Nock es capaz de asestarle un duro golpe a una de las principales legitimaciones que suele encontrar el Estado: su función de cohesionar la sociedad. De acuerdo con Nock, el Estado no sólo no es un prerrequisito para que exista la sociedad sino que es la institución más antisocial que existe. El Estado es una gran ficción mediante la cual los distintos grupos organizados (los modernos lobbies) son capaces de vivir a costa de los muy desorganizados contribuyentes merced a toda clase de pretextos que buscan justificar la coacción y construir un espíritu de servidumbre voluntaria.

Cuando Nuestro enemigo, el Estado apareció en 1935, fue más bien su mérito literario, en lugar de su contrapartida filosófica, lo que atrajo tanta atención. Los tiempos todavía no se encontraban maduros para aceptar sus predicciones, y mucho menos para aceptar el argumento que se encontraba en la base de tales predicciones. En menos de una década, fue evidente para muchos americanos que su país no era inmune frente a la filosofía que había capturado el pensamiento europeo. Los tiempos acabaron por corroborar la tesis de Nock.

Albert J. Nock

Nuestro enemigo, el Estado

ePub r1.1

Piolin 17.05.16

Título original: Our Enemy, the State

Albert J. Nock, 1935

Traducción: Almudena Santalla

Retoque de cubierta: Leviatán

Editor digital: Piolin

Primer editor: Leviatán (r1.0)

ePub base r1.2

En memoria de

Edmund Cadwalader Evans

Gran economista, uno de

los pocos que entendieron

la naturaleza del Estado

«Sea o no cierto que el Hombre es deformado en la injusticia y concebido en pecado, es incuestionablemente cierto que el Gobierno está engendrado de agresión, y por agresión».

HERBERT SPENCER, 1850

«El peligro más grave que acecha hoy en día a la civilización: la intervención del Estado, la absorción de todo el esfuerzo social espontáneo por el Estado; es decir, de cualquier acción histórica espontánea, que a largo plazo sostiene, nutre e impulsa los destinos humanos».

JOSÉ ORTEGA Y GASSET, 1922

«El Estado ha adquirido una gran cantidad de nuevas tareas y responsabilidades; ha extendido sus poderes hasta llegar a penetrar en cualquier acto del ciudadano, aunque en secreto; ha comenzado a moldear, en torno a sus operaciones, la alta dignidad e impecabilidad de una religión estatal; sus agentes se convierten en una casta separada y superior, con autoridad para apretar, aflojar, y meter sus narices en todos los asuntos. Pero sigue siendo, como fue desde un principio, el enemigo común de todo hombre decente, trabajador y con buena disposición».

HENRY L. MENCKEN, 1926

INTRODUCCIÓN

Hace medio siglo, cuando andaba yo esforzándome para poder articular una filosofía política y social con la que mi voz interior estuviera de acuerdo, adquirí mi primera experiencia con eso que se ha venido a llamar pensamiento libertario. Yo había leído —y disfrutado— con la lectura de filósofos clásicos como John Locke, John Stuart Mill, los estoicos y otros que se tomaron en serio las penas sufridas por el individuo a manos de los sistemas políticos. El hecho de descubrir los escritos de H. L. Mencken, durante los primeros días de estudio, me puso en contacto por primera vez con toda la serie de críticos contemporáneos de los patrones de comportamiento estatal. Fue en esa época que leí el libro titulado Nuestro Enemigo el Estado, escrito por Albert Jay Nock, cuando comenzó mi verdadera transformación intelectual. No poco después, comencé a interesarme cada vez menos por el estudio del razonamiento filosófico abstracto para pasar a interesarme cada vez en la forma de actuar de los sistemas políticos.

Uno de los problemas principales de la filosofía política descansa en el hecho de que ésta exige la tarea de descifrar el pensamiento abstracto del autor que la escribe. ¿Se encuentran estos enfoques sobre el «estado de naturaleza», tal y como éste fue entendido por Hobbes, Rousseau o Locke, avalados por estudios empíricos realizados sobre sociedades históricas sin Estado, o se trata más bien de las experiencias de vida, la especulación intuitiva, el adoctrinamiento, el inconsciente colectivo y otras influencias del interior humano lo que en verdad tiene el autor en mente? Como el conocimiento que tenemos sobre el mundo está impregnado de subjetividad, también cabe plantearse la misma cuestión sobre cualquiera que se dedique a la filosofía especulativa: ¿Resulta posible salirnos de nosotros mismos para poder comentar sobre el mundo libre de las cargas que ejerce nuestro propio pensamiento sobre ello? ¿Tenía razón Heisenberg al contarnos que el observador constituye un ingrediente central en eso que se observa? El tipo de expectativas que tenemos sobre los sistemas políticos ejercen un alto poder de seducción sobre nosotros en relación a cómo estos deberían funcionar.

¿Quién es este observador que acabo de descubrir? Abert J. Nock comenzó su carrera como sacerdote episcopal para luego pasarse al periodismo. En varias ocasiones éste escribió para las revistas The Nation and Freeman, publicaciones éstas que mantenían una perspectiva diferente que la mantenida por las corrientes de pensamiento contemporáneo. Jefersionano y Georgiano declarado, Nock fue un hábil orador sobre el liberalismo clásico; defensor del libre mercado, la propiedad privada y receloso frente al poder. Éste escribió en una época en la que el concepto de «liberalismo» estaba siendo política e intelectualmente corrompido para transformarlo en su antítesis de una sociedad dirigida por el Estado; y a Nock le preocupó en especial el efecto negativo que tal transformación habría de tener tanto en el individuo como en la cultura en general cuando la corrupción del nuevo carácter humano se hiciera la norma social.

Nock tuvo un interés permanente en la pregunta epistemológica que se pregunta cómo y por qué sabemos lo que sabemos, y como los cambios en nuestra manera de pensar genera el tipo de modificaciones externas que surgen en el mundo a partir de nuestro interior. En su ya clásica Memoirs of a Superfluous Man, éste observó que «la cosa más significativa sobre [el hombre] reside en lo que éste piense; y significativo es también el ver cómo éste llegó a pensarlo, determinar el por qué continúa pensándolo, o si fue que éste abandonó la tal forma de pensar, qué tipo de influencias se ejercieron que le hicieron cambiar su enfoque».

Albert Jay Nock fue lo que en mi juventud hubiera sido descrito como un exponente de la educación de las «artes liberales». Éste comprendió bien, no sólo que «las ideas tienen consecuencias» —una cuestión que desarrolló Richard Weaver— sino que la organización se rige por una cierta dinámica que, cuando se moviliza, puede generar consecuencias inesperadas. Si bien Nock reconoció la consecución del interés personal como un factor motivacional fundamental, éste pudo constatar cómo los intereses de tipo político y corporativo pueden combinarse para promover tales intereses, de forma coercitiva, a expensas de otros.

El desarrollo intelectual de Nock se vio fuertemente influenciado por los trabajos del economista y sociólogo alemán Franz Oppenheimer. Nock centró una parte importante de su esfuerzo sobre el análisis de los dos medios principales de Oppenheimer —expuesto éste en su Der Staat— en función de los cuales los seres humanos pueden satisfacer sus necesidades. El satisfacer estas necesidades a través del ejercicio laboral propio y su intercambio equivalente por la fuerza de trabajo de otras personas, era lo que Oppenheimer entendía como «medios económicos». Por contra, el perseguir tales intereses a través de «la apropiación indebida del trabajo de otros» fue definido por él como «medios políticos». Nock se expande a partir de la tesis de Oppenheimer al objeto de describir la verdadera forma de operar del Estado. Debido a que la gente tiende a perseguir sus fines «ahorrando la mayor cantidad de trabajo» posible, ésta siempre tenderá a preferir el camino político al económico, una característica esta que ha visto nacer al moderno Estado corporativo —o eso que Nock conocía como «Estado Mercader».

Los esfuerzos anteriores de la filosofía política al objeto de explicar los orígenes del Estado, bien como una expresión de la «voluntad divina», bien como producto de un supuesto «contrato social», comienzan a desaparecer cuando se los enfrenta con el realismo de Nock. Éste nos cuenta que el Estado tiene su génesis, no en elevados principios que tratan de perseguir el «bien común» y evitar algún tipo de mal imaginario presente en la naturaleza humana, sino en la «expropiación y la conquista». Éste se hace eco de la observación de Voltaire de que el «arte de gobierno consiste en hacer tanto dinero como sea posible a partir de la desposesión de una clase social en favor de otra». El mantra de la era Watergate que dice «sigue los rastros del dinero» reverbera más bien esta temática más prosaica.

Aquellos que amonestan a los críticos del Estado por ser estos «idealistas» o «utópicos» tienen que poder responder ellos mismos por su creencia de que se puede obligar al Estado a refrenarse a sí mismo. Tal y como Nock supo ver, y tal y como la historia más reciente viene confirmando, son esos que creen que las constituciones escritas pueden proteger a los individuos del ejercicio del poder estatal lo que se agarran más bien a un vacuo idealismo, de forma más particular, cuando es el poder judicial del Estado el que define la interpretación de tal autoridad. Las palabras constituyen abstracciones que nunca se relacionan con eso que se supone que describen y deben, por lo tanto, ser interpretadas. Las decisiones de la Corte Suprema siguen corroborando la afirmación realista de Nock de que «se puede hacer que cualquier cosa signifique lo que sea». El siglo XX por si sólo vio nacer a pensadores tales como Nock, que tuvo una perspectiva que permitió a otros ver cómo las primeras conjeturas sobre la naturaleza del Estado en verdad se desarrollaron. Los años posteriores al 9 de Septiembre han sido testigos de un gran retroceso por parte del gobierno americano en relación con la idea de gobierno limitado, viendo como se ignoraban sus prescripciones constitucionales a favor y en contra del Estado. Anthony de Jasay ha añadido su crítica sobre la naturaleza imaginaria de la idea de gobierno limitado por medio de señalar el hecho de que las «elecciones colectivas nunca son independientes de lo que quieren que éstas sean una cantidad importante de individuos». ¿Ha mostrado la historia que los sistemas políticos y la ciudadanía retienen un sentido de mutualidad que se encuentra implícita en la teoría del «contrato» que se supone apuntala al Estado moderno? ¿Permanece aquí intacto ese objetivo declarado de proteger las vidas, libertad, propiedad e intereses de los individuos?

El Estado moderno se manifiesta a si mismo cada vez más como ese mal que la filosofía ha tratado de identificar a lo largo de los siglos y que los sistemas constitucionales han tratado de evitar. Esto hace que surja la cuestión sobre si la misma existencia del Estado, con su interés propio en el ejercicio del monopolio basado en el uso de la fuerza, podría predecir otra cosa más que la continuación de los ciclos de guerra, represión, el desencajamiento de la economía y otras formas de conflicto o desorden social. ¿Podrán las mentes más jóvenes de hoy día, en su afán por entender la realidad en lugar de una teoría con su fe puesta en la esperanza, resistirse al cambio de mentalidad propuesto por Nock y otros que también ofrecen explicaciones sobre el estatismo basado en principios pragmáticos?

Tales cuestiones nos llevan a considerar los propósitos de Nock a la hora de escribir. Éste no tenía interés en reformas de tipo político al ver tales esfuerzos como de naturaleza superficial. Como tampoco se motivó éste por el deseo de educar el pensamiento de rebaño en hombres y mujeres, pues tales individuos carecían de la capacidad de comprender los principios que apuntalan la «naturaleza humana». Éste entendió más bien que su tarea consistía en educar a esos que él denominaba «los Remanentes», esos hombres y mujeres emancipados cuyas inquietudes emocionales e intelectuales les otorgaba el bagaje necesario para comprender en toda su extensión tales principios. De forma contraria al individuo que posee un pensamiento de masas y al que se puede fácilmente movilizar y manipular al servicio de varias causas institucionales, los Remanentes se mantendrán escépticos frente a esos proselitistas que tratan de convertir al individuo a esta u otra ideología, o que desean salvar al hombre en su conjunto.

Tratar de encontrar miembros de los Remanentes será del todo fútil, dice Nock, pues serán más bien ellos lo que tratarán de buscar a gente que tenga su mismo tipo de pensamiento. Nock entiende su papel como de alimentación y apoyo a esos individuos que, una vez la civilización haya colapsado, serán los responsables de «construir la nueva sociedad» sobre la base de su saber sobre el «augusto orden natural» de las cosas. Es para esta gente, cuenta Nock, que este libro ha sido escrito.

Nuestro Enemigo el Estado fue publicado por primera vez en 1935, cuando las consecuencias económicas del New Deal estaban comenzando a sentirse. En su prefacio a la edición de 1946 de su trabajo, el amigo de Nock, Frank Chodorov, nos cuenta que en 1943 Nock habló de realizar una segunda edición al objeto de elaborar este tipo de efectos económicos. En el verano de 1945, sin embargo, Nock murió sin poder completar esta tarea. Pero incluso sin tales modificaciones, Chodorov señala que «Nuestro Enemigo el Estado no necesita de apoyo alguno», y se mantiene por sí mismo como una poderosa crítica de los sistemas políticos.

BUTLER SHAFFER

Julio de 2009

PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN

Cuando Nuestro enemigo, el Estado apareció en 1935, fue más bien su mérito literario, en lugar de su contrapartida filosófica, lo que atrajo tanta atención. Los tiempos todavía no se encontraban maduros para aceptar sus predicciones, y mucho menos para aceptar el argumento que se encontraba en la base de tales predicciones. La fe puesta en el individualismo fronterizo tradicional todavía no se había visto sacudido por el curso de los acontecimientos. Frente a esta fe, el argumento de que las mismas fuerzas económicas que en toda época y nación habían llevado al surgimiento del poder político a expensas del poder social se encontraban operando en el momento, avanzó más bien poco. Es decir, el sentimiento de que «eso no nos puede pasar a nosotros» representó un obstáculo tal que el libro no pudo sortear.

Para cuando la primera edición ya se había agotado, el desarrollo de los asuntos sociales otorgó al argumento del libro un amplio testimonio. En menos de una década, fue evidente para muchos americanos que su país no era inmune frente a la filosofía que había capturado el pensamiento europeo. Los tiempos acabaron por corroborar la tesis de Nock, y por medio de una propaganda que se propagó de forma irresistible y por medio del boca a boca, la demanda por el libro comenzó a manifestarse justo cuando ya no quedaba ninguno a la venta. Y las imprentas se habían dedicado a redactar temas de guerra.

En 1943 éste tenía una segunda edición en mente. Yo hablé con él en varias ocasiones sobre ello, urgiéndole a que desarrollara la parte económica del libro, al parecerme a mí que este tipo de ideas habían sido desarrolladas de forma inadecuada para el lector que poseía un conocimiento limitado sobre política económica. Él estuvo de acuerdo con el hecho de que la tarea habría de desarrollarse, pero en un libro aparte, o en la segunda parte de su libro, y sugirió que yo mismo lo escribiera. Nada surgió del tema debido a la guerra y él murió en el 19 de Agosto de 1945.

Este volumen representa una dúplica exacta de esa primera edición. Nock intentó realizar algunos cambios sutiles, principalmente, tal y como éste me confesó, en sustitución de las presentes ilustraciones por otras que podrían tener una carga menor para los lectores más jóvenes. Y en cuanto a la secuela que habría de subrayar los aspectos económicos, la tarea está aún por realizar. En cualquier caso, Nuestro enemigo, el Estado no necesita de apoyo adicional alguno.

FRANK CHODOROV

Nueva York, 28 de mayo de 1946

PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN EN ESPAÑOL

Una de las más manidas justificaciones de la violencia institucionalizada es que el individuo no puede vivir fuera de la sociedad y que, por tanto, se necesita de esa herramienta esencial de socialización que vendría a ser el Estado. En efecto, muchos liberales y sobre todo muchos libertarios han caído frecuentemente en la peligrosa simplificación de despreciar el colectivo, hasta el punto de negar su misma existencia. No es infrecuente escuchar que sólo existe el individuo o que sólo la persona tiene derechos y que, por tanto, una economía puede funcionar sin fricciones con una pléyade de individuos independientes y casi autistas. Ayn Rand, por ejemplo, llego al extremo de idolatrar el pronombre «yo» y de considerar el «nosotros» como un peligroso caldo de cultivo para el totalitarismo.

Desde luego, muchos de estos liberales ultraindividualistas estaban movidos por sanas intenciones: en concreto, proteger al individuo de todos los ataques a la libertad cometidos en nombre del colectivo. Sin embargo, al considerar que el totalitarismo empezaba cuando el «yo» se diluía en el nosotros, inconscientemente le concedieron al enemigo la victoria que andaba buscando: la equiparación entre sociedad y Estado. Justamente, el auténtico totalitarismo comienza no cuando el individuo se diluye en la sociedad (algo que puede suceder por mecanismos totalmente voluntarios y beneficiosos para el individuo), sino cuando la sociedad se identifica en todos sus aspectos con el Estado. Pues ahí, en ese preciso punto, es cuando se equiparan los mecanismos voluntarios de cooperación y resolución de conflictos con las relaciones coactivas y opresivas que constituyen la esencia al Estado.

Afortunadamente, no todos los liberales han caído en esa trampa que tan arteramente tendieron los estatistas. La propia Escuela Austriaca capitaneó desde su nacimiento con Carl Menger los análisis sobre el surgimiento espontáneo de las instituciones, posteriormente refinados y ampliados por Friedrich Hayek; de hecho, este último llegó a calificar al individualismo cerril y aislado de la sociedad «falso» individualismo, por terminar creyendo que toda la realidad es fruto de la planificación de algún individuo concreto y no el subproducto no intencionado del conjunto de la comunidad. Fuera de la Escuela Austriaca, los llamados neoinstitucionalistas también han desarrollado una profusa y meritoria contribución al estudio de los límites de la propiedad individual, de los órganos de gobernanza sobre bienes comunales y de la conclusión de disputas por vías distintas a la legislación o los tribunales estatales.

Sin embargo, como decíamos, otros liberales, acaso menos interesados en la coordinación dentro y entre grupos, tienden a caer frecuentemente en el error de reducir toda la problemática económica y social al análisis racional de la conducta individual de carácter cuasi antisocial, negando incluso la existencia de externalidades o de acción colectiva (por el contrario, los estatistas tienden a visualizar tales problemas por todas partes y, sobre todo, tienden a negar la existencia de mecanismos privados eficientes para solventarlos). Afortunadamente, Albert Jay Nock no cae en este error tan extendido y ya desde el mismo título de su más afamado libro identifica adecuadamente al auténtico antagonista de la libertad: «Nuestro enemigo, el Estado».

Así, a lo largo de las páginas de esta muy interesante obra, el lector hallará una tan acertada como necesaria distinción entre «gobierno» y «Estado». En palabras de Nock: «Estas dos clases de organización política [gobierno y Estado] son tan distintas en la teoría que trazar una drástica distinción entre ambas diría que probablemente es la tarea más importante que la civilización puede emprender en aras de su propia seguridad. No es en absoluto arbitrario o academicista dar a un tipo de organización política el nombre de gobierno y a la otra el nombre de Estado».

Para Nock, la diferencia entre gobierno y Estado cabe hallarla en cuatro características: su origen, su propósito, los medios principales que se utilizan y los intereses que se defienden. Así, el origen del Estado es la conquista y la confiscación, el del gobierno el pacto libre y voluntario; el propósito del Estado es la explotación continua y sistemática de un grupo de individuos por otro grupo de individuos, mientras que el gobierno tiene como finalidad defender los derechos individuales de las personas para garantizar la libertad y la seguridad de todas las partes, de modo que todas ellas puedan salir ganando; los medios de actuación del Estado consisten reprimir las libertades de los ciudadanos, mientras que los del gobierno se limitan a evitar y prevenir que unos individuos violen los derechos de otros; y, por último, los intereses del Estado, a diferencia de los del gobierno, no son los del conjunto de la sociedad sino los de ciertos grupos de presión bien organizados a la hora de saquear al prójimo. De manera resumida: «partiendo de la idea de los derechos naturales, el gobierno garantiza los derechos individuales mediante instituciones negativas y una justicia barata y accesible; a eso se limita el gobierno. En cambio, el Estado, tanto en su génesis como en sus actuaciones, es puramente antisocial. El individuo no posee otros derechos salvo aquellos que el Estado le haya otorgado; ha vuelto la justicia cara y poco accesible, y ha rebasado con frecuencia los límites que le imponen la justicia y la moralidad siempre que le ha resultado provechoso».

Acaso sea conveniente refinar algo más esta crucial diferencia entre gobierno y Estado analizándolo desde otra perspectiva. En un momento del libro, Nock recupera la distinción realizada por el filósofo alemán Franz Oppenheimer entre «medios políticos» y «medios económicos» para poder proporcionarnos una definición más sintética de Estado. Dice Nock: «Existen dos maneras, y sólo dos maneras, para satisfacer los fines de una persona: una es la producción e intercambio de riqueza, lo que podríamos denominar los “medios económicos”; la otra es la rapiña de la riqueza que han generado otros, es decir, los “medios políticos”». Es ésta distinción la que le permite a Nock concluir acertadamente que el Estado es «la organización de los medios políticos», esto es, la institucionalización y burocratización de la rapiña.

Nock, sin embargo, se olvida de definir «gobierno» a partir de la distinción anterior, cuando perfectamente podríamos definir al gobierno como el conjunto de arreglos institucionales que, a través de los medios económicos, tienen como propósito proteger los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos, esto es, solventar los problemas propios de la coordinación social en el ámbito de bienes de provisión conjunta. De esta forma, Nock enlaza con el futuro análisis de la Nueva Economía Institucional de Douglas North o de Elinor Ostrom consistente en mostrar la influencia de las instituciones sociales en la coordinación de los agentes económicos y en la resolución de los conflictos colectivos. Lejos del simplismo de conceder al Estado y a sus medios políticos el monopolio natural de estos arreglos institucionales, Nock insistió desde un comienzo, y la Nueva Economía Institucional demostró más adelante, que existen alternativas cooperativas que no pasan necesariamente por iniciar el uso de la fuerza, sino que es posible alcanzar formas contractuales e institucionales que, a modo de familias, comunidades de vecinos, urbanizaciones privadas, ciudades libres, clubes, sociedades de socorro mutuo, seguros, confesiones religiosas, comunidades de regantes, cámaras de comercio, patrullas vecinales, asociaciones de padres, fundaciones, costumbres, tribunales de arbitraje o usos comerciales, permitan remplazar la mayoría o la totalidad de las funciones que hoy copa de manera monopolista, violenta e ineficiente el Estado. Lo que Nock está señalando es que la función social del gobierno no es un monopolio natural del Estado (de los medios políticos), sino que puede descentralizarse de manera policéntrica en muy diversas organizaciones sociales de carácter voluntario y cooperativo (medios económicos).

Precisamente por esto último, Nock es capaz de asestarle un duro golpe a una de las principales legitimaciones que suele encontrar el Estado: su función de cohesionar la sociedad. De acuerdo con Nock, el Estado no sólo no es un prerrequisito para que exista la sociedad sino que es la institución más antisocial que existe: «el orden de intereses que defiende el Estado no es un orden social, sino antisocial; por eso, aquellos que lo administran, enjuiciados desde una perspectiva ética, resulten indistinguibles de una banda de criminales profesionales». En otras palabras, el Estado es una gran ficción mediante la cual los distintos grupos organizados (los modernos lobbies) son capaces de vivir a costa de los muy desorganizados contribuyentes merced a toda clase de pretextos que buscan justificar la coacción y construir un espíritu de servidumbre voluntaria: «El hombre masa, desconocedor de su propia historia, tiende a considerar al Estado más como una institución social que como una antisocial; y debido a esa fe irracional, se muestra dispuesto a proporcionar a los administrador del Estado una legitimidad absoluta para la bellaquería, la mentira y las manipulaciones».

Sin duda alguna, el análisis político, social y económico de Nock dista de ser perfecto. Sus grandes intuiciones constituyen también el germen de algunos de los fallos más llamativos del libro, por ejemplo al adoptar un concepto de «clase social» cercana al marxismo para sostener que en última instancia todo Estado defiende los intereses de una clase concreta (cuando dentro de cualquier clase, arbitrariamente definida, existen objetivos contrapuestos e incompatibles entre sus integrantes) o al reputar, como los fisiócratas y los georgistas, que el origen de la riqueza y el monopolio básico de todo Estado es la tierra. Pero tales errores de análisis no empañan el conjunto de esta obra que, combinando el sentido común político con la acertada observación de la historia americana (su transición desde el protogobierno colonial hasta el Estado central imperial), proporciona una valiosa herramienta de reflexión para resistir la creciente estatización de nuestras sociedades.

En este último sentido, no puede afirmarse que estemos ante un libro que invite al optimismo, pues el propio Nock, consciente de la imposibilidad de planificar centralizadamente las sociedades y los arreglos institucionales, reconoce que la supervivencia y la extensión del Estado depende del apoyo implícito que le presten sus subordinados; un apoyo que desde la Revolución estadounidense sólo se ha ido acrecentando en todos los rincones del planeta. El propio libro concluye con un mensaje acaso demasiado pesimista: «Dado el enorme poder del Estado, combinado con la legitimación espiritual que tiene tras de sí, uno tiende a plantearse qué puede hacer en contra del Estado y de su imparable expansión: simplemente nada». El propio Nock admite al final que, desde esta realista óptica, su libro es del todo inútil: «Bajo nuestras propias hipótesis, este libro no sirve para nada». ¿Por qué, entonces, invirtió su tiempo Nock en escribirlo? Según sus propias palabras: «para nutrir la curiosidad y los conocimientos de aquellas ovejas descarriadas que, más allá de toda utilidad práctica, buscan conocer la verdad». Es decir, para todos nosotros. Ningún homenaje y agradecimiento mayor podríamos hacerle a Nock que no sólo saciemos nuestra curiosidad, sino que animemos a despertar y saciar la de otros. Quién sabe si, al final, de tanto saciar nuestra curiosidad intelectual, al Estado no le queda otro remedio que comenzar a retroceder a favor de un gobierno voluntario.

JUAN RAMÓN RALLO

Madrid, agosto de 2013

1

Si miramos bajo la superficie de nuestros asuntos públicos, podemos distinguir un hecho clave, a saber: una gran redistribución del poder entre la sociedad y el estado. Esto es lo que interesa al estudiante de la civilización. El interés secundario por temas tales como fijar precios, fijar salarios, inflación, política bancaria, «ajustes agrícolas» y temas similares de política estatal que llenan las páginas de los periódicos y la boca de periodistas y políticos es un tema derivado. Todo esto se puede agrupar bajo un solo encabezamiento. Estos temas tienen una importancia inmediata y temporal, y por ello captan toda la atención pública, pero llevan al mismo punto, que es un aumento del poder estatal y un descenso equivalente del social. Desafortunadamente, no se comprende demasiado bien que, del mismo modo que el Estado no tiene dinero propio, tampoco tiene poder. Todo el poder que posee es el que le aporta la social, más el que éste confisca de cuando en cuando con un pretexto u otro; no hay otra fuente de donde obtener poder. Por lo tanto, cada toma de poder, bien por un motivo o por el otro, le resta poder a la sociedad, de tal forma que no hay ni puede haber un fortalecimiento del poder estatal sin la correspondiente disminución del social. Además, con el ejercicio del poder estatal, no solo disminuye el poder social en la misma medida, sino la manera de ejercerlo. El alcalde Gaynor sorprendió a toda Nueva York cuando le comentó a un corresponsal que se había quejado de la ineficacia de la policía, que cualquier ciudadano tiene el derecho de arrestar a un malhechor y arrastrarle hasta el magistrado. «La ley de Inglaterra y de este país», escribió, «ha sido muy cuidadosa a la hora de no otorgar más derechos en ese sentido a la policía y a los agentes que a cualquier otro ciudadano». El ejercicio de ese derecho por la policía había sido tan constante que no sólo ningún ciudadano estaba dispuesto a realizarlo, sino que probablemente uno de cada mil ni siquiera sabía que lo tenía.

Hasta ahora en este país repentinas crisis de infortunio han coincidido con una movilización del poder social. De hecho (excepto para ciertas empresas institucionales tales como los asilos, manicomios, hospitales y albergues) la miseria, el desempleo, la depresión y males similares no han sido de la incumbencia del Estado, pero han sido aliviadas por el uso del poder social. Bajo el gobierno de Roosevelt, sin embargo, el Estado asumió esta función, anunciando públicamente la doctrina, inédita en la historia, de que el Estado les debe a sus ciudadanos un trabajo. Los estudiantes de política, por supuesto, vieron en esto una propuesta astuta para aumentar el poder estatal; simplemente, lo que en 1794 James Madison denominó «el viejo truco de convertir cada eventualidad en una fuerza de poder para el gobierno», y el paso del tiempo les ha dado la razón. El efecto que se establece en la balanza entre el poder estatal y el social es clara, y también su efecto de adoctrinamiento general con la idea de que el ejercicio del poder social no se necesita en dichos temas. Así, de este modo, el cambio progresivo del poder social al estatal resulta aceptable[1].

Cuando tuvo lugar la inundación de Johnstown, el poder social se movilizó usándose con inteligencia y vigor. Su abundancia, medida en términos monetarios, fue tan grande que cuando todo volvió a la normalidad, quedaban un millón de dólares. Si esa catástrofe sucediera ahora, no sólo se agotaría el poder social, sino que además la tendencia sería dejar que el Estado se encargara de ello. No sólo se ha atrofiado el poder social en gran medida, sino que también se ha atrofiado la voluntad de ejercerlo en esa dirección. Si el Estado ha convertido esos temas en puro negocio, y ha confiscado el poder social necesario para afrontarlo, pues dejemos que lo haga. Podemos medir esta atrofia general cuando se nos acerca un mendigo. Hace dos años nos habría llegado al corazón y le habríamos dado algo: hoy le enviamos a la agencia de auxilio estatal.

El Estado le ha dicho a la sociedad: o tú no estás ejerciendo suficientemente el poder para afrontar una emergencia, o lo estás ejerciendo de una manera que considero incompetente, así que te confisco el poder y lo usaré en mi propio beneficio. Así, cuando un mendigo nos pide una moneda, como el Estado ya nos ha restado el capital disponible para hacer frente a tales menesteres, es el instinto el que nos lleva a decir que éste debería ir a reclamárselo más bien al Estado. Cada intervención positiva que ejerce el Estado en industria y comercio tiene un efecto similar. Cuando el Estado interviene para fijar precios o salarios, de algún modo le dice al empresario que no está ejerciendo el poder social de manera correcta, así que se lo confisca y lo ejerce del modo que considera más oportuno. Así pues, el instinto del empresario le lleva a permitir que sea el Estado quien se haga cargo de las consecuencias. Como ejemplo para ilustrar esto, un fabricante de un tipo muy especializado de tejidos me contaba el otro día que había permitido que su molino arrojara pérdidas durante cinco años porque no quería que sus trabajadores se fueran a la calle en estos duros momentos, pero ahora que el estado le había aconsejado cómo dirigir su negocio, también podría hacerse responsable de él. El proceso de convertir el poder social en poder estatal puede verse desde los casos más simples donde la intervención estatal es directamente competitiva. La acumulación de poder estatal en distintos países ha sido tan rápida y diversificada en los últimos veinte años que ahora vemos al Estado funcionando de telegrafista, telefonista, vendedor de cerillas, operador de radio, fundidor, ferroviario, propietario, conductor de trenes, vendedor de tabaco al por mayor y al por menor, constructor y propietario de barcos, farmacéutico, constructor portuario, constructor de viviendas, profesor, vendedor de prensa, suministrador de comida, agente de seguros, etc[2].

Es obvio que los distintos modos privados de estas empresas tienden a menguar en proporción al aumento de la energía de las intrusiones estatales, pues el poder social siempre está en clara desventaja frente al estatal, ya que el Estado puede sentar los términos de competición que le convenga, incluso hasta el punto de ilegalizar cualquier ejercicio de poder social; en otras palabras, ejerciendo un completo monopolio. Hay montones de ejemplos de esto; el que mejor conocemos, probablemente, es el caso del monopolio estatal del transporte de correos. El poder social se ve maniatado por el simple decreto de aplicar esta forma de negocio, a pesar de poder hacerlo más barato y, en este país al menos, mucho mejor. Las ventajas de este monopolio a favor del estado son peculiares. Nadie más, probablemente, puede asegurar una clientela tan enorme y bien distribuida, y bajo la apariencia de un servicio público usado por una cantidad enorme de gente; éste puede poner a los responsables y agentes del Estado hasta en la sopa. No es ni por asomo una coincidencia que un recaudador de la administración de repente sea nombrado director general de correos.

