Primera edición: Enero de 2018

© Antonio Manuel Moral Roncal

© De la dirección de la colección: Manuel Álvarez Tardío

© De la presente edición: Fundación FAES

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© Portada: Cromolitografía de Leopoldo O`Donnell, por Palacios.

Coordinación editorial: José Manuel de Torres

Diseño de la colección:

Paloma Cuesta

ISBN: 978-84-96729-42-1

Agradecemos al Museo Zumalakarregi la autorización y la cesión de las fotografías del cuadernillo final para su publicación.

«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».

INTRODUCCIÓN

La historia ha unido la figura de Leopoldo O’Donnell a la existencia de un partido, la Unión Liberal, que constituyó un serio intento de modernizar la vida política de España, una solución innovadora al problema del constitucionalismo liberal en crisis a mediados del siglo XIX. Así, la tarea que se propuso O’Donnell y su formación política no fue tanto la creación de un nuevo sistema como la reparación del existente, valiéndose de sus elementos, aunque éstos constituyeran, a su vez, su límite.

Como señaló Mazade, la Unión Liberal pudo haber sido una idea pero, ante todo, y sin duda alguna, fue un hombre. Ese defecto, o virtud según se vea, fue consecuencia de su tiempo, pues, como señaló Benito Pérez Galdós:

«Fue O’Donnell una época, como lo fueron antes y después Espartero y Prim, y como éstos, sus ideas crearon diversos hechos públicos, y sus actos engendraron infinidad de manifestaciones particulares, que amasadas y conglomeradas adquieren en la sucesión de los días carácter de unidad histórica. O’Donnell es uno de estos que acotan muchedumbres, poniendo su marca de hierro a grandes manadas de hombres»1.

Por eso, resulta necesario explicar esa época, situar al hombre político en su tiempo, que le acompaña y, a su vez, resulta parte integrante. Debe presentarse la situación histórica que vivió, la que recibió como gobernante y la que dejó en herencia tras sus tres experiencias como presidente del Consejo de Ministros. Esos resultan ser los objetivos de este libro.

Uno de sus contemporáneos, el general moderado Fernando Fernández de Córdova, describió a O’Donnell en sus Memorias como un hombre frío de carácter, flemático y reposado, de incontestable firmeza para seguir el camino que se trazó, sin desmayos ni arrepentimientos, sin pasiones: con impasibilidad británica diríamos hoy en día. Como otros muchos líderes políticos del reinado isabelino, forjó su carrera militar al calor de la Primera Guerra Carlista, donde demostró –según sus compañeros de armas– un enorme valor en los combates, una tranquilidad absoluta en todas las dificultades, sin otros estímulos que los que le marcaba su cerebro. En la batalla de Lucena contra los carlistas, Fernández de Córdova afirmó que había permanecido inmóvil bajo un diluvio de balas, comunicando sus órdenes y calculando las eventualidades.

Su salto a la política se produjo durante la regencia del general Espartero adscribiéndose al Partido Moderado, al término de la cual adquirió experiencia administrativa como gobernador y capitán general de Cuba. Más tarde, se acercó al programa político de los puritanos, liberal-conservadores que no deseaban gobiernos autocráticos ni constituciones de un solo partido. Desde el Senado, O’Donnell esperó el poder tranquilo, observando el desgaste de unos y las combinaciones de otros, callando cuando los vaivenes de la política no satisfacían sus ambiciones de lograr la presidencia del Consejo de Ministros. Si bien no fue un orador excepcional, se le reconoció un interés diario por estudiar, por aprender, por ilustrarse, tanto en ciencia militar como en la política.

Al apostar por un proyecto de conciliación entre las diversas ramas del liberalismo español, O’Donnell descubrió cierto don para atraerse amigos y simpatías, o al menos así lo creyó inicialmente. Frente al mando impetuoso y airado de Narváez o Prim, el del duque de Tetuán fue más suave, logrando esa autoridad que se concede a quien sabe ganarla. Frente al lujo que desplegaron muchos políticos, que consideraron necesario para realzar su prestigio, O’Donnell destacó por su modestia de costumbres, alejándose en su casa particular de ostentaciones innecesarias, que procuraran inspirar a sus familiares, amigos y correligionarios más confianza que temor. Supo escuchar y analizar, rodeándose de aquellos políticos que consideró los mejores y más preparados para la tarea de «modernizar fomentando». O’Donnell evitó declaraciones categóricas y excesivamente comprometedoras en materia de doctrina política, para evitar un encasillamiento ideológico rígido, sacrificando las abstracciones teóricas, por las que no sintió nunca inclinación. En su opinión, España había tenido demasiados principios y muy pocos logros reales desde 1812. Su acción de gobierno lo demostró: más logros que principios ideológicos y ello, como se verá, le terminó pasando factura.

Y es que también, como hombre político tuvo sus errores y contradicciones propias de su tiempo. Así, queriendo estabilizar un régimen representativo no dudó en participar en varios pronunciamientos, al igual que otros políticos, como el progresista general Prim o el demócrata Pierrad.

El espacio político que quiso ocupar fue el centro, entre el Partido Moderado y el Partido Progresista, los cuales también aspiraron al mismo en varias ocasiones, presentando a sus rivales de tal manera que ellos asumían la posición central. La lucha por el punto de centro político no es, pues, patrimonio de la actualidad. ¿Y qué podía definir el centrismo? Se barajaron varias fórmulas que fueron desde la utopía de un partido único –nacional y liberal– hasta la mera suma de diputados de los dos partidos más importantes hasta entonces y en crisis amenazante. Y ello en un tiempo de construcción de la Nación liberal, de una nueva sociedad y una mutante economía y, como tal, pleno de posibilidades, de triunfos y de fracasos.

En el siglo XIX, uno de sus biógrafos, Carlos Navarro Rodrigo, no dudó en señalar que O’Donnell «luchó con brío, sin descanso, por arrancar a España de su marasmo, de su entorpecimiento, de su mortal e histórica somnolencia»2. En el siglo XX, el historiador Nelson Durán afirmó que O’Donnell no fue un mero arbitrista, ni un contemporizador –como le acusaron sus adversarios–, sino un modernizador que intentó acercar a los españoles a los modos de vida europeos más desarrollados. Consultó los asuntos de gobierno con sus ministros y compañeros de la Unión Liberal, favoreciendo un clima de trabajo en equipo. Intentó consolidar un sistema de partidos y, sobre todo, canalizar las protestas de la oposición en las instituciones, en el Senado, en el Congreso, en la prensa, evitando la tentación de la revolución rupturista. De ahí que hasta su política exterior no pueda entenderse sin introducirse en el amplio abanico de medidas orquestadas para intentar rescatar a la oposición progresista de la espiral abstencionista, revolucionaria por extensión.

En el siglo XXI, para historiadores como Francesc Martínez y Carmen García, O’Donnell fue solamente el delegado y la herramienta de los esclavistas y negociantes cubanos en Madrid. En este sentido, la Unión Liberal fue un envoltorio político necesario para mantener el statu quo en España y sus colonias, construyendo puentes centristas entre la revolución y la reacción3. Una visión que no compartimos en este libro porque, si bien la elite social de Cuba –contraria a la independencia– tuvo sus redes de influencia en Madrid, surgieron otros grupos sociales y circunstancias que influyeron en la evolución política del reinado de Isabel II.

La Unión Liberal fue un paso más en la difícil consolidación del Estado liberal en España. Logró alcanzar en varias ocasiones el poder, y ese partido fue, en palabras de Francisco Melgar, «esencialmente la cabeza de O’Donnell, el puño de O’Donnell, la oportunidad de O’Donnell»4. Sin embargo, esa agrupación política continuó existiendo tras la muerte de su líder. Los unionistas honraron su memoria erigiéndole un monumento para perpetuar su recuerdo, ingresando finalmente sus cenizas en la iglesia madrileña de las Salesas Reales. Allí se le tributaron, durante algunos años, demostraciones de recuerdo y homenajes, hasta que su figura quedó definitivamente petrificada en su tiempo y otros líderes políticos le sustituyeron en las referencias y esperanzas de los españoles.

Hace ya muchas décadas, Juan Marichal, profesor en la Universidad de Harvard, advirtió que la historia contemporánea española surgía habitualmente maltratada por sus propios moradores, que parecían limpiarse de culpas al practicar dolorida y cotidianamente la autodifamación nacional. Reflexión que me parece de latente actualidad, vista nuestra historiografía. Por ello, con sumo respeto a nuestro pasado y con mayor al presente, intentaremos en las siguientes páginas evitar una visión masoquista de nuestro siglo XIX sin, por ello, dejar de ser sinceros.

Y, para finalizar, agradecer a FAES, a su servicio de publicaciones y al profesor Manuel Álvarez Tardío –director de la colección de biografías– la confianza que han depositado en mi persona para escribir esta biografía.

CAPÍTULO 1

LA FRAGUA DE UN LIBERAL

O’Donnell demostró bastante fuerza para

sujetar con una mano a la reincidente

tiranía y con la otra a la incipiente libertad.

Pedro Antonio de Alarcón

Infancia y juventud en cuarteles

Leopoldo Benito O’Donnell y Joris nació en Santa Cruz de Tenerife el 12 de julio de 1809. Descendiente de emigrantes irlandeses –que fueron desterrados por su lealtad a la causa de los monarcas jacobitas frente a los reyes de la Casa de Orange– creció en un ambiente castrense, siguiendo la tradición familiar. Su padre, el teniente general Carlos O’Donnell, fue gobernador militar de Valencia, capitán general de Castilla la Vieja y director general de artillería. Casado con Josefa Joris y Casaviella, además de Leopoldo, tuvieron tres hijos más y una hija: Carlos, Juan, Enrique y Beatriz5. Su madre, ilustrada y llena de ingenio, había sido camarista de la reina María Luisa; de ella heredaría Leopoldo su gran afición a la lectura y al ajedrez.

Al descender de jacobitas, no resultó insólito que su familia se posicionara al lado de los realistas a comienzos del siglo XIX, cuando los españoles –con el objetivo de buscar soluciones políticas ante su crítica situación– se dividieron entre liberales y favorables al mantenimiento de los principios del Antiguo Régimen, que recibieron el nombre de realistas. Su padre había disuelto, apoyado en las bayonetas de sus soldados, la liberal Junta de Asturias al iniciarse la guerra de la Independencia; su tío, el conde de La Bisbal, jugó un papel prominente en las dos restauraciones de Fernando VII. Circunstancias que explicaron el apoyo del rey, el cual, por gracia especial, concedió a Leopoldo el empleo de subteniente efectivo de infantería en el regimiento Imperial Alejandro a la temprana edad de diez años6. Circunstancia que era común en aquellas familias que se habían distinguido durante la invasión francesa, la insurgencia americana y las luchas políticas a favor de la plena soberanía real. No llegó a servir su plaza, ya que en el nombramiento se le autorizó a permanecer al lado de su padre, capitán general de Castilla la Vieja, hasta cumplir la edad reglamentaria. Sus dos hermanos mayores, Carlos y Juan, habían ingresado antes que él en la milicia; su hermana Beatriz no se desligó del entorno castrense pues contrajo matrimonio con Luis Coig, teniente coronel de la Guardia Real de Caballería.

El reinado de Fernando VII se abrió con un sexenio de plena soberanía regia pero, entre 1820 y 1823, volvió a entrar en vigor la Constitución de 1812 cuya accidentada práctica ahondó la división política de los españoles, entre realistas y liberales. Además, el partido liberal se fraccionó, a su vez, en doceañistas y exaltados, iniciándose una escisión que caracterizaría a esta corriente política durante todo el siglo XIX. Debido a sus circunstancias familiares y a la protección regia recibida, no resulta extraño que jóvenes oficiales como Leopoldo O’Donnell y Manuel Gutiérrez de la Concha, pusieran sus simpatías en los realistas aunque, paradójicamente, ambos convergieran, años más tarde, en la Unión Liberal7. Fiel a sus apegos políticos, Carlos O’Donnell fue a reunirse con los contrarrevolucionarios que se encontraban en Francia, organizando el cambio político en España. La regencia de Urgel le confió el mando de las tropas de Navarra y Vascongadas, mientras su familia sufría confinamiento y humillaciones por los mandos liberales. El régimen constitucional fracasó en su empeño de lograr estabilidad y la invasión francesa de los Cien Mil Hijos de San Luis –a lo que se unieron los realistas españoles– precipitó su final. Carlos O’Donnell fue repuesto en su cargo de capitán general de Castilla La Vieja y se estableció en Madrid, al ser ascendido a la Dirección General del Real Cuerpo de Artillería. Todo parecía mejorar para su familia, pues su hijo Leopoldo logró el grado de teniente del tercer regimiento de granaderos de la Guardia Real.

Durante los últimos años del reinado de Fernando VII, la enconada lucha entre liberales y realistas había generado tales obstáculos para la recuperación de España tras la guerra de la Independencia y las insurgencias americanas, que un grupo de políticos fernandinos moderados decidió impulsar un proyecto de equilibrio que propiciase la paz necesaria a la sociedad y economía españolas, aunando a reformistas y moderados en una Monarquía templada que admitiera postulados liberales manteniendo esencias realistas. El plan fue apoyado por la minoría de afrancesados que había comenzado a escalar puestos en la alta administración, sobre todo en el ministerio de Hacienda con la ayuda del ministro Luis López Ballesteros. Este fenómeno tuvo su equivalente en la corte donde, de mano de otros moderados como Manuel de Grijalva, el secretario de la Real Estampilla del monarca, varios afrancesados comenzaron a instalarse en diversas secciones palatinas, hasta ascender al mismo cuarto del infante don Francisco de Paula –hermano menor del monarca– que pronto se rodeó de un enorme número de cortesanos con pasado o familiares afrancesados. Formaron un grupo palatino de poder que, con ayuda de varios realistas moderados, apostaron por la instalación de un régimen reformista en España a la muerte de Fernando VII, cuyo delicado estado de salud pronosticaba un pronto final.

Para alcanzar esa meta, les resultó necesario desplazar del trono al presunto heredero, el infante don Carlos María Isidro y a su descendencia, peón dinástico de los realistas más intransigentes. Con este objetivo, los políticos afrancesados y moderados convencieron al monarca para que aceptara un cuarto matrimonio con su sobrina, María Cristina de Borbón, con la esperanza de que su prole alejara a don Carlos de la Corona. Viudo por tercera vez desde 1829, Fernando VII aceptó la sugerencia, deseoso de tener descendencia directa. En marzo de 1830, en pleno embarazo de su consorte, el rey publicó la Pragmática Sanción en que haciéndose eco de la petición formulada a su padre por las Cortes de 1789, se cambiaba la ley de sucesión semisálica hasta entonces vigente y se retornaba a la ley de las Partidas de Alfonso X de Castilla. La Pragmática Sanción otorgaba prioridad sobre su tío a las hijas que pudieran tener los monarcas, por lo que el infante don Carlos se alejaba del trono. Nació una niña, la futura Isabel II, pero la cuestión aún podía resolverse por sí misma, pues nada impedía que la reina quedara en cinta nuevamente, como así ocurrió, pero su fruto fue una segunda infanta, Luisa Fernanda, en 1832. A partir de entonces, a nadie se le ocultó el hecho de que cada candidato al trono se había convertido en la bandera de una determinada opción política. Pronto, la nueva reina también se rodeó de conocidos afrancesados que defendieron la sucesión de su hija Isabel8. Leopoldo O’Donnell, atento observador de los hechos políticos –ascendido a capitán del cuarto regimiento, por rigurosa antigüedad– continuó manteniendo su lealtad al monarca en la Guardia Real, donde permaneció hasta 1829.

Al año siguiente falleció su padre, quien legó todos sus derechos sobre sus propiedades y títulos irlandeses a su primogénito, Carlos Manuel, para el caso de que se devolviesen los bienes incautados a los emigrados católicos en Gran Bretaña, quedando Leopoldo, como hijo menor, apartado de esas hipotéticas esperanzas.

En septiembre de 1832 se produjeron los conocidos Sucesos de La Granja, que demostraron la ineficacia de los apoyos cortesanos y gubernamentales a la opción carlista y, a partir de octubre, el Gobierno se entregó a una intensa labor destinada a depurar la administración civil y militar de todo posible sospechoso de carlismo. En la Real Casa y Patrimonio, la reina María Cristina ordenó la reincorporación de algunos nobles separados entre 1823 y 1824, con el objeto de afianzar su poder en el damero cortesano. Paralelamente, se procedió a una neutralización de los apoyos militares carlistas, ya que resultaba necesario proceder a su separación. En poco tiempo, la infantería de línea fue depurada de tal manera que se convirtió en un claro apoyo cristino, pero la mayoría de la Guardia de Corps, y numerosos oficiales de la guardia exterior, se declararon abiertamente por don Carlos, por lo cual fueron depurados unos doscientos oficiales. Se renovaron todos los mandos de ese cuerpo y los generales más sospechosos de filocarlismo quedaron separados de sus cargos, claves en la administración provincial y en el ministerio de la Guerra. Numerosos capitanes generales y altos oficiales fueron expulsados, casi de forma escalonada, en muy pocas semanas, para evitar que sublevaran unidades a favor de la sucesión masculina. Si bien las depuraciones de carlistas fueron intensas en el Ejército, no puede decirse lo mismo de la administración civil: la magistratura resultó muy poco afectada, y el cuerpo de intendentes lo fue de forma muy limitada9.

Contra todo pronóstico, las primeras depuraciones de carlistas no fueron seguidas de un inmediato reingreso de liberales, muchos de ellos en el exilio desde la caída del régimen constitucional. Quienes pasaron a primer plano fueron los realistas moderados que habían prestado servicios entre 1823 y 1833, así como algunos representantes del ala más moderada del sector liberal. Paralelamente a las maniobras de los isabelinos o cristinos, los partidarios del infante don Carlos –llamados ya carlistas o legitimistas– se dedicaron a organizar una amplia red conspiratoria cuyo propósito era propiciar un levantamiento general a la muerte del monarca, pues don Carlos desautorizó todos en vida de su hermano. De esta manera, el último año del reinado de Fernando VII fue una frenética carrera contra reloj entre isabelinos y carlistas para organizar el inevitable conflicto civil.

Enfrentado a toda su familia –que se decantó por los carlistas– el capitán Leopoldo O’Donnell se mostró partidario de la princesa Isabel, sin duda por su apuesta personal por ideas moderadas, pero también por su fidelidad al propio Fernando VII que había dispuesto la sucesión femenina. Igualmente, debió influir en su decisión el hecho de que la mayoría de sus compañeros –oficiales del cuarto regimiento de granaderos– se pronunciaron por la reina. Su caso no fue el único: hubo numerosos miembros de la administración y de las fuerzas armadas que se encontraron, por su fidelidad fernandina, siendo isabelinos o cristinos antes que liberales. En octubre, María Cristina firmó una amnistía que suponía la vuelta de los emigrados liberales, gesto que no fue gratuito, pues los partidarios de la reina esperaron que apoyasen al nuevo régimen, y si fuera necesario, con las armas en la mano.

El 29 de septiembre tuvo lugar la anunciada muerte de Fernando VII. Don Carlos –en el exilio portugués– se proclamó sucesor legítimo, pero el gobierno de Madrid sólo reconoció la sucesión de Isabel II. Desmantelada en la mayor parte de España la trama organizada por la Junta carlista de Madrid, el alzamiento a favor del Pretendiente que debía estallar en toda la Península sólo revistió importancia donde sus ramificaciones aún no habían sido desmanteladas por la policía: la Rioja, Castilla la Vieja, Navarra y el País Vasco. En estas últimas regiones, la existencia de un régimen foral había dificultado enormemente la sustitución de las autoridades civiles, muchas de las cuales fueron partidarias del infante y mantuvieron cuerpos armados. Pero los carlistas no lograron sublevar ni un solo batallón del Ejército. A pesar de todo, comenzó una larga guerra de siete años –llamada Primera Guerra Carlista (1833-1840)– que marcaría para siempre el destino de la sociedad española, pues la supervivencia del Antiguo Régimen, la consolidación del proyecto de los moderados fernandinos o la victoria de una revolución liberal dependieron de la suerte de ese conflicto, que marcaría para siempre la historia de nuestra nación.

Ascensos por méritos de guerra

A principios de octubre de 1833 se sublevó la ciudad de Bilbao, que quedó en manos de los carlistas hasta finales de mes, cuando un ejército cristino al mando de Pedro Sarsfield logró izar en esa plaza la bandera de la reina. A la posesión de esta ciudad se unió la de otra capital, Vitoria, donde los partidarios de don Carlos se mantuvieron durante un tiempo. Indistintamente, se produjeron varios alzamientos en Castilla la Vieja, especialmente en Burgos y Soria. En La Mancha, Extremadura, Andalucía y Murcia, así como Asturias y Cantabria se produjeron algunas intentonas en los meses de octubre y noviembre. En la antigua Corona de Aragón se alzaron partidas de guerrilleros, siendo el hecho más destacable la ocupación carlista de Morella. Precisamente, el batallón al mando de Leopoldo O’Donnell –de guarnición en Barcelona– fue destinado a Zaragoza, junto a otras fuerzas, para hacerles frente10.

Pese a ello, a principios de diciembre, el alzamiento legitimista parecía controlado y en vías de extinción debido a varias razones: el elevado grado de desconexión entre los distintos focos insurreccionales y, en ocasiones, entre los movilizados en una zona; los apoyos recibidos, visiblemente insuficientes, por la eficaz labor de depuración cristina desde hacía un año; la inexperiencia de la mayoría de los que se alzaron en el enfrentamiento con las fuerzas regulares; la ausencia de don Carlos y su Estado Mayor, exiliados en Portugal; y, por último, el vigor de la respuesta gubernamental que combinó represión con ciertas disposiciones de gracia. Sin embargo, las hogueras tardaron en apagarse. Los carlistas mostraron una clara tendencia a concentrarse sólidamente en unos territorios –afectados por amplios procesos de transformación económica, social y cultural–, sobre todo en el País Vasco, Navarra, Cataluña, Valencia y Aragón. En ellos, los legitimistas comenzaron a hacerse fuertes en el campo, abandonando la fallida insurrección urbana. En febrero de 1834, O’Donnell con sus 180 soldados se unió a una pequeña brigada al mando de Linares de Bitrón, destinada a la persecución de carlistas en tierras aragonesas.

Se abrió así la llamada época de Zumalacárregui, que abarcó la guerra que se desarrolló entre diciembre de 1833 y julio de 1835, por el indudable liderazgo que este jefe militar desarrolló, casi monopolizando la iniciativa del conflicto. En esta fase, el movimiento carlista aumentó sus apoyos sociales, sus efectivos militares y adquirió consistencia con el paso de los meses siguientes en el marco de un proceso dialéctico en el que revolución y contrarrevolución se alimentaron mutuamente. De esta manera, hechos como las matanzas de religiosos de 1834 y 1835 y las desamortizaciones o la radicalización liberal continua del régimen cristino ofrecieron estímulos a algunos sectores sociales para luchar por la causa de don Carlos. Navarra y las provincias vascas constituyeron el escenario natural de la guerra, lo cual no significa que, en esta etapa, no se produjeran sublevaciones y movimientos de partidas carlistas en otras zonas de España, sino que la acción bélica se estabilizó, principalmente, en el Norte. Y ello fue responsabilidad del principal caudillo militar carlista: Tomás de Zumalacárregui (1788-1835). Los esfuerzos de este jefe se centraron, desde fines de 1833, en la formación de un auténtico ejército carlista, capaz de medirse sin excesiva desigualdad con el que tenía enfrente. En pocos meses, aumentaron sus efectivos, suma del voluntariado y el alistamiento, consiguiéndose armas, fruto tanto del saqueo en el campo de batalla, de operaciones contra fábricas y convoyes como de adquisición en el extranjero.

Precisamente, Carlos, el mayor de los O’Donnell, que había escapado a Francia para no servir en las armas de la reina, se presentó ante el caudillo carlista, el cual le encargó que organizara su caballería, misión que aceptó demostrando su experiencia en ese arma, ascendiendo en poco tiempo a mariscal de campo. Pronto se uniría su hermano Juan y, finalmente, el pequeño Enrique que –tras la muerte de Carlos– ingresó en el cuartel real del Pretendiente y, con el tiempo, pasaría a ser oficial de órdenes del general Maroto.

Mientras el Norte resistía, los focos aragoneses se reducían. El 24 de abril de 1834, se produjo una acción bélica en Ripodas y Lumbier, donde Leopoldo O’Donnell –al mando de 180 granaderos y 25 jinetes– derrotó a los carlistas, cargando a la bayoneta y desalojándolos de sus posiciones. Su valor fue recompensado con el nombramiento de coronel efectivo por méritos de guerra11.

Paralelamente, don Carlos y su familia, exiliados en Portugal y, más tarde, en Gran Bretaña, trataron de volver clandestinamente a España. La noticia de la llegada del Pretendiente al Norte en el verano de 1834 tuvo un triple efecto benéfico para la bandera carlista: le otorgó, en primer lugar, nuevo crédito, tanto en el interior como en Europa; contribuyó a infundir valor en sus combatientes, que vieron a su monarca con ellos y, por último, generó más de una adhesión en especial entre las filas de la antigua administración fernandina. El 12 de julio, don Carlos y Zumalacárregui se entrevistaron en Elizondo. Por más que para el gobierno de Madrid no fuera sino «un faccioso más», la noticia de la llegada del Pretendiente a suelo español otorgó fuerza a una lucha en peligro de estancamiento. Se organizó un gabinete y una administración interna, embriones de un «Estado carlista».

Leopoldo O’Donnell, como otros futuros líderes políticos liberales (Narváez, Espartero, Prim, Serrano), continuó su carrera militar ascendente al calor del conflicto. El 5 de septiembre recibió la cruz laureada de San Fernando, de segunda clase, por el valor demostrado al dirigir la defensa de una posición clave en la batalla desarrollada en la localidad navarra de Erice, resistiendo cuatro cargas de infantería y haciendo frente a la bayoneta a la quinta12. Logró la retirada de los carlistas pero, al caer herido, estuvo curándose casi un año, recibiendo el empleo de segundo comandante en junio de 1835.

Pese a todo, el empleo de tácticas guerrilleras fue un éxito para las fuerzas carlistas mientras Madrid sustituía progresivamente a varios jefes de sus fuerzas en el Norte: Valdés, Quesada, Rodil y Espoz y Mina. La guerra continuó y, a pesar de los continuos refuerzos del ejército cristino, a partir de mayo de 1835, los avances y el control del territorio y las comunicaciones por parte de las fuerzas legitimistas rompieron el equilibrio en el Norte. Exceptuando las capitales, algunas poblaciones costeras y una parte de Álava, el resto del territorio vasconavarro se encontraba en poder de los carlistas. Ante esta situación, la elite militar de don Carlos se encontró con dos caminos: o bien conquistar Vitoria, como vía de ampliación del territorio y paso previo para tierras castellanas o bien el asalto y toma de Bilbao. Contra la opinión de Zumalacárregui, se impuso la segunda opción. Durante el cerco y bombardeo de la ciudad se produjo un hecho decisivo: Zumalacárregui resulto herido el 15 de junio y falleció al cabo de unos días. El carlismo perdió a su principal estratega militar.

Aunque los legitimistas endurecieron el sitio, no lograron tomar la ciudad. Los cristinos, por su parte, mandaron refuerzos y lograron romper el cerco el 1 de julio. La retirada de Bilbao afectó a la imagen del carlismo, mientras comenzaban ciertas tensiones entre algunos mandos por ocupar el lugar del fallecido general. Con esta derrota finalizó una etapa de victorias carlistas en el terreno militar y una fase de progresiva expansión territorial. La batalla de Mendigorría, a mediados de julio, no hizo más que reafirmar esta tendencia. En esta ocasión, Leopoldo O’Donnell fue ascendido a teniente coronel por su valor en combate, donde cayó herido y prisionero su hermano Juan13. Mientras tanto, se produjo la internacionalización del conflicto hispano. Portugal, Gran Bretaña y Francia apoyaron al gobierno cristino, más cercano ideológica y políticamente, mientras Austria, Prusia, Rusia, Piamonte y Nápoles se acercaban, por las mismas causas, al bando carlista.

Se abrió una segunda fase de la guerra, llamada la época de las expediciones, que se desarrolló entre julio de 1835 y octubre de 1837. En el frente del Norte, la guerra se caracterizó por un relativo equilibrio de fuerzas entre los ejércitos rivales, como advirtieron todos los O’Donnell. Ni grandes avances ni grandes retrocesos, aunque sí numerosos choques. Se sucedieron varios jefes al mando de las fuerzas carlistas, compuestas, a mediados de 1836, por unos 36.000 hombres. Leopoldo está presente en los combates desarrollados en Los Arcos y en los campos de Guevara. El comienzo de ese último año sería siempre recordado trágicamente por la familia de los O’Donnell por la muerte cruel de Juan, que había sido trasladado a una prisión en Barcelona. Una multitud asaltó en enero la ciudadela barcelonesa, en protesta por lo que consideraba dilación y lentitud en el juicio de presos carlistas. Los asaltantes –alentados por liberales radicales–, sacaron uno a uno a los acusados y los asesinaron a continuación. A Juan, después de muerto, le ataron una cuerda a las piernas y le arrastraron por el césped de los fosos, al ser un oficial. Se supone que de esa terrible manera murieron 170 prisioneros carlistas, algunos convalecientes en el Hospital Militar y en el cuartel de Atarazanas.

En esa primavera, Leopoldo O’Donnell fue puesto al mando del regimiento de Gerona número 3 de ligeros; bajo el mando de Luis Fernández de Córdoba, continuó combatiendo, participando en las acciones de Unzá y de Miñano Mayor, en Vitoria, destacando de tal modo que su superior escribió una carta de elogio al ministro de la Guerra y publicó la siguiente orden:

«El general en jefe ha dispuesto que se den las gracias al bizarro coronel comandante general de la brigada de la primera división del regimiento de Gerona (...) por su acción en los combates entre los pueblos de Miñano y Legarda, en la cual arrollaron con la mayor eficacia a las fuerzas enemigas muy superiores, mandadas por Villarreal. Aunque todas han rivalizado en denuedo, orden perfecto y entusiasmo, las descargas dadas contra tres escuadrones rebeldes, por el citado regimiento quinto de ligeros, han sido dignos de admiración y gratitud (...). Este bravo escuadrón apenas ha ingresado en el ejército cuando por de primer hecho de armas se hace digno rival»14.

Ascendido a brigadier, fue herido en la acción de Galarreta, por la cual se le concedió la cruz de San Fernando de tercera clase, permaneciendo casi otro año en Vitoria y Logroño para recuperarse del tifus15.

Mientras tanto, los liberales buscaron recursos económicos a través de la famosa desamortización de bienes eclesiásticos de Mendizábal, y los carlistas trataron igualmente de proveerse de fondos, lo que llevó a plantear un segundo intento de toma del principal puerto del Norte, Bilbao, entre el 23 y el 28 de octubre de ese año e, incluso, un tercero entre el 4 de noviembre y el 25 de diciembre. Los legitimistas volvieron a fracasar mientras se consagraba, en el campo liberal, la figura del general Baldomero Espartero, con quien Leopoldo O’Donnell compartiría el poder décadas más tarde. Era necesario dinero pues faltaba de todo: munición, armamento, comida, medicinas, no se cobraban los sueldos, los soldados calzaban alpargatas –baratas de arreglar o reponer– antes que zapatos –caros y débiles para las marchas–, los oficiales debían encontrar cómo avituallar a sus hombres... En 1860, O’Donnell recordaría estas dificultades en el Senado a uno de sus miembros:

«Su Señoría debe saber que el Ejército español ha sido siempre modelo de sufrimiento, de entusiasmo, de patriotismo y que jamás ha necesitado el estímulo del dinero para batirse por la gloria y por la independencia de su patria: De ello dio ejemplo glorioso en la guerra de la Independencia (...) En la guerra civil que todos cuantos la hemos hecho, nos batimos sin sueldo durante una gran parte de ella y, sin embargo, jamás vacilamos en cumplir con nuestros deberes, sin consideración a la clase de recompensas que pudiéramos obtener»16.

En marzo de 1837, el ejército de don Carlos obtuvo en la batalla de Oriamendi una de sus victorias más importantes, destinada a convertirse en el futuro en un símbolo esencial de los recuerdos carlistas. Ese mismo año se organizó la más importante de todas las incursiones: la llamada Expedición Real. Sus causas fueron, en esta ocasión, más políticas que militares. En los meses anteriores, a través de la corte napolitana, se habían producido contactos entre don Carlos y su cuñada María Cristina, inquieta ante los avances de los más revolucionarios entre los liberales y descontenta de la actitud de Francia y Gran Bretaña. En estas negociaciones se propuso un plan de paz consistente en la boda de la niña Isabel y su primo el infante don Carlos Luis, hijo del Pretendiente. Por su parte, la regente se mostraba dispuesta a ceder el poder a su cuñado a cambio de concesiones para ella y los suyos.

Pero estas maniobras políticas no frenaron los combates. A mediados de mayo de 1837, carlistas y liberales reunieron el grueso de sus fuerzas sobre la línea de Hernani, disponiéndose todo para una gran batalla. Pero el día 12, cuando el choque parecía inminente, los legitimistas se retiraron hacia Estella, dejando tan sólo tres batallones en el frente. En pocos días, quedaron en manos de los soldados de la reina Hernani, Oyarzun, Irún y Fuenterrabía, logrando un botín de varios cañones, fundiciones y municiones. Precisamente, Leopoldo O’Donnell, ya repuesto de su convalecencia, participó con su brigada en la división del general Lacy Evans, que tomó Irún, siendo agraciado con la cruz de Isabel la Católica a propuesta de su superior17. Ante esta situación, el general Espartero –líder de las fuerzas isabelinas del Norte– ofreció condiciones de paz muy semejantes a las que más tarde serían contempladas en el Convenio de Vergara. Pero no fue posible aprovechar la coyuntura, pues los movimientos del Pretendiente, que acababa de abandonar las provincias, le obligaron a emprender su persecución. Efectivamente, en mayo de 1837 salió de Navarra la Expedición Real formada por 12.000 infantes y jinetes, a cuyo frente se encontraba el propio don Carlos.

Leopoldo O’Donnell no formó parte de las tropas que persiguieron a la expedición, pero tuvo que enfrentarse a la rebelión que la guarnición de Hernani protagonizó el 16 de julio, enfrentándose a sus mandos. Los soldados de otros regimientos no quisieron atacarlos, ante el temor de que el enemigo, que les rodeaba, aprovechara la ocasión. O’Donnell, apelando a su prestigio entre las tropas, se presentó con sus fuerzas en medio de los amotinados, logrando aumentar su moral mientras lograba apaciguarlos, colocando soldados fieles de su regimiento de Gerona en las defensas, capaces de rechazar cualquier ataque carlista. Su coraje fue recompensado con la comandancia general de Guipúzcoa, elevando la moral de sus fuerzas justo en un momento en que, a mediados de septiembre, llegaron noticias de que la Expedición Real se encontraba a las puertas de Madrid, tras atravesar Aragón, Cataluña y Valencia18. Comentando la situación desde Hernani, Leopoldo escribió a su madre:

«Ignoro cuál es el destino que la suerte me prepara; pero me creo capaz de sobrellevar las mayores desgracias de la vida, y nada será capaz de abatir mi alma mientras, como ahora, conserve una conciencia tranquila y la certeza de que he obrado siempre como hombre de bien, no separándome jamás de la senda del honor. Durante el periodo de la guerra civil que destroza y aniquila nuestra patria, muchos horrores pueden con razón echarse en cara los dos partidos; pero en medio de ellos, conservo la pura satisfacción de que ni una sola gota de sangre he hecho derramar fuera del campo de batalla»19.

Ni los carlistas lograron entrar en la capital, bien defendida y con un ejército liberal al mando de Espartero a sus espaldas, ni la reina María Cristina se presentó ante don Carlos, vigilada de cerca por el gobierno. Las tropas legitimistas comenzaron una larga y accidentada retirada hacia el Norte a donde llegarían a fines de octubre. Si bien el balance militar no fue negativo, el malestar y el cansancio entre los carlistas resultaban evidentes, mientras el liderazgo del Pretendiente quedaba bastante en entredicho. En este último mes, el comandante O’Donnell conquistó el pueblo de Guetaria y planeó un golpe de mano sobre el puerto de Motrico, por lo que Espartero le propuso para el grado de mariscal de campo, que la reina aceptó a finales de ese año. En noviembre, Leopoldo había contraído matrimonio por poderes en Barcelona, con Manuela Bargués y Petre, viuda con dos hijas de un rico comerciante. Con el paso del tiempo, su esposa compartió los avatares de su destino, sin tener descendencia directa con su segundo marido, al que sobrevivió.

O’Donnell en la batalla de Lucena

Tras la vuelta de la Expedición Real, se produjeron una serie de divisiones internas en el campo carlista, escindiéndose entre partidarios de continuar la guerra hasta la victoria y aquellos que comenzaron a proponer un acuerdo con el gobierno de Madrid antes de que las derrotas les impidieran poseer terreno y fuerzas con las que negociar. En esta situación, resultó clave el nombramiento de Rafael Maroto como jefe de Estado Mayor por el Pretendiente. Este oficial solicitó el mando absoluto de todas las fuerzas militares, incluidas las de aquellos territorios que se encontraban fuera del escenario vasconavarro. Estas facultades eran extraordinarias e ilógicas, pues suponía alejar el centro de decisión del campo de batalla. Don Carlos no aceptó, lo que fue el comienzo de un enfrentamiento personal con Maroto.

En el año 1838 continuaron los combates y la ascendente carrera de O’Donnell, que fue nombrado jefe de Estado Mayor del general Espartero, siendo, al año siguiente, distinguido con la gran cruz de San Fernando por su heroico comportamiento en las acciones del fuerte de Ramales y Gandamino, donde fue herido con bala de cañón20. En el campo carlista, las derrotas ahondaron la división interna.

En poco tiempo, circularon rumores sobre la posible transacción que el general Maroto estaba pactando con el mando liberal, para lograr una rendición honrosa del ejército del Norte. Entre diciembre de 1838 y enero de 1839, el gobierno carlista dimitió cinco veces, mientras resultaba imposible buscar una figura que uniera a los legitimistas y las potencias europeas amigas se negaban a enviar más dinero sin una demostración de firmeza, unidad y sucesivas victorias. Las conspiraciones de varios militares contra Maroto fueron descubiertas, produciéndose una serie de fusilamientos, exilios y separaciones, mientras don Carlos era forzado por su jefe de Estado Mayor a cambiar al gobierno para evitar una guerra civil interna en su bando.

En el otro campo, Leopoldo O’Donnell fue nombrado general en jefe del ejército del Centro y capitán general de Aragón y Valencia, con la misión de derrotar al general Cabrera, al cual mandó el ofrecimiento de un convenio para tratar de humanizar la guerra, evitando represalias entre los civiles21. Al conocer que la villa castellonense de Lucena –fiel a la reina– resistía desesperadamente a los carlistas, al mando del general Aznar, O’Donnell decidió ir en su ayuda. Al conocer la noticia, el líder carlista comentó a sus hombres «¡Muchachos: ataos bien las alpargatas, que vais a entenderos con un buen general!»22. Efectivamente, ambas fuerzas sostuvieron un fuerte combate, el 17 de julio de 1839, en la batalla de Lucena o las Useras, retirándose finalmente los legitimistas. Para los liberales, O’Donnell puso de manifiesto una vez más sus virtudes militares: valor a toda prueba, intuición táctica y precisión extraordinaria en los planteamientos. En cambio, para sus enemigos, demostró que era un general que quería vencer en todas partes por la fuerza de las masas, pero que desconocía totalmente la guerra irregular. Si bien consiguió su objetivo, fue a costa de pérdidas tan grandes que toda ventaja equivalió a una derrota23.

En todo caso, las consecuencias de esta acción fueron decisivas pues, en primer lugar, se elevó la moral de la provincia, que temía la llegada de Cabrera desde Valencia, amenazando Cuenca y el camino hacia la capital. En segundo lugar, se hubiera necesitado, en caso de derrota, destinar tropas liberales del Norte al Levante, lo que hubiera retardado o impedido los hechos que se estaban fraguando.

