En 1954, Jaume Vicens Vives, catedrático de Historia en la Universidad de Barcelona, publicó un ensayo, primera versión de este Noticia de Cataluña, en el que apostaba por que Cataluña abandonara sus tradicionales reticencias hacia España y liderara una democratización y modernización de todo el Estado. A su vez, y en contrapartida, el historiador proponía una política de conquistas concretas, en sintonía con uno de los rasgos, en su opinión, propios del pueblo catalán: el espíritu pactista.

Seis años después, en 1960, coincidiendo con el fallecimiento del autor, salía a la calle una segunda edición, ampliada, del texto de Vicens Vives, esta vez solo en catalán, que desarrollaba algunas ideas esbozadas en la versión primigenia: Cataluña como tierra de acogida, como pasillo hacia Europa y producto del mestizaje, incapaz de enfrentarse a un poder —⁠léase España⁠— representado por la figura del Minotauro.

Noticia de Cataluña fue un éxito espectacular, tanto de crítica como de lectores, en sus dos versiones; es, de hecho, el ensayo que dio a conocer a Vicens Vives al gran público, la obra más emblemática de su producción y también la de intención más claramente política. Cumplidos cien años del nacimiento del historiador, aquella segunda versión, la definitiva, que jamás había visto la luz en castellano, vuelve para convertirse en un examen oportuno y plenamente actual de los más peculiares rasgos de la realidad catalana y con el fin de recuperar su lugar como obra clásica para entender Cataluña en y desde España.

Jaume Vicens i Vives

Noticia de Cataluña

ePub r1.0

Titivillus 20-10-2022

Título original: Noticia de Catalunya

Jaume Vicens i Vives, 1954

Traducción: Agnès González Dalmau

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

A los catalanes y a los otros pueblos

de España, el autor, con reverencia,

dedica el esfuerzo y el trabajo,

el amor y el respeto

ANTEPRÓLOGO

En 1948 comenzaba una nueva época para España; también para Jaume Vicens Vives. Es el año de su retorno a Barcelona como catedrático de Historia Moderna de la universidad. Quedaban atrás los duros momentos de la depuración, de las humillaciones, del esfuerzo por adaptar su forma de ser a un régimen que se institucionalizaba. Se percató, nada más asentarse en su puesto de trabajo, de que el mundo académico estaba desorientado, confuso, de que los métodos de sus mentores ya no estaban de moda o simplemente habían quedado obsoletos. Tuvo que fiarse de su olfato para no dejarse dominar por las rutinas de una institución petrificada. Se preparó a conciencia, eligiendo un camino. Su decisión fue rápida, eruptiva, conforme a su fogoso carácter. Fundó el Centro de Estudios Históricos Internacionales (CEHI) y dos revistas, Índice Histórico Español y Estudios de Historia Moderna. Ya no había marcha atrás. La decisión estaba tomada. Reunió a los primeros miembros de lo que con el tiempo se conocerá como el équipe de Índice; los impregnó de su forma de trabajar, innovadora, construida superponiendo hipótesis, incansable. Y, un día, consciente del esfuerzo que tenía ante sí, adaptó la divisa que le acompañará el resto de su vida: super adversa augeri («ante la adversidad, supérate»).

En 1950, Vicens salió de las fronteras naturales en las que hasta entonces se había movido para ir a París, donde iba a tener lugar el IX Congreso de Ciencias Históricas, que reunió a las figuras estelares del momento. Salir al extranjero era entonces una odisea. Abandonar el aislamiento en el que los historiadores españoles se hallaban, por gusto o por fuerza (de todo había en esos años) repercutió favorablemente en su manera de entender el oficio. La ponencia de Michael Postan le transformó tanto como el contacto con algunos relevantes miembros de la revista Annales. Charles Morazé fue uno de los que más. En torno al Sena, vislumbró lo que iba a ser su futuro. Maduró las ideas en los foros críticos, en diálogo con algunos personajes de la cultura española y europea. Se alejó de los cánones dominantes y enunció los principios fundamentales de su trabajo de historiador.

En primer lugar afirmó que el estudio de la historia no debía aislarse de la economía. Recuperaba así el legado del gran historiador belga Henri Pirenne. Una buena referencia, pues lo que Pirenne había encontrado de nacionalismo en Flandes estaba enraizado en las viejas ciudades mercantiles y en el combate para conseguir las libertades burguesas del poder feudal. Vicens poseía la misma rara facultad que el maestro belga: el don de la intuición para captar la sensibilidad de la gente con su trabajo y una fuerza imaginativa que, partiendo de escuetas informaciones, construía un seductor modelo explicativo. Y, al igual que él, invitaba a deslizarse en la historia económica a través del estudio del tono de vida de la gente. Ese paso le situó en la línea de historiadores como Roberto Sabatino López, que no dudó en colaborar con él cuando se lo pidió y quien siempre guardó una positiva impresión de su arrolladora personalidad, según me confesó una tarde de abril de 1977 en Spoleto.

Vicens integró la economía en el estudio de la historia; principalmente el comercio y, por lo tanto, el medio urbano. Es lo mismo que hacían por esos años Philippe Wolf en Toulouse, Yves Renouard en las ciudades de la Toscana, Michel Mollat en los puertos de Normandía y algunos pocos más. Fue un paso de gigante en un momento en el que publicaba libros de sus anteriores investigaciones, Juan II de Aragón o El gran sindicato remensa y artículos que en parte son ponencias a congresos.

Sin embargo —y aquí se vislumbra otro de los principios de su trabajo⁠— el estudio no debería limitarse al análisis concreto. Obligado por la situación política, creyó necesario abordar el territorio de la síntesis histórica. En 1952, tuvo la ocasión de explicar su proyecto, vacilante aún, en el estimulante ensayo Aproximación a la historia de España, una especie de manifiesto por la nueva historia. La agridulce recepción entre sus colegas le hizo creer que había ganado la partida y le dio ánimos para afrontar otro reto, el de explicar a la sociedad española el hecho catalán.

En ese ambiente, se le sugirió escribir —⁠quizá lo hizo Josep Pla⁠— un ensayo bajo el título Nosaltres, els catalans. Desde el primer momento fue consciente de que las palabras, las frases, debían ser la apoyatura para mantener la emoción de los catalanes por ser quienes habían sido y eran; también para prolongar esa misma emoción en el futuro; y, finalmente, para conseguir una explicación digna de su conducta y de su moral. Tenía las espaldas cubiertas por Josep Vergés, quien le había contratado el libro para la colección El Dofí de la editorial Destino; sin embargo, el libro era un peligroso ejercicio que exigía una auténtica conversión del historiador en ensayista. Se hallaba de repente en el mismo terreno que había sido explorado años atrás por el filósofo Josep Ferrater Mora en Les formes de la vida catalana, libro publicado en Santiago de Chile donde el argumento lo constituía una materia inasible, ideas, sensaciones, mentalidades y recuerdos que todo un pueblo había conseguido salvar de las ciegas destrucciones y las injurias del tiempo. Por lo tanto, la parte menos mensurable del pasado pero, por contrapartida, la más importante, la más decisiva.

Noticia de Cataluña —⁠título final de aquel ensayo⁠— fue una operación intelectual de gran calado: arriesgada y moderna, aunque acorde con el espíritu de los cincuenta. Vicens probablemente nunca la hubiera abordado de no sentirse comprometido con el devenir de una España lejos del régimen del 18 de julio. Llevaba algún tiempo aconsejando a un grupo de jóvenes barceloneses de la alta sociedad para que convirtieran las reuniones del llamado «Club Comodín» en un foro de debate, el futuro Círculo de Economía. Y, en esas conversaciones, dejaba claro algunas de sus importantes conclusiones, como por ejemplo que el espíritu de un pueblo es más grande que su nación: es su carácter. Ahí, la verdad se hace y se mantiene como un proyecto colectivo a veces conforme a la cultura política; otras, en abierta discrepancia con ella. El honor es la respuesta a una herida inﬂigida por las constantes torpezas de la administración. Era una actualización del viejo catalanismo, muy adecuada al espíritu germinal de una generación ávida de cambios.

El conocimiento de los catalanes de sí mismos es indispensable y previo antes de pasar a la realización concreta, decía Vicens al comienzo del libro. La reﬂexión es indispensable para un país, como la política. ¿Por qué? Porque en ella se encuentra la imaginación moral de un pueblo, que a menudo los mitógrafos de los vencedores ignoran o disimulan. Cataluña está en una encrucijada, decía Vicens; el camino a seguir dependerá del descubrimiento de su personalidad colectiva, de la mentalidad de un pueblo que se hace y se deshace al ritmo de su propia historia. No es un azar que Vicens recurra al ensayo, el género por excelencia de la cultura española de la primera mitad del siglo XX (lo confirman los nombres de Ortega, Azorín, Laín Entralgo, Calvo Serer, Pérez Embid, Maravall); es una decisión meditada.

El libro se publicó en noviembre de 1954, y nadie lo esperaba. Es un escándalo que se silencia. Es cómodo guarecerse detrás de que Vicens es ante todo un historiador, no un pensador, y que esa especie de carta humanística sobre su país es simplemente la reﬂexión en voz alta de un hombre emprendedor, inquieto. El realismo académico quiere evitar el ensayo. El escándalo, la verdad inesperada, es esta que leemos en las páginas de Vicens: Noticia de Cataluña es una proclama a favor de la responsabilidad del intelectual en tiempos de penuria moral. El peligro consiste en venderle a la gente un porvenir basado en una historia de mala calidad.

Vicens exigió el futuro ahora. Una actitud que recuerda a Schiller y a tantos otros espíritus libres que avanzan por los territorios de la incorrección política. Un año después de la muerte de Stalin, 1953, un historiador catalán rechazaba el miedo a la amenaza totalitaria que pendía sobre su país y cuyo triunfo se hacía sobre la base de una mentira sostenida por las investigaciones sobre el pasado. La «nueva historia» es precisamente una tecnología del saber sujeta a reglas internacionales, de los antiguos estudios sobre la conciencia colectiva de Lucien Febvre hasta los modernos sobre la larga duración de Fernand Braudel, pasando por la politología de Chabod y los ideales progresistas de Collingwood, sentados todos alrededor de la misma mesa en la que Vicens piensa y escribe sobre su país, ofreciendo un diagnóstico ponderado, justo. A partir de un concepto clave, como el del catalán como hombre de frontera, el idilio abarca el sentido social de la tierra, el valor de la eina y la feina, la distinción por el trabajo bien hecho que hace posible la figura del prohombre, las ilusiones colectivas como el pactismo y la organización confederal de los territorios. El luminoso futuro de España pasa por entender Cataluña, un país y una historia cercenada por el «minotauro», el peso del Estado que impide salir del laberinto. Al final, no se trata de ir a Arcadia, ni de retornar a Ítaca, se trata simplemente de convertir las aspiraciones humanas en proyectos colectivos. El sueño que en adelante el combate por la historia se haga a plena luz, lejos del pensamiento único y del totalitarismo; es decir, que el futuro tenga por fin un trayecto.

José Enrique Ruiz-Domènec

Barcelona, septiembre de 2011

PRÓLOGO
CONOCERNOS

Con motivo de mi intervención periférica en el diálogo abierto entre algunos intelectuales castellanos y catalanes sobre el porvenir de nuestra cultura, he escrito una y otra vez que había que hacer un esfuerzo para conocernos a nosotros mismos antes de pasar a proyectos definidos, a realizaciones concretas. Mi afirmación ha causado sorpresa en ciertos sectores de nuestra gente de letras; en otros ha parecido exacta, pero poco oportuna. Meditando sobre ambas actitudes, me he reafirmado en mi pensamiento: debemos saber quiénes hemos sido y quiénes somos si queremos construir un edificio aceptable dentro del gran marco de la sociedad occidental a la que pertenecemos por filiación directa desde los tiempos carolingios. Y, además, debemos proceder a realizar este análisis con la mayor urgencia y a la luz de la encuesta pública, porque nuestro bien y nuestro mal no deben tener secretos. ¡Ay de los pueblos que olvidan esas necesarias introspecciones y no se detienen en los grandes recodos históricos para palparse el cuerpo, escucharse el alma y medir el acierto o el error del trabajo realizado!

Hay quienes creen que son problemas secundarios, que no podemos detenernos mientras el mundo se mueve con tanta rapidez que apenas sabemos hoy lo que acaecerá mañana. No negaré que al final de la calle pueda aguardarnos una contingencia maravillosa que nos resuelva todos los quebraderos de cabeza actuales. Sin embargo recuerdo a los expectantes que incluso el azar se doblega ante nuestro conocimiento de las cosas, y que una forma de provocar el instante feliz es preparar el conjunto de posibilidades históricas en que aquel ﬂorece por la fuerza de las tensas voluntades puestas al servicio de unos ideales. En todo caso, al traspasar el umbral del acontecimiento, debemos estar seguros de nuestra personalidad, del bagaje de hechos e ideas que cargamos, y de las articulaciones históricas y actuales que nos unen a los vecinos del barrio europeo donde nos ha tocado vivir.

Hay que penetrar a fondo en el corazón de nuestro ser colectivo. Algunos carecen del valor suficiente para limpiar de telarañas la ventana y dejar que un chorro de luz lo esclarezca todo y nos permita ver lo que de verdad hay en la despensa de nuestra cultura. Otros lo hicieron ya con los instrumentos históricos, sociológicos y lingüísticos que entonces tenían a su alcance. No debemos hablar mal de ellos. Releyendo nuestra producción intelectual de los últimos setenta años, encontramos dos o tres intentos interesantes de llegar hasta el último tabique de nuestra esencia colectiva. Pero la frialdad de uno, el apasionamiento de otro y, sobre todo, la falta de estudios serios y completos sobre las diferentes facetas del espíritu social, del hombre vivo del país, no permitieron conseguir resultados convincentes. Son testimonios de época, reﬂejos del modo de sentir de los catalanes de las generaciones que nos han precedido; no contribuciones definitivas al examen de nuestros problemas. Los admiramos y los sentimos como algo propio, inseparable ya de nuestro ser en virtud del proceso que transforma un pensamiento o una acción en «espíritu objetivado»; pero no podemos permanecer encadenados a ellos.

Además, los últimos cincuenta años no han transcurrido en vano. Los instrumentos científicos de nuestra investigación histórica y sociológica han mejorado notablemente. Lo que ayer parecía imposible es hoy realizable. Poseemos sondas metodológicas que nos permiten descender hasta las capas más profundas del pasado. Hay que utilizarlas con serenidad; pero con la ilusión de hallar el manantial de donde han salido las energías de nuestro pueblo. Por otro lado, durante este medio siglo hemos vivido experiencias vitales, dramáticas, que nuestros precursores no conocieron y sobre las que debemos trabajar si queremos llegar a conclusiones eficaces tras nuestra aproximación analítica.

La ampliación del campo de nuestras investigaciones debe reunir en torno a la tarea propuesta a todos aquellos que sientan el deber de la hora presente. Los historiadores —⁠concretamente los que llamamos historiadores profesionales⁠— pueden dar parte de la verdad. Pero deben renovar la temática de sus preocupaciones, dejar en paz a reyes y príncipes, batallas y acontecimientos políticos, para enfocar sus trabajos en el mecanismo íntimo del desarrollo humano de Cataluña. Es preciso, pues, que busquen al hombre en sus reacciones primigenias, y que averigüen cómo ha organizado y estructurado su espacio mental; sobre todo, cómo ha establecido esa urdimbre de relaciones materiales y espirituales con la tierra que lo nutre y con los otros hombres que le son semejantes, en una articulación social definida y categórica. En una palabra, que nos digan cómo ha surgido la mentalidad que nos caracteriza dentro de la sociedad occidental y que es el testimonio más contundente de nuestra existencia diferenciada; mucho más que las características idiomáticas, pues estas dependen del proceso mental colectivo que las ha promovido y les ha dado forma en el transcurso de los siglos.

Pero los historiadores solo ven una parte de la verdad. Y quien dice historiadores dice sociólogos y economistas, incluso filólogos y críticos literarios. Todos ellos, no obstante sus técnicas diferenciadas y sus especializaciones concretas, forman parte de la gran familia de los observadores de los hechos pasados. Para la gran labor de conocernos necesitamos la colaboración de los poetas, los novelistas y los ensayistas, de los espíritus que poseen el don de intuir, sin documentación previa, los más ocultos latidos del alma del pueblo. Una estrofa genial —⁠en la que las palabras toman el justo equilibrio forzado por el ritmo⁠—, una descripción chispeante —⁠en la que se define un estado de espíritu individual o colectivo⁠— pueden esclarecer en un instante recovecos íntimos donde jamás llegará el microscopio documental mejor montado. Todas las culturas necesitan estos destellos decisivamente iluminadores. Pero es preciso que el poeta, el novelista, el ensayista demuestren una sinceridad absoluta: que siendo hombres de su tiempo y, por lo tanto, pertenecientes a ciertas sectas y escuelas literarias e ideológicas, procuren responder a la eterna llamada de su sangre. Y, si no nos satisface esta imagen por lo que tiene de puramente biológica, que procuren insertarse en la propia raíz de nuestra formación mental.

Si debemos llegar a alguna conclusión de orden general al final de nuestros esfuerzos, hay que contar con las voces de los catalanes que la expansión de los antepasados hizo crecer y perpetuó más allá del estricto territorio del viejo principado. Valencianos y mallorquines han de prestarnos ayuda para realizar este propósito de introspección colectiva. Nos complacería que hicieran su contribución a la labor de conocernos íntegramente. Ellos nos ven desde otros ángulos y pueden discernir mejor algunas cualidades y algunos defectos de nuestro talante histórico. Indiscutiblemente, ellos deben decirnos también qué son y cómo se hallan anclados en el puerto de nuestra mentalidad común. No quisiéramos que se engañaran. La responsabilidad de todos es lo bastante grande como para que trabajemos sincera y enteramente. Sin embargo, es necesario que decidamos qué debemos cultivar y qué barrer, con el objetivo de vigorizar esta parcela cultural que Dios nos ha confiado en el centro mismo de las sociedades occidentales.

Estas palabras preliminares las escribí a principios del año 1953. Con ellas zarpaba Noticia de Cataluña, nombre prestado para sustituir el primitivo Nosotros, los catalanes, más adecuado al tema que en ella se desarrollaba[1]. Un año más tarde se publicaba la obra, con éxito tan halagüeño que bien pronto resultó imposible encontrar un solo ejemplar.

Los buenos amigos Josep Vergés y Joan Teixidor, editores de la obra, insistieron más de una vez en que hiciera una segunda edición —⁠y no por la ganancia, Dios mío, porque esta clase de libros no son negocio ni para la editorial ni para el autor⁠—. Amablemente se lo he ido negando un año tras otro. En cierto modo, tenía la intención de enterrar definitivamente Noticia de Cataluña, porque fue papel de circunstancia, tan solo el toque del cornetín que anuncia el alba. Pero luego me he dado cuenta de que todavía podía resultar útil a muchos catalanes y amigos de los catalanes deseosos de saber qué clase de pueblo somos; mejor dicho, qué clase de pueblo hemos sido hasta 1930, aproximadamente. Noticia de Cataluña podía ser, en efecto, una introducción histórico-psicológica a otro libro del país tras la guerra de los Tres Años.

La inclinación a preparar una segunda edición se vio reforzada por la voluntad de superar el desmayo que experimentaba al leer su índice. Lamentaba que faltara un capítulo, que había imaginado primordial, sobre las relaciones entre Cataluña y Castilla. Sin su estudio no se explican muchas facetas de nuestro talante colectivo, y el libro se resentía de ello. En consecuencia, era preciso acometerlas y, a ser posible, esclarecerlas. Y también, si así lo anhelaba, hablar del clero catalán y de la inhibición o exasperación de los catalanes ante el Estado, temas que la crítica, con sobrada razón, echó de menos en las páginas de Noticia de Cataluña.

Decididamente, pues, he ido a la segunda edición, que espero que sea, conceptualmente, casi definitiva. He introducido numerosas modificaciones en el texto original, porque en los últimos cinco años los estudios históricos, económicos, sociales y demográficos han hecho formidables progresos en nuestro país, y es una obligación muy placentera la de rectificar los datos envejecidos. Y he añadido tres nuevos capítulos, referentes al clero y Cataluña, a la misión hispánica de los catalanes y a la supuesta falta de sentido de Estado entre nosotros. Además, he reescrito totalmente el último capítulo sobre el seny y la rauxa, que provocó una de las más agudas polémicas de estos últimos veinte años. He desarrollado mi pensamiento con el fin de que quede clara mi idea sobre los resortes psicológicos que han movido a los catalanes hasta las puertas de nuestro tiempo. Espero que ahora se me entienda y no se me juzgue desde posiciones, o bien caseras, o bien exaltadas.

Este libro, en sus dos ediciones, debe mucho a muchas personas: filósofos, historiadores, sociólogos, literatos, ingenieros, economistas. Hacer la lista sería discriminar entre amigos y conocidos. Es mejor dar las gracias a cuantos trabajan para el mejor conocimiento de los catalanes. Por otro lado, me gustaría que los comentaristas, que fueron tan numerosos, diligentes y prolíficos ante la primera edición, se dejaran de cuentos y reconocieran lisa y llanamente que el único interés que me ha movido siempre ha sido el de servir, con el coraje que fuera necesario, luchando en medio de pareceres discordes y muy a menudo irreductibles, al porvenir de Cataluña, que implica, nolens volens, el porvenir de Castilla y de España.

Jaume Vicens Vives

Barcelona, febrero de 1960

PRIMERA PARTE
LOS ELEMENTOS

CAPÍTULO 1
EL CATALÁN, HOMBRE DE MARCA

ISOSTASIA HISTÓRICA

Hace algún tiempo, al preocuparnos por el ser y el devenir de las colectividades sociales, se nos ocurrió una explicación didáctica de los grandes procesos históricos que llevan a los pueblos a sucesivas fases de prosperidad y decadencia. Nos dio la idea el principio de isostasia continental, bien conocido por los geógrafos. Este principio explica la forma actual de las masas terrestres considerándolas como gigantescos bloques de materias ligeras que ﬂotan sobre un océano magmático más denso. Cuanto más cargadas de sustancias extrañas —⁠pongamos por caso, glaciares⁠— se hallan, más se hunden en su cuna geológica; contrariamente, cuando se liberan de ese peso, por circunstancias normales de erosión ﬂuvial, se enderezan y recobran su altura primitiva. Este mecanismo de balanza es parecido al que encontramos en los movimientos históricos de nacimiento, plenitud y declive de las sociedades. Sobre la corriente de los hechos geográficos y humanos que constituyen la historia, ﬂotan las formaciones sociales —⁠tribus, pueblos, naciones⁠—. Estas emergen con las conquistas espirituales, que arrancan la ganga barbárica que toda colectividad arrastra desde los tiempos prehistóricos, o bien se hunden con la pervivencia de los defectos colectivos, los cuales añaden nuevo lastre a las viejas deformaciones nacionales.

Esta teoría, que desarrollamos en el prólogo de una de nuestras obras, conlleva, a nuestro parecer, grandes ventajas sobre los sencillos esquemas de interpretación cultural que se fundamentan en el eterno retorno o en el progreso ininterrumpido. Explica el avance en la civilización a la vez que conserva el evidente carácter cíclico del desarrollo de muchas sociedades. Sobre todo, permite operar un eficaz discernimiento de los dos principales factores que juegan en el proceso vital de los pueblos: uno de ellos, la corriente de base, una especie de plasma histórico producido por hechos geográficos, raciales, económicos y sociales primarios; el segundo, la superestructura técnica, sentimental, estética e ideológica, en otras palabras, la mentalidad social activa y operante en cada recodo de los tiempos.

Tales factores son los que quisiéramos tener en cuenta para explicar el mecanismo histórico de Cataluña.

EL LANZAMIENTO HISTÓRICO DE CATALUÑA

No nos preocupa demasiado el hecho de que tengamos detrás medio millón de años de historia. Los prehistoriadores y los arqueólogos están muy orgullosos de ello. Miran por encima del hombro a cuantos no comulgan con sus ideas y prescinden de los descubrimientos que les son tan familiares. Algunos han montado bellísimas teorías sobre la marcha de las culturas en aquellas remotas épocas, como si el hombre del Paleolítico o del Neolítico —⁠que, por cierto, merece todos nuestros respetos, ya que todos llevamos dentro una raíz de él bien tirante y bien oculta⁠— tuviera las mismas preocupaciones que el hombre del Renacimiento. De la Prehistoria solo nos interesan dos cosas: el poblamiento de la tierra, o sea la primera colonización del país, y las supervivencias espirituales, las cuales, en su aspecto más maligno —⁠el temor, el odio, el espíritu de sangre, el instinto de destrucción⁠—, hemos heredado todos los pueblos del mundo.

Pero no podemos hablar de pueblos en el sentido actual de la palabra hasta que reconozcamos en la vida histórica de una sociedad la constitución definitiva de una mentalidad propia y diferenciada. Mentalidad no quiere decir concepción del mundo, según la altanera máquina creada por el idealismo alemán, del siglo XIX. Mentalidad es una forma de tomarse la vida, que se reﬂeja en una articulación espiritual consciente, en unas costumbres específicas, la prevalencia de unos intereses y unas pasiones, la creación de un talante secular. Tanto da que la ley reconozca o no este hecho. Generalmente los hombres tardan en darse cuenta de ello, y en cuestiones internacionales todavía más. En el caso de Cataluña, el tratado de Corbeil (1258) se retrasó tres siglos con respecto a la constitución efectiva de la mentalidad del país. Igualmente, los Usatges (1060), considerados la carta descriptiva de las costumbres catalanas primigenias, definieron una realidad que ya contaba, por lo menos, con un siglo de existencia.

Algunos autores han pretendido retrasar esa fecha a los tiempos iberos o romanos; otros, a los visigóticos. Tales autores confunden el territorio con la mentalidad, y justifican toda acción colectiva incluida en esos períodos como entidad definidora de un nacimiento histórico. No enredemos las cosas. No todas las disidencias, no todas las insurrecciones expresan una mentalidad social diferenciada; bien al contrario, muchas veces sirven para reafirmar las similitudes externas e internas.

No podemos olvidar un hecho esencial. El lanzamiento histórico de Cataluña se realizó desde una plataforma concreta: la Marca Hispánica, la parte transpirenaica del reducto europeo carolingio.

Del mismo modo que en el iceberg desprendido de los hielos del continente reconocemos las características fundamentales de su procedencia geológica, siempre reencontraremos en los hombres de la Marca los signos de su estirpe histórica; en este caso, su europeísmo distintivo. Mentalidad y arte románico, comercio mediterráneo y poesía trovadoresca, desarrollo urbano y estilo gótico, divisionismo social y político renacentista, expansionismo setecentista y resurgimiento romántico; he aquí hechos que en Cataluña siguen el mismo ritmo que en el resto del occidente europeo, y que, además, no son postizos como en otras tierras, sino sentidos en el alma del país. El permanente éxtasis cultural transpirenaico de los catalanes responde, así, al hondo llamamiento de su filiación histórica.

LA MARCA ES UN CORREDOR

Al contrario de lo que muchos suponen, la Marca no es una fortaleza montañesa. Es un corredor defendido por montañas a su entrada y salida, lo cual es bien diferente. A nuestro entender, y rehuyendo toda clase de determinismos geográficos, tal situación ha dado lugar a una serie de características específicas en la mentalidad catalana. Dilucidémoslas de acuerdo con su importancia.

Un corredor geohistórico es un lugar de paso entre dos mundos geográficos y culturales diversos. Pongamos, en nuestro caso, la Europa occidental atlántica y los macizos euroafricanos del oeste del Mediterráneo; quizá Europa y África, en términos muy amplios. Los pueblos que habitan tales corredores son sometidos a considerables presiones humanas: unas pacíficas, otras bélicas. El juego de ambas tendencias, continuamente espoleado por el ﬂujo y reﬂujo de las circunstancias históricas, engendra, en primer lugar, una permanente tensión vital, desarrolla determinadas energías, de las cuales se benefician estas comunidades. Un pueblo de corredor se halla siempre en situación histórica peligrosa, y ello lleva a que surjan de su espíritu poderosas corrientes de resistencia que lo crean y lo recrean en el transcurso de los siglos. Es refractario a la pasividad, la peor de las enfermedades que pueden carcomer y dañar a los pueblos. Se hunde, se reanima, cae, se endereza, en un ininterrumpido proceso de mengua y recuperación, del que tantos ejemplos poseemos en la Europa central y en la occidental, formada por una multitud de cruces y corredores geográficos.

Cataluña ha usufructuado estos estímulos vivificantes. Pero, al mismo tiempo, ha sufrido la contrapartida de su conformación geográfica. Como todos los pueblos de corredor, los catalanes somos propensos a las negativas intransigentes y las claudicaciones afectivas, a los odios primarios y los abrazos cordiales. El ir y venir de gente extraña en nuestro territorio nos ha vuelto a veces incongruentes y paradójicos. Somos fruto de distintas semillas y, por lo tanto, buena parte del país pertenece a una biología y una cultura de mestizaje. Sin remontarnos más allá de la época carolingia, sabemos que el núcleo de nuestro campesinado lo formaron los homines undecumque venientes: los hombres que venían de cualquier parte; de la época condal temprana se nos dice que Vic fue poblado ex diversis locis et gentibus nomines colligentes: reuniendo a hombres de distintas procedencias y razas. Y desde entonces el movimiento de inmigraciones no ha cesado nunca.

Ya sé que la palabra «mestizaje» es fuerte. Algún autor ha empleado el eufemismo «disociación racial». Pero ni nos debe sorprender ni puedo excluirla como definición de muchos complejos que albergamos en nuestro interior y que debemos destripar para liberarnos de ellos, para ser consecuentes con nosotros mismos. El hibridismo suele dar un orgullo a veces insoportable y una vanidad pueril; y en otras ocasiones un punto de resentimiento primario y casero que vuelve sospechosas las mejores actitudes. Sobre todo, despierta un sentimentalismo perturbador, que nos lleva a medir el mundo con los latidos de nuestro corazón, y a menudo, en medio de la acción, nos nubla la mirada y nos hace claudicar. Enarbolamos banderas solitarias, para luego rasgarlas y ocultar nuestras debilidades entre sus jirones.

Por otro lado, la desdicha de muchas batallas libradas en nuestro territorio nos ha vuelto recelosos, tanto frente a quienes nos han acometido como frente a quienes nos han prestado ayuda. No hemos sido lo suficientemente fuertes para forjarnos nuestra propia historia; he aquí la gran tragedia colectiva. Mientras las formaciones políticas se medían a la escala de unos cuantos miles de gentes de armas y de dos docenas de galeras, hemos podido superar este gran inconveniente y hemos conseguido una plataforma histórica respetable. Ha sido la época en que más nos hemos sentido nosotros mismos. De ahí procede nuestra nostalgia congénita por aquellos tiempos de plenitud. Pero cuando los Estados se han encumbrado sobre numerosos cuerpos de ejército, cuando las escuadras han concentrado perfecciones técnicas y se han precisado para armarlas recursos económicos fuera de nuestro alcance, entonces hemos entrado en la fase de la intranquilidad colectiva. Ya hace cinco siglos que caminamos a tientas, ora conformándonos con un menguado papel de circunscripción provincial, ora queriendo forzar la rueda de la fortuna hacia posiciones singulares de imperialismo político y cultural.

Todos los pueblos europeos de corredor se han encontrado en idénticas condiciones; incluso Alemania, su prototipo colosal. El eterno problema es concertar las energías que continuamente los estimulan con la disociación espiritual que llevan dentro; la tendencia a la acción con la blandura de los resortes sociales de los no asimilados. No nos engañemos: los movimientos epilépticos de nuestra historia, los actos irascibles, las actitudes frenéticas corresponden a los planos de desmoronamiento de nuestra sensibilidad enferma de hibridismo y tensión social e ideológica. Dominar la historia, promover a dirigentes y cuadros de mando, ir poco a poco; eso es lo que nos convendría. Si no sabemos o no podemos hacerlo, es porque llevamos excesiva carga explosiva para nuestras facultades de ordenar el mundo, aunque sea la pequeña parte del mundo en que nos ha tocado vivir.

EL JUEGO DEL MONTAÑÉS Y EL MARINERO

Si nuestro país solo hubiese sido un corredor geográfico, a buen seguro que habríamos pasado a la historia sin pena ni gloria. Pero la Marca reúne también otras dos condiciones satisfactorias: la montaña y el mar. El gran surco central que lleva de Europa a España por Tarragona y Lérida, desde el Ampurdán, está bordeado por montañas a un lado y por llanos litorales al otro.

Digamos en seguida que es muy poco convincente aquella amorosa fusión poética entre el mar y la montaña que Maragall creó en torno al Ampurdán. En Cataluña, como en otros países del Mediterráneo, el pastor y la sirena pocas veces han congeniado. Han sido dos mundos distintos que se han mirado con prevención en el transcurso de la historia. Y esta dualidad ha sido creadora. Ambos son íntegramente catalanes, huelga decirlo; pero catalanes a su manera. Nuestra historia está llena de choques entre montañeses y marineros: recordemos las discrepancias entre los condados de Barcelona y de Urgel, la antipatía de las ciudades del litoral por la aristocracia feudal representada por los condes de Urgel y del Pallars, la división entre los campesinos del llano y de la montaña durante los levantamientos de los remensas, la escisión entre la tranquila Cataluña litoral de los siglos XVI y XVII y la apasionada Cataluña montañesa de los bandoleros, la hostilidad de la Cataluña liberal y la carlista durante todo el siglo pasado. Solo el progreso en las comunicaciones y la industrialización de la montaña han posibilitado la conﬂuencia actual, la fusión casi completa entre los dos principales elementos de nuestro pueblo.

En la montaña se ha creado el nervio de la mentalidad catalana. No olvidemos que hasta el siglo XVIII la montaña guardó las reservas humanas y espirituales del país y que los creadores de nuestra personalidad histórica fueron hombres montañeses. Al decir Oliba de Vic, lo decimos todo: La Seo, Vic, Ripoll, Cuixá, Gerona. La montaña vivía por aquel entonces espléndidamente. Refugio frente a los musulmanes, sus valles estaban rebosantes de gente: iglesias, monasterios, villas y pueblos tejían y destejían la vida de cada día, mientras en la entrada de los desfiladeros los altivos castillos y las plazas fuertes, entre ellas la humilde Barcelona condal, defendían su seguridad. Durante tres siglos se formó en la montaña lo mejor de cuanto podemos enorgullecernos: el espíritu trabajador, el seny, el sentido de continuidad, la tradición familiar y la responsabilidad social. Este elogio de la montaña catalana y de los montañeses es tanto más desinteresado cuanto que mi propia estirpe es, precisamente, marinera.

La marina catalana fue poblándose con gentes desplazadas de la montaña. Cada vez que a la montaña le ha sobrado población, la ha vertido hacia el litoral y le ha dado nuevas fuerzas. He aquí un mecanismo bastante interesante y que no sé si ha sido mencionado por algunos comentaristas de nuestra historia. Ciertamente, la emigración hacia los llanos es un fenómeno constante de la mecánica biológica catalana. Pero en algunos momentos se ha convertido en verdadero alud: me refiero a los siglos XII-XVIII y XVI-XVII. El hundimiento del poder musulmán a mediados del siglo XII dio a los montañeses la doble posibilidad de repoblar los terrenos reconquistados de la Cataluña Nueva y de emprender una nueva vida en las villas del litoral, más activas y dinámicas gracias a la seguridad recobrada. Me imagino que debe contarse esta emigración de la montaña hacia la tierra baja como uno de los factores básicos del desarrollo de Cataluña en tiempos de Jaime I, Pedro el Grande y sus hijos. La segunda gran emigración, la de los siglos XVI y XVII, llevó a la costa gentes de estirpe gascona y languedociana. Los gabachos han pesado tanto en la formación biológica actual de Cataluña como los pirenaicos e iberos primitivos —⁠si es que alguno de estos nombres responde a algo⁠—. Con la actual oleada de gentes del sur, constituyen la triple fuente de nuestra sangre. Ni los celtas, ni los griegos, ni los romanos, ni los visigodos ni los francos han intervenido profundamente en nuestra formación etnológica. Han pasado por el país, se han detenido en él, incluso algunos lo han dominado. Pero, si bien la historia política recoge sus gestas, la masa del pueblo ha seguido su camino, aunque amoldándose a las sucesivas contingencias culturales que le han sido aportadas por los colonizadores.

El contacto con la realidad mediterránea, ya milenario, ha dado un son distinto a la Cataluña litoral. La gente de la costa es abierta, amiga de las novedades, espabilada, socarrona, libre, difícil de someter a una disciplina. Cataluña le debe los designios mercantiles, las altas construcciones políticas, el desarrollo intelectual, la proyección imperialista. Sin embargo, el mestizaje, más evidente aquí que en la montaña, ha creado un clima de intranquilidad e impremeditación que puede despilfarrar, bruscamente, las más nobles y sentidas actitudes espirituales del país.

En resumen, los hechos históricos parecen evidenciar que las grandes energías catalanas nacen y se fraguan poco a poco en la montaña, con una demora áspera, muy propia de nuestra tierra. Luego, difundidas por la llanura y la marina, cristalizan y reciben su forma definitiva. Crecen, culminan, parecen conducir a algo firme y, no obstante, se deshacen como la ola que rompe en la playa. Nos parece que muchas de nuestras decepciones seculares se hallan en la falta de una tradición estatal en la marina que equilibre ese juego de inﬂuencias —⁠el conservadurismo montañés y el activismo litoral⁠—. Y ello acaecería porque, en el momento oportuno (siglo XV), no se realizó la síntesis política entre la mentalidad feudal pirenaica y la capitalista de la costa.

VIRILIDAD DEL PAÍS

Hay gente entre nuestros contemporáneos que, confundiendo los términos de nuestra problemática histórica, se lamentan del afeminamiento en que ha caído Cataluña. Todo lo miden a través del cristal de las concepciones biológicas del siglo pasado, que tan grave repercusión han tenido en nuestros días. El espíritu determinista, en la sangre y en la tierra, de la ideología política y racial germánica, el sentido antiburgués y anticristiano del pensamiento de Nietzsche los han llevado a considerar el mundo como una pura mecánica donde luchan fuertes contra débiles, osados contra cobardes, guerreros contra campesinos, nómadas contra sedentarios. Ellos consideran que la riqueza colectiva es una señal inequívoca de la pérdida de la alta virilidad creadora, y alaban, con suficiencia, el gran vigor histórico de los hombres de las tiendas plantadas en el desierto.

Nosotros creemos, por el contrario, que el mayor acto de virilidad de un pueblo es la conquista de la tierra que lo nutre. Ciertamente, hasta hace pocos días la historia se ha complacido en recitarnos las vicisitudes de los nómadas, los guerreros y los conquistadores. Conocemos de memoria sus gestas, y ello ha impresionado a cuantos las han seguido con admiración, incluso a quienes las han mirado con recelo. Pero hoy sabemos que esta historia está tejida de hechos accidentales, casi accesorios, y que lo que nos importa conocer es la continuidad de la vida social colectiva. Tal continuidad solo podemos comprenderla estudiando el pacífico —⁠pero no por ello menos viril, dinámico y entusiasta⁠— desarrollo de los sedentarios. No debe tenerse en cuenta el triunfo eventual del nómada y del espíritu truculento, sino las veces que los sedentarios han triunfado sobre los aventureros, ora rechazándolos más allá de sus fronteras, ora ahuyentando su dominación, ora fundiéndolos en su propia entidad humana. La historia es de los sedentarios, no de los nómadas; pero hasta el presente se ha dado la gran paradoja de que los historiadores de los pueblos sedentarios —⁠los únicos que se han permitido el lujo de pagarse una gran historia⁠— han hecho apología de la gente del desierto y la estepa. Repetimos: han confundido el sentido de la virilidad, al atribuirla a los actos espasmódicos del guerrero y olvidar la tenacidad, la perseverancia y el sacrificio del hombre sedentario, abstraído en la rutina directa de la vida, en el cuidado de sus cultivos y sus negocios.

Desde los lejanos tiempos del poblamiento prehistórico del país, seis veces han colonizado su tierra los catalanes, en un acto de afirmación colectiva mucho más importante que las invasiones extranjeras o las discordias internas. La primera, en el siglo III, cuando empieza a tambalearse la civilización urbana mediterránea; la segunda, en el siglo IX, tras el establecimiento del poder carolingio en la primitiva Marca; la tercera, en los siglos XII y XVIII, cuando, como hemos dicho, los montañeses descendieron por vez primera a la tierra baja; la cuarta, en los siglos XV y XVI, época de inversión de capitales para volver productivas las tierras de los deltas y las marismas de la costa; la quinta, durante el siglo XVIII, período de intenso desmonte del bosque para ampliar el cultivo de los cereales y, sobre todo, de la vid; la sexta es la que se vivió desde mediados del siglo pasado, cuyos provechosos efectos todavía sentimos hoy en día. Estas seis acciones, no cabe duda, pesan mucho más en nuestra historia que los hechos intrépidos de que podamos enorgullecernos: la expedición de los almogávares a Oriente, por ejemplo.

En consecuencia, afirmamos la virilidad catalana en la exigencia colectiva de dominar la tierra, palanca esencial para saltar a sucesivas realizaciones materiales y culturales: el comercio, la política, el arte, el espíritu. A quienes, no contentos con esta deducción, vuelvan a la vieja discusión sobre la belicosidad catalana, les responderemos, sencillamente, que, hasta nuestros días, militantes en varios campos, los catalanes han dado pruebas de que no son ni más valientes ni más cobardes que los otros pueblos del occidente europeo, y que hoy la milicia es más un problema técnico —⁠de academias, laboratorios y armamento⁠— que de músculos tensos y aceradas cuerdas nerviosas.

CAPÍTULO 2
EL SENTIDO SOCIAL DE LA TIERRA

LA CASA

El elemento básico, indiscutible, de la sociedad histórica catalana no es el hombre; es la casa. En el pacto original imaginado por Eiximenis como contrapartida teórica de la realidad política del país durante su época, no fueron los individuos quienes se juntaron para constituir la cosa pública y entenderse con los príncipes; fueron lógicamente los hogares, las casas. Por familiarizado que estuviera con la tesis constitucional de santo Tomás, basada en la célula familiar, el franciscano gerundense no podía desconocer que Cataluña era ya entonces un conjunto de familias. Cada una estaba vinculada a la tierra que la nutría, al trabajo que la espoleaba, mediante las cuatro paredes firmes de la masía, del habitáculo, donde durante siglos se habían dado la mano las sucesivas generaciones del pueblo.

Casa y familia, masía y tierra, he aquí el poderoso entramado de la subestructura social catalana antes y después del siglo XIV, incluso hasta nuestros días, cuando es más combatida por la atracción de las grandes ciudades, la prevalencia de los impulsos individuales, la disgregación introducida por el establecimiento de industrias y la invasión de prácticas capitalistas en la propiedad y el cultivo del campo. Cada catalán tiene su casa pairal, la casa de sus antepasados —⁠aun cuando no sea más que en la ilusión que lo lleva, imaginativamente, al abuelo o al tatarabuelo que salieron de ella por la ley inexorable del aumento demográfico⁠—. Cada catalán tiene su familia —⁠y no una familia cualquiera, surgida de los folios del registro civil o de los vínculos de parentesco accidentales, sino nacida de la propia tierra en la que el primer antepasado fue poniendo, una sobre otra, las piedras de la masía que iba a albergarla⁠—. Y ello porque la inmensa mayoría de los catalanes descendemos de campesinos, de una casa de labranza acurrucada humildemente en una ladera del valle pirenaico o encarada a todos los vientos en los llanos de la Cataluña Nueva. Por este motivo son legión los nombres catalanes que proceden de masías, como también ha sido ley sagrada durante mucho tiempo, y conservada entre el pueblo en la actualidad, la de dar al recién llegado al hogar pairal el nombre de la casa que perpetuaba con su virilidad. Quién no se acuerda, en su infancia urbana o pueblerina, de haber sido apostrofado una y otra vez: «Tú, el de can…». Este can («casa de»), vocablo tan peculiar de nuestra habla, es un instrumento indefectible creado por nuestra mentalidad colectiva para expresar una de sus más intensas realidades sociales.

