La vindicación de los derechos humanos de las mujeres es una cuestión global. Es una respuesta a los fenómenos y condiciones degradantes que conlleva la globalización y, al mismo tiempo, una consecuencia de las nuevas formas de comunicación, de organización social y de acción colectiva junto a la creación de instituciones locales y transnacionales que son vehículo de las aspiraciones de las mujeres. A través de sus nueve capítulos, en este libro se analiza la relación entre mujeres, globalización y derechos humanos; la equidad de género en el marco internacional y europeo; la perspectiva de género en el derecho al trabajo y al desarrollo en Latinoamérica y Europa; los derechos humanos de las mujeres mayores y de las mujeres lesbianas; el derecho a la movilidad libre y segura; los derechos humanos y la equidad de género en China; la financiación al desarrollo desde una perspectiva feminista y el derecho humano de las mujeres a una vida sin violencia.

AA. VV.

Mujeres, globalización y derechos humanos

Feminismos - 90

ePub r1.0

Titivillus 05.03.2022

AA. VV., 2006

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

Prólogo a la segunda edición

Virginia Maquieira

Que este libro se publique en su segunda edición supone una gran satisfacción a la vez que agradecimiento por una acogida que fue mucho más allá de todo lo esperado. Agradecimiento también a la editorial que ha vuelto a apostar por este texto publicado originalmente en 2006 y ahora lo hace en una edición revisada y aumentada con el fin de que este libro siga vivo. Para esta edición se han revisado los textos iniciales en aquellos aspectos que eran necesarios, tales como la actualización de datos relevantes y del repertorio bibliográfico, así como la incorporación de algunos fenómenos sociales, políticos e institucionales que se han producido en el tiempo transcurrido desde la publicación de la primera edición y que se han considerado pertinentes en los diversos textos. No obstante, en el conjunto del libro y en cada uno de los capítulos se han mantenido los mismos objetivos y la misma línea argumental.

Asimismo se incorporan dos capítulos nuevos que iluminan desde temáticas diferentes la relación entre globalización y derechos humanos desde una perspectiva feminista, y ambos se articulan con los objetivos e hilos conductores del libro, tal y como se recogen en la introducción. Uno de los artículos plantea la dinámica de los flujos financieros de la Ayuda Oficial al Desarrollo en el marco de los acuerdos internacionales que los regulan y se analizan sus consecuencias para los derechos de las mujeres. El otro, desarrolla la construcción del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, tal y como se establece en la Ley mexicana aprobada en 2007. Es obligado, por tanto, dar cuenta resumida de sus aportaciones.

El capítulo de Carmen de la Cruz titulado «Financiación para el desarrollo, género y derechos de las mujeres», analiza el significado de las nuevas propuestas sobre la Ayuda Oficial al desarrollo (AOD) y su eficacia desde una perspectiva de género. Estas propuestas responden a las reformas que a nivel internacional se han realizado como resultado de los acuerdos tomados por los países donantes, sus gobiernos socios de países en desarrollo y las instituciones internacionales, para mejorar el sistema de gobernabilidad económica mundial y el fortalecimiento de la coordinación de los mecanismos de los países donantes. Dichos acuerdos surgieron, entre otros factores, por la crisis percibida en la cooperación al desarrollo y la necesidad de examinar la cantidad y la calidad de la ayuda aportada, así como responder a los requerimientos de los países para alcanzar las metas de desarrollo acordadas internacionalmente. Entre estos acuerdos tienen un papel destacado los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que tienen como finalidad reducir para el año 2015 el número de personas viviendo en la pobreza, mejorar sus condiciones sociales de salud, educación, empleo, apoyar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y proteger el medioambiente. Con este propósito, el texto revisa en su primera parte los debates actuales sobre el desarrollo, así como los antecedentes de esta reforma denominada la «Nueva Arquitectura de la Ayuda».

La autora se pregunta si estos nuevos enfoques, las modalidades de la ayuda y los recursos movilizados, están promoviendo avances en la aplicación de los compromisos de igualdad de género y de derechos de las mujeres acordados por los gobiernos en los años 90 en el espacio internacional. También se pregunta sobre la participación de las redes y organizaciones de mujeres en estos procesos. Para revisar estos aspectos se analizan los marcos internacionales de la financiación para el desarrollo y los acuerdos internacionales en materia de derechos de las mujeres así como los compromisos de los gobiernos y la movilización de recursos para el desarrollo. Asimismo, el texto sistematiza y analiza las aportaciones que desde una perspectiva de género se están realizando en torno a esta nueva agenda y los aspectos más significativos del debate que se está llevando a cabo como consecuencia de los cambios en el discurso y en la asignación y distribución de los flujos de ayuda para el desarrollo y concretados en la reciente Declaración de París. La autora concluye señalando que los resultados alcanzados en estos procesos muestran la amplia brecha existente entre las aspiraciones feministas de transformación social y los limitados, aunque importantes logros, en la Ayuda al Desarrollo.

A partir de esta constatación, identifica una estrategia de doble vía. Por un lado, la necesidad de demandar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos en la reforma de la ayuda y, por otro, revisar las agendas feministas y su relación con el desarrollo desde una perspectiva más amplia, es decir, que tenga en cuenta las desigualdades del sistema financiero y económico global, entre cuyos aspectos relevantes se encuentra el tema de la deuda y los términos desiguales del comercio. Para avanzar en este propósito señala tres elementos centrales. En primer lugar, la necesidad de «repolitizar» el proyecto del feminismo en su compromiso con el desarrollo y dar respuestas a los nuevos escenarios globales y sus relaciones económicas en un ambiente de especulación de los mercados. En segundo lugar, la autora aboga por la revitalización del discurso y la práctica de los derechos desde una ética de justicia socioeconómica y de justicia de género y no desde una versión instrumental donde las mujeres son consideradas útiles para el desarrollo. Por último, defiende la promoción de una verdadera arquitectura de género en el sistema global de desarrollo.

El capítulo de Marcela Lagarde titulado «El derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia» desarrolla la construcción de este derecho en México con la elaboración y aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que entró en vigor el 2 de febrero de 2007. Lagarde como antropóloga feminista y legisladora del Congreso Mexicano durante el período 2003 a 2006, dirigió la primera investigación nacional sobre feminicidio y violencia de género con el aval del Congreso. Hasta entonces la legislación para enfrentar la violencia contra las mujeres en México, como en otros países de América Latina, se denominaba de Violencia Familiar o Intrafamiliar y estaba inscrita en el derecho de familia. Pero lo que resultó fundamental para que diversas fuerzas políticas, organizaciones e instituciones consideraran la violencia contra las mujeres como un problema político para el país fueron los crímenes contra niñas y mujeres en Ciudad Juárez. Entre 1993 y 2006 fueron asesinadas más de 400 mujeres en un municipio de millón y medio de habitantes en aquellos años. En este capítulo se da cuenta de la genealogía intelectual feminista que dio soporte a la investigación diagnóstica y cuyos resultados y entramado conceptual posibilitó que un grupo de legisladoras elaboraran la Ley, trasladando categorías teóricas feministas a categorías jurídicas.

Se trata de una Ley General que establece condiciones jurídicas para brindar seguridad a todas las mujeres, es aplicable en todo el territorio nacional y es obligatoria para los tres órdenes de gobierno. La Ley está estructurada por varios principios jurídicos: la dignidad, la integridad, la igualdad, la libertad y la seguridad. Armoniza con la filosofía de los derechos humanos, con énfasis en los derechos humanos de las mujeres reconocidos en la Conferencia de Viena en 1993 y con los instrumentos internacionales suscritos por México en materia de eliminación de la discriminación y la violencia contra las mujeres. Asimismo se inscribe en un conjunto de transformaciones jurídicas construidas en las últimas décadas en México que suponen un avance cualitativo en la medida que suponen el reconocimiento de la diversidad de sujetos emergentes, conformados a partir de su diferencia y de diversas formas de opresión y su inclusión como sujetos jurídicos con plenos derechos al reconocer la condición humana de todos en igualdad.

La violencia, los crímenes y las muertes evitables fueron analizados en su compleja relación con formas de exclusión, discriminación y explotación de las mujeres, no solo de género, también de edad, clase, etnia y condición social territorial (regional y municipal). Ese conjunto de articulaciones, fueron analizadas a la luz de la inseguridad, la ilegalidad, y la delincuencia imperante en sus sitios de vida o derivadas de situaciones de riesgo como la exclusión, la marginación y la migración. Así, el conocimiento del problema que se inició con los homicidios de mujeres y niñas, permitió correlacionar las muertes violentas con otros tipos de violencia: violencia sexual, física, psicológica, laboral y patrimonial que adquieren diversas modalidades según el ámbito donde ocurren: familiar, laboral, educativo, en la comunidad y en el ámbito institucional. Y todos estos tipos y modalidades fueron estudiadas en relación a la violencia feminicida, categoría que fue definida y utilizada en la investigación y recogida en la Ley que en su artículo 21 la define de la siguiente manera: «Violencia feminicida, es la forma extrema de violencia de género, contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres».

La autora concluye analizando la importancia de la Ley como política gubernamental y su retroalimentación con la teoría y la política feminista pero, al mismo tiempo, señala que esta gran iniciativa requiere de una gran movilización social e institucional para ir construyendo de manera simultánea en las treinta y dos entidades federales esta nueva estructura jurídica, para lograr que el nuevo marco jurídico se aplique y sea un recurso efectivo en la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Es difícil poner punto final a un libro que por su objeto de investigación y por los desafíos que señala es más un proceso abierto e inacabado que una tarea concluida. Conforme fuimos poniendo a punto esta segunda edición se fue haciendo más acuciante dar respuestas a lo que se iba perfilando en los medios de comunicación, en los informes de urgencia y en las declaraciones políticas como «crisis global». La crisis financiera y económica, que irrumpió en nuestras vidas como si se tratara de una fuerza natural impredecible, se iba revelando como un escenario creciente de incertidumbre y riesgo pero carente de análisis multidimensionales que sacaran a la luz las realidades sumergidas bajo los tecnicismos financieros que aprendimos a devorar en los periódicos en el intento de comprender el mundo en el que vivimos. Como sabemos, la investigación y el pensamiento tienen un tiempo pausado ineludible, pero no por eso menos necesario y eficaz. Por tanto, no era posible reconducir de urgencia este texto ni escribir otro nuevo sobre el tema.

Sin embargo, en este libro se plantean suficientes cuestiones que siguen siendo relevantes no solo para el diagnóstico del presente sino también para diseñar alternativas de futuro. Criticamos en este libro que la globalización en determinadas teorizaciones se transformó en «globalismo», es decir, en una perspectiva ajena al mundo como si se tratara de una entidad metafísica que niega la historicidad y la agencia humana. Por tanto, no hay agentes responsables en una visión globalista del mundo. Nos alejamos así de visiones teleológicas y en cierto modo opacas, para las cuales la globalización es un juego anónimo de fuerzas del mercado que no solo invisibiliza las responsabilidades de actores sociales concretos, sino que también impide detectar y reconocer las propuestas de cambio de quienes no renuncian a que otro mundo sea posible. La crisis financiera ha permitido identificar con nitidez a los responsables de los procesos y mecanismos que parecían automatismos ciegos de los flujos financieros. Para emprender nuevos caminos es necesario adoptar una nueva ética guiada por el principio de responsabilidad por el que somos responsables de lo que le ocurre a todo ser humano y, se ha de dar cuenta de los males ocasionados a quienes padecen localmente las injurias globales. En este sentido, es importante también preguntarse quienes son responsables del incumplimiento de los derechos humanos de las mujeres.

Abordar los cambios para una nueva época requiere superar, como se defiende en este libro, la fragmentación de los derechos humanos y la fragmentación de la acción política para la consecución de cambios estructurales. En este sentido, es ineludible la incorporación del conocimiento feminista para el diseño de nuevas posibilidades de vida en común y de legitimación democrática. Como se señala también a lo largo de estas páginas es imprescindible asumir la crítica feminista al conocimiento hegemónico que ha desvinculado la economía y la política; lo público y lo privado; el trabajo productivo del trabajo reproductivo; el crecimiento económico del bienestar y la seguridad humana, ocultando así la dinámica real de la vida social y los mecanismos de desigualdad.

Que las mujeres son generadoras del bienestar común es algo que queda bien documentado a lo largo de estas páginas, pero también queda demostrado que su ingente trabajo no se transforma en recursos propios y que, paradójicamente, están ausentes de la toma de decisiones de las políticas financieras, monetarias y comerciales, del diseño de las políticas económicas, así como del control de los sistemas fiscales y de los pactos sociales que regulan las relaciones laborales y el empleo. Las soluciones que requiere el momento actual no residen en apelar nuevamente a las mujeres y su posición estructuralmente construida como solución a muchos de los problemas generados por la crisis global. La búsqueda de nuevas interrelaciones económicas, políticas, sociales e institucionales ha de poner en el centro de sus preocupaciones el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres para lograr su inclusión en una ciudadanía plena garantizando su seguridad física y jurídica en el marco de democracias transparentes y eficaces.

Agradecimientos

Durante el tiempo transcurrido desde la primera edición de este libro, cada autora y el autor de los capítulos hemos tenido la oportunidad de compartir nuestras reflexiones en muy diversos foros y recibir comentarios que han alentado nuestro trabajo. No es posible dar cuenta aquí de todos esos ámbitos y personas pero quiero dejar constancia de especial gratitud a Javier Aisa, coordinador del Área Internacional del Instituto de Promoción de Estudios Sociales (IPES-Navarra) y a Silvia Fernández por su invitación a presentar el libro y constituir el eje de la semana dedicada a los derechos humanos en diciembre del 2007. A la socióloga Francisca Arregi por la invitación a participar en las Jornadas sobre Derechos Humanos celebrada en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad del País Vasco/EHU. A Juan José Tamayo, quien tuvo la iniciativa de escribir dos espléndidas recensiones en «Babelia» y en la revista El Siglo en agosto de 2007. A Alejandra Luengo por la recensión del libro en AIBR, Revista de Antropología Iberoamericana. A Amaya Pávez quien también realizó una aguda recensión en la revista Kobie (serie de Antropología Cultural). A Beatriz Moral que asumió la presentación del libro en el XI Congreso de Antropología celebrado en Donostia-San Sebastián en septiembre de 2008. A Javier de Lucas, director del Colegio de España en París, por su invitación y presentación en las II Journèe d’Études sur le Genre: Les Droits Des Femmes dans un monde global, en abril de 2009. A Mercedes Bogino, entonces residente del Colegio, por la iniciativa y eficaz organización de las Jornadas. A Celia Amorós por su invitación a participar en el seminario «Globalización y Derechos Humanos» en el marco del proyecto de investigación I+D+I que dirige: «Las mujeres como sujetos emergentes en la era de la globalización: nuevas modalidades de violencia y nuevas formas de ciudadanía». A Celia también mi enorme gratitud por volcar en las páginas de «Babelia» sus sabias reflexiones a propósito de nuestro libro en mayo del 2009.

Introducción

Virginia Maquieira

La identificación de los derechos de las mujeres como derechos humanos representa uno de los logros más significativos de la historia contemporánea que se produjo de manera explícita en los acuerdos internacionales al inicio de los años noventa del siglo XX. La inclusión de la mitad de la humanidad en la categoría de lo humano y el reconocimiento de los derechos de las mujeres como prueba del ideal civilizatorio de los derechos humanos fue un paso más en la larga historia del feminismo cuya influencia había comenzado mucho antes produciendo importantes redefiniciones en el conjunto de los derechos humanos. Durante la década de los noventa los principales acuerdos, ideas y demandas en relación con los derechos humanos de las mujeres atravesaron las fronteras territoriales y culturales reconfigurando las identidades y las aspiraciones de las mujeres en el marco legal, socioeconómico y político de sus comunidades. En este sentido se ha afirmado que el nuevo milenio tiene «la marca de la humanidad de las mujeres» (Lagarde, 2005: 15). Estos acontecimientos fueron provocados por la proyección amplificadora del feminismo a través de un extenso y diverso movimiento de mujeres a escala planetaria que hizo posible la articulación de los ámbitos locales, regionales e internacionales. Fue posible también por la estructura de oportunidad que supusieron las Cumbres Mundiales organizadas por Naciones Unidas y la creación de instituciones en los ámbitos estatales y supranacionales que fueron soporte y a la vez vehículo de las aspiraciones de las mujeres.

Estos procesos ponen en evidencia las diversas formas de configuración de lo global en la actualidad. Supone admitir una visión de la globalización como proceso multidimensional, cuya característica definitoria no viene solo por las relaciones económicas sino también por las relaciones políticas, culturales, ideológicas, jurídicas y tecnológicas. Junto a la interconexión de las actividades económicas a nivel mundial a través de los flujos de capitales y finanzas se produce también la circulación e interconexión de ideas, personas, símbolos, imágenes, instituciones y visiones de un mundo deseado que traspasan las fronteras de estados, regiones y culturas. Asimismo, se crean nuevas formas de organización social y comunicación y redes de conciencia global con consecuencias de largo alcance. Este carácter multifacético de la globalización permitiría hablar de globalizaciones en plural, pero prefiero mantener el término en singular porque subraya la «pertenencia a un solo mundo» (Gregorio Gil: 2002), desigualitario, diverso y atravesado por múltiples paradojas y contradicciones.

Hoy es posible afirmar que la globalización vincula y disgrega, crea riquezas sin precedentes y a la vez pauperización, genera una homogenización de pautas de comportamiento, productos de consumo y estilos de vestir y al mismo tiempo activa la reivindicación de diferencias culturales, elimina o hace permeables las fronteras y, a la vez, mantiene vigiladas las fronteras de género para reproducir un enorme diferencial de renta, poder y prestigio.

Desde una perspectiva epistemológica, acercarnos al objeto de estudio desde sus contradicciones es lo más interesante y enriquecedor que una cultura puede ofrecer al análisis antropológico, lo cual nos exige buscar nuevas soluciones para integrar elementos que parecen excluirse mutuamente (Moral, 2000: 125). La dimensión epistemológica tiene consecuencias prácticas, porque incorporar a los análisis las paradojas y contradicciones de la globalización permite explorarlas como oportunidades y potencialidades para articular formas progresistas de acción política (Harvey, 2000). La globalización no es ajena a la acción social, es un proceso que se construye y, por tanto, un espacio de lucha sobre sus significados, prácticas y alternativas. En este sentido una paradoja clave que recorre este libro es que la globalización es para las mujeres el contexto y la posibilidad de afianzar su lucha en pro del derecho universal de toda persona a ser tratada con dignidad y respeto como miembro de pleno derecho de nuestra especie. La apelación a los derechos humanos de las mujeres es una cuestión global, porque es tanto una respuesta a los fenómenos y condiciones degradantes que conlleva la globalización como una consecuencia de las nuevas formas de comunicación, de organización social y de acción colectiva junto a la creación de instituciones multilaterales que les dan expresión práctica.

Del mismo modo es importante contemplar los derechos humanos como un producto histórico, consecuencia de la acción humana, cambiantes y como proceso inacabado. Son también un espacio de debate, de pactos y negociaciones que se insertan en el marco de relaciones sociales de desigualdad. Emergen así desde una perspectiva dual, desde sus beneficios y oportunidades como desde sus carencias. En este sentido, el sistema de derechos humanos, entendido en términos de discursos, garantías jurídicas, prácticas e instituciones, se ha convertido desde mediados del siglo XX en el lenguaje predominante de la justicia social a escala planetaria.

Es en este marco donde han surgido movimientos sociales y nuevos actores sociales que demandan ser escuchados en la escena mundial y local al reivindicar su inclusión como titulares de derechos, y al hacerlo ponen de manifiesto las contradicciones entre los ideales y la realidad, las contradicciones y tensiones entre las mismas formulaciones de los derechos y, a la vez, pretenden redefinir sus contenidos y la extensión de los mismos. En este proceso el movimiento feminista ha jugado un papel preponderante en la redefinición de los derechos humanos en su conjunto y ha propiciado, en este proceso inacabado, las demandas de nuevos colectivos de mujeres que han hecho y están haciendo visibles sus condiciones de vida, que no habían sido reconocidas en las formulaciones y acuerdos internacionales iniciales.

Organización del libro

Este libro es la consecuencia de una investigación, que tuve la satisfacción de dirigir durante el periodo 2002-2005, en la cual nos planteamos, a partir de las consideraciones anteriores, conocer las oportunidades y limitaciones de los procesos de globalización y las repercusiones que conllevan en la vida de las mujeres. Asimismo, pretende analizar los procesos de cambio protagonizados por ellas como sujetos de transformación para redefinir los conceptos y prácticas de los derechos humanos y hacerlos efectivos en un mundo desigualitario. Esta tarea supone también cuestionar los marcos androcéntricos del conocimiento y de las prácticas económicas, políticas y jurídicas. Finalmente, nos proponemos generar nuevos datos, categorías y reflexiones capaces de «hilvanar hilos violeta que marquen nuevas líneas estratégicas para que otro mundo sea posible» (Amorós, 2005: 332).

La investigación se articula a través de un marco general titulado Mujeres, Globalización y Derechos Humanos y seis casos intensivos de estudio. Dichos casos son: 1. La equidad de género y los Derechos Humanos en el Marco Internacional y Europeo, 2. Trabajo para el Desarrollo: aproximación a las características actuales en las regiones latinoamericana y europea, 3. Mujeres mayores: nuevos derechos para nuevas realidades, 4. El Derecho a la movilidad libre y segura, 5. Los límites a los «valores asiáticos»: derechos humanos y equidad de género en China, 6. Mujeres lesbianas y derechos humanos. Cada uno de estos casos de estudio constituye un capítulo diferenciado de este libro, pero guardan relación con el marco general y entre sí como producto del proceso de investigación desarrollado.

La investigación aúna perspectivas históricas, sociológicas y antropológicas, necesarias para afrontar el objeto de estudio, y partimos del supuesto teórico-metodológico de la necesidad de realizar análisis intensivos y contextuales que conecten los ámbitos locales con los globales y transnacionales. Estos estudios permiten analizar las necesidades y demandas de los actores sociales, los significados atribuidos a sus vidas y cómo y por qué los derechos humanos son apropiados y redefinidos en el marco de relaciones sociales asimétricas en un escenario de interconexión global. Se parte también de una concepción del género como estructura que atraviesa otras determinaciones socioestructurales tales como la clase, la edad, la posición en el orden mundial y la opción sexual, en la medida en que las mujeres se encuentran en una situación de desventaja con respecto a los varones de su misma condición y estatus social pero, a la vez, se intenta dar cuenta del modo en que las diversas formas de estratificación se interrelacionan en la vida de las mujeres.

En el capítulo, «Mujeres, globalización y derechos humanos», Virginia Maquieira plantea un marco general en el que se establecen los supuestos conceptuales sobre la globalización entendida como un complejo proceso de interdependencia que permite la circulación de capitales, bienes, personas, ideas, símbolos e imágenes a través de las fronteras culturales, estatales y regionales. Se analizan las características, dimensiones y contradicciones de la globalización, así como su relación con los derechos humanos en cuanto concepto y sistema, es decir, lo que atañe a sus formulaciones, discursos, prácticas e instituciones. Se asume una visión procesual de la globalización y de los derechos humanos, de su historicidad y contradicciones. Procesos, por tanto, abiertos e inacabados y productos de la relación dialéctica entre estructura y acción humana. Se replantean, desde una perspectiva de género, algunas de las características asociadas a la globalización tales como: la reorganización del tiempo y el espacio y la des-territorialización y localización de los procesos para contemplarlos como la posibilidad de trascender los espacios y tiempos asignados a las mujeres y para ello es necesario superar las condiciones materiales y las retóricas que mantienen las fronteras de género.

Se argumenta que la apelación a la universalidad de los derechos humanos es también una cuestión global: es tanto una reacción frente a las consecuencias negativas que la globalización genera como la oportunidad de crear una nueva y efectiva universalidad a través de la responsabilidad humana y de nuevas formas de sociabilidad y organización social. En este sentido la relación entre globalización y derechos humanos se contempla también desde una perspectiva dual, desde las oportunidades y también desde las carencias e incumplimientos. No obstante, y dado que una de las características del mundo que vivimos —multicultural y postcolonial— en el marco de sociedades asimétricas conlleva la fragmentación de las identidades y la reactivación y reivindicación de las diferencias en clave cultural se analizan, desde la crítica feminista, los viejos y nuevos temas del relativismo cultural, el concepto de cultura y su utilización política como legitimación de la desigualdad de género. Asimismo, se examina la des-territorialización de los conceptos, valores y garantías jurídicas que han hecho posible que las mujeres cambien tanto sus culturas y tradiciones como los derechos.

Pilar Folguera, en su capítulo «La equidad de género y los Derechos Humanos en el marco internacional y europeo», da cuenta del carácter cambiante del concepto de derechos humanos y de la ampliación de su significado, al tiempo que la ciudadanía redefine sus necesidades y sus deseos en relación con ellos. En este marco, el feminismo redefine la vulneración de los derechos humanos hasta incluir la degradación y la violencia de las mujeres. Analiza la autora los distintos niveles de actuación y protección de los derechos: ámbito mundial, ámbito europeo, estatal y autonómico, haciendo especial referencia al nivel internacional o mundial representado por Naciones Unidas y al europeo refiriéndose al Consejo de Europa y a la Comunidad Europea. En 1948, Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. En ella se refleja que la igualdad de derechos debía aplicarse en el plano internacional.

En el terreno específico de los derechos humanos de las mujeres, estudia la labor de la Comisión sobre la Condición Social y Jurídica de la Mujer, creada en 1946, la Declaración sobre la eliminación de toda discriminación contra las mujeres, aprobada en 1967 y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, que compromete a los Estados a seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer. España ratificó la Convención en 1983. Se señala que la creación del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW) constituye hoy el principal instrumento de vigilancia del cumplimiento de la Convención por parte de los Estados. A esto hay que añadir que los trabajos del CEDAW han permitido en 1999 la aprobación de un Protocolo Facultativo, un instrumento jurídico que posibilita que las mujeres que hayan sido objeto de discriminación de género presenten denuncias al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

Las conferencias internacionales: México, Copenhague, Nairobi y Beijing, transcurridas desde 1975 a 1995 y la revisión de la Plataforma de Beijing en 2000 y 2004 han supuesto un importante avance en la definición de los derechos humanos desde la perspectiva de género y en la definición de estrategias para la consecución de los mismos. También la Unión Europea, desde su constitución en 1957, ha adoptado numerosas medidas de carácter normativo e institucional para incluir la dimensión de género en las políticas de la Comunidad Europea, lo que, junto con la normativa jurídica de los países miembros, ha propiciado un alto nivel de protección a las mujeres como ciudadanas europeas.

La autora considera que el avance en la definición de los derechos de las mujeres como derechos humanos ha venido en gran medida determinado por el progresivo desarrollo del movimiento de mujeres a nivel mundial y su creciente incidencia en las instancias internacionales a partir de la mediación y el diálogo civil. Otro factor determinante ha sido el impulso del feminismo académico, así como la globalización tecnológica, que está propiciando la difusión de las reivindicaciones de los derechos de las mujeres en todo el mundo y la interacción entre organizaciones internacionales de mujeres.

El capítulo de Cristina García Sainz, «Trabajo, género y desarrollo en Latinoamérica y Europa», tiene como horizonte la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se proclama que el trabajo es un derecho para todas las personas adultas, el cual ha de proporcionar los recursos suficientes para posibilitar la integración y la participación social. Muestra, a su vez, la distancia con los datos e indicadores a través de los cuales se constata que amplios sectores de la población están privados de empleo, o bien desempeñan trabajos de baja calidad que no les permiten salir de la pobreza o les mantienen en situación de vulnerabilidad social.

Se analiza cómo los cambios sociales referidos a la estructura demográfica de los países que evolucionan hacia un mayor peso de la población mayor, así como las transformaciones en los roles familiares, en las pautas de fecundidad, la composición de los hogares y el fenómeno de las migraciones están alterando las estrategias familiares en relación con el trabajo. Por otra parte, a juicio de la autora, el modelo económico neoliberal, que deja el protagonismo de la regulación de las relaciones laborales en manos del mercado, está imponiendo, desde los años ochenta del pasado siglo, un sistema de empleo flexible que causa, con carácter general, un empeoramiento de las condiciones de trabajo para la población menos cualificada y, en especial, para mujeres, jóvenes e inmigrantes.

Es en este proceso de desregulación y de reestructuración productiva en el que las mujeres están incrementando su participación laboral. La mayor presencia femenina en el empleo ha de ser recibida satisfactoriamente, porque supone el acceso a los recursos de amplias capas de la población que permanecían al margen del trabajo remunerado y también porque favorece su incorporación a categorías profesionales técnicas y de alta cualificación. Sin embargo, el acceso a puestos de trabajo, en el caso de las mujeres, sigue sin guardar relación con el grado de formación alcanzado, que supera ya en muchos países la escolarización adquirida por los varones.

En este estudio queda de manifiesto el desigual reparto de responsabilidades domésticas y la segregación laboral por razón de género como fenómenos sociales interrelacionados que se refuerzan entre sí. No obstante, el acceso de las mujeres al empleo introduce cambios en las estrategias familiares de obtención de recursos y genera transformaciones que alteran el tradicional equilibrio de asignación de roles y de poder dentro de las familias. La autora defiende que los beneficios individuales y colectivos de la participación femenina en el trabajo remunerado, así como la distribución equitativa de la carga global de trabajo, contribuyen no solo a la mejora de sus capacidades individuales, sino también al desarrollo económico y social.

Mónica Ramos, en su capítulo «Mujeres mayores: nuevos derechos para nuevas realidades», incorpora la perspectiva de género en el estudio de la vejez para mostrar que hacerse mayor no es lo mismo para mujeres que para hombres. A partir de un estudio etnográfico basado en la observación, entrevistas en profundidad y grupos de discusión se analizan los problemas centrales de la vida de las mujeres en la vejez, sus contribuciones al bienestar general así como la manera en que redefinen su identidad y proyecto personal en esta etapa de sus vidas. La autora constata la escasa investigación, especialmente en nuestro país, sobre la desigualdad de género en la vejez cuando nuestra época está marcada por dos fenómenos interrelacionados: el envejecimiento de la población y la feminización del envejecimiento.

Este estudio muestra la marcada situación de desventaja que tienen las mujeres frente a los hombres al envejecer, porque son más vulnerables a la pobreza y a la exclusión social debido a su mayor morbilidad y dependencia, tienen peores pensiones y una escasa formación educativa, padecen más soledad y aislamiento y están más invisibilizadas en las políticas públicas. Sin embargo, las mujeres mayores siguen siendo las grandes proveedoras de atención y cuidados a toda la familia, por lo que contribuyen muy activamente al mantenimiento del bienestar de la sociedad en su conjunto. Ellas aportan más cuidado del que reciben.

Asimismo, la autora muestra que las mujeres mayores hacen frente a sus vulnerabilidades cada vez de manera más eficaz, a través del diseño de un proyecto de vida participativo en la vida comunitaria, propiciado fundamentalmente por el proceso de globalización de los derechos de las mujeres, de las personas mayores y de la participación ciudadana. En ese proyecto de vida, la familia sigue siendo lo más importante, pero han logrado disponer de un tiempo y espacio propios en los que desarrollan sus capacidades y al mismo tiempo les permiten ocupar los lugares públicos de ocio y participación, confiriéndoles una visibilidad ante la propia sociedad y las administraciones públicas. Su habilidad a la hora de desarrollar y mantener redes sociales es para muchas un recurso en la vejez que conduce al asociacionismo y la participación social, lo que contribuye a su empoderamiento. Estos procesos constituyen una nueva realidad en la que reclaman ser beneficiarias de los mismos derechos de los que disfruta el resto de la sociedad: educación, salud, ocio, participación, empleo y derecho a una vida digna.

Teresa del Valle, en su capítulo «El derecho a la movilidad libre y segura», define y analiza la movilidad libre y segura como un derecho humano que afecta de una manera diferenciada a las mujeres y a los hombres. Y para abordarlo se argumenta que en el caso de las mujeres el punto de partida es, y debe de ser, el ejercicio democrático de la ciudadanía que partiendo de la autonomía, defina la movilidad y reivindique la seguridad. Ello implica un análisis a distintos niveles: individual, grupal, local y global.

Este estudio se ha basado en una metodología cualitativa: participación observante, entrevistas individuales y grupales y seguimiento de prensa para analizar el conocimiento y la práctica de la movilidad como un derecho, para captar la posible correlación entre prácticas de socialización y movilidad en el espacio y para identificar las percepciones que tienen las mujeres de los espacios y de las características que las inducen al miedo y/o a la seguridad.

A partir de los supuestos mencionados analiza el tránsito del Derecho como enunciado al Derecho sentido y vivido; la seguridad en las urbes a la luz de los conceptos y prácticas de seguridad reificados a través de los procesos de globalización; la relación entre visibilidad en el espacio de la ciudadanía y el derecho a reclamar la salvaguarda del ejercicio a ejercer libremente su pertenencia; la articulación entre violencia doméstica y violencia espacial así como las contradicciones de la seguridad creada. Se estudian distintas dimensiones de la socialización para superar la movilidad restringida, en la que entran las referencias a modelos tanto cercanos como lejanos, así como la movilidad forzada y las circunstancias que las promueven y su efecto en las mujeres. La autora argumenta a favor de un planteamiento democrático a la movilidad libre y segura que tiene que tener como punto de partida las necesidades de las personas y de los colectivos, y en el caso que nos atañe las de las mujeres.

De este estudio se desprende la fuerza que tiene el miedo como barrera a la movilidad libre y segura de las mujeres, sentimiento profundo y ampliamente compartido que permea a la sociedad y va dirigido exclusivamente a las mujeres. Asimismo, la autora señala que las percepciones espaciales no dependen de la biología sino de sus experiencias de socialización y de vida, y considera fundamental el paso del conocimiento del derecho a «la movilidad libre y segura», al ejercicio del derecho sentido para poder ejercerlo y reivindicar los cambios necesarios. La autora da una gran importancia a la socialización en la superación del miedo que corresponde al campo de nuevas socializaciones. Se explora, también, la relación existente entre violencia de género y violencia espacial, aunque muchas jóvenes no lo perciban. Y finalmente se hace evidente la idea y práctica dominante en nuestro tiempo de que la movilidad de personas y colectivos debe estar sometida a la seguridad y esto se aplica por encima de las necesidades que promueven sus desplazamientos. En relación a las mujeres la movilidad que se reivindica tiene que ver con el derecho a vidas autónomas y al ejercicio del poder decisorio. Introduce con su análisis una visión ausente en la actualidad en los debates políticos.

Gladys Nieto, en su capítulo «Los límites a los “valores asiáticos”: derechos humanos y equidad de género en China», analiza el debate de los valores asiáticos que fue difundido en el ámbito internacional en los años 90 por ciertos líderes de algunos países del Este y Sudeste Asiático, preferentemente Singapur, Malasia y la República Popular China. Este debate reduce a claves culturales y éticas el espectacular desarrollo económico de la región, singularizando un capitalismo regional por contraste con el capitalismo originado en Occidente y sus derivaciones, ligadas a la expansión de las libertades individuales y el hedonismo desmedido. Tal debate viene dando lugar a una serie de discusiones acerca de la posibilidad de que una «tradición asiática» —fijada alrededor de la filosofía confuciana— encuentre un sitio en la tradición ilustrada que fundamenta los Derechos Humanos o bien mayores espacios de diálogo filosófico entre esta tradición y la filosofía ilustrada. La paradoja que resulta de estas controversias es que la línea más conservadora del discurso de los valores asiáticos defiende el relativismo cultural, reduciendo el universalismo y la posibilidad de la defensa de una justicia global.

Así, el problema central de este estudio consiste en el análisis de la construcción discursiva y la capacidad de influencia de una «tradición asiática» de configurarse como «modernidad alternativa» en el sentido de promover la igualdad de género y la justicia social. Esta selección de una «tradición asiática» se estudia a partir de las negociaciones que establecen los diferentes agentes e instituciones implicados en ellas y que detentan un desigual poder en la amplificación de sus discursos y la posibilidad de imponer las visiones dominantes de la tradición. Los agentes estudiados corresponden al Estado, la intelectualidad neoconfuciana y el movimiento de mujeres, en el ámbito particular de la República Popular China y su diáspora. Mientras que el Estado chino y la intelectualidad neoconfuciana poseen una gran capacidad de afirmación de su visión de la tradición, el movimiento feminista chino, debido a sus condiciones históricas de desarrollo y a la permanencia de un sistema patriarcal, permanece rezagado en relación con ellos. Sin embargo, la paulatina inserción del movimiento de mujeres chinas en redes internacionales feministas y de conciencia global, derivada del proceso de globalización, está contribuyendo a su mayor visibilización y afirmación en sus propias redefiniciones de la tradición.

José Ignacio Pichardo, en su capítulo «Mujeres lesbianas y derechos humanos», examina la lucha de las mujeres lesbianas por el reconocimiento y respeto de sus derechos humanos en el contexto de un mundo en proceso de globalización. A través de la revisión bibliográfica, la observación participante y entrevistas llevadas a cabo con mujeres activistas del movimiento feminista o del movimiento de liberación de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, da cuenta de la privación de derechos que sufren las lesbianas, no solo como mujeres o como personas homosexuales, sino que se incide especialmente en aquellos derechos que le vienen específicamente negados por el hecho de ser mujeres homosexuales y se profundiza en el estudio de cuatro de ellos: el derecho a la paz y a una vida sin violencia, derecho a la sexualidad e identidad sexual, derecho a la salud y derecho a la familia.

Frente a esta realidad, los derechos humanos constituyen uno de los principales instrumentos para transformar esta situación, ya que permiten a personas y colectivos de orígenes sociales y culturales muy diversos reconocerse como sujeto de derechos y, especialmente, articularse en torno al lenguaje común, universal y universalista de los derechos humanos. Por eso han organizado su acción colectiva en torno a un movimiento de liberación de lesbianas y gays con un carácter realmente global y con un campo de acción que va desde lo local hasta los ámbitos planetarios, especialmente de Naciones Unidas. En este estudio se ven claramente las interconexiones entre los distintos ámbitos de transformación, los procesos de cambio y resistencia que se influyen y retroalimentan en todas las direcciones.

El papel de las mujeres lesbianas en estos procesos, sus demandas y reivindicaciones ocupan un lugar destacado en el desarrollo de este estudio de caso. Se comprueba cómo las mujeres lesbianas han encontrado espacios de agencia colectiva en el movimiento feminista, en el movimiento de liberación homosexual y en colectivos específicos de feministas lesbianas. El autor defiende que a pesar de las dificultades que han podido encontrar en cada uno de estos movimientos y colectivos, finalmente su presencia ha servido no solo para luchar por sus derechos como mujeres lesbianas, sino por los derechos de las mujeres y por los derechos sexuales en general.

Los hilos que tejen la trama

Cada uno de estos casos de estudio, aunque constituyen un capítulo diferenciado de este libro y tienen entidad en sí mismos, mantienen relación con el marco general y entre sí como producto del proceso de investigación desarrollado. En cada capítulo se hace una aportación específica según los objetivos diseñados en el tema tratado y por tanto pueden leerse de manera independiente. Sin embargo, la consistencia de cada capítulo no significa que estén desconectados entre sí y su especificidad temática no excluye la vinculación entre ellos y la interrelación de problemas comunes. Los distintos modos de abordarlos que pueden ir desde niveles de mayor abstracción al detalle minucioso de la etnografía van tejiendo también una trama de vínculos, trasvases y contenidos significativos en función del problema general planteado. En este sentido, a través de los siete capítulos de este libro emergen hilos conductores que imbrican la obra, algunos de los cuales paso a reseñar a continuación.

Un hilo conductor que recorre los capítulos es la preocupación por el cuestionamiento de dicotomías analíticas que han jugado un papel destacado en las elaboraciones teóricas, en las formas de organización social y en la configuración de comportamientos normativos diferenciales para hombres y mujeres, a la vez que contribuyen al ocultamiento y distorsión de sus vidas. Destaco la dicotomía público/privado, que ha sido y sigue siendo un tema clave de las discusiones feministas. Desde el primer capítulo se plantea el sesgo androcéntrico de este binomio como una ideología de las relaciones de género inscrito en el pensamiento liberal y en la formulación de los derechos humanos. Cuestionamiento que en conjunción con la praxis política estuvo en la base del movimiento en pro de los derechos humanos de las mujeres.

Folguera detalla, en el segundo capítulo, ese largo proceso que condujo a la redefinicón y ampliación del marco normativo y las garantías jurídicas en los últimos treinta años. Este cuestionamiento también se pone de relieve en la redefinición del concepto de desarrollo realizado por García Sainz y Del Valle. Asimismo, es la clave de la crítica al concepto de trabajo en las corrientes predominantes de las ciencias sociales y las humanidades lo que aparece en diversos capítulos pero que tiene un lugar destacado en la investigación de García Sainz. Esta autora, además, pone de relieve la parcialidad de las estadísticas oficiales sobre participación laboral a escala planetaria, que solo dan cuenta del trabajo remunerado cuando la mayoría de la población femenina se ocupa a lo largo del ciclo vital en un trabajo no remunerado o doméstico que crea riqueza y bienestar pero no redunda en beneficio personal de quien lo realiza, constatación que le lleva a desarrollar metodologías alternativas de estudio. La persistencia de esta dicotomía y su implicación en la lógica laboral y en determinados modelos de estado se pone de relieve al poner en relación el análisis de García Sainz y el de Nieto, porque nos permite captar la articulación de las ideologías de género que se activan, utilizan y manipulan como estrategias de «regulación sociolaboral» en distintas áreas del mundo. Un ejemplo significativo se concreta en la revitalización de los «valores asiáticos» en clave confuciana como alternativa a la modernidad occidental en el contexto de la emergencia del capitalismo tardío en la región asiática.

La invisibilidad de la experiencia de las mujeres bajo el peso del afecto y la naturalización de sus tareas aparece en los diferentes capítulos en referencia al cuidado en su amplia dimensión. Es objeto de especial atención por Ramos en su estudio sobre las mujeres mayores, una generación dedicada a los demás, que plantea una problemática acuciante en cuanto a sus condiciones de vida en la actualidad y al aumento sostenido de la población mayor, cuyo incremento no va a la par de las políticas públicas. La preocupación por hacer aflorar lo oculto en la delimitación fija de los espacios como consecuencia del peso del binomio mencionado está presente en el estudio realizado por Del Valle a través de la conexión entre los distintos niveles, individual, grupal, local y global; analiza la articulación entre la elaboración emocional, las percepciones y sensaciones que como «imaginarios del miedo» afectan de manera diferencial a hombres y mujeres y bloquean en las mujeres su proyección en el espacio público y en el ejercicio de la ciudadanía que impide que aflore la violencia. La negación de los derechos humanos de las mujeres lesbianas estudiada por Pichardo tiene también su base en la consideración de los derechos sexuales como pertenecientes al ámbito privado, señalando sin embargo la paradoja de que en aquellos estados que tienen leyes punitivas contra la homosexualidad, estas se formulan en relación a la homosexualidad masculina, generando así un doble ocultamiento de las mujeres. Por un lado como carentes de sexualidad y, por otro, invisibilizando el lugar en el que se ejerce la mayor violencia contra ellas que es justamente, como el autor destaca, en el marco de las relaciones familiares.

En conexión con lo anterior la violencia que se ejerce contra las mujeres es otro hilo conductor que atraviesa todos los capítulos. La violencia estructural de un sistema de dominación que en su gran variabilidad se ejerce en tiempos y espacios de paz y de guerra y hace semejantes a las mujeres en el maltrato físico y psicológico, en la violación, en la expropiación del tiempo y de los frutos de su trabajo. En los distintos capítulos se da cuenta de aquellas más ostensibles, a la vez que se tiene una preocupación por descubrir los mecanismos sutiles de su silenciamiento e invisibilidad, así como las estrategias individuales y colectivas para su superación.

Folguera analiza la redefinición conceptual de la violencia en el marco de Naciones Unidas que se produce en los años 90 cuando se hace explícito que la violencia ejercida contra las mujeres deja de ser considerada un asunto privado y pasa a ser considerada como una vulneración de los derechos humanos, y estudia con detalle los principales documentos internacionales que marcan un hito en este sentido tales como la Plataforma de Beijing de 1995. Asimismo, la autora da cuenta de los cambios producidos en el marco europeo desde 1979 en relación con los derechos fundamentales de las mujeres y constata que los objetivos del Consejo de Europa han ido variando desde una perspectiva centrada en la eliminación contra la discriminación a una perspectiva más dinámica, que considera la igualdad como un derecho fundamental y por tanto la lucha contra la violencia se erige en una prioridad en cuanto violación de los derechos humanos. La transposición de las directrices comunitarias a los distintos países de la Unión en unos casos es a la baja y en otros, como afirma la autora, es más avanzada que la legislación comunitaria, como muestra el ejemplo de España con la promulgación de la Ley Integral contra la Violencia de Género.

Desde la etnografía, Teresa del Valle estudia la violencia como limitación a la movilidad en la medida en que esta se conecta con el logro de autonomía y libertad para las mujeres. Por esta razón defiende la necesidad del estudio de las diversas experiencias del miedo de las mujeres a partir de la articulación entre violencia de género y violencia espacial, ya que es un campo para conocer la dimensión paralizadora del miedo y analizar los procesos de aprendizaje que se erigen en barreras a la movilidad. Si bien estas se expresan de manera más clara en el espacio público, en determinados espacios de la ciudad, la autora analiza su vinculación con la violencia doméstica. A su juicio, los miedos reales o imaginarios que experimentan las mujeres se ubican en gran medida en el control de su sexualidad, de la reproducción y en la transgresión de las representaciones del cuerpo.

Este aprendizaje e interiorización del miedo como consecuencia de la violencia y como arma de control, de sumisión y vejación en el espacio público aparece también en los testimonios de las informantes que Pichardo analiza en su capítulo sobre las mujeres lesbianas. La interrelación de las dimensiones corporales, emocionales y políticas de estas prácticas vejatorias aparecen también en el capítulo de Maquieira, al tratar la persistencia de los conflictos armados a escala planetaria y el incremento de la violencia contra las mujeres como arma de guerra. Se abre así otro desafío de estudio que tenga por objeto el conocimiento del miedo desde una visión «generizada» que articule las dimensiones subjetivas, interpersonales y espaciales con procesos más amplios e igualmente «generizados» incrustados en ideologías y prácticas políticas, religiosas y económicas.

Otro hilo conductor que teje la trama del libro es el análisis de las retóricas de discriminación y exclusión como consecuencia de la preocupación por desentrañar los mecanismos de asignación de espacios que inciden en la jerarquización y exclusión de las mujeres de los espacios de poder y prestigio. Retóricas que legitiman la desigualdad al dotarla de un carácter de inmutabilidad e irreversibilidad o al encubrir sus causas transfiriéndolas al orden natural. Todo ello con soportes ideológicos poderosos, porque aportan visiones argumentadas desde la biología, las tradiciones, las identidades étnicas y las religiones. La biologización de las diferencias entre hombres y mujeres de las que derivan de manera «natural» determinadas tareas y comportamientos tiene una larga trayectoria histórica y se reacuña en nuevas claves según los contextos socio-culturales y los intereses económicos y políticos que se libran en el marco de la complejidad de las relaciones sociales del mundo que vivimos.

Así, la explotación del trabajo femenino tanto en sus tareas reproductivas como en el marco delimitado y controlado del mercado laboral a partir de unas supuestas cualidades femeninas ocultando su valor económico queda de manifiesto en el capítulo de García Sainz. Las cualidades de autosacrificio y olvido de sí mismas como parte de una condición natural está presente en los testimonios de las informantes mayores del estudio de Ramos, cuyo ingente trabajo proporciona importantes beneficios económicos, políticos y familiares y quedan ocultos como consecuencia de mandatos naturalizados. Asimismo, Del Valle detecta un cierto fatalismo en relación con la violencia masculina en las jóvenes entrevistadas, que tiene igual peso que el destino en las tragedias griegas y que es un sentimiento profundo que permea la sociedad basado en la atribución naturalizada de un deseo sexual masculino incontrolable.

El esencialismo culturalista es estudiado por Maquieira como una retórica poderosa en la desactivación de las demandas de las mujeres. La autora señala la paradoja de la historia de un concepto que surgió para contrarrestar las teorías del determinismo biológico y se convierte en su versión relativista y en el marco de las relaciones de poder entre los territorios y al interior de las sociedades en un dispositivo que justifica e impide la extensión y aplicación de los derechos humanos de las mujeres, como se pone de relieve en las discusiones en los Foros Internacionales y en las reservas unilaterales, que plantean determinados gobiernos basadas en argumentaciones religiosas y culturales. En esta clave, la autora interpreta los discursos del «contagio occidental» y del «veneno importado» como mecanismos de estigmatización y culpabilización que desacreditan las aspiraciones de cambio de las mujeres provenientes de países de Medio Oriente, sur de Asia y muchos países africanos. Analiza también la construcción de dicho esencialismo en otros contextos etnográficos y los actores sociales implicados.

Las cuestiones mencionadas se ponen de manifiesto en el estudio de Pichardo, para quien el culturalismo relativista aparece como un discurso poderoso para frenar el reconocimiento de los derechos de las minorías sexuales en los Foros Internacionales en la medida en que la homosexualidad es considerada por determinados gobiernos como una práctica exclusivamente occidental y, por tanto, se esgrime que los derechos de las personas homosexuales no pueden tener un carácter universal.

Nieto analiza los discursos patriarcales que exacerban las diferencias de género en clave biologicista y que acentúan las cualidades de «buena madre y esposa virtuosa» y la «pobre calidad de las mujeres» que están legitimando la restauración de un estatus tradicional para las mujeres chinas y su vuelta al hogar como consecuencia del repliegue de la economía planificada en China y las reformas emprendidas como consecuencia de la introducción del libre mercado. Discursos cuya eficacia, a juicio de la autora, no puede desvincularse de los llamamientos a la armonía familiar procedentes de los valores asiáticos y la revitalización de la tradición confuciana impulsada por las élites políticas e intelectuales. A juicio de la autora, esta configuración de una «tradición asiática», selectivamente construida, y que pugna por convertirse en hegemónica en el panorama actual de las discusiones sobre las modernidades alternativas, conlleva importantes consecuencias con respecto a las libertades de las mujeres en la región. Lo cual plantea desde una perspectiva feminista un enorme desafío en cuanto a los términos y la participación de las mujeres en el necesario «diálogo entre civilizaciones» que está presente como objetivo en la agenda internacional.

En conexión con los problemas planteados la dialéctica inseguridad/seguridad en la vida de las mujeres recorre también como hilo conductor los distintos casos de estudio y muestra la complejidad y contradicciones de los procesos de cambio, sus avances y retrocesos. Por mencionar algunos de estos aspectos: la inseguridad económica, la inseguridad de acceder al empleo y poder permanecer en el mismo, la inseguridad ante la enfermedad, la inseguridad en la vejez, la amenaza de las agresiones sexuales en el espacio público, el riesgo de violencia en el ámbito doméstico y familiar, el riesgo de ser excluidas de sus comunidades cuando se rebelan contra mandatos injustos. Al mismo tiempo se detecta un discurso y doctrina de la seguridad a nivel mundial y estatal que se erige como el objetivo prioritario de la paz a nivel mundial, estatal y local y que paradójicamente se basa en conceptos y prácticas de seguridad basados en el control y en gran medida en la agresión a las vidas humanas.

Desde los análisis en la investigación realizada se reflexiona sobre las consecuencias de dicho enfoque y se aprecia que, en realidad, son armas de coacción y dominio que excluyen la participación democrática. En las aspiraciones humanas aparece el deseo de contar con cuotas de seguridad que permitan el desarrollo integral de los seres humanos en los entornos sociales en los que se vive. De ahí que la seguridad ha de formar parte del concepto y práctica del desarrollo centrado en las personas. Esta aproximación al desarrollo desde la perspectiva de una seguridad humanizada es vital en la actualidad como objetivo y para contrarrestar las doctrinas de la seguridad en términos belicistas.

En este sentido parece urgente redefinir una doctrina de seguridad en relación con los Derechos Humanos basada en la integridad de la vida en un sentido amplio que tenga como prioridad la lucha contra el hambre, la protección de la salud, el acceso a la educación, la erradicación de la pobreza y el deterioro ecológico, entre otros, que remiten al desafío inaplazable de la redistribución de la riqueza a nivel mundial. Un objetivo que no está alejado del artículo 28 de la Declaración Universal de 1948 y, sin embargo, frecuentemente olvidado, en el que se establece el derecho de toda persona a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamadas en el conjunto de la Declaración se hagan plenamente efectivos. Como aparece en distintos momentos de este libro la necesidad de esta nueva conceptualización y práctica de la seguridad implica necesariamente que se contemple de manera transversal la erradicación de la violencia y la desigualdad de género; y en este sentido la investigación desde diversas disciplinas, y de manera especial desde la etnografía, como se desprende de este estudio, tiene capacidad para detectar fenómenos que pueden transformarse en propuestas de amplio alcance.

Otro hilo conductor que articula los distintos capítulos es el papel de las mujeres como sujetos de transformación social. Queda ampliamente documentado el progresivo avance en la definición de los derechos de las mujeres como derechos humanos como consecuencia del desarrollo del movimiento de mujeres situando las diferentes oleadas del movimiento feminista en diferentes contextos históricos con sus correspondientes logros en la consecución de sus derechos. Hay un claro paralelismo entre las diferentes etapas del impacto del feminismo en un marco global, las medidas de carácter normativo e institucional y la incorporación al menos formal del principio de equidad en las relaciones internacionales y en las políticas emprendidas por los diferentes estados. Se ha analizado la progresiva incorporación de las mujeres al mercado laboral, que viene acompañada de un alto grado de empleo irregular o sumergido, sobre todo en América Latina, y de condiciones de inestabilidad y precariedad también en el sur de Europa. En todos los países las mujeres están sometidas a situaciones de discriminación por la división sexual del trabajo, la diferenciación salarial, la segregación ocupacional y el desigual reparto del trabajo doméstico. Al mismo tiempo, es posible captar las tendencias de crisis en la estructura social como consecuencia del acceso de las mujeres al empleo y los cambios producidos en los modelos familiares, el acceso a la educación, los niveles de cualificación y las relaciones en el interior de los hogares. Cambios que remiten también a una transformación de las identidades, proyectos de vida y estructura de sentimientos.

Se hace patente a lo largo de los capítulos la importancia que tiene para las mujeres la formulación y conocimiento de sus derechos, de las leyes y garantías existentes. Junto a ello se ha visto la importancia del derecho sentido. Se trata así de la apriopiación racional y emocional que entronca con su propia experiencia vital. En este sentido, la apropiación de los derechos no es una imposición, no es algo ajeno sino que les corresponde como personas, como sujeto social y como ciudadanas. De aquí la importancia que tiene tanto la socialización informal como la educación formal.

A través de los distintos capítulos se muestra la importancia de las nuevas socializaciones que se ven favorecidas en el marco de las asociaciones, redes y movimientos globales, ya que las nuevas socializaciones parten del reconocimiento de la desigualdad y suponen el cuestionamiento y la des-identificación con los mandatos y asignaciones de género. Estos procesos se propician también en la participación en foros en distintos niveles de actuación y en las oportunidades que ofrecen las redes virtuales. La des-territorialización de los derechos como consecuencia de la interconexión y trasvase de ideas, valores, experiencias, garantías jurídicas, programas y modelos de actuación a través de las fronteras culturales, regionales y estatales requiere el desarrollo de metodologías de negociación acordes con las condiciones reales de la vida de las mujeres en diferentes contextos, lo cual favorece la apropiación de los derechos y la reterritorialización de los mismos.

En estos procesos la redefinición de sus propias tradiciones en concordancia con las aspiraciones de justicia e igualdad está produciendo un importante desafío en el marco de la activación de particularismos excluyentes, pero esas experiencias protagonizadas por las mujeres en la región asiática, en países árabomusulmanes y en los movimientos indigenistas son también parte de un fenómeno global, se erigen en experiencias globales del feminismo. Las posibilidades u obstáculos que las mujeres encuentran en la selección, interpretación y redefinición de sus culturas y tradiciones remite a la persistencia de los sistemas de género como dinámicas estructurales de poder que se juegan en los ámbitos locales, estatales, internacionales y globales.

Sin embargo, los logros no son lineales ni nunca están garantizados; el impacto real de los acuerdos internacionales y su implementación en las políticas de cada país sigue siendo variable y limitado. Las brechas entre los enunciados y las prácticas sociales quedan ampliamente documentadas a lo largo de este libro. En muchos casos debido a la falta de mecanismos operativos y legitimados en caso de incumplimiento, en otros, por la interpretación selectiva que los estados hacen de las formulaciones y acuerdos y las cláusulas de excepción en base a cuestiones religiosas o culturales, lo cual convierte la ratificación en algo carente de vinculación real. Sin olvidar las apropiaciones perversas de los derechos humanos con fines belicistas y de control geoestratégico por parte de potencias occidentales y en otros casos por la falta de eficacia y/o voluntad económica y política en la redistribución de la riqueza. De los distintos capítulos se desprende que los avances están en relación con el grado de organización, articulación y presión de los colectivos de mujeres y de las alianzas con otros movimientos transformadores.

El desafío no es fácil, pero por eso adquiere relevancia la categoría de «imaginarios anticipatorios» que Teresa del Valle acuña y que ha de servir como inspiración emancipatoria de los movimientos sociales. Porque, como ha señalado Teresa San Román, «la alternativa universalista de igualdad es tan real como la alternativa universalista de dominación» (1996: 106).

Bibliografía

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GREGORIO GIL, Carmen, «Introducción: género, globalización y multiculturalismo», en C. Gregorio Gil y B. Agrela Romero (eds)., Mujeres de un solo mundo: globalización y multiculturalismo, Granada, Col. Feminae, Universidad de Granada, 2002: 11-33.

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MORAL, Beatriz, «La hermana en Chuuk (Micronesia): mujer paradójica, mujer plural», en T. del Valle (ed.), Perspectivas feministas desde la antropología social, Barcelona, Ariel, 2000: 125-153.

SAN ROMÁN, Teresa, Los muros de la separación. Ensayo sobre alterofobia y filantropía, Barcelona, Servei de Publicaciones de la Universitat Autónoma de Barcelona, Tecnos, 1996.

Agradecimientos

Diversas entidades y personas han colaborado para que este trabajo saliera a la luz. Trasmitimos de manera especial nuestra gratitud al Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales porque ha consolidado un logro fundamental en los Estudios sobre las Mujeres y el Género en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. Al Instituto Universitario de Estudios de la Mujer (IUEM) de la Universidad Autónoma de Madrid que ha proporcionado el espacio para la realización de reuniones y seminarios. A la NYU (New York University) cuya acogida posibilitó la investigación del capítulo 2 y al Vicerrectorado de Investigación de la UAM que ayudó a sufragar algunos de los viajes.

Asimismo agradecemos a quienes han colaborado en distintos momentos de la investigación. A las mujeres mayores que participaron en los grupos de discusión del capítulo 4, a través de las siguientes instituciones: ABUMAR, Asociaciones de Viudas, Aula de Cultura Altamira, Calendas-Hispanas, Mancomunidad MISSEM de Servicios Sociales, AFAMMER y a Dolores San Antonio, Carmen Quintanilla, Isidoro Ruipérez, Pilar Rodriguez y Ramona Rubio por sus aportaciones en las entrevistas en profundidad.

A Maite Apestegi, Amaia Zabalza, Henar Muga y María Añover por su colaboración en la realización de entrevistas del capítulo 5 y a Beatriz Moral por aportar el proyecto urbanístico realizado en Viena. A Empar Pineda, Beatriz Gimeno, Raquel Platero, Montserrat Rifa y Marta Estrella por compartir a través de las entrevistas sus opiniones, experiencias y conocimientos para la realización del capítulo 7. A Alicia Ferrández Ferrer, a Alba Artiaga y a Estela Maeso, becarias de la UAM, que colaboraron en distintos momentos de la investigación.

Capítulo primero
Mujeres, globalización y derechos humanos

Virginia Maquieira

1. La globalización y sus paradojas

El término «globalización» se ha incorporado a nuestro lenguaje cotidiano y forma parte del discurso habitual en el ámbito político y en los medios de comunicación. En el mundo académico se ha convertido en un instrumento de conocimiento de la realidad, configurado a través de la convergencia de diversas disciplinas, que está desarrollando un amplio campo de investigación y de confrontación teórica que, en muchos casos, supone la legitimación del orden existente y, en muchos otros, ha dado origen al surgimiento de nuevas formas de entender el mundo y las relaciones sociales. Hemos de admitir que con este concepto y otros asociados al mismo, así como las diversas teorías que lo sustentan, se están produciendo en todas las disciplinas importantes aportaciones y redefiniciones teóricas y metodológicas para afrontar nuevas preguntas y problemas vinculados a las transformaciones del mundo que vivimos. El término «globalización» suele ser identificado con otros términos tales como «mundialización», «internacionalización» y «transnacionalización». La confusión o intercambiabilidad de los términos se produce en mayor medida entre «globalización» y «mundialización». Algunos autores consideran sencillamente que la primera es la denominación anglosajona y la segunda la denominación francófona que se utiliza para designar el mismo proceso: el traslado de las actividades de lo local, es decir, lo estatal-nacional, a lo global. Para otros, la mundialización se refiere a la creciente interdependencia entre los diferentes territorios y pueblos del planeta que comenzó a existir hace más de quinientos años, que ha presentado diversos modelos de concreción, que hoy es una mundialización desigualitaria cuya expresión es la globalización en su fase actual del capitalismo, es decir, el capitalismo globalizado (Moreno, 2002: 26-27). Se considera que el término «internacionalización» hace referencia, como su nombre indica, al proceso por el cual se establecen relaciones institucionales entre los Estados nacionales y que se inicia como respuesta a las consecuencias de las dos Guerras Mundiales. Tiene un contenido político y jurídico, encaminado a la creación mediante alianzas y tratados internacionales de organismos políticos y jurídicos de tipo supranacional, con unos objetivos de cooperación y defensa. Por tanto, el proceso de internacionalización consiste en la apertura de fronteras estatales, sin merma de la soberanía nacional, para la consecución de objetivos comunes. Asimismo, va acompañado de los procesos de descolonización que encontraron impulso en los mecanismos jurídicos creados y en los organismos internacionales. Por último, y pese a las divergencias que existen en los debates académicos actuales, se considera que el proceso de globalización o transnacionalización se asocia con la desaparición simbólica y material de las fronteras estatales, o al menos con la permeabilidad de las mismas, es decir, con la desterritorialización de los centros de decisiones políticas y económicas, con la descentralización espacial de los procesos productivos, distributivos y de consumo y, en definitiva, con la desterritorialización de las relaciones sociales en general; lo cual implica que toda actuación social, política, jurídica o económica queda interconectada y concatenada en todo el planeta (Fariñas, 2000: 9-10).

Aunque no es fácil encontrar una definición unívoca del concepto de globalización, asumimos de manera general la definición propuesta por la socióloga Esther Chow, para quien: «al hablar de globalización nos referimos al complejo y multifacético proceso de expansión e interdependencia a escala mundial de todas las dimensiones: económica, social, cultural y política. Dichos procesos hacen posible la circulación de capitales, finanzas, producción, ideas, imágenes y organizaciones a través de las fronteras de regiones, Estados-nación y culturas» (Chow, 2003: 444, la cursiva es mía). En este sentido, el término implica la intensificación de redes de conciencia global, interdependencia de sistemas, interacción humana y transformación societaria con consecuencias de largo alcance (Appadurai, 2001; Castells, 2000; Walby, 2001).

Lo que acabamos de plantear permite establecer algunas características de la globalización que guían este trabajo para posteriormente señalar las contradicciones y paradojas de este fenómeno. En primer lugar, se destaca que el concepto de globalización resalta la idea de proceso, es decir, es un producto histórico, inacabado, cambiante y sujeto a la acción humana en el que confluyen complejas dinámicas de transformación económica, tecnológica, institucional, política y cultural. Por esta razón se considera que otro de sus rasgos es el carácter multidimensional o multifacético. En tercer lugar, se destaca que el concepto de globalización resalta la idea de interdependencia a nivel mundial. Esta interdependencia no es nueva, ciertamente, pero lo que sí es nuevo y sin precedentes es la amplísima escala que posee la interconexión entre sociedades, grupos sociales y territorios; la inmediatez de las comunicaciones a distancia, así como el aumento exponencial de la rapidez de los medios de transporte. Esta aceleración de la interdependencia origina que las acciones emprendidas y la toma de decisiones de determinados agentes sociales en un lugar concreto tengan consecuencias para otros agentes sociales distantes y por tanto los acontecimientos de un país o de una economía nacional o regional afecten a otros por distantes que estén. Todos estos aspectos suponen una ruptura respecto a la forma de concebir y de organizar el tiempo y el espacio.

Hoy en día los acontecimientos globales pueden experimentarse casi simultáneamente a través de las telecomunicaciones, los ordenadores digitales, los medios audiovisuales o los satélites. Lo lejano está a veces más próximo que lo cercano y esto alimenta la idea de la eliminación de las fronteras materiales y simbólicas, así como la conciencia de pertenecer a un solo mundo que nos interconecta a todos por igual. Las transformaciones en los sistemas de tecnologías de comunicación conllevan además una nueva forma de organización social desinstitucionalizada, es decir, lo que Manuel Castells ha denominado la «sociedad red», que se basa en una estructura de red en la que conviven múltiples y complejos nodos de relaciones que forman el tejido social existente (Castells, 1998). El surgimiento del ciberespacio, que es objeto en la actualidad de importantes estudios, hace alusión a nuevas zonas de acción colectiva, de sociabilidad, de conocimiento y de diseños de vida en común que poco tienen que ver con las estructuras e instituciones de las sociedades que hemos conocido hasta fechas muy recientes y configuran nuevos mundos sociales y culturales no vinculados a un lugar o territorio. Finalmente, otra de las características asociadas a la globalización es la des-territorialización, que designa la no correspondencia de las formas culturales a un territorio y permite dar cuenta de las importantes transformaciones en la relación entre espacio, cultura, economía y política a través de los flujos transnacionales de personas, ideas e instituciones (Cucó, 2004).

Sin negar que los rasgos reseñados y los profundos cambios que originan están presentes en la escena mundial, sin embargo, como ha señalado Dolors Comas, acentuar solo los aspectos de interdependencia, interconexión y comunicación planetaria puede sugerir la idea de que vivimos en «una especie de idilio a nivel mundial» (Comas, 2002: 92). En efecto, la globalización no es un proceso uniforme, ni unilineal. Impacta de manera diferencial y desigual en las diferentes regiones del mundo, países y grupos sociales y está marcada por crecientes disparidades de riqueza entre y dentro de los Estados. No es aventurado afirmar que, al mismo tiempo que abre oportunidades, crea amenazas muy severas a la seguridad humana, ya que provoca un incremento de la concentración de la riqueza que va acompañada de procesos de exclusión social y de deterioro ambiental que se traduce en pobreza, hambre y enfermedades, a la vez que favorece las explosiones de violencia. No conviene olvidar que la globalización es el resultado de la expansión del capitalismo y de su hegemonía en el mundo y si bien no ha creado la fractura social, presente en las relaciones económicas desde mucho antes de que se produjera la nueva reestructuración y expansión de las conexiones de los mercados mundiales, sí la alimenta profundizando los fenómenos anteriormente descritos.

Algunos datos dan cuenta de la creación de desigualdades en el marco de la globalización. El Informe sobre Desarrollo Humano de 1998 realizado por la ONU indica, entre otras cosas, que un 20 % de la población mundial posee un 84 % de la riqueza del mundo, mientras que 1/5 parte de la población empobrecida solo dispone de un 0,5 % de los recursos y esta polarización no ha disminuido. Asimismo, si atendemos a los datos sobre el uso de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), se pone de manifiesto que dichas tecnologías están impulsando la globalización pero a la vez están dividiendo el mundo entre los «conectados» y los «aislados». El uso de Internet se concentra en las áreas urbanas, los varones jóvenes y las personas con un alto nivel de ingresos y de educación. Comprar un ordenador en Bangladesh cuesta un promedio de 8 años de salario. El inglés prevalece en un 80 % de las páginas web, pese a que solo 1/10 de las personas del mundo tienen competencia en esta lengua (Naciones Unidas [PNUD], 1999).

No obstante, se ha puesto en cuestión el propio concepto de globalización, ya que más bien parece existir un regionalismo comercial (De Lucas, 2003; Martínez Veiga, 1997). En el informe elaborado por la OCDE en 1996 y titulado Globalización de la industria, se señala que la gran mayoría de las relaciones comerciales continúan teniendo lugar entre los países de la «gran tríada» (Europa, Estados Unidos/Canadá y Japón) con sus ámbitos de influencia respectivos. El flujo de capital se concentra tanto en las naciones avanzadas como en otras industrializadas, pero no en aquellas que están en vías de desarrollo, y menos todavía en las subdesarrolladas.

Por tanto, cabe destacar que tanto el concepto como las prácticas de la globalización presentan una serie de paradojas y contradicciones. Se suele presentar como un sistema social homogéneo cuando, en realidad, y debido a la creciente estratificación que señalábamos, produce acumulación de riquezas sin precedentes y a la vez pauperización; genera desplazamientos voluntarios de viajeros cosmopolitas para quienes no existen fronteras, con la consiguiente posibilidad de pertenecer a un solo mundo. Al mismo tiempo, la carencia de recursos y los conflictos armados producen desplazamientos forzosos de población (inmigrantes y refugiados) para quienes las fronteras son cada vez más férreas en los países de destino. Para muchos otros ni siquiera existe la posibilidad de la movilidad y se ven abocados a sufrir todo tipo de padecimientos en sus contextos locales. Todas estas contradicciones producen incertidumbre, inseguridad, inestabilidad e idea de desorden. Estas contradicciones generan conflictos más o menos abiertos entre territorios y entre diferentes categorías sociales asimétricas. Contradicciones que pueden ser motor de cambio en la medida en que los actores sociales y la acción política cobren protagonismo para imprimir otra dirección a los procesos actuales.

Otra de las paradojas de la globalización consiste en la aparente homogeneización de pautas de comportamiento, estilos de vestir, productos de consumo, y a la vez, la pervivencia y activación de un mundo multicultural. Podemos definir este concepto de una manera descriptiva y sociológica como el estado de una sociedad o de un mundo que contiene en su seno múltiples culturas que interactúan entre sí de diversas formas significativas. Esto supone no solo que la globalización hace más evidente dicha multiculturalidad debido a la proximidad de lo lejano y a la concentración de poblaciones provenientes de diversos orígenes en un mismo territorio, sino también, a una creciente reivindicación de la diferencia cultural. Como ha señalado Dolors Comas, el sistema global es el contexto en el que emerge la conciencia de la diferencia y la identidad de grupos humanos como pueblo. La especificidad cultural, por tanto, no puede ser explicada como un dominio autónomo, sino que es el resultado de la articulación de determinados grupos humanos con el sistema global (Comas, 2002).

Así, la especificidad cultural es invocada para marcar los límites y diferencias de un grupo con respecto a otro. Porque «la cultura no es algo que haga “naturalmente” diferentes a los grupos humanos, sino que es la necesidad de diferenciación la que conduce a utilizar rasgos de la cultura como marcadores de especificidad» (Comas, op. cit.: 101). Por ello, esta reivindicación de la especificidad cultural, que solemos denominar etnicidad, suele asociarse a poblaciones y grupos que desean tener un papel político, es decir, que reclaman reconocimiento y derechos negados históricamente. Este es el caso de los movimientos indigenistas, también de los procesos nacionalistas de diverso cuño y, en general, de las minorías culturales en el interior de un Estado-nación. Asimismo, puede interpretarse como la «búsqueda de comunidad» en un mundo que genera riesgos e incertidumbres (Bauman, 2003), o también como identidades reactivas contra la hegemonía económica occidental que impone el modo de intercambio en el mercado y despoja a muchas poblaciones de sus medios de subsistencia, así como contra la traición de Occidente a los principios que dice sostener (Bessis, 2002). La complejidad de estos fenómenos responde a lógicas políticas diferentes y presenta una cierta dificultad o imprecisión técnico-jurídica internacional sobre la caracterización de los sujetos colectivos implicados en tales movimientos sociales. Por ejemplo, las que se derivan del análisis de las relaciones y diferencias entre pueblo, nación, minoría nacional, minoría cultural o población indígena (De Lucas, 2001: 76). Aclarar esta cuestión es un desafío importante para los estudios de multiculturalidad, pero excede el propósito de este trabajo. No obstante, hay que resaltar que estas reivindicaciones ponen en primer plano la especificidad cultural. Por tanto, nos encontramos, como hemos visto, con que el propio proceso de globalización conduce a la exclusión social y a la fragmentación de las identidades. Esta fragmentación de las identidades puede conducir también a la fragmentación política en la medida en que hace peligrar las alianzas y pactos a partir de problemas comunes. Esta es una cuestión relevante en un mundo que presenta serios déficits democráticos no solo en el interior de muchos Estados nacionales sino a nivel global, en la medida en que no se han generado instancias políticas supranacionales capaces de gobernar los procesos económicos y generar mecanismos redistributivos a escala global. Por ello cabe plantearse si tales fragmentaciones no son funcionales a un sistema global que sigue operando al arbitrio de las leyes del mercado, ya que la política parece seguir un camino de disgregación opuesto al de la lógica del mercado caracterizada por la concentración de capitales y las fusiones empresariales. Todo lo que venimos planteando tiene consecuencias para las mujeres, porque los procesos de globalización en sus diversas dimensiones no son neutrales con respecto al género como se desprende muchas veces de las corrientes predominantes de análisis.

2. El género en la globalización

De manera creciente vamos disponiendo de datos fidedignos sobre la condición de las mujeres a escala planetaria que muestran la violencia estructural que estas sufren en tiempos de paz y de guerra. Violencia endémica que se ejerce tanto en ámbitos domésticos como públicos. Violencia física, psicológica y material que se teje minuciosamente y se retroalimenta a través de las relaciones interpersonales en los hogares, el mercado de trabajo, los ordenamientos jurídicos, las obligaciones del parentesco, la vida de las comunidades, y la apropiación de los frutos de su trabajo en el marco de sociedades interconectadas y asimétricas (Amnistía Internacional, 2004). La teorización del género como categoría analítica es central para el conocimiento de cómo se producen y reproducen estos fenómenos y, a la vez, las estrategias para su transformación. Al hablar de género me refiero a la divisoria socialmente impuesta y jerárquica que surge de las relaciones de poder entre hombres y mujeres y que asigna espacios, tareas, deseos, derechos, obligaciones y prestigio. Estas asignaciones y mandatos definen y constriñen las posibilidades de acción de los sujetos y su acceso a los recursos. Estos procesos y relaciones se expresan de distintos modos en contextos históricos, económicos y socioculturales. Son estos contextos que dan contenido a las normas, representaciones, división de tareas, expectativas, ideologías y símbolos como componentes de género. Al mismo tiempo, la construcción de género como expresión de las relaciones de poder y desigualdad es transversal a los procesos socioeconómicos, políticos, religiosos y jurídicos de toda sociedad (Maquieira, 2001). A su vez, atraviesa otras divisiones sociales tales como la clase, la edad, la orientación sexual, la posición en el orden mundial y también las identidades nacionales, étnicas y religiosas. De este modo, la diferencia de género no es ontológicamente previa a la estructura social, sino una diferencia de resultado que nos sitúa ante una doble tarea: por una parte, desarrollar instrumentos analíticos que hagan posible la comprensión de la experiencia específica de las mujeres en todo el entramado socioestructural, y, por otra, combatir sus consecuencias y la propia construcción de género como producto de las relaciones de poder y desigualdad (op. cit.: 167).

Como hemos visto en el apartado anterior, vivimos tiempos de emergencia de nuevas y viejas identidades y de sus reivindicaciones en clave cultural. Esta cuestión es muy relevante para el feminismo como elaboración teórica y como práctica política y, por tanto, para las mujeres como actores sociales. Estas identidades multirreferenciales suponen diversos modos de elaborar y reivindicar las formas de pertenencia, sus anclajes en la realidad y elaboraciones de sentido y por tanto complejos procesos de identificación con modelos de vida, valores, grupos sociales y comunidades políticas, étnicas, culturales y religiosas en el marco de relaciones sociales de poder y de asimetría en un mundo interconectado. Las fragmentaciones aludidas pueden tener consecuencias para el feminismo como movimiento emancipador en la medida en que fragmenta la constitución de las mujeres como sujeto político y, más aún, cuando la utilización de la diferencia cultural se erige como frontera infranqueable y, a la vez, como soporte incontestado de la desigualdad.

Al hablar de identidades solemos insistir en las identificaciones, pero parece clave en el caso de las mujeres atender también a los procesos de des-identificación. Como ha señalado Celia Amorós, «para las mujeres emanciparse con respecto a su situación de subordinación pasa necesariamente por un proceso en el que pongan en cuestión la diferencia genérica que les ha sido asignada como una construcción —política, cultural, simbólica— a la que no quieren estar sujetas y de la cual, en esa misma medida, se des-identifican» (1997: 19). Esto supone una capacidad crítica de distanciamiento, de objetivación, de tantear alternativas y redefiniciones, de interpelar y discutir los discursos hegemónicos, de reinterpretar las situaciones dadas y recrearlas confiriéndoles un nuevo sentido. Considera Amorós que la definición de sujeto consiste precisamente en esa capacidad de acción interpretativa y de recreación de las significaciones dadas (op. cit.: 20). Desde una perspectiva antropológica hemos estudiado en una investigación anterior la emergencia de nuevos valores, significados y rupturas con respecto a un modelo hegemónico de las relaciones de género que supone procesos de des-identificación respeto a las formas heredadas y presentes en las instituciones en las cuales viven los/las actores sociales. Estos procesos que no están exentos de conflictos y negociaciones de los sujetos en la acción social implican, a su vez, la elaboración de nuevas imágenes de un mundo deseado, nuevos valores, de nuevas identidades y prácticas institucionales. Procesos que, al mismo tiempo, conectan con la necesidad de superar la socialización temprana como instrumento de la reproducción de la desigualdad a través de nuevas socializaciones que se desarrollan a lo largo del ciclo vital y en las que la conciencia de la desigualdad es una fuerza motriz en la superación del peso de la naturalización de las diferencias y de los roles impuestos (Del Valle et al., 2002).

Por tanto, desde el punto de vista personal y de la acción colectiva, la des-identificación supone la distancia crítica, la redefinición y la transgresión de la normativa esencialista de género. Si bien las identidades pueden ser funcionales o estratégicas en la lucha emancipatoria, la garantía contra la reificación de las identidades reside en el propio proyecto emancipatorio en cuyo proceso se transforman y se redefinen permanentemente en la medida en que cambian los objetivos y limitaciones en las diversas circunstancias históricas y socioculturales. Supone recorrer el camino que va desde la «identidad de resistencia» a la «identidad proyecto», en palabras de Manuel Castells, para quien la identidad proyecto preserva de la deriva esencialista y fundamentalista y que tiene su expresión más acabada en el movimiento feminista en cuanto cuestionamiento radical del orden patriarcal, ya que supone la transformación de la identidad alienada de las mujeres definidas desde los varones y enraizada en el conjunto de la organización social (Castells, 1998).

A partir de la consideración de los sistemas de género como sistemas de poder y desigualdad que asignan espacios, tiempos y actividades y se acompañan de representaciones simbólicas que condicionan el acceso de las mujeres a los recursos en un sentido amplio, se han analizado los vínculos sistemáticos entre la expansión de la producción, el mercado y las finanzas, por un lado, y el incremento del sector informal desempeñado por las mujeres, la precariedad del empleo, la segmentación de género del mercado laboral y los altos niveles de inmigración femenina, por otro (Pyle y Ward, 2003). Un nutrido número de investigaciones muestran que, pese al ingreso masivo de las mujeres en el mercado laboral, la progresión de ellas a las filas de los más pobres no ha disminuido y el término «feminización de la pobreza» ha pasado a formar parte del vocabulario común de Naciones Unidas, de los Informes de otros organismos internacionales y de la investigación académica. Aunque las estadísticas varían, se estima que las mujeres son el 60 o 70 % de los pobres del mundo. La relación entre la pobreza como un fenómeno multidimensional y la desventaja de género ha avanzado de manera considerable atendiendo a la diversidad de tipos de hogares, contextos ecológicos e impacto de las economías globales sobre los ámbitos locales. También se ha puesto de relieve que esta pobreza específica es consecuencia de la falta de poder y control sobre las decisiones importantes que afectan a la vida de cada sujeto y se destaca la incidencia del sistema sociocultural androcéntrico, las normas de las comunidades e instituciones locales que impiden a las mujeres tomar decisiones que son vitales para la supervivencia de los hogares, para sus condiciones de existencia y para transformar la enorme carga de trabajo en recursos propios (Molyneux y Razavi, 2002; Bifani, 2003: 214; Rai, 2002: 198-216).

La persistencia de la segmentación de género del mercado laboral en el marco de la globalización neoliberal induce a una preferencia por la fuerza laboral femenina cuya incorporación se produce en condiciones de precariedad, flexibilidad y desprotección social. Situación de «permanente interinidad» como ha señalado Celia Amorós (2008: 173). Esta circunstancia no es ajena a la división del trabajo en los hogares que condiciona la entrada, permanencia y condiciones que el mercado laboral impone a las mujeres. Se produce, por tanto, una acumulación «genérica» del capital que se retroalimenta de los dividendos patriarcales producidos en las relaciones interpersonales, en los hogares, en las comunidades locales y los Estados como consecuencia de las prescripciones sobre el lugar que las mujeres han de ocupar y el alargamiento del tiempo de trabajo oculto dedicado a las tareas de reproducción social en sentido amplio y el cuidado a los demás. Este alargamiento del tiempo que varía según los contextos, las áreas del mundo, las coyunturas económicas y la ausencia o disminución de políticas públicas, tiene en común la construcción de la identidad adscriptiva de las mujeres, uno de cuyos ejes es el valor del tiempo para otros, cuyas consecuencias se manifiestan en el deterioro de su salud, integridad y seguridad. Sin embargo, los obstáculos conceptuales, empíricos y políticos, tanto en los ámbitos internacionales como nacionales, sobre la medición de los usos diferenciales del tiempo, que María Ángeles Durán (2000, 2003, 2006) ha puesto de manifiesto, revelan la resistencia a la innovación en el marco de las fronteras disciplinares y la supremacía de indicadores dudosos de crecimiento económico y progreso alejados de un modelo de desarrollo basado en el bienestar de las personas y de manera especial de las mujeres que viven una sobrecarga de trabajo en peores condiciones.

Del mismo modo, cabe señalar que las relaciones sociales de desigualdad que se ponen en juego en los procesos de globalización persisten en hacer gravitar las relaciones de poder en relaciones de fuerza y violencia en el devenir de la humanidad a escala planetaria. La guerra tiene múltiples implicaciones para las mujeres. Sobre ellas recae no solo la sobrecarga de las tareas productivas, reproductivas y de supervivencia, sino que, además, ellas se han convertido en objeto de violencia sexual en el contexto de las contiendas bélicas tanto entre países como entre grupos étnicos en el interior de un mismo país. La violencia contra las mujeres como arma de subyugación, humillación política y venganza política ha comenzado a despertar interés a partir de la guerra en la ex Yugoslavia. Esta guerra que se libra sobre los cuerpos de las mujeres les ocasiona en muchos casos la muerte física, en muchos otros deterioros físicos y psicológicos irreparables, y en la mayoría de los casos la muerte social en sus propias comunidades una vez superado el conflicto armado porque sobre ellas recae la culpa, el estigma y la deshonra de su familia. Este fenómeno requiere ser estudiado y visibilizado en toda su magnitud, ya que los informes que comienzan a producirse señalan también que en tiempos de guerra la violencia contra las mujeres aumenta en el ámbito familiar y doméstico y aumenta aún después de cesar las hostilidades debido a la disponibilidad de armas y a que la violencia ejercida por los varones se convierte en algo socialmente aceptado (Amnistía Internacional, 2005). Asimismo, se registra el ejercicio de la violencia contra las mujeres en sociedades que acaban de superar un conflicto armado por parte de las fuerzas militares internacionales encargadas del mantenimiento de la paz (Amnistía Internacional, 2004: 83). La recurrencia de la violación y la violencia en todas sus formas como efecto colateral y como instrumento político hace afirmar a Fred Halliday que «aún está por escribirse la historia de las guerras mundiales como conflictos de género» (2002: 190). Mientras este cambio en el conocimiento no se produzca y persistan las prácticas mencionadas, los procedimientos y acuerdos de paz no serán tales.

Lo que venimos planteando revela que las características de la globalización mencionadas en el apartado anterior adquieren otras dimensiones y acentúan sus paradojas si se las contempla desde la perspectiva de género. Así, por ejemplo, la reorganización del tiempo, que es una de las características atribuidas a los procesos de globalización como consecuencia de las tecnologías de la comunicación y los transportes, genera una compresión del mismo y, a la vez, su alargamiento si se tiene en cuenta el trabajo de las mujeres en toda su extensión y no solo en términos del empleo regulado. La permeabilidad de las fronteras o su disolución no es tal al constatar el mantenimiento de las fronteras de género, fronteras vigiladas que dividen dos mundos con un enorme diferencial de renta, poder y autoridad. El término «des-territorialización», que, como hemos visto, es utilizado para indicar la descentralización espacial de los procesos productivos, políticos y de consumo, así como la movilidad de los capitales y las finanzas en busca de inversiones más rentables, ha de contemplarse también, desde la antropología feminista, como el desplazamiento material y simbólico de las mujeres y la transgresión de las representaciones y actividades asignadas por los sistemas de género de una manera fija a unos espacios determinados. Así, la dialéctica des-territorialización/territorialización con respecto a la desigualdad de género se presenta de una manera inestable y contradictoria como consecuencia de los procesos de globalización en su vertiente económica, política, cultural e ideológica. En este sentido, cobra interés el estudio de las consecuencias estructurales de la delimitación de los espacios, tiempos y actividades, así como las ideologías legitimadoras, sean estas de carácter biológico, religioso, filosófico o cultural, que fijan de manera esencialista e inmutable el lugar que hombres y mujeres han de ocupar en la estructura social y que intervienen en la conflictiva relación dialéctica entre las economías políticas globales y locales. Asimismo, es necesario el conocimiento de cómo se construye el acceso diferencial a los recursos por parte de hombres y mujeres a través de las instituciones a nivel local, regional y supranacional. Dadas las características multidimensionales de la globalización y su carácter histórico, contradictorio y contestado, es clave el estudio de las estrategias desarrolladas por las mujeres para impugnar el orden existente, su capacidad de maniobra en contextos específicos, pero también las fuerzas que constriñen su acción y que reproducen la desigualdad. Es importante asimismo generar desde estudios detallados nuevas categorías que hagan visible lo que aún permanece oculto en relación con la violencia que sufren las mujeres que permitan redefinir las doctrinas de seguridad y resolución de conflictos en aras de la consecución de la paz.

Todo lo que se ha venido planteando hasta aquí sitúa los derechos de las mujeres como derechos humanos en el centro del debate de la globalización, cuestiones a las que me referiré en el siguiente apartado.

3. Globalización y derechos humanos de las mujeres

Para algunos autores, globalización y derechos humanos son dos realidades antitéticas. En este sentido, Javier de Lucas (2003) señala que hay una usurpación del discurso universalista por la ideología de la globalización. A su juicio, una de las trampas que encierra el discurso de la globalización es que pretende presentar como sinónimos globalización y universalización. En su opinión, el modelo de globalización tal y como se desarrolla en la actualidad no es compatible con el proyecto de universalidad, con la lógica de los derechos humanos como progreso moral y como ideal emancipador:

El discurso de la globalización, en lo relativo a los derechos, en lugar de ser un movimiento de universalización se traduce en el progresivo condicionamiento de los mismos: mientras los sujetos universales de la globalización (el tráfico de mercancías y el flujo de capital financiero, básicamente) mejoran, el resto de la población sufre crecientes restricciones en la titularidad de los derechos (2003: 35).

Desde posiciones feministas se argumenta a favor de la relación entre lo global y lo universal. Sylvia Walby considera que la apelación a la noción de derechos humanos universales se ha revigorizado por el desarrollo de instituciones globales. Este reclamo depende no solo de unos principios filosóficos y antropológicos comunes y aceptados, sino también de una serie de mecanismos institucionales que les dan expresión práctica. Este conjunto de prácticas institucionales, de nuevas formas de comunicación y de acción política que buscan la justicia está aumentando con la globalización (Walby, 2001). Probablemente, ambas posiciones no son del todo antitéticas. Revelan dos modos de entender la globalización y ponen el énfasis en unos procesos u otros. En la primera, el énfasis se pone en la globalización económica y particularmente en la denuncia del modelo neoliberal imperante cuya instancia crítica reside en los ideales emancipatorios de los derechos humanos. En la segunda, el énfasis está en la circulación de ideas y valores, en la acción inédita de un sistema tecnológico de información, telecomunicación y transporte, en la acción política transnacional, y en la expansión e interconexión de mecanismos institucionales que generan nuevos espacios y garantías jurídicas. En ambas posiciones se apela a la universalidad de los derechos humanos y, aunque no son antitéticas en cuanto al horizonte crítico y la búsqueda de una universalidad efectiva, sin embargo, en la posición de Walby, la globalización no es la antítesis de los derechos humanos, sino que es el contexto y el ámbito de posibilidad en el que se vigoriza la búsqueda de la justicia, el aumento de redes de conciencia global y de marcos institucionales multilaterales. Esta idea es expresada también por la antropóloga Kirsten Hastrup, en una formulación que comparto, cuando afirma que: «la lección actual es que la cultura de los derechos humanos es parte del momento histórico: expresa tanto una cuestión global como una reacción frente a dichos procesos» (Hastrup, 2001b: 11).

También esta autora resalta la importancia de la historia y la agencia humana como articulación entre globalización y derechos humanos porque, a su juicio, la globalización en determinadas teorizaciones se ha tornado una suerte de «globalismo». Al igual que el orientalismo, el globalismo permanece como una perspectiva ajena al mundo sostenido por un realismo metafísico que niega la historicidad y la agencia humana. No hay agentes responsables en una visión globalista del mundo. Por este motivo es importante, como ha señalado García Canclini, reconocer el «soporte humano» de estos procesos porque evita el reduccionismo de los movimientos económicos a flujos anónimos que afianzan la doctrina neoliberal que afirma al mismo tiempo la libertad y la fatalidad de los mercados. Asimismo, defiende este autor que incluir el papel de las personas evita el coste de aislar a la economía de un diálogo fructífero con las teorías sociológicas y antropológicas y, a la vez, permite dar cuenta de: «el drama, la responsabilidad y la posibilidad de reorientar el itinerario» (García Canclini, 2008: 63).

Del mismo modo, es importante contemplar los derechos humanos como un producto histórico, consecuencia de la acción humana, cambiantes y por tanto como proceso inacabado. La historia de los derechos humanos es larga y compleja, tanto en lo referente al plano de la lucha política como a la lucha por las ideas, porque nunca han estado ni están al margen de las relaciones sociales de desigualdad. Desde las últimas décadas del siglo XX, el sistema de derechos humanos, entendido en términos de discursos, prácticas e instituciones, se ha convertido en el lenguaje predominante de la justicia social a escala planetaria. Es en este marco donde surgen nuevos actores sociales que demandan ser escuchados en la escena mundial y local y, al reivindicar su inclusión como titulares de derechos, ponen de manifiesto las contradicciones entre los ideales abstractos y la realidad, las contradicciones y tensiones entre las mismas formulaciones de los derechos y, a la vez, pretenden redefinir sus contenidos y el sistema en su conjunto. En este sentido, la antropóloga Ellen Messer considera que el marco de los derechos humanos de Naciones Unidas ha cambiado profundamente en los últimos cincuenta años. Ha cambiado desde la protección de los individuos del poder de los Estados y la protección de los Estados emergentes de los abusos coloniales a la protección de las personas de los efectos de las políticas económicas, así como de las minorías étnicas en el interior de los Estados, incluyendo la aceptación de los derechos colectivos. Considera que el sistema de Naciones Unidas se ha hecho más flexible y más plural en respuesta a lo largo del tiempo (Messer, 1997: 295, 299).

Otro de los aspectos que vincula la globalización a los derechos humanos tiene que ver con el surgimiento de nuevas necesidades y realidades surgidas del proceso de globalización y de los cambios sociales, políticos y tecnológicos relativamente recientes que no pueden ser satisfechos en el marco limitado del Estado-nación. El derecho a la libre circulación de las personas, el deterioro ambiental, la justicia internacional, la paz, el desarrollo, la seguridad alimentaria, por mencionar solo algunos de los más acuciantes, solo podrán ser efectivos en nuevos escenarios políticos y, aunque sus efectos se hacen sentir en los contextos locales y nacionales, requieren de análisis, formulaciones, pactos y soluciones a nivel global.

Lo que hoy denominamos sistema de Naciones Unidas comenzó a fraguarse como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto con el fin de diseñar y poner en práctica medidas que pudieran evitar en el futuro catástrofes similares, y dio origen a una legalidad internacional que garantizara las libertades de los individuos, la igualdad y la paz. Pronto se llegó a comprender que para alcanzar la paz y el progreso de las naciones era necesario que en cada país estuvieran garantizados los principios básicos de libertad y justicia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en 1948 es heredera de la Ilustración, de los ideales de la Revolución Francesa y de los principios de la Declaración de la Independencia Americana. La Declaración enumera y define en su articulado una serie de derechos inherentes a la persona; los relativos a la protección y seguridad; los relativos a la vida política; los de contenido económico y social y los relacionados con la vida jurídica de las personas. Enumera y define, así, los más importantes derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La afirmación de que «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos […] sin distinción alguna de raza, color, sexo, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento…» establecida en los artículos primero y segundo respectivamente de la Declaración, expresa una ideología que sostiene la equivalencia entre todos los seres humanos, el mismo valor y la libertad. En la historia contemporánea, estos principios han posibilitado, como hemos visto, la expansión de los derechos humanos como consecuencia de la acción colectiva de los movimientos sociales y las reformulaciones conceptuales que necesariamente preceden y/o acompañan a las prácticas sociales de carácter transformador.

Por este motivo, no se pueden desconocer las características de los procesos de globalización iniciados en la segunda mitad del siglo XX con la conjunción de los cambios operados en los mercados financieros, económicos, y de las tecnologías de la comunicación, que distinguen a este período de lo que ocurrió en las etapas colonialista e imperialista. Al mismo tiempo, la Declaración de 1948 marca también un hito en la nueva configuración de lo global, ya que es un modo de imaginar el mundo, y así gradualmente hacerlo real. Como ha señalado la antropóloga Hastrup «El deseo común de vivir libres de los horrores de la violencia, el hambre, la tortura, la enfermedad y la discriminación es indicación de la humanidad compartida y, a la vez, fundamentación y aspiración de los derechos humanos. El lenguaje de los derechos humanos supone la ambición de universalizar la justicia y la igualdad […], plantea un modo de imaginar el mundo y así gradualmente hacerlo real […] y en este sentido forman parte de la complejidad del mundo actual y de las posibilidades de su transformación» (Hastrup, 2001a: 21).

A menudo se utilizan indistintamente las expresiones «derechos humanos» y «derechos de ciudadanía», por esta razón Cristina Sánchez distingue entre unos y otros con el fin de aclarar a qué tipo de derechos nos estamos refiriendo y si hay diferencias sustantivas entre ambos. La autora señala que los derechos humanos se caracterizan por una serie de notas distintivas respecto a otro tipo de derechos: son universales (todas las personas son titulares de los mismos, con independencia de su vinculación o no a un Estado y de rasgos como el sexo, la raza o la religión), y son inalienables e irrenunciables. Implican un acuerdo, una exigencia de homogeneidad moral respecto de los mismos. Como señaló Hannah Arendt, el principal derecho humano, que fundamenta todos los demás, es el «derecho a tener derechos» como derecho básico, anterior a otros.

Los derechos humanos, a su vez, han pasado por diferentes etapas en su proceso de expansión: positivación, es decir, la plasmación en textos legales; generalización, que supone la extensión de los sujetos titulares de los mismos; internacionalización, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en 1948, que los muestra tendencialmente universales y revela un consenso sobre el contenido de los mismos; especificación, que supone el reconocimiento de diferencias específicas de grupos en los que se insertan las personas: derechos de las minorías/derechos de grupos. Por el contrario, prosigue la autora, los derechos de ciudadanía no son objeto de titularidad universal, sino que son específicos de aquellas personas que tienen un estatus: derechos de los/las ciudadanos/as. Se caracterizan por su exclusividad. Si el reconocimiento de la persona en cuanto tal es lo que la hace ser titular de los derechos humanos, el reconocimiento de la persona en la comunidad la hace ser titular de los derechos de ciudadanía y por tanto es la comunidad la que va a decidir las características que debe poseer la persona, el individuo, para obtener la membresía en los derechos. En este sentido, la dialéctica inclusión/exclusión aparece como elemento configurador del espacio político (Sánchez, 2003: 19-20).

La larga historia del movimiento feminista no podía dejar de encontrarse con el nuevo sistema de derechos humanos incorporando las demandas históricas de las mujeres y el caudal de conocimiento generado por el feminismo como movimiento transformador de las relaciones sociales de género. Porque como ha señalado Amelia Valcárcel «el feminismo es un universalismo de raíz ilustrada que ha dirimido siempre su agenda política con la ayuda de las declaraciones universales» (2008: 298). Elisabeth Jelin sintetiza la relación entre el movimiento de mujeres y los derechos humanos en este momento histórico de la siguiente manera: frente a las mujeres sin derechos humanos, el camino es obtener los derechos humanos para esas mujeres; las mujeres por los derechos humanos y en los movimientos de los derechos humanos como participantes de una lucha democratizadora que amplíe el reconocimiento del derecho universal a tener derechos; las mujeres ante los derechos humanos supone el desafío mayor porque requiere una participación activa en la redefinición permanente del concepto mismo de derechos humanos, los supuestos del discurso de derechos con una permanente contextualización en los sistemas de relaciones sociales, especialmente las relaciones de género, que supone, a su juicio, superar el encuadre androcéntrico y occidental originario, sin por ello abandonar los ideales de libertad y equidad que los inspiran (Jelin, 1994: 21, cursivas de la autora).

Por lo que venimos planteando, la expresión «derechos humanos de las mujeres» parecería una redundancia. Sin embargo, ganó terreno en la crítica feminista y en los movimientos de mujeres en distintas partes del globo en los años 80 para indicar la importancia de utilizar el marco de los derechos humanos para hacer avanzar los derechos de las mujeres. En lugar de reclamar derechos como mujeres, reclamaron los derechos humanos de la mitad de la humanidad (Bunch, 1995). En este sentido, esta expresión indica también que la prueba del ideal civilizatorio de los derechos humanos está unido a la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres. El eslogan formaba parte de una estrategia para el cambio de la desigualdad de género tanto en el ámbito conceptual como político y que implicaba la articulación de los distintos lugares del cambio tanto en los ámbitos locales, estatales, regionales como en los espacios de los organismos internacionales. Haré referencia a tres de estas estrategias: el movimiento feminista global; la visibilidad de las mujeres en los derechos civiles, políticos y socioeconómicos, y la creación de mecanismos legales en contra de la discriminación sexual. Aunque se mencionan separadamente, se han dado y se dan de manera combinada y tampoco excluyen otras avenidas de cambio en este proceso inacabado.

Con respecto al movimiento feminista global, es importante señalar que la celebración de los encuentros internacionales auspiciados por Naciones Unidas en la denominada Década de la Mujer (México, 1975; Copenhague, 1980; Nairobi, 1985) fueron la consecuencia de las demandas feministas y, a la vez, constituyeron la estructura de oportunidad de ampliar las bases del movimiento, sus formas organizativas, y transformar la agenda política a nivel internacional. La entrada del movimiento amplio de mujeres en este nuevo espacio abierto por Naciones Unidas no se limitó exclusivamente a las Conferencias sobre la Mujer, sino que su impacto fue muy notable en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, así como en muchas otras dedicadas a la Educación, al Medio Ambiente, Desarrollo y Población celebradas en los años 90 donde la igualdad de género aparece como una cuestión clave en la reorientación y concepto sobre el desarrollo y sus problemas más acuciantes. No obstante, probablemente sea la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, Acción para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz celebrada en Beijing en 1995 la que dio a conocer a escala planetaria el alcance político de las demandas de las mujeres, y de las redes como forma organizativa de los movimientos sociales. Esta organización reticular permitió el trasvase de información, de toma de decisiones, de elaboración de propuestas y documentos, y articuló un movimiento global desde las necesidades sentidas en los ámbitos locales de distintos rincones del mundo con las negociaciones políticas a nivel estatal, regional e internacional. El proceso preparatorio fue una oportunidad para la movilización de las mujeres en los distintos continentes y el surgimiento de muchas organizaciones no gubernamentales asiáticas, africanas y latinoamericanas que veían en este evento una esperanza para el cambio de sus condiciones de vida. Se incorporaron nuevos sectores de mujeres hasta entonces no organizadas y el carácter masivo de esta movilización junto a la legitimación del evento influyó en las élites políticas de países donde los derechos de las mujeres eran una cuestión postergada o negada (Maquieira, 1996).

En este sentido, puede afirmarse que el proceso fue el resultado del consenso de las mujeres a escala planetaria teniendo en cuenta las condiciones de su diversidad tanto económica como ideológica, de opción sexual, de edad, de origen étnico, religioso y de posición en el orden mundial sobre los principales problemas comunes de la desigualdad de género y las soluciones para afrontarla. La Plataforma para la Acción adoptada en la Conferencia de Beijing, si bien no tiene naturaleza jurídica, supuso un hito en la política internacional de género al asumir que el «empoderamiento» de las mujeres y la igualdad entre hombres y mujeres son condiciones indispensables para lograr la seguridad política, social, económica, cultural y ecológica entre todos los pueblos y por tanto era necesario abordar esta desigualdad con estrategias globales. No obstante, cabe señalar que las cuestiones más polémicas en la cumbre oficial fueron las referidas a los derechos sexuales y reproductivos que finalmente fueron excluidos del documento consensuado, el concepto de género como superador de la diferencia entre hombres y mujeres anclado en la biología y el debate sobre la especificidad cultural. El informe final, la denominada Plataforma para la Acción, contiene una descripción detallada de los problemas más relevantes de las desigualdades de género, las causas de la subordinación de las mujeres, y objetivos y medidas para el logro de la igualdad. Objetivos que siguen siendo objeto de evaluación en encuentros mundiales por las delegaciones oficiales de los países miembros y también con la participación de las diversas redes del movimiento de mujeres y organizaciones no gubernamentales. A partir de estos exámenes se constata la persistencia de la desigualdad de las mujeres según los indicadores de pobreza, violencia, educación, salud, incidencia del SIDA, poder político y trabajo remunerado, como hemos indicado en el apartado anterior.

A pesar de la importancia de estas cumbres mundiales, el movimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos abordó desde sus inicios la exclusión de las mujeres de la corriente principal de la ley internacional. La doctrina de la separación y clasificación de los derechos por tipos o «generaciones» ha polarizado las discusiones sobre la prioridad de unos y otros en la escena internacional hasta nuestros días. Así, los países del Norte han dado preferencia a los derechos civiles y políticos, mientras que los países menos desarrollados o aquellos que no han estado situados bajo la hegemonía capitalista durante la Guerra Fría han puesto énfasis en los derechos sociales, económicos y culturales. Desde los años 70, la crítica feminista en el ámbito de los derechos humanos defendió la indivisibilidad de los derechos como un modo de abordar de manera integral la desigualdad de género. Más aún, se ha señalado que las diversas generaciones de derechos tienen en común la exclusión de la experiencia de las mujeres y por ello esta inclusión no es agregar mujeres y «revolver» sino agregar para transformar (Charlesworth, 1995: 106), como veremos a continuación.

La visibilidad de las mujeres en los derechos civiles, políticos y socioeconómicos ha sido otra de las estrategias de inclusión de las mujeres en el marco de los derechos humanos. Uno de los cuestionamientos que se han llevado a cabo se refiere al propio organigrama de la ONU, el peso y prestigio otorgado a determinadas Comisiones frente a otras, los recursos y mecanismos previstos para el cumplimiento de los diferentes acuerdos normativos y el carácter vinculante o no vinculante de los textos emanados. Así, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Protocolo Facultativo de este último tienen carácter vinculante, mientras no es este el caso para las Declaraciones que no generan obligaciones jurídicas respecto a su cumplimiento, y menos aún una Plataforma para la Acción, como hemos señalado anteriormente. Se ha puesto de manifiesto que durante los largos años de la Guerra Fría, la consideración de los derechos humanos estuvo confinada a la batalla entre la divisoria europea de Este/Oeste y, de modo más general, la batalla entre los países capitalistas y los países comunistas. En este contexto, la opresión de las mujeres no fue considerada como una cuestión política, por lo cual la desigualdad de género y la violencia ejercida contra ellas estaba excluida de la agenda de los derechos humanos. De este modo, las prácticas vejatorias cometidas contra las mujeres no formaron parte de los tratados y acuerdos sobre la paz, la integridad territorial o las relaciones internacionales (Bunch, 1995). La violencia contra las mujeres como violación de los derechos humanos no se hizo visible hasta la Conferencia de Viena sobre Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993. El reclamo por la voz y la presencia de las mujeres no solo se refiere a las formulaciones normativas, sino también al funcionamiento mismo de Naciones Unidas. Se denuncia el énfasis por parte de la ONU en balancear la representación ideológica y geográfica como un modo de equilibrio de los intereses políticos y geoestratégicos y como muestra de democratización del propio sistema. Sin embargo, no se atiende a la necesidad de democratización en clave paritaria. Las mujeres quedan así ausentes de los grandes temas que ocupan la agenda internacional y global y, a su vez, las cuestiones relativas a la igualdad de género tampoco atraviesan dichos temas (Charlesworth, 1995).

La crítica feminista a la dicotomía público/privado como una representación de las relaciones de género inscrita en las corrientes principales del pensamiento occidental y, por consiguiente, tanto del liberalismo tradicional como moderno, es otra de las cuestiones críticas que tiene importantes consecuencias tanto en la formulación de los derechos como en las prácticas políticas. A partir de esta dicotomía se instauró en el siglo XVIII la desigualdad de derechos entre hombres y mujeres y ellas quedaron excluidas como titulares de los mismos al ubicarlas en el ámbito naturalizado de la domesticidad. La desigualdad de derechos se tradujo también en una concepción cultural específica acerca de los comportamientos normativos para varones y mujeres tanto en el hogar como fuera de él. Esta elaboración cultural constituyó la base de una serie de ideas acerca de la maternidad, la paternidad, la familia, la sexualidad y el trabajo que han sobrevivido hasta nuestros días bajo diversos lenguajes tanto en el corpus predominante de las diversas disciplinas académicas como en el modo de organizar la vida social. Como ha señalado Elena Beltrán, la idea de mantener el ámbito de la vida doméstica fuera de la intervención estatal y la supuesta neutralidad del Estado en relación con esta esfera no dejan de ser una ficción completamente alejada de lo que ha sido la regulación y control jurídico de la familia y la reproducción que no ha sido más que un refuerzo del patriarcado. Pero también esta ficción ha sido útil para obstaculizar la intervención de las leyes en los temas como violaciones o malos tratos (Beltrán, 2001: 95).

Estas consideraciones están en la base de la redefinición de los derechos civiles, políticos socioeconómicos y culturales y de las políticas de los Estados miembros en relación con la discriminación de las mujeres y las medidas que han de adoptarse sobre las distintas formas de violencia que se ejercen sobre ellas contemplando la que se ejerce en la esfera doméstica y/o de las relaciones familiares como violación de aquellos derechos humanos básicos. En cuanto a la responsabilidad estatal, se ha mostrado cómo la distinción entre el abuso privado y el abuso público es una dicotomía usada a menudo para justificar la subordinación de las mujeres y excluir del escrutinio público los abusos de los derechos humanos en la familia. Sin analizar la vinculación entre ambas esferas no es posible detectar las restricciones de los derechos de las mujeres en el ámbito privado y cómo esto incide en la imposibilidad de participar plenamente en la arena pública. Del mismo modo, sin considerar el carácter político de lo que se considera el ámbito privado de la familia o esfera doméstica es imposible tipificar las restricciones a la movilidad de las mujeres por las normas que rigen en el ámbito familiar al mismo nivel de las penalizaciones que rigen en el caso de los Estados que no permiten salir a sus ciudadanos de su territorio, y, sin embargo, solo en este último se esgrime como una violación de los derechos, mientras que no es así en el primer caso. Contemplada la opresión de las mujeres como un asunto político y la construcción ideológica de la dicotomía público/privado, se cuestiona el contenido del Pacto relativo a los derechos civiles y políticos y se han podido examinar los tratados sobre el derecho a la vida, sobre la tortura, la esclavitud, el trato cruel o la servidumbre a través de la lente de la desigualdad de género y la violación de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Muchos de los abusos registrados son parte de un amplio entramado socioeconómico y cultural. Esta es la razón por la que la indivisibilidad de los derechos y la reivindicación del derecho al alimento, a la salud, al trabajo, y a un orden social e internacional en el que los derechos y libertades se hagan efectivos tal y como se establece en la Declaración de 1948, se han considerado cruciales para abordar las condiciones de vida de las mujeres.

La tercera de las estrategias para el cambio de las condiciones de vida de las mujeres ha sido la creación de nuevos mecanismos legales que tengan como objetivo prioritario combatir la discriminación por razón de sexo. Estos esfuerzos se orientan a lograr que las instituciones legales y políticas de ámbito estatal, local e internacional amplíen su responsabilidad y se impliquen en el cumplimiento de este objetivo. El primer ejemplo en el ámbito internacional es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer cuyas siglas en inglés son CEDAW, y que fue adoptada por la Asamblea de Naciones Unidas en 1979. A través de los treinta artículos de la Convención se ofrece un análisis detallado del significado de la discriminación y los pasos que se deben dar para su erradicación; se incluye una propuesta tanto de la igualdad de oportunidades como de la igualdad de resultados. También se hace un llamamiento a los Estados miembros para que tomen todas las medidas adecuadas con el fin de eliminar la discriminación por parte de cualquier persona, organización o empresa, lo cual implica un reconocimiento de las violaciones de los derechos reconocidos tanto en el ámbito privado como público. No obstante, se ha criticado el carácter limitado con que la Convención diagnostica la violencia, y la falta de claridad acerca de la responsabilidad de los Estados en la eliminación de la violencia de género. En parte, estas limitaciones se han subsanado al menos a nivel discursivo, y como consecuencia del trabajo sostenido del movimiento global de mujeres, en Declaraciones y Convenciones realizadas en los años 90. La CEDAW ha sido y es una oportunidad, dada la legitimidad que supone un documento de estas características emanado de Naciones Unidas, en torno al cual las mujeres pueden organizarse para lograr cambios legales y políticos en diversas regiones del mundo. Pero quizás lo más destacable sea que no hay sanciones previstas para el incumplimiento de la Convención y que recae sobre este instrumento una gran cantidad de reservas formales. La Convención ha sido ratificada por 179 Estados, y de estos, 53 han hecho reservas formales a algunos de sus artículos. Este tipo de reservas son una medida unilateral por parte de un Estado miembro por la cual excluye o modifica el efecto legal del texto o de ciertas provisiones del tratado en su aplicación. En el caso de la CEDAW, se admiten estas reservas unilaterales aunque sean incompatibles con los fines de la Convención, lo cual contrasta con las reglas adoptadas en otros casos, por ejemplo en la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), donde son sometidas a votación las reservas y pueden declararse incompatibles con el objeto de la Convención (Mayer, 1995: 179). Como ha señalado la jurista Ann Stewart en un estudio conmemorativo de los veinticinco años de la CEDAW, las reservas que los distintos países han hecho a esta se refieren a aspectos sustantivos tales como la igualdad ante la ley, la discriminación en el empleo; los referidos a las medidas políticas activas en contra de la discriminación y el artículo referido a la igualdad de derechos y obligaciones de hombres y mujeres en el matrimonio y las relaciones familiares, así como el referido a los derechos reproductivos de las mujeres. Sobre estas dos últimas cuestiones se ha concentrado el mayor número de reservas (Stewart, 2004: 9). Estas circunstancias desvirtúan la ratificación inicial, suspenden la implementación por parte de los Estados que son parte de la Convención y, por tanto, el cumplimiento de los objetivos propuestos. Gran parte de las reservas formuladas y de la discusión sobre las mismas se esgrimen en términos de la defensa de la particularidad cultural. Una cuestión que ha estado muy presente en muchos otros foros de Naciones Unidas y que vuelve a plantear la tensión entre relativismo y universalismo, como veremos en los siguientes apartados.

4. Antropología, relativismo cultural y derechos humanos

Desde la promulgación de la Declaración de los Derechos Humanos en 1948 ha estado presente en la escena internacional el debate sobre la posibilidad de defender y aplicar derechos de carácter universal en un mundo de diferencias culturales. En una línea semejante se ha planteado el problema de la relatividad de los derechos humanos, en el sentido de que tales derechos tienen un contexto cultural específico, la tradición histórico-política occidental que, sin embargo, se pretende universalizar a otros ámbitos culturales en los cuales lo humano se define por otros contenidos y significados alejados de la concepción individualista que anima la tradición liberal occidental. En términos generales, la doctrina del relativismo en el ámbito de la antropología se basa en el principio de que toda experiencia humana está culturalmente mediatizada. Es decir, que tal experiencia está estructurada por la asimilación de una cultura y, por consiguiente, que las percepciones, valoraciones y juicios dependen del sistema cultural en el cual se originan. Desde esta perspectiva, el relativismo moral es un aspecto del relativismo cultural. Y a partir de ello se plantea que todo juicio de valor está culturalmente condicionado y solo tiene validez en y para el contexto social y cultural que le ha dado origen. Por tanto, las diversas formulaciones del relativismo concuerdan en afirmar que es imposible establecer criterios universalmente aceptables para medir y comparar distintos sistemas de valores.

Melville Herskovits, autor a quien se considera en la historia de la antropología uno de los máximos exponentes del relativismo cultural, planteaba, en los años 40 del siglo XX, en un escrito que alcanzó gran influencia, «la necesidad de suspender todo juicio valorativo» con respecto a culturas ajenas a la propia, dado que, como hemos señalado, «los juicios están basados en la experiencia y la experiencia es interpretada por cada individuo en base a su propia endoculturación» (Herskovits, 1948 [1974]: 77). En el mismo texto, Herskovits afirma que la actitud contraria al relativismo cultural es el etnocentrismo, al que define como «el punto de vista según el cual el propio modo de vida es preferible a todos los demás» (op. cit.: 82). Si bien considera que la cultura occidental ha llevado hasta el extremo esa actitud a través de la absolutización de sus códigos morales y de sus prácticas, sin embargo defiende que el etnocentrismo es universal porque forma parte de un mecanismo de adaptación de los individuos a su entorno sociocultural.

Por todo ello, establece su defensa de la diversidad cultural y la necesidad de respeto y tolerancia frente a convenciones culturales diferentes de las propias. Afirma que se ha hecho necesaria la discusión de los problemas que suscita el relativismo cultural como respuesta a la experiencia occidental en la cual sus sistemas de comportamiento y de valor se han proclamado como exclusivos y generales para el conjunto de la humanidad. Es importante resaltar que el pensamiento de Herskovits se inscribe en el marco de la reacción teórica contra el evolucionismo unilineal decimonónico que alumbró los orígenes de la antropología como disciplina. La crítica del particularismo boasiano cuestionó los esquemas evolucionistas por considerarlos cargados de valoraciones etnocéntricas, tal y como se reflejan en su visión del progreso lineal de la evolución en el marco de la cual toda la diversidad cultural registrada debía encontrar su plena realización en el estadio civilizatorio como etapa superior de la evolución que correspondía a los logros de la cultura occidental.

