Antonio Iáñez Domínguez

y Antonio J. Pareja Amador (coords.)

Mujeres y violencia en Colombia

La reparación a las víctimas del conflicto armado

colección investigación y debate

la publicación de este libro ha sido posible gracias a la agencia andaluza de cooperación internacional para el desarrollo (AACID).

© Antonio J. Pareja Amador, Antonio Iáñez Domínguez, Gloria E. Zapata Serna, José Roberto Álvarez Múnera, Alejandra Coll Agudelo, Luz María Salazar Cruz, Esmeralda Hincapié Gómez, Ruth Rubio-Marín, Enán Arrieta-Burgos, Úrsula Baigorria-Köppel, Adriana María Ruiz Gutiérrez, Óscar Alfredo Muñiz, Samir Ahmed Dasuky Quiceno, 2019

© Los libros de la Catarata, 2019

Fuencarral, 70

28004 Madrid

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www.catarata.org

Mujeres y violencia en Colombia.

La reparación a las víctimas del conflicto armado

ISBNE: 978-84-9097-701-9

ISBN: 978-84-9097-627-2

DEPÓSITO LEGAL: M-4.520-2019

IBIC: jffe/Jpws/1klsc

este libro ha sido editado para ser distribuido. La intención de los editores es que sea utilizado lo más ampliamente posible, que sean adquiridos originales para permitir la edición de otros nuevos y que, de reproducir partes, se haga constar el título y la autoría.

PRÓLOGO

La prolongada guerra en Colombia ha generado múltiples impactos. Más allá de la aterradora cifra de ocho millones de víctimas, entender la guerra y, por tanto, decidir detenerla pasa por comprender sus causas, sus dinámicas, sus responsables y sus consecuencias. La enorme producción que se ha elaborado sobre la violencia en Colombia, especialmente en los últimos años, desde lo que podríamos denominar el campo de la memoria nos ha permitido acercarnos a algunas de estas dimensiones. A través de los relatos de las víctimas sabemos que con la guerra se han perdido, además de vidas, tierras, medios de producción, enseres, cosechas, animales, dinámicas colectivas, liderazgos, relaciones sociales, proyectos de vida individuales y colectivos, en fin, como dicen algunas de ellas: “la vida que teníamos”. No obstante, al margen de algunos cálculos sobre el tema de despojo de tierras, no se ha ofrecido mucha información que permita medir la hondura de los daños causados y, por tanto, también, la magnitud de la tarea de la reparación y de la reconstrucción de un país, en buena medida, en muchos de sus territorios, devastado por la guerra. Así que todo aporte de conocimiento en este camino contribuye a llenar dichos vacíos, que son de información, de comprensión y de sensibilización con una realidad en muchos casos lejana y distante de una buena parte de la población colombiana para quienes el conflicto armado “está allá” y las víctimas siempre son “otros”.

En esta perspectiva se sitúa la reflexión que ofrece el presente texto. Sus autores, entre quienes se cuentan integrantes del equipo que desarrolló un proyecto investigativo adscrito a la Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia) y a la Universidad Pablo Olavide (España) sobre la situación de mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia, y otros académicos con una amplia trayectoria en este campo temático, ofrecen un análisis acerca de los avances, las limitaciones y los retos propios de la reparación de uno de los sectores poblacionales más afectados por el conflicto armado: las mujeres.

Es cierto que en Colombia ha habido momentos de apogeo de trabajos alrededor de la violencia (en los años ochenta y noventa)1, de trabajos investigativos sobre las víctimas y, especialmente, sobre el desplazamiento forzado (desde mediados de la década de los noventa hasta la primera década del siglo XXI)2, y más recientemente sobre los temas relacionados con las memorias del conflicto armado3. Paradójicamente, en la última década y a medida que la paz ha ganado relevancia en la agenda política, el tema de las víctimas ha ido perdiendo peso y visibilidad en la agenda académica. Tendríamos que profundizar mucho más en esta hipótesis, inventariar los temas que se han investigado, las preguntas que se han formulado, las perspectivas de análisis planteados para entender por qué. O, quizás, encontremos que lo que ha ocurrido es una transformación de problemas y perspectivas de análisis. Lo cierto es que el dinamismo en la reflexión en torno al tema de las víctimas se ha perdido. En dicho sentido este texto y esta investigación se realizan en un momento en el que parece urgente adoptar una perspectiva ética y epistemológica que permita a la Academia y a las ciencias sociales implicarse en la reflexión de problemas cruciales de la sociedad y en la búsqueda de alternativas para su transformación. La temática abordada y las perspectivas de análisis ofrecidas se sitúan en este horizonte.

A continuación destaco algunos planteamientos que considero centrales en el análisis y que además permiten seguir configurando esa necesaria agenda académica de reflexión en torno a los temas de la guerra y la paz.

El universo de las víctimas es plural y heterogéneo, también sus demandas de reparación

Esto tiene que ver con maneras de entender a las personas que han sido víctimas desde el distanciamiento de posturas esencialistas. Cuando hablamos de las víctimas en el marco del conflicto armado hacemos referencia, en primer lugar, a la situación vivida por personas que han sido subyugadas por diferentes grupos armados que se disputan el poder y el control de los territorios, la población y sus recursos. El factor común es el sufrimiento y las múltiples vejaciones a las que han sido sometidas. Su emergencia en la escena pública tiene que ver de manera particular con la formulación de diversas políticas públicas y con la reivindicación que organizaciones sociales, de derechos humanos y de víctimas han llevado a cabo para el reconocimiento de los derechos de los damnificados. De manera específica, la ley para la atención al desplazamiento forzado (Ley 38 de 1997), la ley de justicia y paz, creada para favorecer los procesos de desmovilización de los grupos armados ilegales (Ley 975 de 2005), y la ley de víctimas (Ley 1.448 de 2011) son referentes ineludibles en esa construcción. Pero estas mismas leyes y su posterior implementación son el resultado también de un forcejeo de la sociedad por su reconocimiento, incluyendo la Academia. La ley de víctimas en particular contó con una amplia participación de diversos sectores de la sociedad que propugnaron ante el legislativo por este reconocimiento. El acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC constituye otro momento de esta construcción. Para quienes hemos defendido el camino de la solución política, uno de los argumentos principales ha sido, de un lado, que no se sigan produciendo más víctimas y, de otro, que las que existen sean reconocidas y reparadas. Y aquí el universo, solo leído por los territorios y por los responsables de la victimización, es bastante amplio.

El punto es: no todas las víctimas lo son de la misma manera. No son un grupo homogéneo, no tienen una identidad. Tienen en común el sufrimiento y la pérdida ocasionados en razón de la guerra, pero su experiencia no es homogénea. Esto explica por qué los impactos en sus vidas son distintos. El género, la edad, la posición de clase, la etnia, la visión del mundo, la ideología, el nivel escolar, entre otros, median de alguna forma en el peso y el significado que estos hechos tienen en los trayectos de vida. En este sentido, el presente texto aporta valiosos insumos para entender, desde el enfoque de la interseccionalidad, los impactos diferenciales y los de las demandas de reparación.

Las mujeres han sido un grupo poblacional
especialmente afectado por el conflicto armado

No obstante, las medias de reparación a las que algunas de ellas han accedido no solo son insuficientes, sino que, en algunos casos, profundizan su vulnerabilidad. En muchos territorios, los actores armados desplegaron un repertorio de acciones encaminadas a exterminarlas, violentarlas, diezmarlas. Su victimización fue parte de la estrategia militar, como lo ha expresado el movimiento de mujeres, “su botín de guerra”: fueron asesinadas, violadas y ultrajadas. A muchas de ellas el conflicto armado les implicó huir de sus lugares de origen, solas, con sus hijos, después de que sus esposos fueron asesinados o hubieran desaparecido. Las ciudades y los centros urbanos han sido espacios en los que muchas de ellas han tenido que desplegar nuevas formas de subsistencia y asumir nuevos roles.

Poner la mirada en las demandas de reparación de las víctimas femeninas, en la manera en la que han accedido o no a las medidas de reparación administrativa y en los impactos que estas acciones tienen en la reconstrucción de sus vidas es de enorme importancia. La vulnerabilidad de las mujeres frente a la perspectiva de una reparación integral es evidente y esta se acentúa, como ilustra la investigación, según las características relacionadas con la escolaridad, la procedencia (rural o urbana) o la edad. De nuevo el enfoque de la interseccionalidad nos permite entender que, así como no todas las mujeres son afectadas de la misma manera, incluso habiendo sufrido el mismo hecho victimizante, sus demandas de reparación tampoco son iguales; y el impacto de las medidas para su reparación es diferenciado. Las reflexiones que ofrece el texto, por ejemplo, sobre la situación que enfrentan las mujeres víctimas de la desaparición forzado o del desplazamiento forzado, o las mujeres viudas de hombres adscritos a la guerrilla, los paramilitares o la fuerza pública, son bastante sugerentes e ilustrativas sobre cómo ellas demandan acciones particulares. Mientras para algunas mujeres el acceso a la indemnización administrativa es lo esencial y ven ahí la posibilidad de sobrellevar la precariedad económica que la mayoría de las veces provoca, por ejemplo, el desplazamiento, para quienes tienen familiares víctimas de desaparición forzada, la mayor aspiración, antes que la reparación económica, es saber el paradero de sus seres queridos, aunque hayan fallecido. En los procesos de retorno como parte de las medidas de restitución, por lo general, las protagonistas son mujeres adultas, acompañadas de sus parejas, que sienten que el regreso les ofrece nuevas posibilidades; pero no ocurre lo mismo con las más jóvenes, que han hecho ya su vida en contextos urbanos y reclaman, por el contrario, su derecho a quedarse, su derecho a vivir en la ciudad.

En este sentido, resulta absolutamente pertinente tener en cuenta los sentidos diferenciados de la reparación para las mujeres, documentar el trayecto para acceder a los programas de reparación, lo que sucede con ellas y sus reivindicaciones, evaluar el impacto de estas medidas en vidas concretas y en relación con la superación de las condiciones de vulnerabilidad.

La brecha entre la formulación
de la política pública y su implementación

Colombia ha sido reconocida en el mundo por sus avances en la formulación de políticas públicas enfocadas hacia el reconocimiento y la reparación de las víctimas y por la persistencia en la búsqueda de una solución negociada al conflicto armado. De la reparación se hablaba desde finales de los años noventa, con la ley de desplazamiento, pero ha sido la ley de víctimas la que ha concretado este horizonte. En los últimos años la institucionalidad pública creada para la implementación de esta ley ha acogido la demanda y ha puesto el tema de la reparación en la agenda pública. Sin embargo, siete años después, y a menos de tres años de que concluya el tiempo para el que fue creada, poco sabemos sobre sus alcances ni su impacto.

Verdad, justicia y reparación son reivindicaciones de las víctimas desde hace décadas. Saber qué pasó y por qué pasó, esclarecer las responsabilidades sobre lo sucedido, reparar los daños causados e implementar garantía de no repetición son demandas aún por cumplir.

El acuerdo firmado entre el gobierno y las FARC, y, de manera particular, el lugar que se otorgó allí a las víctimas como centro del sistema integral de justicia, refleja de alguna manera este acumulado. Como ya se ha planteado y como lo describe muy bien el texto, desde finales de los años noventa, en relación con el tema del desplazamiento forzado, se ha producido no solo abundante jurisprudencia, sino que se ha construido institucionalidad pública y se han implementado políticas públicas con este objetivo. El papel de organismos internacionales, de la Corte Constitucional y de organizaciones de la sociedad civil ha sido fundamental para preservar un enfoque garantista de los derechos, acorde con normativa internacional y con la perspectiva de la reparación integral y la no repetición. La Unidad de Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras y el Centro Nacional de Memoria Histórica, concebidas para la implementación de la ley de víctimas, fueron creadas bajo este marco.

No obstante, tal y como esta misma investigación documenta, el resultado es bastante precario. Las cifras ofrecidas sobre el alcance del cubrimiento de la política de reparación, solo leído en el número de personas atendidas, es desalentador. Los mismos resultados del trabajo de campo de la investigación así lo reiteran: es significativamente mayor el número de personas que no han accedido a ninguna medida de reparación; y para quienes sí tuvieron la oportunidad dichas medidas no logran aminorar sus condiciones de vulnerabilidad, ni aumentar su autonomía económica, ni sanar las heridas morales y psicológicas originadas por la guerra.

Las personas que han sido víctimas lo aseguran con contundencia: muchas de las pérdidas y de los daños ocasionados en el marco de la guerra no tienen reparación. Ninguna medida podrá subsanar la ausencia de un ser querido, nada podrá borrar la espera eterna de quienes tiene personas desaparecidas, nada podrá compensar la sensación perpetua de “vida perdida”.

Así las cosas, ¿tiene sentido mantener la presión para que estas políticas no solo existan, sino que tengan sentido para las víctimas? Los diferentes componentes de la reparación (indemnización, restitución, rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición) ofrecen posibilidades distintas de acuerdo al grupo poblacional, no solo por la magnitud de la problemática, sino porque es el Estado quien tiene la principal responsabilidad de reparación de las víctimas (por acción u omisión). Mantener la expectativa y la presión porque estas sigan formando parte de la agenda pública es importante. De otro lado, se trata de considerar que las políticas públicas son un campo de disputa en el que es posible incidir.

Asimismo, la reparación tiene sentido para las víctimas, pero también para la sociedad. Las principales destinatarias de políticas de la reparación son las víctimas. Pero hay una dimensión colectiva que no se puede obviar y va desde las familias hasta las organizaciones, las comunidades, los territorios y la sociedad misma. Y esto bajo una doble perspectiva: la reparación pasa necesariamente por el reconocimiento del daño causado, esto es, supone la asunción de una responsabilidad. En principio, la responsabilidad primordial es del Estado pues es él quien incumplió con el deber constitucional de proteger a la población; la segunda responsabilidad es de los victimarios, ya sean guerrillas, paramilitares o miembros de la fuerza pública. Pero la responsabilidad también recae en la sociedad: fue esta quien permitió que la guerra alcanzara tal dimensión, la que con su indiferencia justificó la victimización, permitió la estigmatización y la prolongada soledad las víctimas. Por eso, la reparación de las víctimas supone necesariamente su reconocimiento por parte de la sociedad.

El momento en que se publica este texto está marcado por la enorme incertidumbre frente a la implantación del acuerdo de paz. Desde el Gobierno del presidente Duque, con la anuencia de un sector de la sociedad que se ha opuesto desde siempre a la solución política negociada, se ha obstaculizado su implementación, y poco a poco su sentido original, en el marco de una justicia transicional, se ha ido desdibujando. Esto incluye la centralidad de las víctimas en asuntos como la participación, el desarrollo rural y, especialmente, el sistema integral de justicia que contempla la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Aun así, en medio de la incertidumbre y la fragilidad, es deber moral de quienes creemos en la paz seguir dando elementos que permitan entender la centralidad de las víctimas en este camino. Si no avanzamos como sociedad en el esclarecimiento de lo que pasó, si no logramos aclarar las responsabilidades de lo ocurrido ni se aplican las medidas de reparación correspondientes difícilmente podremos dar por superado este capítulo de nuestra historia.

Nuestra tarea debe ser seguir investigando, escuchando la voz de las víctimas y ayudando a comprender los horrores de la guerra, la magnitud de la tragedia y los retos de la reparación. Hemos de hacer seguimiento de las políticas, advertir sobre los riesgos de su vaciamiento y convocar debates y movilizaciones ciudadanas en defensa de la paz como valor supremo. Esfuerzos investigativos y proyectos editoriales como el presente avanzan en este camino.

Marta Inés Villa Martínez

Historiadora, magíster en Cultura de las Metrópolis.

Directora de la Corporación Región

Introducción

Este libro recoge los resultados de la investigación desarrollada por un equipo de docentes procedentes de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla-España) y la Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín-Colombia) durante el periodo comprendido entre marzo de 2017 a septiembre de 2018. Forma parte de una de las acciones contempladas en el proyecto de investigación que financió la Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo (AACID). Además, hemos tenido la oportunidad de incluir también diversos capítulos sobre temas relacionados con las consecuencias del conflicto armado, solicitados de manera especial para esta publicación.

En Colombia, el conflicto armado interno ha dejado millones de víctimas, fruto de una violación reiterada de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario por parte de los distintos grupos armados. La población civil ha sufrido las consecuencias de ese conflicto de manera devastadora, teniendo que dejar atrás muchos sentimientos e ilusiones en sus lugares de origen —cuando se trata de un desplazamiento forzado—, pero también soportando la tortura, la violación, los abusos sexuales, el secuestro, la desaparición forzada y el asesinato. El análisis de las consecuencias del conflicto armado ha sido materia de estudio desde diferentes disciplinas, mostrando historias desgarradoras de colombianas y colombianos que han debido sobrevivir en medio del conflicto. Cuando se analizan esas consecuencias, no se puede obviar la perspectiva de género, ya que mujeres y hombres no las padecen por igual ni se enfrentan con las mismas herramientas en una sociedad predominantemente patriarcal.

En esta publicación, las mujeres son protagonistas, al ser ellas con las que el equipo de investigación ha trabajado. También en los diferentes capítulos de esta obra, los/as autores/as hacen hincapié en esa diferencia entre mujeres y hombres a la hora de analizar su particular mirada de los temas que abordan. Se trata igualmente de una publicación caracterizada por la multidisciplinariedad, pues en sus textos se advierten aportes y reflexiones desde diferentes campos, tales como el trabajo social, el derecho, la antropología, la sociología, la psicología, la filosofía, por parte de autoras/es con experiencia y trayectoria investigadora en el trabajo con la población víctima.

Los capítulos publicados tratan de identificar y analizar la situación de las víctimas del conflicto armado colombiano, en especial el caso de las mujeres, a raíz de la aprobación de la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. El Estado colombiano, a través de esta normativa, adquiere un fuerte compromiso con las víctimas, habiendo sido considerada incluso como una ley modélica en materia de reparación. Transcurridos algo más de siete años de su entrada en vigor, el equipo de investigación se ha interesado en analizar el impacto de la ley en un grupo de mujeres víctimas. Y todo ello, en medio del proceso y, finalmente, Acuerdo de Paz del Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El libro se estructura en dos bloques. El primero lo componen cinco capítulos que dan muestra de los resultados de la investigación. El trabajo de campo se ha realizado en el municipio de Medellín y otros siete del Valle de Aburrá, entrevistando a un grupo de 70 mujeres víctimas y observando, en numerosas ocasiones, las dinámicas de los lugares —o los no lugares en palabras Marc Augé— en los que ellas y sus familias habitan. En las entrevistas se les preguntaba sobre los hechos victimizantes que tienen reconocidos y sobre el proceso seguido para su reparación: hoja de ruta para ser reconocida como víctima, medidas de reparación logradas, influencia del enfoque diferencial de género para su reparación y sus recomendaciones o propuestas para sentirse reparada integralmente.

Las mujeres participantes fueron seleccionadas a partir de la definición de unas variables establecidas previamente (edad, etnia, hechos victimizantes, etc.) y a condición de que estuvieran en el Registro Único de Víctimas (RUV), lo que significaba que ya habían iniciado su proceso de reparación. El acceso a ellas ha sido posible gracias a la inestimable colaboración de organizaciones no gubernamentales de víctimas, funcionarios/as de varias unidades municipales de atención, así como a algunos centros de atención a víctimas, que nos han facilitado su contacto y han intermediado para que el equipo de investigación se encontrara con ellas. Por tanto, la muestra es diversa y representativa de ese universo tan amplio que conforma el tener la condición de víctima.

Además del grupo de mujeres, hemos entrevistado a funcionarios/as públicos/as y a líderes comunitarios/as para recoger sus opiniones, experiencias y percepciones subjetivas sobre las medidas de reparación contempladas en la Ley 1448 y su impacto en la población víctima. La recogida de información se complementó con la realización de tres talleres de trabajo con el objetivo de evaluar las debilidades y fortalezas en la aplicación de la Ley 1448 y sus efectos. En un taller participaron organizaciones de la sociedad civil que trabajan en derechos y reparación de las mujeres víctimas del conflicto armado; en otro, funcionarios/as públicos/as que trabajan en alguna de las entidades integradas en el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV); y un tercero realizado con mujeres víctimas inscritas en el RUV y que ejercen función de liderazgo en sus organizaciones.

El uso de una metodología de corte cualitativo ha requerido que la información se haya procesado y analizado a través de los programas informáticos Atlas.ti y Nvivo. Del análisis de los datos se desprende el escaso impacto que la Ley 1448 ha tenido en ellas, pues la lentitud de los procesos administrativos les ha llevado a la desilusión y a la desconfianza de la acción estatal, encontrándose, en su mayoría, en una situación de vulnerabilidad y pobreza.

En el capítulo primero, Antonio J. Pareja presenta, de manera resumida, una relación de los principales actores a partir del origen de las FARC y de los otros movimientos guerrilleros que le siguieron. Años más tarde, irrumpe con fuerza un variado grupo de movimientos de autodefensa que se convierten en una poderosa organización paramilitar. El Estado, a través de los distintos gobiernos nacionales, y los actores armados han construido su propia historia y justificación de una guerra inconclusa.

En el capítulo segundo, Antonio Iáñez y Gloria E. Zapata hacen un recorrido por el marco legal y jurisprudencial de la reparación y se detalla la respuesta del Gobierno para atender a las víctimas del conflicto armado. El daño ocasionado a las víctimas del conflicto armado debe ser, de alguna manera, reparado, pero hay muchas maneras de entender e interpretar la reparación, transitando desde el otorgamiento de una indemnización económica hasta una visión más amplia, como es la reparación integral. El Estado colombiano ha ido asumiendo esta tarea con el devenir de los años, jugando un papel importante la labor de organismos internacionales y de la Naciones Unidas, así como el trabajo que desarrolla la Corte Constitucional de Colombia.

En el capítulo tercero, José R. Álvarez hace una valoración de las medidas de reparación individual, definidas en la Ley 1448, a partir de los testimonios ofrecidos por las mujeres participantes en la investigación. Los resultados muestran que se han dado avances, pero, sobre todo, que el Estado está todavía en deuda con muchas víctimas y, por tanto, con retos por delante para que la reparación sea efectiva. La normatividad parece no coincidir con la experiencia subjetiva de las mujeres ante el proceso de reparación.

La condición de mujer, unida a la intersección de diversos factores —tales como la edad, el origen rural y el nivel de escolarización— hacen a las mujeres víctimas más vulnerables frente a su proceso de reparación. Estas categorías son tenidas en cuenta en el capítulo cuarto, donde Gloria E. Zapata explica lo que sucede en el grupo de mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia, con el que se ha venido trabajando. La ausencia del enfoque interseccional a la hora de la reparación impide atender las particularidades y diferencias de cada mujer.

Este primer bloque se cierra con el capítulo quinto, en el que Antonio J. Pareja pone de manifiesto la situación de vulnerabilidad en que se encuentran muchas de las mujeres víctimas, derivada, en buena medida, de sus orígenes: mujeres campesinas en una sociedad patriarcal, con bajos niveles de educación formal y pocas oportunidades de integrarse en la economía capitalista de los centros urbanos a donde se dirigen luego de los hechos que han vivido, donde generalmente terminan excluidas de las opciones que se han diseñado para repararlas, porque sus condiciones no les han permitido lograrlo. Las mujeres víctimas del conflicto armado son revictimizadas de muy diversas formas en el proceso de reparación integral que ha propuesto la llamada ley de reparación a las víctimas.

El segundo bloque lo forman siete capítulos de autores y autoras con trayectoria en materia de atención a víctimas y experiencia en contextos de conflictos armados, a quienes se les ha solicitado expresamente su colaboración en esta publicación. Sus contribuciones invitan y enriquecen las reflexiones aportadas en el primer bloque y otorgan un valor añadido al texto que tienen en sus manos. Las ideas y opiniones expuestas en cada capítulo son de responsabilidad de cada firmante.

En el capítulo sexto, Alejandra Coll trata el impacto que la desaparición forzada causa en los familiares, quienes, en numerosas ocasiones, abandonan sus proyectos de vida para emprender la búsqueda —a veces, incesante— del cuerpo de la víctima. En esa búsqueda, son las mujeres (madres, esposas) quienes mayoritariamente protagonizan ese proceso como parte de esas tareas que socialmente se les han asignado por su rol de género. La desaparición deja en ellas impactos económicos, sociales, físicos e incluso políticos. La reparación por desaparición forzada resulta compleja por las trabas institucionales y la falta de medios, complejizándose aún más cuando se introduce la variable de la etnia.

De igual modo, en los contextos de conflictos son mayormente las mujeres quienes quedan en un estado de viudedad. Además de las implicaciones emocionales y sociales que conlleva, cuando la muerte ocurre a causa del conflicto político, la viudez adiciona unas circunstancias particulares. Aunque todas las mujeres alcanzan este estado como consecuencia de la pérdida de su compañero, las causas que dieron lugar a la muerte son diferentes. En el capítulo séptimo, Luz María Salazar analiza dos grupos de mujeres, aquellas viudas de organizaciones guerrilleras y aquellas viudas de militares de las fuerzas armadas del Estado. Las estrategias y las rutas que cada grupo debe implementar para seguir adelante son igualmente diferentes.

En el capítulo octavo, Esmeralda Hincapié analiza los asentamientos marginales que se conforman en las grandes ciudades, como la forma de supervivencia de aquellas personas que son desalojadas de sus territorios. Sostiene la premisa de que son expulsados porque le estorban al sistema, a la vez que el Estado no les garantiza su seguridad. Las personas expulsadas deben rehacer sus vidas en la inestabilidad espaciotemporal del lugar donde llegan y también deben aprender a transitar por la ciudad. La intervención se planea desde los presupuestos establecidos y no desde los cambios de vida que emergen en circunstancias de incertidumbre.

Como se viene señalando a lo largo de esta introducción, la violencia política y las consecuencias del conflicto armado afectan de manera desigual a mujeres y hombres, por lo que el enfoque de género debe ser igualmente aplicado cuando se diseñan e implementan los programas de reparación administrativa para tratar de evitar así la discriminación y el sesgo de género. Este desafío es analizado en el capítulo noveno por Ruth Rubio-Marín, donde se subraya que el reconocimiento a las víctimas exige, entre otros, el reconocimiento de la violación de sus derechos y la asunción de la responsabilidad de Estado. Igualmente la reparación debe avanzar más allá de los hechos presentes y tratar de subvertir, así sea mínimamente, las estructuras de subordinación subyacentes al conflicto.

Otra forma de buscar la protección y supervivencia en medio de la incertidumbre que causan los conflictos es el desplazamiento a otros países. Algunas de estas personas migrantes consiguieron la condición de refugiado. Sin embargo, el desplazamiento externo o transfronterizo no es reconocido en la Ley 1448 de 2011 como un hecho victimizante, quedando por tanto al margen de las medidas reconocidas en ella. El acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno colombiano podría obligar al retorno de aquellos/as colombianos/as al perder su condición de refugiados, sin que existan las garantías de protección en su país; una situación que podría llegar a la revictimización. Estas y otras cuestiones se plantean en el capítulo décimo por Enán Arrieta y Úrsula Baigorria, como consecuencia de la indefinición en la que se encuentran las personas migrantes transfronterizas.

El dolor que produce la violencia se encuentra perfectamente simbolizado a través de la mitología y los escritos de las tragedias griegas, pero, junto a ella, lo que más dolor produce es la tolerancia y la indiferencia ante la muerte de las personas inocentes. En el capítulo undécimo, Adriana María Ruiz recurre a la representación de la Medusa, cuya cabeza cortada representa el icono de la guerra, como recurso para mirar el escenario de la violencia y la indolencia que acompaña el conflicto colombiano. No resulta sencillo entender cómo se forma una comunidad política a partir de la agresión y el dolor de sus víctimas, ni menos aún cómo pervive en virtud de las muertes no reconocidas. Aquí aparece el recurso de la literatura para comprenderlo.

Por último, y cerrando la publicación, Óscar Alfredo Muñiz y Samir Ahmed Dasuky, en el capítulo duodécimo, presentan una reflexión, desde el psicoanálisis, sobre la reparación de los daños causados a raíz del conflicto armado. La contribución a la comprensión de la reparación se hace a partir del concepto de historia subjetiva, que se significa retroactivamente, acción retardada propia de la lógica del significante, articulada en lo simbólico, perturbada por el trauma y la angustia que alteran la memoria, dejando una marca, como huella mnémica, que opera como olvido imposible y que se repetirá en acto retraumatizando no solo al sujeto, sino también a las generaciones futuras a las que se transmite silenciosamente. Esta condición somete a las víctimas a una ausencia de futuro, las deja en constante repetición.

Este libro, más allá de la divulgación científica propia de las investigaciones académicas, pretende dar a conocer la realidad de mujeres víctimas del conflicto armado para que sirva de reflexión y se tenga en cuenta a la hora de la planificación de las políticas gubernamentales, pues de nada serviría si no es para provocar cambios que mejoren el bienestar de ellas y el de sus familias. En esta misma línea, y como parte del proyecto de investigación, se han llevado a cabo dos jornadas en las universidades que hacen parte de este proyecto (UPO-UPB), en las que se pudo analizar y reflexionar la situación del conflicto colombiano y su repercusión en la población civil de manos de personas expertas. Las conclusiones obtenidas apoyaron la elaboración del informe de resultados de la investigación. Esperamos que esta publicación sirva y tenga la misma intención que la investigación que motivó su desarrollo: mostrar una realidad para cambiarla.

Agradecimientos

A las mujeres víctimas participantes, las verdaderas protagonistas de este trabajo, quienes a pesar del dolor que les ha causado el conflicto y que les acompaña permanentemente, aún tienen fuerzas para contar de nuevo lo sucedido, para expresar su sentir respecto a la reparación y para pedir que se las escuche y no se las olvide.

A los/as líderes y a las/os funcionarias/os públicos que nos han regalado sus opiniones y experiencias respecto a la aplicación de la Ley 1448 de 2011 y su impacto en las víctimas del conflicto armado interno. Sin sus comentarios no hubiera sido posible entender globalmente la situación de las mujeres víctimas.

A las organizaciones y entidades sociales que hicieron de intermediarias para el acceso a las informantes.

A las estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Pontificia Bolivariana, Manuela Roldán Chica y Sindy Lorena Gutiérrez Vahos, que nos han acompañado durante el trabajo de campo y contribuyeron con sus análisis.

A las/os autoras/es de los diferentes capítulos que, muy generosamente, han querido colaborar y contribuir con su pensamiento y sus reflexiones.

A la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) que creyó y financió el proyecto de investigación.

Antonio Iáñez Domínguez y Antonio J. Pareja Amador

primera Parte

Capítulo 1

Divagaciones sobre una guerra inconclusa

Antonio J. Pareja Amador

Cuando se habla del conflicto armado interno en Colombia puede resultar tan amplio y extenso como se desee. Ni siquiera hay un acuerdo entre historiadores y politólogos para establecer una fecha de corte en el inicio de la violencia reciente, aunque puede haber consensos sobre una periodización de hechos y actores. Bello (2008), a partir de un análisis de las tasas de homicidio, dice que en el país solo hay “dos periodos de violencia homicida en incremento: el primero más visible entre 1948-1966 y el siguiente entre 1980-1993, y alcanza su punto máximo en 1991 con una tasa de 79 hechos por cada 100.000 habitantes” (p. 75). Pécaut (2015) habla de tres momentos en los hechos más recientes: “La memoria de la Violencia [sic] tiene una historia en función de las coyunturas que se han presentado después de cada episodio: no es la misma en 1965, en 1980 y en 2000” (p. 183).

De igual forma, se confunden los múltiples actores que son generadores de violencia, que van desde los más radicales, con clara ideología y programa político para la toma del poder en favor de las clases populares (asimilados en el término guerrilla), hasta los que navegan en la frontera de la ilegalidad por cuenta del delito común. En este escenario tiene un papel protagónico el movimiento armado de grupos de extrema derecha, que también van desde organizaciones paramilitares, claramente cobijadas por sectores afines al gobierno y a las fuerzas militares (Gallo, 2017), hasta grupos de autodefensa de poderes criminales, asociados al tráfico internacional de estupefacientes.

Manteniendo la discusión enunciada previamente sobre la periodización de la violencia en Colombia y su multiplicidad de actores, se puede considerar lo siguiente:

Dado el carácter multiforme de la violencia que ha padecido y padece la sociedad colombiana con respecto a actores, comportamientos y contextos, la violencia a la cual nos referimos en esta ponencia es la violencia estrictamente política. Este último tipo de violencia ha sido un fenómeno constante de la historia del país, particularmente desde su constitución como Estado independiente en 1810.

Podemos distinguir, por tanto, tres etapas de la violencia política colombiana, teniendo en cuenta sus elementos principales: el contexto general de cada una de ellas, el carácter de sus protagonistas y sus correspondientes motivaciones y objetivos (Echeverri, 2007: 138).

Haciendo un corte forzado en el tiempo, el contexto de la violencia que aquí se construye parte en 1964, por ser el momento en que oficialmente se reconoce la existencia del grupo guerrillero más grande en número de combatientes y de mayor persistencia en el tiempo, las FARC.

Colombia no ha vivido una guerra civil en el sentido estricto de la palabra, así existiese todos estos años y décadas una confrontación militar entre el ejército regular y distintos grupos guerrilleros. Tampoco ha sido una guerra generalizada en todo el territorio nacional, aunque es innegable su mayor intensidad en las zonas rurales más apartadas, con esporádicas acciones urbanas en centros poblados de menor tamaño como ocurrió en Mitú, capital del departamento del Vaupés, enclavada en la selva amazónica, en noviembre de 1988.

En este breve espacio no se hará alusión al papel de las fuerzas armadas en el conflicto pues amerita un espacio más amplio para la discusión sobre lo ocurrido. Es imposible considerar como acciones aisladas de miembros corruptos o ambiciosos el tema de los llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales que ocurren contra no combatientes en el espacio de la lucha antisubversiva.

Tampoco se abordan las acciones de los capos o grupos de narcotraficantes, bien con sus propios ejércitos o en alianzas con quien tenga armas o control territorial para la defensa de sus intereses. Desde la década de 1970 han alimentado y se ha alimentado el tráfico de narcóticos (primero la marihuana y luego la cocaína) en desarrollo del conflicto armado4.

Este capítulo aborda, por tanto, un recuento del surgimiento y evolución de los grupos guerrilleros y de los movimientos de autodefensa o paramilitares, como principales gestores de la violencia política vivida en Colombia en al menos los últimos 50 años de su historia y sobre los cuales se orienta particularmente la Ley 1448 de 2011, norma a partir de la cual ha pivotado nuestra investigación a la hora de analizar su impacto en un grupo de mujeres víctimas.

Las guerrillas y movimientos armados con vínculos
a la teoría de la lucha de clases

Cuando en 1964 se funda oficialmente las FARC, se pone fin a la era de confrontación bipartidista entre los partidos tradicionales conservador y liberal, supuestamente terminada con la creación del llamado Frente Nacional en 1957, dando continuidad a la historia del conflicto armado en Colombia. Han fracasado las amnistías e indultos decretados sucesivamente desde el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla5.

El origen en la lucha campesina por la propiedad de la tierra y la asimilación a la teoría marxista de la lucha de clases y toma del poder por la vía armada, fruto del triunfo de la Revolución cubana, encabezada por Fidel Castro, hacen que el escenario sea diferente a lo vivido hasta el momento en términos de enfrentamientos político-militares entre actores nacionales. Las FARC pasarán de ser un movimiento de autodefensa campesina a conformar un grupo guerrillero con capacidad ofensiva e insurgente durante las décadas siguientes.

Esta línea en realidad hacía referencia al mantenimiento de los núcleos de autodefensa campesina que provenían de la Violencia. En 1964 se crea un “Bloque Sur” de guerrilla. Dos años más tarde, y siempre bajo la égida del Partido Comunista, se produce el nacimiento oficial de las FARC, como una forma de reagrupamiento de los núcleos de autodefensa (Pécaut, 2015: 77).

Lo que ocurre durante la segunda mitad de la década de los años sesenta del siglo pasado es una constante aparición de grupos guerrilleros dispuestos a tomar el control del Gobierno, con la táctica guerrillera impulsada desde el campo. Aunque con un grupo militante distinto, pues procede de grupos universitarios y bases obreras de la industria petrolera, surge en 1965 el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El mismo año surge el Ejército Popular de Liberación (EPL), cuya acción militar se concentrará en las zonas de llanura de la región Caribe y proviene de discrepancias ideológicas en el seno del Partido Comunista Colombiano.

Mucho se ha escrito sobre las características, integrantes, acciones y alcances de estos movimientos guerrilleros de ideología marxista; con apoyo político, económico y militar de Cuba, la Unión Soviética y China, principalmente6.

El inicio de la década siguiente —años setenta— ve surgir un movimiento armado de características político-ideológicas distintas: el Movimiento 19 de abril (M-19), conformado por disidentes de las FARC y el Partido Comunista, así como militantes de la Alianza Nacional Popular (ANAPO), movimiento político que apoyaba al general Rojas P. en su aspiración a la presidencia de la república por la vía electoral en 1970. El fracaso de este proceso (presidencia), asociado a una trampa orquestada la noche del recuento de votos, pues aún faltaba un periodo de gobierno para el partido conservador según lo pactado en el diseño del Frente Nacional, lleva a un grupo de sus seguidores a la creación de un nuevo grupo guerrillero. Con acciones propagandísticas inéditas, golpes de mano bastante sonoros, influencia en sectores populares urbanos y dirigentes carismáticos, se inicia un proceso diferente pero que igualmente costará vidas a los/as colombianos/as. La redacción del diario El Tiempo (2010) describe así su surgimiento:

Su objetivo es combinar las armas con la política. No quiere estar aislada en el campo y distante de la gente como las FARC y el ELN. Tampoco soporta —en palabras del dirigente Israel Santamaría— ver cómo el pueblo no tiene “la estructura militar que le permita defender su desarrollo político”. Con estas premisas nació el M-19, una nueva guerrilla que conmocionó al país.

Hasta en su nombre quisieron marcar diferencias; en él decidieron recordar el día en el que —según afirman— “las oligarquías […] pisotearon la decisión de grandes mayorías de nuestro pueblo” al robarle las elecciones al general Gustavo Rojas Pinilla, el 19 de abril de 1970. […] Se alejaron del marxismo-leninismo y de la revolución cubana para tomar una postura nacionalista y singular. Bateman, su fundador, cree que a la revolución hay que “darle sabor de pachanga, hacerla con bambucos, vallenatos y cumbia y cantando el himno nacional”.

Esto revela la enorme variedad en los orígenes, características sociopolíticas de sus integrantes, objetivos, condiciones de acción militar, zonas de ocupación territorial, movilidad estratégica y obviamente de sus expectativas de conformación de una nueva forma de gobierno y Estado.

Durante estos dos decenios existieron otros grupos armados menores en cantidad de combatientes y en duración. Entre ellos, se puede destacar el Movimiento Armado Quintín Lame, con escenario de acción circunscrito a los territorios predominantemente indígenas del departamento del Cauca y con el propósito de apoyar el proceso de toma de tierras, iniciado años antes como estrategia del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Otros grupos guerrilleros tuvieron una vida más corta como movimiento en armas. El Ejército Revolucionario Guevarista (ERG) surge en el departamento del Chocó, zona norte de la costa del Pacífico, en 1993 como disidencia del ELN y alcanza un máximo de 200 combatientes (Semana, 2008).

En 1996 aparece el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), fruto de disidencias y contradicciones al interior del ELN y relaciones con otros grupos guerrilleros; su intervención se concentra en el departamento de Sucre, la región conocida como Los Montes de María y, en el centro del país, en el departamento del Tolima, donde acaba desmovilizado con solo 14 militantes (El País, 2007).

El Observatorio de Paz y Conflicto de la Universidad Nacional de Colombia (2016) hace un inventario de 34 organizaciones guerrilleras desde los años sesenta del siglo pasado.

Este sombrío panorama de grupos y hombres en armas contra el Estado ha sido el gran problema de los/as colombianos/as, particularmente de las zonas rurales, donde la confrontación armada generó incertidumbre, inestabilidad, desplazamiento forzado y muerte. Durante el mismo periodo de tiempo, es decir desde la década de los años sesenta hasta ahora, también han sido numerosos los pactos, amnistías e indultos que llevaron a la dejación de las armas de casi todos los grupos enunciados.

El ERP y el ERG tuvieron una vida relativamente corta si se compara con los grupos guerrilleros más grandes como las FARC y el ELN. El primero duró 22 años y sus combatientes nunca alcanzaron el centenar; el segundo se desmovilizó en 2014, en el marco de la Ley 975 de 2005, elaborada fundamentalmente para atender los acuerdos con los paramilitares (Defensoría del Pueblo, 2014).

Debe reconocerse que el proceso con el M-19 ha sido bastante exitoso después de la significativa tragedia de la toma, incendio y asesinato de magistrados, auxiliares de la justicia, civiles y guerrilleros que representó la toma del Palacio de Justicia en 1985. La firma de su desmovilización en mayo de 1991, con el propósito de participar en la Asamblea Nacional Constituyente que redactó una nueva Constitución Política, representó para sus integrantes la posibilidad de partición electoral con resultados importantes en los gobiernos locales y en la conformación del Congreso.

Para el mismo momento tuvo lugar también la firma de desmovilización del Quintín Lame, que también llevó un portavoz de las demandas indígenas a la Asamblea Constituyente.

La situación con el EPL ha sido distinta. Si bien tuvo un proceso de desmovilización e indulto en 1991 para cerca de 2.200 combatientes, la conformación de un partido político por sus integrantes no resultó posible y el Movimiento Esperanza, Paz y Libertad sufrió duros embates militares, de contradictores provenientes de la misma guerrilla y de otros movimientos insurgentes, que pretendieron copar los espacios territoriales que dejaba su desmovilización. Particularmente intensa fue esta confrontación en la región del Urabá, en el norte del departamento de Antioquia. Igualmente, un grupo disidente de unos 150 hombres, no aceptó el acuerdo y continúa alzado en armas, operando esencialmente en la región fronteriza con Venezuela, en el departamento de Santander, donde ejerce un fuerte control territorial y mantiene una permanente disputa militar con otras organizaciones que las fuentes de gobierno atribuyen al control de cultivos ilícitos y rentas ilegales de extorsión a la industria petrolera.

Sin embargo, hay que decir que a finales de 2018 el panorama presenta algunos signos de cambio, particularmente por el Acuerdo Final alcanzado con las FARC, que, luego de un fracasado plebiscito de aprobación, se firmó el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá y que significó la entrega de las armas en poder de los combatientes, su concentración en lugares previamente acordados, con el fin de iniciar el trámite a la reincorporación plena a la vida civil, pero, muy especialmente, un compromiso con la verdad de lo ocurrido en el conflicto durante más de 50 años y en el cual fueron protagonistas de primer orden, así como la entrega de bienes para participar en la reparación material a las víctimas del conflicto.

Varios fueron los fracasos de diálogo y negociación con este grupo guerrillero, hasta que en octubre de 2012 se instaló la Mesa de Conversaciones en Oslo, resultante de acercamientos iniciados varios meses antes y con la presencia de garantes internacionales que podían representar intereses de ambas partes. Las declaraciones iniciales no fueron muy halagüeñas y el pesimismo acompañó buena parte del proceso. Así y todo, durante los cuatro años largos que duró la mesa en Cuba, los tropiezos no llevaron a una interrupción definitiva aunque sí a suspensiones temporales, sobre todo por el principio de que los diálogos se adelantaran sin la terminación de las acciones militares de manera bilateral.

Haciendo valer la decisión de las partes de proseguir con la búsqueda de la paz escuchando previamente a quienes manifestaron sus reservas a contenidos del Acuerdo Final primeramente signado, con el anhelo de llegar a un nuevo acuerdo de mayor consenso; que lo alcanzado con ello fue haber logrado enriquecer y modificar el Acuerdo anterior, teniendo en cuenta las inquietudes y las propuestas, aclaraciones y definiciones puntuales hechas por los más variados grupos y organizaciones sociales, sectores de opinión y movimientos y partidos políticos; que después de estudiar con desprevención y esmero todo lo puesto a consideración de las partes negociadoras por los interesados, se introdujeron importantes y numerosos cambios y modificaciones sustanciales a los textos antiguos convirtiendo el Acuerdo de Paz anterior en un nuevo Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final, 2016: 1).

Del lado de los grupos guerrilleros, colocados ideológicamente en la llamada izquierda marxista, persiste el ELN. Esta guerrilla también ha tenido varios espacios de interlocución para alcanzar una solución negociada al conflicto armado. Entre ellas, la más conocida es la negociación adelantada en 1992 en Tlaxcala, México, cuando la interlocución se hizo con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, de la cual era parte el ELN. Según relata el diario El Espectador (2016), este diálogo alcanzó algunos puntos claros en la agenda de conversaciones y la presencia de acompañantes internacionales, pero fracasó abruptamente por la muerte del exministro de Obras Públicas Argelino Durán Quintero durante su secuestro por el EPL.

Con el ELN, el gobierno de Juan Manuel Santos también instaló una mesa de negociación en el Ecuador pero que suspendió a fines de enero de 2018, luego de varios atentados contra miembros de la Policía Nacional y que se consideraron un abierto desafío a las llamadas del Gobierno para reducir o suspender las acciones militares de manera unilateral y que esta fuera considerada como una señal de buena voluntad para el avance de las negociaciones.

El actual gobierno de Iván Duque ha manifestado rotundamente que no habrá reinició de las negociaciones en esta mesa hasta que el ELN no libere a todas las personas que están en su poder, víctimas de secuestros extorsivos en tanto que la guerrilla ha manifestado que esto debe ser resultado de la negociación y que las retenciones obedecen a la necesidad de obtener recursos económicos para su subsistencia. Hoy, el diálogo está cerrado y la posibilidad de una desmovilización no se ve en el horizonte próximo.

Los grupos de autodefensa y paramilitares

Otro actor armado de múltiples caras lo constituyen los grupos afines o asociados con la derecha política y que obviamente son claros contradictores de los mencionados previamente.

El Decreto Legislativo 3398 de 1965 del Ministerio de Defensa Nacional dispuso en sus artículos 24 al 26 la organización de la Defensa Civil y determina que: “Todos los colombianos, hombres y mujeres no comprendidos en el llamamiento al servicio militar obligatorio, podrán ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos con los cuales contribuyan al restablecimiento de la normalidad”. La Ley 48 de 1968 lo adopta como legislación permanente. Estos serán soporte legal de grupos de ciudadanos armados.

Posteriormente se daría otro espaldarazo legal. Durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano se da la autorización para la creación de las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (CONVIVIR). Los decretos 2535 de 1993 y 356 de 1994 les asignan funciones de inteligencia para las fuerzas armadas. A pesar de que en 1999 estos decretos fueron declarados inexequibles por la Corte, las CONVIVIR continuaron existiendo y sus miembros dispuestos a servir al mejor postor.

Las Autodefensas del Magdalena Medio, al mando de Ramón Isaza, pueden ser consideradas como el primer grupo paramilitar organizado formalmente que surge para enfrentar el poderío de las FARC; en febrero de 1978 se produce el primer combate con miembros del frente noveno.

Esta rica región ganadera se ubica en el centro del país, es punto de confluencia de varios departamentos y de la zona de las cordilleras occidental y central con el río grande de la Magdalena, principal afluente hídrico del país. Los ganaderos de Puerto Boyacá, autobautizada como la primera población contrainsurgente de Colombia, agrupados en la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (ACDEGAM), serán sus impulsores.

[…] una zona de colonización es un territorio caracterizado por la ausencia del Estado como agente modernizador, propulsor de desarrollo, garante eficaz de los derechos de propiedad y proveedor de bienestar social.

De esta manera, estos territorios se hallan sometidos a la ley del más fuerte en el sentido hobbesiano; el clientelismo político; la lucha guerrillera y contraguerrillera; y los intereses latifundistas, en especial, los de ganaderos y narcotraficantes; todo esto en un precario contexto institucional en cuanto a presencia del Estado. Adicionalmente, dado su precario desarrollo capitalista son nichos ideales de actividades relacionadas con economías ilegales […] (Barón, 2011: 32).

En la misma forma, en la costa Caribe, en las llanuras de Córdoba y el golfo de Urabá se gesta otro movimiento paramilitar encabezado por los hermanos Castaño, que se conoce como Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (AUCC). El propósito supera la confrontación militar con la guerrilla; en su objetivo queda incluido toda aquella persona, grupo o comunidad que a su juicio sea sospechoso de colaborar o pertenecer a movimientos de izquierda.

Para conocer un poco las características diversas de la formación y acción de los grupos paramilitares, es oportuno repasar lo que dice Barbosa (2015), al proponer tres formas distintas de dominación territorial y militar:

En el norte de Urabá la economía ganadera de latifundio, las inversiones del narcotráfico, acompañadas de una débil organización social y una presencia institucional marginal dio paso a una configuración paramilitar que se consolidó gracias a una omisión de la fuerza pública y que encontró un grado de respaldo en sectores de la población local.

Todo esto generó un paramilitarismo de dominio sin resistencia, al haber logrado control sobre todos los aspectos de la vida pública e incluso privada, convirtiendo esta zona en su fortín.

En el Eje Bananero, la existencia de una industria bananera económicamente activa, una organización social fuerte que acompañó la consolidación de la insurgencia y una presencia institucional mayor que la de otras zonas del Urabá dio origen a una configuración paramilitar de dominio con resistencia. Por ello, la presencia de la fuerza pública en el Eje Bananero fue trascendental para la victoria paramilitar.

Finalmente, la subregión del sur de Urabá y del Urabá chocoano vivió una incursión paramilitar que no fue el resultado de la expansión de la guerra del Urabá antioqueño. Por el contrario, detrás de la llegada del paramilitarismo a la subregión estaba un interés por las tierras de la región que se reflejó en elevadas cifras de desplazamiento.

La economía era campesina de subsistencia, con una presencia baja por parte de las instituciones del Estado y correspondiente con esto con una histórica organización social ligada a una presencia fuerte de la insurgencia. Estas características hicieron que el papel de la fuerza pública fuera activo en el apoyo dado a la incursión paramilitar, ya que esta última fue vista como una invasión que tenía intereses ajenos a los de la subregión. De aquí se desprende que la configuración paramilitar en la zona fuera una de invasión con resistencia (p. 56).

En un proceso bastante rápido, los distintos grupos contrainsurgentes, de autodefensa o paramilitares, cualquiera sea la denominación, se van a agrupar en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandadas por Salvatore Mancuso y Ernesto Báez, que llega a tener hasta 3.800 hombres. Su modo de acción será sufrido en todo el país. Víctimas de las balas de las AUC yacen por todo el territorio, pero serán más significativas las masacres de civiles desarmados, las torturas infligidas a quienes consideraran sus enemigos, el uso de instrumentos no convencionales en la guerra como la motosierra para picar a sus víctimas y hacer desaparecer los cadáveres. Para que esta no sea una afirmación amarillista es necesario recordar lo publicado en la prensa nacional acerca de las masacres de El Aro en Ituango, Antioquia, en 1997, con 17 víctimas, ampliamente estudiada por las acusaciones que se han vertido sobre el expresidente Álvaro Uribe; Mapiripam en el Meta el mismo año con 49 asesinatos; Mejor Esquina en Córdoba en 1988; Puerto Bello en Urabá con 43 campesinos asesinados; o El Salado en 2000 que produjo 60 muertos y 4.000 desplazados. El informe ¡Basta ya!, del Centro de Memoria Histórica (2013), recopila todo ese horror y registra 2.505 masacres con un total de 14.660 víctimas entre 1988 y 2007.

El gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) inicia un proceso de negociación con las AUC que finalmente conducirá a una desmovilización y entrega de armas que debía haber culminado en 2005, pues se había acordado que fuera de manera paulatina y escalonada. La negociación por parte de las AUC estuvo en cabeza sus mandos principales, algunos de los cuales tenían orden de extradición por parte de Estados Unidos, acusados de narcotráfico, lo que finalmente ocurrió en un proceso que fue mostrado como una decisión importante del Gobierno nacional en el control y sanción de este delito.

Sin embargo, esta negociación no fue homogénea con la totalidad de los bloques que conformaban las AUC, dejando fuera varios miles de combatientes, lo que ha tenido efectos adversos para consolidar una real desmovilización y desarme.

Este proceso se apoyó en la Ley 782 de 2002 que facultó al Gobierno para negociar con grupos armados que no tuvieran estatus político, como era el caso de las AUC. Algunos ajustes se hacen con la Ley 975 de 2005, cuando ya iban a finalizar las actividades para abandonar las armas. El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) calculó en cerca de 30.000 los reinsertados que provenían de estos grupos. La Corporación Arco Iris (2015) ha mantenido una crítica permanente sobre este proceso:

En diálogo con VerdadAbierta.com, Villarraga [director del Programa de Acuerdos de la Verdad del CNMH] explicó que el mayor problema del proceso con las AUC fue la falta de transparencia de ambas partes. De los paramilitares porque inflaron las cifras de combatientes para tener mayor peso en las negociaciones, y del Gobierno porque no tuvo una política pública definida frente a quienes se iban a desmovilizar. “Los paramilitares eran en realidad entre 14 mil y 16 mil efectivos, pero se permitió más de la duplicación de personas y se desmovilizaron 31 mil. El Alto Comisionado de Paz hablaba genéricamente de una tolerancia de hasta 40% de la población cercana, bajo el riesgo de que podían ser judicializados, pero eso es un error —señaló— […] En la negociación con las AUC casi no existió claridad sobre las estructuras que realmente existían y se produjeron creaciones, recomposiciones, confrontaciones armadas entre las estructuras, negociaciones de poder e incluso las llamadas ‘venta de franquicias’ que se atribuye a narcotraficantes que ingresaron en calidad de jefes y voceros en el curso de la negociación con el Gobierno. No existió realmente un periodo de concentración previa, sino la llegada pocos días previos al acto de desarme y desmovilización.

Estos detalles apuntan que de esta negociación quedaron muchos cabos sueltos, lo que ha facilitado el surgimiento de nuevos actores armados, entre ellos las denominadas Bandas Criminales (BACRIM) y, de ellas, la más activa, que se autodenomina las Autodefensas Gaitanistas o, como se llama en los informes oficiales: los Urabeños o Clan del Golfo, que hoy son un factor de violencia.

Conclusiones

La identificación de los actores de la violencia en el marco del conflicto armado colombiano no resulta nada fácil. Imposible señalar que hay solo dos bandos enemigos combatiendo entre sí; no hay un solo actor enfrentado al Gobierno que permita reconocer orillas diferentes. En muchísimos casos se confunden por alianzas o se enfrentan entre ellos y esto ha llevado a que las víctimas declaren con frecuencia que desconocen cuál fue el actor armado que produjo su hecho victimizante. En muchos casos solo reconocen que en su territorio se mueven distintos actores que aparecen y desaparecen con el tiempo. Se ha señalado en la reconstrucción de los antecedentes de estos grupos armados sus diferencias, encuentros y deserciones.

La evolución de este conflicto armado hacia una solución definitiva ha sido lenta y esquiva. Parece haber existido una estrategia de mantenimiento de la violencia y permanencia del conflicto armado. Muchas mesas de negociación, amplia legislación para favorecer procesos de abandono de las armas, proyectos de reincorporación a la vida civil con penas mínimas, incluso para delitos de lesa humanidad, apoyos económicos nacionales y de donantes externos. Así y todo, Colombia no vive hoy la paz que se prometió durante el proceso de negociación en La Habana y se puede afirmar que falta mucho camino por recorrer, incluso para hacer plenamente vigente el acuerdo firmado con las FARC.

Los intereses económicos y políticos en mantener el conflicto son evidentes. Hay muchos grupos de presión sobre el Estado porque viven de la guerra y la violencia que se genera.

El primero y más evidente tiene que ver con la propiedad de la tierra que hoy está concentrada en muy pocas personas que, por supuesto, no están dispuestas a renunciar a ella; muchas de esas propiedades se han conseguido con la complicidad de los actores armados. Bustamante (2006) afirma:

El desplazamiento forzado y el testaferrato generan distorsiones en las estadísticas catastrales, subestimando el grado de concentración, como quiera que este se mida. […] Lo sorprendente es que, como se verá más adelante, lo que al parecer sucede es que la violencia genera concentración. Es más, una vez en firme la propiedad de la tierra por los que irrumpen violentamente, terminan por convertirse en pacificadores al convertirse en el nuevo “establecimiento” (pp. 84-85).

Esto lo va a ratificar el Informe sobre Desarrollo Humano denominado Colombia rural. Razones para la esperanza:

En Colombia existen dos grandes conflictos en el sector rural: el conflicto agrario y el conflicto armado interno. Su articulación constituye lo que puede denominarse un conflicto rural mayor, que es la gran sombrilla de ambos. El tema de las tierras está asociado principalmente con el primero, mientras que el segundo lo está más con el territorio, el control de la población y de la institucionalidad pública para la extracción de rentas. Los protagonistas del conflicto armado son la guerrilla, los paramilitares, la Fuerza Pública en disputa por el ejercicio de soberanía sobre territorios y población.

El conflicto agrario y el armado terminan relacionándose en la medida en que la tierra se convierte en un instrumento de la guerra y de la disputa por el territorio. Por ello, es objeto de expoliación y despojo por vías de hecho, o mediante la utilización ilegal de instrumentos jurídicos, en tanto que el territorio es objeto de control, dominio y violación de derechos de las comunidades (PNUD, 2011: 186)7.

El extenso documento del Acuerdo firmado con las FARC no significó la paz como equivocadamente se promovió desde el Gobierno nacional, aunque innegable reconocer que la facilita, al desactivar uno de los principales actores del conflicto armado. En el escenario del conflicto armado colombiano siguen vigentes el ELN, las disidencias o desertores de las FARC, la disidencia del EPL y grupos de paramilitares de las más diversas condiciones.

Colombia ha asistido durante las últimas décadas a un conflicto interno de larga duración, intensidad variable, actores armados diversos, varias negociaciones fallidas, un importante cambio constitucional, donde las víctimas civiles han tenido poco protagonismo pues regularmente se ha desconocido su sufrimiento o su intervención en las negociaciones ha sido marginal.

La puesta en funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP), por definición centrada en las víctimas, constituye una esperanza de que se pueda llegar a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. La aplicación de una justicia penal alternativa para los actores armados, a cargo de magistrados elegidos para este exclusivo propósito, constituye la esperanza de un país diferente.

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Capítulo 2

El concepto de reparación en el contexto del conflicto
armado en Colombia y la respuesta gubernamental
para atender a las víctimas

Antonio Iáñez Domínguez y Gloria E. Zapata Serna

Introducción

En Colombia, el conflicto armado, que perdura desde hace más de 50 años, ha dejado innumerables víctimas. La mayor parte de ella pertenece a la población civil, obligada un día cualquiera a salir de su lugar de origen como consecuencia de las amenazas de los grupos guerrilleros, dejando atrás sus propiedades, sus redes familiares y sociales, así como el sentimiento de pertenencia e identidad a un lugar. Pero no solo el desplazamiento forzado, sino también el secuestro, el homicidio, la tortura, la desaparición, los delitos contra la libertad e integridad sexual, que son parte de las violaciones a las que se han visto abocadas las personas que han sufrido directamente las consecuencias del conflicto armado.

Todas ellas son víctimas porque de forma individual o colectiva han sufrido un daño por hechos que ocasionaron graves violaciones a las normas internacionales de derechos humanos y/o infracciones al derecho internacional. Es por ello que el Estado colombiano tiene el deber de repararlas, pero también la reparación es un derecho de las víctimas por los daños que les ha ocasionado el conflicto en sus proyectos de vida.

Desde hace algunos años, el Estado ha adoptado diferentes normativas relacionadas con la atención a las víctimas, teniendo cada una de ellas un determinado enfoque y viendo la luz en diferentes momentos sociopolíticos. En 1997 se publicó la Ley 3878, que puede considerarse como la primera norma que publica el Gobierno colombiano para proteger a las víctimas por desplazamiento forzado, pero no es realmente hasta 2011, con la Ley 14489, cuando se reconoce una serie de medidas y derechos a las víctimas.

En este capítulo se pretende, de manera cronológica y sintética, identificar el proceso de evolución del concepto de reparación en el Sistema Jurídico Colombiano, así como mostrar la respuesta del Gobierno para atender a las víctimas del conflicto armado.

Marco legal y jurisprudencial

La figura jurídica reparación ha sido materia de grandes progresos legislativos en Colombia y a nivel internacional, todos ellos motivados por el número cada vez más elevado de víctimas de guerra en diferentes puntos del mundo. Para el sistema jurídico colombiano, groso modo, este término hace referencia al principio general del derecho a la reparación integral del daño inspirado del sistema jurídico francés10. En el sistema colombiano se encuentra consagrado en el Código Civil en su artículo 2341: “El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido”.

A través de los años, el conflicto colombiano se ha ido intensificando y sus manifestaciones han sido cada vez más violentas. Una de las consecuencias más claras ha sido el desplazamiento interno forzado de gran cantidad de familias, en su mayoría provenientes de la zona rural del país (Iáñez, Pareja, Martínez, Quintero y Corona, 2011). Esta situación ha colocado a Colombia como uno de los países con mayor desplazamiento interno a nivel internacional11. El Estado colombiano, sin ser muy consciente de la grave situación de las víctimas de la guerra y de su derecho legítimo a la reparación, a través de la Ley 418 de 199712 reconoció los efectos del conflicto armado sobre la población civil y estableció un régimen de solidaridad con las víctimas que sufrían ataques terroristas, mediante el pago de subsidios y de ayuda humanitaria, para aliviar los daños ocasionados a las personas afectadas por estos ataques. Esta normativa se encargó de complementar la expedida ese mismo año, con la Ley 387, a través de la cual se configuró el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada.

A pesar de esos esfuerzos legislativos, la realidad de las víctimas en Colombia, en especial la de las personas desplazadas, no mostraba señales de alivio. El número de víctimas no paraba de crecer, el país desconocía su número exacto, sus dolencias y necesidades. Las instituciones públicas no estaban dotadas con los recursos necesarios y por acción concluyente no lograban dar respuesta efectiva a las demandas de las víctimas. La reparación, en ese contexto, representaba medidas de emergencia que eran más ajustadas a lo que se entiende por ayuda asistencial y humanitaria y no por reparación. Las personas desplazadas, agobiadas por el sufrimiento, el desamparo y una pobreza extrema, optaron por reclamar sus derechos a través de la acción de tutela13. Año tras año se fueron sumando acciones de tutela que la Corte Constitucional (en adelante la Corte) fue acumulando, hasta que en 2004 se pronuncia a través de la Sentencia T-02514, declarando el estado de cosas inconstitucional, un mecanismo de origen jurisprudencial creado para proteger los derechos fundamentales de las personas consideradas más vulnerables en Colombia. En esta ocasión, la Corte lo declara en relación con la crisis humanitaria de las personas en situación de desplazamiento, y ordenó, desde una perspectiva de solidaridad, que la nación colombiana debía adoptar una serie de medidas dirigidas a fortalecer y atender la problemática de la población desplazada.

A través de este mismo mecanismo, la Corte estableció una comisión de la sociedad civil para el seguimiento a las órdenes dictadas, conocida como Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, que estableció un proceso nacional de verificación soportado en tres grandes encuestas. Los resultados de estas tres encuestas arrojaron grandes preocupaciones para el país en materia de desplazamiento, pero sirvieron también como pistas para que el Estado colombiano comenzara a ver la reparación desde una óptica distinta. Algunos hallazgos mostraron la situación en que se encontraban las víctimas del campo en las ciudades receptoras y el deterioro de su calidad de vida (más del 80% pasaron, después de su desplazamiento, de un estado de autonomía y productividad a uno de pobreza extrema e indigencia).

Estos desafortunados resultados, además de las discusiones que el tema suscitaba entre la sociedad organizada, los organismos internacionales y en el mismo Estado colombiano inspiraron nuevamente a la Corte Constitucional, ya que a través de autos de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, resalta una serie de aspectos a tener en cuenta en la reparación a las víctimas. La Corte hace referencia al enfoque diferencial basado en categorías como los niños y niñas y las mujeres (Auto 092 de 2008), los adultos mayores, de las personas y los pueblos indígenas (Auto 004 de 2009) y los afrodescendientes (Auto 005 de 2009).

La Sentencia T-025 de 2004 sirvió de presión para que el Gobierno colombiano, de manera más integral, le hiciera frente al estado de cosas inconstitucionales dentro del marco de sus funciones y dentro de un tiempo razonable. Esta presión tiene sus frutos en 2005. En efecto, el Gobierno colombiano legisla con la necesidad de encontrar las herramientas jurídicas y políticas necesarias para promover el desarme y la desmovilización de los grupos alzados en armas en aras de conseguir la paz. Para ese mismo año, el pueblo colombiano asiste en julio a la adopción de la Ley 97515, conocida como ley de justicia y paz. En esta ocasión, las víctimas del conflicto, a pesar de ser incluidas en la norma, no vieron bien reflejado su derecho a la reparación, pues si bien la ley se enmarca en los principios de la justicia transicional16, donde uno de sus objetivos primordiales es el reconocimiento de las víctimas y su reparación, el gobierno de turno tenía centrado sus intereses estrictamente en el desarme de uno de los actores del conflicto y así lo recoge la misma norma.