Somos de can Pau o de can Pere. Esta fusión entre la casa y la familia ha sido promovida por el estrecho vínculo del hombre con la tierra en las distintas colonizaciones del país. En este sentido, la masía tiene una importancia capital en la mentalidad campesina catalana —⁠igual que el taller en la mentalidad ciudadana⁠—. Porque, gracias al espíritu de la colonización de la tierra, a la osadía en el trabajo, el catalán ha podido vencer los elementos disociadores procedentes de su formación étnica. Así el mestizaje es redimido por la conquista de la herramienta, del campo, por el trabajo individual y colectivo.

UN PUEBLO DE CAMPESINOS

Quizá haya causado sorpresa la afirmación que acabamos de hacer unas líneas más arriba: que Cataluña es un pueblo de campesinos. Generalmente —⁠y somos los propios catalanes quienes hemos contribuido a desarrollar dicha consideración⁠— se nos tiene por un pueblo de mercaderes, un poco como un injerto de fenicios y judíos. No voy a negar los rasgos mercantiles que presenta la fachada litoral de la sociedad catalana; sería negar la evidencia de algunos siglos de historia —⁠no todos, ni mucho menos⁠—. Sobre este tema volveremos a incidir en breve y con mayor amplitud. En cuanto a los aludidos injertos, debo decir, en seguida, que ni un solo fenicio puso los pies en Cataluña, y aun cuando los hubiera puesto, su huella se habría perdido dieciocho o veinte siglos antes de la constitución de nuestra articulación social diferenciada. Muy distinto es el caso de los judíos, quienes, durante las centurias formativas de nuestra conciencia colectiva, convivieron con la gente de las principales ciudades del país. Pero de su temperamento poco adoptamos. Se equivoca quien pretende ver una supervivencia judía en cada nariz ganchuda del país. Y mucho más se equivocan quienes nos atribuyen formas judaicas en la conducción de nuestros negocios. No, los catalanes no tenemos nada del espíritu hebreo, por otro lado tan horadado por las circunstancias de su diáspora y su opresión seculares. Desde principios del siglo XIV, los judíos fueron excluidos de la banca y las operaciones financieras o sustituidos por catalanes de la burguesía urbana. Desde entonces ha llovido mucho, y mientras los judíos se convirtieron en los amos de las finanzas internacionales, nuestros banqueros y comerciantes se columpiaban en el paraíso perdido del Mediterráneo de los siglos XVI y XVII.

La despersonalización del negocio —⁠lo de que el amo vaya por un lado y el dinero por el otro, que el negocio actúe como un proceso abstracto cuyo sujeto es el capital⁠— se contradice en la mentalidad catalana con el apego a la realidad de la casa —⁠y no con una supuesta supervivencia del usurero hebreo⁠—. O sea, con la indestructible mentalidad del payés que palpa las cosas.

Por otro lado, nuestra ascendencia campesina nos lega un complejo mental del que hoy no se tiene noción exacta. El payés actual no se aproxima demasiado a su antepasado que creó el país. Ciertamente, es trabajador y hombre de empuje. Eso lo llevamos dentro como aptitud primaria, y sin semejante cualidad dejaríamos de ser nosotros mismos. Pero ha perdido el sentido del servicio social de la tierra, de su libertad humana —⁠atención, que no hablo ahora de libertad política, sino de libertad esencial⁠—. Las raíces de tal conmoción psicológica son bien lejanas; las encontraríamos, quizá, en el siglo XVI, en ocasión de la gran riada de barones y donceles hacia las ciudades. Pero, si se nos pidiera una fecha, no vacilaríamos al escoger la implantación del Decreto de Nueva Planta, que convirtió al campesinado en un elemento social exclusivamente productivo, no decisivamente vinculado —⁠con todos los riesgos que ello conllevaba⁠— a las vicisitudes históricas colectivas. Este hecho coincidió con el despertar de la economía catalana y la transformación de la agricultura. Las plantaciones de vid dieron otro cariz a los cultivos. El espíritu de ganancia y provecho —⁠un espíritu ciertamente honorable cuando se le quitan los egoísmos particulares⁠— fue transformando la mentalidad campesina, que dio el giro definitivo con las desamortizaciones del siglo XIX y la introducción en el campo del concepto burgués de rendimiento absoluto. Las últimas guerras y, sobre todo, la última desvalorización de la moneda han completado la tarea. Ahora del payés primitivo solo quedan el nombre y la voluntad. Las fuerzas morales parecen disipadas, si no se cuenta con ese profundo desfiladero donde siempre permanecen, a la espera de un potencial resurgimiento, las virtudes ancestrales.

Pero, y esto es importante, las primitivas aportaciones del campesinado tienen todavía un sentido social colectivo, válidas no solo para los propios campesinos, sino para los hombres de villa y de ciudad, que, en su mayoría, desde el siglo XII, proceden precisamente de la reserva demográfica que, hasta hace poco, el campo representó en Cataluña.

SERVICIO COLECTIVO DE LA TIERRA

Tras el gran desbarajuste de la invasión musulmana, hubo que dar a la tierra una nueva legitimación jurídica. Tal fue la labor de los monarcas carolingios durante el siglo IX. Entonces se borraron las relaciones que entre señores y cultivadores del campo existían desde la época romana. Salvo la revuelta remensa de 1484 y los repartimientos de 1936, esta ha sido la conmoción más considerable que jamás haya acaecido en el campo de Cataluña desde la época neolítica, cuando se introdujeron en ella las actividades agrarias.

En la baja época romana e incluso durante la dominación visigoda, el campo había sido considerado en todas partes como fuente de ingresos de los propietarios o como beneficio fiscal. El hombre labraba la tierra, recogía la cosecha, la veía desaparecer en provecho ajeno; en las mejores condiciones, recibía una alimentación insuficiente; en las peores, era tratado como un esclavo. Ningún sentimiento lo unía a su campo, sino el del sufrimiento que acarrea todo trabajo hecho sin ilusión. Este sistema se derrumbó con el choque provocado por la invasión musulmana. Mientras muchos propietarios perdían sus tierras en provecho de los recién llegados o contemplaban cómo se volvían yermas por la huida de los colonos que las cultivaban, otros cruzaban los Pirineos y se apresuraban a buscar refugio en el territorio gobernado por los reyes francos. Hay que tener presente, además, la lucha sostenida entre estos y los musulmanes en Cataluña. Lucha sin acciones memorables, pero continuamente activa en las expediciones de saqueo de ciudades y villas, de quema de cosechas y destrucción de cultivos. Al final de los esfuerzos de los carolingios, cuando la Cataluña Vieja quedó redimida del yugo africano, el país era como una tierra virgen en la que había que construir, pieza a pieza, el complejo de sus articulaciones sociales y humanas.

Dos hechos prevalecieron en el arranque de esa Cataluña devastada por tantas calamidades. El primero, la concepción germánica, feudalizante, de que los hombres se relacionaban unos con otros no por la tierra, sino por su propia condición humana. Se era hombre de otro hombre porque este era más prepotente y podía ofrecer protección y ayuda; no porque rigiera la ley de que toda persona debía obediencia al señor de la tierra.

Se terminó el régimen romano que sujetaba el campesino a la tierra, como un instrumento cualquiera de la producción agrícola. Si el amo no respondía a lo que de él se esperaba, las capitulares carolingias autorizaban al campesino a dejarlo y buscar uno nuevo. Esta era la única solución posible en una tierra despoblada, donde se necesitaban tantos brazos para rehacerla. Un aire de libertad social acompañó, pues, los primeros siglos del establecimiento de la Marca Hispánica, de nacimiento del pueblo de Cataluña.

El segundo hecho era que los musulmanes estaban a dos pasos (en Lérida y Tortosa), y que siempre era posible un amenazador regreso de sus ejércitos. Más que posible, era una realidad combatida cada verano y que a menudo daba lugar a dolorosas nuevas devastaciones del país. La Marca, y de ahí por cierto su nombre, fue al principio una organización militar, a la que debieron sujetarse tanto los propietarios de la tierra como sus cultivadores. Defender los castillos, engrosar las huestes del príncipe, jugarse la vida para amparar a la familia era un ejercicio tan frecuente que convirtió a los primeros catalanes en un pueblo de campesinos y guerreros. Este aire belicoso no se borró fácilmente de nuestro temperamento colectivo. A excepción de algunos altos funcionarios francos y algunos soldados de oficio, los hombres de la Marca fueron esencialmente soldados campesinos: algunos combatían a caballo, los propietarios desde luego, y dieron lugar a las estirpes aristocráticas del país; otros lo hacían a pie, y eran sencillos campesinos, indistinguibles, en la hora del peligro, del señor que los conducía a la lucha.

La necesidad de mantener esta máquina militar mediante la única fuente de riqueza de la Marca —⁠la tierra⁠— dio al cultivo del campo un carácter marcadamente social. El campo no debía procurar, como antaño, unos bienes de consumo para el señor, un ingreso para el fisco. Había de alimentar al campesino y al propietario, ciertamente; pero, además, tenía que realizar un servicio. Las capitulares carolingias definieron ya este nuevo concepto de la tierra aludiendo al hecho de que todo establecimiento humano, cualquier colonización del erial, conllevaba para el campesino unos servicios para con el propietario, el cual, por otro lado, era su responsable frente al Estado que se lo había donado. Este montaje social, combinándose con los principios ya aludidos de jerarquía y libertad, dio a la primitiva Marca una singular coherencia y la volvió apta para resistir el continuo choque con los musulmanes, sobresalir en el momento de hundirse el Imperio carolingio y engendrar una sociedad diferenciada.

Esto es lo que Cataluña debe al feudalismo, y en este sentido puede decirse que buena parte de los catalanes nunca se han desprendido del todo de las formas menos placenteras de tal régimen. Me refiero a la pervivencia del espíritu de señor, de amo, una vez desconectado de la función social de protección que debía cumplir.

TIERRA Y LIBERTAD

El concepto de servicio colectivo de la tierra, surgido en la Cataluña Vieja, arraigó en todo el campesinado del país a medida que sus fronteras fueron avanzando hacia el sur. Tanto más cuanto que, al desaparecer poco a poco las primeras relaciones de carácter exclusivamente personal entre señor y payés, la masía se convirtió en el centro efectivo de la estructura agraria catalana. Podemos situar hacia el siglo XVIII el momento en que la casa asumió en Cataluña el papel relevante que le hemos atribuido al comienzo de estas líneas. El campesino de esa época se encontró, por este hecho, en medio de una situación compleja e indefinida. Por un lado, la masía le daba una absoluta garantía de permanencia vital, ya que nadie podía sacarlo de ella —⁠ni el propietario⁠— si cumplía las estipulaciones previstas por las costumbres feudales. Por el otro, el desarrollo de ciertas prácticas señoriales lo sometía cada vez más a una serie de obligaciones de dependencia, a través de las cuales, desvanecida la antigua noción de servicio colectivo, veía perder sus libertades humanas. Usos y malos usos, prestaciones y servicios iban acumulándose sobre su persona a causa de la masía cuyas tierras cultivaba y que consideraba como propia por el hecho de que el señor no tenía la facultad de expulsarlo de ella. Marcharse era una solución, porque los propios príncipes y magnates catalanes lo atraían hacia los centros de nueva reconquista con el agasajo de privilegios y ventajas diversos. Pero, para la mentalidad del campesino de esa época, no era esta siempre la mejor solución: ¿obtener la libertad del señor jurisdiccional compensaba la pérdida del predio, de la tierra, de la masía donde su familia había vivido quién sabe desde cuándo?

Tierra o libertad fue el gran dilema en que se debatió el campesino catalán durante cuatro siglos. Cabe decir que le fue impuesto por el resurgimiento del espíritu de la legislación romana, la cual, interpretada a beneficio de los señores abogados aficionados a los nuevos estudios de derecho, pretendía confundir —⁠y al fin confundió⁠— el antiguo colonus romano, privado de tierra y libertad, con el campesino catalán, personalmente libre y «propietario útil» de la tierra —⁠propietario «útil» para diferenciarlo del propietario «directo»⁠—. Así nació la remensa como símbolo de servidumbre, y no solo como simple fórmula de carácter posfeudal, según la cual había que indemnizar al señor al abandonar la tierra recibida en beneficio. Así nació, por transferencia de la servidumbre del hombre a la casa pairal, la masía remensa, la masía de los siervos de la gleba, muy próxima a la antigua concepción colonial romana. De nuevo parecía volverse a la consideración del campesino como puro instrumento de producción agraria, fuera del círculo del servicio social dentro de la libertad personal creado por el proceso de repoblación de la Marca. La constitución otorgada por Pedro el Grande a las Cortes de Barcelona de 1283 consolidó la legalidad jurídica de este modo de ver las cosas por parte de los señores del campo de Cataluña.

Desde ese preciso momento se originó la profunda crisis social que iba a alcanzar un clima revolucionario a mediados del siglo XV. El campesino catalán ha sido poco amigo de conmociones y alzamientos subversivos. Se lo ha impedido su sentido de la jerarquía de las cosas. Como clase social, ha permanecido pacífico en la medida en que no ha experimentado en propia carne la herida de la violencia o la injusticia repetida. Esto es lo que sucedió durante la primera generación del siglo XV, cuando, tras un período de quebrantamiento de los vínculos señoriales a causa de las mortandades de la peste negra y de falta de mano de obra en el campo, los señores pretendieron reducirlo de nuevo al estado legal del año 1283. Los señores defendían sus intereses, convencidos, según las normas del derecho romano, de que la tierra era exclusivamente propia, que no implicaba ningún servicio colectivo, sino el personal de su beneficio inmediato. Empezaron las expulsiones, las quemas, las violencias de uno y otro bando. Pero, aun en tales circunstancias, la parte mejor del campesinado no buscó una solución revolucionaria, sino llegar a un acuerdo con los propietarios para redimir el campo y restituir al campesino su libertad en una tierra fundamentalmente libre. Sin embargo, bien es verdad que una minoría audaz —⁠gente de la montaña gerundense⁠— prefirió una solución bastante más radical del conﬂicto: una transferencia de la propiedad del señor al payés.

Es asunto de la historia la investigación de las peripecias de este conﬂicto, el análisis de las dos guerras sociales que inﬂamaron las comarcas gerundenses y barcelonesas, la consideración de los medios de lucha de ambas partes. Para nuestro propósito actual basta con referirnos al final que tuvo la agitación remensa. En virtud de la Sentencia de Guadalupe de 1486 —⁠una sentencia arbitral otorgada por la monarquía pero preparada por sucesivas aproximaciones de los intereses de los señores a los deseos de los remensas⁠—, el payés consiguió sus reivindicaciones: absoluta libertad personal en una masía humanamente libre. La propiedad de la tierra siguió siendo, cierto es, del señor, pero este no pudo atribuirse los derechos de avasallar que le confería la legislación romana. Siempre y cuando el campesino cumpliera sus obligaciones y no abandonara la casa pairal, quedaba garantizado contra toda medida opresiva. En realidad, el amo de la masía era él, aunque no fuera así siguiendo los textos legales. Al señor, respeto y satisfacción de los censos y derechos reales; para el campesino, la seguridad del porvenir en la tierra de sus padres. Ello no quiere decir que la situación social de todos los campesinos estuviera resuelta, porque en su mayoría han sido siempre pobres. El acta de 1486 se refería a la conquista de la libertad y a la posibilidad de conseguir un bienestar material suficiente.

En tales condiciones, el siglo XVI registró un ﬂorecimiento del campo catalán. La realización del viejo ideal del campesinado dio lugar a una transformación social importante, pues fueron muchos los antiguos remensas que incluso obtuvieron la propiedad directa de sus masías. Hombres libres en tierra libre: he aquí la gran fórmula sobre la que ha descansado la prosperidad del campo catalán hasta nuestros días.

EL PAIRALISME. HEREDEROS Y SEGUNDOGÉNITOS

Pero desde el siglo XVI ha llovido mucho, y no en vano. De la antigua concepción social de la tierra apenas si queda nada en nuestro derecho, y tampoco en nuestro espíritu. No soy de quienes se lamentan porque las cosas se hayan encauzado de este u otro modo ni porque hayan acabado prevaleciendo nuevos horizontes y nuevas ideas. Es muy posible que, si el legislador centralista hubiera tenido presente la realidad viva del país, en lugar de pretender resolver problemas con abstracciones universales, la evolución habría transcurrido por otros derroteros. De todos modos, lo dudamos. La prevalencia del sentido burgués de la propiedad —⁠como algo que se compra y se vende, de lo que se saca un provecho particular que puede contabilizarse⁠— fue un hecho demasiado general en la sociedad occidental para que nosotros pudiéramos librarnos de él. Y en Cataluña, como en otras partes, la realidad de los siglos XVIII y XIX fue esta. El concepto del servicio social de la tierra —⁠servicio entre la comunidad social de los campesinos, en primer lugar⁠— desapareció entre los macizos infolios de la legislación y las sentencias judiciales, enfocadas hacia la defensa de la personalización individualista de la sociedad.

En tales circunstancias surgió un movimiento que caracterizó las relaciones en el campo catalán durante el siglo XIX —⁠hasta la filoxera y la entrada en acción de los rabassaires⁠—. Nos referimos al pairalisme. Esta fórmula fue aireada como consustancial al temperamento catalán. No nos engañemos. El pairalisme fue un sistema decadente de relaciones agrarias mediante el cual el propietario intentó sustituir sus obligaciones para con el payés, convertido en masovero o aparcero, por la práctica de cierta bondad personal y condescendencia social. Esta clase de paternalismo mantuvo durante medio siglo la unidad del campo catalán; y aún más, lo hizo ﬂorecer por la dedicación de la gentry del país al proceso de mejora de los cultivos. Pero, en el fondo, el pairalisme ni siquiera era una solución de recambio. Se disipó con los primeros momentos difíciles de la inquietud agraria en el Penedés y otras comarcas.

A pesar de la prevalencia del sentido burgués de propiedad exclusiva, sobrevivieron en el campo normas que no podían rehuirse tras diez siglos de arraigo en la mentalidad campesina. En primer lugar, el respeto a la casa pairal. No se rompe de la noche a la mañana una línea de amos de la masía (capmasers) que, con su sucesión biológica, representaba la mejor garantía del «señor útil» respecto al «señor directo» de la tierra. Cuando se habla del heredero (hereu) —⁠aunque algunos han alabado el principio de conservación que ha representado para el campo catalán⁠—, se tiene demasiado presente la ascendencia feudal; se olvida la misión social del primogénito. En las fórmulas nacidas del establecimiento en masías, antes y después de la Sentencia de Guadalupe, el heredero era la única persona que no podía emigrar de la tierra. Irse era romper la cadena; dar al señor directo la facultad de adjudicarse el dominio útil de la masía, de convertirla en un engranaje más de la propiedad privada. Alguien tenía que quedarse en la tierra cumpliendo el deber de mantenerla libre para la familia. Esta responsabilización social quita al heredero el regusto de las leyendas de los días próximos a nosotros, cuando al unirse la primogenitura a la desnuda propiedad se dieron tantos y tantos casos de herederos que malversaron el patrimonio familiar. El hereu escampa (heredero despilfarrador) es un subproducto degenerado de una institución eminentemente social.

El verdadero juego del heredero se halla, como ya han señalado otros autores, en el apoyo dado a los segundogénitos (fadristerns), los hermanos «segundones» que han intentado, fuera del hogar pairal, abrirse un camino en la vida. El comercio y la industria de Cataluña se han creado con el esfuerzo de los segundogénitos —⁠y con el de los herederos, que velaban por ellos desde la masía lejana⁠—. Cierto es que al cabo de dos o tres generaciones los nudos se han aﬂojado entre las dos ramas de la familia. Pero, de la primera ayuda, del retorno frecuente del ciudadano a la casa o a la masía de los abuelos, ha nacido la íntima solidaridad entre el campo y la ciudad de Cataluña que caracteriza el siglo XIX y todavía buena parte de lo que va de nuestro siglo.

Si el curso de los asuntos lo hubiera permitido, se habría realizado el sueño de quienes veían toda Cataluña como un jardín verde, moderno y progresivo, integrado con sus ciudades, sobre todo con Barcelona. La Cataluña de ciudad, preconizada hacia los años treinta, era la superación del antiguo pairalisme de porrón y barretina, la verdadera síntesis de los catalanes, la definitiva incorporación del payés a la vida contemporánea, la caída de los últimos vínculos paternalistas y feudales.

CAPÍTULO 3
HERRAMIENTA Y TRABAJO

LA APTITUD PARA EL TRABAJO

En cuanto se habla de los catalanes es axiomático aludir a su aptitud para el trabajo como eje del impulso vital del país. Además, es algo que nos halaga, y que, por lo tanto, responde a una honda convicción de nuestro espíritu. Ser trabajador significa, en nuestra tierra, tener todos los caminos abiertos para un porvenir como es debido. Esta era una apreciación unánime hasta hace muy poco tiempo. Desde 1936 ciertas complicaciones psicológicas nacidas al calor de la coyuntura económica la han enredado en gran medida, hasta el punto de que no podríamos afirmar hoy la unanimidad de esta actitud popular. Ahora hay quien aconseja más viveza que trabajo, más destreza que espíritu laborioso. Tanto da. El sentimiento colectivo es tan firme en este aspecto de nuestro talante que las aguas no tardarán en volver a su cauce y de nuevo la única salida honorable para todo buen catalán será aplicarse con rectitud a la herramienta, al trabajo.

Históricamente podríamos polemizar acerca de si los catalanes han tenido siempre la misma vocación trabajadora que ahora nos atribuimos; si siempre han empuñado la herramienta con el mismo ímpetu. Para los comentaristas de hace medio siglo, el trabajo era como una categoría abstracta y permanente de la vertiente económica del espíritu catalán. Esto no es cierto. Hemos pasado momentos de más euforia trabajadora, de más intensidad en el esfuerzo. Ha habido épocas en que hemos hecho lo que parecía imposible, en que hemos sido merecedores del dicho de que «de piedras hacemos pan». En otras circunstancias, sin embargo, nos hemos adormilado un poco, como si recuperáramos el aliento o nos dejáramos arrastrar por un pancismo indefinido. No es de ahora la expresión «ya está bien», tan contradictoria, por procedencia idiomática y valor espiritual, con el mejor rasgo de nuestro temperamento. Casi podríamos decir que esta fue la inclinación de nuestro pueblo durante buena parte de los siglos XVI y XVII. Y, aunque menos generalizada, la reencontramos aquí y allí en otras centurias.

Pero, en esencia, los catalanes hemos sufrido y sufrimos si no podemos trabajar, si no se nos dan las posibilidades de aplicar al grado máximo nuestra capacidad trabajadora. Gran parte del desconcierto introducido en las relaciones interhispánicas de los tres últimos siglos, concretamente desde los proyectos de Feliu de la Penya sobre la intervención de los catalanes en el comercio americano, procede del hecho evidente de que no podemos ponernos de acuerdo con los otros copartícipes del mismo Estado sobre la forma de entender el trabajo y de llevarlo a cabo. Tan pronto como nos ponemos a trabajar de firme, desbordamos las posibilidades mentales de los castellanos, los cuales nos empiezan a considerar con un aire en el que la sorpresa y la admiración se hermanan con todo tipo de prevenciones. Los castellanos —⁠de ascendencia trashumante y nómada, como muy bien los ha definido uno de ellos, el profesor Carande⁠— tienen el tiempo por el tiempo y no comprenden los valores económicos sin relacionarlos con alguna gran máquina general, se llame Honrado Concejo de la Mesta, Casa de Contratación, Reales Fábricas o INI. Están definidos por el espíritu, la mentalidad y el juego político de la más famosa de sus instituciones: la Mesta. Los choques entre ambas concepciones del trabajo —⁠para el castellano, un «castigo divinal»; para el catalán, un «signo de elección»⁠—, aun cuando por menudos no se hayan deslizado en el campo de la historia, implican un valor extraordinario, que no sabríamos reducir. Es un roce constante, provocado por nuestras exigencias, que parecen ser tanto más egoístas cuanto más urgentes, y nuestras justas críticas a su sistema, tanto peor recibidas cuanto no siempre han sido presentadas con delicadeza.

Todas estas colisiones han hecho tambalear más de una vez afectos y conveniencias. Pero bien es verdad que, con un poco más de comprensión de los puntos de vista respectivos, el valor potencial del trabajo catalán, nuestra aptitud para el trabajo, se volcaría en realizaciones mucho más ambiciosas. Daríamos un rendimiento muy elevado a cualquier inversión que se hiciera con la contrapartida del capital insoslayable de nuestro trabajo.

LA CAPITALIZACIÓN DEL TRABAJO CATALÁN

Los catalanes hemos sido un pueblo que nunca ha manejado grandes capitales. No hemos tenido a nuestra disposición abundantes recursos naturales, que en un momento determinado de la historia representasen una reserva gratuita para nuestro desarrollo económico. La tan cacareada diferenciación entre Euskadi y Cataluña —⁠consistente en que ellos habrían triunfado en la práctica del gran capitalismo (banca, sociedades anónimas, transporte)⁠— procede, más que de una ineptitud psicológica nuestra, fundamentada en un supuesto individualismo a ultranza, del hecho evidente de que los vascos dispusieron a finales del siglo pasado de una sorprendente y considerable riqueza en sus minas de hierro. El hierro se vendió caro, se exportó a Inglaterra y se empleó ampliamente en el equipamiento industrial español durante la Restauración. Mucho dinero aﬂuyó de todas partes —⁠y sobre todo de Inglaterra⁠— hacia los bancos bilbaínos, y permitió el montaje a gran escala de organizaciones industriales y financieras supercapitalistas. No dudamos de que esto mismo habría ocurrido en Cataluña si las minas de San Juan de las Abadesas no hubieran sido una ridícula aproximación a la explotación carbonífera a gran escala y si el hierro pirenaico hubiera estado al alcance de las industrias de la costa. Pienso que lo he demostrado suficientemente en mis últimos trabajos sobre los industriales y políticos catalanes del siglo XIX.

No hemos tenido tampoco un imperio colonial o mercantil que cubriera de oro el país. Aunque mercadeamos activamente en el Mediterráneo durante tres siglos, ni teníamos el monopolio de las especies ni nuestra área de inﬂuencia —⁠en el mejor momento, todo Aragón y parte del Languedoc⁠— podía compararse con las ﬂorecientes ciudades de la amplia Alemania que hacían la fortuna de Venecia. Trabajar con competencia y sin una clientela rica es, por experiencia reconocida, irse engrosando poco a poco, añadir cada año solo unos doblones al montón de los ahorros. Cataluña no conoció grandes capitalistas tempranos, del tipo de Jacques Coeur o de los fúcares augsburgueses. Cuando empezaron a surgir algunos, una guerra civil, combatida sin reservas mentales ni económicas, la del siglo XV, nos dejó tan agotados que ni ánimo tuvimos para aprovechar el descubrimiento americano. Porque debe decirse, de una vez para siempre, que es absurdo el lamento que tanto vuelo tomó a finales del siglo XIX respecto a la exclusión deliberada de los catalanes del comercio con América. Hoy sabemos que no hubo eliminación de tipo jurídico, sino establecimiento de un monopolio de tráfico entre España y las colonias americanas en provecho de los burgueses de Sevilla. Pero los menos versados en historia económica saben que primero los genoveses, después los alemanes y portugueses —⁠incluyendo entre estos a los marranos conversos⁠— y más tarde los holandeses, franceses e ingleses supieron aprovecharse de ese monopolio para hacer pasar el oro americano hacia sus tierras sin que el gobierno de la monarquía española pudiera hacer nada para evitarlo. Si los catalanes de los siglos XVI y XVII hubieran tenido capitales, industrias y espíritu de empresa, se las habrían ingeniado para lograr el mismo provechoso objetivo que los otros extranjeros a la Corona castellana. Si no pudimos hacerlo, no es porque no supiéramos; simplemente, no teníamos capitales para embaucar a los factores de la Casa de Indias, engolosinar a los mercaderes sevillanos o «convencer» a la monarquía. ¿Qué más hubieran querido los reyes de la Casa de Austria y sus ministros, aun el propio conde de Olivares, que transigir con unas demandas catalanas de apertura del comercio americano, si se les hubieran presentado, ante la perspectiva de unas bolsas bien rebosantes de plata, ellos que estaban un día sí y otro también abocados a la quiebra del crédito financiero de la realeza? Pero, precisamente en esa época, los comerciantes de Cataluña vivían de las rentas del tráfico con Sicilia, y estaban de lo más satisfechos con esa lotería. ¿Pensar en ir a América? ¡Qué va! Ningún marinero se habría atrevido a capear la punta extrema de Portugal. Hasta este punto caímos en el siglo XVII.

Así pues, la cuestión americana, como muchas otras, debe considerarse sin prevenciones ideológicas, aceptando el hecho básico de que, generalmente, Cataluña no ha dispuesto de grandes capitales. Hay dos excepciones bien notorias: la llegada de los capitales languedocianos, que se refugiaron en Cataluña ante la invasión de los francos cuando tuvo lugar la cruzada contra los albigenses —⁠y hablamos de comienzos del siglo XVIII⁠—, y la acumulación de recursos financieros procedentes del comercio americano y de la venta de tejidos al interior peninsular durante los siglos XVIII y XIX. Con estos dos procesos históricos registramos el comienzo de dos épocas de plenitud económica de Cataluña. Pero, tanto en un caso como en el otro, solo sirvieron como estímulo para los pequeños capitales creados por el trabajo y solo pudieron conservar su plenitud mediante la aplicación al trabajo. Ni los bienes naturales ni los monopolios coloniales —⁠dos grandes creadores de la riqueza de los pueblos⁠— nos han permitido contemplar el mundo descansando bajo las estrellas.

Así, pues, y aquí quería llegar, nuestro capital colectivo ha ido creándose por la suma de infinitas y pequeñas aportaciones del trabajo individual. Ello explica que cualquier catástrofe económica, provocada por una guerra o una revolución, nos haya dejado abatidos durante muchos años. Tanto para los hombres como para las colectividades sociales, hacer fortuna con las solas herramientas exige largos años. En nuestro caso necesitamos tres centurias de esfuerzo ininterrumpido para pasar de la Cataluña románica y campesina a la Cataluña gótica y mercantil; y tres más para superar la decadencia en que naufragamos a finales del siglo XV y llegar a la Cataluña industrializada decimonónica. Estas cifras nos hablan de la legión de oscuros héroes que laten en los orígenes de las dos grandes fases de prosperidad del país. Solo por la capitalización del trabajo hemos llegado a ser alguien en la historia económica. Huelga decir que esta será también la ley que deberán tener en cuenta las generaciones venideras, a no ser que, por vez primera, brote de nuestra tierra un maná espontáneo y generoso. Pero ¿seríamos entonces más catalanes?

EL TRABAJO, EJE DE CONTINUIDAD

No vayamos a creer que el trabajo representa para los catalanes un valor solo material y económico. Aparte de la importancia que acabamos de conferirle como fuente principal de la capitalización de los esfuerzos colectivos hacia la riqueza, el trabajo catalán implica una segunda y todavía más decisiva significación en el terreno espiritual. Por eso podemos responder a la pregunta que acabamos de formular diciendo que, sin la aptitud para el trabajo —⁠y, sobre todo, para el trabajo bien hecho⁠—, los catalanes dejaríamos de ser catalanes.

El trabajo es, en efecto, el eje de la continuidad catalana. En un pueblo como el nuestro, en que las realizaciones sociales y políticas no han sido nada fáciles y en que se han repetido los tropiezos históricos, el único refugio colectivo ha sido el trabajo. Aquí acaso convendría hacer un paralelismo con los alemanes, si estos no nos ganaran con creces en tenacidad y disciplina y si, además, no poseyeran una característica que nos falta por completo a nosotros: la de refugiarse en la cavilación intelectual y buscar la continuidad del pueblo en lo que podríamos llamar la línea metafísica de la vida. Mucho nos falta para acercarnos a ese ejemplo de fuerza biológica permanente que es Alemania, y quizá tampoco cambiaríamos nuestro ser por el suyo, aunque entre las clases dirigentes de este país los alemanes hayan tenido constantes y consecuentes admiradores. Pero el tenue soplo de brisa mediterránea que acaricia nuestra sociedad nos aleja decisivamente de las nieblas teutónicas.

Pese a la distancia, los catalanes, como los alemanes, sabemos refugiarnos en el trabajo en el momento de las grandes sacudidas, cuando se derrumba el edificio de nuestras ilusiones y avanzamos a tientas chocando por las esquinas de la historia —⁠esa maestra que jamás nos ha aleccionado lo bastante⁠—. No se trata tanto de algo que «sabemos» hacer, sino de un comportamiento instintivo. La tendencia individual que nos lleva a superar el dolor no a través de lamentos ni de estimulantes artificiales, sino dedicándonos obstinadamente al trabajo fue convirtiéndose en virtud social: el triunfo sobre la adversidad por el gusto por la herramienta y el trabajo. Este es el secreto de nuestras recuperaciones colectivas. No una, sino varias veces en el transcurso de nuestra existencia hemos dejado el arma de la causa perdida por la herramienta del trabajo de cada día. Para el espectador improvisado, esto puede parecer un signo de insensibilidad. En realidad es el repliegue del país hacia su refugio esencial, hacia el trabajo que entierra decepciones y despierta nuevas esperanzas.

Casi me atrevería a afirmar que el trabajo es el coeficiente común de nuestras virtudes. También podría decir que, por exceso, degenera en vicio. Muchas veces no vemos más allá de nuestro trabajo, sin asomar la nariz fuera de las cuatro paredes de nuestro taller, nuestro despacho, nuestro negocio. La herramienta nos subyuga como una varita mágica y nos decanta hacia el lado práctico y material de la existencia. El culto a los valores económicos, a menudo idolátrico, nos aproxima al sentido burgués de la vida, y por eso triunfamos cuando la burguesía marca la hora en Europa y nos debilitamos cuando los vientos soplan de otro cuadrante. Navegamos mal con ideas generales y conceptos abstractos. Las soluciones radicales sentimentalistas confirman esta ley: no son más que evasiones individuales del sentido práctico que el trabajo otorga a nuestra vida colectiva.

Podemos lamentarnos de que sea así y no de otro modo; de que un trabajo de horizontes demasiado próximos ate a tantos catalanes a una raquítica visión del mundo sin demasiados vínculos con la comunidad a la que pertenecen. Pero no podemos rectificar esta malformación mientras el único vínculo tenso de nuestra experiencia histórica sea el trabajo; mientras unos ideales trascendentales, sucesivamente alimentados y desarrollados por unas minorías, no se incorporen definitivamente a la mentalidad general. Obra gigantesca, si tenemos presente la extinción de las corrientes ideológicas medievales, la pérdida de un Estado protector del espíritu y la cultura propios, y el confusionismo que implica el reﬂejo de dos culturas y la mezcla de tres aportaciones étnicas en el breve espacio de tres centurias.

EL ESPÍRITU MENESTRAL

El espíritu laborioso y el gusto por la herramienta han promovido en las villas y ciudades catalanas una clase socialmente importante de nuestro pueblo. Tan importante y característica que es la única que tiene una denominación apropiada entre las semejantes del occidente europeo: la menestralía. Esta palabra revela una mentalidad más que una situación, un concepto de la vida más que un medio de ganársela.

Las palabras tienen un profundo sentido histórico. En la Cataluña fuertemente estructurada de los siglos XVIII y XIV, quienes se dedicaban a los oficios mecánicos eran ya llamados menestrales: sastres, tejedores, pañeros, calceteros, veleros, etc. Gente de gremio, pueblo menor, hombre y herramienta, y acaso un trozo de tierra dentro o fuera de los muros de las ciudades, porque el vínculo con el campo nunca se rompió del todo. Esta menestralía, operante y activa, desempeñó un gran papel en la historia política, social y económica del siglo XV, el momento de máximo hervor de la tierra, cuando todo el mundo iluminaba tantas esperanzas revolucionarias. Arruinada por la crisis de trabajo, fue el instrumento de choque contra el patriciado urbano, el arma de quienes querían un cambio de régimen. Y lo consiguieron. De la menestralía salió el primer clamor de libertad en España; y también el sindicalismo de derecho divino; y aun más allá, el misticismo de la acción revolucionaria y la turbación mesiánica. Del seny a la rauxa. Las variaciones psicológicas catalanas de ese momento parecían ser variaciones fundamentales de la menestralía.

Pero, si las cosas no van bien, entonces la menestralía reacciona. Cuando, tras la revolución del siglo XV, los negocios se fueron a pique y los prohombres y mercaderes abandonaron Barcelona y las otras ciudades para refugiarse en Valencia, los menestrales perseveraron en sus talleres y poco a poco se forjaron una vida económica modesta. Así pasaron de moda las denominaciones de ciudadanos honrados y artistas, pero permanecieron las de mercaderes y menestrales. Es una prueba de que, en la profunda transformación social que experimentó Cataluña entre los siglos XVI y XVIII, estas dos clases conservaron su fuerza y sus aptitudes. Comercio escaso, trabajo reducido, pero espíritu permanente con características específicas. De los mercaderes tendremos que hablar en seguida. En cuanto a los menestrales, constituyeron la reserva humana y social de Cataluña, la plataforma sobre la que iban a montarse los siglos XVIII y XIX. La historia de la procedencia de la burguesía catalana moderna evidencia que se reclutó entre los miembros más eminentes de la menestralía, muchos de los cuales pertenecían a la segunda generación de campesinos establecidos en la villa o la ciudad. Y estos, aunque al principio fueran tratados despectivamente, acabaron ocupando un lugar entre las minorías dirigentes del país, desde el que difundieron el espíritu originario de clase: la dedicación al trabajo, el culto a las virtudes económicas, la inclinación práctica de la vida y la limitación de horizontes. Cataluña se menestralizó. Muchos lo han considerado un bien; otros, los modernistas imbuidos por las ideas del superhombre, han creído que era un mal. Nosotros no opinamos. Nos limitamos a afirmar su realidad. En todo caso, si tuviéramos que pronunciarnos en un sentido u otro, diríamos que ese ascenso de la menestralía fue, en definitiva, un bien, pues dotó a la sociedad catalana, que lo mamó directamente del campesinado, del sentido de ponderación que poco después iba a ser calificado como su virtud más específica: el seny. La herramienta jamás es alocada; está sujeta a una medida y a una finalidad. El uso de la herramienta ha dado a los catalanes, a través de la menestralía, la capacidad de formarse un mundo a una medida justa.

Por otro lado, no podemos ignorar que los menestrales han evitado durante mucho tiempo la diversificación social del país. La menestralía ha sido una clase social abierta: por debajo se han nutrido ampliamente de los elementos desplazados del campesinado, sobre todo de los segundogénitos; por arriba, como acabamos de decir, ha dado contingentes a la clase de los prohombres. Hasta la constitución del proletariado obrero, ha tenido éxito en el cometido de bloquear la aparición de un régimen de castas en Cataluña. Ha sido un conducto fácil de encumbramiento de las familias con aptitudes biológicas e intelectuales. ¿Cuántas estirpes catalanas podrían rehacer el itinerario social de sus antepasados de esta forma: campesino-obrero-menestral-empresario? Seguro que serían muchas. Este clima ha permitido durante muchos años que cualquier catalán tuviera sus oportunidades vitales. No ha tenido que buscarlas ni en un diploma universitario ni en una promoción burocrática. Al mismo tiempo, los obreros catalanes, antes de la inmigración en masa de los meridionales peninsulares, quizá pensaran en la posibilidad de conseguir una mejora económica más a través de su esfuerzo individual que de su embestida colectiva contra la sociedad de los industriales y burgueses. Pero, incluso en los días más virulentos de la lucha social en nuestro país, la menestralía ha sido un blando cojín que ha amortiguado la fuerza de la colisión entre las dos clases en pugna.

LOS OBREROS EN EL MUNDO TRABAJADOR DE CATALUÑA

Encontramos al obrero moderno en Cataluña a mediados del siglo XVIII, cuando se registró la aparición de la industria textil algodonera y el segundo brote de la industria de la lana, desde las ciudades y las villas de la costa hasta los valles y corredores pluviales de la montaña prepirenaica. No era todavía el obrero proletario. Por un lado, en las zonas interiores que empezaban a industrializarse, el tejedor y el cerrajero, los dos hombres prominentes del trabajo, solían proceder del campesinado y compartieron durante muchos años sus ocupaciones y preferencias. Por el otro, en la costa, la situación era casi la misma —⁠ocupación en la fábrica y cultivo del huerto⁠—, salvo en el núcleo barcelonés, donde la clase obrera se constituyó en el ramo del algodón, la calcetería, la construcción y la zapatería, con menestrales desplazados por el hundimiento de la actividad económica de los gremios y con gente venida del campo: sobre todo jornaleros expulsados del campesinado por el excedente demográfico y el anquilosamiento de las explotaciones agrarias en manos de la nobleza y los monasterios. De este modo, con algún añadido de inmigrantes franceses, que generalmente eran obreros cualificados, apareció el proletariado catalán.

Decir proletario es decir demasiado al referirnos a finales del siglo XVIII resume las virtudes del obrero catalán paradigmático. O sea, aquel que del campesinado recogió el sentido del seny, el ahorro y la continuidad del trabajo, y de la menestralía, el espíritu trabajador, la maña y la ambición de elevarse. Ejemplos de obreros de esta clase los encontramos en todos los recodos del siglo XIX y suelen ilustrar el nacimiento de una familia burguesa; incluso abundaban todavía a principios de este siglo.

Muchos de mi generación, que no es demasiado mayor, conocimos a representantes bien cualificados.

Este obrerismo catalán primordial —⁠eje de la evolución del proletariado en nuestro país pese a las inmigraciones⁠— experimentó la sacudida de la introducción del maquinismo y el vapor. La verdadera revolución industrial, o sea el equipamiento del país a la moderna, ocurrió en Cataluña entre 1830 y 1850. El fenómeno provocó aquí las mismas consecuencias que en todas partes: la subyugación del obrero a la fábrica en condiciones económicas, sociales y humanas de extrema indignidad. No es preciso redibujar un cuadro de la servidumbre en que cayeron entonces los hombres del campo transformados en obreros industriales, sobre todo los peones y ayudantes, las mujeres y los niños, la inmensa legión de los «miserables». Esta clase de errores solo pueden repetirse una vez cada dos o tres siglos; pero son tan monstruosos que cuesta mucho que los digiera la sociedad que los ha cometido y no reacciona a ellos con listeza, caridad y justicia.

Todos los documentos que hoy poseemos sobre la evolución de la mentalidad obrera en nuestro país ponen de manifiesto que el espíritu de disconformidad social cristaliza antes de 1854, o sea antes de la explosión huelguística de ese año y el siguiente. Este es el momento de la proletarización interna de Cataluña, la negativa del mundo del trabajo a creer en el panorama rosado del ideal burgués. Ciertamente, el fabricante tendrá todavía en sus manos muchos recursos para hacer trabajar al obrero, sobre todo la práctica de una política de sueldos altos en los momentos de euforia de la coyuntura. Y también se desarrollará una evidente preocupación por parte de ciertos elementos de la burguesía progresiva para con sus obreros, que se manifiesta en la construcción de casas baratas y medidas de cristianismo social en fechas muy tempranas. Pero ni eso fue general ni tampoco lo fue la actitud resignada de los obreros respecto a sus amos desde 1855. Algún resorte se había roto. Y tan profundo que la pieza del juego social correcto nunca más volvió a tejerse.