Así, el Estado «convierte cada contingencia en una fuente» para acumular poder, siempre a expensas del poder social, siendo de este modo que la gente desarrolla su hábito de conformidad. Las nuevas generaciones siempre surgen adaptadas, o por usar un término creo ya se incluye en el diccionario americano, «condicionadas» por el crecimiento del poder estatal, lo que lleva a la gente a considerar que el proceso de acumulación continua sigue su curso. Todas las voces institucionales del Estado se unen para confirmar esta tendencia; éstas se unen para exhibir la conversión progresiva del poder social en poder estatal, no sólo como normal, sino incluso como algo honesto y necesario para el bienestar público.

II

Actualmente en Estados Unidos, los signos principales que nos indican un aumento del poder estatal son tres. En primer lugar, el punto al que ha llegado la autoridad en relación con la centralización del Estado. Prácticamente todos los derechos y poderes soberanos de las unidades políticas menores que merecía la pena absorber han sido asumidos por la unidad federal, lo que no significa que todo el poder estatal se haya concentrado en Washington, sino que hasta ahora se ha concentrado en manos del Ejecutivo y así el régimen está formado por personal gubernamental. Es republicano de nombre, pero su verdadera naturaleza es centralista; una anomalía curiosa, pero muy típica en gente poco dotada de integridad intelectual. El gobierno personal no se ejerce aquí del mismo modo que en Italia, Rusia o Alemania, pues aquí todavía no se ha dado un interés estatal para que lo hagamos, mientras que en esos países sí que lo hay. Pero el gobierno personal siempre es gobierno personal, el modo de llevarlo a cabo es cuestión de conveniencia política, y éste viene determinado por completo según las circunstancias. Este régimen que tenemos se estableció por un golpe de estado novedoso y atípico, posible solamente en un país adinerado. Éste no se efectuó de forma violenta, como el de Luis Napoleón, ni por medio del terrorismo, como el de Mussolini, sino a modo de transacción. Por lo tanto, presenta lo que se llamaría una variante americana del golpe de Estado[3]. Nuestra legislatura nacional no fue reprimida por medio de las armas, como la Asamblea Francesa de 1851, sino que se anularon sus funciones comprándola con dinero público, y en lo tocante a la forma que ésta adoptó en las elecciones de noviembre de 1934, ello sirvió para consolidar el golpe de estado, quedando las funciones correspondientes de las unidades menores relegadas bajo el control del Ejecutivo. Este es un fenómeno destacable; posiblemente nada semejante había sucedido jamás; y su naturaleza e implicaciones merecen gran atención.

Una segunda señal proviene de la extensión notoria del principio burocrático. Esto se ve a primera vista por el número de consejos, comisiones y oficinas que se han instalado en Washington en los últimos dos años. Parece ser que supone unos 90000 empleados aparte del funcionariado, y el total de la nómina federal de Washington se detalla en más de tres millones de dólares al mes[4]. Esto, sin embargo, es relativamente de menor importancia. La presión de la centralización tiende firmemente a convertir a cada oficial y a cada aspirante político de las unidades menores en un agente sobornable y complaciente de la burocracia federal. Esto presenta un paralelismo interesante con el estado de las cosas en el Imperio Romano en los últimos días de la dinastía Flavia y de ahí en adelante. Los derechos y prácticas del autogobierno local, que fueron con anterioridad de gran importancia en las provincias y aún más en los municipios, se perdieron por la rendición más que por la supresión. La burocracia imperial, que hasta el siglo II era un asunto modesto, creció de manera tremenda y los políticos locales vieron rápidamente la ventaja de estar a su favor. Estos llegaron a Roma con el sombrero en la mano del mismo modo que los gobernadores, aspirantes a congresistas y semejantes hacen hoy día en Washington. Sus ojos y pensamientos estaban fijos en Roma, debido a su fama y preferencia, y en su incorregible servilismo se convirtieron, según Plutarco, en hipocondríacos que no se atrevían ni a comer ni a darse un baño sin consultar a su médico.

Una tercera señal se puede apreciar en que la pobreza y la mendicidad se convierten en una herramienta política permanente. Hace dos años, muchos de los nuestros estaban pasando serios apuros; hasta cierto punto, sin duda, sin ser su culpa, aunque ahora es evidente que, visto desde el punto de vista popular y político, la línea divisoria entre los que no se lo merecen y los que sí era muy difusa. El acervo popular se hizo sentir, y la miseria actual hizo sospechar que los males presentes se debía a algún error cometido por la sociedad en su conjunto, y no por causa de la avaricia, la locura o el error, aunque en cierto modo así lo fue. El Estado siempre, de modo instintivo, «convirtiendo cada problema en un mecanismo» para acelerar la conversión del poder social en estatal, no perdió el tiempo en aprovecharse de este momento. Todo lo que se necesitaba para convertir a estos desafortunados en una inestimable propiedad política era declarar la doctrina de que el Estado les debe a todos sus ciudadanos un empleo, y así se hizo. Inmediatamente esto supuso un enorme aumento en los votos, y el Estado se fortaleció tremendamente a costa de la sociedad[5].

III

Existe la impresión de que el aumento del poder estatal que ha tenido lugar desde 1932 es provisional y temporal, que la correspondiente disminución del poder social es de algún modo una especie de préstamo de emergencia, y por lo tanto no debe ser analizado profusamente. Existe la posibilidad, incluso, de que esta creencia carezca de fundamento. Sin duda, nuestro régimen actual será modificado de un modo u otro; de hecho, así debe ser, pues lo precisa el proceso de consolidación. Pero cualquier cambio esencial no tendrá precedente y es, por lo tanto, improbable, y me refiero a un cambio esencial que tiende a redistribuir el poder actual entre el Estado y la sociedad[6]. De acuerdo con la naturaleza de las cosas, no hay motivo por el cual semejante cambio deba suceder, y muchas para que no suceda. Veremos varias recesiones y compromisos evidentes, pero podemos estar seguros de una cosa: nada de esto reducirá el poder estatal actual.

Por ejemplo, sin duda veremos en breve que el enorme grupo de presión formado por los más desfavorecidos y por los subsidiarios, políticamente organizados, recibirán subsidios de manera indirecta, en vez de directa, porque el interés del Estado no puede seguir el ritmo de las masas reivindicativas y saquear sus propios fondos públicos. El método de subsidio directo, o mera compra de efectivo, dejará paso al método indirecto que se conoce como «legislación social», esto es, un sistema múltiple de pensiones, seguros e indemnizaciones estatales de distinto tipo. Esto representa una retrocesión aparente, y cuando suceda sin duda será considerada algo real, y aceptada como tal, pero ¿lo es realmente?, ¿tiene ésta como consecuencia una disminución del poder estatal y favorecer el social? Está claro que no, sino todo lo contrario. Ésta tiende a consolidar firmemente esta parte específica del poder estatal, y le da vía libre para aumentarlo sin límite por medio de la invención de nuevos cursos y desarrollos de la legislación social, administrada por el estado, lo que es una tarea de lo más simple. Uno puede añadir que cualquier cosa que tenga valor merece la pena, que si el efecto de la legislación social progresiva sobre el total de la estatal fuera desfavorable o nulo, apenas habríamos encontrado al Príncipe de Bismarck y a los políticos liberales británicos de hace cuarenta años embarcados en una empresa ni remotamente parecida.

Así pues, cuando el estudiante de la civilización, en su curiosidad, tiene la ocasión de observar ésta u otra retrocesión aparente en cualquier punto de nuestro régimen actual[7], puede conformarse con hacer la única pregunta: ¿cuál ha sido el efecto de tal política en el poder estatal en su conjunto? La respuesta que se dé mostrará si la retrocesión es real o aparente, que es lo único que nos interesa saber.

Existe también la impresión de que si las retrocesiones reales no ocurren por sí mismas, éstas pueden provocarse votando convenientemente a un partido político u otro no. Esta idea surge de forma totalmente contraria a lo constatado en la realidad; la primera de ellas es que el poder de la votación acabará siendo lo que la teoría política republicana haga de él, y por lo tanto, el electorado tiene poder para elegir con efectividad. Que nada de esto es cierto es algo que resalta a la vista por su notoriedad. Nuestro sistema republicano nominal está realmente basado en un modelo imperial, con nuestros políticos profesionales ocupando el lugar de los guardias pretorianos, que de cuando en cuando, se reúnen para decidir «sobre qué hacer la vista gorda» y «cómo, y quién puede salirse con la suya», y el electorado vota de acuerdo a estos designios. Bajo estas condiciones es fácil dotar de apariencia al deseo de hacer concesiones reales, pero en verdad no los son; nuestra historia muestra ejemplos innumerables de cómo hacer frente a problemas de la praxis política más complicados que éste. En esta conexión se puede también señalar la hipótesis infundada de que los nombramientos de partido conllevan una serie de principios, y que hacer promesas implica su cumplimiento. Además, bajo estas hipótesis y otras que contempla la fe en la «acción política», subyace el supuesto de que los intereses estatales y los de la sociedad son, al menos teóricamente, idénticos; mientras que en teoría son completamente opuestos, y esta oposición se ve de forma invariable en la práctica hasta cuando las circunstancias lo permiten.

Sin embargo, sin ir más allá por el momento, probablemente sea suficiente con observar aquí que el ejercicio del gobierno personal, el control de una enorme y creciente burocracia y la organización de una enorme masa de votantes subsidiarios, les viene bien tanto a un tipo de políticos como al otro. Presuntamente, estas cosas interesan a un republicano o a un progresista tanto como a un demócrata, a un comunista, a un laborista agrícola, a un socialista o a cualquier tendencia política, pues a todos les sirven desde un punto de vista electoral. Esto se demostró en la campaña local de 1934 por medio de la actitud práctica de políticos que representaban a partidos de ideología opuesta. Esto se muestra hoy de una manera mucho más clara por la prisa ya cómica que muestran los líderes de la oposición oficial por empezar con eso que denominan la «reorganización» de su partido. Aunque se pase por alto el significado de sus palabras; sin embargo, sus actos muestran claramente cómo el reciente aumento del poder estatal se vuelve permanente, que ellos son conscientes de esto; y que, dado el caso, se preparan para controlarlo y dirigirlo. Esto es lo que significa la «reorganización» del partido republicano, y todo lo que en verdad se persigue; y esto es bastante para mostrar la ilusión de creer que se puedan establecer cambios esenciales de régimen por medio de efectuar cambios en la administración del partido. Por el contrario, está claro que cualquier competición entre partidos que veamos de aquí en adelante se seguirá dando en los mismos términos que hasta ahora. Todo ello se resolverá en una competición para conseguir el control y la dirección, y lógicamente infundirá una mayor centralización, una ampliación del principio burocrático y más concesiones a los votantes subsidiarios. Esta trayectoria sería estrictamente histórica, y se espera que esté basada en la realidad de las cosas, como así es.

Además, es de este modo que los colectivistas pretenden conseguir su objetivo en este país, siendo esta meta la extinción completa del poder social por la absorción del Estado. Su doctrina fundamental fue formulada y dotada a través de una sanción cuasireligiosa por los filósofos idealistas del último siglo, y entre la gente que la han aceptado con todas sus consecuencias, se expresa en fórmulas casi idénticas a las suyas. Así, por ejemplo, cuando Hitler dice que «el Estado domina la nación porque la representa», éste sólo está traduciendo al lenguaje popular la fórmula de Hegel que reza que «el Estado es la sustancia general, mientras que los individuos son meros accidentes». O, de nuevo, cuando Mussolini dice: «todo por el Estado; nada aparte del Estado; nada en contra del Estado», éste está vulgarizando la doctrina de Fichte, que dice que «el Estado es la fuerza superior, última y sobre todo absolutamente independiente».

Aquí no estaría de más resaltar la identidad esencial de las distintas formas de colectivismo. Los periodistas y publicistas se encargan de distinciones superficiales tales como el fascismo, el bolchevismo, el hitlerismo; pero el estudiante serio[8] sólo debe fijarse en la base constante sobre la que ocurre la conversión completa del poder social en el estatal. Cuando Hitler y Mussolini invocaron el misticismo inmoral y embaucador para acelerar el proceso, el estudiante reconoce de forma inmediata a su viejo amigo, la fórmula de Hegel, que «el Estado encarna la Idea Divina sobre la tierra» sin temor a equivocarse. El periodista y el viajero impresionable podrán entender lo que quieran con «la nueva religión del Bolchevismo», mientras que el estudiante atento se conforma con resaltar la naturaleza exacta del proceso que esta inculcación pretende sancionar.

IV

Este proceso de conversión de poder social al estatal no se ha llevado aquí a cabo del mismo modo que en otro lugar, como Rusia, Italia o Alemania, por ejemplo. Aquí hay que resaltar dos aspectos, sin embargo. En primer lugar, que éste ha ido muy lejos, a una velocidad de vértigo. La mayor diferencia de este progreso en relación con el resto de los países reside en su carácter ordinario. Jefferson escribió en 1823 que no había nada que temer por «la consolidación, esto es, centralización, de nuestro gobierno a través de la manera sutil y discreta de actuar del Tribunal Supremo». Estas palabras describen cada avance en la exaltación del Estado. Cada cambio ha sido sutil y, por tanto, sin grandes disonancias, especialmente para gente claramente angustiada, descuidada y sin interés. Incluso el golpe de estado de 1932 fue sutil y discreto. En Rusia, Italia, Alemania, el golpe de estado fue violento y espectacular; tenía que serlo; pero aquí no fue ni lo uno ni lo otro. Bajo la máscara de una movilización de bufones de escasa conmoción, pero a nivel nacional y dirigida por el Estado, éste tuvo lugar de un modo tan ordinario que su objetivo real pasó desapercibido, y todavía se sigue sin comprender. El método de consolidación del régimen resultante, además, fue también sutil y discreto; ello se redujo meramente al «hacer del mercado» al que se nos tiene acostumbrados. Un visitante de un país pobre y ahorrador podría haber considerado las actividades de Farley en las campañas locales de 1934 como sorprendentes o incluso espectaculares, pero a nosotros no nos causaron dicha impresión. Éstas parecían tan familiares, tan más de lo mismo, que apenas se comentó nada. Además, la costumbre política nos lleva a pensar que cualquier comentario desfavorable que nos llegue puede interesar al partido, tener un interés económico, o ambos. Lo etiquetamos como el juicio premeditado de gente con hachas para moler; y naturalmente, el régimen apoyó este punto de vista con todas sus fuerzas.

El segundo aspecto a resaltar es que hay ciertas fórmulas, ciertas combinaciones de palabras, que suponen un obstáculo en nuestra percepción de hasta qué punto se ha llevado a cabo la conversión del poder social en estatal. El significado latente que posen los nombres y frases con los que nos referimos a estos acontecimientos distorsionan la identificación de lo que realmente aceptamos o consentimos. Estamos acostumbrados a ensayar letanías poéticas, y si la cadencia «mantiene el ritmo», nos da igual si éstas son ciertas. Cuando la doctrina hegeliana del Estado, por ejemplo, es reutilizada por Hitler y Mussolini, nos resulta ofensiva, y nos felicitamos por nuestra libertad del «yugo de la tiranía del dictador». Ningún político americano se atrevería a romper nuestra letanía rutinaria con nada por el estilo. Podemos imaginar, por ejemplo, el shock del sentimiento popular que provocaría la declaración pública de Roosevelt de que «el Estado lo abarca todo, y nada tiene valor fuera del Estado. El Estado crea la razón». Sin embargo, un político americano, mientras no formule la teoría en términos precisos, puede ir más allá que Mussolini de manera práctica sin problema alguno. Supongamos que Roosevelt defendiera su régimen afirmando públicamente la frase de Hegel de que «el Estado sólo posee derechos, porque es el más fuerte». Se hace aquí difícil ver cómo podría tragarse esto la gente sin hacer al mismo tiempo un gran esfuerzo por no vomitar. Y, sin embargo, ¿cómo de extraña nos resulta esta teoría en relación con lo que hoy día se consiente? Seguramente no mucho.

La cuestión reside en la relación entre teoría y la práctica real de asuntos públicos, y los americanos son los más antifilosóficos. La racionalización de la conducta en general resulta repugnante para el americano medio que prefiere las emociones. Éste se muestra indiferente frente a la teoría de las cosas mientras pueda poner a prueba sus fórmulas, y mientras pueda escuchar los cantos celestiales, toda inconsistencia práctica pasa desapercibida o no se reconoce como tal.

Los observadores más perspicaces y agudos de entre los que vinieron de Europa para inspeccionarnos a principios del siglo pasado fueron también los que por alguna razón resultaron ser los más rechazados, a pesar de que en nuestras circunstancias actuales, especialmente, estos merecen más atención que todos los Tocquevilles, Bryces, Trollopes y Chateaubriands juntos. Se trata del economista político Michel Chevalier. El profesor Chinard, en su estudio biográfico de John Adams, ha llamado la atención sobre la observación de Chevalier de que los americanos tienen «la moral de un ejército desfilando». Cuanto más lo piensa uno, más claro se ve lo poco que hay en eso que los publicistas americanos se complacen en llamar «la psicología americana», que queda sin explicar, y explica exactamente lo que estamos analizando.

Un ejército desfilando no tiene filosofía, se considera una criatura del momento. No racionaliza la conducta excepto a corto plazo. Como observó Tennyson, el saber popular sobre el porqué no hacerlo se da de forma tajante; «lo propio es no razonar sobre el porqué». Someter la conducta a la emoción ya es otro tema, y cuanto más se someta, mejor; esto se promociona por medio de parafernalias de bombo y platillo, banderas, música, uniformes, adornos, y el cultivo cuidadoso de todo tipo de camaradería. En toda relación «con la razón de cada cosa», sin embargo —en la habilidad y el entusiasmo, como Platón señala, «por ver las cosas tal y como son»—, la mentalidad de un ejército desfilando sólo representa una adolescencia tardía; continúa siendo incorregible y declaradamente infantil.

Las generaciones anteriores de americanos, como Martin Chuzzle, convirtieron este infantilismo en una virtud distinguida, y se enorgullecían de ser los elegidos, destinados a vivir para siempre en la gloria de sus logros sin igual «como Dios en Francia». Jefferson Brick, el General Choke y el Honorable Elijah Pogram realizaron un trabajo impresionante de adoctrinamiento de sus gentes al inculcarles la idea de que la filosofía es totalmente innecesaria, y que una preocupación por la teoría de las cosas es algo afeminado e impropio. Un francés envidioso y disoluto podrá decir lo que quiera sobre la moral de un ejército desfilando, pero lo que importa es que éste nos ha traído hasta aquí y dado lo que tenemos. Mirad cómo hemos dominado al continente entero, ved la ampliación de nuestra industria y comercio, nuestras vías férreas, periódicos, compañías financieras, colegios, universidades, o lo que deseéis. Pues bien, si todo esto se ha hecho sin una filosofía, si hemos creado esta grandeza sin rival sin prestar atención a la naturaleza de las cosas, ¿no demuestra esto acaso que la filosofía y la teoría de las cosas son tonterías y no merece la atención de la gente? La moral de un ejército desfilando está bien para nosotros, y nos enorgullecemos de ello.

La generación actual no habla con esta firmeza. Ésta parece desdeñar menos la filosofía; aquí uno es incluso capaz de ver cierto atisbo de que en nuestras circunstancias actuales lo que interesa es investigar la teoría de las cosas, que se dirige hacia la teoría de la soberanía y el gobierno. El estado de los asuntos públicos en todos los países, sobre todo el nuestro, ha hecho algo más que someter al escrutinio la práctica actual de la política, el carácter y la calidad de los representantes políticos. Éste ha sido útil a la hora de dirigir la atención hacia una institución donde todos los modos son, desde un punto de vista teórico, manifestaciones indiferentes. Ello sugiere que la finalidad no reside en la consideración de la especie, sino del género; que no reside en las señas características que diferencian un estado republicano, un estado monocrático, constitucional, colectivista, totalitario, hitleriano, bolchevique, lo que desees. Todo ello queda confinado en el concepto de Estado mismo.

V

Parece haber una ligera dificultad a la hora de reflexionar sobre la naturaleza real de una institución en la que uno nace junto a sus antepasados. La gente la acepta del mismo modo en que se acepta el entorno; la adaptación a los cambios se hacen de manera mecánica. Rara vez se piensa en el aire hasta que se aprecia algún tipo de cambio, a favor o en contra, y entonces dicho pensamiento se vuelve especial; uno piensa en un aire más puro, más ligero, más pesado, pero no en el aire en sí. Lo mismo sucede con las instituciones humanas. Sabemos que existen, que nos afectan de diferente manera, pero no nos planteamos cómo surgieron, o cuál fue su intención primigenia, o qué función primaria es la que cumplen; y cuando nos afectan de modo desfavorable nos rebelamos, pero no contemplamos sustituirla, sino modificarla. De este modo, tenemos ejemplos, como la América colonial, oprimida por la monarquía de Estado; Alemania cede el poder republicano a Hitler; Rusia intercambia el estado monocrático por el estado colectivista; Italia sustituyó el estado constitucional por el totalitario. Es interesante observar que en el año 1935 la actitud desinteresada del ciudadano medio hacia el fenómeno estatal es precisamente la misma que tuvo hacia la iglesia en el año, digamos, 1500. El estado era entonces una institución débil, pero la Iglesia era muy fuerte. Cada persona nacía dentro de la Iglesia, al igual que sus antepasados habían hecho durante generaciones, al estilo formal y documentado que se nace hoy dentro del Estado. Se pagaban impuestos para el mantenimiento de la Iglesia, del mismo modo que se hace hoy para mantener al Estado. Uno debía aceptar la teoría y doctrina oficial de la Iglesia por obedecer y mantener tal disciplina; la misma que el Estado nos impone ahora. Si uno se resistía a aceptarla, la Iglesia le causaba los suficientes problemas, al igual que hace el Estado hoy día. A pesar de todo esto, al ciudadano de aquella época no se le ocurrió nunca, al igual que al actual, preguntar qué tipo de institución le pedía tal lealtad. Tal era el mundo, que el hombre aceptaba las cosas tal y como se presentaban, según lo imponían. Incluso cuando el hombre se rebeló, cincuenta años más tarde, éste simplemente sustituyó un modo de Iglesia por otro, la Romana por la Calvinista, Luterana, Zuingliana, o la que fuera; de nuevo, al igual que un ciudadano moderno cambia un modo de Estado por otro. Lo que entonces no se puso en cuestión fue la naturaleza de la institución misma, y el ciudadano actual tampoco lo hace.

Mi objetivo al escribir consiste en suscitar la pregunta de si la reducción del poder social que estamos presenciando no nos ha de llevar a resaltar la importancia de saber más sobre la naturaleza esencial de la institución que tan rápidamente está absorbiendo esta gran cantidad de poder[9]. Uno de mis amigos me comentó recientemente que si las corporaciones de servicios públicos no cambiaban su modo de operar, el Estado lo haría por ellos. Mi amigo habló con rotundidad y un aire que infundía respeto. De este modo, pensé yo, podría un ciudadano de la Iglesia, a finales del siglo XV, haber hablado de una intervención inminente de la Iglesia; y yo me pregunté en ese momento si éste tendría en verdad alguna teoría más consistente y razonable sobre el Estado que el hombre anterior tuvo de la Iglesia. Francamente, estoy seguro de que no. Su pseudoconcepto residía en la sola aceptación, sin reflexión alguna, del Estado bajo las condiciones y valoraciones que este mismo impone; y al aceptarlo como tal no se mostró ni más ni menos inteligente que el resto de la ciudadanía.

Me parece que con la reducción del poder social al ritmo presente, la ciudadanía debería analizar la naturaleza esencial de la institución que la produce. Uno debería preguntarse si dispone o no de una teoría del Estado y, si procede, si se puede asegurar que ésta esté respaldada por la historia. La gente debería preguntarse si tiene una idea parcial e inadecuada de lo que en realidad es el Estado. Esto no se puede hacer así de repente; conlleva una amplia investigación, y un profundo ejercicio de pensamiento reflexivo. Aquí hay que preguntarse, en primer lugar, cómo se originó el Estado y por qué; éste tuvo que surgir de algún modo y con algún objetivo concreto. Esto parece sencillo de responder, pero no es así. Luego ha de preguntarse cuál es la función primaria del Estado que se nos muestra a lo largo de la historia. Después, si se toma «estado» y «gobierno» por sinónimos absolutos; y a menudo sí lo son, pero ¿lo son realmente? ¿Existen características permanentes que permitan diferenciar la institución gubernamental de la estatal? Finalmente, se debería decidir si, basado en el testimonio de la historia, ¿el Estado debe ser considerado, en esencia, una institución social o antisocial? Queda ahora claro que si nuestro anterior ciudadano de la Iglesia del 1500 se hubiera planteado cuestiones de este tipo, su civilización habría seguido otro curso más sencillo y agradable; y el ciudadano estatal de hoy en día se habría beneficiado de su experiencia.

2

Si echamos un vistazo al desarrollo de la civilización, ésta presenta dos tipos distintos de organización política. No se trata de una diferencia de grado, sino de tipo. Aquí no sirve decir que un tipo representa la forma más elevada de civilización y las de otro una forma más baja; pero es así como se las considera, aunque erróneamente. Y menos aún sirve clasificarlas como especies del mismo tipo bajo el nombre genérico de «gobierno», aunque esto, además, hasta hace bien poco, se ha hecho así, y ha llevado a confusiones y malentendidos.

Thomas Paine nos aporta un claro ejemplo de este tipo de error y sus consecuencias. A comienzos de su panfleto que lleva por título Sentido común, Paine establece la distinción entre sociedad y gobierno. Mientras la sociedad es una bendición en cualquier estado, él dice, «el gobierno, incluso en su mejor estado, no es sino un mal necesario; en su peor estado, algo intolerable». En otro lugar, éste habla del gobierno como «un modo que se considera necesario debido a que la virtud moral es incapaz de gobernar el mundo». Paine prosigue mostrando cómo y por qué nace el gobierno. Su origen yace en la comprensión y el acuerdo común de la sociedad, y «el diseño y fin del gobierno», él dice, es «la libertad y la seguridad». Teleológicamente, el gobierno pone en marcha el deseo común de la sociedad, en primer lugar, por la libertad; en segundo lugar, por la seguridad. Pero sin ir más allá; el Estado no contempla una intervención positiva sobre el individuo, sino una negativa. Parece que desde el punto de vista de Paine, el código de gobierno debería basarse en el del legendario rey Pausole, que aprobó dos leyes para sus súbditos, la primera «no herirás a nadie», y la segunda «haz lo que quieras;» siendo la tarea del gobierno una meramente negativa a la hora de garantizar que se cumplan estas normas.

Hasta ahora, Paine se presenta tan sensato como escueto. Y, sin embargo, la crítica que éste hace de la organización política inglesa queda inconclusa desde un punto de vista lógico. Pero sobre esto uno no puede quejarse, pues Paine era un panfletista, un orador muy especial con un argumento ad captandum (atractivo) y, según sabe todo el mundo, éste lo hizo estupendamente. Sin embargo, la cuestión es que cuando él habla del sistema británico, se refiere a un tipo de organización política esencialmente distinta de la que él había descrito; distinta en origen, en intención, en función primaria, en el orden de intereses que refleja. Ésta no se originó en la comprensión y acuerdo común de la sociedad, sino en la conquista y el expolio[10]. Su intención, lejos de contemplar la libertad y la seguridad, no tenía en cuenta nada por el estilo. Ésta contemplaba primariamente la explotación económica constante de una clase por parte de la otra, dando tanta la libertad y seguridad como fuera posible sin perder de vista este objetivo principal. Su función o ejercicio primario no consistía en las intervenciones puramente negativas de Paine sobre el individuo, sino en innumerables intervenciones positivas con el objetivo de estratificar la sociedad en una clase explotadora y en otra dependiente y carente de propiedades. El orden de intereses que ésta reflejaba no era social, sino puramente antisocial; y aquellos que la administraban, llevados por la ética tradicional, o incluso por la ley habitual según se aplicaba a las personas individuales, no se diferenciaban de la clase criminal.

Claramente, debemos tener en cuenta dos tipos distintos de organización política; y, cuando se tienen en cuenta sus orígenes, es imposible distinguir si una es una burda copia de la otra. Por lo tanto, cuando incluimos ambos tipos bajo el nombre común de gobierno nos surgen problemas obvios; dificultades de las que la mayor parte de escritores sobre el tema han sido más o menos conscientes, pero que, hasta la última mitad de siglo, nadie ha intentado solucionar.

Jefferson, por ejemplo, señaló que las tribus indias de cazadores, con las cuales tuvo que tratar bastante al principio, tenían un sistema social perfectamente bien organizado, pero «no tenían gobierno». Al hilo de esto, éste le escribió a Madison que «no tenía claro que no fuera el mejor sistema» pero que sospechaba que era «incompatible con grandes masas de población». Schoolcraft señala que los Chippewas, a pesar de que tenían un sistema social muy bien estructurado, no tenían un gobierno «estable». Herbert Spencer, hablando de los Bechuanas, Araucanos y los Hotentotes Koranna, dice que no tienen una forma de gobierno definida, mientras que Parkman, en su introducción a La Conspiración de Pontiac, nos habla del mismo fenómeno, y está francamente sorprendido de sus anomalías evidentes. La teoría de gobierno de Paine coincide exactamente con la teoría establecida por Jefferson en la Declaración de Independencia. La doctrina de los derechos naturales, que es explícita en la Declaración, se vuelve implícita en el Sentido Común[11]; y el punto de vista de Paine de que «el designio y el fin del gobierno» es precisamente el de la Declaración, es que, «para asegurar estos derechos, los gobiernos deben ser establecidos por los hombres», y más aún, el punto de vista de Paine del origen del gobierno es que éste obtiene sus poderes del consentimiento de los gobernados. Ahora, si recurrimos a las fórmulas de Paine o a las de la Declaración, queda muy claro que los Indios de Virginia si tenían gobierno. Los comentarios del mismo Jefferson así lo indican. Su organización política, aunque simple, servía a este propósito. Su código preservaba la libertad y seguridad del individuo, y al tratar con infracciones en este tipo de sociedad se podrían dar casos de fraude, robo, asalto, adulterio, asesinato. Lo mismo sucede con los pueblos mencionados por Parkman, Schoolcraft y Spencer. Decididamente, si el lenguaje de la Declaración equivale a algo, estos pueblos tenían gobierno; y estos informadores nos lo describen como un gobierno competente para lograr tales propósitos.

Por lo tanto, cuando Jefferson dice que sus Indios «no tenían gobierno», probablemente se refería a que no tenían el tipo de gobierno que él conocía, y cuando Schoolcraft y Spencer hablan de gobierno «estable» y «definido», hay que tomarse sus palabras del mismo modo. Este tipo de gobierno, sin embargo, siempre ha existido y aún existe, respondiendo a la perfección a las fórmulas de Paine y a las de la Declaración; aunque es un tipo que, incluso muchos de nosotros, raras veces hemos visto. Esto no debe achacarse a que sean una raza inferior, pues la simplicidad institucional no es en sí misma una marca de retraso o inferioridad; y ya se ha demostrado en que algunos aspectos esenciales los pueblos que tienen este tipo de gobierno son, en comparación, muy civilizados. Hay que resaltar el testimonio de Jefferson y el de Parkman. Este tipo, sin embargo, incluso a pesar de que se documenta en la Declaración, es fundamentalmente distinto del tipo que ha prevalecido a lo largo de la historia, y que prevalece actualmente, así que ambos tipos, para mantener un punto de vista claro, deben separarse por nombre, aunque no en esencia. Son tan distintos en teoría que debemos marcar una separación tajante entre ambos por su propia seguridad. Así pues, no es ni de manera arbitraria ni académica que a uno se le llame gobierno y al otro simplemente Estado.

II

Aristóteles, confundiendo la idea de Estado con la de gobierno, pensaba que el Estado surgía del agrupamiento natural de la familia. Otros filósofos griegos, trabajando bajo la misma confusión, de algún modo se anticiparon a Rousseau al descubrir su origen en la esencia y disposición social del individuo; por otro lado, una escuela opuesta, que sostenía que el individuo es antisocial por naturaleza, más o menos se anticipó a Hobbes al descubrirlo en un compromiso obligatorio entre las tendencias antisociales de los individuos. Otro punto de vista, implícito en la doctrina de Adam Smith, es que el Estado surge de la asociación de ciertos individuos que mostraban una marcada superioridad en diligencia, prudencia y ahorro. Los filósofos idealistas, apelando al transcendentalismo de Kant, llegaron a distintas conclusiones; y se avanzaron uno o dos puntos de vista bastante menos plausibles, quizás, que cualquiera de los anteriores.