Con la intervención de la Corte, que mediante la Sentencia C-370 de 200617 declara condicionalmente exequible la ley, dispone, además, que en caso de que los victimarios carecieran de bienes para reparar a sus víctimas, el Estado debería asumir en forma subsidiaria su responsabilidad en la reparación. Con esta decisión se logra hacer menos indiferente esta ley ante el dolor y el sufrimiento de las víctimas. De ahí que sea a través de este fallo, y específicamente a lo señalado por la Corte respecto al deber del Estado de asumir en forma subsidiaria su responsabilidad, que podríamos expresar que fue el comienzo de una concepción de la reparación en Colombia más acorde al discurso que más se imponía a nivel internacional.

Con esta nueva visión de la reparación se establece en Colombia un programa de reparación individual por la vía administrativa mediante la sanción del Decreto 1290 de 200818, donde el Estado concurriría sin ser declarado responsable por un tribunal. La norma recogía las tablas de pagos consagradas en la Ley 418 de 1997, en función de la gravedad del hecho, de manera que las víctimas de homicidio y desaparición forzada recibirían un pago superior; en un segundo lugar, las víctimas de tortura, secuestro y lesiones personales permanentes; y, finalmente, un pago inferior para las víctimas de desplazamiento forzado.

Si bien, para ese momento, la reparación en Colombia desde la norma legal estaba concebida desde el ámbito exclusivamente retributivo e indemnizatorio, recomendaciones como las dadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que publica el documento Lineamientos principales para una política integral de reparaciones (2008), propugnaba por una concepción diferente. Así, también, sentencias como la de 2008 del Consejo de Estado19 amplían su espectro al exigir, además de reparar los daños ocasionados a la víctima, excusas públicas, que la sentencia sea publicada en lugar visible y que se estructure un programa de promoción y respeto de los derechos humanos en la Institución de la Policía, todo eso materializando más claramente el Principio de reparación integral existente en el ordenamiento jurídico colombiano y acorde a la Constitución Política de 1991.

Bajo la vigencia de la Ley 975 de 2005, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), creada por esta norma, no logra responder a la demanda de innumerables víctimas a sus derechos a la reparación. El número importante de desmovilizaciones de grupos paramilitares, el aumento de las víctimas sin un registro y una identificación clara, la falta de capacidad instalada de la CNRR para actuar, la lentitud de los procesos judiciales, la falta de representación judicial de las víctimas y la seguridad al momento de participar en los procesos o la falta de receptividad del Gobierno nacional a las recomendaciones dadas por la CNRR son algunos de los problemas que debió enfrentar esta Comisión y que no le permitieron encontrar el camino claro hacia la reparación a todas las víctimas. Una vez más se constató que la visión de la reparación por parte del sistema jurídico colombiano no respondía a la realidad de las víctimas en Colombia. Una política de reparación administrativa e integral sería la opción más viable.

En el año 2008, la población colombiana conoce la discusión de un acto legislativo de reparación amplia “para lograr una verdadera ley que impulse una reparación real y efectiva a las víctimas desde el punto de vista económico, social, histórico y moral” (Proyecto de Ley 044/08 en el Senado y 157/07 en la Cámara), el cual finalmente fue archivado. En esta ocasión, el objetivo era más ambicioso en el sentido de avanzar en una perspectiva más completa de la reparación en Colombia y de superar los limitantes ya existentes. Este proyecto estaba inmerso en una iniciativa mayor denominada Estatuto de Víctimas, que si bien buscaba integrar las garantías a los derechos de las víctimas, la reparación fue tratada de manera central. A pesar de su desenlace, por primera vez se levanta la voz para resaltar la importancia de la discusión abierta de la problemática, de la participación de las personas directamente implicadas (las víctimas) y de establecer políticas públicas claras y permanentes no sujetas a la coyuntura.

Igualmente, ya se hablaba de las cinco medidas de reparación conocidas como restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, las cuales reúnen una serie de aspectos que se convierten a su vez en derechos para las víctimas y compromisos para los gobiernos en materia de restablecimiento de la libertad, disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes; un reconocimiento económico que incluya tanto los daños materiales como los perjuicios morales; la atención médica y psicológica, servicios jurídicos y sociales; medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones, la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones.

Así, estas medidas incluyen la búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños y de las niñas secuestradas y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad; una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella; una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades, la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones, conmemoraciones y homenajes a las víctimas, como también la inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles.

Finalmente, incluye el ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad; la garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad y el fortalecimiento de la independencia del poder judicial; la protección de los y las profesionales del derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como de los defensores de los derechos humanos; la educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad; la promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por el personal funcionario público, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos, sociales y de las fuerzas armadas, además del personal de empresas comerciales; la promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los conflictos sociales y la revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del derecho humanitario o las permitan.

Estas cinco medidas y cada uno de esos importantes elementos están contemplados en un instrumento internacional clave en el tema de la reparación a las víctimas; nos referimos a la Resolución 60/147 contentiva de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, promulgada en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre del año 2005.

Siendo este un paso adelante en el discurso de la reparación en Colombia, tal esfuerzo se quedaba también corto, frente a las expectativas de las víctimas y a los estándares que ya había establecido la Corte en repetidas ocasiones. Lo rescatable es que la discusión de este proyecto de ley arrojó la certeza de que el mecanismo judicial para esclarecer cientos de miles de crímenes, es decir, violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, y la reparación a sus víctimas no es el más indicado, y que debería intentarse otro mecanismo de búsqueda de la verdad, justicia, reparación y no repetición para que la sociedad conociera efectivamente los hechos y las causas de este conflicto.

En el 2010, con el cambio de gobierno20, bajo los postulados del nuevo presidente de la República, las víctimas del conflicto cobran un mayor protagonismo en la agenda del país. Esta atención que merecen las víctimas del Estado colombiano fue el resultado, entre otras razones políticas, de las recomendaciones que la Comisión de los Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas hizo al país al comprobar los pocos avances logrados en la reparación a las víctimas del conflicto y en la falta de respuestas efectivas del Gobierno en su informe periódico.

Este protagonismo de las víctimas del conflicto se materializa en la nueva producción legislativa que tiene como resultado la expedición de la Ley 1448 de 201121. Las reacciones frente a esta nueva norma no se hicieron esperar. Aunque aplaudida por muchas personas, hubo otras tantas que objetaron ciertos aspectos puntuales pero muy relevantes en materia de reparación. Uno de estos aspectos fue la definición de víctimas, la cual para algunos/as autores/as como Rubio-Marín (2007, 2009) es punto de partida estratégico para poder entender lo que es una reparación. Al respecto, la Corte, a través del Auto 119 de 2013, señala que negar el reconocimiento de víctima a las personas que se vieron forzadas a desplazarse por situaciones de violencia generalizada, como la producida por las acciones de las bandas criminales (BACRIM)22 es una práctica inconstitucional de la Unidad de Víctimas.

Igualmente, y de manera muy significativa, el Decreto 2569 de 201423 estipula los criterios y procedimientos para la entrega de la atención humanitaria de emergencia y para la transición a las víctimas de desplazamiento forzado con base en la evaluación de los componentes de la subsistencia mínima. Asimismo, establece los parámetros técnicos que permitirán evaluar las condiciones para la superación de la vulnerabilidad que genera este hecho victimizante, dentro de los procesos de retorno y reubicación, modificando así varios aspectos del modelo de reparación a víctimas de desplazamiento que hasta el momento se venía aplicando en el país.

Sin lugar a dudas, la Ley 1448 de 2011, ley de víctimas y restitución de tierras como se la conoce, dio un gran salto en lo que se entendía por reparación hasta el momento en Colombia. En una perspectiva más progresista y abriéndose a una visión más amplia que la simple indemnización de daños ocasionados, establece un programa de reparación más ambicioso y más ajustado a los estándares internacionales24. Los parámetros internacionales van desde una reparación integral (restitutio in integrum), avanzando hacia una reparación transformadora, hasta llegar a una reparación con una definición de víctima más inclusiva y diferencial y con perspectiva de género, tal como se establece en la Declaración de Nairobi de 2007 sobre el derecho de las mujeres y las niñas a interponer recursos y obtener reparaciones.

El Título IV de la Ley 1448 se ocupa específicamente de la reparación a las víctimas. Como se recoge en el artículo 69, esta reparación está concebida según los parámetros establecidos por Naciones Unidas en sus Principios Generales sobre reparación, es decir, que la reparación se compone de la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.

A través de este recorrido legislativo se ha podido evidenciar el compromiso adquirido por el Estado colombiano en materia de reparación, siendo considerada la Ley 1448 de 2011 como una ley modelo de reparaciones25. Se han conseguido avances, pero también estancamientos y aún muchos retos por superar para lograr al pie de la letra lo ordenado por esta ley.

El Sistema Nacional de Atención y Reparación
a las Víctimas

Como ha quedado explicitado a través del análisis legislativo, el Gobierno colombiano asumió la obligación y el compromiso de reparar a las víctimas de conflicto armado. En un principio, la Ley 387 se centró exclusivamente en la población desplazada, ampliando su horizonte con la llamada ley de víctimas, al reconocer otros hechos victimizantes. A través de ella se creó el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), integrado por entidades nacionales y territoriales, con el propósito de orientar y asesorar a las víctimas de las medidas a las que tendrían derecho. Entre estas entidades se encuentran las Unidades para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), que tienen la tarea de coordinar dicho sistema.

Para tener derecho a la reparación, la persona víctima ha debido ser reconocida como tal; para ello, debe haber hecho una declaración ante las oficinas del Ministerio Público (Procuraduría, Defensoría y Personería) y quedar inscrita en el RUV tras una valoración positiva por parte de la Unidad para las Víctimas. Se reconoce como víctimas del conflicto a “aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno” (artículo 3, ley 1448/11). Las víctimas son mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes marcadas por las consecuencias del conflicto armado y, sobre todo, supervivientes que han debido continuar con sus proyectos de vida.

Gráfico 1

Ruta para la reparación integral

Fuente: Elaboración propia.

Los hechos por los que las víctimas pueden ser reparadas son26: homicidio, desaparición forzada, secuestro, lesiones que produzcan incapacidad permanente, tortura o tratos inhumanos y degradantes, delitos contra la libertad e integridad sexual, reclutamiento forzado de menores y desplazamiento forzado; igualmente tienen derecho a la restitución de tierras quienes hayan sufrido despojo o abandono forzado de tierras. Según el hecho ocurrido, la víctima puede ser directa, cuando ha padecido el desplazamiento, el secuestro, el reclutamiento, la violencia sexual, lesión que genera discapacidad o invalidez; o indirecta, cuando convergen homicidios o desapariciones de familiares. Una persona puede tener reconocido uno o varios hechos victimizantes.

Con la reparación se pretende compensar a las víctimas por los daños ocasionados como consecuencia del conflicto armado interno. Esta compensación no solo se traduce en una indemnización económica, pues la Ley 1448 quiso precisamente superar esa visión unitaria de la reparación, incluyendo un acompañamiento por parte del Estado para garantizar el goce de los derechos en educación, empleo, salud, vivienda, así como medidas para el conocimiento de la verdad, garantías de no repetición, dignidad y memoria. Se trata por tanto de una reparación material, pero también moral y simbólica, de manera que abarque la integralidad del daño producido.

La reparación contempla la dimensión individual y la colectiva. La reparación individual considera medidas tendientes a remediar y resarcir los daños causados a las víctimas. Las medidas de reparación colectiva están orientadas a las comunidades, organizaciones y grupos sociales y políticos afectados por el conflicto. Los cinco componentes de la reparación son: medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

Un aspecto innovador de la Ley 1448 es el reconocimiento que hace de ciertos grupos, considerándolos diferenciales en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad. El enfoque diferencial queda recogido en el artículo 13 y en todo el articulado del Decreto 4800 de 2011, contemplándose los siguientes grupos: mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos y víctimas de desplazamiento forzado. Sus particularidades deben ser tenidas en cuenta para ofrecer una atención y unas respuestas concretas y adecuadas. Un ejemplo de la contemplación del enfoque diferencial es el cambio que contempla la Ley 1448, en comparación con la Ley 387, donde determinadas ayudas pasan a ser entregadas en dinero y no en especie, para que cada persona pueda cubrir sus necesidades de forma particular y respetando sus diferencias.

Tabla 1

Medidas y acciones para la reparación integral

Medidas
de reparación

Definición

Acciones

Restitución

Medidas orientadas al restablecimiento de la situación
anterior a las violaciones generadas por el conflicto
armado interno.

Es la primera forma de reparación a brindar, aunque
en ciertos casos es inaplicable.

• Permutas.

• R. de bienes muebles.

• R. de tierras.

• R. de vivienda.

• Promoción del empleo rural
y urbano.

• Acceso a créditos.

• Reunificación de la familia.

• Retornos y reubicaciones.

Indemnización

Compensación económica orientada a superar el estado
de vulnerabilidad en que se encuentra la víctima y su núcleo familiar. Es especie dentro del género.

Responde a una evaluación económica del daño de manera proporcional a la gravedad de las violaciones, sin pretender
ser una restitución.

Esta medida es independiente de otras compensaciones
que la víctima puede recibir.

• Entrega de dineros predeterminados por la ley.

• Acompañamiento
para la inversión adecuada
de esos recursos.

Rehabilitación

Conjunto de estrategias, planes, programas y acciones
que tienen por objeto disminuir en la medida de lo posible
los traumas psicológicos, así como las consecuencias físicas, sociales y jurídicas ocasionadas por el hecho victimizante.

• R. física.

• R. psicológica.

• R. social.

• R. jurídica.

Satisfacción

Acciones tendentes a restablecer la dignidad de la víctima,
cesar las violaciones persistentes, verificación de los hechos
y divulgación de la verdad sobre lo sucedido, de manera
que proporcionen bienestar y contribuyan a mitigar
el dolor de la víctima.

• Exención de la prestación
del servicio militar.

• Búsqueda de personas desaparecidas e identificación de cadáveres.

• Decisiones judiciales.

• Excusas públicas.

• Conmemoraciones.

• Homenajes.

Garantías
de no repetición

Acciones que aseguren a las víctimas que no van a suceder
ni se van a repetir los mismos hechos u otros similares
que generaron la victimización. El cumplimiento
de esta medida implica toda una transformación
de las instituciones del Estado y de la misma sociedad
hacia la introyección de mecanismos diferentes
a la violencia en la solución de los conflictos y al respeto
de los derechos humanos.

• Programas preventivos.

• Pedagogía de la paz.

• Legislación y reforma
de las leyes existentes.

• Desmovilización de los grupos armados.

• Desmovilización y reintegración social de niños/as y jóvenes soldados.

• Sanciones a los responsables
de las violaciones.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 1448.

Si bien ha de reconocerse el esfuerzo y el compromiso del Estado colombiano con la reparación a las víctimas, hay que reconocer también que los recursos para atender a todas las víctimas registradas son insuficientes y, por tanto, difícilmente ellas puedan ser reparadas antes de que finalice la vigencia de la Ley 1148 de 2011.

Conclusiones

Después de varios años de vigencia de la llamada ley de víctimas y restitución de tierras, puede decirse que fue una ley diseñada de forma ambiciosa por los/as legisladores/as, donde se muestra un Estado garantista, pero que su aplicación le está resultando un problema al no poder reparar al elevado número de víctimas registradas por falta de presupuesto económico. Los pronunciamientos de la Corte Constitucional27 en 2017 y 2018 revelan la gran preocupación que tienen las víctimas por la imposibilidad del Gobierno de cumplir con el mandato de la ley durante lo que falta de su vigencia. El gobierno de J. M. Santos, que se comprometió con la reparación a las víctimas, dejó un balance agridulce y adujo no contar con los recursos necesarios para cumplir con lo prometido.

Uno de los retos más inminente del Gobierno colombiano es su integración a las políticas del posconflicto y a los acuerdos suscritos con el grupo subversivo FARC. El Acuerdo de Paz, publicado por el Gobierno de la República en 201628, se presenta como una gran oportunidad para el camino a la convivencia, la reparación y la reconciliación; este contempla como eje central del proceso de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, las cuales son nombradas en el punto 5 del Acuerdo, buscando reestablecer las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario cometidos durante estos más de 50 años de conflicto.

En materia de reparación, el Acuerdo de Paz garantiza el derecho a la verdad, la justicia, y garantías de no repetición como focos centrales de todas las actividades estatales desarrolladas en favor de las víctimas. En sintonía con la Ley 1448 tomó en cuenta el enfoque diferencial en los procesos de reparación desde las poblaciones afectadas por el conflicto, como los son las comunidades afrodescendientes, las mujeres cabeza de familia, las niñas y niños, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, la población LGTBI y las comunidades indígenas presentes en todo el territorio nacional.

Los avances que Colombia ha experimentado en materia de reparación a las víctimas de conflicto armado son grandes; sin embargo, el concepto de reparación seguirá revisándose constantemente en búsqueda de respuestas más acertadas a las necesidades de las víctimas, lo que obligará sin duda a realizar nuevos y permanentes ajustes, significado con ello que sería muy prematuro pensar en pasar la página en relación con el concepto de reparación.

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Capítulo 3

Valoración de la reparación integral individual de mujeres víctimas del conflicto colombiano

José Roberto Álvarez Múnera

“La reparación dispone de nuevo, reordena la vida de los sobrevivientes victimados, pero no logra eliminar el dolor que ya está incorporado ineluctablemente al cotidiano de su existencia”.

CIADH (2003)

Introducción

El conflicto social y político colombiano ha producido más de ocho millones de víctimas en más de medio siglo de existencia (RUV, 2018)29. Todo esto, en un contexto de una aparente democracia que deja entrever múltiples limitaciones y restricciones para favorecer la participación de diversos sectores sociales, en las que unas elites históricamente han ostentado el poder y continúan al frente del control y disposición de las instituciones y recursos estatales (Gutiérrez, 2014). En resumen, más del 15% de su población se ha visto directamente afectada por lo sucedido. El país acumuló a lo largo de décadas una compleja deuda social en cuanto a la magnitud de población afectada y la necesidad de amplios recursos para disponer una serie de medidas que contribuyan a la reparación económica, social, política, cultural y personal de quienes padecieron el flagelo de las violencias de este penoso conflicto.

Los esfuerzos del Estado desde finales de la década de 1990, a través de leyes como la 418 y 387 de 1997, dedicadas respectivamente a temas de reconciliación y atención a población desplazada, iniciaron un proceso de reconocimiento y atención de víctimas de este conflicto, pero será la Ley 1448 de 2011, o ley de víctimas y restitución de tierras, la que asuma este como un problema central a resolver por parte de la sociedad colombiana. Lo definido en esa ley es un generoso programa de reparación a personas y comunidades con un enfoque integral, diferencial e intersectorial. Es reconocido internacionalmente por ser un ambicioso proceso de intervención que trabaja paralelamente en las distintas medidas de reparación individual: indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición (Presidencia de la República, 2018: 430).

En términos propios, la Ley 1448 de 2011 tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones o de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno desde el 1 de enero de 1985, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales (2011: 1).

Este capítulo ofrece un balance general de lo que en materia de reparación integral individual ha sido posible concretar hasta mediados de 2018; esto es, los dos gobiernos de Juan Manuel Santos (2010-2014/2014-2018), periodo en el que fue formulada e implementada la referida legislación. Esta información expuesta muy sintéticamente permite reconocer los asuntos macro y cuantitativos logrados en esos siete años, y se confronta con las consideraciones de un conjunto de 70 mujeres que en el año 2017 fueron entrevistadas por el grupo de investigación.

Los relatos de esas mujeres sobre los hechos victimizantes dejan entrever dolor y trauma. Y dejan también apreciar que la reparación es una pretensión, pero casi nunca una posibilidad, ni mucho menos una acción que retorne la vida al pasado y evite los impactos de la violencia. Al fin y al cabo, ¿cómo devolver la vida de un ser amado, o construir de nuevo las comunidades donde se formó el arraigo y la identidad, o borrar las cicatrices de una agresión sexual? Las vidas de esas mujeres cambiaron para siempre y llevan en su cotidianidad el recuerdo amargo de una tragedia que en algún momento visitó sus territorios y sus hogares, y además con la pregunta permanente por lo que hizo o dejó de hacer la sociedad y sus instituciones para evitar sus desgracias y lo que ha hecho por subsanar sus heridas.

Una víctima es una colombiana muy simbólica. Representa con sus crueles vivencias, y como mujer, la historia en su estado más puro. Con sus testimonios y en sus narraciones toma mucho sentido las razones de por qué esta sociedad cayó en el abismo de las violencias y durante muchos años esa realidad parecía una espiral sin fin. Este capítulo ofrece, desde las mismas explicaciones de las mujeres entrevistadas en el estudio, lo que ha sido su experiencia y valoración de las reparaciones ofrecidas por el Estado colombiano desde que, en 2011, la Ley 1448 propuso un marco de acción más integral al respecto.

En el marco de la investigación fue considerado de máxima estimación el esfuerzo que el país ha construido por reconocer que en todo proceso de conflicto el epicentro de su superación es priorizar las víctimas. A lo largo del siglo XX, todo acuerdo para solucionar conflictos priorizó30, o en muchos casos solo consideró, al victimario y su reintegración a la llamada vida civil. Este giro hacia el reconocimiento de las víctimas ha permitido al Estado y a la sociedad auscultar las dimensiones de sus conflictos y hacer conciencia colectiva de la necesidad de prevenir a futuro la amarga experiencia de la confrontación armada o cualquier otra expresión de barbarie. Ese es, quizás, su mayor valor. La información que ofrecen las víctimas es en sí una narración de la trasgresión ética de lo más básico de la condición humana y de cómo lo político se imposibilita cuando aparece la violencia física (Arendt, 1997: 71). Esos relatos causan estupor y vergüenza de lo que como sociedad hemos construido y permitido, y son, a su vez, el primer insumo para estimar los esfuerzos que hacemos por detener y evitar el retorno a las tragedias derivadas de la incapacidad para reconocer y respetar nuestras múltiples diferencias sociales, culturales, políticas y económicas.

Desde lo conceptual, la investigación ha valorado el concepto de reparación integral propuesto por la Ley 1448 de 2011, el cual fue un salto cualitativo considerable. Las leyes 418 y 387 de 1997, fundamentalmente dirigidas a atender los procesos de desmovilización de combatientes y el fenómeno creciente del desplazamiento forzado que por esa época estaba en su máxima expresión en Colombia, reconoció la reparación y representaba principalmente medidas de emergencia que eran más ajustadas a lo entendido por ayuda asistencial y humanitaria y no propiamente por reparación. Posteriormente, en la Ley 975 de 2005, conocida como ley de justicia y paz, y construida en el marco de las negociaciones del Estado colombiano con las AUC, las víctimas del conflicto fueron incluidas, pero en su implementación no lograron su reconocimiento y derecho a la reparación.

La Ley 1448 ha ofrecido una perspectiva más progresista a las establecidas en esas leyes previas y con una visión más amplia que atención humanitaria o incluso la simple indemnización de daños ocasionados. De hecho, es notorio el reconocimiento histórico y político de las víctimas. Y así, esta ley ha propuesto un programa de reparación más ambicioso e incluso más ajustado a los estándares internacionales (Harvard Kennedy School Carr Center for Human Rights Policy , 2014: 31). En esto es importante aclarar que el estudio metodológicamente trabajó con testimonios de mujeres que sufrieron los embates de la violencia política. Y en esas vivencias relatadas hay diversos victimarios: Estado, paramilitarismo y guerrillas. A los/as investigadores/as les interesó la condición de víctima sin esa distinción y tampoco por origen o situación socioeconómica. Uno de los objetivos del estudio fue conocer el proceso de reparación en la versión de estas mujeres. A cada una le preguntamos por el compromiso de la Ley 1448 en cuanto a la reparación integral individual31. Para contextualizar, la ley, en su artículo 25, sobre este derecho refiere:

Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones de que trata el artículo 3º de la presente Ley. La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante (2011: 6).

El estudio ha pretendido enfatizar más una interpretación cualitativa que cuantitativa. En cuestionar si lo hecho en la implementación de la ley está avanzado con claridad en la reparación integral o en ello hay dificultades. Los resultados, como se presentan más adelante, son poco favorables, tanto porque se ha atendido a menos del 10% de las víctimas en Colombia (Parra, 2017), como por las debilidades en diversos procedimientos en lo relacionado con el trato a la víctima. El reto que proponen estos diagnósticos iniciales es lo concerniente a repensar y ajustar los derroteros presupuestales y metodológicos para avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos de la ley. Por ejemplo, esta investigación muestra desde su experiencia de acercamiento a la población víctima, la pertinencia de avanzar hacia medidas que superen la valoración tan alta de los asuntos monetarios, los más representativos para las entrevistadas; además, la urgencia de considerar los riesgos que existen en derivar en cierta cultura de la revictimización. Esto se refleja en una percepción de las mujeres en general de sentirse mal atendidas o mal tratadas.

Las reflexiones finales ofrecen una lectura comprensiva y crítica de este esfuerzo de la sociedad colombiana por cambiar las coordenadas de lectura e intervención de su conflicto, en cuanto a la búsqueda de la reparación integral de sus víctimas y su contribución a la reconciliación social y política.

Logros, deudas y retos de la reparación
integral individual

El balance en siete años de implementación de la referida ley expone diversas dificultades, entre las que resaltan las de orden presupuestal. En este ítem hay conclusiones de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de la Ley 1448 de 2011 (2017: 44), en cuanto a que lo planeado para la vigencia de la ley (2011-2021), no logrará ser asignado por efecto de la desaceleración de la economía colombiana que alteró las estimaciones financieras de ingresos de la nación. El último informe de esta comisión, de agosto de 2017, sugiere que deberá ampliarse el plazo de vigencia de la ley hasta en seis años más, es decir, hasta 2027 (Defensoría del Pueblo et al., 2017: 44), si la voluntad política es terminar la reparación integral de las víctimas. De lo invertido hasta 2017 de los recursos del Presupuesto General de la Nación, la comisión informa que se concentró en atención humanitaria (38%); indemnización (16%); fortalecimiento institucional (15%) y vivienda (14%). El restante 17% está destinado a otros programas.

Muchas acciones (tabla 1) no están valoradas presupuestalmente, lo que impide un balance total de lo invertido por la sociedad colombiana, pero hay cálculos estimados de que más de 81 billones de pesos han sido destinados a esta tarea (Redacción Colombia 2020, 2018) y falta más del 80% de la población por atender en diversas demandas sobre medidas de reparación que implican desde indemnizaciones hasta prestación de servicios sociales en educación, salud y vivienda, al igual que otros programas de participación ciudadana de víctimas, memoria, justicia y protección.

Tabla 1

Síntesis de las acciones, avances e inversión en las medidas de reparación individual, Ley 148 de 2011

Medida

Asunto que considera

Acciones a 2018

          Avance a julio de 2018

Valor a julio de 2018 (billones COP)

Indemnización

Tiene un componente material constituido por el daño emergente y el lucro cesante, y otro inmaterial que comprende los daños que no son susceptibles de medición pecuniaria, tales como los sufrimientos y aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, situaciones violatorias que causaron no solo angustia y sufrimiento, sino una alteración en los ingresos, el plan y condiciones de vida.

Indemnización administrativa

          751.263 personas indemnizadas

$4.844,6

Cumplimiento de órdenes judiciales emanadas del proceso de justicia y paz

          9.617 personas indemnizadas

$ 177,7

Restitución

Persigue “devolver a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos” y comprende “el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes.

Restitución de créditos y pasivos

       Línea especial de crédito, desarrollada en conjunto entre        BANCOLDEX y la Unidad para las Víctimas: 366 créditos.

$8.529

Líneas de crédito tradicionales de BANCOLDEX para el periodo comprendido entre junio de 2011 y marzo de 2018, se han financiado 85.124 empresas de víctimas, en 107.738 operaciones de crédito.

$346,9

Esfuerzos de la Unidad para las Víctimas, FINAGRO y el sector bancario (2014 hasta marzo de 2018); fortalecimiento de la capacidad productiva de 3.157 víctimas mediante el desembolso de igual número de créditos.

$ 21.536

Banco Agrario: entre el 1 de junio de 2011 y el 31 de marzo
de 2018 ha desembolsado 395.305 operaciones de crédito.

$ 2.717

Restitución de tierras

44.573 casos de restitución finalizados.

Sin dato - SD

Restitución (cont.)

Persigue “devolver a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos” y comprende “el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes. (cont.)

Generación de empleo

Son muchos los esfuerzos en este tema por parte de la Unidad de Víctimas, El SENA, ICETEX, Ministerio de Trabajo, Banco Agrario, Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), OIT, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y diversas ONG. Un par de datos de este amplio esfuerzo.

Entre 2011-2014 fueron caracterizadas en lo sociolaboral 29.750 víctimas; se realizó levantamiento del perfil y la vocación productiva de 121 municipios; y se estudió la oferta nacional y local especial y social en programas de formación para el trabajo, enganche laboral y emprendimiento para víctimas.

El SENA entre 2011 y 2018 realizó 136.182 colocaciones de población caracterizada como víctima; certificó 56.003 personas víctimas en un arte u oficio; vinculó 51.947 víctimas en unidades productivas rurales; financió 770 proyectos y otorgó recursos por un valor de $58.690 millones de pesos; creó 117 centros de desarrollo empresarial que formularon 36.091 planes de negocio e implementaron 16.184 unidades productivas, y apoyó a 303 víctimas emprendedoras, otorgando un capital semilla por un valor de 734 millones de pesos.

SD

Procesos de retorno y reubicaciones

252.818 hogares acompañados; 267 planes de retorno o reubicación formulados; 75.456 personas en esquemas especiales de acompañamiento que buscan la sostenibilidad de los procesos de retorno o reubicación al potencializar aspectos referentes a la habitabilidad, generación de ingresos y seguridad alimentaria de las familias.

De la totalidad de los hogares acompañados, 9.867 recibieron, en su año de acompañamiento, como oferta directa un apoyo de 1,5 SMMLV para facilitar el transporte de los integrantes del hogar y sus enseres a los lugares definitivos para su asentamiento.

Rehabilitación

Incluye tanto la atención médica y psicológica como servicios jurídicos y sociales.

Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI)

463.714 personas atendidas entre 2012 y marzo de 2018. Antioquia con el 9,73 del total de atendidos es el municipio
donde más población ha acudido a este programa.

$130,4

Estrategia de Recuperación Emocional (ERE-G)

     123.390 personas atendidas entre 2012 y marzo de 2018.

SD

Estrategia de Recuperación Emocional y Acompañamiento Individual (EREARI)

     6.853 personas atendidas desde 2017 y hasta marzo de 2018.

SD

Estrategia de Reparación Integral, Convivencia y Paz

     293 personas atendidas desde 2017 y hasta marzo de 2018.

SD

Modelo integrado de atención psicosocial para la rehabilitación de niños, niñas y adolescentes víctimas, ICBF

    292.531 menores atendidos a través de todo el sistema en el periodo de 2016 y hasta marzo de 2018.

SD

Satisfacción

Abarca medidas de diverso tipo, desde aquellas orientadas a hacer cesar las violaciones hasta la búsqueda de la verdad, ceremonias de reconocimiento de responsabilidad, de disculpas públicas, las sanciones judiciales y administrativas, la realización de homenajes, la capacitación en derechos humanos.

Conmemoración y homenajes para la dignidad y memoria de las víctimas

   463 acciones de apoyo a estas actividades.

SD

Estrega del mensaje estatal de reconocimiento, carta de dignificación

     1.168.289 cartas de dignificación.

SD

Apoyo a iniciativas locales de memoria y lugares de memoria

Acompañamiento técnico y económico a procesos de 140 iniciativas locales de memoria. Entre 2013 y 2017.

SD

Acciones simbólicas de acompañamiento a la implementación de otras medidas de reparación

Desde 2013 hasta la fecha se han realizado 232 acciones.

SD

Apoyo, acompañamiento e implementación de actos de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas

46 actos de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas.

SD

Acompañamiento durante la búsqueda y entrega de los restos de víctimas de desaparición forzada y homicidio en el marco del conflicto armado

Entre 2017 y 2018 se han acompañado 20 prospecciones, 88 exhumaciones y 83 identificaciones de restos. Asimismo, desde junio de 2011 se ha acompañado a 2.396 familias en la entrega digna de los restos de sus seres queridos que fueron víctimas
de desaparición forzada y homicidio.

SD

Garantías de no repetición

Están dirigidas a la elaboración de salvaguardas para evitar la repetición de los hechos. Entre ellas, por ejemplo, reformas institucionales, especialmente depuración de los cuerpos de seguridad, fortalecimiento de la independencia judicial, protección de defensores y defensoras de derechos humanos, acceso a la información, libertad de expresión, educación en derechos, cumplimiento de las resoluciones internas e internacionales en la materia.

Participación en el Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de no Repetición

Acciones cualitativas de formación y prevención en todo el país.

SD

Garantías de no repetición como elemento de la reparación integral en el Acuerdo de Paz

Acciones cualitativas de formación y promoción en todo el país.

SD

Prevención y mitigación de la ocurrencia de eventos con minas antipersona (MAP), municiones sin explosionar (MUSE) y trampas explosivas (TE)

Desde 2011, 192 municipios libres de sospecha y de reporte de minas.

SD

Enseñanza de derechos y generación de capacidades para el acceso a la justicia a las víctimas de desaparición forzada

Acciones cualitativas de formación y promoción en todo el país.

SD

Fuente: Elaboración propia a partir de República de Colombia (2018): XIII Informe sobre los avances de la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto, Bogotá,

Presidencia de la República, pp. 183-278.

La inversión directa es considerable, pero también la conectividad de la ley con otras políticas públicas que materializan la transversalidad de la priorización de las víctimas en la atención del Estado (CONPES, 2013: 52). Un ejemplo es el esfuerzo por favorecer a las víctimas en las políticas de generación de empleo, acceso a salud y atención de infancia y adolescencia. Sin embargo, su cuantificación en lo referido a presupuesto invertido aún no ha sido precisada, lo cual sugiere que faltan los recursos que requiere una ley de tal magnitud.

La información ofrecida por la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de la Ley 1448 de 2011 en 2017 también deja la duda sobre la inversión en mediadas como las de satisfacción y garantías de no repetición que son exclusivamente valoradas en lo cualitativo, pero se desconoce su valoración monetaria.

Un asunto emblemático de las reparaciones es la alta atención que amerita la indemnización por que, en sí, esta medida ofrece por lo menos un apoyo monetario para que la víctima y su entorno familiar puedan subsanar alguna de sus necesidades más sentidas. A marzo de 2018, el balance se presenta en la tabla 2. En esta se detalla cómo entre las indemnizaciones por homicidio, desplazamiento forzado y desaparición forzada se destina más del 95% de los recursos para quienes padecieron de estas acciones violentas. Sin embargo, al considerar el valor promedio de la indemnización, estas son las que menos entregan recursos por víctima. Ante hechos como el secuestro, la tortura, reclutamiento de menores y delitos contra la libertad e integridad sexual hay más valor promedio en la indemnización, en cuanto es la persona que sufrió el hecho quien recibe de forma directa estos recursos y no su grupo familiar. La pregunta, por lo justo de ese valor en un contexto como el colombiano, sigue abierta porque para quien sufrió un daño en el conflicto es un valor cuestionable, pero para el Estado es un esfuerzo muy alto por compensar el daño.

La indemnización como mecanismo instituido dentro de las múltiples formas de reparación integral a víctimas del conflicto armado se torna trascendental, en el entendido que es necesaria para que los individuos legitimados en reclamarla puedan volver a construir su plan de vida. Es una compensación para resarcir los graves daños y perjuicios ocasionados con el fin de mitigar el dolor causado, especialmente en situaciones donde es imposible reparar íntegramente un bien jurídico vulnerado. Sin embargo, es evidente la incapacidad del Estado colombiano a la hora de satisfacer las numerosas reclamaciones realizadas por esta vía, debido al alto número de víctimas registradas en la actualidad como consecuencia de tantos años de guerra interna (Gamboa, 2017), que incluso ha implicado revisar la temporalidad de la ley porque según otras cifras podía tardar en cumplirse hasta mediados de la década de 2030, cuando muchas víctimas quizás ya no existan (Montes, 2018). Incluso han aparecido debates sobre la metodología y monto de la indemnización de acuerdo a las condiciones de edad y género de las víctimas (priorización de adultos mayores y mujeres dado su grado de vulnerabilidad).

Tabla 2

Número de indemnizaciones otorgadas a víctimas del conflicto armado interno
de acuerdo con el hecho victimizante por vía administrativa

Hecho
victimizante

Que indemnizan

Nº de
giros

Nº de
personas

% del total

Total valor
indemnizaciones

(millones COP)

Promedio
indemnización
por persona (millones COP)

Homicidio

40 SMLMV, divididos entre los familiares de la víctima que murió, dependiendo
de su estado civil en el momento de la muerte.

380.328

355.212

47,03

$2.428.409

$7

Desplazamiento
forzado

La indemnización se distribuirá por partes iguales entre los miembros del grupo familiar víctima del desplazamiento forzado incluidos en el Registro Único de Víctimas. En virtud de la Sentencia SU-254 de 2013, habrá núcleos familiares que recibirán 27 SMLMV y otros que recibirán 17 SMLMV.

312.575

311.472

41,24

$1.481.144

$5

Desaparición
forzada

40 SMLMV, divididos entre los familiares de la víctima desaparecida, dependiendo de su estado civil en el momento de la desaparición.

65.372

61.387

8,13

$408.627

$7

Secuestro

40 SMLMV, que se entregan directamente a quien haya sido liberado, no a los familiares.

10.781

10.747

1,42

$248.989

$23

Delitos contra
la libertad e
integridad sexual

30 SMLMV, se entregan directamente a quien sufrió el hecho.

7.781

7.748

1,03

$150.220

$19

Lesiones
personales
y psicológicas
que produzcan
incapacidad
permanente

Hasta 40 SMLMV, según la Resolución 0848 de 2014, se entrega directamente a la víctima que sufrió la lesión.

3.255

3.240

0,43

$54.884

$17

Reclutamiento
ilegal de menores

30 SMLMV, se entregan directamente a quien sufrió el hecho.

3.190

3.180

0,42

$55.794

$18

Hechos
victimizantes
susceptibles
de indemnización, Ley 418

Indemnización bajo el marco de la Ley 418 de 1997.

1.892

1.892

0,25

$11.672

$6

Tortura

Hasta 30 SMLMV, se
entregan directamente
a quien sufrió el hecho.

231

231

0,03

$3.922

$17

Lesiones
personales y
psicológicas que no causen
incapacidad
permanente

Hasta 30 SMLMV, según la Resolución 0848 de 2014, se entrega directamente a la víctima que sufrió la lesión.

117

117

0,02

$926

$8

Total general

785.522

755.226

100,0

$4.844.587

$6

Fuente: Elaboración propia a partir de Unidad para las Víctimas, Subdirección de Reparación Individual-Corte marzo de 2018.

Tomado de República de Colombia (2018: 196).

En general, a pesar de que la Ley 1448 de 2011 ha sido considerada como ley modelo de reparaciones32, el balance muestra de manera general avances, estancamientos y muchos retos aún por superar para el logro de lo ordenado por la misma ley. Uno de los retos más inminentes es su integración a las políticas del posconflicto y a los acuerdos suscritos por el Gobierno colombiano y el grupo subversivo FARC (Acuerdo de Paz, 2016).

La versión de 70 mujeres del Valle de Aburrá
sobre su proceso de reparación

El resultado de este diálogo develó las limitaciones y deficiencias de la implementación de la Ley 1448 de 2011, no solo porque las diferentes medidas establecidas para este fin poco se han concretado, sino además porque el proceso conlleva un continuo retorno a vivenciar de nuevo el hecho victimizante y a cuestionar la falta de compromiso con las promesas planteadas en la legislación y por el Estado. Al momento de considerar las apreciaciones de las mujeres entrevistadas sobre las medidas de reparación33, hay tendencias que expresan las dificultades para acceder a las mismas. Esto deja entrever que los avances en estos procesos han sido lentos, poco claros y han creado desilusión y poca credibilidad en la implementación de la ley, y han contribuido a deslegitimar la acción estatal.

Un balance de lo conversado indica una tendencia: las mujeres tienen una valoración diferente de las medidas de reparación. En general, esperan alguna indemnización que les permita suplir algunas de sus carencias. De hecho, todas las mujeres víctimas abordadas en el estudio hablan de indemnización, pero en las demás medidas comienzan a sentir menor importancia y expectativas (tabla 3).

Tabla 3

Reconocimiento de medidas de reparación, 70 mujeres víctimas

Medidas de reparación

Nº de mujeres que
refieren sobre la medida

Nº de ideas codificadas en el estudio

Promedio ideas
de medidas por mujer

Indemnización

70

263

3,8

Rehabilitación

67

221

3,3

Restitución

56

125

2,2

Medidas de satisfacción

48

101

2,1

Garantías de no repetición

17

22

1,3

Fuente: Elaboración propia, NVIVO 11, 2018.

Por ejemplo, sobre medidas de satisfacción solo hicieron referencia 48 de ellas y en garantías de no repetición solo 17, una cuarta parte de las entrevistadas tienen alguna reflexión al respecto. En sus expresiones, también la indemnización es la que más les amerita plantear ideas y reflexiones. Mientras cada mujer expresó casi cuatro oraciones sobre el tema, en caso contrario, sobre garantías de no repetición, solo poco más de una idea fue expresada por quienes se refirieron sobre esta medida. Así, las mujeres también exponen sus prioridades y urgencias. Todo indica que las situaciones asociadas a sus condiciones socioeconómicas apremian y esperan con más interés la ayuda monetaria que permita satisfacer algunas de sus necesidades. Así lo expresa una de las mujeres:

Nos ayudaron con tres meses en cuestión de alimentación y una pequeña ayuda para el arrendamiento, que era de 100.000 pesos y un mes de pago para todos. Y al mes siguiente recibí la primera ayuda que fue de 900.000 pesos. Eso me sirvió para pagar arriendo y ya seguíamos cada tres meses que me daban la ayuda normal. En cuestión de las ayudas he sido muy favorecida (entrevista 36).

Si bien la indemnización es la medida que más expectativas ha creado entre las víctimas, las experiencias compartidas por las mujeres entrevistadas ofrecen un panorama de las trabas para concretar la misma y de permanentes desencuentros con las instituciones estatales y sus procedimientos. Hay quienes se consideran con suerte al haber recibido de algún modo un dinero del Estado, aunque este no sea considerado el más justo. Incluso algunas afirmaciones sugieren más una resignación en cuanto a que por lo menos algo recibieron de lo prometido:

Yo siempre decía: “No, pues es que hay personas que tienen los papeles hace 15 años, y no les ha llegado ni un peso”. Yo dije: “Me doy por bien servido que a mi madre le haya llegado ese dinerito”. Así ella diga: “Ay con eso no voy a resucitar a mi hijo”. Pero sí suple necesidades que hay (entrevista 32).

La incertidumbre sobre la concreción de esta medida es una constante en los relatos de las mujeres. Desde quienes no han recibido información alguna: “No me han dicho nada, que me van a indemnizar pero no saben cuándo” (entrevista 35), pasando por quienes tienen alguna información: “… hoy recibí otro comunicado del Gobierno en el que dice que sí voy a recibir una indemnización administrativa, pero no dicen cuándo. Entonces ahí estoy. Bueno, esa es la historia, cortica” (entrevista 15), y reconociendo a quienes han recibido algo, aunque lo consideren insatisfactorio: “… hasta ahora 25 millones. Pues con eso sí ha estudiado mi hijo, hemos comido una parte, tenemos ahorrados 10 millones, a ver si somos capaces de comprarnos una casa, porque es el mayor objetivo” (entrevista 4). Y así, hay una noción que se ha formado entre estas mujeres víctimas de cómo el Estado, a través del Gobierno, ha sido poco serio con los compromisos asumidos desde 2011, como bien lo relata una de las entrevistadas:

Ellos le ayudan a uno hasta donde pueden. El gobierno ya es el que toma la decisión. Miren lo de la indemnización mía es para el 2020… los funcionarios conocen mi historia, porque yo cada vez que meto una tutela, un desacato, yo traigo mi historia… Ellos la conocen. Que si en manos de ellos estuviera la solución, ellos me hubieran indemnizado, me hubieran dado una casa, me hubieran dado un empleo. Ellos me hubieran solucionado todo. Pero es el gobierno el que para las cosas (entrevista 3).

La pregunta por este comportamiento del Estado y el Gobierno es ineludible, y es uno de los temas centrales de los impactos en la forma que ha construido una relación con sus ciudadanos víctimas del conflicto. Si bien hay un avance en el reconocimiento político de esta población (aunque todavía insuficiente), en la implementación de una propuesta de reparación integral, novedosa y ambiciosa no puedo obviarse que la responsabilidad del Estado es asumir el carácter de garante de los derechos y de lo que constitucionalmente está establecido y refrendado por normas supranacionales, tales como la vida, la salud, la educación, el empleo, la vivienda, la libre expresión (Maraniello, 2013), y es el Estado quien está con sus incumplimientos trasgrediendo sus propias normas y compromisos.

En cuanto a otras medidas de reparación, el reconocimiento es menor. Por ejemplo, en los procesos de rehabilitación, poco más de la mitad de las entrevistadas reconoce que no han recibido atención psicosocial y en algunas expresan la prioridad de esta medida de acuerdo a las experiencias vividas:

[…] yo la verdad, quisiera como algo psicológico, porque yo tengo pesadillas, debido a esa violencia de allá. Yo siempre sueño con muertos, o que me matan, que me están persiguiendo […]; yo siempre tengo esas pesadillas. Entonces yo eso no sé con qué se quita, porque yo sigo pues como con susto (entrevista 28).

El grupo de investigación reordenó las experiencias de reparación de acuerdo con las consideraciones más persistentes en el diálogo con las mujeres y el resultado es la tabla 4. Aquí son visibles las categorías emergentes en la voz de las mujeres entrevistadas. Estas obedecen, dentro del proceso de análisis, a la reformulación de frases simples o que se extienden a lo largo de múltiples apartes de las entrevistas. En su mayoría recogen percepciones constantes, pero también incluyen algunas que pueden ser contrarias a la generalidad o nuevas dentro del discurso general.

En un balance sobre este ejercicio hay relatos más directos sobre las dificultades de acceder y concretar la reparación. Desde la falta de claridad por parte de las mujeres en el procedimiento para facilitar el protocolo de atención y acceso a servicios y beneficios (véase ítems 1, 2, 5, 6, 8). En esto hay muchos relatos que refieren a la confusión en la atención en las unidades de víctimas y en general en toda la oferta de servicios.

Hay casos que derivan en una confusa tramitología por diferentes motivos: la especificidad técnica que se exige en cada procedimiento de reparación, la calidad del profesional que atiende a la víctima y el bajo nivel educativo de muchas mujeres que les dificultad ser eficientes en el paso a paso de su proceso. Al preguntar a una mujer víctima sobre la atención brindada para su reparación, este es un tipo frecuente de respuesta:

Ellos nos dicen: “Es que mire, es que así, los derechos que ustedes tienen son estos”. Y nosotros tenemos que luchar, luchar por los derechos de nosotros porque ninguno, ninguno, ni que sea gente del gobierno, ni los de… ninguno, ninguno, han sido capaz de decirnos: “Vea, las cosas, la ruta es esta”. No. Siempre nos embolatan, nos dan evasivas, somos invisibles para ellos, nunca, nunca se reúnen a decir: “Vea señora, o vea mujeres, o vea niños, vea jóvenes”. No, ellos no. Ellos antes nos dilatan y nos dilatan las cosas. Nosotros tenemos que buscar quién nos ayude porque lo […] La Unidad de Víctimas, nunca. Antes eso nos embobaban, a uno le decían: “Vayan a la Unidad de Víctimas que allá les van a asesorar”. No. Ponen gente que no saben si quiera qué es ser una persona desplazada, no saben. Porque nosotros vamos a la Unidad de Víctimas donde nos mandan a que un funcionario nos atienda. Y el funcionario no sabe ni siquiera sacar un papel, decir que nosotros somos víctimas. Nos preguntan ellos a nosotros. Antes nosotros les tenemos que explicar a ellos qué es ser un desplazado (entrevista 42).

Otras consideraciones expresan las dificultades de atención (véase ítems 10, 11); las reclamaciones directas sobre derechos (ítem 3); hasta las particularidades de ser víctima y sus acciones para reordenar su proyecto de vida que poco o nada están previstas en la ley (ítems 4, 7, 9).

Tabla 4

Lo emergente: consideraciones de las mujeres entrevistadas
sobre la reparación

Nº

Lo emergente. Consideraciones de las mujeres víctimas sobre el proceso de reparación

Refiere a…

Nº de mujeres que refieren

Nº de ideas codificadas

1

Mucha tramitología, confusión
en la información.

Tramitología. Proceso de reparación
centralizado. Lenguaje inaccesible
a las víctimas. La carga de la prueba recae
sobre las víctimas.

48

92

2

No sabemos exactamente
cuándo nos van a pagar (la indemnización).

Indemnización incierta. Retrasos en la medida
de indemnización, fundamentalmente
y según el Gobierno, por falta de recursos.

46

84

3

Necesitamos la vivienda, estudio, trabajo para nuestros hijos/as, eso es lo que queremos como reparación.

Reparación esperada/deseada. Confusión
entre los derechos de las víctimas y los deberes del Estado.

43

78

4

No hay posibilidades de retorno, no es seguro.

Sin garantías de no repetición. Aunque muchos desean regresar al campo, a su lugar de origen, temen aún por sus vidas, por represalias y porque ya no tendrían dónde llegar y qué hacer. Otros ya vieron crecer su familia en la ciudad
y ya es más complicado regresar y adaptarse
a esos lugares.

37

48

5

Desconocíamos nuestros derechos-nos informamos
por terceros.

Desinformación. Por lo general, la información
a la víctima llega en el voz a voz.

33

56

6

No tuvimos atención psicológica.

Rehabilitación. Ineficiencia e insuficiencia
en los procesos de atención psicosocial.
“Las víctimas en Colombia están enfermas” (entrevista Dirección Corporación Región 2017).

32

48

7

La integración a la vida
en la ciudad ha sido dura.

Adaptación. Desintegración familiar (divorcio, abandono…). Consecuencias del desplazamiento. Cambio en las actividades económicas y nula preparación para insertarse al mundo laboral de la urbe,

26

37

8

Múltiples hechos victimizantes, solo algunos reconocidos.

Múltiples hechos victimizantes. Revictimización por nuevos hechos victimizantes en medio del conflicto, por el trato de los funcionarios, por la no reparación oportuna, “somos víctimas del programa de víctimas” (entrevista 3).

25

48

9

La ayuda de otras organizaciones ha sido importante y más oportuna.

Interinstitucionalidad/interorganizacionalidad. Incapacidad del Estado de satisfacer las necesidades de las víctimas. La sociedad civil organizada y su contribución a la resolución del problema

23

45

10

Interpusimos recursos (con
ayuda de un abogado)
para obtener respuesta.

Acciones constitucionalidades. Incumplimiento en los procesos de reparación. Accionar de otros medios para acelerar los procesos. El mismo Gobierno facilita en sus entidades territoriales la asesoría de abogados para interponer acciones que permitan obtener una respuesta más rápida y favorable de la Administración central.

20

28

11

Sentimos temor para denunciar, nos demoramos mucho para declarar.

Declaración tardía. Garantías de no repetición. La confusión y el miedo luego de los hechos y el desconocimiento de sus derechos impiden un oportuno ingreso en el trámite de la reparación.

17

24

Fuente: Elaboración propia, NVIVO 11, 2018.

Al final, las ciudadanas entrevistadas concluyen con sus experiencias que existe un Estado a medias, o en otros casos un Estado solo en el papel. Una sociedad en la cual la relación entre el Estado y los ciudadanos, históricamente frágil (Schuster, 2016), intenta construirse con la inclusión de sectores que han sido excluidos o marginados de su proyecto político, pero cuyo compromiso poco se traduce en acciones concretas y completas, tiende a reproducir y acentuar sus debilidades. Las mujeres hacen muchos esfuerzos por acceder a los beneficios prometidos por el Estado, pero al no alcanzarlos o solo acceder a una parte de lo esperado deducen que la única alternativa de construir su proyecto de vida es por su propio esfuerzo. Así lo expresa el siguiente relato:

La verdad, yo recibí dos ayudas… la primera cuando me postulé se demoró como cinco meses o más. Me dieron esa ayuda. Después volví y me postulé, pero en mucho tiempo, pero muchísimo tiempo, me dieron otra y ya. Pues yo decía “ah, ponerse uno a molestar con eso, mejor uno trabajar y no molestar más” y yo ya trabajando. Entonces yo me despreocupé totalmente de esas cosas (entrevista 47).

Otro aspecto que es posible aludir es el descontento de las mujeres en cuanto a la prioridad del Estado con respecto a otros actores del conflicto, como los victimarios. En general, se sienten ciudadanas inferiores. La Ley 1448 de 2011 fue aplicada en pleno proceso de negociación del Acuerdo de Paz con las FARC (2012-2016) y eso confrontó a las mujeres porque han sentido que es de más valor para el Estado ser un miembro de esa guerrilla que ellas como víctimas. Incluso varias de las entrevistadas en sus testimonios expresan el desacuerdo o pesar que les produce su sentimiento de inferioridad ante los victimarios:

Y por eso es que a mí me duele mucho. [Silencio. La señora llora] A mí me duele mucho lo que está haciendo porqué a ellos [las FARC] les van a dar… les han dado tantas cosas y a nosotros ¿por qué no nos dan un empleo o una educación? (entrevista 15).

Entonces para mí es indignante: que el Gobierno le esté ayudando más a los guerrilleros que se están desmovilizando, que a los desplazados. Ellos en su buena casa, hasta sueldos, y por ahí sentados; y los desplazados ¿qué? Nos hacen a un lado (entrevista 20).

A la guerrilla sí le van a dar cierta cantidad y miren lo que han hecho y por qué a nosotros nos tienen tan desamparados. Mire lo que ellos van a recibir cada mes, todos los beneficios que van a tener y por qué nosotros como víctimas, madres cabezas de hogar, desplazados no dicen nada (entrevista 23).

En una síntesis de lo tratado, las palabras más referidas por las mujeres entrevistadas frente a las medidas de reparación permite reconocer un alto grado de insatisfacción, incumplimiento y expectativas aún pendientes frente a las mismas (tabla 5). En cada una de las medidas de reparación hay palabras que aluden al vacío en su concreción (nada, difícil o referencias a tiempo: años, meses, nunca, cuando) otras a lo poco que se ha logrado (ayudas) y otras a la esperanza en su materialización (vivienda, tierras, derechos).

Tabla 5

Las cinco palabras más frecuentes sobre las medidas de reparación

Medida de reparación

1ª palabra

2ª palabra

3ª palabra

4ª palabra

5ª palabra

Indemnización

Ayudas

Nada

Dieron

Años

Meses

Rehabilitación

Ayudas

Todo

Salud

Nada

Psicológico

Restitución

Vivienda

Nada/nunca

Tierras

Derecho

Cuando

Medidas de satisfacción

Víctimas

Verdad

Nunca

Reparación

Nosotros

Garantías de no repetición

Mucho

Cosas

Dicen

Niños

Difícil

Fuente: Elaboración propia, NVIVO 11. 2018.

Todo esto conlleva a reflexionar sobre el alto riesgo de lo que ha sido llamado por los académicos en la materia revictimización, victimización secundaria o doble victimización y es conceptuado como el proceso mediante el cual se produce un sufrimiento añadido por parte de instituciones y profesionales encargados de prestar atención a la víctima, a la hora de investigar el delito o instruir las diligencias oportunas en el esclarecimiento de lo ocurrido: jueces, policías o abogados, profesionales psicosociales, entre muchos otros (Cenit Psicólogos, 2018). En este sentido, esta revictimización es producida en las relaciones de la víctima con las instituciones sociales de servicios sociales, sanitarios, medios de comunicación, jurídicos (Soria, 2005), y también por centros académicos, ONG, entidades religiosas y otras organizaciones. El proceso de reparación es tan sensible que un mínimo detalle puede ocasionar otros efectos psicosociales en la víctima. Este parece ser un fenómeno psicológico, social y político que no recibe la suficiente atención por parte del sistema judicial y los servicios sociales en general (Gutiérrez, Coronel y Pérez, 2013). La persona maltratada o mal atendida reexperimenta el papel de víctima fruto de revivir los momentos dolorosos y emociones asociadas a su experiencia traumática inicial en repetidas ocasiones (en un entorno que de por sí ya suele ser lo suficientemente estresante como son los procesos judiciales y administrativos), fomentado esto por instituciones o profesionales de los cuales la víctima normalmente espera ayuda, comprensión y apoyo. Por lo cual, estaría siendo el blanco de una negligencia del sistema y del inadecuado abordaje que se hace en estos casos (Cenit Psicólogos, 2018).

En lo percibido en el diálogo con las mujeres y en la información registrada en el RUV se identifica esa revictimización en experiencias tales como:

Difícil y confuso registro del hecho victimizante, lo cual conlleva a la víctima a repetir n veces sus hechos y revivir el trauma. Ese mal registro es incluso consecuencia de asuntos que, aunque parecieran solo de unos cuantos, identificamos que son más comunes.

Una atención poco eficiente que obliga a la víctima a buscar apoyos jurídicos extras. Cuando fueron consultadas, varias mujeres expresaron que para tener algún éxito en la reparación es necesario acudir con un/a abogado/a, como bien los expresa una de ellas: “Si no hay abogado, no hay nada” (entrevista 58). En total, 20 de las entrevistadas refieren que en algún momento acudieron a este apoyo profesional, que por la naturaleza de la política debería ser innecesario.

Más que una cultura de la reparación integral hay una tendencia en procesos de favorecer una creciente cultura de la revictimización que se refuerza en hechos como:

Ser víctima es una de las pocas opciones para que el Estado cumpla sus compromisos constitucionales con personas que, como las que están dentro de este grupo en el país, reflejan en su mayoría pertenecer a grupos poblacionales con las mayores desigualdades socioeconómicas y culturales (pobres, grupos étnicos y, en este caso, mujeres).

Una valoración de la víctima que lo más importante en la reparación son los asuntos materiales. De hecho, gran parte de las inconsistencias de las bases de datos del sistema están asociadas a que las víctimas relatan solo aquellos hechos que se traducen en indemnización. Los demás hechos, quizás más sensibles, están siendo subregistrados e invisibilizados por la metodología con la que reportan lo vivido en el conflicto.

Son escasos los programas de memoria que conserven los hechos vividos en el conflicto para diversos usos y reflexiones sociales y pedagógicas que contribuyan a la no repetición de la violencia producida por los conflictos armados. A diferencia de otras sociedades que reconocen y asumen su tragedia como memoria con el propósito de evitar nuevos conflictos (Jaramillo, 2010: 33), en Colombia es notoria la resistencia por las verdades que emergen de esos relatos. En el caso de las entrevistadas, ninguna aludió a participar de experiencias de memoria histórica con excepcionalidad de cuatro mujeres participes de actividades del Museo Casa de la Memoria de Medellín.

Al finalizar el estudio, el panorama es poco alentador en cuanto a la voluntad del Estado por ampliar sus esfuerzos con respecto a reparar las víctimas del conflicto. El cambio de gobierno en agosto de 2018 (gobierno de Iván Duque del Partido Centro Democrático que tendrá su periodo en ejercicio entre 2018 y 2022) tiene un giro hacia un proyecto y plan de desarrollo que suponen que las víctimas aun serán más secundarias para el Estado (Santos, 2018). Esto, aunado al argumento de los pocos recursos dado el actual déficit en el presupuesto nacional. Visto así, hay dos escenarios: de una parte, la presión de la comunidad internacional y las agencias multilaterales que acompañaron al Estado colombiano desde 2011 en el compromiso de la resolución del conflicto colombiano y entre esos asuntos, en los procesos de reparación a las víctimas. De hecho, le han planteado al nuevo Gobierno la seriedad de los objetivos de los acuerdos de paz firmados en 2016 con las FARC, al referir que “en medio de la incertidumbre sobre cuestiones como las garantías jurídicas, políticas y de seguridad para quienes dejaron las armas, la tarea que es necesario acometer ahora es la de consolidar la paz” (ONU, 2018).

Y por otra parte, y quizás la más sensible, en la capacidad de movilización de las víctimas, y en especial de las mujeres, que a través de sus organizaciones y acciones visibilicen su situación e impongan en la agenda pública la atención y prioridad del Estado frente a sus realidades. En la actualidad existen varias organizaciones sociales de mujeres víctimas en todo el país (Defensoría del Pueblo, 2017), y esto permite que mujeres como las entrevistadas en el Valle de Aburrá encuentren soluciones a sus casos de forma individual, pero también puedan a través de acciones más colectivas hacer valer más sus derechos y tener mayor representatividad política con la sociedad y Estado colombiano. En el caso de estudio, 23 mujeres expresaron que recibieron algún apoyo de alguna organización social para remediar o superar alguna de sus situaciones o crisis.

Una conclusión optimista

Los datos ofrecidos dejan un panorama sombrío sobre lo realizado y el futuro de la reparación a las víctimas en Colombia y el cumplimiento de la legislación construida para tal fin. Más allá de ese escepticismo que emerge, luego de lo presentado en este capítulo como balance de lo logrado por la Ley 1448 de 2011, vale resaltar que las víctimas, y muy especialmente las mujeres entrevistadas en el marco del estudio aquí reseñado, con sus testimonios validan la compleja dimensión del conflicto, su transversalidad en la sociedad colombiana y la urgencia de continuar priorizando sus realidades y problemáticas como política pública de Estado.

El impulso logrado por las víctimas como principales sujetos en la reparación del conflicto histórico de la sociedad colombiana es considerable. Ese es un logro político incuestionable. Aunque los datos del Gobierno nacional expongan que solo ha sido posible atender a casi una décima parte de toda la población víctima, y quizás con una atención irregular, a menos de un millón de ellas, su valor social e histórico es una herramienta para alentar la continuidad de estos esfuerzos y una estrategia pedagógica para aprender de lo vivido a lo largo de esos años de confrontación. Y esto, complementado con cada relato de las mujeres entrevistadas, deja entrever la urgencia de reconocer sus tragedias y reflexionar sobre cómo evitar nuevamente esas desafortunadas vivencias.

Desde lo teórico, la reparación es un concepto complejo en tanto que crea una lectura del pasado vivido, un diagnóstico de la situación presente e idealiza un futuro para la víctima. Más que propiamente reparar lo irreparable, hay una lógica de compensar la tragedia causada por la fragilidad institucional y la indolencia de la sociedad que propició el conflicto. En general, las mujeres que a través de este estudio se expresaron, poco o nada han logrado de la tan prometida reparación integral, pero sí han dado un paso al frente en cuanto a inclusión se refiere. Con todos los obstáculos, ya están en una interacción con el Estado y la sociedad que ha ampliado un diálogo en un país que necesita escuchar y reconocer sus realidades.

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Capítulo 4

La ‘interseccionalidad’: un enfoque a considerar
al reparar las mujeres víctimas del conflicto
armado interno en Colombia

Gloria E. Zapata Serna

“Somos invisibles para ellos”.

Palabras de una de las mujeres entrevistadas

Introducción

Las mujeres en Colombia han librado innumerables batallas, como por ejemplo la conformación del Estado-nación en defensa de sus derechos y libertades, lo que se traduce en conquistas en relación con la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mismas. En el contexto del conflicto armado, las mujeres víctimas han elevado sus voces para ser escuchadas y para que se tenga en cuenta su punto de vista al momento de hablar de reparación. Esas voces, en Colombia, se plasmaron en normas muy puntuales, como, por ejemplo, el principio de enfoque diferencial consagrado en el artículo 13 de la Ley 1448 del 10 de junio de 2011, más conocida como ley de víctimas y restitución de tierras. Sus voces también se hicieron escuchar y quedaron registradas en el quinto punto del Acuerdo Final entre el Gobierno colombiano y el grupo guerrillero FARC en 2016 (p. 127 y ss.), relacionado con las víctimas del conflicto y la justicia.

Si bien estas normas proporcionan un marco legal optimista para avanzar en los derechos de las mujeres, y particularmente en el derecho a la reparación por su condición de víctimas del conflicto armado, siguen existiendo desafíos para su plena aplicación, tal como se presentará a continuación como parte de los resultados de la investigación “Colombia, reparación integral a las víctimas del conflicto armado en el marco de los derechos humanos”. Para ello, se comenzará dando claridad a ciertos aspectos particulares considerados en los análisis; se presentarán a continuación los resultados y, finalmente, se darán algunas conclusiones.

Aspectos generales sobre los resultados

Las mujeres, en general, son visiblemente víctimas de ciertas clases de violencia más frecuentes que los hombres, pero es especialmente, en función de la especificidad de una situación (en este caso, el conflicto armado interno en Colombia) y de diversas categorías que interactúan, como la edad, el origen rural, la escolaridad, que ciertos grupos de mujeres son identificados entonces como mayormente vulnerables, y que requieren de una asistencia especial. A esas mujeres es a las que se refiere el presente capítulo.