En esta situación llegaron a Cataluña las primeras olas de inmigrantes peninsulares: aragoneses y valencianos, sobre todo. Los catalanes debemos mucho a la inteligencia, la voluntad de trabajo, el temperamento y el deseo de lucro de esas gentes, así como a los hombres de las ulteriores inmigraciones peninsulares que nos hayan ayudado a construir y mantener la relativa riqueza del país. Hay que reconocer al inmigrante sus méritos y no convertirlo en blanco de toda clase de fáciles diatribas. Porque el inmigrante, por lo menos hasta la masiva invasión murciana de 1927-1929, fue el discípulo del obrero catalán. Discípulo en el orden de la mentalidad del trabajo, con las categorías que ya hemos definido más arriba; discípulo en el orden de la mentalidad social, con todas las ansias y preocupaciones que conllevaba la estructuración de las relaciones del trabajo en Cataluña.

El obrero catalán ha dirigido el movimiento obrerista en Cataluña, tanto en su vertiente moderada, societaria y cooperativista, como en la otra vertiente radical, sindicalista y colectivista. No podemos exculparnos dejando caer el lastre de los coletazos revolucionarios sobre los inmigrantes, aun cuando estos hayan radicalizado sus actitudes con el sentimentalismo de los desplazados y el odio respecto a la nueva sociedad que los rodea. Debemos ser conscientes del papel que ejerció el obrero catalán desde el endurecimiento de 1855, como elemento de transformación de un tipo social definido. Y también debemos entender que uno de los valores más concretos que permanecen en este país es el obrero cualificado de villa, abierto, emprendedor, diestro, que todavía hoy sigue haciendo de maestro de los inmigrados y les enseña, con el habla, el arte de ganarse bien la vida.

De la faceta antiautoritaria del obrero catalán me ocuparé en un capítulo posterior. Es un fenómeno de problemática política colectiva que supera las dimensiones del proletariado. En cambio, en seguida penetraré en la polémica entre individualistas y comunitarios, que se halla absolutamente vinculada al tema de la herramienta y el trabajo.

INDIVIDUALISMO Y SINDICALISMO

Ha sido una apreciación general entre la intelectualidad catalana de los últimos ochenta años que uno de los mayores defectos de nuestro pueblo, sobre todo en el aspecto económico, radica en el exagerado individualismo de nuestro temperamento. Son multitud los textos que coinciden. Pero basta decir que Almirall basó su teoría sobre el particularismo catalán en la experiencia individualista que él comprobaba en el comportamiento de la sociedad de su tiempo. Todavía hoy es un tópico hablar de individualismo cuando se hace referencia al mundo de nuestras finanzas, de nuestros negocios. Es imposible agrupar a los catalanes en una gran empresa capitalista, como las que han triunfado en otras partes del mundo, y en la propia Península, en el ramo de la banca, los transportes y las industrias más poderosas. Tan pronto como un negocio prospera —⁠se dice⁠—, los socios, en lugar de buscar nuevas ayudas para engrandecer su beneficio, se separan en círculos familiares para poder seguir mercadeando por su cuenta.

No indagaré ahora si este supuesto individualismo económico es o no propio de los catalanes, o si más bien se debe a la escasez de recursos naturales —⁠como ya apuntaba antes⁠— y a la ineficacia en el manejo del Estado. En las páginas de otros libros ya he señalado que la evolución económica catalana no conllevaba, necesariamente, una solución individualista, sino que se había presentado, bien marcada, una fuerte opción hacia la corriente de concentración capitalista en los primeros estadios de la revolución industrial. Aquello de «a cada uno lo suyo» no es absolutamente válido en el mundo catalán de los negocios, ni tampoco, como veremos ahora, en el campo de la psicología colectiva.

Si a un catalán de los siglos XIV y XV se le hubiera preguntado qué pensaba del individualismo de su pueblo, seguro que habría respondido con una risotada. Cataluña formaba entonces un grupo humano jerárquico y corporativo, por herencia tradicional y por convicción psicológica. Todo el mundo estaba bien enmarcado: magnates y caballeros, donceles y hombres de abolengo, ciudadanos honrados y mercaderes, artistas y menestrales, señores y campesinos. Se nos objetará que tal era el espíritu de la época; aun admitiéndolo, podemos afirmar que era un espíritu tan bien asimilado que resultaba indiscernible de nuestra actitud ante la vida. El sentimiento corporativo era tan hondo que nada pudieron hacer los artistas más o menos imbuidos de los principios renacentistas para vencer la máquina de las cristalizaciones estéticas de nuestros gremios, cofradías y asociaciones diversas. El corporativismo venció al humanismo en las ciudades, antes y después de que la guerra de 1462-1472 arruinara decisivamente la prosperidad económica de Cataluña e imposibilitara el ﬂorecimiento del precapitalismo en nuestro país. Entre 1450 y 1550, por no hablar de las centurias del Barroco, ninguna gran figura dio Cataluña al Renacimiento, expresión, en el campo sociológico, de la ruptura del mundo corporativo por el individualismo capitalista de la nueva burguesía de negocios.

En ese mismo siglo XV, la ciudad y el campo catalanes registraron el fenómeno corporativo más importante que encontramos en los anales de las luchas sociales con que se liquida la Edad Media: el sindicalismo de la Busca en Barcelona[2] y los sindicatos de los payeses de remensa[3]. En Barcelona los sindicatos de la Busca desplegaron una gran actividad social y política y consiguieron introducirse en el gobierno municipal (1453), desde donde aplicaron un programa de reformas laborales, económicas y sociales. En el campo, diez mil familias, unas cincuenta mil personas, la sexta parte de la población de Cataluña, acordaron, en sucesivas asambleas populares, cotizar para conseguir su libertad. El sindicato remensa fue un esfuerzo serio y perseverante para obtener la emancipación de los payeses, que consiguió su objetivo a pesar de la oposición señorial, los extremismos de los radicales y la política no siempre clara de la monarquía y de las instituciones catalanas.

Corporativismo y sindicalismo arraigaron de tal guisa en nuestro comportamiento social que incluso sobrevivieron a la difusión del individualismo burgués del siglo XIX. Esta es una observación tan elemental que no es preciso ni justificarla. Pero es indudable que el espíritu de los negocios en Europa durante la centuria pasada encontró un fortísimo eco en nuestra tierra, donde coincidió con la constante psicológica de la casa —⁠que antes ya hemos expuesto⁠— y con la otra constante sociológica de la herramienta, expresión del trabajo de la menestralía. Casa y herramienta, egoísmo familiar y modestia económica, convirtieron nuestro mundo burgués en mónadas familiares. Esta impresión se extendió tanto que los contemporáneos confundieron el impulso individualista de la época con una definición persistente del temperamento catalán.

Evidentemente, la burguesía catalana del siglo XIX y todavía la de hoy —⁠por pura supervivencia del espíritu de monopolio en una economía absolutamente recluida y sin horizontes⁠— es individualista en el campo de los negocios. Como decíamos más arriba, al catalán le cuesta distinguir entre el negocio y la casa, la herramienta y el trabajo. Pero compensa tal inclinación en el campo económico con una seria aptitud para las actuaciones colectivas, las cuales hubieran tomado otro vuelo de haber sido animadas y no perturbadas por un Estado más comprensivo con las verdaderas necesidades del país. Aun así, basta con repasar la historia de nuestras asociaciones desde hace cien años para admitir en seguida el peso de la vertiente colectivista, hermanadora, del espíritu catalán. Hay obras tan admirables —⁠desde la Sociedad de Propietarios del Liceo hasta las asociaciones corales y las mutuas de seguros⁠— que llevan a pensar en el modo en que se habría podido encauzar nuestra sociedad si no se la hubiera forzado desde los ministerios a acentuar las tendencias individualistas en el campo de la economía, la cultura y la vida.

Otra habría sido, sin duda, la eficacia constructora del sindicalismo obrero en Cataluña. El sindicalismo catalán se orientaba, por tendencia natural, hacia un sistema de intervención social parecido al que desarrolló el tradeunionismo inglés. Si cayó hacia el lado revolucionario del sindicalismo francés de fin de siglo y si, en definitiva, fue instrumento del anarquismo, ello no se explica por el tópico de «en cada tierra según su uso». Muy al contrario. Históricamente está comprobada la acción desorientadora de las masas obreras dirigidas por una burguesía atemorizada y por autoridades militares que traspasan los límites de su profesión. Cuando el obrerismo quiso alcanzar la mínima reivindicación de agruparse en sociedades reconocidas por la ley y puestas bajo la ley, le cayó encima el peso de la incomprensión y la violencia. Desde 1856 hasta nuestros días, salvo algunos paréntesis, las sociedades obreras vivieron en la clandestinidad, y sus dirigentes fueron expuestos todos los días a cambiar el taller por el destierro y el presidio. La catacumba hizo triunfar el espíritu individual sobre el societario, o mejor dicho, colocó los intereses de este último por debajo de las iniciativas de aquel. Tal fue el gran mal del sindicalismo catalán del siglo XX, forjado por el sindicalismo mesiánico de los demagogos y el conservadurismo faraónico de los poderosos.

Individualista en el negocio, colectivista socialmente, el hombre catalán se aproxima al mundo directamente por la herramienta, la casa y la tradición comunitaria. Hay que tener siempre en cuenta estas tres actitudes fundamentales del pueblo de Cataluña.

CAPÍTULO 4
PROHOMBRES Y GENTES DE BIEN

SELECCIÓN Y OLIGARQUÍA

No hay cultura posible sin una minoría selecta que constituya su osamenta; no hay política posible sin un grupo que la haya concebido y que la realice. Todos los pensadores actuales están de acuerdo en estos dos principios sociológicos. La democratización absoluta del pensamiento, el arte, la riqueza y la política es una utopía, como ha demostrado, de forma manifiesta, el ejemplo de la Unión Soviética.

Una minoría creadora se adscribe, necesariamente, a una clase social determinada, que comparte, debido a las tendencias económicas e intelectuales de sus miembros, su impulso renovador y su éxtasis profético, y a la vez le ofrece los medios de acción para concretarlos en el terreno de la realidad. Por este solo hecho, la clase innovadora intenta atraer hacia los mitos que crea —⁠políticos, sociales, artísticos⁠— a las otras clases, ya sean inferiores o superiores. Aquellas suelen prestarle su ayuda por un fenómeno de mimetismo; en caso contrario, se las hace marcharse por la fuerza. Los grupos elevados —⁠que se denominan los «puros» o los «buenos»⁠— se oponen siempre a las tentativas renovadoras, porque atacan sus privilegios económicos y sociales y, además, disgregan su concepción espiritual de la vida.

Toda minoría creadora triunfante se convierte con los años en oligarquía. Las oligarquías han sido difamadas, porque todo proceso de regeneración social, económico y político les hace una dura crítica. De hecho, no hay posibilidad de cultura o de vida política y económica sin la existencia de un grupo humano que comprenda los objetivos que debe alcanzar la sociedad que gobierna o dirige. Las oligarquías son, pues, necesarias, y pueden adquirir cierta consistencia y cierta duración. Ello depende de la amplitud de su reclutamiento, de la eficacia práctica de su extracción y del consentimiento que hayan sabido o podido crearse. Pero es también fatal que toda oligarquía degenere en pura máquina intelectual, en anquilosado aparato administrativo. Los grupos oligárquicos se debilitan y su poder se concentra: así se separan cada vez más de la sociedad, a la que gobiernan por su utilidad propia, a la que hacen sentir la soga de unos mitos que ya no son compartidos. En esta última fase se prepara el cambio de selecciones sociales: la oligarquía degenerada será sustituida por la nueva minoría creadora, y recomenzará el ciclo histórico que permite rejuvenecer los pueblos y las culturas.

Quisiéramos que este esquema se tuviera presente al leer las páginas que siguen sobre las minorías selectas en Cataluña.

JERARQUÍA FEUDAL

Poca gente como la nuestra se reveló al mundo histórico con una organización oligárquica tan ajustada. Nacimos en una Marca feudal y desde el principio el feudalismo nos situó en compartimientos cerrados, jerárquicamente escalonados. Durante cuatro siglos la guerra en las fronteras meridionales consolidó y perfeccionó tal situación, mientras que en otros países degeneraba hacia una fórmula puramente señorial o se implantaba de nuevo como expresión del triunfo de una raza sobre pueblos vencidos. Por esta causa, los modernos especialistas de la sociedad feudal hallan en Cataluña una de las organizaciones más consistentes del sistema.

La oligarquía feudal catalana cumplió su labor histórica. Dio seguridad a la tierra y permitió su cultivo y desarrollo. Aún más: sus miembros fueron los primeros que se dieron cuenta de la unidad del país y de su diferenciación nacional. Bajo los primeros condes «independientes» de la segunda mitad del siglo X, el movimiento secesionista no fue más que la expresión de una ruptura feudal con Francia —⁠y, por lo tanto, con todas las características de disgregación social y derrumbamiento cultural⁠—. Solo una centuria más tarde, Oliba de Vic, descendiente de una de las grandes estirpes señoriales pirenaicas, enseñó el camino para arraigar en Cataluña la conciencia de una nueva personalidad histórica, construida sobre una triple expresión religiosa, política e intelectual. Desde esos días, y pese a la supervivencia de fórmulas cancillerescas de adscripción a las dinastías francesas, la oligarquía feudal estuvo capacitada para llevar a buen puerto las aspiraciones colectivas del país.

La limitación del territorio y la proximidad relativa de la suprema autoridad condal barcelonesa impidieron que el feudalismo catalán se transformara en un peligro de anarquía y disolución, como ocurrió en otras partes de Europa. No conocimos magnates que reunieran bajo su mando grandes extensiones de tierra, ni que por su soberbia fueran capaces de enfrentarse con el poder de la Casa de Barcelona, por otro lado desarrollado con un liberalismo suave, típico de tan ilustre estirpe. Únicamente dos familias pirenaicas, las de Urgel y del Pallars, pudieron figurar como nobles disidentes, encumbrados en sus castillos montañeses, viviendo la vida áspera de pastores y bandidos. Las otras casas señoriales compartieron generalmente de buen grado los designios de la realeza, a la que prestaron ayuda en sus empresas de reconquista y expansión mediterránea.

Tales empresas fueron la tumba de la oligarquía feudal catalana. Un país pequeño, llamado a conquistar las islas del Mediterráneo occidental, había de sufrir pérdidas graves en su gente principal. Desde la expedición siciliana de Pedro el Grande y luego a lo largo del siglo XIV, la expansión marítima de Cataluña conllevó una sangría ininterrumpida en el cuerpo de nuestra nobleza. Unos murieron en África, Sicilia y Cerdeña —⁠tierra sarda, regada por tanta sangre nuestra⁠—; otros dejaron para siempre el país y se establecieron allende los mares, donde fundaron casas feudales o señoriales de importancia. Este juego, glorioso y desgraciado a la vez, nos arrebató las gentes más intrépidas, los miembros más insignes de la juventud oligárquica nobiliaria. Las tumbas de Sicilia y Cerdeña no solo sepultaron los cuerpos del gran Federico de Aragón y de Martín el Joven; enterraron la ﬂor y nata del empuje catalán del siglo XIV.

Deshechos, los barones catalanes cruzaron con mal pie el umbral del siglo XV. El fracaso de Jaime el Desdichado fue tanto una derrota feudal como un fallo personal ante Aragón y los compromisarios de Caspe. No supo suscitar entusiasmos entre las poblaciones burguesas de la costa. La hora del feudalismo ya había pasado en nuestra historia. En seguida pudo discernirse en hechos categóricos. La antigua armonía feudal en el campo se rompió para dar lugar a la oposición violenta entre señores y campesinos; el equilibrio social entre la nobleza desapareció en el remolino de las ambiciones que hicieron aumentar la fortuna de unos —⁠la minoría⁠— y descender a los otros al pequeño mundo anárquico y empobrecido de los donceles y caballeros. Este fenómeno prefiguró el porvenir de la nobleza catalana bajo la monarquía hispánica del siglo XVI. Quienes prosperaron fueron desnacionalizados por los matrimonios castellanos —⁠los Cardona, los Requesens⁠—; quienes se hundieron acabaron de consumar su ruina en medio de contiendas estériles, de tipo local.

La gran oligarquía feudal desapareció del país cuando todavía no había cumplido su misión. Nos faltó en el siglo XVII para ceñir las actitudes de protesta ante los propósitos centralizadores de la burocracia monárquica. Nos faltó, sobre todo, en el siglo XVIII para dar a la naciente burguesía la estructura ideológica que recibió en otros países: Inglaterra y Francia, notoriamente.

LOS PROHOMBRES MEDIEVALES

Desde el siglo XII se gestó en las ciudades catalanas, sobre todo en las situadas en lugar favorable para el comercio, un nuevo tipo de grupos gobernantes: los prohombres o ciudadanos honrados. El fenómeno es absolutamente coincidente con la marcha evolutiva de la sociedad en el occidente de Europa. Tan pronto como fue inútil el aparato militar feudal debido a la seguridad colectiva reconquistada, el mundo de los negocios se desarrolló y exigió un lugar en la vida política del país. La burguesía catalana, como la francesa o la inglesa, quiso tener también voz y voto en los hechos públicos; y los tuvo, porque poseía la plata que pesa y los intelectuales que piensan. De ahí la importancia que adquirió muy pronto y que es patente en Cataluña desde comienzos del siglo XVIII.

Debido al fuerte desarrollo de la estructura feudal en nuestro pueblo, la burguesía medieval catalana se organizó empujada por el temor y el recelo hacia la nobleza. Un vocablo resume su psicología en aquellos momentos: «garantías». Garantizar sus riquezas, sus bienes y sus personas: he aquí los ideales que defendieron los ciudadanos honrados desde que tuvieron conciencia de su importancia como clase directora de la sociedad. Cierto es que la burguesía europea de la época ofrece ejemplos semejantes. Pero la catalana puso en ello un afán exacerbado, casi diría enfermizo. En Barcelona, Tortosa, Lérida, Gerona y Perpiñán, los prohombres procuraron rodearse de reductos atrincherados. Con el transcurso de las generaciones, tales reductos fueron considerados intangibles. No importó que los tiempos y las circunstancias cambiaran, que declinara el poder de la nobleza, que las posiciones privilegiadas se transformaran en barreras esterilizadoras. Había que defender el reducto por el reducto, en un juego que calificaríamos de ingenuo si no hubiéramos despilfarrado tantos entusiasmos, tanto dinero y tanta sangre.

El complejo de inferioridad ante la nobleza se tradujo, en cuanto menguó la inﬂuencia de la oligarquía feudal, en un sentimiento análogo respecto a la monarquía. Este es un punto importante, sobre el que me voy a extender largamente en todo un capítulo. Digamos desde ahora que los prohombres catalanes, como otras minorías del patriciado urbano, no comprendieron el Estado del Renacimiento, y que incluso bajo reyes catalanes propios los ciudadanos honrados habrían considerado la monarquía cesarista como un arte diabólico que debía combatirse. Y ello porque toda su concepción política descansaba en un mecanismo defensivo que, si lograba detener los impulsos de la realeza, no ofrecía otra salida que la de ir enredando la madeja de leyes, privilegios y constituciones, en la que poco a poco se ahogaban el sentido de las proporciones políticas, la sutileza diplomática y la destreza para maniobrar en el momento oportuno sin cambiar revolucionariamente la suerte del país. Para la desgracia pública, los historiadores y juristas románticos alabaron este aspecto negativo del comportamiento político de la burguesía catalana medieval, y acostumbraron a las generaciones presentes a pensar como las del siglo XVIII. Hay que decir que hemos pagado a alto precio este anacronismo político, orientado por un lado a menospreciar el Estado y por el otro a atizarlo continuamente con nuestras críticas, sin intentar una labor de profunda infiltración en sus puestos de mando.

Otro aspecto negativo de los prohombres de la burguesía catalana medieval fue su orgullo de clase. Para reducir el déficit de inferioridad de cuna respecto a la nobleza, los ciudadanos honrados se afanaron por conseguir una equiparación legal. Llevar el cinturón militar y diferenciarse de la menestralía son las dos caras de su visión del mundo. A comienzos del siglo XVI consiguieron ambas cosas, a pesar del desbarajuste provocado en sus posiciones por la gran guerra contra Juan II. Esta psicología de privilegio hizo que los prohombres no entendieran la renovación social que traían consigo los movimientos de la Busca en la ciudad y los remensas en el campo, y que su beneficiario fuera exclusivamente la monarquía, el Estado. También explica el derrumbamiento progresivo de los prohombres de la burguesía durante los siglos XVI y XVII, cada vez más arrinconada en un pancismo satisfecho y una vulgar asimilación de los gustos creados más allá de las lindes de Cataluña, en Castilla.

Así pues, la burguesía medieval catalana habría pasado sin pena ni gloria, si no hubiera traído al mundo afirmaciones positivas. Las tiene y bien merecedoras de admiración. Una de ellas es el desarrollo de la teoría pactista, o sea de las relaciones concretas entre la autoridad y el pueblo. Por su importancia, le dedicamos más adelante los comentarios precisos. También merece ser tratada con extensión su admirable conducta para con los pueblos que la evolución histórica puso a su lado o bajo su férula en una misma comunidad política. Como explicaremos luego, acaso ninguna otra minoría dirigente, salvo quizá las anglosajonas, ha sabido entender que la igualdad de derechos es la mejor manera de conservar la firmeza de las grandes estructuras políticas que llamamos imperios. En este hecho sí que la historia nos ha sido mala madrastra. Tras una brillante experiencia de tres siglos de expansión y colonización mediterránea, nuestra aportación a la labor colectiva del occidente europeo en el descubrimiento y la civilización de las nuevas tierras oceánicas habría sido de una importancia excepcional, comparable a la de los pueblos que más se han distinguido en ello. Por el contrario, hoy casi somos unos desconocidos en este aspecto, y tan solo algunos eruditos nos rinden el tributo de admiración que merecemos por nuestras iniciativas de tipo colonial. Colonial en el sentido más noble de la palabra; no en el de la difamada explotación financiera y la opresión política. De este desconocimiento de la realidad tenemos buena parte de culpa nosotros mismos. Ningún historiador ha intentado profundizar en el aspecto político y cultural de nuestra misión mediterránea.

También debemos a la burguesía medieval la definición exacta de Cataluña como entidad nacional. El feudalismo no superó el pensamiento comarcal ni la sencilla idea de la estructura jerárquica del país. Tampoco la monarquía fue casi nunca, entre nosotros, el aglutinante intelectual que representó para los otros países de Occidente, un lugar de refugio durante los infortunios, la palanca de los resurgimientos. Si la burguesía catalana no hubiera tenido la intuición de la palabra nación en el sentido moderno, si no la hubiera definido mediante expresiones indudables y hubiese defendido su pensamiento hasta hacerlo comprensible para las clases inferiores del pueblo, no habría sido posible que sus sucesores del siglo XIX captaran el mensaje de los siglos y se propusieran llevar a cabo una tarea evidentemente superior a sus fuerzas en un país gastado por incomprensiones y recelos seculares. El reconocimiento de la existencia del «cuerpo místico» de Cataluña —⁠como se escribía a mediados del siglo XV⁠—, indestructible a través de las tormentas históricas, es un hecho —⁠no un defecto ni un mérito; una desnuda realidad⁠— que debe atribuirse en gran parte al estamento burgués medieval, sin olvidar a los caballeros y los eclesiásticos que coadyuvaron a vitalizar el trascendental descubrimiento.

Firmes con sus palancas de mando, sus riquezas privadas y sus palabras mágicas, los prohombres de la burguesía catalana constituyeron sólidas minorías dirigentes durante casi cinco siglos. Quienes opinan que los catalanes —⁠debido a un supuesto individualismo anarquizante, al sentimiento de envidia individual y colectiva, al apego al espacio y al ambiente familiar⁠— son incapaces de dar minorías gubernamentales tienen en este ejemplo un punto de larga meditación. Porque tan solo el inextricable encabalgamiento de los prohombres permitió que el país permaneciera en pie durante los siglos XVI y XVII, cuando casi no éramos nadie ni en el mundo del trabajo y la riqueza, ni en el de la política y la cultura; cuando estábamos devorados por facciones internas irreconciliables y se nos vinieron encima las opuestas ambiciones de Francia y Castilla.

LA ASCENSIÓN DE LA MENESTRALÍA

El anquilosamiento de la oligarquía burguesa fue el precio que el país pagó para no convertirse en un recorte más en el mapa de las posesiones de la monarquía hispánica. La transformación de la ágil minoría de los prohombres catalanes de los siglos XVIII y XIV en la oligarquía urbana de las primeras centurias de la Edad Moderna se registra, como hecho histórico, desde comienzos del siglo XV. Los prohombres dejaron de navegar y comerciar, y se transformaron en propietarios rurales y rentistas, en especuladores de los bienes públicos de los municipios. Ello los obligó a agarrarse cada vez más al gobierno de las ciudades y villas; más precisamente, a considerarlo como bien particular, no como instrumento del bienestar colectivo. El alud de reivindicaciones sociales de la menestralía hizo tambalear sus posiciones; incluso cedieron en un lugar tan fundamental como Barcelona. Pero, de hecho, a finales del siglo XV su posición estaba de nuevo consolidada. Las matrículas de «ciudadanos honrados», los privilegios militares y el régimen «de saco»[4] estabilizaron la situación de la alta burguesía, aunque después de haberse dejado cortar las alas por la realeza en cuanto a su hegemonía en los municipios. También sus capitales se habían estabilizado en la empresa de puesta en producción de las tierras de la costa de Poniente y de Levante. Solo algunos atrevidos comerciaron con Sicilia durante una o dos generaciones. Si la empresa respondía, se liquidaba el negocio, se compraba una propiedad señorial, y el nuevo caballero se entregaba a la dulce vida de no hacer nada.

Con menos grandeza histórica, la consolidación de la oligarquía burguesa catalana es un hecho paralelo a lo que acaeció en las ciudades italianas. Menos grandeza, porque no tuvo caudales ni gusto para pagarse un Renacimiento o para sufragarse un humanismo, ni tampoco para lanzarse a la labor de aprovechar de algún modo el descubrimiento de América. Ya hemos dicho antes que, aun admitiendo el régimen de exclusión decretado por la monarquía en beneficio de Sevilla, había en el monopolio colonial muchas rendijas por donde encontrar la fuente en que aplacar la sed de oro americano. Ni eso se supo hacer. La oligarquía se sentía bien en su casa, comiendo perdices y truchas sabrosas y refrescándose con bebidas enfriadas por la nieve de los ventisqueros pirenaicos. El padre Pere Gil define exactamente esta concepción burguesa escribiendo —⁠en el año 1600⁠— que Cataluña tenía «suficientemente para sí misma, todas las cosas útiles y necesarias para la vida humana, y muchas de ellas en abundancia para comunicar a otras provincias». ¿Por qué, entonces, preocuparse? ¿Por qué, si habitaban un paraíso poblado por gente robusta, fuerte, casta, trabajadora, apta para los ingenios mecánicos, previsora y prudente, y gobernado por hombres firmes, leales, constantes, tenaces y sensatos? —⁠pues todas estas cualidades, excluyendo la mezquindad de algunos, señaló este jesuita entre las virtudes de nuestro pueblo en el umbral del siglo XVII.

Sin grandes ideales que defender, desnutriéndose cada día más por la afición al lujo y las vanidades, la oligarquía burguesa tuvo que dejar paso a la menestralía, los hombres de arte mecánica, que desde comienzos de siglo —⁠quizá por la mezcla con sangre francesa⁠— se convirtieron en el elemento social más activo del país. La sustitución de una clase por otra nos costaría no menos de dos centurias —⁠los siglos XVII y XVIII⁠— y el riesgo de perder toda autenticidad cultural. Pero, aun caminando a ciegas, en la dramática oscuridad de esa época, admira el ingenio, la firmeza y el optimismo primario con que la menestralía se puso a realizar una tarea que hoy consideramos suprema. Su oculto dinamismo salió a la luz durante el siglo XVIII, y contagió a los miembros más eminentes de la antigua caballería, de la burguesía y del campesinado. Se obró el milagro de que todo el mundo trabajara por un mismo ideal, aun cuando este no fuera reconocido entre las sombras que los rodeaban. Y así arrancó la nueva colonización del campo; se pusieron en marcha las máquinas textiles; ﬂorecieron las industrias; se armó la escuadra mercantil colonial; se conquistó el derecho a comerciar con América; reiniciamos el culto a las artes y las ciencias, y alimentamos instituciones esplendorosas como la Junta de Comercio de Barcelona y la Universidad de Cervera. Si tuviéramos que señalar algún ejemplo humano de tal recuperación, escogeríamos sin vacilaciones al doctor Gimbernat, hijo de campesinos, renovador de los estudios quirúrgicos en España, figura en la que se alían el empuje nativo con las ambiciones científicas universales. Pero, como él, muchos otros.

LAS GENTES DE BIEN

El siglo pasado fue testigo de la formación de la nueva minoría dirigente del país. En la cresta de la ola social, por donde ininterrumpidamente menestrales, obreros y campesinos desembocaban hacia la burguesía de negocios, se pudo recoger la espuma de los hombres que, por su espíritu de empresa y su visión de las necesidades esenciales del país, establecieron de nuevo los cuadros rectores de la sociedad catalana. Desde los primeros instantes fueron hombres abiertos a todas las inquietudes espirituales y se apresuraron a beber de las fuentes de la cultura europea que satisfacían su modo de ver las cosas de este mundo. Con plena receptividad, aceptaron el Romanticismo y la máquina de vapor. El canto poético y el ingenio material crearon la Cataluña contemporánea, con la única guía del instinto colectivo. Ello explica los rodeos históricos y políticos del siglo XIX, las esperanzas y los desconciertos, las caídas y los resurgimientos continuados. Pero, al fin y al cabo, triunfaron en lo que se proponían: dar al país un tono europeo, activo, progresista; tener conciencia de sí mismos como parte diferenciada de la sociedad occidental.

La labor de las grandes generaciones del siglo XIX —⁠no simplemente la intelligentsia de los gaiteros y los maestros en gaya ciencia, sino también la de los industriales del algodón y la lana⁠— fue recogida, definida y cincelada por la juventud que cogió las riendas de la sociedad catalana a comienzos del siglo actual. Una minoría consciente de sí misma, de su pujanza intelectual y económica, de sus ambiciones catalanas e hispánicas: la generación del año 1901, mucho más expresiva en sus inquietudes esenciales que la tan alabada de 1898 en Castilla.

Sus miembros fueron capaces de enardecer y movilizar a las gentes de bien, de formar un frente solidario en el que integraban, simultáneamente, el atrevimiento y el espíritu de sacrificio, el amor por las cosas de la tierra y el ansia de los horizontes universales. Solo la política oficial de la época y sus exégetas posteriores se han mostrado ciegos al considerar la obra de aquella minoría como testimonio de una posición disidente. Disentían del Estado como expresión de una ineficacia secular; ¡y cuántos siguieron luego sus huellas hasta cambiarlo tres veces en el transcurso de dos décadas! Disintieron del lugar que les había atribuido en la historia hispánica la mentalidad oficial; ¡y cuántos luego les han dado la razón! Hoy, a medio siglo de distancia, comprendemos lo que habría sido posible hacer con aquel ejército disciplinado, orgánico, con individuos rectores, fuertes minorías dirigentes y numerosas masas entusiastas, si el Estado, despojándose de inútiles prevenciones, hubiese recogido su fuerza ingente, su encendida vitalidad.

En cambio, el Estado, la política oficial, se afanó tanto como pudo por desanimar e incluso destruir una de las pocas minorías realmente activas aparecidas en España desde finales del siglo XVIII. Ante los sucesivos problemas que le fueron planteados —⁠sociales, económicos, intelectuales⁠— las gentes de bien vacilaron en su fe y en su actuación. No es de extrañar que devoráramos políticos y hombres de gobierno, que se desaprovecharan tantas y tantas ocasiones, cuando en cada oportunidad que tenía esa minoría se afanaban en ponerle palos en las ruedas, para enfrentarla a una antiminoría, fácil de levantar en un país sin tradición social ni política, receloso por naturaleza de cualquier disposición de la máquina burocrática. Y así las gentes de bien consumían sus energías en un propósito muy superior a las fuerzas de cualquier comunidad minoritaria europea.

En los horizontes actuales de la sociedad catalana, la generación de 1901 —⁠políticos, industriales, profesores, poetas, filósofos⁠— se ha elevado por encima de toda pequeña crítica. Ella tiene el gran mérito de haber forjado el país actual y de no haber pasado en vano. Su obra es indestructible e irreversible. No nos importan sus errores, mínimos con relación al conjunto de la tarea propuesta. Nosotros la medimos por sus realizaciones positivas y, además, por la altura de sus ambiciones. Porque, por primera vez en Cataluña, se enfrentaron prácticamente con el problema de España y supieron abordarlo, en función de algo universal, no a la medida, de sus posiciones particulares, como han supuesto sus poco inteligentes detractores hispánicos.

CAPÍTULO 5
IGLESIA Y CLERO

EL CLERO Y EL PUEBLO

Hasta el momento hemos hablado de niveles sociales concretos: campesinos, obreros, menestrales, burgueses y prohombres. Al referirnos a ellos, no hemos hecho mención alguna del clero. Resultaba extraño, dada la importancia que este estamento ha tenido y tiene en Cataluña, que no nos diéramos cuenta de que, como grupo, el clero no es sino el reﬂejo del pueblo en cada giro de su historia. Los sacerdotes surgen de todos los estratos de la comunidad nacional, sin excluir ninguno, y así desvelan a cada instante las variaciones de las clases donde se reclutan: cambios de vitalidad, de ambición económica y de agilidad mental. La Iglesia se compone de hombres, sin duda hombres elegidos, pero que se vinculan al mundo de mil maneras, porque en él viven y en él deben realizar su labor.

El clero catalán se ha formado con el mismo barro del país, y con él se ha alegrado y ha sufrido. Esta es una declaración esencial para comprenderlo. No es una superestructura claveteada por los poderosos para contribuir a cualquier clase de opresión; es el espíritu de la gente común, ricos y pobres, que se expande por los caminos de la religiosidad. Ahora bien, la Iglesia es una realidad mística permanente y una institución social que evoluciona de acuerdo con los tiempos. En cada evolución adopta las fórmulas económicas y sociales propias de la época. Mejor dicho, y este es un fenómeno muy digno de ser resaltado, la mentalidad eclesiástica, casi siempre recelosa ante las novedades, adopta con un retraso de una centuria las conclusiones derivadas de los cambios de estructura. Tal anquilosamiento le permite distinguir los valores permanentes de los hallazgos accidentales y permanecer fiel a la gran lección recibida del Maestro: la defensa de la libertad de la persona ante el poder de los hombres, de las cosas.

Entre sus dos polos de acción —⁠el místico y el institucional⁠—, la Iglesia se ha cargado a los ojos de mucha gente de exceso de gangas profanas. No es una observación actual, sino repetida una y otra vez en el transcurso de los siglos por los mayores santos: de san Benito, pongamos por caso, a san Francisco. La tendencia a la humildad y a la pobreza propia de los sacerdotes se ve amortiguada bajo la poderosa y persistente presión de la sociedad constituida y sus riquezas. De este modo la Iglesia ha tenido que resistir a las dos grandes tentaciones de la historia: los cantos de sirena del mundo feudal y del mundo burgués. Superarlas le ha resultado muy difícil, e incluso ahora podríamos reconocer los estragos que en algunos grupos del clero han causado la mentalidad feudal de la servidumbre y la mentalidad burguesa de la propiedad exclusiva —⁠ambas, como es sabido, contrarias al bien común cristiano.

La Iglesia catalana padeció también estos contactos con el mundo, porque Cataluña ha sido uno de los países más feudales y burgueses de Occidente. Ello hizo que el propio pueblo de donde procedían sus miembros la considerara en ocasiones desafecta y la colocara al otro lado de la palestra (tanto en el siglo XII como en el XV, tanto en el siglo XIX como en el XX). Magna equivocación, porque no solo la Iglesia es el propio pueblo, sino que en Cataluña la Iglesia ha amparado el nacimiento de la comunidad y, viceversa, esta la ha reformado e impulsado en momentos dificilísimos de su vida.

LA IGLESIA Y EL NACIMIENTO DE CATALUÑA

El nacimiento de Cataluña, que hemos establecido a principios del siglo XI, fue un parto dificilísimo. En primer lugar, tuvo que romper todos los vínculos que la unían con el mundo visigótico —⁠que eran muchos, sobre todo de inﬂuencia política y religiosa⁠—; luego, pasó por el yugo de la conquista musulmana, la reconquista franca y la repoblación feudal, y, finalmente, sobrevino la ruptura con los carolingios durante aquella terrible época que fue el último siglo del primer milenio. El país quedó debilitado, abatido, casi disuelto. Cualquier viento habría podido tumbarlo, y buena prueba de ello fue que Almanzor conquistó y devastó Barcelona (en el año 985). Un poco más de fuerza en las tropas califales, una política más clarividente y sensata de su general, y el telón de la historia no se habría levantado para Cataluña.

La recuperación y la verdadera consolidación del país como colectividad diferenciada es obra de los clérigos: de los pequeños y los grandes. La popularidad ilimitada del obispo Oliba (en la primera mitad del siglo XI) como padre espiritual de Cataluña ensombrece la labor de organización de los sacerdotes en las curias episcopales y las rectorías, y de los monjes al frente de sus empresas agrícolas. Oliba piensa en un plan político, cultural y religioso muy elevado: las relaciones con Roma, la fundación y la instauración de monasterios y catedrales, el establecimiento de un orden público garantizado por la Iglesia, la organización de una corte de gobierno por parte de los condes de Barcelona. Él dio, diríamos ahora, las directrices. Pero el clero oscuro que lo seguía, y que compartía la salvación de las almas con las actividades curiales, este fue quien definitivamente apuntaló el país. En cada masía, en cada casa antigua, la buhardilla aún está llena de los pequeños y bien ordenados pergaminos del siglo XI, donde, a través de fórmulas de compraventa, procuración y donación, se articuló poco a poco el entramado jurídico de Cataluña. Y eran los clérigos quienes se ocupaban de ello.

Mientras tanto, los monasterios dirigían la repoblación de la tierra. Sus métodos agrarios los habían probado en los valles de la montaña, en Conﬂent, la Cerdaña y el Ripollés, tierras resguardadas de las invasiones y los golpes de fortuna. En esos reductos pirenaicos, entonces muy poblados, la especialización de algunos monjes en la horticultura o la ganadería era compensada por la especialización de los otros en el estudio de las letras antiguas, sobre todo en la transcripción de códices y documentos. Las escuelas y los escritorios de algunos monasterios fueron incluso famosos más allá de nuestras fronteras. Un caso singular fue el de Ripoll, luz de la cultura occidental al caer el primer milenio. Con la experiencia de unos y otros, los monasterios avanzaron hacia la raya de la morería, y en los lugares más propicios se establecieron nuevos centros de irradiación cultural y progreso agrario. El desmonte, el cultivo del trigo y los rebaños de ovejas ﬂorecían con el canto gregoriano y las plumas que rascaban los pergaminos, tanto en San Benito de Bages como en San Cugat, tanto en Santa María de Amer como en Montserrat.

La conformación de la primitiva Cataluña por parte de la Iglesia tuvo una doble virtud: su obra no dependió más que de sí misma, o sea que fue una reacción de las minorías del pueblo sobre el propio pueblo, y no conllevó ningún carácter ideológico con respecto al Estado. Este último punto es esencial. El clero catalán habría podido caer bajo la inﬂuencia mental de la Iglesia visigótica o de la Iglesia franco-carolingia. La identidad de puntos de vista entre los soberanos carolingios y sus obispos provocó la aparición de la Iglesia feudal, una de las más peligrosas conﬂuencias para el porvenir del catolicismo, pues el obispo recibía la autoridad pastoral de cualquier señor. Pero un riesgo no menor era el legado de la Iglesia visigótica, convertida por circunstancia histórica en miembro del aparato del Estado, como representante de la clase indígena frente al ejército de ocupación extranjero —⁠pero dispuesta en seguida a representar el papel contrario en virtud de las atribuciones que se adjudicaron los reyes godos: derecho de nombramiento episcopal y de convocatoria de concilios⁠—. Tal contagio eclesiástico-político fue recogido por la tradición asturiana y leonesa, porque ahí muchos funcionarios visigodos habían sobrevivido a los efectos de la invasión musulmana.

En Cataluña, la Iglesia se vio libre, de momento, de estos dos peligros de sumisión del clero al poder del feudalismo o de la monarquía. La ruptura con la Iglesia visigoda (acaecida con motivo de la herejía adopcionista, a finales del siglo IX) y la separación del arzobispado de Narbona (en el siglo XI) la dejaron ampliamente autónoma. Contribuyó al alumbramiento del país sin subyugarlo.

LA INTERVENCIÓN DEL PAPADO Y LA FEUDALIZACIÓN DE LA IGLESIA

A partir de finales del siglo XI cambió el ambiente eclesiástico en nuestro país. Los condados catalanes crecían, y uno de ellos, el de Barcelona, emprendería una política de alto vuelo, por un lado hacia las tierras del Ebro, por el otro hacia las del Garona y el Ródano. Tal movimiento provocaría tambaleos, inquietudes, momentos de crisis, en los que Cataluña ansiaría apoyarse en alguna fuerza superior, en alguna autoridad universal. Precisamente se levantaba entonces en el cielo de Europa el astro del pontificado. El nuevo poder prestaría a Cataluña servicios importantísimos, mezclados con algunas inevitables contrariedades.

La intervención de la Santa Sede en Cataluña empezó tan pronto como el papa Gregorio VII, el duro luchador contra la acaparadora inﬂuencia del mundo feudal y del Imperio sobre la Iglesia, paró los primeros golpes de la reacción política de los emperadores y los aristócratas, y consiguió proclamar la libertad de Roma en el nombramiento de obispos, abades y otros cargos eclesiásticos. Ello lo llevó lejos, porque reivindicó en toda Europa los principios de la obediencia religiosa y la soberanía temporal. En 1073 y 1074, basándose en la tradición de los siete obispos que la habrían evangelizado por orden de san Pedro, invitó a todos los príncipes de la «tierra de España» a reconocer que la Iglesia era propietaria del «reino de España». Esta declaración tiene el interés de colocarnos ante el retorno a la Península de una jerarquía europea, a la que podían dirigirse los más vulnerables para pedir refugio y protección. Entre otros, lo hicieron la realeza de Aragón desde Ramiro I, y, como es natural, los condados catalanes.

En la dura época en que Cataluña se segregó del reino franco, cuando nadie ejercía autoridad suprema sobre el país, muchos fueron los obispos y monasterios de Cataluña que se dirigieron a Roma ofreciendo al papado presentes y rentas al objeto de obtener una especie de protección moral. También los miembros de la familia condal de Besalú se habían declarado miles Sancti Petri, esto es, caballeros de San Pedro (1077). La tradición de reconocimiento de la autoridad pontificia en lugar de la de los monarcas francos conllevó muchos beneficios para Cataluña, porque Roma estaba muy lejos y su prepotencia era solo moral —⁠salvo el prestigio que de cualquiera de sus acciones recaía inmediatamente sobre el clero catalán⁠—. Así, fue la Santa Sede quien, a finales del siglo XI, reconoció la independencia eclesiástica de Cataluña, que era tanto como afirmar su independencia política: en primer lugar, oponiéndose a las reclamaciones de Alfonso VI, reconquistador de Toledo, quien pretendía que las diócesis catalanas admitieran su dependencia respecto a la antigua metrópolis religiosa de Castilla; luego, con Urbano II, admitiendo la segregación de los obispados de Cataluña del arzobispado de Narbona en los días en que ya se preparaba la nueva erección tarraconense. La fecha de esta bula pontificia (1097) es decisiva en la formación espiritual de Cataluña.

