería procederse a unas negociaciones entre el Estado y la Generalitat para reformar la Constitución —ahí deben votar el resto de ciudadanos españoles— y acordar el reparto de bienes y deudas mutuas, garantizar la protección de los derechos fundamentales en el futuro Estado catalán y muchas otras cuestiones que ahora no cabe enumerar.

Todo lo aquí planteado no es nuevo ya que encaja dentro de la filosofía del dictamen del Tribunal Supremo del Canadá de 1998 en relación con la hipotética secesión de Quebec. Ya lo propuse en tiempos del intento secesionista de Ibarretxe. Me hubiera gustado no tenerlo que plantear en Cataluña porque, en mi opinión, separarse de España es un inmenso error. Pero las cosas han llegado a un punto que exigen claridad y la incertidumbre no debe prolongarse durante mucho tiempo. Si una comunidad plantea seriamente que desea separarse de España, la única salida democrática, agotadas las posibilidades de acuerdo, es utilizar los procedimientos previstos en nuestro Estado de derecho.

(LV, 2012)

Artur Mas, el iluminado

Acabo de leer las declaraciones de Artur Mas en La Vanguardia de ayer y una sospecha que me asaltaba en las últimas semanas se ha confirmado. Nos encontramos ante un tipo de personaje, muy estudiado por los psicólogos, que me causa un especial pavor: estamos ante un iluminado, una persona que ha escogido ser el instrumento de un misterioso destino que está decidido a asumir, pase lo que pase, tanto a él como a su país.

«¿El camino a la soberanía será largo?», le pregunta el periodista Barbeta. Responde: «Largo no sé si será, pero será duro, muy duro». Y añade: «Procuro aislarme todo lo que puedo del ruido mediático. (…) Si no te atreves con un proceso así, tienes que terminar. Lo que no vale es quedarte de presidente de un país y dar la espalda a la mayoría del pueblo. Si no te atreves te tienes que ir. Y si te quedas tienes que asumir el sufrimiento». Y remata la faena: «Tengo esperanza porque tengo fe». ¡Dios mío! ¿En manos de quién estamos?

Hasta hace poco tenía de Mas la opinión contraria, lo había escrito muchas veces en estas páginas. Pensaba que era un tipo racional, educado en el Liceo Francés y en el colegio Aula, un hombre estudioso, preparado, frío, analítico. Todo menos aventurero. Pensaba que era un freno a los sectores más extremistas de CiU, como demostró en el último Congreso de su partido, maniobrando en favor de la moderación. Parecía ser un político dispuesto al pacto, en la tradición catalana de Prat de la Riba y Cambó, es decir un anti-Companys, un hombre de seny, alejado de la rauxa.

Me equivoqué. El racionalista se ha transformado en un visionario decidido a que su país emprenda caminos «duros, muy duros», a permanecer aislado del ruido mediático, es decir, de la opinión pública, a estar dispuesto cual mártir a «asumir el sufrimiento», a tener esperanza basándose sobre todo en la fe. ¡Madre mía! De la prudencia a la mística, del realismo a la lírica y, sobre todo en estos tiempos de tribulación, a algo peor, a la épica. ¡Vaya peligro es Artur Mas!

La entrevista no tiene desperdicio, todo son contradicciones. Porque a pesar de todo este lenguaje agónico, la ineluctable transición de Cataluña hacia la independencia resultará fácil: nunca saldremos de la UE aunque seamos un Estado soberano; que la caja esté vacía o llena importa poco; precisamente porque estamos económicamente mal es el momento de arriesgar; no habrá problemas para tener indistintamente la nacionalidad catalana y la española; las pensiones se pagarán aunque los trabajadores disminuyan y los jubilados aumenten.

Como decía Tocqueville, los políticos más peligrosos son los grandes simplificadores. De repente, Mas se ha convertido en uno de ellos. Tenso el mentón, la mirada en el horizonte, aires de jefe de Estado. Éste es el Artur Mas de las últimas semanas. Me da miedo.

(LV, 2012)

Las 24 horas de Mas

Al parecer, Artur Mas cree que integrar a Cataluña en la Unión Europea como Estado independiente es algo rápido y fácil. «En 24 horas puede hacerse», creo que llegó a decir el pasado lunes en TV3. Pues bien, nada más alejado de la realidad.

Uno de los problemas que más obstaculiza el desarrollo normal de la vida política catalana es el desprecio por el derecho. Ello condujo al fracaso del nuevo Estatut, obviamente inconstitucional; se manifestó en la bochornosa manifestación contra la sentencia del TC; y ha frustrado la reforma de la financiación autonómica al empeñarse la Generalitat en utilizar la vía del concierto vasco, aun sabiendo de antemano que es constitucionalmente imposible.

Tantos errores no son casualidad, quieren perder pleitos para hacerse las víctimas, utilizan el derecho como arma política y de enfrentamiento en lugar de instrumento para la justicia y la concordia. Con esta mentalidad destruyen la misma esencia del derecho, exactamente su razón de ser.

Ahora estamos en una nueva fase dentro de la misma filosofía. Por ejemplo, se intentan minimizar las dificultades que ofrecerán las relaciones con la Unión Europea (UE). Ignorar las reglas jurídicas y sustituirlas por mera voluntad política es desconocer que la UE es una comunidad de derecho. En los países democráticamente desarrollados la voluntad del pueblo se expresa a través de los procedimientos que señalan las leyes. Y las normas europeas —en este caso los Tratados constitutivos que, como el adjetivo indica, son equivalentes a una constitución— establecen unos cauces que no pueden ser vulnerados. Veamos.

En primer lugar, un Estado no se constituye como tal con el mero impulso de su voluntad, es decir, mediante una declaración unilateral de independencia, sino que debe ser reconocido por los demás Estados y por las organizaciones internacionales, es decir, por lo que se denomina comunidad internacional. Sólo entonces, una vez obtenido este reconocimiento, adquiere personalidad jurídica internacional y puede iniciar el proceso para solicitar el ingreso en todo tipo de organismos tales como la ONU, la OTAN, la UNESCO, la OMC, la OIT, etc. Una Cataluña independiente debería pasar en primer lugar por esta fase que, como es natural, lleva un tiempo.

En segundo lugar, el procedimiento para ser admitido como miembro de la UE no es sencillo. Dos son sus principales fases. Primera, ser aceptado como candidato a negociar el ingreso, lo cual requiere la unanimidad de los 27 Estados miembros (que pronto serán 28). Segunda, una vez obtenida la condición de candidato debe ser admitido como Estado miembro, para lo cual también requiere la unanimidad y, además, la ratificación uno por uno de todos los demás Estados miembros. En esta fase, la Comisión europea y los Estados deberán, en su caso, establecer las condiciones específicas que se pueden exigir a Cataluña para entrar en la Unión.

Todo este proceso, aun en el caso que ningún Estado se opusiera a la entrada de Cataluña, es lento y trabajoso, no menos de tres o cuatro años. Y si algún Estado quisiera añadir condiciones adicionales a la admisión, como es frecuente, el proceso se alargaría todavía más. En el entretanto, Cataluña tendría la consideración de Estado tercero y sus fronteras con España y Francia se habrían convertido en fronteras exteriores de la Unión Europea.

Como sostiene una muy reputada especialista en la materia, la catedrática Araceli Mangas («Construir la casa catalana por el tejado», El Mundo del 15 de octubre), en esta transición hacia la UE, las mercancías, servicios, empresas y capitales catalanes deberían pagar «los aranceles que pagan los productos rusos, argentinos, japoneses por venderse en cualquier Estado miembro. [A su vez] Cataluña podrá poner aranceles a los productos comunitarios. Ni los ciudadanos y empresas catalanas tendrán derecho de establecimiento ni derecho al trato comunitario en tanto no se celebren acuerdos para su Estatuto de Estado tercero. Las empresas y productos catalanes serán productos y empresas extranjeras en toda la UE. Los ciudadanos de Cataluña dejarán de ser ciudadanos de la Unión; las normas son claras y contundentes, la ciudadanía de la Unión se adquiere y se pierde automáticamente con la nacionalidad de un Estado miembro y pasan a ser extranjeros en toda la UE, salvo que opten por mantener la ciudadanía española. No habrá elecciones al Parlamento Europeo en Cataluña. No habrá ayudas de los fondos europeos».

No dudo que un Estado independiente catalán, con el tiempo, acabará integrándose en la UE. Pero no serán las 24 horas previstas por Artur Mas, ni siquiera 24 meses, sino tres, cuatro o cinco años, si todo va bien. Tras este período, la situación económica y social de Cataluña habrá cambiado, seguramente a peor, y algunos mercados, justamente los más próximos, se habrán perdido, quizás para siempre.

El pasado viernes Mas declaró a La Vanguardia que el camino sería duro, muy duro, y que estaba dispuesto para el sufrimiento. Me pregunto: ¿entonces para qué emprender el camino?, ¿para alcanzar la «plenitud nacional», ese insoslayable y peligroso misterio?

