A Teresa y José Luis, mis padres.

Por educarme y enseñarme desde el cariño,

el respeto y la valentía.

A Jorge, mi compañero de viaje en Sol Mayor.

A Marta, Rocío y Nereo por su amistad,

autenticidad y compromiso.

INTRODUCCIÓN

Quien controla el pasado controla el futuro.

Quien controla el presente controla el pasado.

GEORGE ORWELL

Lo que vivimos de manera consciente o inconsciente inﬂuye en lo que somos. Resulta imposible entender las reacciones de una persona, de una sociedad, de una generación sin tener, al menos, unas pinceladas de su entorno, su momento y el camino que ha recorrido. Es necesario mirar hacia atrás para proyectar la dirección de los siguientes pasos.

Tanto la capacidad crítica como los conceptos de justicia e injusticia, compromiso y respeto se deﬁnen a partir de la propia experiencia de vivir en libertad, o sin ella.

El presente es el resultado de los hechos que han tenido lugar durante el pasado y es también el punto de partida para lo que sucederá. Muchos ciclos se repiten a lo largo de la historia, y la mayoría de las veces esto ocurre por falta de reﬂexión acerca de los errores cometidos por nuestros ancestros, una reﬂexión que podría permitirnos aprender valiosas lecciones.

La segunda década de este siglo que estamos viviendo se caracteriza por ser tiempo de «crisis»: de la economía, del sistema ﬁnanciero, de las instituciones, de la democracia y sobre todo de los valores. La cultura china asocia la crisis a una oportunidad de cambio y regeneración. No se aprende tanto de los éxitos como de los fracasos; el sufrimiento alienta la reﬂexión, y en ello estamos.

Reaccionar ante lo que sucede es inevitable; es un impulso natural. La crítica es un ejercicio de protesta necesario, pero no es suﬁciente. Muchas de las cosas que están sucediendo son el resultado de una serie de acciones —o inacciones— que se fueron produciendo a lo largo del tiempo sin el conocimiento directo de muchos de nosotros. Esta crisis nos pone frente a frente con la parte más dura de la realidad.

Es tiempo de cambio, de regeneración, de nuevas ideas, perspectivas y acciones novedosas, que han de ser valientes y contar con objetivos claros. Nuestra sociedad es consciente de la urgente necesidad de cambiar el rumbo. Para conseguirlo, es preciso reﬂexionar y tratar de comprender qué podemos hacer cada uno de nosotros para, al menos, intentarlo.

El conﬂicto es el motor del cambio; la historia más reciente nos muestra cómo el sistema democrático —que aún se debe desarrollar y mejorar— ha canalizado las confrontaciones a través del diálogo propositivo, de los consensos, los pactos y los contratos sociales con el ﬁn de avanzar todos juntos. Sin embargo, es evidente que este proceso no resulta suﬁciente. Las instituciones y los actores no encuentran hoy por hoy un respaldo social que los legitime con la fuerza necesaria.

¿Cómo hemos llegado a esta situación?

Los jóvenes que ahora comenzamos a participar de manera activa en la vida pública española tenemos un rasgo fundamental que nos diferencia de quienes nos gobiernan: hemos nacido en democracia. Hemos crecido disfrutando de una serie de libertades que, sin darnos cuenta, han moldeado nuestra perspectiva de la realidad de una manera diferente a la de las generaciones anteriores. Al mismo ritmo en que nosotros madurábamos, nuestro país se transformaba, y hemos asumido con naturalidad los valores del entorno.

Pocas veces conocemos lo que realmente sucede a nuestro alrededor. En cada etapa de la vida, prestamos atención a las cambiantes prioridades, y no solemos tener la oportunidad de reﬂexionar acerca de la manera en que los hechos que desconocemos nos inﬂuyen. La información es diferente según cuáles sean su fuente y su interpretación, lo que lleva a cuestionar la posibilidad de conocer lo que de verdad ocurre. La mayoría de las veces pagamos en el presente las consecuencias de las elecciones que otros tomaron en el pasado, y dependerá de nosotros que los que vengan detrás paguen el menor precio posible —o se beneﬁcien al máximo— de nuestras decisiones. Mirar con cierta perspectiva nos sirve para comprender el sentido de los pasos que se han dado.

Los que nacimos en democracia hemos vivido inmersos en una sociedad cambiante: los avances, el desarrollo de los derechos, la corrupción, las limitaciones han marcado nuestro carácter sin que nos diéramos cuenta.Ahora ha llegado el momento de aportar nuestro punto de vista y de actuar, de sumarnos de manera activa al cambio que hay que llevar a cabo para seguir avanzando.

No hemos vivido una dictadura, pero sabemos que no es lo que queremos. Sabemos que lo positivo está en la elección, el debate, el relevo y la constante regeneración para poder actualizar las respuestas a las demandas que van surgiendo. Sin embargo, tenemos grandes diﬁcultades para hacer escuchar nuestra voz. No somos lo suﬁcientemente adultos, dicen muchos, para tomar decisiones; ni tan pequeños, decimos nosotros, como para quedarnos de brazos cruzados.

Nos han educado con ideales, valores como los de justicia social, igualdad de oportunidades, democracia, transparencia, solidaridad. No obstante, al salir a la calle vemos injusticias descaradas, desigualdad, decisiones unilaterales, opacidad y egoísmo. Hipocresía institucionalizada que nos ata de pies y manos, porque somos una generación endeudada.

Hemos crecido creyéndonos libres, con capacidad de decidir; pensábamos que todo un sistema respaldaba nuestras posibilidades.Ahora vemos que no es cierto: quienes administran la justicia no son imparciales, quienes informan nos manipulan, quienes gobiernan en muchos casos no se preocupan por nosotros, y nuestro esfuerzo no se ha visto recompensado. Sin embargo, pagamos las consecuencias de los actos ajenos.

Somos una generación engañada. Hemos dado nuestros primeros pasos siguiendo las directrices marcadas: las voces nos aseguraban que el mérito sería reconocido, que todos tendríamos las mismas oportunidades, que nadie iba a quedar fuera del cumplimiento de las normas y que «si la haces, la pagas». Hemos cumplido con nuestro deber y, cuando esperábamos gozar de los resultados, nos dicen que las reglas han cambiado y que ahora, para seguir nuestro camino, debemos pagar por adelantado. Nos han estafado.

No somos una generación perdida, porque sabemos que debemos actuar y no estamos dispuestos a seguir pagando los platos rotos por otros. Asumimos con responsabilidad los retos y no nos responsabilizamos de las tropelías de nuestros antecesores. Llegamos aquí con las manos limpias y con la convicción de que ahora nos toca a nosotros desempeñar un papel fundamental. No somos parte del problema, pero queremos ser parte de la solución.

Lo cierto es que nadie nos ha contado qué sucedió realmente mientras crecíamos, y necesitamos mirar atrás para intentar comprender lo que hoy nos toca arreglar.

Éste no es un libro de historia; es un relato que pretende señalar algunos hechos fundamentales que han marcado el rumbo que hoy debemos cambiar. Tiene la intención de contextualizar. Sin conocer de dónde venimos, será más difícil plantearnos adónde queremos llegar.

Éstas son líneas escritas desde la perspectiva de una generación que, sin saberlo, es el resultado de una revolución social, y que ahora debe asumir la difícil tarea de darle continuidad. Lo poco que conocemos se nos ha presentado desenfocado. A través de canciones, de juegos, nos fueron llegando algunas notas de realidad.

Queremos luchar por los ideales en los que creemos. Queremos representar los valores de libertad, respeto, justicia e igualdad de oportunidades. Tenemos el derecho de hacerlo y la responsabilidad generacional de continuar el camino. No nos queda otra alternativa más que la de trabajar para conseguirlo, porque ahora somos conscientes de que queda mucho por hacer. Es evidente que debemos seguir aprendiendo para sumar.

Nos creímos lo que los mayores nos contasteis y hoy, al mirar atrás, descubrimos que no todo era cierto. Los jóvenes no nos resignamos. No nos avergoncemos de querer cambiar la realidad, no tengamos miedo de decir lo que pensamos ni de actuar en consecuencia. Estamos aquí para gritar que es posible hacer las cosas de otra manera y para demostrarlo con hechos; tenemos la determinación de dar un paso adelante para sumar.

Es urgente recuperar los valores y ponerlos en práctica. Sobre todo, es imprescindible que quienes nos hicisteis creer que un mundo mejor era posible no nos avergoncéis.

RELATO DE UNA GENERACIÓN NACIDA EN DEMOCRACIA

El pasado es el camino que nos conduce al presente

Me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí.

CONFUCIO

Nacimos en democracia, y estrenamos derechos y libertades. Bebimos de la justicia sin ser conscientes de la sed que de ella había antes de que nosotros llegásemos. Nos vistieron de tolerancia y respeto, y crecimos haciendo nuestros los valores que florecían en la primavera de nuestro país, después de un largo invierno. No nos dábamos cuenta de que vivíamos una realidad de colores recién nacidos; no sabíamos que las calles que pisábamos poco antes habían sido en blanco y negro. De hecho, todavía se pintaban de esos colores rincones ajenos a nosotros, aún por descubrir.

Crecimos a la sombra de los deseos incumplidos de nuestros padres, encarnando los hitos de nuestros abuelos. No fuimos del todo conscientes de esto hasta que empezamos a conocernos a nosotros mismos.

Ahora que tenemos sed de saber, comenzamos a romper un silencio forzado, pero pacificador. El pasado nos ha enseñado que no hay puerta mejor cerrada que la que puede quedar abierta. Hay ecuaciones que no somos capaces de resolver a pesar de haber estudiado con ahínco. Son incógnitas que nos animan a pensar que tenemos un importante papel en el resultado. La intuición nos señala que las cuentas no tendrán fin, que el camino consiste en seguir sumando, porque en este país ya se ha restado demasiado durante mucho tiempo.

Despertamos ante una realidad que no responde a lo que nos aseguraron. Educados en el bienestar, no aprendimos a reaccionar ante las carencias, porque nunca nos faltó nada. Disfrutamos de los derechos de una ciudadanía recién estrenada, de libertades recibidas como herencia a beneficio de inventario, forjadas gracias a quienes solamente tuvieron deberes.

Ha llegado el momento de equilibrar la balanza en todos los ámbitos: el de la responsabilidad individual y el de la colectiva, el de la recién llegada juventud y el de la experimentada historia vivida. En definitiva, es necesario asegurar la asunción de las obligaciones cívicas para garantizar las libertades que hemos disfrutado, indispensables para avanzar y desarrollar los derechos humanos por encima de todo. Estamos ante un paso ineludible para seguir adelante, y tendremos que darlo unidos, rápidamente y con valentía, porque los hechos nos empujan hacia atrás, y no podemos permitirnos perder lo que tantos años costó alcanzar.

No podremos cambiar el sentido del viento, pero sí el rumbo de nuestro barco.

No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí...

JOAN MANUEL SERRAT

Muchos amaneceres han transcurrido desde que el artículo 13 de la Constitución española de Cádiz, la Pepa, estableciera que «el objeto del Gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen».

Desde entonces se han sucedido guerras, hambrunas e injusticias que poco o nada han contribuido a conseguir ese objeto de Gobierno. Ajustes y desajustes revanchistas entre esas «dos Españas» a las que tanto se ha hecho referencia en nuestra historia. Un recorrido de luces y sombras que Goya representó en su lienzo metafórico con esos campesinos con las piernas hundidas en el barro que se afanan con sus garrotes sin más objetivo que destrozarse mutuamente.

Mucho ha llovido desde la primera Constitución democrática, la de 1931, sancionada durante la Segunda República. Un reflejo de los anhelos de una sociedad abierta, tolerante y valiente. Vanguardia de la cultura, bandera tricolor de respeto y libertad. Sus artículos reflejaban la realidad de una país cansado de garrotazos; diseñaban la arquitectura de una construcción dirigida al futuro, con los pies en el suelo y el corazón alineado con las ideas y apuntando hacia el cielo. Dos eran los puntos más controvertidos: la organización territorial del Estado y las relaciones entre éste y la religión.

A pesar del tiempo transcurrido, los problemas que enfrentamos hoy se asemejan mucho a los planteados entonces, e incluso puede decirse que en la actualidad hemos retrocedido bastante en algunos ámbitos, en comparación con lo que se proclamó hace más de ochenta años.

El progreso duró poco, y las huellas de los pasos avanzados fueron borradas por una guerra civil seguida de cuarenta años de gris dictadura. De un golpe se terminó con la democracia, con la igualdad entre hombres y mujeres, con la libertad de pensamiento y expresión... Se paralizó el tiempo y, con él, las vidas e ilusiones de quienes habían creído en la posibilidad de un progreso general. El silencio se impuso al debate; la oscuridad, a la luz. Las persianas se bajaron y se cerraron las puertas para que el frío no entrase a acompañar al hambre. Una sola verdad, una sola canción, una sola mentira —y grande— pero no libre.

Los que crecieron en esa época son nuestros abuelos y abuelas. Aprendieron a sobrevivir al odio sectario, con miedo, a llorar sus recuerdos con discreción y, sobre todo, a no preguntar. Tuvieron que tomar decisiones que en muchos casos ni siquiera entendían, como actores secundarios de una función en la que habrían preferido no participar. Conformaron un pueblo que se vio sorprendido por una guerra, castigado con la hambruna y el analfabetismo; una guerra entre hermanos que no entendían las razones por las que debían odiarse y que hicieron de cualquier ajuste de cuentas banal un casus belli. Una sociedad dividida entre vencedores y vencidos forzados a convivir bajo un único acuerdo: el del silencio. Bálsamo para la conciencia de los ganadores, sello cruel en la boca de los dolidos.

Y así, en esa gama de grises pasaron cuarenta años, hasta que cayó el dictador. Y nuestros padres andaban distraídos, pero con ganas. Supieron que era el momento de actuar, con valentía, sin tiempo que perder. Jóvenes inexpertos que miraban hacia atrás y encontraban la obediencia, el silencio, el miedo y la represión. Y hallaron su propia fuerza en la debilidad del sistema. Era el momento de la democracia. Era el momento de poner en marcha las lecciones aprendidas entre bambalinas y susurros.

Así se encontraron ante un presente efímero; entre un pasado cerrado y un futuro inminente.

A fines de la década de los setenta, la juventud española tuvo que madrugar tras cuarenta años de insomnio, improvisar, enfrentarse a sus padres y apostarlo todo para dar una lección a la historia de su país. Sin tener apenas idea, entre todos lograron hacer realidad el sueño de una nación dormida durante siglos. Se plantearon grandes retos, y ninguna empresa les parecía imposible: democracia, libertad, justicia. Esos enormes ideales encontraron sus cimientos en la unidad del pueblo, pues las huellas de las personas que caminaron juntas nunca se borran por completo.

En la actualidad se oyen voces críticas acerca de lo que se pudo o debió hacer mejor. Pero lo importante es que, si hoy podemos escuchar estas voces, es gracias a lo que se afrontó entonces. Porque, desde aquel momento, por fin hay voces. A veces es demasiado fácil acostumbrarse y considerar normal lo cotidiano, sin advertir que puede tratarse del bien más preciado y el que más necesita ser cuidado.

La transición española fue posible por la movilización ciudadana, por la voluntad política y por una imperiosa necesidad: se sabía de la inminencia de un cambio hacia una democracia que llevaba cuarenta años implantándose en Europa y que a España, como casi todo, llegaba tarde.

En ese momento fue unánime la convicción de que la vía institucional de los partidos políticos debía ser el camino para articular la reforma. Los movimientos sociales se comprometieron en la acción política, establecieron objetivos comunes y unieron sus fuerzas para construir un Estado democrático y de derecho. La iniciativa social no resurgiría hasta mediados de los ochenta.

Dicen quienes participaron activamente en ese momento histórico que había sentimientos encontrados: la ilusión y la alegría eran contrarrestadas por grandes dosis de miedo y desconfianza. Las primeras elecciones se vivieron con la sensación de estar ante un espejismo y con la firme convicción de que quedaba mucho trabajo por delante para fijar con firmeza los pilares de la realidad democrática. Pero, a pesar de todas las dudas, algo estaba claro: desde ese momento se iba a mirar siempre hacia delante.

Poco después de esas primeras elecciones, se elaboró la Constitución española. Ésta fue un ejercicio de responsabilidad y rigor por parte de quienes sabían que tenían entre manos el eje central de un nuevo sistema que iba a cambiar la vida de millones de ciudadanos. A diferencia de la anterior Constitución democrática, la de 1931, esta vez la ciudadanía española se dio cita para refrendar su norma suprema —el 6 de diciembre de 1978—, que vio la luz respaldada con un 88 por ciento de los votos.

En la escuela prácticamente no estudiamos la transición española. Cada año comenzábamos por la escritura cuneiforme, los hallazgos de Atapuerca, la lista de los reyes godos... y cuando ya olía a verano, llegábamos a la guerra civil española y todo lo demás se dejaba o se limitaba a una lectura muy superficial. No hubo tiempo en nuestros horarios multicolores para leer la Constitución ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ni siquiera supimos que también existían los derechos universales de la infancia. Eso sí, nos aprendimos muy bien la tabla de las valencias, las eras geológicas y el nombre de las carabelas, a través de textos colonialistas que nos hablaban de cuando «Colón descubrió América».

En la escuela no aprendimos a resolver conflictos ni el significado de la palabra «empatía». Nadie nos habló de la inteligencia emocional, del lenguaje no verbal. De la importancia de aprender a ser feliz. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de nuestra educación sistemática no dejaba tiempo para apearse del tren y hablar de lo que nos hace humanos, de lo que nos hace grandes.

Nos pusieron en una línea de salida y empezaron a calificarnos con números: del más listo al más tonto. Así, con ese descaro. Sí, de manera constante nos enseñaron a competir para tener más nota que el compañero de al lado. Y eso que en los juegos lo importante, decían, era participar. Crecimos bajo el yugo de sentir que «tu éxito es mi fracaso», como bien dice el experto en influencia social Rubén Turienzo. Forzados a competir, sólo vislumbramos dos opciones: esforzarnos por ser los mejores o que los demás fueran peores. Los valores se dejaron a gusto del consumidor y, en muchos casos, quedaron en un plano secundario.

Nuestro sistema educativo cambia a golpe de victoria electoral. Qué bien nos vendría que se hicieran algunos pactos para el medio y el largo plazo que garantizasen una evolución en algo tan fundamental para el desarrollo de una sociedad como la educación de su ciudadanía. Normas que aseguraran de una vez por todas la educación pública, universal y de excelencia. Como ejemplo, el nuestro, una generación que ha sido mareada por siglas cambiantes: EGB, LOGSE, ESO... tan distante de los logros de sistemas educativos como el finlandés...

Además de contar con la legislación adecuada, es fundamental que la educación esté en manos de un profesorado respaldado, cuya imprescindible tarea goce del reconocimiento público, con apoyo institucional para establecer las bases de una sociedad tolerante, respetuosa y, sobre todo, educada en valores de cooperación y no de competencia.

Necesitamos una educación centrada en el desarrollo de los valores de los alumnos, que potencie sus virtudes y los ayude a superar sus limitaciones. Una educación en sentido amplio, porque la escuela es el lugar de la socialización inicial, donde comienzan a aprenderse las normas de convivencia, de respeto, de justicia y libertad. Una escuela pública cuyas enseñanzas se basen en criterios democráticos, porque ésos son los que deberán acompañar a los ciudadanos durante su vida. Una educación, en definitiva, para la ciudadanía: con sus derechos y sus deberes. Si en la escuela no se inculca el valor del compromiso, del cuidado del entorno —en sentido ecológico y humanístico—, se pierde una oportunidad de valor incalculable. Ya lo dijo Quevedo: «Lo que en la juventud se aprende, toda la vida dura».

La mayor dificultad a la que nos enfrentamos cada día es la de gestionar las emociones, y éste es precisamente un punto débil de nuestro sistema educativo. Las clases se imparten desde un púlpito. Desde éste se lanzan mensajes que, se comprendan o no, deben aprenderse para recibir una calificación. Poco o nada importa crear un espíritu crítico que permita defender puntos de vista a partir del respeto y la tolerancia argumentativa. Después nos alarmamos, cuando se hace evidente que no sabemos escucharnos, cuando sentimos voces que solamente se esfuerzan por ser las más altas, sin preocuparse por tener razón.

Un modelo de educación como éste, basado en la igualdad de oportunidades, en el valor de la democracia, en la tolerancia y el respeto, sólo puede ser laico. La religión ha de quedar en la esfera del individuo, en el ámbito de las decisiones libres y personales de cada uno. La escuela debe inspirar valores universales, basados en los derechos humanos y, de forma más específica, en los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución, sin más límites que los de la sana convivencia en una sociedad global y multicultural.

Pasando de miedos, pasando de credos, pasándolo bien.

JOAQUÍN SABINA, JAVIER KRAHE

y ALBERTO PÉREZ, La mandrágora

La década de los ochenta aterrizó en una España de democracia recién estrenada. Fue el momento de experimentar, de libertad, de máxima apertura: color, luz, ruido, sensaciones desconocidas. Fue la época en que, en palabras del director de cine Pedro Almodóvar, «de pronto la gente pierde el miedo a la policía, a los vecinos, a la propia familia, al ridículo y a uno mismo».

Mientras la juventud accedía a una cultura repleta de posibilidades sin más límites que los que la crisis económica del momento marcaba, la realidad social y política iba trazando la hoja de ruta del proyecto de un país con muchas tareas pendientes para ponerse al día en Europa.

En la primavera de 1980 el PSOE planteó una moción de censura a Adolfo Suárez, presidente del Gobierno desde las primeras elecciones democráticas. En un mensaje retransmitido por radio y televisión, Felipe González se puso en primera línea y mostró a la ciudadanía cuán diferente podía llegar a ser España con un Gobierno socialista que plantase cara al desempleo, a la crisis económica y al panorama internacional. En el debate abierto a raíz de la moción de censura, Suárez quedó visiblemente debilitado y meses más tarde, en enero de 1981, presentó su dimisión.

La alarma social era inevitable, pues la democracia no era lo suficientemente fuerte para garantizar que un Gobierno débil saliera al paso de esta situación. Ante el clima de inseguridad, el 23 de febrero hubo un intento de golpe de Estado. A nuestros padres aún no se les ha quitado el susto del cuerpo. En ese momento quedó muy claro, por encima de todo, que la democracia valía casi tanto como el aire para respirar. Además, el rey Juan Carlos de Borbón se ganó el respeto de la ciudadanía española. Demostró ser un jefe de Estado en toda regla, pues, aunque tuvo la oportunidad de poner a España a sus pies, apostó por la democracia. En ese momento de apertura, de progresismo veloz, la monarquía zozobraba, pero la gestión del monarca ante el intento de golpe de Estado lo confirmó en el trono por reconocimiento popular.

Desde entonces, muchos se consideran republicanos pero «juancarlistas». A la vista está que la ciudadanía española le ha agradecido al monarca su papel, pues hasta se han llegado a justificar actitudes de Juan Carlos contrarias a lo que nuestra sociedad tiene por legítimo y democrático. Sin embargo, esta consideración con el Rey no debería perpetuarse en la línea hereditaria. La democracia ya está bastante consolidada para dar el paso siguiente, el de la República. La sociedad española ha madurado y puede entender que es hora de contar con un jefe de Estado elegido de forma democrática, que deba rendir cuentas al pueblo y someterse a la ley respetando el principio de igualdad. La presunta corrupción protagonizada por la familia real, las cacerías de elefantes de nuestro jefe de Estado, el derroche de dinero público en lujos insultantes en tiempos de la mayor crisis vivida en este país colman la paciencia de los ciudadanos que pagan sus impuestos y se someten al imperio de la ley. Quedan algunos rincones por pintar de colores democráticos, pequeños pero importantes recovecos que siguen inmersos en la gama de grises. Su carácter temporal ha permitido que hasta ahora hayan sido consentidos, pero su fin debe llegar. Se vuelve a escuchar el susurro de Llach, que cobra fuerza y dice aquello de: «Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu ser ja. Si jo l’estiro fort per aquí i tu l’estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar».

Fueron muchos los que con buen tino fueron llenando de color la realidad que los más pequeños veíamos a través de La bola de cristal, mientras aprendíamos aquello de «¡Viva el mal, viva el capital!».

Bandos como el que «el viejo profesor», Enrique Tierno Galván, escribió al pueblo de Madrid el 1 de diciembre de 1981 muestran la realidad social y la voluntad política de aquel momento: «Hoy, sometidos al imperio de la ley, sembrando la semilla del progreso, los españoles avanzan por la senda de la Constitución hacia el merecimiento pleno de la dichosa condición de ilustrados, buenos y benéficos».

Sonaba en la radio una canción desenfadada, Bailando, de Alaska y los Pegamoides. Símbolo de que, tras el susto del «¡se sienten, coño!», la sociedad española movía la pierna, movía el pie, movía la tibia y el peroné; tenía el cuerpo muy mal, pero una gran vida social.

El Partido Socialista Obrero Español ganó con mayoría absoluta las elecciones del 28 de octubre de 1982, que tuvieron una participación masiva, de casi el 80 por ciento del censo electoral.

El PSOE había sufrido una enorme transformación durante los años anteriores. Había pasado de contar con unos 10.000 afiliados en 1976 a 100.000 en apenas tres años, y tuvo que hacer frente a grandes retos internos. En el Congreso celebrado en 1979, cambió la línea ideológica del partido, que se separó de las tesis marxistas. Se creó entonces una división interna que perdura hasta la actualidad. La sección de la izquierda socialista nunca perdonó a la dirección, encabezada por el tándem González-Guerra, el abandono de los postulados ideológicos y la moderación de sus posicionamientos. Tras la derrota electoral de 1979, la dirigencia cambió el rumbo del barco hacia el centro para hacerse con el Gobierno en la siguiente oportunidad.

El sector denominado por algunos como «radical» alertó ya en ese momento de los peligros de la institucionalización, del electoralismo y del personalismo, que nada tenían que ver con un partido fundamentado en sus bases, esto es, un partido de militantes. Se denunció la renuncia a las señas de identidad propias para acercarse a la mayoría de una sociedad indecisa; se advirtió de los peligros a largo plazo de centrar la acción política en el ámbito institucional en detrimento de la acción social —razón de ser del Partido Socialista— y los riesgos para la democracia interna derivados de exaltar a un único líder y de tomar las decisiones de arriba hacia abajo.

Sabias palabras las del catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración de la UNED Ramón Cotarelo en su blog Palinuro:

En la izquierda somos leales a las ideas, no a las personas. Distinguimos la militancia, el activismo, de la servidumbre. La dignidad de la persona se orienta hacia la lealtad a los ideales y los principios, por los cuales hasta la vida puede darse; no tiene nada que ver con la supeditación a los caprichos y humoradas de un jefe, por muy jefe que sea y muy democrática y convincentemente elegido que haya sido.

Comenzó así la nueva etapa del Partido Socialista, con su inmersión en la llamada «tercera vía», caracterizada por la defensa de una economía mixta y el posicionamiento en el centro-izquierda. Fue el comienzo del viaje hacia el centro del principal partido de la izquierda española. Efectivamente, el mensaje de la campaña electoral, «Por el cambio», era sincero, tanto para el partido como para la sociedad española.

El Gobierno debió afrontar grandes retos, pero, sin duda, el fundamental fue el de fijar la democracia sin fisuras ante una crisis económica que se arrastraba desde mediados de los setenta. A ello se añadía la necesidad de consolidación del Estado de bienestar y de reestructurar un ejército aún franquista. Además, otro problema tenía a la sociedad española sumida en el miedo y la inseguridad: el terrorismo de ETA.

Múltiples fueron los cambios que se realizaron en poco tiempo. Entre ellos, la reconversión de la estructura económica, la consolidación de la educación y la sanidad públicas y universales, así como de las garantías sociales. Los avances en derechos y libertades fueron asimilados con naturalidad por la ciudadanía y permitieron la entrada en la Europa de las oportunidades, lo que le sirvió a España no sólo para modernizarse, sino también para respirar y superar la crisis económica.

Cuatro legislaturas de progreso cambiaron radicalmente al país, pues le hicieron recorrer un camino que otros habían tardado cuatro décadas en realizar. Fue un Gobierno de innegables éxitos y de graves errores, cuyo precio se paga aún hoy.

El referendo sobre la permanencia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en marzo de 1986 fue uno de los primeros fracasos, pues precisamente el PSOE, antes de llegar al Gobierno, había hecho campaña con el lema «OTAN, de entrada, NO». Con el giro en esta cuestión se ganó la desconfianza de muchos «cuervos ingenuos» que no fumarían la pipa de la paz con González y provocó un nuevo conflicto interno con los miembros de la izquierda socialista, quienes se enfrentaron a la dirección del partido e hicieron campaña por el voto negativo.

Durante esa primera legislatura, también se aprobó la reforma educativa que estableció la educación pública, universal y obligatoria hasta los 16 años, y se despenalizó parcialmente el aborto. Los que no levantábamos un metro del suelo por entonces estábamos muy pendientes de Espinete, Don Pimpón y los Electroduendes; e íbamos a estrenar la nueva ley sin darnos cuenta del avance social que suponía.

Se estaba gestando una lucha de gigantes. Antonio Vega pintó una situación donde aparecen fantasmas, monstruos de papel, mundos descomunales en contraste con la fragilidad de quien no sabe contra quién pelea. El aire se convirtió en gas natural, y con cualquier chispa todo podía saltar por los aires.

Medidas como la flexibilidad del despido y el Plan de Empleo Juvenil, aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros del 28 de octubre, fueron el detonante. En diciembre de 1988 se convocó una huelga de carácter general, que supuso la ruptura entre el sindicato histórico que fundara Pablo Iglesias, la Unión General de Trabajadores, y el Partido Socialista. La propia Radio-Televisión Española —única cadena de radio y televisión en el momento— secundó la huelga, con su famosa «cuenta atrás» en los relojes internos, que dio lugar a un apagón a partir de las doce de la noche del 13 de diciembre, día en que se celebraba el cuadragésimo aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos.

Además del rechazo al Plan de Empleo Juvenil, la huelga se convocó para reivindicar la subida de las pensiones y de los salarios de los funcionarios. El PSOE contaba con mayoría absoluta en el Congreso, por lo que podría haber continuado su camino desoyendo a la ciudadanía, pero descartó el Plan de Empleo Juvenil y en marzo de 1989 aprobó la Ley de Medidas Adicionales de Gasto Social que establecía el aumento de las pensiones y de los salarios del funcionariado. La huelga sirvió para hacer reaccionar a un Gobierno dispuesto a escuchar.

Y en ese momento lo que se escuchaba por todas partes era una canción cantada por una chica pequeña de pelo corto, acompañada por dos chicos. Mecano hablaba de un amor oculto, disfrazado de amistad, ajeno a la opinión de los demás. Los más pequeños cantábamos sin entender bien la letra, pero nos la aprendimos de memoria. Éramos un poco mayores que cuando entonábamos aquello de «a quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré». Nos disfrazábamos de Alaska y de Ana Torroja en las fiestas de Carnaval de la escuela y cantábamos esas canciones. Masticábamos esas ideas con sabor a Sugus y a Tang, y ahora forman parte de los valores de muchos.

Radio 3 hizo un concierto especial, en el que se dieron cita Radio Futura y El Último de la Fila, que se unieron para montar Los Peatones. Apenas lo recordaríamos si no fuera porque allí sonó Insurrección, que fue casi un himno para muchos, con un ritmo desenfadado y una letra que luego se ha cantado en los mejores momentos: «Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre... Pequeñas tretas para continuar en la brecha... Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección».