En los atolladeros en que metió la política expansiva de nuestro pueblo a los condes de Barcelona y reyes de Aragón durante la centuria que va de Ramón Berenguer III a Jaime I, la Santa Sede y la Iglesia siguieron ejerciendo un papel preponderante. Del mismo modo que Roma halagaba a Portugal, que convirtió en reino en el año 1043, agasajaba a Cataluña. En 1116 aceptó dar protección a Ramón Berenguer III y su familia ante el emperador de Alemania. Y poco después patrocinó la empresa aragonesa de Ramón Berenguer IV, envió legados para deshacer los nudos del testamento de Alfonso el Batallador, proclamó la extensión de la jurisdicción metropolitana de Tarragona (1154) sobre el obispado de Aragón e incluso sobre el de Pamplona (y así preparaba la plataforma religiosa de la futura Corona de Aragón). Una bella labor si no estuviera comprometida por el asunto de la intitulación del «príncipe de Cataluña». Entre el temor a romper con Francia y la presión ejercida por la Iglesia para que no adoptara el título real —⁠la Santa Sede no podía olvidar la enfeudación de Ramiro I⁠—, el gran conde de Barcelona perdió la oportunidad histórica que habría establecido la gloria de Cataluña en el desarrollo del nuevo reino.

Más adelante, con motivo de la crisis provocada por los albigenses en el Languedoc, la inﬂuencia del pontificado fue nuevamente decisiva. Y entonces en el doble sentido de paralizar a un adversario y, al mismo tiempo, de salvarlo de los estragos de la misma política. Inocencio III aceptó el vasallaje de Pedro el Católico en 1204 —⁠en nombre de la realeza de Aragón y del condado de Barcelona, evidentemente⁠—, mientras preparaba con Francia la gran cruzada que iba a acabar con los cátaros y las libertades languedocianas, y a alterar el Estado catalano-aragonés hasta tornar previsible su ruina. Del acto de enfeudación de 1204 a la declaración de las Cortes de Lérida de 1214 —⁠cuya importancia veremos más adelante: constitución de paz y tregua, pactismo, delegación de poder⁠—, la Santa Sede maniobró para aniquilar la expansión transpirenaica de Cataluña y, a la vez, salvar el país del contragolpe de la derrota. El éxito sucesivo de las dos operaciones selló la prepotencia del clero entre los catalanes.

Y así fue como la Iglesia catalana cayó en la trampa del régimen señorial. Durante el siglo XI, el país había sido bastante pobre, con su economía de rebaños de carretaje, regadíos de los valles pirenaicos y tierras de secano del Ampurdán, el Vallés, Vic, la Segarra y Urgel. Solo empezaba a despuntar el comercio de Barcelona, que daba a su zona de inﬂuencia cierta sensación de reanimación. Pero la siguiente centuria fue de gran expansión, económica y territorial. En medio del avance profundísimo de los ejércitos condales hacia el Ebro, del aumento del tráfico en los puertos de Barcelona y Tortosa, del desarrollo de las relaciones mercantiles entre una ladera y la otra de los Pirineos, la Iglesia catalana establece sus grandes monasterios bajo la iniciativa o la ayuda de los poderosos de la tierra: Poblet, fundado en 1149; Santes Creus, en 1150; Scala Dei. Hogares de la oración y la piedad; focos de cultura y civilización, y además núcleos modélicos de renovación agraria. Pero también centros donde se recogían los diezmos, los censos, las prestaciones personales, los buenos usos y los malos usos… La devoción popular les daba tierras y ejidos, casas y hombres, plata y cosechas. Y de tal movimiento se beneficiaron también las catedrales y los monasterios de la Cataluña Vieja, como el prepotente capítulo de Gerona, señor de innumerables masías de remensas. Demasiada tiña laica para las fuerzas espirituales de la Iglesia.

CLERO URBANO Y CLERO RURAL EN LA PLENITUD MEDIEVAL

La feudalización de la Iglesia catalana fue un hecho irreversible, ya que la propia monarquía tuvo que pedirle clemencia durante la lucha que sostuvo —⁠de Pedro el Grande a Jaime II⁠— contra el papado por la cuestión del dominio de las islas mediterráneas. Excomulgados, estos soberanos estuvieron a merced de la nobleza y el clero. Y aun cuando no les faltó la ayuda patriótica de una y otro, cabe decir que la cobraron cara, acentuando su posición privilegiada como corporaciones públicas y privadas. Las Cortes del reinado de Pedro el Grande, sobre todo la del año 1283, significaron un retroceso en la labor de la realeza de establecer en el país un bien común social.

Así, el clero no se diferenciaba del estamento señorial en la medida en que unos y otros eran propietarios de tierras y campesinos. La ruralización de la Iglesia se evidenció en los capítulos catedralicios de Gerona y La Seo, de Vic y Lérida, en los documentos de San Cugat, Poblet y Santes Creus, en las historias de los monasterios de Bañolas y San Pedro de Roda e incluso en la de Montserrat. Las preocupaciones de orden temporal prevalecían sobre las de orden espiritual, y en las reuniones capitulares se hacía una política de tierra a tierra, de la que tenemos, desgraciadamente, muchas referencias. Este espíritu, manifestado con la publicación de costumbres y con la firma de cabreos, se endureció, en el transcurso del siglo XV, por el choque con los campesinos de remensa. Liberados estos de los malos usos, la Iglesia rural no se emancipó de la mentalidad feudalizante, que iba a arrastrar como un lastre muerto aún durante cuatro centurias.

Pero, en la costa, la explosión de la civilización urbana hizo ﬂorecer un nuevo tipo eclesiástico, una persona preocupada por el mundo del espíritu y la vida interior, que había recibido el impacto de san Francisco a través de la difusión de sus frailes. Franciscanos y dominicos extendieron la buena nueva de la pobreza y la humildad, unos, y de la educación y la enseñanza, los otros. Y así surgieron, al lado de la Orden de la Merced (1218), testimonio eclesiástico de la expansión marítima de Cataluña, los intelectuales que iban a plasmar el mejor momento de la vida catalana medieval.

Los nombres son importantes —⁠san Raimundo de Peñafort, Raimundo Lulio, Francisco Eiximenis, san Vicente Ferrer, el cardenal Margarit⁠— y representan la línea mayor de la tradición catalana: la tradición forjada sobre las teorías políticas, las conveniencias sociales y las tendencias económicas del patriciado urbano de los Países Catalanes. Digamos inmediatamente que, salvo Lulio, ninguno de ellos fue original en sus pensamientos. Aprovecharon las lecturas de los grandes maestros de la escolástica y las hicieron inteligibles de acuerdo con el talante catalán del momento. Esta combinación resultó muy exitosa y provocó un progreso evidente en las teorías políticas, sociales y religiosas de la época. Hizo que el país madurara y se aligerara, que estuviera más preparado para el progreso. Sobre todo le enseñó una ética y una moralidad, una buena actitud hacia la cosa pública, que no se ha podido olvidar a tantos años de distancia.

El aspecto positivo de esta vertiente del humanismo religioso catalán —⁠el expansionismo luliano, el iusconstitucionalismo tiranicida de Eiximenis, el popularismo de Ferrer, el humanismo del cardenal de Gerona⁠— debe ser contrapesado con la inquietud sentimental que mantuvo entre nuestras multitudes. Como es sabido, la extensión de la peste negra y la sucesión de hambrunas y mortandades levantaron en toda Europa oleadas de histeria popular, de falsa y peligrosa religiosidad. Pero los Países Catalanes fueron de los que más padecieron apocalipticismo: migraciones de ﬂagelantes, atentados violentos contra los judíos, arrinconamiento de toda prudencia y toda cordura, milagrismo. Personas tan relevantes como san Vicente Ferrer se pusieron al frente de esos movimientos de masas, que iban a dar, desde finales del siglo XIV, los primeros ejemplos de divisionismo pasional y de arrebato popular. Sin embargo, el legado del clero urbano y litoral es muy aceptable: creó el tipo básico de la religiosidad de nuestro pueblo, que ha sido definido, de una vez por todas, por el dulce embelesamiento terrenal y la fraternal misión colectiva de Maragall.

SOMNOLENCIA Y DECADENCIA

La guerra civil del siglo XV apartó al clero de la política y lo redujo a ocuparse de sus cosas en las catedrales y las parroquias, los monasterios y los conventos. La Iglesia había intervenido en esas luchas como parte beligerante: en contra de la monarquía autoritaria y, sobre todo, en contra de la monarquía que quería la liberación de los campesinos de remensa. Obispos, abades y canónigos —⁠el de Vic, el de Montserrat, los de Gerona y Lérida⁠— participaron de forma notable en la explosión y la evolución del conﬂicto. Al perder, se quedaron durante muchos años fuera de combate, y ello permitió a Fernando II realizar sin demasiada oposición su obra de reforma del país y de restablecimiento de su economía. En esa época, Joan Margarit, cardenal de Gerona, saludó el advenimiento del reino de las dos Españas, y en Montserrat fueron introducidos monjes castellanos porque las comunidades catalanas, entre ellas la del gran monasterio benedictino, habían quedado arrasadas por la guerra y las privaciones de los años posteriores. A partir de los documentos de la época, muchos todavía inéditos, podemos afirmar que, a finales del siglo XV, la Iglesia catalana había llegado al escalón más bajo de su decadencia: la instrucción y la moral del clero eran casi nulas, como, por otro lado, en toda Europa en los tiempos precursores de la Reforma. El clero rural solo se preocupaba por rentabilizar las riquezas que le quedaban tras la Sentencia de Guadalupe; el de la costa vivía alegremente, fuera de toda disciplina.

Las reformas introducidas por el Rey Católico —⁠inquisición contra los judaizantes; intervención en los grandes monasterios; restablecimiento de las órdenes religiosas, sobre todo la franciscana⁠— fueron medidas necesarias para el encauzamiento de la situación anterior. Pero es indiscutible que no respondían a la calidad de la vida espiritual del país, conformada de modo muy distinto que en Castilla. Sobre todo, los procedimientos eran absolutamente opuestos. La Iglesia castellana era un poder dentro del poder, por tradición neogótica y sobre todo por su prepotencia territorial y política tras las últimas guerras civiles en su país —⁠¿quién podía, si no el rey, oponerse a los arzobispos de Toledo, Burgos, Salamanca y Sevilla, o bien a las órdenes militares de Santiago, Alcántara y Calatrava?⁠—. Y así llegó a Cataluña, con el orgullo de su grandeza y su misión, amparada por la realeza como elemento de reforma del clero de Cataluña y, más adelante, de control espiritual del país.

Sin embargo, las cosas no cambiaron demasiado. Hecha la reforma, cancelada la persecución religiosa contra judaizantes y conversos, el clero siguió desarrollándose como antes, acaso con unos grados más elevados de espiritualidad creadora. De Montserrat saldría una de las principales ramas de la acción ignaciana: los ejercicios. Pero, en conjunto, el clero se adaptó a la blandura y al conformismo del país durante el siglo XVI. Los propios jesuitas catalanes nos dan testimonio de ello, tanto en sus singulares individuos como en sus fundaciones culturales —⁠el Colegio de Cordelles, en 1545.

La ruralización de la Iglesia contribuye a precipitar la decadencia eclesiástica. En los siglos de los Austria todas las preocupaciones de las comunidades son de tipo práctico. Incluso en el cultivo del campo viven de la rutina, sin preocuparse por introducir mejora alguna, solo por reparar el desgaste de los años. Políticamente, se mezclan en las luchas personalistas del tiempo, las de nyerros y cadells[5]. Religiosamente, lo tienen todo resuelto y no se preocupan por ello. Les basta con cultivar la piedad popular a través de la imprenta. Pero no conocen ningún choque que los obligue a defenderse, a trabajar en la perfección. Solo en La Seo, línea fronteriza con el calvinismo francés, hay una colectividad que trabaja y lucha, aunque sea con medios chapuceros. Y de esta lucha saldrán dos figuras notables, dos canónigos: José de Calassanç, ministro de la educación de los niños, y Pau Claris, presidente del General de Cataluña en 1640. Así, el espíritu del pueblo se refugia paradójicamente en los capítulos catedralicios, desde donde se gobierna la propiedad agraria en sentido poco favorable a los campesinos. Cuando la tensión social y política llegue a promover el estallido revolucionario de 1639, sacerdotes y campesinos se levantarán, a la vez, en defensa de la religión y el buen gobierno, aunque en el fondo aquellos no entenderán nunca las mejoras sociales que estos reclaman y que defenderán, sobre todo, en las jornadas del Corpus de Sangre en Barcelona.

Ante este mundo, cerrado e intocable, de clérigos, bandoleros, canónigos y campesinos, todos mezclados en una misma sangre, el clero urbano del siglo XVII intenta resarcirse del tiempo perdido. Poco a poco las reformas introducidas en las órdenes tradicionales son reafirmadas con el establecimiento en el país de nuevas comunidades forasteras, puestas bajo la dinámica mental castellana del Barroco. La principal invasión tiene lugar entre los años 1575 y 1600: carmelitas descalzos y descalzas, servitas, capuchinos y capuchinas, y luego agustinianos, teatinos y trinitarios levantan conventos e iglesias, y desde el templo invitan a las nuevas meditaciones. Una oleada de retórica superficial y galopante, donde se mezclan las grandes bocanadas escatológicas con las burbujas de una mística infantil, desciende de los púlpitos y conquista lentamente la sana piedad del pueblo. La conmoción no solo fue oratoria; también fue óptica y propagandística, de acuerdo con los procedimientos de la época. La gente que levantó las simples maravillas del Románico y el Gótico se vio puesta ante el mundo irreal de las columnas salomónicas y los altares centelleantes. Tal incitación al sentimentalismo superficial agravó en la masa popular la tendencia a deslizarse por la cuesta de la sensualidad y la pasión.

CRISIS DE LA IGLESIA EN CATALUÑA

Podemos decir que con la figura del santo barcelonés José Oriol se clausura definitivamente un ciclo de religiosidad catalana. A pesar de vivir en plena Cataluña barroca, su afición a las costumbres y a la vida populares le dan un cariz casero, humanísimo. Luego, la Iglesia catalana decae y se amodorra, de modo que en el siglo XVIII apenas si es una sombra de lo que había sido tres centurias antes.

La Iglesia feudalizante de la campiña se ha cerrado cada vez más en sus reductos señoriales. El acaparamiento de manos muertas la vuelve poderosa, pero también estéril. No hay nadie en el ambiente de los monasterios o los conventos que sepa llevar una explotación agrícola de importancia. Ni saben hacerlo ni les interesa, porque a la vida de la comunidad le basta con la producción de algunas buenas fincas y la percepción de los diezmos y censos urbanos. Así permanecen yermas muchas propiedades, mientras que el país duplica la población, y el campesinado, que donde ha podido se ha lanzado a revivir los cultivos e incluso a dar nacimiento a las vides con el sistema de rabassa morta[6], se halla con las puertas cerradas cuando pide trabajo a monasterios y conventos. Ni las propias comunidades tienen la facultad de desprenderse de los bienes que les sobran, pero que la piedad de los fieles ha puesto para siempre entre sus manos. Así va creándose un clima de tensión entre los monjes y frailes, por un lado, y los campesinos, por el otro. Poco a poco se enciende la llama que ciega la mirada al campesino, y que, desde el choque revolucionario de mayo de 1808, se traducirá en depredaciones contra los monasterios y las cosas pías, hasta culminar en los ataques de 1821 y, sobre todo, como es sabido, en las destrucciones en masa de 1835 a 1839. Si la Iglesia feudal catalana cayó bajo los efectos de las leyes desamortizadoras decretadas por los ministros burgueses y aplaudidas por los industriales progresistas de la época, su desmoronamiento vino precedido por su imposibilidad de modernizar las explotaciones y tratar a los campesinos sin un paternalismo obsoleto.

Tampoco en la ciudad el ambiente era favorable al resurgimiento de la vida eclesiástica, a que saliera del barroquismo sensual y llorón en que se había alineado. El Estado borbónico, absolutamente despreocupado del fomento de la devoción popular, practicó el sistema del regalismo a ultranza. Nombró para los cargos eclesiásticos a las personas más sometidas a la autoridad civil, más complacientes con el poder. Esta política la aplicó en toda España: ¿cómo puede causar sorpresa que, de la serie de trece obispos del siglo XVIII en Barcelona, once pertenecieran a rancias familias castellanas y solo dos a tierras de habla catalana? La falta de sintonía entre el obispado y el clero indígena se tradujo en una incapacidad casi total de reaccionar ante las conmociones que conllevaba la época: difusión de un nuevo pensamiento, de nuevas técnicas científicas, de nuevos hechos sociales. ¿Qué decía la Iglesia ante los cinco, los diez, los treinta mil obreros que en cincuenta años presentaba la creciente industria de Barcelona y Cataluña? Algunas indicaciones sobre la necesidad de enseñar el catecismo a los muchachos que trabajaban como aprendices al lado de los tejedores o los estampadores. Eso sí, las procesiones eran más solemnes y estaban más concurridas que nunca.

Además, la Iglesia perdió la dirección de la cultura catalana, cuyo cetro jamás había soltado, ni en tiempos del ﬂorecimiento humanista de la primera mitad del siglo XV en Barcelona y la segunda mitad de la misma centuria en Valencia. Las conclusiones a las que llegó el padre Casanoves, y que luego se ha apropiado y ha ampliado con tanta brillantez el padre Batllori, no me parecen suficientes para contrarrestar los estudios de muchos otros autores —⁠sobre todo Alexandre Galí⁠— sobre la suerte de la cultura catalana en ese momento crucial. Pues, si bien es cierto que en la Universidad de Cervera y el Colegio de Cordelles los jesuitas combatieron el escolasticismo cerrado de los dominicos e hicieron gala de un suarismo ecléctico, que no rehuía la incorporación de los hallazgos de las ciencias físicas, también es evidente que no dedicaron sus recursos totales a la realización de esta tarea. Quizá si no hubieran sido expulsados en 1767 por orden de la monarquía de Carlos III, se habría registrado en Cataluña el mismo ﬂorecimiento que los expulsados promovieron en Italia en el cultivo de las más diversas ciencias. Es un condicional histórico que no podemos debatir. Pero, digámoslo en seguida, la caída del baluarte de Cordelles sirvió para avivar la educación de los jóvenes, para hacerlos salir de la pura mecánica memorística latina, para introducirlos en el mundo en que vivían, aun cuando este presentara síntomas de pavoroso retraso.

Sobre todo, la preocupación cultural pasa a manos de los laicos, de la pequeña nobleza que proyectará la Academia de los Desconfiados y a continuación la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, de los profesionales que se reunieron en la de Medicina, y de los mercaderes y burgueses que pondrán en marcha —⁠¡y de qué manera!⁠— las escuelas de la Junta de Comercio. No se puede ser muy optimista al considerar la altura pedagógica de tales instituciones ni de su profesorado en los momentos de su arranque, entre 1760 y 1770. Sabemos que empezaron poco a poco y limitándose a las preocupaciones más elementales: matemáticas, dibujo, nociones de física. Así iban progresando, sin estruendo, del mismo modo que la introducción de las nuevas ideas se realizó silenciosamente: los libros modernos fueron ocupando lugar en las estanterías de los barceloneses y catalanes, como lo prueba la documentación de los archivos notariales. De modo que, en el último decenio del siglo XVIII y en el primero del XIX, encontramos una generación de profesionales y educadores que sobresalen en el cultivo de las ciencias de toda clase, hablan de química, se labran un nombre en la medicina, descubren aparatos físicos, estudian economía y están en relación con los sabios franceses. La mayoría no son eclesiásticos; los que lo son no podrán aguantar el hábito a causa de las próximas conmociones revolucionarias o deberán sufrir persecución como elementos poco seguros para la causa absolutista. Entre los nombres de los padres Aymerich y Finestres, los ilustres profesores de Cervera, y los de Salvà, Jaumandreu y Gimbernat pasan muy pocos años. Pero bastan para el traspaso efectivo de la dirección de la cultura en Cataluña.

RESURGIMIENTO DE LA IGLESIA POR EL PUEBLO

En el primer tercio del siglo XIX se manifestó la decadencia profunda de la Iglesia en Cataluña, y ello no fue porque fuera víctima de la política de la época, como resulta cómodo escribir, sino por falta de vigor propio. Los ataques contra las órdenes monásticas y conventuales fueron posteriores a la pérdida de vocaciones, a la deserción de los miembros de las comunidades. Algo parecía roto en la dinámica eclesiástica, y este sentimiento no era menos manifiesto en el clero secular. Muchos partían de la angustia de no entender nada; otros creían que para restablecer la situación no había más que sostener una política de fuerza. Así, la Iglesia, siguiendo la huella de los grupos liberales que se oponían a ella, se deslizó hacia la política, hacia la discusión de las responsabilidades del poder.

Fueron los obispos en 1813 y los rectores de parroquia en 1821 quienes abrieron las compuertas del desfiladero por donde, creemos nosotros, el cristianismo catalán, como el vasco y el castellano, se quedaría casi exangüe. Para una conciencia hondamente religiosa es un fuerte choque moral oírse predicando un espíritu de violencia y lucha, y más si se trata de defender una posición de monopolio y privilegio en la esfera de los organismos estatales.

El resultado de la primera salida de la Iglesia a la palestra pública fue, según lo registra la historia, un agotamiento casi total de sus posibilidades creadoras. Nunca los clérigos fueron tan poca cosa en España como desde 1840 hasta 1860; nunca la cultura eclesiástica estuvo a un nivel tan bajo como desde 1850 hasta 1870; nunca la irradiación social de la Iglesia fue tan limitada como desde 1840 hasta 1880. Arruinada por la desamortización de sus bienes —⁠los cuales fueron comprados por la nobleza, los terratenientes y la burguesía⁠—, despojada de hombres que verdaderamente la guiaran, desorientada en un mundo de reformas industriales y sociales que nadie le había enseñado a prever, la Iglesia da la impresión de que está a merced de las circunstancias. Y en tal dramático remolino de su existencia es cuando en Cataluña recibe de la propia entraña popular el estímulo de resurgimiento, la voluntad de expansión, el imperativo de una gran obra por realizar.

Colabora en ella gente de todo tipo, sin distinción de clases sociales: tejedores, como Antoni Maria Claret; burgueses de pueblo, como la madre Vedruna; propietarios agrícolas, como Balmes; profesionales más o menos vinculados a la burguesía industrial, como el grupo de los apologistas barceloneses (entre ellos, los Piferrer, los Rubió y los Roca), y representantes de la menestralía comarcal, como Milà i Fontanals. Fue una generación que revivió la confianza del clero en su capacidad para sintonizar con el pueblo y le enseñó el camino para llegar. El Romanticismo dio su toque a la Iglesia adormecida y esta batió las alas y se puso en marcha con afán.

Desde 1840 en Cataluña está presente el resurgimiento de la Iglesia. Pero este no se llevará a cabo sin el persistente calor popular, sin la adhesión de un pueblo que ha hallado su alma y comunica su entusiasmo a los portadores del Espíritu. Los hechos prueban suficientemente —⁠por decirlo con una fórmula sintética⁠— que no fue Montserrat quien creó a la Cataluña actual, sino que hemos sido los catalanes quienes volvimos a dar vida a la montaña y a las piedras del monasterio, quienes definitivamente lo restauramos (1844) y elevamos a la Virgen Negra al patronato del país (1881). Montserrat ha expresado la fuerza de la recuperación del sentimiento catalán. Y no fue el único beneficiado. En la segunda mitad del siglo XIX, la vida eclesiástica catalana, fomentada por la oleada romántica, alcanza nuevos hitos. Primero en los seminarios, de donde surgirá una legión de historiadores, arqueólogos y poetas; luego en las parroquias, en los capítulos catedralicios y en los solios episcopales. En la actuación a la vez brillante y dramática de un Morgades es difícil discernir dónde empieza el sentimiento individual y dónde el sentido de responsabilidad ante la presión colectiva. Presión que, por otro lado, convertirá al obispo Urquinaona en un miembro más del clero de Cataluña y que, cogiendo desde la cuna a Torras i Bages, lo llevará a definir la tradición cristiana del país.

Así, la espiritualidad eclesiástica progresó en todas las direcciones, pese al lastre que las luchas políticas habían dejado en la mentalidad de algunos clérigos y al eterno espejito de la tradición neogótica del poder como fórmula de prepotencia y prestigio. La encontramos a comienzos de siglo, fuertemente arraigada en la generación de 1901, en la restauración de la liturgia, en la difusión de una verdadera piedad popular, en la educación de la juventud y, esencialmente, en la perfección de su propia vida interior. Y, también, preocupada por la cuestión más problemática de su tiempo: las reivindicaciones obreras en el campo social, político e ideológico. No podemos aseverar que el clero las comprendiera. Nadie las entendía bien, y menos que nadie la burguesía cuando afirmaba que eran una burbuja revolucionaria a la que había que hacer frente con una política de vara de fresno. El clero, que estaba más en contacto con los trabajadores, no admitía un razonamiento tan erróneo. Pero lo asustaba el carácter anticlerical y ateo del movimiento obrerista, que en Cataluña había bebido de las fuentes de Proudhon y Pi i Margall. No obstante, hubo una verdadera política obrerista conducida por la Iglesia catalana. Principalmente, se manifiesta en el paternalismo tradicionalista de los centros católicos fundados en Valencia y Tortosa por el padre Vicente y amparados desde Barcelona por Comillas. Una solución sin salida en los días del nacimiento del terrorismo anarquista. Pero no una solución de mala fe, como era la de los industriales que preparaban los equipos de esquiroles. Los eclesiásticos catalanes buscaban una salida al conﬂicto. Puesto que la de los círculos católicos se reveló sin porvenir, unos fueron hacia la captura del movimiento obrero para la catalanidad (y en este sentido se consiguieron algunos progresos en las semanas sociales catalanas), mientras otros, como el grupo del padre Palau, planteaban las dimensiones exactas de un sindicalismo cristiano. Ciertamente, las posibilidades no estaban agotadas: existía el misticismo de la caridad, que en un Verdaguer casi derivaría a una previdencia del apostolado de los sacerdotes obreros, y también la facultad de arrepentimiento maragalliana ante la iglesia quemada.

Iglesia resucitada por el pueblo y combatida por el pueblo en el remolino pasional de los años de la gran crisis, de 1909 en adelante. Por esta misma razón —⁠la de no poder desentenderse del país⁠—, una Iglesia más que nunca catalana, que atestigua una vocación religiosa real, templada en el sacrificio, una preocupación social cada día más considerable y un profundo anclaje en los manantiales indestructibles del espíritu de la tierra.

SEGUNDA PARTE
LAS ILUSIONES

CAPÍTULO 6
EL PACTISMO

POLÉMICA SOBRE LA LIBERTAD MEDIEVAL

Una de las grandes ilusiones del historiador romántico, tanto si procedía del campo liberal como si se sentía incluido entre las gentes amantes de la tradición, fue considerar la Edad Media como una época de libertades. Confundía la libertad que él defendía —⁠de estirpe jacobina⁠— o el fuero que veneraba —⁠un resto petrificado de pasadas concepciones históricas⁠— con la existencia efectiva de unas condiciones jurídicas, señoriales o urbanas, privilegiadas. Porque debe entenderse bien desde ahora: privilegio no quiere decir, precisamente, libertad ni tampoco libertades. El hecho de que la soberanía del rey fuera limitada por unas trincheras legales otorgadas a cierta clase de gente —⁠en primer lugar, a los señores feudales; luego, a los burgueses⁠— no presupone que el hombre de esa época fuera efectivamente liberal; significa poco más que esto: que la sociedad medieval se había organizado en compartimientos cerrados, cada uno de los cuales se relacionaba con los otros por una red convenida de garantías mutuas. Este privilegio, por otro lado, no era eterno, salvo cuando intervenía dinero en su concesión. Y, además, la potestad regia podía modificarlo cuando lo exigía el bien común, noción que se extendió desde mediados del siglo XVIII gracias a los teólogos y jurisconsultos eclesiásticos. Los fueros monolíticos e inalterables de las grandes compilaciones jurídicas medievales solo aparecían así en los códigos rancios y en las escaramuzas de ceremonial de los siglos XVI y XVII. La vida, como siempre, se filtraba por las rendijas de la letra pequeña de las ordenanzas.

Los historiadores de nuestra Renaixença no escaparon a este defecto de óptica, general en su época. Cuando hablaban de la monarquía, de las Cortes, de la Diputación del General y de los municipios de Cataluña, lo hacían con la mejor buena fe de creer liberales unas instituciones que les parecían cuna de toda clase de libertades. Más adelante, otros historiadores, siguiendo la tónica de los tiempos, las consideraron democráticas. No podían estar de acuerdo con el parecer de los tradicionalistas, que hallaban en los mismos ejemplos la mejor garantía de sus perennes ideales de corporativismo jerárquico, de vínculo social frente a la dispersión individualista de la sociedad. Huelga decir que los catalanes de la Edad Media no eran ni liberales, ni demócratas ni tradicionalistas. Fueron hombres de su tiempo, que resolvían sus problemas de acuerdo con una mentalidad estrictamente medieval. Y, por lo tanto, una mentalidad de privilegio o de clase privilegiada.

EL PACTISMO

Si nuestros juristas e historiadores del siglo XIX se hubiesen encontrado con un terreno de partida sólido —⁠y no con un estéril vacío legado por la decadencia⁠—, habrían hallado muy pronto la salida a la polémica que hemos esbozado. Imaginemos el mismo problema iniciado por la perfecta máquina filológica y técnica de la universidad alemana coetánea. En este caso, como en muchos otros aspectos de nuestro ser colectivo, nos habríamos ahorrado muchas divagaciones y los quebraderos de cabeza subsiguientes. No fue así, y es de lamentar.

El sentido profundo de nuestra sociedad medieval radica exactamente en el pactismo, o sea en la concepción de que el pacto con la soberanía debe regular toda la ordenación humana y política de la colectividad. Este hecho tiene una insoslayable ascendencia feudal; del verdadero feudalismo que juntaba las personas a las personas, no las personas a la tierra. La Marca se constituyó sobre una compacta plataforma feudal, quizá más ceñida, por su propio carácter militar y fronterizo, que la de las regiones donde se creó la mentalidad de ese importante sistema social y económico. De ahí que en nuestra tierra prevaleciera el pacto desde los primeros albores de su historia. Cuando dos personas se agrupaban para ofrecerse, respectivamente, protección y servicio, o bien tierras y cultivos, cada una de ellas quería saber hasta dónde llegaba su protección o su retribución. Al principio, no se precisó más que la palabra intercambiada, la ceremonia mágica que acompañaba tales actos. Luego intervinieron los notarios con su tintero y su pluma. Personajes importantes, los notarios, del cuerpo vivo de Cataluña durante siglos y siglos. No se los entendería sin el espíritu pactista del país.

En esencia, pacto es fidelidad. Fidelidad del señor hacia su vasallo, no ultrapasando ni el espíritu ni la letra de sus derechos; fidelidad del vasallo hacia su señor, comprometiéndose a observar sus obligaciones. Y aplicando esos términos a la complejidad de toda relación social, fidelidad respectiva de maestros y oficiales, de amos y jornaleros, de gobernantes y gobernados. Durante las primeras centurias de nuestra formación social, los catalanes vivimos sujetos a esta ley de fidelidad, la cual, por otro lado, no ha significado en ningún momento sumisión de persona a persona, claudicación de esclavitud moral. Porque, y esto queda bien claro en los textos que iluminan el proceso del pactismo catalán desde el siglo IX hasta el XVIII, o sea durante la mayor parte de nuestra existencia colectiva, tan solo pueden ser fieles —⁠o sea dar y prestar testimonio de fidelidad⁠— los hombres francos, los hombres libres.

Franqueza y libertad, he aquí las raíces del pactismo catalán. Tal experiencia vital, nacida en las montañas de la primitiva Marca, cuando se concedían feudos y alodios, fue desarrollada teóricamente por los juristas de los llanos, de las grandes ciudades del país, durante los últimos siglos medievales. Entonces esta mentalidad se incrustó en la misma médula de nuestra estructura social y política, hasta convertirse en una forma de ser, hasta convertirse en una concepción del mundo que ha permanecido inalterada a través de las vicisitudes históricas de los dos últimos siglos. En el fondo de sus peleas sobre la organización de la cosa pública, nuestros carlistas y liberales del siglo pasado coincidían en la exigencia de la realización de ese pactismo recluido, primigenio, al que nuestra estirpe ha sido permanentemente sensible. Solo la subida de la oleada en masa de población de esta última época, combinada con el establecimiento de elementos forasteros en nuestra tierra, no bien asimilados, ha sumergido el ideal perenne en las relaciones políticas y sociales catalanas bajo las frívolas capas de unas fórmulas universales de sumisión o irresponsabilidad colectiva. Pero, en el fondo de nuestra alma, seguimos adscritos a la ley del pacto, que es, por encima de todo, repitámoslo, una ley moral.

CONCEPTO CLÁSICO DEL PACTISMO

Con la tradición feudal del pacto de buena fe, los hombres de las ciudades catalanas ensamblaron las doctrinas de la Iglesia sobre el origen y el desarrollo del poder y las prácticas y las costumbres nacidas del regimiento de la cosa pública. Abundantes textos legales y libros doctrinales manifiestan la importancia y el arraigo en el país del pactismo como mecanismo constitucional y como comprensión racional de los hechos relativos al Estado. Tan evidente es la posición del iusconstitucionalismo en la época dorada de Cataluña que en seguida ha atraído la atención de pensadores, legistas e historiadores. Desde Torras i Bages hasta Elías de Tejada, pasando por Maspons y Anglasell, la moderna investigación intelectual se ha fijado suficientemente en este punto capital de nuestro modo de ser y lo ha señalado como una de las contribuciones más importantes del espíritu catalán a la mentalidad colectiva europea.

Así pues, el camino que seguirán estas líneas no será virgen. Pero es preciso que insistamos en algunas variedades y en algunos aspectos de la cuestión y, sobre todo, que presentemos el pactismo en su eficacia histórica, aspecto que hemos echado de menos en los estudios de los eruditos comentaristas que nos han precedido.

Es evidente que el pactismo catalán es un hecho anterior a su exposición dogmática y jurídica. Desciende, como decíamos, de las tempranas relaciones de persona a persona en los tiempos condales y del proceso histórico que puso a la monarquía catalana delante de los barones, las iglesias y los municipios de Cataluña en el organismo político principal del país: las Cortes. Este fenómeno no es exclusivo, puesto que se da asimismo en los otros países occidentales enmarcados por la estructura feudal. En todas partes las necesidades financieras de la monarquía la condujeron a recabar servicios económicos de sus pueblos intercambiando la recepción de subsidios por el otorgamiento de las leyes y privilegios solicitados por estos últimos. Pero solo en Inglaterra y Cataluña el desarrollo de la institución parlamentaria alcanzó un concepto constitucional efectivo y planteó eficazmente las relaciones operantes entre la autoridad y los sujetos, entre el monarca y sus vasallos. Tanto en un pueblo como en otro, la intervención del país en el mecanismo político de la soberanía se puso de manifiesto en el control de las cantidades monetarias ofrecidas al rey y en la vigilancia activa de las responsabilidades contraídas por el poder y sus ministros en el ejercicio de sus cargos y del recto cumplimiento de las leyes y constituciones. El hecho de que las Cortes catalanas pudieran plantear a la realeza los «agravios» del país —⁠sin cuya resolución no había posibilidad ulterior de acuerdo⁠— nos da la clara impresión de que, desde los primeros momentos de la existencia de ese organismo, existían unos compromisos morales superiores a la normal mecánica del «te doy y me das» propia de las cortes y los parlamentos medievales. Tales compromisos no eran más que el reﬂejo del espíritu pactista prevaleciente en Cataluña.

Cuando llegaron a Cataluña las explicaciones que el pensamiento griego había dado a los problemas fundamentales de la soberanía, bien tamizadas por la escolástica dominica a la luz de los preceptos concluyentes del cristianismo sobre la libertad fundamental del hombre, fue fácil establecer una teoría general que explicara la realidad pactista del país. Esta fue la obra del franciscano fray Francisco Eiximenis. Eiximenis era de Gerona y, por lo tanto, hombre de la Marca primitiva, donde el pactismo se había enraizado por vez primera. En su tiempo, los peligros que rodeaban la monarquía de Pedro el Ceremonioso procuraban todos los días nuevas ganancias al pactismo un tanto vago que regía la celebración de las Cortes. El hombre y su tiempo se revelan en el desarrollo de la doctrina del pacto que figura en el libro Dotzè llibre del crestià y otros tratados de quien fue obispo de Elna. Como buen catalán, Eiximenis no consideraba la comunidad una agregación de individuos naturalmente ingenuos, sino un conjunto de casas, primitivamente separadas, que se habían juntado «para su mejor estado». Tales casas o familias, al unirse para un fin de perfección o conveniencia social, no renunciaron a su libertad, porque «la libertad —⁠nos dice⁠— es una de las principales excelencias que son en los hombres francos y la servidumbre es por las leyes comparada a muerte». En consecuencia, «cada cual puede presumir de que cada comunidad hizo con su propia señoría pactos y convenciones provechosas y honorables […], y jamás […] dieron la potestad absolutamente a nadie sobre sí mismas, sino con ciertos pactos y leyes».

Este famosísimo párrafo de Eiximenis nos lleva ya bien lejos del pacto feudal de buena fe. Se trata, evidentemente, de un nuevo concepto de los vínculos entre el pueblo y el soberano, en el que no figura ningún elemento justificativo de violencia, ni siquiera el derecho de conquista por las armas. El pueblo es verdaderamente libre y acepta la señoría de la «presidencia» —⁠en la mentalidad de Eiximenis, huelga decirlo, una monarquía⁠— porque esta se compromete, en primer lugar, a salvar su alta y propia libertad y, en segundo término, a «gobernar liberalmente dicha comunidad».

El pactismo de Eiximenis, en modo alguno abstracto, sino tallado en la misma madera de la realidad social que vivía, tuvo un desarrollo teórico considerable en el transcurso del siglo XV. Además, a través de la jurisprudencia pervivió hasta el Decreto de Nueva Planta. Los juristas quizá no conocieran la obra del fraile franciscano gerundense; pero, en cambio, podían leer la aplicación legal de sus conceptos en las constituciones y los privilegios del país. Puesto que, y esto es importante, la doctrina del pacto se enraizó en las leyes de Cataluña durante el gobierno de los monarcas de la dinastía Trastámara.

LOS TRASTÁMARA Y EL PACTISMO

El hecho de que se estableciera en Cataluña una nueva estirpe de soberanos favoreció la expansión de la teoría pactista. Hasta el reconocimiento de los derechos de la rama castellana del árbol de la casa condal barcelonesa, esta había gobernado de padres a hijos durante tantas generaciones que resultaba imposible para el común hacerse a la idea de la realidad de la monarquía paccionada que iluminaron los tratadistas eclesiásticos del tipo de Eiximenis. Los condes reyes de la casa barcelonesa eran reyes que «principiaban», no reyes «elegidos». Ello quería decir, para un catalán de mediados del siglo XV, como Gabriel Turell, «que hacen las leyes que quieren y les place, y lo que dan es por gracia». No obstante, esta misma estirpe se había comportado siempre tan liberalmente que merecía el respeto de sus vasallos más por su gusto abierto y popular que por la exigencia de autoridad. Si ahora nos propusiéramos hacer la historia de tal actitud de los condes reyes, señalaríamos no menos de diez o doce pasajes fundamentales en que queda patente de forma indudable. Desde el otorgamiento de los Usatges de Barcelona, consentido por Ramón Berenguer I «con acuerdo y ajuste» de los magnates de la tierra, hasta el emotivo parlamento de Martín el Humano en las Cortes de Perpiñán de 1403, cuando pronunció las recordadas palabras «¿Qué pueblo existe en el mundo que sea tan franco de franquezas y libertades y que sea tan liberal como vosotros?», los catalanes comprobaron en sus monarcas un constante deseo de buena colaboración con el país, establecida sobre el principio de que la preeminencia del soberano era compatible con las franquezas de los particulares. No sabemos qué habría acaecido si esta estirpe hubiese presidido el gran choque ideológico y político de los siglos XV y XVI entre cesarismo y pactismo. En todo caso, su recuerdo pesó en las luchas que se desarrollaron bajo los Trastámara.

Prescindiendo de la explicación de otros procesos históricos que convierten el Compromiso de Caspe en el nudo principal de la vida política de la Corona de Aragón, puede asegurarse que para el espíritu pactista catalán el resultado fue paradójicamente favorable. Paradójicamente porque, si bien por un lado despertaba la ilusión de una monarquía elegida —⁠y, por lo tanto, obligada a conservar los pactos y las condiciones con que recibía la señoría⁠—, por el otro encumbraba en el trono a una clase de gente acostumbrada en Castilla a mandar sin trabas, ya que ahí el pactismo, aunque existente, formaba una capa de doctrinarismo abstracto e ineficaz. Tuvieron que pasar tres generaciones para que un príncipe Trastámara —⁠Fernando II⁠— comenzara a comprender el juego mental político del pueblo: respeto absoluto a la autoridad absolutamente respetuosa con las leyes pactadas.

Pese a todas sus prevenciones personales autoritarias —⁠perfectamente comprensibles⁠—, los primeros soberanos Trastámara tuvieron que aceptar la teoría pactista y, lo que es aún más sorprendente, reafirmarla desde el punto de vista constitucional. No solo aceptaron el depósito legal anterior, sino que, además, debieron definir la función del organismo que debía velar por el equilibrio exacto del gobierno paccionado: la Diputación del General de Cataluña. Tras las Cortes de Barcelona de 1413, el pactismo entró en la categoría de los hechos políticos consumados, y no debe extrañarnos que apareciera en el vocabulario de las asambleas generales de esa época como argumento indiscutible. En las mismas Cortes de 1413, los estamentos aprobaron que «privilegio otorgado contra ley paccionada de derecho no vale», y en las sucesivas de 1419 y 1421, en medio de su ofensiva para conseguir un gobierno pactista, se repitieron los mismos conceptos, sobre todo que «las leyes de la tierra, compradas y pagadas, no podían ser interpretadas». Compradas y pagadas, términos importantes en el pactismo catalán. Poco antes de la revuelta contra Juan II, durante las Cortes de 1454 a 1458, la palabra pasciscir —⁠derivada del paciscor latino («hacer pactos»)⁠— se incluyó más de una vez en las polémicas verbales que ocultaban las discordias internas, sociales y políticas, discutidas en aquellas sesiones.

El impulso revolucionario provocado por la detención del príncipe de Viana en Lérida, triunfante por la unanimidad con que fue seguido por el país, dio al pactismo la posibilidad de traducirse en uno de los textos legales más avanzados de la sociedad occidental, en una especie de carta magna de las libertades de la tierra. Nos referimos a la concordia de Villafranca del Penedés de 1462. No solo se recogieron en ella amplísimas limitaciones a la soberanía del príncipe, sino que, además, se estatuyó por primera vez el principio de responsabilidad económica y política de los ministros de la monarquía para con los organismos representativos del país: la Diputación del General, el intitulado Consejo del Principado y la ciudad de Barcelona. No sabemos cómo habría evolucionado esta nueva plataforma pactista si no la hubieran derribado la revolución social, la guerra civil y la intervención extranjera. De hecho, quedó en ruinas tras diez años de lucha. Pero la vitalidad del credo pactista era tan considerable que, pese a la derrota del partido revolucionario, la monarquía tuvo que reconocerlo —⁠aunque en sus formas más moderadas⁠— en la capitulación de Pedralbes de 1472 y en la Observança de 1481. El monarca que otorgó esa última constitución —⁠Fernando II⁠— aplicó generalmente el pactismo, si bien no escatimó recursos para hacer sentir la inﬂuencia real en los principales organismos que lo representaban en Cataluña: la Diputación y el municipio barcelonés.

