SINOPSIS

Javier Zarzalejos, mano derecha de Aznar durante sus dos legislaturas, conoce los mecanismos del poder mejor que nadie. La suya es una visión realista, alejada de la idealización buenista de la política, pero que también rechaza la concepción conspiratoria y malvada del ejercicio del poder.

Articulado sobre experiencias reales, autobiográficas en muchos casos, de quien fue testigo y en muchos casos participó directamente en diverso grado en algunas de las decisiones que definen la etapa de Gobierno desde 1996 a 2004, este libro trata de explicar el porqué, pero, sobre todo, en este caso, el cómo del ejercicio del Gobierno en la realidad de un país que tiene fortalezas y limitaciones.

Bajo esa idea se muestra el arranque de la administración popular tras muchos años de dominio socialista, la política antiterrorista y la intrahistoria de decisiones estratégicas que conllevó, la relación Moncloa-Zarzuela, la proyección exterior, la dinámica del Gobierno bajo la dirección de José María Aznar y la sucesión a cargo de Rodríguez Zapatero, con incursiones en sucesos posteriores y en la actualidad.

Javier Zarzalejos

No hay ala oeste

en la Moncloa

La realidad del poder en España

A Susana

A Mónica, Jaime, Alfonso, Gabriel e Ishita

Y a Catalina, que ha sido la última en llegar

1

NO HAY ALA OESTE EN LA MONCLOA

SÍ, PRIMER MINISTRO

No recuerdo el año, pero supongo que sería en torno a 2001; una cadena de televisión se decidió a producir una serie que situaba la acción en la Presidencia del Gobierno. Una comedia sobre una Moncloa imaginaria y unos personajes que, afortunadamente, no se podrían encontrar en la nómina de toda la Administración pública.

Los productores tuvieron la amabilidad de enviarme el guion de un par de episodios. Agradecí el gesto pero, naturalmente, no dije nada sobre el guion para que nadie creyera que una opinión mía suponía ni el rechazo ni el visto bueno de la Moncloa. La verdad es que tampoco habría sabido qué decir. Lo que leí era simplemente un disparate. No era una ficción dramática ni pretendía serlo, pero tampoco tenía nada que ver con una comedia. Las situaciones carecían de ingenio, y en aquellos diálogos de personajes inverosímiles no había rastro de humor, sino ocurrencias ramplonas.

Estaba claro que aquellos guionistas no sabían nada de política. Pero para hacer bien lo que se proponían, algo de política había que saber, sobre todo porque buscaban que los espectadores se rieran con esa caricatura de sus gobernantes. Y la caricatura tiene que ser reconocible.

Era un intento alejado años luz del modelo en su género, aquella Sí, ministro de la BBC, emitida en los ochenta, que narraba los esfuerzos del ministro del Gobierno de Su Majestad para Asuntos de la Administración, James Hacker, para conseguir que su departamento, dirigido por el secretario permanente Sir Humphrey Appleby, hiciera algo de lo que pedía. A pesar de las risas enlatadas, los diálogos entre el ministro, interpretado por Paul Eddington, y el secretario permanente, papel que hacía Nigel Hawthorne, reflejaban un buen número de asuntos nada banales. Uno podía a la vez sonreír con lo que veía y, prestando algo más de atención, aprender mucho sobre el poder de la burocracia personificada en el mandarín Sir Humphrey, quien, capítulo tras capítulo y con mucho humor de por medio, ofrecía todo el repertorio de recursos que una larga tradición burocrática ha ido creando para afirmar su poder y neutralizar o rehacer las iniciativas de los políticos. Era caricatura, sin duda, pero no grotesca sino sutil, inteligente, reconocible e inspirada. La BBC alardeaba de que era el programa preferido de Margaret Thatcher. Cabe pensar que lo fue al menos hasta que el ministro se convirtió en su competidor en la ficción. James Hacker llegó al número 10 de Downing Street y la serie se transformó en Sí, primer ministro.

Como seguidor selectivo de series no he encontrado una explicación convincente para la falta de producciones españolas sobre política. Las que se han intentado realizar carecen de calidad equiparable a la de otras muchas que han sido grandes éxitos con todo merecimiento. Series policíacas, de misterio, históricas, costumbristas y médicas han demostrado la capacidad de guionistas, actores, productores y directores. Pero en lo relativo a la política, el vacío lo hemos llenado con grandes producciones norteamericanas o algún inesperado producto nórdico como la danesa, y excelente, Borgen.

Tal vez una explicación simbólica sea bastante sencilla: no hay ala oeste en la Moncloa. La Casa Blanca es sin duda más icónica que ese mal llamado y mucho más modesto palacio. En la avenida de Pensilvania vive un jefe de Estado, y no uno cualquiera, mientras que en el lado oeste de la carretera de La Coruña reside el jefe de Gobierno de un país por cuya dimensión internacional se lo define como una potencia media.

Pero si hablamos de atractivo icónico, tampoco es que resulten inspiradores y cercanos los entresijos de la política danesa. Y, sin embargo, Borgen no solo fue elogiada por la crítica, sino que la imprevista coalición que consigue formar la protagonista, Birgitte Nyborg, cerrando el paso al Partido Conservador que ha ganado las elecciones, se importó a nuestro país con gran éxito entre columnistas y tertulianos como una posible hipótesis de formación de Gobierno después de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, y reapareció a propósito de las elecciones en Cataluña de diciembre de 2017.

Para bien y para mal, no hay ala oeste en la Moncloa a pesar de lo que pueda parecer; es decir, a pesar del gran poder de muchas de estas series políticas para ser tomadas por la realidad. El ala oeste de la Casa Blanca anticipa el nuevo Camelot de Obama, con un presidente dinámico y transformador, que también juega al baloncesto, aunque sin un jefe de Gabinete con historial de alcoholismo como el que sirve al presidente en la ficción, Josiah Bartlet. A Juego de Tronos, la retórica del asalto a los cielos la ha convertido en la metáfora de la política como la lucha desnuda —bien aplicable lo de desnuda a la serie, por cierto— y sin escrúpulos por el poder. House of Cards es el gran alimento para el prejuicio dominante de ver la política como una actividad en que la proporción de gente abyecta es abrumadora, empezando por Francis Underwood.

Otra peculiaridad: en estas tramas políticas, los personajes rara vez se redimen. Un médico como el doctor Gregory House, drogadicto, huraño y misántropo, que evita conocer a los pacientes a los que trata, se justifica en cada capítulo por sus diagnósticos salvadores en casos que serían imposibles de resolver para cualquier otro sin su talento. En las series políticas, el malo lo es cada vez más, y su maldad aumenta a medida que la trama se complica.

La diferencia va más allá. La política, lamentablemente, atrae sobre sí todas las presunciones negativas. Porque mientras creemos que es poco probable que lleguemos a toparnos con un médico casi infalible como el doctor House, a muchos les puede parecer perfectamente verosímil el retrato del político que se nos ofrece en producciones de éxito: amoral, cegado por la codicia y poseído por la libido dominandi.

POLÍTICA Y FICCIÓN

«La televisión invierte el progreso de lo sensible a lo inteligible y lo destruye mediante el retorno al puro y simple ver. La televisión y el mundo de internet producen imágenes y borran conceptos, pero así atrofian nuestra capacidad de entender.» Este homo videns del que habla Giovanni Sartori es terreno abonado para la simplificación y la sentimentalización. Las técnicas de comunicación han tomado buena nota. Esto es lo que busca explotar lo que ya se conoce como infotainment, ese terreno en el que la información y el entretenimiento borran deliberadamente el límite que los separa. Con filtros argumentales cada vez más débiles que lo protejan de la fusión entre realidad y ficción, entre lo que es información y lo que es simple entretenimiento, el resultado es tan engañoso como creer que, en cuanto a la política, la realidad imita a la ficción y se hermana con esta. Ocurre a escala colectiva algo parecido a lo que cuentan esos actores que interpretan a personajes malvados de una manera tan convincente que espectadores indignados los increpan por la calle y les censuran las fechorías que le hacen al bueno de la serie, como si tales maldades fueran reales.

Tenemos en nuestras pantallas una ficción buenista y virtuosa como la de El ala oeste de la Casa Blanca, otra edulcorada y sin mácula como la que protagoniza Téa Leoni en Madam Secretary, y una malvada como la de House of Cards, que es la que proporciona emociones más fuertes y parece adecuarse mejor al apaleamiento cultural y mediático que sufre la política en nuestros días. Pero pocas cosas hay menos emparentadas con la ficción, pocas cosas más sólidamente reales, que el ejercicio diario de la dirección política del país. La política no la hacen hombres y mujeres infalibles, y rara vez surge el deus ex machina del teatro clásico que resuelve la trama y salva a sus personajes. Muchas veces se tienen que tomar decisiones con menos información de la que se quisiera y en plazos que parecen demasiado perentorios. Lo imprevisible cuenta, y la incertidumbre es una variable presente en todas las ecuaciones de las principales decisiones políticas.

Tampoco hay episodios de persuasión mágica en los que el magnetismo de un presidente desborda las resistencias de sus adversarios. Los asesores pueden preparar un buen discurso que es probable que cambie opiniones; pero cambiar el voto, fijar la agenda política, construir eso que los politólogos denominan marcos, requiere ideas, continuidad y esfuerzo en la comunicación y en el contenido. Los cambios exigen procesos largos y ejercicios laboriosos de suma de voluntades en los que hay que invertir grandes cantidades de liderazgo político. A cada paso, el ejercicio del poder político en democracia muestra su doble cara en cuanto que es habilitación y límite, es poder y no poder a la vez, aunque los populismos y los nacionalismos que padecemos, en la peor y más peligrosa tradición política europea, nieguen estos límites en nombre del «pueblo» o de «la gente».

Claro está que esto no significa que todos los políticos sean iguales. Bien sabemos que hay personalidades que marcan la diferencia, que por instinto, inteligencia y voluntad ejercen sobre la sociedad verdadero liderazgo, infunden respeto y credibilidad, abren nuevos debates e inspiran; que, en suma, cambian las cosas para bien de su país. Pero no hay nada mágico en ello. Que la política real se encuentre desprovista del glamour de la ficción no significa que sea una actividad mediocre. Todo lo contrario. Es en la política donde las personalidades se someten a las pruebas más exigentes, y es en la dirección del Gobierno, en la dirección política de la nación, donde se proyectan capacidades y virtudes tanto como carencias y limitaciones.

La política real no se encuentra ni en la idealización buenista ni en la demonización que sirven las ficciones televisivas, por buenas que sean, y estas lo son.

Hay muchas formas de poder, pero es el poder que se ejerce en la política el que establece una relación única y singular con la realidad de las sociedades pluralistas. Es única esta relación por su complejidad en la respuesta a las dos preguntas esenciales: quién manda y cómo manda.

A la primera tiene que responder la fuente de legitimidad del poder; la segunda la responde el conjunto de normas y prácticas de valor normativo que limitan el poder y lo someten a la racionalidad jurídico-constitucional. La legitimidad del poder lo habilita; el derecho lo restringe y limita. Ningún otro fenómeno de poder económico, mediático, social o cultural, por intenso que pueda ser, establece con la sociedad una relación equiparable a la del poder político.

LOS HOMBRES (Y LAS MUJERES) IMPORTAN

Durante mucho tiempo, los nuevos enfoques historiográficos han relegado a las personas a la condición de piezas de atrezo del estudio histórico como si fueran elementos intercambiables, sin apenas reconocerles capacidad para influir en el curso de los acontecimientos ya que estos vendrían determinados por las condiciones estructurales de las sociedades y los procesos de fondo de transformación cultural, económica y social.

Es posible que el éxito de estos enfoques haya contribuido a agudizar el habitual desinterés en nuestro país por las personalidades de relieve. Un desinterés que se trasluce en el escaso cultivo de la biografía como género de conocimiento histórico. Ahora bien, este desinterés parece estar revirtiendo. La reciente obra de la historiadora Margaret MacMillan, Las personas en la historia. Sobre la persuasión y el arte del liderazgo, es una firme reivindicación de este enfoque para entender cabalmente la historia.

En el estudio de la política está aumentando el interés por las investigaciones sobre el propio concepto de liderazgo, sus diferentes expresiones y formas de proyectarlo, así como el análisis psicológico de los dirigentes políticos, de sus competencias y rasgos caracterológicos. Tales estudios, originados en su mayor parte en las escuelas de negocios y facultades de ciencias empresariales, se han importado a la política con resultados desiguales y enfoques excesivos como los que asocian al político con una personalidad patológica por definición, ejercicios reforzados, por cierto, por las especulaciones sobre la salud mental de Donald Trump. Sin embargo, este enfoque ofrece modelos y categorías útiles para comprender los procesos políticos al subrayar la complejidad del fenómeno de liderazgo y sus distintos componentes con un tratamiento sistemático.

El interés por estudiar el liderazgo se corresponde con el fenómeno de la personalización de la política, que se ha convertido en uno de los temas que más atraen el trabajo de sociólogos y politólogos. Si volvemos a la Casa Blanca, vemos en la presidencia de Estados Unidos el paradigma de la personalización, entre otras buenas razones porque la del presidente es una elección de características plebiscitarias. Pero la prevalencia constitucional, política y mediática del jefe del Ejecutivo —jefe de Estado o presidente de Gobierno— es el resultado de un proceso que, lejos de ser exclusivo de Estados Unidos, se ha generalizado en los sistemas democráticos occidentales, no solo en los regímenes presidenciales.

La personalización de la política es una realidad. La irrupción con éxito de los populismos parece la expresión más extrema de este fenómeno que reafirma en muchos la impresión inquietante de que se trata de una patología grave y potencialmente autodestructiva de las democracias. Sea o no así, esa transformación hacia la personalización explica en una medida muy importante el funcionamiento de nuestras democracias, las claves de muchos procesos políticos, entre ellos los electorales, y la forma en que han evolucionado los propios partidos que organizan la competición política.

¿DICTADURAS ELECTIVAS?

En 1976, Lord Hailsham describió el sistema británico como una «dictadura electiva». A juicio de quien era uno de los miembros más destacados del Partido Conservador y quien más tiempo había servido en el gobierno como Lord Chancellor, se había llegado a esa situación por «los poderes absolutos que atribuimos a nuestra institución soberana, y la concentración de dichos poderes en un gobierno ejecutivo formado por un solo partido que no siempre representa adecuadamente la voluntad popular».

La alarma de Lord Hailsham parece excesiva. Sin embargo, es un hecho que después de la Segunda Guerra Mundial, el colapso de los regímenes políticos de entreguerras —entre todos, el de la República de Weimar creada por la Constitución alemana de 1919— fue determinante para que las nuevas constituciones fortalecieran la posición de los gobiernos y rompieran a favor de estos el equilibrio teórico entre ejecutivo y legislativo típico del parlamentarismo clásico. Se favorecía la estabilidad frente a la acción de coaliciones oportunistas y volátiles que en el pasado solo habían buscado derrocar al Gobierno de turno sin ofrecer alternativas. El resultado se plasmó en unos sistemas instalados en la crisis política permanente, incapaces de integrar, sumidos en la parálisis y el descrédito, que ofrecieron munición a los antisistema y antiliberales del momento: populistas autoritarios, anarquistas, nazis y comunistas unidos en el objetivo de destruir la «democracia burguesa», lo que lograron en no poca medida y que solo pudo impedirse a un coste brutal.

Los Estados salidos de la gran tragedia europea —como también, salvadas las distancias, Estados Unidos del New Deal surgido de la Gran Depresión— tenían ante sí la tarea de reconstruir la economía y evitar la ruptura social violenta con la que amenazaba el comunismo. Por eso ya no eran Estados mínimos sino organizaciones complejas, con un amplio terreno de intervención en la economía y en el desarrollo y gestión de servicios públicos. Se necesitaban gobiernos fuertes para dirigir Estados que asumían nuevas responsabilidades en la sanidad, el desarrollo industrial, la vivienda, las obras públicas y el empleo, lo que requería más ingresos fiscales y más gasto público para las nuevas políticas de redistribución.

La deliberación parlamentaria tenía las de perder frente a la nueva política gerencial y ejecutiva. Todavía hoy continúa esta controversia que envuelve al parlamentarismo (en India y Holanda, por ejemplo) por oposición a fórmulas más ejecutivas de gobierno.

La Constitución española de 1978, por ser la última de las Constituciones democráticas occidentales —las siguientes, nacidas de las nuevas democracias del este de Europa, son muy posteriores—, es ilustrativa de este proceso de fortalecimiento del Ejecutivo. El artículo 99 establece el procedimiento para que después de celebradas las elecciones, el Congreso invista a un candidato, no que otorgue la confianza a un Gobierno. El candidato investido por el Congreso propone libremente al Rey el nombramiento de sus ministros y sabe que su continuidad está prácticamente asegurada frente al asedio de la oposición. Al importar de Alemania la moción de censura constructiva (artículo 116), los partidos de oposición no solo tienen que ponerse de acuerdo en derribar al Gobierno, que es lo fácil; quienes la propongan tienen que presentar un candidato alternativo que, si prospera la moción, queda automáticamente investido como nuevo presidente. Y no es nada fácil conseguir el acuerdo de una mayoría alternativa en torno a un candidato, razón por la cual las mociones de censuras están condenadas a ser iniciativas testimoniales, útiles para determinadas estrategias de confrontación pero no alternativas verosímiles al Gobierno en ejercicio. De hecho, esa alternativa no se ha materializado nunca, y las mociones de censura que se han llegado a plantear —una de Felipe González contra Adolfo Suárez en mayo de 1980; otra de Antonio Hernández-Mancha, entonces presidente de Alianza Popular (AP), contra Felipe González, en marzo de 1987, y la de Pablo Iglesias, líder de Podemos, contra Mariano Rajoy en junio de 2017— fueron maniobras políticas de éxito muy desigual dirigidas a desgastar al Gobierno del momento, pero no a intentar realmente la sustitución de aquel y su presidente. Además, mientras que una moción de censura necesita para prosperar el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso, para la investidura basta la mayoría simple en segunda votación, mayoría simple que también es suficiente para que se entienda aprobada la moción de confianza si el Gobierno decide someterla a la Cámara.

La fuerza de la posición del Gobierno y su presidente no solo radica en la dificultad para derribarlo en un determinado momento, sino que favorece la estabilidad —aunque no necesariamente la eficacia— a lo largo de su ejercicio. Desde las primeras elecciones democráticas en junio de 1977 se han sucedido mayorías absolutas y relativas. De las 13 elecciones generales habidas desde entonces, solo 5 han arrojado mayorías absolutas (3 Felipe González, 1 José María Aznar, 1 Mariano Rajoy). En los demás casos (2 Adolfo Suárez-Leopoldo Calvo-Sotelo, 1 Felipe González, 1 José María Aznar, 2 José Luis Rodríguez Zapatero y 2 Mariano Rajoy), de las elecciones salieron Gobiernos en minoría, incluida, a estos efectos, la peculiaridad del periodo de Gobierno en funciones entre las elecciones del 20 de diciembre de 2015 y las del 26 de junio de 2016. Y, sin embargo, ninguno de estos casos de Gobierno en minoría ha llevado a la formación de un Gobierno de coalición a nivel nacional. El caso más claro es el del actual Gobierno del Partido Popular, monocolor a pesar de contar con una neta minoría de 137 escaños en el Congreso.

Ha habido acuerdos de naturaleza muy diversa. Pero la renuencia de los potenciales socios ha frustrado toda posible coalición. Paradójicamente, la oferta que hizo José María Aznar a Convergència i Unió (CiU) en el 2000 para que participara en el Gobierno no iba dirigida a asegurar la mayoría parlamentaria, pues el Partido Popular (PP) la acababa de ganar holgadamente al conseguir 184 escaños en las elecciones generales de ese año. Tampoco tuvo eco la oferta de Mariano Rajoy a los socialistas y a Ciudadanos después de las dos últimas elecciones generales, si bien en circunstancias bien distintas a las de Aznar en el 2000. Mariano Rajoy planteaba lo que, por otra parte, era lógico teniendo en cuenta los resultados. Pero sin éxito. En un periodo en el que el sistema político español ha batido unas cuantas marcas, esta es otra más superada: el Partido Popular gobierna en solitario desde la minoría más reducida de un partido en el Gobierno en nuestro país.

El hecho de que las coaliciones no hayan sido imprescindibles hasta ahora habla favorablemente de los mecanismos de estabilidad del sistema político español, y también de la presión extractiva —y a pesar de ella— de los nacionalismos cuando han ejercido como partidos bisagra. Pero no habría que extremar el elogio. La incapacidad por principio para articular coaliciones puede convertirse en una tara del sistema, un síntoma de inmadurez que puede agravarse si la fragmentación parlamentaria se consolida y quedamos condenados a Gobiernos extremadamente minoritarios e incapaces de desarrollar agendas políticas ambiciosas.

Para la posición político-constitucional del Gobierno, lo más importante, en cualquier caso, es que, solo o en compañía de otros, disponga de una mayoría parlamentaria cuya fidelidad se asegura por la disciplina de voto y por la concurrencia en la figura del presidente del Gobierno de la condición de líder del partido.

Si el Gobierno dispone de esa mayoría, puede hacer muchas cosas. Si no la tiene, puede confiar al menos en que se encuentra bien pertrechado para permanecer y evitar ser arrastrado por la oposición a situaciones críticas.

Algunos constitucionalistas describen este proceso de hiperliderazgo del Gobierno y, dentro de él, de su presidente, como el deslizamiento indeseable de un régimen parlamentario a uno que, de hecho, es casi presidencial pero sin los frenos y contrapesos —los famosos checks and balances del sistema constitucional de Estados Unidos— que exigen una relación cooperativa entre legislativo y ejecutivo porque, de lo contrario, el engranaje institucional termina bloqueándose. Este deslizamiento hacia la presidencialización está dando lugar a que también se importen de los sistemas presidenciales algunos debates hasta hace poco tiempo impropios de los regímenes parlamentarios, pero que a muchos ahora les parecen pertinentes. Es el caso de la limitación de mandatos o la propia discusión sobre la exención de control parlamentario al Gobierno en funciones, que para algunos responde a una lógica extrema de la separación de poderes más propia del presidencialismo americano que del régimen parlamentario europeo.

EL ESPECTÁCULO EN LA POLÍTICA

«En las democracias contemporáneas, la irrupción de los media en la escena de la política ha impuesto la espectacularización de esta y ha desplazado el acento traspasándolo de las organizaciones políticas y sus programas al liderazgo político y a sus declaraciones.» Así describía en 1990 Gianfranco Pasquino, en «Liderazgo y comunicación política», lo que consideraba que es la mayor transformación de la política resultante de la interacción entre liderazgo político y comunicación política. Su afirmación no solo sigue vigente en nuestros días, sino que se encuentra archiconfirmada por el efecto de internet, que suma interactividad y otras muchas pantallas —la del ordenador, la tableta, el teléfono inteligente— a la entonces única pantalla de la televisión.

Hoy se habla mucho del impacto disruptivo de la revolución digital sobre prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana, también la política. Habría que pensar en el impacto no menos disruptivo frente a la política tradicional de una revolución de la imagen que en el lapso de una década (1960-1970) permitió asistir a la transmisión del primer debate electoral entre dos candidatos presidenciales —Nixon y Kennedy—, el magnicidio de Dallas, las movilizaciones por los derechos civiles, la guerra de Vietnam como nunca antes se había visto una guerra y la llegada del hombre a la Luna.

Los medios de comunicación, la comunicación política, han alterado sustancialmente la competición política al personalizarla, fijando la atención sobre el líder y lo que inspira frente al debate programático; el «quién habla» frente a «lo que dice».

Con todo, Pasquino, discípulo de Sartori, llama a la prudencia frente a la condena sin matices de la personalización:

La personalización del liderazgo político depende de un sistema de variables, donde la personalidad del hombre y de la mujer políticos es solo una, y quizás no la más importante, y respecto de la cual, la comunicación política puede actuar como lupa de aumento, de acentuación, de exacerbación, pero no crearla pura y simplemente por sí misma. Si la «persona política» no existe, muy difícilmente podrán crearla los mass media.

La propia espectacularización de la política tampoco sería mala por sí misma. Aunque no sea lo habitual, el espectáculo no impide en todos los casos que adquieran presencia en el debate público temas relevantes. Como señala Pasquino:

Es de notar que, según algunos, la espectacularización es siempre y en todo caso censurable, condenable, va en perjuicio de un discurso político sereno y profundo. Según otros, en cambio, la espectacularización es neutra; es más, en ciertos casos, cuando logra romper la costra de la política opaca del Gobierno (entre bastidores) as usual, y llamar la atención de la gente sobre la política, cumple una función altamente positiva, a pesar de que raramente se dé el caso.

Entre una política reducida a pura creación de imagen o a la repolitización negativa de los populismos, Pasquino advierte:

Solo una sociedad vertebrada por asociaciones creadas por ella misma es capaz de resistir y combatir contra las tendencias a la personalización del liderazgo sin responsabilización, y a la espectacularización de la política sin contenidos y, sustituyéndolas o complementándolas, imponer la tematización de los procesos... Una sociedad vertebrada por asociaciones ha de tener su contrapartida en un sistema político institucional pertrechado con mecanismos de selección del liderazgo, de control sobre su modo de actuar, de responsabilización y de relevo en el liderazgo mismo, que sean transparentes, sensibles y fácilmente aplicables.

«SÍ SE PUEDE»... O NO

Si las tendencias constitucionales, por un lado, y las nuevas formas de comunicación política, por otro, desplazan las claves de los procesos políticos hacia la personalidad de los líderes, esa misma visibilidad ubicua de los dirigentes y la necesidad de desarrollar un lenguaje verbal y no verbal adecuado a los códigos de la civilización del espectáculo abren la puerta a la sentimentalización de la política.

Al analizar este fenómeno en La democracia sentimental, Manuel Arias Maldonado sostiene como hipótesis más plausible que «un ciudadano propenso a la sentimentalidad se vuelve aún más sentimental con las nuevas tecnologías de la información. Estas son redes inherentemente afectivas, cuyo uso es mayormente expresivo o heurístico en lugar de deliberativo». Las redes, de nuevo, acentúan esa transformación de los ciudadanos en espectadores que —volvemos a Sartori— priman lo visible sobre lo inteligible y, por tanto, recompensan políticamente a quien maneja de manera convincente lo visible, lo emocional. En otros términos, en el mundo de Twitter y de la telerrealidad, Donald Trump no es un fenómeno errático y casual sino una cosecha mucho más natural de lo que estamos dispuestos a admitir.

En ese sentido, me parece especialmente interesante la observación de Arias Maldonado, que propone como uno de los efectos más visibles de la sentimentalización de la política el éxito que ha adquirido la figura del «rebelde», escenificada con éxito por los líderes populistas en lucha contra «la casta» o contra el establishment de Washington, incluso desde posiciones tan distintas como las que han representado Bernie Sanders y Donald Trump.

No pensemos, sin embargo, que los nuevos medios de comunicación han convertido en mutantes sentimentales a ciudadanos que un poco antes eran personajes habermasianos, agentes deliberativos puros enteramente racionales. Si hablamos de política real, la presencia de lo sentimental necesita alguna acotación importante. La relación política ha tenido siempre una indudable carga sentimental. Conceptos políticos como los de libertad, patria, solidaridad o justicia adquieren en muchos contextos una fuerte carga emotiva. Pero su contenido sentimental no impide que, en una sociedad madura, la política los defina y los desarrolle.

Un caso que conocemos bien es el de la lucha contra el terrorismo de ETA (Euskadi Ta Askatasuna). Naturalmente, hablar de libertad, de justicia y de Estado de derecho, solidarizarse con el sufrimiento de las víctimas y alentar el compromiso cívico de los demócratas aportaba una extraordinaria carga afectiva al discurso político. Pero frente a la sentimentalización, la política real exigía no quedarse ahí, ni siquiera quedarse en la empatía hacia las víctimas. La responsabilidad de la política consistía en dar contenido al funcionamiento del Estado de derecho, en definir cómo se traducía el deber de solidaridad con las víctimas, en impedir la actuación de los cómplices políticos de los terroristas, en asumir el coste tantas veces extremo y cruel del compromiso político.

Lo que empobrece la política es convertir esos conceptos en significantes vacíos cuyo potencial movilizador y emotivo radica precisamente en que pueden representar cualquier cosa para cualquiera. El buenismo, por un lado, y la política del antagonismo que practican los populismos son las expresiones más claras de esta sentimentalización empobrecedora. José Luis Rodríguez Zapatero hizo del registro buenista —«las lágrimas socialdemócratas», en aguda expresión de Santiago González— toda una estrategia. «Tenemos que lograr unir el mundo para salvar la Tierra, nuestra Tierra. Nuestra Tierra, en la que viven pobres, demasiados pobres, y ricos, demasiados ricos. La Tierra no pertenece a nadie. Salvo al viento», dijo Rodríguez Zapatero en la cumbre sobre el cambio climático de Copenhague en diciembre de 2008. Con razón afirma Valentí Puig que «el emocionalismo es hegemónico, [...] empapa toda la política, incluso la política internacional, reino por excelencia del realismo».

Por eso hay que afinar. El sentimiento no es lo mismo que la sentimentalización, como tampoco lo son la emoción y el emocionalismo, ni la bondad y el buenismo. La diferencia que separa un término y otro es lo que diferencia la virtud de una elaboración ideológica partidista.

La cumbre de Copenhague no será recordada por sus resultados pero sí por la presencia de Barack Obama, aupado por el más deslumbrante hallazgo de significante vacío: el «Yes, we can!». «Sí se puede» es el grito que se puede oír en la grada de un estadio de fútbol cuando a un equipo el partido se le pone cuesta arriba, lo mismo que en una reunión de vendedores o en cualquier mitin en Oslo o en Madrid, coreado por los seguidores del PP o de Podemos. La versatilidad del Yes, we can! y su efecto euforizante sobre las audiencias han convertido a este mantra en un artefacto de sentimentalización masiva de la política democrática cuya afirmación romántica de la subjetividad encaja como anillo al dedo con la cultura de la posmodernidad. «El hombre es un pordiosero cuando piensa pero un dios cuando sueña», decía Hölderlin. Pero ¿qué es lo que podemos? ¿Lo podemos todo? ¿Es gratis o cuesta algo? El problema empieza cuando la política real tiene que poner letra a una melodía tan atractiva y se topa con los límites de la acción humana, ya sea cuando se insiste en que «sí se puede» o se promete «hacer América grande de nuevo». Es entonces cuando se pone de manifiesto la esterilidad de la política sentimentalizada —cosa muy distinta a la política con sentimientos— y, al mismo tiempo, su gran potencial disruptivo. Es entonces cuando nos tenemos que guardar del optimista sin escrúpulos del que habla Roger Scruton en Usos del pesimismo, ese tipo cuyo peligro radica en que su «mirada cerril reconoce solo obstáculos y nunca límites».

¿DÓNDE QUEDAN LOS PARTIDOS?

Es inevitable que la personalización —alimentada por el blindaje constitucional del jefe de Gobierno, las reglas de la nueva comunicación política y la importancia del rendimiento emocional del liderazgo— haya tenido un profundo impacto en los partidos, alterando los términos de la relación entre el partido y su líder, también en favor de este último.

Los partidos no son lo que eran. Han perdido en gran medida su condición de organizaciones mediadoras entre el electorado y los líderes. En Gobernando el vacío, Peter Mair dice:

Cuando la política se convierte en un entretenimiento para los espectadores, es difícil mantener partidos fuertes, y no es sorprendente que se convierta en un entretenimiento para los espectadores cuando se están borrando las diferencias reales que en el pasado habían distinguido a los partidos [...] Cuando la competición entre los partidos mayoritarios apenas tiene consecuencias para la toma de decisiones, solo cabe esperar que derive hacia el teatro y el espectáculo.

La personalización llega a los partidos, que se convierten en plataformas políticas de apoyo a los candidatos más que en organizaciones de mediación política con la sociedad.

Dos fenómenos son muy expresivos. Por un lado, el de los candidatos sin partido, una categoría en la que, por ejemplo, cabe encuadrar a Donald Trump y al francés Emmanuel Macron. El primero, aterrizado en el Partido Republicano con un propósito puramente instrumental y con una evidente agenda propia. El segundo, transformado él mismo en una marca electoral propia que hizo de su no adscripción partidista un activo para la campaña presidencial y se ofreció con éxito como la opción acogedora para los ahuyentados por el radicalismo de Le Pen y el colapso de republicanos y socialistas.

El otro fenómeno tiene que ver con la reacción contra el poder oligárquico de los partidos, asociado al riesgo de corrupción, y la reclamación de democracia en ellos. Subidos a esta tendencia, los líderes buscan una legitimidad interna que los sitúe por encima de los poderes orgánicos de sus respectivos partidos. En este capítulo entra la extensión de las primarias dentro de los partidos, que incluso se abren a votantes no comprometidos en absoluto con la militancia en el partido en cuestión. El dirigente que triunfa en estos procedimientos de selección puede invocar un plus de legitimidad que contrapone al poder orgánico de su partido. Tal vez el caso del líder del Partido Laborista Jeremy Corbyn es el que ilustra mejor este fenómeno. Corbyn, rechazado tanto por el grupo parlamentario laborista como por la estructura orgánica del partido e incapaz de exhibir éxito electoral alguno frente a los conservadores —al menos hasta el fiasco de las elecciones convocadas por Theresa May en junio de 2017—, ha resistido por dos veces los ataques a su liderazgo, parapetado en el apoyo que recibió en el proceso de elección abierta que lo llevó a la dirección del laborismo británico. En España, Pedro Sánchez, con una historia análoga a la de Corbyn, reflejó tensiones similares y terminó con su regreso a la Secretaría General del partido, lo que abunda en los cambios operados en la selección de los liderazgos partidistas. Elegido secretario general por una clara mayoría de los militantes y con una trayectoria electoral aproximadamente igual de calamitosa que la de Corbyn, Sánchez se ve abocado a una confrontación de legitimidades entre la suya, que se deriva de la elección por los militantes, y la legitimidad orgánica del partido —en otras palabras, el poder del aparato—, con resultados bien conocidos.

La personalización de la política devalúa el papel de los partidos y afecta a la competición política. El espacio para la confrontación ideológica real «dentro del sistema» se ha ido estrechando, hasta el punto de que una buena parte de sus políticas, una vez en el Gobierno, parecen intercambiables, también aquellas que tradicionalmente definían la identidad a derecha e izquierda. Los grandes partidos aspiran a la máxima transversalidad —los partidos «atrapalotodo» o catch-all parties— y creen que la mejor manera de conseguirla consiste en rebajar su perfil ideológico. Buscan la mayor versatilidad y se concentran en definir un estilo que los acerque a los segmentos menos politizados del electorado. En otros casos, la aceptación se quiere conseguir anclando el discurso en un pragmático concepto del sentido común como valor general en el que todo resulta evidente por sí mismo.

En el análisis nada complaciente de Mair, la despolitización de la competición entre los partidos mayoritarios devalúa la importancia de las elecciones, y eso se traduce en pautas de voto «menos estructuradas y más volátiles», que las hace «impredecibles e incongruentes de forma creciente». En esas pautas volátiles pueden reconocerse fenómenos como el voto dual cuando los electores se pronuncian en sentido diferente según el diferente ámbito institucional sobre el que deciden, como ocurre en nuestro país con las elecciones autonómicas y la generales; también se refleja en la extremada oscilación de la participación electoral y el número cada vez mayor de votantes que decide su voto a última hora y apenas presta interés a las campañas electorales.

LO DICE BRUSELAS

En este retrato de la despolitización, la Unión Europea carga cada vez con mayor culpa. Sociólogos, juristas, economistas y politólogos, especialmente desde posiciones de izquierda, se explayan sobre el efecto anestésico que produce la Unión en la competición política nacional. El propio Mair, que acuñó la expresión consenso permisivo para explicar ese «dejar hacer» a la Unión mientras la Unión seguía ofreciendo seguridad y bienestar, afirma:

Gracias a la Unión Europea, aunque sin duda no solo por esta razón, la competencia política está más despolitizada [...] el desarrollo de un nivel europeo de toma de decisiones ha desempeñado un importante papel en el vaciamiento de la rivalidad política entre los partidos políticos a nivel nacional.

En efecto, hay muchas cosas, desde los objetivos de déficit a la liberalización de la estiba, que se dice que hay que hacer «porque lo dice Bruselas». Y es verdad. Pero es un mal argumento para cerrar la discusión porque presenta las políticas de la Unión como mandatos arbitrarios, releva a los Gobiernos de explicar los méritos o deméritos de esas decisiones e imputa a la Unión Europea la responsabilidad de lo impopular y, muchas veces, lo incomprensible. Y olvida decir que en Bruselas deciden los Gobiernos elegidos democráticamente y que, en esa Bruselas que parecería el sueño del burócrata, se puede hacer política.

Este juego oportunista con los dictados de Bruselas ha sido especialmente visible en nuestra izquierda. En el Gobierno, se presenta como europeísta sin mácula; en la oposición, denuncia la sumisión a Bruselas para desmarcarse de lo que ella misma se jacta de haber protagonizado. Desde luego, no fue un presidente del Partido Popular el que se subió a la tribuna del Congreso de los Diputados el 10 de mayo de 2010 para explicarnos la debacle económica que se cernía sobre nuestro país y las medidas que tuvo que improvisar. Y aun así, el austericidio ha sido el argumento preferido de esta izquierda desnortada.

No es verdad que Bruselas sea el reino de la despolitización. En Bruselas se puede hacer política, si se hace política en Madrid. Una de las enseñanzas más alentadoras de la experiencia de gobierno a las que se refieren estas páginas es precisamente la mucha y buena política que se puede hacer dentro de la Unión. Una política relevante que no extingue sino que refuerza el debate político interno y debería enriquecerlo. Las políticas comunitarias, por ejemplo, impulsan una dinámica de reformas que constituye hoy en día el núcleo de la acción de gobierno y, por tanto, de la confrontación y el debate.

En todo caso, la situación ha cambiado y parece que radicalmente. La Unión Europea, lejos de ser un factor de despolitización, ha repolitizado la política nacional, y de una manera radical además.

Queda cada vez menos de ese consenso permisivo sobre el que los líderes nacionales han ido construyendo la Unión «como una esfera protegida en la que la actividad política puede sortear las limitaciones impuestas por la democracia representativa». Una construcción elitista si se quiere, pero apoyada por el asentimiento de los europeos en tanto la integración económica impulsaba el proyecto político y la Unión se convertía en el destino de las nuevas democracias del sur y el este de Europa; en tanto el horizonte de progreso se ampliaba sin riesgo y de cada crisis se podía seguir diciendo que era un nuevo impulso para avanzar porque Europa —lo había sentenciado Jean Monnet— se había hecho a «golpe de crisis».

La denuncia de despolitización que hacen estos análisis tiene que ser matizada especialmente en España. Una parte de esa despolitización es la saludable consecuencia de los consensos cívicos básicos que excluyen de la competición partidista los elementos fundamentales que delimitan el terreno de juego de las diversas opciones políticas. Esos consensos se contienen en una Constitución inclusiva como la española de 1978, que pone fin a una larga y dramática tradición de políticas de exclusión entre españoles.

En un país trágicamente marcado por una historia de exclusión y violencia política, la vigencia de consensos que limitan y organizan el desacuerdo y civilizan la competición política no es un motivo de crítica. Más bien lo contrario. Lo que se presenta como patológico puede ser objeto de interpretaciones alternativas. Al menos a efectos dialécticos. Que un ciudadano decida su voto en las últimas horas de la campaña puede indicar tanto un distanciamiento de la política como una actitud saludable, crítica y no dogmática, que rechaza alinearse siempre y en cualquier caso con un partido. La abstención relativa en las elecciones ahora puede ser tenida por expresión de desafecto hacia la política, pero en otros momentos se ha elogiado como un indicador propio de democracias consolidadas. Es muy probable que a día de hoy las interpretaciones tranquilizadoras no sean las más ajustadas a la realidad, pero eso no convierte en irrebatibles los análisis más pesimistas sobre el presente y el futuro de la democracia liberal y representativa.

¿Y AZNAR?

En 1996, cuando el Partido Popular gana las elecciones generales y José María Aznar llega a la Presidencia del Gobierno, no existían Facebook ni Twitter. El triunfo del PP reafirmaba la capacidad del sistema democrático para generar alternativas. La Unión Europea —pero no tanto España— iba camino del euro y en la Casa Blanca se sucedían los presidentes para los que el vínculo transatlántico importaba. ETA había fracasado en su intento de impedir la alternancia con el asesinato frustrado de quien la encabezaba, y con su decisión de otorgar una mayoría corta al PP, los ciudadanos abrían con cautela la puerta del Gobierno nacional a un partido de centro-derecha que hasta entonces estaba acreditado solo en el plano municipal y autonómico.

Ese término tan desgastado de desafío aquí cuadraba muy bien. Forjar una mayoría estable; hacer frente a ETA, que había enunciado su paroxismo asesino en la estrategia de «socialización del sufrimiento»; hacer que España pudiera estar en el grupo fundador del euro; llevar adelante reformas de alcance estratégico y fortalecer la confianza entre los españoles eran, desde luego, tareas desafiantes.

¿Cómo encajaba José María Aznar en esta situación que requería algunas de las cualidades que se le solían negar?

Una persona señalada entonces por su falta de carisma no lo tendría fácil impulsando sus propuestas políticas en un país que, si algo exigía en aquellos momentos, era un convincente ejercicio de liderazgo. Seguramente, estas conjeturas sobre la persona de Aznar fueron las que llevaron a sus adversarios a pronosticar que el nuevo presidente tendría un paso breve por el Gobierno. El tiempo justo para que la izquierda reclamara esa especie de derecho natural al gobierno del que se ha sentido investida, para volver a él casi por un proceso natural, después de un paréntesis del PP que transcurriría sin consecuencias.

En contra de esos pronósticos, funcionó la capacidad del sistema político para dotar de estabilidad a un Gobierno que —con los nacionalistas catalanes de Convergència i Unió alejados entonces de su posterior deriva independentista, y a pesar de una áspera relación con el Partido Nacionalista Vasco (PNV)— pudo llevar a cabo, con paz social, un programa político y económico por el que nadie apostaba al comienzo de aquella legislatura. La personalidad del hombre sin carisma fue apareciendo como gobernante, con análoga fuerza modernizadora en el Estado que la que había desplegado en la refundación de su partido hasta convertirlo en opción mayoritaria del electorado.

Acostumbrados a la política del Barroco, muchos ciudadanos fueron familiarizándose con las cualidades del Románico en la política nacional. Aznar vino a inaugurar una política que a la derecha le planteaba exigencias con las que no se encontraba cómoda. Para empezar, su politización; es decir, la necesidad de competir con un discurso político moderno para reivindicar un lugar propio frente a las pretensiones de hegemonía cultural de la izquierda. Después, un objetivo muy claro de integración personal y territorial y síntesis ideológica que chocaba con alguno de los instintos particularistas atávicos en la derecha. Finalmente, una buena pedagogía cívica consistente en la inequívoca reivindicación del pacto constitucional y de los consensos básicos que le dieron forma. Una reivindicación continuada y persistente que, si se compara con el revisionismo de la Transición por el que se desliza la izquierda a partir de 2004, contribuye a explicar por qué en España ha surgido un significativo movimiento populista radical de izquierda pero no uno en la extrema derecha.

En otro sentido, Aznar ofrece dimensiones que parecen contradecir los cánones convencionalmente asumidos para un dirigente en la era de la personalización y la videopolítica sartoriana. Una personalidad poco televisiva pero que consiguió a través de la televisión algunos de sus éxitos más determinantes, como fue el debate electoral con Felipe González en 1993. Un hombre poco dado a la sentimentalización pero el único presidente al que los españoles han visto llorar en un acto público, en Logroño, después de visitar a la familia de Juan Ignacio Iruretagoyena, concejal del PP de Zarauz asesinado por ETA en 1998. Un político para muchos con imagen distante que, sin embargo, quedó expuesto en el momento más crítico de su vida cuando salía por su propio pie de los restos de su coche destrozado por una bomba. Alguien al que se ha atribuido un ejercicio de hiperliderazgo y que, sin embargo, renunció a buscar un tercer mandato como presidente del Gobierno. Un líder que refundó un partido fuerte e integrador, pero no como una plataforma de proyección personal sino como un elemento duradero, de valor estructural para el sistema político.

Aznar, como Felipe González en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el propio Adolfo Suárez en la Unión de Centro Democrático (UCD), destacan por haber protagonizado lo que se podría denominar el ciclo completo del político: desde la creación o reinvención de una fuerza política decisiva, a la que se dota de identidad y contenido programático, hasta que se la lleva al poder. UCD no sobrevivió a su propio éxito en la Transición, pero tanto en el caso del PSOE como en el del PP, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy tuvieron que vérselas solo con la mitad de la historia. El Partido Popular era ya un partido de Gobierno, y el haberlo sido contó para que volviera a serlo en 2011. En marzo de 1996 se iniciaba un ciclo político nuevo para España.

2

AZNAR AL TELÉFONO. DE LONDRES A GÉNOVA

BILBAO

Apenas entré en mi despacho en la cancillería de la Embajada de España en Londres, Isabel, la jefa de la Secretaría, se me acercó sigilosamente y con expresión de susto, casi susurrando, me dijo: «Han llamado. El señor Aznar quiere hablar con usted».

No sabía por qué Isabel hablaba en voz tan baja, ya que no había nadie más en aquel despacho de la Consejería de Información de la Embajada. Ese impersonal «han llamado» añadía cierta connotación misteriosa al episodio que había dejado escamada y algo inquieta a una funcionaria por lo demás discreta y eficaz.

La llamada de Aznar se producía pocos días después de que hubiera estado en Madrid hablando con Jaime Mayor sobre mi posible incorporación a su equipo en el Ministerio del Interior. Jaime ya sabía qué cartera iba tener en el próximo Gobierno. Aznar no quería mantener incertidumbres en este capítulo y quería que Jaime tuviera tiempo para preparar la enorme responsabilidad que pronto caería sobre sus espaldas. Poco después de las elecciones de marzo, y conocedor de lo que se le venía encima, el futuro ministro me había pedido un papel sobre la posible reorganización del departamento. Lo hice sacando a relucir mi condición de funcionario del Estado conocedor de la organización administrativa, y para algo debió servir.

Mi interés por la política activa se remontaba a las primeras elecciones democráticas, en las que mis diecisiete años recién cumplidos me impidieron votar. Fue entonces, en cuanto hubo partidos, cuando empecé a militar en Alianza Popular, dirigida en el País Vasco por dos personas valiosas que aportaron un enorme esfuerzo personal: Jesús Pérez Bilbao, ya fallecido, y Antonio Merino. En ese partido continué durante mi carrera de derecho en la Universidad de Deusto, en Bilbao. Mi militancia en Alianza Popular tenía mucho que ver con la figura de Manuel Fraga, con quien mi padre había tenido una estrecha relación personal desde sus tiempos de universidad, que luego se prolongó durante la etapa de Fraga como ministro de Información y Turismo y en el primer Gobierno de la Monarquía, en el ministerio entonces todavía de la Gobernación. Mi padre, José Antonio, fiscal y, por encima de todo, hombre de derecho, representaba muy bien esa generación que hizo posible la transición democrática. Hombre conservador pero liberal de talante, orteguiano de lecturas, patriota sin fanatismo, consciente de la transformación que había experimentado la sociedad española, aborrecía la violencia, y aunque sufrió la penuria de la guerra en Madrid —o precisamente por ello—, jamás transmitió a sus hijos nada que no fuera el horror de aquel enfrentamiento. Era uno de los muchos españoles del «nunca más», del auténtico «no a la guerra» (civil), incapaz de ver a otros españoles como enemigos. Su honradez, el valor que daba a las personas por encima de sus ideas, su sentido innato de la tolerancia, que aplicó también a sus hijos permitiéndonos madurar en un ambiente de libertad, han sido un ejemplo inestimable para mí. Por lealtad personal y por convencimiento intelectual, creyó en el proyecto reformista de Fraga que representaba la esperanza de una transición pacífica a partir del régimen.

Allí, en Bilbao, durante aquellos años de plomo, en la militancia en un partido no nacionalista, minoritario y señalado por ETA, empecé a experimentar de manera muy directa la brutalidad devastadora de la violencia terrorista empeñada en frustrar la transición democrática.

Lo de menos era que nos echaran a pedradas de más de un pueblo cuando íbamos a pegar carteles en las noches de campaña electoral. Sabíamos, además, que en materia de cartelería, en AP teníamos una desventaja táctica que jugaba en nuestra contra en aquellas situaciones. Los carteles que nos mandaban de Madrid eran de un papel muy pesado y, peor aún, satinado. El satinado impedía que los carteles se empaparan de cola, por lo que se tardaba mucho tiempo en fijarlos, y mientras no se secaban totalmente era muy fácil despegarlos. Nada que ver con los carteles de UCD, que veíamos con envidia porque eran como de papel de periódico y con una sola pasada del cepillo —que, junto con el cubo de cola, constituía el equipo del militante en campaña que repartía su tiempo con el trabajo de embuchar propaganda y papeletas— quedaban tan bien pegados al muro o a la fachada que se terciara que resultaba imposible arrancarlos.

Tales problemas serían menores si solo hubieran sido esos, si al mismo tiempo que nos echaban de los pueblos no hubiera personas que eran asesinadas por ETA. Pero las personas morían asesinadas. En el País Vasco, un compromiso político no nacionalista no se vivía en absoluto como esa experiencia de libertad que se podía ver en el resto de España. La democracia, las libertades accesibles para el resto de los españoles, eran en el País Vasco una promesa por alcanzar. Eran años de violencia, y fueron muchos. Los buenos recuerdos de la época universitaria, cuando conocí a la que luego fue, y es hasta hoy, mi mujer, de amigos y de verdaderos compañeros de partido, se guardan junto a los de una sociedad atrapada en un clima espeso de desconfianza y temor, indiferente al sufrimiento, víctima de la dominación mafiosa de una banda terrorista o transformada en cómplice y legitimadora de esa dominación. Una sociedad que, en unos casos por aquiescencia con el terrorismo y en otros por carencia de referencias políticas y morales firmes, había desarrollado una destreza asombrosa para desenvolverse con naturalidad entre los cadáveres. El nacionalismo legitimaba a ETA con su discurso y, al mismo tiempo, construía su hegemonía política y social ocupando todo el espacio público que ETA había despejado previamente de «enemigos», siguiendo una estrategia paralela a la limpieza étnica que luego azotaría los Balcanes. La izquierda se debatía en el desconcierto político y moral que le provocaba comprobar con cada atentado que aquella ETA admirada de «jóvenes idealistas» —que en el Proceso de Burgos había infligido una devastadora derrota política al régimen de Franco, aquella ETA que asesinando a Carrero había frustrado las pretensiones continuistas del franquismo— era en realidad un monstruo inesperado. Como escribió Jon Juaristi en La tribu atribulada:

ETA dejaba claro que su lucha, pese a las ilusiones ópticas de la izquierda, nunca había sido una lucha contra el franquismo sino contra toda España, nación opresora del pueblo vasco, etc. El régimen había caído, pero la ocupación continuaba. En realidad, el PNV no podía oponer a este un análisis alternativo porque era el suyo propio [...] Jamás un etarra, ni en tiempos de Franco ni después, tomó las armas para defender la democracia. Contra Franco, las tomaron para impedir que llegara; después, para destruirla.

Por eso, Juaristi, refiriéndose al PNV, habló del «error del 68», año en que se produce el primer asesinato de ETA y muere el primer etarra, y el alto precio que se paga por ese error que se produjo cuando los nacionalistas olvidaron una hermosa frase del lendakari Aguirre: «Si nuestra causa costara una sola gota de sangre ajena, yo dejaría de ser nacionalista». Años más tarde, Irujo diría de ETA que era «un cáncer que había que extirpar». Pero no fue así. Y el PNV no solo no lo extirpó sino que la justificó y mantuvo un lazo de familia —de familia nacionalista— con la banda. La extensión que alcanzó la violencia terrorista, hoy nos parecería impensable. Los políticos no nacionalistas vivían en la amenaza, los empresarios eran extorsionados, los periodistas recibían llamadas en las que se les advertía que a «la empresa» [sic] no le había gustado lo que habían dicho o escrito, la coacción campaba a sus anchas en la universidad, las fiestas de verano en los pueblos y ciudades vascas dependían de qué grado de bronca consideraran adecuado las organizaciones del Movimiento de Liberación Nacional Vasco —el MLNV, sí, el MLNV, porque el MLNV no era una ficción, qué le vamos a hacer—. En Bilbao solo se podían celebrar funerales por víctimas de la fuerzas de seguridad en una iglesia, la de los agustinos de San José de la Montaña, en la calle Máximo Aguirre, detrás del Gobierno Civil.

Mientras todo esto ocurría, un éxodo silencioso drenaba la sociedad vasca. Empresarios y profesionales, pero también trabajadores de los grandes sectores industriales reconvertidos, se iban del País Vasco. En la mayoría de los casos, huyendo de los terroristas; en otros, por una llamada de retorno a la tierra de donde habían salido para buscar un trabajo y a la que ahora podían volver con el respaldo de sus pensiones sin excesiva nostalgia por lo que dejaban atrás. Pero los había también que hicieron de su éxodo un desistimiento apenas disimulado. Porque ETA consiguió muy pronto amedrentar a ciertas élites, sin cuyo desistimiento, la historia de la devastación terrorista y de la hegemonía nacionalista habría sido distinta. El disidente Sharanski escribió:

En cualquier lugar donde disentir está prohibido, la sociedad se fractura en tres grupos. Un grupo lo forman los que se mantienen comprometidos con el orden establecido porque están de acuerdo con él; son los verdaderos creyentes. Otro grupo lo forman aquellos que están dispuestos a desafiar el orden establecido a pesar del riesgo de castigo; son los disidentes. Para los miembros de estos grupos no hay apenas diferencia entre lo que dicen en público y en privado. A diferencia de los verdaderos creyentes y de los disidentes, los que forman el tercer grupo no dicen lo que piensan. Este grupo está compuesto por la gente que no cree en la ideología dominante, pero que tiene miedo de los riesgos que conlleva disentir. Esos son los doblepensadores.

Lo escalofriante era hasta qué punto el terrorismo había conseguido «normalizar» la violencia en la sociedad. Hasta qué punto la violencia en todas sus expresiones había permeado en la sociedad vasca impregnando su forma de pensar (mucho auténtico creyente y mucho doblepensador) y la forma de relacionarse entre sí los ciudadanos.

Dos de mis hermanos, José Antonio, entonces director de El Correo Español, y Charo, redactora de la agencia Vasco Press, vivían literalmente pegados a una estricta escolta policial y no ciertamente por motivos banales. No mucho después, seríamos tres los hermanos que teníamos que vivir con esa protección. Años antes había ocurrido un episodio, ahora anecdótico, que entonces me llamó la atención. En segundo de carrera, en un examen parcial, el profesor de lo que entonces se llamaba Derecho Político consideró que mi examen había sido lo suficientemente bueno como para ponerme la máxima nota de la clase. Semejante distinción provocó la creación de una comisión de compañeros abertzales que fue a ver al profesor para reprocharle que hubiese puesto esa nota al «hijo del gobernador». Mi padre, en efecto, había sido gobernador civil de Vizcaya unos meses en 1976, con Adolfo Suárez como ministro-secretario general del Movimiento y Rodolfo Martín Villa como ministro del Interior. Que la persecución llegara a una cuestión tan irrelevante como una nota en un examen parcial daba idea del odio que alimentaba aquella máquina destructora de la más mínima civilidad.

En aquellos años decisivos para la formación de la conciencia política, la violencia y la muerte eran elementos de nuestro paisaje vital a una edad en la que eso no tenía que ser así. Dos recuerdos se han mantenido en mi memoria. El primero, el cadáver de Vicente Zorita, militante de AP, asesinado en Santurce el 14 de noviembre de 1980. Vicente llegaba a su casa después de tomar unos vinos con la cuadrilla. Mientras abría el portal, dos terroristas lo secuestraron y lo trasladaron a un paraje próximo en el barrio de Cabieces. Allí lo maniataron con un alambre y, poniéndolo de rodillas, lo acribillaron. Para que no hubiera duda, le colocaron una pegatina de AP con la bandera española en la boca. El de Zorita fue el primer cadáver que veía y al que velaba en la soledad de quienes sufrían ignorados. Lo habían matado por ser de AP; yo era de AP y quería seguir siéndolo.

El otro recuerdo vuelve al día en que asesinaron al senador socialista Enrique Casas. Fue durante la campaña electoral al Parlamento Vasco de 1984, en la que Jaime Mayor se presentaba como candidato a lendakari de una coalición formada por AP, el Partido Demócrata Popular (PDP), Unión Liberal y UCD. Este último partido, gracias a los buenos oficios de Marcelino Oreja, había aceptado coaligarse con Alianza Popular, en una suerte de Partido Popular avant la lettre que solo cristalizaría años después bajo el liderazgo de José María Aznar. Yo dirigía aquella campaña que ya desde el principio había producido serios roces con la militancia y los cargos públicos de Alianza Popular que se sentían preteridos por el desembarco de candidatos del PDP con Jaime Mayor a la cabeza. Aquellas tensiones llevaron a un problema serio con AP de Guipúzcoa, liderada entonces por Gregorio Ordóñez, quien encabezó una sonora rebelión contra la candidatura de Jaime.

Estábamos en una reunión en el Hotel Ercilla de Bilbao cuando recibimos la noticia del asesinato del senador socialista Enrique Casas. Jaime Mayor decidió que nos desplazáramos a San Sebastián, y a media tarde llegábamos a la casa de la víctima. Yo era un personaje puramente secundario en aquella situación. Pero tengo presente el pésame a la viuda, Bárbara Dürhkop, a los socialistas vascos que la acompañaban, Txiki Benegas y Ricardo García Damborenea, y otros dirigentes que habían llegado de Madrid, entre los que recuerdo en aquella tarde a Guillermo Galeote. La desolación era sobrecogedora. Seguíamos instalados en la violencia que ETA infligía. ETA (p-m) había destrozado a la UCD con el asesinato sistemático de sus militantes y cargos públicos como antes había asesinado a militantes de AP. El asesinato de Enrique Casas, atribuido a los denominados Comandos Autónomos Anticapitalistas, cerraba el círculo del ataque a los partidos no nacionalistas y confirmaba una carencia estructural de la competición democrática en el País Vasco: la exclusión violenta de los no nacionalistas. La «socialización del sufrimiento», la exclusión de los partidos constitucionalistas que ETA impuso al PNV en el Pacto de Estella, la pretensión de aniquilamiento del PP y el PSOE que años después ETA enunció como prioridad estratégica, no eran nuevos; se habían iniciado hacía tiempo.

Pero volviendo a mi viaje a Madrid, la conversación con Jaime Mayor en la que me propuso incorporarme a su equipo fue amplia y sustanciosa. Me habló de la línea que pensaba desarrollar en el Ministerio, la búsqueda del aislamiento social de los terroristas —una idea que había acuñado en su etapa en el País Vasco— y una política penitenciaria individualizada. Le preocupaba —con razón— la situación que iba a heredar y las presiones para mantener vivas las «líneas de comunicación» con ETA que se habían multiplicado en la última etapa del Gobierno socialista. La verdad es que coincidíamos al 90 por ciento, y Jaime Mayor era una garantía de que esa política podía ser llevada a la práctica. Su próxima designación como ministro del Interior era un buen augurio que, además, significaba llevar al Gobierno una sensibilidad específicamente vasca.

ADIÓS A LONDRES

Después de aquella conversación, con una buena comida en La Trainera por medio, volví a Londres.

Creía que una vez evaluada, y descartada por mi parte, la entrada en la nueva Administración, seguiría mi vida en Londres durante el tiempo que aún me quedaba en aquel destino. No sabía hasta qué punto me equivocaba. Porque después vino la llamada de Aznar. En su día, Jaime me contó que Aznar le había dicho que, si no me convencía para Interior, él se reservaba el segundo intento. Y así fue.

Aznar aún era para mí «José María», a quien había conocido como secretario general de AP de La Rioja y después como secretario de autonomías del partido. Aznar me dijo que quería hablar conmigo en Madrid. Pero yo acaba de estar en Madrid, tenía que pedir permiso al embajador para ausentarme y el billete salía de mi bolsillo, razones todas ellas de peso para no estar yendo y viniendo sin más. Por eso, con un cierto atrevimiento, le contesté a Aznar que muy bien, pero que si era posible que concretara algo más. Aznar me respondió que quería que fuera el secretario general de la Presidencia, y mi reacción esta vez no podía albergar dudas: podía decirle que no al ministro del Interior, pero no al presidente del Gobierno. Pedí permiso al embajador, Alberto Aza, para viajar de nuevo a Madrid, pero esta vez Aza ya se maliciaba algo. Una de las últimas veces que Aznar había estado en Londres para reunirse con interlocutores económicos y políticos británicos yo no había podido acompañarlo, ya que aquella visita coincidió con el nacimiento de mi hijo Alfonso. Al parecer, Aznar mostró algún interés especial por mí, lo que puso sobre aviso a Aza.

Le conté la conversación a mi mujer, Susana, para que empezara a pensar en la mudanza y pudiera digerir un cambio en nuestra vida que no la convencía nada.

Al día siguiente volé a Madrid. Nada más aterrizar, recalé en casa de mis padres, a la que volvía unos cuantos años después como «hijo de familia». De ahí, directamente a Génova para empezar lo que serían ocho años de trabajo en la Presidencia del Gobierno de la Nación.

La llamada de Aznar significaba poner punto final a Londres, a un periodo extraordinario de mi vida profesional en el terreno de la comunicación, precisamente en el gran centro internacional de la comunicación y el periodismo junto con Nueva York.

Cada vez que se habla de Londres, se trae a colación la célebre cita del doctor Johnson —«Quien está cansado de Londres está cansado de la vida, porque Londres puede ofrecer todo aquello que un hombre desee»— y, algo menos, la del viajero húngaro Georges Mikes, que describía la ciudad inglesa como «una vasta conspiración para desorientar al extranjero». En esa conspiración participan también algunos londinenses y el tiempo, no por la lluvia, como suele creerse, sino por la falta de luz. Si uno no es capaz de imponerse a esa conspiración, Londres se puede tornar invivible. Si se es capaz de ir más allá de todas estas circunstancias que conspiran como una suerte de prueba iniciática para desafiar al extranjero, Londres se convierte en una experiencia única. Más allá del desafío se encuentra una ciudad singular, de ambientes y calles más que de monumentos, de solemnidad mesurada y riqueza discreta, tolerante y cosmopolita, aliada con el tiempo y asentada en un permanente compromiso de convivencia entre la tradición y la vanguardia. Es muy de agradecer que un pueblo convencido de su singularidad, en el que muchos perciben arrogancia, huya del superlativo y haga del understatement una clave cultural. En esta clave, tan alejada del despliegue monumental del absolutismo o del urbanismo napoleónico, también se explica Londres. ¿Y qué es el understatement? Pues, como explica Kate Fox en su delicioso libro Watching the English, understatement es decir que la Antártida resulta más bien fría o que el Sáhara es un poco caluroso para el propio gusto; observar que un acto de crueldad abominable no es una conducta muy amistosa o describir una dolencia extremadamente dolorosa como un poco molesta.

Reconozcamos que los ingleses pueden ser algo complicados. Integran una sociedad llena de códigos que no son todos visibles ni fáciles de asimilar por un extranjero. Para empezar, el código por excelencia, la lengua, que es lo primero que marca la diferencia y distingue a quien, por nacimiento y educación, es capaz de hablar sin mover el labio superior, domina el arte del tartamudeo y marca su condición upper class diferenciándose por su léxico. Nunca se excusa diciendo pardon, ni pregunta dónde está el toilet; no se sienta en un settee, al final de la comida no pide un sweet y nunca ofrecería meals and refreshments sino food and drink.

Son gentes de difícil socialización, con limitaciones emocionales que a nosotros nos pueden resultar más llamativas, conscientes de que el único tema de conversación que no ofrece riesgos es el tiempo. Tal vez por ello reverencian expresiones de orden espontáneo como hacer cola, hasta el punto de que en el único lugar en Inglaterra donde parece que no se hace, el pub, en realidad sí existe una cola invisible, un turno ordenado que el visitante debe tener en cuenta si no quiere verse en una situación embarazosa. Son un pueblo que sabe de la utilidad de las tradiciones —mucho más recientes de lo que se suele pensar—, y se nota que han quedado al margen de las plagas políticas continentales. El lema keep calm and carry on («mantén la calma y sigue adelante»), acuñado entre las ruinas de Londres durante la batalla de Inglaterra, expresa una envidiable capacidad para la acción colectiva. Los británicos en su conjunto no padecen sentimiento de culpa histórica al modo alemán, ni el deshonor del Vichy francés, ni han alumbrado ni sufrido los totalitarismos y las dictaduras que han devastado el continente. Por eso, el riesgo de que aflore el complejo de superioridad es alto, y la arrogancia, una tentación en la que pueden caer con alguna facilidad y resultados a veces incontrolados de patrioterismo estruendoso. Bien es verdad que los ingleses arrastran sus propios estereotipos, que no siempre son amables. Por ejemplo, tienen fama de ser muy mirados para el dinero y de mantener una relación difícil con la higiene, defectos que los australianos resumen diciendo que los primos europeos «guardan el dinero debajo del jabón». Una denigración que no puede generalizarse aunque nos desconcierten ese gusto tan extendido de enmoquetar los cuartos de baño y la tardía aceptación de la ducha en lugar del baño. Es verdad que otras señales abundaban en este desconcierto. Cuando nació mi hijo Alfonso, los servicios sociales nos entregaron una guía, que conservamos, en la que se aclaraba que el baño diario no era perjudicial para el bebé. Y recuerdo el comentario de la madre de una amiga de mi hija Mónica, que entonces tenía siete años, después de pasar tres días en su casa. A la madre le extrañaba y le divertía a la vez que nuestra hija hubiera insistido en bañarse todos los días que estuvo con ellos.

El malhadado brexit ha vuelto a sacar a la luz los peores estereotipos que ingleses y continentales nos arrojamos desde cada orilla del canal de la Mancha. El deslizamiento por la pendiente del plebiscito ha abierto la puerta al populismo que la democracia británica mantenía recluido en los titulares de los periódicos sensacionalistas. Ese deslizamiento marca un giro insólito y debilitante de la gran trayectoria del parlamentarismo británico, abriendo una crisis sin precedentes no solo en la relación con la Unión Europea sino en la propia cohesión del Reino Unido.

Pude conocer de manera muy cercana ese sistema político impecablemente democrático, sustentado sobre una opinión pública en general bien formada, tendente siempre a la moderación y muy superior a las democracias continentales en cuanto al nivel y la intensidad del debate público. Sin embargo, el eje del sistema británico se ha desplazado hacia un terreno del que siempre había huido. No ha quedado fracturado pero, en cierta manera, la articulación que liga la soberanía parlamentaria con el cuerpo electoral ha sufrido una seria dislocación que debe ser recolocada.