A esta consideración de la cultura en una escala jerárquica, el relativismo opuso una visión de la existencia equivalente de una multiplicidad de culturas en el espacio. Con ello contribuyó a la crítica sobre los orígenes de la antropología y su utilización como legitimación del dominio colonialista occidental. Así, los defensores del relativismo cultural nos aconsejan admitir la validez de todos los sistemas de valores y comportamientos y, en palabras de Herskovits, se ha de defender «la dignidad inherente a cada cuerpo de costumbre» (Herskovits, 1974: 90). Para muchos autores, aceptar el valor equivalente de las diferentes realizaciones culturales supuso un gran triunfo teórico del relativismo frente a las posiciones racistas y etnocentristas del evolucionismo, y por ello el relativismo ha sido considerado el mayor aporte de la antropología a la convivencia entre los seres humanos. Sin embargo, considerar como equivalentes todas las realizaciones culturales en un mundo desigualitario, puede conducir a resultados perversos. Paradójicamente, el humanismo relativista que surge en reacción al determinismo naturalista ha sido usado, como luego veremos, como un instrumento para legitimar la desigualdad al reificar los límites entre las culturas y ocultar las relaciones de desigualdad que existen en su interior.

En 1947, una de las comisiones de Naciones Unidas llevó a cabo una investigación entre filósofos, científicos sociales y juristas acerca de los fundamentos de una Declaración de derechos humanos que tuviera alcance universal. La necesidad de dar a conocer las teorías antropológicas y su significado en los debates que precedieron a la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, motivó el Informe sobre la cuestión cuyo borrador escribió Herskovits y que posteriormente fue consensuado por el Comité Ejecutivo de la Asociación Americana de Antropología (AAA). Esta Declaración sobre los Derechos Humanos fue presentada a las Naciones Unidas en 1947 y el texto fue publicado en la revista American Anthropologist (Executive Board, AAA, 1947: 539-543).

En este Informe se plantea que el problema fundamental de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es cómo resolver que sea aplicable para todos los seres humanos y que no sea un catálogo de derechos concebidos solamente en términos de los valores prevalecientes en los países de Europa occidental y América del Norte. Siguiendo las ideas de Herskovits, se dice que «las ideas de lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, se encuentran en todas las sociedades», aunque difieren en su expresión entre las diferentes culturas. Aquello que se considera ser un derecho humano en una sociedad puede ser considerado antisocial por otros pueblos o por la misma gente de una cultura en otro periodo de su historia (op. cit.: 542). Se señala que “el problema de establecer una Declaración de Derechos Humanos era relativamente simple en el siglo XVIII porque no se trataba de derechos humanos sino de Derechos del Hombre dentro del marco de ideales y sanciones de una sociedad concreta. Aun así, un documento tan noble como la Declaración Americana de Independencia fue escrita por quienes eran ellos mismos propietarios de esclavos en un país donde la esclavitud era una parte reconocida del orden social” (op. cit.: 542, cursiva en el original). Si bien esta última crítica es pertinente, sin embargo impide captar la importancia de la radicalización de aquellas ideas que hicieron posible la lucha contra la esclavitud y los derechos de ciudadanía de las mujeres.

Se han señalado (Washburn, 1987: 940) las ambigüedades y contradicciones del Informe final, en el que se intentó atemperar la frase inicial escrita por Herskovits: «el hombre es libre solamente cuando vive según el criterio de libertad que define su propia sociedad», que se sustituyó por una alusión a los «valores subyacentes» que pueden ser invocados para luchar contra el sojuzgamiento de los gobiernos, alusión que parecería tener en cuenta los acontecimientos de la Alemania nazi y la dictadura de Franco. En todo caso, la contradicción del texto no hace sino expresar la contradicción del relativismo cultural y, en concreto, en las formulaciones de Herskovits. Su defensa de la «tolerancia» y de la «dignidad inherente de cada cuerpo de costumbre» y, por tanto, la necesidad de «suspender todo juicio valorativo», supone aceptar la validez equivalente de todos los sistemas de valores y comportamientos, en cuyo caso la tolerancia supone aceptarlo todo, para ser incluidas, entre otras, prácticas tales como la guerra, el holocausto nazi, la tortura y la opresión de los que discrepan. O bien, por el contrario, la crítica de tales fenómenos se sustenta en valores válidos para toda cultura y, por consiguiente, en criterios que marcan la línea divisoria entre lo tolerable y lo intolerable.

A esta contradicción se refirió Julian Steward en 1948 cuando el Informe se hizo público: «O bien lo toleramos todo o luchamos contra la intolerancia y la conquista…» (citado en Washburn, op. cit.: 940). Se ha señalado también «que los relativistas suscriben la proposición de que no hay leyes o principios universales, pero por otro lado insisten en que se debe ser tolerante con las prácticas culturales ajenas haciendo, de facto, de la tolerancia un principio universal» (Zechenter, 1997: 332). El mismo argumento puede aplicarse a la aceptación por parte de Herskovits de la idea de dignidad que se convierte, como hemos visto, solo en un principio regulador en el caso de la defensa de la equivalencia de las prácticas culturales. No obstante, no todos los antropólogos de la época suscribieron el relativismo cultural e intentaron fundamentar las bases de una naturaleza humana compartida (Kluckhohn y Murray, 1948; Redfield, 1957). En definitiva, se expresa así la tensión presente a lo largo de la historia de la disciplina entre la unidad de la especie y la diversidad de sus concreciones culturales.

Los argumentos relativistas se han seguido desarrollando en la antropología hasta nuestros días, aunque con variaciones en sus planteamientos, por lo cual no parece preciso hablar hoy de una teoría del relativismo cultural, sino de diversos enfoques que van desde un relativismo descriptivo, que da cuenta de la observación evidente de que las culturas varían pero que no intenta plantear cuestiones de fundamentación moral, a un relativismo normativo, que considera que no hay pautas morales o criterios éticos transculturales en la medida en que todos ellos están culturalmente acotados, hasta el relativismo epistemológico, para el que los seres humanos están moldeados exclusivamente por su cultura y por el lenguaje y por tanto cada cultura describiría un universo según modelos que no pueden medirse entre sí (Zechenter, 1997: 323). Este panorama ha suscitado importantes polémicas no concluidas entre quienes defienden unas y otras posiciones y aquellos que discuten los argumentos relativistas, y ha generado un cuerpo de conocimientos complejo, que está muy alejado de una cierta imagen simplista de que la antropología es el último bastión del absolutismo cultural ignorando la variedad de perspectivas desarrolladas en la antropología y los cuestionamientos que la misma disciplina ha hecho al concepto de cultura, tradición, identidad y diferencia (Howard, 1993: 326). Asimismo, la tensión entre relativismo y universalismo y su relación con los derechos humanos se ha revitalizado en la antropología en las últimas décadas como parte de los procesos de globalización, la emergencia de una conciencia global sobre los derechos y, a la vez, la carencia de efectividad de los mismos y la discusión sobre su contenido. Todo ello debido a las consecuencias prácticas que este debate tiene para los millones de personas que son los sujetos de nuestras investigaciones (Nagengast y Turner, 1997; Zechenter, 1997).

Desde esta perspectiva, la antropología sociocultural de finales del siglo XX recuperó su interés por el estudio de los derechos humanos y sus desarrollos son muy fecundos en la actualidad. Es necesario señalar asimismo que la falta de acuerdo entre posiciones universalistas y relativistas se pone también de manifiesto en los debates filosóficos contemporáneos (Benhabib, 2002), donde las teorías sobre la cultura y el multiculturalismo han ocupado en los últimos años un lugar destacado. Estas dificultades teóricas junto a las divergencias filosóficas sobre la fundamentación de los derechos humanos hacen considerar a algunos antropólogos que es recomendable en la actualidad la suspensión de juicios valorativos en aras de una tolerancia que se considera un legado aceptable del particularismo boasiano. Para otros, el relativismo ético es inaceptable porque conduce a la neutralidad moral y a la inacción en situaciones intolerables. Una muestra del interés de la antropología por los derechos humanos como parte del compromiso profesional y como objeto de estudio es la Declaración sobre Antropología y Derechos Humanos presentada por el Comité del mismo nombre y adoptada por los miembros de la Asociación Americana de Antropología (AAA) en 1999. En ella se afirma que la plena realización de la humanidad está vinculada a la capacidad universal de todos los seres humanos para la realización de cultura. Afirmación que se sustenta en el conocimiento acumulado de la antropología sobre las culturas humanas y de las capacidades mentales y físicas a través de todas las poblaciones, tipos y grupos sociales. Señala, asimismo, que la violencia limita la humanidad de las personas y los colectivos, y por tanto su capacidad para la cultura, señalando, así, los límites de un relativismo valorativo sobre las prácticas culturales, a la vez que anima al estudio de los factores que condicionan la capacidad de desarrollo de la vida humana.

En el intento de clarificar criterios para la investigación desde una perspectiva crítica con el relativismo cultural, la antropóloga Elizabeth Zechenter considera que, en lugar de utilizar la cultura como explicación y justificación de todos los comportamientos, sería más fructífero analizar las siguientes cuestiones: 1) a qué intereses sirven las costumbres tradicionales y a quiénes perjudican, 2) por qué algunas costumbres son abandonadas mientras que otras se mantienen o se recuperan, 3) quién se beneficia de los cambios en las prácticas culturales en contraposición a quiénes ganan en el mantenimiento del status quo, 4) quién está influyendo en la dirección y en la dinámica interna del cambio cultural y hasta qué punto dicho cambio conduce a una genuina igualdad y mejora de la vida de individuos y grupos marginales o sin voz (Zechenter, 1997: 334).

Otros estudios enmarcados en el proyecto de desarrollar una antropología comparativa de los derechos humanos plantean la importancia de los procesos jurídicos transnacionales y el papel crucial que el discurso de los derechos humanos supone para los diversos grupos que se autodenominan pueblos indígenas para luchar contra la violencia de Estado y la marginación de los procesos políticos nacionales (Wilson, 1997; Gledhill, 1997; Cowan, Dembour y Wilson, 2001). En estos estudios se defiende la necesidad de desarrollar análisis situacionales que no suponen un compromiso con el relativismo pero en los que la contextualización, interpretación y negociación de los derechos son cuestiones decisivas que vinculan a los actores sociales y los ámbitos locales con los transnacionales. En esta relación entre globalización, antropología y derechos humanos, Ann-Belinda Preis aboga por abordar los derechos humanos como práctica cultural explorando cómo, cuándo y por qué los derechos humanos se vuelven significativos para los actores sociales, los significados que se les atribuyen en diferentes contextos, incluyendo el análisis de cómo operan en la vida cotidiana de hombres y mujeres. A su juicio, los derechos humanos son universales como valores, como vehículos ideológicos y como significados en acción. Lo cual supone renovar las perspectivas de análisis antropológico para comprender la complejidad del mundo contemporáneo y globalizado en el cual «los derechos humanos son definidos y, al mismo tiempo, son el vehículo de la definición de valores» (Preis, 1996: 306). La oposición entre cultura y derechos que ha caracterizado muchos de los debates en antropología se contempla ahora no como un problema irresoluble sino como parte de la condición global, marcada por las conexiones y la disgregación y, a la vez, con nuevos anhelos internacionales basados en problemas comunes (Hastrup, 2001). Asimismo, la antropóloga Sally Merry (2001a) señala que la tensión irreconciliable entre derechos humanos y cultura es también el resultado de una oposición esencialista de ambos mundos que ignora las interdependencias históricas y culturales, así como la historicidad de los derechos y de las culturas. Lo cual hace necesario revisar críticamente los enfoques sobre la cultura. A su juicio, si se contempla la relación entre cultura y derechos desde los cambios realizados por las mujeres se constata tanto el cambio de los derechos como el cambio de las culturas.

5. Género, cultura y desigualdad

Como hemos visto anteriormente, el debate sobre la defensa de la particularidad cultural se ha vuelto a revitalizar en los foros y conferencias internacionales organizadas por Naciones Unidas. En los últimos años se ha intensificado la apelación a la «Cultura», es decir, a la diferencia o diversidad cultural, por parte de determinados Estados, como forma de plantear el disenso ante la pretensión de establecer acuerdos con carácter general. Así, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos que tuvo lugar en Viena en julio de 1993, algunos países cuestionaron el preámbulo inicial del documento en el que se afirmaba la universalidad de tales derechos, con el argumento de la necesidad del respeto a la «especificidad cultural». También países tan distintos como China, Siria y Malasia se negaron a la ratificación de diversos aspectos de los acuerdos basándose en la idea de la defensa de la «integridad cultural».

Con anterioridad a la Conferencia de Viena se había producido el mismo debate como resultado de la aprobación por la Asamblea de Naciones Unidas en 1979 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). Este tratado, que es considerado la Carta Magna de los derechos de las mujeres, propone en su artículo segundo que todos los Estados persigan con los medios apropiados y sin delación política la eliminación de toda discriminación contra las mujeres, lo cual supone revisar y, en su caso, abolir aquellas leyes que permiten y reproducen la subordinación de las mujeres. Pocos países musulmanes ratificaron la Convención y todos plantearon reservas en cuestiones importantes basadas en la defensa de su cultura y religión. En la Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995, así como en los foros preparatorios a la misma, se reprodujo la alianza entre el Vaticano y otros Estados latinoamericanos y musulmanes contra la aprobación de garantías internacionales constitucionales en relación con los derechos sexuales y reproductivos por considerar que es una interferencia a los derechos humanos colectivos de sus naciones, que incluyen el derecho a su propia cultura y tradición.

Vemos así que la cuestión del relativismo cultural que en otros tiempos parecía ser solo preocupaciones propias de la antropología ha comenzado a aparecer de manera insistente en los foros internacionales, en las instituciones, en los discursos de los gobiernos y en los medios de comunicación. Podemos considerar en este debate dos posiciones básicas con respecto a los derechos humanos de las mujeres: la posición universalista y la relativista cultural. La posición universalista defiende que todos los miembros de la familia humana comparten los mismos derechos inalienables. Esto significa que la comunidad internacional tiene el derecho a juzgar en referencia a patrones internacionales los modos en que los Estados tratan a sus ciudadanos y que los Estados deben reformar sus leyes y Constituciones en conformidad con las normas internacionales. De acuerdo con esta posición universalista, todas las mujeres son titulares de los derechos establecidos en tratados internacionales y convenciones tales como el Tratado Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, de 1966, y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, promulgada en 1979 y que entró en vigor en 1981.

Por el contrario, la posición relativista argumenta que los miembros de una sociedad no pueden condenar legítimamente las prácticas de sociedades con diferentes tradiciones porque consideran que no pueden existir críticas externas válidas de prácticas culturalmente determinadas, ya que no existen criterios transculturales para evaluar el tratamiento de los derechos existentes. Así, por ejemplo, con respecto a la crítica occidental del tratamiento de las mujeres en Oriente Medio, la posición relativista cultural objeta que dichos derechos son un enfoque universalista que refleja los valores occidentales. Se considera que es un enfoque etnocéntrico que está ligado al imperialismo cultural (Mayer, 1995: 176). Aunque, como señala dicha autora, «la defensa de tal “particularismo” contribuya a perpetuar la universalidad de la determinación masculina en aferrarse al poder y a los privilegios» (op. cit.: 185).

Aparentemente estamos asistiendo a una nueva sensibilidad en la lucha contra el etnocentrismo que ha de ser celebrada como generosa y científicamente correcta. Los informes que disponemos indican con datos fidedignos el aumento sostenido de la violencia estructural que sufren las mujeres. Y todo ello con el consentimiento y legitimación de los usos y costumbres de los diversos contextos socioculturales incluyendo, evidentemente, a las sociedades occidentales. Esta es la razón por la que se afirma que: «las mujeres son el grupo social que más violaciones de sus derechos humanos ha sufrido en nombre de la cultura» (Rao, 1995: 169). En este sentido, el discurso sobre la suprema importancia de preservar y salvar la especificidad cultural se presenta como el más potente a nivel planetario como forma de desactivar los reclamos y demandas de las mujeres en el mundo que vivimos.

Como hemos visto en el apartado anterior, diversos estudios en la antropología de los derechos humanos abogan por una superación del relativismo por sus limitaciones lógicas, sus contradicciones y por las implicaciones prácticas que tiene sobre la vida de los seres humanos, pero también se considera necesario cuestionar el concepto de cultura que sostiene los planteamientos relativistas en el marco de unas sociedades crecientemente interconectadas. Desde estos enfoques, se considera que en la base de los planteamientos relativistas está la consideración de la cultura como una entidad homogénea de valores y costumbres compartidas, una totalidad armónica y carente de conflictos. La defensa de la diversidad que propone el relativismo cultural reposa en la idea de la singularidad de cada cultura que se teoriza como una entidad dotada de límites fijos y aislados unos de otros. Desde estos planteamientos, el cambio social se percibe como un proceso que altera dicha unidad y especificidad. Lo esencialmente genuino se identifica con lo tradicional cuya continuidad se debe preservar. Asimismo, supone una identificación entre cultura e individualidad que, como ha señalado el antropólogo Marc Augé, plantea, por un lado, la interiorización pasiva de los códigos culturales, y, por otro, la aceptación de identidades absolutas y sustanciales tanto en el plano colectivo como en el individual (1996: 29).

Como he planteado en un escrito anterior (Maquieira, 1998), siguiendo a Dolores Juliano, de esta visión se aceptan implícitamente varios supuestos erróneos:

Que la cultura está constituida fundamentalmente por una serie de contenidos o prácticas estables que incluyen hábitos de conducta y sistemas de valores.

Que estos elementos comunes al interior de cada cultura y diferentes de los que caracterizan a los miembros de otras culturas son compartidos por la totalidad de los integrantes del grupo-comunidad-sociedad sin fisuras ni cuestionamientos.

Que las características de cada cultura se transmiten principalmente por endoculturación primaria, es decir, en el seno de un grupo familiar.

Que las culturas son todos coherentes e interrelacionados, por lo que cualquier modificación produce desintegración y anomia (Juliano, 1994a: 151-152).

Este enfoque que pretende defender la diferencia cultural se transforma paradójicamente en un importante elemento de segregación de los grupos subordinados y prácticas políticas sustentadas en la exclusión, ya que al basarse en una conceptualización estática de la cultura esencializa la diferencia cultural haciéndola incompatible con otras formas culturales, y de este modo se convierte en el soporte de ideologías y prácticas que consideran peligrosa o contaminante la aceptación de individuos provenientes de orígenes étnicos diferentes, favoreciendo prácticas de segregación o de configuración de guetos marginales (Juliano, 1994b, 2003). El esencialismo culturalista se convierte en la clave de la oposición nosotros/ellos y tiene también consecuencias importantes en el mantenimiento de la desigualdad de género. Contamos con suficientes datos en los que las demandas de las mujeres en países de Oriente Medio, sur de Asia y muchos países africanos son neutralizadas en virtud de un supuesto «contagio occidental», y ellas son estigmatizadas porque se las hace responsables de la desintegración cultural como consecuencia de sucumbir al «veneno importado». Tales expresiones que desactivan las reivindicaciones de los derechos de las mujeres crean unas fronteras infranqueables entre dos realidades culturales supuestamente incompatibles, niegan la posibilidad de cambio y el pluralismo en el interior de cada sociedad, así como la comunicación, la interpelación mutua y el establecimiento de alianzas a partir de objetivos comunes.

De todos modos, no conviene subestimar la preocupación de los autores particularistas y de la antropología norteamericana de mediados del siglo XX por los problemas del cambio, la difusión y el contacto entre culturas, como bien ha señalado Marshall Sahlins. A su juicio, la hibridez está en todas partes y, en este sentido, Boas, Kroeber y los demás consideraron también que las culturas son híbridas, todas tienen más aspectos foráneos que inventados domésticamente y la consideración de las culturas como entidades autosostenidas corresponde más a determinadas versiones del multiculturalismo que a los autores norteamericanos clásicos. Para ilustrar esta afirmación, Sahlins nos recuerda el clásico texto de Linton de 1937 en el que describe una mañana en la vida del cien por cien de las personas americanas, quienes se sientan después del desayuno a fumar un cigarrillo inventado en Brasil, se leen las noticias del día en caracteres inventados por los antiguos semitas e impresos por un proceso inventado en Alemania en un material inventado en China (Sahlins, 1999: 411-412). Defiende frente a determinadas acusaciones posmodernas que la etnografía siempre ha sabido que las culturas nunca están enteramente delimitadas, ni autocontenidas ni autosostenidas: «ninguna cultura es sui generis, como ninguna persona sola es la protagonista principal de su propia existencia, realmente esta supuesta autenticidad autocentrada es contraria a la normal condición humana» (Sahlins, op. cit.: 411). Si bien el texto de este autor nos recuerda la importancia de releer a los clásicos y no sucumbir a imágenes estereotipadas sobre sus ideas y concepciones de la cultura, no obstante los problemas de nuestro tiempo no son idénticos a aquellos y por tanto también los conceptos su construcción o crítica responden a nuevas circunstancias. Probablemente en el estudio minucioso de nuestra tradición antropológica podemos encontrar muchas ideas y preocupaciones teóricas que iluminan cuestiones cruciales del presente o están reseñadas, intuidas o desarrolladas, cuestiones que los debates actuales no están dispuestos a reconocer o bien por ignorancia o por prejuicios. Pero en el caso de Herskovits, sus alusiones a los valores subyacentes, las referencias en sus escritos a la cultura como cosa y la delimitación fija entre Occidente y las otras culturas permite afirmar que el contacto cultural era siempre producto de un choque entre un repertorio cultural interno, propio, local y otro que venía de un afuera concebido muchas veces como un objeto igualmente singular y distinto.

Frente a esta visión que considera a la cultura como una unidad y una totalidad integrada surgen nuevos campos y enfoques teóricos tales como la antropología feminista, la economía política y las teorías de la práctica, entre otros, que han venido a cuestionar los supuestos anteriores y a proporcionar una visión dinámica y procesual de los fenómenos culturales. A partir de estos enfoques, la cultura no es considerada un dato esencial y a priori de la acción social, sino una construcción en la que los actores sociales asumen, negocian, redefinen, cuestionan y seleccionan los rasgos de diferenciación frente a otros grupos. Es por ello que la identidad de los grupos es cambiante y depende de las interrelaciones a partir de las cuales los límites culturales se afianzan o difuminan a la vez que redefinen la pertenencia de sus miembros.

Estos enfoques que vienen a criticar la visión de la cultura basada en el supuesto de la homogeneidad y los repertorios fijos interiorizados y compartidos por todos los miembros de una sociedad, de una comunidad o de un grupo étnico ponen en el centro de sus análisis las relaciones sociales basadas en el acceso desigual a los recursos materiales y simbólicos, y por consiguiente muestran la heterogeneidad, la estratificación y la conflictividad intracultural. Desde esta perspectiva, el acceso diferencial al poder y a los recursos es una cuestión central en la determinación del control sobre la producción cultural, y por ello la creación, reproducción y cambio de los rasgos culturales no se dan en el vacío, sino en el marco de las relaciones de poder (Rossberry, 1991). Y, como ha señalado Dolors Comas, «del poder derivan las formas de desigualdad y de dominación y el poder determina qué signos y símbolos son dominantes y cuáles no. Por qué determinadas prácticas son consensuadas y otras contestadas» (1996: 110). Asimismo, la economía política y la antropología feminista han criticado los usos de la cultura en la política que al mostrarse «como un conjunto coherente de ideas y prácticas en una sociedad se corre el riesgo de reproducir las jerarquías de clase y género al representar la forma hegemónica de cultura como la cultura» (Walter, 1995: 274, la cursiva es de la autora).

No es posible dar cuenta aquí de los importantes debates antropológicos que en la actualidad se están desarrollando sobre la construcción de la diferencia cultural. Debates que, por otra parte, han caracterizado la historia de la disciplina. Pero sí deseo resaltar la importancia que esa revisión tiene desde la antropología feminista debido al papel estructurador del género en la organización social. En este sentido, cuestionar la jerarquía de género supone también cuestionar las realizaciones socioculturales. Este cuestionamiento se torna impostergable en la medida en que la diferencia cultural se esgrime como argumento que frena el avance de los derechos de las mujeres. Pero, como hemos visto, la activación o reivindicación de las identidades en clave cultural no está al margen de los procesos económicos y políticos que se ponen en juego en el sistema global. A su vez, los conflictos internacionales, la reactivación de nacionalismos de diverso cuño y la construcción de identidades étnicas no son neutrales con respecto al género y, aunque las mujeres en muchos contextos no son ajenas a estas reivindicaciones, no conviene dejar de examinar la relación entre la normativa de género y los fenómenos políticos aludidos, ya que produce en ellas una sobrecarga de identidad que se suma a la sobrecarga de la división de tareas y tiempos y que sitúa a las mujeres en una difícil encrucijada. Como ha señalado Teresa del Valle, considerar «la construcción social y cultural de la tradición al tamiz del género representa un paso más en el desentrañamiento de los procesos de cambio, uno de los problemas principales con que se enfrenta en la actualidad el nacionalismo en sus distintas versiones» (1997: 10). Conviene recordar también la reflexión de Celia Amorós cuando plantea que la identidad se relaciona con lo que han hecho de nosotros: connota pasado, determinación adscriptiva. La subjetividad, que tiene que ver con la libertad, con lo que hacemos con aquello que nos ha venido dado, connota futuro, proyecto, elección. A las mujeres se nos asigna el deber de la identidad, el ser las depositarias de los bagajes simbólicos de las tradiciones. Los varones se autoconceden el derecho a la subjetividad, que les da siempre un margen discrecional de maniobra para administrar, seleccionar y redefinir tales bagajes (Amorós, 2009: 78).

Esto nos ha de hacer reflexionar sobre la relación de las mujeres y los procesos étnicos y nacionales. Esta relación no se expresa de la misma manera en todo tiempo y lugar y requiere análisis contextuales de carácter histórico y etnográfico que contemplen no solo sus variaciones, sino sus efectos como resultado de las interacciones con los contextos políticos y económicos más amplios. Sin embargo, desde el punto de vista comparativo es pertinente adoptar determinadas categorías que permitan establecer las semejanzas de estos procesos. Se han señalado cinco modos principales a través de los cuales las mujeres son afectadas y afectan a los procesos étnicos y nacionales (Anthias y Yuval-Davis, 1989; Yuval-Davis, 1997). Sigo considerando válidos estos criterios, aunque probablemente no son los únicos y es deseable que la investigación comparativa profundice en ellos, así como en la ampliación de los mismos. Las autoras señalan que las mujeres son construidas:

Como reproductoras biológicas de los miembros de la nación y las colectividades étnicas.

Como reproductoras de los límites de los grupos étnicos o nacionales.

Como participantes fundamentales en la reproducción ideológica de la colectividad y como transmisoras de su cultura.

Como representación de las diferencias étnicas o nacionales, como un foco y símbolo en los discursos ideológicos utilizados en la construcción, reproducción y transformación de las categorías nacionales y étnicas.

Como participantes en las luchas nacionales, económicas, políticas y militares.

El énfasis en los roles reproductivos de las mujeres se deriva de la importancia atribuida al «origen o destino común» en la construcción de gran parte de las identidades étnicas y nacionalistas. Por consiguiente, no es casual que las comunidades étnicas y los Estados preocupados con la «pureza» racial o étnica hayan reglamentado las relaciones sexuales de los miembros de distintas colectividades y sobre todo el control de los cuerpos y la sexualidad de las mujeres para garantizar el crecimiento o freno de la cantidad y/o calidad de la población. Históricamente, las mujeres también han sido consideradas como depositarias, guardianas y transmisoras de la cultura. En este sentido, se les atribuye la reproducción cultural de la comunidad, del grupo étnico o de la nación. Como responsables del honor de la colectividad, se prescribe para las mujeres espacios y comportamientos apropiados junto al uso de determinadas formas de vestir que marcan los límites simbólicos del grupo. A través de estos modos «correctos» en el vestir, los gestos y las conductas, las mujeres y las niñas se convierten en la personificación visible de los códigos culturales de su comunidad y ellas mismas en símbolos de lo auténticamente propio frente a lo ajeno. Muchas mujeres son torturadas o asesinadas por sus parientes cuando sus comportamientos son considerados una vergüenza o deshonra para sus familias y comunidades. Una situación que se agudiza cuando los modelos de Estado y las identidades de las comunidades se vinculan a la religión, sacralizando así al patriarcado y retroalimentando las diversas formas de legitimación de la desigualdad.

De este modo, las relaciones de género son vistas a menudo como constitutivas de la «esencia» de las culturas y estas como modos de vida indiscutibles que deben ser transmitidos de generación en generación. En este sentido, las tradiciones culturales y la (re)invención de las tradiciones (Hobsbawn y Ranger, 1983) son, a menudo, utilizadas como medios de legitimar la opresión de las mujeres. Y en situaciones en las cuales tanto los varones individualmente como las colectividades étnicas o nacionales se sienten amenazadas/os, este fenómeno se puede intensificar (Yuval-Davis, 1997: 46). No es de extrañar, pues, que las iniciativas de cambio de las mujeres se interpreten como una amenaza a la identidad cultural y a las tradiciones, ya que dado el papel asignado como reproductoras biológicas y simbólicas de la comunidad, se las convierte en objetos de control y culpables de la desintegración sociocultural. Esta es la razón por la que la defensa de la diferencia cultural se convierte, en muchas ocasiones, en una nueva forma de legitimación de la desigualdad. De este modo, el fundamentalismo cultural estudiado por Verena Stolcke como retórica de exclusión (1995) se presenta también como lo que en otro lugar he denominado culturalismo sexista o sexismo cultural (Maquieira, 1998, 2000).

6. Epílogo: derechos humanos, des-territorialización y apropiación

Como hemos visto en las páginas anteriores, la complejidad de los procesos que caracterizamos bajo la denominación de globalización muestra un carácter multidimensional y contradictorio. Supone, a su vez, enfrentarnos con grandes y decisivos retos de nuestro futuro colectivo. A lo largo de este trabajo se ha intentado defender la necesidad de desafiar las coordenadas actuales explorando las contradicciones de este nuevo contexto con el objetivo de lograr la igualdad, la libertad y la justicia para todos los seres humanos de un lado a otro del mundo. Estos objetivos encuentran en la formulación, redefinición y aplicación de los derechos humanos un camino clave para su consecución. Quizás sea esta la mayor paradoja de la globalización, ya que por un lado impide la realización de los ideales emancipatorios y universalistas que conllevan los derechos humanos y, a la vez, vigoriza la globalización de los mismos.

Hemos señalado asimismo que la des-territorialización es una característica de la globalización como consecuencia de los flujos transnacionales de capitales, de las formas productivas y de las poblaciones. Esta dislocación puede aplicarse también, de acuerdo con la definición de globalización adoptada en este escrito, a las formas organizativas de la vida social, a la acción de los sujetos colectivos, a las ideas y valores y a las imágenes de un mundo deseado. Y, por lo tanto, a la formulación, defensa e implementación de los derechos humanos, que si bien tienen un origen con una localización territorial e ideológica específica, difícilmente se puede considerar que pertenecen solo a Occidente. Esto es así porque hoy es imposible vivir sin encuentros, interconexiones e interdependencias regulares con agentes, ideas e instituciones gubernamentales, no gubernamentales, redes de conciencia global e instituciones internacionales. Pero además hay otro argumento antropológico ineludible. Territorializar los derechos, es decir, conectarlos a una geografía a la que a su vez se le hace corresponder una cultura delimitada, y por ello negar su validez más allá de las fronteras donde se han originado, puede ser la manifestación de un nuevo racismo, a partir del cual los «otros» no deben aspirar a ser tratados con dignidad y respeto, ni disfrutar de la protección y garantías que la ley internacional puede otorgarles, ni poder aspirar como personas a la igualdad de todos los seres humanos.

Al mismo tiempo, como ha señalado Teresa San Román la consecuencia práctica de creer en valores salvíficos tales como la libertad, la igualdad y la solidaridad es que cualquier «otro» nos los puede exigir porque: «al asumir tales valores etnocéntricamente situamos a los “otros” en nuestro campo, son nuestros valores y nuestras convicciones y si las proclamamos se nos pueden exigir» (San Román, 1996: 110). Desde la perspectiva de género hemos contemplado la des-territorialización como la posibilidad de trascender los espacios y tiempos asignados a las mujeres, y para ello es necesario superar las condiciones materiales y las retóricas que mantienen las fronteras de género. También hemos planteado que la defensa de las tradiciones y la defensa de la autenticidad local bloquean las aspiraciones de las mujeres, a quienes se las culpabiliza de la desintegración de sus culturas como consecuencia de la dominación externa que representa el feminismo. Esta oposición binaria entre autenticidad local e influencia externa supone en la política feminista el desafío de superar los límites espaciales de los conceptos para poder potenciar la lucha sobre los significados de las ideas y su movilidad en el espacio.

Por ello, es pertinente considerar el concepto de des-territorialización vinculado al de apropiación. Según la antropóloga Sally Merry, este término reemplaza las ideas de imposición por un análisis del carácter negociado de las transformaciones. Pero toda apropiación está constreñida por los factores políticos y económicos encastrados en los cambios históricos mundiales (Merry, 2001: 46). En este sentido, para las mujeres las posibilidades o dificultades de la apropiación de los derechos humanos residen en su posición en el marco de las relaciones de poder junto a una conjunción de factores económicos, políticos, legales e ideológicos que se ponen en juego en los ámbitos locales y su interrelación con los niveles estatales, regionales y globales. Las dinámicas sociales de la apropiación pueden dar cuenta de estos distintos niveles que van desde los subjetivos y emocionales en cuanto derecho sentido que impulsa a la reivindicación de los mismos, como ha estudiado Teresa del Valle (2005), a su materialización y cumplimiento en los ordenamientos legales de los distintos países y ámbitos de actuación política, así como en las coordenadas que rigen la economía de este sistema-mundo. Estas dinámicas tienen la virtud de captar el paso de la formulación abstracta de los derechos a los modos de enraizarse en los procesos de la vida cotidiana, en la subjetividad, en los contextos locales, en las instituciones y en las relaciones sociales mediante las cuales los individuos se constituyen en actores sociales colectivos con el fin de cambiar los acontecimientos históricos. Por tanto, los procesos de apropiación presentan distintas modalidades dependiendo de los factores mencionados y que solo son accesibles a través de la investigación minuciosa de los mismos.

A continuación menciono dos casos etnográficos que considero relevantes como ejemplos de mi argumentación. El estudio de la politóloga Aili Mari Tripp (2002: 413-440) sobre las mutilaciones genitales femeninas entre los sebei que viven en un distrito en la parte oriental de Uganda, analiza de manera contextual los impedimentos y a la vez las posibilidades de encontrar soluciones a demandas en disputa. Muestra también procesos en los cuales las mujeres se han implicado en la lucha política y han desafiado los mandatos culturales de su propia sociedad afrontando los conflictos con quienes pretenden continuar con dicha práctica en nombre de la preservación cultural e identidad étnica. En este estudio se pone de manifiesto la variedad de actores sociales que están implicados en los contextos locales y que no pueden desvincularse de niveles y ámbitos más amplios de la vida social y política: el gobierno de Uganda, el soporte de instituciones internacionales, las organizaciones de mujeres de ámbito estatal, las redes de educadores/as, las ONG humanitarias y las asociaciones y líderes más influyentes del distrito, entre otros. A través de la interacción de todas estas instancias, en la que se difuminan las fronteras entre lo propio y lo extraño, entre las dinámicas internas y las influencias externas, se produce lo que considero una apropiación a través de la negociación, el conocimiento y la interpelación mutua. Las campañas de formación en las escuelas promovidas por las maestras locales y las dirigidas al personal sanitario y a las personas mayores han producido un lento proceso de cambio, no exento de conflictos, que ha hecho disminuir las prácticas de las mutilaciones de manera considerable. La comprensión del daño ocasionado y las consecuencias sanitarias sobre la vida de las niñas y las mujeres adultas, la capacidad de la comunidad de reflexionar sobre sus propias prácticas junto a la creación de fuentes económicas que den autonomía a las mujeres, han contribuido a encontrar formas alternativas para la práctica del ritual, que están produciendo transformaciones culturales en las que los sebei no se ven amenazados, a la vez que se protege la integridad de las mujeres.

En otro lugar del mundo, la antropóloga Aida Hernández Castillo investiga la trayectoria del movimiento de mujeres indígenas procedentes de diversas regiones de México y con distintas historias organizativas que han venido articulando sus luchas a partir del levantamiento zapatista en 1994. En este estudio se ponen de relieve las deficiencias de la ley del Estado y la ley de la costumbre en la defensa de los derechos de las mujeres que las ha situado en la encrucijada de luchar en varios frentes. Examina la autora el cambio constitucional de 1992 como consecuencia de una década de agitación del movimiento indigenista tanto en México como en otras partes del mundo. Dicho cambio dio origen a una enmienda constitucional que redefinió la nación mexicana como una entidad multicultural. En ella se reconocía la identidad cultural indígena, sus usos y costumbres legales. Este proceso fue seguido de cambios en el código penal y las recomendaciones de que las normas culturales indígenas se tuvieran en cuenta a la hora de juzgar los crímenes cometidos por los miembros de los grupos étnicos indígenas. Estas reformas legales fueron muy negativas para las mujeres, en la medida en que quedaron a merced de los códigos y prácticas de sus comunidades en los que la violencia contra ellas estaba legitimada. Asimismo, sirvió para favorecer el clientelismo entre los líderes indígenas y determinados sectores del gobierno que condujeron a la fragmentación de las comunidades obstaculizando alianzas políticas que pudieran desafiar las formas corruptas del gobierno.

Hernández Castillo analiza el proceso de articulación del movimiento de mujeres indígenas y la Ley de las Mujeres Revolucionarias que ejemplifica el intento de reconciliar sus demandas de género con las demandas autonómicas de sus pueblos. A mi juicio, muestra un proceso de apropiación a través del empoderamiento y la organización colectiva. Hay que resaltar que esta ley propone una serie de derechos de las mujeres no reconocidos con anterioridad por la ley consuetudinaria que incluyen el derecho a la representación política y a la propiedad de la tierra. Asimismo, en cuanto a la violencia doméstica se opusieron a las normas culturales de su comunidad y se pronuncian en conformidad con los principios y acuerdos internacionales en materia de violencia de género. La autora considera que este proceso «representa una lucha por reinventar la tradición sobre la base de una cultura de equidad y justicia» (Hernández Castillo, 2002: 407) y considera que las reivindicaciones de las mujeres frente a sus comunidades contrastan con las versiones idealizadas de la ley de la costumbre que el mundo académico ha contribuido a construir.

Estos casos muestran la des-territorialización de los derechos humanos de las mujeres y, a su vez, y de manera paradójica, su territorialización a través de la apropiación en contextos muy diferentes. Manifiestan el protagonismo de las comunidades locales y de las mujeres que no son víctimas pasivas ni de sus tradiciones ni de las coordenadas económicas que impone la economía actual. A su vez, es importante resaltar que, sin cuestionarnos el uso político de la cultura y quiénes son sus principales beneficiarios y sin investigar la posición y el poder de los intérpretes de la tradición, no podremos evitar la facilidad con que las mujeres son instrumentalizadas en el marco de la lógica del mercado y de los intereses económicos y políticos que se libran en los ámbitos locales, estatales e internacionales. Estos casos también ponen de relieve que las culturas no son entidades aisladas dotadas de fronteras impermeables, ya que la pertenencia de las mujeres a sus comunidades culturales, étnicas, religiosas o nacionales no excluye el que sean parte de comunidades transnacionales. De esta manera, son protagonistas y beneficiarias de procesos y movimientos sociales que existen a escala mundial y buscan la justicia y la igualdad aprovechando la creciente interdependencia a nivel mundial. Finalmente, es importante resaltar la diversidad y la complejidad de los procesos de cambio social y la interconexión del género con otras estructuras de estratificación. Y al estar presentes las mujeres en todas las demás divisiones sociales y en las viejas y nuevas formas de opresión, el feminismo se convierte en una fuerza vertebradora para la movilización global en pro de los derechos humanos.

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CAPÍTULO 2
La equidad de género en el marco internacional y europeo

Pilar Folguera

1. Derechos humanos y derechos de las mujeres. Una introducción histórica

El derecho a la vida, a la libertad y a la felicidad son considerados derechos naturales a partir del siglo XVIII. La idea de que todos los hombres tienen derechos inherentes a su propia naturaleza, por el hecho de ser seres humanos, fue considerado revolucionario en su momento. La idea de igualdad de derechos se construye sobre la base de los derechos naturales que toman carta de naturaleza durante el proceso de independencia de Estados Unidos y durante la Revolución Francesa. Durante el siglo XIX, la mayoría de las mujeres no son sujetos de derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida, a la libertad, a la felicidad; en cuanto a los derechos políticos, en los siglos XX y XXI, gran parte de las mujeres de diferentes países aún no han alcanzado estos derechos reconocidos, al menos formalmente, por los tratados internacionales y la comunidad global.

El concepto de ciudadanía y de los derechos de los individuos ha sido objeto en las últimas décadas de numerosos análisis que, en su mayoría, partiendo de las propuestas de T. H. Marshall, definen la evolución y alcance de los derechos fundamentales en los diferentes colectivos y clases sociales. En este marco teórico deben recordarse algunas de las más importantes críticas que, desde las ciencias sociales, se han llevado a cabo sobre el concepto de ciudadanía y algunas de las aportaciones más lúcidas con las que cuenta la teoría feminista en este campo. En efecto, como muy bien ha señalado Paul Close (1995), los recientes análisis sobre ciudadanía han sido objeto de numerosas críticas por parte de la teoría feminista, en el sentido de que el concepto de ciudadanía es definido desde la óptica masculina, y no contempla la realidad específica de las mujeres como sujetos de diferentes derechos que los hombres. Por ello, el concepto de ciudadanía vinculada a los derechos fundamentales como acceso a, como pertenencia a una comunidad o pertenencia a una nación o Estado, exige un análisis desde la perspectiva de género que refleje el desigual acceso, por parte de hombres y mujeres, a los derechos consagrados como universales.

Claire Wallace (1993) afirma que las mujeres no son ciudadanas en el mismo sentido que los hombres, ya que estos obtienen beneficios y servicios en nombre de la familia, de forma que en muchos casos las mujeres acceden a los derechos de ciudadanía a través de sus consortes. En este mismo sentido, O’Connor (1996) nos recuerda cómo la crítica feminista sobre la ciudadanía destaca la necesidad de redefinir los análisis convencionales, en el sentido de abordar la crítica del actual Estado de bienestar desde una perspectiva de género, ya que las mujeres no participan plenamente de los mismos derechos de ciudadanía que los hombres, de forma que continúan siendo definidos a partir de la desigual distribución de recursos, distribución vinculada al poder, control e independencia, en suma, lo que Claus Offe (1984) ha definido como sujetos receptores de la política.

Más interesante aún para el tema que nos ocupa es la crítica de Alisa del Re (1994) que, partiendo del clásico análisis de T. H. Marshall (Marshall y Bottomore, 1992), nos recuerda que a las «mujeres se les ha privado de una serie de derechos consagrados como universales y fundamentales».

En relación con la ciudadanía civil, que se consolida a partir del siglo XVIII, en lo que se refiere a las mujeres, por el mero hecho de su pertenencia al género femenino, obtienen mucho más tarde, en la mayoría de los países europeos a partir del siglo XX, los derechos civiles, manteniéndose en la mayoría de los casos bajo la dependencia del padre o del marido. En lo que se refiere a la ciudadanía política, las mujeres no acceden a la misma hasta mediados del siglo XX, de forma que el sistema de partidos políticos se construye sobre la indiferencia e incluso sobre la hostilidad en relación con la cuestión femenina. En cuanto a la ciudadanía económica y social, organizada por el Estado Providencia, durante el siglo XX, se generan durante este siglo una serie de derechos sociales y económicos vinculados al trabajo asalariado. En la mayoría de los casos, de la extensa relación de derechos sociales vigentes en los países occidentales, se encuentran excluidas las mujeres, ya que se ha producido una segregación sexual del trabajo, asignando a las mujeres el trabajo reproductivo y no remunerado y a los hombres el trabajo remunerado. Este hecho ha sido definido por Eliane Vogel-Polsky (1994) como una ciudadanía tardía e inacabada que incluso se produce en las democracias occidentales que forman parte de la Comunidad Europea.

La transformación de los derechos humanos desde una perspectiva feminista ha supuesto la redefinición del conjunto de los derechos humanos en el siglo XXI. El concepto de derechos humanos no es un concepto estático o propiedad de un solo grupo, más aún, su significado se amplía al tiempo que la ciudadanía redefine sus necesidades y sus deseos en relación con ellos. En este marco, el feminismo redefine la vulneración de los derechos humanos hasta incluir la degradación y la violación de las mujeres en un contexto en el que no todos los gobiernos están comprometidos auténticamente con el hecho de que la igualdad de derechos entre mujeres y hombres constituye un derecho humano fundamental (Bunch, 1995: 11).

En el proceso de construcción del Estado de bienestar, la extensión de los derechos de los ciudadanos y de los derechos de participación en la vida social se ha producido principalmente en relación con el estatus de los individuos en el mercado laboral. De esta forma, el proceso de producción se ha convertido en objeto de regulación y de apoyo público, mientras que el proceso de reproducción se ha mantenido dentro de los límites de la familia y sin el reconocimiento debido por parte de las instancias del Estado. En esta secuencia temporal, los hombres se han convertido en receptores directos de derechos sociales y las mujeres en receptoras indirectas de derechos que en la mayoría de los casos están vinculados a los lazos de parentesco establecidos en el seno de la familia.

Este panorama se transforma parcialmente a partir de la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo, con demasiada frecuencia a los escalones más bajos y menos cualificados y remunerados, y a su incorporación paulatina a la actividad política. No obstante, el grado de percepción de los derechos sociales se encuentra condicionado tanto por los condicionantes de género como por el cuestionado papel que tiene hoy el Estado como proveedor de servicios y transferencias.

En el marco de los derechos humanos de las mujeres se deben incluir no solamente aquellos que se refieren a la esfera pública, sino también a la esfera privada: prácticas patriarcales en la familia, derechos sexuales, derechos de herencia, custodia de los hijos, violencia doméstica reconocida por algunas creencias religiosas, constituyen algunos de los derechos que se vulneran de forma sistemática. En efecto, cuando a las mujeres se les niega la democracia y los derechos humanos en la esfera privada, sus derechos humanos en la esfera pública también se ven afectados. Ello incluye asimismo su derecho a la libertad de circulación y de movimiento, considerado como un derecho de la esfera pública. En este mismo sentido, todas las leyes que limitan el control sobre el propio cuerpo: derechos reproductivos, libertad sexual, violación en el matrimonio, esclavitud (prostitución forzada), terrorismo sexual (violación) y prisión (confinamiento en el hogar), suponen la vulneración de derechos humanos públicos y privados.

Todo ello debe analizarse en el contexto del crecimiento y la evolución de los movimientos de mujeres en el plano internacional en las últimas décadas. Las mujeres están tomando un papel de liderazgo en redefinir conceptos tales como desarrollo, democracia, derechos humanos, seguridad internacional o medio ambiente. Esto supone en cierta manera ir más allá de lo que se ha denominado temas de mujer y cuestionar los principales conceptos del orden social que afectan de forma muy directa a la vida de las mujeres. Por ello, cabe recordar que la propuesta llevada a cabo por las organizaciones de mujeres implica el reconocimiento de seis grandes ejes de derechos: el derecho a la ciudadanía, el derecho al desarrollo, el derecho a la paz y a una vida libre de violencia, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho al medio ambiente y los derechos inherentes a las diferentes identidades étnico-raciales. Todo ello supone poner de manifiesto nuevas categorías de derechos que han surgido en las últimas décadas, enfocadas desde la perspectiva de género, lo que implica una reconceptualización del marco en que se definen los derechos humanos en los diferentes ámbitos de actuación de las instancias supranacionales, estatales, regionales y locales.

2. La equidad de género y los derechos humanos en el marco de Naciones Unidas

La Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945, refleja tres objetivos fundamentales: prevenir futuros conflictos, promover el progreso económico y social, proteger los derechos de las mujeres. En el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas se reafirma «la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas». En la Carta se reconoce igualmente el propósito de Naciones Unidas de llevar a cabo la «cooperación internacional en… el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin que exista distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión» (UN, www.un.org).

La Declaración de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948, fue concebida como «el ideal común que deben alcanzar todos los pueblos y todas las naciones». Supone la primera tentativa de establecer unos valores comunes para el conjunto de la sociedad y construir un orden internacional basado en la protección de las libertades y derechos fundamentales del individuo contra las actuaciones arbitrarias de los Estados. En ella se establece que todas las personas deben disfrutar de los derechos y libertades sin distinción de ninguna clase, como la raza, el color o el sexo. En el artículo 1 se resumen todos los demás artículos y posteriores tratados y convenciones cuando se expresa «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos». En algunas cuestiones, como los derechos inherentes al matrimonio, la Declaración, en su artículo 16, detalla los derechos de mujeres y hombres:

los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio (UN, www.un.org).

Eleanor Roosevelt, figura poco estudiada desde el feminismo académico, fue la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y apoyó decididamente la inclusión de los artículos referentes a la igualdad de derechos. Destacada activista política, abogó por los derechos de las mujeres, en contra de la discriminación racial y por los derechos a una vivienda digna. Como periodista, y durante su estancia en la Casa Blanca, criticó desde sus editoriales actuaciones de su marido el presidente Roosevelt y de su administración, especialmente aquellas medidas referidas al impacto del programa de recuperación económica sobre las mujeres casadas (Glendon, 2001: 15).

Recordemos que bajo su presidencia se iniciaron en 1947 los trabajos de redacción de la primera Declaración internacional de derechos humanos. Era indudable que el principal propósito de la Carta Fundacional de Naciones Unidas y de los miembros del Consejo de Seguridad, Gran Bretaña, China, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética, era el de establecer y garantizar la seguridad colectiva. La defensa de los derechos humanos era considerada un objetivo periférico que emerge a partir de las demandas de los países pequeños y de los numerosos colectivos y asociaciones que contemplan con preocupación cómo los cinco grandes consideran la prioridad de que los acuerdos internacionales no interfieran en la plena soberanía de cada uno de ellos. En junio de 1946, se acordó la creación de la Comisión de Derechos Humanos de la que Eleanor Roosevelt fue elegida Presidenta por unanimidad, junto con la Comisión sobre la Condición Social y Jurídica de la Mujer. La aportación de sucesivas contribuciones a la redacción de la Declaración constituyó uno de los primeros objetivos de la Comisión. Durante el período de revisión del articulado remitió diversos informes sobre la incorporación de términos lingüísticos excluyentes, tales como considerar «hombre» para denominar al conjunto de la humanidad. En diciembre 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos sin un solo voto en contra.

Hitos importantes que complementan el marco de garantías de la Declaración son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos; ambos entraron en vigor en 1976. Son jurídicamente vinculantes para los países que los han ratificado. No obstante, son muchos los Estados Miembros que hasta la fecha no los han ratificado y otros muchos lo han hecho pero interponiendo reservas sustanciales respecto a determinados artículos. Ambos pactos incorporaron diversos artículos basados en la Declaración de los Derechos Humanos, muchos de los cuales tienen importantes repercusiones con respecto a los derechos de género y reproductivos. Concretamente, se hace referencia al derecho de la mujer a no ser objeto de ningún tipo de discriminación, el derecho a la libertad de reunión y asociación y los derechos inherentes a la familia. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entre otras cosas, reconoce en el artículo 9 los derechos a la libertad y la seguridad de la persona, así como en su artículo 23 afirma que «el matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes» (UN, www.un.org).

En el terreno específico de los derechos humanos de las mujeres, la labor de la Comisión sobre la Condición Social y Jurídica de la Mujer, creada en 1946, implicó que se aprobaran en 1952 la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, a partir de la cual se adopta el derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas, aunque debía ser posteriormente ratificada por parte de los países miembros, la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, en 1957, y la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, en 1962, que «establece la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de matrimonios».

A partir de los años 60 se produce un importante cambio en el contexto de Naciones Unidas. Se incorporan nuevos países en vías de desarrollo y nuevos países en los que se está avanzando en el proceso de descolonización y que, en muchos casos, protagonizan profundos cambios económicos y sociales. Pronto se hizo evidente que el desarrollo tecnológico y la industrialización no necesariamente beneficia a las mujeres. No obstante, dado el creciente proceso de internacionalización de la economía y de la producción, fue necesario avanzar en la definición de estructuras similares en los diferentes países y en armonizar progresivamente las leyes y convenios internacionales, lo cual en cierta medida pudo beneficiar a las mujeres de muchos países.

El 7 de noviembre de 1967, la Asamblea General adoptó la Declaración sobre la eliminación de toda discriminación contra las mujeres, que constituye el documento de referencia clave para la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Aunque no tiene carácter vinculante para los Estados Miembros de Naciones Unidas, insta a los países a transformar sus leyes. Los artículos 6, referido a la igualdad de mujeres y hombres en el matrimonio y en la familia, y 10, relativo al empleo, han sido especialmente controvertidos en numerosos países, dado que la Declaración hace un llamamiento a la abolición de las leyes de aquellos países que, por motivos religiosos y culturales, entran en contradicción con la Declaración.

La fecha clave en el cambio de orientación de la estrategia de Naciones Unidas debe situarse en 1968, año en el que se celebra la Conferencia de Teherán sobre Derechos Humanos. En ella se aprobaron 29 Resoluciones vinculantes y un programa a largo plazo para el avance de las mujeres en el contexto del proceso de desarrollo de los países, especialmente en las áreas del desarrollo de comunidades, el papel de las mujeres en el crecimiento demográfico y la situación de estas en el mundo rural. Para ello, se propuso, por primera vez, la adopción de medidas, implementadas con programas específicos y financiación adecuada, que permitiera a las mujeres acceder a métodos anticonceptivos, a la educación y a la formación necesaria que les permitiera tener acceso con todo el protagonismo necesario al desarrollo mundial.

Sobre la base de la Declaración de 1967 y el Plan de Acción Mundial adoptado en la Conferencia Mundial de México de 1975, la Comisión de la Condición Social y Jurídica redactó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (UN, 2003), que fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979 y entró en vigor, como tratado internacional, el 3 de septiembre de 1981, tras su ratificación por 20 países. En 2005, 180 países han ratificado la Convención, lo que supone integrarla en sus sistemas jurídicos. España la ratificó en 1983. A partir de esa fecha, su contenido forma parte integrante del derecho interno y es norma de interpretación de los derechos y deberes fundamentales de nuestro ordenamiento.

La Convención fue la culminación de más de 30 años de trabajo de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Entre los tratados internacionales de derechos humanos, la Convención ocupa un importante lugar por incorporar la mitad femenina de la humanidad a la esfera de los derechos humanos en sus distintas manifestaciones. El espíritu de la Convención tiene su origen en los objetivos de Naciones Unidas: reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. La Convención define el significado de la igualdad e indica cómo lograrla. En este sentido, la Convención establece no solo una declaración internacional de derechos para la mujer, sino también un programa de acción para que los Estados Partes garanticen esos derechos.

En su Preámbulo, la Convención reconoce explícitamente que «las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones», y subraya que esa «discriminación viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana». Según el artículo 1, por discriminación se entiende «toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo […] en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera». La Convención confirma el principio de igualdad al pedir a los Estados Partes que tomen «todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre» (artículo 3) (UN, www.un.org).

La Convención se concentra en tres aspectos de la situación de la mujer. Por una parte, el de los derechos civiles y la condición jurídica y social de la mujer, que se abordan pormenorizadamente. Pero además, y a diferencia de otros tratados de derechos humanos, la Convención se ocupa de todos aquellos derechos relativos a la reproducción humana y con las consecuencias que los factores culturales tienen en las relaciones entre los sexos.

En cuanto a los derechos políticos, considerados como derechos fundamentales, existe el antecedente de la Convención sobre Derechos Políticos de 1952 que queda bien reflejado en el artículo 7 de la Convención, que garantiza a la mujer el derecho al voto, a ocupar cargos públicos y a ejercer funciones públicas. También se estipula la igualdad de derechos de la mujer para garantizarle la oportunidad de representar a su país en el plano internacional (artículo 8). La Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, aprobada en 1957, se tiene en cuenta en el artículo 9, que establece el derecho de la mujer a mantener su nacionalidad, independientemente de su estado civil. De esta manera, la Convención destaca el hecho de que la condición jurídica de la mujer, en lugar de ser fijada en función del reconocimiento de esta como persona por derecho propio, con frecuencia se ha vinculado al matrimonio, lo que hace que su nacionalidad dependa de la de su esposo. En los artículos 10, 11 y 13 se establece el derecho de la mujer al acceso, sin discriminación, a la educación, el empleo y las actividades económicas y sociales. Este derecho recibe especial atención en el caso de la mujer de las zonas rurales, cuya contribución económica merece, como se indica en el artículo 14, más atención en la etapa de planificación de políticas. En el artículo 15 se reconoce la plena igualdad de la mujer en materias civiles y comerciales, y se dispone que todo instrumento que tienda a limitar su capacidad jurídica al respecto se considerará nulo. Por último, en el artículo 16, la Convención aborda nuevamente la cuestión del matrimonio y las relaciones familiares y establece la igualdad de derechos y obligaciones de la mujer y el hombre en lo que se refiere a la selección del cónyuge, la paternidad, los derechos personales y la posesión de bienes.

Aparte de las cuestiones referidas a los derechos civiles, la Convención también dedica suma atención a una preocupación de importancia vital para la mujer: el derecho de procreación. En el Preámbulo se dicta la pauta al afirmarse que «el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación» y en el artículo 5 apuesta por «una comprensión adecuada de la maternidad como función social» (UN, www.un.org), lo que requiere que ambos sexos compartan plenamente la responsabilidad de criar a los hijos. En consecuencia, las disposiciones relativas a la protección de la maternidad y el cuidado de los hijos se proclaman como derechos esenciales y se incorporan en todas las esferas que aborda la Convención, ya traten estas del empleo, el derecho de familia, la atención de la salud o la educación. La obligación de la sociedad se extiende a la prestación de servicios sociales, en especial servicios de guardería, que permitan a los padres combinar sus responsabilidades familiares con el trabajo y participar en la vida pública. Cabe destacar que la Convención, que también establece el derecho de la mujer a decidir en cuanto a la reproducción, es el único tratado de derechos humanos que menciona la planificación de la familia. Los Estados Partes tienen la obligación de incluir en el proceso educativo asesoramiento sobre planificación de la familia (artículo 10h) y de crear códigos sobre la familia que garanticen el derecho de las mujeres «a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos» (artículo 16e) (UN, www.un.org).

Uno de los aspectos fundamentales de la Convención es el de ampliar la interpretación del concepto de los derechos humanos mediante el reconocimiento formal del papel desempeñado por la cultura y la tradición en la limitación del ejercicio por la mujer de sus derechos fundamentales. La cultura y la tradición se manifiestan en estereotipos, hábitos y normas que originan las múltiples limitaciones jurídicas, políticas y económicas al adelanto de la mujer. Reconociendo esa relación, en el Preámbulo de la Convención se destaca «que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia» (UN, www.un.org). En consecuencia, los Estados Partes están obligados a colaborar a la modificación de los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres para eliminar «los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres» (artículo 5) (UN, www.un.org). El artículo 10c estipula la modificación de los libros, programas escolares y métodos de enseñanza para eliminar los conceptos estereotipados en la esfera de la educación. Por último, todas las disposiciones de la Convención que afirman la igualdad de responsabilidades de ambos sexos en la vida familiar e iguales derechos con respecto a la educación y al empleo atacan enérgicamente los patrones culturales que definen el ámbito público como un mundo masculino y la esfera doméstica como el dominio de la mujer.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se encarga de velar por la aplicación de la Convención. El mandato del Comité y la aplicación del tratado se definen en los artículos 17 a 30 de la Convención. Se prevé que los Estados Partes presenten al Comité, por lo menos cada cuatro años, un informe sobre las medidas que hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la Convención. Durante su periodo anual de sesiones los miembros del Comité examinan esos informes con los representantes de los gobiernos y consideran las esferas que requieren nuevas medidas nacionales. El Comité también hace recomendaciones de carácter general a los Estados Partes sobre aspectos relativos a la eliminación de la discriminación contra la mujer (UN, 2003).

Los trabajos del CEDAW han permitido en 1999 la adopción de un Protocolo Facultativo a la Convención que entró en vigor el 22 de diciembre de 2000. Actualmente, se encuentra en proceso de ratificación por parte de los diferentes países y algunos han iniciado los procedimientos parlamentarios previos necesarios. El Protocolo Facultativo es un instrumento jurídico que posibilita que las mujeres que hayan sido objeto de discriminación de género presenten denuncias al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Al ratificar el Protocolo, los Estados reconocen la competencia del Comité para recibir y considerar denuncias de personas o grupos de personas dentro de su jurisdicción en caso de que se hayan agotado los recursos jurídicos dentro de su propio país. El Protocolo Facultativo también posibilita que el Comité inicie indagaciones en situaciones de conculcación grave y sistemática de los derechos de las mujeres.

Asimismo, las sucesivas conferencias internacionales: México, Copenhague, Nairobi y Beijing, transcurridas desde 1975 a 1995, han supuesto un importante avance en la definición de los derechos humanos desde la perspectiva de género y en la definición de estrategias para la consecución de los mismos. El Año Internacional de la Mujer se adoptó en 1972, a partir de la iniciativa de las organizaciones internacionales con estatus consultivo ante el Comité Económico y Social. El objetivo fundamental era «impulsar y multiplicar los esfuerzos dirigidos a desarrollar acciones concertadas entre los Gobiernos y las organizaciones no gubernamentales para la plena aplicación de la Declaración para la Eliminación de toda Discriminación contra la Mujer» (UN, www.un.org).

En junio de 1975, la Conferencia Internacional en México reunió a delegaciones de 133 países, de las cuales solamente el 70 % de sus integrantes eran mujeres, entre las que se encontraban esposas de presidentes de gobierno, ministras de gobiernos de todo el espectro político e incluso familiares de destacados políticos internacionales, aunque también hay que destacar que por primera vez en la historia se reunieron 6.000 mujeres representantes de ONG de todo el mundo. La Conferencia definió tres áreas de trabajo: la definición de un plan de acción para los siguientes cinco años, que fue adoptado por unanimidad, una declaración sobre «la igualdad de las mujeres y su contribución al desarrollo y la paz» que fue adoptada a pesar de la oposición de los países occidentales y 34 resoluciones sobre la paz, el desarrollo, la familia y la protección de la maternidad y la salud de la infancia.

Las críticas al plan de acción se centraron en la ausencia de un marco de análisis previo que definiera las causas de la subordinación de las mujeres, concentrándose en aspectos históricamente asignados a las mujeres, tales como la salud, la educación, la familia y la ausencia de recomendaciones en relación con el medio ambiente, los derechos sobre el patrimonio, la industria, la ciencia y la tecnología, el comercio, el transporte, la violencia ejercida contra las mujeres, la pornografía, la participación de las mujeres en el mercado informal de trabajo y las diferencias salariales en trabajos de igual valor. En cuanto a la Declaración, explicitaba el estrecho vínculo existente entre la ausencia de derechos de las mujeres y el contexto político y económico de los países miembros.

Las conclusiones finales de la Conferencia reflejaban por primera vez un exhaustivo análisis de las condiciones de desigualdad que afectaban al conjunto de las mujeres, y en ese sentido constituye un excelente documento de referencia para análisis posteriores. No obstante, las organizaciones de mujeres reunidas en la Tribuna de ONG fueron muy críticas con el Plan de Acción y con la Declaración por considerar que no reflejaban la voluntad de dotar a Naciones Unidas de instituciones con suficiente autoridad y recursos económicos para garantizar su aplicación entre los países miembros y con instrumentos jurídicos eficaces.

La Década de Naciones Unidas para la Mujer, que se desarrolló entre 1976 y 1985, tuvo como lema: Igualdad, Desarrollo y Paz, y supuso el reconocimiento por parte de Naciones Unidas de que el conjunto de la humanidad no puede avanzar sin el reconocimiento de los derechos de las mujeres en el contexto de los grandes problemas de la humanidad: superpoblación, pobreza, analfabetismo, malnutrición, salud, mortalidad, morbilidad. La principal transformación se produjo al reconocer que el desarrollo no es posible sin la participación de las mujeres.

En 1976 se funda el INSTRAW, Instituto Internacional para la Investigación y Formación del Avance de las Mujeres, y en 1984 se crea la Fundación para el Desarrollo de las Mujeres (UNIFEM). Ambos organismos han constituido en estos años una importante plataforma para impulsar proyectos sobre la mejora de las condiciones de vida en el proceso de desarrollo económico y social.

La Conferencia de Copenhague de 1980 trató de alcanzar el consenso sobre las prioridades que alcanzar en los últimos cinco años de la Década para la Mujer en temas claves como empleo, salud y educación, con la aprobación de un Programa de Acción junto con 48 Resoluciones. El Programa de Acción era de obligado cumplimiento para los países, que debían remitir Informes Anuales a la Asamblea General a partir de lo establecido en el artículo 18 de la Convención de 1979.

La Conferencia estuvo muy condicionada por la polarización en el debate sobre temas de política internacional: el avance del sionismo, apartheid y el nuevo orden internacional. Las 145 delegaciones oficiales reflejaban en mayor medida las posiciones de sus propios gobiernos que los intereses y necesidades de las mujeres de cada uno de los países. Pertenecientes en su mayoría a los partidos gobernantes y a las élites políticas y sociales de sus propios países, rechazaban un análisis crítico de sus gobiernos y sobre la escasa eficacia de Naciones Unidas para imponer la aplicación de los programas de acción. Igualmente se hizo evidente que la mayoría de los organismos de igualdad de los diferentes países se situaban de forma marginal en los Estados, bien por falta de recursos humanos y materiales, bien por ausencia de peso político en la agenda de los gobiernos.

A la Conferencia celebrada en Nairobi en julio de 1985 asistieron delegaciones de prácticamente la totalidad de los Estados miembros, 85 % de las mismas estaban presididas por mujeres y aproximadamente el 75 % de las delegadas eran mujeres. El Forum No Gubernamental, celebrado entre el 10 y el 19 de julio, reunió a 15 000 procedentes de 150 países, y al menos el 60 % procedían de países en desarrollo.

La Conferencia Gubernamental aprobó por consenso las estrategias para el avance de las mujeres, estrategias que presentaban significativas diferencias frente a anteriores conferencias. Mientras que el plan de acción aprobado en México había sido definido como «la lista de la compra de los temas de las mujeres», Nairobi facilitaba un marco analítico bien definido sobre la situación de las mujeres en el mundo y sus principales problemas, así como las medidas y los compromisos que los países asistentes debían acometer. La perspectiva de Nairobi profundiza en el concepto de considerar a las mujeres no solamente como objetos de derechos, sino como sujetos activos de derechos que deben desempeñar un papel central como intelectuales, participando en el proceso de toma de decisiones, diseñando políticas en todos los ámbitos y siendo beneficiarias de los logros del desarrollo.

Igualmente, la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Viena de 1993 declaró que los derechos humanos son una norma universal, independientemente de la tradición jurídica de cada país. En la Declaración de Viena se destaca que los derechos de las mujeres y de las niñas son parte «inalienable integral e indivisible de los derechos humanos». Como resultado de las recomendaciones formuladas en Viena, en diciembre de 1993, la Asamblea General aprobó por consenso la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, en la que se estipula que todos los Estados Parte, «de conformidad con la legislación nacional, deben prevenir, investigar y castigar los actos de violencia contra la mujer, hayan sido estos perpetrados por el Estado o por personas físicas» (UN, www.un.org). Un año después, la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994, supuso un importante avance en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. En ella se adoptó el acuerdo de que el papel de la mujer y la mejora de su condición jurídica y social son fines en sí mismos e imprescindibles para alcanzar un desarrollo sostenible. El Programa de Acción refleja bien el contexto y el contenido de los derechos reproductivos:

Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por consenso. Estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre estos y a disponer de la información y de los medios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva (UN, www.un.org).

En cuanto a las actuaciones iniciales, estuvieron dirigidas fundamentalmente a llevar a cabo una codificación de las leyes relacionadas con los derechos de las mujeres en el marco internacional y la recuperación de datos estadísticos sobre la situación real de las mujeres.

A partir de los años 90, la violencia ejercida contra las mujeres deja de ser considerada un tema privado y pasa a ser considerada una vulneración de los derechos humanos. En la Declaración de Beijing y la Plataforma para la Acción aprobada en la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres de Beijing en 1995, se afirma que «los derechos humanos de las mujeres y de las niñas son parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales. El disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales por mujeres y niñas constituye una prioridad para los gobiernos y las Naciones Unidas y es esencial para el avance de las mujeres» (UN, 1996a) y se establece el principio de que es preciso defender los derechos de todos en general a fin de preservar los derechos de cualquier persona, y se exhorta a todos los gobiernos, organizaciones e individuos a que protejan los derechos humanos de las mujeres mediante la plena aplicación de todos los instrumentos pertinentes de derechos humanos, en especial la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, e insta a los Estados a velar por establecer la igualdad entre los sexos y la no discriminación por motivos de género, tanto en la legislación como en la práctica.

En la Plataforma para la Acción se definen 12 esferas de actuación: mujer y pobreza, educación y capacitación de la mujer, mujer y salud, violencia contra la mujer, mujer y conflictos armados, mujer y economía, mujeres en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, derechos humanos de la mujer, mujer y medios de difusión, mujer y medio ambiente y los problemas de las niñas. Concretamente, en materia de derechos humanos, se propusieron, entre otras, una serie de medidas dirigidas a ratificar «por parte de los gobiernos los tratados internacionales y regionales de derechos humanos, adherirse a ellos y aplicarlo, ratificar la Convención […] adherirse a ella y garantizar su aplicación», en aquellos países que aún no lo hubieren hecho, y «crear instituciones nacionales independientes para la protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres…» (UN, www.un.org).

Después de la Cuarta Conferencia Mundial de Beijing, se encomendó a la Comisión Jurídica y Social de la Mujer que examinara regularmente las esferas de especial interés e hiciera un seguimiento sobre el grado de seguimiento de la Plataforma por parte de los Estados Miembros. Sin duda el aspecto más significativo de la Conferencia y la Plataforma de Acción fue que, a partir de Beijing, se considera que el cambio en la situación de la mujer afecta a la sociedad en su conjunto, que la sociedad del futuro y el pleno desarrollo económico y social no se producirán sin contar con la participación plena de las mujeres, de forma que las políticas de mujer no pueden ser sectoriales y tienen que integrarse en el conjunto de las políticas siguiendo el principio de mainstreaming o transversalidad de género (San Román Gil, 1998: 134).

A partir de 1995, Naciones Unidas inició el proceso de seguimiento sobre el grado de aplicación e implementación por parte de los Estados de la Plataforma de Acción de Beijing. A lo largo de los primeros cinco años se llevó a cabo la revisión de los diferentes ámbitos de actuación de la misma: mujer y pobreza y mujer y medios de comunicación (1996), educación, economía, mujeres en el poder y en los procesos de toma de decisiones, mujer y medio ambiente (1997), la violencia ejercida contra las mujeres, las mujeres en los conflictos armados, derechos humanos de las mujeres, jóvenes (1998), mujer y salud, mecanismos institucionales (1999).

La Plataforma de Acción fue objeto de una revisión quinquenal, en junio de 2000, en la Conferencia Mujeres 2000: Igualdad de género, desarrollo y paz para el siglo XXI, que tuvo lugar en la sede de Naciones Unidas. Durante la Conferencia se puso de manifiesto lo limitado de la capacidad de influencia y de actuación sociopolítica de los movimientos de mujeres y la falta de voluntad real de los Estados para dar cumplimiento efectivo a los acuerdos adoptados (Martín Vida, 2004: 193), y posteriormente, en 2005, se llevó a cabo una nueva revisión sobre la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing y se reseñaron nuevamente las limitaciones en su aplicación (UN, 2005).

El balance de esta década se valora de forma ambivalente. Se ha avanzado sustancialmente en los cambios legislativos en los diferentes países y se ha producido un importante desarrollo institucional. Un buen ejemplo de ello es la creación en 2006, en el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de la Unidad de Derechos de las Mujeres y de Género con el fin de garantizar el análisis e interpretación de las actuaciones del Alto Comisionado y del propio Consejo de Derechos Humanos, desde la perspectiva de género.

Durante los últimos diez años los derechos de las mujeres han experimentado un cambio significativo a escala mundial, aunque no al mismo ritmo en todas las regiones. Puede afirmarse que se producen algunas tendencias de carácter general: ha aumentado el nivel de sensibilización de la mayoría de los gobiernos, cada vez se reconocen en mayor medida los efectos que tienen sobre las mujeres las principales tendencias mundiales, incluidas la globalización, la liberalización de los mercados, la privatización, la migración y el uso de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Se ha incrementado la participación de las mujeres en la vida pública, ha disminuido la mortalidad maternoinfantil, ha mejorado el acceso a la educación y la alfabetización de mujeres y niñas.

También existe una conciencia creciente de la interdependencia entre los diferentes marcos institucionales y las diferentes políticas supranacionales y estatales, y se ha promulgado un gran número de leyes dirigidas a eliminar la discriminación y a promover la igualdad de géneros.

Persiste en los primeros años del siglo XXI una enorme brecha entre las políticas y la práctica social. En lo que respecta a los derechos de las mujeres, la posición de los diferentes sectores sociales se encuentra a una gran distancia de la política y de los marcos jurídico e institucional. Las tendencias fundamentalistas, los conflictos bélicos y la gran incidencia del SIDA entre las mujeres, entre otros hechos, comprometen de forma relevante la garantía y defensa de los derechos fundamentales de las mismas.

3. Los derechos humanos de las mujeres en el marco del Consejo de Europa

El Consejo de Europa es una institución integrada hasta la fecha por 45 países, con un total de 800 ciudadanas y ciudadanos y que tiene como objetivo fundamental «proteger los derechos, la democracia pluralista y la preeminencia del derecho». Recordemos que en el Consejo de Europa se adoptan Decisiones que se transmiten a los gobiernos o que son objeto de convenios internacionales o acuerdos jurídicamente vinculantes para los Estados Miembros que los han ratificado. Igualmente, se adoptan Declaraciones o Resoluciones que en gran medida obligan a los países miembros.

A los textos normativos debe añadirse la actividad desarrollada por el Comité de Ministros, formado por representantes de los 45 países, y los 313 miembros que forman parte de la Asamblea Parlamentaria, que se traducen en acuerdos de diversa índole que implican directamente a todos los países que voluntariamente han querido integrarse en el Consejo de Europa como institución de referencia en relación con los derechos humanos.

Tres décadas después de la fundación del Consejo de Europa en 1949, en 1979 se creó el Comité sobre el Estatus de las Mujeres, cuyo objetivo fundamental era la promoción y protección de los derechos de las mujeres en sintonía con los objetivos generales del Consejo sobre la protección de los derechos humanos y la salvaguarda de la democracia. La creación del Comité debe vincularse estrechamente a la declaración por parte de Naciones Unidas del año 1975 como el Año Internacional de la Mujer, la Primera Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer en México en 1975 y la subsiguiente Década para la Mujer de 1975-1985. El objetivo inicial era fundamentalmente «revisar el trabajo del Consejo de Europa, mejorar la situación de las mujeres y realizar propuestas que eliminen posteriores obstáculos para una efectiva y plena igualdad entre hombres y mujeres» (CE, www.coe.org).

El cambio en la conceptualización y en la definición de los derechos de las mujeres comenzó a hacerse evidente a partir de 1981 con la creación del Comité para la Igualdad entre mujeres y hombres, cuyo objetivo era fundamentalmente «promover la igualdad entre mujeres y hombres y garantizar la participación activa de las mujeres, sobre las mismas bases que los hombres, en todos los niveles de la política, la economía y la cultura» (CE, www.coe.org).

En 1987, el nuevo Comité Europeo para la Igualdad entre mujeres y hombres sentó las bases de una mayor colaboración con los gobiernos y el Consejo Director para la Igualdad entre mujeres y hombres (CDEG), institución de carácter intergubernamental responsable de definir, estimular y promover todas las acciones del Consejo de Europa dirigidas a promover la igualdad entre mujeres y hombres. Su interlocutor inmediato es el Consejo de Ministros, del que recibe instrucciones y al que dirige sus propuestas. Sus miembros son designados por los diferentes gobiernos. El actual CDEG fue creado en 1992 y entre sus principales competencias y objetivos se encuentra el de promover la cooperación entre los Estados Miembros para conseguir una equiparación entre mujeres y hombres, preparar las Conferencias Ministeriales sobre igualdad y estimular la cooperación con otras instituciones del Consejo de Europa para integrar la dimensión de género en todas sus actividades.

Desde 1979 hasta la actualidad se evidencian cambios sustanciales en la estructura y fundamentalmente en los objetivos del Consejo de Europa en relación con los derechos fundamentales de las mujeres. En las primeras resoluciones y recomendaciones, el objetivo fundamental era el de la eliminación de la discriminación contra las mujeres; en los últimos años se evidencia una perspectiva más dinámica que considera la igualdad como un derecho fundamental y propugna la necesidad de estrategias y políticas activas para construir la igualdad. Se ha producido igualmente un cambio sustancial en el marco de referencia de los derechos de las mujeres, considerados inicialmente como derechos de carácter jurídico, y posteriormente de carácter social, hasta considerarse hoy la igualdad en el contexto de los derechos humanos.

No obstante, a lo largo de estos años existen unas líneas de acción y objetivos que se mantienen constantes: la participación política de las mujeres, la violencia de género, inicialmente considerada en términos legales y sociales y posteriormente como una violación de los derechos humanos, los medios de comunicación y su incidencia en definir roles de género y en comprometer la dignidad de las mujeres, el empleo, inicialmente considerado desde la perspectiva de la no-discriminación, hoy considerado desde una amplia perspectiva que incluye la conciliación de la vida familiar y profesional y la educación como un instrumento fundamental para instaurar la igualdad y respeto de los derechos humanos.

En los últimos años se han introducido otras áreas de actuación tales como el tráfico de mujeres y la explotación sexual, los derechos reproductivos, las migraciones de la población femenina, el papel de las mujeres en las situaciones de conflicto y en la construcción de la paz. Estas líneas de actuación, al menos desde el punto de vista normativo, se ubican en el marco de la defensa de los derechos humanos, de su protección y su promoción: la violencia, y todas sus formas de actuación, atenta contra la integridad física, la dignidad de las personas y la defensa de la vida, la marginación de las mujeres de la participación política atenta contra los más elementales derechos políticos de los seres humanos, la discriminación en el empleo y la dificultad en conciliar la vida laboral y familiar atenta contra los derechos económicos y sociales de todos los seres humanos y especialmente de las mujeres.

En cuanto a las estrategias, el Consejo de Europa ha ido evolucionando sustancialmente en las mismas, desde una estricta enumeración de los derechos vulnerados por los gobiernos ha pasado a propugnar la transversalidad de las políticas de género y las acciones positivas.

En lo que se refiere a los textos normativos, es necesario mencionar dos textos fundamentales: el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y la Carta Social Europea. El Convenio, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 por los países miembros del Consejo de Europa, constituye el primer tratado internacional que aporta una garantía colectiva para el conjunto de los Estados que pertenecen al Consejo de Europa al respeto de los derechos fundamentales. Cabe destacar que el Convenio otorga a las personas físicas que han sufrido la violación de sus derechos fundamentales, así como a las organizaciones no gubernamentales o a los grupos de particulares, la facultad de presentar una demanda contra cualquiera de los Estados Miembros.

Aunque el Convenio no incluye el principio de igualdad entre mujeres y hombres como un principio general, el artículo 14 establece la prohibición de la discriminación basada en el sexo, la raza, el color, la lengua, la religión. Posteriormente, sucesivos protocolos, concretamente el Protocolo núm. 7, artículo 5, establece la igualdad entre los esposos, y el Protocolo núm. 12, firmado en Roma en 2000, establece como principio general la prohibición general de toda discriminación basada en el sexo, partiendo del principio general de defensa de las libertades y los derechos reflejados en el Convenio de 1950.

En cuanto a la Carta Social de 1961, aporta toda una serie de principios en cuanto se refiere a los derechos de las mujeres, tales como igualdad de remuneración, protección de las madres y de las mujeres trabajadoras, entre otros. El Protocolo Adicional de 1988 incluye los derechos de igualdad de oportunidades y de trato en relación con el empleo y la carrera profesional, sin que pueda existir discriminación basada en el sexo. Posteriormente, la Carta Social fue revisada en 1996 e incorporó el Protocolo Adicional, que incluye nuevas medidas sobre el derecho a la protección de la maternidad, el derecho a la dignidad en el trabajo y el derecho de las trabajadoras con responsabilidades familiares a la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades (Tavares da Silva, 2002: 1-20).

4. Derechos de las mujeres en la Unión Europea

A partir de 1945, Europa debe afrontar las nuevas exigencias de un periodo en el que se presenta como hecho ineludible: la necesidad de reconstruir el continente después de las graves pérdidas humanas, la destrucción de la capacidad productiva y el daño moral sin precedentes ante la certeza de haber permitido de una forma u otra el exterminio de diez millones de personas. En este contexto, los Tratados Constitutivos de la Comunidad Económica Europea, los Tratados de Roma daban respuesta a la necesidad de propiciar un clima favorable para el entendimiento entre los países anteriormente contendientes durante la Segunda Guerra Mundial.

Como es bien conocido por todos, tanto el Tratado de la CECA de 1952 como los Tratados Constitutivos de la CEE de 1957 tenían como objetivos fundamentales crear un marco adecuado para que los 6 países firmantes del Tratado de Roma: Francia, Alemania Federal, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, pudieran, después del prolongado periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial de recuperación de sus economías nacionales, propiciar un clima favorable a los intercambios económicos, especialmente en lo que se refiere al carbón y al acero. En efecto, a partir de 1945 Europa debe afrontar las nuevas exigencias de un periodo en el que se presentaba como hecho ineludible el frenar declive del continente en el contexto del mundo occidental.

No obstante, durante las negociaciones previas a los Tratados de Roma, se evidenció que, aunque el objetivo prioritario era facilitar e impulsar las relaciones económicas entre los países susceptibles de firmar los Tratados, entre los negociadores, especialmente Francia, existía la voluntad de sentar las bases de una unión económica o un mercado común. Esta nueva realidad suponía no solamente la desaparición de las barreras aduaneras y controles del comercio, sino también la creación de un espacio económico común en el que era necesario afrontar un cierto grado de armonización de las previsiones sociales, y por tanto de sus costes, entre los 6 países firmantes. En este sentido, la delegación francesa se mostró especialmente sensible al hecho de que si se producía un inevitable descenso de tarifas debía aplicarse en compensación el principio de igualdad de remuneraciones en el conjunto de la CEE, con el fin de que no se produjese una situación de competencias desleal entre los trabajadores de los diferentes países firmantes.

Es en este contexto en el que debe incluirse la referencia a la variable de género en el Tratado de Roma que responde en el año 1957, no a una demanda de las mujeres europeas, sino fundamentalmente a la necesidad de conciliar la propuesta francesa de incluir el principio de igualdad de remuneración y la necesidad de no distorsionar el principio de libre competencia entre países, evitando en todo caso la transferencia de mano de obra barata, mano de obra femenina fundamentalmente, de unos países a otros (Hoskyns, 1996). A pesar del indiscutible desarrollo del feminismo que se produce en Europa durante los años 70 que puede explicar en cierta medida el desarrollo de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres en el contexto de la CEE, este hecho no explica por sí solo la génesis de las primeras medidas legislativas y su posterior desarrollo tanto a nivel comunitario como en los países que en 1957 constituyeron la Comunidad Económica Europea.

De cualquier forma, es necesario destacar que la redacción final de los artículos 119 y 120 estuvo definida fundamentalmente por razones funcionales dirigidas a garantizar el objetivo prioritario del Tratado, esto es, la puesta en marcha de un futuro «mercado común». De esta forma, la política social europea aparecía integrada en estos artículos (Folguera, 2004: 280).

En lo que se refiere al artículo 119, es necesario resaltar que su negociación y posterior desarrollo se sitúan concretamente en dos factores: el debate sobre la igualdad de retribución que tuvo lugar en las organizaciones internacionales en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y, en segundo lugar, la situación de las mujeres en Francia, que en los años 40 y 50 determinó las demandas francesas en el contexto de la negociación del Tratado de Roma. En efecto, el principio de igualdad de retribución para hombres y mujeres formaba parte del conjunto de derechos humanos que se definieron durante la década de los 40 en las grandes declaraciones y convenios internacionales. En 1951 se adoptó por parte de la OIT la Convención n.º 100, que recoge el principio de igualdad de retribución, que también está presente en la Recomendación sobre la igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un trabajo de igual valor. La Convención n.º 100 constituyó un importante antecedente para la posterior redacción del artículo 119.

La realidad en la mayoría de los países europeos durante los años 40 y 50 era la existencia de diferentes tasas de salarios para hombres y mujeres. El argumento para la existencia de estas era el absentismo laboral de la población activa femenina, así como su menor especialización debida a la fragmentación de su trayectoria profesional condicionada siempre por la maternidad y otras contingencias biológicas y en último término las menores necesidades económicas y sociales de las mujeres. Por ello, la Convención n.º 100 venía a destacar la necesidad de valorar el trabajo, independientemente de la persona que lo realizase.

El impacto posterior del artículo 119 del Tratado de Roma fue mayor de lo que los propios artífices del mismo esperaban. Los sucesivos Reglamentos, Directivas, Decisiones y Recomendaciones conforman un auténtico cuerpo de leyes de no discriminación que incidirán posteriormente de forma muy directa en la legislación a nivel nacional y conformarán un nuevo marco de actuación en el proceso de construcción de la ciudadanía social. La incidencia de estas normas se hizo más visible a partir de la actuación del movimiento de mujeres durante los años 60 y se tradujo en la aprobación durante esos años de tres Directivas y de sucesivos Programas de Acción Comunitaria en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

Los setenta son años de importantes cambios económicos, políticos y sociales en el contexto de la CEE: en mayo de 1968 se llevan a cabo en toda Europa importantes movilizaciones, en 1973 produce la ampliación de la CEE a Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca, tiene lugar el acceso del SPD al poder en Alemania en 1969 y en 1973 se produce la crisis del petróleo que afectó al conjunto de la economía mundial y generó millones de desempleados en el mundo.

En el contexto social, deben recordarse las importantes movilizaciones a que dieron lugar el mayo francés y el significativo desarrollo de lo que se ha denominado segunda oleada de feminismo en toda Europa. En este contexto se aprobaron por parte de la CEE tres Directivas de 10 de febrero de 1975 sobre la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras, la Directiva de 9 de febrero de 1976 sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al empleo, a la formación y a la promoción profesional, y la Directiva de 19 de diciembre de 1978 relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social (CE, www.europa.eu.int).

Las nuevas Directivas, relacionadas con las condiciones de trabajo y con la Seguridad Social, estaban fundamentadas en el concepto de igualdad, o en otros términos, en la igualdad de trato se incorporaba cualquier prohibición de cualquier discriminación directa e indirecta. Este último concepto, la discriminación indirecta, aplicada a situaciones en las que se daba una igualdad formal pero no real, suponía un claro avance en cuanto a la formulación de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres, ya que preveía las potenciales diferencias entre la igualdad formal y su aplicación en unas condiciones sociales y económicas que garantizasen la libertad de mercado en la esfera económica. En efecto, la introducción del concepto de igualdad de trato frente a la anterior Directiva que establecía la igualdad de remuneración reflejaba la receptividad de las instancias comunitarias ante las demandas del movimiento feminista y de los partidos políticos que argumentaban cómo este nuevo concepto incluía todas las posibles contingencias que debían garantizar la correcta aplicación del principio de igualdad entre hombres y mujeres. En segundo lugar, aunque no por ello no menos importante, las instancias comunitarias eran conscientes de la necesidad de atraer a un mayor número de mujeres al mercado de trabajo en unas condiciones de auténtica igualdad.

A nivel comunitario, la CEE afronta la revisión del Tratado de Roma que se concretará en el que permitirá una mayor agilidad en el proceso de toma de decisiones, a partir del Acta Única de 1986, por mayoría cualificada. La incorporación en 1986 de España, con un gobierno de izquierdas, y Portugal propiciará la incorporación de la dimensión meridional en el conjunto de los Doce países miembros. En el conjunto de las instituciones comunitarias, la Comisión de los Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo comenzó a tener un cierto peso en la definición de políticas y en la Comisión Europea el Women’s Bureau permitió un impulso de las políticas de igualdad en el conjunto de las políticas comunitarias.

En este contexto se produce una creciente influencia de las organizaciones de mujeres, sindicatos y partidos políticos. Son los años en los que en la mayoría de los países europeos se crean organismos de igualdad responsables de aplicar a nivel nacional las políticas comunitarias en materia de igualdad. Son los años en los que el llamado feminismo de Estado (Folguera, 2006) consigue ampliar su influencia en las administraciones públicas, tanto a nivel nacional como autonómico.

Durante estos años se llevan a cabo nuevas propuestas legislativas como la Directiva destinada a aplicar el principio de igual trato entre las mujeres autoempleadas y las mujeres del sector primario, y la Directiva sobre permiso parental, que tardará bastantes años en ser aprobada. La primera Directiva de los años 80 pretendía establecer una definición del trabajo no asalariado desempeñado por bastantes mujeres, fundamentalmente en el sector agrícola. En ella se pretendía establecer las diferencias existentes entre el trabajo doméstico no remunerado y el trabajo desempeñado en la empresa familiar que por tanto debía ser equiparado a cualquier otro tipo de trabajo asalariado. El texto pretendía resaltar el papel de las mujeres dentro de las empresas familiares, dotándoles de estatus profesional que les permitiera posteriormente contarla protección social necesaria en función del tiempo en el que se había desempeñado una actividad profesional. En su gestación cabe destacar el papel desempeñado por las organizaciones de mujeres y muy especialmente por la Comisión Femenina de la COPA, la más poderosa organización de agricultores a nivel europeo.

En 1989 se aprobó la Carta Social Europea. En ella, aunque la referencia a la igualdad de trato era poco extensa, se establecía claramente la necesidad de desarrollar el principio de igualdad de oportunidades y la igualdad de trato, considerado este como un concepto más amplio que aseguraba en mayor medida el acceso de las mujeres, que partían de una situación de desigualdad, a las mismas condiciones laborales que los hombres. Aparece igualmente una nueva dimensión prácticamente inédita hasta este momento: la necesidad de que tanto hombres como mujeres conciliaran obligaciones familiares y profesionales, reivindicación que el feminismo había defendido desde los años 80, al igual que había denunciado la ficticia división entre lo privado y lo público. La Carta Social fue adoptada en el Consejo Europeo de 7 de diciembre de 1989 por 11 países, con la excepción del Reino Unido.

Durante los años 90 se aprobaron una serie de Directivas que reflejaban la creciente preocupación de la sociedad europea y de las instancias comunitarias sobre la necesaria desaparición de las desigualdades entre mujeres y hombres. Concretamente fueron adoptadas la Directiva del 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la seguridad y la salud en el trabajo de la mujer embarazada, y la Directiva de 3 de junio de 1996, referente a tres meses de permiso parental indistintamente para el padre o la madre para ocuparse de los hijos hasta de ocho años (CE, www.europa.eu.int).

Después de varios años de debate, el Consejo de Ministros de Asuntos Sociales adoptó el 15 de diciembre de 1997 la Directiva sobre la inversión de la carga de la prueba en casos de discriminación basada en el sexo. El texto final fue, no obstante, considerado insuficiente por las organizaciones de mujeres y por los sindicatos, ya que no contenía una definición estricta de la discriminación indirecta.

El Tratado de Maastricht de 1992 constituyó una importante innovación del sistema comunitario, en el sentido de que consagra nuevas competencias de la Unión Europea tales como la educación, la salud, la cohesión social, y la política social abre la vía a nuevos derechos políticos. En él se suscribe en su artículo 119 el principio de «garantizar el principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo» (CE, www.europa.eu.int).

Más significativo aún es el Tratado de Amsterdam de 1997 de los países miembros, en el que el principio de no discriminación y el principio de igualdad entre hombres y mujeres es sucesivamente reflejado en varios artículos. Concretamente, el artículo 2 del TCE establece: «La Comunidad tendrá como misión promover… la igualdad entre el hombre y la mujer», y en el artículo 3 se explicitan entre las acciones que se han de llevar a cabo por parte de la Comunidad que: «En todas las actividades contempladas, la Comunidad se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad», por lo que a partir de entonces se consagrará el principio de transversalidad. Mención especial merece el artículo 141, que reproduce el antiguo artículo 119 en el que se establece que cada Estado Miembro garantizará la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo «o para trabajo de igual valor» (CE, www.europa.eu.int).

La voluntad expresa por parte de la Comunidad Europea de garantizar la aplicación del principio de igualdad de oportunidades queda reflejado en el propio artículo 141, apartado 3, en el que se establece que el Consejo adoptará medidas para garantizar la aplicación de este principio. También se contemplan las medidas de acción positiva en el contexto del Tratado, ya que en el apartado 4 del mismo artículo 141 (antiguo 119) se establece que cada Estado Miembro podrá «mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades profesionales o a evitar o compensar desventajas en sus carreras profesionales» (CE, www.europa.eu.int).

Otro artículo que se incorporó al Tratado de Amsterdam y que puede constituir en el futuro un instrumento fundamental para la articulación de las políticas de igualdad es el artículo 13, en que se establece que «el Consejo, por unanimidad, propuesta de la Comisión, previa consulta al Parlamento Europeo, podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo» (CE, www.europa.eu.int).

Las organizaciones feministas no se mantuvieron al margen del desarrollo de la Conferencia Intergubernamental preparatoria del Tratado elevando, sus propuestas ante los miembros de la misma y ante los representantes de los países miembros y ante las propias instituciones europeas. En este sentido, debe destacarse cómo la interlocución social se estableció por primera vez de una forma bastante fluida entre las organizaciones sociales: sindicatos y organizaciones que representan a diversos colectivos tales como los ecologistas, los ancianos, las mujeres y los defensores de los derechos de los consumidores (Folguera, 1998: 127).

En lo que se refiere concretamente a la introducción del principio de igualdad entre hombres y mujeres en el Tratado y a la actuación de las instituciones comunitarias en las políticas igualitarias, fue considerado por parte de las organizaciones feministas como de un progreso significativo. Se pensaba que la introducción del principio de igualdad entre hombres y mujeres en los artículos consagrados a las acciones de la Comunidad hacen de ello una competencia comunitaria. No obstante, la limitación de que estas actuaciones debían ser decididas por unanimidad en el seno del Consejo supone una grave limitación a la puesta en marcha de las políticas de igualdad.

En cuanto al artículo 141 (el antiguo 119), la introducción de una referencia a las medidas de acción positiva en el contexto del Tratado fue considerado como un éxito de las organizaciones de mujeres, aunque con la importante limitación de que el campo de aplicación del artículo 141 se refiere al terreno estrictamente profesional, además de que estas medidas no son aplicables sensu stricto a las mujeres sino al sexo menos representado.

El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa acordado por los Jefes de Estado y de Gobierno en junio de 2004 y firmado en octubre del mismo año tenía como objetivo simplificar la estructura institucional y establecer un marco común de garantías para el conjunto de los veintisiete países de la Unión Europea. El rechazo del Tratado en los referéndums de Francia y Holanda frenó temporalmente el proceso. En materia de igualdad y de no discriminación entre mujeres y hombres el Tratado Constitucional incluía las provisiones existentes. En cuanto al Tratado de Lisboa adoptado en diciembre de 2007 introduce diversos artículos relativos a la igualdad entre mujeres y hombres y de no discriminación. Especialmente destacables son los artículos 2 (TUE):

La Unión se fundamenta en los valores de respecto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos […]. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.

así como en el artículo 3 (antiguo 2 TUE):

La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño.

No obstante, la construcción de Europa no es solamente una cuestión de textos legislativos, acuerdos entre gobiernos y directivas comunitarias. El futuro de la Unión Europea tiene inevitablemente que basarse en la participación activa del conjunto de los actores sociales y en la totalidad de los recursos humanos con que cuenta Europa. En este sentido, no podemos considerar que en la Unión Europea existe un pleno reconocimiento de los derechos de la ciudadanía si el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres no constituye una realidad en las diferentes facetas de la vida política, social y económica.

En este sentido, cabe destacar que la historia de los países de la Unión Europea y la historia de la Unión Europea en sí es una historia de exclusiones en la que las mujeres no han sido consideradas ciudadanas de pleno derecho con iguales derechos civiles, políticos, sociales y económicos. La realidad europea constituye, aún hoy, una sociedad en la que no se reconoce a las mujeres la igualdad en el acceso a los puestos de decisión política, produciéndose una «confiscación del poder político por parte de los hombres» (Vogel-Polsky, 1994).

Europa es, también aún hoy, un ámbito en que se ejerce la violencia sobre las mujeres y en el que el principio de igualdad no se refleja en las relaciones de pareja entre hombres y mujeres, siendo estas, todavía, unas relaciones de dominación, de desigualdad.

En relación con los derechos sociales, la Comunidad Europea no reconoce la importancia de los sistemas de protección social universales, el derecho de las mujeres a un nivel elevado de protección social. De esta forma, se cuestiona, especialmente por parte de las mujeres, la pervivencia en el futuro de los derechos sociales, teniendo en cuenta que en Europa cerca del 60 % de las personas mayores de 65 años y alrededor de los dos tercios de los mayores de 75 años son mujeres. Igualmente, Europa, aún hoy, es un ámbito donde la pobreza es una realidad tangible, 50 millones de pobres se reconocen en el escenario más desarrollado del mundo, pobreza que afecta en mayor medida a las mujeres.

Pese a los instrumentos jurídicos y políticos, la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso a los derechos sociales no es una realidad. La segregación profesional en el mercado de trabajo continúa siendo uno de los principales rasgos del mercado de trabajo, a pesar de los cambios en la estructura y en el nivel de empleo. Las divisiones por razón de sexo en dicho mercado se mantienen y en algunos casos se intensifican de forma paralela a la concentración cada vez mayor del empleo en el sector servicios. En cuanto a la remuneración, a pesar de que actualmente el número de mujeres que ocupan puestos de trabajo remunerados en la Unión Europea es mucho mayor que hace una década, las diferencias de remuneración por razón de sexo en cada país han variado muy ligeramente. En Europa, según los datos facilitados por Eurostat, las mujeres ganan como media un 20 % menos que los hombres en ocupaciones semejantes. La concentración de las mujeres en los puestos de trabajo poco remunerados y la segregación profesional en el mercado de trabajo constituyen dos factores fundamentales que contribuyen al mantenimiento de las diferencias de retribución por razón de sexo en la Unión Europea.

En suma, las desigualdades por razón de sexo en el mercado de trabajo se reflejan en el nivel de participación de las mujeres, en el tipo de puestos de trabajo que ocupan y en la influencia de factores como el nivel de formación, la edad y la maternidad. En este sentido, la evolución que se está produciendo en la estructura del empleo en Europa afecta de forma determinante a las mujeres y afecta de forma determinante a los derechos sociales de ciudadanía.

La plena consecución de los plenos derechos fundamentales para las mujeres en el contexto de la Unión Europea dista de ser todavía una realidad. Las ciudadanas y ciudadanos europeos demandan cada vez más derechos de carácter político, social y económico que deben adaptarse a las importantes transformaciones que se están produciendo y se van a producir en el conjunto de la población europea. Consecuentemente, se está produciendo una creciente europeización de los derechos en el ámbito estatal.

Desde la incorporación de España a la Comunidad Europea, la incidencia de la normativa internacional y europea en las políticas de igualdad de derechos entre mujeres y hombres en el ámbito estatal ha sido trascendental. España ha ratificado sucesivamente los convenios internacionales y ha ratificado los acuerdos tomados en las diferentes conferencias internacionales de Naciones Unidas. Desde 1986 ha reconocido prácticamente todos los derechos sociales vigentes en la Unión Europea. No obstante, en algunos casos, la transposición de directivas comunitarias ha sufrido algunas carencias e imprecisiones, aunque en algunos aspectos, como es el caso de la duración del permiso por maternidad, la legislación española ha sido más avanzada que la comunitaria. Especialmente relevante es la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres de 2007 en cuya Exposición de Motivos se hace referencia explícita a la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas y el Tratado de Amsterdam que entró en vigor en 1999.

La Constitución Española de 1978 establece el principio de igualdad y no-discriminación e insta a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, eliminando los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitando la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas en la vida política.

En los últimos años se han intensificado las políticas, programas y actuaciones que, desde diferentes instituciones, organismos y organizaciones, se han desarrollado para propiciar una participación igualitaria de las mujeres en la sociedad, y garantizar no solo la igualdad formal, sino también la igualdad real.

Otro dato que merece ser resaltado, en este sentido, es que las 17 Comunidades Autónomas cuentan con mecanismos de igualdad de oportunidades en sus respectivos ámbitos territoriales.

El papel que han desempeñado los planes de igualdad, como instrumentos de impulso y desarrollo de las políticas de igualdad, ha sido de gran importancia. La existencia de un marco de referencia que establece los objetivos que han de cumplirse y las actuaciones que se han de desarrollar, en los años de vigencia de los planes, por parte de todos los agentes implicados, supone no solo la posibilidad de establecer objetivos a medio plazo, sino una vez acabado su periodo de vigencia, evaluar el grado de cumplimiento alcanzado por el plan.

5. Feminismo y derechos humanos. El impacto de las organizaciones de mujeres en instituciones internacionales

El progresivo avance en la definición de los derechos de las mujeres como derechos humanos ha venido en gran medida determinado por el progresivo desarrollo del movimiento de mujeres a nivel mundial y su creciente incidencia en las instancias internacionales a partir de la mediación y el diálogo civil. Otro factor determinante ha sido el impulso del feminismo académico que, partiendo de los instrumentos jurídicos y políticos que definen el proceso de globalización, está avanzando en la reformulación de los derechos humanos desde la perspectiva de género, de forma que se propicie un mayor acceso a la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y en la reinterpretación del orden y las relaciones internacionales. En este sentido, las sucesivas oleadas de feminismo hay que situarlas en sus diferentes contextos históricos y en el proceso de consecución de los derechos de las mujeres.

Para situar la dimensión y el impacto de los movimientos de mujeres en el creciente reconocimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos, es preciso recordar que ya desde mediados del siglo XIX, y muy especialmente a partir de la creación de la Sociedad de Naciones, se crean organizaciones que articulan el movimiento de mujeres en el ámbito internacional, organizaciones que han liderado durante estos dos siglos las principales reivindicaciones de las mujeres y se han posicionado ante los grandes hechos que se han debatido en la agenda internacional: el colonialismo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, los grandes conflictos en Oriente Medio, la globalización de la economía, el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, la protección de los derechos humanos, entre otros grandes temas.

Durante los años de la Primera Guerra Mundial y la década de los 20 pueden definirse dos tendencias claramente definidas: en primer lugar, las organizaciones de mujeres de Estados Unidos y Europa representaban las reivindicaciones de aquellas mujeres cuyas vidas se vieron afectadas de forma determinante por los conflictos internacionales. La necesidad de contar con un mayor número de mujeres en el mercado de trabajo: minería, ingeniería, municiones, textil propició un mayor reconocimiento de derechos sociales, especialmente aquellos dirigidos a proteger la salud y las condiciones de trabajo de las trabajadoras, especialmente de aquellas que estaban embarazadas. En este sentido, cabe resaltar el importante papel desempeñado por la Organización Internacional del Trabajo en cuanto a la consecución de derechos laborales. No obstante, la participación de las mujeres en trabajos considerados entonces como no tradicionales no cambió sustancialmente las relaciones de género, de forma que con el fin de la guerra se instó a las mujeres a retornar al hogar y asumir unas relaciones de subordinación de género. Las mujeres fueron reemplazadas en la industria y reclamadas por el Estado y la sociedad en su conjunto para su papel de madres y esposas y paralelamente sus derechos sociales y laborales se vieron recortados.

En la esfera de los derechos políticos y la posición de las mujeres en los conflictos internacionales, durante las décadas de los 20 a los 40 son años de intensa actividad por la consecución del derecho al sufragio político por parte de numerosos grupos. En estos años se crearon numerosos grupos de carácter internacional en torno a la paz, el desarme y la descolonización, entre los que debe destacarse la Internacional Cooperative Women’s Guild, Equal Rights Internacional (ERI), World Women’s Party (WWP) (Stienstra, 1994: 66).

En segundo término, hay que destacar las organizaciones de mujeres en los países del Tercer Mundo. Para la mayoría de las mujeres de estos países, las guerras tuvieron solamente un efecto indirecto. Sus países no lideraron los procesos bélicos y no estaban incorporados de forma activa a las organizaciones internacionales. Las mujeres no se habían incorporado de forma masiva al mercado de trabajo, por lo que no pudieron beneficiarse de los avances legales y sociales obtenidos por las mujeres occidentales. No obstante, las organizaciones de mujeres participaron de forma activa en los movimientos anticolonialistas y nacionalistas y a favor de la independencia, de forma que en muchos casos los movimientos anticoloniales sirvieron para enmarcar las reivindicaciones feministas. Esto no supuso a corto plazo un sustantivo avance en la consecución de sus derechos, ya que, paradójicamente, en muchos casos las organizaciones de mujeres en estos países se habían inspirado, durante los años de la colonización, en las reivindicaciones y en los programas de trabajo de los grupos occidentales, inspirados en los valores ilustrados y en la tradición liberal que había orientado el feminismo del siglo XIX y principios del XX.

El periodo de entreguerras marcó el inicio de movimientos de mujeres de carácter internacional, especialmente en torno a los tratados internacionales referidos a la igualdad de derechos de las mujeres trabajadoras y en torno a la actuación de la Liga de Naciones y la Organización Internacional del Trabajo. Durante los años 20, y a partir de la obtención del sufragio político en un gran número de países occidentales, la International Alliance of Women (IAW) adoptó una nueva Carta de Derechos de las Mujeres (1920). La Carta destacaba la necesidad de alcanzar el objetivo de igualdad de derechos en todos los aspectos de la vida social, política y económica y con especial relevancia el derecho de las mujeres a mantener su propia nacionalidad en caso de matrimonio. Este hecho supuso el primer intento de incorporar los derechos de nacionalidad de las mujeres casadas a un rango internacional. Posteriormente, en 1935, la Liga de las Naciones introdujo en su agenda el debate sobre la importancia de los movimientos internacionales de mujeres en el impulso de los derechos de ciudadanía en relación con la nacionalidad y el estatus de las mismas, considerando que los derechos políticos y sociales de las mujeres, especialmente en lo que se refiere a las mujeres trabajadoras, debía formar parte de la agenda de trabajo de la Organización Internacional de Trabajadores.

En la Conferencia de Dumbarton Oaks de 1944, donde se acordó la creación de Naciones Unidas, no hubo representación femenina alguna. En su estructura inicial se incluía un Consejo para asuntos económicos y sociales pero no hacía mención del estatus de las mujeres. Este hecho fue ampliamente criticado por las organizaciones de mujeres de ámbito internacional (Stienstra, 1994: 77). En 1945, en la Conferencia de San Francisco, aunque ninguna organización de mujeres tuvo estatus de organización consultiva, numerosas delegaciones oficiales incluyeron mujeres como delegadas, asistentes a delegados o consultoras, algunas de ellas feministas como Berta Lutz, presidenta de la Federación Brasileña de Mujeres, Jessie Street, presidenta de la Conferencia de la Carta de las Mujeres en Australia, Minerva Bernadino de la República Dominicana, presidenta de la Comisión Interamericana del estatus de la Mujer en la República Dominicana (UN, www.un.org).

Cuatro fueron los principales temas de debate en torno a los derechos de las mujeres. En el Preámbulo se reafirma el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, vinculado a la consecución de los derechos humanos, y diferentes cláusulas se refieren a los derechos y libertades sin distinción basada en el sexo. Concretamente, el artículo 8 de la Carta Fundacional relacionado con los órganos de Naciones Unidas, afirma la igualdad de elegibilidad de mujeres y hombres en todos los órganos de Naciones Unidas. Otras cláusulas hacían referencia a la igualdad de género: el artículo 1 párrafo 3, sobre los objetivos y principios de Naciones Unidas; el artículo 13, párrafo 1 b, sobre el papel de la Asamblea General, y el artículo 55, párrafo c, sobre la cooperación en el terreno económico (UN, www.un.org).

El establecimiento de Naciones Unidas supuso un giro importante en las relaciones entre organizaciones internacionales y organizaciones de mujeres. Con la creación de la Comisión de la Condición Social y Jurídica de la Mujer en 1945 se hizo evidente el establecimiento de relaciones permanentes y estables entre los grupos de mujeres y la estructura de Naciones Unidas. Los grupos feministas durante estos años definieron nuevas estrategias de actuación en el seno de las organizaciones internacionales, la presencia de mujeres en las delegaciones oficiales de los países miembros, así como la obtención del estatus consultivo les propició la oportunidad de incidir en el núcleo de Naciones Unidas. No obstante, la relativa institucionalización de su actividad les supuso en algunos casos su desvinculación de los movimientos de base y de las organizaciones más críticas sobre la actuación de los gobiernos. En este sentido, es importante destacar la relación entre clase y género en el trabajo de las representantes en Naciones Unidas. Las mujeres que formaban parte de las delegaciones oficiales y de las organizaciones con carácter consultivo, tanto de los países desarrollados como del Tercer Mundo, pertenecían en su mayoría a las clases media y alta de cada uno de sus países. Como resultado de su composición social, las reivindicaciones de las mujeres campesinas y de las trabajadoras se incluyeron en menor medida en la agenda de Naciones Unidas. Incluso el debate y las reivindicaciones en torno a la igualdad de remuneración en el trabajo asalariado fue a menudo pospuesto. Desde un punto de vista teórico, el binomio clase-género y las relaciones de poder que dimanan del mismo generaron profundas diferencias.

Las dos décadas desde 1970 a 1990 fueron las más dinámicas del movimiento feminista en el ámbito internacional. Hasta la fecha nunca se habían producido unos movimientos de características similares a nivel mundial, en el contexto de objetivos de carácter global, tales como la prostitución, la incidencia de la deuda externa en la situación de las mujeres o el carácter internacional de la división sexual del trabajo. Durante estos años el feminismo global orientó su actividad a conseguir espacios alternativos dentro del sistema de Naciones Unidas, al tiempo que desarrollaba formas de organización fuera del sistema, con el objetivo de intercambiar información, definir estrategias y recursos que le permitiera crear un espacio global de actuación en el marco de la diversidad. Son los años en los que grupos que tradicionalmente habían mantenido un diálogo permanente con las instituciones internacionales y habían obtenido importantes recursos económicos e institucionales colaboran de forma directa en la organización de las Conferencias de México, Copenhague y Nairobi. Organizaciones muy poderosas vinculadas estrechamente a Naciones Unidas: «Alianza Internacional de Mujeres, Federación Internacional Democrática de Mujeres, Federación Internacional de Mujeres Empresarias y Profesionales» obtuvieron el estatus de grupo de carácter consultivo ante el ECOSOC y CSW y el Secretario General. Entre sus principales actividades se encontraba la de difundir la información de Naciones Unidas y hacer trabajo de mediación (lobbying) en el seno de esta organización.

Gran parte de estos grupos desarrollan su actividad en un marco global. Muchos de estos grupos no se consideraban feministas y poseían estructuras muy jerárquicas y muy burocratizadas. Las cúpulas de estas organizaciones estaban compuestas, en su mayoría, por mujeres de clase media-alta, de edad avanzada pero con capacidad de intermediación ante los organismos internacionales, y tenían una escasa vinculación con las bases sus organizaciones nacionales y con los grupos de base mucho más activos e innovadores y vinculados a las redes de mujeres. Su actividad se desarrollará en torno a los cambios que se producen en la sociedad internacional y a los objetivos que se fijan en el conjunto de los movimientos sociales: deuda externa, medio ambiente, desarrollo sostenible, pobreza en países en desarrollo, introduciendo al tiempo en la agenda internacional temas como la investigación feminista, feminismo y medio ambiente, la pobreza causada por los cambios producidos a partir de una economía globalizada, la redefinición del feminismo en un contexto global, el desarrollo de centros de investigación y docencia o la incidencia de los conflictos bélicos en las mujeres.

Si queremos definir brevemente las características de los movimientos de mujeres de carácter global y su actuación en relación con los organismos internacionales, los Estados nacionales y las nacionalidades, debe recordarse que en los años 80 comienza a definirse un marco conceptual sobre la relación del feminismo con las estructuras del Estado y las organizaciones supranacionales (Folguera, 1988: 127), considerando que el feminismo debía dirigirse a eliminar todas las formas de desigualdad, crear un orden más justo, nacional e internacional, y a participar en las conferencias internacionales periódicas, redes internacionales, estatus de ONG consultivas en Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.

Inicialmente, este marco vino definido por la vinculación del feminismo con el desarrollo, y con la relación feminismosocialismo, y posteriormente por el feminismo emergente en países en desarrollo, tal como se hizo evidente a partir de la Conferencia de México en 1975. El feminismo procedente de los países en desarrollo definió un marco de análisis en el que se afirmaba que para conseguir las aspiraciones de las mujeres el feminismo debía vincularse a los grandes temas de la agenda internacional: el desarrollo sostenible y las mujeres como sujetos de derechos en el mismo, los grandes problemas derivados de la globalización económica, la definición de las identidades culturales, la diversidad étnica, geográfica y religiosa y el medio ambiente. Todo ello definió un marco conceptual que propició el diseño de un marco de análisis de los problemas mundiales desde la perspectiva feminista.

La Conferencia de Copenhague de 1980 marca el proceso de integración de las políticas de igualdad en el sistema de Naciones Unidas, y gran parte de las instancias de la misma, CEDAW, UNIFEM, FMI, GATT, UNICEF, especialmente en el área de desarrollo, en gran medida debido a la actividad de las organizaciones de mujeres de ámbito internacional. A partir de esta fecha, la actuación del DAW de Naciones Unidas, que constituye el principal motor de las políticas de género en Naciones Unidas, utilizará las investigaciones y las publicaciones procedentes tanto del feminismo académico como de las organizaciones no gubernamentales como una de las bases de documentación fundamentales para la preparación de las conferencias internacionales, así como para las reuniones del CSW. Las investigaciones de redes internacionales como ISIS (fue creado en 1974 como respuesta al creciente número de mujeres y la necesidad de intercambiarse información entre ellas) o el International Women’s Tribune Centre serán consideradas a la hora de elaborar políticas y hacer propuestas a la Asamblea General, o bien miembros de las ONG participarán como expertas en las conferencias sectoriales o mundiales.

Igualmente, gran parte de estas organizaciones han desarrollado una intensa capacidad de presión en torno a sus intereses específicos; por ejemplo, coincidiendo con la Conferencia de Nairobi en 1985, la International Women’s Rights Action Watch y otras ONG organizaron numerosas conferencias en torno a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su futura implementación mediante instrumentos jurídicos como un Protocolo Facultativo.

