Javier Sánchez Álvarez

NI TRUMP NI MERKEL NI RAJOY

Cien ideas para salvar una democracia herida

Seurat Ediciones

www.seuratediciones.es

Ni Trump, ni Merkel, ni Rajoy. Cien ideas para salvar una democracia herida.

© Javier Sánchez Álvarez

Primera edición, septiembre 2017

De la presente edición

© Seurat ediciones

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info@seuratediciones.es

Diseño de cubierta

Editando.es // www.editando.es

ISBN-13: 978-84-946494-4-8

Depósito Legal: M-16612-2017

Imágenes de portada

Donald Trump, por Gage Skidmore

Ángela Merkel, por JouWatch

Mariano Rajoy, por Partido Popular de Melilla

Algunos derechos reservados

Reservados todos los derechos sobre el texto. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo, ni en parte, ni registrada en o trasmitida por un sistema de recuperación de información, de ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético o por fotocopia, o cualquier otro sin el permiso previo por escrito de los titulares del copyright.

Para Lucas y Alejandro,

confiando encuentren su destino en un mejor porvenir

Quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace a sí mismo responsable y se avergüenza, en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema. En esto consiste la especial inteligencia del régimen neoliberal (…) En el régimen neoliberal de la autoexplotación uno dirige la agresión hacia sí mismo. Esta autoagresividad no convierte al explotado en revolucionario, sino en depresivo.

Byung-Chul Han

Filósofo y ensayista surcoreano

La población general no sabe lo que está ocurriendo, y ni siquiera sabe que no lo sabe

Noam Chomsky

Filósofo y escritor político

ÍNDICE

Introducción: la democracia está en peligro                            11

1ª Parte: Un mundo sometido al neoliberalismo.

Un porvenir amenazante en el umbral de una nueva era

1. Así cambió la historia: el nuevo capitalismo                            31

2. La fundamentación teórica del neoliberalismo:

claves de su triunfo              65

2.1Un nuevo hombre65

2.2                 Una nueva sociedad76

2.3                 Un nuevo modelo político87

3. Desmontando al neoliberalismo              97

3.1¿Debe ser la justicia social un derecho

fundamental en el siglo XXI?              97

3.2Las mentiras neoliberales              110

3.3Las intenciones del neoliberalismo:

la agenda oculta131

4. La reacción fascista al neoliberalismo:

el imperio Trump144

5. El futuro social que nos están preparando:

una sociedad neoliberal de clases              157

5.1 En el umbral de una nueva era:

      los nuevos desafíos                            157

5.2 Las amenazas del porvenir              197

2ª Parte: el neoliberalismo en España.

El país después del primer mandato de Rajoy: una sociedad fracturada

1. El estado social: un país precarizado y desigual                            217

2. El estado moral: un país sin esperanza              243

3. El estado político: un sistema a la deriva                            256

4. El estado de las clases sociales:

vencedores y vencidos, castas y excluidos              274

5. El estado de la ciudadanía              287

5.1 El pueblo indignado              287

5.2 El pueblo resignado              301             

3ª parte: 100 propuestas para frenar el neoliberalismo

Persiguiendo una sociedad más justa en nuestro país

1. El compromiso de una sociedad fuerte              319

2. Un nuevo modelo de fiscalidad al servicio

del futuro de todos              327

3. Una revolución educativa en la era del conocimiento              347

4. Una auténtica democracia participativa              367

5. Una reforma para la revitalización de la justicia                            385

6. Una reformulación de la organización territorial

del estado393

7. Una reconstrucción completa de la organización

y funcionamiento de las administraciones públicas                            399

8. Una economía al servicio del pueblo              411

Conclusión433

Introducción

La democracia está en peligro

Hace algún tiempo afirmaba:

Escribo este libro desde la necesidad interior de explicar y, sobre todo, de denunciar ante quienes me lean la angustiosa perplejidad y desconcierto en que me sumergen los hechos políticos, sociales y económicos que están acaeciendo a mi alrededor, las noticias cada vez más graves que escucho todos los días y la dolorosa e insólita reacción —ya indiferente, ya manipulada— que todo ello está provocando en la gran mayoría de las personas.

Me asalta la incertidumbre de si se habrá distorsionado mi razonamiento y no seré sino un loco en el mundo de los cuerdos, donde todo cuanto viene aconteciendo resulta —como se nos insiste machaconamente— lógico y conveniente; si no soy más que un insensato majareta que imagina encontrarse erróneamente en un universo de explotadores y alienados. ¿He perdido la razón? ¿O son otros quienes están transformándola y deformándola perversamente mediante la construcción de unas nuevas lógicas devenidas en paradigmas insustituibles, unos dogmas que son ciertamente tan falsos como interesados y a los que el mundo va siendo sometido —en gran parte, para qué negarlo— con su resignada aquiescencia y aprobación?

Con rotundidad, percibo un mundo, una sociedad, un inmenso colectivo de miles de millones de seres humanos que no solo no se encamina hacia ese posible y obligado «futuro mejor» por el que líricamente se clama desde el principio de la Historia, sino que lo hace hacia un porvenir preocupante y pesimista, más allá de los increíbles progresos tecnológicos y científicos que aceleradamente se suceden y que consiguen que nuestro planeta acumule cada día más riqueza y abundancia. Presiento un mañana que está a punto de exterminar cuanto de progreso social y moral fueron alcanzando, a través de los tiempos y con enormes esfuerzos y sacrificios en su consecución, los hombres constituidos en pueblos soberanos. Fuerzas muy poderosas intentan —y están consiguiendo, en su propio beneficio— devolver a la Tierra a sus épocas oscuras, a lo que habría que sumar el agravante del feroz deterioro y desequilibrio al que se sigue sometiendo al planeta y la naturaleza.

No veo —y por ello escribo con honda inquietud— un destino venturoso para los próximos decenios del siglo XXI, cuando tantos pueblos que continúan sumidos en el sometimiento, se suponía, alcanzarían la libertad y la prosperidad. No intuyo motivos que justifiquen tal esperanza para nuestros hijos y descendientes. Todo lo contrario: aventuro zozobras, tensiones, conflictos y hecatombes de carácter global a partir de la instauración de un nuevo orden social. Un orden que se nos viene imponiendo de manera sinuosa y pretende ser reconocido como natural, impecable, definitivo y satisfactoriamente concertado: el poder absoluto del dinero y de sus propietarios. Para ello se nos bombardea de continuo y a través de todos los medios de creación de opinión con supuestas noticias y amenazas de catastrofismo inminente a efectos de obtener, mediante el miedo, nuestra resignación.

El histórico estado nacional, soberano, social y de clases, con todos sus defectos e insuficiencias, está siendo descarnadamente desmontado ante nuestros ojos, suprimiendo los derechos sociales que aquel comprometía (cuando estos resultan absolutamente imprescindibles para que los derechos políticos que se proclaman resulten reales, útiles y se mantengan realmente vigentes). Simultáneamente la auténtica libertad se está viendo sometida al amparo de una proclamada falsa amenaza de permanente inseguridad que debe ser tutelada.

La democracia agoniza desde el momento en que el “VERDADERO PODER” se ha quitado de encima la política, y a la vez ésta se ejerce careciendo de todo poder que no resulte mera apariencia. Quizá porque aquel ha devenido global y esta, la política, sigue siendo local, convirtiéndose en un mero servicio de vigilancia, ley y orden para la protección de «los auténticos poderes.

La perplejidad de ver instaurada la codicia y la supremacía competitiva como motor supremo de actuación del ser humano; el desconcierto de observar la rivalidad salvaje y sin reglas de unos hombres contra otros; la extrañeza de comprender que los principios de la solidaridad, la igualdad y la búsqueda del bien común se han transformado en anacrónicos e incomprensibles postulados, propios de un orden supuestamente superado; el dolor de comprobar la enorme fractura social que está produciéndose en nuestra civilización al disolverse cualquier idea del hombre y de su sentido que no vaya vinculada con su poder y su éxito    —«del ser al tener», como nuevo axioma existencial del sentido en la vida— me llevan a clamar, en medio de un triste desinterés generalizado, quizá casi en el vacío, un “NO ES ESTO, NO ES ESTO”.

Peor aún. La apreciación inequívoca de que, por un lado, todo este nuevo impulso de dominio del fuerte sobre el débil está desnaturalizando, limitando y probablemente virtualizando —debido a su alejamiento de la realidad— la idea y el sentido de la democracia y lo democrático como expresión de la soberanía del pueblo y, por otro, de que está conduciendo a sus representantes, los políticos, a posiciones absolutamente alejadas del sentido de su función y en las que prevalece el egoísmo, el interés propio, un corporativismo de casta y sectario, su sometimiento a las minorías financieras más poderosas, la manipulación, la corrupción, el distanciamiento de los ciudadanos y el único afán por la conquista y sostenimiento del poder, me conducen más allá, hasta la imprecación de un ¡BASTA!

No es posible que “los Mercados”, las elites económicas y financieras, se hayan convertido en amos de las clases políticas a las que hoy dirigen con descaro, haciendo crecer la desigualdad entre ricos y pobres a cada día que pasa.

Aun así, el hecho no resulta novedoso, y alguien nada cuestionable ya se ocupó de advertírnoslo hace aproximadamente dos siglos:

[…] Pienso que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que ejércitos enteros listos para el combate. Si el pueblo americano permite un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos y todas las instituciones que florecerán en torno a ellos privarán a la gente de toda posesión, primero mediante la inflación, enseguida por la recesión, hasta el día en que sus hijos se despertarán sin casa y sin techo sobre la tierra que sus padres conquistaron… (Thomas Jefferson, presidente norteamericano, 1802)

Sabia y premonitoria advertencia que hoy se viene convirtiendo en amarga certeza cotidiana.

Aun con este contundente aviso sobre nuestras cabezas, me resisto a aceptar que esto esté ocurriendo en la actualidad y que la única reacción de la sociedad sea claudicar. CLAUDICAR porque, nos dicen, si no lo hacemos será peor. Y yo me pregunto: ¿qué puede ser peor que tolerar que hagan contigo lo que se les antoje?

Ciertamente, sobreabundan los motivos para la indignación, el compromiso y la reacción furiosa —como proclaman varios excelentes libros escritos recientemente— contra los usurpadores, los ladrones, los usureros, los especuladores, los defraudadores y sus capataces, los aprovechados, los estómagos agradecidos… Todo ello, incluso, contra la no-voz, ese silencio consentidor —duele reconocerlo— de una mayoría, la del pueblo soberano que hoy ha devenido en súbdito resignado o burgués conformista.

Se impone una reflexión airada, militante y rebelde frente a esta realidad, una realidad perversa, que se muestra evidente en su pasado y presente y probable en su futuro, y que se nos pretende camuflar bajo sofismas supuestamente indiscutibles que necesitan ser, deben ser, descubiertos y denunciados por falsos y espurios.

Nunca antes en la Historia la humanidad dispuso de mayor abundancia de riqueza y recursos. Esto, unido al inimaginable y prodigioso despliegue tecnológico y científico alcanzado, debería bastar para mejorar, y mucho, las condiciones de vida de todos los seres humanos. Y sin embargo, se nos quiere reconducir, como si fuéramos poco más que ovejas, primero a la condición de sumisa obediencia y, de aquí, al predicado autoculpabilizador de que, habiendo vivido por encima de nuestras posibilidades cual pródigos y derrochadores, lo que procede ahora es asumir austeridad, crisis, reducción del nivel de vida, sacrificio de beneficios sociales, precariedad, inseguridad…

¿Y todo por qué? Pretenden darnos una y mil razones y motivos cuando solo hay una en realidad: los menos —ese 1 ó 2%, como mucho, de la población de cada país— han decidido quedarse con más, con toda la riqueza a ser posible. Así de simple en su enunciado…, así de aterrador en su manifiesta expresión de ausencia de cualquier valor de carácter humanista. Así de tópico, podría pensarse, pero así de descarnadamente cierto.

Primero se debe entender la farsa en la que estamos inmersos como ciudadanos; después, solo cabe denunciarla para rechazarla. El pueblo todavía puede y debe recuperar el poder, como ya lo hizo tantas veces antes, frente a la tiranía, el absolutismo y la dictadura, si no olvida su condición de mayoría soberana y no se deja arrastrar por esos presuntos bastardos, sucedáneos de «flautistas de Hamelin». Yo también suscribo el grito de «¡Basta ya!» y la emoción del indignado que no está dispuesto a seguir dando pasos hacia atrás y cediendo terreno. […]

Para quienes, encerrados en la codicia individualista o el egoísmo autocomplaciente que ennegrece su conciencia social, estos postulados no quieran decir nada o resulten erróneos, trasnochados o meros apelativos socialistas, no cabe duda de que el sentido de la vida y de la Historia se narrará en otros términos. Lo desolador es comprobar cuántos han vendido estos ideales por «las treinta monedas» hasta hacerlos desaparecer de toda reflexión o debate.

Pero, ¿acaso es posible desmentir lo que ha constituido el elemento esencial del humanismo y de la cohesión social a lo largo de los siglos? De ser así, la democracia real habría muerto y habría sido sustituida por una pantomima de rituales vacíos de sentido…, empezando por el propio absurdo que representaría ese «cheque en blanco» otorgado durante la liturgia del voto de presuntos representantes que no nos representan y que nos conduce hacia ninguna parte. Me niego a aceptarlo.

¿Cómo es posible que todo siga igual, en los modelos y comportamientos políticos y sociales —peor cada día para los más débiles y mejor para los fuertes— después de lo que está ocurriendo en España y en el mundo?

Cuando la humanidad se dio cuenta de lo que encerraban el nazismo o el comunismo como ideología devastadora ya fue tarde. Nadie o muy pocos se percataron en su inicio. Me temo que algo muy parecido puede suceder con el neoliberalismo.

A principios de 2012 publicaba mi libro El Neoliberalismo me mata[1], al que pertenecen los párrafos anteriores, en el que intentaba denunciar la gradual pero más que evidente implantación en todo el planeta, y de manera muy significativa en España, de un nuevo modelo moral, social, político y económico impuesto y dirigido por los grandes poderes financieros mundiales, que venía a suplantar la idea democrática de la soberanía del pueblo y la cohesión social como fundamento natural y primario del bien común y del porvenir de las sociedades.

Hoy, no puedo por menos que volver a reafirmarme en las ideas que yo mismo escribía hace algunos años, aunque tal vez lo haga ahora con una mayor certeza respecto del peligro irreversible que sobrevuela nuestras cabezas en España (y en el resto del planeta). Una honda preocupación mitigada por la esperanza de que quizás esté comenzando a germinar una nueva oportunidad para la justicia social.

Para aquellos que creemos en la igualdad como sentido natural y racional de la existencia y la convivencia entre los seres humanos, no cabe duda de que estos tiempos en los que se ha impuesto la hegemonía neoliberal prácticamente en todo el planeta resultan de enorme frustración, envuelta unas veces en angustia y otras en ira. Desde lo más profundo de la conciencia, no cabe otra emoción cuando a cada instante se constata cómo la desigualdad y la injusticia social destruyen toda idea de fraternal solidaridad, y con ello, el propio sentido y razón de ser de la democracia.

A modo de apéndice, terminaba dicho ensayo recogiendo la noticia de la flamante victoria del Partido Popular por mayoría absoluta en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, en las que había obtenido cerca de 11 millones de votos. El sistema neoliberal, afirmaba con preocupación, acababa de instaurarse definitivamente en nuestro país; un encubierto golpe de Estado al sistema constitucional de economía social de mercado, legitimado por las urnas y la voluntad de los ciudadanos:

Hay que reconocer la legitimidad absoluta de los resultados y concluir que nuestro país, más allá del posible castigo al nefasto anterior partido gobernante, ha abrazado el neoliberalismo en todo su espectro de versiones, desde el más extremista al más moderado. Esto es lo que aparentemente quiere el pueblo, según dicen las votaciones efectuadas. Nos guste reconocerlo o no, es así. De momento, ya empezamos a contemplar las consecuencias que nos depara esta decisión en forma de recortes sociales, subidas de impuestos, enmiendas a la totalidad de la legislación ambiental, reformas del mercado laboral, confusa reordenación del sistema financiero español, correcciones ideológicas a los modelos de educación pública y anticipo de limitaciones a derechos individuales adquiridos. […] Pero se avecinan otras decisiones más negras y más negras [sic] y más graves. Al tiempo.

No creo que me equivocara demasiado en mi pronóstico acerca del sombrío panorama que se avecinaba para una mayoría del pueblo.

También entonces, en la misma obra, hacía mención a los brotes, difusos todavía, de resistencia popular a esa hegemonía autoritaria que nos estaba siendo impuesta desde los grandes centros de poder económico. En un capítulo titulado «El despertar de la ciudadanía: pancarteros y perroflautas» escribía:

Un movimiento popular nuevo, denominado DEMOCRACIA REAL YA o 15-M emergió por sorpresa en nuestro país a raíz de una manifestación celebrada el 15 de mayo de 2011, convocada por colectivos desconocidos a través de las redes sociales y por cuyo alto nivel de participación nadie habría apostado. Lo cierto es que alrededor de 35.000 personas en Madrid y algunas menos en otras ciudades —bastantes— del país, se echaron ese día a las calles, expresando un aldabonazo espontáneo de hartazgo e indignación contra los partidos políticos —que no contra la política—, las imposiciones de los mercados y el desprecio y la indiferencia de los poderes públicos hacia la realidad social de esta amplia ciudadanía de jóvenes sin futuro, parados, funcionarios, pensionistas, familias que han perdido sus viviendas al no poder pagar las hipotecas, trabajadores en precario, personas con insuficientes recursos para llegar a final de mes… A este movimiento se unieron otros individuos quienes, sin estar afectados directamente por ninguno de estos problemas, desde el compromiso y la inquietud ética manifiestan claramente su vergüenza y crispación hacia lo que está acaeciendo y lo que están permitiendo que ocurra con total impunidad e impasibilidad.

Los eslóganes proclamados por el movimiento no podían ser más contundentes:

–    No somos antisistema, el sistema es anti-nosotros.

–    Me sobra mes a final del sueldo.

–    No hay pan para tanto chorizo.

–    ¿Dónde está la izquierda? Al fondo, a la derecha.

–    Si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir.

–    Esto no es una cuestión de izquierda contra derechas, es de los de abajo contra los de arriba.

–    Mis sueños no caben en tus urnas.

–    No falta el dinero. Sobran ladrones.

–    No es una crisis, es una estafa.

–    No apagues la televisión… Podrías pensar.

–    ¡Tengo una carrera y como mortadela!

–    Democracia, me gustas porque estás como ausente.

–    Nosotros buscamos razones, ellos victorias.

–    Cuando los de abajo se mueven, los de arriba se tambalean.

–    Elocuente, ¿verdad? Y para nada lejos de la más cotidiana realidad.

¿Es posible que esa INDIGNACIÓN a la que convocaba el nonagenario Stéphane Hessel en su best seller esté comenzando a impregnar el tejido vivo de esta sociedad abotargada, apática e indolente, y a sacudir una atmósfera de cinismo y desidia generalizados? Milagrosamente —si se me permite el adverbio—, aunque sea de manera tan extremadamente minoritaria, parece que sí. Algo empieza a moverse, aunque solo sea a modo de evidencia manifiesta de un estado de opinión bastante más generalizado de lo que podría inferirse de la actitud de las masas silenciosas.

Hace no mucho tiempo, el ganador del Premio Nadal de literatura, el escritor Álvaro Pombo, era el penúltimo en demandar a las gentes el salir a las calles a denunciar el egoísmo institucionalizado en medio de una crisis que él, brillantemente, califica de contraespiritual.

Aunque sea entre colectivos demográficamente muy segmentados y casi insignificantes en términos de porcentaje de población, parece que la conciencia de engaño, manipulación y soberanía secuestrada, opuesta a la alternativa de la resignación o la indolencia delegante en los políticos, ha prendido en algunos corazones y cerebros y les ha llevado a la movilización.

Cualquiera con voluntad de pensar, un poco de sentido común, cierta libertad intelectual y moral no condicionada por el miedo ni por la codicia, y un mínimo de inquietud y percepción de la realidad, puede entender las mil y una razones para REACCIONAR —como nos invocan José Luis Sampedro y otros en Reacciona (Aguilar, 2011)—. Para rebelarse contra este nuevo expolio cometido por unos hombres sobre otros —como tantos y tantos en la Historia—, que está siendo amparado y encubierto por los propios políticos, supuestos representantes del pueblo.

Estos, cualesquiera que sean las siglas de su formación, se han hecho cómplices de este secuestro de la auténtica soberanía, insuficientemente legitimada con la farsa de las urnas. Y es que, obteniendo el derecho de representación mediante su elección, no lo ejercen con la mirada puesta en la voluntad y conveniencia de sus electores, el pueblo, no porque no se crea en la democracia y en el voto, sino todo lo contrario, porque se están pervirtiendo las condiciones de auténtica representatividad. Democracia no es votar, no nos engañemos, sino que se escuche y atienda la auténtica voz del pueblo […]

No obstante hay que ser realistas. Lo que puede estar avecinándose después de esta benevolente y ligera Spanish Revolution resulta abierto a todas las posibilidades: desde su desaparición o agotamiento, gradual o súbito, pasando por su corrupción, manipulación o desprestigio mediante campañas orquestadas, hasta —¿por qué no tener esa esperanza?— que llegue a calar más y más en las entrañas de esa aletargada mayoría silenciosa y provoque una «primavera española».

En todo caso, habría que prever la reacción de quienes controlan realmente los resortes del poder. Esos que, si presienten que les pueden afectar, no van a tolerar en absoluto que cuarenta o cincuenta mil, incluso cien mil desgraciados en España o diez o quince millones en el mundo, les arrebaten —o que al menos les incomoden durante la apropiación— lo que vienen acaparando y creían perfectamente cerrado y controlado, dejando como única opción votar esta o aquella sigla. Su primer movimiento será convocar, a través de invocaciones irracionales, el miedo entre los muchos que viven permanen-temente temerosos.

No hay nada más elemental que convocar a los burgueses a la amenaza, y de ahí al pánico y la cobardía. Aunque, como bien nos ilustra Federico Mayor Zaragoza en su reciente ensayo corto, ello suponga Delito de Silencio (Comanegra, 2011). Y si el miedo no funciona, siempre se puede recurrir a la violencia policial, o a la descalificación mediante mentiras construidas por los abundantes medios afines. Al tiempo.

Ocurra lo que ocurra en el futuro, lo cierto es que el descontento, la insatisfacción, la conciencia de engaño, ya no resultan hechos ignorados por la totalidad del pueblo ni meros eslóganes injustificados proclamados por los violentos… aunque la mayoría, incluso siendo consciente de estos problemas reales, siga callada y resignada.

Desde aquel aparentemente lejano 15 de mayo, el Movimiento de los Indignados —al que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha definido como «una panda de perroflautas», y que para el expresidente Aznar no son más que «camorristas pendencieros y antisistemas radicales que aspiran a la toma del poder por métodos revolucionarios»— ha ido adquiriendo una inusitada dimensión mundial al grito demandante de un Global Change.

Ciudadanos de todos los rincones del mundo, desde Ciudad del Cabo en Sudáfrica a Seúl en Corea del Sur, se echaron a las calles simultáneamente en cerca de mil capitales el pasado 15 de octubre de 2011 para denunciar los recortes sociales y la impunidad con la que operan quienes nos han llevado a esta situación, secuestrando el futuro de la inmensa mayoría de la humanidad.

Millones de personas, globalizando por primera vez la indignación, conectados entre sí a través de nuevos canales y reivindicando un nuevo concepto de ciudadanía: aquella que no se conforma con votar una vez cada cierto tiempo «entre similares lacayos del único y auténtico amo en la sombra» —acertado símil enunciado por el escritor Juan José Millás—.

Parece que, trascurrido el tiempo desde entonces, tampoco me encontraba muy desencaminado al intuir la posibilidad de que a partir de estas bolsas dispersas de descontento e indignación pudiera articularse un movimiento organizado de carácter social y político que se planteara el reto de oponerse al poder hegemónico a través de la movilización en las urnas y la participación electoral: más de cinco millones de votos tanto en las elecciones del pasado 20 de diciembre de 2015 ratificados en las posteriores del 26 de Junio de 2016 así lo acreditan.

En definitiva, lo que ha acontecido desde que publiqué dicho libro hasta hoy ha sido la visibilidad y manifestación aguda de estas dos fuerzas confrontadas: el neoliberalismo y la resistencia social. Un pulso al que ahora se incorpora, con inusitado vigor, un nuevo vector ideológico conformado por fuerzas, movimientos y partidos de corte neofascista, que establece su matriz en la presidencia de los Estados Unidos de América obtenida por Donald Trump.

El neoliberalismo, amparándose en su mayoría parlamentaria, ha hecho demostración de su fuerza dominadora mediante la implantación de su política económica y social, visible en sus resultados y en las terribles consecuencias devenidas para una parte de la ciudadanía de tantos países del mundo, comenzando por el nuestro. Entretanto, los movimientos de oposición al sistema, mucho más limitados en su capacidad y recursos, han logrado articularse en torno a varias nuevas organizaciones políticas que confluyen bajo una bandera común de Unidad Popular y sobre las que el nuevo partido político Podemos, y sus socios en diferentes Comunidades, han adquirido una presencia relevante en España. A raíz de ello, los partidos políticos tradicionales (PP-PSOE y las fuerzas nacionalistas arraigadas en País Vasco y Cataluña —que hasta la fecha conformaban el cauce, prácticamente exclusivo, para la participación democrática en nuestra monarquía constitucional, repartiéndose el gobierno mediante reiteradas mayorías alternativas, y a los que muchos consideraban como acomodados e insuficientes para recoger las inquietudes de la ciudadanía—) han visto cómo se reducían sus cuotas de poder en beneficio de las candidaturas populares, o de nuevas formaciones políticas de derecha regeneradora, que han comenzado a instalarse como fuerza de gobierno o de oposición tanto en ayuntamientos y Comunidades Autónomas como en el propio Parlamento nacional.

Con todo, si parecería obvio que en los últimos cinco años se ha producido en nuestro país una profunda transformación que ha hecho variar los términos y contenidos del debate político, mucho más pronunciada resulta la feroz mutación, la elocuente metamorfosis que han experimentado las diferentes capas sociales que conforman nuestra sociedad, como resultado del programa de recortes y austeridad aplicado de forma inclemente por el partido en el gobierno, con la complicidad, por tolerancia pasiva, de las fuerzas tradicionales de oposición parlamentaria, y especialmente de un PSOE perdido entre luchas internas y una penosa desorientación ideológica.

Durante la anterior legislatura en la que el Partido Popular hizo de su mayoría parlamentaria absoluta un rodillo con el que puso en marcha unos programas “de reformas” que respondían a las consignas más ortodoxas de la Unión Europea, el FMI y el BCE, la sociedad ha perdido buena parte de la cohesión social que podía haber ido adquiriendo en los cincuenta años anteriores. Después de estos cinco años, en nuestro país hay más pobres, también más ricos, pero sobre todo hemos asistido a la gradual precarización de las clases medias, lo cual se ha convertido en paisaje cotidiano.

Lo que en 2011 me atreví a pronosticar como el advenimiento de un modelo transformador antisocial —por defender una supuestamente legítima jerarquización radical de las clases sociales—, hoy ya constituye una realidad que no ofrece discusión. Basta con contemplar, en términos económicos estrictos y sin cargas ideológicas añadidas, la desigualdad como eje central del reparto de la riqueza que genera la evolución económica del país. Una hiriente atmósfera de injusticia social que se ve acentuada en su dolor y rabia al convivir día tras día con un estado generalizado de corrupción y fraude fiscal ejercido por los poderosos y su círculo más cercano.

De toda esta profunda transformación acaecida en nuestra sociedad, que tanto y en tantas cuestiones se diferencia de la que conocíamos hasta hace bien poco, es de lo que me propongo reflexionar en las próximas páginas: un cambio económico, político y social pero, inevitablemente, también cultural, moral e incluso psicológico, por la manera de interpretar y razonar con respecto a la realidad.

Formulada esta primera intención, no querría quedarme solo en la descripción de lo que ha pasado y dónde estamos, sino que pretendo ir un poco más allá y razonar también sobre las causas que nos han traído hasta aquí, así como formular un pronóstico de cuál pueda ser el porvenir de nuestro país y de gran parte de   la humanidad en los próximos diez o quince años si la hegemonía de los mercados y de las oligarquías financieras no se ve frenada por la voluntad de la ciudadanía.

Me propongo, asimismo, indagar en el soporte ideológico, y casi filosófico, que sustenta el modelo neoliberal y en sus líneas maestras de aplicación práctica, con el fin de explicar y entender las razones que han conducido a su victoria hegemónica más allá del ámbito político, hasta lograr impregnar el tejido social y la adhesión firme y convencida de tantos individuos pasando a convertirse en un credo, una nueva lógica irrebatible, ante la que, a modo de reacción aberrante, recientemente parecen brotar alternativas salvadoras de talante autoritario y excluyente.

Todo esto me conduce a formular y tratar de dar respuesta a una serie de cuestiones de calado más profundo:

¿Pueden sobrevivir los derechos políticos cuando se cercenan a diario los derechos sociales y económicos?

¿Continúa teniendo sentido el ideal democrático? Y, de ser así, ¿para qué debe trabajar la democracia: para el bien común o para el bien individual? (Lo cual nos obligaría a su vez a preguntarnos en qué consistiría eso del “bien común” y cuál tendría que ser su gestión, inmersos como estamos en el siglo XXI, una nueva era en la Historia cargada de complejos y nuevos retos).

Si los “Mercados” son quienes imponen las normas, ¿qué papel corresponde a los ciudadanos? ¿Para quiénes deben trabajar los políticos elegidos: para las elites financieras o para los ciudadanos que los eligen y a los que gobiernan? ¿Cuál debe ser su respuesta en caso de conflicto de intereses entre estos y aquellos? ¿Qué deben ser los políticos, casta que sirve a los poderosos o voz de ese pueblo que los ha elegido?

Y quizás, yendo un poco más allá, ¿puede hablarse todavía de democracia en términos estrictos, cuando el peso de lo económico y la fuerza de esos Mercados que la controlan y dirigen, estableciendo de manera tajante lo que hay que hacer, se imponen a toda voluntad política? ¿Quizás la verdadera democracia se extinguió antes de que llegáramos a advertirlo y ha sido sustituida por una simulación?

 Sin impuestos suficientes, no hay Estado Social; y sin Estado Social, no hay justicia redistributiva en forma de más escuelas, hospitales, pensiones y demás derechos… Sin justicia redistributiva, no puede haber auténtico bien común; sin bien común, no tiene sentido la democracia… ¿Qué es una sociedad en la que no existe una fiscalidad reequilibradora, los servicios de interés público se encuentren en proceso de privatización y cada cual debe cubrir sus necesidades con lo que le permitan sus propios recursos? Exacto, una sociedad de desiguales presidida por el único principio de “que cada cual se las apañe como pueda”: el individualismo más egoísta, una ley de la selva en la que los individuos se ven abocados a luchar por su supervivencia, una vez que han quedado desterrados las valores de la fraternidad y la solidaridad.

Nada nuevo, en definitiva, si lo observamos con perspectiva y mayor profundidad, de lo que constituye la eterna lucha histórica por el control del poder y sus consecuencias: ¿un reparto justo de las riquezas del planeta, o una adjudicación de las mismas en función de las fuerzas de las que cada cual, individuo o clase social, disponga? Las elites lo tiene claro y así lo imponen; desafortunadamente, el pueblo no tanto.

Como no podía ser de otra manera, esta obra incluye en su parte final una serie de propuestas encaminadas a recuperar la soberanía del pueblo y devolver la preeminencia, hoy arrebatada, a la propia sociedad y a los hombres libres que la componen. En este sentido, me permito anticipar que nada podrá resultar más prioritario que la educación y el acceso generalizado y sin restricciones al saber y el conocimiento más amplio en un siglo que vendrá marcado por los más prodigiosos avances en todos los órdenes de la ciencia.

Permítame el lector concluir recordando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada por la mayoría de los países del planeta en 1947:

Artículo 1

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 25

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tienen asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

¿Alguien cree que todos estos compromisos y postulados para el progreso de los seres humanos se están viendo desarrollados razonablemente o tienden a su reducción?

Esta declaración constituye el hito más alto, después de tantos siglos para alcanzarlo, en la hermandad en igualdad entre todos los hombres del planeta.

Hoy el neoliberalismo lo está derribando sin piedad para imponer, añadiría, esa nueva “lógica economicista del dinero”, expresión, pura y dura, de la versión más feroz del capitalismo a la que el hombre y cualquier ideología vinculada al valor del mismo queda subordinada.

Sin humanismo, ni doctrina social y moral que sustente y dé sentido a la presencia del hombre en la Tierra, estaremos regresando a las épocas más oscuras del pasado. Un tiempo anterior al reconocimiento de la dignidad intrínseca del ser humano, y que ahora, paradójicamente, convivirá con el universo digital, las redes sociales, la cibernética y la nueva inteligencia superior de origen no biológico y en el que no habrá otra regla que rija su destino que la ley del más fuerte.

PRIMERA PARTE

UN MUNDO SOMETIDO AL NEOLIBERALISMO

Un porvenir amenazante en el umbral de una nueva era

1. Así cambió la historia: el nuevo capitalismo

La Democracia, como fórmula de organización social y política, nace de un pacto, sin duda forzado, entre las fuerzas del Capital y del Trabajo cuando estas últimas logran unirse y organizarse para someter a la dictadura que históricamente venía ejerciendo la elite aristocrática, imponiéndole nuevas condiciones para la convivencia. Esta misma democracia impuesta se va transformando, lenta y gradualmente, a lo largo del siglo XIX, en necesaria y conveniente, cuando el enorme crecimiento industrial en los países desarrollados va exigiendo de la participación activa de más mano de obra para su funcionamiento.

Es así como se llega a la fundación del Estado Social de Derecho, donde Capital y Trabajo renuevan ese “pacto social” para la convivencia orientada al bien común. La Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y la Constitución de los Estados Unidos de 1787, que establecían los principios de la democracia representativa en una sociedad abierta e igualitaria, formalizaban la división de poderes e instauraban el derecho al voto, constituirían sus grandes hitos fundacionales, aunque no será hasta 1828 que se pueda considerar la fecha efectiva del comienzo de la democracia, año en que el sufragio en Estados Unidos alcanza a un 50% de la población adulta masculina.

Este acuerdo tácito entre las dos fuerzas productivas no resuelve las feroces y violentas tensiones que existen entre ellas, derivadas de sus intereses sustancialmente contrapuestos, pero sí las modera, provocando una cierta “tregua por conveniencia”. En efecto, si no había máquinas, no había trabajo, y con ello, sustento para las masas poblacionales que se habían desplazado del campo a las fábricas pero, a la vez, como efecto reequilibrador en la balanza, si no había obreros, las máquinas no funcionaban y los negocios podían ir a la ruina. Una tensión que solo podía resolverse mediante el acuerdo, la cesión y la aceptación de una dependencia recíproca que imponía un modelo de capitalismo social.

A lo largo del siglo XX, la democracia alcanzó su plenitud como modelo político y social que establecía la soberanía del pueblo ciudadano, coexistiendo cómodamente con el modelo capitalista, en el marco de un amplio consenso para la implantación, por parte de todos los gobiernos del mundo desarrollado, de políticas de redistribución de la riqueza, financiadas mediante subidas en el recaudación fiscal a través de la introducción de la progresividad en las escalas fiscales. Significativas subidas salariales convenidas para obreros y trabajadores, así como modelos de cogestión y reparto de beneficios en las empresas, no impedían que las rentas del capital, por su parte, también obtuvieran su porción magra en el reparto de la creciente riqueza que el progreso iba generando. A raíz de ello, los Estados aumentaron su tamaño y sus recursos, lo que les permitió poner en marcha nuevos programas de Bienestar Social que, además de mitigar las diferencias entre clases, pretendían propiciar un acercamiento en las oportunidades de prosperidad para todos, facilitando y garantizando el acceso gratuito a una serie creciente de servicios básicos esenciales para quienes no pudieran costeárselos, como la educación o la sanidad.

Si volvemos la vista atrás, hacia los albores de la Edad Contemporánea, tendremos que admitir que la izquierda democrática, la socialdemocracia, supo aprovechar el “impulso” histórico que representaron los valores revolucionarios de la Ilustración para conseguir un cambio profundo y radical del sistema político imperante en el Antiguo Régimen. Para ello, se valió de combinar el desarrollo ideológico de aquellos nuevos principios revolucionarios con la construcción de una arquitectura jurídico-institucional que favorecía precisamente esos cambios, haciendo compatible una economía de mercado moderna con el peso poderoso de un Estado fuerte que garantizaba el bienestar de sus ciudadanos mediante la redistribución de las rentas y la cobertura de determinadas prestaciones sociales. De esta manera, el Estado nación se convirtió en un espacio propicio para el desarrollo de valores como libertad, justicia, equidad y razón, frente a la superstición y la explotación. Con el paso del tiempo —y en gran medida gracias al éxito de esos valores nuevos—, esa revolución burguesa del siglo XIX posibilitó que se articulara un sistema de pacto social más amplio; un nuevo contrato social, que materializaba o al menos mejoraba los aspectos relativos a los principios de justicia social, de igualdad e incluso de libertad. En este contexto, la izquierda supo nuevamente moverse con agilidad, haciendo una adecuada lectura de ese marco jurídico institucional para desarrollar sus políticas y cohesionar social, política y electoralmente a sus bases sociales.

Tanto en las democracias como en los regímenes comunistas, el Estado constituía siempre el campo de juego, llegando a confundirse con el propio sistema político imperante en ese momento.

El gran cambio, y para muchos el grave problema, surge cuando la globalización, la tecnología y la financiarización de la economía adquieren impulso sobre todo a partir de los años setenta y rompen ese marco de referencia del Estado-Nación y las reglas que, a través de pacto entre capital y trabajo, regían el bien común. En definitiva, es como si desde hace algo más cuarenta años —este dato resulta esencial— el devenir de las democracias burguesas hubiera cambiado su rumbo a la par que lo hacía el propio modelo del capitalismo en que se sustentaban. Este fenómeno, que quizá inicialmente pasó desapercibido a casi todos, especialmente en la descomunal dimensión del cambio social y económico que representaba y que bien pudiera calificarse de “contrarrevolución planetaria”, se consolidó definitivamente con el derrumbamiento de las llamadas democracias populares regidas por el funesto sistema comunista, a finales de los años ochenta del siglo pasado.

Esta contrarrevolución reaccionaria, que en su raíz ideológica invocaba el reforzamiento de un cierto tipo de liberalismo clásico —interpretado, qué duda cabe, de manera inexacta e interesada frente a sus auténticos fundamentos ortodoxos—, se asentaba entonces y persiste en la actualidad cimentada profundamente en tres dogmas fundamentales:

A) “El Estado no es la solución, sino la causa de los problemas”. (Ronald Reagan, expresidente de los Estados Unidos).

B) “La sociedad y la ciudadanía como tal no existen; solo existen los individuos”. (Margaret Thatcher, ex primer ministra de Gran Bretaña).

C) “La economía, en cualquiera de sus formas y especialmente en sus nuevas manifestaciones y modelos, pasa a anteponerse a la política como germen esencial de la vida en sociedad, convirtiéndose esta, la política, en mero vehículo para la ejecución de los dictados de aquella… Los mercados no regulados son plenamente eficientes”. (Escuela Universitaria de Chicago).

Ya desde la Gran Depresión de 1929, pero de forma más elocuente desde el final de la hecatombe que supuso la II Guerra Mundial, el mundo occidental, inmerso por aquel entonces en la llamada Guerra Fría entre los bloques capitalista y comunista, había ido construyendo su progreso basándose en un cierto consenso entre las clases en torno a la noción del capitalismo del bienestar social y del avance en las conquistas sociales para todos los ciudadanos, gestionadas por los Estados y sus gobiernos, independientemente de que estos fueran de signo conservador o socialdemócrata… Todo ello a partir del modelo keynesiano de la economía denominado “de libre mercado regulado”.

Este modelo, inspirado por el Premio Nobel J. M. Keynes, servía de herramienta y sustento teórico para edificar el denominado Estado del bienestar, a modo de un gran pacto social de consenso entre patrones y trabajadores, entre capitalistas y proletarios, que asentaba sus grandes pilares en el reconocimiento universal de una serie de derechos sociales, entre los que se reconocía el acceso a una educación gratuita, a una atención sanitaria completa, a la protección en la vida laboral y a una jubilación retribuida. Derechos sociales garantizados, amén de otros más que se fueron incorporando, financiados con los impuestos que todos pagaban según sus ingresos y que eran gestionados por los órganos de cada Estado y los grandes actores sociales del modelo colectivo y político, es decir, parlamentos, gobiernos, partidos políticos, sindicatos y patronales.

Contemplado con la perspectiva del tiempo, aquel proyecto, hoy en fase flagrante de desmontaje y eliminación, sustentaba su legitimación en el progreso de los pueblos y en la mejora del nivel de vida de los ciudadanos, la cual se reflejaba en los índices de crecimiento de la renta per cápita de los individuos y del producto interior bruto de cada país y en un mejor reparto de la riqueza.

Nadie podrá rebatir que el modelo del Estado del bienestar, con sus crisis y sus vaivenes, fue cumpliendo sus fines: las sociedades, sin llegar ni de lejos a asentar una auténtica justicia distributiva y manteniendo sus manifiestas desigualdades entre ricos y pobres, fueron desarrollándose, y con ellas los ciudadanos que las conformaban. Dicho progreso fue dando paso a mayores cotas de libertad y derechos sociales, todo lo cual sirvió para dar licitud intrínseca a un capitalismo que, aunque de corte burgués, se fundamentaba en la idea democrática del compartir. La palabra “porvenir”, entendida como “los mejores tiempos venideros”, cobraba pleno sentido puesto que, año tras año, los individuos veían crecer sus niveles de calidad de vida, de renta y, por ende, su capacidad de liquidez monetaria disponible, permitiéndoles así el acceso a bienes anteriormente reservados para las elites: vivienda, coche, electrodomésticos, vacaciones… También se acrecentaban aceleradamente las mejoras en las condiciones de vida para la mayoría de los miembros de la sociedad, tanto a nivel particular como laboral, todo lo cual, en consecuencia, daba espacio a la tolerancia en la opinión y el comportamiento y al rechazo de extremismos fundamentalistas. El Estado del bienestar devenía así en un estado del consumo popular y de las nuevas conquistas sociales.

Resulta espléndido rememorar cuanto aconteció en el mundo a lo largo de aquellos años en que la raza negra, sometida y esclavizada, vio reconocidos sus derechos civiles en los Estados Unidos y otros países. Años en que la mujer pudo salir, al menos en parte, de la mazmorra de sumisión machista a la que históricamente venía estando sometida, rompiendo una parte de esas cadenas que la atenazaban como persona de segunda categoría desde la caverna de la Prehistoria para comenzar a sentirse plena protagonista, libre en su rol personal y social. Un periodo de erradicación del colonialismo en tantos lugares y en el que los ciudadanos se confrontaron sin arredrarse a los poderes públicos y sus inconfesables intereses en guerras injustas y en la explotación persistente del Tercer Mundo. Una época en que la discriminación por razón de identidad sexual fue sensiblemente abolida y nuevas formas de comportamientos en la esfera más íntima       —libertad sexual, nuevos estilos de vida, ropa y música, cultura, drogas menores, etc.— fueron aceptados, o al menos tolerados. Los sindicatos adquirieron mayor capacidad de presión en la defensa de los trabajadores, mientras que la idea de represión por parte de la autoridad se fue moderando. Incluso la intransigencia ideológica o religiosa se vieron atemperadas significativamente gracias al Concilio Vaticano II, acercando la idea de un Dios más humano y generoso a la de la justicia terrenal.

Todo aquello que aconteció vertiginosamente en los años sesenta y setenta del siglo pasado para nada nos trasladaba a un mundo ingenuamente feliz, pero sí parecía dar a entender que la humanidad había encontrado un rumbo tolerable hacia ese “mejor porvenir”: quizá las clases sociales no se igualaban en sus condiciones económicas, pero la gestión del Estado, a través de la presión fiscal progresiva y progresista, y el desarrollo de beneficios sociales, ejercían una cierta, aunque pueda considerarse insuficiente, política de bienestar, dando sentido a la idea de bien común y de solidaridad… Y podía incluso soñarse con lo que el futuro nos depararía de más y mejor, como vaticinaba el ensayista Jean Jacques Servan-Schreiber[2]. ¿Por qué no?

Aún recuerdo perfectamente cómo en aquellos años se pronosticaba, como tendencia natural del desarrollo hacia el que nos encaminábamos, acerca de la semana laboral de 35 horas —paso anterior a la de 30 horas— en sociedades avanzadas de casi pleno empleo, la jubilación, bien asegurada económicamente, antes de los sesenta años y el más amplio acceso a una sociedad venturosa del ocio. ¿Quién podía imaginar que treinta años después la sanidad gratuita se vería sustituida por el copago sanitario o que se propondrían sucesivos alargamientos la edad de jubilación? Pensarlo entonces hubiera supuesto ser visionario de una insospechable marcha atrás en la evolución del rumbo de progreso de la sociedad; no conozco a nadie que alcanzara a sospecharlo.

Es en los años setenta cuando se produjeron, casi con simultaneidad, dos fenómenos que arrastrarían consecuencias colosales. Por un lado, la llamada y sobrevenida crisis del beneficio o “crisis del capitalismo convencional”, que golpeó a las principales economías industriales y que provocó que los ciudadanos norteamericanos acabaran más pobres al final de la década que al principio de ella. Como bien se explica en el libro La crisis que viene:

La creciente competencia internacional en las principales líneas de producción —como el automóvil, la siderurgia, los astilleros, los aparatos eléctricos y electrodomésticos, etc.— al igual que la resistencia de una clase obrera no dispuesta a dejarse explotar a cualquier precio, redujeron rápidamente los márgenes de beneficio industrial. Desde los años setenta y ochenta, buena parte de los países industriales vieron así cómo sus fábricas e instalaciones o bien cerraban, o bien se iban a otros países con menores costes…[3]

De otra parte, y como segundo factor desencadenante del cambio de rumbo planetario, cabría señalar cómo el éxito de las políticas socialdemócratas y del New Deal norteamericano fue minando, paradójicamente, la identidad de la clase trabajadora, que era precisamente la base electoral que sostenía esas políticas progresistas. Segun señaló Max Weber, “Se alcanza antes conciencia de estatus que de clase”[4]… El hecho de que las masas de trabajadores, renegando de su condición, se calificaran a sí mismos de clase media, no es más que un efecto amplificado de esa discreta transformación de ciudadanos en consumidores iniciada en los años cincuenta, en plena Guerra Fría. Si hay una revolución que triunfó sin paliativos en el siglo XX fue la del crédito al consumo, que cambió radicalmente la conciencia e identidad de las clases trabajadoras, como viene recogido en un libro que Jefferson Cowie bautizó con el significativo título de Los 70 y los últimos días de la clase trabajadora[5].

Con el arranque de los años ochenta, todas aquellas conquistas y esperanzas que tanto esfuerzo había costado conseguir, empezaron a ser suave, sutil e imperceptiblemente desmanteladas en el mundo desarrollado. ¿La causa? Deberíamos retrotraernos años atrás, hasta el instante, a mediados del siglo pasado, en que las grandes riquezas del mundo crean instituciones tan discretas y aparentemente inocentes como el Club Bildelberg y, más tarde, la llamada Comisión Trilateral; el arranque del conflicto palestino israelí y la constitución de los primeros Estados del post-colonialismo. Avanzando en el tiempo, se podrían también     encontrar conexiones remotas con lo que se avecinaba en los motivos que condujeron a los asesinatos de los Kennedy, Luther King o el mismo Patrice Lumumba, por citar casos muy diferentes; o la explosión social que representó el Mayo del 68. Todo ello sin olvidar factores más próximos a los ochenta que se constituyeron en predecesores del cambio, como la crisis del petróleo, los excedentes monetarios en manos de grandes multinacionales,   los nuevos dirigentes chinos tras la muerte de Mao, el ascenso al papado de Juan Pablo II y su influyente ejercicio conservador y tradicionalista, la revolución en Irán, los nuevos actores en el sistema financiero, la decadencia del sistema comunista, las exigencias de los consorcios industriales armamentísticos, las riquezas acumuladas en manos de los países productores de energías fósiles, los movimientos subterráneos de oligarquías de sangre, los inconfesables intereses de los más poderosos servicios secretos, la corrupción instalada en núcleos significativos del tejido social, o la paulatina internacionalización de los mercados.

Simultáneamente, la estructura económica de los países avanzados, de marcado perfil industrial, se ve desplazada por otra más moderna basada en los servicios y por la irrupción de una nueva economía, sofisticada y compleja, basada en las transacciones financieras internacionales y su especulación, fenómeno que inicialmente pasa casi desapercibido a pesar de la enorme trascendencia que irá adquiriendo en las décadas posteriores.

En este proceso, marcado por la evolución y los cambios, se irá produciendo una inmensa transformación en el universo de las corporaciones y las empresas, tanto en lo que se refiere a su configuración jurídica como a la organizativa. Un proceso intenso y acelerado que dará origen a empresas cada vez más globales, más anónimas, con mayor disociación entre propiedad-gobernanza-control, con menos sentido de vinculación social o territorial y con un mayor papel en el gobierno privado de la vida cotidiana de los ciudadanos y/o consumidores.

Todas estas poderosas fuerzas que citábamos más arriba, las que siempre detentaron el poder en el capitalismo amparándose las unas en las otras, comenzaron a presentir que el mundo parecía inclinarse de forma imparable hacia fórmulas auténticamente democráticas, de calado más profundo, que sin duda ponían en riesgo las oportunidades que ofrecía un capitalismo avanzado, o al menos impondrían un precio más alto y costoso por su aprovechamiento. El poder omnímodo se les podía estar escapando de las manos, máxime cuando el gran dragón chino —que podía verse simultáneamente como gran oportunidad o como grave amenaza— parecía estar despertando de siglos de subdesarrollo y años de comunismo y abrazaba la peligrosa fórmula económica del capitalismo de Estado de corte liberal y autoritario. Es entonces cuando, por azar o de manera sincronizada, se lleva a cabo un giro estratégico radical en el rumbo planetario a medio y largo plazo, empezando por impulsar la carrera política de líderes que sustentaran y sirvieran fielmente a “sus intereses”. Como bien explica el profesor Gerardo Pisarello en su ensayo Un largo Termidor , estos intereses no eran otros que:

[…] atenuar el alcance del principio democrático, reduciéndolo a la participación esporádica en elecciones más o menos competitivas, y evitando que los legislativos interfirieran con políticas sociales demasiado ambiciosas en el libre funcionamiento del mercado[6].

En definitiva, prosigue Pisarello:

[…] consiste en una reconfiguración de las relaciones de poder que lo concentra en pocas manos, política y económicamente. […] Es un régimen mixto porque conviven en él elementos oligárquicos y democráticos. Lo que ocurre es que el elemento democrático, participativo, es desplazado hasta volverse marginal e inofensivo. Los antiguos griegos no se engañaron y llamaron a esta forma de gobierno oligarquía isonómica. Un régimen controlado por minorías económicas que tolera algunas libertades públicas…[7]

En 1973 el multimillonario norteamericano David Rockefeller funda un club de reflexión y debate en el que se integran “doscientos ciudadanos distinguidos”, es decir, miembros selectos y escogidos de las elites políticas y económicas mundiales provenientes de Estados Unidos, Europa y Japón, con la finalidad de “desarrollar proposiciones prácticas para una acción conjunta”.

En 1975, un grupo de profesores, investigadores y especialistas capitaneados por Michel Crozier, Samuel P. Huntington y Joji Watanuki presenta en dicho foro un informe titulado The Crisis of Democracy (La crisis de la democracia), que puede considerarse el documento fundacional del Nuevo Orden. En dicho dossier se da cuenta de la ingobernabilidad de las democracias basadas en el capitalismo social de mercado, como consecuencia de la excesiva implicación de los gobernados en la vida económica y social de los países: el continuo incremento de las reivindicaciones igualitarias y el deseo de participación política activa de las clases más pobres y marginadas estaba imponiendo una agenda de actuación a los gobiernos democráticos que bloqueaba el funcionamiento eficiente del modelo capitalista.

Por vez primera después de la Segunda Guerra Mundial se ponía sobre el tapete en un foro internacional la incompatibilidad entre la soberanía del pueblo y el modelo productivo capitalista. En este sentido, se llegaba a reclamar, según dice el informe, que se reconociera que “hay un límite deseable para la extensión indefinida de la democracia política” que, de no establecerse, “conducía a una insostenible solidaridad macroeconómica entre salarios y rentas del capital que impedía abrirse a la competencia internacional”. Se imponía, por tanto, el diseño de Un Nuevo Modelo.

A principios de los años setenta del siglo pasado, el modelo de capitalismo social había entrado, a ojos de las oligarquías, en una cierta depresión que estaría provocando un estancamiento de las tasas de beneficios que generaban las empresas, provocado por una presunta ralentización de su productividad que a su vez se debía, se pretendía suponer, al excesivo incremento de las conquistas y beneficios sociales de los trabajadores. Adicionalmente, las crisis petrolíferas de 1973 y 1979 disparan la inflación en los países importadores, conduciendo al mundo desarrollado a un estado de estanflación (inflación sin crecimiento y con incremento del paro).

A partir de 1973 se desregula el sistema internacional de cambio, permitiéndose la fluctuación de las monedas y su flotación, una vez roto el consenso financiero mundial vigente desde 1944, tras los acuerdos adoptados en la Conferencia de Bretton Woods. Se abre con ello una primera y poderosa vía que viene a facilitar la influencia de los mercados financieros sobre las políticas económicas de cada país.

A finales de los años setenta, de manera concertada o como reacción, se inician desde la órbita capitalista una serie de actuaciones que plantean una batalla feroz contra la inflación galopante y la búsqueda persistente de la restauración de los beneficios empresariales. Para ello se ponen en marcha acciones de política monetaria que implican, como bien explican los profesores Laval y Dardot a lo largo de su obra, a la que haremos repetida mención, un recorte de los gastos sociales, una reducción de los tipos impositivos y un impulso para favorecer las políticas de desregularización de la economía.

A principios de los ochenta, las piezas esenciales del cambio en el modelo económico ya han sido asentadas: el aumento de las tasas de interés otorga a los acreedores un poder hasta entonces inimaginable sobre sus deudores a quienes pueden comenzar a imponer más y más condiciones a cambio de no ver cerrado su grifo monetario. Las reglas de funcionamiento macroeconómico cambian y nuevos dispositivos económicos comienzan a adquirir relevancia a partir del postulado, que deviene hegemónico, de que la actuación privada resulta siempre más eficaz que la intervención y la regularización públicas. Dos medidas adquieren en dicho momento especial relevancia: la privatización de empresas públicas —para lo que en España el gobierno socialista de Felipe Gonzalez resultó ser impulsor dinámico— y las desregulaciones, supresión de normas y restricciones en la gestión de la economía.

Se derriban así los paradigmas keynesianos de las reglas fijas en las tasas de cambio y el consenso tácito entre las fuerzas sociales, erigiéndose con vigor, como sustitutos, los nuevos dogmas neoliberales:

–    La competencia libre, como regla suprema y universal de gobierno económico.

–    La disciplina mundial, entendida esta como un conjunto de prescripciones de obligado cumplimiento para cualquier país que pretenda obtener préstamos y ayudas provenientes del mercado financiero internacional.

–    A partir de este momento, inicio de los años ochenta, se instala en la comunidad internacional una “nueva racionalidad” en el comportamiento que deben observar los países que pretendan acceder a los acreedores e inversores internacionales: equilibrio presupuestario, descenso de impuestos, supresión de barreras aduaneras, tasas de cambio competitivas, apertura sin        restricciones a los flujos internacionales de capital, privatización de la economía, protección de los derechos de propiedad, libre repatriación de beneficios, exenciones fiscales…

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, junto con otros organismos internacionales, se convertirán en severos e inflexibles guardianes de este nuevo orden económico mundial. Este nuevo modelo, que de la noche a la mañana viene a reemplazar al de economía social, aspira, para su funcionamiento eficaz, a adquirir rango global y planetario, situándose por encima de las fronteras de las naciones, para lo cual impone dos exigencias irrenunciables: la libre competitividad hacia la conquista de los mercados extranjeros —de hecho, el planeta se convierte en un único mercado— y la continua captación de recursos internacionales. Y ello a costa de sacrificar, cuanto fuera preciso, el bienestar de las clases sociales nacionales, cuestión que solo podrá paliar un fuerte desarrollo económico. La adaptación a la “mundialización” de mercados y fuentes de recursos se impone a cualquier otro objetivo político; la calificación financiera de las empresas y su consideración por sus accionistas y prestamistas pasan a     anteponerse a los intereses de empleados y clientes; y la productividad, mediante la más enérgica reducción de costes de producción, a toda actuación social basada en el gasto y la solidaridad. La política, y más aún la acción política de cada Estado, quedan subordinadas a la lógica de los números, la generación de riqueza y el rendimiento del capital.

Solo cabe competir en esos mercados globalizados, mediante sus reglas economicistas… o “morir de hambre”. Y esa competitividad solo se consigue mediante su homologación con el cumplimiento de las disciplinas financieras y económicas establecidas y demostrando una mayor rentabilidad, una mejor oportunidad de negocio para prestamista e inversores. En cuestión de unos pocos años, se impone un nuevo precepto estructural por encima de los países y de la voluntad de sus pueblos… para mayor provecho de los tenedores del capital.

A partir del último tercio del siglo pasado, el equilibrio con el que se había sustentado el statu quo entre Capital y Trabajo se rompe. El valor y relevancia de la mano de obra dentro del proceso productivo de cada país pierde su fuerza como consecuencia de la mundialización del comercio y de la innovación tecnológica, que permite la sustitución de mano de obra por maquinaria a menor coste. Las máquinas, cada vez más precisas y automatizadas, la especificidad de los servicios de alto valor añadido y la productividad en la ejecución de tareas que facilita la informática hacen que los hombres —o al menos tanta cantidad de hombres— sean cada vez menos necesarios para que el proceso productivo pueda seguir a pleno rendimiento… Además ocurrirá que, aprovechando las mejoras en las comunicaciones y las ventajas de la ley de la oferta y la demanda, ahora se podrá recurrir a fuerzas laborales más baratas, localizadas a miles de kilómetros de donde se encontraba la máquina o el servicio que lo determinaba. O que incluso, mediante el fenómeno de la deslocalización gracias a la globalización del comercio, se puedan trasladar las máquinas, a casi cualquier lugar del mundo, allí donde se encuentre la mano de obra más barata. Todo lo cual vendrá a ayudar al proceso de desarrollo de los países del Tercer Mundo, que se encontrarían en una etapa anterior, y muy significativamente de China y otros países del Sudeste asiático, a costa de romper definitivamente la relación de equilibrio Trabajo versus Capital en los países del Primer Mundo.

Al mismo tiempo, las empresas de servicios, aquellas otras que se basan en la economía financiera, las que disponen de más alta tecnificación y de un I+D+i avanzado y todas aquellas menos dependientes de los costes laborales, como pueden ser las vinculadas a las nuevas tecnologías y a las comunicaciones, empiezan a resultar más rentables y productivas que aquellas que requieren de una gran cantidad de recursos humanos. En efecto, la evolución de la tecnología en los últimos cincuenta años ha permitido desarrollar una economía menos dependiente de la mano de obra    —salvo para procesos de ínfimo valor añadido— y con un retorno de la inversión superior expresado en términos de beneficio. La competitividad, elemento esencial de la economía de mercado, se establece en términos de productividad, fundamentalmente a costa de la reducción —y en algunos casos de la total supresión— de los costes humanos incorporados.

Todo ello ha ido conduciendo a un descomunal desequilibrio, ante el que la inteligencia humana no ha sido capaz hasta el momento de encontrar respuesta: la mano de obra como factor productivo resulta cada vez menos necesaria, mientras que el capital deviene mucho más imprescindible. Solo la inteligencia y el conocimiento, como capacidades que permiten innovar y desarrollar nuevo know how, pueden competir con el dinero en igual rango de importancia.

La consecuencia, de nuevo ateniéndonos a la ley de la oferta y la demanda, resulta clara: paro, abaratamiento salarial y precariedad para unos, los menos necesarios, y más riqueza para los otros. En definitiva, el factor trabajo pierde relieve y valor en la economía en favor del capital, tanto financiero como humano, y de la tecnología. Una situación que tiende a precipitarse y de la que solo se salvaría aquella mano de obra muy cualificada para las nuevas necesidades de los mercados (informáticos, ingenieros tecnológicos, lideres directivos, financieros) o aquella que realice actividades que continúan siendo imprescindibles para la sociedad (médicos, profesores, juristas, ingenieros de obras, etc.).

La pérdida de capacidad de influencia y de presión del factor trabajo en la economía de los países desarrollados —en beneficio de la de los países pobres y subdesarrollados—, ha derivado en una posición de hegemonía por parte del Capital, que impone un nuevo marco en las relaciones políticas y económicas. La dictadura del modelo neoliberal con apariencias democráticas.

Es en este momento, el de la irrupción imparable de la globalización, la tecnología y el conocimiento más elevado, cuando la ideología del dinero, liberada de su atadura forzada al trabajo humano, asume la misión de adueñarse de la política. ¿Cómo? Adoptando el programa propugnado por ilustres pensadores como Hayek, Friedman y los miembros de la Escuela de Chicago, vertebrado a través de los partidos conservadores o republicanos de derechas. Una vez comprobado que no hay necesidad de ningún pacto social de cara al futuro, su intención será desmantelar, sutil y gradualmente, el modelo de economía social que se había visto obligado a aceptar, presionando hasta conseguir una drástica reducción de impuestos fiscales que lo financiaban. La idea de suprimir la fórmula democrática, tema más difícil y complejo, se aplaza para un momento posterior; por ahora, basta con controlarlo y convertirlo en inofensivo.

A partir de la aprobación de la libre circulación de capitales y la liberalización mundial de todas las barreras y obstáculos para el flujo del dinero, el capital mundial toma como rehenes a los Estados a través de la imposición de nuevas y muy estrictas condiciones para la financiación de su deuda pública: todos los Estados que no acepten y se comprometan a cumplir programas estrictos (impulsados por el FMI y el Banco Mundial) de consolidación fiscal y austeridad —o lo que es lo mismo, de equilibrio presupuestario mediante la reducción de impuestos directos y de recortes en el gasto social—, no tendrán acceso a la financiación internacional y a la posibilidad de acceder a los mercados de capitales. Disyuntiva ante la cual solo hay dos opciones posibles: la quiebra nacional o el sometimiento.

El Capital, superada su dependencia del poder de los trabajadores gracias a la tecnología y la mundialización, impone sus reglas indiscutibles a través de un nuevo marco político y económico: los gobiernos y los parlamentos pueden mantener las apariencias democráticas en tanto en cuanto sometan sus programas al dogma neoliberal, si no quieren verse abocados a la ruina de los ciudadanos a través de la suspensión de pagos a nivel nacional. En consecuencia, su misión queda limitada a ir aplicando medidas de reducción del gasto público, eliminación del déficit presupuestario y minoración de derechos sociales y cuantas otras imponga la oligarquía económica que ostenta el poder de hecho, de la manera que resulte menos agresiva para la ciudadanía y permita mantener la paz social. Da igual que el gobierno sea de derechas o de izquierdas; su única misión, se esté de acuerdo con ella o no, será aplicar los dictados neoliberales, gestionar recetas y fórmulas que estimulen la competitividad nacional —entendida esta como rendimiento del capital— y garantizar la estabilidad mediante la conformidad y docilidad de los ciudadanos, los cuales siguen ostentando, eso sí, una aparente soberanía que en la práctica ha sido reducida a cenizas.

La hegemonía del Capital ha acabado imponiéndose a través del Modelo Neoliberal, indiscutible e indestructible, a modo de dictadura firme en la gestión económica. La apariencia democrática se mantiene como ficción para mantener el orden y la paz social, aun a pesar de que la ciudadanía vea reducidos sus derechos y las conquistas sociales obtenidas a lo largo de muchos años de lucha. Con ello, la desigualdad deja de ser una realidad perversa que la sociedad debe combatir mediante actuaciones políticas de redistribución a través del Estado, tal y como se venía contemplando en el pasado reciente, para devenir en una inexorable regla del juego. El que tenga u obtenga capital irá ganando cada vez más y más, siempre que sepa competir, mientras que quien no tenga u obtenga capital, irá cada vez ganando menos. Las clases sociales tenderán hacia los extremos (ricos y pobres), alejándose de la centralidad que representaban las clases medias.

A partir de ese momento, la voluntad de desmantelar “el maligno estado redistribuidor” irá consolidándose como objetivo estratégico de primer nivel, a efectos de que el capital disponga de los recursos que, hasta ese momento, le venían siendo “confiscados” a través de impuestos, y pueda competir con mayor intensidad en los mercados internacionales en términos de libre circulación y ausencia de restricciones y limitaciones.

Las consecuencias resultan ya palpables:

1. En el orden político, supresión de la soberanía nacional auténtica y de la capacidad de los gobiernos para hacer política.

2. En el orden laboral, precarización del trabajo, supresión de derechos, reducción de la remuneración y paulatina supresión de las políticas de protección frente al desempleo y de integración laboral. Todo lo cual conducirá a convertir en inviable el modelo tradicional de pensiones para la jubilación.

3. En el orden social, desaparición gradual de las clases medias, reemplazadas por otras de más ricos (quieres dispongan de capital) y de más pobres (quieres no dispongan de él).

4. En el orden económico-social, progresiva eliminación de la idea de “estado social benefactor y redistribuidor”, sustituido por la noción de “estado gerente de la competitividad nacional” en un mercado mundial libre y cada vez más desregulado. El cambio impondrá una reinterpretación de los conceptos de nacionalidad y ciudadanía, que tendrá como consecuencia la supresión de obligaciones y derechos para los individuos.

Su efecto inmediato será la desaparición paulatina de los derechos que garantizan la educación y la sanidad universal —más aún la dependencia—, de forma que la noción de igualdad de oportunidades, que se sustentaba en estos dos pilares, se desvanecerá.

Y con semejante panorama, cuya tendencia es acentuarse cada vez más, ¿cómo puede pronosticarse el futuro? Solo a partir de una idea de porvenir bastante inquietante.

Hasta aquí he intentado trasladar al lector un breve resumen sobre la génesis del nuevo capitalismo postindustrial que ha sustituido al modelo con que había venido funcionando los ciento cincuenta años anteriores, así como las consecuencias y la nueva relación de fuerzas que se producen en el mundo derivadas del mismo. Se trataría ahora de analizar la ideología que lo sustenta, el neoliberalismo, y con la que convive en perfecta simbiosis.

El neoliberalismo adquiere relevancia fuera del ámbito más académico a partir de mediados de los años setenta del siglo pasado, viniendo a representar una corriente de pensamiento que pretendía ofrecer una respuesta ideológica y de actuación política y económica que superara las limitaciones que ofrecía el modelo económico y político del Estado Social de Derecho y la economía social de mercado, vigentes entonces en el mundo desarrollado.

Entrando ya en la década de los ochenta, el mundo, su orden social y político, comenzó a dar un cambio vertiginoso, aunque perfectamente calibrado y articulado en sus etapas y límites de presión. Dicho periodo arranca con el acceso a gobiernos significativos de los denominados neo-cons y ultraliberales, activistas políticos acérrimos de las nuevas doctrinas quienes difunden su mensaje más allá del mundo anglosajón a sistemas tan distintos como las dictaduras militares en Hispanoamérica, la nueva economía de Estado en China o el capitalismo salvaje del «todo vale» en zonas más desarrolladas del planeta. Será una vez acaecida la caída del comunismo en la extinguida URSS y sus países satélites cuando la irrupción de este nuevo modelo político y económico adquirirá una presencia cada vez mayor. Nada de lo que comienza a fraguarse desde ese momento, un auténtico cambio de era en la Historia, vendrá a ser casual.

El modelo económico histórico, basado en los planteamientos del profesor John Maynard Keynes, que sustentaba la acción política de los gobiernos en el marco de la economía social de mercado, resulta drásticamente sustituido por el del ultraliberal profesor Friedrich Hayek, a la cabeza de los teóricos economistas —exce-lentes cerebros— de la Escuela de Chicago. Si el Estado constituye el problema, dicen, lo que procede a continuación es iniciar su desmantelamiento mediante lo que ha venido a denominarse «un movimiento anarco-reaccionario», destinado a combatir y aplastar de paso la idea histórica de la justicia distributiva.

Pero, ¿por qué el Estado puede ser el problema? Muy sencillo. Por su inagotable capacidad, señalan, de acaparar ilimitadamente los recursos generados por la sociedad y los particulares que la componen a través de los impuestos, para a continuación dilapidarlos inútilmente mediante burocracia necia, obstáculos a la libre iniciativa, regulaciones estériles, gestión ineficiente de los servicios públicos a costes más elevados, corrupción y funcionariado parasitario.

Si esos mismos recursos se liberaran y dejaran en manos de los individuos y los agentes económicos en lugar de ser fagocitados y despilfarrados de manera absurda, la productividad y, por ende, la generación de riqueza resultaría muy superior, según pronostican, lo cual supondría una mayor abundancia para todos. Por tanto, si se redujera ostensiblemente el tamaño del Estado, se podrían reducir los impuestos que lo financian; los nuevos medios disponibles liberados revertirían entonces hacia mayores y mejores oportunidades de generar crecimiento y riqueza, que los individuos, organizados según variables de mercado cuyo funcionamiento se supone armónico y natural, aprovecharían con mayor eficacia y rendimiento. Como el Estado resulta incapaz de gestionar las necesidades de los individuos con un mínimo de eficacia, estaría justificado que se le apartase de toda implicación en el manejo de recursos, para lo cual, se insiste, demuestra no estar capacitado, y se devuelva tal ejercicio a los únicos naturalmente dotados para ello, los hombres. Estos, especialmente los más capaces, se manejarán a través de la eficiencia sustancial de los mercados, que no pueden ser suplantados por ningún otro agente, y menos aún por el estatalismo pseudo-socialista.

Y así, concluyen, en una sociedad liberada de la burocracia inútil, el progreso del individuo resultará mayor y más rápido. No obstante, para preservar la seguridad de la población, el Estado se reservaría siempre unas funciones mínimas irreemplazables: una parte de la seguridad interior y exterior de la nación, su representación institucional, la justicia —aunque aquí también podría llegar a discutirse su privatización—, el orden, la represión de la protesta y la violencia, y una cierta capacidad restringida de arbitraje y coordinación en el funcionamiento de los servicios y los mercados liberalizados, conciliando posibles conflictos de intereses y previniendo su distorsión mediante actuaciones ilegales.

Este planteamiento ideológico pone el acento en devolver la libertad y la iniciativa a los individuos, derechos que han estado secuestrados hasta ese momento por una maquinaria infernal de burócratas y funcionarios: el hombre dueño de sí mismo que se libera de la tutela nefasta de una nomenclatura kafkiana, deviene la venturosa utopía final.

  La concepción neoliberal viene a significar una reinterpretación moderna y actualizada del capitalismo desarrollado a partir de patrones originarios del liberalismo clásico con la que hacer frente a la evolución del mundo y a los retos innegables, complejos y difíciles, que se aventuran en el porvenir del planeta.

Puesto que resulta más que evidente el proceso de cambio en todos los órdenes y su aceleración que impera en nuestro mundo actual, así como los nuevos y poderosos desafíos hacia los que se encamina la humanidad, solo cabe admitir la oportunidad e inteligencia con las que las elites financieras y los grandes poderes de la derecha supieron articular “su respuesta” de cambio, acorde a “sus intereses de futuro”.

Por contra, los grandes derrotados en ese momento de la Historia fueron los movimientos socialdemócratas tradicionales, incapaces de articular —todavía hoy lo siguen siendo— una propuesta doctrinal e ideológica acorde con los nuevos tiempos que corrían. Mientras el mundo sufría colosales transformaciones, el ideario de la izquierda permaneció estático e invariable, asentado con cierta comodidad en el orden establecido. Un colosal fracaso de visión e innovación que ha conducido con el tiempo a la derrota planetaria de las fuerzas de izquierda y, con ella, a la del pueblo y la democracia.

La gran derecha supo interpretar el proceso de transformación al que se sometía la historia y darle articulación y réplica desde sus intereses, mientras que los movimientos progresistas se limitaron a defender la perpetuación del sistema tal y como estaba, sin comprender los nuevos desafíos que planteaba el porvenir. Por ello, no resulta teóricamente desencaminado describir al neoliberalismo como de “nueva ideología para el cambio y el progreso” —con todo lo que de contradictorio pueda tener— frente a la del modelo socialdemócrata como de “anclaje inmovilista en el pasado”.

Parecería como si el capitalismo hubiera sido capaz de refundarse con nuevos planteamientos, más extremos y radicales pero también innovadores, en busca de su hegemonía, mientras que las ideas de izquierdas se habrían estancado después de que su referente extremo (el comunismo y las formulaciones marxistas) hubieran entrado en declive hasta llegar a su merecido desplome. Quizás se dejaron arrinconar, paralizadas en la preeminencia que entonces ostentaban y en una falsa confianza de que el modelo resultaba irremplazable.

Pretender negar que el mundo evoluciona a cada instante de forma imparable y que la historia, la humanidad y los pueblos, no podían detenerse en los tiempos del asalto al palacio de invierno del zar ruso, el New Deal norteamericano o la reconstrucción de Europa después de la hecatombe que significó la Segunda Guerra Mundial, puede calificarse de ceguera histórica provocada por un dulce acomodamiento. A partir de finales de los venturosos, en tantos aspectos, años sesenta, es la propia idea de la sociedad de masas la que empieza a entrar en una manifiesta puesta en cuestión por los nuevos planteamientos individualistas.

En efecto, no hay duda de que la humanidad y todo el planeta estaban entrando entonces, y vivimos ya, en la Era de la Gran Transformación, una mutación en todos los órdenes que avanza hora a hora.

Me permito subrayar algunos de estos cambios trascendentales que, desde los años setenta del siglo XX hasta nuestros días, han ido adquiriendo mayor visibilidad:

1. El acceso de amplias capas de población a la educación y la cultura, que ha permitido a los individuos adquirir una nueva conciencia de sí mismos, de su felicidad y de la sociedad en la que viven.

2. Las mejoras en temas de higiene, medicina y sanidad que han experimentado la gran mayoría de países, incluso los situados en regiones pobres y devastadas, han facilitado alcanzar una esperanza de vida que dobla las medias de hace menos de un siglo. Más allá de otras problemáticas sociales y económicas de cambio que con ello se generan, este suceso ha representado para los individuos, de nuevo, una percepción radicalmente distinta de su propia existencia y las etapas que la conforman.

3. El planeta se ha doblado en número de habitantes en apenas cien años, produciéndose, como consecuencia, una mutación radical en su distribución por continentes, razas y edades. La raza blanca, más envejecida, comienza a perder su hegemonía.

4. El capitalismo social, allí donde arraigó, ha generado una elocuente y valiosa transformación socioeconómica de las poblaciones, haciendo, a la vez que ellos aumentaban sus beneficios, crecer y expandirse, hasta representar mayoría, a esa denominada clase media trabajadora, gran dique de contención entre ricos y pobres, que encuentra acceso al consumo y tenencia de una gran cantidad de bienes que anteriormente solo eran accesibles para unos pocos privilegiados, mejorando su calidad de vida. A ello contribuye la democratización de una parte de los instrumentos manejados por el capitalismo, como serían el crédito, la bolsa de valores, la compraventa de bienes inmuebles, los títulos de ahorro y de inversión o la posesión de medios de producción.

5. La doctrina de carácter religioso cristiano ha perdido influencia a la hora de establecer y condicionar los comportamientos terrenales de los hombres, en quienes va desapareciendo paulatinamente esa angustia existencial por el pecado, la culpa y el castigo, que se redime ahora lejos de los confesionarios: en los divanes de los psicoanalistas, en la propia conciencia individual o en las rebajas de los centros comerciales. Para bien o para mal, el hombre se ha desprendido de la idea de transitoriedad que justificaba la vida terrenal, eliminando la representación del cielo o el infierno como simbología de su destino final al que debía someter su conducta a cada instante. Consecuencia de ello será la aparición de una nueva persona más racional, liberada de la culpa y de la frustración, de la represión y el fanatismo, que puede admitirse a sí misma la búsqueda consciente del gozo y la felicidad en vida.

6. La sociedad laica, allí donde ha logrado imponerse al fundamentalismo teológico, se ha dotado de toda una nueva escala de valores individuales y sociales, de entre los que destaca una percepción menos fundamentalista —y por consiguiente más pragmática, utilitarista, pagana y gozadora— de una existencia, que, a partir de ese momento se convierte en un fin en sí mismo.

7. La comunicación y las comunicaciones marcan un hito admirable de progreso. La conectividad entre personas y lugares deja de resultar un acontecimiento inaudito para devenir uso habitual en la realidad corriente. La consecuencia no es solo que el mundo se haya hecho mucho más pequeño sino que, además, cada persona puede conectarse en una fracción de segundo con personas situadas a miles de kilómetros de distancia y, más aún, acceder a todo el patrimonio del saber que ha elaborado la humanidad a lo largo de la Historia. Esto ha hecho, a su vez, que las ideas tradicionales de espacio y tiempo se hayan relativizado. Con Internet se ha dado inicio a la sociedad del futuro, y ya nada volverá a ser igual en el mundo contemporáneo: la conectividad ininterrumpida a la web y la participación en redes sociales comienzan a configurar el perfil de un nuevo hombre en todos sus ámbitos.

8. La historia de los últimos cien años constituye la crónica de mayor progreso en todas las ramas del saber científico, como jamás antes pudo concebir la humanidad. Estamos viviendo inmersos en la era del conocimiento nuevo. Se ha escrito que, cada 18 meses, los progresos y descubrimientos que producen la ciencia y la tecnología, doblan los que hasta entonces se disponían en cada ámbito del saber. Como enuncia el físico Stephen Hawkins, “el hombre se encuentra en disposición inminente de acceder y abarcar el saber de Dios”[8].

 Modificar la realidad científica: esta constituye ya la nueva frontera para el saber.

9. El conocimiento, la información y las comunicaciones han transformado las bases por las que se regía el comercio entre los hombres. La vida económica, y con ella la riqueza de la Tierra, ha crecido en términos exponenciales en volumen y frecuencia. El tráfico de bienes y servicios se globaliza: cualquier cosa se puede comprar o vender a la puerta de casa o en el lugar más alejado del planeta, casi en tiempo real.

Para muchos tipos de transacciones, las barreras del tiempo y la distancia han pasado a resultar virtuales y cómodamente superables. A ello se debe el inusitado auge de la economía financiera, tan característica del nuevo capitalismo postindustrial, que algunos autores han pasado a denominar capitalismo líquido.

10. Como consecuencia del progreso y de la globalización, la relación geoestratégica de fuerzas entre países y continentes se ha transformado. Ya no son solamente los Estados y los países de la Unión Europea los amos y señores del planeta. Su hegemonía de siglos se ve confrontada por la irrupción de una serie de potencias emergentes que absorben la tecnología punta de aquellos y amenazan con desplazar su dominio: China, Rusia, India, Brasil y, en segunda línea, otros países del Sudeste Asiático, Turquía, África del Sur, México…

11. Todo ello acontece en el contexto de graves conflictos mundiales que suceden en distintas partes del planeta y que nacen por causas diversas de compleja interpretación:

–    Los múltiples intereses contrapuestos en la producción y demanda mundial de petróleo, gas y otras energías.

–    El terrorismo internacional, cuyo origen podría localizarse en los conflictos que asolan el mundo islámico y que encuentra su expresión asesina en grupos fanáticos del fundamentalismo musulmán.

–    Las guerras civiles y enfrentamientos étnicos generados por el subdesarrollo y hambrunas que padece el continente africano.

–    Las dificultades de Rusia para preservar la seguridad e integridad de sus fronteras frente a la pluralidad de naciones surgidas tras la descomposición de la extinta URSS.

–    El sempiterno conflicto judío-palestino y su extensión hacia regiones próximas del Oriente Próximo.

–    Las migraciones constantes hacia el Primer Mundo, en condiciones penosas y de alto riesgo, derivadas de la desigualdad, la inseguridad, el hambre y los conflictos bélicos en otras partes del planeta.

A resultas de esta situación de tensión e incertidumbre global y de la propia mundialización de los mercados, la competencia comercial entre Estados crece y se convierte en feroz, con visos de asemejarse a una guerra internacional de carácter económico. El planeta, tal y como subraya J. M. Coetzee en su novela Diario de un Mal Año (Random House 2007), se convierte en “un anfiteatro donde los gladiadores-naciones compiten, matan o perecen sin atisbos de la más mínima cooperación eficiente”.

12. Los mercados monetarios y de capitales se ven liberados de las restricciones que limitaban y condicionaban su libre circulación, tanto como una exigencia impuesta por la propia lógica de la globalización del comercio y la economía como por el impulso eficaz que, para su consecución, desarrollan los organismos y lobbies al servicio de la doctrina neoliberal.

13. A partir de dicha liberalización en la circulación de capitales, el tablero donde juega su partida el Capitalismo internacional se convierte en global y mundial y deja de estar limitado por las fronteras y los Estados para circular, invertir o prestar. A raíz de ello, las fronteras de los Estados-Nación, dentro de los cuales ejercía su autoridad la soberanía nacional, se ven permeabilizadas en torno a una vasta red de organismos e intereses supranacionales, de claro carácter antidemocrático (y que actúan en provecho exclusivo de sus intereses), que ejercen el auténtico dominio, el control y la potestad sobre la soberanías de los países. El Capitalismo mundial, los denominados “Mercados”, se constituye así en soberano absoluto, auténtica fuente de poder, que ya no necesita de los Estados para funcionar.

14. Cada día más, se van estableciendo y desarrollando legislaciones, convenciones y tratados internacionales, de carácter básicamente económico, que favorecen la implantación irreversible de este nuevo modelo como un único Orden Mundial, mientras los Estados-Nación ceden de facto su soberanía ante la imposibilidad de poner en marcha políticas que no se ajusten estrictamente a dichos acuerdos y a los intereses de los mercado mundiales —y sus análogos a nivel local—, pasando a convertirse en meros agentes subordinados que carecen de instrumentos eficaces para la acción colectiva nacional.

15. Por encima de las culturas autóctonas y originales de cada colectividad, sociedad, grupo o tribu, empieza a constituirse      —fruto de la globalización de comercio y las comunicaciones— una cierta “cultura colectiva mundial”, expresada desde una dualidad de ejes:

–    Uno de carácter real y tangible: hasta prácticamente el último confín del planeta, a las personas les gusta la Coca-Cola o las zapatillas Nike; admiran a Messi o a Cristiano Ronaldo; bailan los hits de U2 o de Lady Gaga; sueñan con poder conducir un Ferrari o perfumarse con Channel; se alimentan de hamburguesas o pizzas; se entretienen con Internet navegando por las redes sociales virales de mayor tráfico…

–    Otro de carácter subliminal e ideológico: se comparte una cierta forma común de entender la existencia. Así las nociones de placer, consumo, porvenir, derechos humanos, libertad, extendidos a través de Internet y gracias a la globalización, absorberían allí donde no persiste el fanatismo religioso un cierto espíritu colectivo superior y por encima de las particularidades locales. La noción de que “el mundo redondo se ha transformado en plano”—evocando la obra del columnista del New York Times, Thomas Friedman[9]— o la de “la aldea universal” subyacería en la esencia de esta reflexión. Una cultura planetaria en la que la consecución de dinero y riqueza se habría convertido en el motor principal de actuación y la primera fuente de motivación humana.

16. La economía mundial ha ido transformándose en paralelo con el resto de cambios y la propia evolución. De la economía real (destinada a producir y vender bienes y servicios tangibles que otros compran para su utilización) se ha ido evolucionando hacia una economía financiera, de mayor riesgo pero también con mayores márgenes de beneficios. Una economía en la que lo que se compra o se vende es dinero, capital o múltiples formas de propiedad virtual, y cuyo origen se encontraría en las nuevas prácticas de gestión del negocio bancario que empiezan a aplicarse a partir de las políticas desregulatorias puestas en marcha por los gobiernos de Reagan y Thatcher para el sector financiero, cuando la banca de crédito y la banca de inversión se integran conformando un único negocio que permite operar con “titularizaciones” de sus propias operaciones tradicionales de inversión y préstamo.

Con el transcurso de los años, esta forma novedosa de negocio acabará adueñándose de la actividad de Wall Street, en un paroxismo negociador en el que se pierde toda noción del valor real de lo que se compra o se vende —en realidad lo que se hace es una apuesta a que subirá o bajará su valor, similar a los casinos—, hasta devenir en una gigantesca burbuja que condujo al atroz crack de 2008.

La economía financiera ya es en la actualidad cuarenta veces mayor que la economía real, constituyéndose en la primera fuente de ingresos en los paraísos fiscales, todo lo cual ha hecho tambalear todos los fundamentos doctrinales de la ciencia económica tradicional.

Christian Laval y Pierre Dardot en su obra La nueva razón del mundo, describen el proceso:

A nivel mundial, la difusión de la norma neoliberal encuentra un vehículo privilegiado en la liberación financiera y en la mundialización de la tecnología. Un mercado único de capitales se instaura a través de una serie de reformas en la legislación de los países, y la puesta en práctica de otras a nivel internacional, las más significativas de las cuales han sido la liberalización completa de los tipos de cambio, la privatización del sector bancario, la liberalización de los mercados financieros y, a nivel regional, la creación de la moneda única europea… Las finanzas mundiales han conocido durante cerca de dos decenios una extensión considerable. El volumen de las transacciones a partir de los años ochenta del pasado siglo muestra que el mercado financiero se ha autonomizado plenamente de la esfera de la producción y los intercambios comerciales, incrementando así la inestabilidad, ya convertida en crónica, de la economía mundial. Desde que la globalización es arrastrada por las finanzas, la mayoría de los países se encuentran en la imposibilidad de tomar medidas que vayan en contra de los dueños de los capitales…

El reforzamiento del capitalismo financiero ha tenido otras consecuencias importantes, y en primer lugar sociales. La concentración de los beneficios y de los patrimonios se ha acelerado con la financiarización de la economía. La deflación salarial en que se traduce el      aumento de poder de los propietarios de capitales les ha permitido a estos últimos captar un incremento en el valor de sus inversiones, imponiendo sus criterios de rendimiento financiero al conjunto de la esfera productiva y poniendo a todas las fuerzas de trabajo, a escala mundial, en competencia unas con otras…

Cada sujeto se ha visto compelido a concebirse a sí mismo, y a comportarse en todas las dimensiones de su existencia, como portador de un capital (humano) que debe revalorizar: estudios universitarios de pago, constitución de un ahorro y jubilación individual, compra de su vivienda… tales son los aspectos de esta capitalización de la vida individual que a medida que ganaba terreno entre los asalariados… erosionaba más las lógicas de la solidaridad.[10]

Esta competencia libre y abierta entre actores financieros de todo el mundo —quien invierte o presta puede ser una entidad financiera o una empresa de capital con sede fiscal en tal o cual país, pero el dinero que maneja ni tiene patria, ni pertenece específicamente a uno u otro Estado; su titularidad difusa es internacional— ha conducido y sigue conduciendo a la generación de enormes tensiones económicas: en efecto, para poder competir con ventaja se han ido creando, cada vez más, nuevos e incomprensibles “productos financieros” susceptibles de comercialización, compra y venta, con una idea similar a la que tradicional e históricamente ha acontecido en los mercados productivos        —hacer distintos tipos de coches, cosméticos o bebidas refrescantes—. La enorme diferencia consistiría en que mientras en estos, los bienes provenientes de la economía real, su valor radicaría en la utilidad material que aportan, en el caso de los productos financieros su sentido de “bien y valor aportado” se situaría en la mera especulación, el puro y duro tráfico de títulos de propiedad sobre algo que, se supone, tiene un valor. Con ello, las economías han ido adentrándose en los recientes fenómenos de Las Burbujas Especulativas: productos financieros que suben de precio porque alguien la compra en la suposición de que a continuación se podrán vender a un precio todavía mayor, obteniendo una ganancia. Y así se va produciendo una espiral de alza artificial del valor de unos títulos hasta que termina explotando, como un globo, cuando su demanda empieza a caer.

Es así como nacieron hace treinta años los productos denominados derivados y la titularización de los créditos —las famosas hipotecas subprime—. La denominada Economía de Casino, cuyo oportuno calificativo se debería al sentido de azar y apuesta en que se basa. Para los interesados en el tema, les invito a ver el film La gran apuesta[11], que narra los frenéticos y paranoicos sucesos que condujeron a la caída del banco Lehman Brothers y la gran hecatombe financiera que sobrevino en 2008.

Fue ciertamente la competencia exacerbada entre instituciones de crédito multifuncionales lo que las llevó a asumir riesgos cada vez mayores para mantener su propia rentabilidad. Asumir esos riesgos solo era posible si el Estado seguía siendo el garante supremo del sistema, lo cual no deja de constituir una enorme paradoja proviniendo de quienes predican su abolición. El salvamento de las cajas de ahorro en los años noventa en los Estados Unidos abrió la era de los rescates de los bancos (los llamados too big to fail, “demasiado grandes para permitir su quiebra”) que se multiplicaron a partir de la crisis de 2007. Unas intervenciones de salvamento desarrolladas en todo el mundo que vienen a conformar un principio, un tanto cínico, del neoliberalismo: la nacionalización de las perdidas y la privatización de las ganancias en el Estado neoliberal. Constructor, vector y socio del capitalismo financiero, dicho actor económico ha franqueado un paso suplementario, convirtiéndose efectivamente en la institución financiera de última instancia: el bombero de las entidades financieras en crisis.

La financiación de la deuda pública de los Estados ha constituido la fuente primordial de este descomunal hinchamiento de los mercados de capitales y de una especulación sin freno… “Lo que se ha venido en llamar liberalización de las finanzas, que es más propiamente la construcción de los mercados internacionales (de capitales), ha engendrado una criatura dotada de un poder al mismo tiempo difuso, global e incontrolable”[12]. El negocio típicamente bancario, la captación de cuentas y la concesión de préstamos se desploma, mientras el relacionado con la intermediación de la deuda pública se expande hasta límites desconocidos en las cuentas de resultados de las entidades financieras.

El dinero genera más dinero, que a su vez vuelve a generar más dinero, aumentando las riquezas del poder financiero —los beneficios de nuestra banca crecieron en 2015 nada menos que un 43%, superando los 16.000 millones de euros— en un flujo económico absolutamente cerrado para ellos, mientras quienes se manejan en el entorno de la economía real, especialmente dentro de los Estados-Nación, quedan a la espera de que inviertan o les presten; para lo cual deben, imperativamente, resultar atractivos y obedientes a sus colosales exigencias de rentabilidad. Unas apetencias pragmáticas, utilitaristas y carentes de alma. La gestión financiera, como la contabilidad, por propia definición, carecen de emociones y sentimientos.

Los paraísos fiscales nutren sus patrimonios ocultos —que ya representan cerca del 25% del PIB mundial y más de 20 billones (con doce ceros) de dólares— con los beneficios de esta economía casi opaca, tanto o más que con los provenientes de la economía delictiva o de la histórica evasión patrimonial por razones de fraude fiscal. Todo ello conduce a un estado de máxima complejidad para la comprensión, regulación y control de la actividad económica mundial globalizada, frente a la que resulta imposible establecer controles.

Qué duda cabe de que esta nueva forma de manejar el capital ha generado una colosal metamorfosis en el funcionamiento de la actividad económica: las expectativas, entendidas como apuesta por unas determinadas ganancias, interfieren la propia ley de la oferta y la demanda y pasan a tener tanto o más valor que su propia realidad.

Para quien quisiera saber más sobre el tema, le invito a que profundice en los HFT (High Frecuency Trading, o ‘negociación de alta frecuencia’), una forma de operar en los mercados       financieros que permite realizar, mediante algoritmos, millones de operaciones por milésima de segundo, sirviéndose de los equipos informáticos más avanzados dotados de las conexiones más rápidas. ¿Tiene esto algo que ver con lo que conocimos siempre como economía tradicional?

17. Las consecuencias sobre el planeta de la actividad del hombre empiezan a resultar extremadamente graves. Los gases de efecto invernadero derivado de la actividad industrial y de la combustión de energías fósiles pronostican —no ya como hipótesis, sino como realidad— un futuro Cambio Climático            de desenlace impredecible aunque significativamente preocupante. Añádase a todo ello fenómenos crecientes de extinción de especies animales y vegetales, deforestación, sequías, deshielos, contaminación de ríos, hambrunas, falta de agua potable… El planeta se manifiesta devastado y en fase de agotamiento, más allá de su inconmensurable riqueza.

18. Fruto de la creciente complejidad social y económica de las poblaciones, la Administración Pública de los Estados, como organización jurídica y de funcionamiento de las naciones y de las sociedades que las conforman, han adquirido dimensiones elefantiásicas, de muy difícil gestión. Un tamaño inusitado y desproporcionado, carente de sistemas de organización suficientemente modernos, que redunda negativamente en la burocratización de su eficacia y, en consecuencia, en la aplicación relativamente   ineficaz de una parte importante de los recursos colectivos que los sustentan.

La imprescindible tarea del Estado como garante del bien común —es decir, de la seguridad, la libertad, la justicia y la redistribución de la riqueza, en aras de una legítima igualdad de oportunidades entre sus ciudadanos— comienza a desequilibrarse del lado de la ineficiencia, justo en el mismo momento en que se ve desplazado de su poder efectivo y capacidad de gestión política sometida a esa primacía de los Mercados.

Ambas cosas —pérdida de potestad y la creciente burocracia improductiva— llevan a que sus críticos, aquellos que postulan su eliminación, empiecen a hablar de que frente al “Estado del Bienestar” nos encaminamos hacia “el Bienestar del Estado”, lo cual, aun resultando falso en su esencia, no deja de ser un eslogan provocador, no exento de cierto sentido de la oportunidad.

Los fenómenos evolutivos hasta aquí descritos y otros acaecidos en los últimos cincuenta años —como la irrupción y posterior superación de la cultura de masas, la liberación de la mujer en las sociedades de raíz cristiana, la desintegración de la hipócrita familia tradicional, el aumento de la libertad y autonomía de individuos y de las sociedades en las que viven, los fenómenos migratorios crecientes, la constitución de enormes entramados industriales de carácter transnacional, el turismo, el desarrollo de la ingeniería genética como rama específica de la ciencia, la comprensión de la teoría de la relatividad como rectora de las leyes del universo, el final del comunismo y la sustitución de la Guerra Fría por una forma nueva de confrontación entre civilizaciones, el mestizaje ascendente entre razas, el final del colonialismo, los desplazamientos desesperados de refugiados huidos de la tragedia, la opacidad en el flujo de capitales, la deslocalización de la actividad industrial, y muchos más— han determinado la necesidad de encontrar respuestas globales, nuevas y eficaces, que permitan afrontar la grandiosidad de semejantes retos, en los que lo local ha venido a ser sustituido por lo global como punto de partida de cualquier razonamiento.

El capitalismo, guiado por las élites financieras, las aristocracias, el Establishment y los intelectuales de derechas, ha creído encontrar la respuesta a todas estas problemáticas en la formulación neoliberal. Mientras, a la izquierda tradicional, todavía se la espera; la nueva izquierda radical aún no ha llegado y el neofascismo vuelve a asomar la cabeza.

2. La fundamentación teórica del neoliberalismo: claves de su triunfo

2.1. Un nuevo hombre

La doctrina neoliberal ha penetrado la estructura social y el pensamiento humano mucho más allá de lo que a primera vista dieran a entender los hechos concretos que señalan la victoria, aquí o allí, de formaciones políticas que se proclamaban de derechas o, eventualmente, de esas otras de falsa izquierda también denominada socioliberal. Si solo fuera esto, y en tanto perviva la fórmula de gobierno democrática, bastarían unas nuevas elecciones para, si así lo deciden los electores, reemplazar un gobierno concreto por otro de carácter socialdemócrata real; todo sería cuestión de construir nuevas mayorías. Desafortunadamente, la situación ha alcanzado un punto muy distinto: sea quien sea votado, se verá obligado a aplicar, por mandato imperativo, el modelo social y económico del neoliberalismo.

Algo tan cercano en el tiempo como la victoria del partido de izquierdas Syriza en Grecia, sustentada en un programa político basado en el repudio de las medidas neoliberales de austeridad y recortes, y su posterior humillación por las instituciones de la Unión Europea —incluso después de que el pueblo griego expresara en referéndum su voluntad de no someterse a las dictados de los acreedores— confirmaría que, hoy por hoy, no existe salida política ni alternativa social que pueda oponerse al nuevo capitalismo. Un marco negociador que el showman Gran Wyoming califica con aguda ironía de “o tragas, o te aplasto”

La última oportunidad de cambio se planteó cuando en 2008 explotó la gran burbuja financiera en Estados Unidos. Un crack de carácter manifiestamente fraudulento que les arrastró a una    devastadora crisis que se extendió por una gran parte del mundo. Fue entonces, en aquel momento de convulsión y colapso, cuando los grandes líderes mundiales se comprometieron a “una   refundación del capitalismo”. Parecía existir una oportunidad para ello, máxime encontrándose el demócrata Obama al frente de la potencia número uno del mundo.