No se pretende hacer ver a la mujer como erróneamente (a nuestro sentir) se ha hecho en nombre del enfoque de género, como una-categoría “vulnerable”, como el “sexo débil”, el “sexo que requiere de atención y cuidado”, “beneficiarias pasivas de asistencia”, sino en el contexto del conflicto armado colombiano como una víctima que además de existir en ella, la categoría “mujer” existen también otras categorías como, por ejemplo, la edad, el origen rural y la escolaridad que se entrecruzan y la exponen (como víctima en este caso) a un mayor riesgo de vulnerabilidad y discriminación al momento de solicitar su reparación. Pues la mujer libre de esas categorías opresoras representa una ciudadana protagonista en la mediación, en la solución de los conflictos, en la búsqueda de la paz y en la reconstrucción del tejido social. Desde esta óptica, su participación en un proceso de reparación es mucho más dignificante.

Nuestra perspectiva de análisis de los datos

El interés en la investigación se centró, principalmente, en analizar el impacto de la aplicación de la ley de reparación a las víctimas, en una muestra de 70 mujeres, específicamente por su condición de mujeres. Para lograrlo, se utilizó el enfoque “interseccional”, primero, como un método que permitiría identificar en el mismo cuerpo de una mujer, otras categorías que se entrecruzaban y que como víctima la exponen a un mayor grado de vulnerabilidad y discriminación en el trámite de reparación:

El Comité Ejecutivo de Atención y Reparación a las Víctimas en el marco de sus funciones, deberá elaborar la ruta única de acceso a las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación contempladas en la presente Ley, a través de las cuales las víctimas podrán ejercer sus derechos34 (art. 203, Ley 1448 de 2011).

Segundo, como herramienta de análisis crítico y de denuncia de la ausencia de este enfoque al momento de pensar, redactar y poner en marcha las normas, políticas y programas que tienen como objetivo la atención y la reparación a las víctimas del conflicto armado interno en Colombia.

Pero ¿qué significa interseccionalidad? Para los efectos de esta investigación, se entiende por interseccionalidad la “perspectiva teórica y metodológica que busca dar cuenta de la percepción cruzada o imbricada de las relaciones de poder” (Viveros, 2016: 2). Este enfoque surge en la literatura y el activismo estadounidense de los años ochenta, donde florece el pensamiento feminista negro, liderado, entre otras, por Patricia Hill Collins. Este movimiento denunciaba los sistemas de subordinación y exclusión que perpetuaban las desigualdades y la jerarquización de las relaciones respecto a las mujeres negras.

Pero el término interseccionalidad aparece concretamente en 1989, en un escrito de la jurista y académica Kimberlé Williams Crenshaw intitulado Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics and Violence against Women of Color. En este texto, Crenshaw señala que los seres humanos se encuentran compuestos por múltiples identidades, una de ellas su género, las cuales convergen en la vida cotidiana, incluyendo los procesos de conflicto que se desarrollan dentro de las relaciones de poder. La jurista quiso expresar con esta palabra la inexistente consideración de las múltiples discriminaciones al momento de legislar (en Estados Unidos), incurriendo así en normas que perpetúan la opresión y la discriminación en las mujeres.

Esta perspectiva invita a enrasar las desigualdades, lo que significa ubicarlas en una red de confluencia horizontal. Además, permite comprender que la categoría “género” trasciende la condición de ser mujer, abarcando una serie de factores internos y externos que la integran (género, etnia y clase social). Invita también a comprender la vida de las mujeres como un conjunto complejo de singularidades, las cuales representan una coexistencia, no una sumatoria, puesto que son interactivas e interdependientes. La interseccionalidad aplicada en el análisis de esta investigación representa la confluencia de identidades que se hacen presentes en mujeres víctimas, tanto en la forma de “vivir” el conflicto armado en Colombia como en su posterior proceso de atención y reparación y su incidencia en los resultados obtenidos.

¿De qué mujeres se está hablando?

Ciertamente se hace referencia a las 70 mujeres participantes de la investigación objeto de este capítulo, las cuales provienen de diferentes partes del territorio colombiano, pero al momento de contactarlas se encontraban domiciliadas en la ciudad de Medellín y otros siete municipios pertenecientes al Valle de Aburrá. Las mujeres estaban inscritas en el RUV, reconocidas como víctimas por diferentes hechos victimizantes y diferentes actores del conflicto, además, estaban iniciando o terminando su proceso hacia la obtención de la reparación.

Pero también nos referimos a estas 70 mujeres como ciudadanas colombianas, lo que implica conocer y entender que significa ser mujer en este país, pues su condición como tal va a tener un impacto importante en los resultados en la búsqueda de su atención y reparación como víctima del conflicto armado interno en Colombia.

Como lo expresan Atehortúa y Rojas (2005) de forma muy clara, y a pesar de los cambios actuales respecto a la posición de la mujer en la sociedad colombiana, es aún vigente que la mujer en Colombia:

[…] desde niña, asume funciones de hogar y presenta por ello un mayor grado de deserción escolar. Su rendimiento académico se encuentra limitado por el esfuerzo que debe prestar en las labores caseras y en muchos sectores, incluso, no es todavía claro el papel que puede desempeñar como profesional; se le ofrece el salario más bajo y se le colocan las responsabilidades más inverosímiles. El embarazo temprano y la calidad de madre soltera, sin la más mínima ayuda por parte del Estado, la convierten en sujeto laboral de fácil contrato. La doble jornada a que el sistema y la costumbre las somete se convierte en triple para el caso de las estudiantes: trabajo, estudio y hogar; sacrificio ilimitado e incomprensión (p. 282).

Con este oscuro panorama, la mujer que crece en alguno de los rincones del territorio colombiano se expone de manera permanente a la vulneración de sus derechos en todos los ámbitos sociales, situación que no es ajena a las mujeres víctimas participantes de la investigación. En sus relatos, algunas de ellas permitieron evidenciar su condición de vulnerabilidad y la violación de sus derechos antes de padecer directa o indirectamente el conflicto, y posteriormente ser reconocidas como víctimas por el Gobierno colombiano. Este hecho es central en los análisis, ya que así se logra comprender mejor el impacto y alcance del programa de atención y reparación propuesto por el Gobierno colombiano en la vida de estas mujeres. A continuación, un extracto de los relatos de las mujeres participantes y que alude precisamente a la situación de ellas antes de los hechos victimizantes:

Yo trabajaba en el campo, me tocó trabajar, me tocó hacer de todo, mejor dicho. Sembrar, sembrar árboles, sembrar café, sembrar de todo. A mí me tocó… muchas cosas, para poder sobrevivir con mis hijos que fueron 10 los que me tocaron, bueno. El esposo, pues él a veces estaba, otras veces se iba 1 año, 2 años… Yo me quedaba con todos mis hijos y yo ahí mismo, desde el más chiquito hasta el más grande lo ponía a trabajar (entrevista 38).

Los hallazgos a la luz de las entrevistas

La Ley 1448 de 2011 es la norma válida y vigente que regula la reparación a las víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Esta norma, calificada como “muy completa y ambiciosa” (Universidad Harvard, 2015: 5), fue el resultado de diversas experiencias legislativas, de decisiones de las cortes nacionales, de lecciones aprendidas a nivel de conflicto y reparación en el mundo y de pronunciamientos de las cortes internacionales en materia de derechos humanos. En ese contexto fue posible que se diera esta regulación en Colombia y que estuviera ajustada a los estándares de reparación a nivel internacional. En los hallazgos se logra identificar la importancia que hoy en el mundo se le reconoce a la voluntad política que tienen algunos países en conflicto o posconflicto como Colombia, por regular en pro de la garantía de los derechos de sus víctimas. Pero también se logró identificar la complejidad que encierran estas normas y programas que en sí mismos, que se constituyen en obstáculos para una efectiva reparación a las víctimas.

Respecto a la importancia de legislar en la materia, analizando la evolución normativa en el sistema jurídico colombiano se llega a la conclusión de que, a pesar de que el Gobierno estuvo en cierta época reticente a reconocer legalmente a sus víctimas y su derecho a la reparación, una vez dio el primer paso, se vinieron sucesivamente una serie de normas que lo distinguen hoy como un país modelo frente a la legislación sobre reparación.

La estructura consolidada en materia de reparación en Colombia consagra varias normas relacionadas específicamente con la categoría mujer. Ya se había mencionado previamente el principio de enfoque diferencial de la Ley 1448, pero se pueden citar otras normas de esa misma ley que son significativas, como el principio de igualdad consagrado en el artículo 6 de la misma. El punto 12 del artículo 28, que se refiere a los derechos de las víctimas: “Derecho de las mujeres a vivir libres de violencia”. El párrafo 3 del artículo 31 sobre las medidas de protección: “La definición de las medidas de protección para las mujeres víctimas deberán tener en cuenta las modalidades de agresión, las características de los riesgos que enfrentan, las dificultades para protegerse de sus agresores y la vulnerabilidad ante ellos”. El artículo 114 relacionado con la atención preferencial para las mujeres en los trámites administrativos y judiciales del proceso de restitución.

Asimismo, se encuentran otras normas que desarrollan la Ley 1448 y que son pertinentes al tema, como por ejemplo la Ley 1719 de 2014 por la cual se modifican algunos artículos de las leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado. También se encuentra el Decreto 2733 del año 2012 a través del cual se busca igualdad en la oportunidad laboral para hombres y mujeres, otorgando beneficios tributarios para las empresas que contraten mujeres víctimas de violencia.

Por último, se resaltan algunas de las normas producto del Acuerdo Final entre Gobierno y las FARC, por ejemplo, el artículo 8 del Decreto 588 de 2017 que consagra el enfoque diferencial y de género como principio orientador de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, distinguiendo el aparte final que reza: “Habrá especial atención a la victimización sufrida por las mujeres”.

Sin embargo, algo que preocupa de la Ley 1448, como lo expresaron algunas mujeres víctimas y demás participantes, es que esta ley, en relación con la magnitud de la problemática, tiene una corta duración en el tiempo. Es decir, cesa su eficacia obligatoria en diez años, contados a partir de su promulgación (10 de junio de 2011), lo que significa que solo quedan menos de tres años de su vigencia. La pregunta que se hace la mayoría es: ¿podrá el Estado en el tiempo que falta reparar a todas las víctimas? La respuesta a esta pregunta es difícil e incierta y por eso, desde ahora, se intenta en el Congreso de la República de Colombia ampliar su vigencia.

No queda duda de que la sociedad colombiana, según el lenguaje jurídico, cuenta en su ordenamiento con normas eficaces (vigentes) en materia de reparación a las víctimas y en reparación con perspectiva de género. Como lo explica la Corte Constitucional colombiana, se entiende por eficacia jurídica “la aptitud que tiene dicha norma de generar consecuencias en derecho en tanto ordena, permite o prohíbe algo” (Sentencia C-873, 2003, párrafo 4º). Ahora bien, respecto a la eficacia en sentido sociológico, entendido como la “forma y grado en que la norma es cumplida en la realidad, en tanto hecho socialmente observable” (Sentencia C-873, 2003), esta ley de reparación es cuestionada.

Como ya se había mencionado, la complejidad de esta norma, sumado a otros factores identificados en los datos, como, por ejemplo, el número de víctimas que aumenta permanentemente en el país —recientemente se informa por los medios de comunicación colombianos que a causa del conflicto interno se siguen presentado desplazamientos y en consecuencia nuevas víctimas (Revista Semana, 2018, párr. 2)—, el insuficiente presupuesto asignado para atender el programa, la rotación permanente del personal funcionario a cargo del programa y su falta de idoneidad, y la centralización administrativa del programa impiden que la ley de reparación cumpla su cometido. Expresiones de los participantes como la siguiente:

“La Ley 1448 es muy ambiciosa”, “esta ley es muy garantista”, “la ley se quedó muy corta para el universo que tenemos hoy en día”, “la Ley 1448 es muy romántica”, “yo creo que el Estado realmente no tiene los recursos para pagarle a las víctimas”, “hay que hacer una reestructuración, no solamente para leerla, sino para aplicarla” (Taller Funcionarios Públicos).

Con este tipo de afirmaciones se muestra esa otra cara de la moneda (ya no la del papel, sino la de la práctica) de manera muy desalentadora. A continuación, se transcriben los siguientes extractos, muy elocuentes:

Es muy pretenciosa la ley, de hecho, cuando uno revisa la legislación en materia de justicia transicional para víctimas, en otros conflictos armados, en otros países, ninguno, por lo menos los que yo he revisado, ninguno pretendió un proceso de reparación al 100% de las víctimas, como lo ha pretendido la Ley 1448.

[…] del enfoque diferencial, por ejemplo, del artículo 13, la ley plantea el enfoque diferencial con un criterio lo suficientemente amplio como para que siga creciendo, pero hablando de la realidad hoy, yo que trabajo directamente en esta parte, pienso que el Estado no está haciendo nada por el enfoque diferencial (Taller Funcionarios Públicos, 2017).

Como se observa, son los mismos operadores de la norma de reparación quienes expresan las dificultades de entendimiento y de ejecución de la ley. Se parte de la premisa que estos funcionarios/as cuentan con una preparación previa y con asesores/as permanentes para la correcta interpretación y aplicación de la norma. Y al respecto, ¿qué piensan las mujeres participantes? Pues bien, ellas en sus discursos mencionan el desconocimiento de la norma, la dificultad para entender los comunicados que reciben, la desorientación en las acciones y trámites que deben emprender para hacer cumplir su derecho a la reparación. También manifiestan la decepción que sienten por las constantes negativas que reciben a sus peticiones, por tener la necesidad de contratar un abogado/a para poder avanzar y por la espera interminable para obtener alguna respuesta. En fin, ellas se perciben como perdidas en un mar de normas y trámites que no comprenden.

Una de las reglas máximas del derecho reza: “La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento”, la cual podría invocarse en este contexto respecto a las mujeres víctimas, quienes de acuerdo con la Ley 1448 ellas tendrían que emprender ciertas acciones motu proprio para obtener la reparación. Pero al respecto, surge la siguiente pregunta: ¿fue suficiente la publicidad y la socialización de la norma para su cumplimiento? o ¿qué es lo que ocurre entonces con estas víctimas, que pese “a conocer la norma”, no logran avanzar por la ruta hacia su atención y reparación? Con los lentes de la interseccionalidad se ha podido ver situaciones complejas que viven las mujeres víctimas y ciertos grupos de mujeres participantes que influyen de manera directa en su tránsito por la ruta de atención y reparación.

Situaciones de intersección

Si se considera A ∩ B ∩ C como igual a las dificultades en el trámite de reparación, los análisis permiten identificar la situación particular de algunas mujeres víctimas dentro del proceso de reparación propuesto por el Gobierno colombiano. Sin pretender enlistar jerárquicamente una serie de categorías opresoras, lo que se busca es resaltar algunas categorías que se entrecruzan en ciertas mujeres víctimas participantes y cómo actúan al momento de ellas entrar en el proceso de atención y reparación.

Si bien estas mujeres, de acuerdo con las normas sobre reparación, hacen parte de un grupo ya debidamente identificado y reconocido como tal —mujeres víctimas del conflicto armado— (en aplicación del enfoque de género), paradójicamente, ellas son invisibles dentro de este grupo, lo que las hace enfrentar situaciones más complejas al momento de transitar la ruta hacia su reparación. Ellas se convierten en un grupo de la población ignorado y mayormente oprimido. En otras palabras, la problemática se centra en la homogeneización de la categoría mujer al momento de su atención y reparación. Al respecto, uno de los participantes manifestó:

[…] nos hemos encontrado siempre con que es imposible hablar de las víctimas como una unidad homogénea, pero tendemos mucho a eso, pues a hablar de las víctimas, las víctimas dijeron, las víctimas no sé qué… pero realmente eso es un universo infinito. No solamente porque hay diferentes formas de victimización, sino porque el mundo al que han pertenecido no es igual, es un mundo heterogéneo, y eso es muy difícil realmente para ellas mismas, para las mismas organizaciones […] (entrevista ONG).

El desconocimiento de ese cruce de categorías en el mismo cuerpo de una mujer al momento de pensar las normas de reparación y de aplicarlas deja a este grupo de mujeres en una total desventaja frente a otras mujeres víctimas, truncando así los buenos resultados en su proceso de reparación. Las siguientes son las intersecciones encontradas.

PRIMERA INTERSECCIÓN

Víctima del conflicto armado interno, mujer y en edad adulta. De acuerdo con la tabla 1, la mayoría de las mujeres participantes son adultas.

Tabla 1

Edad de las mujeres entrevistadas

Grupos de edad

Cantidad

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

20 -29

3

4,3

4,3

30 - 39

12

17,1

21,4

40 - 49

23

32,9

54,3

50 - 59

14

20,0

74,3

60 - 69

13

18,6

92,9

70 y +

5

7,1

100,0

Fuente: Elaboración propia. Encuesta de caracterización.

La edad como categoría cruzada con la de mujer y la de víctima del conflicto armado interno en Colombia representan una población cuyas condiciones de acceso a la atención y reparación se truncan por unas afectaciones específicas. Se lograron identificar las siguientes: dependencia en la gestión de los trámites necesarios para impulsar el proceso, dificultades de salud (propias de la edad y que surgieron con posterioridad al hecho victimizante), dificultades económicas para atender los requerimientos y la incomprensión del lenguaje.

El presente y futuro de estas mujeres víctimas es completamente incierto (sin techo, sin un ingreso fijo y en soledad viven las consecuencias del conflicto). Igualmente, se podría decir de su situación previa a la de ser víctimas pues ya venían con un rezago en el respeto de sus derechos como población adulta.

Según la Encuesta SABE 2018, la cual forma parte del Sistema Nacional de Estudios y Encuestas Poblacionales para la Salud, en relación con la situación de salud y bienestar de los adultos mayores en Colombia, como insumo para la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones que contribuyan a un mejor nivel de vida de esta población, la soledad, la falta de atención y el abandono son los problemas que enfrentan a diario la mayoría de los adultos mayores en Colombia y con tendencia a empeorar (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018).

La edad en una mujer víctima del conflicto armado en Colombia representa una opresión en su reparación, pues la atención y la oferta no están en la práctica verdaderamente adaptadas a las circunstancias propias de esta intersección. Por ejemplo, en el caso de la restitución como medida de reparación consagrada en la Ley 1448, se incluye como uno de sus componentes la restitución del empleo (artículo 130). El programa de atención y reparación que creó el Gobierno para satisfacer este hecho tiene como oferta los llamados “proyectos productivos”. La esperanza de lograr una autonomía económica y un ingreso permanente lleva a muchas de estas mujeres adultas a postularse y participar de esta propuesta, obteniendo muy malos resultados. La razón de estos malos resultados es que esos proyectos no están concebidos a su medida, es decir, teniendo en cuenta que además de la categoría víctima, la categoría mujer y la edad se entrecruzan, y esto exige que se conciban proyectos más adaptados a su contexto y a sus necesidades. En otras palabras, proyectos que respondan a esta intersección. Una de las participantes expresó:

El problema que yo encontraba es que uno tiene que comprar cuidos, tiene que comprar medicinas para esos animales para poder tenerlos sanos y tiene que dedicarles mucho tiempo… y uno ya bien viejo, bien desalentado y bien cansado de la vida de lidiar de uno levantar cinco hijos uno solo, uno cansado con esos animales, como que uno ya, ya, ya tira la toalla. Sinceramente uno ya está cansado de trabajar y de luchar, ahora, a ver, tanto que se le demora para que le den una ayuda o una indemnización, ya cuando uno va a recibir, que uno ya está casi con una pata aquí y otra en el cementerio (entrevista 11).

Muchas de las víctimas envejecieron, literalmente, esperando la reparación. Para estas mujeres adultas, el tiempo que se toma el programa para responder y otorgar la reparación a sus víctimas no se compadece con la realidad de ellas. Su avanzada edad, sumado a sus problemas de salud, las ubica en un mayor grado de vulnerabilidad, lo que impide que en un tiempo oportuno se sientan reparadas y puedan continuar satisfactoriamente su proyecto de vida, el cual ha sido interrumpido por el hecho victimizante. Esto fue lo que al respecto manifestaron:

Mi mamá tiene 84 años. De hecho, eh… me pareció que habrá tres años que me hicieron la llamada de… le iban a tener en cuenta digamos para un trato psico… psicológico. Me pareció una burla. Porque hace tres años fue eso, y mi mamá no ha recibido ninguna clase de… No, no. No se volvieron a comunicar (entrevista 32).

Ah, yo necesito, vea… Yo… quisiera tener donde vivir, una vivienda. Yo quisiera tener, quisiera tener que… qué me sirve, la hija mía trabaja mucho, nosotros somos muy pobres. Y entonces a mí me da mucha lástima con ella. Ella tiene que trabajar para mantenerme a mí, traba… mantener al niño, pagar este apartamento, que eso no alcanza porque en un trabajo lo que pagan es un mínimo, pero no alcanza para nada (entrevista 33).

SEGUNDA INTERSECCIÓN

Víctima del conflicto armado interno, mujer de origen rural.

En el grupo de participantes, las mujeres provenientes del campo representan más del 50%.

Gráfico 1

Lugar de residencia en el momento de los hechos

El cambio de hábitat que tuvieron que enfrentar estas mujeres, a causa del conflicto armado, ha significado para ellas experiencias muy dolorosas basadas en la desigualdad. Su origen sociocultural contrasta con el de las grandes ciudades, donde llegan a buscar refugio. La dificultad para desplazarse en la ciudad, la falta de familiaridad con las instituciones del Estado y la escasa inserción laboral son algunos de los desafíos que deben enfrentar.

En Colombia, la categoría rural sumada a la de mujer ha sido, antes y después de ser víctimas del conflicto armado, una razón para la vulneración de sus derechos y la opresión. En el marco de la “Expo - Agrofuturo”, evento realizado en agosto de 2018, las mujeres rurales manifestaron su inconformidad respecto a las brechas abismales que aún existen entre la calidad de vida de las mujeres del campo con respecto a la de los hombres que habitan las áreas rurales (“No estamos contentas”)35. El desconocimiento de su contribución al desarrollo de sus pueblos y el abandono estatal en estas zonas del país las lleva a ser ignoradas y abandonadas en sus problemáticas. Así las cosas, al momento de ellas transitar por la ruta de la reparación, los obstáculos que se les presentan son muchos y los resultados pocos. De los relatos de las participantes, rescatamos el siguiente:

[…] yo vivía en el campo, tenía mis animales, pues tenía mi… forma de vivir porque igual pues teníamos un sustento donde podíamos cultivarla, el huerto, que teníamos los animalitos pues, y después de lo sucedido la vida ha sido muy dura porque nos ha tocado sufrir demasiado, demasiado (entrevista 34).

Pero no todo iba a cargo de ellos y todo, todo se perdió porque es que, bueno, una en una finca tiene mucha forma de vivir más… ¿cómo digo yo? más fácil porque es que no. Todo, todo una viviendo en el campo, todo lo tiene y todo como que no hay que comprar tanta cosa. Pues es… y uno en el campo se vive mejor que en una parte de estas. Todo es comprado. Si usted va a salir a la esquina, tiene que tener plata. Uno abandona lo que uno tiene: las propiedades, lo que uno tenga para decir que uno se viene a volver a empezar de cero. Eso es muy duro. Por eso yo… esa gente no paga de ninguna manera. ¿Cuándo nos van a pagar por lo que uno pierde? Nunca (entrevista 13).

TERCERA INTERSECCIÓN

Víctima del conflicto armado interno, mujer y con bajo nivel de escolaridad. La educación se constituye en una herramienta poderosa en la búsqueda de nuevas oportunidades y del mejoramiento de la calidad de vida de cualquier ser humano. En el grupo de participantes, la mayoría de las mujeres víctimas tienen baja escolaridad como lo muestra la tabla 2.

Tabla 2

Escolaridad de las mujeres entrevistadas

Nivel de escolaridad

Cantidad

Porcentaje

Porcentaje acumulado

Sin estudios/analfabeta

8

11,4

11,4

Sin estudios/sabe leer y escribir

5

7,1

18,6

Educación primaria

29

41,4

60,0

Secundaria/bachillerato

23

32,9

92,9

Formación técnica/profesional

4

5,7

98,6

Educación superior universitaria

1

1,4

100,0

Fuente: Elaboración propia. Encuesta de caracterización.

Cuando el nivel de escolaridad se cruza con la categoría mujer y con la categoría víctima del conflicto armado en Colombia, los resultados en la reparación son muy bajos. En el caso de la ruta de reparación propuesta por el Gobierno colombiano, el nivel educativo se vuelve en una categoría determinante para lograr avances significativos. Pues como ya se había mencionado, se trata de una compleja estructura normativa y administrativa que requiere de ciertas habilidades para ponerlas en marcha.

Entender los comunicados administrativos del programa, identificar entidades operadoras, crear una red de contactos, saber hablar y exigir sus derechos son sin dudas requisitos sine qua non para ver prosperar su derecho a la reparación. Durante las entrevistas se tuvo la oportunidad de conversar con una de las mujeres víctima cuyo caso se considera exitoso, es decir, una víctima que ha logrado buenos resultados en su proceso de atención y reparación, pues ha obtenido la ayuda humanitaria y de emergencia, se ha postulado y ha obtenido los recursos necesarios para emprender un proyecto productivo, ha mejorado sus conocimientos en un oficio, está a la espera de su indemnización, en fin, ha podido continuar con su proyecto de vida. Pero al comprender bien su proceso, se observa que ella alude siempre en su discurso a sus conocimientos en un arte u oficio, en su capacidad intelectual para entender los procesos, la forma de accionar recursos constitucionales y la manera de mantener el contacto con las instituciones para obtener respuestas más oportunas y positivas. De la muestra fueron solamente dos los casos que se pueden calificar como “exitosos”.

Por el contrario, el resto del grupo de participantes vive otras realidades. Ellas reclaman su derecho a la educación, precisamente para poder salir de las condiciones de miseria en que viven, en especial las más jóvenes, pues para ellas es claro que sin la educación difícilmente van a tener un mejor futuro. Lo preocupante es que la oferta no permite conciliar estudio y vida familiar, por lo que en muchas ocasiones se ven obligadas a descartar la opción de estudiar. Y esta es una problemática que se observa antes y cuando se es víctima.

Muchas de estas mujeres víctimas viven en familias donde ninguno de sus miembros tiene un alto nivel de escolaridad, solo los más pequeños van a las escuelas o colegios. El no saber leer ni escribir bien les impide conseguir la información necesaria para impulsar el proceso de reparación. Además, las lleva al aislamiento, pudiendo encontrar ayuda no solo del Estado sino de otras organizaciones sociales, que su razón de ser es el acompañamiento de las víctimas en los trámites de la reparación.

En definitiva, no tener un nivel de escolaridad elevado precisamente, en esos momentos, durante los trámites para alcanzar la atención y reparación que propone el Gobierno colombiano representa para ellas un obstáculo enorme que desemboca en su mayoría a desentenderse del proceso, desertar del trámite o hasta renunciar a su derecho de reparación. Al respecto, esto expresaron:

[…] Uno no sabe, porque es muy difícil para uno porque uno no ha estudiado es muy difícil porque muchas veces le dicen a uno, le dan un papel y léalo, y entonces como una no ha tenido estudios ni nada, entonces uno no sabe leerlo. Hay veces a uno le dan una cosa y tienen que explicárselo muy bien, porque como uno no ha estudiado y no tiene conocimiento de muchas cosas (entrevista 64).

Conclusiones

La gran conclusión a la que se llega después de estos análisis es que aún estamos en deuda con nuestras mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Esto lo respaldamos en los siguientes puntos:

Primero. La invisibilidad de ciertos grupos de mujeres. Gracias a la perspectiva interseccional, como investigadores/as pudimos identificar situaciones complejas de desigualdad que viven las mujeres y ciertos grupos específicos de mujeres (como las intersecciones mencionadas). Llegar a identificarlos fue posible al comprender cuál era el espacio social que ocupaban antes, durante y después da la victimización. Igualmente, fue posible al detectar cuáles eran sus posibilidades de reacción y si los recursos del programa de atención y reparación potenciaban la igualdad o por el contrario perpetuaban la desigualdad.

Segundo. La falta de consideración de situaciones complejas que viven las mujeres víctimas al momento de legislar y aplicar las normas. La ausencia del enfoque interseccional y la homogeneización de la atención y reparación a la mujer víctima impide brindar una reparación más acorde a las necesidades de las víctimas. El punto de vista de las mujeres en estos contextos es primordial para lograr mayor efectividad en las respuestas a la problemática y, a pesar de que el Gobierno recogió muchos de ellos, en la práctica esto no se logra concretar. Como lo expresa De Greiff (2006), “las víctimas deben tener igual acceso a los recursos, pero esta igualdad de acceso no hace referencia a la igualdad de tratamiento” (p. 458). En Colombia ha faltado ser más conscientes de la diversidad que hay en las mujeres víctimas y que esa diversidad es la materia prima para concebir una atención y reparación. Se debe partir del reconocimiento de cada mujer víctima, con sus diferencias y sus particularidades, y, para ello, es imprescindible utilizar la escucha activa, la comunicación asertiva, la descentralización de la atención y los recursos suficientes.

Tercero. La deuda social en Colombia. Mejía (2014) se hacía el siguiente cuestionamiento: “Nadie parece negar que el Estado debe resarcir a las víctimas del conflicto armado. Pero ¿lo que hoy se ofrece a las víctimas no es acaso lo mismo que —según la Constitución— debe garantizase a todos los ciudadanos?”.

El Estado colombiano, con su ineficiencia en la prestación de los servicios sociales básicos, ha afectado a los sectores menos favorecidos, excluyéndolos y discriminándolos (ya que quienes cuentan con recursos económicos pueden suplir estas ineficiencias con servicios privados). Esto, de cara a la obligación que tiene el Estado de reparar a las víctimas del conflicto armado interno, se mira como un engrosamiento de la deuda con las víctimas, pues ellas, quienes, en su mayoría, pertenecían a ese grupo de colombianos a quienes socialmente ya se les adeudaba la satisfacción de sus servicios básicos, al ser reconocidos víctimas (perdiendo lo poco que tenían), dejan al Gobierno con una doble deuda con ellas difícil de pagar. Igualmente, se mira desde la óptica de la gran confusión que se genera entre los programas sociales propios del Gobierno y los programas para la atención y reparación a las víctimas. Priorizar a las víctimas y a las mujeres víctimas en los programas sociales del Estado no es suficiente y no es de derecho como estrategia de reparación. Bien lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2009) en uno de sus fallos, pues para que se trate de una verdadera reparación, es importante distinguir los programas sociales a los que puede postularse cualquier ciudadano/a y los programas en pro de la reparación a las víctimas.

Cuarto. Hacia una política de empoderamiento. El análisis de los datos permite identificar un gran reto: cómo representar la diversidad que encierra la categoría género, presentar la mujer más integral, con perspectivas múltiples para establecer acertadas políticas públicas de reparación en favor de ellas, en su situación de víctimas del conflicto armado en Colombia. Dicho por algunos/as participantes, la vía más acertada es el empoderamiento de la mujer. Para ello, es necesario trascender de la concientización de la mujer desde el plano individual a pasar a las estrategias de desarrollo comunitario. Ciertamente en los hallazgos, las mujeres que hacían parte de una organización, que se movilizaban y participaban, obtenían mejores resultados en su atención y reparación, pues ese acompañamiento les permitía ejercer con mayor propiedad sus derechos, es decir, les ayudaba a reconocerse como ciudadanas en todo el sentido de la palabra (en pleno ejercicio de sus derechos políticos) y les brindaba herramientas para tramitar su derecho a la reparación con mejores resultados.

De ahí la importancia de fortalecer las organizaciones existentes y promover la creación de nuevas organizaciones, pero para que ello sea posible es necesario que las mujeres víctimas logren tener satisfechas sus necesidades más básicas, pues ellas no escondieron su deseo de estar en grupo, de apoyarse y aprender de otras mujeres, pero, al mismo tiempo, manifestaban que eso no era posible porque debían salir a conseguir el alimento de sus hijos/as, y que si no tenían para comprar comida, mucho menos tenían para pagar un pasaje para desplazarse al lugar de encuentro.

Finalmente, si al menos se cumpliera la siguiente definición propuesta en 2014 por la UARIV con acciones más concretas y puntuales, las mujeres víctimas del conflicto armado interno en Colombia actualmente estarían en mejores condiciones:

Reparar implica identificar el daño sufrido y los impactos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales; restablecer lazos comunitarios y formas de organización y reconstrucción del tejido social, recuperar la confianza individual y colectiva, y poner en marcha acciones transformadoras para sanar las heridas, restituir derechos y mejorar la convivencia en pos de la inclusión de las víctimas en el proyecto nacional (UARIV: 8).

Bibliografía

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Capítulo 5

Vulnerabilidad y exclusión social de las mujeres
en el conflicto armado

Antonio J. Pareja Amador

Introducción

A la desventajosa condición de ser mujer rural en una sociedad eminentemente patriarcal, con el significado que ello representa, a las mujeres colombianas víctimas de los distintos actores armados que las han humillado, maltratado física y moralmente, violentado su cuerpo y su espíritu y que, regularmente, terminan en un desplazamiento forzado de su lugar de origen o residencia habitual se debe agregar la exclusión que sufren luego de ocurridos los hechos.

Las mujeres víctimas que han sido entrevistadas para este trabajo son una expresión visible de las condiciones de vulnerabilidad a las que han estado expuestas, que les ha impedido acceder adecuadamente a los derechos o hacer valer su vigencia cuando estos han sido violados. Más aún, muchas de ellas revelan que la exclusión social hace parte de su cotidianidad al no disponer de una adecuada satisfacción de las necesidades básicas: salud, alimentación, vivienda, seguridad.

Encontrar la apropiación del concepto de vulnerabilidad en el caso que nos ocupa no es sencillo, toda vez que hay una amplia discusión, no solo sobre la validez del concepto mismo, sino sobre sus significados, empezando por que no sea peyorativo para las personas a las cuales se les reprocha ser vulnerables o estar en situación de vulnerabilidad. El estado de vulnerabilidad no es una condición innata o cualidad de una persona o grupo social, sino que es un atributo que se le asigna a partir de una comparación o de una valoración en relación con otros. González (2009), siguiendo a Juan Moreno Crossley, indica que “hay una coincidencia general en considerar la vulnerabilidad social como una condición de riesgo o indefensión, la susceptibilidad a sufrir algún tipo de daño o perjuicio, o de padecer la incertidumbre. A partir de allí, los autores tratados tienden a concentrarse en dos principales interpretaciones de la vulnerabilidad social: como fragilidad o como riesgo” (Moreno Crossley, 2008: 2, 4).

Todo este desarrollo del contenido de este concepto se produce en las discusiones sobre el análisis de la pobreza, en términos de sus causas y consecuencias; por lo tanto, se está haciendo referencia aquí a que la vulnerabilidad de las mujeres víctimas del conflicto armado se puede entender en las condiciones que rodean su situación inicial, es decir, antes de que ocurran los hechos victimizantes; condiciones que pueden haber favorecido la ocurrencia de estos hechos, pero que no son su causa. Estas condiciones no las hacían vulnerables en sí mismas; la vulnerabilidad aparece cuando son convertidas en víctimas del conflicto armado y no disponen de las condiciones y herramientas necesarias para enfrentar de manera satisfactoria estos hechos violatorios de sus desechos y su integridad, y resolver de manera inmediata las consecuencias adversas que de ello se derivan.

Pizarro (2001) hace un análisis del surgimiento del concepto de vulnerabilidad y su aplicación en América Latina, en el contexto de las nuevas condiciones económicas que surgen con el siglo XXI.

Un primer apunte tiene que hacerse en relación con la condición de pobreza como carencia económica. Las mujeres víctimas en el conflicto armado no son necesariamente pobres en su origen, pues muchas de ellas, antes de ser transformadas en víctimas, disponían de los medios y recursos necesarios para vivir dignamente en su lugar de origen.

La situación de vulnerabilidad
de las mujeres entrevistadas

Como se ha indicado previamente, el análisis ha versado sobre un grupo de mujeres víctimas que revelan las situaciones a considerar. Su procedencia de zonas rurales, con predominio de economía de subsistencia campesina, puede evidenciarse a partir de los datos de su lugar de origen.

Tabla 1

Lugar de nacimiento/origen

Región

Bajo Cauca

1

Norte

7

Nordeste

7

Oriente

7

Occidente

2

Suroeste

13

Urabá

11

Área metropolitana del Valle de Aburrá

10

Otro departamento de Colombia

12

Total

70

Fuente: Elaboración propia. Encuesta de caracterización.

Las regiones presentadas en la tabla 1 componen el departamento de Antioquia, resaltando la cantidad de mujeres que provienen de la zona del suroeste, región de economía cafetera, y la zona de Urabá, cuya economía está basada en el cultivo industrial del plátano. En lo que puede considerarse como zonas urbanas están las diez mujeres que proceden de los municipios que conforman el área metropolitana del Valle de Aburrá36.

Vivir dignamente significa disponer de los recursos que conlleva una vida sin hambre, con un espacio habitable digno, con una familia y unas relaciones sociales que le brindan seguridad, con perspectivas de mejoras en el futuro inmediato de mantener esas condiciones de vida sin riesgos incontrolables. Así lo manifiestan algunas de las mujeres entrevistadas:

Yo vivía enormemente bendecida por Dios y un matrimonio lleno de bendiciones. Muy bien vivía yo. Hasta que ya, ya se me desapareció mi papá, ya lo encontraron muerto, ya… quedé yo muy triste, mi familia y todo, y ya empezaron a amenazarnos. Hasta que ya nos tuvimos que desplazar para acá, sufrir para acá, dejando todo lo que teníamos allá, porque no pudimos sacar ni un… ni una… ni una chancla: la familia a pies limpios, mis hijos a pies limpios, a medianoche, corriendo como ladrones. Horrible, fue horrible (entrevista 19).

[…] teníamos una vida como muy estable, económicamente estábamos bien. Pues desde pequeños fuimos levantados en el campo. Pues mi esposo y mis dos hijos, yo tenía dos niños pequeños. Era, pues, una relación estable, un hogar formado. Económicamente teníamos estabilidad, teníamos la casa, teníamos un trabajo fijo los dos. Ya después de que llegó la guerrilla y los paramilitares fue cuando ya empezaron a cambiar las cosas entre la familia y entre la tranquilidad que había en el hogar. […] allá se conseguía casa sin necesidad de pagar arriendo, solamente era pagar servicios y la comida. Y allá pues uno tenía su trabajo, los dos teníamos nuestro empleo, y desde pequeños estar levantados allá era pues como fácil vivir (entrevista 21).

Son las condiciones de desarrollo socioeconómico del país y la evolución del conflicto armado las que van generando condiciones para hacer más vulnerables a las mujeres.

Lo primero que ocurre como consecuencia del conflicto es que sus condiciones económicas varían sustancialmente y el riesgo de carecer de los medios apropiados para su subsistencia y la de su grupo familiar se incrementa en forma significativa. Los relatos dan cuenta de las pérdidas de bienes, medios de subsistencia porque son apropiados por los actores armados, por destrucción o por abandono de los mismos. Así pasan de una vida estable y digna a presentar carencias importantes para conservarla.

Aquí llegamos a las 7 de la noche, con lo que traíamos encima, dejando un negocio de, de 80 millones que nos daban en esos días antes allá por eso. No nos… del susto que nos dio no, no, no empacamos si quiera una sardina. ¡Ay! Ni una barrita de salchichón, dejamos hasta el tope de, de mercancía allá para vender. Carne, pollo, pescado, salchichón… ¡de todo! Aquí llegamos a… mi hijo menor me dijo: “Mamá, ¿para dónde vamos?”. Y yo le dije: “Mijo, no sé para dónde vamos a aguantar hambre… No sé a dónde vamos a llegar a aguantar hambre”. “Mamá, yo me quiero devolver”. Yo: “No, mijo. No, mijo. Yo no quiero enterrar a otro…”.

[…] “Ay mamá entonces la yuca que nosotros tenemos sembrado, allá se quedó…”. Y yo: “Ay, mijo, íbamos a perder la vida, íbamos a perder eso. Eso está sobre la tierra”. ¡Sí! Allá quedó, allá quedó un vecino, con los carros que nos surtían a nosotros, le mandamos el nuevo teléfono donde estábamos arropados, pero que cuidadito, que nos llamara y que, y que no botara ese teléfono. Nos llamó y nos dijo: “¡Ay muchachos, por Dios! Si ustedes vieran… están los carros al frente de la tienda de ustedes. Han salido por ahí seis carros hasta el tope de mercancía, de esa gente” (entrevista 44).

En segundo lugar hay que hacer alusión a la dependencia económica de las mujeres a un varón proveedor económico, que asume ese rol de manera exclusiva y determinante, llevando él, y solo él, el control de todo aquello que signifique proveer los recursos para el sostenimiento del hogar; incluso en aquellos casos donde la mujer actúa en muchos de los procesos productivos necesarios para lograr ese objetivo de satisfacer las necesidades fundamentales del grupo familiar.

Pues mi vida era bien, pues feliz. Eh… Vivía con mi esposo, estaba en embarazo. Pues era feliz porque teníamos empleo, teníamos muchas cosas y… Pues ya mi esposo trabajaba y era el que nos sostenía a nosotros, a mí y a mi mamá que estaba [con ella] en esos días y a una hermana. Y ya después, ya que lo mataron fue cuando empezamos a sufrir las consecuencias porque a través de la muerte de él ya nos tocó venirnos para Caldas… (entrevista 15).

La mujer que no puede asumir con propiedad la dirección económica de su familia en ausencia de un varón conlleva una característica de vulnerabilidad. El hecho de tener que asumir el rol de proveedora económica principal deriva de múltiples situaciones asociadas a las violencias presentes en el conflicto: la muerte o desaparición forzada del cónyuge o compañero permanente, la separación voluntaria o forzada, la pérdida de las condiciones de trabajo que dan origen a los ingresos económicos, la desintegración del grupo familiar, el desplazamiento forzado. El trabajo de ama de casa la ha mantenido alejada de los avatares del mundo económico.

Los relatos de las mujeres víctimas abundan en evidencias de lo traumático que ha significado para sus vidas asumir el rol de proveedora económica cuando nunca lo había ejercido, pero mucho más cuando nunca se había preparado para ello pues social y culturalmente su dependencia económica no tenía ningún reparo. Estamos frente al caso de un grupo procedente mayoritariamente de regiones campesinas, donde la cultura patriarcal es fuerte y el rol diferenciado entre hombres y mujeres les deja a ellas el espacio doméstico, en actitud de subordinación y regularmente sin injerencias en las decisiones económicas.

[…] cuando yo ya me vine, me vine, porque como en Nariño eso estaba también muy maluco allá entonces el esposo mío bebía mucho, cuando yo vivía allá con el esposo, el esposo padre de mis hijos que yo vivía con él, yo ya estoy divorciada, pero entonces yo me vine de allá porque allá él me pegaba, él me pegaba, no me llevaba comida, y los hijos aguantando hambre, entonces el hermano mío me dijo: “Camine, camine que por allá se cuadra aunque sea para trabajar en una cocina” […] Había una señora que yo iba y lavaba la ropa, otra que iba dos días a trabajar a la casa de ella. Y así. Y la cuñada mía que tenía una fábrica de arepas y hacía empanadas, buñuelos y hacía parva para vender en la tienda, entonces yo madrugaba las tres de la mañana a trabajar con ella, y entonces ella me daba mercadito, me daba ropita para los niños (entrevista 11).

Mi esposo no puede trabajar… ha sido una vida muy dura, muy dura, muy dura, sinceramente porque no es lo mismo uno estar en su casa, uno ha sido criado en su finca como dice el dicho con mis padres, con todo, de allá salí a rodar, caigo aquí, caigo acá (entrevista 61).

Se debe hacer evidente en este punto que no se trata entonces simplemente de una carencia económica, sino de una incapacidad para asumir el mundo del trabajo fuera del hogar y el rol de proveedor económico por desconocimiento, falta de experiencia y, obviamente, esto llevado a falta de habilidades para hacerlo por un factor que lo fortalece notablemente: la educación.

La vulnerabilidad social de las mujeres víctimas es reforzada por la falta de oportunidades para acceder a todo el ciclo de la educación formal, que les permita visibilizar otros escenarios más allá del ámbito doméstico. En la descripción de las características de las mujeres entrevistadas se podrá observar claramente sus bajos niveles en educación formal.

La asistencia al sistema escolar permite a las personas entrar en otros ambientes sociales, conformar redes de relaciones y apoyo más allá de las estrictamente familiares, que en un momento dado de la vida pueden constituir puntos de referencia para superar situaciones adversas o encontrar mecanismos de resiliencia que generen perspectivas diferentes.

Al preguntarle a una entrevistada por su conocimiento de los derechos adquiridos en razón a su condición de víctima de desplazamiento forzado, la respuesta es categórica: “No sé nada, yo de esas cosas no sé nada. A mí cuando a mi mamá me la mataron yo hice unos papeles que me exigieron, que metiera, que llevara y me llegaron cinco millones”.

Insistiendo en el hecho del dinero recibido y su relación con los montos definidos por la ley insiste en su desconocimiento: “No, nada, apenas me dijeron ‘vea, esto le llegó’, me dieron la carta y eso hicimos nosotros. Y eso pues… nosotros seguimos”.

Se consideró que era importante identificar quién le había apoyado para ese pago, dado que si bien es un beneficio de ley que no requiere intermediarios, ella nuevamente da evidencias de su desconocimiento de cómo funciona el sistema de reparación: “O sea, era como un tramitador, no sé… la verdad es que uno no… yo pues como no pregunto nada, ni nada de eso, uno no sabe. Y si pregunta, le dicen ‘no, espérese…’ y así es, y ya uno se queda callado. Entonces no sé” (entrevista 61).

Una gran diferencia entre el trabajo en las zonas rurales y los centros urbanos, punto de llegada de la mayoría de las mujeres víctimas que han sufrido desplazamiento forzado (condición predominante en los hechos victimizantes), gira alrededor de las demandas de una educación formal para acceder a una contratación laboral. No quiere esto decir que la única opción de acceder a los medios económicos es la subordinación laboral, pero sí es la opción para la gran mayoría de ellas que llegan sin recursos económicos para emprender sus propios proyectos.

Bueno, pues, antes, como pobre, porque no era rica, me, me ganaba un salario, vivía, vivía con mis hijos de ese salario, no teníamos problemas, no teníamos ningún inconveniente, comíamos de lo que yo me ganaba, no tenías ninguna preocupación a decir “no hay con qué comprar la comida”. A partir de ese desplazamiento cambiaron las cosas, porque yo ya no laboro, ya en mi casa se aguanta hambre, ya mis hijos no pudieron seguir estudiando como lo hacían, todo se volvió un caos, entonces es muy diferente la situación de ahora con la anterior (entrevista 10).

[…] yo vivía en el campo, tenía mis animales, pues tenía mi… forma de vivir porque igual pues teníamos un sustento donde podíamos cultivar el huerto, que teníamos los animalitos pues, y después de lo sucedido la vida ha sido muy dura porque nos ha tocado sufrir demasiado, demasiado. Y para nosotros ha sido un calvario lo que nos ha tocado vivir porque en realidad es una situación donde nos ha tocado pagar… aguantar mucha hambre, muchas, muchas dificultades para poder levantar a nuestros hijos (entrevista 34).

Lo que no era una demanda prioritaria en su lugar de origen o de residencia habitual para obtener un trabajo sí lo es en el lugar de destino de ese desplazamiento forzado, por ello las mujeres víctimas son vulnerables a encontrar trabajos decentes (en la acepción de la Organización Internacional del Trabajo, OIT). Obviamente, esta situación las empuja hacia actividades productivas y empleos de muy baja remuneración, en el sector de los servicios personales, con alto grado de informalidad, sin las prestaciones sociales de ley. Al preguntarse por sus ocupaciones actuales se encuentra que los datos de la tabla 2 revelan la precariedad de la ocupación laboral de este grupo de mujeres. Cerca del 50%, algunas por su edad pero muchas otras por su condición educativa al disponer solo de educación primaria, se ocupan exclusivamente del trabajo doméstico no remunerado, es decir, son responsables de atender el grupo familiar en todo lo atinente a su alimentación y cuidado de la vivienda. Y cuando solo una declaró tener educación superior, se encuentra desempleada.

Tabla 2

Situación laboral declarada por las entrevistadas

Nivel educativo

Situación laboral

Parada-cesante/desempleada

Trabajo
con
contrato
a termino

Trabajo con contrato
indefinido

Trabaja por temporadas

Trabaja
sin
contrato

Jubilada /pensionada

Trabajo doméstico
no remunerado

Total

Sin estudios /
no sabe leer
ni escribir

1

0

0

0

1

0

6

8

Sin estudios /
sabe leer
y escribir

0

0

0

0

0

0

5

5

Educación
primaria

1

0

2

3

6

1

16

29

Educación
secundaria

4

1

1

0

12

0

5

23

Formación
profesional/técnica o tecnológica

1

0

0

0

1

1

1

4

Educación
superior/
universitaria

1

0

0

0

0

0

0

1

Total

8

1

3

3

20

2

33

70

Fuente: Elaboración propia. Encuesta de caracterización.

Puede asumirse también como una vulnerabilidad de las mujeres víctimas la condición que subyace desde la responsabilidad que tiene desde la conformación de la familia, cuando contrae uniones maritales a muy temprana edad y de ellas se derivan tamaños de hogar relativamente numerosos, producto de los/as hijos/as que también han venido desde su temprana edad reproductiva y de la repetición de ese ciclo en sus descendientes.

Tabla 3

Estado civil y número de hijos de las mujeres entrevistadas

Estado civil

Número de hijos

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 o +

Total

Casada/pareja de hecho

0

3

11

8

2

4

2

0

2

0

32

Divorciada/separada

0

0

3

1

4

2

0

1

0

1

12

Soltera

2

1

2

2

5

1

0

1

0

0

14

Viuda

0

1

3

1

3

0

0

1

1

2

12

Total

2

5

19

12

14

7

2

3

3

3

70

Fuente: Elaboración propia. Encuesta de caracterización.

Estos datos revelan que el grupo de mujeres víctimas entrevistadas ha tenido un número de hijos/as superior al promedio nacional. Entre 58 mujeres que han tenido una unión marital, 4 han tenido un solo hijo/a en tanto que al menos 25 han tenido 4 o más. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2018) ha estimado en Antioquia el tamaño de los hogares entre 3,2 y 3,5 personas, con apoyo en los resultados del último censo nacional de población.

La mujer se tiene que hacer cargo de responder por la manutención económica de sus hijos cuando no está completamente preparada para ello y debe agregar que su grupo familiar es numeroso, pero que durante mucho tiempo no están en condiciones de contribuir económicamente por ser todos dependientes debido a su edad.

Pues antes de que ocurrieran los hechos, ha sido un cambio muy drástico porque cuando yo pues tenía mi hogar era muy bien porque yo podía estar en mi casa con mis hijos, dedicada a ellos, ehhh sabía que yo ahí tenía la comida para ellos; si se enfermaban pues el papá corría con todo y un cambio muy drástico imagine que al quedar yo, o sea, al faltar él, al matarlo a él y enseguida quedar los niños huérfanos como de papá y mamá a la vez porque perdieron al papá y me perdieron a mí. ¿Por qué? Porque tenía que irme a trabajar para darles sustento, entonces fue un cambio de mi vida muy duro, muy drástico (entrevista 1).

Preguntada la misma víctima entrevistada en este caso por sus ocupaciones previas al desplazamiento que sufrió y lo que había significado en su vida, respondió:

Pues en ese entonces yo era ama de casa porque al tenerlo a él, después me tocó… él trabajaba en una universidad cuidando los carros de la universidad. Después de que él murió entonces ya me tocó a mí coger ese empleo porque, para poder mantener mis hijos. Muy duro porque imagine: yo tenía una niña de 2 años, otro de 3, entonces para yo dejar mis hijos solos a cargo del mayor que apenas iba a ajustar 15 años. Para él eso es muy duro también porque él era un niño para esa obligación. Imagine que él se me enfermó, le dio un derrame, se torció […]. O sea, a mí me ha tocado vivir muchas cosas muy duras, una vida muy dura, y uno con tantos niños para sacar adelante, para estudios, para todo. Él vivía estresado porque como yo trabajaba de cuenta mía a él le tocaba hacer el almuerzo e irme a llevar, mandar niños para la guardería, otros para el colegio, eso era una cosa muy dura para él (entrevista 1).

A mí me tocó… muchas cosas para poder sobrevivir con mis hijos que fueron 10 los que me tocaron, bueno. El esposo, pues él a veces estaba, otras veces se iba 1 año, 2 años… yo me quedaba con todos mis hijos y yo ahí mismo de, desde el más chiquito hasta el más grande lo ponía a trabajar. Y los que iban pudiendo a ayudarme a hacer el trabajo, pues bueno. Eh… ahí mismo ya yo los iba sacando adelante, con trabajito y… y ya los que iban estando más grandecitos entonces se iban a… a trabajarle a otras personas que les pagaban (entrevista 38).

[…] mi papá tenía una finca de café y plátano en una vereda que llama Güisiana, nosotros siempre hemos sido toda la vida de campo, vivimos ahí… muchos años, pues ahí nos criamos y yo estudiaba; en ese entonces yo estudiaba. Ya… como nos pasa a muchas mujeres campesinas, pues tuve una hija y… pero igual seguí viviendo en la casa. […] Entonces ya a lo último, ya… fue todo, todo… muy, muy, muy crítico [llora], porque nosotros no podíamos tener nada, absolutamente nada, todo se lo llevaban, y ya uno ni salía, entonces nos… mi papá llegó una vez por nosotros a las 5 de la mañana, y yo tenía la niña y yo quería como otra cosa y yo dije: “No, yo me voy”, y fui para Pereira, yo no… yo… yo me fui para Pereira… conseguí trabajo en una finca en… y me quedé allá… (entrevista 60).

En la línea de lo planteado sobre vulnerabilidad, debe entenderse entonces que se está hablando de factores de riesgo que hacen que la mujer víctima pueda tener menos oportunidades de superar las situaciones adversas que le significan la violación de sus derechos por parte de los actores del conflicto armado.

Ni ser de origen campesino ni estar alejada de los asuntos económicos que garantizan la sipervivencia ni contraer una unión marital siendo muy joven ni poseer una familia numerosa son debilidades en sí mismas. Se convierte en ellas en la medida en que ponen a las mujeres víctimas en desventaja para superar la adversidad. Es allí donde se convierte en situaciones de vulnerabilidad.

La situación de exclusión social de las víctimas

Debe ser claro que las condiciones de vulnerabilidad no son homogéneas, exclusivas, determinantes y que, por tanto, van variando de caso a caso, teniendo mayor incidencia en un momento u otro, en una mujer u otra, pero que en todos los casos puede ser superada o resuelta por la presencia de otros factores, entre ellos la posibilidad de inclusión social una vez ocurridos los hechos victimizantes.

Pero si bien una adecuada y acertada inclusión social significa una reparación integral para las víctimas del conflicto armado colombiano, la realidad es bastante diferente. Lo que se viene luego de los hechos violatorios de su dignidad humana es la estigmatización y la exclusión social. Las víctimas regularmente son consideradas en muchos ámbitos sociales como ciudadanos/as de segunda categoría por el solo hecho de haber recibido la calificación de víctima.

La exclusión social es igualmente una construcción conceptual sometida a debate según la perspectiva teórica que se asuma para su comprensión. Sin embargo, en aras de la claridad de lo aquí propuesto aceptaremos esta propuesta:

El enfoque de la exclusión social enfatiza en los procesos de debilitamiento y ruptura de los vínculos sociales que unen al individuo con la comunidad y la sociedad de referencia, dificultando o anulando la posibilidad del intercambio material y simbólico. El reverso de la exclusión es la integración social, y la exclusión también puede ser entendida como un gradiente extremo del nivel de integración que genera un sistema socioeconómico. La debilidad en la capacidad de integración social resulta de los procesos de exclusión que genera el sistema social y también de ciertas características de los individuos excluidos; las políticas públicas tienen, en este contexto, el objetivo múltiple y simultáneo de compensar o modificar los factores que llevan a la exclusión, principalmente vinculados al mercado de trabajo (Busso, 2005: 10).

Incluso se insiste en una variable que en el caso de las mujeres víctimas es bastante relevante:

El desempleo es una de las manifestaciones de la exclusión, en este caso del empleo, aunque esta no sea la única dimensión relevante en la que se ha utilizado el concepto. De hecho, la inclusión social es la combinación de lo que generalmente se ha considerado como los tres pilares básicos de la integración social en el periodo del Estado benefactor: vivienda, familia y trabajo (Busso, 2005: 10).

El fuerte proceso de desplazamiento forzado que se inició desde la década de los años ochenta del siglo pasado contribuyó al crecimiento de las zonas de sentamientos irregulares e ilegales en los principales centros poblados del país. Hasta allí fue donde pudieron llegar muchas de las personas expulsadas violentamente de su lugar habitual de residencia, contribuyendo de manera significativa con el avance de los llamados “cinturones de miseria” o, más claramente, zonas de asentamiento exclusivo de población desplazada pobre. Esto contribuye a un estigma generalizado que iguala desplazamiento con marginalidad, pobreza y exclusión.

Garay37 ha hecho una amplia discusión sobre las condiciones necesarias para el desarrollo equitativo de la sociedad colombiana, en particular para superar las condiciones de miseria y pobreza; en otras palabras, la exclusión social, alcanzando los mínimos que debe garantizar un Estado Social de Derecho:

La exclusión social, por lo tanto, constituye una piedra angular en el proceso de transformación social de la sociedad hacia la construcción de la democracia en el marco de un Estado Social de Derecho. Es fundamental avanzar hacia la democratización económica y política de la sociedad y, obviamente, hacia la democratización del poder. La sociedad colombiana tiene que tomar decisiones serias, en un proceso de elección social y política, sobre cómo destinar los esfuerzos, recursos y potencialidades para el cumplimiento y la satisfacción de dilemas sociales profundos e inevitables (Garay, 2003: 18).

Las condiciones de fuerza ejercidas por los actores violentos obligaron a las personas desplazadas a huir sin sus pertenencias, a abandonar sus tierras, muebles y todos los bienes de que podían disfrutar en el lugar de origen para llegar a esos asentamientos sin nada para sobrevivir más allá que la ayuda voluntaria de sus parientes, amigos o conocidos, que estaban seguramente en las mismas condiciones, y a empezar una especie de mendicidad por las ayudas estatales.

Sí, nosotros llegamos acá a Medellín, como te digo a la terminal, con todo las maletas y costales y bolsas, ¿cierto? Y llegamos al barrio del Pinal. En el barrio del Pinal, en Santo Domingo, ahí nos prestan la caseta comunal y ahí empezamos a medio sobrevivir porque realmente, vos sabes que en Urabá las sábanas, acá ya son cobija y… sí, horrible, pues algo impresionante. Estando ahí en el Pinal teníamos como dos meses de haber llegado y nosotros vivíamos en la caseta comunal, y como a una casa había un billar y hacen una masacre. Entonces es otra vez el miedo, otra vez el temor, mis hermanos jóvenes, porque el menor tenía como 13 años o 14. Entonces el miedo otra vez y volvemos y nos desplazamos a vivir al Popular 2 (entrevista 43).

Esto significa la presencia de un desplazamiento intraurbano, que regularmente constituye una revictimización, pues la mujer víctima ya ha sufrido el mismo hecho en su lugar de origen.

En el Popular 2 vivimos, ahí mi papá… no sé, no me acuerdo si fue una invasión o le dieron un, un lote ahí… En todo caso es una casa de plástico. Ahí ya yo tuve mi primer bebé, que ya pues venía embarazada desde Urabá. Ahí tuve mi primer bebé, ahí vivimos aproximadamente un año. Eso ahí es una zona de alto riesgo, siempre nos dijeron pues que no, y… y de ahí nos fuimos a vivir a La Cruz (entrevista 43).

Adela Cortina ha logrado reconocimiento para su término de aporofobia38 o repulsión a la pobreza que contribuye significativamente a entender el rechazo y exclusión a las víctimas, particularmente a la población desplazada violentamente: un número significativo de ella es población pobre o sumida en condiciones de pobreza.

El nuevo concepto (que tardó muchos años en ser aceptado y comprendido) va discurriendo de la xenofobia a su comprensión de aporofobia, al encontrar que no es ni la etnia ni la religión ni la procedencia lo que produce el rechazo, sino la pobreza de los individuos o grupos sociales lo que determina la situación (Cortina, 2017).

Los lugares de asentamiento de la población víctima de desplazamiento forzado, principalmente, son las zonas de la ciudad que ya tienen una marca negativa, un estigma, pues son lugares que se han construido contra las lógicas del desarrollo planificado, sin la adecuada prestación de servicios públicos, vías de acceso, con viviendas de materiales reciclados no apropiados para una vivienda digna: madera, plásticos, cartón. Si ellos llegan y viven allí deberán compartir esa discriminación y exclusión.

[…] de hecho, yo vivía en una casita en invasión. Eso fue un ranchito que cogí invadido, pues con ayuda de muchas personas, aunque la vida era muy triste porque vivíamos en ranchos de plástico y todo eso, no teníamos agua, no teníamos luz, no teníamos nada, pero igual era como ese sueño de uno tener algo mejor en la vida no sé… que el Gobierno de pronto le diera a uno una casa, mis dos niños estaban muy pequeños…

Eso era ahí en el morro en Moravia, donde era el antiguo basurero. Y bueno todo transcurría muy duro porque había plomo de noche y de día, porque llegaba la policía, porque los grupos armados existían por montones… Aun así uno era feliz, uno trataba de sobrevivir; igualmente yo siento que uno no escoge las situaciones de la vida, la vida te ofrece y tú coges las cosas, pero mi vida era feliz porque a pesar del miedo, el temor, la angustia de lo que podía pasar… (entrevista 54).

El concepto de exclusión social ayuda a comprender fenómenos que van más allá de la mera condición económica cuando apunta a hechos como que se debe entender también, tal como lo anota Álvarez (2010: 93), como “ruptura y quebrantamiento del vínculo social entre el individuo y la sociedad, denominado solidaridad social”. Este aspecto, al margen de toda la discusión que ella desarrolla en su texto, es importante para tener mayor claridad sobre lo que ocurre con la población de mujeres víctimas del conflicto armado, particularmente las desplazadas forzadas en la ciudad: se ha roto el lazo de solidaridad social que debe acompañar a las víctimas cuando se detallan las vicisitudes que sortean en el día a día para sobrevivir con los suyos.

Las condiciones de pobreza llevan a naturalizar situaciones tan difíciles como vivir en un tugurio, a la expectativa de que algo, alguien y quizás el azar, algún día logren cambiar la situación. Pero este hecho no es comprendido por quienes lo miran desde fuera, desde la opulencia o desde la ignorancia, no se reconocen las causas objetivas de esta situación. No son pobres y viven así porque les gusta, porque no aspiran a más o porque malgastan el dinero que consiguen. La exclusión se va volviendo parte del paisaje y se acepta que las condiciones de pobreza son algo que la misma gente ha decido así.

Los prejuicios sociales también aparecen en las razones de la exclusión. Escuchar la frase calificativa de “algo hizo” se volvió corriente, usada como una forma de expresar el rechazo a las víctimas por considerarlas peligrosas. Que haya huido a la ciudad no se admite que puede ser resultado de un evento obligado por las condiciones de seguridad en el lugar de residencia; se presume o se supone que de algo debe ser culpable para que haya tenido que salir corriendo de su territorio y buscar refugio en la ciudad, donde la víctima trata de ser desconocida para vivir su miedo. Este es un argumento para ser excluido, pueden considerarse personas peligrosas o que comportan riesgo con su presencia en los nuevos lugares.

No se pretende ni se insiste en conocer su situación real de víctima, sino que se le aproxima fácilmente a victimario, con lo cual se pretende conservar la tranquilidad y seguridad del lugar donde han llegado; insisto, principalmente, las víctimas en condición de pobreza del desplazamiento forzado. Estar entre pobres no excluye de estas acusaciones y se hace más evidente la discriminación y exclusión cuando entran en relación con otros grupos sociales que pueden tener mejores condiciones económicas y sociales.

En algunas ocasiones logra imponerse la solidaridad y las víctimas encuentran redes de apoyo que les ayuden a solventar la penosa situación del desarraigo y pobreza, como cuando se unen para hacer los llamados “recorridos”, que no son otra cosa que rutas de mendicidad. Sin embargo, esto lo que hace es visibilizar de manera significativa un grupo de población excluido de los derechos sociales y económicos que deberían tener garantizados por su condición de ciudadanas.

En síntesis, las mujeres víctimas han sido puestas en condición de vulnerabilidad por una sistemática violación de sus derechos humanos que les limita las posibilidades de una vida digna. El conflicto ha roto con sus relaciones sociales más inmediatas como lo es el de su familia extensa y el vecindario al obligarlas a huir para salvar su vida y la de los suyos. Las obliga a encontrar nuevos medios y formas de subsistencia por la pérdida de los bienes que sustentaban su forma de vida, sin haber tenido oportunidades o espacio para una preparación previa a las nuevas condiciones que se les presenta.