LA IMAGEN DEL OTRO

Quien haya vivido algún tiempo en Gran Bretaña habrá comprobado que también los británicos tienen imágenes muy tópicas de los españoles. Imágenes creadas en la literatura y la prensa, en crónicas de viajes y popularizaciones históricas. Richard Ford, George Borrow, Lord Wellington, George Orwell y Ernest Hemingway destacan como autores de la construcción canónica de la imagen de España, estudiada magistralmente por José Varela Ortega y Tom Burns Marañón. Ahora, los viajeros son también los millones de turistas que nos visitan y los tópicos sobre España viajan con ellos, entre otras razones porque nos esforzamos por darles lo que esperan encontrar en sus destinos.

En 1937, Orwell escribió en su Homenaje a Cataluña:

Guardo de España unos recuerdos atroces pero muy pocos malos recuerdos de los españoles. Solo recuerdo haberme enfadado dos veces con un español, y al echar la vista atrás tengo que admitir que era yo quien estaba equivocado. No cabe duda de que poseen una generosidad y una nobleza que parecen impropias del siglo XX. Por eso creo que incluso el fascismo adoptará en España una forma relativamente laxa y tolerable. Pocos españoles tienen esa deplorable coherencia y eficacia que requiere un Estado totalitario moderno.

Esa contraposición entre la nobleza y la generosidad de los españoles como individuos —otras veces sería su arrojo y valentía— frente a su fracaso en la acción colectiva es una constante en la imagen transmitida de España. Bien es verdad que la incapacidad de los españoles para la «coherencia y la eficacia» resultaba ambivalente, ya que si en la guerra los españoles se mostraban como un unruly lot, una tropa ingobernable a la que despreciaba Lord Wellington, tales carencias —preveía Orwell— librarían al país de los peores rigores del fascismo.

Fue el propio Orwell el que refrescó buena parte del tópico orientalista:

En las tranquilas callejas de Lérida y Barbastro, me pareció vislumbrar por un momento la España que habita en la imaginación de todos. Sierras blancas, rebaños de cabras, mazmorras de la Inquisición, palacios moros, serpenteantes reatas de mulas, plateados olivos y huertos llenos de limoneros, chicas con mantilla negra, el vino de Málaga y Alicante, las catedrales, los cardenales, las corridas de toros, los gitanos, las serenatas... En suma, España. Era el país europeo que más cautivaba mi imaginación. Era una lástima que cuando por fin había conseguido viajar allí, solo hubiese visto aquel rincón nororiental en mitad de una guerra, confuso y casi todo el tiempo en invierno.

Salvo mazmorras de la Inquisición, casi todo lo demás se puede ver todavía en España. Pero nada de eso, ni junto ni por separado, es España. Muchas horas de conversación con británicos cultos e inteligentes me han llevado a dos conclusiones. La primera es que muchos se aferran a la imagen de España que les resulta atractiva y ven la «normalización» de nuestro país como una pérdida lamentable de la singularidad y el exotismo que hacían de España una peculiaridad en Europa. Hoy todavía, los sinceros admiradores de España se horrorizan ante el empeño que periódicamente nos invade por convertirnos en los «prusianos del sur». La otra conclusión es que, incluso cuando reconocen las profundas transformaciones que ha experimentado la sociedad española, su sistema político y su cultura, nos atribuyen caracteres ancestrales que la modernización del país ha contenido pero que siguen latentes y amenazan con salir a la luz al primer descuido y manifestarse, casi siempre para mal.

Mi trabajo con los medios británicos me permitió comprobar la vigencia de algunas de esas imágenes sobre España y los españoles, tópicas algunas de ellas, pero más elaboradas y muchas veces compatibles con un afecto sincero por nuestro país y un interés genuino por su cultura y su historia. No es de extrañar que Gran Bretaña haya sido cuna de grandes hispanistas y que la escuela que han creado la integren algunos de los mejores historiadores españoles.

En conjunto, sin embargo, no puedo decir que la información y el análisis sobre España sea el mejor indicativo de la calidad de la prensa británica denominada seria por contraposición al sensacionalismo de los tabloides. A este respecto, José Varela Ortega —fellow de Oxford y discípulo de Raymond Carr— hace en La mirada del otro: La imagen de España, ayer y hoy un juicio muy crítico pero bien fundado cuando sostiene:

En estos tiempos, el New York Times y, sobre todo, el Financial Times y el Economist son una fuente inapreciable e inagotable del estereotipo exótico que rinde tributo a lo marginal; una operación con arreglo a la cual algunos hechos, ciertos pero singulares, se proyectan como habituales, de tal forma que lo excepcional pasa a generalizarse como corriente, distorsionando severamente la descripción de la realidad.

ENTRE EL NUEVO LABORISMO Y LA REFUNDACIÓN DEL PP

El año en que llegué a Londres, 1992, fue un año de sorpresas en la política británica. John Major, que había sucedido a finales de 1990 a Margaret Thatcher, ganó las elecciones contra casi todos los pronósticos. Major conseguía en mayo un gran éxito prolongando cinco años más el largo ciclo conservador que se había iniciado en 1979 con la elección de Thatcher. Su contrincante laborista, el galés Neil Kinnock, fue sustituido por el escocés John Smith, quien a su vez murió dos años después de un infarto masivo de miocardio. Aquel desenlace propició la llegada al liderazgo laborista de Tony Blair, quien ya como portavoz en asuntos de Interior había acreditado sus dotes de comunicador y su afán reformador de un partido del que, como se acababa de demostrar en las elecciones generales, todavía demasiados británicos recelaban y al que consideraban inelegible.

Blair demostró tener ideas claras y voluntad firme para poner fin al dominio de los sindicatos sobre el partido y promover la renovación ideológica, de imagen y de fondo, que cambiara la percepción de un laborismo todavía agreste, anclado en las viejas recetas de intervencionismo estatal, impuestos y gasto público. Julian Barnes, escribiendo desde Londres para el New Yorker en 1994, señalaba que «para los reformadores laboristas, el recuerdo que mantenía la gente de los barones sindicales acudiendo a Downing Street para tratar la política económica con cerveza y sándwiches les seguía resultando embarazoso». La política que Blair quería impulsar tenía su modelo práctico en la estrategia de triangulación que tanto éxito estaba reportando a Bill Clinton y se apoyaba en la elaboración doctrinal del sociólogo Anthony Giddens sobre la tercera vía, luego despreciada por la izquierda aunque ha sido la propuesta mejor articulada de renovación de la socialdemocracia. Blair no se engañaba sobre el éxito del thatcherismo que había transformado la cultura política británica y cuya alternativa no podía ser la vuelta al laborismo del «invierno del descontento» y la quiebra del modelo de bienestar. Con estos materiales, Blair fue construyendo un discurso en el que hacía suyo con naturalidad un claro componente liberal pero insertándolo en lo comunitario, para diferenciarse del thatcherismo más riguroso. Mientras que Thatcher negaba que existiera «eso de la sociedad», Blair afirmaba como su «creencia esencial» que «una sociedad fuerte y unida es necesaria para que se alcance el logro individual». Giddens hablaba de asumir la globalización frente al aislacionismo, de superar el proteccionismo, de una nueva asociación entre el Estado y la sociedad civil en beneficio de la comunidad sobre el principio de «ningún derecho sin responsabilidad».

Blair vio crecer su credibilidad cuando puso a prueba con éxito la fuerza de su liderazgo en la lucha interna para librar al laborismo de la tutela de los sindicatos. Terminó lo que su antecesor había iniciado, y eliminó de la Carta del partido el compromiso con «la propiedad colectiva de los medios de producción, distribución y cambio», la cláusula IV de los estatutos laboristas, que todavía en 1992 mantenían esta formulación.

En política exterior, el Nuevo Laborismo se decidía por afianzar la relación especial con Estados Unidos y dejaba en la prehistoria al partido que no muchos años antes se manifestaba por el desarme nuclear unilateral. Una nueva aproximación a la Unión Europea permitió al Reino Unido ganar espacios de influencia y articular alianzas, muy singularmente con el Gobierno de Aznar, que, sin duda, dinamizaron la reforma económica de la Unión y equilibraron la influencia germano-francesa. Ya como primer ministro, Blair enunció su internacionalismo liberal en una famosa conferencia en el Economic Club de Chicago el 22 de abril de 1999:

Todos somos internacionalistas ahora, tanto si nos gusta como si no. No podemos negarnos a participar en los mercados globales si queremos prosperar. No podemos ignorar nuevas ideas políticas en otros países si queremos innovar. No podemos dar la espalda a los conflictos y violaciones de derechos humanos en otros países si queremos mantener nuestra seguridad.

De ahí se seguían varias afirmaciones que, leídas hoy, mantienen una vigencia bien reconocible. Blair sostenía que el proteccionismo era «la vía más rápida hacia la pobreza», y situaba como el tema más apremiante de la política exterior el de «identificar las circunstancias en las cuales debemos implicarnos activamente en los conflictos de otros países», subrayando la necesidad de aceptar un compromiso duradero allí donde se interviniera. En 1999, Blair se refirió a los casos de Slobodan Milosevic y Sadam Husein:

Los actos de genocidio nunca pueden ser un asunto puramente interno. Cuando la opresión produce flujos masivos de refugiados que desestabilizan países vecinos, entonces se pueden considerar adecuadamente como amenazas a la paz y la seguridad internacionales.

Tampoco anduvo errado el líder laborista al anticipar que «el principal problema de Gran Bretaña en las próximas dos décadas será el de definir sus relaciones con la Unión Europea». Casi con exactitud, dos décadas después se pudo comprobar el acierto de la predicción.

Tony Blair y su alianza con José María Aznar fortalecieron la dimensión atlántica de la Unión con la propuesta de un programa de reformas de largo alcance para la competitividad y la innovación, que se plasmó en la Agenda de Lisboa aprobada en el Consejo Europeo celebrado en la capital portuguesa en marzo del 2000. El Reino Unido continuó siendo un contrapunto necesario para el equilibrio interno de la Unión, con posiciones de fondo no muy alejadas de las defendidas por Thatcher y Major, pero administradas de manera muy diferente y, sobre todo, exentas del euroescepticismo crecientemente agresivo que se extendía entre los conservadores. Entre los daños que ha causado el brexit no es el menor la pérdida del Reino Unido como referencia reformista y el debilitamiento de la dimensión atlántica de la Unión.

El proceso de renovación impulsado por Tony Blair hacia el Nuevo Laborismo presentaba un llamativo paralelismo con la refundación del Partido Popular que lideraba José María Aznar en España. Los dos, Blair y Aznar, eran de la misma generación y los dos habían llegado a la dirección de partidos lastrados por la falta de expectativas de alcanzar el poder. A los laboristas les pesaban la mediocridad de sus dirigentes y el anquilosamiento de su propuesta política, el control que ejercían los sindicatos, perdedores de todos los pulsos que le echaron a Margaret Thatcher, y ciertos ecos de ese radicalismo izquierdista hacia el que el Partido Laborista siempre ha mostrado querencia cuando ha quedado fuera del poder, como ocurre ahora. Simplemente, la mayoría del electorado británico, y en especial ese segmento central decisivo asentado sobre todo en el sureste de Inglaterra, no se fiaba de la competencia laborista para conducir el Gobierno. Las elecciones de 1992 fueron una amarga confirmación de ello.

Pero en España, también el PP tenía que luchar contra la desconfianza de los votantes hacia un partido estigmatizado como neofranquista, que vivía la resaca del aplastante liderazgo de Fraga y de la sucesión fallida de Antonio Hernández-Mancha. De la misma manera que una buena parte del electorado británico se había acomodado en el modelo económico y social del thatcherismo, en España buena parte de la derecha sociológica, siempre reacia a dar batallas políticas, llegó a encontrarse muy a gusto con el PSOE de Felipe González. Con gran agudeza, Tom Burns observa que «para Aznar fue más difícil imbuir de liberalismo al centro-derecha español que para González borrar el marxismo como seña de identidad del PSOE».

Blair y Aznar no solo tenían que renovar programas e imagen sino rescatar a sus respectivos partidos de una moral de derrota muy arraigada —recuérdese el famoso «techo de Fraga»—. Se trataba de construir una alternativa creíble; en primer lugar, para sus propias bases militantes, y luego, para los votantes en general con el objetivo de atraer a los segmentos centrales del electorado.

Blair y Aznar se conocieron en julio de 1996. Aznar acababa de ser investido, y con ocasión de su primera visita a Londres como presidente del Gobierno para reunirse con John Major, yo, entre otros, le recomendé que viera a Blair, todavía jefe de la oposición. Se reunieron en la residencia de la Embajada de España, y en aquel primer encuentro se pudieron vislumbrar oportunidades de entendimiento que empezarían a concretarse al año siguiente cuando Blair ganó las elecciones después de 18 años de dominio conservador.

Entre los conservadores no duró mucho la alegría por la inesperada victoria de Major y el éxito que el primer ministro había obtenido en la negociación de las cláusulas opt-out que exceptuaban al Reino Unido de los compromisos de mayor integración del Tratado de Maastricht. La cuestión europea era un cáncer ya demasiado arraigado en el partido. Europa se había convertido en una piedra de escándalo que no había hecho sino agrandar la división interna. Y esta división se traducía en un desafío constante a la autoridad de Major, cuya capacidad de resistencia ante los eurófobos de su partido nunca será suficientemente ponderada. El éxito negociador de Major en Maastricht pronto quedó borrado. Sufrió un revés político grave con la salida —eyección, más bien— de la libra del sistema monetario europeo en aquel Miércoles Negro, el 16 de septiembre de 1992, en el que la moneda británica sucumbió a los ataques especulativos y no pudo mantenerse en la banda inferior de cotización fijada en el sistema. El inicio de una cadena de escándalos fue agravando la sensación de fin de ciclo del Partido Conservador, y los problemas de la Corona a los que la reina Isabel II se refirió al hablar de su annus horribilis ciertamente no ayudaban a mejorar el clima general del país. La recesión y el recrudecimiento del terrorismo del IRA (Irish Republican Army, Ejército Republicano Irlandés) completaban un retrato poco alentador para los tories. Las elecciones del 92 apuntaron con claridad a la transformación del Partido Conservador y Unionista, como se denomina oficialmente, en un partido inglés. En las siguientes elecciones de 1997, todos los escaños que obtuvieron los conservadores (165) los ganaron en distritos de Inglaterra; ninguno en Escocia, Gales ni Irlanda del Norte, donde el unionismo tenía marca propia.

Tampoco en España la situación era brillante. No había que forzar mucho la comparación para observar la analogía entre el largo declive del Partido Conservador, que había tenido un dominio hegemónico de la política británica en los últimos trece años, y el del Partido Socialista, que también partía de una posición hegemónica desde 1982, confirmada por tres mayorías absolutas y que aún le permitiría ganar al PSOE las elecciones de 1993. Las grandes celebraciones del 92 —Olimpíadas en Barcelona, Expo en Sevilla, Capitalidad Cultural europea en Madrid y, el año anterior, la Conferencia de Paz para Oriente Medio— quedaban empañadas por una aguda recesión con su consecuencia de paro y el recurso a las devaluaciones de la peseta. Los casos de corrupción y la investigación de la «guerra sucia» contra ETA a través de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) rodeaban también de escándalo el fin de ciclo socialista a pesar de la indiscutible proyección internacional que mantenía el liderazgo de Felipe González.

UN FUNCIONARIO ESPAÑOL EN LONDRES

Cuando llegué a Londres en agosto de 1992, las oficinas de la Embajada se habían trasladado provisionalmente a Portland House, un moderno edificio situado en Stag Place, cerca de la estación Victoria, de la sede de Scotland Yard y del propio palacio de Buckingham.

Allí estuvimos hasta que se completó la construcción de la nueva Cancillería, contigua a la residencia del embajador en Belgrave Square.

La residencia, conocida como Downshire House, es una gran mansión londinense construida en 1840. De los episodios de valor histórico que esta casa ha albergado, pocos podrían superar el hecho de que fue allí, en este edificio de la Embajada, donde se decidió la construcción del Titanic. En 1907, Downshire House era la residencia de Lord Pirrie, director del astillero Harland & Wolf de Belfast. Lord y Lady Pirrie invitaron a cenar en su casa a Joseph Bruce Ismay y a su mujer. Ismay dirigía la White Star Line, una de las compañías navieras más importantes de Gran Bretaña y competidora directa de Cunard, que había dado un gran salto en el negocio de los cruceros con dos grandes barcos, el Lusitania y el Mauritania. En plena competencia por la ruta Londres-Nueva York, Pirrie e Ismay decidieron en aquella cena impulsar el proyecto de construcción de dos cruceros, el Olympic y el Titanic, que superarían en lujo y dimensiones a los de Cunard. La suerte no acompañó al proyecto, pero la residencia de Belgravia figura en el itinerario de peregrinaje de los seguidores de la historia del Titanic, aunque tengan que contentarse con ver desde fuera el lugar donde todo empezó.

Coincidí apenas unas semanas con el embajador Felipe de la Morena, un diplomático de larga trayectoria que se jubiló en su destino de Londres y que desde entonces ha trabajado activamente en estrechar las relaciones bilaterales como presidente de la Sociedad Hispano-Británica.

A finales del 92 llegó desde México el nuevo embajador, Alberto Aza. Mantuve siempre una excelente relación con él, que luego retomé ya en la Moncloa cuando fue nombrado director general de la Oficina de Información Diplomática por Josep Piqué y, sobre todo, después, cuando en septiembre de 2002 el rey don Juan Carlos lo designó jefe de su Casa. Aza había sido un protagonista destacado de la Transición desde su puesto de director del Gabinete de Adolfo Suárez, con quien le unió una estrechísima amistad. Su paso por la Oficina de Información Diplomática y su experiencia en la política hacían de él una persona sensible hacia los medios, lo que facilitaba mucho mi trabajo tanto con los corresponsales españoles como con la prensa británica. Su trayectoria política y diplomática y su competencia profesional se expresaban a menudo con un sentido del humor inteligente que conectaba muy bien con sus interlocutores británicos.

Entre lo que ocurría en Gran Bretaña y lo que los medios británicos decían sobre lo que ocurría en España, mi vida como consejero de Información de la Embajada se encontraba bastante ocupada.

El segundo semestre de 1992 coincidió con la presidencia británica de la Unión Europea, lo que exigía un seguimiento más exhaustivo de los medios británicos y mayor dedicación a explicar ante estos las posiciones españolas. En aquellos meses, España estaba centrada en conseguir un acuerdo satisfactorio sobre las políticas de cohesión de la Unión. Y así fue. En el Consejo Europeo de diciembre, Felipe González obtuvo un acuerdo sobre fondos de cohesión muy beneficioso para nuestro país. Aquel fue uno de los Consejos Europeos que un presidente del Gobierno español tenía que parar para forzar una negociación que salvaguardara nuestros intereses. Luego, con Aznar, hubo otros —Ámsterdam, Berlín, Niza— en los que hubo que mostrar la misma firmeza.

Las reuniones de la presidencia británica de la Unión comportaban que tenía que asistir a la delegación oficial y a los medios españoles en varios de los diversos consejos informales que cada ministro del país anfitrión organizaba para reunir a sus colegas europeos en algún lugar que no fuera Londres. Así, pocos días después de llegar, fui a Bath, donde se reunía el consejo informal de ministros de finanzas, que todavía no anticipaban la tormenta que se desencadenaría unos días más tarde sobre el sistema monetario europeo.

Se trataba de un consejo que, aunque informal, era importante, por lo que casi todos los corresponsales españoles iban a cubrirlo. Esta circunstancia me permitió conocer personalmente a la mayoría de ellos e iniciar una relación de la que guardo un gran recuerdo. Londres era un destino informativo muy reconocido, y a diferencia de otras capitales, destacaba por la actividad económica, la vida cultural y académica, la posición del Reino Unido como sociedad adelantada en las expresiones más novedosas de cultura popular, música, arte y estilos de vida. Gran Bretaña y Londres en concreto ofrecían una materia interesante y diversa de la que hablar más allá de la información política, sin olvidar el fenómeno social y mediático de la princesa Diana que, ese sí, no tenía rival en ningún otro destino periodístico. Valentí Puig (ABC), Enric González (El País), José Martí Gómez (SER), Roger Jiménez (La Vanguardia), Lourdes Gómez (El Mundo), Javier Algarra (RNE) y Vicenç Sanclement (TVE) constituían un grupo de excelentes profesionales, entre los que se reconocía sin discusión alguna el decanato de Iñigo Gurruchaga, corresponsal de El Correo de Bilbao —que todavía no había cambiado su mancheta y era El Correo Español—. Iñigo, que sigue siendo el corresponsal de El Correo, era la instancia a la que todos sus compañeros podían acudir para pedir consejo o ayuda en los pequeños y no tan pequeños problemas que podían variar entre cuestiones domésticas, contactos profesionales o acceso a interlocutores. A Iñigo le apasionó el proceso de paz de Irlanda del Norte por razones profesionales obvias, pero también por razones de origen que compartíamos. Al proceso de paz dedicó un excelente libro (El modelo irlandés. Historia secreta de un proceso de paz) en el que lo analiza y lo relata con detalle. Hablamos mucho del tema y no siempre estuvimos de acuerdo en nuestros análisis; tampoco en lo que el espejo irlandés podría reflejar del caso de ETA, donde nuestras diferencias eran más profundas. Pero no había duda de que Gurruchaga conocía como pocos el conflicto norirlandés, tenía acceso a fuentes de primer nivel y sentía los efectos de la violencia en su tierra vasca, sin confusión alguna.

EN BUCKINGHAM PALACE

Como nuevo embajador, Alberto Aza tenía que presentar credenciales a la reina Isabel en el palacio de Buckingham. Tuve el honor de que el embajador me eligiera para formar parte de la representación de la Embajada de España que lo acompañó en la presentación de credenciales, junto con los agregados de los tres ejércitos y los diplomáticos más antiguos en el destino. Con la debida antelación, el Palacio —no hacían falta más precisiones— hizo llegar una nota detallada de cómo se desarrollaría el acto, al que, dicho sea de paso, nada tiene que envidiar en solemnidad y brillantez nuestro protocolo de presentación de credenciales ante el Rey. También se hicieron indicaciones precisas sobre lo que la Embajada tenía que dar de comer a los caballos que tiraban de las dos carrozas en las que fuimos trasladados a Buckingham. El embajador entregaba las cartas a la Reina y a continuación mantenía una conversación con ella. Una vez terminada la conversación, presentaba a los miembros de la Embajada que lo acompañaban. Se nos había precisado que a la Reina no había que dirigirse como «Su Majestad» sino empleando el tratamiento de Ma’am, es decir, «Señora», que ha de pronunciarse con una larga «a» entre las dos emes para ocultar el galicismo de su origen, Madame, y para que tampoco se confunda con mum, ya que una cosa es no tener que dirigirse a la reina como «Su Majestad» y otra que uno la llame «mamá». La Reina haría una pregunta o una observación a cada uno, y entonces podríamos responder brevemente. La prensa le daba a la Corona un disgusto todos los días, por lo que no resultó extraño que cuando le fui presentado como consejero de Información, la Reina me saludara diciendo: «Tiene usted un trabajo difícil», una observación que era muy de agradecer dicha por Isabel II ante el embajador y mis compañeros, a la que asentí respetuosamente con un «Indeed, Ma’am». Pero mi intervención no acababa ahí. Al ser el más joven, el protocolo dictaba que yo tenía que ser el último en abandonar el salón en el que habíamos sido recibidos por la Reina, quien, por cierto, lució bolso durante toda la ceremonia aunque estaba en su casa. Pero no podía irme de cualquier manera, claro está. Para dar por concluido el acto, tenía que dirigirme a la puerta y antes de cruzarla, volverme y hacer la correspondiente reverencia a la Reina, que seguiría de pie. Solo entonces el acto se podría dar por concluido, según me recordó un ayudante de Su Majestad que antes de que comenzara la presentación me llevó a una sala contigua para asegurarse de que no pensaba irme con un portazo. Cumplí con lo que se me había indicado, y después de una profunda reverencia a la Reina, el acto se pudo dar por concluido. Volvimos todos a la Embajada para la recepción en la que, vestido de frac con condecoraciones, conté a los corresponsales españoles los detalles de tan significativo episodio en el palacio de Buckingham.

DE GIBRALTAR AL ATLÁNTICO NORTE

Los tiempos convulsos que atravesaba la política española producían una cantidad de noticias muy elevada para lo que era habitual en los medios británicos. Bien es cierto que por aquello de que las buenas noticias no son noticias, esas informaciones no eran nada agradables.

Junto a los asuntos de interés coyuntural, la Consejería de Información dedicaba una parte fija de su trabajo a un conjunto de temas en los que los medios reincidían con mayor o menor frecuencia. Como se puede suponer, Gibraltar era el primero de ellos. Se mantenían rondas de conversaciones entre ambos Gobiernos sin más avances que el perfeccionamiento de la retórica diplomática y la discusión de problemas concretos que solían tener su expresión en las colas que se producían en la entrada a la colonia cuando las autoridades españolas introducían controles algo más estrictos.

Lo cierto era que Gibraltar estaba instalada en lo mejor de los dos mundos y que la agenda del Gobierno conservador de Major no contemplaba esfuerzo negociador alguno con España. El lobby gibraltareño en Londres, muy activo y consolidado, estaba siempre alerta para activar a los defensores más vocales del estatus de la colonia, afirmando su «britanidad» frente a la imaginaria agresión española. Así, mientras la colonia disfrutaba de todos los beneficios de su condición de territorio europeo y, por supuesto, de la apertura total de su relación con el territorio circundante, el Gobierno de Joe Bossano alimentaba el discurso del agravio para avivar la mentalidad de asedio que impidiera esa ósmosis hispano-llanita en la que confiaban los más optimistas para superar la resistencia de los gibraltareños a una solución negociada del contencioso. Después del brexit, y pendiente aún el resultado final de la negociación, la situación se ha dado la vuelta y es ahora el tiempo el que corre en contra del inmovilismo de Gibraltar y del Gobierno británico, y es ahora España, no Gibraltar, acostumbrada al veto destructivo, la que tiene la última palabra sobre cualquier acuerdo que afecte al futuro de la colonia en su relación con la Unión Europea. Hay nuevas oportunidades que deben ser manejadas con tacto y discreción, sin micrófonos y sin megáfonos, sin alardes forzados de españolidad que solo juegan a favor del discurso del asedio, y ofreciendo a los gibraltareños las seguridades a las que tienen derecho en cuanto a su estatus de nacionalidad.

Margaret Thatcher aceptó en 1987 un acuerdo sobre el control conjunto del aeropuerto de Gibraltar que el Gobierno de la colonia vetó por considerar que abría la puerta a la soberanía española. Mayor importancia tuvo el acuerdo sobre cosoberanía al que se llegó entre Blair y Aznar, después de un gran trabajo de los respectivos ministros de Asuntos Exteriores, Josep Piqué y Jack Straw, en el que quedaron planteadas y acordadas todas las cuestiones relevantes que tendrán que abordarse en un futuro no muy lejano entre ambos Gobiernos. Ese acuerdo, plasmado en un «Proyecto de declaración conjunta hispano-británica sobre Gibraltar», llegó a ser anunciado formalmente en la Cámara de los Comunes, pero también fue vetado por Gibraltar. Se había llegado más lejos que nunca, pero faltaba, como dicen los ingleses, la extra mile que no se pudo terminar de recorrer. Sin embargo, el precedente adquiere ahora mucha más relevancia porque prueba que hay un camino andado y porque demuestra también que los primeros ministros británicos ideológicamente distantes, como Blair o Thatcher, se han mostrado dispuestos a compromisos de fondo con España. Para el Foreign Office, la Roca es un dolor de cabeza crónico en la relación con Bruselas —no digamos después del brexit—, y la drástica reducción de la presencia militar británica indica que su valor estratégico ya no es el que era, tampoco para la metrópoli. No va a haber ninguna guerra por Gibraltar a pesar de las estúpidas evocaciones de las Malvinas de algunas ilustres figuras del pasado tory. Pero Gibraltar es algo más que una piedra en el zapato; es un obstáculo que ha impedido desarrollar el potencial de la relación política entre los dos países con el alcance que permitiría su dimensión atlántica compartida.

Insistir en las razones de la reivindicación territorial española no era un ejercicio condenado a la melancolía. Y con esta convicción trabajé, con el apoyo del embajador, distinguiendo entre los recalcitrantes, aquellos que aceptarían un acuerdo «honorable» y los que veían en Gibraltar un contencioso anacrónico que España y el Reino Unido tenían que dejar atrás. Estos últimos no eran pocos, pero tengo que reconocer que solían ser los más alejados de mis propias preferencias políticas y los que menos interés sentían por el asunto.

Otro de los problemas recurrentes que solían provocar descargas de patrioterismo sensacionalista era el de la pesca. Las aguas británicas e irlandesas son ricas en pesca. El acceso de los pesqueros españoles a esos caladeros bajo la política pesquera común era uno de los agravios que los euroescépticos solían esgrimir en sus críticas a Bruselas. La eficacia de la industria pesquera española y la competencia para ganar cuota en un mercado tan importante como el español provocaban la hostilidad del sector británico. La cuestión iba más allá de las eventuales infracciones que se podían cometer; esos hechos daban pie a reafirmar el prejuicio sobre los españoles como depredadores del mar, culpables de fraude sistemático y devoradores de inmaduros. Los argumentos legales, ecológicos y patrióticos servían a varias audiencias y, además, conseguían que el fundamento que pudieran tener se convirtiera en una razón absoluta. Había infracciones, sí, pero eran más visibles porque la flota pesquera española era mucho mayor que cualquier otra y con más actividad. Las aguas eran británicas tanto como comunitarias a estos efectos, pero nosotros poníamos el mercado del que se beneficiaba la industria pesquera británica y por eso recordábamos que un pescador sin mercado es un deportista. El pescaíto frito, que raro era el británico que no conociera como turista en España, se aducía como prueba de cargo para echar en cara nuestra supuesta ansia devoradora de inmaduros. Y en algunos casos era una verdad que no contradecía que un boquerón no es un inmaduro sino un pez que no se desarrolla más y que cualquiera que fuera a cualquier punto de la cornisa cantábrica no iba a encontrar merluzas, rodaballos, bonitos, lenguados o rapes inmaduros.

Un episodio, paradójicamente muy lejos de las aguas británicas, iba a desbordar todos los precedentes. El 9 de marzo de 1995, patrulleras canadienses apresaron en aguas internacionales al pesquero de Vigo Estay, que se encontraba capturando fletán en el área de los Grandes Bancos, fuera de las doscientas millas de la zona económica exclusiva de Canadá. Una de las patrulleras llegó a efectuar disparos por encima del puente del buque vigués después de una persecución en la que este tuvo que cortar sus redes para intentar librarse del acoso. Canadá justificó el apresamiento por una ley que el Gobierno liberal acababa de promulgar, en virtud de la cual se atribuía unilateralmente el derecho de actuar fuera de sus 200 millas para garantizar el cumplimiento de determinadas exigencias de conservación de especies que Canadá se reservaba el poder de establecer, también de manera unilateral. La ley canadiense infringía claramente la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y provocó el rechazo frontal de la Unión Europea, que se alineó con España calificando el apresamiento del Estay de ilegal y, por tanto, de acto de piratería. El apoyo de la Unión a España en defensa de los pescadores españoles desató en Reino Unido la tormenta perfecta. Los medios sensacionalistas empezaron a rugir. Les faltaban adjetivos para atacar a España, a los españoles y a Bruselas. La exacerbación nacionalista —en defensa de Canadá— llegó a extremos irracionales entre los habituales eurófobos, que se dedicaban a atizar «la guerra del fletán» desde el Parlamento, la televisión y los periódicos, sobre todo los conservadores. En muchos momentos, la línea entre medios sensacionalistas y periódicos de calidad (quality papers) quedó enterrada por asombrosas descargas espasmódicas de excesos retóricos. Aparecieron banderas canadienses en señal de apoyo, y el ministro de Pesquerías del Gobierno de Ottawa, Brian Tobin, se convirtió en una celebridad admirada.

Con medios más bien escasos, había que hacer frente a aquella avalancha para que se oyeran los argumentos de España, que eran sólidos y estaban avalados por la Unión Europea. Trabajé muy estrechamente con el consejero de Agricultura y Pesca, Luis Esteruelas, que me facilitó toda la información técnica y con el que depuré los argumentos que teníamos que hacer llegar a los medios. Terminé convirtiéndome en un experto en técnicas de pesca, tamaños de mallas, registros de bitácora y reglas NAFO —la Organización Pesquera del Atlántico Norte— que apoyaban los argumentos legales de la posición española. Fueron tres semanas en estado de crisis informativa con los medios británicos, con apariciones en radio y televisión, además de los contactos diarios con los medios impresos, la información al embajador y la que se remitía al Ministerio del Portavoz del Gobierno sobre la evolución de la opinión británica.

La virulenta reacción británica olvidaba las «guerras del bacalao» que enfrentaron a la flota pesquera y a la Armada británicas con Islandia desde finales de los cincuenta hasta mediados de los años setenta. El motivo de este enfrentamiento, que llegó a provocar incidentes muy graves, radicó precisamente en que el Reino Unido no aceptó las sucesivas ampliaciones unilaterales de la zona económica exclusiva decididas por el Gobierno islandés con la consecuencia de expulsar a los pesqueros británicos de aquellas aguas. Los británicos perdieron, e Islandia en buena medida se salió con la suya haciendo valer su posición estratégica en el Atlántico Norte. Fue entonces cuando se produjo el declive de la industria pesquera británica, que a diferencia del afán competitivo de la industria española, no buscó alternativas a los caladeros que había perdido en aguas islandesas. Si algo hacía España era sostener con su mercado lo que quedaba de esa industria. Simon Courtauld, periodista y académico conservador, antiguo subdirector de The Spectator y buen conocedor de España, fue una de las voces razonables —que también las había— en medio de aquel estruendo sensacionalista. Courtauld escribió en Spanish Hours:

Quizás los pescadores británicos lleguen a considerar su posición en el futuro con mayor objetividad y la prensa británica deje de lado el manido cliché de las comparaciones con la Armada Invencible. España no es responsable de la suerte de nuestros pescadores, ni tiene más responsabilidad que Francia en la violación de las normas, por ejemplo en relación con la pesca de inmaduros.

La verdadera causa del conflicto del fletán se puso de manifiesto cuando este se empezó a resolver mediante la atribución a Canadá de una importante cuota de capturas a costa de españoles y portugueses. No había ninguna preocupación conservacionista en la acción de las autoridades canadienses, sino la exigencia de tener su parte en la explotación de una especie despreciada hasta que los pesqueros españoles demostraron su rentabilidad al ser capaces de capturarla a grandes profundidades.

Fletán aparte, la Consejería de Información de la Embajada recibía muchas consultas de británicos que pedían información sobre los temas más dispares o expresaban sus quejas por motivos muy diferentes, con frecuencia vinculados con sus estancias en España. Algunos querían saber dónde se podía comprar lotería en Londres o cuál era la auténtica receta del plato que tanto les había gustado aquel verano en España. La Monarquía también daba lugar a muchas consultas de índole histórica, unas serias, otras simplemente anecdóticas. El verano era especialmente activo en nuestra relación con el público británico. Por un lado, las fiestas populares generaban un buen número de protestas por maltrato animal. Por otro, compartíamos con la Oficina de Turismo las quejas de turistas por el alojamiento, las comidas, o, según recuerdo, por la avería de los calentadores de un edifico de apartamentos en Tenerife. A todas ellas se intentaba responder y orientar.

Algunas consultas daban motivos para pensar. Recuerdo bien una carta de una mujer de edad en la que exponía que necesitaba implantarse una prótesis de cadera pero que no lo podía hacer porque se había agotado el presupuesto para este tipo de operaciones en su distrito sanitario. Preguntaba si en España se podría operar y ponía un ejemplo práctico: qué pasaría si al bajar del avión se cayera por las escaleras: «¿Me operarían?», preguntaba. Las operaciones de prótesis de cadera gozaban de una fama merecida entre muchos jubilados británicos, como nos reconocía la señora en cuestión, sin duda por el boca a oreja de sus compatriotas afincados en nuestro país. Se le contestó asegurándole que, en caso de que fuera necesario, se la atendería y que luego se facturaría a la sanidad británica. El prestigio de la sanidad española era merecido. Espero que esa información no terminara de decidirla a rodar por la escalerilla del avión para comprobar la calidad de nuestros cirujanos.

3

ARRANCANDO EL ENGRANAJE

EL PRIMER DESPACHO

Pocos días después de la llamada de Aznar volví a Madrid, pero esta vez para quedarme. En la sede de Génova me esperaba Alfredo Timermans, que luego sería director general de Asuntos Institucionales del Gabinete de la Presidencia, quien supongo que sentiría curiosidad por conocer al que parecía más bien un marciano que llegaba al lado del presidente del Gobierno desde fuera de los circuitos del Partido Popular.

Después pasé a manos de Paco García Diego, que era el segundo de Miguel Ángel Rodríguez en el departamento de prensa. Me llevó a lo que pretendía ser un estudio y allí me hicieron unas fotos —terribles— que se distribuirían a los medios junto con las biografías de los demás altos cargos que iban a ser nombrados en el primer Consejo de Ministros del primer Gobierno del PP.

Cumplido el trámite, subí a la planta 7 a lo que sería mi primer despacho con José María Aznar. Fue una conversación especialmente útil porque Aznar, consciente de mi aterrizaje en aquel entorno, me hizo un retrato conciso —y siempre amable— de las personas con las que tendría que trabajar más estrechamente o, en otros casos, de las personas a las que no podría evitar. «Tendrás que dejar de escribir en El Correo», me recordó. Y así era. Había empezado a escribir en el periódico de Bilbao cuando Antonio Barrena, «el viejo director», decidió publicar un editorial diario, ya que hasta entonces el periódico solo se pronunciaba ante acontecimientos o temas muy singulares. Había sido durante más de diez años editorialista del periódico, sobreviviendo a seis directores, entre ellos mi hermano José Antonio. Era obvio que no podía seguir escribiendo desde mi posición en la Moncloa. Más adelante retomé ese buen oficio, y en 2004 volví a aparecer, esta vez con mi firma, en la sección de opinión del periódico en el que sigo escribiendo regularmente.

No solo dejé de escribir en El Correo. A partir de aquel día, «José María» pasó a ser «presidente» a todos los efectos. No importaba la cercanía personal que hubiera, sino para qué estábamos allí, que era facilitar la acción del presidente del Gobierno en el sentido más amplio. Nunca he hablado de José María Aznar como «mi amigo» aunque lo sea. El presidente del Gobierno puede tener amigos entre sus colaboradores, claro está, pero ni me parecía apropiado entonces ni me parece apropiado ahora hablar del presidente como de «un amigo».

El día terminó con una cena con Carlos Aragonés, futuro director del Gabinete del Presidente, en un restaurante italiano cercano a la sede de Génova. No lo conocía y no puedo decir que la química se hiciera presente entre nosotros. Carlos probablemente pensaba en aquellos días que Aznar, en vez de un secretario de Estado, había nombrado a un oficial mayor y que así debía seguir. No había nada de insólito en que cada uno buscara su lugar, pero la relación con Carlos fue complicada, inevitablemente competitiva, entre dos personas que en todo caso tenían una idea muy clara de a quién servían y de la lealtad hacia este. Aquella competencia era normal y nunca fue disfuncional. De hecho, creo que resultó positiva. No pasó mucho tiempo antes de que alcanzáramos un modus vivendi distante pero satisfactorio.

ENTRE LA MONCLOA Y LA ZARZUELA

Aznar me había dado las primeras instrucciones, y estas me llevaron a la Moncloa y a la Zarzuela, los dos destinos sobre los que pivotaban las principales tareas en aquellos días de transición.

Conocía bien la Moncloa. Como funcionario, había estado destinado allí desde 1987 en la Secretaría de Estado de Comunicación, con Javier Solana como portavoz, después Oficina del Portavoz del Gobierno y Ministerio del Portavoz, y luego, durante mi destino en Londres, seguí dependiendo del Ministerio de la Presidencia. Hasta pocos días antes, mis jefes en la Administración habían sido Alfredo Pérez Rubalcaba, como ministro de la Presidencia, y Miguel Gil Peral, como subsecretario del Portavoz del Gobierno. Mi vida anterior en la Moncloa me permitió conocer a fondo los engranajes que ahora, como secretario general de la Presidencia, me correspondía arrancar, y debía tener un criterio suficientemente informado sobre el funcionamiento de otras áreas que no dependían directamente de mí, lo que me daba una visión global de lo que era la Moncloa —de lo que funcionaba bien y de lo que no funcionaba tan bien— que creo que nadie tenía en el equipo de Aznar. El texto de referencia sobre la Moncloa eran las memorias de Julio Feo, secretario de la Presidencia con González desde 1982 a 1987.

Por mi parte, sabía bien lo que era una presidencia de la Unión Europea, un viaje, una visita oficial o una cumbre bilateral. Había visto de cerca la actuación de áreas clave para la actividad del presidente, como el protocolo y la seguridad, que tenían incidencia directa en la organización de la cobertura informativa de estos acontecimientos. Fueron muchos países, bastantes historias y algunas tareas que desde nuestro trabajo como funcionarios públicos nos pusieron a prueba a veces hasta el límite. De aquellos años no será fácil olvidar lo que supuso organizar el ingente dispositivo de comunicación de la Conferencia de Paz para Oriente Medio de Madrid en 1991. El trabajo recibió el elogio unánime. Sabía del talento y la capacidad de una Administración como la española —de la que yo formaba parte—, que estaba a la altura de cualquier otra y que, salvo segmentos que querían convertir la Administración en campo de militancia partidista sin remedio, podía y quería trabajar objetivamente bajo el Gobierno que surgiera de las urnas. También de aquellos años conocía y mantenía buena relación con muchos periodistas con los que había hecho algunos miles de kilómetros en viajes oficiales de SS. MM. los Reyes y del presidente del Gobierno, Felipe González.

La tarde en que llegué a la Presidencia del Gobierno para tratar los asuntos de la toma de posesión del presidente Aznar, Felipe González se estaba despidiendo de sus últimos colaboradores pocos minutos antes de abandonar el palacio. La Moncloa se encontraba en servicios mínimos. Es verdad que faltaban solo unos días para que llegara el nuevo inquilino, pero esa circunstancia no restaba un cierto dramatismo a la imagen desertizada del centro de poder de España.

El traspaso de poderes, así llamado con alguna ampulosidad, no había resultado fácil. El largo periodo que el socialismo inició con una aplastante victoria en 1982 había concluido, y se notaba en una sensación de agotamiento que se reflejaba bien en la imagen de aquella Moncloa desierta. La última legislatura había sido dura, y las sucesivas elecciones —municipales, autonómicas y europeas— habidas hasta las generales jalonaban el final del ciclo socialista. Muchos —demasiados— años en el poder, bajo el hiperliderazgo de Felipe González, desatan los riesgos de corrupción, reblandecen la disciplina de partido y agotan la capacidad de generar equipos. El Partido Socialista y su Gobierno se habían atrincherado, se encontraban desde hacía mucho tiempo a la defensiva. Felipe González no despachaba con sus ministros, y todos los testimonios coinciden en que vivía en una progresiva reclusión, no tanto física como psicológica, dedicado a desarrollar alguna de sus aficiones y rodeado de algunos, pocos, colaboradores de su más estricta confianza personal. «Everyday, all day bonsai», explicaba años más tarde José Luis Rodríguez Zapatero, en rudimentario inglés, al presidente francés Chirac y al canciller alemán Schröder, la dedicación de González a ese hobby que, dicen, le fue ocupando cada vez más tiempo en sus jornadas y que, por otra parte, dejó ejemplares de gran belleza en los jardines de la Moncloa.

La organización de la Presidencia venía resintiéndose de este progresivo repliegue en el que las líneas de autoridad política habían quedado confundidas, cuando no vacantes o amortizadas. El traspaso de poderes, al menos en algunos ámbitos, hizo más evidentes estos vacíos. En España no hay una legislación ni una práctica consolidada en esta materia. No hay lo que los americanos denominan Presidential Transitional Team, ni existen procedimientos suficientemente probados para ese relevo. Bien es verdad que las cosas a veces se idealizan, como también ocurre en las transiciones presidenciales en Estados Unidos. Cuenta Karl Rove, asesor político de George W. Bush, que cuando llegaron a la Casa Blanca en el año 2000 se encontraron con que miembros del equipo de Clinton habían hecho cosas como romper la tecla «W» en el teclado de los ordenadores, dejar escritas frases obscenas en los muebles y en las paredes, tapar con pegamento las cerraduras de los cajones y algo que resultaba peor: cuenta Rove que staffers del equipo de Clinton se despidieron provocando a propósito un enredo monumental en el sistema telefónico. Según cuenta Rove:

En la Casa Blanca, cada teléfono está programado para funcionar conectado a una toma concreta. Si se conectaba a cualquier otra, el teléfono simplemente no funcionaba. Miembros del equipo saliente de Clinton cambiaron de sitio alrededor de cien teléfonos y los conectaron a tomas que no les correspondían, de modo que no había una manera fácil de encontrar la conexión de cada aparato. Algunos de mis colegas estuvieron sin servicio telefónico casi una semana hasta que los técnicos pudieron resolver aquel desastre.

Frente a este increíble y un tanto mezquino sabotaje, los encargados de la transición presidencial de Obama, que en 2008 tomaron el relevo de Bush, reconocieron que el traspaso fue impecable. No así la de Obama a Trump, caracterizada por una utilización abusiva y sin precedentes de los decretos presidenciales hasta el último minuto por parte del presidente saliente y por el caótico estado del equipo del presidente electo rodeado de acusaciones de colusión con Rusia para derrotar a Hillary Clinton.

En nuestro caso, tampoco ayudaba a una transición más fluida el hecho de que los socialistas hubieran interiorizado la dulce derrota, expresión acuñada por Felipe González en la noche electoral para poner de relieve el estrecho margen de ventaja que había dado la victoria al PP. A partir de esa supuesta dulce derrota se desató una peligrosa especulación plasmada en las páginas de El País que venía a poner en duda la validez del triunfo del PP y hablaba de la conveniencia de un «Gobierno de gestión», fantaseando con candidatos para presidirlo, ninguno de los cuales —no hace falta decirlo— era Aznar. Se trataba de adherir al Partido Popular una imagen de precariedad, de empequeñecer su triunfo en cuantía y legitimación, para presentarlo como un paréntesis que sería más bien breve y que, una vez terminado, reabriría la trayectoria socialista en el poder. No podían estar más equivocados, pero tampoco ponían las cosas más fáciles. En aquellos momentos —y creo que durante mucho tiempo—, el aparente consuelo de la dulce derrota y el sentido patrimonial del poder y de la legitimidad democrática que mantenía una buena parte de los socialistas les hacía ver en el PP un grupo de advenedizos de dudosas credenciales.

Como lo más inmediato era organizar en lo que nos tocaba la jura ante S. M. el Rey en el palacio de la Zarzuela y la llegada a la Moncloa, me reuní con los Departamentos de Protocolo y Seguridad. El director de Protocolo de la Presidencia había fallecido poco antes, y el departamento lo mantenía el entonces subdirector, Andrés Costilludo, comandante del Ejército de Tierra que había llegado a la Moncloa con un grupo de militares, bien elegidos por cierto, para la organización de la primera presidencia de la Unión Europea, cuando todavía era Comunidad Europea, en junio de 1989. Varios de aquellos jefes y oficiales siguieron prestando servicio en la Moncloa. Los conocía y apreciaba su eficacia, su trabajo y su sentido del servicio público. El otro funcionario de protocolo era Jorge Moragas, un diplomático joven y activo que había sido reclutado al terminar la Escuela Diplomática para el puesto de ayudante del presidente González y que pasó de ahí al Departamento de Protocolo. Los dos trabajaron muy estrechamente conmigo. Jorge Moragas fue poco tiempo después mi jefe de gabinete en la Secretaría General, y desde ahí inició una destacada carrera en el Partido Popular y luego como director del Gabinete del presidente del Gobierno, Rajoy, y embajador en las Naciones Unidas desde diciembre de 2017.

Andrés, actualmente director de Protocolo de la Presidencia, fue una pieza clave en el Departamento de Protocolo. Acumulaba ya entonces una gran experiencia en organización. Era respetado y apreciado, y no recuerdo una sola ocasión en que eludiera ningún esfuerzo en el trabajo tantas veces ingente que suponía organizar una actividad pública de una intensidad como las del presidente Aznar tanto en España como en el escenario internacional. A Aznar no le gustaba ver espacios en blanco en su agenda, y eso pronto lo supieron los que tenían que asegurar que las cosas salieran como estaba previsto.

LA JURA Y OTRAS COSAS

En la Zarzuela me reuní con Rafael Spottorno, entonces secretario general de la Casa de Su Majestad. Con Spottorno mantuve siempre una magnífica relación. Colaboramos lealmente desde las dos instituciones, siempre fue un gran servidor público y específicamente de la Corona, y siento que esa trayectoria haya podido quedar lamentablemente empañada por el caso de las llamadas tarjetas Black, pendiente todavía de la decisión final del Tribunal Supremo.

Hablamos de la ceremonia de juramento ante Su Majestad el Rey, solemne pero sencilla, y entramos en otras cuestiones que tenían más que ver con los procedimientos de relación entre la Moncloa y la Zarzuela. En aquella misma tarde me reuní después con Fernando Almansa, jefe de la Casa de S. M. Apenas lo conocía. Me pareció una persona aguda, suspicaz, proclive a hablar con sobreentendidos —un estilo que yo también manejaba bien— y expectante ante lo que podía suponer el primer Gobierno del PP y, sobre todo, la presidencia de Aznar. Almansa, diplomático de carrera, se interesó por la formación del equipo internacional. Ya en aquella primera reunión, el jefe de la Casa de S. M. me pidió acabar con la Subdirección de Protocolo del Estado, una unidad del Departamento de Protocolo de la Presidencia que en determinadas circunstancias se suponía que tenía que coordinar los servicios de protocolo de la Casa de S. M., Exteriores y Presidencia. En su momento se pensó como un instrumento útil para la organización de actos oficiales en comunidades autónomas. En estos casos se suponía que facilitaría la relación con las comunidades autónomas una unidad que se denominaba «del Estado», a la que se atribuía la interpretación de las normas de organización, ceremonial y preferencias en el sensible territorio autonómico. La Zarzuela siempre receló de ello y lo consideró como una interferencia innecesaria. En parte tenía razón. En parte. Protocolo del Estado se mantuvo unido a la dirección del departamento correspondiente de Presidencia. La Moncloa seguía reservándose la interpretación de las normas legales en la materia, pero se evitó que aquellas funciones significaran mantener un cuarto servicio de Protocolo en el vértice del Estado.

Aquel equipo en la Zarzuela, del que formaba parte Ricardo Martí Fluxá como jefe de Protocolo, había entrado hacía algo más de tres años sucediendo a Sabino Fernández Campo tras la primera crisis visible de la Corona, lo que no era fácil. Los tres años transcurridos de ese equipo en la Casa de Su Majestad habían sido los del final del poder socialista, que había generado una tensión política de un nivel desconocido hasta entonces y una erosión institucional a la que la Corona era sensible. Parecía como si los últimos años hubieran sido tiempos de intemperie para aquella Casa.

Almansa y yo hablamos de cuestiones políticas generales y de cómo se estaba organizando el equipo de Aznar. Después de un rato de tanteo, entramos a tratar los temas más inmediatos, y en especial la fijación de los despachos del presidente con el Rey, el primero de los cuales tendría lugar por la tarde del mismo día de la prestación de juramento en la Zarzuela para proponer la lista del nuevo Gobierno. Seguramente, aquella primera conversación con el jefe de la Casa de S. M. se encontró lastrada por las dudas de Almansa sobre mi condición de interlocutor, al fin y al cabo, un simple secretario de Estado. El presidente Aznar despejó las dudas que pudieran existir, y aquella relación, que debía ser continua y consciente de su sensibilidad política e institucional, se fue estrechando basada en la confianza y la claridad.

LA PRIMERA VEZ DE TODO

Después de aquellas reuniones se fijó el programa en el que se detallaba la primera jornada de Aznar como presidente del Gobierno. Entregué a Aznar el programa, un cuadernillo de mano editado en cartulina beis que había elaborado el Departamento de Protocolo. A partir de ese día, buena parte de la vida de Aznar —y la de algunos de nosotros— quedaría regida por esos cuadernillos que detallaban el acto, visita o viaje que había que hacer, la hora en que había que salir de la Moncloa, quién lo recibiría a su llegada, cómo se le rendirían honores, dónde hablaría y durante cuánto tiempo, con quién se reuniría, a qué hora podría volver al hotel o a la residencia oficial de turno y de cuánto tiempo dispondría para descansar y cambiarse para la cena. El programa tenía un formato ya acreditado en la Moncloa, que otros servicios de protocolo copiaron. Era práctico y manejable y siempre fue elogiado por todos los que luego tuvieron que utilizar los cientos de programas que se elaboraron para viajes, visitas y los demás eventos que llenaron durante ocho años la agenda de Aznar.

En este caso, el programa empezaba con la llegada a su casa de La Moraleja del coche oficial con la escolta para llevarlo al palacio de la Zarzuela. Poco más tarde, se preveía que Ana Botella llegase a la Moncloa, donde vería por televisión la jura de su marido. Reunidos después del acto en la Zarzuela, bajarían paseando juntos desde el edificio del Consejo de Ministros al Palacio, lo que daría la oportunidad a los medios gráficos de tener las primeras imágenes del matrimonio en la Moncloa, su nueva residencia. En la puerta del palacio esperaban José Enrique Serrano y Miguel Gil, jefe de Gabinete y subsecretario del Portavoz del Gobierno, respectivamente. Con ellos entramos en el palacio, y ofrecieron a los Aznar y a quienes los acompañábamos una especie de visita guiada que tenía como atracción especial la lámpara del comedor oficial del palacio, que además de dar luz tiene un dispositivo mecánico de cuyo cordón se puede tirar para activar un grupo de pajaritos que cantan y giran alrededor de la lámpara. La lámpara en cuestión tiene un toque kitsch ostensible, pero el número de los pajaritos era bueno para distender el ambiente y luego se utilizó a menudo para mostrar la curiosidad a los invitados del presidente. Hubo cordialidad en este encuentro con los salientes y un sentido de la deportividad que en momentos como estos hay que extremar, unos para no parecer demasiado contentos y los otros para no parecer demasiado abatidos. Después, el primer almuerzo de la familia Aznar en la residencia que ocupa la primera planta del palacio, consistente en arroz con verduras y solomillo.

Era un día en el que todo resultaba inolvidablemente novedoso. Una vez prestado juramento en la Zarzuela se produjo el relevo de la escolta. El Departamento de Seguridad de la Presidencia se hacía cargo de la protección del presidente, que hasta entonces había correspondido al Ministerio del Interior. No obstante, en la nueva escolta se integraron algunos de los policías que hasta entonces se habían ocupado de la seguridad de Aznar ya que este quería que siguieran prestando servicio con él. Todo estaba cuidadosamente previsto y se ajustó al programa. El único imprevisto lo sufrió Jorge Moragas, que acompañaba a Aznar desde la Zarzuela, cuando el banderín de presidente del Gobierno se desprendió del coche.

La víspera, 4 de mayo de 1996, había concluido la sesión de investidura en la que Aznar había reunido 181 votos. Después de la votación, legalmente no era todavía presidente del Gobierno pero tampoco jefe de la oposición, de modo que tuvo que pedir prestado su despacho al presidente del Congreso para un encuentro con la prensa. Acto seguido, el presidente del Congreso presentó a la firma del Rey el decreto de nombramiento. Al día siguiente, domingo 5 de mayo, tendría lugar el acto de juramento ante Su Majestad.

Antes de jurar su cargo ante el Rey, hubo que resolver un par de cuestiones burocráticas pero importantes. Una fue la publicación de nombramiento en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Al tratarse de un domingo, era necesaria una edición extraordinaria del BOE que se publicaba en papel. Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de la Presidencia en funciones, me llamó para plantearme si no sería conveniente que esa edición incluyera también otros asuntos además del decreto de la Jefatura del Estado con el nombramiento de Aznar. Su argumento era que así se daría un aire de normalidad al trámite y se justificaría mejor el coste de una edición especial. Hablé con Ignacio Astarloa, entonces secretario general del Congreso, ya que el presidente del Congreso es quien refrenda el decreto. En ausencia de precedentes, le pedí a Rubalcaba que se mantuviera la edición especial del BOE con ese único asunto. Habría resultado muy raro que se publicaran en domingo resoluciones administrativas, disposiciones o acuerdos de personal, por ejemplo, que con frecuencia implican el cómputo de plazos.

La otra cuestión a resolver afectaba a los funcionarios eventuales —conocidos como «de confianza» o «asesores»— que tenían a su cargo servicios cuya continuidad había que garantizar en el tránsito del nuevo Gobierno. De acuerdo con la ley, estos funcionarios eventuales pueden ser o no de carrera y son nombrados por la autoridad correspondiente, pero cesan automáticamente al cesar la autoridad que los designó. Era el caso de la mayoría de los puestos del Gabinete y muchos de la Secretaría General. Pero entre estos se encontraban, por ejemplo, la mayoría de los puestos del Departamento de Infraestructura y Seguimiento para Situaciones de Crisis (DISSC), radicado en el famoso búnker, nombrados por el Gobierno anterior y abocados al cese automático. Había que articular una solución transitoria para que estos funcionarios fueran «renombrados» inmediatamente y evitar así que un servicio de esta naturaleza quedara paralizado hasta que tuvieran lugar los nuevos nombramientos. Francisco Álvarez Cascos conocía el problema y como vicepresidente primero y ministro de la Presidencia in pectore, articuló la solución jurídica mediante un decreto que Aznar firmó el mismo día de su toma de posesión.

YA HAY GOBIERNO

Ya por la tarde, el presidente volvió a la Zarzuela para proponer al Rey el nombramiento de su primer Gobierno. Hubo alguna sorpresa para los medios, como la designación de Eduardo Serra para Defensa, sobre el que circuló la versión de que había sido el Rey quien se lo habría pedido a Aznar. No fue así, sin perjuicio de que Serra fuera un hombre conocido y bien visto en la Zarzuela. La otra sorpresa fue Josep Piqué para Industria y Energía, también independiente. Una acertada presencia catalana que demostró sus dotes políticas y de comunicación en las diversas carteras que ocupó.

El primer equipo de Aznar descansaba sobre las dos vicepresidencias, las de Francisco Álvarez Cascos y Rodrigo Rato, y en buena medida también sobre Jaime Mayor Oreja, que como ministro del Interior y presidente del PP del País Vasco asumía la responsabilidad de la lucha antiterrorista y era la cara visible del frente político más sensible que el Gobierno tenía ante sí.

Cascos, que se había alejado de sus responsabilidades en el partido con el nombramiento de Ángel Acebes como coordinador general, tenía que impulsar el calendario legislativo y el cumplimiento del programa por parte de cada ministerio. Como presidente de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que es el órgano encargado de preparar los asuntos sobre los que decide el Consejo de Ministros, Cascos conocía los proyectos, sabía dónde estaban los puntos conflictivos y dónde se producían los atascos. Además, Cascos mantenía una buena relación con los interlocutores del PNV y CiU, lo que era importante teniendo en cuenta el apoyo de ambos grupos a la investidura de Aznar.

Mi relación con Cascos apenas pasó de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, aunque en la Secretaría General trabajáramos estrechamente con el Ministerio de la Presidencia con su subsecretario al frente, Juan Junquera, un extraordinario funcionario y el prototipo del mandarín de la Administración española. Para Álvarez Cascos, el Gabinete y la Secretaría General éramos «el área del presidente», como le gustaba recalcar, y era muy escrupuloso en delimitar en cada momento los territorios de responsabilidad de unos y otros. Sospecho que, por estar en «el área del presidente», a mí me tocaba algo de la distancia de Cascos hacia el equipo de Carlos Aragonés. La delimitación de territorios tuvo su reflejo físico cuando Cascos ordenó abrir un paso que comunicaba directamente la zona de la vicepresidencia con el recinto del palacio, zona que quedó reservada para su uso exclusivo, aunque todos compartiéramos el edificio de Semillas. Antes de llegar a la Moncloa, le pregunté a Aznar si tenía algo que decirme sobre el vicepresidente primero. Y Aznar me dio un consejo que guardo para mí y que me sirvió muy bien. No tuve con el vicepresidente más problemas que los —muy pocos— derivados del celo con que quería guardar su vida privada y su cautela sobre la seguridad de las comunicaciones, lo que a veces hizo algo más complicadas las medidas que había que adoptar en estos dos terrenos. Nada que no pudieran resolver los profesionales de la Moncloa, que eran muy conscientes de la sensibilidad de su trabajo: es la seguridad la que tiene que facilitar la vida normal de quien es protegido y no lo contrario. Tiempo después ocurrió también que durante la crisis del Gobierno del Principado, con la ruptura con el entonces presidente, Sergio Marqués, Cascos decidió intensificar su presencia pública en Asturias en una posición destacada sobre el presidente autonómico, y según las normas de protocolo —un Real Decreto de 1983 que nadie se atrevía a tocar—, si el Rey o el presidente del Gobierno —pero solo ellos— delegan su presencia en un acto, también transfieren a la persona que los representa la posición protocolaria que les corresponde. De este modo, el vicepresidente Cascos actuó como delegado de Aznar en los actos oficiales del Principado, lo que le habilitaba para presidirlos en esa condición, por encima del presidente autonómico.

En todo caso, Álvarez Cascos tuvo un papel fundamental como vicepresidente primero que debe contarse para explicar el éxito de aquella primera legislatura nada fácil. Aseguró el impulso y la coordinación necesarios para el cumplimiento de un programa político y legislativo muy exigente, medió con autoridad entre los ministerios para resolver discrepancias y mantuvo siempre una lealtad férrea hacia Aznar y el proyecto político del Partido Popular.

En mi opinión, el mejor Gobierno suele ser casi siempre el primero. Aquel era un Gobierno con una potencia política excepcional. No era un Gobierno «fácil» para Aznar. Todos o casi todos los ministros tenían una sólida personalidad política propia. No estaban allí por haber primado la amistad, aunque la hubiera en algunos casos, sino por su trayectoria política y para la consecución de un equilibrio interno que venía a expresar el carácter integrador del proyecto político que los había llevado hasta allí. Se crearon los mejores equipos con que ha contado la Administración española en muchos años, sin desaprovechar lo que ya había, que no era poco. El interés en dar una continuidad razonable en niveles directivos de la Administración nos hizo objeto de algunas críticas por no ser suficientemente enérgicos en la renovación. Pero fue una posición acertada que ofreció estabilidad y confianza y contribuyó a que la Administración en su conjunto acompañara el esfuerzo que el Gobierno proponía.

La mayoría relativa fue un acicate que los ministros supieron entender. Las herencias en política no se pueden aceptar a beneficio de inventario. Había que afrontar algunos asuntos de una gran trascendencia que procedían de la historia negra del ciclo socialista y afectaban a los centros neurálgicos del Estado. Para empezar, la decisión sobre la desclasificación de los papeles del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) que, presuntamente, contenían evidencias de la implicación del servicio de inteligencia en la creación y actividad de los GAL. Dos años después de nuestra llegada al Gobierno, un ministro del Interior, José Barrionuevo, y un secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, serían condenados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo a diez años de prisión por el secuestro de Segundo Marey.

Después del despacho con el Rey, en ese día —5 de mayo de 1996— en que todo se hacía por primera vez, Aznar ofreció su primera conferencia de prensa en el edificio del Consejo de Ministros. Allí, el presidente dio a conocer la lista de su Gobierno, que incluía cuatro mujeres y tres independientes, y anticipó el programa de trabajo que se preparaba para esa semana. Habría dos Consejos de Ministros y ya se preveían decisiones importantes en materia económica.

Fue allí donde hizo un comentario sobre lo poco hogareño que le había parecido el palacio. En concreto dijo que «el palacio, donde está la vivienda, no es lo más recomendable para que una familia habite allí», añadiendo que intentarían dar a ese espacio «el ambiente más familiar posible». Algunos siempre proclives a escandalizarse de lo que decía Aznar habían olvidado, o no sabían, lo que, según contó Julio Feo en sus memorias, había escrito Gabriel García Márquez después de su primera visita a la Moncloa al inicio del mandato de Felipe González: «El palacio es lo menos hogareño que uno se pueda imaginar y más parece un escenario de teatro para una pieza de don Jacinto Benavente —a quien Dios tenga en su reino— que un lugar para vivir». Y además, Aznar tenía razón. El aspecto que ofrecía el palacio era manifiestamente mejorable.

Aznar pasó el resto de la tarde preparando el primer Consejo de Ministros, convocado para el martes 7 de mayo, que debería aprobar los decretos de nueva estructura orgánica de los ministerios y los primeros nombramientos de altos cargos que despachó con Francisco Álvarez Cascos. Los nuevos ministros recibieron las primeras indicaciones por parte de Protocolo para su acto de juramento o promesa ante los Reyes y la posterior toma de posesión en sus respectivos departamentos.

El martes 7 de mayo de 1996, José María Aznar presidió su primer Consejo de Ministros. A continuación, Álvarez Cascos actuó como portavoz. El Gobierno hizo pública una declaración programática. En ella se proponía desarrollar «el mayor entendimiento parlamentario» y una «leal colaboración» con sus socios parlamentarios para garantizar «la gobernabilidad y estabilidad de la legislatura». Como objetivos, reiteraba la creación de empleo estable, la incorporación a la Unión Económica y Monetaria, la reforma tributaria y un nuevo modelo de financiación autonómica.

Mención especial se dedicó al terrorismo con unas palabras que con la perspectiva del tiempo merecen recordarse:

La lucha contra el terrorismo se caracterizará por la firmeza, la unidad de las fuerzas democráticas, el imperio de la ley y la movilización de todas las energías morales de quienes lo respaldan. Los pactos de Ajuria Enea, de Pamplona y de Madrid serán el marco para desarrollar tales propósitos.

Cascos comunicó que el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, había presentado un informe sobre la situación económica y la propuesta de primeras medidas. El Gobierno no orilló su responsabilidad, de acuerdo con lo que había comprometido, y tras esa primera reunión se anunció una inmediata reducción del gasto público de 200.000 millones de pesetas. Traducido a euros ahora puede no parecer mucho, pero en 1996 era una cifra muy importante. La máquina había arrancado.

EL ENTORNO

El entorno del presidente lo formaban el Gabinete, dirigido por Carlos Aragonés, la Secretaría de Estado de Comunicación que ocupaba Miguel Ángel Rodríguez y la Secretaría General. Los tres teníamos el rango de secretarios de Estado, pero de puertas adentro lo que importaba es que éramos asesores del presidente del Gobierno. Nuestra función tenía que ser simplemente instrumental para que el presidente estuviera en las mejores condiciones de desarrollar su trabajo en la dirección política del país.

El que fue jefe de Gabinete de George W. Bush, Andrew Card, resumía su función así:

Tienes que asegurar que el presidente no tiene hambre, ni está irritado, ni solitario, ni cansado y que está en las mejores condiciones de tomar decisiones que nunca creyó que tendría que tomar. Tienes que gestionar el proceso de decisiones políticas y asegurar que nadie juega sucio con el presidente. Y la última tarea se refiere a la presentación y a la venta. Si el presidente toma una decisión y nadie se entera, ¿realmente el presidente ha tomado una decisión?