LA SUPERVIVENCIA DEL ESPÍRITU PACTISTA

Durante los siglos XVI y XVII el pactismo fue la osamenta del constitucionalismo catalán. Mientras alrededor de Cataluña todo cambiaba y se removía, nuestros hombres permanecían apegados a las leyes que los habían hecho poderosos y ricos durante los siglos medievales. Más adelante discutiremos si tal actitud fue un error o no, y si procedía de una impotencia real de maniobra o de un anquilosamiento sentimental enfermizo. Ahora solo debemos referirnos a la desnuda realidad: para mantener esas leyes y constituciones, y resistir la presión formidable del cesarismo monárquico, el pactismo se convirtió en una doctrina intocable y sagrada.

En esa época la teoría pactista, reelaborada por los doctores de la Audiencia y los juristas de las corporaciones públicas, había obtenido unos resultados que revelan el carácter práctico de las concepciones políticas de Cataluña. Mientras que en toda Europa, ahora incluida Inglaterra, el iusconstitucionalismo desaparecía devorado por el absolutismo monárquico, pues es fácil combatir una abstracción con otra, en Cataluña acaecía lo contrario: el pactismo salía vigorizado de las polémicas con Carlos I, Felipe II, Felipe IV y sus secretarios, ministros y consejeros. Los catalanes recordaban las constituciones fijadas por Jaime II, Fernando I y Fernando II sobre los pactos; pero, además, decían que los pactos se habían conseguido mediante dinero y que tal compraventa de autoridad debía ratificarse en cada nueva sucesión de soberanía. O sea que el rey no era señor por hecho de herencia, sino cuando juraba personalmente las constituciones de Cataluña y, por lo tanto, aceptaba plenamente el espíritu pactista del país. Tales afirmaciones iban tan lejos que se llegó a sostener que ningún monarca podía dar órdenes en Cataluña ni nombrar un delegado o funcionario —⁠pongamos por caso, el virrey⁠— mientras no hubiera dado el paso decisivo de visitar el país para jurar sus leyes. Parecerá que dicha posición maximalista fue puramente teórica. No es cierto. Durante los primeros meses del reinado de Felipe IV se produjo un choque violentísimo entre Madrid y Barcelona a propósito del pactismo y el reconocimiento para el cargo de virrey del duque de Alcalá. En medio de la tormenta (1621), los representantes de Cataluña afirmaron, una vez más, que el Principado era gobernado por un conde, y que este lo regía con las constituciones aprobadas por los tres estamentos de las Cortes, «las cuales son leyes convencionales pactadas entre dicho conde y la tierra». La fórmula no puede ser más clara y contundente, ni más reveladora de la estrecha relación entre el contrato público de soberanía y el privado de compraventa.

El pleito secesionista de 1640 giró, desde el ángulo jurídico, en torno al pactismo. Y este salió vigorizado de la prueba, porque durante todo el reinado de Carlos II nadie se atrevió a discutirlo. Pero había perdido consistencia por el desgaste al que fue sometido durante la ocupación de las tropas francesas. De hecho, el pactismo decae en el espíritu catalán, y la generación que hará la guerra de 1705 a 1714 luchará por otros ideales. Sin embargo, en esta última ocasión fue condenado a las llamas el libro de un jurista catalán afecto al archiduque Carlos de Austria porque en él se defendía la autoridad absoluta del príncipe como fuente exclusiva de gobierno.

Un siglo de aplastamiento provinciano y otro de reanimación jacobina del problema de la soberanía, colocado sobre la concepción de un pacto de tipo bien distinto al desarrollado por nuestro talante, no han sido suficientes para desmantelar el espíritu pactista de la tierra. Las revoluciones y las reacciones nos han llevado de un lado a otro, siguiendo la oscilación de las sacudidas europeas, ora adorando el individualismo racionalista, ora encumbrando al Minotauro. Pero, tras una experiencia de ciento cincuenta años, debemos declarar que no es lo nuestro. Lo que llevamos dentro no es, verdaderamente, ni el absolutismo, ni el liberalismo individualista ni el totalitarismo democrático, aunque pueda confundirse con alguna de estas manifestaciones típicas de los procesos políticos actuales. Carlistas, liberales, demócratas, socialistas y sindicalistas catalanes —⁠como puede comprobarse releyendo las obras de sus elementos más representativos⁠— tienen el común denominador del pacto de buena fe, de la aquiescencia a la autoridad legítimamente constituida, de la responsabilidad absoluta del gobernante para con el gobernado, de la aceptación por ambas partes de las normas del juego social, económico y político comúnmente establecidas.

¿Puede ser el pactismo una fórmula moderna? No lo sostendríamos; sería un error de tipo tradicionalista. Cada tiempo trae sus exigencias y conlleva sus reglas políticas y sociales. Pero sí que debe meditarse sobre la inclinación pactista de nuestra mentalidad, que en esencia no es más que rehuir cualquier abstracción, ir a la realidad de la vida humana y establecer la más estrecha responsabilidad colectiva e individual en el tratamiento de la cosa pública.

CAPÍTULO 7
IMPERIO Y LIBERTAD

EXPANSIÓN Y COLONIZACIÓN

La gran historia, que solo ha hecho caso de los resultados de las colonizaciones antiguas y modernas, menospreciando las medievales, nos ha borrado a nosotros, los catalanes, de la lista de los pueblos que han intentado resolver el doble problema político y cultural que implica toda expansión marítima. Nos ha borrado por ignorancia, no por mala fe. Los historiadores conocen, sin duda, el desarrollo mercantil de Cataluña y saben que ocupamos un lugar en la lucha por la hegemonía en el Mediterráneo occidental e incluso que conseguimos organizar de modo admirable nuestra actividad comercial desde el punto de vista consular y jurídico. Nadie que tenga una cultura histórica media desconoce el valor de nuestro Consolat de Mar[7], una de las piezas fundamentales de la literatura jurídica marítima. Se ha hablado de él tanto y tan bien que ya de por sí habría tenido que inducir a la sospecha de que tan bella fachada estaba fundamentada en un macizo paramento de realidades intelectuales y aptitudes políticas, lejos de cualquier improvisación. Sin embargo, tal estudio no se ha intentado. La culpa es absolutamente nuestra. No podemos atribuirla a otros, como es costumbre en nuestra historiografía usual.

Aunque no lográramos —como los portugueses, castellanos, neerlandeses, franceses e ingleses⁠— abrirnos camino hacia las tierras de nueva colonización durante la Edad Moderna, nuestra participación en la experiencia colonial de Occidente tiene un alcance suficientemente considerable como para que no pueda ser olvidada ni subvalorada. Si nuestras fuerzas languidecieron en los momentos en que el Atlántico se ofrecía con todas sus empresas tentadoras, no por ello debemos silenciar las notables realizaciones que emprendimos durante los siglos XIV y XV en el Mediterráneo. Vemos en ello, precisamente, una de las facetas más finas y sensibles del espíritu de nuestro pueblo, semejante a la solución pactista del nexo político entre el Estado y los ciudadanos que hemos examinado más arriba.

LAS DOS VERTIENTES DE LA COLONIZACIÓN

Toda teoría colonial debe reconocer la existencia de un hecho básico: la prepotencia de un pueblo que, en un momento de euforia económica, social y militar, se expande más allá de su terruño. Querer borrar del colonialismo tal impulso biológico, necesariamente acompañado de afán de dominación y de violencias destructoras para imponerlo, es ignorar la realidad de la vida humana, una realidad conformada con las ambiciones de riqueza individual y con la crueldad de los primeros conquistadores. No existe pueblo alguno que se haya embarcado en la gran aventura colonial con la ilusión de redimir al mundo. Desde los argonautas, por encima de las placenteras leyendas de los héroes de la cultura que luchan contra los monstruos de la barbarie, ha planeado la codiciada figura del Toisón de oro.

Así pues, lo importante no es la manera en que la nación colonizadora sale a escena —⁠todo el mundo lo ha hecho con gestos parecidos⁠—, sino su actitud al doblar la primera esquina de la victoria, justo en el instante en que lucen su mentalidad y los métodos que aplicará para consolidarla. La geohistoria ha realizado un estudio completo de las sucesivas reacciones de los pueblos colonizadores ante su labor constructiva, hasta reducirlas a las dos grandes vertientes del continentalismo y el marinerismo.

Cuando salimos de casa, llevamos con nosotros imágenes y conceptos que presionan nuestros resortes psicológicos y nos obligan a actuar de acuerdo con una línea de conducta. Cada uno de nuestros actos anteriores ha creado en nosotros una serie de realidades espirituales que no podemos rehuir: los actos han desaparecido en el pasado, pero su huella queda «objetivada» en nuestro espíritu. De ahí las consecuencias lógicas de nuestras acciones, ese profundo encadenamiento que aparece tan pronto como el historiador, el psicólogo y el policía examinan con detenimiento el mecanismo mental de un individuo. Tanto da que en cada momento nos acoplemos a las posibilidades ambientales para alcanzar nuestros fines. Nuestro «saber operativo» —⁠intelectual o práctico⁠— no desvirtúa en ningún instante los datos de nuestro «espíritu objetivado», donde se han ido acumulando tradiciones, enseñanzas y experiencias.

Lo que acabamos de decir para los simples individuos se realiza asimismo en los pueblos. No podemos salir de casa y cambiar repentinamente de actitud. Son siempre los mismos, aunque cambien las decoraciones históricas en que van moviéndose. Un pueblo de pastores nómadas se manifestará en una colonización de tipo ganadero: rápida, absorbente, idealista, poco apegada a valores económicos. Es el caso más frecuente en la variante geohistórica de la expansión continentalista: desde la del pueblo de Israel —⁠no confundan, por favor, los judíos bíblicos con los que nacieron de la diáspora marinera⁠— hasta la de los rusos —⁠nómadas de los bosques septentrionales⁠—, pasando por el ejemplo capital de los seguidores de Gengiskán. Por el contrario, un pueblo de marineros dará lugar a un sistema colonial de tipo mercantil: lento en su formación, pero liberal, empírico, práctico en los negocios.

De las dos vertientes de la expansión colonial, fuimos los catalanes, después de los fenicios y griegos y antes que los ingleses, quienes dimos una exitosa prueba de los métodos empleados por el ángulo marinero de la mentalidad imperial. Y ello fue así porque, al salir de casa, con las velas desplegadas de las ilusiones expansivas, teníamos no solo un concepto pactista de las relaciones entre la autoridad y sus sujetos, sino también un sistema consuetudinario de delegaciones de poder.

LAS DELEGACIONES DE PODER

He aquí un tema que exigiría largas consideraciones de tipo histórico; mejor dicho, una profunda investigación en la montaña de documentos privados y públicos en que se manifiesta esta modalidad del temperamento catalán. Hoy tenemos una idea muy superficial de sus orígenes y su desarrollo. Sin embargo, constituye un hecho probado por multiplicidad de actos escritos de toda clase, desde el sencillo contrato guardado en el arca de una masía hasta los diplomas que se conservan en los archivos reales.

No sabríamos remontarnos en los siglos y fechar el origen de las procuraciones durante la baja época romana. Pero forzosamente deberíamos encontrarlo en esos momentos, porque, cuando conocemos los primeros testimonios escritos de las singulares voluntades de los catalanes —⁠hacia el siglo IX⁠—, aparecen las delegaciones y transferencias de autoridad en tal abundancia que no podemos dudar que el sistema estaba ya muy arraigado en su conciencia colectiva. Este proceso no queda suficientemente explicado por la inﬂuencia secular del derecho romano, ni tampoco por el desarrollo del derecho canónico que lo siguió con tanta fidelidad. Para aclarar el éxito de una fórmula es preciso, sobre todo, aceptar una modalidad humana dispuesta a su aceptación. En otras palabras: una mentalidad conformada para confiar en la excelencia del sistema. Y, en nuestro caso, una predisposición social, vinculada a la costumbre, hacia la buena fe y la honorabilidad en los tratos.

Desarrollar esta línea en el terreno del derecho privado nos llevaría muy lejos y muchas veces caminaríamos a tientas. Los juristas y los historiadores del derecho no nos han ayudado en la labor de reencontrar el espíritu del pueblo en estas clarísimas huellas de su talante. Unos y otros han reconocido que era un hecho multitudinario, socialmente activo, y con eso nos hemos conformado todos. Pero todavía no sabemos si fue el ambiente feudal el que activó el arraigamiento de este sistema o bien si recayó en la Iglesia dar ejemplos de la proliferación de procuraciones y delegaciones de poder.

En cambio, desde el punto de vista público, creemos que no ofrece ningún tipo de duda atribuir simultáneamente a la Iglesia y al feudalismo la difusión del procedimiento delegacionista. En consecuencia, nos hallamos ante un fenómeno casi general en el occidente de Europa, donde iguales necesidades de la vida corporativa determinaron en todas partes los mismos efectos. Lo notable en Cataluña es el desarrollo del sistema, la fe depositada en las procuraciones y los sindicatos, que del mismo modo afectaron a la mentalidad del simple campesino y a la de los altos ministros de la corte real. Ello nos da el camino para comprender muchos aspectos de la vida política catalana antigua: el vigor de las corporaciones locales, regidas por una transferencia de poderes del común a ciertas personas de la colectividad municipal; la prodigiosa actividad de los gremios; el arraigamiento de las asambleas generales corporativas, distinguidas con el nombre de Cortes, y la práctica ininterrumpida en la realeza y sus ministros de sustituirse en el ejercicio de sus funciones por representantes convenientemente autorizados.

Cierto es que el sistema de procuraciones, sindicatos y lugartenencias no fue privativo de los catalanes. Repetimos que la Europa occidental y mediterránea conoció estos vínculos. La diferencia se halla en el valor casi místico que se les dio en nuestra tierra. ¿Dónde, si no en Cataluña, y en la Corona de Aragón por inﬂuencia catalana, se dio el caso de que solo nueve personas, delegadas por las Cortes de los respectivos reinos, pudieran decidir libremente sobre un caso tan difícil como la sucesión de una realeza extinguida? No se ha pensado mucho en esta definitiva plataforma mental del Compromiso de Caspe, que explica la aceptación de la Sentencia por parte de muchos de aquellos a quienes repugnaban los términos y la designación de persona. El mecanismo psicológico de tal proceso histórico comprende dos partes muy características de nuestro estilo social: el pactismo, como fórmula de soberanía colectiva, y la delegación de poderes, como instrumento de realización del pacto.

Podríamos presentar otros ejemplos. Son tan numerosos que, como dicen los franceses con expresión afortunada, nos sentimos embarazados al escogerlos. Aun así, hay dos que nos parecen fundamentales. Uno es la constitución de la Diputación del General de Cataluña. Fíjense bien, por favor, en el sentido de la primera palabra, que resume exactamente el espíritu de esta corporación. Siglos antes de que las prácticas parlamentarias del siglo XIX lo popularizaran, los catalanes habíamos aceptado el sustantivo latino deputatione para designar al organismo competente en que se delegaban los poderes de las Cortes para un asunto o un grupo de asuntos especiales. Y este hecho, aun no admitiendo el criterio de la escuela filológica que halla en las palabras la expresión rigurosa de una actitud histórica, implica una enseñanza que no sabríamos negar, al ver que ningún parlamento medieval, ni siquiera el inglés, dio nacimiento a una corporación que representara permanentemente al país. Solo en Cataluña la fe en el delegacionismo posibilitó que al cabo de pocos años de actuación el General se convirtiera en el verdadero cuerpo místico de la tierra, en la corporación jurídica hecha y conformada a imagen de las necesidades materiales y morales de la articulación social catalana.

Otro ejemplo nos ofrece la revolución catalana del siglo XV. Dado el comportamiento social y jurídico del país, diez años de alzamiento frente a la realeza no se explican sin una base legal que lo legitimara. Esto no ha sido observado por los historiadores que nos han precedido. Todo el aparato revolucionario de esa dramática y decisiva década descansa sobre un trozo de papel: la delegación hecha por las Cortes de Lérida el 4 de diciembre de 1460 para que el General pudiera ocuparse del asunto del príncipe de Viana. Veinte líneas mal contadas fueron el argumento jurídico —⁠aceptado en último término incluso por la realeza⁠— para constituir una desesperada resistencia en torno a unos ideales pactistas. Y ello no habría sido posible en ninguna otra tierra donde la transferencia de poderes no hubiera sido aceptada, como en la nuestra, en la plenitud de su juego social o político.

LA EXPERIENCIA DECISIVA

En la segunda mitad del siglo XII es cuando encontramos en Cataluña testimonios fehacientes de la aplicación a la cosa pública del sistema de delegación de poderes —⁠vinculado al pactismo de tradición feudal⁠—. Eso no quiere decir que ya antes no pudieran hallarse vestigios, sobre todo, como acabamos de señalar, en los asuntos privados. Sin embargo, el hecho de que la práctica se desarrollara en ese momento queda aclarado por dos sucesos simultáneos: el debilitamiento de los vínculos que teóricamente unían a los condes de Barcelona con la estirpe real francesa y la expansión transpirenaica de Cataluña.

Un juvenil entusiasmo historiográfico ha llevado a mucha gente a olvidar que, pese a la experiencia secesionista de los condados catalanes a partir de Borrell II, la Casa de Barcelona se consideró moralmente amarrada a la Corona real de Francia hasta bien entrado el siglo XII. Es evidente que no lo decimos basándonos en las frases que constan en los diplomas y actas de la cancillería barcelonesa ni tampoco en las más extendidas de las cancillerías episcopales, las cuales, hasta la decisión del concilio de Tarragona de 1147, hicieron constar en la datación de sus escritos los años de gobierno de los soberanos franceses. Nos permite creerlo, entre otras actitudes, la mentalidad con que actuaron Ramón Berenguer IV y sus consejeros en el asunto de Aragón. Es muy posible que entre el conjunto de presiones que decidieron a dicho conde a no revestirse del título real catalán en el momento de aceptar el gobierno de Aragón (1137) figure en lugar preeminente el reconocimiento tácito de la soberanía francesa. Más adelante insistiremos sobre este tema. Digamos ahora que Ramón Berenguer IV no solo no legó a su descendencia un título real extranjero —⁠el de Aragón⁠—, sino que durante su vida jamás lo utilizó personalmente y se limitó a llamarse príncipe o dominador del reino de su esposa Petronila.

Pero, por otro lado, la investidura de la realeza aragonesa favoreció y consolidó el sentimiento de independencia legal de Cataluña respecto a Francia. Desde el matrimonio de Ramón Berenguer IV los progresos secesionistas son evidentes, y en tal atmósfera, aun cuando puedan existir precedentes sueltos, es donde se halla el nacimiento del procedimiento delegatorio aplicado a la expansión languedociana del condado de Barcelona. El primer acto que conocemos está fechado en 1167: Guillermo VII de Montpellier se tituló entonces «curador y procurador» de Alfonso el Casto para recoger la herencia dejada por Ramón Berenguer III de Provenza ante los muros de Niza. Sucesivamente, a causa de las idas y venidas del titulado «emperador de los Pirineos», la corte barcelonesa se acostumbró a delegar sus atribuciones en personajes de confianza del Mediodía de Francia. Fue un ejercicio extraordinariamente útil, el cual no se justifica, empero, por las circunstancias de esos días, sino por la mentalidad previa pactista y delegacionista del país.

Muy pronto se presentaría una prueba de una categoría totalmente distinta; una prueba que juzgamos decisiva para nuestra explicación de los hechos. Nos referimos al momento en que, caído Pedro el Católico ante Muret, Cataluña y Aragón tuvieron que hacer frente a la minoridad de su hijo, el futuro Jaime el Conquistador. Repentinamente, el país se halló sin gobernante cualificado, sin precedentes que permitieran resolver una situación que albergaba el peligro de la anarquía. Entonces fue cuando, con la intervención de un legado del Santo Padre, se acordó en una asamblea celebrada en Lérida —⁠las llamadas Cortes de 1214⁠— reconocer procurador del país a Sancho de Aragón, tío del rey difunto. En este caso importan mucho menos la personalidad y los móviles políticos de quien hizo la propuesta que la manera y las modalidades con que fue admitida.

Mediante una «constitución de paz y tregua», y con el fin de devolver a la tierra la paz y el orden, los catalanes no solamente aceptaron la delegación de poderes de Jaime I a su tío, autorizada por la Iglesia, sino que, además, establecieron la base legal del sistema delegacionista al acordar la institución de vicarios (o delegados) del procurador, en las principales comarcas, con la única condición de ser catalanes y conservar efectivamente la paz en sus distritos jurisdiccionales.

He aquí, en 1214, resumidas las principales tendencias del espíritu público catalán: el pactismo —⁠intervención de los representantes del país en la aceptación de una fórmula gubernamental⁠—; la procuración —⁠delegación autorizada de poderes del soberano a sus representantes⁠—; el mantenimiento del orden y la paz —⁠supremo objetivo de todo gobierno⁠—. Esta verdadera armonía entre la autoridad, el país y sus fines respectivos cierra el triángulo político en que, en épocas de madurez, triunfa el seny de nuestro pueblo.

ORGANIZACIÓN CONTINENTAL

No debemos discutir la bondad de los principios que acabamos de exponer ni los resultados conseguidos con su aplicación. A buen seguro que una y otra vez, en circunstancias idénticas, a pesar de haber sido aleccionados por la experiencia, volveríamos a actuar de modo semejante. Pero no nos gusta reconocerlo. Los catalanes somos un tipo de gente que reacciona ante el mundo con cierta soberbia localista y con una total modestia universalista. Hay, desde luego, excepciones individuales, pero que confirman la regla de nuestra afición desorbitada por las cosas pequeñas y nuestro temor a manifestar e imponer, si es preciso, nuestro modo de ser a los grupos humanos a los que nos acercamos. Hay que buscar las causas de este desaliento ante los grandes problemas universales en la falta de una tradición minoritaria derivada de una herencia ideológica, en la disociación entre la enseñanza oficial y la realidad de las vivencias históricas del país, en la inconsciencia con que estos temas han sido debatidos por la política romántica y por la posterior polémica nacionalista, tanto castellana como catalana. La gente ha perdido la brújula de navegar, y se ha conformado con un modestísimo particularismo, cuyas aristas más angulosas en seguida ha procurado eliminar. Mientras se le hacía la boca agua con la bresca del Languedoc, se hacía mala sangre con las llameantes cuestiones de Aragón y Castilla —⁠o sea con el problema fundamental de los vínculos de Cataluña con la Península.

Esta reﬂexión nos la dicta la consideración de los lamentos de nuestra historiografía romántica a propósito de una de las construcciones más exitosas de la política catalana de todos los tiempos: la Corona de Aragón. Desde mediados del siglo XIX nos ha molestado que los condes de Barcelona fueran conocidos en todas partes bajo el nombre de reyes de Aragón; que nuestros bisabuelos guerreros y mercaderes trascendieran en las páginas de la historia extranjera bautizados como aragoneses; que al hablar de nuestra expansión mediterránea se empleara el calificativo de aragonesa. Hemos recurrido a los procedimientos más refinados para evitar este confusionismo: hemos hablado de confederación catalano-aragonesa, de reyes de Cataluña-Aragón, de condes reyes, de monarcas con una, dos o tres numeraciones. A mi juicio, este infantilismo verbal no solo nos ha perjudicado y ha molestado innecesariamente a los aragoneses —⁠que también estaban⁠—, sino que ha creado una peligrosa confusión en nuestro espíritu público, ya que hemos puesto en la picota una de las más fecundas soluciones de nuestro intervencionismo en el complejo mundo hispánico.

Debe decirse que el hábito no hace al monje. Lo importante no es el nombre que se le dé, sino la forma de hacerlo y si tiene repercusión en la creación histórica o no. Si nos llaman aragoneses algunos historiadores poco atentos a la cuestión de forma, pero señalan que hemos contribuido a resolver, armoniosamente, un problema de organización política y económica relativo a varios grupos humanos, aceptaremos humildemente este vocablo, con la convicción de que fácilmente se discernirá la aportación concreta de nuestra originalidad creadora. Del mismo modo, no me apura que, en la dedicación catalana a una común obra hispánica, el ojo poco entendedor dañe los perfiles de nuestra idiosincrasia y en la neblina de su incultura nos confunda bajo una misma designación específica. La historia sabe medir exactamente lo que hay de verdad en los procesos seculares; sabe hacer justicia a las obras exitosas, así como a los egoísmos perturbadores.

Creemos, pues, que no es posible discutir el acierto de la Cataluña medieval al aceptar una investidura ajena para sus príncipes y al defender a diestro y siniestro la unión surgida del matrimonio de Ramón Berenguer IV. He aquí un hecho al que siempre permanecieron fieles nuestros antepasados. Y tanto más cuanto que el Estado construido sobre tal circunstancia fue una muestra excelente de nuestra manera de entender el mundo, un artificio maravilloso que permitió amplísimas satisfacciones particulares a la vez que aumentaba la pujanza del conjunto. Dos pueblos de mentalidad distinta, de costumbres diversas, de talante y hablas diferentes pudieron realizar una tarea única, generalmente en la mejor armonía. Ni aragoneses ni catalanes hemos guardado mal recuerdo de nuestra experiencia colectiva. Este es el mejor de los elogios que podemos atribuir a nuestra concepción política medieval.

Imperio y libertad —imperio en la obra colectiva, libertad en los asuntos internos, sociales e individuales⁠— se desarrollaron a raíz de la unión catalano-aragonesa. En este sentido aún fue más fecundo el maridaje de ambos pueblos. Fijados los principios intangibles de la nueva comunidad política, maduraron poco a poco, pero con una seguridad que evidencia su eficacia histórica. La creación del reino de Valencia representa también una favorable consecuencia de ello. A siete siglos de distancia, hay gente que habría preferido la simple anexión a Cataluña de la faja marinera conquistada por Jaime I. Ni eso habría sido entonces posible —⁠porque los aragoneses también hicieron su contribución⁠— ni tampoco era imaginable para una Cataluña dispuesta a respetar los derechos ajenos dentro de un sistema articulado de amplias responsabilidades locales. Valencia fue el producto matemático de los factores espirituales y políticos generados por un siglo de comunidad catalanoaragonesa. Pese al predominio del elemento catalán, se ofrecieron a los aragoneses oportunidades consuetudinarias e idiomáticas muy satisfactorias. Sobre todo, se ensanchó el Estado sobre una base triangular, rica en posibilidades políticas, idónea a pesar de la aparente fragilidad del conjunto. Todo el siglo XIV, tan esplendoroso para la Corona de Aragón, descansa sobre este delicado y vital mecanismo.

Se nos objetará que no era una fórmula viable; que ese conjunto que hemos considerado admirable no pudo resistir la dura prueba del siglo XV y aún menos el proceso unificador que en el occidente de Europa condujo a la formación de los Estados autoritarios y absolutistas. En verdad, durante toda esa centuria navegó contra el signo de los tiempos. Pero los catalanes de esa época no podían dar marcha atrás sin renegar de sí mismos, sin desprenderse de un espíritu pactista esencialmente anclado en su mentalidad. No es que permanecieran paralizados ante el cambio; fueron muchas las soluciones que buscaron. Las únicas que podían triunfar eran las de tipo imperialista, como las que colocaron al Languedoc en manos de la Corona francesa y extendieron el poder de Castilla hacia el sur de España. La fuerza no se supo emplear cuando todavía se podía llegar a tiempo —⁠nos referimos al momento crítico de la muerte de Martín el Humano⁠—. Más tarde, en 1642, cuando se tuvo conciencia de que era preciso rehacer la Corona de Aragón bajo una autoridad más concreta, la empresa fracasó ante la superioridad numérica y la prepotencia financiera de los reinos vecinos. Entre Francia y Castilla, entre el enemigo que quería descuartizar la Corona de Aragón y el pueblo que se presentaba como aliado, la opción no fue nada dudosa. Los catalanes se inclinaron hacia Castilla con la esperanza de encontrar una ayuda contra los adversarios transpirenaicos. Los acompañó —⁠y esto también determinó su elección⁠— la ilusión hispánica despertada por los humanistas. Pienso que este hecho es irrevocable, pese a la decepción histórica posterior: no haber encontrado en la comunidad surgida de la crítica peripecia del siglo XV la correspondencia deseada con el ideal de imperio y libertad que engendramos desde que tuvimos uso de razón como formación social diferenciada.

ORGANIZACIÓN CONFEDERAL Y DELEGADA

El gobierno de tres países, dotados de administración, leyes y costumbres diversas, intransigentes en la defensa y la conservación de sus privilegios, no hubiese sido factible sin la aceptación de la práctica de procuraciones y delegaciones de poder. Este aparato legal y mental no se montó en cuestión de días. Se precisaron años para que el mecanismo gubernamental se adaptara exactamente a las necesidades impuestas por la estructura de la Corona de Aragón. Aun así, a principios del siglo XIV estaba ya dispuesto el andamiaje maestro de la organización continental del reino, firme en sus fundamentos espirituales y ﬂexible en su adecuación a la realidad de los distintos territorios que la integraban. En la cumbre, la monarquía y su corte: la paz, la guerra, la diplomacia, la justicia, la ley y las finanzas generales. Un escalón más abajo, el gobernador general —⁠primero conocido como procurador general⁠—; el primogénito, encargado de asegurar la justicia y la ley en nombre del monarca en el país donde este no se hallaba momentáneamente. Más abajo todavía, los portavoces del gobernador general, los oficiales encargados de representar al primogénito en la vigilancia del orden público y la administración de justicia. Y, más abajo, los funcionarios comarcales, veguers[8], batlles[9], otros tantos delegados de la procuración suprema regia. Este era el aparato pactista de los respectivos territorios —⁠las Cortes, los municipios, los gremios⁠—, perfilado más adelante con las Diputaciones del General.

Tal sutil mecanismo permitió fácilmente pasar a una concepción imperialista mediterránea, en la que se conservaran, a la vez, los principios de eficacia general y los de respeto a las características nacionales de los pueblos que integraron el dominio real aragonés. Hoy sabemos que el puente entre la organización continental y la organización marítima de la Corona de Aragón lo prefiguró el reino de Mallorca, desprendido del tronco principal con el testamento de Jaime I. Esta aparente contradicción de la política mediterránea de Cataluña nos resultó, al cabo de medio siglo, beneficiosa. En efecto, el gobierno del Rosellón y Mallorca exigió una ﬂexibilidad aún mucho mayor que la adquirida en el continente. Desde Perpiñán se dispusieron los asuntos de tal modo que el gobernador de Mallorca fue investido de una serie de facultades delegadas de las que nunca se había separado el monarca en la Corona de Aragón. Incluso cambió de nombre. Se lo llamó lugarteniente, o sea el depositario del poder regio en toda su extensión. El sistema dio buenos resultados, de tal manera que, reincorporada Mallorca a la Corona en tiempos de Pedro el Ceremonioso, fue aceptado como principio básico de la reestructuración del dominio mediterráneo emprendida por dicho monarca. Desde finales del siglo XIV, Mallorca, Cerdeña y Sicilia fueron gobernadas por lugartenientes. Este proceso incluso revirtió en los territorios continentales, que también conocieron sus respectivas lugartenencias.

La excelencia de tal organización se comprueba si la examinamos desde diferentes ángulos. Para los reinos y países incorporados, la lugartenencia, pronto bautizada popularmente con el nombre de virreinato, simbolizó la persistencia de las leyes, los usos y las costumbres locales. Solo así podemos comprender que pueblos como el de Sicilia, tan orgullosos de su existencia nacional y de la ininterrumpida tradición de una monarquía secular, aceptaran casi sin inquietud un régimen de gobierno ajeno. Y es que este régimen no solo no pretendió imponerles una concepción distinta de la vida, sino que veló por mantener la ilusión de una independencia política, base ineludible de la aquiescencia a toda labor colectiva emprendida por un poder foráneo.

Por otro lado, la monarquía tuvo en las lugartenencias los instrumentos —⁠no siempre dóciles, ciertamente⁠— que garantizaron la unidad en la ejecución de sus designios. Una misma voluntad reunía los vértices del imperio mediterráneo, en Barcelona, en Cagliari y en Palermo —⁠más tarde en Nápoles⁠—. Y, por ser una sola voluntad, se acomodaba a las exigencias diversas de los territorios incorporados al dominio. Quisiéramos que esto se entendiera bien, porque, de lo contrario, se nos escaparía una condición esencial de esta concepción imperialista: que el imperio estaba puesto al servicio de todos sus miembros y no en beneficio o usufructo de la porción más eminente y preponderante. El ideal que realizaba era el de la seguridad colectiva, frente al desquiciamiento italiano, las codicias berberiscas y, por último, el peligro turco.

Por eso fue un imperio libremente consentido, aunque en Cerdeña se tuvieran que reducir determinadas facciones locales, mal avenidas con cualquier tipo de orden establecido en las llanuras costaneras. Todos sus miembros se vieron beneficiados, unos por la paz, otros por el comercio, y todos, como decíamos, por la seguridad. Además, y ahora sí que no podemos hablar de aragoneses, sino exclusivamente de catalanes, fue un dominio aleccionador en la buena práctica política. El aliento pactista catalán cruzó los mares y fue la brisa que despertó el espíritu de las libertades públicas en Sicilia y Cerdeña, países de tradición señorial donde la práctica de las asambleas corporativas era desconocida o se hallaba en proceso embrionario. Cataluña insuﬂó sobre Cerdeña el procedimiento parlamentario y le enseñó hasta dónde llegaban sus derechos ante las posibles extralimitaciones de los lugartenientes. Y a los sicilianos les dio conciencia de su unidad nacional, estableciendo en la isla no menos que una réplica de la institución más exitosa de su historia constitucional: la Diputación del General.

Si hay algo admirable en la historia internacional del último medio siglo, no dudo ni un segundo en poner como ejemplo a la comunidad británica. Pues bien, sin ningún tipo de orgullo de campanario, nuestros antepasados organizaron la cuenca occidental del Mediterráneo durante el siglo XV con una idoneidad y una ﬂexibilidad superiores incluso a la tan admirada obra del espíritu inglés moderno, sin duda porque, en espacio más reducido y alimentado por una misma cultura, no existían entre sus partes los abismos raciales, económicos y mentales que trocean la Commonwealth.

El juego de la estructura virreinal catalana, desarrollado durante el tiempo de Alfonso el Magnánimo, fue el punto de partida de la organización colonial americana por Castilla. Nadie niega hoy en bloque este hecho. Ahora bien, si cruzaron el Atlántico las instituciones, o el nombre de las instituciones, no las acompañó el espíritu pactista que las había hecho nacer en el Mediterráneo. Los virreyes españoles perdieron la contrapartida popular que unían a su autoridad los predecesores mediterráneos, y desembocaron pronto en la autosuficiencia, respecto al monarca y respecto a los gobernados. De ahí el aspecto monolítico del colonialismo castellano en América, tan poco favorable al desarrollo de comunidades pactistas, que, como las anglosajonas, habrían permitido el ﬂorecimiento de auténticas minorías dirigentes en esas tierras.

CAPÍTULO 8
LA ACTITUD HISPÁNICA

EL PLURALISMO HISPÁNICO MEDIEVAL

A finales del siglo XV Cataluña se vio enfrentada con una realidad política que hasta entonces no había ni tan siquiera soñado, si bien estaba hilvanada en la política matrimonial que practicaban sus soberanos desde hacía dos centurias: la unión con Castilla bajo una soberanía común. En otras palabras, la participación con Castilla en la conformación del Estado español surgido del impulso renacentista hacia las monarquías pluriterritoriales absolutas.

La presencia de Cataluña en los asuntos hispánicos es considerada hoy en las historias y los ensayos desde el punto de vista del trascendentalismo nacionalista. Para la correcta interpretación de la verdad, o al menos para la discreta aproximación a la verdad, es una malísima óptica. No se ve más que lo que se quiere encontrar. Esta posición explica imprudencias tan monumentales como la de Ortega y Gasset cuando afirmaba en su España invertebrada que había «razones para ir sospechando que, en general, solo cabezas castellanas tienen órganos adecuados para percibir el gran problema de la España integral». Según él, España era algo hecho por Castilla. Este exclusivismo mental, tan obtuso como nuestra negación al considerar africana cualquier cosa que esté más allá del Ebro, ha sido vigorizado por años de investigación sistemática en los campos de la prehistoria, la arqueología, la diplomática y el folclore. Con una buena fe admirable y una paciencia benedictina, la escuela castellana ha desnudado miles de documentos y ha removido y conjugado las fórmulas cancillerescas para poner de manifiesto, primero, el sentido unitario de los reinos cristianos medievales de la meseta casi ex ovo, y, luego, el encaje de tal mentalidad en la Castilla preimperial del siglo XII. El ilustre Menéndez Pidal ha dirigido esta singular operación, en que han colaborado después los nombres no menos relevantes de sus discípulos —⁠Américo Castro, S. Sánchez Albornoz, J. Maravall y muchos otros⁠—. Por nuestro lado nos hemos defendido tanto como hemos podido, a veces con bonhomía y otras con las garras; en general, nuestra escuela erudita no ha tenido tiempo de dedicarse a tales juegos de entusiasmo historiográfico.

Los unitaristas, o sea quienes creen que la unidad de los pueblos de la Península —⁠perdón: ¿con Portugal o sin Portugal?⁠— ha sido impuesta por la fuerza y solo puede mantenerse en el porvenir por la fuerza, nos presentan a consideración varios panoramas del pasado hispánico. Los especializados en la arqueología prehistórica han ensalzado el supuesto papel unificador de los celtas, mientras que los clasicistas destacan sobre todo la expansión del culto imperial y la constitución de la diócesis de Hispania, ya en las postrimerías del Imperio romano. Por si alguna de esas dos hipótesis fallaba, quedaba el reducto de la unidad de Hispania bajo los monarcas visigóticos, lo cual está absolutamente bien probado. De los visigodos, una vez derrumbados la realeza y el poder a causa de la invasión musulmana, la idea unitaria habría pasado, sucesivamente, a Asturias, León y Castilla, mediante la acción difusa de las minorías mozárabes —⁠o sea de la población cristiana que había permanecido en al-Ándalus sin renegar de su fe⁠—. Hacia el siglo XII Alfonso VII de Castilla habría estado a punto de realizar la nueva unidad; pero entonces pudieron más las tendencias disgregadoras, la ideología imperial se derrumbó definitivamente y dio paso al período de los cinco reinos. No obstante, resucitaría bajo los Reyes Católicos, cuya monarquía cumpliría el designio neogótico.

Tal ilación de los hechos, que estaba vigente en la escuela castellana hasta fecha bien cercana, está hoy sometida a fuerte revisión crítica. En efecto, cuando todo el mundo estaba de acuerdo en dar una importancia decisiva al legado de la monarquía visigótica, Américo Castro sostuvo el criterio de la ruptura absoluta del mundo visigótico con el de la reconquista cristiana, debido a la invasión musulmana, sus estragos subsiguientes y, en particular, la profundidad con que el islam supo ganarse el alma de los seis o siete millones de campesinos indígenas. De hecho, según el parecer expuesto por una persona tan cualificada como el profesor Millàs, la primera verdadera plataforma de una unidad en la Península la habrían conseguido los califas de Córdoba —⁠excluyendo los territorios de los reyes, príncipes y condes cristianos, todos pobrísimos, que habían buscado amparo en las montañas y que combatían encarnizadamente por un elemental deseo de independencia.

Así pues, desde el siglo XI no habría habido más que la posibilidad de hacer España, pues la España geográfica era un país casi musulmán, y los pueblos dispuestos a emprender esta tarea eran tan diversos como catalanes y aragoneses, vascos, castellanos y gallegos.

De hecho, como dice Castro, la muerte de Hispania —⁠del reino visigodo hispánico⁠— dio lugar al nacimiento de las Españas, o sea al porvenir de cada pueblo peninsular en libertad dentro de una tarea paralela y muchas veces común. Esta teoría es sustancialmente la que hemos defendido nosotros en otras obras —⁠como en la Aproximación a la historia de España⁠—, y el hecho de que Castro haya llegado a ella por su propio carril, y aun teniendo que prescindir del lastre del mozarabismo (supuestamente unificador), indica su probable validez y la esperanza de que puedan ponerse de acuerdo los historiadores castellanos y catalanes sobre las peripecias de la política peninsular durante la Edad Media, fuera de las citas peyorativas y malintencionadas o bien de las afirmaciones gratuitas y abstractas. Entre las de este tipo figura como particularmente deformadora la tesis de Menéndez Pidal sobre el imperialismo leonés y castellano, una experiencia erudita a fuerza de sugestiones alemanas, que llevó demasiado lejos hacia el terreno de la ideología política, con resultados poco gratos para todos. Por suerte, la tesis menendezpidaliana está hoy en franca decadencia —⁠el título imperial leonés, escribe el propio Castro, nunca ejerció acción cohesiva sobre los otros jefes de España⁠—. Nosotros ya habíamos afirmado que era mejor escribir la historia sin fundamentarla en fantasmas.

Hay, pues, desde el siglo XI, una acción polifacética de los distintos reinos españoles, o sea establecidos en la Península, de cara al porvenir de España. La palabra «polifacética» es de Castro. Nosotros preferimos la expresión «pluralismo hispánico», que se manifiesta en la política del tridente Cataluña, Castilla y Portugal. La mención de los cinco reinos no corresponde a la realidad, porque León permaneció detrás de Castilla, y Aragón nolens volens detrás de Cataluña, mientras Navarra permanecía cerrada en su propio territorio nativo y anclada en la práctica de un perseverante tradicionalismo. En consecuencia, cuando Castilla se desembarazó de las fórmulas caballerescas y partió en busca de sus propias posibilidades —⁠que eran plenarias y grandísimas, como la reconquista y la recolonización de la meseta meridional y Andalucía⁠—, entonces quedó dibujado el pluralismo hispánico en sus tres vertientes: atlántica, continental y mediterránea. Coordinarlas debía ser obra mancomunada y de perfeccionamiento colectivo.

La libertad de acción que a cada miembro de la comunidad hispánica medieval daba el hecho de sentirse solidario con una misma causa —⁠como fue, principalmente, la destrucción de la potencia de los ejércitos africanos en la Península durante los siglos XII y XVIII⁠—, sin subyugaciones ni vasallajes mutuos, permite enfocar bajo una nueva y agradable luz los continuados reclamos de castellanos, portugueses y catalanes en España y en los hechos de los españoles. Hace muy poco el inteligente J. A. Maravall reunía materiales en una de sus obras para poner de manifiesto el gozo y hasta la primacía con que los escritores catalanes de la época dorada medieval se referían a España. Efectivamente, ningún cronista dudó nunca en utilizar las palabras España y español en sentido geográfico, histórico o político, y así es bien cierto que puede considerarse como la pretensión de un dominio universal de España la frase de Muntaner: «Si estos cuatro reyes que él llamó de España, que son una carne y una sangre, se mantuvieran juntos, poco temerían y valorarían todo el restante poder del mundo». Muntaner era del Ampurdán y un optimista fabuloso. Este lado de la psicología personal no lo tiene en cuenta Maravall, cuya teoría se desliza demasiado hacia la aceptación de la duración del goticismo, del mozarabismo y del imperialismo neogótico.