Finalmente, el Estado y la sociedad les discriminan cuando no acude en su pronta, oportuna y adecuada ayuda para encontrar soluciones a su situación. La Ley 1448 de 2011, que prometió reparación integral, no logró cambiar significativamente el panorama que viven las víctimas y ha producido en muchos casos una dependencia perversa de la llamada ayuda humanitaria, pensada solo para la emergencia contingente, pero que ante la falta de oportunidades es la única tabla de salvación.

Conclusiones

Una buena cantidad de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia ven reducidas notablemente sus oportunidades de alcanzar una vida digna como producto de las condiciones sociales en que habitan. La vida en las zonas rurales sigue permeada por una cultura patriarcal o machista que las excluye de una educación de calidad, las restringe al ámbito de la vida doméstica tanto en su hogar materno como cuando establecen una unión marital; el trabajo regularmente se asocia con las tareas complementarias de la crianza de la familia y son pocas las opciones de trabajo remunerado fuera del hogar. Todo esto vertido en sus relatos sobre su vida anterior a los hechos victimizantes.

En los lugares de destino, regularmente las zonas deprimidas de los grandes centros urbanos y ente caso de la zona metropolitana del Valle de Aburrá, se tiende a reforzar sus condiciones de vulnerabilidad a través de la exclusión social. Si han sufrido los efectos del desplazamiento forzado, la muerte violenta o desaparición de su cónyuge o compañero, la violencia sexual, la tortura no encuentran aquí los apoyos necesarios para superar esas vulneraciones de sus derechos. Los entornos de pobreza que habitan y las opciones para superarla tienden a revictimizarlas.

Los pocos casos conocidos de superación de la pobreza y la exclusión social obviamente deben llevar a estas generalizaciones ante la imposibilidad de probar lo contrario.

Fuente: De Shadowxfox - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, en https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45605110

Bibliografía

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Segunda Parte

Capítulo 6

La reparación a mujeres familiares de víctimas
de desaparición forzada

Alejandra Coll Agudelo

Introducción

Este documento pretende abordar algunos de los impactos específicos de la desaparición forzada en mujeres y niñas familiares de las víctimas de este grave crimen y cómo se afecta el tejido social y comunitario alrededor de ella. Más allá de una sistematización de los múltiples estudios sobre impactos psicosociales del conflicto armado en las mujeres y niñas en el marco del conflicto armado, analizaremos los mecanismos de reparación directa existentes en Colombia a la luz de su efectividad para el caso concreto de la desaparición forzada, como delito continuado, cuando las víctimas sobrevivientes son mujeres.

Partimos de la consideración de las mujeres y niñas familiares de personas desaparecidas como víctimas directas de este delito, sin entrar en la discusión jurídica al respecto.

Entenderemos la desaparición forzada como la sustracción de una persona, sin que se entreguen pruebas de vida o se vuelva a tener noticia de su paradero (Decreto 589 de 2017). En este entendido, la desaparición forzada implica para las familias la búsqueda constante de su ser querido, lo que tiene como consecuencia en ocasiones suspender su proyecto de vida, con profundos impactos en su bienestar físico y emocional. La desaparición forzada es quizás uno de los delitos con mayores impactos en los familiares de las víctimas, por lo que la reparación debe ser especialmente cuidadosa al reconocer los efectos particulares que causa en los ámbitos personal y social de quienes rodean a la persona desaparecida.

¿Es posible reparar el daño que genera la desaparición forzada en las familias de quienes viven este delito? ¿Es suficiente con el sistema creado por la Ley 1448 de 2011? ¿Está el sistema de salud preparado para atender los impactos de la desaparición forzada en la salud mental de quienes rodeaban a la persona desaparecida? Estas son algunas de las preguntas que esperamos abordar, dejando algunos elementos para que el/la lector/a pueda sacar sus propias conclusiones.

En países afectados por el conflicto armado se pueden encontrar múltiples casos de mujeres que han dedicado su vida a la búsqueda de sus familiares, con un enorme impacto en su salud mental y física, así como en su proyecto de vida. El caso de Lucrecia Molina Thiessen, en Guatemala, es un ejemplo de ello (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2004). Treinta y siete años después de la desaparición de su hermano Marco Antonio y de la violencia sexual cometida contra su hermana Emma, ella persiste en la búsqueda de su familiar y ha dedicado su vida a denunciar los atropellos del Estado guatemalteco contra su familia y otras víctimas. Su hermano desapareció como retaliación del Estado por la postura política de su familia y hasta hoy no existe ningún indicio sobre su paradero. Teniendo en cuenta casos como este, analizaremos en este texto el impacto específico de la desaparición forzada de familiares y personas cercanas en las mujeres y las niñas, aventurándonos a explorar posibles escenarios de reparación. Lo anterior no significa que no existan hombres dedicados a la búsqueda de familiares desaparecidos o que se desestime el impacto de la desaparición en sus vidas. Este texto solo pretende estudiar cómo los roles de género y las estructuras sociales imponen a las mujeres cargas específicas cuando alguien en su círculo cercano desaparece.

Lo irreparable

Algunos familiares de personas desaparecidas hablan de su dolor ante la búsqueda permanente e incertidumbre ante el paradero de un ser querido como algo irreparable. Es un círculo que no se cierra, un duelo que no se puede terminar de hacer en la medida en que la esperanza de que la persona sea encontrada con vida permanece. En ocasiones las familias albergan un sentimiento de culpa cuando continúan con sus proyectos de vida aun sin tener noticias de su ser querido. La vida se queda en pausa, y en ocasiones cambia por completo. Socialmente, a las mujeres se les ha asignado roles más cercanos al cuidado de sus familiares, por lo que ellas suelen dedicar su vida a la búsqueda de personas desaparecidas pertenecientes sus familias o círculos cercanos.

El caso de Fabiola Lalinde (Verdad Abierta, 2016), una de las víctimas emblemáticas de la desaparición forzada, muestra claramente los impactos del proceso de búsqueda en los cuerpos y las vidas de las mujeres. El hijo de Fabiola, desaparecido en 1984, solo pudo ser plenamente identificado y entregado en 1996, después de una incansable lucha, que incluso le costó prisión y altos costos económicos a la familia. Después de décadas de búsqueda, Fabiola ha liderado la lucha por la entrega de cuerpos de personas desaparecidas. En su caso personal, elaboró un completo archivo con la información sobre su caso. Ese archivo es hoy parte del patrimonio inmaterial de la nación, y está custodiado por el Centro de Memoria Histórica:

A las 5 y media de la mañana del 3 de octubre un encapuchado lo cogió y lo colgó en una pesebrera hasta las 8. Luego lo amarraron a un árbol a todo el frente de la escuela, cuando los niños estaban entrando. La gente lo vio muy golpeado, botaba sangre, y asegura que los soldados le pegaban patadas. A las 6 de la tarde lo montaron en un camión del Ejército con rumbo desconocido. De ahí en adelante, los militares siempre aseguraron que había un NN alias ‘Jacinto’, del que primero dijeron que había muerto en combate y luego que había sido dado de baja por intento de fuga (Verdad Abierta, 2016).

En el informe de la Comisión de Verdad y Memoria: “La verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia” (Ruta Pacífica, 2013), que recoge cerca de mil testimonios de víctimas del conflicto armado, se habla de un daño irreparable cuando las mujeres y las niñas pierden a sus familiares por cuenta de la desaparición forzada. Ellas describen la sensación de suspensión del proyecto de vida y la esperanza permanente de regreso del familiar ausente.

En el ejercicio de versiones libres de presuntos responsables en el marco de la ley de justicia y paz (Ley 975 de 2005), muchas de las mujeres que concurrían en calidad de víctimas hacían preguntas específicamente dirigidas a ubicar a familiares de quienes no tenían noticias y habían desaparecido en el marco del conflicto armado. Algunas pidieron poder hacer preguntas sobre la posible ubicación de cuerpos y usaron ese espacio para preguntar por las coordenadas de sus familiares asesinados en el marco del conflicto y de quienes no se tenía noticia.

La desaparición dejó en muchas de ellas impactos económicos, sociales, físicos e incluso políticos. Vivieron impactos económicos cuando perdían a quien les proveía sustento y les apoyaba en los gastos, o cuando asumían los costos de la búsqueda, que pueden llegar a ser altos (traslados, alimentación, etc.); vivieron impactos sociales cuando perdieron a sus familiares y amigos al dedicarse de lleno a la búsqueda. Impactos físicos, al somatizar los impactos emocionales de la búsqueda, e impactos políticos, ya que muchas dejaron sus actividades de movilización social o política para buscar a sus seres queridos. La desaparición forzada suele prolongarse en el tiempo: es el hecho victimizante que más dura en su ejecución y que tiene la potencialidad de suspender el proyecto de vida de quienes buscan a sus familiares.

Incluso el acto de reconocimiento por parte del agresor no parece ser del todo reparador si no va acompañado de la localización y entrega de restos. Hago énfasis en la entrega, ya que la mera identificación de las coordenadas del cuerpo de la persona desaparecida puede ser algo tortuoso si esto no está seguido de una pronta exhumación y entrega a las familias para que se puedan hacer los procedimientos de identificación y entrega y las familias realicen su proceso de duelo conforme a sus tradiciones.

En este texto insistiremos mucho en la entrega del cuerpo de las personas dadas por desaparecidas como uno de los mecanismos con mayor potencial reparador para las mujeres buscadoras, en aquellos casos en que no es posible encontrar a la persona desaparecida con vida.

En una entrevista publicada por el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), Kelli Mudell manifiesta:

Creo que la intersección se da cuando hablamos del nivel de daños que sufren las mujeres a consecuencia de estos delitos, y de la necesidad de que verdaderamente sean tratadas como víctimas directas. Creo que a menudo la justicia transicional ha hecho frente al delito de la desaparición forzada cuantificando la pérdida de los desaparecidos. Esto es lo que calculan los programas de reparaciones, y esto es lo que tratan de lograr las medidas de búsqueda de la verdad. Y creo que sería bueno que las medidas de justicia transicional empezaran a examinar realmente el nivel de daños sufrido por las mujeres —daños económicos, emocionales, también lo vulnerables que las hace su activismo, e incluso los abusos que pueden sufrir a causa de su lucha por la justicia— (ICTJ, 2013).

En este sentido, la búsqueda puede generar un daño que no solo es complejo de describir, si no absolutamente difícil de reparar, lo que implica un reto para los estados: crear medidas de reparación acordes con el dolor vivido.

Los estereotipos sobre la salud mental y su impacto
en la reparación a las mujeres que buscan desaparecidos

En Colombia existen profundos estereotipos sobre la salud mental. No existe una percepción generalizada de esta como un derecho humano o como una prioridad dentro de la atención integral en salud. El acceso permanente a atención de calidad en salud mental puede ser, siempre que así se desee, un mecanismo de reparación con la potencialidad para morigerar los profundos impactos de hechos como la desaparición forzada. Sin embargo, aun para víctimas que lo deseen, la oferta de atención psicológica y psiquiátrica, sobre todo en zonas del país profundamente afectadas por el conflicto, es profundamente limitada. Las víctimas deben trasladarse a otros lugares para obtener la atención que requieren y por tanto invertir recursos de los que no siempre disponen. En Colombia, la salud mental es considerada como atención especializada y requiere remisión por parte de un médico general, lo que implica un obstáculo adicional.

En Colombia, el modelo del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI) (Ministerio de Salud, 2017) ha recibido profundas críticas por su poca cobertura, poca disposición de recursos y profesionales, y un abordaje irrespetuoso con las víctimas (Perea, 2017), que desconoce sus usos y costumbres. En este sentido, acceder a la salud mental en Colombia requiere por lo general el ejercicio de la acción de tutela (Defensoría del Pueblo, 2015) para presionar al sistema de salud.

Las víctimas de desaparición forzada en Colombia no cuentan con acceso fácil y gratuito a profesionales de la salud mental que puedan acompañarlas en el proceso de afrontamiento de su hecho victimizante. Sumado a esto, los estereotipos sobre la salud mental hacen que en ocasiones las familias de personas desaparecidas se centren en procesos jurídicos que tienden a la judicialización de los responsables o a la ubicación de sus seres queridos y dejen de lado la construcción de herramientas de afrontamiento psicosocial para recuperar su proyecto de vida.

Los procesos en instancias judiciales, abordados de una manera respetuosa y con resultados concretos, pueden eventualmente tener determinado efecto reparador. Sin embargo, en Colombia, el sistema judicial, desbordado y con pocas herramientas, no suele representar una experiencia dignificante para las víctimas y sus familiares, y, por el contrario, puede acrecentar los impactos si hay procesos revictimizantes dentro de las actuaciones judiciales. Más adelante analizaremos el caso de la toma del Palacio de Justicia de Colombia en 1985 como un ejemplo de acción judicial con impacto profundamente negativo. De hecho, en escenarios jurídicos no tiende a estudiarse en profundidad los impactos del delito en las víctimas y sus familiares, centrándose en la determinación de responsabilidades penales o estatales y en el otorgamiento de reparaciones sobre la base de un estándar predeterminado. Por ello, las reparaciones judiciales, que suelen estar orientadas solo a lo pecuniario, basadas en estándares fijos, no permiten el análisis en detalle de cada caso concreto, y no responden a las expectativas de las víctimas. Solo en escenarios de justicia transicional es posible hacer un análisis detallado de los efectos de la desaparición en los seres queridos de la víctima y procurar reparaciones de orden más profundo y estructural.

Todas las dificultades aquí evidenciadas hacen que quienes han vivido la desaparición de un familiar por causa del conflicto armado lo perciban como un hecho irreparable, que solo termina con la entrega del cuerpo y un ritual de despedida.

La búsqueda de desaparecidos/as
y las mujeres indígenas, rom y afro

La desaparición forzada tiene un impacto de amplio alcance cuando se trata de mujeres indígenas, rom o afro, en donde hay un profundo sentido de colectividad y cada persona es parte de un engranaje social en donde cumple un papel importante. Usualmente, la desaparición forzada enmarcada en el conflicto armado ataca particularmente a autoridades o personas que tienen un papel fundamental para la existencia de los pueblos y comunidades étnicamente diferenciados. La desaparición de médicos tradicionales, autoridades ancestrales, parteras, mujeres con posiciones de autoridad dentro de la comunidad, entre otros, tienen la intención de afectar la existencia misma de pueblos originarios, exterminar sus tradiciones. En medio de estos impactos profundos en los colectivos, las mujeres indígenas, afro y rom viven otros impactos individuales, que no suelen ser atendidos por el Estado. Pocas de ellas tienen acceso a la salud mental de acuerdo a su cosmovisión, accesible en su región y en su lengua propia. Algunos pueblos no hablan de atención psicosocial, refiriéndose en cambio a acompañamiento psicoespiritual, que es proveído por las autoridades ancestrales. Sin embargo, en condiciones de conflicto armado y ante las amenazas a los pueblos y comunidades étnicamente diferenciadas, es complejo que las mujeres indígenas, afro y rom puedan recibir el acompañamiento psicoespiritual que requieren.

La justicia propia (Jurisdicción Especial Indígena) no ha sido suficientemente fortalecida por el Estado para poder asumir en profundidad procesos de investigación de delitos tan graves como la desaparición forzada, lo que tiene un impacto en las mujeres indígenas, afro y rom que buscan a sus seres queridos. Vale decir que en muchas ocasiones las autoridades étnicas como la guardia indígena y la guardia cimarrona han resultado más eficaces que las autoridades occidentales en los procesos de búsqueda, pese a la falta de recursos, contribuyendo a la ubicación y entrega de cuerpos. Sin embargo, los mecanismos de justicia propia no han sido dotados de presupuesto y apoyos técnicos apropiados para poder hacer un trabajo más detallado en el abordaje de la desaparición forzada.

Las mujeres étnicamente diferenciadas por lo general viven en contextos en donde los actores armados aún hacen presencia, y la búsqueda puede implicar un riesgo para su integridad, lo que implica un impacto adicional en sus vidas.

El impacto específico de no poder enterrar a sus familiares, hacer un duelo conforme a su cosmovisión o sentir que la desaparición afecta la salud del territorio en donde viven son parte de los impactos diferenciales en mujeres étnicamente diferenciadas que requieren un abordaje profundo desde el enfoque de género y feminista. Sin embargo, los mecanismos actuales de reparación no abren del todo esa posibilidad.

Otro impacto que tiene la desaparición forzada en mujeres étnicamente diferenciadas se da cuando hay cuerpos no identificados en sus territorios y, en concreto, en lugares que ellas consideran sagrados. Una de las peticiones constantes de los pueblos indígenas, afro y rom es la sanación del territorio y la exhumación de los cuerpos que reposan allí sin ser identificados. Estos impactos colectivos han sido poco explorados, y si bien afectan a la comunidad o pueblo étnico en su conjunto, se afincan de manera particular en las mujeres, al ser ellas las transmisoras de conocimientos y tradiciones. Para los pueblos étnicamente diferenciados el territorio es per se sujeto de derechos, y representa un cuerpo vivo que interactúa permanentemente con quienes lo habitan. Por ello, también debe recibir reparaciones y procesos de sanación cuando el conflicto armado le impacta.

La búsqueda de desaparecidos/as
y las mujeres excombatientes

Las dinámicas del conflicto armado hacen que las realidades de las mujeres excombatientes sean complejas y las conviertan en ocasiones en buscadoras de personas dadas por desparecidas: sus hijos e hijas, compañeros sentimentales, integrantes de su familia, etc.

En el conflicto armado algunas mujeres integrantes de grupos armados ejercieron su maternidad en condiciones adversas, por lo que sus hijos o hijas quedaron a cargo de familiares, familias campesinas o entidades del Estado. Con el proceso de paz, surge en algunas de ellas la necesidad de buscarlos. Sin embargo, se encuentran con barreras institucionales y sociales que les dificultan esa búsqueda.

La desconfianza institucional profunda con la que las excombatientes regresan a la vida civil es uno de los factores que las aleja de la oferta institucional para la búsqueda de sus hijos e hijos u otros familiares, por lo que muchas empiezan por su cuenta la labor de búsqueda o deciden simplemente no hacerlo. El análisis y consideración de los impactos de la guerra en la vida personal y familiar de las mujeres excombatientes es un tema fundamental para la paz, al tener una relación directa con su capacidad de regresar a la vida civil y garantizar la no repetición del conflicto. Las mujeres excombatientes pueden ostentar la doble condición de responsables y víctimas, cuando han sido sometidas a torturas, violencia sexual, entre otras graves violaciones de derechos humanos en el interior de las filas; sin embargo, los estereotipos que pesan sobre ellas hacen que la institucionalidad no las perciba como víctimas, aun existiendo suficiente evidencia. Prueba de ello es que solo hasta diciembre de 2016 sale la primera sentencia (Nota Periodística RCN Radio, 2018; El Espectador, 2018) en donde expresamente se ordenan reparaciones concretas a excombatientes que han sido víctimas de violencia sexual, pese a que la Fiscalía cuenta con análisis detallados del patrón de violencia sexual intrafilas desde la creación de la dirección de análisis de contexto (antiguo DINAC de la Fiscalía). El Tribunal Superior de Medellín ordenó al INPEC facilitar atención en salud sexual y reproductiva a mujeres excombatientes del Ejército Revolucionario Guevarista, que fueron obligadas a abortar y quedaron con secuelas negativas por causa de procedimientos mal elaborados (Tribunal Superior de Medellín, 2016). Es una de las pocas decisiones en donde se puede encontrar el tratamiento como víctimas a excombatientes que han vivido situaciones que violan sus derechos, aun cuando están condenadas por delitos cometidos cuando eran parte de un grupo armado.

Hasta el momento no se conocen decisiones en donde se ordene la búsqueda de hijos e hijas de excombatientes como mecanismo de reparación para ellas cuando han sido víctimas de graves violaciones a derechos humanos, pese a que queda claro que esto tendría un impacto profundo en su calidad de vida.

Las mujeres excombatientes no solo buscan hijos e hijas. Algunas de ellas quieren retomar el contacto con familiares, amigos o parejas. Uno de los grandes retos que supone el posconflicto es reconstruir las redes de afecto que las mujeres integrantes de grupos armados tenían antes de tomar las armas, cuando ellas así lo desean. El apoyo para retomar ese contacto puede, en algunos casos, ser un mecanismo eficaz de reparación, que garantice una reincorporación respetuosa y eficaz a la vida civil.

Los estereotipos sobre la familia y la reparación
en casos de desaparición forzada

Recientemente, Colombia abrió la discusión sobre lo que se entiende por familia, y que esta debe ser protegida por el Estado. La propuesta de creación del ministerio de la familia presentada por el partido Cambio Radical trajo de nuevo el tema de la definición de familia al debate público y dejó en evidencia que desde el Estado aún se diseñan políticas públicas y normas que solo protegen el modelo de familia nuclear, heterosexual y con hijos/as. Sin embargo, las configuraciones familiares en Colombia vienen cambiando profundamente, generando familias desde los afectos, el apoyo mutuo y la solidaridad, no necesariamente desde el vínculo biológico. Aún está pendiente recibir los resultados finales del Censo Nacional de Población 2018 que ilustrarán en detalle las configuraciones familiares en Colombia. La misma Corte Constitucional colombiana se ha pronunciado en reiteradas ocasiones para interpretar el artículo 42 de la Constitución, estableciendo que no solo los vínculos jurídicos o biológicos tienen la potencialidad de constituir familia. En sus decisiones sobre los hijos e hijas de crianza, la Corte ha dejado claro que estos tienen derecho a acceder a sucesiones, entre otros beneficios, como parte de la familia, ya que esta se conforma desde lazos de confianza y afecto.

Sin embargo, estas definiciones amplias de familia no son tan claras cuando se trata de la ruta de reparación integral a víctimas. Las mujeres que están en la búsqueda de hijos de crianza dados por desaparecidos, con quienes no tienen un vínculo bilógico o jurídico, tienen pocas opciones de ser atendidas por el sistema de atención y reparación integral a víctimas con la misma certeza y claridad que aquellas que pueden probarlo. Las madres de crianza deben acudir a mecanismos como la tutela para lograr reparaciones y el reconocimiento de su relación con la víctima. La Sentencia T-106 de 2018 (Corte Constitucional, 2018) explora ese tema, definiendo de nuevo la familia como un vínculo basado en el cuidado, el apoyo y el afecto, y determinando que en estos casos existe el derecho a recibir indemnización cuando un hecho victimizante en el marco del conflicto armado ocurre sobre un familiar, aunque no haya una relación jurídica y biológica.

Las mujeres que buscan hijos e hijas de crianza, y otros familiares con los que no tienen vinculo legal, enfrentan algunos obstáculos, que poco a poco se han venido superando con las decisiones de la Corte Constitucional, pero que persisten y afectan la calidad de atención que reciben. Al no poder probar vínculos legales, tienen dificultades para poder recibir información sobre el estado del proceso, participar de la búsqueda de forma activa, entre otros aspectos prácticos.

Con la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Colombia tiene una oportunidad para avanzar en la superación de estos obstáculos, al menos en el proceso humanitario de búsqueda y entrega de cuerpos. La deuda queda pendiente en el acceso pleno a justicia y reparaciones.

El caso del Palacio de Justicia: lo que no se debe repetir

La toma del Palacio de Justicia en 1985 (Comisión de la Verdad, Palacio de Justicia, 2010) es una de las situaciones emblemáticas para ilustrar la situación que venimos planteando en este texto. Aproximadamente 48 personas fallecieron y 7 permanecen desaparecidas (esta cifra sigue variando con los hallazgos recientes). Hoy, 33 años después, aún hay personas que no han sido ubicadas, y siguen apareciendo casos de restos mal identificados y entregados erróneamente. El caso de Ana María Bidegain y sus hijas (El Tiempo, 2013), familiares del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, es un ejemplo vivo de cómo la desaparición forzada afecta a mujeres y niñas de una manera particular que aún no ha sido abordada por el Estado de manera detallada. Bidegain y sus hijas, además de vivir la muerte de su esposo y padre, tuvieron que afrontar amenazas que las llevaron a salir del país. Años después se enterarían que el cuerpo del magistrado Urán, que habían sepultado, realmente no correspondía al de su familiar. El periodista Daniel Coronel identificó a Urán en un vídeo de la época saliendo vivo y escoltado por militares. Ana María Bidegain y sus hijas vivieron de nuevo una victimización, y otra vez el tiempo pareció volver a ese noviembre de 1985, cuando buscaban al magistrado Urán en hospitales, morgues e instalaciones militares. Hasta este año 2018 el cuerpo de Carlos Horacio no fue correctamente identificado y entregado a su familia, 33 años después de su asesinato. Si bien este caso ya tiene sentencia por parte del Consejo de Estado colombiano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, poco se ha indagado sobre el impacto de la búsqueda en el proyecto de vida de estas tres mujeres. Las hijas de Urán vivieron el exilio, amenazas, cambios drásticos de proyecto de vida a muy corta edad. Sin embargo, en los procesos judiciales las reparaciones se centran casi exclusivamente en el daño por causa de la desaparición de un familiar y en reparaciones estandarizadas, pero no hay un análisis detallado de impactos en el proyecto de vida, la inversión que hacen las víctimas para obtener acceso a salud mental de calidad y oportuna o para salir huyendo, cuando así se requiere para salvar sus vidas.

Las reparaciones a las familias de personas que desaparecieron en el holocausto del Palacio de Justicia se limitaron a un reconocimiento en dinero y a acciones simbólicas (no siempre reparadoras), sin tener en cuenta aspectos fundamentales como el acceso a salud mental, y la reparación más importante: la posibilidad de ubicar y poder sepultar a su familiar conforme a sus costumbres.

El caso del Palacio de Justicia ilustra perfectamente que el peso de búsqueda usualmente queda en manos de mujeres debido a la carga social impuesta, y la forma en que esto impacta su proyecto de vida.

¿Cómo reparar a las familias de víctimas de desaparición forzada desde una perspectiva de género?

A continuación mostramos la incidencia del hecho victimizante de desaparición forzada según el Registro Único de Víctimas.

Tabla 1

Víctimas registradas en el RUV, desagregadas por hecho victimizante y por sexo

Hecho

Mujeres

Hombres

LGBTI

No informa

Total

Desplazamiento forzado

3.790.669

3.604.167

2.053

38.110

7.434.999

Homicidio

461.245

523.019

108

15.151

999.523

Amenaza

200.856

187.213

528

3.951

392.548

Desaparición forzada

78.751

89.111

18

2.679

170.559

Actos terroristas/ atentados/combates/hostigamientos

40.016

51.974

27

3.452

95.469

Pérdidas de bienes muebles o inmuebles

48.515

51.288

30

13.955

113.788

Delitos contra la libertad e integridad sexual

23.631

1.960

208

575

26.374

Secuestro

9.002

26.996

18

737

36.753

Tortura

4.450

6.095

28

225

10.798

Abandono o despojo de tierras

3.710

3.595

0

200

7.505

Vinculación de niños, niñas y adolescentes

2.445

4.891

6

193

7.535

Minas antipersona/munición
sin explotar/artefacto explosivo

1.137

10.191

1

123

11.452

Otros

9.793

12.404

29

350

22.576

Sin información

171

249

2

9

431

Total

4.674.391

4.573.153

3.056

79.710

9.330.310

Fuente: Página web de la Unidad para las Víctimas (consultada en septiembre de 2018).

Si bien en la tabla 1 se registran 170.559 personas dadas por desaparecidas desde el 1 de enero de 1985, es fundamental decir que esta cifra no es unívoca y que aún no hay una aproximación final a un dato concreto sobre el número de personas desaparecidas en Colombia.

La cifra de hombres y mujeres víctimas de desaparición forzada es relativamente similar, por lo que el impacto diferenciado que se debe reparar no está relacionado con la cantidad de hombres desaparecidos, o un tema estrictamente numérico. Los roles de género asignados socialmente, el trato de los funcionarios públicos a las mujeres víctimas, entre otros aspectos, marcan la diferencia.

Entrega de cuerpos

En este texto se ha insistido mucho en la entrega de cuerpos como un mecanismo de reparación fundamental en casos de desaparición forzada. La entrega y la posibilidad de hacer un rito funerario pueden contribuir al cierre y al inicio del duelo, que es algo que se les ha negado a las familias de personas dadas por desaparecidas. Si bien los mecanismos de afrontamiento de cada persona son distintos, las familias de personas desaparecidas coinciden en la importancia de la entrega del cuerpo de su ser querido para terminar con la incertidumbre, que califican como el peor aspecto de la desaparición forzada como crimen.

La entrega del cuerpo no solo es un acto de respeto con la persona que fue desaparecida, y una oportunidad para que la familia pueda cerrar el ciclo y los procesos de búsqueda; también representa el cumplimiento de una obligación fundamental del Estado respecto de las familias de las víctimas: localizar e identificar a las personas dadas por desaparecidas. Esta tarea es costosa y dispendiosa, y justamente por ello los estados han evadido esta responsabilidad, dejando muchas veces en la misma familia la tarea de ubicación.

Incluso en aquellos casos en que las mismas familias han ubicado los cuerpos de sus seres queridos, Colombia tiene serias carencias en lo relativo a su capacidad de exhumación, identificación y entrega de cuerpos. Por ello, existen casos de mujeres que, aun teniendo claro el lugar preciso en donde están ubicados los cuerpos de sus familiares, deben esperar años para que se pueda hacer el proceso de exhumación y traslado a un laboratorio forense para su identificación. Las entidades del Estado encargadas de estos temas cuentan con poco presupuesto y un personal limitado. Empecemos por que uno de los retos fundamentales en Colombia es la creación de un robusto banco de ADN de los familiares de personas desaparecidas con todas las condiciones para la conservación genética.

La entrega tiene un impacto fundamental en las mujeres, dado que son ellas quienes usualmente dedican su proyecto de vida a la búsqueda de personas desaparecidas. El caso de las madres de las víctimas de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales es un claro ejemplo de ello: no cesaron (y aún siguen en ello) hasta no encontrar a sus hijos. El informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, Hasta Encontrarlos (2016), da cuenta de ello y de cómo las familiares de personas desaparecidas (usualmente las mujeres) suspenden su proyecto de vida hasta que tengan noticias de sus familiares.

En esta lucha también hemos tenido que sacar a flote nuestros talentos y los hemos puesto al servicio de la causa. En el colectivo hay madres, esposas y hermanas que se han vuelto cantantes para poder denunciar, otras que se han vuelto poetas, y otras que se han vuelto actrices, pues, como nos han querido callar por los medios de comunicación, hemos tenido que abrir otros canales de comunicación para no dejarnos imponer el silencio que han intentado imponernos (CNMH, 2014c: 172).

Acompañamiento psicosocial encaminado a la reconstrucción
de proyecto de vida

En un epígrafe anterior se analizó cómo en Colombia el acceso a la salud mental es complejo y está lleno de estereotipos y profundo desconocimiento. Una de las necesidades más urgentes del proceso de recuperación de las familias de personas desaparecidas es el acompañamiento psicosocial encaminado a promover la reconstrucción de un proyecto de vida.

Este acompañamiento psicosocial es un derecho fundamental de las víctimas y una obligación del Estado, que suele ser ignorada. La atención especializada en salud mental es una de las necesidades principales de todas las víctimas del conflicto, pero en el caso de las familias de personas desaparecidas esto resulta fundamental, teniendo en cuenta la extensión del daño sufrido.

Esta atención debe tener en cuenta aspectos culturales, etarios, religiosos y demás para que el abordaje sea respetuoso y tenga la potencialidad de generar un impacto positivo en la salud mental de quienes han vivido la desaparición de un familiar.

La salud mental accesible y de calidad puede ser un mecanismo adecuado de reparación cuando se lleve de forma respetuosa, no revictimizante, y consciente de las necesidades de las víctimas.

Un acompañamiento psicosocial con enfoque de género debe llevar a entender los impactos de la desaparición en las mujeres: 1) cambios en sus roles y entorno; 2) carga de la culpa por reconstruir proyecto de vida; 3) carga en las labores de búsqueda; 4) rechazo social cuando se dedican a labores de búsqueda y dejan de lado las labores de cuidado.

Reconocimiento por parte del Estado y los responsables directos

Una de las expectativas de las víctimas de desaparición es lograr el reconocimiento por parte de los responsables y su cooperación en la ubicación y recuperación de los cuerpos. Sin embargo, en la práctica, los responsables no suelen estar dispuestos a contribuir en estos aspectos o incluso a tener contacto directo con las familias de personas desaparecidas. En el proceso de aplicación de la ley de justicia y paz iniciado en Colombia en 2005 (enmarcado en la desmovilización de fuerzas paramilitares), si bien se reconocieron múltiples desapariciones, la contribución a la ubicación de cuerpos fue poca. Esta afirmación la extraemos de diversos balances sobre la aplicación de la ley, realizados por diferentes organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, que hicieron seguimiento al tema (Verdad Abierta, 2016).

Es por ello que uno de los retos más importantes de los estados es lograr crear un ambiente que facilite los reconocimientos por parte de los responsables. Aunque resulte polémico, consideramos fundamental crear un sistema de incentivos para motivar a los responsables. Si bien se sabe que los reconocimientos deben ser fundamentalmente voluntarios y motivados por la intención de reparar a las víctimas, en lo concreto, sabemos que esto no siempre ocurre y se hace necesario tomar medidas que promuevan los reconocimientos. Esto por supuesto sin perder de vista la centralidad de las víctimas y sin que estos incentivos sean percibidos como premios o reconocimiento a los responsables.

Los reconocimientos, por otro lado, deben hacerse desde una mirada respetuosa con las víctimas, evitando narrativas justificantes o heroicas, que resten importancia al dolor de las víctimas. De hecho, una clave para los reconocimientos es que estos incluyan una aceptación plena del impacto que causaron y asumir la responsabilidad completa del daño.

Esto debe tener un reconocimiento específico de los impactos de género que causó la desaparición, incluyendo las labores de cuidado que las mujeres debieron asumir, los impactos específicos en la búsqueda y demás.

Conclusiones

La desaparición forzada es un delito que tiene unos impactos muy particulares en las mujeres, dado los roles de cuidado que se les han asignado socialmente. La desaparición puede ser considerada el delito que no termina, hasta que se da la entrega del cuerpo y se pueden hacer los rituales funerarios conforme a la cosmovisión, cultura y creencias de la familia de la víctima.

Para muchas mujeres la única reparación realmente viable es la entrega de su familiar y la verdad sobre cómo ocurrió la desaparición para poder dar una respuesta a sus hijos e hijas (cuando los hay). Justamente esta es la parte más compleja de lograr y en la que los estados se quedan atrás, por la poca inversión de recursos que hay para las costosas y demandantes labores de búsqueda de cuerpos. Muchas mujeres lo han logrado con sus propios recursos y dedicando su vida a la búsqueda de sus familiares, pero aun teniendo clara la ubicación de los cuerpos, se enfrentan a las barreras institucionales para que el Estado acuda al lugar y haga efectivamente el levantamiento del cuerpo.

Los cambios en los proyectos de vida de las mujeres y niñas familiares de personas desaparecidas, así como sus profundas necesidades en materia de atención psicosocial, deben ser tenidos en cuenta por los jueces a la hora de emitir un fallo u otorgar una reparación. Reparar a las mujeres y niñas familiares de desaparecidos/as con los mismos estándares que otras violaciones a derechos humanos es desconocer las afectaciones especiales que ellas viven. Lo que proponemos en este texto no es crear categorías de víctimas o hacer una medida del dolor que considere a unas víctimas más importantes que otras. Lo que pretendemos es una invitación a entender que los delitos continuados, como la desaparición forzada, tienen un impacto concreto y muy particular en las mujeres y las niñas, que debe ser reparado con medidas tendientes a mitigar los efectos del daño.

Tener un enfoque de género en las reparaciones suena fácil, pero en la práctica implica medidas concretas que ayuden a mejorar la situación de las mujeres y niñas que han vivido graves violaciones a derechos humanos, asegurando que esas reparaciones sean justas y proporcionales a la afectación causada.

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Capítulo 7

Mujeres viudas del conflicto armado,
desplazamiento y reparación

Luz María Salazar Cruz

Introducción

En el escenario del conflicto armado no hay justicia porque no hay verdad. Las versiones de sus eventos y procesos obedecen a la estrategia compartimentada de las decisiones y acciones, al conocimiento ideológico/militar que valida la ocurrencia de los hechos como necesarios o como inevitables. Se declaran, registran y archivan hechos, territorios, saldos, bajas, heridos y capturados, y protocolariamente los relatos escritos quedan consignados según indicadores de los formatos militares. Esta es la memoria oficial del archivo de cualquiera de los actores militares organizados, estructurados, regulares —entiéndase fuerzas armadas y fuerzas especiales del Estado—; los actores militares irregulares/clandestinos tienen similares estrategias compartimentadas, pero otra memoria, otro registro, otra burocracia militar que en el caso de las guerrillas colombianas —reconociendo sus diferencias— ha ido estructurándose también clandestinamente al vaivén de los aprendizajes y fortalecimiento de las mismas, pero discontinua y/o parcialmente (respecto del archivo militar de las organizaciones guerrillas hay un total secretismo, solo recientemente el Centro Nacional de Memoria Histórica ha iniciado un arduo trabajo de documentación que quizás devele información relativa). La información de archivo o memoria militar paramilitar también es un enigma en su registro y resguardo.

Desde cada uno de estos actores —fuerzas armadas, guerrillas FARC y ELN, y paramilitares— la versión de los hechos, puede ser cierta pero parcial. ¿En qué consiste entonces una versión más cercana a la validez de los hechos y particularmente sobre los combatientes que cayeron en cualquiera de los bandos? Este es uno de los eventos más controvertidos en todas los bandos de un conflicto tan largo como el colombiano, pues la investigación (Tovar, 2006; Salazar, 2008) testimonia ciertos intereses internos a la institución u organización, que modificaron la versión postmorten. Aceptando que el significado de nuestra realidad está codeterminada por cómo la percibimos y nos relacionamos con ella, y esto depende de las condiciones que confluyen en nuestro conocimiento e interpretación de la misma (Slavoj, 2014), reconocemos la necesidad institucional y organizacional de distintas versiones funcionales, pero con un denominador común: un hecho o evento militar, en este caso la muerte de un combatiente, con repercusiones directas en su cónyuge y familia. En esta reflexión nos detenemos en las viudas del conflicto armado como víctimas directas y sujeto de reparación.

La mujer viuda del conflicto armado
y el desplazamiento forzado39

En la historia reciente del conflicto armado tenemos un cálculo tentativo de 166.069 civiles víctimas fatales entre 1985 y 2012, según el RUV, cifra que a su vez excluye las 11.238 víctimas documentadas entre 1958 y 1984 en la base de datos del Centro de Memoria Histórica (2013). De estos datos, aproximadamente 40.787 (18,5%) son combatientes caídos entre 1958 y 2012 (2013: 32), lo que indica que al menos ese mismo número de familias fueron afectadas por la muerte de uno de sus integrantes, ya sea hijo, cónyuge y/o compañero, o cónyuge y padre. En el caso de la cónyuge, esta incrementa de inmediato el escenario de las mujeres viudas del conflicto político armado, pero el universo podría ser más amplio si tenemos en cuenta la pérdida de otros hombres por muerte asociada o en escenarios del conflicto: ejecuciones extrajudiciales, muerte por secuestro o intento de secuestro, desaparecidos, civiles ajenos pero en circunstancias de conflicto y personas que por su situación laboral, profesional, social, política, religiosa o económica fueron incluidos en la categoría de objetivos militares40 (líderes de movimientos y partidos de izquierda, jueces, políticos, altos mandos, empresarios, ganaderos, etc.). La lista a tener en cuenta podría sorprendernos, pero sobre todo exige rigor en el análisis pues los diferentes casos tienen consecuencias variables que no permiten agruparlos en un solo conjunto. En este sentido aislamos analíticamente a las mujeres viudas de actores militares directos en el conflicto.

En términos generales, la viudez remite a una categoría social de estado civil. En su referencia más simple indica la condición de un hombre o una mujer solos tras la muerte de su cónyuge. Paralelo a esto, indica una experiencia de vida conyugal, una condición familiar y una historia de relaciones ordenadoras de realidad, vividas a partir del evento de la pareja en un periodo de su vida. Supone una experiencia de hábitat compartido —total o parcialmente— y, con ello, en las formas de lo doméstico, una historia cotidiana. Es decir, supone el ámbito de la convivencia en el que “se ‘ponen en obra’ todos los sentidos, las capacidades intelectuales, las habilidades manipulativas, los sentimientos, pasiones, ideas e ideologías” (Heller, 1987: 39). Supone el diseño de la vida que surgió de la experiencia menudeada del vivir.

La viudez supone un pasado en pareja construido durante el acontecer inmediato y las búsquedas menos inmediatas que dicta la experiencia social. Presume un camino cargado por la interacción, las prácticas de la reproducción cotidiana, el involucramiento de la intimidad y los vínculos perdurables confirmados por el parentesco. La muerte del Otro, indicador de viudez, significa una modificación cuando menos de la realidad que lo incluía; connota un cambio de estatus social, al mismo tiempo que una experiencia existencial sin el Otro.

Además de lo anterior, la viudez a causa del conflicto político adiciona circunstancias particulares. La muerte del cónyuge notifica que hay un responsable que es el enemigo, cuyo señalamiento puede llegar hasta el reconocimiento del frente, destacamento, batallón, pelotón, patrulla, grupo, etc., y la identidad de sus miembros; información que puede o no tener trascendencia para un escenario de retaliación directa; no obstante, es información que sí tiene trascendencia en la documentación, archivo, estadística y trámites militares al interior de cualquiera de los actores vinculados. La baja reclama la versión de la organización, o de la institución para sí misma, la familia y la sociedad; de la versión dependen las consecuencias de responsabilidad organizacional y/o institucional con dos víctimas: el combatiente militar muerto y la viuda con su prole (sus dependientes). La responsabilidad con la primera queda pendiente en sus relaciones particulares, pero en algo se resolvería trasladando a la segunda los beneficios institucionales u organizacionales que legítimamente heredaría. He aquí un problema que trasciende y que, si no se resuelve, se reclamará resolver posteriormente en una eventual reparación. Antes de llegar a la reparación, exploremos un poco cada grupo de mujeres viudas de excombatientes a fin de observar cómo se complejiza su situación.

La mujer viuda de organizaciones guerrilleras

En el ámbito clandestino de la guerrilla habían varias formas de adscripción y participación: 1) la más clásica refiere al grupo constituido por el guerrillero típico ideal de la guerrilla itinerante, foquista, quien tenía su vida comprometida totalmente en la militancia y que haciendo parte de la estructura interna de la organización asumía puestos de mando, misiones estratégicas, nivel de información compartimentado, representación organizacional. Este individuo por lo general no tenía una composición familiar que desarrollara una unidad y vida doméstica, no era permitido. El guerrillero militante permanentemente sin duda tendría compañera(s) afectiva(s) y compañera(s) sexual(es), pero otra cosa es la instalación de la pareja, familia y vida doméstica41. Muy tardíamente a fines de los noventa, cuando se instalaron los últimos campamentos y en la zona de distención de El Caguán (enero de 1999) se abrieron ventanas a la instalación de pareja.

Antes de esto, tomar pareja y familia exigía una especie de replegamiento, y con posterioridad a arreglos internos con la organización se desarrollaría una vida relativamente ordinaria con compromisos de militancia desde su nuevo lugar social. 2) Un segundo grupo son los guerrilleros generalmente campesinos que hacían parte de organizaciones guerrilleras porque eran acuartelados temporalmente, porque pagaban una especie de “servicio militar forzado” bajo estricto censo de la organización guerrillera, porque estaban en la red de la zona de hegemonía guerrillera, porque recibirían un salario o porque así lo habían decidido, pero seguían vinculados a la zona y territorio de residencia. Estos entraban en la estructura militar de base y eran articulados militarmente a acciones cotidianas de la organización. Los guerrilleros que pertenecían a este segundo grupo establecían o tenían una relación de pareja dirigida hacia la formación de la familia. Obviamente es en este grupo en el cual encontramos exguerrilleros (ahora) que habían establecido pareja, familia, unidad doméstica, vida doméstica. Los relatos locales afirmaban que entran y salen, tienen permisos, visitan sus familias, bajan. Este es el grupo del cual tenemos en cuenta a sus cónyuges y posteriores viudas. En el primer grupo del guerrillero/a típico sería muy difícil que una mujer militante se asumiera como viuda de un guerrillero, pues por su nivel, se asumiría primero como guerrillera y luego por su rango. 3) Una tercera modalidad era la de los colaboradores y redes de apoyo que trabajaban desde sus lugares de trabajo y residencia, pero a quienes se les encargaban trabajos, apoyos, colaboraciones, los cuales permanecían insertos a través redes clandestinas de información (también se incluían frentes y milicias urbanas, redes rurales y campesinas, supuestamente desactivadas a partir del proceso de paz iniciado en 2012). Estos individuos de las redes de apoyo y colaboradores tenían una dinámica conyugal y familiar más permanente, en dinámicas tradicionales de pareja y familia justamente porque su vinculación requería un cubrimiento de base social que descansaba principalmente en la red familiar42.

En suma, las viudas de exguerrilleros a que nos referimos son mujeres que representaron la estructura tradicional de la pareja en el umbral del establecimiento de la familia. Es decir, la pareja establecida socialmente, con el reconocimiento de los grupos de familias que se ven involucradas en una nueva alianza de parentesco, el reconocimiento de la colectividad social, la procreación, la residencia, la comunidad doméstica. La figura del compañero clandestino ausente como pareja connotaba un compañero afectivo permanente, pero sexual ocasional por su ausencia, y una condición conyugal definida y estable; en lo posible, él participaba en las decisiones familiares más importantes de la familia (lugar de residencia, movilidad de los hijos, personas que trabajaban en la parcela y frecuentaban la vivienda).

La condición clandestina del cónyuge ausente podía quedar mediada o encubierta por las circunstancias del trabajo campesino (cosechas, trabajo a destajo, etc.). La figura típica del padre ausente se edificaba sobre la imagen del trabajador campesino con un fuerte contenido de distancia, autoritarismo y conservadurismo. Su obligación de proveedor era compartida permanentemente con el trabajo de la mujer y de los hijos que podían hacerlo.

El anuncio de la baja del cónyuge se vivía bajo el régimen del silencio, del secreto, del temor, de la represión, del informe escueto, de las preguntas no pronunciadas porque cualquier duda era considerada una deslealtad; también era un mensaje esperado eventualmente porque se conocía del riesgo; en fin, el mensaje llegaba acompañado de la orden de salir rápidamente del lugar de residencia y trasladarse a los centros urbanos más próximos a fin de mimetizarse. Era preciso diluir todo rastro familiar y toda información en las redes locales, aunque estas ya tenían suficientes antecedentes para entender lo que sucedía cuando una familia habitante tradicional de la zona huía en la inmediatez. Esta estrategia de protección no debe omitir el carácter de desplazamiento interno forzado a que se veía obligada la mujer viuda y sus dependientes. Si bien es cierto que en los lugares a donde se trasladaban contaban con redes de apoyo de otras mujeres, las hermanas, que han vivido un proceso completamente similar, no las eximía de los eventos propios del desplazamiento forzado por el conflicto armado.

El desplazamiento se vivía con todo el rigor porque ella y su familia siempre estuvieron amenazados. ¿De quién? De cualquiera que tuviera indicios de la adscripción política o militar de su cónyuge. Este incluía la misma organización en función de lo que ella o su familia conocían. Su vínculo conyugal la mantenía entre otros riesgos, en la inmediatez del desplazamiento. Así es que por la forma en que se producía, era: 1) un desplazamiento forzado con ruta sugerida por la organización. 2) La organización no se responsabilizaba de ella ni de su familia, ni en ese momento ni después, escasamente la apoyaba con la información sobre el deceso su cónyuge y con los gastos del traslado inminente. 3) A razón de que eran contactadas con otras mujeres viudas semejantes, la familia iniciaba el tránsito del desplazamiento incorporando estrategias de supervivencia urbanas a su alcance (vivienda, trabajo, alimentación y demás requerimientos de la reproducción cotidiana pero en circunstancias precarias y vulnerables). 4) La supervivencia subjetiva conllevaba la impronta del miedo, la clandestinidad y el ocultamiento de hechos que conocían y de las presunciones de los que desconocían. 5) La supervivencia conyugal, además de la soledad, la inundaba de preguntas que quizás se resolverían lentamente con múltiples datos posteriores. 6) La supervivencia cognitiva atravesaba por escenarios muy confusos, desconocidos y discontinuos; si desconocía el lugar de destino, el exigente proceso de adaptación pasaba por múltiples códigos e interacciones ni siquiera intuidos; si conocía el lugar de destino a través de otras redes tenía que proteger al máximo su identidad migratoria; si cambiaba de actividad laboral porque provenía de zonas rurales, la habilidad de un nuevo oficio le representaba una obligación que se experimentaba críticamente; si antes vivía en poblados dispersos o pequeños, la vida en medio de redes solidarias urbanas como las de las hermanas la involucraban en sistemas de convivencia, vecindad, reciprocidad y otros pactos implícitos de la supervivencia urbano/marginal que tardaría en asumir y reproducir. 7) La supervivencia en salud física cobró múltiples dolencias en los asentamientos de mujeres viudas de guerrilleros, desde aquellas propias por la ausencia o precariedad de los servicios de infraestructura básica hasta las dolencias crónicas sin aparente causa eficiente. Así, jaquecas, estrés, depresión, obsesiones y angustias postraumáticas se instalaban en la cotidianidad de larga duración sin poderlas fijar en su punto de inicio. De esta manera, el desplazamiento forzado por violencia y en condiciones clandestinas no les ahorraba ninguna dificultad.

Después de décadas de conflicto y desplazamiento forzado, en Colombia se aprueba tardíamente la Ley 387 de 18 julio de 1997, que en su artículo primero reza:

[…] Es desplazada toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personal han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualesquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.

Todo remite a enmarcar el desplazamiento interno forzado de las mujeres viudas de guerrilleros como efecto directo de la violencia del conflicto político. En el ámbito del desplazamiento interno forzado las cifras reflejan en algo el nivel de amenaza del conflicto, pues entre 1985 y 2013, 5,9 millones de personas habían salido huyendo de sus lugares de residencia (Núñez y Hurtado, 2013), y en el Informe Mundial del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) y el Consejo Noruego (2017), ya se contaban más de 7,2 millones.

La mujer viuda de militares de las fuerzas
armadas del Estado

Desde la institucionalidad de las fuerzas armadas del Estado, de la cónyuge y familia, la muerte de un militar en conflicto se reconocía como la afrenta del enemigo interno a la sociedad y a la nación; desde las mujeres cónyuges que sabían del riesgo de este posible desenlace fue, entre otras consecuencias, el inicio de una ruptura o cuando menos de un distanciamiento con todo lo que él institucionalmente representaba —seguridades y recursos de salud familiar, educación para los hijos, integración y sociabilidad, ingresos, vivienda en algunos casos—. La muerte del compañero representaba la limitación de varios de estos recursos y el cese de otros, entre ellos el ingreso inmediato porque habría que iniciar el tránsito burocrático de la pensión que suponía su muerte en combate o como se le calificaba técnicamente en actos meritorios; tránsito que se convertiría en reclamo debido a los ingentes esfuerzos institucionales por reducir al mínimo las obligaciones pensionales e indemnizaciones. Se desdibujaba ante ella y la familia —en algunos casos completamente— la imagen de la institución garante. Paralelamente hubo un grupo de mujeres a quienes se les reconoció los derechos y por lo tanto su lectura fue positiva, aunque las compensaciones les parecían limitadas frente al tamaño del sacrificio, sobre todo porque al tratarse de militares de rangos medios y bajos las pensiones eran y siguen siendo muy reducidas.

Este escenario nos plantea la pregunta: ¿las mujeres viudas de militares caídos en los enfrentamientos del conflicto, a quienes no fueron reconocidos debidamente sus derechos pensionales e indemnizaciones y otros beneficios, tienen derecho a ser incluidas en una política de reparación a las víctimas de la violencia en el conflicto? Sus casos (ya debatidos en los primeros reclamos) seguramente no serán revisados por la institución castrense, pues eso significaría aceptar una intencionalidad estamental de negar los derechos que ellos mismos han instituido; entonces, ¿tienen derecho a una reparación por fuera de la institución militar, a través de una política pública general para las víctimas del conflicto armado?

Las mujeres viudas de militares de las fuerzas armadas no necesariamente se veían obligadas a desplazarse, pues el carácter institucional de su cónyuge las validaba ante el conflicto, la familia y la sociedad para continuar una vida pública; este no era el problema. El problema aparecía cuando se enfrentaban a una cotidianidad sin salario, sin recursos, sin vivienda y posiblemente sin trabajo, en una ciudad o localidad diferente a la de procedencia u origen. Cuando la escasez las hacía vulnerables, las enfrentaba a un desplazamiento hacia donde se encontrara su familia de origen, un cambio de ciudad o un cambio de vivienda. Pero no debemos reducir este desplazamiento a un problema de escasez y empobrecimiento en el marco de lo económico; su causa sigue siendo la muerte del cónyuge en la confrontación armada y la insuficiencia de la institución castrense ante las consecuencias cotidianas del conflicto.

En la opción del desplazamiento adonde la familia de origen, los registros muestran una aceptación un tanto crítica, pues la convivencia, las exigencias de su prole y la necesidad construirían una adaptación forzada. Al interior de la familia de origen, la convivencia en condiciones desiguales o de desventaja no les aplaza los problemas del conflicto familiar a través de la autoridad, las normas, el género y las compensaciones que señalen o exijan veladamente el cobro de los apoyos. Ciertamente la familia era un recurso, pero hace falta más investigación relativa para analizar con detalle si este desplazamiento forzado hacia ámbitos familiares conllevaba las drásticas situaciones que tanto lesionan al desplazado por la violencia, como por ejemplo: 1) “que se veían forzadas a migrar de su localidad de residencia o actividades habituales porque su integridad han sido vulnerada por situaciones vinculadas al conflicto armado” (Ley 387, 18 de julio de 1997: artículo primero); 2) que “han sido sustraídos violentamente de su trama social, de sus vínculos culturales, familiares, de su entorno y de su propiedad material, y en este sentido su memoria histórica, emocional y su condición material se ve marcada por una ruptura estructural” (OIM-ONU, 2001: 68); 3) “que se ven forzados a salir de sus lugares de residencia […] y cabe esperar para ellos consecuencias de desarraigo, discriminación, cambios en sus actividades laborales, inestabilidad residencial y en su forma de vida general” (Salazar, 2008: 54). En el caso del cambio obligado de ciudad o cambio forzado de vivienda por amenazas, riesgos de vida y otras extensiones que se deriven de su nexo conyugal, el desplazamiento forzado de las mujeres viudas de exmilitares queda más típicamente esclarecido.

Debido a las ventajas reales o aparentes que tuvieron las mujeres viudas de militares de las fuerzas armadas, o a las ventajas institucionales que tuvieron durante la vida en pareja, observamos con cierto escepticismo esta situación garante, debido a su necesaria inclusión en el ámbito del desplazamiento forzado. La investigación empírica ha mostrado (Salazar, 2008) los impedimentos que dicha institución se ha esforzado en implementar a fin de omitir sus responsabilidades con las viudas y familias de los militares caídos en el conflicto.

Reparación

¿Qué puede alcanzar la reparación? La construcción de la verdad, subsecuentemente justicia, memoria y garantías de no repetición. En este sentido son varios los sujetos y planos de la reparación: el primero de ellos, las víctimas. Este conjunto abre un impresionante resultado de delitos infringidos por el ejercicio de la violencia y resguardados al amparo del secreto, el ocultamiento y la negación oficial. La historia social lúgubre en este escenario reclama el conocimiento de procesos, decisiones y actores que han invalidado el pacto social; sin este conocimiento no puede haber reconciliación, que sería el último escalón humano y político que busca la reparación.

La voluntad de construcción de la verdad a través de una comisión es un pacto político que acepta buscar información para construir una versión realmente válida; debido al volumen y diversidad de los delitos, precisos en el sostenimiento de un régimen totalitario y en conflicto, la investigación de la verdad obliga a elegir y/o seleccionar unos tipos de delitos: desaparición forzada, ejecuciones, masacres, violaciones de género, violaciones de derechos humanos, secuestros, raptos, desplazamiento interno forzado y otros eventos asociados al ejercicio criminal (Hayner, 2008). Entonces es preciso empezar por una voluntad política dispuesta a la investigación de la verdad; sin verdad no hay justicia y, en este nivel, si la primera premisa es falsa, todo lo demás es falso.

En el conflicto colombiano, el Acuerdo Final de Paz para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito bilateralmente entre las delegaciones del Gobierno colombiano y las FARC-EP, el 23 de junio de 2016 en La Habana, plantea seis propuestas consideradas como problemas centrales permanentes del conflicto: 1) el problema del campo, que llevó a la formulación de una Reforma Rural Integral - RRI; 2) el problema de la participación política, que llevó a la propuesta de la apertura democrática para construir la paz; 3) el conflicto activo militarmente, que llevó al acuerdo sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas entre el Gobierno nacional y las FARC-EP; 4) el problema del narcotráfico, que llevó a abordar la solución del problema de las drogas; 5) el problema de las víctimas, que llevó al acuerdo sobre víctimas del conflicto; y 6) el problema de la ejecución a través de políticas públicas eficaces y garantes, que llevó a proponer implementación, verificación y refrendación. En este texto nos detenemos en la propuesta 5 y su antecedente más vinculante, la Ley 1448 de 2011.

La Ley [1448] sienta las bases para la implementación de la política pública para la atención y reparación integral, bajo los principios de progresividad, gradualidad y sostenibilidad. Asimismo, establece la institucionalidad encargada de su implementación, crea el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), dentro del cual las entidades del orden nacional y territorial tendrán la responsabilidad de formular, implementar y monitorear la política. También prevé la conformación del Departamento Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación que tendrá a su cargo la atención a grupos vulnerables y la reintegración social y económica, y dará lineamientos de política a la nueva Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral […] y, adicionalmente, prevé la creación del Centro de Memoria Histórica que tiene por objeto reunir y recuperar todo el material documental y testimonial de los hechos que conllevaron las violaciones de los derechos de las víctimas (Acción Social, 2011: 3).

A partir de esta norma, conocida como ley de víctimas y restitución de tierras, se cuenta con un instrumento jurídico y político para implementar institucionalmente procesos de reparación. A partir de esta ley se crearon los Centros Dignificar/Regionales (CDR) en los cuales se realizaba el levantamiento de la información consignada en el Formato Único de Declaración (FUD), y que finalmente iba a ser la materia prima del Registro Único de Víctimas (RUV) (Acción Social, 2011: 3). Dicha información se recabó a través del método etnográfico; así, relatos, narraciones y versiones de las víctimas sobre los abusos a que se vieron sujetas y su posterior verificación fueron la memoria individual de aquellos que acudieron a identificarse y registrarse como víctimas. A partir de estos dos instrumentos —FUD y RUV—, se otorga el reconocimiento de víctima del conflicto armado en Colombia; por ende, tanto el formato como el registro pueden considerarse información institucional primaria. En la información del formato quedan consignados los eventos de violencia clasificados como “hechos victimizantes” (Mora-Gámez, 2016: 82-83).

1. acto terrorista / atentados / combates / enfrentamientos / hostigamientos; 2. Amenaza; 3. delitos contra la libertad y la integridad sexual en el desarrollo del conflicto armado; 4. desaparición forzada; 5. desplazamiento forzado; 6. homicidio/masacre; 7. minas antipersonales, munición sin explotar y artefacto explosivo improvisado; 8. secuestro; 9. tortura; 10. vinculación de niños, niñas y adolescentes en actividades relacionadas con grupos armados; 11. abandono o despojo forzado de tierras; 12. otro; 13. no es víctima.

En esta clasificación quedarían incluidas todas las acciones por las cuales una mujer, cónyuge de un combatiente, queda viuda a partir del conflicto; es decir, entraría en la categoría y/o condición de víctima. Mora-Gámez analiza el proceso de calificación de las víctimas a partir del FUD y RUV, y sugiere que en el caso de “… los familiares de excombatientes al margen de la ley detectados en la base de datos de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR)” (2016: 86-87), pueden haber recibido un tratamiento diferente en función de la lectura y dictamen de profesionales expertos encargados de evaluar los casos. Es decir, que la clasificación de víctimas o no víctimas que recibieron las personas que asistieron a registrarse puede estar equivocada o sesgada, según la interpretación que los expertos hicieron de los eventos del conflicto. La exigencia que subyace es que los expertos tendrían que conocer muy bien el conflicto para interpretar y clasificar los eventos parciales y sus actores. Esto deja, cuando menos, una preocupación fundante para el proceso de memoria y reparación: desde la intimidad del conflicto y de la tradición autoritaria que lo ha acompañado, ¿cómo cotejar y verificar la información del FUD y RUV que pasó por el filtro de una interpretación que se puede poner en duda? Bien, además del reconocimiento de víctima, quedan las otras materias de la reparación.

Podríamos suponer que parte de la reconciliación como un propósito de la reparación es el derecho la restitución de bienes, patrimonio y demás recursos propios; quizás uno de los daños de mayor impacto aparte de las lesiones a la integridad personal sea la pérdida de tierras, predios, vivienda y otros medios de vida y trabajo. En este sentido, todas las víctimas deben tener acceso a la reparación, que incluye también la reclamación y restitución de los recursos de que hayan sido despojados; tal objeto de reparación queda consignada en la voluntad de la ley:

La restitución de tierras es el derecho que tienen las víctimas a que se les devuelva su predio cuando este fue despojado o abandonado por causa del conflicto armado. La restitución no depende de que si alguien reclama, tenga títulos o no. La Ley de Víctimas busca además devolver la tierra con su respectivo título de propiedad y mejorar sus condiciones socioeconómicas para una vida más digna.

La población víctima de desplazamiento forzado también será beneficiaria, y se privilegiará a mujeres cabeza de familia, adultos mayores y población en situación de discapacidad y a quienes decidan retornar a los predios afectados (Acción Social, 2011: 7).

Los artículos 114 y 115 enuncian una línea de favorabilidad y justicia a mujeres a través de atención preferencial en procedimientos y trámites de restitución de tierras por despojo y abandono forzado. El mecanismo de ejecución será la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas con perspectiva de género. Con ello se pretende favorecer el acceso de las organizaciones o redes de mujeres dirigidas a procesos de reparación; como complemento, el artículo 116 establece canales de entrega oportuna de predios garantizando la seguridad en la explotación de las mismas a través de la participación de fuerzas militares y con pleno consentimiento de las mujeres (Acción Social, 2011: 55).

Finalmente, el artículo 123 deja establecidas medidas para la restitución de vivienda por despojo o abandono, como por ejemplo con subsidios de vivienda para mejoramiento, reparación, reconstrucción en el mismo lugar y adquisición. Los delitos de despojo, expropiación, expulsión de los lugares de residencia vinculan directamente el desplazamiento forzado por acciones de violencia. “Párrafo 1º. La población víctima del desplazamiento forzado accederá a los programas y proyectos diseñados por el Gobierno, privilegiando a la población mujeres cabeza de familia desplazadas, los adultos mayores desplazados y la población discapacitada desplazada” (Acción Social, 2011: 58).

Otro elemento de reparación está consignado en los artículos 135, 136 y 137 concernientes a la rehabilitación, con fines al restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas. En estos se señalan dos características importantes: la perspectiva de género y la situación de vulnerabilidad. Vinculado a la rehabilitación se enuncia en el artículo 139 las medidas de satisfacción, destinadas o complementarias al restablecimiento del bienestar, la dignidad y el conocimiento de la verdad sobre lo sucedido.

En el artículo 145 de memoria histórica queda enunciada la necesidad de garantizar y facilitar por parte del Estado la construcción de dicha memoria desde los diferentes ámbitos y sectores de la sociedad. La memoria histórica es el custodio de lo que somos capaces de hacer contra nuestros semejantes y contra nosotros mismos, así que su importancia reside en el resguardo detallado de los hechos de violencia y, en consideración a ello, de la prevención y defensa, de las garantías de no repetición (art. 149).

Finalmente, el artículo 176 de la Ley 1448 relacionado con los objetivos del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas señala en el punto 5: “Brindar atención especial a las mujeres y niños, preferencialmente a las viudas, mujeres cabeza de familia y huérfanos”. Es uno de los pocos señalamientos específicos a las mujeres viudas y su referencia es de suma trascendencia en función de que la reconstrucción de una sociedad posconflicto requiere de la agencia de las mujeres para solventar de alguna manera la merma de los hombres. Ciertamente no especifica a las mujeres viudas de los excombatientes, que quedan incluidas en el grupo universal de sus similares.