Efectivamente, en el escenario vasco, Maroto había reanudado sus negociaciones de paz con la mediación del gobierno francés mientras la desunión y las protestas aumentaban en el ejército legitimista. El 25 de agosto, el general mandó pliegos abiertos al Pretendiente y a todos sus comandantes generales y diputaciones, dándoles a conocer las propuestas de paz que suponía le había hecho Espartero, y según las cuales don Carlos sería reconocido como infante, conservándose los fueros y los grados militares adquiridos a lo largo de la guerra. La desunión y la confusión fueron tan evidentes que varios oficiales y sus tropas, cansadas y agotadas, se acogieron, el día 30, al llamado Convenio de Vergara. Leopoldo O’Donnell comunicó el famoso abrazo entre Espartero y Maroto a su madre en carta:

«El término de la guerra civil que nos destroza se acerca; los sucesos de Navarra no son obra de Maroto sino del cansancio de los pueblos; sin esta circunstancia, toda la influencia del primero hubiera sido nula para producir una resolución tan extraordinaria como es la de abrazarse dos ejércitos que por seis años han hecho una guerra sangrienta».

A continuación, el caos se apoderó del campo carlista y, en quince días, todo el Norte fue tomado por las tropas liberales, mientras 8.000 hombres, los ministros y la familia de don Carlos se exiliaban en Francia.

La victoria de Leopoldo O’Donnell en Lucena no había dificultado ese desmoronamiento, sino todo lo contrario, por lo que fue premiado con su nombramiento como teniente general y, ocho años más tarde, con los títulos de conde de Lucena y vizconde de Aliaga. Galdós retrató al joven militar en sus Episodios Nacionales en estos términos:

«Era un chicarrón de alta estatura y los cabellos de oro, bigote escaso, azules ojos de mirar sereno y dulce; fisonomía impasible, estatuaria, a prueba de emociones; para todos los casos alegres o adversos, tenía la misma sonrisa tenue, delicada, como de finísima burla o estilo anglosajón»24.

En Aragón, el Maestrazgo y Cataluña, la guerra continuó un año más. Las fuerzas de Espartero se unieron a las de O’Donnell para vencer a Cabrera25. El empuje de los liberales, su superioridad numérica y los ofrecimientos de paz aumentaron los rumores de traición y de división interna en las filas carlistas. Precisamente, el último hermano O’Donnell en las filas carlistas, Enrique, decidió aceptar las propuestas convenidas en Vergara. Su última orden había sido presentar a los jefes y oficiales de la división Urbiztondo el texto del pacto que acababa de ultimar el general Maroto. Enrique fue recibido en el ejército de la reina con los grados y dignidades que tenía en el de don Carlos y, con el paso del tiempo, ascendería a teniente general.

En julio de 1840, Espartero se enfrentó personalmente a las fuerzas carlistas del general Cabrera que todavía resistían. Leopoldo asumió el mando de todas las tropas que se encontraban en la orilla derecha del Ebro. En una campaña desarrollada en veintiún días llevó a cabo la destrucción de las numerosas partidas que habían quedado dispersas en el Maestrazgo y Bajo Aragón. A continuación dirigió las operaciones en Cuenca, provincia que pacificó en pocos días, a la vez que desde Segorbe hacía marchar otras tropas que tenían como objetivo Castellfollit y Betata que eran –junto a Cañete y Miravete– las últimas fortalezas donde ondeaban las banderas de don Carlos. Tomadas esas plazas, finalizó la campaña de Leopoldo O’Donnell, que se reintegró a su mando de Valencia.

Finalmente, pese a una resistencia numantina, la falta de dinero y armas, el cansancio de la población, más la presión del ejército isabelino, obligaron a las últimas tropas legitimistas, al mando de Cabrera, a cruzar la frontera francesa. Finalizaba de esta manera una guerra civil que había durado siete años, con la herencia de una nación exhausta pero asentado el nuevo régimen. Para O’Donnell el conflicto supuso, a nivel personal, la muerte de sus dos hermanos mayores, de su cuñado –también en el bando carlista– y de dos primos, además de su tío, el conde de La Bisbal, quien murió al conocer el fallecimiento de su hijo mayor26.

Tiempo de cambios

O’Donnell fue testigo de la decisiva transformación legislativa que se realizó en España durante los años de la Primera Guerra Carlista. Mientras los dos bandos combatían en los campos de batalla, comenzó a levantarse el edificio de una monarquía templada. Así, la primera propuesta de los consejeros de María Cristina de Borbón –reina gobernadora durante la minoría de edad de su hija Isabel II– fue realizar unas reformas necesarias a fin de alcanzar un justo medio que pudiera atraer a los absolutistas más moderados y a los liberales menos exaltados. En enero de 1834, el presidente Martínez de la Rosa, representante del liberalismo moderado, intentó lograr un equilibrio entre las tendencias políticas de los liberales a cambio de su apoyo a las banderas isabelinas. El primer resultado de esta apuesta política fue la elaboración del Estatuto Real de 1834, que supuso un primer ensayo de «soberanías paralelas» (cosoberanía) de la Corona y las Cortes. La primera limitaba su poder y coexistía con dos Cámaras electivas bajo sufragio restringido, pero representativas de los grupos sociales más elevados del reino. No obstante, el texto no reguló los poderes de la Corona ni del Gobierno, ni recogió declaración alguna sobre los derechos de los ciudadanos, salvo el de sufragio.

En 1836 el clima de crispación alcanzó su punto álgido, ante la incertidumbre de la guerra civil y por la situación desastrosa de la Hacienda. El cenit de esta situación se produjo en el mes de agosto con el motín de los sargentos de la Guardia Real en La Granja, que obligó a la regente a suprimir el Estatuto Real y restaurar la Constitución de 1812. Los liberales progresistas forzaron la convocatoria de unas Cortes para debatir y aprobar una nueva Constitución.

Se celebraron en el otoño de 1836 las elecciones para diputados a las Cortes Constituyentes, que se atuvieron a las leyes electorales de 24 de mayo y 21 de agosto. El clima de general indiferencia entre los pocos que fueron convocados a votar de acuerdo con el sufragio censitario –restringido a una lista de contribuyentes– fue debido tanto a la desorientación política como al retraimiento de los liberales moderados. Los progresistas en el poder se fabricaron una cómoda mayoría que aprobó la nueva Constitución, la cual fue jurada por la regente el 18 de junio de 1837. Su promulgación se produjo, pues, en un momento esencialmente comprometido para los liberales, porque en mayo la Expedición Real se había puesto en marcha. Justamente por la situación tan incierta por la que estaba atravesando la guerra, la nueva Constitución progresista moderó algunos de sus planteamientos, con el objeto de facilitar la unión de los grupos liberales ante un peligro común.

Pero el hecho más importante de esos agitados años fue la desamortización de Mendizábal. Cuando este político liberal fue llamado en 1835 para presidir el Gobierno, su mayor preocupación fue garantizar la continuidad del régimen. Para ello consideró una condición necesaria ganar la guerra carlista, lo que implicaba indiscutiblemente la necesidad de buscar grandes cantidades de dinero. A su vez, para poder fortalecer la credibilidad del Estado ante futuras peticiones de crédito a instituciones extranjeras, fue preciso eliminar la deuda pública hasta entonces contraída o, de otro modo, pagar a los acreedores. Se encontró con el hecho de que sólo había dinero para pagar un semestre a los tenedores extranjeros de deuda española. El interés sobre la deuda costaba diez millones de reales al mes y la guerra unos 30 millones mensuales. Ante la pésima situación de la Hacienda, Mendizábal consideró que había que recurrir a nuevas fuentes de financiación y éstas no fueron otras que los bienes del clero regular.

En consecuencia, a partir de 1836 quedaron en manos del Estado y se subastaron no sólo tierras, sino casas, monasterios y conventos con todos sus enseres, incluidas las obras de arte y las bibliotecas. Al año siguiente otra ley amplió la acción, al proponer que se sacara a la venta los bienes del clero secular. Como señala Germán Rueda, la desamortización era un proyecto ligado a la modernización de España deseada por todos los reformistas desde el siglo XVIII, pues potenciaría la creación de un mercado nacional, necesario para el fomento nacional. Al mismo tiempo, Mendizábal pensaba en mermar el poder económico y la influencia social de la Iglesia, considerada enemiga de esa ansiada modernización por los liberales.

Indudablemente, también hubo intereses propiamente políticos en la medida, como el deseo de crear una masa de propietarios que fuesen adeptos a las instituciones liberales y mantuvieran el nuevo régimen. Esa masa, lógicamente, eran las clases media y alta y a éstas benefició mayoritariamente. No obstante, también afectó positivamente –en algunas regiones– a pequeños propietarios y arrendatarios del campo, algunos de los cuales pasaron a engrosar las filas de los grupos medios. Pero, por otro lado, la medida desamortizadora aumentó las simpatías de un numeroso número de católicos, conservadores y clérigos por la causa carlista. La desamortización sería uno de los problemas políticos heredados por O’Donnell, pues unos españoles tildaron esa medida como conquista irrenunciable del liberalismo y otros como una usurpación ilegal.

La destrucción del Antiguo Régimen continuó con la nueva concepción jurídica de los derechos de propiedad. La disolución del régimen señorial fue sancionada por la ley de 26 de agosto de 1837, según la cual los señores perdieron sus atribuciones jurisdiccionales, aunque conservaron la propiedad de las tierras que los campesinos no pudieron demostrar documentalmente como propias. Una serie de medidas legislativas encaminadas al libre funcionamiento del mercado completaron el marco de liberalización de la economía: abolición de los privilegios de la Mesta; libertad de arrendamientos agrarios, de precios y almacenamiento; abolición de privilegios gremiales; implantación de la libertad de industria y comercio; eliminación de las aduanas interiores y de los diezmos eclesiásticos; abolición del derecho de cerca y libertad de explotación de montes y viñedos. Todas ellas sentaron las bases económicas para la creación de un mercado nacional, el cual resultaba fundamental para la consolidación de un orden representativo y liberal en el que la libertad y propiedad fueran dos caras de una misma moneda. La construcción de ese mercado nacional tendría un impulso decisivo durante los futuros años de gobierno de Leopoldo O’Donnell27.

CAPÍTULO 2

PRIMEROS PASOS EN LA ESCENA POLÍTICA

O’Donnell fue un hombre de temperamento flemático, gran serenidad, muy apegado al poder pero de intachable conducta.

Luis López Ballesteros

Bajo la regencia de Espartero

Para uno de sus primeros biógrafos, Manuel Ibo, la vida política de Leopoldo O’Donnell comenzó con las jornadas de octubre de 1841, insertas en un movimiento cívico y militar contra la gestión del regente Baldomero Espartero. Por eso resulta necesario explicar qué circunstancias condujeron a este joven militar a saltar a la escena política28.

A finales de junio de 1840, la reina María Cristina, con toda su familia, se trasladó a Barcelona. La regente quiso situarse en una ciudad que creía ganada por los moderados, en que se apoyaba políticamente, en el momento en que trataba de mantener controladas a las autoridades locales a través de la ley de Ayuntamientos, mientras intentaba conseguir el sostén del general Espartero, el héroe del momento. El predominio de los moderados parecía asegurado en las elecciones generales pero no así en las municipales, donde la fuerza de la Milicia Nacional –brazo armado del liberalismo más radical– favorecía a los progresistas. Para contrarrestar ese hecho, el gobierno moderado ideó una nueva ley de Ayuntamientos que permitía a la Corona –en realidad al gobierno– el nombramiento de alcaldes. Entre los candidatos elegidos, podía designar a la persona que estuviera al frente del municipio. Los progresistas pronto advirtieron que su práctica les mermaría poder, por lo que la combatieron con todas sus fuerzas. La ley fue aprobada en las Cortes, quedando pendiente la sanción de la Corona, por lo que el progresismo decidió movilizar su influencia sobre Espartero, al tiempo que preparaba levantamientos de protesta.

Cuando llegó a Barcelona el polémico texto la regente lo sancionó sin dilación: esperaba presentarlo como hecho consumado al general Espartero. Pero los partidarios del espadón le organizaron un recibimiento triunfal en Barcelona que no desmereció del ofrecido a la regente. Cinco días después comenzaron los desórdenes, organizados por el entorno de confianza del militar. La protesta contra la ley elevó su grado de violencia al amenazar de muerte a varios ministros, los cuales se refugiaron en barcos extranjeros. Absolutamente preparado, el vencedor de la guerra carlista sofocó las revueltas, presentándose como pacificador. María Cristina le ofreció la presidencia del Consejo de Ministros pero la rechazó –tenía más altas aspiraciones–, aunque manifestó la conveniencia para que nombrara a ministros progresistas. La regente intentó una última maniobra viajando hasta Valencia, pues sabía que podía encontrar apoyos como el de su capitán general, Leopoldo O’Donnell, para resistir esa presión.

En aquellos momentos, se barajaron los nombres de Diego de León, conde de Belascoaín, y de O’Donnell como los sustitutos más indicados del duque de la Victoria. No en vano ambos militares poseían una aureola, obtenida en el campo de batalla, y sus simpatías políticas se deslizaban hacia los moderados. Sin embargo, Espartero siguió a la reina, acompañado de otros miembros del que ya era su partido. En Valencia tuvo noticia del estallido de una sedición revolucionaria en Madrid, por lo que la regente ordenó a Espartero que la sofocara, por consejo, entre otros, del propio O’Donnell. En la capital del Turia la situación fue controlada gracias a su acción, pues mandó ocupar militarmente todos los puntos claves de la ciudad.

Al llegar a la Villa y Corte, el duque de la Victoria fue entusiásticamente recibido por los alzados, decidiéndose por ellos. En otras ciudades estallaron protestas contra la ley de Ayuntamientos y contra quien la había firmado. Acosada, la reina madre manifestó su disposición a resignar la regencia, siempre y cuando se mantuviera como tutora de sus hijas, pero el nuevo Gabinete progresista utilizó su última y definitiva arma: la vida personal de la regente, casada secretamente en segundas nupcias con Fernando Muñoz, circunstancia que le invalidaba totalmente para ejercer la más alta magistratura.

María Cristina renunció a todo, confiando la suerte de sus hijas –Isabel II y la infanta Luisa Fernanda– a la caballerosidad de Espartero. El 17 de octubre de 1840, embarcó en Valencia rumbo a Francia, siendo despedida por los ministros y por el propio Leopoldo O’Donnell, que no se separó de la regente hasta el último momento. Sin embargo, el destino del victorioso Espartero quedó atado a los progresistas. Gobernar con sus líderes y a su conveniencia no se compaginaría fácilmente con su afán de ser dueño absoluto de los destinos del reino.

Espartero presidió un Gobierno-Regencia pero cuando se hizo necesario establecer una regencia legal, de acuerdo con la Constitución de 1837, comenzaron los conflictos, ya que buena parte de los diputados progresistas de las Cortes prefirieron una regencia de tres personas, lo que hizo que el duque de la Victoria, autoritariamente, amenazara con su retirada política si no se aceptaba una regencia individual. Las votaciones en la Cámara fueron reñidas y si finalmente el general logró su último objetivo fue a costa de dividir la corriente que le había apoyado para subir al poder.

De esta manera comenzó la regencia de Espartero (1840-1843), que no fue un periodo estable ni próspero, ya que sus partidarios esperaron servirse de su figura para lucrarse y monopolizar el poder, y la mayoría de ellos no lo consiguieron o en una mínima proporción a sus deseos. Por su parte, como no poseía la menor cultura política, el general se encontró con que las funciones de un primer magistrado de la nación eran más simbólicas que reales y, al no poder ser jefe del Gobierno, comenzó a nombrar para el cargo a líderes de segunda fila del progresismo, pero fieles y manejables. Asimismo, procuró crear un grupo de presión afín y fomentó sus relaciones con la Milicia Nacional, que llegó a tener en sus filas a 650.000 hombres. Pero la mayor parte de los miembros del Partido Progresista le fue abandonando en un grado cada vez mayor, enemistados con su política que tildaron de cesarista y autoritaria29.

La actuación política de Espartero le indispuso con los generales moderados pero también con muchos militares que no simpatizaban con sus métodos. O’Donnell le solicitó el cese de sus deberes como capitán general de Aragón y Valencia, con el objeto de pasar a Mallorca para recuperar su salud y, más adelante, ante la inicial negativa de su superior, a Francia. En septiembre de 1840 se aceptó su renuncia y le concedió permiso para trasladarse al extranjero30, pero se le privó de su título de segundo general en jefe de los ejércitos reunidos, que disfrutaba desde el final de la guerra carlista. A partir de entonces, ofreció su espada a María Cristina, acompañándola en el exilio junto a un grupo de fieles.

El moderantismo representaba en aquellos días mucho más que un partido: defendía un criterio integrador en la liquidación de la guerra civil, como el progresismo encarnaba la posición del vencedor a secas. El Partido Moderado suponía la apertura a la España vencida, la carlista, sin renunciar a los principios esenciales del régimen liberal y se mostraba mucho más eficaz en orden a asegurar la afirmación de un derrotero político que había roto definitivamente con el Antiguo Régimen, que la posición intransigente de los progresistas. El moderantismo simbolizaba en aquellos momentos todo cuanto idolatraba una joven generación romántica, al ser el partido del intelecto, de la cultura, del orden, destinado a modernizar la nación sin caer en las falsas soluciones, radicales, del progresismo. Todo ello acercó a Leopoldo O’Donnell a los moderados, así como el convencimiento de que la renuncia de la madre de Isabel II a la regencia había sido provocada de manera violenta por los progresistas.

Espartero ordenó una serie de cambios en el entorno palatino de la reina y su hermana que provocaron la protesta de una parte del personal de la Real Casa, mientras María Cristina desde el exilio denunciaba el secuestro de sus hijas en un documento que pronto se conoció en España, donde valoraba negativamente el cambio de tutor de sus hijas, elección que recayó en Agustín Argüelles. Cierta parte de la opinión pública estimó cruel la separación de madre e hijas, educadas por fieles peones del regente, a los que pronto tildaron de masones y ateos. La Santa Sede criticó la regencia de Espartero, al creerla perjudicial para los intereses del catolicismo, relacionándola con la desamortización eclesiástica del progresista Mendizábal que había sido demoledora años antes. La mayor parte de la nobleza comenzó a posicionarse en contra del regente. Y así, la escasa capacidad política de Espartero dividió la sociedad, en vez de procurar el entendimiento y la unidad. Pronto surgió una oposición que le calificó como tirano, y la lucha contra la tiranía siempre se presentaba como justa. En los cuarteles la idea de una protesta comenzó a madurar, ¿acaso no había sido propagada la causa carlista como una tiranía y no habían luchado durante siete años contra ella? En las tertulias de los moderados, la reina y su hermana fueron descritas como desvalidas huérfanas, presas de la más dura servidumbre. Falto de un programa de reforma o modernización militar, o al menos de una política firme, Espartero no pudo o no supo satisfacer a una oficialidad que fue drásticamente reducida en número y sin salida profesional.

Los líderes del descontento organizaron una operación para el otoño de 1841: en las provincias debía estallar una sublevación general de las fuerzas armadas contra la tiranía, formándose un gobierno provisional y un Consejo de Regencia trino, para diferenciarse del anterior. Un grupo de oficiales y soldados ocuparían el Palacio Real una noche y trasladarían a la reina y a su hermana al Norte, donde fuerzas adictas las protegerían, y, en caso necesario, atravesarían la frontera francesa para reunirlas con su madre. Este plan fue apoyado por el Partido Moderado: Diego de León, O’Donnell, Pezuela, Narváez, Gutiérrez de la Concha, Larrocha, Montes de Oca, Borso de Carminanti..., aunque también hubo quienes –como el general Fernández de Córdoba– propusieron presionar a la opinión pública y provocar la caída de Espartero por otros medios. Pero el impulso romántico y la fe en una fácil victoria motivaron que no se les escuchara. No fue un movimiento militar, contra toda apariencia, sino civil, el cual se presentó como legítimo al ser apoyado por la institución principal a la que se debía la victoria del liberalismo: el Ejército. De ahí la participación en el mismo de políticos de primera fila como Pacheco, Donoso Cortés, Alcalá Galiano, Egaña y Borrego, entre otros, liderados por Istúriz. No sólo se buscó el apoyo de destacadas personalidades de la burguesía de provincias ligadas al moderantismo, sino también de exmilitares y civiles carlistas en Navarra y Vascongadas, bajo promesas de reintegración foral. En las proclamas del movimiento la promesa de reposición foral se completaba con la consignación de algunos aspectos alusivos al tema aduanero o a los bienes adquiridos durante la desamortización que se adecuaban a los intereses de los sectores sociales del liberalismo más moderado31.

En primer lugar se intentó conformar, a través de la prensa adicta, un clima de opinión favorable a la legitimación política de un pronunciamiento. En el Norte, los periódicos subrayaron repetidamente los presuntos propósitos antifueristas de Espartero. El 1 de octubre, O’Donnell, que había logrado trasladarse a Navarra con permiso del regente32 –acompañado de varios oficiales–, consiguió el apoyo de las tropas acuarteladas en la ciudad de Pamplona. A los pocos días el movimiento se extendía a otras provincias, pero las tropas leales a Espartero sitiaron la ciudadela, de manera que O’Donnell ordenó bombardear la ciudad en varias ocasiones. El día 13, con unos 600 hombres, hizo una salida y se instaló en Echauri, un pueblo cercano, donde reunió cerca de 2.000 hombres y unos 250 caballos. Para entonces, la intentona de llevar a la reina y su hermana había fracasado. El día 7 se pretendió una entrada en el Palacio Real de Madrid, dirigida por los generales Diego de León y Concha, que naufragó. Finalmente, ni se alcanzó el objetivo ni se logró el apoyo masivo que se esperaba. Los comprometidos se dispersaron como pudieron en Madrid y en provincias, pero muchos fueron encarcelados. El gobierno los declaró en rebeldía y los principales jefes que se capturaron fueron fusilados, siendo condenados a penas menores otros civiles y militares. A finales de octubre, O’Donnell logró alcanzar la frontera francesa donde se puso a salvo.

La represión dividió al Ejército y elevó el número de descontentos con el regente. Con el paso del tiempo, el que había sido héroe de la libertad perdió contacto con la realidad social, sobre todo se alejaba cada vez más de sus viejos compañeros de armas; la camarilla de personajes de su entorno constituyó su único vínculo con una realidad que le presentaban deformada. Ignoraba cada vez más a las nuevas Cortes progresistas, las cuales pagaron su indiferencia con la caída del gobierno y la elección de otro más proclive a las Cortes. Las relaciones con la Iglesia se encontraron en punto muerto, la penosa situación del Tesoro no se solucionaba, las juntas revolucionarias que en 1840 habían mostrado su apoyo a Espartero reclamaban continuamente una política social –reparto de tierras, restricción del presupuesto de Guerra–, sobre todo en las ciudades, que nunca fue emprendida. A ello se sumó la tensión diplomática con Francia y Gran Bretaña, que comenzaron a observar la caída del regente, mediante una maniobra política de los moderados, como necesaria para sus intereses nacionales.

El grupo de fieles a María Cristina, emigrado en Francia, se dividió en dos grupos, civiles y militares, tras el fracaso de la sublevación. O’Donnell, algo ofendido porque no se le escuchaba quizá con toda la importancia que se merecía, vivió con su familia en Orleans, bastante retraído, a pesar de tener mayor graduación que todos los demás altos oficiales, pues ya era teniente general y gozaba de gran crédito en las filas del Ejército. Por impulso de Narváez, el grupo de militares moderados creó la Sociedad Militar Española a comienzos de 1842, siendo sus miembros, Fernández de Córdova, La Pezuela, Benavides y Escosura, que actuaron como secretarios de su Consejo Supremo. Reunidos en París, eligieron como presidente a Leopoldo O’Donnell, que aceptó el cargo y se trasladó a la capital francesa. A partir de entonces, se intentó crear una red de sociedades afines en todas las provincias españolas33.

Con el apoyo económico de destacados miembros de la oposición moderada, el movimiento comenzó a nutrir sus filas de civiles y militares descontentos con la política de Espartero. El gobierno francés lo apoyó, así como algunos periódicos exaltados, como el Eco del Comercio, ya que numerosos progresistas esperaban deshacerse de un regente que minaba el prestigio de su propio partido. La pérdida de popularidad del duque de la Victoria alcanzó su cenit con los sucesos de Barcelona de 1842. Por influencia de algunos liberales y del embajador británico, Espartero había aceptado rebajar los aranceles con el objetivo de abaratar los precios, satisfaciendo a sus bases sociales. Y mientras se inundaban los mercados de género inglés comenzaron a cerrar fábricas y talleres catalanes. A esta situación se unió una protesta contra las quintas de reclutamiento, por lo que se produjeron motines que el capitán general de Cataluña intentó sofocar, pero las numerosas fuerzas de la Milicia Nacional apoyaron a los insurgentes, a los que se unieron ciertos patronos y fabricantes molestos por la política económica, de tal manera que se hicieron dueños de Barcelona. El 20 de noviembre se inició el bloqueo de la Ciudad Condal, y ocho días más tarde se presentó el propio Espartero, que exigió a la junta insurgente que se rindiera y, al no obtener respuesta, comenzó el bombardeo de la ciudad que causó centenares de víctimas. La rebelión fue dominada pero el prestigio popular del regente se hundió.

Los progresistas se alejaron cada vez más de la actuación de Espartero, el cual no tuvo más remedio que aceptar que uno de los políticos más críticos, Joaquín María López, formara gobierno. Se concedió una amnistía a los elementos represaliados por el regente –incluidos los militares moderados– y se obligó a uno de sus fieles, el brigadier Linage, a renunciar a la Inspección General de Infantería, una humillación que Espartero se negó a firmar, lo que provocó la dimisión de López el 17 de mayo de 1843. Para formar unas Cortes menos críticas a su autoridad, el regente decidió disolverlas, lo que provocó, al comenzar el verano, una cadena de revueltas urbanas en provincias que unieron a moderados con progresistas antiesparteristas en la formación de juntas.

Tras el fracaso de 1841, los moderados aceptaron que, en este nuevo movimiento político, no se tuviera como objetivo la restauración de la regencia en manos de María Cristina, colaborando con los progresistas ampliamente, por lo que a O’Donnell –pese a ser el presidente de la Sociedad Militar Española– no se le ofreció el puesto de máxima responsabilidad. El militar canario aceptó flemáticamente la situación y entró en España por los Pirineos, organizando un plan para, desde Burgos, intentar organizar una marcha con las fuerzas de Castilla La Vieja hacia la capital.

Tal vez su desplazamiento de la máxima dirección por Narváez se debió a sus diferencias con el segundo marido de la exregente, el duque de Riánsares. Las reticencias entre ambos surgieron a partir del fracaso de 1841 y estuvieron relacionadas, al menos en su origen, con los gastos ocasionados durante la organización y desarrollo de la conspiración. Discrepancias que fueron muy incómodas para O’Donnell, pues tuvo que solicitar dinero al duque en varias ocasiones para mantener a su extensa familia. Pues, además de su entorno más íntimo, dependían de él su madre, su hermana y tres sobrinos huérfanos34.

En 1843, los dos focos principales de la sublevación fueron, finalmente, Cataluña y Andalucía, pero el regente se decidió a establecerse en Albacete para conjurar el foco más peligroso. Después de unas semanas de inacción, se decidió por Andalucía y puso sitio a Sevilla, pero una vez más se equivocó. Los alzados formaron un Gobierno Provisional en Barcelona, y mantuvieron la iniciativa militar: el general Manuel Gutiérrez de la Concha fue enviado a Andalucía para evitar que, desde La Mancha, el regente pudiera disponer de refuerzos; Narváez marchó con sus tropas desde Valencia hacia la capital, coronando su triunfo en la acción bélica de Torrejón de Ardoz. Concha dirigió sus tropas hacia Sevilla, obligando a Espartero a retirarse a Cádiz, donde embarcó para exiliarse en el Reino Unido35.

O’Donnell, desde las provincias vascas, se había dirigido hacia Burgos, donde había de ponerse al frente de las fuerzas que debían marchar sobre la capital. En la ciudad castellana se encontró con dos representantes del Partido Progresista, enviados por sus jefes, que se negaron a entregarle el mando al considerarle demasiado moderado. Por todos los medios intentó O’Donnell imponerse, distribuyendo para tal final algunas de las sumas de dinero que disponía el movimiento militar del que era presidente. Pero los progresistas reconocieron al general Bayona como la única autoridad de la urbe, que mantuvo el orden en toda la región del norte, sin tomar parte activa en la lucha contra Espartero. De esta manera, se le denegó al militar tinerfeño una ocasión para desempeñar un importante papel en aquellos agitados días. Inconclusas todavía sus negociaciones con los emisarios del gobierno, Leopoldo recibió la noticia de la victoria de Narváez y de su entrada triunfal en Madrid el 23 de julio. Hacía una semana que O’Donnell había sido nombrado general en jefe del ejército de operaciones de las Vascongadas, pero el nombramiento llegó demasiado tarde36.

Se formó un nuevo ministerio bajo la dirección de Joaquín María López, pero a nadie se le ocultaba que el verdadero hombre fuerte era el general Narváez. El 15 de septiembre de 1843 se celebraron nuevas elecciones para Cortes, las cuales tuvieron que enfrentarse al dilema de nombrar un nuevo regente o proclamar la mayoría de edad de Isabel II. La última opción fue aprobada por la mayor parte de la clase política a comienzos del mes de noviembre. Para entonces, Leopoldo O’Donnell se encontraba en la isla de Cuba, donde había sido enviado como gobernador, presidente de la Audiencia y capitán general a finales del mes de julio37.

Gobernador de Cuba

Entre las razones que tuvieron los nuevos gobernantes para enviar al militar canario a las Antillas figuró, sobre todo, el temor a que la isla se convirtiera en plataforma de un posible gobierno en el exilio de Espartero, teniendo en cuenta los intereses que habían unido a Gran Bretaña con el regente. Precisamente, Londres había conseguido bases en Guinea española, en años anteriores, bajo el pretexto de vigilar el recién prohibido tráfico de esclavos; ocasión que un tercero en discordia, los Estados Unidos de Norteamérica, amenazaba con tomar cartas en el asunto, apoderándose de la Gran Antilla si el Reino Unido intentaba, a su vez, ocuparla, aprovechando la crisis española. O’Donnell, en este sentido, logró evitar ese triple riesgo: un gabinete esparterista en el exilio, las ambiciones imperiales británicas y la peligrosa injerencia norteamericana. Además, tuvo que hacer frente a los desastres del tiempo sobre la isla, recuperándola de los huracanes de 1844 y 1846.

Su predecesor en la capitanía general de Cuba había sido el general Jerónimo Valdés, militar diligente y capaz, cuyo informe final sobre sus años de gobierno fue un instrumento muy útil para O’Donnell. A modo de testamento político, escribió instrucciones, prevenciones e informaciones de suma utilidad en una isla donde las diferencias entre criollos y braceros no sólo eran económicas sino también étnicas. La sociedad cubana era amiga de diversiones y fiestas, pero también se encontraba llena de conspiraciones independentistas, favorecidas de una u otra manera por los representantes consulares de Gran Bretaña y Estados Unidos. Por ello, O’Donnell intento evitar la entrada, en primer lugar, de literatura independentista, controlando la prensa e, igualmente, procuró depurar la oficialidad militar de posibles revolucionarios, enviando a España a los militares más sospechosos.

Pocos días antes de la llegada del nuevo capitán general comenzó una gran revuelta de gente de color en Matanzas, sublevándose al grito de «¡Muerte, fuego y libertad!», incendiándose varios ingenios. Pronto fueron enviadas fuerzas de caballería que lograron dispersar a los alzados, controlar la zona y arrestar a numerosos rebeldes. La represión en la isla, en estos casos, era dura, pues se intentaba evitar así la repetición de los hechos, por lo que O’Donnell no faltó a la costumbre. Melgar señaló que, no obstante, pronto el gobernador se percató de que ese sistema represivo estaba equivocado, pues su resultado más claro y constante era suministrar mártires a la causa revolucionaria.

Por ello, el conde de Lucena procuró buscar alivio a los difíciles problemas sociales planteados en la isla con una mejor organización del trabajo y con una más adecuada proporción entre las poblaciones blanca y negra que habitaban la isla. Bajo su mandato, el nuevo capitán general procuró favorecer los matrimonios entre los braceros de color, impulsando la labor de cristianización de los misioneros; estableció premios para los agricultores que sobresalieran en el cultivo de sus tierras; se recomendó a los dueños de los ingenios que trataran con justicia y mejora a sus trabajadores; se intentó alejar de los núcleos urbanos a los «brazos de color» para que mejorara la producción agraria. Asimismo, decidió establecer una estrecha amistad con las más destacadas familias del grupo social y político más proclive a la metrópoli, para reforzar las posiciones unionistas frente a las independentistas. Incluso emparentó con uno de los más relevantes clanes de la isla, los Mariátegui, al contraer matrimonio la pequeña de las hijas de su mujer, Zenobia Vinyals, con Luis Mariátegui.

Thurnbull, cónsul británico en La Habana, fue acusado de excitar las aspiraciones a la libertad de la gran masa de trabajadores de la isla, libres y esclavos, animándoles a buscar la ansiada liberación en la independencia de la isla. Sus aspiraciones abolicionistas, en el fondo, buscaban el resquebrajamiento de la autoridad española en Cuba y la expulsión de su presencia que, con el paso del tiempo, debía ser sustituida por la de Gran Bretaña. La tensión aumentó y O’Donnell, incluso ordenó el secuestro de aquellas ediciones de prensa peninsular donde se solicitaban reformas en el gobierno de las Antillas, por el temor de que su lectura añadiera ánimos a los revolucionarios. El 10 de agosto de 1844, el embajador británico en Madrid, Henry L. Bulwer, se dirigió a Narváez para protestar tanto por las «prisiones y malos tratos» sufridos por algunos súbditos británicos en Cuba como por la respuesta que le había enviado por carta O’Donnell, a su petición de explicaciones. Según Bulwer, no había sido todo lo caballerosa que se podía esperar de un capitán general.

Narváez no estuvo dispuesto a reconvenir al conde de Lucena, por lo que, en su respuesta al embajador británico, lamentó que el exceso de celo hubiera perjudicado a los ciudadanos ingleses en Cuba. Pero la principal responsabilidad recaía en la delicada situación de la isla y no en su capitán general. Por ello, admitió que enviaría instrucciones para que se respetara escrupulosamente los tratados y el derecho internacional contra los rebeldes y los inculpados en la rebelión38.

Mientras tanto, al frente de los abolicionistas y emancipadores se alzó la figura del general venezolano Narciso López, el cual –tras ser apercibido por O’Donnell para que cesaran sus provocaciones– fue condenado a prisión, por lo que huyó al sur de los Estados Unidos, donde continuó con sus planes independentistas.

En Nueva Orleans se concentró el núcleo principal de revolucionarios, el cual organizó un conjunto de ramificaciones en la isla de Santo Domingo y la de Jamaica, por lo que el conde de Lucena se encargó de enviar agentes de información. Gracias a ellos, O’Donnell supo que había cubanos que trabajaban para el gobierno británico, con el objeto de que algunos barcos que el Reino Unido mantenía en el Caribe –para impedir el tráfico de esclavos– se apoderaran de Cuba bajo la acusación de violar los tratados contra ese comercio inhumano. El órgano de prensa más importante de la facción cubana antiespañola era el diario La Patria, que se editaba en Nueva Orleans, bajo la dirección de Gaspar Bethencourt y Cisneros, al que O’Donnell había expulsado de las Antillas. En todo caso, y pese a las amenazas externas, el conde de Lucena logró evitar la intervención británica y, de esa manera, la estadounidense, pues Washington había resuelto no tomar posesión de Cuba mientras no cayera en manos de Gran Bretaña.

Y así, durante cinco años, permaneció el militar canario al frente de la capitanía general de Cuba, en cuya administración se condujo con absoluta pulcritud y cumplimiento de la ley, según sus fieles, al contrario que sus enemigos políticos que le acusaron de enriquecerse ilícitamente. Según argumentó Manuel Ibo, todos los capitanes generales de Cuba, al final de su mandato, habían acumulado una fortuna, al ligarse el cargo con numerosas prebendas y derechos. Así –además de un sueldo fijo para vivir conforme a su rango–, todo documento administrativo con la firma del gobernador debía abonar entre 4 y 10 reales, y teniendo en cuenta que cada vez que llegaba un nuevo capitán general a la isla había que refrendar obligatoriamente todas las licencias, los ingresos en sus arcas fueron considerables. O’Donnell ahorró ese dinero y lo depositó a un cierto interés en la Casa de Comercio en La Habana, de manera que logró una fortuna, al final de su mandato, cifrada entre 4 y 5 millones de reales39.

La actuación de O’Donnell en Cuba fue de las más polémicas y tuvo que sufrir la crítica continua de la prensa de Nueva Orleans y de Gran Bretaña, cuyos intereses se vieron perjudicados. Bajo su mandato se evitaron más sublevaciones de mano de obra esclava y mestiza, pues todo conato fue reprimido severamente, como cabía esperar de la estructura colonial de la época, ante una amenaza que ponía en jaque el dominio español de la isla. La consiguiente paz permitió acometer diversas obras públicas. En su informe al ministro de Estado y Guerra con motivo de la entrega de mando a su sucesor, subrayó:

«el estado de tranquilidad envidiable por todos los conceptos, el buen orden se halla radicado profundamente en los diferentes ramos de su administración. La riqueza pública se ha elevado de algún tiempo a esta parte a un grado de prosperidad a que nunca se había llegado, a pesar de las calamidades sufridas por los huracanes en 1844 y 1846... El Ejército se conserva todavía completo... Las demás dependencias militares, montadas en buen orden y economía, satisfacen cumplidamente todas las necesidades del servicio»40.

Y es que el 26 de noviembre de 1847, O’Donnell fue relevado de su cargo, entregando el mando al teniente general Federico Roncali, conde de Alcoy, a finales del mes de febrero del año siguiente. Como era costumbre, se le hizo un juicio de residencia sobre su administración en Cuba, siendo publicadas las conclusiones. En las mismas se indicó que no había habido ninguna demanda en su contra, ni acusación directa contra su persona, siendo las declaraciones de los testigos favorables, presentándole como un gobernador justo en sus acciones, severo en sus principios, desinteresado, eficaz en el mando, leal y empeñado en el progreso de la isla. No hubo tampoco ningún cargo contra su secretario ni contra sus asesores. Es más, hay constancia de una solicitud del ayuntamiento de La Habana a Madrid para que O’Donnell no fuera relevado del mando41.

Leopoldo ganó el suficiente dinero para llevar con decoro su alta posición social pero, hasta el momento, no se puede afirmar que amasara una gran fortuna. En su testamento no hubo indicio alguno de la misma. Así, en el mismo declaró:

«Que cuando me casé con mi muy amada esposa nada tenía yo más que mi espada. Que los bienes que deje en el momento de mi muerte se han adquirido después de mi casamiento, y que son debidos, en gran parte, a su cuidado y economía, pues ocupado yo en el servicio de la reina y de mi patria, he tenido completamente abandonados mis intereses»42.

No derrochó dinero en suntuosas mansiones como el marqués de Salamanca; su casa en la madrileña calle de Barquillo y su quinta en Somosaguas fueron sobrias y modestas. O’Donnell no fue ni aficionado al juego ni mujeriego; en el destierro, su sencillo estilo de vida contrastó con el lujo de otros emigrados políticos. Galdós lo describió como un «hombre puro, de una sencillez y una rectitud admirables en su vida moral»43. En repetidas ocasiones se le ofreció volver a la capitanía general de Cuba, pero siempre las rechazó. ¿Si ésta era tan rentable, y la vida política tan incierta, por qué no retornó? No fue un hombre sediento de dinero, pero para ser un aristócrata necesitaba unos bienes que le permitieran llevar con dignidad su distinción social y evitar toda dependencia económica, como en los tiempos de su exilio en Francia. Al morir, el conde de Lucena dejaría en herencia a su sobrino Carlos O’Donnell su título nobiliario, además de sus armas; y a sus sobrinos Carlos y Juan Cog, su reloj y una docena de cubiertos.