Llegó el verano, con deberes y cuadernillos de vacaciones Santillana, sumas, restas, zumos de naranja, Calipos al ritmo de The Refrescos, con aquello de «Escucha, Leguina: podéis tener movida (¡hace tiempo), movida promovida por el Ayuntamiento. Podéis rogar a Tierno, a Barranco o al que haya, pero al llegar agosto, vaya, vaya, ¡aquí no hay playa!». Así aprendimos, a base de preguntar a nuestros padres, polo en mano y flotador en la cintura, quiénes eran esos señores de los que hablaba la canción. Si preguntábamos, se nos cortaba el rollo con el consabido argumento: «¿Has terminado los deberes? Pues venga, acábate el helado y ponte con la tabla del 3».

Al acabar el verano, la Audiencia Nacional condenó al subcomisario Amedo y al inspector de policía Domínguez por sus implicaciones en el asunto de los Grupos Antiterroristas de Liberación (el caso GAL).

De vez en cuando hacíamos nuestras prácticas de lectura con alguna página de periódico, silabeando y tratando de descifrar a trompicones los galimatías de esas páginas tan difíciles de manejar. Lo de los GAL por entonces nos sonaba más al jabón que había en el baño que a otra cosa.Y por supuesto los padres no estaban preparados para contestar, porque seguían con estupefacción las noticias en la tele y no daban crédito a lo que sucedía.

Ahora nos ponemos a estudiar, a leer, a comparar fechas, nombres y datos, ayudados por documentales y películas. Y, a pesar de acceder a mucha más información de la que antes se tenía, quedan muchos cabos sueltos en lo relativo a esa trama tan macabra en la que parecía estar implicado «hasta el apuntador». Ya lo dijo el presidente del Gobierno en aquel momento: «Ni hay pruebas ni las habrá». Cuando leemos esta frase ahora, se nos pone la piel de gallina, es una reacción casi espontánea.

Ésta no es una cuestión baladí que se pueda simplificar. Pero, si tuviéramos que contarle a alguien de qué iban los GAL, desde el punto de vista de quienes en aquel momento pensábamos que era una marca de jabón, podríamos decir que el Gobierno debía hacer frente a una banda terrorista que cada vez asfixiaba más a la democracia recién creada. Y con esa tendencia a las soluciones «chapuceras» que a veces nos caracteriza, algunos decidieron crear otro grupo paralelo para cazar terroristas. Por supuesto, todo esto al margen de cualquier tipo de legalidad, saltándose a la torera las leyes que sustentaban el Estado democrático de derecho.

Miembros de la policía, políticos, y distintos colaboradores perpetraron asesinatos y secuestros, y en muchos casos se llevaron por delante a gente que ni siquiera tenía nada que ver con la banda terrorista ETA. Se podría decir que crearon otro grupo terrorista, con la diferencia de que éste contaba con el conocimiento de miembros del Gobierno y con una financiación de muy dudosa procedencia. En ese momento había una puerta giratoria por la que un juez pasó de los tribunales a la política. El juez Baltasar Garzón investigó con firmeza este caso de corrupción de Estado. Sí, el mismo juez que luego sería inhabilitado precisamente por iniciar la investigación del caso de corrupción que asuela al Gobierno popular (el caso Gürtel). Éste es otro dato interesante para pensar sobre cómo funciona la justicia en nuestro país, y es algo que acaba de suceder. Este país se permite «el lujo» de prescindir de sus jueces. No creo que se deba a que la justicia esté a la orden del día y le sobren profesionales.

Cuando se miran fechas, datos y decisiones políticas, hay muchas cosas sorprendentes. Como, por ejemplo, que el Partido Popular, que en aquel momento utilizó este asunto para hacer una oposición feroz, al llegar al Gobierno decidiera dar algún sospechoso carpetazo para obstaculizar la investigación de esos hechos. Cuando José María Aznar llegó al Gobierno en 1996, los jueces reclamaron documentación al CESID para poder continuar con la investigación del caso GAL, pero la Presidencia del Gobierno negó esa información con el argumento de que pondría en riesgo la seguridad del Estado. Interesante, cuanto menos, el giro que dio el Partido Popular en tan sólo unos meses, tras su llegada al poder.

Dos años después, en 1998, José Barrionuevo —ministro de Interior de 1982 a 1988— y Rafael Vera —secretario de Estado de 1986 a 1994— fueron condenados a prisión por el secuestro de Segundo Marey, una de las tantas aberrantes actuaciones de los GAL.

Después vinieron suspensiones parciales de condena, indultos y un largo etcétera de verdades a medias y secretos de Estado que sirvieron para derrocar a un Gobierno y poner el poder en bandeja a quien haría de la crispación continua su herramienta política durante ocho años.

En 2007, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció que Vera había sido juzgado de manera «parcial». Con el tiempo, la información sigue goteando, de manera que resulta entretenido intentar conformar un plano general de lo que significó este asunto, que debilitó de manera flagrante nuestro Estado de derecho.

No se trata únicamente de quién perdió el Gobierno o quién lo ganó. Se trata de que, cuando hay corrupción y no se cumplen las normas, quien pierde es la ciudadanía; perdemos todos.

Panem et circenses.

JUVENAL

En octubre de 1989 el PSOE ganó por tercera vez consecutiva las elecciones, que fueron adelantadas un año, aunque esta vez quedó a un escaño de la mayoría absoluta y tuvo que hacer frente a un Partido Popular recién refundado con José María Aznar como líder.

Un mes más tarde terminó la guerra fría, con la caída del Muro de Berlín. Momento histórico que iba a suponer una transformación en la política y en la economía a nivel internacional. En Alemania también se hizo referencia a «el cambio» (Die Wende) —como en la campaña electoral del PSOE—, tras veintiocho años de división, y las imágenes que vimos por la tele se nos quedaron grabadas para siempre: personas amartillando una pared llena de pintadas con lo primero que tenían a mano, abrazos entre desconocidos y lágrimas de alegría. Ya no quedarían «toreros tristes al otro lado del telón de acero», como cantaba Sabina.

Un día después, el 11 de noviembre, se firmaba en España el Real Decreto sobre el Plan Técnico Nacional de Televisión Privada, tras haberse aprobado meses antes, en mayo, la Ley Orgánica sobre Televisión Privada. La televisión pública no iba a seguir siendo la única, habría cuatro canales para elegir y, además, la tele ya no dejaría de retransmitir por la noche, como había sucedido hasta entonces. Para nosotros, los chavales, esto significaba nuevas series de dibujos animados y, sobre todo, películas como la de Indiana Jones en busca del arca perdida, que vimos en marzo de 1990, cuando una de las dos nuevas cadenas privadas comenzó con ella sus emisiones.

Bombardeo de información y horario infantil muy regulado. En el patio del colegio se bailaban las canciones de los programas de la tele y los más pequeños estaban excitados con tantos dibujos y posibilidades para elegir.

Como si nuestros padres supiesen ya lo que después iba a ocurrir, nos «racionaban» las horas frente a la caja tonta y, en la mayoría de los casos, controlaban lo que veíamos. No era infrecuente que te dijeran que tal o cual programa o película «era para mayores», y ahí se terminaba la discusión.

Nos divertíamos jugando en la calle cuando nos quedaba tiempo entre las clases extraescolares y los deberes. Los videojuegos todavía no eran para los más pequeños. Los achiperres para jugar en el patio eran los cromos, la goma, la comba para saltar y un balón. Nos destrozábamos los zapatos de tanto escarbar en la arena y de vez en cuando llegábamos a casa con heridas o chichones que se curaban con chorros de Mercromina de un alarmante color rojo que nos hacía sentir héroes de guerra.

El balón no era solamente un elemento fundamental de los juegos infantiles; también fue una pieza clave en el desarrollo histórico de la televisión española. Las pugnas por los derechos de retransmisión de la Liga de Fútbol Profesional y las firmas de contratos por sumas astronómicas son la prueba evidente de ello. La influencia de este deporte ha dejado su huella también en los procesos legislativos, desde el decreto ley de 1959 hasta la Ley de Interés General de 1997.

Una manera efectiva de tener a un país entretenido, soltando adrenalina y canalizando las divisiones sociopolíticas a través de equipos que en muchos casos representan algo más que una manera de jugar. En este sentido, Ferran Torrent dijo que «el Barça-Madrid ya es un gran acontecimiento político en sí mismo». Sin duda muchos hechos relevantes en la historia de nuestro país han tenido lugar al cobijo de la sombra que se produce cuando los focos apuntan a los campos de fútbol. No se oyen críticas a los fichajes multimillonarios de las estrellas del balompié, cuyas conductas y actitudes no suelen ser analizadas fríamente, sino que más bien se los considera héroes nacionales.

Es sintomática la influencia que este deporte es capaz de alcanzar en nuestro país, hasta el punto de incidir en cuestiones tan relevantes como unas elecciones autonómicas (Cataluña, año 2010) o poner al frente del Gobierno de Marbella a Jesús Gil (la versión española de Berlusconi, quien fuera presidente del Milán en sus inicios).

Da igual adónde viajemos, en cualquier rincón del mundo, al saber que somos españoles, nos preguntarán: «¿Es usted del Barça o del Real Madrid?». Cuando se contesta que del Numancia, la cara de sorpresa no tiene precio...

Llegó el mando a distancia a nuestro salón. Las chicas mayores del colegio llevaban en sus carpetas fotos de David Summers y en las muñecas pañuelos, porque en aquellos días el grito era: «Voy a pasármelo bien».

Canturreábamos letras que no entendíamos bien, como aquella que hablaba de Sadam Hussein, y de jugar al futbolín con alguna parte de su cuerpo, al ritmo de la canción «Ilarie» de Xuxa. Sin duda la tele y los medios de comunicación hicieron su tarea de propaganda, pues hasta los niños «sabíamos» quién era el malo, el demonio y el terror de todos los tiempos, aunque no tuviéramos ni idea de lo que se estaba cociendo en la guerra del Golfo. No podíamos apreciar el uso que se hacía del lenguaje cuando se hablaba de «neutralización por parte de los aliados» de los «asesinatos de los iraquíes». El profesor de historia de la Universidad Complutense de Madrid Carlos Hermida Revillas señala que ya por entonces hubo un grupo de periodistas que plantaron cara a esta guerra a través de la publicación del Diario por la Paz, donde más de mil profesionales de los medios de comunicación (como Maruja Torres, José Luis Sampedro y Manuel Vicent, entre otros) sumaron sus plumas para romper la información unidireccional de los aliados de Estados Unidos.

Ya en 1990 se iniciaba una cruzada de la democracia con la excusa de salvar a Kuwait de la dictadura de Sadam Hussein. No nos resulta extraño que lo que realmente interesara fuera hacerse con el control de Irak, un país con grandes reservas de petróleo ajeno a los hilos de poder manejados desde Washington. Aunque parezca que de pronto hemos dado un salto temporal de más de diez años hasta 2003, seguimos en la década de los noventa, a pesar de ciertas coincidencias, como el nombre de algunos dirigentes estadounidenses. Sin duda, ésta fue una lucha compartida por dos generaciones (la de Bush padre y la de Bush hijo). De la primera se nos fijó en la retina la imagen de una Marta Sánchez cantando a las tropas a lo Marilyn Monroe, dedicándole la canción a «todos los soldados, a todos los marinos y al del turbante» (con un tono muy expresivo). Ni que decir tiene que aquella Nochebuena los pequeños preguntamos quién era el del turbante... a lo que nos contestaron los mayores: «Pues... Sadam Hussein». Nos quedó claro: el del turbante era poco menos que el demonio al que íbamos a matar para jugar con alguna parte de su cuerpo al futbolín.

No entendíamos nada, pero nos lo pasábamos bien frente a la tele, donde no paraban de bailar, jugar al fútbol y «matar a los malos malísimos» en las películas de James Bond.

Mientras tanto, ocurrían otras cosas que no se contaban: no todos los soldados estaban tan contentos como los que salían por la tele, mirando sonrientes a Marta Sánchez y enviando a sus madres mensajes de tranquilidad. Hubo algunos que desertaron porque no entendían «de quién debían defenderse si no conocían enemigos, si el sonido de las balas les producía terror». Cifuentes lo cantaba con Celtas Cortos en lo que se convertiría en un himno de la insumisión.

Amnistía Internacional reconoció como «presos de conciencia» a los reclutas desertores en un año en que España contaba con 2.450 insumisos, de los que 130 fueron detenidos. Algunos comenzaron una huelga de hambre en la cárcel militar de Alcalá de Henares para apoyar a los insumisos y a los desertores de la guerra del Golfo.

La objeción de conciencia había sido planteada ya en nuestro país en los años treinta por parte de testigos de Jehová, quienes sufrieron durante décadas penas de prisión por negarse a cumplir el servicio militar obligatorio. Durante los años setenta, hubo intentos infructuosos de legislar sobre esta cuestión, que chocaron con la constante oposición de las Cortes franquistas.

Fue en 1984, curiosamente el Día de los Inocentes (28 de diciembre), cuando se aprobó la Ley de Objeción de Conciencia. Años después, en 1988, se aprobaría el Reglamento de la Prestación Social Sustitutoria, fuertemente rechazado por los grupos de objeción de conciencia, que por entonces empezaron a plantear la insumisión como respuesta ante las reformas insuficientes del Estado. El Movimiento de Objeción de Conciencia, junto a otros colectivos, comenzó a ejercer una fuerte presión social y en diciembre de 1989 el PSOE amnistió a más de 20.000 objetores.

Dos años después, la Ley de Servicio Militar trasladó a la jurisdicción civil los casos de insumisión, aumentando la pena mínima (en el Código Penal Militar era de un año de prisión, mientras que en el Código Civil era de dos años, cuatro meses y un día). De esta manera, el ejército «desapareció en combate» y este asunto quedó en manos del Gobierno.

Los jueces fueron suavizando su aplicación de las normas y, en 1993, con la Reforma del Reglamento Penitenciario, se procedió a la calificación automática de tercer grado para los insumisos, lo que conllevó un aumento significativo de condenas. A la consiguiente respuesta se la conoció como «el plante»: la desobediencia al tercer grado. La situación se tornó más tensa, pues el incumplimiento del tercer grado conllevaba automáticamente un retroceso al segundo grado y, en muchos casos, una nueva acusación por quebrantamiento de condena. Todo un lío de burocracia y normas penitenciarias que, lejos de solucionar el conflicto, lo complicaba más.

Con las aguas revueltas llegó en 1995 el nuevo Código Penal, que planteaba penas de inhabilitación y sanciones pecuniarias de hasta 35 millones de pesetas. Por entonces aprendimos los primeros acordes de guitarra con las cintas grabadas que escuchaban los hermanos mayores, como aquello de «uno, dos, tres, cuatro, paso ligero, yo te lo mando; firme, ponte recto, no eres nada, muchacho... Patria, sumisión, hazte un hombre, maricón», de Javier Álvarez.

Fue con el Gobierno de José María Aznar cuando llegó la profesionalización del ejército, como uno de los requisitos del Pacto del Majestic firmado con CiU al llegar al Gobierno en 1996. Hubo que esperar hasta el año 2000 para el anuncio del Gobierno: «El reemplazo que llegue en diciembre de 2001 será el último en efectuar el servicio militar obligatorio». Nos pilló por sorpresa un 9 de marzo a golpe de real decreto y lo celebramos bien en el instituto, pues los chicos nacidos en 1983 quedaban totalmente libres del servicio militar sin necesidad de prórrogas, papeleos e incordios. Las chicas, aunque esto no nos afectaba directamente, nos solidarizamos y compartimos su alegría.

Ya en la facultad conocimos, en 2002, la derogación de los artículos 527 y 604 del Código Penal, lo que benefició a más de 4.000 insumisos. Volvimos a celebrarlo mientras escuchábamos a Reincidentes cantar «rompan filas, esto se acabó».

Un banquero es un tipo que te presta un paraguas cuando hace sol y te lo reclama cuando empieza a llover.

MARK TWAIN

La llegada de la década de 1990 a España supuso un giro en el sistema bancario. El auge económico producido durante los cinco años anteriores gracias a la liberalización del sistema financiero y la entrada en la Comunidad Económica Europea fue el detonante de fase de euforia en el sector de las finanzas. Muchos no quisieron perder su oportunidad para dar «el pelotazo», y así, pasando por encima de la ética —y aprovechando que todavía las leyes no preveían determinadas fechorías—, algunos llenaron sus bolsillos en muy poco tiempo.

Ya en 1985 se produjeron cambios: Barclays remuneraba a sus clientes por las cuentas corrientes, se aprobó la Ley de Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA) y el Banco Santander lanzó las «supercuentas»: un nuevo producto que daba un mayor interés a los clientes, lo que desató una competencia feroz en el sistema bancario en España. Esto suponía una novedad, pues el dinero de los clientes comenzó a generar más dinero. Se inició así una guerra entre las entidades financieras, pues no tenía sentido ser cliente de un banco que simplemente guardaba el dinero a buen recaudo sin rentar apenas nada mientras otros ofrecían suculentos intereses.

Ya que los bancos daban algún beneficio, para hacer negocio también comenzaron a cobrar por sus servicios y a subir los tipos de interés de los préstamos. La banca extranjera, en cambio, seguía sin cobrar por sus servicios y sus tipos de interés eran mucho menores que los de los bancos españoles.

La periodista y escritora Rosa María Artal expresó el pensamiento de muchos cuando dijo que 1990 iba a pasar a la historia como el año de la «gran revolución de la banca española» y que iba a suponer el final de sus grandes beneficios. La propia Artal reconocería después la ingenuidad de sus palabras, pues precisamente aquél fue el comienzo del saqueo más absoluto por parte de la banca. Como se suele decir, «nadie da duros a cuatro pesetas».

Comenzaron aquí las fusiones de los grandes grupos, los denominados too big to fail («demasiado grandes para caer»), que desde ese momento influyeron de manera continua en los procesos de desregulación o de regulación interesada. Sombras que comenzaron a multiplicar una red en la que las decisiones políticas quedaban presas y supusieron el inicio de la trama que desembocaría en la crisis que sufrimos desde 2008.

Las cajas de ahorros perdieron el carácter social y encontraron sus «ánimos de lucro». Los políticos comenzaron a integrar sus órganos de decisión, y los intereses ya no eran solamente los porcentajes numéricos del precio del dinero.

Para muchos de nuestros dirigentes, que estos grupos son «demasiado grandes para caer» significa, en otras palabras, que «son tan grandes que, como caigan, nos llevan a todos por delante». Ése es el motivo por el cual los Estados deciden inyectarles dinero público, indultarlos y hacer cualquier cosa, de acuerdo con el dogma que reza que así se evitan males mayores.

En la primavera de 2010, Obama promovió medidas legislativas dirigidas a limitar el tamaño de estos gigantes. Desde entonces, en la parte europea del globo no hemos hecho otra cosa más que salvarlos, alimentarlos a costa de los ciudadanos, condenados a perder sus casas y sus derechos sin dejar de cumplir con sus obligaciones ni de pagar impuestos.

La pregunta que todos hacemos a nuestros dirigentes es si no habría sido más honrado salvar a las personas y no a los bancos. O, cuanto menos, imponer una serie de condiciones a estas entidades a cambio de recibir el dinero de todos. Por ejemplo, establecer limitaciones: la entidad rescatada debería paralizar automáticamente los procesos de desahucios, rebajar los intereses de los préstamos personales para quienes menos capacidad económica tengan, ofrecer créditos con un interés mínimo para la creación de empresas con bonificaciones especiales para jóvenes, tomar medidas de democratización interna, modificar las condiciones laborales de sus empleados (acabar con los incentivos por objetivos), eliminar los bonos a los directivos y ajustar sus salarios desorbitados, establecer la obligación del pago de tasas por las transacciones financieras... En fin, preocuparse un poco por garantizar que les quede muy claro que ese rescate viene de la ciudadanía, y a ella se deben. Ni que decir tiene que estas ideas asumen que el mal ya está hecho, porque lo más sensato habría sido preguntar a la ciudadanía si estaba de acuerdo o no en destinar a salvar a los bancos los recursos recaudados a través de sus tributos, en vez de tomar esa decisión unilateral.

A estas alturas de la catástrofe, nos queda la duda de qué habría pasado si los hubieran dejado caer. Porque, viendo lo visto, la ola les ha pasado por encima y nos ha caído de lleno a todos los demás. Seguramente, puesto que son tan grandes (o eso dicen), habrían podido servir de muro de contención. Puede que nada de eso sea cierto y que, en definitiva, el cuento del too big to fail sea una forma de decir de una manera más o menos interesante que «siempre pagamos los mismos».

Parecía que la gallega Luz Casal nos avisaba en 1990, cuando decía aquello de «no me importa nada que rías o que sueñes, que digas o que hagas, por mucho que me empeñe estoy jugando y no me importa nada». Ahora resulta fácil imaginarse a los señores de la banca tarareando esta canción mientras firmaban el recibo por miles de millones a pesar de saber que con eso se recortaba la inversión pública para desarrollar derechos de todos.

Sin embargo, la época de los chollos fue intensa pero breve. A finales de los ochenta comenzó una crisis a nivel internacional, que llegó a España un poco tarde, como siempre, pero con energía acumulada. Si por algo puede caracterizarse la década de los noventa, es por la tremenda corrupción que asoló nuestro país.

Los titulares de los periódicos parecían más capítulos de novela negra que el reflejo de hechos reales, y la mayoría de las tropelías se utilizaban para ser lanzadas contra el adversario. La sociedad observaba incrédula como se abrían investigaciones contra políticos, banqueros, policías, jueces, presidentes de clubs de fútbol y hasta contra el Rey. Miles de millones de pesetas corrían de un lado a otro, entrando y saliendo del país mientras alcanzábamos las cifras más altas de desempleo hasta la fecha.

Los que estábamos en edad de hacer la primera comunión también tuvimos en algunos casos la primera aproximación a la banca. Este tipo de celebraciones empezaron a desarrollarse como grandes eventos, con pequeños y pomposos trajes de novia para las chicas. Se pasó del regalo del reloj y la pluma (o la muñeca) al primer ordenador y la primera cuenta de ahorro. Sin duda se notaba el cambio por la cara de los primos y hermanos mayores, que comparaban y comentaban que esas celebraciones no tenían nada que ver con las suyas de diez años atrás. Y el cambio ya era abismal con respecto a nuestras madres, que nos decían que ellas habían hecho su primera comunión a la vez que sus hermanos, vestidas de monjas y sin celebraciones, porque en esa época lo más que se hacía era comer con la familia en casa.

Como ya señalara Thorstein Veblen en su teoría del consumismo ostentoso, este tipo de exageraciones responde a «la necesidad de estar al mismo nivel o a un nivel más alto que el vecino». Dicho de otro modo, el crecimiento económico en la sociedad depende en gran medida de la envidia, del deseo de aparentar que uno no es menos que el de al lado. Así lo evidencia la evolución de las celebraciones familiares mostrada por la BBC (las bodas, bautizos y comuniones), que en muchos casos responden más a una exposición social que exige tirar la casa por la ventana que a una creencia o un acto de fe.

Como consecuencia, a quienes hicimos la catequesis se nos sometía a un «tercer grado» para ver hasta qué punto queríamos hacer la comunión por nuestra fe cristiana o por el deseo de ser el centro de atención y recibir regalos. Con nueve años es bastante posible que no se tenga capacidad para desarrollar el criterio teológico y el análisis profundo necesarios para rechazar las «tentaciones» del consumo. Algunos creíamos que la ceremonia tenía sentido, porque habíamos asumido los valores que nos habían repetido hasta la saciedad, además de que, si no la hacíamos, la pena consistía en ser los raros y los extraños en el colegio. Pero fueron muchos menos los que años después confirmaron esa fe. Debimos perderla entre los libros...

Si hubiéramos tenido una conversación al respecto, podría haberse parecido a la que José Luis Cuerda plasmó con ironía en Amanece, que no es poco:

—¿Tú crees que los conocimientos que adquiramos ahora en la escuela serán de rango inferior a los bienes espirituales que nos han sido dados en la misa?

—Pues probablemente sí.

De lo que llenaba las portadas de los periódicos, la muchachada seguíamos sin enterarnos, y en la tele solamente nos dejaban ver los dibujos y alguna que otra serie familiar. Así que, si nos dábamos cuenta de algo, era de casualidad, como ocurrió cuando empezó a sonar por todas partes la canción «Con un par», que Sabina dedicó al Dioni. Ahora, con la distancia, arranca una sonrisa pensar en el brete en el que algunos pusimos a nuestros padres al preguntarles por algunas de las cosas que se decían en la letra. Más allá de querer saber lo que significa «pagar por un francés», que no venía al caso, descubrimos lo que era un «bocata con lima».

Y es que esa canción significa mucho (todavía hoy), porque refleja, con cierta ironía pero con grandes posos de realidad, la consideración social de un hecho como el que protagonizó Dionisio Rodríguez Martín, el conductor de un furgón blindado que se quedó con gran parte de los miles de millones transportados, se tomó un avión y se marchó a Brasil a vivir como un multimillonario.

Lejos de provocar un escándalo de reprobación social, fue fruto de chascarrillos que quedan perfectamente reflejados en esta letra:

La de noches que he dedicado yo a planear

un golpe como el que diste tú con un par.

Un bocata con lima te llevaré

con esta salsita encima a Carabanchel.

Al día siguiente del robo

«y parecía tan bobo»,

comentó en el bar uno que te conocía.

Y el camarero decía «chapeau»

porque te lo habías sabido montar

con clase y categoría,

como un number one.

Y un jubileta añadía,

puestos a incordiar,

que Madrid te debería, primo,

levantar un busto en plena Gran Vía

a cargo popular.

Y una placa que diría:

«Al Dioni, con un par».

Y todo el mundo asentía...

Esto no había hecho más que empezar. Comenzaban los años de aparentar ser los más modernos, los más ricos, la vanguardia, con «el poderío» de los que llegan los últimos a la fiesta y se quieren integrar mejor que nadie.

En moda las hombreras marcaron tendencia (como cantaba Emilio Aragón, hasta en los bikinis), sin duda un símbolo muy claro de nuestra pretensión de aparentar tener las espaldas más anchas de lo que en realidad permitía nuestro recién estrenado sistema democrático.

Hicieron falta unos cuantos escándalos para aprender lecciones que, todavía hoy, no nos han quedado del todo claras.

Corruptio optimi pessima

(La corrupción de los mejores es la peor de todas).

La de 1990 fue una década de grandes contrastes e interesantes titulares, que llenaban las portadas con corruptelas sobre préstamos multimillonarios impagados, donaciones, problemas con la hacienda pública, coches de lujo, yates, mansiones, apoyos ocultos, sospechas y pruebas supuestamente eliminadas, cárceles y suspensiones, venganzas, ajustes de cuentas, mentiras a medias y alianzas bien atadas. Mientras, nuestro país se desarrollaba gracias a las Olimpiadas de Barcelona, la Exposición Universal de Sevilla, Madrid como capital europea de la cultura y una serie de leyes que transformaron por completo nuestra sociedad.

Como si de un videojuego se tratara, iban sucediéndose pantallas en las que aparecían «malos» por todas partes: monedas ocultas, tuberías para desaparecer, armas poderosas que otorgaban el superpoder de ser invencible y pasar corriendo por el campo de batalla hasta llegar a la meta sano y salvo.

Algunos descubrieron el botón de «parar partida» y salvarse por los pelos. Otros canjearon «vidas» por avances de pantallas... Éramos muy pequeños para saber que quizá Mario Bros ya nos estaba avisando en aquel momento: la tierra de los champiñones (así se llamaba) fue invadida por las tortugas, que se encargaron de arrasarlo todo a base de piedras y ladrillos.

Se trataba, en definitiva, de aventuras de «fontaneros»: cada uno a su nivel, nosotros con la videoconsola, en el rol de Mario Bros, y los mayores con sus corruptelas y otro Mario que, en lugar de un mono rojo, llevaba traje gris y usaba gomina.

A medida que pasábamos pantallas, adquiríamos más destreza con los mandos: aprendíamos a correr más rápido, a saltar más alto, a encontrar «las vidas» escondidas. Descubríamos nuevas herramientas que nos permitían disparar, hacernos grandes o tener poderes invencibles durante un rato.

Según avanzabas, las fases se iban complicando.

Éstas eran nuestras preocupaciones en aquellos tiempos, aparte de los deberes. En nuestros ratos libres pensábamos cómo pasar esa pantalla imposible, cómo acabar con las criaturas marinas o conseguir municiones y vidas para llegar hasta el final. Quién nos iba a decir que, salvando las distancias, en la vida real nuestros mayores estaban haciendo más o menos lo mismo, y que más adelante veríamos muchos paralelismos, cuando comenzásemos a participar como ciudadanos activos.

Mientras estudiábamos, jugábamos a la videoconsola, aprendíamos a montar en bici y a patinar, 1991 comenzaba con la dimisión del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, ante las acusaciones dirigidas contra su hermano, Juan Guerra —el «hermanísimo»—, por delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos públicos y usurpación de funciones. Finalmente fue condenado por delito fiscal en 1997.

Se abrió entonces una brecha en la pareja hasta entonces inseparable formada por Guerra y González, mientras sonaba en la radio esa canción de Presuntos Implicados:

Cómo hemos cambiado,

qué lejos ha quedado aquella amistad.

Así como el viento lo abandona todo al paso,

así con el tiempo todo es abandonado;

cada beso que se da, alguien lo abandonará.

Así con los años unidos a la distancia,

fue así como tú y yo perdimos la confianza;

cada paso que se dio, algo más nos alejó.

Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos,

que hoy nos vuelven a reunir;

tal vez, si tú y yo queremos,

volveremos a sentir

aquella vieja entrega.

¡Ah! Cómo hemos cambiado,

qué lejos ha quedado aquella amistad.

¡Ah! ¿Qué nos ha pasado?

¿Cómo hemos olvidado aquella amistad?

Y así como siento ahora el hueco que has dejado,

quizá, llegada la hora, vuelva a sentirte a mi lado...

Tantos sueños por cumplir,

alguno se ha de vivir.

Y como también cantaba Danza Invisible: «Nunca la desgracia viene sola». Meses después, en mayo, estalló el caso Filesa, un entramado de sociedades, dinero público y extrañas conexiones que puso en el punto de mira al PSOE por financiación ilegal. No fue hasta 1997 (de nuevo, el Día de los Inocentes) cuando se dictó sentencia, condenando a ocho personas, entre ellas a los políticos socialistas Josep María Sala y Carlos Navarro. En diciembre de 2000 el Gobierno de José María Aznar indultó parcialmente a los condenados.

A medida que avanzaba el proceso, aparecieron nuevos casos, como el del Ave y el de Seat, que debilitaron poco a poco al Gobierno socialista.

En 1992 saltó a las primeras páginas el escándalo del caso Ibercorp. El diario El Mundo hizo público un listado de accionistas; el interés social de la lista no se debió sólo a los nombres que aparecían, sino, sobre todo, a los que no se citaban. Posteriormente, se desató el escándalo, ante el descubrimiento de una cuenta opaca de 130 millones de pesetas (781.315 euros) a nombre de Mariano Rubio y de la concesión de una línea de crédito del Banco de España de 5.400 millones de pesetas (32,4 millones de euros) al banco Ibercorp, cuyo presidente era Manuel de la Concha.

Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, debió comparecer en febrero de 1992 en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el asunto del banco Ibercorp. Tanto Rubio como el entonces ministro de Economía Miguel Boyer y su mujer, Isabel Preysler, se encontraban en el punto de mira.

Comenzó un largo proceso de investigación: acusaciones, informes olvidados, cuentas desconocidas y, sobre todo, muchas sospechas. En 1999 Mariano Rubio, Manuel de la Concha y Jaime Soto se sentaron en el banquillo a declarar.