El gran faltante es la justicia. Nos podríamos preguntar aquí: ¿la restitución de tierras y vivienda, la incorporación de una perspectiva favorable a las mujeres a través del enfoque de género, los esfuerzos en salud psicosocial, las políticas específicas a desplazados y los objetivos de atención y reparación a viudas sustituyen la justicia? ¿Se construye reparación y reconciliación sin justicia? ¿A qué apuntan verdad y memoria histórica sin justicia de los responsables? El reclamo por la justicia puede llevarnos a escenarios más críticos de los conflictos armados aún no denunciados o publicados, pero no por eso puede ser omitido. En este sentido, la Ley 1448 omite toda referencia al ejercicio punitivo de las justicias bajo las que se vivieron las décadas del conflicto y a cambio hace referencia a la justicia transicional. Al respecto caben algunas preguntas: ¿cómo explicar el ejercicio de la justicia y sus medidas discrecionales y excepcionales que permitieron o viabilizaron múltiples abusos durante el conflicto? ¿Todos los crímenes, de todos los actores militarizados y combatientes de y en el conflicto armado colombiano, pueden y deben ser incluidos en marco de una justicia transicional local?

Conclusiones

En este capítulo se han abordado los temas de desplazamiento interno forzado y reparación en un grupo de las víctimas del conflicto armado colombiano (1948-2012); se trata de las mujeres viudas de los actores militares de las fuerzas armadas del Estado y de las guerrillas —FARC y ELN—. Ambos temas vinculan preguntas y problemas relativos a: 1) la memoria y verdad de los procesos y eventos del conflicto, por ejemplo lo inaccesible a los archivos militares de todos los bandos cuyo cotejo podría acercarnos a los hechos con versiones menos sesgadas, parciales y/o contradictorias. En este sentido queda señalado el secreto de los archivos de las fuerzas armadas e igualmente lo secreto o inexistente de archivos militares de las organizaciones guerrilleras y paramilitares, como gran faltante para una reconstrucción más válida de la historia militar regional y del conflicto específico; 2) la memoria y verdad de las víctimas directas e indirectas. Un caso es el de la cónyuge y familia de los combatientes caídos como víctimas directas de las violencias derivadas de su participación y deceso. Por ejemplo, ¿por qué tienen que abandonar de manera forzada su residencia habitual las familias directas de los combatientes a la muerte de estos? ¿Qué exigen los procesos de verdad y memoria, e inclusión en las políticas de reparación, a la viuda de un combatiente y su familia?

La viudez como categoría social de estado civil indica la pérdida del cónyuge cuya comunidad (corresidencial o no) enlazaba una serie de relaciones emocionales y sociales, ordenadoras de un tipo de vida en pareja. La viudez a causa del conflicto político armado notifica la responsabilidad de la muerte en un enemigo específico, tanto como a circunstancias asociadas de la adscripción militar del cónyuge. En el conflicto colombiano, el conocimiento y la reivindicación pública de las acciones militares por las fuerzas involucradas (principalmente las guerrillas), los aportes de la investigación académica y el periodismo informativo y de investigación permitieron en repetidas ocasiones no solo identificar las organizaciones participantes en combates y enfrentamientos, sino también lograr versiones y aclaraciones sobre fechas, horarios, territorios, lugares, frentes, batallones, cantidad de combatientes, tipo de evento militar y, por supuesto, resultados, lo cual no agota la documentación necesaria del conflicto para un proceso real de memoria, verdad y reparación. Aun con muchas ausencias, las aclaraciones sirvieron a mujeres viudas para posteriores reclamaciones institucionales, certificados militares, reconocimientos y hasta el acceso a las políticas de reparación.

Entre las muchas consecuencias de la reciente violencia colombiana, el desplazamiento interno forzado es un proceso que no termina. En este universo se incluyen las cónyuges y familias de combatientes a causa de las amenazas latentes en función de su vínculo y que se agudizan a su muerte en cualquier evento del conflicto. Su deceso plantea preguntas, exige aclaraciones, señala responsables y denuncia la imposibilidad del control castrense en todos los grupos. Ella y su familia representan un vínculo con el conflicto, por lo que saben, conocen o intuyen, y una deuda que no se puede saldar en el plazo inmediato, por lo que quedan más amenazados desde cualquiera de los actores involucrados, incluso de la misma organización a la que él se adscribía. En este sentido el desplazamiento forzado ha sido una estrategia política de supervivencia; se da en condiciones precarias de partida, movilidad, tránsito, arribo e instalación en los lugares de destino, establecimiento de otra cotidianidad, comunicación política con la organización o la institución a la que se adscribía el cónyuge, salud emocional, física y psíquica; todo lo cual los pone y/o mantiene en una condición sistémica de vulnerabilidad. La mujer viuda de un combatiente en el conflicto armado colombiano representaba y representa un sujeto en condiciones críticas para la familia, la sociedad, la institución, la organización y el statu quo.

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Capítulo 8

¿Víctimas o gente expulsada del sistema en el siglo XXI?43

Esmeralda Hincapié Gómez

Introducción

A las ciudades llegan, y dentro de ellas se mueven, personas que son expulsadas de muchas partes del territorio, de sus barrios o de sus viviendas. El afán por sobrevivir a tan brutales expulsiones y sin alternativas estatales oportunas de atención a las víctimas las lleva a formar nuevos asentamientos urbanos, a sobrevivir en ellos y a rehacer sus vidas entre desconocidos en la inestabilidad espaciotemporal a la que son arrojadas. Esta situación es descrita desde distintos sectores sociales que se fundamentan en diferentes presupuestos y asumen diferentes posiciones; en consecuencia, sus narrativas configuran distintas versiones de lo que son y representan para la ciudad las personas que viven en los asentamientos urbanos.

En la segunda mitad del siglo XX, las diferencias entre estas versiones fueron documentadas como una tensión que mostró el enfrentamiento entre versiones oficiales basadas en presupuestos modernos de orden, elaborados en un discurso que opera metafóricamente (mostrar para ocultar) con estrategias de manipulación abusiva de la memoria (tergiversar y estigmatizar) según los fines del presente, y versiones críticas de movimientos y organizaciones sociales basadas en presupuestos de justicia y conflicto social, que develan el poder de los discursos dominantes para manipular y construir realidades acordes a sus presupuestos e intereses. De esta manera, a las versiones oficiales de la realidad vivida en los asentamientos urbanos se oponen las versiones de las comunidades expulsadas que allí viven y que fueron ganando espacios de enunciación.

Por su parte, algunas investigaciones del siglo XXI empiezan a ver en el caso de los expulsados y del crecimiento acelerado de las ciudades, una muestra de las fracturas del orden establecido, que tal vez ayude a comprender las implicaciones sociales del tránsito del mundo moderno que prometió estabilidad y certeza, hacia un mundo global, financiero y tecnológico que solo promete incertidumbre. Estas personas, arrojadas a la incertidumbre, construyen formas de hacer evanescentes que configuran identidades camaleónicas y modos efímeros de conexión entre ellos, comunidades transitorias. Estas formas de hacer y de conexión podrían estar constituyendo nuevas subjetividades individuales y colectivas para las que no está preparada la ciudad y mucho menos el sistema de atención estatal, razón por la cual sobre ellas recaen las críticas de ser ingobernables, las interpretaciones de ser poblaciones generadoras de caos y problemas sociales.

Por todo lo anterior, la propuesta de este texto es cambiar los marcos de referencia espaciotemporales a partir de los cuales se construyeron las comprensiones del sujeto de las ciencias sociales, cuyos presupuestos eran la estabilidad y la certeza, por presupuestos de incertidumbre, para construir argumentos que dejen ver, en el caos que los asentamientos urbanos imponen a la planeación de la ciudad, ya no un problema, sino una oportunidad de cambio o de salida a las paradojas en las que están atrapadas las administraciones municipales de las grandes ciudades, paradojas que hacen desfallecer los intentos de atención a víctimas, atención que, cuando se hace, se debe más al interés de funcionarios comprometidos que a la eficacia institucional dedicada a cumplir los acuerdos logrados por los movimientos sociales, que muchas veces se quedan en el papel y en informes maquillados, como es el caso del fracaso de muchas políticas públicas.

Esta propuesta surge después de ver durante muchos años el poder de la gente, de personas y comunidades que le estorban al sistema y las expulsa, de gente capaz de sobrevivir a expulsiones brutales y construir sistemas de vida y convivencia paralelos. Estas nuevas maneras de estar en la ciudad tal vez son posibles porque toman formas de vida femeninas, encarnadas en tantas mujeres que tuvieron que hacer sus travesías sin el apoyo de sus compañeros, hacerse cargo de sus hijos, emprender solas la construcción de sus viviendas, pasar desapercibidas a los ojos de los actores armados, enfrentar de manera decidida los intentos de desalojo y negociar tácticamente con el Gobierno alternativas de reubicación. Este capítulo, al mostrar el poder de la gente, cede el turno a los capítulos que ayudan a comprender el papel específico de las mujeres en el desplazamiento forzado, las distinciones de género, la vulnerabilidad de la mujer en un mundo dominado por hombres y los caminos que ellas están abriendo.

Por último, es necesario advertir que, si bien la experiencia en que se basa este texto está marcada por el trabajo mayoritario de mujeres, no usaré el desdoblamiento de los sustantivos en su forma femenina y masculina, para evitar dificultades sintácticas y hacer más sencilla la lectura.

Personas expulsadas del siglo XXI

Expulsados44, víctimas del conflicto armado

En Colombia, a partir de los años noventa, el desplazamiento forzado por el conflicto armado es una práctica terrorista para expulsar a gente de sus tierras, viviendas, barrios y empleos, que en contexto del nuevo sistema económico global tiene la característica de no dejar huella de los responsables. Sassen (2015) explica que la lógica interna a este sistema es la aplicación de complejos mecanismos financieros a cada vez más sectores de la economía para generar una plusvalía tan inmensa que ya no necesite más gente para reproducirse, sino que se reproduce a sí misma; ya no necesita al sujeto productor que creó en la primera mitad del siglo XX ni al sujeto consumidor que creó en la segunda mitad, de ahí su particular brutalidad y complejidad.

Por su parte, los expulsados pasan a habitar una zona borrosa, un borde sistémico, un afuera/adentro del sistema (Sassen, 2015), desde donde tratan de ocultarse y burlar las estructuras para sobrevivir. Esto evoca la idea de ciudad como sistema abierto de complejidad creciente (Maldonado, 2015) y ayuda a pensar desde un nuevo punto de vista lo que es diferente o particular a las formas de vida en los nuevos asentamientos urbanos: lo inestable, conectivo y efímero, formas de organización camaleónicas para no ser localizables por los actores armados ni dañados por los desastres, mientras que con la administración pública aparentan responder a los presupuestos de organización del siglo XX para ser sujetos de derecho ajustados a sus condiciones, es decir, aparentar ser comunidades unidas, organizadas y comprometidas, tal como lo reclama y añora la institucionalidad.

Nótese que la expulsión propia del siglo XXI es diferente a los desplazamientos perpetrados en el siglo XX, cuando era posible localizar y determinar los intereses y actores del problema, saber contra quién luchar para defender los derechos de los colonos, con procesos tradicionales de participación y organización comunitaria comprometida, con poblaciones que tenían claros proyectos de vida para estabilizarse y buscaban el apoyo de comunidades religiosas misioneras, universidades y ONG que intervenían desde teorías críticas del siglo XX, con conceptos como los de exclusión.

En el caso de Colombia, el ejemplo de expulsión lo protagonizan las víctimas del conflicto armado que viven fragmentaciones drásticas, rápidas e inesperadas, provienen de muy diversas regiones, culturas y clases sociales, se enfrentan a condiciones de inestabilidad espaciotemporal prolongada a partir del momento en que por primera vez son expulsadas de sus territorios, barrios y viviendas; en sus trayectorias de desplazamiento forzado muchos improvisan asentamientos en terrenos inestables de grandes ciudades, bajo la amenaza y al acecho del hambre y la enfermedad, de los constante de desastres, conflictos armados, abusos de bandas criminales y desalojos gubernamentales; acontecimientos frente a los que toman decisiones súbitas y hacen cambios bruscos.

Se mueven y camuflan para hacerse invisibles, no localizables, no identificables; se aglomeran con una extraña fuerza que los cohesiona (Amendola, 2000; Soja, 2008) y generan una suerte de organización comunitaria entre extraños basada en conexiones efímeras que emerge en momentos de extremo peligro. Se resisten a las exigencias de la ciudad establecida con acciones tan inesperadas como sorprendentes, con una extraña manera de estar en la ciudad y transformarla, de inaugurar la vida en la inestabilidad y jugar con la incertidumbre. La administración pública se reduce, en la mayoría de los casos, a ver que estos expulsados densifican la ciudad en zonas de riesgo, en terrenos no aptos para la vivienda según los parámetros de urbanismo moderno, en terrenos privados o reservados para otros usos según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), protagonizando un crecimiento descontrolado de la ciudad.

La respuesta institucional a la llegada de los expulsados a la ciudad fue evolucionando. En los años noventa predominaron los desalojos y los retornos a las zonas de conflicto de donde escaparon; fueron necesarios años de resistencia comunitaria y gestión de organizaciones sociales defensoras de derechos humanos para lograr que se les reconociera como personas en condiciones de desplazamiento forzado (Ley 387 de 1997) y como víctimas con derecho a atención, asistencia, reparación integral y restitución de tierras (Ley 1448 de 2011). Simultáneamente a esta lucha, las víctimas desplazadas por el conflicto armado pasaron décadas transitando por distintos asentamientos urbanos, tuvieron hijos en la ciudad, tejieron redes sociales y de supervivencia económica, etc. Puede entenderse entonces que su mejor opción terminó siendo la reubicación urbana.

Para acceder a una vivienda en la ciudad, los expulsados deben renunciar a las tierras y a las viviendas de donde fueron expulsados. Estos proyectos de reubicación terminan privilegiando las condiciones constructivas de los urbanistas, se hacen en terrenos donde quedan atrapados por los enfrentamientos armados entre grupos que se disputaban el control del territorio, del microtráfico de droga, del transporte de armas y del dinero que recogen por el servicio de seguridad para los vehículos, viviendas y negocios, lo que se conoce como vacunas. Un caso especial lo protagoniza Medellín, ciudad con específicas dinámicas de criminalidad (Pérez, 2005; Rincón, 2005; Barba, 2013; Cabrera, 2013; CODHES, 2013; Monroy, 2013; Nieto, 2013; Perea, 2014; Patiño, 2015).

Como si fuera poco, quedan a merced de los intereses del sector inmobiliario, urbanistas privados que ven en la regularización de tierras para dar solución de vivienda a las víctimas destechadas una oportunidad para acondicionar sus predios aledaños y hacer allí una oferta de vivienda mucho más costosa, valorizando poco a poco el sector con estrategias de estigmatización a los habitantes reubicados por sus extrañas formas de vida. Poco a poco les van haciendo la vida más difícil, hasta que optan por vender sus casas, construir nuevas viviendas irregulares y, como ya se dijo, continuar siendo habitantes intermitentes que transitan entre los lugares donde pueden encontrar trabajos esporádicos y donde quedaron dispersos sus familiares y sus amores.

Sobrevivir y convivir en la incertidumbre

Los asentamientos urbanos que se formaron después de la década de los noventa muestran personas en riesgo permanente, capaces de resistirse a los desalojos y negociar alternativas diferentes a las contempladas en el POT o las políticas de vivienda, de desalojo y de reubicación, pero, sobre todo, potencialmente capaces de cuestionar el orden establecido para transformar la ciudad y sus proyectos vitales. Estas afirmaciones se fundamentan en un proceso de investigación (Hincapié, 2017) que llegó a tres puertos:

Descripción amplia y detallada de las condiciones de vida, resistencias y transformaciones de los expulsados. Estas descripciones están formadas con relatos de sus formas de enfrentar las acciones armadas, los desastres, los desalojos, las negociaciones con administraciones públicas y demás problemas de supervivencia cotidiana. Ellos cuentan historias de cómo tuvieron que improvisar estadías transitorias en territorios de conflicto armado, sobre terrenos que constantemente se deslizan o que se lleva el río, construyendo ranchos de madera aglomerada que se deterioran y caen con frecuencia. A esto se suman los riesgos que genera la intervención de la administración pública cuando se empeña en mantener un orden desde sus propios criterios de riesgo, seguridad y bienestar, exige comportamientos estables y adaptados a ese orden y recurre a prácticas de desalojo contra quienes no los cumplan.

Distinción entre las prácticas sociales de los expulsados para sobrevivir y las del Gobierno para atenderlos. De las prácticas de los expulsados llama la atención el exceso de intermitencia, transitoriedad y falta de planeación, en condiciones de vida en riesgo extremo, que les enseñaron a estar al acecho, a reaccionar creativamente y a conectarse en los acontecimientos no previstos; son reacciones que se asimilan a la lógica de las “tácticas”, categoría que propone De Certeau (2007) y que define como prácticas difusas, azarosas, inasibles, dispersas y cotidianas, que juegan con los mecanismos de las estructuras, se apropian del espacio organizado y modifican su funcionamiento. Estas prácticas escapan a la lógica de la planeación estratégica, propia de la administración pública, lógica del cálculo razonado basado en una concepción de realidad que debe tender al orden y al equilibrio, y justifica prácticas de control que lo garanticen.

Encuentro de nuevas posiciones subjetivas de los expulsados construidas en la diversidad y la incertidumbre. Son nuevas posiciones en tanto fueron obligados a ir adquiriendo un sentido y estilo de vida en la inestabilidad, que no cabe en el orden de la ciudad e incluso muchos ya no quieren entrar en él. A cambio proponen otros órdenes paralelos, otras alternativas diferentes a las formas de habitar la ciudad establecidas y convivir con ella. Vivir en el riesgo que los pone al acecho, los hace conscientes de la vulnerabilidad humana y de la dependencia del otro, esto les sucede, no lo planean; aunque en todo son diferentes y todo los divide, en las emergencias se conectan para sentir que “nadie es totalmente inerme” (voz de una entrevistada) y que nunca se sabe lo que un sujeto puede hacer cuando se enfrenta a condiciones extremas.

Versiones de la atención a los expulsados
en los asentamientos urbanos

Las versiones construidas sobre los nuevos asentamientos urbanos se basan en los presupuestos establecidos por la planeación moderna y en las formas que van recreando las víctimas en sus trayectorias de expulsión: de un lado, la administración municipal los identifica como una amenaza al orden establecido45, y del otro lado, los expulsados se identifican como una alternativa de cambio para enfrentar los nuevos retos del crecimiento acelerado de las grandes ciudades dadas las masivas expulsiones que está perpetrando el sistema. Estas versiones muestran procesos de manipulación e instrumentalización abusiva de la memoria que, además, localizan en los otros la responsabilidad.

Los abusos de la memoria como estrategia de localización

La realidad social que a continuación se describe es aquí entendida como una versión entre otras, como un proceso de construcción discursiva situado en un espacio-tiempo determinado, y usa cuatro presupuestos teóricos: 1) la memoria como práctica social (Vázquez, 2001; Piper, 2013); 2) la manipulación abusiva de la memoria (Ricoeur, 2004) con la que se puede describir el sentido y la intención de la tergiversación y la estigmatización a los asentamientos; 3) las políticas de localización (Brah, 2011) consistentes en evadir la propia responsabilidad y dirigirla al otro localizando en él la causa del problema; y 4) el recurso a las memorias reservadas (Acevedo, 2012) para salir de la tensión dicotómica entre las versiones oficiales y las versiones de resistencia a las versiones oficiales.

La memoria como práctica social parte de la tradición que inaugura Halbwachs, actividad social que reconstruye recuerdos del pasado en el presente, recuerdos que se comparten según marcos sociales e intereses del presente, en intercambios que mantienen viva la memoria, cohesionan el grupo y mantienen su identidad (Ramos, 1989; Páez, Nekane y González, 1998; Jedlowsi, 2000), recuerdos de la vida cotidiana configurados por factores sociales, determinados por las instituciones sociales y por las características de los grupos (Shotter, 1990; Le Goff, 1991; Todorov, 1.999, 2002; Ricoeur, 2004; Halbwachs, 2004a, 2004b; Nora, 2009). En síntesis, el énfasis que interesa poner aquí para entender la memoria y desarrollar el argumento de las versiones de ciudad, es: a) una actividad social que responde a intereses del presente, se construye en el presente y lo que se olvida pertenece al presente; b) se realiza en el lenguaje, en él se construye lo que recordamos, los significados compartidos de la realidad y de las normas que orientan las prácticas sociales; y c) depende de su relación con el orden social establecido, contra el que luchan los grupos excluidos.

La manipulación abusiva de la memoria hace referencia aquí a la memoria manipulada e instrumentalizada: Todorov (2002) explica que el uso de la memoria se adecúa a cada situación singular y por eso es fácil inducir asociaciones con la memoria en el presente para orientar la acción, por ejemplo, el abuso de las conmemoraciones que usan los regímenes totalitarios y quienes buscan gloria y prestigio. Ricoeur (2004) muestra cómo se usa y de quién es la memoria, para develar la memoria manipulada, convocada y dirigida abusivamente, que se aprovecha de la fragilidad de la identidad, cuando es presentada desde un discurso dominante que naturaliza sus versiones, para distorsionar la realidad, legitimar el sistema de poder y unificar modos de significación y simbolización: “[…] hay una manipulación concertada de la memoria y del olvido por quienes tienen el poder… [la ideología] se intercala entre la reivindicación de identidad y las expresiones públicas de memoria… [con tres operaciones de ideologización]: distorsión de la realidad, legitimación del sistema de poder, integración del mundo común por medio de sistemas simbólicos inmanentes a la acción” (Ricoeur, 2004: 110-112).

Por su parte, Vázquez (2001) señala tres abusos de la memoria cuando esta se convierte en objeto de atracción mediática o en herramienta historiográfica: 1) la hipertrofia historiográfica que tendría efectos paralizantes, vía la conmemoración; 2) la espectacularización, que conduciría a la muerte del pasado, a partir de su banalización, de su conversión en anécdota puesta en el mercado para su consumo; y 3) la telepresencia, que tiene una relación directa con las llamadas nuevas tecnologías.

El abuso de memoria da una versión oficial que induce en la sociedad una concepción de los asentamientos y de la atención del Estado, con la intención de orientar las acciones hacia la reproducción de lo social, deteriora la identidad de muchos de los que viven allí, pues terminan identificándose a lo que este discurso construye. Las noticias de los desastres y atención a ellos, la entrega de viviendas como si el subsidio fuera sinónimo de vivienda regalada, las síntesis permanentes que hacen en el balance de la gestión del POT, además de dar cuenta de acciones concretas, son un relato que aparenta lucha contra el olvido (deber de la memoria) mediante el reconocimiento de los desprotegidos y víctimas, pero cuya intención oculta es la legitimación de prácticas establecidas e incumplimiento de leyes de protección de la vida que no se quieren cambiar. Contra todo, pretenden mantener un estado de cosas insostenible porque en las condiciones del siglo XXI se muestra la complejidad creciente de la ciudad.

Dos de los mecanismos de abuso de la memoria, ligados a la construcción de una versión de lo que son los asentamientos en función de los intereses del discurso oficial, son: de un lado, el que aplican los funcionarios púbicos durante la relación con las comunidades en los procesos de atención y negociación como forma de engaño, y de otro, el que aplica el Gobierno en general desde su discurso oficial sobre la sociedad en general para estigmatizar los asentamientos. Operan porque gran parte de los ciudadanos no conocen los asentamientos y fácilmente se logra que les tengan miedo y acusen de sembrar el caos y el crimen en la ciudad. Son dos maneras de distorsionar la realidad y legitimar el sistema de poder (Ricoeur, 2004).

La aceptación natural de realidades tan dolorosas como la expulsión y la precariedad de la vida en los asentamientos se logra con mecanismos como estos, que legitiman el abandono, dirigen de manera abusiva la memoria y localizan la culpa de los problemas de la ciudad en estas comunidades expulsadas. Procesos similares son estudiados por Brah (2011) y los llamó políticas de localización, consistentes en realizar una operación doble: de un lado, justifica procesos de marginación y discriminación: localiza en el territorio a la población según su posición social, su forma de fragmentación social y espacial que incrementa la segregación residencial, la polarización social del espacio; y del otro, hace olvidar que el problema estructural es el sistema de expulsión y que el problema coyuntural es la debilidad del Estado para cumplir su función de protección, hace olvidar que el problema está en dejar fuera a los expulsados de las políticas urbanas, el acceso a tierra y vivienda, y el acceso a servicios públicos.

Estas políticas de localización trabajan en ocultar las deficiencias gubernamentales de la intervención a los asentamientos, centrando el interés en los asentamientos con versiones oficiales que los tergiversan y estigmatizan, para trasladar el problema de la intervención en los expulsados, localizándolos como desestabilizadores del orden y negándoles el derecho a estar en la ciudad fuera de ese orden. Construyen una versión unificada de los asentamientos no consentidos para producir una realidad tergiversada que legitime las prácticas establecidas desde el sistema para controlarlos y localizan el problema en quienes están en riesgo por su falta de cumplimiento de las leyes que protegen la vida integrándolos al sistema como parte de la función protectora del Estado. Estas políticas de localización desvían la mirada de las estructuras, del sistema económico y de la administración pública, que son los generadores del problema porque son los que producen la pobreza estructural cuando se conjugan intereses económicos particulares con deficiencias administrativas de planeación y ejecución de presupuestos, fin último de los mecanismos de tergiversación y estigmatización.

Estas estrategias gubernamentales para intervenir los asentamientos siguen aferradas a modelos de orden modernos que no les permite ver las nuevas dinámicas de transformación, de crecimiento acelerado, diversidad e inestabilidad; esto los conduce a una paradoja que desde esta lógica no se puede resolver, pues tienen la función, como representantes del Estado, de proteger la vida y ello incluye a los expulsados del sistema, pero a la vez sus funciones están siendo determinadas por el sistema expulsor. Para salir de esta paradoja habría que separarse del modelo moderno de comprensión de las ciudades y con ello de la comprensión de la tensión en el sentido dicotómico del término, que ubica a los actores en grupos homogéneos y opuestos.

Las memorias reservadas como tácticas de deslocalización

Los expulsados develan las estrategias abusivas de la memoria que usa el Gobierno para naturalizar sus soluciones y disimular la imposición a los excluidos de las formas establecidas de estar en la ciudad. A la vez que aplican tácticas que se resisten a estos abusos, cambiantes y difusas. Pensar la reconfiguración de la ciudad incluyendo estos actores sociales presupone entonces oponer resistencia a la manipulación de la memoria dirigida de manera abusiva en beneficio de intereses particulares y hegemónicos.

Lo nuevo en las versiones de los expulsados es la puesta en evidencia de la falta de comprensión que tienen los modelos modernos de atención a los asentamientos sobre la realidad del siglo XXI que está construyendo el nuevo sistema económico global. En estas versiones que configuran las memorias reservadas se comprende la fuerza que tienen los expulsados para deslocalizarse del lugar en que los ubica el discurso gubernamental; ellos construyen una nueva ética de la relación (Montero, 2010), forman un nosotros entre extraños no localizable como comunidad establecida porque es un nosotros que emerge por conexiones instantáneas para enfrentar las crisis, y que opera en la diversidad y la incertidumbre.

En un juego de estrategias, la desventaja de los expulsados es evidente, ellos no son instituciones o corporaciones anónimas, sino gente del día a día con débiles y efímeras conexiones, mientras que el Gobierno es el establecimiento de la institución y los urbanistas son corporaciones, por tanto, su poder se lo da el cumplimiento de los objetivos para los cuales el sistema las inventó, no manejan su tiempo, no tienen afectos ni culpa, su misión es ganar, ganar capital. En este juego, con el paso de los años, no queda expulsado o comunidad de expulsados que resista.

Caso contrario es el juego que se libra desde la lógica de las tácticas, concepto de De Certeau para diferenciar las tácticas de las estrategias. Las tácticas son prácticas difusas, opuestas a las estrategias que definen las prácticas planeadas dentro de las estructuras. Mientras Foucault (1993, 1998) y Bourdieu (1993) ponen el énfasis en el estudio de las estructuras y sus determinaciones sobre los actores, De Certeau señala que las sociedades no se reducen a las estructuras, que hay tácticas o maneras de hacer minúsculas, dispersas y cotidianas que juegan con los mecanismos de esas estructuras para abstraerse a las estrategias de control, se apropian del espacio organizado y modifican su funcionamiento. Propone ver la ciudad, evocando a Goffman (2009), como el escenario de la vida cotidiana, donde discurren tácticas y conveniencias, formaciones de relatos y aventuras urbanas, es decir, la ciudad como objeto emergente y las prácticas urbanas como actos de creación.

Con este marco de referencia, es posible hacer una distinción entre las estrategias de expulsión y las tácticas de los expulsados, base para proponer otras lógicas desde donde sea posible pensar la necesidad de transformar la manera como se piensan, planean, diseñan y legislan las maneras de habitar las ciudades.

De víctimas y supervivientes a transformadores
del orden establecido

Los expulsados ponen en cuestión el orden establecido con sus formas alternativas de estar en la ciudad, con sus tácticas para hacer frente a las condiciones de inestabilidad, que emergen en situaciones de riesgo, que generan conexiones instantáneas y configuran nuevos tipos de comunidad, intermitentes, difusas, móviles, transitorias, imprevistas. Son tácticas que emergen por fuera del orden constituido en el marco espaciotemporal simétrico que formó la ilusión de certidumbre en Occidente, esto las ubica fuera del orden del discurso. Tal vez esta sea la razón por la cual aparecen de manera borrosa en las conversaciones, en los silencios y en los cortes que interrumpen los relatos cuando no saben explicar cómo o por qué hacen lo que hacen en momentos de riesgo extremo.

Las investigaciones que se preguntan por prácticas que no se pueden anticipar pero que van formando un modo de estar en un mundo definido por acontecimientos caóticos muestran la necesidad de reconceptualizar o proponer nuevas categorías sociales para comprender fenómenos que solo podrían suceder en el marco del siglo XXI. Ya no basta con aceptar la complejidad comunitaria de la que habló Montero, sino de diferenciar lo complicado de lo complejo; lo primero supone un orden a alcanzar, y ese sería uno de los presupuestos para atender víctimas; lo complejo escapa a ese orden y no en vano el reto para las ciencias sociales es entender y hacer frente a las consecuencias sociales de ingresar al siglo del fin de las certidumbres, como lo proponen Wallerstein (1999) y Prigogine (2006).

Entender esto tal vez abriría posibilidades de relación distinta con lo que pasa con los expulsados; más allá de garantizar condiciones de vida, cosa que tampoco se logra, es captar la lógica de lo que recrean al recrearse. Tal vez, para captar esto sea necesario dar un salto epistemológico, como decía Bachelard, replantear la relación con el orden establecido desde la visión dicotómica orden/desorden, formal/informal, estable/inestable, legal/ilegal, dejar de pensar que el cuestionamiento al orden está en proponer otro orden dentro de la misma lógica espaciotemporal.

Lo que enseña la vida de los expulsados es que el orden reside en las transformaciones no planeadas y en la creatividad para superar riesgos cuando la vida está en juego. La vida en condiciones de diversidad e inestabilidad, y las tácticas para enfrentarlas, forjan un conocimiento que estas personas tienen de la incertidumbre. Ellos han experimentado lo que acecha y no pueden ver (Gell-Mann, 2007), lo imprevisible, incalculable e incontrolable, y esta vida les cambia su relación con el espacio-tiempo. Pero esto, a la vez, los disloca de las localizaciones en que quieren ubicarlos las versiones oficiales, toman posiciones de sujeto intermitentes y se construyen como nuevos actores sociales que al actuar en la incertidumbre transforman la ciudad y muestran la necesidad de pensar otras ciudades posibles para esos nuevos actores. Estas condiciones extremas de expulsión sacan un potencial creativo para ocultarse, transformarse, moverse, estar al acecho, dislocarse… La ciudad posible pasa por encontrar la manera de interpretar las prácticas singulares de nuevas comunidades en nuevos asentamientos, y esta interpretación necesita el acercamiento entre ciencias sociales y naturales, porque la diversidad social forma comunidad cuando está sostenida en la incertidumbre.

La vida en la incertidumbre le está mostrando a las viejas instituciones, mientras se desmoronan, que otro mundo está emergiendo y que su función no es frenarlo, estigmatizarlo y aniquilarlo imponiendo el reingreso al sistema. Le está mostrando a las ciencias sociales la urgencia de replantearse para entender la incertidumbre de las sociedades actuales, ligar los estudios de la diversidad reducidos al campo de las teorías sociales, con los estudios de la inestabilidad identificados con las ciencias naturales. El espacio-tiempo como creación y posibilidad da una nueva dimensión a los estudios sociales reducidos a su visión lineal y determinista del tiempo, en la que formaron un mundo regular y predecible, dimensión que se abre a la diversidad, lo local y singular en un contexto social e histórico, en el que más allá de las supuestas regularidades pueden estudiarse las fluctuaciones. Este es precisamente el tema que se desarrolla en la tesis de doctorado en la que se basa este texto.

Conclusiones

Los expulsados han aprendido a ser cada vez más móviles e invisibles, a reinventarse y encontrar conexiones para transitar por la ciudad. Mientras tanto, la atención a ellos como víctimas, además de no garantizar su seguridad como función básica del Estado, se opone al potencial de cambio que ellos pueden significar al ponerlos a elegir entre sus nuevas prácticas sociales y el sometimiento al orden del sistema que los retorna a un mundo de estabilidad, que, en el mejor de los casos, traducen en recuperación o compensación de terrenos o viviendas, con algo de dinero para garantizar sus necesidades básicas, garantía generalmente incumplida. Este potencial de cambio se aniquila porque la intervención se planea desde los presupuestos establecidos y no desde los cambios de vida emergentes que en años de incertidumbre logran, porque la intervención está limitada a los planes institucionales, que a su vez están determinados por las tendencias mundiales que definen los expulsores. De ahí que la intervención no pueda cumplir su función de protección a los expulsados en tanto está determinada por los intereses de los expulsores, por lo que el funcionario que se adhiera a la búsqueda de alternativas creativas del lado de los expulsados terminará igualmente expulsado.

Esta paradoja reclama el replanteamiento de la función de las investigaciones y de los movimientos sociales, pues la investigación no da el salto epistemológico que exigen las condiciones del siglo XXI ni los movimientos sociales entienden que es la sociedad la que está en movimiento. Aceptar esto iría en la dirección de unir las organizaciones sociales y académicas en la construcción de una forma de Estado que se disloque del lugar que ahora lo ubica en la paradoja de ser el anfitrión del sistema económico global expulsor mientras que se le pide que proteja a los expulsados. Tal vez podrían retomarse experimentos de este tipo que se dieron en Medellín, por ejemplo, el Modelo de Urbanismo Social fundamentado en la Planeación Urbana Participativa, que es una interesante respuesta a este problema que podría avanzar en la comprensión del mundo complejo que construyen los expulsados si supera sus formas tradicionales de entender el sentido, tipos y procesos de participación, y si logra ver o incluso imaginar la otra ciudad posible que proponen los expulsados, tan móvil e intermitente que pueda ocultarse al capital urbanizador globalizador, como lo sueña Harvey (2013).

El derrumbamiento de las certidumbres, que enseñan las ciencias de la complejidad, y cuyos efectos sociales y psicológicos invitan a investigar Wallerstein (1999), es una oportunidad para ver en las formas de afrontar la inestabilidad prolongada que viven los expulsados la necesidad de cambiar los marcos sociales establecidos y abrir otros mundos de posibilidad para las ciudades, con actores capaces de estar en la inestabilidad y conectarse en la diversidad; esta es otra manera de entender lo que es tener posiciones de sujeto, despojada de las certezas.

Los relatos de los expulsados muestran una extraña inteligencia que se mueve según las circunstancias, una extraña sensibilidad humana para hacer alianzas, una extraña manera de hacer que comunica esperanza, que pone en conexión distintos mundos, que une actores diversos. Es una actitud de apertura a las sorpresas y al constante movimiento. En fin, es una forma de inteligencia en movimiento que se expresa en las coyunturas, que emerge en el instante de crisis. Una fuerza comunitaria que se asienta en la incertidumbre, conectados a pesar de la diversidad, porque aprenden a estar en movimiento para evadir el acecho, cuando todo es ganancia porque no hay nada que perder. Necesitamos más investigaciones que propongan nuevas comprensiones de un espacio-tiempo inestable, de las posiciones subjetivas que se construyen por fuera de marcos estables, de subjetividades con cierta “orientación hacia un presente permanente” (Monroy, 2013: 6), de fenómenos de dislocación de sujeto, tiempo y espacio (Pécaut, 2004) por los cambios obligados e intempestivos en los ritmos y espacios de la vida.

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Capítulo 9

La reparación a las víctimas bajo la perspectiva de género

Ruth Rubio-Marín

Introducción

Mucho se ha escrito sobre las diversas maneras en que el género ayuda a comprender la razón, las formas o los efectos de la violencia política que se ejerce en regímenes autoritarios y conflictos armados. Se trata de literatura que describe cómo sufren las mujeres, como miembros de la sociedad civil, pero también da buena cuenta de las maneras en que las mujeres se convierten en blanco específico por razón de su pensamiento político, su implicación en procesos de paz, su participación en formas de vida comunitaria, sus roles como madres o miembros de la familia y su lucha por la verdad y la justicia para sus seres queridos. Si bien hay razones de género para convertir a las mujeres en objetivo, también las hay detrás de ciertas formas de violencia. El género también es relevante para entender el impacto de la violencia en las vidas, tanto a corto como a medio y largo plazo, de las mujeres. Así, a las mujeres se las suele someter con mayor frecuencia que a los hombres a violencia sexual y reproductiva. También experimentan con mayor frecuencia formas de esclavitud doméstica. Las mujeres cargan también con muchas de las consecuencias de las acciones violentas dirigidas contra sus hombres. Así lo atestiguan la cantidad de hogares monoparentales que surgen después de un conflicto, las evidentes expresiones de dolor de las madres de los desaparecidos que no cejan en su lucha por la justica o la gran cantidad de mujeres entre la población de refugiados o desplazados internos en escenarios de conflicto.

La tendencia a hacer visibles a las mujeres y sus experiencias en conflicto armado y situaciones de represión política se ha visto reforzada desde que en el Consejo de Seguridad de la ONU se aprobara la Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad y las resoluciones que la siguieron. Hay que celebrar la gradual inclusión de la violencia sexual en la lista de delitos que se consideran violaciones graves de los derechos humanos como uno de los elementos necesarios para dotar a la reparación desde una perspectiva de género, como desde 2007 llevan también reivindicando grupos de la sociedad civil46. No obstante, es cada vez mayor el sentimiento de que incluir la violencia sexual entre las violaciones que merecen reparación no es suficiente haciéndose necesaria la transversalización de la justicia de género en el debate y diseño de las reparaciones.

En efecto, en la última década la necesidad de incorporar una perspectiva de género en la reparación en general y de garantizar que la violencia a la que se ven sometidas mujeres y niñas en situaciones de conflicto (aunque también de paz) genera la obligación de reparación ha cobrado vigencia tanto a nivel de los organismos de derechos humanos47 como de la comunidad científica48.

La cuestión es determinar qué implica esta labor exactamente. El presente capítulo se centra en este debate y tiene el ojo de mira en los programas de reparaciones de tipo administrativo más que en las reparaciones adjudicadas por la vía judicial (ya sea esta nacional o internacional), pues son estos programas los que se están convirtiendo en una forma cada vez más común de gestionar las reparaciones en el contexto de violaciones masivas de los derechos humanos y de las transiciones que les siguen.

La premisa inicial de la que parte el trabajo es que, ante un legado de violaciones generalizadas y sistemáticas, conviene que los gobiernos conceptualicen las reparaciones como proyecto político, con fundamento jurídico, destinado a reconstituir la comunidad política, facilitando la recuperación de la confianza mínima tanto interpersonal como en las instituciones del nuevo orden49. Concebidos como actos de afirmación de los derechos, los programas de reparación se convierten en modestos actos de creación del Estado democrático que sirven para legitimar un nuevo orden político, asentado en el respeto de tales derechos y en el reconocimiento de la ciudadanía de las víctimas, como titulares de derechos en condiciones de igualdad. Se abandona así el objetivo de la reparación integral que busca reparar el daño y revertir a la víctima a la situación anterior a la violación, en aras de una reparación que persigue fundamentalmente dotar a las víctimas de un debido reconocimiento. Este reconocimiento, que ha depender de forma necesaria de factores contextuales, debe, como mínimo, incluir los siguientes elementos:

El reconocimiento de la violación de los derechos de las víctimas.

La admisión de la responsabilidad del Estado en dichas violaciones.

El reconocimiento de los daños más graves que se derivan de las violaciones.

Un intento serio por ayudar a las víctimas a hacer frente a algunas de las consecuencias y daños de las violaciones en sus vidas, tratando de subvertir, así sea mínimamente, las estructuras de subordinación subyacentes.

En general, la metodología que respalda este capítulo concibe el enfoque de género de los programas de reparación como un reto en tres fases. En primer lugar, existe el desafío de evitar la discriminación en el diseño e implementación de dichos programas. En segundo lugar, se trata de impedir que normas patriarcales y estándares y sistemas de valor sexistas no se filtren en el diseño de la reparación. Por último, quedaría la tarea de explorar formas de optimizar el potencial transformador de los programas de reparaciones para que sirvan, así sea de forma modesta, en el avance hacia el ideal de una sociedad sin atisbo de subordinación de género. Sobre esta base metodológica elaboro una agenda para aportar un enfoque de género a las reparaciones siguiendo cada uno de los cuatro pasos que deben incluir las reparaciones que he señalado previamente.

Las reparaciones como reconocimiento de la violación de los derechos de las víctimas

El reconocimiento de las violaciones de los derechos de la mujer plantea diversos desafíos que condicionan la posibilidad de que los programas de reparación reconozcan a las mujeres como titulares de derechos en condiciones de igualdad. Algunos de estos desafíos son epistémicos y tienen que ver con lo que podríamos resumir como el menor número de oportunidades que tienen las mujeres de hablar, de ser escuchadas y de que se les crea cuando hablan. Permitir y animar a las mujeres a que se expresen y aprender a escucharlas son condición necesaria pero no suficiente para desarrollar programas de reparaciones que reflejen debidamente cómo las mujeres experimentan la violencia. La selección de las violaciones para las cuales habrá reparaciones (así como el diseño de medidas concretas de reparación para cada violación) también conlleva juicios morales y políticos sobre la relativa gravedad y relevancia política de las distintas violaciones, especialmente en un contexto en el que dicha selección requiere, inevitablemente, un ejercicio de establecimiento de prioridades. Dado que la definición de las violaciones de derechos en torno a la cual se estructura la noción de víctima repercute claramente en las dimensiones de reconocimiento de los programas de reparaciones, no basta con que simplemente se incluya a las mujeres como posibles víctimas, cosa que ningún programa de reparaciones ha negado hasta la fecha. Antes bien, uno de los retos más obvios a la hora de diseñar programas de reparaciones que reconozcan a las mujeres como ciudadanas iguales consiste en garantizar que aquellas violaciones que afecten en su mayoría a mujeres o que afecten a las mujeres de forma dispar no queden fuera de las violaciones que calificarían para recibir reparación. Esto exige al menos dos cosas: en primer lugar, ampliar el alcance de los programas de reparaciones para que reflejen las peores experiencias de victimización de la mujer y adaptar los estándares probatorios en consonancia. En segundo lugar, diseñar e implantar programas de reparaciones que desnormalicen la discriminación por motivos de género. Ahondemos en cada uno de estos dos requisitos.

Permitir que las mujeres cuenten su verdad

Debido a la normalidad de ciertas formas de violencia en la vida cotidiana de las mujeres, incluso en momentos de paz oficial, y debido a que el autosacrificio es un componente fundamental de la feminidad y la maternidad en culturas patriarcales, se sabe que las mujeres en los periodos posteriores a conflictos o a regímenes autoritarios se muestran más activas con respecto a las violaciones cometidas contra sus familiares más cercanos (maridos, hermanos, hijos) que con respecto a las que se cometen contra ellas mismas, a las que suelen restarle importancia por considerarlas marginales, privadas, periféricas o secundarias. Por ejemplo, no resulta extraño observar que mujeres que fueron acosadas, detenidas y sometidas a diferentes formas de violencia por ser familiares de activistas políticos casi nunca hablan de sus propias experiencias de victimización. También, a no ser que se les pregunte de forma explícita, las mujeres con hijos, esposos o hermanos desaparecidos, asesinados o detenidos no suelen hablar mucho del impacto de estas violaciones en sus propios proyectos de vida. Por último, existen ciertas formas de violencia, como por ejemplo la violencia sexual, cuyo efecto estigmatizante sobre la víctima y su familia puede ser tan grande que lo previsible e inevitable es que muchos casos no se denuncien. Los significados colectivos vinculados a la feminidad (que están en la base de por qué y cómo se perpetra la violencia sexual contra las mujeres durante el conflicto) no se eliminan automáticamente por el simple hecho de que remita el conflicto. Por supuesto, lo mismo es aplicable a la masculinidad. Los hombres tienen enormes dificultades para abordar públicamente la violencia sexual a la que son sometidos y por ello experimentan, a través de esta forma de victimización, un silenciamiento específico de género.

Por todo ello, además de garantizar que las organizaciones de víctimas (a menudo en su gran parte compuestas y dirigidas por mujeres) sean consultadas de manera adecuada en el diseño de las políticas de reparación, se debe animar a las mujeres a que reflexionen sobre sus propias experiencias de opresión durante el conflicto o el periodo de turbulencia política. Además, harían falta políticas y campañas públicas de lucha contra la violencia hacia la mujer para crear un entorno que sea mínimamente propicio para la denuncia de la violencia sexual perpetrada en el pasado. La participación activa de los grupos y asociaciones de mujeres en los debates sobre reparaciones podría animar ambas actuaciones. Lo ideal sería que estas organizaciones no perdieran la oportunidad de arrojar luz también sobre la violencia sexual a la que los hombres se han visto sometidos, pues hacerlo ayudaría a mostrar que, en cuanto a su significado, la violencia sexual a menudo consiste en tratar a los hombres como “uno trataría a las mujeres”. Se mostraría así que la violencia sexual no es solo una preocupación que afecta a las mujeres. Por todo ello, cuando las iniciativas de reparaciones siguen a procesos de esclarecimiento de la verdad, es importante que la experiencia de las mujeres se visibilice y adquiera relevancia en dichos procesos. Hace falta, eso sí, un pensamiento más creativo para evaluar qué tipos de entorno pueden ayudar a diferentes grupos de mujeres (piénsese en niñas o en mujeres de minorías étnicas) a sentirse cómodas contribuyendo, si así lo desean, con su parte de la verdad, sin olvidar también el tipo de entorno que podría ayudar a niños y hombres a hacer visible las formas en que los modelos hegemónicos de masculinidad condicionan sus experiencias, ya sea como perpetradores o como víctimas.

La cuestión de los plazos resulta fundamental, sobre todo con respecto a reparaciones por delitos de naturaleza sexual. Dado que las condiciones necesarias para denunciar y testificar la violencia sexual no siempre se dan después del conflicto, los programas de reparación deben tener esto en cuenta y no sacrificar su adecuada accesibilidad en aras de la urgencia por avanzar y cerrar capítulos del pasado que la sociedad pueda legítimamente sentir. Ciertamente, permitir que hombres y mujeres víctimas de violencia sexual testifiquen frente a mecanismos de esclarecimiento de la verdad otorga un doble beneficio: por un lado, el efecto reparador para las mismas víctimas y, por otro, contribuir a la creación del tipo de entorno más propicio para ayudar a otros a reconocer su victimización. A pesar de ello, existe el peligro de excluir a las víctimas más vulnerables si el acceso a las reparaciones viene condicionado por la participación en los procesos de verdad (como es el caso cuando el elenco de víctimas que pueden acogerse a reparaciones incluye únicamente a las que hayan acudido a testificar ante una comisión de la verdad). Se estaría excluyendo así, precisamente, a aquellas víctimas que, por su estado físico o psicológico, fueran incapaces de participar en procesos frente a comisiones de verdad. Por ello, sería importante que el mecanismo de reparaciones se dote de unos plazos adecuados para permitir que las distintas víctimas puedan presentar sus reclamaciones únicamente cuando se sientan psicológicamente preparadas para hacerlo.

La feminización de la deshumanización

En contextos de violencia política a gran escala, el concepto de víctima que se utiliza con fines de reparación suele reflejar las formas más comunes y típicas de violencia que se haya producido. No obstante, dada la cantidad de derechos que suelen violarse en tales situaciones, es a menudo necesario realizar una selección de las peores formas de violación de los derechos humanos. Dicha selección va también implícita en la noción de violación flagrante de derechos humanos. En el pasado, la mayoría de los esfuerzos de reparación solían centrarse en violaciones a derechos civiles y políticos incluidos en un catálogo bastante escueto pero clásico, entre ellos, la detención ilegal, la ejecución sumaria y las desapariciones forzadas. Con ello muchas de las formas de violaciones más comunes contra mujeres y niñas quedaban simplemente excluidas como causa de reparación hasta la fecha.

Un indicio alentador de cambio es que cada vez más se incluye explícitamente la violación y demás formas de violencia sexual en la lista de violaciones que deben someterse a reparación. En el pasado, la violencia sexual se omitía o se cubría solo de forma implícita. Por ello, hemos de congratularnos por el reciente reconocimiento explícito de la violencia sexual como forma de violación de derechos humanos que activa procesos de reparación. No obstante, es lamentable que a veces la categoría seleccionada no sea del todo incluyente (como sucede cuando solo se incluye la violación, definida, frecuentemente, de forma excesivamente estrecha) dejando de lado otras formas atroces de violencia sexual, como son la mutilación de órganos sexuales, la esclavitud sexual o la desnudez forzada, por mencionar solo algunas de las recurrentes.

Es importante, por tanto, que el reconocimiento explícito y la visibilidad que conlleva no se adquieran a expensas de definiciones inadecuadas o que se generen otras formas de devaluación de la violencia sexual, como la creación de una categoría independiente acompañada de la asunción de que se trata de un delito menos grave que el resto de delitos incluidos. Por último, conviene resaltar que si no se dan las circunstancias para que la mayoría de las víctimas de violencia sexual den la cara sin temor a la estigmatización podría barajarse la opción de una modalidad menos explícita de inclusión.

Es indudable que incluir en el catálogo de violaciones aquellos delitos perpetrados contra las mujeres o con un impacto dispar sobre estas representa un signo de progreso. Resulta igualmente fundamental, sin embargo, que las normas probatorias concuerden con las experiencias de las mujeres. Por ello, los estándares de pruebas correspondientes a casos de violencia sexual deben adecuarse a la naturaleza de dichos delitos. Esto puede exigir una renuncia a la idea de que las pruebas deban basarse principalmente en un reconocimiento médico forense. En cambio, el testimonio de la víctima, las secuelas psicológicas o simplemente un sistema de presunciones basadas en conocidos patrones de conducta delictiva podrían ser considerados fuentes de prueba suficientes.

Dado que el temor a la estigmatización social es uno de los obstáculos más difíciles de superar para las víctimas de violencia sexual a la hora de reclamar reparaciones, es fundamental que se garantice la confidencialidad de las víctimas durante todo el proceso. Permitir que las mujeres den testimonios o aporten pruebas en privado, a distancia, a través de un representante, en presencia de otras mujeres o que cuenten con ayuda psicológica capacitada son medidas que sirven para proteger su confidencialidad y crear un entorno favorable. A la hora de declarar, es habitual que las mujeres no expresen con claridad si han sido violadas o sometidas a otras formas de violencia sexual y, en su lugar, se refieran a un intento o amenaza de violación, a la violación de otras mujeres o simplemente usen una terminología imprecisa. Resulta por ello igualmente importante disponer de personal funcionario con la suficiente preparación para saber escuchar y comprender este lenguaje sutil.

La creciente sensibilización sobre el hecho de que la violencia sexual no es un daño colateral del conflicto, sino que tiene entidad propia como una violación grave de los derechos humanos que requiere reparación, no deja de ser un paso adelante. Sin embargo, lamentablemente, se corre el riesgo de sexualizar a la mujer si dejan de atenderse, como suele ser el caso, otras violaciones igualmente atroces. Muchas otras formas de violencia a las que están sometidas las mujeres en tiempos de conflicto y represión política, como son, por ejemplo, el trabajo doméstico forzado, las uniones matrimoniales forzadas, los embarazos y abortos forzados, las esterilizaciones forzadas o el robo y adopción no consentida de niños y niñas siguen quedando normalmente fuera de los programas de reparaciones. Entre las formas de violencia más comunes que sufren las mujeres se encuentran aquellas prácticas que pretenden provocar o provocan embarazos involuntarios (como por ejemplo embarazo forzado), abortos naturales o pérdida de la capacidad reproductiva (como la esterilización forzada). No obstante, las violaciones de los derechos reproductivos de las mujeres no suelen incluirse ni conceptualizarse como violaciones independientes, aunque representan daños extraordinarios y distintos de los que provocan otras formas de violencia sexual.

Explicitar los criterios para la inclusión de las violaciones permitiría pues un debate productivo sobre si la selección de tales criterios es de hecho discriminatoria en términos de género. Como ejemplo se puede mencionar el desplazamiento forzado. Es común pensar que en muchos conflictos aquel afecta a las mujeres de manera desproporcionada; sin embargo, salvo en las excepciones paradigmáticas a las que se ha hecho referencia, el desplazamiento forzado no ha sido incluido en casi ninguno de los programas de reparaciones que han sido implementados hasta la fecha. Ello a pesar de la gravedad del daño que supone tener que dejar todo atrás para empezar una nueva vida y recrear el tejido social y los sistemas de comunidad en los que muchas mujeres basan su cotidianidad, así como de la extremada vulnerabilidad de mujeres y niñas en campos de refugiados donde con frecuencia siguen siendo objeto de otras formas de abuso y explotación, como la explotación sexual.

Las reparaciones como reconocimiento
de la responsabilidad del Estado por la violación
de los derechos de las víctimas

Las iniciativas de reparación conllevan la necesidad de reservar recursos para las víctimas, lo cual, en sí, refleja la aceptación de algún tipo de responsabilidad por su destino. Además, como veremos, algunas formas simbólicas de reparación, como por ejemplo las disculpas oficiales por parte del Estado o de sus agentes directamente responsables de las violaciones (como el ejército o la policía), tienen un gran potencial para recalcar la aceptación de la responsabilidad directa por la violación de los derechos de las víctimas.

Dicho esto, incluso aquellos estados que en principio no se oponen a la idea de ofrecer reparaciones pueden acabar circunscribiendo el alcance de su responsabilidad de forma muy cuestionable. Entre las distintas formas de hacerlo se encuentran, primero, reducir las violaciones pertinentes a solo aquellas perpetradas por los actores concebidos como agentes del Estado; segundo, limitar la responsabilidad a los casos de un tipo de violencia determinado concebido como política en sentido estricto y, en relación con esto, establecer limitaciones según la ubicación en la que se producen las acciones violentas. Vayamos por partes.

En primer lugar, entonces, ¿debe importar quiénes perpetran la violencia? En principio, existen buenas razones para pensar que la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos de las víctimas varía de un caso a otro de manera que pudiera influir también en el modo en que cobran forma las reparaciones. Pertinente a la determinación del grado de responsabilidad no es solo si las atrocidades fueron cometidas por el Estado, sino también si este podría haber tomado medidas para evitar que se produjeran a manos de terceros y, por tanto, incumplió su deber de proteger adecuadamente a sus ciudadanos50. Dado que en muchos regímenes autoritarios, y más aún en situaciones de conflicto civil a gran escala, la violencia perpetrada contra las mujeres suele provenir de actores no estatales, como son los miembros de la guerrilla y grupos de autodefensa civil, es fundamental que el concepto de víctima en un programa de reparaciones sea capaz de cubrir adecuadamente dichos actos violentos. En particular, este es el caso cuando estos actores, más que los militares u otros agentes del Estado, son los principales responsables de algunas de las formas más atroces y sistemáticas de violencia contra las mujeres, como puede ocurrir en el reclutamiento forzado, la esclavitud doméstica y sexual o el aborto o esterilización forzados.

Para evitar la despolitización de la experiencia de violencia de las mujeres hay que tener en cuenta las múltiples formas en que las mujeres son tratadas como objetos e instrumentalizadas en luchas políticas de todo tipo principalmente lideradas por hombres. Por ejemplo, en muchos regímenes dictatoriales, hermanas, hijas y madres de disidentes o activistas políticos se han convertido en objetivos de la policía y fuerzas militares como forma de castigar o intimidar a sus parientes masculinos, extraer información sobre ellos o simplemente porque sus lazos familiares hacen que se las considere automáticamente colaboradoras. También se ha castigado a las mujeres que luchan por la justicia o ayudan a las víctimas. En estas situaciones, las violaciones a las que se ven sometidas las mujeres son de carácter netamente político. El hecho de que sean victimizadas se debe al conflicto político y, en la mayoría de los casos, a sus vínculos con los activistas políticos (y no simplemente a su condición de mujer), y esto debe quedar reflejado en la reparación.

Por último, es igualmente importante para las mujeres que el lugar en que hayan sido victimizadas no constituya un motivo exclusión de su condición de beneficiarias. Es posible que una interpretación estrecha de lo que pueden constituir espacios de sometimiento y vulnerabilidad que permitan el abuso de poder no refleje de forma adecuada la fenomenología de la violencia contra las mujeres. Al fin y al cabo, gran parte de esta violencia no se produce exclusiva o normalmente en centros de detención, cárceles o instituciones estatales, sino también en sus propios hogares y barrios, dejándolas, de esta forma, sin lugares seguros.

Reparaciones como reconocimiento del daño derivado de la violación de los derechos de las víctimas

Debido a que el objetivo de los programas de reparaciones no es solo certificar que se han producido ciertas violaciones, sino también ayudar a las víctimas a hacer frente a los efectos de las mismas mediante medidas concretas, estos programas se basan en suposiciones implícitas o explícitas sobre el daño y la pérdida sufridos por las víctimas y sobre cómo pueden repararse o compensarse. Nociones como la restitución, la rehabilitación o la compensación (que pueden traducirse en prestaciones de reparación material en forma de servicios, pagos de una suma total o pensiones, así como en medidas simbólicas de reparación) dan por sentado que se ha producido un daño y/o que ha conllevado una pérdida de forma injustificada. A partir de ahí, definir las medidas específicas de resarcimiento exige una valoración y el establecimiento de prioridades entre los estos daños. Dicho proceso puede ser discriminatorio pero también alberga cierto potencial de transformación.

Para comenzar, los distintos programas han puesto distintos grados de énfasis en la noción de daño y lo han hecho de distintas maneras. Algunas veces, aunque pocas, los programas explican y clasifican los tipos de daños que se derivan de ciertas formas de violación a la hora de establecer una compensación adecuada. Es más común que haya programas en los que la noción de daño permite reconocer como beneficiarios no solo al titular de un derecho (desde el punto de vista jurídico), sino también a los miembros de su familia y personas dependientes más directamente afectados por la violación.

Entre los programas de reparaciones que más se centran en los daños se encuentran aquellos que a los efectos de asignar prestaciones materiales se han basado en la valoración de los daños para dar prioridad, o bien a los beneficiarios que han soportado las formas más graves de daños como resultado de violaciones, o bien a los que más probabilidades tienen dada su condición de vulnerabilidad preexistente. Observar los daños que han provocado las violaciones permite comprender las violaciones de derechos no exclusiva o primordialmente como una desposesión indebida de bienes, sino como una distorsión de las relaciones y de las redes sociales que dichos derechos mantienen, de un modo que resulta especialmente relevante para las mujeres. Además, el efecto compuesto de la violencia, discriminación y explotación (previa, durante y posterior al conflicto) a la que están sometidas las mujeres y niñas (el llamado “continuo de violencia”) se vuelve más intenso cuando examinamos la dimensión de género de los daños que sufren las mujeres y sus efectos a corto y largo plazo, todo lo cual proporciona una razón para atribuir cierta importancia a la noción de daño a la hora de abordar las reparaciones. Comentemos cada uno de estos aspectos por separado.

Violaciones de derechos e interrelación de daños

La totalidad de las violaciones que se cometen contra varones en sociedades organizadas alrededor de una estructura familiar (como por ejemplo la detención ilegal, las ejecuciones sumarias, etc.) ejercen un impacto tremendo en las vidas de las mujeres. Esta situación se torna más evidente cuando la estructura familiar refleja una cultura patriarcal siendo las mujeres son las principales encargadas del hogar. A pesar de ello, los efectos perjudiciales de la violencia sobre el cónyuge, los progenitores o los descendientes de los supervivientes de una violación, tortura o encarcelamiento ilegal no suelen reconocerse debidamente, por lo que los miembros de la familia solo suelen considerarse beneficiarios si las víctimas principales han fallecido. Además, en la medida en que los programas de reparaciones tratan de tener en cuenta las formas en que la violencia perjudica a la familia y sus miembros, una cuestión más amplia sería determinar si el concepto de familia que adoptan los programas de reparación se corresponde con la realidad plural de formas familiares en las distintas sociedades y con la forma en que dichos sistemas se adaptan a las necesidades que surgen en tiempos de conflicto.

Más allá de infligir daños a individuos y familias, la violencia suele trastrocar la vida de comunidades enteras y lo hacen con un impacto típicamente diferencial en hombres y mujeres. A cargo de reproducir el tejido social de la comunidad, asegurar su existencia cotidiana y construir sus redes de apoyo, las mujeres parecen sufrir más cuando los recursos, la infraestructura y la confianza de la comunidad se ven socavados por la violencia, de manera que la vida cotidiana se convierte en una dificultad fuera de lo común. Una política de reparaciones que se centre de forma demasiado restringida en reparar a personas cuyos derechos han sido violados y al mismo tiempo priorice las violaciones de los derechos civiles y políticos sobre las de los derechos socioeconómicos puede distorsionar la realidad de los daños que las personas, sobre todo las mujeres, sufren durante y después del conflicto.

El daño en perspectiva de género

Además de comprender la interrelación de los daños que se derivan de la violencia política infligida a hombres y mujeres, el enfoque de género en la conceptualización de las reparaciones requiere una comprensión sobre cómo la misma violación puede dañar a hombres y mujeres de manera diferente. Dicho en otras palabras, exige un proceso de comprensión y medición de los daños sin sesgo de género.

Para comprender por qué las mismas violaciones pueden provocar daños distintos en hombres y mujeres, es importante tener en cuenta que las definiciones culturales prevalentes alrededor de la masculinidad o la feminidad contribuyen a la experiencia del daño en sí. Además, ambos sexos también pueden estar dotados de forma distinta para soportar distintas formas de violencia y sus secuelas. Son varios los ejemplos: en más de un país, las mujeres que son detenidas como presas políticas han descrito su experiencia como una de doble victimización. Así, sentían que mediante el abuso físico y verbal no solo se las estaba castigando por enfrentarse a la ideología política hegemónica, sino también un orden de género que entiende que la política no es cosa de mujeres. Para estas mujeres, mantener su dignidad durante su tiempo en prisión representaba dar la batalla por su ideología política, pero también luchar por ser respetadas como seres políticos, en contra del orden establecido. Ex presas políticas también se han quejado de que, una vez fuera de prisión, tanto el estigma (alimentado por prejuicios acerca de la feminidad) como el hecho de tener ya cierta edad redujeron sus posibilidades de matrimonio o maternidad, algo que no les pasaba necesariamente a sus homólogos masculinos. Por ello se plantea aquí la cuestión de cómo reconocer en términos de reparación esta doble victimización de las mujeres a la hora de dar con formas materiales y/o simbólicas de compensación.

En reconocimiento a que las mismas violaciones no se traducen en los mismos daños para todas las víctimas, algunos programas de reparaciones, como los de Sierra Leona o Timor Oriental, han optado por respaldar un modelo que se centra en los daños otorgando prestaciones exclusivamente a las víctimas más vulnerables o a las más afectadas. La justificación más general para ello ha sido a menudo la escasez de recursos. Dada la discriminación estructural generalizada contra las mujeres en diversas sociedades, no es sorprendente que este tipo de enfoque haya conducido a que las mujeres o algunos grupos especialmente vulnerables de mujeres (como las viudas o las víctimas de violencia sexual) hayan ocupado un lugar prioritario entre las víctimas. Lo mismo cabe decir de niños y niñas. En general, cuando se trata de compensar económicamente, establecer prioridades entre las víctimas según su vulnerabilidad puede, por lo tanto, ser un medio de promover la justicia de género a través de las reparaciones. Como alternativa, los programas de reparaciones podrían asignar menores cantidades de compensación equitativa a todas las víctimas, en reconocimiento de su condición de igualdad en la titularidad de derechos, para completarlo luego con paquetes de servicios específicamente diseñados para ayudar en el proceso de rehabilitación de las víctimas más vulnerables que, seguramente, serían mujeres.