Matices aparte, cualquier entorno presidencial sí se puede ver reflejado precisamente en ese amplísimo abanico de funciones que va desde las más domésticas a las de mayor sensibilidad política.

Aragonés y Rodríguez llevaban trabajando con Aznar desde sus tiempos de presidente de Castilla y León, mientras que yo, que conocía a Aznar desde mucho antes que ellos, no había trabajado con él y acababa de llegar. La diferente posición que esta circunstancia creaba fue compensada con la igualdad en lo que es determinante en el entorno presidencial, es decir: el acceso al presidente, la libertad a la hora de ofrecer los propios puntos de vista y el margen de maniobra para ejercer ese papel. Es el acceso y, claro está, la calidad del trabajo que recibe el presidente lo que sitúa a cada uno en ese medio en el que encontrar el nicho adecuado es la condición de la supervivencia.

El organigrama es importante, pero por sí mismo no refleja necesariamente la realidad de una institución. Dicho en otros términos: en ese ámbito, el grado de formalización de la actividad que se realiza es más limitado. Cuanto más cercana es la relación con el presidente, menos estructurada es esta relación. Y dentro de las responsabilidades que legalmente nos correspondían a cada uno, las decisiones del presidente a la hora de administrar su propio equipo redistribuían determinados papeles entre sus colaboradores.

La decisión de crear una Secretaría General, con rango de Secretaría de Estado a la que se atribuían funciones y departamentos que hasta entonces dependían del Gabinete, parecía responder a este deseo de redistribuir responsabilidades. El Gabinete era el órgano de asesoramiento técnico y político del presidente. En torno a Carlos Aragonés se reunieron un grupo de asesores de una gran solidez técnica y buen criterio político. Pero el presidente recibía información y criterio de otras fuentes, como, por otra parte, es lógico.

El presidente Aznar nos reunía diariamente a Aragonés, a Rodríguez y a mí para un despacho en el que se trataban los temas del día, se repasaba la agenda, se comentaban las intervenciones públicas y se decidían las acciones a adoptar. De ahí salían diariamente las decisiones que desde la Moncloa se transmitían a los diversos ministerios o a los propios departamentos de Presidencia para su realización.

Aquellos despachos eran una discusión abierta en la que Aznar sobre todo escuchaba nuestros análisis, la información que le dábamos sobre una determinada cuestión y la expresión de nuestros acuerdos o desacuerdos.

En contra de cierta imagen, Aznar es una persona sensible a los argumentos; le gusta escuchar y contrastar sus ideas. No era infrecuente que Aznar hiciera una observación o propusiera una iniciativa de la que él mismo no estaba en absoluto convencido, con el único propósito de ver cuál era nuestra reacción y en qué términos y con qué argumentos la discutíamos. Siempre nos pudimos pronunciar con entera libertad de criterio y, de hecho, expresábamos nuestros puntos de vista, coincidentes o no, porque para eso estábamos, sabiendo que es el presidente el que toma las decisiones y que es él quien tiene la capacidad de reunir toda la información disponible. Eso sí, con Aznar conviene llevar la tarea hecha, tener claros los argumentos y llegar a las reuniones ya sin divagaciones. Su sentido de aprovechamiento del tiempo y la disciplina que se impone en su propia agenda son argumentos ejemplares para quienes trabajábamos con él. Aznar es un hombre riguroso en su trabajo. Incompatible con la improvisación, la palabrería y esa versión de la intuición que la presenta como sustitutiva del trabajo. Hay tipos que se consideran gente muy intuitiva y son simplemente vagos. No es que Aznar no tenga intuición. Tiene una intuición política muy desarrollada, pero es de los que piensan que la intuición, como la inspiración, es mejor que a uno le encuentre trabajando. Agradecíamos en Aznar que su rigor en el trabajo incluyera la lectura de los papeles que se le pasaban, hasta el punto de que en determinadas circunstancias o para determinados temas, la escrita era la vía de comunicación más eficaz, al menos en primera instancia. Teníamos la seguridad de que leía los papeles. A menudo los devolvía subrayados y anotados —si es que conseguíamos descifrar su letra— o llamaba de vuelta y los comentaba por teléfono, o se los guardaba para tratar lo que se decía en ellos en una reunión.

Por temperamento y por su idea del ejercicio de la autoridad, rara vez se habrá recordado una bronca de Aznar a un subordinado. Sospecho que algunos la habrían preferido al lenguaje no verbal pero inequívoco con el que a veces se expresa. Él mismo se define como tímido —paradójicamente un tipo frecuente en política— que se supera. Su gestualidad contenida y sus silencios a veces no son fáciles de administrar para sus interlocutores, que, como compensación, identificaban en él a una persona fiable y comprometida con la palabra dada, eso que se entiende por tipo serio. Su reserva es bien conocida y no solo responde a lo que imponía su responsabilidad, sino a la desconfianza en la discreción ajena. Recuerda Dick Morris, asesor y gurú estratégico político del presidente Clinton, que este le dijo que había aprendido a no decir nada en una reunión de más de tres personas, y eso que Clinton era un tipo de carácter expansivo y hablador.

Pronto se debe aprender una lección: siempre hay que evitar hablar como si uno fuera la voz del presidente, salvo que el presidente expresamente lo quiera. La segunda lección es que, aunque uno no lo haga, tiene que contar con que el interlocutor creerá que, efectivamente, todo lo que uno dice, lo dice en nombre del presidente del Gobierno. En esta situación sin salida, el único recurso es la prudencia.

Más de una vez me ocurrió que, a la hora de definir un acto al que iba asistir el presidente, mi interlocutor sostenía que la Moncloa había dicho esto o lo otro. Algunos tardaban un tiempo en darse cuenta de lo ridículo de aquella situación.

AZNAR, PRESIDENTE: EL LIDERAZGO Y LA GESTIÓN

Aznar es un buen gestor de equipos. Ejercía su autoridad, despachaba regularmente con los ministros y mantenía la tensión necesaria para la acción de Gobierno. Naturalmente, en esa gestión no eludía las decisiones difíciles, que suelen ser las que afectan a las personas, pero a quien confiaba una responsabilidad le reconocía también la autonomía necesaria para desarrollarla. Autonomía y una llamativa comprensión hacia los errores ajenos, empezando por los de sus ministros, siempre que no fueran resultado de la incompetencia o la desidia.

Uno de los sabios de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, John Kotter, sostiene que «el liderazgo no es algo místico o misterioso». No tiene nada que ver con tener carisma u otras «exóticas cualidades de la personalidad». Expresa así una visión alejada de lo que convencionalmente se entiende por liderazgo en política, y lo define de esta forma: «El liderazgo hace frente al cambio. La gestión, a la complejidad». De modo que la gestión hace posible el funcionamiento de las grandes organizaciones —incluido el Estado—, mientras que el liderazgo, en la medida en que afronta el cambio, es determinante para la adaptación y la evolución exitosa de aquellas. Aplicado al ámbito empresarial, la razón por la que el liderazgo se ha convertido en un factor tan importante radica en que el mundo de los negocios se ha hecho más competitivo y más volátil. Ahora, buena parte de ese razonamiento se podría trasladar a los Estados en todos sus niveles. Tanto en las corporaciones empresariales como en las organizaciones estatales, concluye Kotter, «el resultado neto es que hacer lo que se hacía ayer, o hacerlo un 5 por ciento mejor, ya no es una fórmula de éxito».

Si hay que guiarse por estos criterios —y no parecen mala guía—, puede decirse que Aznar supo dar prueba sobrada de liderazgo, y al mismo tiempo, cuidó la gestión mediante equipos competentes y un trabajo de impulso y seguimiento desde la cúpula del Gobierno que buscaba asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Me parece evidente que José María Aznar desplegó una capacidad de liderazgo que pocos le reconocían pero sin la que no es posible explicar su trayectoria y su acceso a la presidencia del Gobierno. Empezó por asumir el compromiso de presentarse a unas elecciones generales —las de 1989— que bien podrían haber sido su tumba política. Siguió con un proyecto sin precedentes de articulación orgánica e ideológica del centro-derecha en el que tenía que combinar autoridad y generosidad en las dosis necesarias para que esa integración cuajara. Finalmente, tuvo que ganarse la victoria en un país que pasaba por situarse sociológicamente en el centro-izquierda, y se consolidó en la acción de Gobierno en áreas tan exigentes como la política europea, las reformas económicas y la lucha contra el terrorismo. Ciertamente, nada de esto constituye la tarea de un gestor, sino de alguien que representaba el cambio y se mostró dispuesto a encabezarlo, empezando por el cambio en su propio espacio político.

Habría sido muy difícil alcanzar estos objetivos de cambio sin un estilo de liderazgo que aplicara eso que también algunos teóricos en la materia denominan empatía firme (tough empathy), que significa impulsar lo que los miembros de una organización requieren y no necesariamente lo que quieren; en definitiva, una combinación de respeto a la tarea planteada, de apoyo y de exigencia —empezando por él mismo— que explica el éxito.

El impulso que proporciona el liderazgo siempre estuvo presente en Aznar. Ese aspecto de su personalidad, que implica fortaleza psicológica, consistencia, compromiso y un patriotismo tan arraigado como exento de aspavientos, es lo que puedo alegar en tantos años de trabajo a su lado.

LA MONCLOA MULTICULTURAL

La Moncloa es un territorio grande y complejo. Buena parte de sus servicios exigen un trabajo de 24 horas, lo que implica una dotación importante de personal.

Cuando llega un presidente son más evidentes los diferentes estratos que se acumulan en lo que es el centro político del país y una gran unidad administrativa.

Están, por un lado, los funcionarios de carrera, desde las tareas estrictamente administrativas hasta los de niveles directivos. Son profesionales de la Administración que ofrecen continuidad y competencia para asegurar la actividad de base de la organización. Al frente de ellos se sitúan los nuevos cargos políticos, que están ahí para llevar a la práctica el proyecto y el programa comprometido. Un tercer grupo lo forman los expertos reclutados del mundo académico y universitario, que proporcionan el asesoramiento técnico necesario para la valoración de las diferentes opciones sobre las que hay que decidir a la hora de elaborar o hacer el seguimiento de una determinada política pública. Se trata de personas siempre próximas en cuanto a ideología, aunque no necesariamente militantes, y que suelen haber trabajado en la elaboración de programas y estudios del partido durante su etapa en la oposición. Finalmente, hay también personas estrechamente vinculadas al presidente que por razones comprensibles de confianza forman parte de su entorno más inmediato y doméstico.

Naturalmente, esta clasificación no es excluyente. En la Secretaría General y en el Gabinete del Presidente, la gran mayoría de los puestos directivos los ocupaban funcionarios de carrera con unos cuantos trienios a sus espaldas. Lo mismo ocurría con muchos asesores. Ser funcionario y político no solo no es incompatible, sino que es una característica muy distintiva de la sociología del Partido Popular, aunque ahora también la Administración Pública esté dejando de ser el principal terreno de reclutamiento para el partido.

En todo caso, los diferentes grupos profesionales y humanos que tienen que convivir y trabajar en la Presidencia tenían que pasar necesariamente por un proceso de ajuste en el que había que esperar fricciones. Los políticos, especialmente aquellos sin experiencia previa en la Administración, desconfían de los funcionarios. Por un lado, estaba la presunción de que quien estaba destinado en la Moncloa probablemente mantuviera lealtad al Gobierno anterior. Por otro, la (sana) costumbre de los funcionarios de decir a los responsables políticos lo que no pueden hacer produce entre estos la sensación de quedar cautivos de la burocracia. A su vez, los funcionarios suelen reaccionar con desconfianza o con desdén hacia los nuevos jefes políticos. De ahí que los outsiders suelan necesitar algo de tiempo para distinguir entre las disfunciones burocráticas en la actuación de la Administración y las reglas de funcionamiento esenciales. A su vez, los insiders tienen que recordar aquello que la Constitución dicta sobre la Administración como organización que sirve con objetividad a los intereses generales. La Administración no es un botín para disfrute del partido vencedor, pero tampoco es una organización que pueda funcionar según sus propias inercias, al margen de quien tiene la potestad y la responsabilidad de la dirección política del país.

La posición del nuevo Gobierno fue clara en cuanto a la necesidad de avanzar en la profesionalización de la Administración hasta los máximos niveles directivos —director general y subsecretario—, estableciendo la obligación de que estos puestos sean designados entre funcionarios de carrera de nivel superior.

En la Moncloa, ese proceso de ajuste no fue traumático. No se hizo sangre porque no había razón para ello. Los funcionarios más comprometidos voluntariamente con el anterior Gobierno pidieron otros destinos, y todos aquellos cargos de confianza designados por los socialistas, fueran o no ocupados por funcionarios de carrera, habían cesado, no por represalia alguna, sino por imperativo legal. Quedaba, afortunadamente, un amplio grupo de funcionarios de carrera que continuó trabajando sin novedad en áreas como la gestión presupuestaria y económica, la contratación, el secretariado del Gobierno, o las oficinas de información en el exterior, por citar algunas.

Hubo algún caso de outsider en el que el verdadero conflicto fue el que produjo recibir la primera nómina. Bienvenidos a la Administración. Tuve alguna llamada de algún alto cargo preguntando si eso era así y si los únicos números que había eran los que ponía su respectiva liquidación. Así era. Los altos cargos tenían una escasa dotación para gastos de representación —técnicamente «atenciones protocolarias»—, que no era un complemento sino una cantidad a justificar mensualmente. Las dietas que algunos altos cargos percibíamos por la asistencia a los consejos de administración de empresas públicas se consolidaron parcialmente en los sueldos y dejaron de percibirse separadamente. En la Moncloa dejó de haber dotación de fondos reservados y se suprimieron las tarjetas de crédito con las dos únicas excepciones de los Departamentos de Protocolo y Seguridad, que por sus funciones podían tener que incurrir en gastos imprevistos. Se simplificaron los proveedores para mejorar la gestión y la transparencia. Las reformas en despachos y en la residencia del presidente del Gobierno se limitaron a lo indispensable. Carlos Aragonés y yo mantuvimos intactos los despachos que habíamos heredado de Rosa Conde y José Enrique Serrano, respectivamente; el mío con una mesa negro charol sin cajones y una alfombra de color rosa chicle a la que terminé cogiendo cariño. En el palacio se hicieron unos primeros trabajos de pintura y de acondicionamiento de la residencia familiar y de un despacho de trabajo para el presidente. Se acordó con Patrimonio Nacional el depósito de algunos muebles, cuadros y tapices, que fueron sobre todo al edificio del Consejo de Ministros. Anualmente se consignaba una dotación más bien modesta para el mantenimiento del palacio. Creo recordar que, en todo ese tiempo, la obra más importante fue la de consolidación de la piscina del palacio —lo de piscina es una denominación generosa—, que empezó a presentar grietas preocupantes por los deslizamientos del terreno sobre el que palacio se reconstruyó después de la Guerra Civil, un terreno de relleno con un arroyo subterráneo que lo hace aún menos firme.

UN BUEN EQUIPO

La Administración de la Presidencia del Gobierno y del Complejo de la Moncloa que compartíamos el Ministerio de la Presidencia y la Secretaría General no dejó sombras. La utilización de fondos y medios públicos fue absolutamente estricta, y las instrucciones de Aznar fueron muy claras en ese sentido. Nunca se utilizaron aviones oficiales fuera de las actividades de la Presidencia, y tanto en campañas electorales como en la actividad política de partido que realizaba Aznar fuera de campaña, los desplazamientos se hacían en el Audi que mantenía como presidente del PP. Si era necesario el avión, el partido lo alquilaba. El presidente no tenía asignados gastos de representación, sino la dotación que cubría los gastos normales de la residencia y, en su caso, los correspondientes a atenciones protocolarias, que eran directamente cargados al presupuesto del Departamento de Protocolo. Como el presidente del Gobierno disponía de residencia oficial, el uso de esta podía entenderse como retribución en especie que debía reflejarse en un determinado porcentaje en la declaración de la renta. Aznar pidió que se hiciera una consulta al Ministerio de Hacienda, y de acuerdo con este, en sus declaraciones del IRPF se imputó como pago en especie el importe correspondiente por la ocupación de la residencia oficial.

El celo llegaba a extremos que pueden parecer excesivos pero que eran saludables. Ocurrió que a principios de año, después de pasar unos días en Baqueira-Beret, la secretaría del presidente presentó la cuenta de gastos, que se reducía a la compra de los periódicos y material de oficina. Al revisarla, se apreció que en este caso se había incluido indebidamente el importe de unos calcetines de deporte que Aznar había pedido que le compraran. El presidente ni se había enterado de que los calcetines en cuestión se habían cargado a la cuenta de gastos, así que se le dijo a la jefa de su Secretaría, Milagros Rodríguez Falcón, y el importe de los calcetines fue debidamente abonado.

Quien revisó aquella cuenta fue José María Bethencourt Fontenla, vicesecretario general de la Presidencia y funcionario con una sólida carrera que desempeñó su responsabilidad con rigor y discreción.

Por eso resultó lamentable, por decirlo suavemente, que alguien de los que nos sucedieron se dedicara a abrir los cajones con la esperanza de encontrar alguna irregularidad. No la hubo, y es de justicia afirmarlo para reivindicar el trabajo de los que cuidaron de ello. Al no encontrar nada, un afán insano llevó a José Bono a intentar montar un escándalo a cuenta de un seguro de vida, accidentes y asistencia sanitaria, incluida la repatriación, que cubría a todos los miembros del séquito oficial del presidente del Gobierno en sus desplazamientos oficiales en avión. En este séquito se incluían no solo los altos cargos y asesores sino el personal de seguridad, comunicaciones, responsables de equipajes, equipo médico, etc. El seguro se quiso presentar como un lujo que nos habíamos concedido. Las cosas pronto quedaron claras y la denuncia, además de malintencionada, se demostró falsa, porque lo único que se había hecho era actualizar las cuantías de un seguro que había contratado en su día el Ministerio de la Presidencia durante el mandato del socialista Virgilio Zapatero. Como alguien tenía que pagar por el fiasco de la denuncia de Bono, el que pagó los platos rotos fue Juan Antonio Richart, director general de Servicios nombrado por María Teresa Fernández de la Vega. La excusa —coartada más bien— que se alegó fue que Richart tenía que haber informado de ese asunto y no lo hizo.

Con una agenda como la que llevaba Aznar, el Departamento de Protocolo no tenía tiempo para aburrirse. Propuse como director a Enrique Pastor de Gana, un diplomático experimentado, con buen conocimiento del terreno, que tras ser nombrado embajador en Dublín en la segunda legislatura, fue sustituido por Fernando Arias González, también diplomático, un organizador concienzudo y activo que venía de la embajada en Mauritania. Los dos contaron con un magnífico equipo. Años más tarde, Fernando Arias fue nombrado embajador en Bulgaria, después en Naciones Unidas, La Haya, y desde 2017 es director general de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, en ese momento el cargo de mayor relevancia internacional ocupado por un español.

El tópico de que el protocolo es ceremonial y buenas maneras, dirigido por funcionarios atildados que dominan la técnica de besar la mano a las señoras, es una caricatura que desconoce el trabajo muchas veces ingente de un departamento que tiene que asegurar la organización de la actividad oficial de la Presidencia del Gobierno. En esta tarea, y tratándose del presidente del Gobierno, lo que se entiende por ceremonial tiene una importancia muy relativa frente a lo que significa la coordinación de todos los medios que confluyen en la actividad oficial y la sensibilidad política que esta conlleva. Basta pensar en lo que supone la organización de grandes reuniones internacionales o viajes oficiales. El acto mejor concebido, el viaje mejor diseñado, pueden quedar arruinados por un fracaso organizativo o un fallo protocolario. Y eso sin hablar de las susceptibilidades que hay que sortear a la hora de sentar a los invitados a una mesa, asignarles el coche en el que se desplazan dentro de una caravana oficial o el puesto que ocupan en una línea de saludo. El trabajo del Departamento de Protocolo es clave para la proyección pública de la actividad presidencial y para la relación con otras instituciones. En la Moncloa había muy buenos profesionales con conocimiento y experiencia, y no había razón para desaprovecharlos. Recursos muy bien administrados y una extraordinaria dedicación explican un trabajo que debe asegurar la expresión de la acción del Estado a través de la actividad de sus representantes.

Desde el principio, la seguridad fue para mí una preocupación seria, permanente, a veces obsesiva. Apenas un año antes de llegar a la Moncloa, en abril de 1995, Aznar había sido objeto de un atentado de ETA al que sobrevivió por muy poco. Y unos meses antes del atentado, en enero, Gregorio Ordóñez fue asesinado en San Sebastián.

La amenaza era crudamente real, y la protección directa del presidente y su familia y la de todo el complejo de la Moncloa era responsabilidad del Departamento de Seguridad integrado en la Secretaría General. El riesgo siempre es alto. Así se confirmó con el intento hasta en tres ocasiones de derribar el avión que llevaba a Aznar a Bilbao y San Sebastián en la campaña autonómica de 2001. En buena medida, los procedimientos de seguridad de la presidencia del Gobierno se habían ido estableciendo en función de la amenaza terrorista que representaba ETA. Y esa amenaza persistía. Dos unidades orgánicas, una del Cuerpo Nacional de Policía y otra de la Guardia Civil, encuadraban a los efectivos de estos dos cuerpos adscritos a la Presidencia del Gobierno. Para sustituir al director saliente del departamento, pedí a Ricardo Martí Fluxá, secretario de Estado de Seguridad, que me propusiera candidatos. Entrevisté a un comandante del Ejército, a un inspector de Policía y a un teniente coronel de la Guardia Civil, Javier Ara Callizo, a quien finalmente elegí para el puesto. Era la primera vez que la dirección de Seguridad de la Moncloa la desempeñaba un guardia civil, así que, según me dijeron, se puso de moda en ese departamento aquello de «piensa en verde», que era el eslogan con el que se publicitaba una famosa marca de cerveza. Ara demostró dotes de mando y autoridad personal para evitar reticencias corporativas y llevó a cabo un trabajo excelente.

El personal del Departamento de Seguridad contaba con una formación de primer nivel. Integraba a agentes de los grupos especiales de Policía y Guardia Civil, y un buen número de miembros con experiencia en la lucha antiterrorista tanto en el terreno operativo como en el de la información. La presencia más que frecuente de Aznar en el País Vasco era una exigencia permanente de trabajo para el Departamento de Seguridad y de coordinación con la Ertzaintza. Hay que añadir que la cooperación de la Policía autonómica vasca no se resintió ni en los peores momentos de la tensión política que creó la radicalización del PNV. Siempre se mantuvo la fluidez de los procedimientos de coordinación y el nivel de los medios que la Ertzaintza desplegaba.

Los incidentes de seguridad fueron mínimos en lo que se refiere a los dispositivos de protección del presidente. El más anecdótico no afectó a Aznar. Se trató de la sustracción del coche que utilizaba Ana Botella, quien contaba con protección que siempre quiso que se redujera al mínimo. El robo se produjo en una calle del centro de Madrid y se pudo consumar porque la escolta, por prudencia, decidió evitar una intervención agresiva en pleno día en la calle, teniendo en cuenta que no había habido peligro para la mujer del presidente. La prudencia en la reacción había sido acertada, pero un fallo serio había permitido que un pequeño delincuente pudiera acceder al coche de la mujer del presidente del Gobierno. Pocas horas después, el coche fue recuperado intacto en el aparcamiento de la plaza de Colón, a unas decenas de metros del lugar donde había sido sustraído.

Pero nunca ocurrieron casos como el que tuvo lugar durante el mandato de Obama, en noviembre de 2011, cuando un trabajador de la Casa Blanca descubrió un orificio de bala en una de las ventanas de la residencia presidencial en el segundo piso. Después se comprobó que había más impactos. Un tirador había disparado contra la residencia del presidente de Estados Unidos con un AK-47 desde Constitution Avenue y nadie se había dado cuenta.

El mayor peligro de un sistema de seguridad es que este se convierta en rutina, que es algo bien distinto a que se sigan los procedimientos adecuados. Lo importante es que esos procedimientos estén abiertos a revisión continua para mejorarlos. Con el Ministerio del Interior y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se analizaba la evolución de las técnicas y los medios que utilizaban los terroristas para atentar, se estudiaba el modus operandi de estos, no solo en atentados de ETA en España sino de otros grupos terroristas en otros países, y se incorporaban las conclusiones de estos análisis a los dispositivos de seguridad y a los medios tecnológicos de que se disponía.

La cuarta dirección integrada en la Secretaría General era la de Infraestructura y Seguimiento de Situaciones de Crisis (DISSC), identificada con el búnker de la Moncloa, que es la instalación donde este departamento se sitúa. Elegí para dirigirlo a Manuel Durbán, entonces teniente coronel con una larga carrera en los servicios de inteligencia y con quien coincidí en la Embajada en Londres. Valoré su formación y una carrera que le había proporcionado una amplia experiencia internacional. El famoso búnker es, efectivamente, una construcción de tres plantas bajo tierra preparada para garantizar la continuidad de la acción de Gobierno en las circunstancias más extremas, como un ataque nuclear, químico o bacteriológico, un atentado terrorista contra la sede de la Presidencia o cualquier otra amenaza a la seguridad o la estabilidad de las instituciones. Es una instalación autosuficiente con provisiones, agua, una unidad de asistencia médica y quirúrgica que dirigió el doctor José Miguel Esteban, así como una red propia, sistemas de conexión y medios que aseguran la comunicación del Gobierno en esos supuestos.

Desde ese departamento y en contacto con las autoridades competentes se hacía un estrecho seguimiento de todas las situaciones que alteraban o podían alterar la normalidad. Desde los camiones españoles atrapados en Francia por las protestas de los agricultores hasta las vacas locas, la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla, las huelgas generales, la Operación Paso del Estrecho o el efecto 2000, este departamento intervino con diferente intensidad. Se trataba, en primer lugar, de asegurar la información necesaria para el seguimiento de estas situaciones y su transmisión al presidente. Con ella se podía valorar la respuesta que estaban dando las autoridades competentes y proponer, si era el caso, medidas de coordinación concretas entre los ministerios. Hay problemas en los que solo la coordinación desde la Presidencia del Gobierno asegura que la respuesta de la Administración no quedará bloqueada. El primer encargo que recibí para esta tarea fue la respuesta a la situación que se estaba creando en Ceuta y Melilla por la presión de la inmigración ilegal. Ninguna de las dos ciudades tenía apenas defensa física de sus fronteras, y carecían de instalaciones de atención a los inmigrantes que, al margen de su situación irregular, malvivían en condiciones inaceptables. Se estableció un grupo de trabajo con los dos delegados del Gobierno y representantes de los Ministerios de Fomento, Trabajo y Asuntos Sociales, Interior y Exteriores que yo coordinaba a través del DISSC. Del grupo salió la construcción de las vallas fronterizas y el aumento de la capacidad de los centros de estancia temporal para el control y la atención de los inmigrantes.

Se actualizaron procedimientos de actuación en escenarios de crisis como siniestros tecnológicos y diferentes casos de catástrofes naturales, y se realizó un trabajo valioso para proponer medidas de modernización del sistema nacional de crisis. Sin embargo, no fui capaz de superar las resistencias que esas propuestas encontraron. Debimos haber hecho más en ese sentido. Y habrá que seguir haciéndolo. Los riesgos no disminuyen, sino que tienden a transformarse y aumentar por efecto del progreso tecnológico y la globalización. La preocupación por la ciberseguridad habla por sí misma.

Me precio de haber reunido a un grupo solvente de profesionales que desempeñaron su tarea con dedicación y acierto. Los menciono con agradecimiento porque nos adentramos juntos en aquellas responsabilidades y compartimos una parte para todos inolvidable de nuestras vidas. Juntos empezamos a percibir lo que algunos años después observó Rahm Emanuel, jefe de Gabinete de Barack Obama: «Cuando las cosas están entre bien y mal, otros se ocupan de ellas. Lo que entra en el despacho del presidente es lo que está entre mal y muy mal».

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ETA, DE RESISTIR A GANAR

LA FASCINACIÓN POR LA VIOLENCIA

A finales de los años cincuenta, hacía tiempo que había caducado la esperanza de que las democracias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial acabaran con el régimen de Franco. El nacionalismo vasco activo vivía desolado esa decepción, ya que sus dos apuestas, Estados Unidos y el Vaticano, eran precisamente las que habían resultado decisivas para la normalización internacional del régimen con el Tratado de Cooperación y Defensa y el Concordato, respectivamente, firmados en 1953.

En esa década aparece en el nacionalismo una profunda fractura generacional. Una nueva generación de nacionalistas critica en sus mayores su cómoda instalación en el franquismo mientras esa Euskadi, «patria de los vascos» según la formulación de Sabino Arana, agoniza colonizada por la doble ocupación militar y humana que la dictadura ha organizado a través de sus instrumentos represivos y de la inmigración masiva de trabajadores de otras regiones de España.

Son los años en los que se va construyendo la épica insurreccional, desde Cuba a Vietnam, pasando por Argelia y Palestina, y la visión de la «patria ocupada» va interiorizando el recurso a la violencia entre aquellos jóvenes. «El hombre colonizado se libera en y por la violencia», escribía por entonces Frantz Fanon, coincidiendo en el tiempo con la crítica de Federico Krutwig contra Sabino Arana por hacer de la raza en vez de la lengua el factor definitorio de lo vasco, un error de «frutos tan desastrosos —decía— como los del jelkidismo acomodaticio, con la deseuskarización de las familias sedicentes nacionalistas». La síntesis entre nacionalismo y marxismo se conseguía con la nueva teoría de la revolución como liberación nacional.

Todos estos ingredientes ideológicos y emocionales agudizaban entre estos jóvenes la vivencia agónica de la situación del País Vasco y una percepción sacrificial de su propio destino. Esta sería la manera en la que experimentaban lo que Juan Aranzadi describe en Auto de terminación como «la desarticulación social y simbólica del País Vasco en esa época»; una desarticulación que, según este antropólogo, explicaría el nacimiento y el arraigo de ETA mejor que la represión del franquismo o «la presunta conservación de la identidad nacional vasca sofocada».

Los condenados de la Tierra, de Frantz Fanon, Vasconia, de Federico Krutwig bajo el seudónimo de Fernando Sarrailh de Ihartza, o La rebelión: Historia del Irgun, de Menahem Begin, eran los textos canónicos de estos jóvenes que el 31 de julio de 1959, festividad de San Ignacio de Loyola, fundan Euzkadi ta Askatasuna. Es curiosa la moderación del manifiesto fundacional de ETA —publicado en 2001 en El péndulo patriótico, de los historiadores De Pablo, Mees y Rodríguez Ranz— en el que sus fundadores se declaran apolíticos y aconfesionales, rechazan las violaciones de derechos humanos y afirman expresamente la legitimidad del Gobierno vasco en el exilio.

En la fundación de ETA convergían los universitarios nacionalistas «independientes» —Julen Madariaga, José Luis Álvarez Emparanza (Txillardegi), José María Benito del Valle, Manuel Aguirre— que años atrás se habían organizado en un grupo de estudio llamado Ekin con un sector de las juventudes del PNV emparentado con las expresiones más radicales que había generado el nacionalismo antes de la Guerra Civil. Es este grupo de las juventudes peneuvistas —entre cuyos miembros encontraban Iker Gallastegui, tío de Irantzu Gallastegui, coautora del asesinato de Miguel Ángel Blanco, y José Antonio Etxebarrieta— el que patrocina con más insistencia y aparato teórico el activismo violento, aunque bien es cierto que ninguno de todos ellos le hacía ascos.

«Una definición mínima de ETA con pretensiones de validez para todas las distintas ETA que han existido desde 1959 hasta hoy tendría que limitarse a dos únicos rasgos caracterizadores: la independencia de Euskadi como objetivo final y el recurso al activismo violento.» Estas dos constantes que identifica Aranzadi son las que vertebran la ETA que pervive y, por oposición a ellas, las que definen las sucesivas escisiones que jalonan la trayectoria de la organización.

La violencia en ETA no fue una opción táctica entre otras, sino un componente constitutivo. Pudo empezar y crecer como un ejercicio especulativo —Los principios de ETA de la I Asamblea, La insurrección en Euskadi, la Carta a los intelectuales y las Bases teóricas de la guerra revolucionaria, en las asambleas que siguieron—, pero pronto ganó en verosimilitud hasta hacerse realidad aupada por la confianza en la espiral acción-reacción-acción.

A TUMBA ABIERTA

Es en la V Asamblea, que ETA celebra en dos fases entre finales de 1966 y la primavera de 1967, cuando se acaban las bromas. Los duros ponen fin a las desviaciones obreristas a las que había llevado el histórico Patxi Iturrioz y llegan a someter a votación el asesinato de este, según cuenta Mikel Azurmendi, que participó en el episodio si bien votó en contra. Iturrioz, junto a sus partidarios de la efímera ETA-berri, terminan en el maoísta Movimiento Comunista de Euskadi. Tres años después, la historia se repite en la VI Asamblea. Ahora son algunos de los protagonistas de la anterior los que se quitan las capuchas —literalmente—, abogan por la creación de un partido obrero y abjuran de su nacionalismo y de la campaña que habían orquestado contra Iturrioz. Son nombres importantes de antiguos duros, como José María Escubi, Mikel Azurmendi o Patxo Unzueta, los que se bajan de ese tren que ya se había puesto en marcha de manera sangrienta. La denominada ETA VI acaba en la Liga Comunista Revolucionaria (LCR). Esta nueva ruptura confirmaba la constante: en la banda han terminado mandando siempre los que se quedan con las pistolas después de las detenciones.

La V Asamblea de ETA había decidido materializar la violencia terrorista con todas las consecuencias. El 7 de junio de 1968, ETA comete su primer asesinato.[1] Ese día Txabi Etxebarrieta, un joven bilbaíno, estudiante de Económicas, viaja junto con otro activista, Iñaki Sarasketa, en un Seat 850 Coupé al que da el alto una pareja de la Guardia Civil cerca de Villabona, en Guipúzcoa. La matrícula despierta sospechas, y mientras el agente José Pardines se encuentra arrodillado comprobando la placa, Etxebarrieta le dispara en la cabeza. Ya en el suelo, Pardines es rematado. De los cinco disparos que recibió, tres los hizo Etxebarrieta y dos se correspondían con la pistola de Sarasketa. Los dos terroristas consiguen huir, pero pocas horas después son localizados en el alto de Benta Haundi, cerca de Tolosa. Sarasketa logra huir, pero Etxebarrieta es abatido por la Guardia Civil en el enfrentamiento con los etarras. El primer asesinato de ETA y el primer etarra muerto. «Ese día —escribe José María Garmendia— cambió la historia del País Vasco para siempre.»

El efecto de aquel primer episodio de violencia letal fue enorme. A partir de entonces, la violencia se convierte, en palabras del antropólogo Joseba Zulaika, «en el ritual autoafirmativo de la comunidad vasconacionalista».

Jon Juaristi lo había explicado evocando el funeral por Etxebarrieta que se celebró en la iglesia de San Antón de Bilbao. Allí, cada domingo se reunían los nacionalistas bilbaínos en su misa de 11, oficiada en euskera:

La comunidad de fieles que acudió a dar el último adiós a Javier Echevarrieta se transformó, al salir del templo, en la comunidad vasconacionalista que daba su aprobación a la muerte de José Pardines. Transubstanciación milagrosa sub specie sanguinis; Euskadi renacía, tras 30 años de silencio, en torno al cuerpo exánime de Txabi Etxebarrieta.

Observa Garmendia que la muerte del primer miembro de ETA y el asesinato del primer guardia civil mostraban que el culto a la violencia entonces incipiente «afectó al conjunto del nacionalismo» y, en especial, «se fue abriendo camino en las filas de EGI» (Euzko Gaztedi Indarra o Fuerza Juventud Vasca, las juventudes del PNV). Dos militantes de las juventudes nacionalistas —Artajo y Asurmendi— mueren en 1969 cuando manejaban un artefacto explosivo. El acercamiento entre ETA y EGI continua hasta que en 1972 se integra en ETA el sector de las juventudes del PNV denominado EGI-Batasuna (EGI-Unidad), encabezado por Iñaki Múgica Arregui, Ezkerra.

Después de Pardines, ETA asesina al inspector jefe de la brigada político-social de Guipúzcoa, Melitón Manzanas. Era el atentado que iba a preparar Etxebarrieta a partir de informaciones de militantes del PNV cuando fue interceptado en Villabona. El asesinato de Manzanas ha pasado a la historia como «el secreto mejor guardado de ETA», ya que no ha sido posible aclarar quién fue el autor material del crimen. Después de Manzanas, la víctima fue un taxista, Fermín Monasterio, asesinado por negarse a ayudar al etarra Mikel Etxeberría, Mecagüen, que había conseguido escapar a una operación de la Guardia Civil en Bilbao en la que fue detenido, entre otros, Mario Onaindía. Poco antes había sido detenido en un pueblo de Cantabria Eduardo Teo Uriarte.

BURGOS, AL RESCATE DE ETA

La reacción de las fuerzas de seguridad dejó a ETA prácticamente desmantelada, en la cárcel o forzada a la huida. Desde esta confianza, el régimen de Franco quiso organizar una gran escenificación de su eficacia sometiendo a consejo de guerra en Burgos a cinco miembros de ETA a quienes se acusaba del asesinato de Manzanas. El Proceso de Burgos, en diciembre de 1970, iba a ser la plasmación del aplastamiento de ETA, algo que muchos de los propios etarras veían entonces como el desenlace más probable a la vista de cómo había quedado la organización salida de la V Asamblea. Pero la realidad es que el juicio actuó como catalizador de la oposición al franquismo dentro y fuera de España. La ETA antifranquista, de «jóvenes idealistas y generosos» en la lucha contra la dictadura, nace en Burgos.

El Gobierno sufre una campaña de rechazo internacional sin precedentes desde el final de la Guerra Civil. El Vaticano intercede por los condenados y se eleva la tensión en las relaciones con el papa Pablo VI.

ETA llegó al Proceso de Burgos boqueando y salió de él con el reconocimiento como vanguardia de la oposición antifranquista. De esa imagen, ETA vivirá durante mucho tiempo, aunque la saña de ETA contra la Transición y la democracia vinieran a demostrar lo equivocado de esa percepción, que solo parece pervivir aun hoy entre los editorialistas del New York Times y sus delirantes análisis de la banda terrorista. El Gobierno de Franco finalmente conmutó las condenas a muerte impuestas a los procesados, y consumó su propia derrota.

En diciembre de 1973, ETA asesina al almirante Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno y hombre destinado por Franco a tutelar el posfranquismo. Un año después, tras el atentado de la calle Correo en Madrid, ETA se divide en ETA-militar y ETA político-militar, que a pesar de lo de político continúa en la práctica del terrorismo. Sin embargo, el nuevo régimen democrático español y el Estatuto de Autonomía para el País Vasco llevan a ETA p-m un debate sobre la incorporación a las vías políticas y pacíficas que acaba con la disolución en 1982 de una parte de esta organización —exactamente ETA político-militar VII Asamblea—, cuyos miembros se comprometen con el juego político democrático en el que participan a través del partido Euskadiko Ezkerra, que liderado por Mario Onaindía terminaría integrándose en el PSOE.

AÑOS DE PLOMO Y NEGOCIACIÓN

ETA-militar se ve muy fortalecida por la integración de los comandos Bereziak («especiales») que rechazan la línea de aproximación a la política institucional de ETA p-m, lo que se añade a la aportación de efectivos que le había reportado la integración de EGI-Batasuna.

El País Vasco se adentra en los años de plomo. En realidad, una década. ETA se desprende aparentemente de su estrategia insurreccional y hace de la negociación política «con los poderes del Estado» su objetivo. En 1978 formula la llamada Alternativa KAS (por Koordinadora Abertzale Sozialista), que desmiente toda pretensión negociadora de ETA porque es el conjunto de exigencias innegociable que la organización terrorista pone encima de la mesa, o mejor dicho, encima de sus víctimas.

Durante estos años en los que ETA-militar, ETA político-militar y los Comandos Autónomos Anticapitalistas confluyen en la siembra del terror, el coste es devastador: 385 asesinados entre 1978 y 1984.

Los elementos centrales de esta situación serán la posición francesa, la actitud del Partido Nacionalista Vasco y los efectos de una política antiterrorista del Gobierno socialista en la que se quieren combinar acción policial y negociación con la banda. Una estrategia en la que sin duda pondera la actuación de los GAL (Grupos Armados de Liberación) como fenómeno paralelo de guerra sucia contra ETA pensado para acabar con la comodidad del «santuario francés» y la inhibición del Gobierno de París.

El Gobierno socialista justificó con mayor o menor convicción la negociación con ETA a partir de las conversaciones de Argel, en 1989, como una estrategia que generaba tensiones en la organización, podía atraer a los moderados y que, en todo caso, respondía a la necesidad de hacer periódicas «tomas de temperatura» a la banda para saber qué pasaba dentro y cómo evolucionaba la correlación de fuerzas.

Ninguno de los argumentos parecía convincente. La búsqueda de moderados, que se esperaba que quedasen reforzados al convertirse en interlocutores del Gobierno, desconocía la realidad de dónde radicaba el poder en ETA. Es verdad que la banda terrorista sufrió alguna tensión interna, pero el coste resultaba bastante asumible. En una negociación con contenidos políticos, ETA ganaba legitimidad, hacía perder al Gobierno la iniciativa y le permitía reivindicar su estrategia «política» en torno a la Alternativa KAS. La negociación, además, jugaba a favor del control de los presos por parte de ETA, ya que esta se atribuía la capacidad para negociar su libertad. Se apuntó a un modelo de dos mesas de negociación en que el Gobierno asumía una negociación llamada técnica y aceptaba la posibilidad de una negociación política a través del PSOE, haciendo como que Herri Batasuna (HB) era algo distinto y autónomo respecto a ETA. Los procesos de negociación, y específicamente el de Argel desarrollado en los primeros meses de 1989, desbordaron ampliamente los contenidos técnicos que se suponía que podían tratarse con la banda —presos, huidos, cese de la violencia, armas— y entraron de lleno en la relación con ETA en tanto que interlocutor de contenidos políticos, a medida que se iban rebajando las exigencias previas para que el Gobierno aceptara o consiguiera hablar con ellos. Hay que pensar, por ejemplo, qué mensaje transmitía a ETA el hecho de que, al mes de la masacre de Hipercor, el Gobierno accediera a trasladar a Argel a Eugenio Etxebeste, Antxon, para que encabezara la interlocución después de la muerte en accidente de Domingo Iturbe, Txomin.

La estrategia del Gobierno degeneró en la búsqueda compulsiva de contactos con la organización terrorista sumida en el desorden o el mero voluntarismo con objetivos muchas veces limitados a que ETA declarara treguas de unas cuantas semanas.

En ETA contra el Estado, Ignacio Sánchez Cuenca concluye que «desde 1984 a 1994 los contactos se producen de forma constante, casi sin interrupción». Los contactos se cortan con la llegada de Antonio Asunción al Ministerio del Interior, pero su dimisión en marzo de 1994 a consecuencia de la fuga del ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, permite la reanudación de lo que ya se había convertido en una práctica que el sucesor de Asunción, Juan Alberto Belloch, consideraba fundamental.

Es una cuestión abierta a debate en qué medida este permanente afán negociador era un recurso de algunos responsables del Ministerio del Interior para convertirse en indispensables y blindarse en sus puestos, que empezaban a estar asociados con prácticas de malversación de fondos públicos y actuaciones fuera de la ley.

EL HORIZONTE IMAGINARIO DEL 92

Sin embargo, este largo periodo de actividad de la ETA que se rehace en 1977 presenta otra cara sin duda más positiva para el combate contra la violencia terrorista. Un avance de gran impacto es el que se consigue con la puesta en marcha de la dispersión y el alejamiento de los presos de ETA, con lo que se dificultaba el control de estos por parte de la organización terrorista a través de sus abogados y de las estructuras etarras dentro de las cárceles («el frente de makos»). El ministro de Justicia Enrique Múgica fue quien, a partir de 1988, impulsó esta política que no había sido posible con su antecesor en el cargo, el magistrado Fernando Ledesma.

Por otra parte, la firma de los Acuerdos de Ajuria Enea, Madrid y Pamplona en 1988 integran a los nacionalistas de PNV y Eusko Alkartasuna (EA) en un pacto sobre política antiterrorista, y definen el escenario en el que cabría abordar el diálogo con quienes decidieran abandonar las armas, pero sin referirse a ETA como tal y sin atribuir a ETA un papel de interlocutor político. Los acuerdos significaron establecer esa divisoria demócratas-violentos que años más tarde el Pacto de Estella destruiría al basarse en el enfrentamiento de nacionalistas, incluida ETA, contra constitucionalistas. El Pacto de Ajuria Enea fue un logro que tuvo una extraordinaria repercusión cuando ETA estaba recrudeciendo su actividad terrorista indiscriminada (Hipercor, casa cuartel de Zaragoza) y el Gobierno se encontraba en una delicada posición pese a la cual mantenía el proceso negociador de Argel. Ajuria Enea había cambiado el clima político. Reconocía que el Estatuto había que asumirlo o acatarlo para tener entrada en el juego democrático y lo definía como el espacio de encuentro entre los vascos. El propio «conflicto», que era la piedra angular del discurso nacionalista, parecía redefinirse no como un enfrentamiento entre vascos y españoles sino como una confrontación entre los propios vascos. Poco antes de la firma del pacto, con la resaca de la escisión protagonizada por Carlos Garaikoetxea, Arzalluz había pronunciado en el Teatro Arriaga de Bilbao un discurso escrito de su puño y letra que constituyó una inesperada autocrítica sin concesiones a la política llevada a cabo por el PNV, a su concepto patrimonial y excluyente de lo vasco y a su posición frente al terrorismo. No llegaba al denominado giro españolista de Sabino Arana en su artículo «Grave y trascendental» de 1902, pero aquello era, desde luego, un giro. «El espíritu del Arriaga» abrió una expectativa inédita de evolución del PNV que reforzaba el efecto del Pacto de Ajuria Enea, aunque, una vez más, aquellas expectativas no se plasmaron en el cambio duradero que habría marcado la diferencia en el nacionalismo: el reconocimiento y el respeto de la pluralidad de la sociedad vasca, incluida la pluralidad identitaria.

En esta descripción, 1992 resulta un año particularmente significativo. La eficacia policial se despliega con resultados tan importantes como la detención de la dirección de ETA en la localidad vasco-francesa de Bidart. Es un golpe que conmociona a ETA y se convierte en un síndrome entre sus filas, «el síndrome de Bidart», que se manifiesta en una sensación de inseguridad y desconcierto agravada por el componente paranoico que la persecución policial y la vida de clandestinidad generan en la personalidad de los terroristas. El «horizonte imaginario del 92», en palabras de Florencio Domínguez, el año en el que ETA creía que la acumulación de acontecimientos internacionales iba a agravar la vulnerabilidad del Gobierno y lo forzaría a aceptar una negociación política en toda regla, resultó ser un año de fracasos continuados. No solo ETA veía quebrada su imagen de organización invencible para la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino que en las calles del País Vasco empezaban a aparecer las organizaciones y personalidades que luego impulsarían el gran movimiento cívico de rebelión contra ETA que iría extendiéndose y actuaría como fuerza motriz de la movilización social contra el terrorismo.

Después de las detenciones de Bidart, ETA tardó más de un año en establecer una nueva dirección, que tuvo que vérselas con expresiones de crítica interna a cargo de activistas históricos que ponían en cuestión el sentido estratégico de la lucha armada y abogaban cuando menos por un largo periodo de distensión. La cárcel ofrece mucho tiempo para reflexionar y confirmaba en estos activistas la eficacia de la reclusión para llevar un cierto esclarecimiento a sus mentes sociopáticas.

LA SOCIALIZACIÓN DEL SUFRIMIENTO

ETA tomó nota de las críticas y se dispuso a quitárselas de encima como había hecho siempre, es decir, aplicando más violencia como remedio de sus crisis. ETA censuró a Herri Batasuna su preocupación por conseguir votos en vez de apoyar la lucha armada, se quejó de lo que dio en llamar delegacionismo que hacía recaer sobre ETA toda la responsabilidad de la lucha y la dureza de la clandestinidad mientras que las demás organizaciones del MLNV vivían a la luz del día. Para remediarlo, lanza —o relanza— la kale borroka, se asegura de que HB siga siendo una dócil correa de transmisión al adoptar la estrategia llamada de socialización del sufrimiento que elabora sobre todo en la ponencia «Oldartzen» y, en el caso de la Koordinadora Abertzale Sozialista —el instrumento de ETA para la dirección de todo el entramado—, el documento «Txinaurri». Socializar el sufrimiento significa para ETA hacer que la violencia terrorista y sus efectos desborden el círculo definido de sus víctimas —Fuerzas Armadas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado— y se traslade a los actores políticos, sectores económicos, medios de comunicación, y a la sociedad en su conjunto para hacer visible el conflicto y sus consecuencias. Se recrudece la llamada violencia de persecución, la violencia callejera a través de grupos encuadrados en Jarrai, las juventudes de HB. Aumentan las presiones y amenazas a periodistas y se convierten en objeto del matonismo etarra los grupos cívicos, que van adquiriendo presencia social y capacidad de inclusión y se consolidan como una referencia moral.

NUEVO GOBIERNO, NUEVA POLÍTICA

El 23 de enero de 1995 es asesinado en San Sebastián Gregorio Ordóñez, cabeza del Partido Popular en Guipúzcoa, pero más allá de su militancia política, una referencia de liderazgo social contra ETA. Gregorio Ordóñez estaba en camino de ganar la alcaldía de San Sebastián en las elecciones que iban a celebrarse en marzo de ese año. Su éxito electoral estaba cada día más próximo, pero fue su voluntad de desafiar el control que ETA ejercía a través del miedo lo que determinó su destino. Con el asesinato de Gregorio Ordóñez, la organización terrorista daba un paso sin retorno en su estrategia de socialización del sufrimiento y anticipaba hasta dónde estaba dispuesta a llegar para acallar mediante el terror los esfuerzos de los sectores más valiosos de la sociedad vasca por emanciparse de la violencia y del yugo que ETA imponía.

Apenas tres meses después, el 19 de abril, ETA atentó contra José María Aznar, en el que ya todos veían al líder de la alternativa al Partido Socialista y del que ETA podía saber que estaba decidido a dar un giro a la política antiterrorista que, después de los éxitos del 92, había vuelto a la confusión y, en no escasa medida, al descrédito.

El atentado contra Aznar era un nuevo intento de destruir el proceso democrático en nuestro país.

ETA falló por poco —lo volvería a intentar tres veces en 2001, como ya he dicho—, pero en estos primeros meses de 1995, la organización terrorista acelera la espiral que irá adquiriendo su ascenso delirante en los tres años siguientes. Eso era lo que esperaba al nuevo Gobierno del Partido Popular que saldría de las elecciones de marzo de 1996.

El estado de cosas no resultaba precisamente edificante. La política antiterrorista quedaba hipotecada por los intentos de negociación del Gobierno socialista saliente que, junto con el propio PSOE, había puesto en marcha hasta cuatro vías de negociación. Una, la denominada vía Azkoiti, pivotaba sobre las gestiones ante la dirección de la banda de un etarra preso en Francia, José Luis Zubimendi, Azkoiti. Otra la impulsaban en 1993 el líder socialista vasco José María Txiki Benegas y el ministro del Interior José Luis Corcuera a través del director del diario Egin, Pablo Muñoz, y el colectivo Elkarri, controlado por Herri Batasuna y liderado por Jonan Fernández, actual secretario de Convivencia y Pacificación del Gobierno vasco. En paralelo, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, buscaba abrir otra vía con los deportados en la República Dominicana con el concurso de la asociación Gernika Gogoratuz, de difuso sentido pacifista, que aspiraba a vincularse con las organizaciones que en la escena internacional se situaban en los procesos de resolución de conflictos. Por si esto fuera poco, con José Antonio Ortega Lara secuestrado, el nuevo equipo del Ministerio del Interior, encabezado por el ministro Juan Alberto Belloch y la secretaria de Estado de Seguridad, Margarita Robles, aceptó la mediación del premio Nobel de la Paz, el argentino Alfredo Pérez-Esquivel, para tomar contacto con ETA, e incluso concertó una primera reunión en Roma que no llegó a celebrarse a pesar de que los interlocutores del ministerio pasaron por alto la condición de que fueran liberados Ortega Lara y el empresario José María Aldaya, a los que ETA mantenía secuestrados. Aldaya pagó el rescate exigido y fue liberado. A Ortega Lara le quedaba por delante una larga y cruel tortura en un zulo a las afueras de Mondragón.

La estrategia del Gobierno socialista en sus seis últimos años —afirma Ignacio Sánchez Cuenca— parece «destinada en mayor medida a conseguir pequeñas ventajas a corto plazo que a elaborar una política antiterrorista coherente que diera sus frutos a medio o a largo plazo». ETA utiliza la reivindicación del atentado contra José María Aznar para hacer pública la llamada Alternativa Democrática que sustituye a la Alternativa KAS y significa la reafirmación de la banda terrorista en su papel de vanguardia política del MLNV y en sus exigencias de nuevo innegociables para considerar un alto el fuego, a las que la banda presenta con una apariencia más política: soberanía, autodeterminación y amnistía eran tres reivindicaciones que, más allá de ETA, otros nacionalistas podían compartir.

Para llevar a cabo su nuevo planteamiento estratégico, ETA había activado los Grupos Y de terrorismo callejero y a sus diversos instrumentos de persecución, para «llevar el conflicto a la calle». Los denominados Grupos Y habían aparecido en el sabotaje a las obras de la autovía de Leizarán, de la que ETA exigía cambiar el trazado y con la que quiso reverdecer un protagonismo similar al del cierre de la central nuclear de Lemóniz en Vizcaya. Pero esta violencia de persecución no solo tenía por objetivo acosar —en el mejor de los casos— a políticos, periodistas y referentes sociales, sino que se empleó a fondo y con la máxima agresividad para acallar el desafío que lanzaba a ETA una contestación social que iba tomando cuerpo a través de grupos como Gesto por la Paz (luego vendrían movimientos como ¡Basta Ya! y plataformas como el Foro de Ermua).

Una novedad —cuya importancia se vería después— resultaba del hecho de que la violencia de persecución empezó a afectar al Partido Nacionalista Vasco y que ETA abrió un enfrentamiento frontal con la Policía Autónoma Vasca, la Ertzaintza. En 1985 había asesinado al jefe del Cuerpo, Carlos Díaz Arcocha. Entre 1995 y 1998, ETA presionaba con la violencia al PNV para neutralizar el alineamiento de este partido en posiciones más activas contra la organización terrorista, como había ocurrido con el apoyo inicial de los nacionalistas a la política de dispersión de los presos etarras. ETA calculaba que el PNV no aguantaría la presión. Lo cierto es que el PNV aguantó, incluso con declaraciones hasta entonces insólitas de solidaridad hacia socialistas y populares, que soportaban el mayor peso del terror, como aquella en la que Xabier Arzalluz, presidente del Euzkadi Buru Batzar (máximo órgano de dirección del PNV), pedía a sus militantes que fueran la voz y los ojos de los políticos amenazados. Fue en estos años cuando la figura de Juan María Atutxa, consejero de Interior del Gobierno vasco, sobresalió por su actitud frente a la organización terrorista. El PNV aguantó, sí, pero hasta un punto. En 1995 rompió el consenso que existía en política penitenciaria en torno a la dispersión de los presos de ETA. Pero pronto fue más allá a medida que el PNV interiorizaba lo que estaba ocurriendo con preocupación sobre su propio futuro. Por un lado, la sociedad vasca empezaba a reaccionar contra ETA de una manera autónoma, rebelándose contra la violencia, pero también poniendo en cuestión la legitimación que el nacionalismo prestaba a la banda a través del discurso del conflicto secular de los vascos con España. Por otro, la presión etarra sobre el PNV, sus organizaciones locales (batzokis, alcaldes), la Ertzaintza y sobre personalidades destacadas dentro lo que podíamos llamar el nacionalismo sociológico, resultaba una experiencia que el partido era incapaz de asimilar por cuanto contradecía su propia visión como fuerza hegemónica en la sociedad vasca y, por supuesto, dentro del mundo nacionalista en el que, les gustase o no, ETA se integraba. La persecución para la mayoría de los nacionalistas era eso que les pasaba a los que no lo eran.

Pronto, en 1996, quedaron establecidos los diversos factores que definieron el escenario en el que se desarrollaría la lucha contra ETA: por un lado, la intensificación y extensión de la violencia etarra, la presión sobre el PNV, el relevo generacional en ETA con una nueva dirección que quería conseguir sus galones demostrando que estaba dispuesta a todo y la sumisión reforzada del complejo organizativo de la izquierda abertzale a la banda terrorista. Pero también, por otro, la mejora en la eficacia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la creciente movilización social contra el terrorismo en torno a un compromiso cívico compartido por sectores crecientes de la población, el comienzo de la impugnación social, política y cultural del nacionalismo, la mejora de la colaboración internacional y el fortalecimiento del Estado de derecho para hacer frente al fenómeno terrorista en toda su dimensión, que no se limitaba a la acción de los pistoleros sino que se extendía a todas sus estructuras de apoyo y financiación.

BILBAO, PRIMER ACTO

El primer Gobierno del Partido Popular se constituye sobre un acuerdo con los nacionalistas catalanes de Convergència i Unió, pero hay un interés expreso por parte de Aznar de no dejar fuera al PNV a pesar de no ser aritméticamente necesario su apoyo para sumar una mayoría parlamentaria. Jaime Mayor lleva las negociaciones por parte del PP, que concluyen con una visita entre histórica e insólita de Xabier Arzalluz a la sede del PP en la calle Génova. De nuevo aparecía en su mejor versión «Xabier Arzalluz y Mr. Hyde», como lo describió acertadamente Florencio Domínguez: el dirigente nacionalista capaz de decir una cosa y su contraria y las dos con igual intensidad ya se tratara de la dispersión de los presos, de la autodeterminación o del Estatuto y, por supuesto, de Aznar.

Las diferencias en política antiterrorista eran obvias, y de manera realista, el acuerdo de investidura así lo constataba. De hecho, a apenas un mes de constituido el Gobierno presidido por José María Aznar, el Gobierno vasco de José Antonio Ardanza presentó una demanda contra el Estado español ante el Consejo de Europa por considerar que la política de dispersión era contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos. La demanda fue inadmitida por falta de legitimación, ya que a efectos internacionales, el Estado no podía ser demandado por una de sus partes, la Comunidad Autónoma Vasca.

Desde su llegada a la presidencia del Gobierno hasta que Aznar realizó su primera visita al País Vasco, en noviembre de 1996, ETA había asesinado ya a dos personas.

Me había empezado a ocupar de los asuntos vascos, y Aznar me encargó organizar la visita con los interlocutores del PNV y el Gobierno vasco. El acuerdo para la actualización del Concierto Económico había allanado el camino, y la visita quedó definida en una comida que mantuve con Iñaki Anasagasti, portavoz nacionalista en el Congreso a quien Arzalluz había comisionado para este asunto. Anasagasti, un profuso contador del anecdotario nacionalista, empezó con la matraca de llevar el Guernica de Picasso a Bilbao para exponerlo en el Museo Guggenheim, que se encontraba todavía en construcción. El viaje se preparó con toda minuciosidad. Era muy sensible políticamente y yo mismo hice la visita preparatoria a Bilbao junto con el equipo de seguridad, protocolo y comunicación de la Moncloa.

Se daba la circunstancia de que, en septiembre, el PNV había declarado un estruendoso boicot al diario El Correo, que dirigía mi hermano José Antonio. José Antonio y El Correo eran objeto de la inquina especial, concentrada y persistente de la dirección nacionalista. Entre muchos nacionalistas, esa inquina se aderezaba con una acusada tendencia pueblerina al cotilleo denigratorio contra los disidentes que Anasagasti animaba en los batzokis con sus chascarrillos. A la disidencia se le hacía pagar cara su desviación, también socialmente. No era precisamente cómodo ver pintadas en las calles de Bilbao contra el director y el diario del que yo mismo había sido editorialista durante 11 años hasta mi nombramiento en la Moncloa. De todas formas, comparado con la amenaza a que estaba sometido, el boicot nacionalista a El Correo y su director resultaba llevadero y, además, inútil.

La preocupación por la seguridad era absolutamente prioritaria, y aquel viaje del presidente, el primero de los muchos otros al País Vasco que vendrían después, requería la coordinación entre el nuevo equipo de seguridad de la Presidencia y la consejería de Interior del Gobierno vasco. Las cosas funcionaron muy bien y nunca hubo reserva alguna en la colaboración por parte de la Ertzaintza. Se elaboró un programa que comprendía desde los contactos políticos con el lendakari Ardanza y el presidente del PNV Xabier Arzalluz hasta un encuentro con estudiantes en la Universidad de Deusto, la visita a las obras del Guggenheim y una numerosa recepción en el Ayuntamiento de Bilbao, en la que el alcalde Josu Ortuondo se explayó en referencias históricas al Bilbao desde el que se exportaba a Flandes la lana de las ovejas castellanas. Un concejal de HB aprovechó la oportunidad para entregar a Aznar un ejemplar de la «Alternativa Democrática». El único problema en el programa fue un viaje ya comprometido de Ardanza a Bruselas que solo le permitía recibir al presidente del Gobierno y mantener con él una conversación relativamente breve. Ardanza quiso compensar su ausencia en el resto de la visita con un recibimiento extraordinariamente cordial: «¡No sé cómo se hace esto; nunca había recibido a un presidente del Gobierno!», exclamó al recibir a Aznar al pie de la escalerilla del avión con un efusivo saludo. En efecto, el precedente era la visita ya lejana de Adolfo Suárez, tensa y deslucida por el boicot que decretó el PNV. No era este el caso. Arzalluz calificó la visita de «hermoso gesto» y recordó que Aznar, en cuanto presidente del Gobierno, también gobernaba en el País Vasco porque este no era independiente. En ausencia de Ardanza, fue Juan José Ibarretxe, entonces vicepresidente del Gobierno vasco, el que ejerció de acompañante, con trayecto en el helicóptero Superpuma del Ejército del Aire incluido.

La visita a Bilbao de Aznar marcaba el nuevo clima en esta relación, pero no modificaba las diferencias en cuanto a política antiterrorista. Empezaba a hacer mella en el PNV la presión de ETA y sus organizaciones, y el PNV, a su vez, la desplazaba al Gobierno con la reclamación de competencias en materia penitenciaria y el acercamiento de presos al País Vasco.

TRES DÍAS DE JULIO

La magnitud de la confrontación con ETA que esperaba al PP y al nuevo Gobierno podía anticiparse por el asesinato de Gregorio Ordóñez y el atentado contra Aznar. Pocos meses después, ETA retoma su ofensiva contra el Partido Popular en la persona de sus concejales en el País Vasco y fuera de él. La banda terrorista busca el desistimiento y la quiebra de la política que representaba. El 9 de enero de 1998, ETA asesina a José Ignacio Iruretagoyena, concejal del PP de Zarauz. Desde enero de 1997 a julio de 1998 fueron asesinados siete cargos públicos del PP.[2]

Pero fueron el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997, y la liberación de José Antonio Ortega Lara diez días antes, los hechos que impulsarían sin marcha atrás la movilización social contra el terrorismo a una escala ni siquiera imaginada, y consolidarían una respuesta social y política cualitativamente nueva frente a ETA y su entramado. La respuesta era la decisión de derrotar a ETA operativa y socialmente, demostrando a la vez que el Estado de derecho ofrecía los instrumentos legítimos para ganar la batalla sin salirse de la legalidad.

Poco después de conocer la noticia de que Miguel Ángel Blanco había sido secuestrado, el presidente Aznar convocó una reunión en la participamos Francisco Álvarez Cascos, vicepresidente primero del Gobierno; Jaime Mayor, ministro del Interior; Ángel Acebes, coordinador general del PP; Carlos Aragonés, director del Gabinete del Presidente; Miguel Ángel Rodríguez, secretario de Estado de Comunicación, y yo como secretario general de la Presidencia. Era jueves y víspera de Consejo de Ministros. El ministro del Interior hizo un informe de lo que se sabía hasta el momento y confirmó que las fuerzas de seguridad estaban movilizadas con todos los recursos disponibles para localizar el paradero de Miguel Ángel. Se estaban produciendo reacciones de condena con exigencias a ETA de liberar al secuestrado y retirar su amenaza. Pero la impresión era muy pesimista. ETA exigía que en 48 horas todos los presos fueran acercados al País Vasco. Aquello no era una condición sino una simple excusa para asesinar a Miguel Ángel. Y así la percibieron la opinión pública y la mayoría de los partidos, que no dieron pábulo al chantaje de ETA. Existía el riesgo político evidente de que la presión se volviera sobre el Gobierno en demanda de algún gesto que diera satisfacción a ETA. Nadie entró en ese juego perverso pues resultaba evidente lo que aquel secuestro iba a tener de asesinato a cámara lenta y lo que significaba de venganza de ETA por la humillación que había supuesto a la banda la liberación de Ortega Lara. Por otra parte, ETA, que sospechaba estar infiltrada, creía que si el secuestro se alargaba, aumentarían las posibilidades de que su víctima fuera localizada y se repitiera la humillación que les supuso la liberación de Ortega Lara. El viernes, después del Consejo de Ministros, Aznar volvió a reunirnos para pedir nuestra opinión sobre su presencia en Bilbao en la manifestación que se había convocado para el día siguiente. Se consideraron las implicaciones de sentar un precedente con la presencia del presidente en una manifestación contra ETA. Pero no hizo falta mucho debate para llegar a la conclusión de que Aznar tenía que asistir. Antes de viajar nos reunimos en la Moncloa para analizar las últimas informaciones. Asistió el director del CESID —luego CNI—, el teniente general Javier Calderón, y recuerdo que, señalando la portada de un periódico de Madrid que publicaba las fotos de todos los miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna, me dijo: «Uno de estos es el responsable directo de lo que pase con Miguel Ángel Blanco». Uno de aquellos, Floren Aoiz, ya lo había advertido después de la liberación de Ortega Lara por la Guardia Civil: «Después de la borrachera policial, viene la resaca». La tragedia que se desarrollaba en la persona de Miguel Ángel Blanco y su familia de origen gallego era para el aranismo etarra «la prometida represalia contra el maqueto insumiso», en aguda pero dramática expresión de Juaristi.