El verdadero problema con estos puntos de vista surge, no porque sean meras conjeturas, sino porque se basan en un análisis incompetente. Estos pasan por alto las señales características que el tema presenta, como por ejemplo, hasta hace bien poco, todas las teorías del origen de la malaria obviaban la actividad del mosquito propagador, o las opiniones sobre la plaga bubónica pasaban por alto el parásito de la rata. Sólo en los últimos cincuenta años el método histórico se ha aplicado al problema del Estado[12]. Este método nos lleva a la primera vez que se documenta el Estado como tal, analizando sus rasgos más característicos, y llega a las conclusiones indicadas.

Hay tantos indicios claros de este método en escritores anteriores —se pueden encontrar incluso en Strabo— que uno se pregunta por qué se ha dilatado tanto en el tiempo su aplicación sistemática; pero en dichos casos, como el de la malaria o el tifus, cuando se determina la prueba característica, es tan obvio que uno siempre se pregunta por qué pasó desapercibida durante tanto tiempo. Quizá en el caso del Estado, lo mejor que se puede decir es que era necesaria la cooperación del Zeitgeist (filosofía de la época) y no se pudo tener antes.

El testimonio positivo de la historia es que el Estado tiene su origen indiscutible en la conquista y la confiscación. Ningún Estado primitivo conocido se originó de otro modo[13]. Desde un punto de vista negativo, se ha demostrado que más allá de toda duda ningún Estado pudo surgir de otro modo[14]. Además, la característica invariable del Estado es la explotación económica de una clase por parte de otra. En este sentido, cada Estado conocido es un Estado de clase. Oppenheimer define el Estado, en relación a su origen, como una institución «donde un grupo dominante ejerce presión sobre otro reprimido, con el único objetivo de sistematizar la dominación del reprimido por el dominante, y protegerse al mismo tiempo de la insurrección interna y externa. Este control no tiene más objetivo que la explotación económica del grupo reprimido por parte del victorioso».

El estadista Americano John Jay acometió la respetable hazaña de resumir toda la doctrina de conquista en una sola frase. «Las naciones en general», dijo, «irán a la guerra cuando consideren que hay algo que obtener». Cualquier botín económico, o cualquier fuente de recursos naturales, es un incentivo para la conquista. La técnica primitiva era la de saquear las posesiones deseadas, apropiándoselas por completo, bien aniquilando a sus dueños, bien dispersándolos a una distancia conveniente. Sin embargo, pronto fue considerado más provechoso someter a los dueños y utilizarlos como mano de obra; y la técnica primitiva fue modificada. Bajo circunstancias especiales, en las que esta explotación no podía o no merecía la pena llevarse a cabo, se aplicaba la técnica primitiva, como «hicieron los españoles en Sudamérica», o nosotros mismos con los indios. Pero son situaciones excepcionales; la técnica modificada se ha utilizado casi desde el principio, y en todas partes marca el origen del Estado. Citando a Ranke acerca de la técnica de saquear a los pastores, los hyksos, que establecieron su Estado en Egipto sobre el 2000 antes de Cristo, Gumplowicz señala que las palabras de Ranke resumen muy bien la historia política de la humanidad.

En efecto, la técnica modificada siempre prevalece. «En todas partes observamos un grupo militante de hombres fieros asaltando la frontera de algún pueblo pacífico, sometiéndolo y estableciendo el Estado, ocupando ellos el puesto de la aristocracia. En Mesopotamia, esto sucede de forma sucesiva. Un Estado sustituye a otro: babilonios, amoritanos, asirios, árabes, medos, persas, macedonios, partianos, mongoles, seldshuks, tártaros, turcos; en el valle del Nilo, hyksos, nubios, persas, griegos, romanos, árabes, turcos; en Grecia, los estados dóricos son ejemplos específicos; en Italia, romanos, ostrogodos, lombardos, francos, germanos; en España, cartaginenses, visigodos, árabes; en la Galia, romanos, francos, burgundios, normandos; en Bretaña, sajones, normandos». Por todas partes encontramos el mismo sistema de organización política con el mismo origen, y con la misma finalidad, a saber: la dominación económica de un grupo derrotado por parte de otro conquistador. En todas partes, sí, pero con una excepción. Donde la explotación económica no ha podido llevarse a cabo, sea por la razón que fuere, el Estado nunca ha llegado a existir; el gobierno sí, pero no el Estado. Las tribus americanas de cazadores, por ejemplo. Su organización sorprendió enormemente a nuestros observadores, pues nunca formaron un Estado, ya que es difícil someter a un cazador a la dependencia económica y hacerle cazar para ti[15]. La conquista y la confiscación eran sin duda factibles, pero no repercute en un beneficio económico, pues ésta aporta al agresor poco más de lo que ya tiene; lo que realmente proporciona algún tipo de satisfacción es el tener una u otra forma de feudo. Por razones similares los campesinos primitivos nunca formaron un Estado. Las ganancias económicas de sus vecinos eran tan inapreciables y perecederas como para resultar interesantes[16]; y especialmente con la abundancia de tierra libre, la esclavitud de sus vecinos era imposible, aunque sólo fuera por el problema policial que ello implicaría[17].

Ahora se puede apreciar bien la gran diferencia entre la institución del gobierno, según Paine y la Declaración de la Independencia, y la institución del Estado. El Gobierno puede haber sido concebido según la teoría de Paine, o la de Aristóteles, o la de Hobbes, o la de Rousseau; mientras que la del Estado no sólo no se originó nunca de ninguno de esos modos, sino que no lo habría hecho así jamás. La esencia y el objetivo del gobierno según lo establecen Parkman, Schoolcraft y Spencer, tiene una raíz social. Basándose en la idea de los derechos naturales, el gobierno le asegura al individuo esos derechos por una intervención estrictamente negativa, haciendo justicia de manera gratuita y de fácil acceso; éste no va más allá. El Estado, por otro lado, tanto en su origen como en su objetivo primario, es puramente antisocial. No se basa en la idea de los derechos naturales, sino en la idea de que el individuo carece de derechos excepto los que le dé provisionalmente el Estado. Éste siempre ejerce la justicia a un alto precio y es difícil acceder a ella, y siempre se ha puesto por encima de la justicia y de la moralidad común cuando ha podido sacar algún tipo de beneficio[18]. Hasta ahora, de promocionar un desarrollo completo del poder social, según Madison, el Estado ha convertido cada eventualidad en una fuente de reducción del poder social y aumento del estatal[19]. Como ya observó el Dr Sigmund Freud, no se puede decir que el Estado haya mostrado alguna disposición para suprimir el crimen, pero sí para salvaguardar su propio monopolio del crimen. En Rusia y Alemania, por ejemplo, hemos visto recientemente al Estado ejerciendo con un cierto entusiasmo contra la violación de su monopolio por personas privadas, mientras que al mismo tiempo éste ejerce ese monopolio con una crueldad desmedida. Elige un Estado, un momento de su historia, y no se aprecian diferencias entre las actividades de sus fundadores, administradores y beneficiarios y las de los criminales profesionales.

III

Tales son los antecedentes de esa institución que está tan ocupada en convertir el poder social en estatal por todas partes[20]. Su aceptación queda lejos de resolver la mayoría, si no todas, las anomalías aparentes que exhibe el comportamiento del Estado moderno. Es de gran ayuda, por ejemplo, al tener en cuenta el hecho evidente de que el Estado siempre se dirige lentamente y a regañadientes hacia cualquier objetivo que beneficie a la sociedad, pero avanza rápidamente y con entusiasmo hacia lo que le beneficia a él mismo; y no se mueve de motu proprio cuando se trata de objetivos sociales si no se le presiona, mientras que si se trata de motivos antisociales toma la iniciativa.

Los ingleses del último siglo hicieron énfasis en esto, pues contemplaron con angustia la reducción masiva del poder social por parte del gobierno Británico. Uno de ellos fue Herbert Spencer, que publicó una serie de ensayos recopilados en un volumen titulado El Hombre contra el Estado. En el estado en que están nuestros asuntos públicos, es muy llamativo que ningún publicista americano haya aprovechado la oportunidad de reproducir estos ensayos textualmente, sustituyendo simplemente las ilustraciones tomadas de la historia americana por las de Spencer de historia británica. Si esto se hiciera en condiciones, sería una de las obras más útiles y relevantes que podría realizarse en este momento[21].

Estos ensayos se dedican a examinar los distintos aspectos del crecimiento contemporáneo del poder estatal en Inglaterra. En el ensayo titulado Sobre La Legislación, Spencer señala un aspecto llamativo y habitual en nuestra experiencia[22], que cuando el poder estatal se utiliza para fines sociales, su conducta es invariablemente «lenta, estúpida, extravagante, inadaptable, corrupta y obstructiva». Spencer dedica bastantes párrafos para cada punto, reuniendo un montón de pruebas. Cuando éste termina, se acaba la discusión y ya no queda nada por decir. Y además demuestra que el Estado no cumple con efectividad lo que él denomina «sus deberes incuestionables» hacia la sociedad, no decreta con efectividad ni defiende los derechos elementales del individuo. Estando así las cosas —y para nosotros también es una cosa de todos los días— Spencer no ve motivos para esperar que el poder estatal sea aplicado de manera más eficiente a los objetivos sociales de orden secundario. «Si, para decirlo en dos palabras, hubiéramos demostrado su eficiencia como juez y defensor, en lugar de haberlo tachado de desleal, cruel y con ganas de mantenerlo lejos, habría algún atisbo de esperar otros beneficios en sus manos».

Sin embargo, éste señala, es sólo esa esperanza del todo ilusoria de que la sociedad se deja llevar, y se deja llevar por evidencias cotidianas que son ilusorias. Éste señala el tipo de anomalías a la que nos ha acostumbrado la prensa de todos los días. Coge un periódico, dice Spencer, y probablemente encontrarás un artículo destacado «donde se expone la corrupción, negligencia y mala organización del algún departamento estatal. Échale una ojeada a la siguiente columna, y es más que probable que leas propuestas a favor de una extensión de la supervisión del estado»[23].

Así, mientras todos los días se informa de un fallo, igualmente todos los días surge la creencia de que se necesita una Ley Parlamentaria y un grupo de oficiales que la lleve a cabo[24]. «En ninguna parte se observa mejor la fe perenne de la humanidad». No es necesario mencionar que los motivos que aporta Spencer por el comportamiento antisocial del Estado son válidos, pero ahora podremos ver lo que se refuerzan con los hallazgos del método histórico; un método que no se había utilizado cuando Spencer lo escribió. Estos hallazgos manifiestan que la conducta de la que se queja Spencer es puramente histórica. Cuando los mercaderes de la ciudad en el siglo XVIII sustituyeron a la nobleza terrateniente que controlaba el mecanismo del Estado, no cambiaron el carácter del Estado; simplemente adaptaron su mecanismo a sus propios intereses, y lo reforzaron tremendamente[25].

El Estado mercantil siguió siendo una institución antisocial, un Estado puramente clasista, como el Estado de la nobleza; su objetivo y función siguieron intactos, salvo por las cambios necesarios para adaptarlo al nuevo orden de intereses que debía servir. Por lo tanto, en su flagrante perjuicio a los objetivos sociales, que es de lo que Spencer le acusa, el Estado actuaba con firmeza.

Spencer no discute lo que él denomina «la fe perenne de la humanidad» en la actividad del Estado, sino que se contenta con desarrollar el comentario sentencioso de Guizot de que «una creencia en el poder soberano de la maquinaria política» no es más que una «tremenda desilusión». Esta fe es principalmente una consecuencia del inmenso prestigio del que se ha rodeado el Estado en el siglo o algo más desde que surgió la doctrina del gobierno por mandato divino. Aquí no hace falta considerar los distintos instrumentos que utiliza el Estado para dotarse de prestigio; la mayoría se conocen de sobra, y se comprende perfectamente cómo se usan. Hay, sin embargo, uno que es de algún modo peculiar para el Estado republicano. El Republicanismo permite que el individuo se convenza de que el Estado es su creación, que la acción estatal es su acción, que cuando se expresa habla por su boca, y que cuando se le glorifica, él mismo se glorifica también. El Estado republicano apoya todo esto con todas sus fuerzas, consciente de que es el instrumento más eficiente para aumentar su propio prestigio. La frase de Lincoln, «del pueblo, por el pueblo, para el pueblo», fue probablemente el golpe de propaganda más efectivo que se llegó a hacer a favor del prestigio del Estado republicano.

Así, el tipo de ideas previas que posee el individuo le inclinan con bastante fuerza a ofenderse ante la sugerencia de que el Estado sea antisocial por naturaleza. Éste observa sus fallos y actos ilícitos con el ojo de un padre, dándole el beneficio de un código ético especial. Lo que es más, siempre tiene la esperanza de que el Estado aprenderá de sus errores y mejorará. Teniendo en cuenta que su técnica con objetivos sociales es torpe, derrochadora y cruel, incluso confesando, —con el oficial público que cita Spencer, que donde quiera que esté el Estado, siempre se da villanía— no hay motivo para que, con más experiencia y responsabilidad, el Estado no mejore.

Algo semejante parece ser la premisa básica del colectivismo. Dejemos que el Estado confisque todo el poder social, y sus intereses se igualarán a los de la sociedad. Teniendo en cuenta que el Estado tiene un origen antisocial, y que ha mantenido un carácter antisocial a lo largo de toda su historia, dejemos que se extinga el poder social por completo, y éste cambiará su carácter; se mezclará con la sociedad, y por lo tanto se convertirá en un órgano eficiente y altruista de la misma. El Estado histórico, en resumen, desaparecerá, y quedará solo el gobierno. Es una idea atrayente; la esperanza de llevarlo a la práctica es lo que, sólo hace unos pocos años, convirtió «al experimento ruso» en algo tan irresistiblemente fascinante ante los espíritus generosos que se sintieron agobiados por el Estado. Un examen más detallado de las actividades del Estado, sin embargo, demostrará que esta idea, por muy atractiva que parezca, se hace añicos contra la ley de hierro de la economía fundamental, que dice que el hombre siempre tiende a satisfacer sus necesidades y deseos siguiendo la ley del mínimo esfuerzo. Veamos de qué manera.

IV

Sólo hay dos métodos o medios, y solo dos, para satisfacer los deseos y necesidades del hombre. Uno es la producción e intercambio de riqueza, es decir, la vía económica[26]. El otro es el reparto de la riqueza ajena sin dar nada a cambio, es decir, la vía política. El ejercicio primitivo de los medios políticos, era, como hemos visto, por medio de la conquista, la confiscación, expropiación e introducción de la economía esclavista. El conquistador dividía en parcelas el territorio entre beneficiarios, que a su vez satisfacen sus necesidades y deseos explotando a los esclavos[27]. El Estado feudal y el mercantil, allí donde se encuentren, simplemente adoptaron y desarrollaron sucesivamente el sistema heredado de explotación que el Estado primitivo les había legado; se trata en esencia de simples síntesis aglutinadoras del Estado primitivo.

El Estado, entonces, tanto primitivo, como feudal, como mercantil, es la organización de los medios políticos. Ahora, ya que el hombre tiende a satisfacer sus necesidades y deseos empleando el mínimo esfuerzo, éste utilizará los medios políticos cuando pueda, no de manera exclusiva si se puede evitar; sino asociando estos con los medios económicos. El político de hoy día dispone de acceso al sistema moderno estatal de explotación; al sistema de tarifas, concesiones, el monopolio de la renta, y demás. El determinar que este es su instinto más básico es algo que se pone en evidencia por la observación. Pero este instinto sólo se podrá patentizar cuando sea posible la organización del medio económico —es decir, sólo mientras sea tarea del Estado burocrático la de ser distribuidor de ventajas o excepciones económicas y ser arbitro de la explotación—. Un estado proletario, al igual que el mercantil, sólo cambiaría el foco de la explotación, y no hay fundamento histórico que nos haga presumir que un estado colectivista se diferenciaría en lo esencial de sus predecesores[28]; tal y como estamos empezando ya a apreciar, «el experimento ruso» se ha resuelto en el surgimiento de un estado burocrático altamente centralizado sobre las ruinas de otro, dejando el sistema de explotación intacto y listo para ser utilizado de nuevo. Por lo tanto, basándonos en la ley de la economía fundamental mencionada antes, la expectativa de que el colectivismo altere el carácter esencial del Estado parece una mera ilusión.

Así, los resultados a los que se llegan por medio del método histórico, refuerzan todas las consideraciones hechas por Spencer contra las intrusiones estatales en el poder social. Cuando Spencer concluye que «en las organizaciones estatales, la corrupción es inevitable», el método histórico muestra por qué ello es así partiendo de la naturaleza del mundo —vilescit origine tali—. Cuando Freud comenta la chocante disparidad entre la ética del Estado y la ética privada —y sus comentarios en este aspecto son de lo más profundo e inquisitivo— el método histórico inmediatamente aporta la mejor razón sobre el por qué se debe buscar esa disparidad[29]. Cuando Ortega y Gasset dice que «el estatismo representa la forma más elevada de violencia y acción directa cuando estas actividades se normalizan», el método histórico nos hace ver en el instante que su definición sería precisamente la que cualquiera podría sacar a priori frente a estos hechos.

El método histórico, además, establece el dato importante de que, en el caso de las enfermedades tabéticas o parasitarias, la reducción del poder social por parte del estado no se puede comprobar hasta que no se ha llegado a cierto punto en el proceso. La historia no muestra un ejemplo donde, una vez sobrepasado este punto, esta reducción no haya terminado en un completo y permanente colapso. En algunos casos, la desintegración es lenta y dolorosa. La muerte dejó su marca en Roma a finales del siglo II, pero la ciudad logró mantenerse, si bien de forma penosa, durante un tiempo tras los Antoninos. Atenas, por otro lado, cayó rápidamente. Algunas autoridades creen que Europa se acerca peligrosamente a ese punto, si no lo ha pasado ya; pero hacer conjeturas carece de valor. Ese punto puede haberse alcanzado en América, o puede que no, la certeza es que se pueden dar argumentos veraces para cada caso. Ahora bien, podemos estar seguros de dos cosas: la primera, que la velocidad a la que se aproxima América a ese punto ha aumentado mucho; y la segunda es que no hay evidencia de que se haya hecho algo para retrasarlo, o muestras de algún tipo de apreciación intuitiva que presagie ese peligro.

3

Cuando se tiene en cuenta el desarrollo del Estado en América, es importante tener claro que la experiencia de este país con el mismo fue más larga durante el período colonial que durante el período de la Independencia americana; el período entre 1607 y 1776 fue más largo que el de 1776-1935. Además, los colonos llegaron aquí ya maduros teniendo bastante experiencia sobre el Estado en Inglaterra y Europa desde antes de que llegaran; y a modo de comparación, esto extendería el período anterior unos años, digamos por lo menos quince. Sería apropiado decir que los colonos americanos les llevaban una ventaja en experiencia de más de 25 años a los ciudadanos de los Estados Unidos. Su experiencia, no sólo fue más larga, sino también más variopinta. El estado británico, el francés, el holandés, el sueco y el español ya se encontraban establecidos aquí. Los inconformistas separatistas ingleses que llegaron a Plymouth habían vivido tanto bajo el estado holandés como el inglés. Cuando Jacobo I les hizo la vida imposible, se fueron a Holanda, y muchas de las instituciones que montaron en Nueva Inglaterra, y que más adelante se incorporaron a lo que se vino a llamar «instituciones americanas», eran en verdad holandesas, aunque se las vincule con Inglaterra. Estas instituciones eran en su mayoría romano-continentales en su origen, pero llegaron a este país desde Holanda, no desde Inglaterra[30]. En Inglaterra no se dieron instituciones similares en esa época, y por lo tanto los colonos de Plymouth no podían haberlas visto allí; estos sólo podían haberlas visto en Holanda, que es donde realmente existían. Nuestro período colonial coincidió con el de revolución y reajuste en Inglaterra, según mencioné en el capítulo anterior, cuando el Estado mercantil británico estaba sustituyendo al feudal, consolidando su propia posición y cambiando el foco de la explotación económica.

Estas medidas revolucionarias dieron lugar a una revisión exhaustiva de la teoría general sobre la cual había estado funcionando el estado feudal. Los primeros Estuardos gobernaron apoyados por la teoría de la monarquía por derecho divino. Los beneficiarios económicos del Estado sólo respondían ante el rey, que sólo respondía ante Dios; estos no tenía responsabilidades ante la sociedad en toda su amplitud, salvo aquéllos que el rey elegía, y sólo durante el tiempo que él quisiera. En 1607, que fue el año en el que se estableció la colonia de Virginia en Jamestown, John Cowell, profesor regio de derecho civil en la Universidad de Cambridge, expuso la doctrina de que el monarca «está por encima de la ley por su poder absoluto, y aunque por el bien y el progreso a la hora de promulgar leyes éste admite a los tres estamentos sociales al consejo, ello no lo hace por obligación, sino por bondad, o por la promesa hecha en el momento de su coronación».

La doctrina que fue elaborada minuciosamente en la extraordinaria obra llamada Patriarca por Sir Robert Filmer, estaba bien definida siempre que las líneas de demarcación social fueran claras, rectas y bien trazadas. Los beneficiarios económicos del Estado feudal eran prácticamente una corporación cerrada, un organismo compacto formado por una jerarquía eclesiástica y un grupo de terratenientes, herederos de grandes propiedades. En relación a los intereses, este organismo era extremadamente homogéneo, y sus intereses, escasos en número, simples en categoría y fácilmente descriptibles. Con el rey, la jerarquía, una nobleza cerrada por encima de la línea de estratificación, y el populacho por debajo, esta teoría de soberanía era aceptable y respondía a los objetivos del Estado feudal como cualquier otro.

Pero el resultado en la práctica de esta teoría no encajaba con los objetivos de la creciente clase de mercaderes y financieros, ni podía. Estos querían introducir un nuevo sistema económico. Bajo el feudalismo, la producción, en términos generales, quedó en manos del campesinado. El Estado no siempre estuvo al margen del comercio, pero tampoco promulgó la idea de que su razón principal de existencia fuera, como se suele decir, «para estimularlo». Los mercaderes y financieros, sin embargo, tenían precisamente esta idea en la cabeza. Estos vieron las atractivas posibilidades de producción y de beneficios, desviando gradualmente el foco de la explotación hacia el proletariado industrial. Vieron, además, que para poder poner en práctica todas estas posibilidades, la maquinaria del Estado debía ponerse a funcionar del lado de los negocios de la forma sutil y eficaz, tal y como antes lo había hecho al lado de la monarquía, la Iglesia y los grandes terratenientes. Fue esto lo que les llevó a tomar el control de este mecanismo, alterándolo y adaptándolo para darles el mismo acceso libre a los medios políticos que los antiguos beneficiarios desplazados. Esto se logró a través de una trayectoria marcada por la Guerra Civil, el derrocamiento y ejecución de Carlos I, el protectorado Puritano, y la revolución de 1688.

En esto consiste el carácter reservado de lo que se conoce como el movimiento puritano de Inglaterra. Éste tenía una base cuasireligiosa —hablando estrictamente, una motivación eclesiástica— pero la finalidad primordial desde el punto de vista práctico hacia la que tendía consistía en el reparto de acceso a los medios políticos. Es un hecho significativo, a pesar de que pase desapercibido, que el único dogma con el que el Puritanismo pretendía evangelizar tanto al mundo inglés cristiano como al no cristiano venía dado por su dogma frente al trabajo, su doctrina de que éste es, por deseo expreso y mandato divino, un deber, y si no el primero, el más importante de los derechos seculares. La erección del trabajo como una virtud cristiana per se, la dotación del trabajo con una sanción religiosa especial, fue invención del Puritanismo; lo cual era algo novedoso en Inglaterra antes del Estado puritano. La doctrina anterior que la precede sólo presentaba el trabajo como el medio para alcanzar un objetivo secular; en palabras de Cranmer, «aprender y trabajar para conseguir mi sustento». No hay indicios de que Dios se equivoque si uno prefiere trabajar poco y llevar una vida humilde, a cambio de emplear su tiempo en otra cosa. Quizá el mejor testigo para poder observar el carácter esencial del movimiento puritano en Inglaterra y América sea la profundidad con la que se ha tratado la doctrina sobre el trabajo en ambas literaturas, desde las cartas de Cromwell al panegírico de Carlyle o los versos de Longfellow.

Pero el Estado mercantil de los puritanos era como cualquier otro; éste seguía el modelo estándar. Surgió de la conquista y de la confiscación, tal y como el Estado feudal al que sustituyó; la única diferencia era que su conquista fue por una guerra civil y no una extranjera. Su objetivo era la explotación económica de una clase por parte de otra; con el fin de que la nobleza pudiera explotar a los siervos feudales, ésta sólo propuso la explotación del proletariado por parte de los empresarios como sustituto. Como su predecesor, el Estado mercantil era simplemente una organización de medios políticos, una máquina para la distribución de ventajas económicas, pero adaptado a los requisitos de un tipo más numeroso y distinto de beneficiarios; una clase social que, además, no se vería limitada en número por temas de herencia o por capricho del rey.

El proceso de establecimiento de un Estado mercantil, sin embargo, necesariamente provocó cambios en la teoría general de la soberanía. La doctrina escueta de Cowell y Filmer ya no servía; sin embargo, cualquier otra nueva teoría tenía que conseguir aprobación divina, pues la mente de los hombres no cambia de la noche a la mañana, y la alianza del Puritanismo entre los intereses religiosos y seculares era bastante firme. Uno no se plantea que los empresarios mercantiles usaran el fanatismo religioso para sacarles las castañas del fuego; los religiosos ya tenían sus propias y buenas castañas que cuidar. Estos tenían demasiados absurdos frente a los que responder, demasiada hipocresía amarga, demasiado fanatismo vicioso; cuando pensamos en el Puritanismo Británico del siglo XVII, pensamos en Hugh Peters, en Praise-God Barebones, en los iconoclastas de Cromwell «destrozando los ángeles poderosos contra el cristal». Sin embargo, tras todas estas vicisitudes, entre ellos hubo grupos que lucían un mayor sentido común, que se hallaban profunda y justamente indignados; y sin duda, aunque mezclado con una buena cantidad de avaricia descontrolada, había en el sector de empresarios mercantiles un sincero convencimiento de que un buen negocio era bueno para la sociedad. Tomando la consciencia de Hampden como modelo, uno diría que éste funcionaba bajo ciertas limitaciones, impuestas por la naturaleza sobre el típico caballero fortachón de Buckinghamshire; la consciencia mercantil estuvo del mismo modo mal informada, y del mismo modo fijó sus premisas con una tozudez provinciana, dura y obstinada. Sin embargo, la alianza entre ambos grupos no carecía de respetabilidad. No cabe duda de que Hampden, por ejemplo, definía al episcopado controlado por el Estado hasta cierto punto como antibíblico en teoría; y tampoco cabe duda de que la conciencia mercantil, con la visión alarmante de William Laud, podría haber cuestionado al episcopado controlado por el Estado en otros aspectos fuera de los que realmente interesan. La lógica política del Estado mercantil tenía que responder a la presión de un creciente individualismo. El espíritu del individualismo apareció en la última mitad del siglo XVI; probablemente tales oscuros orígenes sean consecuencia del resurgimiento continental que ponía el acento en el aprendizaje, o puede que sea específicamente consecuencia de la Reforma en Alemania. Éste tardó, sin embargo, en ganar fuerza para tener peso político. El Estado feudal no podía tener en cuenta este espíritu; su régimen austero de estatus funcionaba solo donde no había distintos intereses económicos, y donde la suma del poder social permanecía estable. Bajo el Estado feudal Británico, los intereses de los grandes terratenientes eran similares, y los de un obispo o un clérigo también lo eran. Los intereses de la monarquía y los de la corte no diferían demasiado, y la suma del poder social no variaba apenas. Por consiguiente, una solidaridad económica entre las distintas clases era fácil de mantener; subir de clase social era prácticamente imposible, tanto que fueron necesarias pocas intervenciones estatales para mantener a la gente en su lugar, o, como Cranmer vaticina, para que cumplan con su deber en el lugar donde Dios les puso. Así, el Estado podría cumplir su propósito primario, y además seguir relativamente débil. Éste podría llevar a cabo una explotación económica profunda con poca legislación o personal[31].

El Estado mercantil, por otro lado, con su consiguiente régimen de contrato, tenía que afrontar el problema planteado por un rápido desarrollo del poder social, y una gran cantidad de intereses económicos. Ambos tendían a fortalecer y estimular el espíritu del individualismo. La organización del poder social hizo que el empresario mercantil se sintiera tan importante como el que más, y valorar el orden de intereses que representaba, y en particular su propio interés particular, como algo de lo más respetable, cosa que hasta ahora no había sido. En pocas palabras, como individuo éste poseía una gran estima frente a sí mismo que podía justificar sin vacilar. La denigración aristocrática de sus objetivos y el respectivo estigma de inferioridad que se había fijado durante tanto tiempo a todo «lo mecánico», contribuyó positivamente a aumentar ese sentimiento y exacerbar su sentido de asertividad, en sus mejores y peores momentos, y a exagerar las virtudes y defectos de su clase, que éste mezcló para crear una nueva categoría de virtudes sociales-emparejando su dureza, crueldad, ignorancia y vulgaridad con su integridad comercial, astucia, diligencia y espíritu de ahorro. Así, podría decirse que el tipo de financiero-empresario-mercader plenamente desarrollado recorrería todas las gradaciones psicológicas entre los hermanos Cheeryble a un extremo de la balanza, y Gradgrind, Sir Gorgius Midas y Bottles en el otro.

Este individualismo promovió la formulación de ciertas doctrinas que de una forma u otra se abrieron camino hacia la filosofía política oficial del Estado mercantil. Entre las principales se encuentran las dos que la que la Declaración de la Independencia considera fundamentales, la doctrina de los derechos naturales y la doctrina de la soberanía popular. En una generación que había intercambiado la autoridad de un papa por la de un libro, o al menos la autoridad para interpretar de forma privada y sin restricción un libro, no se presentaron grandes dificultades a la hora de encontrar una justificación bíblica de alcance para ambas doctrinas. La interpretación de la Biblia, como la interpretación judicial de una constitución, es simplemente un proceso por medio del cual, como dijo un coetáneo del Obispo Butler, cualquier cosa puede significar cualquier cosa; y en ausencia de una autoridad coercitiva, papal, conciliar o judicial, cualquier interpretación es aceptada si se llega a un acuerdo. Así, el episodio del Edén, la parábola de los talentos, la orden apostólica contra «la pereza en el trabajo», llegaron a constituir al garantía que se necesitaba para fundamentar la doctrina puritana del trabajo; haciendo que escrituras e interés económico se pusieran en pleno acuerdo, uniendo al religioso y al empresario-mercader por medio de un objetivo común. Así, de nuevo, la visión del hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, situado en una categoría ligeramente inferior a la de los ángeles, el tema de una transacción tan prestigiosa como la de la Expiación, corroboró la doctrina política de su dotación con ciertos derechos inalienables por su Creador o por parte de la Iglesia o del Estado. Mientras el empresario-mercader sostuviera al igual que Jefferson que la verdad de su doctrina política es evidente, su apoyo bíblico era sin embargo de gran valor pues implicaba la dignidad de la naturaleza humana, que reforzaba su individualismo más o menos reservado y cohibido; y la doctrina que le dignificaba tanto podría concebirse como la dignificación de sus objetivos. Además, la corroboración de la Biblia de la doctrina del trabajo y la doctrina de los derechos naturales fue su impulso para rehabilitar el «comercio» contra la denigración que el régimen del estado había impuesto, y para investirlo con un lustre más brillante de respetabilidad.

Del mismo modo, la doctrina de la soberanía popular se puede apoyar en unos cimientos bíblicos impenetrables. La sociedad civil era una asociación de creyentes que perseguían objetivos seculares; y su derecho al autogobierno con respecto a estos propósitos era otorgado por Dios. Si por el lado religioso todos los creyentes fueran curas, entonces en el lado secular serían todos soberanos; la noción de la intervención de un monarca con poder divino era algo tan ajeno a las Escrituras como la de un papa por mandato divino —testigo de ello es la comunidad israelita donde la monarquía fue castigada por pecadora—. Se suponía que la legislación civil interpretaba y ejemplificaba las leyes de Dios según eran reveladas en la Biblia, y sus administradores estaban a cargo de reunir las actitudes religiosas y seculares. Donde la ley revelada permanecía en silencio, la legislación debía guiarse por su espíritu general, según conviniera mejor. Estos principios obviamente dejaron un amplio espectro para elegir; pero hipotéticamente el abanico de libertad civil y religiosa tenía un límite común.