Entre la obediencia, el deber y la moralidad

A su vuelta de Cuba, el conde de Lucena solicitó cuartel en Madrid, trasladándose unos meses a Francia para tomar baños, según costumbre de su época, y restablecer la salud. Estaba, además, enojado con Narváez, pues le había apartado del mando supremo antillano unos meses antes de cumplir los cinco años que eran costumbre. Esperó un nuevo destino, el cual le fue concedido el 8 de octubre de 1849 al ser nombrado director general de Infantería. Dos meses más tarde, O’Donnell fue nombrado consejero real, en clase de extraordinario. Su labor al frente de la Dirección General de Infantería fue testimonio de sus ideas tolerantes y eclécticas. Durante más de dos años se empeñó en corregir muchos de los errores heredados. Oficiales capaces, separados de sus mandos a causa de sus inclinaciones partidistas fueron repuestos por el nuevo director. De esta manera, consolidó su ascendiente sobre el Ejército y, de modo especial, sobre sus compañeros moderados.

Para entonces, su posición política se inclinaba cada vez más hacia un liberalismo integrador, una especie de centro capaz de coordinar las ideologías moderada y progresista, bajo una serie de puntos ideológicos esenciales. Al conde de Lucena le preocupó la evolución política del reino: los moderados habían roto la coalición antiesparterista, aprobado una nueva Constitución, la de 1845, y si bien habían impulsado la modernización económica, derrotado nuevamente a los legitimistas en la Segunda Guerra Carlista (1846-1849), frenado en España el ciclo revolucionario que había triunfado en algunas capitales europeas en 1848, habían degenerado en un monopolio insano del poder. Esta última situación provocó el desgaste político del general Narváez, de manera que la reina ofreció la presidencia del Gobierno a Bravo Murillo el 14 de enero de 1851.

Al caer el duque de Valencia y marchar a Francia, O’Donnell reactivó las relaciones entre ambos. El 18 de enero le escribió en términos amistosos, dirigiéndose a él como «querido amigo», reconociendo que había tenido noticia de su salida con «sorpresa y sentimiento» y que, aunque durante su mandato «no siempre reinó buena armonía» entre ambos –llegando a interrumpirse su amistad–, consideraba todo concluido y le aseguraba su amistad44.

El nuevo presidente era civil, muy atento a los problemas técnicos pero, en muy poco tiempo, se demostró su tendencia a restringir los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución. La proclamación del Segundo Imperio en Francia animó a Bravo Murillo a robustecer los poderes del Ejecutivo mediante una reforma constitucional que fue presentada como un éxito del civilismo, pero que fue denunciada inmediatamente por su carácter dictatorial tanto por el ala centrista e integradora del Partido Moderado –los llamados puritanos– como por la oposición progresista. El 7 de abril, O’Donnell escribió nuevamente a Narváez expresándole su malestar por el nuevo ejecutivo. En su opinión, se retrocedía a los años 1846 y 1847, no existía entre sus miembros ningún pensamiento político original y su gestión económica, sospechaba, derivaría hacia la corrupción, señalando especialmente la mansión del duque de Riánsares45.

Bravo Murillo respetó totalmente la posición institucional de los militares así como la integridad del presupuesto militar, pero intentó mermar la presencia de los más altos oficiales, muchos de los cuales, desde sus escaños en el Senado, se oponían a su reforma. No debe olvidarse que Narváez había situado en la Cámara Alta a la élite más importante del Ejército, que todavía representaba simbólicamente la conquista de la libertad y el triunfo del liberalismo en las guerras carlistas. Precisamente, aunque nombrado tres años antes, el 30 de diciembre de 1848, O’Donnell había jurado su cargo como senador vitalicio tras su vuelta de Cuba46.

El presidente se atrevió a romper con la norma no escrita según la cual sólo un teniente general podía ser ministro de la Guerra al nombrar para este puesto al general de división Francisco Lersundi, antiguo carlista. Ello originó una polémica sobre jurisdicciones que provocó, el 23 de mayo de 1851, la dimisión del director general de infantería, Leopoldo O’Donnell, y del capitán general de Castilla la Nueva, Juan de la Pezuela, dos de los tenientes generales más significativos, contribuyendo a desgastar la figura política de Bravo Murillo47. Al mes siguiente, desde los escaños del Senado, el conde de Lucena preguntó al Gobierno si pensaba presentar un proyecto de ascensos militares o había decidido continuar con el sistema de promociones establecido, prescindiendo de escalas y servicios distinguidos, y, por lo tanto, ascendiendo a oficiales sin tener en cuenta su antigüedad. Lersundi defendió las prerrogativas de su ministerio pero O’Donnell le replicó denunciando que no se estaba cumpliendo la ley, que sólo permitía un tercio de ascensos a propuesta, sin tener en cuenta los años de servicio. Ello le llevó a decir, clara y llanamente, que se estaba promocionando a oficiales por motivos personales y de fidelidad política, sin contar siquiera con las propuestas de los directores de las diferentes Armas. Por eso, el conde de Lucena insistió en que el ministro debía presentar un proyecto de ley de ascensos claro, que asegurase la carrera de cada militar sin depender del capricho de nadie sino de la justicia.

O’Donnell se encontró en expectativa de un destino que el Gobierno no tenía el menor interés en hacer efectivo, manteniéndole de cuartel, por lo que aprovechó para disfrutar una licencia de dos meses en Barcelona y tomar los baños medicinales de Calella. Solicitó al Tribunal Supremo de Guerra y Marina la concesión de la gran cruz de San Hermenegildo por haber cumplido los años reglamentarios de servicio en la clase de oficial, lo cual le fue concedido finalmente, sin que el ministro pudiese intervenir en su contra. Además, tuvo oportunidad de demostrar su amistad a Narváez, al interponer una querella contra el editor del diario El Sueco, que había publicado un artículo donde se acusaba al duque de Valencia de haberse enriquecido indebidamente desde sus cargos públicos48.

A su regreso a Madrid, el panorama político no dejó de ensombrecerse. Las voces en el Ejército y en las Cortes contra la reforma constitucional que planteaba el presidente –que mermaba el liberalismo del régimen y aumentaba el autoritarismo– se elevaron en número, incluyendo al propio Narváez. En casa de Bermúdez de Castro se reunieron personalidades conservadoras, presididas por el duque de Valencia y a las que asistió O’Donnell, que formaron una comisión para mostrar su rechazo político. De esa manera, desde el Senado el conde de Lucena advirtió que el presidente podía provocar una reacción en bloque contra su plan. El gobierno reaccionó exiliando discretamente a Narváez.

El 15 de mayo de 1852 numerosas personalidades moderadas y progresistas firmaron una Exposición a la reina donde señalaban el malestar general del país y solicitaban un cambio de Gobierno. Además de numerosos civiles, firmaron militares como el marqués del Duero, Francisco Serrano, Leopoldo O’Donnell y Fernando Fernández de Córdova. Bravo Murillo intentó conseguir la aprobación de la Corona a su reforma pero Isabel II se negó a otorgársela, al comprobar la falta de apoyo suficiente para triunfar en su empeño. El presidente, reacio a acudir a la opinión pública, no tuvo ni siquiera su apoyo, a diferencia de sus oponentes que lo consiguieron utilizando la prensa y los partidos.

De esta manera, la estrella política de Bravo Murillo declinó lenta pero decididamente, de tal manera que algunos moderados solicitaron la vuelta de Narváez, lo cual fue desestimado por el general, que se retiró a Loja. No obstante, antes de su ostracismo voluntario, se reunió con O’Donnell y le manifestó que la situación había degenerado de tal manera que no había más remedio que plantearse un golpe de fuerza.

El 10 de diciembre, moderados y progresistas publicaron sendos manifiestos electorales, con motivo de la convocatoria de elecciones para el 1 de marzo siguiente, denunciando la delicada situación por la que atravesaba el reino. El gabinete no tuvo más remedio que presentar su dimisión a la reina el 14 de diciembre. Los tres presidentes siguientes intentaron, de forma suicida, continuar la política planteada por Bravo Murillo, lo que evidenció el desgaste y la disgregación interna del Partido Moderado entre 1852 y 1854. Así, aspiraron a desunir a la oposición, nombrando a relevantes generales en varios cargos, con la misión de modernizar la situación del Ejército. No por ello la vida cotidiana mejoró, en pleno ecuador del régimen isabelino, pues con la política fiscal de Bravo Murillo se había regularizado la percepción de sueldos en la administración, pero se había iniciado igualmente una recuperación económica acompañada de una constante subida de precios que hizo descender de forma progresiva el valor real de los sueldos.

El malestar en los partidos no mermó ante la noticia del nombramiento como presidente de Luis José Sartorius, conde de San Luis, el 18 de septiembre de 1853. Pronto la oposición, tanto de los progresistas como de ciertos grupos moderados, se alzó ante varios escándalos de corrupción en los que apareció involucrado Sartorius junto a otros miembros del grupo político que le apoyaba. La palabra «moralidad» se convirtió en el lema de la crítica contra el presidente. Numerosos personajes públicos convergieron en sus críticas, los progresistas en el domicilio del diputado Collado; los moderados disidentes como Leopoldo O’Donnell en la morada del marqués del Duero; la más alta nobleza en el palacio del duque de Rivas. Un lema mantuvo el vínculo entre los tres frentes: la defensa de la moralidad.

La costumbre de conceder los contratos ferroviarios por Real Decreto había sido permitida sin discrepancia, pero Sartorius decidió presentar una nueva ley de Ferrocarriles en el Congreso al mismo tiempo que se discutía en el Senado, lo que era claramente ilegal aunque no inconstitucional. El gobierno deseaba un mayor control del procedimiento, siempre y cuando se mantuvieran las concesiones anteriores. Sin embargo, algunos senadores –molestos por el modo de presentar la reforma y enemistados con la política de Sartorius– se mostraron dispuestos a investigar algunas de ellas, sobre todo las concedidas al marqués de Salamanca, en cuyas irregularidades estaban implicados algunos ministros. Los debates en la Alta Cámara elevaron la tensión política, ya que numerosos senadores moderados, como O’Donnell, apelaron a una mayor transparencia y moralidad. Sometida a votación la política de estas concesiones, el gobierno fue derrotado por 105 votos contra 69. El conde de San Luis respondió con el cierre de las Cortes, pero los senadores no se amilanaron y solicitaron su exoneración a Isabel II el 13 de enero de 1854. Comenzó así una crisis política que provocaría el cierre de la Década Moderada en la que, paradójicamente, participaron grupos moderados desencantados, pues los últimos presidentes se habían acostumbrado a gobernar por Real Decreto, poniendo en peligro el propio sistema parlamentario. Muchos políticos y militares creyeron que se hacía preciso acudir a la fuerza para derrocar un poder sostenido por la fuerza.

La sublevación de Vicálvaro y el Manifiesto de Manzanares

Leopoldo O’Donnell se entrevistó con el general Serrano secretamente, lo que fue advertido por la policía, que informó sobre sus planes para encabezar un levantamiento armado, el cual contaría también con el apoyo de José Gutiérrez de la Concha, cuñado de Espartero. ¿Por qué el liderazgo de O’Donnell fue apoyado por los altos mandos implicados? Su sensatez y moderación garantizaban, en lo posible, un uso equilibrado de la fuerza.

Sartorius reaccionó persiguiendo y desterrando a sus críticos, tanto civiles como militares, medida que, a la larga, acabaría volviéndose contra él. Algunos de los más significados rehuyeron la represión ocultándose, como el conde de Lucena, pero otros se vieron obligados a abandonar la corte. Efectivamente, el 17 de enero, se le ordenó que cambiara su residencia, destinándosele de cuartel en Santa Cruz de Tenerife, lo cual fue interpretado como un claro destierro a las Islas Canarias, sin mediar ningún tipo de explicación. Al no presentarse, Sartorius ordenó su arresto cinco días más tarde y, al mes siguiente, su baja en el Ejército49. La represión gubernamental llevó a la oposición a preparar el derrocamiento del gabinete. En el mes de febrero se recrudeció la lucha política y se produjo una sublevación en Zaragoza que, aunque fracasó, alertó al ministerio de la gravedad del momento. Las semanas continuaron con revueltas y una dura campaña de prensa desacreditando al gobierno, el cual reaccionó con mayor represión. A ello se unió el alza del precio del grano que provocó la definitiva crisis social.

Durante todo ese tiempo, O’Donnell permaneció oculto en Madrid, moviendo los hilos de la trama. Cambiaba con frecuencia de domicilio, para evitar ser detenido. En recuerdo de ese momento, Galdós haría decir a Francisco Chico, el policía de su Episodio Nacional La Revolución de Julio, la frase: «Ese irlandés es muy largo... tan largo de cuerpo como de vista. Échele usted galgos»50.

La precipitación del brigadier Hore al sublevarse antes de tiempo en Zaragoza y la firmeza de la policía y de las autoridades civiles de esa ciudad obligaron a posponer la fecha del levantamiento general. Fracasados los inicios, Leopoldo O’Donnell temió por su vida, ya que se había cursado orden de captura y, tras haberse ocultado en la palaciega casa de su yerno Vega de Armijo, se le buscó un acomodo entre sus amigos periodistas. Su nuevo alojamiento, gracias a los buenos oficios de su secretario Antonio Cánovas, cumplió todas las exigencias.

El fundador y director del diario Las Novedades, Ángel Fernández de los Ríos, tenía dos casas contiguas con acceso cada una a calles diferentes y numeradas recientemente: Jacometrezzo 26 y Carbón 1. Una la destinó a su vivienda y otra a la redacción de su periódico, y las reformas interiores que había llevado a cabo le permitieron realizar un hueco entre los dos edificios, a modo de moderno zulo. Un agujero triangular permitía su acceso desde el almacén de la rotativa, permaneciendo bien oculto y camuflado con las pilas de remesas de papel. Esta medida extrema se tuvo que llevar a cabo, ya que la policía y los piquetes organizados por el general Seoane solían estar acompañados de un arquitecto, que se encargaba de medir el grueso de muros y tabiques, descubriendo numerosos escondrijos. Ese hueco fue puesto a disposición de O’Donnell por el director de Las Novedades y, una vez en el lugar, todos los presentes comprobaron que la abertura permitía pasar con mucho esfuerzo el largo cuerpo del militar. Sin embargo, la mayor parte del tiempo pudo permanecer fuera, salvo las ocasiones en que la policía realizó registros, como en la madrugada del día 23 de febrero.

Mientras los generales Messina y Dulce se ocupaban libremente de seguir preparando el movimiento, mantenían el contacto con el prófugo, que incluso se permitió salir disfrazado de vez en cuando para los contactos más esenciales. Cánovas también acabó por verse obligado a esconderse, a raíz de sus conferencias históricas en el Ateneo en las que retrataba a los ministros en el poder mientras aparentaba criticar a políticos del siglo XVII.

La vuelta de la policía a la rotativa del periódico demostró que el escondite había dejado de ser seguro y se evidenció la necesidad de cambiar de lugar. Tras pasar varios días en un alojamiento provisional de la calle Horno de la Mata, O’Donnell se trasladó el último día de febrero al número 3 de la Travesía de la Ballesta, con entrada también por el número 22 de la calle Desengaño, dos casas nuevamente conectadas por dentro. Custodiando el alojamiento se situó a un maestro hojalatero, con su taller y tienda. En mayo, Leopoldo sufrió una enfermedad que llegó a levantar la alarma de sus amigos, pues se prolongó por quince días, siendo atendido clandestinamente por un médico, Mateo Seoane, cuya profesionalidad y discreción le llevó a atender también la salud del propio presidente del consejo, conde de San Luis.

O’Donnell propuso el día 13 de junio para realizar la intentona, desplazando las tropas comprometidas fuera de Madrid y retando al Gobierno desde uno o varios pueblos cercanos. No resultaba aventurado comprometer la eficacia de sus fuerzas entre las callejuelas de la capital y la caballería realizaría una mejor actuación en campo abierto.

El general Dulce, amigo del conde de Lucena, en su condición de director general de caballería, reunió algunas de sus unidades, en la madrugada de la fecha prevista, en el campo de guardias con el pretexto de pasarles revista. El brigadier Echagüe –antiguo ayudante de O’Donnell en la guerra carlista– agrupó otras fuerzas en la Puerta de Alcalá. El plan consistía en, una vez reunidos, dirigirse a Canillejas, a cuatro kilómetros del centro de la capital, donde les esperaría O’Donnell para tomar el mando y aguardar a los soldados del Gobierno para entrar en batalla o convencerles para que se unieran a ellos. Precisamente este último, a las cinco de la mañana, subió a un coche en el que su yerno había ido a recogerle. Para evitar cualquier sospecha, se dirigió a la Puerta de Recoletos y, desde allí, a las Ventas del Espíritu Santo, donde cambió de vehículo para llegar a las seis al pueblo de Canillejas, hora prevista del encuentro.

O’Donnell esperó con ansiedad durante dos horas y, ante el peligro de ser descubierto, se escondió en un tejar. Finalmente, se decidió a volver a esconderse en la calle de la Ballesta, pues se percató de que algo había determinado el fracaso final. No se había podido lograr el encuentro de las fuerzas comprometidas y la mañana transcurrió disimulando maniobras. No obstante, se decidió repetir el alzamiento el siguiente 28 de junio, en términos parecidos, pero contando con la asistencia del militar tinerfeño desde el primer momento.

A las tres y media de la mañana de ese día se dispuso a marchar la caballería y el único batallón del regimiento del Príncipe disponible. Mientras tanto, O’Donnell, recogido una vez más por su yerno, logró llegar al campo de guardias tras varios cambios de coche. Allí tomó el mando de las fuerzas y en Canillejas se reunió con otras tropas, dirigiéndose hacia Torrejón y Alcalá de Henares. Ante la noticia de este movimiento, el capitán general Quesada telegrafió al Gobierno, que volvió precipitadamente a la capital, pues empezaba a circular una alocución impresa y firmada por O’Donnell, Dulce, Ros y Messina, en la que justificaban su actitud contra la corrupción y el despotismo añadiendo agravios personales contra militares. Pocas horas después, el ministro de la Guerra Anselmo Blaser exoneró a Leopoldo O’Donnell de todos sus empleos y condecoraciones, pero el Gobierno se permitió hacer una oferta deshonrosa a los sublevados: el perdón a todos los militares a cambio de la entrega de quien se tenía por el más peligroso, Domingo Dulce. La respuesta de O’Donnell fue un mensaje tranquilizador a la reina, pues le garantizó que no se pretendía actuar contra ella ni contra la institución monárquica.

En Alcalá de Henares se unieron más fuerzas a los 600 jinetes y 800 infantes, partiendo hacia Torrejón de Ardoz en la madrugada del viernes 30 de junio para acercarse a la vista de la cerca de la capital. En el pueblo se les unieron civiles armados que se autodenominaron Voluntarios de Madrid y torcieron al Este para situarse en Vicálvaro, tan sólo a una legua de la Villa y Corte, donde se pasó revista, se arengó y se alojó a la tropa, ocupando posiciones ventajosas frente al enemigo procedente del Oeste. La intención de O’Donnell no era atacar sino atraer hacia fuera de los muros madrileños a las tropas gubernamentales y alejarlas lo suficiente para realizar un ataque en flanco con la ventaja de su caballería. Esperaba también que, una vez reunidos los soldados, se uniría Blaser con los alzados. Sin embargo, las fuerzas gubernamentales aparecieron con una superioridad artillera que demostraron desde el primer momento, pues se impidió cualquier arenga o acercamiento entre las infanterías. Las cargas de caballería de los alzados fueron rechazadas y, ante la sorpresa de todos, las tropas del Gobierno se retiraron a media tarde a Madrid sin haber destruido totalmente las fuerzas de O’Donnell. Pero las medidas que les derrotaron fueron las luminarias que las autoridades de la capital ordenaron realizar como si se celebrase una gran victoria, noticia que fue transmitida y creída de tal manera en las provincias que convenció a la opinión pública del fracaso final de los conjurados. Esos hechos fueron conocidos como La Vicalvarada.

O’Donnell y sus amigos no tuvieron más remedio que retirarse hacia el sur, sin encontrar mucha ayuda de otras guarniciones, pues su objetivo había sido la caída del Gobierno sin derogar la Constitución moderada. El conde de Lucena intentó aumentar sus apoyos y lanzó, desde Aranjuez, un Manifiesto el 4 de julio:

«¡Liberales! ¡No hay más porvenir para vosotros que el alzamiento o la esclavitud! ¡A las armas con fe! Que no se crean esas falsas derrotas que con sus telégrafos esparce por el país ese Gobierno siempre falaz y tened presentes que los ejércitos que lidian por la libertad sólo pueden ser destruidos por el engaño. ¡Españoles! ¡Viva la reina! ¡Viva la Constitución! ¡Viva la Libertad!»51.

Los resultados, en un principio, fueron infructuosos. Sin embargo, la situación cambió cuando en Manzanares, el día 7, fue redactado el Manifiesto a la Nación, obra de Antonio Cánovas del Castillo, el joven político y secretario de O’Donnell, donde se solicitaba el cumplimiento de las leyes y la rebaja de los impuestos, la autonomía de los ayuntamientos, la reforma constitucional, el restablecimiento de la Milicia Nacional, nuevas leyes electorales y de imprenta. El conde de Lucena confió en convertir a los milicianos nacionales en una garantía de las instituciones, organizados tan sólo en las grandes capitales y compatibles con los cambios constitucionales que tenía en mente, pues hasta en Cerdeña y Baviera –regidos por sistemas absolutos– existía la Milicia Nacional. Algunos lectores interpretaron el manifiesto como una clara llamada a los progresistas.

A partir de esos momentos, se produjo la segunda fase de la revolución cuyo protagonismo correspondió a los demócratas y a los progresistas. Sus agitadores levantaron un movimiento juntero en las ciudades en apoyo de los militares que favoreció el éxito final, sobre todo en Madrid. Se sublevaron Barcelona, Zaragoza y Valencia, además de San Sebastián. En unas ciudades se hicieron con el control los militares y en otras juntas de amotinados, como en la capital, donde se incendiaron varios palacios y residencias. En algunos lugares, como en Valladolid, la revuelta adquirió un carácter antifiscal al solicitar la retirada de los consumos, impuestos muy impopulares; en otros, el paro motivó la creación de barricadas. La junta de Zaragoza exigió, en una proclama, que se elaborase una nueva Constitución, ampliamente liberal y elaborada en vista a los resultados que se habían obtenido en otras anteriormente. Además, realizó un llamamiento al general Espartero, que había vuelto del exilio hacía años y que ese encontraba alejado de la política administrando sus propiedades en Logroño. El exregente se decidió y acudió a la ciudad del Ebro, donde le alcanzó un enviado de la reina. Isabel II, a sugerencia del general Evaristo San Miguel, ofreció la presidencia del Gobierno al general Espartero, el 19 de julio. El marqués de Miraflores fue el único político fiel a la soberana que no consideró conveniente esa medida: según su criterio, debía llamar a O’Donnell, que era quien había iniciado el movimiento y quien podía asegurarle la fidelidad de los militares. Pero el conde de Lucena se encontraba muy lejos –en palacio no se sabía exactamente dónde, al parecer en Andalucía– y tardaría muchos días en llegar; por otra parte, se hizo evidente que la revolución se había convertido en un hecho de masas y barricadas que no se hubieran conformado con un general encuadrado en el Partido Moderado.

Espartero terminó aceptando la presidencia a cambio de que la reina firmara un manifiesto liberal criticando al anterior ministerio, convocara Cortes Constituyentes y admitiera que la reina madre, María Cristina, debía responder de las acusaciones de corrupción. Su enviado fue Allendesalazar, que presentó el ultimátum a la corte, donde, según algunos autores, provocó una discusión en la familia real. Isabel II pretendió echar todas las culpas de las acusaciones de corrupción sobre el duque de Riánsares, ante la indignación de María Cristina. La reina acabó dando carta blanca a Espartero, prometiendo aceptar cuanto propusiese. Su madre y su esposo se exiliaron a Francia, y a la exregente le fue retirada la pensión vitalicia que le habían concedido las Cortes.

No obstante, el clima revolucionario continuó en la capital y otras ciudades. En ellas se restablecieron los ayuntamientos progresistas de 1843 que organizaron la Milicia Nacional, a cuyos miembros más radicales armaron –lo que comenzó a desilusionar al conde de Lucena–, y cuyos mandos, poco a poco, intentaron influir en las decisiones políticas52.

O’Donnell no apresuró su vuelta a la capital desde Andalucía, donde se encontraba al frente de su ejército, del cual no quiso separarse, puesto que consideró que iba a ser el peso del que pensaba servirse para impedir que la balanza se inclinara totalmente a favor de Espartero. El conde de Lucena tenía suficiente experiencia en los lances revolucionarios para no ignorar que la precipitación era una mala herramienta. Efectivamente, Espartero, duque de la Victoria, tuvo que esperar en Madrid la presencia de O’Donnell para constituir totalmente su gobierno.

Si bien el papel de Leopoldo como sublevado no había sido demasiado brillante, contaba con partidarios en la capital que podían esgrimir el hecho de ser el autor de la primera iniciativa de la revolución de 1854, y, sobre todo, disponía de una baza que resultaba imposible ignorar: la fidelidad de la mayor parte de los mandos militares. Incluso los oficiales moderados tuvieron que aceptar su presencia en el gobierno, si no querían un monopolio absoluto de los progresistas. Este hecho fue apreciado por Espartero y, en un gesto calculado, el día que volvió su compañero de armas a Madrid, le recibió efusivamente, saliendo ambos a un balcón de la Puerta del Sol fundidos en un abrazo. A partir de entonces, acudieron a muchos actos juntos, dando la sensación de una diarquía, comenzando la prensa a tildarles como los «dos cónsules».

Los siguientes años son conocidos, en la historia política del reinado de Isabel II, como el Bienio Progresista (1854-1856), que se asentó sobre una llamativa inestabilidad ministerial, que derrumbaba gobiernos y ministros con preocupante celeridad. Espartero volvió a cometer los mismos errores que caracterizaron su regencia: se desembarazó de los principales líderes del progresismo y creó gabinetes de mediocridades fieles, aunque nombró ministro de la Guerra a O’Donnell. Le había ofrecido la capitanía general de Cuba en primer lugar, luego el ministerio de Estado y, tras su rechazo, el de Marina, pero finalmente, entendiendo mejor sus negativas, no tuvo más remedio que concederle lo que no deseaba entregarle: el control del Ejército.

Pero la Hacienda estatal volvió a entrar en crisis ya que, además de sus problemas endémicos, los nuevos gobernantes pagaron con favores a sus apoyos sociales, mientras se desencadenaba una política anticlerical y se intentaba una nueva redistribución de la propiedad mediante la desamortización del ministro de Hacienda Pascual Madoz. De esta manera, se declararon en venta todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros del clero, órdenes militares, cofradías, obras pías, santuarios, bienes del secuestro del infante don Carlos, tierras de bienes propios y comunes de los pueblos. Si bien las deudas de algunas haciendas municipales se saldaron con la venta, hubo protestas en otros lugares, sobre todo por la venta de terrenos comunales. De esa manera, los carlistas volvieron a organizar protestas en Cataluña y otras regiones, pues Espartero no parecía satisfacer las expectativas previstas en su gestión.

O’Donnell, elevado a capitán general de forma efectiva el 9 de noviembre de 1854, se ocupó de controlar al Ejército, realizando las remociones de mandos adecuadas; pero, por lo demás, tampoco puso demasiado empeño en participar en la tarea gubernamental, o así se enjuició. Intentó, más bien, evitar que los hechos se desmandasen, dando más la sensación de estar esperando el deterioro de la situación –para servir de alternativa– que colaborando con un régimen demasiado permisivo con las manifestaciones callejeras y los alborotos. Quizá se consideró el sucesor del primer cónsul cuando éste cayese53. Lo cierto es que, en un discurso de 1857, justificó su alianza con Espartero:

«A mí no me quedaban más que dos partidos; dejar correr la revolución, que arrastrando todo consigo trajera por sus excesos la reacción, o entrar en el Ministerio arrostrándolo todo, y evitar que la revolución se desbordase. Lo primero era para mí más cómodo; pero la Patria exigía de mí otros sacrificios, mi honra lo exigía también; yo me sacrifiqué; no estoy arrepentido»54.

Pese a que O’Donnell era partidario de mantener el Senado, a la hora de organizar las Cortes Constituyentes, los progresistas impusieron la solución de una única cámara: el Congreso de los Diputados. Tanto el Gobierno como las Cortes discutieron varios proyectos y así se formó la llamada Constitución Nonata, que nunca llegó a promulgarse, buena muestra de la inoperancia de las fuerzas políticas en el poder. Se suscitó el debate en el Congreso si debía entrar en vigor, pero un sector del progresismo consideró que había antes que elaborar una nueva ley electoral, ya que, si la Constitución se hacía ley efectiva, habría que convocar elecciones. Las Cortes se disolvieron el 1 de julio de 1856 sin llegar a una solución55.

El duque de la Victoria pronto se arrepintió de su colaboración con el militar canario, por lo que el bienio presenció –si bien entre bastidores– un largo duelo entre las dos tendencias representadas por Espartero y O’Donnell, fracasando el ensayo de hallar una fórmula de convivencia para principios dispares. No es que el duque de la Victoria se mostrara inclinado a favorecer alguna de las sublevaciones populares que se produjeron en esos años, pero se negaba a castigarlas si su imagen se deterioraba. Quizá pesaba demasiado el recuerdo del bombardeo a Barcelona, por lo que se mostraba como un hombre todavía muy atado al pasado, a diferencia del conde de Lucena, que se mostraba como un político de futuro. En 1854 se produjeron motines en Badajoz, Burgos, Málaga y Madrid, entre otras localidades. Al año siguiente, destacó especialmente el de Zaragoza en noviembre, cuyo motivo fue el encarecimiento del pan y de los productos de primera necesidad, al tiempo que, en el Ebro, se cargaban barcazas de trigo destinado a la exportación. El motín de Valladolid, Medina de Rioseco y Palencia, en julio de 1856, se produjo por la misma causa y circunstancias: alza del precio del pan mientras se almacenaba trigo para venderlo a los países combatientes en la guerra de Crimea. Los líderes de la protesta organizaron el incendio de palacetes y fábricas de harina. La actuación de la guarnición militar de Valladolid contuvo el motín, que se saldó con doscientos ajusticiados.

El ministro de la Guerra se manifestó por contener la tendencia más revolucionaria, no para retroceder políticamente sino para consolidar la Corona y las instituciones representativas. En marzo de 1855, varios comandantes de la Milicia Nacional exigieron la dimisión de cuatro ministros, lo que les fue negado, pero llevó al conde de Lucena a negarse a participar en el decreto de régimen y alistamiento de milicianos, que se presentó a las Cortes meses después. Ello hizo creer a algunos miembros del Partido Moderado, cercanos a Narváez, que O’Donnell se prestaría a colaborar en una maniobra política destinada a expulsar a Espartero del poder. No se trataría de preparar un pronunciamiento militar, sino de convencer a Isabel II de la necesidad del cambio del gobierno, colocando al conde de Lucena al frente de un equipo de ministros moderados. Durante todo el año intentaron convencer a O’Donnell, que no prestó ayuda al proyecto, persuadido de que Espartero terminaría abandonando el poder en poco tiempo. Los moderados, en enero de 1856, intentaron sustituirle por el general Serrano, que se mostró dispuesto, pero, tras entrevistarse con el conde de Lucena, finalmente tampoco colaboró. El ministro de la Guerra consiguió que la ejecución del plan moderado no avanzara ni un ápice56.

En el Senado, O’Donnell desautorizó las contemplaciones que el Gobierno, al que pertenecía, tuvo con incendiarios y amotinados. Los demócratas y progresistas aumentaron sus críticas contra él y el diputado Orense presentó un voto de censura en diciembre contra el ministro. Pero sólo 8 miembros del Congreso votaron a favor de su destitución, aunque 100 diputados se ausentaron en el momento de la votación, entre otros el propio Espartero. Acusado de abandonar a O’Donnell, el presidente se presentó en la Cámara y defendió a su ministro de la Guerra, por lo que la figura del político canario salió fortalecida. Sin embargo, su actividad hubo de ceder ante una grave enfermedad sobrevenida, que le tuvo marginado una temporada de la vida política y que le obligó a dejar las responsabilidades del ministerio de la Guerra en manos del general Mac-Crohon.

Aprovechando esa circunstancia, en enero de 1856, se produjo un motín del destacamento de la Milicia Nacional en el edificio del Congreso. Aunque fue duramente reprimido, la falta de decisión del tribunal que debía juzgar a los milicianos fue interpretado como una debilidad del gobierno. Para la opinión pública monárquica, se trató de un intento de golpe de Estado republicano. Además, Isabel II se negó a firmar una ley que, si bien no introducía el matrimonio civil, restaba competencias a la Santa Sede en ciertos aspectos como las dispensas. Discutido en el Consejo de Ministros, con la ausencia de O’Donnell por enfermedad, la reina lo dilató al manifestar su deseo de contar con la opinión de aquél. En consecuencia de todo, el día 15 de ese mes fueron sustituidos varios ministros57. En las siguientes semanas, O’Donnell se sintió cada vez más decepcionado, pues, en su opinión, los principios del Manifiesto de Manzanares no se cumplían durante el bienio, sino las promesas de la proclama de Zaragoza.

Leopoldo solicitó a sus compañeros que, ante la inestabilidad general, se cambiara de política, se restableciera el orden, disolviendo la Milicia Nacional y llamando a los más destacados políticos de todos los partidos. En una situación calculada, O’Donnell se enfrentó al ministro de la Gobernación, Escosura, al proponer la disolución de la Milicia Nacional de Madrid, lo que provocó la dimisión del ministro y, horas más tarde, la del propio Espartero. De esa manera, O’Donnell sustituyó al duque de la Victoria, el 14 de julio de 1856 certificando el fracaso final de un Partido Progresista incapaz de consolidarse en el poder.

Ese mismo día, el conde de Lucena ordenaba cambiar la forma de la cruz de primera clase de San Fernando para que no se confundiesen las concedidas por méritos de guerra con las que Espartero había concedido a todos los milicianos nacionales de Madrid por su apoyo a la revolución, hacía dos años58. Esta medida constituyó toda una declaración de intenciones.

De la presidencia del Consejo de Ministros a líder de la oposición

La posición en que se encontró el conde de Lucena tras su llegada al poder fue la más difícil en que se halló gobernante alguno desde la implantación del liberalismo. Habiéndose ganado la desconfianza de buena parte de los moderados por su colaboración con los progresistas, y ahora éstos se encontraban igualmente a la defensiva por haber llevado al gabinete a una crisis que había arrastrado a Espartero. Por su parte, el apoyo de la reina, sumamente cauta desde la revolución de 1854, resultaba inseguro. El exministro moderado Seijas Lozano tildó su actuación como «política de balancín»59.

Pronto circularon rumores sobre un posible movimiento de protesta de los fieles a Espartero, pues para ellos su caída significaba entregar la revolución a sectores ajenos al progresismo. Sin embargo, el duque de la Victoria no quiso encabezar una nueva revuelta y prefirió retirarse a una vida tranquila en sus tierras riojanas. Pese a ello, en los tres días siguientes, los sectores más radicales decidieron resistir en las calles de la capital, sobre todo con las armas de la Milicia Nacional –18.000 hombres–, y en el Congreso de los Diputados, donde un elevado número de ellos se constituyeron en sesión permanente. Los milicianos se apostaron en las proximidades de la Cámara dispuestos a evitar cualquier cambio, mientras esperaban en vano que Espartero acaudillara la resistencia. Las fuerzas gubernamentales –unos 5.000 soldados– dirigidas por O’Donnell, Serrano y el marqués del Duero despejaron las calles y plazas, así como el Congreso. En otras ciudades, como Barcelona, donde se habían levantado barricadas, los alzados fueron dispersados igualmente.

Sin embargo, el nuevo presidente del Consejo de Ministros impuso, dentro las primeras medidas de su gobierno, que cesara la represión política, concediendo la libertad a los prisioneros capturados en los últimos combates. Asimismo, mantuvo en sus puestos administrativos a aquellos progresistas que no habían apoyado la sublevación. Por primera vez, un cambio de gobierno no motivó expulsiones entre el funcionariado. No en vano, meses más tarde, en un discurso en el Senado, O’Donnell afirmó que fue llamado por la reina «para salvar a la sociedad y al Trono sin sangre, lágrimas ni destierros»60. Su tolerancia quedó demostrada con la composición del gobierno, donde progresistas respetables compartieron carteras con puritanos como Ríos Rosas y Pastor Díaz. Y para contentar a los moderados, permitió que la prensa anunciara la posible vuelta del exilio del general Narváez, que todavía permanecía en Francia, esperando la llamada para volver al poder. Aunque ésta no se produjo, el duque de Valencia regresó a Madrid el 5 de octubre61.

La primera disposición del nuevo gobierno fue reorganizar las diputaciones y ayuntamientos conforme a la composición anterior a 1854. A continuación, el presidente abolió la Milicia Nacional y solicitó el decreto de disolución de las Cortes Constituyentes a la reina, pues éstas, en su opinión, habían perdido todo prestigio ante la nación. Al no lograrse un nuevo texto constitucional, restableció la Constitución de 1845, añadiendo un Acta Adicional, recogiéndose en la misma algunas ideas de la Constitución Nonata como la reducción del número de senadores, la merma de poderes de la Corona y el Senado, los jurados para delitos de imprenta, la permanencia de las Cortes durante un mínimo de cuatro meses, además de una ampliación del cuerpo electoral62.

O’Donnell también ordenó pausar –sin abolir– la desamortización de aquellas tierras de la Iglesia que aún no se habían subastado, no porque no estuviera de acuerdo con ella, sino porque consideró fundamental realizarla mediante un acuerdo con la Santa Sede y no de forma unilateral, generadora de tensiones y problemas de largo alcance, como se había demostrado. También señaló que no deseaba ni el centralismo de los moderados ni la descentralización total de la ley de 3 de febrero de 1823, restableciendo la ley de Ayuntamientos tal y como la habían votado las Cortes Constituyentes y la de Diputaciones, elaborada en el pasado. Igualmente, manifestó su voluntad de sustituir el Consejo Real, al que había pertenecido, por un Consejo de Estado63.

Como explicaría meses más tarde a los senadores, O’Donnell intentó establecer el principio de la tolerancia. Pero el gobierno que presidió no pudo desarrollar completamente su programa, pues no tuvo tiempo para convencer a moderados y progresistas de su intención modernizadora ante el problema de la ley de desamortización eclesiástica. Esta reforma, votada por las Cortes del bienio, ¿debía entrar en vigor o caer en el olvido al ser disueltas estas últimas? Ante tan delicada cuestión, O’Donnell tuvo la habilidad –o por lo menos creyó que la tenía– de no aparecer como un obstáculo. Sabía que la desamortización era profundamente impopular entre los moderados y católicos, los cuales se movilizarían hasta las más altas instituciones para frenarla. Por otra parte, proyectaba grandes reformas en el terreno económico, militar y social para las cuales necesitaba el dinero que podría generar la desamortización para el Estado. El conde Lucena optó, entonces, por dejar que su ministro de Hacienda, el progresista Cantero, presentara un texto que fuera un término medio. En una circular enviada a los gobernadores civiles, Cantero apresuró la venta de bienes de mano muerta y, al mismo tiempo, propuso al Gobierno la adopción de un decreto destinando treinta millones de reales para la reparación de iglesias. De esta manera, intentó satisfacer a la opinión pública católica, mientras trataba de otorgar una nueva sanción a la ley votada por las Constituyentes.

Apenas fue conocido este proyecto, Ríos Rosas, ministro de la Gobernación, lo impugnó, pese a la defensa que hizo Cantero del mismo ante sus compañeros de gabinete. Finalmente, el ministro de Hacienda no tuvo más remedio que dimitir, siendo sustituido por Salaverría, pero falló el apoyo de la Corona, que hasta ese momento había sido total. Isabel II, presa de problemas de conciencia religiosa, intentó eliminar la ley totalmente y, al no conseguirlo, manifestó su falta de confianza en su presidente el 11 de octubre64.