Llegamos a Bilbao el sábado por la mañana y fuimos directamente a la subdelegación del Gobierno, desde donde nos incorporaríamos a la cabecera de la manifestación que, según se había pactado, estaría situada a la altura de la sede del Gobierno vasco, al final de la Gran Vía, a unos cuantos cientos de metros de la subdelegación. Llegada la hora de salir, Aznar preguntó: «¿Cómo vamos?», a lo que el director de seguridad de la Presidencia y yo mismo respondimos que en coche, como estaba previsto. Le vimos las intenciones e insistimos sin poder convencerlo. «Vamos andando», zanjó, y salimos a la calle, que ya estaba llena de gente esperando a ponerse en marcha por la Gran Vía hasta el Ayuntamiento, donde terminaría la manifestación con la lectura de un comunicado. En cuanto vieron a Aznar, aquellos ciudadanos que atestaban la Gran Vía de Bilbao abrieron espontáneamente un pasillo para que el presidente del Gobierno pudiera avanzar entre aplausos que lo acompañaron hasta llegar al punto de encuentro. Fueron momentos de asombro y de emoción, de reconstrucción del tejido moral y cívico que parecía irrecuperable. Pero, para mí, que había estado al lado del presidente muchas de aquellas horas, ese gesto de mis conciudadanos bilbaínos era una forma de reconocer en el presidente del Gobierno el liderazgo que había impreso en la respuesta democrática al desafío del terrorismo.

Así como aquella movilización era un síntoma inequívoco de lo que estaba cambiando en la sociedad con relación a ETA, también se hizo patente en la manifestación la incomodidad que esa situación había creado en el PNV, como Arzalluz había dejado claro al secretario general del PP del País Vasco, Carlos Iturgaiz, en la reunión del Pacto de Ajuria Enea. En contra de lo acordado, la cabeza de la manifestación se había adelantado, de modo que cuando Aznar llegó al punto fijado se encontró con que allí no había ningún dirigente del PNV ni ningún miembro del Gobierno vasco. Alguien dijo que había que moverse hacia la nueva cabecera donde oficiaba Arzalluz, y Aznar se negó. Él estaba donde se había pactado que estuviera. Y aunque no recuerdo si llegó a decirlo, al fin y al cabo la cabecera estaba donde estaba el presidente del Gobierno. Estaba claro que, para los dirigentes nacionalistas, aquel era un trago políticamente indigesto, y la presencia de Aznar entre aplausos del público lo hacía aún más. Arzalluz, al contemplar la movilización de aquel día y los gritos que se coreaban —y los abucheos—, interpretó que «allí se estaba haciendo un juicio sumarísimo al nacionalismo». El PNV empezaba a sentir vértigo.

Nosotros hicimos el recorrido sin el menor incidente. Llegamos al Ayuntamiento y de ahí nos dirigimos al aeropuerto sin esperar a que se leyera el comunicado porque, en medio de aquella multitud, la salida sería más difícil cuando la manifestación se disgregara. No sabíamos, aunque podíamos suponerlo, que apenas quedaban tres horas para que ETA cumpliera su amenaza sobre la vida de Miguel Ángel Blanco.

Llegamos a Madrid y pasé por mi casa. Allí supe que Miguel Ángel había sido hallado agonizante en un paraje de Lasarte, cerca de San Sebastián. Me fui a la Moncloa, directamente al despacho del presidente. Estaba solo. Jaime Mayor, Ángel Acebes, Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos se habían quedado acompañando a la familia y a los militantes. Desde que Miguel Ángel fue ingresado en el Hospital de Nuestra Señora de Aránzazu, Jaime Mayor estuvo en contacto con el consejero de Sanidad del Gobierno vasco, Iñaki Azkuna, que luego fue durante muchos años un apreciado alcalde de Bilbao. Azkuna informaba a Jaime del estado de Miguel Ángel, que había entrado en el hospital todavía con un hálito de vida. No había esperanza y así se lo trasladó al presidente el ministro del Interior. Horas después de ser hallado en Lasarte, a las 3 de la madrugada, el Hospital emitía un comunicado en el que certificaba la muerte cerebral de Miguel Ángel Blanco. Compartí aquella tarde con José María Aznar, a solas, en su despacho de trabajo, buena parte de ese tiempo en silencio, leyendo los informes que llegaban y las informaciones de agencia. Eran momentos que requerían serenidad y fortaleza moral en medio de aquella atrocidad. En aquellas horas, la expresión más dramática, más exigente, más dura de la política como responsabilidad de Gobierno se concentraba en aquel despacho y en una persona que en última instancia era la que tomaba las decisiones, la que tenía encomendado el liderazgo de una sociedad conmocionada y de un partido al que los terroristas habían convertido en objetivo de exterminio. Mientras un joven concejal agonizaba, en aquel despacho del palacio de la Moncloa se vivía la política sin paliativos, sin asideros, la política enfrentada a una realidad abrumadora y cruel, con la responsabilidad de una confrontación existencial con el mal.

Muchas ciudades de España se encontraban en vigilia acompañando la suerte de Miguel Ángel. Cuando se conoció el desenlace, cientos de miles de personas estaban en las calles. La reacción en el País Vasco fue de dolor y de una indignación que emergía de las entrañas de una sociedad que había llegado al límite y decidía mirar a la cara a los culpables de tanta ignominia y tanta humillación. Fueron a por las sedes de Herri Batasuna y las herriko tabernas, se enfrentaron a los proetarras en las calles, aplaudieron a las fuerzas de seguridad y desafiaron a los terroristas. Fueron días de un civismo épico que acorraló a los terroristas y acabó con sus coartadas. Fuera de España, la crueldad etarra y la movilización social y política derrumbaron la imagen de ETA que, aunque pareciera mentira, seguía beneficiándose de la mitificación de la lucha contra el franquismo.

«El Gobierno no se movió y ETA disparó contra el edil del PP.» Ese fue el titular del diario Egin para informar del asesinato. La injuria seguía en el editorial: «La tragedia termina en burla. Y la responsabilidad última es, sin duda, de quienes teniendo todos los instrumentos para, cumpliendo la ley, evitar hechos como estos, los desprecian». El nivel de abyección al que había llegado el complejo criminal dirigido por ETA apenas nos podía sorprender. Que siguiera inserto en la sociedad vasca era meramente inexplicable.

Las movilizaciones siguieron animadas por la sensación de haber arrebatado la calle a los terroristas y a sus cómplices políticos, la sensación vertiginosa de que eran los ciudadanos los que acotaban el espacio a los terroristas y no a la inversa.

El funeral en Ermua fue una expresión singular de duelo. Antes de viajar, el presidente ofreció una rueda de prensa en la que reconoció su «amargura» de aquellas horas, destacó el apoyo del Rey y de toda la Familia Real y quiso referir las iniciativas para fortalecer la lucha antiterrorista a los partidos democráticos reunidos en los Pactos de Ajuria Enea y de Madrid. El presidente había tenido informado puntualmente al rey don Juan Carlos. Era un momento en el que la Corona era consciente de su valor institucional, simbólico e integrador. Las Infantas hicieron llegar con insistencia su deseo de asistir al funeral. Se decidió que fuera el príncipe don Felipe quien lo presidiera, e hizo un extraordinario papel encabezando el cortejo fúnebre desde la iglesia al cementerio, al lado de los padres, la hermana y la novia de Miguel Ángel en aquella mañana triste, gris y desapacible. Todo el pueblo estaba en la calle, salvo los miserables que jaleaban los crímenes pero que ahora se escondían. Después del entierro, el Príncipe habló para los medios. En Madrid, el rey don Juan Carlos quiso expresar la condena del crimen y la cercanía de la Corona a lo que los españoles estaban viviendo con un mensaje a través de las televisiones grabado en el jardín del palacio de la Zarzuela. Era un gesto desacostumbrado, tal vez con una puesta en escena demasiado improvisada, pero que por ello mismo subrayaba la excepcionalidad del momento.

HACIA EL FRENTE NACIONALISTA

Volvimos a Madrid. Aquella misma tarde iba a tener lugar una manifestación gigantesca de repulsa al crimen y apoyo a la familia y a las instituciones democráticas. El impacto de la atrocidad seguía resonando. La reacción social era abrumadora. Había que poner todo aquello en perspectiva, sacar conclusiones y estar preparados para lo que se venía encima. El análisis que se trasladaba desde el Ministerio del Interior y los servicios de inteligencia anticipaba la campaña terrorista contra concejales del PP que ETA perpetraría a partir del asesinato de Ermua. El crimen —o más bien, la reacción que había desencadenado— había provocado críticas serias en el mundo etarra. La onda expansiva de la movilización había hecho tambalearse la confianza en la estrategia que la banda había adoptado. No pocos en la izquierda abertzale temían que ETA hubiera abierto su propia y autodestructiva caja de Pandora. Pero, en la gran mayoría de aquellos críticos, no había un rechazo de principio al asesinato, una condena moral, sino una objeción táctica. Sin embargo, por más que lo considerasen solo un error táctico, ellos y nosotros sabíamos que Ermua había cambiado las cosas. Había acelerado hasta su mayor grado un movimiento de rebelión contra el terror que se estaba construyendo en diversos sectores de la sociedad vasca que también impugnaban la imposición nacionalista, el nacionalismo obligatorio, como discurso legitimador de la violencia.

Había que considerar con cautela el alcance y las consecuencias de las críticas internas en ETA, porque la interpretación convencional de unos mismos hechos casi nunca coincide con la que hacen los terroristas. ETA negaría que el asesinato de Miguel Ángel hubiera sido un «error». En la interpretación de los terroristas, la conmoción que el crimen había causado era la evidencia de su éxito.

Para ETA, la dimensión del crimen anunciaba bien a las claras hasta dónde estaban dispuestos a llegar y, por tanto, reforzaba su estrategia de «extensión del conflicto», la amenaza directa al PP y la exigencia de una negociación política que era la coartada final de ETA para justificar el terrorismo.

El crimen había hecho salir a la superficie una corriente de fondo en la sociedad vasca. Como explica Carlos Martínez Gorriarán:

Muchos ciudadanos vascos habían llegado a la conclusión de que el terrorismo nunca sería derrotado, ni siquiera perseguido, mientras permaneciera en el poder un nacionalismo que se beneficiaba subrepticiamente de la violencia padecida por la oposición.

Arzalluz no andaba descaminado en su percepción, solo que de «sumarísimo» aquel juicio no tenía nada; era un juicio reposado, cargado de razones; era el resultado de décadas de exhibición de impiedad hacia las víctimas, de discursos legitimadores —«el conflicto»—, de hegemonía opresiva contra los que disentían; décadas de nacionalismo como esperanza de paz siempre defraudada.

Precisamente, el asesinato de Miguel Ángel impulsó la constitución del Foro Ermua, una plataforma cívica en la que se reunieron un grupo de intelectuales, periodistas y artistas vascos de gran influencia, que además de manifestar así su compromiso personal, ponían voz a esa percepción de tantos vascos.[3]

Aquellos días alumbraron la idea de que era necesaria una alternativa en las urnas al nacionalismo porque el papel que jugaba el Partido Socialista de Euskadi como socio de Gobierno había perdido el sentido moderador del nacionalismo que lo justificaba. Ermua hizo patente la decisión de una buena parte de la sociedad vasca de poner fin a la coexistencia con el terror. No se podía seguir coexistiendo con ETA; había que derrotarla, pero la derrota de ETA no sería posible si no se construía una alternativa al nacionalismo. El objetivo de generar una alternativa en las urnas al nacionalismo para desplazarlo del poder democráticamente era también una expresión del cambio de aquellos días.

Entiéndase bien: ni el objetivo de una alternativa al nacionalismo, ni la rebelión social contra el terror, ni el compromiso con la derrota de ETA surgieron de la noche a la mañana ni fueron el producto improvisado de la indignación. Respondían a ideas y actitudes que habían ido madurando en la sociedad y en la política vasca no nacionalista, alentadas entre otros por los que se agrupaban en el Foro Ermua y los que escribían en los medios que se mantenían fuera del control del nacionalismo, haciendo de ellos un espacio de pluralismo y crítica a pesar del alto precio personal y profesional que se les hacía pagar a quienes desafiaban la intolerancia hegemónica del PNV y las amenazas directas de ETA y sus cómplices civiles.

En el lado nacionalista, el PNV, para su temor, compartía el análisis que le contagiaba de una buena parte del rechazo social provocado por la violencia terrorista. Lo que había ocurrido no tenía precedente. Se había puesto en marcha una dinámica que el PNV pensaba que también podía arrastrarlo. El PNV experimentaba por primera vez una fuerte impugnación social y política. Por su parte, Herri Batasuna había quedado aún más desorientada por la movilización social y el rechazo al asesinato de Miguel Ángel. Además, a ellos les tocaba contextualizar y justificar el crimen, tranquilizar a sus militantes y recomponer la estrategia. En todo caso, la izquierda abertzale entraba en una situación de aislamiento social y político, y eso lo sabía la dirección de ETA-KAS. Sin renunciar a los asesinatos, ETA permitió que HB iniciara un acercamiento a PNV, Eusko Alkartasuna, Ezker Batua-Izquierda Unida (EB-IU) y a organizaciones del tercer espacio nacionalista que apoyaran la negociación política. Para dar cauce a este acercamiento, HB creó el Foro de Irlanda —Irlanda, palabra mágica— con el que pretendía establecer paralelismos con el proceso de paz en el Úlster. HB empezó a participar en el Parlamento Vasco apoyando algunas iniciativas nacionalistas para ir mejorando las relaciones con el PNV y EA, que a su vez se incorporaron al Foro de Irlanda. Se empezaba a gestar un frente nacionalista nacido de la confluencia entre el interés del PNV por evitar la derrota de ETA que había asomado en las calles del País Vasco porque esa sería la derrota de todo el nacionalismo y, por otra parte, el de ETA-HB por salir de su aislamiento, recuperarse de la acción policial y liderar la construcción nacional poniendo en marcha un proceso de contralegalidad sin dejar las armas. La tregua de 1998 fue la intersección entre esos dos intereses y el Pacto de Estella que la precedió, la hoja de ruta del frentismo nacionalista que de este modo pretendía ser identificado con la paz. A pocas semanas de las elecciones autonómicas, la operación contenía un perverso chantaje: ¿paz por presos? No, qué va. Paz (si acaso) por (más) nacionalismo, en todo caso. No quedaba nada en el PNV de ese compromiso alentado por la atrocidad contra Miguel Ángel Blanco de aislar a los culpables materiales y también a los cómplices políticos, esos de los que el lendakari José Antonio Ardanza llegó a decir que eran autores intelectuales del asesinato de Miguel Ángel y con los que declaró no compartir ni los medios ni los fines.

La gestación del frente nacionalista no impidió que ETA continuara matando. Cuanto más matara, mayor sería el deseo de paz, y cuanto más matara a concejales del PP, mayores posibilidades habría de que el PP desistiera y se quebrara la política antiterrorista del Gobierno. Después de Miguel Ángel Blanco fueron asesinados seis concejales del PP, entre ellos el matrimonio Jiménez-Becerril, cuyo funeral convocó una impresionante manifestación de apoyo en Sevilla. Cada asesinato ponía a prueba la determinación del PP. Aznar era muy consciente del precio que se estaba pagando por hacer frente a los terroristas, pero nunca oí una palabra de reproche ni presión alguna para que se cambiara la política que el Gobierno había definido. La preocupación del presidente por la seguridad de los cargos públicos era máxima. Él se había implicado directa y personalmente en el apoyo al PP vasco y a sus militantes. Se preocupó de mantener el contacto con los cargos públicos del PP, cuya resistencia en aquellas circunstancias impresionaba. Porque no se trataba solo de una decisión personal de continuar, sino que esa decisión afectaba a sus familias, a sus posibilidades laborales, a la forma en que tenían que conducir su vida diaria, de disfrutar, si es que podían, de su ocio, y de actuar en sus relaciones personales. ETA representaba una amenaza ubicua, envolvente, que se extendía en comunidades silenciadas. La amenaza podía ser el vecino o el que ponía el café en el bar, el empleado de la caja que actualizaba la cartilla o el que arreglaba el coche. Es un acto de justicia recordar las palabras de Churchill porque es verdad que nunca tantos debieron —debemos— tanto a tan pocos. La resistencia del PP a la política de exterminio practicada por ETA es un episodio heroico en la historia de la democracia.

La ofensiva de ETA tuvo enfrente una acción eficaz y continuada de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los resultados hablaban por sí mismos y ETA era la primera que lo sabía.

En De la negociación a la tregua: ¿El final de ETA?, Florencio Domínguez escribe:

La situación organizativa de ETA en septiembre de 1998 no podía ser más problemática. Las acciones policiales de los meses anteriores habían desbaratado todas las células armadas que tenía el grupo terrorista, salvo las ubicadas en Guipúzcoa, que se había convertido en el último reducto etarra. Solo a lo largo del 98, ETA había perdido los grupos que actuaban en Andalucía, Álava y Vizcaya. En los ocho primeros meses del año habían ingresado en prisión tantos miembros y colaboradores de ETA como en el trienio anterior. Durante los siete primeros meses del año, ETA había utilizado en todos sus atentados con bomba unos 35 kilos de explosivos, una cifra mínima si se tiene en cuenta que en 1997 gastó 310 kilos de explosivos en sus artefactos. Cuando se declaró la tregua, Madrid llevaba sin actos terroristas más de dieciocho meses, el periodo más largo sin ningún atentado etarra de los últimos veinticuatro años.

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HORAS DE VUELO

SOBRE EL ATLANTISMO

Entre mayo de 1996 y abril de 2004 tuvieron lugar en España 23 visitas de Estado, 116 visitas oficiales y de trabajo de jefes de Estado, primeros ministros y autoridades internacionales del mismo rango, y se celebraron 38 cumbres bilaterales y 38 consejos europeos. Aznar realizó 149 visitas oficiales y de trabajo y asistió a 79 reuniones internacionales de diversas organizaciones (OTAN, OSCE, Cumbres Iberoamericanas, G-7, conferencias especiales de Naciones Unidas, etc.).

Estas cifras expresan la intensidad que José María Aznar imprimió a la política exterior española, en la que invirtió tiempo, esfuerzo y capital político. La amplitud de esa actividad internacional prueba que la orientación netamente atlantista de la política exterior no impidió participar en la escena internacional con un papel relevante y una presencia diversificada. Bien al contrario, ese papel quedó revalorizado por la capacidad de interlocución adquirida con Estados Unidos y el cultivo de la relación con Latinoamérica.

Y es que no hay incompatibilidad entre atlantismo y europeísmo. Como señalaba José Varela Ortega en una inteligente y erudita defensa del atlantismo, «es una pirueta intelectual complicada sostener que el partido que metió a España en el euro o promovió la euroorden es, al tiempo, adalid del euroescepticismo».

El atlantismo no es una referencia geográfica sino una decantación histórica en la que se funden intereses estratégicos compartidos, comunidad de valores, solidaridad frente a la amenaza y relaciones construidas en una singular confianza recíproca. El atlantismo es el compromiso con el fortalecimiento de las bases de la seguridad, la libertad y el bienestar de Europa.

Dice mucho del sentido de la orientación atlántica de la política exterior española con Aznar que coincida con ella el patrón de crecimiento y diversificación geográfica de nuestros principales intereses económicos. Gran Bretaña, Estados Unidos y América Latina constituyen el gran ámbito de expansión e internacionalización de las empresas españolas más dinámicas, tanto las grandes compañías que protagonizaron la expansión más llamativa en la segunda mitad de los noventa como la segunda oleada de empresas españolas de dimensión media que siguieron después.

Varela Ortega, desde una esclarecedora perspectiva histórica, observa:

En esto, como en tantas cosas en el ámbito internacional, hemos regresado al siglo XVIII. Afortunadamente. Después de doscientos años, España vuelve a tener intereses económicos muy considerables en el continente americano.

Porque si, además de intereses empresariales, hablamos de proyección cultural y lingüística, de trayectoria histórica, de interés estratégico, seguiríamos en el gran ámbito atlántico.

La orientación atlántica de la política exterior no solo se ajusta a los intereses objetivos de España. Para Aznar no era —ni es— la definición de una posición solamente nacional, sino que ve en la relación transatlántica el gran factor de estabilidad y seguridad internacionales. Lo fue en el pasado, y ahora, después de acabada la Guerra Fría, debería refundarse para que pudiera cumplir esa misma función en el futuro.

La crítica dirigida a Aznar de los que veían en la opción atlantista el abandono de la política mediterránea es más retórica que real. Ha habido hasta cierta corriente de opinión que, en un alarde de retorcimiento, ha sostenido que este supuesto olvido del Mediterráneo era una manifestación más de anticatalanismo en favor de la política histórica de Castilla. Metidos en ese berenjenal, no está de más recordar que los Reyes Católicos mantuvieron el equilibrio entre la empresa americana y el activismo mediterráneo de la Corona de Aragón, y que sin el apoyo de Castilla, la política italiana de Fernando I difícilmente habría sido posible.

Al margen de digresiones históricas, si hablamos del Mediterráneo no recuerdo que ningún primer ministro español haya tenido la estrecha relación que Aznar mantuvo con el argelino Bouteflika, se haya reunido con Gadafi en su jaima o haya pasado la Navidad con Yasser Arafat en Palestina desde un estrecho compromiso con Israel.

Otro de los argumentos contra la política exterior de Aznar pretendía descalificarla por ideológica. Tiene su gracia que los más sonoros portavoces de esta crítica sean los que exhiben su antiamericanismo ideológico más ramplón y agresivo. Por no mencionar a los que, mediante esta crítica, intentan rehabilitar la política exterior de los Gobiernos de Rodríguez Zapatero, que ha sido, con diferencia, la más dogmática y la más ideológica de toda la historia democrática. Es cierto, sin embargo, que la izquierda antiamericana y la derecha aislacionista —dos tradiciones de peso en España— han dado cierto vuelo al argumento de la ideologización de la política exterior de Aznar. Lo curioso es que, con frecuencia, Aznar ha tenido una relación política y personal mucho más estrecha, cordial y productiva con dirigentes de izquierda o centro-izquierda que con los dirigentes de los partidos homólogos del PP. Son los casos de Blair en Gran Bretaña, António Guterres en Portugal, Ricardo Lagos en Chile, Henrique Cardoso en Brasil, Ernesto Zedillo en México y el propio Lionel Jospin, primer ministro socialista en el periodo de cohabitación con el presidente Jacques Chirac.

Aunque merezca la pena volver sobre ello, creo que Aznar es un realista prudente en política exterior. El problema es que el realismo se suele utilizar como coartada para la resignación, y la prudencia como excusa para la inacción. Eso, es cierto, resulta vitalmente impensable en el caso de Aznar.

EN LA ARENA INTERNACIONAL

Es un lugar común decir que la política exterior ha desplazado su centro de gravedad de los Ministerios de Asuntos Exteriores a la presidencia de los Gobiernos. La facilitación de las comunicaciones ha afectado a la función mediadora y representativa de la diplomacia tradicional. La interdependencia obliga a cualquier país de una cierta dimensión a un trabajo activo en defensa de sus intereses y de la cooperación con otros. Cualquier país de mediana dimensión ve crecer el peso de su actividad internacional en el conjunto de la actividad del Gobierno. Y lo mismo ocurre con las agendas de los gobernantes. La diplomacia tradicional también ha sufrido el impacto de la personalización de la política y de la desestructuración de esta con la crisis de los partidos tradicionales, la emergencia de los populismos y de los reflejos populistas en todos los partidos que han arrastrado a la política exterior de sus países hacia lo imprevisible. Trump y su modo de hacer política exterior mediante tuits, el referéndum que decidió el brexit o el fracaso reiterado de tratados internacionales —incluido, por ejemplo, el Tratado Constitucional de la Unión Europea— se sitúan en este contexto. Crece la exigencia incondicionada de transparencia y se impugnan por anacrónicos determinados usos importantes en la práctica diplomática. Se activan de manera instantánea corrientes de opinión que presionan sobre los procesos habitualmente reposados y reflexivos de la diplomacia, sumando dificultades para que esta opere en un espacio que parece cada vez más reducido. Se ha dicho, tal vez con una exageración ilustrativa, que lo que quedaba de la diplomacia tradicional ha sido barrido por WikiLeaks. Pero aun contando con los efectos disruptivos —la palabreja es inevitable— de estas transformaciones, un servicio exterior bien dotado y cualificado es un instrumento esencial del Estado. La tecnificación y especialización, el proceso de creación de instituciones de gobernanza global, la necesidad de proyección y cultivo del denominado soft power, la importancia de la diplomacia pública, la relevancia que adquieren regiones emergentes para las que es necesario desarrollar el conocimiento experto, constituyen otras tantas oportunidades —y exigencias— para redefinir el papel de una diplomacia en inevitable transformación.

El creciente protagonismo de los jefes de Gobierno en política exterior a partir del orden internacional nacido del fin de la Segunda Guerra Mundial está asociado a esa tendencia general de preponderancia del jefe del Ejecutivo y de su figura política. En pocas ocasiones, un jefe de Gobierno lo es más plenamente como en un Consejo Europeo, rodeado de sus iguales, debatiendo a puerta cerrada, enfrentado a decisiones en las que hay que calibrar costes y beneficios, económicos y políticos, sometido a presiones de sus socios para obtener su apoyo o levantar su oposición, u obligado a ejercitar su capacidad de negociación y de compromiso.

José María Aznar es, junto con Felipe González, el presidente del Gobierno que mayor actividad exterior ha desplegado y con mayor soltura se ha movido en la escena internacional. Leopoldo Calvo Sotelo acreditó también su solidez en la época en que le tocó encabezar la negociación de adhesión a las Comunidades Europeas e hizo una contribución determinante y duradera a la definición exterior de España al materializar el ingreso de nuestro país en la Alianza Atlántica.

Como presidente del PP, Aznar había trabajado para la normalización de la presencia internacional del partido, lo que unido al fortalecimiento de su condición de alternativa de Gobierno, le facilitó el conocimiento de muchos dirigentes internacionales y le permitió familiarizarse con el entorno exterior.

La arena internacional es un terreno contradictorio y exigente. Salvo en las superpotencias y en las que creen serlo, la impresión general es que hay poco que ganar en la política exterior, como vendría a demostrar el hecho de que ha habido políticos con muy buena reputación internacional y mala valoración interna. Además, consume mucho tiempo, incluso si la actividad del gobernante en cuestión se limita a lo imprescindible. Peor aún, la escena internacional delata de manera ostensible carencias de un político que en el terreno doméstico interno pueden pasar casi desapercibidas. No se trata solo del dominio de idiomas —González y Aznar tenían fluidez en francés para hablar con muchos de sus interlocutores, y Aznar aprendió después un inglés muy eficaz—. Hace falta cierta solidez, alguna desenvoltura, formación y conocimiento de los asuntos y determinado sello de la personalidad. La relación personal entre los jefes de Gobierno tiene una importancia extraordinaria. A lo largo de un mandato, los líderes europeos pasan muchas horas juntos y se ven en situaciones muy diferentes. Se va construyendo entre ellos una relación personal que allana o dificulta el tratamiento de los problemas que tienen que abordar. Cada uno crea una imagen de su interlocutor en la que no cuenta tanto la afinidad política como las cualidades personales que se le atribuyen o la falta de ellas: la fiabilidad, la consistencia, la respuesta a la presión, la disposición al acuerdo. Este era el terreno de Aznar y por lo que se lo reconocía como socio, incómodo a veces pero fiable, al que difícilmente se lo podría sorprender en fuera de juego o conseguir que cediera al miedo escénico en situaciones de especial tensión. Sabedor de sus fortalezas pero también de sus limitaciones temperamentales, no intentó jugar al «encantador de serpientes». Con muchos de sus interlocutores más frecuentes alcanzó un trato de una gran cordialidad y, en no pocos casos, de amistad personal que se mantiene.

ESPAÑA HACIA SU LUGAR

En la vida internacional, el viajero sin billete, el free rider, tiene vida muy corta. Casi nada es gratis y no hay poder o capacidad de influencia que quede libre de responsabilidades, a veces graves. Si se quiere exigir, hay que estar dispuesto a dar. Por unas razones o por otras, la opinión española ha sido renuente a asumir esta ecuación. Ocurrió con nuestra permanencia en la OTAN, que condicionaba políticamente el ingreso en la Unión Europea y que solo se confirmó después de un referéndum agónico al que Felipe González tuvo que recurrir para salir de su propia trampa del «OTAN, de entrada no». Ocurriría años más tarde cuando se produjo el alineamiento de la Administración Bush con España en la lucha contra el terrorismo de ETA y la apuesta de Washington por singularizar su relación con nuestro país, que objetivamente fortalecía nuestra posición. Esa nueva relación era beneficiosa para España por todos los conceptos, pero generaba deberes de solidaridad que, sin embargo, no fueron asumidos por la opinión pública. Y esta disociación se sigue poniendo de manifiesto cuando se compara la demanda de seguridad que la sociedad exige con el gasto que está dispuesta a hacer en su defensa.

España, por su dimensión y por la amplitud y variedad de sus intereses, por su posición en Europa y su proyección latinoamericana, por las amenazas a las que se encuentra expuesta en la nueva situación estratégica, necesita desarrollar una política exterior activa.

Cuando nuestro país salió de la posición marginal a la que lo condenaba el franquismo, el orden europeo de la posguerra llevaba décadas consolidado, y con él, sus actores con sus respectivas cuotas de poder, influencia y proyección internacional. Las cartas, por decirlo gráficamente, estaban repartidas cuando aparece un nuevo jugador, España, que cuenta con dimensión y peso para alterar ese statu quo. Partiendo de esa posición marginal, la política exterior de la España democrática hay que entenderla como el esfuerzo por alcanzar para nuestro país la posición que le corresponde en el orden internacional y muy especialmente en el europeo, de cuya construcción quedó ausente.

En este esfuerzo ha habido un progreso indiscutible pero también retrocesos muy perjudiciales. El sentido de la política exterior desarrollada entre 1996 y 2004 fue el de fortalecer la posición internacional de España haciendo valer todos sus activos. En esta política se pueden identificar líneas de continuidad claras con la desarrollada por los Gobiernos socialistas anteriores a partir de la rectificación de González sobre la OTAN. Un esfuerzo acometido desde la profunda convicción en las posibilidades de España como actor internacional.

Esta voluntad se materializó muy pronto en la primera legislatura de Aznar (1996-2000), en la incorporación de nuestro país a la estructura integrada de mandos de la OTAN y en la crucial apuesta por que España fuera socio fundador del euro, que significaba, como tantas veces ha subrayado Aznar, que España por primera en vez en mucho tiempo llegaba, y llegaba a tiempo, a una gran cita histórica. Y desde la misma convicción se explica la posición alcanzada por España a través del Tratado de Niza en la Unión Europea, el liderazgo de España en política latinoamericana de la Unión, el impulso a la cooperación antiterrorista, la nueva relación con el Reino Unido y el fortalecimiento y la ampliación de las relaciones con Estados Unidos.

Se ha argumentado en contra sosteniendo que España estaba peleando por encima de su categoría. El símil pugilístico es, a mi juicio, engañoso. Según estos críticos, ¿en qué categoría le correspondería pelear a España? No es España sino más bien quienes dicen eso los que realmente juegan en una liga que les viene grande y proyectan sobre nuestro país un indeseable conformismo. Es la zorra de la fábula que no puede alcanzar las uvas y las desprecia diciendo que están verdes.

Una política dirigida a afirmar una presencia activa y abrir espacios de poder e influencia produce fricciones inevitables con otros actores. Eso no significa reducir la política exterior al conflicto, sino asumir la cara westfaliana de aquella y la naturaleza de las relaciones entre Estados, que son relaciones de poder, ya sea este duro o blando. La negación buenista del conflicto es una forma particularmente destructiva de engañarse. Da la impresión de que con Aznar, la revalorización del papel de España alcanza el umbral a partir del cual resulta incómoda para algunos. Me parece evidente que en la presidencia francesa de Jacques Chirac y en la cancillería de Gerhard Schröder se metabolizó mal la progresión internacional de nuestro país, con resquemores que, en el caso de Francia, se agravaban con la ampliación al este de la Unión.

El Tratado de Niza de 2001 confirmó la posición de España —aliada con Polonia en este empeño— como uno de los grandes de la Unión, también en términos políticos. Pero, al mismo tiempo, Niza avivó el recelo francés.

UNA FOTO PARA CELEBRAR EL EURO

El euro, la ampliación a los países del centro y el este y la lucha contra el terrorismo definieron la política europea de Aznar en sus ocho años de mandato.

El euro plasmaba el objetivo de la agenda reformista del Partido Popular en el Gobierno y el impulso modernizador de la economía española para dar el salto necesario en la creación de empleo y situarla en la cultura de estabilidad que exigía la moneda única. Pero el compromiso con el euro era esencial a la hora de situar a España en su lugar dentro de la Unión. El euro era la nueva gran creación de la arquitectura europea en la que España tenía la oportunidad de participar desde el principio. Era una exigente apuesta económica, pero sobre todo era un crucial objetivo político para nuestro país.

Son conocidas las escasas expectativas de que España pudiera entrar en el euro cuando el PP llegó al Gobierno en mayo de 1996. España no cumplía ninguna de las condiciones de convergencia (tipos de interés, inflación, déficit y deuda pública), y el paro superaba con creces el 20 por ciento. Es cierto que una tímida recuperación empezaba a despuntar tras la fulminante recesión de 1993-1994, pero estaba muy lejos de afianzarse y aún más lejos de ser suficiente para corregir los desequilibrios de nuestra economía en el plazo perentorio para el examen del euro.

España no solo entró, sino que se convirtió en una referencia por la seriedad de su compromiso. Hasta tal punto que el primer episodio de infracción del Pacto de Estabilidad en el que tenía que apoyarse el euro no vino de los sospechosos habituales del sur, sino de Francia y Alemania en forma de déficits excesivos. Los dos países no solo evitaron cualquier sanción, sino que lograron condicionar la política del Banco Central Europeo en forma de rebaja de tipos de interés que la economía española no necesitaba y que el Gobierno no deseaba ante el riesgo de que alimentara presiones inflacionistas en nuestro país.

El mensaje de Aznar, convertido casi en predicación, se centraba en insistir en que el euro había sido un éxito importante de nuestro país, pero era sobre todo un punto de partida hacia una nueva forma de ver la economía en términos de estabilidad, exigente con el equilibrio presupuestario y la contención de la inflación, necesitada de mejorar la competitividad y desprovista de instrumentos tradicionales como el recurso a las devaluaciones. Entre 1996 y 2004, España mantiene un crecimiento sostenido, alcanza el equilibrio presupuestario, reduce sustancialmente su deuda y da un salto sin precedentes en empleo y población activa, manteniéndose cómodamente en los parámetros del Pacto de Estabilidad. El euro fue un logro determinante, y es muy esclarecedor que incluso en plena recesión, ni siquiera con el auge del populismo de izquierda se haya reclamado en España la salida de la moneda única.

Cuando, ya de madrugada, volvimos del Consejo Europeo en Bruselas en el que formalmente se decidió qué países iban a formar parte como fundadores de la moneda única, todos los integrantes de la delegación nos hicimos una foto al pie del avión a la llegada a Torrejón. Creo que ha sido la única vez en que lo hicimos, pero la ocasión lo merecía.

LA PRUEBA DE ÁMSTERDAM

Apenas un año después de la llegada al Gobierno, Aznar tuvo que afrontar su primera prueba negociadora. La Unión había comenzado un nuevo ciclo constitucional. Este se traduciría en la sucesión de Tratados que terminarían con la llamada Constitución Europea y su posterior reescritura como Tratado de Lisboa después de que aquella fuera rechazada en sendos referendos en Francia y Holanda.

Fue precisamente en el Consejo Europeo de Ámsterdam, en junio de 1997, donde la delegación española con Aznar al frente se tuvo que emplear a fondo para salvaguardar la posición de nuestro país ante la futura ampliación. Tony Blair —citado por Inocencio Arias en su libro Los presidentes y la diplomacia— cuenta el episodio en sus memorias. Relata Blair cómo la presidencia holandesa siguió la estrategia de aislar a España cerrando los acuerdos con todos los demás para después presionar a Aznar con un acuerdo hecho al que solo le faltaba el sí español.

La presidencia holandesa no solo calculó mal la resistencia de Aznar a la presión, sino que agravó su error cerrando un acuerdo en el que España no había participado y que se le presentaba como un hecho consumado. Lo pudieron comprobar los jefes de Gobierno que fueron pasando para intentar ablandar la posición española. Aquello costó toda una noche de vigilia no prevista por los organizadores, que a medida que pasaba el tiempo nos iban suministrando peores sándwiches. Pero al final Aznar obtuvo la «Declaración 50», una declaración aneja al Tratado que, tecnicismos aparte, reconocía la situación especial de España en cuanto a su peso en el Consejo Europeo e instaba a las partes a encontrar una solución al caso especial de nuestro país en los Tratados. Era una cláusula de seguridad ante la ampliación de la Unión y funcionó con toda eficacia cuando reajustó la distribución de poder para acoger a 10 nuevos miembros. Esta declaración es la que años más tarde habilitaría a España para reclamar y conseguir en el Tratado de Niza un considerable aumento de su peso político en la Unión.

No fue la suerte del novato. Tal cosa no existe en las negociaciones de la Unión Europea. A lo largo de su mandato, Aznar tendría la oportunidad —y la necesidad— de acreditar un estilo propio político y personal que sus colegas entendieron muy bien.

El canciller Helmut Kohl fue uno de los jefes de Gobierno que pudo comprobar la firmeza de la posición española. Su apoyo fue decisivo para que saliera adelante la fórmula de compromiso enunciada en la declaración.

EL MAL FRANCÉS

Francia, sin embargo, era otro cantar. Un país de una enorme riqueza, de una densidad histórica y cultural extraordinaria, potencia nuclear y líder en Europa, parecía afectado por un «síndrome de declinismo», descrito entre otros por Nicolas Baverez en La France qui tombe, un análisis agudamente autocrítico que tuvo amplia repercusión.

El análisis de Baverez era esclarecedor:

Al no haber aceptado adaptarse al nuevo reparto de poder del siglo XX, Francia corre hoy un riesgo de marginalización en Europa y en el mundo, tanto mayor cuanto que mantiene un discurso de potencia desconectado de sus verdaderos medios de influencia y acción [...] Como quería ser la interlocutora privilegiada de las superpotencias, subestimó la fuerza del renacimiento británico, el florecimiento de los países mediterráneos y el despertar de las nuevas democracias de Europa Central y del Este, con Polonia en primera fila. Lo que no le impide demostrar un desprecio infundado hacia los pequeños países de Europa.

Internamente, Francia sufría el fracaso recurrente de hasta la agenda reformista más tímida. La cohabitación y la irrupción del Frente Nacional de Jean Marie Le Pen distorsionaban el funcionamiento del sistema político, que desde entonces ha tenido que hacer de cada elección un ejercicio agónico de contención del extremismo lepenista, por otra parte muy firmemente asentado en el electorado francés. Marsella o la banlieue parisina eran el espejo de la crisis del modelo republicano y el fracaso de su socialización en nuevas generaciones de franceses, no solo musulmanes.

En su posición internacional, y más específicamente europea, la reaparición del síndrome de declive puede rastrearse hasta la reunificación alemana en 1989. Las reticencias de Mitterrand hacia el reencuentro alemán tras el derribo democrático del Muro de Berlín fueron en su momento muy reveladoras. Y hoy, vistas en perspectiva, anunciaban un largo periodo en el que la política exterior y europea de Francia ha estado imbuida por el recelo y el temor, por mucho que a veces se hayan disfrazado de arrogancia. Una política situada a la defensiva en un entorno políticamente amenazador para la posición dominante de Francia.

Francia temía quedar descolgada de Alemania en la cabeza de la Unión Europea. Pero también recelaba del entendimiento Aznar-Blair y del consiguiente fortalecimiento del eje atlántico. Soportaba mal la hegemonía de Estados Unidos, ya sin competidor soviético. Recelaba de la ampliación al este con la incorporación de nuevas democracias salidas de las ruinas del comunismo, cuyos nuevos dirigentes se entendían en inglés y planteaban prioridades de seguridad que alimentaban la importancia de la relación transatlántica. Recelaba del reequilibrio de poder interno en la Unión a 25 y recelaba, en fin, de cualquier nuevo actor emergente.

Sin tener en cuenta esta tensión en la que se debatía la política europea, no puede entenderse cabalmente la profundidad que adquiere la crisis por la intervención militar en Irak. Irak actúa como catalizador de estas tensiones provocando en Francia una respuesta de agresividad contra Estados Unidos insólita entre aliados. Como observa Cristina Crespo:

Este desacuerdo no fue consecuencia directa de las posiciones tomadas en la crisis de Irak, sino que surgió mucho antes debido a las disensiones en el seno de la Unión y la inclusión de conflictos bilaterales de intereses nacionales.

Fue una sobrerreacción, un extraviado puñetazo encima de la mesa como autoafirmación de Francia en la escena mundial y europea, de la mano de la banalidad exterior de Schröder, de las renuncias de Zapatero bajo la coartada de «volver al corazón de Europa» y del acercamiento a Putin.

Era evidente que el problema de Francia no era un problema bilateral con España, pero resultaba también muy claro que en esta coyuntura concreta existían campos de fricción entre ambos países que el presidente Chirac se encargó de aumentar con su inamistosa y poco solidaria posición en el episodio de Perejil.

La relación con Francia adquirió una gran complejidad. Aznar invirtió mucho tiempo en ella y se esforzó por desarrollar una relación personal con Chirac en la que se prodigaron gestos de deferencia por las dos partes. No solo se evitó cualquier factor irritante, sino que se cuidaron al máximo las presencias de Chirac en España. Recuerdo la cumbre hispano-francesa celebrada en Salamanca, con una espléndida ceremonia de bienvenida y honores militares en la plaza Mayor y el recibimiento que dispensaron los salmantinos que llenaban la plaza. Chirac, impresionado y satisfecho por aquel recibimiento popular, tan inusual en estas ocasiones, no se cansaba de estrechar manos y saludar a la gente. Luego confesó lo mucho que había disfrutado con aquel inesperado baño de multitudes. En octubre de 1999, el presidente francés realizó una visita de Estado a España acompañado de su mujer. La visita estuvo precedida de una estancia privada en Córdoba en la que Aznar y Ana Botella atendieron personalmente a los Chirac.

Aznar se podía entender en francés con Chirac, y los encuentros bilaterales fueron más frecuentes que con la mayoría de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. El primero de estos encuentros fue un almuerzo muy reducido en el Elíseo que me permitió descubrir, para mi sorpresa, que Chirac era un francés que no bebía vino sino cerveza y no comía queso. Agradezco el alivio que me produjo ver al presidente de la República Francesa rechazar una magnífica fuente de quesos que nos ofrecieron a los demás comensales. Lo de magnífica solo me lo imagino. El caso es que yo, que detesto el queso, hice lo propio cuando me lo ofrecieron, ya sin ningún apuro ni riesgo de parecer descortés.

Más allá de sus temores y recelos, Francia era y es, junto con Alemania, el país central de la Unión, primer socio comercial de España y aliado esencial en la lucha contra ETA. Nada de eso se puso en cuestión. Paradójicamente, era Chirac quien parecía sobrevalorar las posibilidades de España, mientras que nuestro país nunca impugnó el papel dominante de Francia en la Unión ni rebajó la importancia de la relación bilateral. España era un país en ascenso, pero no era Francia ni lo iba a ser en un futuro previsible. Nada de eso se puso en cuestión. Se trataba de la defensa de intereses legítimos por dos políticos curtidos. Chirac, por su parte, no perdió la oportunidad de aprovechar el cambio de Gobierno en España para potenciar la agenda internacional francesa.

LA AMPLIACIÓN, NIZA Y CONTRA NIZA

Francia y Alemania sabían que España no era un socio cómodo. Como el pequeño de los grandes y el grande de los pequeños —una descripción que tuvo éxito en los círculos comunitarios—, España tenía que trabajar a dos vertientes resolviendo las aparentes contradicciones de esta posición. Contradicciones que parecían darse, por ejemplo, en el caso de la ampliación. Nuestro país dio un apoyo destacado a la incorporación de los nuevos miembros, aunque era consciente de que supondría una nueva batalla por los fondos que recibíamos de la Unión. Se trataba de evitar el denominado efecto estadístico que elevaba nominalmente nuestra riqueza relativa en la Europa a 25 simplemente por la incorporación de países de renta mucho menor.

Recuerda Ramón de Miguel, entonces secretario de Estado para la Unión Europea:

[Esta posición del Gobierno] le hizo ganar la confianza de la mayor parte de los países candidatos [...] El resultado de todo esto fue que en los seis meses de Presidencia española del primer semestre de 2002 y contra todo pronóstico se lograron cerrar todos los aspectos técnicos de la ampliación quedando únicamente abierto el tema financiero, por imposición de Alemania, que fue cerrado en la cumbre de Copenhague en diciembre del mismo año.

La ampliación no solo era la culminación de la tarea histórica de la Unión después de la derrota del comunismo simbolizada en el derribo del Muro de Berlín. Eso ya habría sido suficiente para apoyarla. Conllevaba además un reequilibrio interno de la Unión, un nuevo reparto de las cartas, exigido por las necesidades de una Unión que tenía que prepararse para funcionar con 25 miembros. El euro y la ampliación venían a significar una nueva Unión Europea. España, que en 1957 había estado ausente en su fundación, podía y debía tener ahora un papel relevante en su refundación.

Definir el nuevo equilibrio dentro de la Unión una vez que se produjera la ampliación era precisamente el objeto del nuevo Tratado que se cerró en el Consejo Europeo de Niza en diciembre del 2000.

Basta con traer a colación lo que Javier Elorza —representante permanente (embajador) de España ante la Unión Europea en el periodo 1994-2000 y uno de los mayores expertos españoles, que tuvo responsabilidades muy destacadas con los Gobiernos de González y Aznar, entre ellas la representación de nuestro país en las negociaciones de los Tratados de Maastricht y Ámsterdam— dice:

En la Conferencia de Niza del 2000, la España del presidente Aznar consiguió revisar los votos del Consejo eliminando el último punto negro del Acta de Adhesión en la que los grandes recibieron diez votos y España solo ocho. Niza representó un enorme éxito, España logró 27 votos en el Consejo y cada uno de los cuatro grandes solo 29. Más tarde, en la Conferencia de Lisboa, el Gobierno del presidente Zapatero cedería inexplicablemente y sin contrapartida alguna esa posición envidiable al introducirse el voto por doble mayoría [votos en el Consejo y población] por presión alemana.

Javier Elorza acierta al hablar, no del éxito de Aznar sino de «la España del presidente Aznar». La política exterior es función de la solidez interna de un país, y sus logros no son ajenos a ella. Si era un éxito, y lo era, era un éxito nacional.

Aquel mes de diciembre fue bueno para los acuerdos. Mientras Aznar y su equipo negociaban en Niza, en Madrid conseguíamos cerrar el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo.

El 28 de febrero de 2002, en plena Presidencia española, correspondió a Aznar abrir formalmente los trabajos de la Convención creada el año anterior por los líderes europeos en su reunión de Laeken (Bélgica). El mandato de este órgano, presidido por el expresidente francés Valéry Giscard d’Estaing, era el de elaborar un documento para simplificar y organizar el derecho constitutivo de la Unión (derecho primario). El documento sería presentado en la Conferencia Intergubernamental (CIG) que debería decidir sobre un nuevo tratado que se conocería popularmente como Constitución Europea. Pero el trabajo de la Convención no resultó tan políticamente neutral como sugería el mandato recibido. A pesar de las seguridades de que el nuevo tratado no afectaría a los intereses españoles, en la fase final de los trabajos de la Convención, Giscard declaró que existía consenso para modificar el reparto de votos de poder acordado en Niza. Si existía tal consenso, desde luego en él no participaba España, que, de nuevo, era objeto de la estrategia de aislamiento. Alejandro Muñoz-Alonso, senador y participante en la Convención, recogió la sensación de que aquella era «una escenificación franco-alemana de la operación para escamotear a España lo conseguido en Niza». A tal punto llegaba la ansiedad francesa que París aceptaba por primera vez un peso menor que el de Alemania con tal de que se rectificara ese acuerdo.

España expresó su oposición pero, inteligentemente, evitó una actitud numantina, a la espera de que pusieran contrapartidas encima de la mesa. No ocurrió. Así se puso en evidencia que lo que se pretendía era una renuncia pura y simple a la posición alcanzada sin intención de negociar compensación alguna por parte de Francia y Alemania.

Las pretensiones de los dos países tuvieron que esperar. Hizo falta que el PP perdiera las elecciones en 2004 para que aquellas se cumplieran en el Tratado de Lisboa, elaborado con los restos del naufragio de la Constitución Europea tras ser rechazada por los electores franceses y holandeses. La falta de apoyo del Partido Socialista a la posición de nuestro país en este duro debate anticipaba lo que ocurriría después.

IRRUMPE ZAPATERO

La respuesta de Francia y Alemania frente a lo que percibían como el cuestionamiento de su posición hegemónica en la Unión fue la de acentuar la proyección del eje París-Berlín. Chirac no se recató a la hora de aleccionar a los nuevos socios del centro y el este de Europa sobre quién mandaba en la Unión Europea. Las dos capitales se afanaron en rectificar el reparto de poder acordado en Niza. Ambos países se arrogaron en exclusiva la voz europea y aprovecharon la crisis de Irak para hacer cuanto pudieron para que descarrilara el esfuerzo diplomático que la Administración Bush había situado en el ámbito multilateral (ONU) y atlántico (OTAN). Se esforzaron por dar forma a Europa como contrapoder de Estados Unidos, y para que no hubiera duda, inmediatamente con motivo de la crisis de Irak escenificaron un estrecho acercamiento a Putin que ponía en cuestión las bases de la seguridad en el Continente. Era, efectivamente, la Europa contrapoder de Estados Unidos. Sería bueno tener presente estos antecedentes antes de lamentarse por el desapego que Trump siente por Europa y la OTAN o por la presión expansiva de Rusia sobre sus vecinos.

Se comprende bien la indisimulada satisfacción que produjo en Chirac y Schröder que a las primeras de cambio José Luis Rodríguez Zapatero renunciara a la cuota de poder alcanzada por España en el Tratado de Niza y provocara la quiebra de las relaciones con Estados Unidos no solo por la retirada de las tropas españolas de Irak sin esperar a la resolución que se preparaba en la ONU para dar cobertura a las fuerzas de estabilización, sino por animar a los aliados de Washington a hacer lo mismo. Chirac y Schröder sabían muy bien que renunciando a Niza y rompiendo con Washington, España volvía al pelotón. Y lo habían conseguido sin despeinarse.

Zapatero, pues, se aplicó en hacer méritos para ser acogido calurosamente a la sombra del eje. Y hay que reconocer que cumplió milimétricamente con el guion que la entente franco-alemana asignaba a España. El 18 de marzo de 2005, el diario El País ofrecía el siguiente titular: «Zapatero, Chirac y Schröder respaldan la política de Putin en un encuentro celebrado en París». En la crónica, el corresponsal del periódico, Peru Egurbide, citando fuentes diplomáticas de los tres mandatarios, explicaba que «el objetivo último de la reunión es enterrar cualquier atisbo o sospecha de diferencia surgida al calor de las polémicas públicas que últimamente han arreciado, sobre todo en Francia, en torno al presidente ruso y su política interior y la que desarrolla en Chechenia». En lo que parecía un arrebato, Chirac llegó a evocar nada menos que «la voluntad de construir juntos [con Rusia] una comunidad de destino» (las cursivas son propias). Comparado con los Chirac, Zapatero y Schröder, las amistades peligrosas de Trump y Putin que tanto escándalo han levantado parecen una mera anécdota.

Ahora bien, Zapatero no solo se sumó a ese camino hacia la comunidad de destino con Rusia y Putin. Desmantelar con estruendo la política exterior española pasaba por distinguir al turco Recep Tayyip Erdogan como socio en la Alianza de Civilizaciones, una ocurrencia improvisada para dar algún contenido a la intervención del entonces presidente del Gobierno español en la Asamblea General de Naciones Unidas. Producto de la factoría buenista, la Alianza consumió una generosa dotación económica que, mientras duró, le permitió mantenerse en los talking shops de Naciones Unidas y servir de escaparate para Zapatero, quien culminó su hermanamiento con Erdogan celebrando el fin del ayuno del Ramadán en septiembre de 2008. Erdogan ya apuntaba maneras. Ya no era aquel presidente recién elegido que seis años antes, en 2002, fue recibido en Madrid y al que Aznar expresó su apoyo a la adhesión turca a la Unión Europea. También aquí la perspectiva que da el tiempo es inapreciable.

LA MONCLOA VOLANTE

La agenda de un presidente contiene un mensaje político. La primera forma en que un mandatario comunica es seleccionando su actividad, lo que exige criterio político para valorar el fondo y la oportunidad de lo que se incluye en la agenda, la capacidad organizativa para llevarlo a cabo y la preparación de la cobertura informativa que permita a los medios transmitirlo a la opinión pública.

En la agenda presidencial, en su hacer o no hacer, hay casi siempre un lenguaje, a veces explícito y comprensible para todo el mundo, otras veces cifrado con algunas claves que dan trabajo de interpretación a los analistas políticos. Este código es especialmente significativo en la actividad internacional del jefe de Gobierno.

En el mes de mayo de 1996, días después de su toma de posesión, José María Aznar tuvo su primer encuentro oficial con un mandatario extranjero, el presidente de la República Portuguesa, Jorge Sampaio. El 27 de ese mes realizó su primer viaje oficial a Marruecos. El 1 de junio viajó a París, y el 12, a Bonn. Se confirmaba una práctica que subrayaba el valor prioritario de las relaciones con nuestros vecinos y la importancia evidente de las relaciones con Alemania y Francia.

Estas decisiones no constituían una sorpresa, sino que mantenían una línea de continuidad en los anclajes de la política exterior de nuestro país. Este era el mensaje.

En otras ocasiones, la definición de la agenda presidencial contiene mensajes más innovadores. Cuando el presidente Bush decide empezar en España su primer viaje oficial a Europa, el significado de este gesto no podía pasar desapercibido para cualquier observador mínimamente cualificado.

Todo tiene una interpretación. No pasar una noche en el país visitado puede fácilmente ser entendido como una descortesía hacia la nación anfitriona o una expresión de falta de interés. Tampoco es recomendable aprovechar una visita bilateral a Italia para, de paso, pedir una audiencia con el Papa. Probablemente la Secretaría de Estado de la Santa Sede lo interpretará como una desconsideración.

Conviene que el presidente vaya debidamente informado de las peculiaridades protocolarias, usos gastronómicos y singularidades culturales o religiosas. En El Salvador, por ejemplo, el protocolo dicta la interpretación del himno nacional al comienzo de cualquier acto oficial de cierta relevancia. Ocurre que una jornada oficial puede incluir cuatro o cinco actos de esta naturaleza, y el himno salvadoreño —una preciosa pieza, por cierto— dura 7 minutos y no tiene, como el español, una versión abreviada.

Otras veces, las peculiaridades son de otra naturaleza. En el Hotel Rey David de Jerusalén negaron cortésmente a Aznar el helado que había pedido de postre después de comer un filete. La prohibición hebraica de mezclar carne y leche se aplicaba a todos los huéspedes de este histórico hotel, observante de la práctica kosher.

Tuvo su interés ver a Aznar —poco proclive a las preparaciones exóticas— intentando arreglárselas con los palillos en la magnífica cena que le ofreció el primer ministro japonés. La decoración de los platos y el servicio solo podían ser superados por un apreciable Vega Sicilia Único de la bodega del primer ministro que se sirvió como gesto hacia el huésped español. La reunión previa auguraba una cena cuando menos tediosa. El primer ministro japonés estaba en vísperas de una cumbre con el presidente ruso Boris Yeltsin con la disputa sobre las islas Kuriles como fondo de la reunión, y no parecía tener la cabeza muy concentrada en la agenda de las conversaciones hispano-niponas.

Las dificultades de la reunión se prolongaron hasta el comienzo de la cena. Aznar fue presentando a los comensales por parte española a la esposa del primer ministro. Y fue al mencionar mi nombre —Javier— cuando apareció un buen punto de apoyo para cambiar el registro de la conversación. La mujer del primer ministro había estudiado en un colegio católico y el santo navarro le era bien conocido, además de ser un personaje relevante para muchos japoneses. El primer ministro entró en la conversación, y la cena siguió por buenos derroteros tanto gastronómicos como políticos hasta terminar con el habitual intercambio de regalos en un ambiente de cordialidad que habría resultado impensable un par de horas antes. La visita fue muy bien y se sacaron adelante los objetivos más importantes, entre los cuales figuraba resolver un problema sobre la cuarentena de los cítricos españoles exportados a Japón, que suponía una cantidad muy importante de dinero para nuestros productores.

El hecho de recibir una visita o realizar un viaje oficial, establecer el orden de los países que se visitan y, por supuesto, el contenido de la agenda, son decisiones políticas en las que tiene una intervención determinante la figura del asesor diplomático, que en nuestra terminología era el director del Departamento Internacional integrado en el Gabinete del Presidente. Los asesores diplomáticos han ido adquiriendo una importancia creciente al hilo de la preeminencia del jefe de Gobierno en la actividad exterior. Forman, además, un circuito en el que se comunican con rapidez y eficacia. Durante los ocho años de Aznar en la Moncloa ocuparon ese puesto Ramón Gil-Casares, un diplomático inteligente y agudo, gran conocedor de Estados Unidos, donde posteriormente fue nombrado embajador, y Alberto Carnero, un profesional riguroso, de buena cabeza y fino sentido del humor, luego embajador en Austria y China.

EL OFICIO DE VIAJAR

Todos los viajes del presidente requieren la visita previa de un grupo de avanzada dirigido por el Departamento de Protocolo, en el que junto a funcionarios de este departamento —con frecuencia el propio director— viajan responsables de seguridad, comunicaciones y prensa. La visita previa tiene como finalidad recorrer todos los lugares que se incluyan en la visita y estudiar sobre el terreno, de acuerdo con las autoridades del país anfitrión, todos los detalles de la organización y la logística y, por supuesto, la cobertura informativa —desplazamiento del grupo de periodistas, centro de prensa, acceso a los actos, ruedas de prensa—. Y algo importante, se trata de conocer a los interlocutores de cada área con los que habrá que tratar durante la visita. La seguridad es una cuestión primordial. No solo es precisa una evaluación de los riesgos genéricos y específicos que presenta cada país, sino también la valoración de los medios de que dispone el Estado anfitrión y las facilidades que concede a los responsables de la seguridad del presidente. A veces había que llevar perros adiestrados para la detección de explosivos y medios electrónicos especiales para neutralizar posibles intrusiones. En función de las condiciones y de la infraestructura sanitaria del país, se reforzaba el dispositivo de atención médica, que siempre tenía trabajo en viajes largos con delegaciones amplias.

Hay que trabajar con la embajada de España en el país y con las autoridades locales todos los aspectos de la estancia del presidente y la delegación que lo acompaña. Para asegurar que las cosas transcurren como estaba previsto, la lista de todo lo que hay que decidir y comprobar es larga: alojamientos, organización de las caravanas y otros medios que pueden ser necesarios para determinados desplazamientos, como avión o helicóptero, control de tiempos de los desplazamientos, asistentes a las diversas reuniones e invitaciones a cenas o recepciones oficiales, discursos, y en algunos casos peculiaridades como la forma en que se rinden honores y las diferentes formas de saludo a la bandera o la indumentaria específica para una determinada ocasión.

Con el trabajo de campo realizado por el equipo de avanzada se cerraba el programa. La información que aportaba permitía valorar la oportunidad o la viabilidad de determinados contenidos del programa que, de este modo, se suprimían o se modificaban. Cuando el jefe de Gobierno viaja, recibe múltiples peticiones para que conceda entrevistas, asista a los actos más diversos o atienda a personalidades de todo orden. Pero hay que elegir, porque los programas de los viajes apenas dejaban huecos.

En paralelo se desarrolla el trabajo político para fijar la agenda de las conversaciones: los objetivos de la visita, la identificación de los principales problemas bilaterales y los mensajes a transmitir en todas las formas en que esto se puede hacer: ruedas de prensa, discursos, conversaciones y el propio programa, cuyo contenido es el primer mensaje que se envía.

Era habitual que Ana Botella acompañara a su marido en los viajes oficiales, lo que le permitía desarrollar algunas actividades propias. La presencia de la mujer del presidente tenía un valor representativo real y una positiva proyección mediática. Es una persona accesible y curiosa a la que gusta la relación con la gente, y muestra un genuino interés por las personas y sus problemas. Más de una vez en la Moncloa, el vicesecretario general o yo mismo recibíamos una llamada de Ana Botella pidiendo que se hiciera todo lo posible por resolver un problema de alguien que trabajaba en el complejo y que le había llegado por alguna vía que no conocíamos. A pesar de la fuerza de la personalidad de su marido, Ana Botella ha tenido siempre un perfil propio que también aparecía en los viajes oficiales. Este era especialmente notorio en los viajes a países iberoamericanos, donde Ana mostraba su sensibilidad ante los problemas sociales apoyando con su presencia diversas iniciativas de cooperación y la acción de organizaciones locales.

«SI ENCUENTRAS UNA SILLA, SIÉNTATE»

Un viaje oficial no son unas vacaciones. El tiempo del presidente, al menos en el caso de Aznar, se exprimía al máximo. Había que hacer muchas cosas en un tiempo que por definición es escaso, en países a los que normalmente no se volverá en el mismo mandato. Hay que trabajar con el cambio horario sin tiempo para adaptarse. Con frecuencia se cambia de clima y de comida. Subir escaleras en La Paz a 3.500 metros de altura o intentar mantener una camisa presentable en el calor húmedo de Manila son desafíos serios. Algunos programas se convierten en una prueba de condiciones físicas. Siempre conviene seguir las sabias recomendaciones atribuidas al marqués de Mondéjar, primer jefe de la Casa de Su Majestad, que se han convertido en la guía del viajero oficial: «Cuando te ofrezcan comida, come; cuando encuentres una silla, siéntate; cuando veas un cuarto de baño, entra, porque nunca sabes cuándo podrás volver a comer, a sentarte o a encontrar un cuarto de baño».

Las jornadas empiezan muy pronto y acaban muy tarde. Si el cambio horario lo permite, al comienzo del día hay que recibir la información de España y despachar los asuntos más urgentes, y después de que termina el programa oficial hay que repasar la agenda del día siguiente, resolver las incidencias que hayan surgido y a menudo tratar las últimas correcciones al discurso, conferencia o brindis que el presidente habrá de pronunciar al día siguiente. Y eso contando con que, mientras tanto, en España no haya pasado nada especial.

Un viaje oficial de cierta duración es una experiencia de convivencia no siempre fácil entre autoridades, funcionarios y periodistas. Viajar con un grupo de periodistas cualificados como los que cubren la información de la Presidencia del Gobierno, que durante unos días conviven con el presidente, crea una presión comprensible. Si además la política interna española genera algún asunto mientras el presidente se encuentra de viaje oficial, la presión de los medios sobre los periodistas enviados al viaje, y de estos sobre el presidente y la delegación oficial, es aún mayor. Seguramente el caso más claro fue el de la declaración de la tregua por parte de ETA en septiembre de 1998 durante la visita a Colombia y Perú, que hizo que lo ocurriera en Lima descendiera a un interés menor respecto a la gran noticia del día.

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MISIONES DISCRETAS

PREFACIO SOBRE LA DERROTA DE ETA

Veinte años después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, el diario El Correo recogía en su portada del 8 de julio de 2017 tres titulares significativos. El primero, a cinco columnas, decía: «Bildu bloquea declaraciones institucionales en memoria de Miguel Ángel Blanco», declaraciones que se habían presentado en los Ayuntamientos de Vitoria y San Sebastián, alegando «no compartir el relato» que se establecía en esos textos sobre el secuestro y asesinato del concejal del PP de Ermua.

Una segunda información se encabezaba con este titular: «División entre quienes quieren pasar página o recordar a las víctimas». El periódico se refería a las conclusiones del estudio «La sociedad vasca ante la memoria de las víctimas y el final del terrorismo» realizado por el director del Euskobarómetro, el sociólogo Francisco Llera. Según este informe, a la pregunta de cuál sería la decisión más adecuada para tratar el pasado de violencia, el 43 por ciento se mostraba favorable a cultivar la memoria de las víctimas mientras el 44 por ciento prefería pasar página.

La tercera información, también destacada en portada, citaba palabras de la jueza francesa Laurence Le Vert en su intervención en las jornadas organizadas en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander en aquellas fechas: «ETA está devolviendo las armas con cuentagotas». La información interior señalaba que la magistrada francesa contradijo abiertamente la versión sobre el desarme de la banda ofrecida por los autodenominados artesanos de la paz, que consideraba «poco creíble».

También por aquellos días apareció el libro del antropólogo Mikel Azurmendi, El relato vasco, que se iniciaba con una afirmación concluyente: «Sin lugar a dudas, ETA no ha salido derrotada».

Decir que ETA no ha sido derrotada es una afirmación que pugna hasta el escándalo con aquellas posiciones que contestan desafiando a explicar en qué ha triunfado la banda: Euskadi no es independiente, Navarra sigue siendo una comunidad separada de la vasca, los terroristas no han sido capaces de mantener su desafío violento al Estado, y su partido ha tenido que aceptar, al menos nominalmente, la legalidad.

Afirmar o negar la derrota de ETA —más allá de su fracaso operativo como banda criminal, que es innegable— depende, en buena medida, del grado de deconstrucción al que sometamos al fenómeno terrorista. Pero la deconstrucción es siempre un proceso de pérdida de sentido. Por eso, si limitamos a ETA a una banda criminal, su derrota es inapelable. No mata porque, aun queriendo, no puede. No mata porque el Estado de derecho ha ganado; porque el terrorismo hace tiempo ha dejado de ser un asunto local para convertirse en una amenaza global y el mundo no tiene el horno para estos bollos. Porque su relevo generacional era el producto jatorra de las herriko tabernas y la gasolina, habitantes de una burbuja delirante de fascinación por la violencia metabolizada con porros y alcohol. ETA ha sido derrotada porque la acción de las fuerzas de seguridad, la justicia y el fortalecimiento de la colaboración internacional han achicado sus espacios de impunidad.

Ahora bien, si en lugar de llegar al nivel de deconstrucción más favorable a este análisis pensamos en ETA como un fenómeno terrorista complejo, de evidentes implicaciones políticas, que ha condicionado no solo la evolución del nacionalismo sino que ha conseguido modelar —es decir, deformar— el paisaje cívico y el tejido político del País Vasco, entonces el juicio sobre su derrota tiene que ser más matizado.

Para empezar, el constitucionalismo se ha convertido en residual, y lo que queda se sitúa en una posición netamente ancilar respecto al nacionalismo. Tanto es así que cuando el propio presidente del Gobierno acudió a Bilbao el año pasado a homenajear la memoria de Miguel Ángel Blanco, el mensaje que salió de aquel acto, según destacaron todos los medios, fue un elogio de la moderación del PNV, a pesar de que esa misma semana se había negado a suscribir una declaración del Congreso de los Diputados en homenaje al concejal del PP asesinado.