(LV, 2012)

Gramática: el pueblo y un pueblo

El cartel electoral de CiU merece ser mirado con detenimiento: en él está el nuevo mensaje político que inició con paso decidido el pasado 11 de septiembre. Fíjense primero en el punto de referencia central: la ilusionada mirada de Artur Mas hacia el horizonte. Un poco más abajo: su media sonrisa de confianza en el futuro. Después observen sus brazos extendidos con las manos abiertas como queriendo abrazar a su pueblo. Vestido con aire serio y formal, traje y corbata de tonos azules y grises. Al fondo, un mar de banderas catalanas y, en medio, una estelada. Y el lema: «La voluntad de un pueblo».

El líder y su pueblo. Podrá ser una imagen relamida, anticuada, cursi y carca, como he oído en las radios de la mañana. Todo ello puede ser cierto. Pero una idea queda clara: un líder y su pueblo. Miles de veces penetrando en el cerebro de millones de personas durante todos estos días. Un líder y su pueblo.

Fíjense en el detalle gramatical: el lema no es «la voluntad del pueblo» sino «la voluntad de un pueblo». La diferencia está en el tipo de artículo: del es una contracción —de de y el— de un artículo determinado y un es un artículo indeterminado. Pero la gramática no es una cuestión de formas sino sobre todo una cuestión de fondo: equivale en el mundo de las ideas lo que las reglas morales significan en la convivencia entre los hombres. Breve: «el pueblo» no es lo mismo que «un pueblo» y, por tanto, la voluntad de uno no es la voluntad de otro.

La voluntad del pueblo se averigua mediante la suma de las voluntades de los individuos que lo componen expresadas, por ejemplo, en un día de elecciones mediante el voto. En definitiva, lo que expresa la voluntad del pueblo es una pluralidad de opiniones que, en el futuro, deben dialogar entre sí para estar de acuerdo o en desacuerdo. Muy distinta es la voluntad de un pueblo, una voluntad no plural sino única, porque en ese caso no es la suma de las opiniones individuales sino que está determinada por una historia pasada, o un destino futuro, o un metafísico ser indemne al paso del tiempo aunque cierto desde los orígenes.

¿Quién interpreta la voluntad de un pueblo? El líder. Aquel que encarna esta voluntad. «TotsAmbElPresident» era el lema del cartel de fondo del acto de inicio de campaña de CiU. Una nueva Leni Riefenstahl tendría un material espléndido para hacer un remake de aquella trilogía documental de tan cuidada estética, aunque sine etica: «Victoria de la fe», «Triunfo de la voluntad», «Día de la libertad: nuestras Fuerzas Armadas». Fueron filmados entre 1933 y 1935 en Alemania.

(LV, 2012)

El error del 12 de septiembre

Se cuenta que un conocido periodista barcelonés recibió el 12 de septiembre pasado, el día después de la no tan histórica manifestación, dos llamadas telefónicas, una de Oriol Pujol y otra de Duran Lleida. Ambos preguntaron lo mismo: «¿Qué debemos hacer?». Ello significa que los secretarios generales de Convergència y de Unió no tenían decidido, todavía, qué camino tomar: si ponerse al frente de la manifestación o integrarla en el plan que previamente se habían trazado.

¿Cuál era ese plan? Artur Mas lo denominaba desde hacía dos años «transición nacional», es decir, el itinerario que debía recorrer Cataluña para separarse de España y constituir un Estado propio. Las fases eran las siguientes. Primera, reclamar el concierto económico sabiendo de antemano que pedían un imposible para así ir cargándose de razón, acumular fuerzas y ganar nuevos adeptos a la independencia. Esta fase debía durar cuando menos un año más, hasta fines de 2013, justo antes de entrar en el conmemorativo 2014. Sería entonces cuando se plantearía la segunda fase: unas elecciones con un programa basado en el llamado derecho a decidir que debería dar paso a la independencia. Cómo se llegaría a este punto no estaba todavía definido, había que estudiarlo con calma. Era un plan suicida. La noticia es que el suicidio se ha adelantado.

La manifestación del 11 de septiembre debía ser un hito más en todo el proceso. La intención era demostrar la fuerza de CiU en la primera, pero no última, negociación con Rajoy sobre el pacto fiscal. Pero se encargó la organización de la manifestación a la ANC, entidad de reciente creación, controlada por ERC y por los sectores más independentistas de CiU. El lema no fue «Por el pacto fiscal», sino «Por un Estado propio dentro de Europa». Éste fue el primer error: se cambió el objetivo y, tras el enorme éxito, Artur Mas se vio empujado a pasar a la segunda fase, a la del derecho a decidir y la independencia. Todo se trastocó: el pacto fiscal ya era una antigualla, el error se había consumado.

En lugar de tomar nota de la manifestación, Mas pasó a encabezarla e, inmediatamente, la correlación de fuerzas experimentó un súbito cambio. Primero, porque no todos los que apoyaban el pacto fiscal estaban de acuerdo en recorrer el camino hacia la independencia. Segundo, porque tal desafío estimuló a muchos abstencionistas a votar en contra. Tercero, porque estando de acuerdo con la opción independentista, muchos pasaron a confiar más en ERC que en CiU, más en el original que en la copia.

Además, a partir del 11 de septiembre los errores de Mas fueron muchos, se notó que estaba improvisando, que el paso que había dado no estaba bien meditado. El principal error fue decir que seguiríamos en la Unión Europea cuando no era así. Entrar en la OTAN sin el gasto que supone mantener un ejército propio, fue la opinión de un amateur de la política. Que el ahorro fiscal que suponía separarse de España compensaría los nuevos gastos que comportaba un Estado propio, se vio enseguida que era un cálculo errado. El nacionalismo económico fundado en el famoso déficit de la balanza fiscal cada vez se fue pareciendo más al cuento de la lechera. La ilusión que pretendía sustituir a la realidad se fue desenmascarando semana tras semana. La ruptura civil interna asustaba cada vez más. Así se llegó al día de las elecciones: el movimiento nacionalista se fracturó en dos sectores, CiU y ERC, muy difícilmente asimilables. Mas se dejó arrastrar por una manifestación y no supo liderar un movimiento.

Hoy Artur Mas es un líder caído, definitivamente, aunque haya que dar tiempo al tiempo para que esto se cumpla. Pero sería injusto atribuirle a él toda la culpa del fracaso. Ibarretxe fue empujado por Arzalluz, Mas lo ha sido por Jordi Pujol. El viejo líder, que parecía moderado por pragmático pero que en realidad es un fundamentalista y siempre lo fue, ha auspiciado desde su propia Fundación, en sus cartas semanales, que España era un estorbo para Cataluña y que ésta debía emanciparse de su tutela. Artur Mas no ha sido un instrumento de los catalanes, como solía decir, sino un instrumento de Jordi Pujol y del núcleo duro de CiU, el llamado «pinyol». Una razón más para que haya pasado a ser un líder caído, un hombre sin autoridad, sólo respaldado por quien todavía la tiene, el antiguo presidente.

Artur Mas ponía la noche del domingo la misma cara que Ibarretxe cuando descendía de la tribuna del Congreso sabiendo que había fracasado su plan. CiU ya debería estar pensando en el recambio, encontrar a su Imaz o a su Urkullu, si quiere sobrevivir. La decadencia electoral del PSC empezó cuando pactó en el año 2000 con ERC. Esto lo deberían tener en cuenta los dirigentes de CiU. Quien se arrima a ERC se quema, quien la quiere imitar también. Desde el 12 de septiembre pasado Convergència ha querido interpretar el papel de ERC y ha fracasado estrepitosamente. Si sigue acercándose a ella quedará abrasado.

(LV, 2012)

La vida te da sorpresas

Efectivamente, sorpresas te da la vida. Estos días la vida política, la vida política catalana. Primero hablemos de dos sorpresas, inesperadas e insólitas, aunque menores, sucedidas en la sesión de investidura de Artur Mas.

En primer lugar, el líder del PSC Pere Navarro manifestó que se abstendría en cualquiera de las votaciones relativas al proceso de independencia que ha iniciado el nuevo Govern catalán. Me dicen que tal posición produjo en la cámara una estupefacción general. El PSC es un partido cada vez más original pero quizás nunca hasta tal límite. Uno puede adoptar una posición u otra, equivocarse o no, depende del punto de vista. Pero sobre la cuestión más debatida del momento anticipar que se lavará las manos sin conocer todavía en detalle el rumbo de los acontecimientos merece figurar en la antología del disparate. En septiembre escribí en estas páginas, a propósito de unas declaraciones de los diputados Bustos y Geli, que votar al PSC era votar a Poncio Pilatos. Entonces lo hice en tono irónico, hoy lo repito pero totalmente en serio.

La otra sorpresa de tono menor fueron las declaraciones del diputado portavoz de la CUP referentes a que durante el franquismo existía en España un Estado de derecho. ¡Caramba! Y nosotros sin enterarnos. Ésta si que es una aportación importante a la memoria histórica. Con todo, no es una novedad. Recuerdo que el Ministerio de Información y Turismo, al frente del cual estaba Fraga Iribarne, publicó un libro en 1964 —al cumplirse los «25 años de paz» que el montserratino abad Escarré denominó por aquel entonces en Le Monde «25 años de Victoria»— defendiendo la misma tesis. Las protestas en el mundo fueron muchas y tuvo una especial importancia el libro de réplica que publicó la Asociación Internacional de Juristas. La CUP no reescribe la historia sino que la copia.