La caída del primer gobierno de O’Donnell –que sólo había durado tres meses– no se debió a presiones extranjeras –pues Napoleón III aconsejó a la reina que no siguiera los consejos de quienes deseaban su caída– sino de las presiones de los círculos moderados65. Convencieron a la soberana de que el conde de Lucena era un mero continuador de la peligrosa política del bienio. Su gabinete, en consecuencia, fue sustituido por otro liderado por Narváez, iniciándose un breve periodo de predominio moderado (1856-1858), que volvió a expulsar de la administración a los elementos contrarios a su política y abolió la desamortización. Lo más destacable de esta fase fue la aprobación de la Ley de Instrucción Pública, que permaneció vigente hasta la Segunda República. El Acta Adicional de 1856 fue abolida, realizándose una nueva modificación constitucional, contenida en la Ley Constitucional de Reforma de 17 de julio de 1857. Por ella se modificaba el Senado en un sentido muy semejante al propuesto por Bravo Murillo, creándose tres tipos de senadores: hereditarios, en función de su alta magistratura y los elegidos directamente por la Corona. Para la oposición, la medida fue calificada de ultraconservadora.

O’Donnell tuvo tiempo para madurar su vuelta a la presidencia y, desde el Senado, intentó manifestar sus puntos de vista. Si bien no fue nunca un genio de la elocuencia, preparó sus intervenciones e intentó contestar en trances difíciles. En la Alta Cámara, el 18 de mayo de 1857, ya había expuesto su crítica ante la nueva orientación del país:

«No puedo aceptar reformas fundamentales que pueden acabar con el Gobierno representativo y ocasionar males a la patria y al trono de doña Isabel II. No puedo estar conforme con el Gabinete por el que vuelven a establecerse las persecuciones de partido, las destituciones en masa, sin más razón que la que ha dicho el ministro de la Gobernación; no porque había hombres buenos o malos, sino porque había necesidad de colocar a otros»66.

Aprovechó ese foro para explicar y justificar su programa anterior, que finalmente no pudo llevar a buen fin meses antes. Recordó que deseaba la pureza del gobierno representativo, el estricto cumplimiento de la Constitución, la discusión amplia de los presupuestos estatales, acabando con el escándalo de abrir y cerrar Cortes en pocos días si no eran fieles al ministerio de turno, como había ocurrido los últimos años. Varios senadores moderados le atacaron, pero O’Donnell se defendió recordándoles que esos principios formaban parte del programa del Partido Moderado en 1854. Además, salvaguardó a los diputados progresistas que habían colaborado con su Gobierno –tachados de funestos por algún moderado–, ya que habían evitado el desbordamiento de una nueva revolución, por lo que afirmó que siempre les tendería la mano con efusión, puesto que ellos querían lo mismo que él, es decir, la unión liberal. Y remató diciendo:

«Esa es mi política, ese es mi programa; lo que él dice, soy yo. Lo que hay de verdad aquí, señores, es que los antiguos partidos se disuelven rápidamente, que en vano intentan cubrir con un manto engañoso sus disensiones intestinas. Y muy pronto, si esta nación se ha de salvar y salvar con ella el Trono de nuestra reina, es preciso que los hombres monárquicos que quieran la pureza de los principios constitucionales, nos agreguemos en torno a ellos y salvemos bajo este o el otro nombre el Trono, la Libertad»67.

En esa misma sesión, palideció la estrella de Narváez, cuando el conde de Lucena afirmó que el duque de Valencia había tenido conocimiento de la conspiración de 1854, al gestarse su posible intervención en la misma, que al final no se produjo. Si bien Narváez respondió en el Senado, el hecho constituyó una victoria para O’Donnell y sus fieles, ya que el líder moderado quedó inhabilitado para presentarse como restaurador y reparador de los males que habría sufrido el reino desde la Vicalvarada68.

Tras el debate en la Cámara Alta, la vida social de O’Donnell se redujo al mínimo, exhibiéndose públicamente menos que nunca, siendo escasamente visitado, salvo por media docena de amistades íntimas que formaron su modesta tertulia por las noches. Durante esos años solicitó permiso en varias ocasiones para tomar baños en diferentes balnearios.

Los moderados tuvieron que hacer frente a la decepción social que continuó manifestándose a través de revueltas campesinas, esta vez en Andalucía. El descontento fue apoyado por el Partido Demócrata, desgajada el ala izquierda del progresismo. En el campo sevillano, en el pueblo de Arahal, fueron asaltados e incendiados el cuartel de la guardia civil, las casas de los notables y los archivos notariales, al grito de «¡mueran los ricos!». Se recogía de esta manera la herencia de la desamortización de Madoz, que, si bien había aumentado el número de propietarios y saneado la Hacienda Pública, hizo desaparecer la autonomía económica de los ayuntamientos aumentando la indigencia de familias que vivían de pequeñas explotaciones o pastoreo en terrenos comunales. Narváez aplicó una severa respuesta que se tradujo en más de un centenar de sentencias de pena de muerte y de trabajos forzados. Una nueva crisis económica y, nuevamente, una división entre los moderados conllevaron la dimisión del general lojeño. Los gobiernos que le sucedieron se convirtieron en un compás de espera ante nuevas soluciones.

El número de seguidores del general canario aumentó en las Cortes, la prensa fue agitada por sus fieles, se presentó como el único político capaz de gobernar, de asentar la revolución liberal y frenar al radicalismo. Para entonces, ya se habían deteriorado sus relaciones con Narvaéz, como demostraron sus cartas donde apareció –contra la serenidad habitual en él– una ira contenida, una desilusión reticente. Las que recibió del espadón de Loja, también contra su manera de ser, no contuvieron una confesión abierta y sincera de su conducta. La vieja y muta confianza se quebró para siempre69.

El 30 de junio de 1858, la reina volvió a encargar a Leopoldo O’Donnell la dirección de la nación, el cual puso en marcha el programa de su proyecto político: la Unión Liberal.

CAPÍTULO 3

BUSCANDO EL CENTRO

Llamado por la Corona en momentos difíciles, salvé el trono. He querido establecer un gobierno de tolerancia dando prestigio al trono y asegurando la libertad del país, porque a ella va unido el cetro de Dª Isabel II.

O’Donnell

18 de mayo de 1857

Entre progresistas y moderados

Para comprender la actuación política de Leopoldo O’Donnell debe ubicarse su principal formación –la plataforma ideológica que apoyó su acción de gobierno– en la política de partidos durante el reinado de Isabel II, que se desarrolló entre 1833 y 1868. Precisamente, el legado más característico de este periodo fue la creación de los partidos políticos, juntamente con el afianzamiento del constitucionalismo parlamentario. Lejos de ser unas débiles sombras, como señaló José Luis Prieto, los liberales de la era isabelina fueron los verdaderos iniciadores de la reflexión y la práctica de la política de los dos últimos siglos. Ellos alumbraron, quizá de forma caótica y laberíntica, a la España contemporánea70.

El liberalismo español formó, inicialmente, dos grandes partidos: el Moderado y el Progresista. El primero surgió de la unión de tardíos jovellanistas y afrancesados, ambos conservadores reformistas y partidarios de la soberanía compartida entre la Corona y las Cortes, defendiendo su división en dos cámaras, a imitación británica. O’Donnell tuvo contacto con numerosas figuras del Partido Moderado, sobre todo en su exilio en Francia durante la regencia de Espartero. Mantuvo un trato constante con la corte de la reina María Cristina en París, donde se encontraban Donoso Cortés, Cea Bermúdez, Martínez de la Rosa, Istúriz, Castillo Ayensa, Narváez, Pezuela y otros destacados miembros del moderantismo. En sesión del Senado, el 5 de junio de 1851, O’Donnell afirmó públicamente su pertenencia al Partido Moderado, aunque su posición era, como señaló en un discurso, en cierto punto independiente.

Enfrente de la arena política se encontraba el Partido Progresista, que siempre se presentó como afín al liberalismo europeo de vanguardia. Defendieron la Constitución como una panacea política, pero al aceptar el sufragio censitario, el bicameralismo, el derecho regio de disolución de las Cámaras... no se ciñeron exclusivamente al texto gaditano. Como los moderados, aspiraron a la modernización de España, pero con distintos ejes ideológicos: la defensa de la elección popular, mayor autonomía de los ayuntamientos, laicismo y subordinación de la Iglesia al Estado.

Pero pronto aprendió el observador Leopoldo O’Donnell que la más clara diferencia entre los dos grandes partidos residía en las tácticas, más que en la filosofía política. Los progresistas defendieron la legitimidad de la revolución, ampliamente penetrados de una tradición radical, difundida por la vieja adscripción a los liberales exaltados del reinado de Fernando VII. Y ¿cómo se hacía efectiva la victoria de la revolución? ¿En Madrid o en las provincias? A lo largo del siglo XIX, ése fue el problema de las revoluciones provinciales: hacer efectivas sus demandas desde la periferia a la capital mediante alianzas con gobiernos reorganizados al efecto o, de no ser así, utilizando la Milicia Nacional y las máximas fuerzas militares disponibles forzar a un Madrid que no fuera revolucionario.

No obstante, los moderados tampoco despreciaron el recurso a la revolución pero centrándola, más bien, en un movimiento cívico y militar de notables que dirigían, a través de la prensa, a la opinión nacional a su favor. Y, desde luego, evitando al máximo cualquier tipo de alteración del orden público que sirviera de trampolín para movimientos radicales. Esta idea la tuvo muy presente Leopoldo O’Donnell a la hora de participar en los sucesos que desembocaron en la Vicalvarada de 1854, aunque, finalmente, tras su pronunciamiento se produjeron las jornadas revolucionarias de julio.

Ambos partidos liberales presentaron leyes electorales que pretendían la transparencia y la limpieza de las que carecían las demás. Pero la realidad es que las elecciones rara vez se perdían porque se controlaban en mayor o menor grado. Durante el reinado de Isabel II, hubo veintidós elecciones generales. En casi todos los casos, los presidentes del Gobierno que convocaron las mismas continuaron en su cargo con mayorías parlamentarias. Sin embargo, hubo cinco ocasiones en que el convocante perdió unas elecciones: en los comicios del verano de 1839, aunque el gobierno moderado continuó con minoría parlamentaria sustentado por Espartero; en marzo de 1841, en abril y agosto de 1843. Pero en estas últimas, el poder continuó en manos de los perdedores, del que tuvieron que ser expulsados por un pronunciamiento armado. La única ocasión en que un presidente comprendió que había perdido unas elecciones y dimitió, de acuerdo con la vía reglamentaria, fue después de los comicios de diciembre de 1846, tras las cuales dimitió Istúriz. De ahí que algún historiador precise que, entre 1836 y 1846, las elecciones fueron de concurrencia libre, lucha efectiva y moderada intervención gubernamental. Mientras que a partir de 1850 hasta 1898 la intervención ministerial fue más intensa71.

Además, tanto moderados como progresistas optaron por el retraimiento o la abstención electoral como método de protesta y amenaza, lo que hizo que ni la sociedad ni los grupos políticos estuvieran bien representados en las Cortes. Pero, al aceptar esas costumbres, debilitaron las instituciones liberales que decían defender.

Por otra parte, ambas familias del liberalismo llamaron a destacadas figuras militares a sus filas desde, prácticamente, el final de la guerra de la Independencia. Precisamente en 1857, en una acalorada discusión en el Senado, el general Calonge reprochó a Leopoldo O’Donnell el haber transformado el Ejército en un instrumento político para la sedición, lo que constituía una grave trasgresión de sus verdaderas funciones. Ante lo cual, y con no menos vehemencia, replicó el conde de Lucena que no había sido el iniciador de los pronunciamientos, sino que todos los hombres y todos los partidos que se habían turnado en la política española hasta ese momento habían intentado, sucesivamente, utilizarlo para hacer triunfar sus ideas, y él precisamente no lo utilizaría para perpetuarse en el poder: así lo cumpliría, ya que al finalizar sus presidencias en 1856, 1863 y 1866 no se apoyó en el Ejército para sostenerse unos meses más en el poder. Y eso a pesar de una famosa frase que pronunció O’Donnell en un debate en el Congreso, el 5 de mayo de 1855:

«Y si llega un día en que los partidos quieran probar la suerte de las armas, allí acudiremos, pues, aunque somos hombres de legalidad, no moriremos de un empacho de legalidad y sabremos saltar por encima de la ley para salvar la libertad»72.

Pese a todo, no fue la España isabelina una nación militarista, ya que todos los oficiales se mostraron a favor de consolidar un régimen liberal, diferenciándoles los límites y alcances del mismo. Fueron miembros de una nobleza y de unas clases medias que intentaron modelar una nuevo sistema político, económico y social y como tales se debe analizar su actuación73.

Otro elemento tuvieron moderados y progresistas en común: su defensa de la Constitución como ley de leyes, pero éstas no fueron sino una adaptación a los intereses coyunturales del partido en el poder. Asimismo, ambas corrientes del liberalismo cometieron el mismo error: tratar de controlar al titular de la Corona –fuera monarca o regente– para aprovecharse de los poderes que los textos constitucionales le reconocían. Si los moderados lo intentaron con la regente María Cristina y con Isabel II, los progresistas les imitaron –o trataron de hacerlo– con el regente Espartero y con su apoyo a infantes simpatizantes de su causa, como Francisco de Paula Borbón y su hijo Enrique, duque de Sevilla74. Con estas maniobras, ambos partidos impidieron la consolidación de un modelo arbitral de la Corona –alejado de la lucha política– cimentando, en cambio, la crítica feroz y mordaz hacia su titular si no satisfacía sus expectativas. Y, de manera suicida, al intentar lograr más la confianza regia que la parlamentaria –pues las elecciones se manipulaban– frenaron la fuerza de los partidos y de los gobiernos. La misma acusación recibiría, con el tiempo, el propio O’Donnell por su devoción hacia Isabel II.

Luchas por el poder

Desde los mismos inicios del reinado isabelino, las pugnas entre los dos grandes partidos supusieron desgastes continuos y, en buena medida, el alargamiento de la guerra contra los carlistas. Muchos de sus líderes comprendieron que estaba naciendo la época de construcción del Estado liberal y todo era posible, pero en muchas ocasiones se saltaron las reglas del juego político. Así, ambas corrientes manipularon las instituciones creando redes clientelares, evitando conceder cargos a desafectos y oponentes. Primero, se expulsaron a los carlistas en una operación de «purificación política» de las instituciones, que finalizó con una serie de amnistías en la década de los años cuarenta. Pero tanto moderados como progresistas actuaron de la misma manera con sus oponentes liberales. El constante movimiento depurador en las instituciones políticas, militares y administrativas ocasionó numerosos daños75. De ahí el interés de O’Donnell por intentar acabar con ese baile de lealtades que intentó llevar a cabo desde la presidencia del Consejo de Ministros.

En 1848, a su paso por París, procedente de Cuba, O’Donnell tuvo ocasión de confesar a sus viejas amistades francesas que si algún día llegaba a dirigir los destinos de España, no desperdiciaría talentos por motivos políticos y partidistas. Así lo publicó el Mémorial Diplomatique y lo recogió uno de sus biógrafos, Carlos Navarro, señalando esta actitud tan desapasionada y constructiva como causa del comienzo de sus desencuentros con los moderados más reaccionarios. O’Donnell no era partidario de esa vía, como recordaría en un discurso en la Alta Cámara, años más tarde, al manifestar que «cuando se entra en el camino de la reacción, no es fácil detenerse, y se marcha por una pendiente tan resbaladiza, como la de las revoluciones, que no se sabe a dónde van a parar».

Y es que existían instituciones donde se podían encontrar y allanar diferencias entre las diversas corrientes del liberalismo, como nuevos foros de discusión y desarrollo modernizador como los Ateneos, los Casinos y las Reales Sociedades Económicas, viejas instituciones ilustradas que recibieron un nuevo impulso oficial durante el reinado isabelino. Precisamente, O’Donnell fue socio honorario de la de Amigos del País de la ciudad de Zaragoza, de la de San Carlos de Valencia y de honor de la de La Habana. En 1866, siendo presidente del Consejo de Ministros, concedió unas dependencias de la Torre de los Lujanes como sede permanente –que no la tenía– a la Económica Matritense, donde aún se encuentra.

La Constitución de 1837 y el proceso constituyente que le precedió fueron un periodo que pareció augurar la común aceptación de unas mismas reglas del juego político por parte de ambos partidos. Un clima conciliatorio y tolerante que resultaba fundamental para hacer efectivas las prácticas políticas de ese incipiente bipartidismo. Ni en el mismo Ejército que peleaba contra los carlistas en aquellos días, y donde se encontraba O’Donnell, se produjo un movimiento en contra del texto constitucional. Pero todo se truncó, entre otras razones, por la prematura fragmentación de ambas fuerzas políticas. En el seno del progresismo tomó carta de naturaleza el núcleo radical que, con el paso de tiempo, formaría el Partido Demócrata. Frente a ellos, los moderados también se fragmentaron en corrientes internas76. Los carlistas, tras las derrotas militares, decidieron organizarse y hacerse un hueco a través de una red de prensa, entre la que sobresalió el periódico La Esperanza. Por eso, la tolerancia sería una de las palabras clave para entender el discurso político de O’Donnell, lo cual fue captado –y trasmitido al siglo XX– por Galdós, que no dudaría en poner en labios de don Leopoldo las siguientes palabras, en sus Episodios Nacionales:

«Seamos europeos, seamos presentables, seamos limpios, seamos, en fin, tolerantes, que es como decir limpios del entendimiento y desechemos la fiereza medieval en nuestros juicios de cosas y personas. Transijamos con las ideas distintas de las nuestras y aun con las contrarias, y pongamos en la cimera de nuestra voluntad, como divisa, la bendita indulgencia»77.

O’Donnell y la Unión Liberal

A partir de 1836, los moderados se dividieron ante el reto de la aceptación de la desamortización y de la reforma electoral restringida de los progresistas. Un grupo, liderado por Francisco Javier de Istúriz, apoyó el criterio con que Mendizábal llevó a cabo la transferencia de bienes, pero se mostraron críticos sobre el alcance de sus reformas políticas. En definitiva, aceptaron el reto de las medidas liberales dispuestos a gestionarlas, pero defendiéndolas del radicalismo revolucionario y de la contrarrevolución. Frente a ellos, otro sector del moderantismo se declaró crítico con la desamortización y abierto al carlismo posibilista. Los primeros, en consecuencia, aceptaron la Constitución de 1837, que ha sido tildada como obra exclusiva del progresismo cuando, en realidad, es el primer texto constitucional ampliamente pactado entre las familias del liberalismo. Por el mismo se diseñaba un sistema constitucional perfectamente homologable con los más avanzados de Europa.

Ese movimiento de notables moderados partidarios del pacto que aceptaba la revolución y sus principios, siempre que ésta se aviniese a una institucionalización razonable, estuvo formado por figuras como Joaquín Pacheco, Nicomedes Pastor Díaz, Antonio Ríos Rosas... uno de cuyos lemas fue «Paz, Orden y Justicia». Para ellos, el Estado debía asumir un papel corrector de las injusticias sociales, una función de centro movilizador de la acción social, una misión de protección y amparo de los más débiles. No negaron que el pueblo que había apoyado el triunfo del liberalismo en la guerra era católico, pero se negaron a asumir las tesis confesionales del carlismo. Asimismo, insistieron en la necesidad de una legislación que deslindara los respectivos ámbitos de las atribuciones del poder central, provincial y municipal. Sus ideas se propagaron, entre otros medios, a través de la prensa afín como El Correo Nacional y El Conservador. O’Donnell comenzó a acercarse a personalidades de este grupo, que en 1841 publicaron una elogiosa biografía del joven general en El Conservador. En vez de acercarse a los moderados más autoritarios, como parecía ser lógico en un liberal con una familia de realistas y simpatizantes del carlismo, se aproximó a un grupo de notables templados.

Si bien criticaron la deriva cesarista y arbitraria de la regencia de Espartero, se mostraron igualmente decepcionados con Narváez y aquellos moderados que eliminaron la Constitución de 1837 sustituyéndola por otro texto constitucional en 1845. El consenso que se había logrado en torno al tema de la soberanía quedaba roto a favor de un reforzamiento del papel de la Corona. En la nueva Constitución el principio de soberanía nacional, innegociable para los progresistas, desapareció totalmente en el nuevo código, abriéndose una herida de hondo calado político entre las familias del liberalismo. Por eso, Pastor Díaz, en un discurso parlamentario, señaló que la Constitución debía ser el marco de convivencia política entre los principios progresistas y moderados, en vez de volver a la desastrosa costumbre de hacer depender la legalidad común del partido dominante en cada momento. Para Narváez eso era «un prejuicio de puritanos», denominación que terminó afianzándose de tal manera que esa corriente del moderantismo fue llamada la «disidencia puritana», los puritanos. Su líder fue Joaquín Pacheco, el ideólogo, Nicomedes Pastor Díaz, y miembros destacados, Istúriz, Patricio de la Escosura, Moyano, los hermanos Gutiérrez de la Concha y Ros de Olano. Hombres de acción y de pensamiento que, tarde o temprano, terminaron fijando sus ojos en la figura de Leopoldo O’Donnell.

Los siguientes diez años fueron, a ojos de este grupo político, una etapa perdida, pues si bien Narváez, en ciertos periodos de gobierno, había realizado una política de mayor acercamiento a la oposición progresista, los sectores más conservadores no habían estado de acuerdo. El Partido Moderado se había dividido en demasiados grupos internos durante la década de los cincuenta, además de contar con figuras, hasta cierto punto, independientes como O’Donnell.

El sobrenombre de puritanos que recibieron aludió exactamente a su programa: pureza en la administración, respeto a la legislación vigente, orden y asentamiento de una cultura liberal que suavizara las cicatrices de las luchas a muerte entre liberales y realistas en el reinado de Fernando VII y, más tarde, entre estas facciones renovadas en la Primera Guerra Carlista. Sin alejarse de doctrinas conservadoras, apostaron por el progreso llamando a los partidos a la legalidad, ampliando la libertad de prensa dentro de los límites que marcara la ley. Frente al desgastado nombre de moderados, ellos propusieron enarbolar el de liberal-conservadores, el de gestores de una sociedad posrevolucionaria sin nada que ver con el tradicionalismo contrarrevolucionario.

«Las leyes son santas», exclamó Nicomedes Pastor Díaz en las Cortes. Los puritanos defendieron la calidad del derecho como garantía de racionalidad frente a las luchas en barricadas y con bayonetas. Su apuesta significó la llegada del punto de vista jurisprudencial a la política. No se opusieron a las conquistas revolucionarias pero se enfrentaron al radicalismo, idea que hizo praxis O’Donnell. Las relaciones entre el Gobierno y la oposición debían cambiar tajantemente, aceptando que el sistema político debía ser plural porque así lo era también la sociedad española. Las tácticas de los partidos debían cambiar: había que ampliar las bases del régimen, reconocer derechos a todos los que aceptasen lealmente la Constitución, lograr una alternancia pacífica en el poder frente al exclusivismo de progresistas y moderados. Había que poner límites a los partidos y no podían ser otros que la legalidad, la capacidad y la moralidad. Estas ideas fueron conocidas por O’Donnell –en aquellos momentos en la capitanía general de Cuba– a través de la prensa peninsular. Para José Luis Prieto, el liberalismo conservador de los puritanos fue una llamada a la sensatez, a la tolerancia y a la responsabilidad intelectual78.

Tras varios años en la oposición, los puritanos llegaron al poder en 1847, en el preciso momento en que se desencadenó una crisis económica considerable –antesala de un nuevo ciclo revolucionario en Europa– que ayudó a que su gestión constituyera un fracaso. Fueron atacados por los moderados como un gabinete sin política y por los progresistas, que interpretaron sus gestos conciliatorios como síntoma de debilidad, como un grupo que representaba la duda, la incertidumbre, la relajación de todos los vínculos políticos. Pacheco, consciente de que su fracción no era más que un conjunto sin pujanza, se abstuvo de convocar nuevas elecciones y gobernó mediante decretos, lo cual supuso una traición de sus principios y promesas. Como los otros dos partidos, los puritanos intentaron apoyarse en el prestigio de un militar, en este caso el general Serrano, pero éste exigió un precio que la dignidad del gabinete consideró exorbitante79. Los moderados más autoritarios se hicieron de nuevo con el poder, a cuyo frente situaron a Narváez, el cual emprendió una política de legalidad y tolerancia con los progresistas que asustó a los sectores más conservadores de su partido. Alejandro Pidal y Mon, miembro de esas corrientes, consideró la política del duque de Valencia como suicida, por lo que pensó en su sustitución por otro militar. En enero de 1848 escribió a Leopoldo O’Donnell en este sentido: «se necesita un hombre de menos arrebatos y tan apuesto para la esgrima como para poner en buenas condiciones la contienda, que vendrá sin remedio»80. ¿Fue una insinuación? Lo cierto es que el conde de Lucena no recogió el guante, mientras Narváez se consolidaba como el líder europeo que impidió el éxito de la revolución. Pero, al año siguiente, nació el Partido Demócrata (1849), ala izquierda del progresismo, que evidenció la posibilidad del nacimiento de un régimen multipartidista.

Un tiempo después, O’Donnell –que había vuelto de su estancia en Cuba– fue nombrado director general de infantería, cargo que desempeñó manifestando unas ideas nuevas de tolerancia, que a lo largo de dos años le valieron el título de El Justiciero, pues repuso en sus empleos a muchos oficiales suspendidos por sus ideas políticas, primando la promoción por antigüedad. Además, exigió para él mismo y su familia aquello que reclamaba para los demás, por lo que, al saber que se había ascendido a su sobrino Carlos Manuel de alférez a teniente de caballería –sin más méritos que los lazos de sangre– O’Donnell se entrevistó con el ministro del Ejército y le solicitó que anulara esa orden, lo cual se hizo finalmente. Este talante le sirvió para consolidar su ascendiente sobre el Ejército.

Al mismo tiempo, el conde de Lucena se rodeó de sus antiguos amigos puritanos: Antonio Ríos Rosas y el marqués de la Casa de Armijo, su yerno. No es casualidad que un joven malagueño, inicialmente simpatizante del progresismo, Antonio Cánovas del Castillo, tras haber sido captado por Pacheco para las filas del puritanismo, entrase al servicio de don Leopoldo en calidad de archivero, para ordenar sus papeles cubanos y, quizá, para algo más: convencerle políticamente y hacerle ver la necesidad que tenían los puritanos de contar con un líder de su categoría y fama. Cánovas fue presentado por su sobrino Carlos Manuel para un eventual servicio, pero no pasó mucho tiempo sin que ascendiera en la estimación del general.

Años más tarde, circuló la anécdota según la cual, en una tertulia, un político, recordando la figura ya desaparecida de O’Donnell, exclamó que había sido –durante un tiempo– un auténtico ídolo. A lo cual Cánovas replicó que él lo sabía perfectamente, pues en no pocas ocasiones había hablado desde su interior. Cierta o no, la anécdota reflejó la labor común y la amistad que se inició entre esos políticos liberal-conservadores a partir de entonces. Eso sí, fue el conde de Lucena quien se acercó a las ideas de Cánovas y a sus críticas al mal gobierno de los moderados, de tal manera que, junto a destacados puritanos, formó parte de la oposición senatorial a los cuatro últimos gobiernos antes de la Vicalvarada. Siendo inicialmente moderado, O’Donnell intentó advertir desde su escaño en el Senado del precipicio al que se arrojaba su partido. En sesión de 5 de junio de 1851 señaló:

«Amigo de situaciones claras, me presento en oposición franca al Gobierno, y me presento en oposición porque en el Ministerio actual veo el símbolo de la destrucción del Partido Moderado. Desde que ha subido al poder, la división de este partido es profunda y tengo el íntimo convencimiento de que, paso a paso, nos aproximamos a una situación semejante a la del Partido Progresista en 1843, y cuyo resultado conocen los que se sientan en esos bancos»81.

Y sus palabras se cumplieron, abriendo la senda de los Bienios Progresista y Moderado, periodos que pusieron en peligro de disolución a los partidos históricos, facilitando la reformulación del régimen isabelino, en el que vino a materializarse la intención regeneradora de la Unión Liberal, que intentó actuar como verdadero catalizador del proceso de renovación del sistema.

La Unión Liberal fue el fruto político de la labor de los puritanos en esa época. Como partido organizado nació a fin de hacer frente a la nueva situación surgida de la revolución de julio de 1854 y su líder indiscutible fue Leopoldo O’Donnell. Ante el inicio de la campaña electoral, redactó un manifiesto dirigido a sus electores que fijó los puntos básicos de su programa político. En septiembre, un grupo de directores de periódicos, que habían apoyado la revolución de julio, convocaron a todos los moderados y progresistas que pensaban militar en las filas de la Unión Liberal para que explicasen cómo se iba a producir aquella coalición.

La reunión se fijó para el día 10 y la prensa convocante fue: El Clamor Público, La Época, La Nación, Las Novedades, El Diario Español, El siglo XIX y La Unión Liberal. Los asistentes fueron redactores de la prensa liberal de Madrid, miembros de los comités electorales de 1852, senadores, militares significativos, miembros del ayuntamiento, diputación, la junta consultiva de la capital y representantes del comité de comercio e industria. Se formó con ellos una comisión, formada por cuarenta y cinco miembros, encargados de dar forma y redactar el manifiesto electoral, que, finalmente, tuvo fecha del día 17:

«La unión de los partidos políticos no es, ni puede ser, la fusión imposible de ideas que se excluyen, de opiniones que se combaten, de sistemas que se niegan; no es ni puede ser, la aglomeración desconcertada y violenta de elementos que difieren en origen, en índole, en propósitos; no es, ni puede ser, que unos principios abdiquen y que otros principios absorban. (...) La unión, para ser fructuosa y duradera, debe no imponer a nadie ni sacrificios ni ideas, ni renuncia de situaciones legítimamente conquistadas; si es convento entre partes, a todas tiene que ser beneficioso; es deber, todos están obligados a cumplirle; es derecho, a todos compete y conviene reclamarle»82.

Mucho más tarde, el general Manuel Gutiérrez de la Concha –amigo y compañero de O’Donnell en la guerra carlista– recordaría, en uno de sus discursos en el Senado, que fue en su casa donde, por iniciativa suya, se reunieron personalidades para realizar una unión de corrientes liberales en beneficio del Trono y de la Patria. Y, una vez expuesta la defensa de la soberanía nacional y de la Corona, desplegaron los puntos substanciales de su programa: el mantenimiento del orden público, la libertad de imprenta, elecciones limpias, reforma de los presupuestos, mejoras en la administración de Hacienda, impulso a las fuerzas armadas, leyes adecuadas, modernización de la burocracia, disminución de la Deuda Pública, impulso a la construcción de ferrocarriles y medidas contra la corrupción política.

El nuevo partido de O’Donnell divulgó una imagen de concordia hasta en láminas o dibujos que circularon entre la población. Una xilografía inserta en un panfleto presentó al partido como arquetipo de la concordia y a la Corona como garante de la misma. En la imagen, conservada en la Biblioteca de Catalunya, que ilustra un himno titulado «A la Unión Liberal y a sus héroes Espartero y O’Donnell» aparecen los dos políticos, a cada uno de los dos lados de la reina Isabel II, uno de ellos exhibiendo la palabra «Unión» y otro «Libertad», acompañados de soldados, a la izquierda, y de tipos populares y burgueses, a la derecha. El himno cantaba, en una de sus estrofas: «Juremos por la Patria/ Unión y Lealtad/ y unión sea la aurora/de santa libertad»83. La concordia se presentaba como una acción de gobierno específica de la monarquía, esencial para O’Donnell.

El 8 de noviembre de 1854 se abrieron las Cortes, tras las elecciones, ocupando en ellas el mayor número de escaños los afines a la Unión Liberal, lo cual demostró el primer signo de debilidad de los progresistas puros, que obtuvieron sólo cincuenta, al mismo tiempo que se evidenciaba que, a causa del sistema censitario, las fuerzas populares protagonistas de las jornadas de julio no iban a estar representadas en ellas. Los moderados puros lograron muy pocos escaños, así como los demócratas y los carlistas.

El nuevo partido intentaría llevar a cabo el programa político de los puritanos adaptándolo a las circunstancias y realidades de la época. Su fuerza radicó en el grupo de representantes que, dentro de las Cortes, admitió su enajenación con respecto a sus partidos de origen y aceptó ciertas pretensiones fusionistas, desde una posición de centro parlamentario. Benito Pérez Galdós, en sus Episodios Nacionales, puso en palabras de O’Donnell esa idea de fusión:

«Y yo digo: modo de arreglar esta Nación. Saco del Partido Moderado y del Progresista los hombres que en ellos hay inteligentes, limpios, bien educados; los cojo, con ellos me arreglo, dejando a los fanáticos y a los tontos, que para nada sirven... Con esta flor de los partidos amaso mi pan nuevo... Unión Liberal... Reunimos, organizamos lo útil, lo mejor, lo más inteligente»84.

No obstante, para algunos historiadores, si bien el nombre de Unión Liberal circuló por entonces, no puede hablarse de un acta fundacional ni nada por el estilo. Todavía tres meses más tarde, el 14 de diciembre, Antonio Cánovas del Castillo proponía formar un tercer partido, en un discurso en las Cortes, conjugando libertad y orden. Por eso Martínez Gallego considera que, realmente, no cobró rango de partido oficial, con existencia propia y reconocida por todos, hasta muchos meses más tarde, aunque era ya una fuerza importante a la que acudían cada vez nombres caracterizados de la vida política y a la que parecía reservado el mejor porvenir85.

Ríos Rosas y O’Donnell, según algunos diputados moderados, intentaron comprobar el nivel de adhesión que despertaba la idea de esa tercera vía en el debate que se produjo el 30 de marzo de 1855 en el Congreso. Al presentarse un proyecto de ley tendente a limitar la intervención de la Milicia Nacional en política, O’Donnell señaló que ya no existían ni progresistas ni moderados, afirmando:

«Si Su Señoría me pregunta si mis principios liberales y mis ideas de Gobierno son hoy más avanzadas, mucho más avanzadas que lo eran entonces [hacía dos años], diré que sí, que lo son mucho más»86.

Pese a que varios diputados moderados negaron su afirmación sobre la desaparición de los partidos, O’Donnell acabó de hacer evidente su deseo de desmarcarse del Partido Moderado. Aseveró que su pertenencia al mismo había sido «problemática» y que había avanzado más en su liberalismo a medida en que veía en peligro la libertad. Ríos Rosas tomó la palabra para defender la fusión de los dos partidos en uno «del justo medio», flanqueado por opciones más extremistas, carlistas y republicanos. Y es que ese proyecto de unión venía a poner de manifiesto una constante de la vida política española desde principios de siglo: el ansia de que los liberales fueran una gran familia.

En julio de 1856, O’Donnell y su ministro de Estado, el histórico puritano Pastor Díaz, se entrevistaron con el embajador francés, Turgot. Le solicitaron mayor vigilancia sobre los carlistas en la frontera pirenaica y le avanzaron el nuevo programa de gobierno. Al describir la audiencia a sus superiores, el diplomático galo señaló:

«Sólo espera –resumiendo y haciéndose eco de las palabras del conde de Lucena– la pacificación de España a través de la anulación de los viejos partidos, y de la formación imparcial de un nuevo partido nacional basado en el olvido del pasado, dentro del cual sólo los anarquistas serán los únicos considerados vencidos»87.

O’Donnell no había hablado al embajador de un tercer partido, sino que ya señalaba sus deseos de lograr un partido nacional, crisol en el que se debían diluir los enconos de los dos partidos históricos. He aquí el primer intento de impulsar la Unión Liberal desde el poder.

Conforme Espartero y Narváez fueron desgastándose políticamente, figuras destacadas de la nobleza, la burguesía, la opinión pública propeninsular de Cuba, militares, abogados y empleados fueron convergiendo en la Unión Liberal. Al llegar O’Donnell al poder en 1858, grandes nombres adornaban el partido, en contraste con los soportes de prensa, mucho más débiles: sólo contaba en Madrid con La Época, teniendo en contra a toda la prensa moderada, progresista y procarlista. Para contrarrestar esa desigualdad inicial, los líderes unionistas, además de mantener la restrictiva ley de prensa de Nocedal, lograron ganarse a un sector de la prensa como El Diario Español, El Clamor Público, El Reino, El Día, El Contemporáneo y, especialmente, La Correspondencia de España, el cual fue el más vendido por su carácter oficial, noticiero y, hasta donde pudo, más o menos independiente, al no declarar una filiación partidista de forma clara.

La Unión Liberal española apostó por un modelo de régimen basado en el consenso, en el pacto, y no en el exclusivismo de partido mantenido por una importante masa de moderados, resaltando como inexcusable la base de entendimiento entre los grandes partidos liberales en torno a la Corona. Así lo expresó O’Donnell, en repetidas intervenciones en el Senado, como la de 29 de diciembre de 1862:

«¡Ay de mi país si los hombres todos que quieren la monarquía, que sostienen la dinastía de doña Isabel II, que desean el trono constitucional como su más firme apoyo, no se agrupan alrededor de ese trono para hacer frente a los problemas políticos y sociales que se asoman en el horizonte! ¡Ay de ellos si vienen aquí con miras de exclusivismo y de intereses personales sin atender a los grandes deberes que las circunstancias nos imponen! Entonces sí que (...) sería grande nuestra responsabilidad ante la Historia y tendríamos que dar cuenta de las grandes catástrofes que podrían venir sobre nosotros»88.

Los puritanos defendieron la vertebración de un juego limpio para alternarse en el poder, llevando a cabo ese proyecto de modernización superando etapas inmovilistas causadas por la tendencia a la monopolización del sistema89.

Algunos unionistas defendieron una especie de monopartidismo frente al ideal bipartidista, pues era el medio de gobernar todas las familias liberales al mismo tiempo. Una idea utópica en el fondo, pero con sinceros entusiastas, pues aspiraba a implantar el liberalismo sin disputas ni opciones, de tal manera que hubo un momento en que el propio O’Donnell llegó a dudar de que se pudiera sustituir a la Unión Liberal. El antiguo moderado, reconvertido en progresista –que finalmente sería diputado unionista–, Patricio de la Escosura, escribió un artículo en La España, el 14 de julio de 1858, en donde afirmó que la llegada al poder del conde de Lucena significaba, indudablemente, el principio del fin del Partido Moderado90. Sin embargo, la idea de partido único chocó decididamente con el pensamiento puritano, lo cual se manifestaría en la mitad de la legislatura de ese mismo año.

CAPÍTULO 4

O´DONNELL Y EL GOBIERNO LARGO

Ahora, ahora, cuanto tenemos a la Unión

Liberal que viene con la idea de hacer de España

otro país, como quien dice, fomentando, fomentando...

Benito Pérez Galdós, O’Donnell

Vuelta a la presidencia

Cinco años duró el Gobierno Largo (1858-1863), tildado de esta manera al compararse con la duración de otros, en todo el siglo XIX. O’Donnell se propuso gobernar sin represiones, con apaciguamiento y entendimiento, e intentó –hasta que fue imposible– el difícil ejercicio de no disgustar a las Cortes, permitiendo el uso de las libertades sin exageraciones, para conseguir el apoyo, si no de la mayoría, de las mejores cabezas del reino. Los extremos del arco parlamentario estaban desprestigiados, el momento era ideal para presentar un programa propio de un centro político.

Indudablemente, la Unión Liberal no arguyó el lema in medio virtus, aunque fuera la idea central, favoreciendo una política razonable, una casa común de libertad con orden, abierta a todos... centrista, en definitiva, según una posible noción del término. Tuvo vocación de centro pero, y ahí se encuentra uno de los gérmenes de su final, también de partido único. Pero tres hechos vinieron, inicialmente, en ayuda de Leopoldo O’Donnell: en primer lugar, una excelente coyuntura económica, general en casi toda Europa, que se produjo a partir de la crisis de 1857. Las empresas y los hombres de negocios adquirieron un empuje importante, los tendidos de los ferrocarriles resultaron rentables y la inversión en su red alcanzó posiciones de euforia, los empleos crecieron y hubo una posibilidad de diversificación de oficios como no se había visto hasta entonces, por lo que muchos historiadores hablan de estos años como los dorados de la época isabelina.