Aquellos días de recuerdo, dos décadas después de la atrocidad, sirvieron para acreditar —por si hiciera falta— que esa aparente condena del terrorismo etarra que llevó al Tribunal Constitucional a legalizar a Sortu «no aparece por ningún lado», por citar las palabras del premonitorio voto particular del magistrado Manuel Aragón. Sortu, solo o en compañía de sus socios en Bildu, bloqueó hasta las más decoloradas declaraciones sobre el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Para remachar el clavo, los presos de ETA, por boca de Antonio López Ruiz, Kubati, asesino de Yoyes, hacían una declaración de «acatamiento» a la legalidad, recibida como ya suele ser habitual, con una injustificada sobrevaloración. Primero, porque no se sabe cuál creen los presos que es la alternativa a que acepten la legalidad; segundo, porque tratándose de los presos resulta indiferente que acepten o no la ley que, en todo caso y por definición, se les aplica contra su voluntad. Y tercero, porque dejaron claro que de condena política del terrorismo, nada, y de colaborar con la justicia para hacer justicia, tampoco. En esto han seguido el guion de sus mayores, que diferencian un nebuloso «reconocimiento» del daño causado, como si este no fuera evidente, pero dejan intacta su legitimación, la justificación de haber segado vidas con sus atentados y las razones perversas que alegaron quienes los cometieron.

Lo que declararon los presos etarras en línea con sus maestros políticos abundaba y prolongaba una línea que la izquierda abertzale ha venido desarrollando con éxito al calor de ese difuso y descomprometido deseo de pasar página. No se ha planteado ningún juicio político sobre lo ocurrido en décadas de terror, sino que se pretende reducir el asesinato y la coacción a una cuestión privada y personal que debe ser resuelta sobre todo por las víctimas. Porque en estas ganas de pasar página, son las víctimas y no los asesinos las que tienen que demostrar su «altura de miras» dispensando el perdón que libere a ETA de su responsabilidad. De ahí esa pulsión por los abrazos vacuos, como recuerda Azurmendi en su libro, por buscar una reconciliación impostada y artificiosa, forzada sobre las víctimas hasta el punto de la coacción moral —o se perdona o se está en contra de la paz—, en la que se entiende que un gesto de los victimarios, cuya autenticidad ni siquiera se discute, tiene que ser correspondido con una expresión obligatoriamente generosa por parte de sus víctimas.

En esta lógica se explica que la memoria de Miguel Ángel Blanco que se quiso proyectar veinte años después fuera privada de su significado político y cívico real en favor de una versión puramente sentimentalizada de lo que aquel crimen horrendo significó. Si Miguel Ángel Blanco hubiera sido nacionalista, hoy estaría vivo. Esta es una verdad incómoda, pero si se prescinde de ella, se renuncia a la realidad de lo que ha ocurrido en la sociedad vasca. Joseba Arregui recordaba:

ETA mató por razones políticas, por un proyecto político radical nacionalista, pero nadie, repito, nadie, quiere preguntarse si el terrorismo de ETA y la derrota de ETA deben tener alguna consecuencia en la valoración del nacionalismo en su conjunto y sobre todo en su radicalidad.

Mientras la extrema izquierda populista y el nacionalismo se han esmerado en embarrar el terreno devolviendo a ETA el favor de haber sido la vanguardia violenta contra la Constitución, un imperativo de verdad obliga a recordar las palabras ya citadas de Jon Juaristi que, en esa insuperable descripción, calificó el crimen como «la represalia prometida contra el maketo insumiso». La victoria ya alcanzada no debe hacer olvidar la que queda por alcanzar.

TREGUA EN EL AMAZONAS

El 16 de septiembre de 1998 estaba en el Amazonas. Acompañaba al presidente Aznar en su viaje a Colombia y Perú y el programa preveía que, antes de llegar a Lima, pisáramos suelo peruano en la localidad de Iquitos, la capital amazónica del país, para visitar una iniciativa de la cooperación española en la zona —una planta de envasado de palmitos— y reunirnos con los cooperantes y los trabajadores de aquella planta. Recuerdo que nos ofrecieron una comida en la que no faltó el caimán, que probé por primera vez sin ninguna aprensión. Mientras esto ocurría, ETA hacía público un comunicado en el que declaraba la suspensión ilimitada —o «general e indefinida», según las traducciones del texto en euskera— de las acciones armadas y establecía que «el alto el fuego general» comenzaría dos días después, el día 18.

Se ha dicho con frecuencia que la declaración de ETA sorprendió al Gobierno con el pie cambiado. No es en absoluto cierto. No solo se conocían los movimientos de acercamiento entre PNV, Eusko Alkartasuna y Batasuna desde poco después de las jornadas de Ermua, sino que los servicios de la lucha antiterrorista habían adelantado este escenario con mucha aproximación. Se preveía una tregua larga, aunque no indefinida, y se tenía por seguro que esa tregua estaba vinculada al acuerdo político de PNV y EA con Herri Batasuna —entonces Euskal Herritarrok (EH)— y ETA. Arzalluz fue haciendo su labor de venta del acuerdo cuando unos días antes, en un foro de empresarios guipuzcoanos promovido por el PNV y la Fundación Adenauer, declaró: «Estamos viviendo el final de ETA. La sociedad está concienciada y, psicológicamente, ellos están bastante acorralados, incluso en sus cuarteles».

En previsión de acontecimientos se dispuso un sistema vía satélite —recuérdese que estamos en 1998— que aseguraba la comunicación del presidente en cualquiera de los lugares que tenía que visitar. De hecho, el sistema se estrenó con éxito cuando Aznar y su mujer, Ana, junto con Pastrana, presidente de Colombia, y su mujer, quedaron aislados por la niebla en su visita a la Sierra Nevada de Santa Marta.

En el vuelo a Lima pudimos analizar con más calma el texto del comunicado y empezar a considerar la primera reacción.

La tregua venía precedida de la Declaración de Estella suscrita por PNV, EA, EH, EB (Izquierda Unida del País Vasco), los sindicatos Eusko Langileen Alkartasuna (ELA) y Langile Abtertzaleen Batzordeak (LAB) y otras organizaciones nacionalistas. El Pacto de Estella (de Lizarra-Garazi, en la versión nacionalista), que se hizo público el 12 de septiembre, utilizaba el acuerdo de paz que se había alcanzado en Irlanda del Norte para trasladar al País Vasco la exigencia de una negociación política sobre «territorialidad» —es decir, Navarra y País Vasco francés—, «sujeto de decisión» —otra manera de decir que se decidiría quién era y quién no era vasco— y soberanía. Pero aún había otra pieza —esta de compromisos secretos— en el entramado de acuerdos nacionalistas.

El 30 de julio, el PNV, EA y ETA habían firmado un acuerdo, que no se dio a conocer, consistente en cuatro puntos. El primero se refería al compromiso de los firmantes de «dar pasos efectivos para la creación de una institución única y soberana» que reuniera a los territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, más Navarra y los territorios del País Vasco francés. El segundo establecía el compromiso de constituir un frente nacionalista que, como consecuencia, y así lo establecía el tercer punto, significaba abandonar los acuerdos con PP y PSOE. Entonces, punto cuarto, ETA se comprometía a un alto el fuego indefinido. El PNV y EA negaron que tal acuerdo se hubiese concluido porque ETA no aceptó los «anexos» que ambos partidos propusieron con una interpretación que quería atenuar el tono exigente de los compromisos adquiridos en el acuerdo. Como no había habido acuerdo en todo, porque ETA había rechazado los documentos de desarrollo, no había habido acuerdo en nada. El argumento podía ser formalmente correcto, pero carecía de sustento en la práctica porque las firmas de PNV, EA y ETA figuraban en el papel y esa fue la base de la Declaración de Estella. Esta controversia en la que se enredaron los dos partidos nacionalistas y ETA meses después de la ruptura de la tregua puso de manifiesto que desde su arranque existieron tensiones entre las expectativas de ETA y las de los dos partidos nacionalistas, que tenían su propia agenda sobre los objetivos y el ritmo que la banda terrorista quería imponer al proceso. De ahí que ya desde el primer momento ETA no dejara de insistir en que los partidos del frente de Estella debían evitar «lecturas erróneas» de la tregua, porque no era la «paz» lo que se dilucidaba sino la «construcción nacional», y que debían «definir el proceso», es decir poner plazos, iniciativas y mecanismos concretos para hacer efectivos los compromisos adquiridos, ya fuera la ruptura de acuerdos con los partidos «españoles» o la entidad vasca única y soberana —y ya puestos, también transautonómica y transnacional—. De este modo, el PNV vio pronto las dificultades que tiene cabalgar un tigre, sobre todo cuando el propio PNV le había dado de comer al asumir sus objetivos.

En previsión de males mayores, el propio Arzalluz hizo alusión a este acuerdo secreto nada menos que en el CESID durante una visita a la sede del servicio de inteligencia. La escena puede parecer surrealista, pero el presidente del PNV dijo allí a la dirección del centro y a su personal más cualificado que, como estaba convencido de que tarde o temprano conseguirían el documento, les explicaba en qué había consistido y que el compromiso con ETA había quedado invalidado porque la banda terrorista no había aceptado el desarrollo y la interpretación del acuerdo que les habían propuesto. Lo mismo que comentó a Aznar en la primera reunión que mantuvieron después de declarada la tregua.

Arzalluz quiso desactivar así, con escaso éxito, el efecto explosivo de un acuerdo secreto con ETA que la banda podría aprovechar, como así hizo meses después.

El comunicado de tregua tenía el tono triunfalista habitual en las comunicaciones de ETA. Pero incorporaba algunos elementos significativos. Presentaba la situación como el reencuentro de la familia nacionalista veinte años después de la fractura que causó ETA al negarse a entrar en el juego político democrático establecido por la Constitución y el Estatuto. Para ETA se trataba de un reencuentro en torno a la ruptura y la independencia, por lo que la banda se felicitaba de que «quienes apostaron a favor del autonomismo (los partidos nacionalistas PNV y EA, el sindicato ELA y muchos abertzales honestos) se han dado cuenta de la esterilidad de ese camino». ETA alertaba frente a los que quisieran postergar «una solución política adecuada [por un simple] deseo aséptico de paz», reiteraba sus exigencias, sin mencionar nada en relación con los presos, y además de la exigencia de abandonar todo acuerdo con los partidos no nacionalistas, animaba a la «persecución social [contra los] enemigos» del proyecto.

RESPUESTA DESDE LIMA

El efecto de la declaración de tregua fue enorme. No había precedente de una decisión semejante. La movilización que se había producido un año antes y la eficacia de la lucha antiterrorista alimentaban la impresión de que esta vez sí, ETA había tomado la decisión de dejarlo. Fernando Savater, por ejemplo, declaró en el programa Los desayunos de TVE que, aunque se trataba de una «maniobra electoral», el proceso no tenía «vuelta atrás» porque la sociedad «difícilmente perdonaría una recaída salvo que haya un grupo disidente que vaya por ahí a hacer cualquier barbaridad», y se mostraba partidario de acercar a los presos a las cárceles del País Vasco porque el alejamiento era «una carga para las familias [y no se debía] penalizar a las familias por lo que han hecho determinados miembros de ellas».

Se creyó que con este comunicado ETA expresaba su desistimiento en favor de una alianza nacionalista que, por radical que fuera, sería en todo caso pacífica. Esta era la interpretación que se situaba en la mejor hipótesis y que venía a coincidir con el relato que el PNV quería extender. La cuestión era si la sociedad vasca —y España en su conjunto— aceptarían como mal menor lo que significaban el Pacto de Estella y la tregua de ETA, esto es, que a menos ETA, más nacionalismo. Se trataba de una suerte de pacto mefistofélico que todo el nacionalismo proponía a la sociedad vasca y quería que esta suscribiera en las elecciones autonómicas que se iban a celebrar un mes después.

En todo caso, hasta los más escépticos reconocían que la tregua, en los términos en que ETA la había formulado, creaba un escenario político y social nuevo que requería una cuidadosa gestión en la que resultaría determinante la capacidad para liderar la acción de Gobierno y actuar sobre la opinión pública.

De eso se trataba con la primera reacción de Aznar. Al llegar a Lima, Josep Piqué, ministro de Industria y portavoz del Gobierno, y yo nos fuimos directamente al centro de comunicaciones que instalaba el Gabinete Telegráfico de la Moncloa en todos los desplazamientos del presidente. Allí, colgados del teléfono, recogimos las reacciones que se estaban produciendo, hablamos con diversos medios, contrastamos opiniones y recibimos los primeros análisis de los servicios antiterroristas. Hablé varias veces con Jaime Mayor para definir la línea que habría de tener la declaración institucional que Aznar iba a hacer al día siguiente y que quedó para los anales como la Declaración de Lima. Aznar no podía ser ajeno al clima que se había creado, ni debía jugar a Casandra descalificando las expectativas comprensibles que había generado la tregua. Pero debía expresar el punto necesario de prudencia y firmeza ante la ofensiva nacionalista que claramente se vislumbraba como exigencia de negociación política que tarde o temprano ETA y los partidos nacionalistas dirigirían al Gobierno. Esa era la teoría, pero ahora había que plasmarla en un papel, sabiendo que cada palabra que pronunciara Aznar sería escrutada al máximo.

Piqué tuvo que asistir a una cena con empresarios españoles y peruanos. Yo cené con el presidente y su mujer en el hotel y me puse a redactar un proyecto de declaración en el que se quería poner en perspectiva la historia de las treguas de ETA para no dar a la banda terrorista el beneficio de la duda sino, bien al contrario, hacer que recayese sobre ETA la carga de la prueba de las intenciones pacíficas que se le atribuían; se mostraba sensibilidad hacia las expectativas que se habían creado, pero al mismo tiempo se recordaba la Constitución y el Estatuto como el marco de la legalidad para que nadie se llamara a engaño, y se hacía una mención expresa y amplia a las víctimas del terrorismo. Durante las primeras horas de la madrugada, Piqué y yo trabajamos en el proyecto de declaración y terminamos de perfilar algunos aspectos de su redacción.

A la mañana siguiente, Aznar dio su visto bueno al texto y lo leyó, ante una extraordinaria expectación de la prensa española y peruana y de los medios internacionales, en el salón Túpac Amaru del palacio presidencial.

La reacción a la declaración de Lima fue muy positiva. Podíamos decir sin hincharnos demasiado que habíamos acertado en el fondo y la forma. Y resultaba muy importante porque éramos conscientes de que aquella primera reacción condicionaría la posición del Gobierno ante lo que se venía encima. Aznar estaba en terreno firme, político y mediático, para gestionar aquello.

Era evidente el riesgo de que la expectativa de paz desmovilizara a la sociedad y ahogara lo que había supuesto Ermua. Una desmovilización que podía llevar a la aceptación del chantaje implícito en Estella: si se quería la paz, había que aceptar más nacionalismo.

Con unas elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina, el riesgo no era poca cosa. Porque al mismo tiempo, el PNV reclamaba para sí el mérito de haber llevado a los etarras a la tregua y se jactaba de ser quien «había arriesgado por la paz», una expresión que el nacionalismo puso de moda para contraponerla al supuesto inmovilismo del Gobierno y el PP.

El argumento era de un oportunismo rayano en la desfachatez. Como señaló Patxo Unzueta:

que partidos honorables, de tradición democrática, responsables [en cursiva en el original], con experiencia de Gobierno concluyan pactos con una organización terrorista sobre la base de unos fines que consideran compartidos es un poderoso elemento de legitimación del recurso a métodos ilegales.

Y en cuanto al supuesto altruismo arriesgado del PNV, observó Unzueta que «proponer a cambio del cese de la violencia un marco político más favorable al nacionalismo no es arriesgarse sino querer sacar ventaja».

«NADIE VA A HACER LAS MALETAS»

De vuelta en Madrid, Aznar mantuvo una ronda de entrevistas con todos los líderes de los partidos parlamentarios. Xabier Arzalluz y Carlos Garaicoechea, presidente de Eusko Alkartasuna, trasladaron mensajes similares con la versión más tranquilizadora del pacto con ETA. Ambos, con matices, lo presentaron como una escenificación del desistimiento de la banda que lo único que necesitaba era salvar la cara con un acuerdo sobre los presos. Para explicarlo, aparecieron las imágenes de la «pista de aterrizaje», que sería la función del Pacto de Estella para ETA: la del transatlántico que necesita espacio para virar o la del AVE, al que no se le puede pedir que pare en unos cuantos metros.

Además de hablar con los líderes políticos, era importante no descuidar el flanco internacional. Pocos meses atrás se había firmado el Acuerdo de Viernes Santo en Irlanda del Norte, y los nacionalistas querían situar sus pactos y la tregua de ETA en la estela de aquel. Se decidió tomar la iniciativa y se organizó una gira en la que Ricardo Martí Fluxá, secretario de Estado de Seguridad y diplomático, explicaría la posición del Gobierno a los principales interlocutores internacionales.

En los primeros días de octubre, Ricardo se entrevistó con el sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano (equivalente al ministro de Asuntos Exteriores) y el encargado de asuntos políticos; el presidente de la Comisión Europea, Jacques Santer; el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan; el jefe de gabinete del primer ministro británico y el viceministro para asuntos de Irlanda del Norte, y el equipo del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca que había intervenido en el proceso del Úlster. En Washington se reunió también con George Mitchell, el senador norteamericano que actuó de mediador en el proceso de paz irlandés, por lo que no era descabellado pensar que se lo querría implicar en la estrategia nacionalista.

El resultado de estas conversaciones fue muy satisfactorio. Los interlocutores agradecieron la iniciativa de ser informados y rechazaron cualquier intento de internacionalización que pudieran desarrollar ETA y los firmantes de Estella. Sin excepciones, adelantaron su apoyo al Gobierno y ninguno habló —ni siquiera sugirió— de la conveniencia de una negociación política que tocara los fundamentos constitucionales del Estado, incluida la soberanía. El Vaticano —un interlocutor singularmente relevante— tuvo especial interés en desvincularse de las iniciativas de diplomacia paralela que llevaban a cabo algunas organizaciones católicas del mundo de la mediación, en particular la Comunidad de San Egidio.

Las elecciones autonómicas estaban próximas e iban a resultar claves. Si se confirmaba el cálculo del nacionalismo, las cosas se complicarían. Por eso, era decisivo promover la movilización de los votantes y exponer en toda su trascendencia lo que estaba en juego. Aznar era plenamente consciente de ello y se dedicó con toda intensidad a la campaña vasca. Elaboró un discurso en el que combinaba firmeza frente a las pretensiones de desbordamiento de la Constitución y el Estatuto, compromiso con las oportunidades para que la tregua se convirtiera en el cese definitivo y el mensaje a los no nacionalistas de que «nadie iba a hacer las maletas», como dijo en un mitin de la campaña en Bilbao. Esta frase molestó especialmente a Arzalluz, tal vez porque no se acordaba de la llamada de ETA a la «persecución social» o pasaba por alto sus propios planes de hacer de los no nacionalistas «alemanes en Mallorca», es decir extranjeros en su tierra, mozárabes contemporáneos. El candidato del PP a la presidencia del Gobierno vasco era Carlos Iturgaiz, quien se hizo cargo del liderazgo del PP vasco tras el nombramiento de Jaime Mayor como ministro. Carlos demostró personalidad y entereza en los momentos más difíciles, sin las cuales ni el PP habría resistido. Y sin la resistencia del PP vasco, la firmeza del Gobierno habría sido casi imposible de mantener.

En la sede de Génova se organizó un grupo de apoyo a la campaña vasca dirigido por Ángel Acebes, que se reunía diariamente, con los periódicos leídos para evitar divagaciones innecesarias. El grupo funcionó y ayudó a la coordinación de una campaña en la que todo el PP estaba comprometido.

Los resultados de aquellas autonómicas decisivas, que en palabras de Francisco Llera «abren un nuevo ciclo político», fueron muy satisfactorios y, además, anticipaban un horizonte alentador de cara a las elecciones municipales y forales que se iban a celebrar en junio del año siguiente.

Ganó el PNV, pero aquella noche no era la imagen del vencedor porque pasó de 22 a 21 escaños, y aunque ganó votos, bajó del 29,3 al 27,6 por ciento de los sufragios.

El PP obtuvo un gran éxito electoral. Se convertía en la segunda fuerza política del País Vasco. Ganaba 5 escaños —de 11 a 16— y más de 100.000 votos, lo que significaba subir del 14,2 al 19,9 por ciento de los votos, casi 6 puntos.

El PSOE también mejoró en 2 escaños —de 12 a 14— y llegó al 17,4 por ciento de los votos. Si al PP y al PSOE se le sumaban los 2 escaños de Unidad Alavesa y sus casi 16.000 votos, en conjunto el constitucionalismo obtenía 32 escaños y el 38,5 por ciento de los votos.

Euskal Herritarrok (EH-HB), plataforma electoral de Herri Batasuna, empató con los socialistas, mejorando en 3 escaños respecto a las elecciones anteriores y alcanzando el 17,7 por ciento de los votos, bien entendido que esos resultados los obtenía con ETA en tregua y la expectativa de un proceso de paz.

Los resultados, que tan visiblemente molestaron a Arzalluz, demostraban que no había prendido en la sociedad vasca la oferta de una paz dudosa a cambio de más nacionalismo y nacionalismo más radical. La prometida pax nacionalista no convencía. El País Vasco expresaba su pluralidad, tanto política como territorial. En Álava, el Partido Popular había ganado de manera muy destacada, mientras que en Vizcaya, el PNV seguía siendo la primera fuerza, pero tanto el PP como el PSOE —segunda y tercera fuerza— superaban a Euskal Herritarrok. El triunfo en Álava, la buena posición de los constitucionalistas en los principales núcleos urbanos de Vizcaya y la solidez de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en Navarra tocaban de lleno las pretensiones de «territorialidad» de ETA y el Pacto de Estella.

Era evidente, sin embargo, que se estaba produciendo una intensa polarización política que se ponía de manifiesto en los resultados de los partidos menores. EA perdió 2 de los 8 escaños que tenía; Unidad Alavesa, 3, e Izquierda Unida 4, lo que dejó su representación en 2 escaños.

Junto a la polarización política crecía un clima de ruptura social aún mayor si cabe. Como el tiempo se ha encargado de demostrar en el caso de Cataluña, es la fractura social interna, y no tanto las ambiciones secesionistas frente al Estado, el daño primario que el nacionalismo provoca cuando intenta pasar por encima de la pluralidad de la sociedad y busca imponer sus objetivos máximos que, por definición, resultan excluyentes para más de la mitad de la población.

EL MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN NACIONAL VASCO AL LADO DE ATAPUERCA

Mes y medio después de firmado el Pacto de Estella y declarada la tregua de ETA, el Gobierno y el Partido Popular habían respondido a la estrategia de ruptura del frente nacionalista.

Desde la declaración de Lima, Aznar se había situado en una sólida posición de iniciativa que no habría sido posible si no hubiera aceptado el riesgo político de su exposición en la campaña autonómica. Los socios e interlocutores internacionales que más nos importaban estaban alineados en la posición del Gobierno, lo que confirmaba que no habría grietas para la pretendida «internacionalización del conflicto». La relación con el PSOE y el Partido Socialista de Euskadi había mejorado sustancialmente con el liderazgo de Nicolás Redondo, unida a la que se mantenía desde el Ministerio del Interior y la Moncloa con Juan Alberto Belloch y Alfredo Pérez Rubalcaba. Por último, los buenos resultados en las elecciones autonómicas aseguraban la firmeza del pilar fundamental frente a la estrategia de ruptura enunciada en el Pacto de Estella y los compromisos de PNV y EA con ETA.

El Gobierno había ganado la iniciativa, que era un objetivo crítico que Aznar nos había planteado. Y quería seguir manteniéndola.

Con estas piezas debidamente alineadas, el 3 de noviembre, Aznar confirmó que había autorizado contactos con el entorno del Movimiento de Liberación Nacional Vasco para «acreditar» las posibilidades de un cese definitivo de la violencia.

La fórmula se fraguó en una reunión previa que mantuvimos Pedro Arriola, Ricardo Martí Fluxá y yo en el Ministerio del Interior. Pensamos que lo mejor sería que la noticia saliera a través de la agencia EFE y que posteriormente el presidente la confirmara. En la información de EFE se mencionaba al Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) que, como ya he dicho, es la denominación del conjunto de organizaciones de la izquierda abertzale que integran el complejo de apoyo a ETA, pero no se enunciaba el acrónimo. La referencia al MLNV era deliberada porque preveíamos una conversación primero con Euskal Herritarrok, sin perjuicio de que también contempláramos como probable un encuentro con ETA.

Con aquella fórmula se incluía a todos los posibles interlocutores. Se organizó un pequeño escándalo diciendo que Aznar había llamado a ETA «Movimiento de Liberación Nacional Vasco», algo que era falso. Si Aznar hubiera querido especificar que los contactos que se autorizaban eran estrictamente con ETA, lo habría dicho así. Lo cierto es que MLNV, con o sin enunciado de sus siglas, es una denominación precisa que se encuentra en sentencias judiciales, informes policiales, artículos periodísticos y académicos. Había, pues, bastante de escándalo farisaico en aquellas reacciones que a uno le hacían preguntarse si por esa misma regla de tres había que dejar de llamar ETA a ETA porque esas siglas significan nada menos que «patria vasca y libertad», o ELN al ELN colombiano porque significa Ejército de Liberación Nacional, o FARC a las FARC que se arrogan la condición de Fuerzas Armadas. Alguien me hizo después la observación de que haber dicho «el denominado MLNV» habría evitado el problema. Es verdad que pudimos haber aquilatado más la fórmula que propusimos a Aznar, pero a la vista de las ganas de sentirse escandalizados que algunos demostraron tener, mantengo mis dudas de que aquella hubiera sido la solución.

Muchas de esas voces escandalizadas callaron años después cuando, en plena negociación política con ETA, José Luis Rodríguez Zapatero compareció en una sala del Congreso de los Diputados para hacer una declaración que respondía a la exigencia —y en buena parte también al guion— que ETA había impuesto como condición al Gobierno. O cuando, viendo peligrar la negociación con ETA, la dirección del Partido Socialista de Euskadi, con Patxi López a la cabeza, se reunió públicamente con la ilegalizada y disuelta Euskal Herritarrok para pagar a ETA el peaje exigido. ¿Cuál era ese peaje? Con aquella reunión, los representantes del partido entonces en el Gobierno hacían un acto de descalificación pública de la Ley de Partidos, de la ilegalización de las sucesivas marcas políticas de ETA y de todas las sentencias judiciales habidas desde entonces.

Después de su fallida incursión en la política canadiense, Michael Ignatieff observó que entrar en política es «entrar en un mundo de literalidad hasta extremos impensables en el que solo cuentan las palabras que han salido de tu boca». Y es cierto que, en política, pocas veces alguien otorga el beneficio de la duda, o más bien, se otorga pero de manera selectiva.

Cuando Aznar confirmó la autorización para los contactos, Ricardo Martí Fluxá, Pedro Arriola y yo habíamos recibido ese encargo del presidente con el acuerdo del ministro del Interior. Desde entonces, los tres trabajamos estrechamente en el seguimiento de la situación. Para ello nos reuníamos periódicamente con los responsables de la lucha antiterrorista y manteníamos un amplio abanico de contactos con diversas personalidades y organizaciones del País Vasco.

Aznar despejó su agenda en la medida de lo posible para viajar al País Vasco siempre que le fuera posible y la ocasión lo mereciera. En la Moncloa recibía a intelectuales, académicos y periodistas que integraban el movimiento cívico. Con igual dedicación hablaba con los medios, normalmente en almuerzos, y mantenía una buena relación con el empresariado, cuya asociación Confebask advertía del «coste de la no España». Precisamente poner en claro el coste de la «no España» nos llevó a promover un informe sobre las consecuencias económicas de un eventual escenario de independencia del País Vasco. El informe fue dirigido por Mikel Buesa, catedrático de Economía de la Universidad Complutense, y constituyó un argumento muy rotundo para fortalecer la posición frente a las ensoñaciones del extremismo nacionalista.

Recurrimos al obispo de Zamora, D. Juan María Uriarte, para acordar un primer encuentro, que sería con los representantes de Euskal Herritarrok. Fue Jaime Mayor quien aportó el nombre de monseñor Uriarte, al que había conocido en Zamora por su costumbre de asistir, desde hacía años, el Miércoles Santo a la procesión del Silencio, que es una de las más impresionantes y significativas de la extraordinaria Semana Santa zamorana. Ya en el Ministerio del Interior, Ricardo Martí Fluxá había establecido cierta relación con monseñor Uriarte a propósito de la investigación de un robo ocurrido en la diócesis sobre el que el obispo pidió al ministro que se interesara.

Juan María Uriarte, nacido en Frúniz, en la Vizcaya profunda, de entorno y sensibilidad nacionalista, actuó a lo largo de este tiempo con una lealtad impecable a la misión que se le había pedido y que los interlocutores habían aceptado. No era un mediador, puesto que no se le habilitó para hacer propuestas, pero tenía un respetable papel notarial de aquellas conversaciones, era una garantía para nuestra propia seguridad personal y un fiel transmisor de las indicaciones y observaciones previas al contacto presencial, primero con EH y después con ETA. Sus años en la diócesis de Zamora le permitieron conocer el paisaje humano y sentimental castellano —o castellano-leonés— y la religiosidad de aquellas tierras, sobre lo que yo le oí hablar con admiración. Me atrevería a decir que monseñor Uriarte recordó sus años en Zamora con alguna nostalgia cuando después fue nombrado obispo de San Sebastián.

El 11 de diciembre de 1998 por la tarde nos reunimos, en una casa a la afueras de la localidad burgalesa de Ibeas, Martí Fluxá, Arriola y yo con Arnaldo Otegi, Iñigo Iruin, Rafael Díez Usabiaga, secretario general del sindicato LAB, y Pernando Barrena, dirigente de EH en Navarra, que integraban la delegación abertzale. Estuvo presente monseñor Uriarte.

Ibeas es un pueblo de Burgos con fama justificada por la calidad de sus alubias. Pero además está muy cerca de Atapuerca, un emplazamiento famoso por la batalla que allí se libró entre Fernando I de Castilla y su hermano García, rey de Pamplona —derrotado y muerto en la lucha—, y unos cuantos siglos después, mucho más famoso por su extraordinario yacimiento arqueológico. (Muchas veces me he imaginado lo que tendríamos que haber escuchado a los más convencidos nacionalistas si el Homo antecessor, en vez instalarse en Atapuerca, hubiera decidido probar un poco más al norte. Si con una supuesta antigüedad de la estirpe vasca de unos pocos miles de años han hecho esto, qué no se les habría ocurrido de haber descubierto un vasco de 800.000 años.)

Viajamos a Ibeas desde Madrid, sin escolta y en un Mercedes alquilado de un color que no pasaba desapercibido. Condujo Ricardo en un trayecto que complicó la niebla, habitual en esa época del año. Llegamos a Burgos y comimos en el restaurante Ojeda, expuestos en una mesa situada en la parte elevada del comedor. La ubicación era perfecta, por ejemplo, para sentar allí a los novios en una boda y que todos sus invitados los pudieran ver. No tanto para dos secretarios de Estado y un asesor del presidente en misión discreta, aunque tuviéramos la protección que nos daba nuestra muy escasa notoriedad pública.

Conviene recordar que EH era entonces una organización política legal, que acababa de conseguir representación parlamentaria y que, por tanto, no había ningún obstáculo de orden jurídico para aquella reunión. Menos aún cuando el presidente del Gobierno la había autorizado con una declaración pública. Otra cosa es que mantuviésemos el carácter reservado de este encuentro.

La reunión duró casi tres horas. Otegi hizo una introducción en euskera que tradujo monseñor Uriarte y después, por parte de EH, tomó la palabra Iñigo Iruin, quien hizo la mayoría de las intervenciones. No recuerdo que Barrena llegara a decir una palabra. Pero la impresión que sacamos es que Rafael Díez Usabiaga, el secretario general del sindicato LAB, era quien cortaba el bacalao. Habló muy poco, pero sus intervenciones marcaban la posición de la delegación abertzale.

Con cierta afectación, se mostraron sorprendidos de que el Gobierno quisiera hablar con ellos y nos preguntaron qué queríamos, si establecer un diálogo con ellos, que eran políticos, o utilizarlos como puerta de acceso a ETA. En realidad no pretendíamos ninguna de las dos cosas. No teníamos interés, en cuanto Gobierno, de iniciar un diálogo político con la izquierda abertzale. No era para eso que estábamos allí. Y en cuanto al acceso a ETA, podíamos tenerlo por otras vías. En el contexto de esos «contactos acreditativos» que Aznar había autorizado, queríamos confirmar que, como decían, el Pacto de Estella realmente significaba que ETA se hacía a un lado en favor de la opción de «hacer política» y, si eso era así, cuál sería el escenario de un cese definitivo —y no solo indefinido— de la violencia.

La conclusión que sacamos resultó negativa en ambos capítulos. Nuestros interlocutores de HB nos remitieron a ETA si nuestro interés se centraba en el cese definitivo, que era de lo que queríamos hablar. Pero al remitirnos a ETA reconocían a esta un espacio y un papel propio de negociación política con el Gobierno. Porque la banda terrorista no aceptaba esa negociación técnica de la que se hablaba, limitada a tratar de los presos, los huidos y la entrega de las armas. La ETA a la que se nos remitía no era la que algunos querían ver en el Pacto de Estella, sino la ETA de la llamada Alternativa Democrática.

Aun así, los análisis del presidente, del ministro del Interior y de los que habíamos participado en la reunión de Ibeas coincidieron en que era conveniente no romper el diálogo con EH. Unos días antes, con motivo de la cumbre luso-española celebrada en Vilamoura, Jaime Mayor había calificado de esperanzadores los indicios de incorporación de EH a las instituciones, aunque fuera para hacer posible la mayoría de Gobierno nacionalista en el Parlamento vasco. Jaime expresó su deseo de que se tratara de una incorporación «que fuera acompañada del cese definitivo de las actuaciones de ETA». Esta era la posición compartida a la que respondía el diálogo con EH.

Habíamos acordado reunirnos de nuevo en los primeros días de enero, pero poco antes se nos hizo llegar la decisión de Otegi y los suyos de romper el diálogo. Como suele ser habitual, alegaron filtraciones interesadas que habían quemado al intermediario en aquellas conversaciones. No era nada de eso, naturalmente. Todo indicaba que la propia ETA había decidido que se cortaran unos contactos de los que recelaba porque creía que fortalecían demasiado a su brazo político y podían llevar las cosas a un terreno fuera de su control.

LAS DOS VERSIONES DE ESTELLA

Hubo quien pensó que eso de los «contactos acreditativos» era un recurso retórico, un eufemismo, para envolver un diálogo mucho más amplio con ETA. Sin embargo, lejos de ser retórica, acreditar el sentido de lo que significaba el Pacto de Estella y la tregua de ETA era esencial. No solo para calibrar las posibilidades de que la tregua se mantuviera, sino para ajustar la estrategia del Gobierno y para que los ciudadanos y la opinión pública fueran conscientes de lo que estaba en juego. La realidad era que entre el PNV y EH-ETA crecía la divergencia a la hora de definir qué significaba lo que habían firmado. En esa divergencia tenía sentido «acreditar» si había una opción de que ETA declarase el fin de la violencia terrorista sin recibir precio político por ello.

Cinco días después de que Aznar autorizara públicamente aquellos contactos, el 8 de noviembre, aparecieron en el diario Deia y en el Gara sendas entrevistas de Xabier Arzalluz y Arnaldo Otegi. Es muy esclarecedor cotejar lo que uno y otro decían. Arzalluz declaró:

Yo no quiero suplantar a ETA, pero entiendo que si ETA va a negociar con el Gobierno español no va a hablar del derecho de autodeterminación, porque esa negociación ya tuvo su momento y pasó.

Preguntado sobre la Alternativa Democrática que ETA hizo pública en 1995 con sus exigencias para el cese de la actividad terrorista, el presidente del PNV explicó que, con aquellas exigencias,

ETA reclamaba que la decisión de los vascos no sea impedida por las armas. Es el derecho de autodeterminación, dicho de forma suave. Esto era lo que quería negociar con el Gobierno, pero al ver que Aznar no aceptaba ese guante, ETA deja a los partidos, sindicatos y movimientos vascos que decidan lo que este pueblo quiera ser. ETA nos ha dejado a los partidos solucionar el conflicto vasco.

Otegi, por su parte, negaba ese desistimiento de ETA del que hablaba Arzalluz. Esto decía el dirigente de Euskal Herritarrok-HB:

El Gobierno tiene que habilitar una mesa de negociación política con la organización armada... Eso no impide que después, como complemento de esa mesa o de forma paralela, haya otra mesa que se constituya en torno a las fuerzas políticas del conjunto de Euskal Herria para abrir un proceso democrático y sin injerencias que culmine con la recuperación de las libertades democráticas y nacionales de Euskal Herria. [...] [Pero siempre] una vez que ETA y el Gobierno negocien el escenario global y las pautas a seguir.

No puede negarse que había buenas razones para que se acreditara de qué estaban hablando unos y otros.

La incomodidad del PNV aumentaba, no porque se arrepintiera del frente nacionalista, sino porque se daba cuenta de que se iba escapando a su control.

El PNV recibía advertencias de sus socios en Estella todos los días. El diputado de EH Jon Solabarría escribió en Gara:

Cuando el partido de Arzalluz afirma que el alto el fuego es irreversible, lo que está diciendo —esperemos que así lo entienda y lo asuma— es que su apuesta por la vía soberanista no tiene marcha atrás... Que el PNV volviese al redil español supondría una decisión equiparable, por su calado, a que ETA suspendiera la tregua.

Es una ley de hierro de la política que si uno se asocia con los más radicales, son estos los que mandan. La reacción de Arzalluz fue la de proyectar sobre el Gobierno los problemas que derivaban de su estrategia respecto a la izquierda abertzale y ETA. Arzalluz intentaba convencer a Aznar de que hiciera concesiones dentro de una política de apaciguamiento. Pero esa política era, precisamente, la que le estaba fallando al PNV porque ETA no estaba dispuesta a desistir. Y si alguna vez lo estuvo, el Pacto de Estella le había dado la razón más poderosa para no hacerlo.

LA NOCHE DE LOS PRESOS

La estrategia del Gobierno seguía funcionando. Aznar dio cuenta del encuentro con EH en una declaración y habló de continuar trabajando en la dirección que se había propuesto.

Había llegado el momento de considerar la oportunidad y el margen de maniobra de que disponía el Gobierno en materia penitenciaria.

El presidente del Gobierno se había declarado dispuesto a dar una nueva orientación a la política penitenciaria «consensuada, dinámica y flexible», según expresión acuñada por el ministro del Interior e incorporada a la declaración institucional que Aznar hizo después de volver de Lima. Esa nueva orientación se acompasaría con la evolución de los acontecimientos.

El 4 de noviembre, el Congreso de los Diputados, a iniciativa del PSOE, aprobó por unanimidad una moción en la que se recogían aquellas palabras de Aznar y se instaba al Gobierno a poner en práctica ese nuevo enfoque de la política penitenciaria. El PSOE había tomado esa iniciativa sin pactarla previamente, seguramente como un gesto hacia el PNV y a sabiendas de que el PP no tenía mayoría en la Cámara. Poco antes de la votación me llamó el portavoz del PP en el Congreso, Luis de Grandes, para decirme que la moción tenía mayoría para salir adelante y que, o el PP votaba con los demás o el Gobierno perdería en un asunto tan sensible como este. La moción urgía a adoptar un criterio político en materia penitenciaria y pedía consenso, pero reconocía al Gobierno la decisión de cómo y cuándo hacerlo. Era mejor que el PP votara a favor que perder la votación, y así lo hizo.

Por otra parte, la idea de que el «proceso» giraría en mayor o menor medida sobre el principio de «paz por presos» estaba ampliamente extendida. La tregua había superado los tres meses, y muchos —yo también— consideraban políticamente conveniente alguna medida en este terreno. Cuando digo muchos me refiero entre ellos a algunos que hoy negarían haber hecho en aquel momento una defensa de los acercamientos de presos no a cárceles próximas al País Vasco, sino a las del País Vasco.

En cualquier caso, era claro que las decisiones de política penitenciara entraban ya de lleno en la estrategia del Gobierno para mantener la iniciativa.

Pocos días después de la reunión de Burgos, Aznar nos convocó a Martí Fluxá, a Arriola y a mí junto con el ministro del Interior a una cena en la Moncloa para hablar de política penitenciaria.

No estaba en cuestión ni la política de dispersión para impedir el agrupamiento en unas pocas cárceles de todos los presos, ni el traslado de presos a cárceles del País Vasco, salvo excepciones muy contadas. Para mí, la dispersión, siempre que el número de prisiones permita mantenerla, es tan importante —si no más— como el alejamiento, a partir de un cierto punto. Sobre esto no había discusión.

Desde estas premisas, propusimos considerar el traslado de un número importante de presos —en torno al centenar— a cárceles menos alejadas del País Vasco, atendiendo al tiempo de pena servido, a la evolución en la cárcel, a la menor gravedad de los delitos y a otras circunstancias personales que podrían ser evaluadas. Cuando hablábamos de cárceles menos alejadas del País Vasco, en la mayoría de los casos se mantenía una lejanía considerable, como podía ser, por ejemplo, el que un recluso fuera trasladado del Puerto de Santa María a Córdoba.

Con nuestra propuesta seguía plenamente vigente la dispersión, no habría traslados al País Vasco, y el alejamiento seguiría siendo perfectamente reconocible como un instrumento de política penitenciaria al que el Gobierno no renunciaba. Pero, además, al establecer esos criterios, se permitía la individualización de la medida caso por caso y, por tanto, las decisiones serían también individualmente reversibles en caso de mala evolución del beneficiado por ellas.

Reconozco que no calibré el grado de oposición que este planteamiento provocó en Jaime Mayor. Ni lo calibré ni me lo esperaba. Antes de ser nombrado ministro me pidió un informe con mis observaciones sobre la organización del departamento, y le puse por escrito la necesidad de que la política penitenciaria pasara de Justicia a Interior. Por mi parte no había ninguna duda sobre quién debía tener esa responsabilidad. Jaime consideró que nuestra propuesta era excesiva y que un movimiento de esa extensión no sería bien comprendido. Creo que el ministro del Interior temía que el Gobierno quedara enredado en un proceso de conversaciones con EH y ETA que lo podrían llevar a concesiones debilitantes. Era la idea de la «tregua-trampa». Pero no había razón alguna objetiva que llevara a pensar en ese riesgo, y no era precisamente una muestra de apoyo y confianza sugerir que íbamos a caer en la trampa de ETA.

Nuestros análisis sobre la escasa sinceridad de la tregua y el alcance real del Pacto de Estella podían estar muy bien fundados, pero no bastaba con el acierto analítico para mantener cohesionada a la opinión pública. Había que demostrar que lo que decíamos era la realidad y el Gobierno tenía que seguir actuando con iniciativa para gestionar una situación tan complicada como la que se había abierto en el País Vasco. Contábamos con que, si se frustraban las expectativas que se habían generado con la tregua, desde el nacionalismo y una parte de la izquierda se buscaría convertir al Gobierno en el responsable.

Frente a nuestra propuesta, Jaime puso sobre la mesa otra consistente en trasladar a la península a los 18 presos de ETA en cárceles de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. La propuesta de Jaime se basaba en dos razones. La primera, que afectaba a un número mucho menor de presos; la segunda, que respondía a un criterio geográfico objetivo y era fácil de entender. Procuré razonar mi posición contraria. Un criterio geográfico objetivo como el que se utilizaba era fácil de aplicar, pero no evaluaba ninguna otra circunstancia. Con ello se renunciaba a la individualización de la política penitenciaria. Por otra parte, los presos más alejados eran los que tenían delitos más graves a sus espaldas. Si lo que preocupaba era cómo sería comprendida la medida, no era fácil explicar que los primeros beneficiados con una decisión de acercamiento fueran, entre otros, De Juana Chaos, Zabarte, Domingo Troitiño o Lasa Michelena.

Agotados los argumentos de unos y otros, Aznar zanjó la discusión. Se haría lo que el ministro había propuesto. Roma locuta, causa finita. Por mi parte había mantenido y argumentado una propuesta que me parecía adecuada y esa era mi responsabilidad. No era una cuestión de celo personal y me pareció lógico que, llegados a ese punto, el presidente respaldara la opinión de su ministro del Interior. Aun así, mis acuerdos con Jaime Mayor, antes y después de esta discusión, han sido siempre mucho mayores y más importantes que nuestras discrepancias.

Al día siguiente, 18 de diciembre, una nota del Ministerio del Interior daba cuenta de la medida. Me produjo cierta perplejidad que, después de la discusión que habíamos tenido la noche anterior sobre el alcance de esta medida, en la nota se destacara que «con los de hoy, el número de internos que han sido acercados a cárceles próximas o ubicadas en el País Vasco desde que el ministro del Interior se hizo cargo de esta responsabilidad en el mes de mayo de 1996 se eleva a 85» y añadía que desde esa fecha se habían concedido 13 terceros grados, 9 de ellos por evolución positiva del recluso y 4 por razones médicas.

ETA EN MARCHA ATRÁS

ETA quería estar presente, dirigir el proceso que se había diseñado en el Pacto de Estella, hacer visible su papel de vanguardia del movimiento nacionalista que ahora se había reunido en torno al independentismo y a la legitimación histórica de la violencia terrorista.

Una de las formas de hacerse presente en tiempos de tregua es la profusión de comunicados. El día 20 de diciembre, ETA emitió un comunicado cuyo significado no podía minimizarse porque la banda dejaba claro que si alguien había pensado que con Estella había dado un paso atrás, estaba equivocado.

Había, para empezar, un reconocimiento contrariado de la capacidad de iniciativa que había desplegado el Gobierno. ETA decía:

El Gobierno español continúa intentando introducir en la sociedad la fotografía de la falsa negociación porque no tiene voluntad de llegar con valentía a la raíz del conflicto.

Y acusaba a los medios de comunicación de desviar el proceso

dibujando un supuesto proceso negociador secreto que España dirige desde la sombra y a España nos quiere llevar, y más aún, presentando públicamente al Gobierno español como impulsor de este proceso.

Después rechazaba la idea de paz por presos y afirmaba que ese planteamiento no hacía más que «obstaculizar y desviar el proceso que se ha iniciado en Euskal Herria».

No menos importantes eran sus mensajes al PNV:

ETA denunciará a los que pudieran dar la espalda por intereses partidistas a sus responsabilidades [...] el proceso que comenzó en Lizarra no puede tener más interrupciones en los marcos autonómicos que fueron pilar de la partición.

ETA concluía recuperando los contenidos de la Alternativa Democrática. Exigía una entidad única y soberana, el derecho de autodeterminación, la libertad de los presos y su participación en el proceso y la salida del País Vasco de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas.

Esta era ETA poniendo los puntos sobre las íes a los firmantes de Estella. Un comunicado sensiblemente distinto al que un mes antes «aplaudía [...] la actitud sincera y la valentía política de los partidos, agentes sociales y sindicatos» firmantes del pacto que la banda entonces consideraba «idóneo como marco para la participación y la colaboración».

El comunicado se correspondía con el clima de pesimismo que proyectaban PNV y EA y la sensación de crisis que se instaló en el proceso de Estella. Pero la advertencia de ETA tuvo algún efecto, ya que el PNV se embarcó en movilizaciones por los presos y puso en marcha la denominada Asamblea de Municipios Vascos (Udalbiltza) que pretendía ser, en palabras de ETA, la primera «institución nacional» que incluyera a toda Euskal Herria, también Navarra.

EN SUIZA CON ETA Y UNA SILLA VACÍA

Aquel mes de diciembre estaba siendo pródigo en novedades.

Una relevante fue que ETA contestó a la autorización de Aznar con una carta en la que expresaba su disposición a mantener un contacto con los interlocutores del Gobierno. A la carta de respuesta, ETA adjuntaba una copia, no del Pacto de Estella, sino de la Alternativa Democrática que había hecho pública por primera vez en abril de 1995 con la reivindicación del atentado contra José María Aznar. Podía ser un acto de chulería de la banda o un mal presagio. En realidad eran las dos cosas.

A través de monseñor Uriarte confirmamos la posibilidad de reunirnos, pero los representantes de ETA se mostraron poco menos que ofendidos porque nuestra respuesta fuera verbal y pidieron una comunicación escrita. La hicimos llegar, estableciendo de antemano que la condición absoluta del diálogo era el mantenimiento de la tregua, y que la autorización del presidente del Gobierno se refería a conversaciones de carácter acreditativo respecto al posible cese indefinido de la actividad de ETA. En esos términos, estábamos dispuestos al diálogo.

Nunca entramos en los medios ni en las vías de monseñor Uriarte para ejercer su función como intermediario en relación con ETA. Lo más que sabíamos —y no era ningún secreto— es que contaba con la asistencia de Joseba Segura, sacerdote de la diócesis de Bilbao, y que mantenía un buen acceso a los que habían sido nuestros interlocutores de EH en Burgos. Procuramos preservar a quien había aceptado ejercer sus buenos oficios.

Con un trabajo paciente del obispo de Zamora, se fijaron una fecha y un lugar para la reunión, cuya confirmación ETA retrasó todo lo que pudo. Dejamos en sus manos todos los detalles sobre la preparación del encuentro. Sí dejamos claro que no aceptaríamos ser cacheados, cegados o sometidos a ningún otro trato similar por muchas que fueran las cautelas de seguridad de los interlocutores de ETA. La fecha —19 de mayo— la conocimos con alguna antelación. No así el lugar, que Uriarte no podía revelar hasta el momento mismo de iniciar el vuelo en un avión privado que, según nos dijeron en la mañana del 18 de mayo, tenía que dirigirse a Ginebra.

El Estado no estaba en tregua, y las expectativas de diálogo con ETA no invalidaban este principio. El 9 de marzo de 1999 fue detenido José Javier Arizkuren, Kantauri, jefe del aparato militar de ETA. Era una detención muy importante por la posición de Kantauri y porque también mandaba un mensaje a ETA. La cooperación con Francia no se había visto afectada por la tregua, y los objetivos de las Fuerzas de Seguridad se mantenían invariables. Durante la tregua, ETA había continuado con la extorsión, había activado la kale borroka, y continuaba con sus actividades de reclutamiento de nuevos terroristas que iban a relevar en las filas en ETA a una generación agotada.

Esta actividad de ETA permite pensar, como sostiene Florencio Domínguez, que en la primavera de 1999, la banda ya había tomado la decisión de romper la tregua a la espera del momento oportuno y estaba organizando los comandos que habrían de desencadenar la ofensiva brutal del 2000, primero con Kantauri al frente de los comandos y, tras la detención de este, con Javier García Gaztelu, Txapote. El comunicado de diciembre, en su tono amenazante ya expresaba las dudas de la banda sobre la viabilidad de los compromisos soberanistas con el PNV y EA. Con esta excusa, ETA se sentiría legitimada para volver a la violencia terrorista.

La víspera de nuestro viaje a Ginebra despachamos con el presidente y cerramos los términos de la posición que mantendríamos frente a los interlocutores de ETA. Aznar solo nos pidió que volviéramos sin novedad. El presidente tenía una preocupación especial por Ricardo, dada su condición de secretario de Estado de Seguridad, hasta el punto de que se cuestionó seriamente si debía asistir a la reunión. Aquella noche, los tres cenamos en mi casa. Mi mujer, Susana, se esmeró en el menú y, sobre todo, en el ambiente de normalidad que quiso dar a esa reunión.

A la mañana siguiente nos reunimos con monseñor Uriarte en la terminal de vuelos privados de Torrejón. Se tramitó el plan de vuelo a Ginebra y despegamos. No sabíamos todavía el lugar del encuentro. Al llegar a Ginebra, tomamos un coche conducido por Ricardo Martí Fluxá que nos llevó a Évian-les-Bains. Allí, quien actuaba como intermediario recibiría indicaciones para el día siguiente.

Évian no era una opción obvia, sobre todo porque estábamos en territorio francés y no parecía que ETA la hubiera elegido por sus aguas termales. Si había que buscar alguna explicación en las ensoñaciones simbólicas de ETA, resultaba que en Évian habían tenido lugar las negociaciones para la independencia de Argelia entre el Gobierno francés y el Frente de Liberación Nacional argelino. Nos alojamos en un modesto hotel adscrito a la escuela de hostelería local. Era una tarde espléndida que aprovechamos para recorrer el lago Lemán mientras en Vitoria se hacía público el acuerdo de apoyo parlamentario que Ibarretxe había alcanzado con EH.

Nos reunimos para desayunar el día 19 esperando las novedades de nuestro intermediario. Teníamos que ir a un lujoso hotel próximo a la ciudad donde esperaríamos a que monseñor Uriarte recibiera una llamada en una habitación reservada a nombre de Ricardo Martí Fluxá. En el camino se anunciaba con gran profusión de cartelería un recital de Paco de Lucía mientras pasamos un control de carretera de la Gendarmería.

La llamada se produjo, y a pesar de que la conversación se desarrolló íntegramente en euskera, pudimos percibir la contrariedad del intermediario por el tortuoso recorrido que ETA le estaba dictando. Al fin hubo una indicación precisa y nos encaminamos a una cafetería en Lausana, frente al lago.

Esperamos un rato y aprovechamos para tomar un café. Al salir, empezó a lloviznar. Cerca de un pequeño aparcamiento, un hombre joven, bajo un paraguas y con una cartera cruzada al hombro, se acercó al secretario de Estado de Seguridad y simplemente le dijo: «Soy Antza». Mikel Albisu, Antza, era entonces el jefe de ETA. Después de identificarse, Antza solo habló con monseñor Uriarte. Desde ese momento ya vimos con otros ojos la cartera cruzada al hombro porque imaginamos qué contenía. Un hombre que no identificamos se puso al volante del coche que habíamos alquilado y nos condujo al Hotel des Trois Couronnes, en el centro de la localidad de Vevey, donde se encuentra la sede de la compañía Nestlé. Allí tendría lugar la reunión. Antza venía detrás en otro coche.

El encuentro estuvo a punto de frustrarse sin haber siquiera empezado porque los representantes de ETA dijeron haber detectado un dispositivo policial que comprometía su seguridad. Los buenos oficios de monseñor Uriarte terminaron por arreglar la incidencia.

Entramos en la sala que se había reservado. Una mesa, unos botellines de agua mineral y unos cuadernos de notas con el membrete del hotel. Entregamos los teléfonos móviles a monseñor Uriarte y esperamos a que llegaran nuestros interlocutores. Diez minutos después entró Antza acompañado de Belén González Peñalva, que meses atrás había huido de Santo Domingo, adonde había sido trasladada a petición del Gobierno de Felipe González junto con un grupo de miembros de ETA bajo vigilancia de las autoridades dominicanas. González Peñalva, Carmen, era una veterana de ETA que, después de una larga trayectoria en los ochenta como terrorista operativa integrada en el comando Madrid, había pasado a formar parte del aparato político y de negociación.[4]

No hubo saludo, ni menos aún estrechamiento de manos. Nos sentamos, y la reunión comenzó con una intervención de monseñor Uriarte, que quiso precisar el papel que lo había llevado allí y las esperanzas que abrigaba en los efectos del diálogo del que dijo que deseaba que «empezara en paz, continuara en paz y terminara en paz». Ellos eran dos y nosotros tres. Faltaba uno por su parte. Era José Javier Arizkuren, Kantauri.

HABLANDO CON TERRORISTAS

En Talking to terrorists, Jonathan Powell, uno de los negociadores del Acuerdo de Viernes Santo, refiere un episodio ocurrido en el primer encuentro entre las FARC y el Gobierno colombiano en las conversaciones del Caguán, promovidas por el presidente Pastrana entre 1998 y 2002:

Según uno de los que estuvieron en la mesa, cuando pasaron a discutir asuntos socioeconómicos y preguntaron a los líderes de la guerrilla si tenían alguna idea, Marulanda dijo que tenían que hacer algo con el «neoliberalismo».

Raúl Reyes añadió que había que ilegalizar el paro, que había que prohibirlo porque era malo. Marulanda preguntó cuál era el tipo de cambio con el dólar. Al contestarle que un dólar estaba a 1.500 pesos colombianos, dijo que eso era muy alto y que tenían que bajarlo a 1.000 pesos. El mismo negociador contó que cuando se levantó para ir al servicio, Marulanda lo siguió, y mientras estaban de pie en el urinario le dijo: «Deberían irse a casa. Es tarde y por aquí hay demasiadas guerrillas».

Alessandro Orsini, en su análisis de las Brigadas Rojas, describe a sus activistas como gente que tiene una «gnosis revolucionaria», un «conocimiento reservado para unos pocos elegidos que tienen el deber de salvar a la humanidad». O en este caso, a la Euskal Herria milenaria.

Las características que se han descrito como típicas de un grupo terrorista cuadran todas con ETA. La segregación de la realidad, el estado de indignación permanente, el deseo de ser perseguidos para poner de manifiesto su condición de luchadores frente a los que no se toman en serio «la construcción nacional», la purificación de los medios mediante los fines, el secretismo propio de la secta cuya ruptura implica traición, y el terror interno preventivo frente a desviaciones intolerables, como sufrieron Eduardo Moreno Bergareche, Pertur, «desaparecido» por sus compañeros de los comandos Bereziak de ETA p-m en 1976, o Dolores González Cataraín, Yoyes, asesinada por Kubati en 1986 delante de su hijo, acusada por la banda de traición al haber decidido abandonar ETA.

La reunión comenzó con Antza denunciando que habían detectado hasta dos dispositivos policiales, lo que no nos molestamos en desmentir, no porque los hubiera, sino porque lo tomamos como parte de la puesta en escena de ETA. A continuación se refirió al «secuestro» de sus interlocutores en Santo Domingo y de ahí pasó a preguntar si éramos enviados del Gobierno o del presidente. Tanta sutileza en la pregunta resultaba bastante extravagante en tipos que, en definitiva, sólo manejaban realmente un único argumento, que era el tiro.

Por nuestra parte, ya que habían empezado hablando de los etarras «secuestrados», recordé sus asesinatos y puse de relieve el esfuerzo que suponía para el presidente del Gobierno haber dado ese paso que nos había llevado hasta allí. Reiteré que teníamos voluntad de dialogar, pero que no habría diálogo alguno si la tregua se rompía. Añadí que no esperaran de nosotros negociar treguas. Ese modelo que se siguió en otros tiempos, nosotros no lo asumíamos. Nuestra misión era acreditar las posibilidades de que ETA transformara su cese indefinido en un cese definitivo. Para ello pusimos a prueba la versión del Pacto de Estella que, en la línea de lo que sostenía Arzalluz, se veía como el desistimiento de ETA a favor de los partidos nacionalistas. La respuesta fue clara. Ellos habían declarado una tregua, pero en Estella se hablaba de autodeterminación, territorialidad y soberanía. Nosotros teníamos que aclarar si el Gobierno iba a «respetar la voz de los vascos y les iba a dar la palabra». Para ellos, «el respeto al proceso democrático» era el objeto de la reunión. No quisimos dejar pasar la pretensión de ETA de darnos lecciones de democracia y mantuvimos la naturaleza plenamente democrática del sistema constitucional, y cómo los vascos, al igual que el resto de los españoles, llevaban décadas votando con una libertad solo limitada por la violencia que ellos practicaban.

A partir de ahí, Antza, que fue el único que habló mientras Belén González Peñalva tomaba notas, empezó con la incorporación de los territorios del País Vasco francés, los bombardeos de la OTAN en Serbia, la supuesta y falsa imposibilidad de estudiar euskera en Navarra y todo tipo de conspiraciones policiales y del CESID mediante la «contaminación policial de los contactos» y el control que, según ellos, el Gobierno ejercía sobre los medios para llevar la confusión al mundo abertzale mediante filtraciones que, según exigían, el Gobierno debía parar. En esa parte de la conversación apareció el terrorista aislado de la realidad, sin puntos de contacto con ella en los que poder anclar un diálogo que tuviera sentido, tampoco en el asunto concreto de los presos, que claramente no quería plantear.

Pero sí era evidente que ETA había revivido con Estella y se hacía portavoz y garante del discurso nacionalista más radical sabiendo que ese era ya el compromiso de todo el nacionalismo.

En tanto se mantuviera la tregua, seguíamos dispuestos a mantener un nuevo encuentro, lo que dio la ocasión a Antza de tener el único destello de humor al añadir «... si es que antes no nos detienen, porque ya sabemos que el Estado no está en tregua».

La fecha y el lugar los dejaríamos en manos de monseñor Uriarte. Sí les dijimos que informaríamos escuetamente de que el encuentro se había producido y de que había posibilidades de una nueva reunión. Ellos se mostraron de acuerdo en hacer lo mismo. Precisamos que no teníamos ningún interés especial en hacerlo antes de las elecciones municipales y forales que se iban a celebrar el 13 de junio. Antza respondió con desdén que a ellos les daba igual «porque ETA no se presenta a las elecciones».

Aznar confirmó el encuentro el 7 de junio, y al día siguiente, ETA hizo público un breve comunicado del siguiente tenor:

Las premisas han sido claras, planteando por parte de la organización ETA la necesidad de respetar el proceso político que se ha iniciado y la palabra de Euskal Herria y descartando por parte del Gobierno esa posibilidad. En este primer encuentro se han intercambiado opiniones, quedando por ver las consecuencias concretas y la posibilidad para su desarrollo.

Lo que también decía ETA es que había transmitido su llamada Alternativa Democrática, con lo que desmentía una vez más su supuesto desistimiento a favor de la política.

La reunión había durado más de tres horas, horas tensas en una discusión áspera frente a unos interlocutores fanatizados con una pavorosa trayectoria criminal. Suponíamos que iban armados, pero lo confirmamos cuando un gesto de Ricardo Martí Fluxá llevándose la mano al bolsillo interior de la chaqueta fue respondido con la velocidad del reflejo por Belén González Peñalva echando mano de su bolso con expresión crispada.

Volvimos a Ginebra después de comer un sándwich y volamos a Madrid.

LA IRRESISTIBLE LLAMADA DE LA VIOLENCIA

Desde el aeropuerto fuimos directamente a la Moncloa, donde informamos exhaustivamente al presidente, quien a su vez llamó al Rey y al líder de la oposición, Joaquín Almunia. Al día siguiente me reuní en un desayuno con Alfredo Pérez Rubalcaba para ampliar detalles de la reunión y transmitirle nuestra impresión.

La noticia del encuentro tuvo impacto, como cabía esperar. Hubo acusaciones de electoralismo por hacerlo público una semana antes de las elecciones locales, y Felipe González —no sabemos con qué fuentes— declaró que había habido más de un encuentro con ETA, pero que a él no le tocaba explicarlo. Salvo algún detalle, hubo una buena reacción por parte del PSOE. Fue determinante haber informado en su momento a Almunia y a Pérez Rubalcaba. Sin embargo, siempre ha habido una fijación en los socialistas consistente en reivindicar su tendencia a la negociación acudiendo a lo que hizo el Gobierno del PP. Se me ocurren algunos motivos —algunos incómodos de recordar para el PSOE— para esta necesidad de justificarse, que llega a la desmesura autojustificativa de equiparar el encuentro en Suiza con una negociación política en toda regla como la que entabló Rodríguez Zapatero con ETA y con un partido, EH, ilegalizado y disuelto.

Las expectativas de que la tregua se mantuviera se fueron disolviendo con rapidez creciente. Las elecciones municipales y forales en los tres territorios vascos y Navarra, que se planteaban como una segunda vuelta de las autonómicas de ocho meses atrás, confirmaron los buenos resultados del constitucionalismo y en especial del PP, que conseguía gobernar en la Diputación de Álava y en la capital, Vitoria. En los nueve principales municipios vascos había mayoría electoral constitucionalista, y en Navarra, UPN mantenía también el Gobierno y el Ayuntamiento de Pamplona.

Estos resultados volvían a dar un duro golpe a las expectativas del nacionalismo. El PNV empezaba a comprobar con seria preocupación el coste político y electoral de su radicalización. Con esa configuración electoral, la pretendida Asamblea de Municipios Vascos (Udalbiltza), que era la destilación institucional del Pacto de Estella, quedaba vacía de toda pretensión de representatividad. Los objetivos del nacionalismo más radical aparecían aún más inviables.

Los ciudadanos habían vuelto a hablar, y otra vez era ETA, que exigía al Gobierno «respetar la palabra de los vascos», la que no estaba dispuesta a hacerlo.

En julio, representantes del PNV y Eusko Alkartasuna se reunieron con la dirección de ETA. Nos llegó —aunque nunca lo pudimos confirmar— que el PNV les recriminó no haberlos informado de la reunión de Vevey a ellos, que eran firmantes de Estella. Fue en esta reunión cuando ETA exige al PNV y EA promover unas elecciones en la Comunidad Autónoma Vasca, en Navarra y en los territorios vasco-franceses al margen de toda legalidad. Aquello fue calificado después por los destinatarios de semejante exigencia como «un disparate», y sin duda lo era. Los que se mostraban convencidos de que ETA iba a seguir jugando al tute, se encontraron con que volvía a jugar al mus y lo hacía a base de órdagos

No hubo segunda reunión. ETA decidió romper el diálogo alegando, como siempre, la retahíla que ya nos habían contado: filtraciones que distorsionaban el proceso, contaminación policial de los contactos, neutralización del intermediario, etc. Siempre lo mismo.

Pensamos que sería conveniente que Aznar se adelantara y manifestara que ese diálogo apenas iniciado se había roto por decisión de ETA. Había prometido transparencia y era necesario transmitir a la opinión pública la situación en que nos encontrábamos.

Aun así, en septiembre, Aznar decidió tomar una última decisión en política penitenciaria. Esta vez no hubo discusión. Interior preparó una propuesta que incluía a 105 internos evaluados por la Dirección de Instituciones Penitenciarias. De este número, 24 se trasladarían a cárceles del País Vasco. Por tanto, en la Comunidad Autónoma quedarían 85 reclusos de ETA, 2 más que en septiembre del año anterior. Jaime Mayor lo explicó en declaraciones a la cadena SER:

Ojalá que esta medida sirva para que ETA mueva ficha, pero no era ese el objetivo concreto. No podemos estar obsesionados por los movimientos que haga ETA; esta medida nos tiene que cohesionar a todos los que creemos en la normalidad democrática y a los que apostamos por la paz.

Por mi parte, estaba completamente de acuerdo.

La esperanza de que ETA no retomara la actividad terrorista ya solo radicaba débilmente en que las armas se hubieran oxidado y percibiera el coste de la vuelta atrás, y en que las expectativas de los presos y huidos presionaran a la banda.

Para contrarrestar la responsabilidad de la ruptura frente a la disposición de diálogo del Gobierno, ETA volvió a pronunciarse. En un comunicado del 24 de octubre, la banda desplegó toda la cohetería. Exigía «la liberación de todos los presos políticos», la salida de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, autodeterminación y territorialidad. Esos serían los puntos a tratar en una próxima reunión en la que la banda cambiaba los interlocutores, que ahora serían Antón López Ruiz, Josu Urrutikoetxea y Kantauri, jefe de los comandos de la banda hasta su detención en marzo de ese año. No había más que hablar. Era evidente que ETA solemnizaba la ruptura en un intento banal de no quedar como responsable de ella.