De hecho, prescindiendo de fórmulas cancillerescas y de expresiones más o menos acertadas, durante los siglos XVIII, XIV y XV hubo trabajo para todo el mundo en España. Los historiadores nunca han tenido presente el factor población, y ello los ha llevado a conclusiones muy equivocadas, a imaginarse políticas de grandes horizontes sin base humana suficiente. Se ha hablado de la dramática opción de Jaime I entre política occitana, peninsular y mediterránea, y de qué habría ocurrido si Cataluña hubiera seguido una de las dos primeras direcciones en lugar de la tercera. Tales suposiciones son grotescas, porque, con medio millón de habitantes, Cataluña no podía ni aspirar a rechazar a los ocho millones de franceses de san Luis, ni casi a repoblar el campo y la marina de las Baleares y una faja litoral y algunas ciudades de Valencia. Para esta clase de empresas de repoblación habíamos perdido el aliento; de igual modo que los castellanos, que apenas pudieron establecer algunas guarniciones en las fortalezas murcianas. En cambio, si bien la política naval era cara, podía ser conducida con elementos cualificados limitados, ideal de la expansión meditada por las ciudades catalanas durante la época de Jaime I y Pedro el Grande.

Por lo tanto, el pluralismo hispánico medieval no provocó ni tambaleos, ni choques ni quebraderos de cabeza entre catalanes y castellanos. La mejor prueba de lo que decimos fue la enérgica actitud de las Cortes catalanas de 1430 al oponerse a la guerra que Alfonso el Magnánimo libraba contra su primo Juan II de Castilla con finalidades puramente dinásticas. Entre ambos pueblos no podía ni debía haber rivalidades, sino fraternidad.

DEL COLUMPIAMIENTO DEL SIGLO XVI AL AGRIETAMIENTO DEL SIGLO XVII

Los catalanes no entraron en el conjunto de la monarquía hispánica con ningún tipo de teoría. La restauración de las Hispanias por parte del cardenal Margarit era una apología humanista de la figura del héroe Fernando II, sin repercusión en el ambiente popular. Tampoco el grito de la Busca, «Barcelona es la cabeza de la libertad de España», pudo tener otro eco que el de un futurible ochocentista. Lo que sabemos de la oligarquía de la época fernandista es que se proponía vivir «como hermanos» con los súbditos de los reyes de Castilla, defender el sistema pactista establecido con el monarca y conservar la Corona de Aragón como pieza maestra de su presencia hispánica. En definitiva, una posición conservadora, sin demasiadas ambiciones, pero sin temores.

Este sistema pareció que funcionaba maravillosamente durante el reinado de Carlos I. Europa y España habían salido de la depresión económica del siglo XV, y Cataluña, claro está, se beneficiaba también de la coyuntura. Los puertos retomaron su actividad, e incluso empezó a funcionar la universidad. Puesto que los asuntos sociales habían sido resueltos durante la larga crisis de la guerra civil de Juan II, Cataluña no tuvo que experimentar la violencia social de las germanías de Valencia y Mallorca. No creemos que la burguesía reaccionara ni poco ni mucho. Entraba en el terreno del más puro conformismo.

Ciertamente, en ocasiones se daba cuenta de que los asuntos eran complejos y que debía decir algo al mundo. Pero, en general, mientras mantuviera la seguridad por el lado del Rosellón y en el mar procurara resistir los ataques de los turcos y berberiscos, creía que había cumplido con su deber. Y así, con una segura aunque limitada actividad mercantil con Sicilia, a la que se añadía un chorrito del tesoro americano, que se dirigía a Génova por los puertos de Cataluña, el país iba tirando y viviendo sin pena ni gloria.

La primera sacudida vino cuando Felipe II se cerró en banda en el triple campo económico, religioso e intelectual. A buen seguro que los catalanes de esa época no conseguirían entender la política que Joan Regla ha bautizado con el nombre de «impermeabilización de España». Pero, si no la entendieron, sintieron sus efectos. Entre los años 1567 y 1579 el virrey Diego Hurtado de Mendoza, en cumplimiento de órdenes superiores, dispuso el encarcelamiento de los diputados del General de Cataluña, acusados de favorecer la herejía calvinista en el país. Además, prohibió que los súbditos catalanes fueran a estudiar a universidades extranjeras y estableció la censura de libros e impresos. Tales medidas eran generales en España, pero no dejaron de sorprender a los naturales del Principado, aun cuando tuvieran el peligro hugonote en los Pirineos y un enjambre de franceses hubiese invadido pacíficamente el país. También los sorprendió, y de forma muy desfavorable, la decisión de Felipe II en 1566 de cerrar el comercio americano a cualquier nación extranjera en beneficio del monopolio de los mercaderes sevillanos. Debe tenerse en cuenta que Carlos I había inaugurado en 1529 un régimen económico colonial de tipo bastante liberal y que en las Cortes de 1542 había prometido la igualdad de catalanes y castellanos en el comercio con América. Imaginémonos, pues, el luto que provocó en Cataluña —⁠aunque el comercio catalán, como hemos dicho, estuviera en decadencia⁠— la noticia de la prohibición de mercadear con las Indias. «Desde hace un tiempo —⁠escribían los consejeros de Barcelona en 1568⁠— en Castilla, esto es en Sevilla y otras partes, contra dicha Concordia [del contrato matrimonial de los Reyes Católicos], hacen pagar a los catalanes como extranjeros».

La exclusión de los asuntos de España —⁠y concretamente, del principal negocio de España S. A. que era América⁠— provino de Castilla. Castilla se hacía España a su guisa por muchas razones: porque era el reino más poblado de todos; porque el descubrimiento de América le había procurado una fortuna inimaginable; porque gozaba de una selección importante de sacerdotes, misioneros, políticos, generales y soldados; porque su impulso vital había coincidido justamente con el disparador del Renacimiento en Europa; porque la reunión de todas estas posibilidades había producido en la corte, en las universidades y en los conventos una cultura considerable, con cosas que decir al mundo. Castilla era digna de admirar entonces por todo el mundo, y el antiguo pluralismo hispánico iba languideciendo en el crisol de tal admiración: batallas ganadas, tesoros acumulados, monumentos insignes, bella habla, actitudes intelectuales osadas, alzamiento místico, aspiración al dominio universal. Si los propios portugueses se rindieron a la inﬂuencia de Castilla, ¿qué no harían los catalanes de la época?

Pero el impulso castellano falló. Y falló hacia el año 1580, año más o año menos. Este es uno de los hechos mejor establecidos por la historiografía reciente. El fracaso de Castilla se derivó, en primer lugar, de su incapacidad para transformarse en potencia capitalista, dicho de otro modo, en potencia capaz de organizar la mecánica económica colonial americana, ocupar el lugar principal en las finanzas europeas o más simplemente dar de comer a los españoles (problema del hambre). Luego, de la dificultad de superar su angustia vital ante la exigencia de reducir a una las tres fuentes culturales de las que había ido bebiendo y de liquidar el problema de los conversos (problema de la honra). En tercer lugar, procedió de la incapacidad de articular de forma moderna la administración del Estado, atendiendo la pluralidad de hechos y tendencias hispánicas y la eficiencia del gobierno (problemas del mando y de la picaresca). Y por último, se debió a la inconsistencia de la solución barroca dada a las inquietudes espirituales de la población peninsular: una grandeza retórica superficial y evasiva, sin ninguna fibra ética profunda, sin ningún vínculo con la realidad social de la época.

Lamentaríamos que la síntesis precedente fuera malinterpretada. Hemos expuesto las dos caras de la problemática castellana del siglo XV para explicarnos las razones del cambio de actitud de Cataluña respecto a su partenaire esencial en el juego hispánico. Si los catalanes siguieron con cierto entusiasmo sombrío el camino que les señaló Castilla hasta finales del siglo XVI —⁠en las Cortes de 1599 votaron un subsidio de un millón cien mil libras a favor de Felipe III, abriendo generosamente la bolsa para ayudar al rey contra las incursiones de los ingleses en Galicia y Andalucía⁠—, después, en cuestión de dos décadas, se resquebrajó el vaso de la ilusión y toda confianza fue derruida. Entre 1615 y 1630, mucho antes de que estallara la guerra de Secesión, Cataluña había decidido —⁠tal fue su primera reacción ante los hechos⁠— que embarcarse con Castilla en una misma navegación no era buen negocio y que había que romper relaciones.

Las causas de esta actitud están hoy bien establecidas por los historiadores. Antes se hablaba del asimilismo de Castilla, de la política suicida del conde duque de Olivares, de la pérdida del ideal hispánico de la Contrarreforma, etc. Ideas que deben ser revisadas totalmente. Hay que empezar de cero.

Partimos de la base de que la deformación de la sociedad catalana a finales del siglo XVI era total. Perdido todo sentido de responsabilidad histórica, como lo pone de manifiesto la tristísima reacción de los prohombres catalanes ante la entrada de las tropas de Felipe II en Zaragoza en 1591, Cataluña no era ni la sombra de lo que había sido una centuria y media antes. Si la burguesía barcelonesa vivía confortablemente de las rentas sicilianas, el interior del país era un nido de pasiones y odios. Nadie lo gobernaba, como si este desgobierno acarreara la degeneración de sus fuerzas vitales. El bandolerismo, legado de las luchas sociales del siglo XV, rebrotó a mediados del siglo XVI (el clásico bandolerismo de las rivalidades aristocráticas, seguido por la pululación de bandas de ladronzuelos) y experimentó una exacerbación paroxística en sus últimos decenios. Esta fue producida por la atracción de las caravanas de oro y plata que pasaban de Lérida a Barcelona; por la intranquilidad del mundo eclesiástico y feudal, arruinado por la inﬂación de finales de la centuria y por la aplicación de los decretos tridentinos, y, sobre todo, por el hambre y la peste que un año tras otro acometían a la población. Así pues, el bandolerismo organizó la miseria de los campesinos, el apasionamiento del caballero y los rencores de canónigos y rectores en una simbiosis casi estable, superior a las órdenes de los monarcas, a las actuaciones de los virreyes y a las condenas de la Santa Sede, que por bulas de Sixto V (1588) tuvo que establecer en Cataluña jurisdicción excepcional para castigar los «crímenes atroces» de los eclesiásticos.

Pero aun así el país tiraba, pese a los desplantes de los virreyes que eran enviados a Cataluña para poner orden y que se encontraban continuamente con las constituciones y libertades de la tierra. Se ha hecho de sus propósitos un uso demasiado retórico, porque está bien probado que uno de los hombres que entró en Cataluña con más prevenciones y ganas de gallear, Francisco Fernández de la Cueva, duque de Alburquerque, el mismo que en 1616 se «prometía de poner en galeras a todo el Principado», gobernó con bastante acierto; con la ayuda de la burguesía barcelonesa, dio batalla al bandolerismo y, al terminar su gestión, se comprometió, como así fue, a defender los asuntos del Principado en Madrid como «buen catalán». No, no es por esa vía por donde se abre la crisis. La grieta empieza a formarse por las dificultades económicas y financieras que provoca el cambio de la coyuntura en el primer decenio del siglo XVII. En esa temporada la contracción, medida por los ingresos de las generalidades, llega a ser del 75 por ciento. El país se empobrece y decae, y en este momento es cuando la monarquía le pedirá que haga un esfuerzo colectivo. Y no por malevolencia, sino porque las finanzas y el comercio en España están siempre al borde de la ruina y el gobierno debe recurrir a normas de inﬂación que son contempladas con espanto desde Barcelona.

La crisis económica provocó en Cataluña una gran tensión social, y en ella radican las causas profundas del alzamiento del Corpus de Sangre. Los campesinos protestaron en vano contra la opresión del tiempo; los canónigos y curas, contra la aplicación extremista de los decretos de Trento, que daba los obispados, las abadías, los prioratos y las encomiendas a gente de Castilla; los caballeros y donceles, contra el acaparamiento por parte de algunos privilegiados y la burguesía de los cargos de gobierno de la Diputación del General y el Consejo de Barcelona, corporaciones riquísimas, cuyos ingresos eran cuatro y dos veces, respectivamente, los del fisco real. «La casa del General es una casa de perdición», exclamaban los seiscientos miembros más destacados de la pequeña aristocracia feudal que pervivía en el país. Y la burguesía, amenazada por esos intereses, se sentía también atacada por la realeza y sus ministros, los cuales le reclamaban mayores contribuciones y, sobre todo, la vigésima parte de las imposiciones municipales a partir de 1599.

La alta aristocracia, la burguesía y los eclesiásticos prominentes intentaron negociar con Madrid sobre esos problemas. Y se hallaron enfrentados a un clima que no habían sospechado. En lugar de con el conde de Barcelona y rey de España, chocaron con una monarquía castellanizada —⁠«el rey es castellano», comunicaban los enviados⁠— y una burocracia que no solo era castellana, sino que expresaba con respecto a Cataluña pareceres de mala voluntad. «Son nuestros enemigos», escribía desesperado, en 1639, el representante del conde de Santa Coloma en Madrid, Joan Magarola, miembro del Consejo de Aragón, dinástico fervoroso. Toda Cataluña temía, en efecto, ya antes de la llegada al poder del conde duque de Olivares, que la realeza daría un golpe fuerte contra la tierra para imponerle «la saludable medicina del rigor». Pero la sucesión de Felipe IV y la llegada al poder del conde duque de Olivares desencadenaron una psicosis de prevenciones indefinidas, porque se sabía que, para hacer frente a la política de prestigio en Europa, el nuevo ministro estaba dispuesto a imponer en toda la monarquía una misma ley y una misma moneda. De ahí el choque de 1621 con ocasión del pleito del juramento del nuevo lugarteniente y la defensa de la tradición pactista (como ya hemos visto); de ahí el envaramiento del país en 1632, cuando los elementos más radicales se mostraron dispuestos a correr cualquier riesgo, antes de claudicar de sus derechos.

Entre los años 1620 y 1630 los catalanes recapacitan y se preguntan de qué ha servido su unión con Castilla. La respuesta contenida en un memorial del período es, como podía preverse, totalmente negativa. Pero los argumentos que se especifican en ella son especialmente de orden social y económico, no ideológicos o políticos. «La fraternidad y unidad —⁠se afirma⁠— que está establecida entre los reinos de España es firme, pero si algo puede cambiarla es que los provechos se vuelvan particulares de uno de ellos y no comunes». Esta alusión a Castilla se desarrolla en seguida, y se la acusa de no haber sabido generar prosperidad para todos: América solo ha servido a los genoveses; Castilla se ha enriquecido con las ﬂotas de Indias y con las «particulares» de las mercedes concedidas a sus naturales en las colonias y en Italia. Hay que cambiarlo todo: «La verdadera unión consistiría en unirse todas las provincias y beneficiar las mercancías que hay en toda España, y no dejarlas salir sino trabajadas, porque lo que vale dos no nos lo devuelvan con valor de diez». Programa voluntarista y programático, que se completa con la reclamación de que los cargos públicos y eclesiásticos se den a los particulares de cada reino para evitar el expolio de la población.

Una mentalidad distinta se abre camino después de la etapa de conformismo del siglo XVI. El catalán no está de acuerdo con la marcha del Estado. Lo peor del caso es que entonces se introdujo entre nosotros una confusión casi imborrable entre el aparato de Estado en Castilla y los valores humanos del castellano. Mucho antes de la guerra de 1640, se creó en Cataluña un ambiente de menosprecio hacia los castellanos, del que es testimonio el dietario del notario Pujades, escrito de 1627 a 1630. Cuando en él se refiere a los «canes de Castilla», prepara la voz pasiva de la frase que los neandertaloides peninsulares han gozado más pronunciando en el transcurso de los siglos.

DEL SECESIONISMO AL INTERVENCIONISMO

La peripecia revolucionaria de 1640 a 1659 la examinaremos más adelante. Desde 1638 buena parte de los políticos catalanes más destacados se dispusieron a responder mediante la fuerza al golpe de Estado que amenazaba al país. Cuando ello acaeció por la fatalidad de la ruina financiera de la monarquía y la presencia de los imponderables —⁠en 1639 no llegó a Cádiz la ﬂota de Indias que debía traer la plata para pagar a las tropas reales que operaban en Cataluña⁠—, se desvanecieron las posiciones de los elementos moderados, entre otros, hay que reconocerlo, del propio conde duque de Olivares. La política de este se sirvió muy poco del famoso proyecto enviado a Felipe IV a comienzos del reinado en el que proponía, como bien se sabe, la reducción del pluralismo hispánico según el estilo y las leyes de Castilla. Este pensamiento es de cuño burocrático y coincide con las expresiones de un informe de 1632 según el cual «la diferencia, sin causa, con que han querido tratar las naciones de España ha sido perjudicialísima al servicio de V. M. y a la conservación de la misma monarquía y que será su total ruina el permitirlo». A pesar de este uniformismo político del prepotente dictador, Olivares se vio forzado por los extremistas castellanos y aragoneses, los cuales lo obligaron a renunciar a la política de blandura practicada desde 1626 y lo lanzaron a la aventurada acción de fuerza de julio de 1640, inicio de su ruina y de la Corona española.

Los catalanes, tras una corta experiencia de república oligárquica a la veneciana, se entregaron al vasallaje de los reyes franceses. Creían que encontrarían en ellos un escudo y un refugio. Si la experiencia castellana había tardado un siglo en decepcionarlos, a la francesa apenas le bastó un decenio. Al cabo de pocos años de ocupación militar, solo un millar de familias perseveraba al lado de las tropas y los virreyes de Francia, y más por odio y temor a los españoles —⁠que así se llamaban las escuadras de Felipe IV⁠— que por convicción íntima y devoción a los galos. No hablamos ahora de si la soldadesca francesa se comportó tan mal como los tercios en 1639. En plena crisis financiera de Francia, las huestes de Mazarino saquearon el país y levantaron contra ellos el mismo clamor de protesta que los segadores de Riudecanyes. Hablamos de la posibilidad de la existencia de Cataluña dentro del Estado absolutista de los Luises. Si alguien mantenía alguna ilusión sobre este particular, la ruptura de la unidad territorial catalana, el Tratado de Paz de los Pirineos (1659) y las codicias imperialistas de Luis XIV sobre las poblaciones del cabo de Creus y Rosas despertaron al más obtuso. Francia no era la solución y había que volver a medir la vieja piel de toro hispánica.

El retorno a España de Cataluña se hizo en una atmósfera de cordialidad. Al fin y al cabo, los catalanes habían tenido éxito con su gesto, y nadie se atrevía a tocar desde Madrid ningún aspecto de las constituciones y fueros de Cataluña o de los otros reinos de la Corona de Aragón. La resurrección del pactismo catalán paralizó cualquier intento de reforma en la corte de los Austria, porque nadie se atrevía a aceptar la responsabilidad de repetir la tentativa de Olivares. Ni el propio Juan José de Austria, aunque fue empujado a ello por los catalanes. Este clima contribuyó, junto con otros dos hechos, a preparar una mayor cooperación entre catalanes y castellanos. Uno de ellos, la ruina de la navegación mediterránea y la pérdida del mercado siciliano; había que sustituir los recursos perdidos con una expansión económica de la Península adentro o allende el Atlántico. Tal fue la valiente decisión del grupo generacional de 1680, el cual, con Feliu de la Penya como abanderado, propuso a la corte española la apertura de las colonias a la actividad catalana. El otro hecho fue la acaparadora inﬂuencia económica y militar de los franceses en el Principado desde el tratado de los Pirineos. Beneficiándose de la cláusula de nación más favorecida, nuestros vecinos introdujeron en Cataluña todo lo que querían, y es posible que acabaran de aplastar la antigua organización mercantil del país. Pero lo peor del caso fue que los mercaderes alternaban con los militares, y que a finales de siglo Cataluña fue invadida dos veces por las tropas de Luis XIV. Sin embargo, ya había sido suficiente.

Ahora podemos explicarnos los gritos de «¡Viva España!» con que los gerundenses de 1699 recibieron la entrada en la ciudad de las tropas de Carlos II, momentos después de evacuarla los franceses en virtud de la paz europea. Esta aclamación, acaso fruto de un entusiasmo eventual, no significa mucho por sí misma. Pero cuando se corresponde con una actitud mental, entonces debe situarse en la exacta bisagra que separa el secesionismo del intervencionismo.

La voluntad de intervenir en las cosas de España se inaugura en tono mayor durante la guerra de Sucesión. Como fenómeno revolucionario y expresión de la inquietud permanente en la que vivía el país, la analizaremos en el lugar apropiado, unas páginas más abajo.

Evidentemente tiene importancia, pero nunca en el sentido de repliegue que se le ha atribuido por la posterior acción centralizadora de Felipe V, sino por el avance directo hacia los asuntos de España. Hay papeles que cuentan una historia —⁠los de la Coronela de Barcelona, por ejemplo⁠— y otros que tocan otra cuerda —⁠casi insospechada⁠—. La propaganda política hizo muchos progresos durante esa conﬂagración, lo cual nos permite adentrarnos un poco en su espíritu. Y así como en Madrid, hacia 1705, la gente del pueblo cantaba que «su rebelde resistencia (de Cataluña) merece un jabón tirano, y apretarle bien la mano, que está la mancha entrapada», la publicidad del Principado propagaba los «fines de guerra» de los catalanes partidarios del archiduque. Una de esas hojas, que debe ser criticada a fondo si quiere comprenderse cada afirmación, indica, sin embargo, la orientación imperialista de la nueva Cataluña. La preocupación con respecto al país es evidente: devolución del Rosellón y la Cerdaña, incorporación de las tierras fronterizas hasta el Cinca, construcción de un puerto franco en Barcelona. Pero también figura un deseo hegemónico sobre Castilla: libertad de comercio con América con dos puertos en la Península (Santander y La Coruña) y otro en las colonias; destrucción de los monopolios de Sevilla y Cádiz; papel preponderante de Cataluña en las ﬂotas reales, y, en fin, construcción de una ciudadela en Madrid, desde la que una guarnición dirigida por un gobernador catalán tendría dominada la capital.

Ficción, sueño o mentira, la propaganda catalana no se tradujo en hechos reales. En cambio, fue Barcelona la que tuvo la Ciudadela y Cataluña la que recibió el Decreto de Nueva Planta. La situación creada por la derrota frente a Felipe V convirtió a los catalanes no solo en vasallos de la monarquía española con igualdad de derechos respecto a los castellanos —⁠al menos en teoría⁠—, sino en conejillos de Indias de la experiencia reformista que estaban a punto de emprender los Borbones. La Nueva Planta significaba la erección del territorio al grado de primera provincia reformada por el despotismo borbónico, con prevalencia del ejército permanente, gobierno de capitanes generales y de intendentes previsores e inteligentes, municipios sometidos a la Real Audiencia y tributación reglada por el catastro. Los catalanes resistimos tal experiencia durante veinticinco años con gran desgaste de nuestra vida espiritual y económica. El impulso biológico de 1680 quedó detenido por la represión y la crisis de 1715 a 1730. Después fuimos rehaciéndonos y hacia 1740 el mundo volvía a sonreírnos. Mientras tanto, y aunque parezca mentira, la paz volvía a nuestros hogares: botiﬂers y austracistas[10] se habían reconciliado en la misma oposición al centralismo borbónico y así desaparecía una larga atmósfera de guerra civil.

En ese momento es cuando Cataluña se introduce en Castilla, en uno de los impulsos más generosos de su historia. Sin programa ni propaganda, oscurísimamente, miles de catalanes hicieron la conquista de España. De esta emigración, de las realizaciones económicas, técnicas y científicas de nuestros precursores de hace doscientos años, solo tenemos la huella; pero llegará un día en que se contará punto por punto la gloriosa diáspora de la gente del Principado por las tierras de la antigua Corona castellana. Por mar encontramos a los catalanes renovando el arte de la pesca en Andalucía, Galicia, Santander y Vasconia; por tierra, recorren los caminos de España desde Portugal y Andalucía, desde Madrid hasta el Mediterráneo, o bien se establecen como sastres, zapateros y tenderos en las ciudades y pueblos de Castilla, o incluso enseñan las nuevas técnicas agrícolas a los campesinos de los alrededores de Valladolid y se instalan como técnicos en la propia capital, que acaban abriendo para su comercio pese a la dura oposición de los Cinco Gremios. Esta sangre renueva Castilla y le da cierto impulso vital. A muchos no les gusta la invasión catalana; pero tiene de su parte a los gobernantes e intelectuales ilustrados. Campomanes piensa a menudo en el ejemplo de Cataluña, su campo y sus artesanos, y sueña en el fondo con transformar Castilla, Extremadura y Andalucía empleando instituciones catalanas. Catalanes serán los campesinos que lograrán colonizar la sierra Morena, y nombres de catalanes ilustres figuran en la nómina de las principales instituciones científicas oficiales, tanto en la Academia de la Historia como en la de Medicina.

El intervencionismo práctico catalán del siglo XVIII tuvo otra vertiente: la eliminación del monopolio comercial andaluz en América. Fueron los éxitos logrados por la Compañía de Barcelona en la revalorización de las Antillas, que el colonialismo castellano había arrasado a principios del siglo XVI, el motivo de la apertura de la navegación a las islas de Barlovento y, a continuación, de la anulación del privilegio de la Casa de Contratación de Cádiz por medio de la pragmática de 1778. La economía del cacao, el azúcar, el tabaco, el algodón y el esclavo —⁠economía rentable⁠— convenció a los ministros de Carlos III y los indujo a mostrarse generosos no solo con los catalanes, sino también con todos los puertos periféricos donde latía el reciente espíritu de competición mercantil. Cataluña estuvo en la cabeza de este movimiento de recuperación, y, de incógnito, preparó una nueva España a su gusto. Esta España se vio desbaratada por la invasión napoleónica y las guerras civiles de la primera mitad del siglo XIX.

LA TENSIÓN HISPÁNICA DE LA CATALUÑA DEL SIGLO XIX

La fortuna de la interpretación que J. Ortega y Gasset hizo de la historia de España procede absolutamente del título de la obra, pues los elementos científicos con que fue construida no resisten, ni antes ni ahora, el más ligero análisis. Pero a la gente le gustó lo de la invertebración porque justificaba, a priori, cualquier proyecto de vertebración, incluso un proyecto airado, especialmente si se realizaba el rito ortegagassetiano de la minoría aristocrática que pule España. Exculpando al eminente pensador castellano, digamos que La España invertebrada fue escrita en años de crisis para la conciencia castellana de España, o mejor dicho de la España que había surgido de la acción castellanizante emprendida por las minorías andaluzas durante el siglo XIX. A comienzos de 1920 se tambaleaban la Constitución de los Notables, el sistema de autoengaño parlamentario, el régimen social en el campo y la ciudad, la monarquía. La pregunta acerca de qué era España angustiaba a la gente desde la catástrofe colonial, y Ortega y Gasset, al responderla, le daba un sentido en apariencia negativo —⁠la deformación del Estado y la sociedad⁠—, aunque cargado de los explosivos nacionalistas que se acumulan en la segunda parte de la obra.

La invertebración de España de la que se lamentaba Ortega y Gasset procedía del marcado desequilibrio entre las estructuras económicas, sociales e ideológicas legadas por el siglo XIX. Por un lado, el ritmo de introducción y desarrollo del maquinismo y de la revolución industrial había sido distinto entre los diferentes territorios del Estado español, y había promovido, en algunos, una sociedad burguesa evolucionada, con una dinámica rápida —⁠como en Cataluña y, luego, en el País Vasco⁠—, y, en los otros, una fosilización del régimen agrario latifundista, al abrigo de la extensión al campo de las fórmulas capitalistas (desamortización, Código Civil, Ley Hipotecaria, etc.). Por el otro, la evolución cultural había acentuado los valores propios de cada uno de los pueblos hispánicos, girándolos hacia el foco de cultura alemán o francés, hacia el romanticismo conservador o hacia el liberal, hacia el jacobinismo social o el historicismo político. Las interferencias de esta vasta problemática fueron continuas y dieron lugar a las hondas contradicciones internas que explican y justifican totalmente la vertebración de la historia española contemporánea.

Ante la dinámica española del siglo XIX, muchas personas poco informadas acusaron a Cataluña de ser un elemento perturbador y disolvente. En efecto, esta era la impresión que dábamos los catalanes cuando alterábamos el estómago de la alta sociedad burocráticoandaluza que mandaba en Madrid. Pero ni Cataluña ni los catalanes podían evitarlo. Eran una intrusión del mundo burgués decimonónico en medio —⁠mentalmente hablando⁠— de tronadas supervivencias feudalizantes que todavía no habían sobrepasado el estadio del mayorazgo. Su presencia, pues, intranquilizaba tanto por la desgarradora realidad de los problemas planteados (industria, comercio, agricultura, obreros, obras públicas, educación) como por la descarga emocional de verlos inclinarse hacia un mundo de redescubrimiento de valores propios. Además, lo uno y lo otro se complementaban para convertir al catalán del siglo XIX en héroe capaz de buscar una solución para rehacer la vida conjunta de los españoles.

No puede dudarse hoy de esta misión hispánica de la Cataluña del siglo XIX. Destrozado el viejo Estado borbónico del siglo XVIII por los golpes simultáneos del reformismo popular y de las bayonetas francesas de 1808, se propusieron en España dos soluciones: la abstracta, jacobina y uniformista de los intelectuales castellanos y andaluces, y la real, historicista y pluralista de los pensadores del norte, desde Cataluña hasta la montaña santanderina. La primera triunfó en el terreno político y constitucional, no solo porque la fórmula estaba de moda, sino porque se consideró como la única posibilidad de destruir a los adversarios políticos —⁠o sea tradicionalistas y carlistas⁠—. Pero el régimen constitucional no respondió a las exigencias de la base social que debía ampararlo, de ahí la serie de crisis, la imperfección de los servicios administrativos, la sensación de impotencia y corrupción, de africanismo esencial, dada por el Estado español de aquellos tiempos.

Contra ello se levantó la segunda fórmula, la catalana. De entrada, dijeron los catalanes, debemos construir una comunidad moderna basada en el trabajo. Continuando, pues, la tendencia que ya se había iniciado y desarrollado durante la centuria anterior, Cataluña predicó a las otras Españas el evangelio de la redención por el trabajo. No es una fórmula retórica, sino real e histórica; así acaeció durante la campaña de 1869, cuando varios industriales salieron de Barcelona para hacer ﬂorecer en todas partes la buena nueva; así quedó escrito en las principales organizaciones de clase: Fomento del Trabajo Nacional, Confederación Nacional del Trabajo. La propaganda, la hicieron industriales importantes y gente de todo tipo, como los propios obreros que volvían ocasionalmente al hogar de donde habían salido hacia Cataluña. Pero permítaseme añadir una nueva alabanza a la intensa acción de renovación económica y de propaganda del trabajo llevada a cabo por los viajantes catalanes de comercio en tierras de Castilla y Andalucía.

La redención por el trabajo conducía al resurgimiento económico de España, a su industrialización. La cuerda del proteccionismo fue pulsada en todo momento, y, aun cuando quiera verse en ello una manifestación egoísta de los fabricantes de Cataluña para mantener un monopolio textil sobre el mercado español, aun cuando se hallen errores de apreciación social y económica, hay que reconocer el idealismo de muchos líderes, y sobre todo la amplitud de horizontes de su campaña. Con todos sus defectos, que fueron muchos, el proteccionismo permitió la articulación de una economía en España. Modestamente, mi parecer es que este fue el hecho más trascendente del siglo XIX, e incluso de toda la historia reciente hispánica. Los catalanes dieron por la base el sentido de vertebración y responsabilidad hispánica que les faltaba a las cumbres políticas.

Este éxito no fue acompañado de otros parecidos en el campo político y social, pese a que desde 1822 Cataluña se colocó a la vanguardia de todo movimiento ideológico: los realistas y carlistas tuvieron la Regencia de Urgel, los malcontents y los matiners[11]; los liberales, los centralistas de 1843 y los progresistas de 1854; los demócratas, el republicanismo de 1856 y la Federal de 1873; los obreristas, la primera huelga general de 1855, los primeros sindicatos obreros, la primera sección de la I Internacional en 1869, etc. Cataluña presentó a los otros pueblos españoles todo tipo de propuestas dentro de una línea de unitarismo político, o sea sin querer suscitar prevenciones de ninguna clase. No tuvo éxito porque ninguna de esas propuestas encajaba en el nivel estructural de la sociedad agraria del interior. Podemos decir que Castilla iba retrasada una constitución con respecto a Cataluña, y que cuando los catalanes conseguíamos imponer nuestra fórmula, esta superaba de tal modo las posibilidades de hacerla efectivamente viable en toda España que de inmediato se desencadenaba una revolución de base. Así acaeció en 1869 y 1873, cuando Cataluña propuso la opción entre una monarquía democrática laica y un federalismo social avanzado.

Aturdidora y aturdida Cataluña. Porque, cuando terminaba la experiencia que había propuesto a España, entonces no había más remedio que taparle la boca, acallarla durante una buena temporada. No se ha hecho nunca el cálculo de la duración del estado de prevención o de guerra en Cataluña; pero creo no equivocarme demasiado si afirmo que, de los ochenta y seis años que transcurrieron entre 1814 y 1900, más de sesenta fueron de excepción. Y si pese a ello los catalanes se hicieron oír, es que llevaban algo dentro: mensajes varios, testimonios de buena voluntad y progreso, que no fueron recibidos con la atención que se merecían pero que acabaron por causar efecto en el mundo castellano.

Me parece que la tarea hispánica de los catalanes en el siglo XIX constituye uno de los esfuerzos más serios emprendidos por Cataluña al objeto de conformar España a su imagen, que es una versión de la imagen de Europa. Este hecho tira por tierra la falaz afirmación de Ortega de que solo los castellanos tenían cerebro para imaginar España y proponer una alternativa al Estado del antiguo régimen. Porque hay que decir que, además de las fórmulas antes mencionadas, los catalanes desarrollamos las tesis del provincialismo, el foralismo, el regionalismo, el federalismo, el mancomunitarismo, el racionalismo, el comunitarismo y el iberismo, siempre dentro de la esfera de un mismo Estado (y, si no, serían ininteligibles Balmes, Pi i Margall, Mañé, Torras i Bages, Prat de la Riba, Cambó, Maragall e incluso Rovira i Virgili). Pero tales ideas eran, según los nacionalistas castellanos de comienzos de siglo y sus epígonos, desviaciones catastróficas del sentido de España —⁠del sentido que una dinastía española había dado a España, mejor dicho⁠—; en cambio, eran el único remedio para salvarla de la asfixia intelectual, del retraso económico y de la revolución social, según sus antípodas catalanas de la misma época.

LAS CUERDAS DE LA LIRA

Durante los cuatro siglos de existencia de una comunidad hispánica efectiva, castellanos y catalanes nos hemos esforzado por crearnos un habitáculo a nuestro gusto. No hemos coincidido ni en la finalidad, ni en la distribución, ni siquiera en la decoración. De todos modos, poco a poco, entre unos y otros, hemos ido levantando cierta cultura y cierta economía. No nos hemos podido recuperar del retraso científico, técnico e intelectual que llevamos desde la primera mitad del siglo XVIII; no hemos podido modernizarnos definitivamente. Pero todos juntos hemos hecho algunos progresos y estamos convencidos de que todavía podríamos lograr otros.

La explosión nacionalista de comienzos de siglo —⁠cuando todo se consideró perdido y se gritó «¡sálvese quien pueda!»⁠— comprometió más de lo que favoreció tales proyectos de comunitarismo hispánico. La novedad del hecho, los choques verbales y la intolerancia celtibérica plantearon situaciones dramáticas. Pero el fenómeno es históricamente irreversible: nunca los castellanos podrán sacrificar su Siglo de Oro, porque lo han vivido en lo más hondo de su alma; podrán interpretarlo, al brillo de luces más o menos progresivas, pero no renunciar a él. Tampoco ahora pueden rechazar el análisis literario y psicológico de su espíritu realizado por los grandes chovinistas de la generación del 98. Cataluña se encontró en el mismo caso. Pero, pese a todas las prevenciones que le eran naturales, el primer gesto que hizo fue salir a España y extender la mano a todo el mundo. No parece que esta hispanidad esencial de Cataluña hallara respuesta adecuada más allá del Ebro, aun cuando a muchas personas las impresionaran la modernidad, el liberalismo implícito, el progresismo técnico y el sentido de responsabilidad de ese movimiento. No hubo apretón de manos afectuoso, como había acaecido en otros pueblos del occidente europeo. Intelectuales y políticos, que habían salido más de una vez de sus reductos de comodidad para combatir la antropofagia neandertaloide de las masas, no tuvieron valor para sacrificar su popularidad a los designios de una labor mancomunada. Al final acabó hablándose de concordia y «conllevancia», grandes palabras que se pronuncian cuando la calle no tiene salida.

Era posible entonces considerar España como una lira, cuyas cuerdas se armonizarían en voluntad y amor. Pero quizá tales cuerdas eran cada vez menos en número y menos tirantes de afectos. De hecho, a través de las metáforas poéticas, Castilla y Cataluña siguen siendo los polos y las pilastras del porvenir de las Españas. Las contradicciones entre sus historias, sus mentalidades, sus horizontes y sus ritmos de vida son esenciales en el juego de la comunidad; sin ellas no existiríamos, ni castellanos ni catalanes. Y así, viendo que el juego de la catalanidad es inseparable de un intervencionismo hispánico, son muchos quienes se preguntan si no es hora ya de que Cataluña tenga la plena responsabilidad de organizar su o sus parcelas de España y de plantear con Castilla un programa común para todos los pueblos peninsulares.

TERCERA PARTE
LAS DIFICULTADES

CAPÍTULO 9
LOS CATALANES Y EL MINOTAURO

LA EXPERIENCIA FALLIDA

El Minotauro es un personaje importante de la historia y de la actualidad. Es el poder. A veces se enmascara y adopta formas benevolentes y pacíficas; parece que invite a la gente, fuera de su palacio, a manejar los resortes de los que depende la marcha de los asuntos de este mundo: desde la medalla al sabio hasta la doble paga al proletario. Esa es la excepción. Generalmente se aleja y se hace respetar, y, cada día que pasa, más. El poder es la paz y la guerra, la revolución y la reforma, la justicia y la injusticia, el mal y el bien común. Abstracto en teoría, es una realidad cotidiana que hay que saber manejar. Hay pueblos que están familiarizados con él, otros que no saben cómo tratarlo. Este último es el caso histórico de Cataluña.

El Minotauro había ido debilitándose durante la Edad Media. Casi no se acordaba de su época más feliz, la del Imperio romano decadente, cuando había un solo hombre —⁠el amo universal⁠— que dominaba todas las palancas de la maquinaria del Estado. El feudalismo lo había desconcertado: ¡aquella polvareda de miserables señores feudales que eclipsaba el sol de la realeza! Pero, poco a poco, todo se encauzó. Vinieron grandes guerras e infortunios, hubo que vencerlas y ordenarlos; los hombres aumentaron y se enriquecieron, hubo que salvaguardar su reposo; las clases sociales chocaron por cuestión de propiedades y reparto de dinero, hubo que intervenir. A mediados del siglo XV el Minotauro estaba en pie; una centuria más tarde, en el occidente de Europa, era reverenciado, y otra más adelante, el amo universal volvía al brillante escenario de las cortes europeas. Desde entonces, cada revolución que ha querido reformar algún defecto de la sociedad no ha hecho más que añadir su granito de arena —⁠o bien toda una cantera⁠— al imponente edificio del Estado.

La decadencia de Cataluña empezó precisamente cuando el Minotauro empujaba hacia arriba, revistiendo la forma de monarquías autoritarias nacionales o plurinacionales. Los catalanes teníamos —⁠lo hemos dicho⁠— una larga experiencia del poder en su forma menguante, y cuando empezó a reavivarse le paramos los pies haciendo triunfar y reconocer el pactismo. Con eso nos contentamos. No pasamos de esa esquina. Jugamos poco limpio con el Minotauro. Y de ahí procede, a mi parecer, una decepción histórica sensacional: la de un pueblo que se halla sin voluntad de poder, sin ganas de ocupar su palacio ni de manejar ninguna de sus palancas.

EL PROCESO POLÍTICO DEL PACTISMO

El pactismo fue una gran fórmula de relaciones prácticas y concretas entre el poder y el pueblo catalán. Perduró durante más de tres siglos como medida de equilibrio político, y no es un mal recuerdo. Sin embargo, precisamente esta persistencia nos pone sobre la pista de algún vicio especial del comportamiento político de Cataluña.

Para los catalanes la realeza era algo insuperable. No tenía el reﬂejo mágico de la francesa, pero poco le faltaba. La adoración al monarca, como representante de la unidad del país, arrancaba del viejo feudalismo montañés y del nuevo patriciado urbano. Ambas clases sociales justificaban sus privilegios en la realeza. Monarquía, nobleza y burguesía habían crecido juntas y la gloria de aquella era la de los otros estamentos, tanto en la Península como en el Mediterráneo. Ciertamente, el rey podía tener malos consejeros, gente audaz que entrampara el país en provecho particular y con menosprecio de la tierra. Para evitar sus zarpazos se había inventado el pactismo. Pero la monarquía estaba por encima de toda contingencia, si bien, a veces, algún escritor se hizo eco de las teorías tiranicidas que esmaltan los tratados políticos de la escolástica. Pero eso ni siquiera era enseñar los dientes.

Cuando estalló la revolución del siglo XV, los pactistas ganaron la primera mano. Entonces podían hacer dos cosas: o bien declararse independientes de Juan II y transformar Cataluña en una república aristocrática al estilo de Venecia —⁠que era embarcarse plenamente en la nave del Minotauro⁠—, o bien buscar un entendimiento con el monarca en el campo concreto de la temática pactista —⁠que era también un sistema para compartir el poder⁠—. Ninguna de las dos soluciones se consideró buena; la primera por revolucionaria, la segunda por excesivamente conservadora. Y así se arbitró un compromiso de tal clase que inmediatamente desencadenó la guerra civil. La realeza de Juan II fue borrada de Cataluña; pero no la realeza como pararrayos místico del país. En su buena fe monárquica, los catalanes revolucionarios recurrieron a Castilla, Portugal y Francia, y sucesivamente fueron proclamando reyes en las personas de Enrique IV de Castilla, Pedro de Portugal y Renato de Anjou. La salida prominente —⁠Barcelona y Cataluña como señoría de tipo italiano⁠— jamás fue imaginada. Habría provocado una ruptura, y al final de la guerra se habría registrado que el Principado tenía realmente el poder o que realmente estaba sometido a este. No acaeció ni lo uno ni lo otro. La solución de 1472 —⁠capitulación de Pedralbes⁠— fue la de declarar intocables la monarquía y el pactismo.

El anquilosamiento político del país se inició en ese mismo punto. Los historiadores románticos, que eran partidarios de los trucos misteriosos y de las confabulaciones secretas, acusaron a Fernando II de haber agobiado a Cataluña con la introducción del absolutismo y la liquidación de las libertades del General y del municipio barcelonés. ¡Pobre Fernando II! Su gran responsabilidad histórica es la de haber unido para siempre la salvaguarda del pactismo a su política. Cataluña quería esa forma de gobierno; pues démosela. La constitución de la Observança de 1481[12] es el ángulo capital del pactismo catalán durante los siglos XVI y XVII. Nadie podía hacer nada contra las constituciones y libertades de la tierra, que debían ser conservadas al pie de la letra. Además, el Rey Católico creó definitivamente los dos organismos administrativos capitales del pactismo: el virrey y el Consejo de Aragón. Los catalanes se lo agradecieron. Estaban seguros de que vivirían en el mejor de los mundos.

Acostumbrados al absentismo de los monarcas desde Alfonso el Magnánimo, los catalanes no se sorprendieron al ver que los nuevos reyes de la Casa de Austria establecían la corte en Castilla. Debe decirse que hubo una época de transición hasta que Madrid se consolidó como reducto de la cancillería española y capital de la monarquía. Sin embargo, eso no los preocupaba. Ellos también tenían su pequeña corte en Barcelona, con el virrey capitán general, los letrados de la Real Audiencia y los notables de las dos grandes corporaciones de la tierra. No se dieron cuenta, hasta más tarde, de que el virrey y el Consejo de Aragón no eran órganos comunicantes del país con el Minotauro, sino pantallas que interceptaban su acceso. En consecuencia, mientras los castellanos se familiarizaban con el Minotauro a fuerza de recibir sus cornadas —⁠derrota de las comunidades, expoliación de los tesoros de las villas, arrinconamiento total de las Cortes de la vida política⁠—, los catalanes se columpiaban en la más absoluta ignorancia del Estado y de los resortes del poder. Entonces fue cuando Castilla consiguió la voz de mando y se produjo la simbiosis entre monarquía hispánica y Estado castellano, a la que ya hemos aludido páginas antes.