El segundo hecho que convergió temporalmente con el anterior fue un proceso de conciliación con las masas que hizo más fácil la labor del conde de Lucena, debido tanto al crecimiento económico como a la decepción por la revolución de 1854 y a la represión. La rebaja de impuestos, gracias a que el Estado obtenía fondos por la coyuntura económica positiva, favoreció también ese clima conciliador. Y, finalmente, fue clave la actuación de O’Donnell en favor del Ejército, preocupado por su atención permanente y cuidadosa para su buen mantenimiento. Los progresistas de Espartero pagaron mejor a los milicianos nacionales que al Ejército, mientras que O’Donnell procuró abonar puntualmente los sueldos a los soldados y oficiales. Además consiguió, con sus inversiones en construcción de buques, que la Armada española fuera la sexta de Europa.

El Gobierno Largo se fundamentó sobre un silencioso consulado formado por dos políticos completamente distintos: el ordenado, educado, flemático y tranquilo Leopoldo O’Donnell, dotado de un cierto idealismo y capaz de mantener su autoridad sin necesidad de levantar la voz, y José Posada Herrera, ministro de la Gobernación. Este político asturiano era la cara fría, escéptica y desenfadada del Jano unionista. Resultaron el complemento necesario para llevar las riendas del poder, acompañados de otros destacados ministros como Saturnino Calderón Collantes en Estado; Fernández Negrete, en Gracia y Justicia; Pedro Salaverría en Hacienda; José Quesada en Marina y el marqués de Corvera para Fomento. O’Donnell, además de la presidencia, se reservó la cartera de Guerra, que ya había ejercido en el bienio progresista, y asumió, como interino en alguna ocasión, las de Ultramar, Estado y Marina. Su prestigio en el Ejército era importante, y decisivo para lograr el apoyo de destacadas figuras del mismo, como Serrano, Prim, Topete, Dulce, los hermanos Gutiérrez de la Concha... Puritanos como Pacheco, Alonso Martínez y Ríos Rosas prefirieron aceptar escaños en las Cortes, puesto que don Leopoldo no les ofreció carteras ministeriales. Tal vez O’Donnell no quiso rodearse de enormes personalidades con escasa capacidad para trabajar en grupo, pero durante un tiempo la familia feliz se mantuvo unida, hasta que resurgieron los personalismos dentro de ella.

Con unos ligeros recambios en Fomento –el marqués de la Vega de Armijo asumió la cartera en diciembre de 1861– y en Marina –José Mac Crohon en 1858 y Juan de Zavala en 1860– ese Gobierno unionista duró hasta el 17 de enero de 1863, algo absolutamente insólito en la dinámica política de la España liberal. No debe olvidarse que durante el reinado de Isabel II, la media anual de gobiernos fue de 1,62, llegando a 57 equipos ministeriales91.

O’Donnell siempre tuvo presente la importancia de la opinión pública para lograr la permanencia en el poder, pero aquella, en el fondo, estaba formada por los órganos de prensa, las instituciones culturales como el Ateneo, los círculos de cafés y la élite de los principales partidos políticos. Por eso consideró vital que su gobierno fuera apoyado por unas Cortes acordes con su ideología, teniendo en cuenta que, por esos años, se adscribieron a la Unión Liberal muchos moderados y progresistas, además de la totalidad de los puritanos; en palabras de Alcalá Galiano, fueron la familia feliz, en alusión al número de circo donde un domador conseguía encerrar pacíficamente en una jaula a fieras muy diversas. Sin embargo, el ministro José Posada Herrera –diestro en manejos electorales, conocido como El Gran Elector– no tuvo mucho trabajo a la hora de falsificar las actas de diputado para conseguir una mayoría aplastante, como era costumbre en la Europa de la época. Pero se ofreció a los progresistas, como muestra de cambio, la elección de senadores afines y la rectificación de las fraudulentas listas electorales vigentes, de tal manera que por decreto de 6 de julio se obligó a la revisión de la mitad del censo electoral, pese a la crítica de los moderados. De haber consultado a las Cortes, quizá el Partido Moderado habría logrado evitar la modificación, por lo que el anuncio de comicios se juzgó necesario para asentar el cambio político.

Y así, en septiembre de 1858, se convocaron las elecciones generales que otorgaron al Gobierno la mayoría necesaria para estabilizar su acción política, aunque no faltaron destacadas figuras de la oposición. Según parlamentarios de la época, ésta estuvo formada por unos ochenta diputados. Cincuenta pertenecían al Partido Moderado y al Progresista, y unos treinta a los disidentes, es decir, demócratas, republicanos y carlistas.

La situación internacional ayudó a la estabilidad: no hubo suspicacias ni temores en los principales Estados europeos, con los cuales España mantenía estrechos lazos, como Portugal, Gran Bretaña y Francia. En ésta última, el informe favorable de Fournier, su embajador en Madrid, a la solución unionista fue bien acogido. Para el diplomático de Napoleón III, O’Donnell tenía las habilidades necesarias y los apoyos políticos indispensables para pacificar el reino. No obstante, para hacer funcionar el partido resultaban necesarios unos niveles de flexibilidad y de capacidad de adaptación. Así lo defendió O’Donnell en las Cortes, que se abrieron el 1 de diciembre:

«No busco nombres: los que quieren el trono constitucional, los que quieren de verdad el sistema representativo, los que quieren la intervención legítima del Parlamento, los que quieren la libertad de imprenta con sujeción a leyes para que no se abuse de ella; los que quieren la seguridad individual y que las leyes sean una verdad en el país; ésos son los que deseo que se unan, y no les pregunto de dónde vienen, sino si quieren venir conmigo a salvar los principios del trono, de la sociedad y de la libertad del país»92.

O’Donnell comenzó predicando con el ejemplo, haciendo que el cambio gubernamental no viniera a significar, como siempre había ocurrido con las mudanzas ministeriales, renovación en las plantillas funcionariales; permitiendo que, junto a los moderados, ya presentes en las tareas de la burocracia, se situaran progresistas y unionistas, y creando una unión administrativa que podría ser el cimiento de la unión política de las distintas ramas del liberalismo hispano.

Asimismo, el conde de Lucena confirmó ante las Cortes su invariable deseo de desterrar la corrupción y mantener la moralidad en las instituciones, renovando el sistema con reformas prudentes, pero no pudo evitar, a su vez, ser criticado por la oposición de despilfarro, falta de previsión y juicio. A ello se añadió el problema de su actividad legislativa, ya que muchos proyectos de ley puramente progresistas o puramente moderados no fueron llevados a las Cámaras ante el temor a dividir al partido.

El caso más claro fue la ley de prensa (punto 2º del manifiesto electoral de la Unión Liberal), pese a existir un borrador, el cual estuvo preparado desde enero de 1859. Asimismo, no se votó una nueva ley electoral ni de ayuntamientos. De los cuatro proyectos presentados por el ministro de la Gobernación –relativos al régimen local sobre presupuestos y contabilidad municipal, presupuestos y contabilidad provincial, gobierno de las provincias y organización y atribuciones municipales– sólo fueron sancionados como leyes los referidos a las provincias, en abril de 1862, que descentralizaban su administración (punto 10º del manifiesto electoral).

Otro ejemplo decisivo de la posición ambigua del equipo ministerial, en el campo legislativo, fue la definición del marco constitucional. La Constitución vigente fue la moderada de 1845, atemperada por el Acta Adicional de 1856 –símbolo o puente con la de 1837, o así se presentó– pero no se derogó la reforma ultraconservadora de 1857. Cierto que O’Donnell se comprometió a no desarrollar esta última, pero quedó como una espada de Damocles en manos de la oposición. El presidente no quiso abolirla para conseguir un clima de estabilidad que afianzara el poder de la Unión Liberal, evitando debates que amenazaran con romper la unidad de su partido. Pero, con el paso del tiempo, esa negativa a definirse abiertamente, eliminando la reforma de 1857, fue utilizada como un arma por la oposición parlamentaria contra O’Donnell, provocando la desunión en las filas unionistas, es decir, aquello que había querido evitar.

El debate rompió la unidad de sus diputados, por lo que el presidente se esforzó en intentar convencerles que lo que realmente importaba era la vigencia de la reforma constitucional de 1856. Así, como ya había dicho en numerosas ocasiones, el sentido del Acta Adicional era consolidar el régimen constitucional, demostrar a los que de ello dudaban que era posible practicarlo en España. Y eso era lo que a su juicio se venía realizando desde el momento que había accedido a la presidencia, puesto que «los Cuerpos colegisladores están reunidos siete y ocho meses, se discuten los presupuestos, y el gobierno no legisla por Real Orden. Pues bien, esa Acta Adicional que no pudimos plantear en 1856, la estamos poniendo en ejecución hoy prácticamente»93. En definitiva, para O’Donnell,

«el gran servicio que nosotros hemos prestado a nuestro país, el día que dejemos nuestros puestos, es el haber establecido aquí costumbres constitucionales, el haber estado sujetos a las leyes, y el haber tenido gran respeto a las Cortes y el hacer muy difícil que los Gobiernos que nos sucedan hagan lo que han hecho otros Gobiernos»94.

Sin embargo, ante esta inercia legislativa, algunos destacados unionistas abandonaron las filas de quienes apoyaban al Gobierno, sobre todo a partir de 1861, como Ríos Rosas, Alonso Martínez, Cánovas, Pastor Díaz y Prim. Ello obligó a O’Donnell y sus colaboradores a manejar el heterogéneo grupo de diputados mediante prebendas, una atención personalizada a las necesidades de cada diputado y su circunscripción, ofreciendo también alianzas puntuales con otros de la oposición para bloquear propuestas de otros grupos minoritarios. Así, votos progresistas fueron utilizados contra los moderados y viceversa, unidos a los de la mayoría.

Sin embargo, conviene matizar que la aparente inercia legislativa no fue total. En el orden judicial se aprobaron disposiciones para fortalecer la figura del juez de paz, regular el reingreso de magistrados cesantes, reordenar el ministerio fiscal y establecer una sección ministerial destinada a la estadística criminal. Además, se sancionaron numerosas medidas para mejorar la burocracia y las instituciones, como se aprecia a la hora de estudiar su gestión económica95.

La cornucopia de O’Donnell

Ante las críticas contra la «inercia legislativa» del Ejecutivo, la mano derecha del conde de Lucena en el gabinete, el ministro Posada Herrera, defendió –en la primavera de 1860– la prudencia del gabinete a la hora de afrontar la cuestión de la reforma constitucional, que sólo podría acometerse después de llevar a cabo otros objetivos políticos. El primero de ellos era el desenvolvimiento económico de la nación; es decir, de la organización de su hacienda y del fomento de los intereses materiales del reino, que consideró una de las misiones más importantes del gobierno (puntos 4º y 5º de su manifiesto electoral). En un segundo período, a partir de 1861, defendió la necesidad de desarrollar las reformas administrativas anunciadas –la ley de ayuntamientos, de diputaciones provinciales, del Consejo de Estado–, aplazando sólo para mucho más tarde, y en una fecha indeterminada, cualquier tentativa de modificación de la Constitución.

Para Nelson Durán, O’Donnell no tuvo una política económica propiamente dicha, pero sí impulsó decididamente aquellos factores que podían facilitar un crecimiento económico, que se hizo efectivo y que algunos escritores tildaron como «la cornucopia de O’Donnell», como si el presidente del Consejo de Ministros se hubiese dedicado a repartir riquezas a manos llenas entre los españoles. Lo cierto es que cierto mérito tuvo, pues supo administrar eficientemente y, sobre todo, infundir confianza para la llegada de capital extranjero, especialmente de la Francia de Napoleón III. Y es que, a grandes líneas, la política económica de la Unión Liberal no varió sustancialmente aquella que se había iniciado en el Bienio Progresista: liberalismo en los movimientos y en las iniciativas, permiso indiscriminado –sin apenas intervención del Estado– para fundar entidades de crédito capaces de emitir valores e incluso dinero circulante, o para invertir en la construcción de la red de ferrocarriles de acuerdo con los intereses personales de los inversores, sin necesidad de plan oficial alguno.

En marzo de 1859, a instancias de O’Donnell, las Cortes aprobaron un presupuesto extraordinario de 2.000 millones de reales para un plan general de fomento y mejora, proveniente de los beneficios de la desamortización. El presidente del Consejo de Ministros defendió en el Senado el proyecto frente a las críticas:

«El Gobierno ha querido que esos fondos no vayan a consumirse anualmente en el presupuesto ordinario, no quiere que estas grandes cantidades vengan a ser improductivas para el Estado (...). Pues qué, señores, si a estos dos mil millones se les da la aplicación que la ley dice, se fomenta nuestra red de caminos de hierro, ponemos nuestras plazas en estado de defensa y de hacer respetar nuestra dignidad y nuestra independencia, si aumentamos nuestra Marina para que se respete nuestro pabellón en todos los mares ¿no habremos hecho un enorme beneficio a nuestra nación? ¿Y no la levantaremos a la altura que estuvo en otros tiempos, ya lejanos por desgracia, y a la que hoy día puede llegar aprovechando los elementos que tenemos? Pues eso es lo que el Gobierno ha creído que puede hacerse con el proyecto de ley que se discute y con esa convicción, con esa conciencia, ha venido a presentarlo a los cuerpos colegisladores»96.

O’Donnell propuso invertir en obras públicas, material militar, reconstrucción de la Marina, reparación de edificios religiosos, establecimientos penales, de beneficencia y de hacienda. Su distribución por ministerios se ajustó a los objetivos señalados en el programa de los unionistas: 1.000 millones para Fomento; 450 para Marina y 350 a Guerra (punto 6º de su manifiesto electoral); y los 200 millones restantes se repartieron entre Gracia y Justicia, Gobernación y Hacienda. Estos dos mil millones se cargarían a la deuda con la garantía del producto de la desamortización civil.

Mediante las leyes de 21 de abril de 1859 y 7 de abril de 1861 se concedió un crédito extraordinario de 175 millones para la Armada, lo que repercutió tanto en la construcción de buques como en la reforma y dotación de arsenales. Símbolo de la nueva época fue la fragata blindada Numancia, encargada en abril de 1862, que lograría dar la vuelta al mundo en un tiempo en que tal desafío era considerado excesivo para los nuevos y pesados buques. El conde de Lucena, como recordaría en sus intervenciones parlamentarias, ligó el aumento de la Marina con una mayor capacidad de defensa de las posesiones de Ultramar y de actuación en el Exterior.

Junto a los presupuestos extraordinarios, el gobierno de O’Donnell impulsó leyes en consonancia con estos objetivos, para mejorar las comunicaciones y el desarrollo material, como el Real Decreto de 7 de septiembre de 1860 que aprobó el Plan General de carreteras; la Real Orden de 25 de febrero de 1861 para el servicio de correspondencia telegráfica; la ley de minas de 1859 y su reglamento, sancionado cuatro años más tarde; la normativa referente a montes públicos y su clasificación en enajenables o no. Pronto comenzaron a notarse sus frutos: si en 1855 había 652 oficinas de correos y telégrafos, diez años después habían alcanzado la cifra de 2.260.

Si bien continuó el proceso desamortizador, se hizo más onerosa la redención de los censos97. O’Donnell, partidario de llegar a acuerdos con la Iglesia, envió a Antonio Ríos Rosas como embajador a Roma, donde negoció el convenio de 25 de agosto de 1859, por el cual el papado aceptaba la venta de bienes del clero a cambio de inscripciones de la Deuda Pública consolidada al 3%, y de ratificar las cláusulas del Concordato de 1851 (punto 8º del manifiesto electoral). Las Cortes aprobaron el acuerdo que tuvo rango de ley el 4 de abril de 1860 y la reina, en aquellos momentos, aceptó la medida que como católica no le agradaba, pero que como monarca constitucional asumió, pues el papa la había aceptado.

Por otra parte, el conde de Lucena impulsó medidas para organizar la administración y los cuerpos técnicos, necesarias también para el impulso de la economía, pues facilitaban la unidad de la jurisprudencia. De ahí la importancia de la ley del Consejo de Estado, en cuyo debate participó tan sólo para defender la necesaria experiencia profesional que debían tener aquellos que optaban por sus empleos al cargo de consejero; de la ley Hipotecaria –considerada la ley fundacional– y de la del Notariado, que culminaba un largo proceso de reformas. Las iniciativas legislativas más fecundas fueron las encaminadas a reglamentar las profesiones técnicas (punto 7º de su manifiesto electoral), por ello, se aprobaron los reglamentos de los ingenieros de minas y de los de montes; la segunda enseñanza y la universidad; la policía de ferrocarriles; administración y régimen de instrucción pública; policía urbana, escuela superior diplomática; cuerpos administrativo, sanidad militar y de contramaestres. En definitiva, la acción legislativa de la Unión Liberal sentó los pedestales esenciales para perfeccionar la gestión del Estado monárquico.

El negocio de los ferrocarriles creció de tal manera que, en los años 1858-1862, se construyó a un ritmo de 600 kilómetros anuales, que igualaba al de otros países europeos. Ello ayudó a la minería y a la siderurgia, cuyas principales zonas de producción se encontraron en Asturias y País Vasco. Leyes anteriores, favorables a la iniciativa privada en la extracción minera, favorecieron su estímulo, que no menguó durante los años de gobierno de O’Donnell, ya que constituía el punto 9 del manifiesto electoral de su partido.

Las ciudades crecieron en extensión y en población, aumentando los permisos de edificación en las grandes ciudades, como Madrid y Barcelona. En la capital se remodeló el centro, el casco viejo, como la madrileña Puerta del Sol, donde los viejos caserones dieron paso a casas de amplios ventanales con balcón, portaladas en arco, miradores. Los derribos se iniciaron en 1858, pero las obras se pararon, por lo que O’Donnell propuso al año siguiente, en una larga discusión en el Senado, que se vendieran rápidamente los solares, para que el Erario público no perdiera más dinero, y remodelar el plan original de la plaza hasta hacerlo más viable. De esa manera, gracias al conde de Lucena, las obras finalizaron en junio de 1860.

Los edificios de la representación nacional se adornaron: el Senado, que ocupaba el antiguo convento de doña María de Aragón –adaptado por Álvarez Bouquel– y el Congreso de los Diputados, en cuyas escalinatas se colocaron en 1861 los leones de bronce, fundidos con los cañones tomados al enemigo en la guerra de África, empresa exterior impulsada por el conde de Lucena. Muchos políticos se pasearon por Lhardy, el mejor de los restaurantes de la capital, el cual tampoco desdeñaría O’Donnell, pero tanto él como sus compañeros de partido se dejaron ver más por el café y botillería de Pombo, en la calle Carretas y espaldas de la Casa de Postas. Paralelamente, otras ciudades provinciales se atrevían a romper el cinturón de sus murallas y planificar ensanches.

Durante toda esta época, Leopoldo O’Donnell vivió en una modesta casa de la madrileña calle Barquillo, cerca del palacio del duque de Sueca y Alcudia. Sus actividades domésticas –cuando sus responsabilidades políticas no le imponían otras– se concentraban, por la mañana, en la lectura de libros y revistas militares, que le actualizaban sus conocimientos. Después de almorzar recibía visitas del amplio abanico de personalidades políticas y sociales que formaban la elite de la nación, con las cuales escuchaba más que conversaba sin manifestar espontaneidad. Paseaba por las tardes, con buen tiempo, con la condesa, no yendo más que a las instituciones políticas que reclamaban su presencia, de tal manera que no frecuentaba reuniones de salones y teatros. Por las noches, después de la tertulia, dedicaba tiempo a su esposa, que sufría frecuentes insomnios. En Somosaguas, el matrimonio O’Donnell adquirió una quinta que frecuentaba en el verano.

El conde de Lucena fue testigo de que, con la reforma urbana, se produjo un aumento de la cultura ligada a la misma, de los hábitos de vida, de las costumbres. Lógicamente, toda esa transformación no ocurrió en cinco años, comenzó antes y continuó después, pero fueron años de gran impulso, de consolidación de un camino del que no había retorno: líneas de ferrocarril, 131 teatros nuevos, puertos, bibliotecas –en 1858 se creó el cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos–, sistemas de alumbrado, acometidas de aguas… fueron inaugurados en los tiempos de gobierno de O’Donnell.

Intento de magnicidio

Si a partir de 1808, la calidad de la administración se había visto mermada por las luchas entre partidos, al despedir o ingresar masas de funcionarios según el color del gobierno, la llegada al poder del conde de Lucena detuvo, al menos por un largo tiempo, ese fenómeno. El gabinete convivió cinco años con una administración caracterizada por la pluralidad ideológica, pues los funcionarios sólo tenían que declararse fieles al espíritu de la Unión Liberal, la cual no había especificado claramente en qué consistía, con lo cual esa declaración no requería ningún esfuerzo ni un acto de hipocresía para nadie. De esta manera tan ambigua, pero eficaz en muchos ámbitos del funcionariado, se contribuyó a una paz interior de los burócratas, desmovilizándose inquietudes que caracterizaron aquellos años anormalmente apacibles.

Buen conocedor de los círculos sociales de la nobleza, la burguesía y los terratenientes cubanos, O’Donnell consiguió el apoyo de éstos. Al comenzar a gobernar, levantó el estado de sitio de Cataluña, casi permanente desde la guerra carlista, porque, según sus palabras, no aprobaba la represión preventiva. Sin embargo, los fabricantes catalanes comenzaron a negarle su apoyo cuando, a finales de 1862, se presentó un proyecto de ley arancelaria que debía entrar en vigor al año siguiente, menos proteccionista que la anterior, que databa de 1849. Su protesta se trasladó a los foros políticos, por lo que, finalmente, el proyecto fue retirado. La excusa que presentó el ministro de Hacienda fue la de posponer la reforma el tiempo necesario hasta que los fabricantes españoles se prepararan para hacer frente a la competencia extranjera. Pero el gobierno decepcionó a las asociaciones para la reforma de los aranceles, en Madrid y Zaragoza, que les habían apoyado a la hora de plantear la reforma.

No obstante, bajo el gobierno de O’Donnell aumentó lentamente, pero de forma consolidada, la seguridad de los grupos sociales intermedios, ligados al auge del empleo, al aumento de la administración y los servicios. Ello facilitó la sensación de mantenimiento del orden público, tan importante para la buena marcha de la economía. Pero el 6 de diciembre de 1860, esa sensación de seguridad fue rota por un atentado contra O’Donnell, de manos de un excéntrico llamado Manuel Nieto98.

A las cinco y media de la tarde el presidente, que había asistido a la sesión del Senado, salió del palacio de la Cámara Alta con la intención de tomar su coche, que estaba en un terraplén recientemente construido frente a la puerta de salida de la tribuna pública. Estaba lloviendo y el lacayo abrió un paraguas, bajo el cual se cobijaron el conde de Lucena y su ayudante Serrano. Manuel Nieto, escondido en el umbral de una puerta, se dirigió por detrás de la pareja y disparó a la espalda de su objetivo. Si bien intentó huir, el ayudante militar logró prenderle, mientras O’Donnell, sereno como siempre, aseguraba que ni las balas de África ni las que había disparado ese asesino podrían quitarle la vida. Entró en el palacio del Senado donde un taquígrafo –que también era facultativo– reconoció una herida que no revistió gravedad, pues la bala no había logrado penetrar en el cuerpo. El gobierno restó importancia al incidente atribuyéndolo a un demente sin intencionalidad política.

Y es que, más que en la ciudad, los problemas sociales se concentraron sobre todo en el campo, a consecuencia de la desamortización de bienes municipales del progresista Madoz, que provocó el descontento popular, al perder los ayuntamientos capacidad económica para pagar médico y maestro gratuitos a sus habitantes. En algunos lugares, esta situación fue un caldo fácil para los agitadores y la fe en ideologías liberadoras. La más importante manifestación de protesta fue la insurrección de Loja, dirigida por un veterinario republicano, Rafael Pérez del Álamo, miembro de una sociedad carbonaria. La pequeña burguesía implicada quiso hacer caer al gobierno y proclamar el régimen republicano; pero para los campesinos su principal objeto fue el reparto de tierras. Inicialmente, la revuelta debía haber comenzado en Antequera, pero ante las medidas preventivas tomadas por las autoridades malagueñas, comenzó en Iznájar, trasladándose a Loja, ciudad que fue tomada por los sublevados durante cuatro días, entre el 31 de mayo y el 3 de junio de 1861. Si comenzaron siendo unos 300 jornaleros, se unieron más personas hasta llegar a unos 5.000 amotinados. Con la prudencia que le caracterizaba, O’Donnell envió fuerzas militares que cercaron Loja, sin tratar de conquistarla violentamente, pues ya tenía la suficiente experiencia para considerar que la posibilidad de disolución de un movimiento de este tipo era amplia. Y así fue, la temida revolución que se esperaba que llegara hasta Málaga y Granada fue ahogándose por falta de posibilidades y los sublevados acabaron huyendo.

Leopoldo O’Donnell no quiso emprender una represión sistemática y evitó en lo posible el derramamiento de sangre. El intento revolucionario demostró una vez más que los republicanos no tenían posibilidades de triunfo si actuaban en solitario, pero sí mostró que el cambio en las condiciones de trabajo, el paro temporal, y muy especialmente en el sur peninsular, estaban ayudando a germinar una semilla revolucionaria. Pero, entonces, la alteración social fue controlada y no desmereció de la sensación general de tranquilidad del Gobierno Largo. El 3 de septiembre de 1862 se concedió un indulto a los encausados por los sucesos de Loja. No faltaría vocero ni periódico que achacase esta templada actitud del conde de Lucena al objeto de socavar la fuerza de Narváez en Loja, su tierra natal. Pero ni la rivalidad entre los dos militares era tan violenta, ni la prudencia del líder unionista le hubiera permitido despreocuparse de un movimiento revolucionario de expectativas imprevistas. Su conducta encajó con su idea de conciliar una vez controlado el orden público (punto 1º de su manifiesto electoral), pero sin olvidar que el peligro extraconstitucional se encontraba presente.

Pese a todo, no puede afirmarse que el grado de conflictividad en la sociedad española durante el Gobierno Largo rebasara los niveles normales de la época ni los de una colectividad en un periodo de cambio histórico. De ahí que el propio presidente del Consejo de Ministros, en su discurso en el Senado el 29 de diciembre, defendiera su gestión hasta ese momento:

«Nosotros hemos dado la paz a nuestro país, hemos hecho desarrollar la riqueza pública, y respetar todas las garantías; hoy no hay estados de sitio; hemos pasado sin embargo por dos pruebas grandes, los sucesos de San Carlos de la Rápita y la rebelión de Loja; y por último hemos dado gloria a la nación española, probando ante la Europa que España es hoy lo que siempre ha sido, y lo que será siempre que tenga necesidad de demostrarlo».99

No obstante, durante el Gobierno Largo O’Donnell otorgó un impulso decisivo a la guardia civil, cuya eficacia había comprobado años antes a la hora de hacer frente a la delincuencia y el desorden público. En 1859 creó, para el servicio concreto de la capital del reino, la guardia civil veterana, con el fin de «atender a la conservación del orden público y a la seguridad de las personas y propiedades dentro de la corte y sus afueras»100. El 28 de septiembre de 1862 pasó a convertirse en tercio veterano bajo el mando de un coronel. Su participación en hechos posteriores, como la rebelión del cuartel de San Gil o la noche de San Daniel, fue determinante. Asimismo, O’Donnell –consciente del déficit de efectivos de su plantilla– decidió elevar, por Real Orden de 17 de noviembre de 1856, en mil plazas la dotación de la guardia civil. El mismo texto contemplaba la posibilidad de futuros y continuados aumentos hasta alcanzar la cifra de 12.000 hombres. De esta manera, a partir de 1861 se observó una duplicación de los 5.501 efectivos hasta los 11.588 y, en ese mismo año, O’Donnell ordenó dictar una Real Orden de 28 de septiembre por la que se esperaba fomentar el cuerpo hasta los 15.000 guardias civiles, cifra necesaria para cubrir más extensamente el protector y especial servicio del instituto. No debe olvidarse que el Estado liberal había asignado a la guardia civil una amplia gama de cometidos: policía judicial en caminos, campos y ferrocarriles; control de pesa, caza y uso de armas; detención de desertores y prófugos; lucha contra el fraude fiscal; auxilio y protección de personas y bienes; actuación en incendios, inundaciones y epidemias. Actuando, igualmente, en circunstancias extraordinarias como la campaña de África y las guerras carlistas.

La oposición política contra O’Donnell

Entre 1858 y 1863, moderados, progresistas y unionistas reformularon sus ideas y teorías sobre el sistema de partidos para lograr reubicarse y poder optar a la supervivencia y, en última instancia, al gobierno. Unos y otros se esforzaron en argumentar su preponderancia por medio de concepciones y teorías políticas. Y es que, en esa coyuntura de incuestionable estabilidad política, ningún partido liberal defendió otro acceso al poder que no fuera el legal, mostrándose como alternativa próxima de gobierno. Si bien personalidades moderadas retuvieron muchas posiciones de influencia, desde las que protegieron a sus clientelas, fueron los progresistas quienes más se beneficiaron inicialmente de la presidencia de O’Donnell. Se nombraron consejeros de Estado a miembros de su élite: Antonio Santa Cruz, esparterista fiel, fue escogido para ser presidente del Tribunal de Cuentas del Reino, y Modesto Lafuente, historiador progresista, logró la dirección general de bibliotecas. Como símbolo de la reconciliación de la Corona con el partido, Isabel II creó un nutrido grupo de senadores progresistas, de tal manera que algún alarmado periódico anunció la defunción de esta agrupación política.

Sin embargo, tanto moderados como progresistas sobrevivieron, esforzándose por ofrecer una imagen contenida y admisible de sí mismos, a la espera de que el fin de la experiencia unionista les abriera la alternancia en el poder. Y en poco tiempo, el desprecio hacia los unionistas fue, asimismo, expresado por líderes de ambos partidos.

Para el progresista Olózaga –un demagogo radicalizado a su conveniencia, incapaz de forjar pactos políticos estables– la Unión Liberal ponía en entredicho su capacidad para lograr la alternancia, por lo que se aferró a la naturaleza bipartidista del régimen liberal. Su existencia suponía dificultar e impedir el acceso al poder del Partido Progresista, distorsionando el «lógico y natural» juego de los dos partidos históricos. No dudó en tildar a los unionistas de «secta» y reconvino a O’Donnell por «su loca tentativa de formar un nuevo partido» y por desviarse de «su principal deber, conservar un partido que pueda reemplazarle parlamentariamente». Contaba, para lograr su fin, con aquellos diputados progresistas –los llamados «resellados»– que participaban en la Unión Liberal pero considerándola una simple coalición parlamentaria.

Esta postura chocó de lleno con aquellos líderes unionistas que deseaban dar por disueltos a los partidos tradicionales, afirmando una agrupación suprapartidaria, un partido nacional. Así, en un discurso en el Senado, O’Donnell señaló:

«Levantar una bandera a cuya sombra todos puedan agruparse, que nadie rechace, que no rebaje a ninguno, sin que nadie tenga que decir si ha sido moderado o progresista, para que unidos todos podamos fortalecer ese Trono a cuyos pies habrán de venir a estrellarse, como se han estrellado hasta ahora, las olas de nuestras tormentas políticas»101.

Sin embargo, no todos los unionistas tuvieron claro el concepto de partido nacional, y Olózaga se encargó de recordar que resultaba imposible un régimen parlamentario con una sola agrupación política. Además, tanto moderados como progresistas se negaron a aceptar su disolución y el pase a un sistema tripartidista formado por los carlistas, los unionistas y los demócratas. La prensa opositora embistió con la fuerza de sus páginas; se buscaron apoyos en los medios cortesanos para desbaratar la posición del presidente del Consejo de Ministros; el progresista Sagasta atacó las filas de la Unión Liberal acusándolas de querer eliminar a los dos partidos constitucionales para sustituirlos por uno. En agosto de 1860, un resentido progresista, Pascual Madoz, expandía que:

«El de Lucena vive y bebe y beberá y vivirá por algún tiempo, porque en España bebe y vive, merced al falseamiento de las condiciones electorales, todo el que alcanza el apoyo de palacio. Sigue siendo la Unión Liberal la negación de toda idea, y la mesa preparada y siempre cubierta con los manjares del presupuesto. Nuestros resellados se contentan con alguna piltrafa más o menos suculenta, que el de Tetuán les arroja, y sigue la broma» 102.

Pero la templanza característica de O’Donnell, su capacidad para eliminar intrigas en ambientes alejados del Congreso, y sus demostraciones de autoridad en el Senado lograron conjurar –durante cuatro años y medio– las críticas, logrando que se aprobaran la mayoría de leyes y reglamentos que fueron presentados.

Por su parte, el Partido Moderado, en crisis pero en lenta recomposición en torno a su líder, Narváez, se negó a identificarse exclusivamente con posiciones neocatólicas, no abandonando sus ambiciones de lucha por el centro político pese al autoritarismo de muchos de sus dirigentes. Y también terminaron, como sus enemigos, defendiendo el bipartidismo al interpretar que O’Donnell, al definirse como centrista, defendía su permanencia en el poder y obstruía el turno.

Un caso donde se observó la capacidad de lucha de los partidos fue, en febrero de 1859, el proceso contra Agustín Esteban Collantes, ministro de Fomento del gobierno Sartorius, al que se acusó de corrupción. Precisamente, el punto 11º del manifiesto electoral de la Unión Liberal defendió la imposición de la responsabilidad ministerial, haciendo extensiva la sanción penal a los casos de prevaricación. Impulsado por los progresistas, la acusación provocó grandes discusiones en las Cortes, donde si bien la mayoría de la comisión senatorial le declaró culpable de fraude, estafa y falsificación documental, al no conseguirse los dos tercios reglamentarios, el acusado quedó absuelto. Si bien el proceso tuvo como objetivo la moralidad, el final sólo sirvió para promover un gran escándalo, encendiéndose en la prensa la polémica, reluciendo con todo su esplendor –más que la justicia– la pasión política dominante.

Sin embargo, estos escollos en el camino no impidieron el asentamiento de O’Donnell en el poder, el cual defendió en las Cortes los logros de su política ante la oposición, como en su discurso ante el Congreso el 13 de marzo de 1861:

«Este ministerio cadáver cuenta con una existencia ministerial mucho más larga que la de todos los ministerios que se han sucedido en España desde la muerte del último monarca; y no sólo cuenta esta larga fecha, sino que ha mantenido el país en completa paz y tranquilidad (...) Se han respetado todas las garantías, se ha dejado tranquilamente en sus casas a todos los ciudadanos, sin que uno solo haya sido separado de su domicilio sino en virtud de sentencia de tribunal competente; este gobierno ha levantado los estados de sitio, ha fomentado el país, y ha vivido con una vida parlamentaria, de tal suerte, que de treinta y dos meses que hace que estas Cortes fueron elegidas, han estado reunidas quince o dieciséis, cosa desconocida en este país».

Ello no fue óbice para que, con el paso del tiempo, O’Donnell se diera cuenta de la imposibilidad de imponerse sobre los partidos tradicionales, y finalmente abandonara la concepción de presentarse como líder de un movimiento coyuntural salvífico para constituirse en la cabeza de un partido más, ampliando el número de contendientes en el escenario político. Al hacerlo, aunque fuera innegable su contribución a la estabilidad política y al funcionamiento del régimen parlamentario, ayudó a que el sistema de partidos adquiriera una estructura todavía más compleja y complicada que iría facilitando la aparición de un abanico multipartidista entre 1868 y 1874. Ello no significaba en sí nada malo, pero –con las características de las culturas políticas en la construcción del Estado liberal español– terminaría por no dar los frutos deseados y, a partir de ese último año, se produciría una lenta vuelta a un sistema bipartidista, mucho más sólido, bajo la Restauración canovista.

CAPÍTULO 5

AUGE Y CAÍDA DE O´DONNELL

Lo que este país necesita para todas sus

exigencias, tanto materiales como políticas, es un gobierno que dure algo.

Houden, embajador británico en España, 1858.

La política exterior emprendida por O’Donnell fue considerada, durante muchos años, como una exposición de ambiciones imperiales fracasadas, quijotadas románticas, inconexas y sin objetivos definidos. Sin embargo, estudios más sosegados y desapasionados han demostrado que no puede ser definida de esta manera, ni siquiera como una demostración de subordinación del presidente español a la política exterior de Napoleón III, emperador de los franceses y contemporáneo de O’Donnell. Las intervenciones españolas en el exterior tuvieron una serie de claros objetivos. En primer lugar, fue una herramienta más que utilizó el político canario para lograr una inusual estabilidad gubernamental, potenciada por un clima de unión social y política que favoreciera la imagen de una nación liberal unida y moderna. Además, intentó asociar estas intervenciones con el clima de optimismo y crecimiento económico interior, aprovechando el auge del comercio exterior. Por otra parte, resultaba evidente la necesidad de defender la unión de Cuba y Puerto Rico con España, pues O’Donnell –antiguo gobernador de la Gran Antilla– siempre evitó pasar a la Historia como el estadista español que fue despojado de las últimas colonias. Era muy consciente de que, entre 1860 y 1861, Cuba había aportado los mayores ingresos, hasta ese momento, en impuestos al Estado. Finalmente, el conde de Lucena intentó utilizar la política exterior para mermar la tentación abstencionista del Partido Progresista y, por ende, su ruptura con el régimen liberal isabelino, implicando a la oposición en los debates sobre política internacional.

Para afianzar estas intervenciones, O’Donnell defendió en el Senado el aumento de presupuesto dedicado a los asuntos exteriores, argumentando que había crecido el número de embajadas permanentes y su gobierno había dotado de sueldos al Cuerpo Consular. Además, patrocinó la profesionalización de la carrera diplomática, nombrando embajadores por méritos y no por cuestiones políticas103.

La guerra de África: la gloria de O’Donnell

El optimismo que irradió la administración unionista y la disponibilidad de recursos, junto a los deseos del Ejecutivo de incrementar la trascendencia comercial del puerto de Ceuta motivaron al conde de Lucena a mirar hacia Marruecos. Dentro de su proyecto de unidad de partidos liberales, de impulsar una política exterior de España propia y más audaz, avanzó la idea de una guerra victoriosa. Ella supondría la intervención del Ejército, favoreciendo la transformación de su imagen de instrumento de luchas políticas internas a sujeto y objeto de glorias nacionales104.

La existencia de incidentes y choques entre españoles y marroquíes en la frontera de las plazas de Ceuta y Melilla no resultaban ser una novedad, pero los hechos violentos que se produjeron cerca de la primera ciudad, en agosto de 1859, sirvieron para justificar una solución armada. El gobierno unionista no aceptó las excusas del sultán, ni la mediación británica, declarando la guerra a Marruecos el 22 de octubre. A esas alturas la opinión pública española era favorable al conflicto, azuzada por la prensa, por lo que O’Donnell, aunque hubiera estado en contra, no hubiera podido evitarlo. La declaración fue unánimemente respaldada por los 187 diputados presentes en el Congreso, uno de los cuales –Calvo Asensio– leyó un mensaje de adhesión de toda la prensa, sin distinción.

Para numerosos católicos y tradicionalistas, la guerra de África fue vista como una cruzada, mientras que para el republicano Emilio Castelar, la misma se hacía en defensa del progreso y de la civilización, destinos confiados por la Providencia a la nación española hasta entonces en un estado lamentable de postración. Hasta Isabel II mostró su apoyo a la empresa105. Las referencias a la Reconquista medieval se sucedieron en todos lados, enlazando la misión cristianizadora con la civilizadora, de la cual España tenía una larga experiencia, pues no en vano había llevado esas semillas a América. Además, periódicos, discursos y panfletos recordaron las victorias de las Navas de Tolosa, de Granada y de Lepanto. Los españoles, sorprendentemente, parecían necesitar la resurrección las glorias pasadas, demostrar que no eran un pueblo decadente, que aún tenían prestigio militar en una época –no debe olvidarse– donde la fuerza era clave para obtener el respeto del resto de naciones. La unión de los distintos partidos liberales en la guerra fue un hecho así como la de sus enemigos, los carlistas, pues las diputaciones vascas formaron los tercios forales –3.000 voluntarios– para pelear «contra el moro».