El 28 de noviembre, a través del diario Gara, ETA emite un comunicado en el que da por rota la tregua anunciando que partir del 3 de diciembre sus comandos podrán empezar a actuar. El comunicado es un largo pliego de cargos contra el PNV y EA por el incumplimiento, según ETA, de los compromisos contenidos en el acuerdo secreto de julio del año anterior, que ambos partidos negaban haber adquirido al no aceptar la banda los anexos interpretativos que aquellos habían pedido que se incluyeran. ETA hablaba de la represión de Francia y España y de cómo los partidos nacionalistas habían cedido a la presión de ambos Estados para convertir un proceso de construcción nacional en un proceso de paz con el objetivo de «ahogar a la izquierda abertzale en la normalidad». Lo de «normalidad» lo ponían entre comillas. En definitiva, una larga y prolija exhibición de bullshit etarra.

El primer intento pudo ser neutralizado. La «caravana de la muerte» en la que el comando Basurde transportaba a Madrid 1.700 kilos de explosivos fue interceptada por la Guardia Civil. ETA quería cometer un atentado de enormes proporciones haciendo estallar esa cantidad de explosivos en el complejo Azca de Madrid, junto a la torre Picasso. Se inspiraban en los grandes atentados del IRA, como el que devastó la City de Londres en 1993 o el de Canary Wharf en febrero de 1996 con el que el grupo terrorista irlandés rompió la tregua que había mantenido desde 1994. ETA entonces no pudo culminar sus planes. Sin embargo, el 3 de enero del 2000 fue asesinado en Madrid el teniente coronel Pedro Antonio Blanco.

¿Cuál fue el efecto de la vuelta al terror en el mundo de ETA y la izquierda abertzale? La ruptura de la tregua provocó un expresivo documento de crítica de EH-HB remitido a ETA en el que se hablaba de la enorme distancia entre los argumentos que había dado la banda para justificar la ruptura y el clima en la sociedad. Como siempre, Otegi y compañía se guardaron mucho de hacer la menor crítica en público. El retorno al terror estaba haciendo chirriar las estructuras del MLNV, pero ETA ya había dejado claras las reglas cuando en el número 83 de su boletín Zutabe, correspondiente al mes de marzo, en plena tregua, advertía:

Esos expertos casi siempre militantes de despacho que en vez de aceptar que las críticas a la línea seguida hasta ahora eran incorrectas y erróneas, interpretan la nueva situación [la tregua] con arreglo solamente a sus criterios, repitiendo el mismo error. Y, en el mejor de los casos, siguen ordenando y pontificando sobre lo que ETA debe hacer y lo que no debe hacer, olvidando la regla fundamental: que a la hora de definir la actuación de ETA, hay que ser miembro de ETA, con todas las obligaciones que eso supone y, claro está, con todos los derechos.

7

LA RELACIÓN ATLÁNTICA

ADIÓS, MR. MARSHALL

El 14 de julio de 2017, la República Francesa desplegaba todo su ceremonial para celebrar la gran fiesta nacional. Como novedad, un invitado: Donald Trump. Cierto que tal vez en Francia ni el proteccionismo de Trump ni su presunta colusión con Putin puntuaban negativamente. Pero aun así, era Trump el que copresidía el gran desfile militar por los Campos Elíseos. Sí, el presidente de Estados Unidos más denostado en menos tiempo de los que hay recuerdo, el que semanas antes había mantenido un áspero encuentro en la Casa Blanca con la canciller Merkel, el del muro con México, el aislacionista de nula sensibilidad hacia Europa, el zafio personaje de peinado estrafalario y tinte pajizo, el incendiario demonizado casi sin excepción por la opinión ilustrada. Y su anfitrión no era un viejo político resabiado y pragmático sino Emmanuel Macron, el fenómeno político fulgurante, el hombre de moda en Europa, recién salido de un doble triunfo electoral —presidencial y legislativo—, liberal, centrista y sin mácula personal. Trump, es decir, el presidente de Estados Unidos, entraba con toda solemnidad en la vieja Europa a través de Francia, cuyo nuevo presidente mostraba sentido de la realidad y voluntad de cerrar un largo desencuentro. El movimiento de Macron no fue cuestionado. Tal vez una Francia bajo permanente amenaza yihadista empezaba a ver con nuevos ojos la relación con Washington.

Unos años antes, como ya he mencionado, otro presidente de Estados Unidos, George W. Bush, quiso hacer de España el primer país que visitaba en Europa. El mensaje era el de una concluyente voluntad de establecer con nuestro país una relación singular que creciera más allá del interés estratégico y adquiriese un verdadero contenido político con España como interlocutor europeo, iberoamericano y mediterráneo.

El exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, preguntaba con sarcasmo qué número de teléfono tenía que marcar cuando quería hablar con Europa. En la guía telefónica de Europa, para Estados Unidos España aparecía siempre en las páginas amarillas en la sección de servicios útiles. Nuestra posición geográfica tenía un gran valor estratégico, y la relación bilateral no iba más allá del vínculo defensivo materializado en las bases «de utilización conjunta».

La Transición cambió la percepción de España, sobre todo a través de la imagen del rey don Juan Carlos, pero el papel de nuestro país se mantenía en el nicho estratégico que ocupaba dentro del contexto de la Guerra Fría. Washington apoyaba con cautela la evolución democrática de España preguntándose cuánta democracia sería capaz de asimilar la sociedad española. Pero no ocultaba su preocupación por la influencia de los comunistas en ese proceso, y su urgencia más inmediata era la renovación del acuerdo sobre las bases, que fue elevado a la categoría de Tratado para que el Senado norteamericano avalara la relación con la España sin Franco.

A medida que España crecía, en vez de instalarse en el frustrante «Bienvenido Mr. Marshall», había que decirle adiós. Para el antiamericanismo, decir adiós a Mr. Marshall —es decir, equilibrar nuestro vínculo con Washington— consistía en devaluar la relación por la parte de Estados Unidos. Para nosotros, lo que había que hacer era que la relación creciera por la parte española.

La etapa de Gobierno socialista fue la historia de una larga y tortuosa rectificación liderada por Felipe González desde las posiciones originarias del PSOE resumidas en su oposición a la OTAN y una retórica netamente tercermundista. Fue una rectificación zigzagueante. El sí a la OTAN después del no se intentó compensar con la no incorporación a la estructura integrada de mandos de la Alianza y con la reducción de la presencia militar estadounidense. Recuerda Javier Rupérez en el prólogo a La alianza americana: La estrategia antiterrorista española y las relaciones hispano-norteamericanas (1996-2004), del que es autora Cristina Crespo, que la renegociación de los acuerdos defensivos en 1988 «fue conducida con tal virulencia contra los sorprendidos negociadores americanos que muchos temieron descubrir una soterrada voluntad de ruptura de las relaciones bilaterales por parte de España». Esta política, en la que el liderazgo socialista quería mantener un extraño equilibrio con actitudes y decisiones contrapuestas, no se decantó definitivamente hacia Washington hasta que Felipe González decidió la participación militar de España en la guerra del Golfo de 1991, conducida por Bush padre para expulsar a Irak de Kuwait. La Conferencia de Paz para Oriente Medio celebrada en Madrid vino a ser el reconocimiento de la decantación atlántica de la política exterior española. Felipe González logró un indiscutible éxito diplomático, como lo fue también la designación de Javier Solana como secretario general de la OTAN, que era —ironías del destino— la más clara visualización del alineamiento español con aquella fórmula de «europeizar el atlantismo».

Creo que en la política exterior española hasta 2004 hay muchos elementos de continuidad desde que Felipe González consuma su rectificación. Elevar el nivel de nuestra relación con Estados Unidos tenía mucho de progresión natural en el fortalecimiento de la dimensión atlántica de un país como España, que había crecido en el concierto europeo, se había convertido en el primer inversor mundial en Iberoamérica, había decidido integrarse en la estructura de mandos de la OTAN y buscaba la cooperación internacional en su batalla de décadas contra el terrorismo de ETA.

La alianza americana, como la ha llamado Cristina Crespo en su detallado análisis de las relaciones bilaterales, no fue resultado de un casual alineamiento planetario que unió a José María Aznar y a George W. Bush, sino un proyecto estratégico adaptado a los intereses de nuestro país y acorde con su dimensión, porque ambos, intereses y dimensión, habían crecido.

Es innegable que la buena sintonía personal entre ambos mandatarios influyó mucho y bien. Pero no hay que olvidar que de los ocho años del mandato de Aznar, cuatro coincidieron con la segunda presidencia de Clinton y otros cuatro con la primera de Bush, y que es a Clinton, en el primer encuentro que celebra con el presidente del Gobierno, a quien Aznar dice que España necesita un nuevo traje en su relación con Estados Unidos porque también está dispuesta a asumir nuevas responsabilidades.

Rupérez afirma:

En algún sentido, las relaciones entre España y Estados Unidos nunca han sido lo que deberían haber sido. Es decir, relaciones marcadas en un principio por la comunidad de intereses y de historias compartidas —no en vano dos terceras partes del territorio actual de Estados Unidos fueron en su momento territorio del Imperio español— para poder orientarse más tarde hacia la confluencia en principios e ideas constitucionales y hacia una visión, también compartida, de la estabilidad mundial.

En vez de discurrir por esta senda, la visión española de Estados Unidos quedaba anclada en la guerra de Cuba y asociada con la depresión nacional de 1898. Detrás de la política atlántica del periodo 1996-2004 se encuentra la voluntad de superar esta distorsión histórica que unía en el aislacionismo antiamericano a la derecha nacionalista e integrista con la izquierda tercermundista.

BILL CLINTON

Hasta Obama, todos los presidentes de Estados Unidos han sido presidentes culturalmente europeos en el sentido de ser herederos y continuadores del consenso de la posguerra que unió a Estados Unidos con Europa.

Clinton participaba de esa tradición. Y también, como casi todos los presidentes, fue elegido sobre una agenda nacional para verse inmerso en las complejidades de la política internacional donde se ventilan intereses vitales para la gran potencia mundial.

Aznar viajó oficialmente a Washington en abril de 1997 y 1999. Por su parte, Clinton visitó España con motivo del Consejo de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN celebrado en Madrid en julio de 1997. La estancia en Madrid de Clinton y su mujer, Hillary, se prolongó después en Granada y Palma de Mallorca, donde los reyes don Juan Carlos y doña Sofía ejercieron de anfitriones en una jornada privada a la que invitaron a los Aznar. El Consejo de la OTAN era el primer gran acontecimiento internacional que se celebraba en España con el nuevo Gobierno. Aznar me encargó dirigir la organización. Se iba a aprobar la ampliación a Hungría, Polonia y República Checa y se iba a lanzar la cooperación con Ucrania, lo que sí le daba un significado histórico y alguna complicación añadida para los organizadores.

Además de las sesiones formales, el programa incluyó una cena en la Moncloa de todos los jefes de Estado y de Gobierno asistentes, la mayoría de los cuales se encontraban en Madrid con sus cónyuges. Se preparó el jardín de la residencia para acomodar la cena, que se desarrolló en un magnífico ambiente. En el menú, la ensalada de bogavante casi inevitable entonces en cualquier buen menú veraniego. Se nos comentó la costumbre de incluir algún tipo de actuación artística con la que amenizar a los invitados. Jesús Andreu, director general de Cooperación Informativa en la Secretaría de Estado de Comunicación, compañero de promoción y buen amigo, sugirió al bailaor Antonio Canales. Y fue una buena idea. En estas situaciones suelen presentarse dos riesgos que todos hemos experimentado en algún viaje. El primero es que la actuación se haga interminable, especialmente cuando se exhibe folklore local. El segundo es que se quiera aprovechar la ocasión para promocionar a alguna joven promesa del violín o del canto, voluntariosa pero falta de maduración. No era el caso. Canales era un artista consagrado y el tiempo de la actuación se limitó a lo necesario para dejar acreditada su calidad y el disfrute de los invitados, que celebraron con sinceros elogios la actuación del bailaor y su cuadro flamenco.

Tuve la oportunidad acompañar a Aznar en las dos ocasiones en que visitó oficialmente Estados Unidos durante la presidencia de Clinton. La primera, en abril de 1997, incluyó un importante almuerzo con las fuerzas vivas de Wall Street. La segunda, en abril de 1999. Clinton se había lesionado jugando a golf en Florida y una aparatosa férula en una pierna lo obligaba a andar con muletas. La conversación en el Despacho Oval se prolongó en un almuerzo privado. Clinton me impresionó por su inteligencia política fuera de lo común y la agudeza que exhibía al analizar problemas complejos de la situación internacional. Mostraba simpatía y cordialidad de una manera natural, y la conversación con Aznar revelaba que la relación entre ambos había crecido en confianza y contenido. Lo confirmaba la considerable densidad de la agenda de las conversaciones y su duración. Se habló de Cuba, del conflicto palestino-israelí y de Irak. Bajo la presidencia de Clinton, el Congreso había aprobado la Iraq Liberation Act que convertía el cambio del régimen de Sadam Husein en política oficial de Estados Unidos.

Dentro de esa Administración, España contaba con buenos amigos, encabezados por la secretaria de Estado, Madeleine Albrigth, y un influyente demócrata, Bill Richardson, de raíces hispanas —su madre era mexicana—, embajador en la ONU, secretario de Energía y después gobernador de Nuevo México.

Con Clinton en la Casa Blanca era la primera vez que Aznar visitaba oficialmente Estados Unidos. Se trataba de un acontecimiento político e informativo de primer orden en España que preparamos con los únicos medios de la Administración. Por contraste recordé lo que cuenta Julio Feo en sus memorias sobre la visita que recibió en la Moncloa de un consultor llamado Jim Kiss, quien, dice Feo, «pretendía vendernos la idea de que España debía de tener una empresa especializada encargada de velar por su imagen en Estados Unidos. Siendo del gremio como soy, no le fue difícil convencerme de que tenía razón». Al parecer, Feo insistió en su idea, y la visita del señor Kiss terminó siendo productiva. Para la primera visita de Felipe González a Estados Unidos, la Moncloa suscribió un contrato de relaciones públicas con la compañía Haley, Kiss and Dowd.

El mandato de Clinton en la Casa Blanca concluyó para España con la firma de una Declaración Conjunta el 11 de enero de 2001. El documento, previo a la renovación del acuerdo de defensa y cooperación del año siguiente, plasmaba la orientación atlantista más marcada de la política española, y significativamente incluía la cooperación antiterrorista y creaba un comité bilateral de alto nivel España-Estados Unidos.

GEORGE W. BUSH

El desarrollo que la relación bilateral alcanzó con el mandato de Bush se asentó sobre estas bases, incluido el apoyo a la intervención militar en Irak. Se había colaborado antes con Estados Unidos en Irak y se iba a seguir haciendo ahora que Sadam Husein se había convertido en una amenaza inasumible en el nuevo horizonte estratégico después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Estados Unidos, como suele repetir Javier Rupérez, es un país con «memoria institucional». Y esa memoria fue registrando la progresión de la política exterior española, el peso de nuestro país como actor europeo y la estabilidad interna con un proyecto de centro-derecha que se había consolidado con la mayoría absoluta obtenida por Aznar en el 2000. Por eso, la decisión de Bush de singularizar la relación con España iniciando aquí su primera gira europea no fue un gesto superficial o una cortesía inesperada, sino que respondía a una evaluación política de fondo.

Rupérez cuenta la llamada que, siendo embajador en Washington, me hizo la mañana de un domingo para contarme que el presidente Bush quería que España fuera el primer país que visitara en su primer viaje a Europa. Esa fue la primera noticia que tuvimos de las intenciones de Bush. Contesté a nuestro embajador que informaría inmediatamente al presidente, pero que con toda seguridad, Aznar confirmaría la visita a España y nuestra mejor disposición para que esta fuera un éxito.

La organización de la visita resultó relativamente fácil. No hubo ninguna petición extravagante y los dos equipos se entendieron bien. En cada viaje de su presidente, la Casa Blanca despliega una enorme cantidad de medios técnicos y personal que puede parecer avasalladora. En realidad, con ello buscan depender lo menos posible del país anfitrión en la logística y la seguridad de los movimientos presidenciales. Sin embargo, la Administración española era bien conocida por su capacidad de organización, lo que incluía la eficacia de los dispositivos de seguridad.

El programa se elaboró con la máxima precisión política y resultó un gran éxito. Todo funcionó, tanto que los esfuerzos de algunos medios por rebajar la importancia de la ocasión se orientaron a banalizar el encuentro. Como fuentes de la Casa Blanca hablaron de un encuentro en «el rancho de Aznar» —en alusión al almuerzo en la finca del Estado en Quintos de Mora (Toledo)—, ahí estaba para algunos la demostración de que Bush era el paleto tejano que querían retratar. Como Josep Piqué, ministro de Asuntos Exteriores, recibió a Bush en Barajas y cabeceó en su saludo, aquello probaba la sumisión del Gobierno al yanqui.

El resultado de la visita fue a todas luces positivo. Se estrechó una relación personal, pero lo importante era que se anudó con fuerza y voluntad un firme compromiso de cooperación que fue especialmente visible en la lucha antiterrorista. Bush afirmó solemnemente estar «hombro con hombro» con España en la lucha contra el terrorismo. Era un compromiso sincero, que Bush honró y que tenía el valor de haberse formulado tres meses antes del 11-S. No se escondieron desacuerdos como la posición sobre el Protocolo de Kioto, que nuestro país —y la Unión Europa en su conjunto— apoyaba. O el caso de Cuba, a propósito de la Ley Helms-Burton, cuya pretensión de aplicar extraterritorialmente sanciones a compañías de terceros países que invirtieran en la isla no aceptábamos. Aznar y Bush se volverían a encontrar pocos meses después, en noviembre de ese mismo año, en la visita a la zona cero, la enorme herida que abrió en la ciudad de Nueva York la destrucción de la Torres Gemelas y los más de 3.000 asesinados por el ataque terrorista del 11 de septiembre. El presidente Bush fue luego anfitrión de los Aznar en su rancho —el de verdad, no el de Toledo— de Crawford, Texas, y en la residencia oficial de Camp David. Los acompañamos un grupo muy reducido de colaboradores que también disfrutamos de la cordialidad del matrimonio Bush. La amistad de Aznar se extendía a otros miembros de la familia, como Jeb, hermano del presidente y gobernador de Florida, y a la cabeza del clan, George Bush padre, quien nos recibió en su casa de Houston con sencillez y una calurosa cordialidad.

IRAK

No sé si el libro definitivo sobre la crisis y la intervención militar en Irak está por escribir, ni siquiera si será posible. Lo que sí permite el paso del tiempo es ajustar la visión retrospectiva sobre aquel episodio. Se pueden reconsiderar los principales argumentos en aquel debate e incorporar lo que se desprende de otros conflictos que lo han seguido, sobre los que los Gobiernos occidentales y la propia opinión pública han mantenido posiciones sensiblemente distintas.

Como afirmación inicial sostengo que, en el mundo salido de las ruinas de la zona cero de Nueva York, dejar que Sadam siguiera incumpliendo palmariamente las resoluciones de Naciones Unidas que le exigían desarmarse y acreditarlo como había hecho en los últimos 12 años, era como permitir que un loco se paseara por un polvorín con una antorcha en la mano.

Cuando el 11 de septiembre de 2001, en una escuela infantil de Sarasota (Florida), el jefe del Gabinete de Bush, Andrew Card, le dijo al oído: «América está siendo atacada», la realidad estratégica mundial cambió. No estoy seguro de que fuéramos conscientes de la profundidad de esa transformación. Las amenazas a la seguridad internacional encontraban nuevos actores: las organizaciones del terrorismo yihadista y los Estados fallidos. Dentro de estos últimos, Irak no era uno más. Su larga trayectoria como promotor de la desestabilización en Oriente Medio lo convertía en algo más que una amenaza.

Irak es la clave de un relato divisivo, que unos siguen alimentando y otros recuerdan con incomodidad. Da la impresión de que hace tiempo que la controversia perdió casi cualquier posibilidad de revisión razonable. En realidad, esa posibilidad pareció perderse mientras la crisis de Irak se fue desenvolviendo. En nuestro país, Irak fue Irak y algo más porque una parte del electorado fue movilizado en contra del partido del Gobierno, no por la supuesta ocultación de la autoría de los atentados de Atocha como aún se sostiene, sino por la relación causa-efecto que se consiguió establecer a ojos de un sector de los ciudadanos entre el apoyo a la intervención militar en Irak y el terror del 11-M. El trabajo ya lo había iniciado el Partido Socialista cuando su secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, aprovechó el atentado contra la Casa de España de Casablanca del año anterior para acusar al Gobierno de haber puesto a España en la diana de los terroristas. Lo que una izquierda exasperada ante la perspectiva de una probable nueva mayoría del PP había ido sembrando, lo cosechó el 11 de marzo de 2004.

LAS LECCIONES

Empecemos por las lecciones en torno a Irak. En primer lugar, como recuerda Cristina Crespo, «el derrocamiento de Sadam Husein formaba parte de la estrategia de guerra contra el terror antes del 11-S». Esta perspectiva no estuvo suficientemente presente en toda la crisis. Irak no fue una decisión arbitraria de Bush ni de los muchos países que lo apoyaron. El cambio de régimen —que se recibió con total comprensión y ninguna objeción de legalidad internacional en el caso de Gadafi— era un objetivo político legítimo que, al menos como posibilidad, avalaba la legalidad internacional por el incumplimiento sistemático de las obligaciones de desarme y verificación de Irak desde el fin de la guerra del Golfo en 1991.

Irak no era el gendarme occidental en la región ni un modelo de convivencia étnica y religiosa con Sadam Husein, como podrían atestiguar kurdos y chiíes, ni era un remanso de paz caprichosamente perturbado. En noviembre de 1999 —cuatro años antes de la intervención—, la oposición solicitaba la comparecencia del Gobierno «para explicar la situación en la que sigue sumido Irak con los continuos bombardeos de las fuerzas aéreas británica y americanas». Era 1999. Desde diciembre del año anterior, 1998, se había desarrollado la Operación Zorro del Desierto ordenada por el presidente Clinton. Sin embargo, el cambio de régimen en Irak no ponderó suficientemente la comunicación en torno a la intervención.

Literalmente, todo el mundo creía que Sadam mantenía armas de destrucción masiva. Que las había tenido era una evidencia plasmada en los cadáveres de los kurdos masacrados en 1988 en Halabja. El recuerdo vivo de esta atrocidad seguía presente en 2010, cuando fue condenado a muerte y ahorcado Ali Hassan al-Mayid, alias el Químico, por su responsabilidad en la matanza. Las obligaciones impuestas por Naciones Unidas eran concluyentes y perentorias en su exigencia de cumplimiento. Sin embargo, en el proceso de inspección se cometieron dos errores. Uno consistió en permitir que la carga de la prueba de la destrucción de las armas se fuera desplazando de Sadam a los inspectores de la ONU y, en último término, a Estados Unidos. Al final, a ojos de la opinión pública, eran los inspectores y no Sadam los que tenían que demostrar que el dictador se había desarmado. A los inspectores, que estaban para verificar el desarme, se los convirtió en detectives, y en vez de ser Sadam quien acreditara el cumplimiento de sus obligaciones, se descargó sobre aquellos el descubrir sin cooperación por parte iraquí si las armas seguían existiendo o habían sido destruidas. Igual de erróneo fue atribuir a un funcionario internacional el juicio sobre la realidad del desarme iraquí. El sueco Hans Blix, jefe de la misión de inspección de la ONU, jamás dijo que Irak se hubiera deshecho de las armas de destrucción masiva, pero de nuevo aquí se le cargó con la responsabilidad de ser él quien desencadenara o evitara el conflicto, cuando no tenía el deber ni la legitimación para poner en marcha las «graves consecuencias» a las que se refería la resolución 1441 del Consejo de Seguridad. Blix quiso alejar el momento en que se tendría que ver abocado a ese dilema pidiendo más tiempo para un proceso que ya duraba más de 12 años.

En sus memorias, Bush reconoce abiertamente el fallo de inteligencia sobre las armas de destrucción masiva y las consecuencias de este fracaso; era consciente de que:

No encontrar armas de destrucción masiva transformaría la percepción pública de la guerra. Siendo cierto que el mundo era, sin duda, mucho más seguro sin Sadam, la realidad es que yo había enviado tropas a combatir sobre la base de una inteligencia que en buena parte resultó falsa.

El resultado de la intervención planteó retrospectivamente el juicio entre una buena causa con un motivo en ese momento equivocado, el juicio entre la necesidad de derrocar a un dictador incendiario de Oriente Medio y la precariedad de la causa inmediata que llevaba a ello. Habiéndose actuado desde la convicción de que las armas de destrucción masiva existían, la caída de Sadam fue la decisión adecuada. Fue un error creer que en ese momento Irak aún tenía armas de destrucción masiva. No lo fue derrocar al tirano iraquí.

¿LA TRAMPA MULTILATERAL?

El exembajador en Naciones Unidas, Javier Rupérez, observa:

Los que dicen creer en el multilateralismo están utilizando un término codificado para indicar su oposición a la política americana, que en el mismo código es calificada como unilateralismo [...] De manera nada paradójica, las Naciones Unidas no son la consagración del multilateralismo, en su sentido estricto, sino por el contrario el espacio donde diversos unilateralismos se ponen de manifiesto de la manera más cruda e incluso desagradable.

Pues bien, Bush quiso discurrir por el camino del multilateralismo, llevando el asunto de Irak a Naciones Unidas y consultando con los aliados en el marco de la Alianza Atlántica. Esa opción fue reafirmada cuando se promovió ante el Consejo de Seguridad una última resolución a instancias de España y de Gran Bretaña para rematar la arquitectura jurídico-internacional de la posible intervención.

La realidad es que Francia despreció lo que podía haber deparado un diálogo multilateral de buena fe, y como miembro permanente del Consejo —y, por tanto, con derecho de veto— convirtió ese órgano en el escenario de un insólito ajuste de cuentas con Washington, Londres y Madrid.

Bush siempre ha sostenido que Schröder lo engañó. Francia, por su parte, pasó de argumentar con la cuestión de la cobertura jurídica de la operación militar —sin poner en duda la existencia de armas de destrucción masiva— a expresar lisa y llanamente que en ningún caso daría su apoyo a una intervención. Al final, como recuerda Inocencio Arias, embajador español en la ONU durante estos acontecimientos, fue el ministro de Asuntos Exteriores, Dominique de Villepin, quien afirmó que «nada justificaría la guerra». Sobraba, por tanto, cualquier discusión sobre el fondo del conflicto. Francia quemó al secretario de Estado, Colin Powell, y ni siquiera consideró la abstención —que habría sido lo esperable entre aliados—, sino que se pronunció en contra, haciendo inútiles todos los esfuerzos diplomáticos.

Con esta postura, los franceses privaban de sentido al propio trabajo de los inspectores ya que habían dejado claro que vetarían una nueva resolución en cualquier caso. La llamada «segunda resolución» —en realidad habría sido la número 18 sobre el desarme de Irak— no salió adelante, pero puso en evidencia que no era el apego a la legalidad lo que guiaba a Francia —por no hablar de Rusia o China—, sino ganar el pulso que estaba echando. La agresiva oposición francesa tuvo otro efecto contraproducente, ya que dio motivos a Sadam para creer que finalmente la intervención no se produciría o sería limitada, lo que daba alas a su desafío. De este modo, la iniciativa de Estados Unidos y Gran Bretaña para obligar al autócrata iraquí a cumplir las resoluciones de la ONU perdía fuerza disuasoria. Sadam veía en Francia y Alemania los agentes de la división occidental y, en esa misma medida, la garantía más eficaz de su continuidad.

Pero de ninguna manera es objetable que la misión de estabilización de Irak contó con el aval indubitado de Naciones Unidas. Y esto para España es y era esencial. Porque significa, y sigue siendo relevante, que ningún soldado español no solo no participó en misiones de combate, sino que no estuvo ni un minuto en Irak sin la cobertura plena de la ONU, incluso según los criterios de los abogados de la legalidad más estricta.

Se ha señalado muchas veces el error del administrador norteamericano, Paul Bremer, de desmantelar el ejército iraquí y el partido Baaz, dejando al país sin las organizaciones que lo podían estructurar. Es una apreciación fácil de compartir, más aun si, como parece, esas medidas se adoptaron sin contar con el visto bueno de la Casa Blanca y en uso de la autonomía que el Departamento de Defensa había otorgado a Bremer. Tampoco contribuyó a la estabilización, una vez acabadas las operaciones de combate, la doctrina defendida por Donald Rumsfeld, según la cual la superioridad tecnológica de Estados Unidos le permitía actuar en dos escenarios bélicos —Irak y Afganistán— con niveles relativamente bajos de tropas. Fue un cálculo acertado, pero solo en cuanto al desarrollo de las operaciones militares, que fueron declaradas finalizadas mes y medio después de iniciarse, el 19 de marzo de 2003. Después hubo de rectificarse.

Dicho lo anterior, habría que decirlo todo. Cuando Estados Unidos, con Rumsfeld fuera del Departamento de Defensa, rectifica y refuerza su presencia militar con 30.000 efectivos más, los resultados que consigue bajo el mando del general Petraeus son realmente notables. No solo se obtiene una situación de estabilidad que parecía imposible, sino que con la llamada expansión (surge) militar y el refuerzo de la acción política sobre el terreno se consigue derrotar a Al Qaeda, que tiene que refugiarse en Siria, donde al calor del conflicto se rehace como Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS o Dáesh).

A partir de enero de 2009 entra en escena Obama y adopta dos decisiones con un impacto crucial sobre la evolución de la situación en Irak. La primera, la retirada de tropas que empieza ese mismo año y termina en 2011, en un movimiento claramente prematuro, urgido por razones de política interna, que reiteró el error inicial de mantener bajos niveles de fuerza. En este caso se daba el agravante inexcusable de ignorar las positivas lecciones del general David Petraeus y el incremento de tropas que condujo a partir de 2007. El otro tampoco resultó menor. Obama ignoró sus propias líneas rojas en Siria —la utilización probada de armas químicas por parte de Al-Ásad— y se inhibió en un conflicto que hizo revivir al ISIS, que había sido derrotado en Irak. Dicho de otra manera, la progresión yihadista del ISIS debe mucho más a la retirada ordenada por Obama en Irak y a su inhibición en el conflicto sirio que a la intervención británico-norteamericana. Es un error pensar que solo la intervención tiene costes. De hecho, la historia nos enseña que con frecuencia el precio más caro es el que se ha pagado por la inhibición y el apaciguamiento. Como explicaba el profesor Kenneth Anderson:

Las élites estadounidenses han ido deslizándose hacia una visión desdeñosamente despectiva que cuestiona la idea de contraterrorismo en su totalidad como una necesidad seria y a gran escala.

Obama parecía pertenecer a esta escuela de pensamiento. Análogo deslizamiento ha podido apreciarse en Europa.

LIBIA, SIRIA Y LA LEGALIDAD INTERNACIONAL

Donde con seguridad no había armas químicas era en Libia. Gadafi tomó nota de lo que había ocurrido en Irak y decidió desarmarse a satisfacción de la ONU. De hecho, Libia era un ejemplo de lo fácil que habría sido para Irak acreditar la realidad de su desarme de haber cooperado con los inspectores. Sin nostalgia alguna por Gadafi, no deja de ser una llamativa contradicción que quien cumplió con lo que se le exigía fuera derrocado y linchado en el curso de una intervención militar impulsada por Francia, aprovechando la sublevación en Bengasi al calor de la Primavera Árabe. Una resolución del Consejo de Seguridad —aprobada con la abstención de Rusia, China y Alemania— que solo establecía una zona de exclusión aérea y medidas de protección de la población civil, fue utilizada por franceses y británicos, con el apoyo decisivo de Obama, para alinearse con los rebeldes al régimen de Gadafi. Significativamente, el presidente Macron aprovechó su viaje a Burkina Faso en noviembre de 2017 para desvincularse de la intervención en Libia: «Nunca habría apoyado como presidente la operación contra Libia». Pero fue años después. Mientras se intervenía en Libia, de nuevo el legalismo selectivo, el pacifismo convertido en arma partidista y los escrúpulos a la carta de tantos sedicentes progresistas los llevaron a optar por el silencio a pesar de que la presencia en Libia de fuerzas especiales de Gran Bretaña, Francia e Italia y el suministro de armas a los rebeldes violaban las resoluciones 1970 y 1973 de Naciones Unidas sobre el conflicto.

Como en la intervención de la OTAN en los Balcanes, sin resolución alguna de la ONU; como la matanza de hutus y tutsis ante la cual la comunidad internacional adoptó la muy legal decisión de no hacer nada. Por no hablar de la guerra de Siria, en la que no existía atisbo de legalidad en la lucha de todos contra todos. Al menos Francia terminó reconociendo que la cuestión no era la legalidad, sino la oposición a Washington. Lo mismo que terminó por reconocer Zapatero.

De Siria también se debería aprender. Han utilizado armas químicas las tropas del presidente Al-Ásad y probablemente los insurgentes, entre los que se encuentran toda la gama de terroristas islámicos encabezados por el ISIS. La última vez fue en Jan Sheijun, en abril de 2017, lo que provocó la respuesta de Estados Unidos en forma de ataque con misiles Tomahawk a una base aérea siria. Pero es que, en 2013, Rusia y Estados Unidos acordaron la remoción de todo el arsenal químico sirio en una operación que fue supervisada por la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ). Pues bien, en septiembre de 2016, la comisión de investigación de Naciones Unidas estableció que, desde 2014, en Siria se habían producido 33 ataques con armas químicas, de los cuales 27 se atribuían a las fuerzas del Gobierno sirio. El último de estos ataques fue la masacre de Jan Sheijun. Es decir, ni siquiera con esta operación internacional, patrocinada por las dos grandes potencias, con presencia en la región y supervisada por la OPAQ, se pudo conseguir la seguridad de que el régimen sirio había quedado privado de su arsenal químico. Rusia finalmente vetó que se prolongara la investigación de la ONU. Al-Ásad mantuvo en su poder este tipo de armas y las utilizó contra población civil a pesar de la misión internacional para privarle de ese armamento. Lo grave es que el desafío, de nuevo, había tenido su recompensa. Al fin y al cabo, Gadafi cumplió y fue derrocado. Al-Ásad, otro incumplidor, sigue, y nadie apuesta ya por su derrocamiento. Sadam Husein hizo el mismo cálculo y doce años tras su frustrada invasión de Kuwait, le dieron la razón. Hasta 2003.

LA CONVERSACIÓN DE CRAWFORD

En febrero de 2003, José María Aznar y George W. Bush, acompañados de sus esposas y de un reducido grupo de colaboradores, se reunieron en el rancho que los Bush poseen en Crawford (Texas).

Allí se produce una conversación entre los dos mandatarios que resume bien las visiones sobre la cuestión iraquí.

La minuta de la conversación, redactada por el asesor internacional del presidente, Alberto Carnero, y el embajador Javier Rupérez, fue filtrada al diario El País, que la publicó en su edición impresa del 26 de septiembre de 2007.

No creo que ni El País ni el autor de la información, Ernesto Ekaizer, quisieran hacer ningún favor a Aznar. Pero lo cierto es que la revelación de aquel encuentro permitió acreditar las posiciones que el presidente del Gobierno mantenía, dentro de un inequívoco compromiso de solidaridad atlántica.

Aznar insistió en agotar todas las posibilidades del camino de Naciones Unidas con una resolución final que obtuviera una mayoría del Consejo de Seguridad aunque no pudiera incorporar a Francia y a Rusia. Hizo hincapié en que Bush tenía que hacer compatible su apoyo interno «con el aprecio de los europeos» y señaló el exilio de Sadam y su familia —una opción a la que Bush daba un 15 por ciento de posibilidades de prosperar— como una vía que merecía la pena seguir explorando. «No te pido que tengas una paciencia infinita —dijo Aznar a Bush—. Simplemente que hagas lo posible para que todo cuadre. Ten un poco de paciencia. —Y en una observación que ponía de relieve el diferente encuadre psicológico de la situación en uno y otro, añadió—: Lo único que me preocupa de ti es tu optimismo.»

Bush puso un énfasis sincero ante Aznar en su deseo de evitar la intervención. «Yo soy el que tiene que consolar a las viudas de los muertos», le dijo. Pero, además, era relevante cómo Bush mantenía la vía de la ONU a pesar de reconocer explícitamente divergencias en su equipo sobre esta opción y hasta qué punto su confianza en el voto favorable de Chile y México era excesiva. Aznar estaba mejor informado. Habíamos llegado a Crawford desde México, donde comprobamos la hostilidad de la opinión pública mexicana y la inhibición del presidente Vicente Fox.

En aquella conversación, Bush adelantó a Aznar que preparaban un paquete de ayuda humanitaria «muy fuerte». «Estamos planteando un Irak post-Sadam y creo que hay buenas bases para un futuro mejor. Irak tiene una buena burocracia y una sociedad civil relativamente fuerte», añadió.

Eran observaciones que generaban confianza en el enfoque de Estados Unidos una vez derrotado Sadam, incluida una fórmula de organización federal del país. Por eso resulta aún más difícil de entender el desmantelamiento del ejército y del partido Baaz en torno al cual se articulaba la «buena burocracia» y esa «sociedad civil» con las que Bush contaba como activos para la reconstrucción de Irak.

Bush también le adelantó a Aznar que iba a formular una nueva propuesta de paz en Oriente Medio, que luego concretó en la opción por los dos Estados, uno judío y otro palestino, enunciada por primera vez por un presidente americano. Se podía adivinar en este punto alguna influencia de Bush padre y su preocupación por que la política de Estados Unidos en la región resultara equilibrada y capaz de manejar diferentes registros. No había que olvidar que fue Bush padre quien unos meses después del fin de la guerra del Golfo, en 1991, promovió la Conferencia de Paz para Oriente Medio en Madrid.

Pero a George W. Bush le resultaba casi imposible superar su escepticismo sobre la posibilidad de que Sadam se aviniera a cumplir las resoluciones de la ONU y acreditara su desarme. Y este escepticismo también era fácil de compartir. Le preocupaba que una nueva resolución abriera nuevas oportunidades para que el dictador iraquí continuara eludiendo sus obligaciones. «Sadam Husein no cambiará y seguirá jugando.» Aun así, aceptaba la iniciativa de Blair y Aznar ante el Consejo de Seguridad con una única precisión:

Solamente tenemos un criterio: que Sadam Husein se desarme [...] Al fin y al cabo, ya ha tenido cuatro meses en esta última etapa y eso es un tiempo más que suficiente para desarmarse.

¿Por qué Sadam mantenía su desafío? Bush lo explicaba:

Sadam cree que ya se ha escapado. Cree que Francia y Alemania han detenido el proceso de sus responsabilidades. Cree también que las manifestaciones de la semana pasada [sábado 15 de febrero] lo protegen. Y cree que yo estoy muy debilitado.

El presidente americano dejaba un margen para confiar en que el entorno de Sadam fuera más sensible a la presión que se ejercía:

La gente de su entorno sabe que las cosas son de otra manera. Saben que su futuro está en el exilio o en un ataúd. Por eso es tan importante mantener la presión sobre él. Gadafi nos dice indirectamente que es lo único que puede acabar con él. La única estrategia de Sadam Husein es retrasar, retrasar y retrasar.

Por eso Bush se mostraba concluyente al negarse a que la situación permaneciera en aquel impasse hasta el verano.

LAS AZORES, ENTRE EL ANTICICLÓN Y LA BORRASCA

La gestión diplomática, la intervención militar y el periodo de estabilización posterior fueron una exigente prueba para la Moncloa. Comparecencias parlamentarias, una intensiva actividad internacional del presidente Aznar, el seguimiento de los acontecimientos a través del sistema nacional de crisis, el CNI y los Ministerios de Defensa y Exteriores y la ofensiva creciente de la oposición de izquierda, que buscaba capitalizar el distanciamiento de la población hacia la intervención militar. Se daba la circunstancia única de que España formaba parte del Consejo de Seguridad como miembro no permanente en medio de una crisis internacional de estas proporciones. Todo sumaba para hacer de estos meses un periodo de extraordinaria intensidad para la maquinaria política, de comunicación y organizativa de la Presidencia del Gobierno.

Se acordó con la Casa Blanca la instalación de un teléfono directo con el Despacho Oval mediante una línea especial que fue utilizada en numerosas ocasiones. Después de la visita de Mijaíl Gorbachov en 1987, mediante un convenio con los todavía soviéticos, se instalaron sendos teléfonos rojos entre Madrid y Moscú. Y era efectivamente un teléfono instalado sobre un equipo de comunicaciones y de encriptación que, como casi todo lo soviético, era algo anticuado y de proporciones y peso tan descomunales que para instalarlo hubo que reforzar el suelo del Gabinete de Comunicaciones de la Moncloa. Ahora, además de Moscú, Madrid estaba comunicada directamente con Washington.

El presidente quiso asegurar la coordinación del Gobierno y el adecuado flujo de información activando la Comisión Delegada para Situaciones de Crisis de la que formaban parte los vicepresidentes Rajoy y Rato, los ministros de Interior, Exteriores, Defensa y Hacienda, así como el director del CNI, Jorge Dezcallar, el director del Gabinete del Presidente, el director del Departamento Internacional de la Presidencia y yo mismo como secretario general de la Presidencia y secretario de la Comisión. Las reuniones se celebraron en las instalaciones del DISSC, el conocido como búnker, y las sesiones, cuyo contenido era información clasificada, fueron realmente intensas en el análisis, el contraste de información y la valoración de las diferentes medidas que debían adoptarse.

El entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, atribuye en sus memorias al entorno de Aznar un supuesto ardor guerrero que insistiría en proponer la participación de tropas españolas en operaciones de combate. Solo diré que no lo recuerdo en absoluto así y que la posición del entorno del presidente se mantuvo siempre en la línea que el propio Aznar mantenía con claridad y consistencia: no habría tropas españolas en combate. Ni lo pretendía Estados Unidos, ni nadie lo planteaba. España haría una contribución comprometida a la estabilización y las tareas de reconstrucción y atención humanitaria, dentro de las resoluciones que el Consejo de Seguridad estaba ya preparando para el posconflicto. La presencia española en la operación de estabilización de Irak no estaría exenta de riesgos, pero la naturaleza de la misión estaba perfectamente definida.

Las operaciones militares en Irak comenzaron el día 20 de marzo de 2003. Cuatro días antes se celebró en las islas Azores la reunión de Bush, Blair y Aznar, con el primer ministro portugués José Manuel Durão Barroso como anfitrión. Se trataba de adoptar las decisiones finales después de que Estados Unidos y Gran Bretaña hubieran concluido su despliegue militar en la zona.

El tiempo transcurrido desde que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1441, en noviembre de 2002, no había servido para que Sadam se aviniera a la cooperación que se le exigía con los inspectores de Naciones Unidas y acreditara el desarme que, en todo caso, debía realizarse —o haberse realizado— bajo supervisión internacional.

El 27 de enero, dos meses antes de la intervención, los jefes de la Comisión de Vigilancia, Verificación e Inspección de la ONU (UNMOVIC) y del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) presentaron al Consejo de Seguridad su informe sobre la declaración que Irak había facilitado sobre el destino de su arsenal de armas de destrucción masiva. El informe de los inspectores volvía a denunciar la falta de cooperación iraquí con la misión y ponía de manifiesto las inconsistencias y la falta de evidencias para justificar las destrucciones unilaterales de armamento que Irak alegaba.

A partir de esa información de los inspectores, el CNI detalló el estado de la cuestión. En lo que se refería a armas químicas, los inspectores registraban la existencia de mil toneladas del agente VX de cuya destrucción no había constancia. Sobre las armas biológicas, la misión inspectora transmitía su convicción de que Irak había producido más carbunco (ántrax) que el declarado y que disponía de medios de cultivo para poder producir al menos cinco mil litros de carbunco concentrado. Se mantenían las dudas sobre la existencia de misiles Scud y denunciaba la imposibilidad de contar con una lista de personas implicadas en los programas de armas de destrucción masiva.

La OIEA informaba que no había encontrado indicios de que Irak hubiera reanudado su programa nuclear, pero constataba que los iraquíes habían adquirido tubos de aluminio dirigidos a la fabricación de cohetes, en violación de las prohibiciones impuestas. Además, la Organización mostraba su preocupación por el consumo del explosivo HMX y las importaciones de uranio y de imanes que las autoridades iraquíes no habían aclarado.

Los inspectores habían pedido más tiempo después de 12 años. Aun así, transcurrieron dos meses hasta la intervención y cuatro desde la resolución 1441.

En las Azores —Aznar hizo ver la inconveniencia de celebrar el encuentro en las islas Bermudas— se reunieron con el anfitrión los tres países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU —España lo era aunque no permanente— que habían impulsado la exigencia de cumplimiento de las resoluciones de desarme que pesaban sobre Irak. Los tres mandatarios se reunieron a solas y hubo después una reunión de las delegaciones que los acompañábamos. Se decidió el ultimátum a Sadam, aunque con pocas esperanzas de que lo atendiera. Era una última oportunidad que rechazó Sadam, a pesar de que cualquier movimiento significativo en la dirección que se exigía en el ultimátum habría parado el lanzamiento de las operaciones militares.

De nuevo la pregunta: si Sadam ya no tenía armas de destrucción masiva, ¿por qué no permitió que en unos pocos días los inspectores certificaran que se había deshecho de ellas, evitando así una intervención que era inminente? Y de nuevo la respuesta: primero, porque admitirlo habría sido una muestra de debilidad ante sus enemigos internos y exteriores. Segundo, porque la evolución de la posición de Francia, Alemania y Rusia y las expresiones masivas de oposición a la intervención no habían hecho sino reforzar su convencimiento de que la intervención había embarrancado y de que, si llegaba a producirse, tampoco en esta ocasión los americanos llegarían hasta su derrocamiento. Bush lo había explicado en Crawford, y el análisis parecía acertado. En suma, Sadam creía que para sobrevivir no le hacía falta exhibir sus vulnerabilidades.

La cumbre de las Azores en nada responde al retrato de celebración militarista que se ha querido hacer de ella. No había rastro de triunfalismo, aunque se confiaba en que la superioridad militar angloamericana permitiría una campaña breve y con daños limitados, como así fue. Bush, Blair y Aznar dedicaron tiempo a hablar de la tarea de estabilización posterior. No solo los dos europeos sino también el presidente americano hablaron extensamente del papel que debía jugar la ONU y el compromiso de Estados Unidos con la organización.

En la cena posterior, el ambiente reflejaba la seriedad del momento. El protocolo me sentó al lado de Condoleezza Rice, entonces consejera de Seguridad Nacional de Bush. Recuerdo bien la conversación que mantuvimos. No rebobinamos sobre la reunión que se acababa de celebrar, pero sí hablamos de la complejidad de la situación en Oriente Medio, en la que Rice se explayó sobre el conflicto entre Israel y los palestinos. Me interesé por el trabajo en la Casa Blanca y no tuvo reservas a la hora de quitarle todo el glamour televisivo. Sin cargas familiares ni pareja conocida, me contó que en un día normal llegaba a su despacho a las 6 de la mañana, y lo dejaba, cuando se lo permitían, bien entrada la noche. A lo largo del día sacaba un rato para hacer algo de ejercicio, y al terminar la jornada me confesó que lo que le esperaba solía ser un sándwich a la plancha de jamón y queso en su apartamento.

Regresamos a Madrid inmediatamente después de la cena: despedida de Bush y de su delegación, el espectáculo del séquito presidencial americano en movimiento, despegue del Air Force One, despedida de Blair y vuelta a Madrid.

Éramos conscientes de la trascendencia de aquella reunión. Y también de la posición ganada por España. Estábamos donde se tomaban las decisiones y con capacidad para influir en ellas pero, a cambio, había que estar dispuesto a asumir responsabilidades.

Fiel a esta lógica, José María Aznar nunca ha ocultado la importancia de aquella cumbre ni ha archivado la foto de las Azores. Y sigue teniendo buenas razones para ello.

POR LA PENDIENTE ANTIAMERICANA

En enero de 2004, Aznar viajó a Washington por última vez como presidente del Gobierno. Hubo reuniones con la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, el vicepresidente Cheney y el presidente. Bush se despidió con gran cordialidad de los que habíamos acompañado a Aznar en sus encuentros. «Os echaré de menos», nos dijo en el Despacho Oval. Para cerrar la despedida, los Bush ofrecieron una cena en la Casa Blanca a la que asistieron buena parte de los miembros de su Gobierno y diversas personalidades de Washington, junto con sus dos hijas y José María, el hijo mayor de los Aznar. Donald Rumsfeld, secretario de Defensa, se incorporó algo más tarde y contó alguno de sus recuerdos de cuando visitó España en 1975 acompañando al presidente Gerald Ford, de quien era jefe de Gabinete. Un coro de marines en uniforme de gala hizo una magnífica interpretación de canciones españolas —no podía faltar Granada— y el chef de la Casa Blanca se lució con un menú muy elaborado.

En estos años, España —no Aznar, ni el Gobierno, ni el PP— alcanzó una relación de socio e interlocutor privilegiado con Estados Unidos. Aliado ya lo era, y también se fortaleció esa condición pero dentro de la OTAN. Los vientos de fronda que soplaron después en la política española se llevaron por delante ese gran activo de nuestro país. Una combinación de venganza y mediocridad envueltas en demagogia buenista se proyectó sobre el vínculo con Estados Unidos. El anuncio de la retirada de las tropas de Irak como primer acto del nuevo presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero no solo contenía una agresividad impensable hacia un país aliado, sino que delataba un regodeo infantiloide en el destrozo que se estaba causando en aquellos momentos. Como si mantener una relación a ese nivel con Estados Unidos fuera un asunto personal que, acabado el mandato de Aznar, debía desaparecer con este. El nuevo ministro de Defensa, José Bono —ese que conmueve a cierta derecha que se siente perdonada cuando Bono recuerda que su padre era falangista y, sin embargo, buena persona—, se desparramaba afirmando que prefería morir a matar. El portavoz socialista Jesús Caldera tampoco se quedaba corto, y atribuía a su jefe el comienzo de un nuevo orden mundial, ni más ni menos. El nuevo Gobierno tenía derecho a redefinir prioridades en política exterior, pero el primer mandamiento de esa redefinición es no dañar los intereses nacionales. Se podía comprender que quisieran dar una patada a Aznar, pero no que se la dieran en el estómago a los intereses nacionales. En este caso no se trataba solo de rectificar, sino de hacerlo de la manera que más pudiera lesionar a un aliado como Estados Unidos. El ofensivo gesto de Zapatero al permanecer sentado al paso de la bandera de Estados Unidos en el desfile del 12 de octubre de 2003 había resultado un revelador anticipo de lo que se proponía hacer en la pendiente de antiamericanismo por la que se deslizaba.

Tal vez por aquello de la «memoria institucional» tuvieron que pasar 14 años para que un presidente de Estados Unidos volviera a visitar España. Fue Barack Obama en julio de 2016, en el final de su mandato y con el Gobierno de Rajoy en funciones. Obama adelantó su regreso a Washington por un tiroteo en Texas que hizo cancelar una visita prevista a Sevilla. Las comparaciones son odiosas, pero uno se podría preguntar qué no se habría dicho si cualquier otro presidente americano sin la bula mediática de Obama hubiera pasado en Madrid menos de 24 horas, hubiera recibido a los líderes políticos en la base de Torrejón y hubiera terminado su visita con un encuentro multitudinario con tropas americanas en la base de Rota. Nunca como con Obama una visita hizo tan visible la presencia militar de Estados Unidos.

Las relaciones con Washington seguramente son excelentes, pero en su ámbito. Pero ese ámbito es ahora significativamente más estrecho, incluso cuando la amenaza del terrorismo nos exige cooperar más. Cuando Obama termina su visita a España en la base de Rota rodeado de sus tropas, uno se siente inclinado a pensar que España ha vuelto a las páginas amarillas de la guía de Europa. Resultó una cruel paradoja —alguien podría hablar de un poético ajuste de cuentas— que años después de aquellas decisiones, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, recibiera una llamada de la Casa Blanca instándolo a aceptar un programa de ajuste económico y recortes sociales que se había hecho imprescindible para conjurar el peligro para la economía internacional que significaría la quiebra hacia la que se encaminaba nuestro país. Y como tratándose de Estados Unidos no hay socialista sin rectificación, Rodríguez Zapatero, que había llegado intentando provocar la rebelión de los aliados contra Washington, se despedía aprobando el convenio en virtud del cual la base de Rota se ha convertido en la gran plataforma de proyección de la fuerza americana en África subsahariana y el Magreb.

España es un aliado útil, pero cualquier análisis de la posición de nuestro país destacaría la volatilidad que la puede afectar en cualquier cambio político que ocurra.

Recuperar esas posiciones no es fácil. Primero porque, en efecto, se ha establecido en muchos ámbitos de opinión —también dentro del Partido Popular— aquello de que estábamos compitiendo por encima de nuestra categoría. Pero además de una voluntad que no se aprecia, se necesitaría una reconsideración profunda de la estrategia y de los medios que se dedican a la presencia cultural de España en Estados Unidos, a las oportunidades que ofrece la pujanza de lo hispano —le guste o no a Trump—, a la presencia en los circuitos de universidades y think tanks, al acercamiento a las instituciones, al cultivo de los muchos profesionales españoles que allí trabajan en organizaciones científicas y financieras. La americana es una sociedad fértil para los esfuerzos de acercarse a su realidad. A nuestro país no le faltan vías para hacerlo; lo que sí parece faltarle es sensibilidad y asignación de recursos para ello.

8

EL REY: ACONSEJAR, ANIMAR Y ADVERTIR

UNA MONARQUÍA IMPROBABLE

En junio de 1939, el rey de Inglaterra, Jorge VI, y su esposa, la reina consorte Isabel, padres de Isabel II, realizaron una histórica visita a Estados Unidos. Histórica no solo por ser la primera de un monarca británico reinante. El presidente Franklin D. Roosevelt los había invitado personalmente actuando fuera de los canales diplomáticos habituales y les ofreció un tratamiento que quería transmitir amistad y cercanía de la Corona inglesa a la sociedad norteamericana. El programa incluyó un pícnic en la residencia privada de Roosevelt en Hyde Park (Nueva York) con cerveza y perritos calientes, que la Reina comió con cuchillo y tenedor. El presidente Roosevelt quería dar a conocer a los estadounidenses a los reyes del país con el que habrían de aliarse para responder al nazismo. Publicitar a los monarcas británicos era una forma de preparar esa alianza que tenía que superar el aislacionismo de la sociedad americana, alejada de la realidad amenazante de aquella Europa lanzada a la cuenta atrás hacia la guerra.

El público norteamericano siguió la visita real con fascinación y pudo saber que, por ejemplo, los Reyes se habían hecho traer agua de Londres para asegurar que el té mantenía íntegramente su sabor.

Mientras los reyes británicos se hacían llevar agua de Londres a Estados Unidos para que les prepararan el té a su gusto y desplegaban el esplendor más llamativo de la Corona, sus primos españoles eran los parientes pobres de otra de las monarquías derrocadas en Europa. Un año antes, en 1938, había nacido en Roma Juan Carlos de Borbón y Borbón, hijo de don Juan de Borbón y Battenberg y de doña María de las Mercedes de Borbón y Orleans, nieto de Alfonso XIII y el segundo de cuatro hermanos, dos varones y dos mujeres, que no habían tenido vivencia de España por el exilio al que se vio forzada la Familia Real en abril de 1931.

España venía de saldar la guerra civil que la había desangrado desde 1936. El nuevo régimen se iba a proclamar «monarquía social, católica y representativa» con un general en la Jefatura del Estado. Un extraño artefacto político, un reino sin rey.

La monarquía británica había tenido que cambiar el nombre de la dinastía, que hasta 1917 era Sajonia-Coburgo-Gotha, para convertirse en la Casa de Windsor y así tapar su inconveniente estirpe alemana. Asimiló sin mayores tensiones la emergencia del laborismo y acababa de superar la conmoción causada por la abdicación del rey Eduardo VIII —sobre quien habían circulado rumores de homosexualidad— para casarse con la norteamericana Wallis Simpson. A punto de entrar en guerra con la Alemania de Hitler, los Windsor tuvieron que borrar el rastro de las simpatías nazis que se les atribuían y que encarnaba el propio Eduardo VIII en sus tratos —pronto conocidos— con el Tercer Reich para patrocinar un acuerdo de paz al margen de los aliados a cambio de ser restablecido en el trono británico junto con su esposa norteamericana. Pocas semanas después de su visita a Estados Unidos, la Corona se disponía a pasar la prueba de la guerra que nuevamente se cernía sobre Europa. Un rey tartamudo, nervioso y circunspecto tenía que ser el alma resistente del país. No eran pocos ni leves los sobresaltos en la Corte de San Jaime. Con todo, si alguien hubiese pronosticado que el segundo de los hijos de don Juan de Borbón reinaría en una España reconciliada, se le habría atribuido una fe temeraria en milagros que no se dan en política.

Y sin embargo, si se considera el cúmulo de circunstancias que tuvieron que darse para que don Juan Carlos no solo llegara a la Jefatura del Estado —algo que estaba relativamente asegurado a la muerte de Franco—, sino para que la ejerciera como lo hizo, milagroso es el adjetivo que a cualquiera se le viene a la cabeza.

Es verdad que si se recuerda la historia de la monarquía —la española y la de casi todas las demás—, esa sucesión lineal que sugiere la continuidad de la sangre pocas veces ha sido tal. Enfrentamientos fratricidas, matrimonios fallidos, muertes prematuras, minorías de edad convulsas, agotamiento de las dinastías, son todos ellos accidentes históricos de las monarquías que en el pasado han hecho girar la trayectoria de sus pueblos hacia caminos insospechados. Lo cual, además de ofrecer un entretenimiento extraordinario a los cultivadores de lo contrafactual, recuerda también la contingencia inherente a la política. Muchas veces la tostada ha caído por el lado de la mantequilla, y esa contingencia nos ha deparado reinados lamentables. Pero en otras, también lo inesperado reportó reinados muy fructíferos. Claro que la historia —como dijo Einstein de Dios a propósito de la teoría cuántica— no juega a los dados a pesar de que a veces lo parezca. No basta con que se produzca una sucesión de acontecimientos inesperados para que estos determinen por sí mismos el resultado.

Fernando III el Santo habría sido un personaje histórico menor si su madre, la reina Berenguela, no hubiera conducido los acontecimientos demostrando temple, astucia y generosidad para hacer que finalmente recayeran en su hijo las coronas de Castilla y León y quedaran definitivamente unidas. Isabel la Católica pasó por un accidentado camino; de vivir recluida en el castillo de Arévalo con su madre trastornada, Isabel de Portugal, a convertirse en la gran reina artífice de la unidad de España. Pero no bastó con la muerte repentina de su hermano Alfonso para que ella ocupara el trono. Para conseguirlo fueron necesarios su determinación personal, sus dotes políticas y el impulso del proyecto de unidad mediante su matrimonio con Fernando de Aragón. Al gran emperador Carlos no le bastó con la muerte inesperada de su padre Felipe, la locura inhabilitante de su madre Juana o la desaparición de los hermanos de esta con mejor derecho, porque Carlos I no se explica como rey de España sin las dos regencias del extraordinario estadista que fue el cardenal Cisneros.

Lo que hizo a don Juan Carlos rey de España y lo mantuvo en el trono fue también el resultado de una combinación de circunstancias sin aparente coherencia interna que si algo hacían presagiar era, en todo caso, el nuevo fracaso de la monarquía.

No entro en proponer quién en esta historia pudo ser la Berenguela del entonces príncipe o quién fue su Cisneros. Lo que es cierto es que la Corona no solo no sometió su trayectoria a un supuesto destino histórico predeterminado, sino que puso la singularidad de su restauración al servicio del horizonte democrático y cívico hacia el que España quería ir. Y lo consiguió de manera tal que don Juan Carlos reunió en la Corona una suma de legitimidades inédita para los españoles. A la legitimidad dinástica, resuelta con la renuncia de don Juan como cabeza de la dinastía el 14 de mayo de 1977, unió la legitimidad histórica de la institución, la legitimidad racional al incorporarse como uno de sus pilares a la Constitución que el pueblo español plebiscitó en diciembre de 1978 y, finalmente, la legitimidad carismática conseguida como impulsor de la Transición y garante efectivo de la Constitución en la madrugada del 23 al 24 de febrero de 1981.

El Rey emergió como garante último de la misma Constitución que hacía de él un monarca constitucional y jefe de un Estado que definía su forma política como monarquía parlamentaria. La Constitución trató a la Corona sin las cautelas que algunos proponían y sin ámbitos reservados al monarca. Ni Consejo Privado, ni poder para designar senadores, ni nada que sugiriera la pervivencia en la Corona de adherencias doctrinarias difíciles de justificar en el nuevo sistema democrático. Y sin embargo, la Corona ha mantenido una posición central en la vida institucional española y en las corrientes de opinión pública en torno a esta.

Más allá de su extraordinaria aportación histórica, o precisamente por ella, el juicio global sobre la monarquía no puede ocultar los factores de crisis y, para no pocos, de decepción que han marcado el periodo final del reinado de don Juan Carlos hasta su abdicación. Y al mismo tiempo destaca la capacidad de regeneración de la institución que ha demostrado el rey don Felipe en circunstancias menos que fáciles. En un país que se decía no monárquico sino juancarlista y bajo la apabullante dimensión histórica de su padre, el desafío del rey don Felipe era el de legitimar su ejercicio de la Jefatura del Estado en la normalidad democrática. Pero ha demostrado ser capaz también de emerger en las crisis para ofrecer al país lo que este podía esperar de la Corona: visibilidad, autoridad institucional y política, capacidad para instar la acción del Estado en la defensa de la integridad de la Constitución, fuerza atractiva de integración nacional.

Felipe VI no ha tenido la facilidad de un sistema bipartidista que hacía de la designación de candidato a la Presidencia del Gobierno un trámite más o menos vistoso pero trámite al fin y al cabo. Con el proceso secesionista en Cataluña ha tenido que vérselas con un desafío político e institucional que muchos creyeron impensable y que, precisamente por tratarse de Cataluña, presentaba una cara especialmente amarga para la Corona. Tampoco han sido años de pujanza exterior que le hayan permitido proyectarse internacionalmente desde un país sumido en una profunda crisis. Ni siquiera la Transición, en la que la Corona ocupa un lugar esencial, es ahora una narrativa respetada.

EL GOBIERNO CON EL REY

Francesc de Carreras explica:

La Monarquía parlamentaria configurada en la Constitución es distinta, en lo sustancial, a las anteriores monarquías del constitucionalismo liberal español, tanto en las constituciones moderadas como en las progresistas. En efecto, el Rey no forma parte del poder constituyente (como en las moderadas), ni de los poderes constituidos (como en las progresistas). La Corona es un órgano constitucional cuyo titular, el Rey, no tiene poderes aunque sí funciones y deberes, y debe comportarse con exquisita neutralidad, al margen de todas las fuerzas políticas.

Sin poderes efectivos, la monarquía parlamentaria, para su funcionalidad constitucional requiere del Gobierno, que es el que asume la responsabilidad por los actos del monarca. «El rey reina, pero no gobierna», dice la formula clásica, pero aplicada a nuestro país, sería más ajustada a la realidad histórica e institucional la versión que proponía Manuel Jiménez de Parga: «El rey no gobierna, pero reina».

En cualquier caso, el Gobierno es el órgano que ancla a la Corona en el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales y eso convierte al presidente del Gobierno en el primer consejero del Rey. Y esos dos papeles, presidente y consejero, aunque coinciden, pueden diferenciarse. El presidente es el que refrenda los actos e intervenciones más importantes del Rey, le informa de los asuntos de Estado, le propone el nombramiento y el relevo de sus ministros y la disolución de las Cortes para celebrar nuevas elecciones. En cuanto consejero, la relación entre el Rey y el presidente del Gobierno se extiende a una conversación más amplia de la que forman parte recomendaciones, sugerencias, reflexiones y expresión de puntos de vista por parte de ambos interlocutores fuera del marco formal de la relación institucional definida por la Constitución. En este ámbito, más que en el de la relación estrictamente institucional, se plasma con más continuidad esa función de aconsejar, animar y advertir en la que el constitucionalista británico Walter Bagehot resumía la acción de la Corona en relación con su Gobierno. Consejo, ánimo y alerta —habría que añadir— que también es un derecho constitucional del presidente del Gobierno y un deber de lealtad hacia el monarca.

La relación entre el Rey y el presidente del Gobierno es una relación muy singular y personalísima. A lo largo de un mandato, ambos acumulan muchas horas de conversación en una privacidad total. En esa relación —como en cualquier otra de semejante cercanía—, naturalmente entran en juego factores muy diversos, entre ellos los generacionales o los temperamentales. La neutralidad de la Corona y la ausencia de poderes efectivos —no así de funciones simbólicas y del poder de su influencia— permiten una interlocución con el Ejecutivo libre de sospechas.

La edad, la experiencia, las características del liderazgo político que se ejerce desde el Gobierno y la situación concreta del país entran de lleno en esta relación. Winston Churchill, el estadista británico por antonomasia del siglo XX, ejerció en el final de su carrera de tutor político de la joven reina Isabel II. Pero años antes, no pocos monárquicos le reprochaban empequeñecer la figura del rey Jorge VI por el protagonismo del primer ministro en la conducción de la guerra. Desde luego, ni el Churchill que conoció Isabel II como reina era el mismo que despachaba con su padre bajo las bombas alemanas, ni la reina Isabel es la misma de entonces, después de 65 años en el trono.

Esta relación personalísima entre el Rey y el presidente del Gobierno es un terreno reservado para ambos, en el que los demás, por mucha que sea su cercanía a uno u otro, solo tienen como responsabilidad quedarse en la puerta y engrasar los engranajes.

En una práctica que se mantiene desde el comienzo de la democracia, el presidente del Gobierno despacha con el Rey semanalmente y dos veces durante el mes de agosto.

En ese despacho semanal se realiza formalmente la potestad del Rey, que expresamente reconoce la Constitución, de ser informado de los asuntos de Estado por el presidente, tanto como el derecho del presidente a expresar su opinión y su consejo al Rey.

De acuerdo con la singularidad de la relación rey-presidente, ni por parte de la Casa de Su Majestad ni de la Moncloa se elaboraban prolijas notas. Los despachos se preparaban con una conversación previa entre el jefe de la Casa y el secretario general de la Presidencia en la que repasábamos los temas más destacados, nacionales e internacionales, y ambos incluíamos aquellos otros asuntos que el Rey o el presidente querían tratar expresamente o los que habían sido tratados en despachos anteriores y había que seguir. En todo caso, las notas que se hacían para el Rey y el presidente eran en la mayoría de los casos simples guiones que, en mi caso, desarrollaba verbalmente con el presidente. Si alguien tuviera acceso a estas con la esperanza de enterarse de lo que hablaban, se llevaría una gran decepción.

Aznar, de natural reservado, lo era aún más sobre el contenido de los despachos. Solo se refería con algún detalle a aquello que requiriese alguna gestión posterior, alguna indicación a un ministerio o algún asunto que hubieran dejado para que lo tratara con los responsables de la Casa de S. M.

El historiador Juan Francisco Fuentes hace pasar por hecho comprobado un episodio que no es más que una simple fabulación. Cuenta que en medio de la crisis con Marruecos por la ocupación del islote de Perejil, Aznar salió tan enfadado de un despacho con el Rey que le hizo «una sorprendente y amarga revelación a un alto cargo que le había acompañado a la Zarzuela: “Ahora entenderás por qué soy republicano”». Aznar jamás dijo tal cosa. Nunca se le ocurriría semejante exabrupto y hay que dudar de la fuente porque al presidente no lo acompañaba nunca a la Zarzuela ningún «alto cargo», sino su escolta y su ayudante.