La Conferencia de la Mujer en Beijing en 1995 marcó un hito en la lucha por los derechos de las mujeres. Reflejó el conjunto de experiencias y propuestas políticas que los movimientos feministas y de mujeres habían acumulado a lo largo de los 20 años, desde el inicio de la Conferencia Mundial de la Mujer, en México 1975, en el contexto de los cambios políticos que se habían producido desde entonces: fin de la Guerra Fría, la reestructuración de la economía mundial y las repercusiones del proceso de globalización, y una profunda crisis de los paradigmas de desarrollo. También hizo posible nuevas formas de interacción y articulación entre los movimientos de mujeres y feministas a niveles no solo regionales, sino globales. Naciones Unidas, en esa década, recupera los temas y asuntos de interés global que se encuentran presentes en las sociedades y las ciudadanías democráticas.

La tensión entre el derecho al desarrollo y los derechos de las mujeres, que acompañaron todas las conferencias anteriores, cobra un nuevo cariz en Beijing, por la activa presencia organizada de las fuerzas conservadoras religiosas, que ya habían dejado sentir su oposición en la conferencia de El Cairo. Así, se llegó a la conferencia de Beijing sin documento de consenso, con más del 40 % de su contenido en corchetes, y mucho de lo cuestionado amenazaba con retrocesos en relación con lo logrado en las conferencias y cumbres anteriores en la década. Sin embargo, la voluntad política de gobiernos democráticos y las aportaciones de los movimientos feministas y de mujeres lograron la aprobación de la Plataforma de Acción Mundial (PAM), que incorporó muchas de las propuestas que el movimiento feminista a nivel mundial venía levantando desde hacía dos décadas, en las sucesivas Conferencias Mundiales. La Conferencia se caracterizó por un nivel organizativo y político no experimentado en conferencias anteriores; múltiples articulaciones regionales y globales; intensa interacción con los gobiernos y los movimientos feministas y de mujeres, en lo nacional y en lo global, así como entre el Foro de Huairu y la Conferencia oficial. Indudablemente que la Conferencia de Beijing fue también el punto de confluencia de las dinámicas y cumbres anteriores en la década, donde los feminismos habían actuado, interactuado y desarrollado diversas tendencias y orientaciones. Si algo define Beijing es que fue un aprendizaje democrático al poner sobre el tapete la responsabilidad de los Estados en incorporar a sus políticas las propuestas de la sociedad civil y sus movimientos feministas y de mujeres.

Otra vía de intervención del movimiento de mujeres se produce a partir de su relación con los gobiernos de los diferentes Estados. A partir de los años 80, la mayoría de los países pertenecientes a Naciones Unidas contaban con organismos de igualdad a diferentes niveles. Estas instituciones mantienen de forma habitual el diálogo con organizaciones de carácter nacional, de forma que las delegaciones nacionales incluyen a menudo representantes de estas ONG en las conferencias internacionales.

En el ámbito europeo, y entre las organizaciones de mujeres, cabe destacar el Lobby Europeo de Mujeres, que posee estatus consultivo ante diversas instituciones de la Unión Europea, el Consejo de Europa y el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. El LEM engloba 4000 asociaciones de mujeres en toda Europa y tiene como principales objetivos la eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la defensa de los derechos humanos. Desde su fundación en 1990, el LEM ha llevado a cabo una interesante labor en el seguimiento y de presión ante las instituciones comunitarias: Parlamento Europeo, Comisión Europea y los propios gobiernos de los Estados Miembros, para la consecución de las políticas comunitarias, las políticas de igualdad de la Unión Europea, especialmente en lo referente a los programas de acción comunitarios en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en el seguimiento en la redacción y tramitación de la legislación comunitaria en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en la revisión de los tratados constitutivos, en la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres y la defensa de los derechos humanos de las mujeres, especialmente en lo referente a la violencia ejercida contra ellas y los derechos de ciudadanía derivados de los tratados constitutivos de la Unión Europea. Las posiciones del LEM en relación con la Plataforma de Beijing y la propia Constitución Europea han sido documento de referencia para los movimientos feministas y para las propias instituciones europeas.

En el caso español, en un estudio realizado en el año 2000, las mujeres del movimiento feminista percibían que, en relación con la inclusión legal, la Unión Europea proporciona una estructura legal sobre la igualdad de género y acelera las reformas de la política de género española mediante la transposición de leyes de género europeas a la legislación nacional, promueve la creación y desarrollo de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y asegura la continuidad de las políticas de igualdad en España, incluso durante épocas de gobiernos conservadores. La Unión Europea también proporciona una inclusión políticocultural con su contribución a los procesos de democratización y modernización que han caracterizado la transición española desde la dictadura a la democracia (Lombardo, 2004: 233).

En un estudio realizado por CELEM (Coordinadora Española del Lobby Europeo de Mujeres) se valora positivamente el impacto de la Plataforma de Acción de Beijing y las medidas en materia de igualdad de la Unión Europea en el mayor reconocimiento de los derechos de las mujeres españolas. Las leyes contra la violencia de género, las medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar, la inclusión de la dimensión de género en el conjunto de las políticas públicas, el fortalecimiento de los mecanismos institucionales y la paridad en el gobierno de la nación y otras instancias del Estado, son considerados como avances directamente derivados de los compromisos que España tiene con las instancias supranacionales. En otro sentido, el insuficiente reconocimiento de los derechos sociales, la violencia de género, que produce decenas de muertes anualmente y miles de agresiones, así como las dificultades para conciliar la vida familiar y laboral, lo que lleva a muchas jóvenes a renunciar a la maternidad, son considerados aspectos fundamentales que reflejan el insuficiente reconocimiento de los derechos fundamentales de las mujeres en España (CELEM, 2005: 15).

En las dos últimas décadas, la globalización tecnológica está propiciando la difusión de las reivindicaciones de los derechos de las mujeres en todo el mundo y la interacción entre organizaciones internacionales de mujeres, organizaciones de ámbito regional y nacional, así como la actuación de grupos de base que pueden incidir de forma directa en las instancias supranacionales.

También se evidencian diferentes estrategias: impulsar el gender mainstreaming, mainstreaming de género o transversalidad de género y lobbying, en las organizaciones cercanas a los gobiernos y a los partidos gobernantes; esto se produce especialmente en grandes organizaciones con importantes recursos y proliferación de los grupos de bases que se crean en todos los países del mundo, existiendo una gran diversidad en el feminismo que viene definido por la clase, raza y nacionalidad, la religión o el marco geográfico.

El mainstreaming se inscribe en políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. El concepto de mainstreaming encuentra sus orígenes en las Conferencias Mundiales de las Mujeres de Naciones Unidas; ya en la III Conferencia celebrada en Nairobi en 1985 se comienza a utilizar este término, aunque realmente cuando es abordado y desarrollado, y cobra una importancia relevante en el contexto de las políticas de igualdad de oportunidades, es en la VI Conferencia Mundial de las Mujeres celebrada en Beijing en 1995, siendo apoyado por parte de las organizaciones de mujeres.

La Unión Europea asume el mainstreaming como la estrategia que debe tenerse en cuenta en todas las decisiones políticas. Sin embargo esta estrategia es realmente impulsada por los planes de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres, siendo uno de sus objetivos prioritarios para avanzar en las políticas de igualdad de derechos. Un Grupo de especialistas en mainstreaming constituido por el Consejo de Europa en 1995 es otro referente destacable que aporta un trabajo profundo en la sistematización de todo lo que conlleva el mainstreaming. Es tal la importancia que va cobrando el mainstreaming en España que los Planes de Igualdad a nivel nacional, regional y local están siendo elaborados desde el punto de vista integrador del mismo.

El nuevo enfoque de las políticas de igualdad de oportunidades integradas en las diferentes áreas políticas da sentido al mainstreaming como estrategia que articula este nuevo enfoque. A pesar de que el concepto del mainstreaming está en pleno desarrollo y no es fácil concentrar en una definición todo lo que supone esta estrategia, el Grupo de especialistas del Consejo de Europa ha hecho un esfuerzo en recoger todas las aportaciones y lo define de la siguiente manera: «El mainstreaming de género es la organización (reorganización), la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de modo que una perspectiva de igualdad de género, se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas» (CE, www.coe.org).

Como resumen, de esta breve referencia sobre la relación entre los diferentes ámbitos de actuación de las instancias que velan por la consecución de los derechos humanos de las mujeres y las organizaciones feministas, podemos destacar varios periodos en la evolución del feminismo en un marco global: un primer periodo a partir de los años 60 en el que se pasa de la exclusión absoluta de las mujeres de los asuntos internacionales a una inclusión limitada, especialmente en temas sociales. Se mantiene en estos primeros años la idea de que las mujeres son básicamente esposas y madres, mientras que a los hombres se les vincula a lo público y a lo político. Las organizaciones de mujeres emergen con nuevas vinculaciones a aspectos internacionales pero en temas de la vida privada o áreas sociales, lo que implica, en suma, una adaptación de los roles tradicionales a lo público. Cabe destacar los importantes avances que se producen en la regulación del trabajo extradoméstico como consecuencia de la incorporación de las mujeres al trabajo durante la Segunda Guerra Mundial.

Un segundo periodo en los años 80 sobre la base de los cambios en el discurso y en las prácticas. Supone una asunción de las implicaciones de las relaciones de género en los asuntos internacionales. Implica, en teoría, que las relaciones de género deben hacerse en términos de igualdad y ello supone cambios en los papeles sociales de mujeres y hombres. En la práctica, la prometida igualdad se limitó a meras palabras. Las mujeres son consideradas en las instituciones internacionales, especialmente en Naciones Unidas, simplemente como un área de Naciones Unidas, era un aspecto marginal de las políticas generales de Naciones Unidas.

En una tercera etapa se produce la vinculación de los derechos de las mujeres al desarrollo. Las mujeres son consideradas como agentes activos del desarrollo y como sujetos de derechos en el desarrollo. Se produce una mejora sustancial de la información estadística sobre la situación de las mujeres en el mundo. Un caso especialmente relevante es el Informe sobre desarrollo humano que publica Naciones Unidas cada año. En esta misma etapa, en torno a los años noventa, se introduce la dimensión de género en las políticas internacionales: racismo, guerras, desplazados, medio ambiente.

Como conclusiones finales podemos afirmar que las organizaciones de mujeres son en gran medida responsables de los cambios en las instituciones internacionales. Puede establecerse claramente un paralelismo entre las diferentes etapas en la evolución del feminismo en un marco global y las medidas de carácter normativo e institucional emprendidas por las diferentes instituciones. En este sentido, el mainstreaming está suponiendo la integración progresiva, al menos formalmente, del principio de equidad de género en el marco de las relaciones internacionales y en las políticas definidas por los diferentes Estados y los diferentes agentes de intervención global.

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Capítulo 3
Trabajo, género y desarrollo en Latinoamérica y Europa

Cristina García Sainz

Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquiera otros medios de protección social (art. 23.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948).

El trabajo que realiza la población, así como el tiempo que dedica a actividades remuneradas y no remuneradas, son buenos indicadores del desarrollo de un país. El desarrollo se relaciona con los recursos económicos, pero también con las oportunidades de obtener ingresos, con las redes sociales disponibles y con la participación política y social. El desarrollo, tal y como lo concibe el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), está relacionado: a) con los derechos humanos, con la aplicación de los mismos en el plano económico, político, civil, social y cultural; b) con el bienestar colectivo, lo que requiere una fuerte cohesión social y un reparto equitativo de beneficios; c) con la equidad, tanto en las oportunidades como en el acceso a la educación, la salud, los derechos políticos y la riqueza; d) con la sostenibilidad, dado que la satisfacción de las necesidades presentes no debe comprometer los recursos y las oportunidades de generaciones futuras (PNUD, 1998: 14). Los indicadores de desarrollo que elabora este organismo, para el conjunto de países del mundo, permiten una aproximación a la situación por la que atraviesan, en tanto que dichos indicadores contienen datos sobre ingresos, salud y educación, pero no permiten conocer el grado de bienestar ni las diferencias existentes en el interior de los mismos. El grado de desarrollo no equivale a la cifra de crecimiento económico sino que tiene un significado más complejo y más diverso, en el que tienen cabida variables económicas pero también culturales, políticas, sociales y medioambientales.

Un indicador de desarrollo es el grado de participación de la población en el empleo y, otro, la calidad de ese empleo. En los primeros años del presente siglo la presencia femenina en el empleo, tanto en los países desarrollados de la OCDE y de la Unión Europea así como en los de América Latina, vinculaba a prácticamente la mitad de las mujeres en edad laboral, con solo unos dos puntos de diferencia en favor de las trabajadoras de las economías industrializadas y europeas. A pesar del importante crecimiento del empleo femenino en los países latinoamericanos en los últimos años, la calidad del empleo sigue siendo baja, ya que una gran proporción de trabajadoras carece de protección social al desempeñar empleos catalogados como vulnerables, es decir, por cuenta propia o como trabajo familiar auxiliar; una situación que, incluso, ha empeorado con respecto al decenio anterior.

Como distintas autoras han puesto de manifiesto, analizar la situación económica de la población solo a través del trabajo que mujeres y hombres desempeñan en la economía formal no es sino ofrecer una visión parcial y distorsionada de la economía (Durán, 1986, 1995, 2000; Carrasco, 1991; Carrasco et al., 2004), más aún en los países no industrializados, donde la actividad económica que realizan las mujeres fuera del mercado constituye el soporte principal de sus economías (Boserup, 1993; Benería, 1991, 2005; Rendón, 1997, 2004).

Los indicadores oficiales que dan cuenta de la participación de la población en el trabajo se limitan solo al empleo remunerado, porque parten de una noción de economía y de un concepto de trabajo que se circunscribe únicamente a la actividad mercantil, al empleo. De esta manera, la actividad económica que se genera fuera del mercado, mediante trabajo no remunerado, no tiene cabida en las estadísticas. Sin embargo, a partir de la información que aportan las encuestas de uso del tiempo, se conoce que el tiempo que la población dedica al trabajo no mercantil supera al tiempo dedicado al mercado de trabajo. Por tanto, las economías de los países y el bienestar de sus poblaciones se sustentan, mayoritariamente, sobre la producción que se genera fuera del mercado.

El desarrollo no es una meta ya alcanzada en Europa. Los altos niveles de riqueza que se observan en los países occidentales contrastan con las desigualdades existentes entre sus habitantes, así, a comienzos del siglo XXI, la distancia entre los más pobres y los más ricos se acrecienta. Como dice S. Sassen (2002), el sistema económico ha avanzado enormemente en la producción de riqueza pero es terriblemente ineficaz a la hora de repartirla.

En este estudio se parte de una conceptualización del trabajo en sentido amplio, lo cual significa que se contempla toda actividad que las personas realizan con carácter instrumental para obtener los recursos y el bienestar que necesitan, para sí y para su familia. En este contexto, el trabajo no se limita al empleo regulado, sino que engloba también los trabajos realizados en el ámbito de la economía sumergida, el empleo irregular y el trabajo no remunerado. Dada la diversidad de modalidades en las que el trabajo se desempeña en los países europeos, pero sobre todo en los latinoamericanos, donde las situaciones de pobreza obligan a desplegar múltiples actividades para la subsistencia personal y familiar, la mirada de género no puede obviar la variedad de formas en las que la mayoría de las mujeres realiza su trabajo.

Las estadísticas oficiales sobre trabajo únicamente dan cuenta del trabajo remunerado, pero la mayoría de la población femenina adulta se ocupa a lo largo de su ciclo vital en un trabajo no remunerado o doméstico que no le reporta beneficios económicos directos. El trabajo no remunerado genera recursos para la familia y contribuye a incrementar las capacidades individuales de los miembros del hogar. Sin embargo, su contribución al bienestar no redunda en beneficio personal de quien lo realiza. La hipótesis que motiva esta investigación se basa en la afirmación de que una contribución mayor de las mujeres al trabajo (especialmente la dedicación al trabajo doméstico y a otras ocupaciones en la economía informal) puntúa negativamente sobre su desarrollo individual; se trata de comprobar si allí donde los niveles de desarrollo humano y de género son bajos la población femenina trabaja más, especialmente en actividades no remuneradas, desempeña empleos de baja calidad y mayoritariamente carece de empleo formal. Por contraposición, la mayor participación de las mujeres en ocupaciones regladas se asociaría con regiones y países en los que los índices de desarrollo son más elevados.

Los objetivos que se plantean en este estudio se concretan en: 1) analizar las relaciones entre empleo y trabajo no remunerado al hilo de la dedicación de la población a distintas actividades y ocupaciones; 2) conocer las características del trabajo que las mujeres, y el conjunto de la población, desempeñan en cuanto a condiciones de empleo, participación en trabajo sumergido, segregación y grado de protección laboral y social; y 3) conocer la dedicación a actividades no remuneradas, así como el tipo de estrategias familiares de subsistencia desplegadas en países con altos índices de desigualdad y pobreza. Desde esta perspectiva, se trata de profundizar en la interrelación existente entre las dos principales vertientes del trabajo: el empleo y el trabajo doméstico.

El ámbito geográfico en el que se contempla el análisis se refiere a los países desarrollados de la Unión Europea, desde la observación de la situación española, que sirve de puente con los países en desarrollo de la región de Latinoamérica y el Caribe. No puede obviarse la dificultad metodológica que entraña querer abarcar contextos sociales y económicos tan diferenciados como Europa y América Latina, que comprenden países muy desiguales entre sí por la dimensión de sus territorios, el tamaño de sus poblaciones o su nivel de desarrollo. Sin embargo, presentan rasgos comunes; además de una lengua, que latinoamericanos comparten con españoles, intervienen, todos ellos, en procesos de transformación social derivados del rumbo que el sistema económico vigente ha impuesto a las economías, en cuanto a reestructuraciones productivas, organización del trabajo y políticas económicas, que tienen consecuencias generalmente desfavorables para el conjunto de la población trabajadora, pero especialmente para las mujeres que, a ambos lados del Atlántico, ocupan masivamente puestos de trabajo en condiciones de precariedad e inestabilidad laboral.

El procedimiento metodológico que se sigue en esta investigación parte de analizar, en primer lugar, el contexto económico mundial que afecta a las regiones de referencia. Se trata de conocer los enfoques teóricos, que abogan por el desarrollo y el crecimiento económico de los países no industrializados, mediante la consulta bibliográfica de textos de autoras/es e instituciones vinculados a estas materias. En segundo lugar, se procede a una explotación de la información estadística disponible en fuentes secundarias de ámbito internacional, en especial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través de los Informes sobre Desarrollo Humano y de la Oficina de Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT), entre otros, con el fin de procurar un acercamiento a los indicadores demográficos y económicos que orientan la situación de la población en los distintos países. En tercer lugar, se compagina la información estadística con datos específicos de la realidad social que no están estandarizados (porque la contribución del trabajo no remunerado a la economía y al bienestar no se incluye en las estadísticas oficiales de los países). La aproximación a esa realidad solo es posible desde iniciativas de investigación de autoras y autores especializados o desde encuestas de uso del tiempo, que poco a poco van formando parte del interés y de las competencias asumidas por los organismos oficiales.

1. Crecimiento económico y desarrollo

Las desigualdades existentes entre los países occidentales desarrollados y otros menos desarrollados, como los de América Latina, obedecen, según buena parte de los teóricos del desarrollo, a los diferentes niveles de crecimiento económico que alcanzan. Sin embargo, el crecimiento económico por sí solo no reduce las divergencias entre países ni tampoco soluciona la persistencia de la pobreza en países poco desarrollados, como puede comprobarse por los altos índices de crecimiento alcanzados en los últimos años en países latinoamericanos como Argentina o asiáticos como China. Como se observa en estos casos, los países pueden crecer bastante, económicamente, pero desarrollarse poco, sin que logren mejorar las condiciones de vida de la población. China ha crecido en los últimos años a un ritmo cercano al 9 % anual mientras que otros países latinoamericanos han progresado más lentamente, sin llegar a superar el 6 % anual, como media, en la región; sin embargo el desarrollo de estos países no crece al mismo nivel. China sigue en el bloque de países que el PNUD clasifica como de Desarrollo Humano Medio, en torno al puesto 80, mientras que otros latinoamericanos como Argentina, Chile, Uruguay y Costa Rica están entre los cincuenta primeros, dentro del grupo de Desarrollo Humano Alto.

El crecimiento económico, medido por el incremento del Producto Interior Bruto (PIB), no es un buen indicador de la calidad de vida de los habitantes de un país. Como han señalado distintos autores desde ámbitos diversos (Goodland y Daly, 1995; Berzosa, 1996; Guerra, 2002; Stiglitz, 2003), el PIB puede ser una cifra engañosa para explicar el bienestar o el grado de desarrollo de los países, entre otras razones porque en la formación de ese indicador intervienen factores distorsionantes, como el tipo de cambio de las divisas y, sobre todo, porque se incrementa con la fabricación de productos nocivos, destructivos para las personas (producción de armas) y para el medio ambiente (emisiones contaminantes). Es también ficticio porque oculta que la riqueza producida se obtiene gracias a un alto volumen de trabajo desempeñado mayoritariamente por mujeres fuera del mercado. Stiglitz (2003: 18) ha señalado que el PIB puede mostrar evoluciones engañosas de la economía; por ello propone sustituir este concepto por el de Ingreso Nacional Neto, de manera que el resultado económico se analizaría teniendo en cuenta los costes medioambientales, la degradación de los recursos físicos, la inseguridad y la vulnerabilidad económicas, entre otros efectos. Naredo (2006: 67-68) añade a este razonamiento que la valoración de riqueza, al centrarse en su estimación monetaria, contempla solo el coste de extracción y no el coste de reposición de lo que se obtiene, con lo que desvincula el valor monetario de la riqueza de sus efectos sociales y medioambientales.

La noción de desarrollo contiene la perspectiva social y humana que el concepto economicista de crecimiento no contempla. El desarrollo tiene, por tanto, una dimensión más cualitativa y más amplia que el mero crecimiento, porque atiende principalmente a las necesidades humanas en lugar de centrarse en el incremento de los bienes. La noción de desarrollo va más allá del crecimiento y la riqueza porque se vincula a los derechos humanos; significa «crear un entorno en el que las personas puedan hacer plenamente realidad sus posibilidades y vivir en forma productiva y creadora de acuerdo con sus necesidades e intereses» (PNUD, 2001: 11). Para A. Sen, la idea de desarrollo está vinculada a la noción de libertad; para este autor, la libertad es el objetivo del desarrollo; por lo tanto, el desarrollo es un instrumento, un medio, para encauzar las libertades instrumentales que los individuos precisan para vivir de acuerdo con sus deseos. Las libertades políticas, los servicios económicos, las oportunidades sociales, las garantías de transparencia y la seguridad protectora son algunas de esas libertades instrumentales que permiten a las personas desenvolverse de acuerdo con sus aspiraciones; pero tan importante como estas premisas es la necesaria conexión empírica entre ellas, de manera que se refuercen de forma conjunta (Sen, 2000: 57). La noción de desarrollo se ha visto enriquecida en los últimos años con aportaciones de carácter ecológico y social que complementan la orientación básicamente económica con la que se emparejaba en el pasado.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través de los informes anuales sobre desarrollo humano, proporciona las elaboraciones teóricas y empíricas más exhaustivas acerca del significado del desarrollo. Desde 1990, estos informes ofrecen una clasificación de los países basada en el análisis de las condiciones de vida de la población a partir de la salud, la educación y los recursos económicos. Cada año, los países del mundo aparecen ordenados en función del Índice de Desarrollo Humano (IDH), un indicador que contempla, además de los ingresos económicos, el grado de alfabetización y la esperanza de vida de la población. El IDH incluye el aspecto económico según el nivel de ingresos, expresado según la paridad de poder adquisitivo (que elimina los efectos derivados del desigual valor de las divisas), la educación, según la matriculación en los distintos niveles de enseñanza, y la esperanza de vida, como expresión de la salud y la calidad de vida. Este índice se complementa con otros tres: el Índice de Desarrollo Humano de Género (IDG), que tiene en cuenta las mismas variables que el IDH, con la particularidad de atender a la situación diferenciada de mujeres y varones; el Índice de Potenciación de Género (IPG), que contempla la participación de las mujeres en la vida política y en el poder económico, y el Índice de Pobreza Humana (IPH), que se elabora atendiendo a distintos estándares (de educación, salud, salubridad y desempleo) en países en desarrollo o desarrollados (concretamente, los de la OCDE).

CUADRO 1

Relación de países mejor y peor situados según el PIB y el IDH

Notas: El PIB se presenta según Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) por habitante en 2005. El Índice de Desarrollo Humano está ordenado según el lugar que ocupan los países en la clasificación (entre paréntesis) en ese mismo año. Fuente: Elaboración propia sobre datos del PNUD, 2008.

La presencia de los mismos países, tanto en los primeros puestos de la clasificación como en los últimos, se debe al peso ponderado que el factor económico (de la renta) tiene en el indicador de desarrollo. Sin embargo, como puede observarse en el Cuadro 1, no existe una correspondencia unívoca entre riqueza y desarrollo.

Teorías y propuestas para incrementar el desarrollo y la riqueza

Para los teóricos de inspiración neoclásica, las divergencias entre países provienen de su desigual crecimiento económico; la propuesta que plantean para reducir las diferencias consiste en fomentar el incremento de la riqueza (PIB), tanto en los países ricos como en los pobres. La teoría de la modernización afirma que el destino de unos y otros es encontrarse, converger, una vez que los menos industrializados atraviesen las etapas precisas para alcanzar las metas de madurez tecnológica y de consumo de masas. Para otros economistas más críticos con la estratificación social global, el desigual desarrollo tiene causas diversas, entre ellas, la dependencia económica de los menos desarrollados (países de la periferia) en relación con los países más desarrollados (del centro). Este enfoque argumental pone el énfasis en el progreso técnico y en la división del trabajo entre los países del centro y los de la periferia, lo cual tiene diferentes consecuencias sobre el desarrollo; a esta teoría (de la dependencia) se vinculan los científicos más próximos a la realidad latinoamericana pertenecientes a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), como R. Prebish (que en 1948 redactó el llamado «manifiesto» sobre «El desarrollo de América Latina y algunos de sus principales problemas»), T. Dos Santos, E. Cardoso, E. Torres-Rivas, A. Gunder Frank y S. Amin.

En los años 50 los teóricos de la CEPAL argumentaban que la divergencia existente entre los países del centro y los de la periferia se debía, sobre todo, al progreso técnico; mientras los países desarrollados del centro diversificaban su producción en distintas actividades de la industria, los países de la periferia se especializaban en la producción de materias primas, lo cual no propiciaba su desarrollo. La tecnología en el sector primario estaba poco desarrollada, la productividad era baja y los precios relativos de las exportaciones hacia el centro les resultaban desfavorables. Los efectos de esta estructura productiva de dependencia impedían la obtención de beneficios y de mejoras salariales, lo que se dejaba sentir sobre las condiciones de vida de la población. El sistema productivo del centro, diversificado y homogéneo, permitía incrementar la productividad; además, la escasez relativa de mano de obra y la sindicación de la población trabajadora presionaban sobre el incremento de los salarios (Hounie et al., 1999: 10). Esta distribución de la producción, en la que los países ricos se reservan la producción de manufactura y atribuyen a la periferia la producción de materias primas, a la vez que retienen para sí la capacidad de la fijación de los precios, conforma un modelo de intercambio desigual, refuerza el mantenimiento de las diferencias en las oportunidades comerciales y alarga la brecha económica entre países desarrollados y subdesarrollados.

Los economistas de la CEPAL sostuvieron, a mediados del pasado siglo, que la bipolaridad existente entre países del centro y de la periferia no tenía por qué ser insoluble. La recomendación de los expertos cepalinos consistía en promover la industrialización en los países latinoamericanos, de la periferia, y mitigar así la división internacional del trabajo basada en la diferenciación productiva entre los países del norte y del sur, del centro y de la periferia. Se trataba de fomentar la industrialización para posibilitar la sustitución de importaciones a partir de la consolidación y extensión de mercados internos protegidos.

Décadas más tarde, las recetas de los teóricos de la CEPAL no habían dado los resultados esperados. En la segunda mitad de la década de los 80, y en los primeros años 90, los autores de la nueva CEPAL revisan sus anteriores elaboraciones, apoyándose también en las de otros teóricos/as del crecimiento como las de enfoque neoclásico o las de la escuela evolucionista, para afirmar que el progreso tecnológico debía de sustentarse en el crecimiento económico y, por este camino, los países rezagados se integrarían en la economía internacional. Siguiendo el modelo de crecimiento de los países asiáticos, las ventajas competitivas emanarían de sus bajos costes de producción, lo cual facilitaría su inserción en la economía global. En su opinión, el crecimiento económico ha de apoyarse en la competitividad, una competitividad «auténtica» que definen como: «la capacidad de incrementar o al menos sostener su participación en los mercados internacionales, con un alza simultánea del nivel de vida de la población» (Hounie et al., 1999: 19). Sus análisis se centran en la manera de lograr la inserción en la economía internacional, y para ello sugieren que los países de la región pongan la máxima atención en el progreso tecnológico, en la eficacia de su producción, en la cualificación de la población y en los procesos de innovación y difusión tecnológica. La evolución socioeconómica de los ochenta y los noventa situaron a la región latinoamericana en una posición más abierta e integrada en la economía internacional pero tal avance contrastó con escasos progresos en materia de equidad. Esta constatación obligó a la CEPAL a reorientar su percepción del desarrollo hacia una perspectiva más integradora y plantear una transformación productiva con equidad.

Si la teoría de la modernización y la de la dependencia centran su análisis en el territorio de los Estados, o en el interior de los países, las teorías del sistema mundial, de la globalización y del desarrollo humano sostenible sitúan el eje explicativo del crecimiento económico en un escenario planetario o global. La teoría sobre la economía capitalista a escala mundial, formulada por I. Wallerstein, en los setenta, afirma que el funcionamiento de la economía se produce en el marco planetario, según la lógica capitalista. Existe, en opinión de su fundador, un único sistema mundial, con una única división del trabajo, capaz de generar los máximos beneficios en los países ricos, aunque también causante de dependencia y desigualdad en los países del sur. Wallerstein introduce la noción de semiperiferia, con la que pretende romper con la visión estática que presentaba la teoría de la dependencia basada en la bipolaridad entre centro y periferia; explica que la posición de los países no es fija sino dinámica, porque pueden oscilar alternando puestos en alguna de las tres escalas (centro, semiperiferia o periferia). Su propuesta para el desarrollo en los países del sur se resume en tres puntos: políticas de industrialización que permitan la sustitución de importaciones; políticas de desarrollo propias que tengan en cuenta los recursos de cada país y faciliten el desarrollo endógeno; y penetración de corporaciones multinacionales que realicen inversiones en los países de la periferia. Para que tales medidas puedan llevarse a cabo, los países subdesarrollados deben contar con mercados internos sólidos en los que pueda aplicarse una avanzada tecnología (Finkel, 1996: 57).

El fenómeno de la globalización aparece en los años 90, o es más bien a partir de ese período cuando cobra mayor difusión. Desde el punto de vista económico, la globalización no es un fenómeno nuevo, pues, como han manifestado distintos autores, las características que lo definen, como los flujos de capital, de mercancías o de trabajo, son tan antiguas como el propio capitalismo (Alonso, 2000: 22), es decir, cuando los flujos comerciales se extienden por todo el planeta (Ruesga et al., 2002: 99); Wallerstein sostiene que la mundialización cuenta ya con quinientos años de existencia. En el momento actual estaríamos ante una etapa más de esa travesía, que se inicia hacia 1450 con la génesis de la economía capitalista (Wallerstein, en Chesnais et al., 2002: 74). Estos autores plantean una trayectoria tan dilatada en el tiempo que, como señala U. Beck, impide profundizar en las características propias de la situación presente y en sus derivaciones (Beck, 2002: 60).

No es posible fijar una génesis exacta de la globalización, pues se discute si comenzó con el capitalismo, con la difusión del colonialismo o con la simbólica caída del Muro de Berlín y la pérdida de influencia del bloque soviético (Beltrán, 2003: 258). Como recoge U. Beck (2002), distintos autores que tratan sobre el fenómeno (Marx, Wallerstein, Robertson, Giddens o Perlmutter) sitúan su origen en épocas o fechas diferentes. Tampoco existe unanimidad a la hora de utilizar un único término; algunos prefieren sustituir globalización por mundialización, queriendo resaltar que el proceso de acumulación afecta a todo el mundo, aun sabiendo que quedan países al margen de su influencia. Castells, por ejemplo, diferencia entre mundialización y sociedad global. Para él, la economía global tiene capacidad para funcionar en tiempo real y de manera unitaria en todo el planeta; todo ello gracias a la infraestructura que proporcionan las tecnologías de la información, así como por las políticas de desregulación y liberalización impulsadas por las instituciones internacionales y adoptadas por los gobiernos nacionales (Castells, 2001: 136); otros autores prefieren el término internacionalización, para mostrar que las relaciones dominantes se siguen dando en espacios económicos (América, Europa y el Pacífico) y entre los países más industrializados (Beck, 2002: 41). Con independencia del término (globalización, mundialización, internacionalización), lo que se quiere destacar es que, desde una perspectiva económica, el proceso actual implica una nueva etapa en el desarrollo de las relaciones económicas y políticas de la sociedad, con mayor interconexión entre las actividades que tienen lugar en el planeta pero, a su vez, plagado de grandes asimetrías en diferentes lugares (Ruesga et al., 2002: 99).

Existen ciertas características que pueden definir el proceso globalizador en la actualidad (Beltrán, 2003: 258), como son que el escenario de la actividad económica se ha ampliado de los Estados-nación al ámbito mundial; que el funcionamiento autónomo del mercado de capitales se ha desconectado de la producción y el intercambio de bienes y servicios de la economía real; que el mercado de trabajo sufre un proceso de transformación que repercute sobre los salarios y sobre la protección social y que la idea de progreso se asocia a la maximización de beneficios en lugar de vincularse a la imagen de desarrollo de derechos y de ciudadanía. Con todo, la globalización es un concepto que se extiende más allá de su dimensión económica, pues, como han manifestado distintos autores/as, la vertiente cultural de la globalización puede permitir la difusión de los valores democráticos y feministas sustentados en los derechos humanos (Beltrán, 2003: 271). Así lo considera V. Maquieira en su artículo sobre «Mujeres, globalización y derechos humanos», recogido en este volumen, donde ahonda en los aspectos no económicos de la globalización y en su carácter multidimensional.

El desarrollo de la economía global se asienta, según M. Castells, en varios pilares: la extensión de los mercados financieros globales, que funcionan gracias a las nuevas tecnologías y los sistemas de información; el desarrollo y transformación del comercio internacional, que se diversifica y trasciende regiones y países; la internalización de la producción; y, en menor medida, la ciencia y la tecnología y el trabajo especializado (Castells, 2001: 136 y ss.). El comercio internacional no se desarrolla de manera equilibrada, sino que se sigue centrando en las economías de los países más industrializados de América del Norte y Europa, expandiéndose en las últimas décadas a los países del Sudeste asiático.

Las teorías del crecimiento económico, que inciden de manera específica en los procesos de acumulación, no tienen demasiado en cuenta los efectos sociales que el estricto crecimiento económico genera. Los autores que promueven el crecimiento económico basándose en el progreso técnico (CEPAL) son conscientes de que las transformaciones productivas que derivan de una mayor tecnologización acarrean, con frecuencia, altos niveles de desempleo y, por lo tanto, convendría —dicen— elaborar nuevos modelos que tuvieran en cuenta los efectos perversos que causan sobre el empleo (Hounie et al., 1999: 25). De igual manera, los teóricos de la modernización, que plantean el obligado tránsito por distintas etapas (desde la tradición, pasando por la madurez, hasta concluir en la del consumo masivo, a la que han llegado los países occidentales), desatienden la desigualdad social que la diferente evolución genera, que lejos de lograr la homogeneización y la convergencia entre países mantiene la desigualdad entre los industrializados y los menos desarrollados, así como entre pobres y ricos en el mismo país.

La convergencia entre países ricos y pobres está lejos de lograrse por la vía del incremento del crecimiento y del consumo. Como acertadamente argumentaron R. Goodland y H. Daly (1995), el crecimiento de la renta y del consumo, en el norte, no es la solución para reducir la pobreza en el sur. La teoría del goteo, por la cual un crecimiento económico y un aumento del consumo en los países desarrollados redundaría en beneficios hacia los habitantes de los países del sur, ha resultado equivocada y no ha dado los frutos que prometía. Por varias razones, entre ellas, porque los réditos derivados de las exportaciones quedan en manos de las élites políticas y no llegan a otras capas de la población, porque los sectores de producción que más contribuyen a incrementar el PNB son los que más contaminan y más deterioran el medio ambiente y porque los países del norte no internalizan sus costes ambientales y cargan sobre el sur sus excedentes contaminantes. Además, los países del centro no tienen en cuenta el potencial de los recursos de los países pobres, actúan como si los recursos naturales fueran ilimitados y tampoco advierten que los sistemas de comercialización y exportaciones son injustos. El incremento de la renta (absoluta) en el norte, como afirman Goodland y Daly, perjudica a los países del sur pero también a los del norte, porque aquí un aumento de los ingresos puede llevar a un incremento de su bienestar, pero este tendrá un límite, ya que podría verse anulado por los costes ambientales que genera. Ponen como ejemplo el crecimiento del número de coches que, afirman, podría congestionar el tráfico, aumentar el tiempo de los traslados y empeorar las condiciones ambientales (Goodland y Daly, 1995: 25). Para estos autores, un desarrollo sostenible consiste en la puesta en marcha de medidas que conjuguen la estabilidad demográfica (de los países pobres) con la formación de la población, el desarrollo tecnológico combinado con la creación de empleo, la extensión de energías renovables, la conservación y la gestión adecuada de sus recursos naturales y la intensificación de la lucha contra la pobreza.

Por último, la teoría del desarrollo humano sostenible se afianza también en los años 90 fruto de las aportaciones de autores y organismos especialmente críticos con los efectos medioambientales del crecimiento económico y, sobre todo, con las múltiples expresiones de desigualdad que se manifiestan en los países, que en buena medida son resultado de las políticas liberalizadoras, auspiciadas por el llamado Consenso de Washington desde los años 80, aplicadas en el contexto de la globalización económica.

El concepto de desarrollo humano sostenible contiene tres componentes principales, el económico, el ecológico y el social. A la noción de desarrollo se incorpora el término sostenible para enfatizar que el crecimiento económico experimentado en muchos países, especialmente desarrollados, no ha sido respetuoso con el medio ambiente, lo cual compromete la calidad de vida y las condiciones de existencia de las generaciones futuras. El componente ambiental es esencial para el desarrollo sostenible, pero requiere ser complementado con la sostenibilidad social, que atiende especialmente a la eliminación de la pobreza, y la sostenibilidad económica, que cuestiona los sistemas de producción tradicionales y las pautas de consumo. Acorde con esta visión integral de la noción de desarrollo la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo elabora, en 1987, el conocido como Informe Brundtland, «Nuestro futuro común», donde el desarrollo sostenible se define como un camino hacia el progreso que permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. Esta premisa forma parte de los enunciados y las orientaciones para la acción de movimientos ecologistas y de organismos internacionales comprometidos con el desarrollo humano.

La perspectiva social (y económica) que comprende la propuesta de desarrollo humano sostenible es una constante en los trabajos de la CEPAL desde sus inicios, pero cobra actualmente mayor énfasis tras la «década perdida», tal y como es considerada la de los 80 por esta Comisión, al comprobar los escasos avances logrados por los países latinoamericanos en la convergencia internacional y en la lucha contra la pobreza, principalmente. Así, a finales de siglo se da una nueva orientación a las propuestas de décadas anteriores bajo la perspectiva de una visión integrada de la noción de desarrollo. Se replantean las reformas llevadas a cabo que dieron como resultado el «casillero vacío», es decir, que incluso en los países en los que se observó un mayor dinamismo económico no se lograron progresos en materia de equidad. Los indicadores económicos y sociales al respecto han puesto de relieve que el crecimiento económico no fue eficaz a la hora de reducir la pobreza (Stiglitz, 2003; Tokman, 2004).

El crecimiento económico, así como el desarrollo de los países pobres, fueron los motores de las reformas propuestas por el Consenso de Washington, que se llevaron a cabo en los ochenta y primeros noventa, con una amplia homogeneidad, bajo las indicaciones de los organismos financieros internacionales (FMI y Banco Mundial). Partiendo de la convicción en la eficiencia del mercado propusieron la liberalización de los mercados y la reducción de la labor del Estado e impulsaron privatizaciones de las empresas estatales y el reforzamiento del sector privado. De sus planteamientos se deduce que reconocen un importante papel del mercado en las economías pero reconocen menos que exista un papel para el Estado (Stiglitz, 2004: 4). No existía en sus propuestas ninguna línea que mostrara interés por la distribución de la riqueza ni que tuviera en cuenta los procesos diferenciales de desarrollo que los países pudieran estar atravesando.

Las consecuencias de las políticas económicas liberalizadoras mostraron que el mercado no había sido un buen distribuidor de los ingresos (Orlansky, 2005: 50); especialmente en países que, como Argentina, habían seguido fielmente ese modelo. Las desigualdades crecieron en la región latinoamericana y la pobreza aumentó; la distribución de los ingresos experimentó una mayor concentración a favor del percentil más rico y los ingresos per cápita, lo mismo que el PIB, crecieron menos en las dos últimas décadas del siglo pasado de lo que lo habían hecho en decenios anteriores. Algunos países tuvieron crecimientos negativos en distintos años (Stiglitz, 2003). En resumen, tales políticas fortalecieron la posición de dependencia de la región latinoamericana; disminuyó el nivel de cobertura de servicios y prestaciones públicas, las reformas laborales propiciaron la flexibilidad, las empresas disminuyeron la contratación, se abarató el despido, aumentó el desempleo y creció la implantación del sector informal (CLACSO y CETRI, 2002; Tockman, 2004).

Estos resultados conducen a la CEPAL a promover un desarrollo de carácter integral, lo cual implica que las políticas económicas y las políticas sociales no pueden desligarse sino que tienen que ser activadas conjuntamente (CEPAL, 2008). Se señala que, si en el pasado se prestó una atención primordial al enfoque económico, en el presente debe priorizarse la cuestión social; por ello, la relación entre el mercado y el Estado debe cambiar para dar paso a una mejor defensa de los intereses generales. La idea de desarrollo que se formula contiene el requisito del crecimiento económico, pero el desarrollo integral requiere que el modelo productivo atienda a la equidad, sea un progreso social en tanto que comprenda prestaciones básicas, igualdad de oportunidades y participación social.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha enunciado en sus informes anuales de los años 90 su posición respecto al desarrollo humano sostenible (1994, 1996). Su formulación en este sentido radica en considerar el desarrollo como una reivindicación vital; implica, por tanto, el aumento de las capacidades humanas, tanto en lo cultural como en lo económico o en lo político, y apuesta por la igualdad de oportunidades y la necesaria universalidad de los derechos, como razones de justicia social. Con respecto al crecimiento económico se afirma que no es sino un medio para lograr el desarrollo humano. Entre ambos conceptos existen fuertes vínculos que se refuerzan entre sí, de manera que el crecimiento contribuye al desarrollo a través de factores como la equidad, las oportunidades de empleo, el acceso a los bienes de producción, las oportunidades básicas garantizadas por el gasto social de los gobiernos, la igualdad de género, el equilibrio demográfico, la buena gobernabilidad y la participación social de la población a través de asociaciones y grupos comunitarios.

Una visión crítica en torno a la noción de desarrollo así como a su agregado sostenible la aporta J. M. Naredo (2006: 177-182) cuando afirma que el enfoque económico dominante ha mutado la noción de crecimiento por la de desarrollo, con lo que la senda de evolución de los países quedaría condicionada a un único modelo modernizador; así mismo, el calificativo de sostenible supondría el término preciso para garantizar el deseado consenso institucional tras los desencuentros entre posiciones progresistas o desarrollistas, por un lado, y posiciones más conservadoras y liberales, por otro.

Desarrollo, globalización y empleo femenino

Hasta fechas recientes, las teorías que analizaban el desempeño económico no han atendido la desigualdad de género; han ignorado aspectos estructurales de la organización social, como la tradicional división del trabajo por sexo, y no han tenido en cuenta la actividad que desempeñan las mujeres en la reproducción, en la provisión de alimentos y en la cobertura de necesidades básicas. Como señalan L. Benería y G. Sen (1983), las estrategias de desarrollo basadas en la acumulación de capital no tienen en cuenta los procesos de reproducción en los que las mujeres participan; lejos de buscar su emancipación, las instrumentalizan mediante el desarrollo de programas para el fortalecimiento de la familia, para la cobertura de necesidades básicas o para la escolarización infantil. De hecho, ciertos programas de desarrollo, que se aplican en algunas regiones latinoamericanas, basan el progreso familiar (y el desarrollo) en el reforzamiento de la ocupación femenina en la producción de alimentos o en su participación en actividades para la escolarización y la integración infantil. Estos programas se presentan como de «ayuda a la familia» pero, además de incrementar el volumen de trabajo femenino, no tienen en cuenta la desigual distribución del trabajo por género, la ausencia de autonomía económica de las mujeres y sus consecuencias sobre el riesgo de caer en la pobreza.

Los programas de desarrollo fueron criticados por distintas autoras (Boserup, 1993) y colectivos de mujeres que cuestionaban la supuesta neutralidad de género de los planes de desarrollo porque no contribuían a mejorar la situación de las mujeres en los países pobres; más aún, en algunos sectores productivos incluso había empeorado (Roldán, 2003: 64). En los setenta surgió la corriente «Mujeres en el Desarrollo» para llamar la atención sobre la ocultación de las mujeres en la economía, especialmente en los países periféricos, y denunciar que los procesos de desarrollo las habían ignorado. Sin embargo, buena parte de las críticas, como la de Boserup, no ponían en cuestión el modelo de desarrollo como tal, sino que únicamente demandaban beneficios para las mujeres en el proceso de crecimiento económico. Dicho de otra manera, buscaban incrementar la participación femenina en dicho proceso pero no cuestionaban el modelo de acumulación capitalista que inspiraba los planes de desarrollo (Benería y Sen, 1983: 95).

La introducción de la noción de género, a partir de los años 80, la difusión de investigaciones con esa orientación y la proliferación de eventos, como conferencias, convenciones internacionales, etc. (Rubio, 2002), dirigidos al fortalecimiento de los derechos de las mujeres, contribuyeron a dar visibilidad a las actividades realizadas por ellas; se trataba de que aparecieran como sujetos activos del desarrollo (Zabala, 1999: 348). En coherencia con ese enfoque, la denominación Mujeres en desarrollo se sustituyó por la de «Género en el desarrollo» (Rendón, 2004: 328), más acorde con la idea de que la presencia femenina debía asegurarse desde el proceso de construcción de los objetivos hasta la evaluación de los logros. Sin embargo, M. Roldán, con una mirada desde la periferia, ha llamado la atención sobre la escasa relevancia de los resultados obtenidos. Esta autora ha advertido de la indivisibilidad de los derechos humanos —entre norte y sur— en relación con la naturaleza de las metas alcanzadas; alega que no debe confundirse el progreso de género con el hecho de que algunas mujeres, individualmente, hayan alcanzado posiciones de poder y recuerda que los avances conseguidos en los países del norte, y los desafíos que conlleva el paso de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, no han llegado a la periferia. Como explica, centrándose en América Latina, los países del sur están todavía mayoritariamente al margen de los procesos de sabiduría y conocimiento (Roldán, 2003: 79). Los progresos son lentos y distan de estar consolidados. Un reciente informe sobre Objetivos de Desarrollo del Milenio referido a igualdad entre sexos (CEPAL, 2007), confirma avances en la presencia femenina en el ámbito de la política y un mayor reconocimiento y prestigio en algunas de las ocupaciones que las mujeres desempeñan. Tanto las metas del milenio como el modelo de transformación productiva con equidad buscan aminorar las diferencias de género.

El Foro Internacional de la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo, celebrado en Guadalajara, México, en 2002, dejó patente que no existe neutralidad de género en las políticas económicas internacionales, sino que, por el contrario, estas tienen un importante impacto sobre la vida de las mujeres, en tanto que, por ejemplo, animan el recorte de gastos sociales y ello acarrea no solo un trabajo adicional para ellas, sino también la reducción de prestaciones sociales a las que aspiran tener derecho (Çagatay, 2003).

En los países desarrollados, la expansión de la producción en el sector de los servicios viene acompañada de una mayor integración de las mujeres en el empleo regular. En las economías emergentes del Sudeste asiático y en la región latinoamericana, la fragmentación de la producción ha dado paso a una importante participación de las mujeres en industrias locales de empresas multinacionales. Las empresas han mostrado su preferencia por mano de obra joven, con escasa formación y sin experiencia previa en el mercado de trabajo. Los procesos de incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, en aquellos países con fuerte peso de la tradicional división del trabajo por género, se han llevado a cabo con tensiones entre viejas normas tradicionales y nuevos requerimientos económicos de las sociedades mercantiles. La integración de las mujeres en el empleo, en esos países, se ha acompañado de campañas ideológicas, en unas ocasiones a favor y en otras en contra, lo cual demuestra, una vez más, que las relaciones de género se construyen socialmente (Benería, 1991: 27) de acuerdo con metas económicas y valores hegemónicos existentes en cada momento y lugar.

La manipulación y la adaptación del rol femenino a los valores dominantes sirven para construir el orden social en cada contexto histórico, social y económico. De esa manera, no resulta difícil entender el papel que vienen a desempeñar los llamados «valores asiáticos» en el proceso de transformación económica en los países emergentes de esa región oriental. Como recoge G. Nieto, en este mismo volumen, estos valores incluyen la disciplina en el trabajo y, en clave de género, el retorno de las mujeres al hogar, para privarlas, dicen, de contagiarse de la influencia occidental y de los efectos dañinos que conlleva el sometimiento al empleo (un proteccionismo que evoca al de la España franquista cuando se disponía a «liberar a la mujer casada del taller y de la fábrica»). El control político e ideológico sobre la disponibilidad de la mano de obra femenina desempeña un importante papel regulador del mercado de trabajo porque permite adecuar los flujos de entrada y salida a las necesidades mercantiles. De esta manera, el desempleo potencial, generado por las expectativas que el crecimiento económico despierta en estos países emergentes, podría derivar en una situación de conflicto social por la incapacidad del mercado para absorber las demandas de empleo que la población, sobre todo la femenina, pudiera plantear.

En América Latina, la industria manufacturera, en las zonas de producción para la exportación, ha integrado, desde los años 60, un volumen considerable de mano de obra femenina, principalmente en la industria textil. Además, desde mediados de los ochenta ha ido incorporando, sobre todo en Argentina y México, moderna tecnología que ha propiciado el acceso de mano de obra masculina. Se trataba, tanto de personal no cualificado que aceptaba las condiciones precarias y los bajos salarios que venían percibiendo las trabajadoras (Benería, 1994: 10), como de técnicos y administrativos que disfrutaban de condiciones y salarios más favorables que el resto (Carrillo, 2000: 165). En general, el deterioro del empleo en la región se pone de manifiesto en una derivación a la baja de las condiciones de trabajo que venían disfrutando los trabajadores (hombres), lo que supone en la práctica una «igualación por empobrecimiento» (CEPAL, 2006: 43). La tendencia a la equiparación entre géneros, en indicadores de empleo y desempleo, no resulta de una mejora de las condiciones de trabajo de las mujeres, sino del empeoramiento de las que disfrutaban los varones (Roldán, 2003: 73). Como confirman T. Rendón y C. Salas, para el caso de México, el creciente empeoramiento de la calidad de los empleos y, en especial, la demanda en la industria maquiladora de exportación, ha elevado, desde los años 80, la proporción de trabajadores varones en estos sectores, a pesar de que los salarios son aquí inferiores a los del conjunto de la manufactura (Rendón y Salas, 2000: 68).

2. Pautas demográficas y económicas de las regiones europea y latinoamericana

Entre los cambios demográficos que afectan a los países europeos así como a los de la región latinoamericana destacan, aunque con distinto grado de intensidad y con distintas implicaciones, los relacionados con la fecundidad, el envejecimiento de la población, las pautas de morbilidad y las causas de mortalidad y, de manera significativa, los referidos a las migraciones. Estos cambios demográficos tienen implicaciones económicas en tanto que se relacionan con el volumen y la composición de la fuerza de trabajo en ambos tipos de países; la población inmigrante trabajadora aporta beneficios económicos a los países receptores y a los emisores (remesas), pero su desplazamiento masivo acarrea costes sociales por la pérdida de recursos humanos en los países de origen, en los que fueron formados, pero que, sin embargo, no se benefician del fruto de esa inversión.

Los aspectos demográficos relacionados con el comportamiento reproductivo; el papel de las familias, como soporte ante situaciones de dependencia o de pobreza; las migraciones, como estrategia ante carencias económicas o expectativas no cumplidas; y el contexto económico, determinado por el predominio de la liberalización económica, la insuficiente labor del Estado en la satisfacción de necesidades sociales, la reestructuración productiva y el marco flexible de relaciones laborales, caracterizan un proceso de desarrollo, común para las regiones europea y latinoamericana, que tiene diferentes expresiones en cada uno de los contextos geográficos según el proceso político, social y económico que atraviesan.

Si bien el incremento de la participación femenina en el mercado laboral, en las últimas décadas, es una característica que afecta a ambas regiones, también es común que la integración ha venido acompañada de un conjunto de prácticas laborales dominadas por la desregulación y la flexibilidad del empleo. De manera que las mujeres se incorporan a un mercado de trabajo inestable y precario que, especialmente en la región latinoamericana, se convierte en gran medida en empleo irregular. Este hecho explica que la calidad del empleo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad se haya convertido en una meta a cumplir por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que considera que el empleo decente es el eje en el que han de converger los objetivos de trabajo, empleo, protección social y diálogo social.

Los aspectos demográficos, relacionados con los comportamientos reproductivos y con la movilidad de la población entre países, así como las características económicas y sociales de los contextos geográficos en los que se ubica la población, influirán, de manera decisiva, en la participación de la población femenina en los distintos tipos de trabajo.

Pautas demográficas. Fecundidad, familias y migraciones

En los países europeos, la moderada fecundidad es una característica generalizada, pues en ninguno de los Estados que componen la actual Unión Europea se alcanza un índice de fecundidad igual o superior al nivel de reemplazo, situado actualmente en 2,1 hijos/as por mujer. Sin embargo, mientras los más desarrollados, como los nórdicos, y otros como Francia e Irlanda, se acercan a esa cifra, los del sur y los del este se distancian más de ella, siendo estos los que ocupan los últimos lugares del mundo en la tasa total de fecundidad.

En América Latina casi todos los países (excepto Cuba y Chile) presentan índices de fecundidad superiores al nivel de reemplazo en el período 2000-2005. Destaca Guatemala con 4,6 hijos/as por mujer, seguido de Haití y Bolivia con 4. Son, por tanto, los países con un nivel de desarrollo más bajo los que cuentan con la fecundidad más alta. Distintos informes de Naciones Unidas y de la CEPAL (2004, 2007) muestran que es entre la población rural, la más pobre, con menor nivel de instrucción y entre las indígenas donde se encuentran las tasas de fecundidad más altas así como el porcentaje mayor de fecundidad no deseada. Desde finales de los ochenta la mayor parte de los países ha experimentado un descenso en la fecundidad, sin embargo, en buena parte de ellos la maternidad adolescente ha aumentado. Como ha estudiado J. Rodríguez para el caso chileno, estas jóvenes madres, de entre 15 y 19 años, son mayoritariamente solteras que residen con sus progenitores, o con los de su pareja. Es, por lo tanto, el hogar familiar el espacio de acogida de las madres adolescentes y la familia el principal soporte para la crianza de las criaturas (Rodríguez, 2005: 132). Este hecho pone de manifiesto que alrededor del núcleo familiar se genera un círculo de pobreza, ya que, sin apoyos estatales, los miembros del hogar ven incrementados los gastos en salud y en educación infantil así como las responsabilidades domésticas y el trabajo del hogar, lo que hace al grupo familiar más vulnerable y limita las oportunidades de las mujeres de acceder o de mantenerse en una ocupación extradoméstica remunerada.

El Gráfico 1 muestra que, cuando se atiende a la situación de América Latina, existe una correlación negativa entre desarrollo y fecundidad. La línea superior representa la fecundidad (o el número de hijos/as que tiene cada mujer) y la línea inferior el Índice de Desarrollo Humano de los mismos países. Se puede comprobar que, en América Latina, aquellos que están mejor situados en el Índice de Desarrollo Humano, como Argentina, Brasil, Uruguay y, especialmente, Chile y Cuba, presentan los índices de fecundidad más bajos, mientras que los que están relegados a los últimos puestos (Guatemala, Haití, Bolivia y Honduras) presentan una fecundidad más alta. No ocurre lo mismo en Europa, donde son los países nórdicos, junto con Irlanda y Francia, los que presentan los valores de fecundidad más altos y se encuentran, a su vez, entre los mejor situados en la clasificación sobre desarrollo humano del PNUD.

Gráficamente, los valores correspondientes al índice de fecundidad en ambas regiones, latinoamericana y europea, puede representarse, con ligeros altibajos, en un arco, o en la figura de una embarcación, en la que la proa acoge a los países más pobres, que son los que presentan las tasas de fecundidad más altas; la línea del barco desciende hasta estribor o babor, donde encuentran acomodo los países latinoamericanos más desarrollados que vienen a encontrarse con los europeos menos avanzados, los de la Europa del este y los mediterráneos; ya en la popa se hallan los países más desarrollados europeos, del norte y oeste, que presentan también índices de fecundidad altos pero que, sin embargo, no llegan a alcanzar los elevados valores de los países americanos más pobres. La proa del barco, con los países menos desarrollados, representa la carencia de recursos, la escasa instrucción, el acceso limitado a anticonceptivos, mientras que la popa representa mayor acceso a recursos, ayudas de los poderes públicos en asuntos sociales (como maternidad y empleo), así como una mayor capacidad de elegir y decidir sobre la reproducción deseada.

Por otra parte, la extensión de los movimientos migratorios en la última década está teniendo repercusiones sociales y económicas tanto en los países de origen como en los de destino. En la vertiente de los países emisores sus efectos se centran en la pérdida de enormes contingentes de jóvenes, generalmente bien formados en su país de origen, que contribuyen a generar riqueza y bienestar en los países receptores.

GRÁFICO 1

Índices de fecundidad y de desarrollo humano. Países latinoamericanos y europeos seleccionados

Nota: IDH = Índice de Desarrollo Humano; ISF = Índice Sintético de Fecundidad (número de hijos/as por mujer). Fuente: Elaboración propia sobre datos del PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2007-2008.

Una encuesta realizada, en los años 90, entre universitarios de la ciudad de Buenos Aires, mostraba que un 45 % de los entrevistados/as manifestaba su intención de emigrar; de ellos/as, una tercera parte había iniciado trámites para llevar a cabo su proyecto. Cabe destacar que más del 90 % de estas personas, que deseaban salir de su país, contaba con empleo; ello excluye que el motivo de la migración sea estrictamente laboral, pues prácticamente la totalidad de quienes esperaban emigrar relacionaba sus expectativas en otro país con la necesidad de mejorar su calidad de vida, incrementando sus ingresos, pero también mejorando su seguridad personal, dado el contexto de creciente violencia que decían vivir en su país de origen (Aruj, 2004: 104-106). Otra encuesta realizada en Argentina en 2002, representativa a nivel nacional, mostraba que la posibilidad de emigrar se planteaba, en un 4,5 % de la población, como una estrategia de los hogares para paliar la falta de trabajo y buscar una mejor calidad de vida (Fiszbein, Giovagnoli y Adúriz, 2003: 163).

Según datos de la CEPAL, más de veinte millones de latinoamericanos y caribeños viven actualmente fuera de su país de origen; el mayor incremento se ha producido desde los años 90, cuando se ha dado una fuerte emigración hacia Estados Unidos y Europa, especialmente hacia España. Son principalmente las mujeres, y los sectores de población joven con mediana o alta cualificación, los protagonistas de esta emigración (CEPAL, 2004: 22).

En los países receptores, las personas inmigrantes ocupan puestos de trabajo descualificados, atienden necesidades domésticas y prestan cuidados y afecto a otras personas. En su mayoría, han dejado atrás, en su país de origen, a familiares dependientes a los que no pueden atender. De esta manera se constituyen, en palabras de Hochschild (2001), las cadenas mundiales de asistencia, un fenómeno social conocido también como globalización del cuidado, a través del cual se ofrecen respuestas coyunturales a problemas estructurales de las sociedades desarrolladas pero que, a su vez, provoca la disminución de recursos laborales y afectivos, propios, en los países emisores de mano de obra.

El trabajo de cuidado remunerado de las/los inmigrantes, más que una distribución de mano de obra, representa una usurpación de recursos por parte de los países ricos. El trabajo de cuidado permanece invisible a los ojos de la sociedad globalizada. Cuando se contempla la utilidad de las migraciones de trabajadores hacia países desarrollados generalmente se echa mano de argumentos funcionalistas que explican este hecho por las condiciones estructurales del mercado de trabajo (véase Blanco, 2000: 65). En esta línea argumental, la migración aparece como una oportunidad para las personas que se desplazan, a la vez que contribuye al supuesto equilibrio del mercado de trabajo mundial; pero ni el mercado mundial es un sistema en equilibrio ni todas las personas tienen las mismas oportunidades de participar en él.

Las necesidades de cuidado son mundiales, globales, pero la dedicación al cuidado no se distribuye ni se universaliza sino que se asigna a los sectores sociales más débiles y vulnerables, quienes están dispuestos o no les queda más remedio que ceder parte de su tiempo para otros/as vendiéndolo a bajo precio. El trabajo remunerado de cuidado, así como la ocupación en el servicio doméstico, se asientan sobre una fuerte desigualdad social (Pedrero, 2004: 84), porque es necesario que los hogares que contratan mano de obra dispongan de los recursos económicos necesarios para pagar un salario, a la vez que los demandantes presentan tal carencia de medios que se ven obligados/as a aceptar ocupaciones con salarios muy bajos. Las migraciones hacia zonas desarrolladas son fruto, también, de la desigualdad entre países; a pesar de los bajos salarios que percibe, la mano de obra que se desplaza hacia zonas más enriquecidas puede llegar a incrementar su salario en un cien por cien (o hasta un seiscientos por cien) con respecto al que tenía en su lugar de origen.

Los países occidentales, y en especial los mediterráneos, se sirven de los trabajos de cuidadoras/es (autóctonos y alóctonos) no remunerados, o escasamente remunerados, para mantener un Estado de bienestar —familiarista—, asentado en una distribución desigual de roles por género y en la labor gratuita desempeñada, mayoritariamente, por la población femenina, que asume, en las etapas adultas de su ciclo vital, un trabajo adicional no contemplado en los sistemas convencionales de cuantificación y medición económica. La dedicación más alta a trabajo no remunerado se produce, en mayor medida, en países en los que la participación laboral de las mujeres es más baja, el gasto destinado a asuntos sociales es menor y el Estado de bienestar está menos desarrollado.

Sin embargo, cada vez es más frecuente que las tareas de cuidado, al igual que otras domésticas, se deleguen en mano de obra remunerada (hogares que emplean servicio doméstico) y sean desempeñadas por mano de obra inmigrante, especialmente femenina. En España, el cuidado de niños/as y adultos se contrata, en mayor medida, en régimen externo, por horas, siendo más frecuente que, para cuidar a las/los pequeñas/os, se prefiera a trabajadoras/es españolas/es, mientras que, para el cuidado de personas mayores, enfermas o dependientes, se opte por inmigrantes (Ioé, 2001: 226-227). En el conjunto del Estado español, la población femenina es mayoritariamente latinoamericana. Hacia ella se dirigen las preferencias de los hogares a la hora de contratar servicio doméstico. De hecho, la mayoría de las inmigrantes que trabaja en el Estado español lo hace en el servicio doméstico. El número de personas que trabajan de manera irregular (sin contrato y/o sin estar dadas de alta en Seguridad Social) es superior a las que trabajan de manera regularizada. Entre estas, el 84,7 % de inmigrantes que cotiza al Régimen especial de Empleados de hogar de la Seguridad Social son mujeres y ese porcentaje sube hasta el 90 % cuando la nacionalidad corresponde a algún país latinoamericano (Ioé, 2001: 252).

Las sociedades receptoras instrumentalizan la inmigración; se benefician de una mano de obra barata, que trabaja a menudo por encima de la jornada legalmente establecida y que no es conflictiva, porque su permanencia en el país puede depender de autorizaciones laborales que el empleador debe anticipar. La opinión pública refleja en sus opiniones el eco de la ambigüedad que las políticas públicas mantienen. Un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (2005), que recoge las opiniones respecto a la población extranjera, afirma que la mayoría de los españoles cree que, aunque son necesarios, hay «demasiados» inmigrantes. Cuando se les pide que den una cifra aproximada de los que hay, las estimaciones son exageradas y sobrepasan en exceso la cifra real.

Las cadenas mundiales de cuidados son una manifestación de la desigualdad que se expresa a distintos niveles: el primero se refiere a las diferencias económicas, políticas y sociales entre países más desarrollados y en vías de desarrollo; el segundo afecta a la desigualdad social en los países desarrollados, en el interior de estos países, que posibilita la expansión de un mercado segmentado en cuyo espacio más desfavorable se ubican los sectores más vulnerables, especialmente inmigrantes; el tercero atañe a la desigualdad de género, a la división sexual del trabajo que asigna a las mujeres los trabajos domésticos, desde el trabajo no remunerado de las cuidadoras familiares de los países de origen al servicio doméstico en el seno de los hogares de clases medias y acomodadas de los países ricos; y el cuarto manifiesta también una desigualdad intragénero que favorece principalmente a las mujeres mejor situadas en los países desarrollados facilitando su participación en la economía regulada. Estos cuatro niveles de desigualdad son contingentes y pueden presentarse interrelacionados; de manera que cuando las dificultades económicas son mayores el sector más vulnerable del mercado laboral se ve más perjudicado, la distribución del trabajo por género se refuerza y el trabajo no remunerado se incrementa.

En los países desarrollados se realizan, en base a la aportación de la mano de obra inmigrante, ajustes de índole económica y familiar que han contribuido a evitar conflictos intrafamiliares y sociales derivados del choque entre nuevos roles de género (participación en el empleo y demanda de reparto de responsabilidades domésticas) y viejas estructuras sociales (tradicional funcionamiento de las instituciones y ausencia de servicios en relación con los cambios demográficos experimentados).

CUADRO 2

Cadenas mundiales de asistencia. Características socioeconómicas de los países de origen y destino

* Son los países de mayor inmigración en España: Ecuador, Colombia, Perú y República Dominicana. Se trata de dólares según Paridad de Poder Adquisitivo (2005). Fuente: Elaboración propia.

Pautas económicas. División del trabajo, flexibilidad y pobreza

Desde las dos últimas décadas del siglo XX, tanto en los países desarrollados como en los países periféricos más avanzados, se asiste a un proceso de reestructuración productiva que afecta a los procesos de trabajo y a las relaciones laborales. La sociedad salarial, que se mantuvo desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80, se caracterizó por la concertación entre los distintos agentes sociales (sindicatos, patronal y Estado) que hizo posible, gracias a la moderación salarial y la estabilidad laboral, el crecimiento económico y el desarrollo de los Estados de bienestar. El nuevo marco de relaciones laborales, que se crea a partir de los ochenta, se caracteriza por dejar al mercado el papel protagonista de la regulación laboral, con lo que el objetivo del beneficio económico se antepone al del bienestar general y la cohesión social.

El modelo de la globalización económica ha impulsado transformaciones en la organización del trabajo que derivan de la desconcentración de la producción a escala internacional; la producción que contiene procesos de elaboración rutinarios, intensiva en mano de obra, que no requiere especial cualificación, se desplaza hacia países con abundante población, mientras los países ricos del centro se reservan la producción en áreas de diseño, proyectos, investigación y desarrollo, es decir, la dimensión creativa en la que intervienen el conocimiento y el saber (Roldán, 2003: 64). Esta distribución da lugar a una nueva división internacional del trabajo que se sustenta en la aplicación de tecnología y en la expansión de los medios de comunicación y de transporte a escala global. El desplazamiento de la producción a los países periféricos es más rentable para las empresas por la alta concentración de mano de obra, la escasa normativa medioambiental, la falta de regulación laboral y la frágil trayectoria en la defensa de derechos laborales. La expansión de la economía globalizada hacia los países asiáticos favorece la división internacional del trabajo. Sin embargo, se trata de una división difusa, en cuanto a la distribución de actividades y productos, ya que las empresas asiáticas también desplazan hacia otras zonas (como países de Latinoamérica y otros más próximos geográficamente), con salarios más bajos, la producción de artículos para obtener un mayor valor agregado del producto; una deslocalización que se orienta a mantener la «cadena global del producto» (Carrillo, 2000: 161), que va más allá de la nueva división del trabajo. Desde los años 90, los llamados «tigres asiáticos» tienen empresas en zonas productivas para la exportación de México, Honduras, Panamá, República Dominicana, Costa Rica y Haití, entre otros países de América Latina y el Caribe, y vienen utilizando estos países como plataforma para introducirse en el mercado norteamericano (ibíd.: 162).

La región latinoamericana no se ha visto beneficiada por la expansión del comercio internacional de la misma manera que los países asiáticos. Las inversiones extranjeras de las últimas décadas, en Argentina, Chile, México, Perú, Bolivia o Brasil, en sectores básicos de sus economías, como el sector energético, las comunicaciones o la banca, han propiciado el incremento de la riqueza y la participación de estos países en la economía global. Sin embargo, estas ventajas comparativas, que se basan en la disposición de mano de obra abundante para trabajar en las zonas industriales de exportación, así como en el sector servicios, no han logrado convertir a los países latinoamericanos en economías similares a las asiáticas, porque el proceso de integración en la economía mundial está subordinado a los intereses de otros países, especialmente a la economía estadounidense, y porque la trayectoria política y la cultura laboral de la población están más próximas, que las asiáticas, a la tradición occidental democrática de adhesión a los derechos humanos, incluido el reconocimiento de derechos laborales.

Las zonas de producción para la exportación, a pesar de constituir una importante fuente de riqueza para los países en los que funcionan y generar un cierto dinamismo industrial, no han supuesto, como en el caso de la maquila mexicana, una contribución sustancial para la economía, tampoco para el crecimiento tecnológico ni para el desarrollo regional, porque surgen supeditadas a las economías de los países desarrollados y porque mantienen una relación de dependencia con las empresas matrices y con los clientes de fuera del país (Carrillo, 2000: 164). Las economías latinoamericanas siguen manteniendo un bajo nivel de competitividad debido a la brecha tecnológica; y también a que las políticas liberales, de austeridad y de privatizaciones, impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), han contribuido a ralentizar su desarrollo.

En la Unión Europea, desde comienzos de los noventa, las políticas económicas y laborales van destinadas a aminorar los desequilibrios productivos (Ruesga, en Fuji y Ruesga, 2004: 111) y posibilitar una mayor cohesión social entre las regiones que la componen. El Libro Blanco de Delors (1994), la Cumbre de Luxemburgo (1997) y la Cumbre de Lisboa (2000) promueven ese objetivo (García Sainz y Rendón Gan, 2004: 26-28). Además de fijar directrices en la línea de mejorar la inserción profesional, se insiste en el desarrollo del espíritu de empresa y en la adaptación de los/las trabajadores/as a la misma, para lo cual los organismos europeos entienden que la modernización de la organización de trabajo, con el establecimiento de fórmulas flexibles de funcionamiento, es el mecanismo más eficaz para mejorar el nivel de empleo (CES, 2001: 7).

Tanto en los países occidentales de Europa, como en los más desarrollados de América Latina (sobre todo, Chile, Argentina y México), la aplicación de la flexibilidad en la organización del trabajo emana de reestructuraciones y ajustes por parte de las empresas, pero también de la labor de desmercantilización de los gobiernos, reforzada por leyes laborales que la promueven. El Estado se ha convertido en promotor de la flexibilidad, bien insertándola y reconociéndola mediante la legislación, como en Argentina o Colombia, o bien propiciando pactos en el interior de las empresas, como en México. La flexibilidad se impone en América Latina, a través de fórmulas más corporativistas, como en México, Venezuela, Brasil y Argentina, o mediante relaciones más clasistas, como ocurre en Chile, Uruguay, Bolivia, Colombia y, en parte, en Perú (De la Garza, 2000: 176).

Como señala D. Meulders (2000), refiriéndose al mercado de trabajo en Europa, la flexibilidad tiene como finalidad trasladar a los/las trabajadores/as los riesgos derivados de la coyuntura económica y reducir el coste de la mano de obra. La flexibilidad no ha facilitado la creación de empleo, ni ha posibilitado estabilidad y seguridad en el mismo, sino que, por el contrario, es la vía para generar empleo inestable y justificar despidos masivos en aras de la competitividad. En la mayor parte de los países del centro y del sur de Europa, al igual que en los de América Latina, la flexibilidad laboral implica desregulación del mercado laboral y reducción de la protección (Pautassi, Faur y Gherardi, 2004: 44).

La incorporación de la población femenina al mercado laboral ha sido notable en las últimas décadas tanto en países europeos, como España e Italia, como en los países latinoamericanos. Característico de este proceso es el escenario de flexibilidad en el que se produce la integración en el empleo, lo que contribuye a que la participación de las mujeres en la ocupación no se dé en un contexto de igualdad sino de segregación y discriminación (Maruani, 2002; OIT, 2008). Las transformaciones productivas y la desregulación del mercado de trabajo han generado más inestabilidad en el ámbito laboral y causan, en buena parte de los países, un empobrecimiento de los trabajadores/as y de las familias, lo que lleva a incrementar las estrategias de supervivencia mediante el desempeño de ocupaciones precarias y/o en la economía informal.

El Panorama Social de América Latina de 2007 muestra que, tras el auge económico experimentado en los años centrales del primer decenio de siglo, los países latinoamericanos han logrado alcanzar los niveles de pobreza más bajos de las últimas décadas, de manera que, en 2007, el porcentaje de pobres se estimaba en torno al 35 % de la población, siendo la cifra de indigentes del 13 %. La erradicación de la pobreza constituye el objetivo principal de la declaración del Milenio, aprobada por Naciones Unidas en 2000. La propuesta de la Asamblea General fue, que en 2015, la pobreza debería ser reducida a la mitad. Los avances conseguidos en la primera mitad de ese período muestran que Chile es el país que ha conseguido ya esa meta y que México, Ecuador y Panamá están próximos a lograrla; por el contrario, Bolivia, Honduras, Nicaragua y Paraguay serían los más rezagados. El número de pobres en la región se estima en 190 millones y el de indigentes en 69 millones.

La pobreza no atañe únicamente a la carencia de bienes materiales, sino que es de naturaleza compleja, multidimensional, relacional; está vinculada al desigual acceso a los recursos productivos y a la participación en instituciones sociales y políticas (Arriagada, 2005: 102). Como señala esta autora, la pobreza, en su versión amplia, se define por la nula o escasa disposición de recursos, la falta de acceso a servicios proporcionados por el Estado, la carencia de vivienda y de patrimonio, los bajos niveles educativos y la carencia de tiempo libre para formación y capacitación; todo ello expresa una falta de autonomía personal así como una escasa disponibilidad y eficacia de redes familiares y sociales de apoyo (ibíd., 103).

3. Participación femenina en el trabajo y el empleo. Contribución al desarrollo

Las políticas públicas que acompañan los procesos de reestructuración productiva han sido, generalmente, ciegas al género, lo cual ha planteado la necesidad de aplicar enfoques alternativos que contemplen: el papel de las mujeres como portadoras de ingresos, los vínculos existentes entre trabajo productivo y reproductivo y la contribución de la economía doméstica a la riqueza. Las políticas de desarrollo deben promover la equidad de género (Benería, 2005: 71), de manera que las iniciativas en terrenos educativos y culturales animen la transformación de la vida cotidiana de las mujeres, pero también han de incorporar medidas que incidan en cambios estructurales, de manera que las consideraciones de género formen parte de los modelos de desarrollo.

El acceso al empleo constituye el recurso económico fundamental para combatir la pobreza y contener la exclusión. Como I. Arriagada señala, desde una visión de género, la pobreza de las mujeres tiene relación con la discriminación en la que se encuentran, tanto respecto a las posibilidades de acceder a la propiedad y a los recursos económicos, sociales y políticos como también respecto al tiempo libre disponible y al tiempo destinado a ocupaciones no remuneradas. Esta autora considera que la débil relación de las mujeres con el empleo, que está en la raíz de su exclusión social, se debe a cuatro causas: los mecanismos precarios de inserción laboral, el desempleo, el trabajo no remunerado y la falta de oportunidades para desarrollar sus potencialidades (Arriagada, 2005).

Inserción laboral e inserción social están estrechamente relacionadas, en tanto que la participación en el mercado laboral posibilita la disponibilidad de recursos económicos y, a su vez, las responsabilidades familiares condicionan la dedicación al empleo. La confluencia de varios factores como el acceso a la vivienda y a los servicios básicos (servicios sanitarios, luz eléctrica, agua potable, etc.) y el tamaño y la composición de los hogares influyen en el grado de integración de las mujeres en el trabajo y en la vida social. Bolivia, Nicaragua y Honduras reúnen, de una manera expresa, este conjunto de factores desfavorables que provocan la exclusión social de un sector numeroso de su población. La desigual distribución del ingreso en América Latina, medida mediante el índice de Gini, se confirma por la distancia existente entre quienes disfrutan de una situación acomodada y los más pobres, la cual es especialmente alta en Bolivia, Haití y Colombia y más cercana en Uruguay y México (NN. UU., 2007-2008).

Los niveles de pobreza son más elevados, proporcionalmente, entre la población rural y también en el caso de los hogares encabezados por mujeres. En países como Bolivia, Honduras y Nicaragua, la pobreza en el ámbito rural alcanza a dos terceras partes de la población (CEPAL, 2008). En Argentina, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Perú y Paraguay, el 70 % de los hogares dirigidos por una mujer se encontraba en situación de pobreza o de indigencia (OIT, 2003: 75).

En la mayor parte de los países de la región latinoamericana se comprueba la vinculación positiva existente entre el nivel de instrucción y la participación laboral de las mujeres. En general, se observa que no solo la escolarización favorece el acceso al empleo, sino que también incide positivamente en el nivel de ingresos y en la integración social. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, se confirma que cuanto mayor es el nivel de escolarización femenina, más alta es su tasa de participación en todos los sectores de actividad; de la misma manera, en Perú se comprueba que la población femenina que cuenta con empleo es también la que está más escolarizada. Tanto en este último país como en Bolivia y Honduras, el nivel de escolaridad de las mujeres, medido en años de formación, supera ya al alcanzado por los varones (OIT, 2003: 80-81).

Empleo: participación y segregación

La mayor parte de los países, tanto los menos desarrollados de la Unión Europea como los del conjunto de la región latinoamericana, han experimentado un incremento de las tasas de participación femenina en el mercado de trabajo en la última década. En términos generales, puede decirse que se está produciendo un acercamiento entre los indicadores de empleo para ambos géneros, más lento o acelerado según los países. Sin embargo, la discriminación ocupacional y salarial se mantiene constante en todos los lugares en los que se analiza.

CUADRO 3

Tasas de ocupación de mujeres y hombres en regiones desarrolladas y de América Latina y el Caribe. 1997-2007

Fuente: OIT, Tendencias mundiales del empleo, 2008.

El proceso actual de incorporación de las mujeres al empleo viene acompañado de un alto grado de empleo irregular o sumergido en los mercados laborales, sobre todo en América Latina, y de condiciones de inestabilidad y precariedad, también en el sur de Europa, en la mayor parte de las áreas ocupacionales a las que ellas acceden.

La OIT (2003) considera que el empleo irregular es un reducto de pobreza. Se calcula que la mitad de la población ocupada (en trabajo no agrícola) de América Latina trabaja en el sector informal (Tokman, 2004: 56). Por otra parte, en la última década, la población con empleo vulnerable ha crecido ligeramente; es decir, se ha incrementado la cifra de ocupados sin salario, que trabajan por cuenta propia o como trabajadores familiares auxiliares, y esta situación afecta a uno de cada tres trabajadores/as (OIT, 2008, b). En conjunto, el número de varones ocupados sin salario es mayor que el de trabajadoras pero el incremento experimentado en la última década les ha influido más a ellas (OIT, 2008, a).

El crecimiento del empleo informal viene a ser la característica principal de la evolución del mercado de trabajo en América Latina desde los años 80 (De la Garza, 2000: 151). G. Fujii señala que el sector informal pasó de representar un 43 % a comienzos de los años 90 a un 48 % a finales de la misma década. En 2001 el sector informal representaba un 46 % en Argentina y Brasil y un 40 % en México. En 2005 se valora que un 50 % de la población asalariada argentina estaba ocupada en la economía sumergida, lo que significa que cerca de tres millones de trabajadoras y trabajadores, sin incluir servicio doméstico ni autónomos, estaban ocupados en empleos irregulares o subempleos (Gabetta, 2005). Este trabajo, que se realiza al margen de regulaciones formales, afecta sobre todo a trabajadores/as por cuenta propia (excepto profesionales y técnicos), a trabajadores/as familiares no remunerados/as (ayudas familiares), a quienes trabajan en pequeñas empresas (de hasta cinco empleados/as) y a trabajadores/as del servicio doméstico (OIT, 2003: 77; Fujii, 2004: 174-175). Es precisamente en estos sectores donde las mujeres cuentan con mayor presencia; además de en las industrias para la exportación (maquilas), donde se emplean como asalariadas, las trabajadoras cuentan con elevada participación en subcontratas a domicilio, en ayudas familiares no remuneradas y en diversas ocupaciones por cuenta propia (De Oliveira y Ariza, 2000: 644).

Sin embargo, la perpetuación de un amplio sector de producción fuera de la economía formal no es una particularidad del mercado latinoamericano, pues todos los países desarrollados mantienen una proporción mayor o menor de su economía al margen de normativas legales. En el conjunto de países de la OCDE se estima que el número de trabajadores que permanece fuera de la economía formal rondaría los 35 millones (Sanchís, 2004: 25). En el período 2002-2003, la economía sumergida en los países de la OCDE alcanzaba una media de un 16,4 % del PIB. Los países mediterráneos, junto con Bélgica, son los que presentaban los valores más altos: Grecia, 28,3 %; Italia, 26,2 %; España, 22, 3 %; Portugal, 22,3 %, y Bélgica, 21,5 %. La tendencia no ha variado en estos últimos años, pues el valor medio de economía sumergida, computada como porcentaje del PIB, que presentan los países de la OCDE, sigue manteniendo un valor próximo al 16 % (Forti, 2005).

Como se ha señalado, en América Latina la cifra de economía sumergida alcanza a cerca de la mitad de la población trabajadora. El grado de informalización del empleo es una expresión más del deterioro laboral que se registra en la región. Como han manifestado Bensusán y Rendón (2000: 88), para el caso de México y Valencia Olivero (2004: 18) para Colombia, la precariedad laboral se expresa en trabajos inestables, temporales, que se registran sobre todo en unidades pequeñas (en venta ambulante y servicios personales, entre otras). Las condiciones de trabajo en este contexto flexible se concretan en el incremento de la duración de la jornada de trabajo, el aumento del trabajo asalariado a destajo, las jornadas extraordinarias, la caída de los salarios y el aumento de la población sin acceso a prestaciones.

La reorganización del trabajo y las reformas estructurales (privatizaciones, liberalización de mercados, desregulación, reformas laborales, etc.) llevadas a cabo en América Latina en las dos últimas décadas no han tenido los resultados esperados en materia de desarrollo en los países afectados; por el contrario, los efectos negativos se manifestaron en la caída de los salarios, en la disminución del poder adquisitivo, y en la escasa cobertura de las prestaciones sociales para casos de enfermedad, jubilación, vejez o dependencia. En las grandes economías latinoamericanas, como México, Argentina o Brasil, los salarios reales mostraron una evolución negativa en los primeros años de este siglo. En Argentina y en México, los salarios eran, en 2002, inferiores a los que tenían dos décadas antes (Fujii, 2004: 176). Algo similar ocurrió en Bolivia y Nicaragua, donde el deterioro de los ingresos fue acompañado de una mayor concentración de la riqueza. En estos países, al igual que en Honduras, el poder adquisitivo de los salarios es bajo (OIT, 2003), con frecuencia no alcanzan para cubrir las necesidades básicas, lo que refuerza la desigualdad y la polarización social.

Una mirada a la distribución salarial por género confirma la discriminación de las mujeres en el empleo y en el acceso a los recursos. En todos los países, para los que se dispone de datos, se confirma que existen grandes diferencias en la percepción de ingresos, incluso cuando se anula la diferencia salarial por efecto de la jornada, que generalmente es inferior en el empleo formal en el caso de las mujeres. En los países europeos, las diferencias salariales se hallan en todos los países (Maruani, 2004: 69), y lo mismo ocurre en América Latina. En México, en 2003, el salario de los varones superaba al de las mujeres en un 19 % (García Sainz y Rendón Gan, 2004: 50) y tres años más tarde la distancia no había mejorado. En 2006, la disparidad salarial por género (como cociente entre el ingreso medio de las mujeres y el de los hombres, por cien) se calcula en un 25 %; es menor en las zonas urbanas y entre los asalariados. Sin embargo, al considerar al conjunto de la población ocupada (no solo asalariada) la disparidad se acrecienta, de manera que el ingreso femenino llega a suponer hasta un 63 % del masculino en países como Bolivia y México; un 65 % en Argentina (Gran Buenos Aires) y un 71 % en Uruguay (CEPAL, 2008). En general, el salario de las mujeres en las zonas rurales es inferior al de las ciudades, con lo que las diferencias entre géneros se acentúan (OIT, 2003). En el conjunto de la región, la remuneración por hora trabajada, de las mujeres mayores de 13 años, es, como promedio, un 30 % más baja que la de los varones (CEPAL, 2002-2003).

La elevada proporción de personas que desempeña su trabajo en la economía informal, junto con el escaso desarrollo e implantación de servicios públicos por parte del Estado, explica que el grado de cobertura de la población ante situaciones de enfermedad, jubilación o desempleo sea verdaderamente exiguo. Para el conjunto de países de América Latina y el Caribe, el porcentaje de gasto social alcanza una media del 16 % del PIB en el bienio 2004-2005; aunque las diferencias entre los países son significativas. Entre los más generosos se encuentran Cuba (con un 28,7 %), Brasil (22,1 %), Argentina (19,4 %), Bolivia (18,6 %) y Uruguay (17,7 %), que se sitúan en una posición próxima o incluso mejor que la de algunos países de la Europa occidental; con datos de EUROSTAT para 2005, estarían cerca de Irlanda (18,2 %), España (21,1 %), Luxemburgo (21,7 %) y Portugal (25,4 %).

Trabajo doméstico: estrategias familiares y desigualdad

No existe una frontera rígida, ni en la delimitación de los conceptos ni en las observaciones empíricas, a la hora de abordar la extensión del trabajo. Es un hecho contrastado que, en el actual modelo de organización laboral flexible, la diversidad del empleo en cuanto a modalidades de contratación y subcontratación impide establecer límites estrictos entre trabajo y empleo; una realidad que se confirma al observar la situación de la mayor parte de los países de América Latina, donde aproximadamente la mitad de la población trabajadora está al margen del mercado regulado y que, en el caso de las mujeres, es aún más evidente, porque la multiplicidad de tareas que desempeñan abarca desde el empleo formal, el trabajo remunerado a domicilio, el trabajo familiar no remunerado en el mercado, hasta el trabajo doméstico no remunerado.

Como ha expuesto L. Benería (2002, 2005), el trabajo desde una perspectiva de género ha de ser analizado, además de en su vertiente mercantil (empleo), desde otros cuatro ángulos: la economía de subsistencia, el sector informal, el trabajo doméstico y el trabajo voluntario. La observación del empleo femenino permite conocer la situación de una tercera parte, aproximadamente, de las trabajadoras, aquellas que cuentan con trabajo remunerado, aun incluyendo casos de subempleo o precariedad laboral. El empleo informal afecta a un amplio sector de población femenina, y también masculina, que, en general, no encuentra hueco laboral en el empleo formal. Ambas situaciones se complementan y se simultanean, mayoritariamente entre las mujeres, con trabajo no remunerado doméstico y ambos dependen, en buena parte, de las condiciones del mercado de trabajo, de los recursos familiares y de la cobertura estatal en materia de servicios sociales. El trabajo voluntario, con independencia de momentos puntuales por razón de catástrofes de distinta índole, es frecuente en ámbitos de economías desarrolladas, en los que la población tiene cubiertas sus necesidades materiales básicas, pero también en aquellas zonas en las que la población más necesitada es capaz de desarrollar estrategias de supervivencia (comedores comunitarios, por ejemplo) en lugares azotados por la pobreza.

Los estudios realizados sobre conciliación de la vida laboral y doméstica han mostrado que la oferta de servicios sociales por parte de las administraciones públicas constituye un mecanismo de apoyo para atender las demandas familiares y compaginar las responsabilidades domésticas con el empleo. La positiva relación que se observa, en los últimos años, entre altas tasas de empleo femenino e incremento de la fecundidad en los países nórdicos europeos muestra que la labor del Estado de bienestar, generoso en prestaciones y decidido a fomentar el empleo en todos los sectores de la población, tiene efectos positivos sobre la obtención de recursos económicos entre las mujeres. Por el contrario, la carencia de recursos familiares unida a una reducida red de servicios y de ayudas por parte de los gobiernos conduce a que las familias más pobres deban sustituir con trabajo doméstico las carencias económicas propias y la ausencia de ayudas públicas. El mercado no es un motor equilibrador de desigualdades, como puede observarse en la mayoría de los países que en los últimos años padecen los efectos perversos de la hegemonía del mercado en la economía y en la sociedad. No solo en países del sur y del centro de América han crecido las desigualdades entre pobres y ricos, sino también en otros, como Estados Unidos, donde la labor del Estado ha estado más claramente supeditada a la regulación mercantilista. A nivel micro, los efectos de la práctica económica neoliberal se manifiestan en que las familias con menos recursos no pueden adquirir en el mercado los servicios que necesitan; de ahí que la privatización de servicios públicos, así como la escasez de los mismos, revierta negativamente sobre la población y, especialmente, sobre los sectores más débiles de la sociedad.

La recesión económica sufrida en Argentina en los años del cambio de siglo ha tenido consecuencias lamentables para la mayor parte de la población, que se vio afectada por la destrucción de empleo y la pobreza; según una encuesta realizada en 28 poblaciones urbanas, la pobreza pasó de un 38,3 % a un 53,9 % entre octubre de 2001 y mayo de 2002. Esta situación obligó a las familias a poner en práctica estrategias de supervivencia en relación con pautas de ahorro y de gasto, en especial con los hábitos de consumo. En relación con el empleo, según una encuesta realizada en los hogares argentinos en zonas rurales y urbanas, en 2002, un 15 % de los hogares compensaba el descenso de los ingresos familiares destinando a otros miembros del hogar (no empleados) al mercado de trabajo. A pesar del aumento del número de ocupados/as en la familia, los beneficios económicos que lograban eran moderados, debido, principalmente, a la baja calidad de las nuevas ocupaciones, mayoritariamente temporales, a los correspondientes salarios y a la escasa cobertura de prestaciones sociales o beneficios (Fiszbein, Giovagnoli y Adúriz, 2003). En relación con las pautas de consumo, las prácticas tendieron a reducirlo y a reemplazar unos productos por otros más baratos. Las estrategias que despliegan están vinculadas, de manera directa o indirecta, al desempeño de trabajo doméstico. Las familias debieron aumentar las compras de artículos de segunda mano, lo cual, unido a la búsqueda de productos más baratos, supone un incremento del tiempo dedicado a comprar. Asimismo, la disminución de adquisiciones de productos preparados o elaborados en el mercado genera un aumento del trabajo doméstico destinado a preparar comidas, así como a confeccionar y reparar prendas de vestir. De acuerdo con la encuesta citada, un 60 % de los entrevistados dijo haber aumentado la producción casera de bienes y un 38 % afirmó haber reducido o prescindido de servicio doméstico remunerado. Los efectos de la recesión se dejaron sentir también en el acceso a servicios educativos y de formación, así como en la cobertura de los servicios relacionados con la salud. Además, un 4,5 % de los hogares dijo haber contemplado la emigración como una estrategia para compensar la crisis familiar derivada de la caída de ingresos.

Las condiciones socioeconómicas de los hogares constituyen una variable determinante en la dedicación al trabajo doméstico. La adquisición en el mercado de productos y servicios es una opción para los sectores más acomodados de la sociedad. Por el contrario, la carencia de medios incrementa la dedicación a tareas domésticas, como ha ocurrido en Colombia (Ramírez Vargas, 1993: 252) y como se ha visto en el caso de los hogares argentinos, afectados por la crisis económica, en los primeros años de este siglo. La carencia de infraestructuras y el equipamiento de los hogares explican buena parte de las diferencias existentes en el tiempo de dedicación al trabajo doméstico entre mujeres europeas y latinoamericanas. La composición de la población, en especial la estructura por edades, también condiciona la dedicación a tareas domésticas, como por ejemplo, al cuidado de personas mayores, que es más frecuente en los países desarrollados que en los de la región latinoamericana. En las zonas con menos recursos es habitual que las mujeres dediquen parte de su tiempo a elaborar prendas de vestir para el consumo directo de los miembros del hogar; en México, más de seis millones de personas realizan esa actividad (Rendón, 2004: 163). M. Pedrero ha estudiado la distribución del trabajo doméstico en México y lo ha comparado con la situación en España y en Europa; en ese país, un 42 % de los hogares no dispone de agua corriente en la vivienda, un 48 % no dispone de lavadora, un 31 % no tiene frigorífico y un 20 % no dispone de cocina a gas o a electricidad. Todo ello, como explica esta autora, interviene en el tiempo de dedicación al trabajo doméstico, que, entre las mexicanas, es bastante más elevado que entre las españolas, y aún más alto comparado con el de las europeas (Pedrero, 2004: 90-91).

La diferencia en la socialización por género y la propia estructura laboral contribuyen a mantener el desequilibrio existente en la distribución de las actividades domésticas entre mujeres y hombres. En prácticamente todos los países para los que se conocen datos, las diferencias en la dedicación al trabajo doméstico son notables; son menores en los países europeos del norte, especialmente en aquellos en los que la participación laboral femenina es más alta. Entre los varones europeos, los españoles son los que menos tiempo dedican a tareas domésticas y también es España uno de los países en los que las diferencias en la dedicación por género son mayores.

El tiempo de dedicación al trabajo no remunerado en los hogares, observado a partir de las encuestas de uso del tiempo, muestra que, en la mayoría de los países, el tiempo que la población dedica al trabajo, fuera del mercado supera al tiempo dedicado al empleo. En Uruguay, por ejemplo, el tiempo dedicado a la producción para el mercado suponía un 48,2 % del tiempo de trabajo, mientras que el 51,8 % restante correspondía al trabajo no remunerado. La dedicación semanal al trabajo no remunerado por el conjunto de la población ascendía a 23 horas semanales, mientras que la dedicación al trabajo remunerado ascendía a 21,4 horas semanales (Aguirre, 2005: 29). En España, el trabajo del mercado supone un 46,7 %, mientras que el trabajo no remunerado suma el 53,3 % restante (INE, 2004). Las cifras son similares en otros países del centro y del sur de Europa; solamente Dinamarca, Noruega y Suecia cuentan con una proporción superior de tiempo de trabajo dedicado al mercado en relación con la que supone la dedicación al trabajo no remunerado (EUROSTAT, 2003).

La desigual distribución del trabajo por género es una constante en los países observados. A medida que se desciende en el nivel de desarrollo, lo cual coincide con un descenso en la participación femenina en el empleo formal así como en la protección social por parte de los Estados, la participación de los varones en trabajo doméstico también disminuye. El reparto de responsabilidades en los hogares sigue teniendo un marcado rango de género, aun cuando la participación de las mujeres en el ámbito laboral sea alta. Las mujeres enfrentan tres tipos de conflictos en relación con el trabajo: a) el tiempo, en cuanto que la dedicación a un tipo de trabajo (doméstico) condiciona la jornada del otro (empleo), y viceversa; b) la tensión derivada de la dedicación simultánea y complementaria a ambos trabajos, y c) el compromiso de realizar, de manera eficiente, trabajo doméstico y trabajo remunerado (CEPAL, 2004: 39).

4. Conclusiones

Los efectos de la liberalización económica, la reestructuración productiva y la desregulación laboral, que se produce actualmente a escala global, se dejan sentir en las modalidades y condiciones de empleo de la población trabajadora de distintos lugares del planeta. La desregulación económica provoca el incremento del trabajo informal y de aquel que se realiza en condiciones de precariedad, especialmente entre la mano de obra de más baja cualificación y entre los sectores peor situados en el ámbito laboral. Son mujeres, jóvenes e inmigrantes los destinatarios de estos yacimientos de empleo en los países desarrollados y un elevado volumen de trabajadoras y trabajadores que combaten la pobreza en los países menos industrializados.

El empleo irregular es uno de los rasgos más característicos del trabajo en la región latinoamericana, pero, en proporción más moderada, también se mantiene en los países ricos, porque supone una válvula de escape a la incapacidad del mercado laboral de generar empleo estable, regulado y de calidad. El crecimiento de las modalidades de contratación y los pactos laborales sin contrato (que en países como Brasil o Perú alcanzaban a finales de los noventa a más del 40 % de los/las trabajadores/as, según CEPAL, 2002) generan un incremento de la vulnerabilidad social, al situar a un gran número de trabajadores/as al margen de la protección social que las leyes laborales establecen para quienes desempeñan su trabajo en la economía formal. En algunos países como Paraguay y Bolivia, la carencia de prestaciones afectaba a más del 90 % de trabajadores/as en pequeñas empresas, y en otros como Venezuela, El Salvador y Argentina, a más del 70 % (CEPAL, 2002).

La reestructuración productiva, junto con la extensión del modelo flexible de organización del trabajo, contribuye a la persistencia del desempleo registrado y oculto (subsumido en estadísticas de inactividad femenina, por ejemplo) en algunos países europeos del sur y al incremento de la desocupación en el conjunto de países de América Latina. La ausencia de seguros de desempleo y prestaciones, por parte del Estado, y de cobertura por parte de la familia, conduce a la población carente de recursos a trabajar en cualquier tipo de empleo, sin opción de rechazarlo. Para la población desempleada, resulta inútil inscribirse en registros de desempleo porque diariamente se ven obligados a buscar recursos y a trabajar para subsistir y ello les sitúa fuera de las estadísticas de paro oficiales. Como puede observarse, la categoría de desempleado encierra distinto significado en unos países y otros; la vinculación de esta situación con algún tipo de cobertura social carece de referente para la mayor parte de los/las trabajadores/as latinoamericanos. Ni las familias ni el Estado proporcionan apoyo económico a los desempleados, por eso, más que permanecer «parados», su opción se limita a desempeñar cualquier trabajo que se les ofrezca.

El grado de escolaridad crece de manera significativa en la mayor parte de los países en desarrollo y, especialmente, entre las mujeres de América Latina; sin embargo, esta capacitación no reporta beneficios para ellas de cara al mercado de trabajo. La falta de expectativas laborales de quienes han adquirido un alto grado de formación deriva, a menudo, en la búsqueda de nuevos horizontes en otros países en los que poder hacer realidad sus expectativas laborales y la mejora de sus condiciones de vida. Tanto en Argentina como en Bolivia, los/las jóvenes con estudios pero sin empleo constituyen un grupo más o menos consolidado de «desempleo ilustrado» (OIT, 2003: 80), lo que, desde una perspectiva socioeconómica, viene a mostrar la infravaloración de recursos humanos dotados de cualificación, así como la incapacidad de los gobiernos a la hora de potenciar el desarrollo endógeno.

El empleo flexible y precario, que se ha extendido en la última década entre amplios sectores del mercado de trabajo, ha motivado que la OIT haya fijado, como una meta principal, la mejora de la calidad del empleo. El trabajo digno, y en condiciones de igualdad, es un objetivo para la población trabajadora, pero en especial para el conjunto de las mujeres, que en todos los países están sometidas a situaciones de discriminación por la división sexual del trabajo, la diferenciación salarial, la segregación ocupacional y el desigual reparto del trabajo doméstico.

El empleo de calidad actúa como un mecanismo fundamental para el avance de las mujeres y para el desarrollo de los países. El empleo de las mujeres tiene un efecto multiplicador (De Oliveira y Ariza, 2000) del bienestar y del desarrollo, a varios niveles. En primer lugar, la aportación económica derivada del empleo permite el acceso a recursos para la subsistencia propia y familiar, mejora las condiciones de autoestima y autonomía personal y contribuye a equilibrar las relaciones de poder dentro de la familia. En segundo lugar, actúa positivamente sobre la cualificación y la salud individual y revierte indirectamente sobre la mejora de la salud familiar y de la educación a través de la socialización y la convivencia familiar. En los países menos desarrollados contribuye al descenso de la fecundidad y a la disminución de la mortalidad infantil (Sen, 2000). Y, en tercer lugar, genera beneficios económicos a la comunidad a través de la participación en el empleo, por su contribución al sistema impositivo, así como por la demanda de servicios (derivados de la necesidad de atención a criaturas, a personas dependientes, servicios de restauración, ocio, etc.) que se produce por la dedicación de las mujeres a ocupaciones extradomésticas. G. Esping-Andersen (2001) ha calculado que por cada cien empleos femeninos en ocupaciones remuneradas se generan otros quince nuevos en el sector servicios. El empleo femenino actúa como propagador del crecimiento económico y contribuye a acelerar el desarrollo.

El reparto del trabajo y el acceso al empleo de las mujeres, y del conjunto de la población en edad de trabajar, constituye un derecho reconocido en la Declaración de 1948. Más allá de esta declaración formal y del reconocimiento legal de los organismos internacionales y nacionales, la redistribución de los recursos mediante el empleo es una cuestión de justicia social que expresa el grado de democracia económica alcanzada en los distintos países.

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Capítulo 4
Mujeres mayores: nuevos derechos para nuevas realidades

Mónica Ramos

El propósito de este capítulo es hacer una reinterpretación que trate el género como una de las bases fundamentales del sistema social, para que se hagan visibles tanto los problemas centrales de la vida de las mujeres en la vejez, como sus contribuciones al bienestar general. Para ello se ha abordado la situación de las mujeres de edad con un enfoque de su ciclo vital (Arber y Evandrou, 1997), lo que ha permitido visibilizar cómo los patrones de género y los roles que han desempeñado a lo largo de sus vidas han condicionado la situación en la que se encuentran en la vejez, y pone de relieve lo que Sontag escribió hace ya casi tres décadas: «no es lo mismo ser mujer mayor que hombre mayor».

Esa diferencia muestra la desventajosa situación que tienen las mujeres frente a los hombres al envejecer, en múltiples aspectos:

son más vulnerables a la pobreza porque perciben en su mayoría pensiones de viudedad;

tienen más probabilidad de vivir solas, lo que aumenta el riesgo de aislamiento, soledad y exclusión social;

llegan a edades muy avanzadas, lo que provoca un nivel más elevado de morbilidad y experimentan condiciones crónicas que causan severas limitaciones en su calidad de vida;

tienen más probabilidades de padecer discapacidad y situaciones de dependencia para realizar las actividades de la vida diaria, por lo que exhiben tasas más altas de institucionalización;

tienen una escasa formación educativa, lo que condiciona su acceso a los bienes culturales, de ocio y de participación; y están más invisibilizadas como colectivo ante las administraciones públicas.

Sin embargo, todas estas limitaciones no deben ocultar una realidad igual de llamativa: que las mujeres mayores siguen siendo las grandes proveedoras de atención y cuidados a toda la familia. Esta capacidad «natural» de estar disponibles para los demás contribuye muy activamente al desarrollo de sus familias, y al bienestar de la sociedad en su conjunto.

Además, las mujeres mayores hacen frente a sus vulnerabilidades, cada vez de manera más eficaz, a través del diseño de un proyecto de vida participativo en la vida comunitaria, propiciado fundamentalmente por el proceso de globalización de los derechos de las mujeres, de las personas mayores y de la participación ciudadana. En ese proyecto de vida, la familia sigue siendo lo más importante, pero disponen además de un tiempo y espacio propios en los que desarrollan sus aficiones en el hogar y al mismo tiempo les permiten «ocupar» los lugares públicos de ocio y participación, confiriéndoles una visibilidad ante la propia sociedad y las administraciones públicas. Aunque esta apropiación, como veremos, se ha impulsado más por las organizaciones de mujeres mayores que por el diseño de unas políticas públicas con compromiso hacia ellas. Su destreza a la hora de desarrollar y mantener amistades y relaciones familiares o vecinales es un resorte ante la adversidad (Sánchez Salgado, 2003). Para muchas, la vejez está siendo sinónimo de anclaje asociativo y de desarrollo personal. Es una nueva realidad en la que reclaman ser beneficiarias de los mismos derechos de los que disfruta el resto de la sociedad: educación, ocio, participación, empleo, etc.

1. Derechos humanos y mujeres mayores

Para hablar de los derechos humanos de las mujeres mayores, es necesario analizar tanto la cuestión de los derechos humanos de las mujeres como los derechos humanos de las personas mayores, y a partir de este doble análisis, tratar de averiguar en qué medida son tenidos en cuenta los derechos humanos de las mujeres de edad.

Como plantea de manera más extensa Pilar Folguera en un capítulo incluido en este libro, en 1968, la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Teherán marcó un hito en la construcción de un nuevo orden de protección y reconocimiento de los derechos de las mujeres. La mayor aportación de esta Conferencia fue la adopción de un mandato para impulsar un instrumento específico sobre derechos humanos de la mujer, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de esta Convención, se estableció el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Aunque para realizar esta labor, el Comité se reúne solo durante dos semanas una vez al año. Es la reunión más breve de todos los comités creados en virtud de un tratado de derechos humanos. Tras revisar sus compromisos expresados en 30 artículos, exclusivamente el artículo 11e hace una breve referencia a las mujeres de edad al hablar del «derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar…». En ninguno más se especifica algo sobre las mujeres mayores.

Desde que Naciones Unidas inició la Década de la Mujer en la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en México en 1975, la posición social de las mujeres mayores ha mejorado sustancialmente y sobre todo se han ido haciendo visibles sus problemas, necesidades y, cada vez más, su contribución al desarrollo y al avance de las sociedades. Desde entonces, los temas que conciernen a la mujer ocupan un lugar importante entre los asuntos que tratar en la comunidad internacional, y las necesidades específicas de las poblaciones de personas mayores también están siendo analizadas en reuniones internacionales de alto nivel; sin embargo, «ninguna de ellas ha proporcionado una base adecuada o un marco conceptual para estudiar asuntos relativos a la mujer que envejece desde una perspectiva que abarque toda su vida» (Bonita, 1998: 5).

En 1985 en Nairobi, en la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, se tomaron en cuenta las recomendaciones aprobadas en 1982 en el Plan de Acción de Viena sobre el Envejecimiento, en las que se analizaba la situación de las mujeres mayores. En Nairobi se estudió específicamente la situación de las mujeres de edad (Pár. 286: La mujer en la tercera edad) y se puso de manifiesto que la mayor esperanza de vida de las mujeres, en lugar de ser una ventaja frente a los hombres que fallecen antes, más bien es una desventaja, ya que representa en una proporción muy elevada una vejez agravada frecuentemente por la necesidad económica y la viudedad.

La Plataforma de Acción de Beijing, aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en 1995, refleja también la preocupación por la situación de las mujeres de edad. «El documento final incluye 32 referencias a las mujeres mayores y las recomendaciones se basan en todo el ciclo vital y se refieren a todas las mujeres independientemente de su edad» («Perspectivas más optimistas tras la revisión de Beijing», 2000: 8). Los gobiernos reconocieron que existen patrones de género que establecen diferencias entre los hombres y las mujeres, y que estas últimas debido a estos patrones están discriminadas. Por ello, se comprometieron a aplicar una perspectiva de género al formular sus políticas y programas para tener en cuenta las necesidades específicas de las mujeres y los hombres, a fin de garantizar que ambos sexos se beneficien de sus resultados.

Con la celebración del décimo aniversario de la Declaración de Beijing y de la Plataforma de Acción (2005), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer sigue siendo el instrumento internacional fundamental en materia de derechos humanos para el logro de la igualdad entre mujeres y hombres. Y es evidente que, a pesar de que se ha logrado un progreso considerable en muchos asuntos y en muchas regiones del mundo, faltan por lograrse un número significativo de retos para la plena realización y ejecución de los derechos fundamentales de las mujeres (INSTRAW, 2005: 4). Una de las conclusiones a las que se llega en este informe es que: «se necesitan proyectar más campañas de acciones educativas para abordar los derechos humanos de grupos específicos como el de las mujeres mayores…» (ibíd., 22). Todavía siguen existiendo factores como la edad que perpetúan la discriminación contra la mujer y dificultan su acceso en todos los ámbitos. Uno de los motivos que lo provocan a nivel mundial es la escasez de datos desglosados por sexo y de investigaciones sobre la mujer, lo que hace difícil la elaboración y posterior evaluación de leyes, políticas y programas de acción apropiados. Y aún más flagrante es esta carencia en el caso de las mujeres mayores, debido a la falta de interés a la hora de analizar el envejecimiento desde una perspectiva de género (Help Age International, 2000: 7).

En cuanto a los derechos de las personas mayores, veremos los acontecimientos internacionales que han tenido en cuenta a las mujeres de edad. El primero que así lo hace es el Plan de Acción Internacional de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento de Viena celebrado en 1982, en el que se reconoce que: «las mujeres constituyen la mayoría de la población de más edad y esa mayoría aumentará continuamente» (Pár. 20c). Sin embargo, esta valoración no se refleja en la Declaración y Programa de Acción aprobados en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada también en Viena en 1993. En el párrafo 18 del documento aprobado se ratifica que «los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional». En ninguno de sus seis apartados se habla específicamente de la condición de las personas mayores en general ni de las mujeres mayores en particular. Exclusivamente en el tercero, dedicado a La igualdad de condición y los derechos humanos de la mujer, «se reconoce la importancia del disfrute de la mujer del más alto nivel de salud física y metal durante toda su vida», aunque no se menciona la vejez como una de las etapas más vulnerables para el acceso a los recursos de salud. Sorprende por tanto esta invisibilización de los derechos humanos de las personas mayores, ya que a lo largo de toda la Declaración y el Programa de Acción no se reclama la necesidad de reconocer los derechos humanos de las personas de edad como derechos universales, cuando sí se especifican los de otros colectivos como: niños, refugiados, discapacitados, poblaciones indígenas, trabajadores migratorios, etc.

En el Foro Mundial Viena + 5 celebrado en Ottawa en 1998 por Naciones Unidas con el objetivo de examinar la situación general de los derechos humanos cinco años después de la Conferencia de Viena, uno de los avances más importantes que se observan es que se incorpora la perspectiva de género como eje transversal para el abordaje de los derechos humanos, lo que implica un acercamiento a los derechos de las mujeres de edad.

En el año 2002 se celebra en Madrid la II Asamblea Mundial del Envejecimiento y se aprueba el Plan de Acción de Madrid sobre Envejecimiento, que supone un avance frente al Plan de Viena aprobado 20 años antes. En él se especifica que las políticas públicas deben promover en la práctica la protección de los derechos de las personas de edad para que se visibilice más su contribución a la sociedad, al tiempo que se puedan beneficiar de ella y favorezcan la integración de las personas mayores eliminando prejuicios y discriminaciones basadas en la edad y se apoye su desarrollo en todas las esferas. Además, desde una perspectiva de género, se hace especial hincapié a lo largo de todo el Plan de Acción en «el compromiso de reafirmar la igualdad de los sexos en las personas de edad, entre otras cosas, mediante la eliminación de la discriminación por motivos de sexo» (Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, 2002: Pár. 12f-5).

Hay que destacar también el avance que ha supuesto para los derechos de las personas mayores el proyecto de Constitución Europea, en la que se incluye por primera vez la no discriminación por edad y los derechos de las personas mayores. Supone un avance importante porque en nuestra Constitución Española aprobada en 1978 no se especifica la no discriminación por edad. En su artículo 14 se reconoce la igualdad ante la ley, pero no se menciona la edad: «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Mientras que en el proyecto de Constitución Europea, en su artículo II-25, «se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéricas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual» (Convención Europea, 2003).

En la Constitución Española, en el artículo 50 del capítulo III, se habla de los principios que deben orientar la política social y económica en lo referente a lo que entonces se denominaba tercera edad, y dice concretamente: «los poderes públicos garantizarán mediante las pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos de la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales, que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio». El proyecto de Constitución Europea mejora y supera este planteamiento, ya que en su artículo II-85 establece el derecho de las personas mayores a ser autónomas y a participar en la sociedad, «la Unión reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural» (ibíd).. Algo que llevaban mucho tiempo reclamando las organizaciones de personas mayores. Y que el Consejo de Personas Mayores (COPEMA) había trasladado a las instituciones públicas para exigir su participación en las organizaciones políticas, económicas y sociales.

Por otra parte, es importante resaltar la participación de la Unión Europea, como impulsora no solo de los derechos de las personas mayores, sino también de las mujeres. Esta organización ha sido un fuerte aliado tanto en las Cumbres Mundiales celebradas por Naciones Unidas durante la década de los años 90 como en sus revisiones, por su claro compromiso en el avance de acciones que promueven los derechos de las mujeres.

En conclusión, en la agenda internacional, especialmente en los eventos auspiciados por Naciones Unidas, específicamente sobre derechos humanos, se ha ido incorporando cada vez más en sus informes y planes de acción una perspectiva de género, aunque en pocos de esos encuentros internacionales se ha tenido en cuenta un análisis del envejecimiento de las poblaciones tanto de los países desarrollados como en vías de desarrollo. Si bien se puede afirmar que este nuevo camino se está empezando a andar, sin embargo, lo que todavía está solo esbozado, casi de manera testimonial, es la necesidad de interrelacionar género y envejecimiento, es decir, de analizar el género desde una perspectiva de todo el ciclo vital en las poblaciones mundiales a medida que sus habitantes envejecen.

2. Situación de las mujeres mayores

Todavía hoy en día sorprende la escasa investigación que analiza el envejecimiento y la vejez desde una perspectiva de género (Arber y Ginn, 1991). Esta es la razón por la que nos encontramos con una carencia de estudios que relacionan las repercusiones de las desigualdades de género en la vejez, en una época marcada por dos fenómenos interrelacionados: el envejecimiento de la población y la feminización del envejecimiento (Ramos, 2001).