Esta aprobación religiosa de la soberanía popular fue del gusto del empresario mercantil; ésta se adaptaba a su individualismo, elevando su sentido de dignidad personal. El empresario ahora podía considerarse por derecho de nacimiento no solo como un ciudadano libre de una comunidad celestial, sino también un elector libre en una comunidad terrenal, tan cercana como fuera posible al modelo celestial. El margen de libertad que éste recibía en ambos aspectos era satisfactorio, pues podía justificar sus proyectos de aquí en adelante con las Escrituras en la mano. En los aspectos terrenales, su doctrina del trabajo era bíblica, su doctrina de amo y esclavo era bíblica, incluso el vasallaje, o la esclavitud, eran bíblicas; su doctrina de una economía de salario, de préstamo de dinero —contra la parábola de los talentos— ambas eran bíblicas. Sin embargo, lo que le ponía en relieve la doctrina de la soberanía popular en su aspecto secular eran las grandes ventajas derivadas de sustituir al régimen del Estado por el régimen del contrato; en pocas palabras, sustituir el estado feudal e introducir el estado mercantil.

Y, sin embargo, a pesar de lo interesante de estas doctrinas, llevarlas a la práctica conllevaba una tremenda dificultad. Desde el punto de vista religioso, la doctrina de los derechos naturales tenía que prestar atención a los no ortodoxos. En teoría era fácil deshacerse de ellos. Los separatistas, por ejemplo, como los que se dirigían el Mayflower, habían perdido sus derechos naturales con la caída de Adán, y nunca hicieron uso de los medios que se les dio para reclamarlos. Todo esto estaba muy bien, pero la extensión lógica de este principio a la práctica resultó ser más bien problemática. Había muchos inconformistas, con amplios conocimientos de los derechos naturales, que causaron problemas; así que cuando todo se dijo todo lo que se tenía que decir, la doctrina quedó bastante comprometida. Entonces, en relación con la soberanía popular, estaban los presbiterianos. El calvinismo era monocrático hasta la médula; de hecho, el presbiterianismo coexistía con el episcopado de la Iglesia de Inglaterra en el siglo XVI, y solo pudo ser expulsada gradualmente[32]. Ellos eran un grupo numeroso, y según las Escrituras y la historia tenían mucho que decir sobre su posición. Así, la tarea práctica de organizar una comunidad espiritual chocó tanto con la lógica de la soberanía popular como con la de los derechos naturales.

La tarea de la organización secular fue incluso más conflictiva. Se puede concebir fácilmente una sociedad organizada de acuerdo con estos dos principios, una organización como la que contemplaban Paine y la Declaración, por ejemplo, que surgía del acuerdo social y que se limitaba a mantener la libertad y la seguridad del individuo —pero la tarea de llevarlo a la práctica era ya otro tema—. En términos generales, sin duda, los puritanos lo habrían considerado imposible; si, además, hubiera una época propicia para esto, la suya no lo era. La mayor dificultad, sin embargo, fue que el empresario mercader no quería esa forma de organización social; de hecho, no podemos asegurar que los puritanos religiosos lo quisieran tampoco. La raíz del problema residía, en resumen, en el hecho de que no se dispusiera de modo alguno para evitar la colisión devastadora entre la lógica de los derechos naturales y la soberanía popular, y la ley económica que reza que el hombre tiende siempre a satisfacer sus necesidades empleando el mínimo esfuerzo.

Esta ley caracterizaba al empresario mercantil y al resto de la humanidad. No defendía una organización que se dedicara única y exclusivamente a mantener la libertad y la seguridad, sino una que redistribuyera el acceso a los medios políticos, y se preocupara de la libertad y la seguridad para mantener ese acceso abierto. Es decir, estaba profundamente en contra de la idea de gobierno, y bastante a favor de la de Estado al igual que la jerarquía y la nobleza. No estaba a favor de ningún cambio esencial en el carácter del Estado, sino simplemente a favor de un reparto de las ventajas económicas que aporta el Estado.

Así, El sistema de gobierno mercantil equivalía a un intento, más o menos taimado, de reconciliar temas imposibles de reconciliar. Las ideas de los derechos naturales y la soberanía popular eran, como hemos visto, bastante aceptables y los unía en contra de la idea feudal; pero mientras estas ideas se pudieran conciliar con un sistema de gobierno simple, ese sistema no serviría a tales propósitos. Sólo el sistema de Estado valdría. El problema, por lo tanto, era, cómo mantener estas ideas al frente de la teoría política, y a la vez evitar que al llevarlas a la práctica se debilitara la organización de los medios políticos. Se trataba de un problema harto complicado. Lo mejor que se podía hacer con ello era efectuar ciertos cambios estructurales en el Estado para dar la sensación de que estas ideas estaban siendo puestas en práctica, aunque en verdad no lo fuera. Lo más importante de estos cambios estructurales era introducir el llamado sistema representativo o parlamentario, que había sido introducido en el mundo moderno por el Puritanismo, y que ha recibido muchas alabanzas al considerarse un avance hacia la democracia. Estas alabanzas, sin embargo, son exageradas. El cambio fue sólo de forma, pero sin considerarse orientarlo hacia la democracia[33].

II

Lo único que hizo la emigración de ingleses a América fue trasladar el problema a otro sitio. El debate sobre teoría política continuó con fuerza, pero la filosofía de los derechos naturales y la soberanía popular surgieron sobre la práctica en los mismos lugares que en Inglaterra. De nuevo aquí se ha hecho mucho en relación con espíritu democrático y temperamento de los emigrantes, especialmente en el caso de los separatistas que arribaron a las costas de Plymouth, pero los hechos no lo confirman, excepto en relación con el principio congregacionista descentralizador impuesto por el orden religioso. Este principio de alojar la autoridad final en la unidad más pequeña en vez de en la mayor —en la congregación local en vez de en un sínodo o consejo general— era democrático y su aplicación minuciosa en un esquema eclesiástico representaría un avance real hacia la democracia, y daría reconocimiento a la filosofía general de los derechos naturales y la soberanía popular. Los colonos de Plymouth lograron algo al aplicar este principio sobre temas eclesiásticos, y por ello tienen mucho mérito[34]. Pero aplicarlo sobre cuestiones civiles, sin embargo, es otro tema. La verdad es que lo más probable es que los colonos de Plymouth contemplasen algo por el estilo, y también es cierto que estos pusieron en práctica una forma de comunismo primitivo durante algún tiempo. El acuerdo al que estos llegaron a bordo se puede considerar como evidencia de su predisposición democrática, aunque de ningún modo se tratara de «un marco de gobierno», como el de Penn, o un tipo de documento constitucional. Los que se refieren a dicho documento como nuestra primera constitución escrita se anticipan demasiado, pues era simplemente un acuerdo para hacer una constitución o «marco de gobierno» cuando los colonos hubieran arribado a tierra y analizado la situación. Aquí se hace difícil de ver cómo esto objetivos pudieran haber ido más allá —de hecho, que la constitución propuesta fuera más allá de su carácter provisional— cuando se tiene en cuenta que estos emigrantes no navegaban motu propio. Estos no navegaban solos, ni eran guiados hacia un territorio por descubrir donde habrían de establecer una soberanía provisional y un orden civil adecuado a esas circunstancias. Lo cierto es que los colonos se dirigían a Virginia con el objeto de establecerse en la jurisdicción de una compañía de empresarios mercantiles ingleses, que cada vez se tambaleaban más, y pronto serían sustituidos por la autoridad real, y su territorio convertido en una provincia real. Es sólo por una cuestión de fallos de cálculo y accidentes de navegación que, desafortunadamente para los propósitos de la colonia, los colonos arribaron en su lugar a las costas adustas y rocosas de Plymouth.

Lo más probable es que, en muchos aspectos, estos colonos no fueran ni mejores ni peores que el resto de colonos que llegaron a encontrar su camino hacia a América. Estos fueron criados por lo que en Inglaterra se conoce como «las clases bajas», gente sobria, trabajadora y capaz, cuya vida bajo las instituciones continentales en Holanda les otorgó la base de ideas político-religiosas y hábitos de pensamiento que les diferenció tanto del resto. No hay, sin embargo, más que un interés anecdótico por saber hasta qué punto estas ideas pudieron calar bien ellos. Puede que estos contemplaran un sistema de total democracia religiosa y civil, o puede que no. Puede que pensaran que sus prácticas comunistas eran acordes con su idea de orden social sano y justo, o puede que no. El hecho es que mientras en apariencia estos eran libres de fundar una iglesia de manera democrática, no eran libres de fundar una democracia civil, ni de la manera más remota, al depender de la voluntad de una compañía comercial. El que estos tuvieran o no libertad religiosa era algo que carecía de interés para la compañía comercial. Lo mismo sucedía con sus prácticas comunistas; tanto si estas prácticas eran acordes con sus ideas como si no, el incentivo fue por adoptarlas. Su acuerdo con los empresarios mercantiles de Londres les obligaba, a cambio del transporte y atuendo, a siete años de servicio, durante los cuales tendrían que trabajar en un sistema de cultivo de tierras comunales, almacenar la producción en un almacén comunitario, y mantenerse a sí mismos. Así, tanto si eran comunistas en ideas como si no, la práctica real del comunismo les vino impuesta.

El hecho fundamental a tener en cuenta en cualquier análisis del desarrollo inicial del Estado americano fue señalado por primera vez, creo, por Beard, que dijo que la compañía comercial —la Corporación comercial para la colonización— era en verdad un Estado autónomo. «Como el Estado», dice Beard, «ésta poseía una constitución, un acta constitutiva emitida por la Corona… como el Estado, tenía una base territorial, una concesión de tierras a menudo mayor que veinte principados europeos. Ésta podía hacer tasaciones, acuñar moneda, regular el comercio, deshacerse de propiedades corporativas, recaudar impuestos, organizar la tesorería, y aportar medios de defensa». «Así» (y aquí reside el dato fundamental, tan importante que yo me aventuro a resaltar), «todos los elementos esenciales que se encuentran en el gobierno de los Estados Unidos se encuentran ya en la corporación aprobada que dio lugar a la civilización inglesa en América». En términos generales, el sistema civil establecido en América era el sistema estatal de los «países maternos» al otro lado del mar, lo único que los distinguía era que la clase explotada y dependiente estaba a una gran distancia de la clase adinerada y explotadora. La dirección del Estado autónomo se encontraba a un lado del Atlántico mientras que sus súbditos en el otro.

Esta separación dio lugar a dificultades administrativas de varios tipos, y para obviarlos, quizá por otros motivos también —una compañía inglesa, la Compañía de la Bahía de Massachusetts, se trasladó en 1630, trayendo con ellos su carta de derechos y la mayor parte de sus accionistas, y crearon un Estado autónomo real en América—. Hay que fijarse en que el Estado mercantil se instauró en Nueva Inglaterra mucho antes que en la Vieja Inglaterra. La mayor parte de los inmigrantes ingleses que regresaron a Massachusetts llegaron entre 1630 y 1640; y durante este período el Estado mercantil inglés estaba abriéndose camino. Jacobo I murió en 1625, y su sucesor, Carlos I, siguió su línea absolutista. Desde 1629, el año en que la Compañía Bay fue creada, hasta 1640, éste gobernó sin parlamento suprimiendo los pocos vestigios de libertad que quedaban de las tiranías Tudor y Jacobina; y durante estos once años las esperanzas de lograr un Estado mercantil inglés se volvieron de lo más remoto[35]. Las distracciones de la Guerra Civil estaban ahí, las anomalías que retrasaron la formación de la Commonwealth, la Restauración y la vuelta al absolutismo tiránico con Jacobo II, y ello contribuyó al retraso de su establecimiento con la Revolución de 1688.

Por otro lado, los líderes de la Colonia Bay eran libres desde el principio de establecer una normativa estatal diseñada por ellos, y de establecer una estructura estatal que cumpliera dicha normativa sin compromiso. No había normativa que eliminar, ni una estructura rival que remodelar. Así, el Estado mercantil se creó en un campo claro cincuenta años antes de que triunfara en Inglaterra. Nunca hubo competitividad, ni por asomo. Un punto de enorme importancia a tener en cuenta es que el Estado mercantil es la única forma de Estado que ha existido en América. Tanto bajo el poder de una compañía mercantil como de un gobernador provincial o una legislatura republicana, los americanos nunca han conocido otra forma de Estado. En este aspecto la colonia de la Bahía de Massachusetts se diferencia solo por ser el primer Estado autónomo establecido en América, y por suponer el ejemplo más completo y práctico para ser estudiado. No se dieron diferencias de principios. El Estado en Nueva Inglaterra, Virginia, Maryland, los estados Jersey, Nueva York, Connecticut, por todas partes, todos eran Estados clasistas, con control de los medios políticos en manos de lo que se denomina de forma general como «hombre de negocios».

Durante los once años del absolutismo tiránico de Carlos, los emigrantes ingleses fueron integrándose en la colonia Bay a un ritmo de unos dos mil al año. Sin duda, al principio algunos de los colonos llegaron con la idea de convertirse en especialistas agrícolas, como en Virginia, y mantener ciertos vestigios, o simplemente imitaciones, de una práctica social semifeudal, como las que eran posibles bajo esa forma de industria cuando funcionaba una economía esclavista o arrendataria. Esto, sin embargo, no resultó; el clima y el suelo de Nueva Inglaterra iban en contra. Una economía arrendataria era inestable, pues más que trabajar para un amo, el agricultor inmigrante prefería tierra libre, y ser autónomo; en otras palabras, Turgot, Marx, Hertzka, y muchos otros han demostrado como éste no podía ser explotado hasta que no se le expropiaran sus tierras. Los largos y duros inviernos restaron productividad al trabajo de los esclavos en el campo. Los colonos de Bay probaron con el mismo, sin embargo, y trataron incluso de esclavizar a los indios, lo cual no consiguieron por los motivos que ya he mostrado. En su defecto, los colonos decidieron más bien aplicar la ya vieja técnica del exterminio y el expolio, siendo su despiadada crudeza sólo equiparable a la de los colonos de Virginia[36]. Los colonos lograron esclavizar a muchos, y también se dedicaron al comercio de esclavos; pero en lo principal, las primeras tareas fueron las del granjero, constructor naval, navegante, empresario marítimo de pescado, ballenero, exportador de melaza, ron y cargamentos diversos; y luego en prestamistas. El marcado éxito que tuvieron en estos negocios es bastante conocido; merece la pena mencionarlo aquí para resaltar todas las complicaciones y choques de interés que resultaron de la doctrina fundamental del Estado mercantil, principalmente, que la función primaria de gobierno no es mantener la libertad y la seguridad, sino «promover el comercio».

III

Buscar cualquier sugerencia a favor de la filosofía de los derechos naturales y la soberanía popular en el Estado mercantil es buscar en vano. El sistema comercial y de provincias no le hicieron hueco, y el una vez fuera el estado autónomo estaba firmemente en contra. La compañía Bay trajo su acta constitutiva para que actuara como constitución de la nueva colonia, y bajo sus estipulaciones el Estado se convirtió en una pequeña y cerrada oligarquía. Se otorgó el derecho al voto sólo a los miembros accionistas, u «hombres libres» de la empresa, sobre el riguroso principio de Estado que John Jay habría de establecer años después de que «esos que poseían el país debían también gobernarlo». Un año después, la compañía Bay estaba compuesta por unas dos mil personas; y de éstas, seguramente no llegaban a veinte, probablemente no más de doce, las que tenían algo que decir sobre su gobierno. Este pequeño grupo se constituyó en un tipo de junta directiva o consejo —nombrando su propio cuerpo ejecutivo, que consistía en un gobernador, un lugarteniente, y media docena o más de magistrados—. Estos oficiales no tenían responsabilidad frente a la comunidad en general, sólo frente a la junta directiva. Según las condiciones de sus estatutos, la junta directiva era a perpetuidad. Se podían cubrir vacantes y añadir personal si lo consideraba oportuno, y al hacerlo seguía una línea similar a la que recomendaba Alexander Hamilton, la de admitir sólo a gente adinerada y con contactos para confiarles la tarea de establecer un frente sólido ante todo lo que tuviera un cariz de soberanía popular.

Los historiadores han escrito mucho sobre la influencia de la teología calvinista al abrazar la actitud tan antidemocrática de la compañía Bay. La historia es amena e interesante —a menudo divertida— sin embargo su punto esencial es tan simple que se puede percibir de inmediato. El principio de acción de la compañía era en este aspecto el que en circunstancias similares ha motivado al Estado durante doce siglos. La frase marxista de que «la religión es el opio del pueblo» es o ignorante o una confusión descuidada de los términos, así que no pueden ser reprendidos duramente. La religión nunca fue eso, ni lo será; pero el cristianismo organizado, que no es lo mismo que la religión, ha sido el opio de la gente desde el comienzo del siglo IV, y este opio nunca ha sido usado por motivos políticos con tanta habilidad como durante la oligarquía de la Massachusetts Bay.

En el año 311 el emperador romano Constantino emitió un edicto de tolerancia a favor del cristianismo organizado. Él apoyó el nuevo culto, haciéndoles ricos regalos, e incluso adoptó el Labarum como su estandarte, lo que fue un gesto distinguido sin cargo alguno; la historia del signo celestial apareciendo antes de su batalla crucial contra Maxentius puede anotarse junto a la de las apariciones antes de la batalla de Marne. Éste nunca se unió a la Iglesia, sin embargo, y la creencia de que se convirtió al cristianismo es dudosa. El tema es que dadas las circunstancias en esa época, el cristianismo creció; había sobrevivido al desprecio y la persecución, y se había convertido en una influencia social que el mismo Constantino vio que estaba destinada a llegar lejos. La Iglesia podía convertirse en una herramienta muy útil para el Estado, y sólo se necesitaba una cantidad moderada de hombres de estado para cumplir este objetivo. La comprensión, sin duda táctica, se basaba en un simple quid pro quo; a cambio del reconocimiento imperial y el patronazgo, y las suficientes donaciones para mantener una respetabilidad alta, la Iglesia debía dejar el desagradable hábito de criticar la política; y en particular, debería abstenerse de hacer ningún comentario desfavorable a la administración de los medios políticos por parte del Estado.

Estos son los términos invariables —de nuevo digo, sin duda, tácitos, pues rara vez es necesario estipular contra la mano que te da de comer— de todo acuerdo fraguado desde los tiempos de Constantino entre el cristianismo organizado y el Estado. Estos también eran los términos de los acuerdos establecidos en las Alemanias y en la Inglaterra de la Reforma. El insignificante principado alemán tenía su Iglesia estatal del mismo modo que tenía su teatro estatal; y en Inglaterra, Enrique VIII instauró la Iglesia tal y como la conocemos hoy día como una sección del servicio civil, tal y como el de correos. El acuerdo fundamental en todos los casos fue que la Iglesia no interferiría o menospreciaría la organización de los medios políticos; y en la práctica, como es natural, la Iglesia fue más allá, y fue cómplice de esta organización muy hábilmente.

El estado mercantil en América llegó a este acuerdo con el cristianismo organizado. En la colonia Bay la Iglesia se convirtió en 1638 en una sucursal establecida del Estado[37], apoyada por los impuestos; Ésta mantenía un credo estatal, promulgado en 1647. En otras colonias, además, como por ejemplo, en Virginia, la Iglesia era una rama del servicio estatal, y donde no estaba realmente establecida como tal, se llegó al mismo acuerdo por otros medios, igualmente satisfactorios. Además, el Estado mercantil, tanto en Inglaterra como en América, se mostró pronto indiferente frente a la idea de institución, con la percepción de que el mismo modus vivendi se podía conseguir bajo el voluntariado, y que este último tenía la ventaja de satisfacer prácticamente todos los tipos de credos y ceremonias, liberando al Estado de la tarea problemática y poco rentable de tener que mediar en disputas sobre temas de doctrina y credo.

El puro y simple voluntariado se instauró en Rhode Island de la mano de Roger Williams, John Clarke y sus asociados que fueron apartados de la Colonia Bay casi 300 años antes, en 1636. Este grupo de exiliados es considerado el fundador de una sociedad basada en la filosofía de los derechos naturales y la soberanía popular en relación tanto al orden eclesiástico como al civil, y de lanzar el experimento de la democracia. Esto, sin embargo, es una exageración. No cabe duda de que los líderes políticos estaban al tanto de esta filosofía, y que, en lo que concierne a la Iglesia, sus prácticas eran similares a la misma. Por el lado civil, todo lo que se puede decir es que la práctica era similar siempre que se supiera cómo hacerlo, y digo esto haciendo grandes concesiones. Lo menos que se puede decir, por otro lado, es que su práctica fue durante un tiempo más avanzada con respecto a otras colonias —tanto que Rhode Island llegó a tener mala fama con sus vecinos de Massachusetts y Connecticut, que con eficacia la propagaron por todo el territorio, con las consiguientes exageraciones y añadiduras—. Sin embargo, al aceptar el sistema estatal de posesión de territorios, la estructura política de Rhode Island vino a ser una estructura estatal desde el principio, contemplando la estratificación de la sociedad en la clase explotadora y propietaria y la dependiente y sin propiedades. La teoría de William del Estado era la del convenio social alcanzado entre iguales, pero la igualdad no existía en Rhode Island; el resultado real se resolvió en un Estado clasista puro.

En la primavera de 1638, dos jefes indios le regalaron a Williams unas veinte millas cuadradas de terreno, sumadas a otras que les había comprado dos años antes. En octubre formó una patente de compradores que compraron doce décimo-terceras partes del legado indio. Bicknell, en su historia de Rhode Island, cita una carta escrita por Williams al gobernador adjunto de la colonia Bay, que expresa francamente que el plan de esta patente contempla la creación de dos clases de ciudadanos, una la de las cabezas de familias terratenientes, y por otro lado, la de «los jóvenes solteros» desposeídos de tierras, y, como dice Bicknell, «sin voz ni voto ante los oficiales de la comunidad, o las leyes que debían acatar». Así, el orden civil en Rhode Island era esencialmente un orden estatal puro, tanto como el de la colonia Bay, o cualquier otro en América; y de hecho la franquicia de propiedad de tierras extrañamente duró mucho más en Rhode Island que en cualquier otro punto de América[38]. Resumiendo, basta decir que en ninguna parte de la América colonial no hubo ni el menor rastro de democracia. La estructura política siempre fue la del Estado mercantil; los americanos nunca han conocido otro sistema. Además, la filosofía de los derechos naturales y la soberanía popular nunca se llevó a la práctica política en la América colonial, desde el primer asentamiento en 1607 hasta la revolución en 1776.

4

Tras la conquista y la confiscación, y tras establecer el Estado, la primera preocupación que éste tuvo fue por el terreno. El Estado asume el derecho de control sobre sus territorios, donde cada propietario se convierte en teoría en un inquilino para el Estado. En su capacidad de amo, el Estado distribuye la tierra entre sus beneficiarios estableciendo él sus propias condiciones. Hay que tener en cuenta que con el sistema estatal de posesión de tierras cada transacción conlleva dos monopolios completamente distintos, pues uno tiene que ver con el derecho a la propiedad como fuente de trabajo, y el otro con la propiedad desde el punto de vista legal. Uno es el monopolio del valor de la tierra; y el otro, un monopolio sobre la renta de la misma. El primero le otorga el derecho a evitar que otras personas usen la tierra, o la crucen sin permiso, y el derecho a la posesión exclusiva de las ganancias que produzca, ganancias que son las que se producen por el uso de dicha propiedad. El monopolio de la renta económica, por otro lado, otorga el derecho exclusivo a ganancias que surgen del deseo de otras personas de poseer dicha propiedad, ganancias que aumentan independientemente de los medios económicos del titular[39].

La renta económica aumentará, si por cualquier motivo, dos o más personas aspiran a poseer una misma parcela de terreno, y ésta aumentará de manera proporcional al número de aspirantes. Manhattan fue comprada por un grupo de holandeses a un grupo de indios por baratijas que costaban unos veinticuatro dólares. El consiguiente «aumento en el valor de la tierra», según lo conocemos, fue provocado por el influjo firme de la población y la consiguiente alta demanda por parcelas de la isla; y estos valores resultantes estaban monopolizados por los propietarios. Crecieron enormemente, y los propietarios se aprovecharon de ello, las propiedades de los Astor, de los Wendel siempre han sido claros ejemplos para el estudio de todo el sistema estatal de posesión de tierra.

Si tenemos en cuenta que el Estado es la organización de los medios políticos —que su intención primaria es permitir la explotación económica de una clase por otra— vemos que siempre ha funcionado basándose en el ejemplo antes citado, que la expropiación precede a la explotación. No hay otro modo de hacerlo efectivo. El primer postulado de economía fundamental es que el hombre es un animal terrestre, cuya existencia depende totalmente de la tierra[40]. Toda su riqueza se produce poniendo en práctica el trabajo y el capital sobre la tierra; no existe otro método conocido de producir riqueza. Por consiguiente, si el libre acceso a la tierra se cancela por prescripción legal, el individuo sólo podrá usar su trabajo y capital con el consentimiento del terrateniente, y bajo sus condiciones; en otras palabras, llegado a este punto, la explotación es un hecho[41]. Por lo tanto, la primera preocupación del Estado se centra, tal y como ya hemos visto, en establecer normas relativas a la posesión de terrenos.

Reflejo estos puntos básicos tan brevemente como puedo; el lector puede encontrar una explicación más desarrollada en otra parte[42]. Lo que me preocupa es demostrar por qué surgió el sistema estatal de posesión de tierras, y por qué preservarlo es necesario para su existencia. Si se rompiera ese sistema, obviamente desaparecería el motivo de la existencia del Estado, y éste desaparecería[43]. Con esto en mente, es interesante observar que aunque nuestras políticas públicas parezcan estar siendo revisadas de forma exhaustiva, nadie tenga nada que decir contra el sistema estatal de posesión de tierras. Esto, sin duda, es la mayor evidencia de su importancia.

Bajo el Estado feudal no había gran cantidad de tráfico interior. Cuando Guillermo, por ejemplo, instauró el Estado normando en Inglaterra tras la conquista y confiscación de 1066-76, su banda de forajidos, entre los que repartió el territorio confiscado, no hizo nada para desarrollar sus nuevos feudos, y no se paró a reflexionar sobre las ganancias al aumentar las rentas. De hecho, la renta económica apenas existía; sus beneficiarios no estaban apenas en el mercado y la población desposeída no representaba ninguna demanda económica. El régimen feudal era un régimen de status, bajo el cual las grandes extensiones apenas dejaban rentas, las cuales sólo poseían un mero valor de uso, si bien aportaban un enorme valor en cuanto al estatus. El terreno se consideraba un rasgo de nobleza más que una posesión; tener tierras era un rasgo de pertenecer a la clase explotadora, y el tamaño de sus propiedades parece haber tenido más importancia que el número de sus subordinados explotados[44]. La violación de la propiedad privada por parte del Estado mercantil, sin embargo, provocó un cambio en estas circunstancias. Se reconoció la importancia de los valores de renta, y el comercio especulativo de la tierra se hizo general.

Por consiguiente, en un estudio del Estado mercantil, tal y como éste apareció a gran escala en América, el recordar que desde el primer asentamiento colonial hasta ahora América ha sido considerada como un campo especulativo sin límites en valores de renta representa un punto de vital importancia[45]. Aquí es posible asegurar sin temor a equivocarse que todo empresario o propietario de las colonias tras la época de Raleigh era capaz de comprender la renta económica y las condiciones necesarias para mejorarla. Las compañías comerciales suecas, holandesas y británicas lo comprendieron; Endicott y Winthrop, del estado mercantil autónomo en la Bahía, lo comprendieron; como también lo hicieron, Penn y los Calvert; o los propietarios de Carolina, a los que Carlos II otorgó una franja ilustre de territorio al sur de Virginia, que se extendía desde el Atlántico al Pacífico; o tal y como hemos visto, Roger Williams y Clarke. Además, la especulación de la tierra puede ser presentada como la primera industria principal establecida en la América colonial. El profesor Sakolski llama la atención sobre el hecho de que ésta estuviera floreciendo en el sur antes de que se extendiera la importancia comercial de los negros y del tabaco. Estos dos elementos básicos alcanzaron relevancia en torno a 1670, el tabaco quizá un poco antes, pero no mucho, y antes de eso, Inglaterra y Europa habían recibido intensa propaganda sobre los terratenientes sureños, anunciándoselo a los colonos[46].

Sakolski deja bien claro que muy pocos empresarios originales en valores de renta americanos obtuvieron grandes beneficios de sus negocios. Merece la pena resaltar aquí que lo que hace aumentar la renta económica es la presencia de una población activa inmersa en los medios económicos, o, dicho claramente, «que trabaja para subsistir» o de nuevo, en términos técnicos, que busca trabajo y capital en el medio natural para producir riqueza. No cabe duda de que para Carteret, Berkeley y su nobleza asociada el hecho de que fueran los propietarios de una provincia del tamaño de las Carolinas fue algo de lo más digno, pero si no hay habitantes, no hay modo de producir riqueza por medio de los medios económicos y la oportunidad de los propietarios de ejercer los medios políticos sería por lo tanto nula. Los propietarios que habían hecho un uso beneficioso de los medios políticos fueron aquellos —o mejor, hablando estrictamente, los herederos de aquellos como los Brevoorts, Wendels, Whitneys, Astors, y Goelets— que poseían terreno en un centro urbano real o futuro, y lo conservaban más por inversión que por especulación.

El cebo de los medios políticos en América, sin embargo, dio lugar a un estado de ánimo que merece la pena analizar. Bajo el estado feudal, se permitía vivir de la política por nacimiento, o en algunos casos especiales por un favor personal. La gente que no pertenecía a ninguna de estas dos categorías no tenía modo de vivir que no fuera por los medios económicos. Daba igual que desearan con todas sus fuerzas ejercer la política, o lo que hubieran envidiado a los pocos privilegiados que pudieran hacerlo, la cuestión del asunto es que estos no podían; el régimen feudal estaba basado estrictamente en la posición social. Con el Estado mercantil, por el contrario, la política estaba al alcance de cualquiera, independientemente de su nacimiento o posición, quien tuviera la sagacidad y determinación necesaria podía ejercerla. América apareció como la tierra de las oportunidades ilimitadas. Como consecuencia surgió una raza de gente cuya principal preocupación consistió en beneficiarse de esta oportunidad. Todo lo que les interesaba a estos era abandonar los medios económicos tan pronto como pudieran, aunque fuera a costa de sacrificar el propio carácter o la consciencia, y vivir de la política. Desde el comienzo, esta determinación ha sido universal, rayando en la monomanía[47]. Aquí no debemos preocuparnos por el tipo de ventajas generales que surgieron al cambiar el sistema feudal por el mercantil; aquí sólo podemos apreciar que ciertas virtudes e integridades se cuajaron por el régimen dominante, para el que el régimen de contrato resulta adverso, incluso destructivo. Quedan aún vestigios de ellos entre los pueblos con larga tradición de régimen de clase social, pero en América, que no tiene dicha experiencia, no surgen. El tipo de compensaciones derivados de su ausencia, o si se pueden considerar adecuadas, insisto, es algo que no nos debería de preocupar; simplemente resaltamos el hecho de que no se encuentren arraigadas en la formación del carácter americano a grandes rasgos, y parece ser que no se puede dar el caso.

II

Se dijo entonces, creo, que nunca se conocerían las causas reales de la revolución colonial de 1776. Las causas que se le atribuyeron en los libros de texto se desechan por triviales; los puntos de vista distintos, parciales y propagandísticos, de dicha lucha y sus orígenes se pueden tildar de incompetentes. Sí se considera de gran importancia la larga tradición de legislación comercial adversa ejercida por el estado británico desde 1651 en adelante, especialmente esa parte que se promulgó tras el establecimiento firme del estado mercantil en Inglaterra como consecuencia de los sucesos acaecidos en 1688. Esta legislación incluía las Cartas de Navegación, las Cartas de Comercio, leyes que regulaban la divisa colonial, la ley de 1752 que regulaba el proceso de recaudación postal y de emergencia, y los procedimientos que llevaron a la creación de la Cámara de Comercio en 1696[48]. Todo esto tuvo una repercusión directa sobre los intereses industriales y comerciales de las colonias, aunque no se sabe hasta qué punto, aunque si lo suficiente profundo de todas formas como para que provocara grandes resentimientos.