Por último, una pincelada sobre la sorpresa auténticamente relevante, ya conocida días antes. El pobre Artur Mas, un liberal convicto y confeso, defendiendo el programa socialdemócrata de ERC. Ya veremos si se aplica o no. Algunos dicen que la nueva Esquerra de Oriol Junqueras, al contrario de la de Carod, Puigcercós y Ridao, sólo tiene de socialdemócrata la fachada, pero que en realidad es únicamente independentista, al modo de Estat Català durante la República. Sea lo que sea, ha sido patético leer las cláusulas económicas y sociales del pacto firmado por Mas, todas ellas contrarias a su manera de pensar. Disolvió el Parlament para obtener la mayoría absoluta y apenas alcanza la mayoría relativa. La vida nos da sorpresas, a veces sorpresas amargas nos da la vida.

(LV, 2012)

Las victorias de ERC

Desde la perspectiva actual, si analizamos los doce últimos años de la vida política catalana, la estrategia llevada a cabo por ERC es la que ha resultado triunfante, a pesar de tratarse de un partido con una representación parlamentaria relativamente modesta. Éstas son las razones que me llevan a esta conclusión.

Si nos situamos en las elecciones catalanas de 1999, las últimas que ganó Jordi Pujol, ERC era el único partido que en su programa proponía la independencia de Cataluña. CiU sólo pretendía oficialmente una mayor autonomía, el PSC un vago e inconcreto federalismo e IC se centraba en problemas sociales. Tras estas elecciones, los socialistas cambiaron de estrategia y dieron el paso más equivocado de su trayectoria política: reformar el Estatut para intentar atraerse a ERC y así, junto a IC, alcanzar una mayoría suficiente con el objetivo de que Maragall llegara a ser presidente de la Generalitat.

En este período 1999-2003 tuvieron lugar dos hechos clave cara al futuro. En primer lugar, CiU y ERC comienzan una carrera sobre quién es más nacionalista. A medida que trascurría este período, los sondeos iban dando un trasvase de votos de CiU a ERC, como en 2003 confirmaron las urnas. Este «efecto emulación» será uno de los motores de la política catalana que han conducido a la situación actual. En segundo lugar, con el primer tripartito, ERC ocupó un importante número de conselleries, pasó a ser un partido respetable y, además, decisivo para formar Govern. De estar en los márgenes del sistema, ERC pasaba a ser un componente de una nueva centralidad: el nacionalismo comenzaba a desplazarse hacia el independentismo.

El período siguiente, el 2003-2010, tiene dos rasgos básicos. En primer lugar, un extraño Govern tripartito cuyo objetivo principal fue aprobar un nuevo Estatut que, según los ingenuos socialistas, acabaría con las reivindicaciones catalanas durante mucho tiempo sin calcular que sucedería todo lo contrario: el proceso estatutario, que duró hasta 2010 con la sentencia del TC, en realidad lo que hizo fue aumentar el techo de las reivindicaciones nacionalistas. En efecto, tras la previsible sentencia, el independentismo cobró nueva fuerza.

En segundo lugar, en cuanto a obra de gobierno, el tripartito quiso dar un giro a la izquierda con el aumento del gasto en políticas sociales. Con la crisis económica desatada en 2007-2008, la deuda pública aumentó exponencialmente y, en conjunto, los dos gobiernos tripartitos dejaron en la sociedad catalana una imagen de incompetencia y mal gobierno. En las elecciones de 2010, buena parte del voto nacionalista que se había desplazado en 2003 de CiU a ERC volvió a su origen. Los republicanos alcanzaron un pésimo resultado electoral pero para que ello sucediera CiU tuvo que asumir muchos de los postulados de ERC, sobre todo, con denominaciones variadas y no de inmediato, la independencia de Cataluña.

El planteamiento de CiU para el período 2010-2014 fue claro desde el principio. Primero, el llamado pacto fiscal en la línea del concierto económico, una opción que sabían que no era posible, ni constitucionalmente ni en el plano de la realidad, pero que le serviría al Govern para encubrir durante cuatro años, mediante el victimismo, dolorosas e impopulares reformas económicas y sociales. La excusa de la mala financiación de Cataluña —el tan repetido y demagógico «España nos roba», que tanto ha calado— serviría también para otra finalidad: retrasar en lo posible tomar decisiones sobre la independencia de Cataluña que, si bien era deseada por las bases del partido y buena parte de la dirección, era rechazada por muchos de sus habituales votantes. Todavía había que dejar que pasara un tiempo para convencer de la independencia a los indecisos. La disputa con el Gobierno del PP sobre el pacto fiscal estaba programado que se alargara, por lo menos, hasta fines de 2013.

Sin embargo, el 11 de septiembre pasado, la gran manifestación a favor de la independencia irrumpe en la escena política catalana. Surgen dudas en CiU: ¿la encabezamos o sólo intentamos controlar sus efectos? Se inclinan por lo primero, liquidan el pacto fiscal y convocan elecciones. Olvida CiU que la manifestación, con una componente social muy variada, es un triunfo de ERC, los independentistas de verdad, de toda la vida. Los oscilantes votos nacionalistas que pasaron de CiU a ERC en 2003 y fueron retornando progresivamente al redil de CiU en 2006 y, sobre todo, en 2010, ahora han vuelto a desplazarse hacia ERC.

En definitiva, ERC ha ganado la partida mediante una estrategia basada en el efecto emulación con CiU y con la complicidad de la miopía política de los socialistas, los auténticos perdedores de estos últimos doce años. Ahora CiU se encuentra literalmente atada a ERC, sin posibilidad de escape. El PSC se abrazó a ERC en 2003 voluntariamente, mediante las elecciones pasadas CiU quería escapar a este abrazo del oso pero el mal resultado no le deja otra opción. Enredada en sus errores, la formación de Artur Mas puede correr con el tiempo la misma suerte que los socialistas. Estratégicamente es una victoria de ERC.

(LV, 2012)

Elliott y el debate catalán

En el actual debate mediático sobre la independencia de Cataluña se habla mucho de la historia, de sus razones históricas, de los agravios frente a España. Pero callan los historiadores y su silencio es una forma de asentimiento a la opinión dominante. Y esta opinión dominante puede resumirse en una frase: «Desde hace 300 años, desde 1714, España expolia y oprime a Cataluña». Un mensaje claro y directo. Y simple y falso. Pero que hace mella.

Últimamente, un historiador eminente ha empezado a terciar en el debate. Se trata nada menos que del británico John H. Elliott. A sus 82 años, desde su residencia de Oxford, hace declaraciones de una envidiable lucidez. A raíz de su último libro (Haciendo historia, Taurus, 2012), una recapitulación de su vida como historiador, ha concedido algunas entrevistas en las que se le ha preguntado sobre la actual situación de Cataluña y, como es natural o, mejor dicho, como es su obligación moral, ha respondido con toda sinceridad.

Elliott es probablemente la más respetada autoridad en la historia española de los siglos XVI y XVII. Además, es un profundo conocedor de Cataluña. En los primeros años cincuenta, tras licenciarse en Cambridge, se vino a Barcelona y residió en ella durante algún tiempo, el suficiente para aprender a hablar perfectamente catalán y castellano. Se introdujo en el mundo académico de la época y trabó amistad y complicidad intelectual con Vicens Vives y su escuela.

Vicens se había situado, ya desde antes de la guerra, en una posición crítica frente a la historia romántica que predominaba en Cataluña. Así lo explicó Elliott en El País Semanal del pasado domingo: «Al ver lo que estaba intentando hacer Vicens Vives, desmitificar la historia de Cataluña, enseguida me encontré del lado de este grupo. Me di cuenta del peligro de la mitología en la formación de identidades colectivas y nacionales».

En otra entrevista publicada en octubre pasado, a preguntas de Tulio Demicheli, insistía en lo mismo: «Vicens Vives quería eliminar las categorías de “agravio” o “expolio” a la relación de España con Cataluña, un continuo “victimismo” desde el Compromiso de Caspe que es reduccionista. Esos tópicos respondían más a los rencores que la arrogancia castellana había provocado en la sociedad catalana que a la realidad histórica, porque no es verdad que hubieran “perdido libertades” en 1714, ni que el Principado fuera “más democrático” antes que después de Felipe V».

Ciertamente esta desmitificación de la historia catalana era una de las pretensiones de Vicens. Pero su prematura muerte en 1960 truncó esta tarea y, en la entrevista de El País, Elliott considera hoy que sus esfuerzos han sido baldíos: «Me habría gustado que en la Cataluña actual Vicens Vives hubiera ganado esa batalla, pero después de una o dos generaciones parece que no la ganó. Para mí ha sido muy triste, porque creo que una sociedad necesita sus mitos, pero si los mitos dominan y entorpecen una auténtica investigación, llegamos a una situación en la que el pueblo queda ensimismado y adopta una postura de agravio pensando que todos los desastres han sido culpa de otros. En ese momento es cuando se llega a una situación de crispación por cualquier problema. Hay políticos que se aprovechan de esto para fortalecer los mitos, para poner un énfasis excesivo en el victimismo y no darse cuenta de los problemas internos de una sociedad. Eso es lo que me preocupa especialmente».