Según publicó el diario El País el 21 de febrero:

La Fiscalía de Madrid y los acusados del caso Ibercorp alcanzaron un pacto en el umbral del juicio oral, el pasado día 15. El cambio de calificación de los delitos originarios (maquinación para alterar el precio de las cosas, falsedad y estafa) y la reducción de las penas de 15 años a 1 año, sin ingreso en prisión, para tres acusados, y de 12 años a una multa para el cuarto, hicieron el milagro. La Fiscalía, indemnizados los últimos perjudicados, aceptó el consenso.

Después de todo, como decía la canción de Sabina que sonaba por entonces, la condena duró «lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks».

Los miles de millones de las antiguas pesetas aparecían, desaparecían, se encontraban en cuentas que a la gente se le «olvidaba» declarar... Estalló el caso KIO, con la mayor suspensión de pagos conocida hasta el momento en nuestro país. A la filial española de la compañía Kuwait Investments Office (Torras), cuyo gerente era Javier de la Rosa, no le salían las cuentas, y, al terminar la guerra del Golfo, le faltaban unos 60.000 millones de pesetas. Entramados de sociedades, ofertas públicas de adquisición...

En ese momento la película española El rey pasmado recibía nueve premios Goya, y el título no podía irle mejor a la realidad. De la Rosa acusó al Rey Juan Carlos de haber participado como mediador en la entrega de miles de millones de pesetas y llegó incluso a publicar unas supuestas cartas con el membrete oficial de la Casa Real en El País en noviembre de 1995.

Entre los documentos supuestamente falsos, los regalos de coches multimillonarios y las pruebas incautadas, la sociedad española miraba los acontecimientos como quien ve una noria girar. Precisamente el caso KIO fue uno de los tantos que sentaron en el banquillo a De la Rosa, como también ocurrió con el caso del Grand Tibidabo, la Operación Wardbase, el caso Icsa-Impacsa, el caso Telecinco...

«Todos me han traicionado. Bueno, me han traicionado todos los que se han hecho ricos conmigo», dijo De la Rosa cuando todo terminó. Ya cantaba Amistades Peligrosas en 1995:

Gritar quién o cuál,

ahora da igual,

te juro, da igual

que hagas bien o mal,

si es que al final

la gente se va y ahí estás.

A ti que puedes arreglar mi vida,

capaz como eres de ser día a día...

sin tu alegría seré un pringao.

Yo no merezco la pena.

Sin tu valía caeré en picao,

me quedaré solo.

Sabes bien,

tal vez no pueda cambiar,

no vaya a cambiar jamás.

Y tú que ansías controlar mi vida,

la paz con guerras son mi día a día...

De la Rosa no fue el único que pasó de ser un ejemplo de empresario a dar con sus huesos en la cárcel. El joven Mario Conde, quien fuera nombrado doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid en 1989, se encontró con él unos años después en Alcalá Meco.

El perfecto perfil de triunfador, el mejor representante de la filosofía del «pelotazo»: joven atractivo con éxito en cualquier ámbito de su vida, número uno ejemplar. En muchos foros incluso se lo señalaba ya como posible futuro presidente de España.

Su enorme éxito en un ámbito como el financiero causó gran revuelo. Nadie daba crédito a los resultados que obtenía, y la razón quedó demostrada: precisamente el crédito que su entidad daba fue la ruina de Conde. Cuando el Banco de España inspeccionó al Santander, descubrió que faltaban unos 450.000 millones de pesetas (unos 2.700 millones de euros). A partir de ese momento, concretamente el 28 de diciembre de 1993, todo su tinglado comenzó a desmoronarse.

El Banco de España intervino Banesto y la destitución de Conde como presidente de la entidad fue fulminante. El saneamiento del banco Banesto nos costó a los «españolitos de a pie» unos 200.000 millones de pesetas (1.200 millones de euros), y Mario Conde se pasó los siguientes años entrando y saliendo de los tribunales y de la cárcel por distintos procesos.

Nueve años de investigaciones durante los cuales se sucedieron acusaciones, sospechas que rebotaban por los corredores de importantes instituciones y que llegaron a salpicar a más de un político. Y tan estrecha era su relación con la política que en 1999 se presentó como candidato a las elecciones generales por la Unión Centrista-Centro Democrático y Social mientras disfrutaba de libertad condicional y esperaba a que se dictase sentencia por el caso Banesto. Sólo obtuvo unos 23.500 votos, pero eso no le impidió volver a presentarse por CDS, esta vez en las elecciones autonómicas gallegas de 2012, donde tampoco consiguió apoyos para iniciar su carrera política.

No llevaba un mono rojo, como el Mario de nuestro videojuego, sino traje y corbata; ha sido siempre fiel a la gomina y encarnó el máximo ejemplo de un talento mal aplicado.

Los banqueros no eran los únicos que tenían problemas con la justicia en esos años. El director general de la Guardia Civil entre 1986 y 1993, Luis Roldán, también terminó en la cárcel por delitos de malversación, cohecho, fraude fiscal y estafa. En 1994 reconoció haber cobrado dinero proveniente de los fondos reservados en concepto de sobresueldo (10 millones de pesetas al mes, unos 30.000 euros). Cuando se estaba investigando todo este asunto, huyó del país. Al año siguiente fue detenido en Laos. Aún prosiguen los juicios, que van sacando a la luz una serie de corruptelas de su época como delegado del Gobierno en Navarra, en las que aparecen distintos nombres de gran relevancia política y social. En 1998 se dictó sentencia condenatoria a 31 años de prisión por apropiación de 1.500 millones de pesetas procedentes de fondos reservados y en concepto de comisiones.

En paralelo se sucedían distintas maniobras en muy diferentes ámbitos. Y en las páginas de los diarios casi no había espacio para la información sobre cada uno de estos procesos, que se iban solapando.

Otro de los grandes escándalos del momento fue el que protagonizó el sindicato de la Unión General de Trabajadores (UGT) con la cooperativa Promoción Social de Viviendas.

En 1988 se creó la cooperativa con la finalidad de construir viviendas de precios asequibles para 22.000 familias. Un año después se constituyó el grupo-sociedad Iniciativas de Gestión y Servicios (IGS). En 1991 estalló el escándalo: se acusó a IGS de desviar 15.000 millones de pesetas destinados a negocios ajenos a sus objetivos, es decir, la creación de viviendas para miles de familias.

José Antonio Griñán era ministro de Trabajo cuando el Congreso de los Diputados acordó un plan para destinar 8.500 millones de pesetas a la reanudación de la construcción de las viviendas que habían quedado inacabadas ante la suspensión de pagos.

Pero todavía quedaban miles de viviendas por construir, así que era necesario continuar el proyecto. La nueva puesta en marcha del proceso de la cooperativa supuso añadir 70.000 millones de pesetas a la suma total. Un grupo de cajas de ahorros y bancos facilitó los préstamos, además de los propios cooperativistas, que, si querían seguir adelante, tenían que pagar un millón de pesetas más.

En 2001 la Audiencia Nacional dictó sentencia condenando a Carlos Sotos (quien fuera gerente de IGS) a dos años y cuatro meses de cárcel por apropiación indebida. El resto de los acusados resultaron absueltos. Además, la sentencia establecía la necesaria indemnización de los cooperativistas perjudicados. Ante la incapacidad de Sotos para hacer frente a estos pagos, UGT fue la responsable civil subsidiaria.

A los casos Filesa —el del «hermanísimo»—, KIO, los protagonizados por De la Rosa, el caso Banesto, los de Conde y Roldán, se sumaron otros, pues en aquellos años la corrupción no solamente afectaba a banqueros y a políticos relacionados con el Gobierno.

El caso Estevill —el juez que fuera vocal en el Consejo General del Poder Judicial—, el caso Turibén —relacionado con unos militares que hacían negocio con las dietas—, el Salanueva —que implicaba a la directora del Boletín Oficial del Estado, acusada de beneficiarse en la compraventa de papel—, el Naseiro —de financiación ilegal del recién creado Partido Popular—, así como los casos Sóller y Hormaechea, entre otros, muestran que, más allá de las debilidades de nuestro recién estrenado sistema, lo que había en nuestro país era una falta generalizada de ética en los más altos niveles.

No iba muy desencaminado Berlanga (si no fuera por los indultos que permitieron a más de uno librarse de cumplir condena), con la película que le diera tres premios Goya en 1994, pues sin duda lo que oíamos a nuestros padres comentar en la comida era que «en este país no vamos a levantar cabeza hasta que se juzgue a los corruptos y vayan todos a la cárcel».

Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.

EDUARDO GALEANO

A pesar de los escándalos por corrupción, España experimentaba cambios positivos rápidos y visibles.

En febrero de 1991 se ponían a la venta las entradas para las Olimpiadas de Barcelona del año siguiente, un hito histórico que, sumado a la Exposición Universal de Sevilla y a la capitalidad europea de la cultura de Madrid, iba a atraer a miles de visitantes y a garantizar una apertura sin precedentes del país al exterior.

Un mes después de que se declarase el alto el fuego entre el Frente Polisario y Marruecos, en octubre tuvo lugar en Madrid la Conferencia de Paz para Oriente Próximo. Sin duda, un encuentro histórico, ya que, según las propias palabras del presidente del Gobierno, Felipe González:

Copatrocinan este acto dos hombres: el presidente Bush y el presidente Gorbachov, que hasta ayer encabezaban dos bloques enfrentados ideológica y militarmente, y hoy simbolizan la búsqueda de unas relaciones internacionales con menos armas y más paz, con menos enfrentamiento y más cooperación, con menos violencia y más respeto al derecho de los individuos y de los pueblos.

Estuvieron presentes, además, los principales líderes de los países árabes, y también el presidente israelí Isaac Shamir y un observador en representación del secretario general de Naciones Unidas. La delegación jordana incluyó entre sus participantes a los delegados palestinos.

Por primera vez se habló del proceso de paz entre Israel y Palestina en una conferencia internacional. Además, a partir de enero de 1992, comenzaron las negociaciones multilaterales entre los países, centradas en cuestiones como la limitación de armamentos, la seguridad regional, el agua, el medio ambiente, el desarrollo económico y regional y los refugiados.

En vísperas de las celebraciones mundiales programadas en nuestro país, el mensaje de que España se presentaba ante el mundo como la capital y la patria de la multiculturalidad y la paz caló en las delegaciones allí presentes y sin duda fue prueba del compromiso que España quería asumir como actor fundamental en los procesos de cambio.

El secretario general de Naciones Unidas, el peruano Javier Pérez de Cuéllar, dijo ante Consejo de Seguridad que, aunque se hubiera celebrado al margen del marco de las Naciones Unidas, «la Conferencia contaba con el apoyo de todas las partes interesadas y se basaba en las resoluciones 242 (1967) y 338 (1973) del Consejo de Seguridad, ambas piedras angulares de un arreglo amplio de paz». El secretario general calificó la Conferencia de Madrid de «histórica».

Tras adoptar el Protocolo de Adhesión al Acuerdo de Schengen en 1991, que establecía la libre circulación de los ciudadanos en el territorio europeo —conformado por ocho países en ese momento—, en febrero de 1992 tuvo lugar la firma del Tratado de Maastricht. Este acuerdo supuso otro paso hacia la consolidación del proyecto europeo, pues la Comunidad Económica Europea pasó a denominarse Unión Europea, y adquirió así una dimensión política y monetaria. Ya se hablaba de la nueva moneda y se buscaba un nombre. Pensábamos que serían «ecus», pero años después llegaron a nuestros bolsillos con el nombre de «euros».

Un mes después, comenzó en España la marcha negra de los mineros. Las políticas de reconversión del sector de la minería (en particular, los despidos de la Minero Siderúrgica de Ponferrada) provocaron conflictos. Los trabajadores se movilizaron, convocaron huelgas y manifestaciones que en algunos casos fueron duramente reprimidas por la Guardia Civil y los antidisturbios. La tensión aumentó y un grupo de mineros se encerraron como protesta en el Pozo Calderón durante cincuenta días.

Mientras, el resto de los mineros organizaron la Marcha Negra: unos 500 salieron caminando desde Villablino (León) hacia Madrid vestidos con el mono y el casco de mineros. Al llegar a la capital, miles de personas se unieron a ellos para acompañarlos al Ministerio de Industria, donde no los recibieron por no tener cita previa. Pero una semana después se lograron acuerdos que permitieron respetar los derechos de los trabajadores, por lo que esta marcha se considera una muestra de la fuerza derivada de la unión y la solidaridad en la lucha durante nuestra historia más reciente.

Por estas mismas fechas, en Francia se detenía a la cúpula de ETA. El riesgo de atentados era continuo, y crecimos con ese miedo en el cuerpo. No eran raros los comentarios de algunos de nuestros mayores cuando, al charlar sobre el próximo verano, las visitas a la Expo de Sevilla o a las Olimpiadas de Barcelona, expresaban sus temores ante posibles ataques terroristas. De hecho, los preparativos y el desarrollo de estos eventos de alcance mundial requirieron muchísimos controles y refuerzos en seguridad.

El 20 de abril se inauguró oficialmente la Exposición Universal de Sevilla. Se celebraban los 500 años de la llegada de Colón a América. En muchos sitios podemos leer que se celebraba el Quinto Centenario del Descubrimiento de América (incluso en el Boletín Oficial del Estado). De hecho, así lo estudiábamos en el colegio en aquel momento y así se sigue estudiando más de veinte años después.

La pregunta que muchos nos hacíamos ya entonces era cómo se podía hablar de «descubrir» si, cuando Colón había llegado allí, ya había gente. Lo que nació como un planteamiento infantil ahora se convierte en crítica. Quizá sea más acertado decir que en aquel momento una parte del mundo conoció a la otra, un encuentro de culturas, dicho suavemente, puesto que no se nos explicó que lo que habían hecho los visitantes había sido arrasar, asesinar, violar, robar y, en la mayoría de los casos, no respetar lo que allí su ignorancia conoció. Esa manera de estudiar la historia conforma una visión del mundo que no respeta la igualdad entre seres humanos, puesto que establece una jerarquía entre «descubridores y descubiertos».

Incluso la celebración de la fiesta nacional está vinculada a este hecho. Según la publicación en el Boletín Oficial del Estado en referencia a la Ley 18/1987: «La fecha elegida, el 12 de octubre, simboliza la efeméride histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la integración de los reinos de España en una misma Monarquía, inicia un período de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos».

Nos quedan, todavía hoy, flecos que perfilar.

Como dijera Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona, la Expo de Sevilla significaba que «desde hoy se le dice al mundo que Europa no empieza en los Pirineos, sino en Andalucía». Más de cuarenta millones de personas visitaron los pabellones durante los seis meses que duró la Exposición, y los cambios que supuso tanto en Sevilla como en Andalucía fueron notablemente positivos. Curro fue la mascota: un pájaro con patas de elefante y pico de colores.

A pesar de que España estaba envuelta en celebraciones de calado internacional, la situación interna hervía de conflictos sociales. En este contexto, a finales de mayo se convocó una huelga contra la reforma del subsidio de desempleo: era una crítica al Gobierno en un momento de mucha visibilidad internacional, por lo que la presión sobre él ejercida era aún mayor.

El 25 de julio se inauguraron los Juegos Olímpicos de Barcelona. Recién acabada la guerra fría, la celebración de estos juegos fue un símbolo mundial. Puso de manifiesto la gran capacidad de modernización y de acogida de la ciudad de Barcelona, que recibió miles de visitantes, así como la unión de los españoles, que con orgullo recibieron al mundo, desde Andalucía hasta Cataluña.

De las Olimpiadas aún recordamos la puntería de Antonio Rebollo, quien, con su lanzamiento certero, encendió la llama en el pebetero (esta palabra nos la aprendimos entonces); de Los Manolos cantando «Amigos para siempre» y de los dibujos, cuadernos, camisetas y hasta helados de Cobi, la mascota de las Olimpiadas diseñada por Mariscal. Por supuesto, también de las 22 medallas que nos llevamos.

Todos recordamos a Montserrat Caballé y Freddie Mercury cantando juntos «Barcelona» en la noche del 8 de octubre de 1988. Posteriormente, el Comité Olímpico español eligió esta canción como himno de las Olimpiadas. Meses antes del comienzo de los Juegos Olímpicos, en noviembre de 1991, Mercury murió de sida, y por eso la canción se recuerda de manera doblemente emotiva.

Precisamente en esta década el síndrome de inmunodeficiencia adquirida dejó de ser una enfermedad considerada propia de grupos marginales para ser reconocida como una epidemia que afecta a todo tipo de personas, al margen de su tendencia sexual y de su poder adquisitivo. Además de la dureza que la propia enfermedad suponía en ese momento, el rechazo social era una de sus principales lacras, y empezaba a combatirse.

Así, en canciones como «El fallo positivo» de Mecano, se criticaban las actitudes contra los enfermos de sida promovidas por determinados sectores.

La ignorancia de los demás,

vestida de puritana y santa moral,

hablaba de divino castigo...

En la contraportada del maxisingle que publicaron quedó un mensaje que removió conciencias: «El cariño y la comprensión hacia los seropositivos y los enfermos de sida refuerza sus defensas, y los hace fuertes, ayudándolos a combatir su enfermedad o evitando que ésta llegue a desarrollarse».

Una de las campañas más potentes de la historia de nuestra democracia fue precisamente la de «Póntelo, pónselo», que a día de hoy sigue siendo, más de veinte años después, un ejemplo de éxito en concienciación ciudadana. La ponían por la tele a cualquier hora y en cualquier canal: un profesor aparece en el gimnasio e interroga a los alumnos en busca del dueño de un condón encontrado en los vestuarios, y de manera desafiante todos y cada uno de ellos comienzan a reclamar el condón como propio.

El anuncio conseguía darle la vuelta al sentimiento de vergüenza asociado a la sexualidad para convertirlo en el de orgullo por la responsabilidad asumida. Fue una revolución en las casas y en las aulas.

También generó divisiones en el Congreso de los Diputados, donde el ministro de Educación, Javier Solana, se mostró reticente, mientras la ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, defendía el anuncio.

Además de poner de moda el uso del condón, que hasta el momento había sido objeto de recelo y vergüenza, la campaña suponía otro elemento revolucionario: la igualdad de género. Iba dirigida tanto a mujeres como a varones, pues promovía el ejercicio de una sexualidad responsable por parte de ambos sexos.

Los Inhumanos nos hicieron cantarlo hasta a los que íbamos a tardar muchos años en ver un condón de verdad: «Como el Gobierno me lo mandó, fui a la tienda y compré un montón. Creía que los iban a regalar, pero los tuve que cotizar. Póntelo, pónselo cuando entres en acción».

Sin duda, una campaña polémica que ha salvado miles de vidas, además de evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.

Todos los que han meditado sobre el arte de gobernar a los hombres se han convencido de que el destino de los imperios depende de la educación de los jóvenes.

ARISTÓTELES

Durante la década de 1990, la mayoría de los que nacimos en democracia estábamos estudiando, haciendo deberes, jugando y algunas veces castigados sin postre. No hay una generación que haya nacido después de la década de 1970 en España que no haya sufrido al menos una modificación de la ley reguladora del sistema educativo. Los que empezamos con la EGB luego cambiamos con la LOGSE y al llegar a la universidad nos encontramos con la LOU y el Plan de Bolonia.

A los que bastante teníamos con estudiar, los cambios nos iban llegando por la información que daban en las asociaciones de padres de alumnos a nuestros padres o tutores. Cambios de nombres, con las consiguientes bromas (estar en ESO no sonaba igual que BUP), distintos libros, diferentes asignaturas. Incluso entre nuestros propios amigos, con un rango de edad de un par de años de diferencia, había quien estudiaba COU y quien hacía bachillerato.

A pesar de que los principios fundamentales del sistema educativo español se recogen en la Constitución de 1978, cada vez que ha llegado un partido político al Gobierno ha cambiado la ley de educación. Es lógico, puesto que las concepciones de los partidos son totalmente diferentes, y a medida que se ha avanzado en la historia de la democracia, las posturas se han polarizado cada vez más. Esto no es algo nuevo, pues, si echamos la vista atrás, vemos que ya antes de la dictadura se reformó la educación pública durante el bienio progresista, de 1931 a 1933: se estableció la escuela única, gratuita y obligatoria en enseñanza primaria, y se garantizaron la libertad de cátedra y la laicidad de la educación, que no debía tener más límite que la aptitud y la vocación de los estudiantes. Todas estas innovaciones se paralizaron en gran medida tras la victoria de los conservadores en las elecciones de 1933, y fueron retomadas con el Gobierno de 1936, que vio definitivamente frustrados sus esfuerzos por el golpe de Estado franquista.

Basta con analizar a grandes rasgos la evolución del sistema educativo desde la Ley General de Educación de 1970 para comprender que las cuestiones que ya se debatían hace ochenta años siguen hoy de algún modo en la pizarra. Con esta ley llega la generalización de la educación de los seis a los catorce años, con especial atención a su calidad y a la orientación hacia la vida laboral.

La Constitución establece la educación como uno de los derechos esenciales que los poderes públicos deben garantizar a todos los ciudadanos. En este sentido, en el artículo 27 se consagran los principios básicos: la norma suprema dice alto y claro que todos tenemos derecho a la educación, cuyo objeto debe ser el pleno desarrollo de la personalidad en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, además de reconocer la libertad de enseñanza.

Desde entonces se han sucedido distintas leyes, como:

– La Ley Orgánica de Estatutos de Centros Escolares en 1980 que introdujo el modelo democrático de organización de los centros.

– La Ley Orgánica de Derecho a la Educación en 1985 que principalmente reguló la doble red de centros públicos y privados, y de manera especial los centros concertados. – La Ley de Ordenación General del Sistema Educativo —LOGSE— en 1990 que amplió la escolaridad obligatoria hasta los 16 y reformó la estructura del sistema educativo desarrollando las competencias de las Comunidades Autónomas.

– La Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes en 1995 para desarrollar las nuevas estructuras de la LOGSE en los centros.

– La Ley Orgánica de Universidades en 2001 que vino a regular el sistema educativo en las universidades de acuerdo al Plan de Bolonia.

– La Ley Orgánica de Calidad de la Educación en 2002 que no llegó a ser puesta en marcha.

– La Ley Orgánica de Educación en 2006 que reforzó los principios establecidos por la Constitución, al considerar que los centros educativos han de formar ciudadanos educados en valores.

– La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa en 2013 que reestructuró una vez más el sistema, enfocándolo a los valores de emprendimiento y a la creación de futuros trabajadores con perfil de empresarios.

Sin entrar a analizar los aportes y recortes de cada una de ellas, lo que queda claro es que, a través de los sistemas educativos, los Gobiernos plasman su idea respecto al papel que han de desempeñar los ciudadanos en el sistema. La continua lucha entre la gestión pública y la privada (la dotación de fondos y recursos, como las becas), el papel de la Iglesia católica como institución que trata de controlar el adoctrinamiento de la ciudadanía en valores morales, el contenido de los currículos a través de la selección de asignaturas y el objetivo final del proceso educativo son los pilares básicos que marcan la diferencia.

Es evidente que hasta la fecha los Gobiernos de distinto signo político no se han apoyado en lo relativo a la legislación educativa. En ese juego de tira y afloja, se ha intentado modelar a las generaciones de estudiantes como si fuéramos figuras de barro: desde un lado añadían agua para que fuésemos más flexibles, abiertos, demócratas y tolerantes, y desde el otro nos armaban internamente con una suerte de tejido pensado para que saliésemos al mercado laboral con un perfil competitivo que generase riqueza económica para nuestro país.

El conocido como Plan de Bolonia ha sido la muestra clara de que algo que tenía una interesante presentación, con argumentos de globalización para poder fomentar la movilidad y el intercambio, suponía en realidad la mercantilización del conocimiento. En el momento que las empresas pasan a ser multinacionales y descubren la globalización en términos de rentabilidad económica, se dan cuenta de que también necesitan perfiles «globalizados», y poco o nada importan aquí los conocimientos en derechos humanos, sino la equiparación de titulaciones (que no de conocimientos) y un cambio en el sistema de financiación de las universidades. Las empresas pasan a participar de manera directa en los programas educativos, así como en la financiación de los campus universitarios, y los estudiantes dejan de recibir becas para entrar en una rueda de créditos que pagarán cuando hayan conseguido entrar en las multinacionales que los han «programado» previamente. La Universitas como referente del conocimiento universal se transforma en una suerte de academia que selecciona los contenidos con un pragmatismo al servicio del sistema.

Y la pieza clave de la «programación» viene de mucho antes; de más allá del Plan de Bolonia y de las disputas por la educación cívica en las aulas. La manzana de la discordia es la manera de educar. Desde los niveles más básicos, se nos forma para competir, y es esto lo que se debería replantear en el sistema educativo. Desde que tenemos memoria, hemos sido calificados con puntuación (las notas) que, lejos de marcar nuestra capacidad de adquirir conocimientos, han venido a determinar nuestra capacidad de competición.

En la educación radica la base y la clave para que una sociedad avance. Y no es precisamente en las aptitudes cuantitativas para alcanzar objetivos empresariales en las que debería centrarse un Gobierno, sino en los valores que fundamentan el desarrollo humano de la ciudadanía. No se trata de que seamos o no empresarios el día de mañana, sino de que, sea lo que sea lo que lleguemos a ser, compartamos todos un referente acerca de en qué consiste ser buenas personas (mejores ciudadanos, mejores trabajadores, mejores empleadores, mejores políticos...).

Vivimos en un mundo en el que todo se rige por criterios de beneficio y competencia, como bien señala Christian Felber. Incluso cuando se habla de crisis, automáticamente se interpreta que es económica. Pero ésa no es, ni de lejos, la más grave que estamos sufriendo, pues llevamos siglos viviendo en una crisis de humanidad. ¿Cómo podemos vivir nuestro día a día —con más o menos dificultad— sabiendo que miles de personas mueren sin lo más básico? Esto es posible, precisamente, porque estamos «programados» para estar ocupados y preocupados en una continua competición.

La verdadera revolución del sistema educativo sería educar sobre la base de la cooperación y el desarrollo de los valores humanos. ¡Qué diferente sería el planteamiento si los docentes pudieran tener como objetivo que el grupo de una clase aprendiera de manera conjunta, sin competiciones individuales, en una dinámica en que cada compañero fuera corresponsable del conocimiento de los demás!

Sin desmerecer los conocimientos que adquirimos en la escuela, faltan otros más fundamentales para toda nuestra vida. Desarrollar aptitudes como la empatía, la habilidad para resolver conflictos, técnicas de relajación... Se debería potenciar en los niños la capacidad de tomar decisiones propias, aprendiendo a sopesar y sobre todo a respetar las decisiones de los demás; fomentar las actitudes altruistas, y, en definitiva, profundizar en el conocimiento de los derechos humanos como una parte del saber tan importante como las tablas de multiplicar o más.

Mientras sigamos perdiendo el tiempo y tratando de moldear a los estudiantes con el fin de prepararlos para competir por dinero, continuaremos leyendo los titulares de los periódicos que tenemos hoy en día. Porque, detrás de los partidos políticos, de los bancos, de las instituciones, de las pistolas, hay personas. Cuando la corrupción se generaliza, cuando miles de millones de personas mueren sin acceso a lo que otros tiran, es señal de que hay un fallo en el sistema. Y es que, precisamente, quienes toman decisiones también lo hacen desde el paradigma de la competición y el beneficio, porque así fueron «educados».

Pitágoras dijo que, si educamos bien a los niños, no tendremos que castigar a los mayores.

En el proceso de deshumanización que estamos viviendo, es necesario y urgente que desaceleremos para pensar y sopesar. Para analizar y descubrir la libertad del individuo y la posibilidad de compartirla en sociedad. Para reconocer nuestro lugar en el mundo y fomentar una conciencia colectiva que se preocupe más por las cosas importantes que por las urgentes. Para asumir nuestro espacio y la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos como humanos, pero también con nuestro entorno como seres vivos.

Algo de esto se nos quedó cuando escuchábamos las letras de Pedro Guerra en la voz de Víctor Manuel y Ana Belén en 1994.

Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire.

Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes.

Ven, pero no con la rabia y los malos sueños.

Ven, pero sí con los labios que anuncian besos.

Tranquilo, majete.

CELTAS CORTOS

Esta canción sonaba en todas partes durante 1993 y 1994. Los de Pucela plasmaron en ella los principales problemas que llenaban los periódicos y los telediarios, y cada cual entendía aquello de «majete» de manera distinta. Un mensaje que bien podía lanzarse contra quien tuviera responsabilidad política frente a lo que estaba ocurriendo, así como hacia la ciudadanía, para que tomara la necesaria conciencia, pues no parecía reaccionar ante lo que veía.

Si en la tierra de los croatas

a hostia limpia está el mogollón,

Si en Somalia mueren como ratas

como ves en televisión...

Si en España el aumento del paro

ya va por el tercer millón,

y si el campo se va a la mierda

y el poder huele a corrupción...

¡Tranquilo! No te pongas nervioso, tranquilo,

tranquilo, majete, en tu sillón,

tranquilo, majete, en tu sillón.

Si hoy el sida es un primo hermano

que hace muy lujoso el amor,

si la mili acaba con todos

y es delito la insumisión...

Si en Latinoamérica matan

a los indios sin compasión,

si el Amazonas estira la pata

y si aumenta la polución...

¡Tranquilo! No te pongas nervioso, tranquilo,

tranquilo, majete, en tu sillón,

tranquilo, majete, en tu sillón.

Si estudiar vale para poco

al buscar tu colocación,

si los bares los cierran pronto

porque hay que ser «euroP2»...

Si para alquilar una casa

tienes que empeñar un riñón,

si no hay parques ni carril bici

y sólo hay contaminación...

¡Tranquilo! No te pongas nervioso, tranquilo,

tranquilo, majete, en tu sillón,

tranquilo, majete, en tu sillón.

Tras los Juegos Olímpicos y la Expo de Sevilla, España entró en su peor crisis hasta el momento desde que se inaugurara la democracia.

En 1993 la economía española cayó en recesión, igual que en la mayoría de las naciones europeas en ese momento, y se alcanzó la cifra más alta de desempleo, que llegó al 24 por ciento, mientras el déficit público alcanzaba un 7 por ciento del producto interior bruto.

La peseta sufrió varias devaluaciones seguidas hasta llegar a un 8 por ciento el 13 de mayo, recordado desde entonces como «el jueves negro».

Durante el Gobierno socialista, se realizaron fuertes inversiones públicas que permitieron hacer efectiva la universalización de la sanidad, desarrollar el sistema de educación, instaurar las pensiones no contributivas y desarrollar la protección al desempleo. Sin embargo, la situación económica del momento, tanto por factores externos como internos, hizo que las previsiones no se plasmasen en la realidad.

A todo ello se sumaron los escándalos de corrupción, que parecían salir por todas partes, lo que hizo que el apoyo de la sociedad española al Gobierno socialista se fuera debilitando cada vez más.

Una de las preocupaciones de la sociedad española era, además del paro y la corrupción, la seguridad ciudadana.

La Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, también llamada «ley Corcuera» (por el ministro del Interior, José Luis Corcuera) o «ley de la patada en la puerta», fue aprobada en 1992 y desató una gran polémica por lo previsto en su artículo 21. Se criticó sobre todo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pudieran entrar y registrar un domicilio por delito flagrante en materia de drogas sólo con contar con «el conocimiento fundado» de que se estaba cometiendo o se acababa de cometer el hecho delictivo.

El Tribunal Constitucional, en noviembre de 1993, declaró la inconstitucionalidad de este precepto. La reacción inmediata fue la dimisión del ministro de Interior.