Por encima de todo esto, sin embargo, si el lector se pone en su lugar y siente la pasión vigente de la época, apreciará inmediatamente el valor de estos dos aspectos que han pasado desapercibidos ante los ojos de los historiadores. El primero es el intento del Estado Británico de limitar el ejercicio de los medios políticos en relación a los valores de renta[49]. En 1763 se prohibió a los colonos ocupar tierras hacia el oeste de cualquier río navegable del Altántico. La fecha límite fijada se estableció para aislar el derecho preferencial de compra a la mitad de Pennsylvania y de Virginia y todo lo que se extendiera hacia el oeste. Esto era serio. Con la manía de la especulación tan de moda, con la conciencia de la oportunidad, real o imaginaria, habiéndose hecho tan específica y tan general, esta normativa afectó a todos. Uno se puede hacer una idea de su efecto si imagina el estado mental de nuestro pueblo en toda su extensión si se hubiera prohibido jugar a la bolsa a comienzos del último gran boom en Wall Street hace unos años.

Pues en esta época los colonos habían empezado ligeramente a darse cuenta de los recursos infinitos del país hacia el oeste; habían aprendido lo justo para poner al rojo vivo su imaginación y su avaricia. La costa ya estaba ocupada casi por completo, poco a poco el propietario granjero había ido perdiendo terreno, la población seguía creciendo, las ciudades costeras seguían creciendo. Con estas condiciones, «las tierras occidentales» eran el punto de mira. Los valores de renta dependían de la población, la población estaba abocada a expandirse, y sólo podía expandirse por el oeste, donde había un rico territorio esperando ser explotado. Era, pues, de lo más normal que los colonos quisieran arañar una porción de este territorio y explotarlo solos, bajo sus propias condiciones, sin riesgo de intervención por parte del gobierno británico. Y esta necesidad conllevaba la independencia política. No hace falta mucha imaginación para ver que cualquiera en estas circunstancias se habría sentido así, y el resentimiento colonial contra la limitación arbitraria impuesta por el edicto de 1763 sobre el ejercicio de los medios políticos era enorme.

El estado real de especulación del terreno durante el período colonial puede dar una ligera idea de las probabilidades del caso. La mayor parte se hizo bajo el sistema de compañía; un grupo de aventureros se unían, aseguraban la concesión de terreno, lo medían, y lo vendían inmediatamente. Su objetivo era realizar una operación rápida; no contemplaban, por norma general, quedarse con el terreno, ni establecerse en él a corto plazo, sino que pretendían especular con los valores de la renta[50]. Entre estas empresas prerrevolucionarias estaba la Compañía Ohio, creada en 1748 con una concesión de medio millón de acres; la Compañía Loyal, que, al igual que la Ohio, estaba formada por virginianos; la Transylvania, la Vandalia, Scioto, Indiana, Wabash, Illinois, Susquehannah, y otras cuyas propiedades eran menores[51]. Es interesante tener en cuenta el nombre de las personas implicadas en estos negocios; no se puede ignorar el significado de esta conexión a la vista de su actitud hacia la revolución, y su carrera posterior como hombres de estado y patriotas. Por ejemplo, aparte de sus riesgos individuales, el General Washington era miembro de la Compañía Ohio, y una pieza principal en la organización de la Compañía Mississippi. También diseñó la Compañía Potomac con el objetivo de subir los valores de renta de las propiedades del oeste dándole salida a su producción por canal y transporte por el río Potomac, y desde ahí por la costa. Esta empresa determinó el establecimiento de un capital nacional en su situación más precaria actual, pues el final del recorrido del canal era justo ahí. Washington cogió algunos lotes en la ciudad que lleva su nombre, pero, al igual que les había sucedido a otros especuladores antes, no ganó mucho dinero; se valoraron en 20.000 dólares cuando falleció.

Patrick Henry fue un acumulador de tierras inveterado que fue más allá del límite impuesto por el estado británico; más tarde, se metió en los asuntos de las famosas compañías Yazoo, en Georgia. Parece que éste no tenía escrúpulos. Sus propiedades en la compañía en Georgia, de más de diez millones de acres, tenían que pagarse en pagarés de la misma compañía que se habían devaluado. Henry compró todos los certificados que pudo a diez centavos el dólar, y tuvo grandes ganancias por su subida de valor cuando Hamilton impuso la norma de que el gobierno central asumiera la deuda que estos representaban. Sin duda, fue su avaricia descontrolada la que le llevó a enemistarse con Jefferson, que dijo de él, bastante despectivamente, que era «insaciable con el dinero»[52].

La mente ahorrativa de Benjamin Franklin abrazó el proyecto de la Compañía Vandalia, y triunfó al ejercer de promotor —en Inglaterra en 1766—. Timothy Pickering, secretario de Estado bajo los mandatos de Washington y John Adams, afirmó en 1796 que «todo lo que valgo hoy se debe a las especulaciones del terreno». Silas Deane, emisario del Congreso Continental en Francia, se interesó en las Compañías Illinois y Wabash, al igual que Robert Morris, que se hizo cargo de las finanzas de la revolución; del mismo modo, también James Wilson, que se convirtió en Presidente del Tribunal Supremo y en un hombre poderoso en el control de terrenos tras la revolución.

Wolcott de Connecticut, y Stiles, presidente de la Universidad de Yale, tenían acciones en la compañía Susquehannah, al igual que Peletiah Webster, Ethan Allen, y Jonathan Trumbull, «el hermano Jonathan», cuyo nombre fue durante mucho tiempo un apodo para el típico americano, y aún se usa. James Duane, el primer alcalde de la ciudad de Nueva York, hizo también algunas gestiones de carácter especulativo; y aunque uno se sienta poco proclive a contemplar la idea, también el «Padre de la Revolución» mismo, Samuel Adams.

Es el sentido común el que nos dice que una interferencia del Estado Británico con un libre ejercicio de la política representaba una forma de incitar a la revolución tan grande como su intervención en la esfera económica por medio de las Actas de Navegación y de las Actas Comerciales. Según estaban las cosas lo último sería una provocación incluso mayor, tanto porque afectaba a una mayor variedad de gente, como porque la especulación del terreno representaba un dinero fácil. Junto a esto está el segundo tema que para mí tiene toda la importancia y que nunca ha sido tratado, allí hasta donde sé, en los estudios de la época.

Podría parecer de lo más natural del mundo que los colonos percibieran que la independencia no solo les daría vía libre a este modo de política, sino que también les abriría camino a otros modos que el status colonial les vetaba. El Estado mercantil existía en las provincias reales como estructura, pero no en cuanto a las funciones, pues éste no les daba acceso a todos los modos de explotación económica. Las ventajas de un Estado que sería completamente autónomo en este aspecto tenían que estar claras para los colonos, y deberían haberles impulsado hacia el proyecto de establecer uno.

De nuevo, es también de sentido común el tipo de circunstancias que nos lleva a esta conclusión. El Estado mercantil en Inglaterra había salido victorioso del conflicto, y los colonos tuvieron miles de oportunidades de ver lo que podría hacer a la hora de distribuir los distintos medios de explotación económica y sus métodos para aplicarlos. Por ejemplo, ciertas empresas inglesas se ocupaban del comercio entre Inglaterra y América, para las que otras compañías les construían barcos. Los americanos podían competir en ambas líneas comerciales. Si lo hacían, las tasas de transporte se regularían según los términos de esta competencia; si no, sería regulado por el monopolio, o, usando nuestra frase histórica, serían tan elevadas como el tráfico pudiera soportar. Los transportistas y constructores de barcos ingleses hicieron causa común, se dirigieron al Estado y le pidieron que interviniera, cosa que hizo al prohibirles a los colonos que enviaran productos en cualquier barco que no fuera construido u operara en Inglaterra. Puesto que las tasas de transporte repercuten en los precios, la consecuencia de esta intervención fue la de permitir a los navieros británicos retener la diferencia entre las tasas del monopolio y las de mercado; es decir, les permitió explotar al consumidor por medio de la política[53]. Intervenciones similares también fueron realizadas a petición de fabricantes de clavos, sombrereros, fabricantes siderúrgicos, etc.

Estas intervenciones tomaron la forma de simple prohibición. Otro modo de intervención apareció en las tarifas arancelarias impuestas por el Estado Británico sobre el azúcar y la melaza[54]. Todos sabemos perfectamente, con toda probabilidad, que el motivo principal a la hora de fijar una tarifa fue que permitía la explotación del consumidor doméstico por medio de un inconfundible proceso de robo manifiesto[55]. Los demás puntos pueden ser discutibles, pero éste no, pues los comentaristas y demás grupos de presión nunca lo mencionaron. Los colonos eran conscientes de esto, y la mayor evidencia la tenemos ya antes de que se estableciera la Unión, cuando los empresarios mercantiles y los industrialistas se aliaron para abalanzarse sobre la nueva administración con la petición organizada de una tarifa.

No cabe duda de que, si se tiene en cuenta la circunstancias, si bien por un lado las intervenciones del Estado británico en la economía tenían que provocar gran resentimiento entre los intereses afectados directamente, por el otro éstas tendrían otro efecto igualmente significativo, si no más, al provocar que esos intereses se orientaran hacia la idea de independencia política. Es muy difícil que estos no vieran tanto las ventajas positivas como las negativas que resultarían de instaurar un Estado propio que les favoreciera. No hace falta mucha imaginación para reconstruir la visión que tuvieron del Estado mercantil provisto de poderes totales de intervención y discriminación, un Estado que tuviera como principio y fin «promover el comercio», y que fuera administrado por simples agentes o por personas fácilmente manejables, o en su caso por personas con intereses similares a los suyos. No se puede pensar que los colonos, en general, no fueran lo suficientemente inteligentes para ver esto mismo, o que no fueran lo suficientemente decididos para correr el riesgo de darse cuenta cuando la ocasión fuera propicia[56]; y sucedió que estos agarraron la oportunidad incluso antes de que estuviera madura. Podemos distinguir una línea clara común que unía los intereses del empresario mercantil con los del especulador activo o potencial de valores de renta —que unió a los Hancocks, Gores, Otises con los Henrys, Lees, Wolcotts, Trumbulls— y los llevó directamente hacia el objetivo de la independencia política. La principal conclusión, sin embargo, a la que llevan estas observaciones es que los colonos tenían una idea preconcebida en relación a la naturaleza y función primaria del Estado. Esta idea no era suya exclusivamente, sino que la compartían con los beneficiarios del Estado mercantil de Inglaterra, y con los del Estado feudal tanto como se pueda remontar la historia del Estado.

Voltaire, analizando los restos del Estado feudal, dijo que en esencia el Estado es «un mecanismo para sacar dinero de unos bolsillos y meterlo en otros». Los beneficiarios del Estado feudal compartían esta opinión, y lo legaron así, sin modificar un ápice, a los beneficiarios potenciales del Estado mercantil. Los colonos consideraban al Estado principalmente como un instrumento con el cual uno se puede ayudar y herir a otros, esto es, antes que nada lo consideraban como la organización política. No se tuvo otra opinión del Estado en la América colonial. Se usaron el romance y la poesía para darle peso al tema del modo tradicional, se difundieron mitos glamorosos con la intención habitual, pero cuando se extendió por todas partes, no hubo lugar alguno en la América colonial donde se determinaran las relaciones con el Estado por medios distintos a los descritos[57].

III

El acta constitutiva de la revolución americana fue la Declaración de Independencia, que se basó en la doble tesis de los derechos naturales «inalienables» y en la soberanía popular. Hemos visto que estas doctrinas eran teóricas, y que, como dicen los políticos, en teoría gozarían de las simpatías del espíritu del empresario mercantil inglés, y podemos ver que según las circunstancias estas gozarían aún más de las simpatías del espíritu de todas las clases de la sociedad americana. Una población escasa y desperdigada por un mundo que se muestra tan amplio ante sus ojos, con territorios tan grandes y llenos de recursos al alcance, anticiparse y explotarlo apoyaría firmemente los derechos naturales, como lo hicieron los colonos desde el principio; y la independencia política abriría las puertas a tal consideración. Estas circunstancias consolidaron al empresario mercantil, agrario, mayorista e industrial en un individualismo económico celoso, intransigente y firme, al igual que en la doctrina pareja de soberanía popular.

Así también sucedió con la doctrina hermana de la soberanía popular. Los colonos habían sufrido largas y vejatorias intervenciones estatales que limitaron el uso de sus medios tanto políticos como económicos. Además, estos tuvieron la oportunidad de ver como se habían llevado a cabo estas intervenciones, y cómo los grupos económicos ingleses afectados que lo hicieron se habían beneficiado a su costa. Por consiguiente, no cabía en su mente una teoría política que les vetara el derecho a la libre expresión política. En la medida en que la situación tendía a convertirles en individualistas económicos natos, también los convirtió en republicanos natos.

Así, el preámbulo de la Declaración supuso una unanimidad cordial. Se podían interpretar sus dos principales doctrinas como un pseudoindividualismo económico razonado e ilimitado por parte de los beneficiarios del Estado, y un ejercicio juiciosamente organizado de libre expresión política por parte del electorado. Tanto si ésta era más una libre interpretación que una construcción estricta de las doctrinas o no, sin duda fue en efecto la interpretación que se les dio. En la historia americana abundan los ejemplos donde los grandes principios se han ajustado al servicio de fines insignificantes, tanto en su comprensión común como al llevarlo a la práctica. El preámbulo, sin embargo, reflejó un estado mental general. No importa lo incompetentes o comprensibles que fueran sus doctrinas, y lo interesados que fueran los motivos que motivaran este razonamiento, el espíritu general de la gente estaba a su favor.

También se dio una unanimidad completa sobre la naturaleza de la nueva institución política independiente que la Declaración establecía como función «del pueblo», que en última instancia eran los encargados de establecerla. Había gran disensión sobre su forma, pero no sobre su naturaleza. Ésta debería ser en esencia la sucesora del Estado mercantil existente. No se contemplaba la idea de establecer gobierno, que es una institución puramente social sin más objetivo que el de asegurar los derechos individuales del individuo, tal y como se recoge en la Constitución; o, según Paine, que no debería tener en cuenta nada al margen de la preservación de la libertad y la seguridad-una institución que no realizaría ninguna intervención positiva de ningún tipo sobre el individuo, pero que se dedicaría exclusivamente a las intervenciones negativas para preservar el mantenimiento de la libertad y la seguridad. La idea era perpetuar una institución de otro tipo distinto por completo, el Estado, la organización de la política; y así se hizo.

En esta observación no hay nada denigrante; motivos aparte, no se podía esperar otra cosa. Nadie conocía otra forma de organización política. Se entendía que las razones del descontento americano era debido a una mala administración, culpable e interesada, pero no a la naturaleza esencialmente antisocial de la institución administrada. Las quejas se dirigieron contra los administradores, no contra la institución en sí. Surgió un violento desagrado hacia la forma de institución —la monárquica— pero ninguna desconfianza o sospecha hacia su naturaleza. El carácter de Estado nunca había sido sometido a un escrutinio, se precisaba la cooperación del espíritu de la época para tal fin, y aún no se había alcanzado[58]. Se puede apreciar un paralelismo aquí con los movimientos revolucionarios contra la Iglesia del siglo XVI y, de hecho, con los movimientos revolucionarios en general. Estos son instigados por abusos y actos ilícitos, más o menos específicos y siempre secundarios, y su intención no deja de ser rectificarlos o vengarlos, normalmente por medio del sacrificio de cabezas de turco visibles. Nunca se examina la filosofía de la institución que da juego a estos actos ilícitos, cosa esta que los hacer recurrir bajo otras formas y auspicios[59], o si no lo hacen, su lugar es ocupado por otros que son de carácter similar. Así, el fallo evidente de la reforma y los movimientos revolucionarios a largo plazo se puede deber a su superficialidad incorregible.

Ha habido una mente que, de hecho, fue capaz de aproximarse lo bastante a los puntos básicos del tema, no por medio del método histórico, sino por un tipo de razonamiento casero, apoyado por un instinto sólido y saludable. La opinión común que se tiene de Jefferson como defensor del principio riguroso de «los derechos de los estados» es de lo más incompetente y engañosa. No cabe duda de que éste creía en los derechos del Estado, pero fue mucho más allá, pues para él los derechos de los estados eran un mero incidente en su sistema general de organización política. Éste creía que la última unidad política, el almacén y fuente de autoridad política e iniciativa, debería ser la unidad más pequeña; no la unidad federal, la estatal o condal, sino el municipio, o, como lo llamó, «el distrito electoral». El municipio, y solamente el municipio, debería delegar el poder a las unidades condales, estatales o federales. Su sistema de descentralización extrema es interesante y quizá merezca un minuto de atención, porque si la idea del Estado se sustituye alguna vez por la idea de gobierno parece probable que la expresión práctica de esta idea sería muy similar[60]. No hace falta decir que dicha sustitución tiene muchas implicaciones en un terreno que está abarrotado por los restos de un gran número, no de naciones solamente, sino de civilizaciones enteras. Sin embargo, debemos recordarnos que hace más de ciento cincuenta años, un americano consiguió rascar bajo la superficie de las cosas, y que probablemente previó el juicio que se haría en un futuro lejano impredecible.

En febrero, 1816, Jefferson le escribió una carta a Joseph C. Cabell, en la que le exponía la filosofía que subyacía a su sistema de organización política. Él pregunta, «¿Qué es lo que ha destruido la libertad y los derechos humanos en cada gobierno que ha existido bajo el sol? La generalización y concentración de todos los cuidados y poderes en un solo organismo, sin preocuparse tanto de los autócratas de Rusia o Francia, como de los aristócratas del senado veneciano». El secreto de la libertad se encuentra «en el individuo que se vuelve depositario de sus propios poderes, mientras los aplique bien, y que delega sólo en eso que traspase sus competencias, por medio de un proceso de síntesis, a categorías superiores de funcionarios, al objeto de restarles poder según los consejeros se vayan haciendo cada vez más oligárquicos». Esta idea está basada en un análisis detallado, pues somos todos conscientes que no sólo la sabiduría de un hombre cualquiera, sino también su interés y sentimiento, tienen un radio muy corto de operación; no pueden ampliarse a un área mayor que la de un municipio, y es de lo más absurdo suponer que cualquier hombre o grupo de hombres pueda ejercer arbitrariamente su sabiduría, interés y sentimiento sobre un área estatal o nacional con éxito. Por lo tanto, cuanto mayor es el área de ejercicio, menores y más definidas han de ser las funciones que se realizan. Además, «al delegar lo que él mismo fuera a supervisar», se protege de la usurpación de funciones. «Donde cada uno comparte la dirección de su república de distrito, o de cualquier unidad mayor, y siente que participa en los asuntos de gobierno, no sólo en unas elecciones un día al año, sino a diario… dejará que le saquen el corazón antes de que le usurpe el poder un César o un Bonaparte».

Sin embargo, ninguna idea semejante de soberanía popular apareció en la organización política que se estableció en 1789. Al diseñar su estructura, los arquitectos americanos siguieron unas pautas fijadas por Harington, Locke y Adam Smith, que podría considerarse como un compendio de política bajo el estado mercantil; además, si uno quería ser quizá un poco descortés al describirlos, aunque no de manera injusta, se podría decir que eran los mecanismos de defensa del estado mercantil[61]. Harington expuso el importante principio de que la base de la política es económica, que el poder sigue a la propiedad. Como éste debatía contra el concepto feudal, puso un énfasis especial en la propiedad de terrenos. Por supuesto, era pronto para que se diera cuenta del comportamiento del sistema estatal en relación a la posesión de tierras con la explotación industrial, y ni él ni Locke notaron la diferencia que había entre la propiedad que surge por ley y la propiedad que se crea por medio trabajo, ni siquiera se dio cuenta Smith, aunque parece haber tenido atisbos. De acuerdo a la teoría de determinación económica de Harington, aplicar la soberanía popular es algo sencillo. Ya que el poder político procede de la posesión de tierras, una simple difusión de dicha posesión de tierras es todo lo que se necesita para asegurar una distribución del poder satisfactoria[62]. Si todos poseen tierras, todos mandan. «Si la gente tiene las tres cuartas partes del territorio» —dice Harington—, «está claro que no puede haber una sola persona o nobleza que pretenda quitarles el gobierno. En este caso, por consiguiente, a no ser que medie la violencia, estos se gobiernan a sí mismos».

Locke, escribiendo medio siglo después, cuando terminó la revolución de 1688, se preocupó más específicamente por las expropiaciones estatales de otras formas de propiedad sobre la tierra. Éstas habían sido frecuentes y vejatorias, y bajo los Estuardo fueron un robo a mano armada. La idea de Locke, por lo tanto, era remachar semejante doctrina que consideraba la tierra sagrada y parar esto para siempre. Por consiguiente, expuso que la primera tarea del Estado era mantener la inviolabilidad de los derechos generales de propiedad, porque si los transgrediera iría en contra de su función primaria. Así, en opinión de Locke, los derechos de la propiedad tuvieron preferencia incluso sobre los de la vida y la libertad, y si se llegaba a ese aprieto, el Estado debía elegir en consonancia[63].

Así, mientras los arquitectos americanos asentían «en principio» a la filosofía de los derechos naturales y a la soberanía popular, lo cual venía a representar para ellos una especie de incentivo para su autoestima, su interpretación práctica la dejó bastante paralizada. La preocupación inicial no fue la de establecer un principio consistente; su interés práctico por esta filosofía se detuvo justo donde «hemos señalado, en su justificación hipotética de un pseudoindividualismo económico inflexible, y un ejercicio de autoexpresión política por parte del electorado general» que debería organizarse de tal modo para ser, en todos los aspectos esenciales, inútil. En esto siguieron el modelo de los exponentes Whig ingleses y los practicantes de esta filosofía. Locke mismo, al que hemos visto ensalzar los derechos naturales de propiedad por encima de la vida y la libertad, estaba igualmente discriminando en su idea de soberanía popular. Él no creía en lo que llamaba «una democracia de masas», y no contemplaba una organización política que permitiera nada por el estilo[64]. El tipo de organización que tenía en mente aparece reflejada en la extraordinaria constitución que diseñó para la provincia real de Carolina, que estableció un orden básico de servidumbre políticamente inarticulado. Una organización como ésta representaba lo mejor que el Estado mercantil británico podía lograr, en un sentido práctico, a favor de la soberanía popular.

También era lo mejor que podía hacer el homólogo americano del estado mercantil británico. El tema del asunto es que mientras la filosofía de los derechos naturales y la soberanía popular ofrecían una serie de principios que aunaban todos los intereses, y que prácticamente los unieron, con el objetivo de asegurar la independencia política, no ofrecía una serie de principios satisfactorios sobre los que fundar el nuevo Estado americano. Cuando se aseguró la independencia política, la rigurosa doctrina de la Declaración quedó en suspenso, sobreviviendo sólo un simulacro distorsionado de sus principios. Se reconocía el derecho a la vida y a la libertad a través de un formalismo puramente constitucional abierto a interpretaciones sangrantes, o, donde por cualquier motivo éstas se consideraron superfluas, a una simple indiferencia ejecutiva; y toda consideración de los derechos que se ocupaban de «la búsqueda de la felicidad» se redujo a una plena aceptación de la doctrina de Locke de los derechos preeminentes sobre la propiedad, y donde la propiedad por ley se situaba en el mismo nivel que la propiedad que surge como fruto del trabajo. En lo que respecta a la soberanía popular, el nuevo Estado tenía que ser republicano en forma, pues ningún otro se adaptaría al carácter general de la gente; y por consiguiente su peculiar tarea consistió en preservar al republicanismo real pero sólo en apariencia. Para hacer esto, éste conquistó el aparato que hemos visto que adoptó el Estado mercantil inglés cuando se enfrentó a una situación similar —el sistema representativo o parlamentario—. Además, mejoró el modelo británico al añadir tres mecanismos auxiliares que se han demostrado efectivos con el tiempo. Se trata, en primer lugar, del mecanismo del plazo fijo, que regula la administración de nuestro sistema por medio de consideraciones astronómicas más que políticas —por el movimiento de la tierra alrededor del sol más que por exigencia política—; en segundo lugar, el mecanismo de revisión e interpretación judicial, que ya hemos visto, consiste en un proceso donde cualquier cosa puede significar cualquier cosa; en tercer lugar, el mecanismo de exigir a los legisladores que vivieran en el distrito que representaban, lo que sube el valor de sumisión y venalidad, y es por tanto el mejor mecanismo para construir rápidamente un organismo inmenso de clientela. Se puede percibir de inmediato que todos estos mecanismos tienden a funcionar suave y armoniosamente hacia una gran centralización del poder estatal, y que su funcionamiento en esta dirección puede acelerarse de forma indefinida con el mínimo esfuerzo.

Del mismo modo que uno puede datar tal suceso, la rendición en Yorktown marca la desaparición repentina y completa de la doctrina de la Declaración de la conciencia política de América. Jefferson residió en París como representante ministerial en Francia desde 1784 a 1789. Según se acercaba la fecha de su regreso a América, escribió al Coronel Humphreys que esperaba pronto «empaparme de nuevo, al hablar con mis compatriotas, de su espíritu e ideas. Sólo conozco a los americanos del año 1784. Me dicen que son muy distintos a los de 1789». Y así era. Al llegar a Nueva York y recuperar su lugar en la vida social del país, se deprimió mucho al descubrir que habían tirado por la borda los principios de la Declaración. Nadie hablaba de derechos naturales y soberanía popular, parecía como si nunca los hubieran oído mencionar. Por el contrario, todos hablaban de la tremenda necesidad de una autoridad central fuerte capaz de revisar las incursiones que podría incitar «el espíritu democrático» sobre «los hombres de principio y propiedad»[65]. Jefferson escribió desalentado sobre el contraste entre todo esto y lo que había oído en la Francia que acababa de dejar «en el primer año de la revolución, con el fervor de los derechos naturales y el ansia de cambio». En el proceso de impregnarse del espíritu y las ideas de sus compatriotas, dijo, «no puedo describir la sorpresa y mortificación que me inundaron en las tertulias». Claramente, aunque la Declaración podría haber sido la carta de la independencia americana, no lo fue del nuevo Estado americano.

5

Todo el mundo sabe que la persistencia de una institución se debe únicamente a la opinión que se tenga de ella, o la forma en el que los hombres habitualmente piensan en ella. Mientras, y digo sólo mientras, dicho modo sea favorable, la institución vive y conserva su fuerza; y cuando por cualquier motivo los hombres dejan de pensar de ese modo, ésta se debilita y queda inerte. Tiempo atrás, fue la concepción sobre el lugar que ocupa el hombre en la naturaleza lo que otorgó a la cristiandad organizada el poder suficiente para controlar la mente del hombre y dirigir su conducta; y este poder se ha reducido hasta casi desaparecer debido a que los hombres en general dejaron de pensar de ese modo. La persistencia de nuestro sistema económico, inestable y perverso como es, no se debe al poder del capital acumulado, a la fuerza de la propaganda o a cualquier fuerza o combinación de ellas a las que normalmente se le achaca la culpa. Ello se debe solamente al modo que tienen los hombres de pensar sobre el derecho al trabajo; que consideran como algo dado. No existe otra idea sobre esto más que ésta: que la oportunidad de aplicar trabajo y capital a las fuentes naturales para la producción de riqueza no es bajo ningún concepto un derecho, sino una concesión[66]. Esto es lo que mantiene vivo a nuestro sistema. Cuando los hombres dejen de pensar de ese modo, el sistema desaparecerá, y no antes.

Parece bastante claro que los cambios de modo de pensar que afectan a una institución no suceden de manera directa. Se producen de formas oscuras y enrevesadas, y con la ayuda de una serie de circunstancias que a simple vista parecerían no tener relación, y su efecto erosivo o disolvente es por lo tanto bastante impredecible. Un impulso directo encaminado a efectuar estos cambios no lleva a ninguna parte, o retrasa la mayor parte de las veces. Estas son más bien consecuencia de aquellos elementos desalmados e impasibles que el Príncipe de Bismarck tenía tan en cuenta —los llamaba imponderabilia—; los que, por mucho esfuerzo que se ponga en evitarlos, al final acaban por dar al traste con todo el fruto obtenido.

Así es que lo que intentamos hacer en este rápido estudio del progreso histórico de ciertas ideas es hallar el origen de la actitud mental, de la forma de pensar, que todo el mundo tiene sobre del Estado; y, a partir de ahí, analizar las conclusiones hacia las que nos lleva este fenómeno psíquico. En vez de reconocer al Estado como «el enemigo común de todo hombre trabajador y de bien», el individuo, con raras excepciones, lo considera no sólo una entidad final e indispensable, sino además, principalmente, beneficiosa. El hombre-masa, sin saber nada de su historia, define su predisposición y carácter como el de un ser social más que antisocial; y en esa creencia desea poner a su disposición un crédito infinito de trucos, mentiras y mal juicio para que sus administradores se sirvan de ello a placer. En vez mostrar repugnancia y resentimiento frente a la progresiva absorción del poder social por parte del Estado, tal y como cabría esperar ante las actividades de una organización criminal, el hombre le apoya y glorifica al creerse de algún modo identificado con el Estado; y así, al estar de acuerdo con su glorificación, éste pasa a formar parte de algo mayor y se engrandece a sí mismo. El profesor Ortega y Gasset analiza este estado mental de manera muy acertada. El hombre de masas, dice, al enfrentarse al fenómeno del Estado, «lo ve, lo admira, sabe que está ahí… Además, el hombre de masas ve en el Estado un poder anónimo, y como él mismo se siente anónimo también, cree que el Estado le pertenece. Supongamos que en la vida pública de un país surja alguna dificultad, conflicto o problema, el hombre de masas pedirá que intervenga el Estado de inmediato y lo solucione de inmediato haciendo uso de sus medios y recursos inagotables… Cuando la masa sufre alguna desgracia o simplemente desea algo con fervor, se agarra a la posibilidad de tener algo seguro y obtenerlo todo sin esfuerzo, lucha, duda o riesgo, simplemente pulsando un botón y poniendo la gran máquina del Estado en marcha».

Es el origen de esta actitud, de este estado mental, y las conclusiones a las que se llega de manera de forma inevitable, lo que intentamos aclarar en este estudio. Quizá se puedan adelantar estas conclusiones brevemente, para que el lector que no quiera entretenerse pueda tomar nota aquí, y cerrar el libro.

Es el mantenimiento de esta actitud incuestionable y hostil que describe el Profesor Ortega y Gasset de manera tan admirable, lo que obviamente da vida y la fuerza al Estado; y no cabe duda de que también se trata de algo tan habitual y extendido que uno bien puede darle el nombre de universal con toda libertad; una actitud ésta que nada ni nadie puede cambiar o esperar educar. Esta actitud sólo puede debilitarse o minarse en el curso de una experiencia inagotable, un camino marcado por repetidas calamidades y desastres. Cuando el predominio de esta actitud en cualquier civilización se convierte en la norma, como ha sucedido en América, todo lo que se puede hacer es dejar que la cosa siga su curso y cumpla su objetivo. El filósofo de la historia puede conformarse con señalar y dilucidar sus consecuencias, como ha hecho el Profesor Ortega y Gasset, consciente de que tras esto no queda nada por hacer. «El resultado de esta tendencia», dice, «será fatal. El intervencionismo de Estado hará que se rompa de forma repetida la acción social espontánea; y no podrá fructificar ya más semilla alguna[67]. La sociedad tendrá que vivir para el Estado, el hombre para la máquina gubernamental. Y, como después de todo, no deja de ser más que una máquina, cuya existencia y mantenimiento depende de los apoyos vitales que la rodean[68], el Estado, después de succionar toda la sustancia vital a la sociedad misma, se quedará él mismo sin sangre para acabar como un esqueleto, difunto y cubierto por el óxido de la máquina, que es una muerte más espantosa que la muerte de un organismo vivo. Esta fue la suerte lamentable que corrió la civilización antigua».

II

La revolución de 1776-1781 transformó las trece provincias, prácticamente en el mismo sitio que las vio nacer, en trece unidades políticas autónomas, completamente independientes, y así continuaron hasta 1789, unidas en una especie de liga en conformidad con los Artículos de la Confederación. Para nuestros propósitos, lo que hay que señalar de este período de ocho años, 1781-1789, es que la administración de la política no se centralizó en la federación, sino en bastantes unidades que formaban la federación. La asamblea federal, o congreso, no era más que un cuerpo deliberativo de delegados elegidos por las unidades autónomas. Éste carecía de poder para fijar impuestos ni poseía poder coercitivo alguno. No podía disponer de fondos para realizar actividades favorables a la federación, incluso ni en caso de guerra; todo lo que éste podía hacer era asignar la suma necesaria, con la esperanza de que cada unidad cumpliera con su cuota. No había tampoco ninguna autoridad federal coercitiva en estos temas, o sobre ningún tema; la soberanía de cada una de las trece unidades federadas era completa.