La refundación del capitalismo se ha expresado, finalmente, en términos de más neoliberalismo y más capitalismo.

¿Cómo es posible haber llegado hasta aquí? Sencillamente porque el neoliberalismo, más allá de su imparable fuerza hegemónica, ha transcendido su dimensión de ideología económica y política para convertirse en una nueva lógica para el planeta, una nueva manera de ver y entender la realidad por parte de los Estados, de los grupos de poder, de la sociedad civil y, sobre todo, de los individuos.

Margaret Thatcher fue mucho más que un líder político que implantó el modelo neoliberal en su país. A ella se deben significativas reflexiones que traducen la forma de transcender el modelo ideológico temporal, del que fue avanzada representante, hasta convertirlo en una doctrina con vocación eterna. Una frase premonitoria que pronunció, y que pasará a la Historia, resume muy bien este proceso del que venimos hablando; la escribió en un artículo publicado en el Sunday Times el 7 de mayo de 1988: “La economía es el método. El objetivo es cambiar el alma”. A pesar de que el objetivo resultaba difícil por lo elevado, lo cierto es que ella, ya fallecida, y sus seguidores, lo lograron.

La lógica constituye el sustrato primario sobre el que se asienta la forma de razonar y pensar de cada cual: “Si está lloviendo, cojo un paraguas”, “Si tengo sed, bebo agua”, “Si tengo frío, me tapo con una manta”. A nadie se le ocurriría “lógicamente” ponerse un bañador, comerse un kilo de frutos secos o quedarse desnudo en tales situaciones… La manera de razonar viene determinada por una dialéctica de deducción que establece la conclusión consecuente. Cuando una idea logra incorporarse a la base deductiva del pensamiento, se convierte en parte inherente del mismo.

El neoliberalismo se ha impuesto, por encima de sus postulados económicos, como una Nueva Lógica, como una manera inevitable de entender lo que sucede y la respuesta que procede. El neoliberalismo ha logrado dominar e imponer sus conceptos y su propio discurso; su mayor mérito consiste en haber logrado que incluso los que se posicionan en su contra, sus detractores, razonen en términos neoliberales.

Esos paradigmas del modelo liberal se han constituido en el andamiaje de una educación subyacente de carácter común, que impregna todas las culturas. Por mucho que nos empeñemos en culpar a Rajoy, a Merkel o al FMI, lo cierto es que todos ellos    —¿cómo explicar si no la frustración que para tantos ha representado el doble mandato del presidente Obama?— no son más que gestores de nivel intermedio del nuevo poder mundial, el Capital internacional.

El neoliberalismo se ha impuesto no solo como una opción ideológica, sino también como un Sistema Mundial Integral para la gestión de la economía y la política, de la sociedad e incluso de los propios individuos frente a sus desafíos… Y todo ello, no solo desde el sometimiento soportado por los países —que también; cuando los acreedores financieros internacionales aprovechan de vez en cuando para recordar cuáles son las reglas del juego haciendo subir vertiginosamente la prima de riesgo o descender el rating financiero de la deuda— sino, igualmente, desde la asunción convencida de que constituye la mejor interpretación de hechos y actuaciones ; con lo que nos situaríamos en una actitud mental no muy diferente de la aceptación voluntaria, similar a cuando pensamos en coger un paraguas cuando está lloviendo.

El postulado previo sobre el que se asentaría este nuevo Sistema Mundial, que pretende marcar tanto la dirección de la política y la economía mundiales como la forma de pensar de la sociedad y los individuos, sería el de que: el mundo, la vida y uno mismo no tienen otra forma mejor de conducirse que como una empresa, con sus modelos de gestión, de la que cada cual debe ser responsable en la parte que le corresponda. Desde esta fundamentación lógica, la existencia misma, tanto en su vertiente individual como colectiva, se entendería de manera similar a como se entiende la finalidad y funcionamiento de una empresa: un     proyecto vital, construido sobre la base de sus oportunidades y riesgos, que se gestiona con eficacia para obtener un beneficio en forma de éxito y progreso. Es así como el Sistema establece la forma en que debe entenderse la vida de una persona, de una organización, de un colectivo social, de un Estado o de todo el planeta.

Y, aceptémoslo, pocos se han planteado un modelo alternativo viable que supere al expresado por esta formulación —y que, a mi modo de ver, solo podría encontrarse en un humanismo social armónico, denostado en la actualidad—. ¿Peligrosa receta? Sin duda, ante todo porque encierra en sus entrañas el germen del final del modelo de democracia social y reduce la existencia a una afanosa productividad en competencia feroz con otros para alcanzar las metas que cada uno se haya marcado.

Probablemente el advenimiento del Sistema Neoliberal Mundial, que impulsa una nueva etapa en el proceso evolutivo del capitalismo, también nos sirva para anticipar ese nacimiento de una nueva era en la Historia. El final de la era contemporánea vendría marcado por la desaparición los modelos políticos y sociales de soberanía nacional, soberanía popular y democracia burguesa, inspirados en la idea de “lo común”, que los sustentaron.

Con el Nuevo Sistema se está alumbrando un nuevo hombre, el HOMBRE NEOLIBERAL, con una nueva racionalidad que adquiere desde el momento de nacer, porque así se le instruye e inspira desde todo su entorno; un hombre producto/consumidor de sí mismo y de todo lo que le rodea; un ser humano que se comporta según unos criterios de deducción y validación de argumentos nuevos, que ya no tienen nada que ver con los principios morales y jurídicos emanados de la cultura democrática.

Los profesores Laval y Dardot, en su obra mencionada[13], ya lo anticipaban, definiendo impecablemente los rasgos socio-psicológicos de este nuevo homo, llamado a vivir desde ese innovador impulso vital que se expresa con el postulado “la eficacia y la consecución de objetivos se antepone a todo lo demás”.

Resumo los rasgos que los autores enuncian para identificar a este original “Hombre-Marca”:

1. El sujeto neoliberal constituye el correlato de un dispositivo de “rendimiento y goce”.

2. Entiende el destino como algo individual.

3. Se manifiesta competitivo, íntegramente sumergido en la competición como forma de interpretar su relación en el exterior.

4. Para él, la lógica general de las relaciones humanas se somete a la regla del máximo provecho.

5. En este sentido, el individuo percibe, en su relación con los demás, la más entera libertad en sus comportamientos frente a todo lo que no sea un compromiso voluntario (con lo que se deduce que el deber ético queda arrinconado).

6. Se interpreta la vida como una gestión empresarial, concepto que sirve para homogenizar su discurso y alcanzar una unificación sin precedentes de las fórmulas plurales de la subjetividad.

7. La vida personal se convierte en la empresa de sí.

8. La meta existencial se sitúa en alcanzar una vida lograda, tal y como se entendería en términos empresariales, mediante la realización de unos objetivos, que exigen esfuerzo, entrega, competitividad y responsabilidad ante los riesgos y fracasos.

9. La actitud del hombre responsable debe ser la de constituirse en sujeto emprendedor, asumiendo unas relaciones permanentes de competición con los demás. Ello le obligará, de acuerdo con la lógica de un proceso autorregulador, a adaptarse a las condiciones cada vez más duras que se dan entre los que compiten (más aprendizaje, más entrega, más flexibilidad).

10. La comunidad no constituye un escenario de plenitud o de realización sino, nuevamente, de competición. La realización se consigue por uno mismo, nunca con o a través de los demás, a quienes solo se ve como rivales, desarrollándose así una subjetividad particular.

11. Más allá del entorno exterior, y a efectos de alcanzar mejor los objetivos que cada cual se marca en la vida, el individuo se construye sus propios mecanismos de control, vigilancia y autoevaluación.

El léxico que utiliza la literatura de empresa y de sus reglas para una gestión directiva eficiente se transforma en el catecismo del nuevo hombre aplicado a su vida.

12. Como escribe Bob Aubrey “Hablar de la empresa de sí es traducir la idea que cada uno puede tener sobre su vida: conducirla, gestionarla, dominarla en función de sus deseos y necesidades, elaborando estrategias adecuadas”[14].

13. Cada cual se identifica a sí mismo como un capital humano que debe maximizar con energía, iniciativa, ambición, cálculo y responsabilidad personal.

14. La existencia individual consistiría en “gestionar una cartera de actividades”, desarrollando estrategias de aprendizaje, de matrimonio, de amistad, de educación de los hijos, de trabajo, de cultura, etc., vinculadas a la optimización de los objetivos trazados para la vida.

15. “La empresa de sí consiste en encontrar un sentido, un compromiso en la globalidad de la vida de uno”, continúa Bob Aubrey en la obra citada. “Toda la actividad es empresarial, porque todo hay que conquistarlo y defenderlo constantemente”.

16. Solo se puede considerar una vida realizada cuando se alcanza un cierto éxito social que refrenda la identidad y el eficaz desarrollo del propio capital humano.

17. Para la conducción de uno mismo, resulta prioritario incrementar la eficacia de la comunicación y las relaciones interpersonales, en términos de logros que rinden beneficios.

Si hay que ser abierto, positivo, empático, cooperativo, no es con vista a la satisfacción personal y de los otros, sino para obtener de los demás lo que se espera de ellos.

18. Toda actuación en la vida debe estar orientada a resultados (de donde podría deducirse “un determinismo hacia los fines que justificaría la utilización de cualquier medio para alcanzarlos”).

19. El más mínimo compromiso con algo o con alguien carece de sentido cuando no aporta un rendimiento para “la vida de sí”. Cada cual es infinitamente responsable de su destino y de su capacidad de tener éxito y ser feliz, pero para nada del éxito y la felicidad de los demás.

20. La norma que impone “la vida como empresa de sí” es la de la autorrealización continua, para lo que resulta imprescindible conocerse y amarse a uno mismo si se desea tener el éxito y fabricarse un “yo capaz”.

21. Puesto que cada cual es propietario de su propio capital humano, debe aceptar que los resultados que se obtengan en la vida son fruto únicamente de una serie de decisiones y esfuerzos, que solo competen al individuo, y que en caso de fracaso, no requiere ninguna compensación ni particular ni social.

Los recursos económicos y la posición social que cada uno se granjee a lo largo de la vida son exclusiva consecuencia de su particular camino de realización personal, ante los que se debe afrontar la idea inevitable de vivir permanente en un riesgo vital (los otros, que compiten contigo, te pueden ganar) al que no se puede uno sustraer.

Leyendo hasta aquí parecen cobrar toda su significación las palabras del sociólogo Ulrich Beck:

El capitalismo avanzado es esencialmente destructor de la dimensión colectiva de la existencia. Destruye no solo las estructuras tradicionales que le precedan, empezando por la familia, sino igualmente las clases sociales. Se asiste a una individualización radical que hace que todas las formas de crisis sociales sean percibidas como crisis individuales, todas las desigualdades sean afectadas a una responsabilidad individual. Hay toda una maquinaria que transforma las causas exteriores en responsabilidades individuales y los problemas vinculados al sistema en fracasos personales[15].

22. No existen las visiones sociales, solo los riesgos de la existencia de cada cual, evaluables desde la responsabilidad individual ilimitada (la individualización del destino de cada uno).

23. El individuo debe ser capaz de rendir en cada momento “cuenta calculable” (denominado personal accountability) de sus actos, realizaciones y de los beneficios que de ellos se producen, medidos en los términos que corresponde.

24. Las transacciones se sobreponen siempre, en su importancia, a las relaciones. La inevitable y necesaria instrumentalización de los demás, con carácter utilitario, gana importancia en detrimento de todos los otros modos de relación.

25. El sujeto neoliberal resulta ser producto de la ejecución de un dispositivo “rendimiento/goce”, similar al de los deportistas de alta competición, quienes se constituyen en su mejor referente como modelo de relación social empujando al individuo a “un exceso de sí mismo a través de la superación indefinida” que nada ni nadie puede frenar.

26. La valía de uno mismo solo puede medirse en términos de su éxito o fracaso material y social —winners or loosers—.

27. La vida se convierte así en una suma de transacciones puntuales que el individuo desarrolla a lo largo de su existencia, sin otro principio que su eficacia, quedando reducidas a un plano subordinado las relaciones sociales puras que impliquen lealtad y fidelidad… Lo cual, sin duda, tiene efectos en la vida privada, la organización familiar y la representación de sí mismo.

Como escribe Richard Sennett en su libro La corrosión del carácter, “el Capitalismo de corto término amenaza con corroer el carácter, especialmente las rasgos del carácter que vinculan a los seres humanos unos con otros y dan a cada cual un sentimiento duradero de su propio yo”[16].

28. La erosión de los vínculos sociales se traduce en un cuestionamiento de la generosidad (¿para qué?), de las alegrías compartidas (¿para qué?), de las lealtades (¿para qué?), de la solidaridad, y de todo aquello que participa de la reciprocidad social y simbólica.

29. No cabe duda de que el culto al rendimiento y la competitividad conduce a la mayoría a experimentar, como contrapartida, su inevitable propia insuficiencia y frustración, lo cual le conduce a padecer (mediante el síntoma neurótico de la herida narcisista) formas de depresión o trastornos de ansiedad neurótica, enfermedades que no por casualidad han experimentado mayor crecimiento en los últimos cuarenta años.

El individuo situado ante una supuesta responsabilidad y rendimiento infinito, del que debe responder con prioridad ante sí mismo, deja atrás todo principio ético y se sitúa en una posición de “sujeto flotante” que un día decide cambiar de automóvil, otro de pareja, otro incluso de identidad, haciendo de su vida un juego de experiencias provisionales y transitorias en función de sus satisfacciones e insatisfacciones, ya que se considera que todo es “relativo y fluido”… (Be water, my friend).

30. En este mundo de la imaginación de omnipotencia se produciría un fenómeno de “psicotización de masas”, por el que “el otro”, confrontado con la “empresa de sí” de cada uno, se convierte en “algo” a lo que resulta imposible atribuir una consideración distinta, un valor diferente, al de su “valor de goce o de utilidad”, o sea, su capacidad para “devolvernos” un plus de satisfacción y provocarnos un rendimiento.

Nada muy diferente de la utilidad de las mercancías, que es lo que simbólicamente acaban convirtiéndose “los otros” y las relaciones sociales establecidas con ellos, a partir de la “cosificación de los demás” en base a la mera utilidad que nos prestan. Es así como se puede llegar a consumir partenaires sentimentales lo mismo que trajes o restaurantes, entendidos todos como objetos fungibles que se descartan cuando son considerados insuficientes o insatisfactorios.

31. Ante el reto que cada cual debe afrontar frente a “su empresa de sí”, la persona termina por adquirir dos rostros, dos estados de ánimo: uno, triunfante, el del éxito desvergonzado, maestro de rendimientos admirados, y otro deprimido, de fracaso frente a los procesos imposibles de dominar, oscilando entre depresión y perversión, transformándose en un mero objeto de goce o utilidad que otros, desde su propia “empresa de sí”, pueden considerar aprovechable o insuficiente y descartar.

¿Qué impresión se puede extraer de esta descripción, tan impecable y profunda como implacable y atemorizadora, del hombre neoliberal? Ante todo, una honda preocupación al comprobar la amplitud y el calado con el que ha logrado impregnar en la estructura psíquica y la personalidad de los hombres esta exacerbada Nueva Filosofía Individualista, que rompe con todos los modelos que definieron los pensadores a lo largo de los dos siglos anteriores.

A simple vista, para quienes no nos sentimos identificados con tales perfiles, aunque solo sea por pertenecer a un tiempo anterior, lo primero que se nos puede venir a la cabeza junto con el estupor sería una sensación de espanto… Esa gente, en efecto, existe, y son nuestros conocidos y allegados, quizás algunos de los familiares más próximos

Pero esto no es lo más preocupante. También lo son —y estos constituyen muchos, muchísimos más—, quienes aspiran a ello y lo disimulan para ocultar su frustración de no conseguirlo; de saber que nunca podrán jugar en esa “premier league” de la competitividad sin piedad, que representaría su mayor anhelo.

El nuevo hombre neoliberal no es, en sí mismo, ni bueno ni malo… Es como le han hecho que sea, o como le ha arrastrado a ser la corriente social imperante en la que se mueve. Es un hombre de su tiempo. Es un hijo de la cultura neoliberal, la cual ha sabido esculpir su propia identidad. Probablemente sea este arraigo en el ser profundo de los hombres y la sociedad lo que convierta esta ideología en invencible en el tiempo presente. La sociedad, el mundo, mucho más que el estudiante, el banquero, el taxista, el príncipe, el informático o el consejero delegado de un Hedge Fund, se han convertido al neoliberalismo, impulsados por la corriente de los tiempos, asumiéndolo inconscientemente como una nueva interpretación de la realidad más acertada y acorde con el progreso y la modernidad.

La cultura del arraigo social; de la identidad como clase; del proyecto colectivo, de la solidaridad; del deber y el compromiso; de la piedad y la benevolencia; de la lucha por el bien común general; de la resistencia frente a la desigualdad y la injusticia; del pensamiento como mera especulación; ese espíritu del vivir para vivir; de la honradez como postulado; de la fraternidad; del bienestar sin exigencias; de la contemplación en armonía… ha quedado barrido y despejado del propio sentido de la existencia… El hombre, nos dicen, ya ha alcanzado ese momento de la civilización que le permite asumir la responsabilidad de su vida “por sí mismo”, sin recurrir a ese “papá y mamá Estado protector” que le amputa finalmente su personalidad y capacidad para llegar adonde se proponga.

¿Dónde queda la idea de auténtica felicidad basada en la armonía interior y la aceptación de uno mismo? ¿Qué queda de los valores y los principios como vectores del comportamiento? ¿Qué permanece del hombre moral que aspira a vivir en equilibrio armónico con su prójimo y con la naturaleza? ¿A dónde fue a parar esa idea de la existencia como camino hacia la sabiduría? ¿Qué resistencia se puede ofrecer que no fuera la de una profunda nueva educación?

  Me produce pánico la idea de un ser humano al que se le ha desprovisto de la parte moral de su conciencia por innecesaria. Me asusta mucho más si imagino que en treinta o cuarenta años dispondrá además del prodigio de la Inteligencia Artificial, en las cantidades que precise para reforzar sus potencialidades intelectuales y con ello, su competitividad, su rendimiento, su eficacia y su placer egoísta. Máxima inteligencia acompañada de débiles o nulos valores podrían conducirnos a esa otra dimensión oscura, la del mal absoluto, que también anida en nuestro interior.

El ultra-individualismo significa el final, por puro antagonismo, de la idea democrática de cooperación hacia un bien común. La sociedad y los individuos que la componen están dejando de creer en el bien común: lo consideran inútil, anticuado y un obstáculo en el camino del desarrollo y de “la empresa de sí”. Como predijo Margaret Thatcher, solo queda “la persona”; tal vez, ni siquiera “la persona con sus circunstancias”, como nos enunciaba el filósofo Ortega y Gasset.

¿Porvenir? No lo sé. ¿Progreso social? Tampoco me atrevo a asegurarlo. ¿Soledad, vacío y desesperación antes o después? Sin duda.

2.2. Una nueva sociedad

El gran éxito del neoliberalismo se produce cuando logra trascender su condición de mero modelo de gestión de la economía globalizada para convertirse en una forma de doctrina fundamental primigenia con la que interpretar la naturaleza y el progreso del hombre. Una lógica universal de pensamiento que se declara presuntamente irrebatible desde el plano intelectual, que es lo que hoy supone en la mayoría de las sociedades y países del planeta y constituye su base legitimadora.

Para llegar a este punto, ha tenido que transcurrir un periodo, relativamente corto en términos históricos, de inspiración, penetración, adoctrinamiento y divulgación de una serie de ideas sustanciales que lograran calar en la cultura, costumbres y bases psicológicas de razonamiento de la civilización, hasta devenir en una especie de “nuevo evangelio revelado”.

Esta gradual inserción en las maneras de entender y deducir se sustenta en los numerosos trabajos que en tal sentido comienzan a publicarse a partir de finales de 1970, entre los que las ideas de pensadores y economistas como Hayek, Stigler o Friedman adquieren especial relevancia.

Paralelamente a su brote académico, el mundo desarrollado contempla el surgimiento y proliferación de una notable cantidad de clubs y círculos de pensamiento de índole social y política (think tanks); el primero de ellos, y quizás de los más reputados, habría sido la Sociedad Mont Pellerin, fundado en 1947 en Vevey (Suiza) por Wilheim Ropke y el propio Friedrich Hayek. La finalidad de estas asociaciones, cada vez más numerosas, no podía ser otro que el de constituirse en altavoces y propagadores del nuevo credo neoliberal, auspiciar su debate fuera de los entornos eruditos y universitarios y hacer penetrar la doctrina del mercado y su eficacia en las estructuras e instituciones de la propia sociedad, con alcance preferente en los grandes partidos de derechas y en los más prestigiosos centros de educación.

Los medios de comunicación —propiedad, en mayor o menor medida, de las elites financieras— se constituyen así, casi al unísono, en plataforma de resonancia y difusión de esta “evidencia dialéctica” con la que interpretar el progreso y la globalización, de acuerdo con la idea matriz de “la prosperidad en un mundo mejor”. La reiterada repetición de unos mismos argumentos acabó imponiéndose como algo natural, común y corriente: menos gastos públicos, menos impuestos, menos cultura de masas y mayor confianza en el individuo y en la eficiencia en esa mano invisible de los Mercados y sus leyes.

El derrumbe de la Unión Soviética y la conversión de China a una forma de ultra-capitalismo de Estado, que supusieron la derrota absoluta y sin paliativos del comunismo, se convierten en hitos del acontecer histórico que dan fuerza y credibilidad al carácter único e inapelable de la nueva doctrina neoliberal: “Si las alternativas ideológicas se han derrumbado por incapaces y erróneas, será porque la que ha triunfado, el libre capitalismo, no solo deviene hegemónica sino verdadera”. Con todo ello, se va consiguiendo paulatinamente configurar esa nueva lógica que gozará de la convicción, adhesión y consentimiento de las elites en posesión del liderazgo de opinión, frente a la fustigada obsolescencia de los postulados “izquierdosos”, los cuales vienen astutamente a identificarse machaconamente con derroche, incompetencia, despilfarro, ineficacia, corrupción, burocracia e inmovilismo, a costa del expolio fiscal de los ciudadanos.

Frente al Estado omnipotente, dictador, intervencionista y aniquilador de la voluntad, resulta muy oportuno y atractivo oponerle la inobjetable libertad del individuo para actuar en los mercados que él mismo contribuye a crear. A un modelo pretérito y fracasado debe oponerse con toda firmeza una nueva visión del destino y la fortuna basada en la voluntad y la responsabilidad de cada ser humano desde su libertad. El antiguo Contrato Social queda roto por su incapacidad para afrontar los retos del siglo XXI. El capitalismo ya no es el estorbo, sino que pasa a convertirse en la solución: frente al capitalismo… más capitalismo. Y, además, no solo como modelo económico para la sociedad sino como forma de entender la propia vida. Es lo que se ha venido a llamar capitalismo líquido, por su permeabilidad y capacidad de penetración hasta la esfera más íntima del ser. Todos pueden y deben constituirse en capitalistas de sí mismos. Nace la Nueva Sociedad del Riesgo Individual Asumido.

Con este enfoque se vendría a subrayar, como bien supo expresar —y de qué manera— el antiguo presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, que “El gobierno no es la solución; el gobierno es el problema”[17]. Argumento que corroboraría el Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, cuando afirmó aquello de “Tratar de emplear el gobierno para corregir un defecto del mercado consiste a menudo, en sustituir «un defecto del mercado» por un «defecto de gobierno»”, para a continuación proponer Estados en los que los gastos públicos totales no superen más del 10-15% del Producto Interior Bruto de cada nación.

Una vez instalada en las mentes “la fe en la nueva teología” y “las dichas inherentes a su seguimiento”, queda abierta la puerta para inspirar las nuevas creencias doctrinales.

a)     El subsidio por desempleo es el responsable del paro, por desincentivar la búsqueda de trabajo.

b)     La gratuidad de los estudios empuja a la vagancia y a la falta de motivación para el aprendizaje.

c)      Las pensiones públicas de jubilación y demás prestaciones sociales hacen del hombre irresponsable de su destino.

d)     La redistribución de la riqueza no solo no reduce las desigualdades sociales, sino que las acentúa, ya que desincentiva la voluntad, el afán, el esfuerzo y la iniciativa individual.

e)     El Estado Providencia genera una feroz desmoralización en la sociedad civil, destruyendo las virtudes de la honradez, la responsabilidad, el esfuerzo y la resistencia, y reemplazándolas por el acomodamiento, el conformismo, la pasividad, el abuso, el amiguismo y el privilegio a consecuencia de una cultura del subsidio.

A tal respecto, escribe Albert O. Hirschman que uno de los    esquemas fundamentales de la retórica reaccionaria sería el de expandir continuamente el “bulo del efecto perverso”, cuando se afirma que “desear el bien de la mayoría mediante políticas protectoras y de redistribución conduce ineludiblemente a causarles la desgracia porque disuade a los pobres de tratar de progresar…”[18]. Como corolario y deducción lógica de la anterior manifestación, el neoliberalismo propone la supresión total del Estado de protección social, estimulando al individuo a retomar la confianza y responsabilidad absoluta sobre sí mismo; lo cual, supuestamente, “le conducirá en su psiquis a una moralización de los comportamientos y a una recuperación del orgullo y la autoestima a través del amor al trabajo”. Con ello, desde la máxima sagacidad, se logra romper la conexión entre desarrollo social y desarrollo individual, que había constituido el paradigma del pensa-miento progresista en los últimos siglos.

Llegada a este punto, la catequización neoliberal transciende de los elementos pragmáticos y económicos que sustentan su pensamiento para adentrarse incluso en los morales —de tanto agrado para el pensamiento reaccionario y conservador— y éticos. Con este fin, no dudan en recurrir a una tesis de la futilidad, que sostiene que toda tentativa de cambio en los usos sociales promovida por la voluntad política del hombre será siempre inútil en tanto la sociedad está regida por “leyes naturales previas e inalterables”.

El autor Walter Lippmann ya enunciaba en 1937 el que se constituiría con el tiempo en espíritu de la sociedad neoliberal:

La fe en el hombre, en el porvenir, la fe en los rendimientos crecientes del don, la fe en la providencia de Dios, son todas ellas esenciales para el éxito del capitalismo. Todas son necesarias para estimular el orden en el trabajo y el espíritu de emprendimiento contra todos los fracasos y frustraciones inevitables en un mundo venido a menos […] Para estimular el gusto por el riesgo y la iniciativa en un mundo donde las ganancias se evaporan cuando otros se nieguen a participar en el juego […] La ayuda social y las otras subvenciones, lo único que hacen es perjudicar al trabajo. Los pobres eligen el ocio porque se les paga por desarrollarlo, no por debilidad moral. Trabajo, familia y fe son los únicos remedios contra la pobreza…[19]

En definitiva, intentos para pontificar que la responsabilidad de cada cual con su vida y su destino es ajena a su cuna y a su entorno: si cada uno es el exclusivo responsable de su porvenir, la sociedad no tiene ninguna obligación hacia él; cada cual es responsable único de las condiciones de su existencia. Razonamiento a partir del que se inferirían toda esa serie de valores —a modo de grandes mandamientos— descritos en el capítulo anterior, que deben inspirar la actuación del hombre en la sociedad neoliberal y que sin duda moldean fuertemente su personalidad

El neoliberalismo ha trascendido el debate político y económico para convertirse en una nueva filosofía de la existencia de marcado acento individualista y reaccionario. Una interpretación racional de la realidad, del sentido de la vida y de la presencia del hombre en la Tierra; una religión terrenal que no impide su perfecta compatibilidad con otras formas de fe espiritual de carácter intangible y perenne, ya que ambas se asientan sobre la creencia en un dogma irrebatible. Dios y el Mercado, el Mercado y Dios, como orden natural de las cosas, uno en vida y el otro para el Más Allá, que dan sentido a lo que uno es y lo que uno debe hacer para alcanzar el paraíso —el éxito individual en la Tierra y la salvación eterna en el Cielo.

Desde que nace, el hombre necesita respuestas que den sosiego y consuelo a su angustia existencial; ese miedo a lo desconocido y a lo que se intuye mucho más poderoso que la insignificancia de uno mismo. La mayoría, por falta de afán y voluntad intelectual propia, anhela que esas explicaciones tranquilizadoras le vengan formuladas en su totalidad “desde fuera”, para evitar tener que enfrentarse a la duda y a la dicotomía Bien-Mal que habita en cada uno de nosotros. Esto justificaría en gran medida la aparición de las religiones espirituales y su pervivencia a lo largo de la Historia…

 Trasladándolo al ámbito terrenal, el anclaje psicológico del individuo con su existencia en términos neoliberales se formularía con bastante similitud: “Sean cuales sean las circunstancias históricas, sociales y genéticas que te hayan correspondido al nacer, tú y solo tú eres dueño de tu destino. Tú, como individuo, eres un proyecto que debes saber definir y desarrollar. Nadie te debe nada ni tú se lo debes a nadie. Solo tú eres responsable de alcanzar tu destino, ya sea de triunfo, bienestar y progreso social, ya sea de fracaso, tanto frente a ti mismo como frente a la sociedad. Esfuérzate; lucha; compite contra tus rivales; vence los obstáculos. No esperes la ayuda de nadie, salvo, quizás, la de tu entorno familiar… Negocia, transacciona, busca oportunidades, verifica la consecución de tus objetivos, maneja en lo que sea preciso a los demás, interactúa con eficacia con el entorno, no te comprometas salvo contigo mismo, invierte en ti, elige adecuadamente, anteponiendo tu interés al de los demás… Tú eres el único gestor de tu empresa personal… Si triunfas en la vida, solo a ti deberás tu éxito, del mismo modo que si fracasas…”

Una formulación que deviene en mantra cuando resulta inoculada en el inconsciente por tantos y tan dispares altavoces de propaganda desde el mismo momento de nacer. Una prescripción que no solo incita a una falsa confianza en uno mismo, sino que estimula la soberbia y la codicia y que oculta cínicamente los vicios que encierra.

  El Capital crece y crece sin control en manos de sus tenedores al precio de la más intolerable desigualdad. Retornamos, en un claro proceso involutivo, a los modelos de sociedad imperantes en los siglos XVII y XVIII, a una época en que la concentración de la riqueza alcanzaba niveles tan extremos que todo el poder político y económico se concentraba en sus tenedores. Los fundamentos de las sociedades democráticas, basados en el desarrollo social como fuente del propio progreso individual, se han venido abajo y, de mantenerse la tendencia, resultarán aún más incompatibles en el futuro cercano.

Como señala Ha-Joon Chang, profesor de Economía de la Universidad de Cambridge:

El nivel de riqueza y bienestar de un país no depende de la concentración de la riqueza, sino de cómo se utiliza esta. Cuando son los propios ricos y super-ricos los que deciden primordialmente cómo se utiliza la riqueza, la sociedad tiene problemas graves. […] Quien debe guiar la utilización de tal riqueza, evitando sus usos no sociales, es la ciudadanía a través del Estado. Y la prueba de ello es evidente. Cuando el capital estuvo altamente regulado (1945-1980) y las diferencias de renta y riqueza entre las clases sociales eran mucho menores que ahora, resultado de políticas redistributivas realizadas por los estados, la riqueza global y el bienestar social crecieron mucho más rápidamente que durante el periodo neoliberal (1980-2011) cuando el capital, y muy en especial el financiero, pudo hacer lo que quiso[20].

Desigualdad y fin de la democracia como paraíso oculto del neoliberalismo triunfante. ¿Saben cuántos hedge funds (fondos de inversión de alto riesgo) mueven sus capitales cada día de un país hacia otro? Alrededor de unos 11.000. Podría decirse que no son muchos ¿Saben cuánto dinero manejan? En 2004 movían la cifra de 1 billón (con “b”) de euros al día; el equivalente al total del PIB anual de España… En 2015 superaban ya los 2,5 billones de euros al día. Y si a eso se le suma el dinero de otros fondos que invierten en hedge funds, superarían los ¡3 billones de euros!, manejados cada veinticuatro horas; el equivalente al PIB alemán para 2016… Un dinero invisible, sin rostro ni conciencia, que circula en libertad gracias a la globalización de los flujos de capitales, invirtiendo aquí, desinvirtiendo allí, haciendo subir esto o dejando caer aquello, sin otra misión que su rentabilidad.

Escriben Zygmunt Bauman y Carlo Bordoni:

La alianza entre el Estado y la industria privada ha sido durante mucho tiempo uno de los pilares más sólidos de la modernidad y ha asegurado un equilibrio efectivo entre la conveniencia política, la satisfacción de las necesidades económicas, la protección del empleo y el control social […] Los presupuestos de tan estrecho vínculo se derrumbaron como consecuencia de la globalización, lo cual ha conducido (en lo que al Estado se refiere) a una disgregación entre poder y la política y (en lo que a la industria se refiere) a la desmaterialización del trabajo […] El capital se ha liberado del trabajo […] La liquidación del capital invertido en la industria y su transferencia hacia el paraíso de las finanzas supranacionales es un fenómeno reciente pero que está firmemente asentado y que ha dado a los inversores sobradas muestras de fiabilidad […] A diferencia de los activos fijos del pasado, de la materialidad visible de aquello traducida en maquinaria, plantas, fábricas, contaminación y mano de obra, el capital financiero es intangible, volátil y carente de amo […] No se corresponde con unos individuos concretos con nombre y rostro […] No hay dueños, sino simplemente ejecutivos de empresa que mueven dinero virtual a una velocidad extrema […] Quienes toman decisiones financieras son inmunes a toda exigencia de responsabilidad, y están por encima de cualquier ética moral que no sea la de la rentabilidad. Y solo rinden cuentas ante esta última.[21]

El estado moral de la cuestión queda impecable y despiadadamente descrito por el Nobel de Economía y profesor en la Universidad de Princeton, Paul Krugman, en un artículo donde cuenta la anécdota acaecida al precandidato por el Partido Republicano norteamericano Ron Paul, una de las voces dominantes del Tea Party, durante un debate televisado:

Wolf Blitzer, de la CNN, le preguntó […] por lo que deberíamos hacer si un hombre de 30 años que hubiese decidido no contratar un seguro sanitario de repente se encontrase en la necesidad de pasar seis meses en cuidados intensivos. Paul contestó: “En eso consiste la libertad, en asumir nuestros propios riesgos”. Blitzer volvió a insistirle y preguntó si “la sociedad debía limitarse a dejarle morir”. Y la multitud estalló en vítores de “¡sí!”. […] Y el hecho de que la derecha apruebe esa idea indica un cambio importante en la naturaleza de la política estadounidense. […] la compasión no está de moda; de hecho, la falta de compasión se ha convertido en una cuestión de principios, al menos entre las bases del Partido Republicano.[22]

En todo caso, por si esta filosofía contraria a la solidaridad pudiera resultar demasiado agria, fría o quizás, incluso, producir un cierto remordimiento en aquellas almas más pusilánimes, la Contrarrevolución nos propone, como elemento estabilizador y de reafirmación, una serie de estampas imaginarias en torno a las cuales sí podremos congregarnos con los demás individuos y pergeñar una fraternidad compartida: la patria, la glosa de su insigne historia, el himno, la bandera, la integridad nacional, la nacionalidad de origen, la tradición, la fe teológica, la idea maniquea de la familia, los valores culturales de la civilización propia, las gestas deportivas y sus éxitos internacionales, las costumbres, el folclore, la simbología de toda una iconografía local y las apariencias formales del culto religioso. En todo ello sí que podemos, y debemos, seguir siendo y sintiéndonos pueblo, unidos con los demás a modo de un idílico “nosotros”, mientras quede claro que para todo lo demás solo está la persona y su constante competición con sus semejantes, “los otros”.

En consecuencia, se nos insiste, los restos del Estado desmantelado solo pueden estar al servicio del eficaz Mercado y de aquellos ciudadanos que, según ellos, hayan alcanzado un estadio superior como individuos, convirtiéndose en dueños de un destino que intentó arrebatarles el socialismo —socialdemócrata, comunista o incluso capitalista rancio—. Es a este denostado socialismo al que la ínclita señora Thatcher dedicó aquella tan conocida y cínica frase de: “El socialismo fracasa cuando se le acaba el dinero… de los demás”[23].

Mediante la construcción de todo este “imaginario emocional” —Dios, la Patria, la Raza e Identidad nacional, la Familia, las Tradiciones…—, se logra imponer sibilinamente una hegemonía cultural que las clases dominantes ejercen sobre las clases sometidas, mediante el control del sistema educativo, de las instituciones religiosas y de los medios de comunicación. A través de estos medios, las minorías dominantes “educan” a los dominados para que estos vivan tanto su propio sometimiento como la supremacía de los primeros como algo natural y conveniente, inhibiendo así su potencialidad revolucionaria.

Y ante quienes todavía tuvieran dudas, la solución, proponen, se encuentra aplicando, con toda sencillez y naturalidad —es decir, con la máxima hipocresía y sin ningún pudor hacia la mentira—, modelos excelentes, por haber demostrado su efectividad, de manipulación persuasiva, que convenzan a quienes más van a perder. Ya se sabe que hoy en día las personas prefieren comprar ideas y opiniones al peso antes que esforzarse por elaborarlas ellas mismas. Una legión o, mejor dicho, cientos de legiones compuestas por medios de comunicación, fundaciones, periodistas, lobbies, think tanks, empresas de imagen, conversos, gabinetes de creación de opinión, intelectuales, congresos, foros de debate, profesionales de prestigio, reputados profesores, científicos y economistas, líderes de opinión financiados, jerarquías eclesiásticas, personajes de la cultura, la sociedad y la política dedicados a la tarea de la manipulación persuasiva… Todos ellos lanzados urbi et orbi a predicar y convencer de las excelencias y ventajas del nuevo modelo, especialmente para los que menos tienen), creando en todos ellos una convicción que habría que calificar de fanática por ser indemostrable. No se trata de abrir un hondo debate, sino todo lo contrario: de cerrarlo “implantando” una opinión que parezca nacida de la más aplastante lógica y que concluya en la más indemostrable y utópica esperanza de futuro: con dinero, dinero y más dinero se consigue lo que se pretenda. Y si no resulta suficiente, se aplica sobre las masas la doctrina del shock, como bien explica la pensadora y militante Noemí Klein[24].

Lo que hasta aquí se viene comentando no pretende constituirse en mera retórica figurada. En absoluto. Si nos fijamos bien, la contrarrevolución reaccionaria ha sabido dar un motivo para que sí o sí, contentos o no tan contentos, dormidos o bien despiertos, todos tengan razones para estar con ella. Para estar al servicio de “los que realmente están haciendo su agosto”, aquellos que, en estos tiempos de congelación salarial, ven incrementados sus ingresos y patrimonios por encima del 20% cada año, y a quienes respaldan y escoltan con fervor. Tantos y tantas a quienes el individualismo ha educado para suponer que la vida se limita a no ver, no oír, no escuchar, no pensar y competir sin piedad contra “los otros”(eso sí, con buenos modales.), a la espera de un tiempo futuro siempre mejor… para uno mismo y solo para uno mismo, por supuesto.

Todo el mundo resulta, de una manera u otra, deudor del Sistema y sus paradigmas. Y si todavía no lo es, se busca la fórmula a su medida para que quede atrapado.

Rota ya la idea sustancial del compromiso, la independencia, la interrogación, el librepensamiento y la exigencia, solo queda como opción la correcta adaptación de formas y comportamientos “adorando al becerro de oro” y a esos que están “haciendo su agosto” porque “tienen la sartén por el mango”.

El montaje perfecto de esta Gran Estafa —entendida como tal una actuación consciente de carácter adulterador, perfectamente planeada—, se ha ido desarrollando en sus distintas etapas de manera impecable. De excepcional, admirable y prodigiosa la calificaría yo si pudiera observarla sin mayor juicio moral, solamente como una nueva toma del poder, un golpe de estado blanco, sin sangre física pero con inmensa violencia moral, por parte de las minorías de siempre, cada día más poderosas, mediante una farsa sincronizada. Un ejemplo de eficaz desarrollo estratégico, si no fuera porque encierra en su trastienda la mayor de las vilezas morales. Un tinglado de poder que cada día se cobra nuevos damnificados: los más débiles, los que tienen menos oportunidades, los que no nacieron en cuna de oro, y tantas personas honestas.

¿Cómo es posible que el pueblo se inhiba cuando el flautista de Hamelín ideológico se está llevando su esperanza?. ¿Qué se le ha perdido a ese ciudadano anónimo en esta farsa? ¿No comprende cómo le están desalojando de su soberanía?, peor aún, ¿que le están limitando su porvenir y el de sus hijos?

2.3. Un nuevo modelo político

La ideología neoliberal realiza, para sustentar su justificación, una crítica despiadada contra una gran parte de los elementos sociales y políticos que sustentaban y definían el anterior modelo de capitalismo social de mercado.

Desde este planteamiento, e incidiendo en las nefastas consecuencias que supondría la pervivencia de ese modelo, vendrían a denunciar que...

1. El Estado, como gestor de los intereses de la colectividad, no es capaz de dar respuesta eficaz a las necesidades de una sociedad moderna y más avanzada. En este sentido, la sociedad civil, afirman, iría muy por delante del propio Estado en la comprensión de sus auténticas necesidades y en la búsqueda de respuestas eficientes.

2. El Estado no representaría una creación histórica insuperable y definitiva de la civilización, sino un recurso organizativo que los hombres se otorgaron “en un momento dado de la Historia” y que hoy, entrados en la era de la globalización, ha quedado superado y obsoleto por el propio proceso de evolución de la humanidad a partir de la absoluta permeabilidad de las fronteras, abiertas al flujo de bienes y personas.

3. La idea de la redistribución de la riqueza dentro de cada sociedad no constituye un valor inmutable y de derecho natural, sino que resulta de una mera convención establecida por unos hombres “contra” otros hombres, al producirse una imposición de unas fuerzas políticas sobre otras en un momento determinado de la civilización, que hoy se encuentra rebasado con el progreso.

4. El Bien Común, como idea esencial de la vida en una comunidad encaminada hacia metas colectivas, no le interesa a nadie y, en todo caso, solo puede entenderse como suma de las metas, individuales y diferentes, de cada individuo. Una nueva realidad que para nada tiene que ver con el estatalismo o el socialismo igualador, que solo sirven para contravenirla.

5. La libertad económica y de mercados constituye los valores esenciales de la prosperidad y el progreso individual y colectivo. Una sociedad liberada de reglamentaciones reguladoras y restrictivas progresa mejor y más deprisa, porque es autónoma para gestionar sus fines. Toda traba normativa atenta contra la libertad de la sociedad y de los individuos que la componen y, en consecuencia, limita, condiciona y frena el progreso.

6. La verdadera y eficaz justicia social no se consigue expoliando, incautando y confiscando mediante impuestos las riquezas de los que con su esfuerzo e inteligencia las han conseguido. El abominable Estado obtiene sus ingresos recaudando tributos que detrae de la economía productiva y de los individuos más capaces para, a continuación, dilapidarlos salvajemente, alimentando su maquinaria burocrática y mal repartiéndolos, mediante ayudas y subvenciones básicamente improductivas e inútiles, entre los que se han acomodado a vivir a costa suya.

7. La protección social pública, en inútil y continuo crecimiento, conduce a los países a la insolvencia, lo cual termina por impedir incluso la mínima asistencia a quienes más lo necesiten. Cualquier presupuesto público que gasta más —incluso lo mismo— de lo que ingresa conduce a la ruina nacional y a la esclavitud del endeudamiento, impidiendo una política fiscal coherente.

8. La protección social no estimula a los necesitados para buscar salir de su situación, sino que los convierte en vagos que renuncian a buscar “sus” oportunidades, al perder la voluntad de luchar y la obligación de asumir la responsabilidad sobre su propia suerte. Solo se puede obtener recompensa y salir de la pobreza y la precariedad mediante el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo duro y la resistencia. El afán del individuo que quiere progresar no puede ser sustituido por el Estado… y el de quien no quiere, tampoco.

9. La libre empresa y la propiedad privada encuentran su sentido y justificación en el derecho natural, de donde se infiere que deben ser aceptadas universalmente para el progreso individual y colectivo. En ellos se asienta el verdadero bien común y la bonanza de la sociedad.

10. La auténtica justicia social se consigue propugnando una transformación moral de los individuos sobre la base de cuatro valores que rompen con la cultura materialista y son definitivos para alcanzar una vida ordenada, próspera y feliz: fe, familia, comunidad y trabajo.

11. Los grandes pilares del denominado Estado del Bienestar resultan exageradamente caros en sus costes e ineficaces en su propósito, deviniendo en un maligno Bienestar del Estado:

–    La Sanidad Pública es menos eficiente que la privada.

–    La Educación Pública en un desastre organizativo total que conduce a las mayores tasas de abandono escolar.

–    Las Prestaciones Asistenciales, especialmente las de desempleo, resultan desincentivadoras de la búsqueda de oportunidades y estimulan el fraude.

–    Las Pensiones Públicas se basan en sistemas actuariales superados por la realidad demográfica y están abocados a su quiebra, salvo que se vean complementados con aportaciones privadas.

12. La economía debe siempre anteponerse a la política, por ser aquella, en sus leyes y fórmulas, el fundamento del desarrollo social. La política, llevada a su extremo, solo sirve para crear un bucle infinito de actuaciones que no resuelven problemas sino que los realimentan, permitiendo que las cohortes de políticos acomodados vivan a su costa. En tal sentido, la política debe limitarse a asegurar la eficiencia de la economía y del orden social, acompasándose a sus demandas.

13. La libertad del individuo, su libre autonomía para decidir y actuar, debe prevalecer sobre las imposiciones marcadas por los grupos políticos. El individuo, como responsable y dueño único de su destino, se antepone en sus derechos a la sociedad y a las obligaciones que esta pretendiera imponer.

14. La economía, cuando se encuentra regulada o intervenida por los Estados, pierde toda su capacidad para generar riqueza. Por esta razón, debe articularse en torno a los principios de libre competencia y máxima productividad, libre de restricciones, según la ley de la oferta y la demanda. Los mercados se entienden como globales y mundiales sin que tengan cabida barreras proteccionistas o regulatorias de ningún tipo. Las leyes de mercado, en su eficiencia, constituyen la expresión más auténtica y acorde con la naturaleza humana para regular las relaciones entre los hombres.

15. La solidaridad obligatoria, forzando a las personas a entregar su tiempo y sus recursos a los demás mediante el pago abusivo de impuestos, resulta injusta, intolerante y contraria al derecho natural. La justicia social no expresaría otra cosa que una coacción ejercida por una parte de la sociedad sobre el resto, lo cual conduce a un empobrecimiento para toda la sociedad.

En conclusión: para que la riqueza fluya y se incremente, se precisa de menos impuestos y menos servicios públicos, con un gobierno aplicado al cumplimiento de este único programa.

El Estado ya no resulta necesario, sino más bien un lastre, en el momento actual de la Historia de la humanidad, abierta a un escenario de economía mundializada. Por ello, es necesario hacerle perder más del 50% de su peso actual mediante la supresión de una enorme cantidad de puestos funcionariales innecesarios y de tareas inútiles, consecuencia de reglamentaciones perniciosas que fomentan la inútil burocratización y el dispendio de recursos. En el mismo sentido, la función “falsamente” redistributiva que se le asigna debe ir desapareciendo gradualmente por constituir un freno a la más amplia libertad de los individuos, único marco posible para la creación de riqueza. Puesto que la sociedad está mucho más avanzada que la organización estatal, debe asumir con autonomía el timón de su rumbo: la gran política debe dar paso a la gestión eficiente; solo cada persona debe y puede ser dueña y responsable de su destino; la economía y sus reglas se anteponen a todo debate doctrinal o ideológico. Finalmente, la eficiencia económica siempre provendrá de la más completa libertad de Mercado, sin barreras ni restricciones. El poder y su ejercicio quedan en manos de los Mercados, y del funcionamiento, en plena libertad y eficiencia, de sus leyes.

La comprensión del programa neoliberal nos permite entender mejor cómo su implantación efectiva en los países viene desarrollándose con determinación, aunque de manera gradual y diferente en el tiempo, a medida que los líderes políticos van encontrando oportunidades para ello, con el fin de prevenir reacciones airadas en su contra —el desarme del Estado y sus funciones debe producirse sin que quienes lo defienden lleguen a percibirlo y traten de impedirlo—. Cada nación, por tanto, se encuentra en un estadio diferente de su instauración, evolucionando al ritmo que marquen las encuestas de opinión y las prioridades que establezcan el momento político y económico. Algunos países, como Estados Unidos (aunque ahora parezca anunciarse un posible retorno hacia el proteccionismo con motivo de la presidencia de Trump), Inglaterra y algunos de la Europa del Este, se sitúan muy por delante de otros como Francia, España o Italia, debido a la propia tradición de aquellos frente a la mayor cohesión social que rige en estos últimos, la cual permitiría imaginar en ellos posibles fuertes reacciones de oposición que obligarían a detenerse o avanzar más despacio. De ahí la presión que, emanada desde las instituciones internacionales y los países más poderosos, vienen soportando estos últimos, para que aceleren las medidas denominadas “de consolidación fiscal” que aseguren su avance e impulso en el menor plazo de tiempo posible.

Podría afirmarse que, aunque no se sepa el momento exacto en que se alcanzará la implantación al 100% del modelo neoliberal, sí se puede deducir con facilidad a qué punto se habrá llegado cuando esto acontezca: en tal contexto, la democracia habrá devenido una liturgia inútil y suprimible.

En rigor, España no constituye a día de hoy un país neoliberal de facto; ni siquiera después de los últimos cuatro años de gobierno del Partido Popular, pero sí se encuentra en vías de implantación de su programa: recortes de gasto público, reducción del déficit público, bajadas de impuestos, que suponen la gradual supresión del modelo de economía social de mercado. En otras palabras: nuestro país se halla hoy en una encrucijada en la que dos modelos sociales y económicos coexisten y se confrontan para decidir cuál será el rumbo de futuro de nuestra sociedad. Un enfrentamiento entre dos fuerzas muy desiguales en capacidad, recursos y potencia: al control y dominio que, unidos, pueden aplicar los grandes poderes económicos y sociales (la mayoría del arco parlamentario, los medios de comunicación del Sistema, las empresas del IBEX y el núcleo de las principales corporaciones, las oligarquías financieras y sus apoyos internacionales), solo puede oponérsele, como frente de resistencia, una idea de democracia popular defendida por aquella parte del pueblo que se siente comprometida, los indignados, los afectados más directamente por el cambio y aquellos intelectuales, sociales y políticos antisistema que manifiestan su repulsa a este modelo.

Durante su anterior mandato, el presidente Rajoy intento manejar con sutileza, y desde un complejo equilibrio, las proporciones y el ritmo de las transformaciones que desea poner en marcha, realizando una transición casi pacífica hacia el nuevo modelo, y evitando que se generasen incontrolables explosiones de descontento y revueltas callejeras. Aun así, no lo ha conseguido del todo. Si de una parte ha dejado el país lleno de insatisfacción, traumas y repulsa entre las clases populares, de la otra también ha resultado ser denostado y criticado por los neoliberales más puristas, quienes le acusan de tibieza y cobardía a la hora de implantar las reformas. Esta reacción, que puede sorprender a más de un lector, no es tan descabellada si se piensa que lo que para unos, los más ortodoxos de la nueva ideología, puede parecer insuficiente, para otros puede resultar un exceso.

El profesor Juan Ramón Rallo, director del Instituto Juan de Mariana y miembro de uno los grupos de pensamiento neoliberal más activos de nuestro país —junto a nombres como Carlos Rodríguez Braun, María Blanco, Raquel Merino, Luis Garicano y Daniel Lacalle—, ilustra esta posición crítica con el anterior gobierno del Partido Popular cuando denuncia la falta de valor de Rajoy para afrontar una radical reducción del gasto público y alumbrar un nuevo modelo de Estado que permitiera —según el autor— alcanzar en el plazo más corto de tiempo el equilibrio presupuestario. Al respecto, define la actuación del líder político de insuficiente, denostada, vaga e inútil, incidiendo en su tibieza a la hora de promover la privatización del Estado del Bienestar y en el rejonazo que supuso la subida fiscal aprobada en 2012.

Como puede apreciarse, para algunos —bastantes, según que estamentos—, puesto que la derecha tenía la mayoría absoluta parlamentaria, podía y debía haber llegado más lejos… ¿Hasta dónde? Si el lector desea conocer cuál es la respuesta que Juan Ramón Rallo da a esta pregunta, basta con releer algunas páginas de su libro y entresacar las recetas que propone y que se desprenden de una significada afirmación: «El 95% del Estado es completamente prescindible»… A partir de semejante punto de partida, parece comprensible que proponga:

–    Reducir el empleo público en 40.000 millones de euros, prescindiendo de unos 800.000 empleados y reduciendo en un 15% la retribución de los restantes.

–    Eliminar los 11.000 millones de euros destinados a subvenciones públicas —más de la mitad de su dotación anual—.

–    Recortar 25.000 millones de euros del presupuesto anual para inversión pública en infraestructuras y otras formaciones de capital.

–    Eliminar entre un 10 y un 20% el valor de las pensiones contributivas pagadas, e igual importe en las de clases pasivas del Estado.

–    Suprimir el Plan de Fomento del Empleo Agrario.

–    Reducir las prestaciones contributivas para el desempleo en un 20% y las asistenciales, en un 10%,

–    Suprimir en su totalidad el gasto destinado a políticas activas de empleo —unos 7.000 millones de euros—.

–    Reducir a la mitad las prestaciones abonadas por maternidad y paternidad.

–    Reducir en un 50% los subsidios por incapacidad temporal.

–    Eliminar todas las actividades culturales, recreativas o de comunicación promovidas por el Estado y sufragadas con fondos públicos.

–    Suprimir toda la Ayuda Exterior para el Desarrollo   —que tristemente ni siquiera alcanza en la actualidad un 0,15% del presupuesto nacional, muy lejos de aquel 0,7% que en su momento se reclamó como aspiración—.

–    Reducir en un 50% nuestra aportación al presupuesto de la Unión Europea.

–    Reducir en 4.000 millones las transferencias a colegios y hospitales concertados.

–    Privatizar el total de las 2.500 empresas públicas, o con participación pública, que existen en nuestro país.

–    Suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio.

–    Suprimir el Impuesto por Rentas del Capital.

–    Reducir el Impuesto de Sociedades hasta el tipo máximo del 15%.

–    Una reforma drástica del IRPF, que establezca un tipo único del 16% (aunque en un artículo posterior propone ir más lejos y situarlo en el 6%[25]).

–    Devolver a la sociedad la gestión completa de la educación y la sanidad mediante una reconversión —debe entenderse privatización— del modelo de Escuela y Sanidad públicas, cuyas partidas saldrían de su ubicación dentro los presupuestos de la Administración, hacia otro en el que solo exista una oferta privada y de pago, compensada parcialmente con fórmulas de cheques y créditos fiscales, copagos y cheques escolares…

Y otra serie de propuestas encaminadas a que el peso del gasto público nunca supere el 25% del PIB —en la actualidad se situaría en torno al 43%, aunque anteriormente era del 47%—, propuestas que acentúa en sus libros y publicaciones más recientes. “Es la propia sociedad la que debe hacerse cargo de sus servicios esenciales, tras la reducción del Estado a su mínima expresión…”, escribe[26].

Afortunadamente, ni siquiera el rodillo de los populares le ha tenido en cuenta y ello porque, en su manifiesto fundamentalismo, contiene graves errores de carácter económico. El principal es que no dice cómo quedaría la economía del país después del vertiginoso hundimiento de la demanda y el consumo interior que provocarían sus medidas.

Con todo, a algunos nos produce escalofríos leer toda esta relación de recetas milagrosas para “hacer más ricos a los ricos, a costa de que los pobres sean más y más pobres”, máxime cuando se sabe que están escritas desde el convencimiento ideológico y sustentadas en unos presuntos cálculos técnicos que respalda un buen número de miembros de los estamentos políticos, sociales y económicos del país, aunque discrepen a veces en cuanto al ritmo de su implantación.

No hay duda de que estamos contemplando la agenda de adónde se pretende que nos dirijamos en el futuro, de cómo será la nueva sociedad en la que conviviremos dentro de cinco, ocho o doce años, si todos los que no creen en este modelo, en este Sistema, no manifiestan su rotunda oposición mediante las únicas armas eficaces y legítimas que existen para ello: la democracia y la reivindicación de una soberanía nacional que resida en el pueblo, y exclusivamente en el pueblo.

¡Ahí queda el reto! La amenaza está clara y no se esconde: una sociedad liquida, carente de poderes fuertes que impulsen su reequilibrio, en la que cada cual se bata por sobrevivir y escalar hacia sus fines. Una genuina selva humana en la que el Capital pueda campar a sus anchas. Una sociedad de la inevitable desigualdad creciente, controlada policialmente, en la que el individualismo egoísta reemplace y aniquile todo postulado de persecución del bien común solidario y en la que la idea-precepto de la “empresa de si” convierta en inútil y carente de sentido el principio democrático.

3. Desmontando al neoliberalismo

3.1 ¿Debe ser la justicia social un derecho fundamental en el siglo XXI?

A estas alturas de nuestra civilización, parecería lógico pensar que el debate sobre la igualdad esencial e intrínseca de todos los individuos del planeta se encontrase superado, sobre todo después del tiempo transcurrido desde que se redactaron las Constituciones francesa y norteamericana a finales del siglo XVIII, pioneras en el reconocimiento escrito de este principio esencial de los hombres en la sociedad, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. De hecho, una parte importante de la Historia de los últimos dos siglos se escribiría en torno a la lucha de los individuos por hacer realidad los derechos inherentes a esta condición igualitaria frente a los privilegios de las minorías oligárquicas y aristocráticas. Y ciertamente que con el esfuerzo, lucha y sacrifico de tantos se fue logrando consolidar —aunque todavía tenga más carácter formal que efectivo en ciertos supuestos— su aceptación y la adhesión conceptual de prácticamente la totalidad de los países de la Tierra.

Sin embargo, el neoliberalismo ha logrado reabrir el debate sobre los límites de la justicia social, entendida esta como expresión práctica del principio de igualdad entre los hombres, y lo hace no tanto con respecto a sus derechos políticos —algo que es indiscutible, incluso para ellos—, sino en cuanto a la supremacía de la propiedad privada del individuo frente a los derechos económicos y sociales que podrían corresponder a la colectividad. Dicho en otros términos, la cuestión que los neoliberales vendrían a plantear sería la de hasta dónde los derechos materiales de cada persona pueden quedar limitados y sometidos a cargas y gravámenes en interés de “los demás”, y, en consecuencia, hasta dónde deberían alcanzar los derechos de “estos otros”, los cuales en el presente obligan a cada persona a renunciar libremente a una parte de su riqueza, que le pertenece “legítimamente”, en aras de la mejora de las condiciones de vida y el bienestar de aquellos con quienes convive.

El debate parecía haber quedado definitivamente resuelto, tanto en sus términos dialécticos como políticos, con el desarrollo de las sociedades democráticas cuyas constituciones recogían el postulado del pacto social. Un compromiso establecido libremente entre los ciudadanos, según el cual todos ellos decidían compartir una comunidad regida por la paz, la seguridad y el progreso, y en la que cada cual contribuía al bien común con su trabajo y esfuerzo, aportando al colectivo según sus posibilidades            —normalmente a través de la función redistributiva que se aplica a los impuestos— y recibiendo de la comunidad según sus necesidades. Sin embargo, cuando Margaret Thatcher, ariete del neoliberalismo, declaró en una entrevista a finales de los años ochenta: “La sociedad no existe; existen los individuos”, se estaría volviendo a poner en cuestión el sentido intrínseco del Bien Común que hasta entonces se había aceptado como principio y, por ende, toda la lógica que justificaría la función reequilibradora de los Estados democráticos. Si no existe la sociedad como convención social, se vendría a decir, deja de tener sentido la aportación que cada cual hace al bien común, y este deviene, por tanto, en ficticio y falaz.

El argumento que propone el neoliberalismo y que afirma que el derecho primigenio a la propiedad está por encima de cualquier otro —y especialmente al de la redistribución de la riqueza— como consecuencia de la primacía del individuo sobre el colectivo resulta perverso, aunque rematadamente sutil e inteligente, ya que, de resultar aceptado, se estarían dinamitando —o intentando dinamitar— los cimientos filosóficos y políticos de las sociedades democráticas en los últimos siglos. En efecto, la conclusión neoliberal nos diría que si la sociedad solo puede entenderse en términos de seguridad y protección común frente a los peligros, no como idea de fraternidad entre iguales, no tendrían cabida el bien común ni el pacto de cohesión social que lo sustentaría. De ser así, no habría ninguna razón para que cada uno de nosotros aportase una parte de sus riquezas en pro de ese “bien general” inexistente, por lo que la función fiscal “justamente redistribuidora” pasaría a considerarse “indebidamente incautadora” al venir forzada en su justificación y carecer de legitimidad en su origen.

La defensa de la propiedad privada como un derecho absoluto del individuo, como expresión máxima de una libertad cuasi - sagrada, es la idea de la que se sirve el neoliberalismo para sostener y justificar la desigualdad social entre los seres humanos: cada cual tiene derecho absoluto sobre lo que posee, bien porque lo haya recibido al nacer, bien porque lo haya obtenido a lo largo de su vida con el esfuerzo de su trabajo, de modo que nada ni nadie puede limitárselo. Es más, llevando más lejos sus argumentos, llegan a plantear que si se admitiera el bienestar económico y social como algo intrínseco al concepto de bien común, podría llegarse al absurdo de considerar que todos los ciudadanos tienen derecho “a hacer turismo”, “a ir a la ópera” o “aprender a hacer submarinismo”.

¿Dónde, argumentan, se fijaría el límite legítimo del reequilibrio social, salvo que se aceptara un socialismo extremo? ¿Debo yo pagar más impuestos que mi vecino, que tiene menos patrimonio e ingresos que yo, para que él pueda acceder a prestaciones y beneficios sociales, de los que yo dispongo con carácter privado, y que, en caso contrario, no podría disfrutar? ¿Debo yo pagar con mis impuestos la educación pública gratuita del hijo del vecino, que no dispone de suficientes recursos para acceder a la formación?, insisten. Y, de ser así, ¿dónde está el límite entre una carga de impuestos legítima y un embargo ilegítimo?

Para muchos, empezando por mí mismo, la repuesta inmediata parece obvia: todos tenemos el deber de contribuir al grupo, cada uno según sus posibilidades, en aras de un bien común solidario, compartiendo tanto la prosperidad como las dificultades colectivas. La cuestión no ofrecería la más mínima duda. Así lo entendimos siempre, así nos lo enseñaron y así parece sentirlo la conciencia.

 Pero vuelven los neoliberales a clavar su aguijón ideológico para intentar desbaratar el argumento: una cosa es el derecho del otro “a no recibir una patada”, —y mi deber en consecuencia—, y otra muy distinta la obligación de “compartir una parte del pan con él”. Aquel puede considerarse un acto irrebatible en su razón y justicia pero no necesariamente este. Puedo hacerlo como un acto de bondad y generosidad, pero nunca como una obligación surgida del derecho del otro. Y remarcan muy claramente: compartir con el necesitado nada tiene que ver con el reconocimiento de unos supuestos derechos inexistentes —subrayan— que le ampararían.

Sutil y sinuosa distinción. Desde esta perspectiva, la justicia social, entendida como un derecho de todos a un cierto igualitarismo en lo imprescindible, no sería más que una imposición política, un simple convencionalismo ideológico que en su extremo conduciría a la supresión del derecho natural a la propiedad privada y, en última instancia, al comunismo. Otra cuestión, matizan, sería la altruista y misericordiosa solidaridad para con el prójimo… pero eso es algo que cada cual debe resolver en la intimidad de su conciencia y responder exclusivamente ante ella. 

El subtítulo de un artículo de Arthur C. Brooks, presidente del lobby neoconservador norteamericano American Enterprise Institute, publicado por el diario El País con fecha 3 marzo de 2015 nos ilustra con claridad sobre la construcción intelectual que desde el pensamiento neoliberal se nos ofrece acerca de este debate: “La Agenda de Justicia Social propone el abandono del modelo de los últimos años por otro más centrado en la posibilidad de prosperar a través del cambio personal, la ayuda sostenible y las oportunidades”.

Como se puede apreciar, Brooks propone sin cortapisas la transformación moral, la protección sostenible y las oportunidades como alternativa a la justicia redistributiva, entendida como inalienable derecho y deber y que, a su vez, vendría justificada por la idea de bien común.

Lo cierto es que la controversia que se inició hace cuarenta años respecto a la legitimidad de la justicia social y sus límites no ha hecho más que crecer y ampliar paulatinamente su eco y atención hasta conseguir abrir brecha en la opinión de amplias capas de las clases medias burguesas. Todo un logro, hay que reconocerlo.

¿Es la justicia social un principio esencial de la sociedad desarrollada? ¿Y si no lo fuera? ¿Y si tan solo se tratase de una formulación socialista del mundo, vigente en un determinado tiempo de la Historia, como consecuencia de su imposición coactiva por parte de unas fuerzas políticas hegemónicas, con cuya desaparición se extinguiría?

¿Existe un bien común colectivo, más allá del de mera seguridad y protección, al que los hombres deben atender según sus posibilidades? ¿Y si la idea de cohesión social resultase ser una falacia? ¿Debe prevalecer el bien colectivo redistribuidor, o el bien individual inviolable de cada cual?

¿Hay que poner límites al derecho a la propiedad privada? ¿Qué principio de derecho natural puede conducir a justificar su presunta incautación, restricción y condicionamiento?

¿Cómo se puede fundamentar, doctrinalmente y desde la esencia del derecho natural, el que yo no pueda hacer con mi dinero lo que quiera para que otro pueda ir a una escuela? ¿Por qué el presunto derecho del otro debe prevalecer sobre el mío?

Es como si los interrogantes que plantea la teoría neoliberal (derechos políticos, sí y para todos; derechos sociales, no) quisieran obligarnos a cuestionar “por qué las noches son oscuras y los días luminosos”; es decir, a enfrentarnos y, llegado el caso, a aceptar una nueva lógica sobre la propia existencia del hombre, su lugar dentro de la civilización y los fines de la sociedad en la que vive incorporado.

Trasladado el debate al terreno de la economía, la competitividad y el progreso, la perspectiva neoliberal resumiría la cuestión en términos muy precisos.

¿Qué resulta más beneficioso para generar riqueza: que cada cual pueda invertir su dinero en actividades productivas, o que se lo entregue en forma de impuestos a un “ente recaudador” para que se lo gaste en mantener su mastodóntica maquinaria burocrática y hacer costosísimas escuelas y hospitales de uso colectivo y utilidad discutible?

¿La riqueza que genera mi dinero, cuando lo gasto o invierto en lo que quiera, libre de coacciones confiscadoras, no puede servir más y mejor para que otro individuo también lo pueda ganar y con ello acceder con sus propios recursos a ese colegio u hospital particular sin depender del papá Estado Benefactor?

¿Por qué mi impulso, responsabilidad y dinamismo debe verse frenado por barreras y regulaciones establecidas por los funcionarios de una Administración burócrata, acomodada e incompetente? ¿Quién está más capacitado para generar riqueza y desarrollo: la iniciativa individual o la planificación colectiva? ¿A quién corresponde armonizar las consecuencias de la generación de riqueza: a ese órgano gestor que los humanos se han otorgado que llamamos Estado, o a la más libre y autónoma iniciativa individual de cada ciudadano?

¿La supuesta función de redistribución que desarrolla el Estado sirve para generar riqueza, o conduce a la pobreza de los individuos y de la presunta agrupación de intereses —por no llamarlo sociedad— que entre sí conforman? ¿Es preferible que la riqueza la posean quienes la invierten para generar una mayor riqueza que acabará alcanzando a los otros, o que pase a manos de ese ente abstracto que se mueve en la rutina, para que lo malgaste sin control ni eficacia productiva?

Planteamientos maquiavélicos, destinados a sembrar dudas y atraer adeptos —la codicia egoísta siempre nos resulta tan cercana y apetecible…—, de los que surgen otra batería de preguntas de similar calado.

¿La igualdad, o la tendencia hacia la igualdad, constituye un derecho del ser humano y, por tanto, debe ser reconocido como tal por los ordenamientos jurídicos, o solo es una mera cuestión de generosa piedad y altruismo? O visto desde otra perspectiva: ¿la desigualdad social y económica constituye una violación de derechos sociales, o por el contrario forma parte de la realidad intrínseca a la naturaleza en el planeta? Llevado a su extremo, ¿qué resulta más antinatural y perverso, la desigualdad o el igualitarismo forzado?

¿Los que están en posición de desventaja tienen derecho a reclamar y reivindicar igualdad, o solo la pueden rogar? ¿Reclamar o Rogar? Lo cual también podría plantearse en los términos mencionados más arriba: ¿la desigualdad y la pobreza se combaten y superan mejor desde la creación individual de riqueza que, supuestamente, ofrece oportunidades a los otros, o recurriendo a la intervención activa de ese “Ente Superior Recaudador y Redistribuidor”?

Para el neoliberalismo las respuestas están claras y no tienen reparos en exponerlas y aplicarlas allí donde les convenga: nada puede ni debe obstaculizar el impulso del libre mercado, promovido por la iniciativa privada y regido plenamente por las leyes del Mercado, perfectas cuando actúan en un entorno de libre competencia.

De resultar así, este doctrinario plantearía, en su enfoque más burdo, la conveniencia de reducir todos los costes que carecieran de una tasa de retorno suficiente —especialmente los humanos, benefactores y fiscales—, forzando al máximo la oferta y la demanda hasta alcanzar la eficacia óptima de la actividad productiva, eso sí, sin sobrepasar el umbral que pudiera conducir a la ruina por la falta de consumo, las perdidas en las cuentas de resultados, la inseguridad de los inversores o la carencia de infraestructuras.

La ecuación que se deduce del razonamiento no puede resultar más simple: Mejor ganar 7 gastando 3, que ganar 6 gastando 4; y continuar perseverando para lograr, lo antes posible, 8 de beneficio con solo 2 de gasto. Una “lógica del dinero”, como vengo a definirla, que obvia que está actuando con seres humanos y, en la mayoría de las ocasiones, con los recursos finitos del planeta. Unas personas y una ecología que quedan subordinadas y a disposición del superior y determinante proceso productivo. Una especie de pseudo-nueva verdad revelada, “la del dios del capital”, que somete a sus intereses economicistas a todos los que graviten a su alrededor.

El lector se habrá percatado de que la polémica sobre el carácter moral y jurídico de la justicia social y la legitimidad o no de la desigualdad conduce a replantearse la validez y la utilidad del propio modelo democrático. Si no existe el bien común como provecho colectivo y entre los partícipes de una sociedad no hay un vínculo y un compromiso recíproco para compartir cargas y frutos derivados de la convivencia, ¿qué sentido tiene la idea de democracia? Desde este enfoque, incluso la propia idea de comunidad, de Estado o Patria quedaría puesta en entredicho. De otra parte, si las normas sociales y económicas por las que se rige cada Sociedad, en aras del progreso, vienen impuestas como dogma irrebatible por “fuerzas ajenas a los Parlamentos”, esas que    aplican “las lógicas del dinero y de quienes lo detentan” (los comúnmente denominados Mercados), que son los que ejercen el verdadero poder, ¿qué razón justificaría votar a unos representantes parlamentarios que carecen de autoridad y verdadera capacidad para gobernar?

Democracia no consiste solo en votar, y menos en votar a quienes queremos que arreen —porque no tienen otra capacidad— con la tiranía que ejercen sobre nosotros los Mercados. No se trata de elegir entre similares capataces de un mismo señor. Cuando el sistema resulta represivo sobre el pueblo —aunque siempre se predique manipuladoramente que “todo se hace por su bien”—, y el Parlamento no tiene capacidad para hacer verdadera política, da lo mismo a quien se vote. Al final, con elecciones o no, siempre terminaría por imponerse el discurso único de los que realmente marcan las reglas del juego… Supongo que, a medio plazo, ese constituye el objetivo final de la agenda oculta del neoliberalismo.

Democracia significa votar la opción política que cada cual estime presenta el mejor programa de gobierno, es decir, de rumbo hacia un futuro mejor, asumiendo su responsabilidad para ponerlo en práctica. Para nada supone elegir entre quienes únicamente tienen la facultad de hacer cumplir una fórmula económica ya establecida y cerrada (¿qué otra cosa pueden representar las instrucciones, advertencias y exigencias que continuamente nos lanza la Unión Europea?) en beneficio de una presunta estabilidad demandada por los tenedores de la riqueza. De ser así, la democracia perdería todo sentido y utilidad, porque puedes votar “a quién”, pero no “el qué”.

Democracia no es tanto que un individuo deposite una papeleta en una urna, sino que el pueblo ejerza su soberanía y, en consecuencia, los representantes elegidos trabajen para los fines políticos, sociales y económicos por los que ha optado la ciudadanía. Y eso no es lo que está ocurriendo.

La formulación neoliberal de la supuesta legitimidad moral y filosófica de la desigualdad entre los hombres —paliada exclusivamente a través de fórmulas compasivas, tal y como se expone en el artículo anterior—, nos retrotrae al más puro y duro   FEUDALISMO. Es decir, a un prototipo de organización social, económica y política en la que una minoría asume el poder sobre las masas basándose en su superioridad —sea de cuna y estirpe, de riqueza, o de capacidad intimidatoria—, y ante quienes el pueblo se somete a cambio de una cierta protección y estabilidad. Un modelo de sociedad que estuvo vigente en la Edad Media y que se suponía superado hace siglos.

No ofrece discusión que el feudalismo y el neoliberalismo beben de las mismas fuentes: superioridad efectiva de unos hombres sobre otros; jerarquía como norma para la convivencia; desigualdad como realidad existencial; derechos y deberes que se establecen de acuerdo con la ley del más fuerte; clases sociales diferenciadas y separadas; autoridad y servilismo, nepotismo y vasallaje; protección a cambio de sometimiento…

El feudalismo y el absolutismo fueron reemplazados por la Democracia después de sangrientos episodios de rebelión popular. Ahora, más de doscientos años después, el neoliberalismo pretende retornar a la oligarquía, a la dictadura de las elites, proclamando la supremacía de la propiedad privada sobre cualquier otro derecho y la subsiguiente lógica de la desigualdad natural entre los hombres, y la negación de la idea de bien común y de justicia social redistributiva. Si llegara el día en que la ciudadanía de un país terminara por aceptar dichos principios, la democracia devendría automáticamente una fórmula política estúpida e innecesaria.

Y en efecto, así puede llegar a acontecer visto el estado actual de las cosas. Porque más pronto que tarde la idea democrática dejará de tener sentido, una vez que los valores que le sirven de fundamento (libertad, igualdad y fraternidad) resulten irrealizable por considerarse perjudiciales, su origen (la soberanía residente en el pueblo) haya sido desnaturalizado y el espacio para su ejercicio (el Estado de Derecho dentro de la Nación y sus fronteras) carezca de toda efectividad.

Durante muchos siglos de la Historia existió la esclavitud     —por desgracia, sigue existiendo hoy día en algunas zonas del planeta— justificada en todos los órdenes del pensamiento en base a un supuesto derecho natural e irrefutable, el de supremacía de la raza blanca. Este presunto derecho de superioridad de la raza blanca —la que se postulaba como elegida por Dios—   permitió la infinita riqueza de los grandes terratenientes de América Latina y el sur de Estados Unidos y de otras zonas coloniales de Asia y África, así como la expansión y desarrollo de las potencias europeas que ejercieron tamaña potestad.

¿Por qué se extingue la esclavitud? No solo porque se reconoció la igualdad intrínseca de todos los hombres, y en consecuencia el derecho a no ser discriminado por razón de raza, sino también porque se llegó a admitir la intrínseca dignidad del hombre nacido en cuanto tal, como condición primigenia de su existencia. Esa dignidad irrenunciable e indespojable, no solo otorgaría el derecho natural inviolable a la vida, sino también el derecho a vivir en unas mínimas condiciones que preserven la honra y la autoestima. Esta dignidad reconocida como inherente a la existencia del hombre en tanto especie dotada de racionalidad y conciencia    —tal como expresa la Declaración Universal de los Derechos Humanos— le otorgaría razón, derecho y legitimidad para acceder a las riquezas del planeta como medio para que su vida adquiriera un valor y unas posibilidades de realización diferente al de las bestias.

Y es que el hombre es algo más que una masa de carne que respira; o un productor/consumidor de bienes y servicios; y, por supuesto, es mucho más que simplemente una persona rica o pobre. La dignidad del hombre se sustenta en su propia percepción de sí mismo, en su capacidad para entender y aprender, en su individualidad genérica, en la unicidad del funcionamiento de sus miles de millones de neuronas, en su complejidad psicológica, en su espiritualidad como cada cual decida vivirla, en su grandeza vital, en su honorabilidad, en su orgullo, su autoestima y su amor propio, en la singularidad de sus emociones y pasiones, en sus valores, en su capacidad para elaborar su idea moral que compartir, en su sociabilidad para relacionarse con los otros… Y tanto más que puede aportarse a la dimensión trascendental de la dignidad, sea desde las creencias religiosas como desde el agnosticismo.

Es la dignidad del hombre —ese hombre que, impulsado por su sociabilidad y por su instinto de protección y seguridad, decide no vivir solo sino en sociedad y compartir su existencia con otros—, la que justificaría desde la ética y la metafísica su derecho a una justicia social regulada que sustente los recursos para poder ejercerla. Los ordenamientos jurídicos se limitarían a reconocerlo y garantizarlo.

 ¿Y cuáles serían los recursos imprescindibles que facilitarían a cada cual la posibilidad de una vida libre y digna? No cabe el debate: los que reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A saber: poder instruirse; poder proteger su salud; poder vivir bajo un techo y poder alimentarse; poder trabajar para recibir un sustento, etc., en los niveles básicos esenciales que preserven su honorabilidad y autoestima, y a la altura del nivel de desarrollo de la sociedad donde convive.

No todas las personas tienen la capacidad, o la posibilidad, o incluso las ganas, de crecer y prosperar socialmente, aunque, de algún modo, constituya un deber natural procurarse la subsistencia mediante el esfuerzo. La sociedad de los hombres no es, como algunos pretenden, una empresa en la que quien no alcanza “los objetivos marcados por la dirección resulta despedido”. Quien no ha podido, no ha sabido o no ha querido, afanarse más y mejor, continúa siendo un ser vivo que forma parte de la comunidad y que sigue ostentando la titularidad de sus derechos fundamentales. Unos derechos políticos y sociales que para estar asegurados necesitan de la contribución de todos —o al menos, de todos aquellos que no opten por abandonar la sociedad y vivir aislados en una selva imaginaria—. No cabe, desde ningún enfoque, condenar a los menos capaces o voluntariosos, a esos que ahora, cruelmente y desde el cinismo más extremo, se vienen a denominar “handicapados morales o minusválidos sociales” a vivir recluidos en esa forma de gueto amurallado que representa la pobreza. Aquellos neoliberales que pretenden negar esta realidad existencial primigenia, atentan con sus argumentos al orden natural de la condición humana, que sin duda se antepone a la ley de la naturaleza salvaje, y niegan el propio sentido de la civilización.

Más allá de este razonamiento basado en la identidad esencial del hombre, podríamos plantear algún otro igual de contundente para sostener la legitimidad irrebatible de la justicia social. Y sería el siguiente: todos los hombres nacemos en el mismo planeta, la Tierra. ¿Quiénes serían, por tanto, los titulares por derecho natural de los bienes y riquezas del mundo? Naturalmente, todos los que nacen en él. Ninguna creencia o modelo de pensamiento, salvo el que sustentaba la esclavitud, podría establecer una restricción a este principio.

La propiedad privada de los bienes terrenales solo puede entenderse como una idea organizativa convenida entre los hombres, pero nadie debería poner en duda que esos títulos de tenencia particular en forma de propiedad quedan existencial y antropológicamente subordinados al derecho al libre acceso a las riquezas del planeta de todos los que nacen en él… y que por eso mismo deben ser justamente compartidos, igual que se comparte un terremoto o la luz del sol.

Por supuesto que el capitalismo asienta su ideología en el derecho de los hombres a usar e inscribir a su nombre los bienes que poseen. Pero tal titularidad solo puede entenderse en términos de organización y convivencia jamás con un sentido absoluto e ilimitado, porque de ser así se estaría reivindicando una especie de “fascismo de clase social”. El derecho a la propiedad privada nunca puede ser ilimitado cuando colisiona con el derecho de los demás hombres a servirse de los recursos del planeta para su subsistencia digna, ni tampoco cuando —como manifiestamente acontece— su uso descontrolado ponga en riesgo la conservación de esos recursos que debemos legar a la siguiente generación.

Así pues, dignidad y derecho del hombre sobre el planeta como respuestas contundentes al sofisma neoliberal que pretende despojar de fundamento a la justicia social entendida como parte esencial para la consecución del bien común, a las que también se les podrían añadir otros dos motivos que las reforzarían:

a)     La idea de progreso que ha inspirado la epopeya de la evolución del hombre en la tierra a lo largo de los siglos hasta llegar al estado de civilización actual no puede sino reforzar una idea de bienestar creciente del que cada cual, en sus posibilidades, participa y disfruta como herencia recibida de la historia y su avance. Cualquier supresión de los derechos y ventajas sociales alcanzadas a lo largo de tantos siglos solo podría representar regresar a las tinieblas y la barbarie, y negar el legítimo derecho al acceso a la herencia de progreso que nos ha otorgado la historia.

b)     Partiendo desde un puro razonamiento utilitarista, tampoco convendría a los más ricos y poderosos la aparición paulatina de un proletariado numeroso, precario y escuálido de recursos, sometido a un régimen de semiesclavitud. Y ello, como bien estará suponiendo el lector, no solo por razones económicas sino también de seguridad y convivencia pacífica. Porque antes o después, como acredita la Historia, la fuerza represora no sería suficiente para someter su rebelión desesperada. El bien denominado “pacto social” constituye sin lugar a dudas el mejor recurso para la coexistencia pacífica entre los individuos, pues mitiga el pálpito de una tensión latente a punto de explotar.

Uno de los grandes avances que produjo el capitalismo social de mercado a lo largo del siglo XX fue la aparición de una amplia y expandida clase media burguesa, como ascenso y progreso de las clases más humildes, dotada de un espíritu pacífico, prudente, nada aventurero y relativamente conservador. Hoy el neoliberalismo está actuando para reducir gradualmente esta clase social. ¿No estarán con ello atizando el fuego de la insurrección?

Parece evidente que solo la opción de la integración y aproximación en las condiciones de vida de las personas, la más cercana al espíritu que postula la aplicación de la justicia social, estará en condiciones de asegurar la paz y el progreso de la humanidad en el futuro; no parece que esto sea lo que desde la irrupción neoliberal este sucediendo en una gran parte del planeta. Como escribe el profesor de economía por la Universidad de Berkeley David Card “Sea cual sea el crecimiento de la productividad, la ganancia se redistribuye cada vez más hacia el 10% de las poblaciones con más ingresos… El aumento de la desigualdad salarial, en países como España, apenas acaba de comenzar”.

3.2 Las mentiras neoliberales

Tal como se ha expuesto en capítulos anteriores, la doctrina neoliberal no pretende desbancar a los modelos socialdemócratas, clásicos o más avanzados, como alternativa política y económica, en el marco del juego democrático legítimo. Su aspiración —que ya ha conseguido en gran medida— es constituirse en una “teología” irrebatible de pensamiento único, por encima de las disputas doctrinales y, por tanto, no sujeta a su refrendo democrático. Un hecho que deriva en un mundo dividido entre ricos y siervos que tal vez pueda lograr un desarrollo macroeconómico pero cuyos frutos jamás alcanzaran a estos últimos. Y con ello se verán derribados, de un plumazo, doscientos años de progreso, conquistas sociales y civilización. Insisto en el argumento clave que sustenta esta obra: democracia efectiva y neoliberalismo resultan absolutamente incompatibles desde cualquier plano que se contemple; si el pueblo permite que esta ideología confirme su consolidación y hegemonía, en un plazo no demasiado lejano en el tiempo verá desaparecer, por derribo o por mera carencia de utilidad, el postulado de la soberanía ciudadana. Indefectible.

El profesor Thomas Piketty viene a confirmar un hecho económico de carácter trascendental:

A lo largo de la historia, el rendimiento del capital, medido en términos de riqueza adquirida, viene resultando superior al rendimiento de trabajo y al rendimiento medio de cada país»[27]. Dice el autor: «Cuando el tipo de rendimiento del capital excede las tasas del crecimiento nacional, como ocurrió en el siglo XIX y parece muy probable vuelva a suceder en el XXI, el capitalismo automáticamente genera arbitrariedad e insostenibles desigualdades que radicalmente minan el principio del mérito sobre el que se asienta las sociedades democrática…[28].

Y para demostrar que así ha ocurrido a lo largo de diferentes periodos de la Historia y que está volviendo a ocurrir, Piketty recurre a la más extensa base histórica de datos económicos, jamás antes disponible y utilizada, abarcando en su investigación lo acontecido a lo largo de casi tres siglos en más de veinte países, además de todo un nuevo armazón teórico y estadístico. Gracias a ello, llega a demostrar cómo “el interés general está siendo arrinconado por el interés particular…”, con la consiguiente pérdida paulatina por parte de la democracia de todo control sobre el capitalismo.

Para demostrar su tesis, el autor centra su estudio a partir del análisis del comportamiento de dos grandes variables:

–    r, entendida como la tasa anual del retorno del capital (lo que gana) incluyendo beneficios, dividendos, intereses, rentas y otros rendimientos del capital, expresados como un porcentaje sobre su valor total; y

–    g, como la tasa de crecimiento de la economía de un país, es decir, el aumento de su PIB anual.

El profesor Piketty demuestra que cuando r > g durante un significado periodo de tiempo —es decir, cuando los rendimientos del capital son superiores al crecimiento económico de una nación—, el riesgo de distorsiones en la equitativa distribución de la riqueza y su tendencia a la desigualdad es muy elevado, cuando no inevitable. Y eso es lo que viene sucediendo de nuevo en el siglo presente: «la riqueza heredada tenderá a aumentar mucho más que la riqueza acumulada durante la vida laboral y, en consecuencia, la concentración de capital en menos manos irá alcanzando niveles extremos. A resultas de ello, la tasa de rendimiento (r), los rendimientos del capital, tenderán a una progresión superior cuanto más alto resulte el capital inicial dispuesto, aumentando con ello, de nuevo, el fenómeno de la acumulación de capital a modo de un bucle imparable…»[29].

En este sentido, cuanto “más perfecto” sea el mercado de capitales —o lo que es lo mismo, cuantas menos restricciones, limitaciones fiscales y regulaciones condicionen su libre circula-ción—, más posibilidades habrá de que tienda a hacerse más grande la diferencia en la ecuación r > g, es decir, que se acentué la diferencia entre el crecimiento de los beneficios del capital y el crecimiento de cada país y de los rendimientos del trabajo, “…A lo cual contribuirá la ralentización de crecimiento de la economía […]. En las naciones con un crecimiento nacional lento, la generación de riqueza que proviene del capital adquiere una proporción desorbitaba, y cuanto más lento resulta dicho crecimiento nacional, mayor deviene la desproporción…”[30]. Es lo que técnicamente está sucediendo en España: el aumento del precio de activos —como pueden ser los inmobiliarios— eleva la riqueza sin que por ello aumente el capital productivo ni la retribución de las rentas del trabajo.

No resulta necesario reiterar cuántos informes mundiales, algunos tan próximos como el propio 2016, vienen constatando esta certeza: las riquezas del mundo se concentran cada vez en menos manos; de hecho, el 1% más rico ya controla más del 50% de todas las riquezas del planeta, y la progresión de la situación continúa… Mientras tanto, las mismas estadísticas e informes constatan la caída en la renta disponible en amplias capas de la población, especialmente en el Primer Mundo, y el aumento, por tanto, de la desigualdad. ¿Llegarán esas élites financieras a poseer el 100% de todos los bienes de la Tierra? Las tablas matemáticas de tendencias así lo acreditan, al menos desde su simulación, y no en un tiempo tan lejano. Una forma de dominio total que no necesita ejercer la violencia física para imponerse cuando se posee la facultad, igual de poderosa, de que las personas puedan comer o no cada día.

Afirma Piketty: “Ante los retos del siglo XXI solo había dos opciones: afrontarlos con más impuestos o afrontarlos con más productividad y desarrollo; esto es lo que ha elegido el neoliberalismo y no está funcionando”[31]… El núcleo del engaño radicaría en que este modelo no ha sido elegido libremente por la sociedad desde su soberanía, sino que ha venido impuesto por la aristocracia financiera mundial, que ha establecido sus condiciones desde la presión chantajista:

–    Desregulaciones

–    Libre circulación de capitales

–    Reducciones fiscales

–    Privatizaciones

–    Supresión de servicios públicos

–    Eliminación de la función social y redistributiva de la sociedad, desarrollada a través del Estado

–    Liberalización de la legislación laboral que permita someter la contratación laboral y los derechos laborales a la aplicación pura de la ley de la oferta y la demanda

–    Incentivos y estímulos fiscales a la inversión de capital

–    … Y podríamos añadir los rescates a sus burbujas especulativas de los que ha debido hacerse cargo la sociedad, cuando sus tinglados financieros han entrado en quiebra.

En definitiva, un cambio total en el paradigma del modelo de sociedad en el que veníamos viviendo, que solo ofrece como contrapartida la posibilidad de entrar en la subasta de países aptos para poder invertir en ellos (donde las posibilidades de ser elegido aumentan o disminuyen en función del atractivo y las perspectivas de retorno de la inversión estimadas). Una rendición implícita de la idea democrática y de la soberanía del pueblo, una subordinación de los postulados que definen la convivencia constitucional, un retorno al vasallaje, una merma en la capacidad del Estado como gestor del bien común y, en definitiva, una rendición del ideal de ciudadanos libres que ahora deben someterse a los dictados inmisericordes del nuevo poder absoluto. De aceptarse todo ello, aquello que constituyó el progreso de la civilización a lo largo de siglos quedaría decolorado, rectificado y sometido a La Dictadura de los Mercados, cuya presión solo podrá ir en aumento.

El quid de la cuestión, lo que más complica el poder encontrar soluciones alternativas, es que, en este momento de la Historia, el Capital habría encontrado —mejor decir quizás “obtenido a través de su presión”— la manera de sortear los Estados y sus fronteras para constituirse en el verdadero y casi único poder, supranacional e invisible, que decide.

Una vez conocidas la intención y consecuencias del proyecto neoliberal, tal como refrenda la investigación económica histórica, resulta más sencillo rebatir su mentira evidenciando las contradicciones inherentes al entramado lógico de esta ideología que sustituye la idea de la soberanía del pueblo por otra de clases, la soberanía del capital: una sociedad formada por dueños y criados, capataces y esclavos.

Nuestra impugnación podría sustentarse con los siguientes argumentos:

1. Resulta perverso, además de filosóficamente incorrecto, sustraer del debate sobre el progreso de la sociedad los derechos sociales y económicos que amparan a cualquier persona al nacer. Aunque no se quiera reconocer, el hecho de nacer implica un derecho natural y legítimo a vivir con dignidad, lo cual presupondría tener garantizada, sea cual sea la condición de la persona, techo, un mínimo de ropa y comida, asistencia sanitaria y un trabajo para sobrevivir.

2. Pretender sustituir el Estado del Bienestar por una Sociedad del Bienestar, cooperadora y honesta, implica imaginar un mundo en el que todos los hombres gocen de igualdad de oportunidades para emprender. Nada más lejos de la realidad, como cualquiera puede contemplar, pues vivimos en un mundo desigual e injusto, ajeno a la solidaridad y los valores sociales y exaltador de un individualismo competitivo, que identifica el sentido de la vida con el éxito material, y en el que las oportunidades de prosperar resultan infinitamente superiores para quienes tuvieron la suerte de nacer en la clase social dominante.

3. La verdadera igualdad de oportunidades solo puede sustentarse en una igualdad en la educación recibida por todos los miembros de la sociedad, algo que solo puede ser impulsado por un Estado fuerte dotado de recursos y de voluntad política de alcanzarlo. Los neoliberales hablan del fracaso de la educación pública; de ahí que digan que conviene desmantelarla y propongan sustituirla por una educación privada que cada cual se pague según sus propios recursos. Ello irremediablemente conduciría a ahondar más aún en la desigualdad, no solo en términos económicos y sociales, sino también culturales y de conocimiento, relegando a quienes menos educación pudieran costearse a un gueto fatal de exclusión.

Para intentar camuflarlo, el neoliberalismo se cuida bien de no hablar de “igualdad de oportunidades”, sino simplemente de “oportunidades”. Impresionante matiz y enorme diferencia. Con todo el respeto a tan honorable oficio, no es lo mismo la oportunidad de llegar a ser camarero que la de llegar a ser médico: cuando no hay una voluntad política de proveer una cierta igualdad de oportunidades desde la infancia, lo que queda son “las oportunidades”, dispares y para la mayoría más débil casi inexistentes. Pretender insistir en la falacia utópica de “ese hombre cuya fortaleza se impone a sus circunstancias y se labra, sin techo ni límites, su porvenir” constituye una provocadora mentira.

4. El debate entre sociedad civil y Estado carece de sentido: la sociedad civil, como conjunto de miembros que componen una colectividad, se dota de un Estado precisamente porque necesita de un gestor neutral que armonice hacia el bien común intereses a veces contrapuestos. Quienes no lo necesitan, salvo quizás para que avalen y faciliten sus privilegios en este “capitalismo de amigos”, son las elites que poseen el factor productivo del capital que actúa a su servicio.

5. Al hablar de desmantelar la educación y la sanidad públicas por “haber demostrado su despilfarro ineficaz”, de nuevo se estaría incurriendo en una perversa manipulación de los términos. En primer lugar, porque tras la falsedad cuantitativa de dicha afirmación se pretende intencionadamente omitir el inmenso impacto y avance social que ha representado la universalización de la educación obligatoria y la sanidad gratuita allí donde se ha puesto en marcha. Y en segundo lugar, porque intenta confundir la ineludible necesidad de un servicio con la imprescindible mejora de su eficacia: dos cuestiones que nada tienen que ver entre sí; cuando algo necesario no funciona suficientemente bien… se mejora, pero no se elimina.

En igual sentido, negar la imperativa necesidad de una Sanidad universal y gratuita para todos solo puede significar una falta total de sensibilidad, solidaridad y respeto hacia el ser humano, sobre todo cuando se sabe —sin posibilidad de duda, porque todos los números así lo acreditan—, que en casi todos los países del mundo, incluida España, existen millones de familias cuya renta anual les inhabilita para costearse un seguro privado de enfermedad y accidentes. ¿Qué culpa tiene nadie de ponerse enfermo o de sufrir un percance? Y sin embargo, no por ello dejan de ser miembros de la sociedad en la que nacieron y naturales de un país que les debe, moral y jurídicamente, la atención debida. Porque de lo contrario, ¿cuál sería la conclusión? Me aterra la respuesta que podrían dar algunos.

Los servicios sociales públicos —la educación y la sanidad con preferencia, pero también guarderías, transportes, cultura, ayuda a la primera vivienda, residencias o centros de día para los mayores— no son ni pueden ser discutibles. Otra cuestión es que pudieran gestionarse con mayor eficacia —que nada tiene que ver con dar un tijeretazo en las partidas presupuestarias que las sustentan—. Si es posible, hagámoslo. Nada impide mejorar continuamente la gestión de los servicios que la comunidad se otorga, pero siempre sin poner en cuestión su sentido, obligación y exigencia.

Lo terrible resulta de comprobar cómo los neoliberales han sabido reconducir el debate al terreno de la necesidad o no de estos servicios y hasta qué nivel, cuando lo que la sociedad debería estar deliberando es de cómo ampliarlos y darles un mayor desarrollo acorde con el progreso que postula el nuevo siglo XXI.

6. Lo mismo podría afirmarse respecto a la vigencia del Estado. Negar su necesidad constituye de nuevo una malvada declaración. ¿Quién puede dirigir la sociedad en su rumbo, perspectivas, exigencias y prioridades, si no es un árbitro elegido entre todos? ¿Acaso podría dejarse el impulso del país y de la propia sociedad en manos de un sinfín de empresas privadas a las que se encomendara la gestión de la convivencia y el bien común? La mera hipótesis resulta ridícula: significaría un retorno a la más salvaje y pura ley de la selva.

Suprimir el Estado implicaría declarar abolido el bien común. Un supuesto aberrante que posibilitaría, eso sí, su sustitución por “una oficina para la seguridad y la coordinación de los intereses particulares”.

Es obvio que de nuevo intentan mezclar y confundir el principio con su aplicación. La necesidad del Estado regulador resulta indiscutible. Sin él, la idea del bien común deviene imposible y, en consecuencia, también la de toda posible coexistencia en comunidad y armonía. Lo cual no excluye que deba preconizarse con insistencia —y más desde la izquierda— una reforma radical de la organización de una Administración Estado que, debido a su descomunal tamaño, se ha vuelto ineficaz, ya que es incapaz de funcionar si no es con burocracia sobre la burocracia.

7. La verdadera causa que subyace dentro del neoliberalismo para que se oponga frontalmente contra el postulado del Bien Común es siempre la misma: la obligación de pagar impuestos   —“redistribución coactiva de recursos”, lo denominan— destinados a atender “esas supuestas necesidades” de la sociedad que, para mayor enojo, son gestionados por representantes elegidos por el pueblo y por los funcionarios al servicio de estos.