Desde finales de la década de los años 80 del siglo XX, algunas investigaciones gerontológicas comenzaron a integrar una perspectiva feminista, considerando fundamentales en la organización social las relaciones de género. También la corriente feminista se centró en la mujer mayor —colectivo al que tenía bastante olvidado— y puso de relieve cómo el patriarcado y el capitalismo eran dos sistemas sociales especialmente opresores con las mujeres de edad (Arber y Ginn, 1991). Sin embargo, la mayoría de estas investigaciones sobre vejez que han aplicado una perspectiva de género se han inclinado por mostrar una imagen de la mujer de edad extremadamente vulnerable: «los estudios han abundado sobre la fragilidad en la salud y el mercado de trabajo, principalmente, en función de la normatividad masculina, lo que ha ensombrecido la investigación sobre el tipo de actividades que las mujeres mayores realizan dentro y fuera del hogar y que en la mayoría de las ocasiones no pertenecen al espacio contractual del mercado laboral» (Montes de Oca, 1997: 2). Opinión que comparte la Directora General del IMSERSO:

Hay muy poca investigación desarrollada en torno al género, y alrededor de los procesos diferenciales del envejecimiento masculino y femenino. Y yo creo que en el caso de las mujeres es importante desarrollar investigación en este ámbito porque como muchas de ellas van a necesitar recursos de apoyo, intervenciones de los servicios formales, porque no van a tener a quien acudir para hacer estos cuidados y estos apoyos, necesitamos saber qué enfermedades son las que más padecen, qué procesos de deterioro o de fragilidad les pueden ocurrir más a las mujeres para trabajarlo; cómo se puede trabajar mejor el desarrollo de la participación social, porque ese es otro ámbito que merece la pena analizar, porque es completamente diferente de los varones, y eso sí que es un mundo apasionante para impulsarlo.

En este apartado presentamos el análisis de nuestro estudio etnográfico —compuesto por once grupos de discusión con mujeres mayores de 55 años y cinco entrevistas en profundidad a expertas/os de reconocido prestigio en el ámbito de la gerontología y presidentas de asociaciones de mujeres en relación con los resultados más relevantes publicados en algunos de los trabajos más importantes y exhaustivos que se han llevado a cabo sobre las mujeres mayores tanto en Europa como en España. Merece una especial atención el Proyecto europeo MERI, que se realizó como respuesta a las demandas hechas por los/las científicos/as, representantes de asociaciones y gobiernos nacionales asistentes a la Conferencia Europea de «Igualdad de Oportunidades para las Mujeres Mayores» celebrada en el año 2001, habida cuenta de que la investigación y las estadísticas oficiales habían descuidado al colectivo de mujeres de edad como grupo objeto independiente, y por tanto, con la intención de estimular la investigación futura y al mismo tiempo aumentar la conciencia de la población en general sobre la situación de este colectivo (European Commission, 2002). El estudio abarcó casi una década —desde 1993 hasta 2002—, recabó información sobre las condiciones de vida de mujeres mayores de 50 años de 12 países europeos —Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido y Suecia— y todavía hoy en día los resultados que se obtuvieron tienen vigencia científica.

En España, merece el mismo reconocimiento la encuesta sobre mujeres mayores realizada en 2004 por Lourdes Pérez Ortiz. Además de estas dos investigaciones, se tendrán en cuenta los datos que aportan otros estudios, también de relevancia científica, sobre la situación de las mujeres de edad en España, especialmente los realizados por el IMSERSO.

El estado de salud físico y psicológico

A pesar de que las mujeres disfrutan de una vida más larga, sufren más enfermedades inhabilitantes y discapacidades que los hombres y, por lo tanto, son más dependientes y tienen más probabilidades de vivir solas. En casi todos los países incluidos en el MERI, las mujeres mayores presentan síntomas generales relacionados con el dolor, la artritis, los deterioros visuales, así como la osteoporosis, y están más afectadas por los trastornos relacionados con caídas. Por ello, la autopercepción de su salud es peor que la de los hombres en todos los países estudiados, incluido España. Y así aparece reflejado en el testimonio de alguna de nuestras informantes en los grupos de discusión: «Pues estoy muy baja de todo, de moral, de dolores, de no tener fuerza ya para nada».

La percepción del propio estado de salud tiene que ver tanto con aspectos objetivos, como son las enfermedades reales padecidas, como con la valoración subjetiva, que está muy determinada por las características personales: sexo, edad, estado civil, nivel de instrucción, ingresos, estatus social, hábitat residencial, etc. En España, —especialmente desde mediados de la década de los años 80 del siglo XX—, se ha analizado el estado de salud de la población en general a través de múltiples estudios, y concretamente de las personas mayores, destaca una encuesta realizada en 1998 por el IMSERSO en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en el que se ponía de relieve que las personas mayores percibían su estado de salud como «muy bueno» solo en un 32,6 %, con una diferencia positiva a favor de los hombres (44,2 %). En el otro lado de la escala de valoración, las mujeres mayores percibían bastante peor su estado de salud: un 22,8 % lo valoraba como «malo» o «muy malo», frente al 17,4 % de los varones (IMSERSO-CIS, 1998: 4). En este caso, tanto la edad como los factores asociados a los patrones de género parece que se unen para dibujar un panorama peor en el caso de las mujeres que en el de los hombres.

La autopercepción del estado de salud ha sido además estudiada de manera relevante en las diferentes Encuestas Nacionales de Salud (ENS) que el Ministerio de Sanidad y Consumo comenzó a realizar por primera vez en 1987 y que ha tenido continuación en los años 1993, 1995, 1997, 2001, 2003 y la última en 2006-2007. En cada una de estas fechas, la encuesta se ha ido adaptando a los cambios en el ámbito de sus mediciones. Y en la última edición de 2006-2007, el Ministerio ha revisado y mejorado algunos aspectos muy importantes para conocer la situación de la salud de las mujeres y los hombres desde el punto de vista de género. Uno de sus objetivos prioritarios, de hecho, ha sido «potenciar la encuesta como instrumento para detectar y medir desigualdades de salud, sobre todo en relación con el género» (http://www.msc.es/gabinetePrensa, 2008). La percepción de un estado de salud positivo, es decir, sumando la valoración «muy bueno» y «bueno», lo declaran el 44,4 % de las personas mayores de 65 a 74 años encuestadas y se reduce a un 34,3 % para el grupo de 75 y más años. Y en el otro extremo de la escala, la percepción «mala» y «muy mala» es del 15,9 % para el grupo de 65 a 74 años, y del 21,9 % para el grupo de 75 y más años. Lo que evidencia que la edad es una variable determinante en la autopercepción del estado de salud. Pero más determinante aún lo es el sexo, ya que para el grupo de más edad —de 75 y más años— los hombres declaran percibir su estado de salud de manera positiva en un 41,6 % frente al 29,1 % de las mujeres. Y como es lógico esperar, ellas perciben en un 25,9 % que su salud es «muy mala» o «mala», cifra bastante superior al 16,3 % de los hombres de su misma edad. Por tanto, se evidencia en todos los estudios que se han realizado para recabar información sobre esta cuestión que las mujeres perciben de manera más frágil su salud que los hombres, sobre todo en el grupo de personas de más edad.

La esperanza de vida es otro indicador importante del nivel de salud. En el caso de las mujeres, su mayor esperanza de vida supone vivir más años que los hombres, pero también con más probabilidad de dependencia para la realización de las actividades de la vida diaria. Los hombres mantienen un mayor nivel de autonomía que las mujeres. Esto lleva implícito otra serie de desventajas como son, por ejemplo, que las mujeres mayores tienen menos probabilidades de vivir en su propia casa y en compañía de su pareja que los hombres, especialmente a partir de la franja de los 75 años. De manera que, si entre los 75 y los 79 años, las tres cuartas partes de los hombres continúan viviendo con su pareja, solo algo más de una de cada tres mujeres lo hace, y a partir de los 80 años, el 45,3 % de los hombres sigue viviendo con su pareja, frente al 13 % de las mujeres (IMSERSO, 2002). Estos datos se ven apoyados por otros estudios que indican que en torno al 50 % de las mujeres mayores viven solas, porcentaje que desciende hasta el 20 % en el caso de los hombres (EUROSTAT, 1998). Y se confirma en nuestro estudio etnográfico. Vivir en solitario para esta generación de mujeres, tal como nos cuenta la experta del IMSERSO,

muy pocas veces fue una independencia buscada, si bien muchas mujeres han descubierto después los aspectos positivos que conlleva el hecho de vivir solas, y de hecho, son las mujeres, las que de manera mayoritaria, informan en los estudios que prefieren vivir en soledad antes que optar por otra situación convivencial que parecen percibir como una pérdida de autonomía.

En la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (EDDES) se destaca a la población mayor femenina como uno de los colectivos entre los que predomina algún tipo de discapacidad (Alustiza y Pérez, 2005: 7). Si tomamos como referencia el total de personas mayores en España, el porcentaje de hombres que presenta algún tipo de discapacidad se sitúa en el 27 %, cifra que asciende hasta el 35,9 % en el caso de las mujeres (IMSERSO, 2002: 80).

A esto hay que añadir además que en España la proporción de personas con discapacidad que no poseen el Certificado de Minusvalía es más elevada entre las personas mayores de 65 años. Tanto es así que, entre las personas de más de 70 años, ascienden al 86 % los que no poseen el certificado, y entre las personas que superan los 90 años, la proporción es escandalosamente elevada, llega al 95 %. Si recordamos que son especialmente las mujeres mayores las que padecen discapacidad, estamos de nuevo ante un signo más de la discriminación que sufren las mujeres de edad a la hora de acogerse a posibles tratamientos o beneficios sociales (ibíd., 10).

En el Proyecto MERI también se indagó sobre la salud mental de las mujeres de edad. Los datos sugieren que las mujeres manifiestan más síntomas psicológicos que los hombres. Existen marcadas indicaciones de que en todos los países del MERI es más probable que, en la vejez, las mujeres padezcan depresión en mayor proporción que los hombres de su mismo grupo de edad. Probablemente, la explicación venga dada por que los hombres al estar casados en un porcentaje más elevado que las mujeres y tener un nivel de formación y de ingresos más altos, están más protegidos contra ese trastorno. Estos datos también se reflejan en la última Encuesta Nacional de Salud realizada por el Ministerio de Sanidad y Consumo en 2006-2007, en la que se ha explorado, por primera vez en España en una encuesta de este nivel, el estado psíquico de la población. Según los datos de la encuesta, el riesgo de padecer «mala salud mental» es mayor en el caso de las mujeres —el 26,8 % están afectadas por algún trastorno psicológico frente al 15,6 % de los hombres—. El mismo Secretario General de Sanidad, José Martínez Olmos, atribuyó el riesgo más elevado de tener un problema psíquico entre las mujeres a que «la sobrecarga de trabajo en la vida familiar —tareas del hogar, más atenciones y cuidados a menores, ancianos y discapacitados— y laboral, provoca que surjan en ellas más síntomas parecidos a la depresión» (http://www.msc.es/gabinetePrensa, 2008). Pero además, la «mala salud mental» se padece en mayor medida según aumenta la edad. Al igual que en el Proyecto MERI, en la Encuesta Nacional de Salud, las mujeres de 75 y más años es el grupo que padece trastornos psicológicos en un porcentaje más elevado de la población (39,5 %), mientras que sus compañeros de edad representan el 25 %. Aunque también es cierto que los patrones de género pueden condicionar que los hombres oculten más este tipo de problemas, ya que los datos disponibles muestran que es mucho más elevada la proporción de hombres mayores que se suicidan que de mujeres. De hecho, los índices de suicidios aumentan con la edad, de manera que los índices más altos se encuentran entre los hombres mayores de 75 años. «A menudo la depresión no está bien diagnosticada y no recibe el tratamiento adecuado en el caso de los hombres que son mucho menos dados a quejarse de problemas psicológicos que de problemas físicos» (OMS, 2001). Es necesaria más investigación en este campo, en el que probablemente un análisis de los roles de género nos ofrezca mucha información.

En todos los países del MERI, las mujeres mayores han realizado más consultas médicas y han recibido más tratamientos que los hombres, al mismo tiempo que también han recibido más prescripción médica, particularmente psicofármacos, lo que está en consonancia con lo que acabamos de ver. Estos datos se confirman asimismo en España en los resultados obtenidos en la última Encuesta Nacional de Salud, en la que las mujeres mayores de 65 años son el grupo de población al que se le ha prescrito más recetas médicas relacionadas con «tranquilizantes, relajantes y pastillas para dormir», el 29,9 % han consumido este tipo de fármacos frente al 16 % de los hombres de su mismo grupo de edad. Los «antidepresivos y estimulantes», de nuevo son recetados sobre todo a dos colectivos de mujeres, al que más se le prescribe es a las mujeres de 45 a 64 años (15 %) y en segundo lugar a las mujeres de 65 y más años (14,2 %), frente al 7,4 % de los hombres de 45 a 64 años y 5,2 % de los de 65 y más años (http://www.msc.es/estadEstudios, 2008).

Algunas/os autoras/es encuentran la explicación de estos datos en el propio proceso de socialización y consideran que las mujeres han interiorizado y responden a un estereotipo de fragilidad y vulnerabilidad. Esta representación de sí mismas, frágiles y vulnerables, determina que acudan más al médico buscando la prescripción de medicamentos para sus dolencias y psicofármacos para sus pesares. El dolor, el cansancio, la angustia o la depresión, síntomas que deberían ser interrogados y deconstruidos, son sofocados y tratados por medios químicos, todos aquellos que la medicina tiene a su alcance. Este proceso determina que, en lugar de modificar significados, se fuerce al cuerpo a una sobreadaptación. De esta forma, se oculta la fuerza del síntoma, que podría poner en evidencia alguna clase de conflicto en la situación vital (Moncarz, 1999).

Sin embargo, a pesar de esta fragilidad de la salud de las mujeres mayores, los datos del MERI parecen apuntar a que estas son atendidas más en la consulta de atención primaria, pero menos derivadas a especialistas o a servicios técnicos que implican hospitalización. Por ahí apuntan algunos datos recogidos en Francia o Italia, países en los que las mujeres mayores tienen peor acceso que los hombres a los equipamientos técnicos a consecuencia de su peor situación económica. Además, permanecen menos noches en el hospital que los hombres —con la excepción del Reino Unido y Alemania—, lo que es sorprendente dado su elevado porcentaje dentro de la población de edad muy avanzada y alto grado de morbilidad. En el caso concreto de España, podemos hilar algo más fino en esta cuestión. Según los últimos datos de los que disponemos a través de la Encuesta Nacional de Salud, si atendemos a la edad como variable principal de análisis, las personas de 75 y más años son el grupo de edad que más días de media (10,92) han estado ingresadas en un hospital en los 12 meses anteriores al año de referencia de la encuesta —que se realizó de junio de 2006 a junio de 2007—. Y esta cifra sufre pocas modificaciones cuando añadimos además de la edad el sexo, ya que tanto los hombres como las mujeres de esa edad, permanecieron ingresados prácticamente la misma media de días, 10,92 y 10,93 respectivamente. Pero como esta encuesta se aplicó con perspectiva de género, se solicitó información relativa a la ocupación habitual de las personas encuestadas. Y esta variable sí nos permite visibilizar que son las mujeres «dedicadas principalmente a las tareas del hogar», las que han permanecido de media menos días ingresadas en un hospital, solo 6,04 días, frente a las mujeres «jubiladas o pensionistas» que estuvieron 10,18 días, una media prácticamente idéntica a la de los hombres «jubilados o pensionistas» que estuvieron 10,39 días (http://www.msc.es/estadEstudios, 2008). Habrá que seguir realizando estudios que profundicen sobre estas diferencias, aunque podemos atrevernos a concluir que el patrón de ocupación del tiempo asignado al modelo tradicional de «ama de casa» y posiblemente cuidadora principal, determina la manera en que estas mujeres pueden disponer de su tiempo personal para el cuidado de su propia salud sabiendo que su falta es irremplazable «lo que hace que tengan una menor predisposición a ser ingresadas» (Moncarz, 1999), así como la asistencia que reciben por parte de los/as facultativos/as y del propio sistema sanitario.

El bajo nivel formativo de las mujeres de edad

La educación de las mujeres es un tema raramente investigado. De nuevo es sorprendente, ya que las referencias a la importancia de la educación para el trabajo y para la situación material de las mujeres mayores se enfatizan a menudo. Los hallazgos en el MERI muestran que las personas mayores tienen un significativo menor nivel de formación que los grupos de edad más jóvenes, siendo las mujeres mayores las que están en una desproporcionada desventaja. Esta situación es idéntica en España, tanto para las personas mayores en general, como para las mujeres de edad en particular. Según la Encuesta de Población Activa del INE, una de cada diez personas mayores en España es analfabeta. A esta cifra hay que añadir un 35,7 % que no ha completado estudios primarios; mientras que, por debajo de los 45 años, más del 70 % de la población cuenta con estudios secundarios. Entre las personas mayores, el nivel educativo de las mujeres, sobre todo de las que superan los 70 años, es aún más bajo que el de los varones. El porcentaje de mujeres analfabetas es de 13,4 %, frente al 7,1 % de los varones (IMSERSO, 2002: 333).

Se observa una vez más la discriminación que los patrones de género han impuesto sobre la vida de las mujeres que actualmente son mayores. Durante la infancia y adolescencia de estas mujeres

la educación estaba reservada a los varones; si la familia disponía de los recursos suficientes, eran los varones los que podían estudiar; las necesidades de mano de obra dentro de la propia unidad doméstica o fuera de ella recaían sobre las mujeres jóvenes. Las que estudiaron se mantuvieron durante poco tiempo en el sistema educativo, el suficiente para asimilar conocimientos muy elementales y de carácter instrumental: lectura, escritura y las operaciones aritméticas más elementales (Pérez Díaz, 2000; citado en Pérez Ortiz, 2004: 313).

No cabe duda de que el nivel formativo condiciona el acceso a los bienes culturales e incluso la elección de las actividades que se realizan en el tiempo libre. Así lo constata Pérez Ortiz en su encuesta sobre mujeres mayores, que «refleja, en efecto, que el nivel de estudios está estrechamente relacionado con las actividades que llenan el tiempo de las mujeres. Para casi todas las actividades propuestas, la frecuencia aumenta a medida que lo hace la formación de las mujeres, excepto, para la audiencia de la televisión, con la que sucede lo contrario» (ibíd., 316).

Sin duda esta circunstancia ha condicionado poderosamente que muchas de estas mujeres tengan tantos deseos de ampliar sus conocimientos y de mejorar su nivel de instrucción. Como expone una de nuestras informantes en un grupo de discusión de nuestro estudio etnográfico: «me gusta todo, sobre todo cosas que pueda aprender. Porque es que saber sabemos muy poco (las mujeres mayores). Sabemos lo que es una gota de agua e ignoramos un océano y eso es verdad».

En los países de los que se dispone de datos, como es el caso de España, las actividades de formación de las Universidades de Mayores y de similares instituciones parecen ser de especial interés para las mujeres de edad. Son mayoría en los Centros Sociales de Mayores, ya que representan el 55,27 % de las personas que acuden (Observatorio de Personas Mayores, 2004: 6). Es decir, que tanto en situación de dependencia como autónomas, las mujeres mayores son claramente las usuarias de los servicios sociales en España.

La información que existe al respecto confirma que las mujeres no solo acuden más a los Centros Sociales de mayores, sino que además muestran una actitud más favorable hacia la participación en las actividades que se programan en esos centros, así como tienen «una predisposición mayor (que los hombres) para aprender cosas nuevas o, en general, para iniciar una actividad lúdica o creativa» (Rodríguez, 2002: 118). Como nos comenta la Directora General del IMSERSO en su entrevista:

En las asociaciones mixtas o en los centros de mayores, ¿quiénes son las que están detrás de las actividades más innovadoras? Siempre son las mujeres las que tiran de los proyectos más innovadores. […] siempre que tú propones un programa nuevo, por ejemplo de voluntariado de actividades intergeneracionales, son las mujeres las que se apuntan las primeras. Ellas siempre se apuntan a lo nuevo. Una vez que han descubierto que hay otro mundo, que ya no es tan importante la centralidad que tenía su familia, y que hay un afuera de la familia, es que están como deseando cada vez más cosas, y siempre que se propone algún proyecto ellas son las que lo lideran, ellas son las que se mueven; los hombres van a remolque, porque ellos son más: «me tomo el café, la partida»… Pero claro, la realidad cuantitativa nos dice que la mayoría de las mujeres no lo han descubierto… Tendríamos que ser capaces de idear programas de intervención o de información que a lo mejor a través de los mediadores como pueden ser los equipos de atención primaria de los centros de salud, que es donde más van, ahí tener folletos, explicaciones…, porque si se lo recomienda el médico seguro que lo van a hacer…

Esta experta destaca además un dato curioso sobre los comportamientos asociados al género en la vejez. Los hombres mayores que acuden a estos centros están mucho menos dispuestos a participar en las actividades, pero «se torna en inmediata disponibilidad cuando se trata de ocupar una cierta parcela de poder, como puede ser el formar parte de las juntas de gobierno de los hogares, ocupados de manera abrumadora por ellos» (ibíd).. Lo que también se observa en las asociaciones en las que incluso habiendo muchas mujeres que son las que más activamente participan en las actividades que se programan, sin embargo las juntas directivas suelen estar formadas mayoritariamente por hombres: «Por ejemplo tienes CEOMA (Confederación de Organizaciones de Mayores), en la directiva hay muchísimos más hombres que mujeres. De 17 cargos, tres son mujeres, el resto son hombres».

La explicación de nuevo recae en el género. Las mujeres y hombres que pertenecen a generaciones con más de 65 años han sido socializadas según un patrón patriarcal en el que el hombre ocupaba el espacio público y la mujer el privado. Y este patrón lo trasladan a cualquier ámbito de su realidad. Así lo manifiestan algunas de nuestras informantes en los grupos de discusión:

sobre los 65 años, las mujeres, como han sido de una generación que han sido amas de casa nada más, no las han dejado trabajar, no las han dejado hacer nada, no están preparadas realmente… Y el hombre no está tampoco preparado para que le mande una mujer. Un hombre de 60 o 70 años no está preparado para que una mujer le dirija, aunque sea en una asociación de amigos. No está para que una mujer sea presidenta por encima de él; no lo está.

Si retomamos los centros y hogares de mayores, Fericgla matiza también que los hombres acuden a estos centros sobre todo en horario de mañana, según sus palabras, con la intención de «matar el tiempo», mientras que las mujeres acuden por la tarde, una vez que han cumplido con sus tareas domésticas. Para ellas no es tanto matar el tiempo como ocupar el tiempo libre que les queda tras sus responsabilidades familiares (1992: 208). No deja de ser sorprendente cómo el género determina el comportamiento de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida y se mantiene a lo largo de todo el ciclo vital. Si las políticas públicas se diseñaran con perspectiva de género tomarían estos espacios como lugares para empoderar a las mujeres mayores.

La presidenta de una de las asociaciones que aglutina a más mujeres del ámbito rural, aporta su visión de las socias de más edad caracterizadas por ese empuje y ganas de participar:

Yo me siento muy orgullosa de la cantidad de mujeres mayores de 55 años que participan en AFAMMER. ¡Tenemos asociadas con 80 años! Son participativas en las actividades que se programan, su fuerza, empuje y el coraje que han demostrado las hace valedoras de un espíritu de lucha que las hace a su vez ganar seguridad en sí mismas. Al igual que en nuestra Asociación, hay otras muchas agrupaciones formadas fundamentalmente por mujeres mayores; no olvidemos que su aportación al mundo de la cultura, de las tradiciones, de la propia historia, es fundamental para servir de transmisión a las generaciones. La mera participación en un movimiento asociativo ya es un triunfo: les permite el acceso a la formación, a las nuevas tecnologías, la realización de actividades fuera del entorno doméstico y la posibilidad de conocer mujeres con sus mismas inquietudes y problemas.

Y lo comparte en otra entrevista la presidenta de la CONFAV (Confederación de Federaciones y Asociaciones de Viudas de España):

hoy la mujer se apunta a todo en los barrios, casas de cultura, de la mujer, hacen gimnasia… o se van de paseo, la mujer ya no está en casa como antes, a hacer punto o ganchillo y nada más… hoy la mujer quiere saber, quiere saber. La mujer mayor tiene que ser muy mayor para que no haga algo y solo vea la televisión.

Una trayectoria laboral caracterizada por las interrupciones

Según describe Pérez Díaz, las trayectorias laborales de las mujeres se caracterizan por una complejidad que no se da en los varones: son más cortas, con entradas y salidas prolongadas del mercado laboral y con una escasa movilidad laboral. Como constata este autor y se confirma en nuestro estudio etnográfico, las mujeres que actualmente son mayores comenzaron a trabajar muy jóvenes, muchas antes de los 15 años, tanto en el ámbito urbano como en el rural. En los once grupos de discusión que hemos realizado se repite esta constante. Y lo que determina su trayectoria laboral es su estado civil. Porque a pesar de comenzar tan pronto a trabajar, las que se casaban dejaban su trabajo para dedicarse a su familia. Además, son muy pocas las que se reincorporaron al mercado laboral una vez criados sus hijos, y sobre todo fueron las nacidas después de 1930 (2000: 202). Por tanto, las que se quedaron solteras siguieron trabajando hasta su jubilación, por lo que su trayectoria laboral es muy similar al patrón masculino, como veremos más adelante. Mientras que las que se casaron, la mayoría dejaron de trabajar en ese momento. Así nos lo describen algunas mujeres de los grupos de discusión: «Yo estuve trabajando de soltera, luego me casé y ya a mi casa a cuidar a mis hijos». «Yo de soltera pues he estado siempre trabajando… Me saqué el título de profesora y enseñaba a bordar; y luego ya me casé y ya he estado haciendo las labores de la casa solamente».

El tipo de trabajo en el que se iniciaron la mayoría de estas mujeres era de baja cualificación, como el servicio doméstico. La interrupción de las carreras laborales además contribuyó a profundizar esa descualificación, porque cuando dejaban de trabajar en el mercado laboral lo hacían para atender a su familia, lo que no les permitía mejorar su formación y si se reincorporaban lo hacían de nuevo en un sector sin cualificación.

En la época en la que estas mujeres se casaron, no estaba bien visto que continuaran trabajando tras el matrimonio y los primeros que no lo aceptaban eran los maridos: «Porque yo podía trabajar entonces y mi marido dijo que naranjas de la China…». «Cuando me casé a los veintiséis años mi marido me dijo a casa y a casa».

Y todo parece indicar que «el motor de la actividad laboral de las mujeres mayores ha sido la necesidad, aquellas que podían permitírselo no añadieron más cargas a las labores domésticas que ya tenían asignadas en exclusividad y, cuando trabajaban, lo hacían para aumentar los ingresos del marido como aportación a la economía familiar y con una remuneración inferior a los hombres» (Pérez Ortiz, 2004: 478). Por eso, la clase social es una variable determinante. Las mujeres casadas con escasos recursos económicos tuvieron que seguir trabajando, y como su nivel de instrucción era muy bajo, muchas de ellas se incorporaron en el sector no estructurado de la economía y sin cotizar, sobre todo en el servicio doméstico, haciendo arreglos como modista o trabajando en el campo: «Ya tuve el primer hijo, luego el segundo, el tercero… Se llevan tres años cada uno… Y luego pues ya empecé a trabajar también en las casas. A ver… Compramos el piso, pues tenía que ayudar a mi marido».

Y lo mismo les sucedió a las mujeres que se quedaron viudas con hijos/as y con una pensión muy reducida: «Cuando me quedé viuda mi hijo tenía veinte y la chica tenía veintidós y tuve que pensármelo a ver qué hacía con 27 000 pesetas de pensión porque mi marido era autónomo y me puse a coser».

No solo es crucial la clase social, también lo es el nivel de instrucción. De manera que las mujeres con un nivel formativo más elevado, cuando se casaron no renunciaron a sus carreras profesionales, porque a pesar de que formar una familia era importante en sus vidas, no lo era menos la satisfacción que sentían realizando un trabajo que les gratificaba. La siguiente narración nos lo confirma:

Yo he sido secretaria de un organismo internacional. Eso me ha permitido conocer medio mundo por mi trabajo, y bueno, pues la verdad es que yo lo he pasado muy bien, he trabajado en lo que me gustaba… Por la mañana dejaba a los niños en el colegio, a las cinco menos cuarto volvían y yo ya estaba en casa, aparte de tener una persona en casa; una persona en casa durmiendo y una asistenta. Con mi trabajo estaba encantadísima.

La irregularidad en las carreras laborales de las mujeres se observa en algunas descripciones hechas en los grupos de discusión:

Yo estuve trabajando once años antes de casarme en una cosa muy diferente a la que he trabajado luego después. Lo dejé cuando me casé, tuve críos enseguida muy seguidos, pues lo tuve que dejar. Y luego me incorporé de nuevo en el 89 a trabajar, y lo he dejado hace dos años para hacerme cargo de una nieta pequeña. Ahora estoy en el paro de momento todavía; y voy a pedir el subsidio para cubrir hasta los 60, que me han dicho que al ser mayor de 52 años no hay problemas, y a los 60 me jubilo…

También hemos encontrado diferencias entre el ámbito urbano y el rural. Algunas mujeres cuentan que de pequeñas ayudaban en las labores del campo y en la explotación familiar, hasta que se casaron y se dedicaron más a su familia, aunque sin dejar de colaborar en las tareas agrarias. Su vida ha estado caracterizada por el trabajo constante: «Desde que nací, desde que me tengo de pie he trabajado en el campo. Con mi padre, en mi casa, luego me casé y seguí trabajando en el campo con mi marido, y todavía algo… pero ya mucho menos». «Yo no he trabajado de soltera, solo que ayudaba a mis padres que tenían campo, en las recolecciones, pues les tenía que ayudar a recoger. Y luego ya de casada no he trabajado».

La manera en la que esta mujer da valor a su trabajo es un lugar común en casi todas las demás, es decir, que definen como trabajo aquello por lo que han recibido una remuneración, pero no lo que ha supuesto un apoyo a la familia sin retribución. Por eso son muy dadas a decir que ellas no han trabajado, cuando en realidad lo que quieren expresar es que no han cobrado un sueldo ni han cotizado a la Seguridad Social por el trabajo que han llevado a cabo, ya fuera la atención de un negocio o el trabajo en el campo.

En cuanto a las mujeres solteras que han participado en los grupos, trabajaron hasta la edad de jubilación, ya que el trabajo era su medio de vida. Además, se observa que su nivel de formación es más elevado que el de la mayoría de las participantes casadas o viudas, en primer lugar, porque tuvieron más oportunidades para estudiar, y en segundo lugar, porque al estar de manera permanente en el mercado laboral han tenido más tiempo para ampliar su formación y para cambiar de empleo, lo que ha permitido mejorar también sus conocimientos. Por ello, sus ocupaciones son de mayor cualificación que los empleos del resto de las mujeres, al igual que su satisfacción con el trabajo:

Mi madre era administradora de una clínica privada, entonces yo empecé a trabajar con ella, y mientras estuve con mi madre era el comodín, porque hacía de telefonista si faltaba la telefonista, como tengo el título de enfermera hacía una guardia de enfermera si faltaba la enfermera… En realidad te sirve de un buen aprendizaje. Luego me fui a Inglaterra con una amiga… estuve año y medio y a la vuelta ya me coloqué en la Asociación Española Contra el Cáncer, y estuve destinada como secretaria. Luego trabajé en el Gregorio Marañón y acabé como Directora del Centro de Diagnóstico Precoz de la Asociación… O sea que fui… He hecho de pinche y acabé de directora…

Yo hice la carrera de Practicante, porque entonces era más que la de enfermera… Eran tres años, te obligaban a hacer prácticas y… hacerlo bien. Y luego estuve trabajando con López Ibor…, dos años, y desde allí me fui a Inglaterra. Estuve tres años. Pues no hice más que venir, estuve de supervisora de San Luis, pero estuve solo como un año y pico porque me llamaron de Torrejón. Es que entonces era muy difícil encontrar enfermeras que supieran inglés. Estuve en sala tres años nada más; luego ya estaba en consultas externas, tenía servicios… O sea, tenía unas responsabilidades… Luego me dijeron en TWA que si quería ir, porque sabían que hablaba inglés, me fui a TWA y he estado 28 años, estuve en todos los sitios de la compañía, hasta que ya terminé en billetes.

La provisión de recursos económicos en la vejez

La situación económica de las mujeres mayores está muy relacionada con los patrones de género, la edad, el estatus marital, la duración de la carrera profesional y los esquemas nacionales de pensiones. La proporción de mujeres mayores en riesgo de pobreza es todavía hoy más amplia que la de hombres en toda Europa. Un resultado general en todos los países del MERI demuestra que las mujeres mayores tienen ingresos muy inferiores a los de los hombres. Y el riesgo de pobreza es mayor en los países del sur, como el caso de España, sobre todo entre las mujeres de edades más avanzadas. Aunque también es justo decir que la situación económica de las personas mayores en general ha mejorado mucho en las últimas décadas. Todas las personas mayores tienen derecho a una pensión pública con independencia de que hayan cotizado o no al Sistema de la Seguridad Social. La existencia de un sistema básico universal de pensiones es evidente que desempeña un papel crucial en los ingresos, especialmente para las mujeres mayores. Lo que no deja lugar a dudas es que se necesita mejorar las pensiones y sobre todo desarrollar unos servicios sociales de una manera eficiente y adecuada para atender las necesidades de las personas mayores de hoy.

Una de las variables más importantes para analizar la situación económica de las personas mayores es su estado civil, ya que la viudez, condición abrumadoramente femenina en las edades más avanzadas, es determinante en la mayoría de los casos de situaciones de precariedad de recursos económicos. Las mujeres viudas que han participado en los grupos de discusión de nuestro estudio etnográfico y que tienen un nivel económico medio o medio-alto han manifestado que, en realidad, llegan a final de mes porque disponen de más recursos económicos aparte de la pensión de viudedad, si no, en su opinión, sería imposible: «La mayoría de las que estamos aquí no vivimos de nuestra pensión porque no podríamos vivir, tenemos un respaldo que nos ha permitido llevar un vida desahogada, viviendo con una parte de la pensión, otra de lo que hemos heredado de los padres y de lo que hemos ahorrado con el marido».

La viudez, por tanto, es el telón de fondo sobre el que se proyectan muchos indicadores de calidad de vida de las mujeres, desde económicos hasta de salud. Los datos ponen de manifiesto que, desde el punto de vista del reparto de las prestaciones, el 61,9 % de las de jubilación las perciben los hombres de 65 y más años, frente al 32,2 % de las mujeres. (IMSERSO, 2004a). Y la distribución de la cuantía de estas prestaciones de jubilación está desequilibrada según el sexo del pensionista, ya que solo dos de cada diez pensiones abonadas a mujeres supera los 600 euros mensuales, mientras que entre los hombres la mitad de sus pensiones superan esa cantidad. Además, entre las pensiones abonadas a varones de 65 y más años, las pensiones de viudedad ocupan un lugar muy marginal, un escaso 3,4 %, pero no es así en el caso de las mujeres, ya que más de la mitad de las pensiones abonadas a las mujeres mayores son pensiones de viudedad (IMSERSO, 2006:147). Visto desde otro ángulo, el 60 % de las mujeres españolas mayores de 65 años carecen en la actualidad de una pensión obtenida como contraprestación a sus cotizaciones, ya que el paradigma de familia patriarcal determinaba que el hombre fuera el único proveedor económico, lo que quiere decir que dependen de la pensión de jubilación o de invalidez de sus maridos o, cuando este fallece, de una pensión de viudedad (Rodríguez, 2002: 106). Pero incluso si comparamos las pensiones de jubilación, «la diferencia por género se mantiene: la pensión media de las mujeres equivale al 71 % de la pensión media de jubilación de todo el sistema, mientras que la de los hombres equivale al 114 %» (Pérez Ortiz, 2004: 441).

Al amparo de todos estos datos, podemos afirmar que «no es solo el hecho de que las mujeres estén cubiertas fundamentalmente a través de pensiones de viudedad y los hombres con pensiones de jubilación lo que establece las diferencias entre los importes que perciben unas y otros. Existe un efecto de género, en el sentido de que aun dentro del mismo tipo de prestación se manifiestan notables diferencias entre mujeres y hombres» (IMSERSO, 2006: 147).

Como hemos podido comprobar a lo largo de estas páginas y también en el capítulo de Cristina García Sainz incluido en este volumen, estas diferencias son el resultado de una trayectoria ocupacional a lo largo de la vida basada en los roles patriarcales de género, según los cuales los hombres trabajaban en el mercado formal cotizando a la Seguridad Social, lo que les da derecho a una pensión de jubilación, mientras que las mujeres dedicadas al trabajo reproductivo (familia, hogar, negocio familiar) no han cotizado por su trabajo a la Seguridad Social y al tener una mayor esperanza de vida y quedarse viudas, lo que les corresponde, por toda una vida de trabajo, es una pensión de viudedad que supone actualmente, en el mejor de los casos, el 52 % de la cotización de la pensión de jubilación que percibiría su marido:

No es lo mismo cobrar una pensión del marido que el sueldo del marido, eso está claro, te dejan con el 52 % del sueldo del marido y te quedas fatal porque tienes los mismos gastos: te queda la casa, la luz… los hijos, te queda todo, pero con mucho menos sueldo, ese es uno de los problemas que tiene la mujer viuda en comparación con la casada.

En los grupos de discusión que se han realizado, las mujeres viudas solicitan poder cobrar la pensión de jubilación que le correspondería a su marido fallecido, en lugar de solo el 52 % de dicha pensión. Porque si son ellas las que fallecen, sus maridos cobran íntegramente su pensión de jubilación. Esta es la consecuencia de un sistema basado en las cotizaciones a la Seguridad Social, aunque estas mujeres sienten que con su dedicación a la familia han permitido que sus maridos trabajaran en el mercado laboral y cotizaran. Y esta cotización creen que debería dar cobertura tanto a sus maridos como a ellas, sería una manera de reconocer su trabajo como amas de casa.

Además, estas mujeres viudas prácticamente todas trabajaron hasta que se casaron, por lo que ahora podrían cobrar el SOVI por esos años cotizados, pero se encuentran en la situación de tener que elegir entre esa pensión propia o la de viudedad si esta es elevada, mientras que las mujeres casadas cuyos maridos ya están jubilados cobran su pensión de SOVI y sus maridos sus pensiones de jubilación. Y no les parece justo, porque en definitiva, ellas han cotizado durante unos años y por ello tienen derecho a una pensión. Como es lógico, visto desde este punto de vista, las mujeres casadas tienen más recursos económicos que las viudas. Así nos lo cuenta una mujer de una Asociación de Viudas:

Yo lo he reclamado esto del SOVI. Y me han mandado la carta diciendo que tengo derecho a cobrar mi pensión por haber trabajado, pero no me la dan porque tengo que renunciar a la de mi marido… como la de mi marido es más alta, no me compensa coger la mía. Esa pensión te la deberían dar; porque lo que yo he cotizado… Aparte, lo que yo cobro es porque mi marido ha cotizado, estoy cobrando la pensión de viuda, que no me están regalando nada… ¿por qué tengo que renunciar a lo que yo he cotizado?

En el ámbito rural, las mujeres han trabajado en las explotaciones agrarias familiares sin cobrar ni cotizar por su trabajo a la Seguridad Social. Como describe una de las participantes en nuestro estudio etnográfico: «Mi trabajo se quedaba en la casa. Yo no cobraba nunca nada y ahí se quedaba todo para todos luego». El aspecto más negativo de esta situación para las mujeres casadas es que sus maridos cotizaban como autónomos, y al no haber cotizado ellas, la pensión de viudedad que les ha quedado es muy reducida.

Los datos sobre índice de pobreza en Europa confirman que hay un 21 % de mujeres mayores de 65 años pobres. En España, la situación se agrava, asciende a 35 de cada 100 mujeres mayores de 65 años. Las diferencias por sexo y forma de convivencia acentúan las cifras; así, ser mayor añade 3 puntos a la tasa de pobreza (desde el 19 % al 22 %), pero ser mujer añade 12 puntos (35 %) y vivir sola/o, más de veinte (43 %) (IMSERSO, 2004a). También estas cifras ponen de manifiesto que las diferencias entre hombres y mujeres en la vejez son más pronunciadas que a otras edades.

En función de los datos precedentes, la pensión media femenina supone el 62,2 % de la pensión media masculina —inferior en más de 7 puntos porcentuales a la desigualdad existente en el mercado de trabajo entre los 16 y los 64 años. Ante esta discriminación, una alternativa sería la «pensión básica universal» derivada del concepto de ciudadanía, complementada con otra pensión profesional en la que los años dedicados al trabajo fuera de casa en el mercado laboral y los años dedicados al cuidado de personas computaran igualmente, lo que indudablemente mejoraría la capacidad económica de las mujeres en la vejez, como ocurre en los distintos países de la Unión Europea en los que se ha implantado (Finlandia, Suecia, Dinamarca y Holanda). Sin embargo, la evolución actual de las reformas en materia de pensiones introducidas en España va en la dirección opuesta, es decir, establecen una relación más estrecha entre las cotizaciones realizadas a través del empleo, lo que puede dificultar la solución del problema (Villota y Ferrari, 2000).

En el ámbito rural, la situación de las mujeres mayores de nuevo se complica más y así lo describe en su entrevista la presidenta nacional de AFAMMER:

teniendo en cuenta el bajo nivel cultural de la mujer rural mayor en España, es muy habitual que ante el fallecimiento del cónyuge y la marcha de los hijos hacia entornos urbanos, la explotación agrícola o ganadera que era fuente de recursos para esa familia no pueda ser atendida. La mujer se queda así con ingresos muy bajos procedentes de una pensión de viudedad. Esta es una situación desgraciadamente muy frecuente en el campo y conduce a las mujeres mayores a vidas muy precarias, prescindiendo incluso de lo necesario para poder subsistir. En España, las mujeres rurales son la primera fuerza de trabajo, pero mayoritariamente no ostentan la titularidad de la tierra, lo que las desprovee de cualquier derecho. Su papel es fundamental pero no está reconocido.

Recursos sociales para las personas mayores versus la feminización del cuidado

A la vista de muchos de los datos presentados, es evidente que quienes más necesitan acceder a los servicios sociales públicos son las mujeres y las personas mayores de 80 años, que en una proporción muy elevada son mujeres. De hecho, la distribución de los usuarios de 65 y más años de los servicios sociales en España, muestra un predominio de usuarias mujeres en todos los servicios, que se acentúa para los de atención domiciliaria —que incluyen el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), el Servicio de Teleasistencia y otros recursos de atención a domicilio prestados bien como servicio, comidas a domicilio o lavandería, o bien como prestaciones monetarias de carácter público, prestaciones para ayuda a domicilio, para la adecuación de la vivienda, ayudas a familias cuidadoras o ayudas técnicas— en los que aproximadamente el 73 % son mujeres y representan el 67 % en los Centros de Día y Centros Residenciales (IMSERSO, 2006: 368).

Ahora bien, la cobertura de estos servicios en España todavía no es suficiente para atender toda la demanda y esta escasez de recursos es aún más acentuada en el mundo rural:

echando un simple vistazo a nuestro alrededor, aún se ven situaciones de verdadera y desgraciada soledad. Esto se acentúa en el medio rural considerablemente; la lejanía con respecto a los núcleos urbanos y la mentalidad de muchos mayores que viven en entornos rurales dificulta, injustamente, la prestación de muchos servicios sociales básicos que mejorarían el bienestar de estos ciudadanos.

Y todo ello, a pesar del esfuerzo realizado en la última década y muy especialmente tras la importante reforma que ha supuesto la implantación del Sistema Nacional de Dependencia puesto en marcha tras la aprobación en diciembre de 2006 de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia. Haciendo un repaso rápido de esta evolución, entre 1999 y 2004, las plazas o usuarios/as de servicios sociales diseñados para atender las necesidades de las personas de 65 y más años crecieron un 78 %, pasando de 379 068 a 677 821 respectivamente, aunque a pesar de este crecimiento, en 2004 los servicios sociales solo atendían al 9,4 % del total de las personas mayores de 65 y más años (IMSERSO, 2004c). En el Informe elaborado por el IMSERSO sobre Las personas mayores 2006, se reflejaba que la situación había seguido mejorando en todos los servicios sociales públicos. Y de manera específica lo hicieron las tasas de cobertura de algunos servicios como el de Teleasistencia, que se incrementó entre 1999 y 2006 cerca de tres puntos porcentuales —lo que equivalía a un total de 212 859 usuarios/as con un índice de cobertura del 4,09 %— y los Centros de Día para personas mayores dependientes, que aún tuvieron un comportamiento más dinámico, ya que el número de plazas en estos Centros aumentó en más de 7000 nuevas plazas anuales, alcanzando 47 624 plazas en enero de 2006, aunque todavía su índice de cobertura seguía siendo escaso (0,64 %) (IMSERSO, 2006: 369-371). Los datos para 2006, marcaban por tanto una clara evolución de mejora en el alcance de los servicios sociales públicos que atendían a personas mayores —Servicios de Ayuda a Domicilio, Servicio de Teleasistencia, Centros de Día y Servicios Residenciales—, que en números absolutos ascendían a 922 879 usuarios/as de 65 y más años, lo que representaba un índice de cobertura del 12,35 % del total de esta población, casi tres puntos más que en 2004. Pero aun así, la comparación con los países de la Unión Europea creaba cierto desaliento. Por poner un ejemplo, el porcentaje de personas mayores atendidas por algún tipo de servicio domiciliario en países de tradición socialdemócrata, como Suecia, Dinamarca o Finlandia, era del 30 %, 20 % y 24 %, respectivamente, frente al 8,5 % en España. Aunque la situación no mejoraba mucho en relación con otros servicios, ya que la oferta de servicios de atención residencial en España se traducía en 308 021 plazas públicas y privadas, lo que representaba el 4 % de la población de 65 y más años, es decir, que se contaba solo con cuatro plazas por cada cien personas mayores, así que las listas de espera para entrar en un centro eran de entre 60 000 y 80 000 personas (ibíd., 368).

La realidad es que España en 2006 era el cuarto país más envejecido de la Unión Europea y, sin embargo, se encontraba entre los que menos gasto público dedicaba a vejez. Se situaba a la cola de la UE cuando se relacionaba nivel de envejecimiento de la población con esfuerzo en protección a las personas mayores. Así, el gasto público en servicios sociales para personas de 65 y más años, representaba el 0,32 % del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 0,7 % de Italia, Bélgica e Irlanda, al 1,2 % de Francia y Alemania, al 2,5 % de Holanda o al 3 % de Dinamarca (IMSERSO, 2004c: 544; IMSERSO, 2006: 373).

Ante este panorama en el que los servicios sociales en España eran tan escasos que atendían a una parte reducidísima del total de las personas mayores que necesitaban cuidados de larga duración, era la familia la que solventaba esta situación con su apoyo y dedicación, con un peso abrumador de mujeres cuidadoras. Este escenario se describió muy acertadamente en el Libro Blanco que sirvió de base para la elaboración del Proyecto de Ley para la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de Dependencia, en el que se ponía de relieve que nuestro sistema de protección social:

continúa marcado por connotaciones ideológicas sustentadas en modelos familiares que no tienen en cuenta el profundo cambio social que significa la deconstrucción del sistema de género y la consiguiente simetría de roles que está en trance imparable de producirse y, por ello, sigue reticentemente vigente el modelo basado en la antigua concepción social asentada en la división sexual del trabajo (varón sustentador, mujer encargada de las tareas reproductivas y asistenciales) (IMSERSO, 2004c: 169).

Este modelo de Estado de bienestar que se apoyaba más en la familia, especialmente en la función de cuidadora que desempeñaba la mujer, que en los servicios sociales formales, era sexista y penalizaba a las mujeres porque ni siquiera contemplaba adecuadas medidas de apoyo a su trabajo reproductivo. Más bien hacía todo lo contrario. Las personas dependientes que eran atendidas por su familia (mujeres), tenían restringido el acceso a los servicios sociales formales de atención de larga duración, pensados en su origen para personas en situación de desamparo económico, social y relacional. Los datos lo confirman, solo el 6,5 % de las familias que cuidaban a sus mayores recibían colaboración de los servicios sociales (IMSERSO, 2004b: 184). En este modelo familiarista se da por sentado que la cuidadora no «necesita» la ayuda del Estado (Esping-Andersen et al, 2002). Y lo corroboran algunos testimonios de las participantes en los grupos de discusión de nuestro estudio etnográfico:

tanto dicen que ayudan a los que estamos cuidando a los padres, y todas esas cosas. Pues he solicitado para que me den una hora para poder mover a mi madre, que yo estoy enferma, y ni siquiera me dan una hora para poder levantarla y asearla… Como vive conmigo no tengo derecho a nada. Y el día que caiga yo, pues caeremos las dos, nos quedaremos tumbadas las dos en el suelo y a ver quién nos ayuda.

El volumen del cuidado informal en España indicaba que en una década, de 1994 a 2004, apenas había variado la situación antes descrita: la familia seguía aportando más del 80 % de los cuidados que recibían las personas dependientes y quienes realizaban dicho cuidado seguían siendo principalmente las mujeres. En 2004, el IMSERSO aplicó de nuevo una encuesta a la población cuidadora como la que realizó en 1994 y lo sorprendente fue constatar, que en el transcurso de esos 10 años, la situación de desigualdad entre mujeres y hombres en el reparto de las tareas de cuidado, en lugar de haber mejorado, lo que se había hecho era más profunda. Los resultados arrojaban una realidad en la que el porcentaje de mujeres dedicadas a dicho cuidado en 2004 era todavía más elevado que en 1994 (84 % y 83 % respectivamente). Entre los datos más significativos de ambas encuestas podemos destacar que había aumentado el porcentaje de mujeres que cuidaban de personas dependientes, al mismo tiempo que aumentó su nivel de ocupación laboral fuera de casa, lo que significaba que, su mayor incorporación al mercado laboral, no había ido parejo al reparto de las tareas de cuidado con los hombres, otros miembros de la familia y el Estado. Por eso no es de extrañar que esta situación de pluriempleo a jornada completa —la doble presencia— tenga unas consecuencias negativas conocidas como «coste oportunidad» y que en palabras de las propias cuidadoras determina que casi el 50 % manifestaba tener problemas con el empleo, ya fuera porque no podían plantearse trabajar fuera de casa, porque tuvieron que dejar de trabajar o porque redujeron su jornada laboral para poder compaginarla con los cuidados que prestaban en casa. Lo que pone de relieve que la evolución en los modelos de familia y en el rol social de las mujeres experimentado a lo largo de ese decenio —de 1994 a 2004— no se vio correspondido con reformas que hicieran posible un equitativo reparto del bienestar entre el Estado y la familia (IMSERSO, ibíd., 2004c: 185).

Este modelo volcado en la familia es el resultado de una compleja interrelación de factores que han perjudicado a la mujer. Como plantea Elena Arnedo:

lo que históricamente debía ser la etapa de desarrollo de los Estados de bienestar del sur de Europa coincidió con los efectos del neoliberalismo: globalización financiera, fragmentación de los mercados de trabajo, cuestionamientos y discursos deslegitimadores de la protección social. Se frustraron así las posibilidades de desarrollar un modelo social más integrado, más justo, más democrático y más respetuoso con la ciudadanía. En los últimos años en España hemos de afrontar procesos agudos de familiarización y mercantilización para la satisfacción de necesidades básicas, sobre todo de grupos vulnerables por razones de edad, desempleo, discapacidad, etc. Estos, o disponen de recursos económicos para resolver tales necesidades en el mercado (cuya oferta, además, es insuficiente), o la única posible resolución se desplaza a la caja negra de la familia (Diario El País, 22 de febrero de 2003: 13).

Quienes han cuidado y siguen haciéndolo en la actualidad tienen «género femenino y número singular» (Rodríguez, 1995). Y así lo confirman muchas mujeres que han participado en los grupos de discusión: «yo no he tenido ayuda ninguna, de nadie, sola. Y tenía en casa a mi marido y mis dos hijos y mi mamá. A mí no me ha ayudado jamás nadie».

En los grupos de discusión queda claramente reflejado que eran ellas como mujeres las que tenían que cuidar y no los hombres de la familia: «Diez años estuvieron mis padres conmigo… Bueno, con mis hermanas… somos tres hermanas, porque los hermanos no deben de ser hijos… Mi hermana la mayor le decía a un hermano: “tú has salido por el mismo sitio que yo”; pero bueno…».

Son muy pocas las mujeres casadas que cuentan haber tenido ayuda de sus maridos en las tareas de cuidado, ya fueran nietos/as o padres/madres dependientes. Si tenían algún apoyo era sobre todo en aspectos puntuales, como por ejemplo, en el caso de los/las nietos/as, para llevarlos o recogerlos del colegio. La excepción a la regla la encontramos en un grupo de discusión en el que una de las participantes tuvo que encargarse de cuidar a sus nietos mellizos, y como eran dos, se necesitaban dos personas para poder atenderlos:

nietos he tenido nada más dos pero son mellizos. Y tuve que ir a cuidarlos porque claro… los padres trabajando los dos. Claro, pues iba por la mañana y los padres por la tarde estaban libres, entonces se ocupaban ellos. Me ayudaba mi marido porque los dos lloraban a la vez y a darles el biberón a la vez. Tenía que coger uno él y otro yo para darle de comer porque si no…

O en el caso de otras participantes que cuidaban de personas mayores con enfermedad de Alzheimer o con un nivel de dependencia muy elevado, lo que exigía un cuidado compartido con los hombres de la familia, marido o hermanos:

Mi suegra con Alzheimer, entonces no se callaba nunca la mujer de gritar, era insostenible aguantar, se levantaba por la noche… Era una cosa de locura. Bueno, ya decidió mi marido poner una cama pequeña al lado de ella porque claro, se movía de la cama y mi marido la agarraba del brazo.

Para estas mujeres cuidadoras, el momento de su vida en el que se ven obligadas a ejercer esta labor de cuidado intensivo de larga duración es alrededor de los 50 años, situación que da al traste con la última oportunidad para incorporarse a un empleo o para dedicarse a otras actividades extrafamiliares (Rodríguez, 2002). En nuestro estudio etnográfico se ve cómo muchas mujeres que se han visto liberadas de tener que prestar este cuidado han sabido utilizar su tiempo como un recurso personal para desarrollar actividades de ocio, voluntariado, formación, que les ha dado una visión positiva de la vejez como una etapa llena de oportunidades. El cuidado, pues, está todavía en el centro de las contradicciones entre mujeres y hombres y en la ocupación antagónica de sus espacios. El cuidado como deber de género sigue siendo uno de los mayores obstáculos en el camino a la igualdad por su inequidad.

Lo cierto es que el modelo familiarista entró en crisis ya a finales de los años 90 del siglo XX. En 1960 había un potencial de cuidadoras de 2,8 —índice que se obtiene de la relación entre el número de personas mayores y el número de mujeres de 45 a 69 años—, esa cifra en 1990 era ya de 1,53, de 1,27 para el año 1998 y ha seguido bajando. Esta reducción es el resultado de la incorporación de la mujer al mercado laboral de forma paulatina y constante, y de que las mujeres más jóvenes, con más formación y más integradas en el ámbito laboral, cada vez tienen menos disponibilidad para dedicar cuidados de larga duración a las personas dependientes. Con las mujeres mayores actuales se ha cerrado un ciclo. Como muy acertadamente dice una mujer «somos la generación bisagra, para todo», y es una expresión muy visual porque si la bisagra falla, fallará todo el engranaje.

Ante este cambio, el Estado tiene que potenciar, por un lado, los servicios que permitan a las personas permanecer en su domicilio y en su entorno, y por otro, habrá que dar mucho más apoyo a las familias, especialmente a las mujeres, que nunca dejarán de ser el principal proveedor de cariño y cuidados emocionales.

La crisis del Estado del Bienestar no será la prevista para el año 2010, cuando las generaciones más numerosas —las nacidas durante el baby-boom— lleguen a la jubilación, ni tampoco la que provenga del crecimiento de la demanda debido al aumento de las personas mayores. La crisis será una crisis en la provisión de cuidados, debido a la disminución notable de la cantidad de tiempo dedicado al trabajo no pagado por parte de las mujeres, dada su creciente participación en el mercado de trabajo (Bazo, 1998: 148).

En los grupos de discusión, las participantes están convencidas de que tendrán que recurrir a los servicios sociosanitarios para ser atendidas en su vejez cuando ya no sean autónomas para realizar las actividades de la vida diaria, primero porque no quieren para sus hijos/as lo que les ha tocado pasar a ellas como cuidadoras de toda la familia, y segundo, porque saben que las generaciones más jóvenes incorporadas al mercado laboral no dejarán sus empleos para cuidarlas: «No van a dejar de trabajar para cuidarme a mí, eso es imposible. Porque es que la vida es distinta a la que hemos tenido nosotras».

Precisamente en respuesta a todos estos cambios acaecidos en las últimas décadas en España se aprueba la Ley 36/2006 que entra en vigor el 1 de enero de 2007 y que regula las condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación dependencia[1], que se ha implantado en todo el territorio nacional a través del Sistema para la Autonomía personal y la Atención a la Dependencia (SAAD), con la actuación conjunta de las diferentes Administraciones Públicas coordinadas por el Consejo Territorial del SAAD.

El objeto de esta Ley es atender las necesidades de las personas en situación de dependencia, que hasta la fecha eran cubiertas solo a través de los Servicios Sociales y la familia, con una dedicación mayoritaria de las mujeres, y para acercar a España a los niveles de cobertura de los países europeos más avanzados. Con esta Ley se pone de relieve la adaptación de las políticas públicas sociales a las necesidades de la sociedad y el cambio hacia lo que se denomina políticas de ciclo vital. De esta manera se quiere consolidar en España el cuarto pilar del Estado del Bienestar, —junto con los tres pilares de la educación, la sanidad y las pensiones— como un derecho universal para toda la población, que garantice prestaciones y servicios de ámbito estatal, en las mismas condiciones para todos los ciudadanos y ciudadanas en situación de dependencia. La Ley ampara que esta atención ya no dependa del mayor o menor presupuesto, ya que todas las personas que tienen derecho a una prestación o servicio si no lo recibieran pueden reclamar ante los tribunales de justicia.

El telón de fondo de esta Ley es claramente feminista y supone el cumplimiento del compromiso aceptado por España como país de la UE de integrar la perspectiva de género en la regulación y desarrollo de sus leyes. En la propia redacción de la Ley, concretamente en el segundo punto de Exposición de Motivos establece: «no hay que olvidar que hasta ahora han sido las familias, y en especial las mujeres, las que tradicionalmente han asumido el cuidado de las personas dependientes, constituyendo lo que ha dado en llamarse el “apoyo informal” […]. Los cambios en el modelo de familia y la incorporación progresiva de casi tres millones de mujeres en la última década al mercado de trabajo, introducen nuevos factores en esta situación que hacen imprescindible una revisión del sistema tradicional de atención para asegurar una adecuada capacidad de prestación de cuidados a aquellas personas que los necesitan» (Agrupación de Madrid del Forum de Política Feminista, 2008: 15-16). Como vemos, la forma más certera de debilitar el modelo de familia patriarcal es reforzando el Estado del Bienestar, pues la «concepción de la familia en el sentido tradicional puede conducir a invalidar las políticas sociales. […] Y desde una perspectiva internacional existe una relación inversamente proporcional entre la utilización de las funciones protectoras del Estado y la menor aportación familiar, y viceversa» (Bazo, 1998: 150).

A lo largo de este apartado se ha mostrado la imperiosa necesidad que existía en España de legislar un ámbito como es el de la atención a las personas en situación de dependencia y que ya no podía obviarse más. Especialmente debido, por un lado, al envejecimiento demográfico —para el 2050 se espera que el 31 % de la población española tenga 65 y más años— junto con un incremento de la discapacidad en todos los grupos de edad y especialmente entre la población de edad más avanzada. Y en segundo lugar, por los cambios estructurales de la familia, con la incorporación masiva de la mujer al ámbito laboral. La atención a la dependencia se había resuelto hasta la fecha mayoritariamente a través del cuidado informal que aportaban las mujeres dentro del entorno familiar y con una escaso apoyo por parte de los Servicios Sociales. Pero este modelo de atención ya no es sostenible hoy en día en España. La necesidad de cuidados a las personas dependientes no es una necesidad nueva, pero sí lo es la dimensión social que ha adquirido, así como la creciente demanda de servicios y prestaciones de apoyo para esas personas y para sus cuidadoras que, no debemos olvidar, siguen siendo el pilar fundamental en el día a día. Una encuesta del CIS administrada a la población en 2006 demostraba que tres de cada cuatro personas encuestadas estaban dispuestas a pagar más impuestos si con ello se apoyaba el desarrollo de un sistema que ampliara la cobertura de servicios y prestaciones de atención a las personas en situación de dependencia y a sus familias. Ante este panorama, se llegó en el año 2007 a la voluntad política necesaria para poner en marcha esta Ley. Y con el objetivo de conseguir un gasto social en atención a la dependencia del 1 % del PIB para el año 2015, cifra muy superior a la actual que ronda el 0,4 %, y que nos acercaría a los países europeos que más invierten en esta partida presupuestaria.

Esta Ley supone, pues, un cambio de enorme calado, ya que implica avanzar de un sistema de servicios sociales asistencialista que básicamente atendía a las personas con menos recursos, a otro que atiende a toda la población como un derecho en igualdad de condiciones; lo que significa una garantía de atención de derechos en términos de igualdad, un sistema de carácter público y la permanencia de las personas dependientes en su entorno priorizando los servicios de la Red de Servicios Sociales que lo permitan. Pero además, contempla la posibilidad de acceder a prestaciones económicas de las que nos interesa destacar la «prestación económica para cuidados en el medio familiar y apoyos a cuidadores no profesionales» —es decir, mayoritariamente apoyo a las mujeres cuidadoras—, si se comprueba que el mejor recurso para la persona dependiente es que siga siendo atendida en el hogar. Esta prestación supone recibir una cuantía económica por realizar la tarea de cuidadora en el hogar de una persona dependiente, con su correspondiente alta en el Sistema de la Seguridad Social y con tiempos de descanso y formación. Un definitivo avance en los derechos de las mujeres y una visibilización de su trabajo como cuidadora al convertirlo en remunerado y al obtener garantías sociales que mejorarán en el futuro el cobro de una pensión por los años cotizados.

Por lo tanto, la principal conclusión a la que podemos llegar es que las mujeres son las grandes beneficiadas de este sistema. En primer lugar, porque son la mayoría de las personas que se encuentran en situación de dependencia, dada la feminización de la vejez. Los datos así lo demuestran, en junio de 2008 se habían registrado casi 500 000 solicitudes de evaluación de dependencia en toda España, de las cuales el 65 % correspondían a mujeres y el 75 % tenía 65 y más años. En segundo lugar, son las más beneficiadas al recibir una prestación económica por su labor como cuidadoras informales de personas dependientes en aquellos casos específicos en los que la persona dependiente no pueda acceder a la prestación de un servicio o su contratación resulta más costosa. Porque a pesar del impacto de esta Ley, la mayoría de las mujeres siguen ocupándose de la responsabilidad de las tareas domésticas, entre las que se encuentran la atención a los familiares dependientes. Y por último, esta Ley ha generado puestos de trabajo en el área de Servicios Sociales en el que hay muchas mujeres capacitadas profesionalmente y con posibilidades de acceder al empleo, «esta Ley contribuirá a profesionalizar y a la calidad del empleo de las personas que trabajan en residencias, en centros de día, en ayuda a domicilio, etc. Servicios y recursos que han generado mucho empleo para las mujeres y que ahora generarán más. Se habla de la creación de más de 300 000 puestos de trabajo nuevos, y seguramente la mayoría será empleo femenino» (Agrupación de Madrid del Forum de Política Feminista, 2008: 30). En palabras de María José Capellín, «esta Ley supone el reconocimiento de la “ética del cuidado” como una responsabilidad pública, asumida por la sociedad en su conjunto, ya que la reconoce como deber del Estado y toma cuerpo de Ley. Es en suma un paso más en el reconocimiento de que “lo personal es político”» (ibíd., 39).

Pero, también estos beneficios pueden convertirse en trampas para las mujeres. En el caso de las mujeres cuidadoras pueden ver reducida su capacidad de negociar en el seno de la familia el reparto de responsabilidades al recibir ahora una prestación económica por el trabajo que antes realizaban sin ninguna retribución. Además «puede suponer, a medio plazo, un camino sin salida, pues las dejará fuera del mercado laboral al que difícilmente retornarán y habrán perdido autonomía personal» (ibíd., 44). Y además, el Sistema de atención a la dependencia debería consolidar la prestación de un catálogo de servicios que mejore la profesionalización de este sector y su capacidad salarial. De hecho, esto es lo que está sucediendo en la práctica, ya que de los recursos que se destinan a financiar las nuevas prestaciones y servicios del SAAD, el 72 % se destina a financiar prestación de servicios; el 15,6 % a prestaciones económicas —de las cuales un 40 % son prestaciones de cuidado en el entorno familiar y un 60 % vinculadas a la prestación de un servicio—, el 3,8 % para ayudas económicas a la autonomía; y el 3,9 % sirve para reforzar los equipos de valoración de la dependencia y gestión del SAAD. (CCOO, 2008: 4).

Todavía a fecha de hoy, no se percibe con claridad el avance cualitativo que implica esta Ley, porque durante los dos primeros años de aplicación —2007 y 2008— se han dimensionado mucho los costes y poco los beneficios. Ha sido complicado el acuerdo entre las diferentes administraciones públicas implicadas en su desarrollo, y además, la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia incluidas en la Ley se ha diseñado de modo gradual siguiendo un calendario que comienza en 2007 y finaliza en 2015[2], lo que ha provocado una imagen de lentitud en su implantación, muy a pesar de haberse explicado esta graduación por la necesidad de financiar progresivamente año tras año la partida presupuestaria que hiciera sostenible el SAAD. Y más aún en el momento actual sumidos en una profunda crisis económica que pone en cuestión la financiación de este Sistema. Para el año 2009 se van a destinar a esta Ley un total de 1159 millones de euros, es decir, un 79 % más que el año pasado. Y finales del año 2008, 397 414 ciudadanas y ciudadanos eran ya beneficiarios de las prestaciones de la Ley de Dependencia, se habían generado unos 70 000 empleos, 50 000 personas —sobre todo mujeres— recibían una prestación económica por realizar el trabajo de cuidadoras de una persona dependiente de las que 24 000 estaban dadas de alta en la Seguridad Social (EM, 2008: 20).

Todo esto nos lleva a plantearnos que habrá que seguir estando alerta de cómo se desarrolle e implante esta Ley y de cómo beneficie a las mujeres en todas sus facetas: como beneficiarias, cuidadoras y profesionales, para que promueva verdaderamente más equidad entre mujeres y hombres. Especialmente habrá que valorar cómo se va configurando la modalidad de prestación económica que reciben las mujeres que deciden seguir cuidando en el hogar de su familiar dependiente, para que no se convierta en una trampa para estas mujeres, ya que como se plantea desde un análisis feminista, esta situación «no parece que vaya a remover uno de los obstáculos más importantes que tenemos las mujeres para conseguir la igualdad de oportunidades sociales y de desarrollo tanto personal como social, sino más bien parece que consolidará una práctica arraigada en una sociedad patriarcal. Las mujeres seguiremos cuidando casi en exclusividad, y esto en principio no tiene nada de negativo si no fuera porque en las condiciones en las que se hace supone renuncias y carencias y problemas para la propia salud» (Agrupación de Madrid del Forum de Política Feminista, 2008: 50).

El apoyo que prestan las mujeres mayores a sus familias

Desde la década de los años 90 del siglo XX, cada vez se reconoce más en la investigación social y económica la necesidad de realizar un cómputo adecuado del trabajo no remunerado —que en su mayoría es realizado por mujeres— dentro de los Sistemas de Cuentas Nacionales.

Hasta el presente, las mujeres sufren una gran infravaloración social, mayor conforme las sociedades equiparan la condición de una persona con su capacidad de obtener ingresos y esta infravaloración persistirá hasta que las tareas no remuneradas sean reconocidas y contabilizadas en la Renta Nacional de forma adecuada y asumido que las mujeres soportan una mayor carga laboral (Sen, 1999: 118).

La invisiblización de este trabajo femenino además se ha extendido por generaciones, lo ha padecido la hija, la madre y la abuela. «Cada una de ellas afronta como puede, y cada vez puede peor, las necesidades básicas de los miembros de la familia que no son resueltas de ningún otro modo en un entorno social, que carece de los elementos protectores imprescindibles» (Diario El País, 22 de febrero de 2003: 13). Así lo describe una de nuestras informantes:

[…] el gran caudal de atención a las personas en situación de dependencia es a costa de las mujeres; a costa de las mujeres de todas las edades, porque los niños y niñas pequeños son cuidados por su madre, las personas enfermas son cuidadas por la mujer de la familia, las personas con discapacidad… Durante toda su vida, si hay un acontecimiento, una discapacidad es a costa de la mujer, que muchas de las madres jóvenes que tienen un niño o una niña con discapacidad tienen que dejar el trabajo por la falta de apoyos.

Y aunque es cierto que este caudal de cuidados es poco reconocido por la sociedad en su conjunto, no es menos cierto que hay cada vez más investigación que lo está sacando a la luz, aunque el discurso que lo visibiliza, en su mayoría feminista, trasciende poco a la sociedad.

Es tan importante la labor que hacen las mujeres como cuidadoras, que en el Panel Europeo de Hogares de 2001 se especificaba que el cuidado que reciben las personas mayores dependientes, en el caso de que lo realizara una persona empleada a tiempo completo, necesitaría 523 163 personas para sustituir la aportación que hacen los hombres y 2 072 282 para sustituir a la de las mujeres: «Es que nos ha tocado la peor época, porque hemos estado para nuestros padres, y para nuestros hijos… y para los nietos…».

Y lo han hecho porque han interiorizado que su papel de cuidadora es una obligación moral:

A mí me ha tocado cuidar de mi madre sobre todo, que tuvo una enfermedad muy larga, y estuvo impedida y…, como yo tenía hijos, pues afectó mucho a mi vida. Cumplí con esa responsabilidad…, entre otras cosas yo creo que no existían otras soluciones. Las soluciones que había me parecían espantosas, y entonces eso, había que dedicarle parte de mi vida, y esa parte de mi vida no ya solamente era que fuera cansancio o eso, es que… Me quitaba dedicación a mis hijos, que eran niños, y yo desde luego recuerdo aquella época como de una…, un dolor por un lado por mi madre y una preocupación por mis hijos, en fin, que fue una época muy amarga.

El sentido del deber de estas mujeres hacia el cuidado de sus mayores ha llegado hasta el punto de que alguna mujer viuda se ha ocupado de cuidar de sus suegros, suegra sobre todo, años después del fallecimiento de su marido:

Eran tres hijos y dos hijas, pero a mí me decían que yo también tenía que cuidar a mi suegra, ya había muerto mi marido. Me iba al hospital después de trabajar, yo estaba trabajando, cuando salía de trabajar me cogía el tren, me venía los domingos por la noche. A cuidar a mi suegra… Estando viuda.

En algunos casos el número de personas a las que se ha cuidado y se cuida todavía parece imposible de soportar. Son vidas enteras dedicadas al cuidado de los demás:

Yo sí; he cuidado de mis suegros, de los dos. He cuidado de un cuñado que estaba…, que le estoy cuidando. A mi suegra la cuidé durante doce años, a mi suegro durante veinte y a mi cuñado le sigo cuidando desde que me casé, 27 años. Y ahora con mi madre y otro hermano soltero que tengo también los cuido yo sola, porque no tengo a nadie que me los cuide.

Cayó mi hermano con una enfermedad terminal, y me lo traje para aquí. Dándole quimioterapia y dándole rayos, todo, y como se había separado de su mujer, pues le cuidé yo. Entonces le estuve cuidando todo el tiempo, y hasta que murió. Murió mi hermano y mi madre cayó sin poder andar, me dijeron que era una depresión y desde entonces está que le doy de beber, le doy de comer. También estuve cuidando a mi marido. Llevo toda mi vida cuidando, más de veintitantos años. Y ahora a mi suegro, porque tiene cuatro hijos, no hijas, así que me toca cada tres meses al año.

El cuidado que realizan estas mujeres como abuelas es igual de importante. Y los datos indican que son las abuelas maternas las que se encargan de cuidar a los nietos/as:

la ayuda de las abuelas se puede interpretar como un fenómeno de solidaridad entre generaciones de madres a hijas. No es habitual que las suegras ayuden a las nueras, excepto en ocasiones puntuales. El nuevo rol que desempeñan las madres de las madres que trabajan es diferente del rol tradicional de abuelas, que es el que generalmente desempeñan con los hijos de sus hijos varones. En cambio con los hijos de sus hijas frecuentemente juegan el papel de madre que la madre real no puede desempeñar, al menos tal como este se ha entendido tradicionalmente (Tobío, 2002: 223).

Así se confirma en los grupos de discusión: «Sí que tengo dos hijas y un hijo, pero también colaboro con mi hijo, lo que pasa es que mi nuera se lo lleva más a su madre, y yo lo veo normal».

De todos modos, también algunas comentan que les ha tocado cuidar tanto a los/las hijos/as de sus hijas como de sus hijos, a veces porque la suegra no podía o porque había más confianza en que lo hicieran ellas:

Yo tengo 12 nietos… Menos dos, porque vivía la familia de mi nuera al ladito de ella, los demás todos los días me he peleado con ellos a base de bien. Se me murió mi marido, se puso mi nuera mala, la tuvieron que operar, pobrecita, y tenía una niña de un añito…, tenía un añito y medio, y me tuve que hacer cargo de seis: los tres de mi hija y los tres de mi hijo, porque ellos se iban a trabajar…

No solo han cuidado las abuelas que han sido o son amas de casa, sino también las que trabajaban fuera, lo que ha supuesto para ellas una jornada intensiva de trabajo, y tiene todavía si cabe más reconocimiento y mérito:

Me los traían a las ocho de la mañana y me los tenía hasta las cuatro de la tarde porque yo me tenía que ir a trabajar. Yo salía de casa a las cuatro y media para empezar a trabajar a las seis hasta las diez u once de la noche, depende del trabajo, según los días… trabajaba en un hotel pero en las habitaciones. Había días que llegaba a casa casi a la una de la mañana, y a las siete de la mañana me tenía que levantar porque a las ocho venía el niño y la niña.

Incluso las que no cuidan de manera permanente, asumen que si sus hijos/as les piden ayuda, ellas están siempre disponibles: «tengo cinco nietos; no tengo a cargo nietos… pero claro, cuando me llaman allí estoy…».

Como es lógico pensar, la solidaridad de las madres es mayor con las hijas trabajadoras de clase social baja, ya que aquellas son el recurso más importante con el que cuentan las segundas para poder permanecer en el mercado laboral. Con la ayuda de sus madres, estas mujeres se aseguran una pensión de jubilación cuando sean mayores, por tanto la solidaridad se extenderá para toda la vida.

Entre las familias de clase media el recurso de las abuelas se prefiere frecuentemente a dejar a los hijos «con extraños» (en la propia casa o en una guardería), mientras que entre las clases altas, lo más habitual es contratar una trabajadora doméstica o llevar a los niños a guarderías privadas, limitándose el papel de las abuelas al control de la organización doméstica de sus hijas o a la ayuda en situaciones excepcionales como las enfermedades de los nietos o las vacaciones escolares (ibíd., 222).

En cambio, cuando estas abuelas cuidadoras eran jóvenes no tuvieron prácticamente ayuda de nadie para criar a sus hijos/as. Como la mayoría desempeñaba la función de ama de casa, se daba por sentado que no necesitaban la ayuda de sus familias, como sí se necesita ahora que las mujeres trabajan fuera. Además, muchas de ellas ni siquiera tenían familia en la localidad donde vivían: «No hemos tenido ayuda ninguna porque muchas vivíamos lejos de nuestra familia, así que no nos podían ayudar. Además, que tampoco lo pedías, eran otros tiempos».

Estas mujeres mayores de más de 65 años que cuidan a personas dependientes de edad avanzada o a nietos/as, o tanto a nietos/as como a personas ancianas a la vez, aunque lo sobrellevan con resignación, como una responsabilidad que tienen que asumir, también les supone en muchas ocasiones una serie de problemas que afectan no solo a su salud física, sino también psicológicamente. Así lo describe una participante de un grupo de discusión: «yo he estado enferma, también bastante mal y con depresión». Y otra del mismo grupo cuenta: «he tenido rachas muy mal y eso… yo estoy que no me puedo mover porque me duelen muchísimo las rodillas y… además es un sacrificio porque no te puedes ir a ningún lado».

Es lo que el cardiólogo del Hospital Universitario de Granada Antonio Guijarro publicó en 2001 con el nombre de «síndrome de la abuela esclava» y que en otros lugares como en la Universidad de Harvard han estudiado ampliamente en los últimos años. Este síndrome lo padecen las mujeres ya maduras que asumen una sobrecarga de cuidados de familiares, junto con su trabajo cotidiano como amas de casa. La profesora Summin Lee de la Universidad de Harvard asegura que el cuidado intensivo puede acabar siendo fatal para algunas abuelas. Realizó una investigación con una muestra de 54 400 mujeres y concluyó que aquellas que se encargaban del cuidado de sus nietos/as durante 9 horas o más a la semana tenían un 55 % más de probabilidades de desarrollar enfermedades coronarias.

Algunas abuelas de nuestro estudio etnográfico describen que se encuentran muy cansadas tras una jornada cuidando de sus nietos: «Pues estoy muy baja de todo, de moral, de dolores, de no tener fuerza ya para… Pues que ya no tienes fuerza para seguir el ritmo de ellos (los nietos). Yo ya cuando se van ya me siento en el sofá y ya no soy capaz ni de levantarme. Ya no, además tengo muchos dolores por todo el cuerpo».

Es tan significativa la función que desempeñan las abuelas no solo en España, sino en todo el mundo, que Naciones Unidas a través del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW) ha incluido el «síndrome de la abuela esclava» como una de las cuestiones relacionadas con las mujeres mayores a las que hay que dedicar más investigación y difusión. Con ello se quiere poner de relieve tanto la importante labor que hacen estas mujeres dentro de la familia, como la sobrecarga que les supone asumir las responsabilidades del cuidado de los/las nietos/as, unido al resto de sus ocupaciones dentro del hogar, incluso a veces el cuidado de otras personas dependientes, como maridos, padres ancianos —principalmente madres—, etc.

En algunos casos, el nivel de responsabilidad de atención y cuidado que las abuelas dedican a las familias de sus hijas/os es tan intenso que llegan a desatender sus propias casas, especialmente las que se han quedado viudas y solas, y desatienden igualmente su proyecto de vida personal. Se encuentran agotadas, sin amistades y sin la libertad de quejarse a sus hijas, por las que lo dan todo, con tal de que ellas sigan en el mercado laboral y así puedan algún día disfrutar de una pensión de jubilación. Algunas confesiones son abrumadoras:

Yo tengo también dos nietos, uno con diez años y otro con cinco, y particularmente con el niño pues he estado ocho años con él de día y de noche casi; los fines de semana más todavía, y los días de fiesta más. Yo no he tenido amigas, porque no podía tenerlas… No he podido tener amigas, no he podido ser de asociaciones porque no, no me atrevía; porque yo decía: ¿dónde voy?

Muchas mujeres mayores hacen verdaderos esfuerzos para poder atender sus elevadas responsabilidades como abuelas e intentar desarrollar además un proyecto de vida en el que disfrutan de actividades de ocio personal. Sus narraciones son auténticas descripciones de lo que supone gestionar eficazmente el tiempo:

Yo ahora de momento el tiempo libre lo tengo fastidiado… me encargo de tres nietas, una va a hacer doce años ahora el día cuatro, otra en agosto hace ocho y en enero otra hace tres… a las doce y media salen del colegio: hay que recogerlas, llevarlas a casa, comer y volverlas a llevar al colegio… Y cuando están malas: con la abuela. Yo tengo dos talleres que hago…, soy voluntaria en el centro de Las Margaritas, y tengo dos talleres por la mañana, ¡ya saco yo mis horas! Llego a las diez, y a las doce salgo pitando para recoger a las niñas. Cuando llego a las diez ya he dejado la comida y todo organizado, o sea que me muevo para hacer eso, y eso lo hago martes y miércoles por la mañana. Luego miércoles por la tarde también tengo otro taller porque me apetece y me gusta; y luego a excursiones, eso los lunes por la tarde, y ahí ya voy cuando puedo. Cuando puedo… que no siempre llego a todo… Y ya el resto de la semana tengo que lavar, planchar e ir a la compra.

¡Esto sí que es tener una agenda apretada!

Son muchas las descripciones en los grupos que muestran cómo las mujeres cuidadoras desatienden sus propias vidas, cómo dejan aparcados sus deseos y ansias de disfrutar de su tiempo libre por ayudar a su familia. El siguiente testimonio es muy elocuente:

a las cuatro, acuesto a mi madre, a las cinco y media o las seis la levanto, le tengo que dar la merienda. Mi hija que viene a comer a casa, a lo mejor duerme un poquito, y levanto al niño que le he echado antes la siesta. Luego me bajo. Al salir dejo a mi madre sola, o con mi hija, y me bajo todas las tardes pues a sentarme un poquito allí en una terracita debajo de mi casa y nos… Yo… Yo me encantaba salir, porque salía muchísimo con mis amigas, pues eso, íbamos al teatro, íbamos a museos, íbamos a todo, a todo…, a conciertos, pues… Y yo también he sido monitora, yo he hecho muchas cosas de ocio, sin embargo no puedo hacer nada ahora.

Pero no solo se dedican al cuidado de sus nietos/as, sino que además siguen siendo unas madres dedicadas a sus hijas e hijos y hacen todo lo posible por facilitarles la vida. Así, cuidan a diario de sus nietos/as, atienden las tareas del hogar, y reciben a diario también a sus hijos/as a comer, es decir, su nivel de responsabilidad hacia su familia es constante:

llevo a la guardería a la de dos añitos y me quedo en casa con la de nueve meses, las tengo todo el día. Luego vienen mis hijas, comen, y luego ya se van a su casa. Servicio completo. Nos toca para todos los lados: las hijas y los nietos.

Mi hija hace diez años que se casó y no ha dejado de venir un día con los niños. Primero venía porque tenía que recoger a los niños porque yo los recogía del colegio y los llevaba a casa. Y ahora viene con la excusa de que no coma yo sola…

Apenas hay cifras que ayuden a cuantificar el inmenso aporte de las mujeres mayores en las familias españolas.

No cobran, no cotizan, no existen. Sin embargo, una encuesta del Ayuntamiento de Barcelona realizada el año 2000 entre hombres y mujeres mayores de 65 años arroja un dato revelador: las mujeres se quejan diez veces más que los hombres de la falta de tiempo libre. Esto se debe, probablemente, a que son ellas las que, pese a la edad, siguen cargando con el trabajo de toda la casa. De ellas depende la limpieza del hogar (59 % de los casos), realizar la colada (72 %), cocinar (76 %) y el cuidado de otros familiares (44,5 %) (Diario El País, 9 de mayo de 2004: 11).

Algunos datos más nos aporta la encuesta de Pérez Ortiz sobre el balance de cuidados que dan y que reciben las mujeres mayores españolas. Las necesidades de las mujeres mayores movilizan la ayuda de 690 000 personas pertenecientes a la familia, el 32,9 % son hijas, el 15,8 % cónyuges, el 5,5 % hijos, el 2,6 % nueras y el resto otros familiares; las cifras parecen indicar que mientras el esposo está disponible es el encargado de apoyar a las mujeres mayores en la realización de las actividades de la vida diaria. Y cuando este falta o no tiene capacidad suficiente él solo, se moviliza el resto de la familia, especialmente las hijas. Al mismo tiempo, las mujeres mayores aportan a su familia 366 000 cuidadoras de adultos y 842 000 cuidadoras de nietos. Como vemos, el saldo se inclina a favor de las mujeres mayores, que aportan un ejército de 1 200 000 cuidadoras, frente a las 690 000 personas del resto de la familia que atiende a mujeres ancianas dependientes (ibíd.: 205-206), que tampoco debemos olvidar que en su mayoría son también mujeres. Por tanto, las mujeres mayores aportan más cuidados de los que reciben.

Si está poco valorada y cuantificada la labor de las mujeres cuidadoras en general, la función de estas mujeres cuando son mayores está mucho más invisibilizada. La sociedad les debe un reconocimiento. Pero no cualquier cosa, sino como especifica el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología:

un reconocimiento a diferentes niveles: desde luego un reconocimiento social, pero incluso curricular. Se han hecho sugerencias y una persona que está cuidando a su madre con Alzheimer y ha estado seis años, esa persona debería tener un reconocimiento social y curricular de que es experta en cierto tipo de cuidados, por ejemplo, con ayudas laborales, con ayudas económicas si procede, etc. En lo que estamos totalmente de acuerdo es que es una labor invisible poco reconocida.

Las mujeres mayores de 65 años han hecho una revolución, pero la han hecho en silencio, sin que nadie nos diéramos cuenta, por eso, como tantos otros logros promovidos por las mujeres, no se contará en los libros de historia. Ni siquiera el feminismo se ha percatado en su justa medida de la función de las mujeres mayores. Son las grandes olvidadas. Ya se está hablando de la crisis del cuidado, porque las mujeres con empleo no van a renunciar a él para cuidar de la familia. Pero este cambio de mentalidad se ha orquestado en la propia familia, gracias a que las mujeres mayores con su esfuerzo y entrega lo han facilitado. Es importante destacar, porque es notorio y los datos aquí presentados lo avalan, que las mujeres mayores han sido uno de los motores del avance de las mujeres en el siglo XX, que no es comparable, al menos de momento, con lo que ha hecho el Estado, ni mucho menos lo que han hecho sus homólogos varones, ambos poco convencidos de tener que cambiar para conseguir que la vida de las mujeres tuviera la misma calidad que la de los hombres. Ha llegado el momento de devolverles lo que se merecen: un tiempo propio para ellas, unos recursos públicos adecuados y un reconocimiento social a su altura.

El envejecimiento activo y el empoderamiento de las mujeres mayores tiene que venir —ya está empezando a hacerlo— por la promoción de su inclusión social a través de su reconocimiento y su capacitación en todos los ámbitos que han tenido negados históricamente: actividades formativas, lúdicas, creativas, tecnológicas, comunitarias, etc. Eso significa precisamente empoderar «capacitar» y «dar poder». Ni más ni menos que empiecen a beneficiarse de su propia revolución y que sigan estando activas, no solo en beneficio de los demás, sino también y, sobre todo, en el suyo propio. Para ello sería necesario fomentar el asociacionismo y su participación en la comunidad. Como dice la presidenta de la asociación de mujeres del ámbito rural (AFAMMER):

(las mujeres mayores) deben comenzar por reconocer sus propios valores, su capacidad para llevar adelante proyectos y actividades varias, para entrar a formar parte de un grupo, de una Asociación, que refuerce la vivencia de situaciones similares a las propias, para que puedan apreciar la «fuerza» que transmite el grupo, y mejorar la experiencia del apoyo mutuo, para después tener la capacidad de identificar y reconocer las condiciones en las que se desenvuelven, y poder ejercer el control sobre su propia vida.

El empoderamiento a través de la participación y el asociacionismo

A la luz de todos los datos presentados en estos apartados, podríamos concluir que muchas mujeres mayores viven su vejez —muy larga para la gran mayoría de ellas— con más sombras que luces. Sin embargo, nuestro estudio etnográfico confirma lo ya encontrado por otras autoras y autores, y es que muchas mujeres de edad, con mayores o menores ingresos; con más o menos familia cerca de ellas; viudas, casadas o solteras; con más o menos nivel de formación; en zonas rurales o urbanas, «merecen más admiración que conmiseración, proporcionan más asistencia y cuidados de los que reciben y su manera de enfrentar la madurez y la vejez les proporciona ventajas frente al hombre» (Pérez Díaz, 2000: 14).

Nuestro estudio sugiere, al igual que otros, que los roles de género tradicionalmente femeninos que han representado las mujeres que actualmente son mayores están mejor adaptados para vivir la etapa de la vejez que los roles típicamente masculinos. Y encontramos que la felicidad para muchas de estas mujeres pasa cada vez más por desarrollar un proyecto personal en el que la familia es una fuente importante de satisfacción (esposo, hijos/as, etc.), pero no lo es menos la relación de amistad que se establece con otras mujeres y la conquista de un espacio y tiempo propios para ellas mismas. Por eso, en la vejez, las redes de soporte mutuo suelen ser más fuertes entre las mujeres mayores que entre los hombres, así como las relaciones intergeneracionales. De hecho, «hay indicios de que el matrimonio resulta más beneficioso para los hombres ancianos que para las mujeres» (Scott y Wenger, 1996: 223). En estudios realizados en Gran Bretaña, se descubrió que el matrimonio encierra un potencial para incrementar el tamaño de la red de apoyos, aunque esto era más aplicable en el caso de los hombres que en el de las mujeres, ya que las viudas y las solteras tenían redes de apoyo de tamaño similar al de las mujeres casadas, mientras que los hombres solteros solían tenerlas más reducidas y las de los hombres casados solían reducirse cuando enviudaban. Estos datos muestran cómo las mujeres mayores viudas están a menudo más integradas socialmente que las parejas mayores, aunque sufran más soledad y depresión.

De todas formas, en nuestro estudio etnográfico también hemos encontrado que la soledad es un sentimiento que manifiestan muchas mujeres viudas, sobre todo las que tienen más edad, que ya han criado a sus hijos/as y a sus nietos/as y ahora se encuentran solas en sus casas.

Es una ansiedad que se me pone y no hay días que no llore yo por la mañana o por la tarde. Y que yo me acuesto…, me acuesto a la una o la una y media, digo: «me voy a acostar», y yo pensar en la voz ronca, de no hablar con nadie, de… Es que no hablo con nadie. Si llama mi hija por teléfono…, nada más; es que no hablo con nadie. La vecina se cree, la de enfrente, que no estoy.

Aunque estas mujeres viudas sienten más la soledad, disponen a su vez de más libertad para hacer lo que desean que las mujeres casadas. Como nos cuenta en su entrevista la Catedrática de Psicogerontología de la Universidad de Granada:

Yo creo que hasta ellas mismas (las mujeres viudas) a veces se sorprenden de lo que son capaces de hacer todavía, de esas iniciativas ocultas que llevan dentro […] yo creo que una de las cinco o seis cosas que son clarísimamente positivas en un envejecimiento saludable es la de potenciar en la vejez las relaciones sociales.

Para estas mujeres viudas, pertenecer a una asociación es una de las maneras más accesibles para superar la soledad. Se sienten cómodas y comprendidas por las demás compañeras, además la asociación les obliga de alguna forma a salir de casa y a realizar actividades en grupo. Es un revulsivo contra el aislamiento social: «La asociación consigue sobre todo una cosa: que no te quedes en casa».

Hay que añadir que gracias a la asociación aumentan considerablemente sus redes de apoyo, tanto para aliviar la soledad como para la prestación de cuidados. La familia es la familia, pero a veces no dispone del tiempo libre necesario para atender las necesidades de estas mujeres, y ellas prefieren muchas veces pedir ayuda antes a amigas de la asociación que a sus propios hijos e hijas, para quienes no quieren suponer una carga:

… mujeres que no se conocían de nada viviendo en el mismo barrio y viéndose todos los días pasar por la calle y hoy son amigas. Y particularmente conozco a algunas que te podían contar lo acompañadas que están, si se ponen malas…, que se sienten acompañadas, si tienen que quedarse en el hospital se queda en el hospital, si hay que llevarla al hospital se la lleva al hospital.

En cuanto a las actividades de ocio, estas las realizan más con su grupo de amistades que con su familia. Entre las actividades más compartidas por todas las participantes de los grupos de discusión está salir a tomar algo por la tarde a una cafetería, acudir a la parroquia, y en menor medida ir a espectáculos como el cine o el teatro. Por supuesto, para las que pertenecen a una asociación o acuden a un centro de mayores, es muy regular la asistencia semanal a actividades que se programan, ya sean formativas o recreativas. Una diferencia clara que aparece entre los grupos de discusión es que las mujeres que todavía ayudan diariamente en el cuidado de nietos/as o que reciben a diario a sus hijos e hijas a comer, son los fines de semana cuando salen con sus amigas o realizan actividades dentro de las asociaciones. Sin embargo, las mujeres que no tienen esta responsabilidad con sus hijos/as y nietos/as a diario, es precisamente el fin de semana cuando los reúnen en su casa para comer y salir juntos. Para estas últimas, la semana se centra más en lo que ellas desean hacer.

El asociacionismo y la participación les ha abierto un abanico de posibilidades formativas y recreativas mucho mayor del que han tenido a lo largo de su vida. E incluso relacionales, porque ha aumentado su red de apoyo con amistades de gran valor para ellas. En la narración de las actividades que realizan, podemos encontrar verdaderamente el sentido del concepto de «empoderamiento». Gracias al asociacionismo y a la participación en actividades que se organizan a través de entidades públicas como ayuntamientos, casas de cultura, instalaciones deportivas, estas mujeres están ampliando su capacitación y su visibilización ante la comunidad, la administración, e incluso adquieren mayor consideración dentro de sus propias familias porque se muestran emprendedoras, activas y comprometidas.

Ahora es cuando tengo tiempo libre. De tres años para acá. Entonces yo ya empecé a entrar en grupos, a hacer voluntariado, y por ejemplo las mañanas yo iba donde me daba la gana. He visto cantidad de museos, he visto cantidad de cosas, he hecho montones de excursiones…

Nosotras cogemos un autobús y lo llenamos con cincuenta mujeres de la asociación y nos vamos de excursión o nos vamos a unas jornadas de mujeres.

Nosotras no paramos. Por la tarde pues nos apuntamos… Si hay el aula de la mujer, que hay una charla de esto, que la asociación de mujeres tiene otra cosa…, y en fin, que no te da tiempo; ya tienes que borrar la mitad… vamos a manualidades a pintar en tela… En fin, hacemos muchas cosas.

Este empoderamiento además fomenta su interés por cuestiones vigentes y por conocer todo lo que las rodea. Posiblemente, durante sus vidas no tuvieron tiempo de ver casi ni lo que pasaba en el mundo y ahora son capaces de opinar sobre lo que ven y leen: «A mí me gusta mucho moverme, me gusta mucho la política, me gusta la economía, me gustan las cosas sociales, yo me como los periódicos y me gusta estar al día».

Pero no todas las mujeres mayores llegan a tener esta presencia social. Solo es propiedad de las que se han cuestionado su papel en la vida, reducido al espacio del hogar y de las tareas de atención y cuidado que en él se realizan, para dar el salto a tener una vida propia, a cumplir sus propios sueños y a imaginar lo que son capaces de hacer. Para muchas de estas mujeres, precisamente el contacto con otras, el formar grupos o asociaciones ha contribuido de manera espectacular a que se produjera ese cambio. Lo ha facilitado. Estos mismos resultados se muestran en la investigación que Mercè Pérez Salanova realizó sobre las prácticas sociales de mujeres mayores que ocupan posiciones de responsabilidad en asociaciones de distinto tipo, y que ponen de manifiesto la importancia que reviste para algunas de estas mujeres «la posibilidad de preguntarse acerca de su vida, de interrogarse sobre lo que han sentido y sienten como también sobre lo que quieren. Esas preguntas son las que permiten abrir la puerta y salir de casa para descubrirse haciendo cosas diferentes. Formularse esas preguntas es el camino por el que algunas mujeres llegan a decirse a sí mismas “ahora me toca a mí”» (Pérez Salanova, 2008: 215). De esta manera, están redefiniendo muchas mujeres mayores sus roles en la vejez.

3. Conclusiones

Como hemos visto a lo largo de estas páginas, hay dos pilares sobre los que se debería asentar el análisis de la nueva era global: la perspectiva de género y las repercusiones del envejecimiento de la población. En cuanto a la perspectiva de género, esta recibe cada vez más apoyo en el diseño de las políticas nacionales y los acuerdos internacionales, ya sean sobre desarrollo, medio ambiente, población, derechos humanos, etc. En cambio, las repercusiones del envejecimiento de la población, no se tienen suficientemente en cuenta en los diseños sociopolíticos. Y de manera muy reciente se está comenzando a abordar el envejecimiento de la población desde una perspectiva de género, ejemplo de ello en España es la aprobación del Sistema para la Autonomía personal y la Atención a la Dependencia.

Lo cierto es que este aplazamiento en el abordaje de los temas relacionados con las personas mayores ha tenido consecuencias negativas especialmente para las mujeres. En primer lugar, para las mujeres de edad avanzada que tienen una esperanza de vida mayor que los hombres y por ello más posibilidades de vivir durante más años situaciones de dependencia, viudas, solas y con insuficientes recursos económicos y sociosanitarios. Y, en segundo lugar, para el resto de mujeres adultas que se han visto abocadas a dar soluciones al cuidado y atención de las personas ancianas dependientes, en su mayoría también mujeres, a expensas de su propia calidad de vida. Lo que los gobiernos y la comunidad internacional no han resuelto hasta fechas muy recientes, lo ha tenido que asumir la mujer como un problema personal, ya que ha sido quien tradicionalmente ha cumplido una función social importantísima como eje de los cuidados de los niños y niñas y personas adultas y ancianas dependientes. Este rol social atribuido por género a las mujeres, hoy en día es tímidamente cuestionado por la sociedad en su conjunto, a pesar de ser uno de los ejes centrales en la lucha feminista por la igualdad.

A su vez, como contrapartida, el papel de las mujeres en este proceso no ha sido el de sujetos pasivos. Los movimientos emancipatorios de mujeres han encontrado algunas oportunidades para la construcción de nuevas relaciones de género y han resultado ser un motor de cambio que ha cuestionado la exclusión de las mujeres de la vida pública y se han convertido en una fuerza globalizadora en sí misma. Su influencia ha ido desde «las dinámicas que estructuran la cotidianidad —espacio vivencial y simbólico donde las personas articulan y ordenan su itinerario entre la vida privada y los espacios públicos— hasta las agendas públicas, los espacios de negociación política y la institucionalización pública y estatal» (Guzmán, 2002: 8). Estos movimientos han conseguido protagonismo en la agenda política global y han presentado cuestiones que han promovido un cambio social «en cuanto amplían y enriquecen las formas de hacer política, la concepción de la ciudadanía y de los derechos y la relación entre los Estados y gobiernos supranacionales y sociedad civiles» (ibíd).. El papel del movimiento de mujeres en las sociedades modernas se ha constituido en sí mismo en un fenómeno globalizador que ha ejercido una fuerte presión de cambio sobre las instituciones.

Concretamente las asociaciones de mujeres, incluidas las de mujeres mayores, como nos cuenta en su entrevista la presidenta de la CONFAV: «están pendientes de todo lo que les incumbe, están pendientes de todo. Antes las mujeres solo decían amén a todo y no vivían. La mujer —ya sea joven o mayor— vive con otro aliciente, con otras ganas de luchar». Además, se han hecho visibles ante las administraciones públicas como beneficiarias de iniciativas que mejoran su integración social y como interlocutoras con capacidad para presentar sus demandas, necesidades y contribuciones a la comunidad. El beneficio sobre las mujeres mayores en general es evidente, ya que a través de estos movimientos sociales, la planificación política comienza a tener en cuenta a este colectivo invisibilizado cuyas necesidades como mujeres mayores permanecen en su mayoría ignoradas por las administraciones.

Hay que destacar que estos grupos de mujeres que pertenecen al movimiento asociativo han puesto de manifiesto las interacciones que existen entre las normas y convenciones que regulan el orden de género y el orden económico. Se han constituido en un factor de presión importante para el debilitamiento de las convenciones que han ignorado, por ejemplo, cuestiones tan invisibilizadas como el valor del trabajo doméstico o la contribución de las mujeres al desarrollo, que afectan de manera especial al colectivo de las mujeres de edad, cuya labor se ha desarrollado mayoritariamente en el ámbito privado (ibíd., 23). Especialmente las organizaciones de mujeres mayores han contribuido a la reformulación de sus identidades sociales y, al poder hablar con su propia voz, empiezan a ser reconocidas como sujetos políticos. Y para que todos estos esfuerzos no se vean ensombrecidos, habrá que poner mucho cuidado en que el Sistema para la Autonomía personal y la Atención a la Dependencia, que se ha puesto en marcha en España en el año 2007, y que supone un avance muy importante para los derechos de las mujeres mayores, no refuerce el imaginario social —ampliamente criticado en este capítulo—, que establece una relación directa entre vejez y dependencia y que a través de esta Ley puede añadir además el vínculo «dependencia-discapacidad-enfermedad» (Agrupación de Madrid del Forum de Política Feminista, 2008: 41). Por ello, tendremos que poner todo el énfasis posible en hacer visible a la sociedad en su conjunto y a los poderes públicos en particular, que las personas mayores y especialmente las mujeres de edad, no son solo receptores y receptoras de beneficios sociales, sino artífices del propio cambio social.

Como conclusión final y desde mi posición como gerontóloga feminista, los resultados de nuestro estudio etnográfico avalan la necesidad de tener en cuenta las siguientes cuestiones a la hora de diseñar las políticas sociales:

La adopción de un enfoque que tenga en cuenta las relaciones de género en la vejez y muestre la heterogeneidad del proceso de envejecimiento entre mujeres y hombres, para romper definitivamente con el modelo patriarcal y unívoco que ha invisibilizado a las mujeres mayores.

Invertir los recursos necesarios para hacer realidad la compatibilidad de la vida laboral y familiar, así como impulsar el desarrollo en todo el territorio nacional del Sistema para la Autonomía personal y la Atención a la Dependencia. Con un doble objetivo: para que las generaciones de mujeres jóvenes puedan desarrollar una carrera laboral que les posibilite disponer de recursos propios en la vejez, y para que las mujeres que ahora son mayores no tengan que cuidar de manera intensiva y prolongada en el tiempo de niños/as pequeños/as o personas adultas y ancianas dependientes y puedan disponer de ese tiempo para sí mismas y su crecimiento personal. De manera específica, el Sistema de Atención a la Dependencia implica que el Estado se vuelca de manera decidida para que toda la población pueda hacer efectivo el derecho a atender sus situaciones de dependencia a través de servicios y prestaciones públicas «sin que esto tenga el correlato de que otra persona, normalmente una mujer de la familia, deba sacrificar sus expectativas vitales atrapada en la obligación de cuidar» (Agrupación de Madrid del Forum de Política Feminista, 2008: 40). Para conseguirlo, será necesario que la aplicación de este Sistema esté consensuado con las diferentes Comunidades Autónomas, para que se garantice su sostenibilidad y equidad en todo el territorio. Pero como algunas voces apuntan «va a haber, desde luego, un mínimo garantizado por el Estado central, pero la falta de ambición y de recursos con que comienza (este Sistema) nos indica que si no hay presión social vamos a estar muy lejos de lograr un sistema de protección con entidad suficiente para responder a las enormes necesidades que las situaciones de dependencia provocan en los individuos que la sufren y en las familias que afrontan, hasta ahora casi en solitario, el problema» (ibíd., 43).

Promocionar la participación y el asociacionismo de las mujeres de mediana edad, ambas como garantías para prevenir situaciones de dependencia, el fomento de un envejecimiento activo y la modificación de los roles tradicionales de género que tanto han perjudicado a las mujeres mayores de hoy como cuidadoras informales.

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Capítulo 5
El derecho a la movilidad libre y segura

Teresa del Valle

Para abordar una problemática desde los derechos humanos que afecta de manera diferenciada a las mujeres y a los hombres, se argumenta que, en el caso de las mujeres, el punto de partida es y debe ser el ejercicio democrático de la ciudadanía que, partiendo de la autonomía, defina la movilidad y reivindique la seguridad. Ello implica un análisis a distintos niveles: individual, grupal, local y global, y un planteamiento articulador entre distintos ámbitos de la vida social que van desde la realidad observable hasta aquella que aparece en las construcciones simbólicas y en el poder de los imaginarios. Así, se especifica, en primer lugar, el paso del Derecho como conocimiento al derecho sentido y vivido. En segundo lugar, se estudia la seguridad en las urbes a la luz de los conceptos y prácticas de seguridad reificados a través de los procesos de globalización. A continuación, se expone la relación entre visibilidad en el espacio de la ciudadanía y el derecho a salvaguardar el ejercicio de pertenecer a ella libremente. Se presenta, en cuarto lugar, la articulación entre violencia doméstica y violencia espacial, así como las contradicciones de la seguridad creada. Más tarde, se analizan distintas dimensiones de la importancia de la socialización como superador de la movilidad restringida en la que entran las referencias de modelos comportamentales. En sexto lugar, se habla de la movilidad forzada, de las circunstancias que la promueven y su efecto en las mujeres. Se insiste, a continuación, en que un planteamiento democrático a la movilidad libre y segura tiene que tener como punto de partida las necesidades de las personas y de los colectivos. Y, por ello, está en juego el grado de relación entre seguridad y control y el que seamos las mujeres las que definamos el tipo de seguridad y de movilidad que queremos y sobre quienes recaen sus definiciones, ejercicio y responsabilidades. Finalmente, se apunta a visiones positivas de elementos que favorecen la movilidad libre y segura.

Esta aproximación significa un paso más en la investigación que desde mediados de 1990 vengo realizando sobre espacio y género centrándome en el análisis feminista de la ciudad. A partir de la publicación de Andamios para una nueva ciudad. Lecturas desde la antropología (1997) he abordado problemáticas que quedaron esbozadas en dicha obra como es el tema del miedo, que afecta de manera explícita a las mujeres más que a los hombres. Otros temas han surgido del propio trabajo de campo, como es el de la visibilidad en sus distintas acepciones y el peso del imaginario.

A lo largo de estos años he continuado realizando observaciones en distintas ciudades, de las que resalto: Bilbao, Donostia, Barcelona, Granada, México D. F., Gotemburgo, Estocolmo. Otra fuente significativa de datos y de percepciones singulares proviene de 12 entrevistas realizadas a 3 chicos y 9 chicas entre los 18 y los 32 años, estudiantes y trabajadores provenientes de núcleos urbanos (Bilbao, Donostia, Gasteiz, Iruña), en 2004-2005. He mantenido una reflexión permanente, de manera que la información abarca más que el análisis de los datos recogidos. Presto mucha atención a las pautas que da la actualidad a través de los medios de comunicación como termómetro que refleja subjetividades momentáneas fruto de las situaciones sociales y políticas.

1. Del enunciado a la vivencia del derecho

La reflexión sobre la movilidad está presente en los planteamientos del urbanismo progresista del siglo XX. La Carta de Atenas publicada en 1942, que recoge las 95 decisiones tomadas para desterrar el caos de las ciudades (Diego, 1999: 179), «determina las necesidades humanas en el marco de la vida colectiva a través de cuatro funciones: vivir, trabajar, circular, cultivar el cuerpo y el espíritu». La ciudad progresista se divide «en zonas de trabajo, de ocio, de vivienda, de circulación. Una ciudad instrumento que se convierte también en ciudadespectáculo, armonía, arte y tecnología» (ibíd.: 184). Sin embargo, no hay ningún indicador en dicho texto de que la ciudadanía, que en todo momento se identifica con el término hombre, signifique una atención a necesidades diferenciadas que tengan que ver con el hecho de que la especie humana es sexuada. De ahí que sea tan importante la consideración del enfoque feminista, ya que introduce el análisis de los sesgos de la interpretación androcéntrica de la realidad social. Es muy interesante la lectura de la Carta de Atenas prestando atención a la presencia de las mujeres porque completa el panorama y actualiza el contenido de un documento clave para la comprensión de la modernidad (www.etsav.upc.es/).

A medida que avanza el análisis de las relaciones de poder incrustadas en los sistemas de género, emergen derechos que apenas se habían esbozado como tales. Así, en el año 2000 en la declaración sobre «Women in Urban Governance» de la International Union of Local Authorities (IULA) se incorpora lo siguiente:

Art. 15. Las mujeres tienen el derecho al acceso igualitario del territorio y de los espacios geográficos de los gobiernos locales, que va desde el derecho a poseer tierra, al derecho de moverse libremente y sin miedo en espacios públicos y en transporte público (www.unchs.org).

Sin embargo, no es suficiente el enunciado de un derecho ni aun el conocimiento de esfuerzos, legislaciones concretas que lo avalan, sino que es preciso insistir en la necesidad de llegar al derecho sentido que interactúa con el derecho vivido. Se trata de la ciudadanía que implica derechos y obligaciones y que, al convertirse en una práctica social, abarca el abanico de distintos grados de experiencia, con lo que conlleva de percepciones, sensaciones, emociones.

Representa un gran paso que va del enunciado lejano a la toma de conciencia. El derecho como algo sentido se ubica en la identidad de lo que una considera propio y en una conciencia de ciudadanía que tiene su expresión en prácticas concretas. En el caso de la movilidad libre y segura, tiene que ver con convencimientos sentidos del ámbito de actuación propio. De reclamar como persona lo que se precisa: para tener acceso a objetivos de trabajo, a la elección de donde se quiere residir; a las posibilidades que relacionan movimiento con trabajo, con ocio, con proyectos varios; a la capacidad de configurar grupos y de participar en sus dinámicas; al ejercicio del placer de recorrer, explorar. Tal como se desarrolla en este capítulo, el ejercicio del derecho a la movilidad libre y segura incide directamente en identidades y autoestimas, así como en el desarrollo y expresión de la autonomía y del empoderamiento. Así, profundizo en los contenidos de la toma de conciencia del Derecho, y para ello me centro en el campo amplio de lo que distintas entrevistadas entienden por libertad para poder verlo en relación con sus vivencias de la seguridad-inseguridad.

Para Maite, de 24 años, estudiante de Bilbao, el núcleo de la libertad es la capacidad para tomar decisiones. Presenta una gran complejidad porque hay «cosas que te van ocurriendo en la vida y que te hacen tirar para un lado o para otro, pero vas tomando decisiones». Y en las decisiones entran consideraciones laborales, estudios, familia. «Dentro de esos parámetros, está el poder moverme como yo quiera y el poder elegir lo que más se adapte a lo que a mí me gustaría ser».

Para Lourdes, la libertad tiene límites muy amplios. En el centro estaría la capacidad para ser tú misma que implica capacidad para ser autónoma. La asocia con «la capacidad de no tener nada que te prohíba hacer nada, de ir mucho a tu pedo y no tener que dar cuentas a nadie, de valerte por ti misma, que no tengas que tener prejuicios, ni juicios hacia otras personas, ni que tampoco los tengan hacia ti, simplemente ser tú misma».

Cristina asocia la libertad con temas de independencia de los padres: «De momento, con 18 años, tampoco tengo la libertad que quisiera, pero sí que para eso son bastante liberales».

Para Ane, la libertad es «estar sola, desconectar, no sé cómo decir, no sé como explicarte mi forma de libertad. Estar sola, hacer lo que te dé la gana, estar libre en algún sitio». Es evidente que su vivencia abarca el movimiento espacial. También la definición en abstracto y la experiencia de los impedimentos o de aquellas consideraciones que han de tenerse en cuenta: «… a ver, yo soy libre pero no soy libre porque me ata mi casa, mi hijo y mi marido. Claro, también en ese sentido puedes empezar a mirar y no soy libre, porque me atan mis horarios, mi hijo, mi marido, mi trabajo, y entonces no puedo hacer lo que me dé la gana, no puedo darme un paseo, cogerme un autobús e irme a Hondarribia a darme una vuelta, porque me ata eso».

Para Daniel, de 23 años, su libertad sería que «todo el mundo respetara lo que yo hiciera y nadie coaccionara mis movimientos y poder hacer lo que quisiera».

En aportaciones provenientes de un grupo de discusión mixto es evidente la asociación «con la independencia, el no tener que depender de nada y justificarte por nada; que nadie te juzgue, ni que tú juzgues tampoco, o sea, que cada uno pueda hacer lo que quiera sin tener que dar explicaciones de por qué lo haces».

Otra voz enfatiza el control espacial como una barrera: «Y también poder moverte con la libertad que tú quieras. Muchas veces no vas a un sitio por la hora que es, o porque es de noche, o porque tienes que pasar por tal sitio que no… que sola no irías. Y la capacidad de mantenerte también tú misma, de valerte por ti misma, para mí eso sí y luego poder pensar libremente con la menor influencia». También surge la complejidad de la práctica de la libertad, así como la necesidad de tener en cuenta las consecuencias ajenas de cada una de las opciones.

Yo es que casi no me condiciono, depende de cómo te lo tomes, o sea, sí que hay veces que dices no te gusta tu trabajo, tienes que quedarte en tal sitio por obligación, eso ya sí que te priva de libertad, pero si realmente es lo que decía antes, si te quieres valer por ti misma tienes que tener un empleo para que no tengas que depender económicamente de nadie, entonces depende de cómo lo mires; si te vales tú misma, en cuanto a tu trabajo, tienes tu dinero y te lo gastas como tú quieres, eso es una experiencia de libertad…

A través de sus comentarios sobre la libertad se ve que todas y todos la ven que radica en las personas. Supone un equilibrio frágil de respeto mutuo, de tolerancia, vinculado principalmente al beneficio individual. No aparece conexión con la vivencia de la ciudadanía. La libertad de movimientos está implícita y en algunos casos se menciona puntualmente.

2. Las caras de la seguridad y su relación con la movilidad, seguridad y visibilidad

Hablar de movilidad nos lleva a las experiencias del miedo real y también a la realidad de los imaginarios del miedo. Todo ello incide en la vivencia de las urbes. En la actualidad es la seguridad la que promueve o impide los movimientos de personas, colectivos, comunidades. Tal como expresa Ryszard Kapuściński (2004: 112) el énfasis en la seguridad es una de las señales de identidad de nuestro tiempo. Se quiere volver a la noción y experiencia de seguridad basada en la invulnerabilidad y se argumenta desde el poder, especialmente el poder ejercido por las grandes potencias (Estados Unidos especialmente) de que todo es moralmente bueno si se encamina a conseguir dicho fin. La libertad queda sometida a la seguridad (ibíd.: 125-126). En los últimos años y especialmente desde la guerra de Irak se ha producido una ruptura de límites locales porque el control de un espacio que trasvasa el poder de los Estados funciona de manera omnipresente, con los medios de comunicación como herramienta principal. Se toman decisiones de una envergadura similar a las que han pasado a la historia: las grandes invasiones, los procesos colonizadores, las guerras mundiales. Y ello por encima de la experiencia única del espacio que tenemos los seres humanos ya que «cada individuo tiene su propio mapa del mundo. El del niño no se parece al del adulto. El del tibetano que jamás ha abandonado su montaña nada tiene que ver con el de un habitante de Manhattan, encerrado en los desfiladeros de su ciudad» (Kapuściński, 2004: 103). Y por mi experiencia en Micronesia, en las sociedades insulares, tanto el espacio individual como el colectivo se experimentan, simbolizan y habitan de distintos modos. Pero es aún más evidente que en la mayoría de las situaciones las percepciones, experiencias espaciales de las mujeres reflejan las construcciones de género en las sociedades donde se insertan.

En relación con el estudio de la movilidad de las mujeres, es evidente que la dimensión más estudiada es la del miedo, tanto la que se define como real como aquella que se vive como experiencia aunque pertenezca a los imaginarios del miedo. En la mayor parte de los casos se refiere a la calle, y especialmente a lugares aislados, oscuros y en momentos de menor visibilidad: amanecer, atardecer, noche. Está muy presente en las grandes ciudades y actúa de elemento paralizador, de corte a la libertad, a la experiencia y a la aventura. No quiero establecer generalizaciones, pero sí que parece apropiado afirmar sobre la base de datos abundantes que muchas mujeres tienen un mapa específico de su mundo, en el que hay lugares a los que renuncian o por los que circulan porque forman parte de su vida cotidiana pero que en el fondo de su experiencia están mediatizados por miedos. Es lo que he definido en mi libro como espacios que nos negamos (Del Valle, 1997: 198-201).