Así, el cuerpo central de esta asociación de soberanías tan imprecisa no tenía mucho que decir sobre la distribución de los medios políticos. Esta autoridad residía en las distintas unidades que la componían. Cada una tenía jurisdicción absoluta sobre su territorio, y podía dividirlo a su gusto, y podía mantener cualquier sistema de posesión de tierra que eligiera[69]. Cada unidad impuso sus propias normas de comercio. Cada una recaudaba sus propias tarifas, una contra otra, en nombre de los beneficiarios elegidos a tal efecto. Cada una tenía su propia divisa, y la manipulaba a su antojo, para beneficiar a esos individuos y grupos económicos con poder para acceder a la legislatura local. Cada una organizaba su propio sistema de recompensas, concesiones, subsidios, franquicias, y lo hacía con la intención de impulsar cualquier interés privado. En pocas palabras, no se trataba de un mecanismo político nacional en su conjunto. La federación no era un Estado ni de lejos; no se trataba de un sólo Estado, sino de trece.

En cada una de estas unidades, por lo tanto, se dio de inmediato un tumulto general para poder acceder a la política tras acabar la guerra. No se debe olvidar que en cada una de estas unidades la sociedad era fluida; este acceso estaba al alcance de cualquiera que tuviera la sagacidad y resolución necesaria para conseguirlo. Por consiguiente, los intereses económicos, uno tras otro, fueron ejerciendo presión e influencia en las legislaturas locales, hasta llegar a un punto donde todo el mundo estaba en contra de todo el mundo. El «proteccionismo», que ya hemos visto y analizado, se llevó a terrenos comparables con el comercio internacional hoy en día, y por los mismos motivos de explotación y robo del consumidor doméstico.

Beard señala que la legislatura de Nueva York, por ejemplo, ejerció tal presión sobre el principio que rige el tema de las tasas y tarifas que llegó incluso a recaudar impuestos por la leña traída de Connecticut y los repollos de Nueva Jersey —un paralelo bastante cercano al octroi tan fácil de encontrar a las puertas de las ciudades francesas—. El monopolio de los monopolios, es decir, el más fundamental con respecto al resto, —que es el monopolio de la renta económica— es el que más se buscaba[70]. La base territorial de cada unidad incluía ahora las amplias propiedades confiscadas a los británicos, y se suprimió la prohibición establecida por el Estado Británico en 1763 contra la apropiación de terrenos en el oeste del país. El Profesor Sakolski comenta con ironía que «el primer ansia por la tierra heredado por los colonos de sus antepasados europeos no disminuyó con el espíritu democrático de los padres de la revolución». Desde luego que no. Las cesiones de tierra por parte de los legisladores locales fue tan asidua como en épocas anteriores bajo la dinastía Estuardo y los gobernadores coloniales, y la manía de trabajar la tierra iba a la par con la de usurparla[71]. Entre los hombres más interesados en estos fines estaban los que ya hemos visto identificados con ellos en la época anterior a la revolución, como los dos Morrises, Knox, Pickering, James Wilson y Patrick Henry; y con sus nombres se sumaron los de Duer, Bingham, Mc Kean, Willing, Greenleaf, Nicholson, Aaron Burr, Low, Macomb, Wadsworth, Remsen, Constable, Pierrepont, y otros ahora no son tan conocidos.

Seguramente, no sea preciso seguir el rastro más bien repulsivo del esfuerzo por lograr otros medios políticos. Lo que hemos dicho de las tarifas anteriores y el monopolio del valor de la renta es sin duda suficiente para mostrar de manera satisfactoria el espíritu y actitud mental hacia el Estado durante los ocho años que siguieron a la revolución. Toda la historia de riñas estúpidas por conseguir ventajas económicas por parte del Estado ni nos motiva lo más mínimo ni nos interesa. Ésta puede leerse tal y como sucedió en otro lugar. Lo que realmente nos interesa es observar que durante los ocho años de federación, los principios de gobierno impuestos por Paine y la Declaración quedaron en el aire. No sólo quedó fuera de todo el tema de la filosofía de los derechos naturales y la soberanía popular[72], como cuando Jefferson lamentó por primera vez su desaparición, sino que la idea de gobierno como institución social basada en esta filosofía fue ignorada del mismo modo. Nadie pensó en la organización política como creada «para asegurar estos derechos» por procesos de intervención negativa —instituida, esto es, con el objetivo de mantener «la libertad y la seguridad»—. La historia del período de la federación, que duró ocho años, no pone más que en evidencia la idea de Estado. Nadie tuvo otra idea distinta sobre esta institución más que como organización de los medios políticos, un motor todopoderoso que siempre estaría listo y disponible para la irresistible promoción de este u otro interés económico, que de forma irremediable será sufrido por otros; los cuales a su vez, por medio de la estrategia que sea, o curso de acción, también pueden llegar a dominar su maquinaria.

III

Se puede repetir que mientras el poder estatal estaba bien centralizado bajo la federación, no estaba centralizado en la federación, sino en la unidad federada. Por distintos motivos, algunos muy lógicos, muchos ciudadanos importantes, especialmente en las unidades situadas más al norte, consideraban esta distribución del poder insatisfactoria, y un grupo considerable y compacto de intereses económicos que pretendía beneficiarse de la redistribución hecha de modo natural sacó el mayor partido de estas razones. Es bastante seguro que la insatisfacción con el orden existente no fuera general, pues cuando la redistribución tuvo lugar en 1789, se efectuó con gran dificultad y sólo por medio de un golpe de estado, perpetrado con métodos que si se usaran en otro terreno distinto de la política, serían considerados no sólo como una osadía, sino como «carentes de escrúpulos» y «deshonestos». La situación, en una palabra, fue que los intereses económicos americanos se habían dividido en dos, los intereses especiales que cada uno tenía se unieron en causa común con el objetivo de hacerse con el control de los medios políticos. Una división comprendía los intereses especulativos, industriales, comerciales y de crédito, y sus aliados naturales en el sector legal, el púlpito y la prensa. La otra incluía principalmente a granjeros y artesanos y a la clase endeudada en general. Desde un primer momento, estas dos grandes divisiones chocaron bruscamente por todas partes en las distintas unidades, siendo el choque más serio el que tuvo lugar en los términos de la constitución de Massachusetts en 1780[73]. El Estado en cada una de las trece unidades era clasista, como todo estado conocido a lo largo de la historia; y se aseguró de incluir en sus funciones la de posibilitar la explotación económica de una clase por otra.

Las condiciones generales que estipulaban los Artículos de la Confederación eran bastante buenas. La gente se había recuperado de los trastornos y miserias de la guerra, y la gente comenzó a pensar que idea de Jefferson sobre una organización política que fuera nacional en asuntos exteriores y extranjera en asuntos domésticos tenía su plausibilidad. Se consideró que algún retoque habría que darle a los artículos; de hecho, se esperaba —pero nada que modificara o perjudicara seriamente al esquema general—. El problema principal tenía que ver con la debilidad de la federación ante la posibilidad de guerra, y con las deudas frente a los acreedores extranjeros. Los Artículos, sin embargo, ya hacía provisión para su propia mejora, y se vio que el tipo de enmiendas que la circunstancia requería eran en verdad viables. De hecho, cuando aparecieron las primeras tendencias revisionistas, tal y como sucedió de inmediato, parece que no se contempló otra cosa.

Pero el esquema general en sí era del todo cuestionable ante los intereses agrupados en la primera gran división. La base de esta insatisfacción es más que obvia. Cuando uno tiene en mente el gran proyecto continental, se necesita poca imaginación para percibir que el esquema nacional era del todo el más favorable a esos intereses, pues éste permitía una mayor centralización del control sobre los medios políticos. Por ejemplo, dejando de lado la ventaja de tener un solo organismo estipulador de tarifas con el que entenderse, en lugar de doce, cualquier empresario puede ver la gran ventaja que implica el poder extender la explotación en un entorno nacional de libre comercio protegido por un sistema de tarifas; cuanto más accesible sea la centralización, mayor será la zona a explotar. Cualquier especulador de valores sobre la renta no tardaría en ver las ventajas de promover este tipo de oportunidades en un sistema centralizado[74]. Cualquier especulador de terrenos devaluados estaría totalmente a favor de un sistema que le permitiera utilizar los medios políticos para recuperar su valor nominal[75]. Ningún naviero o comerciante tardaría mucho en ver que las ventajas estaban precisamente del lado de un Estado nacional que, dispuesto de la manera correcta, podría cederle el uso de los medios políticos a través de subsidios, o apoyarle en empresas rentables pero de dudosa reputación a través de la representación diplomática o las meras amenazas.

Los granjeros y la clase deudora en general, por otro lado, no estaban interesados en este tipo de consideraciones, pero estaban completamente a favor de dejar las cosas tal y como estaban en su mayoría. La preponderancia en las legislaturas locales les dio un control satisfactorio de los medios políticos, que podían y usaron en perjuicio de la clase acreedora, sin temor a perderla. Estos estaban de acuerdo con la modificación de los Artículos en la medida en que estos no se alejaran mucho de estos objetivos, si bien carecían del interés por crear una réplica suya a nivel nacional[76] del estado mercantil británico, que intuían que era precisamente lo que las clases agrupadas en la otra gran división deseaban. Estas clases pretendían introducir el sistema británico de economía, política y control judicial, a escala nacional; y los intereses agrupados en la segunda división temieron que en este caso la explotación económica se dirigiese contra ellos. El claro ejemplo lo podía obtener del cambio reciente que tuvo lugar en Massachusetts tras la adopción de la constitución local de John Adams en 1780. Naturalmente, a estos no les importó ver cómo esto se llevaba a cabo a escala nacional, y por lo tanto, se pusieron en contra de toda tentativa para hacer que desaparecieran los Artículos. Cuando Hamilton, en 1780, puso objeciones a los Artículos bajo la forma en que fueron dispuestos y propuso convocar una convención constitucional en su lugar, todos le dieron la espalda, al igual que hicieron con la carta de Washington dirigidas a los gobernadores locales tres años después, donde se advertía de la necesidad de una autoridad central fuerte y coactiva.

Finalmente, sin embargo, se convocó una convención constitucional, con el objetivo de revisar los Artículos con el solo objetivo de, tal y como Hamilton dijo astutamente, «adaptarlos a las exigencias de la nación», y, viendo además, que las trece unidades deberían aceptar las enmiendas antes de que entraran en vigor, para validar el método de enmienda establecido en los Artículos. Ninguno de estos objetivos se cumplió. La convención estaba formada en su totalidad por hombres que representaban los intereses económicos del primer grupo. La gran mayoría, posiblemente cuatro quintas partes, eran acreedores públicos; un tercio eran especuladores de terreno; algunos eran prestamistas; un quinto eran empresarios industriales, comerciantes, transportistas; y muchos de ellos eran abogados. Estos tuvieron la audacia de planear y llevar a cabo un golpe de estado, tirando a la papelera los Artículos de la Confederación y escribiendo una constitución nueva, con la intención de que fuera aprobada y ratificada por nueve unidades, no por las trece. Además, con la misma audacia, determinaron que el documento no se presentara ni frente al Congreso ni frente a las legislaturas locales, ¡sino que sería votado directamente por la población![77]

Estos métodos, usados sin escrúpulos para asegurar la ratificación, no deben de ser tratados aquí[78]. Aquí no nos interesa el talante moral de las acciones que dieron lugar a la constitución, sino sólo mostrar su instrumentabilidad por alentar una idea general del Estado y sus funciones, y la correspondiente actitud general frente a él. Por consiguiente, observamos que para asegurar la ratificación por parte de las nueve unidades necesarias, el documento debía cumplir ciertos requisitos precisos y rigurosos. La estructura política que contemplaba tenía que ser republicana, pero capaz de protegerse frente a lo que Gerry llamaba con afecto «el exceso de democracia», y lo que Randolph definió como sus «excesos y locuras». La tarea de los delegados era precisamente análoga a la de los primeros arquitectos que habían diseñado la estructura del Estado mercantil británico, con su sistema de economía, política y control judicial; tenían que planear algo que tuviera un pase y diera una buena imagen de soberanía popular, a pesar de no ser real. Madison definió su tarea explícitamente cuando dijo que el objeto de la convención era «asegurar el bienestar público y los derechos privados contra el peligro que representaba dicha facción (por ejemplo, una facción democrática), y a la vez preservar el espíritu y la forma de gobierno popular». En esta situación, esto era una tarea inmensa; y se creó la constitución, como tenía que ser, como un documento de compromiso, o como Beard lo define con precisión, «un mosaico de segundas oportunidades», que no satisfizo a ninguna de las partes. No era ni lo suficientemente fuerte ni lo suficientemente definido en ninguna dirección como para agradar a nadie. En concreto, los intereses de la primera división, con Alexander Hamilton a la cabeza, vieron que no era autosuficiente para fijarlos en una posición permanente de poder que les permitiera explotar a los grupos de la segunda división de forma continua. Para hacerlo —establecer el grado de centralización acorde a sus intereses— debían fijarse ciertas líneas administrativas de dirección que, una vez establecidas, habrían de ser permanentes. La otra tarea, por consiguiente, según lo dijo Madison, «era administrar» la Constitución de un modo tan absoluto que se asegurara la supremacía económica, por medio del uso libre de los medios políticos en manos de los grupos que formaban la primera división.

Esto se hizo de manera acorde. Durante los primeros diez años de su existencia la Constitución permaneció en manos de sus creadores para su administración en conformidad con la dirección más favorable a sus intereses. Para una mejor comprensión de las tendencias económicas del nuevo sistema económico, no se puede insistir demasiado en el hecho de que durante estos diez críticos años «la maquinaria del poder económico y político fuera dirigida principalmente por los hombre que lo concibieron y lo establecieron»[79]. Washington, que había sido moderador de la convención, fue elegido Presidente. Casi la mitad del Senado se compuso de hombres que habían sido delegados, y la Casa de Representantes se formó a parir de hombres que tuvieron que ver con la redacción y ratificación de la constitución. Hamilton, Randolph y Knox, que se encontraban bastante implicados en la divulgación del documento, ocuparon tres de los cuatro puestos en el Gabinete; y todos los juzgados federales, sin excepción, fueron ocupados por hombres que tenían algo que ver con su redacción o ratificación, o con ambas.

De todas las medidas legislativas promulgadas para poner en marcha la nueva constitución, la mejor calculada para asegurar un progreso rápido y firme en la centralización del poder político fue la Ley Judicial de 1789[80]. Esta medida creó un tribunal supremo federal de seis hombres (ampliado a nueve con posterioridad), y un tribunal de distrito federal en cada estado, con su propio personal, y un completo aparato para reforzar sus decretos. La Ley estableció el control federal sobre la legislación estatal por medio del ya familiar mecanismo de «interpretación», donde el Tribunal Supremo podría invalidar cualquier acción estatal legislativa o judicial que considerara inconstitucional por un motivo u otro. Una característica de la Ley que merece la pena mencionar en relación con nuestro presente propósito es que ésta permitía que estos juzgados federales se eligieran a dedo, no por elección, y a cargo vitalicio; lo que la alejaba ostensiblemente de la doctrina de soberanía popular.

El primer juez supremo fue John Jay, «el culto y gentil Jay», como le llama Beveridge en su excelente biografía de Marshall. Hombre de integridad extrema, siempre estuvo lejos de hacer algo a favor del principio aceptado de que ampliar la jurisdicción es cosa de buenos jueces. Ellsworth, que le siguió, tampoco hizo nada en este sentido. La sucesión, sin embargo, después de que Jay rechazara ser reelegido, recayó en John Marshall, que, aparte del control fijado por el Acta Judicial sobre la autoridad estatal legislativa y judicial, amplió de manera arbitraria el control judicial sobre las ramas legislativa y judicial de la autoridad federal[81], centralizando así de forma efectiva el poder y en conformidad con los distintos intereses implicados en dar forma a la constitución[82].

De este resumen general, que cualquiera puede ampliar y particularizar a su antojo, ha de quedar claro qué tipo de circunstancias fueron las que hicieron arraigar la idea concreta de estado en la conciencia general. Esta idea se presento de forma invariable tanto en el período constitucional como en el de los dos períodos examinados con anterioridad —el colonial y los ocho años tras la revolución—. En ningún momento de la historia del período constitucional encontramos la más leve sugerencia de la doctrina de los derechos naturales de la Declaración; y hallamos su doctrina de soberanía popular no sólo en suspenso, sino anulada de forma constitucional. En ningún lugar encontramos huella alguna sobre la teoría de gobierno presente en la Declaración; por el contrario, éste aparece repudiado. El nuevo mecanismo político era una réplica fiel del antiguo modelo británico separado del estado, pero mejorado y reforzado en aras de la eficiencia, presentando así mayores tentaciones a la hora de apoderarse de él y ejercer el control. En consecuencia, es en este contexto donde encontramos la idea que hemos heredado del Estado implantada con más fuerza que nunca —la idea de la organización de los medios políticos, una agencia irresponsable y todopoderosa siempre lista para funcionar al servicio de los intereses económicos de unos contra otros.

IV

De esta idea surgió lo que ahora conocemos como «sistema de partidos» de organización política, que ha estado en vigor desde entonces. Nuestros objetivos no requieren que examinemos su historia detalladamente en busca de evidencias que nos hablen de su origen bipartito, pues esto es algo que ahora ya se sabe. En su segundo mandato Jefferson descubrió la tendencia hacia el bipartidismo[83], y quedó consternado y perplejo al mismo tiempo. Ya he señalado[84] su curiosa incapacidad de entender la razón de que el poder cohesivo del saqueo público se dirija hacia el bipartidismo político. En 1823, al encontrar a los que se autoproclamaban republicanos a favor de la política federalista de planificación central, se refirió a ellos en un tono bastante desconcertante como «pseudorepublicanos», pero federalistas. Pero más natural aún, cualquier republicano que viera cualquier oportunidad de beneficiarse de los medios políticos conservaría el nombre, y a la vez opondría resistencia a cualquier tendencia dentro del partido que perjudicara al sistema general que tuviera por meta dicho objetivo[85]. De este modo surge el bipartidismo. Las designaciones de partido son puramente nominales, y los asuntos entre partidos se hacen cada vez más triviales; y ambos se mantienen abiertamente con el objetivo de no someter a escrutinio la identidad de intereses de ambos partidos.

Fue de esta manera que el sistema de partidos se convirtió de inmediato en un sistema elaborado de fetiches que, para ser lo suficientemente creíbles, se modelaron en torno a la Constitución y presentaron como «los principios constitucionales». La historia de todo el período posconstitucional, desde 1789 hasta ahora, es una demostración instructiva y cínica del destino de estos fetiches cuando se enfrentan al único principio real de acción de partido —el principio de mantener acceso libre a los medios políticos—. Cuando el fetiche de la «interpretación estricta», por ejemplo, ha chocado con este principio, siempre se ha preferido cambiar de bando y tirar el principio por la borda. El partido antifederalista se proclamó en 1800 como el partido de la interpretación estricta; sin embargo, una vez en funcionamiento, estos hicieron lo que quisieron en nombre de los intereses económicos que representaban[86]. Los federalistas estaban nominalmente a favor de una interpretación débil, y sin embargo se opusieron a todas las medidas que no se apoyaban en una interpretación fuerte por parte de la oposición —«el embargo», la tarifa protectora y el banco nacional—. Eran nacionalistas constitucionales hasta la médula, como hemos visto; sin embargo, en su centro y bastión, Nueva Inglaterra, siempre mantuvieron la amenaza de secesión durante el periodo que duró lo que ellos llamaron con hostilidad «la guerra de Madison», la guerra de 1812, que fue de hecho una mera aventura imperialista tras la anexión del territorio de Florida y Canadá, en nombre del rígido control agrícola de los medios políticos; pero cuando los intereses del sur amenazaron se hicieron patentes en 1861, se hicieron nacionalistas fervientes de nuevo.

Tales muestras de puro fetichismo, siempre cínicas en su candor transparente, forman la historia del sistema de partidos. Su reducción al absurdo se ve ahora quizás como completa —no se puede ver cómo pudo llegar más lejos— con la actitud del partido democrático por alcanzar sus principios históricos de soberanía estatal e interpretación estricta. Algo parecido, sin embargo, se hizo patente en un discurso dado el otro día a distintos grupos de interés dentro de la rama de exportación e importación por el alcalde de Nueva York —siempre conocido como republicano en política— ¡que recurría a la vieja doctrina democrática de la tarifa baja!

Durante todo el período posconstitucional no hay datos, hasta donde yo sé, de un solo ejemplo de adherencia de un partido a un principio fijo, en tanto que principio, o a una teoría política, en tanto que teoría. Además, las propias caricaturas sobre el tema muestran cómo se ha aceptado ya que las plataformas de partido, con su «jerga», no son más que simples charlatanes, y que las promesas de campaña son mera palabrería. La práctica cotidiana de la política es invariablemente oportunista, o, en otras palabras, siempre adaptable a la función primaria del Estado, y es por esta razón sobre todo que el servicio estatal ejerce su atracción más poderosa en las capas más bajas y ávidas de la sociedad[87].

El mantenimiento de este sistema de fetiches, sin embargo, mejora la visión actual del estado en general. Desde este punto de vista, el Estado se presenta como preocupado, profunda y desinteresadamente, por los grandes principios de acción; por consiguiente, además de su prestigio como institución pseudosocial, éste adquiere el prestigio de una autoridad moral, deshaciéndose de este modo del último vestigio de la doctrina de los derechos naturales al extenderlo con la cal viva del legalismo; todo lo que sancione el Estado es correcto. Este doble prestigio aparece normalmente exagerado por muchas agencias, por un sistema estatal de educación, por un púlpito deslumbrado por el Estado, por una prensa ostentosa, por un alarde caleidoscópico constante de pompa y platillo, y por todos los innumerables mecanismos para hacer campaña electoral. Estos últimos toman posición de forma invariable sobre las bases de algún principio de aspecto imponente, como testigos del llanto agónico que se escucha por aquí y por allá, a favor de «volver a la constitución». Todo esto no es más que «clamores interesados y sofistería», que no significa otra cosa que cuando la Constitución no tenía ni cinco años, y Fisher Ames observaba con desdén todas las medidas y propuestas legislativas que estaban en candelero en ese momento, apenas conocía a nadie que no se hubiera quejado de lo mismo, «sin esperar mociones de aplazamiento».

De hecho, estos modos populares de atracción en plena campaña son lo que Jeremy Bentham denominó modos impostores, y su uso pone en evidencia una única cosa; éste señala un estado de aprensión, tanto de temor como de expectativa, como podría ser el caso, en relación con el acceso a los medios políticos. Como vemos en estos momentos, una vez que se amenaza con limitar o frenar este acceso, los intereses bajo amenaza inmediatamente sacan a relucir la deteriorada «afición infecciosa» de «los derechos de estado» o «un retorno a la constitución», y lo someten a sus movimientos galvánicos. Dejad que la incidencia de explotación muestre la más mínima señal de cambio que oiremos de inmediato por parte de «los clamores interesados y la sofistería de turno» que «la democracia» está en peligro, y que los logros de la civilización sólo se deben gracias a una política basada en el «fuerte individualismo» llevado a cabo bajo condiciones de «libre competición», mientras que de otra fuente nos enteramos de que las inmensidades del laissez-faire han machacado al pobre y dificultado el acceso a una Vida más Abundante[88]. El resultado general de todo esto es que vemos políticos de todas las escuelas y tipos comportándose con la depravación obscena de niños degenerados; como bandas escurridizas que infectan los patios ferroviarios y los alrededores de plantas de gas, cada grupo intenta culpar al otro de sus travesuras públicas.

En otras palabras, les vemos comportarse de un modo estrictamente histórico. La distinción moral compleja entre el Estado y la burocracia del profesor Laski carece de fundamento. El Estado no es, como él diría, una institución social administrada de un modo antisocial. Es una institución antisocial, administrada como sólo puede ser administrada una institución de este tipo, y por la persona que, dada la situación, se adapte mejor a ese servicio.

6

Así ha sido nuestra experiencia desde el comienzo, y así son los términos en los que su rigurosa uniformidad nos ha llevado a forjarnos una idea del Estado. Esta uniformidad también llega lejos para dar cuenta del desarrollo de un agotamiento moral peculiar en relación con el Estado, exactamente paralelo al que prevaleció con la Iglesia en la Edad Media[89]. La iglesia controlaba la distribución de ciertos privilegios e inmunidades, y si uno se le acercaba de manera apropiada, se podía obtener beneficio. Era algo a lo que asirse en caso de emergencia, temporal o espiritual, para satisfacer la ambición y la avaricia, al igual que por las garantías menos convincentes que ejercía contra distintas formas de miedo, duda y pena. Mientras esto fue así, las anomalías derivadas de su autoengrandecimiento fueron más o menos consentidas, y así un agotamiento moral crónico, demasiado negativo para llamarlo como de cínico, se desarrolló a partir de sus intervenciones y extorsiones, y por la amplia construcción masiva de su estructura material[90].

Un agotamiento similar se difunde por nuestra sociedad en relación con el Estado, y por motivos semejantes. Éste afecta especialmente a aquellos que se toman las pretensiones del estado al pie de la letra y lo consideran como una institución social cuyas medidas de intervención continua son justas y necesarias, y también afecta a la gran mayoría que no tiene una idea clara del Estado, sino que simplemente lo aceptan como algo que existe, y nunca piensan en él excepto cuando alguna intervención va en contra de sus intereses. No hay apenas necesidad de preocuparse en exceso por la cantidad de impulso que recibió de este modo el Estado en autoexaltación, o de detallar cómo esta apatía promueve la firme política estatal de intervención, exacción y despilfarro[91].

Cada intervención estatal provoca otra, y ésta a su vez a otra, y así sucesivamente; y el Estado se erige siempre listo e ilusionado para realizarlas, a menudo por propia iniciativa, y bajo el velo interesado de personas que las muestran como necesarias. A veces el tema es simple, necesario desde el punto de vista social, y carente de cualquier rasgo de carácter político[92]. Por propia conveniencia, sin embargo, surgen otras complicaciones, que de forma inmediata también se quieren explotar, lo cual se hace, y luego otro, y otro, hasta que las rivalidades y conflictos de intereses desembocan en un desorden más o menos general. Cuando esto sucede, lo lógico, obviamente, es retroceder y dejar que el desorden se asiente de manera más lenta y menos problemática posible, aunque de forma efectiva, dejando que la naturaleza siga su curso. Y, sin embargo, no es el cambio lo que se considera ni por un instante; la más mínima sugerencia sería considerada una simple locura. En su lugar, los intereses desfavorecidos —siendo quizás poco conscientes de que el remedio es peor que la enfermedad, o en todo caso que no les importa— inmediatamente le piden al Estado que intervenga arbitrariamente entre la causa y el efecto, y que solucione el problema[93]. El Estado entonces interviene imponiendo otro tipo de complicaciones sobre las primeras; la cuales, a su vez, resultan fáciles de explotar, con lo que surge otra demanda, y con ello otro tipo de complicaciones si cabe más complejas, que se imponen sobre las dos primeras[94], y así sucesivamente hasta que el desorden recurrente se hace tan agudo que le abre las puertas al oportunista político y estafador que, alegando la «necesidad», que es la defensa del tirano, organiza un golpe de estado[95].

Sin embargo, lo más normal es que el tema en cuestión se quiera resolver por medio de una intervención original del Estado, un reparto original de los medios políticos. Cada redistribución, tal y como ya hemos visto, representa una tentativa de robo a mano armada, una licencia para apropiarse de los productos de otro gratis. Por lo tanto, es lógico que en este orden de cosas el Estado apoye este tipo de licencias cuando éstas se presenten a través de una serie infinita de intervenciones para sistematizar y «regular» su uso. Las constantes e innumerables intrusiones del Estado registradas en la historia de las tarifas, su impúdica y desagradable idiosincrasia, y el enorme y prodigioso aparato necesario para llevarlas a cabo, son claramente ilustrativas del punto en cuestión. Otro viene dado por la historia de la regulación de las líneas férreas. Está hoy en día de moda, incluso entre aquellos que deberían estar mejor informados, el culpar al «fuerte individualismo» laissez-faire de la revuelta del suministro del agua, las devoluciones, las bancarrotas fraudulentas y demás cosas similares que abundaron en las actividades ferroviarias tras la Guerra Civil, las cuales no tuvieron más que ver con ello que con el cambio del eje terrestre. El hecho es que nuestra línea férrea, con honrosas excepciones, no creció al ritmo de la demanda económica real. Se trataba de empresas especuladoras habilitadas por el Estado, por asignación de los medios políticos en forma de concesiones de tierras y subsidios, y de todos los males achacados a la realidad ferroviaria, no hay siquiera uno que al tirar del hilo no llegue a este punto intervencionista como su origen[96].

Lo mismo sucede con el transporte. Aquí se carecía de la suficiente demanda como para aventurarse en este negocio; de hecho, toda consideración económica sensata estaba totalmente en contra. Se hizo por intervención estatal, instigado por navieros y sus intereses afines; y el lío que se creó con esta manipulación de los medios políticos representa ahora la excusa que se necesita para demandar una mayor intervención coactiva. Lo mismo pasa con eso que llamamos agricultura, debido a un giro inconsciente de la lengua[97]. Normalmente, se escuchan pocas complicaciones relativas a esta forma de empresa, a no ser que sean las relativas a la intervención primaria del Estado y su sistema de posesión de tierras en base al monopolio sobre los valores de renta y uso; y mientras este sistema esté en vigor, se requiere de incontables acciones coactivas para mantenerlo[98].

II

Así vemos cómo la ignorancia y el engaño en lo que a la naturaleza del Estado se refiere se mezclan con la debilidad moral extrema y un egoísmo miope —lo que Ernest Renan llama acertadamente la mezquindad de los intereses del hombre— para permitir la conversión acelerada de poder social en poder estatal ya desde los orígenes de nuestra independencia política. Se trata de una anomalía curiosa. El poder estatal tiene un historial imbatido de ser incapaz de hacer las cosas con eficiencia, con ahorro, desinterés y honestidad, sin embargo, cuando surge la más ligera insatisfacción con cualquier ejercicio del poder social, se pide la ayuda del agente menos cualificado. Si el poder social dirige mal la práctica bancaria en este caso —o en otro especial— entonces dejad que el Estado, que nunca se ha mostrado capaz de evitar que sus finanzas se hundan en el lodazal de los actos ilícitos, el despilfarro y la corrupción, intervenga para «supervisar» o «regular» todo el sistema bancario, o incluso dirigirlo. Si el poder social en este u otro caso echa a perder el negocio ferroviario, entonces dejad que el Estado, que ha echado a perder cada negocio que ha tenido en sus manos, intervenga y se disponga a «regularlo». Si el poder social envía un barco no apto para navegar al desastre —entonces dejad que el Estado, que inspeccionó y permitió el castillo Morro, disponga de mayor libertad a la hora de controlarla empresa del transporte y sus rutinas. Si el poder social ejerce un monopolio demoledor sobre la generación y distribución de la energía eléctrica— entonces dejad que el Estado, que permite y mantiene los monopolios, entre e intervenga con un esquema general para fijar los precios que causará más penas que glorias, o de otro modo competirá libremente; o, como apremian los colectivistas, dejad que ejerza el monopolio en persona. «Desde que existe la sociedad», dice Herbert Spencer, «ha reinado la decepción. No confiéis en la legislación, y sin embargo la confianza en la legislación apenas parece haber mermado».

¿Pero a quién podemos recurrir para librarnos de los abusos del poder social al margen del Estado? ¿Qué otro recurso nos queda? Si admitimos que bajo nuestro modo existente de organización política no tenemos ninguno, debemos señalar que esta pregunta parte del típico malentendido sobre la naturaleza del Estado cuando supone que éste es una institución social, mientras que es una institución antisocial; es decir, la cuestión se basa en el absurdo[99]. Es cierto que la tarea del gobierno al mantener «la libertad y la seguridad para proteger estos derechos» es recurrir a la justicia gratuita, fácil e informal; pero el Estado, por el contrario, se preocupa en primer lugar de la injusticia, y su función es mantener un régimen injusto; por consiguiente, como vemos a diario, su tendencia es apartar la justicia lo máximo posible y hacer que sea costosa e inaccesible. Se puede decir que mientras el gobierno se preocupa, dada su naturaleza, por la administración de la justicia, el Estado se preocupa, dada su naturaleza, por la administración de la ley —ley que el mismo Estado diseña para sus propios fines—. Por lo tanto, no sirve de nada apelar al Estado, basándose en la justicia[100], pues cualquier acción que el Estado haga en respuesta estaría condicionada por sus intereses más primordiales, y el resultado sería, por lo tanto, una gran injusticia, tan grande como la que pretende corregir, o, como es habitual, incluso mayor. La cuestión supone, resumiendo, que el Estado puede de cuando en cuando verse persuadido a actuar de manera distinta a lo que se espera de él, lo que constituye una ligereza.