Todos los gobiernos europeos, que fueron consultados meses antes del estallido, apoyaron a España, salvo Gran Bretaña que, celosa de sus intereses imperiales en Gibraltar, exigió garantías de que la guerra, de producirse, no supondría cambio territorial alguno en la costa marroquí próxima al Estrecho. Los objetivos del conflicto bélico fueron expuestos por O’Donnell en las Cortes, el 20 de octubre, en la misma sesión donde anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Marruecos por la necesidad de desagraviar el pabellón nacional ultrajado por los marroquíes, reclamar garantías para el futuro y satisfacer los sacrificios de los españoles mediante la indemnización correspondiente. No se trataba de conquistar África ni de amenazar la seguridad e intereses europeos en ese continente.

El mando supremo de las fuerzas –unos 40.000 hombres– lo asumió el propio O’Donnell, que se rodeó de la oficialidad más selecta y experimentada del momento, además de catorce unidades navales. El primer cuerpo fue asignado al general Echagüe; Juan Zabala recibió el segundo y Antonio Ros de Olano el tercero, mientras el general Prim asumía la división de reserva.

El 8 de noviembre, la marcha de O’Donnell al frente de sus soldados fue todo un acontecimiento, presidido por la corte en Madrid. La reina colocó en el pecho de su general un collar con varias medallas religiosas. Ceuta se convirtió en la base de operaciones donde se concentraron las tropas en los últimos meses de 1859, antes de emprender la campaña de Tetuán y Tánger, los dos grandes objetivos. La protección de la plaza africana se aseguró mediante la ocupación, realizada al día siguiente del desembarco, de los dos altos que había frente a la ciudad, que se hallaba situada en la extremidad de una estrecha península. Esos dos puntos fueron la Casa del Renegado y el Serrallo. Mientras se plantaba en lo alto del segundo la bandera roja y gualda, disponiendo Echagüe su cuartel general, O’Donnell, su estado mayor y las tropas se instalaron al abrigo de la colina.

Allí permanecieron durante cerca de seis semanas, hasta el 1 de enero de 1860 en que Prim, en una embestida, intentó romper definitivamente el cerco que los marroquíes habían puesto a la ciudad, emprendiendo su marcha sobre el valle de los Castillejos. El valor del militar catalán, junto a la sagacidad de O’Donnell, lograron la victoria decisiva que despejaba el camino hacia Tetuán. El día 15, el conde de Lucena con sus tropas penetró por el valle tetuaní y practicó personalmente un reconocimiento del terreno que le llevó a media legua de la ciudad. Los marroquíes realizaron dos esfuerzos para evitar su caída, los días 30 y 4 de febrero, donde O’Donnell –revitalizando sus laureles militares– se opuso al avance del enemigo, deshaciendo sus cargas, apoderándose de su artillería y de su campamento. Ello llevó a la toma de Tetuán el 6 de febrero, saqueada por las tropas rifeñas el día anterior106.

En cuanto se conoció en Madrid la noticia se produjo una manifestación de entusiasmo patriótico, la más unánime y completa a la que la ciudad había asistido. La celebración del triunfo de las armas españolas paralizó las luchas entre los distintos partidos, la prensa se mostró unánime otra vez y la reina reiteró su apoyo a la empresa107. Eran las primeras victorias cosechadas en el extranjero desde hacía décadas y demostraban que España se presentaba ante el concierto de naciones con esa dignidad que, en aquellos tiempos, se exigía en toda potencia.

Los emisarios del sultán se entrevistaron con O’Donnell el 23 de febrero, pero el deseo de que la ciudad de Tetuán pasara a soberanía española hizo fracasar las negociaciones. Entonces, el conde de Lucena decidió atemorizar al sultán con su escuadra, ordenando el bombardeo de algunos puertos.

Las tropas continuaron después la ofensiva sobre Tánger, con la decisiva batalla de Wad-Ras, el 23 de marzo, que fue una rotunda victoria de O’Donnell. Oficialmente, la marcha se detuvo por la presión británica para que se iniciaran las negociaciones de paz. De esta manera, los preliminares se firmaron el 25 de marzo y el tratado definitivo el 26 de abril en Tetuán. El laureado presidente del Gobierno envió a Madrid un lacónico parte:

«Habiéndose firmado hoy los preliminares de la paz y la celebración de un armisticio, el Ejército marcha a colocarse dentro de la línea del puente de Buceja, que es la divisoria, y en posición de ser con facilidad y presteza asistido y racionado»108.

Tan breve mensaje sorprendió a muchos. El marqués de Miraflores –uno de los principales políticos del Partido Moderado– escribió a Isabel II sobre los rumores que circulaban en la capital, que advertían del cansancio del presidente por esta campaña militar, lo que, de ser cierto, resultaría fatal. En su opinión, si O’Donnell confesaba a la reina su voluntad de abandonar el poder, ésta debía hacer lo posible por impedirlo. Le aconsejó que le manifestara que no se opondría a cualquier remodelación del gobierno que sugiriera, apoyándole si deseaba conseguir un voto de aprobación de las Cortes por sus victorias en África, suspendiéndolas hasta octubre si así lo deseaba. Debía convencerle de que no podía retirarse de la vida política sin consolidar «un orden de cosas estable y duradero», pues el país y ella misma le necesitaban. Miraflores consideró que O’Donnell no podría resistirse a estas palabras de Isabel II, pues su dimisión sería una catástrofe en aquellos momentos109.

Las ciudades recibieron a los soldados victoriosos del Ejército español en medio de grandes manifestaciones de entusiasmo: por la paz, por la victoria, por el fin de la guerra, por la unión… por tantas razones como personas. En Sevilla, Valencia y Barcelona la acogida fue generosa y exultante, pero el 11 de mayo, en la capital del reino, la vuelta de las tropas llevó al paroxismo a su población. Si cuatro años antes había protestado contra O’Donnell, ahora le vitoreó y lanzó coronas. Entre aclamaciones y salvas, los soldados desfilaron junto a su general en jefe, que, en un gesto de generosidad, a cada ¡Viva O’Donnell! respondió con un ¡Viva la reina! A partir de entonces, en el panteón simbólico de la Nación liberal aparecieron las victorias africanas como aportación decisiva del conde de Lucena.

La paz significó para los intereses nacionales una ligera ampliación territorial en torno a las plazas de Ceuta y Melilla, el territorio costero de Ifni, la firma de un tratado de comercio con el reconocimiento para España de nación más favorecida, y la indemnización de 400 millones de reales, cifra que se rebajó a 200 por los acuerdos del año siguiente, por lo que ese dinero cubrió los gastos militares. En todas las regiones se celebró el triunfo, destacando el caso de Cataluña, con sus voluntarios catalanes y su general Prim, el héroe de Castillejos. Los ascensos y la concesión de títulos nobiliarios fueron destacados por la prensa, entre ellos el que Isabel II concedió a su jefe de Gobierno, en la cumbre de su popularidad.

«(...) queriendo perpetuar la memoria de la gloriosa campaña de África, y especialmente la toma de Tetuán, por el Ejército expedicionario y daros una señalada prueba de mi Real aprecio por haberlo conducido de victoria en victoria con tanto acierto como bizarría, venciendo todo género de obstáculos y de resistencias; de acuerdo con mi citado Consejo de Ministros vine en concederos la Grandeza de España de primera clase con la denominación de duque de Tetuán para vos, vuestros descendientes y sucesores»110.

En las Cortes, Nicolás María Rivero se lamentó, el 12 de junio, de que la guerra no hubiera servido para reafirmar la posición territorial y civilizadora de España en África. El conflicto bélico no sólo había sido nacional sino que formaba parte de la doctrina de equilibrio europeo, porque el dominio francés en Argel debía haberse compensado con un mayor presencia española en Marruecos, para evitar que el Mediterráneo se convirtiera en un lago francés. A las críticas, O’Donnell respondió con un discurso en el que defendió la vocación africanista de España, pero en el que reconocía que la conquista y colonización de Marruecos era una tarea imposible por falta de recursos económicos y humanos suficientes para compaginarlas con el objetivo prioritario: fomentar la riqueza interior de España para colocarla a la altura del resto de naciones avanzadas. El 5 de julio defendió en el Senado un proyecto de ley sobre recompensas para los soldados heridos, declarados inútiles, y para las familias de aquellos que fallecieron de resultas de la guerra. Si bien hubo alguna crítica, finalmente el gobierno logró la victoria y se aprobó un conjunto de ayudas sociales para soldados, viudas y huérfanos111.

Por otra parte, O’Donnell se presentó como garante del régimen liberal, pues el 1 de abril se había derrotado la conspiración carlista que, desde San Carlos de la Rápita, había intentado un pronunciamiento. Tras detener a los cabecillas y fusilar al responsable, se concedió un indulto que fue protestado por algunos diputados en las Cortes. O’Donnell contestó que la reina, con pleno conocimiento del Gobierno, había decidido ejecutar su prerrogativa para indultar, pues siempre estaba dispuesta a perdonar a sus enemigos. Hubo senadores que acusaron al presidente de haber apoyado ante la reina una amnistía para los carlistas que juzgaron prematura. El duque de Tetuán, en la sesión del 6 de junio, contestó:

«Profeso el principio de que cuando se combate a un Gobierno, cuando estalla un movimiento, cuando se hace una revolución, el Gobierno, mientras dura la lucha, mientras subsiste el peligro, debe ser fuerte, enérgico y no pararse en consideración ni miramiento alguno; pero tan luego como viene la calma, tan pronto como la sociedad está tranquila y asegurada, procede el perdón y el olvido: esta es mi máxima»112.

Cabe recordar que, prácticamente, desde 1854 a 1864 no hubo ningún intento de pronunciamiento militar, de tal manera que parecía ser una fase superada de la vida política española. El intento de San Carlos de la Rápita resultó absurdo y penoso, aparentando certificar la defunción del carlismo como opción de poder. A ello se añadió el hecho de que el infante don Sebastián Gabriel, general del Ejército carlista, había reconocido a Isabel II, volviendo a España y contrayendo matrimonio con la infanta Cristina, cuñada de la reina, el 19 de noviembre de 1860. El gobierno no se opuso a esa reintegración familiar que fue presentada como otra victoria sobre el carlismo.

O’Donnell estaba en la cumbre de su prestigio como político y como militar113. A finales del mes de enero de 1861, O’Donnell era cubierto como Grande de España por la reina, el mismo día en que su esposa, como su consorte, tomaba la almohada en palacio, siendo su madrina la marquesa viuda de Valverde114.

Aliado con Gran Bretaña y Francia

El duque de Tetuán heredó dos grandes problemas de los anteriores gobiernos moderados, a los que tuvo que enfrentarse y finalizar de la mejor manera posible: Annam y México.

A finales de 1857, Napoleón III invitó al Gobierno español a una acción conjunta sobre Annam, en la Conchinchina, donde se había producido una serie de asesinatos de misioneros de ambas naciones. París consideró necesario exigir reparaciones y garantías de futuro, al tiempo que a nadie se le ocultaba su interés económico y estratégico por el sureste asiático, donde ambicionaba poseer una base territorial para una futura expansión. Para España, la participación en la expedición tuvo como fin afirmar su soberanía sobre sus posesiones asiáticas, las cuales habían comenzado a despertar el interés de otras potencias coloniales. Asimismo, también podría fomentarse las relaciones comerciales con Vietnam, con la vista puesta en el mercado de mano de obra annamita, ante las crecientes demandas de braceros de las plantaciones antillanas. De nuevo, más que obtener nuevas posesiones, los intereses españoles estaban centrados en la promoción y defensa de las islas Filipinas y Cuba.

España se negó a aceptar las demandas finales de Francia que conducían a una guerra con China, lo cual generó discusiones entre los aliados en la planificación de las operaciones militares. Finalmente, no se obtuvieron en un primer momento grandes compensaciones de esta acción conjunta sobre Annam, hecho que fue presentado por la oposición parlamentaria como muestra de la servil subordinación de la Unión Liberal a los intereses del emperador de los franceses. Por el Tratado de Saigón, de 5 de junio de 1862, se concedió libertad de acción a los misioneros católicos, apertura de varios puertos al comercio franco-español, una indemnización de guerra y la cesión de tres provincias orientales a Francia, comienzo de su imperio colonial en la zona.

Pero es que, para O’Donnell, su temor no eran las cesiones sino su posible repercusión en la opinión pública y en su anhelada estabilidad política. Por eso, se negó a destinar la indemnización de guerra entregada por Annam al pago de las deudas vigentes con París, pues tuvo miedo de que la operación fuera presentada como un claro ejemplo de sometimiento a Francia. Las ventajas comerciales españolas se reforzaron, años más tarde, mediante el Real Decreto de 28 de junio de 1864, que permitía la introducción de colonos annamitas en la isla de Cuba.

Para comprender el carácter exitoso que, para el duque de Tetuán, tuvo el final del asunto annamita, hay que tener en cuenta su experiencia como capitán general de Cuba. En 1844, en un informe a sus superiores, O’Donnell advirtió del peligro que, en su opinión, se cernía sobre la riqueza principal de la isla, la caña de azúcar, pues no se encontraban fácilmente braceros fuertes para su explotación. Desde la prohibición de la trata de esclavos, las autoridades españolas habían fomentado la presencia de colonos blancos, que se negaban a trabajar en esas duras labores agrarias, prefiriendo el comercio y la administración. Por ello, propuso a Madrid que se cerrara la inmigración de europeos a Cuba y, por el contrario, se fomentase por todos los medios posibles la llegada de trabajadores de color. Como los tratados de 1817 y 1835, además de la ley penal de 1845, impedían el tráfico inhumano de esclavos, debían buscarse otros medios para lograr braceros para los ingenios cubanos. Por ello, O’Donnell trató, por una parte, de concienciar a los terratenientes de la necesidad de mejorar la condición de sus trabajadores negros, trocados en fuente insustituible de riqueza y prosperidad. Por otra, cuando las circunstancias diplomáticas se le presentaron como presidente del Consejo de Ministros, abogó por impulsar el traslado de trabajadores asiáticos a la Perla del Caribe.

Igualmente, junto a Francia, pero conjuntamente con Gran Bretaña, España intervendría en los asuntos mexicanos, donde las relaciones diplomáticas se habían ido deteriorando debido principalmente a la morosidad de la nación americana en abonar la deuda contraía con las tres potencias europeas. En enero de 1861, Benito Juárez fue elegido presidente y determinó la suspensión de pagos. La retirada de embajadores se acompañó de la denuncia de atropellos contra extranjeros afincados en tierras mexicanas. Desde finales de 1858, O’Donnell venía anunciado a Londres y París y a las Cortes españolas que, de no progresar las negociaciones, Madrid optaría por la fuerza para alcanzar una justa reparación. La guerra de secesión norteamericana facilitó la intervención europea, los conservadores mexicanos se mostraron favorables y, para numerosos parlamentarios de la Unión Liberal, un México fuerte e independiente era la mejor garantía para la conservación de Cuba, vista con ojos de deseo por Washington.

México no era una novedad para O’Donnell, pues durante sus años en Cuba ya había tenido que enfrentarse a una posible intervención. Efectivamente, en noviembre de 1845 recibió, en La Habana, un documento reservado enviado por el ministro de Estado desde Madrid. Secretamente se participaba al capitán general de Cuba la intención del Gobierno de apoyar la instauración en el trono mexicano de un infante español, concretamente el primo de la reina, don Enrique de Borbón. El documento fue acompañado de una carta escrita por el propio Narváez, donde instaba al conde de Lucena a que pusiera por su parte el mayor empeño en conseguir el objetivo, para lo cual disponía de diez millones de reales y dos buques de guerra. A pesar de la opinión contraria de la mayor parte de sus colaboradores, el líder de los moderados se empeñó en un proyecto que pensaba presentar como un éxito de su política exterior. España había reconocido la independencia de México en 1836, pero el país se debatía en luchas entre liberales y conservadores, algunos de los cuales soñaban con la creación de un Imperio a semejanza del instalado en Brasil. Narvaéz envió a Bermúdez de Castro como representante diplomático, con el encargo de informar permanentemente a O’Donnell de su actuación política, tendente a provocar un pronunciamiento a favor de la restauración y obtener apoyos de sectores sociales locales. El plenipotenciario español logró que el general Paredes se sublevara en San Luis y entrara triunfante en la capital de México pero, inesperadamente, el proyecto se truncó por la salida de Narváez del Gobierno y el abandono que su sucesor determinó de una aventura que podía provocar un serio choque con Gran Bretaña y los Estados Unidos. O’Donnell logró evitar que el asunto salpicara el control español de Cuba, pero guardó una experiencia que sería decisiva en esta nueva ocasión de intervención en los asuntos mexicanos.

En octubre de 1861 fue firmado en Londres un convenio entre las tres potencias europeas para coordinar una acción conjunta en México. Se concedía a España el compromiso moral de socorrer a su antiguo virreinato con la intención de reafirmar su primacía en el mundo hispanoamericano. En el Congreso de los Diputados, el demócrata Rivero apoyó sin reservas la misión moral pero desaprobó la intervención armada para consolidar un gobierno conservador. O’Donnell recordó que el convenio fijaba como objetivo de la expedición la exigencia de reparaciones, con el compromiso de los aliados de no reclamar territorios y de reconocer el derecho de México a concederse la forma de gobierno más conveniente. Asimismo, la expedición serviría para demostrar a los Estados Unidos su capacidad para defender la Gran Antilla y para promover la emigración de mano de obra yucateca a Cuba.

Por aquellas fechas, progresistas y moderados conspiraban para la reconstrucción de sus partidos y la expulsión de la Unión Liberal del poder. Sin embargo, Isabel II aún seguía conservando parte de su confianza en el gobierno que, durante el verano, había gozado de tranquilidad y ahora estaba especialmente ocupado en la expedición mejicana.

Las fuerzas españolas fueron comandadas por el general Prim, que reunió la dirección militar y diplomática, apoyándose en sus 6.000 soldados. En poco tiempo, los soldados desembarcaron, tomaron Veracruz y San Juan de Ulúa, llegando a Orizaba, donde el mando francés comunicó a sus aliados el acuerdo para establecer un Imperio en México, presidido por el archiduque Maximiliano, hermano del emperador de Austria. Prim decidió retirarse, sin esperar órdenes de Madrid o La Habana, ante la ruptura del convenio de Londres. En la conferencia de Orizaba de 9 de abril de 1862 se rompió la alianza; las tropas españolas y británicas regresaron, después de ajustar con Juárez un acuerdo sobre la devolución de bienes y deudas. Napoleón III protestó pero no pudo hacer nada.

El jefe de la expedición española había considerado que el plan francés de imponer un Imperio mexicano para hacer frente a los Estados Unidos resultaba absurdo y, entre desagraviar a Londres y Washington o hacerlo a París, resultaba menos lesivo para los intereses españoles en las Antillas la segunda opción. Pese al revuelo político que esa decisión provocó en España, O’Donnell quedó satisfecho, pues se había logrado mantener el prestigio militar, proteger las posesiones en el Caribe y evitar la sensación de excesiva subordinación ante Francia delante de la oposición progresista. La condena formal del abandono por parte del Gobierno unionista y la sustitución del ministro de Estado fueron meras formalidades para escudarse de las protestas francesas. Pero aún quedaba un problema pendiente: O’Donnell temió que el asunto mexicano pudiera romper la confianza de Isabel II –que había apoyado la expedición– en su Gobierno, pero tanto ella como el rey consorte manifestaron a su presidente que el conde de Reus había realizado una excelente gestión. Sin embargo, frente a la posición claramente independiente del general Prim, el duque de Tetuán fue tildado –en diversos periódicos– de marioneta de Napoleón III, lo que le mermó apoyos tanto en la corte como en la opinión pública y en su propio partido.

Las mismas intenciones se produjeron con la anexión de Santo Domingo. Su presidente, Santana, llegó a la conclusión de que el país no podía subsistir sin la ayuda de un Estado protector. La inestabilidad política permanecía constante, las presiones de invasión por parte de Haití y Estados Unidos eran fuertes, por lo que consideró formalmente el proyecto de reincorporar Santo Domingo a la soberanía española. Las negociaciones se sucedieron en La Habana y Madrid, pero antes de terminar las gestiones, el presidente dominicano proclamó la anexión de su país a España el 18 de marzo de 1861, sin oposición de ninguna gran potencia. El gobierno de O’Donnell sancionó el hecho por Real Decreto –tras meditarlo 45 días– y el optimismo creció pero, cuando los españoles enviados a la isla para reformar la administración comenzaron a actuar, notaron el descontento de numerosos dominicanos, lo que llevó a una guerra civil en 1863. De nada sirvió la amnistía política concedida por las autoridades, por lo que se impuso el abandono o la conquista militar, opción que conllevaría ruinosas consecuencias económicas. Tras un largo debate en las Cortes, se impuso la primera opción, sancionándose en mayo de 1865 la derogación de la anexión.

La oposición criticó el gasto en hombres y dinero de la incorporación y concentró sus críticas contra O’Donnell, pero, nuevamente, debe considerarse que este asunto fue una demostración de fuerza de España ante quienes deseaban separarla de Cuba, por medio de una intervención extranjera o una rebelión interna. Como el mismo duque de Tetuán contestó al marqués de Miraflores en el Senado, la incorporación de Santo Domingo no fue el sueño de un partido sino de toda la nación, como –en su opinión– demostró el entusiasmo inicial de la prensa. Su experiencia como capitán general de Cuba le volvió a servir para justificar su política exterior, pues ya entonces se había dado cuenta de la importancia de Santo Domingo como foco de posibles problemas para la presencia española en las Antillas.

O’Donnell y la reina

Contra lo esperado por los moderados puros, Isabel II manifestó en varias ocasiones su apoyo al gobierno del duque de Tetuán; por ejemplo, en diciembre de 1858, en una audiencia al sobrino de Narváez, Carlos Marfori; al año siguiente, en julio y octubre, en las que mantuvo con otras amistades del espadón de Loja, Carlos Gaertner y Claudio Moyano; así como en el desarrollo de la campaña africana115. Esa actitud regia fue fundamental para asentar los primeros meses de la Unión Liberal, bajo cuyo gobierno, además, la familia real aumentó al nacer las infantas Concepción, Pilar y Paz.

O’Donnell, profundamente monárquico, no se opuso a cuantas iniciativas supusieran un cambio y mejora en la imagen de la Corona, tal y como el liberalismo y los nuevos tiempos estaban demandando en Europa. La etiqueta, excesivamente rigurosa en muchas ocasiones, distanciaba la relación entre la familia real y la sociedad. Resultaba, pues, necesaria una mayor visibilidad de sus miembros, sobre todo de los reyes y del príncipe de Asturias.

El conde de Lucena siempre defendió con claridad el imaginario monárquico como símbolo nacional. Por ello, entre otras medidas, se organizaron diversos viajes de Isabel II por tierras españolas, los más importantes de ellos durante el Gobierno Largo de la Unión Liberal. En todos ellos se contó con un fotógrafo y un cronista, lo que favoreció una amplia difusión de la imagen regia –y por ende de O’Donnell– en la prensa.

En 1845, el puritano Pacheco había realizado un discurso en el Ateneo donde, entre otras ideas, había dejado claro que la monarquía constitucional no sólo era el centro y la cabeza del Estado por su legitimidad o su origen, sino también por ser la única institución política siempre viva, siempre permanente, sin interregnos, en la historia de España. La Corona, eso sí, debía cambiar sus funciones y sus formas de legitimación, por lo que resultó necesario, durante el reinado de Isabel II, acometer esos objetivos. O’Donnell, en un discurso en el Congreso de los Diputados –al comenzar el Gobierno Largo– se mostró abierto a la reconciliación, pero afirmó que nunca ofrecería su mano a los que deseaban otra dinastía, ni a los que tendían a establecer principios que no eran liberales. Conocedor de la importancia del entorno palatino, O’Donnell tuvo entrada en la corte desde el 5 de diciembre de 1844, cuando fue nombrado gentilhombre de Cámara con ejercicio, aunque su estancia en Cuba retrasó su incorporación al servicio regio. Su esposa, Manuela Bergues, fue distinguida como dama de la reina el 17 de noviembre de 1855, recibiendo la cruz medalla de Isabel II.

La duquesa de Tetuán acompañó a su marido durante los viajes regios y se presentó en la corte cuando la camarera mayor o la reina solicitaron su presencia en las ceremonias palatinas. O’Donnell siempre apreció a su esposa, consultándole numerosos trances de la vida política, pues fue compañera abnegada y leal, dispuesta a animarle cuando se apoderaba en el político el desaliento o le vencía el desengaño. Más de una vez, sus palabras motivaron que el duque de Tetuán desistiera de alguna acción pesimista y siempre le defendió públicamente, y, en caso necesario, ante la misma Isabel II, como durante el viaje a Granada. Además, la presencia de su esposa en la corte le facilitó información sobre el entorno que rodeaba a la reina, cuya confianza, no debe olvidarse, era clave para que cualquier presidente se mantuviera en el poder.

Los precedentes de los viajes regios deben buscarse en las estancias que la reina realizaba en la costa del Norte para tomar sus baños de mar; a orillas del Cantábrico efectuó pequeñas excursiones donde, rompiendo la distancia, fraternizó con gentes sencillas. En mayo de 1858, la familia real viajó por Alicante y Valencia con enorme éxito popular, lo que impulsó a la Casa Real y a O’Donnell a continuar estas empresas que favorecían su legitimidad. Las líneas de ferrocarril ayudaron en la empresa de los viajes oficiales de Isabel II, por lo que el duque de Tetuán apoyó la idea de que la familia real evitara constreñirse a sus tradicionales estancias en los Sitios Reales. Estos periplos eran un mecanismo esencial de representación pública de la monarquía y, al estar acompañada por la mayor parte del Gobierno, se subrayaba su papel constitucional.

En el verano de 1858, se organizó un viaje real por tierras de Castilla, León, Asturias y Galicia; dos años más tarde, la familia real se dirigió a las islas Baleares y Barcelona, siendo la primera vez que hacía un viaje por mar. En 1861 se efectuó un viaje a Santander, en verano, pero el más largo aconteció en el otoño del año siguiente, hacia La Mancha, Murcia y Andalucía,

La imagen de la Corona era la imagen de los reinos, transformados en regiones por la nueva administración liberal. No sólo representaba a España sino a su variedad cultural que la componía. Por ello, no resulta extraño que el príncipe de Asturias luciera vestidos de aquellas regiones que eran objeto de la visita regia. Además, Isabel II simbolizaba el fin de las luchas civiles, la paz y la unidad de la nación; por ello, O’Donnell se encargó de que fuese presentada como el emblema y personificación de las libertades patrias en todos los adornos y arquitecturas efímeras que se construyeron durante sus viajes.

La relación entre la monarquía y el progreso se puso en claro en todos los periplos. La reina, el presidente y sus ministros visitaron minas, fábricas, construcciones y nuevos tramos de vía férreas. En Valladolid, el 25 de julio de 1858, la compañía del Crédito Mobiliario invitó a los monarcas a presidir la colocación de la piedra clave en el puente del ferrocarril del Norte. La soberana repartió donativos, limosnas, dinero entre trabajadores, obreras, hospicios, hospitales, a las diócesis eclesiásticas… facilitando la imagen de una reina generosa, tal y como deseaba el conde de Lucena. No se olvidó tampoco la sensibilidad económica, pues el gasto de la comitiva en cada ciudad y provincia fue dirigido a fomentar la producción local.

El abandono del Ejecutivo

A comienzos de 1863, los apoyos parlamentarios al gobierno de O’Donnell estaban francamente divididos y debilitados, las críticas eran continuas entre los moderados, los progresistas y los unionistas molestos por las acciones gubernamentales, la gestión de la cuestión mexicana y la problemática anexión de Santo Domingo. Quizá los discursos de los críticos exageraron la situación sobre el impacto de la intervención en México, pero ayudaron a descomponer el partido.

Más decisivo fue que el sistema electoral no había sido reformado y lo único que se había ofrecido era la presentación de una pequeña alteración de la ley de 1846 en las Cortes, claramente insuficiente y desilusionante. La Unión Liberal, que había prometido con su pragmatismo económico una nueva hornada de clase media, estaba, paradójicamente, dejando a una parte de la misma sin posibilidad de acceder a la participación política con su excesiva prudencia reformista en esta materia.

Resultaba evidente que el duque de Tetuán no había logrado que desaparecieran los partidos históricos. Los moderados estaban molestos pero confiados en volver al gobierno gracias al buen recuerdo que los reyes tenían de su líder, el general Narváez, mientras los progresistas aspiraban claramente al poder como alternativa y sucesión de O’Donnell. Muchos resellados o progresistas que se habían pasado a la Unión Liberal comenzaron a regresar al Partido Progresista, con la esperanza de conseguir un puesto confortable en el porvenir. No resulta extraño, por ello, que Juan Rico y Amat, en su famoso Diccionario de los políticos, definiera así a la Unión Liberal:

«Víctima sacrificada en los altares de la ambición para aplacar los manes del egoísmo. Cuando a la heroica y simpática voz de tan infortunada doncella se alzó la cruzada que clavó por fin en el alcázar del poder el estandarte de la empleomanía, todos los combatientes la aclamaron como jefe del ejército sitiador (...). Logrado el triunfo, los soldados se distrajeron con el botín y la pobre Unión Liberal se vio sola y abandonada, hasta que se la sacrificó inhumanamente por los mismos que le debieron la victoria. Los políticos que proclamaron, cuando les convenía, la máxima de en la unión está la fuerza, la olvidaron pronto por otra más sabia y para ellos más conveniente de: en la desunión están los destinos»116.

Se dice que O’Donnell siempre intentó dialogar con los hombres más razonables del Partido Progresista y, sobre todo a fines de 1862, procuró organizar un turno de partidos. Para lograrlo, deseó entenderse con Prim, que de las filas unionistas se trasladó a las progresistas en los primeros meses de 1863. Según Álvarez Villaamil, el primero, dirigiéndose al militar catalán, le dijo:

«General, no puedo más; estoy fatigado y deseo descansar, pues no puedo resistir tantas exigencias de una y otra parte. Voy a aconsejar a Su Majestad que acepte mi dimisión y le llame a usted a formar gobierno, entrando en él más elementos progresistas que moderados, y de este modo yo descansaré, y a mi lado se agruparán los hombres conservadores y liberales del país, y a su lado de usted la mayoría del Partido Progresista»117.

El horizonte se abría hacia la izquierda, con una derecha abierta –que O’Donnell lideraría como liberal conservador– y un progresismo dispuesto a colaborar de forma leal. Un régimen que caminaba hacia una profundización del liberalismo, pero bajo el signo de la monarquía isabelina y con el apoyo de las fuerzas sociales más importantes y dinámicas del reino. Pero lo cierto es que no se selló alianza alguna entre el dirigente unionista y el militar progresista, pues la gestión que Prim había realizado de la cuestión mexicana había mermado el prestigio del duque de Tetuán entre algunos sectores militares, debilitando su liderazgo político.

O’Donnell hizo todo lo posible por mantenerse en el poder mediante una remodelación del equipo ministerial presentada el 18 de enero de 1863. A ese cambio contribuyó el marqués de la Vega de Armijo, que se consideró incompatible con el ministro Posada Herrera y abrió la crisis del gabinete. El presidente se desprendió de su sutil ministro de la Gobernación para sustituirlo por el propio Vega, nombró a Nicomedes Pastor Díaz para Gracia y Justicia, al general Serrano le concedió la cartera de Estado, al progresista Luján la de Fomento, y al periodista demócrata Augusto Ulloa la de Marina. El cambio generó ciertas expectativas en algunos grupos de diputados, y el hasta ahora disidente Ríos Rosas afirmó tener una impresión favorable ante la mutación del ejecutivo. Como reconoció el duque de Tetuán, este cambio pretendió

«ver si era posible que disensiones que yo deploro tanto como el primero, y que habían surgido en el seno de esta situación, tuviesen un término, y que los que habían formado la Unión Liberal, los que habían contribuido a formar esta situación y se habían separado después de esta mayoría que tan decidido y leal apoyo había prestado al gabinete que tuve la honra de presidir, volviesen otra vez a sus filas a formar un todo»118.

De esta manera, O’Donnell pensó anular las posibles críticas de la prensa y de la oposición presentando la remodelación ministerial como un giro hacia posturas más liberales, creyendo invalidar las posibilidades del progresismo. Pero lo cierto es que los cambios de cartera no resolvieron la situación en las Cortes. Los ministros cesantes engrosaron las filas de los críticos, no se logró aunar los distintos puntos de vista de los recién llegados y el primer conflicto surgió con la dimisión en línea que realizaron altos cargos de la Marina ante la llegada de un ministro que no era de su profesión. Mon, Cánovas y otros unionistas criticaron la decisión y el cambio, mientras la reina fue presionada por oficiales de la Armada que le recordaban que su ministro de Marina era republicano. Por eso, algunos historiadores consideran que el nuevo equipo ministerial fue una decisión precipitada de O’Donnell, contraria a su manera de ser, pero que reveló el agotamiento de sus posibilidades.

En las Cortes se formó una gran coalición crítica contra el gobierno. La ruptura se selló cuando el grupo de diputados liderados por los valencianos Mayans y Campo –que había apoyado a O’Donnell en 1858– se separó con nitidez; lo mismo hicieron los parlamentarios dirigidos por Alejandro Mon. Tan sólo guardaron fidelidad unionista los diputados provenientes del puritanismo y un grupo de resellados progresistas, pero el gobierno no podía encarar el futuro con tan pocos apoyos. El duque de Tetuán no vio otra salida que acogerse a la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones, con la promesa de una reforma constitucional, aboliendo ya totalmente el Acta de 1857, devolviendo además a las Cortes la facultad de formar y modificar sus propios reglamentos. La reina debía firmar el decreto, pero exigió que Vega de Armijo y Ulloa no formaran parte del nuevo gobierno. ¿Fue una excusa, viendo que el duque de Tetuán no tenía apoyos sólidos? En todo caso, O’Donnell comprendió que sus posibilidades habían quedado ya muy mermadas, que la supervivencia de su mandato era imposible y presentó la dimisión el 27 de febrero de 1863.

CAPÍTULO 6

LA ÚLTIMA EXPERIENCIA EN EL PODER

Los agravios del enemigo se pueden perdonar; los del amigo, nunca.

Conde de Romanones

Planteando un turno de partidos

La sustitución de O’Donnell en la presidencia del Consejo de Ministros provocó que Isabel II empezara a finales de febrero de 1863 una ronda de consultas con los líderes políticos, sin mediar ningún pronunciamiento ni intentona revolucionaria, lo cual supuso el cumplimiento de aquel objetivo que había vaticinado el duque de Tetuán dos años antes, cuando en un discurso en el Congreso afirmó que

«El gran servicio que nosotros habremos prestado a nuestro país el día que dejemos nuestros puestos, es el haber establecido aquí costumbres constitucionales, el haber estado sujetos a las leyes, y el haber tenido gran respeto a las Cortes y el hacer muy difícil que los gobiernos que nos sucedan hagan lo que han hecho otros gobiernos»119.

Los líderes progresistas consultados reconocieron ante la reina que, antes de gobernar, les era necesario reorganizar el partido y sus apoyos. Se ofrecieron a alcanzar la presidencia, pero en circunstancias apropiadas, ya que las Cortes continuaban teniendo una mayoría unionista y necesitaban garantías de que, una vez en el poder, no comenzara el consabido proceso para desalojarles. Por ello, los líderes progresistas aconsejaron a Isabel II que firmara un decreto de disolución de Cortes y, con un gabinete de transición, se organizaran elecciones censitarias pero libres120.

Algunas personalidades moderadas que fueron consultadas por la reina también prefirieron reservarse por el momento la llegada al ejecutivo, pues se encontraban divididas. Pero el grupo de los partidarios del general Narváez se mostró dispuesto a asumir el gobierno con unas nuevas Cámaras, por lo que, ante el retraimiento del resto, esperó a ser llamado por la Corona. O’Donnell, por su parte, era partidario de franquear el paso a los progresistas, siempre y cuando fueran liderados por Prim, asegurando su lealtad al sistema y reorganizando sus filas, divididas por su apoyo a otros políticos como Olózaga o Sagasta. De no ser así, o parecerlo, aconsejó a la reina un gobierno de coalición entre unionistas y progresistas.

Para sorpresa de todos, Isabel II confió la formación de un nuevo equipo ministerial al anciano marqués de Miraflores, que sólo contaba con el apoyo de una pequeña parte del Partido Moderado. No obstante, mejor diplomático que político, Miraflores asumió el reto de intentar reconstruir los dos partidos del sistema entre marzo de 1863 y enero de 1864. La reina explicó a Pacheco su decisión: creía que Miraflores mantendría la tranquilidad interior como O’Donnell121.

Formado en su mayoría por unionistas disidentes, el nuevo ejecutivo intentó continuar una política de ancha base, de concordia constitucional. Se convocaron elecciones pero la circular del ministro de Gobernación, Rodríguez Vaamonde, limitando el derecho de reunión a los electores inscritos en las listas legalmente aprobadas, y solamente para tratar asuntos relacionados con los comicios, además de no ser entendida por otros miembros del Gobierno, provocó las quejas de los progresistas. Pese a las objeciones de algunos de sus líderes –como Madoz, Olózaga y Prim–, el partido anunció oficialmente el 8 de septiembre su retraimiento ante las elecciones, por lo cual éstas se celebraron en un ambiente de suma indiferencia y sin lograr el objetivo deseado de ser representativas, pues ganaron los candidatos gubernamentales. Miraflores intentó continuar pese a todo su tarea, pero se encontró con el rechazo del Senado a derogar la posible fundación de mayorazgos por los Grandes de España, que la reforma constitucional de un ministerio presidido por Narváez había posibilitado. Efectivamente, el 17 julio de 1857 se había reformado la Constitución de 1845 para admitir como senadores a los Grandes de España por derecho propio, si no eran súbditos de otro reino y poseían una renta de 200.000 reales procedentes de bienes inmuebles. El Gobierno Largo de O’Donnell no había podido derogarla, como ya se ha visto, pero Miraflores lo intentó122. La discusión en el Senado, contrario al proyecto de derogación, junto a la situación de los partidos, provocó el fin del gabinete, el cual fue sustituido por el ministerio de Lorenzo Arrazola, un moderado que no pudo lograr la confianza de las Cortes, siendo sustituido por Alejandro Mon.

El nuevo equipo ministerial, formado por moderados y unionistas, quedó constituido a comienzos del mes de marzo de 1864, con figuras como Antonio Cánovas del Castillo, que asumió la cartera de Gobernación. La novedad es que este gobierno fue negociado por dos jefes de partidos políticos –O’Donnell y Mon–, con el objeto de beneficiarse de una mayoría parlamentaria común, ante la ausencia de una oposición organizada.

Fue bien recibida por la opinión pública la decisión de Mon de intentar derogar nuevamente la reforma constitucional de 1857, pero, en cambio, la inclusión en la jurisdicción militar de los delitos cometidos por los militares o contra los ejércitos levantó una fuerte protesta en los medios de prensa. Los progresistas, por su parte, desencantados con la reina al no haber sido nuevamente llamados al poder, y ante la falta de un turno en el poder, decidieron realizar cambios. Olózaga propuso el relevo de Espartero como líder indiscutible del partido y varios notables comenzaron a defender la conspiración y el pronunciamiento como vía para acceder al gobierno. Este hecho fue conocido por las autoridades, que ordenaron el alejamiento de Madrid del general Prim y de otros militares sospechosos.

Por su parte, Cánovas patrocinó en 1864 una reforma de la ley municipal que apartaba a los alcaldes-corregidores –de nombramiento gubernativo– de la presidencia de las mesas electorales y promovió la primera ley de procedimiento y sanción penal de delitos electorales, que establecía penas muy duras para los funcionarios y los miembros de las mesas que se extralimitaran en sus funciones123.