8. Afirmar que la fórmula democrática no es capaz de dar respuestas al dinamismo de la sociedad constituye de nuevo una retórica falsa. El Estado administra y prioriza. Naturalmente, no satisface a todos, ni es capaz de afrontar tantas contingencias que de continuo se le plantean pero, aun así, resulta fundamental —o el mal menor, si se prefiere— para articular la imprescindible cohesión social que debe impregnar la sociedad si se aspira a poder dar equilibrio a las necesidades de seguridad y libertad de cada individuo. Lo cual implica tener que armonizar los intereses contrapuestos de los diferentes grupos que componen la comunidad. Sin ese Estado-árbitro, nos encaminaríamos al caos y a la continua explosión de conflictos sociales y de otro tipo.

Ahora bien, no nos engañemos, el neoliberalismo no pretende ni desea la supresión real del Estado, sino solo la del Estado democrático como modelo de convivencia fundado hace más de dos siglos y que da servicio a todos. No resulta inocente el matiz; al contrario, debemos entenderlo primordial. El neoliberalismo no se opone en absoluto a un Estado…

–    de clases;

–    al servicio exclusivo de sus intereses y privilegios;

–    de vigilancia, seguridad y control del orden;

–    que les facilite la gestión privada de los servicios públicos;

–    que no gobierne, sino que desarrolle ese nuevo término de “gobernanza”;

–    «vertedero de problemas», como lo define el pensador polaco Zygmunt Bauman.

Lo que repugnan es un Estado al servicio del pueblo y de la justicia social para todos.

9. Decir que la protección social desmotiva a las personas a buscar oportunidades con las que afrontar su responsabilidad de cubrir sus exigencias vitales resulta, de nuevo, ruin y mezquino. Llevando hasta un extremo absurdo esta argumentación neoliberal, podríamos concluir que, según ellos, no habría nada más estimulante para que los individuos busquen sus oportunidades que “someterles al hambre y el miedo”. Ya puestos, ¿por qué no llegar hasta ahí? De hecho, no andaríamos tan lejos de lo que ya esté empezando a ocurrir, pues hay ofertas de trabajo que se pagan a dos euros la hora[32].

La protección social constituye un derecho para cada miembro de la comunidad y un principio de progreso perseguido por ella, que no puede plegarse a condiciones utilitarias.

10. Rechazar la protección social usando como justificación que solo sirve para dar cobertura a “inútiles, parásitos sociales, delincuentes, vagos, tramposos y toxicómanos” es un argumento nuevamente cínico e infame, de trasfondo racista, además de fácilmente rebatible. En todas las sociedades existen ciertamente individuos perezosos, poco útiles y muy aprovechados, que pretenden vivir sin hacer nada y a costa del prójimo mediante engaños y mentiras, y seguramente algunos intentarán acogerse a la protección social que ofrece el Estado, prostituyendo sus fines, para vivir sin trabajar. Todos ellos manifiestan una sintomatología común: vivir del cuento y mano sobre mano, pase lo que pase. Pretender vincular como causa-efecto la protección social, tan necesaria para la comunidad, con la existencia de estos individuos inadaptados y desintegrados porque se aprovechan de ella, provoca perplejidad. Es recurrir, una vez más, a tópicos de bajo calado agradables al oído simplón para intentar justificar lo que en realidad se pretende ocultar, que no es otra cosa que esa avaricia codiciosa que no quiere tener que contribuir al bien común. Sería como afirmar que nadie debería buscar tener hijos ante el riesgo de que puedan nacer con malformaciones; o que si no existieran automóviles, no se producirían accidentes de tráfico. Cierto es que la desestructuración social, el desarraigo económico y la exclusión pueden contribuir a acentuar los problemas de marginalidad, pero ¿qué los provoca?, ¿y quién debe asumir la responsabilidad de paliarlos?

Se detecta a los tramposos, a los vagos, a los inútiles, a los aprovechados, con nombre y apellidos y sin incurrir en generalidades, y se actúa en consecuencia… lo cual no implica que se les pueda dejar morir de hambre, porque, no lo olvidemos, siguen siendo ciudadanos dotados de dignidad y miembros de la sociedad a la que pertenecen, y vivimos en un mundo moderno,    desarrollado y civilizado.

11. Estaría de acuerdo con el neoliberalismo en que la subsistencia, el progreso y mejora socioeconómica de cada uno, constituye, con carácter primario, una responsabilidad personal de cada cual; a nadie le puede venir regalado por la sociedad, y en consecuencia, exige esfuerzo, empeño y sacrificio personal constante. Lo contrario atentaría contra la propia naturaleza de cada ser humano y al propio sentido de la existencia. Lo que parecen soslayar los neoliberales es que el principal recurso para que cada uno pueda hacerse cargo de sí mismo y evitar la marginación y la pobreza es el acceso pleno a la educación y la cultura. Solo entonces puede entenderse la obligatoriedad de la premisa citada; cuando no todos tienen acceso suficiente a la educación, la ecuación de autorresponsabilidad se desvanece. El problema es que a los dirigentes del capital tampoco les conviene una sociedad extraordinariamente culta y preparada, por razones obvias.

12. La propuesta de sustituir la protección social por la acción privada, expresada en términos de caridad compasiva, es indigna y abochornante por pretender sustituir un derecho legítimo de cada persona por la liberalidad, la piedad y misericordia. Pero es que, además, resulta inviable en la práctica, inmersos como estamos en la era de la codicia y el individualismo. Si el progreso en la vida se interpreta en términos de éxito, fortuna y acaparamiento de bienes, y todos rendimos culto al dinero como Razón Suprema Existencial, es inimaginable suponer que los hombres, por iniciativa propia, van a vivir mirando a su alrededor y desprenderse de lo suyo para dar techo a quien no lo tiene, o atender las necesidades perentorias del parado o de aquel a quien no le llega el sueldo a final de mes. Acabemos con la retórica: sin impuestos, no cabe justicia, y las limosnas provenientes de la caridad nunca podrán abarcar las exigencias del auténtico bien común.

La caridad constituye el último recurso, valioso pero insuficiente, allí donde no alcanza la legítima justicia social.

13. Pretender que la economía esté por encima de la política no constituye sino un burdo argumento para justificar intereses de clase y rechazar todo debate de alternativas posibles. La política implica opción para alcanzar algo, luego la elección de los fines (la preferencia por una opción) se antepone a la acción para llevarlos a la práctica. La economía, en cambio, es una ciencia que estudia los procedimientos productivos de intercambio y creación de riqueza. En consecuencia, parecería evidente que en cualquier sociedad, esa elección de los fines deba tener prioridad al método para su consecución. Sin embargo, los neoliberales pretenden que aquello que controlan y dominan (la economía) por ser los tenedores del capital, prime sobre lo que no controlan y dominan    (la política, entendida como preferencia efectuada desde la soberanía popular). Normal, desde sus intereses, que den por zanjado el debate político recurriendo a imponer su “pensamiento único”; lo cual no excluye que resulte inadmisible. Y ocurre lo mismo cuando señalan la prioridad del individuo sobre el Estado.

14. El debate sobre el equilibrio presupuestario y su orientación hacia su estabilidad o superávit como dogma para la bonanza económica resulta embaucador y embustero. Contemplando la cuestión desde una perspectiva simplificadora, del tipo “2 + 2 = 4”, parecería obvio que, en términos de sana economía, no se debería gastar más de lo que se ingresa. Pero ocurre que cuando hablamos de presupuestos públicos, no nos estaríamos refiriendo exclusivamente “a la gestión debida de una buena madre de familia”, sino a las prioridades políticas que debe acometer una sociedad democrática en aras del bien común. Y es entonces cuando la simplificación de la ecuación desaparece: como opción y arma política. Unas veces será preferible el superávit y otras, el déficit. Déficit que, por otra parte, no solo puede ser financiado con deuda, sino también con una mayor progresividad en los impuestos —lo cual no significa necesariamente más impuestos en su conjunto, sino otra forma de reparto, más reequilibradora, de las aportaciones que cada cual debe efectuar—. Todo ello, sin olvidar cómo las gastan en estos tiempos los prestamistas mundiales, que convierten sus créditos en un chantaje coercitivo contra las naciones.

A este respecto, resulta relevante destacar el informe publicado en febrero de 2016 por Gestha[33], al que curiosamente se ha dado muy poco eco desde los medios, y que denuncia que «la recaudación por el Impuesto de Sociedades ha caído un 58,2% entre 2007 y 2014, lo que ha supuesto un recorte en los ingresos de las arcas públicas de 173.370 millones de euros en el conjunto del periodo […] las pymes soportan una carga fiscal media del 14,9% sobre sus beneficios, mientras que la carga fiscal de las grandes empresas y multinacionales (como consecuencia de sus habilidades contables y técnicas de ingeniería financiera) apenas llegó al 6%…». Es decir, se paga menos de lo que se tendría que pagar y, además, los que pagan apenas constituyen una parte de los que tendrían que pagar, tal como refleja esa realidad cada día menos excepcional de la continua evasión fiscal —de la que los Papeles de Panamá y la lista Falciani no son más que unos limitados ejemplos—.

15. Cuando el neoliberalismo eleva a los altares del “porvenir venturoso” el pleno funcionamiento de la libre empresa, el libre comercio y el libre mercado, está evitando entrar en otros debates:

–    La libre empresa, al contrario de lo que postulan, termina generando “libre oligopolio”, al irse concentrando en menos manos, las más poderosas, la mayor parte de la oferta en cada mercado. Con ello, la idea de esa “mano invisible” que asegura el funcionamiento eficiente de los mercados queda absolutamente desvirtuada. En igual sentido, la mejor explicación que podría darse del “libre mercado” sería interpretarlo desde las claves de juego del Monopoly.

–    Cuando se postula el libre comercio, ¿puede alguien aventurar cuál es la verdadera ley económica que rige todas las transacciones?: ¿Oferta versus demanda?, ¿o el más fuerte versus el menos fuerte? ¿La propia ley de la oferta y la demanda no constituye en sí misma una norma rectora basada en la pura fuerza de los que concurren en el mercado?

16. Resulta evidente que detrás de las proclamas a la libertad de los individuos y al progreso que enuncia el neoliberalismo         —entendidos estos en términos puramente monetarios—, se estarían sustrayendo del debate algunas cuestiones fundamentales:

Volviendo a las demostraciones científicas efectuadas por Thomas Piketty, dentro del proceso productivo, y reflexionando en términos políticos:

–    ¿cuál debe ser la adecuada retribución del capital?; y ¿cuál debe ser la retribución de la mano de obra?

Si nos atenemos a la ley de “la capacidad para imponer” que puede sustentar cada fuerza, la respuesta se nos manifiesta nítida: cada vez más para unos y menos para otros. Y, en todo caso, dos constataciones sobradamente demostradas:

a)     Nunca en la historia el capital financiero obtuvo tal incremento de su beneficio como en los últimos cuatro años. Mientras que…

b)     Nunca en los últimos cincuenta años, el factor trabajo sufrió mayores descensos en su participación en la renta nacional de los países desarrollados, como consecuencia de los descensos en su retribución soportados especialmente desde 2008.

Esta constituye la consecuencia de la aplicación más libre y carente de restricciones de la ley de oferta y demanda que algunos pretenden elevar al rango de dogma.

A título ilustrativo, una noticia aparecida en prensa a finales de julio de 2015 confirmaría esta tesis: «Al cierre de la semana bursátil, la capitalización de la gran banca española (Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell y Popular) era de 210.405 millones de euros, 97.550 millones más (“apenas” un 86% de incremento) que a finales de 2011»[34].

Entretanto, ¿cuánto ha subido la retribución media de los empleados de estas instituciones en estos cuatro años? Hablaríamos más bien de descensos y de importantes reducciones de plantilla… salvo para esa tecno - estructura conformada por los altos directivos de las grandes empresas que han sabido reforzar su poder frente al capital.

17. La idea de la plena responsabilidad del individuo frente a su porvenir solo puede ser aceptada cuando se le añade el requisito de que se le ofrezcan las condiciones para afrontar tal responsabilidad, y esto solamente puede hacerlo una sociedad articulada a través del Estado democrático. ¿Es justo hablar de esa plena responsabilidad para el niño que nace en un campo de refugiados en Sudán? ¿O, sin ir tan lejos, para la familia de un desempleado de larga duración, o para una anciana viuda que vive con una pensión de 600 euros al mes?

18. En definitiva, el debate de fondo se reduce a determinar si en la práctica los individuos en una sociedad solo tienen la condición de productores y consumidores dentro de un sistema único mundial, como sostiene el neoliberalismo, o son ante todo ciudadanos, miembros de pleno derecho de la comunidad a la que pertenecen. Dependiendo de la respuesta que se dé a esta pregunta, así serán los derechos y obligaciones que le corresponden a cada persona.

Cuando el ultraliberal Juan Ramón Rallo escribe sobre la Educación y su problemática, la enuncia en los siguientes términos: “Los problemas del sistema productivo como proveedor de capital humano de calidad dentro de la estructura productiva de España…”[35] ¿Realmente puede creerse que esta definición recoge todo lo que constituye la educación? ¿Una provisión de capital humano de calidad a una estructura productiva? ¿Educar es capacitar para producir?…

Me sonroja pensar, o que alguien pueda pensar, que la infinita dimensión del SABER, como puerta única de acceso a las facultades de las que el ser humano ha sido dotado y cuyo desarrollo ininterrumpido debe permanecer hasta el último instante de su existencia —porque en ello se contiene una parte del sentido de vivir—, se quiera limitar a una mera cuestión de “aportación productiva o de capacitación para integrarse en la cadena productiva”… Salvo que dicha definición encierre una carga intencionada de perversidad, solo puede calificársela de necia.

Educarse no constituye ni puede constituir exclusivamente una especie de Plan de Negocio Personal en el que cada cual invierte, según sus posibilidades y en función de las ofertas del mercado, para obtener después un retorno mediante la retribución de su trabajo. De ser así, ello nos conduciría a descartar todo aprendizaje que no fuera asociado a la generación de productividad y valor añadido… No. Esa no es la auténtica dimensión del Conocimiento y su significación para la vida en dignidad. Y toda la historia de la civilización vendría a corroborarlo… 

Educarse constituye la única manera de tomar contacto con uno mismo y sus auténticas potencialidades, para desde ahí poderse abrir a la realidad constitutiva del universo y participar de ella desde el saber. El conocimiento, que eleva al hombre a la facultad de pensar, no solo le facilita el dominio de las técnicas, sino, ante todo, el acceso al más amplio patrimonio cultural y científico de la humanidad. El motivo principal por el que el ser humano se instruye no es para ser “un mejor factor productivo” —en todo caso, esa sería la consecuencia—, sino para ser auténticamente hombre.

Me niego a considerarme —o que me consideren— únicamente como una pieza del engranaje productivo. Y me niego también a aceptar que la sociedad y la civilización se interpreten exclusivamente en términos de oferta y demanda, porque semejante simplificación utilitaria del patrimonio de la civilización a cuestiones económicas resulta, cuando menos, vil.

No obstante, esta conceptualización del hombre constituye el núcleo del predicado neoliberal: ¿personas que reflexionan y entienden, o factores del proceso productivo? ¿Homo sapiens u homo habilis? ¿Hombre libre y consciente de si o hombre empresa de si? El intento de deshumanización de la realidad y de la Historia, su reducción a meros planteamientos de interés y utilidad, no puede ser más evidente.

19. En lógica consecuencia, la idea esencial de la Cultura      —como bien colectivo universal, como patrimonio histórico de las civilizaciones, como riqueza existencial para el goce común— queda reducida para el modelo neoliberal a un hobby; una especie de ocio “en los ratos de descanso de la producción” frente al que la sociedad tampoco tiene nada que decir o que plantearse como reto colectivo —salvo, quizás, para convertirla en una fuente de negocio e ingresos, otra industria generadora de beneficios—. Como dice el profesor Rallo, “que cada cual se pague la cultura y su cultura”[36]…

20. Cuando se pretende dar a entender que la sociedad ha llegado al “final de su historia” y que, en consecuencia, ya no tiene retos que plantearse en torno a sus fines, a la cohesión de sus miembros y al progreso colectivo, el bien común parecería reducirse a la mejora material de cada uno, a la libre obtención de beneficios —cuesta hablar de generación de riqueza en una economía cada día más basada en la ingeniería financiera— que cada cual sepa generarse, sin otras restricciones en cuanto a la cantidad que puede llegar a poseerse.

La propiedad privada no es ni puede constituir un derecho absoluto por una razón muy simple, emanada del propio derecho existencial: su legítima subordinación al interés y el bien común. Y ello, además, por una cuestión práctica: un derecho de propiedad sin limitaciones solo podría defenderse y ejercerse mediante la represión y la violencia —como sucedió durante el colonialismo—. Cuando se afirma, incluso líderes políticos, que “hay que pagar los menos impuestos posibles”, no se estaría postulando otra cosa que derribar todo lo que ha constituido el progreso y bienestar colectivo.

21. Lo que se estaría preconizando finalmente con esta “cosificación del ser humano”, con esta reducción de los individuos a la condición de factores de producción, sumada a la proclamación de la supremacía del individuo frente a la Sociedad-Estado que páginas atrás desmenuzábamos, sería un “que cada cual se saque las castañas del fuego y se apañe con su vida como pueda…”; fórmula vital aunque egoísta que convoca al emprendimiento de cada cual comprometido con uno mismo. Lo que de nuevo se olvidan de decir es que la diferencia de fuerza y capacidades de unos y otros —que no siempre, más bien pocas veces, se deben solo al mayor o menor empeño o al saber aprovechar mejor o peor las oportunidades— genera unas estructuras y unas relaciones de poder entre los individuos que predeterminan sus vínculos sociales.

Cuando hoy se despide a un trabajador que ganaba 100 euros y se cubre su puesto con dos trabajadores que ganan 40 cada uno, ¿estamos ante una expresión pura y transparente de la ley de la oferta y la demanda, o ante una relación de poder impuesto?

El capitalismo persigue de manera fanática y obsesiva obtener mejores rendimientos de sus inversiones. Todo se reduce, una vez más, a ese Mejor ganar 7 gastando 3, que ganar 6 ganando 4… que ya se ha reiterado en esta obra, simplificando cual constituye el dogma fundamental de una ideología y de un sistema de relaciones económicas y sociales. Para conseguir realizar la ecuación necesita competir en mejores condiciones, lo cual, a su vez, precisa obtener tasas de productividad más altas. ¿Cómo se consigue? Reduciendo costes. Y, a día de hoy, la acción que produce un efecto más inmediato es la de disminuir los gastos en mano de obra. Eso es precisamente lo que está sucediendo actualmente en el panorama laboral.

Para aumentar la productividad y obtener mayores beneficios, el Capital necesita menos mano de obra y además que resulte más y más barata, allí donde no puede simplemente sustituirla por tecnología. Y es aquí donde el neoliberalismo se salta todas las fronteras, físicas o jurídicas, para alcanzar su propósito: deslocalizaciones para trasladar producciones de Detroit a Shanghái, o de La Coruña a Pakistán, o aceptación de mantenerlas en Vigo o Valencia a cambio de reducciones salariales y recortes. La raíz del problema es que el Gran Capital no tiene nacionalidad. El progreso tecnológico, la mundialización del comercio y de las comunicaciones y la inusitada y duradera caída de tipos de interés a niveles antiguamente inimaginables, han hecho que su única patria sea ese mundo global cuya bandera es la del dinero. (Con semejante premisa, puede imaginarse el lector el nulo interés que “un mercado” puede tener de “contribuir al bien común” de este o aquel país del que no se siente pertenecer… Sus poseedores podrán tener nacionalidad, pero el dinero como tal es apátrida).

El Fondo Monetario Internacional felicita todos los días a Rajoy por su política económica, a la vez que le insta a llegar más lejos en las reformas laborales —denominación que pretende ocultar su verdadero significado: reducir los derechos laborales y sociales con el fin de conseguir salarios y costes laborales más bajos y precarios—. Este constituye el quid de la cuestión. Y solo estamos empezando. Cuanto más barata resulte la mano de obra, mayor capacidad competitiva y rentabilidad consigue la inversión del capital. Directo y lineal.

Se nos cuenta que el gobierno de Rajoy, desde 2015, ha vuelto a crear empleo y a reducir las tasas de paro… Es cierto el dato, pero solo es una verdad a medias… La prueba de que la información es incompleta está en el dato de cotizaciones mensuales a la Seguridad Social, donde la cifra —que representa un porcentaje definido sobre los ingresos— se sitúa 300 millones de euros por debajo de la que se obtenía en 2011(datos oficiales de la Seguridad Social, recogidos por el diario El Mundo con fecha 30/7/2015). La conclusión es clara y no puede ser otra: se cotiza menos porque se pagan salarios más bajos. Todo lo cual conduce, como consecuencia técnica, al espinoso tema de la insostenibilidad del sistema de pensiones.

Se podría argumentar desde la ciencia económica que el precio de la mano de obra viene determinada por la ley de la oferta y la demanda y por las exigencias de la competitividad en un mundo globalizado pero, ¿cómo se aplica la susodicha ley de la oferta y la demanda a una persona que, en paro y sin prestación de desempleo, acepta trabajar 40 o 50 horas semanales por 700 euros al mes, horas extras no retribuidas aparte? Deberíamos hablar más bien de la ley de la resignación y del “es lo que hay”.

¿Qué tendrá que ver la productividad china, como se nos pretende narrar a modo de justificación, cuando en una cadena hotelera española reducen los salarios de sus nuevos contratados un 20-30% con relación a los que se pagaban en 2012? Se dice que somos un país con mano de obra muy poco especializada y que aporta muy poco valor añadido al proceso productivo… Puede ser, pero entonces, ¿cómo juzgar que los presupuestos para la Educación pública hayan bajado más de un 20% y se hayan subido las tasas universitarias más de un 50% en los últimos cuatro años?, ¿o que la inversión pública en I+D+i también se haya recortado un 60%? ¿Deberíamos afirmar que Rajoy se ha equivocado con semejantes recortes, o tal vez que se ha limitado a cumplir lo que exige el capital alemán para sus proyectos de inversión en España: mano de obra muy barata y de muy baja cualificación? Creo que el lector tendrá la respuesta tan clara como yo.

Lo cierto es que, si reducimos los fines de las naciones y del propio mundo a la optimización fría, sin alma, a meros términos monetaristas y de rentabilidad, de unas ecuaciones económicas basadas en el mejor rendimiento del capital y de sus inversiones, la humanidad se encuentra en serio peligro. ¿No es esto lo que ya está empezando a suceder?

Es evidente que el capitalismo postindustrial ha sabido encontrar en el planteamiento neoliberal el modelo que acomoda sus intereses a los retos del siglo XXI, y muy prioritariamente a los de la globalización e Internet; las víctimas son las personas.

Aunque se nos presione y someta a condicionamiento para aceptar lo contrario y llegar a verlo con naturalidad, lo cierto, lo irrebatiblemente verdadero, es que el hombre es más que una pieza de la cadena de producción. Es ese “más”, vinculado a su condición de persona dotada de un derecho natural a una existencia digna y protegida, el que se nos estaría intentando suprimir. No lo permitamos.

Como escribía el economista y asesor del Secretario General de la ONU, Jeffrey Sachs :

nuestro papel como individuos es el bien común. […] Soy aristotélico y por tanto creo que el fin de la política y la economía es promover el bienestar de la humanidad. […] Cuando uno se enfrenta cara a cara a la pobreza extrema y al mismo tiempo tiene ante sus ojos la riqueza más exultante […] [solo cabe] desterrar esta actitud moderna en la que hemos caído y que el Papa Francisco ha bautizado como “la globalización de la indiferencia”[37]

promoviendo valores dentro de la sociedad… Quizás en esa expresión, “la globalización de la indiferencia”, se encierre la mejor explicación al mal que contiene el neoliberalismo.

3.3. Las intenciones del neoliberalismo: la agenda oculta

Un día, hace unos cuantos decenios, en algún lugar del planeta se celebró una reunión, de carácter secreto y restringido, cuyas conclusiones fueron resumidas en el siguiente memorándum final:

«Ha llegado el momento de actuar para corregir el rumbo perverso hacia el que avanza la humanidad. Una trayectoria inspirada en la idea democrática de la igualdad que, de no ser corregida, nos encamina hacia una forma de socialismo que en pocos decenios acabará con nosotros y con el orden natural del planeta que siempre hemos defendido. Tenemos que frenar y reconducir este modelo político maligno cuyo origen se situaría en las Revoluciones francesa y norteamericana de finales del siglo XVIII, y que cobraría nuevos impulsos con el denominado New Deal del presidente Franklin D. Roosevelt y los nefastos modelos de economía social establecidos en Europa y Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial.

Seríamos ciegos si no viéramos que nos estamos arriesgando a perder de manera irremediable e irrecuperable la hegemonía que nosotros, las elites (aristocracia y nobleza, reyes, príncipes de la Iglesia, jerarquías castrenses, grandes financieros y banqueros, empresarios de los grandes sectores del comercio, millonarios, estirpes, altos magistrados, terratenientes, hacendados, oligarquías agrícolas y ganaderas, eminencias académicas, cúpulas de los gobiernos corporativos y de los más ilustres colegios profesionales, gentes de abolengo y alcurnia, cunas ilustres, etc.) hemos ostentado sobre las masas y el pueblo a lo largo de los siglos. Si ahora perdemos nuestra posición de dominio, será para siempre.

La situación actual no puede resultar más grave. Ese modelo democrático, ejercido a través de los líderes y representantes elegidos por el pueblo, está financiando mediante los feroces impuestos que se nos obliga a pagar, modelos de redistribución de la riqueza que conducen a nuestra extinción. El auge y transformación de las masas proletarias en una nueva clase social, la clase media, comienza a convertirla en rectora y dirigente de nuestro Sistema. Una clase que empieza a pensar por sí misma y puede atreverse a ejercer su libre albedrío… Dicho de otro modo, estamos financiando estúpidamente el suicidio de nuestra clase.

Bien sabemos que las cesiones de poder que reiteradamente hemos venido haciendo en beneficio del proclamado progreso y la mejora de la calidad de vida de la clase popular han sido hechas interesadamente, como freno y cortafuegos ante el riesgo de que pudiera prender la mecha de la revolución marxista y comunista. Sin embargo, hemos ido demasiado lejos: el obrero ya puede acceder a una vivienda, a un vehículo, a electrodomésticos y comodidades que jamás puedo imaginar en su hogar. Sus hijos pueden estudiar e incluso ir a la universidad, a la misma clase que los nuestros. Disponen de sanidad gratuita, seguridad laboral, protección familiar, amparo en caso de desempleo y garantías en forma de pensiones para la vejez. Incluso les hemos aumentado los ingresos obtenidos por su trabajo y facilitado otras ventajas sociales año tras año…

¿Y qué hemos conseguido a cambio? Nada, excepto reducir, hasta casi eliminar por completo, su miedo, su debilidad, su indolencia e ignorancia, imprescindibles para aceptar el sometimiento. Nada, excepto mayores exigencias, un hambre convulsa e insaciable de nuevas mejoras sociales que, cuando no son correspondidas, revierten en brutales presiones en forma de huelgas, manifestaciones y violentas algaradas callejeras, cada día menos controlables, que expresan su determinación para obtener más y más.

En resumen, les hemos hecho sentir demasiado libre y fuertes. Si no cortamos de raíz esta situación, el detestable montaje democrático terminará por arrebatarnos el poder social y económico que ostentamos, cuestión que hasta ahora había sido intocable e innegociable. Y así debe seguir siéndolo.

El problema no es ya ese obrero devenido en burgués de clase media que se siente satisfecho y confiado, sino el hijo o el nieto de ese mismo obrero, quien, una vez que se encuentre formado y protegido por ese estado socializante que nosotros financiamos, no tendrá la más mínima duda ni el menor escrúpulo de discutir el orden natural y moral que debe dirigir el mundo, hasta arrebatarnos el poder y reclamarlo para sí, amén del reparto de la riqueza que siempre nos ha pertenecido.

Todo lo que aquí anticipamos acontecerá dentro de unos pocos decenios, y vendrá acompañado de un aperturismo en los usos y costumbres de vida que nos abocarán a unos niveles de tolerancia y libertad inadmisibles. El orden de la Historia será subvertido por la permisividad, y la autoridad por la anarquía. Se abolirán las jerarquías entre razas, lo cual conducirá a un repugnante mestizaje contra natura. La mujer romperá con su rol subordinado al hombre y reivindicará la igualdad de género en sus derechos. El temor de Dios se transformará en indiferencia y se retornará a las prácticas de los salvajes. La sexualidad ordenada dará paso a la promiscuidad y el amor libre. El trabajador se enfrentará a su patrón y el sirviente a su señor… Y entonces, cuando los principios de raza, casta, cuna, género y jerarquía de clases que siempre hemos impuesto y han regido la civilización hayan sido anulados, el hombre del pueblo —a quien permitimos autodenominarse ciudadano mientras no resulte peligroso— comenzará a sentir y a comprender cuál es el camino para acceder a la auténtica libertad de quienes se sienten iguales.

No nos cabe ninguna duda de que esa libertad resulta incompatible con nuestros intereses oligárquicos. Ellos o Nosotros.

Nuestra respuesta ante tan atroz disyuntiva no puede ser cuestionable. O devolvemos a quienes están teniendo la osadía de creerse ciudadanos iguales a nosotros a su originaria condición de sumisión y obediencia, o ellos nos arrebatarán nuestra posición de supremacía para convertirnos en pueblo.

Pero no se reduce a esto la tragedia. Estamos permitiendo, incluso incitando por omisión, que se suprima la ley no escrita según la cual los más fuertes siempre han prevalecido sobre los más débiles. Con esta funesta política de redistribución de la riqueza a través de la ignominiosa fiscalidad del Estado en aras de un presunto “pacto social de cohesión”, estamos contribuyendo a que los más vagos e irresponsables se acomoden y se conviertan en todavía más indolentes, holgazanes e inútiles. El noble afán de lucha y esfuerzo por sobrevivir y salir adelante por tus propios medios y de asumir la responsabilidad contigo mismo y con tus compromisos se ve así anulado e invalidado.

Compañeros y amigos de la clase superior dirigente, estamos alterando el orden natural del universo y de las especies vivas, en el que cada cual responde ante sí mismo de su supervivencia y asume las características propias de su especie: si naciste conejo, no te metas con los leones; si eres buitre, espera a que terminen de comer los carnívoros más fuertes y confórmate con los despojos que ellos puedan dejar. Estamos dejando que las ratas se conviertan en leones.

Cada cual debe permanecer en el mismo lugar en el que el destino le situó por cuna y por linaje. Así es, así fue siempre y así debe seguir siendo. Ese es el orden histórico que hemos heredado y que tenemos la obligación de preservar. En cambio, inspirados por doctrinas y filosofías socialdemócratas absurdas que hacen de la igualdad y el reparto de riqueza una descabellada ley suprema que, según dicen, es la que ha de inspirar la convivencia entre los hombres hemos caído en dudas y complejos. Dejémonos de hipócritas moralidades y no incluyamos la compasión caritativa o el mito de la justicia igualitaria entre las reglas eternas que deben regir el mundo: autoridad, ley y jerarquía.

Solo a nosotros corresponde señalar esa autoridad, esa ley y esa jerarquía. ¿Por qué? Porque la Naturaleza —o Dios, como lo llamarían algunos— ha querido que nosotros seamos los más fuertes. Y son los más fuertes y poderosos los que están llamados a gobernar la Tierra.

Ha llegado el momento de iniciar una revolución planetaria. No tiene por qué resultar sangrienta si sabemos utilizar nuestras armas. No olvidemos que la aplastante mayoría numérica de las masas se ve contrarrestada por su inmensa ignorancia y por una histórica inclinación al sometimiento; y que a su ira y a la presión social en forma de vocerío podemos contraponerle la administración por nuestra parte de dosis intensas de miedo y represión paralizante, alternando con quiméricas esperanzas de un futuro pleno de felicidad; ambas constituyen maneras de una persuasión autoritaria que podemos y debemos ejercer sobre ellos.

Nosotros disponemos de los recursos y resortes, que derivan de nuestro dominio y potestad, suficientes para aplacarlos. Basta con saberlos manejar sin vacilación, instaurando una nueva percepción de la realidad que, por hegemónica, se imponga como la única lógica y natural.

Los albores del siglo XXI traerán una nueva era. Un tiempo en el que se producirán los mayores avances en la historia de la humanidad. Unos años que se adivinan plenos de nuevas oportunidades de riqueza gracias a los avances en la ciencia y la tecnología. No tenemos por qué, ni queremos compartir este progreso, ni los que se derivarán de él, con las masas. Solo nosotros, la aristocracia rectora, debe tener acceso al dominio y posesión del nuevo saber.

Resultaría extremadamente peligroso para nuestros intereses y para los del planeta, por no decir definitivo, que todos estos progresos evolutivos en medicina, tecnologías de la información, biología o robótica cayeran en manos de la supuesta soberanía popular de las naciones. La utilidad y el uso que pudieran decidir hacer los gobernantes políticos de tales descubrimientos y avances les convertirían en dueños indiscutibles del destino de la humanidad. Y no cabe duda de que eso podría atentar contra nuestra propia supervivencia como élite. Si la capacidad de creación de riqueza y la comprensión del universo escapasen definitivamente de nuestro control y quedasen en manos de todos los habitantes del planeta, nos abocaría irremediablemente a la extinción.

No podemos permitirlo. Sería como aceptar nuestro suicidio. Debemos, por tanto, anticiparnos con nuestra acción más decidida y determinante.

El objetivo está claro; la meta final, también. Debemos devolver la Historia a su orden natural: la dirección del mundo y de la humanidad corresponde, como en todas las especies, a los más fuertes, a la elite dominante.

El proceso que debemos iniciar con la mayor prontitud y contundencia posibles debe ser acomodado, no obstante, en sus tiempos y pausas para evitar desmanes del populacho o reacciones desesperadas de la turba enardecida. Se impone, pues, la necesidad de actuar con la mayor sutileza, desde las propias raíces de la democracia, y transformar el peligroso orden que sugiere la idea de soberanía del pueblo sin que las masas lo perciban. Es indispensable que perezca que nada está cambiando, salvo la propia evolución del planeta, y que todo lo que pueda acontecer se decide y sucede por y para el bien del pueblo. Nadie debe percibir la intención de retorno al antiguo orden que subyace en nuestras acciones.

Para ello, resulta primordial que “se aparente con impecable eficacia” que la idea democrática sigue vigente. La dictadura de la elite debe constituir el trasfondo real de una apariencia irreal, de un prodigioso simulacro de democracia.

Dejemos al pueblo que siga creyendo que continúa siendo rector de su destino mediante el voto y las elecciones. Eso no es relevante. Si quieren Parlamentos, que los tengan… siempre y cuando carezcan de poder efectivo. Lo importante es que quienes salgan elegidos se sometan a nuestros designios, bien porque crean en ellos, bien porque aceptan las recompensas que les ofreceremos a cambio… O porque no les quede más remedio que hacerlo si quieren sobrevivir políticamente.

El proceso hacia la nueva dictadura deberá desarrollarse de manera invisible. Cualquier acción violenta o impuesta ha de ser descartada. Tendremos que ser pacientes y aceptar el curso natural de una serie de etapas intermedias que debemos saber secuenciar hasta alcanzar la ocupación total del espacio democrático.

La clave para consolidar nuestra contrarrevolución de forma pacífica será la aplicación de nuevas y precisas técnicas psicosociales de condicionamiento mental. Ellas evitarán cualquier derramamiento de sangre, mucho más costoso. Basta con crear realidades —aquellas que nos convengan en cada momento— y manipular la opinión de las masas sociales para que se adapten a ellas y las asuman como verdaderas, ya por adhesión, ya por resignación. Con este objetivo, financiaremos la creación de institutos especializados en el estudio y aplicación de nuevas y más poderosas técnicas de condicionamiento social.

La convicción interiorizada constituye la forma más profunda de sometimiento: démosles caos, incertidumbre, crisis y miedo para, a continuación, brindarles la ficción de una esperanza en el porvenir a cambio de su sumisión obediente. De esta manera nunca se sentirán dominados u oprimidos; muy al contrario, creerán y opinarán que están siendo liberados de los males que sobrevienen con los tiempos. Se conseguirá así llegar a establecer una dictadura feliz aceptada.

Debemos asegurarnos de situar en todos los estamentos rectores de la sociedad (en los puestos más relevantes de la prensa y los medios de comunicación, altos mandos militares, servicios secretos, colegios profesionales, esferas políticas, cámaras de comercio, supremas instancias judiciales, jerarquías eclesiásticas, universidades, empresariado y demás clase dirigente) a personas afines y adictas a la ideología de la nueva dictadura. Se deberá proveer la creación de una vasta y eficiente red de conexión entre todos ellos, a modo de quinta columna civil.

Para ello, será preciso que nos impliquemos activamente en la fundación de los mejores centros privados de formación, con el más alto nivel de exigencia y calidad, inspirados por nuestros dogmas, a donde llevaremos a estudiar a los más inteligentes y a las elites sociales que habrán de convertirse en los apóstoles proselitistas del nuevo credo. Paralelamente, se fomentará la fundación de una infinita tela de araña de agentes que conecte e interrelacione a todos los implicados en nuestro ideario (y bien empleado estará todo el dinero que deberemos aportar para su financiación): clubs, organizaciones, medios de comunicación, gabinetes de abogados, fundaciones, institutos, círculos de estudio, patronatos, colegios profesionales, consultoras, corporaciones y foros de opinión. Todos ellos se convertirán en lobbies, grupos de presión en favor de nuestra ideología, consagrados a darle difusión y a generar un amplio e inusitado clima de consenso, favorable y proclive, dentro de la sociedad. Para ello solo tendremos que copar, sin resquicios, todos los ámbitos de creación de ideas y opiniones.

El discurso ideológico unívoco con el que debemos dotarnos a efectos de aportar coherencia a nuestra actuación debe ser simple, claro y categórico. Su formulación debe asentarse sobre el axioma de que todas las ideas y proyectos se desarrollan con la única finalidad de asegurar “el bienestar de la ciudadanía”. Las clases populares deberán creerlo de esa manera, a modo de una nueva fe revelada, por lo que se requerirá la incesante y repetida difusión a través de todos los altavoces mediáticos de promesas que incidan en una más que probable prosperidad y porvenir venturoso, frente a la palpitante amenaza de pobreza y crisis para el pueblo. Una amenaza que deriva de llevar a la práctica las ideas socialdemócratas, causa esencial de todos los males. (Es decir, nada muy diferente de la promesa del cielo frente a la condena al infierno que da sentido a todas las religiones).

Para que esta ideología resulte convincente y fácil de asumir por las masas, deberá fundamentarse en unos pocos pero muy precisos argumentos. A saber:

–    El porvenir y el bienestar constituyen lo único importante para cada individuo. Para alcanzarlo, se precisa de esa libertad e iniciativa individual en la que cada cual es dueño de sí mismo y de su destino, sin que nadie pueda ponerle frenos y condiciones.

–    El Estado obsoleto actual, que somete, bloquea y controla, nos restringe esa libertad y además nos empobrece exigiéndonos demasiados impuestos, con los que genera unos recursos que luego dilapida inútilmente en nuestro perjuicio y contra los verdaderos intereses de la ciudadanía. Hay que limitar los impuestos al máximo para así reducir el tamaño de un Estado inútil y devorador de recursos, y devolver a cada cual la posesión de sus bienes y riquezas.

–    La gestión privada de todas las necesidades de la sociedad resulta más barata y eficiente que la pública. Conviene privatizar cualquier servicio.

–    Si la gente pagara menos impuestos sería más rica y tendría más recursos para invertir o gastar en su propio provecho. No dejemos que nos quiten el dinero que ganamos para facilitar la vida a los vagos.

–    El Estado se ha convertido en un monstruo regulador y burócrata. Hay que retornar a la desregulación total y al libre mercado pleno, para que los individuos recuperen su legítima iniciativa.

–    La sociedad y los mercados son eficientes para regirse por sí solos y avanzar hacia el progreso y desarrollo que cada cual sepa labrarse. Y todos disponen de infinitas oportunidades para forjárselo.

Todas estas ideas, y las muchas que se derivan de ellas, deben ser repetidas una, mil y millones de veces, en todos los medios de comunicación y propaganda existentes, hasta que se conviertan en algo más que una opción. Se deben transformar en silogismo, en doctrina, en dogma indiscutible. Una nueva lógica irrebatible inserta en el inconsciente colectivo de las poblaciones.

La nueva cultura y las propuestas de ocio deben orientarse a inducir en las masas la idea de placer y su obtención como prioritaria y preferente a cualquier otra inquietud o sensibilidad. El consumo sin límite de todo tipo de bienes y servicios, incluidas personas, debe postularse como elemento principal de satisfacción, goce y realización personal. Las personas no piensan cuando gozan, y si este placer lo alcanzan consumiendo… démoselo.

En la misma línea, se deberá promover la creación y utilización de prodigiosos universos virtuales —para cuyo desarrollo Internet y las nuevas tecnologías pueden y deben jugar un papel preponderante— que alejen al individuo del análisis y la compresión de la realidad que le rodea y le sitúe en la ficción ilimitada como alternativa más cómoda y amena, con la que evadirse de la verdad. “Si este mundo que nosotros dirigimos no les gusta, hagámosles creer que viven en otros, imaginarios, infinitos, apasionantes y divertidos, donde puedan intervenir y sentirse protagonistas, escapando de su propia certeza y la de su existencia”.

La consigna resulta precisa: de manera imperceptible, las nuevas formas de ocio adormecedor, como la fantasía del placer incesante o la ficción del propio yo desarrollada en un escenario virtual, deben llegar a convertirse en una imaginación permanente de felicidad que reemplace la conciencia de falta de libertad.

En paralelo, las ideas del “enemigo externo” como amenaza palpable constante, y la del “chivo expiatorio” como mecanismo con el que la tribu exorciza el mal y el peligro, deben ser construidas y renovadas a cada instante, acentuando su visibilidad, reforzando con ello el discurso ideológico y psicológico de “los buenos frente a los malos”, que servirá de elemento aglutinador de los individuos con sus dirigentes.

Allá donde no llegue la corrupción, entendida como la destrucción de la conciencia social y sus valores, deberá llegar el miedo y, si esto no fuera suficiente, las fuerzas de seguridad. Una seguridad máxima, implantada y controlada, que no debería ser percibida, pero que actuará de inmediato como mecanismo de represión paralizante frente a cualquier intento de resistencia o rebelión contra nuestro sistema.

Cuando nuestro programa haya completado su actuación, el derecho a la libertad y a la soberanía igualitaria de los individuos se verá finalmente diluido en una somera aspiración inoculada de protección y cómoda estabilidad, vinculada de manera inherente a la aceptación y obediencia a las elites. En ese instante —que no debería producirse más allá de 2025—, la idea democrática habrá perdido todo sentido por innecesaria y será la propia plebe quien delegue en las oligarquías la designación de quienes deban dirigir el destino de sus vidas.

Será entonces cuando el sistema democrático habrá alcanzado su final, viéndose sustituida por una dictadura feliz de las elites, adornada con apariencias de participación no vinculante. El nuevo modelo político hegemónico que se habrá instaurado será un sistema en el que:

a)     El Estado-Nación decimonónico habrá sido reducido a su expresión mínima, dentro de la que solo tendrán cabida y vigencia la gestión del orden en la sociedad, la seguridad, la coordinación económica y la gobernanza internacional. Los servicios públicos serán privatizados, incluida una parte de la justicia y la administración de los pretéritos derechos sociales. Las fuerzas de seguridad se ocuparán de prevenir las situaciones extremas de indignación que pudieran desembocar en anarquía.

b)     La idea social redistributiva a través de la fiscalidad desaparecerá y, con ello, la imposición fiscal directa será rebajada hasta una contribución mínima, imprescindible para el sostenimiento del orden, la seguridad y ciertos servicios básicos.

c)      El modelo de bienestar social será reemplazado por otro de fomento de la responsabilidad individual.

d)     Las masas de trabajadores retornarán a su condición social y económica de origen, reforzada con estímulos al progreso y desarrollo de cada cual basados en el esfuerzo, el sacrificio, la productividad, el emprendimiento, la competitividad, la libertad y el afán de superación.

e)     La economía de libre mercado habrá sido implantada con plenitud, al servicio de la gestión eficiente del capital, libre de barreras, regulaciones y restricciones burocráticas.

f)     La fórmula política de dirección de las diferentes sociedades correrá a cargo de los mejores, elegidos por la clase superior y asignados en perfecta coordinación internacional. Todas las consideraciones ideológicas resultarán perfectamente reemplazables por criterios económicos y de gestión eficaz. Paulatinamente se irán atrayendo hacia el nuevo Sistema a las restantes culturas, hoy diferentes por raza o religión, hasta que quede establecido un único orden planetario.

g)     La idea del nuevo hombre instalado en una nueva sociedad se habrá convertido en dogma irrebatible. Una religión laica en la que prevalecerá definitivamente lo individual sobre lo colectivo (disyuntiva esta que habrá quedado vacía de contenido) y la lucha por la superación y la supremacía del más fuerte sobre la solidaridad y la cohesión social.

En definitiva, surgirá un Nuevo Orden Mundial Sustentado en la idea del hombre como único dueño de su destino, la libertad como vector del desarrollo, la jerarquía como modelo de vertebración entre clases, y la autoridad como expresión máxima Del Poder Regentado por la Clase Superior Más Fuerte.

Resulta evidente que desde la puesta en marcha hasta su culminación de este complejo proceso de Retorno al Orden Histórico se requerirán ingentes contribuciones multimillonarias que entre todos los reunidos deberemos aportar. Dicho esfuerzo económico no debería preocuparnos —o al menos deberíamos relativizar su significación— cuando nuestro futuro se plantea en términos de Supremacía o Extinción».

Todo lo hasta aquí transcrito constituye, como supongo habrá adivinado el lector, una mera hipótesis imaginada. Sin embargo tengo la certeza casi absoluta de que algún memorándum parecido al aquí reseñado fue debatido y acordado por las grandes elites financieras, los más ricos y poderosos del planeta, en algún momento de los últimos treinta o cuarenta años.

Mi seguridad en la existencia de este plan ejecutivo, de este gran programa de erradicación de la democracia, se basa en la constatación de cómo sus líneas de actuación se vienen poniendo en práctica, de manera coordinada, a lo largo de los últimos veinte años y en cómo sus efectos resultan perfectamente visibles en la evolución de la sociedad. ¿Nos encontramos ante una gigantesca conspiración dirigida contra el pueblo y la democracia? Es más que posible, aunque ello no baste para dar explicación completa de cuanto sucede. Nada es casual, todo responde a un proyecto impecablemente diseñado que se viene desarrollando con precisión en las últimas décadas y cuya lógica emana de los objetivos perseguidos.

En los próximos diez o quince años viviremos la culminación de esta “Agenda Oculta” en su consolidación y etapas finales. Llegados a ese momento, la humanidad habrá retrocedido en el tiempo, retornando a antiguos periodos absolutistas y despóticos de la Historia que creíamos superados. La libertad se soñará como un juego virtual en 3D en el que imaginaremos la felicidad. Tal vez, incluso, la libertad ya no se considere un bien preciso y necesario.

4. La reacción fascista al neoliberalismo: el imperio Trump

El hombre más despreciado denostado, criticado, ridiculizado y descalificado en todo el planeta a lo largo de los dos últimos años se ha convertido en el 45 presidente de la primera potencia del mundo, los Estados Unidos de América, cuya dimensión económica representa alrededor del 20% del PIB mundial.

Toda una descomunal alianza, jamás vista en su poder y dimensión, de establishment político, financiero, mundo de la cultura y la ciencia, fuerzas mediáticas, núcleos de pensamiento a derecha e izquierda y grandes poderes económicos no han sido capaces de frenar a quien, calificado de ignorante, mentiroso, farsante, desequilibrado, racista, sexista, y corrupto multimillonario, supo elevarse frente a todos ellos y conducir sus aspiraciones hasta ser aupado por más de 60 millones de votantes al liderazgo de la primera potencia del planeta. El status quo neoliberal se ha venido abajo; las estrictas reglas de un Sistema que se preconizaba único, definitivo, impenetrable y sin alternativa han sido derribadas por ese a quien califican de “fantoche del peluquín color zanahoria”, los medios más prestigiosos del mundo. El imperio de los correcto ha concluido a manos de alguien, sin duda impresentable en formas, ideas y probables actuaciones, pero a quien no cabe negar una inusitada inteligencia y habilidad, al haber logrado atraer para sí el apoyo masivo de las clases medias y de la mayoría de raza blanca norteamericana.

La reacción ante tan descomunal fracaso por parte de un amplio sector de la casta dirigente mundial no ha sido otra que, sin reconocer responsabilidad alguna, encerrase en su soberbia de razón y verdad indiscutible: son los otros, aquellos que han votado al impresentable “flautista de Hamelin”, quienes se han vuelto locos y equivocados, dejándose arrastrar por ridículas retóricas populistas (resulta patético cómo se pretende instalar en la conciencia colectiva la noción de que todo lo que no responde a la más estricta ortodoxia impuesta por el Sistema resulta “populista”, expresión que nadie sabe a ciencia cierta que significa pero que viene a pretender asimilarse con la de “herejía y anatema frente a la ortodoxia del pensamiento único”).

Cuando todo parecía controlado, ese pensamiento único del libre-mercado salta por los aires (ya envío sus primeras señales de enfermedad con los resultados del Brexit en Gran Bretaña y con la victoria de ciertas fuerzas políticas en países como Polonia y Hungría), derrotado ante un nuevo discurso antisistema que, desafortunadamente, se decanta por postulados fundamentalistas de claro cuño fascista, y que, visto en más detalle, tampoco se sitúa en las antípodas del dogma neoliberal.

“¡Estos constituyen los peligros del Sistema Democrático… Que las masas voten como imbéciles y sin saber ni entender!” En esta afirmación, la del peligro del voto (que por otra parte nunca asumirían cuando la votación les resultase favorable), encierra el establishment su herida, preocupados por neutralizar, de la forma más rápida y contundente, el evidente peligro de contagio hacia otros territorios. Y con ello pretenden eludir hipócritamente una reflexión más profunda y sincera de lo que puede estar sucediendo.

Me niego a aceptar que la victoria de Trump o de las fuerzas que en el Reino Unido preconizaron la salida de esa Unión Europea de los mercaderes o el creciente auge de movimientos de corte reaccionario en parte de Europa, haga buenos, ipso facto, a Merkel, Rajoy o lo que en Norteamérica representaba la candidata Hillary Clinton: una salida probablemente nefasta, y en todo caso más que grave y preocupante, no convierte en valido y valioso, un modelo anterior esencialmente perverso. Precisamente, seria del fracaso de este modelo y de los millones de heridos e insatisfechos que está dejando a su paso, que nacerían, como consecuencia inevitable, fenómenos como el que ahora analizamos. Como alguien me decía recientemente… “una carne podrida, como alternativa, no convierte en satisfactorio el pescado podrido que se nos ofrecía como único alimento posible”… La súbita irrupción de modelos fascistas no absuelve la ilegitimidad de los postulados neoliberales ni a la inversa. Conviene que nadie pierda el sentido de la realidad; no es esto, sin duda, pero tampoco aquello: un liberalismo reaccionario y proteccionista (admítase la contradicción) no absuelve las penosas causas y consecuencias del neoliberalismo internacionalista.

¿Qué ha sucedido en realidad si intelectual e ideológicamente no queremos conformarnos, como única explicación, con la hipótesis de que apenas se trata de un grave error (como en Inglaterra) cometido por ignorantes equivocados? Lo cierto es que nadie     (y menos que nadie los medios de comunicación) ha querido ver, comprender y analizar (y siguen sin querer hacerlo, aupados en la soberbia e intolerancia que conllevó el dominio absoluto) el enorme hartazgo de amplias capas de las poblaciones de las sociedades desarrolladas hacia ese discurso único dominante proveniente de las elites cosmopolitas, en radical divorcio con la realidad inmediata del individuo “de la calle”.

El malestar creciente hacia las consecuencias del neoliberalismo se ha instalado entre todos aquellos que, por uno u otro camino, progresista o reaccionario, dos extremos con similar origen, se sienten los perdedores del porvenir, gente cabreada con la política convencional que los conduce a un estado de incertidumbre permanente. Un estado de insatisfacción que reuniría, en torno a una idea de cambio desafiante, no solo a aquellos, millones que han visto paulatinamente mermadas sus rentas y expectativas sociales y económicas como consecuencia del capitalismo financiero, sino también a tantos otros que no han sido capaces de asimilar los nuevos modelos de sociedad y cultura, basados en radicales cambios en los modelos identitarios, impuestos por la globalización e internet. Júntense todos ellos con el feroz desencanto hacia esas elites políticas que, en su egoísta inutilidad, parasitan el modelo de democracia liberal en prácticamente todos los países del orbe, añádase el rechazo hacia los postulados anacrónicos de izquierda estatalizadora y se encontrará el lector ante una heterogénea coalición de seres humanos e intereses a cuyo frente han sabido situarse, como portavoces de su decepción y angustia, personajes como Donald Trump, y todos los que podríamos citar en nuestra Europa, más próxima. ¿Por qué Trump, Marie Le Pen en Francia o Kaczynski en Polonia? ¿Por qué no otras opciones, antisistema pero de signo opuesto, que podrían emparentar con las de de Pablo Iglesias en España o con la Syriza de Tsipras en Grecia?

Muy probablemente porque mientras estos últimos se constituyen en representantes de “los de abajo frente a los de arriba”, y se ven apoyados por los ciudadanos de menos edad, de residencia en ciudades y núcleos elevados de población y un nivel medio-alto en el plano educativo (en efecto, el votante medio de Podemos vendría representado por una persona de menos de 45 años de edad, con estudios secundarios o superiores y residentes en hábitats poblacionales de más de 300.000 habitantes, bases sociológicas coincidentes con quienes dieron su apoyo al candidato Sanders para la nominación demócrata en Norteamérica) estos, los Trump y compañía, habrían sabido integrar en su liderazgo a las clases medias burguesas y conservadoras, a los habitantes en zonas rurales, a una parte de los ciudadanos pertenecientes a las tercera edad y a muchos cuyos empleos, negocios y actividades se habrían visto desplazados por el avance de los nuevas tecnologías y la globalización como ocurrió con los trabajadores de las zonas industriales. Como puede fácilmente apreciarse, estaríamos hablando de una base social mucho más amplia; un colectivo de votantes más numeroso pero también mucho más conservador que frente al desencanto y la indignación “no aspira a la revolución sino a la regresión”. Mientras en las manifestaciones del nuevo radicalismo de izquierdas “los otros” vendrían a definir a las elites en su conjunto, para el populismo fascista se estaría señalando con el dedo acusador a todos los extraños-especialmente los extranjeros- a unos valores identitarios definidos por la raza, las creencias religiosas y la simbología de la nación (“los de dentro frente a los de fuera”).

Los votantes de Donald Trump no pretenden que se instale en su país el cambio social de progreso, como podría querer Bernie Sanders, el valiente candidato, quien también representaba una sorprendente opción anti-establishment, que compitió con Hillary Clinton por la nominación demócrata y fue derrotado de manera no del todo limpia, sino, de forma mucho más clara y precisa, un retorno al pasado o, al menos, a una gestión del presente de acuerdo con los parámetros y postulados que presidieron la gestión del pasado. ¿Quiénes son? Como nos ilustra el crítico de El País Javier Ocaña, al presentarnos el reciente filme Comancheria (David Mackenzie, 2016):

Construyen el retrato de una América de desahucios, de pobreza, de pasarlas canutas y de poblados de mierda; de camareras que trabajan de sol a sol por unas propinas que apenas llegan para pagar el alquiler, colegios y médicos desmotivados…. De que ha llegado la hora de la rebelión. Y no precisamente silenciosa.

Por ello se enganchan, casi con fanatismo, al discurso que propugna “El cambio para Conservar”, como recientemente ha enunciado la primera ministra Británica Theresa May, y, en consecuencia a:

–    La limitación de la globalización como consecuencia de los graves efectos que ha acarreado para quienes no formaban parte de la elite cosmopolita.

–    La exaltación del patriotismo y la fe como alternativa integradora frente a la justicia social.

–    La reivindicación de los valores nacionales y de la Nación en primacía, como eje excluyente (“nosotros frente a los otros”) de un proyecto claro para el país (¡América First!).

–    El cierre de fronteras a una inmigración no regulada que rompe y desnaturaliza la identidad.

–    Las restricciones a la multiculturalidad.

–    La supremacía de lo identitario frente a su aparente disolución.

–    Una reformulación de la cohesión social en términos de lucha contra el enemigo exterior, sus estilos, culturas y tradiciones.

–    La exclusión de la libertad y la tolerancia frente al orden y la autoridad.

–    Una cierta política aislacionista y no intervencionista.

–    Un retorno a las relaciones de fuerza explicita entre países.

Y dan su apoyo a los líderes que han sabido transmitirles una claridad fuera de toda duda en sus ideas y principios frente a la ambigüedad y retorica inútil de los políticos convencionales; una certeza en la misión y los objetivos por encima incluso de la inevitable confrontación, a la que, llegado el caso, se concurriría con mano de hierro. Un discurso de carácter reaccionario que no se ha querido identificar en su calado.

Donald Trump, el más inteligente que toda la casta, ha sabido detectar, mejor que nadie, el pesimismo con que una mitad de sus conciudadanos (aquellos que no habitaban en “el lado soleado de la globalización”, como los define el profesor José María de Areilza) miraban al futuro; los norteamericanos vulgares y corrientes para quienes lo que contaba era… “fuera inmigrantes ilegales; compra americano y emplea americanos”. Aquellos que se sentían antis del resto del mundo…porque sospechan que los demás también eran antis de ellos.

Algo en esta dirección ya expresaba hace tiempo Samuel Huntingtan cuando, arremetía ferozmente contra la inmigración en los Estados Unidos, y especialmente la Latinoamérica, enunciando aquello que hoy deviene paradigma de que “para acceder a participar en el sueño americano solo es posible si se sueña en in-glés”. [38]

¿A dónde puede conducir al mundo esta nueva política de cierta tabla rasa frente a una parte de lo establecido, que venía siendo predicado como carente de alternativa? ¿A dónde una gestión del poder basada en la defensa de la identidad y el proyecto de la Nación, recurriendo, si es preciso, a posiciones de fuerza e imposición, narradas en formato de show televisivo? Nadie puede aventurase a profetizarlo, como tampoco el alcance que semejante terremoto pueda suponer en el futuro de la Unión Europea o del más que inestable equilibrio en los conflictos judeo-palestinos o dentro del propio mundo árabe. En todo caso, los más oscuros presagios se vislumbran en un horizonte, que amenaza con un retorno a las tribus y sus comportamientos atavicos.

Cuando se escucha hablar a Trump, y muy significativamente si se atiende a su discurso de toma de posesión como Presidente, parecería que nos estamos trasladando noventa años atrás hasta la italiana del dictador Mussolini: soflamas incendiarias expresadas por un líder fascista que excita a los masas mediante el recurso al discurso retorico de la grandeza de la nación, la identidad como símbolo, la exclusión de “los otros” como el enemigo culpable de la decadencia y la convocatoria patriótica al cumplimiento de un destino glorioso, sagrado y superior… Vuelven a atronar las voces del Moisés y de los salvadores de la patria, conductores hacia la redención del pueblo elegido.

“A partir de este día”, proclama en su investidura el inefable Mesías, “una nueva visión gobernara nuestra tierra. A partir de este día, solo Estados Unidos será la prioridad. Estados Unidos primero”. El enemigo, el otro extranjero (término genérico que puede abarcar desde aquel que teniendo la misma nacionalidad no se quiere integrar en los postulados del nuevo sistema, hasta al lector o a mi mismo como extranjeros de origen y tal vez de ideas) ha sido señalado en términos excluyentes. Y ahora toca a “los buenos, a los que hasta ahora habían ahogado en temor su condición de víctimas y perjudicados”, redoblar su orgullo patriótico y actuar en “su defensa”. El espíritu de un país ha sido convocado a reclamar derechos que les pertenecen y que, les dicen, les han sido arrebatados.

Como enuncia el escritor Leonardo Padura en un artículo publicado en el diario El País con fecha 28 Enero 2017:

Cómo gestionará Trump su política de rescate de la (según él) perdida grandeza norteamericana puede ser objeto de muchos análisis y conjeturas. Pero lo que ya ha ocurrido es que las semillas de su alarmante pensamiento político han sido lanzados al viento y muchas de ellas van a caer en tierra fértil donde brotaban, diría que inevitablemente, los retornos del odio, la xenofobia y la megalomanía…

La única diferencia con relación al pasado, y para nada irrelevante, es que ahora Trump también puede alimentar el espíritu fanático de sus huestes mediante su cuenta de Twitter, desde la que propone y propugna una nueva lectura, a todo punto diferente, de la realidad (eso que vienen a llamar “hechos alternativos”, es decir otra interpretación, a todas luces interesada, de la verdad, que hoy se confronta con ella misma desde posiciones de opción alternativa, y a la que viene dándose el apelativo de postverdad): fascismo de redes sociales que viene a conformar la opinión frente a la noticia.

Nuevas formas de rebatir al enemigo y convencer al seguidor… Se podría afirmar sin género de duda que Internet, como la fuente esencial en la actualidad de información (sea cierta o falsa) y de cultura (sea legitima o basura) ha tenido, y sigue teniendo de manera creciente, influencia inusitada en este fenómeno de ruptura creciente con el status quo (lo que se podía conocer y lo que no y como debía interpretarse) que habían impuesto las elites dueñas y denominadoras de los medios de comunicación convencionales: lo preocupante es que a un pensamiento único, dirigido y dictado desde los telediarios, le esté sustituyendo (en esto no había caído George Orwell cuando escribió su obra 1984) una especie de “pancake del conocimiento; poco profundo y muy desparramado, lo que genera una cultura superficial proveniente de fuentes que suelen ser poco fiables”, tal y como lo denuncia la pensadora turca Elif Shafak.

En efecto, continua Shafak, estaríamos evolucionando desde “una información impuesta de verdad singular irrebatible” emanada desde los púlpitos oficiales a una especie de “tormenta de arena de rumores, noticias, comentarios, exageraciones, opiniones, sucesos magnificados en su alcance o, por el contrario, minimizados, pronósticos, sugerencias medias verdades e incluso descaradas mentiras que van paulatinamente impregnando la piel de quienes lo escuchan (o sea casi todos) a través de la web y las redes sociales…”.

No sabría pronunciarme por cuál puede ser peor y más devastadora en la formación de conciencia y opiniones no manipuladas. Lo cierto, y esto es lo que acontece, es que cuando falta cultura del conocimiento profundo y de la exigencia de información veraz y contrastada, por falta de interés por parte del propio receptor, cualquier idea (probablemente nos conformamos con lo básico y más simple siempre que resulte llamativo) y unos cuantos gestos estrambóticos sirven para configurar una adhesión más firme a un proyecto o a una persona que la proveniente de un pensamiento y una reflexión profunda, que hoy descartamos (por preferir lo inmediato, lo virtual y lo compartido). Además, cuando nos cansemos, resultará más fácil su reemplazo

No podemos olvidar que hemos alcanzado un momento en la historia de las comunicaciones en que un bulo o una exageración engañosa, expandidas a través de Twitter o Facebook puede alcanzar muchísimos más lectores e interacciones en las redes sociales, que la información más veraz y contrastada publicada por The New York Times o El País. ¿Exagero? Una noticia, publicada en 2016 desde la web lady blues over-blog.es, cuyos autores apenas se presentan como “blogueros rebeldes”, y que decía…..“El arzobispo de Toledo recuerda que zurdos y pelirrojos son criaturas de satán” obtuvo 530.900 interacciones en las redes; para entender la magnitud de esta cifra, baste situar que en el mismo periodo de un mes, entre todo lo publicado por los cinco medios de comunicación con más tráfico en España, solo hay tres noticias con 100.00 interacciones y apenas 15 por encima de 50.000.

Mientras los medios de comunicación convencionales pierden audiencia y lectores a marchas aceleradas, las redes sociales, donde cada cual dice lo que mejor le venga en gana, arden en su tráfico creciente: la cuestión esencial no consiste en conocer la realidad sino en generar la viralidad más expansiva. Lo importante ya no es que los hechos tengan o no que ver con la realidad sino que las masas de ciudadanos los “compren y den por buenos”… simplemente porque se acoplen a lo que “quieren pensar” o, mejor dicho, a lo que les ha condicionado a querer pensar” (por ejemplo, si se está en contra del arzobispo de Toledo, todas las informaciones en su contra serán asumidas y viralizadas). A eso se le vendría a denominar “Hechos Alternativos”.

¿Es posible que, de manera similar a como aconteció en los años treinta del siglo pasado, el desencanto de la sociedad hacia las fórmulas de democracia liberal propicie el nacimiento de movimientos populares de corte fascista o de izquierda radical? Lo cierto es que en el Sistema Neoliberal se están produciendo crecientes grietas de descontento que se manifiestan de forma antagónica: populismo social o neofascismo como nuevos cauces que recogen la rebelión del pueblo contra esa dictadura falsamente feliz instaurada por las elites mediante técnicas psicosociales de condicionamiento mental; la democracia delegada, esa que se define como representativa sin serlo, basada en dogmas presuntamente indiscutibles y el lógicas irrebatibles, derivadas de una percepción falsa de la realidad, parece haber alcanzado sus límites aunque todavía nadie parezca querer asumirlo. La incertidumbre pesaría más que la confianza; las amenazas se impondrían a las oportunidades

¿Qué está pasando? Quizás esa idea que desde el siglo XVII arraigo en el pensamiento y que interpretaba la historia como progreso (entendido como mejora de las condiciones de vida, reducción del dolor y acercamiento a la felicidad terrenal) esté tocando a su fin. La humanidad empieza a dudar de que se encuentre avanzando hacia el porvenir; nadie pone la mano en el fuego respecto a que nos encaminemos hacia un futuro mejor, basado en la libertad y la ciencia, expresado en términos de acumulación de bienestar y justicia cumplida. Algo ha cambiado en nuestra percepción que nos hace sentir menos optimistas y quizás incluso pesimistas con respecto al destino que pueda depararnos el futuro en términos de mayor bienestar y seguridad. Ese “algo” viene a ser definido por las nuevas escuelas del pensamiento como “realismo especulativo”, un credo que vendría a suponer que “el futuro ha dejado de ser el resultado acumulado por el pasado y el presente y, en consecuencia, las lógicas de la evolución y el progreso se habrían quebrado”.

¿Quién tiene fe en el porvenir? Quienes lo tienen y así lo sienten, probablemente nunca votarían a Trump, ni a su contrario Bernie Sanders o a Pablo Iglesias; para ellos, Hillary Clinton, Merkel o Rajoy representarían el camino más seguro y ordenado hacia un futuro mejor. Los que no lo tienen, los cuales cada día parecen aumentar en número, sí lo harían aunque apenas constituyera una tabla de salvación, una esperanza para encontrar la salida de un laberinto oscuro que hoy aparenta cerrado y manejado interesadamente por unos pocos.

Un reciente estudio elaborado en diferentes continentes por los investigadores Mounk y Foa, de las universidades de Harvard y Melbourne, nos desvela el creciente desapego de los jóvenes nacidos entre 1980 y 2000 hacia la democracia representativa tradicional. El dato resulta hasta cierto punto alarmante: si en 1995, uno de cada dieciséis jóvenes (es decir un 6%) consideraba el autoritarismo militar como una buena idea de Gobierno; veinte años después, llegados a 2015, esa cifra se ha incrementado a uno de cada seis jóvenes (16’5% del total). Una cuestión a la que, sin duda, no puede resultar ajeno el titular con el que, un día de principios de Octubre de 2016 ,nos ilustraba la portada del diario británico The Independent: “los niños de la era Thatcher —los nacidos entre 1979 y 1990— tienen la mitad de riqueza que la generación anterior”. La información estaba basada en un reciente estudio del Instituto de Estudios Fiscales británico, pero podría ser básicamente extrapolable a la mayor parte de Europa, incluida España. El primer sumario de la información no podía ser más expresivo. “Las personas nacidas en la década de los ochenta     —los millenials— constituyen la primera generación desde la posguerra que llega a los 30 con ingresos menores a los nacidos en la década anterior…”. Suficientemente revelador para hacer innecesarias más explicaciones.

Dudo profundamente que Trump, y los líderes que se asemejan a él, vaya a constituir mucho más que una desafortunada anécdota en la crónica de la historia; pero tampoco creo que Merkel o el presidente chino Xi Jimping represente esa luz al final del túnel, inmersos en la zozobra y desconcierto que representa el cambio de era….Y, por supuesto, mucho menos creo que Rajoy vaya a serlo aunque hoy ejerza en nuestro país el impecable rol de sostenedor del sistema liberal conservador frente a las amenazas de rebelión de las clases reaccionarias y de los precariados.

Esta es la brutal paradoja de este tiempo de transformación: Estados Unidos e Inglaterra son hoy quienes lideran el desafío reaccionario al orden neoliberal mundial. Mientras que Alemania, Francia e incluso China, se constituyen en líderes que lo defienden. Y sin embargo no hay tanta diferencia entre ambos, si se analiza más allá de las apariencias. Les diferencian los motores primigenios para la construcción de la cohesión social: nacionalismo identitario frente a multilateralismo cosmopolita; proteccionismo frente a supresión de barreras comerciales; retorica xenófoba dura e intransigente frente a hipocresía de una multiculturalidad aceptada; uniformización cultural y de tradiciones frente a la idea de sociedad segmentada y pluralidad integrada; caudillismo frente a presunta representación parlamentaria.

Sin embargo, más allá de estos significativos desacuerdos, continuaría uniéndoles:

–    la idea-objetivo de someter la ciudadanía al dominio de unas u otras elites (en el caso de Trump, su caudillaje mesiánico y los multimillonarios que le apoyan) alejando más y más la autenticidad del postulado consagrado de soberanía del pueblo y de democracia participativa.

–    la intención de continuar la infatigable tarea de derribar los cimientos del Estado Regulador y Protector, mediante sucesivas desregularizaciones y supresiones de impuestos (en el caso norteamericano prometidos como descomunales e inauditos), sustituyéndole por ese modelo común de la Sociedad de las Individuos Emprendedores.

–    la persistencia en auspiciar esa feroz idea acerca del determinismo del éxito y la autoresponsabilidad exclusiva ante el fracaso material, entendido como sentido superior y preferente de la vida y del tránsito del ser humano por ella.

En definitiva, tres grandes fuerzas irreconciliables parecen haber entrado en combate:

–    Radicalismo de izquierdas;

–    Populismo nacionalista neofascista; y

–    Elites cosmopolitas neoliberales.

Que se manifiestan a través de tres diferentes modelos políticos

–    Democracia Participativa y Sociedad Fuerte;

–    Caudillismo autoritario; y

–    Democracia, falsamente representativa, de castas.

Para bien y para mal, cada día parece que, de nuevo, todo está por escribirse. Tiempos prodigiosos; tiempos preocupantes.

5. El futuro social que nos están preparando: una sociedad neoliberal de clases

5.1 En el umbral de una nueva era: los nuevos desafíos

La limitada capacidad perceptiva del hombre nos impide apreciar en su magnitud la prodigiosa dimensión de la evolución en el tiempo que afecta a todos los órdenes del universo. Nadie se percibe a sí mismo a cada segundo más viejo, a pesar de que nuestro reloj señale el transcurso acontecido. Nos vemos iguales que ayer, cada jornada, hasta que un día apreciamos alguna diferencia en nuestra imagen reflejada en un espejo o nos vemos en una fotografía tomada años atrás. Entonces es cuando nos damos cuenta de que “el tiempo pasa y transforma”…

Lo mismo sucede con la cotidianidad que nos rodea, desde los individuos que se cruzan en nuestra vida hasta los hábitos, las costumbres, las normas sociales, la tecnología y la ciencia: el universo se encuentra en permanente mutación, y solo somos capaces de apreciarlo si pensamos en cómo era de un siglo a esta parte, o de finales del siglo pasado hasta hoy.

En definitiva, los humanos solo somos capaces de percibir la transformación de las cosas y las ideas desde la perspectiva que nos da un largo periodo de tiempo transcurrido, pero nos resulta casi imposible de hacer en periodos muy cortos. Aun así, todos sabemos —o creemos saber— que el cambio no se produce a golpes inesperados de tanto en tanto, sino que constituye el fruto de un continuo proceso de evolución, de movimiento hacia la transformación. Es decir, que si hoy nada es igual que ayer, tampoco mañana será igual que hoy.

Partiendo de esta evidencia, resulta muy complejo deducir con un mínimo margen de probabilidad de acierto —ojo, no debe confundirse deducir con simplemente imaginar, que solo nos llevaría a la fantasía y la ciencia ficción— hacia dónde nos puede estar conduciendo el proceso evolutivo en todos los órdenes del universo que se está produciendo en la actualidad, la tendencia hacia la que nos encaminan las corrientes de desplazamiento y transformación que ahora mismo subyacen a nuestra realidad.

 Si mañana estallara una Tercera Guerra Mundial —de la cual llevamos sintiendo síntomas y señales que la auguran prácticamente desde que concluyó la anterior—, de nuevo todas las predicciones actuales se verían tiradas abajo por una tendencia nueva y superior, que nos acercaría a la destrucción del planeta, o su mayor parte, gracias a la acción de los hombres y las mortíferas armas de las que nos hemos proveído.

Más allá del posible sobrevenir de estas “tendencias superiores”, predecibles o no, que anularían todas las anteriores, los cambios que vienen aconteciendo en el mundo en los últimos años pondrían de manifiesto, de manera concluyente, que nos estamos adentrando —estamos viviendo en este instante— en un cambio de era, que pondría fin a la edad contemporánea con la que, hasta la fecha, nos habríamos referido al presente.

Esta afirmación parecería un tanto osada, sobre todo si se toma perspectiva y se contemplan los cientos de millones de años que abarca la historia del universo y de nuestro planeta, desde aquel Big Bang enunciado por Stephen Hawkins, y la historia de la humanidad hasta nuestros días. Sin embargo, no cabe duda de que es así: nos encontramos en el umbral de una Nueva Era. Un nuevo periodo en la civilización señalado por grandes transformaciones, en lo científico, en lo tecnológico y en lo social, frente a cuyo advenimiento el capitalismo habría trazado su respuesta. En efecto, desde esta perspectiva, el neoliberalismo constituiría una respuesta con la que, supuestamente, hacer frente no solo a los retos del presente sino, sobre todo, a los del futuro inminente. Por ello que resulta imprescindible al menos atisbarlos —ya que no podemos conocerlos en toda su significación— y adoptar una posición política y social ante los mismos.

Quizás no pueda en rigor hablarse de una nueva era para el universo —del que todavía desconocemos casi todo— pero sí puede hablarse de una nueva era en la historia de la humanidad y del planeta. Incluso algunos geólogos de nuestro tiempo, como el Nobel de Química Paul J. Crutzen, empiezan a denominar a los tiempos actuales como el Antropoceno, dando a entender que el Holoceno, la anterior era, ha terminado, que ya hemos llegado a ese nuevo momento de la Historia en el que es la especie humana la que marca la pauta y, de un modo u otro, consciente o inconscientemente, decide el rumbo por el que discurrirán los cambios planetarios que habrán de discurrir.

Varias serían las fuerzas y circunstancias en proceso de transformación que justificarían la percepción de este cambio de ciclo. Tal vez ninguna posea tanta potencia y significado como la creación de inteligencia artificial por parte de los seres humanos, quienes hasta ahora solo conocían y utilizaban su propia inteligencia biológica de la que estaban dotados. (¿Imagina el lector la posibilidad inminente de poder pensar y deducir con una potencia miles, tal vez millones de veces, superior? Así lo verán sus hijos o sus nietos… Volveremos sobre ello más adelante.).

Sin embargo, existen otras fuerzas, también de descomunal potencia, que subyacen en este cambio de era y comienzan a adquirir rango explícito.

Merece la pena detenerse en cada una de las más significadas de forma pormenorizada:

a)     La transformación demográfica y de razas

Los expertos estiman que en el año 2050 habitaremos la Tierra alrededor de 9.500 millones de seres humanos —unos 2.000 millones más que en la actualidad—, con un espectacular cambio en su distribución por raza y en la edad media de las poblaciones.

La urbanización, la modernización, la actividad laboral y el aumento legítimo del poder social de la mujer están provocando que, sus tasas de fertilidad decaigan progresivamente, contribuyendo a frenar los porcentajes de crecimiento de la población con relación al pasado. Sin embargo, por razones socioeconómicas, este fenómeno no se está produciendo a igual ritmo y velocidad para unas razas que para otras: vislumbrando el futuro, en ciertas regiones del planeta la población tenderá a su diminución —en general, en los países más desarrollados, y España entre ellos, en los que las tasas de nacimientos resultarán negativas frente a las de defunciones—; mientras que otras continuarán en fase de expansión demográfica —África, que doblará sus cifras de habitantes hasta alcanzar los 2.500 millones, y grandes zonas de Asia, destacando la India, que para 2050 habrá superado los 1.500 millones de habitantes—. Todo ello conducirá a que, según los investigadores, hacia la mitad del siglo actual, africanos y asiáticos constituirán el 70% del total de la población mundial. La raza blanca se habrá convertido en una minoría étnica poco significativa, que apenas representará un 15% del total.

Pero no será esta la única mutación poblacional próxima a acontecer en los años venideros. Los demógrafos están de acuerdo en que nos encaminamos no solo hacia una nueva hegemonía de razas —con lo que ello conlleva en todos los restantes planos de la vida y su cultura— sino también hacia un mundo “más canoso”.

Durante el 99,9% del tiempo que la especie humana lleva sobre la Tierra, nuestra esperanza de vida se situaba en torno a los treinta años o incluso menos —los arqueólogos jamás han encontrado y desenterrado los restos de nadie que tuviera más de cincuenta años; justo, curiosamente, la longevidad que marcaba la esperanza media de vida en nuestro país a principios del siglo XX y que en la actualidad, poco más de cien años después, se sitúa en algo más de ochenta años—. Ahora ya no sucede igual, gracias a los avances acaecidos en salud, higiene y condiciones de vida, en todo el orbe, incluidos los confines más subdesarrollados.

Este envejecimiento de las poblaciones, como consecuencia del gran aumento en la esperanza de vida, afectará a unos u otros lugares del planeta en tiempos e intensidad diferentes, dependiendo tanto del propio nivel de modernidad y calidad de vida como de las tasas de reproducción que se produzcan. Japón, por ejemplo, con una edad media entre sus nacionales de 44,6 años, es actualmente el país “más viejo” de la Tierra, mientras que la edad mediana de Pakistán se situaría solo en los 22,1 años —Es-paña estaría en la franja intermedia—. Sin embargo, para el 2050, estos tres países habrán envejecido una media de entre 10 y 15 años. Solo los países más pobres y menos desarrollados, como Afganistán, Somalia y la República del Congo, según informa Naciones Unidas[39], tendrán todavía poblaciones muy jóvenes hacia la mitad del siglo, pero incluso ellos serán algo más viejos que hoy.

En España, los últimos estudios demográficos afirman que para el año 2060, cerca del 40% de la población —más de 16 millones de personas, cifra que dobla aproximadamente a la actual—, tendrán más de 60 años. Nuestro país, que según los cálculos de la ONU será el tercero más viejo del mundo —como consecuencia de coincidir las tasas más altas de esperanza de vida con las más bajas de fertilidad—, en concreto tendrá 2 jubilados por cada 3 personas en edad de trabajar, siempre y cuando se mantuviera la edad de jubilación actual, cosa improbable.

 Lo que hace infinitamente más complicada la nueva ecuación demográfica son las situaciones tan dispares que se producirán de unos países a otros y entre diferentes zonas del planeta… Unas con más habitantes, otras con menos; unas y otras con poblaciones de mayor edad, pero muy diferenciadas en su media y con distintas esperanzas de vida… Según los estudios más recientes, en 2050, los países más jóvenes serán aquellos donde las tasas de fertilidad son hoy mayores, es decir, los países más subdesarrollados —es decir, menos modernizados—, como son buena parte de los situados en el África subsahariana y en el denominado Cuerno de África.

Con todo ello, y como otra de sus abundantes consecuencias, resulta indudable que se producirá una descomunal transformación en la localización de la oferta y demanda de mano de obra disponible, así como en sus características —cambio que todavía puede resultar más inusitado e impredecible con el desarrollo de autómatas y máquinas sustitutivas del trabajo humano—. Países como China, México, Brasil, Vietnam o Turquía verán envejecer sus poblaciones y reducirse significativamente los excedentes de fuerzas laborables jóvenes a costes muy bajos de las que hoy disponen, que atraen a las empresas globales, si bien podrán ofrecer trabajadores con alta cualificación. Por el contrario, África se constituirá en el gran exportador de mano de obra más barata. Europa y los Estados Unidos, por su parte, competirán por atraer hacia sus territorios el número necesario de trabajadores, de uno u otro nivel de preparación, que completen sus insuficientes cupos nacionales… Las consecuencias en la mezcla de razas y el consiguiente imparable mestizaje resultan apabullantes.

Me impresiona leer el libro del profesor Laurence C. Smith, El Mundo en 2050[40], donde el autor nos describe cómo, dentro algo más de tres décadas, Estados Unidos podrá hallarse en la desacostumbrada circunstancia de ser incapaz de encontrar suficientes trabajadores emigrantes que puedan atender su agricultura y su economía en general —una vez que llegue a resultar insuficiente la autóctona, e incluso contando con toda la envejecida fuerza laboral mexicana disponible y aumentando espectacularmente los salarios dispuestos a pagar—. Por lo tanto, tendrá que fijar su mirada en otras zonas del planeta y centrarse en atraer su fuerza laboral mediante un inaudito efecto llamada —justo lo contrario de lo que acontece en la actualidad, cuando se postula fortificar las fronteras—. Y lo mismo ocurriría en nuestro continente. Con todo ello, el valor que los países más envejecidos otorgarán a la inmigración extranjera, su interés por acogerlos y el trato que se les deparará, experimentará inexorablemente un giro de 180 grados con relación a lo que hoy en día sucede…

Lo que también parece fuera de toda duda es que estaríamos a pocos años de producirse una monumental transformación en la idea de la jubilación como beneficio social público y como periodo ocioso de vida —máxime si a todas las variables de la ecuación demográfica se le añade la certeza de un aumento estimado en 20 o 30 años de media en la esperanza de vida de la humanidad a lo largo del presente siglo—.

Smith también hace referencia en su libro al informe Global Trends 2025, emitido en 2008 por el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos:

A medida que el mundo encanezca por su envejecimiento, los jóvenes cualificados serán un recurso cada vez más codiciado, tanto para la inmigración directa como para las reservas de trabajo globalizadas de fuera […] creando la oportunidad de que emerjan nuevos tigres económicos […] en Turquía, Líbano, Irán, Marruecos, Argelia, Túnez, Colombia, Costa Rica, Chile, Vietnam, Indonesia y Malasia, países que podrán ofrecer una mano de obra razonablemente bien instruida y un entorno propicio para los negocios […]». En definitiva, «… en un mundo que envejece, les irá mejor a los países que preserven la edad media de sus poblaciones o que generen la oferta más consistente para atraer a los trabajadores cualificados extranjeros. Los primeros signos de que este será un planeta de emigrantes ya están aquí […] Y en 2050, ¿qué pasará cuando las residencias de ancianos de México, China e Irán se abarroten? ¿Quién se encargará de los ordenadores y del cuidado de los residentes?…

Apasionante el caudal de interrogantes que se plantean. ¿Cómo se verá afectado el orden económico mundial con la transformación demográfica? No dudo de que el lector comparte conmigo el impacto, las consecuencias y nuevas perspectivas de cambio, en el orden de todo lo que hasta ahora conocemos, que encierra este paisaje terrenal, donde el mestizaje de raza constituirá la norma y las migraciones de población joven se convertirán en tabla de salvación social y económica para un mundo de humanos envejecidos que cada vez vivirán mayor cantidad de años. ¿Cabe suponer que todavía existirán y tendrán sentido las naciones y sus fronteras? No lo creo.

b)     La muerte de la idea del Dios cristiano

La presencia de las religiones y su mitología ha acompañado toda o la mayor parte de la epopeya evolutiva del hombre, desde sus albores. El Ser Superior o los Seres Superiores, fuera el Sol, la Lluvia, Brahmá, Zeus, Atenea, Ra, Jehová, Buda, Cristo o Alá, han funcionado como encarnación mística del sentido de la vida. Los brujos y sacerdotes de cada cultura asumieron el papel de intérpretes de las intenciones y voluntades de esos Seres Superiores que regían la fortuna y desventura, el destino en definitiva, de unas criaturas que se encontraban ignorantes y atemorizadas sobre la faz de la tierra.

A lo largo de la Historia, los dioses sirvieron, entre otras muchas cuestiones, para calmar en los hombres la insoportable desesperación ante la nada, ante el sinsentido o el dolor de la existencia, intentando aportar coherencia a todo ello. Aceptando la existencia de un Ser Rector, se encontraba la esperanza y la razón ante la angustia que provoca la idea inútil de la muerte como etapa siguiente e inexorable al propio absurdo aleatorio y fatal de la vida; si los dioses siguen ahí, y nos contemplan en nuestro dolor y nuestro llanto ante el sufrimiento y la injusticia, todavía perdura ese valioso consuelo del “alguien a quien recurrir”.

¿Qué puede haber más insoportablemente desgarrador que aceptar que cada uno se encuentra solo y sin explicación posible ante tantos y tantos avatares que la vida nos cobra? En este sentido, todos en algún momento de nuestra existencia hemos anhelado la presencia de un ser superior, protector y bondadoso, a modo de nuestra madre, que calme y dé sentido a la desesperación. ¿Qué puede resultar más insufrible que saber que cada uno avanza, solo e indefenso, hacia un destino carente de razón ni sentido, atravesando un paraje lleno de sufrimiento, miedo e incertidumbre, apenas compensados por los momentos ocasionales de alegría o placer, en un camino de un final cierto y no por ello menos misterioso y aterrador, que nos devuelve a la nada de donde procedemos?

La conducta del hombre como individuo y de los hombres en sociedad se ha regido, para bien y para mal, por la idea de un Líder Supremo sobrenatural, principio y fin de todas las cosas, que nos ha obsequiado con la vida terrenal y que nos ofrece una promesa de redención, de otra vida después de la muerte.

Este sometimiento consentido a un código moral y ético establecido para honrar al Dios ha aportado templanza en las conductas y sentido a las ideas, además de unión y cohesión dentro de cada tribu. Aunque también es cierto que su interpretación fanática ha arrastrado a la humanidad al crimen y la violencia. Sea como fuere, la presencia de una Razón Rectora ha permitido, a lo largo de muchos siglos de la humanidad, que los detentadores del poder terrenal, en cuanto supuestamente “legitimados” en sus cargos por la propia divinidad, pudieran ejercer su dominio sobre las masas de manera más estricta y férrea. El advenimiento de las fórmulas democráticas sirvió para cambiar parcialmente esta sumisión a un poder de origen supuestamente divino, al trasladar su fundamento y legitimación al propio pueblo.

El reconocimiento de la existencia de un Orden Supremo Teológico del Universo aceptado como filosofía existencial, unido al acatamiento de los preceptos que imponía la ley terrenal dictada por el poderoso, ha marcado la conducta de las sociedades y de los individuos a lo largo de la Historia: cada persona era instruida desde que nacía en la obediencia, lo que debía y lo que no debía hacer para tener contentos a esos seres superiores, ya fueran celestiales o terrenales, y en las graves consecuencias que se derivarían en ambos casos del más mínimo desacato o transgresión.

Esa idea del “temor a Dios” ha configurado la conciencia del hombre, como acervo cultural y moral, por encima incluso del que pudieran imponer la ley y la espada. Una conciencia probablemente insuficiente por condicionada, y sin duda errónea por basarse en la idea del pecado, el miedo y la culpa en vez de en la de responsabilidad frente al libre albedrío —lo cual tantas veces ha derivado hacia la intransigencia, la ira, la represión, la frustración y la neurosis represiva, individuales o colectivas—; pero en todo caso, ha representado “una forma de conciencia moral” o, si se quiere, “de cultura moral”…

Sin embargo en la actualidad, una parte de las sociedades más avanzadas, las de tradición cristiana concretamente (no parece resultar igual dentro del Islam), está abandonando la idea del Mito de Dios, o al menos tal como este se entendía hasta la fecha. Por interesantes que resulten, no pretendo ahondar en las posibles causas de este cambio. De manera simplificada, podrían resumirse en que el creciente bienestar, fruto del progreso social y del desarrollo científico y cultural, ha instalado a muchos en una cierta idea de racionalidad cómoda, con apariencia de falsa seguridad, que haría innecesaria la invocación a los mitos… Es lo que ha venido en denominarse “la cultura o filosofía del Relativismo”…Un pragmatismo hacia lo tangible. Ese Ser Supremo ya no es necesario para entender la existencia, o al menos para saber cómo vivir la vida; bastaría con lo palpable. Si Dios existe realmente, se dicen quienes no le niegan en su totalidad, no tiene ninguna influencia en lo que haga con mi vida. Una idea de Dios abandonada o, cuando menos, separada de la cotidianidad y reducida a la intimidad de cada cual.

El tema en sí no debería ser motivo de mayor desarrollo en este libro; en todo caso, cabría interpretarlo como un avance en el proceso de liberación del hombre de fábulas tradicionales y quimeras en su camino hacia la racionalidad. Lo que sí interesaría resaltar, porque afecta a la evolución política y económica del planeta, es que la superación de ese en cierto modo pusilánime y fanático “temor a Dios” no está conduciendo a una opción más libre y comprometida de la existencia. Al contrario: la respuesta a la muerte interior de Dios como inspirador de la conducta, está suponiendo una visión egoísta, insolidaria, hedonista y oportunista del ser humano respecto de sí mismo, su existencia y su entorno; lo cual, en cierta medida, anula o narcotiza dicha conciencia moral.

¿Qué se puede esperar de los hombres si renuncian a su conciencia? ¿Qué se puede esperar de aquellos que han confundido religión con ética y valores existenciales, de tal manera que al suprimir aquella, o, al menos relativizar sus preceptos de conducta, estos quedan automáticamente abolidos?

Ciertamente, no hay nada en todo el universo que puede resultar más generador de bondad, belleza y solidaridad que el propio ser humano. Pero también, si se lo propone, nada puede ser más cruel y destructivo. La Capilla Sixtina en el Vaticano y Auschwitz así lo acreditarían en sentido opuesto. Si el hombre utiliza su razón para dirigir sus actos, ¿hacia dónde los dirige el hombre con más razón y menos conciencia?, ¿ese hombre que, además, se ha contagiado con la idea del éxito y la competitividad como sentido existencial?

 Sin duda que en las sociedades más avanzadas está naciendo un nuevo hombre, libre de ese Dios rector… y rodeado de computadoras cada vez más sofisticadas en la ejecución de sus tareas. (¿Puede Google remplazar la plegaria y la invocación al Ser Supremo?)

¿Cómo orientará el rumbo del planeta este ser humano cuyo mito ya no será ir al cielo, sino triunfar y acaparar con codicia la mayor riqueza posible?

 ¿Logrará pervivir la idea de una sociedad fraternal, solidaria y democrática en un entorno individualista, laico y materialista     —pagano en cuanto idolatra el dinero—, que propugna la competitividad continua para progresar y la productividad incesante del modelo empresarial cómo máxima quimera?

¿Qué sentido tiene la política si la sociedad se interpreta como una empresa conformada por emprendedores en un marco de libre mercado?

¿En quién o en qué cree el hombre sin Dios? ¿En su ambición? ¿En su patética apariencia de grandeza? ¿En sus oportunidades materiales? ¿Dónde residen los principios cuando la economía se antepone a todos los demás intereses? ¿En las leyes de la oferta y la demanda?

¿Es posible, tristemente, que sin Dios no pueda haber moral? ¿Cómo puede concebirse que el hombre sin Dios, y en consecuencia más libre, no sepa construirse una férrea categoría de valores que otorguen coherencia a su existencia?

La muerte o la ausencia cotidiana de Dios no deberían significar la muerte de las ideas de libertad, igualdad y solidaridad, inmoladas en aras de un mundo devenido mercado global y de unos seres humanos transformados, incluso contra su voluntad, en consumidores y productores ansiosos. No deberíamos pasar de la teocracia del pecado y la culpa a la tecnocracia de la oferta y la demanda.

No creo en la religión, y menos aún en su dogma teológico o en su doctrina; la Historia nos muestra la crónica de tanto dolor y martirio infringido en su nombre. No creo en un hombre que renuncia a su identidad libre sometiéndola a dioses invisibles de comportamientos crueles e inexplicables… Según escribo estas páginas, encuentro en la prensa noticias de las nuevas, constantes y repetidas aberraciones que cometen facciones del integrismo islámico, que se presentan como Al Queda o ISIS y dicen actuar en nombre de su supuesto Dios… No creo en la histeria que genera la mitología religiosa, en la represión que conlleva, en el trauma neurótico que ha desencadenado la adoración a esos dioses crueles e implacables en tantos millones de personas, hoy y a lo largo de la Historia. No solo no creo, sino que además lo rechazo de forma militante… Sin embargo, la idea del nuevo hombre amoral y desprendido de conciencia —aunque siga participando formalmente en los ritos de su religión, quizás para no perder el billete al paraíso en otra vida, por si acaso existiese—, me asusta, me atemoriza, porque supongo que con él, con este sujeto de la posmodernidad, se inicia una nueva idea del hombre en la Tierra… Una idea que presiento individualista y egocéntrica, hedonista e indiferente, y para nada envuelta en generosidad, piedad y humildad.

c)      Un planeta que agota sus recursos

No cabe la menor duda de que, a lo largo de la Historia, todos los cambios de Era han estado vinculados con mutaciones en las condiciones naturales y ambientales del planeta. Esto es, exactamente, lo que también está aconteciendo en el presente: se puede afirmar con absoluta certeza que hemos alcanzado el periodo, ya lo estamos viviendo, de un gradual e inexorable Cambio Climático en toda la Tierra, provocado por la propia acción del hombre en su abuso devastador de los recursos de nuestro planeta, atentando con estúpida osadía contra las propias leyes de la naturaleza.

A pesar de la persistente campaña desplegada durante años por las más potentes industrias, que se han empeñado en negar rotundamente los hechos por su propia conveniencia —para lo que han impulsado un poderoso lobby negacionista en el que han implicado a investigadores, políticos y líderes sociales, y han invertido cientos de millones de dólares en la tarea desinformativa—, la comunidad científica internacional ha llegado a confirmar el imparable fenómeno de calentamiento global del planeta: el efecto de los gases invernadero en la atmósfera, consecuencia de las emanaciones de CO2 procedentes de la combustión de energías fósiles, ha conducido a nuestro hábitat al mayor desafío ecológico, y por ende existencial, en la historia de la humanidad.

El cambio climático resulta ya imparable. De las medidas para frenarlo que desde ahora mismo se adopten —confiemos en que el acuerdo aprobado en la Cumbre del Clima celebrada en París en 2015 no se convierta, como las anteriores, en una batería de promesas incumplidas por falta de impulso político, presionado por las grandes corporaciones—, la humanidad se juega el que tal alteración resulte manejable, o transforme la Tierra definitivamente en un paraje inhóspito e inhabitable. El 22 de marzo de 2016, la Universidad de Hawái publicaba un estudio en la revista Nature Geoscience con la siguiente conclusión: “La actual tasa de liberación de CO2 por parte del hombre hacia la atmósfera no tiene precedentes […] en los últimos 66 millones de años, es decir, desde la edad de los dinosaurios…”. (De hecho, ya hemos incrementado la concentración de CO2 en la atmósfera en casi un 40%.)

No hay duda, pues, de que estamos abocados a un cambio, pero, ¿moderado o extremo? Eso dependerá de la reacción inmediata que adopten todas las naciones del planeta. En todo caso, se logre frenar o no, hemos llegado a una época de graves transformaciones en el equilibrio del ecosistema de la Tierra, sin posible marcha atrás.

Considerar que es inevitable que de aquí en adelante las temperaturas aumenten una media de entre dos y cuatro grados centígrados, significa tener que adaptarse a vivir en un mundo en el que 42ºC de temperatura con elevados niveles de humedad, sea lo más normal en muchas zonas del planeta. Eso sin contar los subsiguientes desequilibrios que ello provocará, como inusitadas olas de calor o de frío, desertización creciente, desforestación, ruina agrícola, sequías, catástrofes naturales, inundaciones, deshielos de los glaciares y subidas de nivel del mar que anegaría territorios costeros, hambrunas… y, por supuesto, riadas imparables de “refugiados climáticos” que huirían desesperados de sus lugares de origen porque se habrán convertido en imposibles de habitar.

No se trata de ciencia ficción, ni de meras profecías catastrofistas como se ha intentado transmitir. Muy al contrario, nos situamos ante una trágica realidad a la que hemos llegado y respecto a la cual la opinión pública mundial no se ha hecho oír, no ha sabido elevar su voz y preocupación porque persistentemente le ha sido ocultado por los intereses negacionistas.

¿Cómo hemos podido llegar a esta situación que, sin duda, se constituye en una de las grandes fuerzas amenazantes que configuran el cambio de Era?