Entender que las mismas violaciones pueden conllevar tipos muy distintos de daños en víctimas masculinas y femeninas, y a menudo (aunque no siempre), daños más graves para las mujeres que para los hombres, resulta por tanto fundamental. Del mismo modo, una concepción del daño con perspectiva de género requiere estar atentos al sesgo de género que se puede dar en el proceso de evaluación de los daños derivados de las violaciones de derechos humanos. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los delitos sexuales y en la dificultad de evaluar adecuadamente los daños que conllevan. Se sabe que entre tales daños se incluyen, por lo general, los traumas, la estigmatización social y el ostracismo de la víctima por parte de su pareja, familia o comunidad (con la consiguiente perturbación emocional y, en muchos contextos, pérdida de la posibilidad de contraer matrimonio y conseguir así un cierto sustento y estatus social). Los embarazos no deseados o la pérdida de la capacidad sexual y/o reproductiva también están entre los daños posibles. Cabe mencionar igualmente los graves problemas de salud que se pueden derivar, entre los que se incluyen las fístulas y las enfermedades de transmisión sexual como el VIH, algunas de las cuales pueden provocar la muerte. No obstante, si nos centráramos en la violencia sexual exclusivamente como una afrenta a la integridad física o a la dignidad de la persona o (incluso peor) a la dignidad de su pareja, familia o comunidad, de acuerdo con interpretaciones de género que pueden ser culturalmente dominantes, estaríamos contribuyendo a la consolidación de tales nociones y perdiendo la oportunidad de identificar las verdaderas medidas de reparación que necesitan las mujeres. Lo mismo ocurriría si no se le diera la visibilidad adecuada a la violencia sexual contra hombres y niños, pues contribuiría a perpetuar la idea de que solo las mujeres son violables.

Por último, el sesgo de género también se puede producir según la forma en que se midan los daños resultantes de violaciones, a los efectos de las reparaciones correspondientes. La pérdida de ingresos o la pérdida del potencial de ingresos han sido a menudo el criterio predeterminado para medir los daños (especialmente cuando se trata de daños corporales, amputaciones o mutilaciones) y asignar las prestaciones correspondientes, por lo general sobre la base de categorías extraídas de seguros de incapacidad laboral que no están necesariamente en sintonía con la naturaleza específica de algunos de los daños que sufren las mujeres. Además, en sociedades cuyo modelo se basa en el sustento familiar masculino, muchas mujeres carecen de igualdad de oportunidades en el ámbito educativo y a la hora de acceder y prosperar en trabajos remunerados fuera del ámbito doméstico. Es posible que también desarrollen trabajos con muy escasa remuneración, a menudo en el sector informal. En estas situaciones, confiar exclusivamente en criterios tales como la pérdida de oportunidades a la hora de evaluar el daño sería claramente una desventaja para las mujeres si las únicas oportunidades que se tuvieran en cuenta (porque son las que se valoran) fueran las que normalmente se reservan para los hombres y aquellas de las cuales se nutre la idea misma de masculinidad. De igual forma, la compensación por daños a la carrera profesional o al desarrollo económico suele incluir el concepto de pérdida de oportunidades educativas y formativas, pero no asociarse a la compensación por daños que se derivan de la violación o esterilización forzada aunque ambas afecten, como suelen hacerlo, la trayectoria vital y la estabilidad económica de quienes las padecen. Estos ejemplos demuestran que si no deseamos reproducir la desigualdad es necesario, en primer lugar, compensar a las mujeres no por lo que hayan perdido, sino por lo que habrían perdido en un sistema no discriminatorio. En segundo lugar, es necesario medir las oportunidades o el lucro cesante teniendo en cuenta también la pérdida de funciones necesarias para el trabajo doméstico, la pérdida de la capacidad reproductora, la pérdida de un esposo o de la posibilidad de conseguirlo. Todos estos factores son fundamentales para la subsistencia y oportunidades de las mujeres en muchos lugares del mundo. Por supuesto, sería deseable que estas funciones y oportunidades pasaran a ser menos esenciales para la definición de la feminidad en un futuro y en una sociedad más justa y con menos estereotipos de género. No obstante, a fecha de hoy, es innegable que estos son los daños reales que sufren las mujeres, por lo que deberían quedar incluidos en nociones generales como son, por ejemplo, las de oportunidades, posibilidades o el potencial, cuya pérdida se valore a efectos de reparaciones.

Las reparaciones como intento genuino de ayudar
a que las víctimas puedan hacer frente a los efectos
de las violaciones y de subvertir las estructuras
de subordinación preexistentes

Los programas de reparación no consisten simplemente en un intento de reconocer y asumir la responsabilidad por la violación de derechos y evaluar de qué modo dichas violaciones han ocasionado daños y pérdidas tanto individual como colectivamente. Cada programa también abarca una visión de los elementos que podrían ayudar a las víctimas a afrontar los efectos perjudiciales de la violencia en sus vidas. De esta forma, los programas de reparación reflejan una lectura tanto descriptiva como prescriptiva no solo del pasado violento sino también de la forma en que dicha violencia ha irrumpido en la vida cotidiana de las personas y de lo que la gente puede necesitar para recuperar la normalidad. Debido a que en muchos casos la normalidad de la vida cotidiana de las mujeres implicaba múltiples formas de discriminación, coacción, subyugación, violencia y explotación, el proyecto de reparar el daño provocado por la violencia extraordinaria mediante una vuelta a la normalidad es, en el mejor de los casos, controvertido. Por otro lado, tampoco podemos simplificar. Es evidente que en épocas de conflicto y represión política las mujeres experimentan graves daños que son expresión de discontinuidades tremendas y drásticas, y que están vinculadas a la interrupción de órdenes preexistentes, incluyendo sus códigos de género. Por tanto, el reto de la reparación con enfoque de género debe ser saber encontrar formas de reparar los daños que las víctimas experimentan ayudándolas a reconstruir sus vidas, sin perder la ocasión para subvertir cualquier forma de subordinación de género que el quebrado orden pudiera haber contenido.

Disculpas oficiales, pensiones, oportunidades educativas, acceso a servicios sanitarios, servicios de rehabilitación psicológica, pagos individuales y proyectos colectivos de reconstrucción son solo algunas de las numerosas formas en las que los programas de reparación tratan de ayudar a las víctimas a seguir adelante. El abanico de opciones varía de un caso a otro. Algunos programas dan prioridad a los pagos individuales como forma de compensación material, mientras que otros hacen un mayor hincapié en el acceso a servicios y rehabilitación tanto de individuos como de comunidades afectadas. La reparación simbólica y/o colectiva también cobra distinto protagonismo según la experiencia. Las prioridades políticas, el número de víctimas, la cantidad de recursos disponibles y la existencia de necesidades contrapuestas en la población en general inexorablemente limitan la cantidad de recursos que en última instancia se pueden dedicar a las reparaciones.

Generalizar acerca de qué les sirve a las mujeres, por no mencionar a determinados grupos específicos de mujeres y niñas, para enfrentarse a los efectos de la violencia es aún más difícil que generalizar acerca de las formas en que las mujeres sufren daños, aunque solo sea porque la primera generalización presupone la segunda. Sin embargo, puede valer la pena explorar algunos de los retos y oportunidades que las reparaciones presentan a la hora de ayudar a las mujeres después de una etapa de violencia política, así como algunos de los retos relacionados a los que se enfrentan de forma específica los hombres. Para analizarlo, distinguiré entre los diferentes objetivos de la reparación, realzando en cada caso su dimensión de género: 1) restitución y compensación material; 2) rehabilitación y reintegración; 3) reconocimiento simbólico; y 4) garantía de no repetición.

Restitución y compensación material

Independientemente de que el objetivo sea una compensación a las víctimas en proporción al daño soportado o, más bien, en calidad de muestra simbólica de reconocimiento, resulta de gran importancia que se dé alguna forma de reparación material para ayudar a las víctimas a reconstruir sus vidas. Incluso cuando, como se defiende en este capítulo, el objetivo de la reparación se centra en reconocer la común humanidad de las víctimas y su condición de igualdad como ciudadanas, resulta fundamental que estas perciban la seriedad del esfuerzo. Proporcionar a las víctimas cierta compensación material, si se lleva a cabo adecuadamente, puede facilitar dicha percepción.

La mirada de género en el debate sobre la compensación económica exige al menos cuatro pasos. En primer lugar, el debate sobre la importancia que debe tener la restitución de la propiedad, en general, y en comparación con los recursos destinados a compensar a las víctimas de violaciones de derechos distintos al de la propiedad tiene una innegable dimensión de género, dado que las mujeres son con menor frecuencia propietarias y sufren discriminaciones de varios tipos a la hora de acceder a títulos de propiedad. Por ello, la restitución de la propiedad requiere, por justicia de género, la corrección en vez del refuerzo de la discriminación, así como asegurar que las formas de propiedad o posesión que se van a restituir o compensar también cubran la tenencia o propiedad informal de bienes muebles, ganado, vivienda y cualquier otra forma que pueda ser especialmente importante para garantizar el sustento de las mujeres.

En segundo lugar, adoptar una perspectiva de género en la compensación económica exige superar toda forma de discriminación formal con base en el sexo a la hora de diseñar prestaciones de compensación material. Si el ordenamiento jurídico ha discriminado tradicionalmente a las mujeres en su régimen de herencia, es importante que el concepto de beneficiario (que determina quién puede acceder a la prestación si la víctima primaria ha muerto o desaparecido) no reproduzca dicha discriminación.

En tercer lugar, el debate sobre la compensación económica también debe versar sobre cómo elegir, entre posibles opciones, aquellos tipos de prestación material y modos de distribución y administración que puedan mejorar la autonomía de las mujeres, así como los que mejor aseguren que el dinero se va a quedar en sus manos teniendo en cuenta sus circunstancias reales de vidas. Entre los obstáculos que pueden dificultar el acceso de las mujeres a una compensación y otras formas de reparación cabe mencionar la falta de documentación o información, el analfabetismo, las presiones formales e informales (a menudo procedentes de miembros de la familia), los obstáculos a la movilidad y el miedo a represalias, así como la estigmatización y el ostracismo en seno familiar y/o en la comunidad. Además, la elección de modalidades y formas de reparación podría ser fundamental para determinar la atribución de poder a las mujeres. Por ejemplo, cabría considerar si los programas de microcréditos o de formación en capacidades serían interesantes complementos a prestaciones de compensación, como las pensiones, que giran más en torno a aspectos asistenciales. Además, en sociedades con una estructura familiar patriarcal que de jure o de facto niegan a las mujeres la posibilidad de ser autosuficientes económicamente convirtiéndolas en las principales encargadas de cuidar del hogar y la progenie habría que considerar la posibilidad de favorecer pensiones o pagos en varios plazos, en vez de pagos únicos, que suelen acabar manejando figuras masculinas sin dejar que las mujeres puedan aportar mucho en la toma de decisiones.

Por último, en aquellos programas de reparaciones donde se presta atención a la entidad del daño (a la hora de decidir la forma o la cuantía de las prestaciones), incorporar la perspectiva de género exige resaltar la dimensión económica que tienen la mayoría de las violaciones de derechos perpetradas contra las mujeres. Un reto interesante a este respecto es el de demostrar la dimensión material del legado de la violencia sexual en las vidas de las mujeres. Si bien algunos de los activos intangibles de los que a menudo se priva a las víctimas de violencia sexual dentro de sus comunidades (como son la virginidad, la pureza o la posición social) no pueden devolverse, ello no debiera impedir detallar todos los activos tangibles de los que se suele privar a las víctimas. El ostracismo a nivel familiar y comunitario, el abandono del cónyuge o el hecho de quedar inhabilitada para contraer matrimonio son, con demasiada frecuencia y en demasiadas culturas, sinónimos de destitución material. Los costes de los tratamientos médicos, aquellos asociados a embarazos no deseados y a la crianza de niños fruto de una violación también son una palpable realidad.

Rehabilitación e integración

La rehabilitación con perspectiva de género exige el análisis de qué medidas de rehabilitación se adoptan y de cómo pretende ser su implantación. Algunas modalidades de rehabilitación pueden contribuir más que otras a mejorar la autonomía personal y, por ello, ser más transformadoras que otras para las víctimas en general y, de manera más específica, para las mujeres. En general, en la medida de lo posible, los servicios prestados deben ir más allá de los que cabe exigir al Estado, por derecho. Un programa de reparaciones que se concentrase solo en la prestación de servicios básicos y tratase de acotarlos a las víctimas excluyendo al resto de ciudadanos seguramente acabaría dividiendo a las comunidades, sometiendo por ello a los beneficiarios, sobre todo a las mujeres, a formas de presión bastante importantes. Es lo que ocurrió en Ruanda con la implantación de programas de este tipo.

Es igualmente importante debatir las formas en las que el sesgo de género puede producirse cuando se conceptualiza la rehabilitación o se diseñan o implantan mecanismos de rehabilitación. Por ejemplo, no es suficiente insistir en que las mujeres reciban los mismos servicios de rehabilitación a los que pueden acceder los hombres. Dichos servicios deben responder a las necesidades específicas de las mujeres. Diseñar los servicios que se prestan reflejando las necesidades específicas de las mujeres exige un esfuerzo por superar cualquier sesgo de género que pueda contener el sistema nacional de servicios existente. Una forma de salvar la posibilidad de incurrir en trato discriminatorio es ser lo más explícito y específico posible en cuanto a los servicios que se vayan a prestar. Por ejemplo, en lugar de solo recomendar que las víctimas tengan acceso gratuito o privilegiado a asistencia médica y psicológica, los programas de reparaciones deben detallar los tratamientos que las víctimas necesitan para curarse o rehabilitarse. Debido a que las secuelas físicas y psicológicas más comunes de algunas de las formas de violencia a las que están sometidas con mayor frecuencia las mujeres, como la violencia sexual, también son bastante fáciles de identificar, esto debería ser un ejercicio viable.

Más allá de atender las necesidades específicas de hombres y mujeres mediante los servicios adecuados, la perspectiva de género en la rehabilitación y reintegración exige una mayor consciencia de que las nociones de rehabilitación y reintegración presuponen la de una vida sana o funcional a la que, como situación ideal, se trata de revertir a la víctima. Por ello, el ejercicio debe ser necesariamente contextual y no dejar por fuera la noción de rehabilitación psicosocial ni sus componentes de género. La emisión de certificados de defunción o desaparición para los cónyuges de los desaparecidos puede ser fundamental para hacer que las esposas de los desaparecidos abandonen una situación de limbo jurídico (ni solteras ni viudas ni casadas) y contribuir a su reinserción social. Es lo que demuestra el caso de Argentina. Ayudar a las víctimas, y sobre todo a las mujeres, a lograr una sensación de que su caso está cerrado requiere casi siempre contar la verdad sobre sus seres queridos y ayudarlas a cumplir con su deber para con ellos, lo que hace necesarias las exhumaciones que permitan un sepelio digno o la posibilidad de poner lápidas y tumbas, sin que el castigo a los responsables de la violencia sea en la mayor parte de los casos un elemento prescindible. Crear las condiciones para eliminar el estigma de las víctimas, con frecuencia marcado por códigos de género, también es una condición previa para su reintegración social. Piénsese en la necesidad de eliminar las cicatrices físicas de niñas y niños que fueron reclutados a la fuerza como combatientes, o piénsese en la necesidad de adoptar medidas para ayudar a las víctimas de violencia sexual a recuperar una vida familiar y comunitaria libre de estigma. En última instancia, aunque la rehabilitación, la restitución y la satisfacción se conceptualizan como diferentes modalidades de reparación, existen varias medidas de restitución y satisfacción, entre las que se incluyen la restitución de la identidad, la vida familiar y la ciudadanía de las víctimas, el retorno al lugar de residencia, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de los desaparecidos, la recuperación y el enterramiento de los restos mortales, así como las disculpas públicas, que pueden tener un efecto tan rehabilitador, desde un punto de vista psicosocial, como los propios servicios médicos o sociales destinados a las víctimas en general y a las mujeres en particular.

Por último, la reintegración y la rehabilitación pueden exigir la generación de oportunidades que previamente se había negado a las víctimas, normalmente por razones de género. Entre esas oportunidades se encontrarían el acceso a empleos dignos, la educación, formación profesional o los incentivos al emprendimiento económico como, por ejemplo, los microcréditos. Además, su experiencia del conflicto o de la represión política hace que muchas mujeres pasen a desarrollar por primera vez en sus vidas una actividad pública o política. Fomentar este activismo, mediante la promoción de asociaciones de mujeres o su participación en partidos políticos, también podría ser una forma de rehabilitar a mujeres cuyas vidas han cambiado drásticamente, de forma que su destino no sea el de regresar únicamente a unos hogares y vidas familiares truncadas de manera irreversible. Hay pues margen para explorar el potencial transformador, también en clave de género, que pueden tener los mecanismos de rehabilitación cuyo objetivo específico es mejorar la participación y autonomía de las víctimas.

Reconocimiento simbólico

Las medidas de reparación simbólica son medidas de satisfacción que también pueden facilitar el proceso de rehabilitación psicológica y social de las víctimas. Su objetivo principal es dar a las víctimas el reconocimiento debido. Entre las medidas de este tipo que incluyen algunos programas de reparaciones encontramos disculpas oficiales, actos conmemorativos, cambio de nombres de calles e instalaciones públicas, fijación de un día conmemorativo, construcción de monumentos, museos y espacios para el recuerdo de las víctimas, etc. Todos estos elementos pueden servir de vehículos para la contextualización de otras medidas de reparación. Pensar en las reparaciones simbólicas desde el enfoque de género brinda la oportunidad de explorar si los hombres y las mujeres reciben su parte correspondiente cuando se trata de ofrecer reconocimiento simbólico. También invita a la conversación sobre si los hombres y las mujeres en general, así como distintos grupos de hombres y mujeres en particular, pueden necesitar formas distintas de reparación simbólica. Por último, plantea la cuestión del potencial transformador que tiene la reparación simbólica y de los contenidos de género que pueden plasmarse, reproducirse o transformarse a través medidas simbólicas.

Pensemos, para empezar, en las disculpas. Como demuestran los siguientes ejemplos, quién se disculpa, para qué, dónde y cómo no es irrelevante desde una perspectiva de género. Dada la larga tradición de conceptualizar la violencia contra las mujeres como privada y de culpar a las mujeres por la violencia a la que son sometidas, sobre todo cuando dicha violencia es de naturaleza sexual, parece que recalcar las dimensiones pública y política de la violencia que sufren las mujeres debe ser una prioridad en cualquier intento de reparación que tenga en consideración las necesidades específicas de las mujeres. Por esta razón, el impulso por ampliar la lista de violaciones para incluir aquellas que afectan a las mujeres como tales o que les afectan de manera dispar (como, por ejemplo, la violencia sexual) representa a su vez una expresión del reconocimiento de la dimensión política de dichas formas de violencia. No obstante, resulta de igual importancia que los programas de reparaciones, al definir las prestaciones, se abstengan de calificar como privadas a escala simbólica aquellas formas de violencia que se centren o afecten a las mujeres de forma dispar. Cabe pensar en la necesidad de reclamar disculpas oficiales por parte del Estado y sus agentes (el ejército, la policía y otras fuerzas de seguridad) para así superar los prejuicios relacionados con la naturaleza privada de los delitos sexuales y facilitar la rehabilitación psicológica de las víctimas.

A las disculpas públicas se suman con frecuencia gestos públicos de reconocimiento que a menudo consisten en medidas para conmemorar el conflicto, la violencia o la idea de reconstrucción que acompaña a un proyecto de reparación y reconstrucción mediante la creación o remodelación de espacios y objetos públicos (monumentos, museos, cambios de nombres de calles y otros espacios públicos). Poco se ha reflexionado sobre el estudio de posibles formas de conmemoración y recuerdo que las mujeres pudieran preferir con respecto a aquellas que, de forma tradicional, han escogido los hombres51. Existen algunas propuestas incipientes acerca del modo de conmemorar a las mujeres en los espacios públicos. En Sudáfrica, por ejemplo, se ha restaurado la cárcel de mujeres de Johannesburgo y ahora alberga organismos de nueva creación constitucional, entre los que se incluye la Comisión para la Igualdad de Género. También existen calles y localidades a las que se les ha dado el nombre de mujeres famosas52. Cualquiera que sea la forma o el espacio conmemorativo que se elija, un claro requisito es que las mujeres queden silenciadas u ocultas en dichos espacios como sucedería, por ejemplo, si los nombres elegidos fueran solo nombres masculinos, o las estatuas elegidas todas de hombres a caballo o en combate.

Además, es importante que las formas simbólicas que se usen para representar al hombre y a la mujer tengan un efecto empoderador para ambos por igual, algo que, una vez más, exige un equilibrio adecuado entre afirmación y transformación. En el caso de aquellos monumentos y espacios públicos que “miran hacia atrás” (que intentan capturar y representar el horror del pasado) es especialmente importante que las múltiples formas de participación femenina del pasado se encuentren representadas para evitar una interpretación de la mujer que la esencialice o acabe negando su subjetividad. En el caso de aquellos espacios y objetos que, por el contrario, celebran el futuro en torno a la idea de reconstrucción o reconciliación, lo importante sería no ofrecer una idea romántica de las mujeres que las reduzca a estereotipos sobre la crianza, el perdón y la predisposición al autosacrificio por el bien de la madre patria. Las mujeres sufren como madres, hermanas e hijas y esto debe reconocerse, pero también debemos visibilizar el hecho de que las mujeres sufren como luchadoras por la libertad o simplemente como civiles víctimas del azar y de que muchas de las que sufren por la razón que sea no están dispuestas a aceptar que su sufrimiento fuese algo que le debieran a la nación ni a su reconstrucción. No cabe esperar que la idea de la mejor manera de captar la forma en que los hombres o mujeres sufren, contribuyen, perdonan o recuerdan deje de ser controvertida. Por ello, es crucial en todo caso consultar a las víctimas y a sus comunidades a la hora de establecer y decidir el emplazamiento de los monumentos oportunos. En este proceso de consulta se debe escuchar adecuadamente y dar una oportunidad de participar a las mujeres supervivientes y las mujeres familiares de víctimas.

Garantía de no repetición

La garantía de no repetición constituye una categoría genérica de reparación que, según la definición de las directrices y principios de la ONU sobre reparaciones, abarca la reforma de las instituciones para contribuir a la prevención mediante un amplio abanico de posibles medidas, tales como garantizar el control civil eficaz de las fuerzas militares y de seguridad; proteger a quienes defienden los derechos humanos; proporcionar educación en derechos humanos; promover los estándares internacionales de derechos humanos en el funcionariado, las fuerzas encargadas del cumplimiento de la ley, los medios de comunicación y la industria, así como revisar y reformar las leyes que contribuyan o permitan violaciones flagrantes de derecho internacional de los derechos humanos. En cierto modo, este es el mecanismo de reparación que ofrece el mayor potencial transformador de las relaciones de género porque, al perseguir la no recurrencia, inevitablemente desencadena un debate sobre las causas estructurales que subyacen a la violencia y sus manifestaciones de género, además de una discusión sobre qué reformas legales o institucionales de carácter general podrían ser necesarias para garantizar que las violaciones de derechos no se repitan.

Los programas de reparación que se producen en un momento dado (y tienen una dimensión inevitablemente retrospectiva) cuentan con limitaciones inherentes para servir como mecanismos que prevengan futuras violaciones, por mucho que estas sean, en parte, legados bastante previsibles de un pasado reciente de violencia. A pesar de ello, las garantías de no repetición constituyen una invitación al Estado para que tome medidas teniendo precisamente en cuenta los legados previsibles a corto y medio plazo de un pasado violento en la vida de las mujeres y, más específicamente, para que adopte medidas que eviten la explotación de sus nuevas formas de vulnerabilidad. La obligación de reubicar a poblaciones desplazadas o de mejorar sus condiciones de vida podría fundamentarse en esta obligación como forma de reparación. Campañas de educación dirigidas a la población en general con énfasis en los derechos humanos de las mujeres, campañas que aporten una comprensión adecuada de la violencia contra las mujeres o que ayuden en la concienciación de la relación entre los abusos del pasado y la pervivencia de formas presentes de violencia, tanto en el ámbito laboral como doméstico, podrían ser también herramientas sobre todo teniendo en cuenta que tras un periodo de violencia generalizada, represión y terror, las mujeres en general, y las especialmente vulnerables en particular, se convierten con frecuencia en objetivos renovados de formas antiguas y nuevas de violencia.

Además de romper los ciclos de violencia que alimentan las nuevas formas de vulnerabilidad de mujeres y niñas a quienes se les debe evitar revivir el horror que ya experimentaron, las garantías de no repetición, de ser adecuadamente articuladas, cuentan con la ventaja de una perspectiva temporal bidireccional, que invita a mirar al pasado y al futuro. Hacerlo puede ayudar a detectar las condiciones que propiciaron la violencia al mismo tiempo que sus legados y, por ello, constituir una plataforma adecuada desde la cual proponer reformas estructurales con miras más amplias que busquen el bienestar de todas las mujeres, y no solo de las víctimas, y contribuyan de esta forma a la articulación de un sistema político más inclusivo y equitativo. Además, cuando son las mismas víctimas las que participan en el proceso de formulación de propuestas de reformas, las garantías de no repetición pueden servir también como elementos clave en sus procesos de rehabilitación psicosocial proporcionándoles la satisfacción de saber que sus experiencias de dolor y trauma no han sido gratuitos, sino que, por el contrario, han servido como motores de cambio para las futuras generaciones. Las reformas de carácter general con miras a la justicia de género que se acaben proponiendo pueden, por último, considerarse también medidas de reparación colectiva que contribuyan al bien de todas las mujeres en su conjunto, dadas las múltiples formas en que la violencia de género en situaciones de conflicto o periodos autoritarios perjudica no solo a las víctimas individuales, sino a todas las mujeres en su conjunto. Tenerlo en cuenta parece especialmente oportuno cuando como aquí se defiende una teoría de las reparaciones que busca vincular el reconocimiento individual del daño y la violencia que sufren los supervivientes a procesos sociales más amplios de democratización con miras a la mayor inclusión y a la transformación.

Conclusión

Cuando la reparación se enfrenta a un legado de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, el reto debe entenderse como la posibilidad de ofrecer una modesta aportación a la construcción de un nuevo Estado pacífico y democrático construido sobre la base del reconocimiento que merecen las víctimas en condiciones que ayuden a generar confianza en el nuevo régimen y en su legitimidad. Otorgar el debido reconocimiento a las víctimas exige el reconocimiento de la violación de sus derechos, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, el reconocimiento de los daños resultantes y un intento serio de ayudar a los supervivientes a hacer frente a algunos de los efectos que la violencia ha dejado en sus vidas, sin perder, en la medida de lo posible, la oportunidad, por pequeña que sea, de subvertir las estructuras de subordinación de las que partió la violencia y sus formas de expresión en clave de género y que explican sus efectos, también de género.

Aportar consideraciones de justicia de género en el diseño e implantación de programas de reparaciones que aspiren a conseguir tales objetivos exige evitar la discriminación y el sesgo de género a la hora de diseñar tales programas, pero también reflexionar acerca de las posibilidades que las reparaciones ofrecen para plantearse cuáles debieran ser las condiciones de sociedades más igualitarias e inclusivas. Así, más allá de asegurarnos de que los programas de reparaciones no discriminan entre potenciales beneficiarios con base al sexo, las reparaciones con perspectiva de género imponen requisitos adicionales, entre los que se incluyen asegurar que las violaciones de derechos que afecten a la mayoría de las mujeres o a mujeres de forma dispar no sean ignoradas; que el concepto subyacente de violencia política en torno al cual se articulan las reparaciones no excluya formas de violencia contra las mujeres que guarden una conexión estrecha con el conflicto o la represión política; que los daños derivados de las violaciones de derechos sean expuestos de forma que arrojen luz sobre el modo en que su interrelación afecta sobre todo a las mujeres (al provocar daños también en familias y comunidades), y muestren las diversas maneras en las que las mismas violaciones de derechos se traducen con frecuencia en distintos tipos de daños, a menudo daños más graves, para las mujeres, tanto a corto como a largo plazo.

A la hora de asignar recursos materiales y simbólicos que permitan que las supervivientes puedan avanzar, es necesario tener en cuenta el general estatus de subordinación de la mujer, así como sus necesidades específicas en el ocaso de situaciones de conflicto o represión política. Tampoco cabe ignorar el mayor potencial transformador que, sobre formas ya existentes de subordinación económica de la mujer, pueden tener ciertos remedios materiales frente a otros, ni que no es de recibo ignorar por sistema la dimensión material del daño que experimentan las mujeres. El diseño y la tipología de las medidas y servicios de compensación otorgados y la forma en la que se distribuyen pueden ser determinantes para que alcancen o no a las víctimas mujeres. Y también eso hay que tenerlo en cuenta, como hay que tener en cuenta que las mujeres y las niñas, los distintos colectivos de mujeres, pueden precisar de formas características de reparación material y simbólica y que es importante que las medidas vayan dirigidas tanto al individuo como a la familia y a la comunidad en general que deben constituir las verdaderas células de intervenciones reparadoras, pues de otra forma es difícil abarcar la naturaleza difusa, multidimensional e interrelacionada del daño que soportan las mujeres en contextos de represión política.

Para concluir, el desarrollo, la implementación y los plazos de ejecución de los programas de reparación deben ser acordes con las necesidades y experiencias de las mujeres, quienes deben también apropiarse del proceso mismo que conduce a la reparación. Garantizar que los intereses de las mujeres estén suficientemente representados y hacerlo también a través de organizaciones de víctimas y otros agentes relevantes de la sociedad civil es de vital importancia. La divulgación de la información, la identificación y registro de víctimas y el procedimiento de recepción de reclamaciones individuales deben tener en cuenta que las mujeres con frecuencia no disponen de las capacidades y medios más básicos (alfabetización, documentación, movilidad e incluso acceso a cuentas bancarias) para aprovechar cualquier forma de reparación, y que pueden sufrir todo tipo de presiones, de carácter formal e informal, como lo son todas las relacionadas con las connotaciones culturales comúnmente asociadas a la experiencia de victimización en casos de violencia sexual. Por ello también la concreción de plazos adecuados para las reparaciones resulta crucial.

Dicha fijación de plazos debe tener en cuenta que las víctimas en general, y en particular las víctimas de violencia sexual, suelen necesitar más tiempo para dar la cara como víctimas y estar en condiciones de plantearse el reclamar reparaciones. Además, las víctimas en general, y las mujeres en particular, pueden ser reacias a la hora de solicitar una compensación o cualquier forma de reconocimiento de daños a sus personas si no sienten que han cumplido antes con sus obligaciones de cara a sus familiares. Sin antes conocer la suerte que corrieron sus seres queridos, donde yacen sus restos para recuperarlos y darles debida sepultura, es muy posible que muchas supervivientes no estén siquiera en condiciones de participar en una conversación sobre formas adicionales de compensación o reparación a sus personas.

Bibliografía

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Shelton, D. (1989-1990): “Private Violence, Public Wrongs, and the Responsibility of States”, Fordham International Law Journal, 4, pp. 1-34.

Capítulo 10

Tensiones entre la justicia transicional y el derecho
de los refugiados: el caso de la diáspora colombiana
frente a la firma de la paz

Enán Arrieta-Burgos y Úrsula Baigorria-Köppel

Introducción

El conflicto armado colombiano ha utilizado el desarraigo como principal instrumento bélico. Que a septiembre de 2018 el Estado haya reconocido como víctimas de desplazamiento forzado interno a más de 8 millones de personas es prueba suficiente de ello (Unidad para las Víctimas, 2018a). Así, quienes se han visto obligados a desplazarse dentro del territorio nacional representan casi el 80% del universo de víctimas del conflicto. Sin embargo, quizás por la ausencia de datos y por sus mismas implicaciones, otra práctica bélica de desarraigo es, con frecuencia, invisibilizada: el desplazamiento forzado externo o transfronterizo.

El desplazamiento forzado externo o transfronterizo ha dado lugar al no lugar de la diáspora colombiana53. Si los datos estimados son ciertos, esto es, si para 2018 más de 500.000 colombianos se encontraban refugiados, este sería el segundo hecho victimizante con mayor nivel de incidencia en la historia del conflicto armado interno. Pese a ello, el exilio, éxodo, destierro, desplazamiento forzado externo, desplazamiento forzado transfronterizo —o como quiera llamársele— no es reconocido por el Estado colombiano como un hecho victimizante, de manera que cerca del 6% de las víctimas del conflicto continúan siendo invisibles para la justicia transicional de nuestro país.

La diáspora colombiana es multiforme y plurifactorial. Así, algunos de los colombianos que migraron hacia el exterior como consecuencia del conflicto consiguieron acceder a la protección internacional derivada del refugio. No obstante, muchos otros aprovecharon su doble nacionalidad, la existencia de redes de apoyo, la obtención de becas educativas y las visas de trabajo como mecanismo regular de ingreso a un país extranjero. A ellos, además, tendríamos que sumar la realidad de los connacionales que se encuentran en situación “irregular” más allá de las fronteras nacionales y que también huyeron del país para proteger sus vidas.

Pues bien, en este capítulo se analiza, específicamente, la situación de aquellas víctimas de desplazamiento forzado externo o transfronterizo que accedieron al estatus internacional de refugiados y que, paradójicamente, con la firma de la paz, podrían ver en riesgo esta protección. Y ello es así por cuanto, siendo la condición de refugiado una protección de eminentemente temporal (Hathaway, 1996; Ineli-Ciger, 2018), algunos países receptores de colombianos, como Venezuela, Panamá y Ecuador, entre otros, podrían estar tentados a aplicar la cláusula de cesación prevista en la legislación internacional y, consecuentemente, ordenar el retorno forzado de estos connacionales (Sánchez, 2018). Lo anterior so pretexto de que, en tiempos de posconflicto, las condiciones que justificaban la protección internacional habrían desaparecido.

Así, en este capítulo se estudian, a la luz del derecho de los refugiados y la justicia transicional colombiana, las condiciones que los países extranjeros deben considerar antes de aplicar la cláusula que les permite cesar la protección internacional concedida a un nacional colombiano que migró hacia el exterior como consecuencia del conflicto (cessation clause).

De esta manera, mostraremos que el acuerdo de paz suscrito en noviembre de 2016 no implica, per se, un cambio objetivo en las circunstancias que motivaron el refugio. Así, los retornos de refugiados colombianos que se produzcan con ocasión de la firma de la paz no deberían dar lugar, sin más, a la pérdida de la protección internacional54. En esta misma vía analizaremos cómo el hecho de que un connacional refugiado demande ser reconocido por el Estado colombiano como víctima del conflicto no debería llevar a que, por esta sola razón, se declare cesada su protección internacional.

En este orden de ideas, para desarrollar esta propuesta de trabajo, en primer lugar, bosquejaremos una breve aproximación a la diáspora colombiana. En un segundo momento exploraremos cómo ha sido la experiencia transicional de otros países de cara al reto de inclusión de sus diásporas. En tercer lugar, analizaremos cómo debe aplicarse la cláusula de cesación en aquellos eventos en que el refugiado colombiano retorna al país y en aquellas hipótesis en que, sin retornar, solicita del Estado colombiano su reconocimiento como víctima del conflicto. Finalmente, esbozaremos algunas conclusiones.

Para dar cierre a esta introducción, no sobra decir que el esfuerzo aquí contenido es resultado de un proceso de investigación que se valió de la hermenéutica como método general y que adoptó el modelo trazado por los estudios de dogmática jurídica (Solano, 2016). De esta suerte, nuestra intención es sentar una posición que pueda responder a las necesidades sociales de los refugiados colombianos que migraron hacia el exterior como consecuencia del conflicto y que, a su vez, sirva para establecer las condiciones de conformidad con las cuales es posible y legítimo interpretar las disposiciones normativas del derecho internacional de los refugiados en consonancia con el marco regulatorio de la justicia transicional colombiana.

La diáspora colombiana:
hacia un intento de aproximación

En un escenario más amplio, las cifras del Estado colombiano estimaban que, para 2012, cerca de 4,7 millones colombianos residían permanentemente en el extranjero (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2016). De estos, a 2018, Colombia solo tenía registro de cerca de 500.000 compatriotas que voluntariamente se habían inscrito en embajadas y consulados (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2018).

De esta manera, aunque no existe un consolidado formal de estadísticas sobre víctimas de desplazamiento forzado externo o transfronterizo como consecuencia del conflicto, el único registro público que existe para aproximase a la experiencia de diáspora serían los datos ofrecidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR/UNHCR) sobre la condición de los colombianos que, habiendo migrado hacia el extranjero, accedieron a un estatus de protección internacional o similar. De acuerdo con ACNUR, Colombia se encuentra dentro de la oprobiosa lista de los diez países con mayor número de nacionales refugiados (UNHCR, 2016). Con corte a 2013, 396.700 compatriotas habían accedido al estatus de protección internacional (UNHCR, 2014). Para 2014, se reportaban 360.300 refugiados colombianos (ACNUR, 2015). En 2015 se contabilizaban cerca de 340.200 nacionales en condición de refugio55 y, para febrero de 2018, se estimaba que la cifra de connacionales con protección internacional reconocida ascendía a 500.000 (Iranzo y Edson, 2018).

De los cientos de miles de colombianos refugiados en el extranjero, un buen número de ellos se vieron forzados a migrar como consecuencia del conflicto armado interno. Hasta tal punto esto es así que ACNUR ha hecho un esfuerzo por definir algunas directrices para la evaluación de las necesidades de protección internacional de los solicitantes colombianos, reconociendo las complejidades de nuestro conflicto armado (ACNUR, 2010).

En todo caso, un intento sensato de aproximación a la diáspora colombiana tendría que admitir un hecho rotundo: no tenemos certeza de la magnitud exacta de refugiados, asilados, migrantes regulares e “irregulares” que abandonaron el país a consecuencia de la violencia. En verdad, por su carácter multidimensional, la migración internacional se resiste a los instrumentos estándares de medición estadística (Caballero y Castrillón, 2006). De esta suerte, los datos que proporciona ACNUR son apenas aproximativos y cualquier discurso que se refiera a esta materia posee un alto coeficiente especulativo. Con todo, la caracterización más completa, aunque también limitada, es la que ofrece el Centro Nacional de Memoria Histórica (2018).

En general, se estima que, debido a los daños colaterales del conflicto armado colombiano, la mayor parte de las víctimas de desplazamiento forzado externo se ubican en países de frontera (Gottwald, 2006). Respecto de su ubicación, no cabe duda de que la proximidad territorial y cultural ha jugado un papel determinante, pero, también, las políticas de flexibilización migratoria adoptadas por algunos países de la Comunidad Andina de Naciones a partir de la Declaración de Cartagena (Bérubé, 2005)56.

Desde este punto de vista, Ecuador, Venezuela y Panamá han testificado, con mayor intensidad, los efectos internacionales del conflicto armado colombiano (CODHES, 2009). La migración forzada transfronteriza de colombianos hacia Ecuador ha sido, sin duda, el campo más estudiado (Ahumada, Moreno y Segura, 2004; Rivera, Ortega, Larreátegui y Riaño, 2007; Korovkin, 2008; Arias, 2013).

En el caso de la frontera con Ecuador, la disputa por el control territorial, la expansión del conflicto armado, la presencia de cultivos ilícitos, entre otros factores, explican la irrupción y el crecimiento de la migración forzada transfronteriza (González, 2015).

En el caso de la frontera con Venezuela, aunque ACNUR (2008) ha hecho un esfuerzo por caracterizar el perfil de los colombianos con necesidad de protección internacional en este país, el problema del subregistro es dramático, toda vez que los connacionales que migran hacia este país vecino regularizan su situación a través de vías distintas al refugio (Carreño, 2014).

Por su parte, para el caso de la frontera con Panamá, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (2002) fue de las primeras organizaciones de la sociedad civil en poner sobre la mesa de discusión las consecuencias que el conflicto armado colombiano venía representando en términos de población refugiada en este país fronterizo.

También se han realizado estudios referidos a la migración forzada de colombianos hacia España y Canadá (Cruz, González y Medina, 2008; Villa y Riaño, 2009) que amplían el horizonte epistemológico para la comprensión adecuada de la presencia forzada de colombianos en el extranjero a consecuencia del conflicto, la cual se extiende a países como Estados Unidos, Brasil, Costa Rica, Chile, Argentina, Reino Unido (Bermudez, 2013); Bélgica (Bermudez, 2017); Alemania, Italia, Francia, Suecia, Nueva Zelanda (López, 2018), entre otros (Roniger, 2010)57.

Con todo, siguen estando en mora análisis que agudicen los distintos enfoques que permiten aproximarse a la diáspora colombiana. Por ejemplo, a excepción de estudios como el de Flamtermesky (2018), entre otros, la voz organizada de las mujeres en el exilio no ha sido escuchada.

La inclusión de las diásporas en las transiciones
políticas: desafíos para la justicia transicional
colombiana

La relación entre las diásporas que resultan del uso violento de las fronteras y las transiciones políticas ha sido un fenómeno poco estudiado. Salvo contadas excepciones como el estudio realizado por Bradley (2015), las investigaciones no han centrado su atención en analizar los nexos entre migración forzada internacional, justicia transicional y reconciliación. De este modo, abordar la relación existente entre las diásporas y las transiciones políticas resulta interesante para contextualizar la respuesta del modelo colombiano de justicia transicional frente a este fenómeno. Las víctimas en experiencias de diáspora suelen ser excluidas de los procesos de transición, de modo tal que, aun en estos procesos, las fronteras continúan empleándose como instrumentos de violencia.

Así las cosas, las transiciones políticas no han sido particularmente sensibles a la hora de dar respuesta a los fenómenos migratorios internacionales. La experiencia del exilio republicano español es, quizás, una de las más dramáticas. Se calcula que más de 500.000 españoles migraron hacia el extranjero con ocasión de la dictadura franquista (Santos, 2003). A pesar de que la dictadura concluyó en 1975 y la nueva Constitución española vio la luz en 1978, apenas en 2007, con la Ley 52 de memoria histórica, el Estado español aceptó “la injusticia que supuso el exilio de muchos españoles durante la Guerra Civil y la Dictadura” (art. 3) y dispuso la posibilidad del reconocimiento de la nacionalidad española a los hijos y nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a ella como consecuencia del exilio. Sin embargo, en gran parte, verdaderas medidas de reparación siguen estando pendientes, más que nada por falencias en cuanto al respaldo presupuestal de la ley.

En Brasil, finalizando la década del setenta, las estadísticas oficiales estimaban que cerca de 10.000 personas se encontraban exiliadas (Arns, 2011). La Ley 6683 de 1979 consagra la amnistía para aquellos exiliados que, por esta misma razón, se resistieron a prestar el servicio militar obligatorio. El régimen de reparaciones para los amnistiados políticos se materializó en la Ley 10559 de 2002. Entre otras medidas, esta ley ordena: 1) contabilizar, para todos los efectos laborales y de seguridad social, el tiempo que el amnistiado estuvo separado de sus actividades profesionales en virtud de sanciones o amenazas sancionatorias por motivos exclusivamente políticos; 2) el reconocimiento expedito de las calificaciones y los diplomas obtenidos en instituciones educativas del extranjero; 3) la reintegración de los servidores públicos que fueron castigados por haberse vinculado a los procesos de huelga (Carneiro, 2013).

Por su parte, el exilio político de argentinos como consecuencia del régimen militar se extendió en dos periodos importantes: de 1960 a 1975 y de 1976 a 1983 (Calvelo, 2008). El papel del Gobierno argentino en la Comisión Nacional para el Retorno de los Argentinos en el Exterior (1984) fue, en buena parte, complementado por organizaciones de la sociedad civil, en especial por la Oficina de Solidaridad para los Exiliados Argentinos (OSEA) y por ACNUR (Aruj y González, 2007).

En 1987, bajo el régimen militar de Augusto Pinochet, alrededor de 200.000 chilenos se habían exiliado (Hirsch, 2012). En gran medida, como lo denunció en su momento la CIDH (1985), el éxodo masivo de ciudadanos chilenos obedeció a la entrada en vigencia del Decreto ley 81 de 1973, con el cual la Junta de Gobierno se reservaba, discrecionalmente, la imposición de restricciones sobre los derechos de tránsito y residencia. Por estos hechos, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de Chile se comprometió, en el Informe Rettig, a desarrollar una política activa para promover el retorno de chilenos exiliados en el exterior y a “crear las posibilidades para su plena reinserción en la comunidad nacional” (Verdad y Reconciliación, 1996). Dicho compromiso se materializó en la Ley 18994 de 1993, a través de la cual se creó la Oficina Nacional de Retorno. Sin embargo, estos esfuerzos no estuvieron a la altura de los estándares internacionales. En este sentido, en el caso García Lucero vs. Chile (2013), la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado chileno por los hechos de que fue víctima el señor Leopoldo García Lucero, quien desde el exilio reclamaba del Estado una reparación efectiva.

En El Salvador, los Acuerdos de Paz de Chapultepec pactaron, en el capítulo concerniente a la participación política del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el regreso de los exiliados “que se encuentren por fuera del país a causa de motivos generados por el conflicto armado” (Gobierno de El Salvador y FMLN, 1991: 560).

En conclusión, según Roniger (2007: 31), durante los siglos XIX y XX todos los países latinoamericanos utilizaron el exilio como un instrumento político para marginar, excluir y controlar a las fuerzas de oposición58. El balance no es muy alentador. Aunque se implementaron algunas medidas, las transiciones políticas que pusieron fin a los regímenes totalitarios en América Latina no proporcionaron respuestas satisfactorias para el reconocimiento y la reparación a los exiliados (Roniger y Yankelevich, 2009).

De otro lado, los contextos transicionales en algunos países africanos y asiáticos pueden resultar, en este punto, aún más pertinentes para analizar el caso colombiano. Los modelos de justicia transicional en Sudáfrica y Liberia son especialmente interesantes pensando en Colombia.

En la experiencia de Sudáfrica se calcula que cerca de 40.000 personas migraron hacia el exterior como consecuencia del Apartheid (Wren, 1991). Casi la mitad de estas formaban parte del Congreso Nacional Africano (ANC) y cerca de 10.000 personas abandonaron el país para evitar ser reclutados por el ejército (Israel, 2000). El retorno de los exiliados sudafricanos fue adelantado por ACNUR en virtud de un acuerdo suscrito entre este organismo y el Gobierno de Sudáfrica en 1991 (ACNUR; Gobierno de la República de Sudáfrica, 1991). En este marco, el Gobierno admitió que era posible amnistiar e indultar a los repatriados que hubiesen participado en delitos políticos. El caso de Sudáfrica muestra que, en algunos eventos, los estados se sustraen de su responsabilidad para con los exiliados, delegándola en la ONU. Sin embargo, esto no debe apreciarse, necesariamente, de forma negativa. Pocas veces, y debido a la capacidad instalada de ACNUR y a la naturaleza propia de su mandato, los estados pueden asistirse técnicamente de esta agencia internacional con el objetivo de incluir sus diásporas en las transiciones políticas, sin poner en riesgo el estatus de protección internacional de quienes accedieron a este.

Liberia, entre 1979 y 2003, vivió un golpe de Estado, una dictadura militar y dos guerras civiles. En este contexto, 250.000 personas perdieron sus vidas y alrededor del 50% de los liberianos huyeron de su país a causa de la violencia. De esta manera, países como Estados Unidos, Reino Unido y parte de África acogieron la diáspora liberiana (The Advocates for Human Rights, 2009). En el modelo de justicia transicional de Liberia, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación se propuso incluir la diáspora en el desarrollo de su mandato. Con el apoyo pro bono de la ONG The Advocates for Human Rights, la Comisión recibió 1.631 declaraciones de expatriados que residían en Estados Unidos, Reino Unido y Ghana (Truth and Reconciliation Commission of Liberia, 2009). Más aún, algunas audiencias de la Comisión se llevaron a cabo en estos países (Truth and Reconciliation Commission of Liberia, 2008). En una evaluación que tuvo por objeto 1.165 testimonios de liberianos exiliados, la Comisión registró más de 6.000 víctimas y no menos de 10.000 violaciones de los derechos humanos (Young, 2009). Este caso constituye, pues, una buena práctica que da cuenta de la forma a través de la cual los Estados pueden buscar apoyo en organizaciones no gubernamentales para lograr la participación de sus nacionales en el extranjero59.

Sobre la base de lo anterior, Colombia tendría mucho que aprender. El caso colombiano es deficitario en términos de la respuesta que sería esperable para un modelo de justicia transicional integral. De esta manera, no solo queda claro que, como país, incumple el deber de protección al no evitar la victimización de la diáspora colombiana, sino que, asimismo, está claro que el Estado aún no ha dado respuesta satisfactoria de cara a la atención, asistencia y reparación a estas víctimas. Ello obedece, principalmente, a la existencia de una barrera de acceso: el desplazamiento forzado externo o transfronterizo no es reconocido por la Ley 1448 de 2011 ni por la Corte Constitucional como un hecho victimizante autónomo, y ni siquiera como hecho victimizante análogo al desplazamiento forzado interno (Baigorria y Arrieta-Burgos, 2017).

De allí que el Centro Nacional de Memoria Histórica (2015; 2018), al igual que Baigorria y Arrieta-Burgos (2017; 2018), reclamen del Estado colombiano el reconocimiento de este hecho victimizante en debida forma. Lo anterior en tanto que el reconocimiento, en estos casos, se produce bajo la categoría de “víctimas en el exterior”, etiqueta que desconoce las particularidades y afectaciones derivadas del exilio.

De esta manera, bajo el ambiguo y deficitario rótulo de “víctimas en el exterior”60, a 31 de agosto de 2018, el Estado colombiano, a través de la Unidad para las Víctimas (2018b), había recibido 11.642 solicitudes de connacionales en el exterior que demandaban ser reconocidos como víctimas del conflicto. Para esta fecha, 23.933 colombianos residentes en el extranjero habían sido inscritos en el RUV. La mitad de estas personas argumentaba ser víctima de desplazamiento forzado, mientras que un 32% indicaba ser víctima de amenazas. Probablemente, el alto porcentaje de víctimas de amenazas obedece a la imposibilidad normativa de reconocer el desplazamiento transfronterizo como hecho victimizante autónomo. Y, asimismo, el alto porcentaje de víctimas reconocidas por desplazamiento forzado seguramente se debe a que, antes de migrar hacia el extranjero, estas personas también habían migrado dentro del país. El grueso de todas las solicitudes, de acuerdo con los datos proporcionados por la Unidad para las Víctimas (2018b), provenía de Ecuador (3.921), Venezuela (2.028), Canadá (1.283), EE UU (1.172), España (1.086), Panamá (508), Costa Rica (436), Chile (273), Suecia (129) y Brasil (110).

Así las cosas, no solo estadísticamente, sino, de igual manera, normativamente, la situación de quienes se vieron forzados a migrar hacia el exterior como consecuencia del conflicto es constantemente invisibilizada. De hecho, solo si comparamos el desplazamiento forzado externo o transfronterizo y el tratamiento que recibe el desplazamiento forzado interno en el modelo actual de justicia transicional en Colombia, claramente advertimos múltiples brechas de protección. Esta brecha, en términos prácticos, se explica en la tabla 1.

Tabla 1

Brechas de protección entre el DFI y el DFE

Derechos

Víctimas de desplazamiento
forzado interno

Víctimas de desplazamiento forzado externo o transfronterizo

Reconocimiento

Aplican los siguientes criterios de reconocimiento para los hechos ocurridos: con ocasión del conflicto armado, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas a los DDHH e infracciones al DIH que alteren el orden público.

Solo aplica como criterio de reconocimiento que el hecho se haya producido con ocasión del conflicto armado. Se excluyen los demás parámetros en tanto que sería preciso reconocer a los desplazados externos bajo el concepto “operativo” de víctima.

Retorno y reubicación

No aplica para todos los tipos de víctimas de que trata el artículo 3
de la Ley 1448 de 2011. Este
derecho se restringe, conforme
a lo establecido en el artículo 66
de la ley y los artículos 71 y 72
del Decreto 4800 de 2011, a la población “víctima de
desplazamiento forzado”.

No tendrían derecho al retorno y a la reubicación de que trata la Ley 1448 de 2011. Por ende, se trataría de un retorno sin condiciones de seguridad y dignidad, por fuera de un proceso de restablecimiento socioeconómico.

En la Ley 1565 de 2012, “por medio de la cual se dictan disposiciones y se fijan incentivos para el retorno de los colombianos residentes en el extranjero”, se crea el denominado “retorno solidario”: aquel que “realiza el colombiano víctima del conflicto armado interno”. Este tipo de retorno es bastante modesto pues solo consagra medidas tributarias, aduaneras y financieras para facilitar el retorno. Este no se edifica sobre la base del reconocimiento de responsabilidad del Estado colombiano, sino bajo el concepto de “solidaridad”.

Vivienda

De conformidad con los artículos 132 de la Ley 1448 de 2011, 12 y 28 de la Ley 1537 de 2012, el Estado prioriza dentro de su política de subsidios
de vivienda en especie a aquellas personas que se encuentren
“en situación de desplazamiento”. Cabe anotar que el derecho a la vivienda de la población desplazada
es un derecho fundamental
(Sentencia T-239 de 2013).

No existe ninguna disposición normativa que consagre un acceso positivo y diferenciado a favor de los desplazados externos que carecen de una solución efectiva de vivienda a la cual regresar. Se evidencia así un incumplimiento de la obligación contenida en el artículo 8 de los Principios Pinheiro.

Restitución de tierras

El DFI puede asociarse como condición previa a un hecho victimizante bien sea de despojo,
ora de abandono forzado.

De conformidad con el artículo 74 de la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4829 de 2011, el abandono forzado se produce luego de que una persona se ha visto obligada a desplazarse y pierde su relación de explotación con la tierra. De esta manera, los desplazados externos podrían reclamar la restitución de sus tierras despojadas, pero no la restitución de sus tierras abandonadas, derecho restringido a la población desplazada internamente.

Atención humanitaria y estabilización socioeconómica

En frecuencia, cuantía y calidad las atenciones humanitarias previstas
a favor de la población desplazada
en el marco de la Ley 1448 de 2011 (artículos 62 a 65) son más
garantistas y su entrega depende
del cese de la condición de vulnerabilidad o debilidad manifiesta
(artículo 66 de la Ley 1448 de 2011 y
artículo 23 del Decreto 2569 de 2014). Igual sucede con los programas de empleo y autogeneración de ingresos (artículos 66 de la Ley 1448 de 2011
y 67 del Decreto 4800 de 2011) que
se encuentran especialmente
dirigidos a la población desplazada
de cara a garantizar el cese de sus condiciones de vulnerabilidad
y el goce efectivo de sus derechos (Sentencia T-025 de 2004).

Como víctimas en un sentido “operativo”, solo tendrían derecho a una única ayuda humanitaria en dos fases y en pesos colombianos (artículos 102 y 103 del Decreto 4800 de 2011).

Se desprende de aquí que si bien las afectaciones socioeconómicas son similares (pérdida de fuentes de ingreso, gastos de alojamiento, etc.), existe un tratamiento que deja en un margen de desprotección a aquellas personas que, como los desplazados internos, lo perdieron todo, pero que son discriminados por haber cruzado una frontera.

Indemnización administrativa

El artículo 149 del Decreto 4800 de 2011 establece un monto indemnizatorio de hasta 17 salarios mínimos legales mensuales
vigentes (SMLMV). Para las víctimas de desplazamiento que elevaron solicitudes de reparación en vigencia del Decreto 1290 de 2008, este monto asciende a 27 SMLMV.
La indemnización administrativa
es un derecho fundamental para la población desplazada (Sentencia SU-254/ de 2013) al cual se le adiciona un componente reparador en tierras y viviendas de conformidad con el artículo 132 de la Ley 1448 de 2011, declarado condicionalmente exequible en la Sentencia C-462 de 2013.

En los decretos 1290 de 2008, 4800 de 2011 y 1377 de 2014 no se establece un monto indemnizatorio específico y mucho menos en el equivalente a moneda extranjera. Si se asocia al hecho victimizante de amenaza, como sugiere la Corte Constitucional y parece revelar la estadística del Gobierno nacional,
el monto indemnizatorio sería considerablemente menor.

Fuente: Elaboración propia.

En síntesis, la justicia transicional colombiana, al negar la inclusión de la diáspora, desconoce los siguientes derechos de quienes fueron víctimas de desplazamiento forzado transfronterizo:

(i) un recurso efectivo y al debido proceso; (ii) el derecho a la reparación integral; (iii) el retorno y la restitución de las viviendas, tierras y patrimonios de las personas refugiadas (Principios Pinheiro) y, en general, de los desplazados externos; (iv) así como el derecho a la igualdad, equivalente al tratamiento paritario que debería ser predicable entre desplazados internos y desplazados externos (Baigorria y Arrieta-Burgos, 2018: 92).

Aunque no podemos profundizar más en esta cuestión, vale la pena insistir en que es urgente desfronterizar el modelo colombiano de justicia transicional para poder hablar de una verdadera justicia transicional transnacional.

La cláusula de cesación de la condición de refugiado

En términos generales, las investigaciones en torno a las migraciones forzadas y su nexo con la justicia transicional se han enfocado en el derecho de las víctimas de desplazamiento forzado a un recurso efectivo (Duthie, 2012). Todo ello, por lo general, se encuentra supeditado al retorno de esta población a su lugar de origen (Bradley, 2014). En líneas generales, las implicaciones que pueden tener las reparaciones y la materialización de otros mecanismos de justicia transicional en el estatus de refugio de una víctima del conflicto ha sido un tema poco abordado en los campos de investigación, salvo excepciones entra las que se destacan los estudios de Cantor (2011), Sánchez (2018) y Baigorria y Arrieta-Burgos (2017).

De hecho, en el contexto internacional, el marco regulatorio sobre refugiados no contempla, de forma explícita, la cesación de la condición de refugiado en aquellos eventos en que el Estado expulsor, en el marco de un proceso de justicia transicional, reconoce los derechos como víctima del conflicto de quien se encuentra refugiado. De este modo, la definición de cesación es amplia y debe ser interpretada en los casos particulares. De acuerdo con ACNUR (2003b), la cesación consiste en: “[…] el fin de la condición de refugiado de conformidad con lo establecido en el artículo 1C de la Convención de 1951 en consideración a que ya no es necesario contar con la protección internacional, o que esta ya no se justifica, a causa de ciertos actos voluntarios realizados por la persona afectada o un cambio fundamental en la situación existente en su país de origen” (ACNUR, 2003b: 2).

Pues bien, con esta aclaración temática, recordemos que el principio fundamental que inspira la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 es el derecho de todo refugiado, o persona en busca de asilo, a no ser devuelto a su país de origen o expulsado del país de acogida (principio de non-refoulement)61. No obstante, la protección internacional pierde sentido en aquellos casos en que el refugiado decide reclamar, voluntariamente, la protección que le ofrece su país de origen. Esta situación no debe confundirse con el retorno al país de expulsión, hipótesis también prevista por la Convención como una causal operativa de la cláusula de cesación del estatus, pues es posible que el refugiado demande de su país de origen algún tipo de reconocimiento, sin que necesariamente opte por el retorno62.

Sin embargo, el principio de non-refoulement entra en tensión con la facultad, prevista también en la Convención de 1951, que permite al Estado receptor declarar cesada la condición del refugiado, incluso en contra de la voluntad de este. Como esto puede traducirse en una puesta en peligro de la vida y la integridad personal del refugiado, se trata de una cláusula sensible y que, como señala Sánchez (2018), supone “el fin de la responsabilidad de los estados receptores en cuanto a la seguridad y bienestar de los —hasta ese momento— refugiados, y el inicio de un proceso de retorno al país de origen” (p. 61).

En este sentido, ACNUR (1997; 2003b) ha propuesto algunas directrices interpretativas que deberían guiar la aplicación, por parte de los estados receptores, de la cláusula de cesación de la condición de refugiado. No cualquier cambio de circunstancias habilita al Estado receptor a aplicar esta cláusula. Si bien los estados cuentan con un amplio margen de discrecionalidad para interpretar la Convención de 1951 y, de hecho, no se encuentran atados a las directrices de ACNUR, esta discrecionalidad no es sinónimo de arbitrariedad. De hecho, autores como Cwik (2011), Siddiqui (2011), Baigorria y Arrieta-Burgos (2017), al igual que Sánchez (2018) e Ineli-Ciger (2018), han analizado la aplicación práctica de esta cláusula y han propuesto criterios para su interpretación.

En este orden de ideas, Sánchez (2018) señala, para el caso colombiano, que el cambio de circunstancias, al que hace referencia la Convención de 1951 como condición necesaria para la aplicación de la cláusula de cesación, debe implicar una transformación significativa, profunda y sustancial de la realidad que dio lugar a la migración forzada. No bastando con ello, esta transformación debe consolidarse como una situación sólida y sostenible, de modo que garantice que la persona, de ser repatriada, no será nuevamente víctima de un desplazamiento involuntario.

Ante estos conceptos del derecho internacional de los refugiados, surgen distintas preguntas: 1) ¿cuáles son los requisitos que deben evaluarse para promover el retorno de los refugiados?63; 2) ¿obtener el reconocimiento estatal como víctima del conflicto armado puede conducir a que el colombiano refugiado pierda su estatus de protección internacional? En suma, 3) ¿podría aplicarse la cláusula de cesación de la condición de refugiado debido a que Colombia firmó un acuerdo de paz? Para atender estos interrogantes es preciso evaluar las tensiones que se presentan entre el sistema internacional de protección de los refugiados y la naturaleza de los derechos de las víctimas consagrados en la justicia transicional colombiana64.

La clave para responder estas preguntas consiste en clarificar cuál es el sentido del concepto de “protección” en el marco de la Convención de 1951.

En tal virtud, admitamos que “la falta o negación de protección es una característica principal del carácter de refugiado y, por ello, el derecho internacional debe sustituir su protección por la que el Estado de origen no puede o no quiere proveer” (Goodwin-Gill y McAdam, 2007: 421). Por esta razón, un Estado desprotege a un ciudadano cuando no es capaz de garantizar, en su territorio nacional, el goce efectivo de sus derechos humanos (UNHCR, 2002). En este sentido, como lo señala Caparini (2012), la protección internacional derivada de la condición de refugio busca suplir el déficit de protección nacional y, por ende, supone la realización efectiva de los derechos civiles, políticos, sociales y culturales del refugiado. De este modo, la protección se asocia al deber de los estados, tanto de recepción como de origen, de garantizar la efectividad de los derechos humanos de las personas refugiadas (Caparini, 2012).

Esta garantía de efectividad de los derechos humanos del refugiado se correlaciona con las denominadas soluciones duraderas. Estas trazan los caminos que deben seguir los estados para garantizar los derechos de quienes han sido víctimas de cualquier forma de migración forzada, interna y externa (ACNUR, 2003a; Goodwin-Gill y McAdam, 2007; Chimni, 1999). Estas soluciones duraderas implican:

El retorno voluntario o la repatriación al lugar de origen, siempre y cuando en este proceso se garanticen condiciones de voluntariedad, dignidad y seguridad.

La integración local en el país o ciudad de acogida.

El reasentamiento en un tercer país o lugar, diferente del cual se migró y distinto, también, del territorio en el que actualmente se encuentra el refugiado.

En este punto, es preciso decir que, si bien algunos instrumentos internacionales de soft law se refieren a las soluciones duraderas como mecanismos que garantizan el goce efectivo de los derechos (en adelante GED) de los desplazados internos y externos, no existe, a nivel internacional, un instrumento con fuerza normativa vinculante que dé cuenta de una obligación concreta orientada a los estados en esta materia (Goodwin-Gill y McAdam, 2007).

No obstante, en la doctrina se establecen algunos criterios para determinar si una medida es o no una solución duradera. Entre ellos se encuentran: la seguridad a largo plazo; un estándar de vida adecuado; el acceso al sustento vital; la restitución de tierras, viviendas y propiedades; el acceso a la documentación necesaria para la identidad de la persona; la reunificación familiar; la participación en los asuntos públicos y el acceso a un recurso efectivo y a la justicia, entre otros (Caparini, 2012). Estos criterios inherentes a las soluciones duraderas se encuentran vinculados con la (re)construcción de la ciudadanía del refugiado (Long, 2010).

Sobre esta base, a nuestro juicio, el retorno solo puede ser entendido como una solución duradera si, a través de este, el Estado expulsor garantiza el acceso pleno a la ciudadanía del refugiado. Este acceso no solo supone la recuperación de la confianza y el reconocimiento simbólico del refugiado por parte de su Estado de origen, sino que implica, más aún, que el Estado de origen sea capaz de garantizar efectivamente sus derechos.

Naturalmente, este nivel de exigencia, cualificado para que la protección sea real y para que pueda dar lugar a la aplicación de la cláusula de cesación, es difícil de encontrar en países en los que se habla de posconflicto en medio de situaciones de violencia generalizada.

Así las cosas, el asesinato de líderes sociales, las disidencias de las FARC, los grupos armados posparamilitares, el aumento en los cultivos ilícitos, la reorganización y persistencias de guerrillas como el ELN, entre otros actores y factores de conflictividad, difícilmente permiten afirmar que el Estado colombiano se encuentra en capacidad real de garantizar el retorno de los colombianos refugiados en condiciones de seguridad y dignidad. No en vano, y si bien se evidencia una tendencia decreciente en el número de personas que son reconocidas como víctimas de acuerdo con la fecha de ocurrencia de su hecho victimizante, también es cierto que, con posterioridad a la firma del acuerdo de paz con las FARC, nuevas victimizaciones han sido reconocidas por el Estado colombiano como consecuencia de un conflicto armado que no ha cesado por completo.

Gráfico 1

Víctimas del conflicto armado por año de ocurrencia del hecho

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Unidad para las Víctimas (2018a) con corte a septiembre de 2018.