Pero, finalmente, los dos grupos de este gobierno se dieron cuenta de su vigilancia mutua, sin verdadera colaboración en el Congreso. El duque de Tetuán no se sintió muy conforme con la experiencia y ordenó a los ministros unionistas que dimitieran, al tiempo que comunicaba a la reina su preferencia por un ministerio monocolor, con la esperanza de ser llamado de nuevo al poder. Explicó a Isabel II su programa de gobierno, que incluía el reconocimiento del reino de Italia, lo que suponía aceptar la invasión piamontesa de los Estados pontificios. La reina le planteó la posibilidad de vuelta de María Cristina a España. Ninguno de estos asuntos tuvo consentimiento mutuo124. En consecuencia, O’Donnell observó cómo se formaba, nuevamente, un equipo de moderados liderados por Narváez, entre septiembre de 1864 y junio de 1865.

Dos días después de haberse formado el nuevo ministerio, Isabel II, consciente del desencanto de O’Donnell, le escribió:

«Sabes hubiera deseado el que tú fueras quien arreglara este asunto. (...) No he querido dejar de escribirte porque sabes el mucho cariño que te tengo y yo sé bien cuál es el tuyo por mí. Siempre contaré contigo para todo y tú cuenta, sea cual fueren las circunstancias, con el cariño y afecto de corazón de la reina»125.

Pese a que el duque de Valencia quiso atraerse a los progresistas a la vía legal, no lo consiguió. Decidió conceder una amnistía para los encausados por delitos de imprenta, perdonó las multas impuestas desde hacía siete años a los periódicos políticos, levantó el destierro a los militares alejados de la capital, y quiso convocar nuevas elecciones... Los progresistas se mantuvieron en sus posiciones de retraimiento y Narváez decidió variar sus medidas, conduciéndose de manera autoritaria, lo que provocó la crisis de sus propias filas. En carta a González Bravo, el espadón de Loja expuso que estaba dispuesto a alternarse en el poder con los unionistas, previo giro conservador, lo que no fue aceptado por O’Donnell, fiel a los principios que le habían permitido disfrutar de una posición hegemónica durante cinco años.

En noviembre de 1864 se organizaron nuevas elecciones a Cortes, en las que el gobierno consiguió obtener la acostumbrada mayoría con más de 120 diputados, mientras la oposición la formaron 54 miembros de la Unión Liberal, más otros 14 unionistas favorables a ciertos entendimientos con Narváez. El abstencionismo del Partido Progresista facilitó el papel de los unionistas como alternativa de poder.

Y para empeorar las cosas, el periodista Juan Álvarez de Lorenzana denunció en su artículo «Misterios» –publicado en El Diario Español el 20 de diciembre– que las paternidades de los hijos de Isabel II y su vida íntima influían notablemente en la duración de los gobiernos. Teniendo en cuenta que ese periódico era unionista, resulta sorprendente que O’Donnell no lo desautorizara, ya que la imagen de la reina quedaba muy dañada ante la opinión pública. El marqués de Miraflores, presidente del Senado, escribió a la reina al día siguiente:

«El duque de Tetuán. Yo no debo, ni puedo, ni quiero creer que este hombre, que ha debido a V. M. ilimitada confianza, sea, no digo autor, ni siquiera inspirador de tan asqueroso escrito, cuyo autor (el Sr. Lorenzana) es, al decir general, sumiso y humilde siervo del duque; pero el contenido de este horrible artículo es altamente injurioso y directamente ofensivo personalmente a VV. MM. (...) que pienso necesita un correctivo completo en lo posible.

¿Y cuál puede ser este? uno solo y quiera Dios sea bastante: sin duda pesa una horrible responsabilidad moral sobre el duque de Tetuán (...). Si como debo creer el duque, ni lo ha aprobado ni tenido previo conocimiento, debe a VV. MM. y a su propia honra y debe al país una declaración pública y solemne de su positiva desa-probación (...). V. M. debe exigirla ¿pero se obtendrá? no lo sé, pero lo deseo»126.

El periódico publicó a los dos días otro artículo lamentándose de las quejas que recibió de palacio y preguntándose maliciosamente si había sido a causa de haber escrito sobre el secretario de la reina127. ¿Trató O’Donnell de demostrar a Isabel II su equivocación al no nombrarle presidente? Parecía que se cumplía la profecía que el político canario le había escrito en carta, el 14 de septiembre anterior:

«vamos a entrar en un periodo fecundo en grandes sucesos que pueden ser funestos para los intereses más caros del trono y de la patria»128.

Finalmente, una crisis universitaria que culminó en la represión trágica de la noche de San Daniel –10 de junio de 1865– dinamitó la figura de Narváez. Isabel II buscó un político capaz de sustituirle y, entre sus consejeros, Miraflores le sugirió al:

«general O’Donnell, quiera que no; impóngale Vuestra Majestad la presidencia del Consejo, antes de que pudiesen llegar circunstancias en que Vuestra Majestad tuviese poca libertad de acción (...); y como yo creo que el general O’Donnell no puede dejar de ser monárquico, y es el que tiene superior influjo hoy en el Ejército, él y sólo él es el más conveniente al frente del Gobierno»129.

Un amigo del duque de Tetuán advirtió a Isabel II que éste tenía intención de abandonar España, retirándose de la política y dejando a la reina como única responsable de futuros acontecimientos, pues él no quería responder de ellos. Sus palabras tuvieron la fuerza de un ultimátum. Y así, la monarca decidió volver a llamar al líder unionista, que formó su gabinete el 21 de junio, aunque ello supusiera el reconocimiento del reino de Italia.

O’Donnell nuevamente al frente del Gobierno

El duque de Tetuán se reservó la cartera de Guerra, nombrando a Posada Herrera ministro de la Gobernación; al marqués de la Vega de Armijo, ministro de Fomento; a Calderón Collantes en Gracia y Justicia; al marqués de Lema, ministro de Estado; a su fiel Cánovas para Ultramar, y a Zavala, ministro de Marina. Las viejas caras de sus colaboradores manifestaban que habían pasado años y numerosos problemas. El presidente llegó a ofrecer carteras ministeriales a significados progresistas, como Sagasta y Fernández de los Ríos, pero éstos las rechazaron.

O’Donnell, consciente de las dificultades que habían tenido los anteriores equipos ministeriales, consideró que era una tarea básica rehacer y unir nuevamente la desorientada masa de diputados, senadores y apoyos provinciales de la Unión Liberal. Intentó, por ello, volver a los principios del Gobierno Largo, pero nada más llegar al poder circularon pasquines y rumores acusándole de haber formado parte de las conspiraciones militares progresistas contra Narváez, intentando una segunda Vicalvarada. Y ello aumentó al firmar la amnistía para todos los conspiradores, incluso para el general Prim, con el cual el duque de Tetuán intentó entenderse. Pero ¿acaso no era claramente el nuevo líder del Partido Progresista? ¿Y no era necesario intentar reconstruir un turno de partidos en el poder?

En su primer discurso como presidente, O’Donnell prometió una reforma de la ley de imprenta en el sentido más amplio; la continuación de la desamortización eclesiástica todavía pendiente; y la resolución de los problemas aplazados de política exterior, como el reconocimiento del reino de Italia o el conflicto con algunos países hispanoamericanos. También se comprometió a aprobar una nueva ley electoral más eficaz:

«El Gobierno cree (y en esta creencia me parece que hay pocos españoles que no estén) que la ley electoral vigente, por causas que no son de este momento, está completamente desautorizada. Es necesario, pues, una nueva ley electoral que permita a los partidos legales luchar con armas iguales en el campo de las elecciones, y por consiguiente que aquel que tenga la mayoría del país a su lado pueda obtener el triunfo y venir a ocupar este puesto para dirigir desde él la nave del Estado»130.

Los profesores universitarios que habían sido expulsados de la Universidad –comienzo de la noche de San Daniel– fueron repuestos en sus cátedras sin cargos. Se concedió una amnistía general para todos los castigados o suspendidos por delitos de imprenta, medida que favoreció a carlistas y republicanos, que no por ello cejaron sus críticas contra el régimen isabelino. El gobierno decidió ampliar de nuevo la base electoral hasta alcanzar los máximos del reinado; y para sanear la administración –y evitar las cesantías de los funcionarios de turno– se dictó una ley que estableció sistemas de acceso a la función pública, además de garantizar la inamovilidad de los empleados por razones ideológicas o políticas. Además, logró una depuración política de empleados y cortesanos en la Casa Real, neutralizando operaciones en su contra. Sin embargo, el gran escollo de esta etapa al que tuvo que hacer frente fue el reconocimiento del reino de Italia.

Pese a las presiones francesas, en 1859 O’Donnell había declarado la neutralidad española en la guerra que enfrentó a sardos, ayudados por Napoleón III, contra el Imperio Austríaco. El duque de Tetuán, en sus explicaciones al embajador francés, señaló el desarrollo comercial, industrial y agrícola del reino como su prioritario horizonte. Un crecimiento en el que el capital francés había jugado un papel determinante hasta ese momento, frente a la minoritaria participación de las inversiones británicas. Por otra parte, París advirtió que la opinión pública española recordaba con insistencia las principales consecuencias derivadas de la antigua alianza franco-española en el reinado de Carlos IV: destrucción de la Armada, independencia de las Américas y pérdida de su estatus como potencia de primer orden131.

Este conflicto formó parte del plan de unificación de Italia, que continuó con el destronamiento de los Borbones de Parma y de las Dos Sicilias, hechos que provocaron el rechazo de Isabel II. O’Donnell protestó por medio de manifestaciones de condena y algunos gestos meramente simbólicos. No sólo era una cuestión dinástica, sino que suponía una pérdida de influencia de España en territorios italianos. Pero los demócratas y los progresistas hicieron bandera de esta cuestión y la asociaron a sus propuestas políticas, por lo que consideraron ultramontanos a todos –a su derecha– que pusieran en cuestión el proceso unificador. A ello se unió la invasión de los Estados Pontificios y su anexión al reino de Italia, lo que provocó un enorme debate en contra por parte de la opinión pública católica, a la que fue afecta la reina en 1862. Ello –junto al baile de gobiernos– dificultó su reconocimiento por parte de España.

No debe olvidarse, igualmente, que a O’Donnell no le interesó tampoco tensar sus relaciones con la Iglesia católica, bastante recompuestas en los dos primeros años del Gobierno Largo. En abril de 1860 había obtenido sendos triunfos: paz de Wad Rass y ratificación de convenio con la Santa Sede –agosto del año anterior–, que daban vía libre a la reanudación de la venta de bienes eclesiásticos. La Iglesia había legitimado así doblemente el régimen isabelino, al proporcionarle las principales piezas de la propaganda de la campaña marroquí y los recursos para desplegar sin agobios una política de inversiones estatales de considerable magnitud. Tanto el Ejército –donde el duque de Tetuán ejercía un liderazgo indiscutible– como la Iglesia aparecían como sólidos garantes del régimen132.

Sin embargo, durante su segundo gobierno, O’Donnell consideró necesario el reconocimiento de Italia, aceptando las cartas credenciales de sus representantes, como el resto de Europa salvo el Imperio Austriaco. En septiembre de 1865 en Zarauz, donde se encontraba la familia real y parte de los ministros, tuvo lugar la ceremonia diplomática, aunque el reconocimiento oficial había ocurrido en julio. ¿Por qué lo hizo O’Donnell? El líder unionista pensó en utilizarlo como un medio más de su apuesta política para rescatar a la oposición progresista de la espiral abstencionista, junto a otras propuestas como la reforma de la ley electoral, el mantenimiento de una cierta legalidad en las elecciones, etc. Además, había derrotado a aquellos diputados progresistas –como Sagasta– que, utilizando el reconocimiento de Italia, habían cuestionado el liberalismo de la Unión Liberal e incluso su carácter de partido nacional, al presentar la bandera del Partido Progresista como la única constructora de la España liberal.

Pero, en cambio, la prensa y los diputados católicos alzaron sus voces de queja y dirigieron sus críticas hacia la reina y su presidente, a los que acusaron de consentir políticas que atentaban contra la dignidad del papa. El neocatólico José Selgas Carrasco criticó duramente la imagen del duque de Tetuán en periódicos y hasta en su novela Deuda del corazón:

«Para Espartero el olvido, para O’Donnell la expiación. Nadie hizo entonces, ni ha hecho después, mérito alguno de esas palabras, que se han cumplido al pie de la letra. O’Donnell, sinceramente católico, persigue a los obispos, coarta la libertad de la Iglesia y reconoce las usurpaciones del Piamonte. O’Donnell, militar pundoroso, es el jefe de una sedición militar y el dispensador de gracias y honores a los rebeldes. O’Donnell, monárquico tradicional por carácter, por educación y por origen, se subleva contra el poder real y le impone la perpetuidad de su dominación, como la única prenda segura de su lealtad. O’Donnell, aristócrata orgulloso del nobiliarismo de su estirpe, llega hasta a hacerse cómplice de los descamisados; más aún, cortesano de los demagogos. Rivero, en pleno parlamento, le llamó el gran institutor de la democracia»133.

La reacción del diputado neocatólico Aparisi y Guijarro, futuro carlista, fue violenta, anunciado como un profeta el final del Gobierno, la muerte de los partidos dinásticos y, con ello, la caída de Isabel II. Finalizó su discurso parlamentario con una cita de Shakespeare, ampliamente divulgada: «¡Adiós, mujer de York, reina de los tristes destinos!». Junto a él, escritores, periodistas, políticos neocatólicos abandonaron a su suerte el régimen isabelino. El ala derecha del Partido Moderado también comenzó a desertar de la reina, acercándose a posiciones claramente legitimistas con el paso del tiempo.

Pero el reconocimiento de Italia había acercado posiciones, o al menos así parecía, con el Partido Progresista. Las relaciones de O’Donnell con Prim se enmarcaron en el intento del primero por lograr acercar al segundo, y con ello al grueso de los progresistas, al sistema, intentando alcanzar la victoria donde el marqués de Miraflores o Mon habían fracasado. Al llegar al poder, los ataques de los progresistas menguaron, e incluso algún observador llegó a señalar que el líder unionista había llegado para realizar el ideal de una revolución «desde arriba». El mismo Prim se mostró receptivo ante la actitud de O’Donnell, manifestando, por carta a Pascual Madoz, que el duque de Tetuán empezaba bien su mandato y que, esperando que continuara así, el entendimiento podría realizarse. En su opinión, la maza de Fraga –es decir, la revolución– no debía funcionar sino en caso desesperado, como el propio exministro de Hacienda pensaba. Ante las próximas elecciones, fijadas para el 1 de diciembre, se mostró dispuesto a defender que el Partido Progresista abandonara el abstencionismo, si se ofrecían garantías. En una entrevista entre ambos militares, a comienzos de octubre, se habló sobre seguridades a cambio de colaboración.

El duque de Tetuán logró que las Cortes –con mayoría moderada– aprobasen la nueva ley electoral, prometida en su programa de gobierno, y que superó a la progresista de 1837. Su punto principal fue la reducción a la mitad del canon de riqueza necesario para votar, triplicando de esa manera el número de electores, que pasó de 150.000 a casi 420.000. La ley abolió igualmente el viejo sistema de distritos electorales, proclive a abusos, y estableció circunscripciones que, aunque más extensas que los distritos, eran más pequeñas que las provincias. Por ello aumentaron los censos electorales con mayor peso de votantes urbanos. No debe olvidarse que esta ley española fue anterior a la famosa reforma electoral del primer ministro británico Disraeli, en 1867, que también amplió el número de votantes.

Una circular de O’Donnell, fechada el 16 de octubre, exhortó a su vez en este mismo sentido a los progresistas:

«El Cuerpo Electoral es hoy el más independiente y el más legal de cuantos tuvo en España el Gobierno representativo desde su gloriosa fundación, debiendo creerse que habrá de ser también el más patriótico y que todos los electores concurrirán a las urnas en cumplimiento de un deber sagrado, siquiera no se halle fortalecido con otra sanción que la de la propia conciencia. El gobierno, que viene tolerando asociaciones políticas numerosas y que guarda el debido respeto a la ley de reuniones, no pondrá ningún obstáculo al libre concierto de los partidos políticos para sacar triunfantes sus candidaturas»134.

Prim cumplió su promesa, pero el liderazgo del general no era total y se encontró con la oposición de Olózaga dos semanas más tarde. Por aclamación, en una reunión en el circo Price, el Partido Progresista aprobó su definitivo apartamiento del régimen isabelino, aunque aceptó que «la nueva ley electoral es una concesión, pero concesión que, en el ejercicio de la ley, se convertirá en sarcasmo». Prim se plegó al dictamen de la élite y optó por el camino del pronunciamiento o la revolución, aunque cabe destacar que, para preparar el terreno del control local, los progresistas se presentaron a las elecciones municipales. Las Cortes se abrieron con un discurso de la Corona el 27 de diciembre de 1865, con amplia mayoría de unionistas, una veintena de moderados y cuatro progresistas que habían roto la disciplina de su partido. Antes del nuevo año, se dieron unos días de vacaciones y se fijó la fecha del 4 de enero de 1866 para la constitución efectiva del Congreso.

La Unión Liberal se encontró con una situación incómoda, contraria a la que había dado lugar a una época anterior dorada. Con idéntico programa a 1858, ya no era una fuerza centrípeta sino centrífuga: ya no atraía a hombres y tendencias de un partido y otro, sino que provocaba su crítica, su retraimiento, su salto. La bandera de la reconciliación ya no atraía a las mejores cabezas de ambos partidos que, quizá desengañados, observaron que la política de intentar contentar a todos no satisfacía a ninguno. Por esos mismos años, casi en la misma tesitura se iba a encontrar el régimen de Napoleón III, con sus continuos guiños para favorecer o integrar a católicos y masones, a liberales y conservadores, a revolucionarios y contrarrevolucionarios, a nuevos ricos y vieja nobleza. En esa misma década, el Imperio de los Habsburgo tuvo que buscar una nueva fórmula para subsistir y no estallar en cientos de nacionalidades: el Compromiso de 1866, por el que se compartía el poder los dos grandes pueblos dominantes: austríacos y húngaros. Hasta Estados Unidos había sufrido su Guerra Civil, fruto de una situación de ruptura entre grupos sociales y políticos. Por aquellos años resultaba atractiva la tendencia a romper y crear un nuevo orden político.

Se imponían nuevas soluciones para tiempos nuevos. La reina no había tenido otra salida que llamar a O’Donnell, conocido por su liberalismo y su devoción a la monarquía, pero ¿había sido un error? ¿Quién podía sostener todavía el sistema? El duque de Tetuán no se hacía, en su segundo gobierno, ninguna ilusión sobre el futuro y el de su partido: aparentaba estar hipnotizado por el fantasma de la revolución, siendo incapaz de hacer nada más que aguardar el curso de los acontecimientos. O’Donnell había perdido el apoyo de influyentes sectores católicos, enfrentado con la Iglesia por la cuestión de Italia y no había logrado, por ello, la total colaboración de los progresistas. Y los moderados que se habían mostrado más afines en algunas ocasiones, como el marqués de Miraflores, se sintieron desencantados con el duque de Tetuán al mes mismo de ser nombrado presidente. Para Miraflores, había cedido sin necesidad a los revolucionarios en la cuestión de Italia, criticando –en carta a Isabel II– su labor de atracción a los progresistas, «pues cree que sin ellos no puede haber Cortes». Advirtió a la reina que su presidente era capaz de retroceder a la situación crítica de 1856, teniendo en su debe, además, haber roto con el principio religioso que era, en su opinión, intrínseco al destino de España135.

Para complicarlo todo, estalló una epidemia de cólera en Madrid, en el verano de 1865, que se extendió a otros puntos. La reina, nuevamente embarazada, permaneció en La Granja, cerca de Segovia, todo el tiempo, ya que el gobierno consideró que, para su seguridad física, era mejor que no se trasladara a la capital. La epidemia se politizó cuando una sociedad progresista y demócrata llamada Amigos de los Pobres realizó una encomiable labor de caridad proselitista entre las víctimas del cólera. La prensa de la oposición lanzó duras críticas contra la falta de sensibilidad de la reina hacia su pueblo. Unos culparon a Isabel II, otros al gabinete ministerial, por no dejar salir a la familia real de La Granja. La soberana escribió una carta a O’Donnell, el 23 de octubre, donde le recordaba que había sido indicación del gobierno su permanencia, conteniendo «los impulsos de mi corazón que me lleva a compartir los peligros que han corrido y aún corren los habitantes de Madrid», por lo que le enviaba un millón de reales de sus fondos para que lo distribuyera, de la forma más conveniente,

«(...) entre los huérfanos y viudas pobres de los que han fallecido por el cólera, que al menos pueda remediar algún tanto la miseria de los que han perdido apoyo y su sostén en tal terrible calamidad. Isabel»136.

Por su parte, los moderados acusaron al duque de Tetuán de buscar el descrédito de la reina, al no dejarla venir a Madrid y causar su destronamiento, para asumir personalmente la regencia. En mayo, una vez pasada la crisis, O’Donnell defendió en el Senado la respuesta de las autoridades municipales y de las juntas de barrio en la capital ante la epidemia. Frente al senador Pastor, que enalteció la labor desinteresada de Los Amigos de los Pobres, el presidente le recordó que las juntas de distrito que actuaron desde las casas de socorro estaban compuestas de voluntarios y, por lo tanto, actuaron más por caridad que por retribución. Si se produjo cierta desorganización se debió a que esa sociedad filantrópica actuó por su cuenta, sin ofrecerse previamente a las autoridades.

Pero continuaron circulando maliciosos rumores que señalaban que el duque de Tetuán quería ser regente, como Espartero, en este caso del príncipe de Asturias, el futuro Alfonso XII. El presidente intentó lograr, pese a todo, la armonía, pero la persistencia de demócratas y progresistas en la abstención y la conspiración supuso el final de la política conciliatoria puesta en práctica por el duque de Tetuán. A ello se sumó una crisis bursátil, de tal manera que el embajador británico informó a Londres que los nubarrones económicos preocupaban al presidente tanto como los políticos, pues ambos, relacionados entre sí, podían aminorar su posición.

El 3 de enero de 1866, el general Prim y otros conjurados se levantaron en Aranjuez, pero el pronunciamiento –como tantos otros– estuvo mal organizado, fracasando totalmente, de tal manera que su líder tuvo que huir a Portugal. O’Donnell, contra su parecer, no tuvo más remedio que tomar medidas represivas que no hicieron sino aumentar la crítica de sus enemigos. Además, este hecho había roto la imagen de que, mientras O’Donnell fuera presidente, la monarquía estaba libre de golpes de Estado.

Asustada y mal aconsejada, Isabel II contactó con los progresistas sin decir nada a sus ministros. Aquéllos sugirieron a la reina que despidiera al duque de Tetuán y nombrara un nuevo gabinete de transición, con políticos anodinos, presidido por el general Lersundi. Debían, a continuación, convocarse elecciones que aseguraran una cómoda mayoría al Partido Progresista, con la nueva ley electoral unionista. Pero este plan llegó a conocimiento de O’Donnell y, como había visto anteriormente, se deshizo de los militares conspiradores enviándoles lejos de la capital. Además, intentó alejar de la corte a algunos consejeros moderados de la reina, como el marqués de Miraflores, al negarse a su nombramiento como gobernador de la Real Casa y Patrimonio137.

Para empeorar la situación, no se consiguieron réditos políticos de la tensión que se desencadenó entre España y varios países hispanoamericanos. Hacía tres años que había estallado una guerra contra Perú y la escuadra española había ocupado las islas Chincha, productoras de guano, que era muy solicitado por la agricultura comercial, caso de la valenciana. El archipiélago se retuvo –pese a la solicitud cursada a finales de 1864 por un Congreso de siete naciones hispanoamericanas, reunido en Lima– hasta la firma en El Callao del tratado de 27 de enero de 1865, ratificado en Madrid el 23 de abril. Pero este documento no procuró la paz, extendiéndose la guerra a Chile, Ecuador y Bolivia. Se produjeron hechos como –previo aviso– el bombardeo de Valparaíso en marzo de 1866 y el ataque el 2 de mayo sobre el puerto de El Callao.

O’Donnell reconoció que el frente chileno no había sido considerado en los planes iniciales, pero las cuestiones simbólicas encubrieron una lectura estratégica. Si se mostraba indiferencia ante los ataques chilenos al prestigio español, la capacidad para defender Cuba y Puerto Rico quedaría seriamente dañada. La prensa unionista presentó las batallas como nuevas hazañas bélicas, pero en esta ocasión no pudo contar el Gobierno con el apoyo de la oposición, enrocada en su voluntad abstencionista. Los progresistas habían aprendido la lección de la campaña de África y se negaron a que O’Donnell recogiera los laureles nacionales138.

Una bala para Narváez que acaba con O’Donnell

En Madrid existían varias dependencias militares, entre ellas el cuartel de San Gil, edificio rodeado de barracones donde se alojaban las tropas y que protagonizó otro episodio clave en la historia del reinado isabelino y de los pronunciamientos españoles. El general Pierrad, miembro del Partido Demócrata, con un largo historial en intentos de sublevación y amnistías, fue el principal organizador de un movimiento que debía comenzar el 22 de junio de 1866. Como en otras conspiraciones, soldados y miembros del pueblo unidos provocarían la caída del régimen; los agitadores llevaban varios días alentando a los demócratas y a los progresistas a unirse a ellos. Sus esperanzas en la victoria, debido a su fe en el factor sorpresa, resultaban igual de románticas que utópicas. Cuando los sargentos del cuartel de San Gil estuvieron seguros de que los oficiales se habían retirado a dormir, levantaron en armas a la tropa. Pero unos cuantos mandos decidieron trasnochar jugando unas partidas de cartas, por lo que se dieron cuenta de los movimientos extraños de la tropa, a la que juzgaron sublevada.

El desorden se instaló en el edificio con las primeras órdenes, los primeros disparos y la consiguiente respuesta armada. Si bien muchos oficiales resultaron heridos y muertos, su resistencia fue suficiente para alarmar a otras unidades militares que cercaron el recinto. La lucha fue extraordinariamente violenta para lo visto hasta el momento y se agudizó por la confusión de la noche, llegándose a cifras de 200 a 500 muertos. Más de la mitad de las bajas fueron militares. Los civiles que intentaron ayudar a los sublevados no fueron suficientes para contrarrestar la huida de los artilleros, que abandonaron sus cañones, los cuales les hubieran quizá proporcionado mayor resistencia.

Las fuerzas leales se desplegaron por toda la capital y, por única vez en su vida, combatieron juntos en el mismo bando los generales Serrano, O’Donnell y Narváez. El intento de revolución fracasó, pero el espadón de Loja recibió una herida de bala en la lucha, aunque no por ello abandonó su posición. El escritor Gutiérrez de la Vega, al conocer la noticia comentó: «he aquí una bala que ha dado al general Narváez y ha matado al general O’Donnell». Y es que si bien este último había tenido siempre la destreza de evitar las revoluciones, por medio del fomento y la transigencia, el duque de Valencia había ganado fama por sofocarlas o reprimirlas. La sublevación del cuartel de San Gil –junto a otra serie de circunstancias– había sido un fracaso para el primero y un triunfo para el segundo. Tras la calma, la opinión pública intuyó un cambio en la presidencia del Consejo de Ministros, pues había sido una ley no escrita que, cuando había derramamiento de sangre en Madrid, resultaba procedente un cambio gubernamental.

O’Donnell se sintió obligado a solicitar unos poderes extraordinarios a las Cortes el 25 de junio. En su discurso inicial en el Senado advirtió que, si bien la lucha había finalizado, la situación del país continuaba siendo grave, por lo que presentaba la petición de un proyecto de ley autorizando al Gobierno a cobrar contribuciones, aminorar la deuda flotante, emitir títulos de Deuda Pública al 3% y adoptar otras medidas que pudieran reclamar las circunstancias por las que atravesaba España. Finalizó solicitando a los senadores que las discusiones se abreviasen, llegando a una votación de la manera más rápida. Y –señaló sin orgullo– en caso de que el Gobierno la perdiera, presentaría la dimisión a la reina. La cuestión de fondo era el pago de los sueldos a funcionarios y militares, pues se necesitaba líquidez urgente para abonarlos, asegurándose de esa manera su fidelidad al régimen y evitar el contagio revolucionario.

Inmediatamente, la oposición moderada protestó por los requerimientos de O’Donnell, considerando que los senadores tenían derecho a discutir sin límite de tiempo y, efectivamente, así ocurrió, pues no se llegó a la votación hasta tres días después de intenso debate. Los moderados consideraron que los derechos políticos se encontraban en peligro, a lo que el duque de Tetuán replicó que su Gobierno no pensaba en «matar la Libertad» sino en defender el orden público y la sociedad. Juan de la Pezuela, el conde de Cheste, consideró que el proyecto de ley no debía ser tan urgente cuando no se había solicitado la suspensión de garantías constitucionales desde el día siguiente a la sublevación, a lo que O’Donnell replicó que en Madrid se había declarado el estado de sitio, por lo que esa suspensión no había sido considerada urgente. En cambio, las medidas que ahora presentaba resultaban de tal importancia que, si no ganaba la votación, su Gobierno caería y podrían, quizá, volver los moderados al poder, pero lo que no podrían hacer –apuntó certeramente– sería cobrar las contribuciones, ni pagar, en consecuencia, los sueldos a los funcionarios.

En varias ocasiones, las intervenciones de Narváez motivaron las del duque de Tetuán, aumentando la división en las filas del Senado. Bravo Murillo, con la sabiduría de su experiencia política, replicó duramente las medidas que se presentaron, defendiendo la idea de que aumentarían la deuda perpetua de la nación, no aminorarían la deuda flotante y nunca podrían nivelar los presupuestos generales. Finalmente, por 113 votos contra 96, O’Donnell consiguió la aprobación del proyecto, pero lo hizo por una diferencia tan pequeña que evidenció la desconfianza de buena parte del poder legislativo.

Unos días más tarde, el 6 de julio, el Gobierno solicitó la suspensión de garantías constitucionales para facilitar las acciones de la policía y de la judicatura en el mantenimiento del orden, en la investigación de los encausados y en la persecución de los revolucionarios. En esta ocasión, tan sólo tres diputados moderados sostuvieron la discusión contra la propuesta de O’Donnell, en la que el marqués de Miraflores intentó convencer a la oposición de que la suspensión se aplicaría en casos necesarios y con prudencia. Y el Senado apoyó al Gobierno por 131 votos contra 3, lo que supuso una ampliación de la capacidad de decisión del Ejecutivo, en detrimento de las Cortes.

Alrededor de cuatrocientas personas –militares y civiles– fueron detenidas; cien fueron juzgadas, de cuyo proceso resultó un buen número de penas de muerte, la mayoría de soldados, sargentos y paisanos. Los cabecillas y organizadores, como en tantas ocasiones, lograron huir o desaparecieron. Los principales responsables de ese intento revolucionario se escaparon en el momento más adecuado, con el apoyo de políticos o de embajadas extranjeras.

La situación, sin embargo, se mantenía en los límites de la gravedad: los progresistas se alejaron totalmente del régimen al unirse con los demócratas. Narváez propuso un pacto entre moderados y unionistas a O’Donnell, sin exigir de momento un cambio en la jefatura del gobierno. Era la constatación de un hecho: desde 1856 se habían turnado estos dos partidos en el poder, por lo que no resultaba una gran novedad. Pero don Leopoldo se negó, tal vez por un temor a comprometerse con un Partido Moderado dominado por los narvaístas, desgajados los neocatólicos y sin casi centristas, o por no considerar necesario compartir el poder y perder la esencia de la Unión Liberal. Como en otras ocasiones, una vez retomado el control del orden público, quiso conceder un indulto general a todos los condenados a muerte por los sucesos de San Gil, pero finalmente no se pudo realizar. La Corona no puso obstáculo a ese perdón, pese a que la propaganda antidinástica presentó a Isabel II ahíta de sangre y exigiendo el cumplimiento de la sentencia139. Precisamente, por esos días y por especial gestión de la reina, a través de una de sus damas, el político republicano Emilio Castelar logró refugiarse en una legación extranjera.

O’Donnell tuvo que resistir presiones políticas y militares que se negaban a la concesión de una amnistía indiscriminada: habían muerto demasiadas personas en defensa de la legalidad vigente. Por ello, pese a la frase de Gutiérrez de la Vega, no cayó por los sucesos de San Gil y continuó varias semanas gobernando, pero el desgaste por la represión recayó sobre sus hombros y no sobre un nuevo gabinete. Cuatro días después de ganar la votación sobre suspensión de garantías constitucionales, O’Donnell propuso a Isabel II una lista de personas para su designación como senadores. Una iniciativa con la que pretendió proporcionarse una doble ventaja, pues si la promulgación de esta disposición le permitiría acrecentar su fuerza en la Cámara Alta, la firma regia serviría como símbolo de confianza de la Corona en su gestión. La reina –aconsejada por los moderados– adujo que, al estar cercano el final de la legislatura, no resultaba lógico nombrar nuevos senadores, ante lo cual el presidente del Consejo de Ministros, visiblemente molesto y cansado de tantos problemas, presentó la dimisión. Si no contaba con la confianza de la Corona ni, en ocasiones, con la de las Cortes, resultaba imposible continuar; ya lo había señalado públicamente en los discursos ante las Cámaras. El 10 de julio Narváez asumió nuevamente el poder.

La consecuencia de la salida del duque de Tetuán fue, para la mayor parte de los historiadores y de los propios contemporáneos, el comienzo de la defección de la Unión Liberal respecto al régimen isabelino. Tras los neocatólicos y los progresistas, los unionistas empezaron a plantearse la vía revolucionaria o el pronunciamiento militar, pero no para llegar al Gobierno sino para expulsar a la reina. Mientras tanto, el Partido Moderado volvía a ejercer con autoridad el poder.

Profundamente herido, O’Donnell se retiró a Biarritz con su esposa, donde permaneció en una modesta residencia, comparada con la de otros vecinos más suntuosos, llamada La casa del inglés. Continuó manteniendo cierta correspondencia con diputados y senadores fieles, a los que animó a continuar su tarea. Tuvo noticias de la postura de Serrano, que le había sucedido en la dirección efectiva de los unionistas, favorable a unirse a la alianza que progresistas y demócratas habían concretado en el Pacto de Ostende, el 16 de agosto de 1866, por el cual se comprometían a derribar el trono de Isabel II y convocar Cortes constituyentes por sufragio universal. Quiso volver a Madrid para explicar en el Senado su actitud ante la deriva de los acontecimientos, pero algunos de sus amigos le aconsejaron que no lo hiciera, pues muchos de sus senadores unionistas no le apoyarían. A finales del otoño hizo un viaje a París, fue a Bayona y regresó a Biarritz.

El duque de Tetuán nunca volvería a España, ni aceptaría nuevos acuerdos políticos, quizá a la espera del desarrollo de los acontecimientos. ¿Acaso Narváez y otros líderes no habían pasado varias estancias en Francia y, más adelante, vuelto al poder? Siempre antirrevolucionario y a muy pocos kilómetros de la frontera española, su liberalismo y fidelidad a la monarquía lograron que la Unión Liberal no derribara a Isabel II mientras tuviera vida. Se negó a realizar cualquier pacto con los progresistas, a quien culpó de la caída de su ministerio –especialmente a Prim–, después de haber arriesgado, el 22 de junio, su gloria como militar, su popularidad como hombre político y su vida como soldado, según sus palabras140. Una larga entrevista entre el duque de Tetuán y Olózaga en París finalizó sin resultado alguno, muy receloso de la siempre tornadiza voluntad de los líderes progresistas. Pero tampoco se mostró dispuesto a facilitar la gestión del gobierno moderado, aconsejando el retraimiento electoral de la Unión Liberal en las elecciones legislativas de marzo de 1867, aunque aceptó el mantenimiento de senadores de su partido en la Alta Cámara.

El unionista Carlos Navarro escribió que O’Donnell le confesó que la solución al desgaste de Isabel II sería la abdicación en su hijo, pero don Alfonso era todavía un niño... «tendríamos así la solución resuelta. Pero ¿por qué sustituir la dinastía?»141. Las futuras circunstancias harían que la reina cediera la corona a su hijo tan sólo tres años más tarde.

El 16 de agosto siguiente se produjo un intento revolucionario, nuevamente acaudillado por el general Pierrad en Aragón y por el general Contreras en Cataluña, pero fracasó ante la enérgica respuesta de Narváez. Desde su residencia francesa, O’Donnell condenó los sucesos, por lo que recibió agradecimientos y excelentes críticas en la prensa monárquica española, pero una enfermedad mortal avanzaba sin cesar en su cuerpo. Algunos contemporáneos recordaron que, al enfermar, el duque de Tetuán animaba aún a utilizar todos los elementos y hombres valiosos para evitar la revolución. El 26 de octubre de 1867, escribió al general moderado Fernando Fernández de Córdova:

«La unión de los partidos liberales es una necesidad para hacer frente a la reacción, pero no prejuzgando ninguna cuestión y con la bandera de salvar la libertad; estando dispuestos a ir unidos a los comicios el día que haya un Ministerio que, aboliendo las leyes excepcionales, deje libertad para luchar en las urnas. Prejuzgar cualquiera otra cuestión es inconveniente y no podemos aceptarla»142.

La lucha que esperaba no era la de las armas, sino la que se entablaba en las elecciones, en la prensa, en la tribuna, con la fuerza de la opinión pública y de los votos. Por ello, quizá no resulte conveniente afirmar rotundamente que el duque de Tetuán se había apartado definitivamente de las lides políticas, pues tal vez estuvo esperando, nuevamente, una llamada de la reina, pese a todo. La muerte, sin embargo, se cruzó en su destino.

O’Donnell falleció de tifus el día 5 de noviembre de 1867 y, por orden de Napoleón III, se le debieron rendir honores de mariscal del Imperio143. Pero apenas hubo ocasión, pues el féretro con sus restos mortales fue llevado en tren a España rápidamente. Por un Real Decreto, Isabel II, «deseando dar prueba más de aprecio que le merecen los distinguidos servicios del difunto, ha resuelto que al cadáver se le dé sepultura en uno de los nichos del panteón de la Real Basílica de Nuestra Señora de Atocha». Al llegar a Madrid, al féretro se le rindieron máximos honores civiles y militares, siendo su cadáver expuesto sobre el suelo de la iglesia de San José, sin túmulo ni aparato por decisión testamentaria. Quien había llevado una vida modesta, quiso perpetuar así sus últimos momentos sobre la tierra.

Narváez fue el único orador en el sepelio, el cual reflexionó sobre la fragilidad del ser humano al tiempo que realizaba un elocuente elogio de quien había sido amigo suyo, destacando sus esfuerzos por la patria, las instituciones liberales y el trono. Finalizó con una amarga reflexión:

«Yo fui siempre un amigo sincero del duque de Tetuán, la política nos separó, porque en España desgraciadamente desde mucho tiempo, se hace con tanto calor y exaltando tanto las pasiones, que es tan estéril para el bien, como fecunda y potente para el mal. A pesar de ello, yo le conservé siempre el mismo afecto y me persuado de que el duque de Tetuán participaría, respecto de mí, de los mismos sentimientos: sus sentimientos y los míos tuvieron sin embargo que ceder a la intolerancia de las pasiones. Yo no espero ver mejores tiempos; tengo mucha edad; me quedan pocos años de vida, pero deseo ardientemente que los que me sobrevivan, vean lucir épocas más felices para que puedan, consagrándose al servicio de la reina y de la patria, dar también latitud y expansión a los verdaderos sentimientos del corazón, porque solo así, y esta es mi creencia, podrá esperarse la regeneración y verdadera grandeza del país»144.

Al día siguiente, una comitiva acompañó el traslado del féretro a la basílica de Atocha, donde se realizaron sus funerales. El 8 de febrero de 1868, la reina ordenó que, allí donde reposaba, se levantara un monumento fúnebre en su memoria145. Pero sus restos mortales fueron trasladados en 1870 a la iglesia de las Salesas Reales, por lo que es en ese lugar donde reposan en un mausoleo neorrenacentista, labrado en mármol de Carrara por el escultor Jerónimo Suñol.