No cabe la menor duda que la expansión poblacional y el progreso vivido en el siglo XX, el desarrollo y modernización industrial, el auge del comercio y la innovación tecnológica han provocado un feroz incremento en la demanda de hidrocarburos, minerales, aguas subterráneas fósiles, gas natural o maderas. El consumo de recursos naturales, de manera muy parecida a la explosión demográfica mundial, ha crecido con una rapidez inimaginable en cuestión de un solo siglo, retroalimentándose progresivamente el uno con el otro —a más población, más consumo de recursos—. Lo mismo podría decirse de la idea económica del progreso: a más avance y crecimiento, más consumo de recursos, y viceversa.

El problema comenzó a suscitarse cuando tal nivel de desarrollo devino extenuante para la naturaleza, sobre todo a medida que más y más países se incorporaban a esta vía —países del Primer Mundo y grandes países emergentes, como China y todo el Sudeste Asiático—. La humanidad, como especie animal habitante del planeta, necesitaba mantener y mejorar sus condiciones de supervivencia, y para ello recurría a los recursos que le ofrecía su hábitat… hasta que el equilibrio comenzó a romperse por saturación. Aun así, no debería creerse que el origen del problema ecológico que nos amenaza tenga rango de mundial: apenas el 35% de la población mundial consume el 90% de los recursos naturales del planeta. En términos concretos, un ciudadano medio   norteamericano consume 32 veces más recursos y genera 32 veces más residuos que un ciudadano medio de Kenia.

Nos enfrentaríamos, por tanto, a una enorme paradoja. Si para salir de la pobreza o mejorar sus niveles de renta —lo cual resultaría legítimo en sí mismo—, los países necesitan aumentar su industrialización y capacidad productiva, deberán tener en cuenta los recursos naturales disponibles del planeta —que, aun siendo inmensos, no son ilimitados— y, sobre todo, prevenir la ruptura del equilibrio del ecosistema que garantiza la perdurabilidad de su ciclo vital. Y hasta el momento no se ha encontrado —o no se ha querido poner en marcha— un modelo de desarrollo sostenible alternativo, inmersos como estamos en la carrera desenfrenada por la hegemonía económica mundial, en plena era de la globalización.

Esta ecuación —equilibrio con desarrollo— resulta de muy difícil encaje. Puede ser alabable el objetivo de que para el 2045 el 80% de la población mundial alcance un nivel de desarrollo similar al que hoy puedan tener norteamericanos, europeos, japoneses y australianos —independientemente de cuánto mejoren estos en el mismo plazo—. Pero de llegar a cumplirse, de aquí a treinta años, el planeta debería pasar a ofrecernos recursos suficientes para mantener el equivalente a… ¡105.000 millones de habitantes de hoy! Imposible e insostenible. La modernización y la prosperidad mundial, tan desequilibrada por otra parte entre continentes y regiones, exige al mundo natural mucho más de lo que jamás podría ofrecer.

Y la consecuencia de todo ello se denomina Crisis Ecológica y Cambio Climático. Enfrentados a ello y a la necesidad de adoptar medidas drásticas de cara a la sostenibilidad, se abre un nuevo dilema: ¿quiénes deben frenar el ritmo, o plantear un modelo alternativo para su desarrollo y consumo de recursos?… ¿Los países más pobres? ¿Los países en vías de desarrollo en plena era de globalización? ¿O las grandes potencias hegemónicas mundiales? Difícil arbitrar una respuesta que satisfaga a todos.

Regresando al principio, lo cierto es que el progreso de la especie humana —entendido en su sentido más amplio, desde la salida del hambre y la miseria para unos hasta el mayor bienestar de otros, pasando por el impulso científico y tecnológico— está cambiando la composición química de la atmósfera, alterándola irreversiblemente, al incorporarle CO2 a través de la quema de combustibles fósiles y, como consecuencia, alterando también las condiciones imprescindibles y necesarias para poder vivir en la Tierra.

 De los datos históricos provenientes de las estaciones meteorológicas se deduce que la temperatura media mundial es ya 0,8 grados mayor que hace un siglo, y que la mayor parte de ese aumento se produjo a partir de 1970… Como describe Laurence C. Smith en la obra citada:

estamos llevando la atmósfera a donde la Tierra no habría estado en cientos de miles de años, o quizás millones […] y ahora [los niveles de CO2 atmosférico] se están acercando a los de hace quince millones de años, el Mioceno, cuando las temperaturas mundiales eran entre tres y seis grados mayores, los mares eran ácidos, los casquetes polares menguados y el nivel del mar era entre veinticinco y cuarenta metros más alto.[41]

De hecho, según el informe antes mencionado publicado por la universidad de Hawái, ya habríamos llegado.

Las consecuencias del cambio climático sobre la evolución y el cambio de Era no ofrecen dudas:

–    Ó se ponen en marcha nuevos modelos de desarrollo sostenible, ahora prácticamente inexistentes o desatendidos por sus costes;

–    ó se ralentiza el desarrollo, con lo que eso implica;

–    ó llegaremos inexorablemente al final de la vida en la Tierra. Y esto dicho no como amenaza apocalíptica, sino desde la certeza científica.

Las repercusiones que cualquiera de las tres opciones tendrían en el porvenir económico y social de la humanidad resultan inimaginables.

De momento, el presidente Trump ya ha anunciado que su país, USA (causante del 22% de las emisiones de CO2) se retira de los recientes acuerdos de París, firmados por su antecesor.

d)      El prodigio del avance tecnológico y científico

Otra de las grandes fuerzas globales que, desde hace decenios, configuran de manera activa el Cambio de Era, sería el inconmensurable avance que se está produciendo en todos los campos científicos.

Se afirma desde ámbitos competentes que ya a estas alturas del siglo XXI, y especialmente a partir del desarrollo de la computación de vanguardia, cada dos años se producen avances en todos los órdenes de la ciencia equivalentes a dos siglos del pasado. Tanto si se trata de un cálculo ajustado como si no, lo que se desprende de él es la evidencia de esta tendencia y su lógica progresión geométrica: el progreso científico se acelera con el propio progreso científico. Tanto es así, que se podría pronosticar que para el año 2060, la humanidad habrá doblado todo el saber que ahora mismo atesora, dando arranque a una auténtica nueva era del conocimiento.

Astronomía, física, química, medicina, biología, genética, robótica, matemáticas… Un prodigio que no puede sino llenarnos de ilusión y optimismo a todos los que disfrutamos de la aventura del saber: el ser humano se encuentra en el punto de llegar no solo a entender, manejar y dominar las leyes que rigen el cosmos, sino incluso a transformarlas y poder crear nuevas leyes. ¿Resulta posible tan asombroso fenómeno, que inunda de esperanza el porvenir? Porque si el ser humano realmente alcanza dicha competencia, todos los sueños y fantasías imaginadas podrán ser factibles. El mundo actual quedará convertido en un vestigio del pasado, como ahora nos lo parecen los guerreros luchando con lanzas y flechas o los carros de bueyes utilizados como medio de transporte.

Sin embargo, la inquietud que suscita el milagro del avance científico surgiría al preguntarnos por quiénes se erigirán en propietarios y gestores del conocimiento y las patentes resultantes de tal progresión en la historia de la humanidad: ¿los pueblos y sus ciudadanos?, ¿ciertas naciones hegemónicas?, ¿o conglomerados financieros internacionales de carácter privado y elites de poder que puedan adquirirlos y ponerlos a su disposición? (conste que hablamos de la mayor riqueza que jamás haya atesorado la humanidad: el saber). La cuestión nos vuelve a confrontar con el debate democracia versus autocracia; soberanía del pueblo vs soberanía de las aristocracias que venimos desarrollando.

El modelo neoliberal hegemónico parece tener preparada la respuesta. No me cabe ninguna duda de que el control absoluto de dichos avances científicos constituye una de las prioridades contenidas en la agenda oculta —aunque cada vez más evidente— del neoliberalismo. Estoy seguro de que mucho de lo que viene aconteciendo hoy en día en el dominio político y económico tiene que ver y va encaminado hacia el control de los resortes científicos del futuro, aunque solo sea porque quien lo obtenga y detente habrá adquirido una imbatible hegemonía de poder: la que otorgara la fuerza del saber.

No es cuestión de imaginar, sino de situarse ante el futuro próximo, para saber que todos lo que hoy en día sean menores de 30 años llegarán a ver que:

–    El reloj biológico de cada ser humano se alargará, estableciendo una esperanza de vida más allá de los 125 años.

–    Enfermedades como el cáncer dejarán de ser mortales y podrán mantenerse bajo control.

–    El ADN de los fetos será manipulado a voluntad antes del nacimiento con el fin no solo de erradicar enfermedades hereditarias y otros problemas sino, sobre todo, de generar mejoras en su sistema biológico e inmunitario. Lo que empieza a denominarse “ADN a la carta” es ya una realidad.

–    El Alzheimer no existirá, se habrá erradicado por completo.

–    Los parapléjicos podrán volver a andar.

–    Los ciegos dispondrán de sensores ópticos que les permitirán volver a ver con normalidad.

–    El envejecimiento de las células podrá detenerse a los 35 años, con lo que podremos preservar la juventud.

–    El dolor físico, desde el más pequeño al más agudo, podrá ser bloqueado evitando que lleguemos a percibirlo.

–    Las células madre permitirán regenerar tejidos y órganos dañados.

–    Chips, incorporados a nuestro organismo al nacer, nos permitirán a cada instante disponer de información respecto a todo tipo de alteración que acuse el funcionamiento normal de nuestro organismo.

–    Nuevas formas de reproducción asistida permitirán lograrlo a todos aquellos que deseen tener hijos, independientemente de su condición o su edad.

–    Una gran parte de los órganos de nuestro cuerpo que resulten dañados podrán regenerarse, mediante su clonación terapéutica, y volver a funcionar en perfecto estado de salud.

–    Incluso, como pronostica el físico y divulgador Michio Kaku, “al menos una parte de nosotros vivirá para siempre, porque tanto nuestro genoma como nuestro mapa mental podrán grabarse en un ordenador”[42].

… Y todo esto, por mencionar únicamente los progresos en medicina, sin entrar en otras disciplinas científicas.

Pensar que con la constitución y facultades del homo sapiens actual se habría llegado al final de la evolución resulta una visión errónea por estática, al no tomar en cuenta que el universo —y en consecuencia, el hombre— prosigue inmerso en un proceso continuo de movimiento evolutivo… Si provenimos de los reptiles, y antes de ellos de una mera mutación proteínica, cabría preguntarse, ¿cómo seremos en el futuro? ¿Cómo evolucionará biológicamente nuestra especie con el impulso adicional aportado por la ciencia, y hasta dónde? Cuestión diferente, de carácter moral, seria plantearnos si tales cambios transformadores conducen hacia el progreso o la destrucción.

  Durante siglos de Historia persistió una marcada corriente de pensamiento antropocentrista, tanto en el mundo religioso como en el científico. Esta empujaba a concluir que la humanidad representaba el ápice de la evolución y su cima final; el hombre, concebido como máquina y criatura perfecta había alcanzado su estadio ideal. Así lo afirmaba, entre muchos otros, hace más de un siglo, el naturalista británico Alfred Russel Wallace, cuando afirmaba: “la evolución ha trabajado durante millones de años desarrollando numerosas fórmulas de vida y belleza, para culminar finalmente en el hombre”[43]… En la actualidad, este pensamiento erróneo acerca del ser humano como culminación evolutiva ha sido totalmente desmontando, ya que la evolución ha entrado en un proceso de aceleración a partir de su fusión con la tecnología y con el posible manejo a la carta del ADN.

El filósofo Nick Bostrom, director del Instituto de Oxford, no tiene dudas y así lo manifiesta cuando se refiere al transhumanismo como “fenómeno que contempla el aumento de nuestras capacidades físicas e intelectuales, y que ya está en marcha […] La selección artificial (de nuevos surge la pregunta de quién ostentará la titularidad de su patente) ha dejado atrás a la natural…”[44]. El proceso enunciado por Bostrom culminaría, según él mismo explica, con la aparición de una nueva especie humana, los posthumanos, manifiestamente superiores en todos los órdenes a las capacidades del hombre actual. Desde este punto de vista, el futuro del hombre se verá caracterizado por técnicas como la clonación, la manipulación genética y la implantación de ingenios electrónicos en su cerebro que elevarán miles de veces su potencial biológico.

Hace décadas, el biólogo Julian Huxley escribió: «Es como si el hombre hubiese sido designado de repente director general de la más grande de todas las empresas, la de la evolución»… Palabras premonitorias que hoy reitera el escritor mexicano Naief Yehya: “Está teniendo lugar una inevitable transformación hacia una sociedad posthumana, en la que nos transformaremos mediante la tecnología, superando la corrupción del cuerpo como creía Platón…”[45]. (Lo que no dice el autor es si lo haremos voluntariamente y según nuestro criterio o de manera impuesta y condicionada por otros).

Me resisto a no mencionar en estos breves apuntes dedicados a las consecuencias que sobrevendrán para el hombre derivadas del progreso científico La iniciativa 2045 impulsada por el multimillonario Dimitry Itskov que, junto con otras en la misma dirección y que llegan a superar los límites de la imaginación, pretende, al llegar a esta fecha, poder volcar nuestra mente y nuestra personalidad en un soporte duradero en el momento de la muerte de nuestro cuerpo. La idea, en su primera fase, que se estima podrá estar completada para 2025, sería poder trasplantar a un avatar avanzado —a modo de copia de seguridad del software de un ordenador— el cerebro de una persona al final de su vida, para poder prolongarla indefinidamente desde este nuevo soporte. Posteriormente, antes de 2035, se deberían poder trasplantar y volcar nuestra personalidad, emociones y conciencia. En su etapa final se procedería, mediante nanorrobots que funcionarían como hologramas, a dar “forma corporal” —se supone que la propia clonada de cada uno— a ese avatar que contendría ya todo nuestro software mental. Técnicamente, desde ese momento, nos habríamos convertido en inmortales… o al menos en “cibereternos”.

Lo que hace posible y real todo lo hasta aquí expuesto, alejándolo de la condición de mera fantasía de ciencia ficción, se debe a la integración coordinada de tres grandes ramas de la ciencia que, al interactuar entre sí, consiguen multiplicar por mil su utilidad y rendimiento. Me referiría al majestuoso conjunto GNR: Genética, Nanotecnología y Robótica. Tres revoluciones tecnológicas cuyo solapamiento, encadenado y simultaneo, conducirá a la creación de inteligencia artificial, cumbre máxima del progreso científico, que ampliará nuestra actual capacidad biológica para el procesamiento de información y el razonamiento, y sobre la que más adelante nos detendremos.

Gracias a que la Genética ha llegado a comprender la estructura cromosómica del ser humano y de las cuatro bases bioquímicas que en su combinación la sustentan, ha resultado posible acceder a los procesos de información que subyacen en la vida, comenzando a aprender a reprogramar nuestra biología para conseguir la virtual eliminación de la enfermedad y un extraordinario crecimiento del potencial humano. Todo el genoma humano es un código binario secuencial, a modo de programas compactos de software, que contiene alrededor de ochocientos millones de bytes de información: en esto consiste el ordenador de la vida. Este código se sostiene en un conjunto de máquinas bioquímicas que traducen estas secuencias lineales de letras de ADN en cadenas de componentes simples llamados aminoácidos. A su vez, estos se pliegan para formar proteínas tridimensionales, los cuales componen todas las criaturas vivientes, desde las bacterias a los humanos… A partir de este conocimiento, toda la bioquímica se puede “reprogramar” a voluntad, ya que lo único que subyace detrás de la biología es información perfectamente modificable.

La Nanotecnología, por su parte, es la ciencia tecnológica que se dedica al diseño y manipulación de la materia a nivel molecular y, potencialmente, átomo a átomo, incluido el cuerpo y el cerebro humano. A través de ella, resultará posible rediseñar y reconstruir, para su perfeccionamiento, la inteligencia de todos los procesos biológicos que intervienen en los seres vivos —por ejemplo, la calidad y eficacia de los glóbulos rojos del organismo, o todo el mundo exterior con el que interactúa el ser humano—. La nanotecnología se asemejaría al brazo de un robot que pudiera ir agarrando átomos individuales, ya sean biológicos o sintéticos, y después depositarlos en otro lugar escogido mediante un software que controle el proceso de ensamblado —lo que se denomina manufacturación molecular—. Con ello, resultará factible eliminar la acumulación de error que se van produciendo en la trascripción del ADN —una de las principales causas del envejecimiento—, introducir cambios en dicho ADN para reprogramar los genes, bloquear réplicas de información genética no deseada para eliminar patógenos biológicos como las células cancerígenas, e incluso activar a velocidad de transacción electromecánica utilizada por las conexiones interneuronales de los mamíferos, aumentando en millones de veces su rapidez. Las posibilidades de la nanotecnología en múltiples campos, no solo el del cuerpo humano, resultan infinitas, desde su aplicación para la superación de la eficiencia energética, reduciendo drásticamente sus costes, hasta su uso en los campos industriales, agrícolas y de protección del medioambiente, eliminando las emisiones contaminantes no deseadas.

Como explica el experto en nanotecnología molecular Javier García Martínez, profesor en la Universidad de Alicante y vicepresidente del consejo de tecnologías emergentes del Foro de Davos, la nanotecnología “abrirá las puertas a una nueva «revolución industrial» […] No consiste en hacer las cosas pequeñas, sino en hacer las cosas nuevas”. El objetivo de los nanomateriales, por ejemplo, consiste en:

modificar la estructura de la materia tal cual la encontramos en la Naturaleza para conseguir que se comporte de forma distinta a lo habitual: sustancias opacas se pueden volver transparentes, materiales estables pueden convertirse en combustibles o sólidos que se convierten en líquidos a temperatura ambiente. No es, pues, una cuestión de tamaño sino de propiedades.[46]

Por último, la Robótica es la rama de la ingeniería que se aplica en el diseño, construcción, operación, disposición estructural, manufactura y aplicación de los robots. En su desarrollo combina disciplinas diferentes, como la mecánica, la informática, la ingeniería de control, la física y las matemáticas. Su finalidad última —aparte de las muchas ya conocidas y aplicadas en la vida cotidiana— será la de sustituir al hombre en multitud de tareas cotidianas y laborales que ya no precisará realizar por sí mismo, y aquellas otras que precisen de un nivel de fuerza, velocidad o precisión que queden fuera de nuestro alcance. En definitiva, el desarrollo de la robótica constituirá el paso previo al advenimiento de la Inteligencia Artificial.

No creo necesario entrar a evaluar una a una las consecuencias que supone el progreso al que estamos llegando. Prefiero dejar al lector que las imagine… En todo caso, una vez más se hace patente que nada volverá a ser igual, y como nos ilustra el pensador Yuval Noah Harari: “la agenda del Homo Deus perseguirá la inmortalidad, la felicidad y la divinidad”.

e)     Silicon valley: un nuevo orden mundial

“Si usted quiere cambiar el mundo, lo mejor que puede hacer es crear una empresa. Es la mejor forma para actuar eficazmente y concretar una visión”. Lo dijo un día Mark Zuckerberg: su planeta, el planeta Facebook, tiene ya 1600 millones de habitantes- usuarios y todavía no ha iniciado su expansión en China y la India.

Si hace apenas quince años nos hubieran dicho que entra las diez empresas más potentes del planeta se encontrarían unas denominadas…

–    Google (Alphabet)

–    Facebook

–    Amazon

–    Apple; y

–    Microsoft…

Todas ellas radicadas en un lugar de California llamada Silicon Valley y dedicadas a la tecnología derivada de internet, habríamos puesto cara de extrañeza considerando a quien nos lo hubiera comentado de iluso soñador ¿Cómo podía emerger un sector económico que se impusiera a las grandes empresas de energía o a las financieras? Y sin embargo esta es la realidad a la que hemos llegado.

Solamente la capitalización bursátil de Apple Inc sumada a la de Alpalhet Inc (Google) iguala el PIB total de España (un billón, con doce ceros, de dólares). Y si le sumásemos los valores de las otras tres grandes (Microsoft Corp., Facebook, Inc y Amazon.Com Inc) se acercarían a los de Francia o el Reino Unido. Para alcanzar a comprender mejor la dimensión de estos gigantes digamos que la capitalización bursátil de Apple equivale a siete veces la del Banco Santander y las de Facebook o Amazon a dos veces nuestra prodigiosa Inditex.

Si sumáramos el valor que representa el conjunto de empresas tecnológicas radicadas en Silicon Valley, estaríamos hablando de cerca del 20% del PIB de los Estados Unidos, o lo que sería equivalente, el 4% del mundial en 2016. Y el crecimiento continúa imparable como lo prueba el dato de que solo en los últimos años el valor de todas estas compañías haya crecido una media del 500%.

No cabe duda de que el mundo productivo dominante, el de las empresas que dominan el planeta, ha cambiado sin que apenas hayamos llegado a percatarnos. Ya no son las grandes petroleras o las gigantescas financieras quienes se sitúan en la cúspide del imperio económico; hemos entrado en la era de la tecnología digital e internet que ya gobierna el planeta y a la que se someten todos los demás universos productivos. Una industria con un imparable poder no solo económico sino de radical influencia social y cultural, a través de los miles de millones de habitantes del planeta que nos hemos constituido en sus usuarios cotidianos (solo Facebook maneja cerca de 2.000 millones de usuarios activos mensuales).

Internet canaliza esta ingente fuerza, la mayor revolución que jamás vivido la humanidad. Un vigente poder, capaz de rivalizar con el de los Estados, que se extiende, a modo de agua que fluye imparable, a todo el universo industrial, la energía, los trasportes, la vivienda, la gestión financiera, la ciencia, la medicina o los colosales entramados militares. Y en el futuro próximo será la Inteligencia Artificial…

Según una reciente estadística elaborada por las Naciones Unidas, en 2015 había en la tierra más personas con móvil (6.000 millones) que con acceso a un retrete (4.500 millones). Según las previsiones expuestas en el Libro Blanco de Ericsson, para 2020 habrá 50.000 millones de dispositivos inteligentes en red (desde viviendas a automóviles, aparatos médicos, maquinaria, productos de consumo…) en todo el planeta. El mundo físico, tal y como confirma un informe elaborado por la consultoría Mc Kinsey, estaría convirtiéndose en un modelo global de sistema de información. Y con ello el imparable progreso adquiere cotas de certitud hasta ahora inimaginables; insólitos prodigios que convertirán la vida en más satisfactoria y controlable.

Cada minuto de cada día de 2014, los 3.000 millones de internautas de todo el mundo (hoy ya serian 4.000), enviaron 204 millones de correos electrónicos, subieron 72 horas de nuevos videos a YouTube, realizaron más de cuatro millones de búsquedas en Google, compartieron 2.460 millones de contenidos en Facebook, descargaron 48.000 aplicaciones en Apple, gastaron 83.000 dólares en Amazon, tuitearon 277.000 mensajes y publicaron 2.160.000 nuevas fotos en Instagram.

Esto cada minuto, insistiría; calculen en un mes…. Y hoy, entrados en 2017, las cifras podrían haberse doblado, nos cuenta el periodista Británico Andrew Keen en su reciente obra, Internet no es la Respuesta. [47]

Nada, bueno o malo, de progreso o de amenaza a la privacidad y la seguridad, puede ya explicarse sin Internet y sus grandes gestores desde Silicón Valley, quienes, más pronto que tarde llegaran a controlar la economía global dentro de un modelo extremo de capitalismo, que ellos denominan “de ganador único,” una vez que logren integrar a los 3.500 millones de seres humanos que todavía no se ha conectados a la red; cuestión de pocos años. La utopía de unos pocos dirigiendo enteramente el planeta ya resulta más que probable: quien posea y maneje el big data planetario será capaz de modelar el nuevo mundo a su antojo. Una nueva ciencia que hoy controlan los norteamericanos (China tiene su propio universo digital) mientras que Europa (y no digamos España) asiste prácticamente como espectadora a la construcción del nuevo orden tecnológico global: un descomunal fracaso de consecuencias futuros impredecibles.

La transcendencia de esta revolución alcanza incluso a las pautas de conducta más íntimas por las que se ha regido el ser humano a lo largo de la historia hasta aventurar que el Big Data pueda llegar a convertirse en una auténtica religión del “dataismo”, o religión de los datos, como etapa posterior a las religiones humanistas tradicionales, nos habla el ensayista, antes mencionado, Yaval Noah Harari en su reciente obra Homo Deus[48], de lectura muy recomendable.

Facebook este reuniendo una descripción muy detallada de nuestras ubicaciones, genero, edad, estado civil, idiomas, formación, trabajo, parientes, tendencias políticas, acontecimientos significativos, preferencias (en productos de consumo, hobbies, cine, música, comida, bebida), actividades deportivas, lugares de compra y de ocio, dispositivos digitales que utilizamos, lo que nos gusta, lo que apoyamos o criticamos. Todo lo cual pueden adicionarlo con otras informaciones obtenidas a través de diferentes formas de rastreo y agentes de datos hasta poder saber de nosotros más que uno mismo. El resultado será la disposición de las herramientas más perfectas para trazar perfiles y estudios sociológicos que uno puede imaginarse, lo que hace posible que estas empresas lleguen no solo a conocernos como individuos o como colectivos, agrupados en múltiples segmentos, mejor que nadie, sino que puedan predecir, con el mínimo margen de error, nuestros comportamientos futuros en todos los órdenes de nuestra conducta. De aquí apenas dista solo un paso, apenas un escalón anterior —de predecir a sugerir—, para que se encuentren en condiciones de determinar “que quieren que veamos y que no y como quieren que lo veamos” o que establezcan “como quieren que actuemos”. De hecho ya lo están haciendo en Twitter, Likedin, Instagram, Facebook, Airbnb o Uber mucho más de lo que podríamos llegar a sospechar.

La conciencia y el libre albedrío del ser humano humanos pueden verse anuladas mediante el condicionamiento impuesto por la tecnología digital; ese Ojo de Dios que nos vigila y que nos define a su antojo, lo que puede ser bueno o malo y lo que nos conviene o debemos rechazar; la ciencia ficción se está haciendo realidad. El gigantesco rastro de datos digitales que nosotros facilitamos a diario, sumados a mecanismos automatizados de clasificación, como los algoritmos y la Inteligencia Artificial, podrán llegar a utilizarse para mostrar pautas que predefinan decisiones de consumo, enfermedades e incluso inclinaciones delictivas.

El hecho de sabernos constantemente vigilados y controlados por un “invisible vigilante”, que conoce a cada instante de nuestro pasado y presente a través de los rastros digitales que le facilitamos, constituye solo una parte de los riesgos y controversias que genera Internet; mucho más preocupante puede ser su capacidad para modelar nuestra visión de la realidad convirtiéndonos en pseudo esclavos (en el sentido de seres condicionados sometidos a predicciones anticipadas) de la red, planteando un enorme conflicto ético.

Todo ello sin olvidar que cada avance en la tecnología digital constituye solo la antesala del siguiente aún más impactante y poderoso que acontecerá el minuto siguiente, configurando una espiral infinita que nos conduce irremediablemente a otras preguntas: ¿Qué futuro queremos como humanidad, dentro de un mundo hiperconectado, si no queremos perder el control del futuro? ¿Qué papel le queda reservado al “pobre humano biológico” dentro de una sociedad adaptada a los contornos de una nueva infraestructura informática mundial, en la que todos los paradigmas del pasado resultarán desbastados y extinguidos? Todo, lo bueno y lo malo que jamás pudimos imaginar, está llegando.

Lo que resulta seguro es que la gran línea divisoria, en términos económicos, ente los hombres vendrá marcada entre aquellos que dispongan de los vastos conocimientos necesarios que complementen al nuevo dios-ordenador y la tecnología digital y quienes no los tengan. Sin duda una sociedad de dos velocidades, con ribetes amenazantes... Algunos economistas predicen que, más pronto o más tarde, los humanos no mejorados mediante la incorporación de chips digitales a su organismo, serán completamente inútiles para la actividad productiva.

Mientras que robots e impresoras tridimensionales sustituyen ya a los trabajadores en tareas manuales como fabricar camisas, algoritmos informáticos muy inteligentes harán lo mismo próximamente con todas ocupaciones administrativas. ¿Cuántos agentes de viajes necesitaremos cuando podamos usar nuestros teléfonos inteligentes para comprar billetes de avión a un algoritmo? Y lo mismo, me permito añadir, podría decirse de corredores de Bolsa, médicos, abogados… Puestos a evaluar desde una única perspectiva de eficacia y coste la solución no ofrece duda: más deprisa, con mejor análisis y profundidad, con resultados más eficaces y certeros… y además resultando más económico y sin los problemas inherentes al ser humano biológico (necesidad de comer y descansar, enfermedades, costes, sociales, exigencias salariales…) resultaran ser los corredores de bolsa digitales, abogados digitales , jueces digitales, policías digitales, profesores digitales, medidos digitales, y demás. Impecablemente fabricados en carbono o silicio inmunes a enfermedades.

Pero entonces, ¿para qué queda el ser humano biológico? Ya no nos estamos enfrentando, únicamente, a la cuestión, de por si extremadamente delicada y grave, del peligro de desaparición de decenas de millones de puestos de trabajo humanos, sino a algo más profundo ¿Qué será del hombre cuando sea absolutamente innecesario para el trabajo? ¿Cómo se entiende la vida cuando la conciencia queda disociada de su inteligencia biológica, perfectamente sustituible esta por algoritmos sin mente capaces de razonar de manera superior?

Podría suponerse que esa conciencia debería poder asegurar, a nivel personal y colectivo, el rumbo más adecuado para preservar unos valores humanos que presidan la evolución de la historia del hombre… El problema se plantea cuando esos valores hayan sido sustituidos por la codicia y el egoísmo, como propugna el Neoliberalismo, a la hora de inspirar los comportamientos del individuo ¿Cuáles pueden ser los valores éticos del big data de Google?

Da pánico pensar, cuando la ciencia-ficción parece adquirir caracteres de probabilidad certera, en ese mantra de Mejor ganar 7 gastando 3 y procurar mañana ganar 8 gastando 2… Ya saben.

Porque en ese caso el hombre puramente biológico sobra.

f)     En el umbral de la inteligencia no biológica

Se estima que en apenas treinta años a partir de hoy —el tiempo que deberá transcurrir para que la civilización alcance el logro científico más importante de la Historia y probablemente el más destacado en la evolución del hombre desde que una especie de primates comenzó a andar erguida usando solo las piernas trasera— se producirá ese prodigioso instante. El momento cuando el hombre biológico —es decir, nosotros en nuestro estadio de evolución actual— quien ya tendrá incorporadas a su organismo una serie de aplicaciones transhumanas, se encontrará enfrente de otro ser no biológico —¿hombre?, ¿máquina?, ¿un poco de las dos cosas?— que se parecerá más o menos a nuestra imagen física y quien dispondrá de la capacidad para discurrir con nosotros de tú a tú. Será ese el instante en que la Inteligencia Artificial (AI), creada mediante computación y sin intervención de la biología, habrá alcanzado la potencia y facultades del cerebro humano y de su inteligencia biológica para, a partir de ahí, comenzar a desarrollarse a una velocidad miles de veces más rápida, eficaz y poderosa que la del homo sapiens.

Que nadie suponga que al hablar de Inteligencia Artificial me estoy refiriendo a una nueva generación de robots sofisticados, programados por el hombre para desarrollar las funciones más complejas establecidas en su software. Me refiero a una auténtica inteligencia autónoma, capaz de entender, razonar, deducir y tomar decisiones (esto constituye lo más relevante) por sí misma, y con un conocimiento, habilidades, personalidad y memoria superiores a las nuestras.

Nadie más competente en la materia que el investigador, inventor y científico Raymond Kurzweil, Director de Ingeniería de Google, para explicar este prodigioso suceso que él denomina “la Singularidad”, y en cuyo desarrollo lleva aplicado, con la ayuda de un ingente equipo de expertos, desde hace unos cuantos años. En su obra La singularidad está cerca nos explica el inusitado fenómeno:

Entonces ¿qué es la Singularidad? Es un tiempo venidero en el que el ritmo del cambio tecnológico será tan rápido y su repercusión tan profunda que la vida humana se verá transformada de forma irreversible. […] esta era transformará los conceptos de los que dependemos a la hora de dar significado a nuestras vidas, ya sea en lo que se refiere a modelos de negocios o al ciclo de vida (incluyendo la muerte). […]

… El ritmo de cambio de la tecnología creada por el hombre se está acelerando y sus capacidades se están ampliando a un ritmo exponencial. […]

… Dentro de varias décadas, las tecnologías basadas en la información abarcarán todo el conocimiento y habilidad humano, incluyendo las capacidades de reconocimiento de patrones, las habilidades para resolver problemas, y la inteligencia emocional y moral del propio cerebro humano.

Aunque impresionante en muchos aspectos, el cerebro está sometido a graves limitaciones. […]

Nuestros cuerpos biológicos versión 1.0 son a su vez frágiles y están sujetos a infinidad de fallos, por no mencionar los engorrosos rituales de mantenimiento que requieren. […]

La Singularidad nos permitirá transcender estas limitaciones de nuestros cerebros y cuerpos biológicos. […] Como consecuencia, al final de este siglo la parte no biológica de nuestra inteligencia será billones de billones de veces más poderosa que la débil inteligencia humana producto de la biología. […]

La Singularidad constituirá la culminación de la fusión entre nuestra existencia y pensamiento biológico con nuestra tecnología [de computación], dando lugar a un mundo que seguirá siendo humano pero que transcenderá nuestras raíces biológicas. […]

Nuestra tecnología alcanzará y luego superará enormemente la finura y agilidad de lo que consideramos como los mejores rasgos humanos.[49]

Cinco constituyen las claves para que este inconmensurable suceso sea una realidad en el plazo previsto; la certeza de todas ellas no ofrece discusión:

1. El progreso de la computación y de la ingeniería informática, el cual se acelera a ritmo vertiginoso, alcanzando nuevas fronteras desconocidas.

2. La modelización y simulación completa de todas las regiones del cerebro humano, la cual, prevé la neurociencia, se alcanzará hacia finales de la década de 2020. Hasta hace poco, las herramientas de las que se disponía para asomarse al interior del cerebro no poseían la resolución que permitiera crear modelos exactos perfectamente detallados. Ahora ya es posible, mediante la generación emergente de escáneres y sensores de precisión exquisita.

3. El desarrollo de la nanotecnología, que en breve plazo permitirá enviar nanorrobots hasta el interior de los capilares del cerebro para escanearlo en su totalidad desde dentro.

4. La interacción eficaz entre computación, neurológica y nanotecnología, que permitirán convertir ese escaneo del cerebro en modelos definitivamente perfectos, reproducidos a través de ordenador y plataformas de computación, que soportarán perfectamente bien la comparación con las versiones biológicas de estas regiones, haciendo indistinguibles unos y otros.

5. La secuenciación e interpretación del genoma humano desarrollados por la genética, que permitirá igualmente su computación.

Consecuencia de ello, el nacimiento y desarrollo de la inteligencia artificial permitirá su aplicación en dos direcciones: “hacia fuera” del ser humano y “hacia dentro” del mismo:

–    “Hacia fuera”, estaríamos hablando de la creación de los denominados Cyborgs o robots inteligentes, capaces de reproducir las facultades del ser humano a una escala muy superior a la nuestra.

–    “Hacia dentro”, porque resultará perfectamente natural y factible incorporar adiciones de inteligencia artificial en nuestro cerebro biológico, acoplándose y complementándose entre sí ambas inteligencias. A partir de este momento, entraríamos en la era de los posthumanos o transhumanos. En efecto, con todo lo que ello pueda sorprender y sobresaltar, hombres y ordenadores llegarán a fusionarse, combinando inteligencia biológica y no biológica, del mismo modo que a nuestro ordenador actual podríamos incorporarle nuevos gigas de RAM o a un coche acoplarle un motor más potente…

Con el transhumanismo —tema casi ignorado en Europa y, sin embargo, de amplio debate en los Estados Unidos—, la especie humana “pasará del azar a la elección”, es decir “de la lotería genética que a cada cual le cae encima a la posible manipulación y mejora voluntaria del ser humano hasta convertir, incluso, la idea de la muerte en una mera hipótesis quizás superable”. Lógicamente, este suceso —al que se le asigna la fecha de 2045 como momento más probable para su plasmación real—, abre la mente a la contemplación de un mundo nuevo. Un mundo lleno de nuevas oportunidades —aunque también de enrevesadas incógnitas y preocupantes amenazas—, y ante el que todos los demás órdenes y sistemas de los que hasta entonces se hubieran dotado los hombres (incluidos los sociales, jurídicos y políticos) deberán encontrar nuevo acomodo mediante su adaptación o transformación. La idea democrática, tal y como ahora la entendemos, sería de las primeras en requerir su conversión.

Volviendo al libro del profesor Kurzweil:

Miles de millones de nanorrobots viajarán a lo largo de nuestro torrente sanguíneo en el interior de nuestros cuerpos y cerebros. En el interior de nuestros cuerpos, destruirán patógenos, corregirán errores en el ADN, eliminarán toxinas y realizarán muchas otras tareas para mejorar nuestro bienestar físico. El resultado será que podremos vivir independientes sin envejecer. […] En el interior de nuestros cerebros, los masivamente distribuidos nanosrrobots interactuarán con nuestras neuronas biológicas. Esto proporcionará realidad virtual de inmersión completa que incorporará todos nuestros sentidos, así como correlatos neurológicos de nuestras emociones desde dentro del sistema nervioso […] Esta íntima conexión entre pensamiento biológico y la inteligencia no biológica expandirá enormemente la inteligencia humana […] La evolución biológica sí que creó una especie que podía manipular y reflexionar sobre su medio […] En estos momentos, dicha especie está teniendo éxito a la hora de acceder (y mejorar) a su propio diseño, y es capaz de reconsiderar y alterar estos principios básicos de la biología…[50]

¿Qué más se puede añadir? Nos encontramos a no mucho de entrar en un nuevo tiempo en la historia del hombre; un periodo en el que:

–    En segundos se podrá acceder a conocer y manejar lo que ahora cuesta decenas de años, cuando no toda una vida, conseguir.

–    A voluntad y a nuestro gusto, seremos capaces de rediseñar eternamente nuestros cuerpos —es lo que se denomina “cuerpos 3.0”—, programar el tiempo de nuestra vida e incluso, quizás, quién sabe, su eternidad.

Y, a todo esto, ¿qué pasa con el alma? El filósofo, matemático y epistemólogo italiano Giulio Giorello, responde así con cierta ironía: “Sì, abbiamo un’anima. Ma è fatta di tanti piccoli robot”[51] (Sí, tenemos un alma, pero está hecha de multitud de diminutos robots).

Resulta imposible determinar el impacto que este avance científico y tecnológico supondrá en todos los órdenes de la civilización: sociales, económicos, políticos, morales, filosóficos, científicos, ambientales, culturales… Me atrevo a suponer que su alcance implicará el final de la vida y el mundo tal como lo hemos conocido hasta ahora, y el comienzo no ya de una nueva era —el término me resulta insuficiente—, sino de una segunda historia de la humanidad. Un sobrecogedor punto y aparte, en el que casi se diría que el hombre habrá reemplazado a Dios, ese ser supremo espiritual al que según la religión hay que someterse, para convertirse él mismo en rector, principio y fin de todas las cosas.

Algunos negarán la posibilidad de que todo lo aquí comentado llegue a suceder, tildándolo de mera hipótesis teórica de laboratorio o de ciencia ficción para visionarios; otros reducirán su significación. Los más reacios a asumir la noción del tiempo en movimiento insistirán hasta la saciedad en que solo existe la certeza del presente, como le sucedió a los detractores de Darwin. Yo no puedo hacerlo. El avance de la ciencia en los últimos decenios ( ¿quién podía imaginar internet hace cuarenta años?) avala sobradamente que nos encontramos ante una probabilidad inminente de que esto suceda.

Los avances acaecidos —ya reales y existentes— en la computación, la genética, la biología, la robótica, la física y la nanotecnología me llevan a estar convencido de que hemos alcanzado el umbral del desarrollo de la inteligencia artificial, igual a la del hombre en un primer momento, y que con el tiempo devendrá en superior a la biológica, la cual evoluciona más despacio. El ser humano será capaz de mejorar su propio diseño. Y, con ello, toda la lógica en que se fundamenta la comprensión del mundo actual desaparecerá o resultará transformada ante la aparición de esas máquinas humanas y de esos hombres-máquina —¿recuer-dan a los replicantes de la película Blade Runner, de Ridley Scott?—, con capacidad para entender, analizar y resolver las cuestiones que hoy parecen no encontrar respuesta, bloqueadas por la propia limitación de nuestra capacidad humana actual. Nace otro hombre; otra especie inteligente, sobre la que podríamos formularnos la cuestión de si llegará, incluso, a disponer de identidad de sí, conciencia y libre albedrío

La única cuestión que no ofrece reparos en ser planteada, muy vinculada a las intenciones de este libro, sería quién ejercerá el dominio y control sobre la Inteligencia Artificial, es decir, quiénes tendrán la capacidad de elaborarla, mejorarla y decidir sobre su aplicación. Y una vez más, al igual que sucedía con la propiedad de las patentes de los avances científicos y médicos de las que hablábamos más atrás, de esta pregunta se desprende de nuevo la perspectiva de dos eventuales tipos de sociedades: la de los hombres libres o la de los amos y esclavos. Inexorable. Y ello no por una cuestión de ideología o de pensamiento, sino como consecuencia del inimaginable poder que los grandes avances científicos, y por encima de todos la Inteligencia Artificial, otorgarán a quien los posea: ¿será un poder compartido por todos, o será un poder exclusivo de las elites que ostenten su propiedad privada?. En el caso de que se impusiera la segunda opción, nos veríamos abocados a la mayor tiranía de la Historia; una posición de poder absoluto e ilimitado sin posibilidad de derribar, de cuya ficción nos han narrado muchas novelas. Quizás no estemos tan lejos… si llega a consolidarse la lógica neoliberal.

g)      A modo de recapitulación

No era mi intención despistar al lector con este capítulo y que pueda llegar a pensar que se encuentra ante un ensayo científico o sociológico. Para nada. Nuestro tema es el neoliberalismo, sus causas y consecuencias; ese sigue constituyendo el único objetivo.

Precisamente por ello me ha parecido imprescindible ir un poco más allá del debate político e ideológico puntual e intentar elevarnos para tomar distancia y reflexionar sobre algunas de las grandes fuerzas que subyacen a la disputa dialéctica actual y que, sin atisbo de duda, constituirán los ejes sobre los que se vertebrarán los impulsos políticos y sociales en el futuro. En definitiva, mi intención al escribir este capítulo era ampliar el enfoque para abordar la disputa presente en un marco más global a largo plazo.

Los retos e interrogantes a los que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI resultan colosales, como venimos de comprobar. El mundo se encuentra inmerso en una feroz convulsión social, demográfica, racial, cultural, científica y ecológica como consecuencia de la propia evolución, ante la que diferentes fuerzas e intereses opuestos confluyen y se confrontan. Suponer que lo que está sucediendo en el terreno social, económico y político solo se debe a la lucha por la hegemonía en el tiempo presente entre unas u otras ideas o a la prevalencia de unas u otras fuerzas —en este caso la de las elites poderosas frente a las masas de ciudadanos—, resulta cierto aunque insuficiente por incompleto. Todo lo que acontece responde a unas causas y a unas expectativas a corto, medio y largo plazo mucho más amplias, profundas y complejas, expresión de un cambio de Era, que lo que darían a entender los sucesos que conocemos cada día.

Al comprender las interrelaciones profundas que se producen entre los modelos económicos y sociales que propone el neoliberalismo, y las grandes convulsiones y transformaciones que ocurrirán en los próximos decenios —demográficas, científicas, tecnológicas, religiosas, ecológicas, etcétera—, estaríamos situándonos frente al mapa de las grandes retos y dificultades, pero también oportunidades, ante los que se situarán los habitantes de la Tierra, y los líderes que les conducirán con mejor o peor fortuna. Desde esta perspectiva, en la que se plantean dilemas de una complejidad absoluta, cabría preguntarse si la doctrina y el modelo neoliberal representa una forma de enfoque de todas estas cuestiones, o bien forma parte adicional del problema. Dicho de otro modo, ¿el neoliberalismo es una posible respuesta a los grandes enigmas que nos depara el siglo XXI?, ¿o es una opción que acentuará los problemas? ¿O las dos a la vez?

Cuando las elites financieras y las grandes dinastías económicas deciden retomar el poder que presuntamente les venía sustrayendo la socialdemocracia y el socialismo, y para ello se apoyan en los fundamentos doctrinales de los economistas de la Escuela de Chicago, empiezan también a dar forma y consistencia a esa nueva era de la humanidad a la que ya hemos llegado, dando por finiquitada la anterior y la evolución social por la que discurrió y cuyo origen se remontaría a la Revolución Francesa y la Guerra de Independencia norteamericana. Lo que parece evidente es que lo hacen anticipándose al pensamiento de izquierdas, no solo para recuperar el poder en el tiempo presente, sino preparándose para los cambios monumentales que vaticinan los siguientes cien años, asegurándose el control definitivo del rumbo de la humanidad. De algunos de ellos hemos hecho mención en este capítulo, situando en la cúspide de la pirámide esa predecible aparición de la Inteligencia Artificial que, sin duda, va mucho más allá del mero desarrollo exponencial de la computación y la robótica por introducirse en todos los ámbitos de la más profunda e íntima identidad del hombre: su cerebro y su conciencia.

 Lo cierto es que el mundo, inmerso en una globalización neoliberal, se enfrenta en los próximos decenios a una inmensa epopeya donde todas las piezas del tablero geoestratégico se van a mover con tendencia a la desestabilización.

El mundo va a cambiar. Incluso sin la irrupción de la Inteligencia Artificial, dentro de veinte o treinta años nada mantendrá mucha semejanza con el presente. Como ya se sugería páginas atrás, parece que nada está cambiando, que la foto es fija entre ayer, hoy y mañana, pero nada más lejos de la realidad, en la que los movimientos de la evolución resultan pronunciadamente agudos. En ese sentido, el neoliberalismo forma parte de ese cambio sustantivo.

Nos encaminamos hacia poblaciones más viejas, con sus enormes incidencias socioeconómicas y culturales; hacia un crecimiento desorbitado de las macrociudades; hacia la casi extinción de todo el trabajo de menos valor añadido sustituido por la robótica; hacia el auge de nuevos modelos de economía de tipo colaborativo basados en el uso cotidiano de las nuevas tecnologías; hacia problemas climatológicos; hacia un aumento poblacional significado concentrado en África y una parte de Asia; hacia la aparición de nuevos grandes actores en el concierto internacional como Turquía, India, Méjico o Nigeria; hacia un desplazamiento del gran eje económico del Atlántico hacia el Pacifico; hacia la pérdida de peso global mundial de Europa; hacia las más que probables grandes turbulencias que pueden afectar a China y Rusia; hacia una posible confrontación entre civilizaciones; hacia la existencia de países que, ante la reducción y envejeciendo de su población, necesitarán desesperadamente de la llegada “suplicada” de inmigración cualificada o sin cualificar; hacia el desciframiento completo de genoma humano, núcleo de la vida biológica, y la reproducción en simuladores del funcionamiento del cerebro humano; hacia la conversión de los paraísos fiscales en la primera economía del planeta; hacia la santificación del saber tecnológico y la sumisión al descrédito de aquel otro basado en las letras, la literatura o la filosofía; hacia la separación de la realidad en dos planos de idéntico rango: material y virtual; hacia la feroz amenaza de la desertificación y la falta de agua potable; hacia la prevención y la curación de enfermedades y dolencias hasta ahora consideradas como incurables; hacia la imparable expansión de Internet, Google y las redes sociales como nuevas formas de comunicación y comercio, que harán que los usos individuales y sociales en la vida de todas las personas se transformen —de hecho, ya se anticipa la desaparición del dinero efectivo en menos de diez años y de la práctica del sexo físico y en pareja en menos de cuarenta—; hacia la sustitución de la inteligencia biológica del ser humano por otra, infinitamente más potente, de carácter digital que sustituirá al hombre en el impulso del progreso, poniendo en cuestión, incluso, su propia necesidad; hacia la escasez y carestía de ciertos combustibles y minerales valiosos; hacia las mayores convulsiones financieras consecuencia de unos modelos de economía financiera que se basan en la creación artificial de burbujas especulativas; hacia la lenta desaparición de las clases medias; hacia nuevas formas de cultura y ocio orientadas con preferencia al universo de la virtualidad; hacia nuevas formas de guerra en las que los escenarios de combate se trasladan a las ciudades mediante el ejercicio estratégico y continuado de la barbarie terrorista; hacia la lenta desaparición de la literatura tal y como fue siempre conocida y de los medios de comunicación en formato papel; hacia el mestizaje como raza principal; hacia la plena integración social de minorías marginadas como homosexuales, transexuales y lesbianas; hacia un diseño múltiple y casi a la carta del modelo de familia; hacia un cambio inusitado en las costumbres sociales; hacia el uso de nuevas energías renovables y otras fórmulas de contenido ecológico que faciliten un desarrollo sostenible… Y más, y más, y más.

Todo está muriendo y todo está naciendo.

Y en torno a semejante maremágnum se sitúa el neoliberalismo como pensamiento único y paradigma dogmático para tomar las riendas y la dirección de la nave planetaria. El problema radica en que el neoliberalismo, por más que lo pretendan las voces que lo proclaman… ni es un dogma ni es la respuesta correcta. Aunque solo fuera porque su hegemonía implicará forzosamente el final de la soberanía del pueblo y la instauración de una sociedad jerarquizada y desigual.

5.2 Las amenazas del porvenir

Tal y como se ha venido reiterando en páginas anteriores, una vez que el Capital ha conseguido liberarse de su anterior dependencia de la fuerza laboral —como consecuencia del progreso tecnológico, la mundialización de la economía y la financiarización de esta a modo de alternativa a la propia economía real—, el pacto social que le obligaba a compartir, aunque fuera relativamente, la riqueza obtenida a través del desarrollo económico en aras de una necesaria paz y estabilidad en la sociedad ha quedado abolido. Como resultado, nos hemos adentrado en una nueva etapa del capitalismo que algunos pensadores denominan el capitalismo líquido, por su permeabilidad y penetrabilidad absoluta en todos los planos de la realidad. La constatación resulta inobjetable.

La sociedad de la información y de la economía financiera ya no necesitan de una mano de obra adaptada a las tareas, ya caducas, de la época industrial —y con el creciente desarrollo de la alta robótica, aún menos—, salvo con carácter subordinado y entendida como mero factor de la producción —como puede ser una herramienta o un ordenador portátil— que le aporta un valor añadido relativo. Por tanto, la demanda de trabajo excede ostensiblemente la oferta disponible en la mayoría de países desarrollados (salvo que se supieran desarrollar nuevas fuentes de desarrollo y productividad), con lo que su precio —su valor/hora— tiende y seguirá tendiendo a la baja y a su consiguiente desplazamiento, como ya viene aconteciendo, hacia los lugares donde “el coste de los individuos” sea inferior —tal y como nos explica el fenómeno de la deslocalización de fábricas e industrias hacia los países en vías de desarrollo—.

Simultáneamente, la feroz acumulación de beneficios y riquezas que está obteniendo un Capital básicamente especulativo     —con rendimientos anuales medios en torno al 7 u 8% anual—, reunido en torno a menos manos, provoca que la participación de las rentas del capital en el Producto Nacional Bruto de los países continúe aumentando en detrimento de unas rentas del trabajo, en retirada, haciendo que los niveles de desigualdad entre grupos sociales se amplíen día tras día.

De tales constataciones se puede inferir sin dificultad que nos adentramos vertiginosamente en un mundo desarrollado caracterizado por:

–    La falta de trabajo para un gran número de la población, y especialmente de trabajo de calidad.

–    Un trabajo precario, con condiciones y derechos laborables a la baja; del que solo se salvará la mano de obra que aporte un alto valor añadido, porque responda a las exigencias de la sociedad del conocimiento.

–    Un Capital, de rango colosal, que circula con absoluta libertad por el planeta, dueño de todos los resortes vinculados a la generación de riqueza.

A raíz de ello, el neoliberalismo nos aboca hacia una sociedad que tenderá gradualmente a “quebrarse” en diferentes colectivos, muy desiguales en la cantidad de sus componentes:

Estaríamos hablando, en definitiva, de una sociedad compuesta por:

–    Ricos; poseedores o generadores de capital;

–    altos profesionales y emprendedores, con muy elevado potencial, participes de la sociedad del Conocimiento y la tecnología digital;

–    personas que se han quedado atrás en la evolución del planeta y que devienen una rémora para el modelo de productividad globalizada: mano de obra asalariada con insuficiente cualificación, emprendedores y empresarios con modelos de negocio no adaptados a la evolución, precarios y personas con ingresos limitados, de mayor o menor intensidad; y

–    excluidos; excedentes innecesarios para el proceso productivo, y, en consecuencia, suprimibles.

 ¿Qué va a ser de las personas que solo están capacitadas para oficios tradicionales del pasado?

Teniendo en cuenta el deficiente estado de la educación y la investigación en España y el tremendo déficit que todavía experimenta —fruto, sobre todo, del fracaso que han supuesto las leyes educativas que cada gobierno de turno ha ido estableciendo, sin que jamás se haya llegado a fijar una auténtica política de Estado, con mayúsculas, consensuada entre todos los agentes implicados en el problema—, podría considerarse como probable que ese nivel de mayor o menor precariedad social y económica llegue a alcanzar en un tiempo no lejano, según diferentes pronósticos, a casi un 40% de la población. Eso supondría unos 17/18 millones de ciudadanos atrapados en el callejón sin salida de su falta de riqueza para invertir y de una obsolescencia laboral sobrevenida, que ya no puede contrarrestarse con la acción eficiente de un Estado desmantelado por las elites financieras. ¿Se puede prevenir? Sin duda que sí, pero además se debería, si no queremos que la situación se agudice más aún para las siguientes generaciones.

Lo más preocupante de esta nueva sociedad de clases excluyentes, que se asemeja más al modelo imperante durante el Antiguo Régimen, anterior a la Revolución Francesa, que con el reciente de las clases medias burguesas, sería la tremenda imposibilidad para el ascenso social que conlleva. Unas barreras insuperables, inherentes al propio sistema social, que bloquearían toda salida, cualquier movilidad, para encontrar nuevas oportunidades de cambio con respecto a la clase en la que uno vino al mundo. La situación socioeconómica con la que cada cual nazca determinará el transcurso del resto de su vida hasta la muerte. El sueño de tener un porvenir mejor desaparece en la sociedad neoliberal, debido a la imposibilidad de acceder a los medios que pudieran facilitar la promoción social, es decir la capacidad para generar capital o la disposición de ese mucho más amplio saber, imprescindible para desenvolverse en el nuevo siglo.

Si no cambia la situación y subsiste el desequilibrio actual entre fuerzas políticas, el Estado del Bienestar, cuya soberanía y capacidad de acción resulta cada vez más limitada, tenderá inevitablemente a su reducción y degradación, a medida que los inversores y acreedores internacionales vayan exigiendo a las naciones mayores reducciones progresivas de sus partidas de gastos en aras de esa competitividad y consolidación fiscal, sin que en ningún momento consideren aceptable un incremento de la imposición fiscal en aras de la redistribución. Y mucho menos, todavía, si con ello se pretende facilitar el acceso de las capas populares al más amplio y completo “Saber”, que ya ha comenzado a constituirse en el Capital más productivo.

Si no existe redistribución —una redistribución no solo protectora, sino ante todo capacitadora e impulsora de oportunidades—, la idea del bien común habrá periclitado, por lo que cada cual permanecerá más o menos estancado, a modo de cárcel invisible, en la clase social donde su origen le haya determinado.

Imaginemos un trabajador situado, en tiempos actuales, en la clase media-media social, con una capacitación laboral estándar para el siglo anterior, que contempla cómo su retribución salarial va quedándose congelada año tras año y cuyas posibilidades de cambio laboral son cada vez más reducidas, ya que cualquier nuevo empleo acentuará la limitación de sus derechos, su precariedad e, incluso, puede que le suponga ingresos inferiores. ¿Qué panorama le ofrece el porvenir? Añadámosle a todo esto la hipótesis, más que probable, de que además los beneficios sociales que como ciudadano tenía garantizados se vean cada vez más reducidos…Volvería a formular la pregunta anterior: ¿Qué perspectivas le ofrece el porvenir a esta persona? ¿Cabe imaginar tal horizonte en términos de mejora, progreso y ascenso en la escala socioeconómico? ¿Se podrá permitir tener hijos? ¿Cuántos? ¿Y condenados a qué futuro? Sin duda, solo a proseguir y perpetuar la trayectoria social estancada de sus progenitores.

El modelo social que permitió el acceso al Seat 600, la lavadora y el televisor fue puesto en marcha por el dictador Franco a lo largo de los años 60 del siglo pasado, al incorporar las fórmulas socioeconómicas —las del capitalismo social— vigentes en el mundo occidental más avanzado de entonces. Este modelo de desarrollo de la sociedad, que alcanzó su plenitud a partir del advenimiento de la democracia, se basaba en:

–    Incrementos anuales, por encima de la inflación, de salarios y otras ventajas y derechos laborales que permitían elevar el nivel de vida y compartir una parte de los beneficios generados por las empresas y la actividad productiva en general.

–    Un política fiscal orientada hacia fines redistributivos —los que más tenían pagaban más impuestos—, con el fin de que el Estado, cada vez dotado de mayores recursos, revirtiera una parte de sus ingresos hacia los menos favorecidos de la sociedad, intentando “regular las clases sociales” y, sobre todo, facilitando sus posibilidades y oportunidades de cara al futuro al poner a su disposición una carta de servicios públicos básicos en aumento.

–    La posibilidad de los Estados para endeudarse cuando las prioridades sociales y económicas del país así lo exigieran. Y, finalmente:

–    Una idea colectiva, bien arraigada, de consenso respecto al bien común, el progreso colectivo, el mejor porvenir y la igualdad de oportunidades (como se solía decir, “más y mejor pan para todos”).

Si todo los fundamentos que acabamos de enunciar como fórmula de desarrollo de la sociedad y de los individuos que la componen —trabajo, mejoras laborales y un Estado redistribuidor, garante de una cierta protección y bienestar social— se han venido abajo porque así “lo imponen” las nuevas leyes económicas que rigen la mundialización neoliberal, ¿qué queda de aquel modelo de sociedad? Prácticamente nada o muy poco. Y, entonces, ¿cuál es la propuesta alternativa de progreso que se ofrece a la humanidad para el siglo XXI? No la hay. Como escuchaba decir recientemente a un conocido conferenciante: “A este Capitalismo Líquido le faltan guerras y le sobran humanos para alcanzar el óptimo de su productividad”[52].

 La caridad asistencial de carácter privado, que nada tiene que ver con los derechos garantizados, se ocupará de mitigar los efectos generados por la desigualdad antes de que alcancen extremos peligrosos. Y a ella podrá añadirse otro beneficio de carácter público, la caridad compasiva neoliberal, entendida como concesión generosa y no como derecho, para la que se dispondrá de los recursos paliativos que puedan precisarse. ¿Se imagina el lector la eliminación de todos los epígrafes consagrados a la protección y desarrollo social que se incluyen en los presupuestos públicos    —sanidad, educación, etcétera—, y su sustitución por una única partida denominada “Protección asistencial a los necesitados”?

Y más allá de la caridad, ¿qué alternativa brinda la sociedad neoliberal a quienes vayan quedándose atrás? Me temo que la única respuesta con posibilidad de acierto, es Que cada cual se busque la vida y se haga cargo de su destino.

Si somos consecuentes con nuestra tesis, por otra parte ampliamente compartida, podemos afirmar que no atravesamos una crisis —en todo caso sería una crisis provocada—. Que cuanto acontece no es ni siquiera fruto de un gran saqueo, sino el desarrollo de una descomunal contrarrevolución, represora del anterior sistema de economía social de mercado, encaminada a la instauración de un modelo de feudalismo autoritario basado en el poder absoluto de las oligarquías financieras planetarias, similar a los modelos políticos y sociales previos a la Revolución Francesa. Por tanto, no hacen falta dotes de adivino para entender lo que ya se manifiesta ante nuestra mirada. Bastaría guiarse por los propósitos fundamentales y bases metodológicas del sistema neoliberal, tan ampliamente estudiado y recogido en centenares de obras y artículos escritos por sus propagandistas, para poder definir hacia dónde nos dirigimos y anticipar la nueva realidad que se nos viene encima.

En efecto, el dominio del neoliberalismo destruye la noción histórica del bien común y la riqueza compartida para reemplazarla por un nuevo modelo individualista, basado en el supuesto incuestionable de que solo el capital genera riqueza y que, en consecuencia, el hombre como tal debe quedar sometido a la hegemonía de los Mercados.

Quien quiera servicios, que se los pague con su dinero.

Quien quiera mayor prosperidad y bienestar, que se haga rico y se constituya en ganador en el mercado.

Al hilo de todo ello podríamos pronosticar que, en ese futuro no tan lejano, el hombre sin capital y sin una capacitación optima dentro de la sociedad del Conocimiento jugará un papel extremadamente subordinado en el ámbito social. Quien no disponga de riqueza desde la cuna, o no la sepa y pueda generar, o carezca de altas capacidades competenciales, “se merecerá ser pobre” y, como condena, a modo de villano o de perdedor ante la sociedad, “deberá conformarse con el jornal de subsistencia que corresponde a quien solo es apto para ser trabajador por cuenta ajena, funcionario o emprendedor de mediocres proyectos”, condición humillante que le conducirá a la más absoluta precariedad, diferenciándose así de ese otro hombre, “paladín ejemplar”, incorporado por méritos propios o de sus progenitores a la productividad del Mercado.

Como consecuencia de este nuevo diseño social en muy pocos años, inmersos plenamente en la prodigiosa era de la tecnología virtual que dará nuevo sentido al espacio, al tiempo, a las relaciones humanas y a lo físico en general, resulta altamente probable que nos encontremos con que:

–    Los grandes pilares sociales del Estado del Bienestar habrán desaparecido. No se subvencionará ningún servicio, ni privado ni público. Cuando alguno de estos últimos fuese deficitario, obligatoriamente se privatizará. (Sociedad Neoliberal).

–    La sanidad y la educación se encontrarán prácticamente en manos privadas salvo para sus niveles primarios y básicos. Tanto un servicio como otro atenderá en su planificación a necesidades de mercado y criterios de oportunidad. La educación privada se extenderá hasta los 23 años y la benéfica o social, hasta los 16. La atención sanitaria jamás incluirá tratamientos basados en los avances en medicina y genética. (Sociedad no Asistencial).

–    El trabajo jamás tendrá carácter fijo, sino temporal e incluso medido en horas mensuales, sujeto a las necesidades cambiantes de la producción. (Sociedad del Trabajo como Coste).

–    Dado que el empleo no tendrá carácter fijo, y será cada vez menor el número de empleados por cuenta ajena, las indemnizaciones por despido —si es que existen— no superarán los 5 días por año trabajado, con un tope máximo de 30 jornadas. Las cotizaciones sociales se verán reducidas en un 75% para todos sus cotizantes, reemplazadas por incrementos en el IVA y otros impuestos indirectos. El desempleo solo se cubrirá con subsidios mínimos de beneficencia por un periodo limitado y para situaciones muy específicas.

El régimen de pensiones por jubilación tendrá un carácter asistencial y de beneficencia, cuyo montante podrá equiparse, como mucho, a 2/3 del actual salario mínimo interprofesional. (Sociedad Compasiva de Libre Mercado).

–    La mayoría de los trabajadores serán autónomos, y como tales cotizarán y prestarán sus servicios en tal condición, bien para sí mismos o su propia empresa, bien de forma externa, contratados mercantilmente por otra entidad. La idea del emprendedor, entendida como persona que se hace cargo de su destino y porvenir, sin recurrir a la asistencia de su sociedad generándole gastos y, por el contrario, aportando riqueza a la colectividad, se convertirá en el modelo y patrón de conducta preconizado. Nadie mirará por nadie. (Sociedad de Individuos, Emprendedores y Autoempleados).

–    Para acomodarlo mejor a su fundamentación exaltadora del individualismo, semejante derribo de las pretéritas fórmulas de protección del ciudadano se verá acompañado por un descenso del más del 60% de todos los impuestos directos, que será contrarrestado parcialmente por una fuerte subida de tasas e impuestos indirectos. (Sociedad de la Fiscalidad por los Actos).

–    Deducciones y cheques fiscales compensarán en parte a las familias de clases precarias de una porción de esos derechos y beneficios sociales perdidos por haber sido privatizados y que, en consecuencia, deberán ser costeados por cada cual. (Sociedad de la Fiscalidad de Retorno).

–    Un fuerte estímulo fiscal y de incentivación social llevará a las personas que así se lo puedan costear a la concertación, desde de la primera juventud, de planes de pensiones, ahorro y retiro privados. La jubilación pública se fijará a partir de los 70 años, siempre y cuando se lleven cotizados un mínimo de 45; la privada, a los 55 años, o cuando así se quiera. (Sociedad de la Autorresponsabilidad).

–    Debido a la privatización parcial de la educación pública y la cultura, colegios, institutos, universidades, escuelas de negocios, centros de formación profesional, teatros nacionales, museos, palacios de la ópera y demás, buscarán, como fuente de su financiación, ser esponsorizados por las grandes corporaciones, para quienes se constituirán en posible vivero de reclutamiento de recursos humanos para sus entidades, además de constituir expresión publicitaria de su responsabilidad social corporativa. Imaginemos el hospital Zara, la universidad El Corte Inglés, la biblioteca Google, el colegio Mercadona, el teatro nacional Mango, el hogar de beneficencia Apple, el centro para jubilados L’Oreal, el museo nacional Amazon, la playa Banco Santander o la Biblioteca Nacional Google… Incluso imagino que escritores y pensadores, como ocurrió en el pasado, deberán encontrar padrinos y patrocinadores a la hora de publicar una obra… por supuesto, en formato digital —¿La hamburguesa King Burger como patrocinador en exclusiva de la última novela de Arturo Pérez Reverte?— (Sociedad de la Responsabilidad Social Corporativa).

–    Lo mismo podría decirse del I+D+i institucional: todas las fuentes de investigación e innovación se verán totalmente privatizadas y patrocinadas por las grandes empresas. Estas gigantescas corporaciones pasarán a erigirse en dueños absolutos de todos los medios de producción, incluyendo las fórmulas y patentes obtenidas mediante la más alta tecnología —supongamos, el Centro Nacional BBVA de Investigación Genética; el Consejo Superior Facebook de Ingeniería Alimentaria o el centro internacional ACS Florentino Pérez para la investigación oncológica—. Dueños de la ciencia, estas corporaciones, cuyo peso en el PIB de cada país habrá ascendido en más de veinte puntos, devendrán inexorablemente en dueños del destino del mundo. (Sociedad de la Ciencia Privada).

–    En un Estado enormemente adelgazado en su tamaño y capacidad normativa, muchos otros servicios públicos también habrán sido total o parcialmente privatizados: Justicia, Seguridad Social, Defensa, Seguridad interior, Empleo, Industria y Obra Civil, Cultura, Adoctrinamiento, Tecnología y Gestión del Big Data, Transporte, Vivienda… (Sociedad del Estado Mínimo Eficaz).

–    Lógicamente ya no podrá hablarse, como hoy en día, de la amenaza de fractura social. La idea de sociedad nunca incorporará en sí misma una finalidad de cohesión, que se interpretará superada al haber estado vinculada a un postulado de presunto bien común definitivamente abolido, por lo que tal fragmentación entre individuos se considerará natural y conveniente. Las personas nacerán diferentes por razón de clase social y económica, vivirán diferentes, y morirán diferentes, sin mayor punto de conexión entre ellas. (Sociedad de las Clases Desiguales).

–    La diferenciación de clase, manifiesta y rotunda, que le corresponda a cada cual constituirá un símbolo ostensible de la identidad y currículum de cada persona: haber nacido en este barrio, haber ido a tal colegio, haber estudiado en la universidad Z, tener tarjeta sanitaria de la empresa Y; Compartir Networking Con R; vivir en la Zona Residencial MM… (Sociedad de la Identidad Diferenciada).

–    El sentido de la existencia consistirá en ascender lo más posible y gracias al propio esfuerzo en la escala jerárquica social, a efectos de alcanzar una mejor reputación y poder acceder a más consumo y ahorro. El éxito en el emprendimiento, abordado desde la propia iniciativa y riesgo, constituirá el único medio para poder trasladarse desde la jerarquía social asignada al nacer. Con el triunfo, se escalará; con el fracaso, se descenderá, sin que ninguna movilidad pueda interpretarse como definitiva. (Sociedad de Triunfadores y Fracasados).

–    En este contexto, el porcentaje de la clase social de los excluidos y precarios podrá situarse en un 30% de la población de cada país. Se entendería por excluidos aquellas personas carentes de recursos para poder asegurar su futuro, en términos de subsistencia independiente, más allá del umbral de los siguientes diez meses, al carecer de ocupación estable, tener bloqueado el acceso a los medios financieros privados y haber agotado sus ventajas fiscales compensatorias. (Sociedad de la Productividad y de los Marginados Improductivos).

–    Para paliar esta situación de fragilidad continua que afectará a todas aquellas capas de la población que resulten innecesarias o de baja utilidad para el proceso económico, se establecerán fuertes planes de beneficencia —comedores, escuelas básicas, ambulatorios, hospitales, casa de acogida, centros de ancianos—, a través de instituciones que actuarán bajo criterios caritativos —el concepto actual de justicia social habrá sido sustituido por el de caridad y compasión social— y sujetas a la financiación de sus sponsors, de nuevo las mayores entidades. Estos programas de «solidaridad» serán complementados por otros de ordenación territorial, a efectos de deslindar y separar, mediante precisas planificaciones establecidas por barrios y distritos, los lugares de residencia de unas clases y otras, evitando en lo posible todo contacto y mesticidad en las costumbres y estilos de vida. Un ingente dispositivo de seguridad privada, desplegada al efecto, resultará imprescindible para garantizar los procesos de ubicación correcta de las personas. Así dicho, cada país —o lo que quede de cada uno de ellos— se verá cuadriculado por zonas geográficas donde se concentrará, bien separada, cada clase social, desde los más pudientes a los menos. (Sociedad de Clases Separadas).

–    Los más ricos no tendrán necesidad de pagar impuestos directos, en tanto que generarán suficiente créditos fiscales a su favor mediante la inversión de sus patrimonios crecientes en actividades que se prescribirán como de excelencia productiva, entre las que el quehacer financiero representará ya el 30% del PIB nacional. El debate fiscal se situará, exclusivamente, en torno al nivel de presión que debe aplicarse sobre los impuestos indirectos. (Sociedad de la Nueva Economía).

–    Por otra parte, cada persona dispondrá del derecho a recibir los ingresos que genere con su actividad en el país que estime oportuno y a pagar los posibles impuestos que de ella pudieran derivarse en ese mismo país. La nacionalidad por origen se verá complementada, a efectos jurídicos, por otra, denominada nacionalidad fiscal, de libre elección. La idea de nación no estará vinculada con la obligación de contribuir fiscalmente a las cargas colectivas, sino que deberá interpretarse en términos antropológicos, culturales y folclóricos. (Sociedad de la Libertad Individual).

–    La participación de los individuos en las tareas políticas se efectuará mediante sondeos periódicos, de carácter no vinculante, efectuados a través de Internet. La tarea ejecutiva recaerá en gobiernos conformados por técnicos y especialistas, personas que hayan acreditado su competencia en la materia, elegidos a propuesta de las Instituciones Civiles creadas por los Mercados y que sean refrendados a través de los mencionados estudios demoscópicos de opinión popular. No podrán participar en dichos sondeos y estudios de opinión quienes, por estar recibiendo alguna modalidad de ayuda asistencial y en consecuencia haber sido incluidos en los registros oficiales de minusválidos sociales, se hayan visto desprovistos del pasaporte digital personal que facultará el acceso controlado a Internet. La organización de los municipios, agrupados estos en poderosas mancomunidades, adquirirá un papel relevante para la ordenación de la vida cotidiana de los súbditos-ciudadanos, en especial en lo que hace referencia a la seguridad y el orden entre las diferentes clases sociales. (Sociedad de la Participación Virtual).

El neoliberalismo impone el final de la idea de bien común, y con ella, la del Estado democrático benefactor, moderadamente socializante. Este es el futuro que nos espera, como amenaza carente de cualquier atisbo de esperanza, para quienes no dispongan de capital o de esa nueva muy alta capacitación, factores productivos que se han convertido en los únicos recursos precisos e imprescindibles para la economía del siglo XXI; los demás han devenido meros costes del proceso productivo a reducir… o suprimir por completo, si resulta posible.

Hemos entrado en una nueva sociedad: la sociedad de la desigualdad que reemplaza a la sociedad de la redistribución.

Es así como veremos:

–    Más y mejores escuelas privadas —uno de los grandes negocios para el futuro— para quienes puedan pagárselas, que competirán ferozmente entre ellas para ofrecer el acceso al saber más completo y avanzado.

–    Menos, y peor dotadas, escuelas públicas para quienes no puedan costearse una educación pagada y en las que solo se podrá acceder al saber fundamental básico.

–    Más y mejores hospitales privados, que competirán entre ellos —de nuevo un inmenso negocio inmediato— para ofertar los últimos avances en medicina y salud —garantes casi de la inmortalidad— para quienes puedan pagárselos.

–    Hospitales de inferior equipamiento y posibilidades para quienes necesiten de atención gratuita, en los que no se practicarán, por carencia de recursos y de capacitación, ninguna de las más innovadoras terapias que vaya desarrollando la ciencia.

–    Inmensos centros comerciales dedicados en exclusiva al lujo más excesivo y a todo lo que pueda ir “más allá del lujo”, que competirán por ofrecer los artículos que mejor sirvan para la expresión del éxito, la ostentación y el despilfarro de los triunfadores.

–    Muchas más tiendas del tipo “Todo a 100” y low cost, y ello, para todos los sectores del comercio, especialmente la alimentación y los bienes imprescindibles. El mercado de y para los perdedores constituirá, simultáneamente, una renovada fuente de actividad económica que los consorcios internacionales sabrán explotar.

–    Ancianos que vivirán cómodamente su vejez disfrutando de su plan de pensiones particular —otra de las grandes fuentes inmediatas de negocio financiero—, instalados en residencias inteligentes de máximo confort.

–    Ancianos que deberán recurrir a los centros asistenciales de caridad para recabar la ayuda material que complemente su insuficiente pensión pública. Personas que, además, serán socialmente reprochadas como pródigas, al no haber asumido a lo largo de su vida la responsabilidad de prever su vejez y ahora devenir una carga costosa para la sociedad.

–    Profesionales, directivos de empresas y empleados de alto potencial que podrán ganar dos, diez o cien veces más de la que ahora sería su mejor retribución en el mercado.

–    Empleados y funcionarios con sueldo único por hora trabajada para toda su vida laboral (importe que llevaran incorporado a su DNI digital) y que solo fluctuará en función de cuántas de dichas horas se le haya solicitado desarrollar en cada periodo (unas semanas serian de 54 horas trabajadas y otras de 6.25 horas); una variabilidad incierta y sometida a los avatares y exigencias de la competitividad.

–    Emprendedores que multiplican por mil el valor de su proyecto antes de que se lo compre un hedge fund.

–    Emprendedores que caerán, una vez tras otra, en la ruina, como consecuencia de ver su proyecto rechazado por el Sistema. Serán, junto con los trabajadores por cuenta ajena no reconvertidos, los perdedores. De ahí su denominación de “emperdedores”.

–    Masas ingentes de personas, asumida su condición de precariedad permanente, a la búsqueda de trabajos temporales, discontinuos o cualquier cosa que les permita la subsistencia. Aunque cueste creerlo, no estamos tan lejos del trabajo a cambio exclusivamente de techo y comida.

–    Personas que viajaran a cada momento del mundo real al digital, y al revés, sin que resulte posible diferenciarlos, mediante la utilización de hologramas inteligentes, instalados en cada habitación de su domicilio.

–    Personas que jamás en su vida podrán pagarse una entrada de teatro (el cine como espacio colectivo se habrá extinguido) o para un concierto de música.

–    Un incremento espectacular de empresas —una alternativa fabulosa de negocio para la entidades de capital riesgo— catalogadas ficticiamente de ONG, que gestionarán, en cooperación con un Estado raquítico o con las grandes corporaciones, las tareas asistenciales y caritativas para con los más necesitados, obteniendo de ello, por supuesto, un pingüe beneficio que podrán reinvertir en operaciones especulativas de economía financiera en territorios tax free.

Hace no mucho asistía a una conferencia que se impartía en un círculo de empresarios, en la que uno de los ponentes propuso, como alternativa de futuro, establecer una renta mínima garantizada para toda la ciudadanía —en efecto, la misma propuesta que lanzó Podemos hace no mucho y que generó tremenda polémica y rechazo—, entendida como contribución única y universal de la sociedad para con cada uno de sus miembros… Mi sorpresa inicial por la generosidad del planteamiento concluyó cuando a continuación explicó que dicha renta serviría para compensar todas las demás prestaciones sociales que hasta entonces podría estar percibiendo —o tener derecho a ellas— cada persona, las cuales quedarían íntegramente suprimidas. Una permuta tramposa que servía, como mecanismo hábil, para desmantelar de un plumazo el Estado Social ya que, se añadía, a partir de la percepción de esa renta “cada cual se debería hacer responsable de su destino y de lo que pudiera acontecerle en la vida… olvidándose desde ese momento de toda intervención por parte de «papá Estado protector»”.

Sobre todos estos pronósticos, más probables y cercanos que posibles y remotos, recomiendo al lector la lectura de la novela El desmoronamiento, de George Packer[53]. A lo largo de su relato, intenso y dramático, el autor nos traslada a la inaudita transformación de la sociedad acontecida en los Estados Unidos en los últimos treinta años —desde la época anterior al presidente Ronald Reagan hasta nuestros días—, para narrarnos cómo se ha ido produciendo, a modo de metástasis, la destrucción del tejido social de su país. En una reciente entrevista publicada en España, Packer manifestaba:

Me he sentido como un corresponsal extranjero en mi país. Carolina del Norte me parece más lejano que Bagdad como consecuencia de la desigualdad […] Todas las cifras están empeorando en mi país menos una, la del crecimiento de la economía […] Pero esta no cambia la vida de las personas […] La cohesión social está rota […] Da miedo la realidad por lo mucho que posee la gente más rica y lo poco que tiene la más pobre […] Y la diferencia aumenta[54].

Este constituye el destino hacia el que nos encaminamos a velocidad acelerada.

No puedo dejar de volver a referirme a las palabras pronunciadas por el catedrático de Económicas de la Universidad de Berkeley, David Card, con motivo de su última visita a España en 2016, y a las que paginas atrás ya dedique un subrayado: “No creo que la mayoría sepa realmente lo grande que es la diferencia con los más ricos […] Y la desigualdad acaba de comenzar […] Sea cual sea el crecimiento de la productividad, la ganancia se redistribuye cada vez más hacia el 10% con más ingresos…”[55]. Viniendo el comentario de quien proviene, merece la pena tomarlo muy en serio.

Y que tantos y tantos no se estén dando cuenta de hacia dónde nos están conduciendo… El flautista de Hamelín hecho realidad.

SEGUNDA PARTE

EL NEOLIBERALISMO EN

ESPAÑA

El país después del primer mandato de Rajoy: una sociedad fracturada

1. El estado social: un país precarizado y desigual

Durante los cuatro años de mayoría absoluta del Partido Popular (de 2012 a 2015), el Parlamento español aprobó y puso en marcha un programa “de reformas”, impuesto al país por los acreedores internacionales, la denominada Troika (formada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y el Consejo Europeo) que incluía todo un paquete de leyes y nuevas medidas con un impacto económico estimado de 117 mil millones de euros, según confirma una reciente estadística publicada por Eurostat, oficina Europea de Estadística. Aunque todas estas actuaciones iban encaminadas, según se decía, “a mejorar la competitividad del país” —desde una perspectiva neoliberal, por supuesto—, la realidad es que esta política de recortes en el gasto público y subidas de impuestos ha supuesto una brutal amputación en los derechos sociales de la ciudadanía y de adelgazamiento del peso y tamaño del Estado.

Este plan, definido como “de consolidación fiscal”, fue presentado y justificado ante la ciudadanía como la puesta en marcha de una serie de “disposiciones excepcionales” con el fin de superar la grave crisis financiera sobrevenida a partir de 2008, y recuperar la capacidad competitiva perdida. Lo cierto es que detrás de esta explicación falsa se escondía la primera de una serie, acumulativa y creciente, de dentelladas definitivas aplicadas sobre los presupuestos generales del Estado, destinadas a reducir significativamente el llamado estado de bienestar en nuestro país.

La intención convenida con la Troika es que se continúen aplicando nuevos recortes en la actual legislatura y en las venideras, salvo que fuerzas de izquierda auténtica sean capaces de enfrentarse a las instituciones europeas, intermediarias de los Mercados, verdaderos detentadores del PODER con mayúsculas. Cuando se haya completado el proceso de reducción del gasto público, estimo que en no más de otros ocho o diez años, este (el gasto público global) se habrá reducido alrededor de un 30%, y su peso sobre el PIB del país apenas rozará el 34%, momento en el que el modelo social y económico neoliberal habrá quedado plenamente implantado en nuestro país, sustituyendo al de economía social de mercado, vigente a lo largo de los treinta años anteriores de nuestra democracia. Ya conoce el lector las claves del nuevo modelo (eso de “Mejor ganar 7 gastando 3, que ganar 6 gastando 4; y continuar perseverando para lograr, lo antes posible, 8 de beneficio con solo 2 de gasto”): la nueva lógica del dinero.

El impacto de este programa de ajustes, aplicado durante el periodo que abarca el primer mandato del líder popular Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, ha representado un equivalente al 11% del PIB nacional. Las consecuencias de semejante actuación no dan lugar a la especulación: los servicios públicos de Sanidad y Educación se han visto notablemente perjudicados (8.000 millones de euros menos para la primera, el equivalente a 0,8 puntos del PIB, y 6.000 millones de euros menos para la segunda, el equivalente a 0,6 puntos del PIB —algunas estimaciones lo cifran más alto en cifras que rondarían los 10.000 millones para cada una—), lo que nos sitúa en los primeros lugares de Europa en cuanto a la cuantía de las reducciones efectuadas en estos servicios públicos y en los últimos respecto a su dotación global. Lo mismo ha sucedido con las asignaciones destinadas a protección frente al desempleo, o las variaciones que se han aplicado en el modelo de cómputo de las pensiones —cuyos efectos sobre los perceptores se han diferido astutamente en 6-8 años, para que no sean percibidos de inmediato por los afectados, pero que a la larga llegarán a representar un recorte superior al 20% de la prestación percibida a partir de 2025—.

Evidentemente, no ha sido solo en estas partidas en las que se ha aplicado la tala: también ostentamos el dudoso honor de ser el país europeo que más ha recortado sus gastos destinados a vivienda social y servicios comunitarios —más de un 60%—, y el segundo en reducir el tamaño de las partidas destinadas a medioambiente y cultura —más de un 30%, cerca de 5.000 millones de euros, entre 2009 y 2013—. Por no hablar de otras actuaciones similares en las políticas de empleo, la dependencia o la protección a la infancia. Mención especial merece el gasto destinado a I+D: mientras en el conjunto de la UE27 el desembolso en esta rúbrica creció un 25% en los últimos ocho años ( coherente con la necesidad de incorporarse al tren de la Sociedad del Conocimiento, hoy más inclinado hacia los EEUU y Asia), en España descendió un 10%, situándonos a la cola entre nuestros socios….lo cual aumenta el encadenamiento de nuestra economía a modelos productivos basados en el bajo valor añadido y la baja productividad.

Lo más grave de los datos enunciados, injustos en sí mismos, es que no solo no han servido para rectificar posibles desequilibrios sociales que pudieran existir, sino que los han acentuado hasta límites que deberían considerarse inadmisibles, como bien ha expresado el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, durante su intervención en el Foro de Davos en 2015[56]: «Con las políticas de austeridad se han roto familias enteras, lo que han hecho a los españoles es un desastre». En efecto, siendo España, de siempre, un país muy por debajo de la media de los 19 países que componen la eurozona ( y de los 27 países de la UE) en gasto público en general y en protección social en particular, con las nuevas medidas y recortes nos hemos situado aún más lejos, hasta casi cinco puntos por debajo de la media europea en el total destinado a estas partidas —25% del PIB destinado a materia social frente al 29,7% de media en la UE[57]—.

Sin cargas ideológicas de por medio, solo con la objetividad que aportan los datos numéricos y estadísticos, podemos afirmar que España era ya, antes incluso de la llamada crisis, un país con insuficiente dotación para atender el gasto público en general     —44,3% del PIB frente al 49,4% de media en Europea— y especialmente el de carácter social. Y una vez culminada la primera fase de implantación del programa liberal, lo es más aún, hasta encumbrarse como el país de la Unión Europea en el que más ha crecido la desigualdad en los últimos años. Este triste fenómeno se explica por sí solo: ha acontecido exactamente lo que tenía que pasar, se sabía que iba a pasar, y quizás se pretendía que pasase, con una relación causa-efecto perfecta entre actuación y resultados.

Lo que llamaría poderosamente la atención seria comprobar cómo la subida significada que ha alcanzado el PIB del país en los últimos cuatro años (2014 a 2017), y de la que tanto se han vanagloriado el gobierno y sus seguidores enunciando una brillante salida de la crisis gracias a su gestión, solo han venido a beneficiar a una minoría selecta mientras la desigualdad se ha “cronificado e intensificado”, tal y como nos describe Intermon Oxfam en su Informe 2016 “Una Economía para el 99%-España un crecimiento económico que deja fuera a los más Vulnerables” donde se describe la situación como la de … “Un país de dos realidades”

Añada el lector que en los planes del partido conservador hasta 2019, y en los que pronostican de nuevo crecimientos anual en torno al 2-3% del PIB, está previsto —y así ya convenido formalmente con las instituciones europeas— que el gasto público —y especialmente, insisto, el destinado a materias sociales— continúe descendiendo aún mucho más, como ya se ha comentado, hasta aproximadamente el 36% del PIB, a razón de más de 7.000 millones de euros anuales —a los que habrá que añadir los otros casi 5.000 millones al año de recortes adicionales, correspondientes a la reducción gradual del déficit de las cuentas públicas hasta que alcancen el nivel máximo estipulado—. Un programa técnicamente casi imposible de ejecutar, salvo que se pretenda reventar la estructura humana del país, que se pretende camuflar a través del crecimiento económico. Y ello, ignorando de nuevo las enormes carencias que padece nuestro tejido social en áreas de tal significación estratégica de cara al futuro como son la Educación, el I+D+i (Investigación + Desarrollo + innovación) o las políticas de familia, donde se precisaría de fuertes dotaciones adicionales. Esta es la colosal “patata caliente” a la que tiene intención de enfrentarse el nuevo gobierno: menos gastos en % sobre el PIB frente a más necesidades. ¿Cómo se concilia esta ecuación? Al menos, desde la derecha resulta más que evidente hacia dónde pretenden encaminarnos.

Los resultados de esta ola de medidas neoliberales —o, como ellos las llaman, “reformas estructurales”— no pueden resultar más abrumadores y elocuentes: la desigualdad, como paradigma del nuevo modelo de sociedad neoliberal, se ha constituido en carta de naturaleza de la vida cotidiana, consecuencia de un estado permanente de precariedad laboral y social.

En resumen, desigualdad y precariedad como expresiones máximas de una creciente injusticia social que se pretende convertir en un hecho natural y necesario, para que los susodichos Mercados se sientan cómodos y tranquilos. Desigualdad y precariedad como consecuencia insoslayable de la aplicación de la fórmula:

Menos retribución salarial + menos derechos laborales + menos protección social + menos políticas redistributivas + modelo económico que prima las rentas de capital y los beneficios+ modelo fiscal regresivo.

Los más débiles de nuestra pirámide social —es decir, aquellos a quienes el sistema productivo considera “amortizables” por aportar menos valor añadido a la competitividad y ser, por tanto, más dependientes de la protección pública—están resultando los grandes damnificados por las políticas económicas del Gobierno de Rajoy.

No pretendo convertir el capítulo en una relación exhaustiva de datos que confirmen el estado de atropello e iniquidad social en que nos han asentado con la toda la intención, máxime cuando el rigor que deberían sustentar los números se ha visto pervertido para pasar a constituirse en arma arrojadiza de unos contra otros, que cada cual manipula a su antojo para construir apariencias de falsa-verdad (eso que recientemente ha venido a denominarse postverdad). Sin embargo, parece preciso apuntar algunas cifras, ciertas e irrebatibles, que perfilen la realidad en la que se halla a día de hoy nuestra sociedad. Para ello, me ha parecido oportuno recurrir, como fuente independiente, al Informe Sobre el Estado Social de la Nación 2015, editado, como en años anteriores, por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales y las cifras sobre Condiciones de Vida elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE 2016)[58].

Según dichos estudios, a finales de 2015 vivíamos en un país en el que:

–    Uno de cada diez hogares (cerca de un millón) tiene a todos sus miembros en el paro.

–    Los ingresos medios de los hogares entre 2009 y 2013 se redujeron en un 10,9% —de 30.045 euros a 26.775 euros al año— aumentando muy ligeramente hasta los 26.062 euros en 2014.

–    En 700.000 hogares no entra ningún ingreso al mes y, por tanto, viven exclusivamente de la caridad.

–    Una tercera parte de los hogares (más de cinco millones) manifiestan tener dificultades o muchas dificultades para llegar a fin de mes.

–    La insolvencia alimentaria (aquella situación en la que no se puede realizar alguna de las tres comidas diarias con una base de calorías suficiente) afectaría a 1,9 millones de personas adultas o infantiles.

–    Más de tres millones de personas padecen pobreza energética (incapacidad económica para mantener el hogar con una temperatura adecuada). De hecho, dos millones de familias reconocen no poder calentar suficientemente su vivienda en invierno. No debe olvidarse que una mala alimentación o temperaturas inadecuadas en el hogar afectan indefectiblemente al desarrollo y la salud de las personas —en ocasiones de manera irreparable, sobre todo cuando son niños—, debido a la alta probabilidad de contraer enfermedades crónicas.

–    Desde 2007 se han ejecutado más de 600.000 desahucios por impago de su hipoteca, de los cuales más de la mitad corresponden a residencia habitual (alrededor de 320.000 ejecuciones). En total, unas 40.000 familias cada año se han visto obligadas a abandonar su hogar.

–    Casi la mitad (el 39,4%) de los hogares españoles manifiesta no tener capacidad para atender un gasto imprevisto que surja en el mes y que supere los 650 euros.

–    La tasa de riesgo de pobreza o de pobreza estricta ha llegado a alcanzar el 29,9% para los menores de 18 años —más de dos millones de niños y adolescentes—, la segunda tasa más alta de Europa.

–    La tasa total de población en riesgo de pobreza (con ingresos inferiores al 60% de la mediana del país) se situó en el 22,3% a finales de 2015, equivalente a 10 millones de personas. De éstas, 5 millones viven por debajo del umbral de pobreza y 2,6 millones se encontrarían en situaciones de extrema pobreza[59].

–    Cada día se reparten más de 1,2 millones de raciones de comida en los comedores sociales.

–    Alrededor de 4,5 millones de pensionistas (aproximadamente la mitad) se encuentran también por debajo de mismo umbral de pobreza.

Añada el lector, para mayor comprensión de toda esta dramática radiografía, que:

–    Somos el país de Europa con menor dotación de vivienda social (apenas el 1,1% del PIB) y ayudas para el acceso a la vivienda[60].

–    Alrededor de 4 millones de trabajadores carecen de empleo, la mitad de los cuales no disponen de ninguna tasa de cobertura para parados. Más de un millón de esos parados llevan más de cuatro años sin trabajar. El descenso experimentado por el desempleo, y del que tanto se vanagloria el Ejecutivo, se ve matizado por una caída en el número de horas medias trabajadas por cada empleado (de 35 a 33,9 horas) lo cual daría a entender que se está produciendo un cierto reparto del trabajo disponible

–    Tenemos un 26,2% de empleo temporal[61], porcentaje en continuo crecimiento, al que se añade una tasa de subempleo del 9,1% (cifra que nos sitúa a la cabeza en Europa, doblando la media de la UE)[62]. Añádase un 15,6 %de empleo a tiempo parcial.

–    Cerca de un millón de personas, mayoritariamente jóvenes, han tenido que salir del país en los últimos años para buscar trabajo en el extranjero.

–    Sufrimos alrededor de un 40% de desempleo juvenil —más del doble de la media europea— y entre los jóvenes que trabajan, la mitad no alcanza ni los 800 euros de retribución mensual. La tasa de infraocupación (disponer de un trabajo por debajo del nivel educativo) alcanza al 35% de nuestros universitarios.

–    Un 30% de los trabajadores activos —unos cinco millones y medio— cobra al mes una cantidad igual o cercana a los 600 euros brutos mensuales (por debajo del salario mínimo fijado para 2017 en 707,70 euros). Lo cual conduce a que el porcentaje de trabajadores que aun teniendo un empleo se sitúen en el rango de pobres alcance a un14,8% de la población ocupada. Trabajar empieza a no constituir una garantía de salida de la exclusión.

–    Algo más de ocho millones de asalariados españoles, cerca de la mitad de la población activa, no llega a los 1.000 euros al mes de retribución bruta (porcentaje que se ha incrementado en un 50% desde 2008) para una media general de 1.636 euros mensuales en el país (como referencia en Alemania es de 3.984 euros y en Francia de 3.171 euros) .

–    Más de seis millones de ciudadanos recurrió en 2013 y 2014 a las ayudas asistenciales de Cáritas y otras ONG.

–    Debido a la reducción de salarios y a la contratación precaria, el modelo financiero que sustenta las pensiones se encuentra en quiebra, como consecuencia de la caída en la recaudación por cotizaciones (alrededor de 300 millones de déficit cada mes). Según publica el diario El Economista, la hucha de las pensiones se agotara a mediados de 2018[63] (de hecho los Presupuestos Generales del Estado para el 2017 ya prevén la financiación de estas mediante créditos, es decir endeudamiento para poder pagarlas)

Y así podríamos continuar… por más que los medios afines al Sistema, la gran mayoría, se afanen en ocultarlo o darle una interpretación manipulada respecto a su alcance y significado, reelaborando a capricho las cifras y retorciéndolas cuanto sea preciso hasta que pueda servir de demostración de lo que se pretenda, sea una cosa o su contraria —la consigna cerrada es “siempre vender esperanza”—.

 La foto fidedigna que deberíamos retener de lo ocurrido en los últimos cinco años en España es la de que la aplicación del programa neoliberal ha sumido a más de 6 millones de personas en una situación de pobreza en mayor o menor grado —más del doble de la que había en nuestro país en 2010— y a otros tantos en la precariedad o en un porvenir lleno de incertidumbre —es decir, todos aquellos que no tienen claro un horizonte ni de trabajo ni de ingresos a medio plazo—.

Y esto ha sucedido ante nuestros ojos, delante mismo de cada uno de nosotros, sin que al principio pudiéramos explicar —mu-chos siguen sin poder hacerlo— por qué todo, de repente, parecía tambalearse y venirse abajo. ¿Habíamos chocado con un iceberg? Para nada, aunque eso se nos quiso hacer creer. Sencillamente habían cambiado los poderes que gobernaban el mundo y las prioridades que manejaban. ¿Cómo pudimos no darnos cuenta antes?

Siendo esta, la pobreza y la precariedad, la primera constatación que acreditan las investigaciones sociales, la siguiente vendría definida por la manera en que simultáneamente se ha ido extendiendo en nuestro entorno, como una mancha de aceite, el triste fenómeno de la desigualdad.

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), en su nada sospechoso informe del 21 de mayo 2015 Todos juntos. ¿Por qué reducir la desigualdad nos beneficia?[64], destaca la flagrante realidad de esta situación en nuestro país, supuestamente una de las economías más avanzadas del planeta, insistiendo, con datos objetivos, en la advertencia de que nunca antes llegó a ser tan elevada la diferencia entre ricos y pobres como lo es en la actualidad. Para ello resaltan algunas cifras:

–    El índice de Gini, que internacionalmente mide el nivel de desigualdad en un país, nos aúpa al puesto 11 de entre los 34 que componen la organización, alcanzando un nivel del 0,33 —similar al de Portugal y Grecia—, algo inusitado en los treinta años anteriores de nuestra historia; mientras que:

–    El sueldo medio de los altos ejecutivos y miembros de los consejos de administración de las empresas punteras del país supera en más de 18 veces la retribución media de sus trabajadores (ahí tienen a las afamadas “castas”), marcando una distancia inaudita que nos sitúa en el segundo lugar de toda Europa por este concepto. De hecho, en 2015, la retribución del ejecutivo con salario más elevado multiplicaba por 51 la del trabajador promedio en su empresa entre las empresas cotizadas.

–    La pobreza está aumentando de forma considerable, situando a España muy por encima de las medias de la OCDE.

–    Las ayudas públicas no están orientadas hacia los más afectados por la crisis, ya que “la parte del gasto social destinada a familias relativamente acomodadas es superior a la de la mayoría de los otros países de la UE”. Por sorprendente que parezca, mientras que en países como Noruega o Australia el porcentaje de transferencias sociales (como, dependencia, desempleo o pensiones) destinadas a hogares con ingresos bajos o muy bajos supera el 40% (en Reino Unido u Holanda se sitúa en el 25%), en España apenas alcanza el 10%; por el contrario, los hogares entre el 20% más rico reciben más de un 25% del total prestaciones. Increíble.