Nadie en Cataluña alzó la voz contra el pactismo, porque desde comienzos del siglo XVII había dejado de ser unión entre el rey y el pueblo para convertirse en una serie de reductos contra el Minotauro. Sospechamos que muchos se sentían incómodos con unas fórmulas que ya no satisfacían el espíritu de los tiempos. Pero nadie podía proponer que se modificaran. Muy al contrario, en el punto álgido de la revolución del siglo XVII, cuando Cataluña se separó de la soberanía del rey de España para caer, desorientada, en la del rey de Francia, no tuvo ni energía para proponer una solución más ágil a la dinámica política y administrativa del país. En el acuerdo firmado en Péronne, el 19 de septiembre de 1641, entre Luis XVIII y los representantes de Cataluña, el nuevo monarca no solo aceptaba la teoría pactista —⁠«el pacto y convención hechos entre Su Majestad y la Provincia»⁠—, sino todas las instituciones de gobierno de Cataluña, incluso —⁠agarrémonos fuerte⁠— la institución virreinal, que tan amargas pruebas había dado de incompetencia e ineficacia.

Una falta casi absoluta de imaginación preside las relaciones políticas de los catalanes durante la época pactista. Incapaces de forjarse un nuevo cuadro mental, atemorizados ante el lejano Estado, pero satisfechos con las migajas del comedero que son las grandes instituciones catalanas, dudan entre la tradición y la innovación, para echarse finalmente en el lecho bien conocido del pacto contractual. Porque incluso desde el siglo XV la teoría pactista ha perdido grandeza, y lo que era iusconstitucionalismo de cierta categoría en Eiximenis y en las Cortes de Alfonso el Magnánimo se transforma en el compro-y-doy de los juristas posteriores.

De este modo, en el transcurso de los siglos XVI y XVII la Cataluña virreinal fue perdiendo contacto con la realidad del poder. El éxito de su levantamiento contra Felipe IV y la adopción por parte del último Austria de la fórmula del inmovilismo administrativo fueron elementos que se añadieron a la fatalidad del juego histórico. Porque la historia no perdona ni un instante de retraso y, cuando esto se olvida, vuelve con fuerza. Y en Cataluña lo hizo bajo la forma del Estado de Felipe V y la Nueva Planta.

EL ESTADO INALCANZABLE

El Minotauro se presentó en Cataluña bajo su aspecto menos confortable. El iusconstitucionalismo catalán estaba avejentado, pero había piezas importantes que podían ser aprovechadas con un poco de juicio por parte de los franceses, castellanos y catalanes que descubrieron y aplicaron el nuevo régimen. Todo se vino abajo en 1714. Y así los catalanes conocieron el Estado moderno en las circunstancias menos halagüeñas: impuesto por la conquista, organizado para mantenerla, sin ningún tipo de contacto con la tradición del país ni con la realidad de aquel momento. Como muy bien ha indicado J. Mercader, la administración idealista que imaginaba Patiño para restaurar la paz en Cataluña desembocó en una armazón heredada de burócratas, curiales y militares. Solo con el paso de los años se produjo cierta adecuación entre el Principado y la administración borbónica.

Pero el hecho esencial fue que el Estado se convirtió definitivamente en algo distante, inalcanzable. No queremos decir que los catalanes no entraran en la rutina de la máquina administrativa borbónica del siglo XVIII. En un período como el que entonces conocieron, fatalmente habían de ir a parar a los engranajes del aparato del Estado. Unos se vieron beneficiados, e incluso con títulos nobiliarios, como Joan Canals, famoso técnico de tintes textiles y él mismo fabricante, convertido en barón de Vall Roja por Carlos III; otros procuraron espiar y obstaculizar tanto como pudieron las iniciativas catalanas. Pero, en general, la coincidencia entre los intereses del Estado y de los burgueses de Cataluña hizo que los asuntos marcharan sin demasiados tropiezos. Por el lado administrativo, pues, no hubo demasiadas preocupaciones; ahora bien, con respecto al propio Estado, se dio una incomprensión absoluta y un alejamiento total. ¿A qué distancia astronómica se hallaría Madrid de Barcelona cuando, durante el siglo XVIII, y pese a la aﬂuencia de elementos de la periferia peninsular a los altos cargos ministeriales y de confianza en la corte con Fernando VI, Carlos III y Carlos IV, no encontramos ni un solo catalán?

La ausencia de Cataluña en el gobierno de la España borbónica se justifica, a nuestro entender, por dos razones: una es producto de la parsimonia en el cambio de ideas, del difícil paso del espíritu pactista a la subordinación al Estado cesarista; la otra, del carácter opresivo de la administración en Cataluña, basada en el principio de no dejar circular ninguna moneda sin que fuera a parar a las cajas de la Real Hacienda. También hay que tener en cuenta que los cargos municipales, los únicos que quedaron a disposición de la gente del país para una relativa intervención en la vida pública, fueron confiados a la nobleza de segunda categoría, provinciana y corta de miras, que veía con los mismos ojos que el corregidor, el intendente y no digamos el capitán general.

A fines de siglo mejoró la situación. La Junta de Comercio, creada en 1758, permitió que un núcleo selecto de catalanes —⁠hacendados, comerciantes, banqueros, industriales⁠— renovara la tradición de gobierno, prácticamente perdida desde 1714. Muy poco después, en 1766, a consecuencia de los disturbios producidos en toda España por la carestía de pan, se dictó una disposición que creó dos diputados del común y síndicos personeros en los ayuntamientos, con cierta intervención de los gremios. Tampoco eso era demasiado; pero por esa pequeña rendija fue perfilándose un reducido grupo que adquirió una práctica administrativa. Cabe decir, sin embargo, que la nueva mentalidad política del país se hizo, o bien en las trastiendas de Barcelona, leyendo y comentando los periódicos que llegaban de la Francia revolucionaria, o bien en las aulas de la Universidad de Cervera, donde los jesuitas habían dejado una escuela que, a través de Suárez, se combinaba con el iuspopularismo escolástico y, por lo tanto, con la madre del pactismo catalán. Es en esta atmósfera en la que tiene que comprenderse la antipatía que despertó el gobierno de Godoy, aun cuando sus amigos, como Cabarrús, desplegaran una actividad muy favorable a la industria textil. Pero se acusaba al Príncipe de la Paz de despotismo ministerial, de romper todo vínculo que ligara la Corona a los viejos estatutos de la monarquía y de conducir una política exterior contraria a los intereses del país (lo que era una verdad a medias). En definitiva, hacia el año 1800 la sociedad barcelonesa ha mudado de piel, se ha convertido en una articulación de comerciantes al por mayor, de industriales y capitalistas, y esta gente desea un nuevo régimen en el que pueda intervenir, aunque sea solo para protestar y reclamar.

El hundimiento del viejo régimen en 1808 abocó a los catalanes a crearse rápidamente una especie de Estado regional, la Junta Superior del Principado de Cataluña. Los hombres de la junta no tuvieron grandes horizontes, porque la semilla reformista se quedó en la Barcelona ocupada por los franceses. En su mayoría procedían de Cervera y eran conservadores muy sensatos: así, solo preconizaron algunas tímidas reformas políticas, en sentido provincialista, o bien aceptaron las tesis uniformistas de las Cortes de Cádiz. Pero fueron buenos administradores. En medio de una lucha ininterrumpida —⁠Cataluña sufrió, de verdad, la guerra contra los franceses⁠—, entre marchas y contramarchas militares, escaramuzas de prestigio, ofensivas y repliegues, la Junta pudo reclutar ejércitos y pagarlos, organizar elecciones y celebrarlas, mantener la cohesión con la Junta Central, la Regencia de Cádiz y las otras juntas vecinas, imponer su criterio a las juntas corregimentales, muy a menudo controladas por demagogos o fuente de infinitas rivalidades. Pese a las críticas de los militares de la época, que consideraban insuficientes los esfuerzos de la Junta, la impresión que nos deja la lectura del papeleo que produjo es la de una buena rentrée de los catalanes en el arte de gobernar. Incluso tuvieron tiempo de pensar en su habla, de servirse de ella como instrumento de propaganda política y de educación militar.

Pero ese espontáneo ﬂorecimiento de una actividad sepultada durante tanto tiempo se quedó sin porvenir. El Minotauro volvió a alejarse de Cataluña con la restauración de Fernando VII y con la dictadura moderada de Narváez, o sea, en bloques, de 1815 a 1833 y de 1843 a 1854. La pujanza de los entusiasmos políticos en la Cataluña romántica fue frenada por el Estado ante el temor de tener que compartir con los catalanes una parte de su potencia económica y social. El impulso hacia el Estado, que empezó en 1833, cuando la burguesía barcelonesa entró en el Ayuntamiento, y se desató en 1835, en ocasión de la constitución de la Junta de Armamento de Cataluña, fue frenado una y otra vez. Los fabricantes, que se organizaron políticamente en el Instituto Industrial de Cataluña y condujeron con el general Prim una de las campañas más coherentes para romper el círculo que les había impuesto el gobierno de Madrid, acabaron hartos de una oposición tan perseverante. Los menestrales, entusiastas del progresismo y del Estado liberal a ultranza, recibieron los azotes del barón de Meer o las bombas de Espartero. Y los obreros vieron cómo el Estado les cerraba las puertas cuando postulaban el derecho a constituir asociaciones como hacían los fabricantes.

Así, hacia 1855, Cataluña, que ha hecho una verdadera salida política Castilla adentro, vuelve profundamente desengañada. El momento es capital. Sus hombres reﬂexionan y rechazan ese Estado incomprensible, abstracto, corrupto e ineficaz. La selección de fabricantes e intelectuales se manifiesta de forma clarísima a través de Mañé, Sol, Illas, Cortada y tantos otros que formulan el programa de la nueva catalanidad. De lo que decían y pensaban los obreros casi no sabemos nada, amordazados como estaban por el general Zapatero.

Contra el Estado adverso e inalcanzable, los catalanes reaccionaron, o bien combatiéndolo, o bien negándolo. Nunca el constitucionalismo de Isabel II fue popular en Cataluña. Los carlistas pensaban en el mantenimiento de los fueros del país, y los elementos conservadores buscaban el remedio en una democracia directa, corporativa o municipal; los demócratas soñaban revoluciones que pusieran al pueblo en el primer plano de la vida política, y los obreros aborrecían una administración que solo les daba a conocer el presidio. De ese desencanto colectivo iba a surgir la actitud antiestatal de los catalanes de la segunda mitad del siglo XIX, y, sobre todo, basándose en la teoría de la maldad consustancial del Estado, el desasosiego anarquista de la población obrera.

ENTRE EL PRAGMATISMO Y EL MISTICISMO

Desde mediados del siglo XIX Cataluña vivió una experiencia irreal: la de un pueblo que se niega a intervenir en la vida política y a controlar el poder del Estado. Pasamos por alto el movimiento revolucionario de 1868 a 1874, que llevó al gobierno a tantas personalidades catalanas, empezando por los Prim y Figuerola y terminando por Figueres, Pi i Margall y más de treinta gobernadores civiles. No es que la experiencia fuese absolutamente negativa y que por ello queramos cubrirla con un piadoso velo. El problema es muy diferente. Los catalanes que mandaron en España durante la Revolución de Septiembre incurrieron en la equivocación de creer que Castilla y Andalucía estaban tan evolucionadas como su propia tierra, y desataron unas fuerzas gigantescas que no pudieron ni reducir ni amansar: internacionalismo, cantonalismo, anticlericalismo, etc. En manos de esos políticos generosos e ilusos a la vez, el aparato de Estado se convirtió en palanca de tectónicas revolucionarias. Y este es un aspecto de la problemática catalana que examinaremos en otro capítulo.

Repetimos, ahora, que de 1856 a 1901 los catalanes aceptaron el Estado como mal mayor y el caciquismo —⁠o sea su manifestación local⁠— como mal menor. Las gentes de bien se alejaron notoriamente de los organismos públicos, aunque, a hurtadillas, tuvieran que pactar con los monopolizadores del aparato. Los intelectuales, huelga decirlo; nadie estaba de acuerdo con ese régimen estéril, incapaz de progreso material alguno y, lo peor, con la desagradable costumbre de una tiranía aplicada a domicilio contra los sentimientos más tiernos del país. En fin, los obreros, que tenían que jugarse la piel o el pan ante la más pequeña crisis económica, se abrieron cada vez más a la inﬂuencia de las doctrinas proudhonianas que Pi i Margall había difundido antes de 1868 y que ahora se propagaban por transmisión oral y, por lo tanto, deformadas. El individualismo pequeñoburgués, desplazado hacia el obrerismo, se transforma en el libertarismo antiautoritario de los bakuninistas, en el marco del fuerte arraigo de la mística anarquista que padeció toda Cataluña en los últimos decenios del siglo pasado.

Balanceándose entre esos dos extremos —⁠la ufanía pragmática de aceptar un hecho existente; el milenarismo de la catástrofe redentora⁠—, Cataluña poco a poco fue recorriendo la cuerda ﬂoja de la recuperación del sentido del Estado y la administración. En ello radica el verdadero y no criticable mérito de la generación de 1901 y singularmente de Enric Prat de la Riba: el de posibilitar que un equipo de catalanes demostraran su alta competencia como gobernantes y administradores de la cosa pública. Su éxito cruzó rápidamente el Ebro y llegó a Castilla como posibilidad de reforma política y mejora social sin atolladeros subversivos. Pero en Madrid guisaban un arroz totalmente distinto, y los grandes primados del régimen parlamentario o caciquista no quisieron ni escuchar aquella canción. Tenían otros procedimientos. Y con sus simpáticos tentáculos llevaron a los prohombres catalanes a las palancas del Minotauro cuando ya no tenían ánimo para moverlas —⁠en el sentido de recuperación hispánica promovida por Cataluña⁠—. Fue una experiencia de la que nadie se recuperó pronto.

El recelo contra el Estado desarrolló la mística revolucionaria entre los obreros y los pequeños burgueses, quienes extremaron su individualismo en los años catacumbarios de la dictadura primorriverista. Leyendo los papeles de la época, me he quedado más de una vez espeluznado por el apocalipticismo gratuito al que habían llegado los líderes sindicales de este país llevados por su repulsa a todo Minotauro, hasta el más humilde de una sencilla administración municipal. La negación de todo gobierno, de cualquier fórmula de relaciones jurídicas, de un instrumento de asociación general, era frecuente en la literatura de las cabezas más despiertas. Cuenten ahora los efectos que producía en el pensamiento de los obreros que se consideraban injustamente tratados y retribuidos —⁠de lo que culpaban al Estado, arma de la burguesía⁠— y en el de los murcianos que acababan de llegar a Cataluña —⁠a cuya miseria el Estado no había dado más salida que el sacrificio del hogar nativo y el salto de vida o muerte a una ciudad industrial, de entrada inhóspita y devoradora⁠—. La mística antiestatal se expandió entre los años veinte y treinta, y el impulso fue tan fuerte que, por capilaridad, impregnó a bastantes intelectuales y hombres prominentes de la pequeña burguesía. Este fenómeno de degradación del sentido de la responsabilidad del poder se notó sobre todo durante el período que empezó en 1931.

Y aquí, sin ir más adelante, se cierra este análisis de las relaciones entre el pueblo y el Minotauro en Cataluña, que quisiéramos resumir en dos palabras: la alta capacidad administrativa de los catalanes se vio subyugada por una falsa concepción del Estado —⁠considerado como fenómeno extranjero⁠—, que conllevaba, en unos círculos, la aceptación del pragmatismo de vía estrecha, y en otros, el desarrollo de la mística de la acción directa. Y este dualismo es uno de los motivos principales de la mecánica que presentan las subversiones políticas y sociales en Cataluña.

CAPÍTULO 10
LAS REVOLUCIONES CATALANAS

EL HECHO REVOLUCIONARIO EN CATALUÑA

Hablamos a menudo de las revoluciones extranjeras. Los manuales de historia nos han enseñado las grandes conmociones que han modificado la vida de los pueblos y del mundo. Quien más, quien menos, todo el mundo tiene una noción clara del proceso subversivo en el occidente de Europa. Sus principales hitos se encuentran en Alemania a comienzos del siglo XVI, en Holanda a mediados de esa misma centuria, en Inglaterra en el transcurso del siglo XVII, en Francia desde la Revolución de 1789 y finalmente en nuestro siglo un poco en todas partes desde el ejemplo ruso de 1917. Primero la cuestión religiosa, más adelante el problema político y por último las discordias económicas y sociales han ido dibujando la superficie de una serie de oleadas revolucionarias, cuyo origen debe buscarse en la rapidez de los cambios estructurales sufridos por la sociedad occidental desde el Renacimiento.

De la grandeza dramática de tal fenómeno en la historia moderna no ha escapado Cataluña. Pero las gestas subversivas han sido consideradas como efemérides patrióticas, y ello nos ha producido una falsa óptica de nuestros propios hechos, hasta tal punto que no nos hemos dado cuenta de la semilla revolucionaria que llevamos en nuestras venas. Afirmación casi paradójica, porque se opone diametralmente a las páginas más exitosas de nuestro comportamiento público y a la versión más correcta de nuestro talante colectivo. Seny, trabajo, pactismo, delegaciones de poder y tolerancia fundamental guían los actos de los catalanes durante generaciones enteras y nos llevan a creer que somos el pueblo más conservador y tradicionalista de la Tierra. Las alteraciones revolucionarias las atribuimos a la perversidad de elementos extraños, que desde dentro o desde fuera se afanan por combatirnos y destruirnos. Para justificar y reducir a la intelección las revoluciones catalanas, los intérpretes de nuestra historia, olvidando los hechos directos que pueden explicar cierta tendencia a la subversión, suelen explayarse en el comentario, por otro lado bien comprensible, de las intrusiones ajenas, de las tempestades populares levantadas por los actos de desgobierno y por las ambiciones de los Estados foráneos.

Nunca me ha satisfecho esta consideración unilateral. Siempre me ha parecido sorprendente el número de revoluciones que van sucediéndose en nuestra historia y la facilidad con que han sido recibidas en este país las ideas más subversivas. También me he dado cuenta de que, para los sociólogos contemporáneos —⁠quienes solamente conocen nuestra historia más cercana⁠—, constituimos un motivo de estimulante preocupación científica. No se explican, por ejemplo, que uno de los pueblos cuya vertebración social es más fuertemente conservadora haya podido servir de plataforma para la experiencia anarquista más duradera, casi diría la única experiencia gubernamental de quienes rechazan cualquier manifestación del aparato de Estado. Esta paradoja acabaría haciéndonos perder la cabeza, a ellos y a nosotros, si no prestáramos atención a las circunstancias que han determinado la aparición y el desarrollo de tales fenómenos en Cataluña.

Cuantos hemos escrito sobre el mecanismo de los fenómenos revolucionarios sabemos las condiciones de su nacimiento y la dinámica de su evolución. Esencialmente el choque revolucionario consiste en el intento de echar del poder político a una oligarquía que monopoliza también el poder social, económico y cultural. En este choque violento juegan siempre dos fuerzas por parte de los atacantes: los verdaderos revolucionarios, que representan a la clase o al grupo social abanderado del movimiento, y los activistas de la subversión, prisioneros de la infantil enfermedad de la aniquilación ilimitada. El juego entre unos y otros, enfrentados a la masa de los elementos neutros y las filas de los defensores del viejo orden de cosas, sean moderados, conservadores o reaccionarios, determina las variantes y el resultado final de la revolución. Vencedora o derrotada, esta crea un nuevo sistema de relaciones humanas, porque, en la dialéctica de la historia, toda antítesis se resuelve necesariamente en una síntesis y toda contradicción conlleva una afirmación.

El hecho de que Cataluña haya vivido en los cinco últimos siglos —⁠exactamente, desde 1462⁠— once revoluciones de importancia general —⁠y con ello quiero decir citadas por los tratadistas extranjeros e incorporadas en los grandes manuales de divulgación⁠— es un récord de cierta entidad. Castilla solo ha conocido nueve; Francia, siete; los Países Bajos, cuatro, e Inglaterra, tres.

He aquí los hechos revolucionarios que reportamos:

Ciertamente, el número no lo es todo, y las revoluciones inglesas y francesas han pesado mucho más en el porvenir de la humanidad que las catalanas. Pero la persistencia en la terquedad pone de manifiesto que hay un resorte en la máquina profunda del país que no funciona lo bastante bien. Alguien ha escrito que Cataluña era un pueblo más rebelde que revolucionario, entendiendo por rebelión el estado de protesta permanente y por revolución el de protesta constructiva. Yo no lo creo, y diría que A. Camus tampoco lo habría creído; él, que consideraba la revolución como la destrucción de toda libertad y la rebelión como la conquista de la dignidad humana. Lo que ha acaecido es que en Cataluña se han sumado dos oleadas revolucionarias. Las que son propias de Europa (las de los siglos XV, XVII y XIX) y las que solamente tienen su razón de ser en el contragolpe de los despeñamientos subversivos de Castilla (parte de las revoluciones del siglo XIX y las del siglo XX). Esta doble fase de los movimientos extremistas en Cataluña, si bien nos exonera de parte de la responsabilidad como pueblo bien constituido, en cambio explica el entusiasmo infantil de mucha gente por la bulla o el fácil paso del seny a la rauxa que trataremos más adelante.

Cataluña, pues, por su cualidad de elemento progresivo diferenciado en el seno de una estructura social inmutable y anquilosada como la de tantas partes de España, por su decepción ante un Estado insensible e irrecuperable, ha tenido que representar en la Edad Moderna un papel revolucionario que no correspondía en absoluto al pacífico pueblo medieval del seny, el pactismo, el buen gobierno y las delegaciones de poder.

LA REVOLUCIÓN DEL SIGLO XV

Quizá la primera experiencia revolucionaria europea de gran estilo sea el alzamiento catalán del siglo XV. En nuestro país, el amanecer de los tiempos modernos registra la lucha de las altas clases del país contra el cesarismo monárquico, las reivindicaciones de la menestralía que quiere participar en los organismos municipales y una amplia actitud subversiva de los campesinos contra los propietarios feudales y señoriales. Que este complejo es revolucionario nos lo dicen no solo los hechos, sino también el léxico empleado en los documentos de la época. Nos atreveríamos a creer que es en Cataluña, a finales de ese siglo, donde se escribe por primera vez la palabra revolución en su sentido moderno de honda alteración social y política.

Una clase social centra los acontecimientos: la gran burguesía urbana, los patricios o ciudadanos honrados. Durante dos siglos han sido el nervio vital del país y de la monarquía. Son el alma de la teoría y de la práctica del gobierno pactista, de la mentalidad federativa de la Corona de Aragón. Aun cuando en el desarrollo del compromiso que llevó a la declaración de Caspe intervinieran varios factores políticos y religiosos, internacionales y diplomáticos, sociales y económicos, independientes de la voluntad de la burguesía catalana, es evidente que no se habría podido cumplir sin su aquiescencia. Tal actitud se debió a la antipatía hacia el feudalismo pirenaico de los Urgel y al pensamiento de que con la entronización de la rama menor de los Trastámara castellanos quedaba consolidada la doctrina del pacto como ley reguladora de las relaciones entre el rey y sus vasallos. Así, pues, los ciudadanos honrados creen firmemente, hacia el año 1420, que son los amos del país, que han realizado una revolución pacífica y que se sitúan casi en el mismo nivel de gobierno popular que ciertas señorías italianas.

Nobles y clero comparten su credo; no todos los aristócratas ni eclesiásticos, pero sí la mayoría. Quienes no están en absoluto de acuerdo son los hombres de los gremios y los campesinos. Los menestrales se quejan de su miseria: no ven que la causa del decaimiento de los oficios tiene raíces mucho más hondas en la crisis coyuntural de los negocios mediterráneos; creen que la oligarquía traiciona la causa del pueblo, que ellos pueden invertir la situación con medidas proteccionistas, que si comparten el gobierno de los municipios y pueden reformar el valor de la moneda arreglarán la situación. En cuanto a los campesinos, se agrupan para resistir las reclamaciones de sus señores, los cuales quieren revalorar sus posesiones dando entrada en las masías abandonadas y decaídas a arrendatarios a corto plazo. Una oleada de desafíos y provocaciones indica, muy pronto, que los campesinos ricos se opondrán a tales medidas, atizando, de paso, el odio de los remensas pobres con doctrinas revolucionarias sobre la exclusiva pertenencia de la tierra a sus cultivadores. Menestrales y campesinos constituyen el ala de un mismo frente revolucionario social, dirigido contra la nobleza y la burguesía; precisamente, el ala pactista de la inquietud política catalana del siglo XV.

La situación se agrava poco a poco por la inoperancia del Estado. Sin duda, los ministros reales en Cataluña, que palpan la situación de cerca, tienen una política: la de favorecer los deseos de los menestrales y los campesinos situándolos en su término justo. Pero el monarca, Alfonso el Magnánimo, gallea en Nápoles, necesita dinero para su política de conquistas y complace sucesivamente a los representantes de las fuerzas que se presentan ante él. Ello contribuye al desconcierto general, atiza las pasiones y abre el camino a la inminente sacudida revolucionaria. Cuando al final de su reinado se inclina hacia las reivindicaciones de menestrales y campesinos, en ocasión de las dos grandes decisiones de 1453 y 1455, las clases conservadoras consideran —⁠como lo hizo luego la historiografía romántica⁠— que la monarquía se ha pasado al bando de sus oponentes no por un deseo de justicia social, sino para aplastar sus privilegios políticos y destruir el sistema pactista.

Una imprudencia de su sucesor y hermano Juan II inﬂamó el polvorín de las pasiones. En Cataluña, a comienzos de 1461, se creyó de buena fe que el encarcelamiento del príncipe de Viana por parte de su padre (en Lérida, en el mes de diciembre anterior) rompía los principios del gobierno paccionado del país. Los ciudadanos honrados, los aristócratas y el clero, desde los lugares de mando de la Diputación del General, aprovecharon la ocasión para imponer su criterio a la monarquía. Representando el ideal pactista, tan arraigado en el país, y tomando por bandera el sentimentalismo suscitado en todas partes por la figura de Carlos de Viana, arrastraron fácilmente al pueblo. El primer alzamiento catalán presentó una unanimidad casi absoluta. La solidaridad en la empresa y el entusiasmo popular impusieron a la realeza la única solución viable: una capitulación total. El gobierno paccionado quedó definido legalmente por la llamada concordia de Villafranca del Penedés, estatuto de una posible democracia medieval, como hemos visto más arriba.

El triunfo político del movimiento revolucionario supuso una reacción social; quizá no era lo que se proponían los dirigentes de la acción contra Juan II, pero el resultado fue que se desató el ataque contra la obra emancipadora de Alfonso el Magnánimo. En el campo, los señores exigieron sus derechos, todavía pendientes de sentencia en los tribunales reales; en la ciudad, los jefes de la menestralía temieron que se hundieran sus últimas conquistas. Unos y otros fueron perseguidos, encarcelados, ajusticiados. Dos grandes porciones de la sociedad catalana se alejaron, así, del camino del patriciado y se prepararon para reclamar por la fuerza sus reivindicaciones. El ejemplo del alzamiento resultó funesto, porque enseñó a la gente del pueblo el recurso a caminos distintos a los legales para lograr la realización de un programa.

Tal divisionismo comprometió la consolidación del propósito político revolucionario de 1461, pues dio armas al retorno del cesarismo monárquico. Era previsible. Había que negociar, saber negociar. Muy al contrario, los hechos nos presentan a los directores del movimiento aristocrático, burgués y eclesiástico presos de un extraño complejo de orgullo, suspicacia y temor. Bien pronto los mismos que se habían mostrado serenos durante la gran ofensiva revolucionaria de febrero de 1461 no serían más que un manojo de nervios, abocados a la demagogia. Excitaron las pasiones más bajas (como el culto al príncipe de Viana), estimularon la reacción en el campo, acometieron a los sindicatos menestrales y prepararon una oleada de terror. Ellos mismos dañaron su obra al levantarse en armas contra la realeza —⁠antes de que esta se librara en cuerpo y alma a Francia, en un gesto tampoco demasiado elegante⁠— y, partiendo el país en dos bandos irreductibles, volvieron inevitable la guerra civil. Que eso y no otra cosa fue la guerra contra Juan II de 1462 a 1472.

Desde mayo de 1462 la ofuscación de las pasiones fue preponderante. Se combatió de un lado y otro con valiente decisión. Especialmente la burguesía barcelonesa dio muestras de una heroica terquedad. Muchos cayeron en la lucha; todos se arruinaron. La decadencia comercial de mediados del siglo XV, ni mucho menos irreparable, se consumó. La bolsa permaneció vacía durante muchos años. No importaba. Ni siquiera importó aceptar la dominación de los franceses, quienes mantuvieron el calor revolucionario durante los seis últimos años de la lucha. Finalmente, se llegó a un acuerdo con la realeza. Fue derogada la concordia de Villafranca y sustituida por la de Pedralbes. El sistema pactista fue reconocido, aunque disminuido con respecto a las estipulaciones conseguidas en 1461.

Y nos preguntamos: ¿por qué, entonces, fue necesario tal aluvión de fuerzas, dinero y sangre?, ¿por qué en 1462 el patriciado no pudo aceptar unos objetivos semejantes —⁠incluso habrían podido ser más halagüeños⁠— a los que tuvo que admitir por la derrota diez años más tarde? Sin duda, la explicación se halla en los recelos que había experimentado respecto al programa revolucionario de la realeza; pero, además, en la euforia del éxito inicial, en la desorbitación de las finalidades que quería alcanzar, en la falta de medida al juzgar sus propias fuerzas, en el exceso de sentimentalismo con que consideró las sucesivas alternativas del proceso político. Y, sobre todo, en la falta de generosidad hacia el pueblo y en la equivocación, decisiva, de haber querido llevar dos partidas al mismo tiempo: la de la liberación política y la de la reacción social.

LA REVOLUCIÓN DEL SIGLO XVII

Hasta hace poco, solo teníamos una interpretación romántica —⁠exclusivamente política⁠— del alzamiento catalán de 1640, que inició la llamada guerra de Separación. Las historias, tanto las catalanas como las castellanas, nos lo explicaban a la luz de una pura consideración nacionalista. Muchas actitudes adoptadas en 1640 retumbaron ciento cincuenta años más tarde como clarines precursores de una pugna ideológica entre dos pueblos, de unas incompatibilidades sociales y políticas basadas, por un lado, en el asimilismo centralizado y, por el otro, en el pluralismo hispánico. Era una manera de no entender nada, porque la revuelta catalana del siglo XVII fue un proceso subversivo muy complejo.

Los modernos estudios disciernen varias causas. Desde luego, la primera de todas fue la resistencia de un país de tradición pactista a reconocer el Estado absolutista. Como en la Inglaterra de Cromwell, en la Holanda de los Witt y en la Francia de la Fronda, las corporaciones privilegiadas catalanas, recogiendo los últimos latidos de la aristocracia y el clero feudales y de la burguesía de cuerpos honrados, se opusieron al Minotauro en una gran oleada revolucionaria. Lo mismo acaeció en Portugal, donde la burguesía lisboeta y los latifundistas del sur del país tuvieron suficiente fuerza para oponerse a las medidas absolutistas del gobierno de la monarquía hispánica. El fenómeno fue tan general en el occidente de Europa que, si Castilla hubiera poseído una clase social burguesa importante, también la habría sufrido. Hay testimonios sueltos en el País Vasco, Aragón y Andalucía.

Considerada desde el punto de vista de los intereses colectivos, la revuelta catalana de 1640 toma un cariz diferente. Como ya hemos dicho más arriba, los catalanes del siglo XVI habían llevado una existencia mediocre, pero satisfecha. Castilla había tomado la dirección de los asuntos exteriores de la monarquía hispánica, tanto en la vieja Europa como en la nueva América, y ningún catalán le regateaba ni los laureles de la gloria ni la pesada carga de la lucha. Los burgueses barceloneses se solazaban en sus torres de las cercanías urbanas, se dedicaban a la mejora del cultivo de la tierra y se embarcaban raras veces en un pequeño comercio mediterráneo. Crearon una universidad bastante exitosa, aunque no demasiado ilustre, y se embelesaron con los predicadores que venían de fuera a hablarles en lengua extraña.

La dorada mediocridad de las llanuras del litoral contrastaba, como sabemos, con la agitación de la montaña. La montaña estaba llena de bandoleros. Era una Cataluña bien distinta, donde se habían refugiado los inconformistas y los rebeldes, adonde los inmigrados del Mediodía de Francia —⁠pastores y campesinos, en gran parte protestantes⁠— habían traído su inquietud de exiliados. Para todo este mundo, el camino del oro que pasaba de Castilla a Barcelona por Els Brucs constituía un atractivo, a la vez que una posibilidad de supervivencia. Los bandoleros se agrupaban en pandillas y, ante la impotencia de la administración virreinal catalana, se afirmaron en su situación. Durante medio siglo, la política catalana se centró en estas facciones; el país se partió por la mitad entre nyerros y cadells.

Los ministros virreinales, la Iglesia y los caballeros jugaron demasiado con las facciones. El pueblo acabó admirando el nombre de los grandes bandoleros y, sobre todo, se acostumbró a menospreciar la ley. De la privación del pan y la seguridad de la miseria podía pasarse con facilidad a una abundancia relativa tomando un pedreñal o un buen cuchillo y asociándose a una banda. Así se convirtió en endémica la revuelta de los campesinos catalanes de la montaña contra sus señores feudales. Mucha gente se inclinó a tomarse la justicia por su mano, a menospreciar un gobierno que no resolvía ni los asuntos de campanario. Los campesinos estaban, pues, armados, y cualquier circunstancia explosiva desencadenaba una acción, a veces puramente social, pero con inevitables repercusiones políticas. Es certísimo que el campesinado arrastró a las otras clases sociales hacia soluciones extremistas en los días precursores del Corpus de Sangre de 1640.

Los hombres de la oligarquía catalana del siglo XVI no se habían reformado con la nueva centuria. Acaso observamos en algunos elementos de las nuevas generaciones cierto grado de exasperación vital, no sabemos si fruto de un proceso de recuperación biológica o de la desesperación del momento. Eclesiásticos y caballeros eran los más encendidos, y los burgueses, los más pacíficos y moderados. Pues bien, sobre esa sociedad la política del gobierno del conde duque de Olivares cayó como una granizada. Ciertamente, el ministro de Felipe IV intentaba hacer virar la nave de la monarquía hispánica para asegurar su viabilidad interna y mantener su hegemonía en Europa. Era un propósito que casaba con las ideas de la época y, por lo tanto, nada sorprendente en la corte de Madrid. Incluso habría sido digno de alabanza si se hubiera rectificado la línea seguida desde los últimos tiempos de Felipe II y reconocido el fracaso de Castilla para llevar a cabo, por sí sola, una política española. Los procedimientos y los conceptos fueron no solo chapuceros, sino desleales. Olivares podía pedir esfuerzos económicos y humanos a Cataluña, pero a cambio de ofrecerle ventajas de una intervención directa y efectiva en los asuntos comunes de la monarquía. Solo pidió sacrificios, y cuando chocó con las primeras y naturales resistencias se escabulló por los senderos de los procedimientos subterráneos. Le faltó tacto. Confió en los sistemas explosivos, dando por descontado que él apagaría el fuego cuando fuera conveniente. La explosión fue tan violenta que estuvo a punto de hundir a la monarquía, y ni él ni sus sucesores pudieron ya volver a apuntalar firmemente el edificio que había sido sacudido.

Antes de llegar a la catástrofe, la burguesía catalana intentó negociar. Hizo lo que le había aconsejado la experiencia durante dos siglos de gobierno pactista: protestar de palabra y trampear la situación mediante procedimientos dilatorios. Su afecto estaba al lado de la realeza de Felipe IV; sus intereses descansaban en las constituciones del país. No sabían ni podían salir de ese círculo. Pero, cuando se inició la guerra con Francia, las villas y los pueblos del norte de Cataluña se llenaron de tropas francesas y empezaron los choques entre el ejército y la población civil, se hallaron ante una situación que no fueron capaces de dominar. Es cierto que se lo impedían los medios empleados simultáneamente por el gobierno de Madrid y sus funcionarios en Cataluña. Hoy todavía nos sorprende la inconsciencia con que se vio este gran problema desde los ventanales del viejo palacio de El Pardo.

Los acontecimientos abrieron la crisis por donde quizá nadie se lo esperaba. Los campesinos se levantaron a finales de 1639 y arrastraron a las clases dirigentes hacia la revolución. Es muy notable que quienes tomaran el poder en 1640 fueran los canónigos y sacerdotes rurales, los caballeros y donceles, o sea los propietarios del campo. Pero ellos fueron los únicos que recogieron la pasión del momento. Los burgueses los siguieron más tarde, cuando, después de dos meses de dubitaciones, Olivares se decidió a intervenir por las armas. Entonces los pactistas hicieron un frente común, en el que la ciudad de Barcelona, con sus gremios, tomó un lugar de vanguardia. Pero la línea política del movimiento la trazaron los canónigos y caballeros de Urgel: pasaba por Francia.

Por este hecho la política catalana fue a la deriva durante veinte años. Nunca se ofrecieron al país objetivos esenciales, claros y coherentes, salvo conservar al pie de la letra la constitución pactista. Las quejas fundamentales que habían provocado el recelo de las oligarquías respecto a Olivares se habrían podido resolver con la simple actitud de firmeza que se había adoptado desde 1638. Una vez desencadenado el movimiento, sin embargo, era necesario el esfuerzo común para canalizarlo. Nada se hizo en el camino de la unidad. Muy al contrario, la gente de valor, o bien se dejó arrastrar por el sentimentalismo del choque primario entre nativos y forasteros —⁠que, a la larga, había de oponer también a catalanes y franceses⁠—, o bien abandonó la causa de la tierra en un acto de servilismo a ultranza. La unidad del país, ya resentida desde las primeras chispas del incendio revolucionario, se rompió muy pronto. Las historias nos hablan de esas deserciones, de la nueva guerra civil que conllevaron. Varias investigaciones en los archivos reales ponen de manifiesto que fueron muchas más de las que nos imaginamos. Y no solo entre los nobles y los burgueses, sino incluso entre los menestrales.

Así, pues, la revolución catalana del siglo XVII fue un espectáculo de extremo confusionismo: guerra patriótica, guerra civil y revolución social, lucha internacional. ¡Qué gran martirio durante veinte años! Si el conde duque de Olivares pretendió llevar la lucha política al terreno que le convenía, el del alzamiento popular, nuestra gente le facilitó el cometido. Pero ni Olivares ni sus consejeros sabían exactamente adónde iban. Fueron políticos cálidos, barrocos, sensuales, faraónicos. Si la monarquía española de mediados del siglo XVII hubiera tenido la décima parte de la fuerza que aparentaba su fachada, es indudable que el año 1714 se habría adelantado setenta años. Pero, por el contrario, se estrelló ante las primeras resistencias, y puso de manifiesto su enorme debilidad, los defectos de su estructura. Amenazado por un colapso repentino de la monarquía, Felipe IV exoneró a Olivares (1643) e hizo la paz con sus súbditos catalanes (1652). Todo ello habría sido como un paso cómico, si la revolución de 1640 no hubiera hecho incubar un recelo fundamentado entre catalanes y castellanos, y no hubiera establecido una divisoria entre dos clases de catalanidad: la patriótica y la colaboracionista. Y, además, se perdieron el Rosellón y media Cerdaña.

EL ALZAMIENTO DEL SIGLO XVIII

Justo a comienzos del siglo XVIII, una generación de catalanes, habiendo olvidado la experiencia de sus abuelos, se animó de nuevo en una empresa revolucionaria. Este fenómeno coincidió con la crisis de la monarquía hispánica conocida con el nombre de guerra de Sucesión. La Corona fue transferida por Carlos II de los Austria a los Borbones. Europa se opuso a un cambio que sacudía el equilibrio continental; puso en marcha, una vez más, la máquina guerrera, y por esa rendija se introdujo la revolución en nuestro país.

La finalidad del movimiento es ahora muy distinta de la que había sacudido el país en 1640. Hasta mediados del siglo XVII, puede decirse que Cataluña había rehuido cualquier tarea colectiva al lado de los otros pueblos de la monarquía. La revolución de los Segadores fue un reactivo. Acabada la guerra, se observan en Cataluña los síntomas de una recuperación biológica: en el comercio y el campesinado, en el trabajo y la industria, destellan los primeros brillos de una nueva vida. Son los primeros latidos —⁠apenas audibles⁠— de la Cataluña actual. A pesar de su insignificancia, obligan a los catalanes a examinarse. Si bien se hallan satisfechos con las leyes que han conservado de sus antepasados, porque es una herencia que no pueden traicionar y una garantía contra las extralimitaciones de la autoridad real, los engañan las limitaciones que experimentan por el mismo hecho de su situación exterior a la monarquía. Quieren comerciar con América, pero América es un feudo de Sevilla. Habría que restablecer la decaída realeza de Carlos II, pero chocan con el desbarajuste burocrático y el desconcierto palatino. Las esperanzas depositadas en la persona de Juan de Austria se marchitan al poco de ﬂorecer. El entusiasmo hispánico de esa generación catalana se ve decepcionado ante la inconsistencia de la monarquía, incapaz de recoger sus anhelos, incapaz de darles una mínima seguridad. El Estado no funciona; habría que rehacer el Estado.

La adscripción de Cataluña a la causa del archiduque de Austria fue consecuencia de esa prolongada decepción histórica. Paradójicamente, los catalanes se apegaron al representante de la dinastía que había enervado al país. Y ello se debió a dos convicciones: la primera, de cariz tradicionalista, se apoyaba en el mantenimiento de su posición diferenciada en el conjunto de los territorios de la monarquía hispánica; la segunda, de cariz futurista, vislumbraba, como hemos visto en páginas anteriores, la posibilidad de adquirir, a través de la victoria del archiduque, un lugar preeminente en la política española.

Fijémonos bien en este complejo mental. Como en el movimiento de 1640, hay en el de 1705 un deliberado propósito de asegurar los principios políticos consustanciales al desarrollo orgánico de la sociedad catalana. Es una inclinación ineludible que se adscribe al talante pactista de la tierra. Pero, por otro lado, se expresa por vez primera un designio intervencionista, que, si en su definición explícita solo es patrimonio de una minoría reducida, en el fondo constituye el oscuro gran designio del alzamiento.

No es que los catalanes de esa gesta intentaran imponer a los otros miembros de la monarquía un criterio político y social propio. Habrían desmentido su concepción del mundo. En el fondo, querían ser ellos mismos, pero con un gran deseo de aportar sus iniciativas al mejor desarrollo de la monarquía. Les falló el tiro, tanto por no saber definirse exactamente como por falta de comprensión del Estado moderno y de la estructura continentalista que se había adoptado en Castilla durante los dos siglos de su inhibición histórica. El choque con la realidad fue tanto más duro cuanto que, desde el otro lado de la trinchera, imperó la misma incomprensión y se hizo todo lo posible para reducir la lucha a una pura cuestión de agitación local.