Es decir, lo que preocupa a Elliott es que los historiadores catalanes —se entiende, la mayoría dominante— han vuelto a la historia de antes, la que cultiva mitos al servicio de las ideologías políticas y provoca una sociedad ensimismada, en la que el agravio se magnifica y el victimismo sistemático se utiliza para ocultar los verdaderos problemas. Es un retrato exacto de lo que está sucediendo: se utilizan los falsos «300 años de opresión española» para encubrir, tapar y disimular, el desgobierno actual.

Y buena parte de los historiadores catalanes son cómplices de esta situación. ¿Por qué no explican que el 11 de septiembre de 1714 fue el final de una guerra de sucesión a la Corona de España provocada por el enfrentamiento entre las grandes potencia europeas? ¿Por qué no explican que en dicha fecha no perdieron los catalanes libertad alguna, sino únicamente los antiguos fueros estamentales? ¿Por qué no explican que el siglo XVIII, gobernando los Borbones, empezó la prosperidad económica de Cataluña, tras siglos de decadencia, los dos últimos bajo gobierno de los Austrias? ¿Por qué no explican que el auge del siglo XIX está basado muy fundamentalmente en el libre comercio con América concedido por Carlos III, un rey borbón, mientras esta libertad fue negada antes por la dinastía de los Habsburgo? ¿Por qué no explican que la política proteccionista de los Gobiernos españoles a la industria catalana durante los siglos XIX y XX, hasta el Plan de Estabilización de 1959, fue en beneficio de las empresas de Cataluña y, probablemente, en perjuicio de los consumidores del resto de España? En todo ello deben mojarse los historiadores.

(LV, 2013)

Sobre un supuesto derecho

Parece que en Cataluña una mayoría parlamentaria, en la que se incluyen al parecer los socialistas, es favorable al llamado «derecho a decidir». Es más, lo encuentran como algo natural y evidente, implícito en la misma esencia de la democracia. Incluso se llega a decir que a pesar de que las leyes no lo permitan, el derecho a decidir es siempre legítimo desde un punto de vista democrático, invocando así una legitimidad al margen de la legalidad vigente. Tales afirmaciones muestran la gran confusión sobre el significado de todos estos términos. En este artículo intentaremos averiguar qué se oculta tras el tan traído y llevado derecho a decidir.

En primer lugar, la función primordial de los poderes públicos —legislativos, ejecutivos y judiciales— es tomar decisiones: para ello están las leyes y reglamentos, los actos administrativos y las resoluciones judiciales. Todas estas normas son decisiones que vinculan obligatoriamente a los ciudadanos y a los demás poderes públicos. Su legitimidad deriva de que se adecuen a la legalidad, es decir, que sean dictadas por el órgano competente, a través de los procedimientos previstos y, de acuerdo con el principio de jerarquía normativa, sin oponerse al contenido de una norma superior. Pero el tan invocado derecho a decidir no creo que se refiera a este tipo de decisiones regulares de los poderes públicos. Supongo que se refiere a otra cosa.

Se me objetará: de lo que se trata es de que sean los ciudadanos, no los poderes públicos, quienes decidan, de eso hablamos cuando reclamamos el derecho a decidir. Pues bien, en la toma de decisiones que hemos descrito son los ciudadanos quienes deciden de forma indirecta a través del ejercicio de diversos derechos políticos: libertad de expresión, reunión, manifestación, asociación y participación. Los cuatro primeros se limitan —y no es poco— a influir en la toma de decisiones por parte de los poderes públicos. El quinto, el derecho de participación política, en su sentido estricto de derecho electoral, hace que el ciudadano decida en un aspecto clave: sobre la composición de las cámaras parlamentarias. Las elecciones son el instrumento que legitima democráticamente a todo el Estado, al conjunto de poderes políticos, administrativos y judiciales.

En todo caso, si bien los ciudadanos están constitucionalmente situados por encima de estos poderes —dado que la soberanía, el poder supremo, reside en el pueblo—, la idea de Estado de derecho presupone que estos mismos ciudadanos estén sometidos, al igual que los poderes públicos, a las normas que éstos aprueban, ya que en conocida frase de Rousseau, obedecer a las normas «no es más que obedecerse a sí mismos» y por eso son ellos, los ciudadanos, quienes les deben dar su consentimiento. Éste es, en definitiva, el orden democrático representativo en el cual sólo aquello que es legal es democráticamente legítimo ya que sólo son las leyes quienes determinan los derechos y deberes de las personas y las competencias de los poderes.

Pero además, como excepción a la democracia representativa, también los ciudadanos pueden decidir de forma directa, en especial a través de los referendos, es decir, del derecho a voto sobre una pregunta a la que debe contestarse de forma positiva o negativa, con un sí o un no. Es a eso, y sobre una materia determinada, la separación de España, que en Cataluña se habla de «derecho a decidir». Es decir, los ciudadanos deciden ejerciendo derechos, las instituciones públicas dictando normas de todo tipo, pero se intenta dar la apariencia de que los catalanes sólo van a decidir realmente en un referendo sobre la independencia de Cataluña. ¿Por qué?

A mi modo de ver porque con el término específico «derecho a decidir» se oculta otro derecho que está regulado en los tratados internacionales y que no es de aplicación a Cataluña. Se trata del derecho a la autodeterminación, sólo admisible en situaciones coloniales o en aquellas otras en las que un Estado niegue los más elementales derechos a sus ciudadanos. Como es obvio, nada de ello sucede aquí. Por tanto, el derecho a decidir —si por derecho entendemos algo que las leyes vigentes regulan y no un derecho natural o divino propio de épocas premodernas— es un derecho inexistente, un supuesto derecho, sólo inventado como instrumento de lucha ideológica pero sin base jurídica alguna.

No pueden, pues, los ciudadanos catalanes tomar una decisión sobre su independencia que, inevitablemente, vincularía a terceros, en concreto al resto de España y a la Unión Europea. Una decisión de este tipo, además de ilegal sería irrazonable, ya que tal decisión, al afectar a otros, obviamente debe contar con su acuerdo. Sólo mediante una reforma constitucional, según el procedimiento previsto en la propia Constitución, que implica necesariamente la ratificación del pueblo español, sujeto en el que reside la soberanía, podría en su caso decidir sobre la independencia de Cataluña. En este pueblo español están también incluidos, como se sabe, los ciudadanos catalanes.

(LV, 2013)

El separatismo en serio

Ha pasado unos día entre nosotros, en Madrid y en Barcelona, Stéphane Dion, el conocido académico y político canadiense considerado como el inspirador, cuando fue ministro de Administraciones Públicas, de la famosa Ley de la Claridad, la norma que establece el procedimiento mediante el cual puede una provincia canadiense llegar a separarse del Canadá y constituir un Estado independiente.

El movimiento separatista quebequés ha sido considerado como un modelo a imitar por nacionalistas catalanes y vascos. Ciertamente la situación de Quebec dentro de Canadá tiene similitudes con la situación de Cataluña y el País Vasco dentro de España. Es por ello que sus problemas y soluciones resultan interesantes para nuestro momento político.

En efecto, el dictamen de la Corte Suprema federal canadiense y su consecuencia, la citada ley, así como el libro de Dion La política de la claridad (Alianza, Madrid, 2005), comentado el sábado pasado por J. J. López Burniol en este periódico, son referencias útiles que pueden ayudar a resolver la situación creada por la actual propuesta secesionista del Govern de la Generalitat. Además, la posición de Dion tiene un plus de legitimidad dado que es, a la vez, un quebequés francófilo y un entusiasta de la unidad de Canadá, contrario a la secesión de Quebec.

Ya sé que desde un punto de vista nacionalista a tales sujetos se les suele denominar enemigos interiores o, aún peor, traidores a la patria. Sin embargo, en muchos casos, se trata de personas con coraje moral, resistentes ante una opinión pública dominante, que tratan de convencer con argumentos racionales a quienes sólo se dejan llevar por la emotividad de los sentimientos. Muchos deben considerar en Quebec a Stéphane Dion como un antiquebequés, traidor a la patria.

En la conferencia pronunciada en el Colegio de Abogados de Barcelona, Dion se formuló dos grandes preguntas: primera, ¿es posible la secesión de una parte del territorio canadiense?; y, segunda, ¿esta secesión es conveniente para sus ciudadanos? En sus respuestas no quiso extrapolar sus posiciones más allá del Canadá pero era obvio, y flotaba en el ambiente, que eran extensibles a cualquier Estado democrático occidental, a España por ejemplo.

No fue una sorpresa la respuesta a la primera pregunta, cuyo contenido no podía diferir mucho del famoso dictamen de la Suprema Corte federal y de la Ley de la Claridad. En síntesis, sostuvo que si bien no existía el derecho a la secesión sí era posible, en cambio, siempre que una mayoría clara —es decir, más elevada que de la mitad más uno— lo expresara en un referendo en respuesta a una pregunta clara pactada previamente por las partes. No obstante, si se alcanzara esta mayoría clara tampoco se habría logrado tener derecho a la separación sino, simplemente, derecho a entablar negociaciones entre los gobierno de Canadá y de Quebec, las cuales no debían conducir ineluctablemente a la secesión. Dion descartaba, por supuesto, una secesión contraria al derecho ya que sólo conseguiría que Quebec nunca fuera reconocido como Estado por la comunidad internacional.