De todo esto nosotros nos enteramos de pasada, una vez más, al aprendernos la canción que Sabina cantaba con Rosendo, «El blues de lo que pasa en mi escalera». Los que en aquel momento teníamos alrededor de diez años nos aprendíamos de carrerilla las letras así de rápidas y con palabrotas, aunque no nos enterásemos de la mayoría de las cosas que decían. Ahora, veinte años después, las recordamos y es inevitable sonreír, pues estábamos aprendiendo a ser más críticos de lo que podíamos imaginar y a desarrollar el ingenio de saltarnos los «tacos» para que no nos regañasen.

El más capullo de mi clase (¡que elemento!)

llegó hasta el Parlamento

y, a sus cuarenta y tantos años,

un escaño

decora con su terno

azul de diputado del Gobierno.

Da fe de que ha triunfado

su tripa, que ha engordado desde el día

que un ujier le llamó Su Señoría

y cambió a su mujer por una arpía

de pechos operados.

Y sin dejar de ser el mismo bruto,

aquel que no sabía

ni dibujar la o con un canuto.

El superclase de mi clase (¡que pardillo!)

se pudre en el banquillo

y, a sus cuarenta y cinco abriles, matarile,

y a la cola del paro

por no haber pasado por el aro.

Vencido, calvo y tieso,

se quedó en los huesos

aquel día que pilló a su mujer en plena orgía

con el miembro del miembro (¡que ironía!)

más tonto del Congreso.

Y sin dejar de ser el mismo sabio

que, para hacer poesía,

sólo tenía que mover los labios.

Y yo, que no soy más

listo ni tonto que cualquiera,

a mis cuarenta y pocos tacos,

ya ves tú,

igual sigo de flaco,

igual de calavera,

igual que antes de loco por cantar,

por cantar el blues

de lo que pasa en mi escalera.

La más maciza de mi clase (¡que cintura!)

cotiza la hermosura

y, a sus cuarenta y pico otoños,

hasta el moño del genio del marido,

huyó con otro menos aburrido.

Tanto ha prosperado que un Jaguar ha estrenado

el mismo día

en que la divorció de la utopía

un talón con seis ceros que le había

firmado un diputado.

Y sin dejar de ser la seductora

bruja que escondía

bajo la falda una calculadora.

Y yo, pobre mortal,

que no he gozado sus caderas,

a mis cuarenta y pocos tacos,

ya ves tú...

Por lo demás, ni más

ni menos larga que cualquiera...

Igual que antes de loco

por cantar,

por cantar el blues

de lo que pasa en mi escalera,

por cantar el twist

de las verdades verdaderas.

Por cantar un calipso

contra la ley Corcuera.

El Gobierno de González tuvo que tomar medidas que en no pocas ocasiones fueron muy criticadas. En el ámbito laboral, las necesarias reformas de urgencia ante la inminente crisis provocaron la reacción de los sindicatos, que convocaron la huelga general de enero de 1994 con el lema: «Hay que pararlos, te juegas mucho».

Las tensiones sociales, si bien es cierto que venían produciéndose desde la década de los ochenta, aumentaron significativamente ante la reducción tanto de las prestaciones para los desempleados como de la duración mínima de los contratos temporales. Además, se eliminó la obligación del empresario de contratar a sus trabajadores a través del proceso de selección del Instituto Nacional de Empleo y se posibilitó la creación de agencias de colocación sin fines de lucro para la búsqueda de trabajo temporal (ETT).

Aunque uno de los objetivos de las medidas tomadas por el Gobierno era la creación de empleo juvenil, las críticas se fundamentaron en la precariedad y en la eliminación de garantías que conllevaba.

Pocos meses después de la huelga, en mayo, entró en vigor la Ley 10/1994 sobre medidas urgentes para el fomento de la ocupación, duramente criticada por los sindicatos.

A pesar de las alarmantes cifras, a finales de este año comenzaron a observarse mejoras en los datos: la economía española experimentó un crecimiento del 2,4 por ciento del PIB y la tasa de desempleo empezó a reducirse.

Sin embargo, tras catorce años de Gobierno socialista, comenzaba a vislumbrarse su final. Durante 1995, a pesar de la recuperación de la economía y la mejora en las cifras de desempleo, el sistema de la Seguridad Social entró en déficit por vez primera. La consolidación del sistema público de pensiones en ese momento tuvo que hacer frente a una serie de dificultades. Los expertos, como Juan Torres López, señalaban que tres eran las principales: la debilidad de partida del propio sistema; el proceso de envejecimiento de la población, y los problemas derivados de la reconversión industrial y del sector agrario que generaban un desempleo masivo. Para hacer frente a estos problemas, el Estado debía considerar la necesidad de una fuerte inversión pública, tarea que, dada la realidad del momento, no iba a resultar fácil. En una situación de crisis económica, las medidas por parte del Gobierno iban en la línea de ajustes y reducción de la inversión pública, mientras, por otro lado, se sufría la presión de las fuertes demandas de privatización por parte de los empresarios y de los sectores de la banca y los seguros.

Ante esta situación, el Pacto de Toledo fijó una serie de puntos relevantes para reforzar el sistema público de Seguridad Social. Se acordó que las pensiones no contributivas serían financiadas por los presupuestos generales del Estado para poder fortalecer los fondos destinados a las pensiones contributivas; se creó un fondo de reserva y se llegó al compromiso de mantener el nivel adquisitivo y, en algunos casos (conciliación laboral, inmigración, situaciones de dependencia y discapacidad, entre otros), el de establecer medidas que ampliasen las prestaciones. Sin embargo, el Pacto de Toledo también abrió la puerta a los sistemas complementarios privados. Precisamente éste fue uno de los puntos más cuestionados al ser adoptado por un Gobierno socialista.

Las críticas sobre estos acuerdos se centraron en que fueron demasiado generales, y por ello después no han servido para concretar y exigir su cumplimiento.

Años después, en 2003, se llevó a cabo un acuerdo para la revisión del pacto. No desarrolló grandes cambios, y la sensación de los expertos fue que se inclinaba por no atajar realmente las causas de la creciente debilidad del sistema público de seguridad social. Aunque el pacto tuviera como objetivo reforzar el sistema público, según los expertos, no afrontó de manera clara los requerimientos para lograrlo.

A finales de 1995 se presentaron ante el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado, y fue entonces cuando el Gobierno socialista palpó su debilidad. Convergencia i Unió rompió el pacto de Estado y los presupuestos no obtuvieron los respaldos parlamentarios necesarios para ser aprobados.

En diciembre terminó nuestra primera presidencia de turno en la Unión Europea, y el 8 de enero de 1996 se hizo pública la convocatoria de elecciones anticipadas. Todo apuntaba al cierre de un ciclo de catorce años en el que España había cambiado más que en los cincuenta anteriores a la Constitución. Ya lo había dicho Alfonso Guerra en 1982: «Vamos a poner a España que no la va a conocer ni la madre que la parió», y así lo hicieron.

Todo arde si le aplicas la chispa adecuada.

HÉROES DEL SILENCIO

Empezaba el año con el cumplimiento de viejas promesas, como la que había hecho Negrín de dar la nacionalidad española a los brigadistas internacionales. En aquel momento la condición fue que renunciasen a la propia, y por eso muchos no la solicitaron. Fue en 2009, con la ley de memoria histórica, cuando se les reconoció la nacionalidad española por naturalización, por lo que ya no tenían que renunciar a su nacionalidad de origen.

En el mismo mes, el secuestro de José Antonio Ortega Lara nos avisó de que ETA estaba dispuesta a continuar amargándonos la existencia. 532 días en un zulo, que la sociedad española siguió, uno a uno, sufriendo con rabia e impotencia a medida que se sucedían los atentados.

España, a pesar de ir recuperándose lentamente, se teñía de gris. Y así el mensaje de optimismo y esperanza fue el que se utilizó en la campaña para las elecciones generales.

El vídeo que presentó el PSOE generó una gran polémica, pues intercalaba imágenes en blanco y negro cargadas de agresividad para hacer referencia a la derecha (fue conocido como «el vídeo del dóberman», porque una de las imágenes era la de un perro lanzándose a morder) con otras frescas, en color y con agradables mensajes para reflejar el progreso y la libertad que venían de la mano del socialismo.

Una voz narraba lo siguiente:

Hay una España en negativo de la incertidumbre, del retroceso. Y una España en positivo.

Nos quieren hacer creer que nada funciona. Quieren confundirnos y ocultar la realidad.

Pero la mayoría sabe que España ha mejorado. Creen en ella y en su futuro, les gusta vivir aquí.

La derecha no cree en este país. Nada les parece bien. Miran hacia atrás y se oponen al progreso. Por eso, para la mayoría no es la solución, es el problema.

Pero aún hay una España en positivo: la de hoy, la que no da la espalda a nadie. La que construye, vive y deja vivir.

Por este país moderno, progresista y libre, el día 3 de marzo, en positivo, vota PSOE, vota Felipe González. España, en positivo.

El Partido Popular, por su parte, también lanzaba un mensaje de optimismo. En su vídeo, una voz se dirigía a los ciudadanos hablando de la necesidad de afrontar los retos con ilusión. José María Aznar, que se presentaba ya por tercera vez, miraba a la cámara y decía:

España necesita un relevo en su Gobierno. España necesita un equipo de gente honrada y eficaz capaz de dar un impulso de renovación a nuestro país y de solucionar sus problemas. Hay una nueva mayoría de españoles que espera soluciones nuevas a problemas que ya se han hecho viejos. Luchar contra el paro y vencerlo, crear empleo estable, garantizar las prestaciones sociales y muy especialmente las pensiones de nuestros mayores. Son todas ellas iniciativas y soluciones que quiere presentar el Partido Popular y que recoge el programa que presentamos en estas elecciones. Necesitamos su ayuda y su voto, y se lo pedimos con la nueva mayoría para hacer un Gobierno honrado y eficaz para todos los españoles.

Con la nueva mayoría, con el Partido Popular.

La tasa de desempleo se encontraba en el primer trimestre de 1996 en el 22,83 por ciento, y España tenía por delante la tarea de cumplir con lo acordado en la firma del Tratado de Maastricht.

El 3 de marzo se celebraron las elecciones generales de manera anticipada. Los resultados dieron la victoria al Partido Popular, aunque la diferencia respecto al Partido Socialista fue muy pequeña. Precisamente por esta razón José María Aznar tuvo que buscar apoyos en los distintos grupos parlamentarios para ser investido como presidente del Gobierno. En las negociaciones, el nuevo Gobierno se comprometió a desarrollar la financiación autonómica y eliminar el servicio militar obligatorio. CiU, el Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria dieron su apoyo para la formación del Gobierno de la sexta legislatura de la democracia española.

Los que crecimos durante el Gobierno socialista llegamos a la adolescencia con un Gobierno radicalmente distinto. Aunque todavía no éramos conscientes de la mayoría de las cosas que sucedían en aquel momento, empezábamos a ver en la tele programas como Caiga quien caiga, que, de manera más o menos entretenida, nos hacían prestar atención.

Aquel verano escuchábamos «So payaso» de Extremoduro y empezábamos a salir en pandilla durante las vacaciones de verano en el pueblo. La libertad para nosotros era arañar media hora para volver más tarde a casa y comprarnos con nuestros ahorros los CD que no escuchábamos ya delante de nuestros padres. Nada que ver con la «libertad» que empezaba a implantar José María Aznar y su Gobierno.

Una de las primeras medidas de los populares fue la aprobación del Programa de Modernización del Sector Público Empresarial del Estado. Se trataba de continuar con el proceso iniciado en la etapa anterior, bajo Gobierno socialista, marcado por las directrices dadas tras la entrada en la Comunidad Europea.

A partir de 1996, tuvo lugar la venta de lo que los expertos consideraban «las joyas de la Corona», esto es, las principales empresas públicas que le quedaban al Estado: Telefónica, Repsol, Argentaria, Aceralia, Tabacalera, Gas Natural e Iberia, entre otras.

Durante este primer año, comenzó el desarrollo de la legislación necesaria para liberalizar el mercado de las telecomunicaciones. Durante 1994 y 1995, ya se habían dado algunos pasos en esta dirección (al autorizar un segundo operador de telefonía móvil digital), como preparación para lo que viniera de la mano de Bruselas.

Pero, sin duda, el colofón de la «cruzada por la liberalización» que emprendiera José María Aznar fue la liberalización del suelo. En 1997 se aprobó la Ley 7/1997, del 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales. Se iniciaba así el proceso de creación de la ya tan conocida «burbuja inmobiliaria».

La Ley 7/1997 y su posterior reforma con la Ley 6/1998 se fundamentaban en dos argumentos principales: por un lado, la falta de viviendas ante la demanda creciente y, por otro, las prerrogativas de los ayuntamientos en las decisiones sobre terrenos urbanizables.

El precio de la vivienda se disparó y la inversión en el «ladrillo» se convirtió en el negocio más rentable del momento. Los bancos comenzaron a dar créditos sin poner muchas dificultades y el sector de la construcción se convirtió en uno de los más rentables.

Los que estudiábamos en el instituto vimos como muchos de nuestros compañeros dejaron los libros para irse a la obra. En el recreo quedábamos para desayunar y llegaban con motos o coches, y de vez en cuando nos invitaban a tomar algo. Los que continuábamos estudiando nos ganábamos «unas pelillas» dando clases particulares o haciendo de canguros los fines de semana, y cuando salíamos a tomar algo todos juntos era evidente que los que habían dejado de estudiar «habían dado un pelotazo».

A pesar de que se redujera bastante el desempleo y los beneficios empresariales aumentasen mucho, los salarios no notaron la mejora que parecía ser generalizada en la economía. De hecho, los trabajadores sufrieron una reducción de su poder adquisitivo del 4 por ciento.

Por mucho que José María Aznar acuñara su famosa frase de «España va bien», un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha señalado que, durante este período, el Gobierno frenó la reducción de las desigualdades (materia en la que España había sido un ejemplo internacional durante el Gobierno socialista) y la pobreza aumentó.

Medidas como la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas contribuyeron a ello. La propuesta del Partido Popular generó una dura oposición por parte de la izquierda y los sindicatos, pues no respetaba criterios de equidad en la carga tributaria y constituía una amenaza para la sostenibilidad del gasto social. Se llamó «la rebelión fiscal de los ricos».

Sobre todo, es curioso cómo a vista de hemeroteca los titulares van mostrando los tiempos elegidos para plantear las reformas fiscales. Las devoluciones del impuesto sobre la renta llegaron justo antes de las elecciones del año 2000. El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales, Antonio Durán-Sindreu, afirmó incluso que el nuevo sistema de devolución rápida del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) «roza la ilegalidad y tiene inseguridades jurídicas».

Paso a paso y sin perder tiempo, se fue desmantelando el Estado de bienestar. En efecto, estábamos bajo un Gobierno claramente neoliberal. Mientras se privatizaba todo lo privatizable, se liberalizaba y se reducían impuestos (sobre todo a quienes mayor capacidad económica tenían), también se recortaba lo que los liberales llaman «gasto público» (esto es, la inversión en educación, sanidad y seguridad social).

De esta manera se creó la enorme brecha de la desigualdad: los ricos cada vez eran más ricos (hasta la clase media creyó serlo), mientras la mayor parte de la ciudadanía seguía cumpliendo con el fisco a cambio de perder derechos. En aquel momento todo el mundo estaba pendiente de encontrar «el chollo» de inversión y hacía cuentas en el aire pensando que nunca faltaría el trabajo (aunque sin plantearse que su salario podría ser mucho mejor teniendo en cuenta el avance general de la economía). Al banco se iba a pedir hipotecas como quien va a la frutería a comprar naranjas. De tanto escuchar la canción del momento, el «España va bien», todo el mundo se la creyó. Por la calle se veían coches, edificios en construcción, y a pesar de que en realidad todo eso era de los bancos y que todos dijeran aquello de «ya verás cuando esta burbuja estalle», nadie quería bajarse del carro.

Como en el Reino Champiñón de Super Mario Bros, el dinero estaba escondido detrás de los ladrillos. Las madres acuñaron una frase nueva (además de las ya conocidas: «come bien», «abrígate», «estudia»): «Cómprate un piso».

Y así se hizo: en la mayoría de los casos era más ventajoso comprar un piso que alquilarlo. Además, otra de las frases que acuñaron las madres era la de «alquilar un piso es tirar el dinero, pues, si pagas una hipoteca —que es más o menos igual—, sabes que al final será tuyo. Es una inversión». Y de esta manera se fue alimentando el individualismo: mientras hubiera trabajo, casa y coche, no habría razones para preocuparse por lo que estaba pasando. Del déficit en el que nos estaba metiendo el Gobierno no hablaba nadie, porque todavía casi nadie sentía la necesidad de ponerse a leer sobre el asunto.

Lo que preocupaba de manera generalizada a la sociedad española era el terrorismo. El asesinato de Miguel Ángel Blanco marcó un antes y un después. Recién liberado José Antonio Ortega Lara, tras más de un año de continuos asesinatos, la banda terrorista ETA endureció sus chantajes y la ciudadanía contestó de manera rotunda. Los que empezábamos a entender lo que pasaba aquel verano de 1997 lloramos por primera vez al ver lo sucedido. Millones de personas inundaron las calles con sus manos blancas para gritar por la paz, por el cese de la violencia, por el fin del terrorismo y del miedo.

Un año después, en 1998, ETA declaró su primer alto el fuego y José María Aznar autorizó los contactos con el que llamó «Frente de Liberación Vasco». Las conversaciones fracasaron y la banda terrorista rompió la tregua a finales de 1999. Esta noticia fue un duro golpe para la ciudadanía, que esperaba salir de esa pesadilla cuanto antes.

En ese momento España reafirmó su compromiso con la OTAN al adherirse a la estructura militar de mandos y participar en la fuerza internacional en Kosovo.

Eran los últimos meses de la primera legislatura del Partido Popular. En el último pleno del Congreso de los Diputados, el que fuera por aquel entonces ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, presentó una ley de extranjería para sustituir la aprobada en 1985 durante el Gobierno socialista. La ley propuesta fue considerada progresista y el Gobierno intentó introducir más de cien enmiendas con la finalidad de endurecerla. Pero la Cámara las rechazó (el Partido Popular gobernaba en minoría).Así que, a pesar de aprobarse esta ley, el presidente José María Aznar prometió en ese mismo instante que, si ganaba las siguientes elecciones que estaban a la vuelta de la esquina, una de sus primeras tareas sería cambiarla.

Del compromiso con la inmigración hablábamos en las aulas. En clase de Educación Física teníamos que preparar un ejercicio de expresión corporal y elegimos para desarrollarlo la canción de Celtas Cortos «El emigrante». No sabíamos de leyes, pero entendíamos la letra y compartíamos lo que decía en su totalidad.

Ésta es la vida del emigrante,

del vagabundo del sueño errante.

Coge tu vida en tu pañuelo,

con tu pobreza tira pa’lante.

Si encuentras un destino,

si encuentras el camino,

tendrás que irte a ese lugar.

El polvo del camino

cubre tu rostro, amigo,

con tu miseria a ese lugar.

Un dios maldijo la vida del emigrante.

Serás mal visto por la gente en todas partes,

serás odiado por racistas maleantes.

Y la justicia te maltrata sin piedad.

Todos hermanos. Todos farsantes,

hacen mentiras con las verdades.

Buscas trabajo y tienes hambre,

pero no hay sitio pa’l emigrante.

La tierra de Occidente ya no tiene vergüenza,

arrasa nuestra tierra, nos roba la riqueza.

¡Qué bien se come de restaurante!

¡Cuánta miseria pa’l emigrante!

Nuestros hijos se mueren,

estómago vacío.

Tú lo ves por la tele

después de haber comido.

Somos distintos,

somos iguales.

El futuro ya no es lo que solía ser.

ARTHUR CHARLES CLARKE

Llegó el año 2000. Todos habíamos hecho nuestras cuentas calculando qué edad tendríamos en ese momento y esperábamos con interés qué pasaría aquel sábado cuando nos despertásemos. Se hablaba del «efecto 2000», una profecía que auguraba desastres informáticos y catástrofes naturales.

No pasó nada, ni siquiera nos parecíamos un poco a los que salían en las películas de naves espaciales, que siempre vivían en el año 2000. Nada. Los españoles seguíamos teniendo los problemas de siempre, nos gustaba lo mismo y ese año además íbamos a tener elecciones.

Para los adolescentes, la preocupación era decidir qué hacer con nuestras vidas en los próximos años. Los que continuábamos estudiando ya estábamos más o menos encauzados en un bachillerato y comenzábamos a ser interrogados con aquello de «¿has pensado ya qué carrera vas a estudiar?».

En ese momento parecía que lo importante era que, eligieras lo que eligieses, fuera algo que «tuviera salidas». Estaban de moda la arquitectura, las ingenierías informáticas y las ciencias empresariales.

Los de la rama social y de humanidades éramos pocos en mi instituto, lo que nos permitió tener clases casi particulares de latín, griego, cultura clásica y filosofía, ya que en algunas de ellas no éramos más de siete alumnos. Hasta pudimos cursar como optativa la asignatura de psicología. La atención que nos prestaron los profesores en aquel instituto público, el Alejo Vera, fue clave en nuestra motivación, y la suerte que tuvimos aquel grupo fue la de contar con la dotación necesaria que por entonces tenían los centros de educación pública en las zonas rurales.

Conocimientos, sin duda, que fueron cruciales para el desarrollo de nuestros estudios universitarios.

La tasa de desempleo bajaba a medida que el déficit público aumentaba. De las elecciones salió fortalecido un Gobierno que acababa de estar en minoría y que desde ese momento tendría cuatro años por delante para continuar aplicando las medidas ya emprendidas.

Joaquín Almunia, elegido secretario general en el Congreso que el Partido Socialista celebró en 1997, era el candidato para la Presidencia. Los socialistas hicieron una fuerte campaña electoral contra José María Aznar. El vídeo que vimos en la televisión lanzaba mensajes claros y contundentes:

Mintiendo se han hecho populares.

Once personas nombradas por José María Aznar manejan dos de cada tres acciones que cotizan en Bolsa. Se quieren quedar con todo.

Los impuestos en España han subido dos puntos, pero los que más ganan han pagado 100.000 millones menos. A la mayoría, José María Aznar nos sale caro.

Ahora hay 25.000 becas universitarias menos que hace cuatro años. Para José María Aznar, hay «clases» y «clases».

Los beneficios de las empresas que cotizan en Bolsa han subido un 80 por ciento, mientras los salarios y las pensiones a duras penas mantienen su poder adquisitivo. Con la derecha, ya se sabe, siempre ganan los mismos. En gasto social España ha descendido al último lugar de la Unión Europea. No se puede caer más bajo.

No podemos seguir con un presidente de derechas que miente. Está lejos de los intereses y las ideas de la mayoría. Él sólo quiere aumentar su poder mientras debilita a España.

Ha llegado el momento de abrir una nueva etapa. Con Joaquín Almunia. Una persona cercana a tu forma de ser y de pensar. Un presidente sólido y fiable. Comprometido por igual con todos los españoles y españolas.

Somos más en la calle. Para ser más en el Parlamento el 12 de marzo, vota a tus ideas.

Haz posible con tu voto que gobiernen los progresistas.

Vota Joaquín Almunia. Partido Socialista, lo próximo.

Izquierda Unida presentaba a Francisco Frutos para esas elecciones, y en su campaña electoral lanzaba el mensaje «Somos necesarios». El actor Francisco Rabal era el narrador de su vídeo. Comenzaba describiendo la vida cotidiana de una familia española. En el mensaje se destacaba que ni la casa, ni el coche ni la tele eran suyos, sino del banco. Denunciaba los recortes sociales, las consecuencias de la globalización. Dos peces en una pecera alertaban hacia el final sobre la mala memoria y los riesgos de olvidar lo que había sucedido.

El Partido Popular, por su parte, pedía el voto para mantenerse en el Gobierno, por lo que su mensaje era radicalmente distinto. Mirando a cámara, José María Aznar decía estas palabras:

Nuestro objetivo es alcanzar el pleno empleo. Pero no miremos al pasado. En el pasado no están las recetas del progreso. Tenemos que invertir en futuro. Tenemos que mirar al futuro. Tenemos que mejorar nuestra educación y nuestras comunicaciones e invertir más en innovación y nuevas tecnologías. Tenemos que fomentar nuestra cultura. Tenemos que dar oportunidades a todos. Ésa es la gran apuesta de España, ésa es nuestra gran oportunidad.

Vamos a más. Vota Partido Popular.

Conservar la naturaleza es también un método inteligente de progresar. El progreso y el medio ambiente no pueden ser incompatibles.Tenemos que mejorar la calidad de nuestras aguas, tenemos que mejorar nuestras costas, tenemos que poner en marcha planes de reforestación, a los que queremos dedicar más de 350.000 millones de pesetas. Queremos, en definitiva, que el progreso y el medio ambiente sean compatibles. De eso, en gran medida, depende nuestro bienestar.

Y el Partido Popular ganó con mayoría absoluta. Joaquín Almunia dimitió como secretario general y en el mes de junio José Luis Rodríguez Zapatero fue elegido nuevo líder del Partido Socialista.

La economía española seguía creciendo. Seguía hinchándose la burbuja inmobiliaria y los bancos continuaban firmando contratos con sus clientes por más de lo que éstos necesitaban y tasando las viviendas con valores exagerados.

Todo iba viento en popa para la banca, las agencias inmobiliarias y el sector de la construcción. Gracias a la subida del petróleo, Repsol aumentó considerablemente sus beneficios. En definitiva, los que tenían cada vez tenían más. Pero los salarios y la capacidad adquisitiva de la mayoría de los ciudadanos no mejoraba. Eso sí, se endeudaban para vivir como si las mejoras de la economía también fueran beneficiosas para ellos.

ETA seguía matando. Sus asesinatos eran un goteo constante. A finales de año se firmó el Pacto Antiterrorista entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, el Partido Socialista. Ambos se comprometían a no utilizar el tema del terrorismo (considerado problema de Estado) con fines electorales; se rechazaba cualquier tipo de violencia; se reconocía el Estatuto de Guernica como marco institucional; se apoyaba la dotación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado —de manera especial, de la Ertzaintza—; se aseguraba el respeto a la normativa penitenciaria para los delitos por terrorismo, el mantenimiento de la cooperación internacional —sobre todo con Francia y la Unión Europea— y el apoyo a las víctimas del terrorismo. Además, se estableció la creación de una fundación y se aseguró la voluntad del compromiso duradero en estos principios de cara al futuro y la necesaria colaboración de todos para terminar con el terrorismo de ETA.

Este pacto fue muy bien acogido por la sociedad, pero no contó con el apoyo de los partidos nacionalistas. El punto de partida no era el óptimo, si lo que se pretendía precisamente era un compromiso incluyente para combatir un problema común. Hubo muchas dificultades para su puesta en marcha y se produjeron tensiones políticas, entre otras razones, por la falta de acuerdo entre el Gobierno central y el Gobierno vasco para reforzar y ampliar la plantilla de trabajadores de la Ertzaintza. Por ello fue necesario contratar escoltas privados, y se acusó a Jaime Mayor Oreja, que era el portavoz del grupo popular en el Parlamento Vasco, de tener intereses personales en la contratación de seguridad privada.

En el mes de junio de 2002 se aprobó la ley de partidos políticos (Ley Orgánica 6/2002), con el 95 por ciento de los votos a favor en el Congreso de los Diputados. Entró en vigor un mes después. En agosto ETA volvió a matar y en el Parlamento Vasco Batasuna no condenó el atentado. El PP y el PSOE iniciaron el procedimiento para solicitar la ilegalización de Batasuna con base en la ley de partidos.

El Tribunal Supremo dictó sentencia en marzo de 2003 y Batasuna quedó ilegalizado.

A finales de ese mismo año, el lendakari Juan José Ibarretxe presentó una propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, conocido como el Plan Ibarretxe, que fue aprobado en el Parlamento Vasco en la primavera de 2004. Sin embargo, en febrero de 2005 el Congreso de los Diputados rechazó la propuesta del Parlamento Vasco. Ibarretxe adelantó las elecciones autonómicas y en abril volvió a ser elegido lendakari, aunque en estos comicios la coalición entre el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna perdió apoyos y el Partido Socialista de Euskadi ganó representación, convirtiéndose así en la segunda fuerza política del País Vasco.

Los que vivíamos ajenos a lo que ocurría (y en este asunto no era solamente una cuestión generacional) prácticamente desconocíamos todo respecto a este proceso. La información que nos llegaba, más allá de los asesinatos de ETA y de las siglas de distintos partidos, venía siempre marcada por una enorme lejanía que nos hizo conocer más bien poco del llamado «conflicto vasco». De esta lejanía nos dimos cuenta algunos de los que participamos en un campo de trabajo de recuperación de las Bardenas, en Navarra, cuando fuimos a visitar por vez primera Estella y la sierra de Urbasa. Allí convivimos con compañeras y compañeros de todas las comunidades autónomas, y pudimos entender que detrás de cualquier conflicto hay gente que sufre y vive una realidad muy distinta a la que nos contaban por la tele. Aprendimos a no ofendernos cuando entre vascos hablaban en vasco y entre catalanes en catalán. Lo que nos daba era envidia —sana— por no entenderlos, pero entonces se fraguaron amistades que aún hoy perviven, basadas en el respeto y, sobre todo, en las ganas de comprender.

Crecíamos y aprendíamos a no estar de acuerdo. Comenzamos a prestar atención al telediario y hacíamos comentarios sin estar todavía muy seguros, mientras preguntábamos quién era quién y por qué pasaban las cosas que empezábamos a intentar entender.

Así vivimos en primera persona los atentados del 11 de septiembre. No dábamos crédito. En el telediario de las tres nos quedamos clavados y se nos cortaron en seco las ganas de comer. Parecía una película, pero el descontrol de los presentadores nos iba confirmando que el miedo que sentíamos era real. Empezamos a llamarnos unos a otros mientras mirábamos el televisor para avisarnos de lo que pasaba. No entendíamos nada, pero no nos sorprendió llorar junto a nuestros padres al ver a la gente saltar desde las ventanas al vacío.

Por el momento no había nadie en quien pensar, nada contra lo cual protestar. Pero comenzamos a leer los periódicos en el tren camino a la facultad. El desconcierto fue lo único que tuvimos durante un tiempo, pero poco a poco nos pusimos al día de lo que ocurría también a nuestro alrededor. Sentíamos ya la necesidad de informarnos para comprometernos con lo que sucedía.

Para muchos, nuestra primera manifestación multitudinaria fue la organizada contra la Ley Orgánica de Universidades. Acabábamos de empezar la universidad y, desde la delegación de alumnos de mi facultad, nos movilizamos para protestar. Hicimos el viaje en tren y, al salir del metro de Moncloa, no nos podíamos creer la cantidad de gente que llenaba la calle. Nos encontramos con compañeras y compañeros de otras facultades y del instituto. Miles de personas con un mismo mensaje: «Por una universidad pública y de calidad, no a la LOU».

El Plan de Bolonia se acercaba, y no estábamos dispuestos a abrirle la puerta de nuestras facultades a las intenciones de privatizar la educación que pondrían fin a las becas y a la igualdad de oportunidades.

En aquel momento se preparaba también la Ley Orgánica para la Calidad de la Educación (LOCE), que afectaba a la educación primaria y a la secundaria y que pretendía modificar el sistema educativo mediante la imposición de la obligatoriedad de la asignatura de religión, el cambio de los contenidos de los currículos educativos, el recorte de becas y, en definitiva, la armonización de la legislación en la misma línea que la LOU, de cara a la implantación del Plan de Bolonia.

Fue la primera vez que vimos antidisturbios. Y que corrimos sin saber adónde ir.