–    Además, se llama la atención sobre el hecho de que teniendo una tasa de desempleo dos veces más elevada de la media de la UE, el gasto en prestaciones apenas está sobre esa misma media.

La OCDE también constata que los ancianos ya no son quienes más padecen la pobreza en España, sino los niños y los jóvenes. Y también advierte que las reformas fiscales que se han llevado a cabo en el país entre 2007 y 2012 “han reducido las prestaciones sociales de manera considerable y han incrementado los impuestos”[65]. El resultado de esa operación aritmética (menos prestaciones y más impuestos), sumado al aumento del paro, explica en buena medida el aumento de la pobreza.

La triste realidad es que en casi todos los países de la OCDE crece la distancia entre ricos y pobres. “Hemos alcanzado la cima. La desigualdad en los países de la OCDE es la más alta desde que comenzamos a medirla”, señalaba el mexicano Ángel Gurría, secretario general de ese organismo[66]. Las cosas están así en este momento: el 10% de la población mundial que más riqueza tiene acumula en sus manos 10 veces más que el 10% más pobre y acapara el 50% de la riqueza del planeta. Una grieta que no deja de crecer y que ya tiene dimensiones de precipicio, ya que, en la década de los 70, el 10% más rico tenía siete veces más que el 10% más pobre; en los años 80, 8 veces más; en los 90, subió a nueve. Y ahora ya es 10 veces mayor… ¿ Tiene esta situación un límite?

El caso es que, para conseguir crecimiento económico más sano y justo, la OCDE considera imperativo reducir la desigualdad entre ricos y pobres. ¿Cómo? Propone, por ejemplo, fomentar empleos y puestos de trabajo de calidad. Es decir, nada de contratos basura, ni a tiempo parcial, ni autoempleo. El informe señala que, desde 1995, más de la mitad de los nuevos puestos de trabajo que se han creado en sus países miembros corresponde a «empleos no estándar», hasta convertirse en aproximadamente una tercera parte del total. En los seis años de la crisis, mientras los normales se destruían, este tipo de contratos, sin embargo, proliferaban e iban en aumento… Es verdad que estos contratos no tienen por qué ser de peor calidad, pero la realidad es que casi siempre lo son: están peor pagados, son más precarios… Y así nos va, según la OCDE

Los datos ofrecidos por la OCDE son de un absoluto rigor cuantitativo: en los últimos años, España ha llegado a convertirse en líder mundial en incremento de la desigualdad entre ricos y pobres. De hecho en los años posteriores a los considerados en su estudio, es decir, a partir de 2013 y hasta 2015, la brecha de ingresos que muestra el informe se ha agudizado en nuestro país en otros diez puntos. y su Informe 2017, presentado en Marzo del presente año, vuelve a ratificarlo.

Y si el lector tiene interés por datos y opiniones más actuales ahí van los emitidos por el FMI en su Informe 2016 presentado el 30 de Enero de 2017; en el mismo, alerta de las peligrosas consecuencias que pueden derivarse del creciente desequilibrio entre ricos y pobres en España y advierte:

La disparidad de ingresos y el riesgo de pobreza o exclusión social han aumentado notablemente…El 20% con más renta gana 7 veces y media más que el 20% más pobre, hasta el punto de que España es el tercer país de la Unión Europea donde los ricos acaparan una porción más grande de los ingresos…Los indicadores sociales se han deteriorado con fuerza…

Esto dicho desde la sede del organismo rector del neoliberalismo, adquiere una fuerza inaudita.

Y entretanto, según el informe anual Global Wealth Report 2014 elaborado por el banco Credit Suisse[67], nada sospechoso al respecto, el número de millonarios españoles creció un 24% a lo largo del 2014 hasta casi alcanzar los 500.000, prácticamente el doble del incremento del 13% alcanzado en 2013. Con ello, España se habría aupado hasta el puesto 16 mundial entre los países con mayor número de millonarios. De nuevo la cifra se incrementa en otros 15.000 a lo largo de 2015, volviendo a constituirse en récord europeo[68].

Este aumento de los ricos españoles —rango que dicho informe sitúa en aquellos que disponen de un patrimonio personal superior a un millón de dólares; sin embargo, al no contarse el valor real de las participaciones que cada sujeto pueda tener en empresas y sociedades, ni computarse una parte de los miles de millones de euros localizados en el extranjero, el dato queda marcadamente distorsionado, ya que, sin duda, la cifra debe resultar mucho más elevada— viene a ser más del doble de pronunciado y acelerado que para el resto de los países de Europa afines al nuestro.

Las magnitudes resultan abrumadoras, y confirman el sentido y consecuencias de la aplicación del dogma neoliberal más allá de cualquier posible debate ideológico. Otra cuestión sería que se quieran desatender o desdeñar, prefiriendo no conocerlos.

Ahora bien, lo que convierte a nuestro país en único y diferente del resto en todo este coctel de desigualdad y recortes es el haber venido aderezado por un estado pasmoso de corrupción, fraude y evasión fiscal, de una dimensión y calado inadmisible, que fractura cualquier idea de solidaridad y auténtico patriotismo. Según el informe La desigualdad en tiempos de crisis: hombre rico, hombre pobre, publicado por la Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), “las grandes fortunas y grandes empresas, concentran el 71,8% del fraude fiscal total. Esta parte supone una pérdida recaudatoria para el Estado de más de 42.000 millones de euros anuales”[69], cantidad que confirma en su exactitud la Universidad de Las Palmas en otro estudio al respecto y cuyo descomunal montante, apenas se destapa de vez en cuando “ligerísimamente” —difícil calibrar la profundidad del “hoyo de podredumbre” con el que convivimos, aunque se hable de más de 200.000 millones de euros, de origen legal o ilegal, declarados o no al fisco, guardados en el extranjero, Suiza, Panamá, Andorra, etc. equivalente a un 20% de la riqueza anual que genera el país— cuando salen a la luz y se ponen en marcha operaciones policiales como las de los Papeles Falciani, Papeles Mossak-Fonseca, Papeles de Andorra y otras que supongo bien conocidas del lector… Dinero evadido, no siempre de origen legal, vinculado a políticos, aristócratas, empresarios o ilustres apellidos.

Aún hay más: como consecuencia de todo lo anterior, resulta más que evidente que la creciente desigualdad de recursos de los que disponen unas personas y otras estaría conduciendo al país a una progresiva, y aún más grave, desigualdad de oportunidades de cara al futuro. Un bucle que, con carácter fatalista, se retroalimenta, por lo que cada vez aumenta más su tamaño. ¿Es esto mínimamente justo?

Una última información extraída del ya mencionado Informe Sobre el Estado Social de la Nación 2015 nos ilustra sobre cómo se encuentra repartida la riqueza de nuestro país[70]:

–    Un 1% más rico de la población posee el 27% del Producto Interior Bruto total de España. De hecho, la fortuna de 20 personas, solo 20, suma 115.000 millones de euros, equivalente a lo que poseen 12 millones de sus compatriotas… (¡Y su riqueza continuó creciendo un 15% en 2015!) [71]… O como nos ejemplifica Intermon OXFAM, en sus datos de enero 2017… “la riqueza de tan solo 3 personas equivale ya a la riqueza del 30% más pobre, es decir 14,2 millones de personas. Mientras en 2015 este 30% vio reducidos su riqueza en más de una tercera parte, la fortuna de las tres más ricas creció un 3%...”.

–    El siguiente rango, el 9% de la población que viene a continuación de esa elite del 1%, controla otro 28,6% del PIB.

Luego, sumando ambas cantidades, se deduce que un 10% de la población ostenta y posee la propiedad del 55,6% de la riqueza nacional.

Por el contrario:

–    El 50% con menos recursos de la población apenas posee el 10,7% del total de la riqueza.

–    Y de entre ellos, el 30% más pobre solo es poseedor de apenas el 2,3% de los recursos del país; en definitiva, de nada.

Supongo que para muchos lectores constituirá un descubrimiento cómo se reparte la tarta de la riqueza en nuestro país. De cualquier modo, resulta inusitado e indignante.

Fuente. Global Wealth Databook 2014,CREDIT SUISSE y elaboración a partir de cifras del INE

A partir de la misma fuente el Credit Suisse amplía el detalle.

Fuente: elaboración propia a partir de Global Waelth Databook 2014. Credit Suisse.

Por si el dato no resultara por sí mismo suficientemente revelador, habría que decir que, con toda probabilidad, la situación se habrá agudizado todavía más desde el momento, 2014, en que se elaboró esta tabla estadística, hasta finales de 2016, vistas las tendencias hacia la concentración de riqueza e ingresos y la persistencia en el decrecimiento de los salarios medios y bajos (todavía a la fecha de 2017 siguen 9 puntos por debajo de los niveles alcanzados en 2008) y la continuidad en los procesos de austeridad y recortes.

Permítame el lector que todavía subraye algunos datos tan recientes como 2015/2016, publicados esta vez por Intermon OXFAM en su Informe Anual 2017

–    Mientras el país acumula tres años de crecimiento (2014/2016), el PIB per cápita todavía se sitúa un 10% por debajo del alcanzado en 2007.

–    Entretanto, el 10% más rico de población ha aumentado en 3,5 puntos su participación en la renta nacional a lo largo de 2014/2015 con lo que el índice Gini de desigualdad ha vuelto a incrementarse en 0,9 puntos.

–    Por paradójico que pudiera resultar, los últimos tres años de crecimiento han incrementado la desigualdad entre ricos y pobres (20 veces más que el promedio Europeo) Mientras en la UE-27 la desigualdad permanece estable como media entre 2007 y 2015 ( ni sube ni baja), en España se incrementa en un 15,6%.

–    En la UE-15 de cada tres nuevas personas que caen en la pobreza, una es española.

En definitiva:

¿Crisis? Sin duda para los más débiles. ¿Crecimiento económico? En beneficio exclusivo de los más ricos y poderosos. En esto se concreta el programa de gobierno del Partido Popular sin que quepa aducir la más mínima retorica detrás de las concluyentes cifras refrendadas por los informes internacionales.

No puedo por menos, llegados a este punto, que hacer mías las conclusiones con las que se cierra el Informe Sobre el Estado Social de la Nación 2015 cuyo título, de por sí, no puede resultar más contundente. Por su significación, reproduzco aquí su contenido:

El futuro que ya está aquí

La profunda y prolongada crisis que hemos sufrido, ha dejado un panorama desolador en la sociedad española, cuya estructura queda así reflejada en el momento actual:

–    Una fina capa de población activa muy enriquecida que incluso ha mejorado su posición en los años de la crisis.

–    Una adelgazada capa de familias con activos, supervivientes que conservaron los bienes y un trabajo suficiente como para mantener una vida digna.

–    Una capa de población no activa (esencialmente mayores) cuyas pensiones se han mantenido en unos valores que han creado el espejismo de mejorar su posición relativa en cuanto a mediana de renta (pero que con los nuevos baremos de cálculo y revalorización, el propio Ministerio de Empleo estima que en el período 2014-2019 perderá un 12% de su valor actual, en términos actualizados, según detecta El País, con fecha 18 de septiembre de 2013).

–    Una ingente cantidad de ciudadanos activos (buena parte de ellos jóvenes y excelentemente preparados y personas entre 40 y 65 años con escasa formación) expulsados de la vida laboral y de la vida financiera cuyos proyectos vitales se han truncado. No se aprecia ningún ascensor social inmediato para una quinta parte de ciudadanos en esta situación.

Pero esta estructura no es algo coyuntural, fruto de una situación adversa que se superará con la tan esperada recuperación, peldaño a peldaño, con cada punto de crecimiento del PIB. Si persisten las políticas actuales, así será —así seguirá siendo— la sociedad española en los próximos años y en las próximas décadas:

–    Es probable que los incrementos del PIB —en caso de mantenerse— reduzcan gradualmente los actuales niveles de empobrecimiento, pero cientos de miles de personas y familias seguirán instaladas en la pobreza, con grandes dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. En el actual modelo de sociedad es inevitable la existencia de un importante sector instalado en la pobreza.

–    La persistencia de este importante núcleo de empobrecimiento incrementará los riesgos derivados de la exclusión social. El paso de la pobreza a la exclusión es una de las principales amenazas que se ciernen sobre la sociedad española. Resulta difícil pronosticar sus consecuencias, ya que interaccionarán con otros muchos factores, en un entorno de complejidad. Pueden ir desde la desafección pura y dura, hasta las expresiones de conflictividad —xenofobia, racismo…— o el incremento de la delincuencia. Pero sin duda sus consecuencias alcanzaran [sic] al conjunto de la sociedad, y serán difíciles de erradicar.

–    El empleo precario y los bajos salarios harán que un importantísimo sector de la sociedad, casi el 50% de la misma, vivirá en situaciones de precariedad, es decir, en el riesgo de caer en la pobreza y la exclusión, bien por la pérdida del empleo de la propia persona o de otros miembros del entorno familiar o por cualquier otra coyuntura adversa a la cual no podrán hacer frente. Una parte tan importante de la sociedad, amenazada permanentemente por el riesgo de caer en la pobreza, será la mayor garantía de que surjan y se consoliden actitudes conservadoras, ya que las mismas se soportan sobre todo en el miedo.

–    Las desigualdades no sólo se van a mantener sino que se incrementarán, agrandando la brecha entre la minoría privilegiada y el resto de la sociedad. Los mecanismos de movilidad social van a ser cada vez más intransitables para la mayoría de la población: mejorar en la escala social va a ser cada vez menos frecuente.

Este es el panorama de la sociedad, su presente y su futuro. Cambiar este panorama no es cambiar una coyuntura adversa, superar una crisis, sino que requiere transformar las estructuras políticas que la han configurado y que la mantendrán inevitablemente, si no se cambian ¿Cuáles son estas estructuras?:

–    Un entorno laboral desregularizado y precario, con elevados niveles de paro, empleos de poca calidad, falta de estabilidad en el empleo, escasa protección al desempleo y bajos salarios. La falta de capacidad negociadora de las organizaciones sindicales, añade una dificultad para mejorar la calidad del empleo.

–    Una fiscalidad débil y regresiva, con trato privilegiado para las grandes fortunas mediante desgravaciones e incentivos, que seguirá haciendo posible que paguen impuestos muy por debajo de lo que nominalmente tienen establecido, y que, en consecuencia, hará recaer la carga fiscal sobre las clases medias y bajas. Una situación muy difícil de corregir si no es en un contexto internacional que evite la competencia entre Estados para atraer el capital con escandalosas ofertas de mejor trato a las grandes fortunas y a las multinacionales. Algo que hoy por hoy, no se atisba siquiera en el marco de la Unión Europea.

–    El desmontaje de las políticas sociales, que supone el abandono de las políticas redistributivas y de igualdad, mediante la demolición de los Sistemas Públicos de protección social —Sanidad, Educación, Garantía de Ingresos, Servicios Sociales—. En definitiva, substituir los derechos sociales por las prácticas compasivas y asistenciales que consagran unos modelos de convivencia trasnochados: la paradoja de retornar a modelos de convivencia propios de sociedades benéficas, en una sociedad de la innovación tecnológica[72].

¿Y ahora qué? Nada puede resultar más descorazonador que este repaso básico que acabamos de hacer a cómo se está configurando, cuál está llegando a ser, nuestra realidad social como país. Esta constituye “la otra cara” de nuestra Marca España; la verdadera y sin decorados, la que hace referencia a sus habitantes. Un país a dos velocidades: la de un 10% de sus habitantes frente a la del restante 90%.

Más preocupante, incluso, resulta el saber, con la certeza que dan las tendencias estadísticas, que no nos encontramos ante una situación concreta, vinculada a un momento económico determinado y que tarde o temprano se superará, sino ante el arranque de un nuevo modelo de sociedad, vinculado a la gestión y desarrollo de la versión “líquida” del capitalismo: el nacimiento de una nueva sociedad de clases, adaptada al flujo de un Capital que avanza salvaje y descontrolado, carente de obstáculos, infiltrándose por todas las rendijas del sistema productivo como un imparable tsunami, ante el que cada cual intenta aferrarse a la más mínima tabla de salvación que encuentre para no perecer.

El futuro ya está aquí, y llega para asentarse definitivamente, sin retorno al pasado. Nos encontramos ante un nuevo prototipo de gestión económica de nuestro país —y de tantos otros— cuyo núcleo sería la búsqueda del desarrollo y la riqueza a través de la sobreexplotación del capital. Una competitividad máxima basada en la especulación financiera, en la productividad obtenida mediante la reducción extrema de costes sociales y salariales, y en una disminución de los presupuestos de los Estados que permitan, simultáneamente, la supresión de impuestos directos y de la progresividad fiscal.

No resulta necesario entender mucho de economía para deducir que:

a)     Esta fórmula económica solo constituye una más     —para nada supone un dogma insuperable— de las posibles alternativas económicas manejables para impulsar el desarrollo y el comercio. Una más, salvo porque machaconamente se nos pretende hacer creer que es la única, a consecuencia de su posición hegemónica, calificando de populista y populismo todo intento de rebatirla, demostrando la viabilidad de otras opciones. Bastaría con ojear alguno de los libros del filósofo argentino Mario Bunge para desmontar tamaña falacia.

b)     Por pura lógica, este constituye exclusivamente el modelo idóneo para las elites financieras, o lo que es lo mismo, los más poderosos (las grandes corporaciones, las entidades bancarias, los ricos y terratenientes, los especuladores y las empresas de inversión de capital y todos los poseedores de grandes patrimonios), quienes, a través de su rigurosa implantación, ven aumentados sus beneficios y márgenes para competir, reducen sus costes y se ven liberados de la obligación de contribuir con parte de sus ganancias al bien común de la sociedad. Escándalos como el de los Papeles de Panamá se entienden ahora mucho mejor.

c)      Este modelo no representa, en lo más mínimo, la mejor alternativa para la sociedad en su conjunto, y mucho menos para las grandes masas de sus ciudadanos de clase media y baja. Todo lo contrario, contribuye a su debilitamiento y asfixia, al igual que al debilitamiento y asfixia de cada país donde se implante, pues atenta contra la autonomía política de las naciones y, en consecuencia, al principio básico del proyecto común compartido.

d)     Antes o después, si es que no ha sucedido ya, la perpetuación del modelo neoliberal conducirá a la extinción de la idea democrática, ya que ambos son excluyentes (los fundamentos de la democracia —libertad, igualdad y fraternidad como ejes para el desarrollo del bien común— son totalmente opuestos a los del neoliberalismo —desigualdad, individualismo y jerarquía—).

e)     Quienes se manejan en el entorno de los Mercados son definitivamente quienes ostentan el verdadero poder, desvinculándolo brutalmente de la política y de la soberanía popular, y están imponiendo como fuerza dominante, etérea y ajena a todo control, la implementación de un modelo acomodado a sus intereses, ejerciendo un manifiesto chantaje sobre los países y los grupos no sometidos a través de la disposición o no de liquidez, el acceso al crédito y la presión de la deuda.

La fotografía en datos sociales y económicos de esta España que acabamos de retratar constituye solo un anticipo de la imagen que proyecta para los años venideros.

–    Más pobreza: 18 millones para 2022, constituye la estimación de José María Vera, director general de la ONG Oxfam Intermón[73].

–    Mucha más precariedad e incertidumbre respecto al futuro: el presidente de la Patronal anunciaba en rueda de prensa, que “los contratos fijos forman parte del pasado; en la actualidad hay que ganarse el empleo día tras día”[74].

–    Más desigualdad: los informes 2016 y 2017 de Oxfam Intermón[75] así lo auguran de nuevo, como consecuencia fatal y última.

–    Salarios estancados y a la baja para todo nuevo contrato (una caída anual estimada del 1-2%[76].

–    Pensiones que, como ya vaticinaba el actual gobernador del Banco de España, Luis María Linde, en su informe al Congreso, “deberán sufrir una reducción inexorable”[77], y que Funcas, Fundación de las Cajas de Ahorro, estima en un 8% al llegar a 2020.

–    Menos servicios públicos y protección social.

–    Menos oportunidades de desarrollo social al minorarse drásticamente las dotaciones para Educación en todos sus niveles.

–    Abolición de la movilidad social: imposibilidad de trasvase de una clase social a otra; estratificación social a partir del nacimiento.

–    Menos impuestos, sobre todo directos, impidiendo todo modelo de redistribución ;y

–    Ruptura de toda cohesión e idea de proyecto nacional en el que todos se sientan partícipes.

En otras palabras, una sociedad sin valores que la inspiren — sin otros que la codicia como motor para la búsqueda compulsiva de la propia riqueza—, que renuncia a toda idea redistributiva que facilite la igualdad de oportunidades y la búsqueda de un bien común colectivo: la sociedad del pleno individualismo.

¿Nos encaminamos hacia la ley de la selva?… Creo que ya hemos entrado en ella.

¿Cómo ha afectado esta hecatombe social a nuestra manera de entender y percibir la sociedad y el futuro? En el siguiente capítulo ahondamos en el tema pero parece adecuado, a modo de avance, cerrar éste citando el artículo publicado por el escritor Juan José Millas con el título “Normalidad”[78]:

¿Por qué ante el reciente informe de Oxfam Intermon, no han sonado las trompetas del Apocalipsis? ¿Por qué no ha caído aun sobre nuestras cabezas una lluvia de fuego y granizo mezclados con sangre?....

Pues porque hay noticias normales y noticias anormales. La noticia por antonomasia es la anormal (que un niño muerda a un perro). Para las normales reservamos un hueco junto a la relación de las farmacias de guardia. Significa que la circunstancia de que ocho personas posean la misma cantidad de riqueza que la mitad de la población del planeta no constituye un escándalo. Es normal que esos ocho ricos sean nuestros dueños….y es normal que los políticos sensatos, con independencia de los programas por los que fueron votados, se pongan a sus órdenes una vez alcanzado el poder. Es normal asimismo que se facilite a estos millonarios cauces para eludir impuestos, de forma que el coste de los servicios públicos caiga sobre los hombros de quienes menos tienen, cuya sangre sudor y lágrimas sirven además de combustible para los yates de los odiosos ocho(cortesía de Tarantino).

Eso es lo normal. Nos referimos a la normalidad revelada por Rajoy (y asistida por un partido normal como el PSOE), cuando predica que hay que gobernar como Dios manda, sin extremismos ni ocurrencias, sin dar una voz más alta que la otra, aunque procurando que cada año aumente un poco la distancia entre los ricos y los pobres. El orden del que disfrutamos, como ya estamos viendo, está basado en la moderación. Y esta es una de las razones por las que la electricidad sube normalmente cada día…

2. El estado moral: un país sin esperanza

España vive sacudida por un profundo estado de descreimiento y falta de esperanza colectiva que remueve a todos los estamentos de la sociedad. El último informe del Instituto Elcano así lo confirma cuando certifica, como resultado de una encuesta 2016[79], que los españoles valoramos con una nota media de 4,85 sobre 10 al hecho de serlo y tener esta nacionalidad. Un suspenso que expresa una triste “bofetada a nuestra autoestima común” y a esa campaña de hipócrita glorificación denominada “Marca España”.

Un ambiente contagioso de crisis moral donde parecería imperar la expresión “sálvese quien pueda y como pueda”. Quizás esta percepción colectiva constituya la secuela más aguda de estos años de gobierno del PP presididos por la cultura del “todo vale” y del “porque yo lo valgo”. Un estado de ánimo impregnado de desesperanza que, en todo caso, no debe confundirse con la continuidad de esa alegría, desenfado y ganas de jolgorio que siempre caracterizó nuestra forma de ser como pueblo; nada de esto ha cambiado….como me temo tampoco la sempiterna falta de compromiso y convicción responsable que viene a reflejar la otra cara de la moneda de nuestra idiosincrasia.

No creo que haya alguien que pueda describir con convicción y confianza en qué consiste el proyecto ilusionante para este país para los próximos diez años del que continuamente nos hablan los políticos. No existe esa imagen de porvenir porque, reitero una vez más, la economía de los más fuertes y sus reglas tecnocráticas se han impuesto a la política. Y sin esta, entendida como el ámbito donde se sustentan y debaten opciones para un futuro mejor, no cabe ilusión ni aspiración. Atrás quedaron aquellos gozosos años de finales del siglo pasado —especialmente los tiempos que coincidieron con las olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla— en que España parecía abrirse a un porvenir venturoso y cargado de oportunidades y así lo interpretaba el pensamiento colectivo. Demasiadas cosas, casi todas ellas negativas, han acontecido desde entonces.

Un país del que han debido emigrar cerca de un millón de personas, muchas de ellas jóvenes con elevada preparación. Un país que ha arrasado con una parte de los recursos imprescindibles para la investigación, la tecnología y la cultura. Un país que cada día se levanta con la noticia de un nuevo caso de corrupción. Un país que carece de otro modelo económico de desarrollo que no sea la vuelta al ladrillo, a las obras públicas inútiles, al turismo, a la hostelería y al negociete de bajo valor añadido —por mucho que en esos aspectos estemos entre los tres primeros países del mundo—. Un país en el que casi la mitad de los ciudadanos no lee nunca —en esto no debemos acusar a la crisis, por constituir un fenómeno genuino y autóctono cuyo origen se pierde en los albores de la historia de la letra impresa—; un país donde se percibe cómo los servicios públicos se degradan día a día —del ambulatorio al instituto o a la recogida de basuras—. Un país donde resulta inevitable no conocer personas del propio entorno que recurren a las ONG para sobrevivir; o a otras, bien preparadas, que se ven obligadas a trabajar en poco dignos subempleos, las horas que se les exijan, a cambio de 700 euros al mes. Un país   —esto tampoco sería achacable a la crisis, aunque pueda haberlo acentuado— en el que el 20% de su economía —la grande y la pequeña— se mueven “en negro” como lo más normal. Un país que veja, humilla y discrimina al emigrante; o en el que el machismo campante se cobra la vida de una mujer cada semana; o con la mayor tasa de fracaso escolar de nuestro entorno. Un país donde la mayoría de sus políticos viven ajenos a la voz y demandas de la calle, carente prácticamente de líderes sociales que constituyan un referente ético valioso… ¿Dónde se puede depositar la confianza? Probablemente a España no le falte talento, tal vez dispongamos de él con abundancia, especialmente en las generaciones jóvenes, pero falta la capacidad, organización, estrategia y recursos que lo pongan en marcha y lo aprovechen.

Al hilo de los sucesos acontecidos en los últimos años, no pretendo desmerecer ni restar mérito a la imprescindible tarea de solidaridad desplegada a lo largo de estos años por redes y organizaciones, tanto laicas como religiosas, que han aportado su inestimable ayuda a miles de buenas gentes que la precisaban. Pero tampoco puedo omitir que la caridad solo debe entenderse como el último recurso cuando no existe suficiente respeto, derecho y justicia.

¿Qué proyecto de país se nos ofrece? ¿En qué creemos los españolitos? En nada. Se salva, tal vez, de este ateísmo social, la familia. El arraigo familiar como único resorte de confianza. Y ello porque, no debemos olvidar, la familia ha constituido la mayor red de seguridad y solidaridad en estos años a la que se han aferrado tantos desesperados ante su desamparo. Sin duda que sin ellas, y sin las redes de solidaridad, el país habría llegado al caos…

Y después de la familia para tantos y los sentimientos religiosos para algunos… ¿qué salvamos del naufragio? Algunas tradiciones para los nostálgicos, las anheladas gestas deportivas, y poco más… NADA, como síntesis de los principios y valores que sustentan a una sociedad. Me temo que hemos llegado a tal estado de desarraigo colectivo que, incluso, animar y festejar el éxito deportivo de Nadal, Fernando Alonso o las selecciones nacionales de baloncesto, se considera más patriótico que pagar impuestos…

 España es un país roto y vencido, sin ilusión, sin moral en lo colectivo, en el que conviven los pícaros, algunos indignados, otros que se quieren marchar y tantos y tantos resignados. Quizás nos duela oírlo, pero es así.

Un país sin fe, sin creencias —salvo las atávicas y místicas de algunos—, que intenta ocultar su miedo, el miedo infinito que lo atenaza ante lo que se aventura como un futuro peor, con envidia, con ignorancia, con apariencias, con televisión de cotilleo, con llevar a la Virgen en procesión de aquí para allá y con multitud de festejos y celebraciones tradicionales, tantas de ellas basadas en la brutalidad, la humillación y el machismo.

No se trata de ignorar, insistiría, los valores y capacidades individuales que acuñan tantos y tantos. Sin duda que entre nosotros conviven cientos de miles de jóvenes llenos de competencia, capacitación y ganas; montones de personas serias, responsables y sacrificadas; innumerables individuos abnegados y voluntariosos; gentes inteligentes, creativas; emprendedores; visionarios… Pero todas ellas se sienten carentes del motivo que las una e integre en torno a un proyecto esperanzador de país que se vislumbre lo suficientemente creíble y encaminado. Carecemos de pulso como sociedad, como colectivo empeñado en una tarea común. ¿Qué compartimos de verdad los españoles en cuanto tales?

La herencia de estos primeros años de vigencia neoliberal no es solo un país devastado socialmente, al que los organismos internacionales exigen todavía más reformas y recortes en interés de las deidades macroeconómicas, sino también una sociedad        sin rumbo, sin valores, sin cohesión, sin fraternidad, sin coraje, sin esperanza. Una sociedad que se reconoce —aunque a continuación no actué en consecuencia— sometida a las directrices de unas castas —cualquier cosa menos representantes populares— que las arrean con propaganda al compás de sus intereses y los intereses de aquellos a quienes sirven. ¿En qué creer en lo colectivo e integrador? Me lo vuelvo a preguntar sin encontrar respuesta. ¿En qué creer? Probablemente solo en lo que cada uno, con sus fuerzas y capacidades, sea capaz de procurarse para sí.

Sirvan dos datos para ilustrar esta opinión:

–    El 79% de los jóvenes españoles entre 16 y 30 años declaran sentirse marginados y frustrados[80].

–    El 82,6 de los jóvenes de igual edad cree que dentro de un año España estará igual o peor de como se encuentra ahora. Un 76% cree que sus problemas actuales se mantendrán o irán a más en el futuro[81].

–    Solo un 20% de la población menor de 25 años ha podido emanciparse[82].

–    El 72% de los españoles cree que la situación de pobreza y desigualdad va a mantenerse, sin solución, durante muchos años[83].

–    Y lo más revelador: el 50% de los directivos españoles cree que el soborno y el fraude constituyen prácticas habituales en nuestro país a la hora de intentar realizar cualquier negocio (informe EY 2016[84])….Creencia de la que se podría deducir que la honestidad y la honradez se estiman poco eficaces (“venden poco”) para la actividad económica…

En semejante entorno, parece imposible encontrar un vínculo que nos acerque a la esperanza, cuando constantemente se da uno de frente con la realidad de un país cuya autentica verdad respecto de las condiciones de vida de sus habitantes ya ha sido suficientemente explicitada en el capítulo anterior, a través de las cifras que nos ofrecen instituciones con el suficiente peso y credibilidad como son la OCDE, el FMI, el INE, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, el banco Credit SUISSE y la ONG Oxfam Intermón.

Unos datos y números tan reales como la ceguera psicológica en la que, de forma voluntaria o condicionada, incurrimos de continuo para no ver y no saber lo que puede resultar incómodo. Esos “problemas de los otros” no nos atañen, y por ello lo más tranquilizador resulta poner en duda, incluso, su verdad.

¿Dónde está el límite? ¿Cuánto más pueden seguir agudizándose los desequilibrios? Y, como consecuencia de ello, ¿cómo interpretar la situación del país salvo como la de un Titanic, donde solo cabe intentar buscar asiento en sus insuficientes botes salvavidas? El pueblo llano puede no protestar, puede resignarse, pero eso no evita el desánimo, el pasotismo y el hartazgo. Como escribe el sociólogo Manuel Castells en su reciente obra[85], “Las sociedades se manejan a base de miedo […] La ansiedad y el miedo contribuyen a mantener el statu quo […]”. ¿Dónde se puede encontrar certidumbre, aliento y determinación en un entorno regido por la incredulidad y el desconcierto?, cabría preguntarse.

El neoliberalismo carece de valores y principios morales que lo inspiren, y menos aún de aquellos que inciten a la acción en común —“quien necesite creencias espirituales, que se las busque en las iglesias”—. El dinero y su acumulación codiciosa constituyen el único sentido que nos proponen para la vida… Ya saben, eso de mejor ganar 7 gastando 3, etc.

Sin ética, sin proyecto como colectividad, sumidos en la desigualdad y la injusticia creciente, presionados por quienes nos prestan internacionalmente a cambio de más y más recortes, y carentes de todo liderazgo social y político que despierte auténtica confianza… ¿cómo puede encontrarse el pulso de nuestra sociedad?

 Todavía, casi cada día, le doy vueltas a las respuestas que recibía de mis alumnos en Escuelas de Negocios cuando ocasionalmente les formulaba, con la máxima neutralidad y garantía de anonimato, dos preguntas:

–    Si pudierais robar, sin ejercer ningún tipo de violencia, un millón de euros de este instituto, de vuestra empresa o de cualquier otro lugar, con la certeza de que nadie iba a descubrir vuestro comportamiento… ¿lo haríais?

–    Si tuvierais que dar la cara por un colega, acusado de un hecho indebido del que vosotros sois testigos que no ha cometido, mediante un testimonio que manifiestamente puede poner en peligro vuestro trabajo o vuestra carrera, ¿lo haríais o callaríais?

¿Cuáles son las respuestas que obtenía mayoritariamente? El lector lo adivina, aunque quizás le sorprendería, a mí me sucedió, el más que elevado porcentaje en que las mismas se producen: el mal del «ladrón de guante blanco» o del «traidor de modales correctos» anida en nosotros con las mismas fuerzas con que el del nazismo anidaba en el alemán, en su momento, ante el judío, o el de la intolerancia en el cristiano de Trento ante el hereje. ¿Es posible? Sí, es posible.

Sin embargo, si usted pregunta a los mismos alumnos si violarían a una mujer sabiendo que nunca serán descubiertos, la respuesta se vuelve aplastante y categóricamente negativa.

Sin pretender elevar a la categoría de encuesta científica mis pequeñas averiguaciones sobre las consideraciones y pautas morales de mis alumnos, la conclusión básica sería que las personas que estudian conmigo (tipología de licenciados, con edad entre 25 y 45 años, con o sin experiencia laboral, y clase social media y media alta) aceptan, o al menos no repugnan, el robo siempre que se ejerza sin coacción y la mentira —quizás solo la ocultación de la verdad— cuando de la misma puede producirse un beneficio propio o evitarse un perjuicio; y que, en cambio, rechazan la violencia y otras formas de agresión física[86].

¿Nos hemos convertido en una sociedad donde proliferan corruptos y corruptores? Sí. ¿Nos hemos convertido en una sociedad de pragmáticos amorales, y en consecuencia, de hipócritas y cobardes? Con demasiada frecuencia, sí. La verdad es la que es, aunque a veces produzca tanta angustia enfrentarse a ella.

Cada día los “voceros de la información controlada y dirigida” nos anuncian el último escándalo… mejor dicho, el penúltimo, hasta dentro de unas horas. Nadie tiene ya suficiente capacidad retentiva para enumerar todos y cada uno de los actos inmorales o delictivos que en la actualidad se dirimen —la mayoría de ellos— en los juzgados. Resultan demasiado precipitados, se solapan unos con otros; perdemos la cuenta de tanto vicio y deshonestidad, aun sin entrar siquiera en la compleja tela de araña que enlaza y conecta a algunos entre sí.

Todos tienen su motivo en el dinero y en aquella vieja canción: “Todos queremos más, y más y más, y mucho más…”.

Se quiera reconocer o no, esta tormenta perfecta, este pastel putrefacto de mediocridad, amiguismo, endogamia y compadreo se ha llevado por delante nada menos que nuestro modelo democrático y el sistema de convivencia y cohesión social con el que hemos intentando convivir y reconstruirnos después de cuarenta años de dictadura militar.

Hoy en España la sociedad ha quedado lamentablemente desarticulada, reemplazada por una partitocracia de burócratas, embusteros y chupatintas agradecidos, en la que abundan tanto individuos abrumados por que les pillen las trampas como otros, la gran mayoría, que deben soportar para compensarlo el despojo de sus derechos. Los listos y los tontos… “Si esto es una democracia, yo soy la Purísima Concepción”, clama el escritor Antonio Gala. Y prosigue en su columna “La Tronera” en el diario El Mundo:

Este país ya no es España jurídicamente. A costa de quienes lo condujeron por los peores caminos, debe ser devuelto a sí mismo. La justicia de un lado; el pueblo de otro; y ellos, los que nos gobiernan sobre el papel, desconcertados y perjudiciales más que innecesarios.[87]

Escribe el autor Juan José Millas:

El caso es que cuando abres el grifo de la cocina, sale mierda. Del mismo modo, cuando aparece algún político en la tele, no sabes si es un verdadero político o un gánster; en otras ocasiones, cuando sale un gánster, jurarías por el modo de moverse y hablar que es un político. Quizás lo que ha ocurrido es que la mafia ha alcanzado por fin la meta que siempre ha perseguido —devenir en Estado—, mientras que el Estado se ha doctorado finalmente, según su vieja vocación, en mafia.[88]

No merece la pena ampliar este artículo con el enunciado pormenorizado de tanta inmundicia, perversión y golfería con la que nos desayunamos a diario… Cuando ocurre todo esto y mucho más, y simultáneamente no pasa nada, cientos de imputados y prácticamente nadie en la cárcel, salvo el enojo popular en las charlas de café, es que el país ha caído en lo más bajo: una nación prostituida y lacerada por llagas gangrenosas y purulentas en sus entrañas éticas. No pasa absolutamente nada. Ni siquiera —y tal vez esto sea lo peor— en la conciencia y el sentimiento de quienes contemplamos el panorama, sabiendo que todo él, con su inmensa repugnancia, no es sino la pequeña punta de un iceberg infinitamente más grande en el que todo está podrido… y lo que no lo está, es porque no sabe o no puede.

 De nuevo regreso a mis clases de postgrado para Alta Dirección —o lo que es lo mismo, de futuros líderes sociales— y esas extrañas e inusitadas preguntas que a veces, entre letanía técnica y casos prácticos, me permito formular. «¿Cuáles son vuestros cuatro o cinco principios morales más importantes?», pregunto. Chocante inquisitoria en medio de planteamientos sobre competitividad, productividad y cuota de mercado y, sin embargo, no del todo desconectada de ellas.

¿Adivina el lector las respuestas? Créame si le digo que casi un 50% de estos profesionales o futuros profesionales no tiene una sola respuesta —¡¡¡ni una sola!!!— más allá de las alusiones a sus creencias religiosas, su respeto a la vida humana o el afecto hacia sus seres queridos.

La conclusión no podría ser más contundente e inapelable: cuando en un entorno social, grande o pequeño, rural o urbano, no se tienen claros y asumidos ciertos paradigmas morales, la consecuencia solo puede ser la necrosis de aquellas reglas éticas y valores cívicos sobre los que se convivía.

Así pues, sin valores éticos que la frene ni capacidad sancionadora por parte de la sociedad, la corrupción se ha convertido en dueña del universo económico y político. Y ni siquiera encuentra excesivo reparo en el reproche social.

Para llegar hasta aquí, ha sido preciso un lento, sutil y extremadamente inteligente proceso de adoctrinamiento y reeducación moral de las masas a través de procesos de condicionamiento psicológico. El individualismo ha derrotado a la fraternidad, y con ello, la antigua sociedad de la riqueza compartida como aspiración queda abolida y reemplazada por otra de más ricos y más pobres.

Cuando fuera de ciertos entornos minoritarios —a los que podríamos denominar ámbitos del hombre antiguo— se hace referencia al valor de la honradez, de la honestidad, del respeto al prójimo, del sentido social de la existencia, de la idea de igualdad y solidaridad, de la indignación frente a la injusticia, quienes lo escuchan no pueden más que expresar extrañeza, perplejidad e incomprensión, cuando no se llega a la burla y el desprecio, ante ideas obsoletas y carentes de sentido en los tiempos que corren, ya que para nada remueven una conciencia difuminada.

¿Cómo vamos a hablar del ser cuando lo que importa es el tener y el parecer? ¿Cómo vamos a insistir en la noción del respeto a los otros cuando lo único que cuenta es el «yo y mis necesidades»? ¿Cómo vamos a insistir en lo justo o injusto cuando lo que se antepone es la conveniencia y eficacia de las acciones?

Nos encontramos sin lugar a dudas ante el fundamento teórico de la ideología neoliberal, que disculparía la corrupción como consecuencia de las nociones de individualismo y placer. Algo similar a la forma en que el nazismo dio en su momento justificación racional al exterminio legítimo de los judíos.

Tráfico de influencias, malversación, cohecho, soborno, prevaricación, estafa, fraude y evasión de capitales resultan comportamientos corrientes y a la orden del día de unos individuos que han perdido parte de su referente ético al reformularlo hacia el impulso hedonista y codicioso. Problemas derivados de una creencia en el valor supremo del dinero, de donde derivaría la insaciable codicia.

“No debemos robar… ¿Y por qué no? A fin de cuentas, ¿qué es más importante, ser rico o ser honrado? ¿Qué es peor, ser pobre sin porvenir o ser un presunto corrupto?”, sería, en resumen, el planteamiento dialéctico de fondo resuelto por el individuo neoliberal.

Llegados a este punto, el dolor de la injusticia, la explotación del débil a cargo del poderoso, el recorte de derechos a unos o la ampliación de privilegios para otros, no producen mayor emoción o rebelde indignación cuando se entienden —porque nos han adulterado la realidad y el raciocinio para lo que veamos así— como reglas naturales de una ley de la selva en la que el grande tiene todo el poder para devenir más grande aún, aplastando en su camino a quien se le oponga, y sobre todo, a quien reivindique desde una idea de igualdad esencial su propia legitimidad y respeto como hombre sin adjetivos. Las fieras —porque no puede ser de otro modo— están legitimadas para devorarse entre sí en su lucha por la supremacía, imponiéndose a los más indefensos. Todo esto resulta forzosamente legítimo, nos diría el neoliberalismo, en tanto en cuanto genere mayor productividad, progreso y riqueza.

 Este constituye el foco de hedor y pestilencia en que cada vez más —dejando a un lado tantas y tantas excepciones solidarias y ejemplares que servirían para confirmar la regla— se desenvuelve esta sociedad de la mentira, envilecida moralmente hasta más allá de lo imaginable, y en la que la balanza de la codicia únicamente puede compensarse con la traición y el cinismo. Un mundo hipócrita, del cual la política y las altas finanzas no constituyen sino parte de su rostro más visible, al servicio del dinero, o peor aún, del afán de disponer de dinero. Afán, obsesión que, como todos ellos, deriva en el efecto psicológico inevitable del estrés y la ansiedad crónicos ante su potencial pérdida, y de donde dimanaría una segunda constante universal de este modelo conductista que nos ha impuesto el neoliberalismo: el miedo.

Miedo a no tener —y por lo tanto, «a no ser»—; miedo a bajar en la escala económica y social; miedo a perder; miedo a la pobreza, no solo por la tragedia explícita que supone, sino por su fondo de rechazo social y fracaso personal; miedo a la inculpación por no ser un triunfador … Un miedo bloqueador y paralizante, sustancia narcótica inmejorable para que puedan hacer contigo lo que quieran, de pelele a dóberman, según les convenga a los dueños de tu pavor.

¿Tiene salida este ambiente de absoluta descomposición? Esta debería constituir la última y, sin duda, más importante cuestión. De ser posible, ¿cómo? Y de no serlo, ¿hacia dónde nos estaríamos encaminando?

Escribe Antonio Muñoz Molina:

Lo que hoy es más indiscutible y más sólido, y nos importa más mañana, puede haber sucumbido a un desguace motivado por intereses económicos o designios políticos, o simplemente porque no hubo un número suficiente de personas capaces que tuvieran el coraje de defenderlo. Para ejercer este coraje hay que levantar la voz y denunciar la degradación de la vida cívica, aunque ello le convierta a uno en algo peor que un reaccionario: un aguafiestas. Cuántos abusos han quedado sin castigar por las capas sucesivas de pactos de silencio que se han ido acumulando en la vida pública española. Callar por conveniencia, callar por miedo, callar por cinismo, callar por militancia, callar por complicidad, callar por no distinguirse del grupo, callar por no disgustar a la familia, callar por que no parezca que vas en contra de los tiempos o por temor a no ser moderno. En definitiva, callar por no ser un aguafiestas[89].

Uno de los últimos barómetros del Real Instituto Elcano[90], resume la situación al mostrarnos, tras 1.200 entrevistas, un país con la autoestima por los suelos, en el que un número muy elevado de entrevistados no supo decir nada bueno sobre España o simplemente no contestó… De entre quienes sí lo hicieron, los aspectos que se valoraron como más positivos de España fueron el clima, el sol y la playa… Sin comentarios.

El destrozo social que han provocado las políticas desarrolladas por el anterior gobierno Rajoy (supongo que tampoco cambiara mucho con el actual) no podía salir gratis: las consecuencias pueden contemplarse en el ánimo de una sociedad abatida, a la que han demostrado “lo podrido que resulta lo público” y, en consecuencia, lo conveniente de lo individual y privado.

3. El estado político: un sistema a la deriva

El artículo 1º de la Constitución Española de 1978 declara:

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

El conjunto de personas, funcionarios, representantes elegidos, cargos designados, normas, procedimientos, organismos, estructuras, instancias de control, poderes y contrapoderes equilibradores que dan sustento y soporte cotidiano a la estructura jurídica y política del país a efectos de su viabilidad constituirían nuestro sistema político. Un modelo completo de organización y funcionamiento que presuntamente el pueblo, como rector de la soberanía, se ha otorgado a sí mismo como marco idóneo para la coexistencia pacífica entre todos los ciudadanos, con el objetivo de buscar y alcanzar un bien común en paz, seguridad, libertad, orden y justicia.

La Constitución Española aprobada en referéndum el 15 de diciembre de 1978 se erigía en dicho momento en piedra angular, en soporte primario y garante fundamental de todo el andamiaje del Sistema y del conjunto de derechos y obligaciones que la ciudadanía soberana se había otorgado.

El problema surge cuando se llega a la conclusión de que este Sistema, sobre el que se sustenta la fórmula democrática —por la cual el pueblo, y únicamente el pueblo, se erige en dueño y director de su destino y del que emanan todos los demás poderes del Estado—, no funciona por defecto en su funcionamiento o por usurpación de la Soberanía del pueblo. De ser así, la preocupación, en términos políticos y sociales, no se situaría en las consecuencias de la gestión desarrollada por tal o cual partido durante su mandato, ni en la natural contienda parlamentaria, o en el más o menos encarnizado debate político cotidiano, sino que adquiriría un calado mucho más hondo y complejo. Es el Sistema en su conjunto y su configuración lo que no funciona.  

Los diversos hechos acaecidos en nuestro país en los últimos veinte años, y de manera más acuciante en los cinco más recientes, confirmarían una situación de enfermedad grave que se ha ido extendiendo por capilaridad hacia el conjunto del modelo democrático, tal como viene siendo denunciado de manera insistente por voces autorizadas, provenientes de las más variadas instancias.

Todo los sistemas políticos, tanto los de carácter democrático como los dictatoriales, se asientan para su articulación en la actividad sincronizada y perfectamente regulada de un caudal de personas e instituciones, interrelacionadas entre sí mediante normas, que se aplican en asegurar su impecable funcionamiento en un marco de transparencia y seguridad jurídica. Los individuos y grupos que asumen esta tarea se constituyen en una clase específica dentro de la sociedad: los “servidores del Sistema”, quienes actúan siguiendo las directrices del Ordenamiento que les regula. Cuando el Sistema es democrático, sus servidores devienen necesariamente en servidores de la ciudadanía, a modo de representantes y funcionarios al servicio de los intereses de la misma. Cuando esa idea democrática se encuentra subvertida, una parte de quienes trabajaban para ella se convertirían, irremediablemente, en una categoría social diferente. Una elite funcionarial ajena a la idea soberana que les dio fundamento y que por tanto se ha transformado en lo que ha venido recientemente en denominarse —y a mi modo de ver, con excelente finura descriptiva— parte de una casta, es decir, un colectivo que trabaja al servicio del sostenimiento, provecho y perpetuación de sí mismos, de una organización y unas prácticas que les dan de comer y de quienes constituyen sus verdaderos rectores, que ya no sería el pueblo, sino la oligarquía dominante.

¿Realmente la soberanía popular se ha visto reemplazada en España por el dominio de una oligarquía dominante, que es la que maneja el Sistema a su antojo, en su provecho e interés, a través de las denominadas castas a su servicio? Una primera visión superficial y simplista tendería a desmentir tal hipótesis, ya que los elementos primarios y más visibles del modelo de democracia burguesa parecerían cumplirse con normalidad:

–    Elecciones periódicas, mediante votación libre, universal y secreta, de candidatos a los distintos parlamentos y órganos de representación, desde donde se ejercitaría la función legislativa en nombre de la soberanía nacional.

–    Gobiernos ejecutivos conformados por las mayorías salidas de las urnas y que han recibido su refrendo en la propia sede parlamentaria.

–    Un sistema judicial que se postula independiente; y

–    Un funcionariado que actúa con eficacia e independencia a instancias de un ordenamiento jurídico, aprobado por los representantes elegidos, y que inspira seguridad y garantía jurídica.

Desde las “apariencias formales”, la formulación democrática parecería estarse cumpliendo y, en consecuencia, aplicando su ordenamiento con respeto estricto a sus preceptos y limitaciones. Sin embargo, cuando se observa y examina la validez del funcionamiento de nuestro Sistema como auténtico Estado de Derecho, verificando “su verdadero fondo y aplicación real”, se confirma que:

1. Los Parlamentos ven su función de representación de la ciudadanía y de promulgación de leyes “condicionada” por la presión exigente y coactiva que sobre ellos ejercen “otros grupos de poder”, que suplantan la autoridad del pueblo al que se deben.

2. Los propios miembros de dichos Parlamentos carecen de verdadera capacidad para conformar opiniones libres e independientes, ya que se ven obligados a actuar “a toque de corneta”, cumpliendo con las órdenes que emanan del poder ejecutivo y de los secretariados de los partidos en los que se encuentran encuadrados… De facto, es el parlamentario adscrito a la mayoría quien responde ante el Gobierno, al contrario de como prescribe el art. 108 de nuestra Carta Magna. Y que mejor demostración para acreditarlo que el triste papel que viene ejerciendo la presidenta del Congreso Ana Pastor, lo mismo que su antecesor Jesús Posadas, máximas autoridades del poder legislativo, obedientes ante su jefe Mariano Rajoy, líder del Ejecutivo.

3. Los que concurren a las elecciones para representantes del pueblo lo hacen integrados, por imperativo legal, en listas cerradas bajo siglas de partidos y organizaciones políticas a quienes deben obediencia ciega y sometimiento a su mandato imperativo, bajo pena, en caso de tomar una iniciativa que no le hubiera sido ordenada, de exclusión de las siguientes listas.

4. Los propios partidos y organizaciones políticas, lo mismo que sucedería con las de carácter sindical o patronal, se encuentran inmersos en centenares, miles, de casos de corrupción, basados no solo en el lucro particular de alguno de sus miembros, sino también en la financiación y el enriquecimiento ilícito de las arcas de la organización, a las que habrían desviado, directa o indirectamente, decenas de millones de euros provenientes del erario público.

5. Los Gobiernos elegidos no cumplen con buena parte de los programas y compromisos electorales con los que se presentaron a las elecciones. Una vez concluidas estas, olvidan todo vínculo con el electorado que los eligió y actúan, única y exclusiva, en función de sus propios intereses y componendas, o en el de los poderes fácticos nacionales o supranacionales que los sustentan.

6. Los partidos políticos, bajo cuyas siglas concurren los candidatos electorales, se encuentran endeudados, de forma opaca, con las entidades bancarias y financieras del país en cientos de millones de euros, cuya devolución ven luego condonada en compensación de “otros favores” recibidos.[91]

7. El 75% de la financiación de los partidos políticos que concurren a las elecciones proviene de subvenciones públicas que entre ellos mismos se otorgan y cuyo destino y aplicación final nadie conoce, por carecer su gestión financiera y situación económica de la más mínima transparencia y control eficaz. Esta anómala situación conduce a reiterados fenómenos de financiación ilegal mediante el continuo trasiego de dinero negro recibido en comisión a modo de “mordidas a cambio de concesiones administrativas”.

8. No existe, por no estar establecido, ningún vínculo de responsabilidad política entre elector y electo a lo largo de cada legislatura ya que, como hemos mencionado, quien ha sido votado dentro de la lista cerrada presentada por un partido solo responde de sus actos ante el propio partido que le ha incluido en su relación de escogidos. La única capacidad controladora por parte de la ciudadanía queda así limitada al refrendo o no de la lista cerrada que le será presentada en las siguientes elecciones en el ámbito que corresponda. El resto del tiempo, el derecho soberano para “demandar la rendición de cuentas” de cualquier electo es imposible de ejercerse.

9. Los medios de comunicación públicos no trabajan al servicio del ciudadano —que es quien paga sus servicios a través de los impuestos— suministrándole una información veraz y plural, sino que, al estar dirigidos por personas afines a unas u otras siglas políticas, trabajan plena y exclusivamente al servicio de quienes les nombraron a dedo, convirtiéndose en lamentables altavoces de propaganda y adoctrinamiento.

10. Todos los cargos en las más altas instancias del poder judicial (Consejo Supremo del Poder Judicial y Tribunal Constitucional) son cubiertos por magistrados designados directa o indirectamente por los partidos políticos, en base a su afinidad ideológica y proximidad con ellos, con lo que la exigencia imprescindible de independencia en este poder fundamental en democracia, por su función de control sobre los demás poderes del Estado, queda fracturada.

11. Al frente de las diferentes Administraciones Públicas se sitúan más de 50.000 (la cifra real puede ser incluso superior) cargos y asesores políticos, nombrados a dedo por los partidos políticos, quienes, en la mayoría de los casos, asumen la dirección del funcionariado con unos objetivos nada inocentes de servir fielmente a quienes les han regalado el nombramiento, en detrimento de la propia eficacia de la Administración. Vivimos en el país del “amiguismo y el enchufado”. De pura lógica resulta deducir que no va a ser “el recomendado de turno” quien se vaya a poner a controlar a sus protectores y padrinos.

12. Se incumple sistemáticamente la obligación que establecen los artículos 6 y 7 de la Constitución de que la estructura interna de los partidos políticos y su organización, así como las de las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales, se rijan por criterios democráticos.

13. Las Fuerzas Armadas constituyen una organización intocable e impenetrable, un auténtico estado dentro del Estado, regido por un código de justicia diferente y autónomo, impermeable y no sujeto al ordenamiento jurídico general.

14. Con regularidad se incumple el art. 16 de la Constitución. que declara la laicidad estricta del Estado, dando preeminencia, mediante un inaudito trato de favor, a la Iglesia católica hasta casi otorgarle carácter estatal y dotar de confesionalidad al Estado, facilitando con ello su desestabilizadora intromisión en la vida pública.

15. La Jefatura del Estado queda situada fuera del marco democrático al declararse su carácter hereditario y su carencia de toda responsabilidad jurídica, extendiéndose incluso a la esfera civil y penal, por encima de los comportamientos, no siempre adecuados, de quien la ostenta.

16. Nos hemos dotado de una segunda cámara parlamentaria, el Senado, que, por desuso e inhibición, no ejerce la función que le asigna la Constitución en su art. 69 de constituirse en Cámara de representación territorial. Nadie sabe para qué está o para lo que sirve.

17. Tenemos la increíble cifra de 17.621 aforados (aquellos que, debido a su cargo político o profesión, tienen el privilegio de poder ser juzgados únicamente bajo determinadas circunstancias restrictivas y por un tribunal diferente al del resto de los ciudadanos); todo un récord mundial, al que se aferran nombres relevantes vinculados a casos de corrupción, y al que se podría añadir los 260.000 miembros del Ejército y cuerpos de seguridad del Estado, los cuales disponen también de un aforamiento parcial.

Para situarnos: en la mayoría de países occidentales, tal prerrogativa del aforamiento —establecida para proteger las actuaciones políticas de determinados cargos pero nunca sus posibles comportamientos ilícitos en sus esferas privadas civil o penal, caso de existir— no alcanza a más de dos o tres decenas de personas.

18. No existe ninguna norma eficaz que controle la transparencia y control del gasto de ninguno de los organismos del Estado, ni tampoco de las organizaciones sociales y políticas, como partidos políticos o sindicatos, que se nutren para su funcionamiento básicamente de las subvenciones públicas, por lo que España ha hecho del despilfarro de los recursos públicos un uso habitual.

19. Los restantes altos organismos del Estado y agencias reguladoras carecen de competencias para ejercer eficazmente su función, convirtiéndose en meros instrumentos al servicio de los gobiernos de turno o en “floreros para figurar”, transmitiendo una impresión de inutilidad burocrática. Y, entretanto…

20. Las grandes cuestiones de Estado, como pueden ser la educación, la investigación, la Justicia, la promoción del comercio y la industria, o la cultura, continúan empantanadas legislatura tras legislatura, sin que nadie, ni el Parlamento ni el Ejecutivo, se atreva a acometer las grandes tareas impulsoras y dinamizadoras que precisa el país. En estos instantes, no se conoce ni un solo proyecto de Estado a medio y largo plazo que pretenda acometer la imprescindible modernización y mejora de la capacidad competitiva que precisan los grandes sectores e instituciones de nuestra sociedad.

El Sistema ha demostrado sobradamente su incapacidad para vertebrar y asegurar una gestión democrática eficiente de la sociedad (si entendemos por tal algo más que la mera convivencia pacífica, expresado en forma de ideas y actuaciones eficaces con las que afrontar los grandes desafíos que plantea el tiempo en que vivimos y la comunidad que conformamos). No existen respuestas sólidas, bien consensuadas —un sistema político debe permitir y facilitar el concierto entre diferentes fuerzas ante los grandes temas de Estado, impidiendo el repetido y continuo rifirrafe por todo— frente a retos globales tales como:

–    El histórico problema territorial.

–    El porvenir para la juventud.

–    El caos en la Justicia.

–    El retraso en la calidad y nivel de la educación pública.

–    La insuficiencia del modelo democrático.

–    La respuesta ante la revolución digital.

–    La modernización de una Administración obsoleta.

–    Nuestra posición geoestratégica en el mundo.

–    La respuesta frente al creciente fenómeno terrorista mundial.

–    El modelo de desarrollo a medio y largo plazo.

Y todo este jeroglífico de grandes problemas interconectados que no encuentran contestación, envueltos, a su vez, en la tremenda crisis social que se ha descrito en un capitulo anterior, y en ese cáncer de la corrupción que continua metastatizando a lo largo de todo el tejido civil y político y que el Sistema no es capaz de prevenir.

El repugnante fenómeno de la corrupción, que ha dejado de resultar excepcional para convertirse en habitual y continuo, en algo inevitable, sistémico y consustancial con el propio Sistema, ha venido a explicitar aún más los males de un andamiaje constitucional que no funciona y que además se encuentra “secuestrado”, en su funcionamiento democrático por las elites políticas. Las 1.100 causas judiciales abiertas en este momento y los 7.140 arrestos en los últimos cuatro años, según el libro La corrupción en España [92] —escrito por un conjunto amplio de catedráticos y figuras de la Universidad— expresan la magnitud alcanzada: cinco detenidos al día a lo largo de los últimos años por meter la mano en la caja de todos.

A nadie le cabe duda de que tanto y tanto escándalo que sale a la luz es solo la punta de un clamoroso iceberg mucho más grande en el que el robo y el engaño han devenido método de funcionamiento natural, quizás obligado, desde las altas esferas del poder económico y la política. Cuesta mucho imaginar que a lo largo de los años, los grandes negocios, los pelotazos, se hayan podido desarrollar sin que existiera de por medio el amiguismo, el cohecho, el tráfico de influencias o la prevaricación. Ese constituía el modelo, y lo sigue siendo, el único método posible, para hacer buenos negocios dentro de nuestro Sistema. Esas han constituido las únicas reglas del juego para quienes quisieran obtener lucro en un tejido social y económico que así lo permitía. Mordidas, sobornos y silencios cómplices como manifestación explícita de un desprecio consentido, dado que era compartido, a las reglas de la democracia. Una corrupción que se transformaba en un dinero negro que circulaba a espuertas por todo el tejido económico para finalmente terminar, en la mayoría de los casos, evadido hacia los paraísos fiscales. Y mientras, el pueblo aumentando su precariedad. Ya no hay cabida en la conciencia y los estómagos para semejante cantidad de perplejidad e indignación.

Esos 40.000 millones de euros que reiteradamente evalúan los expertos como cifra más cercana al fraude fiscal anual deberían estar sirviendo para atender los grandes déficits estructurales del país —colegios, becas, jueces, nuevas tecnologías para la Administración, investigación, modernización del tejido empresarial, etc.). Pero si quisiéramos ir más lejos, deberíamos preguntarnos cómo repercutiría en el progreso de nuestra estructura productiva y de toda la sociedad, el blanqueo y repatriación de los más de 200.000 millones —20% del PIB— de economía sumergida (en negro) con la que convivimos; un problema endémico que ningún gobierno de la democracia ha querido o podido atajar.

Pero no es solo la corrupción ilícita la que ha generado este tumor maligno sobre nuestra Constitución y los valores que la inspiraban. Todos intuimos además la existencia, y con mucha mayor proliferación y frecuencia, de fenómenos de privilegios indebidos otorgados a dedo a la hora de obtener favores y de despilfarro descontrolado —aeropuertos sin aviones, etc.— en la gestión de las Administraciones Públicas. Situaciones que, sin entrar en la esfera de lo penal —al menos hasta que auditorías rigurosas puedan despejar las claves ocultas de muchos de estos casos—, constituyen claros ilícitos morales y el más rotundo desprecio a las reglas que deben presidir la gestión eficiente en una sociedad avanzada. ¿Cómo ha podido llegar a suceder? Sencillamente, porque las fisuras del Sistema lo han permitido, los gobernantes participaron en ello y siempre pudo contarse con el silencio cómplice de los que se encontraban alrededor y lo sabían… (El tema del silencio cómplice constituye todo un fenómeno sociológico de calado inusitado que nos define como sociedad, y que daría para todo un trabajo de investigación acerca de nuestra idiosincrasia; esto también podría considerarse “Marca España”).

La síntesis no puede resultar más desmoralizante: mientras la mayoría sufría recortes en las prestaciones a las que tenía derecho, otros se dedicaban al sistemático saqueo o dispendio de las arcas públicas —lo que se ahorraba por un lado, se perdía por el otro—; todo ello envuelto en una asfixiante atmosfera de resignación, codicia, cinismo, compadreo, cobardía y miedo…

Después de repasar esta relación de “anomalías democráticas” que acontecen en la cotidianidad política y jurídica del país        —aunque podrían enumerarse muchas más; bastaría releer la Constitución para confirmar la desatención que padecen otras cuantas de sus normas—, parecería evidente que lo que debería constituir un modelo de soberanía del pueblo —nuevamente, tal y como proclama la Constitución— se ha visto trastocado por otro, el que se viene aplicando, que podría denominarse como de “democracia imperfecta”, “partidocracia” o “de democracia interpuesta” por “delegación de soberanía”. Podríamos estar hablando de un modelo de caciquismo 3.0 a la española.

Mediante un proceso electoral, discutible cuando menos en su neutralidad, cada fuerza política obtiene legitimación y con ello, su porción en el reparto de la tarta del poder. A partir de ese momento se lanzan, sin control eficaz que los frene a la consecución imparable de sus fines mientras muchos de quienes ostentarían la función institucional de hacerlo se abstienen o miran para otro lado, al depender su trabajo del dedo de los sujetos a los que deberían controlar: perpetuarse en el poder ante todo; repartirse los beneficios, privilegios y prebendas derivados de su función y de sus cargos; y gestionar la función pública desde su propio interés y el de aquellos con quienes comparten influencias para el manejo del tinglado —empezando por las entidades financieras que les suministran el dinero que no obtienen de los fondos públicos y continuando por las grandes estructuras y fuerzas económicas—.

El periodista Jesús Maraña, director del diario digital Infolibre, los describe con precisión:

Aquí lo único “fijo y seguro”, de una modernidad infinita, es el poder ocupado y ejercido por un establishment en el que grandes empresarios y banqueros, altos ejecutivos, políticos entregados de hoz y coz a las recetas neoliberales y ciertos intermediarios muy bien remunerados protegen con uñas, dientes, BOE y discursos del miedo una mutualidad de intereses particulares[93].

No se puede decir más claro y descriptivo. Cuando se celebra la fiesta conmemorativa por el aniversario de tal periódico o de tal otro ilustre personaje, los puede ver el lector a todos juntos…

¿Dónde queda el pueblo y su interés? Debajo de ellos. El pueblo solo representa ese incómodo requisito de legitimación   —a modo de un sello en la cartilla que acredite un pedigrí ortodoxo— al que debe recurrirse cada cierto tiempo para demandar su voto. Un “vótame” sin mayor especificación de compromisos de obligado cumplimiento durante la legislatura, salvo retahílas demagógicas plagadas de promesas que de antemano se saben imposibles de realizar y que, una vez transcurrido el periodo electoral, quedarán archivadas en su mayoría en el cajón de “los temas a olvidar”, sin otra justificación ocasional que su imposibilidad de ponerlas en marcha ante “nuevas e imprevistas circunstancias sobrevenidas”. El programa con el que el Partido Popular se presentó a las elecciones de 2011 constituye ejemplo paradigmático de esta situación: un caso extremo de cinismo y mentira.

Una vez que el compromiso de confianza entre ciudadanos y sus representantes queda explícitamente suspendido ante el incumplimiento manifiesto del programa electoral que se ha votado, y sabiendo que durante la legislatura cualquier electo carece de la obligación de rendir cuentas de su responsabilidad política ante su elector, la idea de soberanía popular resulta inexorablemente desvirtuada y subvertida.

Ya no es el pueblo el verdadero rector de su destino. Basta un mínimo de sensibilidad política y de inquietud —me atrevería a decir también de dignidad, para no aceptar que te engañen y te traten de imbécil— para percibir con nitidez que ese poder soberano, emanado de la condición de ciudadano, ha resultado secuestrado y ha quedado depositado en manos de unas oligarquías políticas —de ahí su apelativo de “castas”— que ejercen el poder obtenido en las urnas según su criterio, a su antojo y al servicio de los auténticos intereses a los que realmente se consagraron a servir, principalmente los suyos propios. El problema viene cuando el pueblo no se siente ciudadano, libre y soberano, sino simple súbdito de ellos, tal y como sucede con una parte de nuestra sociedad (esa que prefiere no pensar, que no está dispuesta a que le amarguen la existencia problemas que se sitúan fuera de su ámbito personal; aquella que escoge libre y voluntariamente obedecer y que le manden por resultar más cómodo…) y, en consecuencia, refrenda con su voto que tal estado de cosas se perpetúen.

Si en la idea constitucional —y de hecho, nuestra Carta Magna constituye, con algunas salvedades, un buen ejemplo de ilusionante ideal democrático que invito a releer—, los partidos políticos se convierten en instrumentos imprescindibles para dar cauce ordenado a las distintas opciones y opiniones de los ciudadanos, esta función pierde toda esencia y contenido cuando esa voz del pueblo resulta no escuchada y desatendida, sometida a una «única verdad oficial y gestión posible»[94], tal y como lo define el político Julio Anguita, quien añade que la primera cuestión a dilucidar es si la democracia es únicamente el ejercicio de elegir representantes en las instituciones o si, por el contrario, democracia es un convenio permanente entre seres libres e iguales para convenir sobre los contenidos de su pacto social.

En España, el fenómeno de adulteración de la democracia se ha venido incrementando aceleradamente en los últimos años, con los gobiernos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy (aunque algo de ello ya se manifestó cuando José María Aznar, ignorando la voluntad reiteradamente expresada ¡del 90%! de la ciudadanía en sentido contrario, dio su apoyo a la nefasta y trágica guerra de Irak). Para que los representantes hayan podido desentenderse de sus representados —a quienes “vigilan” exclusivamente a través de las encuestas de opinión— y hoy tenga plena cabida hablar de oligarquía dominante que lucha por el poder entre sus facciones, ha resultado preciso, como condición imprescindible, que se produjera un acto traumático de renuncia y dejación por parte de la ciudadanía. En definitiva, que la ciudadanía, de manera explícita, ya sea por abandono, renuncia o engaño, estuviera dispuesta a hacer dejación de su derecho soberano a exigir. Y así ha sucedido con una parte significativa de la población, quienes han pasado a convertirse en una cierta forma de “ciudadanos no practicantes” pastoreadas por las castas políticas del Sistema.

Cuando se repasan los informe trimestrales que elabora el Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, se revelan algunos datos estadísticos acerca de los comportamientos sociales y culturales de los españoles que quizás ofrezcan mayor sentido a ese “pase lo que pase, todo sigue y seguirá igual” al que parece nos hemos acostumbrado, a modo de esclavos sometidos complacidos al látigo de los amos.

¿Sabe el lector el porcentaje de ciudadanos que responde que nunca, o al menos no en los últimos doce meses, ha participado en una sola manifestación o acto de protesta?

El 78%, sin grandes diferencias por sexos, edad o clases sociales. ¡El 78%! Que sumaría gentes de derecha y de izquierda… ¡Cuando todo el Estado del Bienestar está siendo derribado y la clase media demolida! El 78% que, sin duda, constituye esa invocada mayoría silenciosa, aunque a algunos nos duela aceptarlo.

¿Sabe el lector el porcentaje de personas que declara preferir no meterse nunca en política, siquiera para opinar?

¡El 44%! De nuevo, la mayoría silenciosa infectada del virus de cuarenta años de dictadura franquista y del de la ignorancia   —dramáticamente, un 39% de todos los españoles se declara incapaz de entender la política por su complejidad—.

No son cifras pequeñas precisamente, y por ello nos ofrecen pistas contundentes sobre lo que acontece y sus causas profundas.

¿Sabe el lector cuántos españoles reconocen no hablar nunca, o muy raramente, de política, ni siquiera en familia o entre amigos?

Un 50%. Exacto, más de 22 millones de españoles, cifra a la que se añadiría otro 25% largo —otros 11 millones—, que dice solo hacerlo muy ocasionalmente. De nuevo esa mayoría silenciosa que representa la verdadera imagen del pueblo a quien el tema no le preocupa o le viene grande.

¿Y cuántos leen con habitualidad noticias políticas o económicas en los periódicos?

Apenas un 30%. Dicho de otra manera, el 70% restante solo se informa, de hacerlo y de interesarle, a través de los telediarios.

De hecho, reconocen no seguir jamás ningún tipo de información política casi un 40% de los ciudadanos. Compárense estos datos con los seguidores de telebasura o programas de cotilleo, y la lógica de la realidad se torna nítida.

¿Para qué voy a cansar más al lector con otros datos ilustrativos, como podría ser la utilización de internet para informarse, o la cantidad de ciudadanos que participan en blogs de debate político o económico?… Exacto, tan pocos como puede suponer. Incluso menos de los que supone.

De toda esta información y otras más —por ejemplo, que el 70% se declare católico, pero solo un 12% reconozca cumplir regularmente el precepto de la misa (¿no resulta incoherente una declaración con la otra? ¿Qué significara eso de “católico no practicante”?)-— cabe inferir una triste conclusión: la mayoría silenciosa de este país —esa que, cuando así le conviene al poder, la anima y jalea como el verdadero pueblo—, no ejerce como ciudadana, aunque sea su derecho reconocido, sino como súbdito. En efecto, somos o nos comportamos como ciudadanos no practicantes. Y con ello, la democracia, en su auténtica significación, deviene imperfecta incluso antes de que el poder la prostituya con su corrupción.

Es terrible pensar que todavía en este país haya tantos que prefieran las cadenas a la libertad verdadera. Ser súbditos y no ciudadanos. Tristemente, hoy por hoy no damos para más. Nuestra formación y concienciación política, después de la devastación que supusieron las épocas del franquismo para muchos y del consumismo salvaje para todos, se queda ahí… En la resignación, pero también en la muy cómoda, y hasta cierto punto despreocupada y placentera, sumisión y aceptación. Ciudadanos no practicantes. Somos lo que somos y tenemos lo que nos merecemos o lo que nos corresponde.

Lo trágico, ciertamente trágico, es que esas elites que controlan el poder y sus resortes, las aristocracias de cuna y castas del Sistema que manejan las finanzas, los periódicos, los órganos del Estado, la alta dirección, o los partidos políticos, saben de nuestra ignorancia y apatía… “nos tienen calados”. Y en consecuencia, adaptan sus técnicas de dominio a nuestra triste y penosa idiosincrasia. Por eso constituyen la Clase Dominante con mayúsculas. Saben que, en este país, robar o mentir no pasa factura social    —quizás porque por historia, acervo cultural o antropología, todos tenemos algo de ladrones, truhanes y embusteros—, y casi nunca penal —la pobre justicia nunca estuvo para muchos trotes—. Conocen que, en nuestra tierra, la libertad se entiende en términos de divertirse, gozar y no complicarse la mente. Comprenden que aquí solo nos echamos a la calle por una bandera   —da igual que sea la española, la ikurriña o la catalana—, por un motivo futbolístico, una virgen, un torero, una boda del corazón, una buena tomatina, un botellón o cualquier fiesta local donde corra el vino, el deshago de tanta represión sexual y algo de primitivismo salvaje (matar a palos a un animal, hacer hogueras, tirar tracas, correr los toros… lo que sea con tal de que resulte divertido, fanático y ancestral).

Al corazón nos llega casi todo; al cerebro, casi nada. Solo la pasión ciega nos moviliza. El odio, la envidia y el histérico fervor más que nada.

Si a todo este triste panorama le añadimos EL MIEDO que, a cada paso, nos infunden esas elites dirigentes, que desde sus altavoces y púlpitos de propaganda no dejan de martillearnos con el mensaje de que todo puede irnos peor si no seguimos sus más expertas decisiones, ni dejan de inculcarnos ese feroz virus de LA INDIVIDUALIDAD y del ÉXITO ECONÓMICO como único sentido válido de la vida, se comprende a dónde hemos llegado y a dónde podemos llegar. Mucho más abajo como ciudadanos dignos.

Lo terrible es tener la certeza de que esos mismos que mañana seguirán subiendo en sus escalas económicas y sociales, lo harán a costa de la gran mayoría —no es posible otra fórmula científi-ca—, a la que seguirán elevando el listón a la hora de soportar la canallada y el abuso. Y la certeza de que frente a ello, ante la iniquidad, el expolio y la tomadura de pelo, nosotros continuaremos conformándonos.

“¡Siempre en la incertidumbre y la precariedad!” como fórmula mágica de sometimiento para este ciclo ya comenzado que, en su época, predijo el escritor Aldous Huxley como el de “la dictadura sin lágrimas», y que recientemente ha denominado el Nobel de Economía Paul Krugman como el de «la guerra contra los pobres”[95].

Miedo, mucho miedo. Manipulación de las situaciones hasta convertirlas en inexorables y sin alternativa posible. Propaganda divulgadora de la esperanza en un futuro bienaventurado. Anestesia mediática mediante dosis elevadas de ocio alienante, frente a la crudeza de la realidad. Adoctrinamiento feroz y persistente en las virtudes del individualismo como analgésico contra toda idea de sociedad del bien común. Instrucción subliminal de que “otros ya piensan mejor por ti y lo que te conviene, luego buena gana de perder el tiempo intentando comprender, cuando una opinión publicada te facilita automáticamente las respuestas”. Compra de la autonomía y el libre albedrio a través del endeudamiento y la precariedad laboral…

Estas y otras herramientas constituyen el armamento con el que los rectores del Sistema han sabido imponer su “golpe de Estado invisible” a la democracia de los ciudadanos. Un golpe de Estado que pone en evidencia el fracaso de la llamada Transición: un proyecto político y social que en su momento pudo resultar ilusionante, pero que en su recorrido ha terminado descarrilando como consecuencia de tanto abuso y fraude de ley, despilfarro sin control, corrupción, injusticia social, escándalos, negligencia y rancio corporativismo.

Decía Albert Camus que en ciertas épocas la neutralidad constituye un delito. Este, sin duda, es uno de esos momentos.

En el Barómetro de abril de 2016[96], el CIS sitúa la confianza de los españoles en el Parlamento con un 2,83 de nota. Cifra que se rebaja al 2,77 de nota cuando se refiere al Gobierno —de hecho, un 34,3% de los ciudadanos lo puntúa con un 0—. ¿Cómo lo interpretaría el lector si fuesen las calificaciones escolares de sus hijos?

Simultáneamente, según la última edición de la Encuesta Social Europea (European Social Survey)[97], España destaca como el país, con un interés más bajo hacia la política de toda la Unión Europea, solo superado por Portugal y Chequia: solo un 27,6% de los ciudadanos manifiestan mucho o bastante interés por la cuestión; el resto, poco o nada. Quizás ahora se expliquen mejor las cosas.

Me temo que “los más pillos”, nos tienen bien calados y gracias a ello han aprendido a vivir a nuestra costa.

4. El estado de las clases sociales: vencedores y vencidos, castas y excluidos

Ante este fracaso del pueblo y la política para ejercer la soberanía nacional, se erige como único poder dominante la aristocracia financiera, los grandes poderes económicos. No queda sobre la faz de la Tierra otro poder que pueda hacer frente al imperio de un capital que impone sus normas sin mayores barreras ni obstáculos salvo las que se derivan de su propia doctrina de shock, es decir, las crisis a las que a veces conducen sus actuaciones. Ellos deciden lo que debe hacerse tanto en España como en el resto del planeta, y ellos “dictan a sus servidores” las normas que deben legislar y aplicar, cómo, dónde y cuándo.

En este sometimiento colectivo al titular del poder auténtico, en poco se diferencian quienes trabajan al servicio del Sistema del resto del pueblo llano: a todos les corresponde por igual acatar el mandato del Capital, si bien los primeros, quienes “reman a su servicio”, pueden disfrutar de las prebendas que reciben a cambio de su servidumbre, mientras a la masa ciudadana solo le cabe resignarse a los sacrificios que imponen las exigencias de la productividad economicista.

El sistema social al que nuestra sociedad estaría llegando configuraría, en efecto, una nueva estructura jerárquica sobre la que se asentaría la organización de la ciudadanía de nuestro Estado-Nación. Una nueva pirámide de clases en la que quedarían ubicados todos los individuos, y que podría esquematizarse de la siguiente manera:

En su excelente libro The Establisment, el escritor inglés Owen Jones utiliza la expresión establishment (“casta” como la mejor traducción al castellano del título de su obra) para referirse a aquellos que, dentro de la sociedad neoliberal:

Manejan y se aprovechan las influencias que emanan del poder; aquellos que actúan en beneficio de una minoría a la que sirven y que puede identificarse con esa elite oligárquica, unidos por el mismo interés económico y por una mentalidad compartida de búsqueda de la cúspide, como legitimación del manejo del poder y del disfrute del más alto y sin límites bienestar material.

Y los define igualmente como:

Los poderosos, rectores de un modelo social basado en el libre mercado frente al que no cabe alternativa […] Clase dominante en lo social, jurídico, intelectual y la comunicación que desarrolla el rol prioritario en la construcción y extensión hegemónica de las ideas e ideologías predominantes de nuestro tiempo […] siempre desde un consenso en el enfoque neoliberal […] con capacidad y recursos para manejar y manipular todo el Sistema en su provecho.[98]

Además de la dirección de los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales, Castas del Sistema serían también:

–    Las estructuras superiores del Poder Judicial.

–    El alto funcionariado del Estado.

–    Los cargos de confianza y de nombramiento discrecional en entidades públicas o con participación pública.

–    Las jerarquías eclesiásticas.

–    Cortesanos y nobleza aristocrática.

–    Altos mandos militares.

–    Jefaturas y mandos de la Policía y demás cuerpos de seguridad.

–    Directores y jefes de medios de comunicación convencionales.

–    Principales directivos y miembros de los comités de dirección de las empresas del IBEX 35 y otras grandes entidades y multinacionales.

–    Presidentes, consejeros de administración y alta dire-cción de empresas públicas.

–    La mayoría de quienes conforman las listas electorales de los partidos políticos del Sistema.

–    Un número significado de miembros de las academias nacionales.

–    Periodistas de renombre que han renunciado a su independencia y ejercen, por libre o en cargos políticos, de propagandistas del Régimen.

–    Algunos catedráticos de universidad y buen número de profesores de escuelas de negocios privadas.

–    Los principales miembros de los más relevantes gabinetes de abogados.

–    Altos funcionarios de la Inteligencia y Seguridad del Estado.

–    Pensadores y escritores muy vinculados a la derecha social y económica.

–    Socios de las más importantes empresas de auditoría y consultoría.

–    Gerentes y consultores y de empresas dedicadas a la actividad de lobby.

–    Socios y gerentes en gabinetes de gestión de Imagen Pública.

–    Algunas gentes de la farándula relacionados con la prensa del corazón y el cotilleo…

Y por supuesto, los padres, hijos, hermanos, primos, yernos y cuñados de todos ellos, conformando una enmarañada y amplia red de vínculos de sangre, de vecindad, de currículo, de contactos y de influencia.

Si el lector desea satisfacer su interés acerca de estos personajes y cómo se mueven dentro de la estructura social, le invito a leer los interesantes ensayos Españopoly: Cómo hacerse con el poder en España, o al menos intentarlo, de Eva Belmonte (Ariel, 2015) o La Casta: el increíble chollo de ser político en España, escrito por Daniel Montero (La Esfera de los Libros, 2009).

Como deducirá el lector, esta descripción de perfiles profesionales haría referencia a unas decenas de miles de ciudadanos de cada país (en el nuestro los Rato, Blesa, Aguirre, López Madrid, Cebrián, familias dinásticas, Preisler, Urdangarín, Alba, Botín, Conde, González, Aznar, Trillo, Villar Mir, Koplovich, Pérez, etc.) que viven provechosamente de su proximidad e interconexión con las esferas del poder y que nada tienen que ver con esos otros millones que se afanan por salir adelante con su esfuerzo diario y entre los que hay muchos que sufren dificultades para llegar a fin de mes (de la realidad social de estos últimos ya se ha hablado con detalle en un capítulo anterior). Aquellos, la casta, el Establishment, serían los grandes beneficiados de la pirámide de la desigualdad.

Owen Jones simplifica la clasificación del Establisment distinguiendo siete grandes grupos:

–    Líderes de opinión y pensadores de prestigio al servicio del modelo económico, a quienes denomina “precursores”.

–    Altos funcionarios del ámbito político y social.

–    La mediacracia, es decir, quienes controlan los medios de comunicación y la información.

–    Los que manejan y controlan la Seguridad interior y exterior del Estado.

–    Los “Másters del Universo” en Inteligencia Financiera.

–    Personalidades de la vida docente y académica que desarrollan el modelo de mercado; y

–    “Tycoons” y “Tax-Dodgers”, que podríamos traducir por magnates, “conseguidores”: personajes del mundo financiero, manejadores internacionales de capitales y genios del ahorro y la ingeniería fiscal a la hora de eludir el pago de impuestos.

Entre todos ellos, interactuando a modo de arañas que tejen impenetrables y sucesivas redes interconectadas, mediante un preciso sistema de puertas giratorias que permite la circulación desde de los cargos políticos a los consejos de administración y viceversa, consiguen generar una realidad en la que su influencia, dominio e intereses prevalecen “naturalmente” frente a cualquier alternativa que pretenda retarlos. De los 176 ministros que ha habido en España desde 1977 —es decir, desde el arranque del periodo democrático—, 71 de ellos, o sea, el 40%, pasaron después de ejercer el cargo a engrosar las plantillas de las grandes empresas; Endesa, Gas Natural y Repsol fueron las entidades que más cargos públicos acogieron. Son aquellos a quienes históricamente se denominó “los poderosos”, y que ahora reciben el apelativo “casta”, por conformar “esa corte de servidores del faraón”.

Conexionados unos con otros, alcanzan a imponer un statu quo obligatorio desde el que establecen unas reglas del juego a su favor en todos los ámbitos de la convivencia cotidiana. Unas reglas del juego que fijan, por un lado, la “normalidad” de un    provecho en beneficio de una elite reducida y, por otro, la concienciación casi unánime —a modo de sugestión— de que no existen alternativas razonables fuera del orden definido, o de existir, estas entrañan el mayor caos, de donde se infiere la lógica de un consenso neoliberal.

Como explica Owen Jones, esta nueva clase social, La Elite Dirigente, viene constituida por grupos influyentes que “administran la pseudo democracia” para asegurar que sus intereses no se vean amenazados, imponiendo una gestión de la misma “de arriba hacia abajo”, con la finalidad de mantener y perpetuar el sistema actual. Un clase dirigente que gobierna en la sombra apoyada en una nomenclatura de subalternos sumisos, nombrados a dedo.

Los intereses dispares que, en un momento dado, puedan presentarse, se armonizan entre ellos antes de su colisión en torno a una ideología común neoliberal compartida, que pregona la creencia en los mercados libres a los que deben transferirse los recursos públicos recaudados con los impuestos. Desde su círculo de poder, se afanan por inocular entre la ciudadanía una lógica hegemónica de que “quienes están en lo alto de la sociedad merecen estarlo porque son los mejores, y quienes no lo están o no alcanzan a estarlo solo deben atribuírselo a su propio mal hacer”. Con la reiteración de dicho axioma, se consigue ir conformando una base psicosociológica en el inconsciente colectivo del tipo “cada cual está donde se merece estar”, para que la población interiorice y acepte como normal la desigualdad.

 Lo significativo, por paradójico, de esta casta radica en que dicen odiar al Estado por despilfarrador al mismo tiempo que dependen por completo de él para prosperar. En realidad podríamos decir que solo lo repudian “ideal e ideológicamente”, ya que son conscientes de que sin el Estado no contarían ni con las continuas oportunidades de negocio que a través del mismo se les presentan ni con las condiciones que favorecen sus actividades: nombramientos a dedo, inversiones en infraestructuras necesarias, fuerza de trabajo capacitada y protección de la propiedad privada. Más allá de hipocresías, lo que verdaderamente rechazan no es la intervención del Estado, al que continuamente recurren, sino que este, amparándose en el mandato de la soberanía popular, interfiera a veces —y porque no le queda otro remedio— en su acción como elite, de modo que sus expectativas ilimitadas de ganancia se ven minoradas. En definitiva, lo que pretenderían es un Estado a su completo servicio como clase privilegiada, y no al de la ciudadanía que vota. El molesto Estado resulta un incordio cuando se trata de recaudar unos impuestos que se procura eludir convenientemente, pero supone un aliado fiel —aunque no quieran reconocerlo— cuando se trata de proteger sus negocios y empresas e incluso, si es necesario, rescatarlas. Y pretenden que todo esto se admita como norma, racional y defendible; en definitiva, un acceso restringido para la gran mayoría a esa misma libertad que los representantes del Establishment dicen defender sobre todas las cosas.

“¿Estado?… Por supuesto que sí, pero a nuestro servicio y solo para lo que nos convenga”.

Toda esta amalgama de personas, personajes e instituciones que conforman los poderosos, constituye la más oscura e intrincada red clientelar de intereses compartidos, entrelazados unos con otros, a veces desde la edad escolar, a través de una infinita tela de araña de contactos y favores que se prestan para provecho común, mamando todos de la ubre del poder. Privilegios, influencias, lucros y utilidades para los que los miembros de las castas se buscan y apoyan recíprocamente, en la afanosa persecución de más influencia cerca del poder y, derivado de ella, más riqueza. Una madeja amplia y compleja de amiguismos por interés y de relaciones clientelares donde la solidaridad se expresa exclusivamente en términos de beneficio a obtener. Cada cual sabe lo que puede ofrecer, a quién puede negarse y a quién nunca; y sobre todo, a quién dirigirse y cómo hacerlo, utilizando desde el más rastrero servilismo a la más altiva prepotencia.

Cuando se analiza todo lo que subyace en el fondo del insistente fenómeno de la corrupción en nuestro país a lo largo de los últimos quince años, se comprende mejor que esta lacra no constituye un hecho accidental, sino que es intrínseca y connatural al Sistema: un fenómeno estructural de monumental y permanente tráfico de influencias entre miembros de las castas que a veces rebasan el límite de la legalidad; unas cañerías infectadas de las que continuamente se escapa algo de su excreción.

La nueva estructura social que ha configurado la era de la hegemonía neoliberal ha establecido unas reglas del juego nítidas: por más que el esfuerzo y el emprendimiento se estimulen hipócritamente y se canten sus alabanzas desde los altavoces mediáticos, no sirven para progresar individualmente más allá de la mera supervivencia del día a día si no se cuenta además y fundamentalmente con el favor, el contacto y la influencia en las cercanías de alguna fuente del poder. Ese sería el llamado “capitalismo de amigos” del que podríamos llegar a ser campeones del mundo   —si es que no lo somos ya—, y para cuyo acceso y disponibilidad resulta imprescindible estar integrado y formar parte de alguno de los tentáculos de su casta dirigente.

 El camino recto y formal, el oficialmente establecido, difícilmente conduce al resultado final perseguido. Por el contrario, manejando influencias, red de contactos y pasando por la puerta de atrás… casi todo es posible de conseguir. Solo tienes que disponer de conexiones con los círculos de dominio para alcanzar más poder y desarrollar grandes negocios; si careces de influencias, las puertas se encontrarán siempre cerradas. Así funcionan los asuntos en España, país de milagros antes que de logros, país donde impera el halago rancio, el silencio cómplice y la coba más indigna antes que el empeño cabal.

Se supone que la ley está para cumplirla por igual por parte de todos, ya que de ello depende la seguridad jurídica de un país. Ahora bien, desde la casta, este principio podría resultar más discutible. Para los presuntos “mejores” siempre debería haber una fórmula para “bordear, mediante el privilegio, esa ley que se supone nos igualaría a todos”, unas veces sin traspasar el linde de la legalidad, y otras cruzándolo con mayor o menor descaro. Finalmente, siempre quedará a la suerte que te pillen o no. ¿Recuerdan el caso de las tarjetas “black” en Bankia? Ahí los tienen.

Seguramente ni un 10% de ese «sacar el mayor partido de los privilegios inherentes a nuestra superioridad de elites, acomodando los preceptos de la ley a nuestra conveniencia», como lo narra Owen Jones[99], acontecido en nuestro país, haya salido a la luz. Unas veces porque desde la posible ilegalidad moral no se llegó a caer en la ilegalidad judicial, y otras —muchísimas—, porque nadie resultó descubierto, o porque incluso se prefirió taparlo. ¿Alguien puede creerse que jamás nadie supo nada acerca de las andanzas del poco honorable Jordi Pujol y su afamada banda familiar en los casi treinta años que duraron los trapicheos que ahora salen a la luz? ¿Ni de lo que acontecía en las instancias políticas de las autonomías y ayuntamientos de Madrid o Valencia? No transcurre un solo día desde hace años en el que el país amanezca con un nuevo escándalo… Y los cientos que todavía pueden aparecer…

Estas son las reglas del juego en la sociedad de los Mercados: “Quien más tiene, más puede, y quien más puede, más llega a tener”. Unas reglas en las que la primacía se otorga a “la estabilidad de los dichosos Mercados”, es decir, “que no se sientan incómodos los que tienen dinero”, como si no hubiera otros valores más elevados que defender en una democracia —de hecho, si solo se tratase de asegurar estabilidad a los mercados financieros, también se podría alcanzar con una dictadura, incluso más fácilmente— como pueden ser, y de hecho son para empezar, el bienestar, la honestidad, el progreso colectivo o la igualdad de oportunidades.

En este orden social que se nos ha impuesto nada se mueve sin tráfico, permitido o no, de influencias; sin una cierta forma de prevaricación, al menos moral. Ese crédito, esa licencia, esa recalificación, ese aval, esos padrinos, esa subvención, aquel concurso amañado, ese informe favorable, etc. Que España vive en la podredumbre y la miseria moral no creo que haya tantos que lo duden; un emponzoñamiento del que la corrupción no constituye excepción o accidente, sino síntoma crónico de las pautas con las que cotidianamente se maneja la realidad económica y social. Y es desde esa cotidianidad de la corruptela y la inmoralidad que la Casta refuerza su dominio y amplía su beneficio.

¿Cuál es el origen de los más de 200.000 millones de euros, la mayoría opacos y sin declarar al fisco, que desde diversas fuentes se estima que mantenemos los españoles ocultos fuera del país y a los que con reiteración hago referencia? La respuesta a preguntas como esta y otras por el estilo llevarían a sacar a la luz otra realidad de esa tan proclamada “Marca España”.

Por debajo de los estamentos rectores del nuevo orden se situarían, en la escala de clases, los Ciudadanos y los Excluidos, dos categorías que vienen a reemplazar a las tradicionales clasificaciones de clases sociales medias y bajas.

 Excluidos serían todos aquellos que, de una u otra manera, están siendo expulsados del Sistema o se encuentran en riesgo de serlo: desempleados, precarios, contratados discontinuos o a tiempo parcial, personas sin ingresos o con ingresos por debajo del umbral de pobreza, trabajadores sin seguridad social, falsos autónomos, pequeños empresarios en pérdidas, pensionistas con ingresos en el umbral del salario mínimo interprofesional, dependientes sin ayudas, familias cuyos recursos no les permiten llegar a fin de mes, endeudados que no pueden hacer frente a los requerimientos de sus acreedores, personas en situación de pobreza alimenticia o energética, multiempleados por horas que trabajan una parte de ellas en negro, mano de obra con un nivel bajo de estudios, la gran mayoría de los inmigrantes, personas que no saben dónde y cómo sacaran unas perras mañana o el mes próximo… Un inmenso contraste con las Castas, afines al poder. En total, no serían muchos menos de doce o catorce millones de personas, si tenemos en cuenta a todos los hijos menores de estos excluidos y a una buena cantidad de abuelos, situados en la escala de ciudadanos medios por el valor de sus pensiones, que descienden de clase al tener que acudir en socorro de sus familiares en penuria y compartir con ellos sus ingresos.

La cifra puede resultar inusitada por su dimensión: doce o catorce millones de españoles. Unos seres humanos instalados en un modelo social de “semiapartheid”, en el que permanecen encerrados, con una conexión externa menor, más allá de los propios barrios donde viven. Y todo ello consecuencia de que el sistema productivo, rector último, porque así nos lo han impuesto, del lugar que a cada cual corresponde y tiene asignado en la sociedad, en esta sociedad-empresa en la que pretenden que aceptemos vivir, los considera “innecesarios”. Para muestra la noticia que publicó el pasado 6 de mayo de 2016 el diario ABC, recogiendo el resultado de un estudio de investigación efectuado por el BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas: “Casi 3 millones de personas (pertenecientes a la clase media) han reducido sus ingresos hasta abandonar este escalón de bienestar social para pasar a engrosar la clase baja […]”[100].

Esta nueva clase social podría subdividirse, a su vez, en diferentes rangos, dependiendo del grado más o menos extremo de su situación, hasta llegar al último, el de los que padecen de pobreza y exclusión severa. Así, dentro de esta categoría de Excluidos, se incluiría un nuevo perfil de sujeto social, EL PRECARIADO, conformado por todos aquellos que nunca en la vida tendrán seguridad respecto a su futuro social y económico —más allá de un umbral a muy corto plazo—, y menos aún, oportunidades de progreso, movilidad y ascenso social: nuevos trabajadores incorporados al proceso productivo para los que jamás existe hueco y deben peregrinar de contrato de aprendizaje en contrato de aprendizaje; aquellos otros condenados a vivir en la incertidumbre de empleos temporales, cuya renovación siempre resultara incierta, o con trabajos discontinuos, siempre a la búsqueda de otra convocatoria unos meses sí y otros no; jóvenes ninis; autónomos sin certeza en su cartera de pedidos; pequeños empresarios sometidos continuamente al vaivén, en su oferta y surtido, del comportamiento de las grandes marcas; emprendedores sin colchón financiero que deben reemprender, una vez tras otra, unos proyectos carentes de padrinos; parados de larga duración; trabajadores sin cualificación… y, por supuesto, sus familiares cercanos, los que dependen económicamente de sus ingresos. Y esta relación, de por sí amplia, no entra a considerar a tantos que la incrementarán cuando dentro de unos años se incorpore la próxima generación de jubilados, para la que habrá entrado en aplicación las nuevas reglamentaciones sobre cálculo y condiciones de acceso a las prestaciones, que se reducirán en aproximadamente un 30% su valor con relación a las actuales.

Debe resultar aterrador saber que uno está condenado a perpetuidad a vivir en situación “de precariado, de innecesario, de eliminable”. Puedo suponer el nivel de estrés, angustia y desazón que debe sentir quien percibe que el futuro no le tiene en cuenta. Así se configura el destino de quien no nació en la cuna privilegiada.

No nos engañemos. Esta NO es la sociedad de las oportunidades para quienes han tenido la mala fortuna, fruto del destino o de su libre albedrío, de pertenecer a la clase social equivocada. Vivimos en el tiempo de las clases jerarquizadas, la desigualdad y la infinita diferencia de oportunidades.

La más terrible sensación nos llega al leer la fatídica conclusión que extrae la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada), vinculada a Cáritas, en su informe La transmisión intergeneracional de la pobreza: “Los estudios nos muestran una fuerte asociación entre las condiciones de vida de padre e hijos”.[101] Ocho de cada diez niños pobres hoy serán adultos pobres[102]. Y ello como consecuencia de una serie de factores estructurales que producen “la trasmisión de la pobreza”, fundamentalmente el nivel de estudios, la situación laboral y la renta.