Las consideraciones precedentes nos conducen a imaginar que, durante la revolución de 1705, quienes llevaron la iniciativa de la acción fueron nuevamente la aristocracia y los prohombres. La realidad demuestra tal mecanismo. Al contrario que en 1640, el pueblo fue ahora arrastrado hacia el alzamiento por un grupo minoritario, que desde los primeros días del reinado de Felipe V se oponía a los designios centralizadores de su gobierno. Este grupo extendió sus tentáculos hacia las distintas cortes europeas apenas supo que las grandes potencias oceánicas, y sobre todo Inglaterra, se disponían a sostener la causa de Carlos de Austria. Aún no conocemos en detalle el desarrollo de la intriga, que unió a los principales jefes del intervencionismo catalán a favor del archiduque en Lisboa, Gibraltar y Génova. En todo caso, los resultados fueron evidentes: a los austracistas catalanes les resultó fácil provocar levantamientos en las regiones centrales de Cataluña y mantener una situación de nerviosismo popular en las comarcas marítimas, estimulado, como siempre, por la incomprensión de las autoridades virreinales —⁠en este caso concreto don Francisco de Velasco, de quien ha podido escribirse que preparó la adhesión de Barcelona a la causa de Carlos de Austria⁠—. Tan pronto como cedió Barcelona ante la amenaza del ejército aliado, Cataluña se deslizó hacia el lado de los austrófilos, en un movimiento de una fuerza acaparadora, que indica claramente hacia qué lado se dirigían las aspiraciones de la mayoría del pueblo. Ciertamente, la acción subversiva de los dirigentes encontró eco en las clases llanas, las cuales desencadenaron las dramáticas jornadas del 11 al 14 de octubre de 1705 en Barcelona. La tensión provocada por los acontecimientos se transformó en una oleada terrorista, que extinguió la euforia del triunfo y convirtió la insurrección en una guerra civil.

La presencia de la escuadra inglesa y de los soldados aliados y la entrada del archiduque en Barcelona redujeron bien pronto aquella desgarradora llamarada. Pero la unidad del movimiento se había visto comprometida. Carlos de Austria gobernó con un equipo minoritario, que se impuso a los contrincantes con medidas de excepción: encarcelamientos, deportaciones, confiscación de bienes. Muchos adheridos de la primera hora se desencantarían ante ese espectáculo y las pocas soluciones que los austrófilos aportaban a las cosas del país y de España. Muchos se dieron cuenta de que el absolutismo se hallaba en una y otra trinchera, y se prepararon para cambiar de casaca con el mínimo riesgo. Estos catalanes, junto con los que ya eran felipistas o botiﬂers, fueron los realizadores de la política de Nueva Planta. Los asustó la revolución, en el campo y en la ciudad, a pesar de haberla preparado. Y dejaron que en los días funestos de la retirada de los aliados fueran los más humildes los encargados de la heroica resistencia.

La polémica española centrada en el ataque y la defensa de Barcelona en 1714 no es nada comprensible examinada desde el punto de vista de los combatientes que lucharon para tomar o salvaguardar las murallas de la ciudad. Unos y otros cumplieron con su deber, aunque mucho más los hombres de la Coronela o de los gremios, que pusieron la rúbrica a una carta que habían girado algunos de quienes entonces se hallaban cerca del duque de Berwick, preparando la oleada de legislación draconiana que siguió a la capitulación de Barcelona. Así, los hechos de 1714 deben entenderse como un mecanismo insurreccional fallido, por el fracaso no solo de la Europa que la había amparado, sino de la clase social que la había promovido, que al tomar el poder vaciló desde los primeros días entre su localismo tradicionalista y sus afanes de intervencionismo hispánico, entre su conservadurismo y la necesidad de dar paso a las nuevas fuerzas demográficas y sociales del país.

LAS REVOLUCIONES DEL SIGLO XIX

El estallido de la Revolución francesa encontró a los catalanes en plena euforia de resurgimiento cultural y sin problemas ideológicos de importancia. Con todo el cariz provinciano que se quiera, el país era ya entonces una promesa exitosa, una prenda de un resurgimiento cierto en el plazo de algunos decenios. La revolución que conmovía antiguas tierras catalanas y que se inﬂamaba en la otra ladera de los Pirineos despertó en nuestro país, de momento, multitud de odios; al campesinado católico y a los burgueses de negocios les repugnaba la agitación revolucionaria, y contribuyeron con sus recursos a la guerra contra la Convención: la guerra grande. Despertar colectivo, se ha dicho. Ciertamente. Pero manifestación antirrevolucionaria.

Que al cabo de cinco años —⁠en 1798⁠— el aspecto de las minorías del país cambiara no es nada extraordinario. Durante ese período se transformaron tantas cosas en Europa que el impulso revolucionario caló de nuevo en Cataluña. No existía aquí una nobleza ilustrada, cautivada por el filosofismo a la francesa, ni la burguesía tenía una mentalidad política preparada para aplicar sus deseos de progreso económico. Las guerras napoleónicas molestaban porque revolvían los negocios, porque atizaban los barcos de guerra ingleses contra las goletas y los bergantines catalanes y detenían el comercio colonial. Esa fue la principal causa de la antipatía de Cataluña hacia el prepotente ministro de Carlos IV, Godoy, el hombre del pacto de alianza con Napoleón. Por esa rendija había de infiltrarse en nuestro país la inquietud revolucionaria, con el propósito de reformar o sacudir aquel Estado tiránico, corrupto y claudicante.

Pudo constatarse durante el alzamiento del mes de mayo de 1808. La historia oficial nos describe un magnífico movimiento de unión patriótica frente a la intervención napoleónica en Madrid y la abdicación de los Borbones a la Corona española. Bien es verdad que hubo exaltación patriótica, sobre todo en el sentido de oposición a unas tropas foráneas, que en Cataluña se consideraban contrarias a toda fe y toda ley. Sin embargo, no todo el mundo fue patriota y mucho menos aquellos organismos que representaban el viejo orden de cosas, o sea el despotismo del Antiguo régimen, empezando por el famoso Consejo de Castilla y terminando por las distintas autoridades civiles y militares regionales. En cuanto a la unión del movimiento, es algo que no puede reconocerse en ninguna región española; no digamos ya en Cataluña. Así, la acción antinapoleónica se llevó a cabo contra el aparato del Estado en cada país hispánico: en unos lugares fueron burgueses, en otros militares de graduación inferior, en otros aun curas de parroquia quienes dirigieron la ocupación del poder por el pueblo. Escribimos «pueblo» midiendo exactamente el peso de esta palabra. Tras tres siglos de indiferencia colectiva, la gente llana quiso tomar la palabra en los asuntos públicos.

Esa profunda conmoción de la sociedad española halló en Cataluña un eco especialmente notable. Y no porque se luchara valientemente en Los Brucs y en Gerona, sino porque en Los Brucs, en Gerona y en otros lugares los protagonistas fueron precisamente hombres del pueblo: campesinos y menestrales, dirigidos por militares en su pugna bélica y por abogados en su conquista del poder. Las memorias y los documentos hablan, y hablan claro. Hasta la fecha solo se han tenido en cuenta las gestas de armas. Hoy en día, examinando las fuentes desde un punto de vista social, se comprueba el gigantesco vuelco que dio Cataluña en aquella época. Como entre los otros pueblos hispánicos, la inquietud revolucionaria arraigó en la lucha contra la Revolución.

Inquietud revolucionaria en sentido más bien reformista, con tendencia a una solución pactista de las cosas públicas, de acuerdo con el espíritu esencial del país. Por desgracia, los asuntos generales del Estado español se mezclaron de tal forma con los propios de Cataluña que la evolución normal de nuestra vida política se vio interrumpida y recorrimos un camino difícil, lleno de trampas y obstáculos, de euforias y depresiones. Podemos imaginarnos que, en circunstancias ordinarias, la clase dirigente conservadora del país habría situado su acción en un plano reformista, bastante más avanzado que el que preconizó el barón de Eroles durante la famosa regencia de Urgel de 1822. Y que, poco a poco, habría sido sustituido por el moderantismo burgués, de tipo liberal y censitario, como ocurrió en ocasión del otorgamiento del estatuto real de 1834. Incluso podemos imaginarnos la formación de una tercera fuerza, de tipo laborista, similar a la desarrollada por las trade unions inglesas, si tenemos presente la temprana aparición de asociaciones o gremios de obreros en Barcelona desde 1842. En tales condiciones, la revolución del siglo XIX habría seguido su curso en nuestro país por caminos próximos a los de Inglaterra, Francia, Bélgica u Holanda.

Al revés, las agitaciones hispánicas alteraron radicalmente esas perspectivas. Aunque Cataluña tendió a orientarse hacia la moderación, pues al fin y al cabo el elemento social preponderante en nuestro país fue la menestralía aburguesada, se formaron dos grupos peligrosos para su estabilidad. Por un lado, los conservadores a ultranza, adversarios del más pequeño avance político y social, fuerza de resistencia a la corriente histórica, empedernidos en su tensa arrogancia, en la seguridad de sus prejuicios. Estos siempre encontraron un aliado en los gobiernos de Madrid. Por el otro, los núcleos animados por la bullanga revolucionaria. De la palabra revolución estos últimos tan solo comprendieron la acción violenta, las jornadas sangrantes, el arrebato dramático de los levantamientos populares. Los demagogos y los agitadores empujaron la educación política de las masas. No ejerció inﬂuencia alguna sobre unos ni otros el repetido ejemplo del fracaso de esa actitud ingenuamente subversiva. Se recurrió a la revolución por la propia revolución, por el jaleo y la algazara que implicaba lanzarse a la calle y dominarla, irreﬂexivamente, entre llamas y sangre. La época de las bullangas barcelonesas, de 1835 a 1843, creó una mentalidad paroxística, una especie de mesianismo de vía estrecha, que ha perdurado hasta nuestros días. En lugar del esfuerzo continuado y de las conquistas sólidas y pacíficas, la gente llana se dejó engolosinar por el aroma de la pólvora quemada, por la idea primaria de que, con una sola sacudida, la sociedad constituida se vendría abajo y cambiaría en el intervalo de unos días la obra de siglos. Nada importó que una y otra vez se comprobara que tal premonición era errónea. Las ilusiones son indestructibles, sobre todo si las abona una teoría. Porque, cuando el cansancio empezaba a percibirse en nuestro país, el arraigo del bakuninismo justificó la actitud adoptada. La fuerza del anarquismo en Cataluña radica, más que en el famoso individualismo psicológico hispánico, en el mito del vuelco revolucionario directo, en lo que podríamos llamar «pronunciamiento obrero».

De esas revoluciones tienen especial interés la de 1835, que llevó al poder a la Junta de Cataluña; la de 1843, que instituyó la Junta Central; la de 1854-1856, en la que se desarrolló el movimiento obrero, y la de 1869 a 1874, la sacudida más enérgica de Cataluña contra la superestructura española del siglo XIX. Es importante observar que en las dos primeras se mezcló el liberalismo político con el reconocimiento de la personalidad de Cataluña (los centralistas, incluso, querían imponer su criterio en toda España, a través del gobierno de juntas provinciales). En las otras dos, en cambio, el asociacionismo obrero se alió con el movimiento democrático (en el primer caso) y con el federalismo pimargalliano (en el segundo). Siguiendo esta última huella fue como el obrerismo se encaminó hacia la negación de la idea de Estado, la acción directa y la revolución social mesiánica.

LAS REVOLUCIONES DEL SIGLO XX

Las oscilaciones de la política española durante el siglo XIX imposibilitaron la estructuración eficaz de la colectividad hispánica. Llegamos al fin del siglo sin fuerza interna y sin prestigio externo. Ante la crisis de 1898, que descifraba manifiestamente la incógnita de lo que había sido España durante las últimas centurias, la burguesía catalana decidió intervenir directamente en la vida pública con el fin de afirmar su esperanza y su personalidad. Contrariamente a lo que afirmaron entonces sus antagonistas políticos, ni fueron revolucionarios ni se propusieron conseguir una solución egoísta a sus problemas. Los documentos de la época inicial de ese generoso movimiento de recuperación prueban —⁠lo hemos leído más de una vez⁠— que quería inﬂuir en la transformación del Estado por los conductos legales que este le ofrecía, y, además, que pretendía ayudar a resolver el problema de España con una contribución directa al estudio real de sus peculiaridades geográficas e históricas. Es evidente que España era tanto de ellos como de los otros pueblos hispánicos, y que no estaban de acuerdo con la forma en que interpretaban y administraban el Estado aquellos que disfrutaban de sus beneficios.

El éxito de la catalanidad a comienzos del siglo XX se debió al amplio eco que su actitud, sensata y valiente a la vez, obtuvo entre las masas populares, a la aportación de una ideología culturalista coherente y al apoyo de una plataforma social y económica efectiva. Tales factores no siempre se acomodaron bien en la acción del instrumento político que definió sus aspiraciones. Pero de su fuerza queda testimonio en el hecho de que, tres años después de la derrota colonial, el grupo se impusiera en la cosa pública catalana. Si en el resto de España la generación del 98 hubiera tenido tanta prevalencia como se supone, se habría producido el mismo fenómeno y los asuntos se habrían desarrollado de otro modo. La falta de concordancia en el ritmo social y político —⁠retraso de una constitución⁠— provocó recelos injustificados, así como medidas de gobierno que desbarajustaron los rectos propósitos de las clases dirigentes catalanas. Hoy como ayer, nos quedamos aturdidos ante la demagogia que, sucesivamente, atizó las luchas políticas y sociales en Cataluña, beneficiándose del mito revolucionario popular al que ya hemos aludido. La respuesta fueron los hechos de 1909, incluso nos atreveríamos a decir los de 1936.

Luchando entre la reacción y la revolución, enfrentándose a las posiciones extremistas, la burguesía catalana fue realizando su obra, menos ruidosa en el campo político de lo que algunos habrían querido, pero sumamente eficaz en el terreno de la existencia cotidiana y en el de los intereses superiores de la vida del espíritu. A través de las luchas de esa época se dibujó la formación de una minoría dirigente con plena conciencia de una política global y, por lo tanto, muy superior a los grupos que conducían la orientación de la burguesía catalana tras su toma del poder en 1833. Este proceso de aglutinación y coordinación había de ser necesariamente largo, porque en una generación no se resuelven defectos seculares. La crisis de 1917 vino a interrumpir esa bella marcha. Desde entonces la inquietud, la intransigencia y el pánico social provocaron grandes y pequeños conﬂictos partidistas. El moderantismo catalán se dividió en fracciones más conservadoras y más radicales. El puente entre unas y otras habría sido siempre fácil de cruzar si las contingencias de la política general hispánica no hubieran enardecido los ánimos hacia posturas cada vez más extremas. Los conservadores perdieron el contacto con las masas populares y los radicales menospreciaron la idea fundamental de unidad y de política para todo el pueblo que había sido la premisa esencial del movimiento en sus primeros días de euforia.

La gran represa de 1923 a 1930 ejerció una inﬂuencia decididamente nefasta. El grupo conservador renunció a su reformismo, mientras que el radical se sintió atraído por la idea mística de poner a prueba una experiencia revolucionaria en el doble sentido catalán y social. El hecho de que en 1931 se le abrieran de par en par las puertas no le embelleció nada la tarea. Conducidos al poder, los catalanes de la segunda generación de este siglo se dejaron llevar, unos, por la animación de la bullanga, otros, por la inquietud de actuar deprisa. No funcionaron los reﬂejos del seny y se dejaron libres los frenos de la rauxa, al abrigo de un misticismo mesiánico, de cuño celtibérico. Que este hecho, enmarcado por la órbita de la intranquilidad europea contemporánea, condujo a las posiciones revolucionarias de octubre de 1934 y de julio de 1936 no es un secreto para nadie. En ambas ocasiones, los catalanes dejamos de dar testimonio de nuestra responsabilidad para con los otros pueblos de España, de nuestra madurez para hacerles aceptar los caminos que les indicábamos desde 1901.

Pero lo que más importa al historiador es poner el dedo no solo sobre aquellos que no supieron resistir su propia quimera y la del pueblo, sino también sobre quienes no tuvieron suficiente amplitud de miras para colaborar en una necesaria e inevitable política de justicia social. Respecto a la masa popular, ineducada y volátil, solo le quedó lamentarse de haberse dejado cegar por espejismos revolucionarios y animar con infantiles ilusiones extremistas, hasta el punto de haber permitido que se despeñara, casi sin un gesto de auxilio, la obra centenaria de sus propios y más lúcidos hijos. Bien es verdad que la reciente inmigración había introducido en Cataluña insolidaridad e intolerancia, lo que explica, aunque no justifica, el hundimiento de 1936.

CAPÍTULO 11
LOS RESORTES PSICOLÓGICOS COLECTIVOS

LAS CONTRADICCIONES PSICOLÓGICAS

No hay que meditar mucho sobre el profundo sentido de los hechos que acabamos de analizar en estas páginas —⁠actitudes sociales de los catalanes, pactismo, comunitarismo, intervencionismo hispánico, relaciones con el Minotauro y desarrollo de los fenómenos revolucionarios⁠— para que sobresalga con brillo la paradoja que informa la experiencia histórica de Cataluña. Esta experiencia de disociaciones externas y contradicciones internas ha terminado constituyéndose como resorte psicológico del comportamiento colectivo.

Por un lado, si nos examinamos a nosotros mismos desde un punto de vista favorable, somos hombres trabajadores, constructivos, sosegados, previsores, capaces de encontrar fórmulas adecuadas al buen desarrollo de las relaciones privadas y públicas. Nadie nos podrá negar nuestro sentido social, ni tampoco la excelencia de algunas de las soluciones que hemos aplicado a los problemas eternos del hombre en sociedad. Exprimiendo la quintaesencia de la catalanidad, Josep Ferrater i Mora ha perfilado magistralmente, en términos de la mejor época orsiana, las características de nuestras formas de vida. Recordémoslas. Para empezar, la continuidad, o sea el sentido de la pervivencia, motivado doblemente por el arraigo en Europa —⁠conciencia histórica⁠— y por el acercamiento a Castilla —⁠permanencia ética fuera de toda contingencia⁠—. En segundo lugar, el seny, rebajado de graduación como factor psicológico, pero que nos sitúa en medio de nuestra vida y es perfeccionable por la prosecución de lo justo, conveniente y correcto. Luego, la medida, como actitud individual que repercute en el seny, vuelve viables sus manifestaciones y, al mismo tiempo, determina la tendencia del catalán hacia realidades concretas, eficaces y profundas. Y en último lugar, la ironía, forma vital que permite las recuperaciones y anula la gangrena de la pasión y el fanatismo. El seny, la medida y la ironía se hallan al servicio de la continuidad, expresada en la fórmula según la cual «todo lo que ha ocurrido no ha sucedido inmotivadamente, y todo lo que ha acaecido deberá ser incorporado de algún modo, sin perder nada esencial, en el futuro».

Por otro lado, comprobamos cómo, de repente, estas cualidades parecen frenadas, e incluso invertidas, por una actitud en la que se mezclan la exasperación y el sentimentalismo, la rauxa y el vapuleo. En tales instantes perdemos el sentido de la continuidad, la visión de la justa proporción de las cosas o la exigencia de nuestra responsabilidad en cuanto pueblo que lleva un mensaje. No aguantamos, como sería nuestra obligación; cedemos. De ahí que nuestra vida colectiva esté tejida por una sucesión de resurgimientos y decadencias; que disolvamos en pocas horas el trabajo de años de reconstrucción. Y luego, a empezar de nuevo, lamentándonos del tropiezo, pero sin meditar sobre ello, evitando plantearnos el análisis político, social y espiritual de los hechos, casi dispuestos a perdonarnos o bien a encumbrarnos en nombre de un patriotismo mal entendido. Casi diríamos —⁠si esto no fuera desmentido por nuestra actuación cotidiana⁠— que nos gusta tener esta historia atormentada, atemorizar a los extranjeros con la supuesta fuerza erosiva de nuestras acciones. Pero todos sabemos que nadie querrá embarcarse con nosotros, tomar parte en las empresas colectivas que proclamemos, si no vencemos de raíz los factores explosivos de nuestro temperamento y eliminamos todo histerismo en los días de responsabilidad suprema.

Se han buscado algunas explicaciones primarias a la paradoja que comentamos, a la contradicción evidente entre esos dos rostros de un mismo pueblo. Alguno de los más ilustres escritores actuales, que hace de la ironía el látigo de la medida, recurre incluso a la meteorología, y explica que son los vientos del mar los que tienen la culpa de las jornadas aciagas de nuestra historia. Mientras que la tramontana seca y templa, el ábrego humedece y desata los nervios y los predispone a toda acción delirante. En esta visión irónica hay un gran fondo de verdad, y no por la fuerza de los vientos, sino porque la marina de Cataluña ha sido siempre la que ha marcado el paso en los momentos decisivos. Y los hombres del litoral, como ya hemos dicho antes, arrastran muchos procesos antropológicos disociadores, tales como el mestizaje, un terreno donde fácilmente arraigan las contradicciones internas, las actitudes del insensible y el chulo. Sin embargo, ni la meteorología ni el hibridismo pueden llevarnos demasiado lejos en el camino de la verdad. El mestizaje no crea valores propios; lo que hace es polarizar sus defectos, endurecer los extremismos de los acordes disonantes, profundizar las grietas en el cuerpo espiritual del país. Si los gascones del siglo XVI contribuyeron a dar vigor al campo catalán, pero al mismo tiempo alimentaron el bandolerismo, no hay que concluir que ellos favorecieran ni el espíritu trabajador ni la versión extremista del sentimentalismo catalán. Uno y otro, netamente indígenas, habían ﬂorecido abundantemente antes de que ellos dejaran su huella en nuestro país.

Tampoco podemos admitir el criterio de quienes examinan esta cuestión con una óptica absolutamente histórica. Para ellos la falta de normalidad en el comportamiento psicológico colectivo se debe a las circunstancias del desarrollo de Cataluña, que nos habrían convertido en un pueblo penalizado y, por lo tanto, sujeto a inevitables deformaciones mentales. La desorientación caracterológica —⁠o sea la disociación de la que estamos hablando⁠— procedería del resentimiento contra la tiranía forastera, que crearía un abanico de tendencias espirituales defectuosas: el individualismo, la disimulación, la insociabilidad, los complejos de inferioridad y de apátrida, el extremismo y la rebeldía permanente. No negaré que algunos acontecimientos de nuestra historia poco propios de nuestro talante específico, sensato y compromisario puedan ser esclarecidos por ese presupuesto. Ciertas actitudes personales —⁠la de familias que desde el siglo XVII han luchado contra cualquier poder constituido⁠— y ciertas agitaciones populares solo se explican por la explosión ante una presión continua e injustificada. Pero el hecho de que seamos víctimas propicias de la demagogia forastera no se justifica por esta misma demagogia, sino por nuestra predisposición subconsciente a admitir el reﬂejo de las actitudes airadas.

Tendremos, pues, que tratar con capas mucho más hondas de nuestro carácter colectivo si queremos comprender nuestro comportamiento histórico. Josep Ferrater i Mora ha escrito que la soberbia tiene la responsabilidad de maltraer a un pueblo «que se orienta hacia la claridad y la conciencia»; porque la soberbia esparce el veneno del resentimiento, «intoxicación del espíritu cuando se niega a reconocer la realidad que lo rodea». Es posible que el encastillamiento de los catalanes en el egoísmo de sus propias personas o en la autosuficiencia de su colectividad nos haya llevado a la superficialidad y a la presunción del gesto, a la degeneración del espíritu de la medida a través de la tendencia a las formas correctas. Pero, aun admitiendo que esta actitud de orgullo planea sobre muchos repliegues del alma y de la vida de Cataluña, no podemos admitirla como definitivamente pronunciadora de las contradicciones catalanas. La soberbia es la contrapartida del resentimiento, y así nos veríamos inclinados a admitir un reﬂejo negativo en la última palanca del mundo espiritual catalán. Lo cual no es cierto, según antes ha puesto de manifiesto el mismo ilustre amigo.

PUNTOS CARDINALES DEL TEMPERAMENTO CATALÁN

Por lo tanto, debemos proceder a más investigaciones. Y una de las que nos ha parecido más prometedora es la intuida por Jordi Pérez i Ballestar, en plena juventud intelectual, hacia el año 1953. En un esfuerzo por plantearse la meditación sobre la grandeza y la servidumbre de Cataluña y buscar una caracterización progresiva de lo que es «el catalán típico», nuestro autor estableció «las cuatro posibilidades de la actitud típicamente catalana ante la realidad», puntos cardinales que cubren las distintas variantes de nuestra rosa de los temperamentos. Seny, embobamiento, vapuleo y todo o nada son los núcleos maestros de su concepción. Partiendo de esos datos se puede llegar a conclusiones muy satisfactorias desde un punto de vista rigurosamente científico.

En primer lugar, el seny. No lo situemos en uno de los puntos cardinales, sino en el centro mismo de la rosa temperamental catalana, con la misma intención inicial de Ferrater i Mora cuando asevera que «escogeríamos esta palabra como la única que nos permite situarnos justo en el corazón de la vida catalana». En mi visión histórico-psicológica importa más la realidad objetivada que la abstracción filosófica, y, por lo tanto, si bien reconozco que es muy cierto afirmar que el seny es la capacidad de hacerse cargo de situaciones concretas y se manifiesta en el juicio correcto y en la acción eficaz sobre estas situaciones, y también que se ajusta a la medida de oro de los pensadores mediterráneos, no me dejo llevar por la elevación de tales vocablos y prefiero la observación de lo que ha acaecido y lo que acaece. Y así, lamentándome de ello, debo deslizarme hacia una definición del seny menos halagüeña que la acostumbrada.

Hemos adquirido el seny a través de la posesión de una tierra áspera y de la perfección de la herramienta en el trabajo. Es fruto de una experiencia secularmente transmitida y heredada mediante la difícil conquista de la riqueza, sobre todo en los momentos fundamentales del siglo XVIII, cuando nos levantamos, con gesto titánico, de nuestra miseria física y espiritual. Por eso el seny no puede ser la medida de oro, ni la exacta apreciación de las cosas, ni la audacia calmosa. Ferrater i Mora lo ha desviado de inmediato hacia la construcción de la continuidad en la medida, desembarazándose de él del modo que ha podido, porque se abocaba, al contemplarlo como sentido común, a una tendencia irreprimible hacia la vulgarización, la supresión del espíritu, la eliminación del ideal y el rebajamiento colectivo. Para mí, solo la experiencia histórica asegura al seny catalán un valor trascendental. Pese a ello, es la reducción de la realidad de la vida a nuestros intereses inmediatos; es tocar la tierra antes de pisarla; es abstenerse de aprovechar las ocasiones favorables por el temor de alargar más el brazo que la manga; es recordarse una y otra vez que no se debe decir oliva hasta que sea cogida; es huir de quimeras que enervan y de entelequias que enardecen. Por eso el seny no da una lógica de acuerdo con el mundo real, que evidentemente capta, sino una tendencia al compromiso, con peligro de derivar hacia la ufanía conformista. Retenemos avaramente nuestras emociones, incluso las más finas, por no comprometer las posibilidades inmediatas de paz o prosperidad. «No te compliques»: esta parece ser la divisa del seny ante cualquier coyuntura vital. Y, para no complicarnos, cerramos a cal y canto las puertas exteriores y nos complacemos en una sociabilidad aparente, arisca y hosca, mientras, de puertas adentro, cultivamos el jardín de los refinamientos más insospechados.

Así es, por este sendero, como vamos a parar a una relación directa entre el seny y la sensualidad. Nos gustan el mundo, la vida que llevamos en este mundo, nuestro paisaje humano y mediterráneo, los colores del cielo y la buena mesa. Saboreamos nuestro pequeño terruño con la impudicia del dionisíaco. La forma, el color, la luz, todo entra dentro de nosotros, con un hálito delicioso, que nos colma los sentidos. ¿Cómo perder todo eso? ¿Cómo preocuparse por causas perseverantes y que requieren una tensión y que quizá nos lleven a correr un riesgo? Si no se saca a un catalán de quicio —⁠lo cual, como veremos de inmediato, no resulta nada difícil⁠—, adopta generalmente la línea de la mínima resistencia. Aﬂoja y cede, para satisfacer sus sentidos, su existencia confortable, su egoísmo de ser privilegiado por la naturaleza. La estética, en esos momentos, nos ahoga.

Muy poco habríamos dicho al mundo si el seny nos hubiera oprimido de este modo, si debiéramos ser esclavos del pancismo y de la sensualidad. Pero el seny que actúa en función de la experiencia histórica —⁠o sea el seny que persigue la claridad y la corrección a través de la medida⁠— provoca una realidad vital: la tendencia a conducirse bien. La justa conducta es nuestra fórmula de oro, el norte de los catalanes en nuestros asuntos públicos y privados. Es el seny más la medida lo que asegura la continuidad de la tierra. En esto el catalán es el heredero directo del hombre antiguo. Conducirse bien es desear que las cosas funcionen con armonía, sin tropiezos, y, si es posible, con un mecanismo casi previsto; que todos, pequeños y mayores, tengan lo que les corresponde, y, sobre todo, que lo sepan. Es, también, purificarse del lastre de prevenciones que arrastra el seny. Es marchar de acuerdo con una realidad precisa, casi lineal, sin hacer tambalear la tierra con injusticias ni trabar la vida con obstáculos. Es sentirse responsable de todo lo que ha acaecido, comprenderlo, reafirmar las amistades y evitar los odios. La justa conducta ha dado días de gloria a Cataluña, porque su historia ha tomado forma con muchas jornadas de sudor y no solo con cuatro efemérides de sangre.

En el eje ideal de la mentalidad catalana, en el extremo opuesto de la buena conducta, está la rauxa. Todo polo positivo conlleva otro negativo, y la rauxa se opone simultáneamente al seny y a la medida. En el habla popular es la antítesis de la prudencia y del seny; y así ha recogido la palabra la verba culta. «Vanidosa, arrauxada y mañosa», así caracteriza Maragall a Barcelona en la «Oda nova», y luego añade: «Pasado el rato y el día y la rauxa, y el viento de desenfreno». Ser arrauxat es, precisamente, estar falto de seny, obedecer a los impulsos emocionales, actuar según determinaciones repentinas. En tales circunstancias nos dejamos llevar por la pasión, sin sopesar las realidades ni medir sus consecuencias. Entonces somos los hombres exaltados y de actitudes extremistas. Nuestro sentido de la ironía falla, salimos a la calle devorados por un exceso de presión sentimental. Todas las precauciones del seny, todos los temores del «no te compliques», ceden ante la resolución de hacer algo, de evidenciar que se es hombre y que se dominan las circunstancias exteriores —⁠aunque la procesión vaya por dentro⁠—. Porque la rauxa no es un ataque de locura —⁠hay rauxes de loco específicas⁠—, sino una claudicación del espíritu de la medida ante el fanatismo y la pasión sin límites. La rauxa es la base psicológica del todo o nada, la negación del ideal de compromiso y pacto dictado por el seny colectivo.

Las rauxes, sin embargo, son transitorias. Son como el viento de desenfreno maragalliano, que también pasa en medio de un decepcionado «desdecirse». Después de la riada, canalizamos las aguas y rehacemos los huertos. Afortunadamente, nuestras fuerzas de resistencia son superiores a las de disgregación.

DEL SENY A LA RAUXA

Otras características individualizadas de la mentalidad catalana deben concurrir a explicar el mecanismo de nuestro comportamiento colectivo, presidido casi siempre por el seny y en determinadas ocasiones por la rauxa, porque no es fácil entender cómo podemos pasar, en horas (tiempo histórico), de la más oscura adscripción al mundo de las realidades minimizadas al botafuego del atolondramiento iconoclasta.

De entrada, al formarse una realidad espiritual diferente de la que hemos aceptado durante años, nos quedamos sorprendidos, sin ánimo de movernos. Nos hallamos en la fase del embobamiento, que Pérez i Ballestar ha definido como una sorpresa ante lo que no podemos comprender, que se nos escapa, y que se manifiesta como una aceptación sin reservas del hecho de «que uno no se halla en condiciones de medir ni en situación de reproducir, porque está fuera de su alcance». Entonces nos resistimos a admitir ese mundo tan diferente al nuestro habitual y nos quedamos sorprendidos ante él con una auténtica incapacidad para captar sus dimensiones. Pero tan pronto como podemos proyectarnos fuera de nosotros mismos, a menudo por circunstancias acontecimentales imprevistas, reaccionamos de dos modos distintos. Si el nuevo mundo nos gusta, nos quedamos cautivados por la imagen mental que despierta. Estamos embelesados. En el embelesamiento se reﬂeja el sensualismo de nuestra estirpe. Como si estuviéramos embrujados, seguimos con entusiasmo y afán, que no rehúye sacrificio alguno, detrás de las banderas del embelesamiento. Nos movilizamos en masa, en una reacción social encadenada. En ese momento comenzamos a enardecernos colectivamente. Todo el egoísmo que nos vuelve ariscos y hoscos se desliza por las rendijas del amor a los más nobles ideales. Sacamos fuerzas de ﬂaqueza y nos hacemos admirar por todo el mundo por el vigor de nuestras movilizaciones colectivas. Y así seguimos adelante, irresistibles, eufóricos, capaces de llegar a la Luna. Nos hacemos valer y nos inﬂamamos con un orgullo ingenuo y sano. En tales instantes nos sentimos los mejores hombres del mundo.

Cuando la realidad nos disgusta, surgen la añoranza y el vapuleo. La añoranza es echar de menos algo que nos ha cautivado. En el plano de la mentalidad colectiva, lo que nos cautiva es la realidad objetivada, la vivencia del pasado en nuestro espíritu. Contra la añoranza, no pueden hacer nada ni el seny ni la medida. Nos marchitamos peligrosamente e incubamos un fuego inextinguible. Eso da lugar a muchos sucedáneos sociales, que se manifiestan con entusiasmos incomprensibles hacia las cosas más menudas o impensadas: desde el localismo ingenuo de las asociaciones de amigos de calles hasta el coleccionismo de trozos de papel, desde la escalada hasta la pesca con caña. A medida que el calor de la añoranza se transforma en llamarada, se vuelve posible la crítica humilladora del vapuleo. Vapulear es dar la espalda a todo lo que ocupa nuestra existencia, sean acertadas las razones esgrimidas o no. Pero también es el grito de la autenticidad del país, la manifestación de la desconfianza contra el engaño, que se desencadena como depreciación crítica de lo que no puede ni juzgarse ni hacerse.

La añoranza y el vapuleo llevan hacia la ruptura, fase precursora de la rauxa. «Romper, retractarse» era, en términos privados, desafiarse; como definición mental es la actitud de decir «¡basta!». No diremos si tal predisposición es buena o mala. Muchas veces es el propio seny el que lleva a la decisión de no pasar de un hito, de romper con todo aquello que no sea lo que se puede medir de forma efectiva. Otras lo que desata la sacudida es el choque entre la euforia del embelesamiento y la contemplación de la raquítica realidad. En todo caso, el sentimentalismo de la añoranza y la hipercrítica del vapuleo son los caminos más llanos para llegar a la ruptura.

Podríamos construir una teoría sobre la inﬂuencia del «¡basta!» en nuestra historia, que evidenciaría la importancia de este resorte en nuestro mecanismo mental. Nos parece que no es preciso insistir sobre este punto. Cuando nos hemos cerrado en banda, no ha sido posible hacernos avanzar ni retroceder. Nos hemos obcecado y nos hemos preparado para dar las coces de la rauxa. Esto ha sido un mal a lo largo de nuestra vida colectiva, porque ha sido una actitud contraria a nuestra tradición pactista y ha preparado el advenimiento del todo o nada. Mucho más grave todavía, porque, desde un punto de vista político, generalmente hemos dicho «¡basta!» en el peor momento, cuando la coyuntura nos era desfavorable, cuando había pasado el punto dulce de nuestra fuerza o nuestra razón. Tiene la culpa de esa falta de acierto, sin duda, el debilitamiento del seny en las clases dirigentes. Sin embargo, es un hecho característico sin el que quedaría incompleta la explicación de las principales facetas de la mentalidad catalana.

EL NUDO DEL PROBLEMA PSICOLÓGICO CATALÁN

Del seny a la rauxa, de la medida al barroquismo, de la buena conducta al vapuleo, las condiciones favorables parecen chocar con las adversas en el despliegue de las formas mentales de la catalanidad. No debería sorprendernos demasiado, porque podríamos formular un tejido de discrepancias parecidas respecto a la psicología de los pueblos vecinos o con los que convivimos. Y los catalanes, recordémoslo, por el hecho de ser gente de Marca y vivir dos inﬂuencias simultáneas, llevamos más carga explosiva que los otros.

De todos modos, no debemos encoger los hombros y decir: así somos y así seremos siempre. Eso es un disparate. En primer lugar, porque podemos actuar sobre los reﬂejos psicológicos mediante los nuevos métodos de educación y aculturación de masas. Muchos de los aspectos a que hemos aludido se resuelven con un sistema adecuado de educación pública, porque la información da el sentido de la responsabilidad, y este es el mejor antídoto contra el embobamiento y el vapuleo, fases precursoras de la rauxa, o bien contra el puro sensualismo del seny. Y, en segundo lugar, porque todos esperamos vivir un día unas circunstancias más fáciles, en las que la tensión pasional de la catalanidad pueda dedicarse totalmente a hacer de Cataluña un país modélico, europeo y de buen pasar.

Tras reﬂexionar mucho sobre ello, creo que este es el mensaje del que los catalanes somos portadores desde hace muchas centurias. Ser un país de Marca, limpio y ordenado, como Bélgica, Holanda y Checoslovaquia; o bien un país de reducto montañés tan bien adecentado como Suiza. Este mensaje no puede ser más humilde e intrascendente, y fuera de toda ambición culturalista, como era la de Raimundo Lulio. Pero es una buena nueva humana y social. Y si pudiéramos extenderla por toda España, y entre todos hacer una comunidad moderna, práctica y eficiente, justa, pacífica y tolerante, podríamos cancelar las deudas con nuestros precursores y constatar el final de nuestras preocupaciones vitales.

Con mensaje largo o mensaje corto, Cataluña vive porque debe hacer algo en la historia. Es ley divina y natural, que no admite monstruosidades biológicas. O ﬂotamos o nos hundimos. Por el hecho de que hayamos ﬂotado durante los cuatro siglos más agudos del Minotauro, certificamos la realidad de nuestra existencia. Por eso no podemos decir que la historia de Cataluña sea un perpetuo condicional, pequeño resbalón léxico de Ferrater i Mora. No. La vida de los catalanes es un acto de afirmación continuada: es el «sí», no el «si». Por eso el primer resorte de la psicología catalana no es la razón, como en los franceses; la metafísica, como en los alemanes; el empirismo, como en los ingleses; la inteligencia, como en los italianos, ni la mística, como en los castellanos. En Cataluña el móvil primario es la voluntad de ser.

Esta voluntad es ineludible, indeformable e inaprensible. ¿La debemos a las formas espirituales forjadas en la primera Marca, o bien es producto de la lucha que hemos librado desde el siglo XVII para recuperarnos? No nos importa. Es un fenómeno operante, que se atestigua en cada recodo de la vida catalana desde 1680, ora en la experiencia económica, ora en las manifestaciones del espíritu. Esta voluntad, de la que no es depositaria ninguna clase ni grupo social, sino que es patrimonio de todo el pueblo, explica los fundamentos de la «Santa Continuidad» orsiana y la «conciencia vigilante» de Ferrater i Mora. Por ella somos un pueblo tan tradicionalista y, a la vez, tan innovador. Porque la voluntad exige decisiones actuales y no tan solo miradas anhelantes al pasado.

Si la voluntad de ser explica toda la vida histórica moderna de Cataluña, si el dualismo entre medida y sensualidad justifica la existencia de un juego mental tan peligroso en el comportamiento psicológico de los catalanes, hay otro oscuro resorte que debe revelarse, antes de concluir este libro, para que estemos sobre aviso y no nos dejemos atrapar. Los catalanes, aunque a menudo inteligentes, no somos un pueblo de creadores de ideas; acostumbramos a adoptar las de más allá de los Pirineos y aquí les damos una forma determinada. Hecha la elección a nuestro gusto, nos convencemos de la bondad de una idea o una institución y nos afanamos por imponerla en todas partes, sobre todo a los otros países de España. La potencia de nuestra imaginación no está de acuerdo, sin embargo, con nuestra capacidad de imposición. Decimos Cataluña como quien dice Castilla y Francia; pero nuestros recursos demográficos y económicos —⁠incluso, en última instancia, los morales⁠— son muy inferiores. Debe tenerse en cuenta esta impotencia coercitiva de Cataluña antes de animarse a emprender acciones redentoras. Nuestra táctica ha de ser siempre la de convencer por el ejemplo y la claridad, la de hacernos a nosotros mismos antes de llegar a la entrega del mensaje.

Estamos convencidos de que, actuando sobre las cuerdas auténticas de nuestro temperamento, emprenderemos de ahora en adelante muchas cosas. Pero eso requiere tiempo, amor y confianza. Requiere, exactamente, como decía Maragall, la fe de quienes no temen ni desfallecimientos ni incomprensiones, de quienes, viendo la larga obra, se disponen a realizarla con una contribución personal e imposible de recompensar, hora a hora, día a día.

Notas del editor

[1] Nosotros, los catalanes es el título con el que Vicens Vives presentó su obra a la censura franquista —⁠trámite obligado por aquel entonces⁠— en junio de 1953. El proceso de aprobación fue largo y dificultoso, y obligó al historiador a cambiar el título por el actual. El libro no se pudo publicar hasta finales de 1954. <<

[2] La Busca, uno de los dos grupos en los que se dividieron los comerciantes catalanes en el siglo XV, agrupaba a mercaderes y artesanos, mientras que el bloque opuesto, la Biga, integraba a la oligarquía urbana, rentistas y terratenientes en su mayoría. <<

[3] Siervos de la gleba de la Cataluña medieval, es decir, trabajadores ligados a una propiedad en la que estaban obligados a trabajar junto con sus familias y que no podían abandonar sino mediante el pago de un rescate (la remensa). <<

[4] Sistema de elección de cargos públicos, conocido también como insaculación, que consiste en colocar dentro de un saco (de ahí su nombre) los nombres de los candidatos a ocupar un puesto determinado, y realizar una extracción al azar. <<

[5] Cada uno de los dos bandos enfrentados en los que estaba dividida la nobleza catalana a finales del siglo XVI y principios del XVII. Se suele identificar a los nyerros con la nobleza terrateniente y a los cadells con el estamento eclesial y la clase urbana. <<

[6] La rabassa morta («cepa muerta») es un contrato de arrendamiento de tierras, propio del derecho civil catalán, que quedaba disuelto al morir un tercio de las cepas plantadas o a los cincuenta años. <<

[7] Organismo del derecho catalán cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII y que ostentaba la jurisdicción penal mercantil y marítima. El primero fue el de Barcelona, seguido de los de Valencia y Palma de Mallorca. Varias ciudades de la Corona de Aragón acogieron sedes de esta institución, regida por el Llibre del Consolat de Mar, que también se extendió a Montpelier, Marsella, Bilbao, Sevilla y San Sebastián. <<

[8] Autoridad máxima de la Corona, con jurisdicción gubernativa, judicial y administrativa, en cada una de las vegueries o demarcaciones territoriales que constituían Cataluña y Mallorca. Es un cargo de origen medieval que dejó de existir tras el Decreto de Nueva Planta (1716). <<

[9] En la actualidad, alcalde. Antes del Decreto de Nueva Planta, delegado territorial de un señor feudal que administraba su patrimonio y rentas. <<

[10] Botiﬂers eran los catalanes partidarios de Felipe V durante la guerra de Sucesión; austriacistas o maulets, los partidarios del archiduque Carlos de Austria. <<

[11] La guerra de los malcontents («malcontentos»), en 1827, y la de los matiners («madrugadores»), entre 1846 y 1849, tuvieron como origen alzamientos armados de los partidarios de instaurar la dinastía carlista en el trono de España. <<

[12] La constitución de la Observança, u Observanza, equivalía a la aceptación, por parte del poder real, de las leyes, los usos y las costumbres de Cataluña, y su sumisión a ellos. <<