Coreábamos todos juntos lo mismo que hoy se sigue escuchando: «Esto nos pasa por un Gobierno facha». Y lo que en aquel momento era de actualidad: «Que Gescartera nos pague las carreras».

Y es que tan sólo unos meses antes, en el verano de 2001, la Comisión Nacional del Mercado de Valores había intervenido la Agencia de Valores Gescartera Dinero, que tenía un agujero de cien millones de euros. La presidenta de esta agencia era la hermana del secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna (que dimitió a los seis días de hacerse pública esta información).

En 2008 se dictó sentencia contra Antonio Camacho —el dueño de Gescartera— por un delito de apropiación indebida y falsedad documental.

El caso Gescartera destapó las actividades de dudosa legalidad de fundaciones y organizaciones a las que parecía que el dinero no les daba alergia, que fue precisamente lo que le sucedió a mucha gente cuando, en enero de 2002, entraron en circulación las nuevas monedas y billetes del euro.

Durante unos meses convivieron la peseta y quien había llegado para reemplazarla. Había calculadoras especiales que hacían la conversión, y volvimos a los tiempos de los céntimos y el redondeo. No era lo mismo que un café costase cien pesetas que un euro, pero de una manera u otra todo subió de precio (huelga decir que los salarios no). Desaparecieron las tiendas de «todo a cien» y pasaron a llamarse «todo a un euro» (si se hacían cuentas, lo que antes valía «veinte duros», pasaba a costar unas ciento sesenta pesetas).

Los que tuvimos que adaptarnos al cambio todavía seguimos haciendo la conversión para hacernos una idea de lo que cuestan algunas cosas. Con cantidades pequeñas, funcionamos en euros, pero, cuando entramos ya en los miles, hacemos automáticamente el cálculo en lo que para nosotros eran millones.

La película Los otros de Alejandro Amenábar arrasaba en la gala de los premios Goya. Contaba la historia de quienes confunden la realidad y piensan que están vivos a pesar de estar muertos... Más o menos lo que nos ocurría a los españoles en aquel momento: nos sentíamos vivos, nadando en la abundancia. Pero en realidad todo era mentira, aunque, como en la película, todavía nos faltaba un poco de tiempo para darnos cuenta.

Mientras nos sentíamos cada vez más europeos, compartiendo moneda con nuestros vecinos —que no salarios ni impuestos—, en España se abría un debate que generó confrontación entre distintas regiones. El Plan Hidrológico Nacional fue la causa de manifestaciones y disputas sobre la distribución del agua. Hacía unos meses se había aprobado la Ley 10/2001 que establecía las bases para la posterior puesta en marcha de la coordinación de los planes hidrológicos.

El eje central del Plan Hidrológico propuesto por el Gobierno popular consistía en lo que se llamó «el trasvase del Ebro»: transferir agua desde la cuenca del Ebro hasta las cuencas internas de Cataluña, del ámbito territorial del Plan Hidrológico del Júcar, del Segura y del Plan Hidrológico Sur (principalmente, esto afectaría a Cataluña, Valencia, Castellón, Alicante, Murcia y Almería).

Las críticas a esta iniciativa se fundamentaban en criterios ecológicos y medioambientales, puesto que realizar un trasvase de un río que no garantizaba ni tan siquiera el abastecimiento de su propia cuenca dañaría seriamente el ecosistema.

Se criticaba, además, que el plan no presentara otras medidas para un uso más eficaz del agua ni cuestionara de ningún modo las causas de la demanda, que en muchos casos respondía a las necesidades generadas por un desarrollo urbanístico insostenible en las zonas del Levante español.

Quienes apoyaban el plan criticaban a su vez a los detractores, a quienes llamaban insolidarios, y promovían campañas como la que tuvo como lema «Agua para todos».

La guerra del agua estaba servida y una vez más se confundía a la gente, pues el Gobierno no facilitaba información que permitiera comprender lo que estaba pasando. Los partidos políticos se encontraron en una difícil situación, pues se enfrentaban aquí intereses generales, autonómicos y, de manera muy concreta, electorales. Es fácil imaginarse las dudas si se escucha a Jarabe de Palo...

Agua y sed, serio problema,

cuando uno tiene sed,

pero el agua no está cerca.

Cuando uno quiere beber,

pero el agua no está cerca.

¿Qué hacer?, ¿tú lo sabes?,

¿conservar la distancia?,

¿renunciar a lo natural

y dejar que el agua corra?

A nivel nacional, el Partido Socialista mostraba su rechazo ante la propuesta del Gobierno popular, pero en los ámbitos regionales los intereses del partido se dividían hasta tal punto que llegaron a plantearse discusiones internas. Un socialista murciano o valenciano se encontraba entre la espada y la pared: la oposición a los planes propuestos por el Partido Popular podría acarrear un coste electoral en su región. Lo mismo le sucedía a los populares de Aragón o Cataluña, que tenían muy difícil defender la postura del trasvase del Ebro en contra de los intereses de su propia región.

El conflicto generado fue una de las primeras cuestiones que Rodríguez Zapatero abordaría tras llegar al Gobierno, poniendo en valor la apertura del diálogo y la búsqueda de soluciones que trataran de pacificar los ánimos crispados durante la segunda legislatura de José María Aznar.

La primera protesta que puso de manifiesto el hartazgo de la población ante la política autoritaria de José María Aznar tuvo lugar el 20 de junio de 2002. Era el segundo año en el que el PIB descendía. La economía española empezaba a dar señales de la proximidad del fin de sus buenos tiempos.

Si bien seguían creándose empleos, el ritmo se redujo y la calidad disminuyó aún más. La precariedad laboral estaba en torno al 30 por ciento, el triple que la media europea, de un 10 por ciento. El Gobierno congeló los salarios públicos, aumentó los impuestos al consumo y las tasas, mientras reducía las inversiones públicas: recortó en sanidad, en educación y en la cobertura al desempleo. Dejó de invertir en las arcas públicas el equivalente a un billón de las ya antiguas pesetas.

Tras una primera legislatura sin conflictos sociales notables en la que José María Aznar no tuvo más remedio que recurrir al consenso y al pacto debido a su minoría parlamentaria, su victoria con mayoría absoluta le dejó el campo abierto para tomar decisiones de manera unilateral, y creyó que así se ahorraba dar explicaciones. El conocido «decretazo», que es como se llamó al Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Reforma del Sistema de Protección por Desempleo y Mejora de la Ocupabilidad, fue el punto de inflexión.

En junio terminaba la presidencia de España en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, con una reunión de la cumbre en Sevilla. José María Aznar parecía decidido a demostrar su fortaleza ante los vecinos de Europa, y unos días antes de la cumbre el Gobierno presentó el decretazo en el Congreso de los Diputados, donde solamente obtuvo los votos favorables del Partido Popular.

No contaba el Gobierno con la respuesta de los sindicatos, que convocaron una huelga general para la jornada del 20 de junio, un día antes del comienzo de la cumbre en Sevilla.

Los motivos de la huelga eran principalmente dos: el contenido de la reforma propuesta y la manera en que se había decidido.

La iniciativa del Gobierno planteaba cuestiones de tanto retroceso en los derechos laborales como el abaratamiento del despido, la limitación en la prestación por desempleo —condicionándola a la aceptación de las ofertas de «empleo adecuado» por parte del INEM—, la reducción de los derechos de los inmigrantes que hubieran trabajado fuera de España y la limitación de las garantías de desempleo para los trabajadores del Plan de Empleo Rural (PER) de Andalucía y Extremadura, entre otras.

Estas decisiones las había tomado el Gobierno sin previa consulta a los sindicatos y las anunció sin dar lugar al diálogo.

La huelga mostró claramente que el Gobierno de José María Aznar, por mucha mayoría parlamentaria que tuviera, se encontraba en minoría en las calles. Ante la tensión social, el Gobierno cambió inmediatamente a una serie de ministros, entre ellos, el de Trabajo. Así llegó Eduardo Zaplana al frente del Ministerio de Trabajo para comenzar el diálogo con los sindicatos.

Tras las conversaciones mantenidas, el Gobierno cedió en los puntos exigidos por los representantes de los trabajadores, lo que marcó aún más el comienzo del fin de un Gobierno que pretendía legislar haciendo uso de su mayoría parlamentaria a golpe de decretazo contra la ciudadanía. Años después, en 2007, iba a ser el propio Tribunal Constitucional quien sentenciara la inconstitucionalidad de la iniciativa del Gobierno de José María Aznar.

Era inevitable sonreír cuando ponían en la radio la canción que estrenaban los murcianos M Clan en aquel momento:

Arriba las manos,

abajo los pies.

Soy el antihéroe,

nada se me da bien.

Tengo problemas que resolver,

me caigo en los charcos,

no puedo beber.

Soy sólo una sombra de lo que tú crees,

la gente se ríe cuando hablo en inglés.

No tengo carisma ni página web,

soy el antihéroe, no me trate de usted.

La cumbre en Sevilla pasó prácticamente desapercibida —casi tanto como la operación en la isla Perejil—, a pesar de que el Gobierno hiciera todo lo posible por utilizar los medios de comunicación públicos para restar fuerza a la huelga y desinformar a los ciudadanos, según consideró, entre otros, el sindicato de Comisiones Obreras, que interpuso una demanda contra Televisión Española.

En octubre, el director de informativos Alfredo Urdaci leyó el siguiente comunicado: «La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha estimado favorablemente la demanda interpuesta por el sindicato CCOO contra el Ente Público Radiotelevisión Española y Televisión Española S.A., por vulneración de los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical como consecuencia del tratamiento informativo ofrecido durante la huelga general del pasado 20 de junio de 2000. La sentencia, que aún no es firme, obliga a Televisión Española a emitir durante un día una información completa del fallo en todos sus telediarios. Radiotelevisión Española y Televisión Española S.A. han recurrido esta sentencia ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo».

La lectura del comunicado provocó la sorpresa de los que estábamos viendo el telediario y el enfado de Comisiones Obreras, pues, al referirse al sindicato, en lugar de expresar el nombre completo, Urdaci leyó literalmente las siglas «Ce Ce O O». Diez años después todavía se recuerda aquel telediario.

Unos días más tarde, en la costa gallega, a cincuenta kilómetros de Finisterre, un buque petrolero sufrió un accidente, cuyas consecuencias iban a ser devastadoras.

El 13 de noviembre explotó el tanque del buque Prestige, que transportaba más de 70.000 toneladas de fuel. Ante el elevado riesgo de hundimiento, el Gobierno tomó la decisión de mover el barco mar adentro, pues supuso que allí se causarían menos daños (ecológicos, medioambientales y económicos) si finalmente el buque se hundía (decisión que años más tarde iba a ser criticada incluso por instancias europeas).

Días después, el 19 de noviembre, el Prestige terminó por hundirse a 250 kilómetros de la costa. El Gobierno informó de que, en principio, no debían plantearse problemas, puesto que la baja temperatura del agua y la presión impedirían la extensión del petróleo. El entonces ministro del Interior, Mariano Rajoy, calificó los escapes que se producían como «hilitos de plastilina», para dar a entender que eran ínfimos y no planteaban ningún riesgo.

Pronto se comprobó que aquellos «hilitos de plastilina» se convertían en fugas de unas 100 toneladas al día. Las costas gallegas, portuguesas, asturianas y hasta francesas fueron cubriéndose de chapapote.

Durante las vacaciones del puente de la Constitución, miles de jóvenes se trasladaron a las costas gallegas como voluntarios para ayudar a limpiar y eliminar el chapapote. Y lo hicieron sin medios ni ayuda por parte del Gobierno, según comentaban al regresar a casa.

A pesar de los miles de millones de euros destinados a paliar las pérdidas de los pescadores, los trabajadores y las familias de la zona, los daños ecológicos causados son irreversibles.

La marea negra llegó a Madrid en febrero de 2003: cientos de miles de personas acudieron a una manifestación que exigía al Gobierno conocer la verdad de lo sucedido, al tiempo que mostraba la solidaridad con el pueblo de Galicia, Asturias, el País Vasco, Portugal y Francia. Organizaciones ecologistas, asociaciones y partidos políticos —a excepción del Partido Popular— levantaron pancartas con el «Nunca más». De aquel momento aún guardamos imágenes en negro que no se nos borran, como los versos de Rafael Amor:

¡Ay, qué pena, Rosalía,

da ver a tus pescadores,

por las costas y las rías,

que con lágrimas salobres

tejen redes de osadía

para rescatar la vida

cautiva del chapapote!

¡Ay, qué dolor de Galicia!

Con las alas embreadas.

La mar, que siempre fue amiga,

es una tumba salada.

La espesa muerte extendida

y las voces desoídas

clamando desesperadas.

En una frágil barquita,

pero sabia y marinera,

al alba el pueblo ha zarpado

para parar la marea

sin más armas que sus manos,

dientes y uñas, arrancando

la muerte que lo rodea.

Los caminos del amor

confluyen en su calvario,

vienen de los cuatro puntos,

Rosalía, solidarios.

Vienen como aves heridas

al mandato de la vida

bandadas de voluntarios.

Una y otra vez el pueblo,

al que le sobran razones,

ante el abuso y la entrega

va fundando corazones,

multiplicando latidos

y condenando al olvido

la sombra de los traidores.

Tanto abandono y desprecio,

si lo vieras, Rosalía,

y a la vez ¡cuánto coraje!,

en medio de la agonía.

Luchando con tanto afán,

«A xustiza pola man»,

nuevamente cantarías.

El mes de febrero, frío y lluvioso, nos hizo salir a las calles por distintas razones. Días antes de la marea negra que gritaba «Nunca mais», salimos para gritar «No a la guerra».

El día quince de marzo millones de personas en todo el mundo tomamos las calles para exigir a nuestros Gobiernos que no entrasen en guerra contra Irak.

Inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos y Reino Unido iniciaron la operación militar «Libertad Duradera» en Afganistán, donde, según la Administración Bush, se encontraba Osama Bin Laden, el supuesto responsable de los atentados.

España envió sus tropas en enero de 2002 en misión de paz bajo los auspicios de Naciones Unidas.

Derrocado el régimen talibán de Afganistán, el siguiente objetivo era Irak, pues Bush consideraba que Sadam Hussein apoyaba el terrorismo de Al-Qaeda y poseía armas de destrucción masiva. Estas mismas razones fueron las que el presidente José María Aznar dio a los españoles para justificar el apoyo a Estados Unidos, puesto que la seguridad mundial se veía comprometida por esas supuestas armas de destrucción masiva. Años más tarde se iba a reconocer públicamente su error, pues las famosas armas no existían.

Un mes después de la multitudinaria protesta, José María Aznar se reunió con Bush, Blair y Barroso en las Azores para plantear un ultimátum a Sadam Hussein. A su regreso de esa reunión, el presidente de España informó que, si había guerra contra Irak, nuestro compromiso era enviar tropas de apoyo logístico, pero no participaríamos en el ataque. Sea como fuere, se enviaron novecientos soldados y tres buques.

A pesar de las protestas, de las plataformas, de las reivindicaciones hasta en la gala de los premios Goya, el 20 de marzo comenzó la guerra contra Irak y volvimos a salir a la calle para repetirle a nuestro Gobierno un rotundo «No a la guerra». Ni apoyo logístico ni armas de destrucción masiva. No nos creíamos nada y no estábamos dispuestos a que muriese nadie en ningún lugar del mundo. Era indignante que los que declaraban una guerra para instaurar la democracia fueran precisamente quienes no escucharan a sus ciudadanos.

La política internacional nos interesaba. La seguíamos cada día y comentábamos las noticias de los periódicos en las aulas de la facultad. Por entonces tuvimos que estudiar el tratado que establecía una Constitución para Europa, y algunos voluntarios comenzamos a participar de manera activa en actos informativos a favor de la participación en el referéndum. Un tiempo después, con una baja participación, España iba a confirmar su aprobación del documento, que finalmente se convertiría en el Tratado de Lisboa en 2007.

Aunque estábamos pendientes de lo que sucedía en el plano internacional, también seguíamos con interés la actualidad en España. En el verano, después de quedarnos sin comprender del todo lo que ocurrió en el «Tamayazo» (cuando dos diputados socialistas en la Asamblea de Madrid no apoyaron la investidura de su propio candidato, Rafael Simancas, que había ganado las elecciones autonómicas, y le dieron así el Gobierno al Partido Popular de Esperanza Aguirre), algunos vimos el debate del estado de la nación con la misma intensidad que se veían los partidos de fútbol.

Vimos a un líder socialista en la oposición fuerte, tranquilo, que le dijo al presidente muchas de las cosas que estábamos pensando desde el otro lado del televisor. Descubrimos un nivel político muy diferente entre la crispación continua —en el fondo y en las formas— de José María Aznar y los mensajes contundentes, claros y convincentes de la oposición, tanto en las palabras de Rodríguez Zapatero como de Llamazares.

Sonaba en la radio una canción, que mostraba bien el hartazgo que cada día era más evidente. Alejandro Sanz se escuchaba por todas partes y nos hacía pensar que, efectivamente, si se miraba el panorama, había opciones y no todo era lo mismo.

Eres tanta gente que dime:

¿con quién hablo ahora?,

¿no ves que no sois iguales?

Eres la de «quédate conmigo,

prometo darte tormento, darte malos ratos».

Yo te prometo, si me escuchas, niña, darte arte,

que no es lo mismo que:

«quédate y ya veremos».

No es lo mismo ser que estar,

no es lo mismo estar que quedarse, ¡qué va!

Tampoco quedarse es igual que parar,

no es lo mismo

será que ni somos, ni estamos

ni nos pensamos quedar.

Pero es distinto conformarse o pelear,

no es lo mismo... es distinto.

No es lo mismo arte que hartar,

no es lo mismo ser justo que ¡qué justo te va!... (verás).

No es lo mismo tú que otra, entérate,

no es lo mismo,

que sepas que hay gente que trata de confundirnos,

pero tenemos corazón, que no es igual,

lo sentimos... es distinto.

Vale que a lo mejor me lo merezco.

Bueno, pero mi voz no te la vendo,

puerta, y lo que opinen de nosotros...

Léeme los labios, yo no estoy en venta.

Vale que a lo mejor lo merecemos.

Bueno, pero mi voz no la vendemos,

puerta, y lo que opinen de nosotros...

Léeme los labios, a mí me vale madre.

Puerta y aire, que me asfixio,

que no se trata del lado que quieras estar,

que estar de un lado o echarte a un lado... (verás).

No sé cómo decirte, no es lo mismo.

Vivir es lo más peligroso que tiene la vida,

que digan por televisión

que hay suelto un corazón,

que no es igual,

que es peligroso... que es distinto.

No es lo mismo basta o va a estar,

ni es lo mismo decir, opinar, imponer o mandar,

las listas negras, las manos blancas... (verás).

No es lo mismo,

no gana el que tiene más gana,

no sé si me explico,

que hoy nadie quiere ser igual,

que más te da,

no es como un «ismo»... es instinto.

Tengo pomada pa to los dolores,

remedios para toda clase de errores,

también recetas pa la desilusión.

La tensión política era evidente. En la facultad no se hablaba de otra cosa: comentábamos la prensa en distintas asignaturas desde un enfoque jurídico y se planteaban debates sobre la legalidad o ilegalidad de las decisiones que estaba tomando el Gobierno. Empezamos 2004 con José María Aznar apoyando las intervenciones en Irak desde el Congreso de Estados Unidos, y mientras le escuchábamos sentíamos que cada día estábamos más cansados de su actitud. Había dejado ya de hacernos «gracia» su manera de hablar en inglés, su soberbia exagerada y su tono tan fácil de imitar. Sentíamos que nos estaba metiendo en problemas.

Era un momento de intensa actualidad en todos los ámbitos: en Derecho Administrativo, hablábamos sobre la ley del suelo; en Derecho Constitucional, sobre las reformas de los estatutos y el Plan Ibarretxe; en Derecho Penal, sobre las modificaciones recientes del Código de 1995; en Derecho Comunitario, sobre el Tratado para la Constitución Europea que votaríamos en febrero de 2005... Manifestaciones, conferencias, conciertos y unas elecciones a la vuelta de la esquina, en las que teníamos muchas ganas de votar y de «botar».

El 11 de marzo había huelga de estudiantes en las universidades Madrid. Por eso algunos nos quedamos a estudiar en casa. Era costumbre desayunar mientras se escuchaba la radio y comentar las noticias, y aquella mañana se nos heló la sangre. Entre las siete y media y las ocho de la mañana por la radio empezaron a hablar de la explosión de los trenes que habían salido de la estación de Alcalá de Henares.

A los cinco minutos comenzó a sonar el teléfono. Ninguno de los de mi casa habíamos cogido el tren esa mañana, pero la familia y los amigos querían saber si estábamos bien. Cundió el pánico y encendimos la televisión. No nos podíamos creer lo que estábamos viendo y no sabíamos qué hacer ni adónde ir.

Seguimos atentos las noticias: la radio, la tele, internet. Llamamos a compañeros de clase, amigos de otras facultades y de Guadalajara para asegurarnos de que estaban todos bien. Se colapsaron las líneas, y a algunos nunca los volvimos a escuchar.

Desde el primer instante, recordamos los atentados de las Torres Gemelas. Parecía sacado de la misma película de terror.

Después de pasar la mañana siguiendo las noticias y comentando todo tipo de ideas, a mediodía el ministro de Interior, Ángel Acebes, apareció para dar un comunicado en que informó de la autoría de ETA. No nos lo podíamos creer y pasamos la tarde buscando información en periódicos internacionales, donde prácticamente nadie apuntaba a ETA.

Al final de la tarde, el ministro apareció de nuevo para suavizar su mensaje y dar a entender que todavía la autoría no estaba clara. En ese momento empezamos a sospechar que había un cierto interés por parte del Gobierno en dar a entender que había sido ETA.

¿Por qué ese deseo de apuntar hacia la banda terrorista? Pues porque, si se confirmaba que el atentado había sido a causa de la participación de España en la guerra de Irak, todos señalaríamos con el dedo al presidente del Gobierno por habernos metido en una guerra que jamás apoyamos.

Dirigir la duda contra ETA hacía ganar tiempo al Gobierno, pues las elecciones se iban a celebrar el siguiente domingo. Y así se pudo ver y escuchar si se cambiaba de canal y de emisora en la radio. Mientras unos medios llegaban incluso a plantear que algún partido político pudiera estar detrás de ETA y de los atentados para conseguir réditos electorales con la confusión, otros llamaban a la prudencia y proponían esperar más información sobre las pruebas encontradas.

Al día siguiente de los atentados, llegaron mensajes a los móviles incitando a acudir a manifestarse frente a la sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid y exigir una explicación antes de las elecciones. En ese momento, muchos ya teníamos decidido que votaríamos y a quiénes, y precisamente porque lo que dijera José María Aznar a esas alturas ya nos daba igual, no fuimos a pedirle explicaciones, pues ya no nos creíamos nada.

La jornada de reflexión la utilizamos para pensar en la necesidad de asumir un compromiso personal en lo que estaba sucediendo. Algunos sentimos que necesitábamos actuar y que votar no era suficiente; comenzamos a plantearnos la militancia activa. No queríamos más mentiras ni manipulaciones, ni que los ciudadanos fuésemos las víctimas de las decisiones irresponsables de nadie.

Fueron las elecciones más tristes de la historia de la democracia española. Y fuimos a votar con más ganas que nunca. Todavía no teníamos del todo claro qué había pasado tres días antes. Seguíamos tratando de asimilar las imágenes que habíamos visto por todas partes, en los telediarios, en los periódicos, en las estaciones de tren llenas de mensajes, velas y flores.

La abstención fue de las más bajas en los comicios celebrados hasta ese momento, con una participación del 75 por ciento. Los resultados fueron sorprendentes. Era lo que muchos deseábamos, pero no podíamos creer que fuera cierto: el Partido Popular había perdido las elecciones.

Ante lo imprevisto, ante una nueva irrupción sigo tu signo, ahora sigo tu signo.

LAGARTIJA NICK

José Luis Rodríguez Zapatero iba a ser nuestro presidente durante los próximos cuatro años. Los días posteriores a las elecciones tuvimos una sensación extraña: habían pasado muchas cosas en muy poco tiempo y mirábamos con atención cada gesto, cada palabra. Teníamos mucha esperanza puesta en el nuevo Gobierno, y los resultados se vieron muy pronto.

La presentación de los miembros del Gobierno fue muy comentada: había paridad, tantos hombres como mujeres. Las discusiones en la calle eran de lo más variopintas y las mujeres comenzamos a defendernos al ver un Gobierno que contaba con nosotras.

Dos días después de la investidura del presidente, tuvimos la primera promesa cumplida: las tropas españolas que estaban en Irak volverían a casa a finales de junio.

Estábamos deseando abrir el periódico y encontrarnos con buenas noticias. Y cuando empezaron a llegar, nos costaba creerlo, pues durante mucho tiempo habíamos visto gobernar haciendo lo contrario de lo que a la mayoría nos habría gustado.

Nos acostumbramos en seguida al famoso «talante» de Rodríguez Zapatero. El giro de las discusiones políticas fue evidente. La educación en sus formas, la tranquilidad de su manera de hablar transmitían calma y, más tarde, confianza. El Partido Popular pasó mucho tiempo sin asumir la derrota y tratando de generar crispación continuamente; esa actitud no hizo más que reafirmarnos en la idea de que en efecto teníamos un Gobierno que hacía una mejor España.

En el mes de abril se paralizó la Ley Orgánica de Calidad de la Educación preparada por el anterior Gobierno popular y dos años después, en 2006, se aprobaría la Ley Orgánica de Educación. Entre los muchos cambios que introdujo, el más comentado fue la nueva asignatura: educación para la ciudadanía. De nuevo el Partido Popular y la Iglesia católica se opusieron a las medidas del Gobierno por considerar que la religión dejaba de tener el peso que se le había dado en la LOCE y que esta nueva asignatura pretendía adoctrinar a los estudiantes.

A comienzos del verano el Gobierno dio marcha atrás en el trasvase del Ebro y paralizó las obras. Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente, defendió el nuevo modelo que apostaba por las desaladoras, iniciativa que fue muy bien recibida por los ecologistas.

En tan sólo dos meses estábamos viviendo en un país que parecía distinto.

Fue en este momento cuando se modificó también el Código Civil para agilizar el proceso de divorcio. Hasta entonces la disolución del matrimonio requería de un proceso en dos pasos: la separación y el divorcio. Con la modificación, se eliminaron trámites, facilitando el proceso y abaratando los costes. Y no fue el único cambio que se produjo: se aprobó la reforma que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo, con la consiguiente batalla que dieron el Partido Popular y la Iglesia católica.

Se produjeron debates interesantes en una sociedad que quería adaptarse a unos cambios que no se había podido ni imaginar. En esas fechas la discusión era si la unión de dos personas del mismo sexo debía llamarse «matrimonio» o no. Y hubo opiniones para todos los gustos, como la de Ana Botella, que trató de explicar que no se podían sumar manzanas con peras, hasta las actitudes ilegales de algunos alcaldes del Partido Popular que se negaron a casar a parejas homosexuales. El respaldo social al reconocimiento de los derechos por fin reconocidos fue mayoritario, un motivo de alegría y orgullo.

Todavía quedaba un largo camino por recorrer para recuperar un sentido de la política como el servicio público que debe ser y no como un arma arrojadiza que aprovecha desgracias personales para culpabilizar a políticos del partido opuesto.

Fue un tiempo de trabajar por la paz y la resolución de conflictos. Y después del verano, Rodríguez Zapatero propuso la creación de la Alianza de Civilizaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas. Se trataba de una alianza entre Occidente y el mundo árabe y musulmán fundamentada en la unión en la diversidad, en el respeto y la tolerancia multicultural de un diálogo de paz. Se acogió de manera muy positiva, y a día de hoy ha resultado un instrumento que tiende puentes de diálogo y cooperación entre las distintas naciones que la conforman.

En la línea del diálogo y con el fin de representar la pluralidad de la realidad social de la ciudadanía española, se modificó la ley que regula el Poder Judicial estableciendo la necesidad de elegir a los miembros de los tribunales por un sistema de mayoría que garantice el equilibrio.

No sin esfuerzo y grandes discusiones sociales, se consiguieron avances que marcaron un antes y un después en el desarrollo de los derechos ciudadanos y sociales. En esta línea, a finales de año se aprobó la ley contra la violencia de género, primera legislación en Europa que hizo frente a una problemática social que, si bien había permanecido prácticamente oculta, pasó a primera línea de la actualidad. Se visibilizaron los casos de maltrato y se combatió firmemente cualquier tipo de agresión contra las mujeres, reforzando medidas de información, apoyo y educación para la prevención.

Se adoptaron nuevas medidas para la regularización de los inmigrantes, promoviendo su contratación y dotándolos de derechos. Esta medida fue muy criticada por el Partido Popular, que consideró que se estaba creando un «efecto llamada». Posteriormente se establecieron algunos ajustes que restringieron la regulación de inmigrantes ilegales de manera paulatina, sin perder nunca de vista la importancia del respeto a sus derechos fundamentales y de su integración en nuestra sociedad.

Mientras el Gobierno desarrollaba su programa, se produjeron trágicos accidentes que, a pesar de que no tenían nada que ver con la política, el grupo de la oposición trató de utilizar como arma arrojadiza. Así ocurrió cuando en el verano de 2005 un incendio en Guadalajara se cobró la vida de once personas. Una vez más, el Partido Popular trató de utilizar de manera lamentable un terrible accidente en el que perdimos amigos, compañeros, hijos y novios. Se quiso buscar culpables políticos de una catástrofe cuya única causa fue la negligencia de unos excursionistas que encendieron fuego en medio del campo y no se preocuparon de apagarlo. Todo lo que ocurrió después fue impredecible hasta para los expertos que trataron de sofocar las llamas y terminaron envueltos en ellas.

Algunos miembros del Partido Popular trataron de politizar el dolor de las familias, criminalizando a dirigentes y miembros del partido socialista sin justificación alguna. Salíamos a la calle y nos gritaban «asesinos». Aquellos días vivimos momentos tristes, duros, mientras sufríamos, además, por no poder abrazar y acompañar a las familias de amigos y compañeros en esas terribles circunstancias.

Vivimos también momentos difíciles tratando de arropar a compañeros de partido que, sin ningún tipo de responsabilidad en lo ocurrido, se vieron juzgados en los tribunales. Finalmente, quedó claro que la culpa del fatal accidente solamente había sido de los que encendieron el fuego y no se aseguraron de apagarlo.

A pesar de las dificultades sobrevenidas, el Gobierno socialista debía continuar con su programa. Unos meses después, entró en vigor la ley antitabaco. Desde el 1 de enero de 2006 ya no podríamos fumar en los bares, en los lugares de trabajo, en los pasillos de la facultad ni en las aulas. Nos acostumbramos en seguida y fue una medida que la gran mayoría agradecimos, incluidos los fumadores. En muy poco tiempo se nos hizo raro pensar que cuando empezamos la carrera universitaria podíamos fumar, incluso, mientras hacíamos un examen. Fue un buen momento para que muchos dejaran de hacerlo en cualquier lugar.

Solamente habían pasado unos meses de Gobierno socialista y lo cierto es que muchos, como decía la canción de Sidonie, estábamos «fascinados» por las buenas iniciativas, la actitud y la actuación del Gobierno.

Poco después, el presidente informó al Congreso de la voluntad de continuar en la línea de trabajo desarrollado para terminar con el terrorismo de ETA, y para ello abrió un diálogo que desembocaría en el anuncio del alto el fuego permanente de la banda el 22 de marzo de 2006. Pero aquí la alegría nos duró poco, pues a finales de ese mismo año el atentado en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas obligó a suspender todas las iniciativas del diálogo de paz.