Si se piensa globalmente, vivimos en un mundo con grandes diferencias en cuanto al acceso a los recursos. Se genera agresión desde los que tienen más: países, individuos. «La pobreza genera frustración y la frustración siempre busca su “tubo de escape” en la agresión» (Kapuściński, 2004: 112). «La creciente desigualdad penetra todas las esferas de la existencia humana. Empieza en el seno de la familia: las mujeres y los niños lo tienen todo mucho más difícil que los hombres, cosa que se acentúa en situaciones de conflicto, sobre todo de guerra» (ibíd.: 113). Nos encontramos con un fuerte dilema. Cada vez más, y especialmente a partir del 11 de Septiembre, la seguridad se sustenta en el control. Simultáneamente, la ideología del sistema democrático se apoya en la libertad. Los países que son y los que aspiran a situarse en el centro del orden mundial quieren controlar a las personas, sus movimientos, lo mismo que a las principales fuentes de riqueza. Y en nombre de la libertad van estableciendo los límites para su seguridad: personal, estatal y la seguridad del control de los recursos como es el petróleo. De ahí que pretender que la seguridad va a venir del Estado es también darle el permiso para ejercer un control. Esto, como se verá más adelante, tiene también su aplicación a la seguridad en la movilidad como derecho humano desde la perspectiva de las propias mujeres.

En el análisis de las relaciones de género interesa ver que la fluidez en la ocupación temporal, permanente, referencial del espacio tiene relación con el ejercicio de la ciudadanía y que esta se basa en el reconocimiento de derechos que se promulgan y se ejercen. Para ello interesa observar las condiciones y lugares donde se elabora y ejerce la ciudadanía. Va unido a la sobredimensionalidad de la figuración como elemento que actúa de barrera para el ejercicio real. Tiene una relación directa con el peso que tiene tanto la ideología como la práctica del binomio público-privado, ya que define y sustenta asignaciones fijas que encierran representaciones, tareas, valoraciones que marcan diferencias básicas entre hombres y mujeres. El binomio está por encima de variables como clase social, edad, inserción laboral, ideología.

La plaza pública —ágora, foro, parlamento…— es, en el discurso feminista, el lugar metafórico de la exclusión de las mujeres del poder en la ciudad. Exclusión o infravaloración de las mujeres de «carne y hueso», pues el espacio público, y sobre todo político, está lleno de figuras femeninas creadas por los hombres (figuras míticas, representaciones femeninas alegóricas —de la patria, de la república, de la nación, de la libertad—, representaciones de virtudes y valores colectivos —la paz, la fecundidad, la virginidad, etc.—). Las mujeres están representadas, es decir su ausencia se convierte en presencia por el artificio del signo, su voz se sustituye por el gesto (Ballarín Domingo y Martínez López, 1995: 8).

Se cultiva la figuración de la mujer y por ello se la ubica en el simbolismo. Pero estas presencias alegóricas llevan a la reflexión de lo que sus enunciados contradicen. Porque las mujeres no están y cuando lo hacen, en pocos casos tienen autoridad y, poder sobre lo que representan, por ejemplo en los parlamentos, senados, en los estamentos del poder judicial, en las presidencias ejecutivas. Y los valores de fecundidad no se traducen en la asunción generalizada de la reproducción como una responsabilidad individual y social. Tanto desde preceptos culturales como religiosos es frecuente ensalzar la virginidad para controlar la sexualidad y la reproducción de las mujeres en aras de las continuidades dinásticas, de linajes. Todavía la virginidad sirve en muchas situaciones para imponer al cónyuge y con ello formas de vida injustas. Dos películas: Contra la pared y Solo un beso y el libro Ni putas ni sumisas (2004) muestran desde ángulos diferentes la relación entre el control de la sexualidad de las mujeres, y por ello de la reproducción, y el mantenimiento del prestigio social de familias y comunidades. Es lo que en la cultura mediterránea se ha teorizado como el honor y la vergüenza (Peristany, 1968).

Es de interés la utilización de la expresión del patio a la plaza para expresar los cambios acaecidos en las vidas de las mujeres en relación con un descenso en la importancia del espacio doméstico que simboliza el primero y la presencia y el protagonismo en los espacios de decisión, influencia, prestigio. Mucho de ello se transmite a través de las instituciones (Martínez López, 1995: 18). En la actualidad, los medios de comunicación (prensa, televisión, radio, Internet) forman parte de ese espacio público. Y lo que es más importante: en la tradición mediterránea, la presencia activa es la que crea la ciudadanía (ibíd.: 19-24). No es que en el espacio doméstico todo lo que se negocia, se comparte, se decide se quede ahí o que solo afecte a ese ámbito. Lo que sucede es que todavía hay fuertes resistencias, bien para evitar que trascienda o, si lo hace, quitarle importancia. Permanece la dicotomía ideológica entre lo doméstico, interior, familiar, y lo público, exterior y relacional. Los cambios que se están dando respecto al reconocimiento de la realidad de los contenidos institucionales y políticos del espacio doméstico se están produciendo desde la presión en la política y en las instituciones. Ejemplos de ello son: la Ley de violencia de género; las políticas públicas encaminadas a articular la vida laboral con la vida personal. Son muestras incipientes de que para que se reconozca la falta de equidad tiene que llegar a las instituciones y a la definición de políticas eficaces. Ello requiere y produce visibilidad, el uso de la palabra en público, así como el abanico de acciones que lleven a ello. Y con ello aparecen los resultados positivos de la rebeldía contra la invisibilidad. En este sentido, todo aquello que tiene que ver con la salida al exterior del miedo experimentado y definido desde las mujeres, así como el contraste con aquel que definen y experimentan los hombres y las mujeres, es clave.

Un segundo apartado relacionado con la práctica de la ciudadanía se refiere a aquellos mecanismos que hacen que aquello que estaba escondido se haga visible. Con ello se trata de descubrir aquello que impide que aflore la violencia de manera que quede expuesta en su crudeza. Lo mismo puede decirse de todo aquello que pueda contribuir a crear situaciones de inseguridad. Implícito en este proceso está el estudio de los contenidos de los imaginarios entendidos como mecanismos poderosos de convencimiento de existencias de amenaza. Pero también de las condiciones, elementos que pueden ayudar a superar las situaciones de oscuridad, los lugares amenazadores, las experiencias espaciales de arrinconamiento, las construcciones que no permiten salidas. Muchas de estas características han ido apareciendo a medida que la crítica feminista ha puesto de manifiesto las contradicciones provenientes de una negación, invisibilidad de una problemática.

Tal como afirma Monique Membrado: «La demostración de la “invisibilidad” de las mujeres y la necesidad de sacarlas a la luz en el seno de los diferentes espacios sociales son parte del desarrollo y las apuestas de la investigación feminista» (1995: 221). En el proceso se ha prestado atención a las tareas que desarrollan las mujeres en la esfera doméstica y en la atención de los hijos/as mientras que las tareas que desempeñan las mujeres como cuidadoras de personas mayores están todavía en su proceso inicial de cierta visibilidad. Es de notar que a partir del cambio de enfoque de la crítica feminista que toma como objeto de estudio las personas, las relaciones en las que están inmersas, el contexto donde desarrollan sus tareas, se abre un mundo que permanecía invisible bajo el peso del afecto. En la actualidad, el cuidado en su amplio espectro y en concreto el que se refiere al cuidado de mayores y dependientes entra en el campo de estudio de la antropología, la sociología, la psicología. Y se profesionaliza a través de la gerontología, los servicios sociales. A medida que adquiere mayor visibilidad se diversifica el campo, pero estamos todavía en los primeros estadios de afrontar una problemática acuciante porque la población mayor aumenta a un ritmo superior de lo que asumen las políticas públicas. Dicho retraso incide negativamente en la fijación de las responsabilidades en manos de las mujeres.

3. Violencia doméstica y violencia espacial

Existe una relación entre la violencia doméstica y la violencia espacial. La percepción de la interconexión varía entre las personas jóvenes entrevistadas. Para algunas, se enmarca en el contenido general de la violencia de género: aquella dirigida específicamente contra las mujeres que conlleva objetivación, verlas como seres inferiores. «Sí, lo que tú comentabas que la mayoría de las veces las agresiones que sufrimos las mujeres cuando vamos a casa solas, o no, son una cuarta parte quizá de lo que sufre una mujer que padece violencia de género, pero en el fondo es lo mismo, es una agresión sexual». También aparece la conexión con la noche, con lo que he denominado en otro escrito cronotopo general (Del Valle, 2000). «En cierta manera sí, porque la mayoría de actos violentos que se cometen de noche contra las mujeres, suelen ser actos de violencia sexual, muchas veces, o violencia física, vamos, violencia de género, entonces sí que está un poco relacionado». El puente más concreto que establecen sería el del miedo a la agresión sexual y específicamente a la violación en la calle y la agresión física en el medio doméstico.

Se da un asentimiento generalizado respecto a las secuelas que puede dejar la violencia doméstica y sus efectos inhibidores en la movilidad espacial.

A esa mujer yo creo que le daría más miedo el volver a tener una relación con un hombre, a ir por la calle. Sí hombre, una vez que te pegan y casi te matan pues te tiene que dar miedo todo, ya te tiene que dar miedo hasta estar sola en casa. Si el susodicho está en la calle, primero por miedo a encontrártelo por la calle; eso sí que les puede afectar, pero sobre todo al principio. Yo creo que después es mucho más fácil superar el miedo a salir a la calle, a ir sola por la calle, al hecho concreto de volver a tener una relación con un hombre. Una persona que ha sido violada, o a punto de ser violada, sí que le tiene que cortar muchísimo más salir a la calle sola. Pero vamos, sí, en ambos casos y sobre todo al principio.

Otra chica afirma respecto a la relación entre ambos tipos de violencia:

Yo por ejemplo no lo relacionaría, pero una persona que sí que lo ha pasado, pues seguramente sí lo relacionaría y tendría más precauciones y más miedos… Te puedes encontrar a la persona más maravillosa del mundo, un día por ahí de fiesta, o te puedes encontrar con el mayor hijo puta que hay en la tierra, o sea, es cuestión de azar.

Se resalta el peso o la influencia que produce una relación de violencia continuada.

Si ha estado no sé cuánto tiempo con un tío y le ha hecho la vida imposible, le ha dado malos tratos, siempre va a tener la percepción de que todo hombre es igual, o sea: que le va a hacer daño, que va a ir a por ella…

También hay quienes no han pensado en ello y hasta que no ha salido en los medios de comunicación tenían una idea muy difusa y lejana de la violencia doméstica y por ello separada de la violencia que puede darse en la calle. De hecho, expresan que para ellas influye más lo que pueden conocer de casos de violencia contra chicas jóvenes que se den en la calle que fuera de ella. Para Maite,

la violencia doméstica ha existido toda la vida, pero no sé por qué razón ahora ha salido más, así que no creo que el miedo que tenga yo ahora a andar por ciertos sitios, a volver a casa sola, venga por eso. Yo soy de la época en la que cuando empecé a salir, te dejaban salir un poquito, ocurrió todo el tema de las niñas de Alcácer, así que seguro que eso ha influido muchísimo más que las muertes por violencia doméstica.

La violencia doméstica te puede afectar igual más en la relación con los hombres, que no creo que sea el caso, pero yo creo que ahora mismo podría afectar más en eso, y el hecho que decías de las niñas de Alcácer pues sí que ha podido influir a la hora de volver a casa y de no hacer autostop y de una serie de cosas.

Las que tienen una visión más positiva del despliegue mediático se refieren a que ha llevado a definir leyes y a establecer políticas públicas de prevención por dar a conocer situaciones explícitas de riesgo. «Antes igual tú pensabas que eran tres porque solo salían tres en el periódico, o en el telediario, y resulta que había trescientas detrás que antes no salían y ahora salen». Pero también incide en que se tiende a frivolizar y a crear morbo. «Si antes había los mismos casos que ahora, ahora se oye mucho más y eso también da, no sé, yo siempre he creído que da ideas, o sea, si antes eran solamente tres tíos los que rociaban de ácido a su mujer, ahora por el eco que se hace en la televisión igual ya son quinientos».

Luchar contra la violencia de género encierra un esfuerzo constante para erradicar su invisibilidad. La aproximación a dicha problemática encierra socialización en la igualdad, los recursos para paliarla y las políticas de custodia y ayuda cuando acontece. Se ha producido inicialmente la rebeldía mediante la ruptura del silencio, la aproximación relacional y la visibilidad. La fisura en el silenciamiento acontece cuando un hecho que, en vez de quedarse reducido de manera que se avergüence la mujer que lo sufra y del que le quede además una secuela de culpa por haberlo padecido, llega a considerarse un problema social. No ocurre de manera espectacular, ya que la fisura como grieta longitudinal es una metáfora de un cuestionamiento inicial a una situación cerrada. Es evidente que la película de Icíar Bollaín Te doy mis ojos contiene una mirada escalofriante de lo que representa la violencia. De hecho, me sigue acompañando a pesar del paso del tiempo. Lo atribuyo a la habilidad de la directora para captar los dobles vínculos tejidos no solo por el maltratador, sino por la cotidianidad de las relaciones sociales que buscan el ocultamiento de situaciones límites, telas de araña de las que es tan difícil escapar. Directora y artista transmiten de una manera condensada la vejación ejercida sobre las mujeres, no porque piensen distinto, sino porque así se reconocen como personas y como seres sociales. Ahí están condensadas las vejaciones de las violaciones durante las guerras y números incontables de agresiones soterradas.

Se ha escrito sobre el miedo de las mujeres a las agresiones en la calle, mientras que se ha ocultado más el maltrato en el ámbito doméstico; se ha visto separado lo que está concatenado. Puede atribuirse a que la ideología dominante ha cultivado la sacralidad de las relaciones familiares. Para una mujer, hablar de maltrato es muy difícil: el desvelar las agresiones rompe con la idea aceptada como general de la familia como lugar donde prima el afecto y el apoyo incondicional. Un segundo logro de la película es la de transmitir la inseguridad y el miedo al lugar de la agresión que se concretiza en el miedo de la agredida a volver a casa. Creo que solo una mujer que haya escuchado la narración, la confidencia de lo que eso supone, es capaz de transmitir el horror, como lo hace Bollaín, a abrir la puerta. O si está ella en casa, el miedo profundo al momento en que se oye la llave en la cerradura. Y difícilmente esa mujer podrá elaborar una convicción del derecho sentido a la movilidad libre y segura y exigirlo en los espacios de la ciudadanía. Sin embargo, al hablar de miedo, inseguridad en la calle, estamos incidiendo de manera positiva en denunciar la violencia doméstica. Es más fácil visibilizar la violencia en el espacio más neutro de la calle porque la visibilidad desde el ámbito doméstico y familiar es costosa.

Es muy difícil para una mujer hablar de maltrato, de ahí que cuando sale a la luz a través de un episodio grave, la mayor parte de la gente muestra sorpresa porque no sospechaba que pudiera darse. Se debe a que genera tensión porque la violencia viril aparece contrapuesta a la consideración amable de la familia y a las relaciones que debiera generar. La visibilidad evidencia la ruptura entre el rol de la mujer eje y dadora de cuidado y la realidad de ser víctima del desamor y la crueldad. Se constata la ruptura a un nivel personal, ya que el maltrato origina una tensión entre la experiencia positiva que debe tener la mujer de la familia y la que ella experimenta; entre la idea de la familia unida donde prima el afecto y el apoyo incondicional, y la constancia de la posesión generizada. A un nivel más amplio, la tensión surge de las expectativas socioculturales que erigen a la mujer en elemento de cohesión y armonía y la realidad de que, para poder salir de la situación de maltrato, debe airear aquello que lleva a la ruptura y a la desarticulación. También aparece la tensión entre la complejidad estructural del problema de la violencia y el de la presión social que insiste en considerarlo como un problema personal que debe pesar solo sobre la víctima. A ello ayuda la base de culpabilidad sobre la que se asienta la indefensión que suele experimentar la víctima de malos tratos. Se habla de que no es políticamente correcta la agresión hacia las mujeres pero se dice poco de todo aquello que de manera directa o indirecta puede ser caldo de cultivo: la educación sexista, el chiste soez, la exaltación de una masculinidad hegemónica, la consideración de la mujer como propiedad del varón, la exclusión de las mujeres de espacios, festividades, representatividad. La violencia contra las mujeres, como muchas investigadoras y algunos investigadores vienen demostrando, es compleja, pero no puede reducirse al desenfreno individual producto de energías incontenibles. Tiene componentes estructurales provenientes de cómo se han ido tejiendo las relaciones entre hombres y mujeres dentro de un sistema de dominación. Y para ello solo hace falta leer sobre el movimiento feminista que ya desde comienzos de los años 80 del siglo XX planteó la necesidad de sacar al espacio público una realidad oscura y silenciada porque se situaba en lo privado. De ahí la consigna histórica ninguna agresión sin respuesta.

Mientras que toda una literatura apoya la importancia que tiene la mujer en el ámbito doméstico y familiar y habla de poderes, influencias, existe ya una corriente bien establecida que analiza la visibilidad desde los derechos implícitos y explícitos en el concepto y en la práctica de la ciudadanía. «Si la democracia se puede definir como pacto social y político, por tanto público, para el gobierno racional y pacífico de los individuos, poco han podido pactar las mujeres, ausentes de los circuitos de poder donde se negocia una Constitución o una ley básica para todos» (Calvo Poyato, 1995: 276). Pero esto que siempre ha resultado ser el argumento principal, se ha visto que tiene que verse en relación con otro pacto que implica las diferencias reales o culturalmente creadas por hombres y mujeres en el contexto de las relaciones afectivas, el sexo, las relaciones familiares, el lugar que ocupa todo ello en sus axiologías vitales, la energía psíquica, el tiempo real que dedican mujeres y hombres. Todo ello genera un uso y abuso de los hombres para vivir en otra escala de valores que les facilita el ejercicio de la libertad, la movilidad, experimentar la libertad y todos los beneficios y apoyos psíquicos y materiales para ejercer altos grados de autonomía (ibíd).. Por ello es imprescindible la conciencia de género que busca el sentir apoyos emocionales fuera de los círculos familiares, en espacios intercambiables que «en demasiadas ocasiones engullen a las mujeres hasta su pérdida de identidad y de existencia propia» (ibíd).. Ya Rousseau afirmaba que la construcción de la democracia moderna se daba en la sociabilidad o interactuación en un espacio común de los seres libres. Por ello la visibilidad supone romper las barreras entre lo que se considera doméstico o íntimo y lo que se interpreta como público y social (ibíd.: 277). Y conseguir que las mujeres naveguen por la ciudad. Es evidente que la visibilidad se da en la movilidad y son las mujeres las que tienen que reivindicarla para poder llegar a ejercerla en plenitud. Y llevarla a cabo en las formas que les resulten más ventajosas y apropiadas a sus necesidades y deseos.

En este sentido, el feminismo político proporciona las herramientas de análisis para convertir a las mujeres en sujetos políticos. Implica una redefinición de lo político que introduce lo personal y privado en su misma constitución y que rompe la dicotomía privado-público con asignaciones diferenciadas de roles, derechos, privilegios, prestigio y poder en cuanto que asignadas a mujeres y hombres de manera fija (ibíd.: 275).

La movilidad está en el eje de los presupuestos que tienen que ver con los conocimientos y consecuencias derivados de la complejidad que encierra el sistema y las relaciones de género y donde se ubica la violencia de género. La intensidad, frecuencia y extensión de la violencia de género que parece ir en aumento, muestra la necesidad urgente de identificar factores que permitan interpretar los mecanismos que la generan, desarrollan y transmiten. La violencia contra las mujeres (por su debilidad en muchos casos y en otros porque las convierten en un blanco siniestro), el maltrato y especialmente la violación, algo que es fácil de llevar a cabo, constituye un arma que con poco coste causa el terror, la desestabilidad del orden social, aunque esto último aún tiene un margen limitado de reconocimiento. Se ejerce desde el significado extremo de la posesión. El nexo entre la inseguridad y la violencia de género estaría en las limitaciones producidas por el miedo aun cuando no pudiera sustentarse dicho miedo, es decir, aun cuando solo actuara en el imaginario colectivo.

4. Las contradicciones de la seguridad creada

El estudio de la inseguridad-seguridad se produce a distintos niveles. He hablado de la relación entre seguridad y control a nivel global como resultado de la globalización. Paso a continuación a relatar una experiencia etnográfica en un centro comercial de la ciudad de México D. F. que también habla de los beneficios y limitaciones de la seguridad creada. Lo veo como el acceso a un microcosmos de seguridad controlada que permite reflexionar sobre las contradicciones de la seguridad sentida y la seguridad impuesta.

Sucedió un domingo de noviembre de 2004 en el Centro Comercial Peri Sur. Me habían comentado a mi llegada a la ciudad que dicho Centro ubicado enfrente del hotel donde me hospedaba era una posibilidad en el caso de que quisiera hacer compras, ir al cine, comer sin estar preocupada por la seguridad. Que las familias dejaban allí a los chicos/as para venir más tarde a buscarlos con el convencimiento de que era un lugar tranquilo. La verdad es que la seguridad no era mi preocupación principal, aunque la tenía en cuenta a la hora de mis desplazamientos a distintos lugares de la ciudad. Pero me intrigó el tema.

El aval principal parecía ser el cartel que aparecía de manera bien visible a la entrada del Centro Peri Sur en el que se daban los datos siguientes: 150 personas; 90 televisores; 4 personas motorizadas. Pensé que el mismo despliegue indicaba que no debía de ser un lugar tan seguro. Sin embargo, comprobé a lo largo del día que pasé allí que estaba constantemente lleno, un indicador que en muchos estudios se asocia con experiencias de seguridad como contraste con lugares solitarios. Más que en los comercios, la multitud estaba en los cines, restaurantes de todas clases y precios donde unos iban al desayuno-buffet y otros más tarde a comer. Se circulaba por los grandes pasillos que daban la sensación de calles donde había bancos y pequeños lugares de encuentro y ofertas puntuales de productos diversos. Era un trasiego constante que confluía en espacios abiertos donde se celebraban concursos, pases de modelos infantiles. Siempre había una visibilidad a través de los distintos niveles del edificio, de manera que se asemejaba a balconadas de plazas, pequeñas atalayas desde donde la gente veía y era vista. En la primera planta había por la tarde un escenario rodeado de gente sentada a modo de anfiteatro que podía contemplarse a su vez desde las escaleras y rellanos transparentes del segundo piso. Niñas y adolescentes exhibían los modelos mientras sonaba la música y los aplausos, muchos de ellos de familiares de las debutantes. Y mientras, seguía la gente de distintas edades, unos en parejas, otros en grupos familiares que dando vueltas por el edificio escenificaban la ciudad segura. Era un conjunto bullicioso pero comedido en el que se vivía la gregariedad. Y dadas las distancias de la gran ciudad, la gente lo utilizaba para, una vez desplazada, pasar el día. Además, la entidad espacial cerrada que presentaba el Centro permitía crear ya a comienzos de noviembre un ambiente anticipado de las Navidades: luces, adornos rojos por todas partes, ropa, comida, regalos, todo ya preparado para el consumo navideño, en una ruptura temporal que lo separaba del ambiente otoñal de la ciudad.

Cuando salía llegaban riadas de gente a pasar el resto de la tarde en el Centro Peri Sur que estaba en todo su apogeo. Puedo decir que me había sentido segura a lo largo del día, pero lo que no podría decir es si se debía a la estructura del edificio, a haberme sentido permanentemente rodeada de gente, a los controles de seguridad que incidían en los comportamientos de toda la población que, como yo, había hecho de ese domingo su lugar de ocio y de relación. El lugar constaba de referencias semejantes a centros comerciales de otros países. Y al tiempo también se daban expresiones de formas de relación que aparecían de manera diferenciada. Pero lo que más me impactó fue el experimentar un microcosmos en el que la seguridad creada se reforzaba a través de la afirmación positiva de la gente que ese día acudía allí para sentirse en libertad. El símbolo podía ser un contenedor transparente herméticamente sellado.

De vuelta al hotel, atravesé la pasarela de unos dos metros de ancho que sobrevolaba la avenida de ocho carriles en cada sentido. Pensé que era una estructura segura, a pesar de la sensación de vértigo que producía el movimiento de la construcción metálica auspiciada por la velocidad de los coches que la atravesaban en ambas direcciones. Sin embargo, pensé que era una idea mejor que los pasadizos subterráneos que abundan en Donostia y en otras ciudades y que las mujeres han definido como lugares que les causan miedo.

Durante esa misma estancia en México coincidí al día siguiente con una socióloga de Colombia con la que compartí mi experiencia del día anterior. Me dijo que en Bogotá y en Colombia en general, el tema de la seguridad es clave y que la gente también iba a los centros comerciales por seguridad a la vez que por encontrarlo todo a mano. Recuerdo su expresión: «la gente ha perdido la calle», y de ahí que busque sus salidas en los centros comerciales, así como en áreas residenciales blindadas de las que las niñas y niños no pueden salir sin adultos que los acompañen. Pero también añadió que si las mujeres tenemos miedo es porque somos conscientes del peligro real, ya que hay una relación estrecha entre la violencia interior y la violencia en la calle. Estos comentarios de la socióloga tenían también su correlato en los datos aportados en un estudio realizado en Bogotá donde se dice que allí son comunes actitudes y medidas tales como: enmallar conjuntos residenciales, enrejar casas, patios y ventanas, controlar con circuitos cerrados de televisión edificios y centros comerciales, contratar vigilantes armados, o con perros entrenados para agredir, cerrar calles que antes eran para todos, convirtiéndolas en propiedad de unos pocos, quitarse las joyas antes de salir a la calle, aislarse y desconfiar hasta del vecino, instalar vidrios de seguridad en los vehículos, colocar alambres de púas y vidrios rotos sobre los muros, no salir después de determinadas horas. A esta situación la clasifican de «miedo ambiente» (Niño Murcia et al).. Dichos indicadores, más que dejarlos en la lejanía, actúan para mí como catalizador para reflexionar sobre nuestra sociedad hoy.

Así es interesante ver cómo el tema de la seguridad para las mujeres y las niñas ocupa agendas internacionales. En la Segunda Conferencia Internacional Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas celebrada en Bogotá en noviembre de 2004, se recogió en el documento «Declaración de Bogotá» una serie de medidas encaminadas a considerar la prioridad de la seguridad de mujeres y niñas como un asunto que atañe a los gobiernos nacionales, a las autoridades locales y a varios estamentos tanto públicos como privados. Con ello se transciende la dicotomía privado-público en lo que concierne al ejercicio y salvaguarda de unos derechos inalienables (www.Ciudades Seguras en Bogotá).

También afronto el tema de la seguridad creada desde las expresiones de jóvenes que miran a la ciudad y desde su experiencia que recogen a su vez las de sus generaciones. El tema de la seguridad lo ven complejo y ofrece a veces contradicciones con las definiciones de libertad que responden a las expresiones de sus deseos, tal como se ha visto en la primera parte de este capítulo.

Como en el caso de México, una expresión de la seguridad creada que aparece en mi investigación referida a ciudades del Estado español se centra en la presencia de la policía, guardas de seguridad en las calles, aparcamientos, lugares de ocio como discotecas. La presencia de guardas de seguridad se menciona expresamente con un énfasis reiterativo. Pero también aparece la contradicción entre el concepto de libertad y la realidad que experimentan cuando expresan sus vivencias de miedo e inseguridad. Refiriéndose a una pregunta sobre la presencia de guardas jurados en las discotecas, dice la entrevistada refiriéndose principalmente a Euskadi:

Yo creo que sí que es necesario, aunque no debería serlo. Yo creo que cada uno podría ir por la calle libremente, sin tener que preocuparse de lo que le pueden hacer, lo que pasa que bueno, pues es lo que hay; es posible que las chicas vayamos todas al baño juntas… porque ya se oyen casos, que hay algunas chicas que se van al baño solas y les intentan violar en el baño, entonces si tienes un segurata en la puerta que te dice que no va a entrar ningún hombre a ese baño, pues por qué no vas a ir tú sola. En teoría no debería ser así; a mí me fastidia que tenga que ser así.

Cuando responden a la pregunta de cambios que les gustaría introducir para que la ciudad fuera más segura, hay propuestas concretas de más policía.

Poniendo a alguien que se encargue de la vigilancia porque puede haber gente, yo no digo que los mendigos o los yonkis no puedan estar, simplemente digo que, a mí no me importa que estén en la calle, pero cada uno a su rollo, si yo no me meto contigo, no te metas conmigo. Supongo que si hubiese una policía, o gente de seguridad, no tendría por qué tener miedo a pasar por ahí, a pesar de que estuvieran, no tendría por qué tener miedo a pasar por ahí y serían las calles más transitadas y más seguras para todo el mundo.

Sin embargo, también hilan fino respecto a las prioridades que debiera tener la policía, ya que

tendría que dar menos importancia a lo de las bebidas en la calle, porque subes en Gasteiz al Casco y te echan la bronca por estar bebiendo, o te ponen multa por mear en la calle; en cambio, se forma una pelea y allí no aparece nadie, entonces eso sí que me parece mal porque para algunas cosas están y para otras no.

Se manifiestan en contra de separaciones estrictas impuestas. Ante la noticia de que en Japón se habían habilitado vagones separados en el metro por razones de seguridad, opinan que no es una solución porque con ello no se va a la raíz del problema.

Pero en la misma respuesta tajante aparecen las contradicciones.

Todos somos personas y las mujeres vivimos una situación complicada, pero hay soluciones drásticas que no me parecen; o sea, prefiero que le corten las manos a los guarros esos que andan tocándoles el culo y las tetas, que acabar separando en vagones; es que al final vamos a llegar a unos límites que las mujeres vamos a trabajar en un sitio y los hombres en otro, y las mujeres pueden entrar en estos sitios, o los hombres, mejor dicho, los hombres no pueden entrar en estos sitios, no, no creo que sea la solución. Por eso te digo, que yo no soy quién para tomar esas decisiones; esas decisiones se habrán tomado por lo que te decía la gente, no sé si por políticos o no sé, pero me parece muy drástico. Yo no te puedo decir qué es lo que haría porque eso requiere un estudio. En el caso de Japón, al final se acostumbrarán a ir en un vagón de mujeres, irán de viaje y no se acostumbrarán a meterse en un tren normal, o sea, en un tren normal entre comillas, en un tren en el que haya hombres, y al final eso te acaba creando muchísima inseguridad y muchísimos más miedos.

5. El viaje y las referencias de modelos comportamentales

Se presentan distintas dimensiones de la importancia que tienen los modelos para poder crear referencias de aspectos positivos de la movilidad y, con ello, de cualidades tales como autonomía, libertad, así como de las experiencias tempo-espaciales que encierran. Son cualidades que en principio favorecen la seguridad personal. Los modelos tienen poder catalizador y se erigen en cuestionadores de aquellas normativas que niegan la diversidad de los comportamientos. También se insiste en el impacto que tienen las movilidades transgresoras, alternativas y lo que implican de superación de miedos. Planteo que la visiblidad corporal de las mujeres incide de manera positiva en la desterritorialización del miedo. Por lo menos, se amplían los imaginarios de los recorridos. En esta dirección, resalto el título del libro de la periodista Cristina Morató: Viajeras intrépidas y aventureras (2001), ya que son cualidades que muchas mujeres cultivan. Y ello a pesar de que con frecuencia quedan desdibujadas por el hecho de resaltar características construidas desde la ética cristiana como humildad, sumisión, resignación.

En la descripción de los roles dominantes vinculados a la vida doméstica, pocas veces la intrepidez y el gusto por la aventura traspasan el umbral de la casa, siendo una excepción cuando a alguien se le otorga el título de «madre coraje», ocasión que siempre denota excepcionabilidad y acciones heroicas. Sin embargo, siempre ha habido mujeres intrépidas y aventureras que saliendo de la seguridad de la casa, la familia, círculos sociales, países de origen, emprendieran viajes con metas que la historia atribuía principalmente a los hombres. Y lo interesante es que junto a los desplazamientos, expresaban cualidades, valores que, en general, poco tenían que ver con aquellos que el mundo al que pertenecían les asignaba. Pero lo que resulta más frustrante es que sus conquistas apenas quedan recogidas en las narrativas centrales de la historia. De ahí que la obra de Morató, viajera audaz, sea una aportación estimulante al erial de la representación del pasado de las mujeres.

También aparece la socialización en el miedo como elemento de control; así lo expresa Lourdes, de 23 años:

Sí, creo que la actual es una sociedad del miedo, que inculca a la gente a tener miedo para tenernos más controlados y al mismo tiempo para, no sé para qué, pero creo que sí que es una sociedad de miedo… Sí, diferencian más al hombre de la mujer porque igual les interesa.

Lo que a veces aparece como una excepción en los relatos de ciencia-ficción, en videojuegos, tiene su base histórica, como muestran algunos bocetos de mujeres de los siglos XIX y XX. Está Isabella Bird, que, nacida en 1831, y después de dar tres veces la vuelta al mundo, tuvo tiempo de dejar un legado literario, al tiempo que afirmaba que experimentaba una transformación cuando se alejaba de su mundo constreñido. El poder hacerlo en aquellos tiempos era una conjunción de clase social acomodada y de emancipación labrada paso a paso, y las mujeres lo vivían como una válvula de escape. Tuvieron que enfrentarse a presiones familiares, al escándalo y a la marginación por reclamar vivir su vida de una manera que tenía glamour y prestigio cuando la diseñaban y vivían los hombres.

La exploradora Gertrude Bell fue tachada de excéntrica en 1905. Pero también hubo mujeres que hicieron de la excentricidad una forma de protección, ya que con ello se las situaba en una categoría que, atribuida a los hombres, las salvaba de las rígidas normas sociales.

Hubo artistas que viajaron con su caballete a cuestas para captar paisajes y escenas ajenas a su cotidianidad. La inglesa Marianne North emprende su periplo con cuarenta años y recorre Norteamérica, América del Sur, Asia y África pintando plantas y flores tropicales en su entorno. No fue una obra efímera, sino que quedó plasmada en numerosos lienzos, libros, y hay especies botánicas que llevan su nombre.

Está la etnóloga Mary Kingsley, autodidacta, que eligió África para sus viajes y aportó conocimientos sobre formas de vivir de distintas sociedades. Organizaba sus expediciones con una buena dosis de ingenio y buen humor; utilizó el trueque para costearse sus desplazamientos y obtener objetos que luego quedaban depositados en museos europeos. Fruto de todo ello son los numerosos libros y artículos con los que se comunicó con la comunidad científica y el gran público.

Ya en el siglo XX tenemos a científicas de la talla de Jane Goodall, que estudió a los chimpancés de Gombe, a orillas del lago Tanganika; Dian Fossey, que se dedicó a la investigación y protección de los gorilas y que murió asesinada en 1986 y cuyo libro Gorilas en la niebla ha sido llevado al cine. Y finalmente, Biruté Galdikas, que en el sur de Borneo sigue en la brecha en el estudio de los orangutanes y en salvarlos del peligro de extinción. Es importante tener en mente, por el peso que tienen los modelos para hacer efectivos los cambios, que este trío de científicas tenían como referencia a sus antecesoras del siglo XIX pero ello no las salvó de que también tuvieran que enfrentarse con entornos hostiles, la soledad y la extrañeza que suscitaba su pasión científica (Morató, ibíd)..

Cercanas en el tiempo y geografía tenemos a Carmen Sarmiento, periodista, que ha recorrido países para mostrarnos en imágenes y en artículos las desigualdades entre mujeres que viven en países considerados del Tercer Mundo y también ha ejercido la mirada nueva de descubrir a las desfavorecidas de los países avanzados. Sus documentales televisivos han proporcionado un respiro a la abundancia de programas que resaltaban, y continúan haciéndolo, el culebrón y especialmente el protagonismo «rosa» de las mujeres.

En la actualidad, las posibilidades del viaje para las mujeres tienen mucho que ver con autonomía económica. Conozco a mujeres que cogen un tiempo de excedencia y se lanzan a recorrer un continente. Ya no sirven de escándalo ni se las tacha de locas y excéntricas, pero es evidente que rompen moldes espacio-temporales. Ponen en práctica «la aventura de descubrir y especular por el método de viajar» y de que «viajar es forzar cambio, viajar es descubrir» (Wagensberg, 2005: 3). Oyendo relatos de viajes y a pesar de las dificultades y la soledad, hay una valoración de la aventura en solitario. Algunas mujeres resaltan hoy, como lo hicieran sus antepasadas, que es fuente de autoconocimiento:

yo soy así y parto de esta base y las experiencias que vas teniendo te van ayudando a sentar las cosas que tú crees positivas y a intentar cambiar otras cosas, otras posibilidades, otros caminos, y entonces a mí eso me parece muy positivo de las cosas que yo he ido encontrando del viajar sola, que en cierta manera te pasas 24 horas del día contigo mismo, entonces el poder tener un espacio donde tú tienes una mayor comunicación contigo mismo, creo que es muy importante.

Otras resaltan el conocimiento de vidas, personas diferentes. Las hay que hablan de aprendizajes: de cómo situar las diferencias en los contextos socioculturales donde se producen. De haber sido conscientes de llevar consigo el miedo que habían recibido en los relatos de comportamientos de gentes de otras culturas, países, especialmente de varones; y de que todo ello había ya configurado una actitud cerrada y de prevención. Que solamente cuando se dieron cuenta de ello pudieron sopesar desde la realidad los posibles peligros y por eso actuar más en consecuencia con ellos.

Vuelvo a recoger la mirada joven de Elena que reflexiona del futuro al presente:

quizás, cuando yo sea mayor, pero ahora, todavía necesito que haya gente que me abra otras miras, otros modos de entender, de ver, que a mí ni se me pasan por la cabeza, o sea, que no puedo, no, porque mi mente no está estructurada así, entonces esa apertura de realidades me las tienen que hacer desde fuera y esa apertura de realidades también significa que a mí mi interior me tiene que interrogar y también es otra evolución interior y eso también lo encuentro fuera viajando, y lo encuentro más fácil viajando sola, porque en cierta manera te apartas de todo lo que llevas de aquí, que cuando viajas acompañada con alguien de aquí porque es un ámbito mucho más cerrado y arrastras una manera de entender mucho más de aquí.

Nekane, de 23 años, no tiene experiencia de viajar sola, pero expresa su disconformidad: «No sabría decir por qué, en realidad no hay ningún factor que me dé miedo en especial, quizá la inseguridad de verme sola en un entorno que no conozco, en una ciudad extraña, sin conocidos, sin apoyo». También hay quien no ha tenido las experiencias pero le gustaría hacerlo. Y quien las ha tenido y las vivió mal: «El miedo, en Madrid mucho miedo. En Madrid sola, en Madrid grande, con la maleta, miedo, miedo».

La iniciación en la experiencia de explorar el espacio la sitúan las/los jóvenes en la niñez y se asocia con figuras familiares, la cotidianidad, fines de semana, vacaciones de verano. La escuela se menciona pero tiene un papel secundario.

El lugar del juego es central en sus relatos: la calle, la playa, el parque, la piscina.

Jugar a pillar, al escondite y luego ya pues el típico juego de la goma y la cuerda y todo eso; luego juegos en la ikastola, en la ikastola jugábamos al fútbol, pero eso ya era cuestión de la profesora, por la integración de juegos entre niños y niñas y al final las niñas acabábamos jugando a los juegos de los niños porque ellos eran incapaces de jugar a la goma y a la cuerda.

Al analizar las experiencias de que hablan los jóvenes se siente la cercanía de los afectos: padre, madre, familiares cercanos, amistades. Quizá por ello aflora fácilmente ese recuerdo. «En la playa he jugado muchísimo, he jugado a hacer agujeros e intentar hacer castillos y siempre con gente. He veraneado en Zarautz y los recuerdos que tengo siempre son con gente. En la piscina también. En la calle pues a la llegada del autobús de la ikastola, también en un parque cercano a mi casa, con la gente de la misma parada, con mi hermana, mis primos…». Ella misma alude a modelos referenciales como una tía que viajaba bastante, en cuanto puede viaja, y una amiga que ya desde pequeña «sus padres la mandaban a Irlanda de vacaciones y que ya cuando se ha hecho mayor, hace unos años se fue un verano a Nueva York; después ha estado dos años viviendo en Australia, se fue a hacer un máster: ha vuelto ahora y su prioridad es irse a China». Maite es alguien que valora sus experiencias de viajar sola, pero todavía más el hacerlo acompañada por lo que le aporta la relación que proporcionan los desplazamientos en grupo. En los recuerdos que afloran de los espacios recorridos está el «conocer sitios nuevos, conocer lo desconocido». Reconoce también que le gusta la luz y, entre Madrid y Barcelona, aunque la primera le parece una ciudad preciosa, sin embargo, para vivir, le parece que ahoga, ya que es más oscura que Barcelona. «Barcelona probablemente por el mar, aunque tenga una playa pequeña y tal, por el mar, no sé, me imagino una ciudad más azul».

A pesar de que Lourdes no ha viajado sola y sus desplazamientos han sido limitados a los veranos en el pueblo de sus padres, más tarde con amigos, excursiones de la escuela, sin embargo expresa bien lo que le han aportado los espacios recorridos:

Experiencias positivas, pues no sé, ir a sitios nuevos, desconocidos y conocerlos siempre es agradable. Es una visión más del mundo que tienes, de diferentes culturas, diferentes sitios, conoces a mucha gente de diferentes lugares, te enseñan muchas cosas; eso es algo positivo, siempre te encuentras con experiencias nuevas y eso te hace más persona.

Los recuerdos más lejanos los sitúa Lourdes cuando «solíamos ir al pueblo de mi padre y solía ir al cementerio, el camino que hay al cementerio yo sola, y me divertía bastante ir andando, o saltando a la comba… había un parque al lado y bajaba yo sola y siempre te encontrabas con niños de tu edad y aunque bajaras tú sola siempre te encontrabas con amigos». No tiene modelos familiares de personas que viajaran o que les gustara ir al monte o recorrer sitios nuevos. En su concepto de libertad incluye que, a pesar de los vínculos que tengas de pareja, familia, amigos, «ante todo tienes que ser tú, tú sola como persona, e irte tú a los sitios que tú quieras sin tener que dar cuenta a nadie, por supuesto, irte a los sitios que tú quieras ir». Así afirma que suele ir al cine sola y disfruta de ello y de volver a casa dando una vuelta. Aunque valora el hacerlo con otras personas, cuando no tiene compañía no renuncia a disfrutar del cine.

Otra experiencia positiva relacionada con un pueblo pequeño la tiene Cristina, de 18 años. Constata el control mayor de los adultos en la ciudad que aunque pequeña (Gasteiz) experimentaba ella. Sin embargo, tanto los veranos como los fines de semana siempre iba al pueblo: «allí tenía mis amigos y allí he tenido una independencia total porque es un pueblo pequeñín, todo el mundo nos conocemos y sabemos que no puede pasar nada peligroso». Ha ido adquiriendo mayor autonomía para salir sola en la ciudad: «Antes sí que me importaba más ir sola porque todo el mundo suele ir acompañado, pero vamos, ahora no le doy mayor importancia; si no tengo con quien ir pues voy sola». Su concepto de libertad lo asocia con ir adquiriendo una mayor independencia de los padres.

Para Daniel, de 23 años y de Donostia, sus experiencias positivas de explorar espacios van unidas a sus amigos y a sus padres: «Yo donde más he jugado ha sido siempre en la calle, en los parques y los fines de semana me iba con mi padre, que le gustaba llevarme al monte y hacer paseos por ahí». En la calle y en los parques jugaba a todo tipo de juegos como fútbol, a pillar, al escondite. Asocia su concepto de libertad con «que todo el mundo respetara lo que yo hiciera y nadie coaccionase mis movimientos y podría hacer lo que quiera». Le gusta salir de vez en cuando a dar un paseo solo o estar solo un rato. No ha viajado nunca solo, pero le gustaría hacerlo.

A Nekane, que no ha viajado nunca sola, tampoco le gustaría hacerlo. Sin embargo, en su experiencia de niña dice que «siempre he estado en la calle. En mi barrio, en Deusto, en la plaza, en la iglesia, y la verdad es que con bastante libertad y sin ningún tipo de miedo y tanto ahí como en el pueblo, siempre en total libertad y sin ningún miedo, ni siquiera por parte de nuestros padres, cosa que ahora no permitiría hacer si tuviera hijos». Piensa que ahora hay demasiado control pero cree que las cosas no están para que se críen los niños en la calle «Yo no sé si antes había más inseguridad o menos, pero ahora me lo pensaría mucho si dejar a un niño en la calle, en el barrio, hasta las 10 de la noche en verano, me lo pensaría muy mucho».

En los relatos aparece que tanto niños como niñas experimentan de una manera positiva la seguridad que transmiten las personas adultas cuando les dejan jugar en la calle y el hacerlo hasta tarde especialmente en los meses de verano. En un clima de seguridad no les da miedo la oscuridad. Sin embargo, advierten en algunos casos que la situación ha cambiado y, a pesar del placer de sus propias experiencias, proyectan cierta cautela respecto a la socialización de la generación siguiente.

La experiencia en lugares pequeños: pueblos a los que se desplazan en fines de semana, vacaciones, especialmente las de verano, es positiva debido al control del espacio, seguridad proporcionada por las personas adultas, la vivencia del juego con amigos y amigas, el estar en un entorno en el que les conoce la gente. Puede darse en algunos casos una vinculación experiencial entre el barrio de la gran ciudad y el pueblo, pero no parece que suceda entre la consideración del espacio amplio de la urbe y el pueblo. Sin embargo, sí que la experiencia positiva del pueblo influye en vivir la ciudad de una manera más distendida y placentera.

No aparece una gran diferencia entre las experiencias de socialización de niños y niñas respecto a jugar en la calle, a la libertad del pueblo. La diferenciación aparece más tarde cuando se da comienzo a los horarios de los fines de semana y a los desplazamientos de los lugares de residencia hacia las zonas de ocio definidas por la gente joven. Aquí sí que aparece un mayor control por parte de los adultos respecto a las chicas. Y se observan con ellas horarios de vuelta a casa más rigurosos que con los chicos.

La socialización en experiencias de recorridos más amplios que los habituales aparece que refuerza la seguridad sentida fuera o más allá de dichas experiencias. Se recuerdan de manera concreta y siempre vinculados a aquellas personas con las que se ha compartido la experiencia. Así, cobra especial relevancia el recorrido de parques, plazas, playa en juegos compartidos con otros niños y niñas. Está la emoción, así como el miedo a que te descubran en el juego del escondite. El miedo/respeto a lugares como el cementerio no tiene lugar para la niña que sube la cuesta saltando a la comba. La subida al monte de niños y niñas con su padre, madre, sirve de iniciación en aficiones de adultos. Las idas y venidas a los pueblos de referencia del padre o de la madre sirven para mantener los vínculos que favorecen la identificación y alivian en muchos casos el peso del anonimato y la amplitud unificadora de la gran ciudad.

Entre las opiniones acerca de lo que representa el viaje, se destaca la relación con experiencias de socialización donde pudieran aparecer referencias positivas de mujeres cercanas que hubieran experimentado desplazamientos guiados por aventura, curiosidad. Aparece como experiencia positiva el descubrimiento que una hace en solitario de un paisaje, un edificio, pero domina la valoración de la comunicación que ofrece el viaje acompañada, tal como resume esta cita:

Igual por experiencia sí pero no, no me motiva porque si vas de viaje con alguien es mucho más ameno, siempre tienes alguien a quien recurrir si tienes algún problema, tienes alguien con quien estar.

Se ve diferente el desplazamiento sola por motivos laborales porque se trata de un desplazamiento distinto, planificado ya de antemano: «Si es un trabajo que me gusta, de lo que he estudiado y que es una oportunidad que no puedes dejar pasar, aunque no me iría totalmente a gusto porque soy superdependiente de la gente, e irte fuera, a una ciudad que no conoces, sola…». Otra opina de manera más contundente: «Pues a mí ya me motivaría irme yo sola a vivir el día de mañana, aunque sea en una ciudad aparte, o en la misma ciudad pero a las afueras; yo sola en una casita, con mis tres perros, eso ya me motiva».

Pero también está la movilidad que, dictada por circunstancias penosas, expresa las cualidades de intrépidas y aventureras. La razón principal es la supervivencia: salir de una situación donde el horizonte está tan cerrado que las hace aventurarse hacia aquello solo conocido a través de relatos, de un imaginario desatado precisamente por la necesidad de encontrar lo opuesto a lo que se experimenta en la cotidianidad. No puedo dejar de pensar en cuál debe ser el punto de partida, la situación extrema de necesidad y de pobreza para que una mujer embarazada de ocho meses se embarque en una patera. Sí que tiene mucho de aventura porque el final del viaje es totalmente incierto y, en el caso de concluirlo, hay un interrogante fantasmagórico respecto a lo que la espera en el punto de llegada. Se trata en muchos casos de heroínas que salen del anonimato a través de una noticia de periódico. No sabemos ni los nombres ni los relatos que traen consigo, ni lo que esperan en esa desesperación que las ha hecho partir con una esperanza pero sin ninguna certidumbre de la llegada. Y es fácil que esa experiencia de movilidad desesperada quede abortada por las cuotas de seguridad del país que en muchos casos recoge a las personas pero no las acoge. Cabe resaltar que en la práctica de la experiencia de la seguridad promovida por los Estados, las personas más afectadas negativamente pertenecen a la población civil y entre ellas están las mujeres, personas mayores e infantes (niñas y niños); en resumen: los más desprotegidos.

Durante la guerra de Irak las fotos nos mostraban a gente huyendo pero sin la concreción de los pormenores de la huida y, especialmente, de lo que dejaban atrás. Para que una mujer mayor con una carga a la cabeza, dos criaturas a su lado y un anciano que apenas anda huya, es que el horror se ha instaurado allí cerca de donde vivían. Quizás en la casa, en el barrio destruido. Al pensar en ello, ver los boquetes en las paredes, los obstáculos que preveían, la inmediatez del peligro explica la levedad con la que huyen: nada preparado de antemano o quizá poco que recoger después del ataque y poco que llevar para unas fuerzas disminuidas de antemano. Tengo que decir que no tengo datos de estas mujeres aparte de lo que recojo en entrevistas que aparecen en los medios de comunicación y de lo que aparece en retazos de biografías en estudios sobre emigración. Por eso veo un campo abierto del que poder aprender a conocer los imaginarios de los puntos de partida y de los de llegada, las transformaciones que ocurran y las transferencias que hagan a sus nuevos destinos. En una ocasión me sorprendió de una mujer emigrante que se sentía más tranquila en la gran ciudad que en un pequeño pueblo a pesar de su origen rural. Se debía a la seguridad que le ofrecía en la situación actual un mayor conocimiento del medio.

6. Las construcciones y realidades del miedo

Para superar el miedo hay que conocerlo, buscar sus orígenes, sus causas, desentrañar las bases en las que se sustenta, tanto si son reales como imaginadas. El miedo lo mismo que la seguridad tienen referentes y significados distintos. La metodología que introduce el enfoque desde la crítica feminista marca la diferencia sobre la entidad de lo que se estudia. Es distinto pensar el miedo como una experiencia social amplia que pensarlo desde las mujeres. En un informe sobre la Situación de las mujeres y los hombres en Euskadi se dice que la violencia contra las mujeres ha aumentado. Se basa para ello en el incremento del 16 % de las denuncias y especialmente porque una cuarta parte de las mujeres jóvenes, con edades comprendidas entre los 15 y los 29 años, dice que experimenta miedo a andar por la calle durante la noche. Este sentimiento lo desconoce en la práctica la totalidad de los hombres (Diario Vasco, 30 de junio de 2004: 8). Sin embargo, se contradice con los resultados de una encuesta elaborada por el Gobierno Vasco en la que se dice que «el 88 % de los vascos se siente “muy seguro” al caminar solo por la noche». (Diario Vasco, 7 de abril de 2004: 7). Lo anterior es un claro ejemplo de cómo la introducción contrastada de las opiniones entre hombres y mujeres aporta el conocimiento de una realidad muy distinta. Y tanto como la identificación del miedo y de los lugares que lo provocan, está el ver la relación entre movilidad y formas de superar el miedo y de intervenir positivamente en los lugares y condiciones que lo suscitan. De ahí la importancia que le doy a que en la elaboración de políticas públicas, planes urbanísticos encaminados a la movilidad y visibilidad segura, se tome como punto de partida a las mujeres; es decir: se cuente con la participación directamente activa, aspecto que se tratará más adelante.

La movilidad para las mujeres tiene que ver con la disponibilidad de: transporte seguro, ir acompañada, poder hacer recorridos seguros, superar la oscuridad. Bajo estas condiciones no hay evidencias de que las mujeres se limiten en sus desplazamientos. A la hora de valorar frecuencia y seguridad de los transportes, esta última ocupa el primer lugar, aunque cuentan ambas. De ahí que sea importante tenerlo en cuenta en la planificación de los horarios y recorridos de trenes, metro, autobuses.

Se establecen diferencias entre los días laborables y los fines de semana. En los primeros porque por las noches hay menos gente por las calles, pero es en los segundos cuando la gente joven sale principalmente. En Bilbao, Maite así lo expresa:

Hay un tramo a mi casa que sí que puede estar más solitario y sí que causa inquietud y ves a una persona y estás con todos los sentidos puestos para… si es raro, no es raro, o incluso coches que van despacio. Pero yo creo que también es un problema entre semana, porque en el Casco Viejo los fines de semana hay muchísima gente y vas segura y tranquilamente, pero vas un día entre semana a clases de lo que sea, al sitio que sea, y al salir a las 10 de la noche pues el Casco Viejo es totalmente diferente al fin de semana, no hay gente, los bares son los mismos que el fin de semana porque no cambian pero no hay gente en esos bares y entonces experimentas esa inquietud del último tramo hasta llegar a mi casa, ya que el miedo empieza desde el centro del Casco Viejo. Las calles oscuras, solitarias, al final todas, donde no transitan coches, ni personas.

Aparecen las diferencias entre el día y la noche y entre lugares abiertos y cerrados.

Yo para ir a trabajar tengo que pasar por debajo de un túnel y cuando es de día no tengo ningún reparo porque, aunque haya mendigos, es de día y pasa mucha gente por ahí y no es para nada que te cause mucho miedo, pero por la noche sí que te paras un poco a pensar si hay alguien aquí. Y sobre todo si tienes que pasar por debajo de las vías del tren, si tienes que dar un rodeo más, tienes que pasar por debajo de otro túnel que no es lo mismo y es más cerrado, y siempre hay gente y que yo sola por ahí no paso.

Los estereotipos desempeñan su papel en la construcción del imaginario que actúa en la elaboración del miedo; algo que no excluye la autorreflexión sobre las influencias que tiene. Así, Lourdes reconoce que cualquiera te puede sacar una navaja, pero cree que son los más desfavorecidos socialmente los que, al estar en situaciones extremas, están más necesitados y tienden al robo, aunque «cualquiera que tiene una apariencia totalmente saludable, sana y perfecta te puede dar una un día por la noche. Eso es algo que no se puede saber, pero bueno, siempre tiendes a tener más miedo a un desconocido que a una persona de tu misma raza y bien vestida, o sea, apariencias más que nada».

Cuando se compara la situación del hombre con la de la mujer, la opinión general es que los hombres tienen más seguridad que las mujeres: «Una chica que durante el día no tiene ningún tipo de miedo —la gente viaja en el metro en Bilbao sin ningún tipo de miedo—, en cambio, a partir de cierta hora, a todas nos entra el miedo. Creo que tiene que ver con la luz, con la oscuridad, con la noche». Que el miedo se asocia a ellas «porque las mujeres podemos ser violadas, podemos ser robadas, podemos ser maltratadas, podemos ser golpeadas, y es algo que ocurre todos los días, es algo a lo que te acostumbras casi a oírlo en la tele también, en la prensa. De los hombres no se oye tanto que a tal chico le hayan dado una paliza cuando le han intentado robar, se oye menos, entonces yo creo que está más inculcada la violencia hacia la mujer».

Entre las características de los lugares que dan miedo están todas aquellas vinculadas a la falta de luz y a las posibilidades de no ver pero ser vista, de la sorpresa atemorizadora. Se mencionan de manera recurrente los pasos subterráneos, los soportales, los puentes, los aparcamientos. «Hay un subterráneo justo al lado de la Universidad de Deusto en Bilbao, que solemos cruzar a veces para ir a la universidad, o para venir de lo que es la otra zona de la ría, y la verdad es que ese subterráneo sí que genera bastante miedo y la gente, de noche sobre todo, intenta pasarlo por arriba, que también se puede, aunque tengas que dar más vuelta». De lugares abiertos, los que más se mencionan son los parques, y en general, la noche más que el día.

La presencia de gente es positiva, aunque también causan inquietud aquellas personas que resultan desconocidas y situadas en la marginalidad. En el imaginario funciona la clase social, los orígenes, de manera que a mayor distancia social, se disparan los recelos y la sospecha. Está también el miedo al descontrol, por ejemplo, en el caso de los borrachos.

Me dan miedo porque al estar bebidos muchas veces no saben lo que hacen, y los yonkis lo mismo y eso sí que me da más miedo porque al no estar conscientes, pues pueden hacer cualquier cosa.

Como se ha visto antes, es evidente que el tamaño del lugar es relativo. Para una joven de Donostia, Madrid aparece como una ciudad que da miedo, aunque no haya estado. A otra, Barcelona le da miedo, mientras hay quien la ve mucho más clara y por ello más transparente que Madrid. El desconocimiento agranda las dimensiones, mientras que el desplazarse a un lugar grande acompañado de alguien reduce la sensación de grandiosidad al hacerlo más asequible. Más aún cuando esa persona reside en el lugar y guía en los desplazamientos.

La reflexión sobre el imaginario tiene relación con los mecanismos que llevan a caer en la cuenta de lo que significa el derecho a la movilidad libre y segura. Pertenece al campo de las emociones, de la pertenencia a lo que una siente como persona. También a los deseos: aquello que una quiere alcanzar. Va unido a su vez a la reflexión acerca de los espacios que de antemano nos negamos y que en muchas ocasiones no somos capaces de identificar y menos aún de sopesar lo que afecta a la experiencia de libertad.

Se menciona que los medios de comunicación avivan el imaginario.

Yo creo que sí, que tiene mucha culpa de eso porque es algo que se oye todos los días, quieras o no se habla de este tema, todos los días ves tanto en telediarios como informativos como en programas del corazón. Ya todo se mezcla y siempre oyes algo, todos los días, y es cierto, sí que tiene muchísima culpa; entonces claro, eso pasa a los padres, a ti y bueno, es la sardina que se muerde la cola, todo el rato igual.

7. La seguridad planificada desde las mujeres

Al estudiar las intervenciones realizadas a partir del conocimiento y aceptación de sugerencias y propuestas de mujeres, así como de los datos obtenidos a través de las entrevistas con gente joven, aparece un concepto de ciudad cuyas características principales la definen luminosa y transparente donde dominen las superficies abiertas y desaparezcan subterráneos y túneles. En todo ello se valora que los espacios propicien la presencia fluida de gente y las posibilidades de interacción. Una ciudad comunicada tanto en las construcciones como en la vida social. La seguridad proviene principalmente de dicha presencia, pero también de una seguridad creada a través de la presencia policial y de guardas jurado. Para la movilidad y seguridad se prioriza el transporte público frecuente y diversificado que tenga en cuenta tanto las zonas centrales como las periféricas. La gente joven insiste en que los horarios tengan en cuenta los hábitos de ocio que priorizan las salidas por la noche y los fines de semana. Supone una organización diferente en la que junto a otras variables económicas, laborales, se tenga en cuenta la edad, el ocio. Son datos que deben sopesarse en el crecimiento de las ciudades, pero también en la reconsideración de las zonas existentes. Dejar los cascos históricos abandonados o con utilizaciones parciales los convierte en lugares inhóspitos tanto para sus residentes como para las personas que acuden en momentos puntuales.

Las estadísticas demuestran que los espacios que causan ansiedad no son los espacios más peligrosos. Son más bien aquellos que tienen características de oscuridad, lejanía, inhabitabilidad: «Yo lo primero que haría sería la iluminación, poner triple de la que hay. Y lo de los túneles y subterráneos, ponerlo por arriba y lo más iluminado posible». Así, hay que pensar que espacios públicos o semipúblicos estructurados sin tener en cuenta el potencial que tienen para producir ansiedad, sentimientos de inseguridad y de amenaza, especialmente de noche, restringen la libertad individual.

Por ello destaco el empeño del gobierno municipal de Viena, donde se ha desarrollado en el distrito 21 un proyecto residencial llamado Frauen-Werk-Stadt, cuya traducción puede ser Mujeres-Trabajo-Ciudad. Se trata de 357 apartamentos construidos en bloques de varios pisos entre 1992 y 1997 a través de una iniciativa del Women’s Office basada en diseños de cuatro arquitectas en cooperación con una mujer especializada en diseño paisajístico. El criterio específico que guiaba el proyecto eran «los requisitos de la vida diaria y las necesidades específicas de las mujeres». (www.FrauenWerkStadtl). En todo el planteamiento hay un reconocimiento del problema con las derivaciones que tiene: inseguridad, miedo, negación de movilidad, restricciones en la utilización del espacio público. Se reconoce que hay espacios tanto públicos como semipúblicos cuya construcción produce ansiedad y que generan sentimientos de inseguridad o de amenaza, especialmente de noche, y no solamente a las mujeres. Sin embargo, se toma en cuenta que, debido en parte a la violencia de género, hay muchas mujeres que interiorizan como algo irremediable las restricciones de sus movimientos. Esto con frecuencia no se tiene en cuenta como un factor social, sino que se reduce a un problema personal.

En las entrevistas con la gente joven se enfatizan mucho más las estrategias para superar las situaciones de miedo, de riesgo, más que medidas, acciones para enfrentarse con aquello que promueve el miedo como serían las denuncias, la identificación de las causas, la protesta, las peticiones formales a las autoridades, la exigencia de participar en planes de organización del territorio, de cambios en las ciudades. Se identifican colectivos de los que se sospecha: yonkis, mendigos, extranjeros de países pobres, pero no aparece junto a ello las sugerencias, demandas para reflexiones y responder a las causas de la marginación, la extranjería social. En algunas entrevistas sí que aparecen reflexiones más generales acerca del sexismo en general, pero no es habitual hacerlas.

Entre las jóvenes, la compañía de chicos a los que conocen, o simplemente la presencia de un chico en un grupo de chicas, infunde seguridad: «Si fuese un chico, por ejemplo, pues aún da más seguridad porque como que impone más». El sacarse el carné y poder disponer de coche supone un paso importante en la movilidad, experiencia de libertad y seguridad. Por un lado, por no tener que estar pendientes de llamar a madres, padres para que vengan a buscarlas. A algunas les da miedo conducir solas de noche y tener un accidente «y que nadie me vea, o me caigo en una cuneta y nadie me vea hasta la mañana siguiente. Por eso prefiero ir con una amiga, porque salimos gente de dos pueblos, entonces si solo están los del otro pueblo y yo tengo que volver al mío sola, pues eso por ejemplo sí que me da más miedo».

Acciones que mencionan para superar el miedo incluyen «el móvil, andar más rápido, andar más lento, no ir borracha a casa porque una persona si te quiere agredir y te ve que vas un poco borracha, sabe que lo tiene fácil, y el móvil es básico. Yo en las charlas a mis niñas les digo que hablen por el móvil, aunque sea con su madre, a esas horas de la noche, para que su madre sepa en qué zona está; no sirve llamar cuando llegas a casa».

Es muy general la valoración que se hace del transporte público: metro, autobuses como los gautxori que funcionan los fines de semana por las noches. Lo que quieren es que circulen con más frecuencia y que haya más diversidad de recorridos, así como que se tenga en cuenta las franjas horarias en las que la gente joven vuelve a casa. A la pregunta de si creen que hay suficiente transporte público cuando se sale de fiesta o los fines de semana, Ane responde: «Sí, lo que yo salgo sí, y sobre todo en mi pueblo, en Rentería. Tenemos de todo, tenemos topo, tenemos autobús, tenemos tren…».

Tanto chicas como chicos entre 14 y 16 años comentan que tienen miedo pero que son más fuertes las ganas de ir de fiesta y de llegar más tarde a casa. Pero el miedo se expande a los padres, las hermanas mayores, y también dependiendo de la zona de la ciudad en la que se resida. Como he mencionado antes, lugares solitarios, parques, se evitan en los itinerarios; una manera de negarse espacios. En Bilbao, «suelo pasar el parque de Doña Casilda, a veces, y pocos más, la verdad, porque suelo bajar al centro de lo que es Deusto y durante el día no tengo ningún recorrido que me dé miedo. Durante la noche igual procuro ir por carreteras y por otros sitios en vez de pasar por el puente Euskalduna para ir a Pozas; paso por el puente de Deusto porque me da más seguridad, pero bueno, sin más».

Los parques aparecen como sitios concretos que inspiran miedo, placer, según la hora del día. Consideran que son lugares bonitos pero que de noche pueden ser aterradores. Nekane reflexiona desde Bilbao:

Yo sé que en Vitoria se ha hecho una estrategia en un parque bastante grande, una amiga me lo ha contado. El parque es muy amplio, entonces se ha dividido por la mitad y hay como tres pasos para atravesar el parque. Es un parque muy recto y pasas por tres pasos. A un paso hay una carretera con presencia policial; al otro paso más presencia policial porque está la comisaría y en medio hay un coche, venga a dar vueltas, de policía, y la gente tiene mucho menos miedo.

Aunque resulte atrevido el hacerlo, pienso que en el fondo está actuando de manera constante una sensación fatalista, algo parecido al peso que el destino ejerce en las tragedias griegas; la existencia de cierto fatalismo presente en la vida de las mujeres, y que expresan de manera sutil las entrevistadas. Como se ha dicho al comienzo, en su referencia última tiene que ver con la sexualidad y especialmente con la idea de un deseo incontrolado que se atribuye a los hombres y que lo pueden ejercer en cualquier momento sin tener en cuenta a las mujeres. Crea un sentido habitual de alarma.

Yo creo que siempre vas a tener que ir atenta a quienes están a tu alrededor, si vas sola, porque la seguridad no la puedes tener nunca, y menos en una ciudad, vamos, porque Vitoria es pequeña, pero en una ciudad grande pues aún más atenta tienes que ir, entonces pues sí que pondría más iluminación.

Las jóvenes mencionan algunas de las precauciones a las que recurren para volver a casa como quedar con amigas, hermanas mayores. También las más jóvenes llaman a casa si viven lejos y no tienen transporte. Está el coger un taxi y esa posibilidad les da tranquilidad y una libertad mayor de movimientos. El móvil lo mencionan como una fuente de seguridad, bien para llamar a casa pero también para poder marcar un número en caso de sentir el peligro. Sin embargo, al tiempo que mencionan estas particularidades son frecuentes comentarios como: «Vamos, si nos hiciesen algo nos lo harían de todas formas, pero es otra seguridad la que me transmite la compañía de mi hermana de 22 años». Ella tiene 18.

8. Sombras y luces de la inseguridad-seguridad

La Carta de Atenas de 1942 insistía reiterativamente en que las viviendas estuvieran en lugares soleados porque el sol representa salud y vitalidad. En la visión actual que he recogido desde las mujeres, la luz natural o aquella que reproduce la luz diurna se valora de manera positiva como inductor de seguridad en los espacios exteriores como calles, plazas, parques. Recojo de mi diario de campo una anotación fugaz a comienzos de septiembre de 2003 en Granada:

Son las 9 de la noche y estoy en una terraza en una avenida importante. Hace calor y algo de brisa. Están casi todas las mesas llenas y hay gente variada: familias, parejas mayores y parejas jóvenes. El ambiente típico de un verano donde se ve a la gente hablando y disfrutando. Me siento a gusto, segura, integrada. ¿A qué se debe? El lugar está muy bien iluminado, hay gente en los alrededores de todas las edades. La gente está en la calle con seguridad, pertenecen a ese espacio por lo menos de forma momentánea. Creo que lo más importante en este caso son las luces, ya que hay una iluminación extraordinaria, y que los jardines que quedan al otro lado de la calle también están iluminados y por ello integrados en su conjunto.

Cinco años antes también había recogido la sensación de seguridad que había experimentado en la ciudad de Gotemburgo a mediados de junio de 1998:

Me ha gustado mucho la ciudad: amplia, limpia, bien construida y con muchas zonas verdes. Se ven árboles potentes en las calles, las avenidas. Lo mismo puede decirse de parques pequeños donde está la gente sentada en la hierba.

Me ha sorprendido mucho el juego de luz en esta época del año. Ver el sol grande, rojo, cuando a las 10 de la noche tras recorrer varias veces la avenida principal he llegado al puerto. Allí mismo, al lado del edificio moderno de la ópera, he tenido esa sensación poderosa de ver el sol más cercano de lo que lo vemos en el sur de Europa. Más tarde he experimentado el crepúsculo continuo que hace que se evada la experiencia de la noche cerrada. Ello ha favorecido que pudiera recorrer la ciudad libremente sin ese miedo que a veces tengo de hacerlo sola de noche. Aquí estaba presente de continuo la sensación continua de la luz. Este recorrido lo he vuelto a repetir el viernes.

Al releer mis notas veo las dos razones por las que me sentí segura en las dos circunstancias. Por un lado, la presencia de gente en las calles. La dominante la asocio con sensaciones de tranquilidad, visibilidad y luminosidad. La luminosidad rescata del anonimato a las personas y disminuye las sensaciones anticipatorias del imaginario. Pero también un conocimiento previo puede actuar de manera positiva en el imaginario. Así lo descubro en otra de mis anotaciones sobre mi experiencia en la ciudad sueca: «Hay un orden amable. Me sentí segura, en parte por la luz y también por creer que la población sueca es respetuosa y que las mujeres aquí han conseguido un respeto a través de años de avances sociales». El imaginario anticipatorio nos puede incrustar el miedo pero también puede darnos seguridad. De ahí que la valoración que hacen las mujeres respecto a expectativas que tienen de ciertos lugares, lo mismo que cuando expresan temores, miedos sobre posibles violencias, responden a un compendio de experiencias, expectativas, saberes que deben considerarse referencias básicas.

9. Conclusiones

Quiero señalar que es importante el paso del conocimiento del derecho a «la movilidad libre y segura», al ejercicio del derecho sentido. Es evidente que, frente a la idea y práctica dominante de nuestro tiempo de que la movilidad debe estar sometida a la seguridad y esto debe aplicarse a personas y colectivos, por encima de las necesidades que promuevan sus desplazamientos, la movilidad que reivindicamos las mujeres tiene que ver con el derecho a vidas autónomas y al ejercicio del poder decisorio. Es por ello por lo que se debe afinar mucho más para que la seguridad que reivindicamos la alcancemos a través de: la socialización paritaria, la reivindicación de sociedades fluidas que en vez de escindir la vida social la articulen. Así, las políticas públicas, el diseño de planes para mejorar la fluidez del tránsito de las mujeres por las urbes debe tener como punto de partida la implicación directa de las mujeres, de manera que se recojan sus percepciones, se expliciten sus necesidades, se reflexione sobre el miedo. Todo ello irá dirigido a conocer las percepciones que tienen de la inseguridad-seguridad.

Es muy interesante la retroalimentación existente entre experiencias del derecho sentido, socialización positiva en recorrer espacios y grados de autoestima. También se evidencia que en muchos casos aparecen continuidades en las maneras en que las mujeres interpretan las consecuencias de una movilidad libre y segura, y ello por encima de tiempos, condiciones sociales, como ha podido verse en la experiencia viajera. Asimismo, aparecen aquellos modelos a los que accedemos principalmente en el conocimiento de la cotidianidad y también de los relatos y que nos presentan otras formas de medir la intrepidez, la audacia, y que nos introducen en maneras de afrontar la inseguridad a partir de las necesidades perentorias de la movilidad como son las experiencias de la movilidad forzada.

Considero que el peso de los modelos, aun cuando estén tomados del pasado, ayuda a definir deseos, crear imaginarios amplios de movilidad y también de resistencia ante las dificultades. Y más aún cuando llevan al ejercicio de la movilidad y con ello de la visibilidad.

Las experiencias de movilidad forzada precisan de un acercamiento a una realidad que tiene un punto de partida distinto de la que hemos señalado en las mujeres que viajaron solas. Sin embargo, el elemento de aventura y de intrepidez está presente. Aunque por razones diversas. Además, a pesar de la experiencia traumática que conlleva muchas veces la movilidad forzada, las mujeres han adquirido conocimientos y prácticas que han sabido capitalizar. Se trata de algo que ha de seguirse en la vida cotidiana al estudiar los procesos de adaptación al nuevo lugar que desarrollan muchas mujeres emigrantes, entre los que estarían el desarrollo de redes sociales unas veces, la inserción en otras y su capitalización, no solo en su lugar de llegada, sino con personas de sus lugares de origen.

Como se ha apuntado a lo largo del texto, en la experiencia narrada de seguridad creada emergen como aspectos positivos la sensación de seguridad que produce la vivencia del espacio compartido cuando se elige libremente y cuando tampoco se irrumpe en los límites del espacio físico que consideramos apropiado para sentirnos personas autónomas. Se valora positivamente la experiencia compartida con otras personas en los espacios públicos. También el control visual del espacio relacionado a su vez con las formas construidas que lo posibilitan: la cantidad de espacio que una persona controla cuando está en un parque, en una calle. La claridad desempeña un papel importante, tanto de la luz natural como aquella creada artificialmente para reproducir la luz diurna que permite ver y ser vistos y que actúa como elemento reforzante de la seguridad. Y esto por la explicitud que hacen las mujeres y a través de la observación de comportamientos pausados, alegres, despreocupados en los lugares donde ello ocurre. Por el contrario, el contemplar la rapidez en el andar con que las mujeres pasan por un lugar oscuro, por un pasadizo estrecho en el que no se ve el fin o al adentrarse en un lugar que proporciona la inseguridad del lugar oscuro y desconocido, es un dato irrefutable. Otros elementos que se valoran positivamente son la transparencia en paredes que den paso a la visibilidad del exterior al interior, por ejemplo en un centro comercial, y la cercanía de tiendas, comercios en calles estrechas que despiertan sensaciones de acogimiento.

De algunas de las reflexiones anteriores se llega a valorar las iniciativas que recogen el concepto y práctica de seguridad a que se aspira, las formas de ejercerla y de irla cambiando, de manera que no se convierta en una seguridad que en vez de potenciar inmovilice. Se trata de la seguridad que define el derecho a la movilidad y que no puede ampararse en ninguna tradición para negársela a las mujeres. Un párrafo breve dentro de una noticia trágica que leía en el periódico mientras elaboraba el final de este escrito me ha parecido muy revelador. La noticia comunicaba la trágica muerte de más de mil peregrinos chiíes que habían acudido al santuario del imán Al-Kadem en Bagdad, siendo la principal causa de la tragedia un rumor sobre la presencia de un terrorista suicida que provocó una estampida en la multitud. Me fijé en el comentario textual de un testigo que asistió a la avalancha impotente: «Las mujeres tenían dificultad para correr porque sus movimientos estaban obstaculizados por sus abayas —la vestimenta negra integral—… Además, los niños, muy asustados, se aferraban a ellas». (Diario Vasco, 1 de septiembre de 2005: 37). Se trata de un claro ejemplo de una tradición que afecta directamente y de manera negativa a la movilidad de las mujeres.

En el estudio de los imaginarios del miedo cabe resaltar la fuerza que tienen los estereotipos. Van principalmente vinculados en el caso de las mujeres a los hombres. Y de manera más específica a todos aquellos que pertenezcan a colectivos desfavorecidos socialmente como: drogadictos, mendigos, emigrantes. Es importante porque muchas veces proviene del desconocimiento, por ejemplo en el caso de emigrantes de países árabes que se categorizan bajo el término derogatorio de «moros». El desconocimiento de sus conductas hace que se estereotipen de una manera negativa y que en algunos casos se clasifica como inamovible. También del impacto de los medios de comunicación, que cuando aluden a un delito realizado por un emigrante mencionan su origen, cosa que no hacen con uno del lugar o ciudadano del Estado español. Con ello queda fijada la relación entre el lugar de origen y el tipo de delito. Se hace evidente el desconocimiento que se tiene de otros países y culturas, ya que aquello que se desconoce provoca niveles altos de sospecha, recelo, miedo, prevención.

La ignorancia que con frecuencia existe de la articulación entre las distintas clases de violencia generadas contra las mujeres me hace pensar en la necesidad de cierto aprendizaje que nos ayude a situarnos constantemente en el marco más amplio de los sistemas de género como estructuras de poder. Ver que no es algo abstracto, sino que se expresa en prácticas concretas y no en abstracciones incontrolables.

A pesar de que la socialización en la autonomía y en la libertad proporciona experiencias democráticas, se trata de procesos lentos y de responsabilidades compartidas que abarcan ámbitos diversos: medio familiar, medio educativo, medio social, medio político. Y es precisamente cuando hay que recurrir a conceptos y experiencias de: ciudadanía, sociedad civil, participación ciudadana, movimientos sociales. El abanico de actuaciones acerca de la seguridad precisa de la participación directa de las mujeres en el tipo de seguridad y en su control, así como en el protagonismo de la movilidad. Es el gran reto: articular la movilidad que es libertad con la seguridad; y para que ambas puedan vivirse en armonía es preciso el estudio a pie de calle, así como la recogida de datos que incluyan el descubrimiento de valores y modelos positivos. El prestar atención a las sugerencias, expresiones de las mujeres debe situarse en el mismo nivel de importancia que cuando una mujer dice sentir miedo en el contexto de la experiencia de la violencia de género y actuar según la situación concreta en la que se encuentra, ya que en las ciudades como en todas las sociedades el género permea todas las categorías.

Y, finalmente, considerar que una de las barreras al ejercicio sentido del derecho y que influye en todo lo anterior consiste en un sentimiento profundo y ampliamente compartido que permea a la sociedad y va dirigido exclusivamente a las mujeres. Se asienta en atribuir al varón un deseo sexual incontrolable. Actúa de manera permanente por encima de los esfuerzos que hagan las mujeres por definir su autonomía y ejercer su libertad. Es algo difícil de erradicar y para muchas mujeres supone limitaciones a la expresión de su movilidad. También está relacionado con la violencia de género, pues con mucha frecuencia se disculpa a los hombres basándose en ese deseo incontrolado, como si fuera algo que está por encima de sus voluntades. Yo lo veo como la aceptación de un destino que actúa de manera constante y del que una se puede defender pero sin conseguir que desaparezca. Constituye a mi entender un objeto de estudio muy importante. De ahí la necesidad de estudiarlo, deconstruirlo, ver cómo las prácticas concretas son las que muestran que es un constructo cultural fuertemente arraigado. Y es precisamente el miedo que provoca el que lo mantiene vivo en el imaginario y expresándose en las prácticas de renuncia a la movilidad, al ejercicio de la ciudadanía.

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Capítulo 6
Los límites a los «valores asiáticos»: derechos humanos y equidad de género en China

Gladys Nieto

¿Quién hablará por la tradición local en ausencia de cualquier normativa universal? ¿Será el gobierno local, las tradiciones filosóficas, las doctrinas religiosas o las percepciones de las mujeres sobre sus propios intereses? (Li Xiaorong, 1995: 409).

La región asiática en las últimas cuatro décadas ha asistido a la emergencia de un capitalismo denominado tardío en comparación con su primer referente europeo. Esta modernización económica llegó acompañada de procesos crecientes de occidentalización que los gobiernos de países como Singapur, la República Popular China y Malasia han avistado como una amenaza para su idiosincrasia y valores morales. La defensa de unos valores regionales asiáticos se ha venido perfilando como ofensiva de un relativismo cultural en el ámbito internacional de las discusiones de Naciones Unidas sobre derechos humanos. La invocación a ciertas características culturales, filosóficas e históricas propiamente «asiáticas» se esgrime como fundamento de la subordinación y suspensión temporal de las libertades individuales en esos Estados. En esta línea, se ha consolidado la idea de que la región asiática mantiene valores distintos al individualismo prevaleciente en Occidente, que limitarían la aplicación de los derechos humanos en ese contexto e incluso cuestionarían su universalidad.

El debate de los valores asiáticos ha cobrado un creciente protagonismo en esta última década en foros académicos y políticos, y ha dado lugar a una abundante producción bibliográfica. La orientación a partir de la cual analizo tal debate reside en las vinculaciones que mantiene respecto a los derechos humanos como fundamento de una moralidad universal y a la igualdad de género que se deriva de esa moralidad. Los derechos humanos en el actual proceso de globalización se comprenden como un espacio diferencial de negociación del que participan instituciones y agentes sociales y políticos diversos, conformando discursos y prácticas no solo en busca de la justicia social a escala planetaria (Maquieira, 2005), sino también dirigidos a la definición de sus propios fundamentos morales y filosóficos. En este artículo reflexiono sobre las posibilidades que tienen los «valores asiáticos» de conformar una base filosófica y moral capaz de contribuir a la garantía de los derechos humanos de las mujeres. Aunque tal debate concierne de manera desigual a actores e instituciones de distintos países y regiones de Asia, el caso que me ocupa es el de la República Popular China. Para ello, considero dos premisas. Primero, el debate de los valores asiáticos surge en un contexto mundial de interacción e interdependencia marcado por el complejo y multifacético proceso de globalización que permite la circulación de capitales, bienes, ideas, símbolos, imágenes, etc., a través de las fronteras culturales, estatales y regionales. La complejidad de este proceso y su impacto diferencial en el planeta contribuye tanto a la profundización de las desigualdades económicas y sociales mediante la exclusión de amplios sectores de población, como a la ampliación de oportunidades en la creación de redes de conciencia global y transformación social (Maquieira, 2005). Estas paradojas permiten observar la globalización desde perspectivas complementarias en relación con los derechos humanos: desde sus carencias y/o sus beneficios. Ambas perspectivas permiten comprender el surgimiento del debate de los valores asiáticos a través de su incidencia en la profundización de las desigualdades de género, así como mediante la reacción crítica de los sectores feministas con vistas a su redefinición. Segundo, el debate de los valores asiáticos cuestiona el centro de la legitimidad filosófica y moral de los derechos humanos, alertando sobre la unicidad de la tradición iluminista y la exclusión histórica de otras tradiciones. Este debate se explica desde una perspectiva procesual y de negociación en la que participan actores e instituciones diversos en la selección de la tradición (Hobsbawm y Ranger, 1983) de los derechos humanos. Por ello, la tradición no se entiende como un conjunto de elementos históricos y culturales mantenidos en el tiempo por la costumbre, sino como invenciones recientes que trazan una línea con el pasado; construcciones culturales que son reapropiadas y redefinidas por los actores sociales. La selección de la tradición y sus parámetros dependen del poder desigual de influencia de los actores involucrados y los propósitos a los que sirvan. En la selección de una «tradición asiática» se observan dos cuestiones. Primero, cuáles son los agentes que participan de esa construcción discursiva y la capacidad de influencia que tienen como emisores de sus tradiciones. Y segundo, las características esencialistas que los agentes asignan a su tradición y a sus bases éticas, en el sentido de legitimar, contestar, resistir o apropiarse de la tradición dominante. A lo largo de este artículo busco las relaciones entre el Estado chino, la intelectualidad neoconfuciana y el movimiento de mujeres chinas, en tanto actores que cuentan con un poder desigual de influencia en la selección de la tradición y en la viabilidad de avanzar la igualdad de género.

1. Acerca del «debate de los valores asiáticos»

La modernidad surge en Europa occidental tras una transformación total de la visión del mundo feudal previa basada en un orden divino, al tiempo que la burguesía iniciaba exitosamente su ascenso. La calidad de la modernidad puede ser definida por la tradición iluminista con su fe en el progreso, la influencia de la razón, la secularización del conocimiento y la centralidad del individuo. Como resultado de la expansión europea y la colonización de otros pueblos y territorios, la modernidad como modelo se impuso en el ámbito internacional. Y si bien hay razones para reconocer el carácter emancipatorio y liberador de esta tradición, también existen motivos para interpretar que la herencia ilustrada contenía ideológicamente el imperialismo occidental. Esta última posición es la que nutre en la actualidad los movimientos postcolonialistas en las sociedades periféricas, algunos de los cuales se abocan a la tarea de delinear modernidades distintas que desafían el proyecto original europeo. Hay modernidades que rechazan los valores liberales, mientras que otras recogen la universalidad del proyecto ilustrado y lo reconstruyen desde una racionalidad propia.

En la conformación histórica de los derechos humanos, el legado de la tradición ilustrada es innegable. Los defensores de otras modernidades, al desconfiar de sus elementos liberadores sobre los pueblos no occidentales, ponen también en duda los fundamentos mismos de los derechos humanos. Sin embargo, el origen occidental de los derechos humanos es un simple hecho histórico. Lo cual no implica forzosamente la superioridad moral de Occidente, sino la adopción de una tradición que ha impregnado el modelo implícito de Estado de bienestar democrático liberal y/o socialdemócrata que recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Donelly, 1999). Además la tradición ilustrada también contiene elementos emancipatorios que se pueden hallar en distintas tradiciones asiáticas a través de escritos árabes, chinos e indios que resaltan el universalismo y la igualdad (Sen, 1997). La modernidad ilustrada en tanto tradición dominante de los derechos humanos tiene ante sí el reto de dejar espacio a otras tradiciones producidas en la periferia que históricamente han sido excluidas de su corriente principal. Al tiempo que reconstruye su legitimidad mediante la búsqueda del consenso sobre bases democráticas del mandato universal de desarrollo y modernización, producto de la hegemonía impuesta por la civilización occidental (Dallmayr, 1998). Tal diálogo se plantea en un marco en el que varios gobiernos presionan en los foros internacionales de derechos humanos, defendiendo un relativismo cultural que exalta formas nativistas de interpretación. De ahí la necesidad de definir lo que se entiende por «modernidades alternativas» para sentar las bases de un diálogo democrático entre tradiciones diversas. Una modernidad alternativa, según Dallmayr (1998) es aquella que puede romper con el «chantaje de la Ilustración», con aquello que se presenta como una alternativa simplista o autoritaria de aceptar la Ilustración y permanecer en su propio racionalismo o de rechazar íntegramente sus principios de racionalidad. Las modernidades alternativas se enfrentan al mandato universal de alcanzar ciertos patrones de desarrollo predeterminados. Pero a su vez se oponen a un conservadurismo parroquial y miope, al abandono del universalismo y de la crítica interna. Son perspectivas universalistas y liberadoras, históricamente relegadas, que combinan aspectos filosóficos y religiosos, procedentes tanto de Oriente como de Occidente.

Con la aparición del capitalismo tardío y su concomitante desarrollo económico en países y regiones del Este y Sudeste asiático, algunas de sus élites e intelectuales comenzaron a cuestionar la modernidad en sí —producto del dominio hegemónico de Occidente y sus estándares civilizatorios— y a preocuparse por la búsqueda de formas nativistas de modernidad. En la actualidad, las reflexiones nativistas son muy populares y alcanzan todos los ámbitos científicos, intelectuales y políticos. Lo que proponen es la recuperación de valores y aspectos culturales nativos que se encontrarían amenazados por los cambios económicos y sociales que la globalización trae consigo. Entre tales amenazas se incluye la mayor exposición de tales países y regiones a la intervención de los organismos internacionales, y por tanto a las sanciones —morales y materiales— que se derivan de la violación de los derechos humanos.

Los movimientos de nativización, entre los que se incluye el debate de los valores asiáticos, hunden sus raíces en la reflexión postcolonialista que cuestiona los valores de las antiguas metrópolis y sus reclamos de universalidad como simulaciones que encubren los intereses geopolíticos y económicos de los antiguos núcleos de poder (Golden, 2003). Pueden adoptar posiciones ideológicas divergentes, ser conservadores, radicales, revolucionarios o emancipatorios y apelar a la crítica indistinta de los valores ajenos y/o autóctonos. Las perspectivas nativistas más radicales rechazan los valores foráneos mediante la exaltación etnocéntrica y acrítica de los propios, descartando cualquier pretensión de alcanzar valores universales que sustenten un marco moral internacional, como el de los derechos humanos. Estas restricciones de una moralidad universal se apoyan en posiciones filosóficas deconstructivistas que insisten en la falacia de la búsqueda de fundamentos universales de los derechos humanos y respaldan un relativismo ético. Mientras para los filósofos fundacionalistas los derechos están anclados en una naturaleza, razón o dignidad espiritual humana invariante y universal, para los filósofos antifundacionalistas los derechos son contingentes histórica y contextualmente, y están fabricados por la voluntad. Con lo que esta última situación no brinda parámetro alguno sobre la justicia de las relaciones sociales. A medio camino entre ambas posturas hay autores que consideran que la universalidad no es una precondición necesaria de los derechos humanos sino la meta de una humanización, al entender que estos son un camino hacia la justicia social. De ahí que el carácter global de la universalidad —en un mundo globalizado— requiera de un aprendizaje que reclama la participación y colaboración de diversas culturas en el mundo (Dallmayr, 2002).

Ahora bien, en cuestiones de derechos humanos el gobierno chino viene manteniendo desde los años 90 una postura nativista. El juicio internacional provoca resistencias y en muchos casos es definido por la oficialidad como una injerencia extranjera en asuntos que solo conciernen a la soberanía del país. La confrontación político-ideológica más importante es con Estados Unidos, al que se le acusa de utilizar el discurso de los derechos humanos para encubrir la intervención militar directa en otros Estados y no contar con autoridad moral para criticar al gobierno chino por violaciones que ese país también comete. Esta postura nativista y reactiva pretende enfrentar el unilateralismo de Estados Unidos y su hegemonía en el orden internacional. No obstante, ella misma acaba territorializando los derechos humanos al negarles validez y aplicación universal, además de restringir su sentido moral.

Los antecedentes del debate de los valores asiáticos no los hallamos específicamente en la República Popular China, sino en Singapur. Hacia 1989, el gobierno de este país redactó un documento para promover el rescate de los valores comunitaristas que compartía su pueblo por oposición a los valores liberales u «occidentales» y promover su difusión mediante la educación. Desde principios de los años 90, Lee Kuan Yew, por entonces primer ministro de Singapur, se convirtió en la figura central de la defensa de los valores asiáticos en la esfera internacional. A raíz de la amplificación que tuvieron estas discusiones entre políticos, ministros e intelectuales de distintos Estados, comenzó a forjarse una denominación del caso: «el debate de los valores asiáticos» o la «escuela de los valores asiáticos». En líneas generales, se trataba de un intento de brindar una explicación política mediante la apelación a características culturales y esencializadas a un fenómeno de orden económico: el milagroso desarrollo que convirtió a ciertos Estados de la región asiática en tres o cuatro décadas en países ricos (Sison, 2003). A fin de cuentas, este debate pretendía singularizar un capitalismo en la región como si se tratara de un orden económico, social y político más benevolente que el que Occidente consolidó.

Es difícil precisar la coherencia interna del discurso de los valores asiáticos que profesan diferentes actores, como el hecho de que pueda catalogársele como una escuela. No obstante, hay intentos que señalan modelos específicos dentro de este debate: la escuela de Singapur, el modelo de Mahatir de Malasia y el modelo confucionista nacionalista chino posterior a los sucesos de Tian’anmen (Mendes, 2003). Todos ellos ponen en tela de juicio la compatibilidad entre los derechos humanos y los valores asiáticos. Singapur, Malasia y la República Popular China han liderado el debate sobre los valores asiáticos en un periodo histórico marcado por un desarrollo económico uniforme sin precedentes. Singapur mantuvo el crecimiento sostenido de su economía en niveles cercanos al 8 % desde 1966 hasta 1990. Malasia lo hizo con una tasa anual del 6 % desde 1970, mientras que China mantiene sus cifras con un crecimiento superior al 7 % de su PIB en los últimos años (Morcillo y Sinclair, 2005). Todos estos modelos han combinado el crecimiento de su economía con regímenes políticos autoritarios y paternalistas que no garantizan los derechos civiles y políticos, y refuerzan la disciplina social. Regímenes que también hallan legitimidad y consenso entre sus poblaciones.

Las élites políticas e intelectuales de estos países, en sus intentos por consolidar una alternativa a los valores liberales, han puesto un interés especial en conferir al éxito económico en la región asiática una interpretación en clave cultural. Esta se define alrededor de los valores confucianos que impregnan las sociedades asiáticas desestimando cualquier tipo de influencia modernizadora, actual o pasada, procedente de Occidente o de otras tradiciones no confucianas del ámbito asiático. La relectura y recuperación de las premisas teóricas weberianas son elocuentes a este respecto. Weber, desde una postura eurocéntrica, siempre consideró que las sociedades asiáticas no tenían otra salida que importar el modelo capitalista occidental. Sin embargo, este autor es actualmente reivindicado para fundamentar el efecto de los valores confucianos sobre el desarrollo económico en Asia, mediante la aplicación de su hipótesis acerca de la influencia de la ética protestante en el inicio del capitalismo. Con lo cual sirve a los fines de asignar a un «capitalismo asiático» una base ética y cultural específica.

Los valores asiáticos aspiran a constituirse como un sistema moral alternativo, con costumbres y tradiciones particulares que contribuyan a que el capitalismo existente en la región asiática cobre cierta originalidad, y se diferencie de aquel que se formó en Occidente. Así, tales valores se delimitan por contraste, como reacción a una visión sui generis de una «modernidad occidental». El proceso de caracterización de este «capitalismo asiático» adopta selectivamente una economía de mercado y sus logros tecnológicos pero rechaza los valores liberales de la modernidad. Los defensores de esta posición insisten en que Asia se vale de una ética más benigna y humanitaria que la «ética occidental» con su exceso de libertades, corrupción y decadencia. Es preciso resaltar el carácter reactivo que tienen los valores asiáticos con relación a una modernidad denominada occidental en el marco de este debate.

Ahora bien, el reclamo de la oficialidad de ciertos países asiáticos a favor de especificar su modelo de desarrollo y sus valores no solo fue impulsado por grandes figuras políticas como los jefes de Estado mencionados, sino que también halló canales de legitimación internacional en la Conferencia de Derechos Humanos de Naciones Unidas realizada en Viena en 1993. En este evento, los representantes políticos de las naciones del Este y Sudeste asiático plantearon que la protección de los derechos humanos debía garantizarse de acuerdo con las tradiciones culturales de cada región. Se negaron a la ratificación de determinados puntos en los acuerdos de derechos humanos, y sus requerimientos a favor del respeto a la «especificidad» e «integridad cultural» fueron incorporados en la Declaración de Viena (Maquieira, 1997; Thelle, 2001).

La llamada a la creación de una identidad panasiática contrapuesta en valores a Occidente relanzó el debate de los valores asiáticos. Así, se extendió una compleja red de discusión entre académicos asiáticos y no asiáticos, organizaciones no gubernamentales e instituciones internacionales, en una amplia diversidad de disciplinas. A continuación estructuro, de la forma más integradora posible, las características de aquello que podría definirse como valores asiáticos, basándome en la perspectiva de Jayasuriya (1998). Debe hacerse la salvedad de que tales aspectos son aquellos que han promulgado en especial políticos y agentes vinculados al Estado, y muchos intelectuales.

En primer lugar, los valores asiáticos se definen por un ethos comunitarista por oposición al ethos individualista de Occidente. Sus defensores entienden que la afirmación del individuo como un sujeto libre y aislado en Occidente ha llevado al extremo la satisfacción de los deseos y gratificaciones del mismo. Así, el hedonismo, el materialismo, el egoísmo y la libertad sexual derivados de estos valores se consideran la base de la decadencia de Occidente. En el caso del ethos comunitarista de las sociedades asiáticas, la comunidad se impone como el límite de los deseos del individuo. El individuo es categorizado desde la concepción confuciana como el centro de una serie de relaciones de confianza concéntricas que abarcan la familia, la comunidad, la sociedad, la nación, el mundo y el cosmos (De Bary y Tu, 1998). De ahí que el énfasis no está puesto en la garantía de la libertad individual, en la capacidad de ejercer los derechos individuales, sino en las obligaciones concomitantes del sujeto, sean familiares o comunitarias.

En segundo lugar, los valores asiáticos privilegian la disciplina en los ámbitos del Estado, la familia y el trabajo. Consideran que el exceso de libertades individuales en Occidente conduce inevitablemente a la anarquía, por lo que la libertad individual solo puede alcanzarse en un Estado ordenado y armónico que mantenga las lealtades familiares y el respeto a los mayores. La disciplina debe mostrarse en la tolerancia hacia un autoritarismo benigno, en el respeto al liderazgo político y comunitario. En el espacio laboral, la disciplina se ejerce a través del compromiso diligente a trabajar bien, a ponderar la acumulación de riqueza, apreciar la educación, practicar la frugalidad y la moderación en el consumo. Estos argumentos que cimientan un modelo de desarrollo basado en la disciplina del grupo, un fuerte liderazgo y una ética del trabajo y los valores familiares, actualmente están siendo utilizados por algunos Estados africanos bajo el rótulo de «modelo asiático de desarrollo» (De Bary, 1997).

En tercer lugar, los valores asiáticos se basan en una concepción orgánica del Estado y la sociedad, que está asociada a ese mantenimiento del orden y la armonía. En tal sentido, se impone la cooperación entre las partes del conjunto y la supresión de situaciones disruptivas o conflictivas. Ello se expresa, por ejemplo, en la promoción de relaciones de no-adversidad entre el gobierno, los sectores empresariales y los trabajadores. Y en la defensa a ultranza de ciertas instituciones sociales, costumbres y tradiciones frente a amenazas exteriores.

Sobre la base de los aspectos señalados, los portavoces de los valores asiáticos también apuntan ciertas especificidades que limitarían la universalidad de los derechos humanos. En principio expresan que la protección de los derechos humanos es una cuestión de soberanía y que cada país tiene la legitimidad para formular sus propias políticas en la materialización de tal protección. En tal sentido, los derechos humanos se convierten en asuntos internos donde no intervienen terceros Estados o agencias multinacionales. Esta defensa de la soberanía reduce la capacidad de procedimiento de la comunidad internacional para enfrentar situaciones de violaciones de los mismos. Además, exponen un conflicto que algunos autores consideran transitorio y otros permanente, en relación con la indivisibilidad de los derechos humanos, en especial entre aquellos de primera y segunda generación (político-civiles y económico-sociales). Argumentan que en Asia como en otras zonas subdesarrolladas la urgencia de los gobiernos reside en resolver los problemas de la subsistencia de su población y alcanzar un rápido desarrollo económico mediante la estabilidad social. En tal sentido, sostienen que es necesario privilegiar la garantía de los derechos económico-sociales en detrimento de las libertades individuales, asegurando además la separación entre desarrollo económico y democracia. Asimismo, declaran que la democracia es un sistema político extraño a la tradición asiática y que no puede imponerse en los países de la región. Lo que se entiende entonces por la «nueva tendencia asiática» es que los derechos individuales están temporalmente subordinados al bien común que surge del orden y la estabilidad provistas por el Estado (Van Hoof, 1996). El sacrificio de las libertades políticas y civiles por el desarrollo económico ha sido criticado ampliamente desde fuera del debate, ya que, de hecho, existen pocas evidencias de que la supresión de tales derechos sea beneficiosa para el desarrollo económico. Además, los derechos civiles han tenido un papel primordial en la prevención de desastres económicos y sociales, como en el caso de muchas de las grandes hambrunas de la humanidad (Donelly, 1999; Sen, 1997). Por último, los portavoces del debate indican que los derechos son «culturalmente específicos», en el sentido de que los derechos humanos nacen en un marco social, económico, cultural y político determinado. Y que las circunstancias que establecieron la institucionalización de los derechos humanos en Occidente no existen en Asia. Con lo cual esta versión del relativismo cultural y ético limita enormemente la jurisdicción universal de los derechos humanos.

A continuación me refiero a la actual consolidación del confucionismo en la esfera internacional como tradición predominante de los valores asiáticos, así como la vinculación histórica que el Estado chino y los intelectuales han tenido con tal doctrina.

2. Los intelectuales neoconfucianos y el Estado

He indicado que en la construcción discursiva de una «tradición asiática» intervienen agentes que detentan un poder diferencial de influencia tanto en la selección como en la difusión de la tradición. Por un lado, el actor por excelencia que se reclama legitimado para hablar por la tradición es el Estado. Tengamos en cuenta que el debate de los valores asiáticos fue lanzado, de hecho, por jefes de Estado y otros agentes gubernamentales. Lo que implica una mayor capacidad de conformarse como discurso dominante y de control sobre sus propias sociedades y de proyección en la arena internacional. Por otro lado, los intelectuales también tienen un papel manifiesto en esta elaboración discursiva, ya sea por su cercanía ideológica con las instancias de poder o por su crítica a las mismas. Elaboro una breve genealogía de las relaciones entre el Estado chino y los intelectuales confucianos para situar históricamente la selección de esta tradición y las implicaciones que tiene en la actualidad para el debate de los valores asiáticos.

En la China tradicional, los funcionarios letrados eran los creadores y transmisores de la tradición. Legitimaban la autoridad del emperador y velaban por ella. Sin embargo, el seguimiento del ideal confuciano de la virtud, por el cual los letrados aspiraban a convertirse en modelo de perfección moral y sabiduría, podía en ocasiones entrar en conflicto con la autoridad del Estado (Fisac, 1997a). Los intelectuales que desafiaban el poder estatal tenían muy pocas alternativas: enfrentarse a las represalias físicas o al ostracismo social. El confucionismo en la China imperial brindó la ideología en la que se sustentó el orden de un Estado fuertemente patriarcal desde el siglo II a. C. hasta principios del siglo XX. Estado en el que las mujeres chinas debían adscribirse a ciertos roles prescritos por rituales de obediencia y sumisión a los varones. El nombre de confucionismo, rujia, que se traduce por «doctrina de los letrados», ni siquiera recoge el nombre de Confucio. Tal doctrina engloba los libros clásicos chinos, las Analectas —el texto asociado al pensamiento de Confucio escrito por sus discípulos— y otras obras del siglo III a. C. (Dawson, 1986). De ahí que esta doctrina deba distinguirse del pensamiento estricto de este pensador y del uso que se hizo de ella como instrumento de control social, según expresan ciertos filósofos críticos.

Esta filosofía discurrió por revisiones diversas dentro de su vertiente dominante a lo largo de la historia. En el siglo XI se produjo el primer resurgimiento de lo que se conoció como neoconfucionismo, un esfuerzo por replantearse íntegramente la tradición, que tuvo relación con la proyección previa de casi diez siglos de budismo en China y con su rechazo (Cheng, 2002). Entre los representantes de esta corriente que se acepta como iniciadora de la moderna filosofía china encontramos a los hermanos Cheng Hao y Cheng Yi, Zhu Xi y Wang Yangming. La ortodoxia neoconfuciana se mantuvo en la China imperial durante los siguientes nueve siglos, imponiendo un control patriarcal aún mayor mediante la imposición del vendaje de los pies en las mujeres. La segunda revitalización del neoconfucionismo se producirá hacia principios del siglo XX como reacción a los movimientos modernistas de cuestionamiento de la tradición. Después de la caída del régimen imperial con la República en 1912, la movilización estudiantil fue intensa. El 4 de mayo de 1919 estalló un movimiento de resistencia en las grandes ciudades, de tendencia iconoclasta, debido a la cesión de territorios a Japón. Los intelectuales de esta época deseaban acabar con la tradición feudal confuciana, extendiendo la modernidad occidental. Liang Shuming, Xiong Shili y Feng Youlan comenzarán un movimiento de resistencia a la modernización que se denominará «neoconfucionismo contemporáneo» o «nuevo neoconfucionismo» (xin ruxue), denominación que se vincula a su predecesor del siglo XI (Pastor-Ferrer, 2002). Estos pensadores se oponían a una total occidentalización de China, pero no desechaban absolutamente todo lo que procedía de Occidente. Estaban convencidos de que se debía crear un nuevo humanismo que incorporara una esencia de la cultura china, además de los aportes de la ciencia y la democracia de estilo occidental. En el marco del neoconfucionismo contemporáneo es posible distinguir tres generaciones de intelectuales (Pastor-Ferrer, 2002), todos ellos varones. La primera es la previamente mencionada, ubicada temporalmente en los años 20. La segunda generación está representada por Tang Junyi, Xu Fuguan y Mou Zongsan, quienes producen sus escritos en los años 50, en la época de la fundación de la República Popular China, y se convierten en anticomunistas militantes. Todos ellos se exilian en Taiwán y Hong-Kong y desde allí ejercen su oposición al gobierno de Mao Zedong, responsabilizándole de la destrucción de la cultura china. Desde fuera, estos pensadores impulsarán el neoconfucionismo creando revistas y círculos académicos. Su visión recupera una perspectiva china que, según ellos, siempre ha valorado más el perfeccionamiento moral que la investigación técnico-científica. Por lo cual, China debía hallar sus propios valores para alcanzar una modernidad que no se deshumanizase como lo ha hecho Occidente. La tercera generación neoconfuciana se perfila hacia fines de los años 70 con las reformas económicas. Esta última generación se compone de un grupo de académicos chinos de la Universidad de Pekín —Ye Xiushan, Jin Wulun y Chen Lai—, que fundan en 1985 la Academia de la Cultura China (zhongguo wenhua shuyuan), dirigida entonces por Tang Yijie, reconocido como uno de los historiadores más brillantes del pensamiento chino. Este autor se ha dedicado al estudio de la filosofía china desde los años 50 utilizando metodologías marxistas. Los objetivos de la Academia se reúnen alrededor del estudio de la filosofía china y la promoción de la filosofía comparada para mejorar el conocimiento de la tradición china y el Occidente contemporáneo (Cheng y Bunnin, 2002). De esta generación también participan profesores de las Universidades de Harvard, Princeton, Hong-Kong y Columbia, como el renombrado Tu Weiming, Yu Yingshi, Joseph Chan y Theodore de Bary. Es indicativo que el debate sobre los valores asiáticos y la recuperación del confucionismo como una tradición que debería incorporarse a los fundamentos de los derechos humanos proceda de una nutrida representación de intelectuales de la diáspora, en particular chino-americanos. Acaso esta situación revela un espacio de negociación no solo de las bases éticas de una justicia global sino de otras instancias del poder geopolítico e ideológico, en el interés de China por establecer un orden mundial multipolar para frenar el avance del unilateralismo estadounidense. Otros actores sociales de la diáspora, las mujeres intelectuales chino-americanas, también vienen ejerciendo una influencia importante en la última década en la promoción del feminismo en el interior de China.

Durante la época maoísta China, pretendió destruir cualquier vestigio que tuviera que ver con el orden confuciano e imperial previo a la consolidación de un país moderno. El confucionismo, con su estructura social establecida a través de una rigurosa jerarquía de edad y sexo, era la representación de una tradición opresiva, un lastre feudal que el socialismo debía barrer. En ese contexto social, algunos líderes políticos e intelectuales buscaron la forma de adecuar la filosofía clásica a ciertas interpretaciones comunistas que sirvieran en la nueva sociedad. Por ejemplo, Feng Youlan, de la primera generación de intelectuales neoconfucianos, ideó el llamado «método de herencia abstracto» que recuperaba principios generales del pensamiento tradicional confuciano que podían ser relevantes en la sociedad socialista. Uno de esos principios lo resumía en la importancia de la educación, bajo la idea de los modelos ejemplares que debían imitarse (Louie, 2004). Después de la muerte de Mao y con la introducción de la política de reforma y apertura en los años 80 se produce una masiva revitalización de la filosofía confuciana en la República Popular China. No solo se impulsan conferencias y seminarios sobre la filosofía y la cultura confucianas en el ámbito académico, sino que comienzan a crearse instituciones dedicadas al estudio de esta doctrina. En 1984 se establece formalmente una Fundación Confucio en el país, con oficinas en Pekín y en Qufu, provincia de Shandong, el pueblo natal de este pensador. Ese mismo año se funda también la Asociación Confuciana Internacional, siendo su director honorífico Lee Kuan Yew, el principal inspirador de los valores asiáticos. El apoyo del Estado chino a estas empresas es evidente. El régimen político en Pekín se arroga el derecho a hablar por la herencia confuciana de China, en contraposición a las décadas prohibicionistas anteriores. De hecho, los llamados a construir una «sociedad armónica» por parte de Hu Jintao en los últimos años se basan en la promoción de valores confucianos como la honestidad, la unidad y el establecimiento de una relación cercana entre el gobierno y el pueblo (Bell, 2008).

El renacimiento del confucionismo en China se produjo a la par del auge internacional del debate de los valores asiáticos, como si este último se transformara en una prolongación de la internacionalización del primero. Los intelectuales neoconfucianos chinos que permanecieron en silencio durante la época maoísta volvieron a tener voz en los años 80. Entonces hizo su aparición la denominada Escuela del Nuevo Confucionismo en China y el Extranjero. A pesar de que no se conoce demasiado cuáles son las bases de esta escuela, ni siquiera que constituya una doctrina, lo cierto es que sus partidarios han recuperado como texto fundacional de la misma un escrito de Liang Shuming —de la primera generación neoconfuciana— de 1921 denominado «Las culturas y filosofías de Oriente y Occidente». En él, Liang afirma que existen tres grandes tradiciones filosóficas en el mundo moderno: la occidental, la china y la india, y que sus sociedades evolucionan en ese orden. Por ello, la filosofía india sería el destino final de todas las civilizaciones. Este autor propone que se adopte en el ámbito internacional la filosofía china que consistiría en el justo medio (Louie, 2004). La exaltación de las bondades del confucionismo y su expansión internacional se encuentran en la base de otros documentos que han sido también recuperados para dar empuje a esta Escuela del Nuevo Confucionismo, como en uno publicado en 1958 que se titula «Declaración en nombre de la cultura china dirigida respetuosamente a los pueblos del mundo». Este documento fue firmado entonces por un grupo de renombrados neoconfucionistas de la segunda generación: Mou Zongsan, Xu Fuguan, Zhang Junmai y Tang Junyi. Se trataba de una apología de la cultura china que subrayaba la importancia transcultural del confucionismo en el mundo. Importancia que se derivaba de la influencia de los modelos de vida occidentales —el norteamericano en especial— que en aquel entonces estaban en auge. Por lo que la ética china podía funcionar como freno a la superficialidad y el materialismo de la modernidad occidental (Louie, 2004). Vemos en este punto que los intelectuales neoconfucianos contemporáneos en China recogen de su pasado cercano los mismos elementos culturales alusivos para la ofensiva conservadora de los valores asiáticos. Y otorgan al confucionismo un lugar predominante como base ética universal, capaz de reemplazar por su supremacía moral a la tradición liberal occidental. Como puede apreciarse, la doctrina confuciana se convierte en la explicación cultural y filosófica para interpretar el pensamiento y el comportamiento no solo de la sociedad china, sino del resto de las sociedades asiáticas.

Así, el debate de los valores asiáticos escoge de un amplio universo de ideas filosóficas y religiosas, procedentes de Oriente y Occidente, las características relativas a un sistema en concreto. Y, además, reconoce dentro de ese conjunto ciertas especificidades continuas y naturalizadas legadas por tal tradición. Este doble proceso tiene vinculaciones cercanas con los derechos humanos y las relaciones de género. El Estado y los intelectuales orientan la selección de una tradición hacia el pensamiento confuciano que tiene una larga historia de opresión hacia las mujeres. Esta selección, al acordar la incorporación de los valores confucianos, excluye al mismo tiempo otros valores que procederían de tradiciones asiáticas juzgadas como mucho más benignas en su concepción de la posición que ocupan las mujeres en la sociedad. En relación con la carga ideológica patriarcal, por ejemplo, existe una actitud mucho más compasiva hacia el taoísmo que hacia su escuela rival confucionista, en la medida en que la filosofía taoísta rechaza las normas y prácticas existentes, asociadas por lo general con el mantenimiento de un orden social masculino (Lai, 2000). La filosofía taoísta recupera características que hacen de la feminidad un culto, fundando su cosmología y ética en ciertas virtudes ligadas a la naturaleza y a las características de suavidad, humildad, tolerancia y obediencia atribuidas comúnmente a las mujeres (Li, 1995). La selección del confucionismo asimismo relega otros valores de carácter emancipatorio procedentes de la tradición ilustrada, que también tuvo su influencia en China y el resto de Asia.

En el proceso de conformación del discurso de una «tradición asiática» es preciso atender al contenido de las características culturales esencialistas que los agentes asignan a su tradición y sus bases éticas, ya que ellas pueden contribuir a criticar, resistir, legitimar o reforzar la tradición dominante. En el caso del Estado chino y de otros portavoces estatales del debate de los valores asiáticos, he expresado antes que esas características se resumen en una visión comunitarista y orgánica de la sociedad y del Estado. Así, la comunidad aparece como el marco que contiene tanto los derechos como las pretensiones y aspiraciones del individuo. Esta premisa no puede menos que generar un sentido de alerta en lo que se refiere a la garantía de los derechos humanos de las mujeres. El privilegio de la comunidad frente al individuo tiene consecuencias directas en una sociedad jerarquizada y desigual, ya que se espera la sumisión de aquel a los objetivos colectivos. Para las mujeres chinas —subordinadas por la tradición confuciana reactualizada en el debate de los valores asiáticos que históricamente las situó en los niveles más bajos de la sociedad—, la predominancia de la comunidad puede comprenderse en este contexto como refuerzo de la ideología patriarcal y el control social. Así, también los valores asiáticos reivindican la disciplina en las esferas laboral, familiar y estatal, al ponderar el mantenimiento del orden y la armonía. Desde esta perspectiva, las luchas por el reconocimiento de los derechos sexuales, reproductivos y familiares son interpretadas por los representantes de los valores asiáticos como un ataque a las instituciones del matrimonio y la familia, al amparar y promover la homosexualidad, la constitución de grupos monoparentales y la pérdida de valores religiosos. Incluso los reclamos laborales a favor de que las mujeres tengan una mayor cualificación para acceder al mercado de trabajo y mejorar su posición son juzgados como una amenaza para la institución familiar —naturalizando el lugar que corresponde a las mujeres dentro de ella—, debido al impulso que estas reciben para abandonar el ámbito doméstico y descuidar el cuidado material y afectivo de los hijos. En resumen, bajo esta concepción de la tradición, las mujeres se convierten en el blanco de la crítica, ya que se las responsabiliza de desestabilizar las instituciones sociales que debieran garantizar la armonía y la estabilidad del organismo social. En las visiones comunitaristas de la sociedad que evidencian ciertas tradiciones, las mujeres al luchar por el reconocimiento de sus derechos se convierten en los agentes responsables de la desorganización, inestabilidad y amenaza del orden social y sus instituciones.

Las características culturales que el movimiento intelectual neoconfuciano asigna a la «tradición asiática» enlazan también con los aspectos seleccionados por los agentes estatales. Desde la filosofía confuciana, el individuo no vive aislado en el mundo, sino que tiene una serie de obligaciones hacia agrupaciones sociopolíticas que le contienen y le brindan seguridad: la familia, la comunidad, la sociedad o la nación. De ahí que el énfasis no se ubique en la capacidad del ejercicio de los derechos individuales sino en los deberes concomitantes del sujeto, sean estos familiares o sociocomunitarios. Los intelectuales neoconfucianos recuperan además el ejercicio de los ritos, en concreto lo que atañe al mantenimiento de la piedad filial y el respeto a los mayores. Con lo que se mantienen las obligaciones del individuo ante la jerarquía y la autoridad. A pesar de la renovación y expansión que el movimiento neoconfuciano ha operado en la actualidad, el núcleo de la filosofía tradicional china sigue siendo fuertemente patriarcal al perpetuar la subordinación de las mujeres. Hay que tener en cuenta que ellas encarnan el modelo alrededor del cual se conciben las responsabilidades familiares —las funciones reproductivas, productivas, y de cuidado de los ancianos y jóvenes—, así como las responsabilidades colectivas ligadas al nacionalismo —en torno a la delimitación de las fronteras de los grupos y la transmisión de sus identidades—, que se constituyen en los marcos bajo los cuales los individuos acatan la autoridad y el orden.