Pero dejando atrás este punto, y considerándolo desde un punto de vista más general, vemos que esto no deja de ser más que una petición arbitraria de intervenir en el orden de la naturaleza, un atajo para evitar el castigo que la naturaleza impone frente al error, premeditado o no, voluntario o involuntario, y la verdad es que ninguno de los intentos por tomar este camino nos ha resultado barato. Cualquier contravención de la ley natural, cualquier alteración del orden natural de las cosas, debe tener sus consecuencias, y la única vía de escape conlleva aún peores consecuencias. La naturaleza no distingue entre intenciones buenas o malas; lo único que no tolera es el desorden, y lo cierto es que ésta es de armas tomar a la hora de pasar factura. Ésta a veces lo consigue por métodos indirectos, dando a menudo rodeos o por medios imprevisibles, pero siempre lo consigue. «Las cosas y acciones que realizamos son lo que son, y sus consecuencias serán las que tengan que ser; ¿por qué habríamos de querer entonces dejarnos engañar?». Puede parecer que nuestra civilización sea muy dada a esta adicción infantil, dada a convencerse de que se pueden encontrar fórmulas que la naturaleza tolere, un mundo donde podamos salirnos con la nuestra; y se queja enormemente frente al hecho fehaciente de que no haya manera[101].

Queda claro que quien se moleste en reflexionar sobre este tema, que bajo un régimen de orden natural, es decir, bajo el gobierno, que no hace intervenciones positivas de ningún tipo a título individual, sino sólo negativas en nombre de la simple justicia —no ley, sino justicia— los abusos del poder social se podrían corregir; mientras que sabemos por experiencia que las intervenciones positivas del Estado no los corrigen. Bajo un régimen de individualismo real, la libre competencia, un sistema de verdad basado en el laissez-faire —que, tal y como hemos visto, no puede coexistir con el Estado— el abuso serio o continuado del poder social sería prácticamente imposible[102].

No voy a extenderme en estos puntos porque, en primer lugar, esto ya lo hizo Spencer en sus ensayos titulados El Hombre contra el Estado; y, en segundo lugar, porque lo que más deseo es evitar la sugerencia de que un régimen bajo estas condiciones sea factible, o que estoy de manera encubierta instigando a que alguien pueda albergar dicho pensamiento. Quizás en un futuro más o menos lejano, si el planeta sigue siendo habitable, se decrete que los beneficios que se obtiene de la conquista y la confiscación son demasiado costosos; pudiendo sustituir así al Estado por el gobierno, y suprimir los medios políticos, rompiendo con los fetiches que imprimen al nacionalismo y al patriotismo ese carácter execrable. Pero esto parece tan remoto e improbable que nos lleva a pensar que es fatuo, y todo lo que tenga que ver con ello fútil. Una medida aproximada de este futuro se puede estimar partiendo de las fuerzas que operan en su contra. La ignorancia y el error, que es en lo que se apoya el Estado para aumentar su prestigio, están en su contra, la bajeza del hombre egoísta que antepone sus propósitos de la manera más ruin, va en su contra; la depresión moral, que lleva con paso firme a un punto de insensibilidad absoluto, está en su contra. ¿Se puede imaginar una combinación de influencias más poderosa, y qué se puede hacer ante dicha combinación?

Junto a todo esto, que puede definirse como influencias espirituales, puede añadirse la arrogante fuerza física del Estado, que siempre está dispuesto para entrar en acción contra cualquier afrenta que se realice contra su honra. Pocos se dan cuenta del alcance y velocidad con la que el Estado se ha construido en los últimos años su aparato militar y de fuerzas de seguridad. El Estado se ha aprendido bien la lección dada por Septimius Severus en su lecho de muerte, «permaneced unidos», les dijo a sus sucesores, «pagar a los soldados y no os preocupéis por otra cosa». Ahora cualquier persona inteligente sabe que no puede haber una revolución mientras se siga este consejo; de hecho, no ha habido ninguna revolución en el mundo moderno desde 1848 —cada revolución se ha resuelto simplemente en otro golpe de Estado[103]—. Todo lo que se dice en América sobre la posibilidad de una revolución es en parte ignorancia, pero sobre todo falso, sólo se trata de los «clamores interesados y la sofistería» de gente que guarda cosas en el pecho. Incluso Lenin se dio cuenta de que la revolución no era posible en ninguna parte hasta que el ejército y las fuerzas policiales estuvieran descontentos; lo cual indica que América es probablemente el peor sitio donde buscar. Todos hemos presenciado manifestaciones llevadas a cabo por una población desarmada, o las armas rudimentarias de los disturbios locales, y también hemos visto cómo terminaron, como en Homestead Chicago, y los distritos mineros de Virginia del Oeste, por ejemplo. El ejército de Coxey desfiló en Washington y los mantuvo a raya.

Sumando la fuerza física del Estado con la fuerza de las poderosas influencias espirituales que lo respaldan, uno se pregunta de nuevo, ¿qué se puede hacer contra el crecimiento del Estado? Nada, simplemente. Lejos de aspirar a lo inalcanzable, el estudiante del hombre civilizado no ofrecerá otra conclusión más que la de que nada se puede hacer. Éste sólo puede contemplar el destino de la civilización en la misma medida que el de un hombre atrapado en un bote en la cuenca baja del Niágara —como ejemplo de la intolerancia incuestionable de la Naturaleza por el desorden, y al final, como ejemplo del castigo que inflige a cada intento de interferencia con el orden natural de las cosas—. El hecho de que al principio nuestra civilización haya podido abrazar al estatismo, bien por ignorancia, bien de forma deliberada, da igual. A la Naturaleza todo eso le da igual, pues no entiende ni de motivos ni de intenciones; ésta sólo se interesa por el orden, castigando a todo aquel que haga caso omiso frente a su repugnancia por el desorden, y garantizando que el orden natural de los acontecimientos al final siga su curso. Emerson, en uno de sus grandes momentos de inspiración, personificó causa y efecto como los «ministros de Dios», y la experiencia demuestra que el intento de anular, desviar o irrumpir en su orden tiene sus propias consecuencias.

«Tal», dice el Profesor Ortega y Gasset, «fue el lamentable destino de la civilización antigua». Una docena de imperios ha terminado el curso que empezó el nuestro hace trescientos años. El león y el lagarto mantienen los vestigios de su paso por la tierra, vestigios de ciudades que en su día eran tan orgullosas y poderosas como la nuestra —Tadmor, Persépolis, Luxor, Baalbek— algunas ya olvidadas durante miles de años y que han vuelto a la memoria gracias la excavadora, como la de los mayas, y los enterrados en las arenas del Gobi. Los lugares que ahora ocupan Narbona y Marsella albergaron a cuatro civilizaciones con anterioridad, cada una, como dice el Santo Santiago, como un vapor que aparece de cuando en cuando y luego se desvanece. El curso de todas estas civilizaciones fue el mismo. Conquista, confiscación, la erección del Estado; luego las secuencias que hemos trazado en el curso de nuestra propia civilización; luego, la conmoción derivada de algún suceso que la debilidad de la estructura social no pudo superar y de la que quedó demasiado desmembrada como para recomponerse; y luego el fin. Nuestro orgullo se ofende al pensar que las grandes autovías de Nueva Inglaterra quedarán bajo profundas capas de maleza, como las principales carreteras romanas de Vieja Inglaterra, y que sólo un grupo de lomas espesas quedarán para captar la atención del ojo del arqueólogo entre las ruinas de nuestros rascacielos. Sin embargo, sabemos que nuestra civilización llegará a esto, y lo sabemos porque sabemos que nunca ha habido, no hay y ni podrá haber desorden alguno en la naturaleza —porque sabemos que las cosas y las acciones son lo que son, y sus consecuencias serán lo que sean.

Pero tampoco hace falta ponerse mustios con las circunstancias probables de un futuro tan lejano. Lo que nosotros y nuestros descendientes más inmediatos veremos es un firme progreso en el colectivismo abocado a un despotismo militar severo. Una mayor centralización, una creciente burocracia, el aumento del poder del Estado y la fe en su creciente poder, la pérdida de fe en el poder social y su decaimiento, veremos al Estado absorber constantemente una mayor proporción del ingreso nacional, y a la producción languidecer, lo que hará que el Estado pase a ocuparse de industria tras industria, dirigiéndolas con su creciente corrupción, ineficiencia y prodigalidad, y finalmente recurrir a un sistema de trabajos forzados. Y entonces, en algún punto de este progreso, surgirá algún conflicto de intereses estatales, al menos tan intenso y general como el de 1914, que dará lugar a un trastorno industrial y financiero tan grande como para que lo pueda soportar la debilitada estructura social, y de ahí el Estado quedará a manos de «la muerte oxidada de la maquina» y las fuerzas anónimas que obligarán a su disolución serán insalvables.

III

Pero se puede plantear, si nosotros, al igual que el resto del mundo occidental, nos hemos visto arrastrados al estatismo tanto como para que esto fuera inevitable, ¿qué sentido tiene un libro que sólo muestra lo inevitable? Según esta hipótesis, el libro no valdría para nada. Lo más probable es que éste no logre alterar la opinión política de nadie, o cambiar nuestra actitud práctica hacia el Estado; y, en caso de que lo hiciera, si tenemos en cuenta las mismas premisas del libro, ¿qué es lo que puede aportar?

Desde luego, no espero que este libro cambie las opiniones políticas de nadie, pues no es esa su intención. A uno o dos, aquí y allá, quizás les atormente la duda y decidan investigar algo más sobre el tema por su cuenta, y así quizá sus opiniones pierdan en parte su rigidez, pero es todo lo que puede llegar a suceder. En general, yo también sería el primero en reconocer la inutilidad práctica de un libro este calibre, y ello aunque se escribiera otro mucho más convincente que el mío, a la hora de frenar el avance del Estado en tamaño, y por tanto, modificar las consecuencias negativas que se han de derivar de su curso. Hay dos razones, sin embargo, una general y otra particular, que nos hablan a favor de publicar un libro de este tipo.

La razón general es que cuando en cualquier departamento de pensamiento una persona tiene, o cree tener, una idea clara sobre el orden inteligible de las cosas, ésta debe hacerla pública, sin pensar en las consecuencias prácticas, o falta de consecuencias, que pudiera tener el hacerlo. Uno puede sentirse obligado a realizar esta tarea como una especie de deber abstracto, no en tanto que cruzada, no para preocuparse por su aceptación o rechazo, o convencer a nadie, sino simplemente por exponer la idea. Esto, que puede considerarse como un deber ante la verdad de las cosas, y que sobre todo es un derecho, es del todo admisible.

La razón particular tiene que ver con el hecho de que en cada civilización, por más prosaica o cortoplacista que sea en la valoración de los asuntos humanos, siempre hay espíritus extraños que, aunque aparentemente aceptan los requisitos sociales que les rodean, mantienen una preocupación desinteresada por la ley inteligible de las cosas, independientemente del fin práctico. Se trata de gente con una curiosidad intelectual, a veces impregnada de emoción, hacia el orden augusto de la naturaleza; se impresionan con su contemplación, y les gusta saber todo sobre ella, incluso en circunstancias desfavorables a sus mejores esperanzas y deseos. Para estos, una obra como ésta, aunque en general sea poco práctica, no es tan inútil, y los que la lean se darán cuenta de que fue escrita única y exclusivamente para ellos.

ALBERT JAY NOCK (13 de octubre de 1870 - 19 de agosto de 1945) fue un influyente autor estadounidense anarquista individualista de raíces liberales, pedagogo, teórico y crítico social de la primera mitad del siglo XX.

Nock se calificaba a sí mismo como un anarquista filosófico, y reivindicaba una visión radical de la sociedad libre de la influencia política del Estado. Describía al estado como aquel que «se reserva y ejerce el monopolio del crimen». Se opuso a la centralización, la regulación, la fiscalidad sobre los ingresos y la educación obligatoria, todo lo cual veía como la degradación de la sociedad.

Notas

[1] El resultado de una encuesta publicada en Julio de 1935 muestra que el 76,8% de las respuestas se muestran a favor de que el deber del estado sea hacerse cargo de que cada ciudadano que así lo desee tenga un puesto de trabajo; el 20,1% estaba en contra, y un 3,1% se abstuvo. <<

[2] En este país, el Estado está actualmente manufacturando muebles, moliendo harina, produciendo fertilizantes, construyendo viviendas, vendiendo productos de granja, lácteos, tejidos, productos enlatados y aparatos eléctricos; dirigiendo agencias de empleo y oficinas hipotecarias; financiando exportaciones e importaciones; financiando la agricultura. También controla la expedición de seguridades, comunicaciones por cable y radio, las tasas de descuento, la producción petrolífera, de energía, la competitividad comercial, la producción y venta de alcohol y el uso de canales y vías de ferrocarril. <<

[3] Hay un precedente en la historia romana, en el caso de que la historia sea cierta hasta en sus más mínimos detalles. Parece ser que el ejército vendió el gobierno imperial a Didius Julianos por el equivalente a cinco millones de dólares. El dinero se ha utilizado a menudo para engrasar las ruedas de un golpe de estado, pero no hay más ejemplos, que yo sepa. El día que escribo esto, los periódicos dicen que el Presidente está a punto de bloquear los fondos de ayuda a Louisiana, para llegar a un acuerdo con el senador Long. No he visto ningún comentario, sin embargo, que demuestre este tipo de procedimiento. <<

[4] Un amigo que se dedica al teatro me cuenta que desde el punto de vista de la recaudación, Washington es ahora mismo la mejor ciudad para el teatro, los conciertos y el entretenimiento en general de todo Estados Unidos, mucho mejor incluso que Nueva York. <<

[5] El uso del fondo de auxilio, a saber, cuatro billones de dólares, puesto a disposición del Presidente, para ser distribuido, es un rasgo de la siguiente campaña de 1936 que interesará muchísimo al estudiante de la civilización. <<

[6] No debe olvidarse que hay un movimiento de mareas y olas en estos temas, y el de las olas es de escasa importancia, relativamente. Por ejemplo, la invalidación de la Corte Suprema de la Ley de Recuperación Nacional no cuenta para nada a la hora de determinar el estado actual del gobierno. La cuestión real no es cuánto se ha reducido el gobierno personal en relación con la situación antes de tal decisión, sino lo que ha crecido con respecto a 1932, y a años anteriores. <<

[7] Tal y como por ejemplo la desestimación oficial de la National Recovery Act. <<

[8] Este libro es un tipo de esquema o resumen de algunas conferencias para estudiantes de historia americana y política —la mayor parte licenciados— y por tanto presupone un ligero conocimiento del tema. Las escasas referencias que he dado, sin embargo, servirán al lector para documentarse y profundizar en el tema de manera satisfactoria. <<

[9] Una idea parcial e inadecuada de lo que equivale este volumen puede extraerse de la idea de que el ingreso estatal de impuestos asciende a un tercio del ingreso total de la nación. Esto conlleva todo tipo de impuestos, directos e indirectos, locales y federales. <<

[10] Paine era consciente de esto. Él dice «un bastardo francés, que llega con un ejército de mercenarios, se proclama rey de Inglaterra sin el consentimiento de los nativos, no deja de ser en términos claros algo insignificante y travieso». No insiste en el punto, sin embargo, ni en el punto de vista de dicho propósito, a pesar de que se esperara que lo hiciera. <<

[11] En Rights of Man, Paine es tan explícito en este punto como la Declaración; y a lo largo de sus panfletos afirma que todos los derechos civiles se basan en los derechos naturales y surgen de ellos. <<

[12] Por Gumplowicz, profesor en Graz, y tras él, Oppenheimer, profesor de ciencias políticas en Frankfort. Les he seguido a lo largo de esta sección. Los descubrimientos de estos Galileos son tan nocivos para el prestigio que el Estado ha desarrollado en su propio beneficio que la autoridad profesional en general sea cautelosa a la hora de acercarse a ellos, rehuyéndolos en la medida de lo posible; pero a largo plazo, esto es insignificante. Hay excepciones honrosas, como Vierkandt, Wilhelm Yundt y el venerado patriarca de estudios económicos alemanes, Adolf Wagner. <<

[13] El nuevo Estado de Manchoukuo nos aporta un ejemplo excelente de práctica primitiva, llevado a cabo por la técnica moderna, y otro surge a consecuencia de las operaciones del Estado Italiano en Etiopía. <<

[14] Las matemáticas de esta demostración son tremendamente interesantes. Aparecen resumidas en el tratado de Oppenheimer Der Staat (El Estado, capítulo I) y se desarrollan profusamente en su Theorie der Reinen un Politischen Oeknonomie (Teoría de una Economía política clara). <<

[15] Excepto, lógicamente, si se obtuviera prioridad sobre el terreno bajo su mandato, pero por motivos de ocupación no merecería la pena intentarlo con una tribu de cazadores. Bicknell, el historiador de Rhode Island, sugiere que los problemas con los tratados indios surgieron debido al hecho de que estos no entendieran el sistema estatal de posesión de tierra, pues nunca habían tenido nada por el estilo; estos consideraban que los blancos podían compartir el uso de la tierra. Es interesante señalar que las tribus pescadoras del noroeste formaran un estado. Su ocupación resultó ser útil y beneficiosa, y llevaron a cabo la conquista y la confiscación para introducirlo. <<

[16] Es extraño que se preste tan poca atención la inmunidad de ciertos pueblos pequeños y pobres entre tanto conflicto de intereses estatales. Durante la última parte de la guerra, por ejemplo, Suiza, que no tiene nada que merezca la pena robar, nunca fue ni asaltada ni molestada. <<

[17] El capítulo de Marx sobre la colonización es interesante en este punto, especialmente por su observación de que la explotación económica es impracticable hasta que se expropie la tierra. Aquí está totalmente de acuerdo con toda la línea de economistas fundamentales, desde Turgot, Franklin y John Taylor hasta Theodor Hertzka y Henry George. Marx, sin embargo, parece ser que no vio que esta observación le dejaba con un problema entre manos, pues no hace más que señalar el hecho. <<

[18] John Bright dijo que él sabía que el Parlamento Británico había hecho algunas cosas buenas, pero no porque fueran buenas. <<

[19] Reflexiones, 1. <<

[20] En este país la situación de bastantes empresas de valor social parece ser en este momento un indicio claro de este proceso. Las intervenciones positivas estatales han reducido hasta ahora el poder social tanto que sus solicitudes están de todas a punto de no ser viables. En Italia, el Estado ahora absorbe el 50% del ingreso nacional total. Italia parece estar representando su historia antigua en algo que es más que puro sentimiento, pues a finales del siglo II el poder social había sido transformado en estatal, así que nadie podía dirigir ningún negocio. No quedaba poder social suficiente que pagara las deudas del Estado. <<

[21] Parece todo un descrédito que este siglo no haya aportado en América ninguna presentación de nivel intelectual del caso completo contra las expropiaciones progresivas del poder social por parte del Estado. Una presentación, dicho sea de paso, que lleve el sello de ser historia sensata y una filosofía sensata que la sustente. Una mera e interesada reventa de un «recalcitrante individualismo» y un discurso afectado, pero agónico sobre la constitución son tan engañosos, tan sin escrúpulos, que son despreciables. Como consecuencia, el colectivismo ha tomado lo mejor de él desde el punto de vista intelectual, y los resultados son evidentes. El colectivismo ha triunfado incluso al imponernos su glosario de definiciones arbitrarias; todos tildamos a nuestro sistema económico, por ejemplo, de «capitalista», cuando nunca ha habido un sistema, ni por asomo, que no lo sea. Por el contrario, cuando el colectivismo británico emprendió la tarea de tratar con Lecky, Bagehot, el Profesor Huxley y Herbert Spencer, cambió por su dinero. Cualquier paso que haya dado Bretaña hacia el colectivismo, o que pueda dar, por lo menos ha tenido la oportunidad de saber hacia dónde se dirigía, cosa que nosotros no. <<

[22] Ayer crucé un tramo corto de una nueva carretera construida por el poder estatal, por medio de unos tentáculos alfabéticos grotescos de nuestra burocracia. Costó 87.348,56 dólares. El poder social, representado por la figura del contratista en una puja competitiva, lo habría construido por 38.668,20 dólares, una gran diferencia, ¡del 100%! <<

[23] Todos los comentarios de prensa que he leído acerca de los recientes desastres marítimos que sucedieron en Ward Line me han llevado a esas propuestas, todos sin excepción. <<

[24] Nuestras recientes experiencias con la prohibición podrían considerarse que sugieren que esta creencia es fatua, pero aparentemente no lo han hecho. <<

[25] Este punto debatido por el filósofo español Ortega y Gasset, La revolución de las masas, capítulo XIII (traducción inglesa) en la que no tiene ningún escrúpulo a la hora de decir que la reducción rápida del poder social del Estado es «el mayor peligro que amenaza a la civilización hoy en día». El aporta además una buena idea de lo que se debe esperar cuando un tercero, dotado económicamente, toma las riendas del mecanismo del Estado, como fue el caso de la clase mercantil cuando lo tomó de la nobleza. Seguramente no habría mejor predicción de lo que está sucediendo en este país en este momento, que ésta: «El hombre de masas realmente cree que él es el Estado, y tenderá cada vez más a hacer funcionar su maquinaria bajo cualquier pretexto, para reprimir a una minoría creativa que molesta constantemente en todo, en política, en ideas, en industria». <<

[26] Oppenheimer, El Estado, capítulo 1. Los servicios son también, lógicamente, tema de intercambio económico. <<

[27] En América, donde no se podía explotar a los cazadores nativos, los beneficiarios de la Compañía Virginia, La Massachussetts, la de Indias Occidentales Holandesas, la Calverts, etc, siguieron el método tradicional de importar material humano explotable, bajo fianza, de Inglaterra y Europa, y además establecieron la economía de propiedad esclavista importándolos de África. La mejor exposición de esta fase de nuestra historia está en El Surgimiento de la civilización americana, de Beard, volumen I, páginas 103-109. Más adelante, importaron enormes masas de material explotable por medio de la inmigración; el Manual de Valentine en 1859 dice que durante el período de 1847-1858, 2.486.463 inmigrantes entraron por el puerto de Nueva York. Esta competición debilitó la economía esclavista en los distritos industriales del país, y lo sustituyó con una economía asalariada. Merece la pena señalar que el sentimiento público en esas zonas no consideró criticable la economía esclavista hasta que no pudo mantenerla. <<

[28] Supongamos, por ejemplo, que Norman Thomas y un Congreso colectivista sólido, con un Tribunal Supremo sólido, dejara en herencia un sistema poderoso de explotación, no hace falta mucha imaginación para predecir el resultado. <<

[29] En abril de 1933, el Estado Americano dedicó bonos de pequeño valor valorados en su totalidad en medio billón de dólares para atraer la inversión de la gente pobre. Prometía pagarlos, tanto el montante como los intereses, en oro del valor existente. En tres meses el Estado incumplió la promesa. Si lo hubiera hecho un individuo, como dice Freud, sería un deshonor de por vida, y quedaría como un villano. Hecho por una asociación de individuos, quedarían catalogados como banda de criminales profesionales. <<

[30] Entre estas instituciones se hallan: nuestro sistema de educación pública; autogobierno local según se estableció en su origen en el sistema de ciudad; nuestro método de transmitir tierra; casi todo nuestro sistema de igualdad; buena parte de nuestro código penal; y nuestro modo de administrar las propiedades. <<

[31] Por toda Europa, además, hasta finales del siglo XVIII, el Estado era bastante débil, incluso si tenemos en cuenta el desarrollo relativamente moderado del poder social, y la cantidad moderada de acumulación económica para cumplir sus objetivos predadores. El poder social en la Francia moderna podía pagar los impuestos anuales de Luis XIV sin sentirlo, y no querría otra cosa que cambiar el impuesto del Estado republicano bajo esas condiciones. <<

[32] Durante el reinado de Isabel, la disputa puritana, dirigido por Cartwright, equivalía a la teoría del presbiterianismo por mandato divino. El Sistema tomó la posición del Arzobispo Whitgift y Richard Hooker, así que los detalles de la política eclesiástica eran indiferentes, y por lo tanto, sujetos a regulación estatal. La doctrina de la Alta Iglesia del episcopado por mandato divino fue expuesta más adelante por el sucesor de Whitgift, Bancroft. Así, hasta 1604 los presbiterianos podían ser cuestionados en temas seculares, y después tanto en los seculares como en los eclesiásticos. <<

[33] Del mismo modo fueron los cambios caleidoscópicos que tuvieron lugar en Francia tras la revolución de 1789. Durante el Directorado, el Consulado, la Restauración, los dos Imperios, las tres Repúblicas y la Comuna, el Estado Francés mantuvo su carácter esencial intacto; conservó siempre la organización de los medios políticos. <<

[34] En 1629 la colonia de la Bahía de Massachusetts adoptó el modelo de la colonia de Plymouth de autonomía de la congregación, pero se demostró que su principio era peligrosamente inconsistente con el principio del Estado, lo que hizo que se echaran atrás; sin embargo, conservaron el nombre de «congregacionalismo». Este tipo de mascarada se reconoce fácilmente como uno de los expedientes más útiles del Estado moderno para mantener las apariencias. Los nombres de nuestros dos mayores partidos políticos aparecerán inmediatamente como un ejemplo claro. En dos años la colonia Bay había establecido una iglesia estatal, nominalmente congregacionalista, pero en realidad era una rama del servicio civil, como en Inglaterra. <<

[35] Probablemente fue una premonición de esta situación, al igual que una enorme ventaja para la administración, lo que provocó que la Compañía Bay se mudara a Massachusetts, con la casa a cuestas, el año siguiente de la emisión de su acta constitutiva. <<

[36] Thomas Robinson Hazard, el cuáquero de Rhode Island, en su estupendo Jonnycake Papers, dice que la Gran Batalla de la Ciénaga de 1675 «fue instigada contra los propietarios legítimos de la tierra, solo por los puritanos recalcitrantes de Massachusetts, y sus aliados sabuesos, los presbiterianos de Connecticut; en los que, aunque la caridad es mi especialidad, nunca puedo pensar sin sentirme como todos los buenos habitantes de Rhode Island… y como se sentía la vieja Miss Hazard cuando agradeció a Dios en la reunión de oración de Connecticut que podría sentir rencor cuarenta años». Los colonos de Rhode Island negociaron con los indios los derechos del territorio, y se hicieron sus amigos. <<

[37] Parrington (Corrientes principales en el pensamiento americano, vol. I, p. 24) cita los pasos sucesivos para alcanzarlo: la ley de 1631, que restringía la franquicia a los miembros de la Iglesia; la de 1635, que obligaba a todas las personas a asistir a los oficios religiosos; y la de 1636, que establecía un monopolio virtual del Estado, pidiendo consentimiento tanto a las autoridades de la Iglesia como a las estatales para establecer una nueva iglesia. Roger Williams observó con agudeza que una institución estatal del Cristianismo organizado es «una invención política del hombre para mantener el estado civil». <<

[38] Bicknell dice que la formación de la patente de William «estaba basada en un sistema de posesión de tierra, trabajar la tierra, vender la tierra, sin un objetivo moral, social, civil, educativo o religioso en mente»; y el debate de la distribución de tierra en el lugar donde ahora está la ciudad de Providence, deja claro que «los primeros años de Providence son una pelea ávida por la tierra». Bicknell no va precisamente en contra de Williams, aunque su historia es declaradamente ex parte de la tesis que el verdadero exponente de la libertad civil en Rhode Island no fue Williams, sino Clarke. Esta disputa no nos sirve en lo que estamos, sin embargo, pues el sistema estatal de posesión de tierras prevaleció en el acuerdo de Clarke en Aquidneck como pasó con el acuerdo de Williams más allá de la bahía. <<

[39] La renta económica de la finca Trinity Church en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, sería tan alta como ahora, incluso si los propietarios nunca hubieran trabajado en ella. Los terratenientes que mantienen una propiedad «para crecer» normalmente la dejan en barbecho, o la mejoran solo lo necesario para cubrir los impuestos; el tipo de edificio conocido como «contribución» es algo familiar. Hace veinticinco años un miembro de la Comisión de Impuestos de la Ciudad de Nueva York me contó que, a bote pronto, había casi tanta tierra disponible dentro de los límites de la ciudad como para alimentar a toda la población, teniendo en cuenta que toda era cultivable y se hacía profusamente. <<

[40] La tierra, usado en el campo de la economía, incluye todos los recursos naturales, tierra, aire, agua, luz del sol, madera y minerales in situ, etc. Un error a la hora de comprender el uso del término ha confundido mucho a algunos escritores, sobre todo al Conde Tolstoy. <<

[41] Por consiguiente no existe el «problema laboral», pues no puede haber una transgresión de los derechos ni laborales ni económicos hasta que todos los recursos naturales al alcance se hayan previsto. Lo que llamamos «el problema del desempleo» no es en sí un problema, sino una consecuencia directa del monopolio estatal creado. <<

[42] Por razones bastante obvias, no tienen lugar en los cursos convencionales que se imparten en nuestros colegios y universidades. <<

[43] La Escuela Francesa de fisiócratas, con Quesnay, du Pont de Nemours, Turgot, Gournayand le Trosne a la cabeza, —normalmente considerados como los fundadores de la ciencia de la economía política— esbozaron la idea de destruir este sistema confiscando la renta económica; y la idea la diseñó en detalle Henry George hace unos años en América. Ninguno de estos escritores, sin embargo, parecía darse cuenta del efecto que su plan produciría en el Estado mismo. El colectivismo, por otro lado, propone en gran medida reforzar y atrincherar al Estado confiscando el valor de uso y de renta del terreno, eliminando la propiedad privada. Si uno no se diera cuenta del carácter tan delicado de este tema, sería prácticamente increíble que hasta hace unos tres años, nadie se había atrevido a escribir una historia de la especulación del terreno en América. En 1932, la empresa Harpers publicó una obra excelente del profesor Sakolski, con el título barato y frívolo de La Gran Burbuja de la tierra americana. No creo que nadie pueda tener un mínimo de conocimiento de nuestra historia o del carácter de nuestra gente sin haber leído este libro. No pretende ser más que un acercamiento al tema, una manera de romper el hielo hasta el tratado exhaustivo que alguien, preferiblemente el profesor Sakolski mismo, debería abordar, pero para lo que es, es perfecto. Estoy haciendo un uso liberal de ello a lo largo de esta sección. <<

[44] El aprecio del valor de la insignia —valor o símbolo— ha sido algo recurrente. El surgimiento del Estado mercantil, sustituyendo al régimen de status por el de contrato, le abrió camino a gente de todo tipo y condición para ascender en el escalafón social y pertenecer a la clase explotadora; y los nuevos reclutas han mostrado normalmente un ansia por alcanzarla, incluso aunque el aumento de las valores de la renta lo hayan hecho cada vez más costoso. <<

[45] Si nuestro desarrollo geográfico había sido determinado de manera natural por la demanda de uso en vez de la especulación, nuestra frontera oeste no estaría cerca del Río Mississippi, Rhode Island es el miembro con mayor número de habitantes de la Unión, sin embargo uno puede conducir de un extremo a otro por sus carreteras, y apenas ver un rastro de vida humana. Todos los debates de «sobrepoblación» desde Malthus, se basan en la premisa de ocupación legal en vez de ocupación real, y por lo tanto no sirven. Los cálculos de Oppenheimer, hechos en 1912, a los que me refería, muestran que si se suprimiera la ocupación legal, cada familia de cinco miembros podría poseer por lo menos veinte acres de tierra, y aún así dejar unos dos tercios del planeta sin ocupar. La revisión de Henry George de la teoría de la población de Malthus es muy conocida, o, por lo menos, está al alcance. Merece la pena quizá mencionar que los valores de la renta exagerados son responsables de los problemas perennes del agricultor americano. Curiosamente, este dato aparece descrito en el informe del mapa agrícola, publicado por el Departamento de Agricultura hace unos cincuenta años. <<