Más inesperada fue su respuesta a la segunda pregunta: si era conveniente que Quebec se separara de Canadá. Dion lo enfocó desde el punto de vista de filosofía de la democracia. En primer lugar, sostuvo que «el ideal democrático alienta en todos los ciudadanos de un país a ser leales entre sí, más allá de las consideraciones de lengua, raza, religión o pertenencia regional. En cambio, la secesión pide a los ciudadanos que rompan este lazo de solidaridad» en nombre de pertenencias a una lengua o a una etnia. «La secesión —dijo Dion— es un ejercicio, raro e inusitado en democracia, por el que se elige a los ciudadanos que se desea conservar y los que se desea convertir en extranjeros.»

En segundo lugar, sostuvo que si la democracia se basara «en la lógica de la secesión no podría funcionar, ya que invitaría a los grupos a separarse en lugar de entenderse y acercarse (…), se solicitaría la ruptura desde el momento en que se plantearan las primeras dificultades». Ahora bien, en tercer lugar, dijo Dion, «todo ello no significa que un Estado democrático deba rechazar cualquier solicitud secesionista», al contrario, «ante la clara voluntad de secesión, puede llegar a la conclusión de que aceptar dicha secesión es la solución menos mala». Pero, concluye Dion, «un gobierno democrático tiene la obligación de asegurar que esta voluntad de separarse sea clara, conforme a derecho y con ánimo de justicia para todos».

Antes de escucharle pensaba que Dion, au sabiendo que era contrario a la separación de Quebec, consideraría la secesión como algo moralmente lícito siempre que se desarrollara de forma democrática. Me encontré en cambio con una persona, experta en la materia, que consideraba cualquier secesión como algo rechazable y perjudicial, como un mal en sí mismo, excepto que hubiera motivos que afectaran a la libertad e igualdad de las personas. Aprendí de Dion, se toma el separatismo en serio.

(LV, 2013)

¿De dónde soy?

Hace ya bastantes años, cuando me preguntan ¿de dónde eres?, siempre respondo: «nací en Barcelona». Es el único dato que puedo certificar con brevedad y exactitud acerca de la difícil cuestión que me plantean. Otra explicación resultaría demasiado larga y compleja.

Efectivamente, el término «eres», segunda persona del singular del presente de indicativo del verbo «ser», tiene terribles implicaciones metafísicas en las que normalmente me pierdo. Prefiero entonces reconducir la pregunta y situarla en el ámbito de la geografía, donde me siento más cómodo y seguro. La paso del «eres» al «dónde». Mi madre me dio a luz en Barcelona, luego aquí he nacido.

Aunque seguramente mi interpelante pretendía que mi respuesta hubiera determinado mi «ser», mi identidad personal, en lugar de la ciudad donde nací. Quizás le hubiera gustado que respondiera rotundamente: «soy catalán». Entonces pensaría: «¡catalán!, ah!, ya entiendo todo, ya te conozco… eres trabajador, tacaño, soso…». Es decir, todos los tópicos al uso, buenos y malos. Y si al conocerme más, me considerara vago, generoso y divertido, me diría: «¡no pareces catalán!». Con tópicos de similar inexactitud hubiera reaccionado si le hubiera respondido que soy español. Los llamados caracteres nacionales, tan desmentidos por la realidad pero en los que todavía muchos creen.

¿El lugar de origen determina la manera de ser? Quizás en épocas pasadas fue así. Pensemos que hasta hace relativamente poco tiempo los españoles vivían de forma estable en un determinado pueblo o ciudad y, si por matrimonio, trabajo u otras razones, debían desplazarse, a excepción de los emigrantes a América, lo hacían a zonas cercanas. Se vivía en comunidades cerradas, con arraigadas viejas costumbres, dentro de espacios limitados. Apenas se viajaba y las maneras de vivir de otras gentes les parecían raras y, por supuesto, equivocadas.

Así pues, de generación en generación, se trasmitían los mismos prejuicios, a los que llamaban tradiciones y costumbres, no porque estuvieran determinados por la tierra en que se habitaba, sino porque eran las creencias de los antepasados que te imponía la jerarquizada comunidad en la que vivías. En estas sociedades, las personas que escogían otras maneras de vivir y de pensar eran consideradas excéntricas, cuando no chifladas, peligrosas y de dudosa moral.

Por tanto, la sociedad imponía tu forma de vida y era muy difícil sustraerse a esta presión. Con la lentitud propia del desarrollo histórico, todo esto ha ido cambiando: hoy estamos interconectados con el resto del mundo, escapamos de nuestros pequeños ámbitos de convivencia, tenemos un más amplio conocimiento de las cosas. Viajamos. La privacidad que permiten las ciudades alivia la presión social que forzaba los comportamientos individuales.

Consecuencia: nuestra manera de vivir y de pensar está pasando a depender de cada uno de nosotros, tenemos instrumentos para construir nuestra propia forma de vida, en definitiva, para construir nuestra identidad. ¿De dónde soy? De donde me da la gana. Ya no dependo del lugar de nacimiento. Soy libre o, cuando menos, soy cada vez más libre, puedo prescindir de los prejuicios heredados y construir a mi modo la personalidad propia. Éstas son las nuevas condiciones que nos empieza a ofrecer la vida.

Naturalmente, seguimos en parte determinados por hechos que escapan a nuestra voluntad. En primer lugar, los biológicos, el ADN con el que nacemos. En segundo lugar, el entorno social: la familia, la posición económica, la educación recibida, el ambiente cultural. No somos, por tanto, absolutamente libres para escoger lo que queremos ser pero sí para tener cada vez más posibilidades de escogerlo. Probablemente en esto consista la verdadera igualdad social, la igualdad de oportunidades.

La identidad, nuestra manera de pensar y de vivir, cada vez más la escogemos nosotros mismos, nuestra libertad es cada vez mayor, también nuestra responsabilidad. No nos quejemos tanto, no echemos la culpa de nuestros errores a los demás: asumamos estas culpas, somos responsables de las ocasiones desaprovechadas, de aquello que pudimos hacer y no hicimos. La buena y la mala suerte existen, no hay duda. Pero hay que poner las condiciones para estar preparados cuando una de las dos se cierna sobre nosotros, para saber aprovechar la primera y poder sortear la segunda.

Estas reflexiones me las ha provocado la lectura este fin de semana de una respuesta de la conocida periodista francesa Anne Sinclair a las preguntas de un colega: «Tengo una identidad múltiple, soy francesa, soy mujer, soy de izquierdas, soy judía, soy periodista… Todos somos un puzle de elementos diversos». Fíjense en los puntos suspensivos, indican que hay más elementos, todos variados, unos le vienen dados, otros son escogidos. Pero lo que se deduce es que la responsabilidad de construir el puzle es nuestra y esto hace que podamos determinar nuestra propia identidad, individual, distinta a las demás, única y singular. Con libertad, nazcas donde nazcas. Los tiempos han cambiado.

(LV, 2013)

La que se nos viene encima

El Govern de la Generalitat prepara para el año próximo la conmemoración del famoso 11 de septiembre de 1714: se cumplirán 300 años de la caída de Barcelona tras el asedio de las tropas de Felipe V. Esta última batalla puso fin a la llamada «guerra de sucesión» a la Corona de España que había comenzado en 1700 y que, más allá de sus repercusiones internas, fue un conflicto internacional en el que se dirimía el equilibrio entre las grandes potencias europeas al enfrentarse dos coaliciones encabezadas, respectivamente, por el Imperio austriaco e Inglaterra y por Francia y España. Los sucesivos Tratados de Utrecht pondrían un definitivo final al conflicto estableciendo un nuevo reparto territorial.

Se suele olvidar que en esta guerra de sucesión la ciudad de Barcelona fue asediada militarmente cuatro veces: en 1704 y 1705 por las tropas anglo-austriacas y en 1706 y 1714 por las franco-españolas. No hace falta añadir que en la composición de las tropas de asedio, así como entre los defensores de Barcelona, había militares de todos los orígenes, incluidos siempre en ambos bandos muchos catalanes. Los ejércitos, como se sabe, estaban compuestos de mercenarios y los enfrentamientos eran entre monarquías, no entre pueblos: entonces sólo había súbditos, no ciudadanos.

El peligro de las conmemoraciones históricas es su manipulación política. Lo más adecuado sería que la tarea se dejara a los historiadores, cuidando únicamente los poderes públicos que su patrocinio —es decir, las subvenciones— se limite a asegurar el rigor científico y la pluralidad de tendencias historiográficas.

En este aspecto, tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona no han comenzado muy bien: los comisarios nombrados por ambas instituciones para organizar la conmemoración son Miquel Calçada (Mikimoto) y Toni Soler (el director del programa Polònia, de TV3), conocidos sobre todo por hacer periodismo humorístico. Quizás no lo hagan mal, probablemente el sentido del humor sea adecuado para este tipo de fastos históricos, pero es dudoso que resulten competentes y objetivos como historiadores. Valentí Puig, en un artículo reciente, expresaba su temor a que la conmemoración se convirtiera «en un reality show posmoderno a cargo del contribuyente», un temor que muchos compartimos.