Fue un año en el que el Gobierno iba consolidándose y el talante de Zapatero marcaba una nueva forma de hacer política. A pesar de ello, en cada oportunidad la oposición del Partido Popular trataba de politizar cualquier cuestión, generando crispación y tensión social.

Así sucedió con la oferta pública de adquisición de Endesa. Prácticamente nadie sabía lo que era una «opa», y comenzamos el año 2006 leyendo noticias que nos explicaban este tipo de movimientos entre las grandes empresas.

Con esta cuestión se generó un debate político que el Partido Popular utilizó de ariete contra el recién planteado Estatuto de Autonomía de Cataluña, por considerar que existían conexiones entre Gas Natural (la empresa que planteó la oferta), la Caixa de Cataluña y el Partido Socialista de Cataluña.

El Gobierno manifestó en todo momento que ésta era una cuestión empresarial y que no era oportuno tratar de politizarla. En febrero de 2006 la empresa alemana E.ON apareció en escena para mejorar la oferta de Gas Natural. La cuestión planteada entonces giraba en torno a las consecuencias que podría acarrear poner el control de Endesa en manos de una empresa extranjera. Para tratar de reforzar el proceso desde la consideración del Ejecutivo, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el cual ampliaba las competencias de la Comisión Nacional de Energía en materia de ofertas públicas de adquisición. De este modo, la CNE estableció una serie de requisitos para que E.ON pudiera seguir adelante con la opa sobre Endesa. Estas condiciones fueron criticadas por la Comisión Europea, pues consideró que, de alguna manera, se estaban limitando las posibilidades de actuación de E.ON. Posteriormente, iba a ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien dictaminara que, efectivamente, tal y como ya señalara la Comisión Europea, las condiciones establecidas por el Gobierno y desarrolladas por la Comisión Nacional de Energía eran contrarias a la libertad en este ámbito.

La cuestión que se planteaba se relacionaba con la interpretación de la normativa europea, puesto que ésta contemplaba las posibles limitaciones a opas que pudieran alterar los intereses nacionales, algo que el Gobierno español consideraba posible en el caso de E.ON.

A medida que transcurría el año, aparecieron nuevas empresas que fueron tomando parte en Endesa, como la española Acciona y la italiana Enel. Tras un ir y venir de negociaciones, estas tres empresas llegaron a un acuerdo como consecuencia del cual E.ON se retiró. Finalmente, años después fue la italiana Enel la que adquirió más del 90 por ciento de Endesa.

Durante este año, comenzaron a tomar fuerza las movilizaciones sociales que reclamaban el acceso a una vivienda digna y protestaban contra la especulación inmobiliaria. Se exigían reformas, como que la Administración promoviera el alquiler, que se limitasen de alguna manera los precios en el mercado y se garantizase, en definitiva, el derecho constitucional recogido en el artículo 47.

Las medidas del Gobierno en este sentido no se hicieron esperar. Al año siguiente, en septiembre de 2007, la entonces ministra de Vivienda Carme Chacón anunció el Plan de Apoyo para la Emancipación e Impulso del Alquiler.

Se abordaba así la cuestión del acceso a la vivienda potenciando el alquiler y la promoción de viviendas sociales. Las medidas principales consistieron en modificar una serie de leyes para adaptar el sistema con el objetivo de paliar los efectos de la especulación en el mercado inmobiliario.

Así se introdujo de nuevo la deducción en la declaración de la renta por el pago de alquiler, una medida eliminada por el anterior Gobierno de José María Aznar. Se establecieron ayudas al alquiler para las personas con una renta máxima determinada y, para los jóvenes de entre 22 y 30 años, se creó la Renta Básica de Emancipación: una ayuda para el pago del alquiler de 210 euros al mes durante cuatro años y un anticipo para satisfacer el pago de la fianza y del aval.

Se promovieron medidas para incentivar la construcción de viviendas públicas, como la ampliación del parque de suelo público y el establecimiento de imposiciones mínimas para las viviendas destinadas al alquiler con renta básica, y se aumentaron los beneficios para las sociedades y los fondos que promoviesen las viviendas protegidas de alquiler.

No obstante, las medidas de apoyo a los inquilinos y promotores no eran suficientes para activar el mercado del alquiler, pues, ante la legislación que regula los contratos de arrendamiento en España, los propietarios se sentían desprotegidos en muchos sentidos, sobre todo en lo relativo a las situaciones de impago del alquiler. Por esta razón, con el fin de desbloquear el mercado de la vivienda privada para ponerla a disposición del alquiler, el Gobierno desarrolló una serie de medidas que resultaron muy efectivas.

En este sentido, la Sociedad Pública de Alquiler promovió servicios de seguros multirriesgo que cubrían también el impago del alquiler y la asistencia jurídica para los propietarios. Además, se modificó la ley procesal y se amplió el número de juzgados para agilizar los desahucios. Hasta ese momento, en caso de impago del alquiler los procesos eran largos y costosos para los propietarios y, mientras tenían lugar, los inquilinos morosos permanecían en las viviendas sin pagar los alquileres. Esto generaba rechazo y temor por parte de los dueños a la hora de alquilar sus propiedades, y era una de las razones principales por las que preferían mantenerlas cerradas.

Los llamados «desahucios exprés» después fueron utilizados contra el Partido Socialista, pues se ha considerado que éste fue el principio de un proceso que ha dado lugar a los desahucios por las hipotecas. Si bien es cierto que la legislación se flexibilizó en ese momento, es justo contextualizar: se trataba de una medida que se planteó para agilizar el mercado del alquiler, no para echar a nadie de su casa. A la vista del conjunto de medidas que entraron en vigor en 2008, resulta evidente que lo que se pretendía no era debilitar a los inquilinos, sino establecer un equilibrio: reforzar económicamente a los arrendatarios y dotar de las medidas legales necesarias a los arrendadores para que no tuvieran tantas reticencias a la hora de abrir sus casas vacías. El resultado en aquel momento fue evidente: se promovió el mercado del alquiler, los precios se ajustaron (pues en muchos casos así los propietarios recibían subvenciones) y, gracias a estas medidas, muchos jóvenes pudimos emanciparnos.

Nada que ver con el uso posterior de esta legislación por parte del sector financiero, que la aprovechó para desposeer de su única vivienda a los propietarios dejándolos en la calle y con las deudas aún por satisfacer.

Fueron años de reformas evidentes en cuestiones fundamentales para la ciudadanía. En este sentido, se adoptaron algunas de un gran calado, como la reforma fiscal. El Consejo de Ministros rebajó la imposición sobre la renta de las personas físicas, ampliando las deducciones personales y familiares y reduciendo el impuesto sobre sociedades.

Posteriormente, en 2008, el Gobierno socialista anunció que, si continuaba al frente del Ejecutivo en la siguiente legislatura, sumaría a estas medidas la devolución de cuatrocientos euros en la declaración de la renta a todos los contribuyentes de este impuesto. Fue una iniciativa bien recibida, aunque repudiada por algunos sectores que, ante la inminencia de elecciones generales, la consideraron oportunista.

La respuesta del Gobierno ante estas críticas puso el acento en el reparto del superávit de las arcas públicas con la ciudadanía y la consiguiente contribución a agilizar la economía.

Sin embargo, no todas las nuevas medidas fueron igualmente aceptadas. Los «cheques bebé», que apuntaban a promover la natalidad mediante la concesión de 2.500 euros a las familias por cada hijo nacido, sin atender a la capacidad adquisitiva de las mismas, generaron un gran debate, porque se consideraba que había familias que no necesitaban realmente este tipo de apoyo y que bien podrían haberse creado guarderías con esa inversión, que generasen empleo y ayudasen a las madres y a los padres de una manera mucho más efectiva.

Otra de las grandes discusiones respecto a las novedades que presentó el Gobierno durante el verano se desarrolló en torno al canon digital que se había establecido a través de la modificación de la ley de propiedad intelectual. El canon consistía en un porcentaje fijo como gravamen sobre los soportes digitales que sirvieran para la grabación o para la reproducción de música, vídeos, fotografías y, en general, cualquier tipo de documento audiovisual. La polémica estaba servida, pues la obligación de pagar un porcentaje al comprar un CD virgen, un reproductor de DVD o un teléfono móvil, incluso por parte de quienes no fueran a reproducir ni a grabar nada relacionado con derechos de autor, resultaba injusta. ¿Por qué había que pagar un canon para grabar las fotografías de unas vacaciones en familia?

La idea era proteger de algún modo a los autores, que habían visto mermados sus derechos con la llamada «revolución digital». Resultaba muy fácil copiar discos o películas sin límite, y por eso el mercado discográfico y la industria del cine, entre otras, se veían seriamente afectadas.

Sea como fuere, se planteó de tal modo que, como siempre, el que acababa pagando los «platos rotos» era el consumidor final, incluso si no pretendía grabar ni reproducir una obra de autor.

Otra medida que llegó ese mismo verano fue la puesta en marcha del «carnet por puntos», que endurecía las sanciones para los conductores imprudentes que pusieran en peligro la seguridad vial. Una medida que hizo frente a las altas cifras de accidentes de tráfico que costaban la vida y la salud de muchas personas. Con el nuevo permiso de conducir, a las sanciones pecuniarias y las retiradas de la licencia, se añadió un sistema de puntos. Cada conductor tenía una serie de puntos (dependiendo de sus años de experiencia al volante), que se podían ir restando de acuerdo con la gravedad de las infracciones cometidas. Era una manera de educar a los reincidentes y de disuadir a los conductores en general. Los números demostraron la evidente efectividad de las nuevas medidas, pues la reducción de los accidentes fue sorprendente.

2006 terminó con la aprobación de leyes innovadoras, como la de Protección de la Autonomía Personal, conocida como la ley de dependencia. Su finalidad era garantizar los derechos de las personas dependientes, facilitando su acceso a servicios públicos, sin desatender las prestaciones económicas. Para el desarrollo de esta legislación, era fundamental la implicación de los Gobiernos regionales. En este sentido, hubo partidas presupuestarias en algunas regiones que jamás se utilizaron (regiones gobernadas por el Partido Popular), por lo que muchas personas no se beneficiaron de la cobertura de esta ley.

Debido a medidas como éstas, a muchos nos resultaba evidente el compromiso del Ejecutivo con el desarrollo y el fortalecimiento de los pilares sociales del Estado de bienestar. Y manteniendo esta línea, en marzo de 2007 se aprobó la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Fue un ejemplo a nivel europeo e internacional, y gracias a ella se desarrollaron notablemente los derechos de las mujeres. Esta ley promueve la eliminación de barreras en el ámbito público, pero también el apoyo directo al sector privado que actúe en la línea establecida.

No faltaron voces críticas en la oposición, pues consideraron que medidas como la paridad en las listas electorales («listas cremallera») de los partidos políticos representaban imposiciones que hacían un flaco «favor» a las mujeres. Según los críticos de esta discriminación positiva, incluir mujeres para cumplir con las cuotas no garantizaba que estuvieran las mejores, y precisamente por esta razón se perjudicaría su imagen. Los que defendemos la discriminación positiva como una medida de ajuste entendemos que es necesario equilibrar la balanza y tratar así de normalizar la situación con un refuerzo positivo. En la medida en que la sociedad se acostumbre a ver mujeres en todas partes, se creará también un efecto llamada y las mujeres asumirán que tienen muchas posibilidades a las que optar. Al ver siempre hombres de traje y corbata en los altos cargos de responsabilidad, de manera inconsciente se nos lanza el mensaje de que la mujer que pretenda llegar ahí será considerada diferente, y solamente por eso muchas no lo intentarán.

Llegaba la recta final de la primera legislatura del Gobierno socialista. Cuatro años en los que la política del diálogo y del respeto, la protección de la salud y la educación públicas, las garantías sociales y el desarrollo de derechos de ciudadanía habían provocado que muchos nos sintiésemos bien representados.

Un siniestro, un desastre manifiesto, hará bien en desaparecer.

NACHO VEGAS

Comenzaba la campaña electoral y el Partido Socialista animaba a votar «con todas tus fuerzas». El primer vídeo de la campaña mostraba a un señor mayor que hablaba de todas las cosas que había visto pasar ante sus ojos y decía que, por primera vez, él no sabía por qué, pero «este tío» (Zapatero) le inspiraba confianza. Decía que acudía a votar y se sentía con la misma ilusión que la primera vez.

En el mes de febrero se presentó la plataforma de apoyo a Zapatero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Allí nos dimos cita actores, cantantes, periodistas, escritores, científicos y los simpatizantes a los que algunos han llamado despectivamente «los de la ceja». El apelativo deriva del gesto con el que se alude a Zapatero en el lenguaje de signos, y fue utilizado durante toda la campaña como señal de apoyo al candidato socialista.

Víctor Manuel, Ana Belén, Joan Manuel Serrat, Sabina, Miguel Bosé, Soledad Giménez y Fran Perea prepararon un vídeo en el que cantaban juntos un poema de Mario Benedetti:

Defender la alegría como una trinchera,

defenderla del escándalo y la rutina,

de la miseria y los miserables,

de las ausencias transitorias

y las definitivas.

Defender la alegría como un principio,

defenderla del pasmo y las pesadillas,

de los neutrales y de los neutrones,

de las dulces infamias

y los graves diagnósticos.

Defender la alegría como una bandera,

defenderla del rayo y la melancolía,

de los ingenuos y de los canallas,

de la retórica y los paros cardíacos,

de las endemias y las academias.

Defender la alegría como un destino,

defenderla del fuego y de los bomberos,

de los suicidas y los homicidas,

de las vacaciones y del agobio,

de la obligación de estar alegres.

Defender la alegría como una certeza,

defenderla del óxido y la roña,

de la famosa pátina del tiempo,

del relente y del oportunismo,

de los proxenetas de la risa.

Defender la alegría como un derecho,

defenderla de dios y del invierno,

de las mayúsculas y de la muerte,

de los apellidos y las lástimas,

del azar

y también de la alegría.

Una manera fresca, optimista y con el respaldo de muchos referentes del mundo de la cultura fue la que Rodríguez Zapatero eligió para volver a presentar su candidatura.

Juventudes Socialistas hizo un vídeo fresco y dinámico en el que muchos jóvenes hablaban de los logros que había conseguido el Gobierno de Zapatero y de los que todavía quedaban por conseguir. Sonaba de fondo una canción de Tequila y al final se escuchaba aquello de «No, no, que el tiempo no te cambie». La banda hispano-argentina también participó en la campaña socialista, con un concierto en directo en el mitin de Vistalegre.

Los que vivimos aquella campaña la recordamos con mucho cariño: salir por la noche, pegar carteles y un ambiente de unión dentro del partido con base en unos valores de optimismo, compromiso y cooperación. Ése era precisamente el socialismo por el que muchos habíamos empezado a militar.

El vídeo de campaña del Partido Popular mostraba a un Mariano Rajoy que hablaba de lo que «de verdad le importaba a la gente», que era el empleo, las pensiones y en definitiva aliviar a la ciudadanía de la subida que había sufrido el precio de prácticamente todo, según él. Ofrecía una alternativa para gobernar con «cabeza y corazón».

Pero sin duda lo que marcó el mensaje del Partido Popular en la calle no salió de su vídeo de campaña, sino del debate que tuvo lugar entre los dos candidatos a la presidencia del Gobierno. En las elecciones anteriores, a pesar de que el Partido Socialista había propuesto llevarlo a cabo, el Partido Popular se negó. Por esta razón esperábamos con ganas ese cara a cara entre Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero. En ese debate, que vimos muchos con gran atención, el cierre de los dos dirigentes se nos quedó grabado: Rajoy hizo una intervención para hablar de una niña imaginaria, que desde entonces sería «la niña de Rajoy». Zapatero cerró con una despedida: «Buenas noches y buena suerte».

La despedida, que podía considerarse un simple gesto de optimismo y elegancia, posiblemente encerraba algo más. La película Buenas noches y buena suerte es considerada un clásico. Trata el tema de las relaciones entre periodistas, políticos y secretos de Estado. Precisamente una de las partes más destacables es un discurso en el que el protagonista, el periodista Edward R. Murrow, dice lo siguiente: «La televisión puede enseñar, puede arrojar luz y sí: hasta puede inspirar. Pero sólo lo hará en la medida en que nosotros estemos dispuestos a utilizarla con estos fines. De lo contrario sólo será un amasijo de luces y cables. Buenas noches y buena suerte».

El 7 de marzo el asesinato de Isaías Carrasco a manos de ETA rompió la alegría que estábamos defendiendo. Un duro golpe que evidenció que todavía quedaban graves problemas que resolver. Muchos lloramos con rabia al sentir que nuestra libertad, nuestros ideales, nuestros compañeros se veían amenazados por quien hacía del miedo y del terror su única bandera.

Acudimos a votar más de un 70 por ciento de la población. Muchos de nosotros lo hacíamos nuevamente tristes y con la esperanza de que más pronto que tarde se pusiera fin de una vez por todas al terrorismo en nuestro país.

El Partido Socialista obtuvo mayoría simple, y el 9 de abril el Congreso de los Diputados rechazó la investidura de Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno por no contar con el apoyo del número suficiente de escaños. Dos días más tarde, en una segunda vuelta, Zapatero fue investido como presidente del Gobierno en su segunda legislatura. La formación del Gobierno fue muy significativa, pues, por primera vez en la historia de nuestro país, contamos con más mujeres que hombres al frente de los ministerios. Solamente alguien como Silvio Berlusconi podría criticar algo así.

También fue internacionalmente comentada la imagen de nuestra ministra de Defensa, Carme Chacón, que estaba embarazada de siete meses. Sin duda, un símbolo que fue aplaudido y considerado como un gesto evidente de compromiso con la paz.

Era el momento de los grandes gestos y de los grandes cambios, aunque no todos para bien. 2008 pasará a la historia como el año en el que estalló la crisis económica y financiera a nivel mundial. En España tardamos en enterarnos, entre otras cosas porque trató de utilizarse como arma política durante la campaña electoral. Mientras el Partido Popular comenzaba una estrategia que se fundamentaba en el uso de la crisis para generar un ambiente catastrofista y negativo contra el Gobierno, éste se enrocó durante meses negando la mayor. Así comenzó la segunda etapa del Gobierno socialista, y las declaraciones en las que Zapatero negara la crisis le acompañarían durante lo que quedaba del mandato.

La continuidad de la actividad del Ejecutivo no se hizo esperar. En junio se presentaron una serie de medidas dirigidas a paliar los efectos de la ya reconocida crisis. Se puso en marcha el Plan de Estímulo Económico con veintiún puntos que, respaldados por la fortaleza que habían adquirido las arcas públicas del Estado durante la anterior legislatura, parecían ser suficientes para afrontar las dificultades económicas que se vaticinaban.

Aumentar las líneas de apoyo al Instituto de Crédito Oficial para financiar proyectos de pequeñas y medianas empresas, así como viviendas de protección oficial para los dos años siguientes; poner en marcha un Plan Renove para la rehabilitación de viviendas e infraestructuras hoteleras; lanzar el Plan Vehículo Innovador Vehículo Ecológico para reforzar el mercado automovilístico; desarrollar un Plan de Formación Profesional para asegurar una buena preparación de los trabajadores ante los posibles cambios del sistema productivo; elaborar un nuevo plan para la gestión de los aeropuertos españoles y la navegación aérea, e implantar una serie de medidas de austeridad en la Administración pública fueron las principales líneas de actuación que marcó un Gobierno que comenzaba con evidentes dificultades.

Mientras tanto, en las calles, el sector del transporte convocó una huelga. La causa: las negativas consecuencias de la subida inesperada del gasóleo. Como señalara Ignacio Escolar, «Nos confunde esta huelga, porque los huelguistas son trabajadores, sí, pero son al mismo tiempo patronos. Y son patronos, sí, pero tan modestos que muchos apenas merecen el nombre de tales. Y hacen muy requetebién en exigirle cosas al Gobierno, sí, pero al mismo tiempo no hacen tan requetebién porque el Gobierno no tiene culpa alguna de que el maldito precio del petróleo haya subido de una manera tan enigmática y disparatada en tan poquísimo tiempo. Ya quisiera este Gobierno poder tener la culpa de una cosa así».

A pesar de la imposibilidad del Gobierno de responder a la principal demanda del sector del transporte, tras las negociaciones, en las que se adoptaron una serie de acuerdos, el paro fue desconvocado.

Se sentía en el ambiente que muchas cosas no iban bien; comenzábamos a ver a un presidente que parecía encontrarse solo. Y no únicamente en lo que se refería a la oposición o a la opinión pública, sino también a una cierta imagen de desestructuración de lo que él había emprendido como un proyecto de equipo basado en la cooperación. Amaral cantaba: «Y dime si sientes lo mismo, si estás conmigo o contra mí. Porque la misma confusión que sientes tú, la siento yo», y de alguna manera en ese momento comenzamos a ver como se rompía lo que habíamos apoyado con tanta ilusión.

ETA seguía matando, pero algo en el País Vasco parecía cambiar. En las elecciones de 2009, Patxi López fue investido lendakari. Se inició una nueva etapa en la política del diálogo, de la cooperación con el Gobierno de Zapatero, que daría sus frutos más adelante, pero que desde el principio plasmó el estilo de la política limpia, abierta e incluyente.

Precisamente esta buena relación entre el Gobierno vasco y el central fue muy positiva para la creación del nuevo modelo de financiación autonómica, que presentaba como novedades una mayor claridad de su funcionamiento y la concreción de las normas que regulaban el reparto de los Fondos de Convergencia Autonómica. Entre otras, había medidas novedosas, como el desincentivo de la bajada de impuestos por parte de las Autonomías. Se establecieron partidas específicas para reforzar el Estado de bienestar, los cambios demográficos de las regiones y el apoyo a la normalización lingüística. Además, el documento señalaba que aquellas regiones que no aceptasen este nuevo modelo podrían seguir aplicando el anterior, pero en tal caso no podrían solicitar en el futuro una compensación con efectos retroactivos.

El Partido Popular se opuso firmemente a este modelo y la tensión política aumentó poco a poco.

Cuadrar el círculo de esta obsesión, asumir que rendirse no es una opción.

VETUSTA MORLA

2010 fue el año que marcó el antes y el después para Rodríguez Zapatero y el Gobierno socialista. El comienzo de la caída, mientras algunos espectadores frotaban sus manos con una media sonrisa.

El año se abrió con la aplicación de la devolución de los cuatrocientos euros a los contribuyentes al impuesto sobre la renta de las personas físicas.

España comenzaba su turno en la Presidencia en la Unión Europea y lo hacía estrenando la aplicación del Tratado de Lisboa. Durante los seis primeros meses del año, se adoptaron medidas como la Estrategia Europa 2020, que consistía en establecer una serie de medidas tendentes a alcanzar una Europa digital, competitiva y verde. Se impulsó el desarrollo de la iniciativa legislativa ciudadana, se creó el Instituto Europeo para la Igualdad de Género y, entre otras medidas, se incluyó el sistema sanitario español de trasplantes como modelo para el desarrollo de la legislación europea en este sentido.

España dejaba su impronta en Europa, al mismo tiempo que el Gobierno continuaba avanzando en el desarrollo de derechos para la ciudadanía en España.

En el mes de febrero se aprobó la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la llamada ley del aborto. El debate al respecto se convirtió en una acalorada discusión entre la ciudadanía. El punto crítico era la concesión del derecho de interrupción voluntaria del embarazo a jóvenes de 16 y 17 años.

La ministra Bibiana Aído sufrió las más injustas críticas, machistas e irrespetuosas, por parte de quienes no quisieron reconocer los méritos de una joven valiente, que defendía a capa y espada los derechos de las mujeres libres. La dureza de sus críticos eran la muestra evidente de la falta que hacía en España un Ministerio de Igualdad.

Ya lo explicaba bien Amistades Peligrosas varios años antes en su canción «Lágrimas de metal». Para los que nos aprendimos la canción de pequeños, el tema del aborto era una cuestión que no planteaba dudas: había que defender el derecho de la mujer a decidir por encima de todo.

La calle no huele rara

con luces, sin sospecha,

y así el violador acecha

a su víctima en soledad.

La mala suerte es un hombre

bajo la navaja asesina,

la obligó detrás de una esquina

¡y hay un grito junto al portal!

Y quien es quien capaz de opinar

si abortar es un problema

bajo el peso de la pena

y días de soledad.

Lágrimas de metal

saliendo de una mujer,

morder la luna y no gritar

le duele más que a ti.

Lágrimas de metal

saliendo de una mujer,

cuesta tanto comprender

lo que está cerca de ti,

el lado gris de la confusión.

Cuando el hambre reina en la mesa

ni el vecino con su sonrisa

ni el papa diciendo misa

pueden hacer que crezca el pan.

Y si es juguete de rechazo

hará casitas en las nubes,

sin tele el sueño no acude

¡ámame para no llorar!

Se produjeron importantes avances en derechos que sin duda tenían un sentido histórico, pero algo los iba a tapar prácticamente por completo.

Dos años de derrumbe en la economía global ya habían amenazado a España hasta ponerla al borde del precipicio. Todavía no éramos del todo conscientes de lo que estaba ocurriendo y mucho menos de lo que iba a ocurrir cuando, el 12 de mayo, el presidente Rodríguez Zapatero habló durante dos minutos y medio que pararon el tiempo, y nos quedamos boquiabiertos. La seriedad, el rigor y la templanza en sus palabras hacían que todo fuera todavía más preocupante. No dábamos crédito a lo que estábamos escuchando.

Tan sólo una semana antes Zapatero había dicho literalmente: «No es una buena opción acelerar la reducción del déficit. Quien está equivocado sobre este asunto es el PP. Si uno hace una drástica reducción del déficit, puede comprometer la recuperación». ¿Qué le había pasado entonces para que, en tan sólo una semana, subiera al estrado y dijera todo lo contrario de lo que había venido haciendo durante los últimos seis años?

Todo apuntaba a que alguien más aparte del presidente Zapatero tomaba decisiones. Si no fuera porque todos le vimos en directo en el Congreso de los Diputados, no habríamos creído que fuera él. Mientras nos quedamos inmóviles frente a la pantalla, parecía sonar de fondo la voz de Pucho cantando aquello de «Los que saben me dicen que estoy cansado, y dejo el tema en sus manos». Vetusta Morla ganó ese año el premio al mejor disco nacional de la década, concedido por la revista Indyrock, y muchos pensamos en aquel momento en la letra de una de sus antiguas canciones.

En seguida llegó el verano y el shock se le olvidó a mucha gente bailando el «Waka Waka» y viendo el mundial de fútbol. La alegría de ser españoles por la victoria de nuestra selección sirvió para que se levantaran los ánimos y no se prestara mucha atención a la que nos iba a caer encima. Al menos el verano se pasó agitando las banderas y, fuera de España, cuando decíamos de dónde éramos, nos felicitaban.

Mientras coreábamos aquello de «yo soy español, español, español», se elaboraba una reforma laboral y de las pensiones. En septiembre el Congreso convalidó el real decreto ley por el que se modificaban los acuerdos firmados en 2006 entre el Gobierno socialista y los agentes sociales.

Las medidas que se aprobaron suponían un claro retroceso en los derechos laborales: se redujeron los días de indemnización por despido improcedente, se reconoció como causa objetiva de despido procedente la pérdida de beneficios de una empresa y se autorizaron los acuerdos entre los empleadores y los empleados al margen del convenio de empresa. La respuesta era de esperar y la convocatoria a la huelga general no tardó. A finales de septiembre los sindicatos salieron a la calle a protestar contra las medidas adoptadas por el Gobierno socialista.

Una huelga que dividía de nuevo, que enfrentaba a los miembros de la misma familia: al Partido Socialista y a los sindicatos. Precisamente para evitar esta ruptura, poco tiempo después una de las personas que había encabezado esta manifestación, Valeriano Gómez, fue nombrado ministro de Trabajo.

Los cambios en los ministerios se sucedían y en ese momento también llegó Alfredo Pérez Rubalcaba al Ministerio de Interior, poco después de que ETA anunciase el cese de la violencia. Sin duda, esta noticia, aunque recibida con escepticismo, nos dio una buena alegría, a pesar de que el ambiente en general se estaba oscureciendo.

Las medidas de urgencia contra la crisis iban cayendo como un goteo incesante. En el mes de diciembre se aprobó la rebaja de la presión fiscal a las pequeñas empresas y se subieron impuestos como el aplicable al tabaco.

Pero la medida que, por sus consecuencias, provocó un mayor revuelo social fue el proceso de privatización de la gestión de los aeropuertos. Los controladores aéreos ejercieron presión contra el Gobierno encubriendo una huelga con presuntas bajas médicas, como protesta por sus condiciones salariales. Se cerró el espacio aéreo durante el puente de diciembre ante la falta de profesionales en servicio activo, y el Gobierno tuvo que reaccionar declarando el estado de alarma y ordenando, mediante real decreto, la militarización del control aéreo.

Cientos de miles de personas se vieron afectadas, y la respuesta del Gobierno se consideró, en términos generales, como muy positiva.

Los acontecimientos a nivel mundial seguían empujando al Ejecutivo hacia la toma de decisiones impopulares, que lo iban debilitando.

En febrero de 2011 los sindicatos, la CEOE y el Gobierno firmaron un acuerdo para retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años, entre otras medidas. A pesar de todas las columnas que se escribieron esos días en los periódicos y de las conversaciones con algunos sindicalistas que trataron de justificar lo injustificable, la prolongación de la edad de la jubilación sin duda supuso un paso atrás en los derechos adquiridos por los trabajadores. Y sobre todo se trata de una medida difícil de comprender dado el nivel de desempleo juvenil existente.

A comienzos de abril, Zapatero anunció su intención de no volverse a presentar en las próximas elecciones generales. Días después, el Gobierno aprobó el Programa de Estabilidad 2011-2014 y el Programa Nacional de Reformas 2011. Esa serie de medidas tenía como objetivo reducir el déficit y restablecer el equilibrio a nivel macroeconómico de la etapa de crecimiento previa a la crisis. Todavía recordábamos las declaraciones del presidente contra la limitación del déficit a comienzos de año, y todo lo que estaba sucediendo nos parecía una broma macabra, algo totalmente incomprensible.

El ambiente en la calle había comenzado a pasar del descrédito al pesimismo y después a la indignación. Nos sentimos desorientados al ver el giro tan evidente de un Gobierno que había legislado a favor de los derechos sociales, de la igualdad de oportunidades y de la sostenibilidad del sistema en su conjunto. La ciudadanía no estaba dispuesta a que las medidas que se estaban tomando, ordenadas por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (la Troika), se asumieran como la única opción posible.

Así, el 15 de mayo se convocó una manifestación contra lo que estaba ocurriendo. La ciudadanía había perdido su soberanía de manera fulminante, pues era evidente que ni el Gobierno podía hacer nada sin tratar de contentar los dictados que le marcaban y se había alejado totalmente de los objetivos por los que había sido votado.

La realidad mostraba que el Gobierno había pasado de dirigir el rumbo a partir de un proyecto y un ideario a convertirse en gestor de una situación que parecía justificar la pérdida de su ideología. Quienes habíamos apoyado tanto el proyecto sentíamos un triste vacío, una falta de referentes, pero entendimos también que era el momento de resistir y de tratar de entender qué estaba sucediendo. Por eso también salimos a la calle, fuimos a algunas asambleas a compartir nuestras inquietudes y experimentamos la frustración de sentir el rechazo de muchos por pertenecer a un partido que la sociedad consideraba culpable de lo que ocurría. Aunque entendíamos las críticas, nunca perdimos el referente de nuestros ideales. A pesar de que tampoco compartiéramos muchas de las decisiones que se tomaban, eso no significaba que dejásemos de ser socialistas. La militancia no es algo circunstancial para quienes creemos que nuestro compromiso va más allá de unas siglas o de la gestión concreta de un Gobierno.