En síntesis, el Estado y el movimiento intelectual chino recogen de la tradición filosófica confuciana aspectos que contribuyen a frenar el avance de las libertades individuales y que elogian el conservadurismo en el mantenimiento de los roles tradicionales, donde las mujeres tienen una posición social atribuida. Así también celebran la internacionalización de esta filosofía como modelo ideológico para el actual desarrollo económico, en contraposición a la tradición ilustrada. A continuación, describo el movimiento de mujeres chinas —otros de los sujetos colectivos en la selección de la tradición— en relación con el Estado chino.

3. El movimiento de mujeres chinas y el Estado

El movimiento feminista en China surge a principios del siglo XX estrechamente vinculado al Estado, y a lo largo de estos cien años se ha adaptado y transformado a través de una relación muy cercana a él. Esta configuración histórica —que está asistiendo a importantes cambios después de la IV Conferencia de Mujeres de Beijing de 1995— ha tenido como consecuencia la subordinación de este sujeto colectivo al marco estatal, llegando incluso a que sea este el que represente sus demandas. Lo que ha mermado enormemente la autonomía de las mujeres chinas para hablar por sí mismas, para construir su propia identidad colectiva y hallar canales de legitimación de su perspectiva sobre la tradición.

En relación con el poder que puede detentar el movimiento de mujeres chinas en la actualidad para extender sus visiones de la tradición y reinterpretarla, contrarrestando la ideología conservadora que sustenta el debate de los valores asiáticos, considero lo siguiente. El movimiento de mujeres chinas no llega a cuestionar el núcleo más fuerte de la tradición patriarcal neoconfuciana debido a la exclusión derivada de la discriminación a la que están expuestas en todos los ámbitos de la vida social, económica y política. Y debido además al hecho de que el movimiento feminista chino permanece aún supeditado al Estado de una manera simbiótica, con poca capacidad de autonomía para revertir los roles históricos y tradicionalmente asignados. Para entender en detalle esta posición, es preciso poner de manifiesto las relaciones de género que se mantuvieron en China en la época imperial y los cambios que se produjeron en tales relaciones desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Ello nos podrá situar además en la genealogía de las demandas del movimiento feminista chino, así como en el contexto de las desigualdades de género imperantes en la China postmaoísta, para comprender su capacidad de negociación.

Como señalé antes, las orientaciones del Estado chino y la intelectualidad neoconfuciana sobre los contenidos de la tradición que aglutina los valores asiáticos, tienen muchos puntos en común. Sin embargo, estos dos sujetos colectivos, aunque mantienen una visión específica del lugar que corresponde a hombres y mujeres en la sociedad, no presentan un vínculo ideológico directo y dependiente como sí fue característico en toda la historia imperial china. En otras palabras, aunque hoy en día el neoconfucionismo emergente entre los intelectuales chinos aparentemente aparece desvinculado del Estado, la relación entre el orden imperial y la ideología confuciana fue muy estrecha a lo largo de siglos.

La base del sistema patriarcal que se institucionalizó en China en el periodo Zhou (siglo XII a. C). era la familia tradicional. Esta estructura persistió hasta el siglo XX y fue bastante uniforme, a pesar de ciertas variaciones regionales y lingüísticas. La causa más significativa de su continuidad se sitúa en la universalidad de la ideología confuciana que fijó las posiciones sociales que sus miembros debían ocupar y las obligaciones que debían asumir. La base de la ética en Confucio residía en la familia y en la obediencia que el hijo debía al padre, el joven al anciano y el súbdito al soberano. En la China imperial, la familia tradicional proporcionaba el orden que requería el Estado, y este mantenía la base ideológica en otros ámbitos de la vida social. Aquella se organizaba en un entramado jerárquico según criterios de edad, generación y sexo. Cada miembro tenía un lugar específico en su seno y obligaciones asignadas. La unidad de esta base familiar se sustentaba en la piedad filial y el culto a los antepasados —donde el parentesco se extendía más allá de la muerte (Botton y Cornejo Bustamante, 1993).

La familia tradicional china era patriarcal, patrilineal y patrilocal. La transmisión y continuidad del linaje dependía de la línea masculina. Las mujeres, en función de la norma de residencia patrilocal, eran consideradas elementos externos que se incorporaban a la casa del marido y mantenían el culto a los antepasados de este. Para la familia de origen, eran un dispendio, ya que eran alimentadas durante el periodo de su juventud y una vez casadas, pasaban a formar parte de otro grupo familiar. Por ello, no heredaban ni transmitían el apellido. Los hombres detentaban la autoridad en el interior y en el exterior de la familia, siendo el patriarca quien controlaba la economía familiar, arreglaba los matrimonios y decidía el destino de todos los miembros, a quiénes podía enajenar, castigar o matar. El concubinato era una práctica corriente y las mujeres quedaban a merced de la obediencia a los varones a lo largo de su ciclo vital. En su juventud debían obediencia a su padre o a los hermanos mayores, de casadas a su marido y cuando viudas a su hijo. En un sistema social que las confinaba al espacio doméstico, las mujeres también eran presionadas para procrear hijos varones como forma de perpetuar el sistema (Botton Beja, 1995).

El periodo de mayor control sobre las mujeres chinas en el desarrollo de las relaciones de género se produce durante la revitalización neoconfuciana en tiempos de la dinastía Song —siglo XI. Entonces se extendió la práctica del vendaje de los pies, sustentada en ideales de belleza y erotismo. Esta práctica replegó aún más a las mujeres al espacio de la casa, limitando su capacidad de movimiento, y se mantuvo hasta las primeras décadas del siglo XX cuando comenzaron a aparecer en China organizaciones femeninas en contra del vendaje de los pies.

A principios del siglo XX, cuando en las ciudades chinas los intelectuales acogieron las ideas nacionalistas y evolucionistas occidentales —en especial en el interés de los republicanos por derrocar el orden dinástico—, se fundaron asociaciones de jóvenes y mujeres que reclamaban la igualdad. El feminismo de la época de la República de China (1912) no estaba separado de la reforma social y política. Hay que tener en cuenta que las mujeres que participaron en él procedían de las clases privilegiadas. En esta conciencia reformista, las demandas se centraban en los derechos individuales. Los intelectuales de esta época eran en su mayoría varones que denunciaban la opresión de las mujeres. De ahí que la modernidad —al menos de una manera declamativa— se vinculara de manera temprana a una equidad de género. Ello influyó de manera decisiva en la cooptación que el Estado produjo del discurso feminista, dejando al movimiento de mujeres chinas sin autonomía en el reclamo de sus derechos. Así, desde sus inicios, la «liberación» femenina estuvo siempre ligada y subordinada a la liberación de la nación (Yang, 1999). Y esto vale para las distintas instancias revolucionarias y de cambio social que se sucedieron en China a lo largo del siglo XX. Si el Estado republicano (1912) incorporó a su lógica constitutiva las demandas de liberación de las mujeres, más tarde también lo haría el Estado comunista (1949) y el presente «socialismo con características chinas» (1978).

A pesar de la participación que tuvieron las mujeres afiliadas al Guomindang en su lucha revolucionaria a principios del siglo XX y del discurso estatal republicano a favor de sus derechos, los avances en la mejora de su posición social fueron exiguos. No será hasta la fundación de la República Popular China en 1949 cuando las políticas verticalistas del Estado comunista produzcan, en verdad, un cambio cualitativo en las relaciones de género. Para el Estado comunista, la modernidad suponía la eliminación del feudalismo que representaba el atraso del país, asociado al orden social confuciano. La introducción de la Ley de Matrimonio de 1950 y de la Ley de Trabajo de 1952 trajeron como consecuencia una transformación revolucionaria del lugar que las mujeres chinas ocuparon históricamente en el interior de la familia tradicional, tanto en el campo como en la ciudad. Las mujeres consiguieron ver reconocidos sus derechos a elegir cónyuge, al divorcio, a la herencia, a la educación, a participar del trabajo remunerado, a intervenir en política, entre otros. A pesar de la importancia que tuvieron estas políticas en llevar a la práctica la igualdad de género, el gobierno de Mao Zedong concebía —como era corriente en otros países comunistas— que las diferencias de género estaban subordinadas a las diferencias de clase. La liberación de las mujeres llegaría inexorablemente cuando se abolieran definitivamente las diferencias de clase, debido a la propia concepción marxista del desarrollo histórico que el gobierno comunista adoptó como premisa. En este periodo, las demandas de las mujeres también acabarán sometiéndose a la lógica de la construcción del Estado. El gobierno de Mao aplicó un feminismo de Estado de acuerdo con el modelo de Escandinavia y Egipto implementado en los años 60, un sistema que incluía el empleo de las mujeres en el sector estatal, la reubicación de la reproducción desde el ámbito privado a la esfera pública y la institucionalización de leyes que garantizaran la igualdad entre hombres y mujeres (Yang, 1999). Así también el Estado comunista fundó en sus inicios una burocracia estatal para el movimiento, la Federación de Mujeres (Fulian), lo cual subordinó las demandas de las mujeres a los objetivos nacionales. Desde el discurso de la igualdad entre los sexos, el Estado comunista otorgó a las mujeres la misión de «sostener la mitad del cielo», sin un cuestionamiento de los fundamentos mismos de sus roles sociales asignados en torno a la reproducción y el trabajo doméstico. Esta situación ha conducido a que muchas feministas chinas en la actualidad interpreten que la igualdad no trae la liberación a las mujeres, porque la equiparación del trabajo entre varones y mujeres significó para ellas cargas extremadamente excesivas y la privación de una vida familiar a favor de una labor destinada al beneficio de la comunidad local y la nación. Sin embargo, si utilizamos el patrón de la igualdad entre hombres y mujeres para examinar la situación presente de las mujeres chinas, su liberación parece andar el camino de la regresión (Li, 1994).

La implementación de la política de reforma y apertura en China en 1978, con el repliegue progresivo de una economía planificada y la introducción del libre mercado, tenía como objetivo principal encontrar un equilibrio entre la producción —mediante su aumento— y la población —a través de su reducción. El Partido Comunista Chino se ha concentrado en estas últimas décadas en la elevación del nivel de vida de su población, como medio además de garantizar su permanencia en el poder. Las mujeres también fueron llamadas a participar de este proceso y, de hecho, apoyaron institucionalmente las reformas de los años 80. No obstante, la introducción de relaciones capitalistas en el país ha tenido como corolario un retroceso en la garantía de los derechos de las mujeres. Como balance de las reformas, han reaparecido residuos de la estructura social tradicional que se consideraban ya erradicados, como el concubinato y la prostitución, la venta de mujeres para asegurarse esposas, el infanticidio femenino, la presión para que las mujeres tengan hijos varones (Tan, 1995), la vuelta al hogar de mujeres que ganaron espacios de trabajo remunerado y la reducción de los ingresos de las trabajadoras jóvenes (Li, 1994).

Las actuales reformas en el ámbito rural produjeron el fin de la colectivización y la introducción del sistema de responsabilidad familiar. La colectivización de la época maoísta había posibilitado que las mujeres campesinas pudieran obtener un salario por su trabajo, aunque nunca fue equiparado al de los hombres. Sin embargo, en el sistema de responsabilidad familiar es la unidad doméstica la que dicta la producción y negocia su colocación en el mercado. Esta situación llevó a las mujeres a una vuelta al espacio doméstico, a la pérdida de un trabajo remunerado y a la dependencia del ingreso colectivo, cuya distribución es generalmente responsabilidad del varón jefe de familia. Por su parte, las reformas en el ámbito urbano establecieron un declive del feminismo de Estado. De manera similar al sistema de responsabilidad familiar en el campo, en las ciudades se fijó un sistema de responsabilidad de las empresas estatales. Las empresas y no el Estado comenzaron a ser responsables de su productividad —de los beneficios y las pérdidas— en busca de una mayor eficiencia y competitividad. Las mujeres chinas se convirtieron no solo en el colectivo más afectado por el paro, sino aquel sobre el que más presión se ejerce para que libere puestos de trabajo (Saiz López, 2001). La renuencia de las empresas y oficinas gubernamentales al contrato de mujeres se basa en la extensión y recreación de ideologías discriminatorias basadas en características ligadas a la naturaleza femenina. No solo se responsabiliza unilateralmente a las mujeres de la reproducción y la crianza de los hijos, sino del mantenimiento de un ambiente familiar armónico. En la medida en que las trabajadoras son o pueden ser madres, son tenidas por menos productivas y eficientes, y se convierten en las primeras en ser despedidas.

Voy a recuperar aquí algunos de los discursos patriarcales que están legitimando la restauración de un estatus social tradicional para las mujeres chinas, en particular, la vuelta de las mujeres al hogar, a un espacio caracterizado por la desigualdad de género y la dedicación de las mujeres al cuidado de los varones, a través de la postergación de sus expectativas individuales. El fenómeno de las mujeres que retornan al hogar surgió en aparente conformidad con las reformas económicas, y también aparentemente a partir de respuestas conscientes e individuales. Desde la perspectiva de la mejora de los niveles materiales de vida, se puede alegar que la vuelta de las mujeres al ámbito doméstico alivia sus presiones y cargas laborales, y a la vez atiende la necesidad de los hombres para desempeñarse en trabajos con altos niveles de competencia. Así, los varones tienen la posibilidad de explotar al máximo sus capacidades. Sin embargo, desde la perspectiva del desarrollo individual de las mujeres, este modelo simboliza una vuelta a su rol tradicional y la falta de cuestionamiento por parte de la sociedad de las obligaciones que se considera que las mujeres deben asumir en relación con el trabajo doméstico y la reproducción (Li, 1994). Pero lo más grave aún reside en que se ha perdido la clave para asumir estos problemas, en el sentido de que no se consideran ya problemas sociológicos ligados a la desigualdad de las relaciones de género imperantes, sino problemas personales que pasan por decisiones individuales.

Este fenómeno social ha hallado estímulo en llamamientos diversos procedentes de intelectuales y profesionales chinos. Tan (1995: 58) expresaba que en aquellas familias de intelectuales que otorgan un gran valor al desarrollo personal, en la necesidad de aliviar las cargas de las mujeres se sugirió que estas volvieran a la familia para «garantizar el éxito de uno de los miembros del matrimonio: el marido». Por su parte, Yang (1999: 53) señala que durante los años 80 los economistas chinos recurrentemente reclamaban —a través de la prensa escrita— que las mujeres volvieran a sus labores domésticas. Fundamentaban esta exigencia mediante los siguientes argumentos: el abandono del espacio laboral por parte de las mujeres podía dejar espacio para los millones de desempleados —añádase varones. Además, ello podía solucionar los problemas del cansancio y el descuido del grupo familiar que afectaban a aquellas familias que tenían a los dos miembros de la pareja trabajando. Otra de las razones, sustentada en términos de eficiencia económica, mantenía que las mujeres eran mucho más caras en el ámbito laboral en la medida en que abusaban de las licencias y los beneficios de maternidad que otorgan las empresas. También se insinuaba que las mujeres trabajadoras ocasionaban la desatención del cuidado y la educación de los hijos, y que se producía un descenso en la cantidad de madres que amamantaban, lo cual llevaba a problemas de suministros de leche vacuna para el mercado. Por último, un argumento a las claras en defensa del privilegio de los varones sostenía que, en la medida que el tiempo de ocio de los varones mermaba al ser reemplazado por las labores domésticas cuando la mujer trabajaba, ello podía conducir a la falta de armonía en la familia. Aunque muchos de estos argumentos fueron contrarrestados por instituciones gubernamentales y por la Federación de Mujeres, que defendieron la ocupación de las mujeres del espacio público, es difícil no vincular la extensión y eficacia de estos discursos con los llamamientos a la armonía familiar y las responsabilidades implícitas que ello conlleva para las mujeres, procedentes de la defensa de los valores asiáticos y la revitalización de la tradición confuciana.

En la China postmaoísta, la ideología de la igualdad de género socialista aún persiste —sometida a críticas sobre cómo operó en los años de mayor radicalización del maoísmo—, pero han surgido otros dos poderosos discursos que están definiendo un nuevo orden en las relaciones de género. Durante el periodo maoísta la noción que prevaleció era la igualdad de género. Tal igualdad conllevaba acciones tendentes a borrar cualquier tipo de diferencia entre los sexos. Hombres y mujeres no se diferenciaban físicamente: usaban la misma vestimenta y se evitaba resaltar cualquier signo que denotara algún tipo de marca sexual —desde el maquillaje a los arreglos del cabello. En tal sentido, se operó una especie de masculinización y desexualización del cuerpo de las mujeres. En contraposición a ese modelo, en el periodo de las reformas postmaoístas se fue consolidando un nuevo paradigma cultural e ideológico, que prescindía de la igualdad de género y se detenía en recalcar la diferencia de género (Yang, 1999; Wang, 2004). Este paradigma en primer lugar «recuperó» los roles de las mujeres como madres y esposas, aclamándolos como seña de una identidad femenina. Hizo su aparición el modelo de una «buena madre y esposa virtuosa» (liangmu xianqi) por el cual las mujeres debían cuidar y educar moralmente a sus hijos, así como acompañar la labor pública de sus maridos desde la comprensión y el afecto, actuando con criterio propio. Si durante el gobierno maoísta las mujeres eran alentadas a sacrificar su propia familia por la patria y la construcción del socialismo, en la actualidad la familia se antepone a las necesidades del Estado e incluso a la carrera profesional de las mujeres. En segundo lugar, el discurso de la diferencia de género redescubrió la noción de feminidad, por la cual las mujeres pasaron a ser sexualizadas desde su aspecto físico, y consideradas un objeto de contemplación de la mirada masculina. En último término, esa feminidad no solo se limita al cuidado externo, sino que incluye la personalidad y el comportamiento que corresponde mantengan las mujeres. Se supone que estas tienen modales suaves, son sensibles, cuidadosas y no agresivas. Este discurso ha calado tan hondo en la sociedad china urbana que, en las grandes ciudades en los años 90, se difundieron masivamente clases de autoayuda y entrenamiento para mujeres que les enseñaban cómo ser más femeninas y cómo desenvolverse en función de estos roles (Yang, 1999: 49).

A la par del discurso emergente de la diferencia de género se ha consolidado una nueva derivación: el discurso sobre la «baja calidad de las mujeres» (Wang, 2004). En la medida en que las mujeres ya no se consideran iguales sino diferentes a los hombres, se interpreta que la causa principal de esa diferencia arraiga en su «pobre calidad». Esta configuración no solo contribuye a señalar a las mujeres chinas como seres débiles y poco aptos para tareas que exijan cierto desarrollo y competencia, sino que naturaliza la subordinación de las mujeres mediante explicaciones biologicistas del lugar que ocupan en la sociedad. En suma, el discurso de la baja calidad de las mujeres las define como un colectivo asistible, requerido de protección y ayuda. En este punto, muchas feministas chinas, aunque perciben los aspectos negativos de esta representación, encuentran en ella una serie de ventajas que pueden abrir espacios para la autosuperación y el crecimiento de las mujeres. De hecho, la Federación de Mujeres recupera este discurso como fundamento de algunas de sus actividades a favor de las mujeres chinas.

Como cabe apreciar de lo expuesto, la moderna categoría de género en China es una frágil formación (Yang, 1999) que ha estado expuesta a los requerimientos estatales en los diferentes momentos históricos de construcción de la nación. Por lo cual el movimiento feminista chino no pudo distanciarse del Estado a lo largo de todo el siglo XX. Sin embargo, en los análisis de género en la China postmaoísta existe un consenso sobre el hito que definió un antes y un después en la organización contemporánea de las mujeres en China. Se trata de la preparación y posterior celebración de la IV Conferencia mundial de las mujeres de Beijing en 1995. Este factor exógeno facilitó la familiarización de las organizaciones de mujeres chinas con problemas, temáticas y teorías procedentes del movimiento feminista de otros países y regiones (Jin, 2001; Liu, 2001) y amplias oportunidades económicas con la introducción de financiamiento de la Fundación Ford para actividades independientes de las mujeres (Wesoky, 2002).

Durante el gobierno maoísta la única representación organizativa del movimiento femenino era la Federación de Mujeres (Fulian). En el presente, esta institución permanece bajo el liderazgo directo y el financiamiento del Partido Comunista Chino. Su relación con el Partido y el Estado ha experimentado importantes transformaciones en los últimos años. Por un lado, la Federación en la actualidad está mayormente expuesta a las contradicciones de tener que responder a las diferentes demandas del Estado y de las organizaciones de mujeres. El Partido requiere que la Federación no haga más que contribuir a asegurar la estabilidad del sistema social en medio de los cambios por los que atraviesa el país, mientras que las organizaciones de mujeres presionan para que esta institución se convierta en la representante real de sus demandas y asimismo tenga la capacidad y el poder de hablar por ellas (Jin, 2001: 127). Por otro lado, debido al financiamiento externo ha florecido en China un movimiento feminista independiente del Estado. Las nuevas organizaciones sociales (shehui tuanti), también denominadas organizaciones populares (minjian zuzhi), tienen multiplicidad de objetivos: religiosos, sociales, recreativos, académicos o profesionales. Algunas han sido creadas por mujeres que definen sus tareas como un trabajo social u orientado a paliar las desigualdades de género en ámbitos como la salud, las leyes y la vida doméstica (Croll, 2001). Otras tantas son organizaciones de mujeres —que proceden del desempleo y de trabajos temporales y mal pagados— que se han convertido en pequeñas empresarias y contribuyen al desarrollo económico local (Lipinsky, 2002). Una gran cantidad de organizaciones se ha interesado por la investigación sobre la situación de las mujeres y su aplicación legal en políticas de género. Las organizaciones académicas dedicadas a los estudios de mujeres y de género han tenido una promoción enorme (Wesoky, 2002; Chow et al., 2004), debido entre otras causas al empuje y la colaboración que han brindado las investigadoras feministas euroamericanas.

En síntesis, el movimiento de mujeres en China ha pasado de estar dominado enteramente por el Estado a moverse con una cierta autonomía organizativa y discursiva, aunque todavía mantiene con este una relación simbiótica (Wesoky, 2002). En ese vínculo de asistencia mutua, las dos partes poseen una fuerza y proporción disímiles, pero ambas desarrollan tareas —en ocasiones conjuntas— con el objetivo de su supervivencia. El movimiento de mujeres no se opone al orden político establecido, mientras que el Estado reconoce a determinados grupos en vez de eliminarlos. Además, este consentimiento por parte del Estado probablemente se deba a que el movimiento de mujeres chinas actualmente cubre la falta de servicios que antes otorgaba aquel y que ya no provee, debido a la integración del país en la economía globalizada. Así, el movimiento de mujeres chinas incorpora la necesidad de trabajar desde dentro del Estado en vez de oponerse al orden político imperante en la República Popular China. Esto explica también por qué muchas mujeres militantes consideran que es imposible pensar que existe alguna organización femenina más importante que la Federación de Mujeres, y que esta tiene en sus manos el liderazgo de la lucha por la igualdad de género, a pesar de la enorme expansión de las organizaciones independientes de mujeres en el país.

Los límites que evidencia el movimiento de mujeres en China en su viabilidad de avanzar la equidad de género también imponen barreras en la influencia que el movimiento puede desempeñar con vistas a amplificar sus perspectivas de reinterpretación de las fuentes filosóficas neoconfucianas y de una «tradición asiática». Aunque he aportado algunos argumentos para fundamentar el rezago que presenta el movimiento feminista chino en relación con el Estado y los intelectuales neoconfucianos en su posibilidad de hablar por la tradición, es preciso también mencionar que aquel no ha abandonado esa tarea revisionista. De hecho, actualmente hay un esfuerzo de reflexión desde el feminismo chino para acercar visiones de reinterpretación de la tradición desde posiciones que garanticen la igualdad entre hombres y mujeres. Estos aspectos se abordan más adelante. A continuación, preciso avanzar sobre las posibilidades emancipatorias que tienen los valores asiáticos.

4. ¿Son los valores asiáticos una «modernidad alternativa»?

Que los defensores de los valores asiáticos reclamen un espacio para estos en el marco normativo internacional y en los fundamentos filosóficos de los derechos humanos, es un hecho consumado. Precisamente, sus argumentos —que tanto refuerzan el relativismo cultural como imponen límites al universalismo— han sido recogidos por los organismos internacionales y han abierto la discusión acerca de los principios en los que se basan los derechos humanos. Por el momento es difícil precisar los resultados que pueden tener tales demandas y los términos en los que se realizaría un diálogo entre civilizaciones. Ahora bien, cabe preguntarse si podemos hallar en las características asociadas a los valores asiáticos requisitos que cumplan con la idea de una «modernidad alternativa» —en el sentido de Dallmayr— excluida de la tradición ilustrada central de los derechos humanos. Y que además contribuyan a aportar valores emancipatorios a estas bases fundacionales.

Uno de los puntos más débiles para que los valores asiáticos puedan estructurarse como una «modernidad alternativa» reside en el alcance que tienen tales valores: las tradiciones filosóficas o religiosas a que se refiere y los grupos humanos a los que dice representar. A pesar de definirse como asiáticos, estos valores no han sido reconocidos ni impulsados de manera homogénea en toda Asia. La ofensiva de los valores asiáticos ha procedido preferentemente de las élites de países con gobiernos no democráticos como Singapur, Malasia o la República Popular China. Asia es una región amplísima con una gran diversidad cultural y una población heterogénea. ¿Cómo es posible aunar ciertos valores que reclaman ser representativos y singulares de la región en el marco de tal diversidad de influencias filosóficas y religiosas (que incluyen el islamismo, el confucionismo, el budismo, el cristianismo, el hinduismo, el sintoísmo, entre otros)? Si esta cuestión restringe el alcance de los valores asiáticos, mucho más lo hace la elección indirecta del confucionismo como tradición filosófica representativa de tales valores, bajo una concepción organicista y ritualista de la sociedad y el Estado.

A pesar de esta objeción, veamos si los valores asiáticos representan una «modernidad alternativa». Tales valores se muestran más bien singularizando un sistema normativo no liberal que acoge selectivamente una economía de mercado y sus avances técnicos. Desde esta perspectiva, los valores asiáticos podrían ser interpretados desde la oposición al mandato universal de desarrollo y modernización, al proponer un modelo diferente. No obstante, su ruptura con el «chantaje de la Ilustración» que menciona Dallmayr (1998) no es tal, ya que en su crítica reactiva a la Ilustración el debate se encierra en el conservadurismo y en la negación del universalismo. Una «modernidad alternativa» es una perspectiva liberadora, que avanza la práctica continua de la «humanización», el cultivo del sentido de justicia y la imparcialidad o la «virtud» (Dallmayr, 2002). Y la «humanización» —en el sentido de una humanidad compartida por el hecho de ser seres humanos que recoge la idea de los derechos humanos— no se deriva de la membresía de una nación, la ciudadanía de un país o una región. Necesariamente, esta «humanización» requiere ser universalista.

La orientación conservadora que impregna los valores asiáticos ha conducido a otros autores a describirlos como parte de un modernismo reaccionario (Jayasuriya, 1998). Desde este punto de vista, se entiende que la modernidad no supone necesariamente la aceptación de una ideología liberal o progresista, sino que en ocasiones es posible hallar otras trayectorias. Una de ellas ha sido la vía seguida por el nazismo en la Alemania de entreguerras, que apelando a ideologías conservadoras rechazaba valores como el individualismo y el universalismo. El modernismo reaccionario promovido por las élites portavoces de los valores asiáticos ha hecho su aparición a raíz del avance de la modernización económica en esas mismas sociedades asiáticas, como mecanismo para frenar los riesgos que las demandas de democratización interna pudieran producir. Además, el interés de las élites en la preservación de ciertos valores culturales se ha dirigido a la transmisión de una identidad hacia las jóvenes generaciones como una manera de forjar una lealtad al Estado que no está totalmente garantizada (Langguth, 2003). De esta forma, el debate de los valores asiáticos legitima la consolidación de un Estado fuerte que privilegia y celebra los logros económicos del libre mercado al tiempo que rechaza una política liberal, condenando la igualdad, la crítica y el disenso, valores que también son herencia de esa ideología liberal.

Si los valores asiáticos, al menos como están planteados desde los sectores que controlan el poder político y económico en los países señalados, no constituyen una «modernidad alternativa», ¿los marcos tradicionales filosóficos y/o religiosos asiáticos estarían en condiciones de proveer de perspectivas liberadoras y universalistas? En este punto, yo no solo considero que sí, sino que hay un conjunto de académicos, intelectuales y militantes feministas que llevan tiempo avanzando un diálogo que ponga en común estas tradiciones. La tarea conlleva enormes dificultades teóricas y metodológicas. Sin embargo, es un desafío que es preciso afrontar para que la fundamentación del marco internacional de los derechos humanos se realice a través de un proceso democrático e igualitario, y avance a su vez la justicia social y la equidad de género en lugar de obstruirla. Me refiero a continuación de forma limitada a algunos de los recorridos hacia ese diálogo de civilizaciones o tradiciones y los límites que presenta.

5. ¿Cuáles son las alternativas a los valores asiáticos?

Los principios morales que están en la base de los derechos humanos han sido cuestionados por los abogados de los valores asiáticos, en especial, a través de su embestida contra el individualismo y el universalismo. La postura relativista cultural que apela a la soberanía jurisdiccional por la que cada país se encontraría legitimado para aplicar las políticas oportunas en cuestiones de derechos humanos es prácticamente incompatible con el avance de una justicia universal. La historia nos ha mostrado los abusos que han cometido y cometen los Estados con relación a los pueblos, a las mujeres y a otros Estados. La pregunta que surge es cómo podrá ponerse freno a tales abusos si carecemos de un marco normativo universal. Desde mi punto de vista, la condición de universalidad moral y normativa en los derechos humanos no puede abandonarse. Una universalidad que incorpore a su vez, de la forma más amplia posible, las especificidades valorativas de los diferentes contextos socioculturales. Y es aquí donde surgen las mayores dificultades. En primer lugar, respecto a la necesidad de inventariar las culturas o tradiciones que se incorporarían a un diálogo en los fundamentos de los derechos humanos en su amplísima diversidad humana. En segundo lugar, en relación con el problema de definir dónde están los límites y cuál es la compatibilidad entre tradiciones diversas. Y, en tercer término, respecto a la cuestión de analizar cuáles son los sujetos que se encuentran legitimados para hablar por sus tradiciones y la capacidad que tienen para extender su propia visión. Problema que he venido desplegando en este capítulo.

En su defensa del relativismo cultural y ético, el debate de los valores asiáticos ha acentuado de manera extrema las discontinuidades entre la tradición ilustrada u occidental y la tradición «asiática» o confuciana. Ello tiene que ver con el concepto de cultura y tradición que adoptan las posiciones relativistas, ya que cultura en estos casos se asocia a una entidad homogénea de valores y costumbres compartidas que conforma una totalidad armónica y no conflictiva. Desde esta orientación además los individuos se consideran representantes idénticos de esa totalidad, al haber interiorizado pasivamente sus valores. Y la tradición se reconoce como la esencia de aquellos valores y costumbres que se requieren preservar (Maquieira, 1997). Ni la denominada «tradición occidental individualista» ni una supuesta «tradición asiática comunitarista» son sistemas de valores cerrados, consistentes, homogéneos y holísticos. En el devenir histórico, las ideas filosóficas y religiosas han atravesado las fronteras sociales y culturales, ya sea por imposición o adopción. Por ello, las doctrinas comunitaristas no son ajenas a Occidente como tampoco ciertos elementos liberales están ausentes en Asia. Además, no hay razones que impidan que las normas, valores e ideas que se originan en un sitio no puedan ser recuperadas, resignificadas y aprovechadas en el avance de la justicia social y la igualdad de género en un contexto diferente.

En todo caso, el problema principal en este diálogo de civilizaciones se asienta en juzgar la compatibilidad o incompatibilidad existente entre la tradición ilustrada dominante en los fundamentos de los derechos humanos y otras modernidades alternativas. Un grupo significativo de analistas se ha abocado a conciencia a la búsqueda de puntos en común entre el pensamiento ilustrado y otras grandes tradiciones como el islamismo, el budismo y el confucionismo (De Bary y Tu, 1998; Madison, 2002; Bauer y Bell, 1999). Dentro de este grupo hallamos una representación —aún pequeña— de académicos varones y mujeres que se basan en el feminismo para proyectar la comparación e identificación de aquellos aspectos de sus propias tradiciones filosóficas y religiosas que obstaculizan o promueven los derechos humanos de las mujeres. Y que además proponen la reforma de aquellas interpretaciones de la tradición en manos de las facciones más conservadoras para hacerlas compatibles con la garantía de estos derechos (An-Na’im, 1999).

Si me limito a la comparación que han hecho diferentes autores entre el pensamiento ilustrado y el confucionismo, las discrepancias en el interior de una misma tradición son notorias. De Bary (1998), por ejemplo, considera que el confucionismo tiene muchos puntos en común con la filosofía ilustrada y el humanismo «occidental». Y que los valores humanistas capitales del confucionismo no suscitan graves contradicciones con el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De hecho, la diversidad cultural no impidió en su día que los representantes de las delegaciones asiáticas participaran activamente en la formulación de la Declaración de 1948 ni que pusieran obstáculos a sus fundamentos. Además, buena parte de ese texto ha sido recogido en las Constituciones de los países de Asia. Tu Weiming (1994), por su parte, mantiene una posición mucho más conservadora en la diferenciación de una esencia cultural y filosófica china, contrapuesta a los valores liberales. Denuncia la práctica ausencia de la idea de comunidad en la tradición ilustrada, así como el abandono de la institución familiar en tanto elemento de conexión relacional entre el individuo y el Estado.

Las diversas interpretaciones del confucionismo se enmarcan en las prioridades que se conceden a los derechos individuales, las obligaciones sociales y las necesidades comunitarias. Dos de los puntos más débiles para que esta tradición enlace con las abstracciones ilustradas y el universalismo, estriban en los elementos que contribuyen a la garantía de los derechos político-civiles y los derechos de las mujeres. El confucionismo se suele presentar con un carácter de incompatibilidad con la democracia, que refuerza la legitimidad de gobiernos autoritarios. En este punto, los filósofos confucianos renovadores entienden que la legítima capacidad para derrocar a la tiranía reside en los individuos, cuando el gobierno no conduce al pueblo mediante la virtud. Desde la interpretación de una «genuina» filosofía confuciana, se diría entonces que el ciudadano individual tiene una obligación con el Estado o la sociedad solo en el grado en que el Estado cumple con sus responsabilidades hacia sus ciudadanos y respeta los derechos y libertades individuales (Madison, 2002). Como se puede apreciar, la forma en que opera la selección de la tradición sirve tanto a los fines del mantenimiento del orden social como a la vigilancia crítica del mismo. De ahí que no hallemos consenso ni en el interior de las tradiciones ni en aquellos movimientos que desafían narrativas dominantes, como en el caso del debate de los valores asiáticos. No obstante, la mayoría de estos filósofos críticos coinciden en un aspecto. Al recuperar la perspectiva liberadora y humanista del confucionismo, suelen distinguirla del sistema autoritario que el Estado chino mantuvo durante siglos. Así desligan las fuentes filosóficas de los textos confucianos de la estructura real estatal confucionista, donde las nociones respecto a las mujeres siguen siendo un elemento de discusión, en el que luego entraré. En tal sentido, el confucionismo se ve como una forma idealizada y revisionista; una gran promesa para el devenir de China y de Asia. Y sus reclamos no se dirigen a un pasado cultural común, sino a una visión compartida de futuro (De Bary, 1997).

Si analizamos la renovación del confucionismo que realizan estos filósofos, al declamar la necesidad de atender a sus genuinas bases filosóficas como medio de legitimar tal «lectura» de la tradición, no deberíamos tampoco perder de vista el carácter selectivo y arbitrario que acarrea esa revisión, y las condiciones históricas en las que se desenvuelve. La recuperación de la figura de Confucio como el icono del desarrollo económico en China en el contexto del proceso de globalización tiene muy poco que ver no solo con los elementos primarios doctrinales de este pensador, sino con la visión que la tradición neoconfuciana legó durante siglos sobre su pensamiento. Siempre se consideró que Confucio situaba la moralidad por encima del lucro, practicando un desdén por el utilitarismo y el comercio. Sin embargo, el debate de los valores asiáticos identifica el pensamiento confuciano como el motor ideológico del avance económico en Asia. Resulta cuando menos paradójico que agentes gubernamentales e intelectuales de este debate pretendan rescatar los valores esenciales e incontaminados de la tradición confuciana cuando ellos mismos son quienes transmutan la tradición que intentan perpetuar (Louie, 2004). De ahí las dificultades para precisar las auténticas bases de la filosofía de Confucio, las esencias culturales de su legado o de aquellas referidas a cualquier otra tradición. Bajo estas premisas analizo a continuación la revisión por la que también atraviesa la tradición confuciana desde las (y los) intelectuales feministas.

6. Feminismo chino y tradiciones revisadas

A pesar de la difusión que ha tenido el debate de los valores asiáticos y la extensión de discursos patriarcales en China, que encomian al mantenimiento de la armonía familiar y el retorno de las mujeres chinas al ámbito doméstico y a sus roles tradicionales, también hallamos indicadores que muestran que el proceso de globalización ha contribuido en esta última década a la profundización de la capacidad de decisión, autonomía y organización del movimiento de mujeres chinas, de una manera lenta y progresiva. Por una parte, la Federación de Mujeres Chinas se enfrenta a una serie de desafíos en un futuro inmediato que pueden modificar sus procedimientos presentes de actuación. Si el Partido Comunista Chino redujese paulatinamente el apoyo financiero a la Federación —como parece ser la tendencia—, probablemente esta deba buscar apoyos en recursos externos. Tal situación puede llegar a debilitar el control institucional que aquel ejerce sobre la Federación y contribuir de manera indirecta a su mayor autonomía. Por otra parte, con el crecimiento manifiesto en la creación de organizaciones de mujeres en el país y el reconocimiento que estas dispensan a la Federación en tanto representante de sus propios intereses, esta institución pasaría a convertirse en el eje central de un sistema organizativo amplio, que cubre todos los ámbitos administrativos del país, para poder hacer sentir su voz y hacer valer sus derechos. En último término, la inyección de fondos para proyectos de desarrollo local de mujeres en China, procedentes de terceros países, constituye un factor de impulso a los emprendimientos autónomos generados por mujeres y a la gestación de una conciencia colectiva. Estas variables estructuran un panorama optimista y esperanzado en la lucha del movimiento de mujeres chinas por sus derechos. Sin embargo, en relación con el proceso de selección de la tradición al que me he venido refiriendo, las organizaciones de mujeres chinas permanecen rezagadas en su capacidad de afirmar sus propias visiones de la tradición dominante. Desde mi perspectiva, las asociaciones de mujeres se desempeñan en un ámbito reducido, apelando a objetivos sociales, económicos y políticos concretos, donde la preocupación por la construcción ideológicodiscursiva reactiva a la extensiva revitalización de la tradición confuciana no tiene lugar. O al menos, tal preocupación no llega a ser visible o factible de ser rastreada a partir de ciertos canales de amplificación de sus discursos. Obviamente, este escenario social tiene razones específicas en el mantenimiento de un sistema patriarcal en China y en la concomitante invisibilización y subordinación del hacer de las mujeres. Pero además el empoderamiento de las mujeres chinas aún requiere un trecho por recorrer, en la medida en que sus demandas puedan separarse de los requerimientos de la nación, sin que queden oscurecidas por las obligaciones históricas asumidas hacia el Estado en sus diferentes etapas.

Ahora bien, aunque el Estado chino y los intelectuales neoconfucianos tienen mayor poder a la hora de extender su visión de la tradición en el marco doméstico e internacional, existe un conjunto de intelectuales feministas, mayoritariamente pertenecientes a la diáspora china, que en los últimos años se han dedicado a rastrear aquellos aspectos filosóficos de las tradiciones del Este asiático que se adecuen al bienestar de las mujeres, en tanto intentos de contestación y reapropiación de la tradición dominante. Este grupo de filósofos y filósofas es aún muy reducido, pero sus trabajos han tenido bastante difusión al publicarse en lengua inglesa. Ellas y ellos han comenzado a abrir un espacio que para una gran parte de los receptores era prácticamente impensable: el diálogo filosófico entre tradiciones tan distantes como el feminismo y el confucionismo, allanando el camino hacia el escrutinio de la tradición desde las propias mujeres.

El primer aspecto que se suele señalar con relación a esta relectura de la tradición es que el confucionismo mantiene un lastre histórico derivado de la opresión que ha ejercido a lo largo de siglos hacia las mujeres. Como tal, esta tradición no solo sería antifeminista, sino que se presentaría como un obstáculo ideológico en la modernización de Asia oriental. Pero el problema incluso mayor que aún arrastra es que la crítica y revisión de sus aspectos doctrinales discriminatorios no acaba de percibirse en su total dimensión. Hay muy poco interés en el ámbito académico por estudiar este aspecto central, cuando constituye el fundamento mismo de la universalidad de esta tradición filosófica. A ello se le denomina «el complejo de género» confuciano, una especie de culpa histórica o inhabilidad para abordar este problema que impide el avance de la filosofía para hacer frente a sus desafíos futuros (Li, 2000b).

La crítica más importante que estas intelectuales feministas han hecho al confucionismo reside en las disposiciones de la doctrina hacia aspectos tan vitales como la restauración del universalismo y la dignidad humana para hombres y mujeres. Como expresa Wawrytko (2000: 172): «Ninguna doctrina filosófica puede tener un legítimo reclamo a la universalidad si el cincuenta y uno por ciento de la raza humana —esto es, las mujeres— está excluida de su alcance o relegada a un papel meramente menor […] Si el confucionismo limita las opciones de las mujeres para el autocultivo, en efecto limita su propia viabilidad filosófica». En este punto, el diálogo entre feminismo y confucionismo supera al debate de los valores asiáticos e introduce la posibilidad de abrir el diálogo hacia una modernidad alternativa. Los valores asiáticos —de acuerdo con el planteamiento provisto por sus portavoces gubernamentales e intelectuales orgánicos— no solo reducen la universalidad del confucionismo al defender el relativismo cultural en la garantía de los derechos humanos, sino que, en ausencia de una reformulación del lugar que ocupan las mujeres en esa tradición, operan una nueva reducción de la universalidad.

Un segundo aspecto que obstaculiza la capacidad crítica en el interior de esta tradición radica en achacar al «veneno extranjero» o la visión occidental el hecho de desvirtuar la realidad social china al no comprender su propia lógica. Filósofos neoconfucionistas como Lin Yutang consideran que en la vida diaria las mujeres no han sido realmente oprimidas por los hombres; que la configuración de tal opresión es una crítica occidental que ha surgido por el desconocimiento cercano de la vida china (Li, 2000b). Estas interpretaciones también están siendo contrarrestadas por el movimiento feminista de revisión del confucionismo.

Un tercer punto que ha orientado la indagación crítica de la doctrina confuciana se encuentra en la distinción entre la teoría y la práctica original de Confucio respecto a la tradición que fue desarrollada por otros académicos en tiempos posteriores en la historia de China (Sellman y Rowe, 1998). Por lo cual no puede culparse a Confucio del neoconfucionismo conservador e incluso reaccionario que, bajo condiciones sociales y políticas concretas, motivó prácticas sexistas como el vendaje de los pies o los tabúes de castidad de las viudas (Wawrytko, 2000). La disociación entre el pensamiento originario de Confucio y la implementación ideológica que se hizo de este para garantizar el orden imperial en China, ya hemos visto que es un punto de discusión en torno a las críticas al confucionismo en el ámbito de los derechos civiles y políticos. Hay consenso entre estos intelectuales críticos en que solo hay un pasaje controvertido en toda la obra de Confucio, por el que puede tildársele de sexista. Tal fragmento se encuentra en las Analectas (Lunyu), y hay que precisar que este texto básico, aunque se vincula al pensamiento primario de Confucio, fue escrito por sus discípulos.

La discusión sobre la visión de Confucio de las mujeres comienza y termina con esta cita: «Solamente las mujeres y los criados son personas de difícil trato. Si se les trata con confianza pierden la deferencia, pero se disgustan si se les trata con despego» (Fisac, 1997b: 16). El término polémico en este pasaje es nuzi, que se ha traducido por mujeres. Hay quienes afirman que nuzi fue utilizado en tiempos antiguos para referirse a chicas jóvenes o sirvientas, en vez del término abstracto colectivo, mujeres. Con lo cual el pasaje de Confucio es particularmente degradante respecto a hombres y mujeres en una posición servil, pero no a la generalidad de las mujeres. Más allá de esta aclaración, es cierto que este pasaje ha servido a la tradición confuciana que continuó a este pensador como elemento de fundamentación de la subordinación de las mujeres.

Un cuarto punto que ha congregado a las intelectuales feministas en los últimos años se ha orientado a trazar una exploración histórica del rol concreto que tuvieron las mujeres chinas en la etapa imperial. Para estas autoras, el dominio patriarcal de la época dinástica no implicó necesariamente que las mujeres estuvieran exentas de algunos espacios de poder. Las suegras ejercían un control significativo sobre la vida de sus nueras, un grupo contado de mujeres alcanzaron las esferas del poder estatal gobernando el Imperio del Centro, mientras otras tuvieron experiencias vitales que pueden reconocerse hoy en día como igualitarias. Estas intelectuales se han abocado a la tarea de deconstruir la representación de una «tradición china ahistórica feudal, patriarcal y opresiva», al considerarla resultado de la confluencia de tres tradiciones político-ideológicas diversas: el movimiento del 4 de Mayo de 1919, la revolución comunista y la investigación occidental. Tal representación parece haber configurado una imagen extremadamente victimista de las mujeres chinas. Estas autoras no niegan en absoluto la opresión que el sistema social y político confuciano impuso a las mujeres ni pretenden defender las prácticas sexistas derivadas de la tradición. Su perspectiva crítica ha impulsado una visión más compleja y dinámica del papel que las mujeres han ocupado en la historia de China, que les ha dejado resquicios para generar estrategias de escape al sistema patriarcal, espacios para su propio cultivo moral y la participación social. Es en estos estudios además donde se vislumbra la posibilidad de expandir la filosofía confuciana hacia la igualdad de género.

En quinto lugar, se recupera del pensamiento de Confucio la igualdad que está en la base de su concepción de la educación y del perfeccionamiento moral, para hacerla extensible a las mujeres. La filosofía igualitarista de Confucio contravino aquellas construcciones doctrinales previas que definían el acceso al poder político y al desarrollo moral de los individuos en función de un origen social aristocrático. Para Confucio, todos contaban con la capacidad para elevarse a partir de la educación y el autocultivo, independientemente de su estatus de nacimiento o su bagaje social. Este pensador estableció una igualdad que superó los requerimientos de nacimiento aristocrático para pasar a definir una aristocracia de carácter moral. Por tal razón, no hay nada en esta filosofía que impida a las mujeres la educación, el entrenamiento moral y la participación pública y política. En sus tiempos, Confucio definió la categoría de «hombre noble» (junzi) como individuos que eran capaces de tener una educación interior, la humanidad y el autocontrol necesario para ceñirse a los ritos. Y aquellos individuos en los que se reunían todas las virtudes confucianas. Según las intelectuales feministas revisionistas, el concepto de junzi —una vez desligado de las concepciones más reaccionarias producidas por la discriminación de género del neoconfucionismo— no contiene nada en su doctrina que inherentemente excluya la participación de las mujeres (Wawrytko, 2000).

En resumen, este conjunto de intelectuales está explorando puntos de convergencia entre el feminismo y el confucionismo con vistas a discernir si este último puede acomodar las demandas feministas de igualdad. Para muchos/as académicos/as, el confucionismo no plantea incompatibilidades éticas con el feminismo. Sin embargo, no hay una visión consensuada a este respecto. En mi opinión, hay aún muchas cuestiones irresueltas que, de profundizar en ellas, quizás evidenciarían con mayor rigidez los límites que tiene esta tradición en garantizar los derechos de las mujeres, y en encontrar un espacio de emancipación junto a la tradición ilustrada. Voy a resumir estos problemas en dos puntos. En primer lugar, a pesar de que nos encontramos con el compromiso de un grupo de mujeres feministas que se encuentran inmersas en la ardua tarea de un debate académico de diálogo civilizatorio entre feminismo y confucionismo, la producción bibliográfica existente se limita a una serie de compilaciones en las que las editoras mujeres suelen reconocer que el impulso inicial en el avance de estas discusiones se debe a intelectuales confucianos varones. El trabajo de ambos es meritorio. Por supuesto que, en un contexto tan discriminatorio, los académicos varones también quedan expuestos al estigma de sus colegas al tratar con temáticas que se suelen fijar como cuestiones que solo competen a las mujeres. Sin embargo, los temores anidan en que la redefinición de la tradición se mantenga tutelada por los varones como ha sido constante en la historia de la lucha de las mujeres chinas por sus derechos. Incluso un teórico eminente de la talla de Tu Weiming de la Universidad de Harvard, que tiene una postura muy conservadora, recoge la premisa de la igualdad para el entrenamiento moral de las mujeres. Para los filósofos neoconfucianos, las cuestiones de género en la revisión contemporánea y el futuro del confucionismo son centrales, debido a las restricciones que impone en su alcance universal. Con lo cual, el interés por redefinir la tradición desde el lugar que han tenido las mujeres en ella se convierte en un aspecto pragmático para la viabilidad de esta filosofía. Aquí es necesario preguntarse dónde están las voces de las mujeres chinas para exponer sus propuestas y hacer valer lo que ellas suponen incumbe a la tradición confuciana. Habría que detenerse y juzgar este silencio, recibir con beneplácito estos intentos de redefinición de la tradición pero también evaluarlos con cautela. En segundo lugar, la crítica a la filosofía confuciana, como he mostrado antes, se dirige a la exclusión histórica que las mujeres han tenido en el interior de esta doctrina. La reformulación se orienta a abrir campos y posibilidades educativas, políticas, morales y de participación en el ámbito público para las mujeres. Sin embargo, tal revisión no aborda por el momento el espacio doméstico y las obligaciones que parecen ser concomitantes a la posición que las mujeres ocupan dentro de este. Tales obligaciones, en la medida en que no se cuestionan, contribuyen a naturalizar el orden social y las tareas que competen a las mujeres dentro de este.

A pesar de los avances en la organización colectiva del movimiento de mujeres chinas que la incorporación de China en un mundo globalizado ha contribuido a impulsar, puede también apreciarse, a partir de lo expuesto, las desigualdades que imperan entre los distintos actores —el Estado, los intelectuales neoconfucianos y el movimiento de mujeres— en la negociación de sus visiones de la tradición confuciana. He analizado además las divergencias que se plantean en el interior de cada uno de estos sectores. Con lo cual no hay una sola postura ni siquiera para el movimiento intelectual neoconfuciano, donde algunos académicos recuperan la mayor cercanía del confucionismo con la tradición ilustrada y otros la rechazan. Entre las intelectuales feministas hay algunas que reconocen la existencia de un potencial liberador en el confucionismo e intentan comparar sus principios con los principios ilustrados, mientras otras entienden que esta tradición filosófica no brinda elementos que avancen la igualdad de género.

Mi perspectiva está más de acuerdo con el segundo grupo. Parece ser una constante histórica que las tradiciones que más acercaron la igualdad de género fueran laicas. Si examinamos los diversos periodos transcurridos en China con base en las relaciones de género, es evidente que la etapa maoísta —con sus límites— es aquella que produjo en mayor medida situaciones de paridad entre hombres y mujeres. Mucho más a la luz de los retrocesos que las reformas económicas han operado en el país en las últimas décadas. Sin embargo, el comunismo de corte maoísta también puede ser desechado como base ideológica en esta selección de la tradición. Li Xiaorong (1995) expresa que la ideología del Partido Comunista Chino en sus campañas oficiales por la igualdad de género ha reproducido la subordinación de las mujeres chinas. Pero también lo han hecho las ideas filosóficas y religiosas patriarcales dominantes en el país —el confucionismo, el budismo y el taoísmo. Para esta autora, el movimiento feminista chino no es capaz, por el momento, de elaborar una perspectiva liberadora a favor del bienestar de las mujeres, ni de enfrentarse al Estado mediante el establecimiento de demandas en el ejercicio de sus derechos. Las mujeres chinas confían demasiado en un Estado que les garantice lo necesario para su propio cuidado, conciben el orden social como algo natural y establecido, y redescubren los roles tradicionales como si fueran liberadores. Aquí hay un aspecto que ayuda a comprender el rezago y el silencio que el movimiento de mujeres chinas acusa respecto a la redefinición de la tradición: su falta de conciencia colectiva autónoma y de reconocimiento como sujeto social.

7. Conclusiones

Como se ha mostrado aquí, el debate de los valores asiáticos —en la versión inicial que han lanzado sus primeros defensores— no puede ser calificado como una modernidad alternativa que contribuya a la igualdad de género. Por el contrario, la promoción de estos valores se perfila como una reacción conservadora frente a la demanda de mayores libertades y derechos gestada por los movimientos ciudadanos y las organizaciones de mujeres en sus propios países. Hay analistas que no perciben en este debate una amenaza seria a la validez universal de los derechos humanos, pero lo cierto es que él ha contribuido a abrir una reflexión sobre las jerarquías entre tradiciones y el cuestionamiento de los fundamentos que estarían en la base de una moralidad universal. Lo cual no deja de constituir un elemento de vitalidad y renovación para la misma tradición ilustrada. Es menester que esta comparta su sitio como referente moral único con aquellas modernidades alternativas y relegadas, sin olvidar su cometido de perfección de la humanización, la justicia social y la garantía de la igualdad de género. El riesgo reside en que la reducción del universalismo y el relativismo ético vayan ganando una progresiva legitimidad interna e internacional, que implicarían consecuencias desafortunadas en la garantía de los derechos de las mujeres.

La selección de la tradición en los fundamentos de los derechos humanos requiere ser efectuada bajo bases democráticas e incluir la más amplia multiplicidad de voces posibles. Las dificultades y los interrogantes respecto a este proceso son múltiples: desde los parámetros que contribuirían a establecer un inventario de «culturas» a participar en ese diálogo y la delimitación de sus fronteras, pasando por los contenidos que se asignarían a esas tradiciones, la conformidad interna que evidenciarían, los actores e instituciones sociales llamados a incorporarse a ese diálogo en condiciones de igualdad, hasta los acuerdos respecto a las perspectivas teóricas y metodológicas que habrían de adoptarse para sentar consensos y establecer comparaciones entre distintas filosofías. Sobre la base de esta perspectiva, el debate de los valores asiáticos, con su reducción de la tradición en el confucionismo y su acento en la importancia de este para el desarrollo económico, se expone a ser interpretado como un discurso intelectual funcional al sistema capitalista en una etapa y en un contexto específicos en el marco de la globalización. Con su carácter reactivo frente a la tradición liberal, aparece como un instrumento ideológico de legitimación del poder estatal frente a los individuos. Por ello, adquiere connotaciones de una ofensiva trivial y poco seria en la tarea de profundizar los fundamentos de una moral universal y la ampliación de derechos.

En aquello que compete a los derechos de las mujeres, son estas quienes tienen en sus manos la tarea de reflexionar y convertirse en portavoces de lo que ellas entienden por su tradición. En esta revisión de una «tradición asiática», las organizaciones de mujeres y el feminismo académico e institucional tienen un papel central, ya que cuentan con una mayor capacidad de difusión de sus demandas y de alcance de aquellos ámbitos de decisión política doméstica e internacional, gracias a las conexiones, redes e intercambios de experiencias que el proceso de globalización posibilita.

Ahora bien, he indicado antes las limitaciones y los obstáculos que las organizaciones de mujeres chinas tienen en la actualidad para reformular la tradición confuciana con vistas a la promoción de una igualdad de género, debido a la discriminación general a la que están expuestas y a su subordinación al Estado. Además de estos impedimentos existen límites concretos que emanan de la propia filosofía confuciana y sus refuerzos del comunitarismo, que pueden suscitar una serie de incongruencias en la garantía de los derechos de las mujeres, emparentados de manera más cercana con las abstracciones ilustradas. No obstante, las restricciones mencionadas no han impedido el surgimiento de intelectuales feministas chinas —en especial procedentes de la diáspora— que conciben la reformulación de la tradición y el diálogo de civilizaciones como problemáticas en las que las mujeres tienen que tener voz y compromiso en la lucha por sus derechos. Aunque estos sectores todavía son reducidos, lo cierto es que el movimiento de mujeres en China —que incluye aquel que se autodenomina feminista— está atravesando una revitalización y empuje sin precedentes. Este crecimiento muy probablemente redundará en una mayor autoconciencia colectiva y en una mayor autonomía del movimiento frente al Estado que las que tiene en el presente. Situación que también facilitará el desarrollo de versiones propias de las mujeres respecto a la tradición, así como su negociación y diálogo con distintos actores e instituciones sociales en los ámbitos nacional e internacional. Tales trayectorias de reformulación de la tradición —influidas por el nativismo en el interior del movimiento feminista— están teniendo lugar en otros contextos políticos y sociales del mundo árabe-musulmán (Ramírez, 2005). Por lo que se erigen en experiencias globales del feminismo que de hecho alcanzarán en un futuro cercano al universo neoconfuciano.

Estas conclusiones constituyen la punta del iceberg del tan mentado, poco definido, estructurado y operacionalizado «diálogo entre civilizaciones», que está en la agenda de muchos de los líderes de los países desarrollados y emergentes —como en el caso de los Estados asiáticos. En un futuro inmediato y en especial en un periodo en el que la propia ONU se encuentra en proceso de reorganización, las consecuencias de este diálogo afectarán de una manera u otra a los fundamentos universales de los derechos humanos, y a la garantía de los derechos de las mujeres en todo el mundo. El progreso de los derechos humanos a lo largo de la historia ha comprometido a una gran cantidad de movimientos sociales —el movimiento obrero, el feminismo, el ecologismo, los movimientos indígenas— en una ardua lucha, de la que todos somos en la actualidad sus beneficiarios en el marco internacional. Estos movimientos sociales no solo han posibilitado la ampliación del alcance de los derechos humanos sino el compromiso y la admisión de que estos colectivos son sujetos de derechos y de dignidad humana. La universalidad de los derechos humanos sigue constituyendo una universalidad inacabada, un proceso de discusión y lucha por el reconocimiento de los derechos de ciertos sujetos colectivos. Si lo que está en disputa desde el debate de los valores asiáticos son los fundamentos mismos de los derechos humanos y sus bases morales, la discusión bajo las premisas de un diálogo entre civilizaciones tendría que plantearse desde una postura que no sea etnocéntrica y que se presente como universalista y emancipadora. Desde esa perspectiva, la discusión no puede prescindir de las demandas propuestas por las mujeres —en su amplia diversidad— y todo lo que tienen que decir respecto a sus propias tradiciones y a la celebración de valores que refuerzan el comunitarismo y la armonía social, donde la garantía de sus derechos puede estar evidenciando una flagrante contradicción con los principios comunitarios.

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Capítulo 7
Mujeres lesbianas y derechos humanos

José Ignacio Pichardo

Este capítulo se centra en analizar el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres lesbianas en el contexto de un mundo en proceso de globalización. En el mismo sentido que a lo largo de décadas de lucha se ha conseguido que en diversos pactos, convenciones y declaraciones se reconozca que los derechos de las mujeres son también derechos humanos, se da en nuestros días un movimiento por parte de las mujeres lesbianas para que se las considere también sujetos de esos mismos derechos.

Se pretende aquí estudiar esta lucha por parte de las mujeres lesbianas, centrándonos en el Estado español y conectando los contextos locales y globales. Comienza el artículo dando cuenta del sistema sexo/género que sitúa a las mujeres lesbianas en una posición de subordinación y subalternidad, de modo que son privadas de parte de sus derechos como seres humanos. Recogeré algunos ejemplos de esta negación, para después mostrar cómo el marco de los derechos humanos constituye uno de los principales instrumentos para transformar esta situación. El papel de las mujeres lesbianas en el proceso, sus demandas, sus reivindicaciones y sus voces ocupan un lugar central en este estudio de caso a través de entrevistas a mujeres (Empar, Beatriz, Raquel, Marta y Montse) que participan en el activismo por la defensa de los derechos de las mujeres lesbianas desde tres ámbitos diferentes: en el feminismo, en el movimiento de liberación de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (en adelante LGBT) y en colectivos específicos de lesbianas feministas.

1. Sistema sexo/género

Cuando Gayle Rubin, en su ya clásico artículo sobre «El tráfico de mujeres: notas sobre la “economía política” del sexo» (1996), se propone indagar sobre las causas de la opresión de las mujeres, lo hace con el fin de conocer los elementos que sería necesario modificar para alcanzar una sociedad sin jerarquías de género. Sitúa entonces la sede de la opresión no solo de las mujeres, sino también de las minorías sexuales, en una parte de la vida social que ella denomina sistema sexo/género. Se establece desde esta perspectiva una aproximación conceptual que separa el sexo biológico (hombre/mujer) del género (las atribuciones culturales basadas en las diferencias biológicas y la elaboración de una jerarquización de los géneros). Son de sobra conocidas las implicaciones teóricas, analíticas y políticas que supone el abordaje de la realidad social con esta perspectiva de género.

No obstante, cuando Rubin plantea el sistema sexo/género no se está refiriendo con la palabra «sexo» exclusivamente a esa dicotomía hombre y mujer, sino a la sexualidad y las relaciones sexuales en su conjunto. Rubin deja claro que el mismo sistema que establece la dicotomía hombre y mujer, construye una sexualidad heterosexual: «el género no es solo una identificación con un sexo: además implica el deseo sexual hacia el otro sexo» (1996: 60). En este sentido, ella expresa que «la organización social del sexo se basa en el género, la heterosexualidad obligatoria y la constricción de la sexualidad femenina» (1996: 58). Este componente de heterosexualidad obligatoria o heteronormatividad que conlleva el planteamiento del sistema sexo/género ha sido obviado en numerosos análisis posteriores, limitando el contenido de la palabra «sexo» a esa primera acepción: la división de todos los seres humanos en las categorías de hombre y mujer.

Diversas autoras feministas pondrán en conexión directa a nivel teórico y analítico ambos elementos: el género y la heteronormatividad. Rich realiza un repaso de cómo muchas de las características y medios de la dominación de los hombres sobre las mujeres son los mismos que fuerzan y empujan a las mujeres hacia la heterosexualidad. Muchas de estas formas de poder se expresan de un modo violento y afectan desde el acceso a la propiedad hasta el control de las conciencias y los cuerpos (1980: 633, 638-640).

La heterosexualidad deviene una construcción cultural que exacerba las diferencias biológicas y re-crea así el género. Es el modelo de sexualidad hegemónico que facilita no solo la reproducción biológica (las llamadas relaciones de reproducción), sino también del resto de cuestiones materiales y económicas (lo que se había venido llamando relaciones de producción), reproduciendo en ambos casos las relaciones de género. Este sistema sexo/género esencializa, además, identidades sexuales como la homosexualidad o la heterosexualidad, que son en realidad complejos institucionales modernos y construidos socialmente, y las convierte en una realidad naturalizada y dicotómica (Rubin, 1989: 131; Moreno y Pichardo, 2006). La experiencia de mujeres que optan por las relaciones sexo-afectivas con otras mujeres pone en cuestión el carácter esencialista de estas identidades: «Yo realmente soy lesbiana por elección, o sea, eso es posible, aunque los gays no lo comprendan y muchas lesbianas hoy tampoco».

Existe una correlación entre la homofobia y la violación de los derechos humanos de las personas homosexuales con la denigración de lo femenino (Wetzel, 2001: 15). No es de extrañar que haya sido precisamente el feminismo el que, planteando la posibilidad de superar la división sexual del trabajo y la naturalización de los roles de género, haya facilitado el cuestionamiento de la heteronormatividad. Conviene rescatar la deuda que el movimiento de liberación de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) tiene con el feminismo, que abrió el camino de la sexualidad y la identidad sexual como áreas de acción colectiva (Amnistía Internacional, 1999: 16). El feminismo y la teoría de género han permitido la redefinición del concepto de sexualidad de las mujeres, posibilitando una vivencia autónoma de la misma y el reconocimiento y aceptación de las relaciones sexuales entre mujeres: «Muchos gays no tienen ni idea del feminismo y piensan que no necesitan saber nada de feminismo, lo cual es un grave error, porque entonces ni siquiera sabes cuáles son los orígenes del movimiento de gays y lesbianas, porque es que van parejos; y todas las lesbianas les debemos al movimiento de mujeres el tener derechos como mujeres».

La homofobia «es una actitud de rechazo hacia quienes ponen en cuestión —con sus discursos o con sus prácticas— los roles de género o las expectativas sociales asociadas a ellos» (Viñuales, 2002: 101), de modo que no afecta solo a las personas homosexuales, sino también, y muy especialmente, a los hombres y mujeres que franquean las fronteras del género (113). El término «lesbiana» se convierte en un insulto («tortillera», «bollera»), un instrumento de control y violencia para que las mujeres no se salgan ni de la heteronormatividad ni de su rol establecido como mujeres. De hecho, la homofobia —en este caso la lesbofobia— ha venido siendo utilizada tradicionalmente como arma arrojadiza contra el movimiento feminista, acusando a las mujeres que forman parte del mismo de lesbianas. El miedo al contagio del estigma que acompaña al lesbianismo ha supuesto un freno importante para la consecución de aliadas y aliados en la defensa de los derechos de las mujeres lesbianas. Frente a la posibilidad de este estigma, Empar propone dar la vuelta al argumento y pregunta al movimiento feminista: «¿Y no os parece tremendamente negativo para el movimiento feminista y para el conjunto de las mujeres que se identifique el movimiento feminista con el movimiento de mujeres heterosexuales?, ¿feminismo igual a heterosexual?».

Otro mecanismo muy significativo en los procesos de subordinación de las mujeres y de las personas homosexuales es la invisibilización: la invisibilización de la discriminación de género y la invisibilización de la homosexualidad, produce la invisibilización extrema del lesbianismo: «el silencio, lejos de ser un factor positivo, refleja el peor de los desprecios, ya que niega la existencia del otro» (Viñuales, 2002: 107).

2. Negación de derechos a las mujeres lesbianas

Amnistía Internacional (2004) denuncia que la violencia contra las mujeres y niñas (por el mero hecho de ser tales) constituye «la violación de derechos humanos más extendida, oculta e impune», su dimensión universal —ya que está presente en todas las sociedades del mundo— y el hecho de que el control de su sexualidad sea uno de los elementos fundamentales para mantener su subordinación. Esta discriminación por razón de sexo concurre con otras que agudizan las posibilidades de violación de los derechos humanos, como es el caso de la discriminación por orientación sexual. La discriminación a que se ven sometidas las mujeres lesbianas se agudiza y hace más fuerte por su condición de mujeres y homosexuales al mismo tiempo. Ambas discriminaciones no solo van unidas, sino que se retroalimentan y crean sinergias negativas, haciendo que la discriminación que sufren sea más intensa.

Las mujeres lesbianas están expuestas a sufrir buena parte de los castigos, penas y persecuciones que sufre cualquier persona homosexual (hombre o mujer) en aquellos países donde la homosexualidad está perseguida. Según la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays (ILGA), en 81 países los actos homosexuales son considerados ilegales y en 9 de ellos se castiga con la pena de muerte. Existen además numerosas discriminaciones en el plano legal, familiar, laboral y educativo:

en casi todos los países del mundo, la vida de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales está limitada por una telaraña de leyes y prácticas sociales que les niegan el disfrute, en condiciones de igualdad, del derecho a la vida, a la libertad y a la integridad física, así como otros derechos fundamentales como la libertad de asociación, la libertad de expresión y los derechos a la vida privada, al trabajo, a la educación y a la atención médica. Aunque el grado de institucionalización de esta discriminación varía de un país a otro, no hay casi ningún lugar del mundo donde estas personas sean tratadas con plena igualdad ante la ley (Amnistía Internacional, 2001: 8).

Todas estas violaciones se viven muchas veces con normalidad, mientras los abusos se ocultan tras el silencio o la indiferencia.

Un problema que afrontan las lesbianas es que muy raramente han sido tenidas en cuenta en el discurso de los derechos humanos ni al hablar de género ni al hablar de sexualidad. Siempre se las ha incluido en el grupo de los hombres gays y esto ha hecho que no solo se hayan invisibilizado las violaciones de los derechos de las lesbianas, sino que ha impedido analizar cómo en ellas confluyen los abusos derivados de cuestiones de género y orientación sexual y cómo enfrentan formas específicas de persecución frente a las de los hombres homosexuales: «Decir “homosexual” para incluir a las lesbianas oscurece las relaciones —económicas y de poder, y sociopolíticas… de género básicamente— que vivimos las lesbianas. Si utilizamos “homosexual” para todos, para hombres y mujeres, estamos oscureciendo una realidad que vivimos las mujeres lesbianas, que es bastante distinta de la de los hombres homosexuales».

La vivencia de la homosexualidad se ve atravesada en todo caso por los condicionantes de género, y en este estudio nos interesa especialmente dar cuenta de los derechos que se les niegan a las mujeres que optan por vivir una sexualidad lésbica. Dorf y Careaga (1995: 329) hablan de abusos específicos que van a sufrir estas mujeres, diferentes tanto de los que sufren las mujeres heterosexuales como de los que sufren los hombres homosexuales. Como, por ejemplo, la represión de su identidad sexual como lesbianas, que deriva en muchos casos del avocamiento al matrimonio con un hombre al que se ven sometidas, bien por imposición familiar o del grupo, bien por las circunstancias económicas que las obligan a casarse si quieren subsistir materialmente. En la separación de los espacios públicos y privados, las mujeres lesbianas encuentran más facilidades para negar su identidad sexual y, por lo tanto, verse empujadas a la aceptación del matrimonio. Si no aceptan el matrimonio, se pueden ver sometidas a aislamiento, persecución, exilio e incluso abocadas al suicidio. El derecho a no sufrir torturas, tratamientos psiquiátricos, detenciones arbitrarias o incineración, el derecho a tener hijos, incluso el propio derecho a la vida, todas estas violaciones se producen en todo el mundo contra las mujeres que optan por las relaciones sexo-afectivas con otras mujeres sin que las víctimas tengan apenas capacidad de protesta en público. Esta discriminación puede presentar formas más sutiles, pero con consecuencias igualmente devastadoras para las mujeres lesbianas: «El hecho de no tener modelos, eso ya puede ser una discriminación. […] La discriminación tiene más que ver con eso, con los procesos de normalización, que son tan violentos como los que afectan a lo físico, pero son mucho más sutiles».

En este trabajo se profundiza esencialmente en cuatro derechos: a la paz y a una vida sin violencia, a la sexualidad e identidad sexual, a la salud y a la familia.

Derecho a la paz y a una vida sin violencia

La tortura y los malos tratos contra personas homosexuales se dan no solo a mano de funcionarios públicos, sino que forman parte de un continuo que se extiende a sus casas, sus escuelas, sus centros de trabajo, en la calle… La peculiaridad de la violencia ejercida contra las lesbianas respecto a los gays reside precisamente en que esta se da de forma mayoritaria en el ámbito familiar y privado, lo que la invisibiliza, la hace más difícil de detectar y, por lo tanto, más susceptible de permanecer impune. Amnistía Internacional (2001: 37) denuncia que numerosas jóvenes lesbianas han sufrido palizas, violaciones y agresiones infligidas por sus familiares para castigarlas, quebrarles la moral y dejar claro que ni sus mentes ni sus cuerpos son libres. Estas violaciones punitivas o «curativas» de la homosexualidad no son perseguidas por los cuerpos policiales y autoridades de muchos países. Además de la violación (puntual o sistemática), existen otras prácticas de violencia homófoba que se aplican específicamente contra mujeres lesbianas como el encerramiento en el hogar, los matrimonios y/o embarazos forzosos, pruebas de virginidad, etc.

Numerosos estados tienen leyes contra la homosexualidad masculina y no contra la femenina, ya que se entiende que esta no existe; si se da, se dará en el ámbito privado y en este mismo ámbito será controlada y reprimida; y si finalmente se da en el ámbito público, se le aplicará las leyes contra la homosexualidad masculina. En estos casos, también ocurre que se trata a estas mujeres de enfermas mentales y se les aplica tratamientos psiquiátricos, encerrándolas en instituciones y sometiéndolas a terapias y medicaciones que alteran sus capacidades mentales. Este tipo de castigos es, además, utilizado de una forma mucho más usual contra las mujeres que contra los hombres homosexuales (Dorf y Careaga, 1995: 326).

Estos casos nos dan la medida de lo que Dorf y Careaga (1995: 324-325) denuncian: la agresión de los derechos humanos de las mujeres lesbianas no se limita exclusivamente a legislaciones punitivas o medidas de represión por parte de las instituciones estatales, sino que son las sociedades heterosexistas las que a través de la homofobia cotidiana hacen que las mujeres lesbianas vean limitada su capacidad de vivir una vida digna y sin agresiones. En cualquier caso, el Sistema de Derechos Humanos se basa en la premisa de que los gobiernos y los Estados deben proveer las leyes y condiciones necesarias para que todas las personas vean respetada su dignidad como seres humanos y no se dé una violación de esos derechos ni por parte de los Estados ni por parte de otros actores sociales.

Las mujeres entrevistadas para este estudio han sufrido, por ser mujeres que viven su lesbianismo de una forma abierta, experiencias de acoso y de injuria. Incluso a veces, también de mano de hombres homosexuales. Para cualquier mujer homosexual, aunque no viva su sexualidad de una forma abierta, existe lo que Eribon (2001: 29-33) denomina «el horizonte de la injuria»: si bien los insultos y agresiones no van dirigidos directamente a ella, sabe que podrá recibirlos en el momento en que ponga de manifiesto su opción sexual. Y aprende cuándo, dónde y cómo le es posible expresarse y, por ejemplo, tener muestras de cariño con su pareja o no, ya que de otro modo podría tener consecuencias muy negativas en su vida: la agresión física, verbal, perder el trabajo… A través del miedo, como se detalla en otro estudio de caso de este libro, se controla la utilización del espacio público por parte de las mujeres. En el caso de las lesbianas, este miedo se agudiza por el heterosexismo implícito y por la ausencia de varones que legitimen su presencia en el espacio público:

Hay un riesgo evidente por ejemplo en la calle. […] Es un riesgo que una mujer heterosexual pues por descontado que no tiene. […] Pasear por ahí como lesbiana cogida de la mano de tu pareja en medio de una calle en que todos son hombres —y hombres heterosexuales presuntamente—, pues no sé, a lo mejor lo haces y no pasa nada, pero ya es violento el hecho, o incomoda el hecho de pensar poder hacerlo. […] El hecho de desafiar esa posesión cuando tú decides optar no por un hombre, sino por otra mujer, imagino que eso en determinados contextos genera mucha violencia.

Existen otros dos elementos que hacen a las mujeres lesbianas más susceptibles de recibir violencia machista que el resto de mujeres: la ausencia de un referente masculino y su construcción como icono sexual a través de la pornografía heterosexual masculina:

Una mujer heterosexual si tiene un hombre, aunque sea un novio, ya se considera que es de ese hombre y entonces ya no es del dominio público. Eso funciona mucho en los trabajos. […] Es decir, que como se enteren en el trabajo de que eres lesbiana, tienes muchas posibilidades de que te acosen porque no tienes un hombre detrás. No eres de nadie, eso es así. Encima, además de despertar todo ese imaginario sexual masculino…

La falta de espacios seguros que les permitan conocer a otras mujeres con las que establecer relaciones sexo-afectivas y expresar sin miedo su sexualidad refuerza esta sensación de violencia estructural. Los espacios que supuestamente deberían desempeñar este fin se ven tomados por los hombres homosexuales y heterosexuales: «Espacios, las lesbianas necesitan espacios, no solo exclusivos. En el ambiente no hay espacio para las mujeres. Todos los bares son de hombres. […] En cuanto hay un bar de mujeres, se llena de hombres».

Frente a esta situación, las mujeres entrevistadas demandan políticas públicas al respecto (a través de la educación, campañas mediáticas, servicios públicos de atención a lesbianas, sensibilización de funcionarios y profesionales…). Se sienten decepcionadas, y lo expresan como una muestra más de la discriminación que viven a causa de su opción sexual, por el hecho de que la Ley contra la Violencia de Género aprobada por el Parlamento español en 2004 tenga un enfoque totalmente heterosexista que en ningún momento tiene en cuenta ni toma medidas contra las situaciones de violencia específica que sufren las mujeres lesbianas, como si la violencia que ellas sufren no derivase del mismo sistema sexo/género que la que sufren las mujeres heterosexuales.

Derecho a la sexualidad y a la identidad sexual

El derecho a vivir y expresar las propias opciones sexuales forma parte de los aspectos fundantes de una persona humana, ya que afecta a sus sentimientos, sus deseos, su cuerpo, su identidad, su relación con el otro…, es decir, a lo que está en la base de lo que significa ser un ser humano. Por este motivo, «el derecho a determinar libremente la propia orientación sexual y el derecho a expresarla sin miedo, constituyen derechos humanos en su sentido más completo» (Amnistía Internacional, 1999: 11). Plummer apunta que los derechos sexuales, o lo que él llama «ciudadanía íntima», se refieren a «el control (o no) sobre el propio cuerpo, los propios sentimientos y relaciones; el acceso (o no) a representaciones, relaciones, espacios públicos, etc., y la toma de decisiones sociales sobre identidades y experiencias de género» (Weeks, Heaphy y Donovan, 2001: 196).

Para Weeks, Heaphy y Donovan (2001: 188), la posibilidad de expresar libremente la orientación sexual se ve limitada por la situación socioeconómica, la etnicidad y, por supuesto, el género de cada persona. De modo que para una mujer homosexual es más difícil expresar su identidad sexual, por los condicionamientos sociales y económicos, que para un hombre de la misma orientación sexual. Según D’Emilio (1983), el capitalismo ha posibilitado la existencia de una identidad gay y un estilo de vida basado en las relaciones con personas del mimo sexo al permitir —gracias a los salarios individuales— que los individuos puedan permanecer al margen de la familia heterosexual cuando se supera la necesaria interdependencia que se daba en el modelo anterior: la familia era una unidad económica y de producción y sus miembros eran económicamente interdependientes. Ese mismo sistema capitalista hizo que la mujer, al no tener acceso al trabajo asalariado y, por tanto, a la supervivencia material fuera del ámbito de la familia heterosexual, no tuviera acceso de forma mayoritaria a las identidades y estilos de vida homosexuales. No será hasta la incorporación de las mujeres al mundo laboral cuando las lesbianas puedan desarrollar también su identidad sexual y estilos de vida, aunque de un modo más limitado debido a su incorporación precaria y subalterna respecto al hombre.

Teniendo en cuenta estos condicionantes económicos, comprobamos que a causa de las mayores dificultades que ofrece el mercado laboral a las mujeres para incorporarse al mismo (mayores tasas de paro) y las peores condiciones con que lo hace (precariedad laboral, menores sueldos, menos posibilidades de ascender), las lesbianas tienen mayores dificultades que un hombre gay para vivir al margen del modelo tradicional de familia heterosexual: «Una mujer lesbiana que vive con otra mujer lesbiana, luego: doble paro, doble precariedad, doble discriminación, dobles sueldos más bajos… […] En más de la mitad del mundo, las mujeres no pueden vivir sin los hombres económicamente hablando. Es decir, el mundo está organizado para que las mujeres necesiten económicamente a los hombres».

Se da, por otro lado, una casi total falta de referentes lésbicos públicos en los que las mujeres que sienten esta orientación sexual puedan verse reflejadas. Los varones homosexuales no solo tienen más referentes, sino que estos están más positivamente valorados y son más diversos. Frente a esto, las entrevistas ponen de manifiesto esta falta de referentes o la existencia de una imagen negativa de la mujer lesbiana: «La palabra lesbiana no existía, más o menos cada una de nosotras se había llegado a identificar con no se sabe qué, o sea, con algo raro. […] No tienes puntos de referencia, generas unos mecanismos de autoprotección que a veces te juegan malas pasadas».

En las entrevistas se señala que existen imágenes estereotipadas de la mujer lesbiana: o bien como mujer asesina, o bien como mujer supersexual y femenina cuya sexualidad está concebida al servicio de las fantasías del hombre heterosexual (Platero, 2008; Gimeno, 2008). El hecho de que las fantasías sexuales masculinas estén construidas sobre la subordinación de la mujer y el lesbianismo pornográfico, adjudica una imagen pornográfica a las lesbianas que no favorece ni su acceso a puestos de responsabilidad ni a puestos de poder. Mientras los hombres que han desempeñado un papel activo en el movimiento LGBT español están ocupando posiciones políticas de responsabilidad en el interior de los partidos que acceden al poder, en el caso de las mujeres lesbianas ni acceden a los partidos que tienen el poder, ni las que ocupan cargos políticos hacen visible su opción sexual homosexual.

La negación de la identidad sexual a las lesbianas deriva en aislamiento e invisibilidad, imposibilitando la creación de una identidad colectiva común y, por extensión, la creación de redes de movilización colectiva basadas en una identidad sexual inexistente. Esta negación puede tener entre sus consecuencias el que muchas mujeres se vean abocadas al exilio. En este sentido, queda pendiente estudiar el número de mujeres que han tenido que huir de sus países o sus localidades de origen tratando de escapar no solo de una legislación y un Estado que las persigue, sino también de entornos homófobos y lesbófobos que las oprimen. Solo en el primero de los casos —persecución legal o estatal— les sería quizás posible obtener el asilo político en otro país (aunque apenas una veintena de países en el mundo lo ofrecen, entre ellos España). Una vez más, el asilo político será más fácil para los hombres homosexuales que para las mujeres, ya que las persecuciones de los hombres se dan en el espacio público y por tanto existe una mayor probabilidad de demostrarlas a través de testigos y pruebas.

Pero además del exilio como tal, existen mujeres lesbianas que han de abandonar sus entornos de origen para poder vivir su sexualidad: «¿Cuántas sorianas, manchegas, gallegas, asturianas, extremeñas, han emigrado a Madrid o a Barcelona para poder vivir libremente, en el anonimato de la gran ciudad, su sexualidad? Escuchar a una mujer decir: “Si no me voy del pueblo, me muero”, y decirlo de verdad, recién librada de una depresión profunda» (Vela, Echalecu y Gómez, 2001: 35). El hecho de que estas mujeres tengan que huir de sus entornos de origen da cuenta de la falta de libertades sexuales y personales en esos lugares, haciendo que estas personas salgan de contextos opresivos disfrazando su huida en forma de migraciones económicas o laborales (Pichardo, 2003).

Además de la existencia de una identidad sexual positiva, Beatriz recoge también la necesidad de construir una sexualidad que no esté mediatizada no solo por la sexualidad masculina heterosexual, sino tampoco por la sexualidad masculina homosexual: «La sexualidad gay (máxima promiscuidad y no sé qué…), eso es un valor, eso está bien. Nosotras: que somos mojigatas, puritanas, reprimidas, frígidas… En los colectivos LGBT es constante la desvalorización de la forma de ser de las lesbianas».

Derecho a la salud

Si, tal y como recogen los diversos tratados internacionales al respecto, la sexualidad forma parte de una vida sana, vemos que en el caso de las mujeres lesbianas no se respeta su integridad física y mental, ya que encuentran numerosos obstáculos para el acceso a una sexualidad sana, completa y enriquecedora.

En ocasiones ocurre que se trata a las mujeres lesbianas de enfermas mentales y se les aplica tratamientos psiquiátricos, encerrándolas en instituciones psiquiátricas y sometiéndolas a terapias y medicaciones que alteran sus capacidades mentales. Estos tratamientos se realizan a menudo en contra de la voluntad de la persona, a veces a petición de familiares o amigos, a pesar de que en 1992 la Organización Mundial de la Salud eliminó la orientación sexual de su catálogo de enfermedades mentales. Esta realidad no es lejana en el tiempo ni en el espacio: Arnalte (2003: 209-214) apunta en su libro sobre la represión de los homosexuales durante la dictadura franquista el hecho de que a las mujeres lesbianas no se las encerraba en la cárcel como a los hombres homosexuales: solo 1 de las 1000 personas encerradas por la Ley de Peligrosidad Social entre 1971 y 1978 era una mujer (Calvo, 2002: 172-173). A ellas se las enviaba a manicomios donde eran sometidas a electrochoques (Gimeno, 2005). En los casos en los que las fuerzas policiales encontraban a dos mujeres en un acto íntimo, en lugar de llevarlas a la cárcel o las dependencias policiales, las llevaban ante sus maridos, padres o hermanos, dejando la represión del lesbianismo (y por extensión el control sobre la sexualidad y los cuerpos de las mujeres) en manos de los hombres de la familia (Arnalte, 2003: 214).

Gimeno apunta en el mismo libro (Arnalte, 2003: 214) que la presión social y familiar sigue haciendo, incluso hoy en día, que algunas jóvenes acepten someterse a tratamientos psiquiátricos por mostrar amaneramientos masculinos, no echarse novio y, en definitiva, por ser lesbianas. Los numerosos casos de mujeres lesbianas encerradas en psiquiátricos en nuestro país ni siquiera están documentados, invisibilizando, una vez más, a las mujeres en este proceso y privándolas incluso de la posibilidad de obtener un mínimo reconocimiento moral y social por su sufrimiento: «Tuve una depresión de estas clínicamente diagnosticada y fui a una clínica psiquiátrica. […] Había muchísimas mujeres que estaban allí por ser lesbianas. Y había mujeres que estaban allí porque habían dejado a sus maridos por una mujer y la familia las había internado. […] Había chicas que estaban internadas en clínicas psiquiátricas porque sus familias decían que no eran femeninas».

Otro asunto que afecta al derecho a la salud de las mujeres lesbianas es la mayor prevalencia del cáncer de mama y ginecológico entre ellas (Dibble, Roberts y Nussey, 2004; O’Hanlan, 2002). Esta circunstancia se ve agravada por el menor número de visitas a determinados especialistas, como ginecólogos/as. La causa es doble, por un lado, las asunciones heterosexistas de los especialistas, y, por otro, las situaciones de incomodidad que se producen en las consultas cuando una mujer lesbiana habla de su identidad sexual (Curzi, 2006: 27). Algunas de las mujeres entrevistadas, acostumbradas a aparecer en público como lesbianas, señalan la dificultad que supone decírselo al ginecólogo y el desconcierto que se genera en la consulta:

Su interpretación fue que una persona, una mujer que tiene pareja, que no está casada y mantiene relaciones sexuales y no utiliza anticonceptivo, utiliza la marcha atrás. No. Pues: «¿Y entonces?, ¿y entonces?»; «Mi pareja no es un hombre». Y en eso me sentí discriminada. En eso y en el hecho de que no pudiera ayudarme porque soy lesbiana y quiero tener un hijo: «No te puedo dar información porque no la tengo». […] Esas presuposiciones de la heterosexualidad me parecen ya una discriminación.

Como ponen de manifiesto diversos estudios (Hernández; O’Hanlan, 2002), el porcentaje de mujeres con comportamientos adictivos de importantes repercusiones en la salud de la persona (alcohol, tabaco, drogas, trastornos de alimentación y obesidad…) es mayor entre las mujeres homosexuales que en el colectivo de mujeres heterosexuales. Esta circunstancia probablemente tenga mucho que ver con las condiciones de discriminación a las que están sometidas las mujeres lesbianas: «Mucha gente está fatal de autoestima, y eso repercute en mil cosas de su salud; o sea, desde una situación de vulnerabilidad a tener relaciones de dependencia, hasta consumo de drogas, no cuidarte…».

La asunción de heterosexualidad de todas las mujeres en el sistema de salud plantea dificultades a las mujeres lesbianas a todos los niveles: no existen prácticamente estudios epidemiológicos, ni investigaciones, ni políticas públicas encaminadas a conocer mejor los problemas de salud específicos de estas mujeres ni a proveer los instrumentos para mejorar esta situación. Un ejemplo claro lo constituye la investigación que realizó el Instituto Nacional de Estadística (2004) sobre sexualidad, cuyo objetivo era obtener datos para la prevención del VIH-SIDA. Se excluyó a las mujeres lesbianas de su muestra, ya que en el cuestionario de la encuesta se definían como relaciones sexuales «solo aquellas en las que haya penetración vaginal, anal u oral del órgano masculino, con o sin orgasmo. […] Solo se consideran relaciones sexuales aquellas en las que interviene al menos un varón, es decir, relaciones entre varón/mujer o entre dos varones». Obviamente, no se extrajo ningún resultado sobre la sexualidad de las mujeres lesbianas. La poca investigación sobre la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual entre mujeres refuerza la falsa creencia de que las mujeres lesbianas son inmunes a contraerlas cuando tienen sexo con otras mujeres (Curzi, 2006: 19).

Derecho a la familia

Una minoría de países, regiones y ciudades en el mundo reconocen a parejas formadas por personas del mismo sexo algún tipo de derechos y en ningún caso se les da a las parejas homosexuales un reconocimiento de derechos al 100 % igual al de las parejas heterosexuales. Solo cuatro países han legalizado el matrimonio homosexual (Países Bajos, Bélgica, España y Canadá), pero incluso en estos, aunque el reconocimiento de derechos es casi idéntico, existe algún tipo de limitaciones respecto a los matrimonios heterosexuales: no se reconoce automáticamente la paternidad de la pareja en el caso del nacimiento de un bebé en el interior del matrimonio o existe algún tipo de restricción en cuestión de adopciones conjuntas (Waaldijk, 2005; Borrillo, 2005).

Efectivamente, en el caso de España, aunque se habla de igualdad total de derechos, la ley de 2005 que cambió el Código Civil para permitir el matrimonio entre dos personas del mismo sexo hizo una excepción y no se modificaron los artículos que se refieren a la filiación de los hijos (artículos 116, 117 y 118). Es decir, si un bebé nace en el seno de un matrimonio heterosexual, automáticamente se reconoce la filiación del cónyuge de la madre. Si nace en el seno de un matrimonio homosexual, en este caso no se reconoce la relación de filiación del cónyuge de la madre, sino que la otra madre se verá obligada a adoptar al bebé para que se reconozca su relación de maternidad. Esta cuestión solo afecta a los matrimonios formados por dos mujeres. Lo que está ocurriendo en estos casos es que las familias de dos mujeres casadas que tienen descendencia se encuentran con dos libros de familia: uno para el matrimonio y otro para la madre biológica y el bebé. La madre no biológica debe adoptar al hijo de su esposa si quiere legalizar su maternidad. Para alguna de nuestras informantes, esta es una muestra de cómo en la lucha por la consecución de derechos en el colectivo homosexual está primando la visión androcéntrica de los gays y no se está teniendo en cuenta ni la realidad ni las necesidades de las mujeres lesbianas:

Para nosotras, la cuestión no es la adopción simplemente, sino el hecho de la filiación compartida independientemente del sexo de los progenitores o las progenitoras. […] La ley no resuelve los casos en que una lesbiana tiene un hijo pariéndolo y tiene pareja, y que quiere que su pareja también conste como madre o como padre. […] Como los gays no paren, pues parece que se resuelve todo con la adopción.

Efectivamente, mientras que una mujer heterosexual puede ir a inseminarse a una clínica con semen de un banco y obtener el reconocimiento legal de paternidad directamente para su pareja —casada o no— varón (que obviamente no es el padre biológico), una mujer lesbiana no podría hacer lo mismo con su pareja mujer. Si desea que su pareja sea reconocida como madre del bebé tras un proceso de inseminación deberá casarse con ella y mostrar su consentimiento antes de que nazca el bebé o, en las Comunidades Autónomas que lo permiten (Navarra, País Vasco, Aragón o Cataluña), registrarse como pareja de hecho.

Aunque en algunos países el acceso a las tecnologías de reproducción asistida se limita a mujeres casadas (como en Francia), en España ya la Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida de 1988 consideraba que el derecho a la inseminación artificial correspondía a cualquier mujer mayor de 18 años, independientemente de su estado civil y de su orientación sexual. Esto último se hace constar de modo explícito en la nueva Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida de 2006 en su artículo 6.1. Otro elemento favorable de la legislación española para aquellas mujeres lesbianas que quieran optar a la maternidad es el mantenimiento del anonimato del donante de semen cuando la inseminación se produce en el contexto formal del sistema de salud, ya que se ubica al padre biológico al margen de las responsabilidades sociales, legales y económicas respecto al bebé.

Hay mujeres lesbianas que recurren a la reproducción asistida informal a través de la autoinseminación por cuestiones económicas o de sencillez y demandan alguna legislación que permita a estos donantes de semen (y a ellas mismas) la posibilidad de renunciar a su vinculación legal con los hijos concebidos por este sistema a través de algún tipo de documento o contrato que apruebe romper legalmente con la conexión biogenética, del mismo modo que se hace en España con los donantes de semen a través del sistema de salud. Además, existen clínicas de inseminación artificial que piden un informe psicológico a las mujeres que acuden solas, mientras que no hacen lo mismo con las que acuden en una pareja heterosexual. Hay que tener en cuenta que el sistema de Seguridad Social español parece priorizar en la práctica a aquellas mujeres que desean tener un hijo en el interior de una pareja heterosexual, ya que muchas mujeres que quieren tener sus hijos solas o en una pareja homosexual no tienen problemas de infertilidad y por tanto deben acudir al sistema privado de salud o practicar la autoinseminación (si encuentran un donante de semen por sus propios medios): «Yo creo que cualquier lesbiana debería poder tener un hijo a través de la sanidad pública».

Al ser la legislación española una de las más abiertas en este campo y vivir en un contexto cada vez más globalizado, numerosas mujeres de otros países, especialmente del entorno geográfico (Italia, Alemania, Marruecos, Francia, Suecia o Portugal), acuden a clínicas privadas de reproducción asistida en España para acceder a este tipo de derechos y, de este modo, poder quedarse embarazadas sin la necesidad de estar casadas. Entre un 10 y un 20 % de las clientes de estas clínicas son extranjeras (ABC, 6 de mayo de 2005) y un 10 % de las mujeres que utilizan las técnicas de reproducción asistida en el marco del sistema de salud son solteras (El País, 10 de noviembre de 2003), aunque no se puede saber qué porcentaje de estas mujeres son lesbianas o heterosexuales. El número de mujeres solteras que acuden a las clínicas de inseminación artificial está aumentando en los últimos años (El País, 16 de junio de 2006).

No está permitida en España ni la donación de óvulos por parte de donante conocida ni la gestación subrogada, con lo que las mujeres lesbianas no pueden acceder, por ejemplo, a la inseminación de una de las mujeres con el óvulo fecundado de su pareja. Para esto tendrían que acudir a otros países que lo permiten (Estados Unidos, India o Rusia), una opción que por cuestiones económicas o materiales no está al alcance de la mayoría de ellas.

La ley del matrimonio homosexual permite resolver cuestiones que afectan a las familias formadas por mujeres lesbianas y tienen que ver sobre todo con asuntos de filiación conjunta o aspectos materiales y legales. Pero ya hemos señalado que la discriminación de las mujeres lesbianas va mucho más allá de lo legal. Aunque en España legalmente no te pueden quitar un hijo por el mero hecho de ser lesbiana, la lesbofobia plantea situaciones de desprotección a mujeres lesbianas con hijos que se separan de sus maridos y en muchas ocasiones renuncian a sus derechos por el riesgo de encontrarse con algún juez lesbófobo:

El miedo a que te lo quiten (que todavía te lo pueden quitar), el chantaje que te hacen los hombres, cómo pierden sus casas, sus pensiones, etc. Eso me pasó a mí. Por ser lesbiana. Cosa que no le habría pasado a una mujer heterosexual. Porque no fuera a juicio el tema de mi lesbianismo porque me podrían quitar al niño. […] Y entonces renuncié a todo: a la pensión que me correspondía del niño, a mi piso —que era mío, mío, mío—, al coche… ¡a todo! Y luego me encontré con que todas hemos hecho lo mismo.

En lo que se refiere al derecho a la familia como un derecho humano de las lesbianas, se dan importantes reticencias por parte de determinadas pensadoras o colectivos (La Violette y Whitworth, 1994: 583; Sanders, 1996: 80). Wetzel (2001: 26) defiende la idea de que la familia per se es un instrumento de opresión para lesbianas y gays porque da cuerpo a la división público-privado. Por el contrario, según Weeks, Heaphy y Donovan (2001: 188), si la sexualidad se ha mantenido siempre en el espacio privado y la ciudadanía consiste en la participación de lo público en el espacio social, la ciudadanía sexual (o los derechos sexuales) rompen la dicotomía privado-público. Esta dicotomía constituye uno de los puntales de la cultura occidental y ya había sido puesta en cuestión por el feminismo, haciendo de lo personal algo político. Sin embargo, esta ruptura no es tan sencilla de llevar a la práctica: «Lo privado y lo público es una frontera difícil de manejar, sobre todo cuando te afecta a ti».

La redefinición del concepto de familia a través de la aceptación del matrimonio homosexual no satisface a muchas mujeres lesbianas en la medida en que no ven con ella cubiertos sus derechos, y apuestan por regular también otras fórmulas alternativas de familia a través, por ejemplo, de la reglamentación de las parejas de hecho o los contratos civiles. En este sentido, la lucha de las mujeres lesbianas se está dando principalmente de la mano de los colectivos LGBT o de grupos de lesbianas feministas. «La gente debería tener sus derechos a nivel personal y a nivel social, y lo de la pareja tendría que ser algo desligado de ese reconocimiento de derechos».

3. Los derechos humanos como instrumento de transformación

Existe un movimiento que lucha por incluir bajo la protección de los derechos humanos a las personas que tienen relaciones sexuales con otras personas de su mismo sexo. Esto es así porque «las violaciones de derechos humanos sobre la base de la identidad sexual no están todavía expresamente prohibidas por ninguna ley internacional» (Wetzel, 2001: 19). De hecho, «ningún programa de acción o tratado internacional ha incluido aún los términos derechos sexuales u orientación sexual explícitamente» (Corrêa y Parker, 2004: 1). Durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, por primera vez organizaciones de gays y lesbianas fueron acreditadas a participar en un encuentro internacional de Naciones Unidas. Diversos gobiernos (Australia, Austria, Canadá, Alemania y Países Bajos) intentaron incluir referencias a los derechos humanos de lesbianas y gays en la Declaración Final de la Conferencia que al final no fueron recogidas (Sanders, 1996: 67-90).

Si la lucha por concebir la sexualidad como un derecho humano es uno de los principales retos que enfrenta el feminismo globalizado, la sexualidad vinculada al placer es una de las principales aportaciones del feminismo lésbico al feminismo en general (Dorf y Careaga, 1995: 330). Mientras Petchesky (2000) asegura que la inclusión del concepto «derechos sexuales» es una conquista histórica gracias al trabajo del feminismo y el movimiento de gays y lesbianas, Corrêa y Parker recuerdan que han sido las activistas feministas y lesbianas involucradas en las luchas de Naciones Unidas las que han hecho las principales aportaciones para su clarificación conceptual (2004: 8).

En el caso concreto de los derechos humanos de las mujeres lesbianas podemos encontrar dos hitos importantes: la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo 1994 y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing 1995. En la Conferencia de El Cairo se habló por primera vez de salud sexual (aunque junto a la «salud reproductiva») de las parejas y los individuos. Por cuestiones estratégicas y posibilistas, los derechos sexuales han entrado al discurso más amplio de los derechos humanos de la mano de los derechos reproductivos, con la incongruencia que esto significa respecto a la lucha del feminismo por desvincular unos de otros. Colectivos feministas siguen prefiriendo que se desvinculen, ya que se corre el riesgo de invisibilizar los primeros (Cedano, 2001).

Distintas autoras y autores (Sanders, 1996: 90-91, Wetzel, 2001: 28-29; Petchesky, 2000) reflejan las intensas negociaciones que se llevaron a cabo para llegar a la redacción final del párrafo 96 de la Declaración Final de la Conferencia de Beijing: «Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia». Este párrafo incluía, siquiera indirectamente, la sexualidad y las reivindicaciones de las mujeres lesbianas. Las mujeres lesbianas (Lesbian Caucus en Beijing) hicieron importantes concesiones para llegar al documento finalmente aprobado, ya que, si bien no recogía las demandas de las feministas lesbianas, suponía en cualquier caso un importante avance para el reconocimiento de los derechos sexuales de las mujeres en su conjunto.

A pesar de los obstáculos, se han ido dando importantes pasos para que los derechos de los hombres y mujeres homosexuales se consideren también derechos humanos. Estudiaremos ahora el proceso por el que se han ido dando nuevas resoluciones a nivel supranacional e internacional y cómo los Derechos Humanos LGBT han ido entrando en distintos foros multilaterales. Radica Coomaraswamy, quien fuera relatora especial sobre la violencia contra la mujer, no duda en calificar el reto de la violencia contra las minorías sexuales como «la última frontera de los derechos humanos» (Amnistía Internacional, 2004: 4).

El movimiento de personas LGBT no demanda derechos especiales o distintos, sino el acceso a los derechos reconocidos a cualquier ser humano por el hecho de serlo. Las personas y las instituciones que actúan en defensa de las minorías sexuales han acudido desde los años 80 a los mecanismos de garantía del Sistema Internacional de Derechos Humanos para hacer valer sus derechos: varios Estados han sido denunciados, bien ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU o ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por penalización o discriminación de homosexuales (Irlanda, Chipre, Australia…).

En noviembre de 2006 se promulgaron los llamados Principios de Yogyakarta, que recogen veintinueve derechos humanos y de ciudadanía que las personas lesbianas, gays, bisexuales o transexuales no pueden disfrutar en la mayor parte de países del mundo. Estos principios vienen complementados con recomendaciones a los estados, así como a organismos y organizaciones supranacionales para hacer efectivos estos derechos.

En estos años también las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos en el mundo han asumido la cuestión. Aunque Amnistía Internacional (1999: 19) reconoció en 1979 que la persecución de personas por su homosexualidad era una violación de sus derechos humanos más fundamentales, no fue hasta 1991 cuando resolvió definir como prisioneros de conciencia a aquellas personas encarceladas exclusivamente por su condición de homosexuales e incluir su defensa en el mandato de la institución. A partir de ese momento, la organización cuenta con grupos que trabajan específicamente los derechos LGBT (en la sección española desde el año 2001). De especial interés para el contenido de este texto es el hecho de que la sección española de Amnistía Internacional, en el marco de su campaña «No más violencia contra las mujeres», decidiera promover acciones específicas para denunciar la situación de las mujeres lesbianas y bisexuales en el mundo y fomentar la acción respecto a sus derechos humanos (2004). La ONG Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) también trabaja con personas que son perseguidas a causa de su orientación sexual y ha publicado un informe sobre los derechos humanos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales (Barbado et al., 2005).

Los espacios supranacionales y las ONG’s internacionales se han convertido de este modo en uno de los principales instrumentos de visibilización de la violación que sufren los derechos humanos de LGBT. Aunque existen ciertas relaciones entre los movimientos que están trabajando en este sentido (el movimiento LGBT, los afectados por el VIH/SIDA y los movimientos tradicionales de derechos humanos), no se llegan a fortalecer las alianzas entre estos grupos con discursos y estrategias comunes para contrarrestar la fuerza de aquellos Estados y organizaciones religiosos y fundamentalistas que, sin ser aliados tradicionales (cristianos y musulmanes, por ejemplo), actúan de forma conjunta y cohesionada en los foros locales, nacionales e internacionales para frenar la concepción de la sexualidad como un derecho humano, o al menos, toda concepción que abra la sexualidad más allá del matrimonio monógamo heterosexual.

Hagland nos recuerda que aunque se produzcan avances a nivel internacional en el reconocimiento explícito de los derechos de gays y lesbianas, quedará luego al libre albedrío de cada Estado firmar o no los acuerdos en los que se reconozcan estos derechos y, lo que es más complicado, su interpretación y puesta en práctica. En cualquier caso, no hay que desestimar la fuerza moral que obliga a los Estados a que implementen estos derechos. En muchos contextos, el discurso de los derechos humanos ha constituido un instrumento muy valioso en la defensa de los derechos LGBT, como en el caso de Sudáfrica (1997: 358-359, 375). En el mismo sentido, este autor (362) puntualiza que para hacer valer los derechos humanos no es solo necesario cambiar las normas estatales, sino también las actitudes de la sociedad en su conjunto, ya que ambos niveles se retroalimentan. En el caso de las minorías sexuales, esto es especialmente importante, puesto que en muchas ocasiones las agresiones no vienen directamente del Estado, sino que las que se producen en el ámbito privado (especialmente en el caso de las mujeres lesbianas) son a veces más frecuentes y agresivas que las que se dan en el espacio público.

Instrumento de transformación

La transformación de las actitudes sociales es uno de los objetivos principales del movimiento LGBT. La violencia empieza por una misma y en el contexto de culturas heterosexistas ya desde el inicio de la socialización se interioriza la homofobia, también por parte de gays y lesbianas, que se convierten en reproductores activos de su propia discriminación. Por eso, el primer paso para transformar la situación de subordinación es que las víctimas sientan que no tienen por qué ser discriminadas y tomen conciencia de sus derechos. En este sentido, las identidades gays y lesbianas constituyen un elemento que permite a las personas homosexuales pensarse de un modo positivo, establecer redes con iguales y, sobre todo, concebirse como sujeto de derechos y luchar por ellos.

Los derechos humanos se convierten en un instrumento válido para la lucha por el reconocimiento de los derechos LGBT a través del cual los abusos contra la dignidad e integridad de las personas pueden abordarse; en torno a los cuales comunidades transnacionales de gays y lesbianas pueden organizarse, organizar su lucha y obtener reconocimiento social; así como entrar a formar parte del juego como actores políticos a nivel mundial o al menos intentarlo (La Violette y Whitworth, 1994: 585-587).

El discurso de los derechos humanos ha estado también presente en la lucha de las mujeres lesbianas en España, especialmente desde el movimiento de liberación de lesbianas y gays, que lo ha utilizado en sus comienzos. Beatriz recuerda cómo posteriormente, con la reivindicación de la legalización del matrimonio homosexual, el discurso de los derechos humanos se ha planteado en términos de derechos civiles y de igualdad: «El discurso de los derechos humanos es el que se usó al principio. En alguna manifestación 28 de junio el lema era “Los derechos de gays y lesbianas son derechos humanos”. Pero eso se fue desdibujando cuando empezamos con lo del matrimonio en plan obsesivo».

En cualquier caso, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales utiliza un eslogan revisitado de la Revolución Francesa, base de todo el proyecto moderno e ilustrado de los derechos humanos: «Libertad, igualdad, fraternidad y diversidad». Se reivindica la estrategia de los derechos humanos como un aprendizaje de la experiencia del movimiento feminista y, además, como un discurso difícilmente cuestionable en una sociedad democrática: «Ese discurso de los derechos humanos ha calado y es cómodo, porque si podemos hablar de los derechos humanos de los suajilis, podemos hablar de los derechos humanos de las lesbianas».

Existe una serie de elementos contextuales que van a posibilitar o favorecer el reconocimiento de los derechos humanos LGBT (Sanders, 1996: 74, 78): tolerancia hacia las relaciones homosexuales y no persecución de las mismas; emergencia de identidades homosexuales, gays y lésbicas; visibilidad de las conductas, relaciones e identidades homosexuales; cambio de actitud en la sociedad; y, por supuesto, democracia. En los discursos a favor del matrimonio homosexual en España se ha venido hablando insistentemente de los valores democráticos y ha sido la ciudadanía con sus votos, frente a los grandes poderes establecidos y no elegidos democráticamente (el poder judicial, parte de los medios de comunicación, parte de la academia y, sobre todo, la Iglesia católica), la que ha decidido otorgar a las personas homosexuales el derecho al matrimonio.

Varias autoras y autores (Sanders, 1996: 70-73; Waaldijk, 2000; Corrêa y Parker, 2004) hablan de procesos paralelos en distintos países para la adopción de los derechos humanos de las personas homosexuales. Como hemos señalado anteriormente, es común entre los subordinados y oprimidos el interiorizar e incorporar su propia opresión (Wetzel, 2001: 24) y la concienciación de que tienen derechos y pueden superar esa opresión es el primer paso del proceso de liberación LGBT. A partir de ahí se genera un debate que moviliza la transformación simbólica y cultural. Posteriormente se presenta un proceso de reformas legales que comienza con la descriminalización y el fin de la persecución de las relaciones homosexuales para pasar a prohibir y castigar explícitamente la discriminación de gays y lesbianas. Por último se lleva a cabo el reconocimiento de las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo en forma de leyes de parejas de hecho o (en muchos casos con posterioridad) la legalización del matrimonio homosexual. El proceso debería derivar en la formulación de políticas públicas relevantes que respondan a esas transformaciones.

En España asistimos desde la aprobación del matrimonio homosexual en 2005 a la incorporación de estrategias de igualdad en lo que se refiere a la diversidad sexual en leyes (Ley Orgánica de Educación, Ley de Asilo, Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, Ley contra el Racismo y la Xenofobia en el Deporte) y políticas públicas (el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha incluido a las personas homosexuales y transexuales entre los colectivos prioritarios a la hora de asegurar la igualdad de oportunidades y luchar contra la discriminación en el marco del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2005-2006).

Reacción: religión y cultura

El hecho de que mujeres, gays y lesbianas estén alzando su voz a favor de sus derechos, rompiendo el silencio, ganando fuerza y obteniendo reconocimiento genera como respuesta una reacción de los grupos de poder que, por un lado, ven amenazadas las nociones tradicionales de género, sexualidad o familia que les mantienen en su situación de privilegio, y, por otro, recelan del fortalecimiento de la sociedad civil (Amnistía Internacional, 1999: 11).

Wetzel (2001: 28) señala que para conocer los riesgos que corre el movimiento y el reconocimiento de los derechos LGBT como derechos humanos hay que mirar lo que ha ocurrido con el feminismo y el movimiento de mujeres: si bien sus derechos fueron incluidos en el Sistema Internacional de Declaraciones de Derechos Humanos, «se han mantenido invisibles, sujetos a los antojos de la cultura, la religión y la costumbre». Como se refleja en otros capítulos de este libro, estos elementos se han esgrimido y se siguen esgrimiendo contra el reconocimiento universal de los derechos de las mujeres y se repiten contra el reconocimiento de los derechos LGBT. Sin embargo, parece que los procesos para el movimiento LGBT están siendo más rápidos, quizás gracias a las posibilidades de organización y de creación de redes que provee la globalización y, por supuesto, al camino abierto por el feminismo.

El reconocimiento de los derechos humanos para lesbianas, gays, bisexuales y transexuales se basa en la universalidad de los derechos humanos al mismo tiempo que los hace efectivamente más universales: todo ser humano tiene unos derechos fundamentales al margen de cualquier otra consideración y de los «que nadie puede verse privado a pesar de las “proclividades” de la cultura, la religión y la tradición» (Wetzel, 2001: 29).

Sanders recuerda que, por un lado, todas las religiones mayoritarias en el mundo son antihomosexuales, y, por otro, que los Estados con una fuerte carga de fundamentalismo religioso (sea cristiano, judío o musulmán) constituyen el principal bloque en contra de los derechos de las personas LGBT (1996: 69, 73).

La tensión entre la universalidad de los derechos humanos y el recurso al relativismo cultural para limitar el acceso a estos derechos de las personas homosexuales es recurrente entre las estudiosas y estudiosos sobre el tema (Hagland, 1997; Sanders, 1996; Dorf y Careaga, 1995; Altman, 2004). Estas autoras y autores ponen de manifiesto el modo en que el culturalismo se ha convertido en uno de los argumentos principales en los foros internacionales para frenar el reconocimiento de derechos para las minorías sexuales. Podemos encontrar numerosos ejemplos de esta argumentación en los debates internacionales que se han llevado a cabo al respecto: la delegación de Singapur en la Conferencia sobre Derechos Humanos de Viena sentenció que los derechos de los homosexuales forman parte de una serie de derechos impuestos por el mundo occidental pero que en ningún caso deberían ser considerados universales (Dorf y Careaga, 1995: 325). Robert Mugabe, presidente de Zimbabue, apunta que la homosexualidad no forma parte de la cultura africana (Sanders, 1996: 97). En muchos casos, estas leyes y prejuicios contra las relaciones sexo-afectivas homosexuales han sido impuestas precisamente por el proceso colonizador que estigmatizó e ilegalizó estas prácticas. Para neutralizar la idea de que la homosexualidad es algo occidental, grupos de gays y lesbianas de Asia oriental, India e Indonesia están recuperando y reinterpretando la rica tradición en sus culturas de aceptación de las relaciones homoeróticas.

Cervantes (Corrêa y Parker, 2004: 9-10) identifica cuatro estrategias o argumentaciones que se están siguiendo para conseguir que se reconozca la universalidad de los derechos y afrontar el argumento del relativismo cultural:

Un enfoque moral, que considera que los derechos humanos son buenos y necesarios y deberían ser universalmente aceptados.

Un enfoque filosófico, que da validez a la universalidad de estos derechos basándose en una doble argumentación: por un lado, son derechos intrínsecos al ser humano, ya que forman parte de su esencia, y, por otro, son las condiciones sociales las que hacen necesarios los derechos humanos como instrumentos válidos para abordar la desigualdad y la discriminación.

Una perspectiva político-práctica, que argumenta que los derechos humanos son relevantes y universales en la medida en que son internacionalmente aceptados.

Un enfoque procesual, en el cual no es importante el tipo de contenido que se da a estos derechos, sino que serán universales en la medida en que sean construidos en un proceso abierto, recíproco y comunicativo (e igualitario, se podría añadir).

Para Corrêa y Parker, esta última estrategia procesual es la que están utilizando prioritariamente (aunque las cuatro se pueden dar conjuntamente) los agentes que defienden los derechos sexuales: los derechos humanos permiten a las personas y los movimientos crear espacios de negociación con los Estados y centros de poder donde los derechos, su significado y contenido, pueden ser constantemente renegociados y definidos (2004: 10-11).

La Violette y Whitworth (1994: 578-587) señalan que se puede estar percibiendo que los grupos LGBT occidentales están imponiendo su agenda política (derechos humanos) y su identidad (gays y lesbianas) a las personas que tienen relaciones homosexuales en el resto del mundo. Se pone así de manifiesto las limitaciones que en sentido cultural tiene el uso de los derechos humanos como instrumento de transformación, anotando que el concepto de derechos humanos en sí mismo tiene su base en una concepción liberal e individualista de la sociedad propia del mundo occidental. También se critica el enfoque mayoritariamente androcéntrico (580) que tienen los derechos humanos en su concepción y aplicación, como hemos visto, por ejemplo, al hablar del acceso diferencial al derecho al asilo para hombres y mujeres homosexuales. Estas autoras reflejan cómo los grupos LGBT han afrontado estas críticas respondiendo que el concepto de derechos humanos sí es importante para las personas a las que les son negados y cómo estos grupos han apostado firmemente por los derechos humanos como un instrumento de transformación.

En lo que respecta a los llamados «valores asiáticos» de los que habla Nieto en el capítulo anterior, Altman (2004: 1) rescata la reunión de grupos activistas LGBT del este de Asia y Australasia (Sidney, 2002) en la que se apuntó en los debates la idea de que la homosexualidad va en contra de la moral tradicional asiática y se recordaba que la riqueza de la concepción tradicional asiática de la sexualidad y el género permiten una mayor diversidad que la propuesta política occidental de la homosexualidad. Frente a estos argumentos, los grupos presentes apostaron por «la necesidad de evitar este tipo de discusiones y poner el énfasis en organizarse en torno a la lucha homosexual utilizando el lenguaje internacional de los derechos humanos». Los derechos humanos, más que una imposición de los grupos LGBT occidentales, se constituyen así en una bandera en torno a la cual diferentes movimientos de minorías sexuales articulan su lucha.