El Rey ni es un autómata sin existencia institucional propia ni es un poder constitucional del Estado. Entre estos dos polos se desarrolla su actividad, que tiene un contenido representativo de gran densidad simbólica e histórica, y ejerce como instancia integradora. No hay que olvidar que la Constitución le atribuye la función de arbitraje y moderación del funcionamiento regular de las instituciones. Como pasa con los árbitros en cualquier competición, si tiene que intervenir mucho es señal de que el juego no va bien.

El Rey necesita el refrendo de su actos por parte del Gobierno o, excepcionalmente, del presidente del Congreso. El refrendo no es solo un instrumento que expresa la naturaleza constitucional de la monarquía, sino que la protege en la medida en que es la autoridad que refrenda la que asume la responsabilidad por los actos del Rey.

En términos prácticos, el refrendo requiere que la agenda del Rey sea conocida y tratada con el Gobierno, entre otras razones por cuestiones tan prácticas como la designación del ministro que acompaña al Rey (o a los Reyes) en cada acto público. Para ello, establecimos con la Casa de S. M. un procedimiento fluido de comunicación de las actividades y de información sobre su contenido. En esta tarea fue muy útil la buena relación que desarrollaron el vicesecretario general, José María Bethencourt, y el responsable de la programación de actividades en la Zarzuela, Domingo Martínez Palomo, actual secretario general de la Casa de S. M.

El Rey es el primer servidor público, y aunque suene a retórica, es cierto. Su agenda está a disposición del Estado. Muchas de sus actividades proceden de propuestas de los ministerios y de las comunidades autónomas. Hay también un buen número de iniciativas privadas que merecen el apoyo de la presencia del Rey. Pero además, el Rey tiene capacidad de iniciativa a la hora de valorar una determinada actividad, ser él quien la proponga o, por el contrario, no considerar adecuado lo que se le somete.

El tratamiento de la agenda real forma parte de la responsabilidad del Gobierno, y en especial de su presidente, obviamente no en el día a día, pero sí en determinadas ocasiones y sobre todo cuando la institución despliega toda su fuerza representativa en la proyección internacional de España.

Creo que infravaloramos la importancia de la actividad internacional de la Corona para España y para la propia institución. Ocurre que la actividad internacional de la Corona es función directa de la posición de nuestro país en la escena internacional, y esta, lamentablemente, ha venido menguando desde 2004, también en Iberoamérica.

Primero fue el grave desencuentro con Estados Unidos y el papel secundario que España asumió en el concierto europeo. Después, la recesión que señalaba a España por su tamaño como el principal riesgo sistémico para el euro, a lo que se añadió el proceso de sucesión en el trono, la interinidad política desde diciembre de 2015 a noviembre de 2016, y por último el desafío independentista catalán con todas sus implicaciones. Todos estos factores, unidos a una tendencia al repliegue internacional que se ha extendido por todo el espectro político, han mermado seriamente la dimensión de nuestra política exterior y han afectado a la imagen de España, un país con capacidad de recuperación económica, sí, pero con serios problemas políticos aparentemente intratables. Nuestra fuerza de interlocución y presencia internacional se han limitado, y eso afecta a la proyección exterior de la Corona, que es una dimensión esencial de esta.

La actividad internacional del Rey era, pues, objeto de una consideración muy cuidadosa. Anualmente, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Casa de S. M. y la Presidencia del Gobierno acordábamos el programa de las visitas y viajes de Estado que se proponían al Rey y al presidente para su decisión final. El criterio general era que hubiera al año dos viajes y dos visitas de Estado, a los que había que añadir las visitas a organizaciones internacionales y la Cumbre Iberoamericana anual que iba precedida o seguida de una visita del Rey al país anfitrión. Otros compromisos podían tener menor nivel protocolario, pero resultaban tan importantes como las visitas de Estado, aunque no hubiera cena de gala en el Palacio Real.

Cualquiera que repase la agenda internacional del Rey en este periodo podrá comprobar la relevancia que esta tuvo, dentro de un importante esfuerzo de presencia exterior de España. Las comparaciones son odiosas, pero a veces resultan necesariamente ilustrativas, sobre todo cuando se ha recurrido con tanta frecuencia a atribuir al Gobierno de aquel periodo y a su presidente una supuesta voluntad de opacar a la Corona.

Cuba es la clave de este relato. Las declaraciones de Aznar diciendo que el Rey iría a Cuba «cuando toque» se han esgrimido desde entonces como prueba de cargo. El propio Aznar lo ha explicado en sus Memorias sin negar el interés que el monarca le expresó por visitar oficialmente la isla, un interés que la Casa de S. M. había hecho llegar a la Moncloa en varias ocasiones. Se produjo, efectivamente, una discrepancia aireada innecesariamente más de lo que habría aconsejado la prudencia. Suele ocurrir que hay algunos que siempre son más papistas que el papa y en su celo cortesano siempre están dispuestos a hacer flacos favores al Rey. Esos entendieron que, dando pábulo a esta discrepancia, Aznar se sentiría presionado. Es curioso que durante los casi 14 años del Gobierno socialista no se hubiera planteado esa cuestión, que tampoco se plantearía durante los siete años posteriores del Gobierno de Zapatero. Y sin embargo, a algunos el asunto les parecía urgente en aquel preciso momento, siendo Cuba un tema central de la política exterior española precisamente cuando la Unión Europea había adoptado una posición común de presión política sobre el régimen castrista. En cualquier caso, el episodio confirmaba que la tolerancia con la dictadura castrista de la izquierda española, y de una parte de la derecha, es uno de los grandes enigmas de la política española, salvo que se acepte como argumento definitivo el de los vínculos sentimentales. El castrismo, en una especie de chantaje emocional, se ha aprovechado largamente de las lágrimas que aderezan el recuerdo colectivo todavía vigente del «cuando salí de Cuba». Se olvida de que las lágrimas reales en la Cuba de hoy no son las de la nostalgia española teatralizada por el régimen comunista, sino las de las víctimas de la implacable represión castrista.

El viaje a Cuba para asistir a la Cumbre Iberoamericana de La Habana fue difícil. El primer encuentro entre Aznar y Fidel Castro se produjo en el aeropuerto mientras esperábamos la llegada de los Reyes. Estuve presente en la conversación entre los dos en la que Castro se comportó con cordialidad. No hablaron de temas de alta política, pero a veces las conversaciones en apariencia más intrascendentes ofrecen pistas más fiables sobre el clima entre los interlocutores.

El trato de Castro hacia los Reyes quiso ser hasta tal punto deferente que todo el mundo entendió que quería marcar la diferencia con el que dispensaba a Aznar. El «¿contra quién va el elogio?» tenía fácil respuesta. La deferencia se quebró en la visita de los Reyes y con Aznar y su mujer, Ana Botella, a La Habana vieja, restaurada con la cooperación española. Las calles estaban desiertas por orden de Castro, que en represalia porque el Rey no hiciera la visita bilateral al país, impidió que los Reyes tuvieran la acogida popular que con toda seguridad habrían recibido. Si aquello pretendía ser una patada a Aznar, quienes la recibieron fueron los Reyes, y era Castro y su supuesta consideración hacia los Reyes de España lo que quedaba en entredicho. Acostumbrados a interesarse por el dedo más que por la Luna a la que aquel apunta, lo que muchos medios destacaron fue el episodio de la chaqueta que Aznar se quitó durante el paseo para seguirlo en mangas de camisa. Los improvisados expertos en protocolo y buenas maneras se escandalizaron.

Fuera de este mal gesto de Castro, la Cumbre transcurrió con normalidad, y en buscar la normalidad nos esforzamos sin que eso significara que Aznar renunciara a reunirse con la disidencia. Había que cuidar con atención muy especial las intervenciones del Rey. Rafael Spottorno, entonces secretario general de la Casa, y yo nos dedicamos a revisar los textos que se le habían preparado al Rey. La presencia de los altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores y del equipo internacional de Presidencia, además de Fernando Almansa, jefe de la Casa de S. M., ayudaba a calibrar políticamente los mensajes que el Rey tenía que lanzar y que —éramos conscientes de ello— serían mirados con lupa. El Rey hizo un llamamiento para la apertura de Cuba al mundo. Simplemente que el motor del cambio democrático en España apelara a la apertura al mundo de un régimen totalitario era suficientemente significativo. Ni el Gobierno puede hacer recaer sobre el Rey la formulación de su política, ni el Rey tiene que sustituir al Gobierno en lo que hace o dice. El Rey estaba donde tenía que estar.

Una precisión. Que nadie piense que en la Moncloa hay unos impresos especiales o una ventanilla donde se estampa un sello de «REFRENDADO» sobre la agenda del Rey o sobre el texto de sus intervenciones. No es así como se materializa este deber del Gobierno y su presidente hacia el Rey, sino en la relación habitual entre ambos órganos, en la presencia de los ministros acompañando a Sus Majestades y en la relación entre el Rey y el presidente del Gobierno que, ya en el ámbito reservado de un despacho o ya en el público de una ceremonia oficial, es siempre una relación política e institucional.

HABLA EL REY

La actividad del Rey produce muchas intervenciones públicas. En asuntos oficiales se redactan a partir de los textos o la información que envían los ministerios. En otros casos se recurre a personalidades externas contando también con aportaciones de los propios miembros de la Casa. Pero de todas las intervenciones tiene conocimiento la Presidencia del Gobierno. En la gran mayoría de los casos se remitían a la Moncloa simplemente para conocimiento, porque no había observaciones que hacer. En otros —los menos—, el tema, la ocasión o la situación concreta que el país atravesara en ese momento exigían una consideración más detenida. Y así debía ser, primero, por la responsabilidad del refrendo constitucional; segundo, por el propio interés de protección de la Corona; tercero, por evidentes razones de cooperación entre la Moncloa y la Zarzuela.

No recuerdo ninguna discrepancia seria a propósito de un discurso del Rey. Solo en una ocasión, y por una referencia a la reinserción en una intervención de don Juan Carlos con motivo de un acto que tenía que ver con los sistemas penitenciarios y penales europeos. En aquellos momentos aumentaba la presión sobre el Gobierno para modificar la política penitenciaria sobre los presos de ETA. Entendimos que esas palabras —que no tenían que ver con la reclusión de terroristas— corrían un alto riesgo de ser malinterpretadas o manipuladas para hacer creer que el Rey avalaba aquella exigencia.

En la Zarzuela, la observación pareció demasiado puntillosa e injustificada. Era claro que el Rey no tenía ningún ánimo de entrar en esa polémica ni mucho menos contradecir al Gobierno en ese asunto. Pero no se trataba de eso, sino de evitar que al Rey se lo malinterpretara. Al final, después de un intercambio de opiniones con la sinceridad que requiere una relación leal, acordamos extremar la prudencia y aquellas líneas se suprimieron del texto.

En circunstancias normales, la intervención más relevante del Rey a lo largo del año es el mensaje de Navidad.

El Rey habla directamente a los españoles, puede hacer un repaso de lo que ha sido el año y expresar sus reflexiones. Recuerda a grupos concretos que por diversas razones merecen ser mencionados —víctimas del terrorismo, fuerzas armadas en misiones internacionales, cooperantes, etc.—, afirma principios, hace apelaciones, insta a partidos y a ciudadanos a seguir determinadas pautas en su acción cívica y política. Pero también, cuando se ha creído necesario, el Rey —tanto el reinante como el emérito— ha entrado en terrenos más ásperos y con tonos más firmes al tratar las deficiencias del funcionamiento institucional y los casos de corrupción que han minado tan profundamente la vida pública.

En el mensaje de Navidad, el Rey se presenta como instancia integradora y hace más visible aún su posición constitucional, que lo sitúa por encima de la confrontación partidista. Por esta razón se ha ido consolidando lo que podríamos llamar una convención que reconoce al Rey un margen de autonomía especialmente amplio para que el mensaje de Navidad sea una intervención que lleve como ninguna otra su sello personal. Refiriéndose al mensaje de Navidad, el rey don Juan Carlos le decía a José Luis de Vilallonga en 1993:

Mi discurso es el resultado de un pacto entre el presidente del Gobierno y yo. Yo le digo: «Esto es lo que voy a decir a los españoles. ¿Qué opina usted?». Por lo general, está de acuerdo conmigo. A veces discutimos a propósito de un matiz, de una palabra que conviene o no emplear. Pero lo importante (y ese es un lujo que me permito) es que yo pueda decir a los españoles lo que esperan que les diga.

El mensaje requiere una elaboración prolongada por parte de la Casa de S. M., que cuenta con autores externos para preparar el proyecto de intervención. Entre la Zarzuela y la Moncloa se hablaba de los temas del mensaje y de su enfoque, y ese intercambio de puntos de vista resultó siempre productivo. Cuando llegó el momento de pensar en el primer mensaje en la Navidad de 1996, recordaba todo lo que se había dicho de las tensiones entre la Presidencia y la Zarzuela en los últimos años del Gobierno socialista de Felipe González por los pronunciamientos del rey don Juan Carlos sobre los casos de corrupción de aquel periodo.

Puedo decir que entre 1996 y 2003 no hubo tensión alguna por el contenido de los mensajes de Navidad del Rey. Asumimos ese ámbito discursivo que la Corona quería reservarse para personalizar su intervención ante los españoles, y trabajamos para que la calidad de los mensajes fuera la máxima que podíamos aportar en fondo y en forma. Había mucho intercambio sobre las cuestiones de fondo y no poco sobre la calidad literaria de la intervención y su interpretación, lo que nos llevaba a veces a descender al detalle de plantearnos si esta o aquella preposición eran más adecuadas o cuál de los sinónimos de una palabra era preferible. Ayudaba la práctica en el speech writing, en la redacción de discursos, que en la Moncloa había que cultivar.

¿Se refrendan los mensajes de Navidad? Sí, porque no hay territorios exentos de la responsabilidad que el Gobierno tiene de refrendar los actos del Rey en cuanto jefe del Estado. Pero ese deber no impide que en algunas ocasiones la Corona exteriorice su identidad institucional propia con un perfil más marcado. Sin necesidad de remontarse a la intervención de don Juan Carlos en la noche del 23 de febrero de 1981 para conjurar el golpe de Estado, el mensaje a la nación del rey don Felipe el 3 de octubre de 2017 sobre el proceso independentista en Cataluña es un caso nítido, aunque en circunstancias excepcionales, de cómo se manifiesta esa identidad institucional propia de la Corona en la plenitud de su papel constitucional.

En teoría, cabría la posibilidad de que el presidente del Gobierno negara formalmente su refrendo a un mensaje del Rey. Pero tal negación se debería al fallo de tantas cosas que lo más importante no sería el mensaje, sino la gravedad del desencuentro. El Rey no puede expresar posiciones contrarias a las políticas de su Gobierno porque el Gobierno solo depende de la confianza del Congreso —y solo de ella— para mantenerse en el poder. El Rey no puede entrar en el debate partidista. Pero ese animar y advertir del que hablaba Bagehot puede perfectamente mantenerse en el espacio propio de la Corona. Por eso, esa hipótesis extrema de extralimitación de la Corona en sus prerrogativas o de negación del refrendo no se ha dado y no se dará. No, desde luego, cuando a la racionalidad de los actores políticos se une una verdadera práctica constitucional que, a veces, es tan importante como la norma escrita para orientar la forma de conducirse de las instituciones y los poderes del Estado.

EL REY Y AZNAR

El 2 de diciembre de 2009, el rey don Juan Carlos tenía una gripe considerable. Pero ese día se había señalado en su agenda la recepción del I Premio FAES de la Libertad, que le iba a ser entregado por José María Aznar. El Rey acudió acompañado de doña Sofía, y después del acto compartieron con los asistentes un cóctel en el que hablaron y saludaron a todos los que se les acercaron. La gripe obligó a don Juan Carlos a suspender un viaje a Barcelona que tenía previsto realizar por la tarde, pero el acto se celebró con brillantez.

En los Teatros del Canal donde tuvo lugar se reunió un buen número de representantes diplomáticos y autoridades, pero sobre todo una vasta representación de la derecha liberal conservadora de nuestro país pocas veces congregada en un acto tan visiblemente político. El Rey saludó al Patronato de la Fundación —del que habían formado parte tres ponentes de la Constitución: Manuel Fraga, José Pedro Pérez-Llorca y Gabriel Cisneros, que falleció en junio de 2007—. Después subieron al escenario, escucharon el himno nacional y Aznar tomó la palabra. Como presidente de la Fundación, pronunció un discurso bien provisto de afirmaciones de contenido sobre la Monarquía:

Con ocasión de este aniversario, la Fundación que presido quiere expresar su adhesión a la Corona. Quiere recordar la dimensión histórica del empeño de reconciliación entre los españoles alentado y sostenido por la Monarquía. Quiere afirmar la garantía de futuro que significa la Corona para la continuidad de nuestras instituciones. Quiere destacar su proyección vertebradora de la realidad nacional de España y de la convivencia entre sus ciudadanos.

Los españoles hemos tenido la fortuna de que en la figura de S. M. el Rey se ha dado una concurrencia única y crucial: una institución, la Monarquía, depositaria de la continuidad histórica de España en lo simbólico y lo institucional.

Y una persona, el Rey, decidido a marcar el rumbo hacia los objetivos de paz, democracia y libertad que con él anhelaban la inmensa mayoría de los españoles.

Si las instituciones son aquello que las hace reconocibles, la Monarquía se hizo reconocible en un Rey no de súbditos sino de ciudadanos, en un gran proyecto de reconciliación en democracia, en la afirmación de la libertad e igualdad de los españoles. Españoles que siempre pudieron ver en el Rey el ejercicio riguroso y eficaz de sus funciones constitucionales. En tiempos de normalidad y, también, cuando fue preciso defender la Constitución con autoridad y firmeza.

No parece que sean estas las palabras de un criptorrepublicano o de un monárquico renuente. Y sin embargo, la relación de Aznar con el Rey fue objeto, en determinados círculos, de una persistente deformación. En lo ideológico, atribuyendo a Aznar un supuesto republicanismo que algunos con pretensiones académicas, casi siempre desde la izquierda, explicaban por la confluencia en la derecha española de dos corrientes antimonárquicas, a saber, el maurismo y el falangismo. Una asombrosa imputación, esta última, que se ha hecho sin más base que el prejuicio. No creo que la evocación del maurismo incomode a Aznar, y no por ese supuesto republicanismo que en Maura no aparece por ninguna parte.

Don Antonio Maura era un monárquico medular para quien «querer construir contra la Monarquía y fuera de la Monarquía en España es como si un arquitecto se pusiera a proyectar sin contar con la ley de la gravedad». Radicalmente contrario a la dictadura de Primo de Rivera, anticipó con lucidez lo que ocurriría a la Corona: «A la caída de la Dictadura, la Monarquía intentará salvarse al fin para ser sustituida rápidamente por una República de apariencia democrática en su nacimiento que evolucionará rápidamente hacia una República de tipo comunista», salvo que la Providencia lo evitara. Gran hacedor de frases, Maura advirtió algo importante: no conviene «confundir los uniformes ministeriales con las casacas de la servidumbre palatina». Estas citas, incluidas en la excelente biografía Maura, la política pura, de José María Marco, retratan bien a esta gran personalidad que fue objeto del desafortunado «borboneo» de Alfonso XIII. «Maura —señala Marco— comprendió que la aprobación del golpe de Estado por Alfonso XIII y el final del pacto de la Corona con el liberalismo constitucional significaban el fin de la Monarquía en España.» Cualquier parecido con la monarquía restaurada en don Juan Carlos es pura coincidencia. Me atrevería a afirmar sin demasiado riesgo que lo más republicano que puede encontrarse en José María Aznar son sus lecturas de Ortega y de Azaña.

El rey don Juan Carlos y José María Aznar pertenecen a generaciones distintas, lo cual es evidente. Aznar no pertenece a la generación que hizo la Transición, pero su proyecto político, que articuló con éxito la alternativa al Partido Socialista, fue determinante para dar la Transición por culminada. Por otra parte, sus características temperamentales eran —son— bien diferentes. Aznar es hombre de gestualidad contenida —probablemente en exceso—, tímido y racional. No había compartido con don Juan Carlos momentos que sin duda definían la biografía del Rey. Pero Aznar era el nuevo presidente del Gobierno, representante de una sólida y mayoritaria fuerza política que había llegado al poder con una agenda reformista muy clara y que siempre había destacado la importancia esencial de la Corona en la España democrática y en el pacto constitucional de 1978.

Cuenta Aznar en sus Memorias su decisión de conceder la medalla de oro de Castilla y León a don Juan de Borbón, padre del Rey. Desde la comunidad que presidía desde hacía pocas semanas, quería reconocer a don Juan, a quien describe como «una persona de trato sencillo, consciente de su papel en la historia de España, con mucha curiosidad por la política y una gran dignidad». En el discurso de entrega de la medalla a don Juan, el 22 de diciembre de 1987 en el Convento de Santa Clara de Tordesillas, el presidente de la Comunidad habló de los méritos «difícilmente repetibles» del galardonado, «pero también tributamos nuestro reconocimiento —continuaba Aznar— al proyecto histórico de la Monarquía de todos y para todos los españoles que siempre propugnasteis como destino y justificación de la restauración de la Corona». El elogio de la figura de don Juan no es ocasional en Aznar, sino que está muy arraigado en su visión de la historia reciente de España y del papel de la Corona en ella. Y esta observación me parece relevante cuando se hablaba de deslizamientos republicanos, porque para la derecha antimonárquica en España —suponiendo que exista como tal—, don Juan Carlos podía resultar hasta cierto punto soportable, pero don Juan era objeto de la más radical demonización.

Si alguna influencia se puede identificar en el desarrollo de las ideas del presidente del Gobierno sobre la Monarquía es la de Antonio Fontán, en quien Aznar veía «prudencia y visión histórica». Fontán no solo vivió la Transición en primera línea —senador por Sevilla, presidente del Senado y ministro de Administraciones Públicas—, sino que se vinculó activamente y desde muy joven a la causa monárquica representada por don Juan, a cuyo consejo privado perteneció. Don Antonio era monárquico, liberal y mentor político e intelectual de un grupo de colaboradores muy estrechos de Aznar, algunos ya desde la presidencia de Castilla y León, que se agrupaban en el consejo editorial de Nueva Revista, fundada por Fontán en 1990. Es el caso de Carlos Aragonés, Miguel Ángel Cortés, Arturo Moreno, Pilar del Castillo, Alfredo Timermans, Javier Fernández Lasquetty, Baudilio Tomé y Gabriel Elorriaga. Tanto la trayectoria política de Fontán como su estatura intelectual hacían de él algo más que una referencia para reelaborar la visión de la monarquía moderna en la España constitucional que tenía que ir más allá de declararse juancarlista.

Si de lo ideológico nos movemos a lo político, la dificultad de las relaciones entre el Rey y Aznar que se ha elaborado, a mi juicio con muy poco rigor, alude a asuntos de política exterior y se centra en la relación con los presidentes Bush y Chirac. Otro capítulo era la Corona marroquí, primero con Hasán II y después con su hijo Mohamed VI, sobre todo a propósito de la crisis de Perejil. Este episodio, que como es lógico nadie veía con indiferencia, produjo en el Rey preocupación, inquietud y decepción precisamente por la atención que el monarca había prestado a la relación con Marruecos. Como apunta Charles Powell, aquella crisis podía poner de manifiesto que «los esfuerzos del Rey por ganarse la confianza de Mohamed VI tras la muerte de su padre Hasán II en 1999 habían resultado infructuosos, a pesar de la visita de Estado realizada por el Monarca en el 2000».

No hace falta volver sobre la sensibilidad especial que, por razones distintas, tuvieron las relaciones con Bush y con Chirac en ese periodo. Sí se puede decir que la relación que se había construido con el presidente Bush resultó determinante para que a través del Rey se evitara después la ruptura total con Estados Unidos. Don Juan Carlos y doña Sofía fueron invitados por el presidente a su rancho de Crawford para la celebración del día de Acción de Gracias en noviembre de 2004, y no precisamente por los buenos oficios del Gobierno socialista o su presidente Rodríguez Zapatero. Bush, en plena crisis de las relaciones bilaterales, quería marcar bien la diferencia entre España como país y su máxima representación por un lado, y, por otro, su posición ante las decisiones de su Gobierno, tan abiertamente hostiles a Estados Unidos.

Lo que no pueden ocultar estas elaboraciones habitualmente sesgadas es el alto perfil internacional que adquirió España. A este periodo le siguió otro de perfil mediocre que, ese sí, lastró el papel internacional de la Corona incluso en aquellos ámbitos en los que esta había adquirido una posición privilegiada, como las cumbres iberoamericanas, que se fueron devaluando año tras año en contenido y asistencia de jefes de Estado.

La insistencia en estas supuestas malas relaciones no solo se refería a lo ideológico y lo político, sino que esas especulaciones se llevaron al terreno de la relación personal. El Rey y Aznar fueron presentados como dos personas que se detestaban. Y en la fabricación de este relato algunos llegaron a superar los límites no solo de la prudencia y el rigor sino también del buen gusto.

Personalmente, no sabía muy bien en qué consistía eso de «llevarse bien con el Rey». Las más de las veces, esa expresión contenía unas dosis de frivolidad asombrosa. Permítaseme el sarcasmo, pero si «llevarse bien con el Rey» consistía en lo que algunos decían, no había duda de que era preferible que el presidente del Gobierno se llevara mal, por la salud de la Monarquía y del orden constitucional.

Aquella cantinela tenía mucho de infundio, generalmente propagado para mayor gloria de los socialistas —donde Felipe González salía ganando en la comparación— y la correlativa denigración de Aznar y su Gobierno. Algunos presidentes autonómicos y otras personalidades del ámbito socialista aprovechaban la comunicación con la Zarzuela para enredar o para algo más grave, como se puso de manifiesto con los bulos propagados por los socialistas catalanes, muy especialmente por Pasqual Maragall, en plena convulsión por los atentados terroristas del 11-M. Bulos que implicaban a la Corona en episodios que jamás tuvieron lugar con la misma finalidad de desacreditar al Gobierno y a su presidente en aquellos días fatales.

Pero además, estas historias tampoco hacían justicia a la actitud que don Juan Carlos y doña Sofía mantuvieron siempre con José María Aznar y Ana Botella. Hubo muchos gestos de deferencia y pruebas de confianza que no estaban dictadas por exigencias institucionales. Los Reyes quisieron que los Aznar participaran en celebraciones familiares y encuentros privados. Hasta se dio la circunstancia de que Aznar y su mujer estuvieran acompañando a los Reyes y su familia —Familia Real y familia del Rey— en un almuerzo en la residencia de La Mareta, Lanzarote, donde se habían reunido para pasar las Navidades, cuando el 4 de enero de 2003 se produjo el fallecimiento de doña María de las Mercedes, madre del Rey, que se había retirado a descansar antes de terminar la comida.

Aznar siempre tuvo una idea muy clara de la responsabilidad del Gobierno en la protección de la Corona. Nunca la eludió, y desde una perspectiva histórica creo que puede decirse que cumplió esa responsabilidad con una razonable eficacia que resiste cualquier comparación, pero sobre todo con una profunda lealtad.

EL REY HA ABDICADO, ¡VIVA EL REY!

Así comunicaba el rey don Juan Carlos a los españoles su decisión de dejar el trono y dar paso al príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón y Grecia, que reina como Felipe VI:

He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la Corona de España, de manera que por el Gobierno y las Cortes Generales se provea a la efectividad de la sucesión conforme a las previsiones constitucionales.

Don Juan Carlos explicaba su decisión por la conveniencia de un relevo generacional. El motivo generacional se entendía a la vista del deterioro de las condiciones físicas que se podía apreciar en don Juan Carlos. La fallida operación de cadera, seguramente unida a las tensiones personales y familiares que atravesaba, habían dejado ver en el Rey gestos desconocidos de malhumor y crispación. La imagen del Rey casi incapaz de pronunciar el discurso de la Pascua Militar de ese año resultó penosa y causó una honda impresión en la opinión pública.

En su discurso de abdicación, el Rey dijo:

Cuando el pasado enero cumplí 76 años, consideré llegado el momento de preparar en unos meses el relevo para dejar paso a quien se encuentra en inmejorables condiciones de asegurar esa estabilidad... Mi hijo Felipe, heredero de la Corona, encarna la estabilidad, que es seña de identidad de la institución monárquica.

Lo que resultaba más llamativo en el mensaje era la invocación explícita a la estabilidad como la otra razón para el paso que había dado. Al vincular la abdicación con la necesidad de asegurar la estabilidad, don Juan Carlos daba entender que su permanencia en el trono podría comprometerla. Un reconocimiento nada elíptico que decía mucho del espíritu de responsabilidad de su acto y le confería una especial connotación dramática.

La renuncia no fue el epílogo de la decadencia de un reinado extraordinario para España en términos históricos. Como ha ocurrido en otros momentos en que la Corona se ha enfrentado a situaciones desafiantes, la decisión de abdicar y el mensaje con el que se dirigía a los ciudadanos recuperaron para la conciencia de los españoles el valor de su obra política. Y lo que es al menos tan importante para la continuidad de la monarquía, despejó el camino para la regeneración de la institución.

Era el 2 de junio de 2015, pero las cosas habían empezado bastante antes.

En la primavera de 2013, la abdicación ya estaba planteada como objeto de consideración en el círculo de colaboradores más próximos a don Juan Carlos. Los episodios más que cuestionables que afectaban a la infanta Cristina y a su marido, Iñaki Urdangarín, y las especulaciones sobre la vida privada del Rey reventaban con escándalo en un clima de opinión exacerbado por la recesión económica y el descrédito de la política y sus instituciones. Los medios habían roto los límites que podían proteger a la Monarquía de informaciones u opiniones adversas, y la revolución de las redes sociales y el mundo digital encontraba en los avatares de la Zarzuela un tema continuo de comentario con capacidad de difusión masiva. Por causas que no le eran imputables, la Corona llevaba años con una proyección pública mediocre, con una agenda poco relevante que había contribuido a que su perfil fuera desdibujándose.

En abril de 2013, don Juan Carlos llamó a Aznar para que lo fuera a ver a la Zarzuela. En la conversación le transmitió una reflexión que ya parecía bastante madura sobre su intención de abdicar. El presupuesto político de la abdicación era la mayoría absoluta del PP y el entendimiento con el Partido Socialista dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba, lo que limitaba el plazo para la decisión a los dos años útiles que le quedaban a la legislatura.

El Rey entregó a Aznar un documento mantenido en absoluta reserva que habían preparado el jefe de la Casa, Rafael Spottorno, y un reducido grupo de personalidades ligadas al servicio del monarca. Alfredo Pérez Rubalcaba estaba al corriente. El documento, fechado en febrero, hacía una primera aproximación a los aspectos jurídicos y políticos de la abdicación y también a los aspectos prácticos de esta en relación con el Rey. Don Juan Carlos pidió a Aznar un informe sobre las diversas cuestiones que planteaba la abdicación y, en concreto, cómo tendría que ser el proyecto de ley orgánica que preveía el artículo 57.5 de la Constitución. Pocos días después, Aznar se reunió con Mariano Rajoy para transmitirle su conversación con el Rey y comentarle sus impresiones.

En cuanto Aznar volvió a su despacho de la FAES después de la audiencia en la Zarzuela nos llamó a Ignacio Astarloa y a mí. Ignacio era todavía diputado del PP y dirigía el área de Constitución e Instituciones de la Fundación. Letrado de las Cortes —había sido secretario general del Congreso y letrado mayor del Parlamento Vasco— y profesor de Derecho Constitucional, Ignacio es un gran jurista a quien hay que atribuir buena parte del acierto en la formulación de la que probablemente ha sido la ley más compleja desde el punto de vista constitucional de todo el periodo democrático, como fue la Ley Orgánica de Partidos Políticos.

Aznar no se refirió a la abdicación como una decisión ya tomada por el Rey sino como una reflexión que estaba abierta y para la que don Juan Carlos quería contar con todos los elementos de juicio.

Según el artículo 57.5 de la Constitución, «Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por ley orgánica».

A los que no están familiarizados con las disquisiciones jurídicas les sorprendería lo mucho que este apartado le ha cundido a la doctrina constitucionalista y los debates que han provocado sus posibles interpretaciones.

Elaboramos dos documentos. Uno, del que yo me encargué, analizaba el contexto en el que nos encontrábamos y ofrecía algunas consideraciones sobre la instrumentación política de todo el proceso. Otro, netamente jurídico, a cargo de Ignacio Astarloa. Ignacio y yo discutimos a fondo los dos documentos de modo que Aznar pudiera presentar al Rey una visión integrada de lo que habría de ser, a su juicio, el proceso de abdicación, un proceso que estuviera bien fundamentado y pudiera explicarse claramente al país.

El artículo 57.5 de la Constitución generaba la división de la opinión jurídica en dos grandes grupos. Por un lado, los que sostenían que había que aprobar una ley orgánica que contemplara las abdicaciones y renuncias con carácter general, de modo que cuando se produjera uno de estos supuestos bastaría con una comunicación a las Cortes por el procedimiento que la ley estableciera. Otros entendían que la Constitución requería aprobar una ley orgánica en cada caso en que se produjera una abdicación o una renuncia. En apoyo de esta interpretación se alegaba que todas las constituciones monárquicas españolas desde Cádiz requerían la concurrencia de la voluntad de las Cortes para que la abdicación fuera efectiva.

El dictamen se alineaba con la primera interpretación partidaria de una ley general sobre abdicaciones. Tratándose la abdicación de una decisión personalísima del Rey, no se necesita la voluntad de las Cortes autorizándola. De lo contrario cabría la hipótesis de que las Cortes negaran su autorización y obligaran al Rey a continuar en la Jefatura del Estado contra su explícita decisión de abandonarla, lo cual sería absurdo.

Los precedentes en el constitucionalismo histórico español requerían el consentimiento de las Cortes para la eficacia de la renuncia. El requisito del consentimiento de las Cortes se introdujo en la Constitución de Cádiz como garantía para impedir cualquier efecto a abdicaciones forzadas, como fue la de Carlos IV bajo la coacción napoleónica. De Cádiz fue pasando como cautela a las siguientes constituciones, y no sin motivo a la vista de la turbulenta historia decimonónica. Pero en la Constitución de 1978 difícilmente puede encontrarse rastro de esa prevención histórica, y en el texto constitucional no se habla de autorización ni de consentimiento: únicamente dice que las abdicaciones «se resolverán» por ley orgánica.

Sin embargo, en las condiciones concretas políticas y de opinión pública de 2013 resultaba totalmente desaconsejable iniciar el procedimiento para aprobar una ley orgánica sobre abdicaciones. La iniciativa habría desatado las especulaciones sobre la renuncia del Rey y se habría utilizado como amplificador de las minorías antimonárquicas más ruidosas. La ley no sería el desarrollo de un precepto constitucional sobre la Corona, sino un debate vicario de alto voltaje demagógico sobre la Monarquía en el peor momento para esta institución.

Había que optar, entonces, por una ley singular para el caso concreto de la eventual abdicación de don Juan Carlos, y eso fue lo que se propuso. Se sostenía que, en términos jurídicos, la abdicación es un acto del Rey del que las Cortes se limitan a tomar conocimiento proporcionándole la forma o el revestimiento de ley. Este sería el significado de que las Cortes «resuelven», como dice el artículo 57 de la Constitución. Para ello se propuso un proyecto de ley orgánica con exposición de motivos, disposición final y un artículo único del siguiente tenor: «Las Cortes Generales toman conocimiento y resuelven mediante la presente Ley Orgánica la abdicación de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón como Rey de España». Se ofrecieron redacciones alternativas, pero siempre en la idea de una formulación escueta que no implicara autorización del Legislativo.

Lo que se destacaba en el informe era la importancia de la tramitación parlamentaria. No tenía sentido que el proyecto fuera sometido a enmiendas parciales, por lo que se aconsejó que la Mesa del Congreso y luego del Senado decidieran la tramitación por el procedimiento de urgencia, solo aceptando enmiendas a la totalidad —sí o no al proyecto— y aprobación en lectura única. Que solo se pudieran presentar enmiendas a la totalidad era el criterio reglamentario que se aplicaba cuando las Cortes tenían que pronunciarse sobre un acto externo, como por ejemplo la ratificación de tratados internacionales, que se pueden ratificar o no, pero que no cabe modificar unilateralmente.

A primeros de junio, Aznar entregó el informe al Rey.

A la vuelta del verano de 2013 llegó la impresión de que el proceso que parecía conducir a la abdicación se estaba reconsiderando. En el Gobierno también parecía observarse una distancia bastante perceptible respecto a este asunto.

Sin embargo, todos los factores que estaban afectando tan negativamente a la imagen de la Corona volvieron a hacerse presentes. La operación de cadera a la que se había sometido el Rey no había salido bien, y el tiempo pronto puso de manifiesto que la lamentable puesta en escena de la excusa por su viaje a Botsuana tampoco había surtido el efecto deseado. La preocupación por el deterioro que estaba sufriendo la institución era visible. Televisiones y medios digitales, sobre todo, cargaban sus informaciones escandalosas con dosis cada vez más fuertes de sensacionalismo, y en enero de 2014, el juez Castro, instructor del caso Nóos, imputaba a la infanta Cristina por los delitos de blanqueo y fraude fiscal.

A mediados de mayo de 2014, el Rey llama a José María Aznar. Ha reactivado su decisión de abdicar y quiere hacerla efectiva en junio. Alfredo Pérez Rubalcaba garantiza el apoyo del PSOE, y ahora es el Gobierno el que tiene que darle forma. Aznar habla de nuevo con Rajoy, y al comentarle su conversación con el Rey le transmite al presidente del Gobierno su impresión de que el monarca se encuentra algo impaciente por que el Gobierno empiece a poner en marcha los mecanismos legales e institucionales necesarios para la renuncia.

De ahí al anuncio del día 2 de junio y a la Ley Orgánica publicada en el Boletín Oficial del Estado el 19 de ese mes, que en un escueto artículo único resolvía la abdicación del rey de España.

9

LEY Y ACUERDO CONTRA EL TERRORISMO

ETA, CON TODO, CONTRA TODOS

La ruptura de la tregua en enero del 2000 marcó el inicio de una ofensiva en la que ETA llevó a cabo un esfuerzo de movilización de sus capacidades destructivas que solo se podía equiparar a la actividad terrorista de los peores años de plomo.

En la primavera de 1999, ETA seguía poniendo a punto su estructura operatiAva, y en el verano de ese año ya comunicaba a sus comandos la decisión de romper la tregua.

El periodo que comienza con la vuelta de ETA al terrorismo se puede sintetizar así: 2000 es el verdadero año de plomo, con 73 atentados y 23 asesinatos; a mediados de 2001, la ofensiva empieza a contenerse y, en ese año, ETA asesina a 15 personas; 2002 y 2003 marcan un punto de inflexión, y ETA se ve desbordada por la eficacia policial y los efectos de la cooperación internacional: la banda asesina a 5 personas. En 2004, ETA queda operativamente bloqueada y la banda comienza a interiorizar la sensación de derrota, agravada por la ilegalización de Batasuna y la ley de cumplimiento íntegro de las penas.

Florencio Domínguez escribió:

En los treinta y siete meses que transcurren desde que anunció la vuelta de los atentados hasta finales de 2002, ETA puso en movimiento más de 50 comandos. Un tercio no llegó a actuar.

ETA había roto la tregua en un periodo electoral, y ese cálculo no era ajeno a su decisión. Las elecciones generales estaban convocadas para marzo del 2000, y el terrorismo pretendía ser un factor de distorsión en ellas. El objetivo, como siempre lo ha sido, era provocar Gobiernos lo más débiles posible.

El terror de ETA buscó que el asesinato de sus víctimas causara el máximo impacto para hacer mella en la resistencia cívica en el País Vasco. En febrero del 2000 asesina en Vitoria al diputado socialista en el Parlamento Vasco, Fernando Buesa, y a su escolta, el ertzaina Jorge Díez Elorza. El 7 de mayo cae asesinado José Luis López de Lacalle, columnista del diario El Mundo y otra gran referencia del movimiento cívico.

En aquellas elecciones generales del 2000 se sometían a la prueba de las urnas la presión de ETA y la complejidad de una legislatura en la que el PP en minoría había pactado con Convergència i Unió y había apostado por el acuerdo con el PNV. El PP, liderado por Aznar, obtiene un gran éxito con una mayoría absoluta —184 diputados— que nadie preveía. El resultado no podía entenderse más que como una expresión concluyente de confianza por parte del electorado. El Partido Popular había ofrecido un proyecto político nacional muy reconocible con una decisión de derrotar a ETA que, incluso con las restricciones impuestas por la minoría parlamentaria en que se hallaba, se había abierto paso en la opinión pública. Los resultados electorales avalaban la gestión política que se había hecho de la tregua en un contexto político como el vasco, que se iba volviendo más complicado y tenso.

El año 2000 es un año de prueba, con la dificultad añadida del periodo electoral y del cambio en el liderazgo del Partido Socialista que se resuelve en julio de ese año con la sustitución inesperada de Joaquín Almunia por José Luis Rodríguez Zapatero.

ETA se había renovado generacionalmente. En cierto modo era una nueva ETA, pero hecha con activistas de escasa experiencia y preparación precaria. Los responsables de la lucha antiterrorista nos previnieron de que sería necesario un año para entrar en esa nueva ETA. El cálculo resultó ser exacto. En febrero de 2001 era detenido en Francia Javier García Gaztelu, Txapote, y esa detención señalaría el inicio de una cadena de detenciones que continuó con los sucesivos responsables de la estructura operativa: Juan Antonio Olarra Guridi, Jon, Ainhoa Múgica, Olga, e Ibon Fernández Iradi, Súsper, a finales de 2002, cuyo arresto resultó ser un filón de información para neutralizar a la ETA que aparece tras la tregua.

La precaria preparación de los terroristas reclutados durante la tregua produce siniestros que causan un hondo impacto en la moral de la banda. Ya en agosto del 2000, en el barrio bilbaíno de Bolueta, cuatro miembros del comando Bizkaia mueren al estallar la bomba que transportaban. No serían los últimos.

Los reiterados fallos de los comandos y la creciente eficacia policial van minando la confianza de ETA en su estrategia y en su capacidad para llevarla a cabo. No se cuestiona la lucha armada, pero se extiende el temor y la desorientación en una situación análoga a la del síndrome de Bidart tras la caída de la cúpula etarra en 1992. La preocupación por la seguridad y la sensación de una profunda infiltración policial en la banda dificultan la actividad operativa de ETA y la relación de la dirección con los comandos. Con el propósito de aliviar la tensión que crece dentro de la organización, la dirección etarra acuerda poner en marcha una asamblea que se desarrolla, literalmente, por correspondencia. La conclusión más importante es que las posiciones que plantean el abandono de la violencia resultan netamente minoritarias. ETA no altera su curso.

La asamblea no salda las tensiones internas, en la medida en que la banda continúa sufriendo no solo los efectos de las acciones policiales sino el impacto de los fallos de sus propios activistas, algunos con el coste de la vida de estos.

A mediados de 2003 estalla la crisis más seria con la que tienen que lidiar los dirigentes de ETA, al ser cuestionada abiertamente por responsables de los comandos. Entre ellos se encuentra Garikoitz Aspiazu, Txeroki, que accede a la dirección de ETA a cambio de volver a la disciplina de la banda.

Tras esta rebelión, resuelta con suerte diferente para los que la protagonizaron, se produce otra más significativa aún. Francisco Mujika Garmendia, Pakito, e Ignacio Aracama Mendía, Makario, ambos presos en la prisión de Puerto de Santa María 2, se plantan frente a la orden de la dirección etarra de llevar a cabo una serie de protestas en las cárceles. En una carta a la cúpula de ETA en agosto de 2004, reconocen la derrota de la banda y la definen como irreversible. La carta se hace pública en noviembre de ese año. Un mes antes había caído en el sur de Francia el jefe de ETA, Mikel Albisu, Antza.

ETA atravesaba una crisis operativa terminal, con detenciones continuas y un flujo de información que permitía a las fuerzas y cuerpos de seguridad una acción sostenida que había puesto a ETA contra las cuerdas. La dirección había quedado desbaratada, y dentro de la banda prevalecía la desconfianza y la inseguridad. En 2001, la marca electoral de ETA había perdido siete de los catorce escaños que tenía en el Parlamento Vasco, y dos años después, la estructura política de ETA había sido liquidada con la ilegalización de Herri Batasuna y sus sucesivas marcas electorales. La aprobación de la ley de cumplimiento íntegro de las penas ponía coto a las falsas expectativas que la banda cultivaba entre sus presos de una negociación con el Estado, que siempre decían que iba a ser inminente, para sacarlos de las cárceles. El Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo había definido un consenso muy productivo entre el Gobierno y el PP, por un lado, y el PSOE, por otro. Es un misterio que en estas circunstancias fuera el Gobierno de Rodríguez Zapatero el que desmintiera a Pakito y a Makario, que daban a ETA por acabada, poniendo en marcha una negociación política con una banda terrorista empujada al borde de la derrota política, legal, internacional y operativa. Pero esa es otra historia.

PACTAR CON EL PSOE

La respuesta al Pacto de Estella había acercado a socialistas y populares en el País Vasco y había mejorado considerablemente la fluidez de la relación entre el Gobierno y el Partido Socialista a nivel nacional. Jaime Mayor y Ricardo Martí Fluxá en Interior y yo desde Presidencia cultivábamos esa relación con los interlocutores socialistas, que en estos años fueron varios: Juan Alberto Belloch, Alfredo Pérez Rubalcaba, Jesús Caldera y Nicolás Redondo Terreros. Alfredo Pérez Rubalcaba representaba la continuidad de la interlocución del PSOE, y Nicolás Redondo Terreros, la autoridad vasca de ese partido que había puesto fin a la coalición de Gobierno con el PNV en agosto de 1998, semanas antes de que se formara el frente nacionalista de Estella. No faltaban, sin embargo, los que dentro del PSOE recelaban, por decirlo suavemente, de su voluntad de entendimiento con el Partido Popular. Ese entendimiento había permitido un buen resultado en las elecciones autonómicas de 1998 y luego, después de las elecciones municipales y forales de 1999, había facilitado apoyos recíprocos que dieron al Partido Popular la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria.

Por parte de Aznar hubo una decisión muy firme de preservar la relación con el PSOE de la inestabilidad en el liderazgo de este partido. Primero con Joaquín Almunia, después Josep Borrell, luego nuevamente Almunia, y después de la derrota socialista en 2000, José Luis Rodríguez Zapatero. Pocos días después de que Rodríguez Zapatero ganara la elección como secretario general el 22 de julio, Aznar lo recibió en la Moncloa. Era un gesto elocuente de la importancia que Aznar daba a la interlocución con el PSOE. Tanto era así que algunos creyeron oír en este trato deferente hacia Rodríguez Zapatero un eco del turnismo de la Restauración entre Cánovas y Sagasta.

Aquel primer encuentro en la Moncloa fue positivo. Zapatero no parecía un político deslumbrante, pero era importante saber hasta dónde podía llegar esa promesa de renovación que representaba. Además, el nuevo secretario general del PSOE era un tipo cordial. La relación de Aznar con el PSOE había sido extremadamente áspera, y Zapatero —¡quién lo diría después!— abría un periodo de distensión.

No hubo objeción a la política de colaboración con el PP en materia antiterrorista. Con una contundente mayoría absoluta conseguida en marzo de ese mismo año, el Gobierno se encontraba en una posición de gran fortaleza. Zapatero confirmó a Alfredo Pérez Rubalcaba en su papel de interlocutor con el Gobierno y ratificó el liderazgo vasco de Nicolás Redondo, y eso era una buena noticia. Pero también sabíamos que no había unanimidad en el PSOE y que el nuevo secretario general debía su elección, en buena medida, al apoyo del PSC, la organización socialista más agresiva contra el PP y el Gobierno. Y aquello no era una noticia tan buena. Pérez Rubalcaba me solía reprochar que daba demasiada importancia a la influencia de Maragall. Ojalá mi interlocutor hubiera tenido razón.

En cualquier caso, a finales de septiembre, el PSOE y el PP acordaron presentar sendas mociones de censura a Ibarretxe, quien se había resistido a dar por caducado el pacto con Euskal Herritarrok que le daba la mayoría parlamentaria. Cada partido se comprometió a votar la moción del otro. Carlos Iturgaiz —cuyo esfuerzo al frente del PP vasco fue decisivo y admirable— y Nicolás Redondo reforzaron ese sentido de unidad.

LA ESTRATEGIA ANTITERRORISTA A PRUEBA: EL ASESINATO DE ERNEST LLUCH

Los motivos de nuestra prevención hacia la posición del PSC se confirmaron con la reacción de este al asesinato del exministro Ernest Lluch el 22 de noviembre del 2000. Dos días después, los socialistas catalanes convirtieron la manifestación multitudinaria que tuvo lugar en Barcelona en una exigencia de diálogo dirigida al Gobierno, que comparecía en aquella movilización con la presencia del presidente Aznar y del ministro del Interior, Jaime Mayor. La compañera e hijas de la víctima se negaron a compartir la cabecera con Aznar y Mayor Oreja por entender, según relataba la crónica del El País, que de hacerlo habrían «traicionado» el legado de Lluch. Ibarretxe era aplaudido, y la periodista Gemma Nierga —dicen que por su cuenta— se saltó el comunicado pactado y al final de la manifestación espetó aquello de «ustedes que pueden, dialoguen». Se llegó a proclamar, en el colmo del absurdo, que Ernest Lluch habría dialogado con sus asesinos. Lo cierto era que Lluch había intentado escapar para salvar su vida, pero no lo consiguió. El buenismo alcanzaba así niveles de desvarío infamante para la propia víctima.

El asesinato de Lluch alimentó el cuestionamiento de la política antiterrorista por aquellos sectores de la izquierda que creían que el acercamiento PP-PSOE era ya demasiado estrecho. Los sectores socialistas con mayor querencia a su relación histórica con el nacionalismo esgrimían la apelación al diálogo para llevar a la opinión pública la idea de que la política del Gobierno estaba fracasando. La conmoción causada por el atentado contra Lluch ofreció las condiciones para que esta posición pudiera expresarse de una manera tan oportunista.

Quedaba así planteada la pugna entre dos concepciones o, si se quiere, dos modelos para el final de ETA. Uno con el objetivo de derrotar a ETA y hacer visible esa derrota, promovido por el PP y su Gobierno, que encabezaban Aznar y Jaime Mayor, asumido y avalado por la mayoría del movimiento constitucionalista vasco, y otro que rechazaba la idea de derrota de ETA, basado en la apelación recurrente al diálogo y al protagonismo del nacionalismo vasco para alcanzar una pretendida solución política que, poniendo fin al conflicto, traería como resultado el final de ETA. Llegado al Gobierno, Zapatero se decantó por este segundo modelo. Tan pronto como en julio de 2004, en la clausura del curso La Lucha contra el Terrorismo y sus Límites, dentro de los cursos de verano de la Universidad Complutense en El Escorial, el nuevo presidente ya habló de «una agenda progresista en la lucha antiterrorista» que reconocía «tácticas divergentes en la práctica» entre PP y PSOE.

El Gobierno presidido por José María Aznar estaba decidido a hacer valer el Estado de derecho como el instrumento fundamental del final de ETA, un final que debía consistir en la derrota de la banda y ser percibido como tal. Pero ese modelo exigía que, para que el Estado de derecho se impusiera, este no dejara fuera a los que eran ETA aun no siendo reconocidos como tales. El terrorismo había dado lugar a una realidad social, económica e institucional que se escapaba a la ley. Era necesario definir con claridad todo ese universo terrorista que se sentía a resguardo de la ley, ya fuera en los escaños del Parlamento, ya en sus tareas sindicales o en la redacción de un periódico.

Ya que el diálogo era el tema del momento, Aznar quiso dejar clara su posición:

No participaré en un diálogo si lo que se quiere a través del diálogo es quebrar el marco constitucional y estatutario; imponer la idea de que el Estatuto está muerto; aceptar un ámbito vasco de decisión más allá del que reconocen la Constitución y el Estatuto; aceptar, como pretende el nacionalismo, que hay un supuesto conflicto político que directa o indirectamente legitima al terrorismo; aceptar, como pretende el nacionalismo, que el pueblo vasco no se ha podido expresar libremente en 20 años de democracia, solo agredida por la brutalidad de ETA; si lo que se quiere es deslegitimar el Estatuto y la Constitución.

Y reafirmaba su posición en estos términos:

En fin, yo no participaré en ningún diálogo si lo que se pretende es eludir las exigencias democráticas de una rectificación seria, profunda y creíble del nacionalismo que todavía se reconoce en la unidad de fines con ETA y divide a la sociedad vasca entre quienes están dispuestos a aceptar su imposición identitaria y aquellos otros a los que condenan a ser extranjeros en su propia tierra.

Esta última alusión no era gratuita. Una semana antes habían aparecido unas declaraciones de Xabier Arzalluz al semanario alemán Der Spiegel en el que precisaba que en una Euskadi independiente, los españoles serían tratados «como se trata hoy a los alemanes en Mallorca». Pero Arzalluz iba más allá porque reconocía y verbalizaba la comunidad de fines del PNV con ETA, ya que el máximo dirigente del PNV afirmaba que su partido, «al igual que ETA», quería el reconocimiento del País Vasco como nación y «el derecho a decidir por sí mismo».

EL ACUERDO POR LAS LIBERTADES Y CONTRA EL TERRORISMO

Antes del asesinato de Ernest Lluch, Rodríguez Zapatero había ofrecido al Gobierno un acuerdo sobre terrorismo. En la mejor interpretación se podía explicar como una forma de plasmar el acuerdo que de hecho marcaba la relación con el PSOE. En otra interpretación algo más desconfiada se podía pensar que Zapatero aspiraba a tener su propia cuota de protagonismo como líder emergente de la izquierda.

Realmente, lo que proponía Zapatero no era un acuerdo de nueva planta sino una declaración conjunta sobre elementos evidentes que debían estar presentes en la política antiterrorista, y que de hecho ya lo estaban, incluido el apoyo a la justicia y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

La reacción del Gobierno fue inicialmente cautelosa, salvo la de Mariano Rajoy, que en ausencia de Aznar, de viaje oficial en Costa Rica, declaró que Zapatero «se había sacado un conejo de la chistera». Aznar se sorprendió de las declaraciones de Rajoy después del Consejo de Ministros que había presidido en ausencia del presidente, y me preguntó si había hablado conmigo sobre la respuesta a dar a los socialistas. Yo no había hablado del tema con Rajoy, entre otras razones porque ya se había establecido una línea de respuesta prudente que Rajoy debió entender que necesitaba más intensidad. Eso, o que a alguien se le había ocurrido jugar a «policía bueno, policía malo».

La propuesta de Zapatero había que jugarla bien. No bastaba con lanzar la pelota fuera. La decisión fue no solo aceptarla, sino subir la apuesta de modo que la voluntad de acuerdo del PSOE se pudiera comprobar con un auténtico pacto de Estado de mucho más alcance. El PP, por boca de Javier Arenas, habló de «alcanzar un consenso de fondo y a fondo» que tenía que incluir la formalización de una estrategia política compartida en el País Vasco frente a un nacionalismo que había recuperado la divisoria entre nacionalistas y no nacionalistas, abandonando el eje demócratas-violentos que se intentaba abrir paso en la sociedad vasca desde el Pacto de Ajuria Enea.

Después del asesinato de Lluch, retomé las conversaciones con Pérez Rubalcaba. Desde la llegada de Zapatero a la Secretaría General del PSOE habíamos mantenido cinco reuniones. Y la última —que paradójicamente abrió la negociación del Pacto por las Libertades— resultó poco agradable. Mi interlocutor me reprochó la respuesta a la oferta de acuerdo de Zapatero y, en especial, la descalificación de la que había sido objeto por parte de Rajoy. Por mi parte le recordé la posición de los socialistas catalanes y la forma en la que habían desfigurado el sentido de la manifestación para dirigirla contra el Gobierno.

Que esto era así se demostraba en la exigencia de dimisión del ministro del Interior que Pasqual Maragall había lanzado aprovechando la conmoción creada por el asesinato. Pedir la dimisión del ministro del Interior después de un asesinato terrorista era una curiosa manera de empezar a formular el principio de no utilización partidista del terrorismo.

Aquella sesión de reproches mutuos podía parecer estéril, pero resultó muy útil porque limpió un ambiente que en aquellos días se había espesado hasta casi lo irrespirable y permitió retomar a búsqueda de un buen acuerdo, «de fondo y a fondo», en palabras de Javier Arenas.

El Pacto por la Libertades partía de que el Gobierno, el Partido Popular, como partido que gobernaba, y el PSOE, como alternativa, se reconocían la responsabilidad primordial en la definición de la política antiterrorista. Todo ello significaba una transformación del paradigma de la política antiterrorista a la vista de que el Acuerdo de Estella había convertido al nacionalismo institucional en parte del problema. Como esa realidad no podía negarse, había que asumir un nivel de confrontación política inevitable con el nacionalismo.

Esta era la base conceptual del Pacto por las Libertades a la que dedicamos buena parte de nuestras conversaciones, empezando por la cena que mantuvieron Aznar y Zapatero en la que acordaron poner en marcha la negociación del acuerdo. Para el PSOE, esta premisa del acuerdo no era fácil de asimilar porque pugnaba con la relación histórica que mantenía con el nacionalismo vasco. Por algo el propio Felipe González, en la campaña de las elecciones vascas de 2001, previno públicamente a Nicolás Redondo Terreros: «No te equivoques, Nicolás; nuestros amigos son los del PNV».

Acordadas las bases sobre las que tendríamos que trabajar, aceptamos que fuera el Partido Socialista el que propusiera borradores de los textos que discutiríamos. La base política del acuerdo fue establecida en su preámbulo, al que Alfredo Pérez Rubalcaba y yo dedicamos tiempo y minuciosidad. PP y PSOE se declaraban:

Decididos a reforzar su unidad para hacer plenamente efectivas las libertades y acabar con el terrorismo. [...] [Se denunciaba] el fracaso de la estrategia promovida por el PNV y por EA, que abandonaron el Pacto de Ajuria Enea para, de acuerdo con ETA y EH, poner un precio político al abandono de la violencia. Ese precio consistía en la imposición de la autodeterminación para llegar a la independencia del País Vasco. [...] [La exigencia era concluyente:] El abandono definitivo, mediante ruptura formal, del Pacto de Estella y de los organismos creados por este, por parte de ambos partidos, PNV y EA, constituye una condición evidente y necesaria para la reincorporación de estas fuerzas políticas al marco de unidad de los partidos democráticos para combatir el terrorismo. La recuperación plena de esa unidad para luchar contra el terrorismo debe llevarse a cabo en torno a la Constitución y el Estatuto de Guernica, espacio de encuentro de la gran mayoría de los ciudadanos vascos. [Y estas exigencias se plasmaban en un compromiso crucial que ambos partidos hacían suyo:] Asimismo, la ruptura del Pacto de Estella y el abandono de sus organismos constituye, para el Partido Popular y el Partido Socialista, un requisito imprescindible para alcanzar cualquier acuerdo político o pacto institucional con el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna.

Para Arnaldo Otegi, el pacto era «una declaración de guerra en toda regla». Dicho y hecho: a ETA le faltó tiempo para lanzar una amenaza expresa contra los firmantes del acuerdo. El PNV, por su parte, lo calificó de «excluyente, estrambótico y poco oportuno» y denunció que el pacto acababa con Ajuria Enea. Y en parte tenía razón. Solo en parte. Con el Pacto de Ajuria Enea había acabado el frente nacionalista creado en Estella. Lo que sí hacía el Pacto por las Libertades era acabar con una suerte de derecho de veto sobre la política antiterrorista que en nombre de la unidad se le había otorgado al Partido Nacionalista Vasco. La unidad, si era al precio de la parálisis, de políticas de mínimos, de impedir al Estado desplegar los instrumentos legítimos en la lucha contra ETA, no era un valor sino una rémora. Iñaki Anasagasti luego contó lo mucho que le afectó que el PSOE suscribiera el acuerdo, y se preguntaba si Pérez Rubalcaba «era el mismo diputado socialista con el que negociamos la LOGSE y cuya obsesión había sido dejar solo al PP», para reprocharle después que «sin avisarnos de nada, nos había ya señalado, junto con Zarzalejos, como los culpables de todo aquel año 2000» y terminar calificando al pacto como «Frente Nacional. Lo nunca visto en la política española. No había precedente», sentenciaba Anasagasti.

Igualmente trabajoso resultó formular la voluntad de actuación común de los socialistas y populares en las instituciones. El PSOE no quería que el Pacto incorporase una formulación que se interpretara como un acuerdo preelectoral en alguna medida subordinado al PP. Pérez Rubalcaba me expresó por escrito la posición del PSOE en una de nuestras comunicaciones con las observaciones a los papeles que nos íbamos intercambiando:

[Los socialistas] aspiramos a liderar el proceso de cambio en el País Vasco y trabajaremos en los próximos meses para que el futuro lendakari sea un socialista, en concreto, su secretario general, Nicolás Redondo. Ello no puede ser obstáculo para que antes y después del proceso electoral, tal y como hemos hecho tras las últimas elecciones municipales, dialoguemos para decidir, con el máximo respeto a la voluntad popular y a nuestras respectivas propuestas electorales, lo que convenga en cada caso y garantizar así la gobernabilidad de las instituciones.

Excluidos los pactos con el PNV hasta la ruptura formal del Acuerdo de Estella, el terreno estaba bastante bien acotado. Era verdad que los acuerdos municipales entre el PP y los socialistas vascos habían funcionado y que las mociones de censura a Ibarretxe presentadas por cada uno de los dos partidos en septiembre apuntaban a esa concertación que queríamos reflejar en el Pacto.

Insistí en una formulación más explícita ante la oposición de Pérez Rubalcaba. Al final hicimos dos llamadas desde mi despacho en la Moncloa. Una a Nicolás Redondo y otra a Jaime Mayor, que arbitraron en la discrepancia y estuvieron de acuerdo en no forzar las cosas. Se incorporó así una última redacción del siguiente tenor:

Queremos dar a nuestro acuerdo eficacia de presente y proyección en el futuro. Para ello trabajaremos conjuntamente para que los valores y principios plasmados en este acuerdo alcancen el máximo apoyo social y de las instituciones, en las que ambos partidos nos comprometemos a defenderlos.

Este punto no era una simple cuestión retórica. Sabíamos que apenas cinco meses después de firmado el pacto, los constitucionalistas (PP y PSE-PSOE) íbamos a tener que enfrentarnos a unas elecciones autonómicas cruciales en las que se plantearía sin reservas el objetivo de sustituir democráticamente al nacionalismo en el poder. El constitucionalismo se quedó un solo escaño por debajo de los nacionalistas (33-32), pero obtuvo unos resultados sin precedentes en términos de votos. Esa mínima mayoría nacionalista unida a la sólida presencia del constitucionalismo en el ámbito municipal y territorial dejaban claro que el Pacto de Estella —que ya había fracasado con el retorno de ETA al asesinato— era política y socialmente inviable. Y ese era un logro indiscutible de la estrategia que se había seguido desde 1998.

En aquellas semanas de diciembre del 2000 se acumulaban asuntos importantes. España se encontraba en plena negociación del Tratado de Niza, y Aznar encabezaba la compleja acción del Gobierno para asegurar una buena posición de España en la Unión Europea ampliada. Con las conversaciones con los socialistas muy avanzadas, despaché con el presidente. Le entregué lo que ya podía darse por acordado en principio, y recuerdo que me preguntó: «¿Los socialistas está dispuestos a firmar esto?». La pregunta indicaba que las cosas iban por buen camino. Ya con el presidente del Gobierno en Niza, le envié el texto final para que le diera su aprobación, como finalmente ocurrió. Era diciembre y se estaban cerrando dos buenos acuerdos para España.

Ayudó al buen fin de las conversaciones la decisión de blindarlas frente a filtraciones que, cuando menos, habrían enredado las cosas. Dada la legendaria maniobrabilidad mediática que se le atribuía merecidamente a Pérez Rubalcaba, el compromiso de blindaje de las conversaciones suscitaba cierto escepticismo. Pero en este caso se cumplió, entre otras razones porque las conversaciones y los papeles tenían una circulación muy limitada.

Las conversaciones duraron tres semanas, hasta que el día 8 de diciembre se anunció la conclusión del acuerdo. Aquella mañana, festividad de la Inmaculada Concepción, cerramos el texto en mi despacho de la Moncloa. Cuando ya lo teníamos concluido, Pérez Rubalcaba me planteó que alguien debería revisar la sintaxis y la corrección ortográfica. Era fiesta, y en pleno puente de diciembre pude recurrir a José Miguel Santiago Castelo, subdirector de ABC, notable poeta y escritor y hombre muy cordial que aceptó amablemente venir a la Moncloa a comprobar el texto del acuerdo. Creo que no encontró grandes barbaridades. Con esa garantía, solo faltaba el encabezamiento. Se nos ocurrieron algunos títulos, pero al final le propuse a mi interlocutor que fuera lo más descriptivo posible. Le pareció bien y así quedó: Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo. Era eso.

El Pacto se firmó en un acto solemne en el salón del edificio del Consejo de Ministros de la Moncloa. Lo suscribieron los secretarios generales del PSOE y el PP, José Luis Rodríguez Zapatero y Javier Arenas, en presencia del presidente del Gobierno. La opinión pública lo recibió con una enorme satisfacción. Había un importante trabajo político detrás y compromisos bien definidos. Diversas organizaciones, entre ellas la CEOE y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, expresaron su adhesión al acuerdo. Hubo algunas excepciones, singularmente el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) que alegó su relación confederal con el PSOE para declararse no vinculado por el pacto. Desde los pactos autonómicos de una década atrás no se había alcanzado un verdadero pacto de Estado. Antes de felicitarnos la Navidad, Alfredo Pérez Rubalcaba y yo decidimos celebrarlo, discretamente, con una cena, esta vez sin papeles de por medio.

BATASUNA IGUAL A ETA

La mayoría de que disponía el PP y el Pacto por las Libertades impulsaron una agenda legislativa que reconstruyó el repertorio de instrumentos normativos de la lucha antiterrorista. Los avances que se habían producido en el ámbito europeo con la creación del espacio de libertad y seguridad reforzaron significativamente la estrategia de lucha contra ETA, y la cooperación con Estados Unidos empezaba a rendir frutos. De este periodo son leyes como la de defensa de la democracia municipal, la de equipos conjuntos de investigación, la de creación del juzgado central de vigilancia penitenciaria, la de cumplimiento efectivo de las penas y, sobre todo, la ley de partidos políticos.