El movimiento de los indignados marcó un antes y un después. Fue una respuesta colectiva a una necesidad de expresión para compartir la incomprensión y el conocimiento. Plazas repletas de gente que buscaba respuestas y compartía su experiencia. Ciudades en las que gente que no se conocía, pero se respetaba, hablaba de política al aire libre. Todos hemos aprendido mucho de la participación en las asambleas, y sin duda ese aprendizaje se ha trasladado a los lugares donde hemos ido después.

Como era de esperar, las elecciones autonómicas dieron un vuelco y el Partido Popular obtuvo el Gobierno en la mayoría de las comunidades. Era la primera señal de lo que vendría más adelante.

Las cifras de desempleo aumentaban y solamente estábamos seguros de una cosa: si algo podía ir peor, era probable que ocurriera.

Días después, el Partido Socialista anunció la candidatura de Alfredo Pérez Rubalcaba para las próximas elecciones generales, tras la retirada de Carme Chacón. En el Partido Popular todo apuntaba a Mariano Rajoy, y a muchos les costaba creer que fuéramos a tenerle presidiendo el Gobierno después de las elecciones generales. Pero todas las señales apuntaban a ello.

The New Raemon sonaba por entonces y escuchábamos con frecuencia «Hundir la flota».

Salgamos gritando con los pulmones llenos

de todas esas cosas que nos vamos callando,

hundidos y esperando a que la cosa cambie...

A finales de julio Zapatero anunció el anticipo de las elecciones y además dejó claro que él ya no iba a ocupar cargos políticos, ni siquiera como diputado.

Ese verano, mientras el sol de agosto no daba tregua, en el Congreso de los Diputados se firmó lo que fue la sentencia final: la modificación de la Constitución. Lo que había parecido algo casi sagrado, intocable, de pronto sucedió. Y sucedió a la sombra, donde el sol de agosto no entraba y sin que prácticamente nadie se enterase.

El artículo 135 se modificó para sellar una suerte de contrato leonino que tranquilizara a Europa. Una promesa de no gastar más de lo autorizado y, a ser posible, gastar lo mínimo para mantener el déficit a raya. En definitiva, esto representó la eliminación de la flexibilidad que un Estado requiere para desarrollar las medidas de inversión necesarias para la activación de la economía, así como la puesta en bandeja de las propuestas neoliberales, que podrían seguir cabalgando por Europa para atar las manos de los Gobiernos y cargarles los bolsillos de piedras con los intereses de las deudas contraídas.

La derrota en las elecciones generales del 20 de noviembre significó en cierto modo la liberación de un Gobierno que se veía forzado a tomar medidas en contra de sus propios valores. El fin de un presidente que daba la sensación de haber sido abandonado a su suerte al llegar la tormenta, y cuya brújula parecía trucada, a juzgar por su desorientación, mientras a su alrededor todo se organizaba y desorganizaba señalándole con el dedo.

Con la perspectiva de siete años de Gobierno, si algo seguro se le puede atribuir a Zapatero es la elección de sus compañeros de viaje, que fue cambiando a lo largo del tiempo y que, sin duda, tuvieron una incidencia directa en la toma de sus decisiones. Eso quedó patente cuando en el último Consejo de Ministros se puso la guinda al indultar al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, compañero de batallas de Emilio Botín.

Se sentía llegar al Gobierno popular frotándose las manos: como quien dice, ya tenía el campo bastante preparado para sembrar. Se había acometido ya una dura reforma laboral y de las pensiones, se habían reducido los salarios de los funcionarios públicos, recortado las ayudas, y ahora, con la nueva modificación de la Constitución, tendrían la excusa perfecta para no invertir más de lo estrictamente necesario en educación, sanidad o pensiones. Y siempre podrían volcar la responsabilidad en «la herencia de Zapatero».

En ese momento la «canción de moda» entonaba aquello de «la culpa de todo la tiene Zapatero». Como si el Partido Popular no hubiera firmado también la modificación de la Constitución o como si las medidas recientemente adoptadas por el Gobierno socialista fueran contra su ideario.

Desde entonces, la realidad impuso su propia dureza. Si ya veníamos viviendo una etapa de color gris, lo que vendría después iba a ser en blanco y negro. Un retroceso incalculable que nos hace sentir como si viviéramos en otra época.

Prometo hacerte daño.

NUDOZURDO

Mariano Rajoy llegó a la Presidencia del Gobierno con objetivos claros y sin tiempo que perder para lograrlos: el desmantelamiento del Estado de bienestar y el reforzamiento de los poderes económicos y financieros.

El PSOE quedó duramente dañado tras su mayor derrota electoral de la historia democrática. Razones hay tantas como se quiera buscar: las medidas tomadas durante la última época del Gobierno de Zapatero, la abstención por la falta de confianza en el sistema electoral, la creencia de que para gobernar una crisis los más eficaces son los que solamente se preocupan por el dinero... Sea como fuere, el Partido Popular ganó las elecciones con un programa electoral que se ha preocupado por incumplir en la medida de lo posible con cada decisión tomada hasta la fecha.

Meses después el PSOE tuvo su Congreso, en el que se elegiría al nuevo dirigente. Había dos candidatos (Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón), ambos exministros, y ambos se presentaban con la intención de remodelar el proyecto socialista. El partido se dividió durante esos meses. Todo el mundo preguntaba, como en los pueblos: «¿Y tú de quién eres, de Rubalcaba o de Chacón?».

Cada cual tuvo sus razones para apoyar a uno o a otra. Otros solamente veíamos que la cuestión se estaba convirtiendo en un conflicto, que suponía más bien estar contra uno de los dos, y que, cuanto más cerca estaba el Congreso, más difícil parecía encontrar una solución conjunta para la cooperación entre ambos candidatos, ganara quien ganase. Lo fundamental en ese momento no era ser de uno o de otra, sino del PSOE. Pero parece que a algunos esto se les olvidó por el camino.

Quien estuvo en el Congreso habla de los teléfonos sonando, de las decisiones de última hora. De ser esto cierto, plantea una cuestión muy interesante: ¿cómo es posible que un delegado que ha de acudir con el voto ya decidido por aquellos a quienes representa pueda cambiar su opinión por una llamada telefónica de último minuto? Un voto delegado debería ser transparente y claro. En tal sentido, incluso podría votarse a los candidatos nada más llegar al lugar, pues no habría posibilidad de cambios de último minuto. La delegación del voto por parte de los militantes se decide en la asamblea de la agrupación correspondiente, con antelación a los Congresos, y la decisión soberana de la mayoría es la que, según las normas y los procedimientos, establece el apoyo a un candidato.

Si cada militante pudiera hacer efectivo y directo su voto secreto, ahorrando el procedimiento de los delegados, se aseguraría una representatividad efectiva de la voluntad de la mayoría de la militancia. Las nuevas tecnologías lo harían factible de manera efectiva y sencilla, y así se involucraría al conjunto de la militancia en la toma de decisiones del partido.

Alfredo Pérez Rubalcaba fue elegido secretario general por una pequeña diferencia de votos. Desde entonces el partido quedó debilitado y dividido en dos mitades.

Todavía hoy se escuchan referencias a muchos compañeros con aquello de «era de Chacón» o «es de Rubalcaba», como si fuera un apellido. Y esto a algunos nos produce cierta desazón, pues se nos olvida que somos todos parte de un mismo proyecto, tan amplio como enriquecedor, pero, sobre todo, un proyecto común, que debemos formar entre todos y todas.

Ahora bien, hacia dónde debería caminar ese proyecto es la cuestión que muchos nos preguntamos, y algunos nos esforzamos en colaborar en la elaboración de la respuesta. En definitiva, se trata de sumar esfuerzos y aportar distintos puntos de vista, siempre desde la perspectiva de la cooperación y del sentido de equipo, pues nos sentimos piezas de un engranaje que formamos entre todos y todas.

Dependerá de todos nosotros que sigan llenándose las páginas de este libro.

¿Y AHORA QUÉ?

El presente es el lugar de partida para alcanzar nuestros objetivos

Lo pasado ha huido, lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo.

Proverbio árabe

Lo que hemos vivido sin ser conscientes marca nuestra percepción de las cosas y nuestra forma de ser. Dicen los más mayores que uno se da cuenta de cómo hay que tomarse la vida cuando ya no te da tiempo para hacerlo.

Los acontecimientos que nos ha tocado vivir sin duda nos están haciendo responder, comprometernos, informarnos y sobre todo pensar. Nunca nos faltó nada y ahora nos sobra la incertidumbre.

Vivíamos bien y no tuvimos la necesidad de preocuparnos demasiado por lo que ocurría a nuestro alrededor. Hasta que nos tocó a nosotros. Cada uno tiene sus motivos para indignarse, para gritar, para dedicar su tiempo y energía a la causa que considera más justa. Pero, en definitiva, lo importante no es solamente preocuparse, sino ocuparse. No importa el lugar, no importa el momento; lo fundamental es revolverse, enfrentarse contra lo que no puede ni debe ser. Porque, si todos miramos hacia otro lado cuando se comete una injusticia o simplemente una falta de coherencia insultante, terminaremos por acabar con nosotros mismos.

La fuerza del ser humano reside en su capacidad de ayudar y en la necesidad de ayuda del otro. Luchar solos no servirá de nada. Y gastar nuestra energía en criticar por criticar solamente nos llevará a la frustración.

La política ha de recuperar la confianza, ha de cambiar para dignificarse. Es la tarea que han de desempeñar quienes tienen una vocación de servicio público y trabajo para el beneficio común.Y si hemos llegado al punto en que los que han de trabajar para todos se preocupan más de su propio interés y del de quienes los apoyan, ésta es una cuestión que nos ha de hacer pensar hasta qué punto todos tenemos parte de responsabilidad.

Quienes consideramos la política como una vocación sufrimos doblemente al observar, por una parte, que la ciudadanía no respeta nada de lo que hacemos y, por otra, que nos faltan herramientas para luchar contra aquellos que hacen de esta labor una profesión que no reconoce los méritos, sino las estrategias para alcanzar el poder. Necesitamos hablar alto y claro si queremos que la política recupere su fuerza como herramienta necesaria para el cambio social. Debemos dotar a nuestros partidos de estructuras dinámicas, democráticas y coherentes para que tengan la capacidad de representar la voluntad de los ciudadanos que comparten sus valores.

Es ahora más que nunca cuando la ética ha de ser puesta en valor. Y así lo entendemos en este período en la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas. No hay trampa ni cartón. No hay más estrategia que la honestidad y la coherencia. La voluntad de hacer las cosas bien en el momento en el que han de hacerse sin comprometer nuestros ideales de cara al futuro. Queremos ser los protagonistas del cambio, y precisamente por eso acudimos adonde nos llaman, porque tenemos muchos mensajes que dar y nada que perder. Estamos aquí por vocación y ésa es la razón que tenemos para no dejar de ser quienes somos.

Diez minutos, un discurso. Y nada volvió a ser igual para quien escribe estas líneas.

No había pasado un año de la celebración del Congreso Mundial de la Internacional de Jóvenes Socialistas (IUSY, por sus siglas en inglés), donde el nuevo equipo fue elegido por las más de ciento cincuenta organizaciones provenientes de más de ciento treinta países del mundo.

Cuando presenté la candidatura a la Secretaría General, mi compromiso fue trabajar por el desarrollo de una democratización interna de nuestra organización y de nuestros partidos y establecer nuevas vías de participación. Trabajar en la apertura de nuestras organizaciones para dar a conocer nuestra labor y aprender también de lo que estaba sucediendo en la calle. Comprometernos con los jóvenes artistas para trasladar nuestros mensajes de solidaridad internacional, justicia social y paz con su propio lenguaje. Desarrollar proyectos de cooperación y formación, porque nuestra organización surgió con la intención de conseguir un mundo mejor y, para eso, estamos convencidos de que hacen falta políticos mejores.

Junto a Viviana Piñeiro, la presidenta uruguaya, formamos un equipo con dieciocho vicepresidentes y vicepresidentas de todo el mundo, integrado por compañeros que tienen mucho que decirle al mundo, pues han vivido la persecución de sus familias en Diyarbakir, se han criado en campos de refugiados en Tinduf, han visto matar a sus compañeros en Utoya, han sido torturados en cárceles de Kampala, pasan cada día por puntos de control en Palestina, han huido de Birmania, viven amenazados en México, huyeron de una guerra en Croacia... Y todos defendemos los mismos valores, en distintas lenguas, con distintas religiones, razas y culturas.

Representamos a millones de jóvenes en el mundo y mantenemos viva una organización que tiene ya más de cien años. Aprendemos de los que dejaron su impronta y caminamos esperando mejorar la organización para los que vienen detrás.

Defendemos la política de los valores globales y tenemos la oportunidad de conocer el sufrimiento y las desigualdades en el mundo. Nuestro compromiso va más allá de las siglas de una organización de un lugar concreto, aunque no por ello lo que ocurra en nuestras organizaciones y países deja de preocuparnos.

Para nosotros hay mucho más por lo que luchar y es precisamente la unión que se crea gracias a la convivencia, gracias a la experiencia de conocer en primera persona las distintas realidades que viven millones de personas cada día lo que nos da fuerzas y nos muestra que la igualdad de oportunidades, la justicia social y la lucha contra la opresión siguen siendo las razones para no rendirnos.

Nos preocupa lo que sucede en Ramala, porque allí tenemos compañeros, tenemos amigos que nos han abierto las puertas de sus casas, nos han invitado a conocer a sus familias y nos han enseñado lo difícil que resulta la vida cuando no respetan tus derechos. Lo que ocurra en cualquier lugar del mundo nos importa y nos afecta, porque tenemos el compromiso de ayudarnos, pase lo que pase; ésa es la base de nuestros ideales y lo vivimos cada día a través de nuestra participación activa en política.

Entre nuestros proyectos se encuentra también la promoción de la memoria histórica: tanto intergeneracional como entre países. Las experiencias que se vivieron hace cincuenta años en Alemania pueden ayudar hoy en Bosnia.

Nos critican por ser idealistas. ¿Hay otra manera de participar en política que no sea defendiendo unos ideales? Por mucha energía que pierdan algunos en tratar de desanimarnos, la juventud de izquierdas sabe que el único camino es resistir, trabajar con honradez y valentía y exigir coherencia para que la lucha diaria tenga sentido.

Conocer la importancia de nuestros valores hace que, lejos de perder la ilusión, cada día seamos más utópicos. Porque es la única manera de querer dar la batalla. La del diálogo, la tolerancia y la democracia. Y solamente será posible avanzar si trabajamos juntos, entendiendo que, más allá de las diferencias, están los objetivos comunes.

Los derechos que hoy muchos disfrutamos son los que queremos para todos. Y tenemos muy claro que nuestra guerra es la de las ideas, no la de los países ni las personas. Nuestros partidos han de ser actores fundamentales para ello, pero estamos viendo como la socialdemocracia está perdiendo su identidad. Este debilitamiento conlleva una pérdida de referentes en la sociedad, que no encuentra la solución a los problemas que está causando el neoliberalismo. De ahí nuestra pérdida de respaldo social.

Somos ciudadanos que están en la calle. Sabemos perfectamente lo que se espera de nosotros y conocemos la frustración generada. Es precisamente ahora cuando hace falta una respuesta socialdemócrata, y muchos jóvenes miramos hacia nuestros partidos reclamando un cambio, exigiendo una señal que demuestre que ellos también están donde tienen que estar.

Ideas y conclusiones que se han abordado en nuestros congresos, en campamentos, en reuniones regionales en todo el mundo, y que se plasmaron en un discurso que no pretendía más que decir alto y claro que no podemos esperar más. No había más estrategia que la de decir la verdad.

La Internacional Socialista está duramente tocada. Hace años que las voces críticas dudan de su efectividad, de su transparencia y compromiso con los valores que defiende. Tanto es así que los que formamos parte en la organización juvenil venimos participando activamente en su proceso de reforma, porque, aunque seamos muy críticos, también somos coherentes a la hora de apoyar el cambio que consideramos necesario.

Y el discurso en Cascaes ante el Consejo de la Internacional Socialista trató de plasmar todas estas ideas.

Compañeras, compañeros, vicepresidente de la Internacional Socialista, secretario general, presidente:

Por mucho que se hable de crisis económica y financiera, de crisis política, de crisis de la democracia y de valores, nos encontramos verdaderamente ante una crisis de la condición humana [...].

Como desarrolla Christian Felber en su teoría sobre la economía del bien común, el sistema actual se fundamenta en dos variables: el éxito cuantificable en beneficios económicos y la competitividad como valor para alcanzarlo. La competencia conlleva que haya un ganador que sobresale o tiene más éxito que los demás, por lo que uno gana y los demás pierden. Precisamente, un cambio de paradigma, que se fundamente en el valor de la cooperación, en que todos los individuos persigan el objetivo de un bien común, propiciará que cada cual aporte lo que pueda y que nadie quede fuera del proyecto.

De esta manera, los sistemas que garanticen el reparto de la riqueza, la sostenibilidad y el respeto del medio ambiente y del ser humano como centro de las políticas son la respuesta necesaria ante la crisis que padecemos.

La dualidad de vivir entre dos tipos de valores es lo que termina por anestesiarnos. Las actitudes que funcionan en las relaciones sociales, tales como el respeto, el altruismo, la paciencia, la honradez y la honestidad, nada tienen que ver con los principios que rigen un sistema de competencia, esto es: la ocultación de información para tener más poder, la humillación para debilitar al supuesto adversario, el egoísmo de no compartir lo que uno tiene, la impaciencia y la rapidez. Precisamente, se trataría de aplicar a la política y a la economía los mismos principios y valores que rigen entre las personas. Así se le estaría dando la merecida dimensión humana, que en definitiva es lo que hemos perdido.

Es bueno recordar que lo que persigue un buen socialista es que nadie sea tan rico como para poner a otra persona de rodillas y que nadie sea tan pobre como para tener que arrodillarse ante otro [...].

Rousseau ya lo dijo hace muchos años. Y ése es el punto de partida que fundamenta nuestra militancia: la igualdad de todas las personas y poner fin a la explotación de cualquier tipo. Si palabras como aquéllas hoy en día siguen sonando actuales, quizá sea porque no hemos conseguido avanzar mucho en ese sentido. Recordarlas y ponerlas de manifiesto supone una llamada de atención a la pérdida de nuestros ideales y del motivo real de nuestra lucha. A la vista está que la socialdemocracia últimamente se ha preocupado más por gestionar el sistema capitalista que por corregir sus fatídicas consecuencias.

Pero tengamos cuidado. Lo que está pasando en todo el mundo, esa revuelta [...] cuando la gente está saliendo a la calle en Madrid, en Bruselas, en El Cairo, en Beirut [...] desgraciadamente no hemos sido los socialistas del mundo los que los hemos animado a salir a la calle y a movilizarse, y lo que debería dolernos es que ellos están pidiendo democracia, están pidiendo libertad, están pidiendo fraternidad, también una educación pública, una sanidad pública y nosotros no estamos ahí [...].

Ya en 2011, desde IUSY advertimos que cuando la Primavera Árabe empezó, la Internacional Socialista no estaba ahí, donde tenía que estar, sino con los partidos de los regímenes autoritarios, y que no era de extrañar, por tanto, que el socialismo y la socialdemocracia estuvieran perdiendo legitimidad en el mundo (Resolución IUSY, Congreso Mundial, Attersee, Austria, 28 de julio de 2011). Vicenç Navarro iba a publicar, después del discurso en Cascaes, un artículo señalando las cosas que no se dijeron y que se deberían haber dicho.Y precisamente puso de manifiesto esta cuestión. Pues bien, a la vista está que en su momento denunciamos la presencia de partidos contrarios a nuestros valores dentro de la Internacional Socialista y nosotros, en el seno de nuestra organización, mantenemos firme el compromiso de no admitir, o de expulsar, a aquellas organizaciones que no respeten nuestros principios comunes.

Las revoluciones sociales que están teniendo lugar en todo el mundo alzan la voz y piden lo mismo que nuestro movimiento ha exigido siempre. ¿Qué ha pasado para que no les resultemos una herramienta útil para canalizar sus demandas? ¿Por qué han dejado de considerarnos un referente para la búsqueda de las soluciones y ahora nos cuestionan como parte del problema?

Nosotros, los jóvenes, entendemos la distancia que nuestros partidos han tomado ante muchas circunstancias. Incluso cuando han gobernado han actuado en contra de nuestros valores, excusándose en la imposibilidad de mantenerlos. ¿Acaso son nuestros ideales renunciables? Precisamente cuando no se mantienen con firmeza los valores, la gente deja de creer en nosotros como alternativa. No se trata de cambiar el rumbo de los partidos políticos según las circunstancias, sino de conseguir que las circunstancias cambien haciendo actuar a los partidos.

Los jóvenes de vuestras organizaciones; los que tienen que trasladar el mensaje, no pueden ser aquellos elegidos por vosotros porque os resultan muy cómodos y resultan muy cómplices. Los jóvenes a los que tenéis que dar la palabra han de ser elegidos en procesos democráticos en nuestras organizaciones.

De un tiempo a esta parte, en todas las reuniones de IUSY trabajamos con una serie de talleres que son inamovibles de nuestra agenda. El de democracia interna es uno de ellos. ¿Cómo pretendemos los partidos políticos ser la herramienta para la democracia, si nuestras propias organizaciones no son democráticas?

Defendemos que los jóvenes se formen, se especialicen, terminen sus estudios para dedicarse a la política. Consideramos de vital importancia que quienes quieran dedicarse a la política sepan lo que es un trabajo, incluso lo que es buscarlo y no encontrarlo. ¿Cómo se pretende representar a aquellos que no se conoce en absoluto? Más que «estar con» hay que «ser».

Y nuestros partidos han de dar voz a los jóvenes que realmente demuestren los méritos necesarios, que sean representantes de sus compañeros, elegidos en procesos democráticos abiertos, transparentes y participativos. No queremos profesionales de la política, sino políticos que ejerzan su labor con profesionalidad y rigor.

No entendemos el sentido de debate [...]. En IUSY, cuando nosotros hablamos de debate, ponemos unas ideas sobre la mesa y entre todos buscamos las soluciones. No tiene sentido que aquí cada uno venga a contar qué pasa en su lugar. Lo que aquí deberíamos hacer es subirnos al estrado y decir lo que nosotros podemos ofrecer y la necesidad de ayuda que tienen muchos de nuestros compañeros.

No es la primera vez que desde IUSY consideramos que en los últimos años la Internacional Socialista no ha desempeñado un papel global relevante y sólido en temas de actualidad política, y por eso pedimos de verdad un movimiento internacional global para la familia socialista. La pérdida de perspectiva hace que las reuniones políticas se conviertan en pasarelas de discursos que, si bien pueden ser más o menos interesantes, no proponen compromisos concretos. Se ha perdido la dimensión de la cooperación directa, del debate constructivo. Es fundamental que desarrollemos de nuevo el debate intelectual y la asunción de compromisos reales tanto con organizaciones o partidos dentro de la Internacional Socialista como a nivel social.

Éste es el momento en que nuestros compañeros de Uganda, por ejemplo, nos pueden venir a decir cuántos compañeros de la juventud están ahora mismo en prisión por pertenecer a partidos socialistas.

Nuestra reunión del Comité Africano tuvo lugar en Uganda en noviembre de 2012. Allí pudimos visitar lugares donde habían torturado y matado a nuestros compañeros. Muchos de ellos todavía tienen el cuerpo sembrado de marcas que les recuerdan por qué luchan: la democracia en su país, el fin de la corrupción, la distribución de la riqueza para que dejen de morir de hambre.

¿Cómo es posible que la comunidad internacional no haga nada? Hacen falta compromisos directos y urgentes. No podemos dejar sola a ninguna persona que luche por nuestros derechos.

No estamos aquí solamente para ser estrellas mediáticas, para dar discursos vacíos y no generar compromisos que llevarnos a casa a la vuelta mañana.

«IUSY ve la necesidad de cambiar los métodos de trabajo de las reuniones de la Internacional Socialista. Son demasiado largas y los discursos suelen referirse a muchos temas diferentes y alargarse tanto que no hay posibilidad para el debate ni para generar resultados» (Resolución IUSY, Congreso Mundial, Attersee, Austria, 28 de julio de 2011).

Y si no es una cuestión sólo de dinero, aquí tenéis a los jóvenes que estamos dispuestos a trabajar simplemente porque todavía tenemos los ideales muy puros y mucha energía.

El compromiso de IUSY, de la juventud en general, para formar parte del liderazgo global de la Internacional Socialista y de nuestros partidos en el cambio que está por venir es firme. Son palabras heredadas del Congreso Mundial de 2011, en el que ya anunciamos cuáles serían nuestras líneas de trabajo. Somos críticos, pero trabajadores. Creemos sinceramente en lo que decimos y por eso también vivimos en consecuencia.

Pero de verdad es muy importante que creemos una escuela de políticos con vosotros.

En el secretariado de IUSY, los últimos meses hemos trabajado en el diseño de tres proyectos diferentes, uno de ellos, una escuela política que además podamos ligar a un programa de mentores.

Sería muy prepotente por nuestra parte esperar únicamente la regeneración política. Los jóvenes traemos la innovación, la energía y el cambio, pero apenas tenemos experiencia, y necesitamos de nuestros mayores. Aprender de sus logros y también de sus fracasos.

La única manera de tener buenos políticos es que estén bien formados y tengan experiencia. Las organizaciones juveniles son, precisamente, el lugar fundamental para instruirnos en economía, administración pública, derecho, medio ambiente, historia política e idiomas. Se trata, en definitiva, de preparar lo mejor posible a quienes tienen la vocación de trabajar para el bien común. Será la mejor inversión que podamos hacer como ciudadanos y, sin duda, los partidos políticos tienen mucho que hacer al respecto.

Estamos en Diyarbakir juntando a todos los jóvenes del Mediterráneo.

En el Comité Mediterráneo que celebramos en Diyarbakir en noviembre de 2012, reunimos a todos los jóvenes de nuestras organizaciones del Mediterráneo en la misma mesa: palestinos, judíos, saharauis, marroquíes, tunecinos, libaneses, turcos y kurdos. Preparamos seminarios específicos para abordar desde distintas perspectivas las dificultades de cada uno de los conflictos. Además, sirvió de puente para crear la Unión Árabe de Juventudes Socialistas, que se presentó a mediados de marzo de 2013 en Beirut.

En el Consejo Mundial de IUSY, se adoptaron distintas resoluciones, especialmente importantes por haberse acordado de manera conjunta entre ambas partes de cada conflicto. Fue un largo proceso de negociaciones, pero entre todos aprendimos que es mucho mejor alcanzar los puntos comunes para caminar en la misma dirección que permanecer divididos peleando cada uno por su lado y por su propia razón.

Y no os olvidéis de que vuestro futuro también depende de nosotros, pero en el presente también tenemos un papel muy importante que jugar junto a vosotros, porque somos todos miembros de la misma familia.

En diciembre de 2012 celebramos nuestro Comité Americano. Allí hablamos sobre cuotas de representación juvenil en nuestros partidos y sobre la creación de una campaña en esta línea. La experiencia de los compañeros de Argentina de la Cantera de la Juventud Radical nos sirvió como ejemplo.

Sin duda, a pesar de las críticas es evidente que para nosotros es fundamental tener mejores partidos, estructuras mejores y más útiles. La crítica entendida como sector a combatir es un error. No hay mayor lealtad que la que se ejerce diciendo la verdad con ánimo constructivo. Quienes se preocupan por los sectores críticos deberían plantearse que puede que ellos se encuentren en el «sector criticado».

A pesar de lo dicho en Cascaes, el mensaje que quedó para muchos fue la crítica a los hoteles de cinco estrellas utilizados para este tipo de reuniones, muestra evidente de que seguimos banalizando y simplificando las protestas ante actuaciones injustas.

Diez minutos no son suficientes para gritarle a los que dirigen el mundo que se están quedando solos. Que tienen el poder que les hemos otorgado y se han olvidado de que trabajan para el bien común y no para el propio.

Pero no basta con denunciar lo que todos sabemos. Para que los cambios que queremos se produzcan, es necesario actuar, es fundamental asumir con valentía y determinación nuestra responsabilidad. Donde quiera que estemos, hemos de dar un paso adelante y demostrar nuestra coherencia con conductas.

La deriva de los partidos políticos de izquierda, su drenaje político, se frena confirmando su identidad, recuperando sus valores y actuando en consecuencia. El poder como un fin en sí mismo se vuelve déspota y autoritario, se preocupa por perpetuarse a toda costa. Utilizar el poder como medio para la consecución de unos objetivos es el origen de la lucha por el alcance de los ideales. Quedarse en el camino no sólo hace que los ideales se pierdan, sino que el trabajo de muchos quede vacío de contenido.

Ante una realidad cambiante a un ritmo desenfrenado, los partidos políticos de estructuras arcaicas han de asumir que o se reconstruyen o serán sustituidos. Y estamos a tiempo de recuperar su función de herramientas al servicio de la sociedad. Para ello habrá que perder los miedos, esforzarse por decir la verdad, tan poco usada y que hoy en día causa revoluciones.

Es necesario comprender que la crítica es útil cuando es constructiva. Destruir resulta siempre más sencillo y, si no se propone una alternativa, nos quedaremos a oscuras.

Se ha perdido la dimensión humana en cada paso que se da. Los dirigentes políticos toman decisiones justificándose con números, como si hubieran olvidado que todo lo que han de gestionar incidirá en el día a día de personas con dignidad y necesidades. De seres humanos que no son ni más ni menos que ellos. Han llegado a anestesiarnos y a hacernos sentir que los muertos de algún lugar valen menos que los nuestros. Nos hemos vuelto capaces de mirar hacia otro lado mientras miles de personas mueren de hambre.

El mundo es nuestra realidad, es nuestro. De cada uno de nosotros y de nosotras. Cada derecho que podemos desarrollar conlleva en sí mismo la responsabilidad de utilizarlo y luchar para que quien no lo tenga lo pueda alcanzar.

Nuestras acciones pueden parecer pequeñas, pero siempre serán más efectivas que cualquier gran intención. Si nadie hace nada, no pasará nada.

Se podría hacer muchísimo más de lo que se está haciendo para garantizar una vida digna a cualquier persona. La política es una herramienta que, bien empleada, tiene la facultad de conseguirlo. De cada uno de nosotros dependerá seguir señalando con el dedo a quienes no merecen nuestro apoyo, a quienes no nos representan, o dar el paso necesario para asumir con responsabilidad nuestro papel y darnos la oportunidad de representar lo que creemos y tratar de hacerlo posible.

Debemos recuperar la pasión por la democracia. Y para ello es necesario desarrollar medidas que pongan fin a la corrupción, reformar los procesos y sistemas de elección, establecer procesos que limiten el poder garantizando la meritocracia para el desarrollo de la política como servicio público.

Los partidos políticos han de replantear sus estructuras, sobre todo los de izquierdas, pues deben reformar los canales de comunicación y el proceso en la toma de decisiones fomentando aportaciones plurales y desarrollando un sistema participativo desde sus bases. Deben desarrollar la formación de sus integrantes fomentando el ejercicio de una política fundamentada en el conocimiento, no en las estrategias.

Se trata, en definitiva, de humanizar la política a través del equilibrio entre la ética y la utopía. Para ello son imprescindibles el compromiso y el respeto, la lealtad a los ideales, sustituir la competencia por la cooperación y no perder el objetivo final que no es otro que alcanzar el bien común.

ALGUNOS PASOS ESENCIALES PARA CONSEGUIR EL CAMBIO QUE NECESITAMOS

El futuro depende de nosotros

Paso a paso se consigue caminar un largo recorrido.