Tampoco son un buen auspicio las celebraciones previas que tendrán lugar este año para calentar el ambiente. La primera creo que será la inauguración el 11 de septiembre del remodelado edificio del antiguo Mercat del Born, cuyas obras ya empezadas para convertirse en Biblioteca Pública provincial —financiada por el Estado— fueron súbitamente interrumpidas al descubrirse restos de cimientos de las casas derribadas bajo la Administración de Felipe V para construir una ciudadela militar, hoy desaparecida y transformada en parque.

Existiendo junto al Born un barrio de la misma época, todavía en pie y habitado, siempre me pareció absurda tal decisión desde el punto de vista del interés general, aunque sea coherente con las políticas de las autoridades nacionalistas dado el rédito victimista que pretenden sacar a estos restos sin importancia arqueológica. Mientras, la Biblioteca aún está por hacer: de seguir las obras ya se hubiera terminado hace más de diez años. La propaganda se ha antepuesto a la cultura. ¿Por qué la Conselleria de Cultura no se llama Conselleria de Propaganda?

Me ha llegado también el programa del simposio «Espanya contra Catalunya: una mirada històrica (17142014)», dirigido por el profesor Jaume Sobrequés y organizado por el Centre d’Història Contemporània de Cata lunya (del Departamento de Presidencia de la Generalitat) y la Societat Catalana d’Estudis Històrics (del Institut d’Estudis Catalans). Se celebrará en Barcelona los días 12, 13 y 14 de diciembre de este año. Como ven, su mismo título, evocador de un combate de boxeo, ya pone de manifiesto su carácter netamente político, para nada científico. Espero, al menos, que para ser ecuánimes organicen otro simposio que lleve por título «Catalunya contra Espanya».

El título ya es revelador, pero una mirada a los objetivos y al contenido de los temas a tratar, acentúan todavía más su carácter de mera propaganda nacionalista catalana. En el programa se dice textualmente: «El objetivo es analizar con criterios históricos, desde el siglo XVIII hasta nuestros días, las consecuencias que ha tenido para el país la acción política, casi siempre de carácter represivo, del Estado español en relación con Cataluña (…) Los diversos ponentes analizarán las condiciones de opresión nacional que ha padecido el pueblo catalán a lo largo de estos siglos, las cuales no han impedido el pleno desarrollo político, social, cultural y económico».

Este último inciso es muy curioso porque delata una contradicción de fondo: ¿cómo es posible que un pueblo tan oprimido, perseguido y expoliado, se convirtiera en uno de los más ricos, cultos y socialmente avanzados de España a fines del mismo siglo XVIII y así haya continuado hasta hoy? No dudo que este simposio, con un poco de sentido del humor, nos aclarará este paradójico enigma.

(LV, 2013)

¿Se puede desobedecer la ley?

La Vanguardia publicó la carta de un lector, el señor Marc Franco i Puig, en la que hacía referencia a la memorable acción de Rosa Parks el 1 de diciembre de 1955. En efecto, la señora Parks era una ciudadana norteamericana de raza negra, menuda y valiente, que el día 1 de diciembre de 1955, en la ciudad de Montgomery, se negó a ceder su asiento en el autobús a un ciudadano blanco, tal como establecía la ley del Estado de Alabama. Por este acto fue detenida y encerrada unos días en el calabozo hasta que un juez le impuso la correspondiente multa. Este valeroso gesto desencadenó en la ciudad una oleada de protestas en solidaridad con Rosa Parks.

El señor Franco, después de contar someramente este asunto, me implica en él de una forma sorprendente. Dice así: «Me imagino que si en aquel momento el señor Francesc de Carreras hubiera estado allí [en el autobús de Parks], se habría echado las manos a la cabeza y la hubiese increpado: ¿Está usted loca? ¡Eso no está bien, no puede ir contra la ley!». Y añade el lector: «Los argumentos jurídicos para que los catalanes no podamos ser preguntados si queremos seguir como ahora o administrarnos nosotros mismos pueden ser impecables, pero no debería presentarse como el eterno obstáculo si la sociedad lo reclama».

En primer lugar, debo recordar al señor Franco que en una democracia las leyes —incluida la Constitución— pueden ser modificadas de acuerdo con los procedimientos previstos, que es la manera de calcular eso que él llama «si la sociedad lo reclama». La leyes, el derecho, nunca serán, pues, «eternos obstáculos». Más en concreto, según mi parecer, los catalanes podemos ser preguntados sobre la cuestión a la que alude (lea, entre otros artículos, «Un referéndum», con fecha 20-IX-2012). Otra cosa es que podamos decidir nosotros solos: no, no tenemos derecho a decidir. En segundo lugar, siento una extraordinaria admiración por Rosa Parks: hay constancia de ello en el artículo que le dediqué hace unos años («La señora Rosa Parks», 13-XI-2008). Todo ello puede consultarse en la hemeroteca de La Vanguardia.

Dicho esto, el señor Franco i Puig no explica, y quizás ignora, una cuestión fundamental: la señora Parks desobedeció a una ley vigente en el Estado de Alabama, pero no al derecho norteamericano encabezado por su Constitución. En efecto, el año anterior a su detención, el Tribunal Supremo de EE.UU. había aprobado por unanimidad la trascendental sentencia Brown v. Board of Education (11V-1954) que revocaba la doctrina según la cual la segregación en lugares públicos entre blancos y negros respetaba la igualdad de acuerdo con la cínica fórmula de «separados pero iguales», doctrina establecida por la sentencia del mismo Tribunal Plessy v. Ferguson, de 1896.

Así pues, hasta la sentencia Brown v. Board of Education, la separación entre personas de ambas razas (para utilizar un término impropio) era legal en tiendas y restaurantes, cines, museos y librerías, parques, playas, piscinas, escuelas o medios de transporte. A partir de esta sentencia, y de otras sucesivas en campos distintos a la educación, fueron modificándose las leyes estatales y federales en un largo proceso que culminó a mediados de los sesenta.

En este proceso, el empuje demostrado por el movimiento en favor de los derechos civiles fue decisivo. Pero el éxito de este movimiento se basó en la autoridad del Tribunal y en el respeto a la sentencia a la que nos hemos referido; en definitiva, a la fuerza del derecho cuando está basado en procedimientos democráticos. Antes de Rosa Parks muchos habían llevado a cabo actos semejantes pero, aunque prepararon el terreno, su eficacia inmediata fue menor al no estar respaldados por la autoridad del derecho.

Rosa Parks desobedeció una ley cuyo contenido, en un caso similar, había sido declarado contrario a la Constitución. Recurrió la multa que le impusieron y durante 382 días los negros de Montgomery boicotearon la línea de autobuses hasta que el Tribunal Supremo le dio la razón, como no podía ser menos tras el precedente de 1954. Era el reconocimiento de que había desobedecido a la ley estatal pero no a la Constitución.

Aunque también es moralmente legítimo que, por razones de conciencia, un ciudadano desobedezca a la ley y a la Constitución con el objetivo de cambiarla, siempre que esté dispuesto a asumir las consecuencias de su acto, sanciones incluidas. En este caso se trata de un acto de desobediencia civil. Pero sólo es moralmente legítimo que lo haga un ciudadano, no los poderes públicos. Lo que denuncio a menudo es que en Cataluña sean precisamente estos poderes públicos, la Generalitat y los ayuntamientos, quienes incumplan, o inciten a incumplir, la ley, la ley democrática. No tienen derecho ni legitimidad moral alguna. Es más, incurren en delito. Los hemos elegido para que cumplan y hagan cumplir las leyes: si ellos no lo hacen, nosotros lo tendremos todo permitido.

Si yo hubiera estado en el autobús de la entrañable Rosa Parks no dude, señor Franco i Puig, que la hubiera acompañado sentándome a su lado.

(LV, 2013)

Arendt frente a Scholem

Les recomiendo la película Hannah Arendt. Trata de la vida y las ideas de esta intelectual de estirpe judía, nacida en Hannover en 1906 y que, a partir de la subida de Hitler al poder, tras unos años en París, se trasladó a EE. UU., donde residió hasta su muerte en 1975. En sus años universitarios alemanes, Arendt estudió bajo la influencia de sus maestros Heidegger y Jaspers, pero su obra refleja un tipo de pensamiento original, al margen de las corrientes dominantes. La mayoría de sus escritos han sido traducidos al castellano.

La película se centra en un conocido episodio: los reportajes que Arendt publicó en la revista New Yorker sobre el famoso juicio a Eichmann, uno de los ejecutores del Holocausto, capturado por un comando israelí en Buenos Aires y trasladado a Jerusalén sin permiso de la justicia argentina, donde fue juzgado, condenado a muerte y ejecutado. Arendt, en base a estos artículos, publicó después su libro Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal (Lumen, Barcelona, 1967). Estos reportajes, tal como se relata en el film, le causaron complicaciones y rupturas personales con algunos de sus colegas y amigos judíos.