La actividad continuada de las marcas políticas de ETA en las instituciones era una anomalía verdaderamente patológica de nuestra democracia. Cuando raramente se suscitaba la cuestión de la ilegalización de un partido político, se argumentaba sobre la imposibilidad constitucional de esta medida. España, se decía, no tiene un modelo de «democracia militante» y, por ello, no se exige que las fuerzas políticas se adhieran a la Constitución, simplemente que acaten la legalidad. Tampoco la Constitución establece límites a su revisión, de modo que no hay principios intangibles para ninguna opción política siempre que se defienda por vías pacíficas, ni siquiera democráticas. Se entendía que como los dirigentes y cargos de Batasuna no eran los que materialmente disparaban, esa era una forma de defensa pacífica de sus posiciones. Y aunque todos tuviéramos la convicción moral de los vínculos entre ETA y sus diversas marcas políticas (Herri Batasuna, Batasuna, Euskal Herritarrok, etc.), la conclusión frustrante es que esos vínculos no se podían demostrar. En resumen, se sostenía que la ilegalización de un partido político era constitucionalmente inviable y que solo podría actuarse por la vía penal cuando la dirección o los miembros del partido en cuestión incurriesen en una conducta tipificada como delito. Pero hasta la reciente reforma del Código, la responsabilidad penal era personal. No solo había que demostrar la responsabilidad individual, sino que la suma de estas responsabilidades personales debería ser de tal magnitud que contagiara al conjunto de la organización y la hiciera acreedora a su disolución. En agosto de 2002, el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón discurrió por esta vía y ordenó la suspensión de actividades de Batasuna al establecer una crucial equivalencia entre Batasuna y ETA. Batasuna, argumentó Garzón, no era entorno de ETA, sino que formaba parte de la banda terrorista.

Sin perjuicio de las actuaciones penales, lo cierto es que España carecía de estos medios de defensa constitucional —no solo penal— que sí existían en otros sistemas democráticos europeos dotados de procedimientos de ilegalización muy expeditivos, como el francés, y de restricciones y prohibiciones constitucionales que impiden la actuación de partidos contrarios a las cláusulas que las respectivas constituciones definen como intangibles.

Esta carencia se puso de manifiesto cuando, después de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington y a iniciativa del Gobierno español, la Unión Europea acordó crear una lista de organizaciones terroristas y personas vinculadas a ellas, siguiendo el modelo de Estados Unidos. Mientras era evidente que ETA sería incluida en esa lista, no era posible incorporar a las marcas políticas de la banda terrorista porque aquellas eran legales en España.

En noviembre de 2001, una vez adoptada la lista europea de organizaciones terroristas, empezamos a hablar del tema con los socialistas en una reunión con Alfredo Pérez Rubalcaba y Nicolás Redondo en la que participé junto con Jaime Mayor. Días después, la comisión de seguimiento del pacto antiterrorista apoyó la iniciativa de que la Unión Europea reconociera el vínculo entre ETA y Batasuna. Se trataba de colocar el tema de la ilegalización en la agenda política nacional, iniciar el acercamiento con el PSOE en este asunto y sensibilizar a nuestros socios europeos. No buscábamos en aquel momento una decisión jurídica porque el caso contra Batasuna no estaba todavía suficientemente armado. Pero sí queríamos que en Europa se abriera paso una calificación política de Batasuna como parte del entramado etarra.

El presidente Aznar hizo de la ilegalización de las organizaciones políticas de ETA la máxima prioridad en la estrategia antiterrorista. No se podía derrotar a ETA si no definíamos bien el perímetro social y político de lo que era ETA, que iba mucho más allá de sus pistoleros. Por otra parte, la ilegalización del brazo político de la banda tenía una importancia crucial. Vivir cómodamente en la legalidad mientras se apoyaba la violencia terrorista para acabar con ella era una garantía de continuidad para el entramado terrorista que dirigía ETA. Los políticos de ETA estaban a resguardo de las consecuencias del terrorismo que ellos mismos alentaban desde las instituciones.

El ministro de Justicia, Ángel Acebes, recibió del presidente Aznar, con la máxima reserva, el encargo de estudiar la viabilidad constitucional de una ley que habilitara la ilegalización. En enero de 2002, Aznar convocó una reunión muy restringida en la Moncloa en la participamos, además del propio Acebes, el vicepresidente y ministro del Interior, Mariano Rajoy; el presidente y portavoz del PP del País Vasco, Jaime Mayor Oreja; el director del Gabinete del Presidente, Carlos Aragonés, y yo. Aznar planteó poner en marcha la legislación que permitiría ilegalizar a Batasuna y explicó que el ministro de Justicia lo consideraba posible desde el punto de vista constitucional. Pidió que cada uno de los presentes nos pronunciáramos. Las opiniones oscilaron entre los que pusieron el acento en las dificultades y los riesgos del empeño y los que consideraban que la ilegalización sería el movimiento decisivo para la derrota de ETA y que solo habría una oportunidad de hacerlo desde la mayoría absoluta de la que el PP disponía.

El presidente Aznar decidió entonces poner en marcha un proceso político, legislativo y de opinión pública en el que se centraría buena parte de nuestro esfuerzo durante casi el resto de la legislatura.

Había que trabar un buen acuerdo con el Partido Socialista que queríamos ampliar al máximo. Había que actuar sobre la opinión pública, que albergaba el temor sobre las consecuencias de la ilegalización y que sería intoxicada, dentro y fuera de España, con denuncias sobre la persecución de ideas. Y, en fin, había que hacer una operación legislativa extremadamente delicada y compleja, ya que se actuaba sobre lo más sensible de la Constitución y la propia nervadura de la democracia.

El trabajo del Ministerio de Justicia bajo la dirección de Ángel Acebes fue esencial. El proyecto de Ley Orgánica de Partidos Políticos contenía una calidad jurídica ampliamente reconocida y que se debía en buena medida al trabajo y la capacidad de Ignacio Astarloa, entonces subsecretario del departamento. La solidez del proyecto nos permitió trabajar sobre terreno firme tanto en la negociación con el PSOE como en la previsión de que la futura ley y la eventual ilegalización de Batasuna que se derivara de ella se verían sometidas al escrutinio del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, además de la crítica de la comunidad académica en publicaciones especializadas y medios de comunicación.

Al PSOE le sentó mal «enterarse por los periódicos» de la decisión de Aznar. El presidente no quería que la iniciativa quedara embarrancada por polémicas previas en los medios, sino que se mantuviera en manos del Gobierno. La ley se discutiría con los socialistas, de eso no había duda, pero una vez que hubiera adquirido impulso político. Por otra parte, llevábamos hablando de la ilegalización desde hacía tres meses y no era un tema que hubiéramos introducido arbitrariamente en la agenda de nuestras conversaciones con el PSOE.

Empezó una larga serie de reuniones dentro y fuera de la comisión de seguimiento del Pacto por las Libertades para tratar las cuestiones técnico-jurídicas que planteaban el proyecto de ley y la gestión política de esta.

En el mes de abril de 2002, la Ejecutiva del Partido Socialista hizo llegar al Gobierno un documento con sus observaciones. El día 30 del mismo mes me reuní con Pérez Rubalcaba de manera especialmente discreta para tratar la posición final del PSOE. Ya era urgente cerrar un acuerdo.

Mi interlocutor se esforzó por dejar claro el apoyo del PSOE al Gobierno, una garantía que debía allanar el camino a un acuerdo final. A partir de esta afirmación, los socialistas consideraban clave conseguir el apoyo de CiU para neutralizar la estrategia de deslegitimación puesta en marcha por los nacionalistas vascos. De ahí que en sus observaciones se percibía el eco de las posiciones de CiU. Los socialistas ahora sostenían una posición muy restrictiva sobre los supuestos de ilegalización que deberían figurar en la ley. El PSOE se inclinaba por que la ley solo contemplara las actividades de colaboración con banda terrorista como supuesto de disolución, dejando fuera de la ley lo que temían que pudiera ser entendido como una censura ideológica. Querían que fuera la Sala Primera del Tribunal Supremo —la Sala de lo Civil— la competente para conocer del procedimiento de ilegalización, y ponían encima de la mesa dos objeciones de mayor calado. Por un lado, no querían que las Cámaras, Congreso y Senado, fueran las que promovieran el proceso ante los tribunales, y por otro, mantenían serias reservas hacia la cuestión de la retroactividad o irretroactividad de la ley. Sobre este último asunto se habían pronunciado los juristas más afines al PSOE disintiendo del dictamen favorable que el Consejo General del Poder Judicial había emitido. El PSOE y nosotros queríamos el apoyo de CiU, pero a ellos también les preocupaba que Izquierda Unida apareciera como la depositaria del garantismo frente a un socialismo entregado al Gobierno. Por eso era visible la incomodidad del PSOE ante la perspectiva de ser ellos en solitario los que apoyaran al Gobierno.

El texto del proyecto se fue puliendo, pero sin que perdiera su consistencia jurídica ni su eficacia. La cuestión de la retroactividad era especialmente relevante. No se podía ilegalizar a un partido solo por acciones anteriores a la entrada en vigor de la ley. Pero eso no podía significar que la ley tuviera el efecto contradictorio equivalente a una amnistía de la izquierda abertzale, no podía significar «poner el contador a cero» limpiando la trayectoria de Batasuna y compañía de cualquier consecuencia. Por eso la cuestión de la irretroactividad se resolvió con una fórmula que luego avaló el Tribunal Constitucional: no se podía ilegalizar a un partido solo por hechos anteriores a la ley, pero si después de que la ley entrara en vigor el partido persistía en esas conductas, entonces se podría tener en cuenta lo que la ley en su artículo 9.4 denomina trayectoria a efectos de «determinar la significación de tales actividades y valorar su relevancia en el conjunto de la conducta del partido de que se trate». Una valoración de la trayectoria que el Tribunal Constitucional admitió que «puede comprender comportamientos producidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley», tal y como preveía esta (STC 48/2003 de 20 de marzo, FJ 16). Tampoco fue fácil rematar un acuerdo sobre la posición del Congreso y el Senado en el procedimiento de ilegalización. El PSOE se fue haciendo cada vez más reticente a que las Cámaras tuvieran un papel activo como parte legitimada para instar la ilegalización en el proceso judicial y quería descargar esa responsabilidad íntegramente sobre el Gobierno.

Sin embargo, entendíamos que una decisión de esta gravedad exigía una implicación directa del Parlamento. La posición del PSOE llegó a poner en riesgo el acuerdo global sobre la ley. En una conversación mantenida una hora antes de que se cerrara el plazo de enmiendas en el Congreso le transmití a Pérez Rubalcaba que había hablado con el presidente Aznar y que para el Gobierno no había marcha atrás aunque tuviera que impulsar la ley en solitario. Insistíamos en que la intervención del Parlamento era necesaria e innegociable. Media hora después, alcanzamos un acuerdo: el Congreso y el Senado no actuarían como parte demandante directa del proceso de ilegalización, pero las Cámaras sí tendrían que aprobar la iniciativa y dirigirse al Gobierno para que instara la ilegalización a través del Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado. El Gobierno quedaba habilitado por el Parlamento y este no participaba como actor en el procedimiento judicial.

Exactamente dos meses después, el 4 de agosto, ETA hacía estallar un coche cargado con 50 kilos de explosivo junto al cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola. Asesinó a una niña de 6 años, Silvia, y a un hombre de 57, y causó decenas de heridos. Los cómplices políticos de ETA no condenaron el atentado. Pero esta vez sabían —o deberían haber sabido— las consecuencias de su actitud. Sin más periodos de gracia después de las décadas de impunidad que había disfrutado la denominada izquierda abertzale, se puso en marcha el procedimiento de ilegalización que debía empezar con la votación en el Congreso que instara al Gobierno a decidir las acciones correspondientes. Los Ministerios de Interior, Justicia y Presidencia se pusieron a trabajar en la preparación del pleno extraordinario, que se fijó para el 26 de agosto, y en la demanda que vendría después interpuesta por el Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, cuya actuación en todo el proceso resultó impecable y de una extraordinaria solidez jurídica.

Aquellos días de cuenta atrás se vivieron con la conciencia clara de lo que suponía ilegalizar y disolver a quienes sustentaban políticamente a los terroristas. Y lo vivimos en medio de negros presagios sobre las consecuencias de ese paso que el Estado democrático se aprestaba a dar. En estas pesimistas previsiones se acumulaban varios factores. En el caso de los nacionalistas, su necesidad permanente del recurso al victimismo y la esperanza de abrir fisuras entre las fuerzas constitucionalistas al llegar el momento de la verdad. Pero en otros sectores se detectaba esa desconfianza hacia la ley que parece atávica en los españoles, a la que se añadía la duda sobre la capacidad del Estado para hacerla valer. La ilegalización de las marcas políticas de ETA tenía que abrir brecha en esa idea tan extendida de que aplicar la ley era inoportuno, poco inteligente y, en el País Vasco, una provocación indeseable. Esa idea que volvía del revés el fundamento cívico de una sociedad democrática al considerar la ley como elemento perturbador de la convivencia en vez de ser la garantía de esta.

Poco antes del pleno extraordinario del Congreso, Pérez Rubalcaba me confirmó que asistiría Felipe González, todavía diputado. Partido Popular y Partido Socialista presentaron y defendieron conjuntamente la propuesta de resolución, y el Congreso, en una jornada de las que sí pueden calificarse de históricas, habilitó al Gobierno a proceder contra las organizaciones políticas de ETA. De los 334 diputados presentes, 295 votaron a favor del procedimiento de ilegalización, 10 en contra, y se abstuvieron 29, entre ellos los diputados de CiU, que alegaron su oposición a que las Cámaras participaran en ese proceso. Fue un gran triunfo de la Constitución y del consenso que, con toda certeza, cambió para siempre el signo de la lucha contra el terrorismo.

10

OCHO AÑOS DESPUÉS

¿EL PATO COJO?

«La decisión más difícil que he tomado en mi vida fue la de mantener mi compromiso de no presentarme a un tercer mandato.» Con esta afirmación tan sencilla y concluyente inicia José María Aznar sus Memorias. Recuerda el escepticismo de los que no creían que cumpliría su promesa, los intentos de disuadirlo de cumplirla por parte de otros y la perplejidad de algunos de sus colegas extranjeros que no entendían la razón de esa renuncia voluntaria, no mediando una limitación constitucional al mandato del presidente del Gobierno. Lo cierto es que Aznar llegó a la Moncloa con ese compromiso. Lo adquirió y lo mantuvo en la convicción de que tenía más ventajas que riesgos, como aseguró al congreso de su partido en enero de 2002.

No hay que indagar mucho para imaginar la dificultad de esa decisión en un político de éxito que se despedía del poder, incluido el de su partido, con 51 años recién cumplidos y una trayectoria en la que había conseguido superar unos cuantos de los problemas más desafiantes que un presidente podía afrontar.

Resultaba desconcertante que un hombre al que se le atribuía un ejercicio implacable de su poder en el Gobierno y en el partido decidiera irse y «reinventarse» sin más acomodo en la vida pública que la presidencia de la fundación de pensamiento del PP, la FAES. Si alguien lo tenía todo para convertir al PP en una organización pretoriana dedicada a preservar la continuidad de su líder, ese, sin duda, era Aznar. En el panorama de la política española, la autolimitación que Aznar introdujo tuvo un innegable sentido regenerador y ha establecido un precedente desgraciadamente incómodo para otros en todos los niveles del Gobierno. Nunca ha pretendido que esa opción se convirtiera en norma general, pero siempre ha defendido su conveniencia al sostener que las organizaciones y las instituciones se consolidan cuando se evita su excesiva personalización. La evidencia indica precisamente que la personalización de la política es uno de los fenómenos de mayor calado que afectan a las democracias, y hay muy pocos indicios de que esa tendencia a la personalización, con sus riesgos asociados (crisis de los partidos, irrupción de outsiders con discursos antisistema, deslizamientos plebiscitarios, vaciamiento ideológico, etc.) vaya a revertirse sustancialmente.

Tal vez sin que nos diéramos cuenta, los ocho años en la Moncloa eran, por primera vez, una misión a plazo fijo. Personalmente, no lo viví con la ansiedad de una cuenta atrás. Asumí —asumimos muchos— que éramos parte de ese compromiso. Es una mala opción intentar preparar el futuro político propio mientras uno se encuentra trabajando en la Presidencia del Gobierno. Los movimientos son demasiado visibles. Y además de no sentirme especialmente atraído por entrar en una lista o comprometerme de nuevo en un cargo público, después de ocho años de trabajo intenso en la Moncloa al lado de un presidente como José María Aznar tenía la sensación de que no sería fácil adaptarme a otra situación. Por mi parte, llegué con Aznar y me iría con Aznar. Así se lo dije al presidente cuando me preguntó por mi futuro en 2004, como antes lo había hecho cuando, al comienzo de la segunda legislatura, me ofreció otras posibilidades si quería dejar la Moncloa.

Todos hablaban del pato cojo, como se denomina a los presidentes de Estados Unidos cuando se encuentran en su segundo mandato y la aproximación de su final político debilita su posición. Pero para ser un pato cojo, Aznar mantenía un buen paso.

El Tratado de Niza, la provechosa negociación de las perspectivas financieras de la Unión Europea para el septenio 2004-2011, el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, el Pacto de Estado por la Justicia, la ilegalización de Batasuna y la neutralización operativa de ETA, las bases de una alternativa al nacionalismo en el País Vasco, el superávit presupuestario, la consolidación de la reforma fiscal, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social o la definición de una política hidrológica estructural son logros que ponen en entredicho la idea extendida que contrapone la elogiable primera legislatura de Aznar a la segunda, descalificada sin matices.

Todo eso era importante, pero lo más relevante es que se había hecho una política que ensanchó la clase media y promovió una profunda modernización de la sociedad española, manteniendo consensos sociales básicos forjados desde la Transición que luego rompió el radicalismo ideológico de Zapatero. El resultado de este radicalismo fue una polarización sin precedentes de la sociedad española y la impugnación del pacto de la Transición que anticipa el asalto del populismo de izquierda hacia lo que despectivamente llaman «el régimen del 78».

No obstante, el desfondamiento del Partido Socialista que acompaña el final de la presidencia de Rodríguez Zapatero permite ver el efecto duradero de lo conseguido por el proyecto político desarrollado durante ocho años de Gobierno del PP. Esos ocho años fueron la credencial que abrió la puerta a una extraordinaria mayoría absoluta como la obtenida por Mariano Rajoy en 2011. Le he oído a Aznar equiparar la mayoría absoluta de Rajoy a la victoria de Felipe González en 1982. Porque, para Aznar, González y Rajoy han sido los dos únicos presidentes que han recibido lo más parecido a un cheque en blanco del electorado para llevar a cabo un proyecto reformador profundo en momentos de inflexión histórica.

EL CICLO DEL PP

Algo parecido a esto quiere decir José Luis Álvarez cuando afirma:

Aunque malherido por la falta de poder gubernamental, el ciclo conservador sobrevivió, hegemónico, a la salida de Aznar, gracias precisamente a su labor de alineamiento de las políticas y estilos del PP con las clases medias españolas, su más notable y duradero éxito.

Al reseñar el libro de Aznar Ocho años de Gobierno, José María Lassalle explicaba:

Buena parte del encrespamiento de la política española vivida en la segunda mitad de la legislatura 2000-2004 trae causa (sic) del miedo con el que la izquierda y el nacionalismo radical contemplaron los efectos electorales que podían generar los éxitos cosechados por una derecha centrada y sensata que había logrado conectar con las clases medias emergentes que protagonizaron el milagro económico experimentado a partir de 1996.

Los indicadores en este sentido resultaban concluyentes. En ocho años, la convergencia con Europa aumentó en 10 puntos. Entre 1996 y 2004, el producto interior bruto (en paridad de poder adquisitivo) creció un 64 por ciento y la riqueza total neta de las familias se duplicó. En 2004 había 17,6 millones de ocupados, 5 millones más que en 1996 y 5,5 millones más de cotizantes a la Seguridad Social. Entre las mujeres, la ocupación se incrementó en 2,5 millones. Se creó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y la pensión media mensual aumentó en un 50 por ciento. El tipo máximo del IRPF pasó del 56 al 45 por ciento, y en conjunto, la reforma fiscal aumentó la renta neta de las familias en más de un 5 por ciento. La reforma de 1999 redujo la cuota líquida de los contribuyentes en un 23 por ciento, y la de 2003, en más de 11 por ciento. En otras rúbricas, el progreso no fue menos apreciable. El gasto por alumno en educación experimentó un crecimiento espectacular —el 85 por ciento—, concentrando buena parte del incremento del 65 por ciento del gasto público en este capítulo. Los indicadores de edición de libros, cine, teatro y conciertos de música clásica hablan de una verdadera época dorada en la producción cultural en nuestro país, que nada tenía que ver con el prejuicio cultivado desde la izquierda sobre la ausencia de compromiso del PP con la cultura. La población en España aumentó en 2,8 millones de habitantes mientras se producían dos procesos sociales de una intensidad extraordinaria. Por un lado, la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral —las mujeres que trabajaban fuera de casa aumentaron un 51 por ciento—, y por otro, la recepción de un flujo migratorio que multiplicó por 6 el número de extranjeros empadronados, que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2004 superó los 3 millones. Que estos procesos, que en otros países de nuestro entorno llevaron muchos años, fueran asimilados en un espacio de tiempo tan corto por la sociedad española sin tensiones apreciables dice mucho en su favor.

La fortaleza del ciclo del PP y la penetración de los efectos de sus políticas en amplias capas de la sociedad española se sometieron a una prueba crítica en las elecciones municipales y autonómicas del 25 mayo de 2003. El desgaste que había supuesto el apoyo a la intervención de Estados Unidos y Gran Bretaña en Irak, la crisis política y medioambiental causada por el hundimiento del Prestige, la polémica sobre el Plan Hidrológico Nacional, el atentado en la Casa de España de Casablanca cometido nueve días antes de las elecciones por un grupo afiliado a Al Qaeda en el que fueron asesinados dos empresarios españoles y la comparecencia de un PSOE con su liderazgo renovado en la persona de Rodríguez Zapatero planteaban al PP —y a Aznar personalmente— una competición muy exigente. Hasta tal punto que, según confesó el propio Aznar, un mal resultado en estas elecciones habría sido lo único que le hubiera hecho reconsiderar su decisión de no aspirar a un tercer mandato.

Aquella campaña fue agotadora, y Aznar la protagonizó implicándose sin reservas a pesar del riesgo político que conllevaba. Los resultados confirmaron la solidez del Partido Popular, que volvió a superar en concejales al PSOE y mantuvo e incluso aumentó su posición en la mayoría de las comunidades autónomas que gobernaba. La decepción del PSOE fue visible. Estaban convencidos de que el escenario en el que se producían esas elecciones era el peor imaginable para el PP porque, a todo lo dicho, había que añadir el efecto sobre el electorado de un Aznar que estaba ya de salida. En la campaña, Rodríguez Zapatero había disparado con artillería pesada al responsabilizar al presidente del Gobierno del atentado de Casablanca por «haber puesto a España en la diana», según declaró en aquellos días. Esto se decía mientras el Gobierno y el PP recibían críticas por el supuesto aprovechamiento electoral del terrorismo.

ZAPATERO, SIN MIEDO A DIVIDIR

Mientras las elecciones del 2003 confirmaban la continuidad del ciclo político del PP, incluso en las circunstancias políticas más adversas, esos mismos comicios que venían precedidos de una estruendosa estrategia de agitación por parte de la izquierda marcaron el final del ciclo del PSOE como partido de Gobierno comprometido con los consensos básicos de la Transición.

Dos años después lo certificaba El País en un editorial del 20 de noviembre de 2005 a propósito del 30 aniversario de la muerte de Franco:

Los cambios de signo político del Gobierno (1982, 1996, 2004) han sido a la vez expresiones de la renovación generacional en la sociedad y en el seno de cada partido, lo que ha determinado percepciones muy diferentes de la realidad. La generación de Aznar no compartía la mala conciencia (tan fructífera) de los gobernantes de UCD, y la de Zapatero no comparte los temores de González y Guerra a tomar decisiones que puedan dividir a los españoles.

Si lo que caracterizaba a la generación de Aznar era no compartir la mala conciencia de UCD que el periódico daba por probada y fructífera mientras que la característica de Zapatero era la de no temer que sus decisiones dividieran a los españoles, sin duda Aznar y los suyos ganaban ampliamente en la comparación. Y es verdad que la trayectoria de Zapatero en el Gobierno se explica por el sesgo revisionista de su política hacia el pacto de la Transición y la búsqueda de una ingeniería política mediante acuerdos con los nacionalistas que garantizaran la exclusión del PP del poder. Para Rodríguez Zapatero, el sistema constitucional del 78 tenía que funcionar sobre el veto al PP como alternativa, un veto compartido por la izquierda con los nacionalistas. La recuperación del estigma de franquista para dar la coartada a la exclusión del PP entraba de lleno en esta lógica.

Bien es verdad que Rodríguez Zapatero no era más que la expresión más desinhibida de una idea que se estaba gestando en el socialismo español desde el malestar que le produce la victoria de Aznar por mayoría absoluta en 2000, que empieza a acreditar la transformación social sobre la que se afianza el ciclo político del PP. Víctor Pérez Díaz lo explicaba así:

Había un pacto implícito que regulaba la competición partidista entre socialistas y populares, según la cual las concesiones que uno de ellos podía hacer a los NP [nacionalismos periféricos] no podía traspasar ciertos límites. Ese pacto implícito era la remisión de ambos al texto constitucional, cuyos procedimientos de reforma requerían además una mayoría cualificada. Ese pacto no se había hecho al azar. Era el resultado de una memoria histórica muy presente en la conciencia de la clase política. [...] [La plasmación de esta mutación política en el socialismo consistió en] la puesta en marcha por parte del liderazgo socialista de Rodríguez Zapatero de un proyecto hegemónico socialista que pasa por un acuerdo durable con los NP, en torno a una revisión del texto constitucional en lo relativo al estado de las autonomías, para excluir de manera permanente a los populares del poder.

Al pretenderlo, el PSOE rompía el paradigma de la Transición según el cual las expresiones mayoritarias de la izquierda y la derecha se reconocían mutuamente la condición de interlocutores necesarios en todas las decisiones fundamentales. El PSOE había negado al PP tal condición en favor de los nacionalistas. El PP se había convertido para la izquierda en el partido de «los nietos de los que asesinaron a García Lorca», en expresión de un conocido comunicador.

La exclusión del PP, la alianza estratégica con los nacionalismos, el cambio de socio constituyente, y la pretensión de modificar el marco constitucional se plasman en el Gobierno tripartito catalán, con Esquerra Republicana de Cataluña e Izquierda Unida, que encabeza Pasqual Maragall en diciembre de 2003. El tripartito vino precedido del Pacto del Tinell, por el cual los componentes del tripartito y Convergència i Unió adoptaron el compromiso de no llegar a acuerdos con el Partido Popular. Pero otro compromiso no menos decisivo fue el de Rodríguez Zapatero declarando su apoyo al Estatuto que viniera del Parlamento catalán. El descargo de los barones socialistas para explicar una fatal ligereza como esta consistió en culpar a Maragall de haberlos engañado, haciéndoles creer que él, Maragall, garantizaba un Estatuto constitucional cuando en realidad se puso a la cabeza de la manifestación en vez de templarla. Aun así, el nuevo Estatuto catalán no lo quería CiU y lo rechazaban explícitamente los socios de Maragall de Esquerra Republicana, quienes después de votar en contra del texto en el Parlamento autonómico pidieron la abstención en el referéndum de ratificación. Fue Rodríguez Zapatero in extremis el que rescató un proyecto de estatuto encallado, mediante una caótica negociación con Artur Mas y a cambio del compromiso de que este sería presidente de la Generalidad después de Maragall; un compromiso que el socialista José Montilla, ajeno al pacto de Zapatero y Mas, se encargó de frustrar para reeditar el tripartito.

El nuevo Estatuto catalán era un intento deliberado de alterar la Constitución eludiendo el procedimiento para su reforma, ya que esta exige mayorías cualificadas que no habrían sido posibles sin sumar al PP. El objetivo era aprobar un Estatuto sobre premisas claramente inconstitucionales en su pretensión de definir unilateralmente y blindar las competencias autonómicas y atribuirse competencias exclusivas del Estado. El texto no se corrigió en el Congreso. Si el Partido Popular no hubiera interpuesto el recurso de inconstitucionalidad, se habría producido una «mutación constitucional», es decir, una modificación tácita de la Constitución al margen de sus procedimientos de reforma. La decisión de recurrir se ha convertido en uno de los motivos de recriminación permanente al PP. Pero la sentencia fue dictada por un Tribunal Constitucional de mayoría «progresista», y a través de esa sentencia se preservó la integridad de la Constitución. Al Partido Popular no solo se lo excluía de la negociación del nuevo Estatuto, sino que se le exigía que mirase a otra parte y aceptase con su silencio que el Parlamento de Cataluña podía modificar la Constitución.

El Partido Socialista había dado por finalizado el ciclo de la Transición y el pacto constitucional. Los hitos que habían jalonado esta desconexión, no por casualidad, tenían que ver con los avatares de las relaciones entre los socialistas y los nacionalistas. Si el tripartito catalán y la operación del nuevo Estatuto hicieron plenamente visible ese PSOE que, dicho en palabras de sus intérpretes autorizados, «no temía adoptar decisiones que dividieran a los españoles», la defenestración de Nicolás Redondo Terreros tras las elecciones autonómicas vascas de 2001 ya apuntaba en esa misma dirección.

LOS NACIONALISTAS: SI TODO ES POSIBLE, NADA ES SUFICIENTE

Mientras el ciclo del PP mostraba el arraigo social que habían conseguido sus políticas, no solo los socialistas tomaban una dirección divergente del consenso constitucional. Los nacionalistas, tanto vascos como catalanes, cada uno con sus singularidades y sus matices, hacían explícita su ruptura con el marco constitucional.

José María Aznar se ha referido en varias ocasiones a una conversación con Jordi Pujol, entonces presidente de la Generalidad, en la que este le expresó con toda claridad su decisión de desconectar al nacionalismo catalán del sistema constitucional. Esa fue la respuesta a la oferta del presidente Aznar de incorporar ministros de CiU al Gobierno. La claridad con que se expresó Pujol en 2002 acredita que la evolución independentista de CiU no es una reacción a un problema de financiación y ni siquiera la protesta por la sentencia de inconstitucionalidad contra el nuevo Estatuto, sino una opción estratégica que el nacionalismo catalán tomó y que ha llevado a la práctica en años posteriores hasta llegar a la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017.

Los nacionalismos habían querido legitimarse como una respuesta a la fuerza opresora del Estado cuando, en realidad, eran la expresión de la debilidad de este. Ahora, su abandono de la Constitución, que querían presentar como reacción inevitable frente al supuesto incumplimiento de los compromisos de autogobierno, en realidad demostraba la culminación de un modelo de autogobierno sin precedentes. Culminada la transformación autonómica del Estado, el nacionalismo tenía que iniciar un nuevo ciclo de victimismo y reivindicación.

El caso catalán ha sido más grave porque no hay que olvidar que CiU apoyó la Constitución, y el catalanismo que representaba ha sido un sumando recurrente en las fórmulas de Gobierno. Lo fue con el PSOE y lo fue con el PP. El cambio catastrófico se produce cuando el PSOE quiebra el consenso y los pactos con los nacionalistas dejan de estar acotados. En cualquier caso, es Jordi Pujol el que decide empezar a oficiar los funerales del catalanismo político.

El PNV, por su parte, presentó su ruptura en el llamado Nuevo Estatuto Político del País Vasco o Plan Ibarretxe, que bajo la apariencia de una reforma estatutaria venía a ser una proclamación unilateral de soberanía. Es evidente que el PNV no ha tenido ningún apego a la Constitución, excepto cuando se pone en cuestión el sistema de Concierto Económico y el Cupo, porque en ese caso saca a relucir la Disposición Adicional Primera del texto constitucional que ampara y respeta los derechos históricos de los Territorios Forales, aunque se negara a votarla en el 78. Aun así, el PNV había participado en la política nacional, mientras la política vasca desde mediados de los ochenta había girado en torno a la coalición de los socialistas con los nacionalistas. La materialización de una alternativa de Gobierno no nacionalista en el País Vasco encabezada por el socialista Patxi López con el apoyo del PP frenó las peores consecuencias que se podían haber derivado de esta radicalización nacionalista. Por otra parte, el fracaso de Ibarretxe permitió el acceso a la dirección nacionalista de dirigentes de un pronunciado pragmatismo —Josu Jon Imaz, Iñigo Urkullu— cuya prioridad, luego favorecida por el cese del terrorismo de ETA, fue la de devolver al PNV a la centralidad en la sociedad vasca más que reincidir en un desafío soberanista al Estado. El nacionalismo catalán se disponía a tomar el relevo al vasco como fuerza desestabilizadora.

En 2004, en la derrota del PP precedida por los brutales atentados de Atocha y los acontecimientos que desencadenaron, confluyen varios factores. Por un lado, el fin del compromiso del Partido Socialista con el consenso constitucional, la decisión de romper con la Constitución de Convergència i Unió y la fase final del intento soberanista de Ibarretxe, del que ya el PNV con Josu Jon Imaz en la presidencia empezaba a distanciarse. Eso no significa que se tratara de procesos iguales ni que tuvieran una manifestación política inmediata. Tampoco que fueran procesos lineales. La oposición al Plan Ibarretxe y la alternativa al nacionalismo en el País Vasco, o el acuerdo sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución ante el desafío independentista en Cataluña, sin olvidar la sustitución de Pedro Sánchez entre octubre de 2016 y mayo de 2017 —que hizo posible la segunda investidura de Rajoy mediante la abstención de los socialistas— han sido hechos significativos, pero se puede dudar de que hayan alterado el curso en el que entra el socialismo español a partir de 2004.

Esa desconexión del consenso constitucional —por decirlo suavemente— tenía al menos dos puntos de encuentro entre los que la protagonizaban. Uno consistía en asumir que la confluencia de estas fuerzas —socialistas y nacionalistas— en una mayoría de Gobierno requería abrir la Constitución a una modificación sustancial que se tenía centrar en el reconocimiento de la supuesta realidad plurinacional de España. La cuestión no ha sido tanto intentar una suerte de proceso constituyente que estaba fuera del alcance de lo que podían sumar estas fuerzas, como de hacer de la Constitución una norma precaria, una «gran disposición transitoria», en palabras de Maragall. El otro punto de encuentro —ya se ha dicho— radicaba en hacer del veto al Partido Popular el comodín de cualquier posible combinación de futuro Gobierno. Ese veto se ha mantenido hasta hoy en que el Partido Socialista se ha mostrado dispuesto a pactar con cualquier fuerza política, incluidos populistas de Podemos y nacionalistas nada moderados en Navarra, pero no ha contemplado ningún acuerdo de Gobierno con el PP, tampoco cuando el modelo de partidos ha sufrido una transformación tan acusada como la que ha ocurrido en las elecciones de 2015 y 2016 en el ámbito nacional, autonómico y local.

Los resultados electorales de 2004 fueron, en este sentido, el catalizador de las estrategias que se habían ido gestando en estos partidos a partir de la impugnación del pacto constitucional y del propio texto de la Constitución. Lo ocurrido después en la economía española y en la política exterior, en el modelo territorial y en la irrupción de un populismo como el de Podemos, conjurado contra el sistema constitucional salido de la Transición, no se explica sin el sesgo rupturista que definió la política española desde 2004 hasta que Rodríguez Zapatero fue alcanzado por la recesión que negaba.

HACIA LA SUCESIÓN

Aznar era consciente en estos meses de que la sucesión que él mismo había abierto con su decisión de no concurrir a un tercer mandato estaba moviendo las cosas dentro del partido. Quería evitar el riesgo de personalización del Partido Popular, pero pretendía también objetivar al máximo la propuesta de sucesor, de ahí que hablara de una línea de sucesión natural que partía de Rodrigo Rato y seguía con Mariano Rajoy y Jaime Mayor Oreja. El propio Aznar ha explicado con detalle cuál fue el proceso de decisión y las circunstancias que lo llevaron a proponer a Mariano Rajoy. Solo recuerdo una conversación formal en la que sus colaboradores más próximos hablamos con el presidente sobre su sucesor. Fue en julio de 2003, en una cena en el jardín de la Moncloa a la que asistimos Carlos Aragonés, Alfredo Timermans, Javier Fernández Lasquetty y yo. Pidió la máxima sinceridad a cada uno para expresar nuestra opinión sobre los candidatos. Así lo hicimos, cada uno con sus diferentes argumentos, pero él no dijo nada sobre su decisión, ni si la tenía ya tomada.

Pero sí fue expresivo en reiterar las razones que lo llevaban a mantener su decisión. Las reformas que había impulsado y la nueva posición internacional de España habían sido muy exigentes con el país y con su partido. Veía con preocupación la mutación callejera de una izquierda que anticipaba con aversión un nuevo mandato del PP, bastante probable según todas las encuestas. Estaba convencido de que su retirada serviría para «despresurizar» el clima político. Contaba con la continuación del ciclo y era razonable creerlo así. Mariano Rajoy era una opción que encajaba bien en este planteamiento, aunque esto último no lo dijo. No puedo decir que me sorprendiera la elección de Mariano Rajoy en septiembre de 2003. Aznar no pretendía perpetuarse por persona interpuesta. Al pensar en Rajoy no se guió por una amistad personal estrecha, que no existía entre ambos, ni por afinidades temperamentales, que era obvio que no tenían, ni por la cercanía de sus equipos. Rajoy objetivaba la sucesión de Aznar y podía ofrecer una forma distinta de gobernar desde la larguísima experiencia política que acumulaba en el partido y en los ocho años de Gobierno.

Desde las elecciones municipales y autonómicas celebradas en mayo, el presidente empezó a recibir opiniones favorables a adelantar las elecciones generales a octubre o noviembre de ese año en vez agotar la legislatura y celebrarlas en marzo o abril de 2004. Con una mayoría absoluta como la que tenía el PP no era fácil justificar un adelanto que impediría aprobar los presupuestos generales del Estado. Aznar, que estaba recabando algunas opiniones, me llamó para hablar del asunto. Le di mi opinión a favor de agotar la legislatura, aunque no creo que el presidente tuviera grandes dudas al respecto. Tal vez no fuera fácil la convivencia con un sucesor ya elegido y en quien había delegado todos sus poderes como presidente del partido. Pero los sondeos daban una ventaja muy firme sobre el Partido Socialista y ese debería ser un motivo de tranquilidad. Seguramente, mi opinión subestimó las dificultades de ese solapamiento entre el presidente y el candidato, a pesar de que Carlos Aragonés se incorporara al equipo político de Rajoy y Gabriel Elorriaga fuera nombrado jefe de la campaña. El desarrollo de la campaña, que en la Moncloa se vivía con distancia, elevó esta tensión. El PSOE estaba aprovechando la novedad que representaba Rodríguez Zapatero y escondía sus desvaídas siglas bajo una nueva marca electoral, «ZP». Esta marca estaba avalada por lo más granado de la oficialidad progresista movilizada en el «No a la guerra», y replicando la característica ceja de «ZP» se dispusieron a revivir su pequeña épica consistente en «echar a la derecha».

A medida que avanzaba el calendario electoral, la campaña del PP perdía tensión, creo que deliberadamente, no solo por el talante personal del candidato sino por una estrategia conservadora que solo veía la campaña electoral como un peligro, el de cometer errores, y un objetivo, que pasara cuanto antes. Los sondeos seguían siendo favorables, pero la mayoría absoluta estaba en disputa.

MASACRE EN ATOCHA

El 11 de marzo de 2004 era jueves. Apenas quedaban dos días de campaña electoral y los partidos se preparaban para los mítines finales en los que harían la última apelación a la participación y el voto. El PP con Mariano Rajoy continuaba encabezando los sondeos, aunque la movilización de la izquierda parecía haber acortado la ventaja. La previsión que manejábamos era la de una victoria que podría quedarse a tres o cuatro escaños de la mayoría absoluta pero que permitiría gobernar sin grandes problemas dentro de una situación económica favorable. La cercanía de un tercer mandato del PP exasperaba a la izquierda y provocaba escalofríos en los nacionalistas en trance de radicalización. Pero Rajoy era un nuevo candidato en el PP y no se podía adelantar en qué términos se plantearían las cosas si, además, la previsible derrota del Partido Socialista llevaba a la sustitución de Rodríguez Zapatero.

Aquella mañana no era distinta a las últimas que había vivido en la Moncloa. En la agenda tenía un almuerzo de despedida en la sede del Centro Nacional de Inteligencia con su director, Jorge Dezcallar, y el equipo directivo del Centro. Dezcallar era el primer director civil del servicio de inteligencia, sucediendo en el cargo al teniente general Javier Calderón, de quien guardo un gran recuerdo. El Gobierno quiso fortalecer la posición del Centro y se había conseguido sacar adelante una ley acordada con el PSOE que regulaba su actividad y el estatuto de sus miembros, su dependencia y el control judicial de sus actividades cuando estas afectaran a derechos fundamentales. Intervine muy activamente en la elaboración de esta ley con Federico Trillo, entonces ministro de Defensa. La participación del CNI en la lucha contra ETA y el conjunto de sus organizaciones fue valiosa y creciente, lo que me llevó a mantener con los responsables del Centro una relación de trabajo muy frecuente.

El almuerzo no se celebraría. Cuando el coche oficial que me recogía todas las mañanas estaba próximo a entrar en el Complejo de la Moncloa, escuché a Iñaki Gabilondo informando en la cadena SER de una explosión en la estación de Atocha. Inmediatamente recibí las primeras llamadas mientras empezaba a temer lo peor. Gabilondo daba cuerpo a la información que iba recibiendo, todavía llena de confusión. «Irrumpe una vez más, violentamente, ETA. Esa es, al menos, la impresión que todos tenemos», dijo, interpretando la sensación que se extendía entre los españoles. Poco después de conocer la noticia empezamos a temer que la gravedad del atentado sería enorme y de un efecto devastador. La campaña mantenía tensos los resortes de los partidos, y la magnitud de lo que ya se empezaba a ver como una probable masacre provocó reacciones muy rápidas. Poco más de una hora después de las explosiones, Rodríguez Zapatero decía en la cadena SER: «ETA ha intentado intervenir en la campaña», y pedía que nadie cambiara su voto por el atentado. El lendakari Ibarretxe declaró en una comparecencia institucional: «Está claro que ETA ha pretendido dinamitar la democracia».

Minutos antes de la diez de la mañana, el presidente Aznar llama a Rodríguez Zapatero. Yo estaba presente en aquella conversación ya que después de conocer la noticia me fui directamente al despacho de trabajo del presidente en el palacio. En el curso de la conversación no se planteó el asunto de la autoría, en la que los dos estaban de acuerdo, pero sí se trató de la convocatoria de la manifestación de condena, sobre la que Aznar insistió en un lema claro que sería: «Por las víctimas. Con la Constitución. Por la derrota del terrorismo». El secretario general del Partido Socialista no pidió la reunión de la comisión de seguimiento del Pacto por las Libertades. Las reacciones se suceden. ERC hace público un comunicado en el que acusa a ETA de «matar de forma masiva en Madrid y esto es un crimen horroroso», mientras Gaspar Llamazares —quien en toda la legislatura no había apoyado ninguna de las iniciativas de política antiterrorista que se habían propuesto— ahora declaraba: «ETA no conseguirá dividirnos». Pero lo importante no radicaba en las declaraciones, sino en la brutalidad del ataque terrorista y la progresión del número de asesinados y heridos.

A las 11 se reúne en la Moncloa el grupo de crisis convocado por el presidente y al mismo tiempo el ministro del Interior hace unas primeras declaraciones en la escena del atentado sin mención a la autoría. El Ministerio del Interior, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la ciudad establecen un eficaz mecanismo de coordinación de todos los servicios públicos que permite la mejor asistencia posible a los heridos, la atención a las familias y la identificación de los cadáveres. Para llevar a cabo la identificación y la atención a las familias de las víctimas se organiza un centro forense en las instalaciones del complejo ferial de Ifema, en una operación que dirige la subsecretaria de Interior María Dolores de Cospedal. La actuación de todos los servicios de emergencia es ejemplar por su eficacia y su dedicación. Ese esfuerzo y la reacción de los madrileños en solidaridad con las víctimas destacaban en medio de la tragedia.

El paso de las horas va confirmando lo peor. Al final de la mañana, los responsables de las fuerzas de seguridad del Estado reunidos en el Ministerio del Interior informan al ministro Ángel Acebes de que el explosivo utilizado es Titadyn y que se ha empleado cordón detonador, lo que señalaba a ETA. A primera hora de la tarde, el CNI hace llegar una nota en la que analiza detalladamente todos los elementos conocidos entonces para atribuir la autoría del atentado a ETA, que había intentado un ataque con objetivo y ejecución prácticamente idénticos en semanas anteriores, con la diferencia de que no se trataba de un tren de cercanías sino de uno procedente del País Vasco y con destino a Madrid, y en vez mochilas, ETA plantó una maleta con explosivos.

Dentro de los contactos que el presidente establece en aquellas horas, habla con los directores de los principales periódicos. Antes de que el presidente Aznar hablara con su director, el diario El País saca una edición especial a la 1 de la tarde. A la 1.30 comparece en la sala de prensa de la Moncloa el ministro del Interior, quien atribuye el atentado a ETA. Los responsables del CNI, por su parte, nos informan de que ninguno de los principales servicios de inteligencia con los que se ha hablado —Estados Unidos, Israel, Egipto, entre ellos— tienen ninguna pista ni han detectado indicio alguno que pudiera relacionarse con el atentado. Las autoridades estadounidenses de inteligencia vuelven sobre información reunida con anterioridad por si algo que condujera al atentado de Madrid se les hubiera pasado por alto, pero sin ningún resultado. Cuando hablé sobre las informaciones que los servicios de inteligencia le habían transmitido, el director del CNI las resumió así: «Lo que me han dicho es: a nosotros no nos sale nada, pero de ETA ustedes saben más». La identificación del explosivo, el análisis inicial del CNI y la ausencia de huellas del atentado en las informaciones de los servicios de inteligencia extranjeros conducían a considerar la autoría de ETA.

Me reuní para comer en la Moncloa con mi jefe de gabinete, Domingo Rueda, y el vicesecretario general, José María Bethencourt. El Departamento de Situaciones de Crisis se había activado para el seguimiento intensivo de la situación y de las posibles alteraciones de la vida ciudadana que pudieran producirse. Poco después del almuerzo, el presidente me llama a su despacho y me dice que el ministro Acebes le ha informado de la aparición de una furgoneta en Alcalá de Henares en la que se han encontrado siete detonadores y una cinta casete con contenido en árabe. La furgoneta había sido trasladada a las 3.30 de la tarde a las dependencias de la policía en Canillas, a las afueras de Madrid, y allí estaba siendo tratada por los expertos de la policía científica, que trasladan la cinta a los servicios de información para ser traducida. Se comprueba que la grabación contiene versículos del Corán.

El hallazgo, por sí mismo, distaba mucho de ser concluyente y no desvirtuaba la hipótesis principal, pero no había duda de que abría un nuevo frente para la investigación. Después de que se reuniese la cúpula policial en el Ministerio del Interior, el presidente informa de estas novedades al secretario general del Partido Socialista. Rodríguez Zapatero le dice que «le da igual» que haya sido ETA o Al Qaeda. Aznar vuelve a hablar con los directores de los medios para informarlos del hallazgo de la furgoneta y de la evaluación inicial que se hace de esta posible pista. Les confirma que se ha abierto una nueva línea de investigación apuntando al terrorismo islámico, pero que ETA continúa como la principal hipótesis de la autoría. Poco después, el ministro del Interior comparece, una vez más, para comunicar estas últimas informaciones y hablar de la evolución de las investigaciones, que ahora se ampliaban con la hipótesis yihadista.

A las 8 de la tarde, la cadena SER afirma tener en su poder «las fotografías de los nueve presuntos miembros de ETA que han podido intervenir en este macabro atentado».

Por su parte, la edición de El País del viernes 12 de marzo —cerrada en la noche del 11— titula a toda página: «Infierno terrorista en Madrid: 192 muertos y 1.400 heridos. Interior investiga la pista de Al Qaeda sin descartar a ETA». El titular reflejaba fielmente la situación en la que se encontraban las cosas. Por eso resulta difícil de explicar que después de afirmar que Interior investigaba la pista de Al Qaeda se acusara al Gobierno de mentir.

No bastaba con poner en marcha la estrategia de culpar al Gobierno de semejante masacre al vincularla en una relación causa-efecto con el apoyo a la intervención en Irak. Una imputación tan brutal tenía que hacerse más digerible atribuyendo al Gobierno una supuesta mentira que ni pudieron acreditar entonces ni pudieron probar después.

El editorial de este periódico empezaba a marcar la estrategia contra el Gobierno. No solo hablaba de «una profunda inquietud» que causaba la posibilidad de que el atentado estuviera relacionado con el papel de España en apoyo a la intervención en Irak. El diario iba más allá, elaborando la hipótesis de una colaboración entre ETA y los yihadistas que, según el editorial, se derivaba de los atentados «como mero automatismo lógico». Ello significaría que «los terroristas hubieran terminado fusionado sus sangrientas banderas y confirmando de forma siniestra las profecías de Bush y Aznar que querían confundir todos los terrorismos y convertirlos en uno solo».

Sobre las 10 de la noche, la agencia Reuters difunde la noticia de que el diario Al Quds al Arabi, con sede en Londres, ha recibido una comunicación de las Brigadas Abu Hafs al-Masri reivindicando el atentado.

En las horas finales del jueves, estos hechos propician un giro en la estrategia de la oposición política y mediática en la línea ya descrita —Irak y la supuesta mentira—, que se convierte en un movimiento de agitación callejera contra el PP y sus candidatos, debidamente aderezado con mentiras —esas sí— y bulos que, recordados hoy, se convierten en verdaderos precursores de lo que ahora es la intoxicación de la posverdad.

El viernes día 12 se celebra la manifestación de condena, en la que se hace visible la estrategia que la oposición ha alentado durante toda la jornada.

Se lanza el bulo del terrorista suicida, que no existió pero que daba consistencia a la autoría yihadista. No fue lo único. La cadena SER insiste difundiendo una bizarra descripción de una de las víctimas, que «llevaba tres capas de ropa interior y estaba muy afeitada, una práctica muy habitual entre los comandos suicidas islámicos antes de inmolarse».

Por más que la dieran por confirmada, esa información jamás se produjo porque no hubo tal víctima. Las autopsias habían terminado a primera hora de la tarde de ese día, y la investigación policial y forense excluía la presencia de suicidas en los trenes. Nada de esto fue reconocido por quienes acusaban al Gobierno de mentir con una exaltación rayana en lo delirante, al mismo tiempo que generaban estas fabulaciones nunca rectificadas.

Ese día, viernes 12, los servicios de desactivación de explosivos son requeridos por la Comisaría de Vallecas después de encontrarse una bolsa con un artefacto explosivo. El explosivo resulta ser Goma-2 ECO —no Titadyn— y aparece junto a un detonador y un teléfono móvil destinado a actuar como temporizador.

Esta información añade nuevos interrogantes, porque la reivindicación recibida en Londres suscitaba serias dudas sobre su autenticidad. No sería la primera vez que un grupo terrorista islámico se atribuía de manera oportunista un atentado que no había cometido para subir su cotización en el mundo del yihadismo. Hablé personalmente con Dezcallar y me confirmó que la reivindicación no era en absoluto fiable.

Si la manifestación de aquella tarde reflejó la tensión que se estaba inyectando en la sociedad española, ya conmocionada por el peor atentado terrorista que había sufrido, el sábado, teórica jornada de reflexión, resultó un despliegue eficaz de agitación contra el Partido Popular. Sus candidatos fueron acosados, y algunos, agredidos físicamente, se rodearon las sedes y se buscó arrastrar a los ciudadanos a una reacción que rompía las reglas más elementales de la civilidad, más aún en la víspera de unas elecciones. La propaganda superó todos los límites hasta difundirse la especie desde círculos socialistas catalanes de un supuesto desplazamiento del ministro del Interior al palacio de la Zarzuela para someter al Rey un decreto que suspendería las elecciones. De nuevo una rotunda falsedad. Se quería crear un clima en el que cualquier enormidad que se dijera del Gobierno o del PP resultaría creíble para un sector de los ciudadanos que se unían al insólito hecho en un sistema democrático de convertir una masacre en una agitación de parte. No hubo, ni ha habido a día de hoy, una sola palabra de condena del acoso que sufrió el Partido Popular en aquellas jornadas.

La tarde del sábado 13 eran detenidas tres personas de nacionalidad india, dos marroquíes y dos españoles relacionados con la falsificación y venta de las tarjetas que habían sido utilizadas con los teléfonos móviles que activaron las explosiones. De nuevo, las detenciones, que se hicieron públicas poco después de realizarse, difícilmente pueden entenderse en una operación de encubrimiento de la verdad como la que se atribuía al Gobierno. Habían surgido fricciones entre el CNI y la Policía a propósito del acceso a los datos que proporcionaba la investigación. Aquellas fricciones, en un momento crítico y con una presión como la que mantenía la opinión pública, no facilitaban la gestión de una situación ya de por sí muy complicada.

El domingo, las votaciones se iniciaron con algunos incidentes contra los candidatos del PP. No había datos sobre cómo podía haber evolucionado el voto. En aquellas circunstancias, ningún tracking habría significado nada.

José María Aznar y Ana Botella habían invitado a comer a Mariano Rajoy y a su mujer, Elvira. Los recibí y estuve charlando unos momentos con Rajoy, que me preguntó por mi impresión de lo que podía pasar. Realmente no lo sabía, pero no quería renunciar a la confianza. Por el contrario, Rajoy me transmitió su pesimismo, moderado por su habitual contención.

EL 11-M EN PERSPECTIVA

De lo mucho que se ha publicado sobre aquellos días, el análisis que hizo José Varela Ortega unos meses después ha visto reafirmada su vigencia y se nutre no solo de una autorizada perspectiva histórica sino también de un profundo sentido cívico:

Lo peor de plebiscitar a Al Qaeda como muñidor electoral de la izquierda es que, al hacerlo, se ha administrado a la opinión una sobredosis primaria, en forma de una proposición tan equivocada como letal: guerra de Irak = atentado de Madrid. Es la conclusión falsa a la que una campaña de venganza personal ha conducido a buena parte de la opinión, precipitándola en una relación de causalidad falaz. [...] Las bombas de Madrid tienen desde luego un propósito, pero no son la consecuencia de la guerra de Irak ni tienen en esta su causa. Los pretextos son varios, pero las causas son otras y no son la misma cosa. El ataque a las Torres Gemelas se produjo antes —que no después— de la intervención en Irak, del mismo modo que los atentados de Bali, Luxor, Casablanca y Turquía se perpetraron contra países musulmanes que se habían opuesto a la guerra. La activa campaña del Gobierno francés en contra de la intervención en Irak no los ha librado de la sentencia fundamentalista que pesa sobre el país vecino con pretexto del «velo», como han venido a demostrar varias intentonas terroristas frustradas. Como tampoco nos hubiera librado a nosotros un comportamiento internacional similar al de Francia, en la medida que somos «culpables» del genocidio cometido con al-Ándalus siglos atrás (Bin Laden dixit).

Tal vez el autor no podía prever hasta qué punto el sufrimiento causado en Francia por el terrorismo yihadista, desgraciadamente, confirmaría su análisis.

Fernando Reinares, un reconocido experto en terrorismo y asesor en el Ministerio del Interior con el nuevo Gobierno socialista, escribía en ese mismo año:

No pocos ciudadanos están convencidos de que la violencia islamista contra objetivos españoles cesará cuando nuestros gobernantes modifiquen decididamente nuestra política exterior... Quizá tengan razón los que así piensen, pero también cabe que incurran en una simplificación inducida por los propios instigadores del terrorismo internacional y que la amenaza que se cierne sobre nosotros sea en realidad anterior a la guerra de Irak. Y si es así, nada que ocurra allí, ni el haber retirado las tropas, puede hacernos inmunes al terrorismo global. [...] Ante todo, esos terroristas atentan contra España porque es un país occidental, pero también donde policías y jueces trataban de impedir que Al Qaeda disfrutara de refugio y cobertura.

Entre 1996 y 2004 se había detenido a 121 personas vinculadas a grupos terroristas islamistas, lo que convertía a España en el país de la Unión Europea con mayor número de detenciones. Habían destacado dos operaciones. La Operación Dátil, por la que se desmanteló en noviembre de 2001 una célula muy importante de Al Qaeda en España, y la Operación Lago, que en 2003 desarticuló una numerosa red islamista asentada principalmente en Cataluña. El PSOE, con gran regocijo, denominó a los detenidos de esta red como comando Dixán, en sarcástica alusión a algunos de los productos que fueron encontrados susceptibles de componer sustancias explosivas como el llamado «napalm casero». A pesar de las gracietas de los portavoces socialistas, el juez Garzón afirmó en el auto de procesamiento que «los indicios existentes alejan de la realidad el argumento de que se trata de actividades no delictivas y de sustancias inocuas». «Pensaban atacar con detergente», decía el portavoz socialista Jesús Caldera en el Congreso el 3 de marzo de 2003. Causaba asombro que un partido de Gobierno que pretendía volver a serlo se dedicara a hacer bromas con una operación antiterrorista. Resultaría inconcebible llamar comando Camping Gas, por ejemplo, a los terroristas que almacenaban bombonas de butano en la casa de Alcanar en vísperas del atentado yihadista de Barcelona de agosto de 2017.

La perspectiva ganada con el tiempo y la extensión del terrorismo islámico no han hecho sino confirmar los análisis anteriores.

En un estudio del Instituto Elcano de 2008 codirigido por el propio profesor Reinares junto con el subdirector del Instituto, Charles Powell, se recogía el testimonio del juez antiterrorista francés, Jean-Louis Bruguière, que sobre el sistema antiterrorista de Francia decía:

No tengo la pretensión de decir que contamos con el mejor sistema [...]. Pero solo cabe constatar que nuestro dispositivo, que llama la atención de nuestros socios ingleses y estadounidenses, es muy eficaz. [...] Muchos agentes de los servicios de inteligencia [franceses] expresan esa satisfacción con un énfasis aún mayor y alaban la eficacia de los medios de los que disponen desde hace mucho tiempo para llevar a cabo una «obstaculización preventiva» de los grupos clandestinos.

El estudio describía también el caso belga, que resultaba igualmente llamativo por su tono autocomplaciente. Recogía la opinión de Alain Grignard, principal experto en lucha antiyihadista de la Policía belga en aquel momento, quien sostenía que «uno de los factores críticos» que contribuyen al éxito en contra del terrorismo yihadista era «la empatía que uno tiene que mostrar con la cuestión que tiene entre las manos», añadiendo que esta empatía era «una sensibilidad característica que presentan algunos países europeos, entre ellos Bélgica». Para Grignard, «el enfoque debe basarse en las neuronas y no en las hormonas. Ese es probablemente el rasgo característico de Bélgica en la lucha contra el terrorismo yihadista».

Lo cierto es que ni la satisfacción de los franceses por su modelo antiyihadista, ni su oposición a la intervención en Irak ni la «empatía» de la Policía belga han librado a Niza, Bruselas o París de padecer gravísimos atentados.

LA DERROTA

Sentimos la derrota con una profunda amargura y no porque significara el final de una etapa en el Gobierno que, personalmente, ya había dado por concluida cualquiera que fuera el resultado.

La brutalidad del atentado, el giro de los acontecimientos, la perversa atribución de culpabilidad al Gobierno y el acoso al PP y a sus candidatos nos hacían sentir la quiebra de algo importante en la sociedad que tenía que ver con las reglas del juego democrático, con la intangibilidad de una jornada electoral. En 48 horas, el clima se había llenado de una toxicidad irrespirable, y lo que es peor, esa quiebra había otorgado a los terroristas algo que apenas hubieran podido soñar.

La movilización contra el Gobierno y el PP en Cataluña fue determinante para el resultado, y contrastaba con la solidez del partido en la mayor parte de las demás circunscripciones. Nunca antes había acompañado a Aznar a la sede del PP en Génova cuando se trataba de festejar éxitos electorales, lo que desde 1996 había sido siempre. Pero decidí ir con él en esos momentos que volvían a poner a prueba la granítica fortaleza psicológica del presidente del Gobierno, que siempre me ha parecido uno de sus rasgos más admirables.

Celebradas las elecciones, el Gobierno quedaba en funciones. Persistía el impacto traumático de aquellas jornadas, pero también encontrándonos en funciones existían responsabilidades que había que seguir ejerciendo.

Días después, el presidente nos invitó a algunos de sus colaboradores y a sus mujeres a pasar un fin de semana en Doñana. Antes, el Consejo de Ministros decidió la desclasificación parcial del informe del CNI del 11 de marzo en el que atribuía la autoría del atentado a ETA. Se estaba utilizando al CNI para alimentar la acusación de que el Gobierno había mentido. Se había dicho y publicado que el CNI, en la misma mañana de la tragedia ya daba por hecha la autoría yihadista, y que el Gobierno había ignorado esos supuestos informes. No era cómodo desclasificar ese documento, y el director del Centro, Jorge Dezcallar, no asumió esta decisión, pero había un límite para esas acusaciones que comprometían gravemente la integridad del Gobierno. De hecho, se produjeron filtraciones atribuidas por la prensa a fuentes del CNI según las cuales este organismo habría advertido de la autoría islamista el propio jueves 11 y un día después había abandonado al 99 por ciento la hipótesis de ETA. La dirección del Centro tuvo que desmentir estas supuestas informaciones. Lo cierto es que ningún servicio, ni el día 11 ni el 12 ni el 13, puso encima de la mesa ningún informe que excluyera definitivamente a ETA y afirmara de frente la responsabilidad del terrorismo islamista.

He oído y leído mucho sobre los errores de la gestión del Gobierno. Sería absurdo negar que hubo lecciones que aprender de aquellos acontecimientos, y quiero creer que hubo lecciones que aprender para todos, y no solo por la actuación del Gobierno.

Sin embargo, en el 11-M se dieron dos factores únicos que condicionaron esa gestión. Uno, la existencia en nuestro país de un terrorismo activo, el de ETA, junto con el responsable de la masacre de Atocha, que daba razones fundadas para situar en ETA la atribución de la autoría. Y otro factor decisivo, el contexto electoral en el que se produjo el atentado, lo que tuvo efectos perversos en las reacciones políticas y en la movilización adversa contra el Gobierno y el PP, vista como una oportunidad de revertir las expectativas de derrota que tenía la izquierda. Nunca antes ni después, ningún país se vio en una situación similar.

El último compromiso internacional del presidente Aznar fue un Consejo Europeo en el que se despidió de sus colegas de la Unión. Imagino que el pesar por la despedida fue desigual. En los últimos meses, el presidente había querido expresamente visitar a nuestras tropas en Irak, despedirse del presidente Bush y visitar al papa Juan Pablo II en el Vaticano, en lo que sabía que sería su último encuentro, un encuentro emocionante en el que el deterioro físico del Papa era tan evidente como su lucidez y su fortaleza de voluntad y espíritu.

«ENHORABUENA, PRESIDENTE»

En pocas semanas era yo el que tenía que recibir en la Moncloa a los que se iban a hacer cargo de la Presidencia del Gobierno. Me reuní con José Enrique Serrano, director de Gabinete in pectore de Zapatero, y con Nicolás Martínez-Fresno, diplomático, jefe de Protocolo con Felipe González y futuro secretario general, aunque devaluado respecto a las funciones que yo había ejercido.

El presidente me designó junto a Javier Arenas para hacer el traspaso de poderes. Nuestros interlocutores fueron Alfredo Pérez Rubalcaba, María Teresa Fernández de la Vega y Jesús Caldera, con quien había tenido una buena relación en la comisión de seguimiento del pacto antiterrorista. Aznar, por su parte, se reunió en dos ocasiones con Rodríguez Zapatero. El mal llamado traspaso de poderes fue correcto y fluido, dadas las circunstancias. Desde luego, mucho más fluido de lo que yo recordaba de ocho años atrás, al menos en mi área de responsabilidad.

Llegó el día de la toma de posesión del nuevo presidente del Gobierno. En la Moncloa quedamos el vicesecretario general, José María Bethencourt, y yo. Recibí a José Luis Rodríguez Zapatero después de prometer su cargo ante el Rey y lo acompañé en el recorrido por los diferentes departamentos de la Presidencia. Naturalmente, le enseñé el numerito kitsch de la lámpara de pajaritos en el comedor del palacio. Terminamos en el edificio del Consejo de Ministros. Tomamos café a solas en lo que ya era su despacho oficial y fumamos un cigarrillo que yo, entonces impenitente fumador de Fortuna, le ofrecí. Habíamos tenido una buena relación desde su llegada a la Secretaría General del PSOE, y él tuvo gestos de deferencia conmigo que valoré, como fue su presencia en nuestra casa familiar, junto a Pérez Rubalcaba, en la capilla ardiente de mi madre, fallecida en septiembre de 2003.

La conversación aquella mañana en la que oficié de cicerone en la Moncloa no fue difícil, y recuerdo bien dos cosas. Una, la solemnidad con que me aseguró que no haría nada en el País Vasco sin el PP. Otra, el énfasis con que, después de preguntarme qué iba a hacer y yo responderle que en principio pensaba volver a la Administración, y tras un elogio que presumo sincero de lo que consideraba, literalmente, mis «servicios al Estado», me dijo: «Javier, lo que quieras». No diré más.

Ya no tenía nada más que hacer allí. Me despedí de Rodríguez Zapatero con un «Enhorabuena, presidente. Suerte».

BIBLIOGRAFÍA

Entre las referencias bibliográficas utilizadas se encuentran, naturalmente, los libros publicados por la editorial Planeta en los que José María Aznar explica el proyecto político que lideró en el Partido Popular y sus dos mandatos como presidente del Gobierno:

Ocho años de Gobierno (2004).

Retratos y perfiles (2005).

Cartas a un joven español (2007).

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NOTAS

[1] Hoy se acepta generalmente que la primera víctima de la organización terrorista fue la niña de veintidós meses Begoña Urroz, que murió en 1960 a resultas de las quemaduras que le produjo un artefacto incendiario colocado en la estación de Amara de San Sebastián. No lo considera así el Informe Foronda. Los efectos del terrorismo en la sociedad vasca elaborado por el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda de la Universidad del País Vasco, cuyo autor es Raúl López Romo.

[2] Miguel Ángel Blanco, José Luis Caso, José Ignacio Iruretagoyena, Alberto Jiménez Becerril, Ascensión García, Tomás Caballero y Manuel Zamarreño.

[3] Manuel Montero, Mikel Azurmendi, Jon Juaristi, Fernando Savater, Agustín Ibarrola, José María Portillo, Mikel Iriondo, Aurelio Arteta y Carlos Martínez Gorriarán, entre los más destacados.

[4] Carmen fue detenida en noviembre, días antes de que ETA declarara rota la tregua. Extraditada a España, fue condenada, y luego excarcelada en 2009 en régimen de prisión atenuada después de serle diagnosticado un cáncer que entonces logró superar pero por el que finalmente murió el 16 de noviembre de 2017, el mismo día en que moría en prisión el capo de todos los capos, Salvatore Totò Riina.

No hay ala oeste en la Moncloa

Javier Zarzalejos

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