Aunque efectivamente los conceptos de «derechos sexuales», «gay» o «lesbiana» tienen un origen occidental, esto no tiene que significar necesariamente un enfoque individualista, sino que, por el contrario, están sirviendo para que las personas individuales, en muchos casos aisladas en lo que a su sexualidad se refiere, se puedan conectar, asociarse y actuar conjuntamente (Amnistía Internacional, 1999: 31). El discurso que presenta el derecho a la sexualidad como un derecho humano prioriza la protección de la autonomía individual frente a las demandas en sentido contrario que se hacen en nombre de la cultura, la religión o la tradición (Altman, 2004: 4; Petchesky, 2000).

Identidad

La emergencia de identidades LGBT ha permitido a esta minoría luchar por sus derechos: «mientras la actividad homosexual y las relaciones homoeróticas son antiguas y universales, los “homosexuales” y las minorías gays y lesbianas son nuevas» (Sanders, 1996: 76). Las identidades lésbicas o gays están siendo utilizadas por diversos grupos de personas homosexuales en países del Sur como modo de lucha para lograr el acceso a sus derechos (Vanita, 2002: 5). La diversidad de formas de entender la sexualidad, el sexo, el género, las identidades sexuales… a lo largo del tiempo y del espacio geográfico juega en contra de supuestas identidades LGBT universales. Pero eso no impide que los movimientos de personas que tienen relaciones sexuales con otras personas de su mismo sexo acudan a la universalidad de los derechos humanos para ver protegidas sus identidades sexuales específicas. Muchas de estas personas recurren a los términos de «gay» y «lesbiana» para definirse en sentido positivo y, sobre todo, para poder acceder a sus derechos humanos. Si siendo «tortillera» no tengo derechos y siendo «lesbiana» sí, entonces seré lesbiana a la hora de reclamar mis derechos (el resto del tiempo seguiré identificándome como lesbiana, tortillera, bollera, mujer, bisexual o como mejor me convenga en cada situación…): «Si tuviera que definirme, me definiría de forma diferente en cada contexto».

Aunque desde ciertas esferas se pueda entender que lo «gay» o lo «lésbico» es una imposición occidental, cada persona debe tener la opción de crear y recrear sus identidades y, por supuesto, no es lo mismo una lesbiana que se define como tal en Estados Unidos que otra que lo hace en España o en la India. Es decir, los conceptos, representaciones e ideologías globales siempre se interpretan localmente, con el prisma o filtro de las culturas locales. Hagland (1997: 374) defiende el hecho de que las identidades precoloniales indígenas referidas a prácticas de homosexualidad y transgenerismo coexisten con aquellas otras derivadas del modelo occidental. Señala el ejemplo de los kathoey o chico-mujer, en Tailandia, que no ha desparecido con la llegada de la identidad gay, sino que amplía el espectro de posibilidades disponibles. Ni siquiera existían allí identidades para las mujeres no-convencionalmente femeninas o potencialmente homosexuales hasta la importación del término «lesbiana» (producto de la invisibilización extrema a la que se ven sometidas estas prácticas sexuales entre mujeres). Ambas identidades (precolonial y occidental) no son necesariamente excluyentes entre sí, sino que una/uno puede sentirse más o menos reflejada/o en varias de estas identidades al mismo tiempo.

Negar o criticar el acceso a identidades igualitaristas a las personas que mantienen relaciones sexuales con otras personas de su mismo sexo por parte de los intelectuales «queer» de la academia de los países occidentales, donde estas minorías sexuales han conseguido importantes avances precisamente gracias a esas identidades gays y lesbianas, no parece muy consecuente (Vanita, 2002: 5). Se están utilizando aquí los mismos argumentos culturalistas que se han convertido en el principal instrumento de oposición a la extensión de los derechos humanos a las personas homosexuales en foros nacionales e internacionales: «No puedes deconstruir el lesbianismo cuando no está creado como concepto social muy claro o cuando no está lo suficientemente presente. […] No es lo mismo el activismo que la intelectualidad».

Por otro lado, en un mundo cada vez más globalizado, en el que las identidades se transmiten a través de los medios de comunicación (cine, televisión…) y especialmente Internet, cualquier intento de impedir la difusión de estas identidades gays y lesbianas sería poco menos que poner puertas al campo. Cardín (1987) apuntaba ya que la identidad gay podría considerarse como la única subcultura verdaderamente global. Cabe preguntarse si las lesbianas comparten, del mismo modo, una subcultura lésbica global. Internet está desempeñando un papel muy importante en este sentido, poniendo a disposición de todas aquellas mujeres que tienen relaciones con otras mujeres no solo una identidad lésbica, sino todo un catálogo de prácticas sexuales, imágenes, referentes, redes y lugares virtuales y reales de encuentro.

Niveles de transformación: de lo global a lo local

El concepto de derechos humanos es de por sí un concepto global y universalizador, pero es a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando nos encontramos el proceso de globalización y universalización de los mismos. Este proceso se articula a varios niveles interconectados entre sí y la cuestión de los derechos de las mujeres lesbianas y, de forma más amplia, de los derechos de las personas homosexuales, nos ofrece un interesante ejemplo de cómo estos niveles se van retroalimentando y/o yuxtaponiendo. Podemos comprobar que los cambios no se dan necesariamente de arriba abajo o viceversa, ya que si nos centramos en el caso español, en los niveles local, autonómico y europeo se han dado sustanciales avances, mientras que a nivel estatal el reconocimiento (matrimonio homosexual y políticas públicas) ha sido más tardío. Al tiempo, a nivel mundial se producen todavía grandes resistencias. Desde esta perspectiva, hacemos ahora un repaso —centrándonos en el Estado español— por los avances de los derechos que afectan a las mujeres lesbianas en cada uno de estos niveles.

Ya se ha reseñado el modo en que el discurso de los derechos humanos de lesbianas y gays ha ido introduciéndose en los foros internacionales, siquiera tímidamente y sin haber conseguido aún un reconocimiento explícito y decidido. Existen otros espacios globales en los que estos derechos van obteniendo pequeños avances, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que en 1995 «determinó que a los gays y a las lesbianas se les podía aplicar el estatuto de refugiados estipulado en la convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) siempre y cuando hayan sido objeto de ataques, tratos inhumanos y abusos graves, por constituir un grupo social determinado como señala dicha convención» (Hinojosa y Brito, 2001). Desde ese momento, personas homosexuales perseguidas en distintos países del mundo han solicitado asilo en diversos Estados que reconocen la posibilidad a este grupo de acogerse a la figura de refugio o asilo (Barbado et al., 2005; Sanders, 1996: 98).

Los asuntos LGBT están entrando en la agenda internacional de derechos humanos gracias a la acción de países como Australia, Canadá o Suecia, pero cada vez más países del Sur están asumiendo también el protagonismo en la defensa de los derechos LGBT. Brasil, por ejemplo, presentó en 2003 una propuesta de resolución a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que planteaba que «es contrario a la dignidad humana forzar a una persona a cambiar su orientación sexual o discriminarla con base en ese argumento» y pedía a los Estados la protección de los derechos humanos de todas las personas independientemente de su orientación sexual. Esta resolución encontró la férrea oposición de Estados fundamentalistas religiosos, como el Vaticano o Pakistán, que consiguieron que la votación de la misma fuera pospuesta dos veces. Finalmente, en 2005, Brasil retiró su propuesta por presiones de política internacional.

A finales de 2008, Francia presentó a la Asamblea General de Naciones Unidas una propuesta de declaración que condenaba las violaciones de derechos humanos basadas en la orientación sexual o la identidad de género y urgía a los estados a que tomasen todas las medidas legislativas o administrativas necesarias para asegurar que la homosexualidad, la bisexualidad o la transexualidad no constituyeran la base de sanciones penales, ejecuciones, arrestos o detención. La declaración fue suscrita por 66 países de los cinco continentes, cantidad que no constituye una mayoría de países presentes en la ONU pero supuso un importante avance para el reconocimiento internacional de los derechos de las minorías sexuales.

La globalización ha permitido que los grupos para la defensa de los derechos LGBT se organicen de una manera global y el discurso universal de los derechos humanos se ha convertido en un instrumento unitario y poderoso para alcanzarlos. Pero los instrumentos de la globalización también están disponibles para los grupos homófobos (Hagland, 1997: 376) y es en el nivel global, por el veto de numerosos gobiernos fundamentalistas, donde los derechos sexuales están encontrando las principales trabas para su reconocimiento universal. Pese a estas dificultades, Sanders (1996: 70) anota que los cambios que se producen en el interior de los Estados también generan transformaciones a nivel internacional. Cuando un Estado despenaliza la homosexualidad y va ofreciendo reconocimiento legal a las parejas formadas por dos personas del mismo sexo, asume al tiempo la defensa de los derechos humanos de lesbianas y gays a nivel internacional. El reconocimiento legal del matrimonio homosexual y de la posibilidad de adopción conjunta a parejas del mismo sexo por parte de algunos Estados está suponiendo, por ejemplo, desafíos al derecho internacional que si bien no empujan necesariamente al reconocimiento de esos derechos para las personas homosexuales, al menos obligan a cada gobierno a enfrentar la cuestión y posicionarse.

Tanto el Consejo de Europa como la Unión Europea han constituido dos espacios transnacionales en los que los derechos de las personas homosexuales han encontrado gran respaldo. Existe una directiva aprobada por la Unión Europea para evitar, entre otras, la discriminación por razón de orientación sexual en el ámbito laboral. El ingreso de nuevos países en la Unión Europea ha significado la necesidad de que estos Estados eliminaran cualquier tipo de legislación penalizadora de las relaciones homosexuales, como en el caso de Rumanía, Turquía y otros países (Hagland, 1997: 361).

Amnistía Internacional (1999: 14) reconoce una tendencia global en los Estados para garantizar la protección explícita contra la discriminación por motivos de orientación sexual: Canadá, Francia, Irlanda, Israel o Eslovenia hacen referencia específica a la orientación sexual en sus leyes para evitar la discriminación en asuntos laborales, de alojamiento, servicios públicos o difamación. Algunos países, como Sudáfrica, Ecuador o Fiyi, recogen en sus Constituciones esta misma política antidiscriminatoria con las minorías sexuales. A través de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, España se sitúa a la cabeza de los países en lo que a reconocimiento de derechos humanos de las personas homosexuales se refiere. Pero no solo se trata de que no exista violencia contra las minorías sexuales por parte del Estado, sino de cómo este afronta la violencia homófoba (Amnistía Internacional, 2001: 33). En el caso de España, no existe documentación o datos sobre violencia homófoba ni políticas específicas, ni siquiera en el entorno escolar o laboral, donde esta se halla más presente.

Pero los cambios no solo han sido legislativos, sino también actitudinales. En los últimos años, la opinión pública española se ha situado a la vanguardia europea en cuanto a aceptación del matrimonio homosexual y de la adopción conjunta por parte de parejas del mismo sexo (68 % y 57 %, respectivamente, según EOS Gallup Europe, 2003). No obstante, la legalización del matrimonio homosexual —como cualquier avance en los derechos de los grupos marginados— ha supuesto una reacción, en este caso homófoba, por parte de los grupos que ven cuestionados sus espacios de poder.

En los Estados descentralizados, las administraciones regionales y locales pueden desempeñar un papel importante en ampliar los derechos humanos a la población y el caso de los derechos de gays y lesbianas en España es un buen ejemplo de ello. Fueron las Comunidades Autónomas las primeras en promulgar leyes de parejas de hecho que incluían a las parejas formadas por dos personas del mismo sexo: 12 Comunidades Autónomas han aprobado leyes de este tipo hasta el año 2005. Cuatro Comunidades Autónomas (Navarra, País Vasco, Aragón y Cataluña) permiten la adopción conjunta a parejas de hecho homosexuales. Hay también Comunidades Autónomas, como el País Vasco o Cataluña, que han incluido a las mujeres lesbianas en sus planes y políticas públicas de igualdad de género (Platero, 2005: 5-7). Diversas comunidades (Madrid, País Vasco, Cataluña, Extremadura…) tienen, asimismo, programas de atención al colectivo LGBT que incluyen la atención a lesbianas.

Los registros locales de parejas de hecho fueron pioneros en España en el reconocimiento de las parejas formadas por dos personas del mismo sexo; el de Vitoria fue el primero que se creó, en el año 1994. Las iniciativas municipales a favor de la igualdad de derechos de personas homosexuales se han ido ampliando, como la inclusión de la igualdad de las minorías sexuales en las políticas municipales del Ayuntamiento de Coslada (Madrid) a través de la Concejalía de Mujer e Igualdad, o por medio de programas municipales como el Consejo Municipal de Gays, Lesbianas y Transexuales de Barcelona; actividades en la Semana del Orgullo Gay; declaraciones y actos simbólicos, que han sido llevados a cabo por diversos Ayuntamientos en los últimos años. La apertura y creación de estos espacios supone una oportunidad para la participación efectiva de las mujeres lesbianas.

Movimiento LGBT global

El movimiento internacional de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) ha sabido articularse a nivel global estableciendo redes supranacionales y organizaciones como la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays (ILGA). Esta especie de «internacional de las minorías sexuales» hace de los derechos humanos su bandera y su eslogan es precisamente: «Los derechos de gays y lesbianas son derechos humanos». La ILGA ha luchado desde el comienzo de su existencia en el año 1978 por el reconocimiento de los derechos LGBT a todos los niveles: en las Naciones Unidas y los organismos y conferencias dependientes de ella (como, por ejemplo, la desclasificación de la homosexualidad por parte de la OMS, la participación de la propia organización en el ECOSOC, así como en cualquier foro donde se traten los derechos humanos de las personas homosexuales). A nivel europeo la asociación tiene su propia red (ILGA-Europe) y una oficina en Bruselas desde la que realiza labores de cabildeo y presión política (lobbying) ante el Consejo de Europa y las instituciones de la Unión Europea. Esta organización también ha realizado manifestaciones y tareas de presión ante otras organizaciones, como Amnistía Internacional, para conseguir que introduzcan los derechos LGBT en su agenda.

Amnistía Internacional reconoce que el movimiento internacional LGBT ha conseguido en las últimas décadas romper con la conspiración de silencio que rodeaba a la tortura y los malos tratos que se infligen en todo el mundo a gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, con victorias «dignas de admiración», como las reformas legales obtenidas y los cambios culturales que se han producido. Pero, probablemente, la victoria principal es que los derechos de gays y lesbianas están encontrando una voz, con personas trabajando a su favor en todo el mundo, en todos los continentes y sociedades, poniendo en entredicho la postura de aquellos que dicen que la homosexualidad no forma parte de su cultura concreta (2001: 44-45). De hecho, ningún movimiento ha conseguido cambios tan relevantes y en tan poco tiempo como los que ha alcanzado el movimiento de liberación LGBT en los últimos 30 años.

El movimiento LGBT se ha convertido de esta manera en un movimiento global, formado por una minoría presente en todo el mundo. Ashok Row Kavi, activista indio de derechos homosexuales: señala, «somos realmente internacionales y somos realmente una minoría planetaria» (Amnistía Internacional, 2001: 11). Este movimiento internacional no es unitario o monolítico, sino diverso y variado en su interior, aspecto que lleva a Amnistía Internacional a denominarlo un movimiento de movimientos, con una gran variedad de formas culturales, objetivos, necesidades, campañas, formas de acción: desde manifestaciones del Orgullo Gay en las calles hasta presión política en los foros internacionales (1999: 16). ¿Cómo se consigue entonces que este movimiento mantenga su unidad? Amnistía Internacional no duda en señalar el hecho de que se utiliza un lenguaje común: el lenguaje de los derechos humanos.

La participación de grupos organizados de lesbianas españolas en estos movimientos globales está, según Raquel y Beatriz, muy limitada por constricciones prácticas: no hay disponibilidad de personas preparadas con conocimientos de idiomas o el hecho de que los colectivos, tanto LGBT como específicos de mujeres lesbianas, se mantienen con sus propios recursos y no tienen en la mayoría de los casos acceso a subvenciones. Esto hace que no se puedan afrontar los gastos que supone participar de forma efectiva en redes internacionales. En cualquier caso, los colectivos pertenecientes al movimiento LGBT en los que militan sí forman parte de la ILGA. El grupo al que pertenecen Marta y Montse opta por las redes globales informales, sin estructuras complejas o estables, sino con puntos de referencia en varios lugares que se van retroalimentando a través de Internet o en encuentros de carácter social amplio, como los «Foros Sociales» que tienen lugar en distintas partes del mundo.

4. Las mujeres lesbianas como agentes de cambio

Este epígrafe pretende recoger el papel que las mujeres lesbianas han desempeñado y siguen cumpliendo en este proceso de cambio y lucha para la consecución de sus propios derechos a partir de las experiencias de las 5 mujeres entrevistadas y desde las tres atalayas desde las que ellas lo han vivido: como lesbianas en el movimiento feminista; como mujeres en el movimiento homosexual y en las asociaciones de mujeres lesbianas feministas. Un dato común significativo en la biografía de estas mujeres es que su activismo no se centra exclusivamente en la lucha por los derechos de las mujeres lesbianas, sino que es mucho más amplio. En muchos casos, su conciencia y compromiso provienen de la participación en otros movimientos y colectivos políticos, sociales o universitarios: «Y mi vida, pues la verdad es que ha estado siempre muy ligada a la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres, de las mujeres lesbianas en particular, de la gente inmigrante, de… pues de los más desfavorecidos de la sociedad».

Sin duda uno de los elementos que han posibilitado los cambios sociales respecto a la percepción de las personas homosexuales en general y las lesbianas en particular ha sido la lucha diaria de muchas mujeres concretas que han dado visibilidad a su realidad, enfrentando de forma positiva (y en la mayoría de las ocasiones no violenta) las agresiones cotidianas. En cualquier caso, la lucha de estas mujeres no se ha limitado a esa transformación en la vida diaria, sino que optó por llevar a darles un paso más y unirse a, e incluso crear, espacios de activismo donde junto a otras mujeres lesbianas poder ir llevando a cabo acciones colectivas: «Quería hacer aportaciones al grupo, y aportaciones que tuvieran que ver con los retos del movimiento lésbico, del movimiento feminista».

Pero para participar activamente tuvieron que sobreponerse en muchos casos no solo a la misoginia externa —e interna si estaban en colectivos mixtos de hombres y mujeres—, sino también a los límites autoimpuestos, incorporados como consecuencia del proceso de socialización diferenciado de hombres y mujeres. Las cuotas, la presencia de compañeras y compañeros que creían en la participación de las mujeres lesbianas y su propia apuesta de cambio, hicieron que distintas mujeres hayan ocupado y ocupen lugares relevantes en estos procesos de transformación: «Cuando se pusieron las cuotas yo me presenté y yo soy un producto de las cuotas. Yo me presenté porque no tenía que competir con hombres».

El activismo también les ha llevado a mostrar su opción sexual en los medios de comunicación de masas, rompiendo las barreras entre lo público y lo privado, para paliar —en la medida de sus posibilidades— la falta de referentes con que se encuentran las lesbianas: «Veía que tenía un sentido y que podía tener una cierta utilidad de servir de punto de referencia a cantidad de mujeres lesbianas que se podían reconciliar al ver que, oye, incluso salimos en los medios, incluso en la televisión».

Todas las entrevistadas constatan los cambios sociales que se han producido, al tiempo que se muestran conscientes de su papel personal y de los movimientos en la consecución de los mismos. Un aspecto fundamental para que se produjera en ellas el cambio de perspectiva fue el hecho de entrar en contacto con textos feministas. Comenzaron a leer, formarse, reflexionar, discutir, para después pasar a ser ellas las que producían pensamiento y transmitían esos saberes como herramientas de transformación: «Empecé a leer mucho, a estudiar mucho, a discutir mucho y a dar charlas. O sea, una necesidad enorme de difundir todo lo que iba adquiriendo, sabiendo, conociendo y demás».

Profundizamos ahora en las aportaciones, apoyos y dificultades que estas mujeres han encontrado en cada uno de los ámbitos de lucha por los derechos de las lesbianas en los que han participado, así como los logros que se han ido consiguiendo en el interior de los mismos.

Lesbianas en el movimiento feminista

Recoger la historia, la participación y la contribución de las lesbianas y el movimiento lésbico al feminismo en España es una tarea de gran calado (todavía pendiente) que excede las posibilidades y objetivos de este trabajo. Sin embargo, sí parece interesante presentar algunas pinceladas de las vivencias de estas 5 mujeres —en algún caso con papeles muy relevantes en el movimiento feminista— para ilustrar tanto las aportaciones que el feminismo ha hecho en la lucha, personal y colectiva, por los derechos de las mujeres lesbianas, como los apoyos y dificultades que ellas han encontrado en el interior de este movimiento. En el caso de todas ellas, el feminismo ha desempeñado un papel esencial en sus vidas, que removió todas sus estructuras vitales y las colocó en una situación privilegiada para afrontar lo que ocurría a su alrededor, también en lo que se refiere a su sexualidad, desde una perspectiva nueva y liberadora: «Para mí el feminismo fue una revelación, realmente lo fue, cambió mi vida, me cambió mi manera de pensar».

Fue su participación en el feminismo precisamente la que les abrió, de una manera u otra, la oportunidad de vivir de una forma positiva y no culpabilizadora su lesbianismo. En algún caso, el feminismo también les llevó a optar por el lesbianismo como una opción de vida personal y política. En cualquier caso, parece que en el movimiento feminista tuvieron la oportunidad de conocer a otras mujeres que tenían relaciones sexo-afectivas con otras mujeres y, en cierto sentido, un ambiente donde el lesbianismo era una posibilidad disponible más: «El feminismo digamos que me abrió los ojos para poder situar bien qué pasaba con mi sexualidad. […] Había un ambiente que favorecía el que no hubiera que ir ocultándose, aunque efectivamente la visión era bastante heterosexual».

No solo el feminismo permitió a estas mujeres vivir su sexualidad de un modo sano, sino que muchas de ellas llevaron a cabo una labor de formación que incluía hacer ver que la liberación de la mujer debía incluir la posibilidad de subvertir una sexualidad centrada exclusivamente en la heterosexualidad (Ayllón y Pineda, 2003). Esto permitiría que mujeres lesbianas se sintieran parte igualitaria en el interior del feminismo y desempeñaran un papel sobresaliente en el mismo. Empar lo recuerda así:

Lo que empezamos a hacer fue difundir textos de feministas lesbianas extranjeras para que sirviera de material de discusión a todos los grupos feministas de toda España. Para que hubiera un material y pudiéramos acercarnos cada vez más y que no hubiera esa división que ha sido muy tradicional en todos los países, que yo conozco, entre las feministas fundamentalmente heterosexuales, y algunas lesbianas que estaban calladitas sin decirlo, y las lesbianas, bien organizadas en el movimiento gay o bien por libre. […] En el año 86 o por ahí hicimos una plataforma de reivindicaciones lésbicas y la asumió toda la coordinadora de organizaciones feministas.

Eso les permitió ir trabajando por hacer que desde el feminismo se comprendiesen sus reivindicaciones y que tanto ellas como sus demandas encontrasen eco, espacios y apoyos: «No quiero decir que no me haya tenido que pelear para ganarme mi, nuestro espacio dentro del feminismo. Pero yo creo que al igual que nosotras al principio no teníamos ni idea, pues también es verdad que muchas feministas que mantienen exclusivamente relaciones heterosexuales no se habían parado a pensar».

No obstante, ella entiende que a pesar de esa labor de formación y concienciación, hubo mujeres lesbianas que no encontraron ese apoyo y aceptación que ella vivió. Raquel apuntala esta idea:

[¿Discriminación?]. No. Yo creo que ha llegado el momento en el que había gente como Empar y otras personas que habían trabajado lo suficiente. O sea, lo he sentido en las exclusiones. […] ¿Vais a incluir a las lesbianas?, ¿cuándo nos vais a incluir en el tema de mujeres en general?, ¿cuándo vais a dejar que se pueda hablar de cosas como la masculinidad de las mujeres, de minorías sexuales…?, es decir, ¿cuándo vais a permitir que eso entre en los estudios de mujeres españoles?

Beatriz, un par de generaciones más joven que Empar, sí ha vivido incomprensión e incluso rechazo por parte del feminismo, y eso fue lo que le llevó a abandonar el movimiento feminista y ejercer su activismo por los derechos de las mujeres lesbianas desde el movimiento de liberación de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales: «Yo me considero feminista, sin embargo tengo problemas siempre con el movimiento feminista, porque luego, al final, las feministas no quieren asumir las reivindicaciones de las lesbianas como propias, son de otras».

Marta y Montse se sitúan en un punto intermedio, de hecho, el grupo de lesbianas feministas en el que militan surgió del movimiento feminista y se aloja en un centro de organizaciones de mujeres muy diversas: «El grupo surgió del movimiento feminista. Surgió la necesidad de decir: bueno, pues si nos vamos encontrando en distintos ámbitos del movimiento feminista, ¿por qué no creamos un ámbito que sea específico de lesbianas feministas? […] Para tener un espacio propio donde poder trabajar políticamente como lesbianas y feministas a la vez, que no excluye lo otro».

Para Empar, es importante tanto recuperar la memoria histórica de aceptación de las reivindicaciones lesbianas en el interior del movimiento feminista como no caer en posturas victimistas: «He discutido mucho con muchas lesbianas jóvenes que tienen, desde mi punto de vista, unas posiciones muy victimistas. […] Pienso que una posición victimista no llama a despertar conciencias y a hacer que la gente viva con naturalidad y orgullo su sexualidad».

En la celebración del Día de la Mujer Trabajadora del año 2005 en Madrid, se pusieron los derechos de las mujeres lesbianas como principal reivindicación tanto de la marcha como del manifiesto final, bajo el eslogan: «Todas las mujeres, todos los derechos. Lesbianas, ciudadanas en igualdad». Aunque algún grupo feminista se retirara de la convocatoria o no firmara el manifiesto, 25 grupos, colectivos y asociaciones feministas y de mujeres sí lo hicieron, materializando así, siquiera simbólicamente, la asunción por la mayor parte del movimiento feminista de las reivindicaciones de las mujeres lesbianas.

En cualquier caso, parece que la lucha de las mujeres lesbianas por conseguir la igualdad no se puede mantener al margen del movimiento feminista. Beatriz lo comenta: «Si estás al margen del feminismo no tienes nada que hacer, porque yo creo que todas las reivindicaciones de las mujeres pasan por el feminismo. No concibo un grupo de mujeres que no sea feminista».

Mujeres en el movimiento homosexual

A lo largo de este texto hemos ido viendo cómo muchas veces hablar del colectivo LGBT, que se supone debe incluir a las mujeres lesbianas, ha tenido como resultado que su especificidad y sus inquietudes y problemas propios hayan quedado diluidos en unas siglas y cuestiones comunes a todo el movimiento. Aun así, las mujeres con una sexualidad homosexual han acudido a estos colectivos para intentar, desde ellos, defender sus derechos. Si en el movimiento feminista a veces se encontraron las dificultades que hemos señalado en el punto anterior, en este movimiento la subordinación de género estructural —común a toda la sociedad— no les ha puesto las cosas más fáciles. En este apartado realizaremos un repaso somero del papel que han desempeñado las mujeres en el movimiento LGBT, los obstáculos que han afrontado y cuáles han sido sus estrategias para ir superándolos.

Las dificultades que afrontaron tienen que ver, efectivamente, con actitudes misóginas por parte de algunos hombres gays en los colectivos en los que participan. De hecho, hay incluso asociaciones que se llaman de lesbianas y gays que ni siquiera tienen militantes lesbianas o no dedican ninguna parte de su presupuesto y esfuerzos a esta sección del colectivo: «La gente puede tener asociaciones de gays y lesbianas y la parte de lesbianas es prescindible, es decir, a veces hay y a veces no hay. Entonces, ¿cómo te puedes llamar asociación de gays y lesbianas si no hay lesbianas? Es un fraude. […] ¿Cuánto se gastan las organizaciones de gays y lesbianas en lesbianas?».

Esto deriva en una invisibilización de las mujeres lesbianas en los discursos, en las demandas, las actividades… Se impone una visión androcéntrica, ya que parte de los hombres —y mujeres— que participan en estos colectivos no tienen formación en género, ni entienden las necesidades de las mujeres. Al mismo tiempo, la interiorización de comportamientos y roles de género a través de los procesos de socialización facilita que, en estos contextos mixtos de activismo, tanto hombres como mujeres reproduzcan sistemas de organización y esquemas de comportamiento sexistas: «No ya que nos traten con misoginia o no, sino que muchas veces pues nosotras también la tenemos interiorizada con gays y con no gays. Ya pensamos que lo harán los hombres porque lo saben más. Aunque no sea consciente, pero pasa».

Las mujeres lesbianas entrevistadas también achacan, frente a los fundamentos ideológicos, teóricos, de reflexión y formación del feminismo, una desideologización de los colectivos LGBT, que en muchos casos parecen quedar reducidos a un mero contenedor de servicios para las personas homosexuales. El hecho de que se hable de igualdad legal con las parejas heterosexuales, a través de la legalización del matrimonio homosexual, y el que estos colectivos no tengan ahora un objetivo político o ideológico común, podría incluso desembocar en una desactivación del activismo gay y una escisión del activismo lésbico, que vería aún pendiente la consecución de sus reclamaciones: «Yo creo que a partir del matrimonio y de la igualdad legal, la lucha de gays y lesbianas va a ir por sitios separados. Las lesbianas tendrán que entender que es que son mujeres, y lo que les afecta es por ser mujeres».

Las lesbianas pueden aportar al conjunto del movimiento LGBT un discurso más cuestionador, más reflexionado e ideológico que no encaja quizás con los grupos LGBT más asimilacionistas y puede ser visto incluso con cierto aura de radicalidad. Mirando a la historia del movimiento LGBT, la aportación de las lesbianas feministas a la creación y desarrollo de este movimiento va mucho más allá de las cuestiones teóricas e ideológicas, ya que poseían una importante experiencia activista y organizativa por su participación en el feminismo: «El bloque donde estamos situadas nosotras es quizás con una visión más transformadora, ¿no?, de: bueno, vamos a luchar por derechos pero para transformar un poco el mundo, no para integrarnos en un mundo que tampoco nos gusta cómo está».

A pesar de todas estas dificultades, el participar en movimientos LGBT también ha tenido sus aportes para la consecución de los objetivos de las mujeres lesbianas, especialmente en lo que se refiere a la visibilidad, al establecimiento de alianzas y de objetivos compartidos que tenían que ver con la desigualdad legal y la liberación sexual, lo cual permitió aunar fuerzas en proyectos comunes. La pluralidad, como valor positivo en sí, también ha supuesto una aportación para el movimiento, en el que se crean espacios de encuentro e interacción. «Lo que tenemos que hacer es tomar el colectivo de gays y que nos vean. Y de hecho me ven. Lo que hay que hacer es tomar los colectivos de gays y ponerlas a todas de presidentas».

En este sentido, ha sido la agencia de las mujeres lesbianas la que ha permitido su incorporación y protagonismo en el movimiento LGBT español. El establecimiento de cuotas ha supuesto un instrumento muy importante para conseguir que las mujeres lesbianas ocuparan los puestos que les corresponde. Hoy en día diversas asociaciones y coordinadoras estatales LGBT reflejan en sus estatutos la paridad de género en los puestos de representación y en sus ejecutivas, y en este momento varias mujeres ocupan la presidencia de distintas organizaciones locales y coordinadoras autonómicas y estatales. No obstante, todos estos cambios no se han hecho sin resistencias: «Las cuotas, el que haya mujeres en los órganos de dirección, todo eso… siempre genera problemas. […] En ese sentido sí que estoy orgullosa. Hemos impuesto un sistema de cuotas férreo y aquí vamos a mitades. Y tener una mujer como presidenta del movimiento gay en España yo creo que ha sido muy importante».

A pesar de las resistencias también existen aliados entre los hombres gays. Quizás en estos espacios, los hombres gays están más abiertos a una relación igualitaria con las mujeres porque son conscientes, de una forma u otra, de que la discriminación de género forma parte del mismo sistema de discriminación que la heteronormatividad: «Yo te diría que es que en algunos casos también los hombres que participan del movimiento gay, lésbico, trans… pues no son los hombres en mayúscula, sino que construyen su masculinidad también de forma contestataria con las masculinidades dominantes. Con lo cual pues algunas veces son muy receptivos».

Del mismo modo que ocurrió con los eventos del Día de la Mujer en Madrid en el año 2005, las manifestaciones y actos del 28 de junio (Día del Orgullo lésbico, gay, bisexual y transexual) del año 2005 en Cataluña estuvieron centradas en las mujeres lesbianas y sus reivindicaciones bajo el eslogan: «¿Lesbiana? Encantada, es un placer». El año 2008 fue nombrado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales como «El año de la visibilidad lésbica».

Lesbianas feministas

Las dificultades o carencias que tanto en el movimiento feminista como en el movimiento LGBT encontraron las mujeres lesbianas han derivado en determinadas ocasiones en la creación de colectivos específicos de mujeres lesbianas, aunque hoy por hoy son pocos los grupos de este tipo que se mantienen activos en el Estado español. La necesidad de espacios propios —donde compartir con iguales sus experiencias, inquietudes y luchas— es, sin duda, uno de los principales motivos para la creación de estos grupos: «Las chicas necesitamos espacios de encuentro y de reflexión seguros. Pero más que estar solas, lo que necesitamos es estar con gente que tenga ideas afines».

En cualquier caso, el concepto de feminismo lesbiano no es el mismo que en otros contextos culturales, como en el mundo anglosajón, ya que estas mujeres no se definen como esencialistas, sino como constructivistas e incluso como postmodernistas:

Claro, lo fastidiado, y no éramos conscientes, lo fastidiado del término «feministas lesbianas» es que resulta que estaba ya acuñado en Estados Unidos y era una corriente dentro del lesbianismo. Y nosotras, absolutamente ignorantes, pues pusimos «feministas lesbianas» sin conocerlo y por supuesto sin estar para nada adscritas a esas corrientes.

Terminó en otra corriente donde los términos: discurso, poder y subjetividad… están como muy presentes. Y yo creo que se fue avanzando en ese proceso introduciendo género y sexo como planteamientos. Pero, por supuesto, en una perspectiva construccionista, más próxima al construccionismo social que no a las visiones esencialistas, nostálgicas…

No obstante, con los años se produjo una desactivación de grupos específicos de lesbianas feministas. Empar piensa que esta desactivación se produjo por motivos similares a la desactivación del feminismo en general: la llegada del socialismo al poder, la incorporación de los objetivos feministas a las instituciones y políticas públicas y una cierta desactualización del discurso feminista lésbico frente a lo que ocurrió con el movimiento LGBT.

De tal manera que aunque cuatro recalcitrantes nos empeñábamos en que había que seguir, pues la gente se fue desinflando y fue organizando su vida de otra manera. […] Probablemente porque tampoco supimos adecuarnos a los nuevos tiempos. […] Las viejas feministas lesbianas que se les paró el reloj hace muchísimo tiempo y que siguen añorando aquellos 28J desde Santo Domingo hasta Callao, que éramos cuatro, y en las aceras había mucha más gente de las que estábamos en eso. Y que miran con un cierto desprecio la variedad estética y el glamour de millones de gays.

En cualquier caso, los grupos de lesbianas feministas a los que pertenecen o han pertenecido estas mujeres han estado y siguen estando vinculados tanto al movimiento feminista como al movimiento de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, estableciendo redes entre ellas y con otros grupos y planteando ante las mujeres las necesidades, planteamientos y demandas específicas de las lesbianas y ante el colectivo LGBT sus necesidades como mujeres.

5. Conclusiones

En el contexto de un mundo en proceso de globalización, visibilizar las discriminaciones de las mujeres lesbianas desde la perspectiva de los derechos humanos es una vía válida y eficiente para promover el cambio cultural necesario en lo que atañe a las situaciones de desprotección e injusticia que en muchas ocasiones viven las mujeres que optan por una sexualidad al margen del sistema heteronormativo. En este sentido, reflejar los avances que se están produciendo en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres homosexuales en diversos niveles de actuación es una forma de poner de manifiesto que la acción de las personas (individual y colectiva) y sus luchas son las que van construyendo ese cambio social.

Las mujeres lesbianas —afrontando la invisibilidad, la misoginia y la lesbofobia— han desempeñado un papel muy importante en estos procesos de transformación, tanto desde el movimiento feminista, como desde el movimiento de liberación de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Estudiar la participación de las mujeres lesbianas en cada uno de estos ámbitos permite analizar las debilidades y las fortalezas de ambos movimientos. Las mujeres lesbianas abren caminos para el reconocimiento de los derechos de las personas homosexuales en el movimiento feminista y para los derechos de las mujeres en el movimiento LGBT.

La globalización ha propiciado la creación de un verdadero movimiento global de liberación sexual de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, en el que el discurso de los derechos humanos se ha convertido en el lenguaje común que permite compartir estrategias, acciones y marcos de transformación que, al mismo tiempo, se adaptan a la diversidad de contextos locales en los que está presente el movimiento.

No obstante, los grupos contrarios al reconocimiento de los derechos de las minorías sexuales también sacan partido de las posibilidades que la globalización ofrece y encuentran en la religión y la cultura sus principales argumentos para obstaculizar cualquier avance que pueda poner en cuestión su situación de privilegio. En los ámbitos de carácter planetario (especialmente en el sistema de Naciones Unidas) se están dando las principales resistencias en este campo. Los actores y discursos contrarios al avance de los derechos sexuales son los mismos que se oponen al avance de los derechos de las mujeres. Para contrarrestar estas fuerzas reaccionarias se hace necesario establecer alianzas entre el feminismo, el movimiento LGBT y los movimientos de derechos humanos.

La globalización es un proceso, sus efectos per se no son negativos ni positivos. El modo en que se lleven a cabo estos procesos es el que irá construyendo un mundo donde los derechos básicos de todas las personas sean respetados o no. En lo que se refiere a los derechos humanos de las mujeres lesbianas, son más los caminos y las distancias que quedan por recorrer que lo que ya se ha avanzado.

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Capítulo 8
Financiación para el desarrollo, género y derechos de las mujeres

Carmen de la Cruz

En la última década ha habido importantes cambios en la conceptualización y en la práctica del desarrollo, así como en los contextos políticos donde esta última tiene lugar. Los temas internacionales de desarrollo se están haciendo cada vez más globales; las desigualdades se están incrementando a través de una cantidad de dimensiones, tanto al interior de los países como entre los mismos; la capacidad de usar y generar conocimiento está creciendo fuera de los países agrupados en torno a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); la información es más accesible y está más diversificada; existe una mayor conciencia de los adversos impactos que el escaso crecimiento económico tiene sobre la pobreza y el desarrollo humano; la emergencia de China e India pone en cuestionamiento las asunciones occidentales sobre el desarrollo; existen nuevas fuentes de capital financiero para iniciativas de desarrollo (las nuevas fundaciones privadas, o los países emergentes como China, Irán, Brasil o Venezuela); la sociedad civil está generando nuevas alianzas internacionales para cambiar las normas y las relaciones de poder, a la par que la idea de lo que es el desarrollo sostenible está profundamente cuestionada; las esferas de influencia de la ayuda de los países donantes se está reduciendo a pesar de los compromisos —aunque su influencia en temas macroeconómicos como las inversiones extranjeras y el comercio esté incrementándose; los compromisos de aumento de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)[3] no se están cumpliendo; y las fronteras entre las políticas locales y globales se están desdibujando en un proceso de reconfiguración de las identidades nacionales y de intensificación de la interdependencia entre las naciones.

Según Sanahuja (2003: 1-2), desde los atentados terroristas perpetuados el 11 de septiembre de 2001, el regreso de la seguridad como tema prioritario de la agenda internacional ha alterado los términos del debate sobre los efectos sociales de la globalización. Áreas como la pobreza mundial y las respuestas a este fenómeno, como la asistencia oficial para el desarrollo, en la actualidad solo parecen ser relevantes si tienen relación directa con las denominadas nuevas amenazas a la seguridad nacional, hemisférica o mundial, o ayudan a legitimar la guerra contra el terrorismo. Este enfoque ha afectado a las políticas de asistencia, destacando los siguientes aspectos:

El retorno de la seguridad nacional como justificación de la ayuda externa.

El «coste de oportunidad» del aumento del gasto militar

Cambios en las prioridades geográficas.

Creciente politización de la ayuda humanitaria.

Nuevas necesidades de reconstrucción de posguerra.

La agenda de la democratización, los derechos humanos y el buen gobierno, arrinconada.

Ante estos cambios es necesario recordar que los debates y propuestas de la década de los años 90, coincidente con las Conferencias Internacionales de Naciones Unidas[4], se centraron en temas claves de la reducción de la pobreza, de la sostenibilidad medioambiental, y de la igualdad de género, dando lugar a una serie de compromisos y consensos relevantes. La atención mundial estaba centrada en la eliminación de los elementos más preocupantes de la miseria humana. Fueron años privilegiados en la búsqueda de propuestas alternativas a las crecientes desigualdades y exclusión en el mundo. Asimismo, los gobiernos y los donantes a través de su apoyo a acciones de cooperación al desarrollo, se comprometieron a traducir estos objetivos en nuevas normas, planes de acción e institucionalidad competente para avanzar en una verdadera justicia de género. El triunfo de los años 90 consistió en definir un marco de actuación donde la justicia social era un argumento suficiente para avanzar en la igualdad de género, y el bienestar de las mujeres y las niñas, un fin en sí mismo. Este objetivo no solo fue justificado por razones éticas, es decir, trabajar para lograr un orden de género más equitativo, justo y solidario; sino también como estrategia para mejorar la eficacia de las acciones de desarrollo y para alcanzar los otros objetivos prioritarios de desarrollo, la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible.

Si bien las razones de igualdad basada en la justicia y la equidad no han sido del todo descartadas, los últimos años han mostrado un fuerte retroceso con respecto a los argumentos de los años 90. Esta tendencia es indicativa de un movimiento más amplio en las políticas de desarrollo, que se posiciona lejos de las visiones de una justicia social global articulada a las Conferencias de Naciones Unidas y que está cercano a un enfoque neoliberal donde la importancia del crecimiento económico basado en el mercado desregulado como locomotora del desarrollo, y como condición para la erradicación de la pobreza, es fundamental. La visión de justicia antes citada desapareció en algún momento de los primeros años de este nuevo siglo dando paso a la del crecimiento, y en la que la igualdad de género perdió fuerza en el discurso y en la práctica. Los compromisos sobre la ayuda internacional para apoyar los derechos de las mujeres se redujeron severamente, y las organizaciones de base escasamente encontraban apoyos financieros. Con una amplia reducción de sus ingresos y un importante abandono del número de países donantes de la región, las organizaciones de mujeres en América Latina son un ejemplo de esta situación. Ante estas nuevas tendencias, numerosas especialistas en temas de género que trabajan para las organizaciones multilaterales, agencias de ayuda, ministerios de cooperación, y grandes ONG internacionales, diseñaron nuevas estrategias para convencer a sus responsables que la igualdad de género debía seguir siendo un tema central de las políticas de desarrollo. Para muchas autoras, en este proceso se «traspapeló» la idea de la igualdad de género y del empoderamiento de las mujeres como transformación social. Este es el caso del Banco Mundial y su marco de empoderamiento de las mujeres, (Banco Mundial, 2006: 4) que mientras promueve que el mercado trabaje para las mujeres o impulsa el empoderamiento de las mujeres para competir en los mercados, ignora las desigualdades de género fundamentales derivadas de la división genérica del trabajo. Para otras, haber adoptado este tipo de estrategias significó, con grandes dificultades, mantener la igualdad de género en la agenda de desarrollo, y promover avances en su práctica. Ambas posturas no son ajenas a lo que se denomina el «relato» de la igualdad de género en el desarrollo en las agencias de donantes, que toma forma como resultado de una constante reorganización de las ideas y que produce, de manera regular, una reafirmación de axiomas claves a través de diferentes conceptos, que van de la «reducción de la pobreza» y «empoderamiento» a los «derechos», la «exclusión» y la «ciudadanía». En este proceso, algunos aspectos de las agendas de género se privilegian sobre otros, y aquellos que son descartados como significados disonantes son expulsados del marco. Dependiendo de dicho marco, proyectos idénticos tienen perspectivas diferentes, como por ejemplo los proyectos sobre salud sexual y reproductiva que en algunos momentos se presentan como salud maternoinfantil. Si se aprovecha el poder discursivo de ciertos términos se pueden abrir espacios de negociación y de profundización de los avances en materia de género, aunque al involucrar ámbitos del discurso que tienen sus propios techos, como por ejemplo el ámbito de las necesidades frente a los derechos, estos procesos también tienen limitaciones.

Reconociendo los avances y los retrocesos, hay que señalar que al finalizar la década, el siglo XXI se inició con una abismal brecha entre los compromisos adquiridos durante las décadas anteriores y consensuadas por los países, y su verdadero cumplimiento e inclusión en la práctica del desarrollo. Es por esto, que desde Naciones Unidas se propone una reformulación de muchos de estos compromisos, y en el año 2000, con un consenso amplio sobre metas de desarrollo internacionales, se firma la Declaración del Milenio, que establece el año 2015 como plazo para cumplirlas. Aunque esta Declaración recoge las múltiples preocupaciones de desarrollo de la comunidad de naciones a través de ocho objetivos muy específicos (los Objetivos del Milenio), centrados en áreas como la erradicación de la pobreza y el hambre, la educación universal, la igualdad entre los géneros, reducir la mortalidad de niños y niñas, mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, alcanzar la sostenibilidad del medio ambiente; y establece la absoluta necesidad de avanzar en el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas, especialmente, los derechos humanos de las mujeres para alcanzar la igualdad de género[5], no incluye una agenda de financiación de dichos compromisos, ni una serie de recomendaciones que pudiesen reducir la importante carga del servicio de la deuda externa[6] sobre los presupuestos nacionales de los países de ingresos bajos y medios[7]. A esto se añade la aparición en 1995 de la Organización Mundial del Comercio, con sus énfasis en la liberalización del comercio multilateral (por ejemplo, la reducción de las tarifas arancelarias para las exportaciones de los países que afectan la disponibilidad de recursos para los países pobres), lo que intensificó aún más las dificultades de los presupuestos de los países en desarrollo. La emergencia de estos nuevos elementos hará que, de ahí en adelante, se plantee la necesidad de una mayor coordinación y coherencia entre los temas de financiación para el desarrollo, la gestión financiera y monetaria, y comercio[8].

Para dar una respuesta a estas preocupaciones, en el marco de la búsqueda de una mayor coherencia entre la efectividad de la AOD, y el proceso de financiación para el desarrollo liderado por Naciones Unidas desde los años 90, en 2002, se convoca en Monterrey, México, una Conferencia Internacional sobre el tema, cuyo resultado fue el denominado «Consenso de Monterrey». Para alcanzar mejores resultados de desarrollo, este Consenso integra los temas financieros, monetarios y comerciales en un marco más consolidado. Asimismo, promueve una alianza entre países en desarrollo y países industrializados basada en el mutuo reconocimiento de los beneficios que podían resultar de la puesta en marcha de políticas efectivas en términos de desarrollo. A su vez, los países en desarrollo se comprometen a introducir políticas económicas y sociales seguras para mejorar la gobernabilidad, eliminar la corrupción y crear un marco normativo interno favorable al desarrollo del sector comercial privado. Si bien el consenso está basado en la aceptación, por parte de los países asociados, de su responsabilidad por su propio desarrollo, los países industrializados prometieron tomar medidas para poner a su disposición los recursos financieros necesarios que, sumados a los locales, permitieran alcanzar los objetivos propuestos. Monterrey planteó una agenda amplia, con temas relacionados con la financiación para el desarrollo tales como la deuda y las crisis financieras, la AOD, el comercio y el desarrollo. También incluyó temas como la gobernabilidad de las instituciones financieras internacionales, la representación y el poder relativo de los países en desarrollo en dichas instituciones, por lo que las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado también fueron invitadas a participar. En términos de rendición de cuentas de organismos tales como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, el proceso actual está siendo poco exigente en este aspecto, sin embargo, los espacios de seguimiento de dicho Consenso se ha constituido en un foro en el cual se presentan diversas iniciativas, tales como los mecanismos innovadores y solidarios de financiación (tasas a las transacciones financieras internacionales, a los billetes de avión, etc.) que movilizan parte de los beneficios de la globalización. El Consenso de Monterrey también tuvo como objetivo movilizar más recursos previsibles en el tiempo para avanzar en la consecución de los objetivos de desarrollo acordados, incluyendo los Objetivos del Milenio (ODM).

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) han generado un amplio debate dentro del movimiento de mujeres. Para algunas, representan una reducción de las metas y agendas propuestas en los años 90, para otras, constituyen una estrategia de política y de comunicación para dinamizar la implementación de los Planes de Acción acordados en las Conferencias Internacionales, generando una oportunidad extraordinaria para debatir la forma de llevar a cabo la cooperación multilateral[9] mediante la movilización de recursos para el desarrollo, en un mundo cada vez más interdependiente y globalizado. Sin embargo, algunas autoras y autores (Floro, Çagatay, Willoughby, Ertürk, 2003) reconocen que el avance de muchos de estos objetivos —tales como la erradicación de la pobreza, la igualdad entre los sexos, la sostenibilidad del medio ambiente y los derechos humanos— sigue siendo difícil. Entre las razones que generan dichas dificultades, citan las siguientes:

La asignación de recursos para alcanzar tales objetivos.

El compromiso político con los objetivos por parte de muchos gobiernos más allá de las meras declaraciones.

La coherencia entre las políticas macroeconómicas y otros programas que se ocupan de estos objetivos de desarrollo.

Lo que eufemísticamente se conoce como «propiciar un entorno internacional» que permita a los gobiernos formular políticas coherentes e integrales que sitúen a las personas en el centro de los procesos de desarrollo.

Como parte del proceso de aplicación de la agenda de Monterrey se inician una serie de reformas en tres dimensiones: una, en torno a la ayuda oficial al desarrollo, consolidada en la denominada Declaración de París para la Efectividad de la Ayuda (2005)[10]; una segunda en torno a la deuda de los países con altos niveles de deuda externa, a través del llamado Marco de Sostenibilidad de la Deuda[11] que debería generar sinergias con los diversos enfoques de reducción de la pobreza; y por último la Agenda de Desarrollo de Doha (2002) para abordar las dimensiones del comercio internacional y reducir el impacto financiero del mismo sobre el desarrollo. Autoras como Williams (2008: 3-4) sostienen la necesidad de analizar en profundidad estas reformas desde la perspectiva de la gobernabilidad económica, en tanto tienen implicaciones significativas para el desarrollo humano, económico y social, especialmente para la igualdad de género y el empoderamiento económico y social de las mujeres. Argumenta que dichas reformas tienen un impacto combinado y muy focalizado sobre los presupuestos y los recursos, y sobre la gestión financiera de los países en desarrollo, especialmente los altamente dependientes de la ayuda al desarrollo, o altamente endeudados o con una exportación concentrada en determinados productos. Es decir, las políticas macroeconómicas tienen importantes consecuencias para la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer. La disminución de los ingresos públicos, por ejemplo, puede dar lugar a recortes en el gasto social, lo que afecta a los presupuestos familiares y tiene efectos desproporcionados sobre las mujeres. Por otra parte, las desigualdades entre los géneros, como, por ejemplo, las restricciones al acceso y participación de las mujeres en el mercado laboral en condiciones de igualdad y las desigualdades salariales, tienen también costos considerables para el desarrollo económico nacional. La AOD, el comercio y la deuda gobiernan la capacidad de los países menos adelantados para financiar el desarrollo, incluida la igualdad de género. Por último, señala que las reformas propuestas pretenden dar respuesta a los múltiples problemas que provienen de la aplicación de las políticas macroeconómicas neoliberales desde los años 80, y que en su conjunto no han comulgado con el desarrollo social y económico y la erradicación de la pobreza en los países en desarrollo.

Estos argumentos son parte de un debate más amplio, donde numerosas activistas del desarrollo muestran su preocupación sobre cómo, en qué dirección y de qué manera las modalidades e instrumentos de este proceso de reformas puede impactar en el desarrollo económico y el cambiante escenario de la gobernabilidad económica y social. En la base de este debate, sin duda, se asienta la paradoja que enfrenta la promoción de la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres: compromisos universales frente a los limitados avances realizados en los últimos años en su aplicación a nivel nacional, así como escasos recursos disponibles para facilitar dicha práctica.

En el año 2008 han tenido lugar los procesos de revisión de los avances realizados en la aplicación del Consenso de Monterrey (Doha, diciembre de 2008) y de la Declaración de París (Accra, septiembre de 2008) generando importantes debates y propuestas desde los diversos actores. Las organizaciones y redes de mujeres a nivel internacional han promovido un importante proceso de incidencia sobre estos espacios, y formularon, conjuntamente con otros actores de la sociedad civil, numerosas propuestas. Parten del supuesto de que la igualdad de género como objetivo de desarrollo es actualmente considerada, en la mayoría de los círculos oficiales del desarrollo, solo como un tema transversal, y que carece de claridad conceptual y de objetivos claros y mensurables a los que se pueda dar seguimiento. Esta situación exacerba la brecha persistente entre la retórica oficial y la acción. Señalan que se tienen que dar muchos cambios para abordar el desafío nacional, internacional y sistémico de la igualdad de género en un contexto desfavorable, agravado por la actual crisis financiera mundial, las crisis alimentarias y climáticas que se dan en un contexto volátil marcado por un confuso proceso de competencia en el mercado. Mencionan, también, que es necesario dar respuesta a los numerosos interrogantes de género que surgen de la conexión entre estas tendencias y volatilidades (Women’s Working Group on Financing for Development, 2008: 1).

Teniendo en cuenta estos antecedentes, este capítulo pretende contribuir a analizar el significado de las nuevas propuestas sobre la ayuda al desarrollo y su eficacia, enmarcadas en las reformas de la financiación para el desarrollo desde una perspectiva de género, preguntándose si estos nuevos enfoques, modalidades y recursos están promoviendo avances en la aplicación de los compromisos de igualdad de género y los derechos de las mujeres realizados por los gobiernos en los años 90 a nivel internacional, y cuál está siendo el papel de las redes y organizaciones de mujeres en estos procesos. La primera parte del artículo revisa los debates actuales sobre el desarrollo, así como los antecedentes de esta nueva arquitectura de la ayuda. A continuación, se analizan los marcos internacionales de la financiación para el desarrollo y los derechos de las mujeres, así como los compromisos de los gobiernos en relación a los recursos. Por último, se sistematizan y analizan los aportes que desde una perspectiva de género y de derechos de las mujeres se están realizando en torno a la agenda de la eficacia de la ayuda, para presentar, finalmente, algunas conclusiones que recogen los elementos claves de este debate.

1. Los antecedentes y componentes de la «nueva arquitectura de la ayuda»

A finales de los años 90, la idea de que el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza internacional serían el resultado «natural» de las dinámicas de la globalización, y si esto no se diese, habría que buscar las causas tanto en políticas internas fallidas como en una escasa integración en la economía global, pierde parte de su interés y capacidad de persuasión (Sanahuja, 2007: 72). Para aquellos países que habían aplicado esas políticas, los resultados en relación a la reducción de la pobreza y la desigualdad se mostraban escasos. A ello se le sumaba un perceptible aumento de la desigualdad internacional. Sanahuja ilustra este aspecto cuando señala lo siguiente:

Los datos suministrados por el Banco Mundial revelan que en los últimos 25 años se ha producido un importante descenso de la pobreza extrema o indigencia, en gran medida atribuible al extraordinario desempeño de China, pero si se toman datos de pobreza y no de indigencia, el descenso de las cifras relativas es menor, y el número total de pobres se ha mantenido relativamente estable. En paralelo, también conforme a datos de ese organismo, la desigualdad internacional, referida a la distribución de la renta entre países, ha experimentado un fuerte aumento, y este hecho no es solo ni principalmente atribuible al empeoramiento de la situación del África sub-sahariana. Otros estudios muestran un incremento de la desigualdad interna, tanto en los países industrializados como en desarrollo, que es en buena medida consecuencia de las políticas de apertura que han impulsado las dinámicas de la globalización. Si se atiende a otros indicadores —esperanza de vida, mortalidad infantil o alfabetismo— la convergencia entre los países más pobres y los países ricos, claramente observable en los últimos cuarenta años, es más lenta en muchos países, y en algunos de los más pobres, la divergencia ya es la norma (Sanahuja, 2007: 73).

Como mencionamos en la introducción, a partir de estas constataciones y de la crítica de los países donantes sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo se propusieron una serie de cambios que no son ajenos a los acuerdos tomados por los donantes, sus países socios y las instituciones financieras internacionales para mejorar el sistema de gobernabilidad económica mundial y el fortalecimiento de la coordinación de los mecanismos de los países donantes. Este proceso ha dado lugar a la denominada «nueva arquitectura» de la ayuda.

Esta nueva etapa debería dar respuesta, al menos, a cuatro necesidades o áreas prioritarias. La primera debe incluir un marco coherente que ponga fin, entre otros, a la fragmentación de la ayuda dispersa en un sinnúmero de proyectos, a la escasa coordinación entre los donantes, a los altos costos de transacción por cada operación, a las condicionalidades[12] para otorgar la ayuda impuesta por los donantes impidiendo un proceso endógeno de desarrollo o a la escasa rendición de cuentas sobre estos procesos. Segundo, la «nueva arquitectura» debe promover mecanismos o modalidades que busquen ejercer un control importante, así como un alto grado de rendición de cuentas entre los países donantes y los gobiernos receptores (a partir de ahora denominados asociados). Tercero, esta nueva propuesta debe alcanzar la reducción de la pobreza y cuarto, tiene que permitir el crecimiento y desarrollo de mecanismos que permitan a las economías de los países en desarrollo, una máxima absorción de los nuevos flujos de ayuda prometidos.

Este nuevo enfoque creó numerosos debates académicos y políticos en torno a la difícil relación entre la AOD y el desarrollo. Dichos debates pasaron a ser parte de las reflexiones, análisis y discusiones sobre la eficacia de la ayuda y los procesos de conexión entre la ayuda, el crecimiento económico y la pobreza. Según De la Cruz (2008b: 4) para algunos, esta «nueva arquitectura de la ayuda» orientada por la asociación entre donantes y países receptores es un exponente de una transformación radical en la materia. Otros juicios, sin embargo, señalan que no todo está claro en el proceso y que, en todo caso, resta mucho por hacer para provocar un cambio sustantivo de la ayuda, ya que el «desarrollo» no será nunca adecuadamente financiado hasta que no sea la meta central de la política macroeconómica, el gasto público y la cooperación internacional. Es decir, hasta que no se incorpore la agenda de la eficacia de la ayuda en una agenda más amplia de la efectividad del desarrollo y sus resultados. Estas tensiones se señalan en el informe presentado por el Secretario General de Naciones Unidas en el reciente Foro de Cooperación al Desarrollo (2008: 6-20), argumentando que el progreso de la asociación mundial para el desarrollo ha sido desigual, con incrementos en escala de fondos privados de capital, de alivio de la deuda y del comercio, pero sin observarse mejoras mensurables ni una distribución de beneficios equitativa. Añade que el progreso no ha sido suficiente para asegurar que la cooperación al desarrollo esté en posición de producir avances rápidos hacia la realización de los objetivos de desarrollo acordados, incluyendo las Metas del Milenio. Argumenta, asimismo, que la Declaración de París no incluyó diversos temas de preocupación central para los programas de los gobiernos de los países más desfavorecidos, así como tampoco incluyó temas puestos de relieve por otros actores como los parlamentos y la sociedad civil (por ejemplo, rendición de cuentas y transparencia). Señala, por último, que este proceso ha estado más preocupado por el seguimiento del desembolso de la ayuda, que por mostrar una genuina capacidad para cambiar el comportamiento de los diversos actores o articular la agenda de la eficacia de la ayuda con los resultados de desarrollo.

Las bases conceptuales de este proceso emergente pueden ser rastreadas en una serie de documentos, marcos y programas producidos al final de los años 90. Estos incluyen el documento de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) «Shaping the 21st Century: the Contribution of Development Cooperation», el Marco Amplio de Desarrollo (CDF) y los documentos sobre Reducción de la pobreza del Banco Mundial (PRSP) y sus herramientas; la Iniciativa sobre los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC), y la Declaración del Milenio.

El CDF fue el marco conceptual que definió los puntos de referencia para el desarrollo del diálogo político entre todos los actores, y fue la base para el diseño de la Declaración de París. Los Documentos Estratégicos de Reducción de Pobreza (PRSP) se convirtieron en el modelo a utilizar para aplicar los nuevos flujos de ayuda multilaterales. En el 2000, la Cumbre del Milenio estableció las ocho metas del Milenio, y en 2001 los ataques del 11 de septiembre incluyeron otros elementos en el marco, la seguridad como una nueva variable en la financiación para el desarrollo, diferente al enfoque más amplio de seguridad humana establecido por Naciones Unidas en los años 90. Sobre estos elementos el Foro de Alto Nivel sobre la Ayuda (Roma, 2003) dio forma a lo que hoy se denomina la «nueva arquitectura de la ayuda», ampliada posteriormente, en la Mesa Redonda de Marrakech respecto a la Gestión sobre Resultados de Desarrollo (2004). En 2005 estos principios y estrategias de acción, previamente consensuados, fueron reafirmados y organizados alrededor de un solo documento, la Declaración de París sobre la Efectividad de la Ayuda, convirtiéndose en el paraguas bajo el cual se articulan una serie de elementos puestos en marcha desde finales de los años 90.

De acuerdo con Tang (2005: 14), los fundamentos conceptuales de la nueva arquitectura se basan en tres elementos esenciales: la reducción de la pobreza con la prioridad centrada en alcanzar los objetivos del milenio; la apropiación o liderazgo de los países en torno a sus prioridades del desarrollo para que no sean condicionadas o marcadas desde el exterior, y en las estrategias y la participación de los diversos actores en los procesos de definición de las políticas y planes nacionales de desarrollo. Lo particular de la relación entre la Declaración de París y las Metas del Milenio es que ambas están centradas en la reducción de la pobreza en un contexto de nuevos principios y modalidades de ayuda. En este sentido, el logro de los ODM se expresa como un tema central de la Declaración convirtiéndolos en una suerte de «plan de desarrollo internacional en la actual economía política» (Williams, 2007: 1). La Declaración marca un nivel de consenso y de resolución sin precedentes para reformar y hacer la ayuda más efectiva con el objeto de combatir la pobreza y la desigualdad, incrementar el crecimiento, construir capacidades y acelerar el cumplimiento de los ODM.

En el marco de Naciones Unidas y la OCDE, la evolución de estos elementos también permite alcanzar un consenso sobre la necesidad de incrementar no solo la calidad de la ayuda, sino también su cantidad. Para ello habría que abordar dos puntos: la financiación del desarrollo y el incremento de la AOD por un lado, y por otro, la calidad y coherencia de la ayuda, siguiendo los pasos dados en ese sentido en el seno del sistema de cooperación internacional. Aumentar la cantidad y la calidad de AOD son, en definitiva, las únicas formas de hacer que la Declaración del Milenio sea un referente común de la política de desarrollo internacional. Sin embargo, aunque el objetivo de alcanzar el 0,7 % del PIB de los países donantes fue planteado en los años 70 y el incremento de la AOD fue formalmente ratificado en la Cumbre de Monterrey, no se establecieron compromisos sobre porcentajes. Este tema sigue siendo fundamental ya que la brecha existente entre los recursos disponibles para luchar contra la pobreza, el analfabetismo, el hambre, la mortalidad materna e infantil, el desempleo, las desigualdades de género, entre otros, sigue siendo abismal (CONGD, 2006: 30-33) si se compara, en el contexto de la actual crisis mundial, con la ingente cantidad de recursos disponibles para salvar las entidades financieras.

¿Qué propone la Declaración de París?

La Declaración de París es un marco corto y operativo que compromete a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico a través de su Comité de Ayuda al Desarrollo (OCDE-CAD), a los donantes y a los países en desarrollo a trabajar juntos estableciendo nuevas modalidades de ayuda. Establece una serie de compromisos y metas específicas, y define numerosos mecanismos e instrumentos para mejorar la efectividad de la ayuda. Asimismo, a través de la aplicación de cinco pilares fundamentales, pretende una mayor «armonización y alineamiento» de los donantes y la ayuda, así como una «apropiación» de las políticas por parte de los países en desarrollo.

El principio de «Apropiación» hace referencia a la necesidad de que los países se centren en las prioridades nacionales acordadas para alcanzar los ODM y reducir la pobreza. Con este propósito deben ejercer su liderazgo y tomar decisiones efectivas sobre sus políticas y estrategias de desarrollo y coordinarlas con la comunidad internacional. La «Apropiación» del país de su propio desarrollo social y económico es un intento de atender a las críticas de las políticas de ajuste estructural de los años 80, en la cual los flujos de ayuda y las condicionalidades imponían las prioridades de los países donantes y de las Instituciones Financieras Internacionales, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, sin tener en cuenta las definidas por los propios países. La condición de la promoción de la participación de todos los actores locales para definir dichas prioridades podría tener dos objetivos. El primero de ellos sería abordar el tema del déficit democrático en la gestión de los flujos de ayuda, y el segundo, generar un proceso que les permita a los donantes salvaguardar sus intereses, creados en la formulación y ejecución de una amplia gama de políticas internas. Sin embargo, en término de oportunidades, permitiría generar procesos participativos con múltiples actores, incluidas las organizaciones de mujeres, desarrollar nuevas capacidades, e incidir en las políticas y planes de desarrollo locales.

Para aplicar el principio de «Alineamiento» los donantes basan su apoyo global en las estrategias, instituciones y procedimientos de desarrollo nacionales de los países asociados y vinculan el financiamiento a un marco único de condiciones y/o una serie de indicadores derivados de la estrategia nacional de desarrollo (por ejemplo, Estrategias de Reducción de la pobreza o Planes de Desarrollo Nacionales o Locales). El alineamiento pone en relación la coordinación de las políticas y procedimientos de los países donantes con las prioridades y sistemas nacionales incluyendo los presupuestos, los ciclos de programación, el gasto público y los sistemas de gestión financiera. Esto significa que debe darse en un contexto de demanda de cooperación técnica y una gestión macroeconómica adecuada. Desde el punto de vista de género, la existencia de políticas y estrategias de género institucionalizadas en los países, permite una mejor negociación en términos de prioridades y recursos.

Se supone que el principio de «Armonización» pesa más para los países donantes, en tanto se comprometen a coordinar y armonizar sus programas y políticas, siendo más transparentes y colectivamente efectivas, y reduciendo su fragmentación. Los países donantes deben, también, simplificar y armonizar los requerimientos, documentación, modelos de evaluación e informes, así como racionalizar las condicionalidades. Con el tiempo, también debería darse una armonización de donantes y asociados con respecto a la gestión financiera pública, la disciplina fiscal y la asignación efectiva de los recursos a las áreas prioritarias, y los procedimientos. Desde el reclamo de cumplimiento de los compromisos asumidos a nivel internacional, el principio de armonización puede colocar a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el centro del diálogo de políticas y su aplicación, así como promover una especialización entre donantes.

El principio de «Gestión para Resultados» está relacionado con la gestión de recursos y presupuestos, la mejora en la toma de decisiones considerando los resultados más que las acciones y la ejecución de los programas basados en resultados e impactos a través de los sistemas propios de los países. Provee, asimismo, oportunidades para integrar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, ya que dichos resultados no podrían alcanzarse sin incorporar estas dimensiones.

Por último, la «Rendición de cuentas mutua» o responsabilidad mutua como suele denominarse, pone énfasis en la asociación y rendición de cuentas entre donantes y países receptores. Promueve, asimismo, la rendición de cuentas de los gobiernos locales a la ciudadanía a través de un mayor énfasis en los canales propios de los gobiernos, como por ejemplo, los parlamentos o concejos, o la utilización o promoción de instrumentos disponibles como las auditorías de género, o los presupuestos sensibles al género.

Asimismo, y como resultado de los problemas identificados en los 90, los países donantes e instituciones reunidos en París también se comprometieron a adoptar una serie de medidas concretas y eficaces para solucionar dichos problemas. Es por esto que los cinco principios contienen alrededor de 56 acciones destinadas a mejorar la calidad de la Ayuda, y que pretenden reforzar las estrategias nacionales de desarrollo de los países asociados y sus marcos operativos.

La Declaración sostiene también que es necesario y posible aumentar la eficacia de todas las formas de ayuda. Un punto clave en este proceso es la definición de las modalidades más adecuadas y complementarias que deben ajustarse a las estrategias y prioridades nacionales. A estos esfuerzos es necesario añadir aquellos que permitan racionalizar la fragmentación de las actividades de los donantes a escala nacional y sectorial. La Declaración define, igualmente, 12 indicadores cuantitativos de progreso acordados por los asociados con metas para el 2010, una agenda de aplicación y difusión de los compromisos, así como de seguimiento de los avances hasta esa misma fecha.

«Las Nuevas Modalidades»

El marco operativo de esta nueva «Arquitectura de la Ayuda» se traduce en enfoques y mecanismos diseñados para mejorar su eficacia que combinan enfoques tradicionales, como los basados en proyectos, que han promovido la fragmentación de la ayuda, y que se espera vayan desapareciendo, y una serie de herramientas centradas en apoyos programáticos y presupuestarios, es decir, programas sectoriales y financiamientos ligados a la planificación estratégica de un país, y precursores de lo que se ha denominado «nuevas modalidades». Estas nuevas modalidades de ayuda definen una serie de marcos y de instrumentos para las negociaciones de políticas y mecanismos entre los países. Incluyen, por ejemplo, el apoyo directo a los presupuestos que supone incorporar la ayuda financiera como una contribución directa para el presupuesto global del país, o su variante sectorial, que implica el apoyo de los donantes para el desarrollo de la totalidad de un sector en un país determinado, como por ejemplo salud, educación o agricultura, en lugar de apoyos para proyectos específicos. En algunos casos, estos sectores están financiados por donantes múltiples a través de lo que se denominan fondos canastas, una modalidad de financiamiento conjunta ejecutada por diversos donantes para apoyar un programa, sector o presupuesto, y están fuertemente asociados a la ayuda basada en programas. La mayoría de las modalidades mencionadas ya han sido utilizadas por diferentes agencias bilaterales y multilaterales.

A pesar de que muchos países están todavía en las fases preliminares del proceso de implementación de la Declaración y se considera que todavía es demasiado pronto para valorar el impacto de dichas modalidades[13] es importante señalar que desde los años 90 existen algunos textos que han evaluado los efectos de las mismas para la reducción de la pobreza y la promoción de un desarrollo sostenible. Este es el caso de las Estrategias de Reducción de Pobreza. Estos análisis también mencionan que el apoyo directo a presupuestos plantea importantes problemas de seguimiento y rendición de cuentas. Asimismo, se señala que hasta el momento ha habido una escasa integración de presupuestos sensibles al género, como herramienta que se puede combinar con el apoyo general o sectorial al presupuesto, y promover la participación de las organizaciones de mujeres para que fiscalicen los fondos de los donantes (De la Cruz, 2007a: 12).

Algunas autoras sostienen que, para que dichas modalidades fueran realmente efectivas, en un contexto de creciente privatización, tendrían que analizar su capacidad de prestación de servicios públicos de buena calidad como por ejemplo de salud, educación, agua, energía, etc., en tanto están vinculados al empoderamiento social y económico de las mujeres y tienen un claro impacto de género. Igualmente, y en relación con las intervenciones específicas de género, se preguntan de qué manera las nuevas modalidades pueden ser aprovechadas para incrementar la financiación de dichas intervenciones (Williams, 2007: 11-12).

Los indicadores

La configuración de los 12 indicadores para medir los avances de la Declaración de París muestra que desde su diseño se han privilegiado las consideraciones operativas relativas a la gestión económica, administrativa y fiscal sobre otras más sustantivas, tales como las de equidad social e igualdad de género. La reciente Agenda de Acción de Accra derivada del Foro de Alto Nivel (Ghana, 2008) para el seguimiento de los avances en la eficacia de la ayuda, tampoco incorpora nuevos indicadores, salvo el que se refiere a que «al menos el 50 % de la ayuda de gobierno a gobierno usará sistemas fiduciarios para el 2010[14]», uno de los pocos compromisos de los donantes con una meta temporal. Al respecto, ya se han manifestado serias dudas sobre si los indicadores deberían descansar tan ampliamente en los datos, criterios y análisis del Banco Mundial, dejando en sus manos la determinación sobre qué estrategias y sistemas de los países son adecuadas o no. Algunas redes de mujeres, como WIDE o AWID, o agencias de NNUU como el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), o la red de Género del CAD-OCDE han planteado la necesidad de crear sistemas de indicadores y de seguimiento más confiables y creíbles, y que aseguren que los datos sean comparables entre donantes y a través de los países. Estas reflexiones se basan en las contribuciones realizadas en torno a las Metas del Milenio y su medición, que han demostrado que es posible construir indicadores complementarios de procedimiento y de resultado que incluyan las preocupaciones sobre la igualdad de género (De la Cruz, 2007a: 13).

2. Los marcos y compromisos internaciones de la financiación para el desarrollo y los derechos de las mujeres

A nivel internacional, los gobiernos han concretado sus compromisos de financiación para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres sobre la base de una serie de obligaciones establecidas desde los años 40. El Informe de la reunión del grupo de expertas de las Naciones Unidas sobre la financiación en favor de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer (2007: 5-7), nos recuerda que el deber de cooperar de la comunidad internacional se basa en los Artículos 56 y 57 de la carta de las Naciones Unidas. Tal como está establecido en el artículo 3, párrafo 3 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo:

Los estados tienen el deber de cooperar entre sí para asegurar el desarrollo y eliminar sus obstáculos. Los estados deben concretar sus derechos y cumplir con sus tareas de manera tal que promuevan un nuevo orden económico internacional basado en la igualdad soberana, la interdependencia, el interés mutuo y la cooperación entre todos los Estados, así como fomentar la observación y concreción de los derechos humanos.

La Conferencia de Viena de 1993 también reafirmó estos principios. En la Declaración de Viena y el Programa de Acción se reconoce que la democracia, el desarrollo y el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales son interdependientes y se refuerzan mutuamente. La Conferencia Mundial reafirmó por consenso el derecho al desarrollo como un derecho universal e inalienable y como una parte integral de los derechos humanos fundamentales. Además estableció que, mientras que el desarrollo facilita el disfrute de todos los derechos humanos, la falta de desarrollo no puede ser invocada para justificar el incumplimiento de los derechos humanos reconocidos.

Además, en el Artículo 6 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, se exige a los Estados tomar medidas

para eliminar los obstáculos al desarrollo resultantes del fracaso en la observancia de los derechos políticos y civiles así como los económicos sociales y culturales.

Hay que subrayar que el Artículo 4 declara bastante categóricamente que los Estados tienen el deber, individual y colectivo, de formular políticas internacionales de desarrollo para facilitar la consecución del Derecho al Desarrollo. Reconoce, asimismo, que es necesaria una acción sostenida para promover el desarrollo rápido de los países en vías de desarrollo, y luego declara que

como un complemento a los esfuerzos de los países en vías de desarrollo, la cooperación internacional efectiva es esencial para brindar a estos países los medios y los recursos apropiados para promover el desarrollo.

La implicación de esta cláusula se clarifica cuando se la lee en relación con el Artículo 2 que dice que los estados no solo tienen el deber de formular políticas nacionales de desarrollo apropiadas sino que tienen el derecho de hacerlo, y que otros actores de la comunidad internacional tienen el deber de facilitar ese proceso. Por último, el informe antes mencionado señala que los estados nacionales, solos, no pueden formular y llevar a cabo ese proceso en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente sin la cooperación de los otros estados y de las agencias internacionales.

Los gobiernos se han comprometido a aportar financiación para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres en numerosos foros, entre ellos la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, de 1995, el vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, de 2000, la Cumbre del Milenio, de 2000, y la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, de 2002 en Monterrey, México.

En la Plataforma de Acción de Beijing se insiste en la necesidad de movilizar fondos de todas las fuentes y todos los sectores. Además, se señala que los gobiernos, a los que corresponde la principal responsabilidad de la aplicación de los objetivos estratégicos de la Plataforma de Acción, deben tomar medidas para revisar sistemáticamente la manera en que las mujeres se benefician de los gastos del sector público, ajustar los presupuestos para lograr la igualdad de acceso a dichos gastos y lograr los compromisos en materia de género contraídos en otras cumbres y conferencias de las Naciones Unidas. En la Plataforma de Acción se señala también que deberían asignarse recursos suficientes a los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer, así como a todas las instituciones apropiadas que puedan contribuir a la aplicación y supervisión de la Plataforma. Además de incluir llamamientos más generales a que se aporten recursos para la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer, incluso en un capítulo específico sobre disposiciones financieras, en la Plataforma de Acción se indica la necesidad de obtener recursos para lograr los objetivos estratégicos relacionados con cada una de las esferas de especial preocupación. En posteriores conclusiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y resoluciones de otros órganos intergubernamentales, entre ellos la Asamblea General, también se han hecho llamamientos en favor de la asignación de recursos en esferas concretas. Se añade, asimismo, que para fortalecer la capacidad nacional de los países en desarrollo de aplicar dicha Plataforma será necesario esforzarse por alcanzar el objetivo convenido para la asistencia oficial para el desarrollo del 0,7 % del producto nacional bruto de los países desarrollados a la brevedad posible, así como aumentar el porcentaje de financiación correspondiente a las actividades destinadas a aplicar la Plataforma de Acción (Informe de la IV Conferencia, 1995: Capítulo I, resolución I, anexo II).

En su vigésimo tercer período extraordinario de sesiones en 2000, la Asamblea General de NNUU reiteró esta idea e instó a los gobiernos a que estudiaran nuevos sistemas de financiación a fin de integrar las cuestiones de género en todos los programas, proyectos y políticas. Exhortó, también, a los gobiernos a incorporar una perspectiva de género en la elaboración, el desarrollo, la aprobación y la ejecución de todos los procesos presupuestarios, cuando procediese, a fin de asignar en los presupuestos recursos suficientes para apoyar programas sobre igualdad entre los géneros y desarrollo que promovieran la potenciación del papel de la mujer, y a crear los instrumentos y mecanismos analíticos y metodológicos necesarios para la supervisión y la evaluación (Resolución S-23/3 de la Asamblea General, anexo, párrafos 73 b-76c).

En la Declaración del Milenio se expresa preocupación por los obstáculos a los que se enfrentan los países en desarrollo para movilizar los recursos necesarios para financiar su desarrollo sostenible y se pide a los países industrializados que concedan una asistencia para el desarrollo más generosa, especialmente a los países que se estén esforzando por destinar sus recursos a reducir la pobreza (resolución 55/2 de la Asamblea General, párrafos 14 y 15). Sin embargo, como mencionamos anteriormente, no se fijaron ni porcentajes ni metas temporales.

En el Consenso de Monterrey, aprobado en la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, se destacó la importancia de adoptar un enfoque integral con respecto a los problemas nacionales, internacionales y sistémicos, relacionados entre sí, de la financiación para el desarrollo: un desarrollo sostenible que promoviera la igualdad entre hombres y mujeres y tuviera una dimensión humana. Se señaló la importancia de la igualdad entre los géneros para lograr una buena gestión de los asuntos públicos y unas políticas económicas racionales, así como la necesidad de dar poder de decisión a las mujeres en el contexto de unos marcos normativos y reglamentarios apropiados en el plano nacional. Además, en el Consenso se pidió que se realizaran inversiones en servicios básicos de infraestructura social y económica, teniendo en cuenta la perspectiva de género, que se concedieran microcréditos a las mujeres, y que las empresas tuvieran en cuenta los aspectos relacionados con el género al examinar las consecuencias de sus actividades (Informe de la Conferencia Internacional, 2002, capítulo I, resolución 1, anexo).

Cumplimiento de los compromisos mundiales

A pesar que la Plataforma para la Acción de Beijing (1995) pone énfasis en la necesidad de asegurar los fondos para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres de todas las fuentes y para todos los sectores, la mayoría de las investigaciones de desarrollo consultadas señalan que a pesar de los compromisos realizados por los gobiernos y los esfuerzos promovidos desde diversos actores, ni las iniciativas orientadas a la igualdad de género, ni al empoderamiento de las mujeres ni a sus instituciones y organizaciones han sido adecuadamente financiadas. Por ejemplo, Bakker (2007: 5) menciona que se ha estimado que la brecha financiera para ejecutar los objetivos específicos y las actividades para la igualdad de género del ODM 3, sobre autonomía de las mujeres en países de renta baja, está entre los 8600 millones de dólares de 2006 a 23 800 millones de dólares en 2015. Para que ese objetivo se cumpliera en dicha fecha, sería necesario un desembolso anual de entre 23 y 28 000 millones de dólares en los países de renta baja.

Si bien es bastante difícil identificar los recursos destinados al «mainstreaming de género[15]» el creciente uso del marcador de género del CAD-OCDE está permitiendo a sus países miembros conocer cuánto de la ayuda desembolsada tiene objetivos de igualdad de género[16]. Como promedio, de 1999-2003, solo el 0,1 % de estos fondos ha ido explícitamente a actividades específicas orientadas a las mujeres, mencionadas como «Mujeres en el Desarrollo», y 3600 millones de dólares se gastaron en programas de ayuda donde la igualdad de género es objetivo principal o significativo. La mitad de esa ayuda fue focalizada en los sectores sociales, específicamente en salud y educación. Para el período 2004-2005 esta cifra ascendió a 7500 millones de dólares (Eurostep-Social Watch, 2005: 23). Este incremento se habría dado no solo por efecto de las tasas de cambio (por lo que los números no estarían incrementándose en términos reales) sino también porque un mayor número de donantes está dando información sobre su ayuda usando el marcador de género del CAD de la OCDE. Los datos muestran un esfuerzo importante en la medición de esta ayuda, sin embargo estos aspectos requieren un mayor compromiso no solo en las sedes de los donantes, sino también en sus oficinas en los países y en la planificación y presupuestación de las intervenciones (De la Cruz, 2008: 13-14).

El Informe de la XXX Sesión de la Comisión Jurídica de la Mujer de NNUU sobre financiamiento para el desarrollo en 2007, llama la atención sobre la necesidad de dar a conocer explícitamente los costos que entraña la persistente desigualdad entre los sexos y tomar medidas para corregir esta situación. Argumenta que de no alcanzarse el tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio, los países podrían registrar una disminución de entre el 0,1 % y el 0,3 % en sus tasas de crecimiento per cápita. Según las estimaciones realizadas, la región de Asia y el Pacífico pierde cada año entre 42 000 y 47 000 millones de dólares debido al limitado acceso de las mujeres a las oportunidades de empleo y entre 16 000 y 30 000 millones debido a la desigualdad entre los sexos en materia de educación.

¿Cuántos recursos se destinan a las organizaciones de mujeres para promover la igualdad de género? Los estudios encargados por la organización internacional de mujeres AWID, «¿Dónde está el dinero para los derechos de las mujeres?» (2006) y el «Segundo Informe Fináncialas: Sostenibilidad Financiera para los Movimientos de Mujeres en el Mundo» (2007) que han sido realizados sobre una muestra de más de mil organizaciones, revela que:

La mayor parte de las organizaciones de mujeres son pequeñas —los dos tercios de la muestra analizada cuentan con un presupuesto anual inferior a 50 000 dólares.

En 2005, los ingresos conjuntos de 729 organizaciones de defensa de los derechos de la mujer en todo el mundo ascendían a tan solo 79 millones de dólares.

Más de la mitad de las encuestadas recibían menos fondos que en 2000. El 67 % indica que resulta más difícil recaudar fondos ahora que hace cinco años (solo el 16 % opina que le parece más fácil) y más de la mitad de las organizaciones han de utilizar más personal y más recursos para obtener fondos.

Gran parte del «crecimiento» registrado en la financiación de las organizaciones se da a muy pequeña escala.

En promedio, las organizaciones declaran que necesitarían el doble de su presupuesto para llevar a cabo todas las actividades previstas en 2006. Los donantes y las organizaciones suelen verse atrapados en un círculo vicioso en el que se considera que los movimientos de mujeres a pequeña escala no tienen capacidad de absorción de recursos para crecer. A consecuencia de ello, no se aumentan los fondos, aun cuando con una mayor financiación se podría ampliar la capacidad de la organización.

Desde 1995, la mayor parte de los fondos de muchas organizaciones procede principalmente de los organismos bilaterales y multilaterales, las grandes fundaciones privadas, las Organizaciones No Gubernamentales Internacionales, los particulares y las administraciones locales.

En términos financieros, los principales donantes a escala internacional de las organizaciones encuestadas en 1995, 2000 y 2005 eran particulares, el gobierno de los Países Bajos, la Fundación Ford y los organismos miembros de Oxfam International (Kerr, 2007:3).

Señalan también que es probable que las organizaciones de Oriente Medio y el Norte de África, América Latina y el Caribe y Europa Central y Oriental hayan tenido mayores dificultades para recaudar fondos durante los últimos cinco años que en períodos anteriores. Los movimientos radicados en África, Asia y el Pacífico, América del Norte y Europa Occidental han tenido más posibilidades para mejorar su financiación que los de las demás regiones. Las organizaciones de mujeres de América Latina, al igual que otras organizaciones no gubernamentales en la región, experimentaron una importante disminución en los fondos entre 2002 y 2004: el 74 % sufrió recortes, el 11 % no mostró cambios, y solo el 14 % mostró un incremento. En 2005, un 69 % de las organizaciones indicaron que la búsqueda de recursos fue más difícil, y solo crecieron aquellas que recibieron fondos entre menos de 10 000 y 50 000/100 000 dólares. Señalaron además que los donantes tienen diferentes prioridades, y que algunas de las actividades impulsadas por los mismos distrajeron al movimiento de mujeres en la región de su agenda política. El 23 % de su financiamiento en ese año correspondió a apoyos de donantes bilaterales y multilaterales, comparado con el 26 % de 1995. Llama la atención la creciente importancia que está tomando la financiación privada y los fondos de mujeres, así como la incorporación de la Iglesia en el puesto 6 de los 10 donantes más importantes en 2005. La mayoría de las organizaciones dependen de financiación basada en proyectos, y su acceso a la información de financiamientos así como las habilidades técnicas para gestionarlos, varía según la tipología de organizaciones. Existe también una percepción de que los fondos están concentrados en unos pocos grupos que son percibidos como urbanos, legalmente registrados, establecidos, que responden a redes y colectivos subsidiarios de organizaciones del Norte, con equipos comunicativos fuertes, personal especializado y con sistemas de evaluación avanzados.

Estos ejemplos muestran que, a pesar de los reiterados compromisos realizados por los gobiernos y la comunidad internacional, tanto las organizaciones de mujeres como los Mecanismos para la Igualdad de Género enfrentan serias dificultades financieras para poner en marcha sus políticas, estrategias y medidas. Como veremos a continuación, los efectos de esta desigual distribución de los recursos permiten reforzar las desigualdades existentes y generar nuevos obstáculos para avanzar en los cambios necesarios.

3. Las implicaciones de la agenda de la eficacia de la ayuda para la igualdad de género y los derechos de las mujeres

Los análisis y estudios realizados en la última década en torno a las relaciones de género, la financiación para el desarrollo y la macroeconomía nos permiten señalar que las estrategias y políticas de financiación para el desarrollo siempre tienen contenido social, y se expresan en el control sobre los recursos. El impacto de dichas políticas genera un cambio en las estructuras de poder de las relaciones económicas entre diversos grupos y sectores escogidos como beneficiarios de estas intervenciones, y a los cuales llegan los recursos. Por lo tanto, si este proceso no presta atención a las políticas sustantivas, como por ejemplo, a las políticas de género, y a la calidad o naturaleza de los resultados a lograr desde una perspectiva de derechos, puede mantener y reforzar las asimetrías y sesgos de género presentes en todas las sociedades. Esto reafirma también la idea de que tanto la igualdad de género como los derechos humanos no son parte de un debate paralelo de las políticas de asistencia al desarrollo, sino elementos centrales de los objetivos de desarrollo.

La categoría de género como marco de análisis, y la práctica de desarrollo expresada en las políticas y la planificación de género, pueden contribuir a la ampliación del marco de la Declaración de París, profundizando la comprensión de la articulación de los principios y los resultados esperados y, de esta manera, aportar a situar la efectividad de la ayuda en un marco más extenso que responda por los resultados de desarrollo. Es por esto que todos los actores involucrados deberían medir la efectividad de la ayuda por su contribución a la erradicación de la pobreza, a las desigualdades, a la vigencia de los DDHH y a la sostenibilidad del desarrollo. En este sentido, la agenda de la eficacia de la ayuda no sería una agenda en sí misma, sino un medio para un fin.

Un análisis de la literatura sobre la eficacia de la ayuda y sus implicaciones de género (UNIFEM, Red de Género del CAD-OCDE, CSW) producidos en los últimos tres años nos permiten identificar cinco áreas principales de preocupación sobre las que se han hecho una serie de preguntas y se han elaborado numerosas recomendaciones para demostrar la pertinencia de la igualdad de género y los derechos de las mujeres en este debate.

La primera se refiere a la necesidad de que los gobiernos, tanto donantes como receptores de la ayuda, consideren los acuerdos y normativas internacionales aceptados por la comunidad internacional en materia de igualdad de género, y apliquen las estrategias consensuadas en las Conferencias Internacionales de los años 90 como marcos para la evaluación de los avances y resultados, como es el caso del «mainstreaming de género» y el empoderamiento de las mujeres, que permiten, entre otras, la definición de resultados de género sectoriales. De esta manera se haría visible la necesidad de una mayor coherencia entre los objetivos de las agendas de dichas conferencias y los aspectos de las políticas macroeconómicas que tienen serios impactos sobre la pobreza. Estos compromisos deberían ir acompañados de recursos suficientes, y con una inclusión efectiva de los Mecanismos de Igualdad de Género, nacionales y locales, en la planificación y la ejecución de las intervenciones de desarrollo.

La segunda, muestra la necesidad de impulsar verdaderos procesos de «apropiación» y liderazgo democráticos en los países de recepción de la ayuda, incluyendo a más actores que los gobiernos. La exclusión de las mujeres de los espacios políticos es ampliamente conocida, y tiene como resultado una falta de representación sistémica. Es por esto, que se plantea que para que un proceso de apropiación sea democrático se promuevan espacios políticos de deliberación abiertos, accesibles y equitativos donde todo el mundo pueda participar para definir las prioridades de las políticas e incidir en la planificación, aplicación y evaluación de las mismas, como por ejemplo en los planes de desarrollo de los países. Las dificultades que los Mecanismos de Igualdad de Género, y las redes y organizaciones de mujeres puedan enfrentar en este proceso en términos de capacidades, información, participación e inclusión, se presentan como desafíos adicionales. En este sentido, el apoyo autónomo y responsable a la sociedad civil es un requerimiento fundamental para promover nuevos mecanismos de ayuda que sean participativos e incluyentes. Esta reflexión nos lleva a preguntarnos no solo si la ayuda funciona, sino también cuestionarnos bajo qué condiciones la ayuda apoya a las personas que han sido discriminadas, relegadas y despojadas de sus derechos fundamentales y promueve la realización de sus derechos.

La tercera tiene relación con la ausencia de la igualdad de género en los procedimientos de seguimiento y evaluación de la aplicación de la Declaración de París. Su inclusión a través de los instrumentos de género desarrollados hasta el momento, tales como los presupuestos sensibles al género, las auditorías de género, las estadísticas desagregadas por sexo, los indicadores de género, y las capacidades locales desarrolladas para recoger, analizar y difundir la información, permitiría valorar los resultados de desarrollo y no solo los procedimientos técnicos propuestos. Este aspecto está ligado a la instalación de sistemas de rendición de cuentas de los donantes y los gobiernos con el fin de fiscalizar e incrementar su contribución a la igualdad de género. En este sentido, sería importante conocer de qué manera han apoyado los donantes el papel del parlamento, la amplia participación de otros actores y la sociedad civil para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas de los compromisos con respecto a la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Además, sería necesario asegurar la existencia de mecanismos plurales de seguimiento para garantizar la identificación de los cambios o la ausencia de los compromisos. Sin embargo, esto solo sería posible donde existiesen organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de mujeres fuertes, independientes y con disponibilidad de recursos.

La cuarta, y ligado a los procesos de liderazgos locales, identifica la necesidad de promover la elaboración de guías y herramientas que permitan identificar la contribución de las nuevas modalidades impulsadas por la agenda de la eficacia de la ayuda a las obligaciones nacionales sobre la igualdad de género, expresadas en las leyes, políticas o planes respectivos, así como al análisis en profundidad sobre la pobreza de las mujeres en el país y su relación con las políticas macroeconómicas nacionales. Según Kane (2008: 3-4) esta demanda se basa en la necesidad de abordar la naturaleza de género de la pobreza para hacer coherente las declaraciones del documento de París con su práctica y efectividad para erradicar la pobreza. Plantea, asimismo, que algunos interrogantes tienen que ver con el tipo de enfoque sobre la pobreza que enmarca las asociaciones de ayuda entre gobiernos, ya que en muchos casos la autoridad de dicha asociación está más justificada por la mayor experiencia para abordar problemas técnicos, que por la voluntad política o el conocimiento de su impacto sobre las relaciones de género. El objetivo de la igualdad de género es un objetivo de justicia, que obligatoriamente necesita de cambios en las relaciones de poder. Sin embargo, aun cuando el pensamiento y la práctica del enfoque de género en el desarrollo se ha convertido de manera creciente en una parte aceptada del discurso de desarrollo, ha sido crecientemente apropiado y transformado por las instituciones de desarrollo neoliberales. Cuanto más se usa la retórica de género, esta se torna más instrumental y menos radical y transformadora, aplicando todo tipo de técnicas y recetas, desconociendo su validez como enfoque a partir del cual se pretende desafiar y cambiar las relaciones de poder existente entre mujeres y varones. Dichas relaciones no deberían ser abordadas otorgándoles un papel instrumental a las mujeres en el desarrollo, como es el caso de los programas antipobreza que han surgido para mitigar los efectos de las reformas neoliberales, y muestran una marcada tendencia a reforzar nociones conservadoras del papel de las mujeres en la familia, creando un lenguaje de la vulnerabilidad y la exclusión asociadas al concepto «género» y a las estrategias de supervivencia. Es decir, se apropian de las potencialidades de las mujeres como cuidadoras, argumentando que el desarrollo necesita a las mujeres, y es necesario invertir en ellas. De esta manera, se promueve que muchas organizaciones de mujeres de base se conviertan en proveedoras «despolitizadas» de servicios de microcréditos, de formación, o de emprendimientos económicos, dependientes de contratos con el gobierno o de subsidios de las diversas instituciones de desarrollo, y deslegitimando sus propios procesos. Este enfoque, que sigue siendo dominante en el discurso de la reducción de pobreza, no debería depender del hecho de que las mujeres sean mejores cuidadoras y por lo tanto capaces de contribuir a mantener lo que es todavía un sistema desigual, sino porque tienen derechos y porque su histórica desigualdad social es una dimensión de sistemas y prácticas de otras clases de desigualdades sociales y discriminaciones. La transformación en las relaciones sociales y económicas necesaria para dar lugar a la igualdad entre mujeres y varones requeriría profundos cambios en otras relaciones de poder, tales como las transformaciones sistémicas en la producción y redistribución de la riqueza, la representación política, y el reconocimiento del valor de todos los miembros de una sociedad. Por lo tanto, la articulación entre crecimiento económico, reducción de la pobreza y género planteado por las políticas de desarrollo dominantes y que nos retrotrae a épocas pasadas, podría ser un camino hacia ninguna parte. La alerta que se nos presenta tiene un doble sentido: mientras la agenda de transformación sea descartada, la estrategia instrumental fracasará en aportar algo para las mujeres, ya que lo que se necesita para producir cambios en las políticas parece ser que son más voluntades políticas, que argumentos técnicos. En sintonía con lo anterior, hay interrogantes acerca de la relación entre las luchas históricas por la emancipación de las mujeres y el actual discurso y práctica de la eficacia de la ayuda y la igualdad de género a nivel local, y sobre si estas nuevas propuestas «capturan» en sus instrumentos el verdadero sentido de las demandas de las mujeres.

Por último, otras autoras (Wallace, 2007; Stubbs, 2005; Tan, 2005; Oppenheim-Mason, 2006) señalan algunos puntos de atención sobre las tendencias actuales que dirigen y afectan la calidad de la ayuda, quién accede a la misma y quién la usa. Un primer aspecto de preocupación está relacionado con el incremento de la ayuda y su creciente canalización a agencias multilaterales como el Banco Mundial, Naciones Unidas y la Comisión Europea. Según Wallace (2007: 1) ninguna de estas agencias se ha distinguido, hasta el momento, por abordar significativamente los derechos de las mujeres y la pobreza en que viven una gran mayoría de ellas. Una segunda está ligada a las dificultades de aplicación de las nuevas modalidades, como es el caso del apoyo directo a presupuestos que plantean importantes problemas de seguimiento y rendición de cuentas al fundirse los recursos en los presupuestos nacionales sin que se hayan reajustado previamente sus metodologías desde enfoques que respondan a presupuestos por resultados. En muchos casos la solución es dar voz a las mujeres y apoyar a las organizaciones de mujeres con el objeto de generar capacidades suficientes para fiscalizar los fondos de los donantes. Este aspecto, siendo muy importante, plantea, en numerosos contextos tensiones relativas a la representación de los grupos y a los consensos para la definición de prioridades estratégicas. Por otra parte, argumentan, que los enfoques basados en programas han tendido a hacer a los Ministros de Finanzas actores poderosos en la definición de las acciones de desarrollo, estando en muchos casos lejanos a cualquier compromiso con la igualdad de género. Una tercera es la manera en que la ayuda es desembolsada. Los actuales sistemas de financiación están creando una fuerte cultura de respuesta a las demandas de los donantes desde una perspectiva más técnica que política, en la que escasamente podemos identificar evidencias de los compromisos reales para abordar las relaciones de poder que activamente desempoderan a las mujeres (De la Cruz, 2007b: 121-122).

En este punto es importante señalar que si bien la Declaración de París presta gran atención a la mecánica de la ayuda, reconoce las dimensiones políticas de la misma y la necesidad de un enfoque más coherente en relación a las mismas (párrafos 37-42). La sección sobre armonización señala la necesidad de trabajar más coherentemente sobre la agenda de gobernabilidad en los estados frágiles (Estados en conflicto, saliendo de conflictos o en situaciones de postconflicto), así como la necesidad de un enfoque armonizado para la evaluación medioambiental. Asimismo, el párrafo 42 expresa que «estos esfuerzos son también necesarios en los otros temas transversales como la igualdad de género», como única mención a este tema a lo largo de toda la Declaración. Esto no parecería una simple omisión, sino el resultado de teorías de cambio supuestamente apolíticas, lineales, y tecnocráticas, que en aras de la eficacia, pretende hacer de los aspectos de procedimientos y técnicos, una prioridad. Los enfoques, herramientas, marcos y mecanismos aparecen como instrumentos sustitutivos de cambios profundos en resultados e impactos. La coincidencia entre el mundo que describen y cualquier relación existente entre mujeres y hombres en la actualidad es, simplemente, parcial. Ningún párrafo de la Declaración aborda la naturaleza de género de la pobreza, creando una escasa confianza en que se pongan los medios para abordarla y se continúe con las actuales recetas. Sin embargo, en el proceso de preparación del III Foro de Alto Nivel de Accra[17] y en el propio Foro han surgido nuevos consensos y algunas propuestas más prometedoras entre la comunidad de donantes y los países asociados. Uno de estos consensos se refiere a los «temas transversales», entre los que se encuentran los de género, considerándolos no solo como temas de la práctica del desarrollo sino más bien temas universales que están en el centro de la existencia humana. Desde esta perspectiva, se añade que es necesario dejar de referirse a ellos como «temas transversales» y mencionarlos como lo que son, sostenibilidad de género, de derechos y medioambiental, situándolos en el ámbito de los objetivos de desarrollo, más que en los aspectos técnicos. Otras propuestas se pueden identificar en el texto de la Agenda de Acción de Accra (AAA), recientemente aprobada en el Tercer Foro de Alto Nivel para el seguimiento de la aplicación de la Declaración de París, y aunque no son contundentes, incorporan, por ejemplo, un lenguaje más coherente y claro al respecto, cuando señala que

la igualdad de género, el respeto de los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental son puntos claves para lograr un impacto duradero en la vida y potencial en la vida de las mujeres pobres, hombres y niños y niñas; o cuando menciona que es «vital que todas nuestras políticas aborden estas cuestiones de una manera más sistemática y coherente (párrafo 3)»,

y que tanto donantes como países asociados también se comprometen a

asegurar que sus respectivas políticas y programas de desarrollo se diseñen e implementen de manera consistente con sus compromisos internacionales en materia de igualdad de género, derechos humanos, personas con discapacidad y sostenibilidad medioambiental (párrafo 13).

Asimismo, la AAA reconoce la necesidad de mejorar la disponibilidad de información estadística desagregada por género, región y estatus socioeconómico, contribuyendo a fortalecer el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas (párrafo 23a). Si hacemos un balance de lo avanzado, de 32 párrafos que conforman la AAA solo tres incluyen compromisos que puedan contribuir al avance de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. El resultado es, sin duda, muy limitado.

Según Craviotto (2008: 4), dichos avances se ven socavados por la falta de nuevas metas o compromisos de seguimiento (por ejemplo, nuevos indicadores) hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Tampoco se identifican compromisos en torno a los recursos necesarios para llevar a cabo los consensos alcanzados, lo que muestra, una vez más, el escaso compromiso político de los países donantes y asociados, así como de las agencias multilaterales, para hacer de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres una prioridad en el proceso de reforma de la ayuda. En cuanto al reconocimiento de la sociedad civil como actor del desarrollo por derecho propio (párrafo 20), no hay mención alguna al establecimiento de mecanismos claros de financiamiento para apoyar su participación, ni un compromiso explícito para asegurar dicha participación en cada una de las etapas de los procesos nacionales de desarrollo (como la planificación, programación, gestión, monitoreo y evaluación de la ayuda). Por último, señalar que la AAA se queda a medio camino, ya que no identifica mecanismos para monitorear hasta qué punto las asignaciones de ayuda corresponden a las prioridades nacionales, así como a las necesidades de las personas, y si contribuyen o no, en términos de impacto, al avance de la igualdad de género, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. En la misma línea de lo que argumentábamos para la Declaración de París, las obligaciones basadas en los acuerdos regionales e internacionales sobre desarrollo, género y derechos humanos deberían ser el marco normativo y organizativo de la rendición de cuentas en el sistema de la ayuda. El lenguaje de la AAA es también muy vago en ese sentido.

Con sus éxitos y sus frustraciones, los avances mencionados son el resultado de la eficaz y persistente acción de incidencia de las organizaciones de mujeres, y representan una oportunidad para mover dichos temas de los márgenes de la política, al centro de desarrollo[18].

Los debates y propuestas del movimiento de mujeres

En los últimos años, la incidencia sobre aquellas instituciones que definen la cantidad, calidad y mecanismos a través de los cuales los flujos de la ayuda pasan de países donantes a sus asociados, ha tenido ocupadas y preocupadas a las organizaciones de mujeres y a las activistas de derechos humanos. Su involucramiento en los debates y procesos en torno a la Agenda de la Eficacia de la Ayuda y del Financiamiento para el Desarrollo les ha permitido abrir espacios para su participación donde las puertas se cerraban previamente, influir sobre el lenguaje y contenido de las agendas, y presentar una serie de recomendaciones a los gobiernos. Estas recomendaciones fueron impulsadas en distintas consultas a nivel internacional y regional, posibilitando alcanzar, en algunas ocasiones, acuerdos de mínimos en un contexto de escasa voluntad política. El movimiento de mujeres organizado en torno a estos debates[19], ha elaborado también un sinnúmero de documentos en los que abordan lo que consideran los temas críticos de este proceso.

Parten del supuesto de que la lucha contra la pobreza y las desigualdades debe ser contextualizada en una red de relaciones y procesos políticos donde se confrontan las desigualdades estructurales y las determinaciones de inclusión y exclusión de los diferentes grupos. Añaden que deben hacerse mayores esfuerzos para abordar los desafíos sistémicos internacionales y nacionales de la financiación para el desarrollo marcado por una intensificación de las políticas comerciales carentes de regulación, y de un proceso de liberalización financiera que a menudo contienen consecuencias negativas impredecibles para la productividad, el crecimiento, el empleo, la erradicación de la pobreza y las metas de distribución de ingresos. Consideran que la actual crisis de cambio climático, alimenticia y financiera son realidades críticas en un ambiente volátil marcado por un proceso confuso de especulación de los mercados. Como mencionamos anteriormente, para estas organizaciones, un análisis de género generaría nuevas preguntas sobre la conexión de estas tendencias y volatilidades, como por ejemplo: a) los salarios, empleo y el trabajo no-remunerado de las mujeres, b) estado de las capacidades sociales reproductivas y de protección, c) las responsabilidades compartidas en los países y en los hogares de los riesgos y las crisis financieras[20].

Indican, también, el riesgo de abandono de la responsabilidad de los donantes frente a temas de igualdad de género ante el criterio de «apropiación» de los países y su responsabilidad para definir sus prioridades, y de reducción de los espacios para acceder a los fondos globales, sustanciales y plurianuales, y a su negociación por parte de las organizaciones de mujeres. Esta situación haría aún más visibles las relaciones asimétricas de poder en el marco de la financiación para el desarrollo por lo que llaman la atención sobre la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas de la ayuda en la mayoría de los países. Señalan también el riesgo de que las demandas y propuestas de las mujeres pueden pasar desapercibidas dada la preferencia de asociación con los gobiernos y el amplio espectro de actores que requieren los consensos nacionales. Ponen, igualmente, énfasis en la necesidad de respetar la diversidad de grupos organizados y en el cuestionamiento de los enfoques a partir de los cuales las ONG son vistas solo como canales de prestación de servicios. En este sentido, subrayan que las contribuciones y papeles de las organizaciones de mujeres son clave para el desarrollo democrático y sostenible, y son centrales para una apropiación democrática. Proponen definir la apropiación democrática y participativa como principio rector de la aplicación de la Declaración, sin establecer nuevas formas de condicionalidad. Ello incluye, entre otros elementos, el compromiso de los gobiernos de apoyar las condiciones necesarias para que la sociedad civil y las organizaciones por los derechos de las mujeres participen en los procesos de diseño, planificación, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas y programas (Craviotto, 2008: 2).

Otra de las preocupaciones mencionadas es la necesidad de la definición de un sistema de gobernabilidad global y multilateral de AOD para negociar los acuerdos de reforma de la ayuda de manera más transparente y democrática. Dicha negociación debería ir más allá del carácter meramente técnico de los compromisos y procesos, para situarla fuera de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y su Comité de Ayuda al Desarrollo que representa mayoritariamente a un grupo de donantes, e instalarla en espacios más democráticos e inclusivos y con un claro enfoque de desarrollo como el Foro de Cooperación al Desarrollo del Consejo Económico y Social, promovido por Naciones Unidas.

Redes europeas como WIDE (Women in Development Europe) sostienen que, aun considerando los esfuerzos realizados, por su relevancia como mayor donante del mundo, la Unión Europea (UE) debe cumplir con sus compromisos internacionales y regionales en materia de género y desarrollo. De este modo, debe emprender un esfuerzo para armonizar y consolidar un diálogo político con sus países socios en el Sur en torno a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y apoyar —con recursos financieros específicos— la implementación de los compromisos nacionales en la materia, haciendo de la coherencia entre política y práctica, una marca de calidad de la cooperación al desarrollo europea. Este diálogo debe tener lugar en un contexto de apropiación democrática, acompañado de mecanismos de rendición de cuentas sobre los logros alcanzados, a la vez que vigilado por una sociedad civil fuerte, sobre todo de las organizaciones por los derechos de las mujeres[21].

Uno de los aspectos sobre los que más han insistido ha sido el de definir compromisos concretos sobre los recursos. En este sentido, señalan que los gobiernos donantes deben cumplir con el compromiso histórico de incrementar la ayuda oficial al desarrollo (AOD) hasta el 0,7 % de su PNB[22], adicional al alivio de la deuda, y suministrada a través de subvenciones y no de préstamos. Además, sostienen que los gobiernos deben facilitar información transparente sobre las asignaciones de la AOD, sobre su grado de correspondencia con las necesidades de las personas y hacer públicos los presupuestos del Estado. Basadas, asimismo, en la recomendación de la reunión del grupo de expertas sobre Financiación para la Igualdad de Género de las Naciones Unidas, proponen a los gobiernos alcanzar el 10 % de la AOD para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres antes de 2010 y el 20 % para 2015, estableciendo en el plan de acción de los donantes, países receptores y el CAD estrategias para lograr esa meta, monitorear el desempeño y evaluar el impacto[23].

A la demanda anterior, se añade la de medir los resultados del desarrollo en el marco de la Declaración de París mediante la adopción de los actuales sistemas de informe y seguimiento existentes que se utilizan para evaluar el cumplimiento de los derechos humanos como el Índice Gini[24] de desigualdad del ingreso, o los procedimientos establecidos para el seguimiento del cumplimiento de la CEDAW, los ODM o la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad. En el caso en que se establezcan nuevos indicadores, estos deberían ser elaborados en el contexto de un proceso más inclusivo que incorpore a las poblaciones beneficiarias y al resto de actores locales.

Por último, demandan prestar especial atención a las necesidades y a la restitución de los derechos de las mujeres víctimas en países o contextos frágiles y en comunidades que registran conflictos localizados y ataques xenófobos, mediante la participación de las mujeres en los procesos de construcción de la paz, canalizando ayuda al desarrollo específica para las organizaciones de mujeres con el fin de abordar las preocupaciones y necesidades de las mujeres supervivientes, incluyendo el fortalecimiento de capacidades, el acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva, la información y los servicios, y las acciones para poner fin a la violencia contra las mujeres.

Visto desde la perspectiva de las demandas que no se incorporaron en el proceso, el panorama no parece muy prometedor, sin embargo los análisis y los encuentros e iniciativas[25] que se han puesto en marcha a partir de la aprobación de la Declaración de París señalan nuevas oportunidades. Algunas agencias ya están revisando sus estrategias y valorando la necesidad de mayores y mejores vínculos de trabajo conjunto con los movimientos y organizaciones de mujeres. También, considerando que en los últimos años han surgido nuevos actores privados que a través de sus fundaciones se están incorporando al escenario del financiamiento con grandes fondos globales, sería necesario definir nuevas estrategias de sensibilización orientadas a los mismos.

4. Conclusiones

Como se ha mostrado en este texto, los últimos quince años han sido testigos de importantes cambios en el discurso, y en la asignación y distribución de los flujos de ayuda para el desarrollo, pasando de estrategias de reducción de la pobreza y crecimiento, a enfoques sectoriales y basados en programas, concretados en la reciente Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda, que representa el más alto nivel de consenso y de resolución para reformar y hacer la ayuda más efectiva con el objeto de combatir la pobreza y la desigualdad, incrementar el crecimiento, construir capacidades y acelerar el cumplimiento de los ODM.

Estos cambios han sido tanto la causa como el resultado de una renovada atención sobre los objetivos internacionales de desarrollo, entre los cuales la igualdad de género ha sido uno de los destacados. Sus principios, mecanismos y herramientas presentan, a la vez, nuevos desafíos en el trabajo por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

Los cambios propuestos que van de la ayuda al desarrollo tradicional a un proceso de financiación más inclusivo y participativo liderado por los países, están basados en el reconocimiento de la actual desconexión e incoherencia entre las políticas macroeconómicas y las políticas sociales, y en la necesidad de articular ambos aspectos para alcanzar un desarrollo humano genuino. A pesar de este reconocimiento, las diversas autoras citadas en este texto sostienen que la reforma sobre la efectividad de la AOD no incluye un cuestionamiento al propio modelo económico mundial, ni aborda los desafíos sistémicos internacionales y nacionales de la financiación para el desarrollo marcados por una intensificación de las políticas comerciales carentes de regulación, y de un proceso de liberalización financiera que a menudo contienen consecuencias negativas impredecibles para la productividad, el crecimiento, el empleo, la erradicación de la pobreza y las metas de distribución de ingresos.

La Ayuda al Desarrollo es una herramienta política y una forma de discurso que ha debilitado, en numerosos casos, la capacidad de muchos países para definir su propio desarrollo. Sus modalidades, ya sea como subvenciones o créditos de la comunidad internacional de donantes, son todavía demasiado imprevisibles, y aún demasiado cargadas de condicionalidades sociales, políticas y económicas para que permitan alcanzar las metas del milenio en 2015. Es por esto que las propuestas conceptuales que están en la base de las nuevas reformas y sus correspondientes instrumentos operativos permanecen, todavía, sujetos al control de los países del norte que actúan como «donantes» y financistas de los programas de desarrollo. La oferta de servicios esenciales para las mujeres y sus comunidades, el financiamiento de las organizaciones de mujeres en el mundo, y de muchos Mecanismos para la Igualdad de Género, dependen mayoritariamente de la agenda de desarrollo definida por los actores internacionales y las instituciones financieras internacionales.

Dicho esto, parece que una solución legítima para resolver estos problemas, y así lo expresan las organizaciones de mujeres implicadas en este debate, estaría basada en corregir las desigualdades del sistema financiero y económico global, entre cuyos aspectos relevantes se encuentra el tema de la deuda y los términos desiguales del comercio. En este sentido, movilizar recursos para el desarrollo requeriría tanto de demandas de un incremento de la AOD como parte de una política de redistribución de los ingresos a nivel internacional, como de cambios en el sistema económico mundial para permitir que los países en desarrollo puedan movilizar sus propios recursos, definir sus propios objetivos de desarrollo, y reducir su dependencia de la ayuda. De esta manera, se pasaría del actual marco de desarrollo definido por las instituciones financieras internacionales, a promover una asociación global real.

Podemos, asimismo, afirmar que hasta el momento se han dado avances muy limitados en la asignación y distribución de recursos para traducir en medidas o acciones los compromisos realizados en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. En algunos contextos se menciona que se ha puesto un excesivo énfasis en la «transversalidad de género», lo que ha resultado en un recorte sustancial en los fondos dirigidos a las mujeres y en la eliminación de las discriminaciones de género. Presentado en forma de herramientas, marcos y mecanismos, el género aparece como neutralizado del intento y voluntad política, y de las teorías de cambio implícitas en el discurso de la eficacia de la ayuda. Y si algo se ha tratado de mostrar en este texto ha sido, precisamente, la naturaleza y el impacto de género de estas políticas y modalidades.

La reforma de la Declaración de París se ha centrado, básicamente, en mejorar la eficiencia y eficacia de las disposiciones financieras y administrativas necesarias para la distribución de los flujos de la ayuda, a través de nuevas modalidades que dan contenido operativo a las bases conceptuales de esta nueva arquitectura. En este sentido, el texto muestra la existencia de una creciente conciencia sobre la importancia de incluir un análisis adecuado del papel y las necesidades de la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en los cambios a realizar, si verdaderamente se pretende avanzar en la efectividad del desarrollo. Si no se ponen en marcha estas cuestiones sustantivas, existe un riesgo de que las oportunidades que pueda ofrecer la aplicación de la Declaración de París no se materialicen y las reformas propuestas no tengan el impacto deseado.