Si se observa el comportamiento estadístico, se advierte que, para 2017 y 2018, el número de personas reconocidas por el Estado colombiano como víctimas del conflicto alcanzó niveles similares a los de la primera mitad de la década del noventa. De este modo, como es apenas obvio, y para utilizar la terminología de Galtung (1976), hay que considerar que hacer las paces o firmar un acuerdo de paz (peacemaking) no es lo mismo que construir la paz (peacebuilding), siendo esta última condición la que, verdaderamente, puede garantizar el contexto exigido para la implementación del retorno de refugiados colombianos como tipo de solución duradera.

En este sentido, como indica Long (2010), el estatus de refugio no limita el ejercicio de la libre locomoción, sino que, por el contrario, pretende restaurarlo. Así, el retorno de un refugiado a su país de origen no supone, per se, la pérdida del estatus de protección internacional. Más aún, una consecuencia de esta naturaleza solo podría asumirse si, como hemos dicho, el refugiado que retorna a Colombia logra acceder a un GED.

Otra situación distinta, como lo advertíamos, es la que de aquellos refugiados que solicitan del Estado colombiano ser reconocidos como víctimas del conflicto en el marco de la Ley 1448 de 2011. Surge así otra situación problemática: ¿este reconocimiento podría dar lugar a la pérdida del estatus de refugiado? De esta manera, es posible que el colombiano refugiado no desee retornar y que, en efecto, el Estado receptor estime que el contexto colombiano de posconflicto no permite dar por acreditado un cambio significativo, profundo y sustancial en relación con las condiciones que motivaron el éxodo. Sin embargo, esta misma persona, no por el hecho de ser refugiado, deja de ser víctima del conflicto y, por ende, nominalmente tendría derecho a acceder a las medidas, administrativas y judiciales: 1) de atención, 2) asistencia, y 3) reparación integral previstas en la justicia transicional colombiana.

Una respuesta rápida a este nuevo interrogante llevaría a sostener que el estatus de refugio no se pierde una vez se obtiene, por parte del país de origen, el reconocimiento como víctima del conflicto armado interno. Ello en tanto que este reconocimiento no implica, automáticamente, el goce de los derechos de quien es reconocido como víctima, de lo cual, como señala Cantor (2011), depende que pueda aplicarse la cláusula de cesación.

En esta línea argumentativa, conviene resaltar que la Unidad para las Víctimas, la Cancillería y la Unidad de Restitución de Tierras, entidades encargadas de coordinar la atención de las víctimas en el exterior, se refieren, en sus políticas institucionales, exclusivamente a las medidas de reparación y atención. Esto, hasta cierto punto, se entiende en tanto que es difícil pedirle a un Estado que garantice, en algunos casos, la materialización práctica de los derechos de un connacional que se encuentra por fuera de su territorio (Gobierno de Colombia, 2014; Unidad para las Víctimas, s.f.).

Por ello mismo, las medidas de asistencia y atención de los refugiados que accedan al reconocimiento del Estado colombiano como víctimas del conflicto solo podrían suponer la pérdida del estatus de protección internacional si alcanzan los niveles exigidos por el GED. ¿Cuáles son los contenidos e indicadores específicos del GED? En torno a esto ha habido una discusión muy agitada a nivel nacional, pues, básicamente, podríamos utilizar dos referentes nacionales que, desde luego, no vinculan a los países extranjeros, pero que bien podrían trazar algunos criterios concretos que den luces sobre la aplicación de la cláusula de cesación. Estos dos referentes son, por un lado, los establecidos por el Gobierno colombiano a través del Decreto 1084 de 2015 y la Resolución 1126 de 2015 y que, realmente, no se corresponden con el GED, sino con el cese de la condición de vulnerabilidad de las personas víctimas de desplazamiento forzado interno; y, por otra parte, los sugeridos por la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos de seguimiento.

De este modo, para determinar cuáles serían los niveles deseables de satisfacción de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado transfronterizo, consideramos que el mejor criterio es el propuesto por la Corte Constitucional en el marco del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) declarado en 2004. A nuestro juicio, la propuesta de la Corte Constitucional garantiza de mejor forma los derechos humanos de esta población y desarrolla de manera satisfactoria el principio pro homine. En el índice de goce efectivo de derechos (IGED) planteado originalmente por la Corte se hace alusión a 22 derechos y 4 enfoques diferenciales (Contraloría, 2013)65.

Si ello no fuese así, esto es, si se entiende que la protección de que trata la Convención de 1951 no incluye una exigencia calificada de esta naturaleza, sería tanto como afirmar que se trata, pues, de una nuda protección y que, pese a ello, daría lugar a la pérdida del estatus.

En síntesis, bien sea que el refugiado regrese a su país de origen, o bien que no lo haga y solicite ser reconocido como víctima, el criterio determinante para el cese de la protección no pasa por requisitos formales, sino por la protección efectiva que brinda el Estado de origen o que está en posibilidad de ofrecer de cara al GED de la población víctima de desplazamiento forzado transfronterizo.

De otro lado, también conviene precisar, de conformidad con el concepto de protección contenido en la Convención de 1951, el alcance de las medidas de reparación integral contempladas por la justicia transicional colombiana. De esta manera, si bien es cierto que las medidas de reparación integral son parte del GED, no lo agotan. Porque, a pesar de que la Ley 1448 de 2011 caracteriza la reparación con un enfoque transformador, esto no significa que la reparación se pueda equiparar con el GED y, por lo tanto, con la protección.

Cobra particular relevancia, en este punto, el papel que desempeñan las garantías de no repetición en un eventual cese del estatus de refugiado, bajo el entendido de que estas asumen una dimensión preventiva y otra reparadora. Como señala De Greiff (2015), vale destacar la función preventiva de las garantías de no repetición para evidenciar su papel protagónico como requisito para posibilitar el retorno de las personas refugiadas. En una palabra, sin garantías de no repetición carece de sentido hablar de GED y, por ende, de la cesación de la condición de refugiado de quienes retornan, sin estas garantías, a su país de origen.

En cualquier caso, en términos procedimentales, la cesación es, si se quiere, un efecto que se sigue luego de que el connacional refugiado haya visto materializados sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en el marco general del GED como ciudadano. De esta suerte, el estatus civil, político, social, económico y cultural que es necesario reivindicar para que opere la cláusula de cesación no es otro que el de la ciudadanía plena. Lo anterior se materializa en la verificación de los siguientes parámetros o criterios, que deben concurrir para que, eventualmente, se aplique la cláusula de cesación de la condición de refugiado:

La garantía que ofrece el Estado colombiano para el GED del exrefugiado. Estos derechos deben posibilitar la ciudadanía plena de quien regresa a Colombia, pues solo esta se homologa al concepto de protección contenido en la Convención de 1951. Así, si en un caso concreto, el Estado colombiano no es capaz de garantizar el GED y la ciudadanía plena del refugiado que voluntariamente retorna, mal haría el Estado receptor en declarar cesada la protección internacional de esta persona, pues desconocería el principio de non-refoulement.

En condiciones tan particulares como las de una justicia transicional que cohabita con situaciones de violencia generalizada, el Estado receptor debe valorar si el posconflicto colombiano, en la particular etapa en que este se encuentre, supone o no un cambio significativo, sustancial, profundo, sostenible y sólido. Si no es así, la repatriación forzada del refugiado, como consecuencia de la aplicación de la cláusula de cesación, podría poner en peligro la vida e integridad personal de esta persona

Evaluar el tiempo que la persona ha estado refugiada en el país de recepción. Si el connacional lleva un tiempo considerable y se ha adaptado a su nueva vida con redes sociales, familiares y económicas, es posible que el retorno implique dificultades de distinto orden que motivarían la preferencia de una solución duradera por vía de la integración local.

Para cerrar esta sección, digamos que la potestad del Estado receptor de declarar el cese del estatus de protección internacional debe entenderse como una potestad reglada por el marco general de los derechos humanos y, a nuestro juicio, limitada por criterios como los indicados.

Conclusiones

La justicia transicional no debe instrumentalizarse para la repatriación forzada de los colombianos refugiados. Las tensiones que se presentan entre la justicia transicional y el derecho de los refugiados deben ser evaluadas, caso a caso, de conformidad con los criterios señalados a lo largo de este capítulo.

Si las circunstancias que motivaron el éxodo del refugiado colombiano no han experimentado un cambio sustancial y sostenible, los estados receptores deberían abstenerse de aplicar la cláusula de cesación. La sola firma del acuerdo de paz (peacemaking) como requisito formal para la terminación del conflicto armado no se homologa con la construcción de una paz estable y duradera (peacebuilding). Por ende, hasta que en Colombia no cesen las situaciones de violencia generalizada, no podríamos hablar de la transformación circunstancial exigida por la Convención de 1951 como requisito operativo de la cláusula de cesación.

La aplicación de la cláusula de cesación de la condición de refugiado debe darse bajo estricta vigilancia de los derechos humanos del refugiado, so pena de desconocer el principio de non-refoulement. Por esta razón, el simple retorno de un refugiado colombiano a nuestro país no puede ser leído como un caso idóneo para la aplicación de la cláusula de cesación. Esta cesación podría declararse, de manera restringida y calificada, en aquellos eventos en que el retorno se traduzca en un goce efectivo de derechos.

Desde el punto de vista del reconocimiento como víctima del conflicto por parte del Estado colombiano, bien sea que el refugiado decida o no retornar al país, la aplicación de la cláusula de cesación depende de que el modelo actual de justicia transicional pueda garantizar efectivamente los derechos de quienes fueron víctimas de desplazamiento forzado externo. El concepto de protección al que hace referencia la Convención de 1951 debe interpretarse, en sentido estricto, como la garantía de ciudadanía plena a cargo del Estado colombiano.

Finalmente, los refugiados deberían tener derecho a escoger la solución duradera que mejor atienda sus intereses. Antes de adoptar una decisión sobre la cesación de su condición, los Estados receptores deberían evaluar las circunstancias en que los refugiados podrían integrarse localmente.

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Capítulo 11

El rostro de Medusa: entre el horror
y el duelo de las víctimas66

Adriana María Ruiz Gutiérrez

Introducción

“Partirono da questa stazione i deportati politici per i campi di sterminio nazisti. A chi rimaneva, lasciarono la consegna di continuare la lotta contro il nazifascismo per l’indipendenza e la libertà”, se lee en la estación Porta Nuova de Turín, Italia. La placa conmemorativa contiene, además, la imagen desgarradora de un hombre desnudo, esquelético y amarrado, tendido en el suelo de un campo de exterminio nazi. El cerco de alambres, en perspectiva, muestra la torre de vigilancia sobre el hombre inerme y horrorizado, cuyos ojos oscuros y boca entreabierta impelen la mirada atenta del pasajero de la estación que se posa sobre él. La placa, que testimonia una condición humana ultrajada, permanece en la memoria de la estación; lugar que alguna vez sirvió de tránsito a cientos de hombres y mujeres hacia la muerte violenta67. La naturalización de la violencia obnubila la mirada sobre las formas actuales de degradación y destrucción de lo humano, así como las viejas categorías de estado de naturaleza, guerra y terror ceden ante los recientes procedimientos de la fuerza extrema sobre la vida. En Horrorismo. Nombrando la violencia contemporánea (2009), Adriana Cavarero propone la categoría de horror para significar aquellos crímenes que traspasan la condición humana misma: “Una época en la que la violencia golpea sobre todo, si no exclusivamente, a los inermes, no encuentra las palabras para decirlo y, confundiendo viejos conceptos, induce a la innovación lingüística” (Cavarero, 2009: 17). O lo que es igual, las expresiones vigentes de la violencia exceden los nombres del terror moderno, situándose en las escenas paralizantes del horror.

Este desplazamiento en el léxico político reclama, además, la atención sobre las víctimas más que en la distinción entre violencia legítima e ilegítima, enemigos públicos y privados, atendiendo a sus medios y fines bélicos. “No es cuestión de inventar una nueva lengua, sino de reconocer que es la vulnerabilidad del inerme en cuanto específico paradigma epocal la que debe venir a primer plano en las escenas actuales de la masacre”. Y, seguidamente, la filósofa italiana agrega: “Identificarse con las víctimas es sobre todo un disponer de su palabra para cubrir el silencio sin olvidar el alarido” (Cavarero, 2009: 12). La muerte implica la desaparición de un alguien, cuya vida singular ha sido truncada por la fuerza extrema; su ausencia reclama el recuerdo como una forma de resistencia al exterminio, esto es, a la insensatez de la violencia que elige por casualidad, aunque invocando una pretendida justificación, a sus víctimas. Cualquiera podría haber estado en aquel tren que partía de la estación de Turín; un azar impide tal dirección. He aquí la cuestión. La identificación con el rostro contenido en la placa permite escuchar su alarido, porque tal relación está condicionada por factores identitarios y, en modo alguno, no meramente culturales. El rostro envuelve el horror de la masacre.

En La Ilíada o poema de la fuerza, de Simone Weil, el horror aparece bajo el semblante de Medusa, aludiendo al pánico que congela y repugna o, si se quiere, a un susto que petrifica. Su cabeza cortada, horripilante y horripilada, simboliza el horror de la barbarie; su rostro dramático condensa los significados de la fuerza extrema, a saber: por un lado, la violencia que destruye el cuerpo mediante la deformación de lo humano, esto es, el desmembramiento y la desfiguración; por otro lado, la fuerza que nulifica hasta lograr la desaparición definitiva del hombre singular. Medusa es un rostro muerto que mira y solloza con horror su propia destrucción. La antigua máscara representa aquí lo humano, en cuanto esencialmente vulnerable a la herida, y, al mismo tiempo, encarna la deshumanización, en cuanto a la destrucción. Ella observa y, a su vez, es vista en el acto inaudito de su propia supresión. La cabeza cortada es el símbolo de la violencia extrema que no se decide a matar definitivamente, sino a destruir la humanidad de su objeto, esto es, a infligirle las heridas que lo desmiembran y lo deshacen, progresivamente (Cavarero, 2009: 36). Basta escuchar el alarido de la Gorgona para atender las voces ahogadas de las víctimas, asumiendo una responsabilidad colectiva por las vidas físicas y psíquicas de los otros como forma de negación a la destrucción de la vida, incluyendo la propia. Aquí reside el interés de esta composición.

El horror en el rostro de Medusa

La Gorgona es un rostro expuesto a la mirada, cuyo horror aparece contendido en la expresión de sus ojos, llenos de pavor, y su boca entreabierta; su mirada comunica nuestra común condición a la vulnerabilidad derivada de la pérdida y la negación en virtud de la deshumanización: “Al ser humano, en efecto, le repugna esta violencia que no se dedica en primer lugar a matarlo sino a destruirle la humanidad, a infringirle heridas que lo deshacen y lo desmiembran” (Cavarero, 2009: 36). El acto de desmembramiento petrifica a quien lo contempla, con el mismo estupor y pánico de Medusa, cuyo grito aún permanece silencioso. Su voz inaudible es tan terrible como su mirada, porque es “como si fuésemos nosotros, que la miramos, los que emitimos un alarido sin sonido. O como si la experiencia del horror interrumpiese el grito en la garganta” (Cavarero, 2009: 37). La violencia representa la esfera del horror imperceptible debido a su extrema negación; el grito es total: “El horror se revela sin palabras y sin sonido. Dirigiéndose hacia un oído congelado, expectante por un grito que no podrá soportar” (Cavarero, 2009: 38). Allí donde la violencia se consuma sobre un individuo que desparece en virtud de su progresiva expulsión del mundo de los hombres “se congela en la boca abierta de par en par la intraducibilidad sonora del ultraje” (Cavarero, 2009: 39). Medusa representa, quizás, la muerte petrificada debido a la fuerza extrema que se cierne sobre su cabeza decapitada, tal como aparece en la pintura de Arnold Böcklin, o, tal vez, la vida inerme y espantada ante su propia destrucción, así como en el lienzo de Franz von Stuck. En ambos, la expresión de pasmo se deriva, sin embargo, del horror del pasado y del presente, que generan enormes estragos sobre algunos seres que han visto la figura de la Gorgona, en ningún caso, fantasmales o colaterales, y que continúan expuestos al eterno retorno de la violencia.

Arnold Böcklin, Medusa, 1872. .Franz von Stuck, Medusa, 1892

El rostro mítico del horror supera, a diferencia del terror de la violencia, el mero homicidio, simbolizando un matar que destruye, progresivamente, al viviente como cuerpo singular. La fuerza que mata, inmediatamente, es una forma grosera del terror que, cuanto más variado en sus procedimientos, más espantosos son sus efectos; el horror, en cambio, alude a otra violencia que no mata, por lo menos, no inmediatamente (Weil, 2005: 16; Cavarero, 2009). Medusa es, en verdad, horripilante y, al mismo tiempo, está horripilada. Ella contiene la doble alternancia de la fuerza extrema, terror y horror, ostensible en sus resultados. La violencia se posa sobre ella hiriéndola y desmembrando su cuerpo, tan humano como singular; decapita su cabeza; y, a la vez, exhibe su semblante horrorizado ante la deformación; su humanidad es transformada en un rostro inerte. “La antigua máscara, de esta manera, nos enseña que, al igual que cuando se vuelca sobre otras partes del cuerpo, el horror estima siempre el rostro” (Cavarero, 2009: 34). Ningún hombre que la contemple exhala de nuevo el aliento de vida; el rostro del horror espejea el semblante de quien la mira, advirtiendo la inaudita destrucción de lo humano; su cuerpo violado, decapitado y abierto a la exposición constituye el signo manifiesto de su deshumanización. Según Cavarero, citando a Jean Pierre Vernant, “cuando miras fijamente a Gorgona es ella quien, al transformarte en piedra, te convierte en el espejo donde se refleja su rostro terrible; ella se reconoce en el doble” (Cavarero, 2009: 35). Mientras Medusa y sus hermanas dormían, Perseo asestó un golpe contra su cuello, y, luego, agarró su cabeza que, horrorizada ante el asesinato, apenas logró guardar en el zurrón (Hamilton, 1942: 186). La violencia, al igual que el horror, son mudas, apenas se advierte su presencia, se lanzan precipitadas hacia sus víctimas.

“Abrazándolos con su intensiva violencia, la guerra alimenta tanto al terror como al horror” (Cavarero, 2009: 58). Uno y otro, a pesar de sus diferencias, causan una profunda impresión en el alma de los guerreros y sus víctimas; el terror quiebra la violencia bilateral de los contendientes mediante el furor de las armas, y el horror petrifica a sus víctimas en virtud de la masacre. La guerra excede la mera oposición entre amigos y enemigos, quienes se encargan de darse muerte, aunque superando la aparente indemnidad de sus cadáveres, puesto que la destrucción del cuerpo vivo resulta tan atroz como repugnante; el cuerpo es lacerado, destrozado, mutilado. El terror de la violencia recae en la aniquilación del cuerpo; el horror de la violencia descansa en su deformación. Medusa es una de las tres Gorgonas la única mortal, cuya cabeza cortada representa el icono de la guerra; constituye, por ejemplo, el rostro mítico de la matanza, tan horrenda como repugnante, quien aparece rodeada de Fobo (el pánico), Eris (la discordia), Alké (la fuerza defensiva) e Ioké (la persecución), que, al unísono, representan la síntesis simbólica de la guerra y la fenomenología del miedo (Cavarero, 2009: 31-32). En la Ilíada, Atenea desciende al campo de guerra con una égida horrenda, cuyo centro contiene el rostro de Medusa, a la manera de un preludio de lo atroz; lo horrendo y repulsivo serán consustanciales a la destrucción. De modo que la batalla supera el fin elemental del terror, esto es, quitar la vida, ocupándose, en cambio, de aniquilar el cuerpo muerto. He ahí el horror de la barbarie y el espanto de Medusa, o mejor aún, de la máscara del horror cuya cabeza decapitada y boca abierta, aunque insonora, representan lo humano, en cuanto esencialmente vulnerable, así como el acto inaudito de su propia deshumanización.

La Ilíada o el poema de la fuerza representa, quizás, el ejemplo más claro de la violencia, que se sirve, simultáneamente, del terror y del horror, puesto que no mata, o mejor aún, no mata definitivamente. La deshumanización es total. La muerte violenta es la protagonista de la épica que se cierne sobre los jóvenes guerreros y, por supuesto, sobre sus víctimas que transforma en cadáveres, aunque se conservan vivas, todavía. Aquí reside el espanto. La fuerza extrema aplasta lo que toca hasta hacerlo desaparecer, así como Troya que se desploma ante la violencia unilateral de los aqueos, quienes hieren el cuerpo abierto e indefenso de la ciudad. El temor rompe las filas de los guerreros troyanos, incluyendo a Héctor, y el pánico invade la escena bélica de la masacre. Todos se convierten en espectadores inermes ante el saqueo de sus palacios, templos, casas, mujeres y niños, así como en suplicantes de sus verdugos. El poema concluye, al igual que la guerra y sus miles de víctimas, con el ruego de Príamo, quien acude a Aquiles para reclamarle el cuerpo insepulto de su hijo: “Aquileo, apiádate de mí, acordándote de tu padre; que yo soy todavía más digno de piedad, puesto que me atreví a lo que ningún otro mortal de la tierra: a llevar a mi boca la mano del hombre matador de mis hijos” (Ilíada 486, 2007: 455). Sin embargo, y aunque conmovido por el sufrimiento del anciano, el vencedor le recuerda al vencido que todos los hombres viven en el dolor: “Súfrelo resignado y no dejes que de tu corazón se apodere incesante pesar, pues nada conseguirás afligiéndote por tu hijo, ni lograrás que se levante, antes tendrás que padecer un nuevo mal” (Ilíada 486, 2007: 457). Y, entretanto, Príamo recibe en silencio la lección de su verdugo.

El vencido pierde su vida interior, salvo cuando aparece la posibilidad de cambiar su destino. Algunos suplicantes vuelven a ser hombres cuando son escuchados, así como se atiende a una oración; otros se convierten en otra especie humana, que oscila entre el hombre y el cadáver, cuya vida ha sido congelada por los ojos de Medusa: “No hay en sus días ninguna posibilidad, ningún vacío, ningún campo libre para que nada proceda de sí mismos” (Weil, 2005: 19). La última escena del poema revela, justamente, la ambivalencia del vencedor y la resignación silente del vencido. “El horror se revela sin palabras y sin sonido. Dirigiéndose hacia un oído congelado, expectante por un grito que no podrá soportar” (2009: 38). Aquiles, el masacrador de los hijos de Príamo, desconfiando de sí mismo, teme descargar su cólera contra el anciano suplicante ante cualquier arrebato por el cuerpo destruido y deformado de su hijo: “¡No me irrites, oh anciano! Tengo acordado entregarte a Héctor […] No sea que a ti, oh anciano, no te respete en mi tienda, aunque siendo mi suplicante, y viole las órdenes de Zeus” (Ilíada, 2007: 457). “El anciano sintió temor y obedeció el mandato” (Ilíada, 2007: 457). El aqueo tiene el poder de contener y reprimir el llanto del anciano, así como de condenarlo a la muerte debido a su propia impaciencia: “Cuando hayas transportado el hijo a Ilión, podrás hacer llanto sobre él mismo, y será por ti muy llorado” (Ilíada, 2007: 458). Aquiles quiere olvidar lo inexpiable, aunque sea por un momento, al igual que Príamo, quien suplica al guerrero: “Mándame, ahora, sin tardanza a la cama, oh alumno de Zeus, para que, acostándonos, gocemos del dulce sueño”. Y, prosigue: “Mis ojos no se han cerrado desde que mi hijo murió a tus manos, pues continuamente gimo y devoro innumerables congojas, revolcándome por el estiércol en el recinto del patio” (Ilíada, 2007: 459).

El terror ante la muerte del otro y el horror ante el cuerpo deformado constituyen la esencia de la violencia, así como la súplica de un “duelo a gran escala” (Cavarero, 2009: 28). La voluntad de muerte se impone sobre el alma de los guerreros y el horror se apodera de los esclavos y los suplicantes. En la Ilíada, la iconografía bélica es atroz: cabezas decapitadas, miembros cercenados, cuerpos devorados por los perros y los buitres que, como juguetes rotos por un niño indiferente, son transformados en materia inerte. El exceso sobre lo humano es irresistible. La violencia opera bajo la forma trágica de la destrucción de los cuerpos y de las almas, que no encuentran curación, ni siquiera en la embriaguez de la fuerza. El asesinato de Héctor proporciona una corta alegría a Aquiles, y la muerte de este complace a los troyanos, que, en breve, serán destruidos por los aqueos ante el deleite de Agamenón, quien morirá a manos de Clitemnestra. El terror se renueva, una y otra vez, en la sangre y las lágrimas de los griegos, así como en el miedo, el agotamiento, la muerte, el exilio. La violencia niega la redención de los vencedores y los vencidos, ahora convertidos en una raza diferente de la de los vivos (Weil, 2005: 33). Ante los cadáveres de sus hijos, recuerda Aquiles, Níobe experimenta un dolor tan profundo como paralizante, convirtiéndola en piedra sollozante debido a la muerte violenta de sus hijos. Y es Aquiles como verdugo quien le advierte a su víctima de las transformaciones que operan en el alma debido al dolor, a propósito del cuerpo insepulto de Héctor: “Nueve días permanecieron tendidos en su sangre, y no hubo quien los enterrara, porque el Cronión había convertido a los hombres en piedras” (Ilíada, 2007: 459). La misma desesperación lleva a morir y a matar. El sufrimiento también se apodera de Príamo, quien exhorta a su hijo para que huya ante el terror inminente de su propia muerte: “Ven adentro del muro, hijo querido, para que salves a los troyanos y las troyanas; y no quieras procurar inmensa gloria al Pelida y perder tú mismo la existencia” (Ilíada, 2007: 459).

Sin embargo, Héctor desoye a su padre, quien se arranca los cabellos desesperadamente ante la negativa de su hijo, mientras Hécuba se desnuda el pecho, clamando: “¡Héctor! ¡Hijo mío! Respeta este seno y apiádate de mí […] Si te mata, no podré llorarte en tu lecho, querido hijo a quien parí, y tampoco podrá hacerlo tu rica esposa, porque los veloces perros te devorarán muy lejos de nosotras” (Ilíada, 2007: 408). Pero la Gorgona no tiene cuerpo de mujer; tampoco posee un vientre materno, que permita explicar el horror derivado de la generación; tan solo encarna la destrucción del joven guerrero, aterrorizado por su propia muerte, mientras reproduce el grito ahogado de sus ancianos padres. Medusa es una cabeza decapitada que personifica el espanto ante la pérdida, la negación, el duelo, el exilio. Y, nuestro tiempo, al parecer, está encerrado en su semblante; el siglo de la Medusa, que retorna a la violencia extrema de la épica griega y a la súplica de sus víctimas, quienes imploran a sus verdugos por mantener la humanidad, incluso de sus cuerpos sin vida. La súplica de Héctor a su verdugo hace eco en cientos de víctimas, cuyos cadáveres insepultos claman por ser llorados: “¡No permitas que los perros me despedacen y devoren junto a las naves aqueas! (…), y entrega a los míos el cadáver para que lo lleven a casa, y los troyanos y sus esposas lo entreguen al fuego” (Ilíada, 2007: 414-415). Sin embargo, Aquiles niega la petición de su víctima, ya que su gloria depende de golpear con extrema violencia el cuerpo de Héctor: “Nadie podrá apartar de tu cabeza a los perros, aunque me traigan diez o veinte veces el debido rescate; ni aun así, la venerada madre que te dio a luz te pondrá en un lecho para llorarte”. Y, seguidamente, concluye: “Los perros y las aves de rapiña destrozarán tu cuerpo” (Ilíada, 2007: 415).

Al igual que en la Ilíada, las víctimas de hoy son degolladas por sus verdugos, mientras sus cuerpos insepultos son devorados por el paso del tiempo; sus rostros contienen el mismo espanto de Medusa: los ojos contemplan horrorizados su propia deformación y su boca abierta grita ante el pavor de su destrucción. “Vulnerable es el ser humano en cuanto cuerpo singular abierto a la herida” (Cavarero, 2009: 58). La desaparición del cuerpo y el alarido agonizante de las víctimas simboliza, exactamente, la humanidad expuesta, irremediablemente, a la negación: “El crimen, más que simplemente llevado a cabo, es puesto en escena como una ofensa intencional a la dignidad ontológica de la víctima” (Cavarero, 2009: 26). La cuestión ya no reside, pues, en el reconocimiento del enemigo público, real o potencial, para la seguridad del conjunto, así como en su eliminación o amnistía en virtud del derecho de guerra, tal como lo sugiere Carl Schmitt, sino en el acto de deshumanizar mediante la deformación y la destrucción del cuerpo en cuanto cuerpo; unidad simbólica de lo humano: “En el acto que golpea al humano en cuanto humano, el horror es, por así decir, abrazado con convicción por sus asesinos. Como si la repugnancia que ello suscita fuese más productiva que el uso estratégico del terror” (Cavarero, 2009: 26). Al igual que Simone Weil y Judith Butler (2005; 2006), quienes advierten en el horror una forma de hacer morir que reposa sobre su víctima a cada instante, sin matarla, definitivamente, ya que antes la ha transformado en piedra; vida inerme al espanto, Cavarero señala que la violencia extrema “nulifica a los seres humanos antes que matarlos”, confiando más en el horror que en el terror (Cavarero, 2009: 26).

La vulnerabilidad en el rostro de Medusa

La máscara de Medusa simboliza, pues, la doble alternancia de la condición humana vulnerable: la herida y la cura (Cavarero, 2009: 26). El hombre se encuentra, irremediablemente, expuesto al otro, esto es, a las lesiones, la muerte, el éxodo de la tierra y la comunidad. O lo que es igual, la pérdida y la vulnerabilidad resultan constituyentes de los lazos sociales, amenazados siempre por su exposición a la fuerza extrema: “Todos vivimos con esta particular vulnerabilidad, una vulnerabilidad ante el otro que es parte de esa vida corporal, una vulnerabilidad ante estos súbitos accesos venidos de otra parte que no podemos prevenir” (Butler, 2005: 55). Al igual que Cavarero, Butler alude aquí a la vulnerabilidad corporal y al trabajo de duelo: “Cada uno de nosotros se constituye políticamente en virtud de la vulnerabilidad social de nuestros cuerpos —como lugar de deseo y vulnerabilidad física, como lugar público de afirmación y de exposición—” (Butler, 2005: 46). De manera que el cuerpo posee una dimensión, ciertamente, pública; vivimos en un mundo, físicamente dependientes unos de otros, esto es, corporalmente vulnerables a los otros que constituyen y determinan la propia existencia. Esto es innegable. “El cuerpo supone mortalidad, vulnerabilidad, praxis: la piel y la carne nos exponen a la mirada de los otros, pero también al contacto y la violencia, y también son cuerpos los que nos ponen en peligro de convertirnos en agentes e instrumentos de todo esto” (Butler, 2005: 52). Y los cuerpos existen y dejan de hacerlo en virtud de ciertas condiciones políticas, sociales, psíquicas y afectivas que les permiten perseverar en su ser o desfallecer debido al abandono, la agresión, la enfermedad.

Vivir implica, en principio, y, en todo caso, un peligro inminente de morir debido a ciertas circunstancias externas que escapan al propio control. El nacimiento es, quizás, el mejor ejemplo de una vida inerme expuesta, invariablemente, a los contactos que le sirven de sostén físico o lo condenan a la eliminación. Desde el principio, el infante está entregado totalmente a los otros debido a su singularidad corpórea y, por lo tanto, más expuesto a la negación. En palabras de Butler: “Esta escena primaria es una escena de abandono, de violencia o de hambre, sus cuerpos están abandonados a la nada, a la violencia o la falta de sustento” (Butler, 2005: 58). Por definición, el hombres es vulnerable desde el nacimiento mismo, cuya escena original anuncia su exposición unilateral al afuera: “La vulnerabilidad nos acompaña para toda la vida, solo en el neonato esta se expresa teatralmente viniendo a coincidir con la condición de un vulnerable que es, al mismo tiempo, inerme” (Cavarero, 2009: 44). Esta condición de vulnerabilidad primaria del infante coincide con su vida inerme ante los otros y la herida; aguarda la cura, sin posibilidad de defenderse. Aquí, el vulnerable está expuesto al abandono o a un alimento insuficiente, que arriesga su existencia a cada instante, sin ninguna posibilidad de autoredención. La comprensión de la necesidad física o psíquica que permanece insatisfecha permite percibir, a su vez, cómo se explota la condición primaria de vulnerabilidad mediante la represión o la frustración. La relación con el otro determina, la mayor de las veces, una entrega total de la singularidad corpórea donde no existe la reciprocidad.

En La Ilíada o el poema de la fuerza, Príamo, al igual que el neonato, está expuesto, irremediablemente, a la violencia unilateral de su verdugo, quien puede disponer de su existencia debido a su condición inerme y vulnerable: “Si mi destino es morir en las naves de los aqueos, de broncíneas corazas, lo acepto: mátame Aquileo tan luego abrace a mi hijo y satisfaga el deseo de llorarle” (Ilíada, 2007: 449). Aquiles exacerba la privación del padre melancólico difiriendo, al mismo tiempo, la causa de su curación, esto es, el cuerpo insepulto de su hijo, cuya vida debe ser llorada por la ciudad. El verdugo no solo explota la necesidad de la víctima, sino también del vulnerable que le sobrevive, sujetándolos a su dominio: “El gran Príamo entró sin ser visto, acercose a Aquileo, abrazole las rodillas y besó aquellas manos terribles, homicidas, que habían dado muerte a tantos hijos suyos” (Ilíada, 2007: 455). “El espectáculo de un hombre reducido a ese grado de desdicha hiela casi tanto como el aspecto de un cadáver”, dice Weil (2005: 18) a propósito de Príamo, tendido ante los pies del homicida de sus hijos. El rostro del anciano encarna el horror de la pérdida de su hijo, insepulto durante doce días y abandonado a los perros y las aves de rapiña, y, así como la mirada de Medusa, deja estupefacto al asesino y a los demás guerreros ante su presencia: “Como quedan atónitos los que, hallándose en la casa de un rico, ven llegar a un hombre que, poseído de la cruel Ate, mató en su propia patria a otro varón y emigrado a un país extraño, de igual manera asombrose Aquileo de ver al deiforme Príamo” (Ilíada, 2007: 455).

Sin embargo, y, a pesar de la conmoción de los guerreros debido al rostro del desdichado, Príamo está abierto y expuesto a la violencia de su verdugo: “Aquileo llamó entonces a las esclavas y les mandó que lo lavaran y lo ungieran, trasladándolo a otra parte para que Príamo no viese a su hijo; no fuera que, afligiéndose al verlo, no pudiese reprimir la cólera en su pecho e irritase el corazón de Aquileo, y este le matara” (Ilíada, 2007: 457-458). El verdugo se siente libre en sus actitudes y movimientos, porque el suplicante es apenas un objeto inerme que puede reducir a la nada en un instante de cólera. No es, sin embargo, por la insensibilidad del guerrero que Aquiles empuja al anciano agarrado de sus rodillas, ya que su presencia y sus palabras lo han conmovido en lágrimas, sino porque el suplicante es apenas una piedra que llora, así como Níobe es transformada en una piedra debido al dolor de la pérdida o Hécuba es convertida en una perra feroz en virtud de la venganza. El rostro descompuesto y desfigurado por la pérdida de sus hijos, así como el grito inaudible del vulnerable ante el matador, no paraliza ni convierte en piedra al vencedor, tal como sucede con aquellos que observan el rostro de la temible Medusa. El verdugo conserva la ilusión de autosuficiencia y su ánimo triunfalista ante el espanto de la Gorgona, deformando el cuerpo de sus víctimas para negar cualquier identidad de sí mismo y de su propia vulnerabilidad. Esta exposición física al horror, dice Cavarero, “tiene que ver con la instintiva repulsión por una violencia que, no contentándose con matar, porque sería demasiado poco, busca destruir la unicidad del cuerpo y se ensaña en su constitutiva vulnerabilidad” (Cavarero, 2009: 25). De este modo, no se puede perder más de lo que pierde Príamo y cientos de suplicantes todos los días, quienes, además de contemplar el horror por la destrucción de lo humano encarnado en el cuerpo de sus hijos, son transformados en cosas para toda la vida.

Ahora, el terror de la destrucción y el horror de la violencia exacerban la vulnerabilidad, incrementando los niveles de agresión sobre la vida física, tanto propia como ajena. Torturas, masacres, violaciones, decapitaciones, castraciones, amputaciones, entre otros, constituyen la iconografía de la violencia contemporánea, que se sirve de variadas prácticas de deshumanización. Los desastres de la guerra, de Francisco de Goya (1810-1815), constituye un paradigma ejemplar del horror y la brutalidad durante la guerra de la Independencia Española (1808-1814), donde se muestran mujeres violadas (No quieren, nº 9; Ni por esas, nº 11; Amarga presencia, nº 13), cuerpos desmembrados y abandonados (Para eso habéis nacido, nº 12; Se aprovechan, nº 16; Tanto y más, nº 22), hombres descuartizados, crucificados, empalados y ahorcados (Lo mismo, nº 3; Duro es el paso, nº 14; Y no hay remedio, nº 15; Por una navaja, nº 34; Tampoco, nº 36; Esto es peor, nº 37; ¡Grande hazaña con muertos!, nº 39), fallecidos por la enfermedad, el frío y la inanición (También estos, nº 25; Lo peor es pedir, nº 55; Sanos y enfermos, nº 57; No hay que dar voces, nº 58; ¿De qué sirve una taza?, nº 59), hombres y mujeres que lloran los cuerpos insepultos de sus hijos (Enterrar y callar, nº 18; Será lo mismo, nº 21; Caridad, nº 27; Al cementerio, nº 56; Muertos recogidos, nº 63). Y, entretanto, los suplicantes lloran las vidas perdidas de sus hijos y el éxodo de sus comunidades, siempre amenazadas por la violencia; los vulnerables, ahora transformados en piedras se constituyen en el objeto de la fuerza que se renueva, una y otra vez, sobre sus rostros. No hay posibilidad de escapar a los ojos de Medusa, salvo cuando aparece la posibilidad de cambiar el destino, esto es, el eterno retorno a la mirada horripilante y horrorizada de la Gorgona.

“Lo que está en juego no es el fin de una vida humana, sino la condición humana misma en cuanto encarnada en la singularidad de cuerpos vulnerables” (Cavarero, 2009: 25). La carnicería de la crueldad retrata el terror y el horror de la violencia sobre los cuerpos vulnerables, así como la cabeza de Medusa simboliza la exposición de las víctimas inermes a la barbarie. He aquí la naturaleza de la fuerza que se ejerce sobre sujetos nulificados, respecto a los cuales no existe ningún daño o lesión posibles en tanto se trata de vidas negadas, incluso antes de ser tocados por la armadura de la violencia: “Un hombre desarmado y desnudo contra el que se dirige un arma se convierte en cadáver antes de ser tocado” (Weil, 2005: 17). Sin embargo, dice Butler, “dichas vidas tienen una forma extraña de mantenerse animadas, por lo que deben ser negadas una y otra vez” (2006: 60). Son vidas para las que no cabe el duelo o la atención debido al grito de su dolor, que permanece inaudible por sus verdugos y para la mayoría de los ciudadanos. Reconocer la propia vulnerabilidad física implica advertir la responsabilidad por la vida física de los otros (Butler, 2006: 45). Y así como Zeus convirtió a la ciudad en piedra para mantener insepultos a los hijos de Níobe, la mayoría desconoce, todavía, los efectos concretos y humanos del horror de la violencia. El rostro de Flor Hilda Hernández, madre de Elkin Gustavo Verano Hernández, uno de los jóvenes de Soacha, Cundinamarca, víctimas de los llamados falsos positivos, encarna el terror y el horror de la violencia colombiana. Su semblante fruncido descubre el sufrimiento al observar el cadáver de su hijo, y, su boca entreabierta, el grito profundo e inaudible por su herida. Y al igual que cientos de suplicantes, ella habla sobre su curación: “Siento que nunca voy a terminar de hacer este duelo. Por lo menos mientras no haya justicia, verdad y reparación, no lo voy a lograr. La impunidad duele igual que el crimen. Es una burla” (Semana, 2012).

“La violencia contra aquellos que no están lo bastante vivos —esto es, vidas en un estado de suspensión entre la vida y la muerte— deja una marca que no es una marca” (Butler, 2006: 63). Donde no existe un duelo por la pérdida, por lo menos no todavía, la herida permanece abierta, así como el ciclo insuperable de la violencia: “Un discurso silencioso y melancólico en el que no ha habido ni vida ni pérdida; un discurso en el que no ha habido una condición corporal común, una vulnerabilidad que sirva de base para una comprensión de nuestra comunidad” (Butler, 2006: 63). Mientras tanto, los soldados seguirán combatiendo, así como aquellos que disputan el poder económico o político, con el mismo terror y horror, siempre más y más, así como las víctimas y los suplicantes seguirán huyendo, muriendo y rogando para que les entreguen los cuerpos de sus hijos.

Sin duda, Colombia representa el mejor ejemplo de la violencia extrema y el dolor de sus víctimas. Según El Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y 2018 se reportaron 262.197 víctimas fatales en Colombia: 46.813 eran combatientes, 215.005 civiles y 379 sin información de su relación con el conflicto; asimismo, 24.518 personas murieron en masacres, 80.514 fueron víctimas de desaparición forzada y 37.094 de secuestro. Además, 15.687 personas sufrieron violencia sexual (Semana, 2018). En cuanto al desplazamiento forzado, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), se estima que más de 7,7 millones personas han abandonado sus territorios (El tiempo, 2018). En el país, las prácticas de asesinato, desaparición, secuestro, desplazamiento, violación sexual han generado un quiebre de comunidad, que obliga a examinar las condiciones sobre las cuales se reconoce y mantiene la vida, al igual que las prácticas de exclusión y de aniquilación de lo humano. Tan larga y atroz ha sido el horror de la violencia que, incluso, el grito de Medusa parece suficientemente sonoro para escuchar el dolor de sus víctimas.

El duelo de Medusa

El rostro de Medusa contiene el grito de las víctimas, cuyo sonido permite articular la realidad de la desdicha; la experiencia de la nada. “Por eso el espectáculo de la desgracia desnuda causa en el alma la misma retractación que la proximidad de la muerte causa en la carne” (Weil, 2000: 34). Mientras el grito de Medusa evoca el horror de los muertos y el sufrimiento de los esclavos y los suplicantes, el espíritu visiona los cientos de cadáveres que yacen en las tumbas o reposan bajo la soberanía del tiempo que, al igual que los perros y las aves de rapiña, devora con indiferencia el cuerpo muerto, así como el alma de las víctimas. Medusa causa horror en el alma y el intelecto, pues su imagen desnuda, atroz y siniestra, permite reconocer la destrucción y la deformación de los desgraciados. En palabras de Weil, tan sugerentes como conmovedoras: “Cuando un juego cualquiera de circunstancias hace que repentinamente en algún lugar se revele desnuda, como si fuera algo que destruye, una mutilación o una lepra del alma, nos estremecemos y retrocedemos”. Y, seguidamente, agrega la pensadora: “Y los propios desgraciados experimentan el mismo estremecimiento de horror ante sí mismos” (Weil, 2000: 34). El grito de la Gorgona implica situarse en el lugar de las víctimas, mientras hablan de su pérdida: “Ponerse en el lugar de un ser cuya alma está mutilada por la desgracia o en peligro inminente de serlo es anonadar la propia alma” (Weil, 2000: 34). Por esta razón, los esclavos y los suplicantes son desoídos en su dolor. “Están en el estado en el que se encontraría alguien a quien se le hubiera cortado la lengua y hubiera olvidado momentáneamente su lesión. Sus labios se agitan y ningún sonido llega a nuestros oídos” (Weil, 2000: 34). Ellos lo saben y, quizás por eso, padecen, además del terror y el horror, la impotencia de no ser escuchados.

Al igual que Héctor y Hécuba, quienes ruegan al asesino para que les entregue el cuerpo de su hijo insepulto, en Las suplicantes de Eurípides, las madres argivas, acompañadas de Adrasto, rey de Argos, y de sus nietos huérfanos, invocan el auxilio de los reyes atenienses para recuperar los cuerpos sin vida de sus hijos guerreros, muertos durante la batalla contra Tebas, cuyo rey, Creonte, se niega a devolver. El entierro de los muertos constituye, al igual que en la Ilíada, un tópico, tan sagrado como elevado, para los antiguos: “Hay una ley en Grecia: todos la siguen. Al muerto se le da sepultura. Y hay hombres prevalidos de la fuerza, que apoyados en su poder, se oponen a que esos muertos vayan a la tumba” (Eurípides, 2006: 281). Ante el templo de Deméter, diosa maternal de la tierra, las ancianas suplicantes se dirigen a la reina Etra, madre de Teseo, rey de Atenas, para que interceda por ellas ante su hijo: “También tú diste a luz, oh reina […] Comparte ahora conmigo tu alma maternal en sentimientos; toma contigo todas las amarguras de madre que sufriendo estoy”. Y, después, agregan: “Persuade a tu hijo, que vaya al río Ismeno y de allá nos traiga los cuerpos robustos de nuestros muertos, que aún yacen sin la gloria sepultura” (Eurípides, 2006: 276). Del mismo modo, Adrasto suplica a Teseo por las madres dolientes de los muertos argivos: “¡La vejez que encanece las ha hallado sin hijos! […] No vinieron buscando ofrecer los misterios de Deméter: vienen en busca de sus hijos muertos. Quieren dar sepultura a aquellos que un día debieran haber de darla a ellas” (Eurípides, 2006: 278).

El rostro funerario de las ancianas suplicantes conmueve a la madre del rey, quien lo exhorta sin vacilación: “¡Vamos hijo! ¿No darás tu socorro a los muertos? ¿No auxiliarás a las dolientes madres? ¡Ni un momento lo dudo ni lo temo! Vas como un guerrero a justa guerra. ¡Hoy es feliz la tierra de Cadmos, felices sus moradores!”. Pero agrega: “¿Lo serán mañana? ¡Los reversos de la fortuna están esperando! Bien sabido lo tengo: gustan los dioses de trastornar los hechos de los ciudadanos” (Eurípides, 2006: 282). La desdicha resulta análoga al azar; basta un instante para perder todo aquello que configura la propia identidad: el nombre, la tierra, el hogar, los hijos. No existe nada que no pueda destruirse en momento de casualidad: “Un azar puede en cualquier momento abolir lo que soy y poner en su lugar cualquier cosa vil y miserable” (Weil, 2000: 34). El espectáculo ante la desgracia causa la misma conmoción en Teseo, así como la proximidad de la muerte que se encarna en el rostro de las madres dolientes: “¿De quién oigo gemidos? […] ¡Ah! ¿Qué es esto? Dolientes son, sí: lo denuncia su apariencia: por sus yertas mejillas envejecidas caen a raudales las lágrimas… ¡Mísero espectáculo! La cabeza raída, las ropas ajadas no son festivas ciertamente” (Eurípides, 2006: 278). El rostro de las madres es infalible: el sufrimiento y el horror penetra en ellas bajo la forma de una herida profunda: “¡Nada es más rico para una madre que el llanto por su hijo muerto! ¿Podré yo tras la muerte olvidar tan grande dolor?” (Eurípides, 2006: 278). Atender a la súplica de las mujeres en duelo implica protegerlas de la lesión y curarlas de su dolor. Sin embargo, Creonte, el rey de las siete puertas, desoye los ruegos de las madres de los siete jefes argivos muertos, abandonando los cuerpos insepultos de sus hijos a la avidez de los buitres y las aves de rapiña.

El grito interior enmudece ante el horror del tirano, cuya violencia reside en la negación de lo humano: “Mensajero tebano. —Tú [Teseo] a hombres enemigos, aún después de la muerte, los ayudas. Quieres dar sepultura a aquellos que su propia soberbia y altivez arruinó” (Eurípides, 2006: 285). A diferencia de Creonte, quien desoye a su pueblo conmovido ante el sufrimiento de Antígona, quien, al igual que las madres argivas, ha perdido a su hermano, Polinices, en la batalla contra Tebas, cuyo cuerpo permanece insepulto, Teseo consulta a su ciudad, confiando en que la democracia, a diferencia de la tiranía, escuchará la voz doliente de las madres enlutadas (Loraux, 2004). “Donde gobierna y dicta la doctrina del pueblo, ¡cómo se goza en ver que crece y medra la juventud radiante! No el tirano es así: muy al contrario. Hostil a todo. A los más destacados aborrece. Si tienen su modo de pensar propio: los aniquila. Un solo temor lo domina: el de perder el mando” (Eurípides, 2006: 284). Pero el tirano no solo teme a sus enemigos, sino también a las madres, esposas, hermanas, porque sus rostros dolientes revelan los excesos del terror y el horror de la violencia. Las madres de los Siete o la hermana de Polinices representan el semblante de Medusa, horripilante y horrorizada, en tanto encarnan la destrucción de lo humano, esto es, los límites más allá de los cuales es impensable la vida humana; la vida digna de duelo. Para la democracia ateniense, tal como aparece en la obra de Eurípides, las súplicas de las madres enlutadas sirven de orientación a la vida política regida por la piedad y la justicia de sus instituciones y ciudadanos. Hay que mirar a la Gorgona, escuchando, atentamente, la voz silente del horror:

Teseo. —Dar sepulcro a los muertos, no es lesionar a tu ciudad, no es procurarle luchas ni exterminio: es puramente salvaguardar las instituciones de la comunidad griega. Sufristeis de parte de los de Argos. Concedido. Pero ellos están muertos. Repelisteis su ataque y sucumbieron, bien hecho por vuestra parte; ignominia para ellos y la justicia fue conservada. Ahora dejad que la tierra cubra los muertos. Que retorne cada elemento al origen donde procede: vuelva el aliento al éter; vaya el cuerpo a la tierra. Nos fue dado solo para hospedar nuestra vida y ha de tornar a aquella que lo nutrió (Eurípides, 2006: 284).

“La herida ayuda a entender que hay otros afuera de quienes depende mi vida, gente que no conozco y que tal vez nunca conozca” (Butler, 2006: 14). La interdependencia es, pues, un hecho consustancial a la vida social, así como el hecho de sufrir un daño o una perdida causados por otro o por cualquier circunstancia del azar. Esto es, fácilmente, reconocible. Ahora bien, dice Butler: “Lo que no es tan seguro es si la experiencia de vulnerabilidad y pérdida tiene que conducir necesariamente a la violencia militar y a la represalia” (Butler, 2006: 14). Hay otras formas políticas para suspender la espiral del terror y el horror de la violencia y sus efectos brutales sobre la existencia humana, tal como ocurre con el duelo. Madre terra, del artista colombiano Carlos Saavedra, constituye un ejemplo claro del valor político del duelo, articulando la tierra y las madres de Soacha en Colombia, quienes han reivindicado durante años la memoria de sus hijos desaparecidos y asesinados. En esta serie fotográfica, las madres brotan de la tierra, simbolizando el ritual del entierro y, a su vez, su propio renacimiento. El duelo constituye una vía política y, asimismo, democrática, permitiendo reconocer las normas de exclusión políticas, militares y sociales en virtud de las cuales se distribuye, diferencialmente, la agresión y el dolor; algunas vidas son merecedoras de duelo, mientras otras son indignas de ser lloradas debido a su condición espectral. Tal como lo advertía Aristóteles, cada sociedad determina la repartición de los bienes, los cargos y los reconocimientos según los criterios que, en todo caso, permiten cualificar la existencia en razón a la justicia y la felicidad de la comunidad política.

No obstante, cuando la violencia se constituye en la forma de vida y los medios de conservación son limitados, las reglas de distribución del dolor y la precariedad establecen, diferencialmente, qué clase de sujetos merecen un duelo y cuáles no debido a la pérdida de su propia humanidad. El rostro de Medusa impele a la mirada vigilante y la escucha atenta de sus víctimas. Su rostro encarna el horror y, su vez, lo más humano. Eludir su semblante implica no solo desconocer la vulnerabilidad común ante la violencia, sino también, y, más específicamente, olvidar aquellas vidas que han sido eliminadas y cuyo duelo resulta, indefinidamente, postergado. En términos de Butler: “Ciertos rostros deben ser admitidos en la vida pública, deben ser vistos y escuchados para poder captar un sentido más profundo del valor de la vida, de toda vida (Butler, 2006: 21). El duelo público permite reconocer, ciertamente, el sentido más profundo de la vida para oponerse a la destrucción. Porque la violencia justifica, sin ningún miramiento ni compasión, la apatía y la eliminación de aquellas vidas que no merecen ningún cuidado, ya que se hallan en el umbral de interminación entre la existencia y la muerte. La violencia (bía) es muda como la Gorgona; basta contemplarla un momento siquiera para sentir el temor y el sufrimiento de su ejecución sobre la vida inerme, desnuda. En palabras de Butler: “La violencia es seguramente una pequeña muestra del peor orden posible, un modo terrorífico de exponer el carácter originalmente vulnerable del hombre con respecto a otros seres humanos”. Y, luego, agrega la autora: “Un modo por el que nos entregamos sin control a la voluntad de otro, un modo por el que la vida misma puede ser eliminada por la acción deliberada de otro” (Butler, 2006: 55).

Mientras algunos afirman que el duelo a Medusa implica incrementar los niveles de agresión y victimización, parece estar claro que su presencia horripilante solo genera más pérdidas y dolor en aquellos que la padecen. Pero Medusa también está horrorizada, lo que permite entender la voz, aparentemente, y hasta ahora, inaudible de las víctimas. Tal vez, un duelo se elabora cuando se reconoce una pérdida, insustituible e irreparable; entretanto, la muerte acosará triunfalista aquellas vidas inermes ante su poder, y la vida política continuará escindida entre las vidas dignas de ser lloradas y las demás inmeritorias de duelo y melancolía. El duelo envuelve el sentimiento colectivo según el cual algo o alguien se perdió, permitiendo entender los quiebres en el lazo común: “El duelo nos enseña la sujeción a la que nos somete nuestra relación con los otros en formas que no siempre podemos contar o explicar” (Weil, 2005: 49). Y esta situación es, por supuesto, aún más dramática para aquellos que han sufrido grandes pérdidas, y que todavía anhelan ser escuchados. Ser conscientes de la vulnerabilidad ante el horror de la violencia puede convertirse, según Butler, en la base de una solución política pacífica; negarla, en virtud de las fantasías de dominación, fortalece los discursos y las prácticas de la destrucción y la desfiguración de lo humano: “Negar esta vulnerabilidad, desterrarla, sentirnos seguros a expensas de cualquier otro tipo de consideración humana, supone desperdiciar el principal recurso para orientarnos y encontrar una salida” (Butler, 2006: 56). Hay que prestar atención a Medusa, incluso atenernos a ella, para pensar de nuevo la vida y la política bajo la idea de la común vulnerabilidad y, en consecuencia, de la responsabilidad ética ante el duelo capaz de suspender la negación y la pérdida de los otros, incluso, de la propia.

Conclusiones

Cuando la fuerza extrema, con sus expresiones de terror y de horror, se constituye en la forma de vida social, se exacerba la exposición a la herida, la muerte, la pérdida, que se extienden y multiplican con asombrosa capacidad; la violencia destruye y deforma todo lo que golpea. Ahora bien, no resulta sencillo entender cómo se forma una comunidad política a partir de la agresión y el dolor de sus víctimas, ni menos aún cómo pervive en virtud de las muertes silentes contenidas en el grito de Medusa, o lo que es lo mismo, en la voz ahogada de aquellos que les sobreviven. Basta escuchar con atención el grito mudo de la Gorgona, horripilante y horrorizada por el rigor de la violencia, para asumir una responsabilidad colectiva por las vidas físicas y psíquicas de los otros. La nulificación de la existencia supera la mera destrucción física, transformando al hombre vivo en un cadáver, debido al horror y el silencio del sufrimiento. La inmirabilidad de la Gorgona implica desconocer la muerte ajena y la propia, adormeciendo el alma ante la deshumanización de la violencia, que engulle los cuerpos y las almas con mayor voracidad. Las fantasías y las prácticas de dominación aumentan los niveles de agresión y de victimización, escindiendo el mundo social entre aquellas vidas dignas de duelo y aquellas inmeritorias de ser lloradas. Y mientras la respuesta a la violencia conduzca a la agresión militar y a la represalia, las pérdidas serán cada vez mayores.

El anhelo por suspender el eterno retorno de la barbarie implica imaginar otras formas políticas distintas a la agresión, y, por supuesto, más próximas a la atención y al reconocimiento de las víctimas. Pero no es posible conjurar nuevas formas de comunidad sin entender el valor profundo de lo humano y, por supuesto, sin reconocer las vidas perdidas. En palabras de Butler, elaborar el duelo y transformarlo en un recurso político envuelve la capacidad subjetiva y colectiva de identificación con el sufrimiento del otro. Y sin duda, “esto puede inaugurar una nueva perspectiva si la preocupación narcisista de la melancolía se transforma en consideración por la vulnerabilidad de los otros” (2006: 57). Hay que mirar a Medusa, atendiendo al horror de su mirada y su boca entreabierta, puesto que su imagen, horripilante y horrorizada, refleja la propia muerte en la muerte del otro. Y esta identificación es la que permite reconocer la pérdida y el duelo. Hay que contar una y otra vez a las víctimas de la violencia; las muertes olvidadas, así como la de aquellos que experimentan a diario la muerte social mediante su aislamiento y anonimidad: desterrados, desparecidos, migrantes, desempleados. Porque el reconocimiento de la ausencia de algunos permitirá resistir a la desaparición de los demás.

Ahora bien, “¿qué beneficio puede obtenerse del duelo, de prolongar la pena, de quedar expuestos a su carácter insoportable y no tratar de resolverlo a través de la violencia?”, pregunta Butler. En palabras de la autora, elaborar el duelo y transformar el dolor en una expresión política no supone, en modo alguno, resignarse a la inacción, sino, más exactamente, alentar un lento proceso de identificación con el sufrimiento mismo (Butler, 2006: 57). Esta experiencia, tan sugerente como alentadora, implica repensar la fragilidad del vínculo social, además de otras condiciones capaces de suspender el eterno retorno de la violencia. El terror y el horror son diferenciales en su distribución y su ejecución: la violencia se ejerce, la mayor de las veces, contra sujetos irreales, incluso antes de ser tocados por la armadura de la fuerza. De ahí que sus rostros son inmirables por la mayoría, y sus voces resulten desatendidas por las instituciones. Por esta razón, dice Weil: “No hay esperanza para el vagabundo en pie ante el magistrado. Si a través de sus balbuceos sale algo desgarrador, que taladra el alma, no será oído por el magistrado ni por el público. Es un grito mudo” (Weil, 2000: 35). Desde el punto de vista de la fuerza extrema no hay ningún daño, ni pérdida desde el momento en que se trata de vidas negadas, inermes: “Si una vida no produce dolor no califica de vida y no tiene ningún valor” (Weil, 2006: 61). Pero dichas vidas son tan humanas como la propia, y su pérdida debe estremecer el alma y el intelecto, así como la muerte conmueve la carne. Semejante reconocimiento debería (o podría) materializar la promesa de la política, aquí y ahora.

Bibliografía

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Weil, S. (2000): Escritos de Londres y últimas cartas, Madrid, Trotta.

— (2005): La fuente griega, Madrid, Trotta.

Capítulo 12

La reparación: historia subjetiva, angustia y trauma68

Óscar Alfredo Muñiz y Samir Ahmed Dasuky Quiceno

“La memoria del corazón elimina los malo recuerdos y magnifica los buenos, y gracias a este artificio, logramos sobrellevar el pasado”.

Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera (1985)

Introducción

La Modernidad crea un tipo de historia muy particular, denominada Historia unitaria. Este tipo de Historia, con mayúscula inicial, que implica según Vattimo “la existencia de un centro alrededor del cual se reunieran y ordenaran los acontecimientos” (1991: 10), se caracteriza por ser lineal, ascendente y progresiva, es decir, “un progresivo proceso de emancipación, como la realización, cada vez más perfecta, del hombre ideal” (1991: 10). Historia que, por esta condición progresiva, parte del hecho de que lo más avanzado es lo más valioso en tanto se acerca al fin del proceso, lo que supone la superación del pasado.

La historia moderna, como decurso unitario y progresivo, se ve reflejada en el plano del conocimiento, la política y la economía: la ciencia supone la superación de la religión y concibe el progreso como objetividad; la democracia es la superación de la monarquía y su meta es el logro de mayores libertades individuales; el capitalismo supera el feudalismo y su finalidad es la riqueza de las naciones. La historia sería entonces el proceso de grandes revoluciones: del conocimiento, la ciencia; de la política, la democracia; de la economía, el capitalismo.

Según Vattimo (1991: 11-13), hay tres elementos que hacen entrar en crisis la Historia unitaria o la gran Historia:

Los cuestionamientos y críticas desde el siglo XIX hasta nuestros días, por ser de carácter ideológico, como lo indica Walter Benjamin: “La historia como un curso unitario es una representación del pasado construida por los grupos y las clases sociales dominantes”. ¿Qué se cuenta en la gran Historia? Fechas, acontecimientos, batallas, guerras, tratados, pero se dejan de contar “las transformaciones en el modo de alimentarse, en el modo de vivir la sensualidad o cosas por el estilo”.

Lo que se enuncia en la gran Historia son las vicisitudes “de los nobles, de los soberanos y de la burguesía cuando llega a ser clase poderosa; en cambio, los pobres e incluso los aspectos de la vida que se consideraban ‘bajos’ no hacen historia...”. No hacen historia las vivencias subjetivas de la guerra, los traumatizados por la violencia, los niños huérfanos que sufren los conflictos armados, las mujeres angustiadas que no ven llegar a sus esposos de las guerras o las mujeres que van a la contienda, etc.

La descolonización de los países en los continentes de América, Asia y África bajo el imperialismo europeo que se inicia en el siglo XIX y va hasta el XX.

Los medios masivos de comunicación que, en vez de producir una homogenización del mundo, han creado una “explosión y multiplicación general de Weltanschauungen, de concepciones del mundo”.

Cada uno de estos elementos pone en crisis las características fundamentales de la Historia unitaria, respectivamente: la idea de progreso, el ideal de humanidad y el principio de realidad.

Siguiendo a Vattimo, lo anterior trae como consecuencia la atomización, la explosión de la visión de lo uno y se introduce la visión de lo múltiple, de lo diverso, de los dialectos de las minorías, que se hacen reconocer a través de los medios de comunicación masiva, como “algo totalmente distinto de una manifestación irracional de la espontaneidad” (1991: 17). Esto implica concebir la historia y, por ende, la memoria, no desde la lógica de lo unitario.

¿Sin gran Historia, qué se tiene? Tenemos las pequeñas historias, sin orientación única, deslocalizadas de un eje central, sin disposición compartida, que no corresponden a los ideales del progreso moderno y que obligan a repensar la relación entre historia y memoria. Más bien se constata lo que Nietzsche afirmaba: “cómo el mundo verdadero acabó convirtiéndose en una fábula” (1986: 51).

Marianne Hirsch acuñó en los años noventa el término posmemoria, permeando las ciencias sociales y humanas, disciplinas que muestran “las imbricaciones entre memoria e historia, trauma personal e imaginario colectivo, testimonio y ficción, recuerdo y olvido” (Quílez, 2014: 58). El término de posmemoria es utilizado para explicar cómo los descendientes de los supervivientes de hechos atroces recuerdan el pasado traumático, lo que implica que el trauma se hereda de generación en generación.

Un nuevo término para viejas problemáticas

Proponemos como primer tema de nuestra presentación la siguiente consideración: posmemoria es un nuevo término para viejas problemáticas ya abordadas sobre la memoria, como lo ha hecho, por ejemplo, el psicoanálisis, ocupándose específicamente de ellas. Prueba de ello es la importante carta, fechada el 6 de diciembre de 1896, que escribe Freud a su amigo W. Fliess, en la que afirma: “Tú sabes que trabajo con el supuesto de que nuestro mecanismo psíquico se ha generado por estratificación sucesiva, pues de tiempo en tiempo el material preexistente de huellas mnémicas experimenta un reordenamiento según nuevos nexos, una retranscripción [umschrift]. Lo esencialmente nuevo en mi teoría es, entonces, la tesis de que la memoria no preexiste de manera simple, sino múltiple, está registrada en diversas variedades de signos” (Freud, 1968: 274).

Encontramos en este texto de Freud una forma de la memoria donde el recuerdo se comporta “como algo actual”, una memoria que supone paradójicamente, como lo dirá Freud años después, cuando ya ha estructurado su teoría psicoanalítica en su texto Recordar, repetir y reelaborar (1914), una imposibilidad de olvidar, porque el sujeto no lo recuerda, sino que lo actúa.

En dicha obra, Freud retoma lo ya planteado en su carta, y argumenta que hay vivencias particulares “sobrevenidas en épocas muy tempranas de la infancia y que en su tiempo no fueron entendidas, pero han hallado inteligencia e interpretación con efecto retardado [nachträglich], la mayoría de las veces es imposible despertar un recuerdo” (Freud, 1991: 151).