Con la frialdad que algunas personas demuestran ante los acontecimientos, algunos unionistas observaron la muerte del duque de Tetuán como el fin del último obstáculo para que su formación política participase activamente, y en un lugar de vanguardia, en la caída de Isabel II. Igualmente, algunos moderados, como Carlos Graetner, calificaron su fallecimiento como un alivio, al haberse convertido el difunto –en los últimos meses– más en una espada de Damocles que pendía sobre el Gobierno que en una sólida columna del orden público y de las instituciones146. Por su parte, la reina escribió a la duquesa viuda de Tetuán una carta personal y amistosa:

«La muerte de O’Donnell priva a España de uno de sus más distinguidos generales, cuyo nombre y cuyas glorias recordará siempre la Historia. El rey y yo hemos perdido un defensor y un amigo que nunca olvidaremos. Si algo puede mitigar tu amarga pena el sentimiento que nos causa, cree que es efectivamente muy grande la impresión que ha sufrido tu afectísima». –Isabel147.

Un tiempo más tarde, la oposición derribó el régimen isabelino en septiembre de 1868, dando paso al periodo conocido como el sexenio revolucionario, donde los progresistas y unionistas afines crearon su Constitución, su sistema político y eligieron su monarca –Amadeo I–, responsabilizándose igualmente de su autodestrucción. Los republicanos, a continuación, recogieron el testigo de la oportunidad política, construyendo y dinamitando con suma torpeza su anárquico régimen, de tal manera que las fuerzas militares que habían abierto ese periodo en 1868 lo cerraron en 1874, buscando, no obstante, una salida siempre dentro del abanico de soluciones liberales.

EPÍLOGO

O´DONNELL EN LA POLÍTICA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX

Leopoldo O’Donnell puede considerarse un político que intentó situar su acción de gobierno en un centrismo liberal en la época de construcción de la Nación liberal española. A comienzos de la década de 1840, creyó encontrar ese centrismo en las filas del Partido Moderado, el cual se presentó a la sociedad española como un medio entre el progresismo infantilmente endiosado –que representaba la victoria en los campos de batalla– y el carlismo, el enemigo vencido... pero no totalmente derrotado, como demostraría la Segunda Guerra Carlista (1846-1849). El moderantismo se presentó como un proyecto centrista entre vencedores y derrotados, intentado combinar el régimen constitucional con un acercamiento a estos últimos, sobre todo en temas como la integración de los católicos, funcionarios y militares en la España liberal.

Sin embargo, con el paso de los años el héroe militar de la Primera Guerra Carlista se desencantó del Partido Moderado, que a su entender había girado hacia posturas cada vez más conservadoras, casi reaccionarias. La actuación de los sucesores de Narváez en la jefatura de los moderados aumentó esos temores, al gobernar por Real Decreto sin tener en cuenta a las Cortes. Esta apreciación de la situación política le condujo –en la década de 1850– hacia el grupo de los puritanos, liberales conservadores dentro del moderantismo pero conscientes de la necesidad de caminar hacia posturas más integradoras con el progresismo. O’Donnell creyó encontrar entre los puritanos, nuevamente, ese centrismo liberal, atenido a mantener un equilibrio entre los dos grandes partidos del régimen isabelino y partidario de una acción de gobierno presidida por la imparcial gestión de los negocios públicos, a través de una eficaz labor administrativa. Monárquico y liberal, el duque de Tetuán quiso infundir pujanza y viabilidad al régimen isabelino por el que su generación había luchado y vencido en los campos de batalla.

El desgaste de las opciones moderada y progresista –tras la revolución de 1854– y el agotamiento de sus líderes, Narváez y Espartero, facilitó la llegada al poder de O’Donnell y de su formación política, la Unión Liberal, de la que fue indiscutible líder hasta su muerte. Asimismo, la creencia de que el pueblo español deseaba paz y normalidad, y abrir un periodo de calma después de muchos años de luchas políticas, armó de fe en la consecución de sus logros a quien, en 1856 y en 1858, fue nombrado presidente del Consejo de Ministros. Pese a la importancia doctrinaria del grupo de los puritanos, lo cierto es que, en la práctica, O’Donnell tuvo una plataforma ideológica básica, confiándolo todo a la práctica y enseñanza cotidiana con el objetivo final de lograr, ante todo, hechos.

Si tomamos como programa del Gobierno Largo del conde de Lucena (1858-1863) el primer manifiesto de la Unión Liberal a sus votantes, firmado en Madrid el 17 de septiembre de 1854, puede concluirse que se lograron llevar a cabo la mayoría de sus puntos esenciales, como se ha expuesto en capítulos anteriores: inversiones en ferrocarriles, reorganización de la Hacienda, presupuestos para impulsar sectores económicos nacionales aprovechando la coyuntura europea, impulso administrativo, estatutos profesionales, promoción de la Armada y del Ejército, etc. En consecuencia, se inició un desarrollo económico innegable: creció el número de superficie cultivable y se creó una red de comunicaciones bastante completa que facilitaría la construcción de un moderno mercado nacional; aunque se invirtió desatinadamente en ferrocarriles, según los expertos, en vez de acelerar la industrialización del reino. Por otra parte, la economía dependió excesivamente de las inversiones extranjeras. Hacia finales de 1864, el capital español representaba el 60% del capital efectivo de todos los bancos y sociedades de crédito. Sin embargo, el empeño unionista de modernización económica supuso el más notable esfuerzo consciente de desarrollo registrado en toda la historia del liberalismo español y sus frutos no deben ser menospreciados.

En cuanto al armazón del sistema político, una vez cumplido el objetivo inicial de terminar con la deriva reaccionaria implantada por los últimos ministerios moderados, después de restablecer la calma política, modernizar la imagen pública de la Corona y la estabilidad institucional, resultaba inaplazable llevar a cabo una política reformista. Caracterizados personajes del unionismo comenzaron a desarrollar una actitud crítica frente a O’Donnell y su gobierno –ante la permisividad de la mayoría de sus diputados– recordando el verdadero sentido y significado que había encarnado a la Unión Liberal. Y es que su gran objetivo político debía ser la regeneración, colocando nuevamente en la mira central del quehacer del gobierno la eliminación de la reforma constitucional de 1857 y algunos elementos que conformaban las aspiraciones unionistas: la reforma electoral, nueva ley de imprenta y una prudente descentralización de la administración del Estado. Pero, para evitar la desunión entre sus filas, O’Donnell y sus ministros prefirieron retardar al máximo estas medidas, sacrificándolas en el altar de la estabilidad, confiándolo todo al innegable crecimiento económico.

Su política exterior tuvo claros objetivos –pese a todas las leyendas en su contra– alcanzando sonoros éxitos como la campaña de África en 1860. Las expediciones y presencia españolas en el escenario internacional siempre tuvieron como últimas metas la protección de los restos del imperio español en Asia y América, el impulso del comercio y la economía, así como la búsqueda del reconocimiento exterior de la capacidad de defensa del Ejército y de la modernización de la Armada. Asimismo, la política exterior para O’Donnell también intentó ser una de las medidas orquestadas para rescatar a la oposición progresista de la espiral abstencionista.

Si alguna vez el duque de Tetuán soñó con constituir a su agrupación como partido único, nacional, con el paso de los años advirtió la imposibilidad de ese proyecto, como le señalaron algunos diputados de la oposición, ya que hubiera supuesto la destrucción de la misma esencia del régimen constitucional. Pero el agotamiento de su gobierno y la imposibilidad de cohesionar un auténtico partido centrista le llevaron a la necesidad de prever un futuro. La Unión Liberal había sido la asociación pero no la fusión de puritanos y progresistas. Por ello, intentó reorganizar el sistema de partidos: la Unión Liberal debía asumir la posición de centroderecha, el Partido Progresista la de centroizquierda, colocando en los extremos al moderantismo y al republicanismo. Los líderes de las dos principales formaciones que se turnarían en el poder serían O’Donnell y Prim. Sin embargo ¿dónde quedaban los carlistas? Para la mayor parte de la sociedad, el sonoro fracaso del intento de pronunciamiento de 1860 había sentenciado el final de esa corriente ideológica. Sin embargo, el Partido Moderado se negó a desaparecer, sostenido todavía por Narváez y el sector neocatólico.

O’Donnell abandonó el gobierno en 1863 ante la división interna de la Unión Liberal por su timidez a la hora de realizar decisivos cambios políticos, por la falta final de apoyos institucionales –Corona y Cortes– y por la posibilidad de recambio que parecía ofrecer el Partido Progresista, que soñó con retornar al poder. Pero debe subrayarse el hecho de que O’Donnell abandonó el poder sin ningún pronunciamiento, sin derrota electoral, sólo por desgaste natural después de un lustro en el poder, récord de permanencia hasta ese momento. Después de la salida del duque de Tetuán, las circunstancias favorecieron una serie de ministerios que crearon un turno, pero solamente entre políticos moderados y unionistas.

O’Donnell logró volver a ser presidente del Consejo de Ministros en junio de 1865. En su primer discurso, el duque de Tetuán prometió una reforma de la ley de imprenta y de la ley electoral, la continuación de la desamortización eclesiástica todavía irresuelta y la resolución de los problemas pendientes de política exterior, como el reconocimiento del reino de Italia y el conflicto del Pacífico. En poco tiempo, y sólo dos años antes de la famosa reforma británica, la ampliación del cuerpo electoral mediante ley puso de relieve la firmeza y sinceridad de sus propósitos por introducir en España un régimen político moderno, movilizador de sus capas medias, social y económicamente dinámicas. Fue una muestra de su deseo por adecuar el régimen español a sus homólogos europeos y evitar la total ruptura de los progresistas con el régimen isabelino.

Nuevamente, el líder unionista logró cumplir, al menos, la mitad de su programa, pero no pudo llevar a cabo la reorganización del sistema de partidos: Prim no logró el liderazgo indiscutible del progresismo, pese al apoyo de Madoz, pues Olózaga y el sector que acaudillaba fue lo suficientemente poderoso para imponer al final el abstencionismo y la ruptura revolucionaria. Igualmente, O’Donnell fracasó en su intento de desterrar el pronunciamiento militar de la vida política como un medio válido para el acceso al poder y, por la cuestión italiana, terminó enfrentado con la Iglesia en su búsqueda de apoyos progresistas.

Los moderados se negaron a morir en vida de Narváez e intentaron presionar a la Corona lo suficiente como para que la reina desconfiara de la solidez de O’Donnell para hacer frente a la revolución. El 10 de julio de 1866, el duque de Tetuán presentó su dimisión, certificándose el agotamiento del régimen isabelino al volver al poder el Partido Moderado. Con absoluta fidelidad hacia la monarquía, fue el único de los grandes líderes políticos que falleció durante su estancia voluntaria en tierras francesas. La infanta Luisa Fernanda, duquesa de Montpensier y hermana de la reina, envió una carta a la duquesa de Tetuán, al morir su esposo, reconociendo esa lealtad:

«La Nación ha perdido un buen español, el Ejército un buen general y el Trono constitucional un baluarte para un día de peligro».

Un diputado unionista, en plenas Cortes Constituyentes de 1869, escribió premonitoriamente que el líder romano Mario había brotado de las cenizas de los hermanos Graco.

«Quizás el hombre del porvenir que necesita España se ha inspirado y fortalecido sobre la tumba de O’Donnell»148.

Y así fue: ese hombre fue Antonio Cánovas de Castillo. Sobre los cimientos de la vieja Unión Liberal levantó el político conservador no sólo su propia agrupación sino el sistema de partidos de la Restauración y su turno pacífico en el poder. No obstante, resulta justo señalar una distinción con su viejo mentor: Cánovas tuvo una coyuntura favorable para desarrollar sus ideas, tras el fracaso del régimen isabelino y del sexenio revolucionario. La Corona, los partidos y las fuerzas armadas aprendieron mucho de esas experiencias históricas y, a partir de 1875, demostraron su voluntad de evitar la intolerancia y el exclusivismo como sistema de gobierno.

O’Donnell y la Unión Liberal fueron la premonición de lo que pudo ser el reinado isabelino y después fue el de Alfonso XII: la convicción y la esperanza de que el liberalismo monárquico, pese a todos sus avatares y problemas, constituía un camino que valía la pena recorrer en la construcción de la modernidad española.

NOTAS

1. Pérez Galdós (1979, 1904): 6.

2. Navarro (1869): 158.

3. Ver Comellas (2016) y García (2017).

4. Melgar (1946): 105.

5. Archivo General Militar de Madrid (en adelante AGMM) Célebres, Expedientes personales (EP), primera sección, caj. 119, exp. 5, carpeta 1, doc. 13. Certificado de bautismo.

6. AGMM, EP, caj. 119, exp. 5, carp. 2, doc. 1. Nombramiento fechado el 30 de octubre de 1819.

7. Moral (2015)

8. Moral (2006): 29-38.

9. Moral (2005): 161-197.

10. Ibo (1867): 100-105. Sobre la Primera Guerra Carlista me remito a Bullón, A. (1992) y Moral (1999, 2002, 2006).

11. AGMM, EP, caj. 119, exp. 5, carp. 2, doc. 10. Nombramiento fechado el 14 de mayo de 1834 en Aranjuez.

12. Ibo (1867): 114-117.

13. AGMM, EP, caj. 119, exp. 5, carp. 2, doc. 5. Nota del archivero.

14. AGMM, EP, caj. 119, exp. 5, carp. 2, docs. 18 y 19. Orden General, Vitoria, 16 de abril de 1836.

15. AGMM, EP, caj. 119, exp. 5, carp. 2, docs. 23 y 24. Informes del estado de salud de Leopoldo O’Donnell, Vitoria, 7 de julio de 1836.

16. Archivo del Senado, Diario de Sesiones (en adelante, AS, DS) nº 19, 5 de julio de 1860, p. 137.

17. AGMM, EP, caj. 119, exp. 5, carp. 2, doc. 62.

18. AGMM, EP, caj. 119, exp. 5, carp. 2, docs. 33 a 35.

19. Las cartas de O’Donnell a su madre se encuentran reproducidas en el anexo de Melgar (1946): 161-162.

20. AGMM, EP, caj. 119, exp. 5, carp. 2, docs. 63 a 65.

21. AGMM, EP, caj. 119, exp. 5, carp. 2, docs. 69 a 78.

22. Ibo (1867): 163.

23. Bullón de Mendoza (1992): 379

24. Seco (2009): 290.

25. AGMM, EP, caj. 119, exp. 5, carp. 2, doc. 86.

26. García (2017): 55.

27. Moral (2006): 133-140; asimismo, ver Pérez de la Blanca (2005), López Cordón (2002), Martí Gilabert (2003), Miraflores (1843, 1964).

28. Ibo (1867): 767.

29. Comellas (1999): 64-73; Rueda (2001): 34-39.

30. AGMM, EP, caj. 119, exp. 5, carp. 2, docs. 89 a 96.

31. Mikelarena, (2010): 239-275.

32. AGMM, EP, caj. 119, exp. 5, carp. 2, docs. 97 a 100. Primeramente, O’Donnell solicitó permiso para pasar de cuartel a Bilbao pero el regente, temiendo una conspiración, le exigió otro punto, por lo que eligió Pamplona. Le fue concedido el 13 de julio de 1841.

33. Fernández de Córdova (1886, 2007): 184-185.

34. García (2017): 58.

35. Moral (2015): 77-88.

36. AGMM, EP, caj. 119, exp. 5, carp. 2, docs. 106 a 108.

37. AGMM, EP, caj. 119, exp. 5, carp. 2, docs. 103,109 a 116. O’Donnell desembarcó en La Habana el 21 de octubre de 1843.

38. Biblioteca de la Real Academia de la Historia (en adelante, BRAH) archivo Narváez, 9/8096, vol. 22/3.

39. Ibo (1867): 792-796. O’Donnell solicitó que se le abonaran los sueldos atrasados, como militar, durante su exilio en Francia, a lo que accedió el Gobierno. Asimismo, ver Durán (1979): 59-60. Sobre su gobierno en Cuba ver Archivo Histórico Nacional (AHN), Ultramar, 16, exp. 9; 4625, exp. 9; 4645, exp. 2 y 245, exp. 4.

40. Ibo (1867): 797.

41. AGMM, EP, caj. 119, exp. 5, carp. 2, docs. 150 a 184 y doc. 222.

42. El testamento se reproduce en Melgar (1946): 179-181.

43. Galdós (1905): 149.

44. BRAH, fondo Narváez, 9/8110, vol. 44/9.

45. Ibíd.

46. AS, ES28079. HIS-0462-05. Expediente personal del senador Leopoldo O’Donnell y Jorís. Su actuación crítica contra los gobiernos moderados es señalada por Buxó, J. (1962): 198 y 219.

47. AGMM, EP, caj. 119, exp. 5, carp. 3, docs. 7 a 10.

48. El editor fue condenado por injurias aunque no cumplió la pena. El artículo estaba fechado el 15 de agosto de 1851. BRAH, fondo Narváez, 9/7857.

49. Ibo (1867): 893.

50. Galdós (1903): 50.

51. Fernández Almagro (1972): 169.

52. Rueda (2001): 100-106; sobre la revolución, ver Paredes (1982), Urquijo (1984) y Salcedo (2012).

53. Comellas (1999): 220-221.

54. Morales (2015): 217.

55. Rueda (2004): 260.

56. Este plan es analizado a partir de la correspondencia de Narváez con figuras del moderantismo, por Salcedo (2009): pp. 1134-1177.

57. Rueda (2004): 254-255.

58. El decreto fue publicado en Gaceta de Madrid, 31 de julio de 1856. Citado por Nogués (2013)

59. Salcedo (2009): 1.204.

60. Navarro (1869): 110. AS, DS, 18 de mayo de 1857, 71.

61. Salcedo (2009): 1.206 y ss.

62. Rueda (2004): 268-269.

63. Navarro (1869): 120-124.

64. AGMM, EP, caj. 119, exp. 5, carp. 4, doc. 187.

65. Llorca (1984): 158-161.

66. Navarro (1869): 126.

67. Navarro (1869): 134-135.

68. La participación de Narváez en las negociaciones previas al pronunciamiento de 1854 ha sido demostrada en la tesis doctoral de Salcedo (2009).

69. Pabón (1983): 238-239.

70. Prieto ((1998): 132-133.

71. Villa (2016): 25.

72. Diario de Sesiones del Congreso (en adelante, DSC), 146, 5 de mayo de 1855, p. 4.483. El 28 de mayo, unos días más tarde, O’Donnell confirmó la popularidad de la frase en un discurso: «Yo reconozco la constitucionalidad de este principio, no lo puedo negar; (...) pero yo que dije aquí ya una frase que se ha comentado mucho, que no moriría de un empacho de legalidad, creo que ha llegado el día señalado y no quiero morir de ese empacho.» DSC, 165, p. 5.193.

73. Moral (2015): 12-13 y Melgar, F. (1946): 96.

74. Moral (2000): 161-168.

75. Moral (2005): 226.

76. Chato (2011): 78-79.

77. Galdós (1904, 1979): 141.

78. Prieto (1998): 134-176.

79. Durán (1979): 16-17.

80. Lafuente (1930): p. 87.

81. AS, DS, 5 de junio de 1851, p. 31.

82. Chato (2011): 85.

83. Reyero (2015):235.

84. Pérez Galdós (1904, 1979): p. 91.

85. Sobre el debate de la fundación de la Unión Liberal ver Durán de la Rúa (1979), Comellas, (1999), Prieto (1998), Seco (2000), Martínez Gallego (2001), Chato (2011) y Salcedo (2009).

86. DSC, 30 de marzo de 1855.

87. Inarejos (2007): 139.

88. AS, DS, 29 de diciembre de 1862, p. 248.

89. Chato (2009): 125-137.

90. Salcedo (2009): 1.234.

91. Carreras y Tafunell (2005): 1.001.

92. AS, DS, 7 de diciembre de 1858, p. 252.

93. DSC, 16 de diciembre de 1861, pp. 232-236. Citado por García (2009): 14.

94. Ibíd.

95. Capítulo basado en Comellas (1999), Chato (2009), Durán de la Rúa (1979), Gortázar (1994), López Corral (1995), Rodríguez González (2000), Rueda (1999 y 2006), Anes Álvarez (2005), Dardé (2004) y Salcedo (2009 y 2012).

96. AS, DS, 19 de enero de 1859, pp. 762-765.

97. Los censos eran hipotecas casi perpetuas que pesaban sobre las propiedades y que se heredaban junto a éstas. Contra esta herencia del Antiguo Régimen quisieron luchar los liberales, redimiendo las tierras –a cambio de un pequeño coste– para que la propiedad quedara libre de gravámenes y cargas. Un paso más hacia la liberalización de la tierra.

98. El 7 de diciembre de 1860, Isabel II envió a O’Donnell papeles y memoriales que Nieto le había entregado, antes del atentado, por si podían contribuir a aclarar las causas del mismo. BRAH, archivo de Isabel II, 9/6961, leg. XXII, nº 90-92.

99. AS, DS, 29 de diciembre de 1862, p. 248.

100. López Corral (1995): 56-66.

101. AS, DS, 16 de diciembre de 1858, p. 111.

102. Paredes (1982): 331; sobre la posición de O’Donnell ver Chato (2011): 103-111.

103. AS, DS, 4 de enero de 1861, pp. 563-565.

104. Sobre la política exterior de la Unión Liberal ver Alcalá (2004), Melgar (1946), Robles Muñoz (1987), Rodríguez González (1999), Inarejos, (2007); Ruiz de Azúa (2004); Durán (1979); Togores, (1997). Imprescindible, para el caso de la campaña de Marruecos, Alarcón (1859, 2005) y Castillo (1860). Martínez (2000) analiza mensajes de la jerarquía católica ante la guerra africana.

105. BRAH, fondo Isabel II, 9/6961, leg. XXII, nº 100. Carta de la reina a O’Donnell, s. f. sobre la guerra de África.

106. Mensaje al gobernador de Tetuán para rendir la plaza firmado por O’Donnell (5 de febrero de 1860) y proclama dirigida por el general en jefe después de la batalla (4 de febrero). BRAH, Archivo de Isabel II, 9/6961, leg. XXII, nº 88.

107. BRAH, Archivo de Isabel II, 9/6961, leg. XXII, nº 89.

108. Melgar (1946):125.

109. Carta de Miraflores a la reina, 20 de abril de 1860. BRAH, Archivo de Isabel II, 9/6960, leg. XXI, nº 25.

110. Melgar (1946): 175.

111. AS, DS, 5 de julio de 1860, pp. 138 a 141.

112. AS, DS, 6 de junio de 1860, pp. 46-47.

113. Un militar crítico con O’Donnell escribió: «la guerra de África le sirvió de Jordán; sin la gloria que en ella alcanzó, que limpió sus grandes manchas políticas, habría pasado a la historia como una calamidad. Tenía talento militar, valor, sangre fría y carácter». Nogués (2013): 311.

114. Las esposas de los Grandes de España «tomaban la almohada» en una ceremonia presidida por la reina en la antecámara de palacio. Archivo General del Palacio Real de Madrid (AGP), reinado de Isabel II, caj. 8927/ 7 y caj. 8878/8. En el caso de los duques de Tetuán, ambos actos se celebraron el 20 de enero de 1861.

115. BRAH, archivo Narvaez, 9/8106; vol. 39/10; 9/8100, vol. 32/33; 9/8109, vol. 43/42. AGP, Expedientes personales, 2.655/54 y 16.538/7.

116. Rico (2012): 330-331.

117. Seco (2000): 175.

118. DSC, 19 de enero de 1863, p. 195. Citado por Chato (2011): 149.

119. DSC, 16 de diciembre de 1861, pp.235-236.

120. Sobre el capítulo me remito a Castillo (1860), Buxó de Abaigar (1962), Durán de la Rúa (1979), Paredes Alonso (1991), Comellas (2011), De Diego (2014), Martínez Gallego (2001), Rueda Hernánz (2004), Salcedo Olid (2009 y 2012), Vilches (2001).

121. BRAH, archivo Narváez II, 9/8100. Carta de Gaetner al duque de Valencia, 21 de agosto de 1863.

122. AS, DS, nº 21, 8 de enero de 1864, pp. 217-230.

123. Villa (2016): 50-51.

124. Rueda (2004): 281.

125. BRAH, Archivo de Isabel II, 9/6961, Legajo XXII, Nº 94, carta fechada el 14 de noviembre de 1864.

126. BRAH, Archivo de Isabel II, 9/6960, Legajo XXI, Nº 25.

127. Llorca (1984): 198-199.

128. BRAH, Archivo de Isabel II, Minuta de carta de la reina y contestación de O’Donnell. 14 de septiembre de 1864, 9/6961, Legajo XXII, Nº 94.

129. Carta de Miraflores a la reina, 17 de junio de 1865. BRAH, Archivo de Isabel II, 9/6960, legajo XXI, nº 29.

130. AS, DS, nº 83, 22 de junio de 1865, p. 4086.

131. Inarejos (2007): 135-165.

132. Cuenca (2003): 141.

133. Selgas (1872): 155-156.

134. Seco (2000): 188-189.

135. Carta de Miraflores a la reina, 19 de julio de 1865. BRAH, Archivo de Isabel II, 9/6960, leg. XXI, nº 31.

136. BRAH, Archivo de Isabel II, 9/6961, leg. XXII, nº 101, 102 y103. Historiadores del reinado citan como fuente lo publicado en La Gaceta pero no la carta.

137. La reina se lo comunicó a Miraflores, que recomendó al marqués de Santa Cruz, pero aquél se mostró muy dolido por la oposición de O’Donnell. Carta a Isabel II, 1 de marzo de 1866. BRAH, Archivo de Isabel II, 9/6960, leg. XXI, nº 39.

138. Inarejos, (2007): 99-134.

139. En cambio, el general Romualdo Nogués argumenta que Isabel II se opuso a los fusilamientos en 1866, achacando a O’Donnell la responsabilidad de la represión, el cual amenazó a la reina con dimitir, según su versión. Nogués (2013): p. 309.

140. Fernández de Córdova (1886, 2008): tomo II, 550.

141. Navarro (1869): 2.

142. Fernández de Córdova (1886, 2008): tomo II, 550.

143. O’Donnell era gran cordón de la Legión de Honor de Francia: caballero gran cruz de las órdenes de Carlos III, Isabel la Católica, San Fernando y San Hermenegildo; de la Orden de San Mauricio de Cerdeña y Leopoldo de Bélgica; caballero laureado de San Fernando de 2ª y 3ª clase; de la Orden de San Fernando, de Mérito de Nápoles, de la Torre y Espada de Portugal; conde de Lucena, vizconde de Aliaga y duque de Tetuán con Grandeza de España; cruz de Gran Oficial de la orden de los Serafines y del Cordón Azul de Suecia; gentilhombre de cámara con ejercicio, senador y capitán general de los ejércitos. AGP, reinado de Isabel II, 8927/7.

144. Discurso reproducido en El Español, 13 de noviembre de 1867.

145. AGMM, EP, caj. 119, exp. 5, carp. 4.

146. BRAH, archivo Narváez II, 9/8101, vol. 33/125.

147. Melgar (1946): 155-156.

148. Navarro (1869): 2.

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

I. Archivos consultados

– Archivo del Senado

Expediente del senador Leopoldo O’Donnell y Joris

– Biblioteca de la Real Academia de la Historia

Archivo de Isabel II

Archivo Narváez

– Archivo General Militar de Madrid

Célebres. Expediente militar digitalizado del capitán general Leopoldo O’Donnell

– Archivo Histórico Nacional

Ultramar

– Archivo General del Palacio Real de Madrid

Expedientes personales de Leopoldo O’Donnell y Manuela Bergues

II. Bibliografía

1. Obras del siglo XIX

– Alarcón, Pedro Antonio de, Diario de un testigo de la guerra de África, Sevilla, Fundación José Manuel Lara, reedición de la obra de 1859, 2005.

– Amat, Juan Rico, Diccionario de los políticos de Juan Rico y Amat (1855), Paredes Alonso, Javier (edición, notas e introducción), Madrid, Homolegens, 2011.

– Castillo, Rafael del, Historia de la vida militar y política del Excmo. Sr. Capitán General D. Leopoldo O’Donnell, Madrid, Jesús Gracia Editor, Librería Española, 1860.

– Fernández de Córdova, Fernando, Mis memorias íntimas, reedición del original de 1886 e introducción de Hugo O’Donnell, Madrid, Velecio Editores, 2007-2008.

– Ibo Alfaro, Manuel, Apuntes para la historia de don Leopoldo O’Donnell, Madrid, Imprenta de Francisco Martínez Zambrano, 1867.

– Lafuente, Modesto, Varela, Juan y otros: Historia general de España desde los tiempos primitivos hasta la muerte de Fernando VII, vol. 23, Barcelona, Montaner y Simón, 1930.

– Miraflores, Marqués de, Memorias de los siete primeros años del reinado de Isabel II, prólogo de Miguel Artola, reedición, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, reedición de 1843, 1964.

– Navarro Rodrigo, Carlos, O’Donnell y su tiempo, Madrid, Imprenta de la Biblioteca Universal Económica, 1869.

2. Obras del siglo XX

– Bullón de Mendoza, Alfonso, La Primera Guerra Carlista, Madrid, Actas, 1992.

– Bullón de Mendoza, Alfonso (Coord.), Cánovas y su época, Madrid, Fundación Cánovas - Ed. Actas - Universidad San Pablo - CEU, 2 vols., 1999.

– Buxó de Abaigar, Joaquín, Domingo Dulce, general isabelino, Barcelona, Planeta, 1962.

– Carrasco González, Antonio, «1859: el año de la guerra de África. Justificación y propaganda», Aportes, 37 (1998), pp. 27-40.

– Comellas, José Luis, Isabel II. Una reina y un reinado, Barcelona, Ariel, 1999.

– Durán de la Rúa, Nelson, La Unión Liberal y la modernización de la España isabelina. Una convivencia frustrada, Madrid, Akal, 1979.

– Fernández Almagro, Melchor, Cánovas, Madrid, Tebas, 1972.

– Gortázar, Guillermo (Ed.), Nación y Estado en la España Liberal, Madrid, Nóesis, 1994.

– López Corral, Miguel, La Guardia Civil. Nacimiento y consolidación, 1844-1874, Madrid, Actas, 1995.

– Martínez, Mateo, «Sobre la paz y la guerra en la etapa de la Unión Liberal, 1858-1863)», Investigaciones históricas. Época moderna y contemporánea, 20 (2000), pp. 139-148.

– Melgar, Francisco, O’Donnell, Madrid, Editorial Gran Capitán, 1946.

– Moral Roncal, Antonio Manuel, Carlos V de Borbón (1788-1855), Madrid, Actas, 1999.

– Moral Roncal, Antonio Manuel, «El infante don Francisco de Paula Borbón. Masonería y liberalismo a la sombra del trono», Investigaciones históricas, 20 (2000), pp. 149-168.

– Núñez Romero, Gregorio, «Criticismo y economía política en España bajo la Unión Liberal», Anuario de Historia contemporánea, 9 (1982), pp. 187-214.

– Ortuzar Castañer, Trinidad, El general Serrano, duque de la Torre. El hombre y el político, Madrid, Ministerio de Defensa, 2000.

– Pabón y Suárez de Urbina, Jesús, Narváez y su época, Madrid, Espasa-Calpe, 1983.

– Pardo Canalis, Enrique, «El monumento sepulcral de O’Donnell», Goya, 95 (1970), pp. 284-287.

– Paredes Alonso, Francisco Javier, Pascual Madoz, 1805-1870. Libertad y progreso en la Monarquía isabelina, Pamplona, Eunsa, 1991.

– Paredes Alonso, Francisco Javier, La organización de la justicia en la España liberal. Los orígenes de la carrera judicial (1834-1870), Madrid, Cívitas, 1991.

– Pérez Galdós, Benito, O’Donnell, Madrid, Alianza, 1979 (original de 1904).

– Pérez Galdós, Benito, Aita Tettauen, Madrid, Imprenta viuda e hijos de Tello, 1905.

– Prieto, José Luis, «Los puritanos y la Unión Liberal (1833-1874): la búsqueda de un liberalismo templado», en Marco, José María (coord.), Genealogía del liberalismo español, 1759-1936, Madrid, FAES, 1998.

– Robles Muñoz, Cristóbal, Paz en Santo Domingo, 1854-1865. El fracaso de su anexión a España, Madrid, CSIC, 1987.

– Rodríguez González, Agustín Ramón, La Armada española. La campaña del Pacífico, 1862-1871, Madrid, Agualarga, 1999.

– Rodríguez González, Agustín Ramón, «Poder naval y crisis nacionales en la España del siglo XIX», Aportes, 43 (2000), pp. 21-40.

– Rueda, Germán, La desamortización en España: un balance (1766-1824), Madrid, Arcolibros, 1999.

– Seco Serrano, Carlos, «El general O’Donnell», Torre de los Lujanes, 27 (1994), pp. 59-68.

– Seco Serrano, Carlos, Historia del conservadurismo español, Madrid, Temas de Hoy, 2000.

– Togores, Luis E., Extremo Oriente en la política exterior de España, 1830-1885, Madrid, Prensa y ediciones iberoamericanas, 1997.

– Togores, Luis E. y Abradelo de Usera, M. Isabel, «Viajeros románticos por la España isabelina», Aportes. Revista de Historia contemporánea, 34 (1997), pp. 119-146.

– Urquijo y Goitia, José Ramón, La revolución de 1854 en Madrid, Madrid, CSIC, 1984.

3. Obras del siglo XXI

– Alcalá, César, La campaña de Marruecos (1859-1860), Valladolid, Legendi, 2004.

– Anes Álvarez, Gonzalo (coord.), Economía, sociedad, política y cultura en la España de Isabel II, Madrid, Real Academia de la Historia, 2005.

– Cajal Valero, Arturo, «Espartero, O’Donnell y el ejército liberal ante la bandera de Muñagorri (1838-1839)», Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, 63, nº 2 (2007), pp. 515-573.

– Cajal Valero, Arturo, «La cuestión foral vasca y el gobierno de O’Donnell durante la guerra de África (1859-1860)», Historia contemporánea, 46 (2013), pp. 85-110.

– Cases Mendez, José Ignacio, «La Unión Liberal prepara sus elecciones: los manejos del Gran Elector», en VV. AA., Homenaje al profesor José Antonio Escudero, vol. I, 2012, pp. 301-328.

– Comellas, José Luis, Isabel II, Madrid, Homolegens, 2011.

– Comellas, José Luis y otros (eds.), Los generales de Isabel II, Madrid, ediciones 19, 2016.

– Cuenca Toribio, José Manuel, «La Unión Liberal: una tentativa de interpretación», Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo 200, cuaderno I (2003), pp. 135-154.

– Chato Gonzalo, Ignacio, «Las divergentes vías de la conciliación liberal: el Portugal de la Regenaraçao y la España de la Unión Liberal (1856-1861)», Historia y Política, 22 (2009), pp. 125-158.

– Chato Gonzalo, Ignacio, «La Unión Liberal y la renovación del sistema de partidos (1858-1863)», Revista de Estudios Políticos, 153 (2011), pp. 75-111.

– Chato Gonzalo, Ignacio, «El fracaso del proyecto regenerador de la Unión Liberal (1858-1863): el fin de las expectativas de cambio», Cuadernos de Historia contemporánea, 33 (2011), pp. 141-161.

– Dardé, Carlos (coord.), Liberalismo y romanticismo en tiempos de Isabel II, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2004.

– Diego, Emilio de, Prim. Mucho más que una espada, Madrid, Actas, 2014.

– Díez Torre, Alejandro, «Las regencias de María Cristina y Espartero», en Paredes, Javier (Dir.), Historia contemporánea de España (ss. XIX y XX), Barcelona, Ariel, 2004, pp. 159-199.

– García García, Carmen, «La reforma constitucional durante el Gobierno Largo de O’Donnell», Rúbrica contemporánea, vol. 1, nº 1 (2012), pp. 95-110.

– García García, Carmen, «Relaciones y vínculos de poder de un general isabelino: O’Donnell y los antecedentes de la Unión Liberal», Ayer, 105 (2017), pp. 51-75.

– García Pinacho, Pilar, «La prensa española ante la cuestión mexicana (1861-1867)», Aportes. Revista de Historia contemporánea, 79 (2012), pp. 113-145.

– Inajeros Muñoz, Juan Antonio (2010), Intervenciones coloniales y nacionalismo español. La política exterior de la Unión Liberal y sus vínculos con la Francia de Napoleón III (1856-1868), Madrid, Sílex.

– López Cordón, María Victoria y otras (2002), La Casa de Borbón. Vol. 2. 1808-2000, Madrid, Alianza editorial.

– Martí Gilabert, Francisco, La desamortización española, Madrid, Rialp, 2003.

– Martínez Gallego, Francesc Andreu, Conservar progresando: la Unión Liberal (1856-1868), Valencia, UNED, 2001.

– Mikelarena Peña, Fernando, «La sublevación de O’Donnell de octubre de 1841 en Navarra», Historia Contemporánea, 38 (2010), pp. 239-275.

– Moral Roncal, Antonio Manuel, Los carlistas, Madrid, Arcolibros, 2002.

– Moral Roncal, Antonio Manuel, ¡El enemigo en Palacio! Afrancesados, liberales y carlistas en la Real Casa y Patrimonio (1814-1843), Alcalá, Publicaciones de la Universidad de Alcalá, 2005.

– Moral Roncal, Antonio Manuel, Las guerras carlistas, Madrid, Sílex, 2006.

– Moral Roncal, Antonio Manuel y Colmenero, Ricardo, Revolución y contrarrevolución. El siglo XIX español en el cine, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2011.

– Moral Roncal, Antonio Manuel, El general Manuel Gutiérrez de la Concha. Una espada liberal en las guerras carlistas, Madrid, Ministerio de Defensa, 2015.

– Morales Tamaral, José Manuel, «Inscripciones del sepulcro de O’Donnell. Una esperanza frustrada en la España de Isabel II», en Muñoz Serrulla, María Teresa (Coord.), Epigrafía en Madrid, Ab Initio, Núm. Extraordinario 03 (2015), pp. 203-236, disponible en www.ab-initio.es

– Nogués y Milagro, Romualdo, Memorias y reflexiones de un general erudito, Pamplona, Analecta editorial, 2013.

– O’Donnell y Duque de Estrada, Hugo, «Leopoldo O’Donnell y Joris, I duque de Tetuán», en Fernández Vargas, Valentina (coord.), El Madrid Militar, vol. II. El Ejército en Madrid y su territorio (1813-1931), Madrid, 2006, pp. 367-414.

– O’Donnell y Duque de Estrada, Hugo, «Leopoldo O’Donnell, centrista y conspirador obligado», en La era isabelina y la revolución, 1843-1875. Actas de las XIII Jornadas Nacionales de Historia Militar, Sevilla, 2009, pp. 67-88.

– Pérez de la Blanca, Pedro, Martínez de la Rosa y sus tiempos, Barcelona, Ariel, 2005.

– Reyero, Carlos, Monarquía y romanticismo, Madrid, Siglo XXI, 2015.

– Rueda Hernánz, Germán, Isabel II, Madrid, Arlanza, 2001.

– Rueda Hernánz, Germán y otros, Historia política 1808-1874, Madrid, Itsmo, 2004.

– Ruiz de Azúa, Estíbaliz, «El Gobierno Largo de la Unión Liberal (1858-1863)», en Paredes, Javier (Dir.), Historia contemporánea de España (ss. XIX y XX), Barcelona, Ariel, 2004, pp. 234-260.

– Salcedo Olid, Manuel, Ramón María Narváez y de Campos (1799-1868), 2 t., tesis doctoral, 2009.

– Salcedo Olid, Manuel, Ramón María Narváez (1799-1868), Madrid, Homolegens, 2012.

– Seco Serrano, Carlos, «O’Donnell y Joris, Leopoldo», Diccionario Biográfico Español, tomo XXXVIII, Madrid, Real Academia de la Historia, 2009, pp. 289-292.

– Vilches García, Jorge, Progreso y libertad: el Partido Progresista en la revolución liberal española, Madrid, Alianza, 2001.

– Villa, Roberto, España en las urnas. Una historia electoral (1810-2015), Madrid, Catarata, 2016.

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