Uno de sus principales críticos en aquellos difíciles momentos fue el filósofo y filólogo israelita, de origen alemán, Gerhard Scholem (1897-1982), profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén desde los primeros años veinte. Es famoso el cruce de cartas entre ambos a raíz de los controvertidos reportajes. Como complemento del film, es interesante leer la repuesta de Arendt a la primera carta que le envía Scholem. Su texto completo figura en la recopilación de H. Arendt, Lo que quiero es comprender, y dos son las principales ideas que queremos destacar.

En primer lugar, la independencia intelectual de la escritora, un componente esencial de su forma de ser y de pensar. Así, le dice Arendt a Scholem: «Lo que le confunde a usted es que mis argumentos y mi planteamiento no son previsibles. O, dicho con otras palabras, que soy independiente. Con lo cual quiero decir, en primer lugar, que no milito en ninguna organización y hablo siempre a título personal. Y también, en segundo lugar, que intento pensar por mí misma (…)».

Diez años después, en un coloquio público en la ciudad de Toronto, a la pregunta que le formuló Hans Morgenthau sobre si era conservadora o liberal, respondió de la siguiente manera: «Usted sabe que la izquierda piensa que soy conservadora, y los conservadores piensan a menudo que soy de izquierdas, o que voy por libre, o vaya usted a saber qué. Debo decirle que el asunto me deja completamente indiferente. No creo que de esta manera las verdaderas cuestiones de este siglo vayan a recibir ninguna luz, sea del tipo que sea».

En segundo lugar, en coherencia con lo anterior, Arendt no niega su ascendencia judía pero considera que tal hecho no puede determinar sus actitudes ni pensamientos. Así, cuando Scholem le recuerda su condición judía al decirle que «la considero enteramente parte de este pueblo (del pueblo judío)», Arendt le replica: «La verdad es que nunca he pretendido ser nada distinto de lo que soy, ni siquiera he sentido la más mínima tentación al respecto. Lo contrario me parecería tan disparatado como pretender que soy hombre en vez de mujer (…) La condición judía es, para mí, uno de los hechos indudables de mi vida y nunca he pretendido modificar en nada tales facticidades. Una actitud semejante de agradecimiento radical hacia aquello que es tal como es, que no ha sido hecho, tiene carácter prepolítico pero puede al tiempo (…) comportar consecuencias políticas negativas: torna imposibles determinadas formas de comportamiento, en mi opinión precisamente aquellas que usted pretende leer en mis afirmaciones. (…) No logro entender por qué me mete usted en un cajón en el que ni encajo ni he encajado nunca».

Y cuando Scholem le reprocha que, como tantos otros intelectuales procedentes de la izquierda alemana, no observa el debido ahabath Israel, «amor a Israel», se muestra totalmente de acuerdo: «Tiene usted toda la razón cuando afirma que yo no siento un “amor” semejante, y ello por dos razones. Primera, porque nunca en mi vida he “amado” a pueblo o colectivo alguno, ni al alemán, ni al francés, ni al norteamericano, ni tampoco a la clase obrera o cualquier otra cosa de este tipo. En realidad sólo amo a mis amigos y me siento completamente incapaz de otra clase de amor. En segundo lugar, tal amor a los judíos me resultaría sospechoso, puesto que yo misma soy judía. No me amo ni a mí misma ni nada de lo que sé, de algún modo, pertenece a mi propia sustancia. (…) Así que, en este sentido, ni “amo” a los judíos ni “creo” en ellos; simplemente pertenezco a este pueblo de manera natural, fáctica».

Todos hemos nacido en algún lugar y vivimos en algún lugar. Otra cosa es que «seamos propiedad» de este lugar y debamos adecuarnos a su «supuesta» forma de ser. Hannah Arendt, una pensadora «imprevisible» que pensaba por sí misma. Vean la película, lean su biografía, estudien sus obras.

(LV, 2013)

Elliott y la buena historia

La lectura del libro Haciendo historia del conocido hispanista británico John H. Elliott es particularmente interesante para comprender ciertos aspectos del momento político español y, en particular, del catalán. Además, su valor no radica sólo en este aspecto concreto y coyuntural sino que es más amplio, va más allá de la historia en sentido estricto y abarca también una cierta manera de comprender la vida académica y las diversas formas del conocimiento.

En efecto, aunque se trata de un libro de memorias circunscrito a la propia producción historiográfica del autor, es concebido desde unos presupuestos que nos muestran un modelo de maestro universitario hoy casi en vías de extinción: aquel apasionado del saber por el saber cuya obra es fruto de una obsesiva curiosidad. Estas cualidades se aprecian desde el principio hasta el final del libro, especialmente en el encadenamiento de las distintas materias estudiadas, siempre situadas en el mismo período, los siglos XVI y XVII, pero enfocadas desde ángulos cambiantes.

En efecto, Elliott no escoge sus temas de estudio al azar sino por motivaciones vitales y, al concluir un tema, en el estudio siguiente aborda las lagunas que han quedado sin aclarar. De ahí que su itinerario intelectual tenga una coherencia infrecuente: matiza y completa pero no se repite ni se dispersa. El foco de atención se amplía y, a su vez, cual zoom de foto, va penetrando hasta mostrar el aparente detalle que permite reinterpretar el conjunto. Por ello el libro no sólo es de interés para los aficionados a la historia, sino para todos aquellos que sepan apreciar un estilo intelectual antidogmático y reflexivo que sitúa la duda y la ponderación equilibrada de los distintos puntos de vista como eje básico de su método de conocimiento.

Pero, además, el libro es oportuno debido, como hemos dicho, al momento político español y catalán. Ciertamente, Elliott no alcanza a estudiar la guerra de sucesión que acaba en 1714 ya que sus investigaciones sólo abarcan los dos siglos anteriores. Pero al haber iniciado su carrera académica con una tesis sobre los orígenes y causas de la guerra dels segadors de 1640 y continuado sus investigaciones con una biografía del conde-duque de Olivares, su interés por los asuntos catalanes y españoles le ha perseguido durante toda su vida, debido a su talante intelectual, a sus largas estancias en nuestro país, las estrechas relaciones con muchos historiadores españoles y al dominio tanto del español como del catalán.

Los dos primeros capítulos de Haciendo historia están especialmente dedicados a la posición de Cataluña dentro de España y son interesantes porque la mirada de Elliott es externa, y anglosajona, lo cual no le hace sospechoso de partidismo y le permite escribir con la objetividad indispensable, más todavía si tenemos en cuenta las matizadas observaciones que tiene siempre por costumbre introducir. Ya al llegar de joven doctorando en Cataluña, Elliott tiene una mejor relación con Vicens Vives y su grupo que con el de Ferran Soldevila, dos opciones distintas en el enfoque de los estudios históricos. Reconoce Elliott que La rebelión de los catalanes, su libro sobre la guerra del segadors al que nos hemos referido, desmitificaba algunos arraigados mitos de la historiografía nacionalista que Soldevila defendía. Pero lo significativo es que Elliott también dice (p. 65) que los historiadores de una nueva generación (es decir, los actuales) han visto en el libro un sesgo anticatalán.

En el fondo de la cuestión, y lo describe muy bien Elliott, lo que sucede es que, al contrario de lo que podía pensarse hace veinte o treinta años, el método de Soldevila, es decir, la historia romántica, ha influido más que el método de Vicens Vives, el de la escuela francesa de los Annales. Elliott lo resume muy bien (pp. 62-63) en las consideraciones que hace sobre el «excepcionalismo» nacionalista, en el síndrome de la «nación elegida» y en el síndrome de la «víctima inocente», tan presentes en el día a día de la política catalana. Ni uno ni otro síndrome, dice Elliott, «son propicios para escribir buena historia». Los historiadores catalanes, con pocas excepciones, suelen ser meros ecos del poder imperante en Cataluña desde hace más de treinta años, unos por activa, como corifeos, otros por pasiva, callando. El resultado es que, Elliott dixit, no se hace buena historia.

Así, el maestro británico confiesa su fracaso: «Mi libro La rebelión de los catalanes estaba fuertemente marcado por la determinación de liberar la historia de la Cataluña del siglo XVII de las garras de la mitología nacionalista» (p. 64). Pero concluye (p. 96): «Hay una nueva generación en la España oriental que corre el peligro de alcanzar la madurez bajo la impresión de que la historia de su territorio natal se detiene en las orillas del río Ebro. Con tal enfoque, inevitablemente se retrocede a la historia nacionalista estrecha y cerrada que historiadores de la talla de Vicens Vives se propusieron ante todo desacreditar».

Todo parece indicar que, desgraciadamente, comprobaremos este mal presagio, el no escribir buena historia, en los próximos meses.

(LV, 2013)

¿Se rompe el espeso silencio?

Ha transcurrido un año desde que los ciudadanos, tras la propuesta de los nacionalistas catalanes, se empezaron preguntar por el significado y las consecuencias de la independencia de Cataluña. Hasta entonces los objetivos nacionalistas siempre consistían en aumentar las competencias, mejorar la financiación o gozar de un trato distinto al resto de comunidades autónomas.

Pero tras la multitudinaria manifestación del 11 de septiembre del año pasado el objetivo cambió. Ahora se trataba de constituir a Cataluña como nuevo Estado soberano, no mediante proclamas desde el balcón de la Generalitat, tal como hicieron Macià y Companys el 14 de abril de 1931 o el 6 de octubre de 1934, sino mediante un referéndum. Un año después el objetivo es el mismo y el proyecto se acelera. Así lo reafirmó por mayoría de votos el Parlament de Catalunya al enviar un ultimátum al Gobierno central para convocar una consulta antes de fin de año.