Por otra parte, las organizaciones y redes de mujeres que han identificado estas oportunidades y marcado las preocupaciones y riesgos del proceso en numerosos encuentros, han reiterado que tanto la igualdad de género como el empoderamiento de las mujeres son la piedra angular para el logro de los resultados de desarrollo, y que se puede avanzar en su aplicación dotando de contenido y recursos a la aplicación de los principios de la Declaración de París. A la par que se proponen estas cuestiones, los resultados alcanzados en estos procesos muestran la amplia brecha existente entre las aspiraciones feministas de transformación social y los limitados, aunque importantes, logros. La igualdad de género podría ser difícil de resolver en el contexto de las políticas y prácticas de desarrollo, donde el «género» en su articulación con las políticas de desarrollo se ha transformado en un aspecto técnico, y las resistencias en las burocracias responsables de la cooperación al desarrollo son más sostenidas de lo previsto. Pudiera parecer, asimismo, que el «techo» actual está en la «incorporación del género» en las maneras existentes de hacer y organizar la práctica, y no a través de una transformación discursiva y organizacional, donde la política puede ser entendida como algo dinámico que involucre arreglos institucionales, discursos contrapuestos y una amplia gama de actores con diversos intereses.

De los análisis citados en este texto, y de las propuestas de las organizaciones de mujeres, se perfila una estrategia de doble vía que orientaría el camino a seguir en un futuro inmediato. Por un lado, se requeriría profundizar en las demandas ya elaboradas en torno al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos en la reforma de la ayuda y la igualdad de género, y por otro, revisar las agendas feministas y su relación con el desarrollo desde una perspectiva más amplia, que tenga en cuenta los nuevos escenarios globales y sus relaciones económicas en un ambiente volátil marcado por un proceso confuso de especulación de los mercados. Como mencionamos anteriormente, para estas organizaciones, un análisis de género generaría nuevas preguntas sobre la conexión de estas tendencias y volatilidades, para revelar las contradicciones de las intervenciones de desarrollo. Se reafirma, de esta manera, la importancia de la crítica reflexiva como una parte vital del involucramiento feminista con el desarrollo. Si se señalan los límites de los marcos e intervenciones existentes se puede contribuir a subrayar algunos temas clave que de otra manera quedan invisibilizados, así como poner a debate algunos presupuestos dados por válidos. Hay que recordar aquí que si bien los análisis del feminismo que dieron cuerpo a las propuestas de los enfoques de género en el desarrollo en los 70 contienen numerosos elementos que siguen siendo centrales para las mujeres en el mundo, treinta años después han surgido nuevos conceptos y herramientas, y se han definido nuevos énfasis desde el campo del feminismo y de los estudios de género que permiten nuevas aproximaciones. A la vez, y como hemos mencionado anteriormente, vemos que muchos conceptos han sido asumidos y apropiados por la institucionalidad del desarrollo quitándole contenido político lo que no nos permite ver la manera altamente política con la que los actores y las instituciones del desarrollo abordan a las mujeres. Estas revisiones demandarían no solo una reflexión y reposicionamiento en estos tiempos de cambio sino también valorar lo que conlleva hacer que el cambio tenga lugar. Para desafiar y transformar las relaciones de poder desde una visión feminista necesitamos recuperar y reafirmar las dimensiones liberadoras de conceptos claves, tales como el empoderamiento y la agencia, reafirmando sus asociaciones con formas de acción colectiva que involucren posibilidades de transformación social.

Para concluir en la línea de las argumentaciones anteriores y las propuestas de las organizaciones de mujeres, destacamos algunos elementos que parecen centrales para futuros progresos en este debate como son: la «repolitización» el proyecto del feminismo en su compromiso con el desarrollo, dando respuestas al difícil escenario internacional actual; la revitalización del discurso y la práctica de los derechos desde una ética de justicia socioeconómica, y no desde una versión instrumental donde las mujeres sean consideradas útiles para las políticas de desarrollo; así como la promoción de una verdadera arquitectura de género en el sistema global de desarrollo.

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Capítulo 9
El derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia[26]

Marcela Lagarde

1. El paradigma feminista: la violencia contra las mujeres y los derechos humanos

En las últimas décadas se ha hecho explícito en una gran parte del mundo el rechazo a la violencia contra las mujeres. Movimientos feministas y de mujeres de diversos países y redes internacionales han expresado su repudio a la violencia, denunciado y exigido castigo y justicia y desvelado la enorme impunidad que marca los delitos violentos de género.

Cambios estructurales en la organización socioeconómica de género aunados a movimientos sociales por la igualdad de género y la libertad han incidido en países desarrollados y democráticos, en diversos avances legislativos para garantizar el derecho de las mujeres a vivir sin violencia y en políticas de gobierno con ese objetivo. Aún en el entramado de la organización social patriarcal, exigidos por dichos movimientos o por compromisos internacionales, una parte importante de países se reforman y avanzan en la eliminación de la violencia contra las mujeres.

La Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer contiene una definición sobre la violencia que sintetiza el pensamiento feminista y ha sido base de la mayoría de las leyes vigentes en el mundo: «… por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como amenazas a tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada».

La evaluación histórica de la construcción de la democracia y el desarrollo social encuentra en las transformaciones progresistas de género y en la eliminación de la violencia social e institucional contra las mujeres uno de sus más precisos indicadores. No es una coincidencia que situaciones sociales de mayor igualdad y equidad genéricas y menor violencia de género se dan en países en que se articulan democracia igualitaria con desarrollo social equitativo y calidad de vida (Lagarde, 2001: 113-155). Es evidente, también, que esto no se produce por un progreso obligado sino por el establecimiento consciente de políticas que tienen esos objetivos y, desde luego, por los avances de las mujeres logrados por muy distintas vías.

A su vez, movimientos sociales y gobiernos han incidido en organismos internacionales vinculados a la ONU y la OEA, el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y otros más, y han logrado que se pronuncien y asuman políticas activas para realizar acciones puntuales destinadas a la eliminación de la violencia y la discriminación de género, así como a avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres. La mayoría de esas políticas se conocen con el nombre de perspectiva de género o transversalidad de género, con variados contenidos temáticos.

Patriarcalismo y derechos humanos de las mujeres

Sin embargo, definidos por un patriarcalismo más autoritario y, en general, menor desarrollo socioeconómico, gobiernos, instituciones y organizaciones civiles, militares y religiosas de diversos países y sus poderosos hombres, defienden su derecho a oprimir y violentar a las mujeres. Sostienen, asimismo, la desigualdad natural y la inferioridad de las mujeres en relación con los hombres. Ellos gozan de supremacía sexual, social, económica, política, jurídica y cultural, emanada, entre otras fuentes, de su poder de dominio sobre las mujeres.

Cierta retórica misógina reivindica contenidos contrarios a los derechos de las mujeres y a favor de la dominación patriarcal. Es parte de creencias religiosas e ideologías identitarias de tipo genealógico, tribal y clánico, étnico, nacionalista y multiculturalista de signo relativista. Su defensa se realiza en el marco de conflictos postcoloniales, guerras o invasiones imperialistas de algunos países occidentales contra otros países. Son esgrimidos en controversia como respuesta a la pésima intervención de organismos internacionales en conflictos armados, hambrunas, epidemias y problemas de desplazamiento y refugio.

En muchos casos, la noción de los derechos humanos ha llegado con tropas extranjeras, ha sido impuesta de forma violenta o autoritaria, como mecanismo de acceso a financiamiento internacional o condicionamiento a los Estados para tener derecho de participación política en organismos internacionales. Algo parecido sucedió con los derechos del hombre cuya exportación estuvo a cargo de ejércitos, conquistadores y administradores coloniales o imperiales.

La vindicación patriarcal se presenta también en conflictos de clase, casta y étnicos en un mismo país, como el contenido de la identidad amenazada, en riesgo o dañada. Siempre se agudiza en confrontaciones de supremacismo cultural y de mundo. Se atribuye valor moral positivo a las normas, las prácticas y la cultura patriarcal por ser «propias» lo que en ese discurso significa verdaderas, auténticas, buenas, puras y, desde luego, mejores. Así se genera un supremacismo inverso y lo patriarcal propio es superior a los derechos humanos que no son propios. No son auténticos, son contaminantes de la invocada pureza cultural.

Los derechos de las mujeres surgieron en países occidentales modernos y su asociación con ellos es tal que, en la lógica binaria de confrontación Oriente/Occidente, estar a favor de la igualdad genérica y los derechos de las mujeres, es interpretado como occidentalizante. De ahí a asociarlo al neocolonialismo, al imperialismo o al neoliberalismo solo ha habido un paso. Es importante advertir cómo coinciden en su rechazo líderes e instituciones religiosas cristianas, islamistas y judías cuyos ámbitos de incidencia se encuentran en Oriente y Occidente.

Es evidente que no todo Occidente es proclive a los derechos humanos en general y en particular a los derechos humanos de las mujeres. La mayoría de las mujeres de países occidentales no goza de una ciudadanía plena ni de derechos humanos. Es más, en países en que se reconocen estos derechos, hay corrientes y expresiones sociales que están en contra y actúan a través de partidos y asociaciones políticas y religiosas que despliegan acciones ideológicas y políticas contrarias a su vigencia. En general, gobiernos y partidos políticos de derecha ponen en duda derechos vigentes y es significativo que van por la eliminación de derechos sexuales y reproductivos, así como de libertades fundamentales. Convocan a manifestaciones en contra, a consulta y referéndum, hostilizan y agreden violentamente a quien protege o garantiza el ejercicio de derechos a las mujeres y a las mujeres mismas. Gobiernos que incumplen con su deber de garantizarlos y no lo hacen. Los derechos logrados no acaban de consolidarse.

En los países en que se han construido derechos de tipo educativos, laborales, civiles, políticos de las mujeres, y donde se ha avanzado en la construcción de sus derechos humanos, ha sido con enormes esfuerzos políticos de diversa índole. Siempre se ha iniciado dicha construcción en oposición al orden de poder establecido, en muchos casos por fuerzas y movimientos minoritarios que han debido argumentar públicamente, debatir y hacer presión social a través de movilizaciones y acciones. En términos del lenguaje político se ha tratado de una lucha política, enfrentada en minoría y desventaja por quienes la impulsan, principalmente movimientos feministas y de mujeres y, en ocasiones puntuales, otros movimientos emancipatorios.

La visión de los derechos humanos de las mujeres es producto de la modernidad y, quienes se le oponen, asocian lo moderno a Occidente, como si la modernidad fuese unitaria y además atributo exclusivo y absoluto de un Occidente sin fisuras ni diferencias y como si otros mundos no pudiesen asumir su propia modernidad. Por eso, para quienes ven el mundo así y se benefician de la dominación de las mujeres o de cualquier manera de lo patriarcal, estar en el ámbito de su influencia o asumir esa visión, resulta amenazante. La modernidad fue impulsada en muchos países como parte del colonialismo y el neocolonialismo, con expansiones imperialistas diversas. Ligada a prácticas hegemónicas y a procesos devastadores e injustos, se ha convertido para diversas mentalidades en atributo de los dominadores. Además, aun dentro del mismo país, para quienes están bajo dominio, la modernidad ha sido lo negado, lo inalcanzable y, para quienes dominan, está cargada de poder y supremacismo.

Por eso no es casual que los derechos de las mujeres sean presentados en confrontaciones ideológicas como privilegios y no como derechos. En realidad, el acceso de las mujeres al goce de sus derechos está determinado no solo por el género, sino por la clase o la casta, el estamento, la etnia y otras condiciones sociales. Si hay mujeres que gozan relativamente de algunos derechos se hace creer que es a costa de quienes no gozan de ellos. Así, en lugar de que las mujeres, por ser mujeres, puedan aspirar a gozar de derechos modernos que impregnen el género y todo su ser condicionado por todas sus circunstancias, desde ideologías sectarias se tiende a rechazarlos como privilegios género-clase, género-etnia, género-edad y a afirmar como sus opuestos positivos, contenidos conservadores patriarcales, exaltados como tradición de clase, de etnia, de edad y de otras condiciones sociales, jurídicas o culturales, de mundo. En otra variante ideológica se revisa el argumento de lo intrínseco de los derechos humanos y se afirma que al existir, las mujeres ya los tenemos. Entonces se nos dice: ¿qué más quieren?

Las posiciones contrarias a los derechos humanos influyen y hacen mella en las mujeres, cuyas reacciones son, muchas veces, de resquemor y escepticismo o de rechazo. Las mujeres son colocadas entre la lealtad a su cultura, su grupo, su mundo y la asunción de la filosofía y la práctica de estos derechos en sus propias vidas, en su sociedad, en su mundo.

Con todo, es notable que otros aspectos de la modernidad sean asumidos y adoptados sin reparo si se benefician con ello élites gobernantes, grupos empresariales y financieros, dirigentes, movimientos civiles, religiosos o militares y, en términos genéricos, los hombres de esos grupos y países. Defender lo propio frente a la amenaza es convertido en la afirmación conservadora de usos, costumbres, normas y tradiciones patriarcales. Como si el orden del género patriarcal fuese el ethos del pueblo, del grupo o de la nación[27].

El feminismo y la filosofía de los derechos humanos

La concepción filosófica y ética de los derechos humanos ha dado soporte y legitimidad durante más de medio siglo a los movimientos de mujeres y feministas en la defensa de la integridad y la libertad de las mujeres. Se han cobijado en uno de los acuerdos sustantivos del siglo XX: la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La huella feminista en la Declaración se encuentra en el impulso de Eleonor Roosevelt[28] y otras feministas, a su aprobación y está impregnada también en el contenido. Destacan la concepción de la categoría de seres humanos[29], incluyente de mujeres y hombres, y la de universalidad[30], es decir, todas las mujeres y todos los hombres son sujetos de todos los derechos que se enuncian en sus 30 artículos. Seres humanos y universalidad son dos categorías articuladas que sintetizan una crítica feminista radical a la modernidad, y contribuyen a que la Declaración Universal sea un texto paradigmático.

Desde entonces, cada movimiento, cada ola del feminismo, cada una de nosotras ha debido descubrir y aprender la relación histórica y filosófica entre feminismo y derechos humanos. Ser parte del movimiento por los derechos humanos también ha permitido a los movimientos feministas reivindicativos y a los feminismos filosóficos, teóricos, académicos e institucionales, enfrentar estigmas y prejuicios misóginos antifeministas, por la autoridad reconocida a la filosofía de los derechos humanos en gran parte del mundo.

El aporte sustantivo del feminismo a los derechos humanos está en la tesis que reconoce a los seres humanos mujeres y hombres como equivalentes (Valcárcel, 1997: 53-69) y como sujetos de derechos humanos. Su aporte nodal es la afirmación de la condición humana de las mujeres, la humanidad de las humanas (Lagarde, 1996: 111-124).

Desde sus orígenes ilustrados el feminismo centró la crítica a la modernidad en la exclusión de las mujeres, es decir, en no haber incorporado a las mujeres en la igualdad social, política y jurídica, y en el pacto social constituyente del Estado, al que contribuyeron a crear. Dos siglos y medio más tarde y merced a cientos de movimientos locales, regionales y mundiales de feministas y de movimientos de mujeres en pos de derechos y libertades, la ONU aprobó una Declaración que define una visión integradora, abarcadora y universal de lo que desde entonces llamamos derechos humanos vinculante para los gobiernos que la suscriben. Múltiples son los hechos históricos en los que el feminismo ha estado presente en la concepción y la construcción de los derechos humanos y, probablemente, no habría esa concepción ni esa construcción política sin el feminismo.

No ha sido una sintonía sencilla. Sería inimaginable sin la incidencia de la filosofía política del feminismo y sin las feministas y las mujeres insignes que han propiciado infinidad de puntos de encuentro políticos y de convergencia analítica. Convencer de la universalidad de los derechos de género de las mujeres a quienes se basan en poderes de dominación de género para ocupar posiciones o se benefician de dichos poderes es complicado, porque la visión feminista desmonta los argumentos que legitiman la dominación.

En 1993, dieciséis años después de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, celebrada en 1979, la ONU emitió la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En ella se avanza al considerar que

la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre.

Diversas organizaciones feministas y de mujeres, realizaron una potente Campaña Mundial por los Derechos Humanos de las Mujeres[31]. Llegaron a la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Viena, con medio millón de firmas que avalaron su exigencia de que la Conferencia «aborde íntegramente los derechos humanos de manos de las mujeres en todos los niveles de su desarrollo y reconozca la violencia de género, un fenómeno universal que adopta muchas formas en todas las culturas, razas, clases…como una violación de los derechos humanos que exige acciones inmediatas» (Bunch, 2000).

Una de las vías argumentales de este movimiento consistió en visibilizar la violencia e identificarla, denunciarla y convertirla en un problema para la democracia, hacer de su eliminación camino obligado para la democracia y la paz. Se realizó el Tribunal Mundial sobre Violaciones a los Derechos Humanos de las Mujeres. Ahí se presentaron testimonios de actos terribles de violación a los derechos de las mujeres caracterizados por la violencia de género. A partir de entonces ha sido posible identificar la violencia específica de género con la violación de los derechos humanos.

La Conferencia de Viena, «profundamente preocupada por las diversas formas de discriminación y violencia a las que siguen expuestas las mujeres en todo el mundo», declaró, finalmente: «Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales». La Declaración enfatizó que:

La violencia y todas las formas de acoso y explotación sexuales, en particular las derivadas de prejuicios culturales y de la trata internacional de personas son incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana y deben ser eliminadas.

El impacto de la Conferencia ha sido enorme y se concretó de manera inmediata en la Conferencia Mundial de Beijing en 1995. Su Declaración y su Plataforma de Acción abordan la construcción práctica de las condiciones favorables para eliminar la violencia y todas las formas de discriminación, y para construir los derechos humanos de las mujeres de acuerdo a su situación en cada país, a través de vías de desarrollo y democracia y del establecimiento de la paz. La construcción de esta alternativa paradigmática ha sido muy compleja porque implica concatenar esfuerzos de instancias heterogéneas, contradictorias, inestables y, en ocasiones, débiles e insuficientes, tanto civiles, como gubernamentales y de organismos internacionales para impulsar una política que debería ser potente, articulada y eficaz. El movimiento feminista y de mujeres estableció en Beijing un tribunal mundial sobre la rendición de cuentas respecto a los Derechos Humanos de las Mujeres (Bunch, 2000: 287).

La violencia familiar y la invisibilización de la violencia de género

En algunos países de América Latina, entre ellos México, el impulso logró concretarse en leyes y en la creación de algunas instituciones. Sin embargo, la legislación inicial para enfrentar la violencia contra las mujeres, no encontró terreno fértil para siquiera pensar en su derecho a vivir sin violencia. Las leyes resultantes se llamaron de Violencia Intrafamiliar o Familiar y se inscriben en el derecho de familia. Se argumentó que no solo las mujeres viven violencia sino los niños, las personas mayores y muchos hombres también, y que las mujeres no solo son víctimas sino también agresoras. Incluso, que las niñas también son posibles agresoras.

Estos supuestos se apoyaron, además, en la reducción del territorio de la violencia al ámbito doméstico, por eso también se le llama violencia doméstica. Asimismo, el tinglado de relaciones sociales en el que podría presentarse la violencia fue reducido a la familia, nicho social cuya supervivencia se considera prioritaria en la solución de conflictos familiares violentos. Es decir, la seguridad de las mujeres queda supeditada a la preservación de la familia. Por encima de las necesidades vitales de las mujeres y, en ocasiones, de sus hijas e hijos, se coloca a la familia. No se reconoció la violencia específica contra las mujeres ni su connotación de género.

Con todo, al amparo de las leyes de violencia familiar se propició por lo menos una política gubernamental incipiente, se fundaron instituciones y ministerios públicos especializados y se creó un campo de conocimiento profesional en violencia familiar, con énfasis en la psicología y el derecho, que todavía se enseña en algunas universidades. Todo ello ha contribuido al surgimiento de una creciente conciencia crítica contra la violencia y simpatía con esta causa de las mujeres. Miles y miles de mujeres se han acogido a estas leyes en busca de protección, atención y justicia, pero las acciones emprendidas han sido insuficientes, parciales, no han estado dirigidas a enfrentar las causas de la violencia sino solo a atender a las víctimas.

La violencia de género contra las mujeres en México

Con el transcurso de los años y de los casos se demostró que la mayor parte de las denuncias era hecha por mujeres y que la inmensa mayoría de los agresores eran hombres. Se hizo evidente que otras violencias quedaban fuera, al no tener como escenario lo doméstico y como protagonistas personas que no eran cónyuges ni familiares, sino compañeros de estudios, de trabajo, autoridades y hombres uniformados (policías y soldados), criminales y desconocidos. Fue evidente que había violencia privada y pública contra las mujeres. En dos décadas se hicieron algunas investigaciones parciales, se conoció la problemática aunque prevalecieron vacíos de información. Se mostró que las instituciones, las políticas públicas, el presupuesto destinado y los servicios resultaban insuficientes para enfrentar la problemática real de la violencia.

La información sobre la violencia de género contra las mujeres no es sistemática porque los criterios de registro son diversos sobre la misma materia y porque cada instancia lo hace en función de un enfoque parcial que resulta unilateral o distorsionante. No hay homogeneidad en la consideración sobre la violencia de género, es decir, aquella que se ejerce contra las mujeres por ser mujeres, ubicadas en relaciones de desigualdad en relación con los hombres en la sociedad, y en las instituciones civiles y del Estado. En cada instancia se desechan como violencia de género, con el argumento de que podría haberle ocurrido a cualquier persona mujer u hombre, sin distinción ni especificidad genérica, o se desechan esgrimiendo la edad, el oficio, la actividad o la calidad moral de la víctima o del victimario.

En muchos casos se desestima la importancia social del problema con el argumento de que toda la sociedad es violenta o con la prueba de que hay hechos de violencia que involucran a más hombres que a mujeres, como en las muertes violentas que son en mayor número de hombres.

Por estas y otras razones, prevalece un subregistro, y también por el bajo índice de denuncias que hace suponer en algunos tipos de violencia que la relación es de 10 a 1: una denuncia por cada diez hechos de violencia. No hay una verdadera cultura legal ni de la legalidad entre las mujeres, en parte porque no la hay en el país, salvo para pequeños núcleos, pero sobre todo, por la exclusión legal de las mujeres y porque las leyes y el aparato jurídico y judicial han sido usados contra las mujeres como instrumentos de dominación de género.

Sin embargo, la violencia ha sido documentada en los últimos años de manera parcial y no sistemática, tanto por instituciones del gobierno como de la sociedad civil y por algunos medios de comunicación, universidades, centros de investigación, comisiones de derechos humanos y, ante la gravedad de la violencia contra las mujeres, también han realizado informes y recomendaciones diversos organismos internacionales tanto civiles como de la ONU y de la OEA.

A todo ello se suma la discriminación institucional en el trato gubernamental hacia las mujeres: al acudir en busca de protección institucional del Estado en situaciones de violencia, las mujeres son llevadas a desistirse en pos de intereses superiores a su propia vida y seguridad.

Aun ahora prevalece un rechazo o, en el mejor de los casos, una especie de tolerancia social e institucional a instituciones como los Institutos, las Secretarías y Procuradurías de las Mujeres, a las comisiones de equidad y género de los Congresos, a programas y acciones específicos para mujeres, a presupuestos destinados a enfrentar, por parte del gobierno, las necesidades de las mujeres y eliminar la discriminación. Parecieran concesiones en un mar de atropellos. Esto es complicado porque incluso personal del que dependen el diseño y la aplicación de la transversalidad de género en las políticas de gobierno, están en desacuerdo con la perspectiva de género y con el avance de las mujeres.

La definición misma de la violencia contra las mujeres está a debate pero también sus causas, sus determinaciones, su dialéctica. En el debate intervienen con legitimidad personas ignorantes en la materia tanto en las instituciones, como en los medios de información. Prevalecen creencias diversas: naturalistas, biologicistas, religiosas, mágicas y literarias enmarcadas en el sentido común, muy distantes de concepciones científicas feministas con perspectiva de género y derechos humanos estipuladas en instrumentos internacionales y en las normas vigentes en nuestra vida social.

A nivel gubernamental, las instituciones de salud en cada entidad registran la atención de casos de violencia y la Secretaría de Salud tiene un Centro de Género, el Servicio Médico Forense registra muertes violentas de las mujeres, el INEGI y el CONAPO han realizado investigaciones en el país sobre algunos aspectos parciales de la problemática de la violencia, la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía Especial para Delitos Violentos Contra Mujeres a partir de su creación en 2005. Sin haber dado resultados efectivos, y con un número importante de casos emblemáticos de violencia contra mujeres sin resolver, cometidos, algunos de ellos, por integrantes de cuerpos policíacos y del Ejército. En 2008 fue transformada en Fiscalía Especial para Delitos Violentos contra Mujeres y la Trata de Personas. Las Procuradurías estatales y del Distrito Federal, los Ministerios Públicos que reciben las denuncias y configuran los expedientes, así como los Centros de Readaptación Social registran a quienes purgan penas por diversos tipos de violencia contra las mujeres, también llevan registro.

En los últimos dos años se han creado fiscalías especiales o procuradurías de la mujer en algunas entidades, para recibir denuncias de violencia contra las mujeres. Aunque, como se trata de un proceso, la mayoría de las agencias especializadas todavía se circunscribe a las concepciones anteriores a la nueva legislación y prestan atención a víctimas con un enfoque de violencia intrafamiliar y de delitos sexuales. El poder judicial también registra y da seguimiento a los procesos de violencia contra las mujeres como parte de la impartición de justicia, pero en la mayor parte del país no están sistematizados y la mayoría de los jueces no conoce la nueva legislación.

Las organizaciones civiles y las redes de defensa de los derechos humanos de las mujeres enfrentan la violencia de diversas maneras: la hacen visible, la denuncian, exigen justicia ante la impunidad y, en muchos casos, atienden a mujeres que han sido víctimas. Funcionan, además, observatorios que registran la violencia de género contra las mujeres y las acciones gubernamentales para prevenirla y atenderla. Algunas ONG concentran su esfuerzo en el acceso de las mujeres a la justicia y han presentado varios casos en tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, colaboran con ONG como Amnistía Internacional y son interlocutoras del mecanismo de la ONU que da seguimiento a la CEDAW, y de la OEA a Belém do Pará.

Los Institutos de las Mujeres y otros mecanismos afines aún no intervienen con suficiencia en el registro de la violencia, aunque, en su mayoría, despliegan algún programa parcial de atención a la violencia familiar y, desde el Instituto Nacional de las mujeres hasta los de las entidades federativas, realizan campañas para visibilizar o denunciar la violencia.

En 2002 el Instituto Nacional de las Mujeres impulsó, con el INEGI, como instancia ejecutora, la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres (ENVIM), así como un estudio sobre la situación jurídica de las mujeres en la legislación de las entidades federativas y diversas campañas con desiguales resultados, para visibilizar la violencia y publicó instrumentos internacionales relativos a la eliminación de la discriminación contra las mujeres y a la erradicación de la violencia.

El Instituto Nacional de las Mujeres realizó investigaciones sobre la legislación para promover su transformación y, a través del INEGI, se hizo la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) en 2003 y en 2006.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cuenta con una Visitaduría sobre la violencia contra las mujeres. Su desempeño ha sido ambivalente y contraproducente en algunos casos, como el de Ernestina Ascencio Rosario, anciana náhuatl, cuya muerte violenta tras una violación tumultuaria perpetrada por tres soldados, fue resultado de violencia feminicida. Las intervenciones de la CNDH y del Presidente de la República contribuyeron a desvirtuar los hechos. Ambos sostuvieron que la anciana murió de «gastritis y otros padecimientos propios de la pobreza». De una forma enrarecida exculparon a los soldados y el crimen quedó en la impunidad.

La mayoría de las Comisiones de Derechos Humanos de las entidades federativas no asume la violencia contra las mujeres como un problema de su incumbencia. La Comisión Especial de Feminicidio realizó en 2006 una reunión con todas las comisiones de derechos humanos del país. La mayoría de sus representantes sostuvo que la violencia contra las mujeres no era de su competencia y argumentó que solo actuaban por denuncia contra autoridades por violación de derechos humanos. Por eso destaca que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) informa, por segundo año, sobre la situación de violencia contra las mujeres en la entidad como un problema de violación de derechos humanos.

Los congresos de las entidades federativas intervienen con debilidad y desinterés en la denuncia de la violencia contra las mujeres a través de sus Comisiones de Equidad y Género o de Justicia y Derechos Humanos. Han contribuido al rezago legislativo en la materia a pesar de la situación de violencia contra las mujeres que prevalece en cada circunscripción.

Pero lo que resultó fundamental para que diversas fuerzas, organizaciones e instituciones consideraran la violencia como un problema para el país, fueron los crímenes contra niñas y mujeres en Ciudad Juárez. Entre 1993 y 2006 fueron asesinadas más de 400 mujeres en ese municipio de millón y medio de habitantes para ese entonces. Lo que se inició como una cuenta sobre homicidios realizada por activistas y se tradujo en el lema: ni una muerta más, se fue convirtiendo en el estado de Chihuahua, en México y después en el mundo, en un caso emblemático de violencia de género. El problema se fue conformando, además, como una grave situación de impunidad debido a la falta de resolución de la mayoría de los casos durante muchos años. La impunidad se ha caracterizado también por la omisión y, a lo largo de tres lustros, por una evidente falta de transparencia y de profesionalismo gubernamental y judicial.

Distintos gobiernos locales y nacionales han transitado entre la negación del problema y la salvaguarda de la imagen pública de la ciudad, del país y de los mismos gobiernos, al reconocimiento de un problema y el establecimiento de algunas medidas que a la postre no han sido efectivas. El Presidente de la República nombró una Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez. El Congreso de Chihuahua, además de la Comisión de Equidad, creó la Comisión Especial para Prevenir y Atender los Feminicidios en Ciudad Juárez, en 2006.

El Congreso de la Unión conformó desde la LVIII Legislatura, la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones sobre los homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez; en la LIX Legislatura, la Comisión Especial para Juárez del Senado y en la Cámara de Diputados. En 2003 propuse la creación de una comisión encargada de la problemática ya no solo en Ciudad Juárez, sino en todo el país, y fue aprobada como Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones sobre los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada. Funcionó de 2004 a 2006. Esta comisión fue confirmada en la Legislatura LX que abarca de 2007 a 2009.

Como antropóloga feminista planteé desde 1996 que los considerados crímenes excepcionales y extraños, perpetrados en Ciudad Juárez contra mujeres y niñas, deberían ser analizados y enfrentados como feminicidio, tal como denominaron Diana Russell y Jill Radford (1992: 3), a los crímenes de odio contra las mujeres. Textualmente lo definieron así «feminicidio: asesinato misógino de mujeres cometido por hombres, es una forma de violencia sexual». Hicieron una antología del feminicidio en diversos países producto de trabajos de investigadoras feministas. A la luz de este análisis fue claro que los sucesos de Ciudad Juárez no eran inexplicables ni excepcionales y, además, si se le analizaba desde una perspectiva feminista de violencia sexual podía ser comprendido y, por lo tanto, como problema social sería posible enfrentarlo. Como legisladora me propuse tipificar el delito de feminicidio (Lagarde, 2006).

Sin embargo, me di cuenta que el problema de los crímenes contra mujeres no sucedía solo en Ciudad Juárez sino, también, en otros sitios de México (y del mundo) y no es suficiente en sí misma la tipificación del delito para enfrentar sus causas. Era preciso conocer a fondo el problema y, además, legislar a fondo también. Desde una visión compleja, enfrentar la problemática del feminicidio solo con la penalización del delito era inadecuado y parcial y, además, no iba a las causas, no solo del feminicidio, sino de todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. Había que colocar al feminicidio en el marco de la violencia contra las mujeres. Por eso, fue necesario plantear una alternativa científica, política y jurídica compleja, abarcadora e integral.

La Investigación Diagnóstica sobre Violencia Feminicida

Entre 2005 y 2006 la Comisión Especial de Feminicidio con un equipo de setenta investigadoras y el aval de la Cámara de Diputados, realizó la Investigación Diagnóstica sobre la Violencia Feminicida en la República Mexicana (Lagarde, 2006)46[32].

Es la primera investigación científica, cualitativa y cuantitativa, sobre violencia de género contra las mujeres realizada en México desde una perspectiva feminista de género y derechos humanos de las mujeres. El objetivo central fue documentar específicamente la situación de la violencia feminicida en el país. Al ubicar la violencia feminicida como parte de la violencia de género, se investigaron también diversos tipos y modalidades de violencia, el feminicidio y otras muertes violentas y evitables de las mujeres.

Asimismo, se investigó la condición social y la situación vital de las mujeres en cada entidad federativa a través de la metodología del enfoque del Desarrollo Humano con sus Índices de Género (Lagarde, 2001: 124-188). Así tuvimos una aproximación más segura sobre el conocimiento de la condición y la situación de las mujeres en el contexto estatal y local. Relacionamos la situación de las mujeres en cuanto a sus condiciones de vida, con el tipo, grado y nivel de desarrollo y democracia imperantes en su entidad, para mostrar la generación de la violencia en las condiciones materiales y subjetivas de vida, en la organización genérica local de la sociedad y en la relación entre el Estado mexicano y las mujeres.

Investigamos las políticas gubernamentales para apoyar el avance de las mujeres y el marco jurídico de cada entidad federativa para relacionarlo también con el grado de ciudadanía jurídica de las mujeres.

Al estudiar la violencia en concreto, encontramos que es una dimensión extraordinariamente poderosa de las formas de dominación de género de los hombres sobre las mujeres. Como género, las mujeres en México estamos sometidas en grados diversos a poderes de exclusión, segregación, discriminación y explotación de género, de tipo estructural, por ser mujeres. Dichas formas de opresión están presentes con peculiaridades en todo el país, en todas las edades y las clases sociales, los grupos étnicos y en todos los órdenes y esferas de la vida privada y pública.

Es decir, la violencia de género es parte medular de la opresión de las mujeres. Es más, aunque las interrelaciones entre las diversas formas de opresión son múltiples y simultáneas, unas apoyan a las otras y se nutren de ellas, son a la vez soporte de otras. La violencia es el máximo mecanismo de reproducción de todas las otras formas de opresión y se manifiesta de formas específicas en cada una de ellas.

Entre los resultados más relevantes de la Investigación está la generación de información oficial sobre la gravedad, en cifras, de los homicidios de mujeres entidad por entidad, su sistematización y su relación con las otras modalidades de violencia, algo desconocido hasta entonces.

Los datos son alarmantes[33]:

1205

niñas y mujeres fueron asesinadas en todo el país en 2004

4

niñas y mujeres fueron asesinadas cada día

más de 6000

niñas y mujeres fueron asesinadas en 6 años, 1999-2005

más de 12 000 niñas

y mujeres fueron asesinadas en 10 años, 1999-2008

Esta síntesis de cifras reveló que el feminicidio es grave en el país y, de manera específica, en algunas localidades, y no solo en Ciudad Juárez.

Sin violencia —en tanto poder de dominio— no sería posible mantener a las mujeres en un nivel de desarrollo inferior al de los hombres, ni habría brechas de género entre unas y otros, los hombres no someterían a las mujeres, ni monopolizarían poderes públicos y privados, sexuales, económicos, sociales, políticos, jurídicos y culturales, como lo hacen. Sin la violencia de género contra las mujeres los hombres no accederían a condiciones relativamente mejores de vida, no tendrían a las mujeres como soporte de su desarrollo ni como entes jerárquicamente inferiores sobre los cuales descargar su enajenación.

Escucho y leo constantemente el discurso que ubica la violencia contra las mujeres como un problema cultural que se resolverá con educación. En algunos casos incluso con oraciones y rezos religiosos, o con llamadas de tipo moral a todos, mujeres y hombres, a ser buenos. Erradicarla como define la Convención Belém do Pará, implica ir a sus raíces estructurales y desmontarlas.

En la Investigación Diagnóstica constatamos que la violencia de género contra las mujeres es estructural porque el orden social, es decir, la organización de la vida social es patriarcal[34]. Se trata de una sólida construcción de relaciones, prácticas e instituciones sociales (incluso del Estado) que generan, preservan y reproducen poderes (acceso, privilegios, jerarquías, monopolios, control) de los hombres sobre las mujeres y, al mismo tiempo, conculcan poderes sociales —sexuales, económicos, políticos, jurídicos y culturales— a las mujeres.

La cultura, efectivamente enmarca, nombra y da sentido, legitima, traduce y reproduce, en parte, dicha organización social. No la genera, aunque actúe dialécticamente con la sociedad. La educación es solo una dimensión de la cultura. Aunque se transformen los contenidos educativos y la educación tenga como contenido la democracia genérica y los derechos humanos, si no se modifican la sexualidad, el papel y la posición de los géneros en las relaciones económicas, las estructuras e instituciones sociales, las relaciones en todos los ámbitos sociales, la participación social y política de las mujeres, las leyes y los procesos judiciales, no se eliminará la violencia contra las mujeres. Y, desde luego, si no se modifica radicalmente la condición de género de los hombres, la violencia contra las mujeres continuará.

Conforme se establecen formas de convivencia equitativa entre mujeres y hombres, la violencia disminuye y algunos tipos de violencia contra las mujeres no se presentan más en algunos ámbitos sociales, como lo prueba la relación entre el desarrollo de las mujeres y la disminución de la violencia en los países cuyos indicadores de desarrollo y democracia aunados a los de género corresponden con mujeres empoderadas socialmente, con hombres acotados en el ejercicio de formas autoritarias y violentas, cuya condición de género no está basada en la dominación, y con Estados reformados democrática y genéricamente.

Es preocupante que diversas voces plantean como solución cambios aislados en la educación pero no objetan el contenido esencial de la violencia de género en la cultura global: cine, literatura, música, teatro, pintura y otras manifestaciones artísticas y/o de recreación cultural y deportiva. Proponen cambios en algunos contenidos educativos pero manteniendo intocadas las demás expresiones culturales, religiosas y políticas, como si la cultura violenta no incidiera en la violencia social. Como si las ideologías inferiorizantes y misóginas contenidas en concepciones religiosas, costumbres y tradiciones no fueran parte activa creadora de riesgos de violencia de género para las mujeres. Como si la sociedad y la cultura no fueran el nicho creador de hombres machistas y violentos. Y como si no fuese una decisión personal consciente de cada hombre ejercer violencia y relacionarse con las mujeres de manera supremacista y discriminatoria. Ese comportamiento masculino se da en sociedades fundamentalistas patriarcales y en sociedades patriarcales modernas reformadas por relaciones, nociones y normas de respeto a la integridad de las mujeres y de igualdad entre mujeres y hombres. Ni unos ni otros objetan la violenta cosificación sexual de las mujeres en la pornografía, en la prostitución, la maternidad forzada y otras prácticas de explotación y esclavitud sexual.

Para dar continuidad institucional y para realizar una investigación de más alcance y profundidad, en 2005 logramos que la Cámara de Diputados aprobara la realización de una investigación nacional a realizarse en 2006, sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, de todos los grupos de edad, de todos los grupos socioeconómicos y de todos los grupos étnicos del país y que la investigación fuera realizada desde una perspectiva de género. La idea era continuar con lo iniciado en la Investigación Diagnóstica impulsada por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados y que además se hiciera periódicamente para poder analizar comparativamente la violencia contra las mujeres en el transcurso de los años. Logramos que la Cámara aprobara también el presupuesto para realizarla. El INEGI no realizó dicha investigación y se limitó a realizar una segunda ENDIREH.

2. Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia

Así, para enfrentar la terrible violencia contra las mujeres evidente en la punta del iceberg que ha sido el feminicidio en Ciudad Juárez y en otros sitios; para enfrentar la grave violencia de género contra las mujeres en el país; para superar la legislación sobre violencia intrafamiliar a todas luces insuficiente y dotarnos de un marco jurídico mejor, nos propusimos lograr una nueva ley que debería corresponderse con la amplitud, la diversidad y la gravedad del problema. Armonizar en ella la legislación y los compromisos internacionales suscritos por el gobierno e impulsados por el movimiento feminista en México y en el mundo, y diseñar una política de Estado en materia de violencia contra las mujeres y desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres[35] y la convivencia democrática.

Un grupito de legisladoras elaboramos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia desde una perspectiva feminista de género y nos propusimos, además, que su nombre no fuera como el de otras leyes «contra la violencia», sino que expresara la alternativa. La Ley lleva en su nombre el derecho humano de las mujeres a la vida y resalta la vida sin violencia[36].

El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia fue reconocido en el conjunto de derechos humanos de las mujeres, como el primero. Como consecuencia, la Convención Interamericana Belém do Pará, asumió el compromiso de contribuir con políticas de gobierno y definiciones de género a construir ese derecho a través de la erradicación de la violencia de género. La Ley lo integra en su estructura y a todo lo largo de sus títulos, capítulos, artículos y transitorios.

La Ley garantiza y protege el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Se trata de una ley general que establece condiciones jurídicas para brindar seguridad a todas las mujeres, es aplicable en todo el territorio nacional y obligatoria para los tres órdenes de gobierno. En este enunciado hay un paso enorme: el sujeto de la ley son las mujeres, todas las mujeres.

Esta es la primera y única Ley vigente en nuestro sistema jurídico androcéntrico y patriarcal que tiene a las mujeres como sujeto de la Ley. Las mujeres son tratadas como sujeto jurídico, en tanto son sujetos de transformación social y porque se requiere la potenciación jurídica de las mujeres como sujetos de derecho y de derechos humanos. Es relativa a la violencia y a la violación de los derechos humanos como mujeres, para hacer frente a su minimización institucional y social y la tendencia a subsumir la violencia específica contra las mujeres en otras formas de violencia que se ciernen sobre mujeres y hombres o incluso sobre otros seres vivos.

Veamos algunas consideraciones:

La Ley surge frente al gravísimo problema de la violencia de género contra las mujeres. Dicha violencia está presente de manera generalizada, en la vida de las mujeres en grados y modalidades diferentes, y afecta sus vidas y su desarrollo. Es un problema vital para las mujeres y es un problema social para el país. Es un grave impedimento para el desarrollo y la convivencia con sentido social, pacífica y solidaria y, por ende, para la democracia. En ese sentido, es producto del reconocimiento de la insuficiencia de los medios y recursos institucionales y jurídicos para abatir la violencia, enfrentar sus secuelas y, sobre todo, para prevenirla.

La Ley corresponde con la filosofía de los derechos humanos, con énfasis en los derechos humanos de las mujeres reconocidos en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos de Viena que enunció los derechos humanos de las mujeres y planteó que sin los derechos de las mujeres, no hay derechos humanos. Ha sido preciso nombrarlos específicamente por su negación, incluso por quienes son afines a la filosofía de los derechos humanos. Comprender que es indispensable reconocer la especificidad de los sujetos jurídicos y plasmarla en los derechos ha sido arduo, y por corresponder con una tercera etapa en su construcción, se conoce esta perspectiva como los derechos humanos de tercera generación.

De esta manera, nuestra Ley se ciñe, además, a tres instrumentos internacionales, ratificados por México: La CEDAW[37] de 1981, la Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra Mujer de 1993 y la Convención Interamericana Belém do Pará de 1994[38]. En sí misma la Ley contiene los fundamentos de dichos textos que ya han impactado la vida de las mujeres. En cuanto a Belém do Pará, la Ley incorpora los tipos y las modalidades de la violencia en los términos de este ordenamiento, define otros y asume la convicción de que es posible no solo disminuir la violencia contra las mujeres, sino erradicarla, así como el papel preponderante que debe asumir el Estado.

La Ley está estructurada por varios principios jurídicos: la dignidad, la integridad, la igualdad, la libertad y la seguridad.

La dignidad, por la condición de valor intrínseco e intangible[39] de cada mujer y el respeto íntegro del que cada una es merecedora[40]. La integridad refiere a la condición humana física, psíquica y moral de cada mujer. Da contenido al respeto a la vida de cada mujer. Es la experiencia subjetiva del propio valor por el solo hecho de existir tal y como es cada quien, «… la idea de valor intrínseco se deriva del concepto político de la persona libre. Cada uno de nosotros es una persona única que tiene una vida que vivir y cuya integridad y libertad deben ser reconocidas por la ley y otras instituciones básicas. Todos tenemos igual valor intrínseco y debe reconocérsenos la capacidad de generar nuestras propias valoraciones de nuestros planes de vida» (Cornell, 2001: 47). La violencia busca el daño precisamente en lo que una es[41], por lo que una es, busca, también, la fragmentación con fines de sometimiento, fracturar la integridad, el respeto a una misma y la voluntad. Preservar la integridad de las mujeres hace imprescindible eliminar la violencia contra las mujeres.

La igualdad como principio, contiene la equivalencia humana…, debemos exigir la valoración equivalente de nuestra diferencia sexual… Primero, la valoración equivalente es una exigencia de la inclusión de las mujeres en la comunidad moral de las personas como cuestión inicial. En segundo nivel, que se deduce porque hemos logrado el reconocimiento como personas libres e iguales, hay una demanda de trato equitativo y por tanto igualitario cuando y donde nuestra diferencia sexual haya de ser tomada en cuenta (Cornell, 2001: 33)[42]. La igualdad en esos términos, es punto de partida y objetivo, en tanto se reconoce que la violencia de género contribuye de manera estructural a la vigencia de la desigualdad de género. Por ende, construir la igualdad real entre mujeres y hombres conduce a la eliminación de la violencia.

Para las mujeres, la igualdad es fundamental debido a la desigualdad de género que marca sus vidas. Como principio tiene componentes particulares: en el sentido de isonomía refiere a la igualdad ante la ley, en el de equipotencia refiere a la abolición de jerarquías y supeditación (Valcárcel, 1993: 99). Entre sus vías y mecanismos sociales prácticos están la igualdad sexual y de género, de oportunidades y de trato y la igualdad equitativa de acceso a recursos que solo proceden cuando benefician a quien se encuentra en desventaja por su diferencia; por último y como síntesis de todas las formas concretas de igualdad, la igualdad de bienestar.

La libertad, como principio, está basada en la condición humana sin restricciones[43]. La violencia expropia la libertad y se suma a otras formas de opresión de género que se concretan en una particular falta de libertad de género de las mujeres. Si aspiramos a ser humanas y libres de acuerdo con Rosario Castellanos (1972: 316), es necesario preservar y ampliar las libertades concretas de las mujeres, tanto en el sentido de emancipación e independencia, como en el de eliminación de restricciones, exige eliminar la violencia e implica el reconocimiento del principio de la libertad, en tanto autonomía de las mujeres[44]. Asimismo, es preciso preservar la libertad de las mujeres al intervenir para abatir la violencia.

La seguridad, en tanto principio, indica que para que se cumplan los otros principios de dignidad, integridad, igualdad y libertad, es preciso que la vida de las mujeres no esté en riesgo y se desenvuelva con garantías y protección. La violencia atenta contra la seguridad personal de las mujeres[45] y las coloca en situación de riesgo en cuanto a su integridad y su vida y, al mismo tiempo, reconoce que es preciso crear condiciones sociales de seguridad para las mujeres como una vía para abatir la violencia de género y para que ser mujer deje de ser un riesgo. El principio de seguridad remite a la protección de la seguridad, la vida, la libertad y la justicia, como una responsabilidad del Estado.

En cuanto a la aplicación del principio de seguridad a los derechos humanos, «Los tratados de derechos humanos exigen a los estados que respeten, protejan y hagan efectivos una amplia gama de derechos que son esenciales para que las mujeres y las niñas puedan disfrutar de una vida libre de violencia y discriminación. Entre ellos se encuentran: el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona; el derecho a no sufrir tortura ni tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y el derecho a la igualdad de protección ante la ley» (Amnistía Internacional, 2008: 10).

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos «… resulta vulnerado ante toda situación en la cual el poder público sea utilizado para lesionar los derechos humanos en ella reconocidos[46]». La seguridad, como principio de organización social obliga a la anulación de la violencia contra las mujeres, generadora de una inseguridad de género, y a eliminar el riesgo de sus vidas.

La Ley responde a más de 40 intervenciones internacionales de organismos de Naciones Unidas, como el Comité de la CEDAW, o la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos; de la Organización de Estados Americanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de organizaciones civiles como Amnistía Internacional; del Consejo de Europa y Congresos de varios países que han recibido denuncias y recomendado al gobierno de México enfrentar con eficacia la violencia contra las mujeres. En ellas, se hace referencia a la condescendencia y la impunidad social e institucional ante la violencia contra las mujeres que crea injusticia y mella el estado de derecho. En la mayor parte de las muertes violentas y otros delitos contra mujeres, no se ha hecho justicia. Hay una victimización institucional de las mujeres, sus familiares y sus comunidades. Y no cesan las amenazas, la intimidación y las agresiones a defensoras de los derechos de las mujeres.

La Ley delinea una política de Estado hasta ahora inexistente, pero indispensable, frente a la grave situación de violencia y la inadecuación de sus instituciones. La paradoja para nosotras está en apelar al Estado, a pesar de reconocer la marca política patriarcal del Estado[47]. Por ello contiene una reforma del mismo, parcial, pero sustantiva, consistente en la transformación, actualización, especialización y profesionalización de las instituciones para lograr su incidencia en la elaboración y ejecución de políticas integrales de gobierno con perspectiva de género. Con ello se perfila, además, un cambio sustantivo en la relación del Estado con las mujeres. La Ley crea condiciones normativas para que el Estado deje de ser parte del problema y se transforme en promotor y protagonista de su solución. Articula una política transversal de gobierno tanto a nivel del gobierno federal, de cada entidad federativa y municipales. Sus objetivos son prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Al mismo tiempo integra dichas políticas y asigna responsabilidades concretas a cada ámbito de gobierno.

Debido al pacto federal y a la soberanía de las entidades federativas, la Ley fija en sus transitorios seis meses a partir de su publicación en el Diario Oficial, para que los Congresos de las entidades federativas legislen en concordancia con la Ley a nivel de sus competencias[48]. Las entidades deben elaborar leyes estatales, tipificar los delitos e incluir las sanciones en los códigos penales, deben hacer las reformas necesarias a los códigos civiles y a los códigos de procedimientos. Cada Congreso debe derogar preceptos jurídicos que atenten contra los derechos humanos de las mujeres.

La ley significa el arribo del movimiento feminista y de mujeres a un punto culminante de movilizaciones, denuncias y exigencias civiles, con el propósito de una gran cantidad de organizaciones locales y redes nacionales, para sacar la violencia contra las mujeres de lo irremediable y convertirla en un problema cuya solución compromete a la sociedad y al Estado. Muestra la capacidad alternativa del pensamiento y la política feminista en la búsqueda de soluciones posibles. Es, desde luego, solo una contribución en el largo camino andado y por venir, de enormes cambios sociales, culturales y políticos de género radicales. Cambios indispensables que, evidentemente, no podrán sustentar únicamente los movimientos feminista y de mujeres, habrá que conformar una base mucho más amplia en que converjan fuerzas, organizaciones y redes de otros colectivos y la hagan suya, vigilen la transformación de las instituciones y exijan el cumplimiento de la Ley como parte esencial de un nuevo paradigma social.

Marco jurídico con perspectiva de género

La Ley se inscribe en un conjunto de transformaciones jurídicas construidas en las últimas décadas en México. Sintoniza especialmente con la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y con la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Discriminación en México. Con estas leyes se conforma un cimiento fundamental del marco jurídico mexicano para la vigencia de los derechos humanos permanentemente violentados de las mujeres, los pueblos, las mujeres y los hombres indígenas, las personas con capacidades diferentes, las mujeres y los hombres que optan por vivir su sexualidad en el sentido de la diversidad sexual, y todos aquellos grupos o personas identificadas con categorías sociales minorizadas y discriminadas.

En su conjunto, las leyes nombradas corresponden al artículo 4º Constitucional que garantiza el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, al Artículo 1.º Constitucional y a la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación que garantiza el derecho a la no-discriminación de las personas por sexo, opción sexual, género, edad, condición étnica, religiosa, por capacidades diferentes y otras. Con la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia forman los cimientos de derechos exigibles en principio, aunque faltan otros avances para lograr su real exigibilidad, pero, sin la legislación, sería imposible la exigibilidad del derecho a la igualdad y a la vida sin violencia y sin discriminación.

Estas leyes y otras, como la Ley de Sociedades de Convivencia en el Distrito Federal y la ley de Coahuila, que garantiza el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, la reforma al Código Penal del Distrito Federal que elimina cualquier sanción a la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas y las reformas en la Ley de Salud para garantizar el derecho a la atención de la interrupción del embarazo en los hospitales del Sistema de Salud Pública del Distrito Federal, son pasos legislativos formidables aunque parciales. Sin embargo, en conjunto, conforman un estadio distinto en la legislación al reconocer no solo los estragos de diversas formas de opresión, discriminación, desigualdad y violencia, sino también la responsabilidad del Estado en su eliminación.

El avance cualitativo estriba en el reconocimiento de la diversidad de sujetos emergentes, conformados a partir de su diferencia, y su inclusión como sujetos jurídicos con plenos derechos. En este sentido, la inclusión en nuestro marco jurídico de dichos sujetos caracterizados en la sociedad por diversas formas de opresión, discriminación, violencia e injusticia, implica el reconocimiento de la condición humana de todos en igualdad.

Se trata de sujetos mujeres y hombres portadores de derechos humanos, solo por ser humanas y humanos. En esta concepción, los derechos humanos de cualquier sujeto jurídico son fundamento y síntesis a la vez de los derechos sociales, civiles, políticos y culturales. Los derechos humanos son inseparables de los derechos y garantías reconocidos de manera convencional como universales, pero permanentemente conculcados a dichos sujetos.

Con estos cambios legislativos se legitima y legaliza la diversidad de los sujetos en el marco jurídico. Este paso implica un cambio de paradigma jurídico que, en cuanto al género, solo reconocía un sujeto de contenido masculino y androcéntrico, pretendidamente universal. Legislar específicamente derechos de las mujeres implica develar que tras la universalidad del sujeto se esconden la exclusión de las mujeres y la violación de sus derechos humanos[49], al hacerlo, se reconoce a las mujeres como sujeto jurídico en pos de la igualdad.

Los tipos y las modalidades de la violencia contra las mujeres

La Ley define todos los tipos y las modalidades de la violencia de género contra las mujeres y los coloca en el ámbito del delito. Los tipos de violencia son: a) física, b) sexual, c) psicológica, d) económica, e) patrimonial. Las modalidades de violencia se definen por el ámbito en que ocurre: a) familiar, b) en la comunidad, c) laboral y educativa, d) institucional, e) feminicida.

La combinación de tipos y modalidades permite dar cuenta, en la práctica, de la especificidad, las condiciones y los ámbitos en que sucede la violencia. La mayor parte de las veces las mujeres son víctimas de varios tipos de violencia en un ámbito determinado, así como la mayoría de las mujeres viven violencia en diversos ámbitos de manera simultánea a lo largo del ciclo de vida.

La violencia psicológica es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio[50] (Título 1.º, Capítulo 1, Artículo 6).

La violencia física es cualquier acto que inflige daño no accidental usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas o externas o ambas (ídem).

La violencia patrimonial es cualquier acto u omisión que afecta a la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, la destrucción, la sustracción, la retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales, o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima (ídem).

La violencia económica es toda acción u omisión del agresor que afecta a la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como a la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral (ídem).

La violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto (ídem).

En cuanto a las modalidades, reconocer la violencia familiar como una modalidad de la violencia de género implica articular la legislación vigente en México (diversas leyes para prevenir y atender la violencia familiar o intrafamiliar) con el nuevo marco jurídico implícito en esta Ley y con las reformas jurídicas en las entidades federativas. Eso significa que la violencia familiar deberá ser tratada desde la perspectiva de género, es decir, deberán considerarse las relaciones de poder de género que condicionan dicha violencia.

La violencia familiar es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consaguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho (Título 2º, Capítulo 1, Artículo 7).

Es importante destacar las fracciones IV y V que norman actuaciones tras años de experiencia negativas al respecto: IV) Evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en una relación de sometimiento entre el agresor y la víctima, lo cual es fundamental ante la práctica generalizada de la intervención de las autoridades para que las mujeres retiren la denuncia y se reconcilien con sus agresores y la evidente reincidencia de los agresores que ha concluido en muchos casos en el homicidio. V) Favorecer la separación y el alejamiento del agresor con respecto de la víctima. Esta distancia evitará riesgos a las mujeres y, probablemente, les permitirá salvar la vida y proseguir con su proyecto de vida.

Asimismo, en el Artículo 9 se señala que para contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres se deberá establecer la violencia familiar como causal de divorcio, de pérdida de patria potestad y de restricción de régimen de visitas, así como impedimento para la guarda y custodia de niñas y niños.

La violencia laboral y docente se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto u omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir en un solo evento o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso y el hostigamiento sexual (Título 2º, Capítulo II, Artículo 10).

Constituyen violencia docente aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y/o características físicas que les infligen maestras o maestros.

El Artículo 13 contribuye a eliminar una confusión de términos y en él se definen tanto el hostigamiento como el acoso sexual: El hostigamiento sexual es el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral, y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la relación de subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

Otra aportación de la Ley es relativa a formas de violencia vigentes en México, tales como la violencia en la comunidad que remite a la violencia social, individual o colectiva, contra las mujeres perpetrada por sus comunidades. Definir esta modalidad de violencia es fundamental porque social y aun jurídicamente en varios casos, perviven usos y costumbres que implican formas de maltrato cotidiano, así como castigos y penas a las mujeres legitimadas por grupos sociales en la tradición o en formas propias de identidad. Sin embargo, al violentar las garantías constitucionales y los derechos humanos de las mujeres, son ilegales en nuestro marco jurídico.

La violencia en la comunidad son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público (Título 2º, Capítulo III, Artículo 16).

Debido a la prevalencia en México de formas de daño y maltrato institucional contra las mujeres, y al irrespeto de sus derechos humanos por parte de quienes deberían garantizarlos, y a la inaceptable impunidad que forma parte de los hechos violentos contra las mujeres, la Ley incluye como una modalidad de la violencia de género contra las mujeres la que ejercen desde las instituciones a través de mecanismos de discriminación, exclusión y daño que impiden el acceso de las mujeres a la participación democrática, al desarrollo y a la justicia, y ponen en riesgo la seguridad, la dignidad, la libertad y la vida de las mujeres.

La violencia institucional son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia (Título 2º, Capítulo IV, Artículo 18).

Definir la violencia feminicida es una contribución de la Ley para enfrentar el grado extremo de la violencia de género que se presenta en México en la mayoría de las entidades federativas. A partir de la Investigación Diagnóstica se tuvo conocimiento de que los homicidios de mujeres y niñas no son privativos de Ciudad Juárez. Las denuncias sobre el número y algunas características de algunos de ellos y sobre la impunidad y los obstáculos en el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, permitieron reconocer otros crímenes semejantes y diferentes. Sin embargo, todos tienen en común que son muertes violentas de mujeres y niñas: se trata de violencia de género cometida por conocidos y desconocidos, tanto en el ámbito privado como en el público, tolerada e incluso fomentada como parte de la vida social.

La investigación, realizada desde una perspectiva de género feminista, permitió correlacionar los homicidios dolosos y culposos con otras muertes violentas y muertes evitables: accidentes y suicidios, así como con muertes evitables producto de enfermedades como el cáncer y el VIH SIDA, y las llamadas muertes maternas (por falta de salud y atención integral durante la gestación, el aborto, el parto, el puerperio). Son muertes debidas a la exclusión del desarrollo.

La violencia, los crímenes y las muertes violentas y evitables de mujeres fueron analizados en su compleja relación con formas de exclusión, discriminación y explotación de las mujeres, no solo de género, también de edad, de clase, etnia y condición social territorial (regional y municipal). Y, ese conjunto de articulaciones, se analizó a la luz de la inseguridad, la ilegalidad y la delincuencia imperantes en su sitio de vida o derivadas de situaciones de riesgo como la exclusión, la marginación y la migración.

El conocimiento del problema que se inició con homicidios de mujeres y niñas, permitió correlacionar las muertes violentas con tipos y modalidades de violencia sexual, física, psicológica, patrimonial y económica, y también la violencia familiar, en la comunidad, laboral y educativa y con la violencia institucional. Y todos los tipos y modalidades en su relación con la modalidad de violencia feminicida. La Ley recoge el conjunto de muertes violentas en la modalidad de violencia feminicida, categoría que fue definida y utilizada tanto en la Investigación Diagnóstica como en la Ley.

Violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres (Título 2º, Capítulo V, Artículo 21).

La alerta de violencia de género

Una de las medidas gubernamentales más innovadoras de la Ley se encuentra en la alerta de violencia de género diseñada para hacer frente a la violencia feminicida. Se debe a la presencia de focos rojos por la alta incidencia de violencia feminicida en diversas entidades del país y, al mismo tiempo, a la ausencia de políticas gubernamentales para enfrentarla, incluso a la negación del problema, a su gravedad y a la negligencia de las autoridades locales y federales que no han respondido de manera adecuada ante la gravedad del problema. En algunos casos, los menos, han aplicado medidas parciales y desarticuladas, sin resultados positivos.

La mayor parte de las autoridades no considera que enfrentar la violencia feminicida sea su responsabilidad, descalifica a las mujeres víctimas por su oficio o calidad moral, o establece una supuesta definición de feminicidio —que es en realidad una suposición infundada— para asegurar que en su entidad eso no sucede.

Si hubiese estado vigente esta alerta hace años en diversos municipios del país, probablemente estarían con vida mujeres y niñas que no contaron con un soporte a su seguridad y a su vida como el que implica la Alerta.

Alerta de violencia de género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad (Título 2º, Capítulo V, Artículo 22).

La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos (Título 2º, Capítulo V, Artículo 23).

La alerta de violencia de género es un recurso jurídico que obliga a actuar a los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal de manera articulada para atender hechos de violencia feminicida en una zona determinada, desde una perspectiva de género, de forma pronta y expedita, sin dilación. Es una medida de emergencia que implica acciones gubernamentales de investigación, procuración y administración de justicia que conduzcan al esclarecimiento de los hechos, a la detención y el proceso de los agresores y al acceso a la justicia de familiares de las víctimas. Incluye desde luego medidas de prevención para evitar que la violencia feminicida continúe.

Ante la violencia feminicida el Estado mexicano deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos y considerar como reparación: I) El derecho a la justicia pronta y expedita e imparcial: Se deben investigar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y sancionar a los responsables; II) La rehabilitación: Se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados para la recuperación de las víctimas directas e indirectas (Artículo 26, I y II).

La recuperación de las víctimas directas e indirectas es muy importante porque en los casos de violencia feminicida en el país y a pesar de recomendaciones internacionales —emitidas sobre todo por la violencia feminicida en Ciudad Juárez y a pesar de que nueve gobiernos suscribieron convenios con la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados, que los comprometen a escuchar las recomendaciones de la Comisión, a eliminar la impunidad y hacer justicia—, persisten quejas de familiares de las víctimas y de organizaciones civiles, por la falta de reparación del daño y de justicia. En ese sentido continúa su victimización por parte de las instituciones.

Es fundamental la norma sobre la recuperación de las víctimas, porque aun cuando no hay cifras, sabemos, a través de investigaciones focales, que formaron parte de la Investigación Diagnóstica, que hay un sinnúmero de víctimas directas, sobrevivientes de violencia feminicida sujetas, además, a la injusticia institucional. Suponemos, también, que deben ser decenas de miles.

Como un objetivo de la alerta de violencia de género es proteger la vida de las mujeres, contiene también el establecimiento de medidas que garanticen la seguridad de las mujeres en la zona definida. Al establecerse la Alerta debe haber un presupuesto para tal efecto y las autoridades deben informar a la sociedad sobre las causas del establecimiento de la Alerta y, desde luego, dar cuenta de resultados positivos para proceder a levantarla.

La conciencia social sobre la violencia de género y, en particular, sobre la violencia feminicida y la movilización civil son fundamentales para la aplicación de la Ley. Por ello, la Ley establece que la declaratoria de la Alerta se emitirá cuando: I) Los delitos del orden común contra las mujeres perturben la paz social y la sociedad así lo reclame; III) Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales que así lo soliciten (Título 2º, Capítulo V, Artículo 24).

Otras medidas de protección

Las medidas de protección que contiene la Ley en el Capítulo VI atienden a lograr la eficacia, sin dilación en la intervención institucional, para salvaguardar la integridad y la vida de las mujeres en situación de violencia, así como garantizar la seguridad de las mujeres y sus familias en riesgo. Son de tres tipos: I) De emergencia, II) Preventivas y III) de naturaleza civil.

Las órdenes de emergencia y preventivas tienen una duración de hasta 72 horas y deberán expedirse dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan. Las de protección de emergencia implican entre otras cosas: I) Desocupación por parte del agresor del domicilio conyugal o donde habite la víctima; II) Prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudio, y al domicilio de ascendientes y descendientes y de cualquier otro que frecuente la víctima.

Las órdenes de protección de naturaleza civil se encuentran consignadas en el Artículo 32 y abarcan desde la suspensión al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes, la prohibición de enajenar bienes, cuando se trate del domicilio conyugal, embargo preventivo de sus bienes, hasta la obligación alimentaria.

La obligación de las autoridades competentes de brindar atención a las mujeres víctimas de la violencia está consignada en el Capítulo IV, Artículo 51, en su fracción III donde se asienta que deberán proporcionar a las víctimas la atención médica, psicológica, jurídica, de manera integral, gratuita y expedita.

Entre las medidas de atención a las víctimas se consigna, en el Capítulo V, que las mujeres víctimas de la violencia deberán contar con un refugio seguro que garantizará: hospedaje, alimentación, vestido, servicio médico, asesoría jurídica, apoyo psicológico y diversos programas. La atención integral, desde la perspectiva de género, deberá estar a cargo de profesionales, y las mujeres deberán recibir capacitación laboral y tener acceso a bolsa de trabajo. Asimismo, se realizarán programas reeducativos integrales a fin de que las mujeres logren estar en condiciones de participar plenamente en la vida pública, social y privada (Capítulo VI, III). El conjunto de acciones se inscribe en la vía de lograr el empoderamiento de las mujeres y la construcción de su condición ciudadana, con el pleno ejercicio de sus derechos.

El Sistema Nacional, la integralidad y la transversalidad de género

Para enfrentar la ausencia de una política integral de gobierno y la desarticulación de acciones parciales inconexas sin perspectiva de género e incluso contrarias, así como la ausencia de una rectoría institucional, la Ley crea un Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres.

Dicho Sistema tiene impresa la transversalidad de una política de género integral. En él se asignan responsabilidades, acciones específicas y articuladas a cada instancia. Se conforma por los titulares de las Secretarías de Gobernación, Desarrollo Social, Seguridad Pública, Educación Pública, Salud, Trabajo, la Procuraduría General de la República y forman parte de él el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y los mecanismos para el adelanto de las mujeres de las entidades federativas. El Sistema es presidido por el titular de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría Ejecutiva está a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres. La Ley asigna responsabilidades específicas a cada instancia en cada una de sus líneas de acción (Título 3º, Capítulo I, Artículo 36).

Al mismo tiempo, el Sistema solo funcionará si se articula con los gobiernos de las entidades federativas, cuyas acciones deberán regirse por el mismo principio integrador de transversalidad de género, y con los municipios, cuyos ayuntamientos deberán asumir y ejecutar lo que en el ámbito de su competencia corresponde. A su vez, cada ayuntamiento deberá realizar acciones articuladas con el gobierno de la entidad federativa y con el gobierno federal. La Ley establece las bases para lograr una política de gobierno verdaderamente nacional y transversal de género, homogénea y capaz de cumplir con planes, metas y objetivos nacionales y locales al mismo tiempo.

La Federación, las entidades federativas y los municipios se coordinarán para la integración y funcionamiento del Sistema, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos y políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Todas las medidas que lleve a cabo el Estado deberán ser realizadas sin discriminación alguna. Por ello, se considerarán el idioma, la edad, la condición social, la preferencia sexual, o cualquier otra condición para que las mujeres puedan acceder a las políticas públicas en la materia (Título 3º, Capítulo I, Artículo 35).

Ley vigente y reforma del Estado

A partir del 2 de febrero la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia está vigente en México. Por tanto, prevenir, atender y sancionar la violencia de género debe hacerse siempre, en cualquier nivel de gobierno, en cualquier lugar del país, con perspectiva de género. Lograrlo, implica la transformación de las instituciones mismas, su adecuación y la formación profesional especializada del personal a cargo de poner en práctica y realizar las acciones conducentes. Implica, desde luego, además de conductas y prácticas institucionales de respeto a la Ley General, voluntad política y compromiso de los gobiernos con las mujeres y la asunción de su responsabilidad para superar las causas de la violencia, así como el impulso, la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres.

Entre los cambios sustantivos que desencadena la aplicación de la Ley están las reformas jurídicas en las entidades federativas: Las autoridades federales deberán hacer gestiones para propiciar que las autoridades locales reformen su legislación, para considerar como agravantes los delitos contra la vida y la integridad corporal, cometidos contra mujeres (Título 3º, Capítulo III, Sección novena, fracción XXII).

El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres es precondición para la viabilidad de una política institucional integral que articule y potencie acciones a partir de la transversalidad de género. Asimismo, las entidades federativas deberán integrar el Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (Título 3º, Capítulo II, Sección novena, fracción VI). Así, instalados el Sistema Nacional y los estatales, podrán integrarse los programas y las acciones de los tres niveles de gobierno incluyendo al municipal en todo el país.

La ausencia durante largo tiempo de una política gubernamental y de Estado con perspectiva de género ha contribuido, sin lugar a dudas, a la persistencia de la violencia de género contra las mujeres. Por ello, la Ley establece la obligatoriedad de dicha perspectiva y, además, la define: Perspectiva de género es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia, y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en la cual las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones (Título 1.º, Capítulo 1.º, Artículo 5, Inciso IX).

El Sistema deberá elaborar un Programa para definir una política de gobierno interinstitucional: El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres en el Artículo 38: El Programa contendrá las acciones con perspectiva de género para fomentar los derechos humanos y la ciudadanía de las mujeres, transformar modelos socioculturales de relación entre mujeres y hombres a través de programas educativos formales e informales para erradicar conductas estereotipadas violentas. Incluye la educación y formación en derechos humanos y en derechos humanos de las mujeres al personal encargado de la procuración y la impartición de justicia, al personal a cargo de impulsar el desarrollo (salud, educación, así como a todos quienes deben impulsar el Programa (Título 3º, Capítulo II).

Ante la diversidad de formas de atención que se despliegan en el país, algunas de ellas contrarias a la perspectiva de género, el Programa contiene una norma fundamental en su fracción XIII: Diseñar un Modelo Integral de Atención a los derechos humanos y a la ciudadanía de las mujeres que deberán instrumentar las instituciones, los centros de atención y los refugios que atiendan a víctimas.

Los medios de comunicación

El papel de los medios de comunicación es crucial en la violencia de género contra las mujeres. Tanto en la visibilización, denuncia, investigación e información sobre la violencia, como en la desinformación, la creación de prejuicios, el fomento de valores, juicios e interpretaciones machistas y misóginos. Por su alta incidencia y su influencia en la orientación y el contenido de mentalidades, en particular en el sentido común, los medios son claves, también, porque educan en la aceptación de la violencia de género contra las mujeres e incluso en las formas de realizarla, al difundir de manera creciente actos de todos los tipos y modalidades de violencia incluyendo violencia feminicida, con una mirada complaciente y normalizadora y al tratar de manera amarillista los atentados contra las mujeres.

Es evidente que, en este sentido, la mayoría de los medios contribuye a la discriminación de todas las mujeres, a la victimización de las víctimas y a la anestesia social ante la violencia de género contra las mujeres. Fomenta la aceptación de que todos los hombres son violentos y las mujeres deben soportar dicha violencia. A pesar de ello, cada vez hay una mayor influencia de medios escritos, radiales y televisivos que tratan la violencia de género contra las mujeres como un problema social, con respeto hacia las víctimas y con interpretaciones basadas en análisis documentados y serios.

Por su impacto e incidencia en las mentalidades y como canales educativos, los medios pueden ser decisivos si contribuyen a desarrollar el pensamiento crítico de las personas al realizar análisis científicos e interpretaciones sobre la violencia, e impulsar el rechazo a la violencia en general y, en particular, a la violencia de género.

Los medios pueden influir en cambios sociales y culturales fundamentales, a través de la difusión y el impulso de los derechos humanos de las mujeres y de formas no violentas de convivencia entre mujeres y hombres, si se orientan desde una perspectiva de género, si sus recursos de comunicación, sus lenguajes y el tratamiento informativo o de investigación y difusión mediática desmontan el lenguaje agresivo machista y misógino, no recrean la violencia y la discriminación, y proceden con respeto a la integridad de las personas. De hecho, los medios que han incursionado por ese camino han contribuido al desarrollo de formas de conocimiento y conciencia crítica de rechazo a la violencia, a cualquier forma de sexismo y a la difusión de una cultura de respeto a las mujeres y a favor de relaciones igualitarias entre mujeres y hombres.

Sin embargo, aún prevalece en el país una visión mediática cosificadora e inferiorizante sobre las mujeres y de supremacismo machista de los hombres ligada a la violencia. Es común que a pesar de ser contradictorias, ambas posiciones aparezcan de manera simultánea entreveradas. Por ello, la Ley incluye en el Programa un rubro que consiste en: Vigilar que los medios de comunicación no fomenten la violencia contra las mujeres y que favorezcan la erradicación de todos los tipos y modalidades de violencia, para fortalecer el respeto a los derechos humanos de las mujeres (Título 3º, Capítulo II, Inciso VIII).

El Diagnóstico Nacional y el Banco Nacional de Datos

El Diagnóstico Nacional sobre todos los tipos de violencia contra las mujeres implica la obligación del gobierno federal, en este caso de la Secretaría de Gobernación, de realizar investigaciones periódicas, profesionales y científicas con perspectiva de género sobre todos los tipos y las modalidades de violencia contra las mujeres definidos en la Ley, para conocer la violencia que viven las mujeres de todos los grupos etarios, socioeconómicos y étnicos, en todo el país.

Los diagnósticos periódicos tienen por objeto superar la especulación, la ignorancia, la manipulación y la distorsión prevalecientes en la información de las instituciones y conocer de manera científica no restrictiva ni estereotipada, la situación de violencia de género contra las mujeres en México. El acceso a información confiable es indispensable para quienes deben delinear las acciones y la intervención gubernamental, así como para quienes investigan, difunden y observan la violencia y las políticas para enfrentarla desde la sociedad civil, las instituciones universitarias y de investigación y los medios de información.

La información veraz y su amplia difusión pueden ser recursos de conciencia social y de prevención para desmontar la violencia y contribuir al desarrollo de la conciencia de género en las mujeres que les permita ubicar los riesgos, protegerse, saber qué es la violencia, ubicarla como delito, y conocer su derecho a una vida sin violencia, así como las obligaciones institucionales para garantizarlo y las vías para exigirlo.

La difusión de los resultados del Diagnóstico, puede incidir en hombres, comunidades e instituciones, al mostrar la gravedad del problema, reprobarla y señalar la responsabilidad de cada cual en las acciones y procesos con el objetivo de eliminarla. Desde luego, busca hacer posible el derecho a la información, lo que incidirá en las acciones civiles desarrolladas por parte de organizaciones, asociaciones, redes y diversos organismos civiles.

El Diagnóstico deberá realizarse de manera periódica con fines comparativos, de evaluación y seguimiento del aumento o la disminución de índices, grados y tasas de violencia y la puesta en práctica de políticas de gobierno específicas para prevenir, atender, perseguir y sancionar la violencia de género contra las mujeres y los cambios en las condiciones de vida y desarrollo.

En esta misma línea se encuentra la obligación asignada a la Secretaría de Seguridad Pública de Integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las mujeres (Título 3º, Capítulo I, Artículo 44, Fracción IV).

El presupuesto

Uno de los resultados de la Investigación Diagnóstica fue dar cuenta del exiguo presupuesto asignado a las políticas gubernamentales para enfrentar la violencia, así como el bajísimo presupuesto etiquetado para rubros mínimos de satisfacción de necesidades de las mujeres y la relativa inexistencia de un presupuesto institucional para impulsar políticas de género que favorezcan la equidad en el desarrollo y la participación democrática de las mujeres. La asignación de presupuesto a esos rubros es tan frágil que depende de quien impulse su inclusión en el proyecto de presupuestos o en el que aprueba la Cámara de Diputados. En ocasiones varía de manera significativa de un año al otro. Por otra parte, las autoridades aseguran que no impulsan dichas acciones porque no tienen recursos o nos les llegan.

Por ello, para evitar excusas y omisiones, el Artículo 39 establece la obligación al Ejecutivo Federal de asignar una partida presupuestaria para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Sistema y del Programa previstos en la ley. Para 2008 se asignaron recursos importantes pero hubo un sinfín de obstáculos para su aplicación.

La Ley distribuye obligaciones de acuerdo con las competencias federales, de las entidades federativas y municipales en el Título 3º, Capítulo III, y plantea que «coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos de la ley». El presupuesto deberá abarcar los tres niveles de gobierno y, de manera muy importante, deberá llegar a nivel municipal a las instancias locales de gobierno que deberán asegurar el acceso de las mujeres a los servicios y la atención, garantizar la seguridad y apoyar la creación y el funcionamiento de los refugios.

En cuanto al presupuesto inmediato para sustentar y hacer efectiva la política gubernamental y hacer frente a la violencia de género contra las mujeres, la Ley establece en un transitorio que: Los recursos para llevar a cabo los programas y la implementación de las acciones que se deriven de la presente ley, se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del Ejecutivo Federal, los poderes Legislativo y Judicial, los órganos autónomos, las entidades federativas y los municipios, para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, asimismo, no requerirán de estructuras orgánicas adicionales por virtud de los efectos de la misma. Los Congresos de las entidades federativas deberán estimar el costo de la aplicación del Programa para Prevenir, Atender, Perseguir y Sancionar la Violencia contra las mujeres, en su trayectoria desde el gobierno federal hasta el gobierno de la entidad federativa y el gobierno municipal.

Cualquier presupuesto que se elabore en el futuro deberá contener acciones en todos los rubros de prevención, atención, sanción y administración de justicia, y deberá garantizarse que los recursos lleguen a tiempo a los gobiernos de las entidades federativas y municipales. Una línea de acción que deberá ser contemplada en el presupuesto es la inversión en cambios educativos en las instituciones públicas de educación superior para garantizar la formación con perspectiva de género de quienes intervienen en el proceso. En adelante el proyecto de Ley de Presupuesto que presenta el Ejecutivo a la Cámara de Diputados deberá incluir los montos suficientes para poner en práctica el funcionamiento del Sistema, del Programa y de sus correspondientes en las entidades federativas.

La Cámara de Diputados deberá asegurar que el presupuesto asignado sea el necesario para cubrir el impulso de toda la política del Estado frente a la violencia de género contra las mujeres.

3. El paradigma feminista y la ley

Es impensable abatir la violencia contra las mujeres en una sociedad en la que la violencia es estructural a las relaciones sociales, económicas y políticas. En ellas la violencia caracteriza y define la acción de grupos de interés legalmente constituidos y delincuenciales, la violencia es contenido definitorio de la condición masculina supremacista. De manera velada o visible, es constitutiva de diversas corrientes y manifestaciones culturales; desde las hegemónicas hasta corrientes tangenciales y emergentes y, desde luego, permea las culturas populares.

La cultura dominante es sexista y el sexismo es violento. En su seno se promueven, legitiman, enseñan y crean dimensiones, valores, lenguajes, representaciones, tramas, creencias, imágenes e interpretaciones de contenido machista y misógino, así como homófobo y lesbófobo. Todas ellas exaltan la violencia de género y son base de otras formas de exaltación supremacista como el clasismo, el racismo y cualquier otro sectarismo. De ahí su fuerza y de ahí las múltiples dimensiones de cualquier política que pretenda erradicarla.

Jurídicamente, la violencia no solo es monopolio legítimo de los órganos de coerción del Estado, sino que sus integrantes constantemente violan sus propias normas y se exceden en el uso de la violencia, no garantizan la seguridad y la paz y se convierten en promotores de miedo, daño e impunidad.

Es impensable abatir la impunidad imperante en los hechos de violencia de género contra las mujeres porque la impunidad y la corrupción no son privativas de estos hechos. Están asentadas en las instituciones mismas en un trato autoritario y discriminatorio y en muchas ocasiones violento de funcionarias y funcionarios, así como de las autoridades, contra la ciudadanía. La impunidad y la corrupción imperan cuando, además, quienes deben garantizar la seguridad y el respeto a la legalidad son violentos o están coludidos con quienes cometen actos violentos. El trato a las mujeres en infinidad de casos es doblemente discriminatorio y además violento, al grado de constituir violencia institucional.

Para avanzar en la erradicación de la violencia de género es preciso que el Estado actúe con justicia, no solape la violencia y enfrente todas las formas de violencia vigentes en la sociedad. Es preciso que el Estado sea garante de la vigencia del estado democrático de derecho.

Por eso, la Ley está centrada en la transformación institucional y crea mecanismos para lograr cambios de género en las mentalidades de quienes están en las instituciones. La Ley contiene la creación de una política de Estado y una política de gobierno que no se ciñe solo a enfrentar algunas de las expresiones de la violencia, busca enfrentar sus causas y determinaciones y deberá normar la acción de quien gobierne más allá de sus posiciones partidarias. En la actualidad las políticas gubernamentales solo enfrentan la violencia cuando esta ha sucedido y lo hacen de manera parcial y unilateral. No buscan transformar el estado de cosas sino solo atender algunas de sus manifestaciones. La mayor parte de los hechos de violencia no son atendidos como hechos delictivos, aunque sean denunciados.

Desde el paradigma democrático de los derechos humanos de las mujeres, es urgente la reforma del Estado para lograr que sus instituciones y su política ya no contenga necesidades, intereses y objetivos supremacistas de ningún tipo y, de manera particular, patriarcales. Que no contribuya más a la desigualdad entre los géneros, a la supremacía masculina y al poder de dominio de los hombres sobre las mujeres, así como a la subalternidad y opresión de las mujeres. Desde una perspectiva feminista, el Estado debe ser transformado y contener de manera estructural y definitoria la democracia genérica. De ahí que la Ley, configurada desde una perspectiva de género, tiene como propósito normar y encausar la acción del Estado en ese sentido.

La perspectiva de género como recurso analítico implica observar la violencia como mecanismo reproductor del poder que crea desigualdades de género entre mujeres y hombres, así como de relaciones de dominación de género, control, impedimentos, desventajas y daños para las mujeres y, a la par, enormes poderes de género de los hombres.

La política basada en la perspectiva de género feminista consiste en reconocer e ir a las causas y los efectos de la desigualdad y la violencia y realizar acciones concretas para desmontarlos, exige prevenir su emergencia y tratarlos para que desaparezcan. Implica hacer justicia y abatir la impunidad. El objetivo es lograr que cada mujer bajo el amparo del Estado tenga condiciones para salir de la situación de violencia, recibir atención médica y psicológica por los daños recibidos, si la requiere, así como atención y soporte jurídico para llevar al terreno de la ley tanto los hechos de violencia como a quien la agredió y acceder a la justicia pronta y expedita. Ese conjunto de acciones debe estar articulado en una acción integral estructurada en la construcción de la ciudadanía de las mujeres víctimas de violencia.

En términos de la Ley, la acción del Estado debe crear condiciones de seguridad para cada mujer y para todas las mujeres como género, eliminar condiciones de riesgo y lograr el empoderamiento a través del acceso de las mujeres a oportunidades de desarrollo y de participación equitativa en todos los ámbitos.

Finalmente, la aplicación rigurosa de la Ley contribuirá a abatir la impunidad y, de manera paralela, incidirá en condiciones de convivencia solidaria de la sociedad y de las instituciones del Estado con las mujeres. Se colocará con claridad la violencia como delito y a los agresores como delincuentes y se fomentarán relaciones equitativas entre mujeres y hombres tanto en los espacios privados como en los públicos, en todas las actividades. Con ello se abrirá paso el respeto a la integridad y la dignidad de las mujeres.

El impulso de las instituciones del Estado a los derechos humanos de las mujeres es fundamental y debe realizarse de forma comprensible a través de la educación que deberá incluir la perspectiva de género y el conjunto de políticas de gobierno también. La violencia no puede ser desterrada si se enfrenta de manera aislada y parcial. Requiere la integralidad de las acciones directas y, al mismo tiempo, de la vigencia de una política de gobierno de cara a las mujeres y al impulso a los derechos humanos de las mujeres mediante la eliminación de brechas de género entre mujeres y hombres, así como el sostén del adelanto de las mujeres como ejes fundamentales tanto de la igualdad, como del desarrollo de las mujeres y, con ello, del país, con la consecuente democratización de la vida social.

La Ley contiene la transversalidad de género al incorporar esta perspectiva codificada tanto en la CEDAW como en Belém Do Pará, así como en la Conferencia de Viena y en la Conferencia de la Mujer en Beijing. Se sustenta en la consideración de la Asamblea General de la ONU en cuanto a que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer.

Su conformación armoniza los principios jurídicos y la perspectiva contenida en los instrumentos internacionales. Contribuye a identificar la violencia de género y a responsabilizar a los tres niveles de gobierno en la creación y ejecución de una política integral de gobierno que permita a las mujeres acceder al desarrollo y a la vida democrática con el fin de dicha violencia.

En tanto la violencia resulta de relaciones de dominación, lograr su erradicación, como señaló Belém do Pará, implica la movilización y las acciones de los gobiernos, así como del Estado en su conjunto y, desde luego, de las instituciones, las organizaciones y los grupos sociales. Exige también la movilización politizada de las mujeres.

Así, a partir de su aprobación, la aplicación de la Ley no implica todavía acciones directas porque para tal efecto deberá crearse la legislación en cada entidad federativa. Hasta que se complete la reforma jurídica que conlleva, consiste en la reforma de las instituciones y de las políticas de gobierno con la creación del Sistema, la elaboración del Programa y la puesta en acción de los Congresos de las Entidades Federativas y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para lograr que desarrollen y aprueben sus propias leyes y realicen un conjunto de cambios jurídicos para llevar a los códigos penales los delitos específicos, así como a los códigos civiles y a sus correspondientes códigos de procedimientos. También deberán derogar normas jurídicas que atenten contra los derechos humanos de las mujeres.

La Ley y sus consecuencias implican una gran iniciativa y requieren de una gran movilización social e institucional para ir construyendo de manera simultánea en las treintaidós entidades esta nueva estructura jurídica y la consecuente política gubernamental. Requiere, asimismo, organizaciones y redes civiles alertas, exigentes de que se cumplan los objetivos y los plazos, de la coherencia de las leyes de las entidades federativas y del conjunto de reformas jurídicas. Las organizaciones civiles son, tal vez, el único garante de que el proceso avance de acuerdo con las líneas trazadas en la Ley y de que el nuevo marco jurídico se aplique y sea un recurso en la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Un último apartado de la Ley, Transitorios, contiene una política inmediata para su aplicación. En él, se establecen responsabilidades y plazos finitos a partir del 1 de febrero, fecha de entrada en vigor de la Ley, para poner en marcha las acciones y lograr cambios jurídicos y de políticas de gobierno.

Algunos de estos cambios se han iniciado ya con la emisión del Reglamento de la Ley (noventa días) y la instalación del Sistema Nacional (sesenta días), el Reglamento del Sistema (noventa días), el Diagnóstico Nacional (trescientos sesenta y cinco días), el Banco Nacional de Datos (trescientos sesenta y cinco días) y las legislaturas de las entidades federativas deberán contar con sus Leyes estatales y los cambios en los códigos penales y civiles y todos los que se derivan de la Ley (seis meses).

A lo largo de varias décadas, en distintos países y a nivel internacional se ha decantado esta perspectiva y se han creado definiciones importantes que la Ley incorpora al definir los tipos y las modalidades de la violencia considerada por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer, Belém Do Pará como toda acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. La Convención consideró la violencia como una violación a los derechos humanos de las mujeres que habían sido reconocidos en la Conferencia de Viena en 1993 y responsabilizó a los Estados de todo acto de violencia de género por omisión y negligencia. En consecuencia, asignó a los Estados la obligación de prevenir la violencia de género enfrentando la discriminación y la desigualdad entre mujeres y hombres e impulsando el adelanto de las mujeres para hacer vigentes sus derechos humanos y su ciudadanía.

Asimismo, la Ley incluye la concepción del empoderamiento de las mujeres, política feminista de género impulsada en todo el mundo para abatir las causas de la dominación de género de las mujeres y, en este caso, de la violencia, para avanzar en su erradicación. La Ley define el empoderamiento de las mujeres como un proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estado de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades (Título 1.º, Capítulo 1, fracción X). Como columna vertebral de la incidencia, las políticas de gobierno y de Estado en las mujeres, es el conjunto de acciones que tiene como objetivo primordial eliminar las causas de la violencia de género y crear condiciones para el pleno desarrollo de las mujeres y la vigencia de sus derechos humanos.

Así, la eliminación de la violencia implica la transformación de las mujeres y los hombres, de la sociedad y las instituciones, y de la cultura, a partir de la creación de condiciones de seguridad para las mujeres y, de manera fundamental, de lograr el acceso de las mujeres a condiciones de desarrollo personal y de género con los parámetros de calidad de vida y ciudadanía plena. Para ello es preciso el impulso de una política de Estado tendiente a eliminar las desigualdades, las injusticias y las brechas de género, la discriminación y, al mismo tiempo, garantizar la libertad de las mujeres para iniciar el camino a una buena vida humana.

¡Por la vida y la libertad de las mujeres!

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Declaraciones, Convenciones, Conferencias, informes y leyes

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Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, 1981.

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Sexto Informe Periódico de México. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación a la Mujer (CEDAW), INMUJERES, México, 2006.

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Notas sobre las autoras y el autor

Virginia Maquieira D’Angelo. Profesora Titular de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid. Directora del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer (IUEM) de la misma Universidad (2002-2006). Entre sus publicaciones en el ámbito de los estudios de las mujeres y del género se destacan: Asociaciones de mujeres en la Comunidad Autónoma de Madrid, 1995; Revisiones y críticas feministas desde la Antropología Social. Las contradicciones de Edward Westermarck: un reformador de la sexualidad, Madrid, 1997. Coeditora de Género, clase y etnia en los nuevos procesos de globalización, Madrid, IUEM, 1997. Coautora de Feminismos. Debates teóricos contemporáneos, Madrid, Alianza [2001], 2005. Editora de Mujeres mayores en el siglo XXI: de la invisibilidad al protagonismo, Madrid, IMSERSO, 2002. Directora de la investigación Mujeres, globalización y derechos humanos publicada en Cátedra (2006).

Teresa del Valle Murga. Catedrática emérita de Antropología Social de la Universidad del País Vasco/EHU. Realizó sus estudios en las Universidades de Saint Louis y Hawai, donde obtuvo el Doctorado en Antropología Social en 1978. Fundadora en 1981 del Seminario de Estudios de la Mujer de la UPV/EHU y Directora (1981-1985; 1991-1994). Investigadora en Micronesia y en el País Vasco en los campos de la antropología feminista, antropología política, rituales, cambio social y categorías de espacio y tiempo. Entre sus libros caben destacar: Mujer vasca. Imagen y realidad (dir)., Barcelona, Anthropos, 1985; Gendered Anthropology (ed.), Londres, Routledge, 1993; Andamios para una nueva ciudad, Madrid, Cátedra, 1997; Perspectivas feministas desde la Antropología Social, Barcelona, Ariel, 2000. Tiene una larga trayectoria de investigaciones en equipo. Colabora en distintos periódicos sobre temas de antropología y feminismo.

Pilar Folguera Crespo. Catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid y Titular de la Cátedra Jean Monnet de Historia de la Integración Europea. Ha sido Directora del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer y actualmente miembro del mismo. Entre sus trabajos más relevantes se encuentran: El feminismo en España. Dos siglos de historia, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1988; Historia de la Unidad Europea, Madrid, 1998; «El contexto histórico del Tratado de Amsterdam», 1998; «Género, ciudadanía e igualdad. Gestación y consolidación de los derechos de ciudadanía en Europa», 2000; «El futuro de la Unión Europea», 2000; «Las mujeres en la Europa social», 2002; «La europeización de la ciudadanía española», 2005; «Voces del feminismo».

Cristina García Sainz. Profesora Titular de Sociología en la Facultad de Ciencias Económicas y empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. Miembro del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la misma Universidad. Entre sus publicaciones destacan: «El empleo femenino en México y España. Un análisis comparativo de sus características actuales» (en colaboración), Revista de Economía Mundial, 10, 2004; «Aspectos conceptuales y metodológicos de las Encuestas de Uso del tiempo. Aplicación al caso de España», Serie Mujer y Desarrollo, 65, CEPAL, 2005; Relaciones laborales y relaciones de género. El empresariado madrileño ante la conciliación de la vida familiar y la vida doméstica, UAM, 2005; El desafío de la conciliación de la vida privada y laboral en las grandes empresas (en colaboración), UAM, 2007; «Tiempos donados y tiempos vendidos. Lógicas, contextos y discontinuidades» (en colaboración), en I. Mendiola (ed.), Textos y Pretextos para repensar lo social, UPV/EHU, 2008; «Entre ciencia y vida cotidiana. El cuidado de las personas como objeto de conocimiento», en VV.AA., Sociología y realidad social, CIS, 2008.

Gladys Nieto Martínez. Licenciada en Antropología Social por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Madrid y especialista universitaria en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis doctoral, La inmigración china en España. Una comunidad ligada a su nación (Madrid, Libros de la Catarata), recibió el premio extraordinario de tesis doctoral del curso 2000-2001 de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM. Ha sido profesora visitante en la Universidad de Lenguas Extranjeras de Pekín el curso lectivo 1997-1998 y ha realizado estancias de investigación en la Academia China de Ciencias Sociales de Beijing y Shanghai, la École des Hautes Études en Sciences Sociales (París) y la Universidad Normal de Zhejiang. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas sobre inmigración china. Actualmente es Profesora titular de Estudios de Asia Oriental en la UAM.

José Ignacio Pichardo. Profesor en el Departamento de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado y doctor en esta disciplina por la Universidad Autónoma de Madrid, donde imparte clase en el Máster Oficial en Estudios Interdisciplinares de Género. Ha llevado a cabo estancias de investigación en San Francisco State University y el Laboratoire de Sciences Sociales de París. Sus trabajos de investigación se centran en cuestiones de parentesco, familia, sexualidad, género e interculturalidad. Ha realizado y publicado diversas investigaciones sobre diversidad sexual; familias formadas por gays y lesbianas y, especialmente, sobre la situación de adolescentes gays, lesbianas, bisexuales y transexuales en ámbitos educativos. Entre ellas destaca Entender la diversidad familiar. Relaciones homosexuales y nuevos modelos de familia, Madrid, Bellaterra, 2009 y Homofobia en el sistema educativo, Madrid, COGAM, 2006, premiada esta última con el Tercer Premio de Investigación Social Caja Madrid 2006.

Mónica Ramos Toro. Antropóloga Gerontóloga, Directora del Instituto de Gerontología y Servicios Sociales, INGESS, actualmente Directora Gerente de la Fundación para la Intervención Socioeducativa, FISED y Coordinadora del Magíster en Gerontología Educativa y Social Título Propio de la Universidad Complutense de Madrid, que se gestiona de manera externa por INGESS mediante convenio como Centro Colaborador de la Universidad Complutense y en el que su aportación ha sido decisiva en la redefinición de la vejez y el envejecimiento desde la perspectiva de género. Su labor docente e investigadora se centra especialmente en la promoción del envejecimiento activo, el análisis e intervención con asociaciones de mujeres y personas mayores, así como la capacitación de profesionales de instituciones públicas y privadas en el campo de la gerontología social. Colaboradora habitual con Universidades españolas en cursos de postgrado de gerontología.

Carmen de la Cruz. Especialista en Relaciones Internacionales y Género en el Desarrollo. Tiene una experiencia de trabajo en cooperación para el desarrollo y acción humanitaria de más de 20 años en países en situación de conflicto y post-conflicto en África, Medio Oriente y América Latina. Actualmente es consultora free-lance para diversos organismos nacionales e internacionales. Entre sus últimas publicaciones podemos citar La Agenda de los Derechos de las Mujeres y la Financiación para el Desarrollo, en el Perfil Social del desarrollo, V Informe Anual de la Plataforma 2015 y más, Informe Social Watch 2007, Madrid, Icaria Editorial, 2007; Seguridad de las Mujeres en el espacio público: aportes para las políticas públicas, Pensamiento Iberoamericano, (In)Seguridad y Violencia en América Latina: un reto para la Democracia, n.º 2, Fundación Carolina, AECID, 2008; El Financiamiento para la Igualdad de género y la nueva «arquitectura de la ayuda». Los casos de Guatemala y Perú, Directora de Investigación, Madrid, Fundación Carolina, Documento de Trabajo 26, 2008. Es miembro de la red europea WIDE (Women in Development Europe) desde 1988 y del Consejo de Cooperación al Desarrollo del gobierno español desde 2004.

Marcela Lagarde y de los Ríos. Profesora de los postgrados de Antropología y de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Presidenta de la Red por la vida y la libertad de las mujeres. Presidenta de la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados (2003-2006). Promovente de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. Directora de la Investigación Diagnóstica sobre Violencia Feminicida en la República Mexicana. Entre sus publicaciones destacan: Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas, México, 1989; Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia, Madrid, 1996; Claves feministas para la autoestima de las mujeres, Madrid, 2000; Claves feministas para mis socias de la vida, Madrid, 2006. Algunos de sus trabajos sobre mujeres indígenas están reunidos en el libro colectivo Las alzadas, 1996. Colaboradora en América Latina y España en organizaciones y redes feministas, así como en organismos de gobierno e instancias internacionales por los derechos humanos de las mujeres.

[1] La Ley define la «dependencia como el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal». <<

[2] En 2007 reciben servicios y prestaciones las personas valoradas en el Grado III de Gran Dependencia, niveles 2 y 1. En 2008 y 2009 las personas valoradas en el Grado II de Dependencia Severa, nivel 2. En 2009 y 2010 quienes sean valorados en el Grado II de Dependencia Severa, nivel 1. En 2011 y 2012 las valoradas en el Grado I de Dependencia Moderada, nivel 2. En 2013 y 2014 las valorados en el Grado I de Dependencia Moderada, nivel 1. <<

[3] Se entiende por Ayuda Oficial al Desarrollo a todos los desembolsos netos de créditos y donaciones realizadas según los criterios de la OCDE. Esto es, en condiciones financieras favorables y que tenga como objetivo primordial el desarrollo económico y social del país receptor. <<

[4] La Declaración y la Plataforma para la Acción de Beijing (1995) —el referente para la acción internacional general más importante respecto a la agenda de género en el desarrollo—, la Declaración de Viena sobre Derechos Humanos (1993), la Plataforma para la Acción de la Conferencia sobre Población y Desarrollo (1994), la Cumbre Social Mundial (1994) así como la Declaración del Milenio (2000), afirmaron que la igualdad en la condición de mujeres y varones es fundamental para cada sociedad, y que la igualdad de género es tanto un objetivo como un medio de desarrollo para la erradicación de la pobreza. <<

[5] La Declaración demanda explícitamente «combatir toda forma de violencia contra las mujeres e implementar la CEDAW». Además, reconoce la importancia de promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como un camino para combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades, y para estimular un desarrollo sostenible verdadero. <<

[6] Se entiende por servicio de la deuda al monto o cantidad a pagar en el país o fuera de él en moneda nacional o extranjera por concepto de capital, intereses, comisiones y otros gastos derivados de la contratación y utilización de créditos a cargo del Sector Público Federal. <<

[7] El Banco Mundial establece las siguientes bandas para determinar si un país tiene una renta baja, una renta intermedia o una renta alta. Países con renta baja: <875 $ per cápita; Países con renta media: >875 $ per cápita y <10 726 $ per cápita; Países con renta alta: >10.726 $ per cápita. <<

[8] Se entiende por Financiación para el Desarrollo al financiamiento externo y la movilización de recursos internos para los países en desarrollo, así como asistencia técnica y apoyo en la provisión de bienes públicos globales o regionales. Este Sistema Financiero Internacional para el Desarrollo está compuesto por las siguientes entidades: los bancos multilaterales de desarrollo (BMD), las agencias bilaterales de cooperación, las agencias de las Naciones Unidas y los organismos regionales, las fundaciones privadas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los inversionistas privados que realizan inversión extranjera directa (IED) en los países en desarrollo. Cada una de ellas tiene un ámbito de acción más relacionado con el sistema financiero o con las organizaciones para el desarrollo, mientras que los BMD ocupan un amplio espacio al haber establecido relación con todas estas instituciones. <<

[9] La cooperación bilateral es aquella en la que los gobiernos donantes canalizan sus fondos de cooperación al desarrollo directamente hacia los receptores, sean estos los gobiernos de los países receptores u otras organizaciones. La cooperación multilateral es aquella en la que los gobiernos remiten dichos fondos a las organizaciones multilaterales (NNUU, BMD, CE, etcétera) para que estas los utilicen en la financiación de sus propias actividades, de modo que la gestión queda en manos de las instituciones públicas internacionales y no de los gobiernos donantes. <<

[10] La Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo de 2005 tiene por objetivo promover una mayor efectividad de la ayuda al desarrollo y compromete a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico/Comité de Ayuda al Desarrollo (OCDE-CAD), a los donantes y a los países en desarrollo a trabajar juntos a partir de una serie de principios consensuados, metas e indicadores, estableciendo nuevas modalidades de ayuda. <<

[11] Como parte del Consenso de Monterrey sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el FMI y el Banco Mundial crearon un marco para los países de bajo ingreso que busca servir de guía a los países y a los donantes a la hora de movilizar financiamiento para las necesidades de desarrollo, y al mismo tiempo evitar en la medida de lo posible una acumulación excesiva de deuda en el futuro. <<

[12] Conjunto de condiciones que el donante impone al receptor para poder ser destinatario de la ayuda. La condicionalidad siempre ha estado presente, de una u otra manera, en la cooperación al desarrollo, pero la forma de entender sus contenidos ha evolucionado y se puede decir que esa evolución ha marcado las características de la cooperación. <<

[13] La Encuesta de Seguimiento 2006 de la OCDE-DAC y el Banco Mundial ha revelado que existen progresos limitados en la implementación de los principios de la Declaración de París, tanto desde la perspectiva de los países asociados como de los donantes. Las estrategias de desarrollo a nivel nacional están aún muy débiles para abordar los temas transversales y los sistemas no están aún en práctica para asegurar la entrega efectiva de la ayuda. Por otra parte los países asociados no han puesto en marcha los sistemas requeridos, incluida la descentralización, incentivos que son necesarios para una implantación exitosa de los principios. <<

[14] Consiste en un acuerdo por medio del cual los gobiernos entregan recursos a una entidad fiduciaria, en general un Banco regional o una entidad financiera internacional, despojándose o no de la propiedad de los mismos, con el objeto de cumplir una determinada finalidad en provecho de otro gobierno que puede acceder a estos fondos. <<

[15] Mainstreaming significa integrar el enfoque de género de forma transversal en todas las políticas, estrategias, programas, actividades administrativas y económicas e incluso en la cultura institucional, con el objeto de contribuir verdaderamente a un Desarrollo Humano Sostenible y Equitativo. Significa incorporar el género (ECOSOC, 2002), no como una problemática aparte, sino al interior de los diferentes sectores y temáticas, es decir, en cada ámbito de intervención para el desarrollo, considerando las estructuras existentes, requiriendo la transformación de las instituciones y el cambio organizacional. Esta estrategia está ligada al empoderamiento de las mujeres y tiene una doble dimensión: por un lado significa la toma de conciencia del poder que individual y colectivamente tienen las mujeres. En este sentido (…) tiene que ver con la recuperación de la propia dignidad y autoestima de cada mujer como persona. En segundo lugar, tiene una dimensión política, en cuanto que pretende que las mujeres estén presentes en los lugares donde se toman las decisiones (Conceptos extraídos de la Plataforma de Beijing). <<

[16] El Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) elaboró un marcador de políticas sobre igualdad entre los géneros para medir la cuantía de la ayuda destinada a la promoción de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer, mediante la identificación de actividades que tuvieran como objetivo principal o destacado la igualdad entre los géneros. <<

[17] III Foro de Seguimiento de la aplicación de la Declaración de París, Ghana, 2008. <<

[18] Taller de Dublín organizado por las redes del CAD sobre Medioambiente y Desarrollo, Gobernabilidad e Igualdad de Género y el Grupo de trabajo sobre Efectividad de la Ayuda sobre «Development Effectiveness in Practice: Workshop on Applying the Paris Declaration to Advance Gender Equality, Environmental Sustainability and Human Rights», abril de 2007. En la apertura del Taller la expresidenta de Irlanda, Mary Robinson señaló en su discurso que tanto las mujeres como los hombres pobres no estaban tan preocupados sobre qué modalidad de ayuda se utiliza, sino más bien en cómo los esfuerzos de desarrollo afectan sus vidas. <<

[19] En estos procesos han participado activamente a nivel internacional redes de mujeres como AWID, WIDE, IGTN, FEMNET o DAWN. <<

[20] Declaración del Women’s Working Group on Financing for Development, presentado por Gigi Francisco, en la audiencia con las organizaciones de la sociedad civil en la reunión preparatorio de NNUU de la Cumbre de Doha sobre Financiamiento para el desarrollo, junio de 2008. <<

[21] WIDE «Challenges and opportunities for advancing the gender equality agenda in the aid architecture: the role of the EU», Documento presentado en la Consulta: Gender Equality and Women’s Empowerment: Challenges and opportunities ahead in the new European aid environment, Bruselas, mayo de 2008. <<

[22] El objetivo del 0,7 % del PIB actualmente alcanza niveles entre el 0,2 y el 0,25 % de los países de la OCDE. Solo cinco países: Dinamarca, Luxemburgo, Holanda, Noruega y Suecia han alcanzado dicho objetivo. <<

[23] Grupo de Expertas sobre Financiación para la Igualdad de Género / Comisión sobre la Condición de la Mujer de las Naciones Unidas, Oslo, septiembre de 2007. <<

[24] El índice de Gini: mide el grado de la distribución de la renta (o del consumo) entre los individuos de un país con respecto a una distribución con perfecta igualdad y también mide la concentración de la renta. Su valor puede estar entre cero y uno. Cuanto más próximo a uno sea el índice Gini, mayor será la concentración de la riqueza; cuanto más próximo a cero, más equitativa es la distribución de la renta en ese país. El valor 0 representa la igualdad perfecta y el 1, la desigualdad total. <<

[25] Los espacios de reflexión promovidos por la Red de Género del CAD-OCDE, UNIFEM, la iniciativa de los Gobiernos nórdicos, NordicPlus, o el Llamamiento para la Acción para avanzar en la meta 3 de los ODM del gobierno danés, etc. <<

[26] En la LIX Legislatura del Congreso Mexicano (2003-2006) fue aprobada la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que entró en vigor en febrero de 2007. Presento aquí, solo una parte de la construcción de este derecho en México y del proceso previo de investigación empírica que avaló el Congreso. <<

[27] Virginia Maquieira (2006: 75) considera que «las relaciones de género son vistas a menudo como constitutivas de la “esencia” de las culturas y estas como modos de vida indiscutibles que deben ser transmitidos de generación en generación… No es de extrañar, pues, que las iniciativas de cambio de las mujeres se interpreten como una amenaza a la identidad cultural y a las tradiciones ya que dado el papel asignado como reproductoras biológicas y simbólicas de la comunidad se las convierte en objetos de control y culpables de la desintegración sociocultural». Afirma también Maquieira, que «la apelación a los derechos humanos de las mujeres es una cuestión global». <<

[28] «Eleonor Roosevelt fue delegada de los Estados Unidos en Naciones Unidas y encabezó su Comisión de Derechos Humanos en 1946, jugó un papel clave en el diseño de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948» (Felder, 1996: 6). <<

[29] A pesar de que el nombre de la Declaración contiene la voz seres humanos, y que la Declaración inicia con todos los seres humanos, en el primer considerando del preámbulo, se utiliza como sinónimo, cualquier miembro de la familia humana; en el segundo se vuelve a seres humanos; en el tercero se traiciona la innovación y se usa el androcéntrico concepto hombre; en cambio en el quinto se usa derechos del hombre, aunado a persona humana y a la igualdad entre mujeres y hombres; en el sexto vuelve libertades fundamentes del hombre. El Art. 1, sin embargo, enfatiza: los seres humanos nacen…; en el 2, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, se usa persona; en el 3 y el 19, individuo; en el 6, todo ser humano; en el 7, todos; en el 16, y los hombres y las mujeres. Varios artículos contienen la voz nadie. <<

[30] El análisis de Seyla Benhabib (2006: 63-64) sobre el universalismo recoge varios puntos de vista. Entre ellos destaca que «… el universalismo puede tener un sentido jurídico. Muchos de los escépticos sobre la naturaleza o la racionalidad humana, o las justificaciones filosóficas, pueden, sin embargo, exhortar a que las siguientes normas y principios sean respetados universalmente por todos los sistemas jurídicos. Todos los seres humanos merecen ciertos derechos básicos, que incluyen, como mínimo, el derecho a la vida, la libertad, la seguridad, un trato justo y la libertad de expresión y asociación, incluida la libertad de religión y de conciencia. Algunos agregarían a la lista los derechos socioeconómicos, como el derecho a beneficios laborales, de atención a la salud, de incapacidad y jubilación; otros harían hincapié en los derechos democráticos participativos, así como en los derechos culturales». <<

[31] El texto de Charlotte Bunch, Claudia Hinojosa y Niamh Reilly (2000) Los derechos de las mujeres son derechos humanos, contiene la historia de la campaña mundial, las redes y la concepción sobre el movimiento global, y se incluyen los testimonios de las mujeres de Viena a Beijing, además de los documentos y formularios de la campaña y los tribunales. De hecho se realizaron tribunales en Viena (1993), El Cairo (1994), Copenhague (1995) y Beijing (1995). <<

[32] Investigación Diagnóstica sobre la Violencia Feminicida en la República Mexicana. (Violencia Feminicida en 10 entidades de la República Mexicana, Violencia Feminicida en Baja California, Chiapas, Distrito Federal, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Veracruz, Sonora); Volúmenes 1 y 2 de Violencia Feminicida en la República Mexicana; Geografía de la Violencia Feminicida en la República Mexicana, Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones sobre los Feminicidios en la República Mexicana, H. Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, LIX Legislatura, México, 2006. <<

[33] Primeros datos sustentados en información oficial solo sobre homicidios dolosos contra niñas y mujeres. Faltaron cifras de dos entidades porque no se proporcionó información oficial. El cálculo de 12 000 niñas y mujeres asesinadas de 1999 a 2008, es una proyección realizada sin calcular el aumento de cifras que, por otra parte, ha sido reconocido por las autoridades, pero del que no hay información suficiente. Investigación Diagnóstica sobre la Violencia Feminicida en la República Mexicana, 2006. <<

[34] Sigo la elaboración profunda de Celia Amorós (1997: 358) sobre el patriarcado y su reflexión: «Por supuesto que entendemos que el patriarcado está siempre incardinado en un entramado social e histórico concreto donde se entrecruza con muchas variables relevantes como la clase, la raza, etc. Es un concepto, pues, que debe ser adjetivado y contextualizado. Pero estamos de acuerdo con Pateman en que si prescindimos de él, las feministas nos quedamos sin concepto alguno que dé cuenta distinta y cabalmente de la dominación que ejerce el conjunto de los varones sobre las mujeres». <<

[35] Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Convención Belém do Pará: Capítulo II, Art. 4. <<

[36] En la elaboración de la Ley concurrieron esfuerzos de las Comisiones de Equidad y Género, Especial de Feminicidios, y la Especial de Niñas, Niños, Adolescentes y Familias. Con una disposición constructiva y plural logramos la aprobación del dictamen también por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Finalmente, fue aprobada por unanimidad por el pleno de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura y en el Senado por mayoría, con un voto en contra, en la LX Legislatura. Finalmente, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007, desde entonces está vigente en México. <<

[37] Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, y su Protocolo Facultativo. Adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979. Ratificados por México el 23 de marzo de 1981. Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981. <<

[38] Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belém do Pará. Adoptada en Brasil el 6 de septiembre de 1994 en el Vigésimo Cuarto Período Ordinario de la Asamblea General de la OEA. <<

[39] Intangible: «De tal naturaleza que merece extraordinario respeto y no puede o no debe ser alterado, menoscabado o violado», Moliner, Tomo I: 76. <<

[40] «La dignidad es una cualidad de las personas por la que son sensibles a ofensas, desprecios, humillaciones y faltas de consideración…», Moliner, Tomo I: 998. <<

[41] «Por alguna razón —y en eso el estoicismo estaba en lo cierto—, el más humillado o maltratado de los seres humanos quiere seguir siendo él mismo, pero sin humillaciones ni malos tratos» (Valcárcel, 1993: 25). <<

[42] «Las mujeres concretas experimentan su diferencia sexual de los innumerables modos determinados por la raza, la sexualidad, la pertenencia a una etnia, la discapacidad y así sucesivamente» (Cornell, 2001: 51). <<

[43] En palabras de Drucilla Cornell (Ídem: 46) «En un sentido más profundo, el feminismo comienza con nuestra exigencia de libertad, porque solo la libertad nos permitirá asumir nuestra posición legítima como ciudadanas libres e iguales en las condiciones de reciprocidad pública que convierten el acuerdo social sobre puntos constitucionales esenciales en un legítimo consenso parcialmente coincidente». <<

[44] Véase la argumentación de Amelia Valcárcel (1993) sobre las relaciones estrechas y mutuamente condicionantes entre la igualdad y la libertad, así como la primacía de la libertad. <<

[45] Amartya Sen (1999) y Martha Nusbaum (2000) consideran la seguridad de una manera integral, como seguridad humana, y la relacionan tanto como con el respeto y la vigencia de los derechos humanos en la vida de las personas, como con su nivel de desarrollo y calidad de vida. Asimismo, consideran primordial al Estado para garantizar la seguridad humana en cuanto a la protección de los derechos humanos. <<

[46] Informe Especial de la Comisión de los Derechos Humanos sobre el Ejercicio Efectivo del Derecho a la Seguridad Pública en Nuestro País (2006: 2-6), <<

[47] Catherine MacKinnon (1995: 289) sostiene que «El Estado es masculino en el sentido feminista. El estado liberal constituye con coacción y autoridad el orden social a favor de los hombres como género, legitimando normas, formas. La relación con la sociedad y sus políticas básicas». La paradoja es evidente en los países e instituciones internacionales en que por verdaderas fisuras se han colado reformas feministas al Estado mismo. <<

[48] El retraso legislativo se ha extendido dos años comprendidos entre el 2 de febrero de 2007 que marca la vigencia de la Ley, hasta los últimos días de diciembre de 2008. En ese tiempo se han aprobado veintinueve leyes estatales incluyendo el Distrito Federal. Aún faltan tres entidades de legislar. <<

[49] La Convención Belém do Pará, enuncia los derechos humanos de las mujeres «… comprenden, entre otros: el derecho a que se respete su vida, a que se respete su integridad física, psíquica y moral, a la libertad y la seguridad personales, a no ser sometida a torturas, a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia, a igualdad de protección ante la ley y de la ley, a un recurso sencillo y rápido ante tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos, a la libertad de asociación, a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley y el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en todos los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones» (Artículo 4). <<

[50] La Ley fue modificada por el Congreso en 2008, con la eliminación del desamor de la definición de violencia psicológica. <<