[46] Chinard, profesor de la Facultad de Literatura en la Universidad John Hopkins, ha publicado recientemente una traducción de un pequeño libro, poco más que un panfleto, escrito en 1686 por el refugiado hugonote Durand, donde describe Virginia según la información de sus colegas exiliados. Choca en el lector moderno leer que es muy favorable a Virginia, y uno se divierte al leer que los terratenientes que habían engatusado a Durand para conseguir un negocio, pensaban que no lo habían conseguido, y estaban muy disgustados. El libro es de lo más interesante, y merece la pena tenerlo. <<

[47] Fue la base de la observación de Chevalier de que los americanos tenían «la moral de un ejército desfilando», y de sus notables comentarios sobre la norma suprema de interés en América. <<

[48] Se puede encontrar un debate admirable de estas medidas y sus consecuencias, cf. Beard, op. cit., vol. I, pp 191-220. <<

[49] En principio, esto se había hecho antes; por ejemplo, algunas de las primeras concesiones reales de tierra le reservaron los derechos sobre los minerales y la madera a la Corona. El estado holandés se reservó el derecho a las pieles. Realmente, sin embargo, estas restricciones no fueron muchas, y no hubo una queja general, pues estos recursos apenas se habían explorado. <<

[50] Hubo pocas excepciones, no muchas; principalmente, en el caso de las propiedades de Wadsworth en el oeste de Nueva York, que se tenían como inversión y se alquilaban. En una de las operaciones del General Washington, al menos, queda evidente que tenía este método en mente. En 1773 publicó un anuncio en un periódico de Baltimore, donde decía que se había asegurado una concesión de veinte mil acres en los ríos Ohio y Kanawha, y se la ofreció a colonos en alquiler. <<

[51] Sakolski, op. cit. cap. I. <<

[52] Es raro que entre los nombres más ilustres de la época, casi los únicos que no tenían relación con el reparto del territorio o el trabajo de la tierra son dos de los grandes antagonistas, Thomas Jefferson y Alexander Hamilton. Jefferson detestaba beneficiarse de cualquier modo de la política; incluso nunca fue más allá de patentar sus propios inventos. A Hamilton no le importaba el dinero. Sus medidas enriquecieron a muchos, pero nunca les pidió nada a cambio. En general, parece que tenía pocos escrúpulos, sin embargo, entre esa ola de avaricia y bribonería que impulsó tanto, él caminaba muy dignamente. Incluso sus tarifas profesionales como abogado eran ridículas, y fue pobre toda su vida. <<

[53] Las exportaciones de materias primas se elaboraban en Inglaterra, y se reexportaban de nuevo a las colonias a precios elevados, convirtiendo de este modo a la política en un sistema efectivo sobre los colonos. <<

[54] Beard, op. cit., vol. I, p. 195, hace la observación típica de la época de que setenta y tres miembros del Parlamento que impusieron esta tarifa estaban interesados en las plantaciones de azúcar de las Indias Occidentales. <<

[55] Hay que señalar, sin embargo, que el libre comercio es impracticable durante tanto tiempo, pues la tierra está fuera de la libre competitividad con la industria en el mercado laboral. Debates de políticas rivales sobre el libre comercio y la protección dejan siempre esta limitación fuera de toda cuestión, y son por lo tanto insignificantes. Holanda e Inglaterra, considerados normalmente como los países del libre comercio, nunca lo fueron; solo tenían tanta libertad de comercio cuando lo precisaban en situaciones económicas especiales. Los comerciantes libres americanos del último siglo, como Sumner y Godkin, no lo eran en realidad; nunca pudieron ni quisieron plantearse la cuestión de por qué es bueno el libre comercio, las condiciones laborales en la Inglaterra del libre comercio no eran mejores que, por ejemplo, en la Alemania proteccionista, sino que eran de hecho peores. La respuesta es, por supuesto, que Inglaterra no tenía territorio sin ocupar para absorber trabajo desplazado o para mantener una competitividad continua en industria para el trabajo. <<

[56] La mayor cantidad de trabajo implicada en mantener en marcha la revolución no es exactamente algo corriente en la historia americana, pero ha empezado a ser comprendida bastante bien, y los distintos mitos en torno a ella han sido explotados por las investigaciones de historiadores desinteresados. <<

[57] la influencia de esta visión sobre el surgimiento del nacionalismo y el mantenimiento del espíritu nacional en el mundo moderno, ahora que el Estado mercantil ha sustituido al feudal, se percibe de inmediato. No creo que esto se haya debatido con profundidad, o que el sentimiento de patriotismo se haya examinado detenidamente en busca de este punto de vista, aunque se puede suponer que dicha tarea sería de lo más útil. <<

[58] Incluso ahora su cooperación no parece haber llegado muy lejos en los círculos profesionales ingleses y americanos. El último exponente inglés del Estado, el profesor Laski, señala las mismas diferencias entre el Estado y la burocracia que cualquiera buscaría si él hubiera estado escribiendo hace ciento cincuenta años. Parece considerar al Estado esencialmente una institución social, aunque sus comentarios sobre este punto no están nada claros. Puesto que sus conclusiones se aproximan al colectivismo, sin embargo la inferencia parece admisible. <<

[59] Como, por ejemplo, cuando cae un partido político y sube otro. <<

[60] De hecho, la única modificación que uno puede considerar necesaria es que la unidad menor debería reservarse el poder de los impuestos para sí misma exclusivamente. Las unidades mayores no deberían tener poder en dichos impuestos, directos o indirectos, pero deberían presentar sus requisitos a los municipios para fijar la cuota. Esto dejaría a las organizaciones de unidades mayores en su mínima expresión y lucharía con vigor para que no asumieran más funciones que las que se les asignaran, que bajo un régimen estrictamente gubernamental serían muy pocas para la unidad federal, realmente, demasiado escasas. Es interesante imaginar la supresión de cada actividad burocrática en Washington hoy tiene que ver con el mantenimiento y administración de los medios políticos, y ver lo poco que quedaría. Si ese Estado fuera sustituido por el gobierno, probablemente cada actividad federal se alojaría en el Edificio Oficial del Senado, posiblemente sobrándole mucho espacio. <<

[61] Harington publicó la Oceana en 1656. Los tratados políticos de Locke fueron publicados en 1690. La investigación de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones de Smith apareció en 1776. <<

[62] Esta teoría, con su resultado de que la democracia es primariamente económica más que política, es muy moderna. Los Fisiócratas en Francia, y Henry George en América, modificaron las propuestas prácticas de Harington al demostrar que se podían obtener los mismos resultados por medio del cómodo método de una confiscación local de la renta económica. <<

[63] Locke sostenía que en tiempo de guerra era competencia del estado reclutar las vidas y las libertades de sus súbditos, pero no sus propiedades. Es interesante resaltar la persistencia de esta idea en la práctica actual del Estado mercantil. En el último choque de intereses entre los estados mercantiles, hace veinte años, el Estado intervino por todas partes los derechos de la vida y la libertad, pero fue cauteloso con los derechos de la propiedad. Puesto que el principio de absolutismo se introdujo en nuestra constitución por la enmienda de los impuestos, se han hecho muchos intentos para reducir los derechos de la propiedad, en tiempos de guerra, a los mismos niveles de los de la vida y la libertad, pero sin éxito hasta ahora. <<

[64] Merece la pena revisar la literatura de finales del siglo XVII y principios del XVIII para ver cómo las palabras «democracia» y «demócrata» aparecen exclusivamente como términos de desprecio y reprimenda. Cumplieron su objetivo durante mucho tiempo tanto en Inglaterra como en América, al igual que los términos «bolchevismo» y «bolchevique» lo hacen ahora. Por lo tanto se tomaron para convertirse en lo que Bentham denominó «términos impostores», en nombre del orden político y económico existentes, como sinónimos de un republicanismo puramente nominal. Ahora se usan normalmente de este modo para describir al sistema político de los Estados Unidos, incluso por personal que debería conocerlo incluso mejor, curiosamente, por personas como Bertrand Russell y Laski, que sienten poca simpatía hacia el orden existente. A veces uno se pregunta cómo se lo tomarían nuestros antepasados revolucionarios si pudieran oír alguna acusación política trilera por haber fundado «la gran y gloriosa democracia del oeste». <<

[65] Esta curiosa distribución de atributos pertenece al General Henry Knox, secretario de Guerra de Washington, y un especulador activo de tierras. La usó en una carta a Washington, a raíz de la Rebelión de Shays en 1786, en la que suplicaba crear un ejército federal fuerte. En la literatura de la época, es interesante observar cómo se asocia normalmente una superioridad moral con la posesión de propiedades. <<

[66] Consideremos, por ejemplo, la situación actual. Nuestros recursos naturales, aunque muy agotados, son aún enormes; nuestra población es muy baja, entre veinte o veinticinco por milla cuadrada; y varios millones de esta población están «en el paro» actualmente, y probablemente sigan así porque nadie les quiere o puede «dar trabajo». El punto no es que los hombres generalmente se sometan a esta situación, o que la acepten como inevitable, sino que no ven nada irregular o anómalo en ello porque tienen la idea fija de que el trabajo es algo que se da. <<

[67] El parón actual de la producción, por ejemplo, se debe únicamente a la intervención estatal, y al temor de otra intervención futura. <<

[68] Parece ser mal entendido que el coste de la intervención estatal se debe pagar con la producción, siendo ésta la única fuente de pago. La intervención retrasa la producción; entonces el consiguiente rigor y molestia dan lugar a otra intervención, que a su vez retrasa aún más la producción; y este proceso continúa hasta que, como en Roma en el siglo III, la producción se para por completo, y se agota la fuente de pago. <<

[69] De hecho, las trece unidades simplemente continuaron el sistema existente durante el período colonial que otorgó al beneficiario un monopolio de los valores de renta al igual que el de los valores del uso. Ningún otro sistema se conoció en América, excepto en el efímero estado de Deseret, gobernado por los mormones. <<

[70] Un brillante resumen de la especulación de los terrenos tras la revolución aparece en cf. Sakolski, op. cit. cap. II. <<

[71] Sakolski señala, y con razón, que se impulsó la obsesión por trabajar la tierra por medio de la labor de las nuevas unidades, ya que ofrecían tierras para asentar sus deudas públicas, lo que dio lugar a tremendas deudas en forma de «garantías territoriales». La lista de nombres famosos implicados en este negocio incluye a Nilson C Nicholas, que más tarde llegó a ser gobernador de Virginia; «Harry Caballo Ligero» Lee, padre del gran comandante confederado, el general John Preston, de Smithfield; y George Taylor, cuñado del Juez Marshall Lee, Preston y Nicholas fueron juzgados tras ser denunciados por unos especuladores de Connecticut debido a una transacción considerada fraudulenta; Lee fue arrestado en Boston la víspera de embarcar hacia las Indias Occidentales. Habían transferido una extensión de tierra de unos 300.000 acres, a diez céntimos el acre, pero, cuando fue tasado, la extensión no tenía ni la mitad del tamaño. Fraudes de este tipo eran de lo más habitual. <<

[72] Las nuevas unidades políticas continuaron con la práctica colonial de restringir el sufragio a los contribuyentes y propietarios de terrenos, y sólo hombres de una riqueza considerable podían aspirar a cargos públicos. Por lo tanto, el ejercicio de la soberanía era cuestión de derecho económico, no de derecho natural. <<

[73] Este fue el levantamiento conocido como la Rebelión de Shays, que tuvo lugar en 1786. La división de acreedores en Massachusetts se hizo con el control de los medios políticos, y lo fortaleció tanto estableciendo una constitución creada para soportar la división agraria y de los deudores que tuvo lugar una insurrección armada seis años después, dirigida por Daniel Shays, para anular las cláusulas onerosas, y transferir el control de los medios políticos a este grupo. Este incidente nos aporta una visión aguda en miniatura de la naturaleza del Estado y la teleología. La rebelión tuvo un gran efecto a la hora de consolidar la división de acreedores y dar credibilidad a su contienda por establecer un estado nacional fuerte y coercitivo. Jefferson habló despectivamente de esta contienda, como «los clamores interesados y la sofistería de la especulación, rasurando y amontonando instituciones», y de la rebelión misma dijo que John Adams, cuyo marido tuvo tanto que ver con el boceto de la constitución de Massachusetts, «me gusta una pequeña rebelión de cuando en cuando… El espíritu de resistencia al gobierno es tan valioso que ojalá se mantenga siempre vivo. A menudo se hará en el momento equivocado, pero mejor eso que nada». En otro escrito a otro corresponsal en la misma época, le dijo seriamente, «ojalá Dios nos prohíba no tener una revolución durante veinte años». Dicho sea de paso acerca de esta naturaleza, en los escritos de Jefferson se muestra un gran interés por mostrar lo cerca que le había llevado su instinto de una comprensión clara del carácter estatal. <<

[74] El profesor Salkolski señala que después de que se sustituyeran los Artículos de la Confederación por la constitución, se multiplicaron los modelos de especulación de tierra con «una renovada e intensificada energía». Naturalmente, pues, como dice, el nuevo esquema de Estado nacional obtuvo un gran apoyo de esta clase de aventureros porque previeron que los valores de la renta «aumentarían de la mano de un gobierno federal eficiente». <<

[75] Más de la mitad de los delegados de la convención constitucional de 1787 eran o bien inversores o bien especuladores de los fondos públicos. Probablemente el sesenta por ciento de los valores representados por estos valores eran ficticios, así se consideraron incluso por sus propietarios. <<

[76] Se puede observar que en este momento la palabra «nacional» era un término de calumnia, con las mismas implicaciones que la palabra «fascista» conlleva en ciertos derroteros hoy en día. No hay nada más interesante que la historia de la política y de su relación con el equilibrio oscilante del beneficio económico —excepto, quizá, la historia de los movimientos de partido que representan, visto desde el mismo punto de vista—. <<

[77] El motivo obvio de eso, como se demostró, fue que los intereses agrupados en la primera división tenían la ventaja de ser relativamente compactos y movibles. Los de la segunda división, al ser principalmente agrícolas, eran flojos y desgarbados, la comunicación lenta y la movilización difícil. <<

[78] Bastantes autoridades se han dado cuenta recientemente, y se exhiben en su totalidad en la obra monumental de Beard Interpretación Económica de la Constitución de los Estados Unidos. <<

[79] Beard, op. cit., p. 337. <<

[80] Las medidas principales en relación con la distribución de los medios políticos fueron las redactadas por Hamilton en términos de financiación y aceptación, para crear una tarifa protectora y un banco nacional. Esto les dio prácticamente un uso exclusivo de los medios políticos a las clases agrupadas en la primera división, y lo único que quedó libre para el resto fueron las patentes y derechos de autor. Beard debate estas medidas con su lucidez y profundidad características (op. cit., capítulo VIII). Merece la pena también leer algunas observaciones en mi Jefferson, capítulo V. <<

[81] La autoridad del Tribunal Supremo no fue aceptada por Jackson, y denegada por Lincoln, convirtiendo así el modo de Estado por un tiempo de una oligarquía en una autocracia. Es interesante fijarse que dicha contingencia fue prevista por los creadores de la constitución, en particular por Hamilton. Eran muy conscientes de lo fácilmente que, en cualquier período de crisis, un modo cuasirepublicano de Estado se convierte en una tiranía ejecutiva. Cosa rara, Jefferson una vez pensó en anular las leyes de Extranjería y Sedición por parte del poder ejecutivo, pero no lo hizo. Lincoln desechó la opinión del Juez Supremo Taney de que la suspensión del habeas corpus era inconstitucional, y por consiguiente el modo de Estado, hasta 1865, era un despotismo monocrático militar. De hecho, desde la fecha de la proclamación del bloqueo, Lincoln gobernó de manera inconstitucional. La doctrina de «poderes reservados» fue un engaño, una ley posterior al hecho, para justificar sus actos, pero en lo que se refiere a la intención de la constitución, fue una mera invención. De hecho, un caso muy bueno para respaldar los actos de Lincoln tuvo como consecuencia un cambio permanente y radical en todo el sistema de «interpretación» constitucional, que desde esta época «las interpretaciones» no han sido interpretaciones de la constitución, sino simplemente de política pública, o, según lo define nuestro más agudo y profundo crítico social, «el Tribunal Supremo sigue los giros de las elecciones». Un constitucionalista estricto podría añadir que la constitución murió en 1861, y uno tendría que devanarse los sesos para rebatírselo. <<

[82] Marshall fue elegido por John Adams al final del mandato presidencial, cuando los intereses agrupados en la primera división estaban cada vez más nerviosos de que la oposición se pusiera en su contra entre los intereses explotados. Una carta escrita por Oliver Wolcott a Fisher Ames nos da una buena idea de qué posición ocupaba la doctrina de soberanía popular; es tremendamente llamativa su referencia a las medidas militares. Dice, «los hombres firmes del Congreso intentarán ampliar el departamento judicial, y espero que sus medidas sean muy firmes. Es imposible en este país delegar en un ejército el motor del gobierno; y no hay modo de combatir a la oposición estatal si no es por medio de una organización eficiente y amplia de jueces, magistrados y otros oficiales civiles». Siguió la elección de Marshall, y también la creación de veintitrés juzgados federales nuevos. Las decisiones principales de Marshall se dieron en los casos de Marbury, de Fletcher, de McCulloch, del Colegio Dartmouth y de los Cohen. No se comprende quizá que como resultado a los esfuerzos de Marshall, el cuerpo supremo se convirtió no solo en el cuerpo legal a la hora de interpretar las leyes más elevado, sino también a la hora de elaborarlas; los precedentes fijados por sus decisiones tienen la fuerza de ley constitucional. Desde 1800, por consiguiente, ¡el modo actual de Estado en América es normalmente una oligarquía pequeña e irresponsable! Jefferson, considerando justamente a Marshall como «un juez supremo hábil que refina la ley en su mente por medio de su propio razonamiento», profetizó en 1821 que «nuestro gobierno está tomando un rumbo firme para mostrar por dónde se llegará a la destrucción, es decir; primero, la consolidación, luego la corrupción, consecuencia necesaria. El motor de la consolidación será el sistema judicial federal; las otras dos ramas los “instrumentos” corruptores y corruptos». Otro comentario profético al efecto de la centralización fue que «cuando debemos esperar que Washington nos diga cuando sembrar y cuando cosechar, pronto querremos pan». Un sondeo de nuestras circunstancias políticas actuales considera estas profecías superfluas. <<

[83] Lo había observado en el Estado británico años antes, y hablaba de él con viveza. «La oficina era demasiado pequeña para que todos se acurrucaran, el concurso es eterno para ver quién queda fuera. Con este propósito se dividen en dos partidos, los Ins y los Outs». Desconcierta a los estudiantes por qué no pudo ver que lo mismo iba a suceder en el estado americano como consecuencia de las mismas causas que ocurrieron en el estado británico. Sin embargo, aparentemente, no lo vio, a pesar del instinto profundo que le hacía sospechar de los partidos y siempre le mantuvo libre de las coaliciones entre partidos. Como le escribió a Hopkinson en 1789, «Nunca sometí todo el sistema de mis opiniones al credo de ningún partido de hombres de cualquier religión, filosofía, política o cualquier cosa donde yo pudiera opinar por mí mismo. Aficionarse a eso es la última degradación moral. Si no pudiera ir al cielo si no fuera afiliado a un partido, no iría». <<

[84] Jefferson p. 274.El grupo económico agrícola-artesano-acreedor que eligió a Jefferson tomó el nombre de Partido Republicano (con posterioridad el Democrático) y la oposición se concedió el antiguo título preconstitucional de federalista. <<

[85] Un ejemplo que merece la pena aportar por ser totalmente evidente se puede observar en el comportamiento de los senadores democráticos en relación con la tarifa del azúcar en la segunda administración de Cleveland. Desde dicho incidente, uno de los periódicos de Washington ha utilizado el nombre de «sorgo de senador» en sus viñetas humorísticas, para designar al típico empleado sobornable. <<

[86] Jefferson fue el primero en darse cuenta de que su compra del territorio de Louisiana era anticonstitucional; pero agregó millones de acres a las fuentes agrícolas, y una inmensa cantidad de futuros votos —fuerza para un control agrícola de los medios políticos, en contraposición a los intereses financieros y comerciales representados por el partido federalista—. Jefferson se justificó sólo basándose en la política pública, anticipándose a la de Lincoln en 1861, para enfrentarse al Congreso y al país con un hecho consumado similar esta vez, sin embargo, ejecutado en nombre de los intereses financieros y comerciales contra los agrícolas. <<

[87] Henry George hizo algún comentario muy sagaz sobre la casi increíble degradación que observó en el personal del servicio estatal. Es quizá muy llamativo en la Presidencia y el Senado, aunque sucede en las mismas condiciones por todas partes. En lo que se refiere a la Casa de Representantes y los cuerpos legislativos estatales, hay que verlos para creerlo. <<

[88] De todos los términos impostores de nuestro glosario político, estos son quizás los más insolentes, y su uso quizá el más infame. Ya hemos visto que aquí no ha existido nada que se pareciera en lo más mínimo a la democracia, ni nada que se parezca a libre competición, pues la existencia de la libre competición es obviamente incompatible con cualquier ejercicio de medios políticos, incluso los más débiles. Por el mismo motivo, ninguna política de individualismo firme tampoco ha existido; todo lo que ha hecho dicho individualismo para extinguirse es sacarle ventaja económica al Estado. Si el lector tiene curiosidad por saber más de esto, déjele consultar el número de empresas americanas que han triunfado sin la ayuda de los medios políticos, o el número de fortunas acumuladas sin dicha ayuda. Laissez-faire se ha convertido en sinónimo de puro oprobio; los que lo usan no saben lo que es, o lo corrompen. En cuanto a las maravillas sin igual de nuestra civilización, baste decir que las estadísticas de nuestras compañías de seguros ahora nos muestran que cuatro quintas partes de nuestra gente que han llegado a los 65 se mantienen gracias a la ayuda de familiares u otra forma de caridad. <<

[89] Hace no mucho tiempo, el Profesor Laski comentó el predominio de este agotamiento en nuestra población estudiantil. Han contribuido a ello varias causas, pero se explica principalmente, creo, por la invariable uniformidad de nuestra experiencia. Las pretensiones del Estado han sido tan extravagantes, la disparidad entre ellas y su conducta tan manifiesta, que no se podría esperar otra cosa. Probablemente la protesta contra nuestro imperialismo en el Pacífico y en el Caribe, tras la Guerra Española, marcó el último gran esfuerzo de una decencia impotente y moribunda. Las comparaciones de Laski con asociaciones estudiantiles en Inglaterra y Europa pierden vigor cuando se recuerda que los mecanismos de un término fijo y una ejecutivo irresponsable vuelven al estado americano peculiarmente insensible a la protesta e inaccesible a una censura efectiva. Como Jefferson dijo, que una fuente de impugnación «no es ni siquiera un espantapájaros». <<

[90] Un ejemplo de esta construcción masiva, a principios del siglo XVI, es que una quinta parte del territorio de Francia pertenecía a la Iglesia; estaba en manos principalmente de las instituciones monásticas. <<

[91] Se puede observar, sin embargo, que el simple uso y costumbre obstaculizan nuestro punto de vista la manera brutal en que se construyó la estructura original del estado americano, con sus sistema de jurisdicciones superpuestas y funciones duplicadas. En la actualidad, un ciudadano vive bajo media docena o más de jurisdicciones distintas que se solapan, el estado federal, el condado, el municipio, el vecindario, es distrito escolar, el distrito electoral y el federal. Casi todos éstos tienen poder para imponer impuestos de manera directa o indirecta, o ambas, y, como todos sabemos, el único límite de su poder es lo que se obtiene de él, y así llegamos al principio formulado con bastante ingenuidad por el último senador de Utah, y al que a veces se refieren irónicamente como «la ley de gobierno de Smoot» (el principio, según lo expuso, que el coste de un gobierno tiende a crecer año tras año, independientemente de qué partido ocupe el poder). Sería interesante conocer la distribución exacta de la carga de empleados y siervos políticos mendicantes —pues no se debe olvidar que los «desempleados» que reciben un subsidio son ahora un cuerpo permanente de clientes— ciudadanos que perciben ingresos. Teniendo en cuenta los impuestos indirectos, las donaciones y los impuestos directos, no sería disparatado decir que cada dos ciudadanos se llevaban un tercio. <<

[92] Por ejemplo, los procesos básicos de intercambio son necesarios, apolíticos, y de lo más simple del mundo. El yankee rústico más humilde que trueca huevos por panceta en la tienda local, o un día de trabajo en las tierras del vecino por patatas, lo comprende y lo maneja con eficiencia. Su fórmula es: productos o servicios a cambio de otros productos u otros servicios. No hay, ni ha habido, ni habrá, una simple transacción en ningún lugar en el ámbito del «negocio» —da igual su magnitud o complejidad aparente— que no se pueda reducir a esta fórmula. Para facilitar el intercambio, sin embargo, se introdujo el dinero; y el dinero es una complicación, y también las pruebas de deuda, como los cheques, las letras bancarias, los billetes, las facturas, las fianzas, los certificados de bolsa, que se introdujeron por el mismo motivo. Se descubrió que estas complicaciones se podían explotar; y el consiguiente número y alcance de intervenciones estatales para «regular» y «supervisar» su explotación parecen infinitos. <<

[93] Es una de las cosas más extraordinarias del mundo, que los intereses que aborrecen y temen al colectivismo son los que han metido más prisa al Estado para avanzar directamente hacia dicho colectivismo. ¿Quiénes le instaron para que formara la Comisión de Comercio Federal, para que expandiera el Departamento de Comercio, para que formara la Comisión de Comercio Interestatal y la Comisión Agrícola Federal, para que aprobara las leyes antifiduciarias, para que construyera autopistas, para que cavara canales, para que ofreciera servicios aéreos, para que subvencionara el transporte? Si estos pasos no tienden hacia el colectivismo, ¿hacia dónde se dirigen? Además, cuando los intereses que impulsaron al Estado para hacerlo se horrorizan por la aparición del comunismo y la amenaza de los Rojos, ¿de qué valen sus protestas? <<

[94] El texto de la ley bancaria propuesta por el Senado, publicada el 1 de julio, 1935, ¡casi llenó cuatro páginas del Wall Street Journal! Realmente ahora —ahora realmente— ¿se puede concebir algo más absurdo? <<

[95] Como aquí, en 1932, en Italia, Alemania, Rusia y últimamente en Francia tras la caída del Directorio, en Roma tras el fallecimiento de Pertinax, y así sucesivamente. <<

[96] La ignorancia no conoce límites; sin embargo, cuando uno oye que nuestras compañías ferroviarias reciben el nombre de especímenes de un individualismo rígido, uno se tiene que plantear si el que habla está en su sano juicio, o si lo está su integridad. Nuestras compañías transcontinentales, en concreto, apenas pueden recibir el nombre de compañía ferroviaria, pues el transporte es una excusa para su objetivo real, que es el de la especulación sobre los terrenos y la búsqueda de subsidio. Recuerdo ver la frase hace pocos años —no pongo la mano en el fuego, pero no debe estar lejos de la realidad— de que cuando escribía, el valor de la divisa de los medios políticos otorgada a la Compañía del Pacífico Norte permitiría construir cuatro líneas transcontinentales, y además, construir una flota de barcos y mantener su servicio por todo el mundo. Si esto representa un individualismo rígido, dejad que los lexicógrafos futuros se hagan cargo de ello. <<

[97] Un granjero, hablando con propiedad, es un propietario que dirige sus movimientos, en primer lugar, hacia la formación de una familia, una unidad independiente, en la medida de lo posible, económicamente autónoma. Todo lo que produce por encima de este requisito lo invierte en cultivos comerciales. Hay un segundo tipo de agricultor, que no es granjero, sino un productor, tanto como el que hace tejidos de lana o algodón o zapatos de piel. Planta sólo un tipo de cultivo —seda, maíz, trigo, algodón, o lo que sea— que es con fines comerciales exclusivamente; y si baja el mercado de este producto por debajo del coste de producción, tiene la misma mala suerte que el fabricante de coches o el zapatero o el que hace pantalones que produce más de lo que puede vender. Su familia no es independiente; compra todo lo que necesita en su casa; sus hijos no pueden vivir de algodón, leche o maíz, al igual que los hijos del zapatero no pueden vivir de zapatos. Hay aún un tercer tipo, que usa la agricultura como un tipo de suplemento para pagar impuestos y especular en valores agrícolas. Son estas dos últimas clases las que piden la intervención y a menudo de malos modos; pero no es la agricultura la que los lleva a eso. <<

[98] Parece haberse alcanzado el verdadero límite de particularidad en este tipo de intervención coercitiva, de acuerdo a los informes de la prensa, en el estado de Wisconsin. El 31 de mayo, el informe es que el gobernador La Follete firmó un proyecto de ley donde estableció que en todos los restaurantes públicos se sirvieran dos tercios de una onza de queso hecho en y dos tercios de una onza de mantequilla, ambos hechos en Wisconsin, con cada comida que costara más de veinticuatro centavos. Para encasillarlo como particularidad habría que remontarse a alguna de las Leyes de Comercio Británico del siglo XVIII, y sería difícil encontrar un caso similar, incluso ahí. Si esto es aceptable bajo la frase «el curso debido de la ley» —si los restaurantes pagan por este suministro o le pasan al consumidor el coste— uno no puede ver nada que evite que la legislatura de Nueva York, digamos, le pida a cada ciudadano que compre dos sombreros hechos por Knox y dos trajes hechos por Finchley al año. <<

[99] Si admitimos que el cordero de la fábula no tenía otra opción que el lobo, uno puede sin embargo ver que al lobo le dejaba sin respiración. <<

[100] Eso se comprende bien ahora que nadie va al juzgado en busca de justicia; van por interés o venganza. Es interesante observar que algunos filósofos de la ley ahora dicen que la ley no tiene relación con la justicia, y que no tiene por qué tenerla. Desde su punto de vista, la ley representa solo un registro progresivo de los modos en los que la experiencia nos lleva a creer que la sociedad puede funcionar. Se puede dudar durante mucho tiempo si aceptar esta noción de ley, pero hay que valorar su cándida afirmación de lo que no es. <<

[101] Este resentimiento es muy llamativo. A pesar de nuestro fallo en el experimento ambicioso de la intervención estatal, me atrevo a decir que habría aún mucho resentimiento contra el comentario desafortunado del Profesor Sumner de que cuando la gente hablaba con los ojos llenos de lágrimas sobre «el pobre borracho tumbado en la cloaca», nunca se les ocurrió que quizá la cloaca era su sitio; o contra la declaración del obispo de Peterborough de que prefería ver a Inglaterra libre a verla sobria. Sin embargo, ambos comentarios simplemente confirman la gran verdad que nos muestra la experiencia a diario, que los intentos de interferir en el orden natural de las cosas están predestinados, de un modo u otro, a salir mal. <<

[102] Los horrores de la vida industrial de Inglaterra en el último siglo son un buen ejemplo para los adictos de la intervención positiva. El trabajo infantil y femenino en los molinos y minas; Coketown y Bounderby; salarios ridículos; exceso brutal de trabajo; penosas condiciones laborales; barcos como ataúdes capitaneados por rufianes —todos estos son desahuciados por los reformistas y publicistas de manera poco clara y se ven inmersos en un régimen de individualismo rígido, de competencia descontrolada y laissez-faire—. Esto es claramente absurdo, pues nunca ha existido un régimen semejante en Inglaterra. Se debían a la intervención primaria del Estado donde la población de Inglaterra se vio expropiada de la tierra; debido a que el Estado sustituyó la oferta laboral del campo por la industria. Ni el sistema de fábricas ni la «revolución industrial» tuvieron nada que ver con la creación de esas hordas de criaturas miserables. Cuando entró en vigor el sistema de fábricas, esas hordas ya estaban ahí, expropiadas, y entraron en los molinos en busca de lo que les dieran Grandgrind y Plugson de Undershort, porque no tenían más opción que mendigar, robar o morirse de hambre. Su miseria y degradación no residían en la puerta del individualismo; sino en las mismas puertas del Estado. La economía de Adam Smith no es la economía del individualismo; es la economía de los terratenientes y molineros. Nuestros fanáticos de la intervención positiva harían bien en leer la historia de las Leyes Parcelarias y el trabajo de los Hammonds, y ver qué pueden aprender de ellos. <<

[103] Cuando sir Robert Peel propuso organizar la policía de Londres, los ingleses dijeron abiertamente que media docena de degollados en Whitechapel al año era un precio bajo con tal de mantener un instrumento de tiranía en potencia fuera de las manos del estado. Todos empezamos a darnos cuenta ahora que hay mucho que decir sobre el tema. <<