Aquí la memoria es paradójica, supone la repetición en acto. El sujeto, dice Freud, “no recuerda, en general, nada de lo olvidado y reprimido, sino que lo actúa. No lo reproduce como recuerdo, sino como acción; lo repite, sin saber, desde luego, que lo hace” (Freud, 1991: 152). Se constituye el núcleo de la represión que Lacan (1981) vincula con la formación del síntoma, que se manifiesta en una imposibilidad de olvidar; repetición en acto de algo que se tendría que haber inscrito en la memoria en un tiempo pasado.

Lacan argumenta que el núcleo de la represión es una “efracción imaginaria” (Lacan, 1981: 281), una “acuñación simbólica” (Lacan, 1981: 283), que constituye el núcleo del inconsciente, que el sujeto no dominará, pero que permanece ahí, en algún lugar, y eso hablará en el sujeto bajo la forma del síntoma, dividiéndolo entre lo que cree ser y lo que es sin saberlo.

El efecto retardado [nachträglich] es inherente también a la construcción de la historia de un sujeto apoyada en su memoria, en aparente transparencia de la conciencia. Soler sostiene que la acción retardada en la construcción de la historia implica, a nivel de tiempo, dificultades por suponer un desarrollo lineal. Dificultades que se nombran como “el fuera del tiempo, el tiempo círculo, el presente siempre renovado, la existencia momentánea […] [que] no son otra cosa que la ausencia del tiempo histórico, propiamente humano; pues este no es el tiempo del reloj y tampoco la vivencia bergsoniana. Es movimiento de historización, tendido, como el mensaje mismo, entre anticipación y retroacción” (Soler, 1993: 63).

Desde esta conceptualización lacaniana se crítica aquí la linealidad que hay en la teoría clásica de la comunicación, en la que se considera que una persona emite un mensaje a través de un código y un canal, y el receptor del mensaje lo decodifica refiriendo al mismo código. Esta inversión en la linealidad se funda en la estructura de lo simbólico y sus efectos en la constitución del sujeto, subversión, en tanto que es el significante quien estructura al sujeto y no el sujeto al significante (Lacan, 1985). Esta relación se manifiesta también en la teoría de la comunicación, en tanto que es el emisor quien expresa una voz y recibe el mensaje desde el lugar del Otro (A)69. Distancia entre el que habla y se escucha o entre el que escribe y se lee. Es frecuente que al leer nuestros textos encontremos que dicen otra cosa distinta de lo que se quería decir. También en la intersubjetividad, es desde el Otro (A) que recibimos nuestro mensaje en forma invertida.

Es desde el Otro (A) que el mensaje se constituye a posteriori como significado del Otro (s(A)) (Lacan, 1985a: 784).

El psicoanálisis resemantiza a la posmemoria desde la acción retardada implicada, tanto en la rememoración de la historia de un sujeto como en sus síntomas, que están en relación directa con memoria, trauma y angustia.

Figura 1

Grafo del deseo, diseño de Lacan, 1958-1959

Fuente: Lacan (1985a: 784).

Para Freud, desde los comienzos de su enseñanza, el trauma es el olvido imposible; toda su teoría sobre la histeria fue elaborada sobre la reminiscencia. En su carta del 6 de diciembre de 1896 dijo a su amigo W. Fliess que si un suceso genera determinado displacer cuando es un hecho actual, al ser recordado con el paso del tiempo, disminuye el displacer asociado al recuerdo evocado. El recordar tiene como finalidad inhibir el displacer. Pero si el suceso al ser recordado genera un “nuevo displacer, entonces este último no podrá ser inhibido. El recuerdo viene a comportarse como algo actual” (Freud, 1968: 743).

En correspondencia con esta observación de Freud, Soler sostiene que el trauma en el sentido actual, aquel causado por el encuentro sorpresivo de una agresión violenta, también se inscribe como un olvido imposible. “Constatamos con él [traumatizado] que el olvido imposible no es una memoria, es lo contrario: el olvido imposible es una falta de memoria” (Soler, 2009: 144). Un ejemplo de esto lo encontramos en Primo Levi, escritor italiano superviviente del Holocausto, a quien como dice Morel (2001), le era imposible borrar las voces del lager [campo de concentración]: “Aun hoy en día su recuerdo me persigue en sueños” (citado en Morel, 2001: 21). En sus recuerdos y en sus sueños, Primo Levi está perseguido por “la voz del lager”. Un sueño de Primo Levi (citado en Morel, 2001), da testimonio de ese retorno a un real que no se puede inscribir como pasado y se vive en presente. Es la voz alucinada lo que lo lleva a la certeza de estar nuevamente en el campo y a sentir la angustia como si fuese un hecho presente:

Estoy en el centro de un vacío gris y turbio. La angustia es acompañada de una terrible certeza: estoy de nuevo en el Campo, nada más verdadero que el Campo. El resto, la familia, la naturaleza en flor, el hogar no eran más que unas breves vacaciones, una ilusión de los sentidos, un sueño. El sueño interior, sueño de paz, se ha terminado, y en el sueño exterior que prosigue y me petrifica, oigo resonar una voz que conozco bien. Solo pronuncia una palabra, una sola, sin tono autoritario alguno, una breve palabra en voz baja: la orden que acompañaba el alba en Auschwitz, una palabra extraña, esperada y temida: ¡en pie! [wstawać] (citado en Morel, 2001: 21).

Otros testimonios indican la imposibilidad de olvidar algo pasado. Las cosas son vividas como una memoria en el cuerpo, porque una imagen, un ruido, una voz, pueden desencadenar una reacción emocional que pone en juego las coordenadas psíquicas y somáticas de la reminiscencia en acto que no posibilita el olvido, porque no hay memoria que haya registrado el acontecimiento como pasado. Relata una mujer desplazada por la violencia política:

Uno no estaba tranquilo en las noches, no dormía, era pendiente de todo ruido que se escuchara, de oír pisadas, eso era lo peor cuando uno escuchaba que había por ahí cerca gente, ya sabía uno que algo malo venía. A veces en la noche cuando uno oye ruidos siente en el cuerpo esas mismas sensaciones de temor y temblores y queda uno paralizado, como si estuviera todavía en ese tiempo, como si no hubiera pasado el tiempo y por un momento, ante ese ruido o ese ajetreo, estuviera uno otra vez así. Es una situación de lo más terrible y espantosa, esas son cosas que uno no puede sacarse de la cabeza, que uno quisiera olvidar o borrar, pero es imposible (Aristizabal, 2004).

Cuando un encuentro real se inscribe en la memoria lo hace en huellas significantes, imágenes o significaciones que, estando a disposición en la memoria del sujeto, este se representa para otras huellas significantes con las que se estructura una historia que le permite reconocerse en su pasado vivido. La memoria, como dice Soler, es “disponer de un conjunto de lo que llamamos significantes, que pueden ser imágenes, palabras, sensaciones. Incluso disponer de un conjunto de signos, en los que el sujeto se puede reubicar cuando convoca su memoria” (Soler, 2009: 144). Por el contrario, dice la misma autora: “El olvido imposible del traumatizado es el retorno de algo en lo que el sujeto no se ubica, no se reconoce. Por eso el retorno del trauma es en sí mismo traumatizante. Y se sabe que los grandes traumatizados se retraumatizan cada noche” (Soler, 2009: 144).

El trauma es un suceso que se inscribe en una huella mnémica, pero no remite a otras huellas mnémicas para construir una historia en que el sujeto se pueda reconocer y vivir el acontecimiento como pasado. Eso que se inscribe en la memoria, pero no produce lo que podríamos nombrar como memorización, se repite en un acto siempre presente.

Según lo anterior, hay acontecimientos violentos terroríficos imposibles de evitar por un sujeto que no tiene recursos para ello, que se inscriben de una manera traumática por la misma falta de recursos y se repiten en las pesadillas, en imágenes que se imponen, en la hipervigilancia, en las respuestas emocionales, en el sentimiento de angustia, entre otros fenómenos, también imposibles de evitar; es decir, “el sujeto no se reconoce implicado, se reconoce aplastado, víctima, pero no toma parte” (Soler, 2009: 145); no hay atribución subjetiva en todo lo que sufre, este se impone, habla en el sujeto sin que él se pueda reconocer como yo en eso que le toca vivir.

El deber de la memoria

Siguiendo los desarrollos de Soler leemos el “deber de la memoria” (Soler, 2009: 4) como “una necesidad de inscribir y a la vez perpetuar en la memoria humana, y reducir, porque cuando se inscribe en la memoria se reduce el elemento traumático” (Soler, 2009: 145).

Se habla de trauma cuando una irrupción violenta surge en lo real, de forma imprevista, encontrando al sujeto sin recursos frente al hecho. Distinto será si el sujeto puede recubrir con un discurso los acontecimientos vividos, por ejemplo, cuando dos bandos combatientes se confrontan en el campo de batalla con bayonetas caladas y siguiendo una estricta formación escalonada, el horror no surge ante el peligro inminente de muerte, ya que el estandarte de su bandera y el redoblar del tambor, símbolos de patria, honor y sacrificio por un ideal superior, son los que sostienen la formación. Estos ideales recubren la vivencia inminente de la muerte, no generando angustia ni miedo ni tampoco efectos traumáticos en los supervivientes. En cambio, si el tambor o el estandarte cayeran, surgiría el pánico y la desbandada.

Los discursos organizados por semejantes ideales son agentes protectores de la angustia y trauma, discursos que hacen de nuestra vida un bello sueño, en tanto que nos permiten recubrir lo real de nuestra frágil existencia. Son los discursos oficiales, planteados por la Historia unitaria que también evoca Aleksièvich (2015), al referirse a la Gran Guerra, patria del ejército estalinista en la Segunda Guerra Mundial. Es interesante ver como ella busca un método que va más allá de lo que estos discursos recubren, para poder mostrar el horror de la guerra y no el acto heroico que empuja a esta salida militar de los conflictos.

Es ejemplar el relato de la autora con el censor ruso para que este le permita mostrar el horror, lo humano que hay en los combatientes, destruyendo el héroe que el discurso oficial de la Gran Guerra Patria ha construido. Este discurso recubre el encuentro con un acontecimiento real que genera angustia y trauma. Algunos han despertado del bello sueño que era su vida, sobresaltados por los golpes violentos en la puerta mientras dormían, antes de ser “chupados”, expresión utilizada en Argentina durante el régimen militar ante la infinidad de casos de desaparición forzada; una desaparición provocada por la voluntad de otro, reteniendo a una persona con fines siniestros en medio de la guerra, es un encuentro fatal, al igual que en las pesadillas de las que uno se despierta por la angustia causada por lo que viene del Otro (inconsciente), retraumatizando cada noche. “Acontecimiento de lo real” (Soler, 2003), que deja sumida a la familia en un “embudo temporal” (Lacan, 2009), detención del tiempo en ese instante fatal, causa de un retorno que retraumatiza a sus seres queridos, generación tras generación. Lacan lo describe como “un estado de inmovilidad en lo que se hunde, sino en una especie de embudo temporal de donde regresa sin haber podido contar las vueltas de su descenso y de su ascenso, y sin que su retorno a la superficie del tiempo común haya respondido para nada a su esfuerzo” (Lacan, 2009: 371).

Es un “rasgo de mutismo aterrado” que se encuentra en “las formas actuales en que se produce la rememoración” (Lacan, 2009: 371). Y se manifiesta en el retorno de lo mismo que aflora bajo distintas perturbaciones de la continuidad de la vida y en los relatos que se construyen sobre la misma, como en los casos en los que se emprende un relato y se cree que ya se había contado, en el retorno traumatizante de lo mismo, en los sueños de angustia y en “el sentimiento de déjà vu” (Lacan. 2009: 372), entre otros fenómenos que perturban la memoria. Lacan encuentra allí una evidencia que refuerza la imagen temporal. Este sentimiento “sale al encuentro de la alucinación errática, que es el eco imaginario que surge en respuesta a un punto de la realidad que pertenece al límite donde ha sido cercenado de lo simbólico” (Lacan. 2009: 372). Este sentimiento de irrealidad es la respuesta del sujeto a un real no simbolizado y que Lacan diferencia del sentimiento de realidad que acompaña a la rememoración que se genera en el interior del texto simbólico. El sentimiento de irrealidad “responde a las formas inmemoriales que aparecen sobre el palimpsesto de lo imaginario, cuando el texto interrumpiéndose, deja al desnudo el soporte de la reminiscencia” (Lacan, 2009: 372).

Todos los fenómenos clínicos donde se pone en juego esta perturbación en el tiempo que Lacan denomina “embudo temporal” hacen referencia a algo que “permanece fijado en el inconsciente” (Lacan, 2009: 372), que retorna de una manera evidente en los síntomas neuróticos, en los sueños de angustia, en lo que llaman estrés postraumático, en el retorno en lo real alucinado bajo la forma de la injuria, o en el vacío de significación que forman el núcleo de lo que la tradición psiquiátrica identifica como “los fenómenos de significación personal mórbidos”, donde luego se constituye la certeza delirante. Síntomas neuróticos, sueños de angustia, estrés postraumático, injuria alucinada, significación personal mórbida o certeza delirante; son todos fenómenos donde se repite un real no simbolizado que paraliza al sujeto en aquello que define su ser, en apariencia tan cambiante, por los efectos de la simbolización, pero que lleva al sujeto a repetir en su vida, de manera más encubierta que los síntomas descritos, un destino que define su ser.

Es necesario liberar al sujeto de su posición de víctima por las determinaciones del trauma, causado por no saber sobre el paradero de un ser querido, determinado por el conjunto de inconsistencias que se esperan para elaborar una respuesta simbólica al acontecimiento violento. Es necesario liberarlo de esas determinaciones que lo someten a una condición de víctima aplastada por la inconsistencia del sentido de los acontecimientos sufridos. Es a este respecto que consideramos que es un deber ético la construcción de la memoria para dar dignidad, identidad y nombre, no solo para evocar o desenterrar historias socavadas bajo el olvido y el desconocimiento de la sociedad, sino también para liberar al sujeto del olvido imposible. Recordar es una acción ética, tiene un valor ético en y por sí misma. La memoria es, dolorosamente, la única relación que podemos sostener con la realidad. Por fuera de ella nos asalta el sentimiento de irrealidad o la repetición imposible.

La dignidad humana

Wittgenstein, a propósito de la Segunda Guerra Mundial en 1944, señaló que: “Ningún grito atormentado puede ser mayor que el grito de un solo hombre. O mejor, ningún tormento puede ser mayor que el que puede sufrir un solo ser humano. Todo el planeta no puede sufrir un tormento mayor que una sola alma” (citado en Bauman, 2005: 110).

Lo anterior cuestiona la respuesta de Madeleine Albright cuando fue embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, quien no negó la acusación sobre los niños que habían muerto en Irak por el bloqueo económico llevado a cabo por el Gobierno al que representaba, admitiendo “que había sido difícil tomar esa decisión”. Pero la justificó: “Pensamos que valió la pena pagar ese precio”. A raíz de esto, Bauman sostiene que por más noble que pueda ser una causa “el precio no puede ser nunca la humillación o la negación de la dignidad humana. […] Todos los otros valores solamente son valores en cuanto sirven a la dignidad humana y promueven su causa” (Bauman, 2005: 111). Por eso él concluye: “La negación de la dignidad humana desacredita el valor de cualquier causa que necesite de esa negación para confirmarse. Y el sufrimiento de un solo niño desacredita ese valor tan radical y completamente como el sufrimiento de millones […] quien busque la supervivencia asesinando la humanidad de otro ser humano solo consigue sobrevivir a la muerte de su propia humanidad” (Bauman, 2005: 111).

A partir de estas tesis, se puede preguntar lo siguiente: ¿Se podrá reconstruir el mundo según la medida de la dignidad humana? ¿Qué tareas debemos hacer para cambiar el rumbo acelerado impuesto por el discurso de nuestra época antes de que consuma su destino y estalle la comunidad humana?

Una de las consecuencias de la Modernidad es la racionalidad instrumental que ya está presente en el pensamiento de Descartes, quien plantea el proyecto futuro de la ciencia y propone que debe: “Llegar a conocimientos muy útiles para la vida, y que, en lugar de la filosofía especulativa, enseñada en las escuelas, es posible encontrar una práctica, por medio de la cual, conociendo la fuerza y las acciones del fuego, del agua, del aire, de los astros, de los cielos y de todos los demás cuerpos, que nos rodean..., hacernos como dueños y poseedores de la naturaleza” (Descartes, 1993: 96).

Un proyecto científico donde el conocimiento es útil para dominar y someter la naturaleza en beneficio del hombre. Este proyecto se materializa en la Revolución industrial, que se caracteriza por la búsqueda de los medios o instrumentos más eficaces en el logro de sus objetivos, teniendo por valores el cálculo, la eficacia y la rentabilidad. La racionalidad instrumental es sinónimo, entre otras cosas, del pensamiento sistemático que ha hecho retroceder al pensar meditativo, fortaleciendo el pensar calculador. Se observa como en la cotidianidad, donde se necesita de la razón práctica, en tanto deliberar, elegir y decidir, se aplica el instrumento o el protocolo, y lo que escapa al cálculo es traducido a un porcentaje de riesgo. Por ejemplo, en el campo de la salud, el sujeto que sufre el procedimiento tiene que asumir por la vía de un consentimiento informado lo que se sale del cálculo del protocolo establecido.

Esto conlleva a que la racionalidad instrumental plantee problemas éticos por su misma estructura y consecuencias, en tanto que se produce la separación del sujeto con respecto a su acto, afectando a su responsabilidad. Este no se asume responsable, puesto que la responsabilidad de la efectividad del procedimiento está en el protocolo validado en la experiencia, calculado su efectividad en la estadística. Continuando con el ejemplo del campo de la salud, lo imposible de saber, lo imprevisible de todo acto, está también calculado, y es el paciente quien carga con su consentimiento, llamado “informado”, con la responsabilidad en la decisión del acto.

Una de las máximas expresiones de la racionalidad instrumental son los campos de concentración, fábricas de muerte sistemática de las masas, “pecado capital del siglo XX”, como los denomina Bilbeny (1995). Formas del mal producto de la racionalidad instrumental, que Arendt llama “el mal banal” a propósito del juicio a Eichmann, teniente-coronel del régimen nazi condenado por crímenes de guerra en Jerusalén: “Eichmann carecía de motivos, salvo aquellos demostrados por su extraordinaria diligencia en orden a su personal progreso” (Arendt, 1999: 171). Él que había sido gerente de las acciones que llevaron a la muerte a un número indeterminado de judíos, no sentía culpa. Declaraba que solo podría sentir culpa si no hubiese cumplido las órdenes.

Tal como Arendt lo describe, los comportamientos de Eichmann no estaban en el registro de la responsabilidad moral, “en sí misma, tal diligencia no era criminal” (Arendt, 1999: 171), de allí que cuando el tribunal le preguntó si se reconocía culpable de los delitos que se le acusaban, él respondió: “me siento culpable de ayudar y tolerar la ejecución de los delitos de los que se me acusa, pero no he realizado nunca un solo acto encaminado a su consumación, solo cumplía órdenes” (Arendt, 1999: 48). Y cuando se le interrogó si había tenido algún pesar de conciencia por lo que realizó, manifestó: “No, hubiera llevado un peso en ella si no hubiese cumplido las órdenes recibidas con mayor diligencia y meticulosidad” (Arendt, 1999: 20). Dice Arendt que los actos eran monstruosos, pero el acusado era una persona corriente, del montón, alguien normal que no siente culpa porque está separado de su acto por la irreflexión. Es horroroso que, con ausencia de fanatismo y de maldad, un sujeto pueda por esta irreflexión “causar más daño que todos los malos instintos inherentes, quizás, a la naturaleza humana” (Arendt, 1999: 171). Encarna Eichmann un acto que solo se puede explicarse porque el hombre se ha constituido en superfluo, un engranaje de una máquina producto de la racionalidad instrumental. O, como lo diría Kafka, un burócrata que cumple órdenes en confianza de que quien las dicta, tendrá buenas razones y “como tal se ha limitado a cumplir su deber” (Kafka, 2008: 132).

Para Arendt, Eichmann tenía un déficit de pensamiento, una mera incapacidad de juicio; era un idiota moral, alguien que borraba la tensión entre bien o mal, era incapaz del pensar meditativo en lo concerniente a lo moral. Él, como ser inteligente, podía elaborar teorías, resolver problemas técnicos, pero no podía tener un dialogo interior e intentar resolver conflictos morales; podía conocer, pero era “incapaz de pensar” (Arendt, 1999: 25).

La relación ciencia-técnica puesta al servicio del capitalismo instaura la racionalidad instrumental donde el humano pierde su valor y la dignidad queda “equiparada con el valor de mercado” (Papacchini, 1997: 128). Separado el sujeto de la reflexión de su acto, no se hace responsable del mismo. Desde el psicoanálisis, diremos que la ciencia ha rechazado la subjetividad y con ello el sujeto es separado de su acto, que pasa a depender más del protocolo o de otro tipo de órdenes que de la reflexión interna con su conciencia, y ella es sustituida por una verdad que proviene de otro lugar y lo determina.

También encontramos la falta de responsabilidad en las siguientes palabras de Raskolnikov: “En la mayoría de los casos, estos hombres reclaman, con distintas fórmulas, la destrucción del orden establecido, en provecho de un mundo mejor. Y, para conseguir el triunfo de sus ideas, pasan si es preciso sobre montones de cadáveres y ríos de sangre. Mi opinión es que pueden permitirse obrar así; pero, que quede esto bien claro, teniendo en cuenta la clase e importancia de sus ideas. Solo en este sentido hablo en mi artículo del derecho de esos hombres a cometer crímenes” (Dostoievski, 1982: 268).

Se puede apreciar en esta teoría de Raskolnikov una derivación inesperada de las teorías racionalistas del utilitarismo, lo que Lacan denuncia en 1950, respecto al “‘significante amo’, que se impone a todos sin discusión: lo ‘útil’ para el mayor número, como decía Bentham. Ahora se hace todo en nombre de lo útil, eso limpia el matar de toda crueldad, allí donde antes había un gozar...” (Lacan citado en Miller, 2008: 5).

También encontramos en Norbert Bilbeny en su libro El idiota moral: La banalidad del mal en el siglo XX la referencia a Raskolnikov, de quien dice que: “ha introducido, en la teoría y en la práctica, la posibilidad de hacer derramar sangre sin asomo de mala consciencia” (Bilbeny, 1995: 100). Atribuye Bilbeny a Raskolnikov no el ser el “representante del mal banal, sino que, del mal mesiánico, en la figura, ahora, de quien identifica el mal con una nueva suerte de excelencia moral” (Bilbeny, 1995: 101).

En Argentina la dictadura militar, inspirada justamente en una visión cristiana del mundo, en la que el hombre puede realizarse en plenitud con libertad y dignidad, tenía como objetivo el exterminio de los que pretendían cambiar ese sistema de vida. El dictador argentino Jorge Rafael Videla afirmaba que se les quería quitar esa forma de vida y “para defender la libertad y la dignidad del hombre, la Argentina tuvo que enfrentar este tremendo problema de una guerra en la que pagó precio de sangre” (citado en Aprea, 2015: 275).

Por lo anterior, el papa Juan Pablo II le reclamó responsabilidades al Gobierno argentino por los desaparecidos y la violación de los Derechos Humanos, a lo que Videla respondió: “Los argentinos no tenemos nada de qué avergonzarnos porque justamente eso ocurrió en defensa de los derechos humanos del pueblo argentino gravemente amenazado por el terrorismo” (La Voz, 2013). En esta declaración, se evidencia una de las formas del mal, el mal mesiánico, que deja un sinnúmero de víctimas, pero el responsable no se siente como tal porque él también es una víctima, que sacrificó su persona por un bien superior: el mesías que hace un mal esperando un bien. Formas del mal que no son ejecutadas ni por perversos o psicópatas desadaptados, sino por personas normales que realizan acciones que atropellan la dignidad humana que dicen defender.

Estos personajes se han multiplicado y cada vez encontramos más sujetos que, en función de un bien superior, acaban con el resto de la humanidad y la de ellos mismos, como un sacrificio considerado necesario en nombre de ese supuesto bien.

Dos formas del mal, los dos resultados de teorías propias de la Modernidad, las dos separan al sujeto de su responsabilidad y, con esto, de la crueldad que implica su actuación criminal. Formas del mal que se evidencian en Colombia en el hecho de que, del lado de las víctimas, encontramos testimonios indescriptibles del horror sufrido y, del lado de los victimarios, el honor del deber cumplido o la defensa de valores e ideales que parecieran justificarlo todo. La patria, las creencias y la propiedad privada amenazadas, el proletariado, el campesinado, los más vulnerables se vuelven, entre otras razones, causas de un sacrificio de vida, de una entrega por la cual reclaman honores.

Si en los testimonios de las víctimas supervivientes hay tanto horror y en la consciencia de quienes lo causaron encontramos el sacrificio de vida por el cual reclaman ser honrados, nos preguntamos: ¿dónde está el Otro como sujeto que causó tanto espanto y dolor en las pobres víctimas?

Hoy Colombia está dividida entre héroes y víctimas con ausencia de sujetos victimarios.

La apuesta del discurso del psicoanálisis es reintroducir el sujeto allí donde ha sido expulsado, exigiendo que se pregunte por lo que desea, por el punto de desconocimiento que lo implica en su acto. Se plantea entonces que “la ética a la que nos lleva el psicoanálisis es a la relación de la acción con el deseo que la habita” (Lacan, 1988: 372). Dice Lacan: “la hipótesis freudiana del inconsciente supone que la acción del hombre, ya sea esta sana o enferma, normal o mórbida, tiene un sentido oculto al que se puede llegar” (Lacan, 1988: 372).

La memoria y el valor del testimonio

Primo Levi, al relatar la corta historia de un niño que muere a los tres años en Auschwitz y que su mayor logro en la conquista del habla fue pronunciar una palabra, que ninguno de los políglotas allí presentes pudo traducir o deducir su idioma, da testimonios por las víctimas: “Hurbinek, que tenía tres años y probablemente había nacido en Auschwitz, nunca había visto un árbol, Hurbinek que había luchado como un hombre, hasta el último suspiro, por conquistar su entrada al mundo de los hombres, del cual un poder bestial lo había exilado; Hurbinek, el sin nombre, cuyo minúsculo brazo había sido firmado con el tatuaje de Auschwiz; Hurbinek murió en los primeros días de marzo de 1945, libre pero no redimido. Nada queda de él: el testimonio de su existencia son estas palabras mías” (Levi, 2006: 33).

Levi con su obra da un testimonio del horror del que difícilmente un ser humano que no lo haya vivido puede dar crédito, y con él, hace existir en la memoria de la humanidad lo acontecido en Auschwiz, nombrando a algunas de las víctimas, diluidas en la estadística, en su individualidad de cuerpo sufriente.

La Ley 1448 de 2011 de la República de Colombia “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, incluye entre las acciones reparadoras la mencionada en su artículo 141: “Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, la solicitud de perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas” (Diario Oficial, 2011). También instaura en el artículo 143 el deber de la memoria y dice:

El deber de Memoria del Estado se traduce en propiciar las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad, a través de sus diferentes expresiones tales como víctimas, academia, centros de pensamiento, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y de derechos humanos, así como los organismos del Estado que cuenten con competencia, autonomía y recursos, puedan avanzar en ejercicios de reconstrucción de memoria como aporte a la realización del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto (Diario Oficial, 2011).

Estamos de acuerdo con Askofaré, quien esboza una intervención que proyecta un reconocimiento y no reparación para evitar el olvido y la posible repetición. Él argumenta que: “Un insulto, o un simple daño. Un crimen se establece, se reconoce, se denuncia, se venga, se juzga, se castiga o se perdona, pero como tal sea homicidio, violación o incesto, es irreparable porque introduce una dimensión que tiene que ver con la pérdida, es decir, con lo irrecuperable. […] Hablar de reparación de un crimen es rebajarlo, hacerlo pasar del orden de lo ético y la justicia al orden del Derecho y el servicio de los bienes, corriendo el riesgo de la desculpabilización” (Askofaré, 2003: 104).

Por eso no es suficiente con la indemnización a las víctimas o la inclusión en proyectos económicos que pretendan en Derecho restaurar la pérdida sufrida, pues el crimen perpetrado y la pérdida sufrida es más del orden espiritual que económico. Es en este sentido que el deber de la memoria es con las víctimas, para que dejen su condición de víctimas aplastadas por el acontecimiento sufrido pasivamente. Las víctimas que a partir de un trabajo individual y colectivo, lento y paciente de reconstrucción de un pasado que ha sido ocultado, deformado y en algunos casos olvidado, permitan crear nuevos vínculos y nuevas razones de vivir en comunidad, donde se minimizará el dolor de cada una de ellas, causado por el constante retorno de lo no dicho en su exigencia de reconocimiento de los crímenes perpetrados.

Conclusiones

Lo que aporta este trabajo es una reflexión sobre una salida al olvido imposible, núcleo de la angustia, causa de la repetición; olvido imposible del que no se pudo desprender Primo Levi y, posiblemente, fue la causa de su muerte. Esto imposible de olvidar, si no se lo inscribe históricamente permitiéndole al sujeto reconocerse en él, se trasmitirá de generación en generación, y tal como lo profetiza Arango en su Elegía a Desquite, “Desquite resucitará, y la tierra volverá a regar de sangre, dolor y lágrimas” (Arango, 1993: 44).

Esto abre una vía de reflexión desde el psicoanálisis para abordar las consecuencias del conflicto armado en las víctimas y victimarios. Se hace necesario asumir un concepto de historia subjetiva centrada sobre la acción retardada propia de la lógica del significante en lo simbólico, y la perturbación de la historización subjetiva por la alteración de la memoria. Lo anterior, producto del trauma, la angustia y la retraumantización de aquellos acontecimientos de lo real que dejan una marca, como huella mnémica que opera como olvido imposible, al no poder reconocerse el sujeto en ella. Así, ello queda por fuera de lo simbólico como un real, que no rememorado, se repetirá en acto retraumatizando no solo al sujeto, sino también a las generaciones futuras a las que se transmite silenciosamente. Con esto toma un sentido fuerte aquel dicho popular: “El que no conoce su historia está llamado a repetirla”.

Del lado de los victimarios, introducir al sujeto en los actos cometidos: se trata de quitar valor a las ideas que los justificaron o a la obediencia debida, de introducir los afectos humanos que los implicarían subjetivamente, y que posibilitan la emergencia de la culpa, la vergüenza dentro de un dispositivo de diálogo entre víctimas, victimarios y comunidad afectada. Es aquí donde ha de garantizarse la palabra y la buena fe, promoviendo las respuestas responsables que devuelvan la dignidad perdida a las víctimas, comunidad y victimarios.

Como ya se ha formulado, si ante el horror de las víctimas se ha encontrado en las declaraciones de los victimarios la justificaciones de los actos que los llevan a considerarse merecedores de honor, si cobra fuerza la teoría de que el victimario antes fue víctima, entonces es un modo de justificar la crueldad y la responsabilidad de los actos en que están implicados, por eso es una difícil pero necesaria tarea de la justicia transicional la de sancionar a los responsables objetivando la culpa, con lo que se abre el proceso que permitirá a las víctimas liberarse de la culpabilidad que por lo general acompaña al sujeto que ha sufrido un acontecimiento violento con efectos traumatizantes.

Es este el primer efecto terapéutico del proceso de reparación. Posibilita el comienzo de un proceso en el marco de la justicia restaurativa, que proponemos como complementario al proceso penal de la justicia transicional.

La justicia restaurativa contribuye a alcanzar los fines de la ley de justicia y paz en Colombia (Ley 975 de 2005) y los de la Ley de Víctima, 1448 de 2011, que posibilitan la reincorporación a la vida civil de miembros armados al margen de la ley y garantizan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifiquen a través de la materialización de sus derechos.

La justicia restaurativa, como lo afirma Domínguez (2008), es una filosofía de vida en donde se apuesta por la responsabilidad social y la responsabilidad ética del infractor. Es una justicia penal donde se busca, conjuntamente con la víctima, evaluar el daño sufrido y en la reparación del mismo por el victimario y también restablecer las relaciones afectadas por el delito.

Entendemos que la justicia restaurativa está orientada por los principios de “responsabilidad, restauración y reintegración”, las tres R de Kemelmajer (2004: 109), que posibilitan la reconstrucción de la confianza y la reconciliación. Responsabilidad del autor, ya que como sujeto ético debe responder por la conducta que asume; restauración de la víctima, que debe ser reparada abandonando su posición de víctima; y reintegración del infractor, restableciéndose los vínculos con la sociedad, a la que también el ilícito ha dañado.

El Consejo Económico y Social en la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, reunida en Viena del 16 al 25 de noviembre de 2002, define la justicia restaurativa como un enfoque alternativo o complementario de las prácticas de justicia penal cuyos objetivos fundamentales son: “Hacer asumir su responsabilidad al autor. La participación de la víctima y victimario en la búsqueda de soluciones que favorezcan la reparación, la reconciliación y la tranquilidad; […] La justicia restaurativa es una alternativa flexible en cuanto es posible ajustarla según la cultura y las necesidades de cada sociedad”.

Es un enfoque complementario del sistema penal, que compensa los defectos del mismo; utilizable en todas las etapas del ejercicio de la acción penal y adecuado para enfrentar el delito.

En Colombia, la más reciente muestra en este sentido es el sistema acusatorio que permite el giro de la justicia retributiva a la justicia restaurativa, con esto cambia también la consideración del delito, ya que se consideran más como el acto que daña a la víctima y no solo una infracción a la ley penal como acciones en contra del Estado; la víctima ocupa un lugar central en el proceso y el éxito de este se mide no por el castigo infringido sino por la reparación.

Fue en la reunión preparatoria de la reforma constitucional para la implementación de un sistema de orientación acusatorio que se llevó a cabo en la Fiscalía General de la Nación, tal como consta Acta nº 7 de la comisión preparatoria y en los documentos de trámite legislativo (citado por Sampedro, 2005: tomo I, pp. 131-154, de la sesión de marzo 6 del 2002), donde se tomó la decisión de incluir la justicia restaurativa para ser implementada en el texto que se propuso al Congreso de la República.

Señala Sampedro que posteriormente el Congreso de la República aprobó un texto de acto legislativo en el que, en el artículo 9, se modificó el artículo 250 de la Constitución y se dispuso que: “La ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa” (Sampedro, 2005: 74-75).

Sampedro también sostiene que, si bien la comisión constitucional redactora creada en el Acto Legislativo 3 del 2002 no le prestó a la justicia restaurativa la suficiente atención, la reforma del sistema penal compuesta por este acto y desarrollado por la Ley 906 del 2004 (Código de Procedimiento Penal), constituye un paso enorme hacia el nuevo paradigma. Así, lo tratado en el código no pretende agotar el desarrollo legislativo que supuso la consagración de la justicia restaurativa en la Constitución, y Sampedro cree que hay que “destacar la importancia que tiene la consagración de los principios básicos de la justicia restaurativa, que en esencia corresponde a la posición ya exhibida internacionalmente por las Naciones Unidas, y de una institución novedosa en el derecho penal colombiano, como es la mediación” (Sampedro, 2005: 75).

La Ley 906 de 2004 o Código de Procedimiento Penal, además de consagrar el sistema acusatorio puro, estableció la justicia restaurativa como una respuesta alternativa frente a la delincuencia y, al hacerlo, estableció la mediación penal como forma de resolución del conflicto entre víctima, victimario y comunidad, con la asistencia y colaboración de un tercero, quien ha de cumplir las funciones de un facilitador con miras a lograr un acercamiento entre los involucrados para que estos lleguen a un acuerdo restaurativo y sostenible en el tiempo.

En el artículo 518 de la norma se define la mediación: “[…] Como todo proceso en que la víctima y el imputado, acusado o sentenciado, participan conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado restaurativo, con o sin la participación de un facilitador”. 

En la sentencia C-979/05 de la Sala Plena de la Corte Constitucional (2005) se enuncian los principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restaurativa en materia penal y elabora conceptos y directrices generales acerca de los programas de justicia restaurativa. Allí dice que:

Por “programa de justicia restaurativa” se entiende todo programa que utilice procesos restaurativos e intente lograr resultados restaurativos.

Por “proceso restaurativo” se entiende todo proceso en que la víctima, el delincuente y, cuando proceda, cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad afectados por un delito, participen conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito, por lo general con la ayuda de un facilitador. Entre los procesos restaurativos se puede incluir la mediación, la conciliación, la celebración de conversaciones y las reuniones para decidir sentencias.

Por “resultado restaurativo” se entiende un acuerdo alcanzado como consecuencia de un proceso restaurativo. Entre los resultados restaurativos se pueden incluir respuestas y programas como la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad, encaminados a atender a las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a lograr la reintegración de la víctima y del delincuente (Corte Constitucional, 2005).

La mediación, la conciliación, la celebración de conversaciones y las reuniones para decidir sentencias son herramientas fundamentales para adelantar los procesos complementarios en la justicia transicional cuando se toma en cuenta una filosofía restaurativa, tal como lo afirman Schmitz y Delgado Chu (s/f), donde se mejoran “la convivencia humana cuando las personas se sienten que forman parte de una comunidad y que pueden participar en los asuntos que los afectan” (prr. 2) se justifica plenamente la utilización de estas herramientas para el propósito buscado.

Wachtel, O´Connell, & Whachtel, (2010) proponen herramientas de prácticas restaurativas que complementan las ya mencionadas, como son las declaraciones y preguntas afectivas, las pequeñas reuniones informales, los círculos o los encuentros formales restaurativos y los grupos de familias para la toma de decisión. Prácticas restaurativas que complementan la mediación, que comienzan como informales y se formalizan en su progreso. El objetivo es siempre reunirse para dar solución al problema causado por la conducta delictiva asumida.

Es una vía donde colaborativamente participan víctima, victimario y comunidad como agentes activos, buscando la reintegración digna del victimario en tanto responde responsablemente; de la reparación a la víctima, en la medida que se cambian las condiciones de vulnerabilidad y se promueve la liberación de la culpa y de los efectos traumáticos del olvido imposible por la vía del dialogo. Así se vuelve posible avanzar en la construcción de una historia subjetiva del acontecimiento traumático fijado en la memoria, pero no representándose en ella: se trata entonces de pasar de un imposible de olvido, porque repite en acto lo que no puede recordar, a que el sujeto se pueda representar en las huellas de su memoria y así poder recordar el acontecimiento como pasado y dejar de vivirlo siempre como presente. Además, al participar la comunidad en una actitud colaborativa, apoyando a la víctima y al victimario que se ha hecho responsable de su acto para que pueda responder a la medida del daño causado y restituir así también los lazos sociales que han sido rotos por el delito cometido.

El resultado esperado es una víctima que se ha liberado de su condición de víctima; un victimario que responde responsablemente por los daños causados a la víctima y a la comunidad y que puede retornar con dignidad a ella y una comunidad cuyos lazos sociales salen fortalecidos. Cosa muy distinta es cuando el victimario tiene que reinsertarse clandestinamente en la comunidad o tras haber pasado años en la cárcel sin realizar un proceso restaurativo, generándose en todos los involucrados afectos negativos: rencor, odio, venganza, temores paranoicos, entre otros, que limitan la capacidad de obrar.

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Sobre los autores

Antonio Iáñez Domínguez [aiadom@upo.es]

Doctor en Antropología y diplomado en Trabajo Social por la Universidad de Sevilla. Ha desempeñado su labor profesional en el ámbito de los servicios sociales comunitarios y en el sector de la diversidad funcional. Actualmente es profesor titular en el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). Sus líneas de investigación se centran en temas de diversidad funcional, salutogénesis y migraciones forzadas. Entre sus publicaciones más recientes relacionadas con este tema destacan: Desplazamiento forzado en Colombia y la reparación de las víctimas del conflicto (2016); Violencia contra la mujer y desplazamiento forzado (2014); Mujeres y desplazamiento forzado. Estrategias de vida de jefas de hogar en Medellín (2011). Ha participado y liderado varios proyectos de investigación, entre ellos, el que da origen a esta publicación. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9860-0404

Antonio José Pareja Amador [apareja2006@yahoo.com]

Sociólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, con título de Magíster en Estudios Sociales de Población de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales —FLACSO de Santiago de Chile—. Coautor de la investigación y publicación: Mujeres y desplazamiento forzado. Estrategias de vida de jefas de hogar en Medellín (2011). Docente jubilado de la Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín).

Gloria Estella Zapata Serna [gloria.zapata@upb.edu.co]

Abogada especializada en derecho de familia y en derecho internacional. Máster en Derecho Internacional y doctoranda en derecho de la Universidad de Quebec en Montreal (UQAM). Profesora de Derecho Internacional y de Sistemas Jurídicos de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Miembro del Grupo de Investigaciones en Derecho de la Universidad Pontificia Boliviariana.

José Roberto Álvarez Múnera [joseroberto.alvarez@upb.edu.co]

Docente titular de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) de Medellín. Integrante del Grupo de Investigación Territorio de la misma universidad y líder de su línea de estudios rurales. Coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales de la UPB. Trabajador social y magíster en Estudios Políticos de la UPB y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3550-7015

Alejandra Coll Agudelo [alejandracollagudelo@gmail.com]

Abogada. Magíster en Estudios de Género de la Universidad de Hull y la Universidad de Granada. Investigadora en derechos humanos de las mujeres, acceso a la tierra y derechos sexuales y reproductivos. Ha trabajado en la Defensoría del Pueblo, USAID, la Ruta Pacífica de las Mujeres y Women’s Link Worldwide como asesora jurídica. Actualmente es analista en el grupo de trabajo en género de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

Luz María Salazar Cruz [lsalazar@cmq.edu.mx]

Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México y maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede de México. Actualmente es profesora-investigadora en El Colegio Mexiquense, A.C. También ha sido profesora en otras universidades de México y Colombia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Entre sus líneas de investigación actuales destacan desplazamiento interno forzado por violencias en México y violencia de género contra las mujeres. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran: Desplazamiento Interno forzado en México: violencias y regiones (2016); Estrategias de reproducción social en escenarios de violencia (2015); Persistencia y cambios en la participación laboral en el estado de México durante el periodo 2000-2012 (2015); Modalidades del desplazamiento interno forzado en México (2014).

Esmeralda Hincapié Gómez [esmeralda.hincapie@upb.edu.co]

Doctora en Ciencias Sociales, magíster en Educación y psicóloga. Es experta en investigación, acompañamiento y gestión de problemas sociales de personas expulsadas de sus territorios, barrios o viviendas, que construyen asentamientos urbanos en las periferias de la ciudad y recrean sus modos de vida. Temas de interés: ciudad y asentamientos urbanos. Publicaciones relacionadas con este tema: Comunidades transformadoras de ciudad (2017); Trascender las divisiones del conocimiento para pensar la ciudad (2017); Trascender la división disciplinar para investigar la memoria en el siglo XXI (2015); Abecedario de exilios (2013). Hacer memoria. Una manera de luchar contra la impunidad (2012); Violencia, vulnerabilidad y acción comunitaria (2010); Desplazamiento y acción social (2008).

Ruth Rubio-Marín [rrubio@us.es]

Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Su investigación se centra en entender cómo el derecho público construye y reta categorías de inclusión y exclusión con especial énfasis en las categorías articuladas en torno al género, la nacionalidad y la pertenencia a minorías nacionales. Entre sus libros destacan, en calidad de autoría o coordinación: La inmigración como reto democrático (Cambridge University Press); El género de la jurisprudencia constitucional (Cambridge University Press); El género de las reparaciones por violaciones de derechos humanos (Oxford University Press); Migración y derechos humanos (Oxford University Press); Paridad de género y feminismo multicultural (Oxford University Press) y La transformación de la ciudadanía de género: la irresistible difusión de las cuotas de género en Europa (Cambridge University Press). Ha trabajado como consultora en materia de reparaciones para muchos organismos incluyendo Naciones Unidas y el International Center for Transitional Justice, así como para gobiernos como los de Marruecos, Colombia y Croacia.

Enán Arrieta Burgos [enan.arrieta@upb.edu.co]

Abogado, especialista en derecho procesal y doctor summa cum laude en Filosofía por la Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente se desempeña como profesor asociado e investigador del Grupo de Investigaciones en Sistema y Control Penal de la Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín, Colombia). ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7877-7715

Úrsula Baigorria-Köppel [ursula.koppel@gmail.com]

Antropóloga de la Universidad de California, Berkeley, MSc en Estudios de Refugiados y Migración Forzada del Refugee Studies Centre de la Universidad de Oxford, Inglaterra. Profesora de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín).

Adriana María Ruiz Gutiérrez [adriana.ruiz@upb.edu.co]

Doctora en Derecho y magíster en Filosofía Contemporánea. Docente e investigadora de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín. Coordinadora del Grupo de Investigación sobre Estudios Críticos adscrito a la misma universidad. Entre sus publicaciones más relevantes se encuentran: Violencia jurídica y nuda vida (2013) y Derecho y violencia: de la teología política a la biopolítica (2017). ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8588-7795

Óscar Alfredo Muñiz [oscar.muniz@upb.edu.co]

Psicoanalista. Especialista en psicología clínica con énfasis en salud mental. Psicólogo por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Docente titular de la Facultad de Psicología, Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín), docente de pregrado y posgrado en la misma universidad, miembro del Grupo de Investigación en Psicología: Sujeto, Sociedad y Trabajo. Ha sido invitado a diferentes universidades nacionales e internacionales y es autor de múltiples artículos en revistas nacionales e internacionales sobre temas de psicoanálisis, el trauma, la mirada, la subjetividad, los discursos y la contemporaneidad, entre otros.

Samir Ahmed Dasuky Quiceno [samir.dasuky@upb.edu.co]

Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en Filosofía y Especialista en Ética de la misma Universidad y docente de postgrado y pregrado de la misma universidad. Es psicólogo y psicoanalista, y pertenece al proyecto de investigación Ecosofía en Pueblo Bello: Memoria, restitución subjetiva y transformación social, del grupo Epimeleia de la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3116-3606

NOTAS

1 . Esto ha dado lugar a la denominación de toda una corriente de académicos como “violentólogos”. La lista es larga, pero para efectos de ilustración podrían destacarse autores como: Gonzalo Sánchez, Orlado Fals Borda, Germán Guzmán, Álvaro Camacho, Mary Roldán, Elsa Blair, María Teresa Uribe, Álvaro Tirado, Daniel Pecaut, Eduardo Pizarro o Alonso Salazar, entre otros.

2 . Esto se vio reflejado en la emergencia de gran cantidad de trabajos de tesis sobre el tema; en la conformación de la Red de Investigación sobre Desplazamiento Forzado (REDIF), y en la puesta en marcha de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a la Sentencia T025, presidida por Luis Jorge Garay, desde la que se produjeron un número importante de informes.

3 . Desde las organizaciones de víctimas se ha hecho un aporte fundamental en la producción de un gran repertorio de acciones y trabajos que dan cuenta de sus memorias. Desde el punto de vista institucional, el referente más importante es la enorme producción realizada por el Centro Nacional de Memoria Histórica, bajo la dirección de Gonzalo Sánchez.

4 . Es esta una oportunidad para invitar a ver la película Pájaros de verano, dirigida por Ciro Guerra, que narra cómo la demanda de marihuana por la sociedad norteamericana corrompe una cultura ancestral (los wayú de la Guajira) y todo lo que de allí se deriva.

5 . Para un detalle de lo ocurrido al respecto se puede consultar el capítulo siglo XX de Universidad Sergio Arboleda (2014). También se puede ver un listado del récord de estos procesos en el artículo de Castro (2015).

6 . Para el desarrollo de estos aspectos el lector puede remitirse a los textos de Álape (1985), Valencia (2002), Reyes (2009), González y otros (2014), Molano (2016) y Villamizar (2017).

7 . Sobre este aspecto de la propiedad de la tierra y el despojo apoyado en el conflicto existe una amplia bibliografía. Véase, entre otros, los trabajos de Rodríguez y Cuervo (2011), Suescún (2011) y Díaz C. (2014).

8 . Ley 387 de 1997, por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia.

9 . Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.

10 . Código Civil de Francia, artículo 1832: “La conséquence juridique de la responsabilité civile pour la violation d’une obligation donne lieu à la réparation du dommage par le sujet responsable”.

11 . Informe Tendencias Globales (2017) del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en http://acnur.org/5b2956a04#_ga=2.125856077.1723494753.1536251933-1643086873.1536251933

12 . Ley 418 de 1997, por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.

13 . La Constitución Política de Colombia (1991), en su artículo 86, establece la Acción de Tutela en los siguientes términos: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.

14 . Véase la sentencia en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/T-025-04.htm

15 . Ley 975 de 2005, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.

16 . La justicia transicional queda definida en el Artículo 8 de la Ley 1448 de 2011: “Entiéndase por justicia transicional los diferentes procesos y mecanismos judiciales o extrajudiciales asociados con los intentos de la sociedad por garantizar que los responsables de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley, rindan cuentas de sus actos, se satisfagan los derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral a las víctimas, se lleven a cabo las reformas institucionales necesarias para la no repetición de los hechos y la desarticulación de las estructuras armadas ilegales, con el fin último de lograr la reconciliación nacional y la paz duradera y sostenible”.

17 . Véase la sentencia en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/c-370-06.htm

18 . Decreto 1290 de 2008, por el cual se crea el Programa de Reparación Individual por vía Administrativa para las Víctimas de los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley.

19 . Sentencia del Consejo de Estado de 20 de febrero de 2008 en https://www.restituciondetierras.gov.co/documents/10184/239249/doc30.pdf/095d6d2c-3820-4567-9eab-a261131b223b?version=1.0

20 . Juan Manuel Santos Calderón, primer periodo presidencial del 7 de agosto de 2010 al 7 de agosto de 2014.

21 . Esta ley ha sido reglamentada por los decretos nacionales 4800 de 2011, 4829 de 2011, 0790 de 2012, 3011 de 2013, 1084 y 2460 de 2015, y por los decretos-ley de grupos étnicos: Decreto Ley 4633 de 2011, por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, y el Decreto Ley 4635 de 2011, por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

22 . Tomando la definición de Torrijos (2010), “son fundamentalmente organizaciones criminales (macrodelincuenciales) significativamente armadas, que desarrollan actividades tanto de control de grandes negocios ilícitos como de depredación subsidiara de los mismos, y que con frecuencia emplean la violencia como mecanismo de disciplinamiento interno, de delimitación de áreas de influencia específicas y de coacción e intimidación unilateral sobre terceros a fin de mantener las condiciones de operación requeridas por sus actividades” (p. 130).

23 . Decreto en http://www.unidadvíctimas.gov.co/es/asistencia-y-atenci%C3%B3n-humanitaria/decreto-2569-de-2014/13114

24 . Sikkink, Marchesi, Dixon y D’Alessandra (2014).

25 . Una calificación dada tras el estudio realizado por la Universidad de Harvard, específicamente por el Carr Center for Human Rights del Harvard Kennedy School, al finalizar el primer mandato del presidente Juan Manuel Santos y antes de que la ley cumpliera cinco años de vigencia.

26 . Decreto 4800 de 2011, por el que se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones.

27 . Corte Constitucional: Auto 206 de 2017, Sentencia T-083/17, Sentencia T-718/17, Sentencia T-038/18.

28 . Véase el Acuerdo de Paz en http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/mesadeconversaciones/PDF/24-1480106030.11-1480106030.2016nuevoacuerdofinal-1480106030.pdf

29 . El RUV es un sistema de información integral, que es útil para la trazabilidad de la víctima desde su declaración hasta su reparación a que tienen derecho según la Ley 1448 de 2011. Gobierno de Colombia y Unidad para las Víctimas (2018).

30 . Para contextualizar, es muy relevante el repaso cronológico que hace el Banco de la República por más de un siglo de tratados o acuerdos de paz en el país. Para quien le interese hacer su propio balance: Banco de la República (2018).

31 . La ley también reconoce la reparación integral colectiva, la cual corresponde a un conjunto de medidas colectivas en beneficio de las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario con ocasión del conflicto armado interno, que posibilitan el goce efectivo de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición. Estas medidas se construyen desde el reconocimiento de los daños colectivos que han afectado comunidades campesinas y barriales, comunidades y pueblos étnicos y organizaciones, grupos y movimientos sociales preexistentes a los hechos que los victimizaron, con el fin de contribuir a su reparación desde los componentes político, material y simbólico, así como a través de las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición (Presidencia de la República, 2018: 236).

32 . Una calificación dada luego del estudio realizado por la Universidad de Harvard específicamente por el Carr Center for Human Rights del Harvard Kennedy School, al finalizar el primer mandato del presidente Juan Manuel Santos y antes de que la ley cumpliera cinco años de vigencia e implementación el 10 de junio de 2015.

33 . Las reparaciones, como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial (Corte IDH. Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006, Serie C No. 144, párr. 175).

34 . La cursiva no es parte del texto original.

35 . Para mayor información véase “No estamos contentas”: el mensaje de las mujeres rurales al Estado del 27 de agosto de 2018, en https://colombia2020.elespectador.com/pais/no-estamos-contentas-el-mensaje-de-las-mujeres-rurales-al-estado. También “La osadía de ser mujer rural en Colombia”, en https://semanarural.com/web/articulo/la-osadia-de-ser-mujer-rural-en-colombia/621

36 . Para una mejor comprensión de esta distribución, véase el mapa al final de este capítulo.

37 . Véanse, entre otros, Ossa y Garay (2002); Vargas y Garay (2012).

38 . Palabra y conceptos nuevos en los discursos de exclusión que llevan a que en 2017 sea reconocida como la palabra del año por la Fundación del Español Urgente.

39 . Este apartado es una edición revisada y ampliada de lo publicado en Salazar (2008). Es por ello que las cifras que se ofrecen pueden haber sufrido variaciones, pues los datos han sido muy dinámicos en estos últimos años.

40 . En el discurso del conflicto colombiano, objetivo militar fue una expresión de amenaza y señalamiento de muerte, ataque, secuestro, extorsión y otras acciones militares contra grupos de población. Tales advertencias provenían de cualquiera de los grupos militarizados que definían a otros grupos y personas como enemigos directos y activos, a los cuales había que eliminar o coaccionar. Tales discursos eran públicos y publicados en comunicados impresos, o difundidos en diarios de circulación nacional o en noticieros radiales y televisivos, y más tardíamente a través de las redes sociales.

41 . Cuando una guerrillera decidía tener hijos, tenía en principio dos opciones: lo entregaba a la familia o allegados de uno de los cónyuges o se retiraba temporalmente de la militancia exclusiva para asumir los roles correspondientes; cuando un guerrillero decidía tener hijos tenía en principio tres opciones: mantener un lazo conyugal familiar con la mujer y la prole bajo un acuerdo no corresidencial, o establecía algún tipo de arreglo con la organización, o lo dejaba en una situación indeterminada sobre el compromiso de la pareja y el compromiso familiar. Datos de entrevistas a viudas de guerrilleros y a guerrilleras, trabajo de campo (Salazar, 2002, 2004).

42 . Información de testimonios y relatos obtenidos en el trabajo de campo y confirmado en otras fuentes.

43 . Aquí se presentan algunos temas tratados en la tesis doctoral de la autora: Comunidades transformadoras de ciudad (2017), Medellín, Editorial UPB.

44 . La categoría expulsados hace referencia a la gente, a las personas y comunidades que le estorban al sistema.

45 . Al respecto, la psicología comunitaria recuerda que estas comunidades son minorías a las que el orden establecido les quita el poder de decidir dónde y cómo vivir, a la vez que les impide las condiciones para adquirirlo (Montero, 2006).

46 . Véase la Nairobi Declaration of the Right to a Remedy and Reparation for Women and Girls Victims of Sexual Violence (Declaración de Nairobi sobre el Derecho al Remedio y la Reparación para Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia Sexual) adoptada en Nairobi en marzo del 2007 por activistas y supervivientes de violencia sexual en situaciones de conflicto provenientes de África, Asia, Europa y América, en http://www.womensrightscoalition.org/site/reparation/signature_en.php

47 . En 2008 la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomendó por primera vez que los programas de reparación tuvieran una perspectiva de género tanto en su diseño como en su implementación. Véase Rule-of-law Tools for Post-Conflict States. Reparations Programmes, Nueva York y Ginebra, UN OHCHR, 2008, pp. 36-37. Reiterando la obligación de reparación a la violencia contra las mujeres véase, de forma reciente, la Recomendación General nº 30 del Comité de la CEDAW adoptada en 2013 sobre mujeres en situaciones de prevención de conflicto, conflicto y postconflicto, así como la Recomendación General nº 35 del mismo órgano sobre violencia contra las mujeres adoptada en 2017 (actualizando la Recomendación General nº 19).

48 . Véase Rubio-Marín (2006).

49 . Véase De Greiff (2006: 4).

50 . En el contexto de violaciones flagrantes de los derechos humanos, el Caso Velásquez-Rodríguez en el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos (Sentencia Velásquez-Rodríguez, Inter-Am. C.H.T., Ser. C, nº 4, 1988) ha sido paradigmático en la afirmación de la obligación de los estados miembro de evitar las violaciones de los derechos humanos por parte de actores estatales y no estatales. Véase Shelton (1989-1990: 1-34).

51 . No obstante, consúltese Brandon Hamber e Ingrid Palmary, “Gender, Memorialization and Symbolic Reparations”, en R. Rubio-Marín (2009).

52 . Consúltese Goldblatt, “Evaluating the Gender Contents of Reparations”, en Rubio-Marín (2006: 70).

53 . No es fortuito que Marc Augé (1992) utilice el concepto de no lugar para referirse a los campos de refugiados dispersos en el mundo.

54 . El Acuerdo sobre las víctimas del conflicto, suscrito entre el Gobierno colombiano y las FARC en noviembre de 2016, refiere la obligación, a cargo del Estado colombiano, de promover planes colectivos de retorno de la población exiliada como consecuencia del conflicto.

55 . En general, la reducción que se evidencia de un año a otro obedece a problemas de registro por parte del Estado venezolano.

56 . Adicionalmente, el 24 de agosto de 2000, el Gobierno colombiano suscribió un memorando de entendimiento con el Gobierno de Ecuador con el fin de adoptar un procedimiento para dar respuesta al desplazamiento forzado en la zona de frontera. Un memorando similar se firmó con Venezuela el 23 de abril de 2003.

57 . Para 2014, ACNUR (2015) estimaba así la “situación colombiana” de los refugiados y solicitantes de asilo [país (colombianos refugiados/solicitantes de asilo)]: Venezuela (168.500/251), Ecuador (121.317/11.583), Costa Rica (16.623/208), Canadá (16.428/274), Panamá (15.551/795), EE UU (10.552/1.744), Brasil (1.200/171), Chile (996/469), Argentina (551/141), Italia (475/26).

58 . El éxodo no solo es imputable directamente a los estados, pues, como señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “también puede ser provocado por las acciones de actores no estatales y las omisiones del Estado de actuar en contra o su anuencia” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015: 135).

59 . Los procesos de justicia transicional en Sierra Leona y Sri Lanka también resultan interesantes en cuanto a su relación con la diáspora. En el caso de Sierra Leona, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación incluyó 175 declaraciones de refugiados ubicados en Guinea, Ghana, Gambia y Nigeria (Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission, 2004). Asimismo, se podría decir que, en el caso de Sri Lanka, se ha venido buscando la manera de incluir la diáspora en los nacientes procesos transicionales (Bala, 2015).

60 . Hacemos propia, en este punto, la crítica que propone el Centro Nacional de Memoria Histórica (2018): “El exilio permanece aún invisibilizado y es una de las grandes deudas en el esclarecimiento de la verdad del conflicto armado y la violencia generalizada. Su falta de reconocimiento ha llevado a que el fenómeno suela asociarse a otros hechos victimizantes, que se circunscriben en los límites político-administrativos del territorio nacional, sin que se comprendan sus dimensiones y efectos como una forma de violencia en sí misma. En particular, esta deuda ha llevado a un desconocimiento sobre la prolongación de sus efectos fuera del territorio nacional, así como de los daños y afectaciones que ha sufrido la población exiliada a lo largo del tiempo” (p. 19).

61 . De forma análoga, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece, en su artículo 22, el derecho de los asilados a no ser expulsados o devueltos. Sin embargo, este instrumento regional no dice nada en lo referente al cese de la protección internacional. Adicionalmente, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en su artículo 3, hace referencia a este principio.

62 . Habitualmente se identifican cuatro causas generales que dan lugar a la pérdida del estatus de refugio: 1) debido a actos voluntarios por parte del individuo; 2) debido a un cambio en circunstancias en el país de origen; 3) debido a que otro Estado o una agencia internacional ha provisto su protección; y 4) en casos no meritorios como aquellos de criminales (Goodwin-Gill y McAdam, 2007: 135).

63 . No es una pregunta capciosa, para 2017 ACNUR (2018) estimaba que 194 refugiados colombianos habían retornado al país.

64 . Sobre el concepto y el desarrollo de la justicia transicional en Colombia nos remitimos a la posición crítica sustentada por Arrieta-Burgos (2015; 2016).

65 . En contraste con el IGED, el cese de condiciones de vulnerabilidad o debilidad manifiesta comprende un conjunto de criterios referidos, únicamente, a siete derechos: identificación, salud (incluyendo atención psicosocial), educación, alimentación, generación de ingresos (con acceso a tierras cuando aplique), vivienda y reunificación familiar (artículo 2.2.6.5.5.5 del Decreto 1084 de 2015). Es problemático que se excluyan derechos e indicadores del IGED sugerido por la Corte Constitucional y que forman parte de las garantías mínimas para el restablecimiento socioeconómico de las víctimas de desplazamiento forzado. Prueba de ello son los derechos al retorno y a la reubicación.

66 . El presente texto se inscribe en el marco del proyecto de investigación “Modelos de reintegración y resocialización en Colombia: Un análisis comparativo de la prevención del delito, atendiendo a los factores de vulnerabilidad socioeconómica” (Centro de Investigación para el Desarrollo y la Innovación/UPB. Radicado 806B-06/17-77).

67 . Al igual que en Turín, Roma sella en algunas casas y escuelas el horror de la destrucción. Sus calles no solo contienen el nombre de sus próceres, por lo general reyes, duques, soldados, poetas y políticos, sino también las placas de víctimas, anónimas para la mayoría. Basta observar con atención la ciudad, en especial el otrora gueto judío, para encontrar placas como estas: “Settimio Calò usci questa casa dove abitava con la moglie Clelia Frascati e i nove figli quando vi tornò la trovò vuota per sempre. I suoi cari erano stati rastrellati il 16 ottobre 1943 e poi deportati ad Auschwitz, insieme a oltre mille ebrei in nome della politica razzista del nazifascismo; nessuno dei suoi familiari fece ritorno. Essi rappresentano tutte le famiglie distrutte dall’odio antisemita” (“Settimio Calò salió de esta casa donde vivía con su esposa Clelia Frascati y sus nueve hijos que, cuando regresó, la encontró vacía para siempre. Sus seres queridos fueron detenidos el 16 de octubre de 1943 y luego deportados a Auschwitz, junto con más de mil judíos en nombre de la política racista de fascismo nazi; ninguno de sus familiares regresó. Ellos representan a todas las familias destruidas por el odio antisemita. Gueto judío de Roma”). “Udite o genti! Guardate il mio dolore. Le mie ragazze ed i miei giovani sono stati deportai (Lamentazioni 1-18). In perpetuo ricordo de 112 allievi di queste scuole soppressi nei campi di sterminio nazisti” (“¡Oye a la gente! Mira mi dolor. Mis niñas y mis jóvenes fueron deportados (Lamentaciones 1-18). En memoria perpetua de 112 estudiantes de esta escuela suprimidos en los campos de exterminio nazis. Gueto judío de Roma”).

68 . El presente capítulo se vincula a los trabajos de investigación e implementación de la justicia restaurativa, que está centrada en la víctima y las prácticas restaurativas en diversos ámbitos, a saber: penal, escolar y comunitario, realizados por Óscar Alfredo Muñiz. Este artículo también se vincula con hallazgos parciales de la tesis doctoral titulada: Cultura contemporánea, angustia y subjetividad, escrita por Samir Ahmed Dasuky Quiceno en el marco del doctorado en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín.

69 . Lacan distingue el Otro escrito con mayúscula del otro escrito con minúscula. El primero refiere a la dimensión simbólica; en cambio, escrito con minúscula refiere a lo imaginario.

Tabla 1

Síntesis de las acciones, avances e inversión en las medidas de reparación individual, Ley 148 de 2011 (cont.)

Tabla 1

Síntesis de las acciones, avances e inversión en las medidas de reparación individual, Ley 148 de 2011 (cont.)

Tabla 1

Síntesis de las acciones, avances e inversión en las medidas de reparación individual, Ley 148 de 2011 (cont.)

Tabla 2

Número de indemnizaciones otorgadas a víctimas del conflicto armado interno
de acuerdo con el hecho victimizante por vía administrativa (cont.)

Tabla 4

Lo emergente: consideraciones de las mujeres entrevistadas
sobre la reparación (cont.)

Tabla 1

Víctimas registradas en el RUV, desagregadas por hecho victimizante y por sexo (cont.)

Tabla 1

Brechas de protección entre el DFI y el DFE (cont.)