Ante una perspectiva tan inmediata, hubiera sido oportuno que el Govern, por respeto a las mínimas reglas democráticas, se preocupara de que los medios de comunicación públicos, de hecho sometidos a su control, fomentaran el debate sobre las razones, ventajas e inconvenientes de separarse de España. Sin embargo, la opción tomada es la contraria: la información está cada vez más sesgada y falseada, se escuchan de forma abrumadora los argumentos de una parte y se silencian en lo posible los de la otra.

Todo ello se combina con otro factor. Desde el nacionalismo catalán gobernante se ha fomentado desde hace décadas el pensamiento único en una materia concreta: la llamada cuestión nacional. En Cataluña se puede discrepar en lo demás tanto como quieras, pero en esa materia no y, si discrepas, porque ello es jurídicamente posible dado que estamos en un Estado de derecho, las represalias, encubiertas pero reales, están garantizadas: quedas marginado de las instituciones oficiales y, allí donde el nacionalismo es influyente, también en ciertos sectores de la sociedad.

Alguna vez habrá que explicar con detalle, nombres y apellidos incluidos, los efectos de este maccarthismo catalán de los últimos treinta años: los vetos a personas para ciertos cargos, los criterios sectarios para escoger a otros, la selección de los directores de programas y de los colaboradores de los medios de comunicación oficiales, las desmesuradas subvenciones a unas asociaciones y la sistemática exclusión de otras. La apropiación de la sociedad civil por parte del poder político catalán ha tenido efectos devastadores para la existencia de una sociedad democrática libre.

En este último año, todo ello ha seguido siendo así pero con matices a destacar. Por parte del Govern y sus múltiples tentáculos, quizás la presión ha sido más intensa que nunca. Sin embargo, en la sociedad catalana se ha abierto alguna brecha, especialmente en el campo profesional y empresarial, quizás el más consciente del grave error que comporta la aventura independentista. Fueron significativas durante el curso pasado las moderadas tomas de posición contrarias a la independencia de los dos principales financieros catalanes, Isidre Fainé y Josep Oliu, de algunos presidentes de las más importantes empresas multinacionales, de la patronal Foment del Treball y del Cercle d’Economia.

Así pues, este silencio de la sociedad empezó a romperse muy tímidamente aunque estas posiciones discrepantes no fueran suficientemente explícitas y, sobre todo, no llegaran al gran público debido a la sutil, pero implacable, censura ejercida por los medios de comunicación, especialmente los audiovisuales, los que más influyen, sean públicos o privados. La sociedad catalana ha seguido, pues, muy mal informada sobre este asunto.

Pero hay una novedad: empiezan a surgir voces de alerta procedentes de personas históricamente ligadas al catalanismo político. Es el caso reciente de los conocidos economistas Joaquim Muns y Francesc Granell, en La Vanguardia y El País, respectivamente, del pasado domingo. Frente a las falsedades oficiales aducían razones y argumentos, fundados en su conocimiento y experiencia del mundo internacional, que demostraban el enorme error de la aventura independentista y el daño que supondría para los ciudadanos de Cataluña. Este tipo de razones y argumentos es lo que se encuentra a faltar en un debate desbordado por la emotividad.

Para unos, la separación de España y el nuevo Estado catalán (o, en el lado contrario, la creencia en la indestructible unidad española) nace de un sentimiento que, por más razones que se aduzcan, no es modificable. Pero para otros, creo que para la mayoría, llegados a este punto lo que desean más que nada es saber y comprender, enterarse de las razones de unos y otros para poder pensar por sí mismos sin prejuicios. Éste es el debate que se debe fomentar, hay que romper con este espeso silencio para escuchar a aquellos que por sus conocimientos y objetividad de criterio puedan aportar racionalidad al mismo. Todo lo demás es agitación y propaganda, más propia de países totalitarios que de países democráticos.

(LV, 2013)

¿En Madrid se enteran?

Desde el pasado 11 de septiembre la política catalana está centrada únicamente en la posibilidad de una futura independencia. La Generalitat está en quiebra técnica y sin los presupuestos aprobados, el Govern no tiene mayoría parlamentaria suficiente para llevar a cabo sus políticas, el partido que gobierna tiene la sede embargada por un caso de corrupción y el secretario general está de facto inactivo por estar imputado en otro caso del mismo género: todo esto no parece tener importancia porque sólo interesa un tema, el monotema, la independencia de Cataluña.

En un principio, esta obsesión parecía ser una mera cuestión de las elites políticas: partidos, medios de comunicación, asociaciones nacionalistas. La calle, la gente común, parecía estar preocupada por otros problemas, los que más le afectaban, el paro y la crisis. Pero la hiperactividad del mundo independentista, el apoyo que recibe de los poderes catalanes, tanto políticos como mediáticos, está reforzando la ola independentista mes a mes, día a día. Cualquier tertulia de radio o televisión, a la hora que sea, sólo habla del monotema y, por supuesto, siempre en la misma dirección. El bombardeo mediático, a la media y a la larga, siempre acaba calando en la opinión pública.

¿Se enteran de todo esto en Madrid? No parece.

Tengo la impresión de que en Madrid, es decir, en las elites políticas españolas, no se interpretó bien el resultado de las pasadas elecciones catalanas. Con el fracaso de Artur Mas se quedaron confiados: la independencia ha perdido fuerza. CiU volverá al redil de siempre, se conformará con alguna competencia más —ya quedan pocas— y alcanzaremos un pacto financiero aceptable. No entendieron que las elecciones habían cambiado el escenario político de Cataluña.

El pujolismo duró desde 1980 a 2003 y se le tenía tomada la medida: nacionalismo en Cataluña y partido bisagra en España. En Madrid creían que todo estaba controlado. No se daban cuenta de que ambos factores tenían una meta: ir construyendo poco a poco, pieza a pieza, la realidad actual. Por esto nunca quiso Jordi Pujol tener un ministro en el gobierno de Madrid: había que preservar la virginidad política ante el futuro. Pujol no ha sido nunca un Cambó (Roca, y ahora Duran, sí lo son), ni tampoco un Macià o un Companys. Su estrategia es algo nuevo y distinto a la de estos líderes históricos.

La estrategia no confesada de Pujol consistió en moldear pacientemente la sociedad (fer país) y, a la vez, con la autonomía como instrumento, ir construyendo sigilosamente un Estado (catalán) dentro del Estado (español) para dar un salto cualitativo cuando fuera posible. Ahora ha llegado el momento. España está económicamente débil, con un malestar social palpable y un desprestigio institucional generalizado. Del «España nos roba» hemos pasado al «España no nos sirve». Además, el 300 aniversario de la caída de Barcelona en la guerra de Sucesión, añade la épica histórica necesaria. Consecuencia: no hay que dejar pasar la ocasión, es el momento adecuado, quizás no habrá otro en muchos años. Emocionalmente, el nacionalismo catalán, hoy mayoritariamente independentista, está ganando la partida.

Ciertamente, CiU no controla la presente situación, con lo cual se agrava el problema. Convergència está dividida entre independentistas y no independentistas, Unió también. Sólo ERC parece sólida y da un mensaje claro. Pujol era el líder de todo el nacionalismo, Mas está siendo arrastrado por la corriente. Y cada vez son más importantes las entidades sociales (Òmnium, Assemblea Nacional Catalana) que gozan de relativa autonomía. El concierto a favor de la independencia que tuvo lugar en el estadio del Barça no sólo fue un acto de propaganda sino, especialmente, una advertencia a Artur Mas: te comprometiste a celebrar un referéndum en 2014, dentro o fuera de la legalidad, y esperemos que no nos traiciones.

Madrid ya no tiene interlocutor único en Cataluña porque son varios los focos de poder que se miran de reojo para acusar al otro de deslealtad si se desvía un poco del camino trazado. CiU, prisionera de ERC, no tiene posible marcha atrás. Éste es otro dato importante de la nueva situación.

A todas estas, ¿qué hace Madrid? El Gobierno del PP se limita a interponer recursos judiciales y al wait and see, «esperar y ver». Confía en que esto se arregle por las contradicciones internas de los catalanes y piensa que entrometerse es peor. Por eso no hace nada. El PSOE propone una reforma del Estado de las autonomías para convencer a los independentistas que desistan de sus propósitos. Pura ingenuidad. En resumen: Madrid no se entera.

La ola independentista avanza. Sentimentalmente está ganando, racionalmente perdería. Pero ya se sabe que cuando llegas a convencer a mucha gente que todo el mundo piensa lo mismo, estás creando un ambiente de falsa unanimidad que incluso arrastra a los no convencidos. Antes de llegar ahí, ¿qué se puede hacer? Contrarrestar lo emocional con lo racional, que las ideas ganen a las creencias y, una vez conseguido, preguntar a los catalanes.

(LV, 2013)

Paciencia e independencia

La agenda oculta del nacionalismo

Francesc de Carreras

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© Francesc de Carreras, 2014

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