Si consiguiéramos sumar esfuerzos en torno a una serie de puntos comunes, la política recobraría su fuerza y conseguiría desarrollar el cambio necesario. Para encontrarlos, es necesario hablar con sinceridad, compartir conocimientos y apoyar a quienes creen en ellos.

A continuación recojo algunas propuestas que podrían servir para dar los primeros pasos. Han surgido del diálogo, la reﬂexión y el compromiso para encontrar alternativas a lo que hasta hoy conocemos.

EN LA ACCIÓN POLÍTICA

Abordar de manera prioritaria una reforma del sistema electoral

El voto de cada persona ha de tener el mismo peso, independientemente del territorio del que provenga. Debe garantizarse la representación en las instituciones de todos los grupos políticos con base en los votos recibidos de una manera justa y proporcional.

Los votos han de tener un valor sustancialmente igual en cuanto al número de escaños en el Congreso de los Diputados. Es la consecuencia de que el voto sea “igual”, tal como señala el artículo 68 de la Constitución, que se conecta con los artículos 23 y 14.

En los ajustes necesarios ha de fomentarse la participación justa y sostenible de todos los grupos votados y no el refuerzo de los más grandes como viene ocurriendo.

Modiﬁcar la ley de partidos para garantizar un ejercicio pleno de la democracia

El valor de la política es incuestionable. Pero, para que siga teniendo vigencia, ha de actualizarse y responder a los reclamos de la sociedad. Con este objetivo, es imprescindible abordar una serie de puntos fundamentales en el seno de los partidos políticos y, para garantizar su cumplimiento, deben plasmarse en la ley de partidos.

• Establecer medidas que comprometan al cumplimiento del programa electoral

Si bien no es un contrato, el programa electoral es un acuerdo entre partes. Su cumplimiento debería poder medirse con evaluadores tangibles, desarrollados por observadores independientes.

Además, si se decidiera modiﬁcar parte del programa que se ha prometido cumplir, sería lógico que se llevara a cabo una consulta popular para que la ciudadanía pudiera reprobar dicha acción y paralizarla. De este modo se evitaría que el voto ciudadano otorgara impunidad durante todo el mandato.

Convendría reﬂexionar más y mejor sobre la quiebra de los programas electorales. Los ciudadanos no cuestionan la capacidad y la pertinencia de su voto, sino que sus representantes, a los que han votado, les traicionen. Porque de eso se trata, de traicionar la conﬁanza depositada en ellos. Sería conveniente arbitrar mecanismos que vigilen las líneas maestras más importantes de los compromisos electorales mediante, por ejemplo, un comité de seguimiento electoral (externo o mixto) que permita emitir un informe de cumplimiento.

• Elección de las candidaturas mediante primarias y listas abiertas. Un militante, un voto

Es necesario que las personas que van a representar una ideología y defender unos intereses comunes sean elegidas mediante un proceso de primarias en el que, entre las posibles opciones y candidaturas, se decida a quién otorgar la autoridad, el apoyo o la simpatía. Acabemos con las elecciones a dedo y las decisiones impuestas.

Además, la participación democrática requiere poder elegir a quienes realmente queremos que nos representen y no a partir de un listado cerrado como en la actualidad. Si no te gusta alguien de una lista o no lo consideras digno de tu voto, has de tener la posibilidad de excluirle de tu decisión.

El proceso de votación ha de poner en valor el voto de cada militante, eliminando toda posibilidad de que su voluntad y elección se diluyan por el camino. Cada miembro del partido debe tener los mismos derechos, independientemente de la agrupación de la que proceda. Su voto ha de valer lo mismo.

• Limitación de los mandatos, limitación de las responsabilidades

Las responsabilidades políticas han de durar un tiempo predeterminado para evitar abusos de poder. Es preciso regular una limitación en el número de mandatos que una persona pueda asumir: tanto a nivel orgánico como en el de las responsabilidades públicas.

Igualmente, para fomentar la participación y la vida activa de los partidos, deberán limitarse las responsabilidades orgánicas de sus miembros, que en ningún caso deben recibir remuneración por más de una responsabilidad orgánica o pública. Es preciso introducir limitaciones personales al continuo desempeño de cargos públicos, electivos o no, con objeto de garantizar una sana rotación en los mismos y evitar la perpetuación en ellos de las mismas personas durante la mayor parte de su vida activa. Debemos estudiar la introducción de tales limitaciones en la regulación de los partidos políticos con análogos objetivos.

• Exclusión en las listas de personas sentenciadas o imputadas por corrupción

Es cierto que no todas las imputaciones son iguales, pero bajo esa premisa la ciudadanía ve como se legitima cierta impunidad jurídica en largos procesos de dudosa conclusión. La política es una dedicación digna que ha de desarrollarse con valor y libertad: nada teme quien nada esconde.

Las listas electorales deben estar formadas por personas con una reconocida integridad, una conducta intachable y un pasado igualmente digno. Incluso con listas abiertas, nadie debería manchar los valores de un partido o de una ideología por sus intereses particulares o sectarios.

Los políticos, además de gestionar el interés común, han de ser ejemplo y reﬂejo de la sociedad que quieren conseguir con sus acciones.

Cuando existe un auto judicial de imputación formal y apertura del juicio oral no se debe continuar en el desempeño de un cargo público. Con ello no se cuestiona la presunción de inocencia, que al imputado en estas últimas circunstancias también le es plenamente aplicable. El plano no es de inocencia o culpabilidad, sino de conﬁanza y garantía de una posición que permita al cargo público (y quizá orgánico) ejercer adecuadamente sus funciones. Y tal conﬁanza y garantía resultan difícilmente compatibles con un auto de apertura del juicio oral en el que han de justiﬁcarse por el juez los indicios que le llevan a mantener la imputación y ordenar el avance del proceso.

Es esencial romper con lo que ya es tradicional en este país en el que, pase lo que pase en sede judicial, nadie se da por aludido. Ésta, junto a la extrema y exasperante lentitud de la justicia, es una de las causas fundamentales de la ruptura de la conﬁanza de los representados en los representantes.

Es preciso apartar de la actividad pública a personas imputadas formalmente una vez se decreta la apertura del juicio oral y acertada la propuesta de agilizar los procedimientos en que estén implicados cargos públicos, así como la modiﬁcación de la normativa de contratación del sector público para expulsar del sistema de contratación pública a empresas (o empresarios) condenados por delitos relacionados con la corrupción política.

• La disciplina de voto ha de venir desde las bases

Las decisiones que tomen los representantes políticos de un partido que deﬁenda la democracia interna han de estar respaldadas por la militancia. Solamente así se garantiza que el representante político escuche a sus compañeros y represente de manera efectiva lo decidido por los militantes de su partido. Además, así se fomentarán los debates internos sobre cuestiones políticas de actualidad. Para ello será necesario implementar la formación y la consulta a expertos que enriquezcan la participación en la organización.

De esta manera, el partido canalizará los deseos de la ciudadanía que, a través de la militancia, encontrará su manera de ejercer inﬂuencia directa en la política.

Las directrices no pueden venir desde arriba, pues se genera una desafección en las bases y sus dirigentes, lo que frustra a la militancia, reduce sus posibilidades de acción y aleja a la ciudadanía de la política.

Se han de proponer de forma periódica encuentros que potencien los debates internos entre corrientes y sensibilidades distintas en el seno de los partidos, de forma transparente y pública. Se trata de cambiar la cultura interna (y social) consistente en que un debate no tiene por que conducir a disputas o posiciones irreconciliables sino que de ellos han de salir propuestas y compromisos claros.

• Patrimonio político transparente

Mientras se escriben estas líneas, los informativos no dejan de sacar a la luz nombres de políticos españoles que han recibido sobres con dinero negro. Estas noticias generan desconﬁanza y pérdida de respeto hacia quienes nos gobiernan.

Cualquier persona debería poder conocer los gastos, los beneﬁcios y el patrimonio de nuestros representantes políticos, ya que, al ﬁn y al cabo, son empleados públicos que se dedican a trabajar para la ciudadanía.

Debe existir una transparencia y un cuidado exquisito en esta información. Nadie debería considerar la política como una opción para su enriquecimiento.

La transparencia ha de desarrollarse de igual manera respecto a los partidos políticos en general, que deberían declarar detalladamente la cuantía y procedencia de su patrimonio.

Es necesario que se lleve a cabo la publicación del presupuesto y las cuentas de los partidos políticos, las Fundaciones y demás entidades dependientes directa o indirectamente de aquél o de éstas con detalle y explicación de los ingresos y gastos superiores a 18.000 euros, así como de los préstamos bancarios en los que sean deudores. En la Web deberían publicarse los informes de ﬁscalización de las cuentas de los partidos políticos, así como las Declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre el Patrimonio y las Declaraciones de Bienes de los responsables orgánicos e institucionales (procediendo de manera idéntica que si fueran altos cargos de la Administración del Estado). Adicionalmente se publicará su trayectoria profesional previa a la responsabilidad encomendada.

Es preciso también reforzar las medidas de incompatibilidad de Diputados y Senadores respecto al ejercicio de actividades económicas en el sector privado.

• Obligatoriedad de realizar ruedas de prensa con preguntas abiertas y accesibles a los medios de comunicación

Ganar unas elecciones, ser la persona responsable de desempeñar un cargo político o legislar respecto a un tema que afectará a millones de ciudadanos son encargos de la ciudadanía y no privilegios totalitarios. Aunque sería deseable que este paso se estableciese en todas las organizaciones —estén o no en el poder—, es imprescindible que por lo menos los cargos orgánicos y públicos informen a la ciudadanía a través de los medios de comunicación en ruedas de prensa con preguntas... y sería deseable que, también, con respuestas.

Rendición de cuentas y reprobación ciudadana de cargos a mitad de la legislatura

Las legislaturas no han de ser cuatro años de libre disposición para los Gobiernos, en los que puedan hacer o deshacer a su antojo la legislación (en caso de contar con la mayoría suﬁciente). La ciudadanía ha de tener la posibilidad de reprobar la acción del Gobierno en cualquier momento. Se debe asegurar que esta acción se desarrolle en un proceso que garantice una rendición de cuentas y un posible cambio de rumbo o suspensión. Podría incluirse la ﬁgura del referéndum revocatorio que diera paso a la convocatoria de nuevas elecciones en caso de resultar positivo. Se trataría de una fórmula aplicable al ámbito Nacional, Regional y Local.

La ciudadanía no puede estar observando durante cuatro años cómo un Gobierno actúa de manera contraria a lo que prometió, mientras sufre las consecuencias de sus decisiones. Debe poder ejercer su soberanía en cualquier momento, siguiendo un procedimiento democrático y participativo. Las nuevas tecnologías facilitarían y abaratarían enormemente esta gestión.

Consultas ciudadanas sobre la legislación especialmente sensible para la sociedad

Para conseguir una democracia más efectiva, es fundamental contar con procesos de participación ciudadana directa. Las consultas públicas suponen un compromiso social tanto por parte de los gobernantes como de los ciudadanos. Promueven una sociedad políticamente activa, refuerzan a los Gobiernos y facilitan la transparencia en el proceso de toma de decisiones políticas.

Ejemplos como el de Suiza nos muestran el buen funcionamiento de las consultas populares.

Temas como la educación, la sanidad y por qué no la prostitución, los ruidos o los usos de terrenos públicos... La ciudadanía merece dar su opinión sobre los aspectos a los que es más sensible, relativos a su vida, su entorno y su futuro.

Presupuestos verdaderamente participativos

Junto con los puntos anteriores, para evitar que, como pasa en la actualidad, se vote por un programa cerrado y en ocasiones poco entendible, los presupuestos deberían incluir partidas abiertas para que la ciudadanía elija correctamente su uso.

La pregunta «¿por qué se han gastado el dinero en una cosa, cuando hace tanta falta invertir en otra?» desaparecería si fuese la mayoría ciudadana la que tomara esas decisiones. Así de sencillo. El dinero público es dinero de todos y, aunque es lógico que ciertas partidas deban ser tramitadas por verdaderos expertos que garanticen nuestra inversión presente y futura, hay otras muchas que pueden ser gestionadas por las personas que conforman la sociedad y conocen exactamente sus necesidades.

Extender estos presupuestos participativos de manera general a las administraciones locales supondría una implicación directa de la ciudadanía en la política que afecta a su día a día de manera más directa. Además, así se garantizaría una mayor transparencia a la hora de gestionar el dinero que es de todos y se facilitaría la lucha contra la corrupción.

Contra la corrupción

La historia de los últimos treinta años de nuestro país revela la gran cantidad de indultos y demoras procesales que han terminado por diluir la responsabilidad de actividades corruptas por parte de políticos, banqueros y responsables de instituciones públicas.

Hacer uso del poder para beneﬁcio propio es tan reprobable cuando se hace para enriquecerse como para dilatar procesos con la ﬁnalidad de no pagar las consecuencias.

Quienes hayan cometido delitos de corrupción deben someterse al imperio de la ley, que ha de modiﬁcarse para que no queden impunes por el paso del tiempo.

Es necesario introducir modiﬁcaciones en el Código Penal para aumentar las penas actualmente previstas —tanto privativas de libertad como de derechos, las multas así como las sanciones principales y accesorias— para los delitos de prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráﬁco de inﬂuencia, fraudes y exacciones ilegales y delitos urbanísticos cuando sean cometidos con participación de cargos o representantes públicos y, derivadamente asegurar la ampliación del plazo de prescripción de los mismos.

En esta línea es preciso revisar la legislación para garantizar la restitución al erario público de las cantidades ilegítimamente percibidas o desviadas como consecuencia de la corrupción.

Sería muy positiva la creación de un Observatorio contra la corrupción que emita periódicamente un informe de situación así como de las medidas que se debieran adoptar y que trabaje en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria. Tendría capacidad de realizar labores de inspección y control y anualmente presentaría una memoria en el Pleno del Congreso de los Diputados.

Fiscalización ciudadana mediante exposición mensual obligatoria en el distrito electoral

Si todo cargo orgánico o público va asociado a un distrito, una ciudad o una provincia, eso signiﬁca que las personas que lo votaron otorgaron su conﬁanza. Por lo tanto, es de recibo que quien fue elegido les cuente qué está haciendo, cómo lo hace y para qué.

Los ciudadanos han de tener la posibilidad de trasladar sus cuestiones y ruegos de manera sencilla y accesible. Se han de eliminar al máximo los procesos burocráticos, que muchas veces se han convertido en barreras insalvables que evitan que la ciudadanía ejerza sus derechos.

La conversación entre el pueblo y los legisladores debe ser ﬂuida y bidireccional. Las decisiones que toman los Gobiernos —ya sean administraciones locales, provinciales, regionales, nacionales o europeas— han de trasladarse de manera efectiva a la ciudadanía. La responsabilidad de conseguir que ésta se involucre más en las cuestiones públicas es de los políticos, que habrán de hacer un gran esfuerzo para facilitar al máximo el conocimiento de las tareas que desempeñan.Además de propiciar los encuentros públicos con frecuencia y no solamente durante las campañas electorales, han de aprovechar las nuevas tecnologías, que facilitan enormemente el intercambio de la información y el contacto directo con la ciudadanía.

Eliminación de las retribuciones vitalicias para los miembros del Gobierno

Servir a la ciudadanía ha de ser un honor y no un privilegio. Garantizar la igualdad de los gobernantes y los demás ciudadanos ha de ser una cuestión fundamental para asegurar el carácter de servicio social de la acción de nuestros dirigentes.

EN LA ECONOMÍA

Creación de una banca ética de carácter público

El dinero de todos no puede volver a caer en manos privadas. Es necesario promover un sistema en el que los créditos oﬁciales sean gestionados por una entidad pública que esté al servicio de la ciudadanía y del bien común de manera accesible y transparente.

Los tipos de interés deben ser sostenibles y generadores de un beneﬁcio que revierta, a su vez, en la creación de proyectos comprometidos de manera responsable con la sociedad.

Establecimiento de la dación en pago en todas las hipotecas, paralización de los desahucios y revisión de las condiciones atendiendo a la realidad social

Las normas están para desarrollar la convivencia pacíﬁca de la ciudadanía y eliminar las desigualdades. El abuso que la banca ha realizado con la complicidad de nuestros gobernantes atenta contra los principios más básicos de humanidad.

Es inadmisible que se rescate a la banca privada con el dinero de todos y no se le pongan condiciones. Si el Gobierno ha de representar a sus ciudadanos y decide actuar de este modo, al menos debería negociar con la banca ciertas condiciones para contar con el dinero de la ciudadanía.

Es fundamental desarrollar una legislación que garantice medidas como la paralización de los desahucios, la reducción de la cuantía de las hipotecas atendiendo a la realidad social o personal, así como la dación en pago y la puesta a disposición de las familias afectadas de un parque de viviendas de alquiler, entre otras medidas.

En deﬁnitiva, se trata de no olvidar que el soberano es el ciudadano. Cualquier norma que contravenga los derechos fundamentales no puede ser admitida en un Estado democrático y de derecho.

Establecimiento de la tasación para las transacciones ﬁnancieras (tasa Tobin)

El premio Nobel de economía James Tobin planteó hace cuarenta años una tasa mínima de apenas el 0,1 por ciento para las transacciones ﬁnancieras especulativas.

Si hoy en día se aplicase el 1 por ciento de tributación en este ámbito, se acabaría con el hambre en el mundo en un solo día, según los expertos.

¿Cómo es posible que nueve de cada diez euros ingresados en las arcas públicas españolas provengan de la recaudación de la renta de los trabajadores, y los bancos no contribuyan a la sostenibilidad del sistema público? Es escandaloso que precisamente haya sido el sector de la banca privada el máximo beneﬁciario de nuestros impuestos, pues con ellos han llenado los agujeros que crearon jugando con las deudas privadas.

La especulación de empresas que se dedican a recomendar inversiones ﬁnancieras hacen subir y bajar los intereses de nuestras hipotecas. Curiosamente, los detractores de esta medida dicen que será un efecto disuasorio para este tipo de operaciones, que el mercado se moderará y por lo tanto habrá menos «pelotazos» y que se recaudará la mitad de lo planteado... ¿La mitad del total no es más que la nada actual? Bienvenidas sean esas «diﬁcultades».

Combatir la impunidad de los paraísos ﬁscales

Si cada persona física debe especiﬁcar aquello que compra, que tiene, dónde lleva el dinero y a quién se lo da... ¿por qué no debería ser igual para las grandes fortunas y empresas? Acabar con los paraísos ﬁscales es un objetivo de entrada ambicioso, pero crear un registro transparente de todos los movimientos de capital entre organizaciones y de los datos de los clientes con cuentas en los paraísos ﬁscales, accesible para todos, no sólo es posible, sino además exigible.

Si la oposición a esta transparencia se debe al temor de que las empresas puedan deslocalizarse, cabría preguntarse si acaso eso no es algo que está ocurriendo ya, y si no se está sembrando la duda respecto a cuáles siguen un comportamiento ético y cuáles no. De esta manera, además, podrían establecerse beneﬁcios ﬁscales para aquellas empresas que desarrollan un comportamiento ético y contribuyen de manera adecuada al sostenimiento del Estado del bienestar.

Los compromisos a nivel internacional en las cuestiones económicas son necesarios para bloquear al máximo la evasión ﬁscal.

Equidad ﬁscal con impuestos progresivos

El multimillonario estadounidense Warren Buffett se indignó contra la política ﬁscal de su país cuando comprobó que él pagaba menos impuestos que su secretaria. Pidió que la tasa fuese proporcional. Desgraciadamente, no todos lo tienen tan claro.

No hablamos de quitar a alguien lo que ha ganado, ya que eso desincentivaría la inversión. Se trata de que la carga ﬁscal repercuta en las personas según su verdadera situación y su patrimonio, con impuestos supletorios para las grandes empresas y fortunas.

Si contribuyesen más los que más tienen, la recaudación podría destinarse a medidas sociales que garantizasen una mejora del bienestar general. Es necesario un ejercicio de concienciación para el reparto equitativo de la riqueza.

Mayor dotación de la Oﬁcina Antifraude y lucha contra la evasión ﬁscal

La Oﬁcina Antifraude está desbordada y los propios inspectores aseguran que no tienen los medios necesarios para desarrollar su labor de manera efectiva. Esto es preocupante, pues el 22,5 por ciento de nuestra economía está sumergida. Según los datos de la organización Tax Justice Network, 82.000 millones de euros se escapan de las arcas del Estado. Somos la décima potencia a nivel mundial en fraude ﬁscal.

Es lógico que nos perdamos en esas grandes cifras y nos cueste imaginar el daño ocasionado o en qué podríamos invertir ese capital. Sin embargo, es fácil imaginar que te quitan o esconden uno de cada cuatro euros que tú deberías cobrar. ¿Qué tienes que dejar de hacer? ¿Qué podrías hacer si tuvieses ese 25 por ciento más? Pues eso. Necesitamos luchar contra el fraude y la evasión ﬁscal. Todos y todas merecemos ese euro que luego falta para la sanidad, la educación, la investigación, la innovación...

Es preciso reforzar el papel y la independencia de instancias como la Agencia Tributaria, la Fiscalía anticorrupción, el Tribunal de Cuentas, los Interventores Municipales u otros análogos para lograr una ﬁscalización efectiva de las Administraciones Públicas, órganos ejecutivos y partidos políticos. En este sentido es de vital importancia la potenciación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de tal manera que disponga de una ratio de personal equivalente, al menos, a la media de la Unión Europea.

Para reforzar la lucha contra la corrupción y el fraude y fomentar la transparencia, es preciso plantear la creación de un grupo especial rotatorio dentro de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que revise anualmente las Declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio de Diputados, Senadores, Parlamentarios autonómicos, Presidente del Gobierno, Vicepresidentes del Gobierno que, en su caso, existan, Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores Generales y equivalentes autonómicos; Alcaldes y Concejales de Municipios de más de 5.000 habitantes; miembros de los órganos de gobierno de empresas públicas, entidades públicas empresariales y fundaciones públicas, miembros de los órganos constitucionales, del Tribunal Supremo, de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades autónomas, Defensor del Pueblo, Adjuntos al Defensor del Pueblo, de los miembros del Consejo de Dirección de las Universidades públicas y de los organismos reguladores.

Seguimiento y memoria de becas, subvenciones y patrocinios

Si es dinero de todos, debe ser bien aprovechado. Las becas, las subvenciones y los patrocinios son herramientas fundamentales en el Estado de derecho que sirven para invertir en personas u organizaciones. La ciudadanía merece un sistema saneado y de ﬂujo constante de estas ayudas económicas. Por lo tanto, es necesario que se presenten memorias de estas partidas y que se realice un seguimiento posterior no sólo de su cumplimiento, sino de la repercusión económica y el retorno de la inversión para el Estado.

Reducción de los impuestos en el ámbito de la cultura

La promoción de la cultura por parte del Estado es fundamental para el desarrollo de la ciudadanía. El establecimiento de tributos reducidos para asegurar el acceso de toda la población al ocio, al arte y a la cultura fomenta su formación, además de la consolidación de un nuevo sector productivo que en España puede generar grandes beneﬁcios.

Es necesaria la creación de organismos públicos y normativas que garanticen la protección de los artistas y su promoción.

EN LOS DERECHOS SOCIALES

Reforzar, con carácter general, los pilares del Estado de bienestar

Garantizar la sanidad pública y universal, la educación pública, laica y de calidad sobre la base del desarrollo personal y reforzar el sistema de pensiones han de ser los objetivos principales.

Establecimiento de una renta básica para la ciudadanía

Si se estableciera una tributación especial para los grandes capitales y el patrimonio y se implantase la tasación a las transacciones ﬁnancieras, sería posible crear una renta básica para la ciudadanía. Una cantidad ﬁja que cada ciudadano recibiría durante toda su vida y sin condiciones, y que garantizaría un mínimo para que las cuestiones básicas quedasen siempre satisfechas. No es un subsidio, es un derecho.

Quienes critican esta medida lo hacen por considerar que habría quien decidiría vivir de esta renta y no se fomentaría el esfuerzo. Es cuestión de garantizar la libertad de las personas: lo que quieras para ti has de quererlo para los demás.

Cada cual sería libre de tener además un trabajo que le permitiera recibir más ingresos, pero siempre tendría un respaldo económico para no preocuparse por la supervivencia.

Desarrollo de un plan de vivienda social y accesible para todos

Hay que promocionar el alquiler público y ﬂexibilizar la legislación para que los arrendadores y los arrendatarios puedan hacer contratos equilibrados que garanticen el acceso a la vivienda a un precio sostenible.

Se necesitan medidas que garanticen el control del precio de la vivienda, que regulen topes en los precios para eliminar la especulación en este ámbito.

A través de procesos públicos de adjudicación en alquiler, habría que poner a disposición de la ciudadanía las viviendas vacías de los bancos rescatados con dinero público.

Protección y apoyo a la maternidad

Hay que desarrollar medidas legislativas que fomenten la maternidad, ﬂexibilizando las jornadas laborales de las madres y los padres sin menoscabo de sus ingresos. Regular por ley condiciones laborales que refuercen la protección de los trabajadores con responsabilidades familiares e incrementen sus salarios con la colaboración del Estado.

Es necesario el apoyo a la conciliación con inversión en servicios de guardería públicos, así como el seguimiento y la cobertura de las madres y los padres, reforzando la atención sanitaria, psicológica, social y educativa.

Reducción de la edad de jubilación y fomento de la incorporación de los jóvenes al mercado laboral

El hecho de que tengamos de media más años de vida no debe implicar que la vida laboral se alargue. Es absurdo obligar a los trabajadores a mantenerse en sus puestos mientras los jóvenes están desempleados.

Es necesario desarrollar un plan estratégico que fomente la incorporación de los jóvenes en el mercado de trabajo para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

EN LA MONARQUÍA

Consulta pública sobre la idoneidad de la monarquía parlamentaria como sistema actual de Gobierno

En un Estado democrático y de derecho que deﬁende los principios de igualdad de sus ciudadanos ante la ley, la ﬁgura de la monarquía resulta anacrónica e injusta.

La democracia española está lo suﬁcientemente consolidada en este sentido como para plantear a la ciudadanía la consideración de este tema.

Sobre todo es una cuestión que ha de ser planteada porque existen partidos políticos con gran presencia en las instituciones que deﬁenden en sus estatutos la República como forma de Gobierno.

EN LA RELIGIÓN

Actualizar los acuerdos con las entidades religiosas para garantizar un Estado laico y aconfesional

Es básico terminar con cualquier tipo de privilegio que conlleve beneﬁciar a una confesión religiosa en detrimento de las demás. Las creencias religiosas han de mantenerse en la esfera privada de las personas. El Estado debe garantizarles sus derechos sin beneﬁciar en ningún caso a una religión en particular.

La educación, los tributos y las cuestiones públicas en general no han de verse afectadas por ningún tipo de criterio religioso.

En el listado de entidades que habrían de hacer públicas sus cuentas debería incluirse a la Iglesia católica y demás confesiones de forma expresa en todo lo relativo a los ingresos procedentes de las Administraciones Públicas.

EN LA DEFENSA

Reducción de los presupuestos destinados a defensa y sometimiento a consulta pública de la intervención en conﬂictos internacionales

Para hacer efectiva la defensa de la paz y los derechos humanos, el Gobierno ha de consultar a sus ciudadanos mediante referéndum antes de intervenir en cualquier conﬂicto internacional.

Igualmente, atendiendo a los valores de la sociedad española para el mantenimiento de la paz, invertir más en educación y menos en armamento y defensa será un compromiso real para desarrollar una ciudadanía formada en la cultura del compromiso con la no violencia.

EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Garantizar la plena independencia de los jueces y los tribunales

La justicia es uno de los pilares fundamentales de la protección de los derechos de los ciudadanos. Debe ser totalmente independiente y estar protegida contra cualquier interferencia de carácter político.

Los tribunales han de elegirse con base en criterios estrictamente objetivos y meritorios y no de acuerdo con simpatías o sensibilidades políticas.

Han de adoptarse medidas por parte del Consejo General del Poder Judicial para reforzar los juzgados que tramiten causas vinculadas a la corrupción (juez de apoyo, personal de apoyo), para una mayor agilidad en este tipo de cuestiones.

EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El Estado ha de asegurar fuentes de información pública veraces e imparciales

Para que la ciudadanía pueda participar activamente según sus propios criterios, debe contar con información objetiva y de calidad. La programación de la televisión y la radio públicas ha de responder a cuestiones de interés general, pues son un medio de difusión de mensajes fruto de la investigación de profesionales públicos, sometidos a los criterios de imparcialidad y veracidad.

EN MEDIO AMBIENTE

El Estado debe promover cualquier actividad que conlleve la preservación y el cuidado del medio ambiente y sancionar las infracciones de manera contundente. En este sentido, la inversión pública en el desarrollo de energías renovables es fundamental, así como el fomento del uso de medios de transporte públicos.

Han de desarrollarse cursos de formación en las escuelas y en los centros de trabajo sobre ecología como parte de los programas estatales.

EN EUROPA

Desarrollo de la Europa social como prioridad

El proyecto europeo tiene actualmente el reto de desarrollar sus pilares sociales, que han quedado desatendidos frente a la importancia prestada a la dimensión económica.

Para que Europa recobre la legitimidad y el reconocimiento de sus ciudadanos, es preciso el desarrollo de los derechos sociales a nivel supranacional. Que cuestiones como la sanidad, la educación o las normas laborales sigan siendo establecidas por los Gobiernos nacionales es un lastre que imposibilita el desarrollo de una plena ciudadanía europea.

Tributación europea

Para que puedan abordarse medidas efectivas, es necesario dotar a la Unión Europea de un presupuesto suﬁciente proveniente de la contribución de sus miembros por medio de tributos. Establecer una ﬁscalidad a nivel europeo garantizará el equilibrio necesario entre los Estados y reforzará el proceso e equiparación de salarios, nivel de vida y, en deﬁnitiva, la igualdad de oportunidades de la ciudadanía.

El desarrollo de medidas como la tasación a las transacciones ﬁnancieras ha de abordarse también desde una perspectiva europea, así como la regulación de los paraísos ﬁscales.

Mayor peso a las decisiones del Parlamento Europeo

Para que Europa sea un proyecto respaldado por su ciudadanía, es de fundamental importancia que la institución que la representa tenga un peso incuestionable en las decisiones de la Unión.

Actualmente, aunque desde el Tratado de Lisboa se ha avanzado en esta dirección, el Consejo de Ministros de la Unión Europea sigue teniendo demasiado peso, lo que hace que en muchos casos las decisiones se tomen atendiendo a los intereses nacionales en lugar de los europeos.

Si realmente queremos que el proyecto tenga sentido, las instituciones han de reﬂejar el compromiso con los valores por ellas mismas proclamados.

Éstas, entre otras, podrían ser algunas de las medidas a desarrollar, que garantizarían un reforzamiento de la democracia a través de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, del desarrollo de las instituciones en procesos democráticos, a la vez que centrarían la política y la economía al servicio de las personas. De nosotros depende luchar para desarrollarlas, mejorarlas y ponerlas en marcha. Solamente trabajando para el interés común podremos desarrollar la verdadera dimensión del concepto de ciudadanía. Mientras estas cuestiones no se lleven a cabo, aumentarán la desafección respecto a la política y, en deﬁnitiva, el debilitamiento de nuestros valores.

Están al alcance de nuestra mano. Con voluntad, unidad, generosidad y ﬁrmeza sería posible desarrollarlas. Solamente tenemos que querer y asumir nuestra responsabilidad.

Apresurémonos lentamente.

No nos avergoncéis

Beatriz Talegón

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© Beatriz Talegón, 2013

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Primera edición en libro electrónico (epub): septiembre de 2013

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