El diario Andaluces.es publicó la siguiente noticia el pasado mes de abril: “Limpiar casetas de noche en la Feria de Sevilla se paga a 3,5 euros la hora”[103], incluidos pluses por nocturnidad y festivos. Para dar fe de la veracidad de la noticia, se informa de que la empresa contratante se llama Isis Mantenimientos Integrales, con sede central en Sagunto…

No hacen falta más detalles para poner de manifiesto las características del “porvenir neoliberal” para todos estos. Un porvenir que se transmitirá de padres a hijos a modo de herencia fatal.

5. El estado de la ciudadanía

5.1. El pueblo indignado

Es interesante advertir que un nuevo tipo de político ha hecho irrupción en el exiguo panorama de la democracia española. Un político que suele etiquetarse de populista, pero que en realidad es un demagogo insolentemente cínico. […] [Pablo Iglesias] sabe que habla para gente rabiosa, ese tipo de político que se ha formado en el botellón y la quema de cajeros. Nunca, ni en los peores tiempos de Alianza Popular habíamos oído argumentos tan estúpidos dirigidos a gente tan estúpida. Nunca habíamos visto concejales y concejalas tan zafios como los que han emergido gracias a Podemos. Debemos agradecer a este movimiento que nos abra los ojos sobre el estado comatoso en que se encuentra ese segmento de la población que se supone más o menos universitaria y de clase media.[104]

Así se expresa el irregular escritor, miembro de la Real Academia, Félix de Azúa en un artículo publicado en El País. Una abundante, variada y bien cargada de ira no contenida, colección de descalificaciones e insultos dirigidos a uno de los fundadores, a la ideología, a los cuadros y a los seguidores de un movimiento que, antes de mayo de 2014, no era conocido siquiera por el 2% de la población.

Con similar estilo al de este arrebatado libelo podríamos mencionar otros tantos —cientos— repletos de odio, agravios y descalificaciones aparecidos en prensa, radio, televisión y todas las instancias de los medios propagandísticas del Sistema, en apenas veinticuatro meses.

¿Qué ha sucedido? ¿A qué se debe semejante levantamiento en armas, con la voz o con la pluma, acompañada de tantas calumnias y falsas acusaciones, que pretenden camuflar en prejuicios lo que constituye una manifiesta falta de argumentos?

Nada más y nada menos que el que una parte del pueblo      —una minoría todavía de entre las clases sociales de Ciudadanos y Excluidos— ha tomado conciencia de la situación de opresión e injusticia en que vivimos bajo el nuevo régimen neoliberal y ha gritado, desde su más sentida indignación, un «¡BASTA YA!», seguido con un más intencionado y profundo «¡SÍ SE PUEDE CAMBIAR!».

Una parte de las masas que se suponían sometidas y aborregadas —tal y como el Sistema se había acostumbrado a considerarlas— inesperadamente se pone en pie y denuncia la estafa en la que se encuentra inmersa la soberanía popular consagrada en la Constitución, continuando por reivindicar el retorno a una democracia auténtica y un cambio, por cauces legítimos, en las reglas del juego de la política. Podrá estarse de acuerdo o no con sus recetas, pero parece imposible encontrar el más mínimo reparo intelectual al análisis que efectúan de la situación, sus causas y el oscuro porvenir al que nos abocan.

Resulta evidente que el Establishment, las elites, aristocracias y castas, no están dispuestas, por razones obvias, a permitir que se consolide una manera diferente de percibir e interpretar lo que viene sucediendo; ni siquiera a aceptar su participación legítima en el quehacer democrático. No se plantean límites para impedirlo, pues está en juego algo mucho más importante que la voz de una nueva fuerza parlamentaria. Se trata de impedir que el poder, sus prebendas y la propia riqueza deje de constituir coto privado de una minoría dominante y alcance a todo el pueblo.

Esa actitud de abierta hostilidad y confrontación se acentúa a partir del momento en que esta alternativa política ha recibido el refrendo de más de 5 millones de ciudadanos en las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 y en su repetición el 26 de Junio de 2016 o, lo que sería lo mismo, casi un 20% del total de los votos emitidos y 71 escaños en el Congreso. Un notable éxito que pone de manifiesto el hartazgo de una parte significada de la población para la que comienza a perfilarse un contrapoder, una alternativa social y política frente al statu quo.

Siempre me resultó fácil entender la indignación del oprimido frente al opresor; nunca como ahora he sentido el odio del opresor frente a la no resignación del oprimido, quizás porque pone en evidencia su comportamiento despótico y amenaza con cerrarles el tinglado.

La historia de esta rebelión pacífica por parte de los grupos más activos y comprometidos contra el sistema neoliberal se remonta, como ya se ha comentado páginas atrás, a aquella manifestación celebrada en diferentes puntos del país el 15 de mayo de 2011, convocada a través de Internet y las redes sociales por colectivos casi desconocidos y a cuya conclusión algunos de los participantes deciden permanecer acampados allí donde se había dado fin a la marcha, a modo de clamor, para que sus reivindicaciones fueran escuchadas.

Aquellos primeros brotes de indignación y conciencia ciudadana tan dispersos, minoritarios y desorganizados parecieron extinguirse en un principio en los meses siguientes, fruto de su propia incapacidad operativa. Sin embargo, la semilla de la necesidad de contestación y resistencia como alternativa a la docilidad y la obediencia había prendido en algunas conciencias comprometidas y, a partir de ello, de manera inusitada, iban a cobrar vida multitud de grupos cívicos de oposición real, no a un partido, sino a todo un Sistema que había hecho del ciudadano de a pie rehén de los intereses del capitalismo. Nada pudo contribuir mejor a su desarrollo que la situación vivida por el país en los años siguientes: más recortes, más violencia moral y más corrupción. Unos nacen como agrupaciones de afectados frente a problemas concretos derivados de la política de austeridad; otros, en la universidad, en círculos intelectuales o provenientes de los más variados movimientos populares.

Paulatinamente, esos movimientos espontáneos de resistencia, en los que destaca la ausencia del proletariado tradicional vinculado a los sindicatos obreros, van adquiriendo mayor auge y pasan a constituirse en nuevos sujetos políticos…

Las claves de este “colosal incendio” que se origina a partir de múltiples pequeños focos dispersos que terminan por encontrarse nos vienen explicadas por el sociólogo y escritor Manuel Castells:

Las sociedades se gestionan en base al miedo, la emoción humana más importante… (Esta emoción) solo se supera con la indignación, que permite ir más allá del temor a que te pase algo. A partir de ahí, el acto de rabia individual o de unos pocos se comunica viralmente. He aquí el rol fundamental de Internet. Aquel levantamiento personal desemboca finalmente en una acción colectiva…

Los movimientos sociales son a lo largo de la Historia, los agentes fundamentales de la transformación social. Son movimientos culturales que se sitúan fuera de la institucionalidad si esta no responde a sus valores y proyectos, con la intención de transformarlos.

Los movimientos sociales surgen generalmente mediante la combinación de tres fuentes de contestación:

a) La crisis del funcionamiento de las instituciones que generan protestas espontáneas.

b) La indignación inducida por algún acontecimiento que hace insoportable mantener la sumisión al orden social. (De ahí que, en esencia, estos movimientos sean de raíz emocional).

c) Más allá del momento emocional: la emergencia de “una conciencia crítica” que pasa de la protesta al proyecto y que plantea la vida social desde otros valores y supuestos […]

En algún momento posterior, estos movimientos, que ven negada su legitimidad por las instituciones, se plantea dar el paso a la acción institucional, convirtiéndose en una u otra forma de agentes políticos que buscan cambiar el sistema[105].

Los puntos de partida de este inaudito brote de inconformismo resultan variados:

–    Plataforma de afectados por las hipotecas.

–    Marea por la sanidad pública.

–    Mareas en defensa de la educación pública.

–    Marea de afectados por la estafa de las preferentes.

–    Marea de arruinados por la salida a bolsa de Bankia.

–    Mareas contra la destrucción medioambiental.

–    Plataforma de afectados por la hepatitis C.

–    Grupos de resistencia a los despidos de Coca-Cola.

–    Asociación de familiares de víctimas del accidente del metro de Valencia.

–    Asociación Juventud sin Futuro.

–    Asociaciones de vecinos.

–    Agrupación Democracia Real YA.

–    Jubilados del 15-M.

–    Movimientos de izquierda anticapitalistas.

–    Grupos ecologistas y de defensa de los animales.

… Y otros muchos que terminarán confluyendo y articulándose en torno a un gran proyecto político.

El ciudadano tranquilo y resignado que cada noche se sentaba frente a su televisor, como un espectador insensible, para ver pasar la vida desde la distancia cómoda de un plasma catódico   —que, paradójicamente, acerca a los ojos la realidad pero aleja la conciencia de la misma— no pudo evitar contemplar una quíntuple situación que, por habitual y repetida, terminó por implicarle en mayor o menor medida:

1. Las manifestaciones y protestas callejeras, día tras día, en tantas ciudades del país simultáneamente, protagonizadas por personas comunes de todas las edades. Gente genuinamente del pueblo, de la que vemos cada día a nuestro alrededor, cuya única ideología era la desesperación frente a una estafa o una injusticia sufrida.

2. La realidad de unas colas cada vez más largas de desempleados a las puertas del INEM para poder cobrar una prestación cada vez más exigua que les permitiera sobrevivir ante la falta de trabajo.

3. La noticia, irrebatible por su verdad manifiesta, de que los comedores de caridad y la acción asistencial de tantas ONG estaban paliando la falta de protección social, permitiendo que pudieran comer a diario cientos de miles de personas, carentes de los mínimos recursos.

4. La prepotencia de un gobierno que se mostraba carente de toda sensibilidad hacia tanta injusticia y una realidad social humanamente dolorosa: un mero discurso economicista y frío que resultaba bendecido y jaleado por los Mercados dichosos, los oligarcas europeos y los presidentes del IBEX 35, con quienes se fotografiaba sonriente, mientras las fuerzas policiales acallaban con represión y violencia las legítimas reivindicaciones de los perjudicados.

5. El último suceso de escándalo y corrupción institucional y de fraude fiscal que, se sabía con certeza, era solo el anterior al que surgiría o se descubriría al día siguiente. Una corrupción —y esto es lo más grave— que además tenía nombre y apellidos, conocidos por todos, la mayoría figuras de alto reconocimiento y prestigio social hasta un segundo antes de haber sido pillados. Una corrupción que, para colmo, tenía y tiene su núcleo central en todos los partidos políticos y organizaciones sociales (patronales, sindicatos, etc.) del país, incluidas las esferas más cercanas a la monarquía y algunos familiares.

En términos meridianos la conclusión que se constata no ofrece dudas: “unos se lo llevan, y otros se ven obligados a reponerlo mediante recortes en sus beneficios sociales; un auténtico timo”.

Este ciudadano burgués y acomodado, acostumbrado a no implicarse ni emocional ni intelectualmente con lo que acontece a su alrededor salvo para depositar su voto en las urnas cuando se le convoca, no puede evitar que toda esta realidad acabe por influirle, máxime cuando son pocos los casos en que no tiene alguien cercano que también se encuentre afectado por la trágica situación. Y ante este panorama desolador, empieza a comprender que “No hay Nadie”, ni en el propio gobierno, ni en los partidos de la oposición en el Parlamento, ni en las organizaciones sindicales, que manifieste la más mínima actitud de comprensión, desacuerdo y lucha comprometida eficaz para evitarlo. Los afectados se encuentran solos; más aún, sometidos a una ley injusta que no les protege. El foco del malestar y de reivindicación de justicia social no encuentra cauce dentro del Sistema y sus instituciones, ni siquiera entre la opinión pública reconocida.

Ante tal cúmulo de circunstancias, ese ciudadano, afectado personalmente o no pero que observa todo lo que está sucediendo, se ve impelido a afrontar una toma de posición personal: o bien aceptar que eso es lo que hay sin alternativas, o bien, desde su inconformismo, buscar dónde y de qué manera vehicular su malestar, guiado por un afán de que la situación cambie, aunque sea mínimamente.

Y es aquí donde, de manera inopinada y sin que nadie pudiera preverlo, casi con el mismo imprevisto con que brota el 15-M, aparecen una serie de profesores universitarios y algunos líderes populares, surgidos de la base del pueblo y desde la propia contestación, que presenta, en las elecciones europeas de mayo 2014 su candidatura para dichos comicios, apoyados en un contundente discurso social cuyo primer postulado establece que “lo primero es la ciudadanía y acabar con el estado de emergencia social al que nos han conducido el gobierno y su programa de recortes”. Como punto de partida, se marcan el objetivo de denunciar ante el Parlamento Europeo la suicida política de austeridad que en todo el continente se viene practicado con carácter obligado.

Cuando nadie apostaba un euro por su éxito, y después de una campaña realizada sin apenas medios y desarrollada básicamente a través de las redes sociales y en Internet, resulta que Podemos, el nombre de la nueva candidatura, obtiene casi un 9% de los votos emitidos y cinco parlamentarios europeos. ¿Qué había ocurrido? Sencillamente, que tantos, tan diferentes y heterogéneos, habían encontrado en un mensaje y una voz, la respuesta ajustada, la medicina idónea para calmar y encauzar esa sensación irritada de abandono por parte del Sistema (“No nos representan…”).

Ante el imprevisible resultado, y sobre todo el inusitado porcentaje de votos obtenidos, el Sistema cruje, se agita preocupado y entra en un cierto estado de angustia: el control de la situación podría estárseles yendo de las manos. A pesar de contar con el 99% de los medios de comunicación y propaganda a su servicio, parecería como si una parte de la ciudadanía se hubiera emancipado de sus dictados y descubierto que otra opción política y social puede ser posible, una forma radicalmente diferente a la hora de enfocar las prioridades que busca el ciudadano de a pie y su solución.

Podemos se presenta como casa común de todos los que rechazan el dogma neoliberal y reivindican un retorno a los principios y valores democráticos. Su mérito, y enorme utilidad, descansa en haber sido capaz de constituirse en aglutinador político organizado de un estado de ánimo y de tantas voces y grupos dispersos identificados por una misma idea. Una voz común, alta y clara, que integra y da cauce a tanta indignación.

Parece suficientemente justificada, además de resultar históricamente necesaria, la causa de irrupción de esta formación en el contexto del momento político del país. Otra cuestión sería analizar las claves de su notoriedad adquirida y de su notable triunfo inicial. Más allá de la originalidad que representa volver a escuchar un auténtico discurso de izquierda —apagado en su totalidad desde que el PSOE virara hacia el socioliberalismo moderado, convirtiéndose en una mera herramienta de poder—, no cabe duda de que el perfil, carisma, capacidad dialéctica y para el debate, telegenia e impecable estilo de liderazgo de Pablo Iglesias han tenido mucho que ver. Su discurso, así como el de sus compañeros más próximos, fresco y nuevo, enfrentado al machacón y tradicional de los políticos y partidos tradicionales, ha abierto brecha de adhesión en una parte de la ciudadanía, aquella que ni se conforma ni se resigna. Añádanse a esto la novedad de su ideario, su habilidad en la estrategia, la profundidad de su construcción ideológica y su extraordinaria capacidad para comunicar con las gentes desde la proximidad y cercanía.

En las pasadas elecciones municipales y autonómicas, Podemos decidió muy acertadamente unir sus fuerzas con las de una serie de movimientos populares y mareas ciudadanas de carácter local y regional, gracias a lo cual obtuvo de nuevo resultados un tanto espectaculares para una formación que tenía menos de dos años de existencia y que se presentaba por primera vez ante la ciudadanía, deviniendo imprescindible para la formación de gobiernos autonómicos presididos por el PSOE en Valencia, Extremadura, Baleares y Castilla La Mancha, o por otras formaciones en Santander y Navarra. Simultáneamente, con la fórmula en coalición de “Sí se puede”, se hace con las alcaldías de los principales ciudades del país, como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, La Coruña o Santiago. Y dos años después, en las ya mencionadas elecciones del 20 de diciembre de 2015, los resultados aumentan todavía más, incrementándose la adhesión ciudadana hasta superar el 20% del total de votos emitidos, cifras ratificadas en las siguientes.

El proyecto de Podemos para el país queda explicitado en los programas con los que concurrió en dichas elecciones legislativas, los cuales se habían desarrollado a partir de decenas de propuestas. Varios constituyen los vectores esenciales e integradores del proyecto:

–    Democracia participativa.

–    Calidad democrática.

–    Recuperación de la soberanía popular auténtica.

–    Rechazo del modelo económico neoliberal.

–    Recuperación del prestigio de las instituciones.

–    Prioridad en los intereses de la ciudadanía.

–    Fortalecimiento del Estado Social y de Derecho; y

–    Formulación de un proyecto de plurinacionalidad para España como solución integradora frente a los conflictos territoriales.

–    Control de las decisiones económicas por el Parlamento soberano.

–    Debate sobre la forma del Estado: ¿monarquía o república?

–    Desvinculación total entre Iglesia y Estado.

–    Reforma constitucional que dé contenido a la formulación de una España “nación de naciones”, con la que se articule la territorialidad en torno a un modelo confederal.

–    Reforma fiscal redistributiva.

–    Salario mínimo y pensión de jubilación mínimas fijados en el entorno de los 900 euros, con un Estado que garantice el empleo y la igualdad salarial.

–    Recuperación de la vigencia de la Ley de Dependencia.

–    Revisión de la posibilidad de establecer una Renta Mínima Garantizada de carácter universal.

–    Nuevo impulso a la Ley de Igualdad de Género.

–    Recuperación de la Memoria Histórica y condena del franquismo.

Se acusa a los partícipes de esta propuesta de “populistas” y a su programa, de estar basado en “modelos y métodos propios del populismo”, sin saber muy bien a qué se están refiriendo exactamente cuándo recurren a tal apelativo. Es de suponer que pretenderán relacionarlas con las doctrinas del filósofo y politólogo argentino Ernesto Laclau, quien vendría a definir el populismo como un movimiento transversal y, en consecuencia, ni de derechas ni de izquierdas, en el que se integrarían todas aquellos cuyas demandas habrían quedado excluidas de los cauces institucionalizados, generando una sensación de exclusión. Desde tal perspectiva, el populismo se identificaría más con una forma de la política que con un contenido ideológico de la misma; un discurso integrador de las masas populares que se habrían encontrado excluidas. “Los de abajo frente a los de arriba”, “el pueblo contra las elites”, “la gente contra la oligarquía”. Dos ámbitos irreconciliables, como lo definió el profesor y líder político Íñigo Errejón, dando expresión a ese nuevo sujeto histórico-político —nada que ver con el proletariado— que surge de la articulación política de grupos heterogéneos y de carácter transversal que se levantan, constituyéndose en “voluntad” contra las distintas formas de subordinación (de clase, pero también por razón de sexo, raza, identidad sexual, etc.), proponiendo una radicalización democrática y, como fin último, la transformación del Estado. ¿Marxismo? No lo creo para nada, aunque en un momento determinado puedan aliarse con las fuerzas marxistas, si así conviene. Si acaso, un movimiento radical post-marxista que se origina en la base del pueblo, que pretende enfrentarse a las lógicas de poder impuestas por una economía globalizada dirigida por el capitalismo financiero, a las que ha sucumbido la histórica socialdemocracia.

Sea como fuere, lo importante de lo que está sucediendo no resultaría tanto de la aparición de Podemos como fórmula concreta —cuyo recorrido, ensombrecido en los últimos tiempos por un cumulo de mediocres luchas internas, aún está por ver a lo largo de la próxima legislatura, aunque en estos momentos represente toda una esperanza—, ni tampoco del mayor o menor acuerdo con algunas de sus propuestas. Lo que parece ya irreversible, y en ello residiría el elogio a esta formación, es que ha sabido aglutinar y dar cauce de expresión política a esa parte de la ciudadanía, que hoy puede rondar un 25% de la misma, que ha decidido hacer frente al sistema neoliberal mediante modelos políticos que nada tienen que ver con esa falsa socialdemocracia rendida a los mercados —está por ver el giro ideológico y práctico que pueda dar al PSOE su líder Pedro Sánchez, restituido en la Secretaría General por las bases del partido, nueve meses después de su infame destitución por una conjura de los barones—.

Es posible que en el futuro aparezcan otras siglas que se impongan o reemplacen a esta formación, pero de ser así, no sería lo más importante. Sí lo es, por el contrario, el hecho de que una parte del pueblo se haya emancipado de su mansedumbre alcanzando un rango de opinión propia que le permite demandar      —porque sabe que es perfectamente factible— otra manera de gestionar la democracia que no se encuentre sometida a las conveniencias del capitalismo internacional.

 El modelo de funcionamiento que nos ofrecía el Sistema, aparentemente sellado e irremediable, se ha descubierto penetrable y discutible. Quizás no se pueda todavía abatir, pero ya es posible ponerlo en entredicho y plantear alternativas, sin que tengan por qué cerrarse las opciones —por otra parte, tan próximas en cuanto similares— en la disyuntiva PP o PSOE, o sus homólogos, los partidos nacionalistas independentistas. Desde ya, caben posiciones políticas y sociales de enmienda a la totalidad del Sistema, de ruptura con un statu quo cerrado.

De manera similar, frente a la dictadura incuestionable de los Mercados y sus directrices, se abren ahora alternativas en el razonamiento: “¿Y si el pueblo volviera a recuperar su soberanía para establecer una nueva agenda económica y social donde el interés y beneficio del ciudadano se anteponga al de los poderes económicos?”. Por supuesto que tal hipótesis solo resulta posible contemplarla a partir de la aparición de un movimiento internacional de amplio calado que la recoja; un contrapoder popular que debería hacer de Europa su primera victoria. Eso es lo que líderes e intelectuales como Yanis Varoufakis, antiguo ministro de finanzas griego, al frente de diferentes colectivos, trata de impulsar a través de la iniciativa DiEM25 contra la austeridad, por una Europa democrática.

Como escribe el Nobel de Literatura J. M. Coetzee en su novela Diario de un mal año:

la cuestión de por qué la vida debe equipararse a una carrera o de por qué las economías nacionales deben emprender una carrera para ver cuál supera a las otras, en vez de correr como compañeras y en beneficio de la salud, no se plantea… Pero, sin duda, Dios no hizo el mercado. Y si los seres humanos lo hicieron, ¿no podemos deshacerlo y volverlo a hacer de una manera más amable?[106].

Con todo lo comentado hasta aquí, no es de extrañar que la reacción por parte de la aristocracia financiera y las castas ante este pseudomotín de quienes consideran que su voz debe ser tenida en cuenta haya sido la de tocar a rebato y declarar la guerra sin cuartel a los rebeldes y disidentes. No pueden permitir que el pueblo se emancipe e intente legítimamente arrebatarles sus privilegios. ¿Cómo intentan plantear esta estrategia de confrontación? Desprestigiando, difamando, desorientando, deslegitimando la opción y a quienes la representan para posteriormente reducirlos al silencio. Atacando con toda la provocación y acometividad posibles a quienes se presentan como portavoces y representantes de esa parte del pueblo insumiso que ha gritado “¡basta ya”! y que, lleno de indignación, está aprendiendo a no rendir su soberanía.

Antisistemas, agentes infiltrados de Irán, admiradores de los regímenes de Venezuela, Cuba y Corea del Norte, subversivos financiados ilegalmente por países extranjeros, populistas, demagogos, perroflautas, comunistas, aliados de ETA, rompedores de la patria, separatistas, corruptos, violentos, provocadores, golpistas, espías de Rusia, resentidos pagados por potencias extranjeras, revanchistas, leninistas 3.0, revolucionarios, portadores de la pobreza y del mal, quema iglesias… Todo esto forma parte del listado de apelativos y descalificaciones con los que el Sistema ha arrancado su campaña de descrédito y que se ha visto aumentado, en su gravedad y difusión, después de los resultados obtenidos en las contiendas electorales… En definitiva, más de lo mismo y de lo de siempre: miedo, exorcismo de males y desorientación sin límite…

Pretender trasladar a la sociedad el argumento de que dentro de nuestro sistema de convivencia se han infiltrado agentes al servicio de potencias extranjeras, que bienviven a costa de ellas, que tienen la misión encomendada de corromper al pueblo con el virus del odio y el levantamiento contra la paz y la concordia alcanzada en estos años, implica tratarla de necia. Y si a esto se añade el que una parte de ese pueblo, supuestamente la más influenciable y débil —estaríamos hablando de más de 5 millones de individuos—, habría resultado contaminada por esas fuerzas bolivarianas y castristas que pretenden la demolición de la patria, y por lo tanto habría que ilegalizar ese nuevo partido político para después hacer retornar al redil a todos los descarriados… resulta cómico, y también hiriente, al comprender la valoración que atribuyen a la capacidad de pensar de la gente.

Por contra, jamás se verá a esas elites dejar a un lado las descalificaciones y entrar en el debate profundo de las ideas y las propuestas; probablemente porque saben que lo perderían. A lo máximo que se permiten llegar es a tildar dichas proposiciones de “demagógicas y populistas”, sin especificar por qué. ¿Acaso puede considerarse así la voluntad de reforzar los derechos laborales de los trabajadores?, ¿o la de mejorar el gasto público consagrado a educación o sanidad?, ¿o la intención de ralentizar el inasumible ritmo de reducción del déficit público o del pago de la deuda?

Toman a la gente por cretina, manipulable y carente de toda capacidad para forjarse una opinión que no sea la que ellos les predican. Quizás hemos hecho méritos para que piensen de esta manera. Como escribe David Trueba en su columna en el diario El País: “Si hoy es martes, los españoles estarán tragándose otra mentira sin pestañear. Eso es un mérito nacional, porque no parece que haya país que trague con similar docilidad”.

 Con la máxima legitimidad, el pueblo insumiso ha entrado en las Instituciones para hacerse oír, enarbolando una propuesta democrática que plantea una enmienda a la totalidad del modelo en que se había asentado un Sistema agotado.

5.2. El pueblo resignado

La anterior legislatura bajo la hegemonía del Partido Popular ha representado, más allá de los hechos políticos y sociales sucedidos a escala nacional, un enorme desplazamiento y cambio en las estructuras y anclajes de cohesión sobre los que se asentaba el modelo de convivencia que los ciudadanos nos habíamos otorgado en 1978.

Durante ella el Parlamento español se ve obligado a renunciar a una parte de su autoridad y autonomía para someterla a los dictados políticos, económicos y sociales que prescriben el FMI y los organismos europeos – convertidos de facto en un gobierno ejecutivo - y así cumplir con los compromisos adquiridos en materia presupuestaria, de déficit público y de reformas estructurales, que se agrupan en el marco de aplicación de las directrices PEC (Pacto de Estabilidad y Crecimiento), de acuerdo con los patrones de comportamiento que imponen Los Mercados, es decir, los grandes prestamistas e inversores internacionales. El ejemplo de lo acontecido en Grecia a lo largo de la primavera de 2015 resulta paradigmático del sometimiento de las naciones al nuevo Orden Internacional.

A este respecto, vendrá a marcar un hito la reforma del artículo 135 de nuestra Constitución que pactan, casi de manera clandestina, PP y PSOE en agosto de 2011, y que viene a refrendar, con rango constitucional, nuestro compromiso de sujeción al principio de estabilidad presupuestaria y el sometimiento de la nación a un nivel de gasto público que no supere “los márgenes de déficit estructural establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados miembros”. Simultáneamente, se incorpora al texto constitucional la prioridad absoluta del pago de la deuda pública por delante de cualquier otro gasto del Estado y la limitación futura para la emisión de deuda pública con la que hacer frente al gasto social. Y todo esto se pone en marcha sin consultar al pueblo, a sus espaldas, y prácticamente sin que llegue a enterarse del alcance de lo sucedido.

Puede afirmarse que este momento constituye el acta fundacional del neoliberalismo en nuestro país, ya que con la nueva redacción que se da a este artículo, se otorga carta oficial de funcionamiento a algunos de los principios fundamentales de esta doctrina. A partir de este momento, el modelo de economía social de mercado, que formalmente define nuestra Carta Magna, deja de aplicarse en la práctica, y, como en un juego de prestidigitación, se transforma en otro, de inspiración neoliberal.

Este cambio de modelo, que en sí mismo supondría un verdadero cambio de régimen, permitirá, a partir de este momento, a la derecha tradicional, apoyándose en la coartada de “la crisis acontecida y sus irremediables consecuencias”, tomar el timón de las reformas antisociales, los recortes y la austeridad de las que los españoles hemos sido objeto. Por otro lado, como consecuencia de esta subordinación aceptada de la soberanía nacional a un mandato superior internacional, la Constitución de 1978, como proyecto de convivencia democrática que venía a representar su articulado, deviene superada e incapaz para atender el reequilibrio de una situación que paulatinamente acentúa su inestabilidad, a través de una dinámica perversa que se retroalimenta y que viene a caracterizarse por:

–    Ajustes y recortes como requisito exigido por los Mercados;

–    Crisis social;

–    Desigualdad creciente;

–    Corrupción generalizada; y

–    Desánimo colectivo.

En definitiva, la Carta Magna expresa, con toda la gravedad de lo que ello significa, su insuficiencia para vehicular la convivencia en un entorno de bien común, esperanza, porvenir y progreso.

Al mismo tiempo, otros sucesos han venido a desencadenar también la ruptura en nuestro país del statu quo que había presidido el periodo democrático. El primero de ellos sería la agudización del histórico problema territorial español —consecuencia de la desunión y disputa entre los pueblos que conforman el Estado y que no consiguió resolver el modelo constitucional de las Autonomías—, que adquiere una nueva dimensión, una vez superada la tensión terrorista en el País Vasco, con el crecimiento inusitado del independentismo en Cataluña, que llega a plantear formalmente una declaración unilateral de independencia, con su mayoría obtenida en el parlamento autonómico apoyada con el 48% de los votos de la ciudadanía.

En el contexto de crisis social y política que se ha venido describiendo, los partidos nacionalistas catalanes de corte separatista (fundamentalmente arraigados en la burguesía tradicional) deciden romper la baraja y declarar solemnemente un “Queremos marcharnos de España y ser independientes”. Y ello lo hacen recogiendo no solo el impulso independentista que siempre latió con energía en una parte minoritaria del pueblo catalán, sino también la ola de insatisfacción y descontento reinante con el funcionamiento del Estado y sus instituciones. En Cataluña, lo identitario se erige como principal inquietud y aspiración, anteponiéndose a la problemática económica y social, tal como sucede en el resto del país.

Una ola importante de apoyo popular al independentismo agita este territorio. Una anhelo, más emocional que fundado en otros argumentos racionales rigurosos que no sean la voluntad de no compartir un proyecto común que se estima frustrante, sacude la sociedad catalana, que se echa a las calles con manifestaciones multitudinarias llenas de fanática alegría. “Madrid nos roba” se convierte en el grito furioso y a la vez festivo de la mitad de la población catalana, al que se contrapone un “No hay nada que discutir, que sometan a estos catalanes” emanado desde los reductos más españolistas y autoritarios que abundan en el resto de la nación.

En definitiva, por si la Constitución de 1978 no tuviera suficientes problemas, ahora también debe hacer frente a un reto lanzado a su modelo de articulación territorial del Estado. Un conflicto político de inmenso calado. Un pulso que, se quiera ver como se quiera —lo único que hasta el momento ha hecho el gobierno, como único elemento de diálogo contra los secesionistas, ha sido recurrir a la amenaza de la aplicación severa de la ley y de lo que esta prohíbe—, no tiene vuelta atrás, por haber penetrado en profundidad el tejido social de casi la mitad de la sociedad catalana. Una situación cuyo calado hipoteca todos los planteamientos de futuro para nuestra nación, si antes no se encuentra una solución que solo puede hallarse en el pacto político.

Y no debe olvidarse que, entretanto, la situación secesionista en el País Vasco se encuentra aparcada… temporalmente.

El segundo suceso sería que el PSOE, partido que había conducido el timón del país durante más de veinte años de democracia y que, en su momento, había resultado una útil y eficaz propuesta de izquierdas con la que se equilibraban las alternativas ideológicas que ofrecía el Sistema, ha abandonado sus últimos anclajes con la ideología socialdemócrata histórica (quizás como consecuencia de la extinción del proletariado que había constituido su sujeto político de representación) para, en sintonía con lo que estaban haciendo todos sus homólogos europeos, abrazar un Social Liberalismo de rostro amable. Una nueva ideología que no termina de ser ni lo uno ni lo otro, ni socialdemócrata ni liberal, pero que, en todo caso, se une a la derecha para rendir la espada ante la dictadura de los Mercados y aceptar la subordinación de la soberanía nacional a los mandatos de los organismos internacionales.

Este hecho, un descomunal corrimiento ideológico hacia el centro derecha, que se intenta camuflar ante la opinión pública y al que se adhieren, de forma aún más lamentable si cabe, por su actitud servil, los sindicatos históricos de clase, implica una enorme consecuencia y significación: el Sistema, ese Estado Social de Derecho instaurado en la Constitución, pierde su pluralidad ideológica y se transforma en un Estado de ideología única, el neoliberalismo. Los matices, que ya no son de derechas o izquierdas, sino de mero neoliberalismo frente a social liberalismo, pierden su sentido quedando relegados exclusivamente a determinados aspectos más aperturistas o represivos en el terreno de los derechos individuales (aborto, igualdad de género, seguridad ciudadana, etc.).

El PSOE deja así de cumplir su función como alternativa en el modelo social y económico (ya qué en el fondo acepta y se somete a los mismos postulados) para convertirse —y esto es lo que resulta extremadamente grave— en “la otra cara de una misma moneda” y, en consecuencia, se transforma en simple coartada de un sistema cerrado de ideología única, a los solos efectos de su legitimación democrática y de la alternancia en el poder. En efecto, un mero subterfugio y estratagema, al servir como referente de una supuesta e imaginada pluralidad de opciones ideológicas, imprescindible para que pueda hablarse de democracia, lo cual solo puede calificarse de rematadamente falso.

Cuando se relee nuestro texto constitucional, dan ganas de preguntarse: ¿a dónde han ido a parar las reiteradas menciones que en el mismo se incluyen a un Estado social, un orden económico y social justo; asegurar a todos una digna calidad de vida, la igualdad como propósito; la protección social, económica y jurídica de la familia; y el progreso social de los ciudadanos a través de una distribución equitativa de la renta, que se repiten en su articulado? Todo ello cayó en el olvido por sustitución de los principios y líneas de actuación que lo inspiraban, y, con ello, la mayor parte del propio espíritu constitucional que el Sistema se ha demostrado incapaz de proteger y garantizar. Insisto en su muy recomendable lectura, en caso de que se desee conocer y comprender hasta donde ha sido transgredido y prostituido el espíritu que lo inspiro, y que dio lugar a la confianza en el nuevo periodo democrático.

 Todo este inmenso corrimiento de las tierras constitucionales, realmente un terremoto en los pilares que sostienen el hogar nacional, resulta más o menos percibido por el ciudadano de a pie que, como antes imaginábamos, se sentaba cada noche ante su televisor para ver en las noticias las manifestaciones, el nuevo caso de corrupción, la desigualdad creciente, el sometimiento a los dictados de Europa, que impone nuevos esfuerzos de austeridad, la esterilidad de los debates parlamentarios, el secesionismo catalán, el desempleo de gran parte de la población, o los discursos fríos y economistas de Mariano Rajoy y el silencio culpable de la oposición. Una realidad imposible de omitir y ante la que cada cual decide tomar posición o no hacerlo.

Frente a eses minorías que ante el estado de las cosas gritaron fervientemente su “¡basta ya!”, la gran mayoría de la ciudadanía continúa contestando con él “es lo que hay”. Y en torno a estas dos voces, la que acepta la realidad como le viene dada y la que se plantea su cambio, se concentraría la posición intelectual y vital que cada ciudadano español ha decidido adoptar en estos cuatro años.

Reconozco que me resulta muy difícil encontrar explicación intelectual al hecho de que, a día de hoy, todavía algo más de la mitad de los españoles continúe votando a las formaciones tradicionales del sistema: PP y PSOE. Bien es verdad que aproximadamente un tercio de sus votantes les han abandonado —an-teriormente, entre los dos llegaron a copar el 80% del electorado que ejercía el voto— hacia opciones “limpias” a derecha o izquierdas —Ciudadanos y Podemos—, pero aun así, parece   complicado entender el que uno de cada dos españoles, con independencia de su ideología, se considere representado por formaciones que han demostrado ser incapaces de guiar el rumbo del país en el siglo XXI y, además, incurren una y otra vez en delitos de corrupción. Con todo, elección tras elección, esos 13 millones de votantes continúan ofreciéndoles con su voto indulto político y legitimación moral.

“Es lo que hay”.

Quizás una parte de la explicación pueda hallarse en el comentario publicado en su videoblog por Iñaki Gabilondo, el 26 de noviembre de 2015, bajo el título “Solo nos falta balar”[107], enunciado que expresa por sí solo su intención.

O en la interesante reflexión que a tal efecto publica la periodista y escritora Rosa María Artal bajo el elocuente título “En el Timo de la estampita solo caen los lerdos sin escrúpulos”[108]:

Perdemos demasiado tiempo hablando de Rajoy, sin embargo. De Rajoy y sus acólitos. Cuando la cuestión a dilucidar es cómo hemos llegado hasta aquí. Cómo es posible que Rajoy sea candidato —y el más votado, aunque no con mayoría— a presidir el gobierno y cuente con tales refuerzos en la prensa y en los partidos —Ciudadanos y baronías del propio PSOE—. Cómo están dispuestos a triturar, pulverizar, extinguir, a personas y partidos que se opongan a sus fines.

La principal diferencia que se aprecia con otras épocas –y no solo en España- es el arraigo de una nueva Era de la Ignorancia. Cuando más medios hay para informarse, más se huye del conocimiento. En 2013, la OCDE explicó, a través de un estudio, que los adultos españoles tienen el peor nivel educativo de los países que componen el organismo: los más desarrollados. En una especie de Informe PISA para mayores (de 16 a 65 años), encontró que somos los últimos en matemáticas de 23 países, y los penúltimos en comprensión lectora, solo superados por Italia. Junto a otros detalles que reflejan una profunda desidia. 

Estamos llegando al punto en el que leer un artículo (no hablemos ya de un libro) es un trabajo tan ímprobo como vaciar de piedras el cauce del Tajo. Así se han instalado dos vías para formarse un criterio fácil: atender a la noticia en píldoras de titulares, tweets, resúmenes de resúmenes y marear la perdiz en interminables tertulias que abarcan todas las horas del día en radios y televisiones. La primera, evita profundizar en ninguna idea, la segunda agota, machaca y disuade conclusiones, sobre todo si se trata de espectáculos que incluyen fantoches revienta argumentos.

La consecuencia es la que vemos. Un gran sector de la población no utiliza la razón para analizar, todo es un inmenso partido de fútbol para desatar las pasiones. Para elegir contrincante y apostar. Odian según instrucciones, creyendo a pies juntillas lo que dicen personas sin credibilidad.

Entregan sus destinos, el de sus familias y amigos, el de todos los demás conciudadanos a personas que les mienten, les roban, cambian de opinión como de calzoncillos, sacan provecho de sus trampas. A los que han echado a sus hijos y nietos del país por falta de oportunidades, les obligan a invertir sus pensiones en ayudar a sus familias, a pagar farmacia y salud, causan víctimas reales. Es como si no supieran relacionar conceptos que es la esencia de la razón. Ni se tomaran un mínimo trabajo de desbrozar lo cierto de la farsa. Aunque a estas alturas pocos son los inocentes.

Pero, por encima de cualquier otra consideración, ha de quedar sentado que cada persona es absolutamente responsable de lo que lee, oye y ve, de lo que reflexiona o simplemente engulle, de lo que decide, de lo que implican sus actos u omisiones. No echen culpas fuera. En el timo de la estampita solo caen los lerdos sin escrúpulos.

No constituye cuestión el respeto debido hacia las afinidades ideológicas, derecha, centro o izquierda, que cada cual pueda sentir en política. La duda es si resulta suficientemente coherente que tales posicionamientos solo pueden canalizarse a través de unos partidos políticos que han demostrado repetidamente su incapacidad para gestionar, en los momentos que corren, el interés colectivo con la mínima eficacia exigible, además de con honradez, transparencia e independencia de los poderes internacionales del capital, quienes, por el contrario, se encuentran enormemente satisfechos con ellos. Ambas formaciones, PP y PSOE, absorbidas por sus intereses particulares de poder antes que por los generales de la sociedad y arrastradas por el propio abatimiento del Sistema, no han sabido conducir al país hacia un proyecto ilusionante de futuro; un porvenir soberano y compartido que inspire una idea profunda y arraigada de confianza hacia unas metas comunes. Y a pesar de todo, continúan representando la opción preferida por la mitad de los españoles a la hora de gobernar. ¿Misterio inexplicable?

Podríamos hablar de miedo en el pueblo. Mucho miedo al cambio, a lo nuevo, a lo desconocido, a lo que no es seguro; aquello de “más vale pájaro en mano…” y de “Virgencita, virgencita, que me quede como estoy”…

Podríamos hablar también de falta de cultura y conciencia política; de comprensión de la realidad y sus tendencias hacia el futuro. Significativamente, es en las poblaciones rurales y entre los mayores de 50 años donde estos partidos tradicionales tienen su mayor bolsa de votantes. Haciendo honor a la verdad no conviene olvidar que entre los votantes menores de 34 años apenas consiguieron, entre los dos, sumar un 20% del voto emitido en las dos últimas elecciones generales (aunque entre este colectivo quien está más cerca de ganar sea la abstención).

 Podríamos hablar de acomodamiento, gregarismo y de falta de interés por plantearse preguntas y buscar respuestas; o de ganas de que te den todo masticado y resuelto. En este sentido, la pereza ante el esfuerzo que pudiera suponer considerar los planteamientos que proponen otras fuerzas y comprometerse con alguna de ellas, también podrían arrojar algo de luz en la explicación.

Podríamos hablar de aburguesamiento y preferencia por un orden establecido, sea cual sea, incluso aunque resultase ineficaz o injusto.

Podríamos hablar de indiferencia para todo lo que no sea el propio interés particular, sin llegar a comprender la influencia que diferentes opciones de gestión pública tendrán en el futuro personal de cada uno.

Podríamos suponer —¡qué español resulta esto!, como bien lo narraba y describía Benito Pérez Galdós— que pervive en nuestra genética un cierto espíritu de sumisión al amo; ese sentimiento arcaico de sometimiento dócil y satisfecho ante el patrón. (Al respecto, y ante la hipótesis de esa “fidelidad perruna”, vuelven a surgirme las dudas de si las ideas de “pueblo soberano” y de “soberanía nacional residente en el pueblo” han calado en nosotros realmente después de siglos de docilidad y mansedumbre, de generaciones enteras de nuestros ancestros que debieron postrarse ante quienes ostentaban el poder —aristocracia, Iglesia, Ejército y abolengo de cuna—. Una manera de ser que abarca prácticamente hasta nuestros días, con la Guerra Civil y la infame dictadura franquista.).

Podríamos hablar de intereses egoístas que anidan en la vasta red de influencias, a través del enchufe y el amiguismo, que sin duda han sabido tejer y extender desmesuradamente quienes han manejado la política y los recursos públicos en estos años.

Podríamos hablar de impotencia y nihilismo, de pesadumbre y pesimismo hacia el propio destino… Todo ello “tan español”.

Probablemente, en la amalgama combinada y bien proporcionada de todas estas posibles explicaciones encontraríamos la respuesta al extraño fenómeno que representa esta lealtad fanática a unas siglas, pero aun así, faltaría algo… esa explicación final y definitiva que justificaría lo que, en su dimensión, parecería injustificable, y que solo podría encontrarse en nuestra propia idiosincrasia, cultura e historia como pueblo; esa que ha venido a denominarse “La España Profunda” y las certezas que encierra.

Hace años escribí algunos artículos al respecto. Al releerlos compruebo su vigencia, y no me resisto a incorporar algunos párrafos:

[…] Y aún quedaría por hacer mención de otra España, sin duda la más auténtica, la más profunda, la más real. La que se describiría por sus propias actuaciones. La que, de derechas o izquierdas, nacionalistas centrales o nacionalistas periféricos —en España, lo reconozcamos o no, todos somos feroces nacionalistas, aunque sea de nuestro barrio…—, o mejor aún, de nada ni de nadie, mantiene otros objetivos, valores o principios de partida configurados por la realidad de sus componentes.

La España de los españoles. La de aquellos sin ideología, la de quienes anteponen provecho a creencias, la de quienes dicen que de esto no entienden, la de quienes opinan según la opinión de otros que más les ha gustado, la de quienes prefieren esperanza a verdad.

La España del 30% de empleo precario, la España de los mileuristas y los pobres becarios, la de los parados y los contratados temporalmente a perpetuidad. […]

La de las casi diez rupturas de pareja a la hora, la de las nuevas parejas homosexuales o las familias monoparentales.

La de la violencia doméstica, la de la aún feroz discriminación de la mujer, la del machismo latente. La que nunca reconocerá su feroz racismo.

La España de la prensa rosa y el chismorreo feroz del corazón, la entrepierna o todo morbo, cutre y paleto que se ponga de por medio. La de los reality shows y la búsqueda desesperada de la popularidad. La del casi medio millón anual de intervenciones de cirugía estética; la del afán por el consumo y el dinero; la de los infinitos centros comerciales, y que cuenta con más sucursales bancarias de toda Europa. La de las tertulias radiofónicas donde todos saben todo sobre todo. La de los miles de millones para fichajes de jugadores de fútbol.

La que menos lee de Europa. La del fracaso escolar.

La del 15% escaso de practicantes habituales de una religión católica, pero en el que el 85% se declaran pertenecientes a ella. La de las innumerables procesiones cristianas, algunas con rasgos histéricos; la del temor a los curas y a la jerarquía religiosa aunque luego nadie respete sus preceptos. La del culto a la muerte.

Los del 20% del PIB en negocios y actividades económicas en negro. La de la evasión y el fraude fiscal.

La de las nuevas mafias criminales internacionales, la del segundo país del mundo en consumo de cocaína y gasto en juegos de azar. La primera de la OCDE y la tercera del mundo en gasto por ciudadano en servicios diarios de prostitución.

La España del botellón y las mayores discotecas del mundo; la de los seminarios vacíos y los after-hours a tope; la del mayor número de bares por habitante del planeta. La de la paella y la sangría, el gozo y el desparrame, la de la siesta y el buen vivir.

La del salario mínimo y las pensiones bajas. La del rechazo, reconocido o no, al extranjero, sobre todo si es pobre.

La España de los nuevos grandes ricos y los muchos a punto de devenir pobres, donde la deuda de los particulares alcanza una de las cotas más altas del mundo —hasta el 160% del PIB—.

La de la hipocresía pública, las apariencias, la envidia galopante y la mala leche que carcome… Los españoles de esa España que sabe como nadie agacharse ante el poderoso y manifestarse altiva e intolerante con el débil.

Y, con todo eso, uno de los países mejor calificados para vivir en todos los rankings y encuestas del mundo —aun-que ahora sea un poco menos, como consecuencia del desempleo— por su calidad de vida, en parte naturalmente cierta, pero en parte también debido al despilfarro, los pelotazos, el amiguismo, la corrupción y todos los demás excesos desplegados hasta hace bien poco.

Esta España es tan real como aquella otra que describiríamos hace cincuenta años, en el arranque del desarrollo de los sesenta. Esa de la que […] apenas quedaban otros puntos en común que una cierta alegría y simpatía connatural que se une a las ganas de vivir, la espontaneidad y el estilo abierto y amigable de sus gentes.

O el invencible estribillo de la animosidad escondida y el chismorreo, la picardía y la golfería pícara de la que ya nos hablaba Quevedo, transformada hoy en formas más sutiles de puterío y sinvergonzonería.

O el aún limitado nivel cultural y sentido cívico.

O ese cierto instinto inconsciente para fastidiar al prójimo —incluso aunque luego se le ayude—.

O la dificultad para asimilar plenamente conceptos como

innovación, modernidad, eficacia, conciencia ciudadana y competitividad…

Todo ello más el sol, la pródiga naturaleza, la exquisita alimentación mediterránea […], y ese hedonismo característico, que rompe con siglos de frustración moral, que nos ha llevado a gritar: «¡Nuestro cuerpo es un parque de atracciones!».

Diferentes Españas. Distintas visiones, planteamientos y una sola realidad.

Esta declaración de pasotismo frente a la implicación política […] ha ido conduciendo al país a un nivel inusitado de pobreza moral, social y política a cambio de un vivir a la búsqueda del gozo, en ocasiones más allá de lo que resultaría lógico y procedente.

Fútbol, toros, fiestas patronales, puentes y festivos, cuatro horas diarias de televisión, crédito para comprar cosas que le hagan a uno sentir más cómodo —y, por falsa deducción, más feliz—, publicidad, bares, copas, prostíbulos, institutos de cirugía estética, juegos de azar, innovaciones tecnológicas, realidad virtual, videoconsolas, relajación de las costumbres, todo el bendito sexo que se pueda, cuentas corrientes con sus extractos bancarios a revisar, familia, amigos, celebraciones, litronas, viajes turísticos, jugosas y magras hipotecas para sentirse propietarios, productos financieros y cuentas corrientes, centros comerciales, «currelo», ganar dinero, marcas de todos los productos —cada vez más deseables—, música, tonadilleras, escándalos del corazón, festivales, caravanas de coches en la carretera camino de la playa o la montaña, pelotazos, escaqueo en el trabajo, gorroneo, enchufes, tinglados y chiringuitos, chapuzas a mansalva, teléfonos móviles para desarrollar nuestra insaciable necesidad de hablar y hablar sin parar, drogas, alcohol, promesas de un futuro mejor…

¡Cuántas posibles maneras de emplear el tiempo de forma más placentera que enfrascados en la sesuda y aburrida reflexión sobre nuestro porvenir y el de nuestra sociedad!

Aunque ahora no resulte tan sencillo eludir la preocupación, cuando se empieza a escuchar reiteradamente que la clase media parece estarse extinguiendo —tres millones de españoles, según datos estadísticos, durante el mandato de Rajoy—, todo continúa queriéndose ver natural y legítimo a los ojos de unas clases medias aburguesadas, si con ello no nos hubiéramos ido convirtiendo en lo que de forma tan esclarecedora describía el abogado José María Ruiz Soroa recientemente:

Una sociedad civil [la española] sin músculo democrático ha producido rendimientos institucionales muy pobres. […] En España la sociedad ha asumido, con cinismo democrático, una actitud de consumidora política y se ahorra los costes de la implicación. ¿Para qué, si no sirve de nada? (se dice). Este desafecto ciudadano permite a los partidos ser cada vez más autistas. […] El absentismo [en la participación] es una respuesta racional a una percepción de autoinsignificancia política. […] ¿Puede funcionar la democracia en automático?”

Excelente manera de expresar simbólicamente lo que está pasando… El autor prosigue:

Lo que aparece ante nosotros es una sociedad con el índice europeo más bajo de interés por la política, muy incompetente para comprenderla, con unos niveles ínfimos de asociacionismo ciudadano y de capacidad crítica para con las decisiones públicas… Todo es congruente, sí, pero como pescadilla que se muerde la cola: los ciudadanos no se implican porque creen que no sirve de nada, y el funcionamiento defectuoso de la representación y la responsabilidad no hace sino confirmarles en esa opinión. […] El desafecto ciudadano es el que permite a los partidos políticos adoptar comportamientos cada vez más autistas, irresponsables y sectarios. Ni siquiera la corrupción directa tiene costes electorales o de contestación apreciables.[109]

Quizás aquí se encierre la respuesta a la pregunta que se formula José Luis Sampedro: “¿Por qué el público ha seguido votando a políticos tan descuidados en la defensa del pueblo?”[110].

A esta nuestra eludida responsabilidad como sociedad civil en todo cuanto ha venido sucediendo, añadan ese otro gran proceso de persuasión condicionante (“hagamos que lo intolerable parezca imprescindible”, como proclama El Roto en una genial viñeta) al que se nos ha venido induciendo por los altavoces del Sistema: el mundo es productividad; las metas sociales se miden en términos de productividad; la economía y la política son productividad o no son nada… […]

 Productividad para alcanzar la quimera del oro: exhortación repetida una y mil veces hasta que nos la hemos creído, suponiendo inútiles o equivocadas todas las demás.

Sociedad dormida. Sociedad a la que han dormido. Aunque ya no resulte tan sencillo continuar eludiendo el despertar y afrontar una realidad que nos aboca a la mayoría de nosotros a terminar, unos antes y otros más adelante, convertidos en ese estamento social que ha venido a denominarse de los “autómatas vulnerables”, calificativo lo suficientemente expresivo para no requerir mayor comentario. Sociedad inmersa en la confrontación del odio ante ciertas ideas, que perpetúa la imagen del cuadro Duelo a garrotazos de Goya. Ilusos unos y otros, creyentes en milagros de un vivir mejor que ya no volverá si no somos capaces de conquistarlo por nosotros mismos. Una nueva y diferente lucha de clases.

Y entre tanto, la gran mayoría social del país aceptando sin rechistar su derrota, convertida en injustificada esperanza de que “me quede como estoy”. […]

Pero, ¿de qué democracia estamos hablando?…[111]

Esta realidad de España y de una parte de los españoles, sin duda la auténtica mayoría social del país, constituiría la mejor explicación a lo que nos acontece en términos de inconsciente resignación. En efecto, para unos cuantos, demasiados, el atributo de ciudadanía constituye un título que se ha renunciado a ejercer… quizás por representar un deber demasiado pesado.

TERCERA PARTE

100 PROPUESTAS PARA FRENAR EL NEOLIBERALISMO

Persiguiendo una sociedad más justa

en nuestro país

1. El compromiso de una sociedad fuerte

Sin apenas percatarnos hemos pasado (o nos han pasado) de una Sociedad del Bien Común a otra de la Competitividad Total. Como consecuencia, los pueblos afrontan un periodo crucial de su historia en el que deben optar entre dos opciones, opuestas y antagónicas, con respecto a su futuro: salvar el modelo democrático que con tanto empeño, esfuerzo y sacrificio lograron conquistar, en la mayoría de países, a lo largo de más de dos siglos, o retornar al Antiguo Régimen autocrático anterior a aquel —eso sí, modernizado y adaptado al siglo XXI—, revestido bajo la fórmula de Dictadura Amable del Capital. Soberanía residente en el pueblo o Soberanía ejercida por la minoría más fuerte. Esa es la encrucijada en la que se halla el mundo en la actualidad.

A lo largo de los capítulos anteriores se ha intentado demostrar la incompatibilidad social, política y filosófica entre neoliberalismo y democracia a medio plazo. Ahora se trataría de saber qué se quiere y qué hacer de ahora en adelante. En efecto, si en democracia la soberanía reside en el pueblo, será este quien deba decidir su destino, asumiendo para ello la responsabilidad de salvar un modelo que lo liberó de la condición de súbdito y le aupó a la de ciudadano.

Una tarea extremadamente complicada y difícil en unos momentos críticos, probablemente decisivos en la Historia, en los que la idea de la autoridad y poder del Estado se ha visto subvertida y desplazada en sus condiciones necesarias para ejercer su capacidad. Como enuncia el sociólogo y ensayista polaco Zygmunt Bauman, recientemente fallecido:

el Estado se ha visto expropiado de una parte considerable (y creciente) de su antaño genuino o presunto poder (para hacer cosas), del que se han apropiado fuerzas supraestatales (globales) que operan en un “espacio de flujos” (Manuel Castells dixit) fuera de todo control político […]. Esto significa que las finanzas, los capitales de inversión, los mercados laborales y la circulación de mercancías se sitúan fuera de las atribuciones y del alcance de cada Estado, pasando a estar manejados por esos otros poderes globales emancipados del control político que operan en ese espacio supranacional de flujos imponiendo sus decisiones […] La política y el poder se han divorciado, incapacitando a los Estados para tomar decisiones apropiadas […] al carecer de los medios y recursos necesarios (los que emanaban de su poder territorial perdido) para su tarea de dirección, regulatoria y de control salvo la mera administración rutinaria […] Las grandes decisiones se toman en otros lugares por los auténticos poderes fácticos quienes por su naturaleza supranacional no están obligados a observar las leyes y ordenanzas locales…[112].

Ello es así porque “el pacto social” entre las fuerzas del Trabajo y del Capital que yacía dando soporte a la idea democrática, de la que el Estado-Nación constituía su expresión más elevada, se ha venido abajo debido a la consolidación hegemónica del Capital, libre ya de restricciones, sobre una mano de obra cada vez menos necesaria. Si a cada periodo de la historia de la economía le corresponde un modelo político que le aporte estabilidad, resulta evidente que, superada la época industrial, al nuevo capitalismo líquido no le corresponde ni le conviene una formulación democrática que pueda ponerle freno. Otra cuestión será lo que le convenga a la ciudadanía.

Y ante ello, la percepción día tras día de la debilidad reivindicativa que expresan unas masas abducidas por la sugestión neoliberal del “provenir esperanzador”, encerradas en la apatía, la comodidad y el miedo con el que han sido inoculadas, no deja de producir desazón.

Lo sucedido en Grecia a lo largo de 2015, donde la voluntad del pueblo de romper con las medidas impuestas de más austeridad y recortes se ve rechazada y obligada a renunciar ante la presión del capitalismo internacional capitaneado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la propia Unión Europea y la terrible amenaza de ver completamente cerrado su grifo de liquidez y el acceso a los mercados internacionales de capitales, resumiría fehacientemente la situación. La democracia, a través de la voluntad reiteradamente expresada por los ciudadanos de ese país, debe someterse al mandato de los Mercados.

 Se acerca el momento de que, al igual que los griegos, cada pueblo se enfrente a su destino social y político. Se acerca una hora que no tiene retorno. Lo terrible es percibir que no siempre la ciudadanía es consciente del alcance de la situación ni de las consecuencias que se derivarán de sus decisiones o de su propia inacción. Algo falla; la resignación o la indiferencia nunca serán la solución.

En lo que respecta a España, la situación no puede ser más preocupante. Un marco constitucional agotado que ya no es capaz de dar respuesta a los grandes debates del presente (paro, desigualdad, separatismo, crisis política, corrupción…) ni del futuro (ilusión, confianza en un proyecto económico, revitalización política); unos partidos políticos y unas fuerzas sociales —sin-dicatos, patronal— heridos de muerte por el estigma de su     descomposición galopante inherente al propio Sistema, que revolotean como gallos decapitados incapaces de atender sus funciones como gestores de las necesidades de la ciudadanía; unos poderes del Estado desacreditados en su eficacia e independencia; un sistema de protección social en inminente riesgo de colapso… No hay plan ni proyecto para revitalizar el Sistema que en 1978 institucionalizaba la monárquica parlamentaria; ni un solo valor moral, social o político —salvo la exaltación de las gestas de algunos de nuestros deportistas— que sirva de inspiración y marco de referencia para afrontar con confianza un proyecto común como sociedad.

En definitiva, un estado de “empantanamiento general”, como bien lo describe el periodista Iñaki Gabilondo[113] y así lo ratifica el catedrático Javier Pérez Royo en su libro La reforma constitucional inviable cuando escribe:

¿Estamos asistiendo a una quiebra sistemática, es decir, a una quiebra que va a exigir la sustitución del marco constitucional y legal, el bloque de la constitucionalidad podríamos decir, en el que se gestó el sistema de partidos a través del cual se ha expresado políticamente la sociedad española desde 1977 o, por el contrario, nos encontramos ante una crisis de gran envergadura, sin duda, pero que puede resolverse mediante retoques puntales que no exijan la sustitución del bloque de la constitucionalidad?[114].

El autor se inclina por la primera hipótesis —lo cual comparto, como lo hacen en privado muchas voces autorizadas, aunque eviten reconocerlo públicamente para proteger su imagen—.

Resulta preciso llegar a conformar cuanto antes una nueva izquierda de carácter no marxista, plural pero unida, formada por la auténtica mayoría social del pueblo que haga despertar a esas conciencias “tranquilamente insatisfechas”, resignadas al “es lo que hay”. Un movimiento transversal que vertebre un discurso claro y contundente de Regeneración basado en la ruptura con la partidocracia corrupta, la reconstrucción del marco constitucional, la solución a los conflictos territoriales, la recuperación de los valores democráticos y la prioridad social como opción política. Si por el momento resulta imposible confrontarse de frente contra el orden neoliberal, al menos mantengamos las espadas en alto mientras se modula un discurso, fuertemente marcado por los principios inspiradores del republicanismo, donde la ciudadanía se anteponga a los Mercados y el trabajo, al capital.

Para llegar hasta aquí se precisa, ante todo, de formación, información, comprensión y compromiso por parte del pueblo. Conducir a cada ciudadano hacia esta toma de conciencia requiere previamente de un gran liderazgo aglutinador. Un liderazgo fuerte, firme y contundente, capaz de ser escuchado, de romper con prejuicios y tópicos y proclamar una alternativa creíble y razonable que venza el miedo y la resignación de la mayoría popular. Y para ello se antepone la imperiosa necesidad de organización y disciplina, talón de Aquiles habitual en los movimientos de origen popular.

  Una estructura jerárquica eficaz, cuando parte de su libre elección por las bases, no constituye un factor de imposición y sometimiento; al contrario, permite que las actuaciones no se dispersen ni se diluyan en un cierto caos sin rumbo.

La nueva izquierda anti neoliberal necesita de disciplina, conocimiento y precisión a la hora de trazar y ejecutar una estrategia precisa a medio y largo plazo que huya del tacticismo y de lo inmediato, así como de encontrar uno o varios líderes, sólidos y solventes, que encarnen el ideario que pretenden impulsar. Unas figuras dotadas no solo de carisma, sino también del respeto y la confianza, que permitan arrastrar a una ciudadanía aletargada hacia un nuevo proyecto activo y militante. Solo la movilización popular, la de un pueblo que asume su responsabilidad, puede ser capaz de hacer frente a esas minorías corruptas que solo trabajan para sus intereses de poder al servicio de los fuertes.

El proyecto de esta Nueva Izquierda debería ser capaz de afrontar el colosal reto que supone el tiempo presente, el advenimiento de una nueva era en la que todo evoluciona y se desarrolla a una velocidad inusitada. Un proyecto al que definiría como el de construcción de una nueva sociedad fuerte inspirada en valores republicanos, en el que una ciudadanía preparada, competente y comprometida, sustituya al antiguo proletariado como fuerza del cambio. Una nueva masa social, instalada en el más amplio saber y conocimiento desde el que hacer frente a las aristocracias financieras, que renuncie como punto de partida a cualquier retorno hacia modelos de gobierno del pasado, hoy caducos.

Si la idea del “Estado Omnipotente” como planificador y gestor único del bienestar ha resultado enterrada por unas u otras razones, no es cuestión de plantearse regresar a ella. Es más, aunque se considerara conveniente —lo cual sería bastante discutible—, ya no sería posible tal retorno, puesto que ha quedado demostrada su relativa incapacidad para intervenir como planificador del orden social. El macroestado providencial y redentor, sobre cuyos pilares depositaban los ciudadanos su plena certidumbre y tranquilidad, ha sido superado. Sin embargo, esto no implica en absoluto depositar la confianza colectiva en la alternativa, esa “mano invisible de los Mercados” —como propugna el neoliberalismo—, la cual ha probado sobradamente, y sigue demostrando, las dolorosas consecuencias económicas y sociales que provoca su acción sin control y guiada tan solo por criterios de rentabilidad.

Desechados tanto el Estado como los Mercados como vectores del progreso, la apuesta debería depositarse en la Nueva Sociedad: una sociedad del conocimiento, avanzada y responsable, desprendida tanto de su incómoda y caduca masificación como de su individualismo codicioso. Una sociedad en la que el Estado asumiría un nuevo rol como agente dinamizador, que continúe apostando por el hombre y por la imprescindible vinculación entre el desarrollo social y el desarrollo personal.

Una sociedad inteligente, firme y segura en su rumbo, que no se sienta dependiente para su seguridad ni de un Estado protector ni, menos aún, de unos Mercados que solo se basan en el interés economicista. Una sociedad que se siente dueña de sí misma porque es consciente de la realidad y de los retos y dificultades que plantea el tiempo en el que vive. Una sociedad del compromiso libre. Una sociedad de ciudadanos puestos en pie.

Frente a una sociedad adormilada como la que contemplamos a diario, invocar la construcción de una sociedad fuerte podría parecer una utopía, un mero brindis al sol. Así lo sería, en efecto, de no ponerse en marcha una serie de planes estratégicos encaminados a fortalecerla y dotarla de conciencia de sí misma. Un proyecto de autodeterminación ciudadana que la situaría por encima de sus falsos “salvadores”, Estado y Mercados, y sobre todo, de las gravísimas consecuencias derivadas de la filosofía existencial que inspira el neoliberalismo. Un rearme colectivo que debería hacer avanzar el proyecto de esa Nueva Izquierda para la construcción de una sociedad fuerte hasta su consolidación.

Me permito enunciar los nueve grandes proyectos que constituirían los pilares sobre los que se asentaría ese nuevo marco de convivencia que devolverían la autoridad y responsabilidad a una ciudadanía libre, capacitada y comprometida:

1. Un nuevo modelo de fiscalidad que permita acometer en plenitud los retos colectivos del presente y el futuro.

2. Un proyecto ilimitado para la Educación pública de máximo nivel, que nos instale en el universo del saber, el aprendizaje continuo y el conocimiento.

3. Una amplia regeneración de la política mediante la transformación del modelo político.

4. Una reforma profunda para la revitalización de la Justicia.

5. Una solución eficaz y definitiva al modelo territorial del Estado español.

6. Una reconstrucción completa de la organización y funcionamiento de las Administraciones Públicas, que sea capaz de hacer frente a las exigencias del siglo XXI.

7. Una revitalización enérgica de otras instancias e instituciones del Estado, dentro del marco de la reforma del régimen constitucional de 1978.

8. Una instauración inviolable del principio de transparencia en el desarrollo de las relaciones entre la Administración y los administrados, que sustituya las anacrónicas fórmulas de dependencia y subordinación, todavía hoy vigentes por imposición.

9. Un nuevo modelo económico, inspirado por los postulados de sostenibilidad, desarrollo, alto valor añadido e innovación. Como explica el economista José Moisés Martín Carretero:  

No podemos seguir apostando por un crecimiento insostenible y de baja cualificación, volviendo a orientar la estrategia de desarrollo sobre la poca cualificación de la población, el sol y las playas, el terreno para edificar, los servicios sin valor añadido y la financiación barata […] o acabaremos de nuevo como en 2008.[115]

Todas estas medidas estarían encaminadas a dotar de nuevo vigor y sentido a esa idea fundamental de Bien Común compartido, que nadie puede pretender derribar porque debe seguir constituyendo la gran meta final de la política y la economía, pero a la que debe dotarse urgentemente de una interpretación actualizada acorde con el nuevo siglo.

2. Un nuevo modelo de fiscalidad al servicio del futuro de todos

La Sociedad —y más aún la Nueva Sociedad de la que estamos hablando— necesita dotarse de los recursos precisos con los que hacer frente a sus indiscutibles retos que le plantean el presente y el futuro. No hay que retornar a la idea del “gran Estado regulador” para comprender que el conjunto de personas que conforma una comunidad —aquella que intenta desarrollarse unida mediante lazos de cooperación en provecho recíproco— debe disponer de los medios económicos que le permitan avanzar en conjunto y ser competitiva, sobre todo en el entorno actual, marcado por el increíble progreso que se está dando en todos los órdenes de la ciencia. Ello implica disponer de instituciones fuertes; de organismos públicos eficaces; de un marco jurídico que garantice la estabilidad social y la aplicación de un modelo distributivo moderno y dinámico; de una Justicia ágil, resolutoria, avanzada e independiente; y, casi con prioridad sobre todo lo demás, de los medios necesarios para impulsar al máximo la cultura, el conocimiento y la educación. Es en ese aspecto donde España decide su futuro como país de primer nivel o como subordinado de los poderosos.

Esos recursos que faciliten situarnos como país puntero en plena era del saber no pueden ser patrimonio exclusivo de quienes tengan acceso a ellos en el ámbito privado; al contrario, la sociedad está obligada a facilitarlos y proveerlos allí donde no se dispongan, aunque solo fuera a los efectos de no ahondar, aún más, en nuestro palpable retraso en educación y en la insuficiente calidad de las instituciones. Y estos medios solo pueden provenir de una fiscalidad eficiente. Nadie que asuma la idea de convivencia en comunidad puede rechazar que una parte de sus logros no deban revertir en la mejora de las condiciones de la propia colectividad y, ante todo, en sus mayores oportunidades de futuro.

En igual sentido, la colectividad necesita asegurar su cohesión y organización previniendo los desajustes internos en cuanto acceso al progreso que nos ofrece la evolución científica y tecnológica, con el fin de evitar las profundas injusticias sociales que puedan irse generando entre los que más van teniendo y los que no. Desde esta perspectiva, el equilibrio social no constituye solo una mera función benefactora, sino que responde a una lógica del desarrollo sincronizado. Es decir, no se trataría tan solo de “dar de comer al hambriento”, que también, sino de asegurar que “no vuelve a haber hambrientos”. Y para ello resulta preciso prevenir y corregir las diferencias frente a las oportunidades que a unos y a otros ofrece el porvenir.

Cuando la desigualdad entre grupos sociales adquiere caracteres significados y su tendencia es de incrementarse cada vez más, se convierte en la expresión más fehaciente de que antes o después se producirá una fractura en la convivencia armónica. La sociedad, como organismo social activo, está obligada a corregir este desequilibrio que amenaza la fortaleza de la coexistencia. Los recursos que se precisan para esta intervención, una vez más, deben provenir de esa fiscalidad eficiente, cuyo fin nunca puede entenderse como ente confiscador cuando se parte de la idea de una convivencia sana en un mundo desarrollado.

Por todo lo dicho, frente al falso debate que intenta instalar el neoliberalismo, la propuesta para constituir esa Nueva Sociedad Fuerte no puede ser más contundente: más Hacienda para dotarnos de mejores servicios, en aras del progreso hacia una nueva forma de entender el Bien Común, como principio esencial de la convivencia en el siglo XXI. Un periodo caracterizado por la tecnología y el conocimiento que precisa de su acceso, dominio y actualización permanente por parte de todos para no convertirse en siervos de la ignorancia.

La mejor manera, tal vez la única, de contrarrestar la tendencia imparable hacia la desigualdad entre las personas y prevenir la concentración y acaparamiento de las riquezas del planeta en menos manos, debería encontrarse en el manejo fiscal de patrimonios e ingresos de los individuos a través del establecimiento de mejores modelos de imposición directa, mucho antes que con imposiciones indirectas y al consumo, cuya función redistributiva resulta mucho más endeble.

A lo largo del siglo XX, la parte de la renta nacional dedicada a combatir la desigualdad mediante programas de bienestar social y facilitadores de la educación universal se incrementó considerablemente en los países desarrollados, llegando a aumentarse la recaudación fiscal para tal fin hasta en tres y cuatro veces. Si en 1870, el total de los ingresos fiscales de los países más desarrollados, como Suecia, Francia, Gran Bretaña o Estados Unidos, apenas alcanzaban el 8-10% de su PIB, en torno a 1930 se habían ido elevando hasta niveles que rondaban el 50%; porcentaje que unos años más tarde, entre 1950 y 1960, se alzaba aún más hasta más del 60% de su PIB después de atravesar periodos en que se aplicaron en las cifras crecimientos prácticamente anuales, especialmente en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Así lo acreditan los estudios de Thomas Piketty, publicados en su libro ya mencionado El capital en el siglo XXI[116]. Fue así, no hay mayor misterio, como se llegó a construir el tantas veces mencionado “Estado del Bienestar”.

Sin embargo, a partir de finales de los años ochenta o incluso algo antes, como consecuencia del advenimiento neoliberal y de la nueva hegemonía del capitalismo, la situación comienza a frenarse. A partir de 1990, los tipos máximos del impuesto sobre la renta caen brutalmente para situarse entre el 50 y el 35% de los ingresos —por ejemplo, en Estados Unidos cayeron del 70% en 1980 al 28% en 1988, en plena era del presidente Reagan—, y con ello se desploma la carga impositiva directa soportada por los contribuyentes con ingresos medios y altos. En consecuencia, comienzan a decrecer los presupuestos de las naciones expresados en términos relativos de un tanto por ciento sobre el PIB nacional.

Sin duda, tal estabilización de los ingresos fiscales, con tendencia a su reducción, supone una llamativa opción económica y política de carácter regresivo, aplicada en países en los que, al mismo tiempo, ven cómo se incrementan cada vez más sus necesidades en los campos de la sanidad y, sobre todo, de la educación debido al crecimiento de sus poblaciones. La conclusión, por tanto, no puede ser más nítida: el esfuerzo aplicado durante un siglo para construir un estado social de bienestar se ve frenado e iniciada su caída —pues aunque no hayan disminuido los importes totales recaudados, la misma cantidad aplicada a un mayor número de ciudadanos y necesidades ya implica una reducción—, máxime cuando, simultáneamente, las curvas de progresividad en las escalas fiscales se alisan de manera elocuente —las rentas más altas van pagando proporcionalmente cada vez menos, lo que se compensa haciendo pagar más a las rentas medias o más bajas—. Dicho de otra forma, se reducen tanto los tipos medios como la progresividad aplicada para con los más acaudalados, y comienzan a ponerse en marcha lo que posteriormente ha venido a denominarse “programas de consolidación fiscal”.

Como bien explica el profesor Piketty, la redistribución mediante la recaudación fiscal para nada supone «un secuestro de recursos económicos de los ricos para dárselos a los pobres»[117], sino que adquiere su sentido y legitimación en la necesidad de financiar entre todos una serie de servicios, comunes a todos, como la educación, la salud y las prestaciones sociales, para atender el progreso colectivo. Un fin amparado en el postulado ético y moral de la igualdad en el acceso a las necesidades básicas, imprescindibles para que exista la subsiguiente igualdad de oportunidades, en aras de un futuro armónico. Solo aquellos que no creen en el Bien Común por egoísmo o codicia —normalmente aquellos que, por tener más, deben contribuir más— pueden oponerse y argumentar contra la legitimidad de los impuestos como soporte que sustenta la sociedad democrática.

La cuestión que podría plantearse, si acaso, sería dónde situar el límite de la acción correctora redistributiva que la propia sociedad se impone a sí misma, como obligación legítima, dentro de una economía de mercado. O cuánto de la desigualdad puede ser atribuido a las circunstancias sociales en el momento en que nacemos y cuánto a la suerte, el destino, o al mucho o poco esfuerzo que pone cada uno para progresar en la vida, separando la diferente responsabilidad de la sociedad en cada caso. Como las respuestas a ambos interrogantes solo pueden ser de carácter ideológico, su solución debería resolverse en la confrontación democrática política, es decir, en las urnas donde vota el pueblo y en sus resultados. Lo cierto es que sin pagar los impuestos necesarios para atender sus fines, la idea de sociedad y su destino común carecerían de sentido, como se viene reiterando.

En sí mismos, los impuestos no son ni buenos ni malos; depende de con qué criterio de equidad se recauden y a qué se destinen. Hay necesidades colectivas que no se pueden obviar, del mismo modo que cada cual tiene sus legítimas necesidades y expectativas personales que también tiene derecho a poder cubrir. El equilibrio más adecuado entre ambas —las necesidades colectivas necesarias y las particulares— debería sustentarse en la bondad de una determinada política fiscal que evite, siempre y con contundencia, el despilfarro. Y en este sentido, lo cierto es que pensar en subir en valor absoluto las recaudaciones fiscales en países cuya economía apenas crece a un ritmo del 1-2% anual parecería equivocado, ya que tendería a empobrecer a las poblaciones. Otra cosa muy distinta sería modificar la proporción en la que cada cual debe contribuir y la magnitud recaudatoria de cada figura impositiva; es decir:

a)     repensar la progresividad (cuánto debe pagar cada tramo de ingresos y riqueza);

b)     reconsiderar los hechos imponibles sujetos a imposición (¿cuánto por herencias y patrimonios?, ¿cuánto debe aplicarse a los beneficios de las sociedades?, etc.);

c)      reconsiderar los tipos medios a aplicar sobre cada hecho impositivo (¿subir los correspondientes a los rendimientos del capital y disminuir los del trabajo, hasta cierto nivel de renta?).

Como podrá apreciar el lector, las opciones fiscales constituyen, en su amplio abanico, la base fundamental del debate político. Lo cierto es que los fundamentos sobre los que se asentaba el consenso en esta materia se han transformando en los últimos treinta y cinco años: si a lo largo del siglo pasado existía una aquiescencia mayoritaria —tanto en la fuerzas de izquierdas como en los políticos más conservadores— hacia la ampliación del estado social y la corrección de las desigualdades como meta de progreso colectivo mediante una acción política redistributiva, hoy vivimos una situación de enmienda a la totalidad de esta respuesta. En ello tendría mucho que ver la transformación que parecería haberse producido en el imaginario colectivo respecto a la impresión que genera “la persona rica”, quien ha pasado de ser percibido con el tópico de “aquel privilegiado ricachón capitalista que explotaba a los que tenían menos”, a ser considerado como “sujeto de admiración, por sus méritos como emprendedor y como persona de más valía, que crea riqueza, y gracias a él comen los menos capaces, que solo saben sobrevivir a base de vender su trabajo”… Del denostado resentimiento contra sus prerrogativas a la admiración como personas con capacidades superiores y virtudes… Ni que decir tiene que son ellos precisamente quienes han inspirado este cambio de percepción.

El siglo XX, como antes mencionaba, aportó a la historia de la fiscalidad en los países desarrollados la idea de la progresividad en los impuestos directos —aquellos que gravan a la persona y no tal o cual acto— y en las sucesiones hereditarias. La idea de progresividad implica que, en función de las características socioeconómicas de cada cual y de su situación en la sociedad, se pagan unos determinados tipos impositivos u otros, de acuerdo con unos tramos o escalas inspirados en el postulado de que “cada cual aporte según sus disponibilidades”, de tal manera que “cuanto más se tenga u obtenga, más se pague”. Diferentes a los impuestos directos resultan ser los denominados proporcionales —como son los impuestos al consumo o el propio Impuesto de Sociedades— en que el que todos pagan idéntico tipo o porcentaje impositivo ante un mismo hecho imponible —como sería el de comprarse un televisor o asistir a un espectáculo de cine, hechos por lo que en nuestro país se paga un 21% de su importe siempre, independientemente de la situación económica de cada cual—.

En la época anterior a las Revoluciones francesa y norteamericana prevalecían los impuestos regresivos: los pobres debían pagar mucho más que los ricos y nobles, quienes disponían de exenciones y privilegios. Una situación que tampoco resulta tan inusual en los tiempos actuales en los países anglosajones.

¿Cuál ha sido la situación en el siglo XX? Ya lo hemos comentado: una relativa progresividad —paga más quien más tiene—, moderada y casi plana para la mayoría media de la población, con inclinación ascendente, cada vez más pronunciada, para los más adinerados.

Como más atrás se mencionaba, desde hace unos treinta años, la realidad, como lo prueban los estudios estadísticos, es que esto está cambiando: se está volviendo a una manifiesta reducción de impuestos, acompañada de una cierta regresividad fiscal, como de manera harto elocuente reconoce el magnate Warren Buffet      —“Pago en proporción menos impuestos que mi secretaria”[118]—, favorable para los más acaudalados, especialmente cuando sus rentas provienen de rendimientos del capital, es decir, dividendos de acciones o intereses —cuyos tipos impositivos son muy inferiores, casi la mitad de los que se pagan por las rentas del trabajo y pueden tributarse cómodamente eligiendo hacerlo bajo la fórmula de persona física o, si resulta más ventajoso, como persona jurídica—. De resultas de la aplicación de políticas fiscales neoliberales, hay países, entre ellos España, que cada vez recaudan menos —en nuestro caso, 46.800 millones de euros dejados de ingresar entre 2007 y 2013 por el impuesto de sociedades; cifras que exigirán a posteriori, como contrapartida, nuevos recortes en el gasto social—.

Las consecuencias no pueden ser más evidentes: por más que se empeñe Mariano Rajoy en vendernos la bondad de las bajadas de impuestos —que luego cumplirá o no—, la realidad de números y cifras no tiene vuelta de hoja: si se recauda menos, habrá que recortar o suprimir servicios públicos, sí o sí. Si, además, cuanta más alta se encuentre una persona en la pirámide socioeconómica, menor porcentaje de impuestos paga sobre sus ingresos y patrimonios totales —el valor absoluto de lo pagado no puede incorporarse al debate—, nos encaminamos indefectiblemente hacia lo que venimos denunciando repetidamente en este libro:

–    una sociedad cada vez más desigual; y

–    una sociedad cuya acumulación de riqueza se concentra cada vez en menos manos.

Pero es que, además, no contentos con que los Estados cada día propugnen nuevas bajadas impositivas, la aristocracia financiera y las grandes multinacionales han ido creando, con la ayuda de abogados y entidades financieras, toda una tupida y compleja red de ingeniería jurídica y financiera que les facilita, a veces de forma alegal y otras ilegal, poder eludir, en no pocos casos, sus obligaciones fiscales de allí donde tienen su residencia, y el traslado de sus beneficios y patrimonios hacia países dotados de opacidad, donde se encuentran liberados de obligaciones tributarias o estas resultan de importe muy inferior. Estos son los famosos paraísos fiscales, cuya noticia constituye portada diaria de los medios de comunicación, y lugar en el que confluyen todas las castas del capitalismo, desde reyes a terroristas, desde empresarios y Premios Nobel a capos de las mafias y traficantes de armas. Para entrever la magnitud de la estafa basta con añadir que el 66% de la inversión extranjera en España, según informe preparado por Tax Justice Network, procede de estos limbos fiscales; no es poco…

En similar sentido escribe el periodista Ignacio Escolar:

No cabe duda de que los paraísos fiscales existen porque las elites lo permiten, porque ese crimen se tolera (entre ellos), porque quienes tienen las herramientas para cerrar para siempre estas cuevas de Alí Babá son los mismos que esconden allí sus tesoros. Son tolerados […] Bastaría una fracción de los esfuerzos y recursos económicos, diplomáticos, militares y legislativos que se emplean en combatir el terrorismo o el narcotráfico, para que este problema hubiese desaparecido hace décadas[119].

Y en ello abunda Piketty:

Si el estado Social de Derecho puede tener viabilidad de continuar, resulta esencial que el sistema fiscal mantenga un mínimo de progresividad […] La imposición fiscal de carácter progresivo se encuentra hoy en día sometida a una intensa amenaza tanto ideológica como políticamente…[120].

Según el informe de Eurostat 2015, España se situaba el año anterior entre los países con menos ingresos fiscales —34,4% del PIB incluidas cotizaciones sociales— de la Eurozona[121], cuando la media armonizada para los países que la componen, alcanza el 41,5%. Frente a semejante estado del problema, algunos especialistas en la materia, que se identifican con el pensamiento de izquierda, han lanzado una serie de propuestas fiscales de contenido socialdemócrata para nuestro país:

–    Aumentar el importe total de las exacciones por ingresos personales directos en unos 20.000 millones de euros, para situarnos en torno a la media europea de recaudación con relación al PIB — llegar a un 9.5% mientras nosotros nos situamos en apenas el 7.5%— mediante un incremento significado de su progresividad. Frente a esta hipótesis, el Informe Fedea 2016 remarca la inadmisible injusticia que preside nuestro actual sistema fiscal: el sistema tributario español solo consigue reducir el 2,8% de la desigualdad de renta en los hogares (consecuencia del peso del IVA y las cotizaciones a la Seguridad Social). El tipo efectivo medio fiscal es del 26,7% de la renta bruta con una mínima diferencia entre las diferentes clases sociales y capacidades económicas… Es así como los más pobres pagan el 28,2% de su renta —por encima de la media— y los más ricos apenas el 30%. El dato no por sorprendente resulta menos impactante….Al final, todos acabamos pagando prácticamente lo mismo…

–    Crear un impuesto sobre la riqueza universal de cada individuo —para lo cual sería preciso la alineación y colaboración de las Agencias Tributarias de todos los países del mundo— situando su tipo impositivo en el 1,5% para valores inferiores a diez millones de euros y del 2,5% para los montantes superiores.

–    Someter a mayor fiscalización, por encima de un mínimo razonable exento, el patrimonio neto de los particulares así como las sucesiones hereditarias, aplicándoles baremos agudos de progresividad.

–    Otorgar también progresividad en sus tipos a los impuestos sobre las rentas del capital, acercándolos a los de las rentas del trabajo.

–    Dar tratamiento fiscal a todas las transacciones financieras relacionadas con la mayoría de activos financieros en la que al menos una de las partes sea una institución financiera.

–    Reformular completamente el Impuesto de Sociedades que gravan los beneficios empresariales, suprimiendo exenciones y deducciones que rebajan escandalosamente el tipo real aplicado. España es uno de los países europeos con menor recaudación por este impuesto. (En 2016 apenas se rebasaron los 22.000 millones de euros, un escandaloso 50% menos que las cifras recaudadas en 2007, como consecuencia de una tributación media real que apenas alcanza el 15%, y de la que se escapan las grandes corporaciones que apenas lo hacen al 6%). Por este camino resultaría posible recaudar otros 15.000 millones de euros adicionales.

–    En todo caso, sería conveniente el establecimiento de un Impuesto de Sociedades europeo que armonice la política fiscal aplicada en todo el territorio de la Unión Europea, fijando reglas comunes en el cálculo de la base imponible que aseguren una recaudación creciente.

–    Mantener los tipos impositivos que gravan el IVA, incluidos sus tipos reducido y súper reducido, sometiendo a una feroz persecución su defraudación. El fraude fiscal y la economía en negro constituyen la otra cara, igual de indigna, de la corrupción. Se estima que cada año se defraudan en nuestro país más de 20.000 millones de euros exclusivamente por este impuesto, el IVA.

–    Y aún se anticipan otras posibilidades, como la fiscalidad verde, establecer un impuesto a la utilización de robots, la imposición sobre las transacciones especulativas, o la entrada en vigor del impuesto negativo sobre la renta (se entrega a la persona un tanto por ciento de la diferencia entre sus ingresos totales y el mínimo exento del IRPF, cuando aquellos son inferiores).

El siglo XX fue el periodo de la Historia en que la lucha por la igualdad de los ciudadanos —o al menos, por moderar la desigualdad—, el reconocimiento de la función social de las Estados y la creación de la protección y el bienestar como grandes objetivos políticos, adquieren mayor fuerza y aplicación La justicia social se constituyó mediante consenso compartido entre partidos de derechas y de izquierdas —más allá de la batalla política en otros terrenos y la natural tarea de oposición a los gobiernos—, que facilitaron la implantación de políticas fiscales progresivas y progresistas. En la actualidad acontece lo contrario.

Cuando se nos habla de que no hay recursos suficientes para financiar el estado del bienestar, en realidad lo que se nos está diciendo es que no existe voluntad política de financiarlo mediante una fiscalidad progresiva. La diferencia resulta enorme. En igual sentido, cuando se nos indica que la presión fiscal “resulta ya excesiva y que lo conveniente sería reducirla”, nos estarían ocultando que no solo resultaría posible y necesario incrementar el total de impuestos que pagan algunos ciudadanos, sino, ante todo, redistribuir progresivamente las cargas para que unos paguen menos y otros paguen más —especialmente las más significadas multinacionales—, mediante un sistema de reparto más equitativo.

El gran obstáculo para todo ello, aparte de una voluntad política que, como ya se ha visto, se encuentra secuestrada por las elites financieras —que son quienes en contrapartida, o en agradecimiento a los favores y reducciones fiscales, nutren de dinero a las castas—, se situaría en que en un entorno de globalización y de competición entre Estados, las ventajas fiscales para que los capitales circulen libremente se han convertido en elemento esencial de esa competición.

Estado social y progresividad fiscal caminan necesariamente unidos. Si desaparece esta, resulta inevitable la extinción de aquel. Con menos impuestos y menor recaudación fiscal, resulta técnicamente imposible financiar los mismos servicios públicos, por lo que no cabe otra opción que reducirlos. Lo que se evita que comprendamos, utilizando para ello la retórica más manipuladora, es que la progresividad fiscal constituye el compromiso imprescindible entre, por un lado, la justicia social, y por otro, la libre propiedad, el libre mercado y sus efectos; en ello se cimentó el pacto social que condujo a la construcción de las sociedades modernas en democracia. La eliminación de este pacto, esencia del debate democrático, solo puede conducir a la fractura social y, por ende, a la confrontación entre clases y el posterior sometimiento de la mayoría ante la elite más poderosa. ¿Con qué idea fundacional nacen si no países como los Estados Unidos? Y la misma pregunta podríamos hacer refiriéndonos a otros países, incluida España y su Constitución de 1978.

Lo cierto es que si, como ya proclaman las estadísticas y los datos socioeconómicos que está ocurriendo, el 1% de la población de un país democrático y desarrollado ha llegado a poseer alrededor del 50% de su riqueza y, simultáneamente, el otro 70% de los habitantes ven progresivamente decrecer su participación en la renta nacional, hasta el punto de no saber la mayoría de ellos si podrá llegar al final de mes, los valores democráticos fundacionales de ese país —empezando por los EEUU, la nación más desigual del mundo en términos relativos, y terminando por España— pierden todo su sentido y valor.

Cuando los ricos, que siempre han sido percibidos con “sospecha” a lo largo de la Historia, se encumbran ahora como los héroes admirados, y los pobres pasan a ser reconocidos como los fracasados culpables y resultan ser ahora “los sospechosos”, parece más que evidente que los principios de Igualdad, Fraternidad Y Solidaridad están siendo abolidos. Sin Estado de Bienestar, suficiente y justo, no cabe democracia, sino autarquía y feroz plutocracia.

 Piketty llega a una constatación técnica aplastante que desmiente otro de los tópicos que, acerca de las consecuencias negativas de la fiscalidad, suelen lanzarse:

El mismo % aproximado en que se han reducido los tipos máximos de los impuestos directos, especialmente los vinculados al trabajo, coincide con el % de crecimiento acumulado de riqueza en el estrato más alto de la pirámide social…[122]

A mayor descenso de tipos marginales en los impuestos, mayor incremento en la posesión de la riqueza nacional por menos manos. Parece evidente que nada ha quedado al albur; todo está impecablemente calculado y ejecutado para que los más ricos se conviertan en los amos del planeta.

El lector compartirá que nos encontramos ante un hábil truco de gestión de la riqueza, aplicado por las elites financieras y sus servidores al frente de la política, que “sustrae” de una parte de la población —el 70% más débil— para entregárselo a la otra —el 10% de elite socioeconómica— mediante un doble juego de limitación en el acceso a las oportunidades y de no retorno de una parte de los excedentes de capital y beneficios obtenidos. Algo que podría titularse “acceso restringido al acopio de riqueza”.

Lo que es de transcendental relevancia subrayar sería que, y así lo constata Piketty, “desde 1980 hasta el presente no existe ninguna relación directa o indirecta en los países desarrollados entre reducción en la progresividad fiscal y crecimiento del PIB…”[123]. Es decir, que al contrario de lo que incesantemente se nos proclama desde los púlpitos neoliberales, los países que más han reducido su progresividad fiscal no han crecido más que los que no lo han hecho —como sería el caso de las naciones escandinavas—. «La liberación de recursos entregados a los particulares no ha generado la más mínima repercusión en la productividad del país […], detectable en términos macroeconómicos. Suecia, en los últimos treinta años ha crecido más o menos lo mismo que Estados Unidos; sin embargo, la desigualdad y la acumulación de riqueza en menos manos sí lo ha hecho de manera diferente en uno u otro, con ferocidad inhumana en este último»[124]. De nuevo, uno de los grandes dogmas neoliberales, el de que las bajadas de impuestos generan mayores incrementos del PIB de un país, queda desmontado por falso…

¿Hasta dónde debe alcanzar la progresividad fiscal en los impuestos directos sobre las rentas? El profesor Piketty propone, después de una vasta y extensa tarea de investigación, que los tipos marginales máximos:

deberían regresar al 80% a partir de ingresos superiores a los 400.000 euros y al 60% a partir de 200.000 euros […] sin afectar para nada al crecimiento nacional, contribuyendo a una mejor distribución de los frutos de dicho crecimiento a la vez que establece límites razonables y recomendables a las conductas perjudiciales y egoístas de los que más pueden ganar […].

Redistribución para combatir la desigualdad y nuevas y más elevadas contribuciones sociales para hacer frente al inminente reto del crack en los modelos tradicionales de pensiones; esa constituye la receta para retornar al sendero de la justicia social. Pero, sobre todo, redistribución, progresividad y feroz lucha contra la evasión fiscal, para poder acometer con entusiasmo los retos, metas y fines de un país, el nuestro, que debería pretender situarse en primera línea de la auténtica competitividad en el siglo XXI: la del conocimiento. Un país de ciudadanos altamente capacitados: esa constituye la mejor, cuando no la única, ventaja competitiva con la que España debería presentarse ante el mundo. Ese sí que puede constituir todo un ilusionante modelo de desarrollo.

Todo lo hasta aquí propuesto es posible y beneficioso. Lo que parece más difícil de contemplar es la posibilidad de integrarlo en el debate político cuando las castas, las oligarquías políticas y los servidores de las elites económicas se han entregado al dogma neoliberal, ya sea por convencimiento o por mera conveniencia.

Si la democracia secuestrada por el modelo neoliberal pretende romper sus cadenas y retomar el control de la sociedad, debería plantearse nuevas figuras fiscales que permitan desarrollar nuevos modelos de redistribución, hoy inexistentes, y que la sociedad reclama. Nuevamente, el profesor Piketty es quien más ha avanzado sobre el tema, y conviene detenerse en su propuesta, antes mencionada, de crear un nuevo Impuesto Global sobre el Capital.

Si el modelo económico hegemónico imperante se basa en una tasa de acumulación de capital que crece más rápido que la economía de las naciones en detrimento del factor trabajo, parece obvio que se precisará de una mayor presión fiscal sobre el capital y la riqueza que acapararán las mayores fortunas del planeta para intentar paliar en la medida de lo posible las feroces consecuencias que a causa de ello experimentan las sociedades. Aunque pueda parecer utópico, no es difícil de concebir la aplicación de una imposición general sobre la totalidad de los bienes (el valor neto de todos los activos) poseídos en todo el mundo por cada individuo, ya sea como persona física o como persona jurídica. Para ello, bastaría que se dieran dos circunstancias que, eso sí, a día de hoy todavía parecen inalcanzables: una voluntad firme de los representantes políticos —es decir, los que “supuestamente” gestionan el interés de los pueblos soberanos— de llevarlo adelante, y una trasparencia financiera internacional, hoy inexistente, basada en la cooperación entre países y en el final del secreto bancario.

 Resulta indiscutible que los países sostienen sus presupuestos públicos mucho más con las aportaciones fiscales de las clases medias y bajas —y tal vez con las de los ricos de su estrato inferior— que gracias a la aportación de las grandes fortunas que se mueven internacionalmente en la sombra, a través de decenas de empresas intermedias instrumentales, asesorados por sus expertos financieros y fiscales. La legislación internacional, con su tolerancia con la opacidad, favorece que las grandes fortunas escapen a todo control jurídico.

Solo cuando se produce un gran escándalo de corrupción    —me vienen a la cabeza los casos Bárcenas, Rato o Pujol, tan recientes, o las listas del bufete panameño Mossack Fonseca, que tanto eco y alboroto han levantado— se llega a conocer cómo se mueven, envueltas en una indescifrable maraña de ingeniería jurídica y financiera y en la más absoluta oscuridad, enormes masas de capitales, en muchos casos de origen criminal, opacos a todos conocimiento y control por parte de las autoridades nacionales. Nada, por otra parte, exclusivo de nuestro país, ya que lo mismo ocurre a diario en Italia, Grecia, Argentina, China o Rusia. Quizás en los Estados Unidos, por la propia fuerza del país y la eficacia de su Administración, los temas funcionen con una mayor seriedad y cautela internacional —lo cual no supone que no se produzca igualmente evasión impune—. (En una entrevista publicada en el diario El Mundo, el hombre que destapó y denunció la mayor relación de defraudadores fiscales a través del banco suizo HSCB, Hervé Falciani, denunciaba que seis españoles tienen evadidos y ocultos “miles de millones en Suiza”[125]. ¿Imagina el lector quiénes pueden ser? Creo que pensamos en los mismos. En todo caso, estoy convencido de que proponiendo diez nombres, se acertaría.)

De vez en cuando, aparecen relaciones, como la Lista Forbes, que nos informan, a través de fuentes de información poco concretas y rigurosas, del ranking de las 500 personas más ricas del planeta. Aunque la finalidad de esta lista y similares sea más el cotilleo social que otra cosa, el tema que podríamos plantearnos sería si tales personajes están contribuyendo a la estabilidad social de su país, en proporción a los ingresos que se dice que poseen. Curiosamente, la Lista Forbes 2015 anunciaba que Amancio Ortega, propietario de la cadena textil Zara, se ha convertido en el hombre más rico del planeta, con una riqueza calculada de 79.000 millones de euros. Resultaría interesante poder conocer con qué porcentaje de sus ingresos, incrementos patrimoniales, rendimiento de sus empresas e incluso fondo patrimonial neto contribuye el señor Ortega en España, su país de origen y residencia, al bien común de este. No conozco la respuesta pero, aun suponiendo que el importe en términos de impuestos totales que paga resulte muy elevado, dudo mucho que el tipo medio de gravamen efectivo aplicado sea superior al que a mí o a un ciudadano de clase media se le aplica…

Imaginaremos por un instante que la legislación española estableciera un impuesto anual del 1,5-2% calculado sobre la riqueza total que acumula el señor Ortega. Para algunos, la hipótesis puede sonar a incautación; para otros, como este autor, significaría la mera aplicación de la justicia redistributiva en términos más equitativos. En todo caso, estaríamos hablando de unos 1.000 o 1.500 millones de euros de ingreso adicional para las arcas del Estado… cifra, sin duda, muy inferior a los ingresos que obtuvo el dueño de Zara a lo largo de 2015 —los cuales se estiman en más de 10.000 millones de euros, solo en esos doce meses—. El señor Ortega continuaría, un año más, siendo legítimamente el ciudadano más rico de España y del mundo; incluso a pesar de haber contribuido con mayor solidaridad a que la desigualdad que su propia condición provoca pudiera verse paliada.

Solo con la aportación del 1,5% de su patrimonio total estimado al presupuesto nacional, los españoles más ricos que aparecen recogidos en la Lista Forbes —y los que no aparecen, como la familia real y sus allegados— se recuperaría gran parte de los recortes aplicados en Sanidad en los últimos cuatro años. ¿Debería ser así? No lo dudo cuando leo, con relación a la referida Lista Forbes de 2014, que sus cien mayores patrimonios suman 189.250 millones de euros, lo cual representa 24.000 millones más que el año anterior… Es decir, que en tan solo doce meses incrementaron su riqueza en un 15%[126].

La propuesta que Piketty efectúa sobre este Impuesto Global sobre el Capital abarcaría los siguientes tipos impositivos:

0% para capitales por debajo del millón de euros.

1% para riquezas entre 1 y 5 millones de euros.

2% para riquezas a partir de 5 millones de euros.

A partir de este montante, quedaría abierta la reflexión sobre aplicar la progresividad fiscal para niveles de capital por encima de la cifra de 20 millones de euros, pudiéndose considerar llegar hasta el 3-4% como tipo fiscal para fortunas que superen los 1.000 millones de euros.

La finalidad de este impuesto, señala Piketty, no sería tanto lo que su volumen podría representar para la mayoría del estado social de derecho, como el poder regular —sobre todo, estableciendo una información y un control regulado de la riqueza, sus poseedores y su distribución, frente a la que en la actualidad el mundo se encuentra ciego— el capitalismo internacional como modelo económico, permitiendo aportar al producto bruto mundial unos ingresos suplementarios en torno al 0,5-1% de su valor actual.

Afirma el profesor Piketty:

Los beneficios para la democracia que se derivarían de este impuesto resultarían considerables. Tal vez hoy en día resulta muy difícil establecer un debate racional sobre los grandes retos que enfrenta la humanidad en la actualidad —el futuro del estado social, el coste de la transición hacia nuevas fuentes de energía, el modelo de Estado en un mundo en desarrollo y otros más— como consecuencia de que la distribución planetaria de la riqueza permanece opaca».[127]

En efecto, en la actualidad resulta plenamente factible conocer el montante de la deuda pública y privada que sustenta cada país, pero desconocemos —por resultar información inaccesible de alto secreto— quiénes son los acreedores y, sobre todo, cuánta de la riqueza y activos de todo tipo de cada país se hallan ocultos en los paraísos fiscales y quiénes son sus titulares.

Resulta una tremenda paradoja el que ni siquiera los grandes organismos internacionales responsables de regular y supervisar el funcionamiento del sistema financiero global, empezando por el Fondo Monetario Internacional, tengan la más mínima idea, basada en datos concretos y no en estimaciones, de la distribución de la riqueza mundial, fundamentalmente de sus activos financieros, ya que nadie las reporta. De esto se derivaría, sin duda, una insuperable dificultad para establecer pronósticos y tendencias afinadas y certeras respecto a la evolución macroeconómica, lo cual siembra de incertidumbre el mundo de los negocios.

Un Impuesto Global sobre el Capital permitiría construir una especie de “catastro mundial de la propiedad del capital en todas sus modalidades”. Además, permitiría establecer reglas estrictas que pusieran orden en el caos reinante de la ingeniería financiera, libre de regulación. Por último, obligaría a los Estados a establecer acuerdos internacionales para el intercambio de toda la información financiera, y muy especialmente la bancaria; en tal contexto, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial adquirirían plena significación como receptores de esta información, su ordenación y su reenvío a cada país en la parte que afecta a sus intereses.

Técnicamente, el complejo proceso de intercambio entre naciones de toda la información financiera que se genera a cada momento resulta perfectamente factible, dadas la capacidad de gestión y el procesamiento informático mundial. Otra cuestión es que exista voluntad política para establecerlo. No la hay, y probablemente en Europa mucho menos que en Estados Unidos, para un tema que solo podría llevarse a la práctica a través de un acuerdo y consenso mundial.

Ciertamente, hasta el día en que se logre establecer un Impuesto Global sobre el Capital, fenómenos como la desigualdad, la fuga de capitales, la evasión fiscal, los paraísos fiscales, la corrupción o los fórmulas legales para pagar menos impuestos      —como las conocidas SICAV en nuestro país—, continuarán creciendo de manera exponencial. ¿Cuándo llegará el momento de ejercer el derecho legítimo como ciudadanos para gritar “¡BASTA!”?

Si el siglo XX constituyó el periodo de instauración de la progresividad fiscal en la tributación directa, permitiendo la consolidación de la democracia a través de la idea del Estado Social y de Derecho en el que cada cual contribuía a su sostenimiento según sus recursos y posibilidades, el siglo XXI debe ser capaz de defender el modelo democrático frente a su desmantelamiento a manos de unas elites financieras que han hecho de la libre circulación de capitales su motor para desentenderse de la idea nacional y del proyecto de sociedad de bienestar y estabilidad.

Solo a través de la implantación de un Impuesto Global sobre el Capital, gestionado e informado a nivel mundial, será posible regular eficazmente un liberalismo desbocado que no solo conduce a esa nueva sociedad de ricos y pobres, sino también a crisis económicas de efectos devastadores, emanados de su propio mal funcionamiento, del exceso de riesgo e incertidumbre económica y de su descontrol especulativo.

¿Más impuestos, mejor asignados a cada cual mediante un reparto más justo? Sí.

¿Mejores servicios públicos? TAMBIÉN.

3. Una revolución educativa en la era del conocimiento

Si España no quiere perder definitivamente el tren de su porvenir como país de primera fila, debe ser capaz de hacer frente, con el máximo empeño, a sus colosales necesidades en el campo de la Educación. El mundo, como reiteradamente se viene haciendo alusión en estas páginas, no constituye un entorno estático y paralizado; muy al contrario, nos encontramos en el centro de una descomunal evolución y progreso en todas las ramas del saber. Lo que ayer llegó a conocerse, hoy ya ha sido superado por un nuevo conocimiento que, a su vez, mañana se verá sobrepasado por nuevos avances y descubrimientos. Cada vez se habla con más frecuencia de que vivimos inmersos en una learning society, una sociedad permanentemente confrontada a la exigencia del aprendizaje continuo, conduciendo a individuos y sociedades más allá de la preparación académica tradicional, en una carrera de fondo de formación ininterrumpida, a lo largo de toda la vida. Como anuncia la Fundación MacArthur en su documento The Future of Thinking: Learning Institution in a Digital Age, “miles de innovaciones tecnológicas han provocado una learning explosión [explosión educativa] […] estamos en un especial momento epistémico porque el aprendizaje mismo es el medio más crucial para cambiar…”[128]. He aquí el reto. No hay más remedio subirse a este “tren del progreso”, a sabiendas de que quien no lo haga quedara atrás para siempre.

Aprender constituye el recurso de la inteligencia para sobrevivir y progresar en un entorno cambiante y sometido a un proceso de evolución acelerado. Hace algunas decenas de años, cuando el ritmo de los cambios era lento y los avances y descubrimientos acontecían de forma moderada, una breve etapa de formación podía servir para toda la vida. En la actualidad, tal opción ya no tiene cabida: se precisa aprender velozmente y de manera continuada, sin cesar… o aceptar la alternativa de quedarse marginado como individuo y como sociedad.

La aceleración tecnológica ha provocado que todo lo que se suponía podría tardarse cientos de años en conseguirse, ahora se logra en cinco, y a no mucho tardar será en menos de uno. Y ello, indefectiblemente, demanda del hombre que se adapte al vértigo del cambio continuo, que aprenda más y cada vez más rápido y que se encuentre dispuesto a actualizarse día tras día. La evolución del saber es como un tren en marcha que a cada instante acelera su velocidad, y no subirse a él supone nada más y nada menos que permanecer al margen del progreso y descartarse para el futuro.

El profesor José Antonio Marina, uno de los mayores expertos en nuestro país sobre educación y aprendizaje, en su obra ¡Despertad al diplodocus!, nos habla de:

un futuro inminente que ya se describe con el acrónimo VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) […] volátil, porque las cosas cambian aceleradamente; incierto, porque el exceso de información no limita la incertidumbre sino que la aumenta, ya que resulta difícil procesarlo; complejo, porque somos conscientes de que todo influye en todo; y, fundamentalmente, ambiguo, por la dificultad de descubrir patrones que nos permitan comprender una realidad tan cambiante, global e interactiva[129].

Esta sociedad precisa de individuos que sean capaces —porque han sido capacitados para ello— de pilotar el progreso y, en consecuencia, debe facilitar los medios para acceder a tal nivel de capacitación, muy por encima de lo que pudo resultar suficiente tiempo atrás. Se requiere de los recursos y las metodologías para construir esa sociedad de hombres, millones, en permanente estado de aprendizaje. Un afán, el de aprender sin interrupción, que además venga lo suficientemente motivado para que resulte cómodo y voluntariamente asumido como “la mejor manera de vivir mejor”. ¿Se imaginan la revolución que ello puede implicar? Sin duda que nos estaríamos refiriendo a un nuevo hombre que nada tendría que ver con el actual, porque al saber mucho más, entiende mucho más y, en consecuencia, puede asumir su libertad con mucha más autonomía sin dejarse mangonear por charlatanes disfrazados de líderes.

Si por una parte la realidad de encontrarnos inmersos en la Era del Conocimiento nos exige, sí o sí, dotarnos de los instrumentos de aprendizaje necesarios para ser capaces de participar de ella, no menos cierto resulta el reconocer que la Educación, más allá de sus fines prácticos, constituye el primer derecho indeclinable de cada individuo que viva en una sociedad moderna y de derecho. Como bien expresa el profesor Marina en su obra citada:

No es verdad que la educación desarrolle las capacidades del individuo: crea esas capacidades, que serían inexistentes sin ella […]. La evolución biológica produjo un cerebro capaz de crear cultura, transmitirla y de esa manera, recrearse. Es lo que he llamado el bucle prodigioso. Lo que hacemos, nos hace. Todos tenemos un doble genoma: el biológico y el cultural, que se trasmite mediante la educación[130].

Un hombre al nacer constituye un ser vivo dotado de todas las posibilidades inherentes a su especie. Sin embargo, solo a través de la educación podrá acceder a dichas capacidades: cuando a alguien se le restringe el acceso al saber, queda imposibilitado para descubrir, entrar en contacto y desplegar el potencial inherente a su condición de ser racional; poder conocer y conocerse para, a partir de ahí, transcender de su animalidad primaria hacia una verdadera emancipación.

El niño que acaba de nacer, debajo de su absoluto estado de indefensión, encierra el ser de alguien que, con el tiempo, podrá llegar a componer música, construir puentes, pilotar aviones, dirigir organizaciones complejas, salvar vidas como médico o descubrir nuevas moléculas… Y sobre todo, alguien que podrá pensar, razonar, deducir y disponer de ideas propias con las que sustentar su autoconocimiento y conciencia. Prodigioso. Pero para llegar hasta ahí, requiere del desarrollo de un proceso continuo de aprendizaje, del que la familia y el entorno social constituyen una parte muy importante, sin duda, pero que se completa en las aulas. He aquí la transcendencia de la Educación como derecho irrenunciable del ser humano, tal y como las constituciones de los países reconocen a sus ciudadanos.

Al respecto, declara el Art. 27 de nuestra Carta Magna:

Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. […]

La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

Y, en similar sentido, proclama el Art. 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental […]

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales

No podría resultar de otra manera si se pretende preservar el fundamento democrático de la soberanía residente en el pueblo. La carencia de educación conduce indefectiblemente a una u otra forma de esclavitud: para consigo mismo, como consecuencia de la ignorancia de sí, y para con los demás, por su limitación de competencias y de las facultades suficientes para pensar y deducir por sí mismo.

La Educación constituye, sin lugar a dudas, el pilar fundamental para disfrutar de la verdadera libertad y para una cierta igualación de oportunidades, tan desequilibradas por la cuna y el apellido. Con una Educación poderosa de todos sus miembros, se construye una auténtica Sociedad Fuerte que no necesita del Estado benefactor, ni mucho menos de los Mercados, para hacer frente a sus retos y aspiraciones. La presunta utopía de una sociedad verdaderamente libre se manifiesta factible y evidente cuando todos sus miembros han adquirido un rango suficiente de competencias y conocimientos.

Por todo ello, la Educación se constituye en la primera y más importante revolución que debe acometer nuestro país como sociedad, como proyecto de verdadero bien común, en el siglo XXI.

El problema surge cuando las posibilidades para ejercer el derecho, y también deber, a la Educación no son iguales para todos, por una simple cuestión de recursos económicos. ¿Es posible mayor injusticia? Quitando las situaciones de hambre o de penuria extrema, sin duda que no. Niños en nuestro país que se hacinan en barracones —exactamente, barracones prefabricados que recuerdan las imágenes del Tercer Mundo— convertidos en aulas de enseñanza, con manifiesta carestía de medios, mientras otros cursan sus estudios en colegios donde preside no solo el confort, sino incluso el lujo desmedido. ¿Es justo que sea así? Insisto, ¿constituye esta la mejor manera de que una sociedad avanzada dé aplicación a un derecho fundamental, reconocido para todos sus ciudadanos?

Más aún, podríamos plantearnos si esa diferencia en las condiciones y recursos en que se desarrolla el proceso educativo —y que sin duda inciden no solo en la calidad educacional sino también en otros aspectos psicológicos y emocionales del niño— no es una prueba clara y manifiesta de una feroz discriminación en las oportunidades y posibilidades con las que cada cual se prepara para acceder a la sociedad.

Llegados a este punto, resulta preciso hacer mención de esa letanía, que reiteradamente se proclama desde los púlpitos de la derecha rancia, acerca del derecho de cada cual a elegir libremente la educación que desea reciban sus hijos. Me parecería muy bien si tal opción se basara en una elección de modelos y criterios ideológicos… a partir de una igualdad estricta en los recursos que van a aplicarse; pero no va por ahí la exigencia. La trampa dialéctica radicaría en que no ponen sobre el tapete que, mientras unos tienen la posibilidad de ejercer dicha elección, otros carecen de ella. La cuestión no sería tanto en hasta dónde, para quien pueda y quiera, puede elevarse el listón de los privilegios y la calidad en el aprendizaje, sino en a partir de dónde debería situarse ese listón, es decir, cuál sería el mínimo exigible, las líneas rojas intraspasables, para que una educación obligatoria y gratuita cumpla con los estándares de calidad y medios requeridos; unos mínimos que jamás deberían ser degradados. Yo, desde luego, situaría ese listón muy arriba; mucho más alto de lo que se encuentran los estándares actuales.

Cuando la calidad de la educación varía en función de los recursos de que están dotados los centros donde se imparte, sean públicos o de pago, no cabe duda de que estaríamos encaminándonos irremisiblemente hacia una Sociedad de Clases, en la que habría quedado abolido el postulado de la igualdad de oportunidades.

Insisto, los términos del debate no se sitúan en la libertad de cada cual para complementar su educación en la forma en que le parezca oportuna —siempre estaría gravitando sobre el tema la cuestión del adoctrinamiento religioso, cuando fe y ciencia tienen poco o nada que ver—, sino en que la Educación, esa que se declara universal y gratuita, debe ser también igual para todos y cumplir con los más altos estándares de calidad, acorde a los tiempos y sus exigencias. Y por desgracia, no es esto lo que históricamente ha venido aconteciendo en nuestro país. A pesar del enorme impulso aplicado a lo largo del periodo democrático —justo es reconocerlo—, la educación pública continua percibiéndose como “aquella a la que hay que recurrir cuando no se dispone de los medios económicos para acceder a la privada”… Pocos son los que defenderían lo contrario, debido a esa percepción mayoritaria de que cuenta con menos recursos; lo cual resulta cierto. Categóricamente se puede afirmar que a día de hoy la calidad y competencia de nuestra educación pública dista de los estándares que demandaría la preparación integral de las nuevas generaciones para esa naciente sociedad del conocimiento. Lo cual constituye un déficit grave, quizás el más grave.

Para poder acercarnos al análisis de la problemática de la Educación en España en la actualidad, primero deberíamos remontarnos, aunque sea resumidamente, a sus antecedentes históricos para así alcanzar una mejor comprensión de la situación.

Desde que se tiene noticia, la Iglesia católica siempre intentó acaparar para sí la función docente en nuestro país, con la intención de monopolizar hacia su doctrina el control mental y moral de los individuos, con carácter exclusivo y excluyente. Desde el final de la Guerra de Independencia, a principios del siglo XIX, hasta el final del periodo franquista, más de ciento cincuenta años después, nuestro país ha vivido inmerso en una feroz colisión entre los movimientos sociales y políticos más liberales —casi siempre minoritarios, que lucharon por instaurar una cierta formulación laica de la escuela a la que acompañe su gratuidad y universalidad hasta ciertas edades— y la persistente resistencia de las fuerzas integristas y conservadoras, arropadas por la propia institución eclesiástica, por preservar su monopolio único. La formación a lo largo del siglo XIX y el primer tercio del XX queda reservada para los más pudientes y, en ocasiones, las clases medias altas, quienes tienen acceso a la instrucción pagada que imparten fundamentalmente algunas instituciones religiosas —las cuales, por otra parte, tampoco destacan por su brillantez académica, dado que su objetivo prioritario es “la salvación de las almas”—.

La Segunda República (1931-1939) pretende dar un giro copernicano a todo este estado de situación. Pare ello, y utilizando la reforma de la Educación como motor principal de una batería de cambios en todos los órdenes sociales del país, instaura y da forma a un nuevo modelo de Escuela Pública regida por los principios de obligatoriedad, laicidad y mixticidad, e inspirada en el ideal de la solidaridad humana, tal y como explica la doctora en Historia por la Universidad de Huelva, Consuelo Domínguez: «Efectivamente, la Educación fue la piedra angular de todas las reformas: había que implantar un Estado Democrático y se necesitaba un pueblo alfabetizado. Era el Estado- educación…». En un corto espacio de tiempo, se adoptan medidas urgentes y se proyecta la creación paulatina de 27.000 nuevas escuelas a las que se destinarán maestros mucho mejor preparados y mejor pagados; todos los programas y métodos pedagógicos se renuevan y actualizan según modelos pertenecientes a la Institución Libre de Enseñanza. Simultáneamente, se prohibió impartir enseñanza a las órdenes religiosas, lo cual no impidió que se mantuvieran sus centros privados con una titularidad cambiada.

Merece la pena recordar una parte del ideario republicano que inspiró la nueva ley de instrucción pública, destinada a instituir en España la “escuela única”, y en la que se recogen las aspiraciones en materia de enseñanza:

La educación pública es una función del Estado. No obstante […] se acepta la existencia de la enseñanza privada, siempre que no persiga fines políticos o confesionales partidistas.

La educación pública deber ser laica. La escuela debe limitarse a dar información sobre historia de las religiones […] Si las familias lo solicitan, el Estado podrá facilitar medios para la educación religiosa, pero siempre fuera de la escuela.

La educación pública debe ser gratuita, especialmente en las enseñanzas primarias y media. La educación universitaria debe reservarse un 25% de matrículas gratuitas.

La educación pública debe tener un carácter activo y creador.

La educación pública debe tener un carácter social…

“Fue una escuela en la que se educó a los niños atendiendo a su capacidad, su actitud y su vocación. No a su situación económica. La educación pública recibió importante financiación para ello, y eso era lo que la escuela privada miró con recelo”, escribe el catedrático de Historia de la Educación de la Universidad de Alcalá de Henares Antonio Molero. “Se trataba de una educación sin escalones que permitiera un camino fluido desde unos niveles a otros”.

La victoria del bando sublevado fascista en 1939, que da término a la sangrienta Guerra Civil, acaba con la Segunda República y arrasa con el ideario que la inspiró, incluido el que hacía referencia a la educación. Llegaron entonces los oscuros tiempos del “Glorioso Movimiento Nacional” y sus principios fundacionales: la unidad de la Patria, la religión católica y la gloriosa Cruzada Nacional.

La sangrienta llegada al poder del régimen franquista trajo consigo un enorme retroceso en el sistema educativo español: maestros asesinados, exiliados o depurados; cierre de escuelas e institutos y, sobre todo, implantación obligatoria de una enseñanza fascista y clerical, que suprimió el laicismo e impuso la religión católica y el patriotismo chusquero como espíritu que debía impregnar la vida de los alumnos dentro y fuera de la escuela.

En definitiva, el franquismo echó por tierra los progresos que pudieran haberse alcanzado en más de cien años: principios como el dogmatismo, el memorismo, la religiosidad que impregna todo, la disciplina, el patrioterismo y la reserva ante lo científico, vuelven a impregnar una educación pública miserable y ruin, llevada a cabo en condiciones lóbregas… La expresión “pasa más hambre que un maestro de escuela” se acuñó por aquel entonces, para describir el contexto en que se impartía. Innecesario hacer más comentarios.

Las leyes franquistas de los años 50 y 60 consagraron la subsidiaridad del Estado en la tarea educativa, cuya competencia corresponde a la sociedad — ¿no les suena, en cierta medida, a lo que en la actualidad propugnan las voces del neoliberalismo?—. Y se continuó con esa dualidad en la enseñanza, es decir, una educación para pobres —de carácter público, limitada en tiempo y recursos— y otra, muy distinta, para ricos —de carácter privado e impartida básicamente por las órdenes religiosas, “como Dios manda”—. El progreso en el sistema educativo dependía en gran medida de la clase social: a la universidad solo llegaba el 3% de los estudiantes y de ellos, solo el 5% eran hijos de obreros. Asimismo, la enseñanza pública tenía muy poco peso en la enseñanza media: solo el 21,5% de los alumnos que estudiaban bachillerato lo hacía en centros públicos…

Y no olvidemos que de aquella época a la nuestra que apenas nos separan 60 años. Quizás ahora pueda entenderse mejor el enorme déficit educativo con el que este país alcanzó la democracia.

Como estará percibiendo el lector, de este breve resumen se infiere que, salvo en el periodo correspondiente a la Segunda República, la Educación en España nunca es abordada como “ese gran reto de Estado y de país” que resulta primordial afrontar, sino que más bien se trata como problema —“el problema educativo”— que se intentó reiteradamente parchear con poca voluntad política y menor disposición de recursos, y al que se añade toda una batalla ideológica de consecuencias nefastas, porque durante varias décadas fue más importante formar cristianos “que cumplieran con los mandatos de Señor” antes que hombres que impulsaran el progreso de su sociedad. Este último rasgo de la educación en España, consecuencia penosa de la confesionalidad del Estado, resulta inédito en prácticamente todo el contexto europeo —salvo las excepciones de Irlanda e Italia— y señala una peculiaridad que ha determinado profundamente buena parte del pasado y el presente social, cultural y político de nuestro país.

Volviendo a lo que decíamos en páginas anteriores, a lo largo del periodo democrático que se inicia con la Constitución de 1978, hemos vivido una descomunal evolución en materia de impulso educativo dentro de nuestra sociedad. Al fin los gobiernos disponen de voluntad y recursos materiales para su fomento, con lo que el nivel de formación de la población ha mejorado ostensiblemente en lo concerniente a la extensión de su universalidad. Los datos más recientes, emanados del propio Ministerio de Educación, Cultura y Deportes para 2015, así lo acreditan:

–    99% de niños escolarizados a los tres años.

–    8 millones de alumnos en Régimen General (19.000 centros públicos y 9.000 concertados y privados).

–    42% de la población de entre 30-34 años que ha alcanzado el nivel de Educación Superior.

–    1,5 millones de estudiantes universitarios.

–    Un 37% de jóvenes de entre 25 y 34 años con título universitario.

–    83 universidades (50 públicas y 33 privadas).

Muy buenos números para un inmenso esfuerzo que, por desgracia se ha visto parcialmente difuminado en sus logros a raíz del caos al que nos ha conducido la cantidad de leyes reguladoras de la Educación. Unas leyes que se han venido promulgando por cada gobierno de turno por mero interés político e ideológico, y que derogaban un modelo anterior para instaurar el siguiente, tirando por tierra en cada ocasión una parte del avance alcanzado.

–    LODE de 1985.

–    LOGSE en 1990.

–    LOPEG en 1995.

–    LOCE en 2002.

–    LOE en 2006. Y

–    LOMCE (ley Wert) en 2013.

Lista a la que podría añadirse la LOECE de 1980, que no llegó a entrar en vigor. Nada menos que siete leyes distintas en menos de cuarenta años. No está mal. La convivencia entre la enseñanza pública y la privada, la Religión y su importancia como asignatura y los itinerarios académicos para los alumnos han estado en el epicentro del trajín normativo de la Educación a lo largo del periodo democrático y de sus vaivenes políticos. Y, como consecuencia de ello, polémicas, debates, protestas en las calles, intervención de los tribunales y ausencia total del más mínimo consenso.

El Informe PISA 2010 colocaba al sistema educativo español por debajo de la media de la OCDE, en el puesto 28 de los 34 considerados[131]. Cuatro años más tarde, en 2014, un informe precisamente de la OCDE vuelve a reiterar las carencias que todavía se encuentran en nuestro sistema[132]:

–    Una tasa de abandono escolar que resulta ser la más alta de Europa (20% de los estudiantes no continúan sus estudios más allá de la enseñanza obligatoria).

–    Una tasa excesivamente elevada de repetición (casi el 50% de los alumnos ha repetido curso al menos una vez antes de llegar a los 15 años) a la que se añade un insuficiente resultado formativo.

–    De igual manera, el tiempo medio para cursar una carrera universitaria se eleva a la inusitada cifra de nueve años, mientras que el nivel medio de un universitario español, nos dirá el referido informe, es similar al que tiene un estudiante de bachillerato en Japón o Finlandia.

–    La constatación de que el dinero invertido no rinde (demasiadas horas lectivas; demasiados deberes para casa; demasiado linealidad en la retribución de los docentes, falta de incentivos motivadores para unos y otros; muchos cursos repetidos, especialmente en la universidad). El modelo no alcanza el mínimo de rendimiento y eficacia.

–    Resultados mediocres obtenidos en todas las pruebas de nivel efectuadas, en términos comparativos entre países de la OCDE (pocos alumnos “excelentes” y demasiados “del montón”).

–    Un sistema educativo exageradamente inadaptado a la realidad del mercado (hay un gran desajuste entre las carreras que eligen los alumnos y sus salidas profesionales).

–    Un cuerpo docente absolutamente desmotivado y falto de entrenamiento (demasiada facilidad para acceder a la carrera, demasiado plana la retribución y absoluta falta de objetivos a lo largo del tiempo).

–    Un modelo público-privado dicotomizado en exceso, lo cual dificulta la gestión de los modelos educativos. En efecto, podríamos preguntarnos, “¿en manos de quién está la enseñanza en nuestro país?

España es el segundo país de Europa, después Bélgica, con más alumnos en aulas concertadas (privadas subvencionadas) o completamente privadas, situándose así hasta 22 puntos por encima de la media europea —en el caso de Primaria— en el número de estudiantes que se educan en centros de gestión y capital privados (más del 40%). Y esta cifra continúa aumentado… El peso de la tradición histórica recae sobre el tiempo actual y configura un país donde casi una tercera parte de los alumnos (31%) a lo largo de todo el ciclo educativo (de primaria y secundaria, incluido bachillerato) cursan estudios en las escuelas no públicas, fundamentalmente de carácter religioso. Comparándolo con la Unión Europea, el porcentaje en Francia rondaría el 20%, en Alemania el 5%, en Italia el 6% y en el Reino Unido también el 20%         —aunque con gran disparidad según los ciclos: mientras en el bachillerato llega a alcanzar el 50%, solo el 5% estudia Primaria en la privada, constituyendo una situación atípica—. Es decir, la media europea en cuestión de educación privada se situaría en torno al 10% y a partir del bachillerato, en el 17%, si bien —y esto resulta esencial el destacarlo—, la titularidad de estos centros privados europeos no recaería básicamente en organizaciones de carácter religioso, sino en sociedades diversas de carácter laico.

España, por tanto, constituye una excepción histórica a la normalidad europea, también durante el periodo democrático, como consecuencia del régimen de conciertos que implanta el gobierno socialista a partir de los años ochenta —con la intención clara de congraciarse con la Iglesia católica—. Gracias a ello, se institucionaliza un modelo de escuela concertada —escuela privada, cuya titularidad recae habitualmente en las órdenes e instituciones religiosas católicas— que recibe subvenciones de la Administración Pública y que responde a la doble finalidad de mejorar la oferta educativa y de facilitar a los padres la libertad para elegir la educación de sus hijos. O así lo aseguraban en la teoría. En la realidad, los alumnos con mayor nivel socioeconómico han ido acoplándose a las escuelas privadas y a las concertadas más caras, generando un efecto de palpable segregación educativa y cultural.

El gasto público dedicado a Educación alcanzó en 2015 una cifra cercana a los 40.000 millones de euros, equivalente al 9,1% del gasto público total. Una cifra casi un 20% inferior a la alcanzada en 2009/2010, cuando esta partida representaba más del 11% del total de nuestro presupuesto nacional. Una vez más, la política de feroces recortes aplicada por el gobierno conservador de Rajoy se pondría de manifiesto, mostrándonos cómo nuestro porcentaje se aleja del 11% de Alemania, el 12,7% de Reino Unido, el 12,91% de Estados Unidos, el 12,49% de Suecia o Dinamarca, o los excepcionales 17,8% de Suiza.

Resulta evidente que la política de austeridad aplicada a dictados de la Troika neoliberal también ha tenido sus consecuencias en el esfuerzo dedicado a Educación… una situación que podría acentuarse aún más si el nuevo gobierno no corrige, cuestión harto improbable, los compromisos que Mariano Rajoy contrajo frente a la Unión Europea de que el total gasto educativo no supere el 3,7% del PIB —en la actualidad está alrededor de 4,3%— para el 2018, lo cual supondría un recorte adicional de otros 4.000 o 5.000 millones de euros en Educación en los próximos tres años. En mi opinión, recogiendo la de la inmensa mayoría de expertos, el presupuesto nacional para esta partida nunca debería ser inferior al 5,5% del PIB —lo cual supondría aumentarlo en unos 10.000 o 15.000 millones de euros, en lugar de seguir recortándolo—.

No obstante, aunque la dotación económica es uno de los grandes problemas que acechan la posibilidad para poner en marcha un gran proyecto para la Educación, para nada constituye este el único punto de inquietud. En el caso de nuestro país deberían añadirse otras incógnitas a despejar, de igual o superior calado, como serían:

1. La contumaz presencia de la idea religiosa y de la Iglesia en la enseñanza. ¿Cuándo se va a separar la formación para el Conocimiento de la instrucción en las creencias espirituales y, en concreto, en la creencia católica? Una cosa es SABER y otra muy diferente CREER, cuestión que debería situarse exclusivamente en la esfera libre e íntima de cada cual. Sin embargo, en España, el lobby católico y conservador insiste en mantener unidos ciencia y fe, perpetuando un secular problema (¿Qué aprende antes un niño: el Padrenuestro o el artículo 1º de nuestra Constitución?). Es así como los presupuestos del Estado continúan contemplando una significada partida para pagar los salarios de los 25.660 profesores que imparten religión.

2. El sometimiento de la Educación al debate político más ramplón y, en consecuencia, al ir y venir de unas u otras mayorías parlamentarias que se van turnando en el gobierno. Siete Leyes Orgánicas en apenas cuarenta años acreditan que nunca se ha intentado hacer del tema una gran cuestión de Estado, vehiculada a través de un gran consenso.

3. La imposibilidad, palpable hasta la fecha, de articular un modelo educativo eficiente, que arroje resultados satisfactorios en los alumnos, como acreditan las sucesivas estadísticas comparativas publicadas por la OCDE y otros organismos, a las que ya nos hemos referido.

Más allá de la contienda política —y también a causa de   ella—, no hemos sido capaces de conseguir en calidad y resultados los notables avances que sí hemos alcanzado en universalización.

4. La resolución, en términos de fijar con nitidez qué es principal y qué es subsidiario, al debate histórico entre educación pública y educación privada. Un debate que, en España, y a través de la educación concertada, ha servido para mantener e incluso fortalecer los privilegios ostentados por la Iglesia en su control sobre la educación.

Parece más que claro que la tendencia aplicada por los últimos gobiernos, unidos a las directrices de austeridad y reducción del Estado Social que imponen los representantes de los Mercados, nos empuja hacia una gradual privatización de la enseñanza que ahora vendría también en beneficio de las empresas de capital riesgo, las cuales ven cada vez más en este sector una oportunidad de negocio en nuestro país.

Esta paulatina privatización de la enseñanza no debería llegar nunca a sobrepasar unos límites tolerables, si se quiere evitar acabar convirtiéndonos en una sociedad de clases y castas, en la que las oportunidades queden reservadas para unos pocos privilegiados.

5. La participación, hasta la fecha poco lograda también, de todos los actores implicados en el proceso educativo en la definición de unos objetivos a alcanzar a corto, medio y largo plazo; y la implicación eficiente y comprometida de todos ellos en su consecución, rompiendo con el triste eslogan de que «el sistema educativo se está convirtiendo en una fábrica de parados».

6. La sensibilización de la sociedad, hoy exageradamente indiferente, hacia la idea de la imperiosa necesidad de efectuar el mayor impulso en nuestra historia si queremos afrontar el gran reto de incorporar a España al tren del progreso en plena Era del Conocimiento. Y así, recuperarnos de un retraso histórico y recurrente que como pueblo no podemos permitir que se perpetúe.

Educación para no quedarnos fuera del futuro. Educación total y continua como la mayor revolución pacífica a poner en marcha, si queremos alcanzar una Sociedad Fuerte y Emancipada. Educación para que todos y cada uno pueda cultivar sus potencialidades. Educación para construir una sociedad más libre y más justa donde podamos creer en la igualdad de oportunidades para todos.

El profesor José Antonio Marina[133], nos propone un apasionante recetario para el ineludible cambio educativo que debe preceder a nuestro avance hacia la sociedad del aprendizaje.

Me permito resumir alguna de las grandes cuestiones que el autor plantea en aras de la más importante transformación que puede experimentar nuestro país, proponiendo una movilización total, conjunta y simultánea de individuos, familias y todos los estamentos de la Sociedad y el Estado:

1. Reclamar una gran «movilización educativa de la sociedad» —para cuya definición recurre a un admirable proverbio africano que dice “Para educar a un niño, hace falta la tribu entera”—, lo cual implica que todos los agentes intervinientes en el proceso educativo, desde los padres al Estado, asuman “una interacción de responsabilidades que se refuerzan mutuamente” porque “ahora todos los ciudadanos, todos los profesores y sectores sociales, van a tener que aprender a lo largo de toda su vida. Por eso hemos entrado en la sociedad del aprendizaje […] en la que los individuos deberán invertir en su capital cognitivo…”[134]. Al respecto el profesor Marina defiende un nuevo modelo de aprendizaje al que denomina TEI (Teoría Ejecutiva de la Inteligencia), que debería permitir a cada alumno «gestionar su cerebro para ampliar su inteligencia.

2. El primer gran agente de movilización hacia la educación, se insiste, debe ser la escuela, y para ello “se precisa reforzar la formación de los profesores y el sentido excelente de una profesión que durante años se ha tomado muy poco en serio”. Se cita el ejemplo de los países como Singapur, Finlandia o Corea del Sur, donde el 100% de su profesorado es elegido en el tercio superior de los estudiantes, al exigir una nota de corte excepcionalmente elevada.

  Eric Hanushek, Thomas Kane y William Sanders, después de estudiar la influencia de un buen profesor en el resultado de sus alumnos, llegan a la conclusión de que «si el sistema escolar pudiera asegurar que los alumnos de más bajos ingresos contaran siempre con buenos profesores (con los más excelentes), la distancia social entre los alumnos podría desaparecer completamente»[135]. Una original y sin duda valiosa propuesta.

3. También se consideran agentes imprescindibles de la movilización educativa a los equipos directivos de las escuelas, y prioritariamente a sus directores, quienes deben considerarse gestores de unas metas de mejora —responsables del cumplimiento de unos objetivos definidos al respecto— más que meros funcionarios con funciones administrativas. Volviendo al Informe TALIS 2013, «el 40% de los directores de centros educativos en España declara no haber recibido ningún tipo de formación específica para el puesto», lo cual es más que preocupante.

4. Resulta preciso despertar en los estudiantes la pasión por aprender y el sentimiento de que son capaces de hacerlo —influ-yendo así en su actitud hacia el aprendizaje—, para lo que pueda resultar muy beneficioso “promover la voz del alumno”, estimular su participación y su compromiso con la escuela y facilitar su participación en los procesos de evaluación, decisión y cambio, promoviendo una cultura de apoyo y confianza. “La memorización sirve de muy poco; la clase magistral, de menos aún; lo que cuenta es la motivación del alumno hacia el aprendizaje…”[136].

5. Las familias de los alumnos también deben ser capaces de desarrollar el talento de quienes aprenden, ejerciendo una doble faceta de educadores y aprendices.

Como educadores, dice Marina, disponen de tres grandes herramientas educativas: la ternura, la exigencia y la comunicación, que deben saber manejar de forma equilibrada y simultánea. Y como aprendices, deben demostrar su propio afán por el aprendizaje.

La implicación de la familia en la educación constituye un factor decisivo para el éxito escolar.

Leer en casa, conversar, interesarse por los temas del conocimiento; señalarles expectativas, hacerles comprender que los fallos constituyen elementos inevitables del aprendizaje, fomentar una actitud de crecimiento favorecen la motivación para aprender y la persistencia en la tarea…[137].

6. Finalmente, Marina incide en la importancia del Estado como agente activo que inspira y estimula el cambio educacional poniendo hincapié en la opinión del Premio Nobel de Económica Joseph Stiglitz quien, en su obra Creating a Learning Society[138], insiste en la idea de que el crecimiento de la economía de una nación solo puedo mantenerse si esta se convierte en un “sociedad en proceso continuo de aprendizaje”, …priorizando la educación moral, según patrones aristotélicos y la educación ética, entendida como un conjunto de virtudes morales que formarían el carácter de una persona”[139].

En diciembre de 2015, el profesor Marina, junto con Carmen Pellicer y Jesús Manso, por encargo del Ministerio de Educación, presentó un Libro blanco de la profesión docente y su entorno escolar[140], que ha despertado un gran revuelo en los medios y cierta controversia por sus valientes propuestas en el terreno de la revitalización del profesorado y su capacitación, transformándole en un cuerpo de elite al servicio de uno de los objetivos más urgentes y prioritarios de nuestro sociedad.

Personalmente, no creo que exista un reto más importante y crucial al que una sociedad democrática pueda enfrentarse en el siglo XXI que el de la educación. En nuestro país, este desafío se convierte además en ocasión oportuna para enfrentarse a la cultura y filosofía neoliberal: el talento debe convertirse en la mejor arma con la que oponerse al poder omnímodo de los Mercados Para ello, resulta primordial que se impida que las diferencias educativas conduzcan a desigualdades sociales insuperables. Nuestro país no puede consentir que al muro creciente que se viene elevando entre ricos y pobres se le añada otro, aún más insuperable, ente los que saben y los que no saben, o dicho de otra manera, entre los que disponen de instrumentos para integrarse en la sociedad del Conocimiento y los que carecen de ellos.

 Ante ello solo cabe reivindicar el derecho de cada ciudadano a recibir no solo una educación universal, gratuita sino ante todo aquella que cumpla los más altos estándares de excelencia. Una escuela que instruya no solo en la ciencia y la tecnología, sino también en el pensamiento y las ideas, de entre las que la igualdad esencial de todos los hombres, la tolerancia, la convivencia pacífica, la democracia como modelo supremo para la coexistencia y la moral como eje vertebrador de la conciencia y de la conducta en sociedad deben convertirse en mandamientos esenciales de un moderno humanismo laico.

Estamos muy lejos de que la escuela en España cumpla con sus tres fines esenciales y definitivos:

–    Facilitar al hombre el desarrollo de sus potencialidades.

–    Facilitar a los hombres la igualdad de oportunidades.

–    Incorporar al hombre (como recurso productivo superior incluso al capital) al mundo y a la sociedad en la Era del Conocimiento.

En efecto, estamos lejos de ese horizonte. Pero es solo cuestión de verdadera voluntad política el ponernos en marcha para superar tantos años —y siglos— de retraso. Una Sociedad que aspire a ser Fuerte debe ser capaz de conseguirlo.

4. Una auténtica democracia participativa

A la muerte del dictador Francisco Franco, la democracia surge en España como modelo político que reemplaza el régimen franquista que nos había gobernado, con el apoyo imprescindible de Estados Unidos y la Santa Sede, a lo largo de casi cuarenta años. El régimen autoritario nacional católico es entonces heredado por la monarquía borbónica, representada en la figura de Juan Car-  los I, quien le sucede en la Jefatura del Estado a título de rey. Será el sucesor del criminal Caudillo quien, enfrentado a la necesidad de obtener una legitimación internacional que le permitiera preservar la continuidad dinástica, promueva un proceso de transición política, la cual culmina con la promulgación en 1978 de una Constitución que da formulación jurídica y política a un sistema democrático que se fundamenta en el pueblo como titular de la soberanía y en el Congreso y el Senado como sedes de la representación popular. Nada podía hacer supone que, transcurridos tan solo treinta y ocho años de aquellos acontecimientos, el sistema democrático que con tanta esperanza y anhelo se había instaurado podría llegar a tal nivel de desgaste y crisis institucional.

Las causas de haber alcanzado el inevitable final de una época —y que encontraría su expresión más visible en la propia abdicación del monarca, preso de abundantes dossieres que desvelaban oscuros comportamientos durante su reinado— podrían encontrarse en:

–    Los evidentes defectos de fondo que impregnaron la propia Transición: un proceso forzado de concertación entre las fuerzas vivas del franquismo y las facciones democráticas emergentes, sometidas todas ellas a la amenaza fehaciente de un golpe de Estado militar, y que vino marcado por unas líneas rojas intraspasables en todo lo referente al modelo territorial, la configuración de la unidad de la patria y la fórmula monárquica. La soberanía popular, de hecho, nace así condicionada por estas limitaciones preeminentes y debiendo hacer borrón y cuenta nueva de la anterior legalidad republicana y de los valores que la inspiraron.

–    El insuficiente y defectuoso desarrollo de una serie de leyes que debían dar contenido y aplicación a la Carta Magna y que, por incapacidad o interés partidista de los legisladores, van conduciendo a su vaciado y deficiente funcionamiento; y

–    El secuestro al que se encuentra sometida la sociedad, descreída, apática y decepcionada en su mayoría, a manos de unas oligarquías políticas y empresariales que se han adueñado del poder y su gestión; esa casta, el Establishment, que analizábamos páginas atrás, y que obligan a hablar de una Partidocracia —que no democracia— cuando nos referimos al sistema político que nos rige. Es como si se hubiera establecido un régimen de “democracia tutelada”, en el que una oligarquía, constituida en clase dirigente, y que posteriormente demuestra tanto su egoísmo y codicia como su ineptitud, se hubiera apropiado de la propia soberanía, reduciendo al pueblo a la condición de súbdito obediente.

Los fallos y defectos en la construcción constitucional han conducido a su envejecimiento prematuro, del que ha derivado, por extenuación, su incapacidad para poder hacer frente a gran parte de los problemas que la sociedad española afronta —el más reciente sería el conflicto con Cataluña —o deberá afrontar en el futuro inmediato.

Desde todas las esquinas de la opinión pública han ido surgiendo voces que insisten en la necesidad de una reforma más o menos profunda de la Constitución de 1978 que aporte nueva vitalidad a nuestro marco jurídico de convivencia. Solamente desde el Partido Popular, por el momento, se oponen a ello con rotundidad.

Lo cierto es que, desde uno u otro enfoque, son pocos quienes no defienden la urgente necesidad de una profunda Regeneración Democrática. Un proceso de cambio y reformas que devuelvan la confianza en un modelo de gobernabilidad en el que el pueblo recupere el protagonismo y su responsabilidad respecto de su propio destino. Y ello como condición previa e imprescindible para salir del desencanto, la atonía, el pesimismo y la indiferencia de una sociedad que vota a sabiendas de que luego nada cambiará —o en todo caso, nada cambiará para mejorar—, dando por sentado que elegidos y oposición harán lo que mejor les convenga, respondiendo a sus propios intereses endogámicos o a otros de índole supranacional, ajenos a la voluntad popular.

Guste o no guste, a la derecha o a la izquierda, lo cierto es que desde hace ya más de veinte años —quizás desde los últimos mandatos de Felipe González en adelante—, el país precisa de ese impulso de renovación y recuperación que permita retomar el aliento de energía y vitalidad hacia el futuro.

Durante las últimas cuatro décadas, PP y PSOE, indistintamente, han ido desvirtuando, hasta prostituirla, la idea de participación y representación de los ciudadanos en democracia. Obsesionados por el interés de detentar el poder, manejarlo en su provecho y no permitir que su rival pudiera arrebatárselo, se han convertido en oligarquías que viven aisladas de la sociedad, convirtiéndose en meros altavoces propagandísticos de unas ideas genéricas y grandilocuentes que no escuchan las verdaderas demandas de la ciudadanía a la que rehúyen, ignorando su defensa. Ya ni siquiera se molestan en presentar verdaderas propuestas y soluciones; les basta con intentar descalificar más y mejor al rival. Endeudados hasta las cejas —según informa el Tribunal de Cuentas al cierre de 2013, debían más de 200 millones de euros a las entidades financieras, hallándose la mayoría de ellos en quiebra técnica por encontrarse en situación de patrimonio neto negativo—, con cantidades que solo podrán llegar a devolver a través de “favores muy especiales”. ¿En qué lo gastan? Nadie lo sabe con certeza porque evitan ser fiscalizados, pero lo cierto es que cada año ingresan cerca de 300 millones de euros, de los que apenas el 10% proviene de sus militantes. ¿Y el resto? Pura financiación pública, es decir, dinero proveniente de usted y de mí.

Como recientemente ha venido manifestando Pablo Iglesias, líder de Podemos, estos partidos tradicionales han ido transformándose en una casta parasitaria de profesionales de la política que viven con buenos sueldos, prebendas y privilegios a costa del pueblo, ensalzados como falsos “dueños de la soberanía”, gestionando para su propio provecho ingentes cantidades de dinero público que, en ocasiones, despilfarran y se reparten entre ellos con total consenso entre unos con otros —para esto sí que todos se ponen de acuerdo con facilidad—, y conformando una maquinaria burocrática constituida por miles de empleados y cargos de confianza a su servicio que se ganan la vida gracias a rendir pleitesía a unas siglas (el periodista Francisco Núñez cifraba, hace ya unos años, en 145.000 el número de personas que directa o indirectamente tienen colocadas los partidos políticos[141]).

Unas organizaciones, brutalmente jerarquizadas, carentes en su interior de la más mínima democracia interna, cuya única finalidad reside en alcanzar y mantenerse en el poder, poniéndolo a su servicio. Un objetivo para el cual no dudan en establecer estrechas relaciones de dependencia recíproca con los verdaderos detentadores del poder fáctico, con quienes posteriormente comparten los beneficios que emanan de la actividad pública. Fruto de su amoralidad codiciosa y de esa única finalidad de “manejo del poder” que les inspira, resultan fácilmente permeables a la corrupción, la cual ha venido a constituirse en un cáncer que impregna, a modo de metástasis, toda la vida pública, como con insistencia hemos hecho alusión.

En su empeño por que nadie pueda someterles a control, han enviciado el funcionamiento independiente del poder judicial    —órgano imprescindible, por su potestad equilibradora, para el buen funcionamiento democrático—, infiltrando y poniendo a su servicio, simultáneamente, otras instituciones del Estado —Ban-co de España, Tribunal de Cuentas, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Cámaras de Comercios, etc.—, organismos que, por su propio sentido, deberían resultar escrupulosamente independientes del poder político. Todo ello ha conducido a una cierta recreación de aquel “Estado Leviatán” que describió el filósofo Hobbes: “Aquel a quien el ciudadano confía todas sus necesidades y ante el que depone todos sus derechos”[142].

No hay una sola regla del juego en el entorno del marco constitucional que los partidos políticos del régimen no se hayan saltado o acomodado a sus intereses. Con ello han conseguido que todos, desde los medios de comunicación hasta lo más variado de asociaciones y empresas que componen la sociedad civil, se encuentren sometidos a su control político —a través de concursos, autorizaciones, subvenciones y ayudas que se pueden dar o quitar—, y con ello la sociedad al completo. A lo largo del tiempo, han llegado a desarrollar un proceso que podría definirse como de Ocupación de la Sociedad por los Partidos del Sistema, del que ha terminado resultando «un estado de caciquismo gubernamental» —como lo define Gaspar Ariño en su obra Regenerar la democracia[143]—, por el que el “arrejuntamiento” entre política y negocios se ha convertido en fórmula habitual y genuina de gestionar la economía y dominar el mundo empresarial, y del que la catastrófica y culpable bancarrota de las Cajas de Ahorro constituye ejemplo paradigmático.

Ocupación de la sociedad mediante la colocación a dedo de hombres del partido o afines al mismo en grandes empresas del país —tanto cuando eran públicas como después de su privatización—; amancebamiento vil, maniobrando y manejando todo el potencial de negocio que gira alrededor del sector público —imponiendo sus intereses a través del manejo de concursos, contratas, concesiones y subsidios—; incluso interfiriendo en operaciones estrictamente privadas, a las que reiteradamente han sometido a su aprobación y condiciones.

Un control político sobre las grandes decisiones empresariales que, como subraya en profesor Ariño, se ha convertido en “una versión actualizada del Estado feudal en el que el señor concluía con los súbditos en un proceso de vasallaje…”[144]. Hasta tal punto ha sido habitual y obligada la relación de las grandes empresas con el poder político, que ha aparecido en nuestro país una figura singular, la cual se sienta junto a la cúpula de las grandes empresas y bancos, al que se ha venido a denominar “el conseguidor” —cu-riosamente, el primero que ascendió a esta categoría fue Juan Guerra, el hermano del entonces vicepresidente del gobierno socialista Alfonso Guerra—. Es decir, «intermediarios que engrasan las relaciones con el gobierno», y de donde surge la expresión, tantas veces mencionada, de “puertas giratorias”, porque se produce un trasvase continuo de los más altos cargos desde la política al mundo empresarial y viceversa, de ex presidentes y ex ministros que acaban siendo miembros de los consejos de administración, y de significados directivos que recalan en los más apetitosos cargos políticos.

Todos los sectores estratégicos del país —energéticos, financieros, telecomunicaciones, construcción e infraestructuras y otros— se han visto permeados por la casta de los partidos políticos hasta crear una oligarquía político-financiera-mediática, auténtica expresión del poder en nuestro país, a cuya sombra se han situado miles de enchufados, protegidos, amigos, sicarios, capataces, agradecidos, gregarios, comisarios políticos y demás especies que han suplantado a los verdaderos profesionales, independientes y capacitados.

A tal extremo ha llegado la degeneración en la que nos encontramos, que cabe afirmar sin riesgo de incurrir en exageración que nada ni nadie puede abrirse un camino de relevancia en España sin contar con el respaldo y beneplácito de un partido político. Los ejemplos al respecto podrían ser múltiples.

Esta constituye la auténtica realidad de los partidos políticos tradicionales en España. PP y PSOE —y sus primos hermanos en País Vasco y Cataluña, PNV y PDeCAT, antigua CIU— son maquinarias bien engrasadas de dinero público —y de comisiones ilegales en negro, de las que todos los días conocemos un nuevo caso—, cuyo único objetivo es obtener, acaparar y ejercer el poder y sus beneficios, suplantando en este ejercicio la voluntad popular y actuando a modo de bandas con ribetes de mafiosos.

Estas organizaciones han prostituido el modelo democrático, repartiéndose astutamente entre ellas el discurso ideológico que refleja sensibilidades distintas en las opiniones de la sociedad     —de derechas, de izquierdas, nacionalistas, etcétera—, consiguiendo con ello que parezca que existen opciones de pluralismo ideológico en las propuestas para la acción política. Lo cierto es que detrás de esta apariencia, que asemeja un puro juego de prestidigitador, todas ellas vienen a representar lo mismo: asunción plena del neoliberalismo en lo económico, sometimiento a los poderes supranacionales, y manejo de sus intereses —y los de sus protectores y protegidos—, a modo de contubernio, en las restantes esfera de la vida social.

Una inmensa mentira que, en efecto, subvierte el orden democrático, ha prostituido el modelo constitucional y encamina el país hacia su decadencia moral y social —no todo puede ser economía—, ante la triste ceguera y sordera de la mayor parte de la sociedad, que acepta someterse a los que mandan como, suponen, única opción.

La nueva Sociedad Fuerte precisa con carácter prioritario —y también se merece, me atrevería a afirmar— de una reconstrucción completa de todo su andamiaje constitucional, que devuelva el poder soberano a sus auténticos titulares, el pueblo, libre de intermediarios que la sometan, en un escenario social y político en el que su voz sea canalizada por auténticos representantes de sus intereses evitando que esta situación de “pseudo protección de un pueblo al que se considera incapaz” pueda volver a repetirse.

No será tarea fácil apartar a estas “bandas” y tramas oligarquícas para el aprovechamiento del poder de la posición de dominio y control en las que se hayan ventajosamente asentadas… y menos aún si la intención última es que el pueblo y su voluntad responsable les reemplace. Por ello, las propuestas para la redemocratización y fortalecimiento de nuestro sistema político, aun resultando perfectamente factibles de legislar, difícilmente obtendrán el consenso y adhesión preciso por parte de aquellos que hoy se benefician del defecto y laxitud de las normas. Solo una nueva mayoría parlamentaria —de carácter suficientemente cualificado como requisito indispensable— compuesta por un abanico de fuerzas políticas nuevas, sean de derechas o de izquierdas, limpias de pasado, ajenas a la corrupción constitucional y que nunca hayan participado de la actual modelo partitocrático, será capaz de llevar adelante la reconstrucción del tejido político que se precisa.

El problema radica en que para construir tal mayoría para la regeneración, con nuevos partidos como Ciudadanos o Podemos u otros que pudieran surgir, se precisaría de un mínimo del 60% del total de votos emitidos en unas elecciones generales, lo cual parece estar todavía muy lejos de los recientes resultados del 20 de diciembre de 2015 y del 26 de junio de 2016. Por desgracia, el voto cautivo del que parecen disponer PP y el PSOE persiste en mantener un suelo electoral muy elevado a favor de estas formaciones —tristemente, casi la mitad del censo participante—.

PSOE y PP han logrado introducir en la mente de muchos ciudadanos la falsa idea de que fuera de ellos, de su actuación, solo existe el caos en forma de revolución, violencia y ruina, por lo que no hay más remedio que resignarse con ellos. Costará desmontarlo y que la ciudadanía acepte, como parecería lógico, fórmulas nuevas… y sobre todo, limpias. Entre los menores de cincuenta años y en las poblaciones de más de 400.000 habitantes, el cambio ya ha comenzado a producirse de manera notable. Los restantes, ciudadanos de la tercera edad y residentes en núcleos rurales más pequeños, optan con preferencia por el “más de lo mismo”.

Para que a nivel político vuelva a presidir la vida de nuestro país una democracia auténtica y de calidad, se necesita poner en marcha una serie amplia y variada de medidas, de entre cuales se podrían destacar:

A) Una reforma profunda del sistema electoral que corrija el actual, garantizando el valor igualitario de cada voto, situación que hoy no sucede, como consecuencia de haber consignado en la Constitución (con toda la intención) a la provincia como base para la definición de circunscripciones electorales. Sería preciso establecer:

–    La elección nominativa de al menos un 60% de los diputados nacionales, mediante escrutinio mayoritario a dos vueltas, en circunscripciones electorales uninominales, establecidas por cada 200.000 habitantes aproximadamente para los comicios generales.

–    La elección del restante 40% de parlamentarios en una circunscripción única nacional mediante voto proporcional, a través de listas abiertas, presentadas por los partidos.

Normas de contenido similar deberían establecerse para las elecciones de carácter autonómico.

B) Una modificación del actual sistema de financiación de los partidos políticos, que establezca:

–    Una limitación estricta en las subvenciones anuales que les puedan ser concedidas por el conjunto de Administraciones para su funcionamiento, hasta un máximo de 50 millones de euros, repartidos entre todos ellos (en la actualidad, superan los 200 millones), proporcionalmente a su representación parlamentaria, nacional y autonómica.

–    Una restricción de las subvenciones otorgadas por razones electorales y para sufragar los gastos incurridos en su celebración, hasta un máximo de 10.000 euros por escaño (en la actualidad alcanzan casi los 22.000 euros), 0,30 euros por cada voto conseguido para el Congreso, y 0,10 euros por cada voto conseguido para el Senado (menos de la mitad que ahora).

–    Una reducción en un 50% de las subvenciones, fijas y variables, establecidas por las diferentes Administraciones, para financiar el funcionamiento regular de los grupos parlamentarios constituidos dentro de las Cámaras legislativas, sean nacionales o autonómicas.

–    La exigencia de que un 60% del presupuesto anual corriente de cada partido político deba provenir de las aportaciones de militantes y simpatizantes mediante cuotas, contribuciones transparentes o campañas públicas de recaudación.

–    La fijación de topes estrictos para el montante máximo de gasto que pueda incurrir un partido en campaña electoral, hasta un máximo sujeto a su auditoría independiente.

–    Un serio reforzamiento de las limitaciones establecidas en la Ley de 2007, sobre Financiación de los Partidos Políticos, y sus modificaciones posteriores, a las aportaciones privadas provenientes de no militantes y de entidades jurídicas. Prohibición de las aportaciones anónimas, las aportaciones con finalidad, las de carácter en especie y las aportaciones de empresas públicas o empresas contratistas de las Administraciones Públicas con contratos en vigor.

–    La fijación de un límite máximo anual a las aportaciones privadas de los no afiliados, sean personas físicas o jurídicas, que en todo caso, jamás podrán superar el 15% del presupuesto anual de ingresos previsto por cada formación.

–    La prohibición de las aportaciones destinadas a fundaciones o asociaciones vinculadas orgánicamente a los partidos políticos que provengan de cualquier tipo de entidad jurídica o de particulares anónimos.

–    La obligación de hacer público, mensualmente, el importe de las aportaciones obtenidas, cuotas cobradas y otros ingresos recibidos, sometidas a criterios de auditoría independiente en el marco de una trasparencia absoluta.

–    La prohibición de endeudamiento con entidades financieras por encima del 5% del presupuesto anual establecido y publicado así como de su posterior condonación.

–    La aplicación de principios de trasparencia absoluta en su gestión contable con obligación de publicación publica de todos sus documentos (incluidos presupuestos, retribuciones y nominas) en plazo regular e inmediato.

–    Sujeción de todas las formaciones políticas a auditorías regulares de carácter anual realizadas por el Tribunal de Cuentas, en base a principios generales de contabilidad universalmente aceptados, vinculándose a ellas y a la impecabilidad de sus resultados la posibilidad de recibir cualquier subvención pública posterior.

–    Finalmente, prohibición a todos los partidos políticos de generar cualquier déficit presupuestario anual que supere el 5% de sus ingresos.

Parecería una lista muy amplia de medidas. Lo es, y todavía podrían añadirse una cuantas más, todas ellas plenamente lógicas y viables, encaminadas a controlar eficazmente el funcionamiento económico de una instituciones vinculadas a la democracia y el bien común, previniendo la corrupción y otros delitos y garantizando la adecuada aplicación de los recursos, para que no haya posibilidad de mal uso o despilfarro. Lo que resulta incomprensible es que este tipo de medidas no estén ya en vigor y que estas organizaciones sigan campando a sus anchas en materia económica y de gestión, ajenas por completo a la legislación que regula el funcionamiento de empresas y sociedades y, especialmente, de las que cotizan en Bolsa.

C) Una batería de normas encaminadas a la recuperación de la vitalidad del Parlamento, como sede de la soberanía, entre las deberían incluirse:

–    Prohibición del sometimiento al mandato imperativo de partido a la hora de cada votación. Libertad de ejercicio del voto para cada parlamentario, quien deberá rendir cuentas regularmente de sus actuaciones ante los electores de su circunscripción.

–    Obligatoriedad de crear comisiones de investigación en cuanto así lo soliciten un 10% de los diputados, e idéntico porcentaje para poder solicitar comparecencias y/o respuestas a preguntas por parte del Ejecutivo, a efectos de garantizar a las minorías una eficaz capacidad de control sobre el Gobierno.

–    Impulso a la iniciativa legislativa popular, limitando su exigencia al 1% del censo con derecho a voto y ampliando su capacidad hasta la posibilidad de solicitar la convocatoria de referéndums de carácter vinculante cuando así lo viniese a demandar un 10% del mismo censo.

–    Impulso a la intervención en ambas Cámaras de representantes y líderes sociales que puedan hacer llegar y servir de eco a todas las inquietudes de la ciudadanía.

–    Revisión de tiempos y métodos de funcionamiento de las comisiones parlamentarias, así como los aplicados en la tramitación de proyectos de ley, a efectos de mejorar la riqueza del debate, su agilidad y transparencia.

–    Reducción de la retribución y demás privilegios inherentes a la condición de parlamentario. Supresión del estatus de “aforado”. Obligación de dimisión en el momento en que se incurriese en la situación judicial de “imputado” o “investigado”.

–    Obligatoriedad de asistencia a plenos y comisiones por parte de todos los parlamentarios, y precisión en las sanciones en caso de absentismo. Publicidad periódica de dicho absentismo y de todos los gastos, por cualquier causa o concepto, en que pueda incurrir cada parlamentario con detalle de los mismos.

D) Reforma o supresión del Senado:

Las funciones que la Constitución asigna a esta Cámara del Parlamento, de representación territorial y compuesta por 266 Senadores, son las mismas que las del Congreso, actuando como segunda sede de refrendo o enmienda para las tareas legislativas, el control de la acción del Gobierno, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y la elección especifica de un número de altos cargos de la Administración. Específicamente se le asignan tareas muy concretas en lo que respecta a la integración territorial.

Dada la prelación asignada al Congreso en la aprobación definitiva de leyes y demás cuestiones legislativas, y la coincidencia hasta la fecha de mayorías del mismo color político en ambas Cámaras, la realidad es que el Senado se ha convertido en una institución inútil pero costosa para los contribuyentes. Hoy por hoy no se conoce que desempeñe ninguna función necesaria     —así lo reconocen las voces más autorizadas—, ya que actúa como mera subsidiaria procedimental del Congreso, que es donde se constituye el Gobierno y se desarrolla prácticamente toda la contienda política.

La Constitución no supo dotar al Senado de un contenido eficaz vinculado a la organización por Comunidades Autónomas del Estado y a la problemática vertebración territorial del país, una cuestión que queda diluida al estructurarse la representación por provincias. Es así como paulatinamente, esta Cámara ha venido a convertirse en un “cementerio de elefantes” sin atribuciones reales, donde se acomoda a aquellas figuras de los partidos a quienes, no habiéndoles encontrado hueco en las listas del Congreso, se desea ofrecer un retiro dorado y bien retribuido. Consecuencia de ello es la poca y pobre actividad para una institución tan costosa: a modo de ejemplo, a lo largo de la pasada legislatura (2012-2015), apenas presentó tres iniciativas legislativas y celebró 38 plenos —menos de una iniciativa al año y menos de un pleno al mes—. El dato oficial habla por si solo.

El Senado bien podría constituirse en una cámara territorial de representación de la plurinacionalidad del país, en el supuesto de que se produjera una reforma federal o confederal del Estado o, al menos, de una parte del mismo. De no ser así, debería suprimirse totalmente, evitando a los contribuyentes su nada desdeñable coste de 52,5 millones de euros anuales, que no es poco.

Todavía se podría ahondar mucho más en la imprescindible recuperación a la que deben someterse tantos otros aspectos de este deslegitimado e ineficaz sistema político que en tan poco espacio de tiempo ha agotado, por degeneración política y falta de vigor y modernidad, las grandes ilusiones que podía albergar en su arranque al final del franquismo. Con el ánimo de no agotar al lector —quien desee conocer más a fondo estas cuestiones, recomiendo la lectura de la excelente obra de Carlos Sebastián, España estancada[145]—, baste a nuestros efectos con enunciar una última relación de organismos que, a partir de la voluntad política firme y decidida de los gobernantes —único requisito imprescindible—, sería necesario corregir y recuperar para un proyecto nuevo e ilusionante para España:

1. Romper con la opacidad reinante y el corporativismo cerrado de los Ejércitos y su penosa singularidad judicial, que bloquea incluso su necesaria modernización.

2. Acabar con la confesionalidad católica encubierta del Estado.

3. Encontrar significación institucional a la Jefatura del Estado —por cierto, ¿para cuándo un referéndum sobre monárquica o república?— que le confiera un sentido —hoy en día parecería que el auténtico Jefe del Estado es el Presidente del Gobierno— más allá de aportarnos distracción conociendo de sus andanzas a través del Hola (y, en los últimos años, también en las páginas dedicadas a contar sobre escándalos amorosos y económicos) y de servir de embajador de una cierta imagen ficticia de nuestro país hacia el exterior, ejerciendo de esforzado “vendedor de coches”.

4. Reformular el interés y alcance para el futuro de las organizaciones sindicales, hoy convertidas en nomenclaturas funcionariales, caídas en el desprestigio de su inutilidad y en la indiferencia de una sociedad que, tristemente, las considera superadas —según informa la Agencia Tributaria, en 2013 se declararon sus cotizantes 1,8 millones de personas; apenas un 8% de la población activa—.

Como punto de partida, resulta indispensable reducir, y casi suprimir, esa financiación pública que, a costa de la ciudadanía, hoy reciben y con la que han venido sobreviviendo —en ocasiones con un tren de vida inusual y desorbitado— a cambio de convertirse en meros instrumentos del Sistema, sin otra finalidad que la de hacerse la foto con el Ministro de turno y el presidente de la Patronal cuando corresponde. Y todo ello sirviendo de coartada para que el neoliberalismo clave, una tras otra, banderillas sobre el sistema social.

5. Devolver la autoridad, completamente sustraída, y su funcionalidad al Consejo de Estado.

6. Imponer organismos reguladores autónomos, independientes y dotados de autoridad reconocida y respetada. Como explica en su libro citado Carlos Sebastián, “se ha limitado o vaciado de contenido los organismos de supervisión creados…”[146]. Una afirmación tan cierta como grave.

Instituciones tales como el Banco de España —abso-lutamente desprestigiado con la crisis de las Cajas de Ahorro y el caso Bankia, o el más reciente del Banco Popular—; el Instituto Nacional de Estadística; el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno; la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas; la Autoridad Fiscal Independiente; la Comisión Nacional del Mercado de Valores —que no se sabe, o tal vez sí, para quién trabaja realmente—; la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, juegan un papel trascendental en la regulación y supervisión del sano funcionamiento de la sociedad que no puede quedar inhabilitado…

… Organismos, todos ellos imprescindibles, que hoy en día, sin embargo, se han convertido en instrumentos al servicio de la partidocracia, cuando debería ser todo lo contrario: instituciones independientes, separadas del poder político, conformadas por eficaces profesionales, con una autoridad indiscutida emanada de su saber —y no de sus contactos e influencias—, impermeables respecto de la influencia y la presión políticas, creíbles, respetadas y coherentes.

La necesaria reforma de nuestro funcionamiento democrático resultará cada vez más imprescindible conforme se continúe dejando transcurrir el tiempo en discusiones estériles respecto a su conveniencia. Su aplazamiento solo servirá para ir poniendo más en evidencia la insuficiencia y defectos del actual y agravar los problemas que del mismo se derivan. Y con ello, aumentará la decepción y escepticismo de una ciudadanía que paulatinamente va percibiendo que “no era esto, ni puede ser esto” lo que se entiende por una democracia vigorosa e ilusionante, tal y como hace décadas llegamos a imaginar. El creciente distanciamiento entre ciudadanos y sus representantes, a quienes se continúa desprendiendo de sus atributos de respeto y autoridad moral, acabará haciendo imposible todo esfuerzo por la gestión del bien colectivo si no se reacciona a tiempo. Deberíamos estar al tanto de este serio peligro y las consecuencias que pueden sobrevenir.

A lo largo de este capítulo he intentado esbozar alguno de los caminos y puentes que nuestro país precisa reconstruir para devolver a la democracia una fortaleza perdida que le permita hacer frente a la amenaza cada vez más palpable de su desaparición.

El resultado de un proceso ininterrumpido de invasión del Estado y sus instituciones por parte de los partidos políticos nos ha llevado, como señala Alejandro Nieto en su libro El desgobierno de lo público, a “un estado de genuino falseamiento del sistema democrático”, del que ha derivado esa “feudalización partitocrática” en la que el poder soberano del pueblo se ha trasferido —por usurpación— a los partidos y de estos, a las aristocracias financieras, que son quienes ejercen el verdadero poder hegemónico[147].

Consecuencia de todo ello es la corrupción que, a modo de cáncer, pudre el Estado y los valores que lo inspiran, fenómeno del que ya se ha dado cumplida cuenta en esta obra.

Como nos ilustra Gaspar Ariño, de nuevo en su excelente ensayo: «El resultado de tantos años de degradación del sistema […] es la pérdida de respetabilidad del Estado y el colapso de la confianza de la gente en las fuerzas políticas, cuyas elites son vistas como una “casta privilegiada” que no es de fiar»[148].

La descomposición de lo público, personificada en el Estado, debida a sus propios errores de funcionamiento y de eficacia de resultados, unida al saqueo imparable de sus arcas, encuadran la etapa previa, implacablemente diseñada por el neoliberalismo, a su demolición y posterior sustitución por la dictadura amable y eficiente de las elites.

 No vivimos en una auténtica democracia, porque son otras estructuras de poder —político y financiero— quienes toman las decisiones por nosotros… en función de lo que a ellos les conviene. Su interés es mantenernos sometidos mediante la aplicación de una “anestesia agradable” (pan y circo, o “el soma” del consumo y la distracción) que nos vuelva conformistas, dóciles, asustados e incapaces de pensar por nosotros mismos. Su objetivo es que no percibimos la realidad que subyace ante nosotros para que no nos rebelemos —lo único que podría hacer temblar sus cimientos bien asentados— y encima, por interés o manipulación, nos sintamos agradecidos.

Todo podría cambiar, sin duda con mayor facilidad en lo que respecta a la revitalización democrática que en la reorientación de un capitalismo desbocado, aunque ambas cuestiones se encuentren íntimamente conectadas, pero pocos —no los suficientes— lo quieren. Los de arriba, porque así manejan para sí “los frutos del paraíso” a su antojo; la vasta red clientelar de enchufados y beneficiados, para poder seguir viviendo del humo y el favor; los de abajo como consecuencia de esa resignación y conformismo propios de “menores tutelados”.

Es lo que hay. Pero podría y debería cambiar.

5. Una reforma para la revitalización de la justicia

La situación de la administración de Justicia en nuestro país atraviesa un estado que bien podría calificarse como de significada gravedad, lo cual resulta ampliamente reconocido tanto por la opinión pública, que le asigna la peor valoración entre los poderes del Estado —de suspenso rotundo para un 53% de ciudadanos, según el Barómetro Externo 2015 realizado por Metroscopia[149]—, como por quienes desarrollan su actividad dentro de ella. Esta situación, qué duda cabe, afecta profundamente a la legitimidad del propio modelo democrático en su esencia, al poner en entredicho la que debería constituir garantía última de las libertades que proclama la Constitución.

Algunos datos confirmarían la certeza de tan delicada situación:

–    España dispone de 10 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea se situaría en 19 (es decir, casi la mitad).

–    La inversión destinada a Justicia ha descendido de 90 euros por habitante/año en 2010, a poco más de 30 euros en 2013; una de las más bajas de Europa, sin que nuevos datos posteriores corrijan la situación.

Añádase a ello la percepción, sin duda justificada, de falta de independencia judicial frente a las instancias políticas, lo cual nos sitúa, respecto a su valía, en el puesto 72 sobre 148 países considerados[150] —según el informe Cuadro de indicadores de la Justicia en la Unión Europea para 2014—, muy lejos del puesto que por nuestro PIB debería correspondernos.

Falta de medios e insuficiente capacidad de organización y funcionamiento que, unidos a un innecesario ritualismo procedimental y un exagerado alejamiento de la realidad, redundan en una percepción de caos absoluto que se manifiesta también en la lentitud en su ejercicio, propia de un país tercermundista, lo cual afecta al sentido del amparo efectivo al que tendría derecho constitucional cada ciudadano.

A este respecto, una reciente encuesta desarrollada por el Consejo General de la Abogacía[151], desarrollada entre más de cinco mil abogados, viene a corroborar el alcance de esta comatosa percepción:

–    El 71% de los colegiados encuestados considera que la Justicia funciona mal o muy mal.

–    Un 88% cree que el modelo de Administración de Justicia se encuentra en crisis grave y profunda.

–    Un 86% considera que su principal problema provendría de su deficiente organización, propia de las necesidades de una sociedad del pasado.

–    Un 82% considera que los gobiernos, del signo que sean, muestran más interés en controlar e influir en la Justicia que en emprender una mejora a fondo que la modernice y haga plenamente eficiente. Esta misma explicación me daba un buen amigo, y excelente profesional del Derecho: “La situación es esta porque ningún poder ejecutivo, sean cuales sean sus siglas, quiere un poder judicial fuerte que pueda ejercer con eficiencia su función de control independiente; se le prefiere moribundo…”.

La práctica unanimidad de las respuestas elimina la necesidad de comentarios adicionales: insuficiencia de recursos, modelos organizativos obsoletos —al igual que el resto de la Administración Pública— y continuos intentos de infiltración y manipulación por parte de los partidos políticos.

Si la idea sobre la que se basa el ideal democrático se ampara en la independencia de los tres poderes que la conforman —eje-cutivo, legislativo y judicial—, cada uno de los cuales actúa de contrapeso equilibrador para con los otros, se puede afirmar sin riesgo a equivocarse que en España hace tiempo que la democracia se encuentra secuestrada.

En los últimos años, el poder judicial ha visto degradada su imagen y reputación hasta límites difíciles de recuperar. Un poder esencial en el funcionamiento del Estado de Derecho, que responde a la misión de vigilar el cumplimiento estricto de la ley por parte de todos, empezando por el propio poder ejecutivo, se ha visto penetrado por los partidos políticos con el fin de neutralizarlo y convertirlo en siervo fiel de sus intereses, robándole su independencia, su bien más preciado y preciso.

Resulta penoso comprobar cómo se suele hablar de quienes ejercen el gobierno de los jueces en términos de su identificación y simpatías hacia tal o cual partido y de su mayor o menor cercanía con sus círculos afines. Hasta tal punto llega la situación, que todos ellos acaban siendo catalogados de “progresistas” o “conservadores” —o sea, adeptos al PSOE o al PP— en función de los padrinos que avalaron su candidatura y nombramiento y que hoy les respaldan, lo cual permite anticipar, dependiendo de las mayorías que puedan conformarse, el resultado de muchas de sus decisiones. ¿Es esta la idea de JUSTICIA, con mayúsculas? No, todo lo contrario. Este fenómeno constituye una aberración para la idea democrática: “el interés político estableciendo la verdad judicial”.

Una vez más, los valores consagrados en la Constitución de 1978 que remarcan la función independiente del poder judicial y sus órganos de gobierno se han visto pervertidos —llegando incluso hasta el manejo de sus asociaciones corporativas— por la infiltración de la clase política. Una clase que, ávida de controlar a un peligroso enemigo y utilizando para ello su capacidad desde el poder legislativo para nombrar o forzar ceses, ha logrado construir mayorías y minorías de adeptos u opositores. Sirva de ejemplo los más que sospechosos nombramientos recientes en la Fiscalía General del Estado y en la Fiscalía Anticorrupción —este último dimitido posteriormente por ser descubierto que era titular de una sociedad en un paraíso fiscal—.

Como consecuencia de todo ello, y del establecimiento de leyes aquí y allí que así lo facultaban, nos encontramos con que el Consejo General del Poder Judicial, órgano máximo de gestión de los jueces (el que dispone de la potestad para sus nombramientos, sus traslados, sus ascensos, etcétera), está compuesto por veinte miembros —jueces, magistrados y juristas de reconocida competencia—, nombrados por el Parlamento según un sistema de mayoría cualificada, que habilita un reparto por cupos entre cada partido político, y que en la práctica no son sino representantes con carrera jurídica o judicial de tal partido o de tal otro. La consecuencia es que todas sus decisiones resultan a la postre venir dictadas, o como mínimo influenciadas, desde las sedes centrales del PP o del PSOE, por lo que prevalecen las de uno u otro bando en función del turno de “mayoría conservadora o progresista” que corresponda en cada momento, según los repartos pactados. (Quien sienta interés por conocer más a fondo acerca de esta inaudita y escandalosa situación, donde se mezcla el más zafio corporativismo con la siniestra maniobra política, le recomiendo la lectura del libro del juez Jesús Villegas, El poder amordazado[152], o el anterior El desgobierno judicial de Alejandro Nieto[153]. No puede imaginar el lector hasta dónde alcanza tan inconcebible escándalo.).

Como en idéntico sentido reitera el ya mencionado catedrático y abogado Gaspar Ariño:

La realidad del funcionamiento del CGPJ ha sido […] desde 1986 algo lamentable, tanto en lo que se refiere a nombramientos (un mercadeo de cargos basado en el amiguismo y la proximidad ideológica más que en los méritos profesionales) como en el funcionamiento de los servicios. Se producen en su seno denuncias cruzadas y se alardea, por unos y por otros, sobre los nombramientos conseguidos para la propia asociación. Las minorías —o los no asociados— censuran el “pasteleo” y denuncian la marginación de que son objetos […] Por estas y otras razones […] el resultado ha sido la pérdida de independencia, la confusión, el desprestigio de la institución judicial y la quiebra de la seguridad jurídica del país […] La ley se ha degradado y la Justicia se ha manipulado políticamente […][154].

En idéntico sentido, podría hablarse de la situación a la que ha llegado el Tribunal Constitucional, supuesto órgano supremo garante de la seguridad jurídica del país, del que lo que más se conoce son los conciliábulos, negociaciones, pactos y demás componendas, de carácter político antes que jurídico, en las que se maneja a la hora tanto de elegir a sus miembros como de establecer resoluciones. Doce miembros, ocho elegidos a propuesta de Congreso y Senado —de nuevo por mayoría cualificada, a través del mismo sistema de cupos que manejan los partidos—, dos a propuesta del Gobierno, y los dos últimos a propuesta del propio Consejo General del Poder Judicial… No hay que comentar nada más para entender de nuevo la subordinación de los magistrados del Alto Tribunal al poder político.

La consecuencia última de esta situación es que la propia Constitución, en su desarrollo e interpretación, se encuentra rehén de la mayoría política de turno, habiendo perdido su identificación con la idea de “casa común de todos los españoles”. Tal perversión ha conducido a situaciones tan graves como la que se derivó de la sentencia del 28 de junio de 2010 sobre el Estatut de Cataluña de 2006 —que vino a corregir la voluntad del pueblo catalán expresada mediante referéndum—, a la que muchos consideran causa remota del actual conflicto político y callejón sin salida del independentismo en Cataluña. Una resolución sembrada de dudas respecto a su rigor jurídico, al saberse cargada de intereses políticos y de maniobras y presiones en la sombra.

La pérdida de credibilidad y respeto hacia el Tribunal Supremo —todavía resuenan los ecos de la más que sospechosa inhabilitación al juez Garzón—, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y otras instancias jurisdiccionales como el Tribunal de Cuentas —autoridad también sometida al interés político— nos ha conducido a semejante estado de descrédito. Nadie cree en la imparcialidad de la Justicia como institución     —más allá de la valiente tarea desempeñada por tantos jueces independientes, que reman afanosos en dirección contraria a la marea—, ni en que la Justicia se aplique igual para todos, sino todo lo contrario, dando a entender que la ley en nuestro país se sitúa al servicio de los más fuertes, con lo que resulta socavado el primero de los principios justificadores de un Estado de Derecho.

Adicionalmente a lo hasta aquí comentado, tampoco es posible dejar de insistir en la penosa falta de medios en que se desenvuelve la Justicia. Las imágenes de Juzgados, desprovistos de la equipación técnica precisa, con ordenadores obsoletos que no abren archivos pdf o DVD —como repetidamente ha denunciado la Fiscalía de Delitos Económicos—; carentes de las condiciones mínimas de salubridad; faltos de espacio por estar saturados con ingentes pilas de sumarios y expedientes que, al no caber en las mesas de jueces y funcionarios, se amontonan en las estanterías, los archivadores o el propio suelo —e incluso en los retretes, o en carritos de supermercado, como nos mostraban recientemente las imágenes de un programa de televisión—; procedimientos que se retrasan años y años en su resolución y que luego son ventilados a todo correr en pocas horas y sin la mínima reflexión debida; funcionarios desmotivados y apáticos; documentación que se extravía; sensación de caos reinante… Añádase a ello un Derecho Procesal sin duda excesivamente complejo y garantista, lo cual retrasa y hace más farragosos los procedimientos, para situarnos ante una tormenta perfecta que anticipa el colapso. Esta no puede ser la Administración de Justicia en un Estado que se sitúa presuntamente entre los países más avanzados del siglo XXI. A no ser que así, ineficaz y desprovista de prestigio y respeto, sea como se prefiera que se encuentre… Me temo que por ahí van los tiros.

Un problema, el de la falta de condiciones materiales, que se sumaría al de la instrumentalización burda a cargo de los partidos políticos y que ningún gobierno, de ningún signo, ha hecho lo más mínimo por resolver, más allá de las proclamas retóricas de cambio y mejora que jamás se han cumplido. Ni lo han hecho ni lo harán; sería como “pedir al zorro que reforzara las medidas de seguridad que protegen el gallinero”.

¿Por qué nunca se ha intentado establecer un gran Pacto por la modernización y eficacia Justicia? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué se acepta una Justicia extremadamente deficiente? ¿Quiénes lo prefieren así? La respuesta inmediata seria porque a casi todos los que manejan los diferentes resortes del poder les conviene que siga en su estado canceroso. Como resume el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquín Bosch:

Estamos a la cabeza europea en el número de corruptos y a la cola en el de jueces. El poder político, de manera intencionada, nunca ha querido arreglar la Justicia y los grandes delincuentes tienen más medios que los juzgados. En España ha sido demasiado fácil corromperse.[155]

Soluciones existen. Basta con leer algunas de las conclusiones que emanaban de la mencionada encuesta elaborada por el Consejo General de Abogacía Española, o mejor aún, las propuestas, plenamente viables, presentadas de manera conjunta por las cuatro Asociaciones de Jueces en diciembre de 2015. Las ideas ya están; ahora solo faltan los recursos y, ante todo, la voluntad política para ponerlas en marcha. El estado actual del sistema de Justicia en España justificaría por sí solo para afirmar la gangrena que afecta a una democracia raptada y a una Constitución herida de muerte. Menéndez Pidal escribió en su Historia de España, hace ya bastante tiempo: «En la vida histórica, todo periodo de auge se distingue por una vigorización de la Justicia y, por lo contrario, en sus épocas de decaimiento…»[156].Democracia es mucho más que votar, cada cierto tiempo, las listas cerradas que proponen unas u otras siglas, pero muchos no se quieren dar cuenta y a otros se les anima a olvidarlo. Como escribe el eminente abogado y ex juez Javier Gómez de Liaño en un artículo publicado en El Español:

ES NECESARIO que los españoles clamen por la Justicia que la Constitución propugna como valor superior del ordenamiento jurídico y se administra por jueces independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

ES NECESARIO que los españoles recuerden a sus políticos que el Poder Judicial es un poder del Estado, no un poder de los partidos, gobiernen o no gobiernen…[157]

6. Una reformulación de la organización territorial del estado

La articulación territorial de nuestro Estado constituye una cuestión extremadamente espinosa sobre la que pocos se arriesgan a opinar de frente y con valentía. La razón habría que situarla en que tal problemática hunde sus raíces en emociones y sentimientos seculares, casi tribales, muy arraigados en la Historia, en los que confluyen nacionalismos opuestos que se remontan más atrás del siglo XIX: la unidad de la patria España frente a los movimientos secesionistas periféricos, de mayor o menor calado, y que llegados al periodo democrático han conducido a la extremadamente delicada situación que se vive en Cataluña, o al anterior estado de violencia y crimen en el País Vasco.

El famoso “café para todos” con el que durante la Transición se intentó dar respuesta al conflicto histórico del independentismo ha resultado ser un fiasco en el sentido más amplio del término. El estado de las Autonomías ha devenido un modelo de organización extremadamente costoso —17 parlamentos de representación autonómica y sus correspondientes 17 gobiernos, con la ingente cantidad de cargos públicos y funcionarios que eso conlleva—, que no siempre redunda en la eficacia, la agilidad y el mejor servicio para el ciudadano, sino que, muy al contrario, ha servido para acentuar situaciones de caciquismos regionales y de colisión entre diferentes normativas autonómicas. Y por otro lado, este esfuerzo descentralizador tampoco ha servido para dar cauce a los anhelos nacionalistas de mayor soberanía y emancipación a las que aspiran una parte de la sociedad catalana y vasca.

Nuestro país, inmerso en el debate sobre la viabilidad de futuro de la protección social y del Estado de bienestar, no puede permitirse tener:

–    8.200 alcaldes;

–    cerca de 70.000 concejales para unos 8.000 municipios;

–    unos 2.550 diputados autonómicos, forales, provinciales y de los Cabildos;

–    alrededor de 30.000 asesores para concejales, diputados, Diputaciones, Cabildos y gobiernos autonómicos;

–    en torno a 3.000 personas al frente del ejecutivo de los 17 gobiernos autonómicos;

–    Otras 34.000 personas que trabajan en las oficinas, agencias, institutos y sociedades públicas dependientes de los gobiernos de cada comunidad y provincia.

Además de:

–    350 diputados del Congreso y 266 miembros del Senado (de los que, por cierto, solo un 30% mantiene dedicación exclusiva);

–    Alrededor de otros 7.000 asesores al servicio de estos;

–    200 altos cargos políticos de la Administración Central, incluidos ministros;

–    2.000 asesores, como mínimo, trabajando para dichos altos cargos; y

–    otros 7.000 cargos políticos trabajando, en una u otra función, para los altos poderes del Estado, la Administración Central, el presidente del Gobierno, su gabinete y la Casa Real.

La suma de todas estas cifras que venimos de enumerar, estimadas con la más objetiva aproximación —por increíble que parezca, no existen registros que las cuantifiquen con exactitud—, situaría en torno a 160.000 las personas que ocupan cargos políticos repartidos entre cargos electos —menos de la mitad— y cargos de libre designación o nombrados a dedo… en definitiva, lo que ha venido a denominarse acertadamente “la casta política del país”. Un número que se acerca a la cifra de países como Francia o Italia —aunque, eso sí, ellos tienen casi el doble de población que el nuestro— y que superaría significativamente a la de Alemania.

Resulta chocante que tampoco sea posible conocer con certeza —las informaciones disponibles que se manejan no son completas ni oficiales— el costo total que representa para las arcas públicas la remuneración del conjunto de cargos públicos —de la que habría que excluir a los concejales de ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, quienes ejercen sin recibir compensación alguna a cambio—, cuyos importes se pierden entre una multitud confusa de diferentes partidas presupuestarias. Un oscurantismo tercermundista que encierra la intención, seguramente, de evitar la sorpresa y cierta indignación de la ciudadanía que paga sus sueldos y demás prebendas a través de los impuestos. Recogiendo estimaciones de aquí y de allí, he podido calcular que se situarían en torno a los 2.500 millones de euros, importe al que habría que añadir el caudal de beneficios adicionales que conlleva el cargo —coches, gastos de viaje y representación, dispositivos informáticos…—, que pueden representar otro buen pellizco. Es decir, podríamos estar hablando, sin miedo a exagerar, de que el coste de nuestro modelo de organización política supera de largo los 3.000 millones de euros anuales. Tal vez parezca desorbitado.

Y a esto habría que sumar el inevitable cumplimiento del principio de que “las estructuras generan más estructuras y la burocracia más burocracia”, con lo que se comprende mejor cómo, en nuestros apenas 40 años de democracia, han podido duplicarse el número de funcionarios y contratados adscritos a las Autonomías desde que la Administración Central les transfirió una parte de las competencias. Y no terminaría aquí esta relación de gastos, ya que también debería tenerse en cuenta la multiplicación que se ha venido produciendo en el alquiler, compra o edificación de sedes y oficinas, con sus correspondientes instalaciones y mobiliario, donde se aloja a todos estos cargos electos o nombrados a dedo y la administración que les acompaña.

En definitiva, al repasar la actual configuración territorial de España, nos encontraríamos ante un abanico de problemas:

–    Políticos: ya que las demandas identitarias de los nacionalismos históricos no se encontrarían satisfechas dentro del marco constitucional, especialmente en lo que se refiere a su derecho de autodeterminación, con lo que el conflicto de su anclaje político dentro del Estado aparecería cada vez más agudizado en una parte de su sociedad (hoy es Cataluña pero en un futuro no tan lejano será el País Vasco).

–    Económicos: difícilmente España puede permitirse el lujo de soportar los costes estructurales que supone el modelo autonómico cuando vemos decrecer partidas presupuestarias prioritarias como serían la sanidad, la educación, la protección social o el I+D+i.

–    De eficacia: no creo que nuestro modelo autonómico constituya en el siglo XXI la organización óptima para el mejor funcionamiento del país y su Administración.

Está claro que el conflicto político con las nacionalidades históricas no podrá resolverse con más descentralización (y menos aún con acciones judiciales y penales), como tampoco la problemática de costes para las arcas públicas y su rendimiento encontrará solución a través de la política. La propuesta que lanzo desde estas páginas —aunque no creo, desafortunadamente, que satisfaga “ni a tirios ni a troyanos”….quizás por el propio hecho de no provenir “ni del bando tirio ni del troyano”— pasaría por una profunda reforma de todo el Título VIII de la Constitución de 1978 que implicase:

1. La supresión del modelo autonómico definido en 1978.

2. La configuración para Cataluña y el País Vasco de un modelo confederal definido mediante la figura de Estados Libres Asociados, basándose en una idea plurinacional del Estado español que sea recogida en el propio articulado de la Constitución, y previo reconocimiento de un derecho de autodeterminación pactado con ambos territorios y ratificado mediante referéndum.

3. La supresión de las Diputaciones Provinciales, una estructura territorial anacrónica. Eso supondría un ahorro estimado en más de 10.000 millones de euros, los cuales bien podrían destinarse a reforzar las imprescindibles mejoras en Educación y Justicia.

4. La reducción de la municipalidad a un máximo de 5.000 ayuntamientos con 40.000 concejales para todo el país.

5. La subsiguiente creación de un Estado central descentralizado, de mucho menor tamaño, compuesto por un Gobierno Central, quince gobiernos autonómicos y dos ciudades Autónomas, Ceuta y Melilla en el que los órganos ejecutivos de los gobiernos regionales quedarían limitados a un máximo de un presidente (quien a su vez ejercería como representante máximo del gobierno en la Comunidad) y 5 consejeros, y sus Parlamentos (Consejos Legislativos) estarían compuestos por un numero de entre 10 y 20 representantes máximo, en función del número de habitantes del territorio. El resto de altos cargos se vería igualmente disminuido a cantidades en torno al 30/40% de las actuales. A cambio de esta reducción se volverían a centralizar competencias en las áreas de educación, sanidad y trabajo.

Quedarían fuera de esta configuración los dos Estados Libres Confederados que, dotados de plena personalidad política, se vincularían con el Gobierno Central para configurar la Nación de Naciones, a través de la Jefatura del Estado, los Ministerios de Asuntos Exteriores, Economía y Hacienda, Defensa, así como el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y algunos otros organismos muy determinados del Estado central. Una Ley Orgánica regularía el conjunto de sus relaciones jurídicas con el Estado, incluyendo el establecimiento de un concierto económico que fijaría sus vínculos tributarios y financieros con la Administración General del Estado de España.

Todo este cambio constitucional conllevaría tanto un proceso de reordenación en el modelo de financiación de las comunidades autónomas como una reorganización completa de las estructuras, responsabilidades y tareas asignadas a la Administración General y las regionales, aplicando para ello criterios de optimización de servicios, reducción de gasto público, eliminación de duplicidades, recentralización de los servicios de interés común y nacional y descentralización de lo específico, suprimiéndose todo lo que se considerase innecesario, en un marco de plena transparencia.

El gran problema de esta propuesta, apenas esbozada y cuyo análisis riguroso requeriría doblar la extensión de este libro, radicaría de nuevo en la voluntad política para su implementación, lo cual exigiría de un consenso cuasi-unánime de todas las fuerzas del arco parlamentario… posibilidad que en actualidad se encuentra muy lejos de resultar siquiera imaginable, máxime cuando los intereses contrapuestos resultan de tan descomunal calado, empezando por los de carácter caciquil y provincial que se han ido añadiendo de manera innecesaria.

A este respecto, es importante señalar —por lo ilustrativo que resulta acerca de nuestra dificultad como país para pactar—     que en la historia de España jamás se ha llegado a acordar entre las distintas formaciones políticas existentes en cada diferente legislatura, ni llevar a efecto ni una sola vez, una reforma, por mínima que resultase, de ninguno de los diferentes textos constitucionales que han presidido la vida de nuestra Nación. Ni una sola modificación, a ninguna de las ocho Cartas Magnas que desde 1812 hasta la actualidad han estado vigentes en nuestro país. El consenso, la negociación y los pactos de Estado no forman parte del vocabulario de nuestra Historia. Cuando nos hallamos ante problemas de envergadura, nos resulta más cómodo taparlos creando otro más grande que afrontar los costes y el esfuerzo de resolverlo definitivamente… y así vamos creando cúmulos, cada vez más elevados, de conflictos que acaban por impedir, tanto a gobernantes como a gobernados, ver y comprender el horizonte.

¿Será este el momento de cambiar?

7. Una reconstrucción completa de la organización y funcionamiento de las administraciones públicas

Otra de las grandes tareas que deben acometerse en España sería la reorganización completa, tanto técnica como profesional, de la Administración del Estado: sistemas, métodos y trabajadores. Una inaplazable reestructuración y reforma, sin colores ni banderas políticas que la orienten, encaminada a dotar a la función pública, responsable de la gestión del bien común, de la capacidad para desenvolverse con eficacia y al menor coste posible en el complejo escenario que representa el siglo XXI y sus retos. Un esfuerzo que debería contar para su puesta en marcha con el consenso unánime del Parlamento, y que hasta la fecha ningún gobierno se ha atrevido siquiera a plantearse, atenazado por el posible coste electoral y de imagen que podría suponerle.

La Administración, qué duda cabe, constituye hoy una organización que se ha quedado atrás, de funcionamiento lento y pesado, parcialmente ineficaz, por culpa de una burocracia compleja que envuelve en confusas reglamentaciones su capacidad para gestionar y resolver. Esta es la crítica, en parte cierta, a la que se aferran los movimientos neoliberales para insistir no ya en su reforma, sino en su demolición completa. Si queremos preservar el bien común de la ciudadanía, no puede ser así. Para ello se debería comenzar por comprender que, siendo su fin último igual que hace 150 años, no pueden serlo su organización y métodos para alcanzarlo, los cuales deberían adaptarse a las exigencias de una sociedad moderna y mucho más avanzada.

En España trabajan en la actualidad aproximadamente 2.522.000 funcionarios —cifra a la que habría que añadir contratados, interinos, etcétera— que se reparten en:

–    148.000 adscritos a los Universidades,

–    556.000 adscritos a los Ayuntamientos,

–    1.277.000 adscritos a las Comunidades Autónomas; y

–    540.000 adscritos a la Administración Central[158].

Su cifra representa un 6% de la población total (alrededor del 13% de la población activa), porcentajes similares a los de Alemania, Italia o Estados Unidos, y muy por debajo de los de Francia o Suecia —8% y 12% de la población total respectivamente. Es decir, el número total de efectivos parecería el adecuado, por más que las voces neoliberales insistan en proclamar lo contrario.

Sin embargo, el coste total estimado del funcionariado se situaría, según los análisis más fiables, en torno a unos 110.000 millones de euros anuales —alrededor de la cuarta parte del presupuesto nacional total, incluyendo salarios totales, antigüedad y cotizaciones sociales—, lo cual sí que representa una diferencia notable, pues estaríamos hablando de un coste laboral superior en un 20% aproximadamente, con relación a categorías profesionales similares en la empresa privada y a la retribución de funcionarios en otros países de nuestro entorno. (Aunque, siendo rigurosos, no se debe olvidar que esa cifra contempla también los salarios, a veces desorbitados, de esos más de 150.000 políticos, asesores, altos cargos y puestos de confianza designados a dedo por el gobierno de turno. Con todo, aún seguiría siendo bastante elevada).

La cuestión que habría que resolver no sería tanto la de si sobran o faltan funcionarios, sino la de si son realmente productivos y eficaces, a la vista de que los números fríos nos marcan un coste significativamente alto —téngase en cuenta que esos mismos funcionarios, en otro país o trabajando en el mundo privado, vendrían a suponer un coste de unos 90.000 millones de euros, es decir 20.000 millones menos, lo cual resultaría una cifra más acorde y ajustada—.

No tendría ningún tinte ideológico afirmar que nuestras Administraciones Públicas han quedado absolutamente desfasadas en su funcionamiento, organización y operatividad con respecto a los modelos organizativos que rigen en el siglo XXI la actividad de organismos y corporaciones de todo tipo.

He sido profesor de Escuelas de Negocios y puedo afirmar con cierto criterio que una parte fundamental de las Administraciones no han sabido evolucionar con el tiempo, modernizarse y ponerse al día. Muy al contrario, la mayoría de las veces se han quedado estancadas en modelo superados y pretéritos de baja productividad y débil capacidad operativa, aplastadas bajo el peso de la burocracia, el papeleo, la descoordinación, el retraso, la rutina y la falta de interés, con la consiguiente dificultad para resolver con efectividad las necesidades del ciudadano. Ciertamente que el Estado ha resultado muy mediocre como manager, quizás porque siempre han prevalecido los intereses políticos —los mismos que han podido conducir en determinados momentos a incrementos salariales excesivos para algunos cuerpos o escalas— a los de gestión y rendimiento.

Una gran parte del problema se situaría en la falta de patrones de eficiencia y sistemas innovadores de gestión, de los que no ha sabido dotarse, mientras que las ciencias de la organización y la tecnología progresaban de forma ininterrumpida. Mala asignación de recursos —unas veces despilfarrados o mal utilizados, y otras, escasos— e incapacidad para la dirección por parte de muchos mandos podrían ser las causas que servirían de explicación a todo ello.

Lo cierto es que la sociedad en su conjunto ha avanzado más deprisa y mejor que la mayoría de los organismos públicos, las cuales demasiadas veces dan la impresión de estarse quedando atrás a pasos agigantados, descolgados de la evolución y el progreso. A toda esta problemática habría que añadirle la que se generaría a raíz de la insuficiente adaptación de una parte del funcionariado a los usos más eficaces y exigencias más flexibles que han impuesto estos tiempos: amiguismo, absentismo, falta de compromiso, elusión de responsabilidades, despersonalización, carencia de energía y entusiasmo… Lo cual no excluye que también se cuente con muchos excelentes profesionales, no cabe duda pero, en conjunto, nos encontramos ante una significada penuria de rendimiento por objetivos, motivación y exigencia.

Con este panorama, parecería difícil rebatir la argumentación neoliberal de que el Estado se ha llegado a constituir en una pesada y gigantesca maquinaria que se retroalimenta de su propio papeleo, en una carga costosa para la sociedad. Aunque se pueda coincidir en la descripción del problema, la diferencia estribaría en los enfoques opuestos respecto a la solución de la cuestión.

En efecto, no se trata de discutir la situación. Ciertamente, nos encontramos ante un más que notable desequilibrio que lastra el ejercicio de lo público en perjuicio de la sociedad:

–    Salarios demasiado elevados con relación a las medias del país, que determinan un coste general excesivo en las cuentas de las arcas públicas, lo cual impide que se lleven a cabo otras actuaciones de interés para todos.

–    Un nivel de eficacia y de productividad insuficiente, como consecuencia de los graves déficits en su organización, que no ha sido puesta al día, debido tanto a las continuas intromisiones de la política y los políticos como al comportamiento de un sindicalismo corporativista guiado por un enfoque clientelar caduco y falsamente proteccionista.

Las respuestas más simples abocarían a la reducción de plantillas o a la bajada de retribuciones, pero no lo creo una solución eficaz. Lo que debería acometerse es una reforma profunda de la gestión pública encaminada hacia la eficacia, que incorporara plenamente al cuerpo de funcionarios en su motivación, entrenamiento y estímulo.

Parecería obvio que si los tiempos han cambiado, los usos deben de cambiar, ya que en ningún caso se debería renunciar a la aspiración de contar con la mejor Administración posible, aquella que pueda convertirse en verdadero catalizador, un agente dinamizador del desarrollo de ciudadanos y colectivos. Algo que, por desgracia, no ocurre hoy en día.

El gobierno de Mariano Rajoy creó en 2012 una Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), compuesta por destacados expertos en el tema, que tras sus análisis e investigaciones elaboró un informe[159] que incluía 217 propuestas, recogidas en un documento de 253 páginas, que puede consultarse. Este informe fue estudiado en Consejo de Ministros en junio 2013 y se comenzó a llevar a la práctica, estimándose en cerca de 40.000 millones de euros los ahorros que, según ellos, debía generar a lo largo del periodo 2012/2015 el conjunto de “medidas a implementar para la racionalización y adelgazamiento de la gestión pública y reforma de la administración local”. De la batería propuesta, unas se han llevado a la práctica y otras se han retrasado en su implantación. En conjunto, el resultado debe calificarse de desigual e insuficiente, por lo que sería necesario intentar ir mucho más lejos.

Con relación al tema, un interesante informe elaborado por la consultora Price Waterhouse Coopers[160] establece por dónde debe discurrir una reforma integral y eficiente de la Administración, agrupándolas en torno a tres grandes ejes:

1)      Modificar “el cómo se funciona”: mejorando estructuras, y organizaciones.

2)     Modificando “el cómo se gasta”: persiguiendo la racionalización y optimización de los recursos económicos.

3)     Modificar “el cómo se trabaja”: poniendo el foco en el desempeño de los trabajadores para activar el potencial humano.

Para su puesta en práctica, se plantean una serie de líneas de actuaciones más específicas, en las que, se insiste, deben regir las reglas de la transparencia y de la evaluabilidad continua. De entre ellas, destacan las siguientes propuestas:

–    Estructuras ágiles y flexibles.

–    Evaluación de políticas públicas.

–    Reducción y simplificación de instancias y formalidades de los procedimientos.

–    Creación de centros de Servicios Compartidos.

–    Impulso a una Administración electrónica integrada.

–    Incremento de la transparencia y rendición de cuentas.

–    Reducción de costes mediante la flexibilidad laboral.

–    Racionalización de estructuras.

–    Saneamiento financiero.

–    Gestión óptima de la tesorería.

–    Colaboración pública-privada.

–    Delimitación de la función pública.

–    Evaluación continua del desempeño del funcionariado.

–    Movilidad interna.

–    Impulso al teletrabajo; y

–    Visión integrada, estructural y estratégica.

En su conjunto, parece una propuesta excelente y factible, que consistiría básicamente en implementar en la organización pública lo que ya funciona en lo privado. Lo que sí resultaría primordial sería reducir el gigantismo de algunas estructuras organizativas descomponiéndolas en la mayor cantidad posible —sin perder la racionalidad— de unidades operativas más pequeñas, que puedan y deban constituirse en posición de competir en igualdad de condiciones con la empresa privada que oferte el mismo servicio, cuando fuera así posible.

En lo que respecta a los funcionarios, me permito sugerir algunas ideas, fruto de mi experiencia profesional, que me parecen imprescindibles acometer:

a)     La retribución debería pasar a ser variable en un 25%, cantidad vinculada a la consecución de unos objetivos acordados. En contrapartida, el funcionario debería poder tener la posibilidad de mejorar y aumentar su retribución mediante un sistema de primas al rendimiento.

b)     Esos objetivos acordados y compartidos podrían ser motivo de entrevistas periódicas de evaluación entre el jefe y el colaborador, de las que quedaría constancia escrita y firmada por ambas partes.

c)      Debe terminarse con la perpetuidad del puesto de trabajo vinculado a la obtención de plaza a través de oposiciones. El funcionario, como cualquier trabajador, debe estar sujeto a valoraciones por desempeño, lo mismo que a sanciones disciplinarias, que pueden llegar al despido. La seguridad en el puesto no puede estar por encima del rendimiento. El Estado, como sucede en cualquier empresa privada, no puede mantener en sus puestos a quienes de manera manifiesta y reiterada no saben o no quieren hacer bien su trabajo.

d)     El funcionario que trabaja de cara al usuario debe ser objeto también de evaluación continua por parte de este.

e)     La disciplina de horarios y tiempos aplicados en la ejecución de las tareas debe exigirse con el rigor que señala su servicio público, aplicándose para ello sistemas de medición ajustada.

f)     Los planes de formación continua y reciclaje deben contemplar un número de horas y programas obligatorios cada año y para cada trabajador.

g)     Los funcionarios deben disponer de la posibilidad, menos reglamentada y más habitual, de obtener ascensos.

h)     Las estructuras de las áreas y departamentos deben ser flexibles y acomodables a los cambios organizacionales. El funcionario debe estar preparado y receptivo para el cambio permanente, sin que ello deba interpretarse como una agresión a los derechos laborables del trabajador.

i)      Los trabajadores también deberían, en idéntico sentido, efectuar evaluaciones periódicas de sus superiores —con consecuencias—.

j)      En la selección, promoción y remuneración del funcionario, se debería acabar con esa discrecionalidad, tantas veces vinculada al corporativismo más anacrónico.

k)     Resulta imprescindible recuperar la noción de los valores de excelencia y de espíritu de servicio asociados a los trabajos de interés general, que han venido siendo frenados por la politización de sus estructuras, en las que tantas veces predomina el más zafio enchufismo.

l)      No debería olvidarse el firme propósito de vigilar con rigor los valores de la competencia, el esfuerzo y la dedicación, vinculados al incentivo de la idea de carrera profesional, como elemento esencial de motivación.

m)     A todos los efectos, resulta necesario que la legislación sobre incompatibilidades se aplique a todo el funcionariado con carácter estricto, cosa que ahora mismo no sucede, dado que ni se vigila ni el régimen sancionador previsto tiene efectividad alguna. Este problema, que afecta también a los parlamentarios, debe resolverse mediante la reconsideración de una efectiva e independiente Oficina de Conflicto de Intereses que no dependa del Gobierno y disponga de pleno respaldo del Parlamento y autonomía a la hora de imponer sanciones.

Para llegar a la eficacia, la neutralidad y la modernidad de nuestra Administración, también es preciso instaurar y llevar a la práctica un principio democrático imprescindible que hasta ahora ha sido interesadamente eludido desde el principio de nuestra democracia: la Transparencia, entendida como el libre acceso a la información pública por parte de los ciudadanos. Un derecho básico e inexcusable que parlamentos y gobernantes vienen excluyendo, grave y cuasi delictivamente, de la práctica democrática cotidiana.

De nuevo, cuando se repasa el grado de puesta en práctica de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se constata que ha constituido poco más que papel mojado frente a la actuación ocultadora y oscurantista de aquellos al frente de las Administraciones. A pesar de que en la exposición de motivos de dicha ley se hace especial mención a la aspiración de hacer llegar al ciudadano toda la información respecto a cómo se toman las decisiones que le afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, como condición necesaria para poder hablar de una sociedad crítica, exigente y participativa, nada de las intenciones expresadas se ha hecho realidad.

Vivimos en el país del secreto, en el que se nos niega a los ciudadanos el derecho a saber respecto a las actuaciones de los administradores en una dimensión inusitada comparada con la práctica habitual europea. Como ejemplo, baste mencionar el test que en 2014 se realizó desde el portal de Internet llamado       www.tuderechoasaber.es, con el fin de medir el grado de transparencia en las relaciones Administración-ciudadanos. Del total de solicitudes de información formuladas a través de dicho portal, un 42,7% recibieron el silencio de la Administración como respuesta (134 sobre 314 preguntas solicitadas) y de las contestadas, solo el 18,5% (es decir, tan solo 33) fueron calificadas por los usuarios como respuestas satisfactorias y completas, es decir, aquellas en las que un organismo proporciona exactamente toda la información solicitada. En definitiva, 33 informaciones completas sobre 314 planteadas… no es mucho, al contrario, es muy poco. Desafortunadamente, en muchas instancias de la Administración se sigue tomando al ciudadano como un súbdito incómodo.

El problema al que nos enfrentamos es muy serio. La Administración, de forma inaudita, todavía no ha asumido su obligación y responsabilidad. Se nos niega el derecho a saber porque claramente se teme que conozcamos y juzguemos… o porque se presume que no somos quién para plantear tales demandas… Unas veces será porque no se dispone de la información debido al desorden burocrático; otras, que no resultaba conveniente; otras, los datos que se facilitan son incorrectos… Incluso el Defensor del Pueblo reconoce que «al restringirse los medios con los que atender las demandas de información sobre la gestión pública y acentuar su complejidad […] se puede crear un efecto disuasorio sobre el derecho de acceso a la información”[161].

La función pública precisa de un profunda regeneración que la acerque y conecte con los modos y usos de una sociedad moderna —esa Sociedad Fuerte que se postula en esta obra— ante la que se exprese el más amplio sentido de la responsabilidad, de la eficiencia como meta y del deber hacia la ciudadanía como motivación, sin caer en el corporativismo ramplón o en la pérdida de los objetivos de un trabajo desarrollado en aras del bien común.

El “Sí a lo Público” debe entenderse como rotundo, pero jamás “a cualquier precio”… No debería resultar tan difícil si existiese voluntad política compartida por parte de Gobierno, Oposición y la representación sindical de los funcionarios.

8. UNA ECONOMÍA AL SERVICIO DEL PUEBLO

El Índice Palma constituye uno de los más frecuentes y valiosos instrumentos de análisis con el que se mide la distribución de la riqueza de una Nación entre sus ciudadanos en un momento dado y, por tanto, cómo evoluciona la igualdad o desigualdad en la sociedad de ese país de año en año, entendida esta como expresión de un importante cambio social que se estaría produciendo. Creado por investigadores del King’s College de Londres, su cálculo se efectúa dividiendo la suma total de los ingresos de renta del 10% más rico de la población del país, entre el total de renta percibido por el 40% más pobre. De esta manera, en un estado de socialismo total y máxima igualdad, utopía imposible, el resultado de la operación debería darnos 0,25 (es decir, el 10% posee una cuarta parte de lo que posee el 40%, porque estos son cuatro veces más en número de personas y cada una dispone de exactamente igual riqueza).

¿Sabe el lector cuál fue el resultado para España en el año 2015? Nada menos que 5. Es decir, el 10% más rico posee cinco veces más que el 40% más pobre. O lo que es lo mismo, cada español rico, individualmente, posee 20 veces más que cada ciudadano de clase media baja o pobre. Cuatro millones de españoles poseen cinco veces más que dieciocho millones. Uno de los coeficientes más elevados del Primer Mundo. El resultado de este mismo índice calculado hace apenas quince años se situaba en torno a 3, luego ha crecido un 60% en ese tiempo del siglo XXI… Imagine el lector la tendencia matemática, a diez o veinte años futuros, que se obtiene…

Como bien lo define el último Informe FOESSA de junio de 2016 elaborado para Cáritas[162]:

Se constata una España a dos velocidades en términos de exclusión social […] lo cual nos permite afirmar que la probabilidad de que aumente la bolsa de la exclusión social, a pesar del crecimiento económico, es muy elevada […] Las dificultades que revela el Informe responden a una cuestión de modelo social, de cómo nos planteamos la construcción de nuestra sociedad. No es una consecuencia de la crisis. Lo que sí han empeorado como consecuencia de la crisis son las condiciones de vida para que las personas y familias puedan abrir un nuevo periodo de mejora, porque su posición ya no es la misma y tampoco sus oportunidades […] Otro factor preocupante es que estas consecuencias se estén haciendo invisibles para una parte de la sociedad y que ese proceso vaya a más.

Para elaborar este informe, los expertos del Comité Técnico de FOESSA han utilizado los indicadores que miden la cohesión social y la fractura social de un país: la desigualdad, el desempleo, la pobreza y la exclusión social. La lectura de estos indicadores arroja resultados contundentes que paginas atrás ya fueron desarrollados.

El informe urge a «recuperar para la política de lo social a los ignorados, los no útiles, los expulsados, sobre todo en un momento como el actual, donde el deterioro de un sector significativo de la sociedad exige una mayor altura de miras, a la que nuestros partidos no han sabido responder todavía»[163].

Como incide con preocupación el Informe 2016 del FMI, publicado el 31/1/2017, sobre la economía española: “El 20% más rico de España gana 7 veces más que el 20% más pobre”, lo que nos convierte en el tercer país de Europa donde los ricos acaparan mayor proporción de renta….Solo los ciegos y aquellos a quienes les conviene que sea así, pueden no ver o negar lo que está sucediendo.

En definitiva, ¿qué estaría pasando y por qué? La respuesta no puede ser más simple y evidente: se habría elegido un modelo económico y social de desarrollo basado en la explotación máxima del capital, que, inevitablemente, excluye a una parte de los miembros de la sociedad.

El premio Nobel de economía Joseph E. Stiglitz lo manifiesta con rotundidad en su obra La gran brecha:

La desigualdad no es inevitable porque para nada se debe a leyes inmutables de la Economía, sino a meras decisiones políticas, sustentadas en posiciones ideológicas»[164]. En igual sentido se manifestaba años atrás el colectivo español Economista Frente a la Crisis, dando título a su libro: No es economía, es ideología[165].

Paul Krugman también se expresa en similares términos:

¿Hasta qué punto es necesario que los ricos lo sean tanto? ¿Existe alguna razón que a la larga justifique una gran desigualdad? […] No, los ricos no tienen que ser tan ricos como lo son […] Una cierta desigualdad puede ser inevitable, la desigualdad extrema no lo es […] Hay muchos argumentos a favor de que se recaude parte de la esa riqueza en forma de impuestos y se use para fortalecer la sociedad en su conjunto […] Podemos redistribuir una parte de los ingresos de las elites sin entorpecer el progreso económico[166].

Resulta imprescindible comprender y llegar al convencimiento de que lo que hoy se nos presenta como una situación casi inevitable, la única posible para alcanzar el desarrollo y la riqueza —tal como insisten sin interrupción los líderes políticos y los medios de propaganda afectos al Sistema—, no constituye sino una opción social y económica con la que una elite hegemónica pretende imponernos un futuro… su futuro; el futuro que más conviene a sus intereses, aunque pueda conducir a la pobreza y la desigualdad a una importante mayoría de los ciudadanos de los países desarrollados. El multimillonario norteamericano Warren Buffett tira de ironía para explicarlo —“Por supuesto que existe lucha de clases, y mi clase la ha ganado”[167]—confirmando el título del último libro escrito por Marco Revelli, La lucha de clases existe… ¡y la han ganado los ricos! [168]

Austeridad, recortes, reducciones impositivas a las rentas más elevadas, desregulación de mercados monetarios, limitaciones al déficit público y al endeudamiento de los Estados, no representan otra cosa que el modelo —repito, para nada el único posible, es primordial tenerlo en cuenta— sino aquel con el que ese 1% de la población mundial pretende hacerse con el 99% de las riquezas del planeta. Y lo están consiguiendo. Un programa, basado en el crecimiento “sin contemplaciones” de acuerdo con la ley del más fuerte, como describe el antiguo ministro de finanzas griego y actual líder del movimiento paneuropeo DiEM25, Yanis Varoufakis, cuando enuncia como introducción a su último libro: «Los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben»[169]. Es decir, que nos encontramos ante una mera relación de fuerzas, un pulso en el que el ganador, el Capital, impone el sistema económico que mejor conviene a sus intereses.

Lo mismo podría decirse de los graves problemas de la desigualdad creciente. Para nada este fenómeno resulta irreversible o constituye un rumbo inexorable de la Historia y de la evolución: ha bastado reducir el papel redistribuidor del Estado y aumentar el peso y significación del capital privado en la ecuación económica a la vez que se degradaba el factor salarial, para que, como consecuencia técnica inevitable, se haya precipitado este grave fenómeno social de la precariedad y la desigualdad, cuyos síntomas parecen augurar que continuará acentuándose. No podía resultar de otra manera; la cuestión es cómo se plantea el futuro, es decir, qué se quiere y qué se debe hacer mañana.

Porque así es, la desigualdad entendida como esa manifestación palpable de un reparto desnivelado de la riqueza que genera la sociedad continuará haciéndose más y más grande si se persiste en favorecer e incluso estimular las causas que la producen: privilegios fiscales mediante bonificaciones y exenciones para esos “grupos de interés preferente” —o sea “los amigos”—; privilegios administrativos en forma de concesiones y subvenciones para los mismos; reparto desorbitado de salarios y beneficios entre los altos directivos de las empresas mientras que se congelan los de la gran mayoría de trabajadores; políticas que facilitan “la captación de las rentas” de las clases más débiles —comisiones y gastos bancarios, intereses desorbitados por el uso de tarjetas de crédito, castigos desmesurados al más mínimo descubierto en cuentas bancarias…—; estímulo a la especulación; desregulaciones que favorecen solo a quienes tienen la mayor capacidad para invertir; tolerancia con las prácticas que restringen la libre competencia mediante concierto o imposición de precios —véase al respecto la actuación de farmacéuticas y aseguradoras—; acuerdos para actuaciones de carácter semimonopolístico y de dumping; protección fiscal para la financiarización de la economía… Y todo ello a la vez que se reducen los impuestos, decrece su progresividad, se limita la protección social y se restringen los recursos para educación y sanidad públicas…

Un capitalismo de mutación, “de amigotes” —puesto que ni siquiera resulta verdad esa proclama del “libre mercado para todos” dado que “al gran trozo del pastel solo acceden los más grandes y fuertes”, y la mejor prueba de ello sería el dato de que, en este momento, el 40% de los beneficios empresariales de la economía real provienen del sector financiero—, que irremediablemente nos conduce a:

1. La desaparición de las clases medias.

2. Una inusitada polarización en el mundo laboral entre privilegiados y desposeídos, con una simultánea supresión de la mayoría de los derechos laborales.

3. Una interrumpida retroalimentación de la desigualdad de oportunidades (más para unos y menos para otros), con lo que se acentúan los desequilibrios futuros.

4. El advenimiento de un proceso de desinversión de las sociedades en capital humano.

5. Nuevas épocas marcadas por tensiones y conflictos, crispación y desmoralización.

6. Una pérdida total de los valores colectivos y sociales. El nuevo eslogan del individualismo sería algo así como: “Todo para el vencedor”.

7. Una grave disociación de la idea democrática que inevitablemente acabará derivando hacia modelos de plutocracia (dictadura de las clases adineradas). Dichas clases se irán imponiendo, bajo la imagen superficial de una democracia falsa, haciendo realidad aquella famosa reflexión de Karl Marx: “El gobierno del Estado moderno no es más que una Junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa”[170]. No cabe duda de que nos encaminamos hacia el Estado de los tecnócratas.

8. La aparición de nuevos y crecientes riesgos psicosociales (daños en la calidad de las relaciones sociales, traumas infantiles, pérdida de la capacidad de control sobre la propia vida, ansiedad, envejecimiento prematuro, estrés crónico, desconfianza, baja autoestima) y de desequilibrios autoevaluativos (inseguridad, culpa por no conseguir ser socialmente valorado, desconfianza hacia uno mismo y los demás, rivalidad, vergüenza, desprestigio y humillación, consumo compulsivo y desinterés por todo lo que involucre al bien común —empezando por el cuidado del medio ambiente-, descenso de la capacidad creativa y de innovación, etcétera) acompañados de descensos significados en el nivel de los cuadros de salud poblacional.

9. Un paulatino abandono de la acción pública sobre las necesidades colectivas, tales como infraestructuras, educación, tecnología y sanidad.

10. Un crecimiento exponencial de las consecuencias psiquiátricas derivadas del miedo, la inseguridad y la sensación de amenaza.

Dentro de veinte años, la distribución de las riquezas del planeta entre quienes lo habitan podrá ser mucho más aguda y pronunciada que en la actualidad, o al contrario, haberse reducido el desequilibrio a la mitad. Todo depende de las respuestas políticas que se adopten de aquí a entonces; respuestas de las que, a su vez, se deducirán unas determinadas consecuencias económicas. Nada se halla aún decidido ni predeterminado; lo que vaya a ocurrir, lo decidirán los hombres y sus propósitos.

Qué duda cabe de que conocemos quiénes son los que mandan en la actualidad y qué es lo que pretenden. Ahora bien, reconocer su hegemonía de poder y control político y económico no implica aceptar que tengan razón. No la tienen, desde la propia fundamentación económica, por lo que cabe afirmar, con contundencia profesional, que Otro Modelo Económico es Posible y Factible, por más que desde los altavoces neoliberales se niegue la voz a quienes lo propugnan y se descalifiquen sus opiniones tildándolas de absurdas y ruinosas. Mienten. El “fundamentalismo del libre mercado”, como define Stiglitz al neoliberalismo, se asienta en una serie de palpables errores socioeconómicos provocados por la ignorancia o la intención codiciosa.

El primero de ellos consiste en suponer que la acumulación de riqueza en manos de los más ricos, en detrimento de otras capas sociales, pueda resultar beneficiosa porque aquellos sabrán invertirlo en desarrollo y progreso —eso que nos venden de creación de puestos de trabajo—, mientras que estos, los que disponen de pocos recursos, lo dilapidarían en gasto no productivo. Esta idea, cuya perversidad reside en que convierte al rico en un talentoso gestor frente a la indolencia ignorante de quien no ostenta tal condición, además de moralmente repudiable, resulta técnicamente errónea. Esta “teoría del goteo”, como viene a denominarse —es decir, suponer que si a los de arriba les va bien, antes o después, también, le irá bien al resto de la sociedad por “impregnación”— no solo no se ajusta a la realidad, sino que viene demostrando, desde hace más de diez años, que contribuye al retraso y la inestabilidad —poco crecimiento, muchas burbujas especulativas y no pocas crisis—.

En segundo lugar, se pretende convencer de que los extremadamente ricos, por su propia condición de acaudalados “con la vida resuelta”, tendrán menos reparos a la hora de correr riesgos en inversiones más valientes, que impulsen la innovación y el desarrollo, que si la riqueza se encontrase repartida de manera más igualitaria. Una suposición en la que, otra vez, los menos pudientes se manifestarían asustados y excesivamente conservadores a la hora de actuar sobre la economía. Comprobará el lector que resulta continuo y persistente el mensaje subliminal de “los valiosos y útiles para el progreso —los ricos—, frente al resto, inútil y holgazán”.

De nuevo, la Historia y los hechos recientes demuestran el absoluto error que encierra esta hipótesis —un tanto cínica, por otra parte—: más rico para nada implica más arriesgado y emprendedor sino, en muchas ocasiones, todo lo contrario. La acumulación excesiva de riqueza, está demostrado, conduce a acentuar los rasgos conservadores y cautelosos de quien la posee, invitándole a moderar el riesgo que supone la inversión innovadora, y apostando mejor por otras fórmulas que le permitan “ganar más, en menos tiempo y con menor peligro”. Es decir, justo lo contrario.

El tercer error se derivaría de continuar defendiendo esa supuesta “eficacia irrebatible de los mercados libres”, capaces de autorregularse con carácter óptimo. No es así, y para darse cuenta de ello bastaría con ver las sucesivas crisis a las que nos está conduciendo una economía basada en la especulación, el desarrollo de oligopolios y la creación de burbujas artificiales: “El mundo ha pasado años yendo de una burbuja de precios a otra, desde la tecnología a la inmobiliaria”, escribe Stiglitz[171].

Como nos cuenta el pensador y economista Ha-Joon Chang en su obra 23 cosas que no te cuentan sobre el Capitalismo:

Se nos ha dicho que se debería ofrecer máxima libertad a los agentes económicos privados, porque dejándoles hacer lo que saben y quieren, la riqueza alcanzará su máximo de creación y desarrollo. Se nos ha dicho que toda intervención del Estado con fines redistributivos solo conduce al empeoramiento de las oportunidades de generar riqueza, al carecer del instinto, la motivación y la información de que disponen los particulares. Se nos ha dicho que la desregulación de los Mercados y la liberalización del comercio, aunque al principio pueda generar distorsiones de desigualdad, al final conducirá a la sociedad hacia un porvenir más dinámico, justo y rico… La verdad es que todo lo que se nos ha dicho solo es parcialmente cierto cuando no una absoluta mentira y error, basada en estupideces y en premisas y postulados equivocados…[172].

La economía mundial se mueve en el torbellino y la incertidumbre, absolutamente distorsionada por su paulatina evolución hacia modelos financieros de apuesta de casino —una especie de economía virtual dentro de la cual sube el precio de las cosas, pero no su valor intrínseco—. Nada que ver con el modelo de una economía real eficazmente competitiva y auténticamente libre   —en cuyo caso, no se producirían crecientes e imparables acumulaciones de riquezas cada vez en menos manos—, como sucedió en el periodo que transcurre desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1980, en el que no solo crecieron los países desarrollados, sino todos los diferentes grupos y clases sociales de cada uno de ellos, casi al mismo nivel.

Al respecto, escribe el profesor Miguel Otero-Iglesias en Ahora:

Sobre la base de esta ortodoxia, a partir de los años 70 del siglo pasado los reguladores públicos dejaron que los mercados financieros se expandiesen. La lógica era clara. El mercado es eficiente, así que el mercado debe determinar las dimensiones y la intensidad de la actividad financiera. Es en este momento cuando trabajar en un banco deja de ser aburrido. La clásica regla del 3-6-3, según la cual el banquero ofrece intereses sobre los depósitos al 3%, préstamos al 6% y se va a jugar al golf a las 3 de la tarde, desaparece. Con la llegada del ordenador e internet, el sector financiero crece en tres dimensiones. El suministro de crédito, la gestión de activos y la actividad intrafinanciera de arbitraje y creación de mercado transnacional.

Los datos así lo demuestran. En EE.UU. la industria financiera pasa de representar en 1970 un 4% del PIB a un 8% en 2000. En Reino Unido las finanzas crecen el doble que la economía real de 1970 a 2008, año de la crisis financiera global. El factor clave en este crecimiento es la deuda. En 1945 la deuda privada (hogares y empresas) de EE.UU. representaba el 50% del PIB, en 2007 había llegado al 160%. En Reino Unido en 1964 la deuda de los hogares era solo el 15% del PIB, en 2007 había llegado al 95%. En España la evolución ha sido más dramática. La deuda privada pasó del 80% del PIB en 1980 al 230% en 2007. […]

Aun así, las mayores ganancias en el sector financiero no están relacionadas con las actividades de la economía real. Los beneficios se hacen sobre todo en la creación de mercado (lo que para unos es generar liquidez y para otros mera especulación) con otros operadores financieros, como fondos monetarios, inversores institucionales y fondos de alto riesgo. El valor del mercado de futuros del petróleo ha pasado de representar en 1984 el 10% de la producción y el consumo del mismo a valer 10 veces más hoy. El mercado de divisas, que mueve más de 5 billones de dólares al día, tiene un valor anual 73 veces mayor que el comercio mundial de bienes y servicios. Más del 90% del tráfico es especulación intrafinanciera. En 2015 el mercado de los derivados movió 550 billones de dólares, mientras que el PIB mundial fue de 78 billones. Estamos hablando de un volumen siete veces mayor.

Estos números llevan a preguntarse: ¿no será que el sistema financiero es demasiado grande? Al igual que pasa con la alimentación, si se come en exceso, y sobre todo se consume comida demasiado grasa, el volumen se convierte pronto en un problema de obesidad. Quizás en las finanzas pase lo mismo. Son necesarias, pero las hemos desarrollado tanto que se están convirtiendo en un peligro público. Hasta no hace mucho esta era la opinión de las voces críticas que solían calificar este fenómeno como de financiarización de la economía, pero desde la crisis global, los análisis críticos también se están abriendo paso en círculos más ortodoxos. […] Esto es insostenible y nos asegura tener una crisis bancaria tras otra. […] Nunca es fácil romper con la ortodoxia de varias décadas. Pero al final hay una ley que nunca cambia: todos los excesos son malos.[173]

Stiglitz explica la situación actual indicando que vivimos en un “capitalismo de mutación”, donde, como antes se refería, no rige un auténtico libre mercado eficiente ya que el Sistema, en lugar de establecer y garantizar mercados competitivos, se ha aplicado en imponer “mercados distorsionados que explotan a los demás”, todo lo cual conduce a una disminución de la eficiencia económica, del bienestar social y del propio valor del capitalismo: “Como consecuencia de todo ello nos encontramos en un permanente estado de «crisis encubierta de la economía real», disimulado por burbujas inspiradas en la virtualidad de una economía financiera que no llega a la mayoría de la población”.[174]

El resultado de todas estas grandes equivocaciones ha sido considerar, como receta idónea para estimular el desarrollo económico, incidir sobre “la oferta” de bienes y servicios antes que en la demanda, al contrario de como tradicionalmente se había propugnado desde postulados ortodoxos keynesianos. Como prueban las previsiones de crecimiento de la mayoría de los países para los años próximos, ofrecer incrementos de producción, obtenidos a precios más económicos —de ahí que resulte imprescindible la reducción drástica de los costes laborales—, sin tener en cuenta que solamente la disponibilidad de una demanda sólida en crecimiento podía hacer frente a dicha economía de oferta, está resultando un fiasco. Conforme se aplicaban “mejoras en la oferta”, se estaba destruyendo una parte de la demanda —aquella proveniente de los recursos de una mano de obra empobreci-da—, con lo que la noción del crecimiento equilibrado en los diferentes estamentos de la sociedad solo podía tender a su estancamiento. Esto es lo que desafortunadamente ha sucedido, convirtiendo las consecuencias de las políticas neoliberales en lo que ha venido a denominarse un “austericidio”, debido a la falta irremplazable de creación de demanda agregada.

La consecuencia más grave de todo lo expuesto es que la idea de la movilidad social ascendente —lo que tradicionalmente se consideraba como “el mejor provenir que el futuro y el progreso determinaban para nuestros hijos, la siguiente generación, con relación a la anterior”— ha desaparecido, salvo en los países en vías de desarrollo.

Lo cierto, lo que todos los días puede constatarse, es que si se continúa por este camino, la macroeconomía nunca llegar a consolidar ciclos de crecimiento; y el poder adquisitivo de los ciudadanos que la padecen, mucho menos (la economía española ha crecido entre 2014 y 2016 alrededor de un 8,5%, ¿a que bolsillos ha ido a parar la riqueza adicional generada?). En este sentido, el Programa de Estabilidad 2016/2019 que el gobierno de Rajoy ha enviado a Bruselas no resulta ni siquiera mínimamente creíble, por estar repleto de estimaciones altamente dudosas y medias verdades cuya intención no es otra que acomodarse al mandato europeo; además, tampoco se adapta a las necesidades y desafíos de la sociedad española. Las consecuencias de esta inadecuación de las cifras permiten aventurar futuras zozobras, de uno u otro sentido, para nuestro futuro.

“Tener la razón no es suficiente para ganar”, afirma Stiglitz en su obra citada, para a continuación añadir: “En estos tiempos solo triunfan los que tienen conexiones políticas, los que están dispuestos a dejarse corromper por el sistema o trabajar activamente para el mismo, no quienes trabajan duro…”.[175]

Lo terrible es que la sinrazón de los otros, impuesta desde su poder, nos condena a todos al fracaso. No les importa. Aunque “la tarta general” decrezca de tamaño, ellos seguirán buscando obtener un pedazo mayor. Y si no lo consiguen a través de la economía productiva, lo harán mediante la especulativa —que aumenta el precio y el valor de las cosas sin generar verdadera riqueza—.

Qué duda cabe de que resulta posible —y más que conveniente— aplicar otro modelo económico. Uno en el que, sin renunciar al protagonismo de la iniciativa privada, el propio Estado, y no solo los ricos, ejerza un rol en el estímulo de la economía, generando también puestos de trabajo y permitiendo el impulso de esa demanda agregada que acelere el consumo y, por ende, un crecimiento mejor repartido.

A todo lo hasta aquí referido habría que añadir otra cuestión: la calidad del trabajo que se está creando. Basten un par de muestras.

Según el informe elaborado por el Ministerio de Trabajo sobre Contratación en el periodo enero-abril de 2016:

de un total de cuatro millones de contratos efectuados, aproximadamente 1,5 millones se corresponden con peones agrarios, camareros [de hecho, esta categoría llega e constituir el 40% de todas las contrataciones en abril] y personal de limpieza; solo el 7% resultaron fijos…[176].

En igual sentido, cuando el Gobierno anuncia exultante que en mayo de 2016 el paro ha descendido en alrededor de 120.000 personas —lo cual siempre resulta gratificante—, se intenta obviar que el 75% de los contratos firmados pertenecían al sector de Hostelería, seguido por Comercio; que el 94% fueron contratos temporales, y que un tercio de ellos lo fueron por horas…

Abundando en el tema, una reciente información publicada por las ETT Randstad y Adecco pronosticaba (y se cumplió) para el verano de 2016 una expectativa muy optimista de nuevas colocaciones incorporando una relación de los puestos que coparán el 90% de la oferta: reponedores de supermercado, camareros, personal de refuerzo en aeropuertos, personas para la atención de barra en bares y locales de ocio, cocineros, servicios de atención al cliente, ayudantes de cocina, dependientes de comercio, mozos de habitación y servicio de limpieza en hoteles, profesionales de la animación, carretilleros, mozos de almacén, teleoperadores, transportistas y manipuladores de alimentos[177].

Con el máximo respeto a las personas que con toda dignidad y derecho ejercen estas profesiones, parecería que el modelo neoliberal nos estuviera alejando de la sociedad del conocimiento. Si es lo que pretenden —personas que continuamente entran y salen de un empleo caracterizado por su bajo valor añadido que aporta, y que viven en la incertidumbre de cuántas horas trabajara el mes siguiente—, lo están consiguiendo, aunque no pueden resultar más perversas sus intenciones. Y si está sucediendo sin que lo pretendan, sus planteamientos y actuaciones no pueden resultar más erróneos.

No es esto. Tengo la impresión de que lo que se está produciendo en España es una apuesta por el trabajo de bajo nivel añadido, sobre el que además se produce un reparto cruel de la precariedad y la miseria provocado por del cambio operado en el modelo laboral. Y ello conducirá inevitablemente al aumento exponencial las desigualdades —que al final, como un círculo vicioso, constituyen causa y consecuencia de la pesimista impresión que ofrece el panorama actual en nuestro país—.

No obstante, y como antes insistía, resulta posible evolucionar, sin grandes sobresaltos ni cambios bruscos, de este modelo económico erróneo y enviciado hacia otro que nos devuelva la esperanza en el porvenir. Al respecto, me permito reiterar algunas de las absolutamente validas recetas, inspiradas en los modelos del economista John Maynard Keynes y sus discípulos, que deberían permitir revertir la situación. Aun así, seguiría resultando precisa e imprescindible esa voluntad política valiente que, contraviniendo la voluntad e intenciones del IBEX 35 —que, no olvidemos, tienen nada menos que 891 filiales, conocidas, en paraísos fiscales— y de los socios neoliberales de la Unión Europea, esté dispuesta a ponerlas en práctica[178].

1. Devolver, ante todo y con prioridad, al Estado un papel activo como árbitro, estimulador y moderador, en el impulso de la economía, especialmente en tiempos de incertidumbre. Y a partir de aquí con prioridad efectuar una profunda reforma del modelo fiscal, en los términos expuestos en un capitulo anterior, inspirada en los principios de progresividad, equidad y redistribución.

2. Invertir los excedentes recaudados por el Estado en ampliar las dotaciones presupuestarias públicas destinadas a:

-       la educación y la formación del capital humano a niveles de excelencia.

-       la investigación y las nuevas tecnologías (un mínimo de 1500 millones adicionales).

-       las nuevas fuentes de sostenibilidad del desarrollo.

-       la modernización de la productividad en el tejido de la pequeña empresa.

-       los inmensos retos futuros de la Sanidad Pública.

Áreas todas ellas estratégicas para el futuro económico del país, que requieren de una inversión pública muy superior a la actual.

3. Elevar la tributación de las grandes corporaciones hasta un tipo real y efectivo del 25% —en los últimos diez años dejaron de pagar, como ya se ha mencionado, impuestos por valor de 173.000 millones de euros a costa de habilidades y artimañas fiscales consentidas— y reducirlo, simultáneamente, a las pequeñas y medianas empresas, mediante desgravaciones en todos aquellos ingresos reinvertidos en creación directa de puestos de trabajo, innovación tecnológica y mejoras de la productividad real.

4. Aumentar el salario mínimo interprofesional hasta un mínimo de 850 euros mensuales, contribuyendo a impulsar la tan prioritaria demanda agregada.

5. Reforzar y endurecer el carácter penal del fraude y la evasión fiscal, con sus subsiguientes aumentos en las penas, acompañado de la puesta en marcha de medidas activas de lucha contra los paraísos fiscales. Reversión de la ventajas adicionales vinculadas a las amnistías fiscales y eliminación de todas las pantallas tributarias, como las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), y las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE). (Solamente las SICAV se ahorraron de tributar más de 600 millones de euros en el trienio 2012/2014, pagando apenas un 0,5% sobre sus beneficios, según datos de la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores).[179]

6. Reforzar la recapitalización de la banca, imponiéndoles su retorno al negocio tradicional de captación de pasivo y la concesión de crédito, separándolo, a efectos regulatorios, de la actividad de inversión, estimulando la creación de “fondos de rescate privados” para el sector financiero, mediante provisiones obligatorias efectuadas por las propias entidades del sector, que prevengan su rescate por el Estado (a la altura de 2017, el dinero público comprometido con el rescate de la banca desde su crisis, según informa el Tribunal de Cuentas, ascendía ya a los 122.000 millones de euros).

Como indican los autores Simón Johnson y James Kwak en su obra 13 Bankers, “We can continue to demand a financial sector that serves the interest of ordinary people and the real economy” (“Debemos continuar demandando un sector financiero que sirva al interés del pueblo y la economía real…”).[180]

En efecto, se debe recuperar la noción, hoy olvidada —cuan-do no suprimida—, del fin social primordial, que con carácter imprescindible deberían incorporar la banca y el sector financiero en su actuación.

7. Replantear la política general energética del país, hoy absolutamente insostenible en sus costes y demasiado dependiente del exterior (lo cual conduce a sus inusitados precios y continuas subidas), aplicando un renovado impulso e inversión hacia el desarrollo de energías limpias alternativas. Ello implica, muy especialmente, una reforma profunda en la regulación del sector eléctrico, resolviendo el problema del déficit de tarifa y fomentando el desarrollo de un Plan Nacional de Eficiencia Energética.

8. Auspiciar la creación de una Banca Pública Nacional que contribuya a la creación de sinergias entre los sectores públicos y privados y al desarrollo de una estrategia social que dé estabilidad a la sociedad frente a las incertidumbres de los mercados financieros especulativos.

9. Crear una legislación eficaz que controle la actuación, en régimen de cuasimonopolio o de oligopolio, de las grandes empresas y en contra de los intereses de los consumidores. Al respecto, resulta preciso impulsar, de acuerdo con un código de buenas prácticas, toda una nueva legislación que garantice la libre competencia antitrust en los mercados, de la que debería derivarse el cumplimiento económico efectivo de la “ley de los rendimientos decrecientes”.

10. Un firme refuerzo del Estado del bienestar, reconociendo constitucionalmente los derechos que compromete y devolviendo el montante de los Presupuestos Generales de la Nación hasta el nivel del 48% del PIB.

Creación de programas especiales de emergencia para la prevención y erradicación de la cruel y creciente lacra que representa la pobreza infantil, la cual ya alcanza en España al 30% de nuestros menores.

“Por más que diga el neoliberalismo, los niños pobres no lo son por su responsabilidad. Ninguno elige a sus padres; si lo son es solo culpa de la sociedad donde nacen”, escribe el economista y Premio Nobel Paul Krugman. Lo cierto es que somos, junto con Grecia, el país que menos dinero público asigna al epígrafe presupuestario de Familia y Niños.

Igualmente se debería atender a la creación de un gran parque nacional de vivienda social y de protección que prevenga el drama del desahucio y asegure su acceso a todos aquellos que así lo necesiten, especialmente a familias con hijos y jóvenes que persigan emanciparse.

11. Para atender a las familias y particulares en situación de mayor debilidad y exclusión, se debería proveer de un Ingreso Mínimo Vital, reconocido legislativamente, tal y como preconiza con insistencia el último informe FOESSA:

Primera. Creación de una Renta Garantizada que cubra un mínimo equivalente en el conjunto del territorio del Estado. Se estima un coste de entre 2.700 y 3.600 millones de euros para una cobertura entre el 75% y el 100% de los posibles hogares sin ingresos beneficiarios de la prestación.

Segunda. Extensión de la Renta Garantizada a través de un programa de bonificación al empleo. Tendría un coste estimado de entre 2.300 y 5.200 millones de euros.[181]

Este Ingreso Mínimo Vital debería constituir la primera piedra para un debate y estudio más profundo sobre la conveniencia de alcanzar una Renta Básica Universal, como nuevo pilar del bienestar social común.

12. Crear un Ministerio dedicado al impulso de la nueva Sociedad Digital, liderando la evolución desde una época industrial a otra del Conocimiento, transformación que debe alcanzar a todas las esferas de la sociedad.

13. Implicación desde todos los estamentos sociales y políticos del país en la definición y puesta en marcha, a modo de Plan de Estado, de un nuevo modelo económico que atienda no solo al desarrollo a cualquier precio, sino ante todo un desarrollo sostenible e inclusivo basado en la puesta en marcha de actividades de alto valor añadido. Un crecimiento económico, priorizado en la mediana empresa y en la exportación, que contribuya a construir una sociedad más justa, en un entorno de armonía con la naturaleza y los recursos del planeta.

14. Renegociación con las autoridades europeas de los plazos y condiciones de amortización y devolución de la deuda nacional y de reducción del déficit público. Merece la pena detenernos brevemente en esta cuestión:

La deuda española ha crecido más de 325.000 millones de euros en los cuatro últimos años, llevando el porcentaje de deuda respecto al PIB de un 60% al entorno del 100%. En 2015, el Gobierno emitió 239.000 millones de euros de deuda pública, de los cuales solo 50.000 constituían emisiones netas de deuda. Es decir, que solo un quinta parte de esa deuda es nueva, mientras que 189.000 millones de euros correspondían a mera refinanciación de deuda vencida. Eso significa que el país no tiene una capacidad real de devolver una deuda que se ha vuelto insostenible e impagable, por lo que la única manera de avanzar y “maquillar” su situación es imponer más recortes; una bola de nieve llamada “paquete de medidas necesarias que nos llevarán al crecimiento” que nos hace desviar la atención hacia otro lado. Si algo parece quedar claro viendo las cifras de desempleo, déficit y bienestar social de los países a los que se les ha impuesto la austeridad, es que esta receta no funciona.

A todas las medidas hasta aquí las expuestas, perfectamente viables, podríamos añadir aún las originalísimas e innovadoras propuestas efectuadas por el profesor Anthony Atkinson en su palpitante obra Inequality: What Can Be Done,[182] libro de máxima referencia, que pretenden —y lo consigue— ir más allá de los enfoques tradicionales. Atkinson plantea un proceso de recomposición del poder y de las relaciones de poder, tan desequilibradas, entre capital y trabajo, que se vienen dando a partir de la victoria de la revolución neoliberal. Para ello, el autor recurre al establecimiento de nuevos modelos de pre-distribución, que se anteponen a las lógicas de la mera redistribución. De entre esas medidas, merece la pena subrayar:

a)     El compromiso del Estado como garante del primer empleo para todos sus nacionales.

b)     La creación de la figura de la herencia social, por la que cada individuo, al llegar a su mayoría de edad o a la finalización de sus estudios, recibe del Estado un capital equivalente a dos veces el ingreso medio anual de una familia —que para nuestra nación sería de unos 50.000 euros— con el que puede comenzar a emprender.

c)      La dotación de un fondo nacional de inversión estructural del Estado, con el que este aumentaría su valor neto y podría incidir de manera fundamental en la actividad económica.

d)     El establecimiento de un gran programa de ahorro nacional, que asegure a cada pequeño ahorrador, a través de bonos especiales del Estado, la obtención para siempre de una ganancia mínima garantizada sobre su capital ahorrado.

¿Utopía? No lo creo, tanto por su impecable fundamentación y lo bien argumentadas que se encuentran sus ideas, como por lo rigurosa que resulta su cuantificación en términos económicos. En todo caso, una excelente contribución al debate social sobre las alternativas que pueden plantearse al dominio intelectual neoliberal y a la refutación de esas lógicas y discursos construidos sobre la mentira más burda —como lo serían las afirmaciones sobre el triunfo del capital humano sobre el capital financiero e inmobiliario, o la de la igualdad de oportunidades que ofrece el Sistema para quienes realmente quieren progresar—, a los únicos efectos de apoyar el mantenimiento del statu quo global.

Escribe Joseph Stiglitz en el libro varias veces mencionado:

Estamos profundamente divididos. La segregación económica y geográfica ha inmunizado a quienes se encuentran en la cima de la pirámide social frente a los problemas de quienes se encuentran abajo del todo. Como los reyes de antaño, han acabado por considerar, grosso modo, sus posiciones de privilegio como un derecho natural. ¿Cómo explicar si no las recientes declaraciones del inversor de capital riesgo Tom Perkins, que insinuó que criticar a ese 1 por ciento más rico era equiparable al fascismo nazi, o las que realizó el gigante de los fondos de capital riesgo Stephen A. Schwarzman, que comparó el hecho de pedir a los financieros que paguen impuestos en la misma proporción que quienes viven de su trabajo con la política hitleriana en Polonia?

Nuestra economía, nuestra democracia y nuestra sociedad han pagado por estas enormes iniquidades. La verdadera piedra de toque de una democracia no está en la cantidad de riqueza que pueden acumular sus príncipes en paraísos fiscales, sino en el grado de bienestar del ciudadano medio, más aún en Estados Unidos, donde la imagen que tenemos de nosotros mismos está arraigada en nuestra pretensión de ser una gran sociedad de clases medias. No obstante, cuando los ingresos del 1% de la población ha llegado a las máximas cumbres, el dinero no ha revertido en el desarrollo (como se suponía que tenía que hacer); el dinero se ha evaporada en el clima cálido de las islas Caimán…

Lo cierto es que en un estado de auténtico capitalismo de libre mercado y competencia perfecta, podría imaginarse que todos los mercados tenderían a su propia eficiencia, gracias a esa “supuesta mano invisible” de presunto carácter infalible que los rige. De ser así, tal y como señala su credo, inevitablemente se producirían dos tendencias: una hacia un más amplio reparto de los beneficios generados entre todos los intervinientes, cada vez mayores en su número, y otra hacia la paulatina minoración de los mismos, superado su punto óptimo, con la consiguiente consecuencia en la mejora de la igualdad —al menos en términos de igualdad de oportunidades—. Sin embargo, no es eso lo que viene sucediendo, sino todo lo contrario; y no como consecuencia de los males que nos pudieran acarrear el socialismo o el populismo —como reiteradamente se predica, a modo de chivo expiatorio—, sino porque el modelo económico que venimos soportando dista mucho incluso de ser “auténticamente liberal en esencia”, por haber devenido, más bien, en una fórmula de “capitalismo de las oligarquías”, en la que participan exclusivamente los más ricos, en régimen de cuasimonopolio. Ellos son los únicos dentro del mercado que realmente diseñan las reglas políticas con las que asegurar su estatus, es decir, quedarse con todos los beneficios. La consecuencia evidente, se quiera reconocer o no, es que la dialéctica económica no se establece en términos de “competición abierta en el mercado”, sino de “quedar por encima”, a efectos de aprovechar el ahorro en costes que tal situación proporciona en términos de simple economía de escala.

Como indica el profesor Stiglitz en una excelente referencia: «Nuestra democracia imperfecta [está] más próxima a [el modelo de] un dólar, un voto que al de una persona, un voto».[183]

Que todo este entramado de política y economía, sustentado en falsos dogmas y errores, antes o después terminará por venirse abajo, comienzan a reconocerlo incluso sus, hasta la fecha, más firmes defensores. La cuestión radicaría en que si no sabemos anticipar nuestra actuación, las consecuencias del derrumbe acabarán siendo catastróficas para las poblaciones. Incluso un ortodoxo de neoliberalismo, el profesor por Harvard Dani Rodrik, no duda en afirmar en su último libro Las leyes de la economía: “Las elites políticas deben moderar el capitalismo” antes de hablarnos del trilema económico, como él lo define, que atraviesa el mundo. “Democracia, globalización y soberanía del Estado-Nación son incompatibles”.[184]

Ahora, nos corresponde a los ciudadanos manifestar cuál es nuestro compromiso.

CONCLUSIÓN

No me cabe duda de que hemos entrado ya en una nueva época de la Historia. Quizás aún resulte difícil llegar a percibir las inmensas transformaciones que se están dando en todos los órdenes de la realidad —tanto la física como la virtual— y que envuelven esa cotidianidad, insignificante en lo individual, por la que aparentan transitar los días de nuestra existencia. Sin embargo, todo el planeta, toda la humanidad, se halla sometida a un momento prodigioso, y a la vez extremadamente incierto, de “Gran Cambio Acelerado”. Vivimos subidos en una montaña rusa.

En este contexto ya no tienen ningún valor los paradigmas y fundamentos que antaño pudieron servir para interpretar el orden y la lógica de la existencia: aferrarse a ellos resulta tan estéril, inútil y absurdo como pretender perpetuar las condiciones de vida dentro del útero materno después de haber nacido. Nada será ni podrá volver a ser igual a como fue en el pasado. Las bases de la racionalidad, esas con las que las poblaciones construyen su sentido común, han mutado.

El gran barco de la Historia ha partido de ese puerto donde estuvo fondeado en el siglo anterior para adentrarse en alta mar, en un océano de aguas turbulentas, con una dirección imposible de determinar. No sabemos hacia dónde nos encaminamos porque ni siquiera controlamos el timón que marca un posible rumbo; avanzamos en cierta manera a la deriva, hacia donde nos quiera llevar el futuro. No cabe sino sentir una inmensa preocupación ante interrogantes tan descomunales, que ninguna inteligencia biológica puede descifrar… A lo sumo, podemos llegar a imaginar, a suponer, a pronosticar o, en el mejor de los casos, a desear. ¿Qué va a ser de la humanidad? Ni siquiera soy capaz de sospecharlo.

No hay duda de que este fenomenal estado de cambio que hoy nos envuelve forma parte natural del proceso de evolución imparable que rige el universo y sus leyes desde sus mismos orígenes. Como tal no resulta nuevo ni único: antes y después de la aparición de la vida, el universo se explica en términos de movimiento y transformación en el tiempo. Sin embargo, este momento, como seguramente ocurrió en tantos otros del pasado, no puede sino sumergirnos en la perplejidad, enfrentados a nuevas fuerzas que, quiérase o no, nos superan, ante la imposibilidad de comprenderlas y aprehenderlas en toda su plenitud y significado.

La civilización ha llegado a tal nivel de progreso científico, que todo el saber tradicional se ve día tras día superado por nuevos descubrimiento de alcance infinito, traspasando las fronteras de lo que hasta ayer parecían leyes y dogmas inmutables: la creación de vida, la reproducción, la edad, la inteligencia biológica, la realidad física, la salud, el tiempo y el espacio, e incluso la mortalidad.

En no demasiado tiempo, el hombre no solo será conocedor de todas las leyes que rigen el universo, sino que podrá incluso crear, eliminar o alterar dichas leyes, a su antojo y conveniencia, convirtiéndose en un “pseudo-dios de su existencia”.

La pregunta inmediata, “¿hacia dónde vamos?”, solo puede ser respondida desde un cierto estado de caos y desorientación en lo moral, y tanto o más desaliento, malestar e irritación en lo social. Carente de dogmas, principios y valores incuestionables, y sobrepasados los modelos y paradigmas políticos que sustentaban la pretérita sociedad industrial, cada uno ha intentado aferrarse al bote salvavidas que tuviera más cercano. Unos, al individualismo extremo; otros, al más absurdo relativismo moral; aquellos, al conservadurismo reaccionario de corte neofascista que preserve por encima de todo la tradición; otros, a los proliferantes populismos —un término que pretende integrar propuestas demasiado dispares—; e incluso los hay que se han aferrado al terrorismo ciego y devastador, ese que carece de causas y de fines auténticos.

El tsunami de la evolución, ese que nos impulsa hacia el mayor y más prodigioso conocimiento, también nos arroja a la duda, el desorden y la vorágine. Migraciones, transformaciones demográficas, cambios en las condiciones del planeta… Paradójicamente, cuanto más cerca estamos del saber científico y tec-nológico, más confusos nos sentimos respecto al saber social y existencial.

Dominamos Internet y las redes sociales a la vez que nos perdemos en las preguntas de “¿Quién soy?” o “¿Qué sentido tiene mi vida o mi tránsito por la vida?”. Y mientras carezcamos de luz sobre estas cuestiones, mucho más oscuro e indescifrable resultará entender “¿Quién es ese prójimo con quien cohabito?” o “¿Qué es eso del bien común que se supone debe regir mi relación con el otro?”. Nuestro cerebro podrá llenarse de bytes de inteligencia artificial, mientras que el alma se hundirá en la angustia del vacío y la soledad.

Es en este contexto de mayor progreso científico y zozobra existencial donde el neoliberalismo surge como respuesta social a los retos de un planeta transformado por la globalización del comercio, de los inimaginables progresos en todos los órdenes de las comunicaciones y de la irrupción imparable de la robótica y la tecnología en los procesos de creación de riqueza y desarrollo. Sin embargo, lo que en un principio podría interpretarse como la consecuencia natural del propio progreso, orientado a la obtención de un mayor rendimiento y productividad en la gestión de una economía mundializada y más abierta al incremento de las transacciones y el comercio ente los pueblos, se ve brutalmente infiltrado por intereses políticos de dominio a cargo de las grandes elites financieras y los grupos más poderosos del planeta, que ven en ello la oportunidad de recuperar una iniciativa que se habían dejado arrebatar.

Globalización, neoliberalismo y nuevas tecnologías se transformarán entonces en una ideología de poder mediante la cual el Capital aspira a controlar y manejar la dirección de la humanidad, subvirtiendo el orden político y social que había regido la convivencia entre las naciones a lo largo de los últimos cien años. Frente a los fundamentos y postulados del Estado Social de Derecho como expresión práctica de un capitalismo de corte democrático, irrumpe la idea de su abolición y subsiguiente sustitución por una dictadura, encubierta y de rostro amable, ejercida por los poseedores del capital, los dueños del dinero, bajo el descarado chantaje de “o te sometes o te mueres de hambre”. La idea del bien común como objetivo último de la conveniencia en paz entre los hombres, expresada a través de un natural compartir de derechos y obligaciones y de una cierta redistribución de la riqueza generada por el desarrollo económico y social, se convierte ahora en el “gran enemigo a abatir”…

No hay nada que compartir ni que repartir cuando el capital adquiere hegemonía como factor productivo esencial, arrinconando una fuerza de trabajo sustituible y menos necesaria. En consecuencia, el Estado-Nación, el gran agente distribuidor a través de los impuestos, debe ser reducido y convertido en un mero gestor —similar a un administrador de una comunidad de vecinos, poco más— al servicio de los intereses de los verdaderos detentadores del poder, esos Nuevos Amos que se han atribuido el apelativo de Los Mercados, intentando imponerse al principio rector de la soberanía del pueblo. Son ellos, y solo ellos, quienes establecen el rumbo que debe seguir la humanidad en pro de su objetivo primordial: acaparar toda la riqueza al planeta. Y, parcialmente, ya lo han conseguido: ese 1% escaso de personas que representa la aristocracia financiera del planeta posee más del 50% de todos los bienes del mundo; casi el doble de lo que ya disponía hace menos de cincuenta años.

Esta terrible realidad, ante la que las grandes masas se manifiestan ciegas e ignorantes de su comprensión, está transformando las ideas democráticas de la igualdad y la fraternidad en una quimera imposible, sustituyéndolas por la más aguda y pronunciada pirámide de Castas. El mundo se encamina hacia la Desigualdad Extrema a la misma velocidad con que lo hace para desvelar los confines más recónditos del genoma humano o del funcionamiento del cerebro.

Habría que retrotraerse casi tres siglos para conocer otra época de la Historia en que la riqueza se concentró en tan pocas manos, las de la realeza y la aristocracia… solo que, entonces, los recursos que ofrecía el planeta eran infinitamente menores. Las Revoluciones francesa y norteamericana vinieron a poner límite a tal estado de ignominia y explotación de los hombres a manos de los hombres gracias a la creación de los Estados-Nación modernos. Es cierto que esta restricción a la acumulación abusiva de la riqueza en la minoría de los poderosos siempre fue insuficiente: la propiedad de la tierra continuó estando en manos de los mismos terratenientes y sus descendientes, y las aristocracias de sangre o de estirpe continuaron copando los puestos más relevantes desde los que se dirigía el Sistema —jueces, banqueros, militares, políticos, altos cargos de la Administración, empresarios…—. Pero aun así, la hegemonía de la democracia, como fórmula política, ejerció un factor reequilibrador en la evolución de las sociedades y las clases que las integraban…

Esto es justamente lo que ahora nos están arrebatando.

Hoy en día, los intereses de los Mercados se imponen sobre los de la ciudadanía, proclamando, con el mayor cinismo, que ambos son coincidentes. Y a quien denuncia que no es así en absoluto —es decir, que los intereses de Pueblos y Mercados no pueden ser más antagónicos—, se le descalifica atribuyéndole la doble condición de loco ignorante y peligroso antisistema. De esta manera, las supuestas razones técnicas que determinarían el impulso de la economía —de un cierto modelo económico, sería más ajustado decir— se imponen a las que pudiera determinar la razón política: la libre circulación de capitales se impone a las naciones, estableciendo una especie de Gran Gobierno Mundial en la Sombra que no se encuentra sujeto a elección y refrendo por parte de los pueblos.

La consecuencia de todo ello no puede resultar más contundente: la democracia, entendida como la soberanía de cada pueblo para determinar su destino, se encuentra a punto de morir por falta de sentido y capacidad de actuación. Elegir “quién” sin poder determinar “el qué” solo puede definirse como una ilusión ficticia, una virtualidad no real, de democracia. Es lo que está sucediendo: ante nuestra ingenua y desconcertada mirada, en un ejercicio canalla de prestidigitación, nos están robando esa soberanía que da sentido al concepto de ciudadano, que difiere del de súbdito.

Pretenden constituir Estados débiles, cada vez menores en su peso y sus capacidades, que gasten muy poco y en el que la función pública se limite prácticamente al mantenimiento del orden y la seguridad —tal vez, también de la Justicia— y a una cierta gobernanza —que no gestión pública— de lo cotidiano. Eso queda muy lejos de cualquier interpretación honesta y fraternal de lo que significa el bien común y la convivencia armónica de unos con otros.

Como todo discurso y propuesta política debe contener un “Robin-Hood” —ese motivo que induzca a su aceptación por el pueblo llano—, el neoliberalismo ha sabido encontrarlo con su oferta luminosa de “bajar más y más los impuestos”. Brillante perversión de la lógica a la que se han sumado no solo los más ricos —los cuales podrían estar egoístamente interesados en reducir sus obligaciones fiscales para con la comunidad—, sino también las clases medias aburguesadas, que han creído interpretar en esa promesa una forma de disponer de más recursos para su interés y disfrute particular. Por desgracia, olvidaron lo que a cambio estaban recibiendo de la sociedad y ahora comenzarían a perder: unos servicios públicos que tan necesarios les habían resultado para su ascenso social a lo largo del siglo anterior. Sin impuestos, no hay Estado Social; y sin Estado Social, no hay justicia redistributiva en forma de más escuelas, hospitales, pensiones y demás derechos… Sin justicia redistributiva, no puede haber auténtico bien común; sin bien común, no tiene sentido la democracia… ¿Qué es una sociedad en la que no existe la fiscalidad, los servicios de interés público se encuentran privatizados y cada cual debe cubrir sus necesidades con lo que le permitan sus propios recursos? Exacto, una sociedad de desiguales presidida por el único principio de “que cada cual se las apañe como pueda”: el individualismo más egoísta, una ley de la selva en la que los individuos se ven abocados a luchar por su supervivencia, una vez que han quedado desterrados las valores de la fraternidad y la solidaridad.

Me atrevo a enunciar un pronóstico: no pasarán muchos años antes de que cada cual pueda optar, independientemente de su lugar de nacimiento o del origen de sus padres, por la nacionalidad que mejor le convenga en función de las ventajas —sobre todo fiscales— que cada país la ofrezca. Nada muy diferente de como hoy elegimos entre Amazon, Mercadona, Carrefour o Día a la hora de comprar nuestra alimentación… Así se definen las reglas de este supuesto libre mercado, solo abierto para los más fuertes organizados en castas y clanes, y de la libre circulación de mercancías y capitales… Me consta que personas y grupos extremadamente poderosos presionan en esta dirección, hartos e indignados de ser descubiertos en “listas Falciani” de evasión fiscal por culpa de una nacionalidad que consideran impuesta y propia de épocas pretéritas. Al tiempo.

 Me niego a aceptar para mí, para mis creencias y valores y, sobre todo, para el porvenir de mis hijos y nietos, que el futuro se escriba con tinta de individualismo salvaje, donde cada cual deba afrontar su destino en términos de “una empresa de sí”, para ser winner y no looser… Una partida que, además de cruel y ridícula, tiene las cartas marcadas desde el principio de cada vida.

No lo admito. Me rebelo contra ese porvenir de precarios cotidianos, marcado por el estigma del miedo y la resignación como única opción para la mayoría de los que han nacido de apellidos anónimos. No puede, no debe haber resignación mientras sobreviva el Ideal Democrático, ese por el cual todos los hombres somos iguales y así nos lo reconocemos. El acatamiento y la sumisión solo es concebible entre los acomodados, los ignorantes y los cobardes que toleran que les roben su bien más preciado: el postulado de que, en un marco de convivencia entre ciudadanos, nadie es, ni puede ser, superior a nadie. El poder legítimo nunca pertenecerá a unos pocos mientras no desaparezca la idea de que la soberanía reside en el pueblo. Sin embargo, me temo que es lo que está sucediendo… O mejor dicho, lo que estamos consintiendo que suceda.

Solo cabe la indignación, la furia y la resistencia cívica —pa-cífica, por supuesto— frente al este golpe de Estado social, económico y político que están practicando las grades aristocracias financieras. Insisto, se lo debemos a nuestros hijos, para quienes la mayoría de nosotros ya no contemplamos la certeza de ese futuro mejor, como sí lo hicieron nuestros padres para nosotros. Solo por ello, y por la evidencia más que palpable de que “algo o algunos” han torcido el rumbo del progreso de la humanidad y se encuentran reescribiendo la Historia a su conveniencia, merece la pena rebelarse.

Hay que aceptar, por supuesto, que el Estado dejó hace ya algún tiempo de constituir el instrumento más adecuado y fiable para gestionar, en su totalidad, la convivencia en sociedad desde la seguridad, la justicia social y la redistribución. La sociedad ha evolucionado y avanzado mucho más deprisa que este instrumento del que los hombres pudimos dotarnos en el pasado y que ha quedado parcialmente desfasado. Es por ello por lo que rechazo las ideas, absolutamente superadas, que propugnan un retorno al estatalismo, para convertir al Estado aún en más gigantesco e ineficaz.

Afirmar esto no significa de ningún modo postular su supresión, sino defender que necesita de una transformación radical que le convierta de nuevo en un eficaz árbitro y moderador de los intereses contrapuestos de los que conformamos la sociedad y la humanidad en su conjunto. Un nuevo Estado que ya no sea “ese gran planificador y director del rumbo de los ciudadanos”, pero que continúe siendo el gran reequilibrador del movimiento social de individuos y pueblos.

Negar el papel protagonista que en el pasado pudo tener ese Estado gestor de cada nación y que ya no le corresponde tampoco implica, por descontado, dejarse caer en los brazos de unos Mercados, que se mueven por intereses particulares basados en la codicia y han demostrado su rapiña y, sobre todo, su ineficacia como gestores de lo común. A las sucesivas y casi ininterrumpidas crisis y burbujas soportadas me remito, y a las más que probables que se avecinan.

Entonces, sin Estado benefactor ni Mercados de la libre codicia, ¿a qué pueda aferrarse el ser humano en el siglo XXI? No me cabe duda que la respuesta se encuentra en la creación de una nueva sociedad fuerte. Son los propios individuos, y solo ellos, sin tutelas de arcaicas fórmulas burocráticas ni de oligarquías dominantes, quienes deben asumir el reto de afrontar y manejar una nueva Era del Saber y el Conocimiento.

Y para ello y ante todo, resulta precisa la aplicación de una gran fórmula magistral. Tal vez la única…

–    Más y mejor educación.

–    Para todos y todas, en condiciones máximas de libertad, universalidad y gratuidad, donde, antes de nada, queden meridianamente separadas ciencia y fe.

–    Una educación única e idéntica para cada persona, que garantice la igualdad de oportunidades frente al desafío de la propia existencia.

No se trata tan solo de formar y capacitar como hasta ahora se pudo venir haciendo, a los solos efectos de que cada cual pudiera ganarse el sustento. Hay que ir mucho más lejos: asumir la vida como un proceso de formación y aprendizaje continuos y hasta el último aliento. Si pretendemos salvar la fórmula democrática y convivir satisfactoriamente con el saber más avanzado, utilizándolo en beneficio de la civilización y el progreso, son imprescindibles hombres libres, dotados de las facultades necesarias para ejercer su autodeterminación de ciudadanos desde la responsabilidad y la madurez que proporciona la comprensión amplia y el saber más completo. Un individuo en sociedad que no solo domine “herramientas técnicas”, sino que ante todo sea capaz de razonar y deducir por sí mismo, excluyendo, por inútiles e impostores, a tantos brujos y “salvapatrias” que, investidos con el manto del dogma religioso, militar, ideológico o de la supremacía económica, han pretendido durante siglos suplantar su capacidad de pensar y así poder marcarle el rumbo que debía seguir.

Si la ciencia avanza imparable en el desarrollo de sus infinitas posibilidades, el hombre debe ponerse a su altura. Y quien no lo haga, porque no quiera o porque no le dejen, sabrá que solo le quedará la posibilidad de constituirse en siervo de aquellos que hayan adquirido el dominio del conocimiento.

Mucha más y mucha mejor educación para construir una sociedad de individuos seguros, autónomos y emancipados de sus propias limitaciones sociales.

¿Quién estaría dispuesto a apostar por esta Sociedad Fuerte? Desde luego que el neoliberalismo no; ellos menos que nadie. De ahí también mi enfrentamiento y rechazo frontal a esta ideología maligna. En la sociedad de las desigualdades y las Castas, las aristocracias precisan de un pueblo ignorante y aborregado.

No puede dejar de mencionar, llegado a este punto, las premonitorias palabras de Aldous Huxley contenidas en su novela Un mundo feliz, publicada tan lejos como 1932:

Una dictadura perfecta, tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar […] Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que gracias al consumo y el entretenimiento los esclavos amarían su servidumbre.

No se puede describir mejor, y con inaudita anticipación en el tiempo, lo que constituye los fines del neoliberalismo y la realidad más profunda de la sociedad a la que estamos llegando.

¿Y España?

La situación de nuestro país produce inquietud y cierta tristeza cuando resulta prácticamente imposible encontrar a alguien que, desde el rigor y la seriedad, sea capaz de dar una respuesta optimista a esa pregunta acuciante: “¿Qué porvenir, qué futuro estamos dejando a nuestros hijos?”. Nadie, y menos el gobierno, puede ofrecer un verdadero proyecto de país de cara a los próximos diez o veinte años. Un proyecto que sea a la vez creíble e ilusionante. Quizás esta constituya la peor y más grave consecuencia de la devastación moral, social y política que nos ha asolado en los últimos años y cuyos orígenes habría que trasladar más atrás en el tiempo, hasta principios del nuevo siglo y los derroteros extremadamente equivocados y ruines que género la ilusoria “política del ladrillo”.

“¡Somos un gran país!”, no deja de proclamar a los cuatro vientos Mariano Rajoy a cada ocasión que se le presenta. Una invocación que sus voceros recogen y envuelven con ese fácil y mediocre manto litúrgico de:

–    La sagrada unidad de la patria; ó

–    Nuestras célebres y señaladas virtudes como pueblo sensato; ó

–    La perennidad de los gloriosos símbolos: la bandera, nuestras creencias religiosas, nuestras tradiciones y costumbres, el brillante pasado histórico…

… Y demás símbolos de un imaginario reaccionario que nunca supo transitar desde la cultura tradicional que impuso el franquismo a la modernidad y que todavía hoy subyace en el subconsciente de esa ancestral y aterradora “España profunda”.

Quizás seamos un gran país; no tengo por qué dudarlo. Pero en ese caso deberíamos reafirmar que hemos estado, y seguimos estando, mal dirigidos, peor liderados y excesivamente acomodados como sociedad.

Aunque el neoliberalismo sea una de las causas que mejor podrían explicar el estado de decepción y escepticismo que nos embargan como pueblo, otros problemas, puramente nuestros, ajenos a esta ideología y de carácter genuinamente autóctono, inciden en nuestra preocupante realidad.

De todos ellos he intentado ofrecer profusa relación a lo largo de este libro, por lo que bastaría ahora con hacer una relación de ellos:

Un problema demográfico que nos convertirá en menos de treinta años en uno de los países más viejos del planeta.

Un problema político de ordenación territorial del Estado que hace que dos territorios, que juntos representan más del 25% de nuestro PIB, continúen presionando con sus afanes independentistas, sintiéndose desvinculados del proyecto común como país —probablemente, también, debido a la ausencia de cualquier proyecto—.

Un problema de corrupción sistemática en todas las esferas y niveles del Estado, que evidencia la incapacidad del marco jurídico que los españoles nos hemos otorgado tanto para prevenirlo —insuficientes mecanismos de control— como para detectarlo cuando se produce y así imposibilitar su propagación cancerígena.

Un problema de calidad y eficiencia del modelo democrático, consecuencia del inadecuado funcionamiento de los partidos políticos, que resta eficiencia y auténtica representatividad al funcionamiento del ámbito constitucional y sus instituciones. Situación que ha degenerado en la cotidianidad de un modelo económico, político y social que se definiría como de “amiguetes” y de “puertas giratorias”.

Un problema, de gravedad insuperable, en el funcionamiento de la Justicia y su Administración, carente de la más mínima eficacia, agilidad e igualdad de trato para todos.

Un problema de calidad, cantidad y condiciones de trabajo para la juventud que la conduce, en porcentajes no lejanos al 50%, a elegir entre dos opciones perversas: asumir la precariedad o marcharse del país.

Un problema de ausencia absoluta de modelo económico global a largo plazo, lo cual nos convierte en tributarios y dependientes absolutos del turismo, la construcción —otra vez—, la especulación inmobiliaria, la fabricación de automóviles, el ocio, los servicios de muy bajo valor añadido, la inversión extranjera y el consumo interior.

Un problema vinculado a nuestra insuficiente capacidad productiva. Nuestro tejido empresarial, constituido en el 95% por pequeñas empresas, se encuentra muy lejos de haber sabido adoptar esa modernización de sus sistemas y métodos que le permita participar con plena competitividad en el comercio internacional y en los sectores avanzados de la industria y los servicios.

Un problema continuado e histórico de malogrados e insuficientes resultados obtenidos en la gestión de la Educación de los españoles, sobre la que tantos intereses contrapuestos han colisionado, empezando por esa nefasta intención de unir y mezclar ciencia y fe, cuando no puede haber dos conceptos más incompatibles, se mire por donde se mire.

Un problema de fraude fiscal, continuo y persistente hasta convertirse en cultura nacional, que representa cada año un déficit en las arcas públicas de alrededor de 40.000 millones de euros anuales. Una situación, esta del dinero negro corriente, de muy difícil erradicación, por haberse convertido en práctica habitual —y casi motivo de orgullo— que nos retrotrae a la picaresca de nuestro Siglo de Oro.

Un problema, candente e imposible de ignorar, de ineficacia manifiesta en la gestión cotidiana de la Administración Pública; una organización demasiado costosa que se ha quedado atrasada y obsoleta frente a los patrones modernos de gestión de empresas, tal y como precisa la sociedad.

Un problema social que amenaza con situar a un tercio de españoles —hablamos de 12-15 millones de ciudadanos— en umbrales de marginalidad, riesgo de pobreza e incertidumbre vital para llegar a fin de mes.

Y finalmente, un creciente alejamiento —quizás lo más grave— del tren del futuro, que estamos a punto de volver a perder, por culpa de los duros recortes que ha sufrido la investigación y la educación en los últimos años.

Parecería que algunos de nuestros políticos, actuando al dictado de lo que señalan los Mercados y sus gestores, ya han tomado partido entre las posibles opciones estratégicas de “empleo con alto valor añadido o empleo barato”. Tremendo error. Una equivocación histórica que quizás nos ha venido impuesta pero que nunca debía haberse aceptado; un retorno al «¡Que inventen ellos!» que pronunció Unamuno y, en consecuencia, a una posición absolutamente irrelevante y subsidiaria en el concierto internacional.

Quien desee contrastar la dimensión de gravedad que contienen estas últimas afirmaciones, le invito a que lea la entrevista al profesor Mariano Barbacid, ilustre investigador y referente mundial en la lucha contra el cáncer, y que publicó El Mundo recientemente con en elocuente título de “La ciencia española está moribunda”.[185]

“Haces que uno se deprima leyendo todo esto… No creo que así consigas aumentar el número de tus lectores…” ¿Me creería el lector si le cuento que esta constituye la primera reflexión a la que llegan dos amigos cercanos cuando les muestro un borrador de este epílogo con la intención de recabar su opinión? Pues es así de cierto. Y ello me daría pie para ahondar en ciertos rasgos de nuestra “genuina idiosincrasia hispana” que también habrían contribuido a configurar el estado actual de cuanto nos sucede:    somos un pueblo que elude enfrentarse a la verdad, sobre todo cuando esta resulta amarga y preocupante y exige adoptar compromiso. Los españoles, al menos una buena parte de ellos, resultamos excepcionalmente proclives a considerar aquello de que “lo que no se ve, no se reconoce, no existe”; y si se presiente, se procura obviar… Como dice esa frase popular de “Aquí no pasa nada y si pasa, se mira para otro lado”, expresión tan conectada con esa otra, también tan nuestra, de “Virgencita, virgencita, que me quede como estoy”.

No cabe duda de que constituimos un pueblo alegre, sociable, comunicativo, que gusta de vivir bien y pasárselo mejor. El agradable clima, la belleza del paisaje, nuestra excelente dieta mediterránea, el entorno habitualmente acogedor, los extensos lazos familiares, la amplitud de la vida social, el gusto por la amistad, nuestro carácter comunicativo; todo eso nos conduce al bienvivir como impulso espontáneo y a la búsqueda de la celebración y la fiesta como aliento vital; un país donde el pesimismo está mucho peor visto que el robarle unos euros a Hacienda… Muchos son los que prefieren tragarse “otra mentira”, con docilidad y sin inmutarse, antes que deber afrontar la verdad.

Así somos reconocidos por el mundo entero, y en sí mismo, ello puede que resulte más bueno que malo. La contrapartida inevitable sería esa cierta falta de impulso hacia el compromiso y para encarar los problemas de frente: siempre es mejor la evasión a la realidad; de continuo, casi inconscientemente, procuramos huir de esta para acercarnos a aquella… La verdad da mucha pereza y a veces conduce a la angustia… por eso resulta preferible situarse en la esperanza ciega y en el optimismo, incluso injustificable. Todo con tal de no perder la alegría y las ganas de juerga.

“No hay problemas; y si los hay, no me los cuentes; y si me los cuentas, ya se arreglarán por sí mismos, de una u otra forma. En cualquier caso, que los arreglen los otros… No me estropees el buen ánimo.”

Lo cierto es que está más que preocupante situación a la que hemos llegado como país, situándonos con cierto lastre ante la encrucijada de un nueva era a la que se encamina la civilización, no la van a poder arreglar ni Mariano Rajoy, ni Pablo Iglesias, ni ninguno de los otros líderes políticos que hemos elegido. No nos engañemos, no podrían, aunque se aplicasen con el máximo empeño y habilidad; y la razón es que, contemplado desde un plano superior, la solución a tanta decadencia, a esta dolorosa crisis histórica, no se encuentra en la aplicación de las recetas propuestas por tal o cual ideología, una o su antagónica, sino en la movilización ciudadana. Una movilización intelectual y vital intensa y por parte de todos, puesto que los enigmas y dilemas que se nos plantean tienen un carácter que compromete a toda la sociedad, es decir, a todos los ciudadanos que la componemos.

En nuestro país falta más sociedad civil y mucho más debate ciudadano —y no me estaría refiriendo a los espectáculos televisivos de contenido político que con tanta proliferación se nos ofrecen—. Se precisa de más, mucha más, opinión, propia y elaborada —no la que nos viene dictada desde los púlpitos de las instancias del poder—, que afirme criterios y compromisos sólidos, aunque ello pueda alejarnos del jolgorio y obligarnos a sentirnos preocupados. Resulta preciso sustentar nuevas creencias; no podemos permanecer sin convicciones y, en consecuencia, sin saber qué hacer.

Nuestros inconvenientes y dificultades tendrán respuesta cuando nos convirtamos en una verdadera sociedad despierta y comprometida. Nunca antes. Y con ello no estaría haciendo alusión a la simple idea de recomendar la participación en más mítines políticos o en más manifestaciones de protesta. No es eso. Al contrario, apuntaría a la conveniencia de comenzar a olvidarnos un poco de todos esos líderes políticos —“los que suponemos que votamos para que nos saquen las castañas del fuego y nos dejen en la paz de nuestra comodidad durante cuatro años”—, que ni pueden ni saben llevarnos a alguna parte, y a quienes a veces contemplemos como “padres salvadores”, para interiorizar y aceptar que Somos Nosotros, Cada Uno, Quienes tenemos el deber y la responsabilidad de Salvar esta Sociedad, empezando por convertirnos en mucho más vigilantes, exigentes, rigurosos y próximos con las cuestiones que afectan al interés colectivo y a ese, imposible de eludir, bien común que también es el nuestro.

En tanto no lo hagamos y recuperemos la soberanía, como individuos y como sociedad, viviremos a impulsos de esos dos grandes vectores que pretenden, cada uno a su manera, arrearnos y esclavizar nuestra voluntad: los Mercados neoliberales y el terrorismo fanático, a los que ahora parece incorporarse, como alternativa desalentadora, un retorno al nacionalismo reaccionario.

Confío en que la próxima generación sea capaz de construir, para quienes les sucedan, un porvenir más venturosos y social que el que nosotros les estamos dejando en herencia a los nuestros. No creo que ello pueda conseguirse si la minoría de los más ricos y poderosos continúa imponiendo su hegemonía, y nosotros, el pueblo, seguimos permitiéndoselo. Es el momento de los demócratas intransigentes y radicales, como se definía a si mismo Manuel Azaña.

Pantano de El Burguillo.

Primavera 2017.

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en los talleres de Estugraf

en septiembre de 2017

[1] El Neoliberalismo Me Mata, Algon Editores, 2012.

[2] El desafío Americano, Plaza&Janes, 1968

[3] Observatorio Metropolitano. La crisis que viene. Algunas notas para afrontar esta década. Traficantes de Sueños, 2011.

[4] Economía y Sociedad. SL Fondo de Cultura Económica, 1993

[5] Stayin’ Alive: The 1970s and the Last Days of the Working Class. Paperback, 2012.

[6] Un largo Termidor. Historia y crítica del constitucionalismo antidemocrático. Trotta, 2011.

[7] Jesus Miguel Marcos. “La rebelión de las élites”. Público, 31 de octubre de 2011.

[8] Entrevista para la BBC

[9] The World Is Flat. Traducción al español: La Tierra es plana: breve historia del mundo globalizado del siglo XXI. Martínez Roca, 2006.

[10] La nueva razón del mundo: ensayo sobre la sociedad neoliberal. Gedisa, 2013.

[11] The Big Short, de Adam McKay, 2015

[12] Christian Laval y Pierre Dardot, La nueva razón del mundo: ensayo sobre la sociedad neoliberal. Gedisa, 2013.

[13] Ed. Cit.

[14] L’entreprise de soi. Flammarion, 2000.

[15] La Individualización: El individualismo Institucionalizado. Paidos Ibérica 2003.

[16] La corrosión del carácter. Anagrama, 2000.

[17] Discurso de Investidura a la Presidencia de EEUU (20 de Enero de 1981)

[18] Deux siècles de rhétorique réactionnaire. Fayard, 1998.

[19] The Good Society. Reeditado en Nabu Press, 2011.

[20] 23 cosas que no te cuentan sobre el Capitalismo. Debate, 2012.

[21] Estado de crisis. Paidós, 2016.

[22] “Libres para morir”. El País, 18 septiembre de 2011.

[23] Entrevista para la BBC.

[24] La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre. Paidós, 2007.

[25] El Economista, 22 de marzo de 2014.

[26] Una alternativa liberal para salir de la crisis: Más mercado y menos Estado. Economía Deusto, 2012.

[27] El capital en el siglo XXI. TJ International Ltd Padstow GB, 2014. Traducida al español y editada por RBA, 2015.

[28] Traducción propia a partir del texto en inglés.

[29] Piketty. Ed. Cit.

[30] Traducción propia a partir del texto en inglés.

[31] Traducción propia a partir del texto en inglés.

[32]«Hoy por hoy», Cadena Ser, 21/04/2014.

[33] http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-ingresos-impuesto-sociedades-caido-menos-mitad-2007-20160314122126.html

[34] Vicente Clavero. “La gran banca ha duplicado su valor desde que gobierna Rajoy”. Público, 28 de julio de 2015.

[35] Una alternativa liberal para salir de la crisis: Más mercado y menos Estado. Economía Deusto, 2012.

[36] Ed. Cit.

[37] “Jeffrey Sachs: 'La industria alimentaria es responsable del cambio climático'”. El Mundo, 10 de diciembre de 2015.

[38] Quienes Somos: Los desafíos a la identidad nacional americana, Paidos Iberica, 2004

[39] Informe Naciones Unidas: La situación Demográfica en el Mundo 2014

[40] El Mundo en 2050. Debate, 2011.

[41] Ed. Cit.

[42] El futuro de nuestra mente. Debate, 2014.

[43] Darwinism: An Exposition of the Theory of Natural Selection.Cambridge University Press 2009

[44] Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. Oxford University Press, 2014.

[45] El cuerpo transformado. Cyborgs y nuestra descendencia tecnológica en la realidad y en la ficción. Paidós, 2001.

[46] Marién Kdaner, “¿Por qué la nanotecnología cambiará nuestras vidas?”. El Mundo, 8 de febrero de 2016.

[47] Internet no es la respuesta, Catedral, 2016.

[48] Homo Deus, Debate, 2016

[49] La singularidad está cerca. Cuando los humanos transcendamos la biología. Lola Books GbR, Berlín, 2012.

[50] Ed. Cit.

[51] Di nessuna Chiesa. Cortina Editore Milano

[52] Martin Caparros, El Hambre. Planeta, 2015

[53] El desmoronamiento. Debate, 2015.

[54] Vicente Jiménez. “El forense del imperio americano”. El País, 24 de enero de 2015.

[55] Alejandro Bolaños, “La mayoría no sabe lo grande que es la diferencia con los más ricos”. El País, 26 de julio de 2015.

[56] «Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía: "Lo que se le ha hecho a los españoles es un desastre"» (Público, 21 de enero de 2016).

[57] Informe FOESSA 2014.

[58] Informe Sobre el Estado Social de la Nación 2015. ¿Y si ya hemos salido de la crisis? E Informe 2016 del Instituto Nacional de Estadística.

[59] Instituto Nacional de Estadística: Informe 2014, 2015 y 2016.

[60] Amnistía Internacional: Derechos desalojados. El derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España (informe junio 2015).

[61] Encuesta EPA marzo 2016.

[62] Eurostat, 2013.

[63] “La 'hucha' de las pensiones se agotará en 2018 si sigue el ritmo actual”. El Economista, 1 de septiembre de 2015.

[64] https://www.oecd.org/spain/OECD2015-In-It-Together-Highlights-Spain.pdf

[65] OCDE: Todos juntos. ¿Por qué reducir la desigualdad nos beneficia?

[66] Presentación informe OCDE 2015.

[67] Credite Suisse Research Institute: Global Wealth Report 2014.

[68] CapGemini. Informe Mundial de la Riqueza 2015.

[69] Gestha: La desigualdad en tiempos de crisis: hombre rico, hombre pobre. Noviembre 2013.

[70] Informe Sobre el Estado Social de la Nación 2015.

[71] Informe Oxfam Intermón. Enero 2016

[72] Informe sobre el Estado Social de la Nación 2015, págs. 93-95.

[73] Intermon Oxfan Informe “Crisis Desigualdad y Pobreza”

[74] Joan Rosell, 18 de mayo de 2016.

[75] Intermon Oxfan Informe “Una Economía para el 99”

[76] El Plural, 26 de mayo de 2016: Informe INE 2015

[77] “Linde: 'El sistema público no va a garantizar el nivel de las pensiones'”. El Mundo, 24 de junio de 2015.

[78] El País, 20 de enero de 2017.

[79] Real Instituto El Cano: El Declive de la Identidad Nacional Española 29 de junio 2016.

[80] Eurobarómetro, 2016

[81] Crisis y contrato social. Centro Reina Sofía, 2014

[82] Consejo de la Juventud, 2016.

[83] Metroscopia, mayo 2016

[84] Recogido en El Economista, 20 de abril de 2016.

[85] Redes de indignación y esperanza, Alianza, 2015.

[86] Clases y conferencias impartidas por el Autor en Escuelas de Negocios en el periodo 2004-2015.

[87] El Mundo, 17 de julio de 2013.

[88] El País, 8 de marzo de 2013.

[89] Todo lo que era sólido, Seix Barral 2013.

[90] Real Instituto El Cano: El Declive de la Identidad Nacional Española 29 de junio de 2016.

[91] En el informe emitido por el Tribunal de Cuentas correspondiente al ejercicio 2013, se registra una deuda de estos con los bancos por importe de 205 millones de euros.

[92] La corrupción en España. Ámbitos, causas y remedios jurídicos. Atelier, 2016.

[93] “Jetas del siglo XXI”. Infolibre, 18 de mayo de 2016.

[94] Julio Anguita: Entrevista para la Sexta noche, Mayo 2016

[95] Artículo publicado en El País, 12 de enero de 2014.

[96] Centro de Investigaciones Sociológicas: Barómetro trimestral.

[97] European Social Survey 2016.

[98] The Establishment. Penguin Random House, UK, 2015. Traducido al español: El Establishment: la casta al desnudo. Seix Barral, 2015.

[99] Ed. Cit.

[100] “La crisis expulsa de la clase media a tres millones de españoles”. ABC, 6 de mayo de 2016.

[101] Raúl Flores Martos (coord.). La transmisión intergeneracional de la pobreza: factores, procesos y propuestas para la intervención. 7 de abril de 2016.

[102]El País 7 de abril de 2016.

[103] http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/limpiar-casetas-de-madrugada-en-la-feria-de-sevilla-por-35-euros-la-hora/

[104] “Ruindades”. El País, 7 de julio de 2015.

[105] Redes de indignación y esperanza: Los movimientos sociales en la era de Internet. (Alianza, 2012).

[106] Diario de un mal año. Random House, 2007.

[107] Elpais.com 26 de noviembre de 2015 http://blogs.elpais.com/la-voz-de-inaki/2015/11/solo-nos-falta-balar.html

[108] Eldiario.es 2 de septiembre de 2016.

[109] Extraído de diversos artículos publicados por el autor en los diarios El País y eldiario.es

[110] Reaccionemos, Aguilar, 2011.

[111] El Neoliberalismo me mata, Algón Editores, 2012.

[112] Zygmunt Bauman y Carlo Bordoni: Estado de crisis. Paidós, 2016.

[113] “Empantanados”. El País, 5 de octubre de 2015.

[114] La reforma constitucional inviable. Catarata, 2015.

[115] España 2030: Gobernar el futuro. Deusto Ediciones, 2016.

[116] Ed. Cit.

[117] Ed. Cit.

[118] Diario La Jornada (edición online) 14 de octubre de 2011.

[119] Cuadernos de Eldiario.es, otoño 2014

[120] Ed. Cit.

[121] Oficina Europea de estadística Informe anual 2015

[122] Ed. Cit.

[123] Ed. Cit.

[124] Ed. Cit.

[125] Martín Mucha: “De España salen cada año 40.000 millones sin tributar”. El Mundo, 13 de abril de 2014.

[126] El Mundo, 3 de septiembre de 2015.

[127] Ed. Cit.

[128] Cathy N. Davidson y David Theo Goldberg: The Future of Thinking: Learning Institution in a Digital Age. Massachusetts Institute of Technology Press, 2010.

[129] ¡Despertad al diplodocus!: Una conspiración educativa para transformar la escuela y todo lo demás. Planeta, Ariel, 2015.

[130] Ed. Cit.

[131] Programme for International Student Assessment de la OCDE

[132] Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE 2014. Informe español. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

[133] ¡Despertad al diplodocus!: Una conspiración educativa para transformar la escuela y todo lo demás. Planeta, Ariel, 2015.

[134] Ed. Cit.

[135] Eric Hanushek, Thomas Kane y William Sanders.

[136] Marina. Ed. Cit.

[137] Ed. Cit.

[138] Creating a Learning Society: A New Approach to Growth, Development, and Social Progress Kenneth J. Arrow Lecture Series; Columbia University Press, 2015

[139] Ed. Cit.

[140] José Antonio Marina, Carmen Pellicer y Jesús Manso, Libro blanco de la profesión docente y su entorno escolar. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, diciembre 2015.

[141] “Los partidos políticos tienen colocados a 145.000 españoles”. El Mundo, 10 de noviembre de 2013.

[142] Leviatán 1651. Diversas editoriales

[143] Gaspar Ariño Ortiz. Regenerar la democracia, reconstruir el Estado. Unión Editorial S.A., 2012.

[144] Ed. Cit.

[145] Carlos Sebastián. España estancada. Galaxia Gutemberg, 2016.

[146] Ed. Cit.

[147] El desgobierno de lo público. Ariel, 2008.

[148] Regenerar la democracia, reconstruir el Estado. Unión Editorial S.A., 2012.

[149] Metroscopia, Barómetro Externo del Consejo general de la Abogacía 2015

[150] Cuadro de indicadores de la Justicia en la Unión Europea para 2014

[151] Barómetro interno y externo de la Abogacía 2013-2015

[152] El poder amordazado. Península, 2016.

[153] El desgobierno judicial. Trotta S. A., 2004.

[154] Regenerar la democracia, reconstruir el Estado. Unión Editorial S.A., 2012.

[155] Entrevista en el Diario Publico 30 de Mayo de 2016

[156] Historia de España, varias ediciones.

[157] “La lucha de los españoles y de EL ESPAÑOL por la Justicia”. El Español, 17 de enero de 2015.

[158] Datos EPA e INE 2014.

[159] Informe CORA 2012.

[160] ¿En qué hay que transformar la Administración Pública española? Cómo afrontar el reto del cambio del sector público. PricewaterhouseCoopers, 2012.

[161] J.M. Ortega Terol y J.I. Catalina Ayora. Globalización y Derecho, colección Estudios. Univ. Castilla la Mancha.

[162] Fundación FOESSA. Análisis y perspectivas 2016. Expulsión Social y Recuperación Económica. Cáritas, junio 2016.

[163] Ed. Cit.

[164] La gran brecha: Qué hacer con las sociedades desiguales. Taurus, 2015.

[165] Economistas Frente a la Crisis: No es economía, es ideología. Deusto, 2012.

[166] New York Times, 18 de enero de 2016.

[167] Pablo Pardo: “Ricos que quieren perder la lucha de clases”. El Mundo, 6 de enero de 2013.

[168] Marco Revelli, La lucha de clases existe… ¡y la han ganado los ricos! Alianza Editorial, 2015.

[169]¿Y los pobres sufren lo que deben? Deusto, 2016.

[170] Marx y Engels, Manifiesto del Partido Comunista, 1872.

[171] La gran brecha: Qué hacer con las sociedades desiguales. Taurus, 2015.

[172] 23 Things They Don’t Tell You About Capitalism. Bloomsbury Press, 2010. Traducción al español: 23 cosas que no te cuentan sobre el Capitalismo. Debate, 2012.

[173] “La obesidad de las finanzas”. Ahora, 27 de mayo de 2016.

[174]  La gran brecha: Qué hacer con las sociedades desiguales. Taurus, 2015.

[175] La gran brecha: Qué hacer con las sociedades desiguales. Taurus, 2015.

[176] Ministerio de Trabajo. Informe Contratación enero-abril 2016.

[177] Randstad y Adecco. Proyecciones para el verano 2016.

[178] Informe de Oxfam Intermón. “Las empresas del Ibex tienen 891 filiales en paraísos fiscales”. Cinco Días, 12 de mayo de 2016.

[179] Publico.es, 23 de febrero de 2016.

[180] 13 Bankers: The Wall Street Takeover and the Next Financial Meltdown. Vintage, 2011.

[181] Informe FOESSA 2017.

[182] Inequality: What Can Be Done. Harvard Press University, 2015.

[183] La gran brecha: Qué hacer con las sociedades desiguales. Taurus, 2015.

[184] Las leyes de la economía. Deusto S. A. Ediciones, 2016.

[185] Pablo Jáuregui: “Mariano Barbacid: La ciencia española está moribunda”. El Mundo, 17 de julio de 2016.